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﻿ SENTENCIA 5020 DE NOVIEMBRE 22 DE 1999
SENTENCIA 5020 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:CONTRATOS CELEBRADOS EN VIRTUD DE UNA CONCILIACIÓN. SE PUEDE PEDIR SU RESOLUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, CONTRATO, CONCILIACIÓN, ACTA DE CONCILIACIÓN, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:337 DE ENERO DE 2000, PÁG.1
Sentencia 5020 de noviembre 22 de 1999
CONTRATOS CELEBRADOS EN VIRTUD DE UNA CONCILIACIÓN
SE PUEDE PEDIR SU RESOLUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Ref.: Expediente 5020
Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante Conrado Cano Sierra contra la sentencia del 13 de abril de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en este proceso ordinario de resolución de contrato que el citado promoviera contra Lázaro Torres Ospina.
1. En demanda presentada el 10 de marzo de 1992, cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira (fls. 15 al 19, c. 1), Conrado Cano Sierra, por intermedio de apoderado judicial solicitó que previos los tramites del proceso ordinario se dispusiera la resolución del contrato de promesa de compraventa contenido en la audiencia de conciliación celebrada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 3 de octubre de 1991, mediante el cual el demandante prometió en venta al demandado el lote de terreno descrito en el hecho primero de la demanda. Consecuentemente se pidió condenar al demandado a pagarle al demandante los perjuicios sufridos con ocasión del incumplimiento de dicho contrato, los cuales ascienden a siete millones ochocientos veintidós mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos ($7.822.392.50), más los intereses moratorios bancarios sobre el capital de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375), hasta cuando se satisfaga la obligación. Además se solicitó condenar al demandado a restituir el bien objeto de la negociación.
2. Como fundamento de lo pretendido se invocaron los siguientes hechos:
2.1. El 18 de julio de 1990, Conrado Cano Sierra y Lázaro Torres Ospina celebraron una promesa de contrato de compraventa, mediante la cual el primero de los mencionados se comprometía a transferir a favor del segundo el derecho de dominio y la plena posesión material de un lote de terreno denominado La Cima, ubicado en el paraje de San Joaquín, con todas sus anexidades y mejoras, el cual tenía una cabida superficiaria de cuarenta mil cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados (40.437 m2). El precio que debía pagar el promitente comprador ascendía a la suma de ciento cuarenta y un millones quinientos veintinueve mil quinientos pesos ($ 141.529.500).
2.2. Mediante demanda que correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, Conrado Cano Sierra promovió un proceso ordinario pretendiendo la resolución del contrato anterior, proceso que terminó por virtud del acuerdo a que llegaron las partes en la audiencia de conciliación celebrada de conformidad con el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (fls. 9 al 11, c.1). Dicho acuerdo consistió en la modificación del contrato de promesa anterior, “modificación” consistente en que se reducía a la mitad tanto la extensión superficiaria del lote prometido como el precio.
2.3. En la promesa de compraventa celebrada en la audiencia mencionada, Conrado Cano Sierra prometió transferir al demandado a título de compraventa el derecho de dominio y la plena posesión de un lote de terreno que se desmembraría de otro de mayor extensión denominado La Cima, ubicado en el paraje de San Joaquín, con una cabida superficiaria de 20.218,5 metros cuadrados, el cual se identifica en el contrato por los respectivos linderos.
