Source: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_guatemala.asp
Timestamp: 2020-07-16 14:46:05+00:00

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El Capítulo III de la Constitución Política de la República de Guatemala, sobre el “Régimen de Control y Fiscalización”, establece que la Contraloría General de Cuentas es la institución técnica descentralizada responsable de fiscalizar “todo el interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.”
Existen además otras instituciones de fiscalización y control, contempladas también en la Constitución, las cuales se refieren a distintos ámbitos de competencia; a saber:
Fiscalía General / Ministerio Público
Superintendencias de Administración Tributaria, de Telecomunicaciones y de Bancos
El fin primordial de la Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional de la República de Guatemala. Es un tribunal colegiado permanente, de jurisdicción privativa y es independiente de los demás organismos del Estado. Su funcionamiento se basa en los Artículos 268 al 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Está conformada por cinco magistrados titulares e igual número de suplentes. La duración en funciones de estos es de cinco años.
Su creación se basa en el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala (1985). La Misión de esta entidad rectora del control gubernamental en Guatemala, es velar por la transparencia y honestidad de la gestión pública, y en particular, por la calidad y el buen uso de los recursos públicos.
Según lo establece la Constitución en el artículo 232, la Contraloría fiscaliza los ingresos y egresos de todos los organismos del Estado, de los contratistas de obras públicas y de cualquier persona que invierta y maneje fondos públicos. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, entre las atribuciones de la entidad se encuentran: efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras-administrativas a través de la práctica de auditorías, normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna, evaluar los resultados de la gestión, coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública, requerir la suspensión inmediata de funcionarios en caso de detectarse hechos delictuosos, nombrar interventores en asuntos de su competencia, entre otras.
Como lo establece también la Ley Orgánica de la entidad, el Contralor General de cuentas es la máxima autoridad de la Contraloría. No obstante, además de las funciones que desempeña este, existen también las de Subcontralor de Providad y de Subcontralor de Calidad de Gasto público. El primero de estos últimos tiene bajo su supervisión, entre otras áreas, la Dirección de Probidad y la Dirección de Ética y Moral, y es responsable de “velar por una honesta y proba administración pública y por la transparencia en el manejo de los recursos y bienes del Estado y de sus entidades, organismos e instituciones, así como por parte de los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos.”
El Subcontralor de Calidad de Gasto público, por otra parte, lidera Las Direcciones de Infraestructura Pública, de Auditoría Gubernamental, de Calidad de Gasto Público; y de Asesoría Técnica. De acuerdo con la Ley Orgánica, debe rendir informes periódicos al Contralor General de Cuentas y al Congreso de la República, “sobre todas las evaluaciones, análisis, estudios, investigaciones, encuestas, propuestas y mediciones llevadas a cabo.”
A partir de la reforma constitucional de 1993, el Ministerio Público se separó de la Procuraduría General de la Nación a la cual estaba integrado, y se constituyó en un órgano autónomo encargado de realizar “la persecución y la acción penal pública”. A partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, en 1993, le fueron asignadas una serie de funciones que se pueden agrupar en dos grandes áreas: dirección de la investigación en la “etapa preparatoria”, y acusación para el desarrollo de la persecución penal. La Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto No. 40-94 por otra parte, establece su actuación y organización de la entidad.
Según el artículo 251 de la Constitución, “el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyo fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.”
Al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Es nombrado por cuatro años por el Presidente de la República, de una nómina de seis candidatos propuesta por la comisión de postulación. El Ministerio Público se rige por su Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto 512) y el Código Procesal Penal y sus reformas adicionales de promover la persecución penal y dirigir las investigaciones de los delitos de acción pública.
Según el artículo 252 de la Constitución, la Procuraduría General de la Nación ejerce la representación del Estado dentro y fuera del territorio nacional y tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos estatales, de representación y defensa de los intereses del Estado. El Procurador General lo designa el Presidente de la República por cuatro años. Sus funciones se definen por la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto 512) y sus reformas.
La función del Procurador de Derechos Humanos surge con la Constitución Política de la República promulgada en 1985. Con ella surgen también la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
El Procurador de Derechos Humanos es un Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
Tiene atribuciones para iniciar procesos, suspender o destituir a los servidores públicos o funcionarios que lesionen los derechos humanos. Puede también iniciar el proceso contra cualquier persona, funcionario o empleado público, institución pública o privada que violente estos mismos derechos.
Es electo por el Pleno del Congreso para un período improrrogable de cinco años. Necesita como mínimo dos tercios del total de votos, en una sesión especialmente convocada para ese efecto. Su quehacer se fundamenta en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos (Decreto 54-86) y el artículo 273 de la Constitución.
La Superintendencia de Administración Tributaria, se creó en 1997, como una institución autónoma y descentralizada, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional, responsable de la administración tributaria y aduanera. Goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa y cuenta con personería jurídica, patrimonio y recursos propios. Su función se fundamenta en el Decreto 1-98.
