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Timestamp: 2019-09-23 11:37:32+00:00

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1999: Otro año de tensiones y crisis | Inter Press Service en Cuba
Política • Sin categoría Redacción IPS Cuba 25 febrero, 2000
Contrario a las predicciones de La letra del año, este 1999 sigue patas arriba para la inmensa mayoría de cubanas y cubanos.
El último año del siglo XX para los cristianos y el penúltimo para aquellas personas que basan sus conclusiones en simples cálculos matemáticos, 1999, trajo de todo un poco para los cubanos: una nueva crisis con Washington, manifestaciones en las calles, los Reyes de España recorriendo La Habana Vieja, IX Cumbre Iberoamericana con todo lo que implica una invasión de presidentes, ofensiva interna contra el delito, inusuales juegos de béisbol, juicios a salvadoreños acusados de terrorismo, polémica liberación de un canciller, rumores de corrupción en el turismo, litigio por la marca del ron Havana Club, demanda millonaria contra Estados Unidos, acusaciones contra deportistas cubanos, enfrentamiento estudiantil a una programada marcha opositora y dos catástrofes aéreas para despedir diciembre.
Por una vez, el Oráculo de Ifá parece haberse equivocado en sus vaticinios esenciales. De acuerdo con la Letra del Año que hizo pública el día 2 de enero la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una de las agrupaciones que en la isla emiten este tipo de predicciones, 1999 sería un buen año. Este sistema adivinatorio de origen africano, muy seguido por creyentes y la población en general, previó, entre otras cosas, una mejoría notable de los problemas económicos que vive la población cubana desde inicios de la década de los años 90.
Aunque los resultados macroeconómicos tuvieron ciertamente un despegue considerable y el producto interno bruto cerró con un crecimiento espectacular del 6,2 por ciento, según los informes oficiales, la población de más de 11,1 millones de habitantes sigue sin apreciar mejorías en el desempeño económico del país que incidan en un cambio radical favorable en sus condiciones de vida.
Para el ciudadano medio, favorézcase o no de un alza salarial, los precios de los alimentos son demasiado altos y tener acceso al dólar se mantiene como una condición esencial para vivir decorosamente, transportarse puede ser una agonía, el abasto de agua potable es deficitaria y, aunque los cortes son cada vez más esporádicos, las inversiones en la electricidad y el gas todavía no se reflejan en una mejoría sustancial de los servicios.
Expertos locales estiman que a ritmos altos y sostenidos de crecimiento económico se necesitarán, al menos, otros 10 años para recuperar los niveles de bienestar que disfrutaban los cubanos a finales de la pasada década.
En este contexto, si algo ha garantizado la estabilidad social durante todos estos años de severa crisis económica, ha sido la voluntad política del gobierno de Fidel Castro de mantener, costase lo que costase, los servicios de salud pública, educación y asistencia social. La población siguió disfrutando de una canasta básica a precios subsidiados que, aunque muy elemental, permite que en la isla nadie se muera de hambre, mientras que las tarifas de los servicios públicos se mantienen a precios mucho más bajos que en cualquier país de la región latinoamericana.
Así y todo, los deseos de emigrar de una parte importante de la población cubana se mantienen. El auge del tráfico de emigrantes ilegales hacia Estados Unidos a bordo de naves mucho más seguras y rápidas que las endebles balsas artesanales del pasado, pero en muchas ocasiones muy sobrecargadas, amenazó durante todo este año con desembocar en una nueva crisis migratoria entre La Habana y Washington. Si no sucedió fue, indudablemente, porque un acontecimiento de tal magnitud no conviene a ninguna de las partes involucradas.
Tanto el tema migratorio como la relación entre Cuba y Estados Unidos, en su conjunto, se vio en el epicentro de dos fuerzas aparentemente antagónicas. Por un lado, un movimiento más económico que político en contra del mantenimiento del bloqueo al único país socialista del hemisferio occidental y, por el otro, los sectores más radicalmente anticastristas del exilio cubano en ese país desplegando un activismo sin precedentes para contrarrestar cualquier paso favorable a Cuba y dictando en buena medida la política de la Casa Blanca.
Si en 1998, Castro dedicó casi toda su energía al tema de la globalización y el impacto de la crisis financiera internacional, en el año que termina participó activamente en el Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo (18 al 22 de enero), pero estuvo concentrado, fundamentalmente, en cuestiones de política interna, en contradecir la imagen que se divulga de Cuba por los medios de comunicación masiva del “enemigo”, en los preparativos de la IX Cumbre Iberoamericana de La Habana, y en su cruzada sin tregua contra “el imperio del Norte”.
Guerra al delito y a la oposición
La ofensiva contra los llamados fenómenos o indisciplinas sociales, el delito a gran escala y determinadas manifestaciones de oposición al gobierno de Fidel Castro se convirtió con el inicio de 1999 en una verdadera guerra que se extendió al campo legal y, en no pocos casos, provocó una reacción internacional más allá de lo esperado y nada favorable para La Habana.
Todo comenzó el 5 de enero, el mismo día en que el presidente norteamericano William Clinton anunciaba en Estados Unidos un nuevo paquete de medidas que supuestamente están dirigidas a flexibilizar el bloqueo decretado contra la isla hace casi 40 años. En el acto por el 40 aniversario de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ante 5.000 miembros de esa institución, Castro fustigó el crecimiento de la prostitución, el proxenetismo y otras actividades relacionadas y llamó a dar una batida a esas expresiones delictivas que se tradujo en breve en un endurecimiento del Código Penal, aumentos salariales para estimular el ingreso a la policía y el reforzamiento de la vigilancia con brigadas especiales en determinados municipios claves, sobre todo de La Habana donde se concentran el 80 por ciento de los delitos que se cometen en la isla.
En su llamado a dejar a un lado “ciertas costumbres paternalistas, ingenuas y tontas”, Castro pidió sanciones más severas contra narcotraficantes y contrabandistas de emigrantes, ladrones, corruptores de menores y proxenetas. “Hay algunos delitos que hay que combatirlos con todos los hierros”, advirtió Castro, “La Revolución no tiene que renunciar a su carácter humanitario para ser firme”, sentenció al defender la existencia de una sanción intermedia entre los 30 años de cárcel y la pena de muerte vigente en la isla.
Sobre la prostitución y el proxenetismo afirmó que es un fenómeno surgido a partir del auge del turismo en la isla y que cada día trae aparejadas otras conductas más reprobables como el consumo de drogas y la corrupción de menores, así como delitos contra extranjeros, que empañan la imagen de Cuba.
En cuanto al proxenetismo, se mostró partidario de sanciones más severas para los practicantes, al constatar que a sólo el 56 por ciento de los 219 sancionados por esta causa les impusieron multas. Señaló que se constata un aumento de esta práctica en la capital, a partir de la emigración de mujeres del interior del país, muchas de las cuales son reeducadas y reubicadas en la sociedad y sólo penadas las reincidentes.
Hasta el 30 de noviembre pasado, 6.714 mujeres habían pasado por el centro de “rehabilitación, clasificación y procesamiento” de prostitutas de La Habana, 277 de las cuales fueron internadas en centros de rehabilitación por “conducta antisocial”.
Castro pidió además una revisión de las sanciones del Código Penal para la corrupción de menores o “el que mande a un niño a vender una droga”, y al menos 20 años para los proxenetas. Añadió que esperaba que la actual sanción de cinco años por el asalto a viviendas no baje de 20 años, ascienda a 30 años “si es necesario” y se eleve hasta cadena perpetua si se trata de reincidentes.
“Le vamos a proponer al Consejo de Estado y a la Asamblea Nacional que el traficante de seres humanos, ese que viene en una lancha rápida y se va, debe ser acreedor por lo menos de una cadena perpetua”, dijo Castro. Trascendió que en 1998, las autoridades cubanas habían frustrado 90 intentos de tráfico ilegal de indocumentados hacia Estados Unidos, operaciones que involucraron a más de 660 personas.
En su discurso de cinco horas, Castro también reveló detalles de operaciones de narcotráfico supuestamente organizadas desde Cuba por dos empresarios españoles. José Royo Llorca y José Anastasio Herrera, directivos de la empresa cubano-española Artesanía Caribeña Poliplast and Royo, habrían usado a esa firma como cobertura de actividades de narcotráfico entre Colombia, Estados Unidos y Europa. “Quienes intenten utilizar el territorio de Cuba para el tráfico internacional de drogas”, valiéndose de la apertura externa de la economía cubana, deben ser acreedores de la pena capital, aseguró Castro.
De acuerdo con esas investigaciones, resumidas en un informe leído por Castro, se confirmaron además indicios del desarrollo de operaciones y planes de lavado de dinero a través de préstamos a empresas cubanas. Sobre el aumento considerable de los recalos de drogas en las costas cubanas, el mandatario dijo que años atrás los cargamentos eran devueltos, pero que ya “algunos inescrupulosos entusiasmados con una ganancia fácil” prefieren quedarse con ella y comercializarla en zonas turísticas y en la capital.
A poco más de un mes de la intervención de Castro, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) aprobaron el 16 de febrero un paquete de reformas al Código Penal y la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía Cubana.
La nueva reforma, a unos dos años de las últimas modificaciones, abarcó 25 de los casi 350 artículos del Código y entre sus peculiaridades incluyó la cadena perpetua, no contemplada hasta el momento en la legislación cubana.
Siguiendo las recomendaciones del presidente, entre las modificaciones figuran el establecimiento de la pena capital para los delitos de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares. La máxima sanción se aplicará cuando el inculpado sea un funcionario público, autoridad o su agente y también, cuando facilite la realización del delito utilizando recursos del Estado, así como cuando participe en actos vinculados con el tráfico ilícito internacional de drogas.
También se prevé la pena de muerte para los delitos de corrupción de menores y robo con violencia o intimidación de las personas, en este último caso si se hace uso de un arma de fuego, se priva de libertad a una persona o la intimidación se realiza contra una autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la cadena perpetua se aplicará a los culpables del tráfico de personas, en los casos en que el autor porte armas de fuego o ponga en peligro la vida de terceros, así como en los casos de robo con fuerza en las cosas, cometido en viviendas, hallándose presentes o no sus moradores, y si el hecho es realizado por reincidentes. Los sancionados con privación de libertad de por vida no serán beneficiados de la libertad condicional ni extrapenal.
El texto también contempla que el límite máximo de la sanción temporal de privación de libertad se eleva de 20 a 30 años, pero podrá extenderse cuando se aprecie reincidencia o multirreincidencia, o concurran circunstancias agravantes. Al mismo tiempo, eleva los límites mínimos y máximos de las sanciones previstas para tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, proxenetismo, hurto, robo con violencia o intimidación en las personas y robo con fuerza en las cosas.
También prevé la inclusión de sanciones contra el lavado de dinero y el tráfico de personas, dos nuevos delitos, y se adiciona una circunstancia de agravación extraordinaria hasta el doble del límite máximo de la sanción, cuando se cometa un delito intencional mientras su autor se encuentre sujeto a una medida cautelar de prisión provisional.
Por su parte, la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba estableció penas a comisores de delitos contra los intereses políticos y económicos del país. Además de la privación de libertad, se establece como sanción accesoria la confiscación de bienes para todos los delitos previstos en el texto, siendo aplicable la misma facultativamente por el tribunal.
Para quien suministre, directamente o mediante terceros, al gobierno norteamericano información que pueda ser utilizada o se use en la aplicación de la Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica y la subversión, la nueva legislación establece penas de siete a 15 años de privación de libertad. La sanción será de ocho a 20 años de cárcel cuando el delito se comete con el concurso de dos o más personas, si se realiza con ánimo de lucro o mediante dádiva o remuneración, si el culpable obtuvo la información por medios ilícitos o la conociera por razón de su cargo o profesión.
Así mismo, son sancionadas la posesión, reproducción y difusión de materiales de carácter subversivo del gobierno norteamericano y la introducción en el país de documentos y publicaciones con fines desestabilizadores de Estados Unidos.
La ley contempla penas de dos a cinco años, o multas de mil a tres mil cuotas o ambas, a quienes colaboren o mantengan vínculos con medios de difusión “con el propósito de contribuir a facilitar el logro de los objetivos previstos en la Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares”.
Quienes participen en reuniones o manifestaciones que tengan entre sus propósitos el de cooperar al alcance de los fines de esas agresiones de Estados Unidos se les aplicará una pena de dos a cinco años o multas de mil a tres mil cuotas, o ambas.
Finalmente, también tipifica el delito que cometería quien incite a otros, de palabra o por escrito, a ejecutar algunos de los delitos previstos en la ley, así como aquel que solicite, reciba, distribuya o facilite la distribución de los recursos financieros y materiales dirigidos a esos fines.
Sobre la nueva legislación, el presidente del parlamento, Ricardo Alarcón afirmó que se trata de un instrumento jurídico que complemente la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Nacionales de 1996 y responde a la sistemática agresión de que es objeto Cuba desde la primavera de 1959, de forma encubierta o abierta, y que, asegura, siempre ha tenido dos vertientes: la agresión desde el exterior, que ha alcanzado momentos de expresión armada, invasión mercenaria, amenazas de guerras, bloqueo, sanciones económicas, presiones sobre otros países y diplomáticas, y la fabricación dentro de Cuba y en el exilio de una oposición al gobierno de Castro.
La normativa, catalogada como “ley mordaza” por la prensa independiente ilegal, generó un amplio rechazo internacional y se unió al juicio a los miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para enrarecer las relaciones con Canadá, alejar la posibilidad de una visita oficial de los Reyes de España y caldear el ambiente hacia Cuba en vísperas de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el año de la IX Cumbre Iberoamericana de La Habana.
Movidas en la cúpula
Pocas veces en los últimos años la destitución de un dirigente cubano ha levantado tal revuelo a nivel popular y generado tantas especulaciones, que no disminuyen con el paso de los meses, como ocurrió con la “liberación” en mayo del entonces ministro cubano de Relaciones Exteriores, Roberto Robaina, y su sustitución por Felipe Pérez Roque, miembro del Comité Central del Partido Comunista (PCC), del Consejo de Estado, diputado al parlamento y en aquel momento al frente del grupo de apoyo al Comandante en Jefe.
En una nota inusual por su tono, el diario Granma anunció el 28 de mayo que Robaina, de 43 años, había sido “liberado de su cargo en tanto se le asignen nuevas funciones”. Aunque la decisión se podía prever desde su ausencia de la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y tras la aprobación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, de una condena contra la isla, el tono del anuncio fue calificado de “brusco” por algunos medios de prensa internacionales y fuentes diplomáticas en la isla.
Según el comunicado del Consejo de Estado la propuesta para el nombramiento del nuevo ministro de Relaciones Exteriores fue hecha por el presidente Fidel Castro y aprobada por ese organismo y por la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC). El nuevo canciller, de 34 años, “está familiarizado como pocos con las ideas y el pensamiento de Fidel” y ha participado en todas las delegaciones que han acompañado al presidente cubano a eventos internacionales, reuniones cumbres y visitas oficiales a diversos países durante los últimos siete años. Castro destacó la experiencia acumulada por Pérez, su madurez, integridad personal, carácter, hábitos de estudio y análisis, y la capacidad de elaborar y exponer criterios propios, aseguró la declaración del Consejo de Estado.
Los rumores sobre una inminente sustitución de Robaina antecedieron a su liberación durante todo un mes como resultado de la escasa presencia del entonces ministro de Exteriores en los medios de comunicación y en actos públicos. Sin embargo, el portavoz alterno de la Cancillería, Rogelio Sierra, había anunciado el día 27 a la prensa que Robaina emprendería una nueva gira por Venezuela, Panamá y Haití.
