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Timestamp: 2018-03-22 03:56:24+00:00

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Blog Despacho RM — Rodríguez Menéndez Abogados
LAS VERGÜENZAS DE ARTUR MAS
No es la primera vez, ni la última, que un político juega al despiste, engañando, no sólo a la opinión pública, sino a sus rivales políticos y a la ciudadanía en general. En el pasado, políticos como Hitler o Chávez ya se hicieron con las riendas de sus respectivos países con la excusa de defender a su país del enemigo exterior. Ahora bien, ¿qué está pasando en Cataluña?¿Estamos ante un problema nacional o internacional?
El problema viene de lejos, Cataluña nunca fue una nación, nunca tuvo otro rey que no fuera el de la corona de Aragón o el de España. Por tanto estamos ante un problema estrictamente nacional. El Derecho Internacional en sus principios deja claro que la libre determinación de los pueblos o autodeterminación es el derecho de un pueblo a elegir sus propias formas de gobierno. El derecho internacional hace referencia a la palabra “pueblos”. ¿Existe un pueblo catalán?
Es innegable que los catalanes tienen una serie de cualidades que les diferencian del resto de compatriotas, como es la lengua catalana, que no deja de ser una lengua romance proveniente del latín como el español. Políticamente, Cataluña no existió como entidad política independiente, es decir, nunca fue un estado, sino una región importante del Reino de Aragón, que como todos aprendimos en el colegio, con el Reinado de los Reyes Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón) se unieron los dos reinos (año 1469), formando una única corona y un único estado, España. Está unión supuso la creación del primer estado moderno. No hay que olvidar que está unión de reinos tuvo detractores, especialmente en el reino de Aragón, al perder poder la nobleza en beneficio de la centralidad de Castilla.
No fue hasta 1640 la primera sublevación catalana, en consecuencia al rechazo catalán y Portugués a la Unión de Armas, proyecto del valido del rey, el Conde Duque de Olivares, proyecto por el cual, tanto catalanes como portugueses, debían aportar hombres y dinero, para soportar la guerra con Francia. Revuelta que, podría decirse, fue dirigida por la nobleza catalana para mantener su estatus económico, en detrimento de la centralidad del estado, y así mostrar su descontento por la larga guerra contra Francia. Todo esto desencadenó la pérdida de Portugal, y la pérdida del Rosellón a manos de los franceses.
Tras la muerte de Carlos II El Hechizado (último rey de los Austrias), tuvo lugar la Guerra de Sucesión a la corona española, dos bandos enfrentado, la Casa de los Borbones, con el apoyo de Francia, y la Corona de los Habsurgo o Casa Austriaca. La guerra provocó la desintegración del modelo federal o de monarquía compuesta que habían mantenido los Austrias, dejando de existir la Corona de Aragón. Destacar que en la Guerra de Sucesión fue, en cierto modo, una guerra civil a nivel nacional, en la que la zona de Cataluña apoyó a los Austrias.
No sería hasta los años 30 del S.XX cuando tuvieron lugar los primeros sucesos nacionalistas e independentistas catalanes, que fueron simultáneos. El primero, tuvo lugar el 14 de Abril de 1931, que tras las elecciones municipales, ganó Esquerra Republicana de Cataluña con una amplia mayoría. Ese mismo día Francesc Maciâ, líder de Esquerra, salió al balcón del Ayuntamiento de Barcelona y proclamó, en nombre del pueblo catalán, el Estado Catalán, bajo la denominación de la República Catalana.
Sólo tres días más tarde el Gobierno provisional de la Segunda República española se entrevistó con Maciá en Barcelona, llegando a un acuerdo por el que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la república catalana, a cambio del compromiso del gobierno provisional de presentar, ante las futuras Cortes Constituyentes, un Estatuto de Autonomía que decidiera la propia Cataluña.
Posteriormente tras la aprobación de la constitución de 1931, el Estatuto respondía a un modelo de estado unitario y no federal.
Todo esto desembocó en que el 6 de Octubre de 1934 en Barcelona, debido a la inestabilidad política y debilidad de la Segunda República se proclamase el Estado Catalán. No duró mucho la fiesta, ya que, al día siguiente, las tropas al mando del General Balet entraban en el Palacio de la Generalitat deteniendo a Luís Companys, presidente de la Generalitat y a su gobierno. Por tanto, podemos decir que el problema independentista que hoy día ocupa las portadas de los periódicos y las tertulias de los medios de comunicación, no deja de ser un problema interno de España y no de dos naciones enfrentadas, como pretender hacer creer los independentistas.
Con la llegada de la democracia y el café para todos, se permitió otorgar de nuevo la autonomía a las CC.AA, con ventajas para Cataluña, otorgaba competencias y un nivel de autonomía sin precedentes. Que, posteriormente, se han venido incrementando con los gobiernos venideros.
Recientemente hemos podido comprobar que lo que decía el Señor Artur Mas “España nos roba”, refiriéndose de modo despectivo al modelo de reparto en la financiación de las CC.AA, (reparto que consagra el principio de solidaridad en la CE el Artículo 138), es totalmente falso, ya que Madrid es la Comunidad Autónoma que más aporta y que menos recibe, más del doble que Cataluña (19.015 M frente a los 7439 M). Cifras que en saldos per Cápita dejan a Madrid perdiendo casi 3000 M al año, y a Cataluña sólo 984. Por tanto, ¿qué podemos esperar de un dirigente contrario al principio de solidaridad entre regiones y contrario a la propia Constitución española?
Ahora el desafio soberanista continuo con la consulta del pasado 9 de Noviembre del 2014, que no es comparable con que hubo en Escocia, que sí contaba con la aprobación del Gobierno de David Cameron. Por tanto, la consulta es totalmente alegal. En primer lugar, esto es así, porque la Constitución Española sólo prevé la vía del Referéndum (Artículo 92 CE). En segundo lugar, de celebrarse una votación sería abierta a todos los ciudadanos (Artículo 92.1 CE), no sólo a los censados en Cataluña como pretende Artur Más.
En Tercer lugar, sólo puede ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, con la autorización previa del Congreso de los Diputados (Artículo 92.2 CE). Así mismo, Artur Mas ha convocado la consulta sin autorización del Congreso y sin tener competencia para ello. Igualmente, la consulta es sólo una farsa y un gasto innecesario, otro error más equiparable al de las delegaciones comerciales que ha abierto por medio mundo, a las que denominan “embajadas” sin serlo.
Por otro lado, habría que esperar para analizar los resultados de tal consulta. Lo sondeos estiman que sería un auténtico fracaso, ya que, ¿con qué criterios se va realizar la consulta si no hay un procedimiento legal para hacerla? ¿Qué mayoría sería suficiente para declarar la independencia? ¿Qué sucederá con Cataluña si realmente se pone en funcionamiento este desafío de envergadura? Estamos ante una auténtica caja de sorpresas, ante una incertidumbre total en todos los aspectos. Aunque las consecuencias podrían ser las siguientes:
Artur Mas se enfrentaría a un delito muy grave de orden público, el de sedición (Artículo 544 y SS), al impedir la aplicación de las leyes españolas o de cualquier autoridad superior en el ejercicio de sus funciones, o con la negativa a cumplir una resolución del TC. Induciendo como principal actor del delito que sería castigado con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. El actual presidente de la Generalitat se podría enfrentar a una pena de quince años, además de una inhabilitación absoluta por el mismo período de tiempo. También, podría enfrentarse a un delito de conspiración, provocación y proposición de sedición, por el cual sería castigado con una pena inferior en uno o dos grados a las anteriores, si no se llega a producir la sedición. En caso contrario cumpliría la pena íntegra el artículo 545 del CP.
No obstante, el Articulo 155 de la CE deja claro que si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan , o actuare, y cito textualmente “ de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno , previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma (Artur Mas) y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Además, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las CC.AA para la ejecución de las medidas, lo que sería una intervención directa del mismo sobre Cataluña.
En última instancia, el Artículo 8 de las Constitución, deja como último recurso el comodín de las FF.AA, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial (Indisoluble unidad de la nación española, Artículo 2 CE) y el ordenamiento constitucional.
