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Timestamp: 2018-12-19 16:03:05+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/996/2006, 24-07-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/996/2006 de 24 de Julio de 2007
Núm. Resolución: 00/996/2006
Se confirma en el caso concreto el acuerdo de derivación de responsabilidad por sucesión empresarial cuyos elementos están documentados y no han sido rebatidos por el recurrente. En cuanto a los defectos formales de las actas y los expedientes sancionadores se constata la validez de la representación otorgada por la empresa sucedida al representante asignado en el procedimiento inspector y en el expediente sancionador, si bien el importe de las sanciones habrá de ser revisado por los órganos administrativos en virtud de la aplicación de la nueva LGT (Ley 58/2003).
En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2007, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesto por el DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, calle San Enrique nº 17, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 19 de mayo de 2005, en asunto relativo a derivación de responsabilidad subsidiaria por sucesión en la actividad de deudas por importe de 502.006,83 € (83.526.908 pesetas).
PRIMERO: La Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Tributaria, dictó acuerdo de 4 de mayo de 2001 declarando a X, S.L. responsable subsidiaria por sucesión en la actividad, de las deudas tributarias de la entidad Y, S.L. declarada fallida el 16 de octubre de 2000, al amparo del artículo 72 de la Ley General Tributaria, fijando el alcance de la responsabilidad en el importe indicado en el encabezamiento, con el siguiente detalle:
Clave de Liquidación Concepto Importe pendiente Pesetas
... IRPF actas cap. Mob. 93-98 42.424.963
... Sanción IRPF 95-98 24.500.000
... Sociedades 97-97 12.042.639
... Sanción Sociedades 95-97 4.324.210
... Sanción IVA 95-97 235.096
Total pesetas 83.526.908
Total euros 502.006,83
El acuerdo de derivación señala los siguientes puntos de intersección entre ambas sociedades:
1.- Y, S.L. ejercía su actividad hostelera en un inmueble arrendado, conocido como Hotel ..., propiedad de una sociedad tercera. Ejecutado ese inmueble por deudas de la sociedad tercera, resulta adjudicado a X, S.L., que se subroga de forma expresa en el contrato de arrendamiento con Y, S.L. A partir de ese momento (noviembre de 1995) y hasta principios de 1999 X, S.L. (constituida en febrero de 1994 con un capital social de 500.000 ptas.) no tiene otros ingresos ni desarrolla otra actividad que la del arrendamiento del inmueble. En noviembre de 1998 ambas sociedades, Y, S.L. y X, S.L. suscriben un contrato privado mediante el que rescinden el de arrendamiento y la primera cede a la segunda gratuitamente la propiedad de los bienes muebles y enseres adquiridos por la primera en el curso de la relación arrendaticia y las obras o mejoras realizadas, todo ello en compensación por la rescisión del contrato de arrendamiento. A partir de este momento X, S.L. que cuando se constituyó tenía por objeto social "la compra, venta, tenencia, arrendamiento y explotación de bienes inmuebles", se dedica a la actividad hostelera (epígrafe 681 IAE) explotando el citado inmueble Hotel ...
2.- Hay coincidencia en gran número de clientes y proveedores. En todas las facturas emitidas por los proveedores a ambas empresas aparece como sello la denominación "Hotel ...".
3.- Coincidencia temporal entre el cese de una empresa y el inicio de la otra en el ejercicio de la actividad hotelera: Y, S.L. se da de baja en el epígrafe del IAE 681 el 30 de noviembre de 1998, y X, S.L. se da de alta en el mismo epígrafe el día 10 anterior.
4.- En el contrato privado suscrito por ambas empresas el día 1 de noviembre de 1998 se pacta la asunción por parte de X, S.L. de las relaciones laborales de Y, S.L. Del examen del modelo 190 de ambas empresas se concluye que 27 de los 64 trabajadores de X, S.L. en 1999 trabajaban para Y, S.L. en 1998.
5.- X, S.L. sigue haciendo uso de la denominación del inmueble como Hotel ...y del mismo número de teléfono, al que se cambia la titularidad.