El nombramiento de Robaina como canciller, el 30 de marzo de 1993, en reemplazo de Ricardo Alarcón (hoy presidente del parlamento), fue considerado en su momento por Granma “una decisión audaz” y consecuente con “la política de renovación constante aplicada por la Revolución”. A pesar de que no era diplomático de carrera, el gobierno consideró que “su incuestionable capacidad para el debate, la discusión, las respuestas ágiles, su carisma y su don de gentes”, lo hacían apto para el cargo.
Robaina intentó llevar a la Cancillería la imagen dinámica que traía de los tiempos en que era primer secretario de la UJC, e inició una fuerte ofensiva diplomática para salvar el aislamiento tras la desaparición del llamado “bloque socialista”.
En los últimos cinco años Cuba afianzó sus vínculos con el Caribe y América Latina, se fortalecieron las relaciones con varios países europeos, y se logró el ingreso a la Asociación Latinoamericana de Integración.
Pero al mismo tiempo se estancaron las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo marco de cooperación, y se vivieron tensiones diplomáticas con España, México y Uruguay.
Los rumores despertados por la nota sobre la destitución de Robaina fueron hasta el extremo de asegurar que el ex canciller pretendía abandonar el país en la gira que acababa de anunciar e, incluso, vincularlo con narcotraficantes o funcionarios corruptos de otros países vecinos. Sin embargo, diversas fuentes cercanas al gobierno coincidieron en señalar en que la remoción de Robaina de su cargo estuvo asociada a errores en el desempeño de sus funciones al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, diferencias de opinión con la máxima dirección del país, pero, en ningún caso, a problemas de integridad, corrupción o abuso de poder. “El ministro que quiso ser ministro”, tituló el diario español El Mundo una nota sobre la destitución.
La situación se complicó aún más a nivel de opinión pública, cuando, automáticamente, tras la liberación de Robaina se conoció de la destitución de un grupo de ejecutivos de la cadena Rumbos, donde trabajaba desde hace años la esposa del ex canciller, María Elena García, y que, supuestamente, también había sido sancionada.
Una de las versiones que circuló con fuerza apuntaba a la asociación de Rumbos con la empresa de turismo mexicana Cubamor, que entró en crisis cuando la firma extranjera anunció en Internet sus opciones en Cuba, incluyendo la oferta de damas de compañía.
La agencia cubana de noticias Prensa Latina informó, aunque sólo para su clientes en México, que empresas de la isla habían puesto fin el 24 de octubre de 1998 a los servicios que prestaban a Cubamor, y desmintió el rumor de asociación de Rumbos con esa firma mexicana.”La decisión obedeció a irregularidades de Cubamor, que intentó, por diversos medios, estimular el llamado turismo sexual hacia la isla”, explicó Prensa Latina.
Fuentes cercanas al Ministerio de Turismo añadieron que directivos de Rumbos negociaban con la empresa mexicana el pago de una parte de los paquetes turísticos mediante determinados productos escasos en Cuba. Esta versión dio lugar a rumores sobre desvío de recursos o malversación de bienes del Estado, un caso que figuró en el primer lugar de las quejas que dieron origen a procesos de investigación a cargo del Partido Comunista.
El vocero de la Cancillería, Alejandro González, afirmó que los “errores” cometidos por funcionarios del turismo “no se vinculan a hechos de corrupción”, y aseguró que “no existe ninguna situación traumática o caótica en el sector”. Sin embargo, fuentes consultadas aseguraron entonces que alrededor de 10 ejecutivos de tres empresas vinculadas al sector turístico fueron removidos de sus cargos y que más de un alto funcionario fue sancionado. Además de Rumbos, la “limpieza” alcanzó también a la cadena hotelera Horizontes, a la división de hoteles de Cubanacán, considerada la mayor empresa turística de Cuba y que cuenta con hoteles, giras y oficinas en el exterior, y a la firma Publicitur.
Ante la ola de rumores que tendían a vincular el caso de Robaina con el de Rumbos, González se vio en la necesidad de desmentir todo lo que se estaba diciendo de García. “La esposa del compañero Robaina no ha sido despedida de su trabajo y nada tiene que ver con las medidas disciplinarias que se tomaron en la cadena Rumbos”, afirmó el vocero y añadió que Robaina “está de vacaciones, en su casa, esperando las nuevas tareas que se le van a asignar” y que no se “ha planteado nada en absoluto sobre su condición como miembro del Buró Político” del PCC.
Poco después, ante la insistencia de la prensa extranjera por conocer el destino del ex canciller, el vocero anunció que éste ingresaría en la escuela de cuadros para la Defensa. A Robaina se le puede encontrar en las calles de La Habana, pero no se le ha vuelto a ver en las sesiones del parlamento, en donde debería participar como diputado, ni en ninguna otra actividad de carácter público vinculada al Estado o al Partido Comunista.
A tres meses de la liberación de Robaina, justo el 28 de agosto, el gobierno de Cuba anunció la sustitución del ministro de Turismo, Osmany Cienfuegos, una decisión largamente anunciada por los rumores callejeros desde las vísperas del V Congreso del Partido Comunista, en octubre de 1997, y que con el escándalo de Rumbos se volvió inaplazable.
La nota oficial divulgada en la prensa estatal precisó que Cienfuegos, dirigente histórico de la Revolución cubana y cercano colaborador del presidente Fidel Castro, fue reemplazado por Ibrahim Ferradaz, titular del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Cooperación Económica. “Atendiendo a su trayectoria revolucionaria y abnegado trabajo” a Cienfuegos, de 68 años, le serán asignadas otras responsabilidades, según el reporte difundido con el título de “Información al Pueblo”.
La información omitió cualquier referencia a las razones del cambio, mucho menos alguna referencia a lo ocurrido en Rumbos, y elogió el desempeño de Ferradaz durante casi cuatro años al frente del Ministerio para la Inversión Extranjera, cargo que pasó a ocupar Marta Lomas, hasta entonces viceministra primera de esa cartera.
Analistas locales aseguraron a mediados de año que más allá de una campaña contra la corrupción, tras el caso del área de turismo se esconde una política más amplia, tendiente a frenar todo tipo de fenómenos considerados negativos por las autoridades, y aumentar el control del Estado. De ser cierto, la “purga” alcanzó otras entidades que operaban con divisas extranjeras, la industria biotecnológica y a militares que habrían autorizado venta de vehículos sin los permisos correspondientes y traficado con dólares.
Un informe publicado por Granma a mediados de 1999 asegura que las quejas sobre “desvíos y uso indebido de recursos estatales o presunta malversación” ocuparon el primer lugar entre los planteamientos de ciudadanos que dieron origen a procesos de investigación del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1998. A las 439 causas iniciadas por este motivo se sumaron 247 por “descontrol económico e irregularidades y falta de exigencia administrativa” y 66 por “entrega indebida de viviendas, alteración de precios y otros problemas laborales”.
Las investigaciones también incluyeron violaciones de la política de empleo, maltratos a la población, inconformidades con medidas disciplinarias, falta de prestigio de funcionarios públicos y conducta social impropia de militantes comunistas.
De 73.045 planteamientos recibidos por el PCC en todos sus niveles de dirección, 21.823 representaron denuncias, de las cuales el PCC decidió emprender la investigación de 1.156 por “la envergadura de los hechos planteados”. “En 77 por ciento de los procesos concluidos quienes habían formulado la queja o la denuncia tenían razón total o en parte”, afirmó el informe publicado por el diario Granma, órgano oficial del PCC.
El periódico aseguró que las investigaciones generaron “un importante número de severas sanciones políticas y administrativas” y el inicio de procesos penales por robo, desvío de recursos, malversación y otras violaciones. De acuerdo con la publicación, entre los cuestionados figuraban 1.456 militantes del Partido Comunista, en su mayoría con responsabilidades en niveles de base.
Polémica sobre pena de muerte
La condena a muerte solicitada para dos salvadoreños acusados de terrorismo reavivó la polémica en torno de esa pena extrema, que fue dictada a inicios de año para tres cubanos. Al respecto, las autoridades cubanas aclararon que la pena de muerte es “una medida excepcional, que se aplica para delitos muy horrendos”, pero no será excluida de la legislación mientras “Cuba siga siendo un país agredido”.
En términos generales, la población de este país parece aceptar la pena de muerte cuando se trata de casos de terrorismo. Pero también hay quienes esperan que el Tribunal Supremo, al cual se elevará automáticamente la apelación de ambos casos, revoque al menos una de las sentencias.
La reforma del Código Penal aprobada el 16 de febrero amplió la aplicación de la pena de muerte, que puede imponerse ahora por delitos agravados de narcotráfico, robo con violencia y corrupción de menores.
La Iglesia Católica desaprueba la pena capital, que a su juicio, “no resuelve” los problemas. “Es siempre un recurso trágico”, advirtió el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, en cuya opinión, “un mal no puede remediar otro mal”.
La pena de muerte, que se ejecuta por fusilamiento, fue dictada 15 veces en los últimos 10 años, de acuerdo con información extraoficial. En Cuba no se difunden estadísticas oficiales sobre la población penal o su composición, ni tampoco acerca de las sanciones y su aplicación.
Un tribunal de la oriental ciudad de Santiago de Cuba condenó a muerte el 3 de marzo a Francisco Portuondo Medina, autor confeso del asesinato de un policía. La misma sentencia ya había recaído sobre Sergio Antonio Duarte Scull y Carlos Rafael Peláez Prieto, hallados culpables del asesinato de cuatro turistas, entre los que se contaban dos italianos, una alemana y un canadiense.
“La sanción de pena de muerte es de carácter excepcional, y sólo se aplica por el tribunal en casos más graves de comisión de los delitos para los que se halla establecida”, de acuerdo con el Código Penal. Así mismo, la legislación establece que la pena de muerte “no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo están al momento de dictarse la sentencia”.
Un principio no escrito y siempre respetado por los tribunales cubanos desde 1959, cuando triunfó la Revolución encabezada por Fidel Castro, impide la aplicación de esa condena a mujeres, destacaron expertos en jurisprudencia.
El caso de mayor conmoción para la población ocurrió el 13 de julio de 1989, cuando fueron fusilados el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez, tras un juicio por tráfico de drogas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 92 países mantienen y aplican la pena de muerte y 56 no la prevén ni para delitos comunes ni militares. Unos 30 estados conservan la pena capital en sus leyes, pero no la han impuesto en los últimos años.
La sentencia contra los salvadoreños dictada en marzo coincidió con la visita a la isla de una delegación de senadores italianos encabezada por la vicepresidenta de la Cámara Alta, Ersilia Salvato e integrada por Francesca Scopelliti (Forza Italia) y el verde Athos De Luca, como parte de una campaña contra la pena de muerte que incluyó también El Salvador y Guatemala. Según trascendió la delegación abogó por la vida de los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, y los cubanos sancionados.
La vicepresidenta del Senado italiano opinó que Cuba no es una tierra árida para sembrar en materia de derechos humanos.”Hemos pedido a las autoridades cubanas una moratoria de la pena de muerte. Pedimos que les sean conmutadas en otras penas y las respuestas nos parecieron atentas. Dijeron que harán una evaluación. Lo importante es que tuvo lugar un verdadero diálogo sobre el tema”, precisó Salvato.
De los sancionados, Cruz León fue detenido el 4 de septiembre de 1997 y poco después se confesó ante las cámaras de la televisión estatal autor de seis atentados con bombas entre julio y septiembre de 1997, con el objetivo de afectar el turismo. Los atentados se realizaron contra los hoteles Nacional, Capri, Copacabana, Tritón y Château y el restaurante La Bodeguita del Medio, todos en La Habana y con el saldo de un fallecido de nacionalidad italiana, heridas a otros once extranjeros y nacionales, además de cuantiosos perjuicios materiales.
El acusado relató que fue contratado en El Salvador por su compatriota Francisco Chávez Abarca para perpetrar los atentados, por un pago de 10.000 dólares, y negó mantener vínculos con Luis Posada Carriles, un ciudadano estadounidense de origen cubano a quien las autoridades de la isla responsabilizan del atentado en 1976 contra un avión de la empresa Cubana de Aviación cuyos 73 ocupantes perecieron.
En el cuarto y último día de juicio tres testigos guatemaltecos de la Fiscalía, dos de los cuales están detenidos por actividades terroristas en Cuba, afirmaron que fueron contratados por personas vinculadas a la anticastrista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), con sede en Miami, Estados Unidos. El instructor policial, capitán Francisco Estrada, se refirió a la vinculación de Cruz León, y de Chávez Abarca, con la organización Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) con sede en Miami, y especialmente con el contrarrevolucionario de origen cubano Luis Posada Carriles.
La Fiscalía también presentó fragmentos de entrevistas periodísticas en las cuales Posada Carriles admitió que Cruz León “fue contratado” por alguien que trabajaba para él.
El fiscal de la causa, Rafael Pino, solicitó para el encausado la pena de muerte por el delito de terrorismo de carácter continuado, en tanto la defensa, solicitó la aplicación de sólo una pena de privación de libertad que “el tribunal estime pertinente”, basándose en el arrepentimiento y actitud de cooperación en el esclarecimiento de los hechos demostrada por el procesado.
Por su parte, el también salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, de 40 años, admitió haber colocado un artefacto explosivo en el hotel Meliá Cohiba, en La Habana.
Rodríguez Llerena fue detenido el 10 de junio de 1998, en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, cuando intentaba introducir en el país 1,5 kilogramos de explosivos plásticos, material que la Fiscalía consideró suficiente para hacer estallar dos aviones con 200 pasajeros cada uno.
El salvadoreño aseguró haber sido contratado en ambas ocasiones por Ignacio Medina y que sólo después de ser apresado en La Habana descubrió que se trataba en realidad del exiliado cubano Luis Posada Carriles, quien se declaró organizador de la ola de atentados contra la industria turística cubana en una entrevista que concedió al diario estadounidense The New York Times.
Uno de los testigos presentados por la Fiscalía, el coronel Adalberto Ribeiro, del Ministerio del Interior, se refirió a la neutralización de más de 10 operaciones de infiltración de elementos y de atentados terroristas ocurridos en los últimos años y aseguró que Cuba informó a las autoridades norteamericanas de los planes terroristas contra la isla que se fraguan y organizan en su territorio. Pero el testimonio más importante resultó ser el del doble agente Francisco Alvarado Godoy, ciudadano guatemalteco residente en Cuba desde 1960 y que logró infiltrarse desde 1993 en una organización “paramilitar” denominada Frente Nacional Cubano.
Alvarado, “agente 44” para la FNCA, y “agente Fraile”, para los servicios cubanos de seguridad, en sus declaraciones detalló sus contactos con aquella organización, que llegó a entregarle un artefacto explosivo cinco veces más poderoso que los puestos por Cruz León, para que lo colocara en el cabaret Tropicana en la hora de mayor concurrencia.
El agente de la seguridad cubana declaró que los explosivos introducidos por el salvadoreño Rodríguez Llerena y que debían ser entregados a Fernández en su segunda visita a Cuba, estaban destinados a atentados contra el Museo de la Revolución de La Habana, el Mausoleo a Ernesto Che Guevara en la central ciudad de Santa Clara, y la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba.
De acuerdo con la versión de Fernández, durante un viaje al exterior recibió la solicitud de hacer un plano del Mausoleo, incluyendo la identificación de los principales puntos de vigilancia.
El caso de los salvadoreños fue llevado por el representante permanente de Cuba ante la ONU, embajador Bruno Rodríguez al Comité Especial de la Asamblea General sobre Terrorismo Internacional y la isla recibió la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre mercenarismo. La Habana defendió en todo momento el criterio de que la impunidad a comisores de actos de terror y a sus fuentes de financiamiento desde el extranjero es otra forma de alentar el terrorismo internacional.
