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Timestamp: 2019-01-21 23:15:34+00:00

Document:
contesta raslado recurso contra cautelar RH
Tema: contesta raslado recurso contra cautelar RH Miér Oct 31 2018, 11:25
Tengo la siguiente situación. Inicié reajuste de haberes de una pensión ley 18037. Junto con la demanda solicité medida cautelar de no innovar para que le continúen abonando la reparación histórica, ya que la misma supera los $9000. El juez de primera instancia me la dio y Anses interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio diciendo que no se daban los recaudos para la medida cautelar, que se pretendía una sentencia anticipada, etc... tengo que contestar el traslado... vi que hay fallos para ambos lados... mas que reiterar el tema de la edad (tiene 83 años), y la verosimilitud de su derecho por el hecho de que Anses le había otorgado la RH en forma unilateral como reajuste anticipado no se me ocurre... otras ideas???
Tema: fallo DE PIANO, Rosa Angela c/ ANSES S/ MEDIDAS CAUTELARES Jue Nov 01 2018, 05:16
a ver si te ayuda este fallo, para acreditar la vulnerabilidad que presente los recibos de luz y gas
Para resolver el recurso de apelación articulado por la parte actora –cuyos fundamentos obran a fs. 34/42– contra la sentencia interlocutoria de fs. 32, mediante la cual el Dr. Walter F. Carnota rechazo la medida cautelar innovativa peticionada por no hallar acreditado el requisito de verosimilitud de derecho y el peligro en la demora.
Concedido el recurso en cuestión y elevados los autos a esta alzada en tiempo y en forma, quedan en estado de resolver (v. fs. 50).
El recurrente –de 83 años de edad– peticionó una medida cautelar de no innovar que disponga la prohibición de retrotraer el monto del beneficio 15-0-8220678-7 a los valores originales ($ 5661,16) sin el reajuste por la ley 27.260 de reparación histórica ($ 7355,55)
El magistrado actuante –Dr. Walter F. Carnota– consideró que en la medida cautelar solicitada no se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho invocado, toda vez que si bien el organismo previsional actualizó el haber de la Sra. De Piano, es la actora quien tiene
la facultad de aceptar o rechazar dicha actualización, si se adhiriera o no al programa de reparación histórica en los términos de la ley 27.260.
Respecto del “peligro en la demora”, entiende el aquo que tampoco se encuentra acreditado, toda vez que de las manifestaciones vertidas por la actora en el escrito la demanda, como de la documentación que acompañó en autos, surge que se encuentra percibiendo un beneficio previsional.
El actor en su memorial recursivo manifiesta que se encuentra en trámite ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social nº 3 el expte. nº 011041/2017 caratulado: “DE PIANO ROSA ANGELA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”, en el cual solicitó el reajuste de su haber previsional, mientras que el objeto de la medida cautelar es mantener la situación de hecho existente al momento de presentar la demanda y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso principal. Ahora bien, para la procedencia de cualquier medida cautelar es menester acreditar los presupuestos de verosimilitud del derecho (“fumus boni iuris”), peligro en la demora (“periculum in mora”), como también prestar una caución proporcionada a la verosimilitud del derecho alegado (v. CPCCN, art. 199 párr. 3°), en garantía de las costas y/o daños y perjuicios que la misma le pudiera ocasionar al afectado, siempre que demostrare “ … que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley le otorga para obtenerla.” (CPCCN, arts. 199 y 208).
Si las medidas cautelares procuran “asegurar” derechos en riesgo de sufrir daños irreparables –o retrotraer situaciones fácticas a su estado anterior– deviene a todas luces lógica y razonable la carga procesal de demostrar la verosimilitud de tales derechos (“fumus boni iuris”), como también el presunto riesgo de daño que los amenazara como consecuencia de la demora en el pronunciamiento de la sentencia definitiva (“periculum in mora”).