2.4. El precio pactado en esta última transacción fue la suma de setenta millones setecientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos ($ 70.764.750), de los cuales recibió el demandante diez millones de pesos ($ 10.000.000) a la firma de la promesa de compraventa, y se acordó que el saldo lo pagaría el demandado en dos cuotas iguales de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 30.382.375), cuyo vencimiento sería el 30 de diciembre de 1991 y el 31 de julio de 1992, respectivamente. También se pactó que el demandado pagaría las siguientes sumas de dinero:
“... el día 7 de octubre de 1991 la suma de catorce millones que corresponde a los intereses que le adeudan en razón del negocio anterior hasta el mes de octubre de 1991, el día 29 de noviembre la suma de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000) suma que corresponde a los intereses sobre el saldo adeudado de sesenta millones setecientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos ($ 60.764.750), el 30 de diciembre de 1991 pagará la cuota de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 30.382.375) y un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000) por concepto de intereses del mes de diciembre del mismo año. Sobre el saldo de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 30.382.375) pagará un interés del 3% mensual, por mensualidades vencidas así: el 30 de enero de 1992 la suma de novecientos once mil cuatrocientos setenta y un mil pesos con veinticinco centavos ($ 911.471.25), igual suma el 28 de febrero de 1992, el 30 de marzo de 1992, el 30 de abril de 1992, el 29 de mayo de 1992, el 30 de junio de 1992, y el 30 de julio de 1992 en esta misma fecha pagará el saldo de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 30.382.375)”.
2.5. A la fecha de presentación de la demanda el promitente comprador había incumplido en el pago de las siguientes obligaciones:
“... siete millones de pesos ($ 7.000.000) por intereses pactados el 7 de octubre de 1991; treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 30.382.375) el día 30 de diciembre de 1991 como parte del capital y ochocientos veintidós mil novecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos ($ 822.942.50) el día 28 de febrero de 1992 por saldo de intereses pactados dentro de la promesa de compraventa estipulada en la audiencia de conciliación...”.
2.6. En virtud de la mora del demandado, el actor solicita se le reconozca como indemnización por perjuicios el pago de los intereses no cancelados oportunamente, más los intereses moratorios bancarios sobre la suma de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 30.382.375), desde el 30 de diciembre de 1991, fecha en que se hizo exigible la obligación, a razón del 5.48% mensual.
3. Notificado el auto admisorio de la demanda y corrido el respectivo traslado al demandado (fl. 24, c. 1), éste por intermedio de apoderado judicial le dio contestación, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó como ciertos el primero, segundo, tercero, cuarto y octavo; manifestó no constarle el quinto, sexto y séptimo, y negó el noveno (fls. 43 al 47 id.).
4. Puso fin a la primera instancia la sentencia del 8 de noviembre de 1993, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda y se condenó en costas a la parte demandante (fls. 64 al 74, ib.).
5. Apelada por la parte actora la sentencia de primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante providencia del 13 de abril de 1994 (fls. 12 al 20, c. Tribunal), la confirmó.
El ad quem luego de referirse a los antecedentes del proceso (fls. 12 al 19, c. T.), y no encontrar causal de nulidad que invalidara lo actuado, volvió a hacer un recuento de las circunstancias fácticas que dieron origen al contrato de promesa de compraventa respecto del cual se pide la resolución. Hecho lo anterior concluyó que de acuerdo con la manera particular como las partes convinieron dicho negocio se trataba de una
“... auténtica conciliación habida cuenta de que dieron terminación total a la contención derivada de la original promesa y con respecto a la cual el actor pretendía que se declarase resuelta. Dicho con palabras diferentes: el litigio relativo a la condición resolutoria consustancial a la promesa de contrato a la sazón suscrita por las partes finalizó por conciliación. Hubo extinción de las obligaciones anteriores, atañederas a la promesa de comprar y vender cada una de las partes un predio determinado por un precio también especificado y, así mismo, originándose las concernientes a la nueva promesa, en la que con reducción de la extensión del inmueble y el precio precedentes, sirvió de medio para terminar ese litigio que como es obvio no puede ser revivido con el expediente que una de las partes no cumplió el acuerdo a que se llegó por la vía de la conciliación que hoy se impone en el proceso civil como medida tendiente a la descongestión de la justicia...”.
Precisado lo anterior expresó que de conformidad con lo previsto en los artículos 6º y 9º del Decreto 2651 de 1991 y 101 del Código de Procedimiento Civil, la conciliación y el auto que la aprueba tiene efectos de cosa juzgada y en consecuencia no puede ser modificada por decisión alguna, ya que su incumplimiento no permite condición resolutoria, sino que puede dar origen a un proceso de cumplimiento con indemnización de perjuicios o en determinadas circunstancias a un proceso de ejecución.
