Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060104.htm
Timestamp: 2020-04-04 05:55:10+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 4 Enero 2006
Llegó la mordaza
Editorial ABC 4 Enero 2006
La constelación gallega de una postal de Navidad
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 4 Enero 2006
JON JUARISTI ABC 4 Enero 2006
Maragall ganó la guerra
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 4 Enero 2006
Cristina Losada Libertad Digital 4 Enero 2006
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO ABC 4 Enero 2006
Una oposición de “perfil bajo” ante un escándalo mayúsculo
EDITORIAL Libertad Digital 4 Enero 2006
Pío Moa Libertad Digital 4 Enero 2006
La irresponsable exclusión del PP
La quiebra del archivo
BENIGNO PENDÁS ABC 4 Enero 2006
Año nuevo, viejas preferencias
José Vilas Nogueira Libertad Digital 4 Enero 2006
Santi Lucas elsemanaldigital 4 Enero 2006
Sobre los ismos y las ideas a vuela pluma
Antonio Gázquez Periodista Digital 4 Enero 2006
GEES Libertad Digital 4 Enero 2006
La COPE y el periodismo político
Kiko Rosique Periodista Digital 4 Enero 2006
El baile ha empezado
Inmaculada Sánchez Ramos Periodista Digital 4 Enero 2006
«Los salmantinos tenemos una larga memoria»
R. C. ABC 4 Enero 2006
EE UU avisa a Irán del riesgo de reanudar su programa nuclear
Jordi Kuhs La Razón 4 Enero 2006
La AVT aporta datos sobre las propiedades del etarra que asesinó a Baglietto y que no pagó la indemnización
Libertad Digital 4 Enero 2006
La APM denuncia que la reforma judicial propuesta por el Gobierno es "tributaria" del Estatuto catalán
Europa Press Libertad Digital 4 Enero 2006
18: ¿Qué ocurrió en Leganés?
Luis del Pino Libertad Digital 4 Enero 2006
A mi querida Victoria Camps
PEDRO SCHWARTZ La Vanguardia 4 Enero 2006
AYER entró en vigor la ley que pone en marcha el Consejo Audiovisual de Cataluña, organismo en el que la Generalitat delega la potestad de determinar la veracidad de las informaciones y que, en un hurto a la facultad jurisdiccional de los magistrados, puede imponer multas o cerrar emisoras cuando así lo estime. Desde estas líneas ya se ha comentado que quizás se trate de la agresión más aparatosa que jamás haya sufrido el artículo 20 de la Constitución, que consagra la libertad de expresión y de opinión. Es urgente que los partidos o instituciones que aún creen en el Estado de Derecho -o aquéllos que estén habilitados para hacerlo- interpongan ya recurso de inconstitucionalidad contra esta regresión sin matices de las libertades que intenta poner de moda la Policía de prensa.
CON UNA resolución insólita, el Gobierno gallego ha decidido impedir que los candidatos a los grupos de auxiliar y subalterno de la Xunta puedan realizar la primera prueba de su oposición en castellano. Es decir, en uno de los dos idiomas oficiales y reales del país.
La medida, justificada con explicaciones peregrinas (asegurar la confidencialidad de los exámenes) o mendaces argumentos (controlar los conocimientos de gallego de los opositores) es, en realidad, mucho más trascendental por lo que indica que por los daños que puede producir a unos opositores acostumbrados en su mayoría a estudiar en castellano.
¿Pues qué indica, a fin de cuentas, ese secuestro de un derecho, por virtud del cual el Gobierno, que debe tutelar el interés de todos, asume una interpretación políticamente tan sectaria y jurídicamente tan inconstitucional de nuestro texto estatutario? Es muy sencillo: indica que el bipartito ha asumido el discurso lingüístico del Bloque, ese según el cual la existencia de castellanohablantes en Galicia (monolingües o bilingües) es una anomalía a corregir.
Así se deduce también del chusco anuncio que ahora emite TVG: un niño habla un rato en un bellísimo gallego, tras lo cual una voz en off nos urge un imposible: «É a túa lingua; pásate ao galego». Pero, se pregunta el espectador estupefacto, ¿cómo puede uno pasarse a su lengua, si es la suya? El equívoco reside, claro, en ese discurso identitarista que ahora la Xunta asume oficialmente: quienes tienen lengua, según él, son las tierras y no sus habitantes, que, o hablan su lengua (es decir, la de su tierra) o se equivocan y deben enmendarse.
Tal teoría, que hace del sectarismo lingüístico la clave para interpretar este país, conduce directamente a mutilarlo. A mutilarlo, sí, tomando la parte por el todo, como ha hecho, en un increíble ejercicio de falta de respeto, nuestra conselleira de Cultura -la de todos, y no sólo la de los nacionalistas- con una felicitación oficial de Navidad que ofrece la foto imaginada de una constelación cultural gallega, en la que -salvo las excepciones de rigor- están sólo los que el nacionalismo considera propios o vecinos.
El problema no son, por supuesto, los que están, muchos de ellos amigos personales por los que siento sincera admiración. El problema reside en los que faltan. ¿O es que resulta concebible un cielo cultural gallego sin la Pardo Bazán, Fernández Flórez, Camba o Valle-Inclán? De hecho, sería curioso conocer el oscuro arcano que ha llevado a la conselleira a incluir, por ejemplo, a Helena Villar, Suso de Toro o Fernán-Vello y a excluir a Susana Fortes, Luis Rei o Luisa Castro.
POR JON JUARISTI ABC 4 Enero 2006
... Este nacionalismo renovado que ha sabido dividir a los constitucionalistas, convirtiendo a la izquierda vasca en una fuerza ancilar, no ha renunciado al objetivo de perpetuarse como avatar moderno de las antiguas oligarquías. El plan Ibarreche pretendía -y pretende- institucionalizar un nuevo dispositivo de exclusión que margine del sistema a los vascos no nacionalistas (reducidos hoy a los votantes del PP)...
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 4 Enero 2006
Es posible que Carmen Calvo crea que los papeles catalanes de la guerra civil están en el Archivo de Salamanca como producto de un botín. No conozco el tamaño de su ignorancia. Sí estoy seguro de que Maragall no cree en la monserga de que Cataluña fue la derrotada en el 39 y Castilla la ganadora. El nieto de Maragall sabe que triunfó Franco gracias al apoyo de la Lliga; al dinero de Cambó; a los servicios de información que montó éste en Francia y para los cuales trabajaron Carlos Sentís y Josep Pla («Escritores espías», F. Martínez Laínez); gracias a familias como la de Pujol y como la de él mismo.
Quizá Carmen Calvo desconozca el papel que desempeñó en la zona nacional, durante la guerra, el semanario «Destino». Maragall debería explicarle que «Destino» fue la publicación más importante de la Falange durante la guerra, que fue editada en Burgos por catalanes que militaban en el Movimiento, como Xavier de Salas y José María Fontana, y que fue redactado por Ignacio Agustí (director en una de las etapas de la revista), Josep Vergés (propietario al fin de ésta y de la editorial), D´Ors, Masoliver...
Sin duda, Pascual Maragall podría explicarle a Carmen Calvo, ministra de Cultura, que los dos más grandes escritores catalanes del siglo XX, D´Ors y Pla, estuvieron desde el primer momento con el Alzamiento del 18 de Julio. Valentí Puig podría ampliarle información sobre Pla, y yo me ofrezco para hacer algún apunte sobre Xenius. Le explicaría, por ejemplo, por qué éste fue «defenestrado» política, cultural y civilmente de la Mancomunidad y de «La Veu de Catalunya» en 1920.
Carmen Calvo debe saber que fueron catalanes los que quisieron que esos papeles de guerra formaran parte del Archivo Estatal con sede en Salamanca y que ahora otros catalanes se los quieren llevar porque quieren montar un Estado distinto. Y controlar el pasado.
¿Y esos descendientes de Unamuno que protestan de que el Ayuntamiento de Salamanca utilice a su bisabuelo? ¿Es que han heredado los derechos de interpretación? Ya tuvieron «secuestrado» medio siglo «El resentimiento trágico...», que es una meditación sobre la guerra como suicidio «colectivo». En su memoria leí el 31 de diciembre, aniversario de su muerte, el poema que escribió tres días antes:
«Vivir el día de hoy bajo la enseña/ del ayer deshaciéndose en mañana...»
En la foto, Ibarretxe le tiende las manos a alguien, que no se ve, y Patxi López y Javier Rojo, un metro más allá, uno a cada lado, ríen exultantes. El motivo de tanta felicidad no es moco de pavo: por primera vez en ocho años, el partido de los socialistas vascos apoya los presupuestos del PNV. Incluyen un dinero para sufragar las visitas a los etarras presos. El partido de López presentó una enmienda a esa partida, pero aún con esa carga dentro iba a aportar sus votos. Lo había decidido cuarenta y ocho horas después de que los que marginan a las víctimas de esos presos por cuyo bienestar velan, dieran el sí a los presupuestos en Madrid. Un azar entre tantos que salpican el nuevo tiempo que adivino con Rodríguez.
El risueño personaje de la foto que publica ABC es el mismo López que, al presentarse a secretario general, prometía no capitanear ningún acercamiento al PNV mientras no cumpliera ciertos requisitos: defensa del autonomismo, de la pluralidad, de las reglas de juego de la Constitución y el Estatuto y, last but not least, alejamiento de Batasuna. Era en 2002. Todas las condiciones han ido cayendo como fardos inútiles en tres años de camino. No extraña que se muestre alegre López. Por fin se ha liberado de aquel lastre. Y Rojo con él. Ya ligeros de equipaje, están contentos. Así pueden asumir otras cargas, más llevaderas y beneficiosas.
No se trata de que vayan a ocupar cargos en el gobierno de Ibarretxe, eso lo han dejado claro. ¿Para qué, además? Hay opciones menos comprometidas, hay covachuelas discretas que procuran igual o mayor satisfacción. Y el propio López lo ha explicado: la sociedad vasca está cansada de tanto “conflicto artificial”. A qué resistir y penar, a qué sufrir amenazas y vejaciones, si la opresión que ejercen el nacionalismo y su variante terrorista se ha revelado como puro artificio. Dos no se pelean si uno no quiere, dice la gente bien. Y López y Rojo no quieren reñir. No más. Y a todos los que les apoyaron, a los familiares de los asesinados por todas aquellas causas, tan bonitas como hoy absurdas, la libertad, la pluralidad, la España constitucional, les aconsejan lo mismo. No peleéis, nos batíamos contra un espejismo. Acomodaos, se vive mejor así.
