Source: http://www.causagrassi.org/web2/info.php/id/529.htm
Timestamp: 2017-10-17 07:59:20+00:00

Document:
Causa Padre Grassi - Opiniones: JUSTICIA MEDIATICA
Fuente: ForenseArgentina.com
JUSTICIA MEDIATICA
por LILIANA NURIT JAMUI
y LAURA YAEL KAUS
2.a. Opinión pública.
2.b. Medios de comunicación de masas.
3. Distorsión informativa.
3.a Manipulación.
3.b. Los medios construyen la realidad, no la reflejan.
3.c. El quid de la distorsión informativa en causas penales.
3.d. Finalidades y consecuencias de la distorsión en causas penales.
3.e. Dos ejemplos paradigmáticos de distorsión informativa en la Argentina.
3.e.1 Caso “Primas en la bañera”.
3.e.2 Caso “Arata”.
4. Influencia de los medios en la administración de justicia.
4.a. Situación en los Estados Unidos.
4.b. Situación en nuestro país.
* Caso “Monzón”.
* Caso “Secta Niños de Dios”.
5. Conclusión final.
El presente trabajo tiene por objeto indagar sobre la relación existente entre los medios de comunicación y la justicia en nuestro país, para lo cual resulta interesante averiguar: ¿Qué consecuencias tiene para la justicia penal el tratamiento mediático de los casos penales? Sobre todo, ¿Hasta dónde llegan los efectos de un prejuzgamiento a través de los medios?
Participamos de la observación que la relación entre la justicia penal y los medios de comunicación de masas se presenta como una tensión constante, en la que cada uno de los términos desconfía profundamente del otro y hace todo lo posible para neutralizarlo: procedimiento penal y medios de comunicación nunca han coexistido armónicamente.[1]
Las consecuencias negativas y nocivas que puede presentar un prejuzgamiento a través de los medios son múltiples: Se señala como posibles perjudicados al imputado (ya sea por un “posjuzgamiento” que perturbe los derechos de resocialización del condenado [2], o a través de la vulneración de la presunción de inocencia y del debido proceso penal en virtud de prejuicios que pueda tener el Juez), a los demás participantes en el procedimiento, a la administración de justicia, del público en general, que puede acarrear la versión distorsionada de la actividad judicial que presentan los medios.
Pero a criterio de Hassemer, la principal afectación se produce en relación al procedimiento penal en su conjunto, y a la perturbación de los roles procesales que puede generar un prejuzgamiento a través de los medios. El núcleo de la lesión jurídica es que este prejuzgamiento hace peligrar la formalización del procedimiento y su vinculación a reglas, e impide que los participantes actúen en su rol procedimental tal como lo prevé el ordenamiento procesal.
Así, algunos autores sostienen que no se trata de determinar la parcialidad anímica del Juez, que no puede ser verificada, sino la afectación a las formas jurídicas del procedimiento que ocasione el prejuzgamiento a través de los medios. Si los órganos de la persecución penal y los tribunales se enfrentan fuera de las vías procesales legislativamente fijadas y toman parte en la pelea por la opinión pública, entonces renuncian a su neutralidad, se convierten en partes, favorecen precondenas y preabsoluciones y dañan de este modo el apego a las formas jurídicas del procedimiento.[3]
2) CUESTIONES PRELIMINARES:
a) Opinión pública:
No se debe perder de vista que opinión pública y medios de comunicación de masas constituyen un tándem inseparable, por lo que analizar a la primera sin los segundos implica perder una porción apreciable del fenómeno.
Vale aclarar que no existe una definición generalmente aceptada del término, pero podría considerársela como un agregado de opiniones individuales, particulares y hasta privadas, siendo la agregación lo que permite considerarla como la opinión de un grupo en particular o una población en general sobre un tema determinado. Creemos que no corresponde a la extensión y al tema del presente trabajo exponer las distintas teorías sobre el proceso de formación de la opinión pública, por lo que sólo diremos que las opiniones no surgen de la nada sino que son el fruto de un proceso. Se trata de un fenómeno social en el que participan una serie de factores, sobre todo los relacionados con la comunicación política[4].
En otras palabras al hablar de opinión pública se hace referencia a sujetos o individuos que opinan, a un objeto o tema sobre el que se opina y a un ámbito sobre el que se produce el debate acerca de las diferentes cuestiones.
Podría decirse que la opinión pública es la expresión de cualquier colectivo con capacidad de manifestarse acerca de un objeto de origen público o privado pero de exposición pública pero en un ámbito visible[5].
b) Medios de comunicación de masas:
Los medios de comunicación de masas son vehículos a través de los cuales tiene lugar la construcción de un saber socialmente compartido[6]. Son transmisores de imágenes, ideas, información y acontecimientos que forman parte del sistema político, social y cultural de las sociedades. Los medios alimentan el flujo de la opinión pública proveyéndola cotidianamente de objetos de atención y pensamiento, así como de relaciones y explicaciones relativas a ellos. Puede decirse entonces, que los medios no se limitan a “comunicar” sino que generan formas de interpretar los sucesos como así también corrientes de opinión.
Por ello afirmamos que los medios de comunicación tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública. Los medios guían las percepciones hacia determinados objetos del ambiente, hacen sentir a las personas partícipes e implicadas en ciertos acontecimientos sociales. Al mismo tiempo, los sistemas de mensajes de los mass media ocultan o desatienden otros aspectos o problemas de ese mismo ambiente social que suceden contemporáneamente a las cuestiones destacadas.
En relación con lo anterior, se habla de comunicación persuasiva haciendo referencia a la comunicación cuyo objeto es la creación de opiniones y aptitudes donde antes no existían; así como también la capacidad de aumentar o disminuir la intensidad de las actitudes preexistentes, o de operar efectos de conversión, desplazando las opiniones individuales desde una posición hasta su opuesto.
Consideramos que en materia penal esta situación se ve claramente acentuada, tema que trataremos a continuación.
3)DISTORSION INFORMATIVA:
a)Manipulación:
Una de las variantes de la distorsión informativa es la manipulación de la información, ya que los medios tienen la habilidad de imponer y difundir ciertas presunciones acerca de la naturaleza de la realidad social, esta habilidad se deriva de: la uniformidad del sistema de mensajes que refleja los valores, creencias y comportamientos convencionales tendientes a perpetuar el statu quo; y del realismo con que los medios presentan esa realidad uniformada de la naturaleza social. Por ello, cuanto más un individuo se expone a los medios, más también, su propia visión de la realidad, se parecerá a la presentada por ella.[7] En este sentido los medios limitarían tanto la percepción selectiva de los individuos como sus capacidades para generar juicios independientes: porque llevan a la sobrerepresentación de las opiniones dominantes, lo cual dificulta el surgimiento y desarrollo de puntos de vista alternativos.
Por un lado, el poder de los medios está en definir los temas acerca de los cuales una sociedad “debe” pensar y debatir a cada momento (establecimiento de la agenda), y por otro, reside en determinar el rumbo de la opinión pública sobre un tema determinado.
Una posible explicación a estas percepciones podría radicar en la creciente tendencia a la concentración de los medios de comunicación de masas en grupos multimedia. Actualmente en nuestro país los medios de comunicación se encuentran concentrados en distintos grupos que monopolizan la información en lo que hace a medios gráficos, audiovisuales o auditivos, lo que genera la imposibilidad de acceder a una información distinta a la que dichos monopolios brindan. Si bien en algunos casos la objetividad es menos cuestionada que en otros, lo cierto es que, junto a la noble tarea de informar al público, que cumplen los medios de comunicación, se encuentra también el interés económico (ya que su actividad tiene fines de lucro), político y social.
En nuestro país algunos de los grupos multimedia son: Grupo Clarín, Grupo La Nación, Grupo Editorial Atlántida, Grupo Eurnekian. Estos grupos concentran en su seno a la mayor parte de los medios de comunicación de la Argentina.
b) Los medios construyen la realidad, no la reflejan:
En la realidad de nuestro país, así como también en la del resto de los países, existe la creencia, sobre todo con respecto a la televisión, que todo lo que se observa y se percibe en los medios de comunicación es real. La pasión por el registro y la transmisión en directo de los acontecimientos de la actualidad incide en que la televisión sea percibida como un dispositivo técnico que media entre el televidente y lo real. Sin embargo, cabe destacar que este efecto de sentido es el resultado de una construcción, del diseño de una estrategia comunicacional. Por eso afirmamos que los medios construyen la realidad y no la reflejan.
Nos pareció interesante como un hecho que puso en evidencia esta situación (la incuestionada creencia en la veracidad de la información dada por los medios de comunicación), lo que ocurrió en relación a una hipotética “invasión marciana”.
En EEUU, la noche del 30 de octubre de 1938, en un radiodrama, Orson Welles procedió a describir de manera realista una ficticia invasión marciana a la Tierra que amenazaba a toda la civilización. Este programa, “La Guerra de los Mundos” fue escuchado aproximadamente por seis millones de personas. Se calcula que cerca de un millón setecientas mil de ellas creyeron en la veracidad de la información emitida (pese a haberse aclarado lo contrario al inicio de la transmisión) y que alrededor de un millón doscientos mil registraron cierto grado de temor acerca de lo que estaban oyendo[8]. El poder de la radio quedó confirmado por el hecho de que antes de la finalización del programa, miles de personas eran presas del pánico. En consecuencia, y desde el punto de vista teórico, se planteó que el realismo de la comunicación (durante el programa se intercalaron cuatro anuncios que aclaraban su naturaleza “real”, hablaron “expertos”, que respaldaban lo que se relataba, se realizaron vívidas descripciones de los “acontecimientos”, etc.), sumado a la ciega confianza de las masas en las comunicaciones provenientes de medios oficiales, habían tenido una capacidad de influencia casi ilimitada para dar lugar a la transformación de la conducta colectiva.
Creemos que no está demás resaltar lo peligroso de esta situación, donde el público suele creer sin cuestionar todo aquello que le es presentado de un modo serio, o semi-serio por los medios, lo que implica que éstos tienen el inmenso poder de determinar, no sólo en qué pensar y cómo hacerlo, sino también cuál es la realidad.
Llevado lo anterior al ámbito de la administración de justicia, la influencia de los medios (como explicaremos más adelante) puede darse de un modo directo sobre los jueces, pero también de un modo indirecto por la presión de la opinión pública que ha sido manipulada por los medios. En lo que hace al tratamiento periodístico de hechos presuntamente delictivos, se presentan particularidades determinadas; la forma de presentación de los hechos, las fuentes de información utilizadas, la selección de los sucesos a informar, conducen a una redefinición mediática del fenómeno delictivo, la elaboración de una imagen homogénea de la criminalidad, desprovista de todas aquellas características complejas, personales y sociales que inevitablemente la acompañan y por lo general, sumamente distorsionada con relación a su dimensión real.
c) El quid de la distorsión informativa, en causas penales:
A lo largo de nuestra investigación pudimos observar cómo los medios de comunicación en nuestro país alteran la realidad como una práctica diaria. Son pocos los periódicos, noticieros televisivos o programas radiales que no deforman los hechos, llegando a comprobar, con pesar, que existe una marcada tendencia al amarillismo y sensacionalismo en periódicos y otros medios de comunicación.
En lo que hace al tema en análisis, salvo raras excepciones, la información que recibe la población a través de los medios de comunicación sobre casos tribunalicios difiere muchas veces de la que se va reuniendo en la causa judicial. Una de las causas de esta disparidad es que la prensa exhibe una inclinación manifiesta a la dramatización de la noticia y suele transmitir versiones y conjeturas que despiertan un marcado interés en el público pero que no reflejan las probanzas obtenidas por los magistrados.
Otra razón es que la mayor demanda de información por parte de la sociedad se produce en el primer período, justamente cuando las normas procesales le imponen a los jueces un estricto silencio. En esa etapa, los medios de comunicación se encuentran ante la opción del silencio o de llenar el vacío informativo con datos no verificados o provenientes de fuentes interesadas.
Las versiones diferentes, de la justicia y de la prensa, sobre un tema común se comprueban en los casos policiales judiciales, en particular en algunos hechos que por distintas características y circunstancias son objeto de una gran cobertura periodística que alimenta y/o provoca una alta demanda pública.
En este sentido, se dio el caso de una médica, Dra. Giubileo, cuya “desaparición” permitió el aumento de las ventas de un medio gráfico que durante años publicó una serie de versiones nunca acreditadas fehacientemente. Sin embargo, nunca se publicó la resolución del Juez Instructor, quien profundamente relató la ausencia de pruebas sobre la comisión de delito alguno, y culminó su resolución enviando un comunicado al Congreso, donde solicitó respetuosamente a los legisladores, que se abstuvieran de realizar falsas imputaciones, con amplia cobertura periodística en el medio gráfico señalado, amparándose en su inmunidad parlamentaria.
Por otro lado, los medios de difusión, especialmente los televisivos, parecen tomar el lugar de los verdaderos juicios. Si bien es cierto que la prensa puede tener un efecto positivo en el control republicano de los actos de gobierno, permitiendo la concreción del principio de publicidad, no debe dejar de advertirse que la televisión brinda una exposición recortada o estereotipada de los hechos y el tratamiento estigmatizante de quienes son imputados como partícipes en un hecho punible. Por ejemplo en lo que hace a la transmisión en vivo de audiencias, creemos que incluso en éstas, se emite una interpretación de la realidad y no la realidad total. La emisión del debate editada en una versión reducida implica una selección lo que genera el peligro de que se ofrezca un cuadro falso, lo cual implica una tendencia a la manipulación.
Desde otro punto de vista, pudimos notar que generalmente se utiliza terminología incorrecta, en la mayor parte de las veces peyorativa, lo que genera un prejuicio en el destinatario de la información. Ejemplos de este tipo pueden encontrarse en los diarios, en los noticieros televisivos y en cualquier otro medio, quienes utilizan expresiones tales como “delincuente”, “fue detenido el asesino”, “confeso asesino de seis”, “artista de la defraudación”, cuando todavía el instructor no ha tomado intervención en la causa. Este tipo de expresiones han sido denominadas por los autores como condena mediática.
