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Timestamp: 2020-05-25 23:21:32+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 189 del 17/05/2006
Dictamen : 189 del 17/05/2006
Funcionarios: Alejandro Arce OsesIván Vincenti Rojas
C-189-2006
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos al oficio emitido por ese Despacho, número DM-732-2006 del 3 de mayo del 2006, suscrito por el entonces Ministro de Hacienda, Sr. David Fuentes Montero, y recibido en esta Procuraduría el día 5 de mayo siguiente.
Mediante el oficio indicado, ese Ministerio solicita el dictamen favorable de esta Procuraduría, para la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del oficio emitido por la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, número CLAS-766-2004 de fecha 2 de julio del 2004, relativo al reconocimiento de un 65% por concepto de prohibición a la funcionaria XXX, cédula de identidad número XXX.
Se adjunta el expediente administrativo levantado con ocasión del procedimiento ordinario administrativo incoado contra la citada funcionaria, al tenor de lo que dispone el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
1. Que la señora XXX ocupa el puesto de profesional licenciado de la Contabilidad Nacional Nivel B (folios 1 y 31 del expediente administrativo).
2. Mediante acto contenido en oficio CLAS-766-2004 de fecha 2 de julio del 2004, la Unidad Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda emite Reconocimiento del Pago de Prohibición en beneficio de la señora XXX, en aplicación de las Leyes N° 5867 del 15 de diciembre de 1975, Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001 (artículo 123), y oficio DGAF-AL-405-2002, de fecha 20 de mayo del 2002 (ver folio 1 del expediente administrativo).
3. Mediante Acuerdo número DM-020-2006 de fecha 01 de febrero del 2006, el entonces Ministro de Hacienda nombra un órgano director del procedimiento, a efecto de que inicie un procedimiento administrativo ordinario para establecer sí en la emisión del oficio número CLAS-766-2004 de fecha 2 de julio del 2004, existen vicios que ameriten declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta, al tenor de lo que dispone el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (folios 12 al 16 del expediente administrativo).
4. Mediante resolución del órgano director del procedimiento, número No. RES-ODP-ABCH-001-2006 de las 15:00 horas del 10 de febrero del 2006, se ordena la apertura del procedimiento supra indicado, indicando el objeto del mismo, los documentos que conforman el expediente, y se le cita para la audiencia oral y privada para las 11:30 horas del 13 de marzo del 2006. Este acto fue notificado a la señora XXX el día 17 febrero del 2006 (ver folios 17 al 22 del expediente administrativo).
5. Que a las 11:30 horas del 13 de marzo del 2006, se celebró la audiencia oral y privada. El órgano director levantó un acta de la referida audiencia, en la cual se consigna que la señora XXX aporta una declaración por escrito (folios 23 a 31 del expediente administrativo).
6. Que mediante resolución número RES-ODP-ABCH-003-2006 del 19 de abril del 2006, el Órgano Director del procedimiento emite su Informe, en el cual recomienda, al entonces señor Ministro, solicitar a esta Procuraduría el dictamen legal correspondiente para establecer si existen vicios que ameriten la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del oficio número CLAS-766-2004 de fecha 2 de julio del 2004 (folios 46 al 61 del expediente administrativo).
7. Que mediante resolución número 779-2006 de las 08:40 horas del 3 de mayo del 2006, el entonces Ministro de Hacienda acoge las recomendaciones contenidas en el informe dicho, y procede a remitir el expediente administrativo a esta Procuraduría, solicitando se emita el dictamen que contempla el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública para determinar la existencia del vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en la emisión del oficio CLAS-766-2004 de fecha 2 de julio del 2004 (sin foliatura).
En consecuencia, debemos ser claros en advertir que la nulidad de pleno derecho declarada en este caso no comporta una variación del contenido gravamen o limitativo de derechos del acto impugnado, en cuanto declara afecto al régimen de incompatibilidades de la función pública, y más concretamente a la prohibición del ejercicio profesional, el cargo ocupado por la señora XXX; el cual debe ser mantenido como válido y eficaz, máxime cuando este logra la finalidad querida por el legislador (artículo 123 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos -Nº 8131 de 18 de setiembre de 2001-).” (Dictamen número C-336-2005 de 27 de setiembre de 2005. Lo resaltado no es del original).
En el caso que nos ocupa, el análisis que recién se ha citado tiene perfecta coincidencia con la situación particular del acto administrativo dictado a favor de la señora XXX, específicamente en el vicio que representa la utilización del artículo 123 de la Ley N° 8131 como si ésta contemplara una autorización para fijar, concomitantemente, una compensación económica por la prohibición que establece para el conjunto de funcionarios públicos que allí se enlistan.
Así, el acto CLAS-766-2006 en cuanto reconoce un 65% de beneficio, supone un quebranto del mandato contenido en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, puesto que no hay sustento normativo para haber fijado el porcentaje de compensación económica por la pertenencia de la plaza que ocupa la funcionaria al régimen de prohibición que establece el tantas veces citado artículo 123 de la Ley N° 8131. Ello violenta el elemento motivo del acto administrativo, y se traduce, a su vez, en una afectación del elemento contenido (artículo 132 de la Ley General ya citada), puesto que, como se ha reiterado, la base porcentual que se fijó a la funcionaria no encuentra respaldo en norma alguna del Ordenamiento Jurídico que específicamente atienda al tipo de puesto que desarrolla la señora XXX. Por último, el fin del acto administrativo (artículo 131 de la Ley General) se ve afectado, puesto que la distorsión de los anteriores elementos reseñados tornan en cuestionable que el acto efectivamente sea conforme al interés público.
De suerte tal que, al pronunciarnos positivamente sobre la naturaleza evidente y manifiesta de la nulidad, nuestro criterio alcance al acto cuestionado. Para concluir, resaltamos el hecho de que la interpretación del artículo 123 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos ha permitido, en otro caso, reiterar la necesaria distinción entre la norma que impone la restricción (prohibición) y la retribución o compensación económica que por tal limitación se puede reconocer al funcionario (que igualmente debe ser contenida en norma de rango legal). Al efecto, puede remitirse a la opinión jurídica número OJ-190-2003 del 13 de octubre del 2003, lo cual revela que, sobre el punto, se ha mantenido una línea interpretativa consecuente sobre la existencia de la distinción apuntada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 173 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, esta Procuraduría General rinde dictamen favorable, a fin de que se proceda a declarar, en vía administrativa, la nulidad absoluta, por evidente y manifiesta, del acto administrativo contenido en el oficio número CLAS-766-2004 de fecha 2 de julio del 2004, relativo al reconocimiento de un 65% por concepto de prohibición a la funcionaria XXX, cédula de identidad número XXX.
Iván Vincenti Rojas Alejandro Arce Oses
PROCURADOR ADMINISTRATIVO ABOGADO DE PROCURADURIA

References: artículo 173
 artículo 173
 resolución 
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 artículo 173
 artículo 123
 artículo 133
 artículo 123
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 artículo 173