Ya en 1984, el fiscal del Estado presentó una querella contra Pujol y otros responsables de la Banca Catalana por haberla esquilmado y usar fondos del propio banco para promover la independencia. Treinta años más tarde vemos al señor Pujol hablando de su fortuna en Andorra en el Palau de la Generalitat. ¿Por qué el señor Mas no conoce la actividad del Sr.Pujol en Andorra? Si el CNI lo sabe desde el año 82. Zapatero y Aznar no dijeron nada sobre la fortuna de los Pujol, ¿sería porque utilizaban al partido de Pujol como partido visagra?
Realmente todo este tema independentista es una cortina de humo para cubrir su inmunidad y eludir responsabilidades por sus patrimonios ocultos, alejando la opinión pública de los Pujol y centrándola en la Independencia. ¿Por qué el señor Artur Mas no se preocupa en conseguir más privilegios para los catalanes, más ventajas fiscales? En el ámbito legal podemos ver como en Cataluña hay transferencias penitenciarias, y procesos en catalán, lo que crea dificultades para la armonización legal, especialmente a los abogados que vienen de otras provincias a litigar a Cataluña. Esto constituye un menoscabo del derecho a la defensa, a pesar de que haya traducciones, la traducción implica obviar partes y errores.
Rajoy debe dejar de perder el tiempo, hablar claro, aplicar el Artículo 155 de la CE si es necesario y buscar el apoyo de Pedro Sánchez. Este apoyo implicaría poder ver de qué lado se posiciona Podemos, si en de los independentistas o el de la unidad nacional. Sería una interesante estrategia política de los populares que podrían debilitar al bloque de la Izquierda y recuperar un importante número de votos, fortaleciendo a ciudadanos y un hipotético bloque de unidad nacional.
Como viene siendo tradición en la historia catalana, la burguesía y las élites tratan de seguir manteniendo su posición económica privilegiada y dominante. La quieren mantener a toda costa, ya sea engañando a los catalanes, chantajeando al Gobierno español, y poniendo a los ciudadanos de Cataluña en graves riegos políticos y económicos. Recordemos que la independencia sacaría a Cataluña de la UE y tendría que emitir una moneda propia fuera de euro. Así como un más que probable veto español a un hipotético intento catalán de volver a entrar en la UE.
Alea jacta est (“la suerte está hechada”) Julio César
ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD: SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN, SUSTITUCIÓN Y LIBERTAD CONDICIONAL
Es evidente el fracaso de las penas privativas de libertad, al quedar demostrado que las mismas no retribuyen con justicia (ni siquiera al mismo sentido de la propia palabra de justicia). Ni cumplen con la finalidad de prevención especial que pretende asignárseles. Las cárceles no educan ni preparan al individuo para su reinserción social (muchas veces las penas llegan tarde o a destiempo, en delitos leves una persona puede estar ya reinsertada cuando le imponen la pena agravando aún más las cosas), constituyéndose en la realidad en verdaderas escuelas de delito, en donde proliferan graves males como la caída en la droga o el desánimo.
La condena a una pena privativa de libertad produce en el individuo una fuerte estigmatización que opera limitando o condiciona su reinserción social y laboral. De ahí entonces, que ante este panorama y el convencimiento acerca de la nocividad de la pena privativa de libertad para delitos menores o no graves, se haya pensado en una gama de medidas alternativas, que no tengan tan fuerte impacto negativo sobre el individuo, tales como la suspensión del juicio a prueba, medios electrónicos de control penal, prohibición de concurrencia, prisión de fin de semana, multa reparatoria, (una segunda oportunidad de empezar) entre otras. Propondría 5 medidas para los delitos menos grave con condenas inferiores a 4 años (incluyendo algunos delitos como los económicos)
1-Permitir al individuo permanecer en sociedad con su familia, no perder su trabajo y reparar el daño (según el caso); 2-No utilizar la cárcel salvo en los casos estrictamente necesarios, y en consecuencia se evita el hacinamiento en la misma, y los gastos al Estado para su mantenimiento; 3-Cambiar la imagen que tiene la sociedad sobre los que infringen normas penales, cualquier persona por un simple descuido al volante puede convertirse en infractor de normas penales!!. En muchos casos los infractores penales no son forzosamente individuos "negativos" sino recuperables socialmente; 4-Impedir el aislamiento producido en la prisión y permitir al infractor continuar con su vida familiar y poner todos los medios para favorecer la vida entre cónyuges en prisión; 5- Evitar la negativa estigmatización social que importa el paso por una cárcel (antecedentes, rechazo social) y evitar que constituya una causa de discriminación laboral o limitación de derechos, así como mantener su presunción de inocencia siempre y cuando no se demuestre lo contrario.
Privación de libertad y alternativas
La pena privativa de libertad ha sido durante mucho tiempo la pena por excelencia ("junto a la pena de muerte" desterrada por la CE en su art 15) , es decir, era la que se aplicaba con mayor frecuencia antaño, su finalidad era el internamiento ("ya fuera útil o inútil"). Con la pena privativa de libertad, con su intimidación se pretende causar, no depende de la gravedad de la pena , si no de la eficacia en la persecución de los delitos , ya que , el delincuente confía en no ser aprehendido , con lo cual le da igual que le amenacen con cinco años que con diez. La ejecución de la pena privativa de libertad nos conduce al problema de la cárcel ("Universidad del crimen") , un lugar no apropiado para la reinserción y que además propicia la reincidencia como demuestran las estadísticas penitenciarias. Por todas estas razones, hay que buscar alternativas a la ejecución de la pena privativa de libertad , que dejen mayor margen de libertad, favoreciendo la reeducación durante el internamiento, ya que sólo la actividad relativamente libre del condenado ofrece esperanza de servir para su recuperación , como son los establecimientos abiertos o semi-abiertos que permiten al penado trabajar fuera del mismo , favoreciendo su reinserción en la sociedad (me gustaría ver a todos los que recriminan mayor dureza en las penas verse aunque sólo sea detenido el máximo legal de 72 Horas , para que recapaciten y piensen en lo que significa arrebatar de su libertad a una persona).
Ejecución de la Pena de prisión y los Sustitutivos
En algunos casos la pena privativa de libertad plantea inconvenientes por no ser adecuada, con su sustitución a modos alternativos de ejecución teniendo como objetivo reducir la reincidencia (de modo similar a los sistemas penales europeos). Estos modos son la suspensión condicional de la pena privativa de libertad (arts.80 y ss. CP) o la libertad condicional (arts.90 y ss. CP) así como la sustitución de penas privativas de libertad arts.88 y ss. CP).
El CP español, dentro del capítulo dedicado a las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional, dedica su Sección primera a la suspensión de las penas privativas de libertad (arts 80 al 87 CP) . En el Derecho Penal español la expresión sustitutivos penales se entiende como alternativa a la ejecución de la pena privativa de libertad de corta duración (las que el ingreso por un breve tiempo en prisión no permiten la realización de ninguna de las supuestas tareas educadoras y, en cambio, tiene todos los inconvenientes de la cárcel, el contacto criminógeno por una parte y por otra la estigmatización social como ex-recluso).
Hay que destacar los perniciosos efectos de las penas privativas de libertad de duración corta. Sus efectos desocializadores e, incluso, criminógenos sobre el delincuente exigían el establecimiento de medidas alternativas a las penas cortas privativas de libertad. En nuestro Código Penal hay dos instituciones, la de suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad, claramente orientadas a evitar el ingreso en prisión del sujeto, si se cumplen las condiciones exigidas para su aplicación. Se constituye por tanto, aunque no recogido expresamente en la CE un derecho subjetivo a la resocialización (SSTC 19/1988 y 209/1993).
La suspensión de las penas privativas de libertad vienen reguladas en los arts 80 al 87 del CP.
Art 80.1 CP: Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada.
Su fundamento se sostiene en varios criterios y requisitos, entre ellos la peligrosidad del criminal, que el condenado haya delinquido por primera vez (81.1 CP), que la pena no sea superior a dos años (81.2 CP) a que el reo no delinca en el plazo fijado por el juez (83.1 CP) así como las situación personal del reo.
El régimen jurídico básico de la suspensión es el siguiente:
· Contenido: Pueden suspenderse en principio todas las penas privativas de libertad, lo que en teoría incluye a las penas de prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Desde luego la suspensión de la pena no incluye a la responsabilidad civil (Art 80.3º).
