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multas Archives - Consultas Derecho
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| 16 Octubre, 2014 by consultasderecho	Anulación de multa por no respetar las señales en una vía de circulación restringida
Un juez de Madrid anula una multa de tráfico impuesta por haber accedido a un aparcamiento en una zona restringida a la circulación únicamente para los residentes.
Los hechos son los siguientes: constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la desestimación del recurso de reposición por el Director General de Movilidad de fecha 7 de junio de 2011 interpuesto por el actor mediante escrito de fecha 8 de junio de 2010 frente a la resolución dictada por la misma autoridad con fecha 26 de abril de 2010 por no respetar las señales en una vía de circulación restringida o reservada el día 2 de febrero de 2010 a las 17:20 horas en la calle Prado nº 28 al circular con el vehículo, sancionando a la conductora por una infracción leve con una multa de 90 euros por infringir el artículo 6 de la Ordenanza de Movilidad.
La sancionada alega vulneración del principio de responsabilidad por inexistencia de culpa e inexistencia de hecho típico, antijurídico y sancionable. La sancionada entiende se encuentra autorizada para la circulación en zona restringida en cuanto demuestra el uso del parking de la Plaza de Santa Ana.
La letrada Consistorial se remite a la resolución administrativa defendiendo su adecuación a derecho ante la insuficiente identificación del vehículo.
Entrando a resolver sobre el fondo queda acreditado que la actora hizo uso del parking de la Plaza de Santa Ana por lo que la circulación por la zona obedece no a un uso contingente sino para acceder restringidamente a un aparcamiento de la zona y aunque no conste comunicado al Ayuntamiento dicho extremo, ha quedado constatado en autos que tiene la actora justificación del acceso a dicho parking el día 2 de febrero de 2010, a las 17:25:33, el vehículo matricula ….-XXX con número de ticket 09167190 (Documento nº 1 acompañado con la demanda y folio 16 del expediente administrativo) en el cual se aprecia perfectamente la matrícula del vehículo que accede al parking y que ha resultado sancionado y es menester estimar el recurso y anular la resolución sancionadora por no ser la misma ajustada y conforme a derecho (Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid de fecha 17 de julio de 2013).
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| 8 Mayo, 2014 by consultasderecho	Anulación de multa de tráfico por defectuosa notificación
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| 23 Noviembre, 2013 by consultasderecho	Multa de 50.000 euros por incluir deudas pagadas en un fichero de morosos
La Agencia Española de Protección de Datos impone a una compañía telefónica una multa de 50.000 euros por haber incluido unas deudas pagadas en un fichero de morosos.
El Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 11 de marzo de 2013 declara la legalidad de la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos.
Los hechos fueron los siguientes: los datos personales de la denunciante figuraron en un fichero de morosos, informados por una compañía telefónica, desde el 26/05/2010 y hasta el 09/06/2010, por un saldo impagado de 60,49 euros correspondiente a una factura de abril de 2010 y, desde el 27/06/2010 al 07/07/2010, por un saldo impagado de 59,06 euros, correspondiente a una factura de mayo de 2010,y ello a pesar de que ninguna de las deudas informadas eran ciertas, vencidas y exigibles.
Lo anterior, tal y como razona la resolución recurrida, no solo porque consta acreditado que el importe de la factura de abril de 2010 había sido ingresado por trasferencia, según el comprobante justificativo del pago emitido por el banco, de fecha 31/05/2010 y dentro del plazo concedido para su abono en el Aviso de Pago de 19/05/2010 (hecho probado cuarto), sino también de conformidad con las propias manifestaciones de la compañía telefónica al indicar que ambos importes fueron abonadas por transferencia bancaria de fechas 31/05/2010 y 28/06/2010 respectivamente. En los ficheros de dicha compañía, asimismo, consta que ambas facturas habían sido compensadas en fechas 01/06/2010 y 31/06/2010 (hecho probado séptimo).
Hay que recordar que sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
En este sentido, y como el Tribunal Supremo ha reiterado en numerosísimas ocasiones, resulta que aquél que utiliza un medio extraordinario de cobro, como es el de la anotación de la deuda en un registro de morosos, debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos materiales (exactitud del dato) y formales (requerimiento previo) que permitan el empleo de este modo accesorio para conseguir el cobro de la deuda. Y ello dado que el no aplicar esta exigencia supondría utilizar este medio de presión al recurrente sin el suficiente aseguramiento de las mínimas garantías para los titulares de los datos que son anotados en tales registros de solvencia patrimonial y crédito.