Ante el flujo de pedidos de clemencia que llegaron del exterior, el semanario Trabajadores tuvo que aclarar que la decisión entre la vida y la muerte de los condenados en Cuba a la pena capital no está en manos del presidente Fidel Castro. “El derecho de gracia no lo ejerce una persona”, aseguró el diputado al parlamento Lázaro Barredo en el semanario, órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Barredo reconoció la “notable influencia” de Castro, pero consideró prueba de “desconocimiento” del sistema político de este país creer que el futuro de los condenados a muerte depende de él.
La pena de muerte persiste en la legislación nacional como instrumento disuasivo “ante el recrudecimiento de las agresiones de Estados Unidos y de la existencia de grupos terroristas que operan contra Cuba” y es “un medio legal de defensa de la sociedad contra los delitos de mayor gravedad”, como el asesinato o la violación de niñas y niños, agregó.
Una de las críticas más contundentes vino de la Unión Europea (UE) que en una declaración, en junio, invitó al gobierno de La Habana a considerar su adhesión al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que insta a los países que todavía no han abolido la pena de muerte a limitar las ejecuciones a los crímenes más graves.
La declaración, suscrita por los 15 Estados miembros del bloque, manifiesta que la UE “deplora la decisión adoptada por las autoridades de Cuba en los últimos meses de recurrir cada vez más a la pena capital”.
La UE lamenta “que, desde el 1 de enero de 1999, al menos siete ciudadanos cubanos hayan sido ejecutados, y que algunas de estas ejecuciones han tenido lugar en el mayor secreto, sin haberse hecho públicas siquiera las fechas”.
El documento “respalda firmemente” la lucha contra la delincuencia y “comparte los sentimientos de los ciudadanos de Cuba ante los crímenes más odiosos, pero no reconoce la eficacia de la pena de muerte como instrumento de prevención del crimen”. Por el contrario, la UE estima que recurrir a la pena capital puede incrementar el nivel de violencia”.
Contra las drogas y el narcotráfico
El gobierno de Cuba planeaba presentar al parlamento un proyecto de ley para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas antes de finales de 1999, informaron fuentes oficiales en junio. Sin embargo, terminó el año sin que se supiera nada nuevo del proyecto que, según trascendido, ha estado rodeado de bastante polémica y se está trabajando con sumo cuidado por lo sensible del tema.
Anunciado hace varios años por el Ministerio de Justicia, el proyecto está recibiendo los toques finales y será sometido a debate público, sobre todo entre estudiantes y profesionales de la salud, antes de ser derivado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), afirmó José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento cubano.
Un informe de la radio estatal aseguró que la ley incluirá medidas contra el lavado de dinero y la producción, oferta, tráfico, distribución, consumo y tenencia de drogas.
Toledo explicó que el proyecto prevé el régimen legal con el que operarán los agentes encubiertos en el combate al narcotráfico. También definirá cómo abordar las escuchas telefónicas, el control de correspondencia y las entregas vigiladas, operaciones que se realizan en forma coordinada con los servicios especializados de terceros países.
Informes oficiales aseguran que entre 1994 y 1997 fueron confiscados en Cuba 14.500 kilogramos de droga, entre ellos cargamentos de cocaína de alta pureza cuyo valor en el mercado de Estados Unidos equivaldría a unos 380 millones de dólares.
En 1998 se frustraron 129 intentos de paso de drogas por aeropuertos cubanos. Sólo en el primer semestre de ese año fueron detectadas 200 escalas de droga en las costas de la isla, según esas fuentes.
El entonces coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en La Habana, Ariel Français, confirmó que La Habana está ‘’integrada a todos los mecanismos de cooperación contra el narcotráfico, especialmente en el Caribe’’.
Cuba está ubicada en un área de tránsito de la droga hacia Europa y Estados Unidos, una zona donde también se registran operaciones de lavado de dinero, el consumo se ha extendido y los riesgos de corrupción son muy grandes, alertó Français.
Expertos locales estiman que la nueva ley dará a Cuba un basamento jurídico más amplio al combate contra el narcotráfico en sus fronteras y a la prevención del consumo entre los más de 11,1 millones de habitantes. ‘’El consumo es totalmente marginal. Sin embargo, es un problema que podría desarrollarse a medida que el país se abra al exterior y al turismo, y las autoridades están conscientes de que eso puede expandirse’’, afirmó Français.
Considerado tabú hasta inicios de esta década, el consumo de marihuana y otros estupefacientes entre grupos minoritarios en la isla fue reconocido por un representante del gobierno por primera vez en 1996. El entonces ministro de Justicia y hoy embajador cubano ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Carlos Amat, afirmó que el consumo de drogas se restringe a prostitutas y otros sectores marginales.
Los rumores sobre la venta y consumo de droga en algunas regiones del país aumentaron en los últimos tres años. Por lo general, la cocaína que se introduce en el mercado subterráneo llegó por casualidad a las costas cubanas y cayó en manos de alguna persona que prefirió venderla a algún traficante ilegal en lugar de entregarla a las autoridades, según las autoridades. En cuanto a la marihuana, de acuerdo con las leyes vigentes, cualquier persona que sea sorprendida cultivándola pierde de inmediato su tierra y puede sufrir entre cuatro y 20 años de prisión, pero así y todo se cultiva.
Mientras, el Código Penal prevé severas sanciones para el tráfico de drogas, sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no incluye sanciones para los adictos por considerarlos enfermos requeridos de rehabilitación. ‘’Todo el sistema legal cubano está montado sobre un patrón clínico-jurídico’’, informó Luis Suárez, secretario ejecutivo del Centro Coordinador de Investigaciones Sociojurídicas, adjunto al Ministerio de Justicia, y adelantó que la tendencia en la nueva ley antidrogas será ‘’mantener el carácter preventivo, atacar al negociante y no a la víctima, aunque el consumo de drogas se mantenga como un agravante en delitos de alta peligrosidad social’’.
A las puertas de un nuevo año electoral, analistas cubanos estiman que el presidente William Clinton aplicó la política del “corcho”, flotar a toda costa, intentando quedar bien con todas las tendencias, algo verdaderamente difícil en el caso de las relaciones entre Washington y La Habana.
Por un lado, el presidente estadounidense intentó limpiar su imagen ante la comunidad internacional con medidas supuestamente dirigidas a suavizar el bloqueo económico a la isla y, al mismo tiempo, quedar bien con el creciente número de empresarios, sobre todo del sector agrícola, y algunos sectores de la política que aseguran que las sanciones perjudican los intereses económicos estadounidense y, al final de la historia, han demostrado su incapacidad de derrocar a Castro durante casi 40 años.
Pero, por el otro, Clinton quiso quedar bien con la derecha cubana representada en el Congreso y liderada por el poder financiero de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), al dar pasos de flexibilización en el comercio de medicinas y alimentos que niegan cualquier vínculo con el Estado cubano y, por lo tanto, se anulan de antemano.
En la misma manera en que durante este año aumentó la presión de grupos y personas aisladas contra el bloqueo y las visitas de estadounidenses a Cuba, creció el activismo de los contrarios al régimen de Castro que, desde las páginas del diario de Miami El Nuevo Herald atizaron el fuego en temas como el narcotráfico y el lavado de dinero de las drogas, la fabricación de armas biológicas, las violaciones de los derechos humanos, la inminencia de un éxodo masivo facilitado por Castro, la participación de cubanos en torturas a soldados estadounidenses en Vietnam, entre otras muchas acusaciones que encontraron o no eco en la parte cubana.
Así, el año que termina puede considerarse como bastante movido en materia de acontecimientos entre Cuba y Estados Unidos y entre Cuba y los líderes de derecha del exilio que, en muchos casos, marcaron la política de Washington hacia La Habana.
Medidas de Clinton: Un grupo de medidas anunciadas por el presidente William Clinton, el 5 de enero, con el fin de “flexibilizar” el bloqueo contra Cuba fueron mal recibidas por el gobierno de Fidel Castro que las consideró una nueva fase de la guerra económica, política e ideológica contra este país socialista. En una intervención trasmitida el día 8 por los dos canales de televisión y una emisora radial, el presidente del parlamento, Ricardo Alarcón, descartó que las medidas significaran una flexibilización del bloqueo y las calificó como una desesperada maniobra norteamericana ante el creciente rechazo mundial y en los propios Estados Unidos al bloqueo.
Clinton aprobó ampliar los límites a la cantidad de dinero que ciudadanos estadounidenses y organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden enviar a Cuba hasta 1.200 dólares anuales, abrir vuelos directos entre varias ciudades estadounidenses y cubanas, ampliar los intercambios científicos, educativos, culturales y deportivos y permitir la venta de medicamentos, alimentos e insumos agrícolas a Organizaciones No Gubernamentales cubanas y representantes del sector privado.
Simultáneamente, el presidente norteamericano rechazó la solicitud de veinticuatro senadores, entre ellos 16 del opositor Partido Republicano, para la creación de una comisión bipartidista, que se encargara de revisar la conveniencia de mantener el bloqueo económico contra Cuba. La idea había sido propuesta originalmente por ex altos funcionarios republicanos, entre ellos los ex cancilleres Henry Kissinger y Lawrence Eagleburger, y el asesor de Seguridad Nacional y secretario de Defensa de la presidencia de Ronald Reagan, Frank Carlucci.
Asimismo, un grupo de trabajo del Consejo de Relaciones Exteriores presidido por dos republicanos ex subsecretarios de Estado de Asuntos Interamericanos, aunque sin analizar específicamente la creación de la comisión, realizó varias recomendaciones, entre las que se encontraban el cese de las restricciones a la cantidad de visitas que cubano estadounidenses pueden realizar a Cuba, el fin del embargo a la venta de alimentos, la cooperación con los militares cubanos para consolidar la confianza mutua, e incluso la autorización a las compañías estadounidenses para que operen en la isla, en ciertas condiciones.
Pero Clinton rechazó las propuestas más trascendentes y optó por un grupo de medidas que, por un lado, intentan brindar una imagen de flexibilización con fines humanitarios y, al mismo tiempo, contentar a los sectores más influyentes y radicales del exilio cubano de Miami con pasos que tienen como fin declarado fortalecer la sociedad civil en Cuba y propiciar un tránsito pacífico de la isla hacia una democracia al estilo de la predominante en América Latina y, muy importante, sin Castro.
Litigio telefónico: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.(ETECSA), suspendió parcialmente en la madrugada del 25 de febrero las comunicaciones telefónicas entre Cuba y los Estados Unidos. ETECSA ejecutó la medida con el respaldo de las autoridades cubanas, ante el incumplimiento de pago de las compañías ATT, MCI, LDDS, IDB y Wiltel, que adeudaban a la isla unos 19 millones de dólares, correspondientes al mes de diciembre, según informó el diario Granma.
El portavoz de la ATT, una de las principales empresas telefónicas de Estados Unidos, aseguró que estaba buscando “rutas alternativas” de comunicación con Cuba, ante el inminente corte del servicio directo entre ambos países, e indicó que los clientes de esta compañía podrían conectarse con Cuba mediante otras vías, aunque con “mayor demora”.
La historia comenzó cuando el 20 de febrero, el juez federal norteamericano James King decidió que se entregara una indemnización de 187,6 millones de dólares a los familiares de los pilotos que resultaron muertos, tras el derribo de dos avionetas por la aviación cubana el 24 de febrero de 1996.
Los familiares de Armando Alejandre, Carlos Costa y Mario de la Peña intentaron cobrar esa suma de los 145 millones del Estado cubano congelados en virtud del embargo que Washington mantiene sobre Cuba desde 1960 y del dinero adeudado por el servicio telefónico. Pero, James Foley, funcionario del Departamento de Estado norteamericano, sostuvo que los pagos a Cuba por servicios telefónicos no pueden ser utilizados para compensar a los estadounidenses de origen cubano que exigen la compensación. “Dichos pagos están exentos de la confiscación”, sentenció.
La historia tuvo un segundo final favorable a Cuba en agosto cuando la Corte Federal de Apelaciones del estado norteamericano de Atlanta revocó la decisión de un juez federal de Miami de utilizar la deuda de compañías estadounidenses para pagar una indemnización. La corte de Atlanta dictaminó que la empresa conjunta cubano italiana no representa al gobierno de la isla y por tanto no es legal la incautación de sus fondos para cubrir una supuesta deuda oficial.
Datos no confirmados oficialmente en La Habana estiman en unos 75 millones de dólares lo que recibe Cuba anualmente por concepto de llamadas telefónicas.
Derechos humanos: En el informe sobre derechos humanos que el Departamento de Estado de Estados Unidos publica anualmente desde hace 22 años, se afirma que la situación de los derechos humanos empeoró el último año en China, Cuba y Serbia. En la parte de América Latina, la introducción del informe del Departamento de Estado se concentra en Cuba, donde, asegura, pese a la visita del Papa Juan Pablo II en enero de 1998, “el gobierno de Fidel Castro mantiene el control de todos los aspectos de la vida (social) y suprime implacablemente toda disidencia política”.
Por su parte, el Senado de Estados Unidos aprobó el día 25 de marzo una resolución que condenó la situación de los derechos humanos en Cuba y pidió la designación de un relator especial de las Naciones Unidas sobre el país caribeño. La medida fue ratificada por los 98 senadores presentes al momento de la votación y el único senador que habló en contra fue el demócrata Christopher Dodd, de Connecticut.
La resolución del Senado fue presentada por el demócrata Bob Graham, elegido por el estado de Florida, en el cual reside gran parte de la comunidad cubano estadounidense, y uno de sus copatrocinadores fue el senador republicano Jesse Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Cámara de Representantes había adoptado un día antes una resolución similar presentada por los legisladores de origen cubano, Ileana Ross-Lehtinen y Lincoln Díaz Balart, republicanos por la Florida; y Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey.
Esta resolución pidió a Clinton que nombre un enviado especial estadounidense con la misión exclusiva de buscar apoyo internacional contra el régimen comunista cubano. También instó a la Casa Blanca a buscar activamente el apoyo de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y otras naciones para lograr el establecimiento de un estado de derecho en Cuba.
Sentencia al Grupo de los Cuatro: El presidente estadounidense Bill Clinton criticó a Cuba el 15 de marzo por sentenciar a prisión a los miembros del llamado Grupo de los Cuatro y pidió al gobierno cubano que los pusiera en libertad de inmediato. Clinton dijo estar decepcionado por este paso de las autoridades cubanas, pues, afirmó, los condenados “no hicieron nada más que afirmar su derecho a hablar libremente sobre el futuro del país, pedir al gobierno que respete los derechos humanos básicos y buscar una transición pacífica a la democracia.”
Ayuda humanitaria: El monto real de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba volvió a ser polémica en abril de 1999 cuando La Habana afirmó que entre 1992 y 1998 recibió donativos procedentes del país norteamericano por poco más de 23,5 millones de dólares, corrigiendo así las cifras difundidas por Washington.
El jefe de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Ranneberger, afirmó que en ese período el gobierno de ese país autorizó “el envío a Cuba de 2.900 millones de dólares en ayuda humanitaria por parte de organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas” estadounidenses. Ranneberger añadió que sólo en 1998, el Departamento de Comercio de Estados Unidos libró 163 licencias para la exportación a Cuba de asistencia humanitaria y otros bienes por valor de 472 millones de dólares. También dijo que la suma mencionada incluye la venta de medicinas y equipos médicos por 19 millones de dólares en 12 licencias comerciales otorgadas a compañías estadounidenses.
Pero fuentes oficiales cubanas aseguraron que “eso no es real” y que la cifra de 2.900 millones de dólares mencionada por Ranneberger “multiplica más de 100 veces el valor de la ayuda humanitaria enviada (a Cuba) por organizaciones no gubernamentales o ciudadanos estadounidenses, sin amparo de su gobierno e incluso enfrentando no pocas veces una dura represión”.
