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Timestamp: 2020-08-13 15:14:02+00:00

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Ley numero: 1180
Ley de Administración Financiera, Administración de Bienes, Contrataciones y Sistema de Control del Sector Público Provincial. Deróganse: D.Ley 576/72 -Contabiblidad-; D.Ley 848/80 -Complentaria Permanente de Presupuesto-; D.Ley 1368/83 -Orgánica de la Contaduria de la Provincia-; D.Ley 413/69 -Orgánica del Tribunal de Cuentas-.
D. 672/96- Estructura orgánica de la auditoría general de la Pcia. - D. 1256/96 - Régimen sanciones, multas, apercibimientos (B.O. 6093, 16/01/98) - L. 1216 - Carta Orgánica del Tribunal de Cuentas- Modifica art. 139 (B.O.5894, 10/12/96) - D.1677/97- Derog. D.1972/78 regl.D.L.576/72. Complementa L.1180. (B.O.6093, 16/01/98). - L.1298/99 - LEY DE PRESUPUESTO GRAL DE LA ADM. PCIAL (B.O. 7875,12/01/00,p.1) - D. 121/01- Reglamenta art. 64. Caja Chica. B.O.6867, p.2. 09/03/2001.- - D. 824/02- Aprueba Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial. Deroga Dto. 1219/81 (B.O.7303 p.2. del 18/12/2002). - D.832/02 Transf. al M° de Economía competencia y funciones del registro de proveedores del estado. (B.O. 7193 del 11-7-2002, p.2.) - Resolución mº de E.O.S.P. actualización de escalas (B.O. 7745 del 07-10-2004, p.2.) - D. 527/08- Régimen de aprobación y adjudicación de contrataciones. licitación pública tramitadas por D.P.V., I.P.V. y UCAP. (B.O. 8739 del 23/10/2008, p.2.)
LEY Nº 1180
LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN DE BIENES, CONTRATACIONES Y SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR Público PROVINCIAL
Artículo 1°.- La presente ley establece y regula la administración financiera, la administración de los bienes, la contratación y los sistemas de control del Sector Público Provincial.
Artículo 2°.- La administración financiera comprende el conjunto de sistemas referidos a la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de las funciones y programas de acción del estado provincial.
Artículo 3°.- Las contrataciones y la administración de los bienes del Estado estarán regidas por el conjunto de principios, normas y procedimientos que mediante su operación permitan obtener y administrar los bienes necesarios para cumplimentar las funciones y programas de acción.
Artículo 4°.- Los Sistemas de Control comprenden las estructuras de control interno y externo del Sector Público Provincial mediante un modelo integral e integrado que abarcara como mínimo el conjunto de los sistemas, tanto administrativos como los relativos a la producción de bienes y servicios, verificando su adecuación a los objetivos generales de esta Ley. Dicho modelo incluirá entre otros, los instrumentos normativos para el control operativo y de resultados de los distintos sistemas que se prevén en la presente.
Artículo 5°.- Es objetivo de la presente Ley el desarrollo de un modelo administrativo basado en la aplicación de los criterios que se señalan a continuación y que deberán ser tenidos en cuenta en su reglamentación, interpretación y aplicación:
b) sistematizar las acciones de programación, gestión y aplicación de los recursos del sector Público provincial.
c) implementar procedimientos que aseguren información oportuna y adecuada, apta para las funciones de dirección, divulgación, evaluación y control de la gestión.
d) establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector Público provincial la implementación y mantenimiento de:
d.1) un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas;
d.2) procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y programas de los que es responsable la jurisdicción o entidad;
d.3) un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones;
d.4) principios, normas y procedimientos que mediante su operación permitirán obtener y administrar los bienes necesarios para cumplimentar las funciones y programas de acción.
e) utilizar los programas de acción por medio del presupuesto como mecanismo básico para lograr objetivos, asignar recursos y evaluar resultados.
f) responsabilidad de los funcionarios por su gestión tanto en lo referente a los recursos administrativos como a los resultados obtenidos.
g) resguardo del patrimonio e intereses fiscales en los diferentes actos y operaciones.
Artículo 6°.- La administración financiera esta conformada por los sistemas que se enumeran a continuación y que deberán estar relacionados entre sí, Cada uno de ellos estará a cargo de un órgano rector y coordinados todos ellos por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
* Sistema Presupuestario
* Sistema de Crédito Público
* Sistema de Tesorería
Artículo 7°.- La contratación y administración de los bienes del Estado estará conformada por los sistemas que se enumeran a continuación, cada uno de ellos a cargo de un órgano rector y coordinados por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
** Sistema de Administración de los Bienes
** Sistema de Contrataciones
Artículo 8°.- A los fines de coordinar el funcionamiento de las unidades operadoras de cada sistema, en el ámbito de cada Poder, Ministerio y Entidad Autárquica funcionara un Servicio Administrativo – Financiero. (SAF). El mismo mantendrá una relación directa de carácter técnico e informativo con el órgano rector de cada sistema.
Artículo 9°.- Funcionara un “Comité de Coordinación” integrado por el responsable del órgano rector de cada uno de los sistemas enumerados en el Artículo 6° y 7° y presidido por el responsable de la coordinación de los mismos.
Artículo 10°.- Serán ejecutores del sistema de control en los términos del artículo 4°:
a) el Tribunal de Cuentas de la Provincia de acuerdo con la competencia que tiene asignada;
b) la Auditoría General de la provincia en los términos del Titulo VIII, de la presente Ley;
c) todo funcionario en relación a los recursos y bienes que tenga asignados y de cuya administración sea responsable;
d) las Comisiones de Auditoría Interna especial que a propuesta del órgano rector en la materia designe el Poder Ejecutivo o se solicite por otros Poderes, con la competencia e integración que fije la reglamentación.
Artículo 11°.- Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Provincial, el que a tal efecto esta integrado por:
a) La Administración Provincial conformada por la Administración Central y Organismos Descentralizados.
b) Empresas y Sociedades del Estado Provincial y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el gobierno tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, sin perjuicio de sus disposiciones estatutarias.
c) Quedan asimismo sujetas a los alcances de la presente Ley y a la competencia de sus Órganos de Control, las personas físicas y de existencia ideal y entes públicos no estatales a los que se les hubiera asignado recursos para un objetivo determinado. Los mencionados alcances se refieren en particular, a la responsabilidad de rendir cuenta, en tiempo y forma, de la aplicación de los recursos y del cumplimiento de las condiciones establecidas en el acto de asignación.
Artículo 12°.- En el contexto de esta Ley se entenderá por entidad a toda organización Pública con personería jurídica y patrimonio propio; y, por jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales:
b- Poder Judicial
c- Poder Ejecutivo
d- Organismos Constitucionales
Artículo 13°.- El ejercicio Financiero del Sector Público Provincial comenzara el primero de enero y finalizara el treinta y uno de diciembre de cada año.
Artículo 14°.- En el presente Titulo se establecen los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán todas las etapas del proceso presupuestario de las jurisdicciones y entidades del sector Público provincial, respetando las particularidades de cada una de ellas.
Artículo 15°.- El presupuesto comprenderá todos los recursos previstos y los gastos autorizados para el ejercicio, los cuales figuraran por separado, por sus montos íntegros y sin compensaciones entre sí. Mostraran el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generan las acciones previstas.
Artículo 16°.- Los presupuestos de recursos contendrán la enumeración de los distintos rubros de ingresos y otras fuentes de financiamiento y los montos estimados para cada uno de ellos en el ejercicio.