Contra el fallo antes resumido un cargo esgrime la parte demandante, con fundamento en la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, el cual es enunciado de la siguiente manera:
“acuso la sentencia recurrida de fecha 13 de abril de 1994, por violación directa de la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 1546 del Código Civil en concordancia con los artículos 1602, 1608, 1611 derogado por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, 1613, 1618, 1849, 1857, 1928, 1929, 1930 y 1932, en concordancia con los artículos 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502 normas todas del Código Civil Colombiano”.
En el desarrollo del cargo sostiene la censura que el Tribunal despojó al estatuto de la conciliación de los efectos materiales que surgen cuando en el acta se crean, modifican o extinguen obligaciones por acuerdo de las partes con la intervención del juez. Seguidamente hace una breve historia de la figura de la conciliación en la legislación laboral y en la civil, luego de lo cual afirma que los efectos sustanciales o materiales de aquélla no pueden ser restringidos, cercenados, ni reducidos a los meramente ejecutivos o de cumplimiento.
Afirma el casacionista que a causa de la aplicación indebida de algunas de las normas que regulan los efectos de la conciliación se violaron por falta de aplicación las normas sustanciales que regulan la resolución del acto de la conciliación y sus consecuenciales de indemnización de perjuicios y la restitución de la cosa objeto de la negociación, pues “obnubilado el ad quem por los efectos del Decreto 2651 de 1991, artículos 4º y 6º, creyó que la situación quedaba plenamente gobernada por los anteriores preceptos. Creyó el sentenciador de segunda instancia, que la conciliación quedaba reducida a aspectos meramente procedimentales, unívocos del proceso ejecutivo, no siendo dable la proposición de proceso diverso, como el ordinario”, lo que conllevó a que se aplicaran indebidamente las normas mencionadas y de contera el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil.
Continúa diciendo que la presencia del juez, al momento de conciliar, no significa que no hubiese surgido un contrato o convención, como acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, con carácter bilateral, conmutativo y con los elementos previstos en el artículo 1501 del Código Civil, norma ignorada por el fallador, al igual que los artículos 1495, 1496 y 1498 id.
Posteriormente afirma que la concepción teórica del problema y la solución del mismo fue errada por cuanto el fallador ignoró que la conciliación es un negocio jurídico que implica acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones y que por ende es similar a un contrato, “lo que automáticamente da lugar a la aplicación de las normas que regulan los contratos. Como no comprendió esto, el fallo se tradujo irremediablemente en la absolución de la parte demandada, y la desestimación de la pretensión principal absolutoria del negocio de promesa de contrato de compraventa consignado en el acta de conciliación, como de las demás peticiones consecuenciales de la resolución del contrato”.
Seguidamente reitera que el reproche estriba en la indebida aplicación de las normas que rigen la conciliación, así como en la falta de aplicación de los preceptos que rigen el contrato de compraventa, pues según el impugnante “No se puede empeñar o forzar a un contratante que cumplió o se allanó a cumplir un acuerdo de promesa de disposición de un bien inmueble y plasmado por escrito, ante el juez, mediante el mecanismo de la conciliación, a plantear la vía ejecutiva o de cumplimiento con indemnización bajo la premisa del artículo 4º del varias veces citado Decreto 2651, forzando a una parte a continuar atada, sometida a una situación irregular”. Dice el casacionista que con la conciliación en comento se dio culminación a un litigio anterior y se celebró un nuevo contrato.
1. El artículo 101 del Código de Procedimiento Civil al reglamentar la etapa concerniente a la audiencia de conciliación establece en el penúltimo inciso del parágrafo 3º: “La conciliación y el auto que la aprueba, tendrán efectos de cosa juzgada”.
Desentrañar el sentido y alcance de la anterior declaración normativa constituye el meollo del debate planteado por la decisión del ad quem y el recurso de casación propuesto por la parte demandante.