La “guerra de las marcas”: El litigio comercial entre la empresa cubano francesa Havana Club Holding (H.C.H) y la firma Bacardí por la marca de ron Havana Club fue llevada hasta la Organización Mundial de Comercio tras el fallo a favor de Bacardí de una corte de Estados Unidos. El nuevo conflicto surgió el 13 de abril cuando un tribunal rechazó la demanda contra Bacardí por el uso de la famosa marca.
Cuba alegó que Havana Club nunca perteneció a Bacardí y que sus antiguos dueños, la familia Arrechabala, no solicitó el registro de la marca luego de la confiscación de sus destilerías en la isla a inicios de los años 60. La marca está registrada ahora a nombre de la sociedad cubano francesa en 160 países.
La compañía Bacardí-Martini, por su parte, asegura que está en proceso de compra de los activos de la antigua sociedad José Arrechabala S.A. y estima que esto le da derecho sobre Havana Club.
El fallo judicial a favor de Bacardí se amparó en la Ley del Presupuesto de Estados Unidos que, en octubre de 1998, retiró la protección legal a las marcas de propiedades confiscadas en la isla desde 1960.
Expertos en la isla y el país norteamericano alertaron que de no resolverse favorablemente a Cuba el litigio, La Habana podría argumentar que queda relevada de sus obligaciones con unas 400 marcas estadounidenses registradas en la isla.
Acusaciones de lavado de dinero. Un informe presentado en Estados Unidos en mayo que acusó a Cuba de facilitar el lavado de dinero del narcotráfico fue recibido en la isla como “una intriga más” de la derecha cubana radicada en Miami que no merece siquiera la atención oficial. El documento divulgado en Washington por el experto en asuntos cubanos Ernesto Betancourt, sostiene que La Habana estaría ocultando operaciones de lavado de dinero, a través de las remesas enviadas por emigrantes a sus familiares en la isla. “Con ese dinero, el gobierno de Fidel Castro estaría resolviendo el déficit de 1.500 millones de dólares de su balanza comercial”, añade el documento citado por el diario El Nuevo Herald, de Miami.
Betancourt aseguró que es imposible que las remesas enviadas por los emigrados cubanos a sus familiares en el país asciendan a 800 millones de dólares anuales, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A su juicio, el exilio no tiene la capacidad financiera de enviar a la isla esa suma, pues “se necesitarían 200.000 exiliados enviando cada uno 4.000 dólares anuales o combinaciones semejantes, con menos dinero y más personas”.
La información sucedió a una declaración sobre Cuba de Barry McCaffrey, jefe de la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de la Casa Blanca, quien aseguró que el gobierno de Cuba no está involucrado en el narcotráfico, coopera con Estados Unidos en la lucha contra los traficantes y está muy interesado en conversar con Washington sobre ese problema.
Primera reunión bilateral sobre narcotráfico. Después de los asuntos migratorios, el narcotráfico se convirtió en el segundo punto más importante del vínculo entre Cuba y Estados Unidos, con la realización en La Habana en junio de una reunión de trabajo sobre este problema. El portavoz de la Cancillería cubana, Alejandro González, informó que la reunión se efectuó “a nivel de expertos” y fue sólo “de naturaleza técnica”. Aunque un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico puede aún estar lejos, observadores cubanos estiman que el contacto podría abrir un nuevo canal de comunicación entre ambos países.
La reunión, que duró un solo día, estuvo enfocada a mejorar los esfuerzos para combatir el narcotráfico y “no representa un cambio de nuestra política hacia Cuba”, afirmó un funcionario del Departamento de Estado al diario El Nuevo Herald, de Miami. De acuerdo con ese periódico, ambas partes estudian cómo mejorar la comunicación entre las estructuras policiales de los dos países, que hasta ahora se realizan por fax, teniendo en cuenta un aumento del narcotráfico alrededor de la isla caribeña.
Armas biológicas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tuvo que negar que en Cuba se fabriquen o almacenen armas químicas o biológicas, porque eso se aparta radicalmente de la concepción defensiva de la isla caribeña. Alejandro González, vocero de la Cancillería, desmintió informaciones publicadas en El Nuevo Herald sobre declaraciones de un supuesto ex alto oficial soviético, quien dijo conocer de la producción de armas bacteriológicas en la mayor de las Antillas. Las acusaciones apuntan directamente a la industria biotecnológica cubana y de comprobarse sería un argumento más que sólido para devolverle a la isla el “cartelito” de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Demanda contra inversionistas extranjeros. El Comité Cubano Pro Derechos Humanos y la Federación Independiente de Sindicatos de plantas de electricidad, gas y agua de Cuba, dos organizaciones del exilio cubano no reconocidas por el gobierno de Fidel Castro, presentaron ante un tribunal de Miami en junio una demanda contra 24 empresas extranjeras representadas en Cuba y 16 cubanas. Con el proceso se intentaba detener las operaciones de esas compañías y una compensación por 1.300 millones de dólares para unos 200.000 trabajadores cubanos.
El texto de la demanda hace referencia a la discriminación contra el ciudadano cubano que no tiene acceso a ciertos lugares públicos de Cuba, que “son de uso exclusivo para los extranjeros y turistas”, y exige una compensación monetaria para los trabajadores cubanos que han sido contratados indirectamente para darle servicios a las compañías extranjeras desde 1995.
La inversión internacional beneficia muy poco a los trabajadores cubanos pues las empresas foráneas le pagan a una agencia cubana, Acorec, unos 450 dólares mensuales por cada trabajador y la agencia a su vez le entrega al trabajador cinco dólares al mes, pero en su equivalente en pesos, es decir, unos 120 pesos, aseguró el documento citado por la prensa.
Entre las empresas extranjeras demandadas, aparecen la norteamericana American Express Travel Related, Leisure Canada, Meridien Gestion de Francia, Daimler Benz Corporation de Alemania, Aeroflot Airlines de Rusia, la japonesa Mitsubishi Corporation y ABC Charters, de Florida. También se incluyen varias líneas aéreas y empresas hoteleras de América Latina, el Caribe, Europa e Inglaterra como Mexicana de Aviación, Copa Airlines de Panamá, Lanchile, Lacsa de Costa Rica, Air Jamaica, Iberia, British Airways y el Grupo Sol Meliá. Según los abogados de los demandantes, la base legal utilizada para la denuncia es que estas compañías tienen negocios en el estado de Florida y, por lo tanto, los tribunales de este estado tienen jurisdicción sobre los casos relacionados con ellas.
Nuevo aplazamiento del título III de la Helms-Burton. En julio el presidente Bill Clinton suspendió por otros seis meses el capítulo más polémico de la ley Helms-Burton, que permitiría castigar a aquellos que negocien con propiedades confiscadas en Cuba a ciudadanos estadounidenses, porque, en su opinión, “amigos y aliados han incrementado la presión sobre el gobierno cubano para que respete los derechos humanos y emprenda reformas democráticas”.
Como un ejemplo de los éxitos de la política norteamericana, el subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat afirmó que la Unión Europea, el gobierno de Japón, de Brasil, los Reyes de España y decenas de Organizaciones No Gubernamentales, han criticado y presionado a Cuba por su política de derechos humanos, y que el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, manifestó su disgusto por el juicio a cuatro disidentes.
Sin embargo, parte del exilio cubano se mostró descontento con la nueva prórroga, que entró en contradicción con las promesas realizadas por Clinton durante un viaje anterior a Miami. “Clinton estuvo en Miami hablando con firmeza, pero las acciones hablan más claramente que las palabras. Suspender el capítulo III de la ley Helms-Burton y enviar a la Cámara de Comercio de Estados Unidos a Cuba en una misma semana, habla mucho más claramente que palabras hipócritas en Miami”, sostuvo el congresista republicano de origen cubano Lincoln Díaz-Balart.
Vacuna cubana a Estados Unidos. A finales de julio se conoció que la firma británica Smithkline Beechman Pharmaceuticals fue autorizada por el gobierno de Clinton a comercializar en Estados Unidos la vacuna cubana contra la meningitis B. Esa firma, cuyos laboratorios en Bélgica son propiedad de una filial de Estados Unidos, obtuvo licencia del Departamento del Tesoro para formar una joint venture con el Instituto cubano Carlos J. Finlay, fabricante del antídoto.
La solicitud de la compañía británica estaba pendiente de respuesta desde mayo del pasado año El Instituto Finlay produce la vacuna antimeningocóccica con el nombre comercial de Va-MENGOC-BC y en todos los lugares donde se ha aplicado demostró su seguridad y eficacia en el control de brotes epidémicos de la meningitis. Está considerada el único preparado efectivo en el mundo contra la meningitis meningocóccica de los serogrupos B y C, cuya mortalidad alcanza entre el siete y 19 por ciento de los casos y afecta notablemente a la población de Estados Unidos.
Acusación por genocidio. El parlamento cubano aprobó el 13 de septiembre un documento que podría allanar el camino para una demanda penal o civil contra Estados Unidos, apelando a convenios internacionales. La Proclama de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobada en su III período ordinario de sesiones, declara que “el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba constituye un acto de genocidio” y expone el derecho de los cubanos a que este hecho sea juzgado por un tribunal, con la presencia o ante la ausencia de los culpables.
La proclama parlamentaria reivindica el derecho que asiste “a los tribunales cubanos de juzgar y sancionar, en presencia o en ausencia” a los culpables de “un grave, sistemático y continuado genocidio durante 40 años”. El texto recuerda que “los actos de genocidio y otros crímenes no prescriben” y que los culpables “pueden ser sancionados hasta la pena de cadena perpetua”.
Cuba sostiene que el bloqueo ha causado pérdidas económicas superiores a los 65.000 millones de dólares y, sobre todo, afectado seriamente las condiciones de vida, salud y nutrición de las más de 11 millones de personas que viven en la isla.
Desechada enmienda que suavizaría el embargo. La comisión bicameral que discutió la ley de presupuesto agrícola de Estados Unidos, decidió en septiembre no incluir en el proyecto una enmienda que permitiría la venta de productos agrícolas a Cuba y otros estados oficialmente considerados en Washington como terroristas.
Esta enmienda, introducida en el presupuesto agrícola por el senador John Ashcroft, republicano por Missouri, y que autorizaría la emisión de licencias de hasta un año para vender medicamentos y alimentos, encontró una tenaz oposición republicana en apoyo de los congresistas cubanoamericanos y en contra de las presiones de otros políticos e intereses de estados agrícolas.
Represión religiosa. Estados Unidos incluyó a Cuba entre los países donde se restringe la libertad de culto religioso pese a que, reconoció, es un derecho consagrado por la constitución de la isla. En el primer informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo, el Departamento de Estado afirmó que el gobierno cubano se niega a autorizar religiones nuevas, lo cual ha obligado a sus fieles a violar la ley al tener que reunirse en casas privadas.
“El Ministerio del Interior trata de controlar las instituciones religiosas, vigilando, infiltrando y acosando a religiosos y laicos”, afirma el documento y agrega que Cuba, como Vietnam y China, recurre a la inscripción de los grupos religiosos como medio para controlarlos.
El informe asegura que entre 40 y 45 por ciento de los cubanos son católicos y que otro porcentaje numeroso cree en religiones afrocubanas. A su juicio, los bautistas representan la denominación evangélica más numerosa, seguidos por los pentecostales, en particular, las Asambleas de Dios.
El informe, obligatorio según una ley aprobada en 1998, tiene el fin de informar al Congreso sobre la persecución religiosa en el exterior y sentar el marco que el gobierno puede usar para imponer una serie de sanciones contra los estados infractores.
Dirigente cubano acusado de torturador. El ministro de Educación Superior de Cuba, Fernando Vecino Alegret, negó el 13 de septiembre haber estado en Vietnam y desmintió las acusaciones de un coronel estadounidense sobre su supuesta participación en la tortura de prisioneros durante la guerra de ese país asiático con Estados Unidos, según publicó El Nuevo Herald.
Vecino Alegret es un alto oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba con grado de general de brigada. El coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Ed Hubbard, que estuvo preso en Vietnam a finales de los años 60s aseguró a periódicos de Miami, estar “casi seguro” de que el ministro cubano participó en interrogatorios y torturas a prisioneros de guerra norteamericanos en el país asiático.
Trascendió, además, que funcionarios del Departamento de Defensa y la congresista estadounidense de origen cubano Ileana Ross-Lehtinen se había reunido para analizar la supuesta participación de oficiales cubanos en actos de tortura a pilotos estadounidenses en Vietnam. Según el rotativo en el encuentro quedó claro que el Departamento de Defensa no tiene jurisdicción en un eventual encauzamiento contra oficiales cubanos.
Las acusaciones de la participación cubana en la tortura de prisioneros de guerra en Vietnam hace tres décadas, surgieron a la luz pública luego de que el Departamento de Defensa desclasificó decenas de documentos en los cuales los prisioneros relataron las torturas que, según afirman, sufrieron a manos de un equipo de interrogadores cubanos en Vietnam. Los interrogatorios serían parte del denominado Programa Cubano que, según esos documentos, tuvo como objetivo conseguir información militar y probar planes de sumisión y control sicológico de los prisioneros de guerra.
Sol Meliá entre La Habana y Washington. Aunque portavoces de una cadena española de hoteles restaron importancia en agosto a la amenaza de sanciones de Estados Unidos a sus directivos por sus operaciones en Cuba, la posible aplicación de la ley Helms-Burton a la cadena hotelera Sol Meliá, con importantes inversiones en la isla antillana amenazó desde entonces con “reabrir el contencioso entre Estados Unidos y la UE por esta ley, que los europeos consideran ilegal por su extraterritorialidad”, según alertó el diario español El País.
Cuando empezó a hablarse del tema con insistencia, el grupo Sol Meliá no había recibido notificación oficial del gobierno estadounidense acerca de la presunta apertura de un expediente administrativo por su actividad en Cuba, aunque según el semanario cubano Opciones, la investigación alcanzaba ya a cuatro hoteles, tres en la oriental provincia de Holguín, a 771 kilómetros de La Habana, y el otro en el balneario de Varadero, 120 kilómetros al este de la capital.
“Si se llegase a abrir un expediente sancionador, España tomaría medidas muy enérgicas, hasta el punto de bloquear los acuerdos entre la UE y Estados Unidos” sobre la ley Helms-Burton alcanzados en 1998, advirtieron portavoces del ministerio español de Asuntos Exteriores. El litigio también podría elevarse hasta la Organización Mundial del Comercio (OMC) rompiendo el entendimiento entre la UE y EE.UU. que establecía que las empresas europeas no serían sancionadas por sus lazos con Cuba a cambio de que éstas se abstuvieran de negociar con antiguas propiedades estadounidenses en la isla.
Así y todo, informaciones difundidas por medios de prensa norteamericanos y españoles revelaron a finales de septiembre que Estados Unidos enviaría una notificación a esa cadena hotelera para que abandone en un plazo de 45 días uno de sus negocios en Cuba, o de lo contrario sería sancionada. Pero, un portavoz de la empresa española señaló que el Consejo de Sol Meliá no había mantenido reunión alguna de urgencia para tratar este asunto, ni lo hará hasta tanto reciba una carta oficial del gobierno de Estados Unidos.
También en septiembre se conoció que el Departamento de Estado (Cancillería) de Estados Unidos había incluido al operador turístico francés Club Med y a LTE, compañía aérea del operador turístico alemán LTU, en la lista de firmas europeas que junto al grupo español Sol Meliá podrían ser sancionados por sus actividades en la isla.
