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Timestamp: 2019-01-17 07:21:09+00:00

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septiembre 2013 - Ignacio Constantino
El número de jóvenes autónomos crece un 5,8%
25/09/2013 /0 Comentarios/en Noticias /por emartin
En el segundo trimestre del 2013 el número de trabajadores menores de 30 aumentó 12.111 afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) lo que representa un tasa de crecimiento del 5,58%, según el informe realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a partir de los datos del Registro de la Seguridad Social.
UPTA ha destacado que la tasa de crecimiento de los autónomos de entre 16 y 19 años crece un 21,08%, lo que supone 1.122 autónomos más, mientras que la de los de 20 a 24 años, aumenta un 8,41% y alcanza los 4.763 autónomos más. Asimismo, los jóvenes de entre 25 y 29 años crecieron a un 4,02%, lo que suponen 6.226 autónomos más.
UPTA ha señalado que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven diseñada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social empieza a dar los primeros resultados en lo que respecta a facilitar el acceso al autoempleo a los jóvenes en España.
Andalucía, a la cabeza de jóvenemos autónomos
Pymes y autónomos creen que lo peor de la crisis ha pasado
Según un estudio internacional realizado por el Grupo AXA en ocho países (España, Italia, Portugal, Grecia, México, Emiratos Árabes-Dubai-, Turquía y Marruecos) tienen buenas previsiones de beneficio, facturación y de empleo de los próximos meses.
El 21% de cree que sus ingresos crecerán en los próximos meses, lo que supone tres veces más que el 7% que registró una mejora de ingresos en el último año; tendencia que se agudiza entre los autónomos. Un 13% opina que logrará incrementar su nivel de beneficios con una clara apuesta por la salida al exterior (internacionalización), de hecho, el 16% de las pymes se muestra animada a iniciar una aventura internacional exportando en el próximo año, el 4% por primera vez y el 12% como parte de, al menos, una segunda aventura.
En cuanto al empleo, son un 7% los que opinan que podrán aumentar su plantilla. Pero en necesidades motivadas por la esperanza de crecimiento, los que son más optimistas son los autónomos. Ya que el 7% opina que mejorará el empleo frente al 6% de las pymes.
Preocupación de las Pymes y autónomos
A la hora de localizar los riesgos y ver sus inquietudes, los empresarios y autónomos españoles coinciden en identificar la crisis económica como el principal riesgo de su actividad, tras la carga impositiva, el aumento de los costes de producción o los impagos. En el otro extremo de la balanza las cuestiones que menos inquietan son: la muerte o incapacidad de los directivos, la gestión de la cadena de suministro o la enfermedad o lesiones de sus empleados, incluso entre los autónomos, curiosamente para ser un estudio encargado por una aseguradora.
Resumen de bonificaciones a la contratación de jóvenes por autónomos y PYMES
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven puesta en marcha por el gobierno, introduce seis nuevas bonificaciones en materia de contratación para autónomos y microempresas. Las bonificaciones afectan a los contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial; al contrato en prácticas; a la incorporación de jóvenes como socios en cooperativas y sociedades laborales y a la contratación de mayores de 45.
Estas medidas se mantendrán en vigor hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento.
Contratación indefinida de desempleados menores de 30 años
La contratación podrá a ser a tiempo completo o parcial y dará lugar a una bonificación del 100% en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente durante el primer año de contrato. Se exige a la empresa tener una plantilla igual o inferior a 9 trabajadores; no haber tenido vínculos laborales con el trabajador ni haber realizado despidos improcedentes para puestos de trabajo del mismo centro y grupo profesional en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato; no haber celebrado con anterioridad otro contrato con arreglo a este artículo
Para la aplicación de los beneficios, el trabajador deberá mantenerse en el puesto durante un periodo mínimo de 18 meses salvo que el contrato se extinga por causa no imputable al empresario o por resolución durante el periodo de prueba
Contratación de mayores de 45 años
Los autónomos menores de 30 años contraten mayores de 45 que sean desempleados de larga duración, obtendrán una bonificación del 100% de las cuotas de la seguridad social por contingencias comunes durante un año. Esto será de aplicación al primer contrato de trabajo celebrado por el autónomo y se exigirá un un compromiso de permanencia de 18 meses. Este beneficio también será de aplicación para la contratación de beneficiarios del Plan Prepara. No será acumulable con otras bonificaciones o reducciones de las cuotas de la Seguridad Social.
Contrato de primer empleo para jóvenes
Las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia mediante contratos temporales para luego transformarlos en indefinidos disfrutarán de una bonificación de las cuotas de Seguridad Social durante tres años por importe de 500 euros o 700 si se contrata a una mujer. El contrato temporal debe tener una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 y suponer al menos un 75% de la jornada a tiempo completo. Se exige a la empresa mantener el empleo durante un mínimo de un año a raíz de la transformación del contrato en indefinido. Los trabajadores deberán ser menores de 30 años, desempleados y con una experiencia laboral inferior a 3 meses.
Portada Newsletter Septiembre 2013
16/09/2013 /0 Comentarios/en Portada Newsletter /por emartin
Hemeroteca Septiembre 2013
16/09/2013 /0 Comentarios/en Hemeroteca /por emartin
LAS BAJADAS DE TIPOS DEL BCE SON UN ACTO “SIMBÓLICO BASADO EN LA ESPERANZA”, SEGÚN UN CATEDRÁTICO ALEMÁN
El catedrático emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia y ex presidente del Consejo alemán de Expertos Económicos, Juergen Donges, ha advertido de que el Banco Central Europeo no tiene “capacidad real de estimular la actividad económica” y ha asegurado que medidas como la bajada de tipos “son un acto simbólico basado en la esperanza pero que no tiene gran eficacia”.
Durante su intervención en una jornada del Campus FAES 2013 sobre el papel del BCE, el experto alemán incidió en que la responsabilidad de salir de la crisis reside en los gobiernos “con reformas estructurales y ajustes fiscales”. “Cuanto más acertadas sean las políticas de los gobiernos, no de las entidades monetarias, tanto mejor funcionará la estrategia del BCE y los esfuerzos que éste haga para la reactivación económica no serán baldíos”, agregó.