En orden a la procedencia de tales recaudos, este tribual ha señalado en el precedente “Anchorena, Tomás Joaquín y otros c/ANSeS s/recomposición del haber –Medida cautelar”
(resolución de fecha 29 de abril de 1998), lo siguiente: “…Frente a la solidez de los derechos esgrimido por los actores como fundamento de la medida cautelar innovativa peticionada –y fiel al axioma que predica que el procedimiento debe operar en función del derecho y no el
derecho en función del procedimiento– va de suyo que no constituye un argumento serio para rechazar la medida, que su despacho importaría entrar de lleno en la cuestión de fondo, no sólo porque –como es sabido- en las medidas cautelares sólo se exige “verosimilitud” y no
“certeza” del derecho, sino porque los argumentos que esgrimen los actores al respecto [como en el presente caso] son tan convincentes, la ley es tan clara, y la jurisprudencia tan pacífica, que se convierte en un insoslayable imperativo de justicia restituirles –bien que en forma
precaria, dada la etapa en que se halla el juicio y previa agregación del expediente administrativo- el goce y ejercicio del derecho disputado en el proceso, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo (CPCCN, art. 230), gravando al Estado demandado con las consecuencias negativas de la duración del proceso –normalmente a cargo del actor- dada la fuerte presunción o verisimilitud de su obrar arbitrario [en el caso, presunción de certeza sobre en derecho reconocido en las citadas sentencias del Alto Tribunal
de la Nación], como quedó dicho en los párrafos anteriores, y básicamente en orden a la naturaleza alimentaria que revisten las pretensiones esgrimidas por los accionantes (CN, art. 14 bis, art. 75 inc. 23 v. CSJN, “Camacho Acosta Máximo v. Grafi Graf SRL y otro”, LL
1995-E-652; ED 176-72, con nota de Augusto Mario Morello: “La tutela anticipatoria en la Corte Suprema”).
Si bien no escapa al conocimiento del tribunal que conforme surge del historial de liquidaciones -extraído de la página de la ANSeS-, la actora percibe un beneficio previsional por la suma de $ 5661,16, no puede desconocerse que con este haber y a la edad de 83 años
la actora se encuentra en una situación de total desamparado y completamente ultrajado su derecho de naturaleza alimentaria, lo cual configura una grave lesión a la incolumidad de los derechos humanos sociales cuya protección judicial reviste naturaleza constitucional y
convencional. (art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).
Por lo precedentemente expuesto, considera el tribunal que el presupuesto de “peligro en la demora” se encuentra suficientemente acreditado en autos.
El derecho invocado por el actor en la demanda –“fumu bonis iuris”- es más que verosímil, toda vez que la propia demandada reconoce en forma expresa la deficiente actualización de las remuneraciones en la Resolución ANSeS N° 56/2018, cuyo artículo 1º prescribe lo siguiente: “Las remuneraciones de los beneficios previsionales con altas
anteriores al 1° de agosto de 2016 deben actualizarse con el índice combinado compuesto por las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR), de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y de la movilidad general, aprobado en la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 6 del año 2016, a los efectos de los cálculos previstos en el inciso a) del artículo 24 y en el artículo 97 de la Ley N° 24.241.”
La doctrina jurisprudencial citada más arriba, debe ser evaluada y armonizada a la luz de otras directivas no menos trascendentes que vertió el Alto Tribunal de la Nación en numerosos leading case con sustento en las garantías constitucionales que resguardan el carácter integral e irrenunciable de las prestaciones de la seguridad social (328: 1602 y 2833), en procura de preservar de manera sustancial la intangibilidad de los derechos emergentes de la seguridad social (v. CSJN: “Quiroga, Carlos Alberto c/ANSeS s/ reajustes varios”,
sentencia del 11 de noviembre de 2014 y fallos: Fallos: 311: 1937 y 329: 3089, entre muchos otros).