En la sesión, otro socialista vasco, de apellido Pastor, definía el lugar en el que se encuentran Rojo y López. Es la antesala. El lugar donde se espera. Y no debe de ser malo lo que esperan cuando los posee la hilaridad. Qué franca su risa mientras Ibarretxe tiende solícito las manos, no vemos a quién, pero lo sospechamos. Son conocidas sus preferencias. Esta fiesta tiene pinta de acabar con una cadena de manos que se estrechan. De momento, se buscan las manos debajo de la mesa. Así ocurre en la antesala del poder. Sacarlas a la luz antes de tiempo es de mal gusto. Por eso, Pastor rompió en pedacitos, en la tribuna, una hoja en que la López e Ibarretxe se daban la mano. Decía el pasquín: ¿De qué se ríe López? La indignidad, tal vez, se sobrelleva con la risa. Consumado el trámite bajo la vigilancia del cancerbero de ETA, aún reía más. Desinhibidos reían Rojo y López como si les hubiera tocado el Gordo. Pero, ¿no había tocado en Cataluña?
Por MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO PROFESOR DE HISTORIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
ABC 4 Enero 2006
DE un tiempo a esta parte, el discurso sobre el pasado ha ido ganando terreno en la vida política nacional, sobre todo a raíz de algunas de las decisiones y comportamientos del actual Gobierno y muy especialmente de sus principales socios parlamentarios. Como si no tuviera problema alguno que gestionar, el Gobierno catalán acaba de anunciar que prepara un acto especial para recibir los fondos documentales del Archivo de Salamanca, en lo que interpreta como un acto de justicia histórica que debe ser celebrado por todo lo alto.
El recurso a la historia no es nuevo en el lenguaje de los políticos; forma parte de la arquitectura más elemental sobre la que descansan las estrategias de acción política. Los políticos no pueden prescindir de la historia. No sería bueno que renunciaran a ella. La necesitan para construir discursos coherentes, para fijar estrategias políticas, para tener conciencia del pasado y saber afrontar el presente. El pluralismo político, que es una de las esencias de la democracia liberal, sólo es posible si la gran mayoría admite que no hay una única verdad y que, por tanto, las ideas del adversario son legítimas. El pluralismo implica diferencias de criterio respecto del análisis del pasado. Y es bueno que así sea.
Sin embargo, la influencia del análisis histórico sobre la acción política tiene algunos límites. Uno de los pactos más valientes y delicados de nuestra Transición consistió, precisamente, en desterrar el debate sobre el pasado de los argumentos que debían confrontarse para construir unas reglas del juego comunes. No implicaba eso que el pasado dejara de ser referencia del discurso ideológico de cada cual. Cerrada la Transición, cada uno era muy libre de interpretar la historia como le pareciera, con una salvedad: que la participación necesaria del pasado en el debate político no sirviera para cuestionar la legitimidad democrática del adversario, esto es, para convertirle en enemigo del sistema.
Durante años, quienes rechazaron ese pacto, la Izquierda Republicana de Cataluña, fundamentalmente, aunque también, a partir de un cierto momento, los sucesores de Carrillo al frente del Partido Comunista, hicieron todo lo posible por denunciarlo y utilizaron recurrentemente la apelación al pasado para cuestionar la calidad de nuestra democracia y la legitimidad de un gobierno conservador. Ahora, tras la formación de un gobierno que se mantiene en pie, en Madrid y en Barcelona, gracias al apoyo de esas dos fuerzas políticas, nos encontramos ante una situación que era previsible: el Ejecutivo no tiene inconveniente, todo lo contrario, en afirmar que una de sus tareas fundamentales ha de consistir en saldar una deuda que la política española tiene con el pasado. No conviene olvidar, por otra parte, que destacados líderes socialistas vienen afirmando desde hace varios años que quizá se cedió demasiado en la Transición y que podría haber llegado el momento de usar el poder político para recuperar eso que llaman memoria histórica.
El asunto de los papeles del Archivo de Salamanca y la ley que parece estar preparándose para recuperar la dignidad de las víctimas son dos ejemplos elocuentes. Más importancia tiene, sin embargo, que el discurso de algunos de los principales líderes del PSOE, y en varias ocasiones del propio presidente del Gobierno haya contado con significativas referencias al pasado, y en concreto al franquismo.
Hay al menos cuatro razones que pueden explicar esa obsesión por el pasado. La primera, bastante evidente, es que distrae a los ciudadanos de las cuestiones capitales del presente. La segunda tiene que ver con el arraigado convencimiento de la izquierda española de que su comportamiento siempre ha sido intachable en la defensa de las libertades, y que, por tanto, hablando del pasado dictatorial, sólo la derecha puede salir perjudicada. Tercero, puesto que no han pasado tantos años desde que acabó la dictadura, en una parte muy importante del electorado de izquierdas las consideraciones sobre el franquismo contribuyen a reforzar sus señas de identidad ideológicas, especialmente en un contexto en el que la competencia democrática resta valor a los perfiles políticos frente a los gestores. Y cuarto, el regreso del pasado puede contribuir poderosamente a dividir a los conservadores, entre los que sigue habiendo importantes fracturas y complejos mal superados.
Pero, siendo todo lo anterior importante, la actualidad del pasado en el discurso político de la izquierda remite a un factor de mayor calado, el mismo que explica lo poco que parece importar al PSOE desmarcarse de posiciones de centro y gobernar apoyado en partidos de dudosa lealtad constitucional. La clave reside en el hueco que dejó en la izquierda española el abandono de las que habían sido sus referencias ideológicas clásicas, y en especial lo que el marxismo y el lenguaje de la revolución habían significado para la historia del PSOE. ¿Hizo este partido su propia transición a la democracia? En términos formales sí; pero conviene recordar, ahora que a algunos líderes socialistas les gusta identificar al PP con Gonzalo Fernández de la Mora, que no hubo una renovación de ideas duradera y bien discutida. Tampoco es que lo creyeran necesario, la verdad, dado que nunca han puesto en duda las credenciales democráticas de su actividad política en el siglo XX.
El pasado, por tanto, es un poderoso ingrediente de relleno que oculta una pérdida de identidad ideológica. Y si el centro-derecha no sólo es capaz de ganar unas elecciones por mayoría absoluta, sino que además demuestra su eficacia en la gestión, como ocurrió tras el año 2000, qué mejor defensa que un buen ataque con las armas simbólicas que mejor movilizan y sensibilizan a gran parte de los votantes de la izquierda: la memoria histórica del antifascismo. Si ahora resulta que también los nacionalistas fueron víctimas de honor de la dictadura, que no hubo verdadera guerra civil en Cataluña y que nadie más que ellos contribuyeron a recuperar la democracia en España, nada mejor que ponerse manos a la obra. Veremos cómo se las apañan los sabios que gusta nombrar el Gobierno -alguna idea podemos hacernos por lo resuelto en el caso del Archivo- para encontrar el justo medio en el que hacer una política que recupere la dignidad de las víctimas (no sabemos si de todas). Mientras, habrán conseguido al menos que una parte importante del electorado vea en el PP un adversario ilegítimo. Habrá que entenderlo, me temo, como una nueva contribución de la izquierda a la estabilidad y calidad de la democracia.
Cuatro días después de dar a conocer la vergonzosa manipulación del informe de los técnicos de la Comisión Nacional de Energía perpetrada, con el fin de avalar la OPA contra Endesa, por los Consejeros políticos designados a dicho organismo por el PSOE y ERC –entre ellos el amigo íntimo de Zapatero, Jaime González–, el diario El Mundo ha hecho público este martes otro nuevo escándalo –que podría ser, además, constitutivo de delito– como es que la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, la ex diputada del PSC, Maite Costa, seguía siendo consejera de dos empresas de La Caixa en el momento en que decidió avalar la operación, contra la opinión, no sólo de sus propios técnicos, sino también de la razonable doctrina que, hasta entonces, había mantenido dicho organismo ante este mismo tipo de operaciones.
Al margen de que Maite Costa haya podido violar la Ley de Incompatibilidades, hay que recordar que se trata de la ex diputada del PSC, partido del que es primer secretario, el ministro de Industria, José Montilla, y al que La Caixa condonó un crédito millonario, circunstancia que, por sí misma, debería haber inhabilitado políticamente a ambos para continuar en el cargo.
En lugar de dimitir, Maite Costa no tuvo empacho en seguir en el cargo y, desde allí, torcer la mano a los técnicos de la CNE, avalando una OPA contra la que también se acaba de manifestar, este lunes, el Tribunal de la Competencia.
No compartimos la consideración editorial de El Mundo, que acaba de pedir que Zapatero “tome cartas en el asunto”, pues el presidente del gobierno no ha hecho otra cosa desde el primer momento. El presidente del Gobierno no sólo ha admitido los pactos del Tinell, –que de forma expresa avalaba este tipo de inaceptable intervencionismo económico–, sino que ha nombrado y sostenido a Montilla y a Costa –no digamos ya a su amigo íntimo, Jaime González– en todo momento y con la misma intensidad con la que satisface en ese asunto al PSC y a sus socios separatistas. Eso, por no recordar su más que sospechosa intervención personal para evitar que fuera Bruselas –y no Madrid– la encargada de juzgar la OPA de marras.
Elogiamos la tarea de investigación de El Mundo y, desde luego, sí compartimos su consideración de que estamos ante lo que “lleva camino de convertirse en el mayor escándalo económico de los últimos años (...) que hará pequeño al de Rumasa”. Lo que queda en evidencia, sin embargo, es el caso omiso que Zapatero hace de todas estas juiciosas advertencias, como ha vuelto a dejar de manifiesto el secretario de Estado de comunicación, Fernando Moraleda, que ha silenciado las revelaciones periodísticas, tanto las referentes al informe de los técnicos de la CNE, como al hecho de que la presidenta de la CNE haya estado parcialmente en nómina de la entidad financiera que impulsa la OPA.
Por hacer caso omiso, Moraleda hasta ha ninguneado el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, que ha votado a favor de prohibir la operación, señalando que no es vinculante y contrastándolo –con total desfachatez– al dictamen favorable a la OPA que emitió el CNE, sin recordar que hasta la propia Maite Costa tuvo que reconocer que "no coincidía” con el informe emitido por sus propios técnicos.
En cualquier caso, no se entiende que esta escandalosa OPA política, que de forma, consustancial es responsabilidad del presidente del Gobierno, se limite al “caso Montilla” o, peor aun, a la petición de dimisión de Maite Costa. Ningunos de ellos es un “incontrolado” ante una OPA descaradamente política.