Un dato interesante para demostrar la distorsión que venimos comentando es una investigación empírica realizada por el Ministerio de Justicia: “Hacia un Plan Nacional de Política Criminal”, en el que se le dedicó un capítulo a “Imagen del Delito en los Medios de Prensa Escrita”[9]. El mencionado trabajo relevó los cuatro medios gráficos de mayor circulación editados en Capital Federal: Clarín, Crónica, La Nación y Página 12. Las noticias registradas en el mes de agosto de 1994 fueron 1307, promedio diario de 10,54%.
Cantidad de noticias y Espacio brindado: el promedio de delitos publicados se elevó 12% respecto a 1993, y 112% comparándolo con 1991. Esto implica una distorsión con la realidad, ya que los datos oficiales de la época indican que los delitos en el ámbito nacional se elevaron 6% entre 1991 y 1992, y 7,65% entre 1992 y 1993, es decir que el aumento de publicaciones es “exagerada e interesadamente” mayor, con imprevisibles consecuencias en la conciencia social.
Bienes jurídicos tutelados y publicados: los que ocuparon mayor porcentaje en las publicaciones fueron los delitos contra las personas con un 40,4%, propiedad 18%, leyes especiales y decretos 16%, y administración pública 9,5%. Sin embargo, la información oficial expresa que los delitos detectados contra la propiedad corresponden a un 65%, mientras que los delitos contra las personas a un 18%. De este modo se publican tres veces menos delitos contra la propiedad y dos veces más delitos contra las personas colaborando con la distorsión señalada.
La distorsión, no sólo tiene lugar cuando se modifican las proporciones en que se publican los delitos, sino también cuando se publican o difunden noticias falsas, que nada tienen que ver con la realidad, como veremos más adelante en los casos “Arata” y “Primas en la Bañera”.
Pero el peligro que entraña la desinformación se extiende a los casos en los cuales, si bien los medios difunden información correcta, lo hacen sobre la base de prueba inadmisible en el juicio. Este aspecto del problema fue tratado por la Corte de EEUU en el caso “Sheppard”, al criticar la práctica de la fiscalía de entregar a los medios, información que, ya a priori, se sabía que no podía ser utilizada en el debate. Aquí entran no solo las limitaciones vinculadas a la obtención ilícita o irregular de prueba, sino también otras como, por ejemplo, aquella información relativa a la personalidad o la vida privada del imputado. Es obvio que el fin perseguido por dichas limitaciones queda completamente frustrado si la información excluida del juicio resulta accesible al tribunal a través de los medios de comunicación. Esto, implica que el prejuzgamiento a través de los medios conspira contra la formalización y la vinculación a reglas del procedimiento penal, y permite la adopción informal, “no judicial” de decisiones[10].
d) Finalidades y consecuencias de la distorsión en causas penales:
El nombre de este acápite obedece a la consideración de que la distorsión informativa no sólo tiene consecuencias, sino que también obedece a distintas finalidades que se expondrán a continuación.
Tal como dijimos anteriormente, los medios de comunicación realizan una encomiable tarea y permiten la realización del principio republicano de “publicidad” de los actos de gobierno, sin embargo, no debemos olvidar que tal tarea no es desinteresada, sino que la actividad de los medios es lucrativa. Dicho esto, no es difícil concluir que además de informar, deben vender, y las noticias sobre la comisión de delitos, son una excelente mercancía.
Desde la edad media, las noticias sobre la comisión de delitos tiene una notable llegada a la población, quien consume estas noticias[11]. No sólo son mercadería de bajo costo y de simple obtención, sino que también presentan una gran demanda de consumo.
Entendemos que los medios difunden noticias sobre causas penales sencillamente “porque vende”, por ello, cuando la noticia deja de ser atractiva, los medios no dudan en inventar, en fabricar hipótesis que rara vez se intentan comprobar, porque lo que interesa no es la realidad de los hechos, sino cuál es la mejor forma de explotarlos.
Por otro lado, creer que detrás de las noticias sólo esta el ánimo de lucro de los empresarios que manejan los medios, es bastante limitado. Es evidente que detrás del tratamiento de la temática criminal existen otros intereses, tales como desviar la atención de la opinión pública de determinados temas, sobre los cuales nuestros dirigentes políticos prefieren que no pensemos, la creación de un sentimiento de inseguridad que atraiga a compradores de mercancías relacionadas con la seguridad, intereses económicos de otros grupos privados, etc.
Llegado a este punto, se hace imprescindible analizar cuáles son las consecuencias de la distorsión informativa, sobre todo en lo que hace a las causas criminales. Creemos que los medios generan una gran sensación de inseguridad en la población, sensibilizándola e instaurando recurrentemente el pedido de endurecimiento del sistema penal. Ello, se formaliza con la sanción de leyes o decretos de dudosa constitucionalidad, en tanto afectan garantías individuales constitucionales.
La opinión pública, entonces, no sólo acepta las medidas autoritarias que suele tomar el gobierno en estas situaciones, sino que las reclama, como si la aceptación de la pena de muerte, el aumento del monto de las penas, la rigidez en los institutos de excarcelación, eximición de prisión, o libertad condicional fueran la solución al problema. Recientemente se dio un claro ejemplo de lo que venimos tratando, que es el otorgamiento de mayores facultades a la Policía Federal Argentina. Realmente no vemos la relación entre la facultad de la policía de retener a un ciudadano por averiguación de antecedentes por el excesiva cantidad de horas, con la disminución de la cantidad de delitos. No existe proporcionalidad y tampoco adecuación de medios a fines.
En conclusión, los mensajes de los mass media colaboran con el proceso de “marginalización” y “represión”, dentro del marco de selectividad del sistema penal[12].
e)Dos ejemplos paradigmáticos de distorsión informativa en la Argentina:
e.1) Caso “Primas en la bañera.”
El domingo 16 de abril de 1989 se descubrieron los cadáveres de las primas Gloria Noemí Fernández, de 15 años, e Irma Beatriz Girón, de 22 años. Los cuerpos aparecieron enfrentados y entrelazados por las piernas dentro de una bañera con agua, en el departamento de Irma, en la localidad de Florida. Sorprendió a los investigadores el avanzado estado de putrefacción, porque tres días antes las jóvenes estaban con vida.
La impactante imagen de los dos cadáveres en la bañera incitó a algunos medios a conceder al caso un importante espacio y a transmitir una serie de hipótesis, especialmente de asesinato. Se habló de pacto suicida, de asesinos diabólicos, y de la utilización del veneno de una serpiente exótica.
Los peritos médicos dudaron y demoraron en pronunciarse sobre la causa de las muertes. Recién en febrero de 1990 el juez resolvió cerrar el caso, con esta conclusión: las muertes se habían producido accidentalmente, por intoxicación con monóxido de carbono a causa de la mala combustión de una estufa a gas.
No obstante la resolución judicial, algunos medios suelen referirse a este caso, aún en la actualidad, como “uno de los crímenes más diabólicos todavía no resuelto”.
Entre los actos procesales más relevantes podemos citar:
La declaración del propietario de la vivienda, Aniceto Victorello, quien informó que la noche anterior a las muertes había cerrado la llave general del gas por el fuerte olor.
La recepción, el 5 de mayo, de los resultados de la segunda autopsia en la que apareció, como dato importante, el color rojo que presentaba el músculo del brazo izquierdo, lo mismo que la toma del miembro inferior derecho. Esta fuerte coloración de los músculos sirvió como índice al forense para pedir un análisis detallado en búsqueda de “carboxihemoglobina, es decir, el residuo que deja en la sangre el monóxido de carbono”. Apareció así la hipótesis de intoxicación con monóxido de carbono.
Se relataron casos anteriores en los cuales los primeros síntomas de esta intoxicación se confundían con los de un estado gripal, como el diagnosticado por el médico Bresciani un día antes de la muerte.
Se explicó, de este modo el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, por el microclima creado con la humedad y la elevada temperatura.
El 22 de febrero de 1990 el juez dispuso el sobreseimiento en la causa por “muerte accidental”.
El 18 de abril La Nación publicó las siguientes hipótesis:
1. Las jóvenes habrían ingerido una sustancia venenosa(fuente: policiales).
2. Por los olores que salían de la vivienda, podría tratarse de un escape de gas (fuente: los investigadores).
Por su parte, el periódico La Razón del 21 de abril, informó que podría tratarse de:
1. Muerte accidental producida por la ingesta de alimentos en mal estado.
2. Pacto suicida, debido a la condición y relación de las víctimas “variante que posiblemente sea la que tenga más adeptos y posibilidades”.
3. Homicidio seguido de suicidio.
El 23 de abril La Nación publicó: “las muertes fueron fulminantes o hubo una tercera persona (fuente: “un perito”).”
El mismo día Clarín informó que las muertes se habrían producido por electrocución, teniendo al agua como conductora. Los peritos habrían detectado dos cables eléctricos con la “punta pelada” pegados a la bañera.
El 30 de abril se publicaron otras hipótesis:
1. La Nación: “las muertes podrían haber ocurrido por accidente, suicidio u homicidio” (fuente: perito que admite no haber estado en el lugar del hecho pero “lo conozco porque tuve acceso a la causa y por lo que mis ex colaboradores me comentaron sobre el caso”). Sorprende la vaguedad y amplitud de esta información, concordantemente con ella, la causa de la muerte podría haber sido cualquiera.
2. La Nación: podría rotularse como un suicidio de a dos con veneno (fuente: forense).
3. Clarín: El asesino pudo haberlas inyectado con veneno y luego introducirlas en la bañera.
El 6 de mayo, Clarín publicó: “las mujeres podrían haber sido baleadas, pero eso pasó desapercibido por el estado de descomposición de los cuerpos”.
El 7 de mayo La Nación informó que la prenda íntima de una de las muertas habría sido arrancada con violencia.
El 1 de junio Clarín publicó: “no aparecen por ningún lado los corazones de las jóvenes muertas en la bañera”. El diario informó, también, que apareció una tela matelassé sobre el lavabo, que se encontró coloración rojiza en la cabeza del fémur de ambos cuerpos y que el bretel del corpiño de una de las jóvenes apareció roto “como consecuencia de un feroz tirón”. En el matutino apareció, también, una declaración atribuida al juez Casal: “tenemos la absoluta certeza de que no fue accidente, no respiraron monóxido de carbono, no actuó ningún veneno, no hay rastros de organismos clorados ni fosforados, y por último, también dieron negativo las pruebas referidas a barbitúricos y antipiréticos”.
El mismo diario estableció que las muertes podrían deberse a “sofocación”, en la que pudo haber jugado un rol importante la tela matelassé. O bien que podría deberse a asfixia por sumersión (fuente “los expertos”). Como última idea descabellada, se sugirió que el asesino, una vez cometido el doble crimen, habría regresado para robar los corazones.
El caso conocido como “Primas en la bañera”, sirve como un ejemplo claro de la discrepancia entre la información que recibe la sociedad a través de la prensa y la resolución judicial.
La suma de dos cadáveres en circunstancias extrañas y el titubeo de los investigadores sobre la causa de las muertes, estimuló la aparición de elaboradas conjeturas, que difundió una parte de la prensa sin ningún tamiz respecto a su procedencia o rigor científico.
Puede aseverarse que cada medio utilizó la cuestión de acuerdo a su propio interés de mercado, lo que dependió de la capacidad de sus cronistas para obtener alguna información de cualquier fuente vinculada a la causa, así como también de la extensión de su imaginación.
El círculo de interalimentación entre conjeturas periodísticas y judiciales, a cual más extravagante, provocó que durante varios meses se desestimara la hipótesis más sencilla y probable: la muerte accidental.
Las hipótesis sobre la causa de las muertes de las dos primas que publicó un sector de la prensa –entre otras, pacto suicida, electrocución por un arco voltaico o inyección con veneno de serpiente mamba- son demasiado atractivas como para aceptar fácilmente que murieron por la mala combustión de una estufa a gas, como determinó la Justicia. Probablemente, por ese motivo, algunos periodistas y medios de prensa siguen refiriéndose al caso de “las primas en la bañera” como “uno de los crímenes más diabólicos aún no resueltos”.
e.2) Caso “Arata”
El 20 de julio de 1983 fueron descubiertos los cadáveres de tres mujeres y un hombre en una propiedad próxima a ser demolida, en Villa Sarmiento, Partido de Morón. Los cuerpos aparecieron quemados, maniatados y amordazados. Se los identificó como del ingeniero Jorge Arata, su mujer, su hija médica y su empleada doméstica.
La prensa otorgó amplia cobertura al múltiple crimen, que conmovió a la opinión pública por sus inusuales características. Las hipótesis periodísticas respecto a los móviles y autores fueron sumándose día a día, especialmente durante el primer mes, en tanto la investigación judicial-policial no aportaba resultados. Negociados, venganza mafiosa, oro y política, fueron algunas de las conjeturas.
A casi un año de la matanza y por casualidad, la policía descubrió a los autores: tres albañiles que habían trabajado en la casa de las víctimas y mataron para ocultar el robo de objetos y alhajas. Las pruebas fueron profusas y contundentes, pero una parte de la prensa siguió insistiendo en personajes involucrados y conspiraciones.
Los diarios le concedieron un importante espacio al cuádruple crimen, que algunos calificaron de quíntuple cuando se determinó que una de las víctimas estaba embarazada. El despliegue periodístico fue notable durante dos semanas y luego languideció hasta desaparecer. El análisis siguiente, de lo transmitido por la prensa al público, se basa en notas publicadas por estos medios gráficos: Clarín, La Nación, La Razón, Página 12, entre otros.
El 21 de julio los diarios dieron cuenta del hallazgo de los cuatro cadáveres, aún no identificados, iniciándose una serie de conjeturas :
1) El crimen habría ocurrido en un sitio distante y los cadáveres habrían sido trasladados en un automóvil (fuente mencionada: “impresiones de los expertos”)
2) Los asesinos conocerían la zona y la propiedad sería demolida.
El 21 de julio Horacio Arata reconoció en la morgue del Hospital Municipal de Morón los cuerpos de su sobrina, Mónica B. Arata y el de la empleada doméstica Rosa M. Lezcano. Se supuso que los otros dos cuerpos eran los del ingeniero Jorge O. Arata y su esposa Leonor Romero.
Declaro Evaristo Lezcano, gremialista, y manifestó haber reconocido en la morgue el cadáver de su sobrina Rosa Lezcano. Se realizó una inspección ocular en la casa de los Arata, constatando gran desorden, ropas y papeles diseminados. En el garage se observaron marcas causadas por el arrastre de un cuerpo o bulto pasado y se encontraron trozos de gruesos cables de electricidad.