El tenor de la norma citada conduce a una lectura inequívoca y clara: si la conciliación y el auto que la aprueba traen como implicaciones la autocomposición del conflicto de intereses y la terminación del proceso, en el caso en que una cualquiera de las partes quisiera volver a plantear una proposición jurisdiccional de idéntico conflicto, la otra parte, estaría en la posibilidad de formular la excepción de cosa juzgada, como lo estaría en los eventos de la transacción o el desistimiento cuando éstas sean las formas de finalización del proceso en los términos de los artículos 340 y 342 ib.
La conciliación es un género significativo de acuerdo entre las partes. Tanto la Ley 446 de 1998, artículo 64, como el Decreto 1818 de 1999, la definen desde la perspectiva instrumental, es decir, como mecanismo alternativo autocompositivo para la resolución de conflictos, “con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”. Ella, per se, carece de contenido sustancial. Su substrato es abierto y libre, de modo tal que ella puede adoptar el contenido de cualquier acto jurídico idóneo para romper el desacuerdo. Puede ser transacción, pero también puede contener otro acto, contrato o negocio jurídico que produzca como efecto la renuncia, la aceptación o la modificación de la pretensión. En todo caso ella es la norma jurídica particular que entra a regir el conflicto para componerlo una vez el juez la homologue con la providencia aprobatoria.
El acto de las partes aunado al del juez, “tendrán los efectos de la cosa juzgada”, dice el artículo inicialmente mencionado. Efectos que se producen al interior y al exterior del proceso. Interiormente se torna inimpugnable en forma absoluta; externamente, según se vio, obra como impedimento para una resolución de mérito que no sea la declaratoria de la cosa juzgada.
Esa inimpugnabilidad interior del acto conciliatorio visto en el espectro de su contenido sustancial, es la que abre la senda jurisdiccional para el conocimiento de pretensiones impugnativas como las propuestas por la parte recurrente en la demanda promotora del proceso, frente a las cuales no hay cosa juzgada por la disimilitud de objeto y causa.
Si el efecto de cosa juzgada se extendiera a la eventual impugnación del acto conciliatorio en proceso separado, fácilmente se caería en injusticias, por cuanto se dejarían por fuera de juzgamiento actos logrados mediante la coacción física o moral, pues, como ya se anotó en esta providencia, al interior del proceso no hay instrumentos (medios probatorios, recurso, procedimientos), que mediando la respectiva verificación permitieran restarle eficacia al acuerdo y menos si éste ha tenido cumplimiento. Por supuesto, que de entrada se descarta el recurso extraordinario de revisión por ser exclusivo de la providencia que formal y materialmente es sentencia.
Otra tesis llevaría a sostener que como el juez debe velar por la validez, viabilidad y eficacia de la conciliación —esto es, que esté ajustada a las prescripciones sustanciales, sea posible en cuanto a su cumplimiento y eficaz para la solución del conflicto—, la providencia aprobatoria produciría un juzgamiento implícito del acto, enervativo de cualquier pretensión ulterior mediante la cual se tratara de controvertir el acuerdo de voluntades en cualquiera de sus fases. Claro está que la norma es ajena a esta teoría.
Según el artículo 2483 del Código Civil, la transacción (y ésta puede ser una de las modalidades de la conciliación), “produce efectos de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes”, es decir, por las causales previstas por los artículos 2476 a 2482, pero también por las causales generales de nulidad de los negocios jurídicos consagradas por los artículos 1740 a 1756, y por supuesto demandarse la resolución de conformidad con el artículo 1546 ejúsdem, por tratarse de un contrato bilateral. Obviamente la norma no diferencia entre la transacción que ocurre antes del proceso y aquella que se da estando éste en curso, pues esa no es distinción que toque con su naturaleza y núcleo esencial, como se infiere del artículo 2478 cuando preceptúa como causal de nulidad de la transacción la celebrada cuando el proceso estuviere ya terminado con sentencia con fuerza de cosa juzgada, siempre que las partes o alguna de ellas no hubiere tenido conocimiento al tiempo de transigir.