· Plazo de suspensión: El plazo de duración de la suspensión se mantiene durante un lapso de tiempo que puede ir desde tres meses a cinco años. Condición esencial para su mantenimiento es que el sujeto no vuelva a delinquir durante ese período. Pasado el tiempo se suspensión fijado por el Juez, si el sujeto no ha cometido ningún delito, la condena de prisión inicial se considera definitivamente extinguida. Si, por el contrario, vuelve a delinquir la pena suspendida pasará a ser ejecutada .El plazo de suspensión, la duración por la cual la condena estará suspendida, el art 80.2 dice que serán entre 2 y 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años y de tres meses a un año para las penas de carácter leve. Criterios legales orientativos: circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena.
· Competencia: corresponde al Juez sentenciador que mediante el auto acordará o denegará a la mayor urgencia de manera motivada (art 82.CP). Las características esenciales de esta institución es la gran discrecionalidad judicial que rodea su concesión. El juez tiene libertad en cuanto a la decisión de conceder la suspensión, puede concederla o no aunque se cumplan los requisitos del CP para ello, pero nunca al contrario ("No favorable al reo") , si no se cumplen los mínimos exigidos por la ley; el juez goza de autonomía en la elección del tiempo de duración y la imposición de condiciones. Estaríamos por tanto ante un supuesto de arbitrio limitado, el criterio debe ajustarse a los criterios del legislador para guiar al juez. Son varios: La peligrosidad del criminal, la probabilidad de que vuelva a cometer delitos en el futuro. En la práctica la suspensión se concede de forma automática cuando se cumplen los requisitos legales.
· Requisitos: recogidos en el art 81 del CP;
a) El condenado debe de haber delinquido por primera vez (no puede ser reincidente), no se tienen en cuenta los delitos imprudentes ni antecedentes penales cancelados, sólo se considera que ha delinquido al que ha sido condenado por sentencia firme.
b) La condena impuesta no sea superior a dos años de privación de libertad. Incluye tanto la pena única no superior a dos años. Es indiferente que esa suma proceda de penas impuestas en el mismo procedimiento como si han sido impuestas en el mismo procedimiento como si han sido en diferentes procesos (arts 20.1º y 81.1º CP)
c)Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito a menos que el Juez o Tribunal declare la absoluta imposibilidad de que el sujeto hiciera frente a las mismas , esto es , que sea declarado insolvente.
Dos Excepciones: El código prevé dos supuestos excepcionales en los que la suspensión podrá concederse a pesar del incumplimiento de los requisitos generales establecidos para su concesión. Estos se regulan en el artículo 80.4 y 87 del CP.
1-Condenados por enfermedad muy Grave, los Jueces y Tribunales sentenciadores pueden otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo (art.80.4º CP)
2-Toxicómanos (art 87. CP) cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el art 81 , el Juez o Tribunal con audiencia de las partes , podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2º del art 20, cuando se certifiquen de manera suficiente por un centro o servicio público o privado acreditado , que el condenado se encuentra habituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. La LO 15/2003 ha elevado a cinco años las penas susceptibles de suspensión y ha eliminado la exigencia de no ser reo habitual.
El resto del régimen de la suspensión para reos toxicómanos se resume en tres aspectos: si es reincidente, la decisión corresponde al Juez o Tribunal, atendiendo a las circunstancias del hecho y del autor. Las condiciones de la suspensión son: no delinquir durante el plazo de suspensión, seguir el tratamiento de deshabituación y el cumplimiento de las reglas o condiciones impuestas. En este supuesto excepcional del art 87 CP el plazo de suspensión debe ser de tres a cinco años (art 87.3). Las condiciones exigidas para el mantenimiento de la suspensión se prevén en el art 83 CP.
· Condiciones de la suspensión: Durante los plazos de suspensión, que dependen de sí son penas leves (la suspensión puede durar de tres meses a un año); y tratándose de penas privativas de libertad que no sean superiores a dos años la duración de la misma puede ir de 2 a 5 años (art 80.2), el juez o tribunal puede imponer ciertas condiciones. Hay una condición legalmente exigida siempre: La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no delinca en el plazo fijado por el Juez o Tribunal conforme al artículo 80.2 CP. En el caso de que la pena suspendida fuese de prisión, el Juez o Tribunal sentenciador , si lo estima necesario , podrá también condicionar esta suspensión al cumplimiento de obligaciones que le haya fijado de entre las siguientes (art 83.1º CP):
1-Prohibición de acudir a determinados lugares.
2-Prohibición de acercarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos.
3-Phohibición de ausentarse sin autorización del Juez del lugar donde resida.
4-Comparecer personalmente ante el Juzgado que este señalado para informar de sus actividades y justificarlas.
5-Participar en programas formativos ,laborales, culturales , de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente..
6-Cumplir con los deberes que el Juez estime para la rehabilitación del penado cuando no atenten contra la dignidad de este.
En los casos de violencia de género se condiciona la suspensión al cumplimiento de las dos primeras.
· Consecuencias del quebrantamiento de las condiciones de suspensión, las consecuencias del incumplimiento varían dependiendo del deber que haya sido quebrantado.
En primer lugar, si el sujeto vuelve a delinquir durante el plazo se su suspensión, la inmediata consecuencia es que se revoca la suspensión de la condena, se ordena el cumplimiento de la pena suspendida ( ha de ingresar en prisión) y se inscriben los antecedentes en el registro. Se trata de una consecuencia obligatoria, que no admite excepción (art 84.1º CP).
En segundo lugar , el incumplimiento de las obligaciones o deberes de conducta impuestos por el juzgador , presenta un régimen más flexible , pues la consecuencia no es la revolución inmediata de la suspensión . En estos casos el juez puede decretar tres diferentes escenarios: 1-Sustituir la regla de la conducta por otra; 2- Prorrogar el plazo de suspensión, no puede exceder de 5 años; 3- si ha sido un incumplimiento reiterado , puede revocar la suspensión de la condena.
Regulada en nuestro código Penal en los artículos 88 y 99. El 88 establece el régimen general de sustitución y el 89 un supuesto especial para los extranjeros. La sustitución consiste en cambiar una pena de prisión de corta duración por otra pena distinta carente de efectos desocializadores. En España durante la década de los 90, las penas sustitutivas eran el arresto de fin de semana o multa. Ya entrado el año 2000 la pena de multa sólo operaba la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (Destacar el retraso de la imposición de esta entre el hecho delictivo, carente de sentido y eficacia real). Diferencia entre penas sustituidas y penas sustitutivas. En el CP, la pena de prisión puede ser sustituida por la de multa o trabajo en beneficio social. La sustitución solo opera cuando estamos ante penas inferiores a un año de privación de libertad. Existe un criterio orientador de la sustitución, las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho , su conducta y concretamente su esfuerzo para reparar el daño caudado a las víctimas.
El código permite que se puedan sustituir penas de prisión de hasta dos años, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de las penas podría frustrar los fines preventivos y de reinserción social. Se exige que el reo no sea habitual, ya que si no carecería de sentido. Su régimen jurídico; el juez que dicta la sentencia son los que podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia o con un auto posterior motivado, antes de dar inicio a su ejecución de las penas de prisión. Hay un régimen ordinario y otro especial.
La suspensión debe cumplir unos criterios de conversión, cada día de prisión será sustituido por dos cuotas de multa; por una jornada de trabajo social; o, por un día de localización permanente (LO 5/2010). El momento de la sustitución tiene que hacerse antes de que se ejecute la pena, en la misma sentencia o después en el auto motivado. Una vez ha comenzado el cumplimiento de la pena de prisión no se puede interrumpir, sustituyéndola por multa o trabajos sociales. Su incumplimiento se ordenará la ejecución y cumplimiento inmediato de la pena inicialmente impuesta, descontando la parte ya cumplida en el caso de incumplimiento parcial. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras. Se prohíbe que las penas sustitutivas puedan ser a su vez sustituidas.
Regulada en los arts.90, 91, 92 y 93 del CP.