De un tiempo acá, un grupo mediático fácilmente reconocible se dedica a etiquetar como “extrema derecha” a cuantos discrepamos de sus manipulaciones. Así, Jiménez Losantos, César Vidal, yo mismo, Libertad digitalen pleno o la COPE, somos de “extrema derecha”… según ese grupo inspirado ideológicamente por un antiguo colaborador de ministro franquista Arias Navarro. El mismo que llamaba “sindicato del crimen” a los periodistas empeñados en sacar a la luz la corrupción socialista, la cual dicho grupo estaba empeñado a su vez en ocultar a la opinión pública (¿por qué sería?). Entre otras muchas vilezas.
Alguien debiera repasar la trayectoria del buque insignia del grupo, el diario El País: su presión contra la aplicación de la ley y en pro de la negociación con el terrorismo nacionalista vasco, sus expresiones admirativas hacia algunos jefes de los asesinos, tantas de sus “informaciones” sobre las Vascongadas que podrían haber sido redactadas por miembros de Batasuna; sus reportajes tan favorables, por ejemplo, a Sendero Luminoso o a Jomeini; su colaboración casi permanente con las fechorías de los separatismos catalán y vasco contra los derechos ciudadanos, manifiesta con especial crudeza en momentos como el manifiesto encabezado por Jiménez Losantos y el atentado terrorista contra éste; sus insidias contra determinados políticos; su ataque permanente a la libertad de expresión ajena (recuérdese el antenicidio), sus fascistoides campañas de desprestigio contra determinadas personas, negándoles el derecho de réplica, etc. etc. Algún periodista demócrata debiera hacer un análisis a fondo de la línea seguida por ese periódico. Nos ilustraría, creo, sobre el grado de certeza de la afirmación de Revel: “La primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira”.
En muchos aspectos vivimos en estado de farsa, por así decir: unos señores espabiladillos procedentes de la extrema derecha –ellos sí y sin ningún género de dudas–, se erigieron desde los primeros momentos de la Transición en dispensadores de títulos de democracia, y ahí siguen con sus pretensiones. El truco ha sido fácil, aunque su ejecución requiera cierto virtuosismo y una larga práctica: se trata por una parte de halagar a una izquierda que en España casi siempre ha sido extremista y antidemocrática, y por otra de explotar los complejos de una derecha ignorante de la historia de España en el siglo XX, entre otros defectos.
La adjudicación del título de extrema derecha a quienes, también sin ningún género de duda, defendemos las libertades y la unidad de España, sigue la misma lógica recomendada otrora por los comunistas: “a los críticos molestos, tacharles de fascistas. Insistiendo lo bastante en ello, la idea calará en la mentalidad popular”. El término “fascista” está hoy excesivamente desgastado y ha terminado por no significar nada. El de “extrema derecha” resulta ahora algo más útil. Y a ello se aplican estos bergantes.
LOS primeros compases de 2006 demuestran que la denuncia hecha por Mariano Rajoy sobre la exclusión del Partido Popular en los asuntos de Estado no ha calado en el ánimo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Hace poco más de un año, durante un encuentro en La Moncloa, el líder popular ofreció al jefe del Ejecutivo un acuerdo global en las cuestiones esenciales para la estabilidad política del país, especialmente en materia territorial. La idea del partido de la calle Génova era plantear al Gobierno una alternativa a sus pactos con los nacionalistas radicales y a la política diseñada con el tripartito catalán, ampliamente rechazada por la opinión pública. Un año después, las consecuencias están a la vista: Rodríguez Zapatero desdeñó la oferta de Rajoy y la exclusión del PP acordada en el Pacto del Tinell -suscrito por los socialistas catalanes con ERC- se ha aplicado implacablemente en la política nacional.
La «gran coalición» alemana entre socialdemócratas y democristianos, sin ser un modelo importable ni oportuno para España, representa una manera sensata de afrontar una situación de bloqueo con criterios de unidad política y con una definición clara de las prioridades; entre ellas, no gobernar con minorías extremistas. No habría hecho falta llegar a un gobierno de coalición entre PP y PSOE para evitar la pérdida de rumbo que apresa a la política nacional. Hubiera bastado con dar continuidad al «status quo» constitucional construido entre derecha e izquierda desde 1978. Pero si el objetivo del PSOE es, precisamente, renunciar al legado de la Transición y del pacto constitucional, su interlocutor nunca podrá ser el PP.
El problema no consiste, obviamente, en que la falta de apoyo del PP impida la aprobación de las reformas legales y estatutarias que patrocina el Gobierno, sino en que sin el concurso de los populares no es posible dar a dichas reformas la legitimidad democrática -cosa distinta de la aritmética parlamentaria- que, hasta ahora, había tenido el desarrollo de la Constitución en sus aspectos esenciales. Es totalmente pretencioso por parte del Gobierno creer que se puede cambiar el modelo de Estado y de sociedad -estatutos de autonomía, poder judicial, familia, educación- sin contar con el único partido que se halla en condiciones de disputar el poder al PSOE. Rodríguez Zapatero no tiene mayoría parlamentaria, respaldo social ni mandato electoral suficientes para acometer este verdadero cambio de régimen mediante una estrategia de beligerancia abierta -y, en buena medida, carente de justificación- contra el PP.
Por BENIGNO PENDÁS ABC 4 Enero 2006
DESDE el punto de vista simbólico, lo peor está por llegar. Las palabras son sólo palabras, incluso cuando se publican en el Boletín Oficial. Las imágenes, en cambio, transmiten emociones incontroladas. Los «papeles» tienen que salir físicamente del Archivo. Les espera en destino una escena de corte revanchista, que Maragall no quiere ahorrar a Rodríguez Zapatero. Acaso no puede. No es el Estatuto, ni la OPA, ni la definición nacional. Sin embargo, el PSOE va a pagar un alto coste, entre el desprecio de unos y la indignación de muchos, sin obtener rédito alguno. Pésima estrategia. Nacionalistas de todos los partidos se atribuyen el «éxito» y no dejan al Gobierno ni siquiera disfrutar de las migajas. No le van a dar ni las gracias. En Salamanca, donde la gente sale de nuevo a la calle, cunde la sensación de ofensa gratuita a sentimientos muy arraigados.
También en otros muchos lugares de España. El coste político va a ser inmenso. Cada uno sabe cuánto está dispuesto a pagar y a cambio de qué. Pero no es fácil de entender, sobre todo cuando dobla el cabo de la legislatura y se intuyen en el horizonte presagios negativos. Felipe González siempre se resistió. El Gobierno popular supo nadar y guardar la ropa en su primera legislatura ante las presiones sin disimulo de sus aliados de CiU. En pura teoría democrática, nunca debe prosperar una decisión que provoca la discordia social y quiebra la integración territorial.
El principio de unidad de los archivos es la piedra angular de las declaraciones internacionales y las pautas que rigen la gestión cultural exigen que se preserve la configuración actual de las instituciones. El informe de los expertos era un puro ejercicio de voluntarismo al servicio de una opción predeterminada. El trámite parlamentario sólo sirvió para escenificar un nuevo capítulo del «todos contra uno». El Archivo de la Guerra Civil no es el archivo «de» Salamanca, sino un Archivo de todos los españoles con sede «en» esa ciudad , de larga y fecunda tradición cultural. Abierta la veda, nadie podrá impedir la disgregación de los documentos y, con ella, de una parte sustancial de nuestra memoria colectiva. El artículo 46 de la Constitución puede convertirse en pura retórica. Se exige en tono imperioso a las autoridades salmantinas que no pongan obstáculos al cumplimiento de la ley. Mientras tanto, ciertos sectores ponen toda suerte de trabas en Cataluña a la ejecución de una sentencia firme sobre los bienes de «la franja» dictada por la institución eclesiástica competente. Ni siquiera es doble moral: se llama egoísmo insolidario. Por no hablar de otros ejemplos, que citaba el otro día Juan Manuel de Prada, cargado de razón. Alegría para unos, ofensa para otros. Pésima solución. Aunque tal vez el Tribunal Constitucional podría...
2005 más uno
Entre los rituales de salida y entrada de año, el observador de la vida política se ha visto obsequiado con un par de encuestas sobre la opinión de los ciudadanos respecto del Gobierno y de la oposición, y extremos similares, y sobre su actual intención de voto. Tanto los dirigentes del Partido Popular como algunos analistas han subrayado que estas encuestas (publicadas, respectivamente, por La Razón y El Mundo) indican un deterioro de la imagen del Gobierno y una mejoría de las expectativas electorales del PP, más acusada ésta en la primera que en la segunda.
Supuesta la corrección de estas encuestas y al margen de cualquier juicio sobre la pertinencia de aquellos análisis, a mi, que no soy político ni analista electoral, sus datos me han dejado melancólico cual trifinus ("trifinus melancolicus" es el nombre científico del percebe, según el competente libro Viajes morrocotudos, de Juan Pérez Zúñiga, publicado por la Biblioteca Nueva. en 1943, que, me temo, no será recomendado en la nueva asignatura de "Formación del espíritu progre-nacionalista")
Aunque no más sea que por buscar algún alivio, les expondré con alguna circuntancia las fuentes de que mana esta negra bilis que me acongoja. Persuadido estoy de que desde hace muchos años no padecíamos los españoles un Gobierno tan incompetente, hasta lo risible; tan aventurero, hasta lo temerario; tan entrometido en la libertad ciudadana, hasta el arbitrio despótico; tan mendaz, hasta el descaro, como el de Zapatero. No se me oculta, que un juicio tan negativo no necesariamente es compartido por otros muchos ciudadanos. Pero, con la que está cayendo, esperaba yo, pobre estúpido, que una gran parte de la opinión pública, aunque fuese de modo más benévolo, habría tomado nota de la desastrosa gestión gubernamental.
Pues, no. Al menos, según la encuesta de SIGMA DOS, publicada por El Mundo, la opinión confía abiertamente en la capacidad de gestión del Partido Socialista. El cuestionarío incluía la siguiente pregunta: "Entre un gobierno del PSOE y otro del PP, ¿cuál cree que gestionaría mejor...?", referida a doce políticas distintas o sectores de la actividad gubernamental. Para mi asombro, en todos y cada uno de los sectores, la opinión confía más en un Gobierno del PSOE que en uno del PP.