Uno de los propósitos primordiales para su creación fue el de “incrementar los ingresos tributarios en forma sostenida, honesta y transparente.”
Es un organismo técnico adscrito Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Administra y supervisa la explotación del espectro radioeléctrico y el Registro de Telecomunicaciones. Su creación y funcionamiento se basa en el Decreto 94-96.
Como lo establece el Artículo 133 de la Constitución Política de Guatemala, la Superintendencia de Bancos es el órgano que ejerce las funciones de vigilancia e inspección de los bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, entidades de seguros y otras que disponga la ley.
En obediencia a lo dispuesto en el Artículo 32 del Decreto No. 67-2001 del Congreso de la República, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, se creó la Intendencia de Verificación Especial(IVE) dentro de la estructura de la Superintendencia de Bancos. Su función es prevenir y controlar el delito de lavado de dinero u otros activos.
La apertura democrática en Guatemala se inició en 1984 con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y la creación y aprobación de la Constitución que se encuentra vigente actualmente. Mediante esta Constitución se crearon tres nuevas instituciones: La Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Procurador de los Derechos Humanos.
Tras los Acuerdos de Paz del año 1996, el gobierno estableció como una prioridad estratégica la búsqueda de la transparencia, el buen gobierno y el combate a la corrupción. Para tal efecto, se han realizado acciones como la Mesa de Diálogo de transparencia y Auditoría Social (2006), la creación de nuevas leyes e instrumentos de monitoreo al gasto público, y promoción de la auditoría social, entre otras iniciativas.
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Descentralización y la Participación Ciudadana (COPFRE)
Esta Comisión, dependiente de la Presidencia de la república, se creó durante el gobierno del Presidente Oscar Berger, mediante el Acuerdo Gubernativo 24-2002. Su objetivo era facilitar y promover el consenso social y apoyar las reformas legales e institucionales con las que se buscaba impulsar la transparencia y la eficiencia a través del gobierno electrónico. En 2004 fue reformada mediante el acuerdo gubernativo 346-2004, y se le dio el nuevo título de Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento del Estado y de sus Entidades Descentralizadas. El propósito de esta última era fortalecer la democracia representativa, participativa e intercultural; y mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Esta comisión Finalmente fue derogada por el Acuerdo Gubernativo 121-2008.
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia del Congreso de la República
Con el mandato del artículo 32 del Decreto 63-94 Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se crea la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia del Congreso de la República, mediante el Acuerdo Legislativo 11-2005. Sus funciones incluyen fomentar y consolidar la transparencia, mejorar la ejecución del gasto público a través de la fiscalización de las instituciones públicas y las contrataciones que ejecutan fondos públicos. Además, apoya activamente a las reformas de ley.
Mesa de Diálogo de Transparencia y Auditoría Social
Según consta en el informe presentado por el Gobierno de Guatemala para su evaluación por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (segunda ronda de análisis), la realización, en 2006, de la Mesa de Diálogo de Transparencia y Auditoría Social fue uno de los mecanismos para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir la corrupción. Esta se llevó a cabo con diversas instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Acuerdo Nacional para la Implementación del Gasto Social para la Reducción de la Pobreza. Como resultado de esta, en ella, se definieron 36 acciones concretas en áreas de prevención, control y combate a la corrupción, que se presentaron al Ejecutivo y que éste se comprometió a poner en práctica.
Uno de los avances más notorios en materia de transparencia en Guatemala se introdujo a través de la Constitución de la República, la cual, en su Artículo 30, de Publicidad de los Actos Administrativos, establece que todos los actos de la administración son públicos. “Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.” La Ley de Acceso a la Información Pública de 2008, por otra parte, tiene el propósito de garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados.
Otras medidas recientes
Entre otras medidas recientes se puede mencionar también la Iniciativa 4193, presentada en el Pleno del Congreso el día 06 de abril de 2010, dispone aprobar Disposiciones de Apoyo Financiero, Readecuación Presupuestaria, Transparencia Fiscal y Reformas al Decreto Número 72-2008 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2009. La reforma de Normas de Ejecución Presupuestaria para el año 2010 “busca consolidar y profundizar los avances en las medidas de control y transparencia para propiciar el correcto, eficaz y eficiente uso de los recursos públicos.”
Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de la Vicepresidencia de la República
Fue creada en 2008 con base al Acuerdo Gubernativo 92-2008 y la preside el Vicepresidente de la República. Sus funciones principales incluyen establecer estrategias, acciones o propuestas pertinentes, a efecto de que toda dependencia gubernamental incluya en su agenda política la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción. Otras funciones son diseñar mecanismos, promover políticas, promover el diálogo, centralizar la participación gubernamental, establecer lineamientos en el tema de transparencia y combate a la corrupción diseñar y velar por la implementación de los mecanismos de transparencia y acceso público. Igualmente, la Comisión se encarga de atender y tramitar las denuncias de hechos de corrupción en la administración pública.
