Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1113-01.htm
Timestamp: 2017-10-20 07:09:07+00:00

Document:
C-1113-01
Sentencia C-1113/01
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Falta de correspondencia entre cargo y norma acusada
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargos que exceden ámbitos normativos de disposición acusada
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Hipótesis extraída erróneamente de disposición acusada
Referencia: expediente D-3515
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil uno (2001)
El ciudadano Antonio Eduardo Bohórquez Collazos, actuando en nombre propio y en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 241, numerales 4º y 5º, de la Constitución Política, demandó ante esta Corporación la inconstitucionalidad de la expresión “o jurídicas”, contenida en el artículo 73 de la Ley 50 de 1990.
Se transcribe a continuación el texto de la disposición acusada, con la advertencia de que se subraya lo demandado:
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.
“Artículo 73. Se denomina usuario, a toda persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios temporales”
El demandante aduce que la norma demandada es inconstitucional, en cuanto se refiere a las entidades territoriales y de derecho público, pues cuando éstas hacen uso de empleados contratados por empresas de servicios temporales, integran a su respectiva planta de personal, funcionarios sin funciones detallas en la ley y en el reglamento, lo cual vulnera el artículo 122 de la Constitución Política. En este sentido –dice- la ley estaría permitiendo que estos “servidores públicos transitorios” puedan desarrollar determinadas labores, sin que sus funciones se encuentren previstas en el ordenamiento jurídico.
Finalmente –agrega-, la norma quebranta los artículos 305-7 y 315-6 de la Carta porque mientras los preceptos constitucionales disponen que los nominadores de los servidores públicos de los departamentos y los municipios serán los respectivos gobernadores y alcaldes, la expresión acusada introduce la posibilidad de que los trabajadores de las empresas de servicios temporales que actúan en misión como servidores públicos ante las entidades del Estado, tengan otro nominador.
1. Intervención del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
La delegada del Ministerio de la referencia para intervenir en este proceso, presentó dentro de la oportunidad legal prevista el correspondiente escrito de intervención, para solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la expresión demandada.
La interviniente sostiene que, de acuerdo con la legislación pertinente, esto es, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Reglamentario 24 de 1998, los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo pueden contratar con éstas cuando se trate de labores ocasionales o transitorias, cuando se requiera reemplazar a personal en vacaciones o en uso de licencias y para atender el incremento en la producción, el transporte, las ventas, las cosechas y la prestación de servicios por término no superior a seis (6) meses, no prorrogables.
Agrega el Ministerio que en esas condiciones, quienes sean nombrados trabajadores en servicio temporal no pueden ser considerados funcionarios públicos, ya que desempeñan funciones distintas en el marco general de la administración pública. A esto se agrega que el nombramiento de los funcionarios titulares de los cargos que ocupan provisionalmente los empleados temporales, permanece vigente durante la misión del empleado temporal; y que la transitoriedad del encargo impide nombrar a estos trabajadores en carrera.
Finalmente, precisa que la norma no desconoce la capacidad nominadora de las autoridades correspondientes, ni que se esté transgrediendo la voluntad del artículo 125 constitucional en lo que se refiere a las calidades necesarias para acceder a los cargos públicos de la administración.
2. Intervención de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)
El doctor Alberto Echavarría Saldarriaga, en representación del gremio interviniente, sostiene en su memorial que la Corte Constitucional debe declararse inhibida para fallar por ineptitud sustantiva de la demanda.
A juicio de la organización, los municipios, distritos y departamentos, al igual que las demás entidades estatales, están sujetas al régimen de contratación contenido en la Ley 80 de 1993, estatuto que expresamente dispone en su artículo 32, la forma en que deben entenderse celebrados los contratos de prestación de servicios. Hasta aquí, la entidad puntualiza, que los cargos de la demanda van dirigidos contra una norma no aplicable a las entidades del Estado, y por tanto, se justifica la inhibición de la Corte. No obstante, la entidad agrega que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ya fue declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-154 de 1997 y que, en consecuencia, debe estarse a lo resuelto en dicha providencia, en tanto el régimen de los contratos de prestación de servicios celebrados por las entidades del Estado no están sujetos al régimen laboral común.
3. Intervención de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET)
La empresa de la referencia, representada en el proceso por su presidente, el señor Miguel Pérez García, sostuvo en su intervención que la norma demandada se ajustaba a los cánones constitucionales.
Para la entidad, la relación jurídica laboral que se desprende de un contrato de prestación de servicios, ejecutado por una empresa de servicios temporales, surge entre ésta y el empleado que es enviado en misión, más no entre el usuario del servicio y el trabajador. En esa medida, la entidad usuaria, sea pública o privada, únicamente ejerce una delegación de autoridad respecto del trabajador en misión, más no se vincula con él laboralmente.
De allí que, en tratándose de entidades públicas –agrega- los empleados en misión no adquieran la calidad de servidores públicos, sino que conserven el vínculo laboral con la empresa de servicios temporales a la cual se encuentran adscritos.
Dentro de la oportunidad legal prevista, el señor Procurador General de la Nación, Eduardo Maya Villazón, solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir fallo de fondo en el proceso de la referencia.