El 22 de julio los diarios informaron que los cadáveres habían sido identificados: correspondían al ingeniero civil Jorge Arata, su esposa Leonor Romero de Arata, la hija de ambos, Mónica Arata, médica, y Rosa Lezcano, empleada doméstica de la familia.
También publicaron que una inspección de la casa de los Arata denotó la falta de dos televisores, un teléfono de colección y un equipo de audio.
Las hipótesis comenzaron a sumarse:
1) Clarín: el “modus operandi” de los exterminadores reconoce escaso parangón en los anales de la criminología (fuente: “la investigación”).
2) Clarín y La Nación: Se habrían empleado narcóticos para dominar al grupo familiar; así los tuvieron a su merced y pudieron trasladarlos (sin fuente).
3) Clarín, Crónica y La Nación: los investigadores manejan una hipótesis de venganza o ajuste de cuentas.
4) Clarín: los asesinos habrían decidido quemarlos a modo de advertencia para terceros (sin fuente)
5) La Razón: como Mónica Arata era médica, los asesinatos podrían estar vinculados al conflicto gremial que mantiene un sector de médicos (fuente: “un policía jubilado”).
6) La Razón: como Mónica Arata era cirujana, podrían relacionarse con alguna curación realizada en el pasado a integrantes de grupos terroristas (fuente: ídem).
7) La Razón: podría ser una venganza pasional: la médica había sido vista en el verano en compañía de un joven atlético (fuente: ídem).
8) Crónica: los habrían asesinado para evitar que hablaran.
El 23 de julio como exclusiva, La Razón publicó que habría tres personas demoradas: tres pintores que trabajaron en la vivienda de los Arata; uno de ellos habría trabado relación amorosa con la doméstica.
Se agregaron hilarantes hipótesis:
1) La Razón: los investigadores estarían avanzando en dos líneas: crimen pasional o crimen por intereses. La primera hipótesis se relacionaría con la hija y la segunda con la madre.
2) La Razón: a modo de venganza, Mónica Arata habría sido ejecutada última y debió observar el asesinato de sus padres.
3) La Razón: la madre era una mujer ambiciosa, inclinada al dinero fácil y los negocios rápidos. Este accionar la habría expuesto a una “vendetta”.
4) La Razón: los asesinos habrían revisado minuciosamente todos los papeles de la casa, como si estuvieran buscando algo en particular (fuente: “policial”).
5) Clarín: en los últimos meses, los compañeros de trabajo de Arata le observaban actitudes sombrías. Los investigadores ahondarían, entonces, sobre sus amistades y cierta relación sentimental (fuente: “la pesquisa”).
6) La Nación: la doctora Arata recibía amenazas desde hacía cinco meses.
7) Crónica: ya se habría descartado el móvil del robo (fuente: “los investigadores”).
8) Crónica: los habrían drogado.
9) Tiempo Argentino: el crimen tendría relación con las inclinaciones esotéricas de la esposa, volcada hacia ritos mágicos (fuente: “allegados a la Secretaría de Agricultura y conocedores de la familia).
10) Tiempo: “fue un trabajo hecho por profesionales” que serían por lo menos cinco (fuente: “fuente altamente confiable”).
El 23 de julio se remitieron al laboratorio un pelo, un alicate y un cable eléctrico para peritar.
Se presentó en la comisaría 12ª Jorge A. Assad, albañil, acompañado por su cuñado Jose Luis Sapena, quien espontáneamente manifestó haber realizado trabajos de refacción en la casa de los Arata.
El 24 de julio se informó que continuaban los interrogatorios de conocidos de la familia Arata y que había pocas pistas, (sin prejuicio de lo cual no se escatimo en seguir fabricando hipótesis) Clarín desmintió la versión sobre tres detenidos, pero La Nación la sostuvo y precisó: no son tres pintores, sino tres albañiles (Cuando en verdad no existía ningun detenido en la causa)
Este diario, además, publicó que fue identificado el hombre que mantuvo la relación amorosa “con la fámula embarazada”.
El 25 de julio el diario La Nación publicó: los asesinos serían ocho, por lo menos, y habrían estudiado las costumbres de la familia. Serían profesionales que no vacilaron en arriesgarse.
Tiempo: determinó que el crimen sería una venganza contra la médica cirujana por parte de los familiares de un paciente muerto después de una intervención.
El 25 de julio se recibió el informe de las autopsias realizadas el 21 de julio. Según esta pericia, la causa de la muerte, en todos los casos, fue por “múltiples quemaduras”. Se comprobó acción directa del fuego sobre los cuerpos, originada probablemente por un líquido inflamable.
El 26 de julio La Nación pronosticó: “En esta semana se va a resolver el caso”.
Tiempo, dijo que no se había descubierto ninguna anormalidad en vida de los Arata. Informó, también, que fueron dejados en libertad los albañiles demorados ya que “después de ser interrogados, nada tenían que ver con el triste suceso” (es importante señalar, respecto a esta afirmación, que estos albañiles eran los asesinos, según se constató meses después).
Se plantearon nuevas hipótesis:
1) La Razón: la precisión y frialdad de los asesinos lleva el sello distintivo de las organizaciones de narcotraficantes. El crimen podría estar vinculado con el depósito donde, días anteriores, se descubrió droga, situado en Caballito a pocas cuadras de la casa de los Arata.
2) Crónica: “el móvil habría sido una cruel venganza”.
El 27 de julio se informó que, de acuerdo a la autopsias, las víctimas fueron quemadas vivas y pudo constatarse que Mónica Arata estaba bañándose cuando fue secuestrada (lo que realmente no había sido comprobado)
La hipótesis del día fue:
Clarín: el crimen podría estar vinculado con las inversiones de la familia en el mercado de oro (fuente: “uno de los funcionarios que investiga”).
El 28 de julio La Razón publicó que “habría intervenido un grupo especialmente contratado por alguien muy poderoso “para proteger turbias y seguramente millonarias maniobras” (fuente: encargados de la pesquisa).”
El 29 de julio el mismo diario dijo que se trataría de un grupo comando argelino (fuente: “la policía bonaerense”) y que los asesinos profesionales habrían dejado pistas falsas, como ser, el robo de los televisores
El 31 de julio Clarín publicó: “la clave del crimen estaría en la herencia” y que “los frecuentes viajes de Leonor Arata a Bolivia estarían vinculados con el narcotráfico y explicarían la mención de Francois Chiappe. Resulta sospechosa la escasa concurrencia al entierro (fuente: “un veterano sabueso”).”
El 1 de agosto se agregaron los estudios histopatológico y toxicológico, con resultado negativo en cuanto a sustancias tóxicas (lo que demostró que al menos el 20% de las hipótesis que manejaba la prensa eran un invento). Se recibieron nuevas declaraciones.
El 6 de agosto según La Nación, se habría comprobado que las víctimas fueron drogadas previamente a su incineración porque se encontró orina en sus vejigas: si hubieran estado despiertas, el dolor de las quemaduras hubiera provocado un acto reflejo que hubiera provocado el vaciamiento (nuevamente nos encontramos frente a una mentira que se opone completamente al resultado de las pericias ya realizadas en sede judicial)
Otra de las ridículas hipótesis que se esbozaron fue que Leonor Arata habría actuado como correo: habría regresado de uno de sus viajes con 250.000 dólares auténticos y 75.000 dólares falsos, destinados a la organización Montoneros.
El 20 de agosto declaró Alejandro Wasko quien dijo que no le constaba la visita de gente extraña a la casa de los Arata, excepto la de los albañiles.
El 29 de diciembre el juez Eduardo Valdovinos sobreseyó provisionalmente la causa sin haber personas procesadas. El expediente tenía, a ese momento, tres cuerpos.
El 21 de mayo de 1984 el jefe de la División Homicidios de la Policía Federal solicitó al juez Valdovinos autorización para proseguir la pesquisa y se reabrió la causa.
El 22 de mayo un testigo declaró que habían trabajado albañiles y pintores en la casa de la familia Arata.
El 23 de mayo el comisario José Pietra, Jefe División Homicidios de la Policía Federal, elevó un escrito al juez Valdovinos explicando porqué se habían solicitado el 21 de mayo actuaciones ampliatorias: el motivo “es haber obtenido interesantes antecedentes de hecho y personas relacionadas con el ilícito, como así testimonios que harían aparecer como probables vinculados a Jorge Assad y Jorge Rosas”.
La policía había obtenido de Rosas, que estaba detenido por robos reiterados, una confesión sorpresiva del crimen Arata.
Se secuestraron en la casa de los Arata elementos de albañilería, como pinceles y rodillos.
El 27 de mayo se detuvo a Rossi quien manifestó espontáneamente que Assad había ahorcado a Leonor Romero de Arata con sus manos y cubierto los cuatro cuerpos con una frazada para luego rociarlos con nafta e incendiarlos.
El 29 de mayo Clarín titulaba: “Aclararon el crimen de la familia Arata: hay siete detenidos en relación con el hecho”. Y, en el cuerpo de la nota, incluía esta sorprendente consideración: “El crimen dio pie a numerosas y hasta descabelladas hipótesis” (como si Clarín hubiera sido ajeno a esas “numerosas y hasta descabelladas hipótesis”.)
Más aún, aunque la policía y la justicia consideraban prácticamente descifrado el asesinato, el matutino no se privó de sumar una última hipótesis: ”Se está llevando a cabo un gigantesco operativo policial para detener a un ex funcionario del Proceso, quien habría planeado y organizado el secuestro y posterior asesinato de los Arata”.
El 30 de mayo La Nación informó que la policía había reiterado que los asesinos de los Arata eran delincuentes comunes y que el cuádruple crimen no tenía connotaciones políticas.
El 1 de junio Clarín informó que el juez de la causa prosiguió las diligencias para determinar la participación de cada uno de los detenidos. En otra, parte insistió que habían aspectos que seguían “envueltos en una nebulosa” y entre otros menciona “¿Por qué un grupo de simples delincuentes habría llegado a profanar la tumba de Rosa Lezcano?”. Quien incluye esta pregunta no parece estar enterado de que el mismo matutino, en su edición del 11 de agosto de 1983, desmintió que la tumba de Rosa Lezcano hubiera sido profanada
El 2 de junio la policía encontró en el domicilio de Sonia Sapena, en la cámara séptica debajo del inodoro, un Rolex. También se secuestro una cartera con guantes y otros objetos que le había regalado Rossi, y que faltaban de la casa de los Arata.
El 4 de junio Alejandra Wasco declaró que la polvera de metal dorada con aplicaciones de dorado con dibujo estilo francés siglo XVIII era de Leonor Arata. El pastillero de metal dorado sería de una paciente de Mónica Arata. El reloj Rolex era exactamente igual al comprado por Mónica Arata en “Gino Maito” en 1983.
Gino Maito declaró que el Rolex de dama, malla 78340, máquina y caja número 6718/5964724, lo había adquirido para su negocio a la firma Rolex y lo había vendido el 7 de febrero de 1983 a Mónica Arata.
El 5 de junio por existir sospecha suficiente, se decretó el procesamiento de Sonia Victoria Sapena.
El 13 de junio se decretó la prisión preventiva de Rosas y Rossi por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado en concurso ideal.
El 14 de junio La Nación informó que fue dictada la prisión preventiva de Assad, Rosas y Rossi por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, premeditación ( que en nuestro derecho positivo no constituye una agravante) y para ocultar otro delito, “de los que fueron víctimas la familia Arata y la doméstica Rosa Lezcano”.
El 14 de junio se recibió la pericia papiloscópica. La pericia tenía por objeto determinar a quién correspondían los rastros papilares revelados sobre puertas espejadas del placard de Mónica Arata. Surgió que correspondían a Jorge Alberto Assad en forma categórica e indubitable.
El 26 de mayo se dictó sentencia:
- Se condenó a Jorge Assad a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por considerarlo coautor material penalmente responsable del delito de robo agravado en concurso material con el delito de homicidio agravado.
- Se condenó a Juan Carlos Rossi a la pena de prisión perpetua , accesorias legales y costas, por considerarlo coautor materialmente responsable del delito de robo agravado en concurso material con el delito de homicidio agravado.
- Se condenó a Jorge Rodolfo Rosas a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor materialmente responsable del delito de robo agravado en concurso material con el delito de homicidio agravado
- Se declaró a Jorge Alberto Assad reincidente en términos del art. 50 del Código Penal.
- Se declaró extinguida la acción penal por prescripción a Sonia Victoria Sapena, en orden del delito de encubrimiento, sobreseyendo parcial y definitivamente a su respecto.
El denominado “caso Arata” puede considerarse paradigmático en cuanto a al distancia que suele producirse entre la “verdad periodística”, la que llega al público y la “verdad judicial”, la que figura en la causa tribunalicia.
Las características extraordinarias del crimen provocaron un natural requerimiento de información por parte de la población. Los medios de comunicación percibieron de inmediato esa demanda informativa y decidieron no solamente satisfacerla sino también acrecentarla. El material policial es un excelente negocio para la prensa: es barato, fácil de obtener y estimula la venta de ejemplares.
En la búsqueda de información para trasmitir a sus lectores, los diarios, encontraron dos limitaciones. La primera: el mutismo de los funcionarios judiciales, sujetos a las prohibiciones reglamentarias y al secreto del sumario. La segunda y más decisiva: los investigadores oficiales tampoco hubieran podido proporcionar información porque no la tenían. Durante casi diez meses, la investigación oficial no aportó un mínimo dato sobre móviles y autores del crimen Arata.
Con demanda del público, por un lado, y con falta de información oficial, por el otro, los diarios resolvieron la cuestión suministrando a sus lectores, en lugar de datos concretos, múltiples hipótesis y conjeturas. En la elaboración de esas hipótesis, los diarios actuaron con criterio disímil. La razón es simple: sus conjeturas debían ser distintas porque debían satisfacer a una clientela también distinta. La construcción mediática de los criminales debía corresponder al imaginario de cada sector.
Los diarios aportaron escasa información comprobada y más de cincuenta conjeturas, sin alertar sobre la distinta evaluación que cada una debía merecer, lo que probablemente provocó que el lector común consumiera ambas como información de la misma clase.