Dirección de Transparencia Fiscal
La Dirección de Transparencia Fiscal es la dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas “responsable de promover la transparencia en materia de política fiscal y financiera del Estado mediante el impulso de sistemas de integridad, acceso a la información y rendición de cuentas.” Fue creada con base al Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública. Sus atribuciones incluyen coordinar acciones y mantener comunicación e intercambio de información con las instancias dependientes del Estado relacionadas con la promoción y garantía de la transparencia; sugerir medidas de política que coadyuven al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala en instancias nacionales e internacionales de combate a la corrupción, entre otros.
La Dirección de Transparencia Fiscal está conformada por dos subdirecciones: La Subdirección de Análisis y Promoción de la Transparencia Fiscal y la Subdirección de Acceso a la Información. Esta última es la encargada de coordinar la Ventana Única de Acceso a la Información.
Este Sistema de Información Fiscal fue creado como parte de los esfuerzos del Gobierno, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, orientados a la profundización de las buenas prácticas de transparencia en la gestión gubernamental. Para ello considera como pilar fundamental el desarrollo y fortalecimiento de medios informativos de acceso libre al público, que permitan a los usuarios disponer oportuna y regularmente de información fiscal confiable y relevante, para dar seguimiento a los compromisos y políticas del Gobierno.
Los objetivos de este medio informativo incluyen (a) constituirse en el órgano de divulgación del Gobierno en materia de transparencia fiscal; (b) brindar acceso libre a la información financiera del Gobierno, (c) promoción de una mayor interacción de la ciudadanía con el Gobierno, entre otros.
La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC)
La Oficina Nacional de Servicio Civil se creó mediante la Constitución, la Ley de Servicio Civil (Decreto 1748) y la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y Sus Reglamentos y otras disposiciones complementarias. Esta oficina tiene la responsabilidad de administrar en forma técnica, armónica, dinámica y eficiente el sistema de recursos humanos de la Administración Pública, para garantizar al país el desempeño idóneo y efectivo de la labor institucional del Gobierno, en beneficio de la ciudadanía.
Entre otros propósitos, la ONSEC busca garantizar la eficiencia en la operación de la función pública por medio de la aplicación de la Ley de Servicio Civil y otras leyes relacionadas; regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores; trabajar por el incremento de la idoneidad del personal de la administración pública, con el fin de garantizar la prestación oportuna de los servicios a los habitantes de Guatemala con eficacia, eficiencia, transparencia, honradez y responsabilidad.
La Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) es un órgano de investigación interno de la Policía Nacional Civil, (PNC) creado en 1988 y vino a sustituir a las antiguas Oficinas de Asuntos Internos. Se encuentra regulada en el artículo 8 del Reglamento de Organización de la PNC que dice:
"La Oficina de Responsabilidad Profesional, al mando de un Comisario General, tiene como misión realizar las investigaciones que le sean encomendadas sobre las conductas de los miembros de la Policía Nacional Civil contrarias a la ética profesional y el apoyo operativo a las investigaciones de esta índole requeridas por las diferentes Unidades, sin menoscabo de las facultades disciplinarias ejercidas por los mandos de las mismas."
En el marco de la celebración de este encuentro en Guatemala en el año 2009, se emitió una declaración conjunta de los todos los países participantes.
Los objetivos de la Secretaría incluyen elaborar un listado de instrucciones, marcos normativos, y acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que se están llevando a acabo en los países de la región con el fin de que este informe sirva como mecanismo para compartir “buenas practicas” entre los gobiernos. Además está encargada de la elaboración de un informe para facilitar a los Estados signatarios el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra de la Corrupción.
“Gobernando con la Gente” es un programa del Gobierno, a través del cual se busca generar espacios de interacción y diálogo permanente entre los ciudadanos, las autoridades locales y el Gobierno Nacional. Tiene el propósito de trabajar concertadamente en la solución de los problemas, necesidades e inquietudes de los ciudadanos, a la vez que se estimula la transparencia en la gestión pública, la democracia participativa y fortalece la confianza en las instituciones.
La inversión que realiza el Gobierno en cada uno de los departamentos del país, en cumplimento de los compromisos adquiridos a través de este programa, pueden ser monitoreados por la población guatemalteca a través del sitio de Internet. Este sitio Web brinda la oportunidad de interactuar con las autoridades de Gobierno, ya que contienen opciones para subir fotografías, documentos, comentarios y sugerencias, entre otras herramientas que le permitirán, a las personas que así lo deseen, obtener más información sobre el proceso de cumplimiento que tiene el Gobierno con las responsabilidades adquiridas.