Las denominaciones de los distintos rubros de recursos deberán ser lo suficientemente especificas como para identificar las respectivas fuentes y se estructurarán en una clasificación básica uniforme para todo sector Público provincial.
Artículo 17°.- En los presupuestos de gastos se utilizaran las técnicas mas adecuadas que demuestren el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes y servicios del sector Público provincial, la incidencia económica y financiera de su ejecución y la vinculación con sus fuentes de financiamiento.
La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de gastos y recursos que se utilizaran.
Artículo 18°.- Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades Públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero se deberá incluir en los mismos, información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La aprobación de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, implicara la autorización expresa para contratar las obras o adquirir los bienes y servicios hasta por su monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación.
Artículo 19°.- La Dirección de Presupuesto será el órgano rector del sistema presupuestario del sector Público provincial.
Artículo 20°.- La Dirección de Presupuesto tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la formación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que elabore el órgano coordinador de los sistemas de administración, para el sector Público provincial.
b) Formular y proponer al órgano coordinador de los sistemas de administración los lineamientos para la elaboración del presupuesto del sector Público provincial.
c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación del presupuesto de la administración provincial.
d) Confeccionar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado.
e) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del sector Público provincial y difundir los criterios básicos del sistema presupuestario.
f) Analizar los anteproyectos de presupuestos de los organismos que integran la administración provincial y proponer los ajustes que considere necesarios.
g) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del estado provincial y presentar los informes respectivos al coordinador de los sistemas de administración.
h) Preparar el proyecto de Ley de presupuesto general y fundamentar su contenido.
i) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la administración provincial e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a las atribuciones fijadas por la reglamentación.
j) Elaborar, juntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Provincial, preparada por las jurisdicciones y entidades que la componen para su aprobación por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
k) Evaluar la ejecución física y financiera de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas.
l) Las demás que le confiere la presente ley y su reglamento.
Artículo 21°.- Integraran el sistema presupuestario todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades del sector Público provincial, y serán responsables de cumplir la presente ley, su reglamentación y las normas técnicas que emita el órgano rector del sistema. Estas unidades serán responsables de cuidar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que en materia presupuestaria establezcan las autoridades competentes.
DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL
Artículo 22°.- La ley de presupuesto contara de tres títulos cuyo contenido será el siguiente:
Titulo II – Presupuestos de recursos y gastos de la Administración Central.
Titulo III- Presupuesto de recursos y gastos de los Organismos Descentralizados.
Artículo 23°.- Las disposiciones generales contendrán normas relacionadas directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación, del presupuesto del que forman parte, son complementarias a la presente Ley y no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Incluirá, asimismo, los cuadros agregados que permitan una visión global del presupuesto y sus principales resultados.
Artículo 24°.- Se consideraran como recursos del ejercicio aquellos que se prevén recaudar durante el periodo en cualquier organismo, oficina o agencia autorizadas a percibirlos en nombre de la administración provincial, el financiamiento proveniente de donaciones, operaciones de crédito Público, representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.
Artículo 25°.- Ningún rubro del presupuesto de recursos se podrá destinar para atender específicamente el pago de determinados gastos, con excepción de:
b) los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Provincial, con destino especifico;
Artículo 26°.- El Poder Ejecutivo Provincial fijara anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de Ley de Presupuesto General.
A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas provinciales y del desarrollo integral de la misma y sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones Públicas en particular.
Se consideraran como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos, para el ejercicio que será objeto de programación, así como la cuenta de inversiones del ultimo ejercicio ejecutado y el presupuesto consolidado del sector Público del ejercicio vigente.
Artículo 27°.- Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Dirección de Presupuesto confeccionara el proyecto de Ley del Presupuesto General.
El proyecto de Ley deberá contener, las siguientes informaciones:
a) Presupuesto de Recursos de la Administración Central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasificados por rubros.
b) Presupuesto de Gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentralizado, los que identificaran la producción y los créditos presupuestarios.
d) Resultados de las cuentas corriente y de capital para la administración central, para cada organismo descentralizado y para el total de la administración provincial.
El reglamento establecerá, en forma detallada, otras informaciones a ser presentadas a la Legislatura Provincial tanto para la Administración Central como para los organismos descentralizados.
Artículo 28°.- El Poder Ejecutivo provincial presentara el Proyecto de Presupuesto general a la Honorable Legislatura en el plazo establecido en la Constitución Provincial, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetos que se propone alcanzar y explicite la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, y toda información y elemento de juicio que estime oportuno.
Artículo 29°.- Si al inicio del ejercicio financiero no se entrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, conforme lo establecido por la Constitución Provincial y los ajustes que el Poder Ejecutivo introduzca referentes a;
1- En los Presupuestos de recursos:
b) suprimirá los ingresos provenientes de operaciones de créditos Público autorizadas, en los montos en que fueron utilizados;
c) estimará cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio;
d) explicará los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el Presupuesto que se esta ejecutando hubiera previsto su utilización;
e) incluirá recursos provenientes de operaciones de crédito Público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio:
b) incluirá los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda;
Artículo 30°.- Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, deberá contar con el financiamiento respectivo.
Artículo 31°.- Los créditos del presupuesto de gastos, con los niveles de agregación que haya aprobado la Honorable Legislatura, según las pautas establecidas en el Artículo 25 de este proyecto de Ley, constituyen el limite de las autorizaciones disponibles para gastar.
Artículo 32°.- Una vez promulgada la Ley de Presupuesto General, el Poder Ejecutivo procederá a la distribución analítica del gasto.
La distribución analítica del presupuesto de gastos consistirá en la presentación desagregada hasta el ultimo nivel previsto en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones contenidas en la Ley de Presupuesto General. El dictado de este instrumento normativo implicara la atribución del Poder Ejecutivo para el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su financiamiento.
Artículo 33°.- Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el Presupuesto de dicho concepto, cuando queda afectado definitivamente al devengarse un gasto. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos para la aplicación de este Articulo.
Artículo 34°.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en esta Ley están obligadas a llevar los registros de ejecución Presupuestaria en las condiciones que fije la reglamentación. Como mínimo deberán registrarse: la liquidación o el monto en que se devenguen los recursos y su recaudación efectiva y, en materia de gastos de presupuesto, además del momento del devengado, las etapas del compromiso y del pago.
La etapa del compromiso se utilizara como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad de los créditos presupuestarios y, el del pago para reflejar la cancelación de las obligaciones asumidas.
Artículo 35°.- La autorización para el uso de los créditos estará condicionada a las exigencias que determina el Artículo 36 de la presente Ley.
Artículo 36°.- A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio la ejecución física y financiera de los Presupuestos siguiendo las normas que fije la reglamentación y las disposiciones complementarias y los procedimientos que dicten los órganos rectores de los sistemas de Presupuesto y Tesorería.
Dicha programación será ajustada por los órganos rectores y aprobada por la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas en la forma y para los periodos que se establezcan.
El monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio no podrá ser superior al monto de los recursos recaudados durante el mismo.
Artículo 37°.- Los órganos de los tres poderes del Estado determinaran, para cada uno de ellos, los limites cuantitativos y cualitativos mediante los cuales podrán contraer compromisos por si, o por la competencia especifica que asignen, al efecto, a los funcionarios de sus dependencias. La competencia así asignada será indelegable. La reglamentación establecerá la competencia para ordenar pagos y efectuar desembolsos y las habilitaciones para pagar que no estén expresamente establecidas en esta ley.
Artículo 38°.- Facultase al Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera a afectar los créditos presupuestarios de las jurisdicciones y organismos descentralizados, destinados al pago de los servicios públicos y de otros conceptos que determine la reglamentación.
