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Timestamp: 2020-08-08 21:46:11+00:00

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Revista Derecho, debates & personas - Un marco teórico para identificar los vicios en la motivación fáctica de las sentencias
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1. La primera arranca de una constatación: la sentencia es una realidad compleja en cuanto que en ella se articulan dos partes, una decisional (el dispositivo en sentido amplio) y otra argumentativa (la motivación). Mientras que el dispositivo goza de una autonomía funcional y produce efectos autónomos (aunque sean interinos), la motivación es puramente accesoria al dispositivo.
A) Merced a esta distinción, podemos configurar un control ceñido a la motivación dejando aparte el acierto o desacierto de la decisión. No se trata de un artificio retorcido sino de una distinción perfectamente comprensible. Imaginemos que un juez diga: “Juan ha matado a Pedro porque así me ha sido revelado en sueños”. Que Juan haya matado o no a Pedro es una cosa, y otra diversa que valga el argumento de una presunta revelación onírica. Es decir, el juez ha podido llegar a una conclusión correcta vistas las pruebas producidas en el juicio, aunque luego haya fracasado al indicar las razones por las que esa conclusión deba considerarse justa. Quien no acepte la validez de un argumento justificatorio no está negando (ni afirmando) la verdad de un aserto. Si un tribunal negara la verdad del aserto, sí se estaría entrometiendo en la decisión.
En consecuencia, reconoceremos como plausible diferenciar y separar, respectivamente, el control de la decisión y el control de la motivación.
B) Si asumimos tal distinción, deberemos separar también las patologías específicas de la decisión y las patologías características de la motivación, sin meterlas en un mismo saco; cosa nada infrecuente (quizás con el pretexto de que, a fin de cuentas, todas ellas son patologías de la sentencia). Así cuando se conceptúa como “motivación ex silentio” el hecho de que “la sentencia guarde silencio o no se pronuncie sobre alguna de las pretensiones” (STC Perú 21/3/2011), se está aludiendo a una patología (a una carencia) de la decisión y no de la motivación (porque no tiene sentido motivar lo que no se ha decidido).
Es cierto que en la parte decisional de una sentencia (que comprende no sólo la decisión final sino también las decisiones sectoriales) pueden emerger vicios de un corte similar a las clásicas patologías de la motivación.
Por ejemplo, no es inaudito que en la relación de hechos probados figuren dos hechos incompatibles entre sí, en cuyo caso cabría hablar con propiedad de “decisión contradictoria” a semejanza de lo que se entiende por “motivación contradictoria”. No obstante, pese a su paralelismo formal, una y otra son distintas desde un punto de vista material (y acarrean quizás consecuencias procesales también distintas).
Otro tanto se diría de estas tres formas de “incongruencia”. Como se indica en la española STC 278/2006: habría una “incongruencia omisiva o ex silentio” si el tribunal “deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración siempre que no quepa interpretar el silencio judicial como una desestimación tácita que pueda inducirse del conjunto de razonamientos contenidos en la resolución”; se denomina “incongruencia extra petitum” la del “pronunciamiento que recae sobre un tema no incluido en las pretensiones”; y nos encontraríamos ante una “incongruencia por error” cuando “el error no afecta a la pretensión sino equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta” (aquí no anduvo fino nuestro TC ya que es la falta de respuesta a la pretensión la que provoca el error; el error no está en el razonamiento del juez sino en la decisión sobre la que equivocadamente él ha determinado razonar).
Huelga subrayar que estas tres clases de incongruencias pueden afligir también a la motivación (si ésta argumenta sobre menos que lo decidido o sobre más que lo decidido o sobre cosa distinta de lo decidido), pero sin olvidar que cambia el ámbito de referencia. Las incongruencias de la decisión se definen en relación con el petitum; las incongruencias de la motivación con respecto al decisum. Por tanto, las carencias de una decisión no pasan a ser carencias de la motivación. Faltaría la motivación si existe una decisión; cuando no hay decisión, no falta la motivación por la aplastante razón de que se debe motivar lo que se decide, no lo que no se decide.
2. Una segunda precisión se refiere a la diferente circunstancia según si la patología de la motivación se toma como síntoma o como la enfermedad misma.