Donde el PSOE tiene mayor credibilidad es en ¡la política referida a la libertad de expresión! Manda carallo, que decimos en mi tierra. Un 48,5% de los encuestados confía más en este terreno en el PSOE y sólo un 24,7% en el PP. Tras el atentado ya consumado del Consell Audiovisual de Catalunya, tras el atentado, en trance de consumación, de su duplicación, como Consejo Audiovisual del Estado, tras el propósito indisimulado de cerrar la COPE, salvo que se avenga a la domesticación, tras toda una política, en fin, de restablecimiento de la censura, éste es el sector de la actividad gubernamental en el que el PSOE obtiene más crédito. Y el PP menos, el segundo por la cola de sus resultados. Tantos tiquismiquis de los Gobiernos de Aznar con los medios "progresistas" (no se fueran a enfadar), y cría cuervos que te sacarán los ojos, y completen ustedes retahila sanchesca, que el centenario del Quijote ya se ha acabado y para el próximo todos calvos, etc.
Lo que me conduce a confirmar una vieja impresión. La opinión pública, al menos aquí y ahora, es insensible a los resultados de la gestión gubernamental, salvo quizá en el terreno de la economía doméstica, y por esto no se pregunta en esta cuestión (sí, en otras, pero sin conexión con la confianza relativa en la gestión de un Gobierno socialista o uno popular). Sólo en el peor sentido posible de la expresión, en un sentido orwelliano, nuestro sistema es un régimen de opinión: sólo existe lo publicado y lo publicado vale según el valor que le atribuyan los medios de masas hegemónicos (dominados por el Gobierno o dominadores del Gobierno). Veamos algún otro resultado confirmatorio.
El 42,6% confía más en la gestión socialista de la vivienda (frente a un 25,6% que preferiría una gestión popular). Si se repara en la gestión, por llamarla de alguna forma, de la increíble Ministra de Vivienda (por otra parte, pesimamente valorada por los mismos encuestados), la cosa tiene su mérito. Al margen de esa ausencia de gestión, no hay ningún dato objetivo que permita adivinar en qué basan los ciudadanos esta expectativa. Con el medio ambiente ocurre cosa parecida, nada menos que el 46,2% de los ciudadanos confían más en la gestión socialista de la materia (frente a un exiguo 22,3% que se inclina por una gestión popular). Más o menos, esta Ministra repite a la anterior y también se repite la incógnita que suscita esta preferencia ciudadana.
Más Ministras y más políticas. El 39,9% confía más en una gestión socialista de la sanidad (frente a un 29,4% que preferiría una gestión popular). La Ministra de Sanidad, aparte de pasear su imagen anoréxica, no ha hecho otra cosa que impulsar la Ley de restricción del consumo de tabaco (cuya entrada en vigor demostró particular mala uva, al estrenarla con el nuevo año; si se hubiese acogido al período ordinario de vacatio legis, los inconvenientes hubiesen sido menores; pero, claro, se trata de llamar la atención, cuánto más, mejor; política de imagen en la jerga de los expertos). Claro que esta Ministra ha anunciado una nueva ley restrictiva, esta vez del consumo de alcohol. Si yo fuese un político del Partido Popular rogaría a Dios que persistiese en el propósito, porque eso sí que no lo resistiría ni Zapatero, ni sus socios (alguno se vería súbitamente acometido de delirium tremens), ni todas las furias del averno. ¡Si ni siquiera han podido soportar un amago de boicot al cava!
Por el contrario, la anterior Ministra del ramo con el Gobierno de Aznar hizo una labor muy estimable. ¿En qué se basa, pues, la opinión ciudadana? Tampoco se sabe. Consideremos algunos Ministros, para ir concluyendo. En materia de Defensa, el 41,8% de los ciudadanos confía más en una gestión socialista (frente al 30,6% que la preferiría popular). Tampoco aquí será por los éxitos acumulados por el increíble Ministro Bono, que declara preferir que nuestros soldados sean matados antes que maten, al que se le caen los helicópteros, sin que se pueda saber porqué, el enemigo de la guerra de Irak, que manda nuestra mejor fragata a custodiar a un portaaviones estadounidense ("misión doctrinal", según el alto mando de la Armada) participante en esa "odiosa" guerra. No parecería muy razonable confiar en la gestión socialista de estas materias.
Y en materia de justicia, tres cuartos de lo mismo. El 38,7% confía más en la gestión socialista (frente a un 29,3% que optaría por una gestión popular). Los españoles preferimos confíar la justicia a los enterradores de Montesquieu, a los partidarios teóricos y práctico de su politización, a los políticos que pretenden subordinar al Consejo General del Poder Judicial a sus intereses de partido, a quienes pretenden sustituir el Tribunal Supremo por diecisiete tribunales políticos nacionalistas o paranacionalistas, a quienes están postulando el siniestro y despótico invento de los jueces de proximidad.
Mira qué bien. Menos mal que ya falta algo menos que un año para las campanadas de nochevieja y los "creativos" programas televisivos que nos las ofrecen. Eso no cambia; la necedad humana, tampoco.
He tardado algunos días en discurrir la noticia y, finalmente, he optado por rendirme. No entiendo nada de nada. El escarnio del asesino de Ramón Bagglieto, marido de la concejala del PP, Pilar Elías, ha refrescado el tinte de insolencia y desfachatez de algunas relaciones entre víctimas y verdugos en el País Vasco.
El caso de Pilar Elías no es único, ni reciente. Pero la difusión del escándalo debería tener alguna utilidad y reparación. Nos cuentan que así ha sido. Leo textualmente (ABC 31/12/2005): "El caso Elías provocó la reacción del Comisionado para las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, quien solicitó que se aplicara a los terroristas, igual que a otros delincuentes, los artículos del Código Penal que prevén imponer a los criminales el alejamiento de quienes han padecido sus actos". Ojalá sea así y la cristalería del etarra que ensucia la memoria de Pilar Elías en Azcoitia se haga añicos muy pronto.
Simultáneamente, se juzga al terrorista López de Arcaute, asesino de Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díaz. Nos dicen que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es el mentor de la incorporación de la pena de alejamiento a la sentencia que la Audiencia Nacional ha impuesto a López de Arcaute. Y sigo sin despejar las dudas. Leo textualmente (La Razón 31/12/2005): "El etarra Diego Ugarte López de Arcaute tendrá cerca de 65 años cuando salga de prisión tras cumplir la condena de 100 años y 9 meses de cárcel que le han impuesto. En ese momento, previsiblemente dentro de 30 años, no podrá residir en el mismo inmueble que los familiares de sus víctimas, acercarse ni comunicarse con ellas en ningún lugar durante un plazo de 5 años". No me he comido ni una coma, pero parece que este terrorista se va a comer por adelantado un buen puñado de años del veredicto. ¿Cómo nos comemos esto los demás? ¿Cómo va a tener 60 dentro de 30 cuando cumpla 100?
La alegría de una condena centenaria y justa a un matón sanguinario y el recuerdo remoto y aleccionador de una promesa relacionada con el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas se transforma en una pena infinita al comprobar que los plazos del castigo se acortan de antemano, y que la cruda realidad que denuncian los "casos Elías" nos alejan del sentido común y del respeto que merecen siempre las víctimas.
Hoy día la sociedad se encuentra en el momento histórico en que las ideas están sometidas a un proceso de acción y reacción vivo e inmediato. No creo que podamos encontrar otro igual. Posiblemente tenga algo o mucho que ver con las posibilidades de comunicación que se nos ofrecen. Posibilidades que determinan, por otro lado, que el mundo actual se convierta en una Gran Casa donde sus individuos se interconectan y todos saben de todos. Y como consecuencia de esta situación de pan-conocimiento, y como reacción a que el “conocer al otro, al vecino” es también el “tener poder sobre él”, es por lo que se produce defendemos nuestras propias ideas como autodefensa ante el contrario.
En la actualidad, defendemos nuestras ideas como si defendiéramos a la sociedad del cataclismo a la que se ve abocada. Somos capaces de vender todo lo que poseemos por la defensa a ultranza de una idea, y simplemente porque somos padre y dueño de ella.
Si ha habido en la historia un momento donde la confrontación de las ideas ha sido más evidente, posiblemente sea este momento actual. No creo que hubiera otra época histórica con más “ismos” que la de ahora. “Ismos” (entiéndanse populismo, progresismo, liberalismo, castrismo, existencialismo, marxismo, materialismo, capitalismo, fundamentalismo, clasismo, nacionalismo, separatismo, racismo, militarismo, humanismo, y otros ismos que imaginemos) que, por otro lado, no son mas que la puesta en sociedad de las ideas, y se han convertido el bastión desde donde nos parapetamos y arrojamos nuestras ideas a modo de bolas incendiarias.
Pero todos ellos están interconectados, pues uno es la raíz de otro, es a la vez causa y efecto, acción y la reacción de un todo.
Veamos el capitalismo como raíz económica y social de la sociedad occidental. Puede que sea el ismo menos malo de esta sociedad occidental, aunque ha dejado, y deja, muchos destrozos en la cuneta. Quizás encontremos en él muchos factores antisociales, sin lugar a duda, no hay más que echar una ojeada a los países que tienen dicho régimen de gobierno. Aunque debemos distinguir el capitalismo como sistema económico y social y los partidos que cohabitan con él, los cuales no necesariamente tienen que defender ideas de izquierdas. Son muchos los países cuya sociedad sigue los dictámenes capitalistas con gobernados por ideas de izquierdas, mejor dicho por hombres, que a priori, defienden en el papel ideas de izquierdas. En realidad, el capitalismo es un régimen económico, que no resuelve los problemas que acucian a la sociedad actual, pero también es el que más se acerca.
Como reacción al no poder resolver los problemas sociales, surge otros ismos: comunismo, socialismo, marxismo, entre otros, pero que no han dado resultado apetecido, por mucho que las ideas de Popper, Marx, Hegel, Sartre, Kiekergaard, Lacan o Duverger se utilicen como bálsamo de Fierabrás, cuando a veces son utilizadas como marchamos de una casta urbana. El snobismo de izquierdas se ha entendido por en ocasiones como estética de progresismo. A fin de cuentas la izquierda ha vestido mucho, y a utilizado su progresismo a manera de diferenciarse como si fuese un piercing tribal.
Pero el antimilitarismo que hoy día nos arrasa como panacea de paz, no es más que una reacción al militarismo nacido como defensa de las ideas del capital. El militarismo nace de la prevención ante los posibles desórdenes inducidos por ismos de izquierdas; ello no significa que deba ser aceptado. Pero reacción tenemos el nacimiento del pacifismo como reacción al militarismo no es mas que un fenómeno tan obvio como necesario para muchos que ven en él la realización de su existencia, pero utilizan los que defienden tal idea las mismas estructuras y armas que las que rechazan. La defensa de la paz se hace mediante postulados militaristas. Véase cualquier acción (reacción) de reacción con los mismos métodos.
