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Timestamp: 2016-10-23 13:04:53+00:00

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Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (Vigente hasta el 01 de Enero de 2006).
Publicado en BOE n�m. 166 de 12 de Julio de 2003
Vigencia desde 01 de Enero de 2004. Esta revisi�n vigente desde 01 de Enero de 2004 hasta 01 de Enero de 2006
De la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales
�Objetivos de la cooperaci�n econ�mica local
�Instrumentaci�n de la cooperaci�n econ�mica local
�Estructura de la cooperaci�n econ�mica local
�Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales
Planes provinciales e insulares de cooperaci�n a las obras y servicios de competencia municipal
�Distribuci�n territorial de las subvenciones
�Condiciones para la obtenci�n de subvenci�n estatal
�Elaboraci�n y aprobaci�n de los planes provinciales e insulares de cooperaci�n
�Remisi�n al Ministerio de Administraciones P�blicas
�Plazo para la adjudicaci�n de las obras
�Libramiento de las subvenciones
�Informaci�n sobre el estado de ejecuci�n de las obras
�Plazo para la liquidaci�n de los planes de cooperaci�n
�Aplicaci�n de los remanentes
Intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de cooperaci�n econ�mica local
�Planes de inversi�n
�Aprobaci�n de proyectos. Informes
�Solicitudes de subvenci�n. Lugar y plazo de presentaci�n
�Selecci�n de los proyectos
�Plazo para la ejecuci�n de las obras
�Plazo para la justificaci�n de la subvenci�n
�Cofinanciaci�n de los planes de cooperaci�n y de los proyectos singulares
�Aportaci�n estatal al Plan �nico de Obras y Servicios de la Comunidad Aut�noma de Catalu�a
�Elaboraci�n de los planes de las Ciudades de Ceuta y Melilla
�Utilizaci�n de medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos
�Determinaci�n del n�mero de habitantes
�Adaptaci�n de referencias
R Administraciones P�blicas 19 Jun. 2006 (ampl�a el plazo previsto en la OM APU/293/2006 de 31 Ene., para la resoluci�n del procedimiento de concesi�n de subvenciones a proyectos de modernizaci�n administrativa local) Ocultar / Mostrar comentarios T�ngase en cuenta que se amplia en un mes el plazo para resolver y notificar la resoluci�n del procedimiento establecido en el presente art�culo conforme establece el apartado primero de la Res. 19 junio 2006, de la Secretar�a de Estado de Cooperaci�n Territorial, por la que se ampl�a el plazo previsto en la Orden APU/293/2006, de 31 de enero, para la resoluci�n del procedimiento de concesi�n de subvenciones a proyectos de modernizaci�n administrativa local (�B.O.E.� 29 junio).
RD 1263/2005 de 21 Oct. (modifica RD 835/2003 de 27 Jun., cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales) Ocultar / Mostrar comentarios Art�culo 1 redactado por el apartado uno del art�culo �nico del R.D. 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (�B.O.E.� 5 noviembre).
Art�culo 3 redactado por el apartado uno del art�culo �nico del R.D. 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (�B.O.E.� 5 noviembre).
Cap�tulo IV redactado por el apartado dos del art�culo �nico del R.D. 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (�B.O.E.� 5 noviembre).
Cap�tulo V introducido por el apartado tres del art�culo �nico del R.D. 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (�B.O.E.� 5 noviembre).
Disposici�n adicional primera redactada por el apartado cuatro del art�culo �nico del R.D. 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (�B.O.E.� 5 noviembre; correcci�n de errores �B.O.E.� 22 noviembre).
Disposici�n adicional segunda bis introducida por el apartado cinco del art�culo �nico del R.D. 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (�B.O.E.� 5 noviembre).
V�ase Conflicto positivo de competencia n�m. 6454-2003, promovido por el Gobierno de la Generalidad de Catalu�a, en relaci�n con determinados preceptos del R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales (�B.O.E.� 31 diciembre 2003).
La Constituci�n de 1978 impone al Estado el deber de promover un desarrollo econ�mico armonioso que garantice el principio de solidaridad. Esta exigencia explica que estos criterios hayan inspirado la configuraci�n del sistema de cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales, cuya regulaci�n reglamentaria se encuentra contenida, principalmente, en el Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto. El principio de solidaridad tiene un contenido primario de naturaleza econ�mica, que obliga a velar por el establecimiento de un equilibrio econ�mico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio espa�ol; de ah� el deber constante de procurar la superaci�n de las desigualdades territoriales en el desarrollo econ�mico, esfuerzo que en el �mbito local se lleva a cabo principalmente mediante la contribuci�n a dotaciones en infraestructura tales como las redes de transporte, de abastecimiento de energ�a el�ctrica, instalaciones sociales, culturales y deportivas y, en general, todos aquellos equipamientos caracterizados por ser eminentemente p�blicos.
Por otra parte, las entidades locales ostentan autonom�a para el ejercicio de sus competencias y para la prestaci�n de los servicios que tienen encomendados. Dado que los instrumentos de acci�n p�blica m�s respetuosos con el principio de autonom�a son aquellos que se articulan sobre la base de la cooperaci�n, el Estado colabora econ�micamente con las entidades locales para garantizar la prestaci�n de los servicios que son de su competencia, algunos incluso legalmente impuestos.