En la causa “Bombelli, Roberto c/ANSeS s/reajuste por movilidad” (sentencia del 6 de junio de 2006, suscripta por los ministros Enrique Santiago Petracchi –según su voto- Elena Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen M. Arghibay), el Alto Tribunal destacó que en orden al: “…carácter alimentario, integral e irrenunciable que tienen los beneficios según el art. 14 bis de la Ley Fundamental, no corresponde admitir una comprensión de normas que vuelva inoperante la protección allí establecida … “ (v. considerando 5°).
Más recientemente, en la sentencia “Tapia, Másima c/ANSeS s/(materia previsional) amparos y sumarísimos” (sentencia del 23 de septiembre de 2014), en línea con esta doctrina, el Alto Tribunal expresó que “…no debe llegarse al desconocimiento de los derechos tutelados por las leyes previsionales, sino con extrema cautela (Fallos: 240: 174; 266: 299;
330: 4687; 331:72; 335: 346), evitando incurrir en excesos rituales que conduzcan eventualmente al desconocimiento de la verdad jurídica objetiva…” (Fallos: 238: 550; 248: 625) (considerando 8°).
Esta hermenéutica normativa, doctrinaria y jurisprudencial de prosapia protectora o de acompañamiento –al decir del maestro Augusto Mario Morello- que practica el Alto Tribunal de la Nación en los precedentes citados, se ajusta escrupulosamente a las “Reglas de Brasilia
sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, aprobadas por la XIV Cumbre Iberoamericana de 2008, a las que adhirió la CSJN mediante acordada 5/2009.
Se consideran vulnerables aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos
reconocidos por el ordenamiento jurídico (regla 3). Esta categoría de sujetos protegidos por el derecho internacional incluye a menores, ancianos, discapacidad grave, migrantes y desplazados internos, pobreza, mujeres afectadas por violencia y discriminación, minoría
nacional o étnica, religiosa y lingüística, personas privadas de libertad (la enumeración no es taxativa).
Ahora bien, con respecto al presupuesto del “peligro en la demora” que también es menester acreditar para la procedencia de la medida cautelar, tiene dicho la jurisprudencia en forma pacífica que “los requisitos para la precedencia genérica de las medidas precautorias se hallan relacionados entre sí, de tal modo que, a mayor verosimilitud del derecho [como en el caso de autos], cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad o irreparabilidad, el rigor acerca del fumus se puede atenuar.” (v. Lino E. Palacio y Adolfo Alvarado Velloso, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 5° pág. 42).
En autos, el peligro de la inutilidad de la sentencia resulta más que probable, deviene incontestable, dada la avanzada edad de la actora (83 años) y el inicuo haber previsional quepercibe, circunstancia que adquiere enorme relevancia a los fines de la tipificación del
recaudo en estudio y ni bien se la aquilate a la luz del promedio de duración de los reclamos por reajuste de haberes en nuestro país, desde la petición administrativa ante el organismo previsional (obligatoria), hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia definitiva (nunca menos de siete años).
NACIONAL-MINIST. DE JUST. SDAD. Y DDHH Y OTRO S/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG” Sentencia Definitiva del 13 de julio de 2017, que “…la República Argentina se comprometió al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), lograr en forma “progresiva” la plena afectividad de los derechos humanos sociales que consagra este documento…”
Ergo, admitir la regresividad del haber previsional del beneficiario por el mero vencimiento del plazo para aceptar el acuerdo de reparacion historica –ya de por si gravemente depreciados con relacion a los salarios de actividad– consagraría la regla inversa, es decir la regresividad de los derechos, con lo cual , revestiría primacía en la hermenéutica constitucional lo disvalioso sobre lo beneficioso, lo restrictivo sobre lo “progresivo”, resultado que devendría a todas luces incompatible con el programa de protección de los derechos humanos del sistema interamericano y europeo actualmente vigente en el mundo civilizado.