Un vocero de LTU, la mayor empresa aérea charter de Alemania, confirmó que su subsidiaria española LTI había recibido una nota de las autoridades estadounidenses donde se pide a la empresa brindar detalles de sus inversiones en Cuba. Marco Dadomo, vocero de LTU, dijo que la empresa recurrió a la Comisión Europea en Bruselas en busca de apoyo y que ésta ha advertido a Estados Unidos que no inicie ninguna gestión contra empresas turísticas.
Hasta ahora las empresas sancionadas por la ley Helms-Burton han sido la canadiense Sherritt, el Grupo Domos mexicano y la israelí B.M. Group, según fuentes estadounidenses.
Acusan a Washington de sabotear cumbre. El presidente de Cuba, Fidel Castro, acusó a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en la isla de intentar sabotear la Cumbre Iberoamericana y de alentar a “grupúsculos contrarrevolucionarios”. “Los intentos de sabotear la cumbre vienen desde hace meses”, afirmó el mandatario cubano durante una comparecencia televisiva de unas cuatro horas, que comenzó la noche del lunes 1 y se prolongó hasta la madrugada del martes 2 de noviembre.
Mencionó en ese sentido que el funcionario del Departamento de Estado estadounidense Charles Shapiro instó a representantes de la oposición ilegal a realizar una reunión paralela a la Cumbre Iberoamericana que se celebró los días 15 y 16 de ese mes. Posteriormente, en declaraciones a agencias internacionales de prensa acreditadas en Cuba advirtió que no habría impunidad para quienes intenten causar “determinados problemas” durante la cumbre.
Para sustentar las acusaciones de Castro contra Washington, el canciller Felipe Pérez Roque se refirió el sábado 13 a una carta en que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, insta a los gobernantes de América Latina, España y Portugal a promover “la causa de la democracia y los derechos humanos” en Cuba. “Los gobernantes iberoamericanos no sólo tienen el derecho, sino la obligación de cuestionar a Cuba por su incumplimiento de los Acuerdos de Viña del Mar de 1996”, dijo Albright en el documento que fue entregado a la prensa por la Cancillería cubana.
Demanda por daños humanos. Tras un proceso que duró varios días e incluyó más de 200 testigos y expertos, el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana sentenció el 2 de noviembre al gobierno de los Estados Unidos a indemnizar a las víctimas de cuatro décadas de política agresiva contra la isla. La sentencia, que contempla el pago de 181.100 millones de dólares por daños humanos causados a la isla en ese período, se hizo firme el día 9 noviembre y, aunque el gobierno norteamericano no estableció recurso alguno, Cuba aseguró que se buscarán las vías posibles para que la parte demandada cumpla con lo dictado por el Tribunal.
Las licenciadas Magaly Iserne Carrillo e Ivonne Pérez Gutiérrez, dos de los cuatro abogados que asumieron la representación de las organizaciones cubanas en su demanda al gobierno de Estados Unidos opinaron que la deuda puede hacerse efectiva mediante embargo de bienes y propiedades. Ambas juristas coincidieron en que la medida podría ser aplicada a propiedades del gobierno norteamericano en cualquier lugar del mundo y a personas naturales o jurídicas estadounidenses que participen o promuevan la aplicación de la ley Helms Burton o en la ejecución del bloqueo económico a Cuba, aunque podría haber otras vías.
La demanda, presentada por varias organizaciones sociales cubanas, reclama a Washington por la muerte de 3.478 ciudadanos cubanos y la situación de incapacidad de otros 2.099.
Amenazas de arresto contra Castro. El presidente cubano, Fidel Castro, tuvo que abstenerse de viajar a Seattle, Estados Unidos, a donde había sido invitado por instituciones académicas, empresarios y congresistas (estatales y federales) para participar en la III Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.
En carta dirigida al representante por el estado de Washington, Jim McDermott, principal promotor de su viaje, Castro dijo que tenía la certeza de que el Departamento de Estado no le concedería la visa, por tanto ni se molestó en solicitarla, pese a que “deseaba” ir a Seattle y estaba “prácticamente decidido” a hacerlo. “No quería ser sometido a esa humillación”, señaló el presidente, quien aseguró además que “era incuestionable el complot que con el apoyo del Departamento de Estado se llevaba a cabo” en contra de esa visita.
El “complot” contra Castro consistía en una acusación cursada contra él por representantes del exilio en Estados Unidos y de acuerdo con la cual el presidente cubano podría haber sido detenido y juzgado por el asesinato de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, muertos el 24 de febrero de 1996 a causa del derribo de dos avionetas de ese grupo anticastrista por fuerzas aéreas de la isla.
El mandatario cubano acusó a “las mafia terrorista de Miami” de estar siempre deseosa de “provocar un sangriento conflicto” armado entre Cuba y Estados Unidos, que en este caso, aseguró, sería de inevitables consecuencias ante cualquier intento de retenerle por la fuerza en Seattle. Agregó que el “primer combate se produciría, muy a nuestro pesar, en esa magnífica, culta y hospitalaria ciudad, en el instante mismo en que, con viles y groseras calumnias, autoridades norteamericanas trataran de arrestarme traicioneramente en Seattle”.
Tensiones desembocan en la última crisis de los 90
Durante el mes de diciembre de 1999, la crisis entre Cuba y Estados Unidos por la custodia de un niño náufrago se agudizó y amplió por día con nuevos incidentes que, en tiempos de normalidad, no habrían pasado de un enérgico editorial en la prensa oficial de la isla.
La retención en Miami de Elián González, un niño de seis años rescatado del mar el 25 de noviembre tras sobrevivir al hundimiento de una embarcación cargada de cubanos que pretendían emigrar a Estados Unidos, fue interpretado por algunos observadores como el detonante de un diferendo anunciado.
En las calles corrieron rumores sobre apertura de fronteras, un grupo de personas se robaron una nave de una empresa estatal para viajar a Estados Unidos y, por último, el inesperado fallo de un tribunal federal estadounidense enrareció aún más el ambiente.
El gobierno de Cuba protestó enérgicamente por la decisión de dicho tribunal de absolver a un grupo de personas acusadas de planear el asesinato del presidente Fidel Castro durante la IV Cumbre Iberoamericana, realizada en Isla Margarita, Venezuela, en 1997. El diario oficial Granma sostuvo que existían suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de los acusados y su vinculación con la anticastrista Fundación Nacional Cubano Americana, radicada en Estados Unidos. “Las autoridades norteamericanas se han convertido una vez más, junto al poder judicial de Estados Unidos, en rehenes de los intereses mezquinos y politiqueros de la extrema derecha cubana” en ese país, aseguró Granma.
“No culpamos al gobierno del presidente (William) Clinton de este hecho concreto, pero ningún presidente de Estados Unidos, con excepción de James Carter, ha dejado de tener su mayor o menor cuota de culpa por el desprecio a nuestro país”, afirma el comunicado publicado en el diario oficial Granma.
Analistas locales sostienen que la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en los últimos años demuestra que ambos países se mueven en un círculo vicioso que parece no tener salida: crisis, estabilidad, aumento de los contactos y otra vez crisis. Así, justo cuando los intercambios crecen a ritmos sin precedentes y el bloqueo estadounidense contra la isla es objeto de una creciente presión de sectores empresariales, no resulta una sorpresa que La Habana y Washington se involucren en un nuevo contencioso.
“Esto se veía venir”, fue la reacción de una mujer de 42 años que participó en una de las tantas manifestaciones realizadas frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana para reclamar el retorno del niño náufrago. Pulóveres con la imagen del niño, carteles con la cara de Elián, gasolina para transportar a los movilizados y todos los recursos necesarios fueron puestos a la disposición de las organizaciones juveniles que se encargaron de realizar en la capital y otras provincias del país las tribunas abiertas y marchas combatientes.
Analistas locales indican que, como es tradición, el gobierno de Castro está apelando a su antiguo conflicto con Estados Unidos para estimular la unidad y el consenso de la población alrededor del proyecto socialista de la Revolución cubana. Pero, al mismo tiempo, asumió con la alternativa de la rotación de los actos por provincias y sedes diversas el riesgo del desgaste que puede ocasionar en la gente las manifestaciones diarias, los discursos, las programaciones especiales de la televisión y los gastos económicos de una batalla que, según se conoció a finales de diciembre, podría extenderse un mes más.
Así y todo, hay que reconocer que, en este caso, Cuba se inscribió en la carrera con ventaja. El reclamo de un padre para que le devuelvan a su hijo cuenta con el respaldo del derecho internacional y de las leyes tanto cubanas como estadounidenses, el apoyo de la Iglesia Católica y de los cristianos en general, de representantes de la ilegal oposición interna, abogados y políticos de diversos países y de organizaciones internacionales.
Los derechos de todo niño a vivir con sus padres y en el país donde nació fueron defendidos por el director para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Per Engebak, con bastante antelación a que la última sesión de este año de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento cubano) apelara a la ayuda de la ONU y de la comunidad internacional en general.
Pero, por otro lado, tanto la Iglesia Católica como la ilegal Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional insistieron en la necesidad de evitar la manipulación política del menor por cualquiera de las partes en pugna. El llamado fue, al parecer, coincidente con las intenciones de Castro quien en una de sus intervenciones al respecto orientó que una vez que el niño estuviera de regreso en la isla habría que dejarlo tranquilo con su familia.
Elián González fue involucrado por su madre en una operación de tráfico ilegal de emigrantes. La nave con 14 personas a bordo naufragó el 22 de noviembre, la madre desapareció y el niño, que se encontraba amarrado a un neumático, fue rescatado del mar tres días después y entregado sin dilaciones a su tío abuelo en Miami, en lugar de ser repatriado como lo disponen los acuerdos migratorios entre La Habana y Washington.
En un inicio, se habló de la posibilidad de llevar al menor ante los tribunales para que, entre otras cosas, opinara si desea regresar a la isla para vivir con su padre, Juan Miguel González, o quedarse con sus familiares en Estados Unidos.
La Fundación Nacional Cubano Americana, considerada la organización más influyente de exiliados cubanos, emprendió una campaña a favor del derecho de Elián González a crecer en condiciones de libertad, “como lo hubiera querido su madre”.
El presidente Clinton, por su parte, dejó el caso en manos de la justicia, pero aclaró que no cedería ante presiones políticas. “Si de mí depende, no lo tendrán”, dijo según versiones de El Nuevo Herald.
Las esperanzas de encontrar una solución favorable al caso antes de fin de año, una vez que el padre de Elián se reunió con autoridades norteamericanas y les presentó documentos probatorios de su paternidad, se esfumaron cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos aplazó para el 21 de enero del año 2000 un encuentro con el niño. Anunciada para el jueves 24, la cita hubiera podido terminar en la repatriación inmediata de Elián, pero las autoridades del INS optaron por el aplazamiento ante amenazas de todo tipo por parte de organizaciones cubanas del exilio.
Al litigio por la custodia del niño se sumó inesperadamente el secuestro de la embarcación Albacora, perteneciente a una base de campismo habanera, por un grupo de seis personas, todas con antecedentes penales. Los asaltantes hirieron con armas blancas a dos trabajadores de la nave y los llevaron como rehenes, hasta que fueron detenidos por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y devueltos dos días después a la isla en cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.
El gesto fue bien recibido por Cuba que, sin embargo, aprovechó la oportunidad para reiterar su exigencia a Washington de que elimine el derecho automático de residencia para toda persona procedente de la isla que pise suelo estadounidense. Establecido por la Ley de Ajuste Cubano de 1966, el privilegio atenta contra los acuerdos migratorios entre ambos países al alentar la salida ilegal y el tráfico de personas entre ambos países, asegura el gobierno cubano.
Una ley estadounidense que privilegia a los inmigrantes cubanos por sobre los de otras nacionalidades continúa siendo el principal punto de contradicción en materia migratoria entre Cuba y Estados Unidos, tras celebrarse en diciembre la última ronda migratoria bilateral de los años 90.
La Ley de Ajuste Cubano, aprobada por el Congreso estadounidense en 1966, se convirtió en la “manzana de la discordia” entre Cuba y Estados Unidos por posibilitar que inmigrantes cubanos soliciten la residencia al año y un día de haber tocado suelo estadounidense.
El tema ocupó gran parte del tiempo que duraron las negociaciones sostenidas en La Habana el 13 de diciembre por delegaciones de los dos países, que se reúnen regularmente dos veces al año para examinar los acuerdos migratorios suscritos en septiembre de 1994 y mayo de 1995. “Hubo una discusión extensa acerca de la Ley de Ajuste Cubano, la forma en que ha sido enmendada, ampliada, extendida en los últimos meses y su aplicación de manera que contradice los acuerdos”, dijo el presidente del parlamento de Cuba y principal negociador de la isla, Ricardo Alarcón.
A su vez, el subsecretario adjunto de Estados Unidos para Asuntos Hemisféricos, William Brownfield, quien encabezó la representación de su país en las conversaciones, consideró que las leyes en su país no establecen diferencias entre los inmigrantes. Brownfield se mostró partidario de la “implementación total” de los acuerdos migratorios, que en su opinión aseguran una inmigración “segura, legal y ordenada” de ciudadanos cubanos a Estados Unidos.
Pero, para La Habana, el modo en que se está aplicando la legislación especial para los cubanos viola los acuerdos migratorios, único punto en que ambas naciones han logrado sentarse a la mesa de negociaciones. “Se habla constantemente de una supuesta diferencia entre los que son denominados pies mojados o pies secos. Es decir, si los interceptan en el agua o si llegan a tierra. Eso no tiene nada que ver con los acuerdos migratorios”, opinó Alarcón.
El diplomático y parlamentario insistió en conferencia de prensa después del encuentro de diciembre en que el primer párrafo de los acuerdos de 1994 habla claramente de la decisión estadounidense de interrumpir la práctica de admitir a los emigrantes que lleguen a ese país por vías irregulares. “Hay una evidente contradicción entre la Ley de Ajuste y esa decisión plasmada en los convenios”, acotó Alarcón, quien informó que la parte cubana insistió en las conversaciones en la eliminación de una legislación que “promueve, estimula y apremia la emigración ilegal de cubanos”.
Según declaraciones realizadas en su momento por el propio Alarcón, durante la primera ronda migratoria del año, realizada el 2 de junio en Nueva York, se ratificó el propósito de ambas partes de ignorar las provocaciones sobre un supuesto éxodo masivo de cubanos y la decisión de garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
Cuba dejó clara su disconformidad por la decisión del Servicio de Inmigración de que los cubanos indocumentados que logren llegar a suelo estadounidense recibirán permiso de trabajo inmediatamente, en tanto esperan legalizar su situación. Para el gobierno de Castro esas facilidades, la inmediatez de la solución y la casi certeza de que no pueden cumplir los requisitos para la vía legal, hace que aún haya personas dispuestas a cruzar el Estrecho de la Florida en precarias embarcaciones.
Al mismo tiempo, especialistas alertaron que las dificultades que ocasionó la crisis económica de los años 90s incentivaron el deseo de emigrar en parte de la población de más de 11 millones de habitantes.
De modo que, si bien ambas naciones se declaran satisfechas por el cumplimiento de los acuerdos migratorios, persisten los intentos de salida ilegal, caldo de cultivo para el tráfico de indocumentados, negocio ilegal en el cual las tarifas pueden llegar hasta 9.000 dólares por viajero.
“Cuba ha expresado sistemáticamente su preocupación, ha denunciado y contribuido a enfrentar el contrabando de personas, devenido un negocio peligroso que ha cobrado vidas humanas y es contrario a los acuerdos suscritos”, afirmó en junio un comunicado del Ministerio del Interior
Las últimas conversaciones de 1999 se realizaron en medio de la tensión generada por el caso de Elián González y coincidieron con la entrega por parte del padre del niño, Juan Miguel González, de un abultado legajo de documentos que prueban su paternidad a funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS).