De un tiempo acá, en la calle como viandantes habituales encontramos algunos de los ismos más exacerbados y que inducen a mecanismos y fenómenos esencialmente de acción-reacción, entre ellos podemos incluir el fundamentalismo y nacionalismo como los más significativos. Ambos parten de ideas localistas y restrictivas, fundamentados en la exclusión de todo aquello que sus principios no incluya. En sí son pensamientos excluyentes, aunque se defiendan como reacción contra la globalización o contra el uniformismo ideológico y geográfico. También se escudan en las ideas tradicionalistas, aunque lo nieguen, pues se fundamenta en la tradición local y tienen al hecho histórico como explicación de donde parte todo su idealismo. Los defensores de estos ismos utilizan un lenguaje victimista y siempre actúan a la defensiva, y acusan a todos aquellos que no comparten sus ideas de origen de sus frustraciones. En el caso del nacionalismo como reacción frente a centralismo se producen un fenómeno, como poco curioso, pues él mismo toma la idea de lo que ha provocado su reacción, es decir, adopta la idea centralista como gobierno, aunque en este caso en un área geográfica más restringida. Los que lo promulga como signo identitario lo defienden como desarrollo de bienestar social y progreso. El nacionalismo de por sí excluye otros nacionalismos, se proclama como única opción.
El nacionalismo se retroalimenta del fundamentalismo como filosofía de acción y de defensa de sus ideales. Y fundamentalismo como cohesión política tiene mucho de integrismo religioso. Ambos ismos se pueden convertir caras de la misma moneda.
Pero el fundamentalismo religioso tal vez sea la línea de pensamiento, que hoy por hoy, está mas presente en nuestra sociedad. Y no entendamos solo el de una parte, todos ellos tienen una actuación similar, tal vez solo se diferencien en la metodología pero en su esencia es la supremacía excluyente de sus ideas. Pero si bien puede pensarse que intenta de algún modo dar respuesta a las preguntas de “de donde” “por qué” y “hacia donde” se proyecta nuestra sociedad, no admite respuesta alguna que no sean las propias. Además el fundamentalismo toma de partida que el origen del desorden social se encuentra fuera de sus límites. Para el fundamentalista el orden está dentro de él y todo lo que está fuera es desorden. Pero aún así no dan soluciones aplicables, pues en si mismo piensan que está la solución social.
Como reacción podemos encontrar la idea de "laissez faire, laissez passer" (dejar hacer, dejar pasar) propia del liberalismo que se opone a la arbitrariedad del poder absoluto. Por el contrario, exalta la búsqueda de la verdad sin trabas mediante el diálogo dentro de un ambiente de tolerancia. El liberalismo se asienta en el poder de la razón y en la aplicación de normas para que no entre en competencia los deberes y derechos de los individuos. El peligro del liberalismo es el anarquismo, hecho que por otro lado se da con frecuencia como opción dentro de la progresía. Pero también este ismo muestra su lado nebuloso, pues implica que todo liberal es nominalista e individualista. Para el liberalismo solo existe el individuo y la sociedad es solo un aggregatum de individuos. Ante esta línea de pensamiento surge una reacción de colectivismo y de asociacionismo. Pues es la reacción al egoísmo del liberalismo.
Como dije al inicio la confrontación de ideas y acciones derivadas de ellas están hoy día mas vivas que ningún otro periodo histórico. Y cada una trata de dar respuesta a esta sociedad cambiante. Y todas ellas tratan de tener la hegemonía del poder. He pretendido echar un vistazo a algunos de los ismos actuales, muchos más asoman y se encuentran debajo de la piel de cada uno de nosotros. Posiblemente sea labor de cada uno, y ahí entra el liberalismo, que tome para sí lo que encuentre de benéfico y rechace todo lo maléfico que tienen los ismos, que es mucho.
No me apetece sacralizar el principio tan políticamente correcto de la libertad de expresión. En sentido genérico, podría suscribir que la verdad está por encima, que a los periodistas no se les debe permitir cualquier cosa, que han de ser responsables de lo que dicen sin que la víctima de una calumnia tenga que tomarse la molestia de acudir a los tribunales y que el secreto profesional les proporciona una patente de corso que habría que atreverse a revisar en determinadas ocasiones. Pero el debate no se plantea en abstracto: la ampliación de competencias que la Ley catalana del Audiovisual ha concedido al famoso CAC y el proyecto de constituir un organismo análogo para toda España tienen una inspiración ad hoc y un referente muy concreto: la Cadena COPE.
Como sugería con su habitual destreza Juan Carlos Girauta en Libertad Digital, los cargos que se imputan a la COPE podrían haber llevado al banquillo con mayor motivo a otros medios de comunicación, así que la polémica obliga a centrarse en este caso particular. Y, en mi opinión, la persecución orquestada por la izquierda y el catalanismo es inconsistente en teoría, contraproducente en la práctica y, en el supuesto (improbable, por el momento) de que conllevara efectos legales y hasta el cierre de la cadena, desastrosa para la higiene intelectual de nuestro país.
El informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya contra la COPE se construye sobre dos piedras clave: que la emisora falta a la veracidad mezclando opiniones con hechos y que infringe los límites de la libertad de expresión atentando contra el honor de las personas. Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, las ponía en conexión en un solvente artículo publicado el día 25 en El Periódico de Catalunya, y en el que afirmaba que el Tribunal Constitucional prioriza la libertad de expresión frente al honor cuando las expresiones son proporcionadas a la necesidad de manifestar una opinión o cumplen con el objetivo de aportar una información veraz y de interés público; dos condiciones que supuestamente no cumplirían los mensajes de La mañana y La linterna analizados por el CAC.
Si uno se basa en premisas jurídicas, un planteamiento sin duda posible y respetable, posiblemente haya poco que añadir a los argumentos de García Arán, al margen de la interpretación que luego se haga del comportamiento de la COPE. Por mi parte, ni tengo conocimientos para seguir el mismo camino ni me parece que el Derecho, que en última instancia es una convención, posea autoridad suficiente para dilucidar los debates políticos o sociales. Nunca me he servido de la Constitución para deslegitimar a los nacionalismos ni tampoco lo haré ahora de su guardián judicial para condenar a la COPE, aunque no estaría mal que ambas partes decidieran de una vez si conceden prioridad a ese criterio y se rigen o no por él en todos los puntos de fricción y no sólo cuando les conviene.
Por lo que respecta a la veracidad, es obvio que ésta se puede exigir a los hechos, no a las opiniones. De ahí que el CAC acuse a la emisora de la Conferencia Episcopal de confundir unos con otras. El problema es que un discurso, escrito u oral pero especialmente en este último caso, siempre está confundiendo hechos y opiniones. Desde el mismo momento en que uno narra, enlaza unos hechos y no otros, de una manera y no de otras, sirviéndose de unos recursos lingüísticos y retóricos y no de otros, está haciendo opinión. Si nos pusiéramos a penalizar los presupuestos que subyacen a cada discurso, considerándolos como hechos que se intentan presentar como verdaderos ocultos en un ejercicio de opinión, el depósito documental del CAC acabaría pronto saturado de expedientes en los que las insinuaciones maliciosas convivirían con los errores y los recursos expresivos, y cualquier orador tendría que ralentizar su dicción para asegurarse de que no incurre en ninguno. Ejemplificando con una de las perlas radiofónicas que el CAC ha considerado digna de reprobación: "Montilla quiere fundar otra vez el GAL para matar periodistas incómodos", nadie duda de que este enunciado, entendido como formulación de un hecho, es falso. Pero, independientemente de la opinión que nos merezca como recurso dialéctico, lo que no se puede es sacarlo de contexto e ignorar su función de arenga proselitista, que en ningún momento aspira a expresar una verdad objetiva.
Sería ingenuo dudar siquiera de que las estrellas de la COPE abusan conscientemente de esa confusión, como demuestran una y otra vez las fabulosas teorías de la conspiración en torno al 11-M con las que enlazan los agujeros negros que los distintos periodistas de investigación de El Mundo se han limitado a señalar de forma puntual y aislada. Y muy optimista suponer que los oyentes de la COPE van a ser lo suficientemente críticos como para deslindar hechos y opiniones y no creerse a pies juntillas todo lo que sus héroes radiofónicos les insinúan y ellos mismos están deseando imaginarse. Pero, al margen de que, con algo más de sutileza, los medios de Prisa hacen muchas veces lo mismo, elaborar una invectiva basada en la distinción entre opiniones y hechos, como si el lenguaje pudiera ser alguna vez unívoco y neutral, es erróneo desde el punto de vista teórico y una pretensión que calificaría de absurda cualquier filósofo posterior al segundo Wittgenstein.
Más aún; es un error también desde una perspectiva práctica, porque abrir un expediente contra una emisora de radio con tan débiles argumentos jamás concluirá con una resolución convincente que se imponga por sí misma ante un tribunal o ante la opinión pública, y los encausados siempre podrán oponer otras razones igualmente válidas y presentarse como víctimas de la censura, perseguidos porque los quieren acallar y mártires de la libertad de expresión. En tal tesitura, sólo podríamos dar la razón a una de las partes contendientes si fuéramos capaces de demostrar las intenciones de ambas y éstas resultaran ser nítidas y no una amalgama de astucia y autosugestión, como casi todo en el ser humano. Incluso dejando de lado el hecho siniestro de que el órgano ejecutor sea nombrado por políticos (en todos los países del mundo son los políticos mismos los que controlan las licencias del espacio audiovisual), resulta infinitamente más útil saltar a la arena del debate público y refutar las opiniones del otro que perseguir a un tipo de personas que, desde luego, tienen mucho más arraigado el narcisismo que la propensión a amedrentarse.
Más útil, y, sobre todo, mucho más interesante para el nivel intelectual de España.
Al contrario de lo que parece lamentar todo el mundo, yo no creo que sea ninguna catástrofe que los medios de comunicación estén politizados y en ocasiones se mimeticen con los partidos. En primer lugar, la palabra política no tiene por qué relacionarse con éstos últimos, sino con la actitud natural de quien vive en una polis y no pertenece al orden de los protozoos, así que politizados estamos todos: los moderados de uno y otro bando, los radicales y los independientes. Independiente es, de hecho, el ideal máximo al que debe aspirar el periodista; la objetividad y la neutralidad constituyen unas quimeras comparables a la de pretender que lo sea el lenguaje del que se vale como instrumento. Pero es que, además, no es cierto que los medios de comunicación de izquierdas o de derechas hagan seguidismo de los partidos; en realidad, salvo muy contados casos en que podamos sospechar que los líderes de opinión aspiran a prebendas o privilegios cuando su partido llegue al poder, ejercen cada vez más como su vanguardia, la que les marca el camino a seguir y en ocasiones hasta les escribe el guión.