Gracias a estos mecanismos, y sin olvidar la asistencia econ�mica recibida a trav�s de las intervenciones de la Uni�n Europea, ha sido posible no s�lo corregir la mayor parte de los desequilibrios intermunicipales en materia de infraestructuras y equipamiento, sino tambi�n dotar a los diferentes n�cleos de poblaci�n de la pr�ctica totalidad de los servicios locales m�nimos y obligatorios establecidos en el art�culo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, seg�n la informaci�n contenida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales.
Por todo ello, sin menoscabo de la continuidad de esta l�nea de cooperaci�n con las entidades locales que les permita garantizar la amplitud y calidad logradas en la prestaci�n de sus servicios p�blicos b�sicos, ha llegado el momento de perseguir objetivos m�s amplios. Esta reforma pretende abrir la cooperaci�n estatal a otros �mbitos como es la inclusi�n de nuevos proyectos singulares e innovadores en materia de desarrollo local y urbano, contribuyendo a inversiones localizadas que tengan un efecto socioecon�mico dinamizador.
Dado que es un deber constitucional impulsar el crecimiento y el progreso econ�mico y social, y que las entidades locales, a fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad, demandan ayuda para desplegar las amplias potestades que ostentan en esta materia, todo ello en el �mbito de sus respectivas competencias, el Estado pretende apoyar aquellas iniciativas locales de inversi�n cuya finalidad sea el fomento del desarrollo local y urbano de su territorio.
Finalmente, la reforma pretende, adem�s de la eficacia en la consecuci�n de los objetivos de la cooperaci�n econ�mica del Estado, la m�xima eficiencia en la gesti�n de los recursos, para lo cual se establecen procedimientos con el objeto de agilizar la tramitaci�n de la totalidad de los fondos del Estado disponibles en cada ejercicio, as� como la realizaci�n de las inversiones programadas por las corporaciones locales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 27 de junio de 2003,
CAP�TULO IDe la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales
Objetivos de la cooperaci�n econ�mica local El Programa de cooperaci�n econ�mica local del Estado tiene como objetivos:
a) Contribuir a la realizaci�n de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperaci�n a las obras y servicios de competencia municipal.
b) Contribuir en las intervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de cooperaci�n econ�mica local.
c) Fomentar el desarrollo local y urbano promovido por las entidades locales a trav�s de la ejecuci�n de proyectos singulares.
Art�culo 1 redactado por el apartado uno del art�culo �nico del R.D. 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales (�B.O.E.� 5 noviembre).
Instrumentaci�n de la cooperaci�n econ�mica local 1. La cooperaci�n del Estado a las inversiones de las entidades locales se instrumentar� econ�micamente con los cr�ditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, en la secci�n correspondiente del Ministerio de Administraciones P�blicas, a trav�s del Programa de cooperaci�n econ�mica local del Estado.
2. Una vez presentado por el Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, la Secretar�a de Estado de Organizaci�n Territorial del Estado informar� a la Comisi�n Nacional de Administraci�n Local, con anterioridad al 31 de octubre de cada a�o, de las previsiones presupuestarias del Programa de cooperaci�n econ�mica local.
Estructura de la cooperaci�n econ�mica local 1. La cooperaci�n econ�mica local estar� integrada por las siguientes l�neas de ayuda:
a) Aportaci�n a las inversiones incluidas en los Planes provinciales e insulares de cooperaci�n a las obras y servicios de competencia municipal, con prioridad de aqu�llas necesarias para la efectiva prestaci�n de los servicios obligatorios enumerados en el art�culo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, sin perjuicio de que se puedan incluir otras obras y servicios que sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 25 de la misma ley.Igualmente, con cargo a esta l�nea, podr�n obtener subvenci�n estatal los proyectos de obra de mejora y conservaci�n de la red viaria de titularidad de las diputaciones provinciales, con el l�mite del 30 por ciento de la subvenci�n asignada al Plan de cooperaci�n a las obras y servicios de competencia municipal de la correspondiente provincia.
b) Aportaci�n a las intervenciones comunitarias aprobadas por la Comisi�n de la Uni�n Europea cofinanciadas por el Programa de cooperaci�n econ�mica local.
c) Aportaci�n a proyectos singulares de desarrollo local y urbano.
2. La cooperaci�n del Estado a los planes provinciales e insulares, as� como a las intervenciones comunitarias, se realizar� a trav�s de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y comunidades aut�nomas uniprovinciales no insulares, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, y en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de r�gimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Estas entidades tendr�n la consideraci�n de beneficiarias de las subvenciones estatales y asumir�n la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condici�n frente al Ministerio de Administraciones P�blicas.