Por ello, considera que la estrategia de depender de la política monetaria “es cuestionable mientras las economías europeas, sobre todo las periféricas, sigan lastradas por deficiencias estructurales que se manifiestan en niveles insuficientes de productividad y competitividad”.
En su opinión, los problemas estructurales de fondo que existen “no se pueden solucionar simplemente con dinero barato ni recuperar así la confianza”.
Por su parte, el presidente del Instituto de Crédito Oficial, Román Escolano, afirmó que “si queremos que crezca la financiación del sector privado es necesaria la vuelta a la austeridad en las cuentas públicas”.
Asimismo, Escolano subrayó que el origen de la segmentación de los mercados financieros europeos es la interacción entre riesgo bancario y riesgo soberano, cuya solución pasa por “el compromiso explícito de irreversibilidad del euro”.
En este sentido, el profesor del IE Busines School Fernando Fernández afirmó que en este momento “todo el mundo acepta que la salida a este lío” que se ha “montado en Europa” es la unión bancaria, aunque remarcó el problema es que no hay acuerdo sobre “qué es una unión bancaria”.
Remarcó que la eurozona es “un bicho único en la historia”, que tiene un banco único pero no unión bancaria. “Eso no puede funcionar, lo que lleva a dos soluciones de esquina: o nacionalizamos el euro o federalizamos Europa, y eso nos lleva a una unión fiscal y a replantearnos temas de unión política”, agregó.
ENTRA EN VIGOR LA SUBIDA DE IMPUESTOS AL ALCOHOL Y TABACO PARA RECAUDAR UNOS 700 MILLONES
Entra en vigor la subida de impuestos especiales al alcohol, con un alza del 10%, y al tabaco, una medida que permitirá recaudar unos 700 millones de euros anuales, según calcula el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El impuesto que grava las bebidas espirituosas pasará de 8,30 € por litro de alcohol puro a 9,13 € por litro, lo que supone un incremento de 83 céntimos.
Dicha subida impositiva tendrá impacto únicamente en este tipo de bebidas, ya que, según apuntó el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta medida “no afectará ni al vino ni a la cerveza”.
Asimismo, el tabaco también sufrirá un incremento impositivo que se realizará mediante una “recompensación de la tributación” que dará más peso al tipo específico, que al ’ad valorem’, acercándose así a la tributación de la Unión Europea.
EL GOBIERNO CREE QUE LA DIRECTIVA EUROPEA DE RESOLUCIÓN BANCARIA NO PROVOCARÁ FUGA DE DEPÓSITOS
El Gobierno considera que la nueva directiva europea de resolución bancaria no provocará fuga de depósitos, ya que contribuirá a que haya una “homogeneización completa” en todos los países del procedimiento a aplicar en el caso de que las entidades financieras presenten problemas.
“Actualmente, en tanto en cuanto no haya reglas automáticas comunes, un inversor puede tener la duda de que un banco es más seguro si está ubicado en un determinado país porque se tiene más capacidad de protegerlo, pero con la normativa habrá homogeneización”, han explicado fuentes del Ministerio de Economía.
Los ministros de Economía de los Veintisiete lograron este jueves un acuerdo sobre esta nueva directiva que, entre otras cosas, establecerá qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis bancarias.
La norma garantiza que en ningún caso se tocarán los depósitos inferiores a 100.000 € y otorga una protección especial a los de más de 100.000 € en manos de pymes y particulares, que sólo sufrirán pérdidas como último recurso.
Tras la aprobación por parte del Ecofin de esta directiva, se abre un periodo de negociación con el Parlamento Europeo, de modo que el texto definitivo podría estar listo para 2014 con el fin de que entre en vigor en 2018.
Antes de su puesta en marcha, la Comisión Europea aprobará una comunicación en la que se marcarán las “reglas del juego” en caso de resolución bancaria y cuyo contenido será similar el Memorandum de Entendimiento español.
Aún queda por definir qué institución determinará si una entidad es solvente o no.
La directiva fija por primera vez un porcentaje mínimo de quita obligatorio equivalente al 8% de los pasivos del banco. Así se garantiza que sean los acreedores y los accionistas, y no los contribuyentes, los primeros en asumir pérdidas.
La recapitalización directa sólo podrá intervenir en una segunda fase, una vez que se hayan agotado todas las quitas posibles, si el banco sigue necesitando ayuda
EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DE EMPRENDEDORES CON MEDIDAS FISCALES QUE BAJARÁN LA RECAUDACIÓN EN 2.000 MILLONES
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, que se tramitará por procedimiento de urgencia y que incluye una serie de medidas que reducirán la recaudación del Estado en 2.000 millones, como la del régimen especial de IVA que permitirá no ingresar el impuesto hasta cobrar la factura y que beneficiará a 2,3 millones de pymes y autónomos.
Se podrán beneficiar de esta medida casi 1,3 millones de autónomos y más de 1 millón de pymes siempre que no estén no sujetos al sistema de módulos y cuenten con un volumen de negocios inferior a los 2 millones de euros. Para evitar incentivos al retraso de obligaciones de pago, se retardará también la deducción del IVA soportado en adquisiciones hasta el momento en que se efectúe el pago.
Según ha indicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, esta Ley “busca establecer facilidades para la creación de empresas” y cuenta para ello con “un importante apartado fiscal”.
El texto amplía de 200.000 a 400.000 el límite de recursos propios de las empresas en las que inviertan los ’business angels’ para poder optar a la deducción en el IRPF.
Contempla otros incentivos fiscales, como la deducción del 10% del Impuesto de Sociedades por reinversión de beneficios a empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones. También se amplía la deducción por actividades de investigación y desarrollo a todas las empresas y se eleva del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina límite máximo.
Introduce una deducción por la que los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación se beneficiarán de una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 20.000 € al año. Quedando eximidas fiscalmente las plusvalías generadas siempre que se reinviertan en otras empresa de nueva creación.
Por otro lado, el Gobierno facilitará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen una inversión económica significativa, extranjeros que se desplacen a España en el marco de una relación laboral y profesionales altamente cualificado.