Guatemala Transparente
Es el portal que brinda a los sectores interesados toda la información sobre la tramitología para poder invertir en el país. Por medio de esta página se puede obtener diversa información tales como requisitos, formularios y leyes nacionales. El sitio Web fue elaborado con el apoyo financiero de Suiza, así como la asistencia técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Fue diseñado para brindar a la sociedad civil de una manera amigable y sin tecnicismos, la manera en que el Gobierno de Guatemala invierte los recursos. De igual manera permite conocer el gasto destinado a cada uno de los departamentos del país, los servicios que se prestan y otros datos curiosos sobre el gasto público.
Es un portal que promueve la auditoría social y facilita la verificación del gasto municipal. Está incluida la información de todas las municipalidades, de las empresas municipales y de las mancomunidades. Además, el sistema facilita la consulta por área geográfica (a nivel nacional, departamental, regional e interdepartamental).
El Portal de Transparencia Fiscal es el Sistema de Información Fiscal que brinda libre acceso a la información financiera del Gobierno para profundizar las buenas prácticas de la transparencia en la gestión gubernamental, siendo el punto central para la búsqueda de información sobre compromisos y políticas de transparencia del Gobierno.
Guatecompras (Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala)
Es el sistema de información de contratación y administración del Estado, a través del cual el Estado compra y contrata bienes y servicios. Sus objetivos principales son de fortalecer la transparencia de las compras gubernamentales y rendirles más rápidas y eficientes.
Guatecompras es el nombre asignado al Sistema de Información Contrataciones y Adquisiciones del Estado y es como un mercado electrónico, operado a través de Internet. Inicialmente Guatecompras se enfocó en brindar mayor transparencia a las compras públicas. Ahora Guatecompras incrementa aún más la transparencia mientras se enfoca en que las compras sean más rápidas y eficientes. Así que El Estado de Guatemala utiliza Guatecompras para comprar y contratar bienes y servicios.
Transparencia: Guatecompras permite que las etapas del proceso de adquisiciones estén a la vista de todos. A través de esta manera, aumenta la competencia y reduce la corrupción.
Eficiencia: Guatecompras estimula importantes reducciones en los costos, en los plazos de los procesos de adquisiciones, en los precios de los bienes y servicios adquiridos y en el número de las impugnaciones. De este modo se logra un uso más eficiente del gasto público.
Promoción del desarrollo: Guatecompras es un instrumento esencial para la modernización del Estado, la buena gestión política, el fortalecimiento de las instituciones y la construcción de la democracia.
Integración Regional: Se vislumbra que los procedimientos de compras gubernamentales por medio de Internet representan un enorme potencial para lograr
Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)
La Contraloría de Cuentas se encarga y responsabiliza por este Sistema que desarrolla la auditoría de la ejecución presupuestaria y la evaluación de calidad de gestión que garantizan la modernización y la eficiencia del Estado.
Su acción va más allá de la simple revisión de los registros contables y de la gestión financiera pura; abarca la evaluación de los sistemas y los resultados operacionales con base a criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad, con que se han realizado las operaciones, y la actuación de los servidores y administradores públicos en el desempeño de sus funciones.
Actualmente, está en proceso de integrar a los sistemas electrónicos al SAG para avanzar en la verificación de la calidad de la información ingresada en los sistemas electrónicos.
Apoyado por el Banco Mundial, el Ministerio de Finanzas Públicas creó el Proyecto mediante el Acuerdo Gubernativo 217-95. El Proyecto tiene el objetivo de medir y evaluar las condiciones de eficacia, eficiencia, economía, equidad y de protección del medioambiente de la gestión pública. La primera fase abarca las entidades con mayor volumen de recursos públicos y en la siguiente, al resto de la Administración Central. Uno de los resultados es la mayor eficiencia en la recaudación y el uso de los recursos del Estado para comodidad y beneficio de los ciudadanos.
Portal del Sistema Nacional de Información Financiera de Municipios (SIAF-MUNI)
En este portal se puede verificar la información de las transferencias que se le asignan a las diferentes municipalidades del país, así como la ejecución del gasto municipal, leyes y normas y estadística sobre el cumplimiento de esta herramienta.
El gobierno de Guatemala firmó la Declaración de Tegucigalpa de 2002 durante la Conferencia sobre Tecnología de la Información y Comunicación y Gobierno Electrónico para el Desarrollo e Integración Regional en Centroamérica.
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Guatemala
Nicaragua ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 2001 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Ratificado por Guatemala en el 2006, los objetivos de la Convención son los siguientes:
Cabe destacar que existe un mecanismo de seguimiento a la Declaración, a través del cual los países firmantes – Belice, Costa Rica, Honduras, la República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá—comparten sus experiencias sobre los retos y desafíos que han experimentado en el proceso de implementación de esta Declaración.