3. La cooperaci�n econ�mica del Estado a los proyectos singulares de desarrollo local y urbano se realizar� directamente con las entidades locales solicitantes y beneficiarias de la subvenci�n.
a) Los municipios capitales de provincia y los municipios con poblaci�n superior a 50.000 habitantes.
b) Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y comunidades aut�nomas uniprovinciales, estas �ltimas en el ejercicio de las competencias que corresponden a las diputaciones provinciales, cuando el proyecto afecte a un conjunto de municipios cuya poblaci�n sea superior a 50.000 habitantes.
c) Las entidades locales comprendidas en los p�rrafos b), c) y d) del art�culo 3.2 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local (comarcas, �reas metropolitanas, mancomunidades de municipios), en cuanto ostenten competencias de ejecuci�n de obras y el proyecto afecte a un conjunto de municipios cuya poblaci�n sea superior a los 50.000 habitantes.
Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 1. El instrumento objetivo b�sico de an�lisis y valoraci�n de las necesidades de dotaciones locales a efectos de la cooperaci�n econ�mica local del Estado ser� la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, elaborada seg�n metodolog�a com�n por las diputaciones provinciales, con la colaboraci�n t�cnica del Ministerio de Administraciones P�blicas.
2. La finalidad de la encuesta es conocer la situaci�n de las infraestructuras y equipamientos de competencia municipal, formando un inventario de �mbito nacional, de car�cter censal, con informaci�n precisa y sistematizada de los municipios con poblaci�n inferior a 50.000 habitantes.
3. La actualizaci�n y mantenimiento de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales se efectuar� por las entidades que participan en su elaboraci�n. Corresponde al Ministerio de Administraciones P�blicas el seguimiento de estas tareas y la colaboraci�n econ�mica en ellas, as� como el fomento de su ampliaci�n a otras entidades locales.
CAP�TULO IIPlanes provinciales e insulares de cooperaci�n a las obras y servicios de competencia municipal
Distribuci�n territorial de las subvenciones 1. Para la determinaci�n de la distribuci�n territorial de las subvenciones se tendr�n en cuenta tanto las necesidades de infraestructura y equipamiento, evaluadas a trav�s de la informaci�n contenida en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, como la capacidad financiera de las haciendas correspondientes y otros factores que indiquen el nivel socioecon�mico territorial y la ejecuci�n de los planes precedentes.
2. El Ministerio de Administraciones P�blicas, de acuerdo con los criterios contenidos en el apartado anterior, determinar� los correspondientes indicadores y su ponderaci�n, que ser�n previamente informados por la Comisi�n Nacional de Administraci�n Local.
3. Compete al Ministerio de Administraciones P�blicas, a trav�s de la Secretar�a de Estado de Organizaci�n Territorial del Estado, la aprobaci�n de la distribuci�n territorial, por provincias e islas, de las asignaciones del Estado destinadas a las aportaciones a planes provinciales e insulares, la cual ser� efectuada y comunicada a las diputaciones provinciales en el mes de enero del ejercicio presupuestario correspondiente.
Cuant�a de las subvenciones 1. La subvenci�n del Estado a las inversiones de los Planes provinciales e insulares de cooperaci�n podr� alcanzar hasta:
a) El 50 por cien del importe del presupuesto consignado en el plan, para las obras y servicios de car�cter obligatorio enumerados en el art�culo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local.
b) El 40 por cien del importe del presupuesto consignado en el plan, para las restantes obras y servicios que, sin ser obligatorios, sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local.
c) El 50 por cien del importe del presupuesto consignado en el plan, para las obras de mejora y conservaci�n de la red viaria de titularidad de las diputaciones provinciales.
2. Los porcentajes de financiaci�n del Estado para las obras y servicios indicados en los p�rrafos a) y b) anteriores podr�n incrementarse hasta el 60 y 50 por ciento, respectivamente, cuando sean de car�cter supramunicipal. En este supuesto, para la determinaci�n de los servicios que se consideran obligatorios, se tendr� en cuenta la totalidad de la poblaci�n de los municipios afectados.
Condiciones para la obtenci�n de subvenci�n estatal 1. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de r�gimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y de los criterios fijados para la distribuci�n territorial de las subvenciones, �nicamente podr�n obtener subvenci�n del Estado aquellos planes provinciales e insulares de cooperaci�n que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que en su financiaci�n contribuyan los ayuntamientos y dem�s entidades locales titulares de las obras y servicios, sin que la aportaci�n de �stos pueda ser inferior al cinco por cien del importe de los correspondientes proyectos.
b) Que la cuant�a de la inversi�n anual de las obras incluidas en los planes no sea inferior a 30.000 euros.
2. El Ministerio de Administraciones P�blicas podr� establecer otros criterios y condiciones en el empleo de la subvenci�n estatal que sean determinantes para la concesi�n, de acuerdo con la autorizaci�n contenida en el art�culo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, y el apartado 6 del art�culo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Elaboraci�n y aprobaci�n de los planes provinciales e insulares de cooperaci�n 1. De conformidad con lo previsto en el art�culo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local, y en los art�culos 32 y 33 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de r�gimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las diputaciones provinciales, los cabildos y consejos insulares y las comunidades aut�nomas uniprovinciales no insulares aprobar�n los planes provinciales e insulares de cooperaci�n a las obras y servicios de competencia municipal y de red viaria local, en su caso, teniendo en cuenta la distribuci�n territorial de las subvenciones aprobada por el Secretario de Estado de Organizaci�n Territorial del Estado.