Cuando un tribunal que atiende un recurso puede entrar en el fondo y decidir nuevamente sobre la causa, controla lo fundado de la decisión a través de la motivación. Situación distinta es aquélla en la que el control no pasa a través de la motivación para llegar a la decisión sino que vierte sólo y exclusivamente sobre la motivación. En el primer caso, el control de la motivación es un medio para controlar la justicia de la decisión (como ejemplifica el control en apelación). En el segundo, el control de la motivación se efectúa como un fin en sí mismo, controlando de ese modo la justificación formulada en la motivación (como se retrata el control casacional en materia de hechos) prescindiendo de la corrección o incorrección de la decisión.
(No pocos ponen en duda que sea posible un control sobre la motivación sin que ello se traduzca en un re-examen de la decisión. Teóricamente sí es posible, como sostuvimos hace poco).
3. Dicho lo anterior, conviene dar un paso más porque el control de la motivación presenta una destacada peculiaridad.
Las normas que prescriben la obligatoriedad de la motivación no hacen distinguos entre la quaestio iuris y la quaestio facti; tanto una como la otra quedan comprendidas en la susodicha obligación. Sin embargo, existe una “asimetría” (Iacoviello 1997:275) en el control casacional de la motivación según ésta concierna a una decisión sobre el derecho aplicable o a una decisión sobre el hecho tenido por probado. Así, si la motivación del derecho aplicado es errónea (o incluso falta) pero la decisión es conforme al derecho, el tribunal de casación rectifica la motivación pero no casa la sentencia. En cambio, si la motivación del hecho falta o es contradictoria, el tribunal anulará la sentencia aunque la decisión sobre el hecho fuera la justa.
Esto no significa que en casación no se examine la motivación de la quaestio iuris ni que las eventuales patologías de ésta sean del todo irrelevantes, ya que el mencionado tribunal, como cualquier otro que resuelve recursos, también toma en cuenta la motivación con el fin de interpretar la sentencia recurrida. Se puede pensar, incluso, que si la quaestio iuris está bien motivada, será poco probable que la sentencia impugnada haya incurrido en violación de ley; y, viceversa, si se detecta alguna anomalía en la resolución de la quaestio iuris, se descarta seguramente que su motivación sea correcta. Eso sí, cuando el tribunal de casación anula una sentencia lo hace por violación de la ley sustancial aplicada, no por el solo vicio de motivación, el cual queda “absorbido” en el error de la decisión.
Por el contrario, el vicio de la motivación en la quaestio facti posee un protagonismo autónomo puesto que el tribunal de casación ha de detenerse en ella, no puede inspeccionar la decisión correspondiente.
De este modo, el control casacional queda configurado –según se ha escrito- como “un control completo de la Casación sobre la sentencia impugnada: control sobre la decisión donde eso entre en la función institucional del tribunal de casación en cuanto juez de legitimidad, control sobre la motivación de la decisión allí donde se impide el re-examen del mérito al tribunal en razón de su función institucional” (Taruffo 1999:782).
Recapitulando: tras lo visto en los tres apartados, diremos que el prisma desde el que se analizarán las patologías de la motivación es el que se corresponde con un control casacional, en el cual –como se ha subrayado- la motivación que adquiere una sustantiva autonomía es la que concierne a la esfera de los hechos.
Si el objetivo final de la jurisdicción es dar con una resolución justa, el control sobre la motivación es, en última instancia, la única garantía en asunto de hechos y únicamente en ese asunto (ya que in iure cabe otro control). Y lo tendremos presente a continuación.
II. NOMBRANDO Y CLASIFICANDO LOS VICIOS
En la literatura dedicada al estudio de la motivación en las resoluciones judiciales es usual reservar algún espacio (nada generoso, de ordinario) para identificar las patologías que pueden afectarla. Suele tratarse, por lo común, de un léxico en el que se ordenan (o simplemente se apilan) una serie de expresiones compuestas por la palabra “motivación” y una calificación que denota algún déficit (“incompleta”, “insuficiente”, “contradictoria”, etc.), acompañadas de su respectiva explicación y, eventualmente, de algún que otro ejemplo. Un esfuerzo de escaso rendimiento, en suma, porque no ayuda a comprender la “razón” de las patologías que se van definiendo (es decir, por qué son patologías ni cuál es su naturaleza); por ejemplo, la expresión “motivación incompleta” serviría para denotar patologías tan dispares como la omisión de motivación sobre un punto del fallo o la omisión de una prueba decisiva en la motivación. Y no es, ni mucho menos, el único ejemplo.