La Vista fiscal sostiene que del tenor literal de la disposición acusada no se deduce el cargo formulado por el actor, pues el artículo demandado únicamente se limita a señalar a quiénes se entiende por usuarios en un contrato de prestación de servicios, cuando el mismo se celebra con una empresa de servicios temporales.
Para la Procuraduría, el cargo de la demanda no se dirige a cuestionar la constitucionalidad de la norma acusada sino a formular lo inconveniente que resulta el hecho de que personas de derecho público, sean usuarios de empresas de servicios temporales. En el mismo sentido, advierte que no es factible para el tribunal constitucional, deducir posibles interpretaciones de un precepto jurídico para determinar presuntas violaciones a la Carta Política.
No obstante encontrar serias falencias en la formulación de los cargos de la demanda, el Ministerio Público entra de lleno en el problema planteado por el impugnante y sostiene que la Ley 80 de 1993 es el régimen encargado de regular la celebración de contratos por parte de las entidades estatales y que por virtud de dichas disposiciones, la utilización de los servicios de una persona natural, vinculada con una empresa de servicios temporales, no vincula a dicho individuo a la administración pública.
La Procuraduría finaliza diciendo que el régimen de los trabajadores particulares y de los servidores públicos está sujeto a reglas muy diferentes, por lo que no puede pretender el demandante que a un trabajador particular se le apliquen los manuales de funciones de una entidad con la cual no tiene relación laboral alguna, por el hecho de prestar sus servicios físicamente en dicho establecimiento.
Así entonces, a fin de garantizar la resolución efectiva de un juicio de inconstitucionalidad -cuando el mismo se adelanta con ocasión de la interposición de una acción pública (Art. 40-6 C.P.)-, la ley (Decreto 2067 de 1991) y la técnica procesal imponen la necesidad de que el demandante establezca con precisión y claridad, cuál es la norma que considera opuesta al ordenamiento constitucional, cuáles son las normas del Estatuto Superior que considera quebrantadas por la disposición impugnada, y cuáles son las razones de constitucionalidad que lo llevan a considerar que existe dicha oposición de contenido entre las normas superiores y las de jerarquía legal.
"Cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por la vía de la acción, se le impone la carga procesal de señalar las normas constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último comporta la obligación de determinar con toda claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución, con el fin de destruir la presunción de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda extender el análisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas expresamente en la demanda. Pero lo que no puede ser admitido es que bajo una interpretación que haga el demandante del contexto de un cuerpo normativo se puedan deducir, por vía indirecta, presuntas violaciones de la Constitución, por la manera en que el legislador reguló una determinada materia."(C-236/97 M.P. Antonio Barrera Carbonell)
“Sobre la base de estos razonamientos, la Corte, en muchas de sus decisiones, se ha abstenido de proferir sentencia de fondo ante la imposibilidad de enjuiciar textos normativos respecto de los cuales no se imputa ningún reproche directo. Tal es el caso de aquellas demandas que se fundamentan en supuestos jurídicos regulados por una normatividad diferente a la impugnada, o que pretenden atacar el desarrollo de la ley o su indebida aplicación por parte del operador jurídico.” (Sentencia C-986 de 1999)
3. La norma sub exámine.
En efecto, el propósito de la norma en la cual se inserta la expresión acusada es, exclusivamente, el de definir a quién se considera usuario en los contratos celebrados con empresas prestadoras de servicios temporales. Advierte la disposición que “usuario” es toda persona natural “o jurídica” que contrata con una empresa de este tipo. La finalidad del artículo es, entonces, la de definir. Su contenido es simple: no regula elemento adicional al de la definición precedentemente expuesta y no contiene referencia alguna a las consecuencias jurídicas, laborales, civiles o comerciales, que pudieran derivarse de tal definición.
De esa hipótesis, erradamente extraída de la frase que se acusa, el demandante deriva los argumentos subsiguientes. Según estos, en cuanto los trabajadores en misión ostentan el rango de “servidores públicos transitorios”, la norma excluye a dichos “servidores públicos” de cumplir el reglamento de la entidad territorial; que los “cargos públicos” ocupados por dichos “servidores públicos transitorios” no tienen funciones detalladas en la Ley o el reglamento, con lo cual se vulnera lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta política, y que, en la misma medida, no es el gobernador o el alcalde el que ejerce la potestad nominadora respecto de estos “servidores públicos transitorios”, sino el gerente de la empresa de servicios temporales a la cual se encuentran vinculados, vulnerándose con ello los artículos 305 y 315 de la Carta.
Es claro entonces, después de todo lo dicho, que la norma sub exámine no contiene regla alguna de la cual pudiera deducirse que los empleados en misión de las empresas de servicios temporales, actuantes ante entidades estatales, se convierten, por ese servicio, en “servidores públicos transitorios”; pero también es claro que si dicha norma existiera, tal sería la preceptiva que debió haber demandado el actor, no el artículo 73 de la Ley 50 de 1990.
UNICO.- Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “o jurídica” contenida en el artículo 73 de la Ley 50 de 1990.

References: artículo 241
 artículo 73
 artículo 122
 artículo 125
 artículo 32
 artículo 32
 resolución 
 artículo 122
 artículo 73
 artículo 73