2. Las mismas entidades enumeradas en el apartado anterior elaborar�n y aprobar�n tambi�n un plan complementario para la aplicaci�n de los remanentes de las subvenciones estatales que se pudieran originar.
3. Los planes provinciales e insulares y el plan complementario ser�n elaborados necesariamente con la participaci�n de los municipios, seg�n exige el art�culo 36.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y se someter�n al r�gimen de publicidad legalmente establecido.
4. Podr�n ser subvencionadas con cargo a la aportaci�n del Estado a los planes provinciales e insulares, adem�s de las inversiones de los municipios, provincias e islas, las inversiones de las entidades locales comprendidas en el art�culo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siempre que estas entidades ostenten competencias de ejecuci�n de obras y prestaci�n de servicios de car�cter municipal.
Informes 1. Las diputaciones provinciales remitir�n los planes de cooperaci�n, una vez aprobados, al Subdelegado del Gobierno, para que sean informados por �ste.
Las comunidades aut�nomas uniprovinciales no insulares remitir�n los planes, para ser informados, al Delegado del Gobierno, si no hubiera Subdelegado del Gobierno, y los cabildos y consejos insulares, al Director Insular.
2. Asimismo, los planes provinciales e insulares de cooperaci�n ser�n sometidos a informe de las Comisiones Provinciales de Colaboraci�n del Estado con las Corporaciones Locales, de conformidad con el art�culo 29.2.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
3. Los informes deber�n pronunciarse acerca del cumplimiento de los objetivos y criterios fijados por el Estado para el otorgamiento de la subvenci�n y deber�n ser emitidos en el plazo de 10 d�as desde la recepci�n de los planes. Transcurrido dicho plazo sin que el informe solicitado hubiera sido evacuado, se podr�n proseguir las actuaciones.
Remisi�n al Ministerio de Administraciones P�blicas 1. El plan provincial o insular de cooperaci�n, definitivamente aprobado y acompa�ado del correspondiente expediente administrativo, se remitir� al Ministerio de Administraciones P�blicas, hasta el 31 de marzo del a�o correspondiente al plan, a fin de que, comprobada su conformidad con la legislaci�n aplicable, se inicie la tramitaci�n de la correspondiente subvenci�n. Si no se produce la notificaci�n de la citada conformidad o, en su caso, de las deficiencias observadas, en el plazo m�ximo de 45 d�as naturales desde la fecha de recepci�n del plan, se entender� que dicho ministerio ha prestado su conformidad a aqu�l.
2. En la memoria que debe acompa�ar al plan, las diputaciones provinciales justificar�n que su elaboraci�n se ha basado en los datos contenidos en la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales y, en general, en criterios objetivos para la distribuci�n de los fondos.
Plazo para la adjudicaci�n de las obras 1. Las obras incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperaci�n con subvenci�n del Estado deber�n ser adjudicadas o acordada su ejecuci�n por la propia Administraci�n dentro del a�o de aprobaci�n del plan, salvo que est�n incluidas en alg�n instrumento de planificaci�n, y antes del 1 de octubre del ejercicio correspondiente, salvo casos excepcionales cuya justificaci�n ser� apreciada por el Ministerio de Administraciones P�blicas. En todo caso, dicho plazo no podr� ser posterior al 1 de noviembre de dicho ejercicio.
2. La adjudicaci�n o la adopci�n del acuerdo de ejecuci�n por la propia Administraci�n fuera de los plazos previstos en el apartado anterior conllevar� la p�rdida de la subvenci�n estatal, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesi�n de la subvenci�n.
Libramiento de las subvenciones 1. Con base en las certificaciones de adjudicaci�n de las obras subvencionadas incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperaci�n o en los acuerdos de ejecuci�n de las obras por la propia Administraci�n, en su caso, el Ministerio de Administraciones P�blicas librar� a las diputaciones provinciales el 75 por cien del importe de su aportaci�n. Cuando se incluyan en los planes obras de car�cter plurianual, dicho porcentaje har� referencia a la anualidad correspondiente.
2. El 25 por ciento restante se remitir� al recibirse la certificaci�n final de obra y el acta de recepci�n de �sta, o la certificaci�n correspondiente a la terminaci�n de la obra que se vaya a realizar en cada anualidad, en el supuesto de inversiones de car�cter plurianual.
3. La documentaci�n justificativa para el cobro del 75 por cien de la subvenci�n deber� remitirse al Ministerio de Administraciones P�blicas antes del 1 de diciembre del ejercicio correspondiente a aqu�lla, y la del cobro del 25 por ciento restante, antes del 1 de diciembre del ejercicio posterior.
Informaci�n sobre el estado de ejecuci�n de las obras Las diputaciones provinciales remitir�n al Ministerio de Administraciones P�blicas, dentro de los meses de enero y julio, una relaci�n de las certificaciones de obras o de gastos, si las obras se han realizado por la Administraci�n, que hayan sido aprobadas durante el semestre natural anterior a los meses se�alados.
Plazo para la liquidaci�n de los planes de cooperaci�n 1. Los planes provinciales e insulares de cooperaci�n deber�n quedar totalmente ejecutados antes del 1 de noviembre del a�o siguiente a aquel en que hubiera sido concedida la subvenci�n.