A decir verdad, el tema de la resolución de la transacción, y se acude a este contrato por vía ejemplificativa en consideración a que él muchas veces es el contenido de la conciliación, como ya se anotó, ha sido debatido, pero la doctrina más tradicional y amplia en cuanto al número de autores, ha sostenido la procedencia de la pretensión de resolución cuando las obligaciones derivadas de la transacción no son cumplidas, sin que halle impedimento en la fuerza de la cosa juzgada que a ella le asigna la ley respecto de las partes, pues entiende, como ya se había expuesto, que debido a esa eficacia el demandado ante el desconocimiento de una transacción “puede oponer la exceptio litis per transactionem finitae, análoga en todo a la exceptio rei iudicatae” (véase Planiol y Ripert, Laurent, Ricci, Baudry-Lacantinerie, De Ruggiero, José Mélich-Orsini, entre otros). Concretamente A. Colin y H. Capitant, fincados en decisión de la Corte francesa, sostienen que
“Es perfectamente compatible con el contexto de la transacción la existencia de prestaciones que pueden ser cumplidas luego o en fecha determinada, sin perjuicio de la acción que pueda corresponderle a cualquiera de las partes para instar la resolución de la transacción si abiertamente se faltase a sus estipulaciones por el contrario” (Curso Elemental de Derecho Civil, t. IV, pág. 998).
Desde luego, que el presente caso, ni siquiera ofrece la discusión que plantea el contrato de transacción en sí mismo, pues las partes no acudieron a esa fórmula negocial para dirimir las diferencias del proceso anterior, sino, y con claridad meridiana, a la celebración de un nuevo contrato de promesa de compraventa, que indiscutiblemente es el contenido del arreglo conciliatorio, con un carácter eminentemente novatorio, pues por este acuerdo se abolieron las obligaciones anteriores, es decir, las que había generado el contrato de promesa de compraventa celebrado el 18 de julio de 1990, sustituyéndose por las obligaciones nuevas, que ahora se alegan incumplidas, o sea las que tuvieron como fuente el contrato también nuevo, ajustado el 3 de octubre de 1991, con ocasión de la audiencia de conciliación que en esa misma fecha ocurrió.
Claro está que la referencia al contrato de transacción, vale por el efecto de cosa juzgada que desde antaño a él le atribuye el artículo 2483 del Código Civil, hoy extendido por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, al acuerdo conciliatorio y el auto que lo apruebe, con independencia del contenido sustancial de dicha composición.
2. En el asunto sub judice Conrado Cano Sierra pretende se declare la resolución de un contrato de promesa de compraventa de un inmueble (fls. 17 y 18 c. 1), contenido en el acta de una audiencia de conciliación realizada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 3 de octubre de 1991 (fls. 9 al 11 id.), y se condene al demandado Lázaro Torres Ospina a indemnizar al demandante por los perjuicios causados en virtud del presunto incumplimiento en el pago de parte del precio.
Como quedó ya anotado en este proveído, las anteriores pretensiones fueron despachadas desfavorablemente por los juzgadores de primera y de segunda instancia, toda vez que consideraron que como el contrato impugnado se había celebrado en virtud de la conciliación a que llegaron las mismas partes de este litigio dentro de un proceso ordinario que se adelantó en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el mismo no era susceptible de resolución, puesto que como la conciliación tiene efectos de cosa juzgada no puede ser modificada por decisión alguna, y su incumplimiento puede originar, según el caso, un proceso de cumplimiento con indemnización de perjuicios o un proceso de ejecución.
Así las cosas, resulta claro el yerro del ad quem, pues, si bien es cierto, el pleno acuerdo conciliatorio tiene la virtud de impedir la iniciación de un proceso o de terminarlo, pues produce efectos de cosa juzgada entre las partes respecto de la materia litigiosa, también es cierto que cuando dicha conciliación concluya con la celebración de un contrato, del cual surjan nuevas obligaciones bilaterales, no se le puede desconocer o cercenar la prerrogativa que tiene el contratante cumplido frente al contratante incumplido de pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil.