En muchos casos, se pudo comprobar la práctica de fabricar noticias publicando un día una hipótesis, con grandes titulares, y desmintiéndola otro día, también con grandes titulares.
En el examen de las numerosas hipótesis publicadas por los medios gráficos se observa que, de una gran parte, no se menciona origen o fuente, lo que permitiría sospechar cierto grado de ficción por parte del propio periodismo. Respecto al resto, es ilustrativo descubrir el rol protagónico de la policía como fuente de las conjeturas e hipótesis periodísticas. Pero en el caso Arata, la policía no se convirtió en el principal proveedor de hipótesis extravagantes desinteresadamente: a medida que el tiempo avanzaba y los autores no eran detenidos, los investigadores necesitaban justificar su fracaso ante la población transmitiendo, por ejemplo, que el múltiple asesinato había sido planificado por una brillante mente criminal o ejecutado por un comando extranjero.
La hipótesis de que el cuádruple asesinato había tenido un móvil importante y que había sido obra de profesionales, estaba tan afianzada entre los funcionarios judiciales, los investigadores policiales y el periodismo, que los verdaderos homicidas (los tres albañiles), que habían declarado en la comisaría actuante dos días después del hallazgo de los cuerpos y luego en el juzgado, fueron dejados en libertad; ni se sospechó de ellos porque no respondían al perfil de asesinos que se buscaba.
La comparación entre las publicaciones de la prensa gráfica y los elementos de la causa judicial, desnuda una paradoja: los diarios informaron más cuando había menos para informar y publicaron muy poco cuando se resolvió el crimen. En la etapa de la resolución del caso, cuando se detuvo a los asesinos, se obtuvieron las pruebas y se lograron sus confesiones, entre el 20 de mayo y el 15 de junio de 1984, los diarios aparecieron como desinteresados del asunto.
En primer lugar, la sociedad no soporta los vacíos informativos. Así como los rumores suelen ocupar los espacios que no llena la información oficial, en el caso Arata la prensa se adueñó de ese territorio y lo cubrió con sus hipótesis. En segundo lugar, los medios de comunicación actuaron movidos primordialmente por su objetivo de lucro y no por vocación de servicio: les convenía el asesinato de los Arata mientras fuera misterioso y sus autores importantes; dejó de importarles cuando fue resuelto y los criminales resultaron ser tres albañiles ladrones.
Como síntesis y final, los medios publicaron 54 excitantes, misteriosas e hilarantes hipótesis sobre los autores del asesinato de los Arata. La justicia determinó que los mataron tres albañiles que trabajaban en la casa de la familia, para ocultar un robo. Creemos que si se realizara una encuesta hoy, se descubriría que muy pocos ciudadanos están enterados de que el crimen Arata fue resuelto y que los homicidas están presos. Es probable, también, que si se les proporcionara esta información, muchos dudarían de que los albañiles hayan sido efectivamente los autores: sostendrían que son “chivos expiatorios”, injustamente apresados, en lugar de los verdaderos asesinos (personajes de las finanzas, la mafia o la política). Los encuestados considerarían este caso como uno más de los que justifican su opinión de que no se puede confiar en la Justicia[13].
Los casos anteriores presentan claros ejemplos de cómo los medios de comunicación tergiversaron los hechos, inventando hipótesis descabelladas y sin ningún fundamento. La población, por su parte, consumió ávidamente este tipo de noticias, y formó una opinión sobre los casos, basada en información falsa proporcionada por los medios. Teniendo en cuenta el tema en análisis en el presente trabajo, podríamos decir que la distorsión señalada, no presentaría un problema, si tuviéramos la certeza de que las decisiones judiciales no pueden verse influenciadas por la opinión pública. Desgraciadamente, no creemos que ello sea así.
4) INFLUENCIA DE LOS MEDIOS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA:
La influencia de los medios de comunicación en la administración de justicia, puede ser vista desde dos ópticas:
Una de ellas, que excede el ámbito del presente trabajo, es la crisis por la que actualmente pasan las instituciones, lo que generó que el “reclamo de los ciudadanos” se haya ido trasladando hacia el Cuarto Poder. Es decir, los medios de comunicación han ido llenando esos vacíos institucionales. Indudablemente, la intervención de los medios resulta positiva cuando reemplazan la inexistente o perezosa pesquiza oficial, en la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, o de delitos que no pueden cometerse sin la “protección” de diferentes factores de poder.
Desde otra óptica, la intervención de los medios puede resultar negativa cuando “condenan”, y “prejuzgan” (ya sea sobre la base de datos ciertos o no), en forma previa a la decisión judicial. A continuación expondremos la situación en los Estados Unidos, para luego abocarnos al análisis de la situación en nuestro país.
a) Situación en los Estados Unidos:
En un condado de los Estados Unidos fueron cometidos seis homicidios entre diciembre y marzo de 1954. Los hechos, intensamente cubiertos por la prensa, causaron una gran indignación, no sólo en el condado en el que habían sucedido, sino también en el vecino. En abril fue detenido el imputado. Tras la detención, el ministerio público y oficiales de la policía presentaron sendos comunicados de prensa en los que se informaba que el imputado había confesado la comisión de los seis homicidios. Estos comunicados fueron “intensamente publicados” por los medios.
El imputado fue formalmente acusado sólo por un homicidio, cometido, supuestamente, el día 23 de diciembre de 1954. Apoyándose en la extensa cobertura periodística del hecho, y en los efectos que ella había causado en los habitantes del condado, el defensor planteó la necesidad de un cambio de radicación, lo cual fue concedido, pero al condado vecino, ante lo cual se volvió a solicitar un cambio de radicación alegando que la “extendida e incendiaria” publicidad también había alcanzado a ese condado, influyendo en sus habitantes. Este último planteo fue rechazado, aparentemente debido a que la legislación del Estado sólo permitía un único cambio de radicación. El imputado fue finalmente condenado. Su recurso contra la sentencia se basó en que la intensa publicidad del caso previa al juicio había afectado la imparcialidad del tribunal de jurados.
En el caso que se describió, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos estableció una serie de estándares o criterios relevantes para el problema en análisis:
En primer lugar, que el derecho a un juicio por jurados garantiza al imputado un juicio justo por un panel de jurados imparciales, “indiferentes”, y que el fracaso en la tarea de brindarle al imputado una audiencia justa viola los principios mínimos del debido proceso. Pero además, sostuvo que “un jurado que ha formado opinión no puede ser imparcial.”: si bien no se exige la total ausencia de cualquier noción o preconcepto en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, si es necesario que “el jurado pueda dejar de lado su impresión u opinión y producir un veredicto basado en la evidencia presentada en el tribunal”.
La Corte sostuvo que, en el caso concreto, la intensa publicidad previa, y la caracterización por los medios del imputado como “confeso asesino de seis”, violador de las condiciones de libertad bajo palabra y artista de la defraudación mediante cheques, había creado un ambiente de conmoción pública que impedía, de hecho, la conformación de un jurado imparcial para el caso. De ello daba cuenta la cantidad de jurados eventuales rechazados durante el proceso de selección previa.
La Corte concluyó, finalmente, que en el caso los estándares constitucionales de imparcialidad no habían sido cumplidos: “con su vida en juego, no es mucho pedir que el peticionante sea juzgado en una atmósfera no perturbada por una ola tan enorme de pasión pública, y por un jurado distinto a aquel en el que dos tercios de los miembros admiten, antes de escuchar cualquier testimonio, que creen en su culpabilidad.[14]
Estos criterios fueron posteriormente desarrollados en “Estes vs. Texas”[15] la Corte consideró que la garantía de debido proceso contenida en la Decimocuarta Enmienda había sido violada por la televisación y difusión radial del juicio. En esta decisión, la Corte agregó a los criterios formulados en “Irvin” que, en casos de este tipo, no necesariamente constituye un requisito para la anulación del fallo la demostración de un perjuicio concreto par el reclamante. A su vez, la Corte se adentró en el impacto potencial de la televisión en los jurados: “a partir del momento en que el juez del juicio anuncia que un caso va a ser televisado se convierte en una cause cèlébre. La comunidad toda, incluidos los jurados eventuales, se vuelve interesada en todos los detalles morbosos que lo rodean. El juicio que se aproxima inmediatamente asume un status importante en la prensa pública y el acusado es altamente publicitado junto con el delito que se le imputa. Cada jurado lleva con él al estrado estos hechos y de este modo incrementa la posibilidad de prejuicio presente en cada caso penal... cuando la publicidad previa al juicio, en sus distintas formas, ha creado un intenso sentimiento público que es agravado por la transmisión o la difusión fotográfica del juicio, los jurados televisados no pueden sino sentir la presión de saber que amigos y vecinos tienen puestos los ojos en ellos”. Pero no sólo los jurados pueden ver afectada su imparcialidad por la acción de los medios.
Según la Corte, “los jueces son también seres humanos y son susceptibles de las mismas reacciones psicológicas que los legos”.
Finalmente, la Corte acentuó el derecho de todo imputado a no ser sometido a la vigilancia pública: “un imputado llevado a juicio por un delito específico tiene derecho a su día en el tribunal, no en un estadio, una ciudad o una arena de alcance nacional”.
En un fallo posterior, “Sheppard vs. Maxwell”[16], la Corte decidió la anulación, también por violación a la regla de debido proceso, de la sentencia condenatoria dictada contra el imputado por el homicidio de su mujer, basando la decisión en “el fracaso del juez de juicio de proteger suficientemente a Sheppard de la masiva y perjudicial publicidad presente en su proceso”. Durante la investigación preliminar, la policía puso a disposición de la prensa objetos secuestrados, autorizó su presencia durante el interrogatorio del imputado y formuló reiteradas declaraciones sobre los pormenores del caso; la cobertura de los medios alcanzó al poco tiempo picos de sensacionalismo, con titulares tales como “¿Por qué no está Sam Sheppard en la cárcel?”, “Basta de evasivas, métanlo adentro”.
Un editorial se refirió de este modo al imputado: “Ahora demostrado bajo juramento como mentiroso, todavía libre para seguir con su negocio, escudado tras su familia, protegido por un abogado inteligente que ha convertido a la policía y a las autoridades en monos... libre para hacer lo que quiera”. La prensa informó intensamente acerca de una supuesta negativa del imputado a someterse al detector de mentiras, e hizo públicos presuntos informes policiales que describían los resultados que presentaban grandes contradicciones con la versión de los hechos relatada por el imputado en su declaración; estos exámenes nunca fueron presentados en el juicio.
Durante el debate, las cosas empeoraron: los nombres y direcciones de los miembros del jurado fueron publicados en los diarios; El jurado convocado, todos sus integrantes menos uno, habían admitido durante el interrogatorio de selección conocer el caso por las publicaciones periodísticas; aparecieron en los diarios más noticias reproduciendo declaraciones de distintas personas, que en ningún momento fueron convocadas como testigos, en contra del imputado. Las solicitudes del defensor para lograr un cambio de radicación y la anulación del juicio, fueron rechazadas.
La Cortereafirmó la doctrina sentada en “Inrvin” y “Estes”: el veredicto del jurado se debe basar en la prueba producida en el tribunal, y no en fuentes foráneas. La Corte concluyó que el juez había incumplido con su obligación de controlar la publicidad negativa para el imputado, para lo cual señaló, por lo menos, tres medidas fundamentales omitidas:
a) Limitar la presencia de los medios en la sala de audiencias y controlar su conducta durante el juicio;
b) Aislar a los testigos, evitando la exposición pública del contenido de sus testimonios a través de las declaraciones a la prensa.
c) Controlar las filtraciones de información sobre el caso originadas en la policía, testigos, fiscalía y defensa.
La formulación de estas medidas preventivas constituye la nota distintiva de “Sheppard”: según la Corte, “si la publicidad durante el procedimiento amenaza la imparcialidad del juicio, un nuevo juicio debe ser ordenado. Pero debemos recordar que las revocaciones de sentencias no son sino paliativos; la cura descansa en aquellas medidas precautorias que prevendrán el perjuicio con su comienzo.
Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia posterior de la Corte parece desandar el camino trazado en estos tres casos concretamente ha abandonado la línea restrictiva de “Estes” en cuanto a la admisión de la cobertura televisiva del juicio, asumiendo los potenciales riesgos que ella puede entrañar para la imparcialidad del jurado, y exigiendo la demostración por parte del imputado de la afectación de la garantía en el caso concreto.
En resumen: la excesiva publicidad previa al juicio, y aún durante él, puede generar un intolerable peligro de parcialidad en el tribunal, que debe ser anulado, de ser posible, a través de medidas precautorias del juez de juicio; si esto ya no resulta posible, la sentencia debe ser anulada, y un nuevo juicio debe tener lugar.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos aparece, en verdad, como una consecuencia necesaria del concepto de imparcialidad formulado, el cual presenta características distintivas con relación al utilizado en los sistemas europeo-continentales. La regla es que el juzgador llegue al juicio libre de todo preconcepto con relación al hecho que va a juzgar; el principal modo de asegurar este requisito es lograr que el tribunal de jurados quede conformado por personas que carezcan de todo conocimiento previo sobre el hecho y, además, no estén influidas por un prejuicio o idea preestablecida que impida una decisión imparcial en el caso. Aún cuando el fin deseado parezca inalcanzable, los esfuerzos para conseguirlo contribuyen, al menos, a reducir el potencial peligro de parcialidad originado en influencias ajenas al caso judicial, o a permitir el examen de la sentencia cuando se ha descuidado el control de imparcialidad en la conformación del jurado o en el trámite del caso.
Un primer estadio de control se encuentra en el interrogatorio de selección de los jurados eventuales. En él, el juez del debate, el ministerio público y la defensa interrogan a los ciudadanos convocados para actuar como jurados. Concluido el interrogatorio, el jurado puede ser aceptado, o recusado, con o sin causa. Dado que la recusación depende exclusivamente de lo que el jurado eventual decida revelar, la posibilidad de recusar sin causa adquiere, para el interrogatorio de selección, una importancia particular.[17]
Un segundo modo de neutralizar el peligro de parcialidad en el tribunal consiste en el cambio de radicación del juicio cuando no sea posible obtener un jurado imparcial en la comunidad en la que el hecho fue cometido, fundamentalmente, debido al desarrollo y alcance actual de los mass media.