No obstante, en supuestos excepcionales cuya justificaci�n ser� apreciada por el Ministerio de Administraciones P�blicas, podr� este departamento conceder una pr�rroga al plazo de ejecuci�n que no podr� rebasar los tres a�os desde la fecha de adjudicaci�n de la obra o del acuerdo de su ejecuci�n por la Administraci�n.
2. Las diputaciones provinciales deber�n remitir al Ministerio de Administraciones P�blicas, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecuci�n, copia de la liquidaci�n del plan y memoria de las realizaciones alcanzadas.
3. El incumplimiento de los plazos fijados en el apartado 1 conllevar� el reintegro de las cantidades percibidas, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesi�n de la subvenci�n, sin perjuicio de los dem�s supuestos de reintegro determinados en los art�culos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
4. No obstante lo anterior, cuando las obras no hayan sido terminadas en el plazo general o en el de pr�rroga, pero la inversi�n realizada en plazo sea susceptible de ser entregada al uso o servicio p�blico conforme a lo prevenido en el art�culo 147.5 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la obligaci�n de reintegro se limitar� al importe de la subvenci�n no invertido en las inversiones realizadas en plazo y susceptibles de dicha entrega.
Aplicaci�n de los remanentes 1. Constituyen remanentes de las subvenciones estatales a los planes provinciales e insulares de cooperaci�n los generados por:
a) Las bajas que se produzcan en la adjudicaci�n de los contratos.La cuant�a de dichos remanentes se calcular� teniendo en cuenta el porcentaje que representa la subvenci�n del Estado respecto al presupuesto aprobado en el plan.
b) Las bajas que se produzcan por la anulaci�n de un proyecto o la reducci�n de su presupuesto.
2. Los remanentes de subvenci�n del Estado podr�n ser utilizados en la financiaci�n de las obras recogidas en el plan complementario a que hace referencia el art�culo 8.
Cuando se produzcan bajas en la contrataci�n de una obra y el porcentaje de subvenci�n estatal inicialmente previsto en aqu�lla no alcanzara los l�mites establecidos en el art�culo 6, la diputaci�n provincial podr� optar por mantener la totalidad de la subvenci�n hasta dichos l�mites o aplicar el remanente seg�n lo dispuesto en el p�rrafo anterior.
3. La utilizaci�n de los citados remanentes deber� llevarse a cabo en el ejercicio correspondiente al plan y su adjudicaci�n o acuerdo de ejecuci�n por la propia Administraci�n deber� realizarse antes del 1 de diciembre de dicho ejercicio.
4. La certificaci�n de adjudicaci�n o el acuerdo de ejecuci�n por la propia Administraci�n mediante los que se hayan aplicado los remanentes deber� remitirse al Ministerio de Administraciones P�blicas hasta el 15 de diciembre del mismo ejercicio.
CAP�TULO IIIIntervenciones comunitarias cofinanciadas por el Programa de cooperaci�n econ�mica local
�mbito de aplicaci�n Las disposiciones de este cap�tulo ser�n de aplicaci�n a las distintas intervenciones comunitarias aprobadas por la Comisi�n de la Uni�n Europea y cofinanciadas por el Estado a trav�s del Programa de cooperaci�n econ�mica local.
Distribuci�n territorial de las subvenciones Para la determinaci�n de la distribuci�n territorial de las subvenciones del Estado se tendr�n en cuenta los objetivos establecidos en el propio programa aprobado por la Uni�n Europea, as� como la situaci�n socioecon�mica y territorial de las zonas afectadas, el desequilibrio econ�mico y el grado de ejecuci�n de los planes precedentes.
Cuant�a de las subvenciones La cuant�a de la subvenci�n estatal ser� la resultante de los respectivos programas.
Planes de inversi�n 1. Las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y comunidades aut�nomas uniprovinciales elaborar�n con la participaci�n de los municipios y aprobar�n los planes de inversi�n que vayan a ser objeto de cofinanciaci�n por la Uni�n Europea y por el Ministerio de Administraciones P�blicas, as� como un plan complementario para la aplicaci�n de los remanentes que se pudieran originar. En su elaboraci�n y aprobaci�n, los planes de inversi�n y los planes complementarios se someter�n a los requisitos establecidos en los respectivos programas comunitarios, y, en lo referente a la gesti�n y tramitaci�n de la subvenci�n del Estado, al procedimiento, petici�n de informes y remisi�n al Ministerio de Administraciones P�blicas regulados en los art�culos 8, 9 y 10.
2. La gesti�n y tramitaci�n de las subvenciones del Estado se ajustar� tambi�n a las disposiciones que regulan los plazos de adjudicaci�n de las obras, los plazos y requisitos para el libramiento de las subvenciones, el tr�mite de informaci�n sobre el estado de ejecuci�n de las obras, el plazo para la liquidaci�n de los planes y la aplicaci�n de remanentes contenidas en los art�culos 11 a 15.
CAP�TULO IVProyectos singulares de desarrollo local y urbano
Objetivos El objetivo de esta l�nea de ayuda es impulsar el desarrollo local y urbano, mediante la cofinanciaci�n con las entidades locales de la ejecuci�n de proyectos singulares que contribuyan a dinamizar el crecimiento en la zona.