Brownfield afirmó que esa información “sería procesada por los procedimientos regulares” del INS y rehusó precisar si el niño sería devuelto a su padre y cuándo. “No debemos politizar el caso”, apuntó
Justo la crisis provocada por la retención de Elián en Estados Unidos pareció amenazar la celebración de la ronda migratoria y el mismo mantenimiento de los acuerdos bilaterales. En buena lid, el niño fue rescatado en el mar, amarrado a un neumático, y por lo tanto debía haber sido repatriado a la isla y no entregado por las autoridades estadounidense a sus familiares en Miami.
Así y todo, ambas partes decidieron realizar el encuentro, aunque no pudieran ponerse de acuerdo, y Castro tuvo que intervenir en el asunto para declarar que en ningún momento Cuba había contemplado la posibilidad de una apertura de las fronteras que diera lugar a un éxodo masivo de personas y, por ende, a la ruptura de los acuerdos. “Yo no pienso que esa sea una opción, porque estamos tratando este asunto con mucha seriedad, conscientes de la trascendencia que tiene”, dijo el mandatario quien, al mismo tiempo, reconoció que la isla tuvo “razones de sobra” para no acudir a la cita.
A pesar de las discrepancias existe una disposición común en favor de mantener los acuerdos, aunque hace falta que la voluntad se exprese en hechos, subrayó el jefe de la delegación de Cuba en diciembre, quien propuso una nueva reunión sobre el tema para enero del año 2000, idea que al parecer no encontró un oído receptivo en la parte estadounidense.
La existencia de una amenaza sobre los acuerdos migratorios entre La Habana y Washington, fue advertida varias veces por el gobierno de Castro desde los inicios de año. Ya en febrero, las autoridades cubanas afirmaron que algunos aspectos de los convenios entre Washington y La Habana para normalizar el flujo migratorio “no marchan bien”, debido a que persisten en Estados Unidos normas que estimulan la emigración mediante formas no legales.
Meses después, el gobierno de Castro acusaba a sectores de la derecha cubana en Estados Unidos de alentar la salida ilegal de personas hacia el país norteamericano para propiciar un éxodo masivo que pusiera fin a los acuerdos y pudiera justificar una agresión militar norteamericana contra la isla.
Mientras se alientan tales esperanzas desde Estados Unidos, se mantendrán las salidas ilegales, consideró Castro durante los debates parlamentarios en que se modificó el Código Penal para reforzar el entramado legal contra el delito.
Entre otras cosas, en su sesión extraordinaria de los días 15 y 16 de febrero, el parlamento acordó tipificar como delito el tráfico de seres humanos y estableció la cadena perpetua como condena para inculpados que porten armas de fuego o pongan en peligro la vida de terceros.
Entre las nuevas disposiciones para frenar el tráfico humano, el gobierno de Cuba aumentó el rigor de los reglamentos para la tenencia y operación de embarcaciones, en un nuevo intento por frenar el auge del tráfico de personas hacia Estados Unidos. El decreto-ley 194 del Consejo de Estado dado a conocer en julio por la prensa estatal estableció fuertes multas y el decomiso de los bienes para los infractores, con independencia de las sanciones civiles o penales correspondientes.
La información oficial reconoció el aumento del número de personas que tratan de emigrar ilegalmente en medios de transporte que parten de la isla, “aunque la mayor parte” corresponde “en los últimos tiempos a (…) lanchas rápidas procedentes” de Florida, Estados Unidos.
Cuba se considera “en el deber de obstaculizar las salidas ilegales con la seriedad y responsabilidad con que asumimos siempre nuestros compromisos”, dice la nota oficial, aludiendo al cumplimiento de los acuerdos migratorios de mayo de 1995.
Las infracciones consideradas en el decreto incluyen la construcción, reparación, uso y traspaso de propiedad de naves sin autorización de la Capitanía del puerto correspondiente. También se considera ilegal entrar o salir de puerto o navegar por las aguas territoriales sin el correspondiente despacho o la debida autorización, así como el embarco o desembarco de personas y objetos sin cumplir las regulaciones o en lugares prohibidos.
Las sanciones abarcan multas que oscilan de 500 a 10.000 pesos y el decomiso de la embarcación y los bienes a bordo, además del retiro temporal o definitivo de los permisos o autorizaciones otorgadas para operación y tenencia de naves.
Según disposiciones especiales, si la infracción es cometida por ciudadanos e entidades extranjeras o bien instituciones privadas o estatales que operen en moneda libremente convertible, las multas deben ser pagadas en dólares según la tasa de cambio oficial.
Entre otras medidas para desalentar las salidas clandestinas, Castro anunció el 3 de agosto que se estudia la posibilidad de negar visa de entrada a la isla para visitar a sus familiares a todas aquellas personas que emigraron ilegalmente después del acuerdo de 1995. “Quienes viajen de forma legal tendrán derecho a visitar este país siempre que lo deseen”, dijo Castro, pero para los que emigran ilegalmente, que hasta ahora debían esperar como mínimo cinco años para que pudieran retornar en calidad de visitantes, no tendrán más ese derecho, advirtió.
En el primero de los juicios a más de 40 traficantes de emigrantes detenidos en Cuba, La Habana intentó enviar un mensaje ejemplarizante al sancionar con fuertes condenas a dos procesados por tráfico ilegal en un caso que costó la vida a una persona y puso en peligro la de varios menores de edad.
El Tribunal Provincial de La Habana sentenció a Joel Dorta a cadena perpetua y a David García a 30 años de prisión, ambos cubanos residentes en Estados Unidos. En tanto, Pedro Córdova González, residente en Cuba, fue acusado de complicidad y condenado a 15 años de prisión.
Fuentes oficiales cubanas aseguran que quedó probado que los procesados intentaron el 3 de julio trasladar a 14 personas, entre ellas cinco niños, de Cuba a Estados Unidos a cambio de 8.000 dólares por cada una. La lancha rápida en que se trató de efectuar el viaje, con capacidad para transportar sólo entre seis y ocho personas, zozobró en alta mar, a consecuencia de lo cual murió Sergio Maurilio Martínez, de 45 años.
Otros accidentes similares se produjeron a lo largo del año al mismo tiempo que aumentó el número de personas que lograron arribar con éxito al territorio norteamericano. La patrulla fronteriza estadounidense calculó que 80 por ciento de los cubanos que llegaron a las costas de Florida en los últimos meses fueron llevados por contrabandistas.
Entre octubre de 1998 y julio de 1999, más de 1.800 indocumentados lograron ingresar a Estados Unidos. El diario oficial Granma reveló que durante el último año de los 90, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a la isla a más de 1.100 emigrantes ilegales, interceptados en el intento de cruzar el Estrecho de La Florida.
En un gesto impensable hasta hace pocos años, el gobernador del estado de Illinois, George Ryan, estuvo en Cuba del 23 al 27 de octubre en una visita que para muchos observadores tuvo un marcado trasfondo económico y devino expresión de un importante sector que en Estados Unidos propugna el levantamiento del embargo de cuatro décadas contra la isla.
“Hemos venido aquí en son de amistad y de paz para edificar puentes entre los hombres e intercambiar ideas, de buena voluntad y de buena fe”, dijo minutos después de ser recibido en el aeropuerto internacional José‚ Martí por Ricardo Alarcón, presidente del parlamento cubano.
Ryan asistió a una misa en la Iglesia Catedral de la capital, recorrió el Centro Histórico de La Habana Vieja, visitó el Cardiocentro del hospital infantil William Soler y la Facultad Latinoamericana de Medicina, un centro de enseñanza para personas con dificultades visuales, una escuela primaria que lleva el nombre de Abraham Lincoln, una cooperativa agrícola y una empresa pecuaria de la provincia de La Habana.
Además de entrevistarse durante siete horas con el presidente Castro, el primer gobernador en funciones de un estado del país norteamericano que visita la isla desde 1958 conversó con los ministros Carlos Dotres, de Salud, Alfredo Jordán, de Agricultura, Abel Prieto, de Cultura, con el viceministro de Educación, Ángel Abascal y con representantes de organizaciones disidentes.
Ryan llegó acompañado de su esposa, 48 funcionarios, políticos, religiosos y empresarios estadounidenses, entre ellos representantes de la empresa agrícola Archer Daniels Midland y de la sociedad farmacéutica Shering-Plough.
Viajaron también a la isla 47 periodistas de 31 medios de prensa, que debieron obtener el permiso de viaje correspondiente del Departamento del Tesoro, según lo establecen las leyes del bloqueo.
“Quiero ver el embargo levantado”, dijo el visitante una y otra vez durante su estancia. Ryan, 65 años, perteneciente al Partido Republicano, criticó abiertamente la política de sanciones económicas, impulsó el intercambio entre Illinois y Cuba y entregó ayuda humanitaria por más de un millón de dólares.
Durante la visita, Ryan anunció el establecimiento de una Comisión de Amistad Cuba-Illinois encargada de, dentro de los límites que impone el embargo estadounidense, desarrollar intercambios en materia de agricultura, medicina, deportes, artes y educación. Por su parte, facilitó la salida hacia Estados Unidos de Raudel Alfonso García, un niño enfermo de siete años que viajó, junto a su madre, en el mismo avión de la delegación de Illinois, lo cual fue interpretado como un gesto significativo.
En declaraciones a medios de prensa estadounidenses, el viernes 29, Ryan desestimó críticas del Departamento de Estado y aseguró que contactará con otros gobernadores estaduales de su país para convencerlos de la conveniencia de viajar a Cuba y reunirse con funcionarios del gobierno.
Consideró así mismo que sin la entrevista con Castro, su misión en la isla hubiera sido un fracaso. “Al ser el primer funcionario de Estados Unidos en ir a Cuba desde que el embargo fue impuesto, hubiera sido un error no reunirme con Castro”, dijo Ryan, de acuerdo a la versión del diario USA Today.
Aseguró además que previo a su viaje, se reunió durante 90 minutos con funcionarios del Departamento de Estado y nadie le dijo que no podía entrevistarse con Castro. Sin embargo, James Rubin, vocero de esa instancia gubernamental, comentó luego de esas pláticas que los encuentros con el gobernante cubano debían ser evitados para no dar la impresión de que se apoya al gobierno de la isla.
En opinión de Castro, el viaje constituyó un ejemplo de total valentía y de rechazo a la política hostil del gobierno de Washington contra Cuba. Al ser preguntado sobre si el levantamiento del embargo era una condición para restablecer relaciones con Estados Unidos, Castro respondió: “No. Podríamos restablecerlas sin que se levante el bloqueo. Nos hemos acostumbrado al bloqueo y hemos preparado al país para resistirlo”. Antes había dicho que “el bloqueo no sólo afecta a Cuba, sino también a Illinois” y aseguró que, según sus cálculos, los empresarios de ese estado han dejado de vender productos a Cuba por valor de 20.000 millones de dólares.
Ryan encabezó una de las 71 delegaciones estadounidenses que visitaron el país caribeño durante 1999. Estados Unidos fue, ampliamente, el país más representado entre las 200 delegaciones con 1.278 personalidades, que procedentes de todas partes del mundo sostuvieron contactos con el parlamento cubano en 1999.
Según Jorge Lezcano, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), entre los políticos, empresarios, religiosos, académicos y sindicalistas estadounidenses que viajaron a Cuba figuraron 18 congresistas demócratas y republicanos, con quienes las autoridades cubanas conversaron sobre diferentes aspectos de la política cubana de Washington y las oportunidades de comercio y negocio con la isla.
Además de Ryan, entre las figuras más representativas que visitaron Cuba se destaca Tom Donahue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En este contexto, el primer contacto en 40 años entre la Cámara de Comercio de Cuba y la de Estados Unidos abrió el camino para un diálogo sistemático, pero fracasó en su intento inicial de alcanzar un acuerdo entre las entidades de ambos países.
Según se conoció la firma del documento fue suspendida hasta tanto no se den las condiciones propicias para los intereses de ambas Cámaras. Analistas locales estiman que la diferencia esencial apareció tras el hecho de que la Cámara cubana representa estrictamente al sector estatal, mientras la de Estados Unidos, a unos tres millones de empresas privadas. “Sólo el tiempo dirá lo que pasará. Estamos más bien ante una carrera de resistencia y no de velocidad”, afirmó Donahue.
El acuerdo había sido anunciado por voceros del gobierno cubano, pero en ningún momento se conoció cuál sería su alcance o contenido. Pero el portavoz del Departamento de Estado, James Foley, advirtió en Washington que el viaje de una delegación de la Cámara de Comercio no significaba un cambio de la política estadounidense y no debía crear “demasiadas expectativas”.
El republicano Donahue, quien arribó a la isla el día 13, consideró como “el comienzo de un proceso” sus reuniones con ministros del área económica, estudiantes, profesores, líderes empresariales, religiosos y de organizaciones caritativas y afirmó que, como resultado de esta visita, en el futuro se promoverán contactos con la Cámara de Comercio anfitriona y sus integrantes y con representantes del incipiente sector privado.
Su visita incluyó entrevistas con el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, y varios ministros, como los titulares de Comercio Exterior, Ricardo Cabrisas, para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, Ibrahim Ferradaz, de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, y de la Industria Básica, Marcos Portal, y el viceministro de Turismo Miguel Brugueras.
La misión de la CCEU, integrada por otras cuatro personas, dialogó también con el ministro cubano de Salud Pública, Carlos Dotres, y con los directores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y del Instituto Carlos J. Finlay, Luis Herrera y Concepción Campa, respectivamente.
En un encuentro con estudiantes y profesores de la Facultad de Economía y Derecho de la Universidad de La Habana (UH), Donahue señaló como posibles intereses de compañías norteamericanas en la economía cubana el turismo, petróleo y azúcar, el sector financiero, la construcción y el mercado automovilístico, entre otros, en caso de un levantamiento de las prohibiciones estadounidenses.
Fuentes de la delegación norteamericana aseguraron que habían propuesto al ministro de Salud cubano, Carlos Dotres, la confección de una lista de las medicinas necesarias en este país, en especial para niños y ancianos.
La iniciativa incluye el compromiso de colocar una medicina en Cuba en un plazo de 24 horas, luego de que la parte cubana haya efectuado el pago correspondiente, aseguraron los portavoces. La Cámara habría solicitado también un informe pormenorizado de la situación nutricional en la isla, incluyendo los déficits en el consumo de proteínas y vitaminas.
En la misma tónica, representantes de cerca de medio centenar de empresas de Cuba y Estados Unidos dialogaron desde el 19 al 22 de mayo en la III Conferencia de Negocios Estados Unidos-Cuba con el fin de identificar intereses comunes y oportunidades de inversión en la isla socialista para un futuro sin bloqueo económico.
El empresario estadounidense Kirby Jones se pronunció durante el encuentro en contra del bloqueo a Cuba y afirmó que el 95 por ciento de las empresas de su país quiere comerciar con la isla y que se modifique la posición del gobierno norteamericano para tener “las mismas oportunidades de inversión que tienen otros países”. Estados Unidos tiene negocios con China, con Vietnam y otros países “con cuyos sistemas políticos está en desacuerdo, pero Cuba es la única nación a la que mantiene bloqueada”’, apuntó Jones, presidente de la Alamar Associates, promotora del encuentro y asesora de empresas interesadas en hacer negocios con la isla.
Junto a los intercambios políticos, muchas veces con un marcado interés económico de fondo, durante todo el año proliferaron los intercambios académicos, culturales y deportivos que tuvieron su momento cimero en el proyecto Music Bridge, con el concierto en La Habana de 44 artistas estadounidense y 48 cubanos, y los dos juegos de béisbol entre el equipo profesional de los Orioles de Baltimore y una selección cubana.