Con relación a las restricciones impuestas a las medidas cautelares contra el estado por el art. 14 de la ley 26.854, uno de los más eminentes procesalistas argentinos, el jurista platense Roberto O. Berizonce, puntualizò que la ley 26.854 de 2013 instituyó un verdadero
esquema de excepción en relación con la tutela de los derechos pertenecientes a “sectores socialmente vulnerables”, cuando se encuentre comprometida la “vida digna” conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la “salud” o un “derecho de naturaleza ambiental” (art. 2°, inc. 2°). En estos supuestos, destaca Berizonce, los jueces quedan habilitados para dictar medidas cautelares contra el Estado, cuando el conocimiento de la causa no fuere de su competencia (art. 2°, inc. 2°, cit.); decidirlas sin informe previo de la
demandada (art. 4°, inc. 3°); acordárlas sin límite de vigencia temporal (art. 5°, apartado segundo); bajo simple “caución juratoria” (art. 10, inc. 2°), y, por último, el recurso de apelación contra la providencia que suspende total o parcialmente los efectos de un acto estatal, se concede “sin efecto suspensivo” (art. 13, inc. 3°, in fine).
Asimismo, señalò el citado jurista que la prohibicion de imponer la realización de una determinada conducta a la entidad pública demandada prescripcta en el art. 14 de la ley 26.854, tampoco es aplicable con relación a las medidas positivas e innovativas: “Si bien la
CSJN ha negado la aplicación de este tipo de medidas –aclara Berizonce– cuando implicaban contrarias políticas públicas en áreas de la actividad económica estando en juego intereses puramente patrimoniales [supuesto ajeno al de autos], su procedencia no puede ser cuestionada ante derechos sociales prestacionales.” (v. “LOVATO GUIDO PIO” c/ANSES s/RESJUSTES VARIOS” Sentencian Interlocutoria del 23 de diciembre de 2015).
Por todo lo expuesto, considerando acreditados los presupuestos de procedibilidad analizados precedentemente, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor en procura de mantener inalterado su haber previsional con el ajuste otorgado por aplicación de la ley 27.260 de Reparación Histórica.
RESUELVE: 1) Revocar la resolución interlocutoria de fs. 32 en todo cuanto fue materia de agravios; 2) Acoger la medida cautelar de no innovar peticionada por el actor en cuanto
pretende mantener el haber percibido con el ajuste por reparación histórica hasta tanto se dicte sentencia definitiva; 3) Disponer que previo a la efectivización de la medida, el actor deberá prestar caución juratoria ante el juzgado de origen; 4) Notifíquese a la parte actora esta
resolución con expresa habilitación de día y hora (C.P.C.C.N., art. 152 y Reglamento para la Justicia Nacional, art. 63); 5) Sin costas de alzada.
Tema: Re: contesta raslado recurso contra cautelar RH Jue Nov 01 2018, 10:00
Gracias Cecilia!! Si, ese fallo lo usé... lo de las facturas de gas y luz no se me había ocurrido... igual no creo que pueda agregarlas en esta intancia del recurso, pero voy a hacer algún comentario al respecto. Gracias!!
Tema: SENTENCIA INTERLOCUTORIA GUARCO Sáb Nov 03 2018, 17:25
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1MFB
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el actor contra la resolución de fs. 89, por medio de la que se rechazó la pretensión cautelar deducida por su parte. Surge de autos que el titular solicitó el dictado de una medida cautelar, con el objeto de que se decrete la prohibición de innovar con relación al pago del importe, que en
virtud del “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” se le abona mensualmente junto con el haber jubilatorio desde marzo de 2017, sin requerirle que acepte la propuesta efectuada por ANSeS. La medida requerida, tiene el propósito de lograr la protección inmediata del objeto principal, a fin de que el mismo no se desnaturalice o se torne ineficaz por el transcurso del tiempo, en el marco establecido por la ley 26.854 que admite su procedencia ya
Respecto de la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, el art. 14, inc. 1 de la ley 26.854 viabiliza el dictado requerido, ante la inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada. Asimismo, el inciso b) de la
norma alude a la existencia de una fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación de la autoridad pública exista.