También el confinamiento del jurado durante el juicio, es decir, su aislamiento de todo lo que suceda en el exterior de la sala de audiencias, constituye un método para prevenir la filtración de influencias foráneas al debate.
Dos fundamentos a favor de la jurisprudencia arriba reseñada: la posibilidad de que, debido a inexactitudes imputables a las fuentes de información, o por sensacionalismo, la prensa transmita una impresión equívoca de lo realmente sucedido; junto a ello, y tal vez éste sea uno de los riesgos más elevados, existe la posibilidad de que los medios de comunicación presenten información correcta, pero sobre una base de prueba inadmisible en el juicio, tal como se ha explicado más arriba.
Se ha señalado que el mayor efecto perjudicial de la actividad de los medios de prensa para el principio de imparcialidad no reside tanto en la difusión de información previa al juicio sobre el caso penal, sino en el prejucio genérico que el bombardeo informativo sobre ciertos delitos instala en el ánimo de los ciudadanos. Este prejuicio trasciende, por lo tanto, las fronteras del caso individual y conforma una aversión emocional hacia aquellos delitos usualmente seleccionados por los medios que no puede ser neutralizada a través de los recursos de los que usualmente se vale el procedimiento penal para contrarrestar la publicidad previa sobre el caso: un ejemplo de esto se ve claramente en el informe realizado por el Ministerio de Justicia transcripto ut supra.
Creemos en la certeza de esta afirmación, y por ello nos llama la atención que sólo en los países en que se ha implementado el juicio por jurados, se establezca un vínculo de causalidad entre difusión periodística del hecho, previa al juicio, y el temor de parcialidad[18].
Si bien es cierto que en sistemas como el nuestro el concepto de imparcialidad es distinto que en el caso de los jurados, ya que es lógico que el juzgador llegue al debate con una idea bastante clara del hecho a juzgar, el mayor grado de formación técnica del juez no constituye una coraza que lo aísle del mundo exterior.
b) Situación en nuestro país:
Caso MONZON:
El análisis de este caso resultó paradigmático en cuanto a la distorsión informativa que realizaron los medios y la influencia que ello tuvo en la causa penal. A continuación trataremos de mostrar cómo se desarrolló el expediente judicial, y cómo se presentaron los principales actos de éste por los medios de comunicación, ante el público.
Declaración indagatoria de Carlos Monzon:
El 15 de febrero de 1998, Carlos Monzón (C.M.) prestó declaración indagatoria por el homicidio de Alicia Muñiz. El imputado declaró que él y su hijo dormían en un cuarto de la casa de Adrián Martel y que Alicia Muñiz (A.M.) dijo que quería quedarse en la casa, en donde también estaba alojado Daniel Comba.
El día de la muerte de A.M., C.M. había tomado una lata de cerveza y una botella de vino entre tres personas. La noche de la muerte de A.M., Daniel, Alicia y Carlos se dirigieron al Casino donde éste último comenzó a tomar champagne. Aproximadamente al amanecer se retiraron A.M. y C.M. en un taxi hacia la casa de Martel. Una vez en la habitación que compartían, A.M. se desvistió y luego empezaron una discusión referida a los alimentos que C.M. le pasaba a su hijo, quien dormía en la misma habitación.
Relató que A.M. le tiró un atado de cigarrillos en la cara, por lo que él le apretó fuertemente el cuello con las manos y luego le dio un “cachetazo”. Luego, C.M. salió al balcón y Alicia lo siguió, quien comenzó a atacarlo “como los pibes tirando cachetadas” por lo que C.M. procedió a agarrarla de los brazos. Después de ello, dijo no recordar más hasta que los dos estaban tirados en la planta baja, (vale aclarar que la occisa no fue encontrada debajo del balcón de la habitación donde pernoctaban, sino dando la vuelta sobre el mismo). A continuación, declaró que al recobrar el conocimiento, subió por la escalera de piedra y comenzó a golpear la puerta gritando el nombre del casero “Carlitos”. Ante el infructuoso llamado, bajó por donde había subido, pasando junto a su mujer, sin tocarla para nada, tomó una maceta y la arrojó contra el vidrio del garage, con lo que consiguió despertar al casero, quien comenzó a hacer las llamadas telefónicas.
Declaró además que, en tres de sus cuatro matrimonios agredió con cachetazos a sus compañeras, debido a su carácter irascible, dejando constancia de que no tuvo la intención de causarle daño a A.M.
En la ampliación de su declaración indagatoria, C.M. recordó que cuando A.M. le pegaba, empezó a correr hacia el lado del bombeador, y que A.M. se tiró de cabeza, por lo que él también se tiró, tratando de agarrarla del brazo izquierdo, cuando ya iba en el aire. Manifestó no haber consumido drogas esa noche, aunque consumía cocaína y no estar seguro de haber tomado pastillas de Lexotanil esa noche.
En los medios de comunicación la declaración se públicó de un modo distinto:
Clarín del 15/02/88, publicó que después de la atroz caída, C.M. comenzó a gritar: “Daniel, ayudame que creo que me muero”, cuando en realidad, en la indagatoria C.M. declaró que le gritaba al casero, de nombre “Carlitos”. Esta tergiversación generó en los medios la teoría del “tercer hombre”, la que no tuvo relevancia en el caso judicial.
Página 12 del 17/02/88 y del 18/02/88, publicó otra versión de los hechos, distinta de la declarada por C.M., pero como parte de su indagatoria, lo interesante es que las dos versiones publicadas por el mismo diario se contradicen entre sí: “Para no despertar a Maxi con los gritos de nuestra discusión, salimos al balcón, ella vino, me rasguñó y me pegó, después corrió por el balcón y se arrojó al vacío”, “Le pegué una trompada en la boca, la agarré del cuello y los dos nos caímos por el balcón”.
Clarín, del 18/02/88 agregó como motivo de la discusión que desencadenó la muerte de A.M., una pelea por la madre de A.M., lo que no fue mencionado en la indagatoria, así como tampoco la siguiente declaración, que sin embargo, se cita como una parte de la indagatoria de C.M.: “yo no creo que esté bien pegarle a una mujer, pero un bife no es pegarle, no tengo porqué mentir, no me arrepiento ni me parece importante este asunto. Yo siempre le pegué a todas mis mujeres y nunca les pasó nada”.
Página 12, del 25/02/88 publicó que C.M. declaró haber tomado alcohol y un tranquilizante esa noche. Si bien coincide la ingesta de alcohol, C.M. realmente dijo no estar seguro de haber tomado el tranquilizante.
Testimonial de Pedro Julio César Martinez (Facha Martel):
Este testigo declaró que al momento de los hechos él no estaba en su casa, sino jugando en el club Peñarol, por lo que se entero de la noticia telefónicamente.
Testimonial de Pedro Julio César Martinez Facha Martel), en los medios de comunicación:
Esta misma declaración fue tomada por la prensa como la testimonial del “Tercer Hombre”, teoría que nunca adquirió relevancia judicial y sí en los medios.
Testimonial de Rafael Crisanto Baez (cartonero Baez):
Se presentó espontáneamente en sede policial el 1 de marzo de 1988 y declaró que a las 5:30hs. se encontraba en el lugar de los hechos cuando vio bajar a un hombre y una mujer de un taxi, los que estaban discutiendo violentamente. Que en un momento dado la mujer le gritó “celoso, neurasténico” y el hombre de un empujón la tiró de rodillas al suelo, perdiendo, ella, los zapatos, para luego ser “agarrada de los pelos” por el hombre que la entró a la casa.
Manifestó que vio cuando se encendía la luz del primer piso y que se escuchaban gritos de la mujer que insultaba al hombre. Que en ese momento el hombre le pegó dos trompadas en la cara y la tiró de cabeza a un mueble, para después obligarla a sacarse lo que tenía puesto. Que luego el hombre la tomó del cuello y la levanto para arriba, mientras ella manoteaba, tratando de defenderse, hasta que “se aflojó toda” y cuando el hombre la soltó se cayó al piso, estando dentro de la habitación. Luego el hombre fue a abrir la ventana, la cargó al hombro, la sacó por el balcón, dio la vuelta y la tiró, después de lo cual se tiró el sobre ella y así, se quedaron unos minutos, hasta que él se levantó rengo y comenzó a gritar que la mujer se había matado.
Cuando Baez declaró ante el juez, mantuvo la misma versión, pero agregó que “estaba un poco alto y oscuro como para ver”, pero aún así, manifestó que al momento de ahorcarla, el hombre la miraba como desesperado, que tenía los ojos como desesperado mientras movía la cabeza, justo antes de soltarla.
Testimonial de Rafael Crisanto Baez (cartonero Baez) en los medios de comunicación:
Para los medios, la declaración planteó diferencias con el expediente judicial.
Crónica, del 03/03/88 describió que C.M. le aplicó un uno dos cruzado perfecto a la chica, con los puños bien cerrados, cayendo ella atontada, cuando en verdad, Baez dijo solamente que le había pegado, sin recordar si tenía el puño abierto o cerrado.
La revista La Semana del 29/06/89 publicó que según la declaración de Baez, cuando bajaron del taxi, C.M. le aplicó un pechazo a A.M., cuando Baez declaró que fue un empujón.
Testimonial de Maximiliano Monzon en sede judicial:
Esta testimonial nunca existió en el expediente, pero fue inventada por los medios y tomada como decisiva en la causa que ellos (los medios) llevaron adelante.
Testimonial de Maximiliano Monzon en los medios de comunicación:
Crónica, del 08/02/88 dijo que Maximiliano había declarado ante la Justicia: “papi tiró a mami por el balcón”. Esto, no sólo es un invento, sino que además, el periódico intentó conmover al público diciendo que con la ingenuidad de sus seis años el vio todo lo que pasó aquella trágica noche del 14 de febrero de 1988. Que esa noche fue arrancado de su sueño. Que vio a su madre muerta y dijo “despertate, mamá”.
CONCLUSION DEL CASO MONZON:
Este trabajo plantea, no solo las diferencias en el trato del tema que dieron el periodismo y los tribunales, sino también el modo en que se enfocó a la persona de Monzón. No hay dudas de que si el no hubiera sido una persona famosa, el caso no hubiera tenido la relevancia periodística que adquirió. Pero además, el hecho de su notoriedad pública, lejos de ayudarlo, lo perjudicó, lo que se evidencia a través de las publicaciones de la prensa, quien lo condenó desde un primer momento.
De modo que antes de la condena de los tribunales, Carlos Monzón fue también condenado socialmente por la opinión pública. La prensa, no solo se ocupó del homicidio, sino que extendió el juzgamiento a las diferentes áreas de la vida de Monzón, encarnando en él a un personaje siniestro, al que en otros tiempos glorificó por las mismas características por las que posteriormente sería atacado: su rudeza, machismo, inflexibilidad y frialdad.
CASO “SECTA NIÑOS DE DIOS”:
Síntesis de la causa:
La causa judicial conocida como “Los Niños de Dios”, tramitó ante el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, a cargo del juez Marquevich. Las primeras noticias periodísticas refirieron presuntos desarreglos sexuales con menores, la exhibición de filmaciones pornográficas y el ejercicio de la prostitución por parte de jovencitas, con el fin de conseguir fondos e interesar a nuevos adeptos (flirty fishing o F.F.). El despliegue informativo fue extenso y abarcó, con cierta intensidad, un lapso cercano a los dos meses.
El 13 de diciembre de 1993 la Cámara Federal de San Martín consideró insuficientes los elementos de cargo y revocó el auto de prisión preventiva dictado por el juez Marquevich. El tribunal de alzada ordenó la libertad de todos los involucrados y dispuso, al mismo tiempo, la restitución de un centenar y medio de menores que habían sido internados provisoriamente en diferentes institutos oficiales.
Finalmente, el 29 de junio de 1995, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo por desistido el recurso intentado oportunamente por el fiscal Dr. Pablo H. Quiroga, quedando firme la resolución de Cámara Federal de San Martín.
Marco previo a la causa judicial:
Es necesario recordar, para tener una comprensión acabada del caso en cuestión, que en ese entonces se debatía una muy importante cuestión relacionada, nada menos que, con la libertad de cultos de grupos minoritarios. Cuatro proyectos de ley estaban en debate en el Congreso Nacional para definir una nueva Ley de Cultos, uno de los cuales proponía reprimir penalmente a las agrupaciones religiosas que, sin estar debidamente registradas ante la autoridad de aplicación, pudieran lesionar el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Si a tal situación de hecho, se le adiciona el condimento de presuntas agresiones sexuales que se decían cometidas en perjuicio de menores enseñados a prostituirse mediante técnicas de “lavado de cerebro”, el resultado periodístico es fulminante. Y el político-institucional, también.
2. Informativo:
La opinión pública había sido informada durante el año 1992 de la preocupación de Iglesia Católica por la actividad de las sectas. Así, por ejemplo el 16/8/92 el diario La Nación tituló: “Las sectas invaden Misiones y reina preocupación en la Iglesia.”. Otro subtítulo: “Explosión religiosa: en diez años se inscribieron 1903 cultos”.
3. Denuncias:
Luego de varias denuncias en contra de esta supuesta secta, en octubre de 1989, ante el juez de Menores de Mercedes Dr. Cámpora, se presentó una denuncia de un ciudadano norteamericano, que reclamaba por la desaparición de los menores F.. Pese a tratarse de una cuestión vinculada a menores, la causa quedó finalmente radicada en el Juzgado Federal de San Isidro del Dr. Marquevich.
Declaración de Abigail Berry:
La denunciante años antes había sido detenida por denuncias realizadas contra el grupo, y en ese momento había negado ante la justicia irregularidades. Con posterioridad se convirtió en una de las principales denunciantes. Sus denuncias fueron las siguientes:
1) Que de muy chica hubo adoctrinamiento sexual de una forma lujuriosa y pervertida.
2) Que siempre le fue impuesto material explícito y aberrante.
3) Que desde chica observa cómo las mujeres salían a la calle a hacer la prostitución.
4) Que fue abusada sexualmente a los 7 años.
5) Que a los 12 años, con otras dos chicas, fueron manoseadas y violadas por el líder M.S. y por un hermano mayor de éste.
6) Que antes de tener una relación le preguntaban, y que sabía que ante una negativa sería golpeada y torturada mentalmente, por lo que a los trece años no tenía opción.