Artículo 39°.- La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General que resulten necesarios durante su ejecución.
Artículo 40°.- Toda Ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.
Artículo 41°.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer autorizaciones para gastos no incluidos en la Ley de Presupuesto General, para el cumplimiento de las leyes electorales, de sentencias judiciales firmes y en caso de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensables la acción inmediata de Gobierno.
Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a la Honorable Legislatura en el mismo acto que las disponga, incorporando los elementos del juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las motivan dentro de las previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios imputables.
Las autorizaciones así dispuestas deberán incorporarse al presupuesto general.
Artículo 42°.- Las sumas a recaudar que no pudieran hacerse efectivas por resultar incobrables, podrán ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo Provincial o por los funcionarios que determine la reglamentación una vez agotados los medios provistos por las leyes vigentes para lograr su cobro. La declaración e incobrable no implicara la extinción de los derechos del Estado, ni de la responsabilidad en que pudiera incurrir el funcionario o empleado recaudador o cobrador, si tal situación le fuera imputable.
Artículo 43°.- Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos se cerraran el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha los recursos que se recauden se consideraran parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha que se hubiera generado la obligación de pago o liquidación de los mismos.
Artículo 44°.- Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año calendario se cancelaran, durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades en Caja y Bancos existentes a la fecha señalada.
Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectaran al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio.
DE LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
Artículo 45°.- La Dirección de Presupuesto evaluara la ejecución de los Presupuestos de la Administración Provincial, tanto en forma periódica, durante el Ejercicio, como al cierre del mismo.
Para ello, las jurisdicciones y organismo descentralizados deberán:
a) llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con las normas correspondientes;
b) participar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Dirección de Presupuesto.
Los informes de la evaluación serán comunicados al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Para su evaluación.
DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR Público PROVINCIAL
Artículo 46°.- La Dirección de Presupuesto preparara anualmente el presupuesto consolidado del Sector Público Provincial, el cual presentara información sobre las transacciones netas que realizara ese sector con el resto de la economía y contendrá como mínimo, la siguiente información:
a) una síntesis del Presupuesto General de la Administración Provincial;
d) una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el sector Público provincial;
e) información en la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se estiman utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros;
El Presupuesto Consolidado del Sector Público será presentado al Poder Ejecutivo, antes del 31 de marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo será remitido para conocimiento de la Honorable Legislatura.
Artículo 47°.- El Crédito Público, se rige por las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y por las leyes que aprueban las operaciones especificas.
Se entenderá por Crédito Público, la capacidad que tiene el Estado Provincial para endeudarse, con el objetivo de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de necesidad o interés provincial, para reestructurar o refinanciar sus pasivos incluyendo los respectivos intereses, gastos operativos o para encarar programas de transformación de su administración.
Artículo 48°.- El endeudamiento que resulte de las operaciones de Crédito Público, se denomina Deuda Pública, y puede originarse en:
a) la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de mediano y largo plazo, constitutivos de un empréstito;
b) la contratación de prestamos con instituciones financieras considerando las autorizaciones que anualmente fijara el Presupuesto o Ley especifica;
c) la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en mas de un Ejercicio Financiero;
d) el otorgamiento de avales, finanzas y garantías, cuyo vencimiento supere el periodo del ejercicio financiero;
e) la consolidación, conversión o negociación, de otras deudas;
f) la emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.
No se considera Deuda Pública, a la Deuda del Tesoro ni a las operaciones que se realicen en el marco del artículo 66 de esta Ley.
Artículo 49°.- A los efectos de esta Ley, la Deuda Pública se clasifica en Interna y Externa, en Directa e Indirecta.
Se considerara Deuda Interna a la contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina, y cuyo pago es exigible dentro del Territorio Nacional. Se entiende por Deuda Externa a la contraída con otro Estado u Organismo Internacional, o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en el País, y cuyo pago puede ser exigible fuera de su Territorio.
La Deuda Pública Directa de la Administración Provincial es la asumida por la misma, en calidad de deudor principal.
La Deuda Pública Indirecta es la constituida por cualquier persona física o jurídica, Pública o privada, distinta de la Administración Provincial, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía.
Artículo 50°.- El Órgano Rector del Sistema de Crédito Público, funcionara en jurisdicción del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y su misión será asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito Público.
Artículo 51°.- Serán materia de competencia del Órgano Rector del Sistema de Crédito Público:
a) participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera provincial;
b) analizar las ofertas de financiamiento recibidas por el Sector Público Provincial;
c) tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito Público;
d) normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como también la negociación, contratación y amortización de prestamos, con intervención de la dirección de Presupuesto y de la Tesorería General;
e) intervenir en las negociaciones que se realicen para la colocación de empréstitos o contratación de créditos y dar apoyo a las mismas;
f) fiscalizar la aplicación a los fines específicos, de los medios de financiamiento obtenidos mediante las operaciones de crédito Público, sin perjuicio de la competencia en la materia de los Órganos de Control;
g) mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento Público, integrado al sistema de contabilidad gubernamental;
h) formular las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la Deuda Pública y supervisar su cumplimiento;
i) todas las demás que le asigne la reglamentación.
Artículo 52°.- Ningún organismo podrá iniciar tramites para realizar operaciones de crédito Público sin la autorización del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Artículo 53°.- Toda operación de Crédito Público deberá estar prevista en la Ley de Presupuesto del año respectivo o ser dispuesta por una Ley especial, las que deberán contener como mínimo:
*Tipo de Deuda (interna o externa)
*Monto máximo de la Operación
*Destino del Financiamiento
*Plazo mínimo de amortización
Artículo 54°.- Cumplido el requisito fijado en el Artículo 52 de esta Ley, las empresas y Sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito Público dentro de los limites que fije su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la reglamentación. Cuando estas operaciones requieran avales, finanzas o garantías de cualquier naturaleza de la Administración Provincial, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en la Ley de Presupuesto General o en una Ley especifica.
Artículo 55°.- El Poder Ejecutivo Provincial podrá realizar operaciones de crédito Público para reestructurar la Deuda Pública mediante su conversión, consolidación o renegociación en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos, y/o intereses de las operaciones originales con acuerdo del Poder Legislativo Provincial.
Artículo 56°.- Las operaciones de Crédito Público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente Ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realizan.
Artículo 57°.- El Sistema de Tesorería esta compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en el proceso de percepción y recaudación de los ingresos provinciales o nacionales, incluyendo los que corresponden a cuentas con administración directa y a las propias entidades descentralizadas, autárquicas y autónomas, cuentas y/o programas especiales financiados con fondos provinciales, nacionales o internacionales, y de los pagos que configuran el flujo de fondos del Sector Público Provincial, así como en la custodia de las disponibilidades, títulos, valores y demás documentos que estén a su cargo.
Artículo 58°.- La Tesorería General de la Provincia, será el Órgano Rector del Sistema de Tesorería y, como tal coordinara el funcionamiento de todas las unidades o servicios de Tesorería que operen en el Sector Público Provincial, dictando normas y procedimientos conducentes a ello.