B. Programas de Cooperación con Guatemala financiados por Organismos Internacionales
P.4: Programa de Intercambio de Experiencias sobre las mejores prácticas desarrolladas por la OCCEFS
Este proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene como objetivo fortalecer la Contraloría General de Cuentas con el apoyo de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS).
Informe: Tejiendo paso a paso la Auditoría Social (PNUD)
Este informe fue desarrollado por el Programa de Alianza con la Sociedad Civil que está incorporado al PNUD. Uno de los trabajos ha sido la “transparencia y auditoría social” para fortalecer la participación ciudadana en la auditoría social y obtener una ciudadanía “responsable, informada, consciente y propositiva”. Este documento busca orientar a líderes comunitarios y organizaciones estatales en los procesos de la auditoría social sobre la gestión de la administración pública, tomando en cuenta el contexto social de la comunidad.
Agenda Nacional Compartida: Un Esfuerzo Multipartidario para la Guatemala del Siglo XXI (ONU)
Este documento hace recomendaciones para la política de la participación ciudadana y la promoción de programas de participación y la intermediación con el fin de lograr la “transparencia en el uso de los recursos financieros”.
Estrategia de País con Guatemala (BID) (2008–2011)
Este documento identifica los principales retos del gobierno durante el periodo 2008–2011 y desarrolla estrategias para apoyar a realizar tales reformas. Una de las áreas de enfoque es de aumentar la transparencia y la eficiencia del gasto público a través de “modernizar el MINFIN y fortalecer los órganos rectores de la Administración Financiera y de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado en desarrollar una transparencia fiscal en la ejecución del gasto”.
TC9712408: Apoyo a Contraloría Para Anticorrupción (BID)
Este proyecto apoya a la Contraloría General de Cuentas en el desarrollo y la aplicación de un código de ética para los funcionarios públicos. Las actividades incluyen la realización de cursos, seminarios y talleres sobre la ética y la moral pública, y la creación de una Oficina de Ética que recibe y canaliza las denuncias de la ciudadanía y otros mecanismos para promover el combate de la corrupción.
Para más información acerca de los proyectos del BID en otras áreas en Guatemala, haga clic aquí.
TC0109025: Apoyo a la Comisión Nacional para la Transparencia (BID)
Este proyecto apoya al gobierno a cumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción, apoyando la habilitación de la Comisión, de su Consejo Coordinador, y de la Unidad Técnica.
GU-T1026: Encuentro: Hacia una Cultura de la Transparencia (BID)
Ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias para la identificación de políticas dirigidas a generar una cultura de transparencia a través de educación, cultura y medios masivos.
Comisión para la Transparencia y Contra la Corrupción (BM)
Este proyecto busca fortalecer los mecanismos de prevención y control, apoyar la Comisión para desarrollar un diagnóstico y generar un estudio sobre la transparencia, gobernabilidad y corrupción en Guatemala.
P112312: Guatemala: Préstamo programático para el desarrollo de políticas fiscales e institucionales (BM)
El préstamo está destinado a los programas estatales de mejoramiento de las políticas fiscales e institucionales. Los programas tienen enfoque en la transparencia y la eficiencia del gasto público prioritario y contribuyen al objetivo de desarrollar “la gestión, la transparencia, el seguimiento y la evaluación del aumento del gasto y la inversión pública”.
Por más información sobre los proyectos del Banco Mundial, haga clic aquí.
Informe sobre la Observancia de Padrones y Reglas-Módulo de Transparencia Fiscal-(2006) (FMI)
Este Informe proporciona una evaluación de las prácticas de transparencia fiscal en Guatemala, comparándolos con los requisitos establecidos en el Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional.
El documento está dividido en dos fases: la primera fase fue preparada en base a la consulta con autoridades y otra información disponible y contiene la descripción de dichas prácticas en Guatemala. En la segunda parte del informe se exponen los cometarios y recomendaciones del FMI sobre el tema de la transparencia fiscal en el país.
5. Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development, USAID)
Lista de los programas de democracia y gobernabilidad en Guatemala
Esto es una lista de los programas que USAID está desarrollando en Guatemala en el área de democracia y gobernabilidad. Contiene una subsección designada la transparencia y la rendición de cuentas con una síntesis del programa y la agencia que está implementando el programa.
Reporte de Información sobre Guatemala (Country Data Report for Guatemala) (Banco Mundial) (1996-2010)
Ver (en inglés)>>
Publicado en 2007, el reporte provee información sobre seis indicadores de gobernabilidad. Contiene datos a partir del año 1996 hasta el 2006 en diversos temas dentro de los que se encuentran temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción, tales como: la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas, Efectividad del Gobierno, el Estado de Derecho y el Control de la Corrupción.