7) Que C.B., detenida en la causa, fue quien le dijo en un primer momento que debía tener relaciones con el líder, lo que era una regla con los adolescentes.
Declaración de Richard Dupuy:
El testigo relató que la gente que militaba en la secta lo hacía “libremente, pero que una vez que se encontraban en ella, estaban ordenados por sus superiores a realizar tareas que no les era libre dejar de cumplir, manifestó que personalmente no tenía conocimiento de la comisión de delitos en nuestro país”.
El testigo señaló que no le constaba ningún caso concreto de abuso sexual en la Argentina.
Declaración de Edward Priebe:
El testigo de nacionalidad canadiense, manifestó encontrarse transitoriamente en la Argentina. Que ingresó a Los Niños de Dios en 1971 y que entregó, en otra oportunidad, al Juzgado de Menores de San Isidro, varios videos pornográficos filmados por el grupo en Filipinas realizados por el Sr. Joseph Peloquín. Agregó que estuvo presente cuando se realizaron los videos, y que vivió durante ocho meses en Filipinas en la propiedad de David Berg, manteniendo un trato personal con él y su actual compañera, y que no sufrió abusos físicos sino más bien psíquicos.
Declaración de Pablo Romonone:
Dijo conocer a A.S.D. y manifestó que vio cómo en el año 1987 el hijo de ella, de 5 años, tenía sexo con su madre. Dijo haberla visto hacer el F.F. con otras personas y que era una de las encargadas de organizar las “noches románticas” (noches especiales donde se bailaba y se compartían las parejas), en las cuales participaban menores, tanto en ver el baile como en tener relaciones con otras personas mayores.
Afirmó que existía literatura para que, a partir de los cuatro años, se les explicara a los menores el F.F., como forma de ganar el sustento.
Además, sostuvo, que los hijos eran separados de los padres y enviados a otro lugar para un mejor adiestramiento, para así lograr que los chicos no se encariñaran con los padres.
4. Se ordenan allanamientos:
El juez Marquevich ordenó un importante operativo policial que, en horas de la madrugada del 1º de septiembre de 1993, irrumpió en diez fincas, que eran alquiladas por “La Familia” para investigar presuntos delitos de “asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, corrupción de menores, reducción a la servidumbre y violación de derechos de la minoridad”.
5. Tratamiento periodístico de la causa:
El 2 de septiembre de 1993, el diario La Nación, informó sobre el procedimiento con el título “Custodia judicial para 300 menores”. Sin embargo, en la página 14 se afirmó que se “detuvo a 30 mayores y se rescató a más de 300 menores”. La idea de rescatar provoca un prejuicio antes de que la Justicia llegue a un veredicto, al tiempo que sugiere que los niños estaban ilegalmente retenidos en el marco de un peligro cierto e inminente.
El matutino reprodujo un cable de la agencia católica AICA relativo a los orígenes de la secta creada por David Brand Berg, donde se informó sobre “la práctica de la prostitución sagrada”.
En su totalidad el artículo presentó información contraria a la secta.
El matutino afirmó contundentemente: “A esta altura no hay dudas que los dirigentes de Los Niños de Dios practicaban relaciones sexuales promiscuas... las niñas y adolescentes que capturaban eran iniciadas en la prostitución y hay indicios claros de que a través de ellas lograban llegar a ciertos círculos de poder económico y político.”. Mientras que en el expediente sólo hay una denuncia circustanciada de un posible abuso de menores.
Temerarias resultan estas afirmaciones, que además de restringir el derecho de defensa fueron realizadas apenas transcurridas algunas horas del procedimiento policial.
Como otros medios, Crónica citó declaraciones del fiscal Villafuerte, que aseguró que entre los materiales secuestrados había muchas cosas aberrantes. Entre ellas mencionó: “literatura que exalta el sexo explícito completamente libre, entre, por ejemplo, un padre y una hija”. Dijo, además, haber tenido acceso a un video en el que menores participaban de danzas que terminan en sexo oral. Este material no figuró en la causa judicial.
Actividades demoníacas:
Se citaron declaraciones del Obispo de Mercedes quien calificó las actividades del grupo como “demoníacas”. El Obispo afirmó que, la justicia debe ser inexorable en estos casos, porque las argucias de los abogados no pueden tender un manto de olvido.
Se citaron en forma textual declaraciones del Comisario Juan C. Rebollo, quien confirmó que “se ecuestraron videos pornográficos...”. Como ya se relató, estos videos pornográficos no existieron en la causa.
Pese a que de las constancias de autos no surgía que el comisario Rebollo fuera especialista o perito psicólogo, éste afirmó que “... estos chicos no son como los nuestros... parecen marcianos, zombies”. Agregó más adelante que “la organización funciona como los subversivos...”. “Acá es como la perinola, todo vale”, sentenció.
Con el titular: “Ayuda cristiana a Niños de Dios”, este diario publicó que representantes de la Iglesia Católica se habían comunicado con el Juez federal para conocer la situación de los niños y ofrecer toda la ayuda necesaria para su recuperación.
Más allá de que parece prematuro hablar de una recuperación de algo que todavía no se conoce, estas afirmaciones hablan de que los medios en general, a dos días de la investigación, daban por probado lo denunciado.
A su vez, Monseñor Osvaldo Musto dijo: “... Acá hay prostitución para conseguir adeptos, consagran su cuerpo a los demás. Hay aberraciones, pero las pruebas son difíciles. Se mimetizan, cambian de nombre, porque se dedican a lavar cerebros, sacan a los chicos del hogar, o les hablan en contra de su propia familia, como si fueran sus enemigos, tergiversan textos de la Biblia... esto va más allá de lo religioso.”
Estos dichos son muy peligrosos debido a que en nuestra sociedad la Iglesia Católica cumple un rol sumamente importante, por lo que estas declaraciones tuvieron una gran incidencia en la opinión que el público se formó respecto al caso en cuestión, más aún, cuando dichas declaraciones nunca fueron probadas en el expediente.
Otro de los titulares publicados por este matutino fue: “Niños de Dios, preparados”. El artículo decía que “las pericias psíquicas dispuestas por el juez federal de San Isidro, revelan que los chicos y los adolescentes captados por la secta...eran víctimas de un prolijo lavado de cerebro, que los ponía en riesgo de aceptar un suicidio en masa y de obedecer mansamente las aberraciones sexuales que les imponían y la práctica de la prostitución para obtener dinero e influencias, según trascendió en medios judiciales”. Sin embargo, según la pericia psicológica no aparecía la idea de suicidio.
La referencia a una fuente no identificada no exime de responsabilidad al periodista cuando se trata de afirmaciones tan contundentes y asertivas (obsérvese que no se utiliza al potencial) sobre un informe pericial provisorio. Las conclusiones sobre el informe de los psicólogos parecen ser más el producto de la imaginación.
El matutino señaló, además, y sin especificar la fuente que los médicos certificaron el buen estado de salud de los niños... pero determinaron que la alimentación que se les suministraba causaba un insuficiente desarrollo psíquico. “A partir de esa insuficiencia, los líderes de la secta lograban discípulos obedientes y dispuestos a cumplir cualquier orden, por más repugnante que fuera”. Por el hecho de que el grupo era vegetariano, el periodista concluyó que ésto permitía a los líderes lograr discípulos dispuestos a aceptar cualquier tipo de órdenes, incluso las más aberrantes, esto parece un verdadero exceso.
Este diario publicó que el fiscal Villafuerte afirmó haber visto un video de propaganda del grupo, que mostraba sexo explícito en una relación de un padre con su hija. Este material nunca estuvo oficialmente en la causa.
Citando altas fuentes de la investigación se informó que en los videos podían observarse escenas de lesbianismo y sexo explícito entre una madre y su hijo. Este material nunca estuvo registrado en la causa en forma oficial.
En la misma edición, apareció la denuncia de Nora Méndez, madre de un ex integrante de la secta, que aseguró que su hijo fue sometido a un lavado de cerebro. Nunca hizo la pertinente denuncia judicial ni hay constancia fehaciente de dicha afirmación.
El artículo no contenía, a dos días del inicio de la causa, la opinión de los investigados. Podríamos decir que en su totalidad se refleja la posición de los denunciantes y ninguna referencia a un debate más amplio sobre los valores jurídicos en juego.
Clarín: del 4/12/93
Bajo el título “No será fácil conseguir pruebas para acusarlos”, implícitamente sugirió que los delitos fueron cometidos. La necesidad jurídica de apoyar las acusaciones en pruebas que certificaran las conductas, no estaba presentada como una garantía básica del derecho penal, sino como un obstáculo a las sentencia que algunos medios y con ellos la opinión pública ya habían dictado.
Allí se afirmó, sin citar ninguna fuente, que “en el juzgado del Dr. Marquevich... parece estar claro que, como ocurrió anteriormente, en la Argentina y en otros países del mundo, probar estos delitos privados no es tarea sencilla”. El periodista afirma, a su vez, que Abigail Berry y varios ex integrantes de la secta viajaron desde el exterior para aportar pruebas.
La Nación: día 5/9/93
Publicó la declaración del comisario inspector Rebollo, quien afirmó:
1) “Se advierte un régimen nazista. Había discriminación racial para su ingreso pues se rechazaba a los de piel oscura y a los judíos.” Sin embargo, se pudo comprobar que hombres de tez negra eran integrantes del Grupo.
2) “Se investigan supuestos centros de prostitución que había establecido la comunidad, y en donde la practicaban varios de sus miembros. El dinero recaudado habría servido para solventar los gastos de La Familia.”
El abogado de La Familia, sostuvo: “los chicos tienen un alto coeficiente mental y contrariamente a lo que se publicó por ahí, reciben una alimentación muy sana ... pienso que el resultado de los peritajes... será contundente para demostrar el alto grado de inteligencia de estos chicos y que no han sido sometidos a ningún tipo de presión psicológica para cometer delito alguno. En el Grupo, no existe lavado de cerebro.”
Clarín: día 6/9/93
Bajo el título “Sin leyes ni sanciones”, reprodujo las declaraciones realizadas a Radio América por el diputado nacional (P.J.) Alberto Piotti: “A pesar de que la secta Los Niños de Dios fue expresamente prohibida en 1977, pudo seguir actuando con el nombre “La Familia” por la falta de instrumentos legales, lo que coloca a la Argentina dentro de los países donde el accionar de estos grupos es fácil”.
El diputado propuso, además, activar el trámite parlamentario de un proyecto que él mismo presentó a principios de año, que incluía tres nuevos delitos con sanciones penales para quienes ejercieran el liderazgo de los grupos sectarios.
Para el ex juez federal Piotti “no se debe esperar que estos delitos ocurran, para después probarlos, porque las acciones contra la honestidad son muy difíciles de probar.” ¿Acaso pretende atribuir un delito antes de que este ocurra?
Crónica: día 6/9/93
El medio informó que el juzgado había empezado a tomar declaración indagatoria a los detenidos imputados de pertenecer a “La Familia”, la secta que oculta en realidad a la prohibida organización esotérica “Los Niños de Dios”. Sin embargo, los detenidos no están imputados de pertenecer a la secta sino de haber cometido delitos.
Este diario publicó, además, que “las garras de los responsables de la secta “La Familia”, fachada detrás de la cual se esconden Los Niños de Dios, perseguidos en todo el muindo por corrupción de niños, llegaron también a Mendoza”. La redacción de la noticia no parece garantizar el principio constitucional de inocencia. Varios medios, con anterioridad, habían informado que esas acusaciones nunca pudieron ser comprobadas en ningún tribunal extranjero.
Las notas aparecidas en este medio son en un 95% contrarias a la organización. La única fuente directa, está integrada por la opinión personal del redactor, cables de agencia a los cuales se les agregaron frases o palabras que agravaban la imagen del grupo ante la opinión pública o citas de libros escritos por denunciantes en la causa. La única información directa de los detenidos, que denuncia persecución religiosa, es calificada por el periodista, como estrategia de la defensa.
Breve referencia a algunas declaraciones indagatorias:
Rubén Martinetto, encargado de prensa, manifestó que el F.F. dejó de practicarse en 1987 por orden del Padre David y aseguró que el sexo se practicaba en la comunidad recién a partir de los 21 años, que los que violaban esa prohibición eran automáticamente excomulgados.
Clarín: día 8/9/93
El matutino señaló que los abogados defensores ya habían presentado el pedido de libertad ante el juez y que consideraban que en la causa “no habría elementos de prueba suficientes para mantener el encarcelamiento de los detenidos”. Con el pasar de los días, los medios comenzaron a darle a la defensa posibilidades de expresarse.
6. Prisión preventiva:
Conclusiones del magistrado:
“De acuerdo a los informes médicos agregados a la causa, no se puede hablar de violación de menores, ya que no existen pruebas de que los detenidos, quienes ya prestaron declaración indagatoria, sean autores de este delito, cometido contra aquellos. No obstante lo cual, y teniendo en cuenta esos mismos informes, nueve de ellos presentan lesiones compatibles con abusos de naturaleza sexual, lo cual permite conceptualizar y tipificar el delito de corrupción de menores.
Surge de la abundante lectura incautada la promoción por parte de los detenidos del ejercicio de la prostitución, lo que ellos denominan F.F., consistente en la prostitución sacra, que significa que los integrantes de la comunidad tengan relaciones sexuales con individuos exteriores al grupo, con intención de captarlos a él. Es increíble que un Juez pueda afirmar que la tenencia de libros sobre prostitución implique el ejercicio de la misma, y base el auto de prisión preventiva en una deducción carente de lógica. Este juez no debería olvidar el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Existe una total sumisión por parte de los menores a los líderes, lo que lleva a concluir que se encuentra tipificado el delito de reducción a la servidumbre. ¿Basado en qué?
Con relación a los delitos de alteración civil de un menor de diez años y falsedad ideológica de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, se realizaron los exámenes inmunogenéticos correspondientes, y se determinó que cuatro de los menores no eran hijos de R.
Finalmente, el juez Marquevich, dictó prisión preventiva de 18 miembros de la comunidad.
“... el abogado Fabris informó que la recusación fue presentada por razones estrictamente técnicas, especialmente porque creemos que se ha perdido la ecuanimidad y el equilibrio para llevar la causa. Primero, todas las declaraciones del juez al periodismo diciendo que hay violaciones múltiples, cuando tiene gente detenida desde hace una semana, pero a quienes todavía no acusó de haber violado a nadie, y segundo, la forma en que se inició el sumario, utilizando un procedimiento que no garantiza el debido proceso legal.”