Se fomenta el espíritu emprendedor a lo largo de toda la vida educativa, la internacionacialización y se abarata el coste inicial de constituir una sociedad con la creación de la figura de sociedad limitada de formación. Esta figura permitirá la creación de empresas con un capital inferior a los 3.000 € con un régimen idéntico al de las sociedades de responsabilidad limitada.
Se crean los puntos de atención al emprendedor, que serán ventanillas únicas a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial.
Para reducir las cargas administrativas, el Gobierno se compromete a revisar el clima de negocios de forma permanente y desarrolla una nueva cláusula bajo el nombre ’one in one out’, por la que no se podrá diseñar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra. Incluye una serie de medidas como la reducción de cargas estadísticas o la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un libro de vistas para la Inspección, entre otras cosas.
Se eliminan los obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Y se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y de servicios.
También se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los plazos para la devolución de garantías. Y para luchar contra la morosidad, se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa adjudicataria sea una pyme.
SEGURIDAD SOCIAL “VALORA” AMPLIAR LA ‘TARIFA PLANA’ A PARADOS DE LARGA DURACIÓN Y MAYORES DE 45 AÑOS
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha comentado que su departamento está “discutiendo y valorando la posibilidad de ampliar la ’tarifa plana’ de 50 € mensuales en las cotizaciones al sistema –actualmente para jóvenes menores de 30 años– a desempleados de larga duración o con más dificultades para acceder a un trabajo mayores de 45 años”.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de intervenir en una la jornada ’El reparto y la capitalización en las pensiones españolas’, organizada por el IESE.
Preguntado por la petición realizada por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien pidió ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo que se amplíe este incentivo a los autónomos mayores de 30 años, Burgos ha dicho que “quizás una tarifa plana de carácter general no sea lo más adecuado”.
Sin embargo, ha señalado que el Gobierno ha constatado un efecto “muy positivo” de esta medida incluida en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y ha añadido que “está abierto a considerar otras posibilidades”.
“Entre un ciudadano que no está aportando al sistema y cotizando y otro que lo esté aunque sea con unas cotizaciones más reducidas, siempre estaremos abiertos a esta última posibilidad”, ha añadido, para apostillar que, en cualquier caso, Empleo procurará que cualquier ampliación “tenga soporte técnico y económico suficiente”.
Normativa Septiembre 2013
16/09/2013 /0 Comentarios/en Normativa /por emartin
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE 15/05/2013)
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, introduce ciertas medidas con la finalidad de aliviar la situación de los deudores hipotecarios especialmente vulnerables, que se encuentren en riesgo de exclusión social, dadas las dificultades en que se encuentran numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual para poder hacer frente a sus obligaciones, por la crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país.
Exención de devolución de ayudas y beneficios fiscales (DA 4.ª)
A los beneficiarios de ayudas estatales para la adquisición de viviendas acogidas a financiación estatal protegida, no se les exigirá la autorización administrativa ni el reintegro a la Administración General del Estado de las ayudas recibidas ni de las exenciones o bonificaciones tributarias otorgadas cuando la vivienda protegida sea objeto de dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.
Tampoco se exigirá a los adquirentes de viviendas acogidas a financiación estatal de protección oficial la devolución de las ayudas otorgadas siempre que, como consecuencia de reestructuraciones o quitas de deudas hipotecarias realizadas al amparo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos, se modifiquen las condiciones de los préstamos regulados en los distintos planes estatales de vivienda aun cuando éstos se conviertan en préstamos libres.
Las previsiones contenidas en esta Disposición adicional no implicaran la modificación del régimen jurídico de calificación de la vivienda ni el resto de condiciones aplicables a la misma.
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sobre ultraactividad de los convenios colectivos (BOE 14/06/2013)
En el Acuerdo las partes analizan el problema derivado del transcurso de los plazos de duración de los procesos para la renovación de los convenios ya denunciados, antes de la finalización del periodo legal previsto de ultraactividad, sin que se logre la firma de los nuevos que los sustituyan, y recuerdan que la disposición transitoria 4.ª Ley de la 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores determinan para el caso de falta de pacto expres, que el plazo de mantenimiento de la ultraactividad es de un año desde la denuncia, y que el mismo se computará, en el caso de los convenios denunciados antes de la entrada en vigor de la referida Ley 3/2012, desde el día 8 de julio de 2012, por lo que, superado ese plazo, es decir, a partir del 8 de julio de 2013, perderán vigencia, y se aplicarán, si los hubiere, los convenios colectivos de ámbito superior.
Las partes expresan asimismo que se han dirigido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para obtener información sobre los convenios y trabajadores afectados por esa circunstancia, lo que permitirá formular las recomendaciones oportunas sobre el fomento de la negociación colectiva pendiente.
Sin perjuicio de ello, acuerdan recomendar a los negociadores de los convenios colectivos que pudieran resultar afectados por la posible pérdida de la vigencia del convenio, en síntesis:
• La renovación y actualización de los convenios.
• La potenciación en los convenios de los mecanismos de flexibilidad interna.
• Que los convenios colectivos hagan una adecuada revisión e innovación.
• Una mejora significativa en las técnicas regulatorias de los convenios.
• Agilizar e intensificar los procesos negociadores en curso.
• Que antes de la finalización de dicho plazo, los negociadores se comprometan a seguir el proceso de negociación, garantizando durante la duración mutuamente acordada de dicho proceso el mantenimiento del convenio vencido.
• La resolución de las situaciones de bloqueo de las negociaciones mediante los sistemas de solución extrajudicial de conflictos establecidos en el ámbito estatal o autonómico, de manera urgente en aquellos convenios que hayan sido denunciados con dos años de antelación al 8 de julio de 2013 y que a la fecha de la firma del Acuerdo no se hayan renovado.