ONU: una de cal, otra de arena
Cuba logró una nueva victoria frente a Estados Unidos en las Naciones Unidas al lograr la aprobación por octavo año consecutivo de una resolución de condena al bloqueo económico a la isla, pero, al mismo tiempo, sufrió un duro revés al volver al banquillo de los acusados en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y perder la batalla.
La resolución contra el bloqueo fue presentada el 9 de noviembre ante la Asamblea General de la ONU por el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, y fue aprobada con 155 votos a favor, ocho abstenciones y dos en contra que correspondieron a Estados Unidos e Israel.
Al presentar la resolución, Alarcón se refirió a cartas firmadas por altos funcionarios del Departamento de Estado dirigidas a varios países, instando a votar contra el proyecto. Según el representante cubano, Washington no sólo desconoce las decisiones reiteradas de la Asamblea General sobre el tema, sino que la insulta con “su prepotencia y sus mentiras”.
Alarcón preguntó cómo pueden afirmar después de cuatro décadas que no hay bloqueo, que esa política es un asunto bilateral y que sus regulaciones sólo se aplican a personas o entidades sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, cuando sus socios comerciales han debido adoptar normas de protección debido a sus pretensiones extraterritoriales.
Si fuera así, añadió el jefe legislativo, por qué entonces hubo que recurrir a la Organización Mundial del Comercio y al voto mayoritario cada año en la Asamblea General, a no ser que para Estados Unidos todas las personas y entidades del planeta estén bajo su jurisdicción.
Añadió que la carta no sólo ofende a la comunidad internacional, sino también se burla del pueblo norteamericano y de sus representantes electos, al hablar de facilidades para la exportación a Cuba de medicinas, equipos médicos y alimentos, todo lo cual ha sido refutado por un estudio de la Asociación norteamericana para la Salud Mundial.
En la votación de este año, más de una veintena de países expresaron en el alto podio de la asamblea su respaldo a la resolución cubana contra el bloqueo y el rechazo a esa política, calificada de ilegal. Mientras el representante de México la calificó de “resabio de una época ya extinta”, el delegado de Myanmar la rechazó por ser violatoria de la carta de la ONU y el derecho internacional. Otras naciones que expresaron su rechazo a esa política y condenaron la ley Helms-Burton fueron Argentina, Vietnam, Siria, Mali, Zambia, Malasia, Ghana, Indonesia y Namibia.
Diferente fue la situación de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. La isla no sólo fue condenada sino que durante su intervención el vicepresidente cubano Carlos Lage fue interrumpido por “la señora irlandesa” que presidía los debates, mediante “un martillazo estridente y ridiculizante”, hecho que rompió “la tradición y el elemental derecho reconocido a los cancilleres y altos dignatarios para expresar sus argumentos, como se hace en Naciones Unidas, con entera libertad, sin restricciones ni mordazas humillantes”, según el diario Granma.
Aunque por estrecho margen, la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra aprobó el día 23 de abril la resolución de condena a Cuba, patrocinada por dos países ex socialistas, la República Checa y Polonia. El documento fue aprobado por 21 países, tuvo 20 votos en contra y hubo 12 abstenciones.
Funcionarios cubanos calificaron a los proponentes de la moción de “títeres” de Estados Unidos, y acusaron a Washington de recurrir a “extorsiones” y a otras presiones para lograr sus objetivos en la Comisión de la ONU. Cuba afirmó además que el resultado de la votación fue la culminación de groseras amenazas y presiones del gobierno norteamericano, y de manera personal del vicepresidente Albert Gore, de Madeleine Albright y hasta del propio presidente William Clinton.
Según Granma en el propio plenario de la comisión, había 47 funcionarios norteamericanos asediando y vigilando a delegados que podían decidir en un sentido u otro, lo que hacía prácticamente imposible que los miembros de la delegación cubana se acercaran a ellos.
Cuba confiaba en que se repetiría la votación del año anterior, cuando fue rechazada otra resolución condenatoria hacia la isla, promovida por Estados Unidos en la misma Comisión de la ONU, que dejó sin efecto el nombramiento de un relator especial para los derechos humanos para el caso cubano. Washington mantuvo en la Comisión un proyecto de resolución en tal sentido desde 1991, pero la iniciativa aprobada en 1999 se diferencia de aquella primera en que no respalda las sanciones económicas contra la isla, un punto que separa a Washington de muchos de sus aliados.
El proyecto aprobado en Ginebra objetó expresamente la Ley de Protección de la Soberanía y la Economía y manifestó inquietud por la condena de los cuatro miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna. La resolución señaló la “inquietud” de la Comisión ante “la represión que continúa ejerciéndose (en Cuba) contra los miembros de la oposición política” y por el hecho de que “los disidentes sean detenidos”.
La representante cubana María de los Ángeles Flores Prida, aseguró que las normas cuestionadas representan una respuesta a las continuas agresiones de Estados Unidos contra Cuba. “A Cuba le asiste todo el derecho a defenderse de legislaciones de alcance extraterritorial aprobadas por Estados Unidos”, dijo en referencia al bloqueo económico y a normas como la Enmienda Torricelli de 1992 y la ley Helms-Burton de 1996. También reivindicó el derecho a juzgar según sus propias leyes a ciudadanos que “con sus acciones intenten coadyuvar a la aplicación de los planes injerencistas”.
Entre los votos favorables a la resolución sobresalieron los de 16 países industrializados y de las ex naciones socialistas de Europa, que en el foro de derechos humanos actúan tácitamente como un bloque. Contra Cuba también votaron Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Marruecos.
La representación de Venezuela, que votó a favor de Cuba, declaró que “nos preocupa la situación de los derechos políticos y civiles” en la isla caribeña, pero, al mismo tiempo, rechazó la condena a la isla. El canciller de Venezuela, José Vicente afirmo que “mientras haya bloqueo y embargo contra un tercer país pequeño -lo cual constituye la mayor violación de los derechos humanos- nadie tiene derecho a reclamar respeto a esos derechos”.
Por otra parte, México explicó que se opuso a la resolución en contra de Cuba, por considerarla desequilibrada y excesiva en su tratamiento del tema. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la moción “excede el mandato que la comunidad internacional ha dado a la Comisión de Derechos Humanos al enjuiciar legislaciones internas de terceros países”. Carece de equilibrio, porque no hace referencia a la situación por la que atraviesa el pueblo de Cuba, como consecuencia de las medidas unilaterales de terceros países, a las que mi delegación se ha opuesto en todos los foros, expresó la representación mexicana.
IX Cumbre Iberoamericana: tantos a favor y en contra
Cuba obtuvo un triunfo en la IX Cumbre Iberoamericana, el contundente rechazo de la ley estadounidense de embargo, que limita sus posibilidades de desarrollo, pero también tuvo que enfrentar con calma diplomática la decisión de presidentes y cancilleres de reunirse con representantes de la oposición ilegal y oír durante la clausura varias alusiones públicas a la necesidad de cambios políticos en la isla.
La Declaración de La Habana rechazó la “aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales que infrinjan el Derecho Internacional”, con mención explícita a la ley estadounidense Helms-Burton, que intensificó el embargo comercial y económico de Estados Unidos contra Cuba y permite sancionar a terceros países que realicen inversiones en la isla.
Si bien la inclusión de ese párrafo no fue idea de los anfitriones, éstos no pudieron dejar de considerarlo un buen punto a favor de su diplomacia. Por lo demás, la Declaración de La Habana no trajo sorpresas de última hora para los que siguieron la evolución del texto desde un inicio y el único tema conflictivo que llegó hasta los mismos momentos de la cumbre fue el del diferendo entre España y Chile por el proceso llevado por un juez español contra el general Augusto Pinochet.
Así y todo, la IX Cumbre Iberoamericana de La Habana podría definirse como una de las más polémicas de todas las realizadas desde que por primera vez los jefes de Estado y de gobierno se reunieran en Guadalajara en julio de 1991 en respuesta a una convocatoria de México. Según afirmó Castro durante la inauguración de la cita, entonces Cuba era como “un ave rara” a la que se le había “perdonado la vida”. “Cuba era la eterna excluida de toda reunión en este hemisferio. No pocos me miraban con curiosidad y hasta con lástima”, dijo.
No pocas veces, se dudó del éxito de la novena cumbre, y aún de su celebración en La Habana, reconoció el propio Castro, al dejar instalada la sesión inaugural, y aseguró que cuando se escogió a Cuba, en 1993, se creyó que llegada la fecha ya no habría cumbres ni socialismo en la isla.
Ya en fecha más reciente, cuando comenzó a redactarse la declaración que firmaron los presidentes, a inicios de año, algunos observadores especularon que la cumbre no se haría, por la decisión del gobierno de Fidel Castro de procesar y encarcelar entonces a varios opositores en Cuba, lo que levantó una ola de críticas por parte de varios gobiernos iberoamericanos.
Según algunos, con el procesamiento de los opositores Castro violó la declaración de la VI Cumbre Iberoamericana realizada en Chile en 1996 que, entre otras cosas, establece el “compromiso con la democracia, el estado de derecho y el pluralismo político”.
Ese principio resultó en La Habana punto de enfrentamiento y división, así como la defensa de “la soberanía y la no intervención” postulada por la tercera cumbre realizada en Brasil en 1993, en entredicho, según Chile, con el procesamiento de Pinochet en España.
“Muchos auguraban que esta sería una cumbre borrascosa, pero esta ha sido una de las más sosegadas”, afirmó, sin embargo, el presidente cubano, tras indicar que en las discusiones que mantuvieron los jefes de Estado y de gobierno se lograron acuerdos sin mayores problemas.
Aunque el encuentro de La Habana tuvo como punto central la globalización económica, las mayores expectativas se concentraron en la situación política del país anfitrión y el supuesto incumplimiento por parte de su gobierno y el de España a los postulados del foro.
Cuba, que, según cifras extraoficiales, habría gastado más de 10 millones de dólares en organizar la cita, insistió a través de portavoces en que las ausencias de cinco mandatarios no empañaron la novena cumbre.
Dos de los ausentes, Carlos Menem, de Argentina, y Eduardo Frei, de Chile, argumentaron el proceso que la justicia de España lleva contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, mientras que Francisco Flores, de El Salvador, Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, y Arnoldo Alemán, de Nicaragua, criticaron abiertamente al régimen político de Cuba y esgrimieron su posición hacia el régimen de La Habana como la razón directa de la ausencia.
Sobre el canciller nicaragüense, Eduardo Montealegre, se dio a conocer poco antes de la cumbre cierta información que al parecer lo vinculaba con la extrema derecha de Miami. El Nuevo Diario de Managua aseguró que un cabecilla del exilio residente en Estados Unidos envió una carta a Montealegre para pedirle que entregara dinero y propaganda anticastrista a varios grupos disidentes en la isla durante su asistencia a la cumbre.
Cuba dijo que Montealegre se estaba colocando “en una situación frágil y comprometedora”, dejó claro que no sentía para nada la ausencia del presidente Alemán y en respuesta a las presiones llegadas del exterior, entre otras las realizadas por el presidente de Costa Rica, hizo público que los altos representantes iberoamericanos podrían hacer lo que quisieran con su tiempo libre, incluso reunirse con la disidencia.
En la conferencia de prensa que siguió a la clausura del evento, el presidente cubano calificó de “mentira condicionada” la identificación de democracia con elecciones. Castro, que compartió la mesa con el primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, y el canciller de Panamá, José Miguel Alemán, consideró que al parecer se ignora o se quiere ignorar la realización en Cuba de elecciones (parciales) cada 2,5 años y generales cada lustro, donde vota de verdad más del 95 por ciento de la población.
En alusión a quienes cuestionan el sistema vigente en la isla, pregunto: “¿Por qué no respetan? Tenemos o no tenemos derecho a escoger lo que estimemos pertinente?” Sin embargo, muchos leyeron entre líneas una crítica a Cuba en los discursos pronunciados durante el encuentro por algunos de los mandatarios, como el del presidente mexicano, Ernesto Zedillo, o las palabras del rey Juan Carlos de España en la cena ofrecida por Castro en el Palacio de la Revolución.
“Sólo con una auténtica democracia, con la plena garantía de las libertades y con el escrupuloso respeto de los derechos humanos por parte de todos nosotros, podrán nuestros pueblos afrontar con éxito los desafíos del siglo XXI”, dijo el Rey en parte de su discurso. Referencias más o menos similares fueron hechas en sus exposiciones, entre otros, por la presidenta Mireya Moscoso, de Panamá.
Además de la inasistencia de cinco mandatarios, varios de los que viajaron a La Habana se ocuparon, en palabras o con hechos, de remarcar que la participación en la reunión no significaba un respaldo al gobierno de Fidel Castro. “Lo importante es que la cumbre se haya realizado aquí”, comentaron medios allegados a las autoridades cubanas, que desde hacía semanas venían acusando a Washington y a sectores de derecha del exilio cubano en Estados Unidos de intentar sabotear el encuentro.
Como prueba de la intervención de Estados Unidos en la cumbre, el gobierno de Castro exhibió una carta de la secretaria de Estado (canciller), Madeleine Albright, que instaba a los gobiernos de Iberoamérica a reunirse en Cuba con los opositores y a sacar el tema de la democracia en la isla durante las sesiones de la Cumbre.
Fuentes diplomáticas consideraron que las entrevistas del presidente del gobierno español, José María Aznar, el uruguayo, Julio Sanguinetti, el portugués Jorge Sampaio y de varios cancilleres latinoamericanos con sectores de la oposición cubana no reconocida por la ley fue una muestra evidente de desacuerdo con el sistema político de este país. Por su parte, Aznar reclamó para estos sectores la libertad, si así lo quisieran, de defender sus tesis. “En una democracia eso es lo habitual”, dijo en conferencia de prensa.
Un portavoz del gobierno español fue más explícito ante la prensa de ese país y de otras naciones, cuando comentó que Aznar, al reunirse con la disidencia, quiso trasmitirle que “comparte sus anhelos de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos”. El funcionario, además, consideró difícil que se concrete “a corto plazo” una visita del rey Juan Carlos de España a la isla, pues para que se den las condiciones requeridas “es necesario que un país se pueda expresar con libertad cuando viene un mandatario extranjero”.
Por su parte, el rey Juan Carlos se mostró complacido durante su corta estancia en la isla y se convirtió para muchos en el verdadero protagonista de la Cumbre de La Habana. A los Reyes de España dedicó Castro una especial atención durante la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Medicina, durante la cena y en cada momento en que se pudo ver en público a los asistentes a la cita. El Rey, por su parte, se encargó de dejar claro de que si no ha realizado hasta ahora su visita oficial a Cuba no ha sido por propia voluntad.
Fuentes de la delegación cubana durante la cumbre señalaron que el alcance de las resoluciones difícilmente podría ir más allá de las declaraciones generales de este tipo de citas.
La diferente visión de los gobiernos de América Latina, España y Portugal, y la coyuntura particular que enfrenta cada uno impide lograr pronunciamientos radicales o muy distintos de otros foros como el Grupo de Río, el Grupo Andino o el Mercado Común del Sur. Sin embargo, en las nueve citas iberoamericanas realizadas desde 1991 a la fecha se lograron lanzar 15 programas de cooperación.
La inversión comprometida en los proyectos, muchos de los cuales apenas están en fases de evaluación, es de 30 millones de dólares anuales.
En la reunión de La Habana se anunció la instalación de la Secretaría Permanente de Cooperación Iberoamericana, que se encargará de dar seguimiento a los acuerdos del foro. Esta Secretaría, que inaugurará en enero su sede en el Palacio de Oquendo, en Madrid, estará presidida por el mexicano Jorge Alberto Lozoya, y atenderá a las grandes líneas políticas, fiscalizará el cumplimiento de acuerdos, proyectos y programas aprobados en las cumbres, gestionará la obtención de fondos adicionales y coordinará las labores preparatorias de las conferencias anuales.