SEGUNDO: Disconforme X, S.L. con el acuerdo de derivación, su representante interpuso reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... el día 14 de junio de 2001, alegando resumidamente lo siguiente: 1) Que no existe la sucesión empresarial imputada por la Administración: el objeto social y el domicilio de ambas sociedades es distinto 2) Que existen defectos formales en las actas y en los expedientes sancionadores, debido a la falta de representación explícita en las actas, porque fueron firmadas el 19 de enero de 2000 por D. A sin poder de representación, y porque había transcurrido más de un año desde el comienzo de las actuaciones inspectoras el 2 de enero de 1999, hasta su conclusión el 19 de febrero de 2000 con la firmeza de las actas de conformidad. 3) Que no son derivables la retenciones a cuenta del IRPF. 4) Que no son derivables las sanciones, de acuerdo con el artículo 37.3 de la Ley General Tributaria.
TERCERO: El Tribunal Regional dictó resolución de 19 de mayo de 2005 estimando en parte la reclamación, "declarando la existencia de un supuesto de sucesión empresarial, anulando, no obstante, el acuerdo impugnado, que deberá ser sustituido por otro dictado con acreditación de los antecedentes tenidos en cuenta, en el que se aplicará, para cuantificar las sanciones, la norma sancionadora más favorable, y reconociendo a la interesada el derecho a la devolución de las cantidades que, en su caso, resulten indebidamente ingresadas como consecuencia de la anulación, con los correspondientes intereses". El Tribunal argumenta, resumidamente, lo siguiente: 1) que sí se ha producido la sucesión de facto a raíz de la cual la Administración ha derivado las deudas de Y, S.L. a X, S.L. La sucesión se pone de manifiesto en la acumulación de coincidencias que conjuntamente analizadas, adquieren un gran valor significativo para presumir, como lo ha hecho la Administración, que se ha producido una sucesión empresarial. 2) En cuanto a los defectos en las actas y en los expedientes que alega la reclamante, el Tribunal no puede pronunciarse debido a la ausencia en el expediente de las actas de las que proceden las deudas derivadas. 3) No son derivables las sanciones tributarias simples, pero sí lo son las sanciones que formen parte de la deuda tributaria liquidada como consecuencia del ejercicio de la actividad de la sociedad sucedida, siendo esta una cuestión sobre la que se ha pronunciado el Tribunal Económico-Administrativo Central en recientes resoluciones, entre las que cita dos. No obstante, la entrada en vigor de la Ley 58/2003 General Tributaria, obliga a analizar el alcance de dichas sanciones aplicando la norma más favorable, cometido que se ve frustrado por la falta en el expediente de las actas. 4) Respecto de la derivación de las retenciones a cuenta del IRPF, que en el presente caso corresponden a retenciones de capital mobiliario, la excepción declarada por el Tribunal Supremo a la derivación de la responsabilidad prevista en el artículo 72 de la Ley 230/1963 General Tributaria respecto de las retenciones a cuenta del IRPF no alcanza a las retenciones de capital mobiliario.
CUARTO: Contra la resolución anterior, notificada a la Administración tributaria en fecha que no consta, la Directora del Departamento de Recaudación interpone recurso de alzada mediante escrito de 13 de julio de 2005, alegando en escrito posterior lo siguiente, que se recoge resumidamente: 1) Contra lo que afirma el Tribunal Regional en su resolución, sí constaban las actas en el expediente que se le remitió para la sustanciación de la reclamación económico-administrativa; en el índice de los documentos remitidos con fecha 1 de octubre de 2001 figuran las actas de inspección incoadas a Y, S.L. como folios 134 a 137. 2) En el índice de los documentos remitidos al Tribunal Regional el 1 de febrero de 2005 para la resolución de la misma reclamación se indica como folios 1 y 2 los documentos acreditativos de la remisión del expediente efectuada el 1 de octubre de 2001. Además se hace constar que "el resto de la documentación necesaria para la acreditación de la procedencia de la derivación de responsabilidad consta ya en poder del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... en el expediente remitido para la resolución de la reclamación nº ... que concluyó con resolución desestimatoria dictada el 19 de junio de 2003, contra la que se formuló recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, donde actualmente se encuentra pendiente de resolución". Pese a que no consta en el expediente documento