En este orden de ideas, resulta valido sostener que los efectos de cosa juzgada son para el litigio primigenio, pero en ningún momento se pueden extender dichos efectos a los nuevos contratos que surjan con ocasión del acuerdo conciliatorio, ya que una cosa es la conciliación como instrumento para poner fin a un litigio y otra muy distinta es el medio de que se valen las partes para llegar a aquella, que en este caso consistió en la celebración de un contrato de promesa de compraventa. En verdad el Tribunal confundió, y de ahí su equivocación, el contrato que dio origen al primer proceso en que se concilió, con el contrato demandado, como si fuera un solo acto jurídico, cuando en realidad no lo son, pues se trata de dos contratos perfectamente diferentes. Adviértase que la conciliación que se plasmó en un nuevo contrato de promesa de compraventa, dio lugar a la autocomposición del conflicto de intereses que originó el proceso que con ocasión de ella finalizó, con el efecto de cosa juzgada que la norma le atribuye, porque definitivamente así se zanjaron las diferencias que se habían presentado en desarrollo del contrato de promesa de compraventa originalmente celebrado. Circunstancia esta que lógicamente, y dada la vocación de permanencia que comporta la cosa juzgada, impide que esa controversia pueda ser nuevamente objeto de una pretensión procesal, como lo ha explicado la corporación cuando ha dicho que “... este contrato tiene una finalidad obvia, esencial y necesaria: la de poner término a las disputas patrimoniales de los hombres, antes de que haya juicio o durante el juicio. Celebrado de acuerdo con las prescripciones generales de los contratos, su efecto no podrá ser otro que el de cerrar, indubitablemente, absolutamente y para siempre el litigio en los términos de la transacción. La controversia de allí en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo, y de fin, porque lo que se persigue con el juicio y la sentencia ya está conseguido. Las partes se han hecho justicia a sí mismas, directa y privadamente, en ejercicio de su libertad; de modo que la jurisdicción, que es institución subsidiaria, quedó sin qué hacer” (G.J. Nº 2149, pág. 267).
Empero tal forma de entender las cosas, que a decir verdad es la que corresponde a los fenómenos objeto de análisis, no significa, como ya quedó explicado, que el contrato que hubo de ajustarse como contenido del acuerdo conciliatorio no sea susceptible de impugnarse en proceso diferente y por causa distinta, como ocurre en este caso, pues las vicisitudes de éste sin duda que son extrañas al juzgamiento anterior, que como tal sigue siendo un caso juzgado y en manera alguna puede revivirse.
De acuerdo con lo anterior no existe el obstáculo que encontró el Tribunal para decidir sobre la resolución de la promesa de compraventa en cuestión por incumplimiento de alguno de los contratantes, lo que impone que el fallo impugnado deba ser casado. Por consiguiente el cargo prospera.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 13 de abril de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en este proceso ordinario instaurado por Conrado Cano Sierra contra Lázaro Torres Ospina.
Pero antes de dictar la sentencia de reemplazo, la Corte, en ejercicio de la facultad que le confiere el inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, decreta de oficio la práctica de las siguientes pruebas:
1. Mediante dictamen pericial practicado por expertos en la materia efectúese un avalúo de los frutos civiles y naturales producidos o que hubiera podido producir el inmueble objeto del contrato impugnado, desde cuando el demandado lo tiene en su poder, o sea, desde el 12 de octubre de 1991 hasta la fecha, dividiéndolos en dos etapas: la primera, desde ese día hasta el 30 de julio de 1992, fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda, y la segunda, desde esta última fecha en adelante.
Ambas partes colaborarán adecuadamente en la práctica de la presente prueba, cuyos costos asumirán por mitad.
Al efecto, señálase un término de veinte días contados a partir de la fecha de posesión de los peritos, que oportunamente serán designados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al cual se comisionará para tal efecto y recepción de la experticia.
2. Por la secretaría de la Sala ofíciese al Banco de la República, con el fin de que en un término de veinte días, informe a esta corporación cuál es el valor actual de un peso de octubre 3 de 1991, habida cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda colombiana ocurrida desde esa fecha.
Sin costas el recurso de casación.
Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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