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE 05/06/2013)
La Ley 3/2013, tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones en todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores económicos. En el desempeño de las funciones, y sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno, ejercidas a través de su capacidad normativa, ni el personal ni los miembros de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
La constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implicará la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
Se dota a la Comisión de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Actuará con sometimiento a la ley, autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial y comercial. Velará por la aplicación uniforme de la normativa sectorial y general de competencia en el territorio nacional mediante la cooperación con la Administración General del Estado, con las Comunidades Autónomas, con los órganos jurisdiccionales, con las instituciones y organismos de la Unión Europea, en especial con la Comisión Europea, y con las autoridades competentes y organismos de otros Estados miembros en el desarrollo de su actividad.
La norma consta de 39 artículos, distribuidos en cinco capítulos, dieciocho disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y un anexo que contiene las tasas y prestaciones patrimoniales de carácter público relacionadas con las actividades y servicios regulados en esta Ley.
Contabilización del inmovilizado intangible
Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible (BOE 03/06/2013)
El ICAC ha aprobado esta resolución con respecto al inmovilizado intangible, en la que además de reproducir los antecedentes sobre esta materia contenidos en la Resolución de 21 de enero de 1992, por la que se desarrollaban las normas valoración del inmovilizado inmaterial, sistematiza la doctrina administrativa al respecto y desarrolla lasnormas de registro y valoración del Plan General Contable sobre inmovilizado intangible.
• Primera: Los criterios de esta resolución se aplican a los elementos del inmovilizado intangible.
• Segunda: Criterios para reconocer un inmovilizado intangible (cumplir la definición de activo y, los criterios de reconocimiento).
La identificabilidad: Se requiere este requisito para reconocer un inmovilizado como intangible.
No se incluyen determinados gastos por el primer establecimiento o inicio de una nueva actividad, así como los desembolsos por crear marcas, cabeceras de prensa, listas de clientes.
• Tercera: La valoración inicial del inmovilizado intangible será por su coste e impuestos no recuperables.
Si son activos intangibles generados internamente por la empresa, no se incluye el coste relacionado con la formación de personal y los imputables a funciones administrativas y comerciales.
Hay reglas especiales en relación con la valoración inicial cuando sean adquiridos en el seno de una combinación de negocios.
• Cuarta: La valoración de un inmovilizado intangible, posterior a su reconocimiento oficial, será por el coste menos amortizaciones.
Las amortizaciones serán teniendo en cuenta la vida útil o periodo en el que se prevea que el activo produzca rendimientos para la empresa.
Salvo circunstancias tasadas, se presumirá que el valor residual será nulo.
Se establecen reglas para el cálculo del deterioro individual.
• Quinta: en la contabilización de los derechos de uso adquiridos a título gratuito se tendrá en cuenta si han sidoadquiridos de manera irrevocable o incondicional; si el plazo de cesión por toda la vida útil del bien o derecho, o si la cesión ha sido pactada por un periodo de un año, renovable por periodos iguales, o por un periodo indefinido superior a un año reservándose el cedente el derecho a la revocación al cierre de cada ejercicio.
• Sexta: Hay normas particulares para:
1 Investigación y desarrollo.
• Séptima: Se regulan otros inmovilizados intangibles, como:
1. Derecho de adquisición de jugadores.
16/09/2013 /0 Comentarios/en Agenda /por emartin
• Septiembre 2013. Grandes empresas………………………………..111,115,117,123,124,126,128
• Tercer trimestre 2013………………………………..111,115,117,123,124,126,128
• Tercer trimestre 2013:
– Estimación directa………………………………..130
– Estimación objetiva………………………………..131
– Régimen general………………………………..202
– Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales)………………………………..222
• Septiembre 2013. Régimen general. Autoliquidación………………………………..303
• Septiembre 2013. Grupo de entidades, modelo individual………………………………..322
• Septiembre 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones………………………………..340
• Septiembre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………………………………..349
• Septiembre 2013. Grupo de entidades, modelo agregado………………………………..353
• Septiembre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones………………………………..380
• Tercer trimestre 2013. Régimen general. Autoliquidación…………………………………303
• Tercer trimestre 2013. Declaración-liquidación no periódica………………………………..309
• Tercer trimestre 2013. Régimen simplificado………………………………..310
• Tercer trimestre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………………………………..349
• Tercer trimestre 2013. Servicios vía electrónica………………………………..367
• Tercer trimestre 2013. Regímenes general y simplificado………………………………..370
• Tercer trimestre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones………………………………..380
• Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales………………………………..308
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca………………………………..341
• Tercer trimestre 2013. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito………………………………..195
• Solicitud de inclusión para el año 2014………………………………..CCT
La renuncia se deberá formular en el modelo de “solicitud de inclusión / comunicación de renuncia al sistema de cuenta corriente en materia tributaria”.
• Ingreso del segundo plazo de la declaración anual de 2012.
Si se fraccionó el pago…………………………………102
• Octubre 2013. Grandes empresas………………………………..111,115,117,123,124,126,128
• Octubre 2013. Régimen general. Autoliquidación………………………………..303
• Octubre 2013. Grupo de entidades, modelo individual………………………………..322
• Octubre 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones………………………………….340
• Octubre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………………………………..349
• Octubre 2013. Grupo de entidades, modelo agregado…………………………………353
• Octubre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones………………………………..380
• Solicitud de inscripción / baja: Registro de devolución mensual………………………………..036
• Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2014………………………………..sin modelo
• Noviembre 2013. Grandes empresas………………………………..111,115,117,123,124,126,128
• Régimen general………………………………..202
• Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales)………………………………..222
• Noviembre 2013. Régimen general. Autoliquidación………………………………..303
• Noviembre 2013. Grupo de entidades, modelo individual………………………………..322
• Noviembre 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones………………………………..340
• Noviembre 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias………………………………..349
• Noviembre 2013. Grupo de entidades, modelo agregado………………………………..353
• Noviembre 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones………………………………..380
• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación objetiva para 2014 y sucesivos………………………………..036/037
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura, ganadería y pesca para 2014 y sucesivos………………………………..036/037
• Opción o revocación de la aplicación prorrata especial para 2014………………………………..036/037
• Opción o revocación por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global en el régimen especial
de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección para 2014 y sucesivos………………………………..036
• Opción o revocación por la determinación global de la base imponible en el régimen especial de las agencias de viajes para 2014
y sucesivos………………………………..036
• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países de la Unión Europea para 2014 y 2015………………………………..036
• Renuncia al régimen de deducción común para sectores diferenciados para 2014………………………………..sin modelo
• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades………………………………..039
• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen especial del grupo de entidades………………………………..039
• Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades………………………………..039
16/09/2013 /0 Comentarios/en Contabilidad /por emartin
La Disposición Final Tercera del actual Plan General de Contabilidad (PGC en adelante) habilitaba al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para aprobar Resoluciones, que sirvieran de normas de desarrollo del PGC y de sus normas complementarias, en relación con las normas de registro y valoración y las normas de elaboración de Cuentas Anuales. Dichas resoluciones constituyen normas de obligado cumplimiento.