Artículo 59°.- La Tesorería General de la Provincia tendrá competencia para:
a) centralizar el ingreso de los recursos generales de la Provincia;
b) efectivizar los libramientos de pago y de entrega de acuerdo con la programación financiera que surja del Presupuesto de Caja;
c) elaborar el Presupuesto de Caja del Sector Público y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución;
d) conformar el Presupuesto de Caja de los organismos descentralizados y asignar las cuotas de las transferencias que estos recibirán de acuerdo con la Ley General de Presupuesto;
e) administrar la operatoria del sistema del fondo unificado;
f) ejercer la supervisión técnica de todas las Tesorerías que operen el Sector Público Provincial;
g) intervenir en la evaluación, concertación e instrumentación de prestamos u otro tipo de operaciones de crédito Público, para la cobertura de necesidades transitorias;
h) realizar inversiones temporarias de los excedentes transitorios de las disponibilidades que administre;
i) custodiar los títulos y valores propiedad de la Administración Central o de terceros que se pongan a su cargo;
j) disponer la apertura en Bancos oficiales y/o privados de Formosa de las Cuentas Bancarias que resulten necesarias para la administración de los fondos que se canalicen por el Organismo;
k) ejercer las demás funciones que en el marco de esta Ley, le adjudique la reglamentación;
l) Emitir Letras del Tesoro, en el marco del artículo 66 de esta Ley.
m) Implementar el sistema de pagos a mediante acreditaciones en cuentas corriente o caja de ahorro habilitadas en los Bancos que autorice la Reglamentación.
Artículo 60°.- La Tesorería General de la Provincia estará a cargo de un Tesorero General, que será asistido por un Subtesorero General.
Artículo 61°.- El Tesorero General de la Provincia y el Subtesorero serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial, requiriéndose para ocupar el cargo de Tesorero Titulo Universitario en Ciencias Económicas. El Subtesorero podrá ser una persona idónea en la materia.
Artículo 62°.- El Tesorero General dictara el reglamento interno de la Tesorería General de la Provincia y asignara funciones al Subtesorero General.
Artículo 63°.- Los Servicios Administrativos Financieros de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados, como integrantes del Sistema de Tesorería, serán los encargados de administrar los fondos que recauden o se le asignen a sus respectivas jurisdicciones, conforme lo disponga la reglamentación.
Artículo 64°.- Los Órganos de los tres Poderes del Estado que conforman la Administración Provincial, podrán autorizar el funcionamiento de fondos permanentes y/o Cajas Chicas, con el régimen y los limites que establezca la reglamentación. A estos efectos la Tesorería General podrá entregar los fondos necesarios en carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores.
Artículo 65°.- El Poder Ejecutivo, o el funcionamiento expresamente autorizado al efecto, podrá disponer la autorización transitoria de fondos con afectación especifica cuando ello resulte necesario para hacer frente a apremios financieros circunstanciales.
Dicha autorización transitoria no significara cambio de financiación ni de destino de los recursos y deberá quedar normalizada en el transcurso del ejercicio.
Artículo 66°.- La Tesorería General de la Provincia podrá emitir Letras del Tesoro, para cubrir deficiencias estacionales de Caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformaran en Deuda Pública y debe cumplimentarse para ello los requisitos que al respecto se establece en el “Título III”, de esta Ley.
Artículo 67°.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental esta integrado por el conjunto de órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades Públicas.
Artículo 68°.- Será objeto del Sistema de Contabilidad Gubernamental:
a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan o afecten la situación económica – financiera de las jurisdicciones y entidades.
c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo, ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas.
d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector Público provincial se integre al sistema de cuentas nacionales. Incorporar a dicha información la proveniente del orden municipal.
e) Obtener diferentes tipos de costos y de otros indicadores de eficiencia.
Artículo 69°.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental tendrá las siguientes características generales:
b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y, a su vez, las cuentas provinciales.
d) Estará basado en normas contables, aplicables en el sector Público.
Artículo 70°.- La Contaduría General de la Provincia será el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo ámbito del sector Público provincial.
Artículo 71°.- La Contabilidad General de la Provincia estará a cargo de un Contador General asistido en la Dirección del Organismo por un Subcontador, que tendrá responsabilidad en las áreas de registro e información financiera y de control.
Artículo 72°.- El Contador General será designado en la forma y condiciones que determina la Constitución Provincial, requiriéndose para ocupar dicho cargo titulo universitario de Contador Público y las condiciones previstas por la Ley Orgánica respectiva.
El Subcontador General será designado por el Poder Ejecutivo Provincial exigiéndose los mismos requisitos que para el Contador General.
Artículo 73°.- El Contador General dictará e reglamento de la Contaduría General de la Provincia y asignara funciones al Subcontador.
Artículo 74°.- La Contaduría General de la Provincia tendrá competencia para:
a) Dictar las normas de Contabilidad Gubernamental para todo el sector Público provincial. En ese marco prescribirá la metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados contables financieros a producir por las entidades Públicas.
b) Cuidar que los sistemas contables que prescriban puedan ser desarrollados e implantados por las entidades y jurisdicciones, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de su dirección.
c) Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades del sector Público provincial en la implantación de las normas y metodologías que prescriba.
d) Coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que se proceda al registro contable de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones de la Administración Central y por cada una de las demás entidades que conformen al sector Público provincial.
e) Llevar la contabilidad general de la administración Pública provincial, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias, y producir anualmente los estados contables -–financieros, para su elevación a la Honorable Legislatura.
f) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero del sector Público provincial.
g) Mantener el archivo general de la documentación financiera de la Administración Provincial.
h) Ejecutar tareas de verificación y contralor que hagan al desarrollo de la competencia asignada.
i) Comunicar a la Auditoría General de la Provincia y al Tribunal de Cuentas las observaciones legales y reglamentarias detectadas en el ejercicio de sus funciones sin perjuicio de las sanciones que aplique en el ámbito de su competencia.
j) Todas las demás funciones que le asigne la Ley Orgánica respectiva o los Decretos reglamentarios a la presente Ley.
Artículo 75°.- La Contaduría General de la Provincia organizará y mantendrá en operación un sistema permanente de compensación de deudas intergubernamentales.
Artículo 76°.- Antes del 30 de Abril del año siguiente, la Contaduría General formulará y elevará al Tribunal de Cuentas de la Provincia, la Cuenta de Inversión.. A los fines de su preparación, los organismos provinciales deberán presentar a la Contaduría General la información que establezca el Reglamento Orgánico de Contabilidad.
Artículo 77°.- La Cuenta de Inversión deberá presentarse a la Honorable Legislatura en la forma y plazos establecidos en el Artículo 138, inciso 6) de la Constitución Provincial, a los efectos de su aprobación la que deberá ser por pronunciamiento expreso dentro del periodo de sesiones ordinarias en que fuera recibida, sino se expresara sería por aprobación tácita. A los fines de su preparación los organismos descentralizados deberán presentar a la Contaduría General de la Provincia la información que establezca el reglamento orgánico de contabilidad dentro de los dos meses siguientes de cerrado el ejercicio, que se informa.
Artículo 78°.- La cuenta de inversión, que deberá presentarse anualmente a la Honorable Legislatura, contendrá como mínimo:
a) Los estados de ejecución del presupuesto de la administración provincial, a la fecha de cierre del ejercicio.
b) Estado de situación del Tesoro.
d) Los estados contable – financieros del sector Público provincial.
f) Información acerca de la aplicación de recursos con afectación especifica.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA PROVINCIA
Artículo 79°.- El Sistema de Administración de los Bienes de la Provincia esta integrado por el conjunto de principios, normas y procedimientos, utilizados con la finalidad de ingresar, registrar, conservar, mantener, proteger y reasignar los bienes al patrimonio del estado provincial.
Artículo 80°.- El Sistema de Administración de los Bienes de la Provincia estará a cargo de la Contaduría General de la Provincia, quien tendrá las funciones de dictar las normas para la administración de dichos bienes.