Cuant�a de las subvenciones La subvenci�n del Estado destinada a la cofinanciaci�n de los proyectos singulares podr� alcanzar hasta el 50 por cien del importe del proyecto. Para la obtenci�n de la subvenci�n ser� necesario que en su financiaci�n contribuyan los ayuntamientos y dem�s entidades locales titulares de las obras, sin que la aportaci�n de �stos pueda ser inferior al 15 por ciento de los correspondientes proyectos.
Aprobaci�n de proyectos. Informes 1. Los proyectos ser�n aprobados por el �rgano competente de la entidad local, seg�n las reglas de distribuci�n de competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local.
2. El proyecto, junto con su documentaci�n complementaria, se someter� a informe del Subdelegado del Gobierno en la provincia, del Director Insular de la Administraci�n del Estado o del Delegado del Gobierno en las comunidades aut�nomas uniprovinciales no insulares, si no hubiera Subdelegado del Gobierno.
3. Igualmente, los proyectos ser�n sometidos a informe de las Comisiones Provinciales de Colaboraci�n del Estado con las Corporaciones Locales, de conformidad con el art�culo 29.2.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
4. Los informes citados en los apartados anteriores se referir�n a la incidencia en el territorio de los correspondientes proyectos y se pronunciar�n acerca de la concurrencia de los requisitos fijados en este cap�tulo para la obtenci�n de subvenci�n estatal y sobre el grado de cumplimiento de los criterios de selecci�n enumerados en el art�culo 25. Deber�n ser emitidos en el plazo de 10 d�as desde la recepci�n del proyecto. Transcurrido dicho plazo sin que el informe solicitado hubiera sido evacuado, se podr�n proseguir las actuaciones.
Solicitudes de subvenci�n. Lugar y plazo de presentaci�n 1. Las solicitudes de subvenci�n se dirigir�n a la Direcci�n General para la Administraci�n Local del Ministerio de Administraciones P�blicas, junto con su documentaci�n complementaria y los informes preceptivos, y se presentar�n en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el art�culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
2. Las solicitudes se presentar�n antes del d�a 1 de marzo del ejercicio en el que se solicita la subvenci�n.
Documentaci�n complementaria Las solicitudes de subvenci�n ir�n acompa�adas de la siguiente documentaci�n:
a) El proyecto t�cnico cuya ejecuci�n se pretende.
b) Certificaci�n expedida por el secretario de la entidad local o funcionario que ostente la fe p�blica, en el que se haga constar:
1.� Acuerdo de aprobaci�n del proyecto.
2.� Acuerdo de solicitud de la subvenci�n, adoptado por �rgano competente, con indicaci�n de la cuant�a solicitada y del porcentaje que representa respecto al coste total.
3.� Compromiso de habilitaci�n de cr�dito para financiar el importe del proyecto en la parte que no va a ser objeto de subvenci�n por el Ministerio de Administraciones P�blicas.
4.� El r�gimen de financiaci�n, en el que se refleje la financiaci�n m�nima que se compromete a aportar la entidad titular de la obra.
5.� Ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones p�blicas o proveniente de fondos comunitarios.
c) Memoria descriptiva del proyecto y de las actuaciones que comprende, en la que se recoger�, al menos:
1.� La denominaci�n del proyecto y los objetivos que se pretenden conseguir con su ejecuci�n.
2.� La inclusi�n del proyecto, en su caso, en un plan estrat�gico de desarrollo derivado de un proyecto integral de la zona.
3.� La forma en la que la ejecuci�n del proyecto contribuir� a un mayor desarrollo local o urbano en el territorio afectado.
4.� La sostenibilidad econ�mica, social y medioambiental de la inversi�n a largo plazo.
5.� La aplicaci�n, en su caso, de nuevas tecnolog�as y la idoneidad para generar una secuencia expansiva del desarrollo en la zona.
6.� La localizaci�n de las inversiones y la relaci�n de municipios afectados, si la obra es supramunicipal.
7.� La disponibilidad de los terrenos, salvo en aquellos casos en los que este requisito est� dispensado en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, as� como la disponibilidad de las autorizaciones que fueran necesarias.
d) En su caso, memoria justificativa de la concurrencia en el o los municipios de alguna de las circunstancias enumeradas en los p�rrafos a), b), c) y d) del art�culo 65 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de r�gimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Selecci�n de los proyectos Una comisi�n de valoraci�n presidida por el Director General para la Administraci�n Local, cuya composici�n y funcionamiento ser�n regulados por orden del Ministro de Administraciones P�blicas, evaluar� los proyectos en funci�n de los requisitos establecidos en este real decreto, para lo cual tendr� en cuenta, adem�s de los informes se�alados en el art�culo 22, los siguientes criterios de selecci�n:
a) Que el municipio o los municipios afectados se encuentren en alguna de las circunstancias objetivas enumeradas en los p�rrafos a), b) c) y d) del art�culo 65 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de r�gimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
b) Que el proyecto se incluya en un plan estrat�gico de desarrollo derivado de un proyecto integral de la zona.
c) Que la inversi�n proyectada contribuya a un mayor desarrollo local o urbano y a paliar el desempleo en los territorios afectados.
d) Que se desprenda la sostenibilidad econ�mica, social y medioambiental de la inversi�n a largo plazo.
e) Que incorpore la aplicaci�n de nuevas tecnolog�as y sea susceptible de generar una secuencia expansiva del desarrollo en la zona.