Asimismo el PGC contiene una disposición derogatoria de todas las normas que se opongan a lo establecido en el mismo y una disposición transitoria, la quinta, que establece que las normas que no contradigan a lo establecido en el PGC y sus normas de desarrollo, seguirán aplicándose en todo aquello que no se opongan a lo dispuesto en las mismas.
Este era el caso de las Resoluciones de 30 de julio de 1991 y 21 de enero de 1992, sobre las normas de valoración del inmovilizado material e inmaterial, respectivamente, las cuales, a pesar de desarrollar el contenido del antiguo PGC, continuaban siendo de aplicación en todo lo que no se opusieran al PGC actual y a su normativa de desarrollo.
Recientemente el ICAC ha emitido dos nuevas Resoluciones, dedicadas al registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, y al registro y valoración del inmovilizado intangible, respectivamente.
En el BOE de 8 de marzo se publicó la Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias y en el de 3 de junio se publicó la Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.
De las citadas resoluciones podemos destacar los siguientes aspectos:
– Constituyen el desarrollo reglamentario de las normas de registro y valoración de los criterios establecidos en el Código de Comercio y en el PGC sobre los citados tipos de activos.
– Reproducen determinados criterios de las Resoluciones de 1991 y 1992, sus antecedentes en esta materia.
– Serán de aplicación sin perjuicio de poder variar en el supuesto de que se incorporen a nuestro derecho interno nuevos pronunciamientos a nivel internacional en la materia.
NORMAS SOBRE INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Por lo que respecta a la resolución relativa al inmovilizado material y a las inversiones inmobiliarias, ésta consta de cinco normas, respecto de las cuales vamos a resumir a continuación sus principales contenidos y novedades y a las que haremos especial énfasis por ser normas utilizables también para el inmovilizado intangible, siempre que les resulten de aplicación, por expresa remisión de la norma primera de la Resolución relativa al inmovilizado intangible.
La primera parte, dedicada a la valoración inicial de los elementos del inmovilizado material, contiene una de las principales novedades introducidas por la resolución, que es el tratamiento contable que debe darse a los pagos contingentes. Un “pago contingente” o “contraprestación contingente” es la parte del precio a satisfacer por un elemento o conjunto de elementos cuyo importe debe ser objeto de estimación, ya que no se trata de un importe fijo sino que una parte del mismo se hace depender de la ocurrencia o no en el futuro de determinadas condiciones (algo que sucede de manera muy habitual con elementos pertenecientes al inmovilizado intangible en donde el precio tiene un componente variable en función de expectativas).
Estos pagos formarán parte del valor inicial del activo cuando las circunstancias de las que dependan ya existan en el momento de la adquisición del activo. Por el contrario, si el pago contingente se vincula a situaciones que no existen en la fecha de adquisición del activo (magnitudes relativas al desarrollo de la actividad que aumenten los beneficios por ejemplo, o que se aumente la cifra de ventas en un sector de la compañía, o en un mercado de la compañía), el pasivo contingente se contabilizará como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurra en él.
Ejemplo: Si adquirimos un activo con su tecnología (inmovilizado material + inmovilizado intangible) y se vincula parte del pago del precio a un valor vinculado a la obtención de resultados o al aumento de la cifra de ventas, el eventual pago que en su caso se efectúe tendrá la consideración de gasto del ejercicio.
Ejemplo: Una sociedad constructora ha adquirido un terreno para llevar a cabo la construcción de un edificio de viviendas. Por la normativa que se conoce que va a aprobarse en el municipio, no sabe si podrá edificar una tercera altura. El precio que pagará por el terreno será distinto en función de las alturas a construir ya que lógicamente dependerá de la edificabilidad final del terreno (95.000 € más si puede construir la tercera altura).
La sociedad contabilizará una provisión por 95.000 € en concepto de pago contingente, que se cancelará bien contra tesorería cuando se reconozca que se puede edificar la tercera altura y se pague, o bien contra menor valor del terreno si no llega a pagarse por no permitirse finalmente la construcción de la citada tercera altura.
Esta primera parte de la Resolución también recoge el tratamiento contable de los costes de desmantelamiento o retiro y de rehabilitación, en la cual se indica que la incorporación de este componente del coste a la valoración inicial del activo se producirá en la fecha en la que la empresa incurra en la citada obligación. Se analiza también de manera expresa el supuesto de activos en construcción.
Tras el reconocimiento inicial, se deberá contabilizar el gasto financiero asociado al descuento de la provisión.
Los casos en que se produzca algún cambio en las estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada al desmantelamiento y rehabilitación, también son regulados en la resolución, debiendo modificar, en tal caso la valoración inicial del inmovilizado.
Se recoge asimismo el tratamiento de los anticipos a cuenta de adquisiciones futuras, indicando que se registrarán en el activo. La actualización del valor del activo asociado al anticipo dará lugar al reconocimiento de ingresos financieros, a medida en que se devenguen, al tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes, el cual no será objeto de revisión en el futuro. Dicha actualización no será necesaria en los anticipos con vencimiento no superior a un año en los que el efecto financiero del mismo no sea significativo.
La norma segunda establece los criterios a seguir en la valoración posterior del activo, desarrollando la contabilización de las actuaciones posteriores a la adquisición y su amortización, si bien deja para una futura resolución el tratamiento contable de las pérdidas por deterioro, cuyo proyecto de resolución se encuentra en tramitación, tal y como se puede ver en la página web del ICAC.