El Sistema de Administración de Bienes operará con un Registro de Bienes Inmuebles y con un Inventario General de Bienes Muebles, conforme a los que establezca la reglamentación.
Artículo 81°.- Integran el patrimonio de la provincia los bienes que por disposición expresa de la Ley o por haber sido adquiridos por sus Organismos, son de propiedad provincial. También lo componen las inversiones de carácter financiero.
Artículo 82°.- La administración de los bienes de la provincia estará a cargo de las Jurisdicciones y Organismos que los tengan asignados o los hayan adquiridos para su uso.
Artículo 83°.- Los bienes deberán destinarse al uso o consumo para el que fueros adquiridos. Toda transferencia posterior o cambio de destino deberá formalizarse mediante acto administrativo en las condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 84°.- Los bienes muebles se podrán reasignar en calidad de préstamo o uso temporario a dependencias Provinciales, Nacionales, Municipales o Empresas del Estado, debiendo ser dispuesto por el titular de la Jurisdicción conforme se establezca en la reglamentación.
Artículo 85°.- Los bienes muebles declarados en condiciones de rezago o de desuso podrán ser vendidos en oferta Pública según lo determine la reglamentación.
Artículo 86°.- Podrán permutarse bienes muebles con terceros o entregarse los mismos a cuenta del precio de otros. La valuación deberá establecerse por oficina técnica competente, conforme lo determine la reglamentación. Para la permuta se aplicaran las mismas disposiciones que para la compre o la venta, bajo los procedimientos que aseguren libre concurrencia de oferentes.
Artículo 87°.- Competirá a las autoridades superiores de los Poderes del Estado con participación de la Contaduría General, y a las de Organismos especialmente autorizados por Ley, la aceptación de donaciones a favor de la Provincia.
Artículo 88°.- En concordancia con lo establecido en el artículo 11, todos los bienes del Estado formaran parte del Inventario General de bienes de la Provincia, que deberá mantenerse permanentemente actualizado. El Poder Ejecutivo podrá disponer relevamientos totales o parciales de bienes en las oportunidades que estime necesario, sin perjuicio de los que en razón de sus funciones especificas pueda establecer la Contaduría General.
Artículo 89°.- El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de la Administración de bienes, el que mínimamente contendrá:
a) Estructura del Inventario General.
b) Régimen de Registro para Bienes de consumo.
c) Mecanismos y requisitos a cumplir por los responsables de la conservación, custodia y mantenimiento de los bienes.
Artículo 90°.- El Sistema de Contrataciones del Estado esta constituido por el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que mediante su operación permiten al Estado obtener o enajenar los bienes.
Artículo 91°.- Para toda contratación se deberán tener en cuenta los siguientes objetivos:
a) Razonabilidad del proyecto y de la contratación para cumplir con el interés Público comprometido.
b) Publicidad y transparencia en todo su proceso de manera que la sociedad tenga confianza en él.
c) Asegurar de promover la Concurrencia y Competencia entre proveedores o contratistas fomentando y alentando la participación de los mismos en los distintos procesos de contrataciones desregulando lo máximo posible los requisitos para su inclusión.
d) Eficiencia, eficacia y economicidad en el proceso de la contratación teniendo como metas ineludibles: el momento oportuno, la mejor tecnología y el menor costo.
e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios que autoricen, dirijan y ejecuten las contrataciones teniendo en cuenta especialmente la razonalidad con el interés Público comprometido.
h) Tener como premisa básica en la selección del contratista a decidirse por la oferta mas conveniente para el Estado Provincial.
i) Flexibilidad en los procedimientos.
j) Igualdad entre los oferentes.
Artículo 92°.- Las disposiciones del presente capitulo serán de aplicación a todas las contrataciones de suministros, servicios, consultorías, compraventa de bienes nuevos y usados, locaciones, proyectos, anteproyectos, obras, concesiones de obras y servicios públicos que realicen los organismos enumerados en el articulo 11, con excepción de la relación de empleo Público.
Artículo 93°.- El Sistema de Contrataciones del estado se organizara en función de los criterios de centralización de as políticas y normas y procedimientos comunes, a todos los organismos centralizados y descentralizados, y descentralización operativa de la gestión de adquisición, almacenamiento y suministro.
Artículo 94°.- El Sistema de Contrataciones estará integrado por:
a) Una Unidad Central de Contrataciones en jurisdicción del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos, que tendrá por objeto proponer las políticas, los procedimientos y las normas que sean necesarias para su implementación y centralizar la información, el control y la evaluación del sistema en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, coordinando su acción con los organismos correspondientes de los Poderes Legislativo y Judicial.
b) Una Unidad Operativa que será una unidad de organización que dependerá orgánicamente de la Unidad Central de Contrataciones, quien tendrá a su cargo todo el proceso de la contratación una vez cumplidos todos los requisitos de su autorización, con excepción de los procedimientos de “fondo fijo”, que podrá tramitar cada unidad de organización que cuente con medios para hacerlo, lo tenga entre sus funciones y hasta el monto que fije la reglamentación.
Artículo 95°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a desdoblar esta Unidad Operativa cuando se estime conveniente a los intereses del Estado y existan razones fundadas para ello.
Artículo 96°.- Todas las jurisdicciones y Organismos dependientes del Poder Ejecutivo enviarán anualmente, en ocasión de elevar su respectivo presupuesto y plan de acción, el programa de contrataciones para ese periodo, comunicando, además, las modificaciones que el mismo obtenga, a la Unidad Central de Contrataciones. Dicho programa deberá ser elevado conjuntamente con el respectivo presupuesto y plan de acción.
Artículo 97°.- Los procedimientos por los que se podrá contratar lo establecido en el articulo 92, son los siguientes:
a) Licitación.
b) Concurso de Títulos, Méritos y Antecedentes.
d) Concurso de Proyectos o Anteproyectos Integrales.
e) Subasta Pública o Remate.
f) Por las normas que se acuerden con las Instituciones Financieras Internacionales, cuando se traten de contrataciones que se financien con recursos provenientes de aquellas.
g) Iniciativa Privada.
h) Fondo Fijo.
Artículo 98°.- A los fines de determinar el procedimiento mas conveniente para realizar la contratación se tendrá en cuenta las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y las directivas de la Unidad Central de Contrataciones de manera tal que dicha elección garantice el cumplimiento de los objetivos enunciados en el Artículo 91 y responda en todos los casos a las condiciones reales de comercialización en el mercado, pudiendo ser el pago:
c) Planes de Ahorro
d) Demás alternativas del mercado
Artículo 99°.- La Licitación puede ser Pública o Privada. Es de carácter Público cuando la invitación a participar sea por medios públicos además de los que cada una de las unidades intervinientes estime corresponder. Las publicaciones para el llamado se harán durante un (1) día con una anticipación mínima de cinco (5) días a la fecha de apertura a contar desde la primera publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de otros medios que la autoridad estime conveniente. En el caso de que sea necesario difundir en el exterior el plazo será de diez (10) días. Excepcionalmente este termino podrá reducirse por razones de urgencia debidamente fundadas a tres (3) o cinco (5) días según se trate de difusión exclusiva en el país o exterior respectivamente.
Artículo 100°.- Se considera Privada cuando la invitación a participar no sea por medios públicos, para lo cual se deberá hacer a por lo menos 3 (Tres) empresas o firmas del ramo a que corresponda el llamado, asegurándose de que la recepción de la invitación se efectúe por lo menos con dos (2) días de anticipación al acto de apertura. Cuando medien causas similares a las mencionadas en el artículo anterior, la excepción no podrá ser inferior a Veinticuatro (24) Horas.