alguno que acredite que el Tribunal Regional requiriera a la Dependencia Regional de Recaudación la remisión de nuevo del expediente administrativo, es evidente que tal requerimiento se produjo. Además, el propio interesado en la reclamación ... se refiere en su escrito de alegaciones -efectuadas tras la puesta de manifiesto del expediente-, a los defectos formales de las actas, lo que acredita que éstas estaban en el citado expediente. A juicio de ese centro directivo, el Tribunal Regional debió requerir por escrito la documentación que precisase y en caso de que, atendido el requerimiento por la Dependencia de Recaudación, estimase que aún faltaba determinada documentación por haberla omitido esa Dependencia en el entendimiento de que la misma obraba ya en poder del Tribunal como parte de otra reclamación, debió reiterar el requerimiento, en base al artículo 91 del RPREA. De todos modos se adjuntan al recurso las copias cotejadas de la representación conferida a D. A de las actas de inspección nº ... y ..., y de los acuerdos de inicio de expediente sancionador nº ..., ... y ... 3) En cuanto a la falta de representación del firmante de las actas por parte de la entidad Y, S.L. se adjunta la conferida al firmante D. A otorgada el 22 de febrero de 1999 para que representase a esa entidad "en las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas mediante comunicación de fecha 15 de febrero de 1999......". No consta que la representación fuese posteriormente modificada ni revocada. 4) En lo que se refiere a la elevación al íntegro respecto de las retenciones correspondientes a los años 1995 y 1996, regularizadas en el acta nº ..., la eliminación de la elevación al íntegro a que se refiere la Ley 13/1996 es sólo aplicable a las retenciones sobre rendimientos del trabajo, mientras que las del presente caso son por rendimientos del capital mobiliario; de acuerdo con la disposición transitoria undécima de la citada Ley 13/1996, la supresión de la elevación al íntegro para el cálculo de la base de retención sería de aplicación "a las liquidaciones practicadas......como consecuencia de la regulación de retenciones sobre los rendimientos de trabajo". Éste es también el criterio mantenido por el Tribunal Económico-Administrativo Central en múltiples resoluciones, por todas la de 20 de junio de 2003, R.G. 4476/2000. 5) En cuanto al transcurso del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, el artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de Tributos prevé que no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario, entre las que se encuentra el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente. Pues bien, en las actas se hace constar que las dilaciones imputables a la interesada, que las solicitó, suman 141 días (desde 15 de febrero de 1999 a 12 de marzo de 1999, y de 12 de marzo de 1999 a 6 de julio de 1999). Las actas, con la constancia de tales dilaciones, fueron firmadas de conformidad por el representante de la interesada.
QUINTO: Notificada a X, S.L. la interposición del recurso de alzada, formula alegaciones mediante escrito de 2 de marzo de 2006, en el que manifiesta resumidamente lo siguiente: 1) Que ha interpuesto recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Regional, dando por reproducidas aquí las alegaciones que contiene, así como las formuladas en la reclamación económico-administrativa. 2) En relación con la aportación de documentos que hace el Departamento de Recaudación en su recurso de alzada, se niega a que esto se haga, para lo cual cita el artículo 241.2 de la Ley General Tributaria, en el que establece que sólo se pueden aportar en un recurso de alzada aquellas pruebas que no hayan podido serlo en primera instancia. Entiende que la posible descoordinación entre órganos de la Administración no puede suponer un perjuicio para el administrado. Además, entiende que tenía derecho a acceder a toda la documentación cuando interpuso su reclamación. 3) Entiende que el escrito de alegaciones del recurso de alzada se le ha remitido incompleto, porque éste está formado también por los anexos con la documentación remitida por el Departamento de Recaudación. 4) Insiste en la falta de representación del Sr. A para suscribir de conformidad las actas, y a lo dicho en otros escritos al respecto añade la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005, dictada en recurso de casación para unificación de doctrina nº 4314/2000, según la cual no es admisible la actuación de un representante que no acredite el apoderamiento, que debe ser explícito.
SEXTO: Por otra parte, el representante de X, S.L. interpone a su vez recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Regional, notificada el día 15 de junio de 2005, mediante escrito de fecha 15 de julio siguiente, en el que resumidamente alega: 1) Que da por reproducidas las alegaciones hechas en la reclamación anterior, por no haber sido suficientemente rebatidas: El Tribunal Regional no se manifiesta sobre la falta de poder del representante de Y, S.L. para firmar las actas de las que proceden las deudas. Tampoco se manifiesta respecto de lo manifestado respecto de la elevación al íntegro respecto de las retenciones a cuenta del capital mobiliario. Finalmente, tampoco se manifiesta respecto de la alegación de prescripción por el transcurso de más de un año de las actuaciones de inspección. 2) Además, el interesado añade que las sanciones no pueden derivarse salvo en el caso de que el sucesor hubiese participado en la comisión de la infracción, citando para ello el artículo 37.3 de la Ley 230/1963 General Tributaria y diversas sentencias. 3) En cuanto a la prescripción, cita los artículos 70.1 y 114.3 del RPREA/1981, según el cual no puede exceder de un año el tiempo de tramitación de una reclamación económico-administrativa, por lo que procedería declarar caducada la instancia (art. 112.2 RPREA/1981). Por otra parte, entre la interposición de la reclamación el día 14 de junio de 2001 y la notificación de la resolución correspondiente el día 15 de junio de 2005, han transcurrido más de cuatro años, por lo que tampoco debería considerarse interrumpida la prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley General Tributaria de 1963.
SÉPTIMO: Para completar la exposición de los hechos, se recogen a continuación los siguientes escritos, ambos de 30 de noviembre de 2005, que obran en el expediente:
1.- Escrito del ... del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... al Sr. Abogado del Estado-Secretario del mismo: "Se ha encontrado parte de un expediente de gestión, que se adjunta, dentro de otro expediente. Examinado el TAREA se observa que parece corresponder a la reclamación nº ..., de ... que fue resuelta en fecha 19 de mayo de 2005 (estimación parcial) e impugnada ante el TEAC, donde se encuentra el expediente en estos momentos".
2.- Acuerdo del Sr. Abogado del Estado-Secretario del mismo Tribunal Regional: "VISTO: Que por la Vocalía se adjunta parte de expediente de gestión de la reclamación número ... (incorporado por error a otra reclamación) que según consta en la base de datos informáticos de este Tribunal se remitió al Tribunal Económico-Administrativo Central y examinados los antecedentes mencionados, esta Secretaría ACUERDA: Dar traslado de parte del expediente de gestión de la reclamación número ... al ... para que sea remitido al Tribunal Central para que surta efectos en el recurso de alzada que en dicho Tribunal se sustancia"
OCTAVO: El Abogado del Estado-Secretario de este Tribunal Central ha decretado la acumulación de los expedientes 996/06 y 1058/06 con fecha 30 de marzo de 2006.
PRIMERO: Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, consistiendo la cuestión controvertida en determinar si es conforme a derecho la derivación de responsabilidad subsidiaria por sucesión en la actividad acordada por la Administración tributaria, y en caso afirmativo, el alcance que deba tener.
SEGUNDO: En primer lugar hay que señalar que en el expediente remitido obran las controvertidas actas. Por otra parte, el representante de X, S.L. alega el artículo 241.2 de la Ley General Tributaria y el hecho de que no se le hayan facilitado los anexos al recurso de alzada que presentó el Departamento de Recaudación. El artículo 241.2 de la Ley 58/2003 General Tributaria dispone que "Cuando el recurrente hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el escrito de interposición deberá contener las alegaciones y adjuntará las pruebas oportunas, resultando admisibles únicamente las pruebas que no hayan podido aportarse en primera instancia". Pero esta disposición sólo puede aplicarse a los recurrentes distintos de la Administración tributaria; resulta que son siempre sus actos los que se revisan en vía económico-administrativa pero no puede personarse como interesada más que en segunda instancia, a través de un recurso de alzada, precisamente, de acuerdo con el apartado 3 de ese mismo artículo. En cuanto a que no le fueron facilitados los anexos, en el escrito en el que el Tribunal Regional le anunciaba la interposición de recurso de alzada por parte del Departamento de Recaudación, notificado el día 2 de febrero de 2006, se le indicaba que podía ver los expedientes durante el plazo que tenía para formular alegaciones, en el negociado de ... del propio Tribunal Regional, por lo que no se acepta su alegación.
TERCERO: En cuanto a las cuestiones de fondo, la primera es determinar si a la vista de los hechos relatados hay o no sucesión empresarial. En esta cuestión, este Tribunal Central coincide con el análisis contenido en el acuerdo de derivación y en la resolución del Tribunal Regional de que el conjunto de los hechos conforma una clara sucesión empresarial. Cabe añadir a tales análisis las siguientes consideraciones, para acreditar que X, S.L. no rebate propiamente ninguno de los argumentos esgrimidos por la Administración. A este respecto, las alegaciones de X, S.L. en la reclamación discuten los siguientes extremos: 1) El objeto social de ambas empresas no es el mismo. Esto es cierto sólo en parte y respecto de los objetos sociales escriturados, pero la realidad de los hechos es que desde su constitución y hasta la rescisión del contrato de arrendamiento del edificio hotel conocido como Hotel ..., X, S.L. no obtiene otros beneficios ni desarrolla otra actividad que la del citado arrendamiento, y a partir de la rescisión del arrendamiento, su actividad es precisamente la explotación como hotel del citado edificio, actividad que era la desarrollada por Y, S.L. y de la que proceden las deudas derivadas, para lo cual se dieron de alta ambas entidades en el epígrafe 681 del IAE. Por lo tanto, el objeto social de las dos es exactamente el mismo en lo que aquí interesa. 2) En cuanto al domicilio social, X, S.L. esgrime que consta en una factura que su actividad se venía ejerciendo desde ..., reconociendo que desde que explota el hotel su domicilio se encuentra en el mismo, como fue el caso de Y, S.L. pero que esto no supone una continuidad en la explotación. De nuevo aquí hay que precisar que el domicilio social sí es el mismo en lo que aquí se trata, que es la explotación del hotel. 3) En cuanto al paso de una a otra empresa de un grupo significativo de trabajadores, se niega que se trate de una asunción de las relaciones laborales de la primera por la segunda, pero lo cierto es que en el contrato privado suscrito por ambas empresas el día 1 de noviembre de 1998 se establece en el punto 4 lo siguiente: "X, S.L. se compromete a asumir los contratos comerciales y laborales afectos a la industria hotelera y manifiesta aceptar los bienes.....". 4) Se niega también que haya coincidencia temporal entre el cese de actividad de una empresa y el inicio de la otra, porque la primera cesó en la actividad en noviembre de 1998 y la otra la inició en marzo/abril de 1999. Pero esto no es más que una interrupción estacional propia de actividad desarrollada de explotación de un hotel en la playa. A todo esto hay que añadir las consideraciones que se hacen en el acuerdo de derivación y en la resolución del Tribunal Regional respecto de clientes y proveedores, que se dan por reproducidas. Todo ello conforma un claro supuesto de sucesión empresarial que no es rebatido por el representante de X, S.L. en ningún momento; los hechos descritos no pueden negarse, están documentados, pero son interpretados de manera distinta, a su conveniencia, por esa entidad. Y es precisamente esa interpretación lo que no acepta este Tribunal Central.
CUARTO: Corresponde ahora tratar de la alegación sobre los defectos formales de las actas y en los expedientes sancionadores, que el Tribunal Regional no analizó por la razón anteriormente expuesta de ausencia de las actas. No cabe respecto de esta cuestión sino constatar la plena validez de los documentos anteriores, dada la representación que de Y, S.L. ostentaba D. A, de acuerdo con el documento de representación suscrito el día 22 de febrero de 1999, que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 43 de la Ley 230/1963 y 27 del Real Decreto 939/1986. De acuerdo con este documento, suscrito por D. B como representante legal de Y, S.L. y por D. A, la representación se otorga "para que me represente ante la Inspección de los Tributos de la AEAT en las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas mediante comunicación de fecha 15/02/99 así como en los procedimientos sancionadores ulteriores, que, en su caso, pudieran iniciarse....".