El último grado del sistema penitenciario se halla constituido por la libertad condicional, regulada de forma dispersa en nuestro ordenamiento. Su ordenación esta en el CP y en la LOGP, en el RP, la LO 7/2003 y en la LO 15/2003. Se trata de una forma de cumplir la condena, trata de evitar la desocialización del condenado y permitir que cumpla en libertad el tiempo restante de condena, siempre sometido a control y vigilancia de la Administración Penitenciaria, bajo tutela del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
a) Requisitos para su concesión, se prevén en el art 90, para su concesión el sujeto ha de estar en el tercer grado del tratamiento penitenciario, en un establecimiento de régimen abierto. Supone una garantía de que el interno no va a cometer un nuevo delito, por cuanto el tercer grado se ha concedido después de la observación de su evolución, que ha resultado favorable. La exigencia del tercer grado excluye la posibilidad de obtener la libertad condicional en relación con los presos meramente preventivos, que no son clasificados en grado al no encontrarse todavía en fase de cumplimiento de la condena. Está condicionada al previo cumplimiento de las 3/4 partes de la condena. Debe de haber tenido el sujeto una conducta buena y debe existir un pronóstico individualizado favorable de reinserción social, estos informes deben ser elaborados por un centro, un equipo técnico penitenciario. No se tienen en cuenta estos criterios si el sujeto no ha satisfecho su responsabilidad civil subsidiaria.
b) Procedimiento para su otorgamiento, si se cumplen los requisitos anteriormente descritos, la Junta de tratamiento del centro penitenciario está obligada a proponer al Juez la concesión de la libertad condicional. Una vez tramitada, se procederá al encarcelamiento y al seguimiento y vigilancia.
c) Condiciones a que se somete y consecuencias de su incumplimiento, el disfrute del beneficio de la libertad condicional, está condicionado como su propio nombre indica a que no se delinca durante el tiempo que quede de condena. Si el condenado delinque durante ese periodo, el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará el beneficio y ordenará el reingreso en prisión para que se cumpla el período de condena restante, computándose el tiempo que ha pasado en libertad condicional (art 39 CP). Se excepcionan los condenados por delitos de terrorismo, que entre otras diferencias con el régimen común, el incumplimiento conlleva el reingreso en prisión con la pérdida del tiempo pasado en libertad condicional, teniendo que cumplir la condena completa.
d) Supuestos excepcionales previstos en el CP, el art 91 del CP establece un régimen excepcional por el desempeño continuado de actividades laborales o culturales. Siempre que no se trate de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales , excepcionalmente , cumplidas las circunstancias a y c del apartado 1 del art 90 (tercer grado y buena conducta) , el Juez de Vigilancia Penitenciaria puede conceder la libertad condicional a los sentenciados a penas privativas de libertad que hayan extinguido las dos terceras partes de su condena , siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado continuadamente actividades laborales , culturales u ocupacionales . Se precisa informes del ministerio público, instituciones penitenciarias y demás partes procesales.
La reforma LO 7/2003 añadió un segundo apartado, que manteniendo los citados duchos informes, el cumplimiento de las condiciones a) y c) del apartado primero del art 90 CP , y que haya extinguido la mitad de la condena permite al Juez de Vigilancia Penitenciaria adelantar la concesión de la libertad condicional hasta un máximo de 90 días por cada año trascurrido de cumplimiento efectivo , siempre que no se trate de delitos de terrorismo.
La segunda excepción se contiene en el art 92 CP. Los sentenciados que hubieran cumplido la edad de setenta años o la cumplan durante la extinción de la condena y reúnan los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las 3/4 partes de la condena o en su caso las 2/3 partes podrán optar a obtener la concesión de la libertad condicional. El mismo criterio se aplicará cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables.
Los casos previstos en el art 92 CP se justifican por razones humanitarias y por consideraciones preventivo especiales ya que tanto el supuesto de ancianos como el de los enfermos incurables el nivel de peligrosidad es ciertamente escaso.
Hay un supuesto de limitación de la libertad condicional y de los beneficios penitenciarios en caso de condenas de larga duración, previsto en el artículo 78 CP. Su estudio fue abordado en el tema anterior, razón por la cual a él nos remitimos para el análisis de su problemática. A este respecto , únicamente queremos señalar que la aplicación de la limitación establecida en el artículo 78 CP no es siempre obligatoria , previendo el propio código la posibilidad de aplicar el régimen general de cumplimiento salvo en los casos de delitos muy graves . De cualquier forma , conviene tener presente que si el Juez acordara la aplicación del régimen excepcional del art 78 , cabe la revocación del acuerdo cuando el Juez de Vigilancia Penitenciaria , valorando , en su caso , las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento , oído el Ministerio Fiscal , la aplicación del régimen general de cumplimiento (artículo 78.3ºCP).
España, la estafa energética
El partido radical de ultraizquierda bolivariana PODEMOS, propone nacionalizar grandes empresas del sector energético mediante el uso de la potestad expropiante que tiene la administración. Pero esta propuesta no es viable, ni desde el punto de vista lógico, ni económico y mucho menos desde el punto de vista legal.
En primer lugar decir que en España pagamos una factura de luz desorbitada, la más cara de Europa. Al igual sucede con la gasolina. España es uno de los países que más caro distribuye el combustible; esto no lo dice el Gobierno o el ministro de Industria José Manuel Soria. Esto lo saben todos los españoles que pagan, cada mes con dificultad su factura de la luz o quienes llenan su depósito de combustible en una gasolinera del territorio nacional.
¿Por qué estamos en esta situación? ¿De dónde venimos?
Es evidente que ya desde tiempos de Zapatero, un gran creyente en un mundo idílico (merecemos recordar la frase digna de un apátrida “la tierra es del viento”), cometió graves errores al apostar por energías renovables de forma económicamente desorbitada. Mientras países serios y responsables con sus ciudadanos como Francia, Alemania o Reino Unido han seguido apostando por energías rentables y de calidad (como la nuclear). El Gobierno de incompetentes del Sr.Zapatero, aconsejado posiblemente por otro analfabeto de la energía como es Felipe González exconsejero de Gas Natural (recordemos que Felipe González estudió derecho, y no sabe sobre energía).
Estos irresponsables, que subvención tras subvención, dilapidada con dinero que no tenían, (mejor dicho dinero que no teníamos) provocó una gran burbuja en los activos de la energía, especialmente en las renovables y las eléctricas (hablamos de empresas tan importantes como ACS, Iberdrola, Acciona, Red Eléctrica, Solaria …). Burbuja que pinchó con la crisis económica durante los últimos años de la legislatura de Zapatero (mientras este decía que estábamos en la “champions league de la economía”. Todo esto provocó, que posteriormente con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy y el ministro Soria, hubiese que pagar las facturas que había en el cajón. Al ministro Soria no se le ocurrió otra brillante idea que la de pasar el déficit de tarifa al bolsillo del consumidor, déficit que incluye toda la deuda acumulada + las primas deficitarias a las renovables. El consumidor, ha visto como su factura se ha doblado respecto al inicio de la crisis económica. ¿Es justo que los ciudadanos paguen los errores de los políticos? ¿Cuándo van a asumir su responsabilidad?.
El año pasado José Manuel Soria liberalizó el mercado, dejando rienda suelta a los especuladores de la electricidad, que añadido a los impuestos, tenemos como resultado una factura inasumible. Estamos asumiendo con dinero público las pérdidas de muchas empresas por malas inversiones, gestión deficiente por parte de los políticos provenientes de las puertas giratorias de los gobiernos pasados, errores como la planta del castor, las renovables de Iberdrola. Los sueldos desorbitados de los directivos, como el sueldo de Ignacio Sánchez Galán presidente de Iberdrola (9,12M€)…
Las expropiaciones que propone Podemos, desde el punto de vista legal y económico son inasumibles, ya que legalmente la administración expropiante debe indemnizar a los perjudicados. Viendo el valor del mercado de estas empresas sería totalmente inviable realizar una expropiación, ya que el justiprecio que se debería pagar sería desorbitado y sólo podría hacerse mediante la confiscación, es decir, sin pagar un solo euro. Por otro lado, de llevarse a cabo estas propuestas de Podemos, España sería gravemente sancionada por la Comisión Europea al constituir un monopolio energético estatal, cosa que las leyes europeas de competencia no permiten. No obstante, es evidente que el Estado debe tener por pura utilidad pública o interés social, participaciones mayoritarias en las principales empresas energéticas españolas, ya que España es un país dependiente energéticamente, importamos combustible medio mundo, gas de Argelia y energía eléctrica de Francia.