Propuesta de resoluci�n La comisi�n de valoraci�n, por conducto de su presidente, elevar� propuesta de resoluci�n al Secretario de Estado de Organizaci�n Territorial del Estado antes del d�a 1 de junio del ejercicio correspondiente.
Resoluci�n 1. El Secretario de Estado de Organizaci�n Territorial del Estado resolver� las solicitudes presentadas en el plazo de 15 d�as desde la recepci�n de la propuesta de resoluci�n. Transcurrido dicho plazo sin que haya reca�do una resoluci�n expresa, se entender�n desestimadas las solicitudes, conforme a lo prevenido en la disposici�n adicional vig�sima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relaci�n con el art�culo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
2. Dictada la oportuna resoluci�n, que ser� motivada, se notificar� a la entidad interesada dentro del plazo previsto en el apartado anterior, as� como, a efectos de conocimiento, a las Subdelegaciones, Direcciones Insulares o Delegaciones del Gobierno respectivas, seg�n corresponda.
Plazo para la adjudicaci�n de las obras 1. Las obras objeto de subvenci�n deber�n ser adjudicadas o acordada su ejecuci�n por la propia Administraci�n antes del 1 de octubre del ejercicio correspondiente, salvo casos excepcionales cuya justificaci�n ser� apreciada por el Ministerio de Administraciones P�blicas. En todo caso, dicho plazo no podr� ser posterior al 1 de noviembre de dicho ejercicio.
2. La adjudicaci�n o el acuerdo de ejecuci�n por la propia Administraci�n fuera de los plazos previstos en el apartado anterior conllevar� la p�rdida de la subvenci�n estatal, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesi�n de la subvenci�n.
Libramiento de las subvenciones 1. Las entidades locales beneficiarias deber�n remitir a la Direcci�n General para la Administraci�n Local la certificaci�n de adjudicaci�n de las obras subvencionadas o, en su caso, el acuerdo de ejecuci�n directa por la propia Administraci�n, antes del d�a 1 de diciembre del ejercicio de la concesi�n.
2. Con base en las certificaciones de adjudicaci�n de las obras subvencionadas, o en los acuerdos de ejecuci�n por la propia Administraci�n, el Ministerio de Administraciones P�blicas librar� a las entidades beneficiarias el 100 por cien de la subvenci�n.
Informaci�n sobre el estado de ejecuci�n de las obras Las entidades locales beneficiarias remitir�n al Ministerio de Administraciones P�blicas, dentro de los meses de enero y julio, una relaci�n de las certificaciones de obras o de gastos, si las obras se han realizado por la Administraci�n, que hayan sido aprobadas durante el semestre natural anterior a los meses se�alados.
Plazo para la ejecuci�n de las obras 1. Los proyectos objeto de subvenci�n deber�n quedar totalmente ejecutados antes del 1 de noviembre del a�o siguiente a aquel en que hubiera sido concedida la subvenci�n.
2. No obstante, en supuestos excepcionales cuya justificaci�n ser� apreciada por el Ministerio de Administraciones P�blicas, este departamento podr� conceder una pr�rroga al plazo de ejecuci�n cuya duraci�n se fijar� en funci�n de las circunstancias que concurran en la obra concreta y que, en todo caso, no podr� rebasar los cuatro a�os desde la fecha de adjudicaci�n de la obra o del acuerdo de su ejecuci�n por la Administraci�n.
Plazo para la justificaci�n de la subvenci�n 1. Las entidades locales beneficiarias deber�n remitir al Ministerio de Administraciones P�blicas, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecuci�n, la certificaci�n final de obra y el acta de recepci�n.
2. El incumplimiento de los plazos de ejecuci�n fijados en el art�culo anterior conllevar� la obligaci�n de reintegro de las cantidades percibidas, por incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesi�n de la subvenci�n, sin perjuicio de los dem�s supuestos de reintegro determinados en los art�culos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
3. No obstante lo anterior, cuando las obras no hayan sido terminadas en el plazo general o en el de pr�rroga, pero la inversi�n realizada en plazo sea susceptible de ser entregada al uso o servicio p�blico conforme a lo prevenido en el art�culo 147.5 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, la obligaci�n de reintegro se limitar� al importe de la subvenci�n no invertido en las inversiones susceptibles de dicha entrega.
Cofinanciaci�n de los planes de cooperaci�n y de los proyectos singulares 1. Con independencia de las subvenciones reguladas en este real decreto, los planes provinciales e insulares de cooperaci�n y los proyectos singulares de desarrollo local y urbano podr�n recibir aportaciones adicionales de los fondos estructurales comunitarios, en su caso, as� como de las subvenciones que acuerden las comunidades aut�nomas con cargo a sus respectivos presupuestos.