Índice de la buena gobernabilidad local (Programa de Municipios para el Desarrollo Local) (PROMUDEL) (2006)
PROMUDEL es un programa de cooperación que promueve la buena gobernabilidad a nivel municipal, a través de varias líneas de asesoramiento: funcionamiento de los mecanismos de la participación ciudadana, mejoramiento continúo en la cobertura y prestación de servicios básicos públicos, aumento de los ingresos propios municipales, mejoras en la atención al ciudadano y cumplimiento con los retos de transparencia e información al ciudadano. Se busca fomentar los procesos y las relaciones entre los gobiernos locales y la sociedad civil para que conjuntamente promuevan procesos de desarrollo local y construyan confianza mutua.
El programa inició su trabajo en el año 2006 y está trabajando en 36 municipios de los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz.
El Índice de la Buena Gobernabilidad Local se construye a partir de 10 indicadores que, para ser comparados, se normalizan con respecto a su mayor valor y se ponderan para dar un peso relativo a cada uno de ellos, dependiendo de la importancia que tengan para las municipalidades en su proceso de modernización.
Cultura política de la democracia en Guatemala: El impacto de la gobernabilidad (Proyecto de Opinión Pública de América Latina) (LAPOP) (2008)
El estudio forma parte del Barómetro de las Américas y está a base de cuestionarios que abordan temas como la legitimidad política, evaluación de los gobiernos locales y participación en ellos, y el estado de derecho. Además, incorpora un análisis de los valores y comportamientos democráticos relacionados a las áreas mencionadas.
El documento está constituido de tres partes, la primera trata de las características de la muestra, viendo los diversos aspectos de los ciudadanos sobre la gobernabilidad y el apoyo a la democracia estable. La parte dos es la presentación de la evidencia del vínculo entre la percepción a y la experiencia de los ciudadanos con respeto a la gobernabilidad y el apoyo a la democracia estable. Aquí se analiza también el impacto de la corrupción y la participación de la sociedad civil, entre otros, en la democracia estable. La parte tres abarca dos áreas, la primera es el sistema político y su legitimidad, y el segundo es el comportamiento electoral en Guatemala.
Para más informes sobre Guatemala, haga clic aquí.
Índice de Transparencia Parlamentaria (Acción Ciudadana) (2008)
Es aún un proyecto para poner en marcha una herramienta metodológica que permita realizar un análisis comparativo de los niveles de transparencia de los Congresos en Chile, Argentina y Guatemala, y así establecer una norma para los Congresos en la región en materia de transparencia legislativa, el acceso a la información y participación.
Este índice se desarrollará por tres organizaciones de la sociedad civil que se especializan en la transparencia y temas relacionados con el Congreso. Las tres son: Participa (Chile), Poder Ciudadano (Argentina) y Acción Ciudadana (Guatemala). Las organizaciones también articulan una estrategia de asesoría regional.
Chile cuenta con un 32% de prácticas transparentes, Argentina con un 40% y Guatemala con un 17%. Para llegar a estos resultados, se evaluaron 62 indicadores, los cuales miden la gestión administrativa, la gestión legislativa, el trabajo de las y los congresistas y sus asesorías.
El IPC refleja opiniones de todo el mundo, incluidas a56quellas de expertos que residen y trabajan en los países/territorios evaluados. Para que un país/territorio pueda aparecer en la clasificación, debe estar incluido en al menos tres de las encuestas que constituyen las fuentes del IPC. Por lo tanto, la inclusión en el índice no indica la existencia de corrupción sino que depende exclusivamente de la disponibilidad de información.
De los países incluidos en el estudio, Guatemala ocupa el lugar 84 y tiene una puntuación de 3,4. Dinamarca, Nueva Zelandia y Singapur ostentan el primer lugar a nivel mundial con una puntuación de 9,3 y Somalia el último lugar con una puntuación de 1,1. En América Latina por su parte, el país con mejor ubicación es Chile, colocado en el lugar 25 con una puntuación de 6,7 y el que tiene ubicación más baja es Venezuela ubicado en el lugar 162 con una puntuación de 1,9.
Para la elaboración de este informe se utilizan los datos que presentados en las ediciones 2010 de las siguientes publicaciones: Freedom in the world de Freedom House, Index of Economic Freedom de The Heritage Foundation, de Wall Street Journal, y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International. Con base en lo anterior, el ranking significa que Guatemala en términos de democracia, mercado y transparencia, se encuentra ubicado en el puesto 95 de los 169 países que integran el índice.
La Fundación Myrna Mack, creada en 1993 elabora estudios y propuestas orientadas a impulsar la lucha contra la impunidad, la construcción del estado de derecho en Guatemala y la consolidación de la paz y la democracia, a través del monitoreo y análisis de la persecución penal en delitos contra la vida, con enfoque de auditoría social.
En el marzo de 2012, publicó un informe independiente de seguimiento a la convención interamericana contra la corrupción en Guatemala. Con el motivo de elaborar un informe independiente de la sociedad civil y con el apoyo del Programa de Transparencia e Integridad de USAID en Guatemala, se conformó un grupo de trabajo integrado por las varias organizaciones.