El Gobierno español y los gobiernos venideros deberían asumir el fracaso del modelo energético neoliberal, que perjudica en primer lugar a los ciudadanos y consumidores, haciéndolo insostenible. En segundo lugar, el modelo actual condena al país a ser dependientes del exterior, por ello España debe procurar abastecerse por cuenta propia en materia energética. El Gobierno español debe tomar participación en las empresas de interés estratégico. No podemos permitir sucesos como el desmantelamiento de Endesa por parte de la italiana ENEL. Eso sí, se debe hacer de tal modo que estás empresas no pierdan su competitividad, el Estado sólo debería entrar en el accionariado mayoritario (51%) de estas compañías (como se hizo en Argentina con YPF), pero de ningún modo convertirlas en 100% estatales. Países como Francia o Argentina han hecho lo mismo (como en el proyecto de expropiación de YPF por causa de interés y utilidad pública) y están consiguiendo un modelo eficiente y justo. Lo verdaderamente importante es alcanzar el equilibrio entre Estado y empresas, un exceso del poder de las empresas nos lleva a subidas de precios, precios pactados o la manipulación del mercado; por otro lado, un exceso de Estado nos lleva a falta de competitividad, a la corrupción (cómo el caso Petrobras en Brasil) o incremento de la deuda pública. Por ello creemos que el modelo debe ser mixto, debe ser equilibrado, debe ser estable en el largo plazo, pero sobretodo debe ser justo.
Los consumidores no deben sufrir los altibajos de los precios, deben permanecer estables. Los precios deben estar vinculados al verdadero coste de producción, no a la especulación, deben estar exentos de carga impositiva para los más desfavorecidos. Los impuestos de la engería deben ser progresivos, todo ello intentando no lastrar la competitividad, y evitar promover la ineficiencia. Por estas razones nos decantamos por un modelo mixto de intervencionismo estatal. Este modelo consistiría en una colaboración entre empresas y Estado para crear un modelo sostenible a largo plazo, que asegure el abastecimiento bajo cualquier circunstancia. Por último, definir lo que queremos decir con intervencionismo estatal: esto no significa colocar a políticos en los Consejos de Administración, sino que todos ciudadanos sean accionistas por derecho de las empresas estatales de la energía. Dirigidas por profesionales, los recursos del estado deben ser administrados correctamente. Las mayores empresas de la energía están controladas por los propios estados, ¿por qué en España tenemos que soportar que las empresas de la energía no atiendan al interés general?, la energía ya no es estratégica, si no vital.
DENEGADO EL TERCER GRADO A ISABEL PANTOJA CUANDO REÚNE TODAS LAS CONDICIONES
Isabel Pantoja, artista conocida por todos que cumple condena de dos años por blanqueo de capitales en la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla), le ha sido denegado el tercer grado penitenciario que le permitiría acceder a un régimen abierto tanto por sus circunstancias personales como penitenciarias, así como su plena capacidad para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad (Artículo 102.4 Reglamento Penitenciario). En primer lugar decir que la ley está escrita, pues conlleva un principio de legalidad innato. Lo que no se puede hacer es que la ley diga una cosa y se haga otra, es decir, si la ley permite a un preso salir en este régimen de semilibertad si se cumplen unos requisitos, ¿Porqué no se permite a Isabel el acceso a este régimen?; Isabel Pantoja ha cumplido más del 25% de su condena, ha sido condenada por un delito de los menos graves, ha pagado con creces su responsabilidad civil, tiene un entorno familiar que la necesita, recordemos que su madre es una persona dependiente. Por tanto estamos ante una clara discriminación por parte de la junta de tratamiento, cuya directora ha actuado de forma gravísima (seguramente de forma sectaria) al cambiar su voto tras quedar en empate la votación inicial. ¿Puede dormir bien la directora de la junta de tratamiento por las noches sabiendo que por su culpa una persona va a seguir sin su libertad, cumpliendo todos los requisitos para el tercer grado y de forma contraproducente tanto para ella como para su entorno social y familiar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando el comportamiento punitivo de los funcionarios de prisiones?, ¿Quién les da derecho a poder decidir al libre albedrío sobre la libertad de una persona?.
Creemos que se está incumpliendo el artículo 72.4 de la LGP, se está manteniendo a Isabel en un grado inferior cuando la evolución de su tratamiento ha sido muy favorable y lo contrario sería contraproducente, además, se ha confirmado que Isabel no recibió ningún trato de favor. El propio Ministerio del Interior ha tenido que hacer públicas las conclusiones de la investigación abierta sobre los supuestos tratos de favor a la interna denunciados por los funcionarios de la prisión que los inspectores han acreditado que no existieron tales privilegios. Lo único que buscan los funcionarios es una paga extra saliendo en programas del corazón o concediendo alguna entrevista, sin importarles que los derechos de una persona se están violando sin poder acceder a su libertad.
Ha tenido que ser el propio ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, que ha insistido en que no hay en absoluto ningún dato que pueda confirmar que haya trato de favor a Isabel, sino todo lo contrario. Isabel ingresó en prisión el 21 de noviembre, con lo que ha cumplido la cuarta parte de la condena, además de haber tenido una conducta ejemplar como interna, se ha arrepentido de los hechos, nos parece hiriente que se le niegue el tercer grado.
Se está prescindiendo de la reinserción de la reclusa de forma clara y manifiesta; el artículo 72.4 de la Ley General Penitenciaria es claro, “En ningún caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión”; pensamos que para Isabel es contraproducente continuar en prisión y merece un tercer grado en régimen de semilibertad, ya que va en contra de su reinserción (reinserción muy discutible si en esta clase delitos económicos requiere una equiparable a reinserción a la de otros delitos más graves).
Se debería realizar un nuevo criterio de clasificación, creemos que el régimen más adecuado para Isabel sería el tercer grado, la Junta de Tratamiento no ha valorado de forma correcta la personalidad, el historial individual, familiar, social y delictivo de Isabel, la duración de su pena (2 años, mínimo para entrar en prisión, siempre y cuando se tengan antecedentes penales), creemos que el tercer grado sería un éxito para el tratamiento de Isabel; por otro lado creemos que no se ha realizado bien la clasificación que exige el Artículo 102 del Reglamento Penitenciario, quedando al libre arbitraje de la directora para su rechazo (cosa que nos parece contrario a toda lógica e incluso posiblemente contraria a derecho).
En definitiva creemos que se debería aplicar a Isabel una de las nuevas medidas sustitutivas a las condenas inferiores a 3 años de prisión (como por ejemplo un arresto de fin de semana o una multa, así como trabajos en beneficio de la comunidad). Hay que tener muy en cuenta que Isabel Pantoja carecía de antecedentes penales y que se la acusó de un delito “no continuado”.
En primer lugar decir que estamos frente a una clara cadena perpetua encubierta bajo una imagen de pena revisable; en países como Argentina la pena máxima son 25 años, ahora en España acabamos de traspasar una línea muy peligrosa, ya que dejar a un comité de expertos, o a la opinión del Tribunal, elegir si una persona debe de pasar la mayor parte de su vida privado de su libertad, un simple error judicial puede quitar años de libertad, ¿se puede permitir a unos “supuestos expertos” el poder de decidir sobre la libertad de los condenados?. El sistema penal español acaba de dar un giro de 180 grados, ahora es un sistema penal digno de un estado policial, una dictadura o de digno de los mismísimos Estados Unidos de América. No creo que se deba dar tal poder de decidir sobre la libertad de los condenados a individuos que no sabemos a qué intereses se deben o bajo qué criterios van a realizar su tarea. Debemos estar vigilantes a sus actuaciones.
En el artículo 35, se añade como pena privativa de libertad la prisión permanente revisable, se trata de una pena que será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 (requisitos en los que el Tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable);
Los requisitos son que el penado haya cumplido 25 años de condena, que esté en tercer grado, un pronóstico favorable de reinserción previa valoraciones e informes del centro penitenciario, especialistas que determine el tribunal, valoración en conjunto de los delitos cometidos y sus circunstancias; el procedimiento sería oral y contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado; Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.