Artículo 101°.- Deben ser celebrados previo concurso de Títulos, Méritos y Antecedentes aquellos contratos en los que el criterio de selección recaiga primordialmente, en los factores no económicos, salvo que la ley admita su contratación directa. El mismo podrá ser Público o privado.
Artículo 102°.- La Contratación Directa se podrá realizar bajo los siguientes métodos o modalidades:
a) Contratación Directa en base a Precio Testigo.
Este procedimiento de selección es aplicable cuando un bien o servicio normatizado o de características homogéneas se manifieste con una tendencia estadística, a juicio de la autoridad de aplicación. En estos casos se podrá seleccionar al contratista siempre y cuando el precio convenido no supere el Cinco por ciento (5%) del precio testigo y hasta el monto que fije la reglamentación.
Se podrá aplicar este procedimiento de selección de contratista cuando se presente los siguientes casos sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el inciso “a”.
1) Los contratos celebrados entre las entidades del Estado, sean Nacionales, Provinciales o Municipales.
2) Cuando la Licitación, concurso de Títulos, Méritos y Antecedentes, Concurso de Proyectos o Anteproyectos Integrales o Subasta Pública o Remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas validas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes. En tales casos, la contratación deberá hacerse con la base y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado y en su caso, con invitación a los oferentes originales, además de los que estime necesario la administración.
3) Para la adquisición, ejecución o restauración de obras de arte, científicas o históricas, cuando no sea posible el concurso de títulos, méritos y antecedentes y sean confiadas a empresas o personas especializadas o de aprobada competencia.
4) Las reparaciones de maquinarias, equipos y motores cuyo desarme, traslado o examen previo, resulte oneroso en caso de llamarse a licitación.
5) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegios para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no sea posible su sustitución por bienes similares. La marca de fabrica no constituye causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes. Esta condición de exclusividad deberá ser certificada por la Universidad de Contrataciones.
6) La adquisición de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convengan efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que este adherida la Nación Argentina o la Provincia de Formosa en particular.
7) La adquisición de material docente o bibliográfico cuando la misma se efectúe a editoriales o a empresas que la representen en forma exclusiva.
8) Las contrataciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado con productos fabricados en la provincia para la exportación.
9) Cuando existan probadas razones de urgencias no previsibles tales como catástrofes sociales, económicas o sanitarias y no sea posible aplicar otro procedimiento y que su realización resienta seriamente el servicio, o mediando situación de emergencia en el territorio provincial o parte de él.
10) Cuando exista notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir, circunstancia que deberá ser probada en cada caso por las oficinas técnicas competentes.
11) La contratación de medios de comunicación con el fin de Públicar o propagandizar actos de gobierno, para lo cual la reglamentación deberá fijar los alcances teniendo en cuenta el rango del funcionamiento autorizante.
12) La adquisición de semovientes, semillas y plantas cuando se trate de ejemplares de características similares.
13) Cuando circunstancias debidamente acreditadas, a juicio del Poder Ejecutivo Provincial, exija que la operación deba mantenerse en secreto. Esta facultad es indelegable.
14) En contrataciones de obras Públicas, realización o concesión, se podrá contratar por este procedimiento cuando el contratista sea un Consorcio Vecinal, Sociedad Cooperadora, u otro ente de bien Público similar, siempre y cuando dicho ente cuente con el objeto en cuestión entre sus fines.
Artículo 103°.- Las excepciones previstas en el artículo anterior podrán ser reglamentadas en su alcance y aplicación pero no ser ampliadas, pues las mismas tienen carácter de taxativo.
En cada caso de los previstos en el artículo 102, inciso b) deberá dejarse constancia fundada en el expediente de las circunstancias que justifican el procedimiento adoptado, debiendo contarse en cada caso con la autorización del funcionario de cada jurisdicción u organismo debidamente autorizado.
Artículo 104°.- La contratación bajo la modalidad de Concurso de Proyectos o Anteproyectos Integrales será de aplicación cuando la entidad no hubiera determinado detalladamente las especificaciones del objeto del contrato o se tratase de una iniciativa de particulares y la entidad deseare obtener propuestas sobre los diversos medios posibles para satisfacer sus necesidades. Se deberán cumplir los siguientes requisitos:
b) Consignar los factores que habrán de considerarse para la evaluación de las propuestas, y determinar el coeficiente de ponderancia relativa que se asignara a cada factor y la manera de aplicarlos.
Artículo 105°.- Se podrá recurrir a la Subasta Pública o Remate en la venta de bienes del estado y en toda aquella contratación que por su naturaleza u ocasión lo determine en las condiciones que fije la reglamentación.
Artículo 106°.- Cuando se disponga remate Público de bienes de cualquier naturaleza, deberá fijarse previamente un valor base que será estimado con intervención de las reparticiones técnicas que sean competentes, salvo que existan razones de urgencia o conveniencia en cuyo caso se harán constar.
Artículo 107°.- El procedimiento de “iniciativa privada” es cuando cualquier persona física o privada efectúa una presentación por su propia voluntad para la ejecución de obras o prestación de servicios especiales que constituyan una realización novedosa u original, o que impliquen una innovación científica o tecnológica. Las mismas deberán contener los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, su viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto. En caso de considerar la autoridad competente de la Jurisdicción que el proyecto ofrecido fuera de interés Público, previa evaluación de los organismos técnicos correspondientes, deberá emitir el acto jurídico que así lo declare y el procedimiento de contratación que se opte. Si como consecuencia del mismo existiera una o más ofertas ventajosas para el Estado Provincial que la del autor de la iniciativa se llamara al mismo para mejorarla. En caso de ofertas similares se optara por el autor del proyecto.
Artículo 108°.- Para las contrataciones por el sistema de Fondo Fijo se ajustaran a las condiciones que establezca el respectivo reglamento.
Artículo 109°.- Las autoridades superiores de los Poderes del Estado determinaran los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones en sus respectivas sedes, las que serán fijadas en función de su monto o procedimientos. En la misma deberá constar la descripción global de los bienes, servicios u obras con su correspondiente proyecto o anteproyecto, y su monto estimado, partida presupuestaria con su respectiva reserva, destino y fecha de necesidad.
Artículo 110°.- Salvo para el procedimiento de “fondo fijo” la apertura de sobres con las propuestas deberá realizarse en fecha, hora y lugar prefijados y ante la autoridad que determine la reglamentación. Cualquier cambio o postergación deberá ser comunicado por los mismos medios que se invito a participar. Con el resultado de dicho acto se labrará un acta que deberán suscribir los funcionarios intervinientes. Ninguna oferta podrá ser rechazada en el momento de apertura sino por la autoridad competente y con fundamento. Con la apertura del primer sobre, se considerará iniciado el acto.
Artículo 111°.- Una vez producido el acto de apertura, bajo cualquier procedimiento, todo oferente tendrá derecho a plantear observaciones al acto y/o a las demás propuestas, la misma tendrá carácter de impugnación y será presentada por escrito y acompañando recibo oficial por el deposito en efectivo del Uno por ciento (1%) del total del o los ítems que se cuestionan. La misma se resolverá al momento de la adjudicación.
Artículo 112°.- Los oferentes y adjudicatarios deberán afianzar el cumplimiento de sus obligaciones mediante los instrumentos que fije la reglamentación. Las mismas no podrán ser inferiores al Uno por ciento (1%) para las ofertas y del Cinco por ciento (5%) para los adjudicatarios. Además de lo establecido en el primer párrafo, la reglamentación fijara las excepciones para su constitución, que se basaran en los montos y procedimientos de contratación.