2. A los supuestos de cofinanciaci�n les ser�n de aplicaci�n los l�mites establecidos en el art�culo 81.8 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Aportaci�n estatal al Plan �nico de Obras y Servicios de la Comunidad Aut�noma de Catalu�a De acuerdo con lo previsto en la regla novena del art�culo 153.2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en la redacci�n dada por el art�culo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y con el art�culo 2 del Real Decreto 2115/1978, de 26 de julio, sobre transferencia de competencias de la Administraci�n del Estado a la Generalidad de Catalu�a en materia de interior, en relaci�n con la disposici�n transitoria sexta.6 del Estatuto de Autonom�a de Catalu�a, la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales incluidas en el Plan �nico de Obras y Servicios de la Comunidad Aut�noma de Catalu�a se realizar� a trav�s de la Generalidad, en los siguientes t�rminos:
a) Las aportaciones del Estado al Plan �nico de Obras y Servicios de la Comunidad Aut�noma de Catalu�a, con cargo al Programa de cooperaci�n econ�mica local del Estado, incluy�ndose los proyectos relativos a la red viaria local, determinadas de acuerdo con lo establecido en el art�culo 5.2 de este real decreto, ser�n territorializadas anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. El cr�dito correspondiente se librar� a la Comunidad Aut�noma de Catalu�a, como subvenci�n gestionada, de acuerdo con el art�culo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
b) No ser�n de aplicaci�n a la Comunidad Aut�noma de Catalu�a las normas relativas a la elaboraci�n, aprobaci�n y ejecuci�n de los planes provinciales e insulares de cooperaci�n contenidas en los art�culos 8 a 15 de este real decreto.
c) La Comunidad Aut�noma de Catalu�a remitir� al Ministerio de Administraciones P�blicas informaci�n sobre el Plan �nico de Obras y Servicios una vez aprobado.
d) Compete a la Generalidad de Catalu�a elaborar la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales relativa a su territorio, de la cual se suministrar� informaci�n al Ministerio de Administraciones P�blicas, a quien le corresponde la colaboraci�n t�cnica y econ�mica en su elaboraci�n y mantenimiento seg�n lo dispuesto en el art�culo 4 de este real decreto.
e) Lo previsto en la disposici�n adicional primera de este real decreto respecto a la cofinanciaci�n con cargo a los fondos estructurales comunitarios ser� de aplicaci�n tambi�n al Plan �nico de Obras y Servicios de la Comunidad Aut�noma de Catalu�a.
Elaboraci�n de los planes de las Ciudades de Ceuta y Melilla Las Ciudades de Ceuta y Melilla elaborar�n, aprobar�n y ejecutar�n los correspondientes planes.
Utilizaci�n de medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos Las entidades locales beneficiarias remitir�n al Ministerio de Administraciones P�blicas utilizando preferiblemente medios electr�nicos y telem�ticos, al menos, la siguiente informaci�n:
a) Los planes provinciales e insulares, los planes de inversi�n y los proyectos singulares, una vez aprobados, as� como sus eventuales modificaciones.
b) La relaci�n de las certificaciones de obras o de gastos, si las obras se han realizado por la Administraci�n, que hayan sido aprobadas durante el semestre natural anterior a los meses se�alados, a efectos de seguimiento del estado de ejecuci�n.
El Ministerio de Administraciones P�blicas determinar�, previo informe de la Subcomisi�n de Cooperaci�n con la Administraci�n Local, las t�cnicas y medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos que podr�n ser utilizados para la tramitaci�n de las subvenciones a que hace referencia este real decreto.
Expropiaci�n forzosa De conformidad con lo previsto en el art�culo 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiaci�n Forzosa, la aprobaci�n de los planes provinciales e insulares de cooperaci�n y de los planes de inversi�n, regulados respectivamente en los cap�tulos II y III de este real decreto, implicar� la declaraci�n de utilidad p�blica para las obras y servicios incluidos en aqu�llos y la necesidad de ocupaci�n de los terrenos y edificios a efectos de su expropiaci�n forzosa.
Determinaci�n del n�mero de habitantes La determinaci�n del n�mero de habitantes se efectuar� en funci�n de las cifras de poblaci�n resultantes de la �ltima revisi�n del padr�n municipal, declaradas oficiales por real decreto y publicadas anualmente por el Instituto Nacional de Estad�stica.
Adaptaci�n de referencias Las referencias a las diputaciones provinciales contenidas en el texto de este real decreto se entender�n dirigidas, en los casos en que proceda, a los cabildos y consejos insulares, as� como a las comunidades aut�nomas uniprovinciales.
Derogaci�n normativa Queda derogado el Real Decreto 1328/1997, de 1 de agosto, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las entidades locales, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Facultad de desarrollo Se faculta al Ministro de Administraciones P�blicas para dictar, en el �mbito de sus competencias, las normas necesarias para la aplicaci�n y desarrollo de lo previsto en este real decreto.
V�ase Orden APU/126/2004, de 23 de enero, de desarrollo y aplicaci�n del R.D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperaci�n econ�mica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales (�B.O.E.� 30 enero).
Entrada en vigor El presente real decreto entrar� en vigor el d�a 1 de enero de 2004.

References: Real Decreto 
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