“La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado”
En definitiva, con la prisión permanente revisable se pretende proporcionar una solución penal adecuada a ciertos crímenes que causan una gran condena y repudia social. Se aplicará especialmente en los homicidios terroristas, asesinatos graves, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, además de los casos de genocidio o crímenes de lesa humanidad con homicidio o con agresión sexual. Los Tribunales impondrán este tipo e pena en algunos tipos de asesinatos agravados cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual o en los múltiples y en los cometidos por miembro de una organización criminal.
La prisión permanente revisable trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se ha establecido en una franja de entre 25 y 35 años, franja que va en función de si se trata de condenas por uno o varios delitos o de delitos terroristas. Exclusivamente después de ese periodo se aplicará el sistema de revisión que permitiría la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos (Artículo 92 arriba citado). Básicamente esta petición de revisión de la condena se podrá realizar a petición del reo una vez al año, pero también se hará de oficio por un tribunal colegiado, al menos cada dos años.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado su aplicación en diferentes sentencias tras su aplicación en los países de nuestro entorno, ha determinado que la mera posibilidad de revisión de la condena satisface el Artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos (Derecho a la libertad y a la seguridad).
La reforma del Código Penal ya está en vigor desde el pasado 1 de Julio; la nueva Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica el Código Penal de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre trae importantes cambios legislativos, que tratan de cubrir algunos vacíos legales existentes y un endurecimiento de las penas en algunos delitos, además de cambiar la terminología jurídica en algunos aspectos. Esta reforma supone tanto para profesionales del derecho, como para todos y cada uno de los ciudadanos un vacío jurídico temporal, ya que nadie sabe de manera directa como puede afectar la a la interpretación por parte de los Tribunales y demás profesionales los nuevos cambios por parte del legislador, lo que provoca una inseguridad jurídica, que esperemos sea temporal.
Todo esto supone un caos interpretativo por su falta de coherencia, ambigüedad en numerosos preceptos, empezando por el más elemental como es el principio de legalidad. Como ha venido sucediendo históricamente, el legislador ha ignorado la realidad social y se ha centrado en la extravagancia que caracteriza utilizar la potestad legislativa para hacer campaña, cosa que afecta a todos los ciudadanos en sus relaciones jurídicas y afecta al Estado en su difícil tarea de garantizar los derechos y garantías fundamentales que consagran nuestra Carta Magna.
Por otro lado parece que el legislador ha tratado de sustituir el principio de intervención mínima del Derecho Penal por el de intervención máxima; el legislador no puede ignorar la realidad social del momento y centrarse en hacer un código penal desde una perspectiva o procedimiento meramente académico o doctrinal, no se ha realizado una reflexión de la realidad penal en España. El único objetivo de la reforma es poner un parche a los errores pasados como la imposición de las tasas en el ámbito civil con Gallardón, una chapuza para tratar de solucionar el colapso absoluto de los juzgados españoles, que lo que necesitan son más medios y recursos, no se pueden poner parches, o permitir el capricho del legislador con gran ambición política que lo único que hace es perjudicar el correcto funcionamiento de Tribunales y órganos.
La realidad de los juzgados es que el ámbito civil, penal y contencioso están colapsados, y esta reforma supone menospreciar al ciudadano de a pie. En primer lugar debemos plantearnos la siguiente cuestión; ¿Qué necesidad había de semejantes cambios legislativos?, es cierto que la sociedades y el mundo en general están en continuo cambio, y el Derecho como no podía ser de otra manera debe adaptarse a las nuevas realidades, pero esta reforma ignora la realidad social. El legislador ha intentado legislar hasta el último extremo, llegando incluso a decir a los ciudadanos como deben comportarse o a las empresas como deben tener su organización interna, por tanto tenemos una transferencia de aspectos meramente civiles o mercantiles a la órbita del Código Penal. La lucha contra uno de los males de este país, que es la corrupción política, sigue sin ser debidamente un objetivo primordial para el legislador, ya que tras la tipificación anterior a esta reforma peca de excesiva indeterminación, la administración desleal respecto a los fondos privados, se parece a la de los fondos públicos, pero obviamente no son lo mismo, ni deben ser tratados por igual en nuestro Código Penal. En especial centrarse en los vaivenes del principio de legalidad que suponen estas reformas de andar por casa, el ciudadano no puede vivir en un permanente peligro ante la amenaza del Estado; ya lo advirtió el ilustre Cesare de Beccaria en su obra “De los delitos y las penas” (1764) contrario a los abusos del Estado, contrario a la pena de muerte y firme defensor del principio de legalidad y de la reinserción social, elementos indispensables que esta reforma no ha tenido en cuenta.
Esta reforma supone un paso atrás y es más digna del Antiguo Régimen que del S.XXI.
Pese a todo esto merece mención uno de los pocos aspectos positivos de la reforma, en torno a los delitos de administración desleal y apropiación indebida, el legislador ha conseguido codificar o cristalizar en la ley la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Otras de las novedades más importantes de la reforma son la prisión permanente revisable, una nueva redacción de delito de asesinato o la derogación de las faltas y su paso parcial a delitos leves. Por otro lado, cabe denunciar que una reforma de estas proporciones provoca una carencia legal que afecta a los profesionales de los juzgados, no se han impartido cursos de formación o actualización lo que probablemente ya esté afectando a los ciudadanos en los juzgados de guardia de toda España (están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos regulados en el Título Primero de nuestra Carta Magna bajo el epígrafe derechos y libertades), parece mentira que el legislador se haya dado tanta prisa en que entrase en vigor el nuevo código penal sin tener a los órganos jurisdiccionales preparados para ellos, ¿Qué va a ser de nuestra justicia si al personal que tramita la gestión procesal, administrativa o cualquier otra no se le facilita información o explicaciones de semejante reforma? No se ha dictado ningún protocolo de actuación para su implantación; Dios aguarde a los funcionarios de la Administración de Justicia puedan solventar en el menor tiempo posible tal chapuza de absoluta desinformación y falta de formación por parte de quienes han de aplicar la propia justicia.
Desde nuestra posición queremos hacer un llamamiento a los ciudadanos para que denuncien y que exijan una tutela judicial efectiva y de calidad ante cualquier disfunción por parte de la Administración de Justicia. Por otro lado lamentamos enormemente que los legisladores, sin entrar en el fondo de la Ley, aprueben leyes sin que quede garantizada su aplicación, ya que no se han garantizado los medios técnicos, personales, materiales e informáticos necesarios para llevar una correcta Administración de Justicia, ya que es contrario al propio sentido común además de una falta de respeto a la inteligencia de los profesionales.
Ya en el proyecto legislativo de reforma del Código Penal, aprobado en el pleno del Congreso de los Diputados, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de UPN con 186 votos a favor, la abstención de Foro Asturias y el rechazo del resto de grupos parlamentarios, fue aprobado para su remisión al Senado, prescindiendo de una comisión de codificación que en sus estatutos, únicamente se establece que son permanentes las comisiones de codificación en las secciones de Derecho Civil y Mercantil; lo que ha impedido que la nueva reforma realizada por la administración haya sido objeto de estudio por los miembros de una comisión de codificación penal formada por 6 juristas y magistrados con amplia experiencia y reconocido prestigio en el desempeño de la función o jurisdicción penal.
En primer lugar, la reforma se aprecia desde el primer artículo en el que se establece el principio de legalidad penal, con la eliminación de las faltas que ya no están previstas en la ley, lo que en principio favorece a uno de los principios limitadores de la función del derecho penal como es el principio de intervención mínima que debe servir de guía para cualquier legislador en materia penal, ya que estos deben reservar el Derecho Penal para los casos extraordinariamente graves, reduciendo así la propia capacidad punitiva del Estado y estableciendo mayores garantías sobre los bienes jurídicos individuales más importantes.
No hay que malinterpretar la supresión de las faltas como una eliminación de los pequeños conflictos en los juzgados, ya que únicamente se mantendrán las que son merecedoras de reproche penal, que pasarían a denominarse “delitos leves”, que principalmente pasarían a castigarse con penas de multa, lo que reduciría la sobrecarga de los juzgados y los centraría más en los delitos más graves, lo que no significa que no vaya a producirse una respuesta o intervención por parte de la jurisdicción en los pequeños conflictos, ya que en muchos casos se derivarán a otros ordenes como el administrativo sancionador o el civil, que ofrecen unas respuestas más eficaces.