Se trata, en definitiva, de que los datos personales de la afectada incluidos en el fichero de morosos por la compañía telefónica no respondían a la situación actual de la misma, pues aquella incluyó sus datos de carácter personal en tal fichero con anterioridad a que venciera el plazo concedido para el pago de las facturas, según la carta de aviso remitida a tal afectada por la propia operadora de telefonia.
El Tribunal Supremo considera que los hechos relatados son contrarios al principio de calidad de dato consagrado en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Infracción del principio de calidad del dato que, por otra parte, es conforme con el principio de culpabilidad, por cuanto una actuación diligente de la compañia telefónica habría exigido el tomar en consideración el abono de las facturas llevado a cabo por la denunciante, con anterioridad incluir sus datos personales en tal fichero de moroso.
Comprobación no exhaustiva que supone una actuación incompatible con el mínimo de prudencia que se debe exigir a estas empresas antes de anotar en los registros de morosidad incidencias que, finalmente, resulta que no responden a la realidad de lo adeudado.
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| 14 Abril, 2013 by consultasderecho	La suspensión del pago de las sanciones tributarias
La suspensión del cobro de las sanciones tributarias en la jurisdicción contencioso-administrativa exige la prestación de fianza o caución para garantizar el pago de la misma. Así lo declara el Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 27 de febrero de 2013. El caso resuelto por el Alto Tribunal fue el siguiente:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 233.1 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria , y 29 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de Octubre , por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, por tratarse de un expediente sancionador, la ejecución de la sanción fue automáticamente suspendida como consecuencia de la presentación de la reclamación económico-administrativa en tiempo y firma.
Entendiendo esta parte que la suspensión de la ejecución de la sanción impugnada no conllevaría perturbación grave de los intereses generales ni de terceros, y que la denegación de dicha suspensión, y por lo tanto, su ejecución anticipada, sin adquirir firmeza, podría hacer perder la finalidad legitima del recurso, además de suponer un quebranto de los principios constitucionales de inocencia, igualdad y tutela judicial efectiva es por lo que se solicita su suspensión mediante la aportación de garantía suficiente para cubrir el importe de las sanciones impugnadas, además de los intereses que se devenguen y demás cantidades que fueran procedentes para asegurar la responsabilidad económica en que pudiera incurrir.
A continuación, ofrecía la posibilidad de constituir garantía hipotecaria sobre una finca que aparecía ya hipotecada para garantizar la suspensión de otros actos administrativos, por haber entendido la propia Agencia Tributaria que no disponía de los medios necesarios para hacer frente al pago, afirmando que “en cualquier caso, el elevado importe de la sanción conllevaría perjuicios irreparables para el funcionamiento de la sociedad y un agravamiento de la penalidad por el devengo del recargo de apremio“.
Finalmente, a efectos de acreditar las dificultades para el pago, aportaba cuentas anuales del ejercicio 2009, últimas lecturas con balance aprobado y estado de tesorería a 30 de Abril de 2011.
Ante las circunstancias del caso, hay que reconocer que, habiéndose ofrecido por la entidad, si la Sala lo estimaba oportuno, la constitución ante la Agencia Tributaria de garantía en forma de hipoteca inmobiliaria sobre la finca 13.324 del Registro de la Propiedad de Orense, por no disponer de los medios necesarios para hacer frente al pago y ante la imposibilidad de obtener garantía en forma de aval bancario, que dicho ofrecimiento debió ser aceptado por el Tribunal, toda vez que de la medida cautelar acordada podían derivarse perjuicios para los intereses públicos, que también debían tutelarse, sin que concurrieran suficientes motivos privados en este caso para exonerar de la prestación de la garantía a la parte.
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| 10 Marzo, 2013 by consultasderecho	La mera falta de ingreso no constituye sanción tributaria
El principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2 de la Constitución Española no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable -como ha sucedido en el caso enjuiciado- o la concurrencia de cualquiera de las otras causas excluyentes de la responsabilidad de las recogidas en el art. 179.2 de la Ley General Tributaria, entre otras razones, porque dicho precepto no agota todas las hipótesis posibles de ausencia de culpabilidad.