Trata también cómo recoger otro tipo de actuaciones posteriores a la adquisición del inmovilizado material, al recoger los criterios sobre reparación y conservación, renovación, ampliación y mejora y piezas de recambio del inmovilizado material. En lo relativo a la amortización, se aclara que ésta no debe reconocerse cuando los bienes no sufren desgaste por su uso y se recoge expresamente la técnica de amortización “por componentes”.
Asimismo, se establece que, en todo caso, deberá justificarse los parámetros necesarios para la cuantificación de la depreciación, sin que resulten admisibles criterios fiscales o financieros.
La norma tercera se dedica a las formas especiales de adquisición del inmovilizado material: bienes adquiridos a título gratuito, por permuta o mediante una aportación no dineraria
Las adquisiciones a título gratuito se regulan con los criterios recogidos en las normas de adaptación a las entidades sin fines lucrativos.
En el desarrollo de las operaciones de permuta, en los que el PGC diferencia entre permutas comerciales y no comerciales, precisa un “tertium genus” al que denomina “permutas parciales”, que son aquellas en las que se recibe o entrega efectivo además de un elemento del inmovilizado. Con carácter general, estas permutas se presumirán comerciales, salvo que la contraprestación en efectivo no sea significativa en comparación con el valor del inmovilizado entregado.
Por ello, un elemento determinante para considerar a las “permutas parciales” como comerciales o no comerciales será el importe en efectivo que se incluya en la operación en relación con el valor del bien recibido.
La norma cuarta además de desarrollar la regla general prevista en el PGC para reconocer un resultado por la baja de un elemento del inmovilizado material del balance en caso de transmisión, regula una serie de supuestos especiales en los que la baja se produce por una operación distinta a la venta, como pueden ser las entregas de bienes a título gratuito, las expropiaciones y la baja del inmovilizado de bienes por sufrir un siniestro.
Por último, constituye una novedad la norma quinta dedicada a las inversiones inmobiliarias, no existentes en el anterior PGC, las cuales, a pesar de ser contabilizadas bajo idénticos criterios de registro y valoración que el resto del inmovilizado material, presentan especialidades en su presentación en el balance y sus reglas de contabilización en caso de cambio de destino, que puede suponer una reclasificación de inmovilizado material o existencias a inversiones inmobiliarias, y viceversa, en virtud de la función que los activos tengan en la actividad de la empresa.
NORMAS SOBRE INMOVILIZADO INTANGIBLE
La Resolución relativa al inmovilizado intangible consta de siete normas, la primera de las cuales tal y como hemos comentado, remite a la norma de registro y valoración del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias en todo lo que resulte de aplicación.
La norma segunda establece cuando se puede contabilizar un inmovilizado intangible, dadas las dificultades existentes a su consideración contable como activo.
Se establece que para su contabilización como activo es necesario, además de que la empresa tenga control sobre el mismo:
– Que se puedan obtener beneficios o rendimientos a futuro con el mismo.
– Que se pueda valorar de manera fiable.
– Que sea identificable, entendiéndose que ello sucede cuando sea susceptible de ser separado y vendido, arrendado, o cedido por cualquier título a terceros.
Tras establecer los requisitos de cómo deben valorarse de manera inicial y posteriormente los intangibles, recordemos que los de vida útil definida deben ser amortizados y los de vida útil indefinida se deterioran, trata de manera específica los inmovilizados intangibles. Algunos de ellos fueron ya tratados por la Resolución de 1992, como los gastos de investigación y desarrollo, la propiedad industrial, los derechos de traspaso, las aplicaciones informáticas (si bien desarrolla expresamente los gastos de desarrollo de páginas web que no fueron tratadas en la Resolución de 1992) y las concesiones administrativas. Por otro lado, trata aspectos de la adquisición de la propiedad intelectual (derechos de autor al explotar una obra audiovisual y los fondos editoriales), los contratos de franquicia (que anteriormente se trataron vía consulta), los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, los derechos de replantación de las empresas vitivinícolas y, en lo relativo al deporte, se tratan los contratos de patrocinio, los derechos de adquisición de jugadores, derechos de participación en competiciones deportivas y los derechos sobre la organización de acontecimientos deportivos.
Asimismo, otra importante novedad la constituye la línea divisoria entre la investigación y el desarrollo, que en muchas ocasiones resultaba difícil de apreciar, y la previsión de que los gastos de desarrollo puedan amortizarse en un plazo superior a cinco años, siempre que la empresa pueda justificar el aumento en la vida útil, circunstancia no contemplada con la anterior legislación.
Para finalizar, destacamos que no se menciona el tratamiento contable del Fondo de Comercio, el cual con anterioridad era amortizable, en la actualidad se le practica el test del deterioro, y es posible que su contabilización sufra modificaciones en el futuro, ni se hace alusión a los contratos de arrendamiento financiero los cuales se contabilizan de conformidad con el PGC de acuerdo con la naturaleza del bien a adquirir, por lo que, con carácter general se contabilizan como inmovilizado material y no como inmovilizado intangible, desde el primer momento y no desde el momento del ejercicio de la opción de compra.
Finalmente, y apartándonos del asunto objeto de comentario, a objeto meramente informativo, comentamos que se ha comunicado que un nuevo proyecto de Resolución del ICAC, el que versa sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, se encuentra a disposición de los interesados para el cumplimiento del trámite de audiencia.
Mercantil y Civil Septiembre 2013
16/09/2013 /0 Comentarios/en Mercantil y civil /por emartin
Los contratos de tracto sucesivo en el concurso de acreedores
Con relativa frecuencia, la declaración de concurso de un deudor comporta el sometimiento del acreedor a un procedimiento imperativo que aleja la posibilidad de ver satisfecho su derecho de crédito. Esta situación puede verse agravada cuando el contrato celebrado con el concursado es de tracto sucesivo, que se mantiene en el tiempo, toda vez que las normas previstas por la Ley Concursal pueden obligar, en interés del concurso, a mantener su vigencia.