Artículo 113°.- La adjudicación será resuelta por la autoridad competente que ordeno la contratación, quien además supervisará su actuación y será responsable de ello.
Su decisión podrá basarse en lo aconsejado por la Universidad Operativa o una Comisión de Adjudicaciones que la reglamentación deberá establecer su conformación y funcionamiento. Cuando se trate de una Comisión el Responsable de la Unidad Operativa deberá ser uno de sus integrantes. Además se deberá definir sobre la necesidad de incluir un informe de los organismos técnicos específicos del Estado Provincial o cuando estos no existan la forma en que se invitarán a las asociaciones intermedias o entidades especializadas facultándose al Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos a firmar convenios con dichos entes. La comunicación expresa al oferente de la adjudicación lo transformara en adjudicatario y la misma se perfeccionará con la aceptación de la Orden de Compra, Provisión o Venta y/o Contrato.
Queda facultada la autoridad de Adjudicación a negociar mejoras para el Estado Provincial con el oferente que resulte adjudicatario en los términos que fije la reglamentación.
Artículo 114°.- En caso de incumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios se harán pasible de penalidades tales como perdida de deposito de garantía, sanciones pecuniarias (multas), cargo de ejecución por terceros, comunicación al Registro de Contratistas y Proveedores del Estado y prohibición de contratar con el Estado. La reglamentación fijara los montos, procedimientos y demás elementos para su aplicación.
Artículo 115°.- El Poder Ejecutivo, en su carácter de Poder Administrador, implementará los siguientes registros que dependerán orgánicamente de la Unidad Central de Contrataciones y tendrán el carácter de únicos para el Estado Provincial:
a) Un Registro de Contratistas y Proveedores del Estado el cual tendrá el carácter de único para el Estado provincial para lo cual se deberán tener en cuenta el inciso b) del Artículo 91 de la presente Ley. Este Registro podrá ser desdoblado en uno para los Contratistas de Obras Públicas y otro para el resto de las contrataciones, siempre y cuando no genere duplicidad de archivos o datos. En el mismo deberán contar las adjudicaciones y penalidades que obtenga. Todo oferente que cumpla con las leyes impositivas nacionales, provinciales y municipales tendrá derecho a contratar con el estado.
b) Un Registro de Precio Testigo a los efectos de informar sobre las contrataciones que se realicen bajo lo dispuesto en el Articulo 102 inciso a) y otras necesidades que genere el propio Estado.
Artículo 116°.- El Poder Ejecutivo reglamentará las demás condiciones que deberán reunir las contrataciones fijando números de empresas a invitar, uso de medios publicitarios, depósitos de garantía, requisitos para las preadjudicaciones y adjudicaciones definitivas, normas de tipificación, plazos, formulación de los pliegos del llamado y muestras. Además se deberá contemplar los requisitos cuando la modalidad o procedimiento sea de carácter internacional, es decir cuando se permita la participación de contratistas extranjeros.
Artículo 117°.- La reglamentación deberá, además respetar las siguientes premisas:
a) La modificación de montos y plazos deberá ser fundada claramente y nunca para contemplar situaciones particulares.
b) Admitir el proceso de selección Múltiple, es decir cuando la misma se hace en dos o más etapas.
c) Se deberá prever la posibilidad de Selección con Negociación en la etapa posterior a la apertura de las ofertas, entendiéndose por tal cuando el licitante negocia simultáneamente con los oferentes que preselecciona para adecuar sus ofertas a las necesidades Públicas. Las gestiones mencionadas deberán fundamentarse por escrito y formar parte de las actuaciones.
d) Admitir la realización de Contratos Consolidados Abiertos Funcionales cuando varias jurisdicciones requieran la misma prestación y con el fin de obtener mejores condiciones que las que obtendrían individualmente las Unidades Operativas. En tal caso se constituirá una comisión Especial de Adjudicación.
e) Admitir en todos los casos en que el procedimiento no sea Público la presentación de cualquier oferente que no haya sido invitado, siempre que el mismo este en condiciones de contratar con el Estado.
f) En todas las contrataciones deberá darse preferencia a los productos nacionales en paridad de precios, calidad o aptitud con los extranjeros, siempre y cuando no se vulnere principios impuestos por leyes nacionales o con lo establecido en el ámbito del Mercado Común del Sur.
g) Admitir la cesión de la orden de compra o contrato, para lo cual se fijaran las condiciones y requisitos y la condición de aceptación expresa por parte del Estado.
Artículo 118°.- Créase la Auditoría General de la Provincia, órgano normativo, de supervisión y coordinación del control interno del Poder ejecutivo Provincial.
Artículo 119°.- La Auditoría General de la Provincia tendrá independencia funcional y dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo; poseerá presupuesto propio y estará integrada por un Auditor General, un Auditor General Adjunto, personal profesional, técnico y administrativo.
Artículo 120°.- La Autoridad Superior de cada Jurisdicción o Entidad dependiente del Poder Ejecutivo Provincial será responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de Control Interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el Plan de Organización y en los Reglamentos Manuales de Procedimientos de cada Organismo.
Artículo 121°.- El Activo de la Auditoría General estará compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado Provincial y por aquellos que le sean transferidos por cualquier vía jurídica.
Artículo 122°.- El Control Interno es un Servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades y jurisdicciones a que hace referencia esta Ley. El modelo de control que aplique y coordine la Auditoría General deberá ser integral e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos, de gestión, de legalidad, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundados en criterios de Economía, Eficacia y Eficiencia.
Artículo 123°.- Son funciones de la Auditoría General de la Provincia:
a) dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con el Tribunal de Cuentas de la Provincia;
c) efectuar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales o auditores independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones;
d) vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la Provincia;
e) supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades del Tribunal de Cuentas de la Provincia;
f) establecer requisitos de calidad técnica para el personal de Auditoría;
g) establecer los precios testigos requeridos por el Sistema de Contrataciones;
h) comprobar la puesta en practica, por los organismos controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas y acordadas con los respectivos responsables;
i) atender los pedidos de asesoría que le formule el Poder Ejecutivo Provincial y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y Auditoría;
k) poner en conocimiento del Poder Ejecutivo los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio Público.
Artículo 124°.- La Auditoría General queda facultada para contratar estudios de consultoría y Auditoría bajo específicos términos de referencia, planificar y controlar la realización de los trabajos, así como cuidar de la calidad del informe final.
Podrá firmar convenios o Contratos con las jurisdicciones municipales que adhieran a la presente Ley y a los fines de su implementación.
Asimismo a pedido de instituciones, organismos o empresas privadas podrá prestar sus servicios de Auditoría siendo los mismos remunerados según se convenga.
Artículo 125°.- La Auditoría General podrá requerir de la Contaduría General de la Provincia y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia, la información que le sea necesaria, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello todos los agentes y/o autoridades del sector Público provincial prestaran su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave.
Artículo 126°.- La Auditoría General deberá informar:
a) al Gobernador de la Provincia, sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia;
b) al Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre la gestión cumplida por los entes bajos fiscalización de la Auditoría General, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control;
Artículo 127°.- El Auditor General y el Auditor General Adjunto serán designados por el Poder ejecutivo Provincial.
Artículo 128°.- Para ser Auditor General o Auditor General Adjunto será necesario poseer titulo universitario habilitante.