Este periódico dio la noticia de que el juez mencionó que a un menor de 14 años les habían comprobado crueles y atroces vejaciones y distintos vejámenes a otros ocho chicos. Efectivamente el juez Marquevich llegó a esa conclusión del informe pericial recibido. Su interpretación fue modificada en la Cámara Federal por el aporte de otros especialistas.
Bajo el título “Crueles y atroces vejaciones”, dijo que, tras haber comprobado que nueve niños del grupo pararreligioso habían sido violados, el juez de la causa dictó prisión preventiva. El diario le atribuyó al magistrado haber confirmado violaciones, sin embargo otros medios reflejaron correctamente el pensamiento del juez, quien dejó aclarado que en ese estadio procesal, sólo podía acusar por abuso de menores.
Además publicó que, al igual que otros medios de difusión masiva, según los estudios practicados por el Cuerpo Médico Forense, chicas entre 9 y 17 años tenían su himen desgarrado y un adolescente de 14 había sido cruelmente vejado.
Sin embargo, del total de 156 menores sólo se hallaron 9 casos de presuntos abusos sexuales, sin embargo, los exámenes médicos aportados en la Cámara Federal, no convalidaron esa presunción.
El matutino señaló: “Marquevich, en su resolución, aseguró que pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense (CMF) permiten comprobar crueles y atroces vejaciones. ... Las conclusiones a las que arribó Marquevich causaron sorpresa en el CMF, ya que no coincidirían en principio con lo que vieron los peritos durante los exámenes a los menores. No se detectó ninguna lesión categórica que pueda confirmar una violación, insistió un allegado a esa dependencia judicial. El vocero indicó que los signos de desgarros de himen son frecuentes en púberes como consecuencia de la masturbación, algo muy común de lo que poco se habla”.
Crónica: día 24/10/93
“Niños de Dios: preocupa a Quarraccino tanto silencio”
El medio recogió declaraciones del arzobispo de Buenos Aires emitidas por ATC, donde señaló: “Después de una intervención enérgica, clara y precisa del juez Marquevich, el asunto pasó a la Cámara Federal de Apelaciones. Y todo eso después fue recubierto de silencio... A veces uno piensa que ese silencio es preanuncio de un definitivo “aquí no ha pasado nada”... No sé a qué se debe ese silencio. Pero no quiero pensar que ese silencio haya tenido su precio”, agregó Monseñor Antonio Quarracino.
8. Fallo dictado por la Cámara Federal de San Martín:
Votos mayoritario de los jueces. Repercusión Periodística:
Día 13 de diciembre de 1993:
La sentencia revocó, por mayoría, el auto de prisión preventiva dictado por el juez Marquevich. Frente a la cerrada negativa de los imputados en torno a las acusaciones que les fueron dirigidas, el criterio divergente que separó a los jueces sobre la solución del caso se sustentó en la diferente valoración de las pruebas de la causa, a saber:
a. Testimonios prestados por ex integrantes del grupo que relataron abusos personales.
b. Estudios médicos y psicológicos practicados sobre los menores integrantes del grupo.
c. Filmaciones, libros religiosos y volúmenes con las cartas del líder del Grupo.
“Los detenidos no pudieron tomar conocimiento del material secuestrado para ser debidamente indagados en cuanto al contenido de los textos, gráficos o audiovisuales. Tal modo de actuar ha configurado un uso arbitrario del poder penal, al desplazar el proceso del marco de racionalidad inherente a la fundamental garantía de la defensa en juicio que es, precisamente, la que torna operativa a todas las demás. Se colocó a la defensa ante la valla infranqueable de un innecesario secreto sumarial y no se facilitó la participación de los peritos de parte al momento de examinar a los menores, otorgando carácter excluyente a la evaluación que efectuaría el Consejo del Menor y la Familia.
La solución del conflicto planteado no implica en modo alguno el análisis de las creencias de los justiciables, toda vez que ellas pertenecen a su fuero personal y, por ende, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Art. 19 CN.
La acción con relevancia punitiva es la actuación y no las ideas verbalizadas o escritas, ni los meros propósitos, por más perversos que éstos sean; tanto es ello así en nuestro sistema legal, que ni siquiera la prédica de las ideas o la exteriorización de un pensamiento criminoso puede acarrear una pena, si el Congreso de la Nación no la tipificó en una norma con jerarquía típica.
El testimonio que prestaron los ex integrantes de la secta poco permite recoger en respaldo del criterio cargoso, tanto sea porque su aporte proviene de personas que nunca han estado en contacto directo con las comunidades en las que convivían los menores o bien porque la misma generalidad en la que incurren, al no individualizar a las presuntas víctimas ni a sus específicos victimarios, cuando recrean el pretendido trato sexual promiscuo entre adultos y jóvenes a lo largo de un decenio, es incompatible con el resultado de los exámenes médicos. Sus propios dichos denotan un indisimulado afán por exagerar imprecisos recuerdos, al punto de haber recurrido para ello en falsedades, que al quedar indudablemente comprobadas han venido a debilitar significativamente la credibilidad que se podría asignar a sus declaraciones.
No deja de llamar la atención que después de tres meses de permanecer intervenidos los teléfonos de sus múltiples residencias no se haya logrado asociar seriamente algún tramo de las conversaciones grabadas, con el ejercicio de la llamada prostitución sacra, ni que exista una posible cita, encuentro o invitación para su práctica concreta.
La sola tenencia de afiches, cartas, casetes, videos y libros, así como su lectura, exhibición, debate, estudio o difusión, no implica llevar a la práctica un ápice de las circunstancias fácticas del tipo objetivo de la promoción y facilitación de la prostitución.
Si recurrimos al dato estadístico que nos proporciona la comparación entre las jóvenes mujeres con edades que van desde los 12 a los 21 años y la significativa cantidad de que 25 de ellas conservan aún el himen intacto, se debe coincidir en que se trata de un ministerio en franca decadencia.
Del total de 156 menores habidos en los hogares del grupo, sólo se hallaron 9 respecto de quienes se dijo inicialmente que habían presentado rastros compatibles con presuntos abusos de naturaleza sexual. Sin embargo, los exámenes médicos no convalidaron siquiera esa presunción, tal como se desprende de los estudios con resultado absolutamente negativo respecto a la casi totalidad de los menores.
El cuestionamiento de los procedimientos evaluativos que acabamos de criticar, no implica que estemos desmintiendo absolutamente las conclusiones a las que se arribaran en cada uno de los psicodiagnósticos que integran la nómina de los niños “con problemas” pero, innegablemente sustentan la responsabilidad de albergar severas dudas en cuanto a la validez que pueda serle asignada como elemento probatorio decisivo para decidir el encarcelamiento irredimible de los encausados. Máxime cuando se agregó un informe totalmente distinto.
Voto del Dr. Daniel Rudi:
“A partir de los textos religiosos denominados “Las Cartas”, “El pan de cada día” y “El Trapeador” se logra establecer que quien manda en los Niños de Dios es, en principio, el “profeta”.
La lectura, el estudio diario y la obediencia a las Cartas de Mo es obligatorio para la asociación.
El dictamen de la pericia psicológica, sobre la base del material obtenido en las evaluaciones de las pruebas psicotécnicas, los datos proporcionados por la observación directa y la documentación del grupo, abarcando aspectos como depravación, familia, identidad e identificación, educación, cultura y sexualidad.
Los Niños de Dios es una asociación ilícita cuya acción contribuye a poner en peligro la Constitución Nacional. Porque se constata que la organización nombrada, tanto en su vida interna como en su acción externa, postula la sustitución del sistema democrático, representativo y republicano por otro, mediante la difusión de un programa criminal cuyos ejes son: Estado totalitario, el odio y persecuciones raciales y religiosos, la prostitución divina y la destrucción de la familia.
Dicha asociación cometió los delitos de corrupción de menores de edad, reducción a la servidumbre agravada, privación ilegítima de la libertad física de un menor de diez años y falsedad ideológica de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas en concurso real. En consecuencia, del plexo probatorio estudiado está acreditada la responsabilidad de todos los encartados y corresponde confirmar las resoluciones apeladas.
La prensa: día 14 de diciembre de 1993:
“Dirigentes en libertad. Excarcelan a miembros de Los Niños de Dios”.
La Cámara Federal dispuso la incompetencia del juez Marquevich. En el cierre de la nota se reseñó el criterio del juez que votó en minoridad, en el sentido de que, a su criterio, “el grupo tenía como fin último el derrocamiento del sistema democrático y el desconocimiento de los principales derechos y garantías de la Constitución Nacional”.
Revista Humor:
“Los jueces no deben juzgar pecados”
Bajo este título calificó la resolución de la Cámara “como una pieza jurídica valiosa que reivindica el respeto a las minorías y rechaza la utilización del sistema penal para perseguirlas”. En relación al voto de la mayoría, el periodista destaca la defensa que se hizo de la privacidad respecto de la cuestionada paternidad de cinco hijos de un matrimonio determinado; señaló, además, el resultado negativo de las informaciones periciales médicas producidas en torno de los menores.
Crónica: día 20 de diciembre de 1993
Respecto al fallo, el periodista dice que constituyó “el cuestionamiento más severo que se conozca realizado al juez Marquevich por las irregularidades detectadas en la instrucción de la causa, así como también gruesos errores procesales en perjuicio de los miembros de la secta, ahora liberados, después de dos meses de cárcel, en principio se trató de detenciones injustificadas”.
La Nación: día 21 de diciembre de 1993
Los representantes de la Iglesia Anglicana, de la Evangélica Metodista y de la Federación de Iglesias Evangélicas apoyaron la decisión judicial y se pronunciaron a favor de la libertad religiosa. A su vez, el vocero de la Convención Bautista Argentina se manifestó contrario a la liberación de los miembros de lo que denominó Secta.
Clarín: día 24 de diciembre de 1993
Se hizo una referencia al origen de la causa recordando que si bien Marquevich había “hablado de corrupción, ocultamiento de menores, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y violaciones a la Convención sobre los Derechos del Niño”, las pruebas periciales demostraron que no había rastros de abuso sexual o de malos tratos, en coincidencia con lo que los acusados proclamaron desde un primer momento. A su vez, añadió el periódico, la Cámara Federal sostuvo que existió un “uso arbitrario del poder penal” al referirse a la actuación del juez.
9. Recursos contra el fallo:
El 16 de mayo de 1995, el procurador general de la Nación desistió del recurso extraordinario interpuesto por su inferior jerárquico, el fiscal de Cámara, contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín. Por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo por desistido el recurso dejando consiguientemente firme la resolución de la Cámara.
Página 12: día 11 de julio de 1995
El artículo hizo mención de un comunicado de prensa de La Familia por medio del cual se festejó la decisión de la Corte, al tiempo que expresó su esperanza de que este resultado sirviera como precedente para evitar que otros sean víctimas inocentes de prejuicios, arbitrariedades y persecución religiosa”.
El haber investigado esta causa nos permitió apreciar el funcionamiento de los medios de pensa de manera directa, observar sus aciertos y errores y su mayor o menor apego a la información veraz y a una actitud profesional.
Pudimos observar, en términos generales, que los titulares que encabezaron las noticias de esta causa, denominada “Niños de Dios”, denotaban un evidente contenido de sensacionalismo.
Además, esos titulares colocaron a la opinión pública, no sobre el centro de la cuestión judicial, presuntos delitos atribuidos a mayores, sino sobre aspectos colaterales que potenciaron prejuicios contra la comunidad religiosa. Se presumía en esos encabezamientos, por ejemplo, que los mayores retenían en forma ilegal a los menores, llegando incluso a sugerirse en algún medio que la mayoría de los niños habían sido secuestrados.
El periodismo le dio escasa difusión al fallo de la Cámara Federal y de la Corte que pusieron punto final al conflicto, al disponer la libertad de los implicados. Esa falta de interés de los medios en la sentencia de Cámara, les quita, a los imputados la posibilidad de eliminar el estigma creado por la prensa.
Podemos concluir que, las noticias publicadas de esta manera afectaron la presunción de inocencia, al tenerse por ciertas todas las imputaciones. La mayoría de los medios de comunicación trato a las acusaciones contra el grupo sin cuestionamiento alguno, manteniendo un apego evidente a la verdad formal, en detrimento de la verdad material. La inicial omisión judicial de consultar a quienes podrían actuar como la contracara de la gestión judicial, demuestra la verdad de este aserto.
Las fuentes consultadas y aceptadas sin ningún tipo de cuestionamiento fueron la policial, la de ex integrantes de la “secta” y la de organizaciones “antisectas”, conformándose de tal suerte un complejo informativo de un solo color y de un único alcance ideológico.
La forma en que la prensa, en general, se ocupó de este caso implica un grave riesgo en confundir pecados con delitos, teniendo en cuenta la trascendencia que, en nuestro sistema democrático, tienen los valores jurídicos comprometidos en esta causa como la libertad de culto, de asociación y el derecho de defensa en juicio.
Por otra parte, tampoco se inquirió periodísticamente sobre qué valores jurídicos estaban en juego y se aprovechó el “gancho” de los titulares para afianzar la idea de que la justicia investigaba una “secta” y no a personas sospechadas de haber cometido delitos.
Desde otro punto de vista, la carga informativa acusatoria estructurada desde una sola y única perspectiva influenció la formación de la opinión de los ciudadanos, y creemos, que ocurrió lo mismo con el Juez Marquevich y el Comisario Rebollo.
La falta de profundidad de las motivaciones que llevaron al Juez Marquevich a dictar el auto de prisión preventiva, lo que fue registrado por la resolución revocatoria de la Cámara Federal de San Martín, es realmente preocupante. Allí, habría nacido una legítima noticia que ameritaba un gran titular. Estaba en juego la defensa del principio de inocencia, la libertad de culto, los límites del Estado en su relación con las ideas y prácticas religiosas. Sin embargo, ningún medio escrito intento profundizar sobre los contenidos del fallo para conocer los fundamentos de la decisión, y el único medio que se hizo eco del pronunciamiento lo hizo para desarrollar el contenido del voto de la minoría.