Los comportamientos que pasan de ser “delitos leves” son principalmente los que se van a castigar con multas de duración en meses (como por ejemplo, delito de lesiones de escasa gravedad, homicidio imprudente menos grave, amenazas leves, coacciones leves, hurtos menores, pequeños fraudes, siempre que no estén dirigidas a personas o víctimas vulnerables o dependientes, ya que ello constituiría un agravante por alevosía). Por el momento para el enjuiciamiento de estos delitos leves se seguirá aplicando la regulación de los juicios de faltas que establece la LECriminal (artículos 962 a 977 Ley Enjuiciamiento Criminal) y resultarán competentes para ello los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Con las nuevas disposiciones, que probablemente serán adaptados al nuevo código en el futuro cercano. Una diferencia clave entre lo que antes se denominaba falta y ahora como delito leve, es que las condenas derivadas de juicios de faltas no generaban antecedentes penales, cosa que sí sucederá a partir de ahora, ya que las condenas derivadas de delitos leves, sí pasarán a formar parte del Registro de antecedentes penales; no obstante no se computarán en términos de reincidencia, además de los antecedentes que debieran estar cancelados como venía siendo (Artículo 22.8 CP).
Cabe destacar el nuevo régimen de los delitos contra la Propiedad intelectual que han tenido una extensa ampliación, especialmente los Artículos 270 y 271 CP; se endurecen las penas aumentando el máximo de privación de libertad de 2 años hasta los 4, además a las conductas que ya estaban tipificadas en el Artículo 270.1 (quien reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente una obra sin autorización) se hace especial mención sobre cualquier medio de explotación económica total o parcial de las obras , sacando beneficio económico directo o indirecto (mediante publicidad o webs de enlaces), todo esto conlleva un aumento del radio de acción de la justicia frente a estos vacíos legales que han venido causando grandes pérdidas a diferentes sectores. También se criminaliza la conducta de aquellos que facilitan el acceso en internet de contenidos protegidos sin autorización de los titulares legítimos correspondientes, facultando a los tribunales al bloqueo de los accesos web que correspondan.
También se persigue a los piratas informáticos que facilitan medios tecnológicos para burlar sistemas de seguridad informáticos de protección de contenido, así como a los que los fabriquen; se amplía claramente lo que antes sólo castigaba a los que con ánimo de lucro se beneficiaban de un beneficio económico directo, ahora se amplía al indirecto, lo que desemboca en que siempre que haya un beneficio económico estamos frente a un delito.
Por otro lado, a la venta ambulante, o a la denominada piratería del “top manta” se modula su régimen de responsabilidad, permitiendo que el Juez reduzca la pena en casos de escasa importancia atendiendo a las circunstancias del caso. Al igual que en los casos contra la Propiedad Intelectual, persigue que el Juez pueda adecuar la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida. Lo que permite dejar un margen discrecional al juzgador para poder adaptar la pena al caso concreto. No obstante se incrementan todas las penas que los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial llevan aparejadas en cada una de sus modalidades, al igual que ocurría en los delitos contra la Propiedad Intelectual.
Se añade el Artículo 127 bis, que constituye una nueva regulación del decomiso, adaptándola a la Directiva europea sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia (una innumerable lista de delitos, principalmente las organizaciones criminales); se han centrado en su aplicación extensible a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial (como el decomiso de ordenadores…). Además se regula un procedimiento autónomo en el que puede acudir el fiscal si eso facilita un enjuiciamiento más rápido de las responsabilidades penales; cuando se perciba la existencia de bienes que deberían ser decomisados después de que los hechos hayan sido enjuiciados, o en supuestos de comiso sin condena. Junto con esto se crea una oficina de gestión de activos, que realizará una gestión eficaz para la conservación y utilización de los bienes intervenidos.
En lo referente a la violencia de género , se incluye un nuevo delito para aumentar la protección de la mujer (Artículo 172 bis), con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el territorio nacional o no regresar con ese mismo fin. Además se castigará los actos persistentes de acecho, acoso u hostigamiento mediante llamadas telefónicas persistentes, seguimientos, o cualquier forma que pueda coartar la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, debido a la problemática que existe en ciertos casos en los que estos sucesos no pueden ser tipificados como delito de coacciones o de amenazas, ya que en ellos no se produce violencia.
Otro cambio importante, es el de la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, siempre y cuando afecten gravemente a su intimidad, práctica frecuente entre menores de edad y jóvenes (recordemos que hasta ahora la ley no preveía pena alguna cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que posteriormente difundía las imágenes o grabaciones) ahora penado con hasta un año de prisión.
La inutilización de dispositivos electrónicos de localización usados para controlar el cumplimiento de las penas (bastante relevante en la lucha contra la violencia de género), se incorpora al CP como delito.
En los delitos de carácter sexual no se puede aplicar el delito continuado, se impone una pena por cada uno de los cometidos. En otros casos se limita la aplicación del delito continuado a hechos o conductas delictivas cercanas en el tiempo. La reiteración se trata de evitar, agravando la pena por uno o varios delitos semejantes, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido a la infracción más grave cometida, pero inferior a la suma de todas ellas.
Por otro lado se aumenta la protección a los menores que son agredidos sexualmente. En el capítulo II bis (Artículo 183), se aumenta la edad de 13 a 16 años, sobre los que realicen actos que atenten contra la indemnidad sexual del menor de 16 años, con la pena de prisión de 2 a 6 años como responsable de abuso sexual. Cualquier acto de carácter sexual con menores de 16 años será considerado un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones sexuales consentidas entre personas de similar grado de madurez y desarrollo, que en ningún caso serán penalizadas. Será delito hacer presenciar a un menor de 16 años relaciones de terceros, o abusos sobre terceros. También será un delito contactar con menores mediante medios tecnológicos para embaucar a menores y conseguir imágenes o grabaciones pornográficas (actividad en auge).
Source: 2015/7/6/novedades-de-la-ley-12015-por-la-que-se-modifica-el-cdigo-penal-parte-1
En días como hoy, en la mayor crisis económica de la historia, se tambalean los cimientos de la Unión Europea, no sólo en el ámbito económico, sino también en el del derecho comunitario; recientemente, estamos viendo como países como Grecia se atreven a retar a sus acreedores, que principalmente son el resto de países de la UE, con políticas de aislamiento frente al resto de socios europeos, poniendo el gobierno griego, a su pueblo, en graves dificultades tanto económicas como en seguridad jurídica, en estos momentos el gobierno griego está liderado por el Partido de izquierda radical Syriza, partido afín al ideario Podemos en España como bien han demostrado públicamente acudiendo a actos, dando mítines y ruedas de prensa juntos, además de entrar con fuerza en las instituciones de la Unión en las últimas elecciones europeas, principalmente en el Parlamento Europeo, donde hacen una fuerte oposición a las políticas de integración comunitarias. En un mundo en constante globalización, con una economía global, estas políticas autárquicas y de aislamiento lo único que pueden hacer es llevar a Grecia a lo que estamos viendo hoy día, al corralito, en el que los ciudadanos Griegos hacen cola en los cajeros y no pueden sacar más de 60€ diarios y eso si con suerte les quedan billetes, lo que conlleva la paralización económica de un país que a pesar de que su tamaño no supera el 2% del PIB comunitario, tiene una deuda colosal para su tamaño, ya que es superior al 175% de su PIB; Grecia es un país que lleva gastando más de lo que ingresa desde 1985 y así lo muestran los gráficos; un país en el que se realizará una quita obligada a los acreedores, que de buena fe que prestaron su dinero al país heleno, entre ellos España; somos uno de los países que ha venido prestando dinero a Grecia desde el año 2010 en tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero, unos 26.000 Millones de € en garantías para ser más exactos. Lo que implicaría que si no se hubiera prestado ese dinero, la hucha de las pensiones sería mayor, e incluso se podrían haber subido un 38% las pensiones y las ayudas al desempleo un 50%, por no hablar de que podríamos haber utilizado ese dinero para rescatar a Bankia o simplemente para que los españoles no hubieran tenido que soportar tantos esfuerzos. Como no podía ser de otro modo, la solidaridad europea se ha cumplido a rajatabla, lo que no es aceptable, es el chantaje que está realizando el ejecutivo Heleno, ejecutivo que se niega a reducir su gasto público y político; chantaje dirigido tanto al Banco Central Europeo, al FMI y como al resto de socios comunitarios. En días de incertidumbre jurídica como hoy conviene recordar la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno.