LOS CONTRATOS PENDIENTES EN EL CONCURSO
En el momento en que se declara el concurso de cualquier deudor, pueden encontrarse vigentes, pendientes de realización, o incluso en curso de ejecución, contratos celebrados con distintos acreedores y proveedores. Contratos cuyo cumplimiento, en no pocas ocasiones tendrán una enorme trascendencia en la situación de insolvencia en que se encuentra el deudor concursado, y cuya extinción o mantenimiento será en muchos casos determinante en la solución de la crisis. Así, determinados contratos se revelarán como fundamentales para la continuación del ejercicio de la actividad, y precisamente por ello deberán subsistir. Piénsese, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento del local en el que aquella se lleva a cabo o los de suministro eléctrico que se consideran determinantes para salvar la situación de crisis, toda vez que, además, sirven para atender los fines del concurso.
La situación es ciertamente preocupante para la parte que se ve obligada a continuar prestando un servicio o entregando un bien o derecho, toda vez que la sujeción de los contratos de tracto sucesivo al concurso rompe el equilibrio contractual que caracteriza a este tipo de contratos, sometiendo al contratante que cumple a una situación injusta, al verse obligado a cumplir íntegramente con su parte cuando la otra parte ya no puede hacerlo, o bien lo hace en los términos pactados en el convenio regulador o, en el peor de los casos, en el acuerdo de liquidación.
La Ley Concursal, al tratar en su Título III los efectos de la declaración de concurso, dedica su capítulo III a regular los efectos de dicha declaración sobre los contratos celebrados por el deudor. La Ley, en su Exposición de Motivos, reconoce la especial atención que se ha dedicado a este particular, habida cuenta de las deficiencias en su regulación con la anterior, la otrora vigente Ley de Suspensión de Pagos.
Con la vigente regulación se aclara que la declaración de concurso no afecta, en principio, a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. Lo que no es óbice para que, siempre y cuando sea en interés del concurso y se vea garantizado el derecho de la contraparte, el legislador haya previsto tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento.
Por otro lado, resulta necesario hacer notar que nuestra legislación concursal no admite las cláusulas contractuales de resolución o extinción en caso de declaración de concurso; sí, en cambio, la aplicación de normas legales que dispongan la extinción o expresamente faculten a las partes para pactarla o para denunciar el contrato.
EL PRINCIPIO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS CON OBLIGACIONES RECÍPROCAS
El nomen que la Ley Concursal otorga al artículo 62 resulta por sí mismo ilustrativo: “Vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas”. De la redacción del precepto citado se desprende que la Ley viene a exigir la vigencia de los contratos tras la declaración de concurso, si bien el apartado segundo del precepto se encarga de advertir que, cuando estamos ante contratos con obligaciones recíprocas, de los que como es obvio forman parte los contratos de tracto sucesivo, pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte, no se verán afectados por la declaración de concurso, si bien las prestaciones a que esté obligado el deudor, el concursado, se realizarán con cargo a la masa.
La regla apenas enunciada se ve completada por lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62.2, en cuanto que se atribuye a la administración concursal, en caso de suspensión, o al concursado, en caso de intervención, la facultad de solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. En el supuesto de que el contrato no se resolviera en interés del concurso y continuara vigente, las partes contratantes deberán seguir cumpliendo las obligaciones derivadas de aquel, y si alguna de ellas no cumpliera el contrato en los términos inicialmente pactados, se garantiza a la otra parte la posibilidad de solicitar la resolución por incumplimiento ante el juez que conozca del concurso.
Pese a todo, se reserva al juez, que goza de amplias potestades para acordar el cierre del establecimiento y el cese de la actividad empresarial, la posibilidad de acordar que se continúe cumpliendo el contrato en interés del concurso.
LOS EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS SOBRE LOS CRÉDITOS GENERADOS
Declarado el concurso, la parte que ha cumplido con su obligación derivada del contrato, sin que a cambio haya recibido la contraprestación pactada, deberá comunicar el crédito pendiente de satisfacción para su reconocimiento y clasificación. Este crédito se verá sometido a las vicisitudes del concurso, sometiéndose a lo que se acuerde en el convenio regulador en el mejor de los casos.
Sin embargo, y como consecuencia del principio de vigencia de los contratos, se puede exigir que el contrato existente continúe desplegando sus efectos, viéndose la parte acreedora obligada a continuar con la prestación del servicio pese a que la parte deudora, la concursada, haya incumplido su obligación. Y no parece justo pensar que existiendo un incumplimiento previo a la declaración de concurso por parte de la deudora, el pago por los bienes o servicios recibidos, cuya percepción se verá seguramente reducida, la parte acreedora venga obligada a continuar manteniendo vigente el contrato, con el consiguiente riesgo de incrementar las pérdidas.
A estos efectos, el artículo 84.2.6º de la Ley Concursal recoge una prevención tremendamente útil, que permitirá equilibrar el desfase existente entre las partes del contrato. Y así, califica como créditos contra la masa “Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado”. Esto es, con arreglo a lo preceptuado, las partes deberán cumplir con el contrato existente con arreglo a lo acordado con carácter previo a la declaración de concurso, debiendo cumplir la parte deudora con su parte con cargo a la masa. A tenor de la disposición legal el contrato deberá continuar prestándose de forma ordinaria por ambas partes.
Precisamente por su consideración como créditos contra la masa se pagarán “a sus respectivos vencimientos”quedando, por tanto, al margen del convenio o de la liquidación, sin que puedan sufrir en caso alguno los efectos legalmente previstos para los créditos concursales.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE MARZO DE 2012 Y LOS CRÉDITOS GENERADOS ANTES DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO
El Tribunal Supremo ha venido a modular la contundencia de la Ley sobre los efectos generados por el concurso en los créditos anteriores a su declaración. Tras reconocer que la declaración de concurso no afecta a la facultad de resolver los contratos de tracto sucesivo, especialmente cuando se ha producido un incumplimiento previo por la parte deudora, matiza que a tal fin es irrelevante que el incumplimiento resolutorio, tanto del concursado como del tercero, se haya producido antes o después de dicha declaración; en palabras del Tribunal, un crédito potencialmente concursal cristaliza, a raíz del mantenimiento del contrato, en crédito contra la masa, pero ello no obedece a una decisión unilateral de la parte contratante que sí ha cumplido, sino a la decisión que le impone un sacrificio actual y le expropia de la facultad de resolver obligándole a continuar con la entrega de bienes o prestación de servicios a quien incumplió resolutoriamente sin que, por otra parte, como la realidad se encarga de demostrar de forma notoria, el hecho de que el crédito sea contra la masa garantice en modo alguno el cobro.