Dispondríamos, como alternativa, de un manojo de criterios conforme a los cuales construir otras tantas tipologías de los vicios que aquejan a la motivación. Algo de eso se ha hecho a veces y algo parecido a eso es lo que aquí se hará; pero tomando como coordenadas unas poco usuales (inspiradas por Iacoviello, 2000:788-799; aunque las manejaremos con bastante libertad) y que tendrían como base –si vale el símil- la anatomía y la fisiología de la motivación.
1. Dado que establecer un compendio de los vicios que arruinan o por lo menos flagelan las funciones de la motivación es un asunto inevitablemente ligado al control institucional (casacional, con preferencia) de la misma, resulta útil recordar que en algunos países (Italia por ejemplo), ante el reiterado abuso de terminar controlando en casación el “mérito” (o sea la valoración de la prueba) so pretexto de controlar únicamente su motivación, al legislador correspondiente no se le ocurrió mejor idea que cerrar cualquier pasillo que permitiera acceder al desarrollo del proceso. De ahí esta regla draconiana: el control sobre un posible vicio en la motivación no puede ser extratextual; o el vicio aparece en el texto mismo de la resolución impugnada o, de lo contrario, el vicio no existe, quedando vedado todo acceso a las actas del proceso. La reacción doctrinal contra esta medida legislativa no se hizo esperar ya que así no hay manera de controlar importantes patologías de la motivación. Lo cual requiere alguna aclaración.
2. Veamos. Tras la finalización de un juicio el juez emite la sentencia que corresponda. Así las cosas, destacan dos ideas: que el juicio y la sentencia son realidades distintas pero relacionadas; que la sentencia, en tanto que documento, consta de una parte dispositiva (decisión) y de una motivación.
Con lo que asoma una ineludible doble tarea. Primero, ad intra de la sentencia, justificar que la decisión es la correcta. Segundo, ad extra de la sentencia, asegurar que ésta se corresponde con el juicio. Pues bien, la motivación asume ambos cometidos
A) Lo primero suele aceptarse pacíficamente. Es más, el elenco de vicios más habitual en la jurisprudencia y en la doctrina hace preferente hincapié en los defectos de la relación entre decisión y motivación.
B) Poco énfasis se pone, en cambio, en sistematizar las carencias que afectan a la motivación en su conexión con el juicio. Sin embargo, la sentencia no constituye un mundo autorreferencial desgajado de lo acontecido en el juicio. ¿Qué sentido tendría examinar si un juez ha motivado bien o mal la valoración de unas pruebas que o se han declarado inadmisibles, o no se han producido dentro del proceso, o son una tergiversación de las pruebas producidas, o no son todas las pruebas decisivas? ¿De qué aprovecha controlar la racionalidad de una sentencia si ésta empezara por no respetar lo que ha ocurrido en el proceso, inventándose pruebas inexistentes o escamoteando o manipulando pruebas existentes? No serviría de nada.
Por tanto, la motivación ha de poseer un contenido informativo además del indiscutido contenido argumentativo; esto es: la motivación antes que “justificar” (una decisión) debe “informar” indicando fielmente todos los elementos producidos en el proceso que son relevantes para la decisión; por lo que la información relevante completa es precondición para la racionalidad de la motivación. De modo que el control sobre la argumentación presupone el control sobre la completitud y exactitud de los datos ofrecidos por el proceso (a tal efecto, y si preciso fuere, el Tribunal de casación habrá de confrontar la sentencia con las actas del juicio).
C) Por descontado, las relaciones de la motivación con (por arriba) la decisión y con (por abajo) el juicio, no debe inducirnos a olvidar que la motivación ha de tener en sí misma una consistencia discursiva lógica. Si no la tiene, emergerán algunas patologías específicas.
3. Fijados estos tres puntos de vista, desde los cuales enfocar y clasificar los respectivos cuadros de patologías, estaríamos ya en grado de adelantar (sin merma de un posterior análisis más particularizado) los principales vicios que incluiremos en las tres rúbricas.
A) Por lo que atañe a las decisiones, se pondrán de relieve las motivaciones omitidas (en cuanto son abiertamente inexistentes o aparentes nada más), las motivaciones incompletas (en el sentido de que justifican unas decisiones pero omiten justificar otras), algunas prácticas fraudulentas de métodos motivatorios (en principio legítimos) que –en función de su magnitud- abocan bien a motivaciones omitidas o, cuando menos, a motivaciones incompletas, y, por fin las motivaciones incongruentes y hasta contradictorias.