El documento constituye un análisis interno de los órganos de control superior, en lo que se refiere a su funcionamiento, autonomía, independencia, mecanismos de control interno, formas de proveerse de recursos y personal, así como de otros elementos que pueden brindar una perspectiva real de la situación de dichas instituciones y su adecuación a lo previsto en el artículo III, párrafo nueve, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Constituida en 1996, su misión es de construir una cultura política tanto en la sociedad como en los gobernantes, utilizando valores democráticos, como la participación ciudadana y la transparencia. Acción Ciudadana es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, organización de la sociedad civil a nivel global que trabaja por la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Dentro de los proyectos que se están trabajando, podemos mencionar:
Fortalecimiento Institucional y Democrático del Congreso
Índice de Transparencia Parlamentaria
Transparencia en el Programa de Transferencia Monetarias Condicionadas
Indicadores de Transparencia en Ámbito Municipal
Estrategia Preventiva Para Combatir las Redes de Corrupción en Guatemala
Además, publicó, en el año 2006, el Estudio sobre el Sistema Nacional de Integridad de Guatemala que analizó dieciséis componentes en relación con los temas como la rendición de cuentas, los mecanismos de integridad y de quejas, y la transparencia. Actualmente, está trabajando con el PNUD en el proyecto de Centro de Asistencia Legal e Incidencia contra la Corrupción.
Programa de Municipios para el Desarrollo Local (Promudel)
Es un programa de cooperación, iniciado en el 1996, que promueve la buena gobernabilidad a nivel municipal. Una de las áreas en la cual trabaja Promudel es la Comunicación y Transparencia Municipal , donde promueve la comunicación y rendición de cuentas, como procesos centrales de la transparencia, para que se consoliden en actividades permanentes y organizadas. Tiene como objetivo que la municipalidad rinda cuentas de lo que hace con los recursos públicos, le informa a la comunidad cómo está brindando los servicios públicos, cómo está resolviendo las principales necesidades de la población y qué problemas o retrasos impiden los objetivos previstos.
Esta institución del departamento de Huehuetenango, constituida en el 1999, se enfoca en el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía tradicionalmente excluida; pobres, indígenas, mujeres y jóvenes. Los objetivos del ente es generar conocimiento, promover la reflexión y el debate y contribuir a articular esfuerzos entre actores de la sociedad civil y actores gubernamentales, en función de la democratización y el desarrollo de Huehuetenango. Uno de sus proyectos es la Auditoría Social y Transparencia de los fondos del Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango, apoyado por el PNUD.
Coordinadora: Sí ¡Vamos por la Paz!
La organización, iniciada en el año 1999, promueve la participación ciudadana ante el Estado. Sus actividades incluyen impulsar el concepto, la capacitación y realización de auditorías sociales en varios departamentos del país, promover y apoyar la creación de la Comisión Nacional por la Transparencia y contra la Corrupción, y apoyar a gobiernos locales en la transparencia de su ejecución.
Vale mencionar que algunas de las actividades de esta organización tienen un alcance regional e incluyen otros países de Centroamérica.
Asociación Amigos del Desarrollo y la Paz
Esta organización promueve los valores humanos y el conocimiento de los derechos civiles, ciudadanos y constitucionales. Está trabajando en el proyecto Gobernabilidad con Transparencia apoyado por el PNUD. Las actividades de este proyecto incluyen la conformación y capacitación de comisiones de Auditoría Social en seis municipios de Alta Verapaz, ubicados en la región del Polochic. Se da importancia a la capacitación de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), mujeres y jóvenes en el tema de elaboración de presupuestos con el objetivo que participen de una mejor manera en las propuestas y evaluación de las obras y servicios.
Auditoría Social y Transparencia hacia un desarrollo comunitario participativo (AEMADIHIQ)
Este proyecto, apoyado por el PNUD, busca la conformación de Comisiones de Auditoría Social en los municipios de Soloma, San Miguel Acatán, San Juan Ixcoy, Barillas y Nentón, así como su fortalecimiento y, en consecuencia, la potencialización de sus capacidades. A la vez que en conjunto se elabora una metodología propia acorde a la experiencia, demandas y necesidades de cada una de las comisiones, fortaleciendo la participación cuantitativa y cualitativa del sector mujer en los municipios y en las comunidades lingüísticas mayas (Q´anjob´al, Chuj, Akateka y Poptí). Esto les permite realizar un proceso de monitoreo de la gestión de las corporaciones municipales y la auditoría de los fondos públicos utilizados, que permite transparentar la gestión de las autoridades a la vez que facilita información a la población en general sobre el uso de los recursos. La Contraloría General de Cuentas de la Nación, a través de su programa Sistema Integrado de Administración Financiera y Control SIAF-SAG, está apoyando al proyecto.