Así, el crédito potencialmente concursal, el generado con anterioridad a la declaración de concurso, se convierte en crédito contra la masa, a raíz del mantenimiento del contrato en vigor de manera forzosa.
Laboral Septiembre 2013
16/09/2013 /0 Comentarios/en Laboral /por emartin
La pensión de jubilación tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo de 2013
La crisis económica generalizada que padecemos, el incremento del gasto público y el descenso de los ingresos y las afiliaciones a la Seguridad Social unido al incremento de la esperanza de vida, han llevado a que desde muchas instancias tanto nacionales como internacionales se cuestione el futuro del sistema público de pensiones y, concretamente, de la Pensión de Jubilación.
En las siguientes líneas pretendemos abordar una visión general y no exhaustiva de la Pensión de Jubilación tras la “última” reforma legislativa operada por el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo.
1. JUBILACIÓN ORDINARIA
A partir de 1 de enero de 2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación dependerá de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral. Con carácter general la edad de jubilación se fija en los 67 años, reduciéndose a los 65 cuando la persona que se pretende jubilar acredite 38 años y 6 meses de cotización.
No obstante, el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años se llevará a cabo de manera gradual estableciéndose en la Ley un periodo transitorio que finalizará a partir de 2027 con la exigencia de la edad de 67 años para acceder a la pensión de jubilación, salvo el supuesto de poder acreditar 38 años y 6 meses de cotización.
La regla general descrita anteriormente contiene algunas excepciones y así se mantiene la edad de 65 años para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1 de enero de 2013. De esta manera, se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la citada Ley 27/2011, a las pensiones de jubilación que se causen antes del 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:
b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad al 1 de enero de 2019.
En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.
La edad mínima puede ser rebajada o anticipada en determinados supuestos especiales, como son la jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la condición de mutualista (se conoce como mutualista a los trabajadores que hubiesen sido cotizantes en alguna de las Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena con anterioridad al 1-1-67.); la Jubilación parcial; Jubilación flexible y Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.
• Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.
• Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.
• Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación.
No obstante lo anterior hay que tener en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la regla 2ª del apartado 1 de la Disposición Adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social, de esta manera y tras esta sentencia, el Gobierno deberá elaborar una norma que haga compatible el cálculo de la jubilación en los supuestos de contratos a tiempo parcial con el derecho a la igualdad y no discriminación.
La Base Reguladora de la Pensión de Jubilación
• Para aquellas personas que les sea aplicable la legislación anterior a 1-1-2013, en aplicación de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante.
• A partir del año 2022, la base reguladora será el cociente que resulta de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante.
El porcentaje aplicable a partir de 1 de enero de 2013 es variable en función de los años de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% por cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 y 248, y un 0,18% los que rebasen el mes 248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100%, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación. No obstante, hasta el año 2027, se establece un periodo transitorio y gradual.
2. MODIFICACIONES EN LA JUBILACIÓN ANTICIPADA
a) Edad mínima dos años antes de la ordinaria
b) Se introduce una mayor gradualidad en la aplicación de los coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización.
c) La jubilación anticipada voluntaria tendrá un período de cotización mínimo de 35 años
B) NO VOLUNTARIA
Se considera no voluntaria la jubilación que viene precedida de un cese en el trabajo consecuencia de una situación de reestructuración empresarial.
a) Edad mínima cuatro años como máximo inferior a la ordinaria
b) Exigencia de un período de cotización mínimo de 33 años.
3. MODIFICACIONES EN LA JUBILACIÓN PARCIAL
Jubilación parcial con o sin contrato de relevo:
1. La edad mínima exigida será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación, es decir 65 o 67 años, según el supuesto.
2. Pueden estar contratados a jornada completa o parcial.
3. Reducción de la jornada trabajo: estará comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50%, o del 75% para quienes resulte de aplicación la disposición final 12.2 de la Ley 27/2011.
4. Período mínimo de cotización: 15 años, de los cuales 2 deberán estar incluidos dentro de los 15 años anteriores al hecho causante.
5. Antigüedad en la empresa: no se exige.
6. Contrato de relevo: no se exige.
1. Con carácter general la edad para acceder a la jubilación será de 2 años antes de la edad de jubilación legal conperíodo transitorio. Incremento paulatino (2013 a 2027) de la edad a partir de la cual se puede acceder a la jubilación parcial. En el caso de mutualistas se exige una edad mínima de 60 años.
2. Acreditar 6 años de antigüedad en la empresa
3. Reducir entre un mínimo de un 25% y un máximo de un 50%. Este máximo se ampliará al 75% si se contrata un relevista a jornada completa e indefinida.
4. Acreditar como mínimo 33 años cotizados.
5. La base de cotización del relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización del relevado, respecto a la media de los últimos seis meses.
Sin perjuicio de la reducción de jornada pactada, durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, la empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, le hubiese correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa.
No obstante existe un periodo transitorio de aplicación. Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50% de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa.
En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en la escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada
4. COMPATIBILIDAD ENTRE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y EL TRABAJO
El disfrute de la pensión de jubilación, era compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes términos:
1. El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación (65-67 años) sin que sean admisibles a tales efectos las jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación.
2. Es necesario que el porcentaje aplicable a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión,alcance el 100%
3. El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
C) MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DURANTE LA PERCEPCIÓN DE LA JUBILACIÓN COMPATIBLE CON EL TRABAJO
Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de jubilación, No deberán haber adorptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo porfesional que los afectados por la extinción.
Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes de su inicio. A este respecto, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90 días inmediatos anteriores a su inicio.

References: resolución 
 RESOLUCIÓN 
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Resolución 
 artículo 86
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 Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
in fine
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 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 62
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 resolución 
 resolución 
 artículo 84
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 Real Decreto 
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