B) En lo que respecta a los datos del juicio que deben reflejarse en la motivación, o sea al componente informativo de ésta, se destacarán las patologías que afectan a la veracidad y a la completitud de la información pertinente para nutrir el discurso motivatorio; fundamentalmente éstas: la insuficiente descripción de los medios de prueba, la falta de explicación sobre la atendibilidad reconocida a unos medios de prueba sí y a otros no, la alteración de la prueba producida y la omisión de una prueba decisiva.
C) Finalmente, en lo que concierne a la trama argumentativa de la motivación en sí misma, es decir a su circunscrita realidad, se señalarán las patologías que arruinan o al menos debilitan la racionalidad de la argumentación, tales como la motivación ilógica y la motivación insuficiente.
Puede dar la impresión de que este triple inventario de vicios se queda muy corto respecto de los numerosos y variadísimos nombres con que suelen etiquetarse las deficiencias de y en la motivación (motivación ex silentio, motivación oscura, motivación extravagante, motivación ficticia, etc., etc.). Dar cuenta de todas ellas desbordaría largamente el espacio aquí disponible. Sólo hay lugar para las más importantes. En cualquier caso, no obstante, cantidad de ellas son reconducibles a la nómina que hemos anticipado, como habrá ocasión de comprobar.
III. VICIOS QUE AFECTAN A LA RELACION ENTRE “MOTIVACIÓN” Y “DECISIÓN”
En su momento avanzamos la idea de que toda decisión ha de ser motivada. Sin embargo, a veces sucede que la decisión no está motivada o no lo está del todo; es decir que hay una omisión total de motivación o una omisión parcial de motivación (conocida también como “motivación incompleta”).
La omisión recubre fenómenos de diferente naturaleza. Para hacernos cargo de ello, comenzaremos distinguiendo la motivación formal y la motivación sustan¬cial. La primera (la formal) está constituida por enunciados colocados topo¬gráficamente en la parte que la sentencia dedica a la motivación. La segunda (la sustancial) se compone de enunciados cuyo contenido asume, directa o indirectamente, una función justificatoria de lo que se haya decidido. O sea, la motivación formal es condición necesaria pero no suficiente para que también haya una motivación sustancial; sin motivación formal no hay motivación sustancial, pero ésta supone un plus respecto de aquélla puesto que la motivación formal puede ser sólo aparente. Por tanto, la existencia de la motivación formal exige la presencia de enunciados (presuntamente justifi¬catorios), en tanto que la existencia de la motivación sustancial se basa en los significados (realmente justificatorios) de los enunciados formulados.
1. De lo dicho, cómodamente se infiere que son dos los géneros de omisión a destacar: formal y sustancial respectivamente.
A) La omisión formal de la motivación se produce cuando la sentencia consta sólo de una parte dispositiva, sin que en ella haya rastro de prosa supuestamente motivatoria. Es el vicio más clamoroso y, al mismo tiempo, el de mayor infrecuencia. Por ello, la conjugación de ambos aspectos -descaro y rareza- nos eximen de explayarnos sobre esta flagrante modalidad de omisión.
B) De más compleja detección se revelan las situaciones reconducibles a la omisión sustancial. Las versiones de ésta más recurrentes en la jurisprudencia son la motivación parcial, así como los usos espúreos de la motivación implícita y la motivación per relationem (cfr. Taruffo 1999:785). Considerémoslas por separado.
2. Topamos con una motivación parcial cuando no se satisface el requisito de la “completitud” (esbozada hace poco); o sea cuando no se justifica(n) alguna(s) decisión(es) sectorial(es) que prepara(n) y condi¬ciona(n) la resolución final. Al respecto, distan de ser insólitas las sentencias pródigas en argumentos atinentes a la “quaestio iuris” y, sin embargo, mudas o expeditivas (merced a fórmulas estereotipadas) en lo tocante a la “quaestio facti” (o a medulares aspectos de ésta). Hábito parecido suele afectar también a la individualización de consecuencias y seguramente -aunque con fre¬cuencia más espaciada- a otro tipo de decisiones (no obstante su reflejo en el fallo conclusivo).
3. Como se sabe, la denominada motivación implícita consiste sintéticamente en suponer que, cuando no se enuncian las razones que fundan una decisión, ésas se infieren de las razones que acompañan a alguna otra decisión tomada por el juez. Así, si el órgano judicial otorga credibilidad al testimonio de Pedro (aduciendo que éste no mantiene vinculación, ni para bien ni para mal, con el acusado) pero se la deniega a la declaración de Pablo, consuegro y socio capitalista del imputado (sin adjuntar un triste motivo), las razones de esa desconfianza se deducen de las razones que militan a favor de lo testificado por Pedro. Y eso se revela tan luminosamente razonable que obliga a bajar cualquier mirada crítica a ese respecto.