Todo ello nos sugiere que quienes deben hacerse cargo de tareas informativas de naturaleza judicial y/o policial, deberían tener una especialización acabada sobre esos temas para que puedan actuar como un “tamiz” de las fuentes consultadas.
El abandono del tratamiento periodístico de esta causa judicial y la distorsión de la información relativa a la misma, parece haber sido el resultado de la falta de compromiso de los medios de comunicación social con los valores jurídicos en juego, y más aún, con la opinión pública que ellos mismos sensibilizaron y luego abandonaron, generando así un sentimiento de verdadera frustración en el ciudadano que consideró, en definitiva, que no se había hecho justicia o que las graves acusaciones lanzadas inicialmente habían quedado en la nada.
La relación entre la justicia institucionalizada y la prensa es muy antigua. El material judicial es una mercadería muy apreciada por los medios de comunicación, porque, como dijéramos más arriba, las noticias sobre comisión de delitos son baratas, fáciles de obtener y tienen una importante demanda del público.
Tal como hemos observado en los casos analizados, la publicación de noticias sobre hechos criminales muchas veces se da de forma distorsionada, lo que lleva a la manipulación de la opinión pública.
La información que recibe la población a través de los medios de comunicación sobre casos tribunalicios difiere, muchas veces, de la que se va reuniendo en la causa judicial.
Una de las causas de esta disparidad, es que la prensa exhibe una inclinación manifiesta a la dramatización de la noticia y suele transmitir versiones y conjeturas que despiertan un marcado interés en el público, pero que no reflejan las probanzas obtenidas por los magistrados.
En forma resumida, la mentada distorsión informativa puede darse a través de la difusión de noticias falsas, exageradas, que implican un prejuzgamiento por la utilización de términos que denotan una condena mediática antes de que pueda expedirse el tribunal competente, por la publicación exagerada de ciertos tipos de delitos en relación a otros que son menos tratados por la prensa, aunque su índice de comisión sea mayor. Además, la prensa suele dar a conocer información que, si bien puede ser cierta, no es admisible en un proceso judicial.
Por su parte, la opinión pública consume este tipo de noticias y confía en que todo lo que se publica es real. Sin embargo los medios construyen la realidad, no la reflejan, lo que ocurre, entre otras cosas, porque la visión que dan los medios de la misma no es total y responde a intereses determinados. De este modo, los medios no solo nos dicen qué pensar, cómo hacerlo, sino también cuál es la realidad.
Por otro lado, creer que detrás de las noticias sólo esta el ánimo de lucro de los empresarios que manejan los medios, es bastante limitado. Es evidente que detrás del tratamiento de la temática criminal existen otros intereses, tales como desviar la atención de la opinión pública de determinados temas, sobre los cuales nuestros dirigentes políticos prefieren que no pensemos, la creación de un sentimiento de inseguridad que atraiga a compradores de mercancías relacionadas con la seguridad, intereses económicos de otros grupos privados, políticos, etc.
Un ejemplo interesante de cómo los intereses políticos y de distintos grupos pueden influir en qué se publica, de qué forma se lo hace, y la influencia que ello puede tener en la causa judicial, es el caso de los “Los Niños de Dios”, donde gran parte de la relevancia del caso se debió a que en el momento de la supuesta comisión de los delitos se estaban tratando cuatro proyectos de ley referentes a la libertad de cultos. La publicidad negativa que recibió el caso fue utilizada políticamente para impulsar esos proyectos e influyó en forma decisiva en la resolución del Juez Marquevich, luego revocada por la Cámara Federal de San Martín.
La distorsión informativa tiene tres consecuencias fundamentales:
En primer lugar, instaura en la sociedad el pedido recurrente de endurecimiento del sistema penal, en virtud del sentimiento de inseguridad que genera en el público. Pareciera entonces, que la solución a los problemas criminales fuera la adopción de medidas autoritarias, que rara vez pueden ser conciliadas con nuestro sistema constitucional al generar recortes constantes en la libertad de las personas. En definitiva, los mensajes de los mass media colaboran con el proceso de “marginalización” y “represión”, dentro del marco de selectividad del sistema penal.
Demás está decir, que consideramos que la represión, lejos de solucionar el problema lo agrava.
La segunda consecuencia es que al difundirse una enorme cantidad de excitantes hipótesis, no sustentadas en hechos reales, ni en las constancias de autos, la población queda con una lógico sentimiento de insatisfacción e injusticia, cuando la causa judicial es resuelta de un modo menos extraordinario.
Esto se vio claramente reflejado en el caso “Arata”, donde los medios dieron a conocer más de 50 hipótesis, entre las que se encontraban: el asesinato por parte de grupos terroristas argelinos, por la “mafia del oro”, por un conflicto gremialista o por una conexión con el grupo Montoneros, entre otras hilarantes teorías. Sólo resta imaginar el descreimiento de la población al enterarse que, en la causa judicial, se determinó que los verdaderos homicidas fueron tres albañiles ladrones. Ello, si es que lograron tomar conocimiento de la resolución final de la causa.
La inquietud mencionada en último término, obedece a que la difusión de los casos criminales suele ser excesiva en los comienzos de la investigación (donde prácticamente no existe una gran cantidad de pruebas, y aunque así no fuera, estarían reservadas por el secreto del sumario), y deficiente o inexistente, cuando la justicia emite el veredicto final, lo que incrementa el desprestigio ya existente del Poder Judicial.
Por último, resta analizar tal vez la consecuencia más importante de la distorsión informativa, que es la formación errónea de opiniones en la sociedad que presionan sobre el juez y la visión que éste pueda tener del caso. La influencia de los medios de comunicación sobre los magistrados puede darse entonces, en forma directa, tal como lo esbozara la Corte de EEUU quien afirmó: “los jueces son también seres humanos y son susceptibles de las mismas reacciones psicológicas que los legos”, o en forma indirecta por la presión que la opinión pública puede ejercer sobre un Juez.
Desgraciadamente en nuestra práctica judicial, pudimos observar varios ejemplos de lo recientemente mencionado (y aunque no tuvimos oportunidad de analizar todos ellos, nos pareció útil realizar una síntesis de los más relevantes): Creemos que esto ocurrió en el caso “Monzón”, donde la condena mediática y por ende la condena social “impidieron” al Juez tomar una decisión que pudiera haber acarreado la libertad de Carlos Monzón (aunque hubiera sido condenado por homicidio culposo).
Asimismo, en el caso “Tablado”, la incendiaria publicidad negativa que rodeó al imputado, generó un “prejuzgamiento” antes de que los jueces pudieran expedirse sobre el caso. Sería ingenuo pensar que la condena del imputado no fue influida por la opinión pública y la prensa, máxime cuando los magistrados resolvieron la causa dejando de lado las conclusiones arribadas por parte de los peritos, cuyo dictamen hubiera determinado su inimputabilidad con el estricto tratamiento psiquiátrico de Fabián Tablado y no su encarcelamiento. Pero ello, hubiera despertado la ira de la sociedad que desde un principio había emitido un voto condenatorio.
Por otro lado, creemos que una situación similar se da en el caso “AMIA”, donde se necesita tanto encontrar a un culpable, que se termina buscando un “chivo expiatorio” que acalle el pedido de justicia de la población. Esto último se ha hecho tan evidente que hasta familiares de las víctimas piden públicamente que se encuentre a los verdaderos culpables y no se condene a quien no lo es.
Otro caso interesante que denota la influencia mentada se dio hace un para de años atrás, cuando las noticias que más se publicaban eran accidentes de tránsito en donde intervenían choferes de líneas de colectivos. En una oportunidad, y producido un choque que causó la muerte de una persona, el Juez condenó al conductor del colectivo (que al cruzar una bocacalle se subió a la vereda colisionando con un comercio que estaba en la esquina y atropellando a un peatón), por el delito de homicidio simple. El juez consideró que se trataba de dolo eventual, y fundamentó su decisión en la necesidad de prevenir estos delitos por parte de la sociedad, aplicando un claro criterio de b>“prevención general”. Creemos que en el ejemplo mencionado el juez no se basó en las probanzas de la causa para determinar la existencia del dolo, sino que primero determinó cuál sería la sentencia y luego le buscó un fundamento, demás está decir que la misma era concordante con el pedido que los medios y la sociedad venían realizando de mayor represión para los accidentes de tránsito.
Lo referente al caso “Los Niños de Dios”, ha sido tratado más arriba, en esta misma conclusión, por lo que resultaría reiterativo volver a analizar el caso.
Podemos decir que no se trata de determinar la parcialidad anímica del Juez, que no puede ser verificada, sino la afectación a las formas jurídicas del procedimiento que ocasione el prejuzgamiento a través de los medios. Si los órganos de la persecución penal y los tribunales se enfrentan fuera de las vías procesales legislativamente fijadas y toman parte en la pelea por la opinión pública, entonces renuncian a su neutralidad, se convierten en partes, favorecen precondenas y preabsoluciones y dañan de este modo el apego a las formas jurídicas del procedimiento.
La preocupación porque se afecten las normas del procedimiento, no está dada por la alteración de procedimiento es sí, sino porque éste tiende a la protección de los derechos y garantías fundamentales del imputado.
Por otro lado, somos conscientes de que no puede existir una estricta similitud entre prensa y justicia, debido a que son distintos los tiempos, medios e intereses que rigen cada una de las actividades. Mientras que el Poder Judicial es una institución republicana, que actúa dentro de una estructura y de normas relativamente rígidas, destinadas a garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, los medios de comunicación, especialmente en la época actual, están dirigidos por ejecutivos de corporaciones, cuyo objetivo primordial es el lucro.
Sin embargo, creemos que debería lograrse que en la Administración Pública se respetaran, al menos, tres derechos:
a) El derecho de la sociedad a recibir buena información.
b) El derecho de los imputados a la presunción de su inocencia hasta la decisión judicial definitiva.
c) El derecho de los jueces a estudiar los casos y decidirlos con serenidad, sin presiones periodísticas ni populares.
Nos permitimos esbozar algunas soluciones que, entendemos, elevarían la credibilidad periodística y que represtigiaría la institución justicia frente a los ciudadanos:
1) Los periodistas y los directivos de los medios de comunicación deberían asumir la responsabilidad de informar sobre las causas judiciales hasta la resolución final.
2) Los mismos deberían comprometerse, también, a difundir las opiniones y fundamentos de las distintas partes de un conflicto. Esto, permitiría una información menos parcial, y la formación de opiniones sobre la base de un conocimiento más extenso.
3) La función informativa debería sustentarse en criterios de estricta prudencia que, manteniendo vigente el principio de inocencia, eviten realizar afirmaciones que resulten luego desmentidas por la judicatura.
4) Podría analizarse la posibilidad de crear en el área, del Poder Judicial un departamento de “prensa” que permita atender las demandas informativas de la población a través de los medios. Este departamento brindaría información objetiva y confiable.
Sobre el cuestionamiento que motivó este trabajo, ¿Existe tendencia a la coerción y a la manipulación por parte de algunos medios para con la Justicia, en nuestro medio argentino?. Podemos afirmar, a través del análisis de los casos, la lectura del material periodístico emitido sobre los mismos y en algunos, contando con síntesis de los expedientes judiciales, que existe una tendencia a la coerción y a la manipulación por parte de la mayoría de los medios de comunicación para con la justicia en nuestro país.
No queríamos finalizar este trabajo sin hacerle notar al lector, que en virtud del mismo hemos adquirido una mirada más crítica de información divulgada, así como también de las falencias del sistema judicial.
* Wolf, M (1994): Los efectos sociales de los media. Pág.39-40, Barcelona, Paidós.
* Hacia un Plan Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia de la Nación, Secretaría de Justicia, Dirección de Política Criminal, pag. 149 a 163.
* La criminalización en los medios de comunicación de masas, Hans Joachim Schneider, Doctrina Penal T1 12 Pág 75.
* Los códigos de los mass media en el tratamiento de los temas criminales. Tavosnanska, Norberto. Revista Jurídica del Centro de Estudiantes N° 8, 1996, págs. 18 a 23.
* Jueces y Periodistas. Cómo se informa y cómo se juzga. Poder Ciudadano, 1996.
* Libertad de Prensa y Derecho Penal. Fabrizio Guariglia y Alberto Bovino, Editores del Puerto 1997, Primera Edición, Bs.As. págs. 87 a 160.
* Medios de comunicación, efectos políticos y opinión pública. D’ Adamo O., García Beaudoux V., Freidemberg F., págs. 67 a 260.
[1] Hassemer Winfried, Vorverurteilung durch die Medien?, en “Neue Juristische Wochenschrift”, nº 33, München/Frankfurt a. M., 1985, p. 1992.
[2] Op. Citada.
[3] Roxin, Strafrechtliche und strafprozessuale Probleme der Vorverurteilung, en “Neue Zeitschrift fur Stafrecht”, nº 4, München/Frankfrurt a. M., 1991, ps. 158 y siguientes.
[4] Medios de comunicación, efectos políticos y opinión pública. D’ Adamo O., García Beaudoux V., Freidemberg F.
[8] Datos extraídos de Wolf, M (1994): Los efectos sociales de los media. Pág.39-40, Barcelona, Paidós.
[9] Hacia un Plan Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia de la Nación, Secretaría de Justicia, Dirección de Política Criminal, pag. 149 a 163.
[10] Libertad de Prensa y Derecho Penal. Fabrizio Guariglia, Editores del Puerto 1997, Primera Edición, Bs.As. pág. 93 a 109.
[11] La criminalización en los medios de comunicación de masas, Hans Joachim Schneider, Dictrina Penal T1 12 Pág 75.
[12] Los códigos de los mass media en el tratamiento de los temas criminales. Tavosnanska, Norberto. Revista Jurídica del Centro de Estudiantes N° 8, 1996, págs. 18 a 23.
[13] Jueces y Periodistas. Cómo se informa y cómo se juzga. Poder Ciudadano, 1996.
[14] Irvin vs. Dowd, 366 US 717 (1961).
[15] 381 US 532 (1965).
[16] 384 US 333 (1966).
[17] Kaplan, op. Cit. P. 364; García, op. Cit. P. 75.
[18] Libertad de Prensa y Derecho Penal. Fabrizio Guariglia, Editores del Puerto 1997, Primera Edición, Bs.As. pág. 92.

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