La IX Cumbre Iberoamericana declaró “Pintor de Iberoamérica” al artista plástico ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, fallecido en 1999, celebró el traspaso del canal de Panamá de Estados Unidos a ese país de América Central e hizo votos para que el gobierno y la guerrilla de Colombia negocien la paz.
Además, los documentos aprobados exhortaron a Argentina y Gran Bretaña a reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas y expresaron respaldo a los programas para la reconstrucción de los países de América Central devastados hace un año por el huracán Mitch.
Como parte del aumento de sus relaciones con el mundo, Cuba restableció este año sus vínculos diplomáticos con Paraguay, interrumpidos durante 40 años, con Irlanda y acordó relaciones consulares con Costa Rica. La Habana participó activamente en la Cumbre de Río entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, en la persona de su presidente, Fidel Castro.
R eforzó sus vínculos con los países del Caribe, los mecanismos integracionistas subregionales y el grupo de países ACP (África, Caribe, Pacífico); fue aceptada como miembro de la Asociación de Integración Latinoamericana (ALADI), hecho que fue considerado por su secretario general, Juan Francisco Rojas, como el de mayor relevancia económica a nivel regional.
La diplomacia cubana desplegó no pocas energías en su batalla por una reforma de las Naciones Unidas y, desde un inicio, fue muy enérgica en su rechazo a la agresión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Yugoslavia, acto que denunció ante la comunidad internacional como “genocidio” y pidió sanciones para los responsables.
Un informe presentado el 13 de septiembre por el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, ante el parlamento asegura que Cuba promueve “la concertación cada vez mayor de posiciones y la unidad de acción entre los países del Tercer Mundo”, apoya al Movimiento de los Países no Alineados y al Grupo de los 77, “cuya reactivación paulatina es una conquista que debemos preservar”. En ese escenario, “la celebración de la Cumbre Sur en La Habana el próximo mes de abril (de 2000), constituirá un momento trascendente para la concertación de los 134 países miembros del Grupo de los 77 y China”, según el documento.
El informe del MINREX con cierre en el primer semestre del año revela que hasta esa fecha:
– Cuba tenía relaciones con 167 países, con 92 embajadas, 17 consulados generales, 7 consulados y dos secciones de intereses, para un total de 118 oficinas cubanas en el exterior.
– 267 delegaciones gubernamentales habían visitado Cuba, contra 87 que llegaron en 1991. Entre ellos se contaron 10 jefes de Estado y de gobierno, seis cancilleres, nueve presidentes o vicepresidentes de parlamentos, 23 secretarios generales o presidentes de partidos políticos y 66 ministros de diversas esferas.
– De los 4.802 colaboradores en el exterior de diversas esferas, 3.160 se encontraban en América Latina y el Caribe y 1.362 en África Subsahariana.
Justo en el tema de la colaboración, la isla se lució en el año que termina con el trabajo de las brigadas médicas en los países centraomericanos afectados por el Mitch, aunque no faltó la polémica.
En Honduras de donde fue necesario retirar una brigada por la exigencia del Colegio Médico que veía en los cubanos una competencia. El gobierno de Fidel Castro aprovechó la IX Cumbre Iberoamericana para inaugurar oficialmente la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas donde estudian becados unos 2.000 alumnos de 19 países de América Latina y el Caribe y actúo con rapidez en diciembre al enviar personas médico a Venezuela tras el desastre natural ocurrido en ese país.
Justo Caracas y La Habana fortalecieron su alianza durante este año con el arribo al poder en Venezuela de Hugo Chávez quien se confiesa un gran admirador de Castro. El presidente venezolano realizó una visita oficial a la isla, al término de la Cumbre Iberoamericana, protagonizó junto a Castro un inusual juego de béisbol y abrió el camino para acuerdos económicos de gran interés para la isla, sobre todo en la rama petrolera.
Castro, por su parte, reveló planes de la derecha cubana de Miami para asesinar a Chávez e intentó limpiar la imagen del venezolano ante la prensa de ese país que comenzó a acusarlo de querer implantar un socialismo como el cubano en Venezuela.
Con México, sin embargo, se vivieron algunas tensiones que el vocero de la Cancillería cubana, Alejandro González, intentó limar con la afirmación de que la tradicional solidaridad y amistad entre ambos países está por encima de cualquier discurso y cualquier reunión.
Según observadores México estaría dando un cambio de rumbo en la manera en que lleva sus relaciones con Cuba, hecho que se justificaría con la reunión sostenida por su presidente Ernesto Zedillo con el exiliado anticastrista Carlos Alberto Montaner, el encuentro de la canciller mexicana con la disidencia durante la Cumbre de La Habana y el discurso pronunciado por Zedillo en la clausura de dicha reunión, interpretado como crítico hacia la isla.
Las cosas tampoco fueron del todo bien con Canadá, cuyo gobierno declaró oficialmente que las relaciones no podrían ser las mismas tras las nuevas leyes que sancionan a la oposición y el juicio al Grupo de los Cuatro. Por su parte, el presidente español José María Aznar dedicó su estancia en La Habana, durante la cumbre a dejar claro que una cosa son los negocios entre empresas españolas y Cuba y otra las relaciones entre ambos gobiernos.
Desde las pantallas de la televisión cubana, con la participación de representantes de la prensa extranjera en Cuba, el presidente Fidel Castro se vio obligado a hacer una denuncia de gran interés para la comunidad internacional como consecuencia de lo que Cuba denominó serias irregularidades en las pruebas antidoping realizadas a deportistas cubanos durante los Juegos Panamericanos de la ciudad canadiense de Winnipeg.
Aunque la isla demostró la inocencia de los pesistas involucrados con nuevas pruebas, al final estos fueron sancionados, no ocurriendo aún lo mismo con Javier Sotomayor, acusado de haber consumido grandes cantidades de cocaína.
El año 2000 y más allá de 2000
Contrario a no pocos pronósticos, apuestas y vaticinios que se sucedieron durante toda una década, Cuba llegó al 2000 con la Revolución de Fidel Castro en el poder, atrapada entre su añejo conflicto con Estados Unidos, la crisis económica y un futuro que luce incierto para la gran mayoría de sus habitantes.
La necesidad de un cambio es quizás la única coincidencia entre enemigos furibundos y entusiastas seguidores de Castro, intelectuales y académicos de las más diversas tendencias y especialidades, católicos y santeros. Hasta un número importante de personas que viven la vida diciendo “yo sí no estoy en ná” (“nada me importa”) reconocen la urgencia de transformaciones económicas y políticas, pero el problema empieza a la hora de definir qué debe cambiar y cómo.
Volver al pasado, seguir el camino de los países que abandonaron el socialismo en Europa, convertir la isla en una réplica de sus vecinos de América Latina o anexarla a Estados Unidos no parecen ser opciones para la mayoría en Cuba. El sueño de una “Suecia del Caribe”, donde pudieran integrarse sin antagonismo lo mejor del socialismo y del capitalismo, desplaza ahora a la utopía comunista de la desaparición del Estado y la igualdad entre las personas.
Esa sociedad “ideal” incluiría los logros sociales alcanzados en 40 años de régimen socialista y, también, normalidad en las relaciones con Estados Unidos y el exilio cubano, iniciativa privada, libertad de expresión y de viajar.
Castro, por su parte, asegura que para las generaciones jóvenes “la Revolución apenas comienza”, y escucha con paciencia los consejos de amigos y enemigos sobre un tránsito de la isla hacia una democracia similar a la imperante en América Latina.
El presidente cubano recibió con respeto las críticas del Papa Juan Pablo II, que visitó este país en 1998 y, en noviembre de este año toleró que varios presidentes y cancilleres que asistieron en La Habana para la IX Cumbre Iberoamericana se reunieran con disidentes.
Con 73 años de vida, 40 de ellos en el poder, Castro se considera “un realista, un soñador y un utópico”, mantiene su cruzada personal contra Estados Unidos y ve cualquier oposición política a su gobierno como una maniobra de Washington.
Para el músico Silvio Rodríguez, quien se cataloga como “fidelista”, “el cubano, y el revolucionario cubano está lleno de contradicciones hoy”. “Muchas veces ni nosotros mismos entendemos qué está pasando”, sostuvo.
Así y todo, Rodríguez prefiere “cortarse la lengua” a traicionar a la Revolución que, según él, se ha ido quedando sola.”La Revolución está casi sola. No te voy a decir que nadie cree en ella, pero cree en ella muchísima menos gente que al principio”, asegura el autor de “Ojalá” en una entrevista publicada este mes por la revista cubana Revolución y Cultura.
La última década del siglo XX significó un cambio radical para los más de 11,1 millones de habitantes de Cuba. El Muro de Berlín fue derribado, la Unión Soviética dejó de existir y el Consejo de Ayuda Mutua Económica del bloque socialista desapareció. Cuba se quedó más sola que nunca antes en el hemisferio occidental, con los bolsillos vacíos y sin amigos.
La pérdida de sus principales socios comerciales y la incapacidad de comprar en el mercado mundial los 13 millones de toneladas de petróleo que garantizaba Moscú en los años 80, lanzó a la isla a la peor crisis económica del gobierno de Castro.
En términos prácticos, la caída de 34,8 por ciento del producto interno bruto entre 1990 y 1993 se tradujo en apagones de más de 12 horas diarias, escasez de alimentos, déficit de todos los servicios públicos y desempleo. “Lo peor de todo era tener que inventar para garantizar la comida de la familia todos los días”, dijo Eulalia López, una mujer de 42 años que vive sola con sus padres ancianos y una hija pequeña.
En un año, el consumo diario de calorías cayó de 2.845 a 1.863, según fuentes especializadas. El deterioro alimentario, combinado con causas tóxicas, provocó la aparición de la neuropatía epidémica que afectó a más de 50.000 personas en 1993. Cuando en agosto de 1994 se produjo el primer disturbio antigubernamental de la era de Castro y más de 30.000 cubanos se lanzaron al mar para emigrar a Estados Unidos, el dólar estadounidense se cotizaba a 150 pesos cubanos.
La “crisis de los balseros” terminó con un acuerdo entre La Habana y Washington y, de alguna manera, forzó al gobierno cubano a iniciar la introducción de reformas económicas, en muchos casos consideradas “indeseables, pero imprescindibles”.
Casi una década después del inicio de la depresión, los principales sectores de la economía empiezan a salir a flote. Sin embargo, economistas locales sostienen que la isla deberá invertir otros 10 años para volver a los niveles de vida de 1989.
A inicios de 1999, el salario medio era de unos 217 pesos mensuales, el dólar se cotizaba a 20 pesos cubanos y la escasez parecía ser cosa del pasado. Sin embargo, los precios de los alimentos se mantuvieron altos y algunos productos básicos pueden adquirirse sólo en dólares.
Las autoridades cifran sus esperanzas en el turismo, la recuperación del azúcar, la industria del níquel, la sustitución de importaciones y la producción de petróleo a partir del descubrimiento de yacimientos.
“La economía podrá mejorar, pero hay cosas que no vuelven al pasado”, dijo Ernesto Núñez, 46 años, quien dejó su puesto de profesor en un centro de enseñanza secundaria para trabajar hasta 18 horas diarias como taxista.
Entre las principales consecuencias de la crisis para la población de la isla aparece la “inversión de la pirámide social”, según estudios especializados.
Médicos, profesores, ingenieros y otros profesionales, que hasta finales de los años 80s se encontraban en la cima de la pirámide, han descendido hasta el fondo. Ahora, cualquier persona que tenga acceso a divisas puede ascender.
Mientras los campesinos, que venden sus productos en los mercados agropecuarios abiertos por el Estado, concentran los mayores volúmenes de ingresos, los profesionales constituyen la clase más empobrecida de la isla.
Fuentes financieras aseguraron que a mediados de esta década 12,8 por ciento de las cuentas bancarias acumulaban 84,5 por ciento del dinero depositado. Al mismo tiempo, 67,2 por ciento de las cuentas tenían sólo 2,4 por ciento de los ahorros.
A cualquier pregunta sobre la vida personal, el país, la economía, los precios del cerdo, el arbolito de Navidad o la cena de fin de año, cubanas y cubanos responden con una frase acuñada durante los años de crisis: “No es fácil”.
Así y todo, el sacerdote católico Carlos Manuel de Céspedes estimó en un artículo publicado este año que si Castro se ha mantenido en el poder durante tanto tiempo “el apoyo interno tiene que ser suficientemente sólido”. En su opinión, “no se debería confundir la crítica a algunas medidas oficiales” o la decisión de emigrar de un número significativo de personas “con el distanciamiento total del proyecto oficial”. “Aun los que desean cambios muy radicales en el sistema sociopolítico y económico vigente en Cuba no postulan necesariamente la instauración de una economía de mercado ultraliberal”, aseguró Céspedes.
Un sondeo independiente realizado en 1998 en La Habana entre 200 personas reveló que la mayoría se muestra satisfecha por los servicios de salud, educación y seguridad social, por la tranquilidad ciudadana y la disminución de las diferencias raciales.
Entre las insatisfacciones con 40 años de Revolución se mencionaron la dolarización de la economía cubana, la alimentación, el transporte, la vivienda, las estrictas leyes migratorias y la necesidad de mayores espacios de expresión.
“A pesar de los pesares”, como dice una canción de Silvio, el vicepresidente Carlos Lage se muestra convencido de que “dentro de 15 años tendremos en Cuba un sistema socialista todavía más fuerte, más orgánico, más justo”.
Al contrario a los que apuestan por la llamada “solución biológica” del caso cubano, Lage considera que el futuro del socialismo en la isla está garantizado después de la muerte del presidente.
Otros no se muestran tan optimistas y temen que la desaparición física del líder de la Revolución cubana conduzca a una situación ingobernable y provoque, en el peor de los escenarios posibles, una intervención militar de Estados Unidos.
Cuando le hablan de transformaciones, Castro asegura que “el más grande cambio que ha ocurrido en mucho tiempo, y el más radical, es éste que Cuba ha logrado”. A juicio del presidente cubano, la heroicidad ha sido “no sólo existir, sino resistir”, frente a la política hostil de Estados Unidos que, lejos de suavizar el bloqueo, lo endureció con las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996).
“No habrá en Cuba normalización interna estable sin una solución satisfactoria para todas las partes del contencioso que nos separa de Estados Unidos”, opinó el sacerdote Céspedes.
El conflicto, sin embargo, parece evolucionar dentro de un círculo vicioso al cubrir, periódicamente, el recorrido entre la estabilidad, la esperanza de mejorías y de levantamiento del embargo, y las crisis, provocadas por una u otra parte.
Mientras sectores empresariales estadounidenses presionan por recuperar el espacio de comercio e inversión perdido en cuatro décadas, agrupaciones anticastristas en el exilio apuestan todo su poderío económico contra cualquier normalización con Castro.
En el paraíso de la emigración cubana en Estados Unidos, Miami, también se espera por una “solución biológica”. Para muchos, sólo la desaparición de las generaciones más viejas de exiliados abrirá el camino de la tolerancia hacia Cuba.
A las puertas de un nuevo año electoral en Estados Unidos, autoridades y expertos en la isla descartan cambios radicales en la política de Washington, incluido cualquier levantamiento parcial de las sanciones económicas.
El presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, dijo a IPS que, incluso, “estaría por verse” si, en caso de que llegara a decretarse el fin del bloqueo, terminaría también la hostilidad estadounidense hacia la isla. “A lo mejor en algún momento del próximo milenio” la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos “ocurre, pero van a ser otras las generaciones que lo vean”, aseguró Alarcón, el hombre de Castro para las negociaciones con la Casa Blanca.

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