A mí el fenómeno se me antoja muy natural, dado que nuestra clase política es intelectualmente bastante limitadita. Exceptuando a Alfredo Pérez Rubalcaba, no hay en todo el arco parlamentario nadie que pueda competir con los mejores tertulianos (con los malos sí, claro) de la Cadena SER o la COPE. La comparación entre los debates en el Congreso y las discusiones en los programas matinales de las cadenas de radio resulta casi siempre bastante dolorosa para nuestros políticos, y el que Rajoy parezca a veces Demóstenes cuando discute con Zapatero no puede ocultar que se queda en simple medianía sin cintura ni capacidad de respuesta. Por tanto, es muy de agradecer que tipos inteligentes y con vocación ideológica se batan en duelo para dirimir los temas cruciales de la actualidad, y que lo hagan directamente, quitándose poco a poco de encima sus tradicionales escrúpulos a mencionar a la competencia y su empeño en atribuir al partido político correspondiente el mensaje que éste sólo ha adoptado haciéndose eco de los editoriales de la prensa de su bando.
El punto de inflexión lo marcaron las supuestas 72 horas de agit-prop, según la ya célebre definición aplicada por Víctor de la Serna, que la derecha cree o dice creer que desencadenaron el vuelco electoral del 14-M. En realidad, si hubo manipulación en que la SER dijera que el atentado no debía influir en nuestro voto cuando se pensaba que la autora había sido ETA, y luego recordara insistentemente su vinculación con la Guerra de Irak, la COPE incurrió en algo parecido cuando pasó de aventurar que gracias a Carod-Rovira el atentado había sido en Madrid y no en Barcelona a afirmar que todos los terrorismos había que combatirlos con la misma firmeza (la del PP, se entiende). Por lo demás, es raro que el error de los suicidas fuera voluntario cuando la SER también cometió el de las fotos de los etarras sospechosos, y la famosa alusión al estado de excepción fue claramente una broma fanfarrona y no una denuncia en serio. En cualquier caso, desde entonces la COPE ha asumido que la guerra es la guerra, ha elevado la intensidad de su acción política, y, últimamente, la izquierda mediática empieza a contraatacar, sobre todo en Cataluña. Sin embargo, insisto, lo único que hay de malo en todo ello es que muchos radioyentes, en vez de alternar ambas emisoras, se empeñan en hacerse forofos de una sola, como si escuchar la otra les fuera a pervertir. Naturalmente, también es una lástima que en muchos temas no haya una tercera, una cuarta y una quinta opiniones, pero el problema no es la polarización ni la crispación. Ni siquiera los presuntos desacatos al honor.
La frontera entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor es el otro caballo de batalla del expediente del CAC contra la COPE, y en su informe recoge insultos proferidos desde los micrófonos de La mañana y La linterna como "matón de la clase", "analfabeto funcional", "inquisidor", "fascista" o "idiota", amén de otras muchas expresiones supuestamente denigrantes para las instituciones y los partidos catalanes. A mí me parece que va siendo hora de relativizar la gravedad de las ofensas verbales, porque ya somos mayorcitos para rasgarnos las vestiduras ante estas cosas. Por mucho que sobreinterpretemos victimismo, las palabras no duelen. Dolor es lo que provocan los puñales clavados en la espalda o la pérdida de un familiar. Los insultos y descalificaciones no afectan al honor ni el prestigio de quien los recibe, sino en todo caso a los de quien los pronuncia, y tampoco deciden los debates ante la opinión pública. Pero cualquier cambio de tono o palabra inesperada puede constituir un recurso retórico, un arma en el esgrima de la dialéctica capaz de producir en los oyentes el "extrañamiento" que las teorías formalistas consideran el rasgo definitorio de la figura literaria. Dicho de forma rotunda, y aunque no estoy seguro de si muchos lectores compartirán este aserto, creo sinceramente que en la discusión vale todo.
Me son indiferentes el tono o los exabruptos que emplee Federico Jiménez Losantos, de quien, tanto oralmente como por escrito, admiro su brillantez comunicativa y su ingenio, en las comparaciones y en la creación de compuestos afilados como Prisoe o Roviretxe que luego los borregos de sus seguidores reproducen sin el menor rubor hasta el infinito. Lo que se puede y se debe reprochar a la COPE son sus argumentos, algunos de los cuales no tienen literalmente ni media hostia. Para empezar, por la incongruencia de los principios que sostienen de manera simultánea. No se puede ser a la vez liberal y conservador, porque los esquemas mentales que gobiernan cada una de esas opciones son opuestos e incompatibles. Resulta sonrojante el ridículo en el que caen los locutores de la COPE cuando se presentan como los paladines que quieren liberar al individuo de las inercias acríticas de la ideología de izquierdas (una revisión muy loable y necesaria) y le imponen a cambio los dogmas tradicionales y rancios de la religión y la patria española.
Su recurrente defensa del beneficio que habría tenido para la libertad del hombre occidental la influencia de una institución que propugna su total sometimiento a un presunto mandato divino es particularmente significativa de sus contradicciones. Por lo que respecta al debate territorial, ya intenté exponer en "El PP, la Constitución y la nación" que la ideología de la derecha española (a la que con sus enmiendas al Estatut se suma ahora el PSOE, después de unos inicios esperanzadores en los que se atrevía a relativizar la bagatela del concepto nación) es incapaz por definición de desactivar los nacionalismos periféricos. El fanatismo y la simpleza del mensaje de la COPE llega al extremo de que, en la reciente encuesta cerrada a cuatro respuestas que invitaba a los oyentes a valorar el doctorado honoris causa de Carrillo, el 90%, en vez de decantarse por la opción de que no lo merecía (algo que yo mismo habría suscrito), votó por la de "Es otra prueba más de lo que queda de España con Zapatero". ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra?
Sin embargo, si los argumentos de la COPE son refutables, la estrategia correcta para contradecirlos es el debate público, no las multas, las amenazas ni mucho menos el cierre. Porque, además, a pesar de las objeciones que le acabo de hacer, la emisora señera de la derecha española es necesaria para sacar a colación los temas que la SER silencia o, cuando son imposibles de ignorar, supedita a reflexiones inofensivas sobre la inmigración o a cargantes exhumaciones del Prestige y la Guerra de Irak. Y lo es especialmente en esta legislatura en la que el nacionalismo ha reemplazado a la Iglesia como principal enemigo de la racionalidad, la naturalidad y el progreso en nuestro país. Mientras el PP y el PSOE no firmen el único pacto de Estado que realmente nos hace falta, uno contra la metafísica y la estupidez, la libre confrontación dialéctica entre las mejores cabezas de la derecha y la izquierda (que son las que piensan en los medios de comunicación) aparece como la forma más plausible de que los ciudadanos de a pie se formen una opinión contrastada y razonada respecto a las polémicas de la actualidad política.
En lo que se ha dado en llamar el pacto del Tinell que, como se sabe, es el acuerdo firmado por el tripartito catalán para gobernar, en teoría sólo, Cataluña se sostiene, como idea transversal en todo el texto, que Cataluña es una nación y como tal, quiere tener control en los sectores estratégicos como son la energía y las telecomunicaciones. Algo similar ocurre en el Proyecto de Reforma de Estatuto, en el que ambos sectores van de la mano. No olvidemos, el papel preponderante de la Caixa en ambos sectores económicos en España.
Para que ese control se llevara a cabo, en el primer caso, es decir en el de la energía, se ha puesto todo el empeño en mover convenientemente los consejos de administración, en colocar a las personas oportunas en los órganos de control adecuados, verbigracia Tribunal de defensa de la competencia, Comisión nacional de la energía, en pactar en la Unión Europea que la comisaria de la competencia haga filigranas legales para que no se estudie la OPA de Gas natural sobre Endesa, eso sí a cambio de que los españoles seamos lo que paguemos la ampliación de la unión, en subirnos las tarifas del gas y todo un conjunto de pasos para que la Generalidad de Cataluña tenga el control de la energía en España. Todo ello lo vamos a pagar todos españoles en nuestra factura del gas y en la falta de fondos europeos. ¡Ah!... y no olvidemos que ha habido que “apañar” los informes de los técnicos de la Comisión nacional de la energía para dar luz verde al siguiente hito de la OPA.
Pues bien, en materia de telecomunicaciones el camino se prevé paralelo. El primer paso, que es el de ubicar a las personas oportunas en los lugares oportunos del Regulador ya está llevándose a cabo. Hace pocos días se han nombrado nuevos consejeros en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones que, como se sabe es el órgano regulador, evidentemente habrá que esperar a ver, pero todo apunta a que en el sector de las telecomunicaciones ya ha comenzado el baile.
Tras el fracaso del proceso de paz en tiempos de Arafat, israelíes y norteamericanos fijaron una nueva posición: no habría nuevas negociaciones mientras él siguiera al frente y no se desarrollase un auténtico proceso democrático. Su muerte hizo posible la convocatoria de elecciones presidenciales, municipales y, finalmente, generales. Hoy las relaciones se han restablecido, el proceso se ha reanudado, pero las expectativas son tan malas como cabía imaginar unos meses atrás.
La democracia no es un mero mecanismo de resolución de conflictos. Implica un conjunto de valores que informan el comportamiento de sus autoridades. Como se repitió hasta la saciedad, la legitimidad que aportaba la nueva situación debía llevar a los nuevos dirigentes, que eran los de siempre, a afrontar reformas fundamentales. Entre ellas había que destacar la lucha contra la corrupción y el desmantelamiento de las organizaciones terroristas. Ninguna de las dos misiones ha sido asumida ni, mucho menos, emprendida.
Durante años se presionó a Arafat para que arrancara de cuajo estos tumores que estaban destruyendo a la propia sociedad palestina. Se nos dijo que en aquellas circunstancias de enfrentamiento con Israel era inviable, que provocaría una guerra civil que no estaban dispuestos a asumir. Nunca sabremos si Arafat hubiera podido, algo que las autoridades israelíes afirman sin dudar, sólo podemos asegurar que no sólo no lo intentó, sino que fue el principal promotor de organizaciones y de actos terroristas. Sus sucesores no han tenido el coraje de intentarlo y hoy la futura Palestina se rompe ante la ineptitud de la Autoridad Palestina, incapaz de imponer el orden en la calle. La población se resiente y la policía se revuelve contra el Presidente sin lograr nada.
El desprestigio de la vieja guardia aumenta con otro mal endémico, la corrupción. Una sociedad empobrecida se ve sorprendida ante el espectáculo de una elite que se reparte una buena parte de la ayuda internacional, colocando a los afines en la lista del presupuesto oficial. La corrupción es siempre la antesala de la incompetencia y del subdesarrollo.
El palestino de a pié ha dejado de creer en el viejo programa nacionalista –escandalizado por la corrupción, el desorden y la falta de expectativas– y ha vuelto a lo único que le queda, el Islam en su versión más conservadora. Hamás representa los valores ancestrales, pero también el orden y la solidaridad.
La falta de reformas ha llevado a una aceleración del proceso de descomposición de Al Fatah, la vieja formación creada por Arafat para combatir a Israel. Una nueva generación irrumpe, con la intención de renovar en profundidad la cúpula directiva. La lucha por el poder erosiona la imagen del partido, tanto como las concesiones a los jóvenes debilitan a las actuales autoridades. No es de extrañar que ahora propongan la postergación del proceso electoral, culpando de ello a la falta de colaboración israelí en el caso concreto de Jerusalén. Un gesto que todo el mundo ha analizado en clave de huida hacia delante, de intento último de ganar tiempo de contener la deriva hacia el desastre.
Las elecciones generales pueden situar a Hamas como primera fuerza política o, al menos, como un partido poderoso con el que sea inevitable pactar. Si a eso sumamos el auge de una generación de dirigentes de Fatah formados en las dos intifadas, nos encontramos con un escenario poco atractivo. Aparentemente el terrorismo continuará. A nadie ha sorprendido la comunicación de que Hamás no renovará la tregua y de que volverá a la acción armada.
Es en extremo arriesgado adelantar la evolución de los acontecimientos. Lo que sí resulta evidente es que el plan de desenganche israelí, con el famoso muro-valla-alambrada, fue un paso de extraordinaria inteligencia estratégica. Israel ni ha tenido, ni tiene, ni va a tener en un tiempo previsible un interlocutor con el que negociar un paz definitiva. No le queda otra opción que establecer unas fronteras provisionales, reforzar sus instrumentos de seguridad y retirarse unilateralmente de buena parte de la Cisjordania. Mientras tanto, ni ellos ni nosotros podemos legitimar a terroristas considerándolos como interlocutores. Si Hamás y los grupos dependientes de Fatah no abandonan definitivamente las armas no hay nada que hablar con ellos, pero mucho que hacer para su contención.
- Alrededor de 4.000 personas salen a la calle a favor de la unidad del Archivo de la Guerra Civil con gritos de «Zapatero, traidor» - Piden que los «papeles» no vayan a Cataluña hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional
«Los salmantinos somos gente de larga memoria», dijo ayer el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, que calificó de «grandiosa» la respuesta ciudadana al tiempo que pidió que los «papeles» no salgan de Salamanca hasta que hable el Constitucional.
Salamanca- Alrededor de 4.000 personas secundaron la concentración convocada por el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, en defensa de la unidad del Archivo, según datos de la Policía Local, en un acto en el que se escucharon gritos de «Zapatero traidor», «el Archivo no se mueve» y «Caldera dimisión». El escritor salmantino y director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, que fue el encargado de leer el manifiesto en favor de la unidad del Archivo como colofón al acto, solicitó a las puertas del Colegio de San Ambrosio, sede del Archivo General de la Guerra Civil, que «cualquier medida» se aplace hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León sobre la ley que regula la devolución de papeles a Cataluña.
Santonja apuntó que sólo los «nostálgicos de la dictadura» saldrían ganando con la «desvirtuación» del Archivo y que la concentración es una manera de pedir el respeto a los plazos del recurso. «Eso y nada más que eso, una petición de mínimos: que se aguarde el fallo de la Justicia sin incurrir entretanto en actuaciones irremediables. ¿Esto no responde a la legalidad?», se preguntó.
Mirar con detalle las 507 cajas.
Las calles adyacentes a la sede del Archivo se llenaron de gente que portaba, entre otras, banderas de Castilla y León, Democracia Nacional y Unidad Regionalista de Castilla y León, así como pancartas en las que se leía «Lanzarote resiste». El alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote, hizo una visita previa al Archivo acompañado por el consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, y varios diputados y senadores populares junto al director del Archivo, Miguel Ángel Jaramillo, y Gonzalo Santonja. «Hay que estar enterado de lo que sale y en qué condiciones las 507 cajas que por narices viajarán a Cataluña», indicó, al tiempo que aventuró que «hay incluso papeles de un juzgado que nada tiene que ver con lo que se ha reclamado».
Tras la visita, se reunieron con representantes de los distintos colectivos firmantes del manifiesto en favor de la unidad del Archivo, que encabezaron la pancarta en la que se leía «Por la unidad del Archivo. Venceréis pero no convenceréis». Lanzarote tambien pidió que «los papeles» no se muevan hasta que no se pronuncie el Constitucional. Asimismo, aseguró al final de la concentración que «los salmantinos somos personas de larga memoria» y tildó la respuesta de los ciudadanos de «grandiosa».
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, reaccionó ante la concentración diciendo que es una «barbaridad» el hecho de que el alcalde de Salamanca, «pida al Gobierno que no cumpla la ley», en referencia a la norma que regula la devolución de los «papeles». También le espetó a Lanzarote que el patronato del Archivo no puede revocar una decisión adoptada en el Congreso de los Diputados y recordó una vez más que la competencia sobre el Archivo de Salamanca la tiene el Ejecutivo central «y no el Ayuntamiento ni el Patronato».
El presidente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, consideró que «es un paso» que lo que «históricamente se nos quitó a punta de bayoneta, hoy se reclame pacíficamente» y criticó «la manipulación ideológica del pensamiento de un escritor de gran altura», en referencia al «venceréis, pero no convenceréis» que Unamunó exclamó a los ganadores de la Guerra Civil. Por su parte, CiU recalcó que «es un acto de justicia» devolver los papeles a sus legítimos propietarios mientras que el ministro de Trabajo, el salmantino Jesús Caldera, rehusó pronunciarse sobre la concentración.
Un diario alemán revela que Washington ya ultima los preparativos para atacar a Teherán
Washington, Viena- EE UU advirtió ayer a Irán que no reanude las investigaciones nucleares y rechazó las garantías de Teherán que el programa no es un plan encubierto para la construcción de bombas nucleares, según informó el portavoz del Departamento del Estado norteamericano, Sean McCormack. «Nos oponemos enérgicamente a que Irán siga con las actividades nucleares relacionadas con el enriquecimiento de uranio», dijo. «Nuestra opinión es que si Irán toma los pasos alrededor del enriquecimiento, la comunidad internacional tendrá que meditar medidas adicionales para parar las ambiciones nucleares iraníes», añadió.
McCormack no especificó a qué medidas se refería pero reiteró la postura estadounidense de llevar a Teherán ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que imponga sanciones económicas adecuadas. «Irán está persiguiendo la construcción de armas nucleares bajo la tapadera de un programa nuclear con fines pacíficos», señaló McCormack. «No creemos que esto se pueda permitir», zanjó.
Con el anuncio de reanudar el lunes próximo los trabajos de investigación y desarrollo (I+D) de su programa de combustible nuclear, Irán corre peligro de ser denunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, indicaron ayer diplomáticos en Viena. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recibió ayer una notificación en la que Irán anuncia que ha decidido reanudar el próximo día 9 «aquellos trabajos de I+D de su programa nuclear que han estado suspendidos voluntariamente». Cualquier país miembro de la Junta de Gobernadores del organismo podría convocar ahora una reunión de urgencia para tratar el dosier iraní e incluso forzar un voto sobre una denuncia de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
«La decisión iraní le dará a los países que quieren denunciar a Teherán [ante el Consejo de Seguridad] más argumentos para tratar de impulsar en la Junta una decisión al respecto», señaló un diplomático. Durante la última reunión de la ejecutiva del organismo, en noviembre del año pasado, el embajador británico ante el OIEA, Peter Jenkins, señaló que Londres «se reserva el derecho» de convocar una nueva reunión antes de la prevista formalmente para el 6 de marzo. En Francia, un portavoz de Exteriores instó a Irán a no reanudar sus actividades nucleares sensibles. «Deseamos que Irán se atenga a la suspensión de todas las actividades relativas al enriquecimiento y procesamiento [de uranio], lo que incluye las centrífugas y las actividades de investigación», dijo Jean-Baptiste Mattéi.
En agosto la República islámica reactivó una planta para la conversión de uranio en Isfahan, último paso antes del enriquecimiento, y esa decisión provocó la suspensión durante casi cinco meses de las negociaciones con el trío europeo.
La decisión de la República Islámica llega justo cuando un diario alemán, «Der Tagesspiegel», revelaba que el director de la CIA, Porter Goss, en su última visita a Turquía el 12 de diciembre, pidió autorización al Gobierno de Ankara para el uso en 2006 de sus bases conjunta. Además, el vicepresidente Dick Cheney, que en diciembre visitó los países del Golfo, habría pedido autorización para el uso de bases en Omán (frente a Irán), Arabia Saudí, Jordania y Pakistán, en una supuesta puesta al día de los planes militares de ataque con la colaboración de la OTAN. Otras fuentes hablan de un ataque aéreo, aunque sin fecha concreta. Efe, Ap
PRESENTA QUERELLA EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Según ha podido confirmar Libertad Digital, la AVT ha presentado este martes una querella en la Audiencia Nacional contra los asesinos de Ramón Baglietto. Aportan como prueba documental una nota del Registro en la que aparece a nombre de Cándido Azpiazu y el de su mujer el local que denunció la viuda de Baglietto. La finca está tasada en 35.000 euros y tiene una hipoteca con La Caixa por 18.000. Azpiazu no pagó la indemnización a la que fue condenado por ser declarado insolvente. La AVT solicita el embargo.
La AVT, como acusación popular, ha presentado una querella criminal ante la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional contra Cándido Aspiazu Beristain, José Ignacio Zuazolazigorraga Larrañaga y Francisco Javier Aspiazu Larrañaga.
En la querella, la AVT recuerda que el 21 de noviembre de 1981 los querellados fueron condenados en relación al asesinato de Ramón Baglietto. La viuda fue indemnizada en función de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, pero los etarras no pagaron la indemnización a la que fueron condenados. La AVT denuncia que a día de hoy la viuda se ha encontrado con que uno de los asesinos de su marido tiene un local en su propio edificio, porque ha salido de la cárcel amparándose en los beneficios penitenciarios de reducción de pena de los que ella no fue informada.
La AVT dice que por el momento "nadie" ha reclamado a los asesinos "la ejecución de la responsabilidad civil a la que fueron condenados". Además denuncian que Pilar Elías, la viuda, no tiene conocimientos de qué pasos se han seguido para la excarcelación de los asesinos de su esposo.
En la querella, se aportan las fotocopias del Registro de la Propiedad en relación con los bienes de Azpiazu, que podrían ser embargados para cubrir las responsabilidades civiles del etarra. Por ello, se pide que, pese a que la sentencia ya ha sido dictada y ejecutada, se tenga en cuenta que aún no ha prescrito la obligación de resarcimiento de la Responsabilidad Civil y que la viuda no ha sido informada del estado de cumplimiento de la condena.
La finca aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Azpeitia como finca urbana número treinta y uno, local en planta baja. Se trata de una compra realizada por Cándido Azpiazu y su esposa y la fecha de la inscripción en el registro es de septiembre de 1990. El local está tasado a efectos de crédito hipotecario en 35.500 euros. La fecha de escritura de la hipoteca con La Caixa es de marzo de 2004. El capital es de 18.000 euros en 120 cuotas mensuales.
"OCULTA UNA JUSTICIA SIN GARANTÍA DE INDEPENDENCIA"
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, afirmó este martes que el modelo de la Administración de Justicia que establece el proyecto de Ley del Gobierno "resulta tributario del proceso de reforma estatutario protagonizado por Cataluña". El magistrado recordó que la reforma judicial creará "un cuerpo judicial paralelo de base autonómica" y que la Justicia de proximidad carece de "garantía de independencia". García criticó con gran dureza el proyecto, que a su juicio sólo servirá para acentuar "la politización de la justicia".
El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco expresa su opinión sobre la reforma judicial del Gobierno en un artículo publicado en la revista jurídica Réplica y Dúplica, donde duda de la "constitucionalidad del juez de proximidad". García afirma que la llamada Justicia de proximidad "oculta, bajo una denominación atractiva y en gran medida demagógica, una Justicia sin garantía de independencia, con jueces indirectamente designados por los ayuntamientos, sin garantías de inamovilidad, al estar contratados por plazos y sin preparación técnica".
El magistrado recuerda que los jueces de proximidad "no son más que licenciados en derecho con seis años de experiencia como juristas, ahora ni siquiera de reconocido prestigio". Asimismo, critica que el modelo previsto en el proyecto de Ley "resulta manifiestamente desigual por asimétrico y no aproxima la Justicia al ciudadano ni mejora la protección de sus derechos y libertades". A su juicio, ello no contribuirá a la proximidad al ciudadano de la Justicia porque "el Poder Judicial es el más descentralizado y cercano al ciudadano de los tres poderes del Estado". "En cada partido judicial hay un juez independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la Ley", añade.
Antonio García señala que tampoco mejora la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ni contribuye a la mayor eficacia de la Justicia porque "se limita a sustituir, por razones netamente políticas, jueces técnicos por jueces de extracción municipal". En este sentido, reprocha "el olvido" que supone "de los principios de mérito y capacidad, y de igualdad de todos ante la Ley, provocando la discriminación entre los ciudadanos y volviendo la espalda a lo que son condiciones indispensables de un juez en una sociedad moderna: independencia, formación técnica y cualificación jurídica objetivamente contrastadas".
"Esperamos que la sensatez prevalezca y se imponga finalmente el sentido común. Aún queda tiempo para abandonar definitivamente un modelo que en nada contribuye a la mejora de la Justicia, en el que los jueces no pasan de ser funcionarios municipales con toga y cuya finalidad es constituir un cuerpo paralelo de base autonómica y local, y lo que aún resulta más reprobable, de clara factura política", apunta. Para el portavoz de la APM, esta reforma "ni sirve ni responde a los intereses generales, no comportará mejora significativa alguna, ni redundará en una Justicia más próxima al ciudadano, de más calidad y mayor rapidez".
Asimismo, advierte de que tampoco servirá para garantizar "mejor y en mayor medida la igualdad y seguridad jurídica en la aplicación de la Ley". "Lo que no dudo ni por un momento es que acentuará la politización de la Justicia, poniendo, al mismo tiempo, la primera piedra de cara a la creación de un cuerpo judicial paralelo de base autonómica y local, que es la realidad que se esconde", concluye.
Por Luis del Pino Libertad Digital 4 Enero 2006
Hasta los más acérrimos defensores de la versión oficial no han podido evitar hacerse alguna vez la pregunta: ¿se suicidaron o les suicidaron?
El asunto de Leganés resulta especialmente intrigante. La versión oficial es clara como el agua ("los responsables del 11-M, al verse rodeados por la Policía, decidieron inmolarse, haciendo estallar el piso y llevándose por delante la vida del miembro del GEO Francisco Javier Torronteras") y todos los datos que se han ofrecido a la opinión pública parecen corroborar esa versión oficial. Pero entonces, ¿por qué tenemos todos la incómoda sensación de que algo no cuadra?
En esos momentos [se refiere a poco después de iniciarse el desalojo de los vecinos], el grupo de policías que se encontraban en la parte trasera del edificio, controlando las vías del patio interior, observan en varias ocasiones cómo los individuos que se encontraban encerrados en el inmueble 1º 2ª, levantaban las persianas con la mano y realizaban ráfagas de disparos hacia el exterior, acompañados de frases en lengua árabe y en castellano, tales como "vamos a morir matando".
En el próximo capítulo: Visiones contrapuestas
Le escribo estas líneas desolado por haber descubierto que es usted consejera adjunta a la presidencia del Consejo del Audiovisual de Catalunya.
El día 19 de diciembre de 2005, ese Consejo tomó por unanimidad el acuerdo de apercibir a la cadena de radiodifusión Cope por haber incumplido, en sus programas La mañana y La linterna, "el requisito constitucional de la veracidad en relación con el ejercicio de la libertad de información", y por no atenerse "al régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión". Ese apercibimiento no habría importado un rábano si no fuera porque el CAC dispara con bala: gracias a una reciente reforma votada por unanimidad en el Parlament de Catalunya, sus acuerdos son vinculantes para la Generalitat -Administración que, muy a su pesar sin duda, podría verse obligada a imponer cuantiosas multas a la Cope o incluso a suspender o revocar su permiso de emisión en Catalunya. Tengo en mi biblioteca el libro en el que usted, doña Victoria Camps, se declara liberal de izquierdas. Sin embargo, y pese a hacer bandera y profesión de la ética, no ha tenido empacho en unirse a los demás miembros de ese órgano administrativo para amenazar a un medio de comunicación por haber expresado de forma que les parece incorrecta opiniones que no placen en Catalunya.
Ello indica una de dos cosas: o que la izquierda española intenta otra vez expulsar a la derecha de la vida política, como lo hizo durante la II República, o que usted, doña Victoria Camps, cada vez sintoniza más (por usar una expresión radiofónica) con el nacionalismo catalán.
Ayer, en Berlín, me acerqué a la Kaiser-Friedrich Ufer, frente a la Universidad Humbold. Recordé lo escrito por Heine en su drama Almansor: "Donde se queman libros acabarán quemándose hombres". En esa plaza, el 15 de mayo de 1933 un grupúsculo de nazis hizo una pira con un montón de "undeutsche Bücher", una quemazón de "libros poco alemanes". La prensa recogió el incidente, pero no hubo protestas. Ante el silencio de la opinión pública catalana, comienzo a temer que la Generalitat, tras amordazar minorías en las ondas, acabe encontrando la manera de perseguir escritores de libros y artículos anticatalanes.
Ah, pero quizá alegue usted, doña Victoria, que el artículo 20 de la Constitución española pone límites al derecho a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión, exigiendo que sea "veraz" y que respete "el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas". Le diré que ese texto no basta para justificar los poderes del CAC para hacer que se multe, se suspenda cautelarmente o incluso se silencie una cadena de emisoras. No basta con alegar, como lo ha hecho el CAC el 21 de diciembre de 2005, que la Cope, "mediante informaciones no contrastadas y expresiones injuriosas", contribuye a "la situación de tensión y conflicto que se ha generado en torno al debate político que tiene como referencia Catalunya". Es jurisprudencia repetida del Tribunal Constitucional que sólo los tribunales de justicia pueden decidir cuándo la falta de veracidad en un medio de comunicación constituye una vulneración del derecho al honor y cuándo no. Asimismo, habría que recordarle lo que se lee en el artículo 20 de la CE: "Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". ¿Y qué supondría suspender precautoriamente la concesión de la Cope sino secuestrarla? La posibilidad de apelar tal decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa nada remediaría: para cuando recayera sentencia, la cadena radiofónica habría quebrado.
Mas no pidamos conocimiento y respeto del ordenamiento constitucional español a una filósofa inmersa en un ambiente en el que se tilda de anticatalanista a todo el que se atreve a criticar las decisiones del Parlament o la Generalitat. Vayamos a su campo de la ética política. ¿Quién es el CAC para velar "por la neutralidad y honestidad informativas", como dice su ley constitutiva? En una sociedad libre, ninguna persona ni institución puede decidir por sí sola la veracidad de una noticia o la licitud de una opinión. Los humanos intentamos acercarnos a la verdad por la mutua crítica y atendiendo a hechos aducidos por las partes contendientes. Así funcionan los tribunales, oyendo a los interesados y pasando las pruebas por el cedazo del procedimiento civil o penal. Que yo sepa, elCAC no ha convocado a la Cope, ni ha oído sus argumentos, ni ha atendido a sus contrapruebas: el CAC ha decidido reconvenirla y puede mañana decidir que la multen o suspendan sobre la sola base de las pruebas obtenidas por él mismo. Éste es el antiguo procedimiento de inquisición que durante siglos utilizó el Santo Oficio.
Podría usted, señora Camps, considerar poco veraz mi afirmación de que las declaraciones del CAC evidencian un prejuicio, el de culpar de la tensión política hoy reinante en España a quienes defendemos la Constitución, en vez de responsabilizar a los que intentan destruirla con la complicidad del Gobierno español, saltándose el procedimiento de mayorías reforzadas y referéndum. Podría usted también, señora Camps, decir que es injurioso que yo traiga a colación el ejemplo de la quema de libros por los nazis para calificar el ataque del CAC a la Cope. Entonces empezaría yo a temblar por mis libertades y las que les quedan a los catalanes.

References: artículo 20
 resolución 
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 resolución