En la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de febrero de 2013 también se insiste en que no es identificable falta de ingreso con sanción y que se exige una motivación detallada: “la mera constatación de la falta de ingreso derivada de la aplicación de gastos no deducibles no permite fundar la imposición de sanciones tributarias. No pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. No puede fundarse la existencia de infracción en la mera referencia al resultado de la regularización practicada por la Administración tributaria o, como en el caso enjuiciado, en la simple constatación de la falta de un ingreso de la deuda tributaria, porque el mero dejar de ingresar no constituía en la LGT de 1963 -ni constituye ahora- infracción tributaria, y porque no es posible sancionar por la mera referencia al resultado, sin motivar específicamente de donde se colige la existencia de culpabilidad.
Así lo ha puesto de manifiesto también, en términos que no dejan lugar a dudas, el Tribunal Constitucional en la citada STC 164/2005, al señalar que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando “se impone la sanción por el mero hecho de no ingresar, pero sin acreditar la existencia de un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio, extremo del que en la resolución judicial viene a prescindirse”, y que “no se puede por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos sancionar, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere”.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa sí que ha quedado demostrada la culpabilidad del sujeto pasivo por las siguientes circunstancias:
– Se da de alta en un epígrafe claramente inadecuado.
– Las dimensiones de su actividad exceden notoriamente de los limites del epígrafe.
– Se acoge a un régimen simplificado del IVA claramente inaplicable a contribuyentes como el recurrente.
– No se puede admitir que se actué al amparo de una interpretación razonable de la norma.
– Se declaran una serie de encargos sucesivos integrantes de una misma obra.
| 7 Marzo, 2013 by consultasderecho	El denunciante no puede recurrir las decisiones de la Agencia de Protección de Datos
El asunto que examinamos hoy consiste en aclarar si los denunciantes pueden recurrir frente a la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que pone fin al expediente sancionador iniciado a raíz de la denuncia. En el caso real que analizamos, el denunciante pretendía que se incrementara el importe de la sanción impuesta.
La Audiencia Nacional, en su Sentencia de fecha 17 de enero de 2013 declara que los denunciantes no pueden recurrir la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos. Los argumentos son los siguientes:
a) Quien denuncia hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia. Así se desprende de las sentencias de la Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2007 y, con mayor nitidez aún, de 10 de diciembre de 2008.
b) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se puede incoar a resultas de su denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su reglamento de desarrollo le reconocen esa condición.
c) Y por lo que se refiere a los principios generales del derecho administrativo sancionador, aunque en algunas ocasiones esta Sala ha dicho que el denunciante puede impugnar el archivo de la denuncia por la Administración, no se admite que el denunciante pueda impugnar la resolución administrativa final.
d) El argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo “víctima” de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado. El poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora-en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos- y, por consiguiente, sólo la Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico en que el infractor sea sancionado.
e) Es verdad que las cosas no son así en el derecho penal propiamente dicho, donde existe incluso la acción popular; pero ello es debido a que hay normas que expresamente establecen excepciones al monopolio público sobre el ejercicio del ius puniendi; excepciones que no aparecen en el derecho administrativo sancionador y, por lo que ahora específicamente interesa, en la legislación sobre protección de datos.
f) Es más: aceptar la legitimación activa del denunciante no sólo conduciría a sostener que ostenta un interés que el ordenamiento jurídico no le reconoce ni protege, sino que llevaría también a transformar a los tribunales contencioso-administrativos en una especie de órganos de apelación en materia sancionadora. Esto último supondría dar por bueno que pueden imponer las sanciones administrativas que no impuso la Administración, lo que chocaría con el llamado “carácter revisor” de la jurisdicción contencioso-administrativo.
g) En otras palabras, los tribunales contencioso-administrativos pueden y deben controlar la legalidad de los actos administrativos en materia sancionadora; pero no pueden sustituirse a la Administración en el ejercicio de las potestades sancionadoras que la ley encomienda a aquélla.
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| 19 Febrero, 2013 by consultasderecho	Anulación de multa por hacer “botellón”
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| 14 Diciembre, 2012 by consultasderecho	Archivos	Julio 2017

References: resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución