Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/00580-1997-AA.html
Timestamp: 2017-12-13 20:41:33+00:00

Document:
0580-1997-AA
Exp. N° 580-97-AA/TC
José Luis Rivera Herrera.
Recurso extraordinario que formula don José Luis Rivera Herrera contra la resolución expedida por la Sala Mixta Transitoria de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, su fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada, declaró improcedente la Acción de Amparo interpuesta contra la Municipalidad Distrital de San Clemente – Pisco.
El doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, don José Luis Rivera Herrera interpone Acción de Amparo contra la mencionada municipalidad por considerar que se ha violado sus derechos constitucionales a la estabilidad laboral, al debido proceso y a la pluralidad de instancias, consagrados en los artículos 27º y 139º incisos 3) y 6) de la Carta Política del Estado; solicitando la inaplicabilidad al demandante del artículo 16º del Reglamento de Evaluación de Personal de San Clemente – Pisco, aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 012-96-ALC-MDSC-P de fecha 20 de noviembre de 1996 y se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía Nº 225-96-ALC-MDSC-P del 11 de diciembre del mismo año, mediante la cual se le cesa a partir del 14 de diciembre de 1996, por causal de excedencia. Sostiene, que ingresó a prestar servicios a la demandada mediante Resolución de Alcaldía Nº 012-89-MDSC-ALC de 10 de octubre de 1989, en calidad de obrero; que, la evaluación de personal fue arbitraria, toda vez que previamente no se cumplió con aprobar el Cuadro Analítico de Personal y el Presupuesto Analítico de Personal de la demandada, habiendo sido cesados trabajadores que tenían plaza coberturada, y por que no se ha tenido en cuenta los grupos ocupacionales de los servidores, siendo los exámenes iguales para obreros y empleados.
Que, la excepción de cosa juzgada planteada por la demandada, mediante escrito de 03 de abril del presente año, resulta infundada en aplicación de lo prescrito por los artículos 452º y 453º del Código Procesal Civil, toda vez que de la instrumental de fojas 56 de autos, se advierte que mediante la Acción de Amparo interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Municipales del Distrito de San Clemente - Pisco, se pretendió la suspensión del acto de evaluación de los trabajadores de la municipalidad emplazada, materia distinta a la que motiva la presente acción de garantía.
Que, la Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 26553, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 1996, incluyó a los Gobiernos Locales, dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 26093, autorizándolos a efectuar evaluaciones de personal, de acuerdo a las normas que para el efecto establezcan, pudiendo cesar por causal de excedencia, al personal que en las mismas no califique.
Que, de las copias certificadas de la Resolución de Alcaldía Nº 193-96-ALC-MDSC-P de 27 de setiembre de 1996 y del Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo de 15 de julio del mismo año, obrantes a fojas 30 y 35 a 37 del Cuaderno del Tribunal Constitucional, se acredita la condición de regidores de don Edgar Laura Quispe, don Francisco Saravia Saravia, don Cleto Rojas Paucar, don Narciso Reyes Jacobo y don Pablo Huamaní Sencia, designados Presidente y vocales de la Comisión de Evaluación de Personal de la Municipalidad demandada, lo cual conforme lo expresado por éste Colegiado en reiterada jurisprudencia, contraviene lo establecido en el artículo 191º de la Carta Política del Estado y el inciso 3) del artículo 37º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, en virtud de los cuales los regidores ejercen función de fiscalización y vigilancia de los actos de la administración municipal, careciendo de competencia para realizar acciones que originen ceses de personal; en consecuencia, se ha vulnerado el derecho constitucional del actor a un debido proceso.
REVOCANDO la resolución expedida por la Sala Mixta Transitoria de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, de fojas ciento veinte y uno, su fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, que confirmó la apelada declarando improcedente la demanda; y reformándola, declara FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, inaplicable al actor la Resolución de Alcaldía Nº 225-96-ALC-MDSC-P, debiendo la demandada cumplir con reponerlo en el puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de su cese o a otro de igual categoría, sin abono de las remuneraciones devengadas. Dispusieron su publicación en el Diario Oficial El Peruano, y los devolvieron.

References: resolución 
 artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 191
 artículo 37
 resolución 
 Resolución