Los Estados miembros han aceptado al día de hoy la primacía del Derecho de la Unión sobre la ley interna, lo que se traduce en la obligación por parte del juez nacional, según puso de manifiesto el Tribunal de Justicia en el asunto Simmenthal (1978), de inaplicarla al caso concreto por su propia autoridad, es decir, sin esperar a su previa depuración por el legislador o la jurisdicción constitucional, no sucede lo mismo con el propio texto constitucional, cuyo valor de norma suprema sigue siendo defendido por algunos de los más Altos Tribunales nacionales.
Y es que una cosa es sostener que el parámetro de validez del Derecho europeo derivado deba ser el propio ordenamiento jurídico europeo (y no los ordenamientos jurídicos nacionales), con los tratados en la cúspide, y otra muy distinta (y sobre la cual, reitero, mantienen sus reservas las más altas jurisdicciones internas) que éstos se impongan frente a su razón de ser, que no es otra que la cesión de soberanía operada por los Estados miembros al amparo de sus respectivas Constituciones.
Ello exige, una aproximación de los supremos intérpretes, cada cual en su propio terreno (es decir, el Tribunal de Justicia de la UE respecto de los Tratados y el correspondiente Tribunal Constitucional o Supremo respecto de su respectiva Constitución Nacional), en términos no aislados sino “integradores”, que ha de traducirse en la búsqueda de interpretaciones pro Constitucionales nacionales de los Tratados de la Unión de las Constituciones nacionales por los Tribunales Constitucionales y/o Supremos de los Estados miembros.
Por lo demás, conviene advertir que los Tribunales Constitucionales o Supremos de los Estados miembros suelen recurrir a las cláusulas constitucionales de habilitación en favor de la Unión para amparar la intervención de los jueces nacionales a los efectos de hacer efectiva la primacía del Derecho europeo sobre el Derecho interno. Y como no podía ser de otra manera, ya que son estos la herramienta por la cual se aplica el Derecho de la Unión en los propios Estados, no existen mecanismo en la práctica, para obligar a un país a cumplir con el derecho de la unión, hay numerosos ejemplos (como el incumplimiento de Reino Unido de numerosas sentencias del Tribunal de Estrasburgo).
Por lo que respecta a las Normas nacionales infraconstitucionales, la primacía es un principio, como señalaba, actualmente bien asentado en los Estados miembros, que impone, en caso de contradicción, el desplazamiento de la ley (o norma inferior) interna en favor del Derecho de la Unión, operado en última instancia por el juez nacional (lo mismo ocurre en el ejecutivo, con mucha mayor frecuencia y poder). Tal aproximación metodológica, presidida por la búsqueda de un fundamento interno que acompañe al europeo, no hace sino poner de relieve la dualidad constitucional de la unión europea, que exige respuestas al más alto nivel constitucional en ambos escalones, nacional y de la Unión.
Desde un punto de vista estructural, el Derecho de la Unión se presenta como un ordenamiento jurídico autónomo en el sentido de que, dotada de personalidad jurídica, la Unión cuenta con sus Instituciones con poderes normativos y ejecutivos propios, que se desenvuelven conforme a reglas igualmente propias, procedimentales y sustantivas, todo ello bajo el control último de su también propio sistema jurisdiccional.
Al mismo tiempo, no obstante, tal aproximación al ordenamiento jurídico europeo, en cuanto sistema autónomo, debe completarse con la visión de la Unión en cuanto sistema de integración; desde dicha perspectiva estructural, el sistema europeo requiere, el complemento de los Estados miembros (como no podría ser de otra manera dentro de un contexto de integración supranacional), intensamente asociados a dicho sistema en el estadio de su aplicación material, dado que las administraciones nacionales actúan, generalmente, como brazo ejecutor, bajo el control último de los tribunales nacionales en estrecha cooperación con el Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial. La intervención de los Estados está presidida por el principio de autonomía, en el sentido de que, en ausencia o insuficiencia del Derecho de la Unión en relación con las reglas que deban presidir su referida aplicación en el ámbito interno, son los propios Derechos nacionales los encargados de fijarlas. Tal principio de autonomía de los Estados miembros ha de entenderse, no obstante, mediatizado por los principios de equivalencia y de efectividad, elaborados a golpe de sentencia por el Tribunal de Justicia con fundamento, a su vez, en el principio de cooperación leal.
Dicho esto, veamos a que posibles consecuencias se puede enfrentar Grecia en términos de responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión:
El principio de responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho europeo, en concreto por los daños y perjuicios que dicha infracción pudiera ocasionar a los particulares (en el caso concreto de Grecia a sus propios ciudadanos), este principio fue proclamado por primera vez en el asunto Francovich (1991). Trato en especial sobre el incumplimiento de la obligación de ejecutar directamente las directivas ( en derecho europeo existen reglamentos y directivas, los primeros deben ser aplicados por los estados de forma directa, los segundos necesitan leyes de transposición internas), el Tribunal de Justicia sentó las bases del régimen claramente objetivo, presidido por la mera infracción lesiva de los derechos de los particulares mediando nexo causal entre la infracción y el perjuicio.
Considerando el principio como inherente del Tratado que derivaría a su vez de otros dos principios, el de la plena eficacia o efectividad del Derecho comunitario (incluida la plena protección de los derechos conferidos a los individuos) y el de cooperación leal de los Estados miembros para la comunidad (Artículo 4.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE), el Tribunal estimó oportuno reforzar su fundamento destacando su naturaleza de expresión del principio general conocido en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros , conforme al cual una acción u omisión ilegal produce la obligación de reparar el perjuicio causado, obligación ésta que alcanzaría a las autoridades públicas por los daños causados en el ejercicio de sus funciones. En varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que una violación del Derecho comunitario es manifiestamente caracterizada cuando ha perdurado a pesar de haberse dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incumplimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia, de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento controvertido; ello en el bien entendido de que no se puede supeditar la reparación del daño a la exigencia de que el Tribunal de Justicia haya declarado previamente la existencia de un incumplimiento del Derecho comunitario imputable al Estado, dado que la declaración de incumplimiento es un elemento determinante, pero no indispensable para comprobar que se cumple el requisito de que la violación del Derecho comunitario esté suficientemente caracterizada.
En definitiva, existe una obligación de reparar los daños y perjuicios por infracción del Derecho europeo (como el lucro cesante en la actividad mercantil), esta obligación se cumple cuando se dan tres requisitos:
1-La norma Jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares
2-La violación sea suficientemente caracterizada (Cuando se pueda demostrar el Dolo o la intención)
3-Que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las víctimas (Siempre y cuando no haya negligencia).
Aunque corresponde en principio a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si se cumplen los requisitos para el nacimiento de la responsabilidad del Estado miembro por violación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia, puede no obstante precisar determinadas circunstancias susceptibles de ser tenidas en cuenta por los órganos jurisdiccionales nacionales al efectuar su apreciación en el marco de las cuestiones prejudiciales al respecto planteadas por los jueces y tribunales de los Estados miembros.
Además de las responsabilidades dentro de la unión, los dirigentes pueden verse obligados por sus propias declaraciones, recordemos que en el derecho internacional, las declaraciones de los líderes de gobierno o ministros de asuntos exteriores, siempre que fueran de carácter persistente, pueden vincular al Estado al asumir un compromiso internacional.
Source: 2015/7/6/la-primaca-del-derecho-de-la-unin-sobre-el-derecho-interno-de-los-estados
Source: 2015/7/6/jurisdiccin-legislacin-y-administracin

References: Artículo 138
e contrario
 resolución 
 artículo 545
 Artículo 8
 Artículo 2
 Artículo 155
 resolución 
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 78
 artículo 78
 artículo 72
 artículo 72
 Artículo 102
e contrario
 artículo 35
 artículo 92
 Artículo 5
 Artículo 270
 Artículo 127