QUINTO: Por lo que respecta al transcurso del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, en las actas se indica que hubo dilaciones en el procedimiento a solicitud de la entidad interesada, Y, S.L., por un total de 141 días, no aceptándose por tanto tampoco esta alegación, puesto que en el artículo 31 y siguientes del Real Decreto 939/86, se contienen disposiciones en las que precisamente se establece que a los efectos del cómputo de plazo máximos de las actuaciones de comprobación, investigación y liquidación no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario. En cuanto al periodo que hay entre la interposición de la reclamación económico-administrativa y su resolución hay que decir lo siguiente: las disposiciones establecidas en el Real Decreto 939/86 se refieren al procedimiento inspector exclusivamente; el procedimiento económico-administrativo es distinto e independiente y los posibles defectos de éste no le afectan a aquél en absoluto. Por otra parte, la prescripción regulada en el artículo 64 de la Ley 230/93 General Tributaria está circunscrita a los cuatro supuestos que expresamente se recogen, entre los que tampoco está el procedimiento económico-administrativo. En el procedimiento económico-administrativo opera el denominado silencio administrativo, según el cual pasado el plazo máximo para resolver, el interesado puede considerar desestimada su pretensión e iniciar el procedimiento judicial correspondiente. Por último, la norma que regula éste no es el Reglamento de 1981 que el interesado cita, sino el que le sustituyó, esto es, el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, y desde el 28 de junio de 2006 el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. De acuerdo con estas normas, la dilación en las resoluciones económico-administrativas es independiente y por lo tanto no afecta al procedimiento de liquidación ni a la acción para exigir el pago, por lo que la que se ha producido en el presente caso en la reclamación económico-administrativa no puede alegarse en relación con la caducidad ni la prescripción de las acciones para determinar la deuda ni para exigir su pago.
SEXTO: En cuanto a las retenciones a cuenta del IRPF, nos remitimos aquí a la argumentación expuesta por el Departamento de Recaudación en su recurso en lo que se refiere a su cálculo y por tanto a la elevación al íntegro, que es coincidente con lo manifestado por este Tribunal Central en múltiples resoluciones. Así pues, lo dispuesto en la Ley 13/1996, que elimina la citada elevación al íntegro para las liquidaciones posteriores a 1 de enero de 1997 y las que estén pendientes de resolución administrativa firme en esa fecha, no afecta al caso, por cuanto tales previsiones sólo son de aplicación a las retenciones sobre rendimientos del trabajo: así se dispone en la disposición transitoria undécima de la Ley 13/96. Por otra parte, nos remitimos a la argumentación expuesta por el Tribunal Regional en su resolución en relación con la procedencia de su derivación, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y consecuentemente adoptado por los Tribunales Económico-Administrativos.
SÉPTIMO: Respecto de la procedencia de la derivación de las sanciones no cabe sino mostrar conformidad con lo razonado por el Tribunal Regional, que es por otra parte el criterio sentado por este Tribunal Central en resolución de 30 de noviembre de 2000, en recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio. Por ello, cuando entre las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas se incluyen sanciones por infracciones impuestas al deudor principal que supongan un porcentaje de la cuota devengada por los tributos que recaen sobre la actividad, o los rendimientos que produce, estas sanciones se incluirán entre las cantidades objeto del acuerdo de sucesión de actividad, por cuanto se trata de un componente más de la deuda tributaria. No obstante y como se indica en la resolución impugnada, las sanciones tributarias exigibles al sucesor en la actividad han de ser sólo las que se concreten en un porcentaje de la cuota devengada por los tributos que recaen sobre la actividad, su ejercicio o los rendimientos que produce, pues sólo éstas serán "deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas". En lo que respecta a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, es obligado comprobar si ésta resulta más favorable al deudor. De no ser posible lo anterior al Tribunal actuante procede disponer que se verifique por el órgano gestor, como ha ocurrido en el presente caso.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar el recurso 996/06 interpuesto por el Departamento de Recaudación y desestimar el 1058/06 interpuesto por X, S.L., de manera que se anula la resolución impugnada del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... y se confirma el acuerdo de derivación de responsabilidad de la Dependencia Regional de Recaudación, si bien la Administración tributaria revisará el importe de las sanciones por aplicación de la nueva Ley 58/2003 General Tributaria.
Sentencia Administrativo Nº 2737/2016, TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 391/2016, 22-12-2016
Orden: Administrativo Fecha: 22/12/2016 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Montero Fernandez, Jose Antonio Num. Sentencia: 2737/2016 Num. Recurso: 391/2016
Orden: Administrativo Fecha: 31/10/2007 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Gomis Masque, Ramon Num. Sentencia: 1092/2007 Num. Recurso: 94/2004

References: Resolución 
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 artículo 72
 artículo 37
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 artículo 91
 artículo 31
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 artículo 241
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 artículo 37
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 artículo 64
 artículo 241
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 artículo 43
 Real Decreto 
 artículo 31
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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