En este orden de ideas, cabe señalar, que los pagos efectuados en el marco legal referido, significaron un reconocimiento por parte de la demandada, de una deuda que se origina en idéntica causa que la que motivó que el actor promoviera el juicio por reajuste
verosimilitud del derecho invocado y de peligro en la demora, condición para la procedencia de toda medida cautelar.
Tema: art 238 CPCCN Sáb Nov 03 2018, 17:43
Hola. El fallo Guarco fue apelado por anses, mediante un recurso de reposición, pero la jueza dispuso que no resultaba procedente
contra la sentencia atacada, basándose en el art. 238 del
C.P.C.C.N.
Te lo digo, por si no lo conoces y porque también te puede pasar. saludos!!
quise decir también te puede servir. Saludos!!
Tema: vega gregoria c/ ANSES S/ MEDIDAS CAUTELARES Sáb Nov 03 2018, 18:03
hay otro fallo, de cámara, muy reciente también:
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1MFM
Expte nº: 99439/2018
Autos: “VEGA GREGORIA c/ ANSES s/MEDIDAS CAUTELARES”
J.F.S.S. Nº10
Sentencia Interlocutoria del Expte. Nº 99439/2018
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el actor contra la resolución de fs. 13/vta, por medio de la que se rechazó la pretensión cautelar deducida por su parte.
Surge de autos que el titular solicitó el dictado de una medida cautelar, con el objeto de que se decrete la prohibición de innovar con relación al pago del importe, que en virtud del “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” se le abona mensualmente junto con el haber jubilatorio desde marzo de 2017, sin requerirle que
La medida requerida, tiene el propósito de lograr la protección inmediata del objeto principal, a fin de que el mismo no se desnaturalice o se torne ineficaz por el transcurso del tiempo, en el marco establecido por la ley 26.854 que admite su procedencia ya que la edad avanzada del peticionante lo incluye en el sector social más vulnerable.
En este orden de ideas, cabe señalar, que los pagos efectuados en el marco legal referido, significaron un reconocimiento por parte de la demandada, de una deuda que se origina en idéntica causa que la que motivó que el actor promoviera el juicio por reajuste de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor.
La verosimilitud del derecho invocado, aparece con nitidez habida cuenta de la correspondencia existente entre las acreencias que surgen de lo decidido en la sentencia de reajuste recaída en la causa principal y el origen de la deuda que motivó los pagos dispuestos
por el organismo administrativo y que por esta vía se intentan mantener. Más aún, en el caso, es la propia accionada la que ha abonado unilateralmente el suplemento de reparación histórica, sin que medie consentimiento del interesado, lo que constituye un inequívoco reconocimiento por su parte del derecho a su cobro.
En consecuencia, teniendo en cuenta el carácter alimentario de las sumas en cuestión y que el menoscabo que pueda significar la afectación del monto del haber que percibe, podría tornar ilusorio el derecho reconocido en la sentencia de fondo, corresponde
hacer lugar a la medida cautelar solicitada y que las sumas percibidas en tal concepto por el actor, sean tenidas como parte de pago.
Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la resolución recurrida. Hacer
lugar a la medida cautelar solicitada, en los términos expuestos en los considerandos que anteceden, bajo caución juratoria (cfr. art. 2º, inc. 2; art. 5º, 2do. párrafo y art. 10º inc. 2 de la Ley 26.854. . 2) Costas por su orden (art. 21, de la ley 24.463). Regístrese, notifíquese y
Fecha de firma: 16/10/2018
Alta en sistema: 22/10/2018
Tema: Re: contesta raslado recurso contra cautelar RH Mar Nov 13 2018, 15:27
Gracias Cecilia!!! Usé esos fallos tambien... hay que esperar ahora a ver que me dicen...
Por lo pronto, el Anses no le pagó la RH en octubre y tampoco se la va a pagar ahora en noviembre... al contestar el traslado denuncié el incumplimiento... pero ahora en noviembre tampoco lo cobra.... está a despacho aún...
Tema: Re: contesta raslado recurso contra cautelar RH

References: Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 97
in fine
 resolución 

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