Artículo 129°.- Serán atribuciones y responsabilidades del Auditor General:
a) representar legalmente a la Auditoría General de la Provincia, personalmente o por delegación o mandato;
b) organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Auditoría General en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y modificación de la estructura orgánica – funcional del personal;
c) proponer la designación de personal con destino a la planta permanente del Organismo;
d) efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;
e) elevar anualmente a la consideración del Poder Ejecutivo Provincial, el plan de acción y presupuesto de gastos para su posterior incorporación al proyecto de Ley de Presupuesto General;
g) licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales, conforme a las reales necesidades del Organismo;
h) informar al Tribunal de Cuentas de la Provincia de actos o conductas que impliquen irregularidades, de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 130°.- El Control Externo será realizado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de acuerdo con lo legislado en los Artículos 147 y 148 de la Constitución Provincial.
Artículo 131°.- Es materia de su competencia el control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, así como el dictamen sobre los Estados Contables Financieros de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado, sin perjuicio del control de las cuentas conforme lo instituye la Constitución Provincial y Leyes especificas y los Entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones de los respectivos contratos.
Artículo 132°.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia tendrá las siguientes funciones:
a) fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado;
b) ejercer las atribuciones otorgadas por el Artículo 148 de la Constitución Provincial a cuyo efecto dictara la Reglamentación pertinente;
c) realizar auditorías financieras, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como evaluaciones de programas y proyectos;
d) auditar, a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito, conforme con los acuerdos dados a estos efectos;
e) examinar y emitir dictamen sobre los Estados Contables Financieros de los Organismos de la Administración Provincial, preparados al cierre de cada ejercicio;
f) controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito Público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento;
g) establecer la forma y modo de juzgamiento de todos los legalmente obligados a rendir cuenta, sean estos agentes o funcionarios de la administración provincial o comunal y en general a todo estipendario, persona o entidad a las que con carácter permanente o eventual se le haya entregado o confiado el cometido de recaudar, invertir, pagar, transferir, administrar o custodiar fondos, valores, especies u otros bienes del Estado Provincial o Municipal;
h) auditar y emitir dictamen sobre los Estados Contables Financieros de las Bancas Oficiales de la Provincia y los Municipios, independientemente de cualquier Auditoría externa anual que pueda ser contratada por la citada institución financiera oficial;
i) instituir los métodos de juzgamiento y control, así como los procedimientos vinculados y sancionatorios que aseguren la preservación y resguardo del patrimonio del Estado;
j) realizar análisis especiales de actos y contratos de significación económica, por así solicitud o requerimiento de la Legislatura Provincial; dicha solicitud deberá formalizarse mediante Resolución Legislativa;
k) auditar y emitir opinión sobre la Memoria y los Estados Contables – Financieros, así como el grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuestos de empresas y sociedades del Estado.
Artículo 133°.- Para el desempeño de estas funciones el Tribunal de Cuentas de la Provincia, podrá:
a) Realizar todo acto, contrato y operación que se relaciones con su competencia.
b) Exigir la colaboración de todas las entidades del Sector Público, las que estarán obligadas a suministrarle los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones.
c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que correspondan, comunicando sus conclusiones al Poder Legislativo, en los casos que este haya solicitado la investigación.
d) Formular criterios de control y Auditoría y establecer las normas de Auditoría externa a ser utilizadas por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas deberán atender un modelo de control y Auditoría externa integrada que abarcan los aspectos financieros, de economía y eficacia.
e) Presentar al Poder Legislativo antes del 30 de junio de cada año, la Memoria de su actuación.
f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de aquel que por decisión del Poder Legislativo, debe permanecer reservado.
Artículo 134°.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia podrá extender su competencia de control externo a las entidades Públicas no estatales o a las de derecho privado en cuya Dirección y Administración tiene responsabilidad el Estado Provincial, o a las que este se hubiere asociado incluso aquellas a las que se le hubieren otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y en general, a todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad Pública.
Artículo 135°.- Serán atribuciones y deberes del Tribunal de Cuentas de la Provincia:
a) dictar el programa de Acción Anual y el Proyecto de Presupuesto de la Entidad;
b) disponer modificaciones a la estructura orgánica, a las normas básicas internas, a la distribución de funciones a las reglas básicas de funcionamiento, atribuir facultades y responsabilidades, así como la delegación de la autoridad;
c) licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, permutar, transferir, locar, disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con ó sin cargo;
d) designar el personal y atender las cuestiones referentes a este con arreglo a las normas internas en la materia, en especial de que exista una equilibrada composición interdisciplinaria que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión Pública;
g) las decisiones se tomaran colegiadamente pos simple mayoría.
Artículo 136°.- El control externo de la gestión administrativa del Tribunal de Cuentas será ejercido por el Poder Legislativo, o por la Comisión Especial que este determine.
A tales fines, el Tribunal de Cuentas rendirá cuenta anual de su gestión financiera – patrimonial, y solo en cuanto se refiere a la ejecución de su presupuesto y responsabilidad de los bienes públicos puestos bajo su administración, la que será elevada a la Honorable Legislatura, antes del 30 de junio de cada año.
Artículo 137°.- La Rendición de Cuentas deberá ser aprobada o desechada total o parcialmente por el Poder Legislativo dentro del periodo de sesiones ordinarias.
Si así no lo hiciere, la Rendición de Cuentas se tendrá por aprobada tácitamente.
Artículo 138°.- Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia, responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados.
Artículo 139°.- El Tribunal de Cuentas deberá expedirse dentro de un termino de sesenta (60) días a contar desde la fecha de recepción de las rendiciones. Cuando no se hayan formulado reparos o cargos dentro de dicho plazo las rendiciones quedarán tácitamente aprobadas transfiriéndose la responsabilidad que pudiera existir a los miembros del Tribunal.
En el procedimiento de Aprobación de Cuentas se deberá dar estricto cumplimiento al derecho de la legítima defensa de los funcionarios, bajo pena de nulidad.
Artículo 140°.- A los fines de asegurar una transición orgánica y coherente entre el sistema actual y el que esta por Ley se instituye, se establece:
a) Todas las cuentas en tramite del juzgamiento bajo el sistema instituido por el Decreto – Ley 413/69, deberán ser concluidas en un plazo de SEIS (6) MESES;
b) La reglamentación de la presente Ley en lo que se refiere al Tribunal de Cuentas de la Provincia, se realizara por Acuerdo del Cuerpo..
Artículo 141°.- El Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos podrá delegar las facultades, atribuciones y competencias establecidas en los Títulos I a la VII de la presente Ley a la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas.
Artículo 142°.- Las disposiciones contenidas en este proyecto de Ley deberán tener principio de ejecución a partir de su promulgación.
Artículo 143°.- Se derogan expresamente los siguientes ordenamientos legales:
a) Decreto Ley N° 576/72 – Ley de Contabilidad de la Provincia, (y sus modificaciones) en todo lo que se oponga a la presente.
b) Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. (Decreto Ley N° 848 del 25/10/80 y sus modificaciones), quedando vigente toda norma que no se oponga a esta ley.-
c) Decreto Ley N° 1368/83 – Ley Orgánica de la Contaduría de la Provincia. en todo lo que se oponga a la presente.
d) Decreto Ley N° 413 del 20/09/69 – Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
e) Todas las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo 144°.- Invítase a todas las jurisdicciones municipales, dentro de su ámbito, a adherir a la presente Ley.
Artículo 145°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, publíquese y archivese.
Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, el dieciocho de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco.-
VIRGILIO LIDER MORILLA	/	JOSE MIGUEL ANGEL MAYANS

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