Es la ley suprema de Guatemala, la cual establece las obligaciones del Estado Guatemalteco, la forma de organización del país, así como todos los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos, el Gobierno y los órganos que lo conforman.
Los artículos de la Constitución que están vinculados con el tema de la transparencia incluyen el artículo 5 (Libertad de acción), artículo 30 (Publicidad de los actos administrativos) y artículo 31 (Acceso a archivos y registros estatales).
Decreto 1748 (Ley de Servicio Civil)
Esta ley regula a los trabajadores de la administración pública y establece las normas para el servicio civil en Guatemala. La Ley busca garantizar la eficiencia de la Administración Pública y de sus servidores. El artículo 66 menciona las acciones prohibidas por un servidor público.
Se aplica a los empleados del servicio civil señalado en el artículo 2.
Decreto 17 (Código Penal)
Esta legislación rige los diferentes tipos de delitos que puedan existir. En artículo 457 se establece como delito la omisión de un delito de acción pública a una institución pública, por parte de un empleado público que le corresponde para hacer la denuncia.
Decreto No. 57 (Ley de Contrataciones del Estado)
Rige la compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del Estado. Regula órganos competentes, régimen de licitación y cotización pública, contratos, recepción y liquidación, pagos, garantías o seguros, registros, prohibiciones y sanciones, enajenación y transferencia de bienes del Estado, y concesiones.
Decreto 40 (Ley Orgánica del Ministerio Público)
Esclarece las atribuciones del Ministerio Público y que su rol es de velar por el cumplimiento de las leyes del país. Tiene la función de investigar y ejercer la acción penal. El artículo 52 es sobre la facultad disciplinaria y las sanciones impuestas de los fiscales sobre los miembros de los cuerpos de política.
Decreto 101 (Ley Orgánica del Presupuesto)
La Ley norma los sistemas de presupuesto del Estado (contabilidad integrada gubernamental, tesorería y de crédito público). Regula la formación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado con el fin de fortalecer los sistemas de control y seguimiento para el uso adecuado de los recursos del Estado.
Se aplica a las entidades del sector público señalado en el artículo 2.
Decreto 114 (Ley del Organismo Ejecutivo)
Esta ley formula las gestiones necesarias por un buen desempeño de la administración pública. En el artículo 4 se menciona el principio de transparencia que el Organismo tiene que tomar en cuenta en la ejecución de sus funciones.
Acuerdo Interno No. 7 (Corte Suprema de Justicia Normas de Ética del Organismo Judicial)
Definan las normas éticas, los valores y principios éticos, funciones, relaciones y disciplina del Organismo Judicial. El artículo 17 se refiere a promover los procedimientos cuando se tiene conocimiento de un acto impropio de un administrador de justicia o de otro empleado o de un colega o abogado.
Se aplica a los jueces, funcionarios y empleados del Organismo Judicial señalado en el artículo 1.
Decreto No.31 (Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)
La Ley es una reforma del Decreto 1126 que estableció las funciones de fiscalización de la Contraloría. La Ley 31-2002 establece que la Contraloría es el órgano rector de control gubernamental. Además, menciona la utilización de nuevos criterios surgidos en la década de 1990 para mejor garantizar la transparencia en la administración de los fondos públicos.
La Comisión de Probidad emitió, en el año 2009, el Dictamen de la Iniciativa de Ley con Número de Registro 3983, que contiene la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, realizando un análisis de esta norma, e incluyendo un conjunto de recomendaciones.
Decreto No. 89 (Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos)
Ley que crea las normas y procedimientos necesarios para mejorar la transparencia de la administración pública, y la observancia de los preceptos constitucionales y legales en las funciones públicas estatales. Esta norma busca establecer mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos, y prevenir el enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado.
Funcionarios públicos señalados en el artículo 4.
Acuerdo Gubernativo No. 197 (Normas de Ética del Organismo Ejecutivo)
Fue emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. La Normas deberán ser observadas por todos los funcionarios y trabajadores del Organismo Ejecutivo. La normas hacen provisiones por el favoritismo partidario, conflictos de interés y el uso reinformación privilegiada entre otros asuntos.
Se aplica a los funcionarios, empleados y asesores del Organismo Ejecutivo señalado en el artículo 1.
Acuerdo Gubernativo 92 (Creación de la Comisión para la Transparencia y Contra la Corrupción)
Este acuerdo da vida a la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, cuyo propósito es atender institucionalmente los programas, proyectos, esfuerzos, actividades, procedimientos y mecanismos de la administración pública tendientes a la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción.

References: artículo 232
 artículo 232
 artículo 251
 artículo 252
 artículo 273
 Artículo 133
 Artículo 32
 artículo 32
 Artículo 30
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 66
 artículo 2
 artículo 457
 artículo 52
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1