No obstante, hay un uso muy socorrido de motivación implícita que se embala hacia una omisión pura y simple. Tal acaece cuando el argumento que justifica una opción tomada no faculta derivar las razones que fundamen¬tarían la exclusión de otra opción alternativa. Imaginemos, por poner algo, que Pedro haya muerto a causa de un único y certero disparo en el entrecejo y que Pablo es acusado del hecho porque un testigo, honesto y desinteresado, asegura haberlo visto. Pero si la defensa arguye, documentadamente, que Pablo sufre de parkinson y es muy improbable que una mano con pulso tembloroso pueda colocar un balazo tan certero, la credibilidad otorgada al testimonio acusatorio deja intacta la necesidad de rebatir expresamente el argumento del abogado defensor, porque las razones esgrimidas para conferir sinceridad al testigo no aniquilan per se el valor de los certificados médicos ni de lo que de éstos quepa extraer.
Empero, por desgracia, a menudo se adultera la motivación implícita hasta el extremo de un manejo tan basto como éste: si el juez declara la culpabilidad del acusado aceptando los argumentos o pruebas de la acusación, eo ipso debe inferirse que implícitamente está rechazando los argumentos o pruebas tendentes a una resolución absolutoria.
4. Estaríamos ante una motivación per relationem cuando el juez, al tomar una decisión respecto de algún punto controvertido, no elabora una justificación autónoma ad hoc sino remite a las razones contenidas en otra sentencia, lo cual no tiene, en principio, por qué suscitar ninguna prevención.
Es cierto que la relatio a veces se presta a algún abuso mareante, como acontece con la motivación “matrioska” (una sentencia remite a la motivación de otra sentencia, la cual reenvía al razonamiento de una tercera sentencia, y así sucesivamente); o a alguna trapacería retórica, como cuando el objeto de la relatio no es la verdadera “ratio decidendi” de la sentencia invocada sino una afirmación que se deja caer por si acaso y no estrictamente pertinente a la decisión que debe justificarse. Con todo, las deficiencias apuntadas (y otras de porte similar) no pasan de ser menudencias en comparación con una forma gruesa de motivación omitida; alarmante no tanto por su despropósito cuanto por la buena conciencia de la que suele acompañarse.
Nos referimos a esa práctica difundida -mansa y apacible- de remisión escueta al razonamiento de la sentencia cuya impugnación constituye precisamente el objeto del recurso. Pues bien, a despecho de este uso (de este abuso sería más propio decir) al que se presta la motivación per relationem, existe una contundente contrain¬dicación que lo deja fuera de combate. Una sentencia recurrida no puede convertirse en la solución del recurso porque, al ser ella misma objeto del recurso, es el problema a resolver. Es decir, el recurrente intenta provocar un novum iudicium con vistas a la reforma de la sentencia recurrida; de modo que negar la obligatoriedad de una motivación explícita ad hoc significaría pervertir la lógica misma del recurso; pues en éste “no se trata sencillamente de una reproducción de los planteamientos de la primera instancia sino de la impug¬nación de una sentencia. El recurrente no pretende la modificación del statu quo anterior al litigio sino el de la sentencia impugnada que ha introducido por sí misma un nuevo statu quo. Si la sentencia superior nada dice por su parte, ha burlado el derecho del recurrente a obtener una respuesta fundada” (Nieto 2000:287).
5. Numerosas patologías que se designan mediante denominaciones de lo más variado, no dejan de ser variantes de algunas que acabamos de contemplar; y preferentemente de la “omisión (o incompletitud) sustancial”. Veamos si no. La “motivación aparente” (aquélla que da cumplimiento formal al mandato de motivar pero amparándose en frases sin sustento argumentativo) es una muestra de omisión sustancial; lo mismo que la “motivación ficticia” (la que no expresa verdaderos argumentos dotados de consistencia lógica o que, de todos modos, no expresa, disimula y no justifica las opciones decisionales del juez); o que la “motivación incongruente” (la que usa argumentos no pertinentes respecto de las aserciones que deben ser justificadas); o que la “motivación contradictoria” (cuando la contradicción reside en el contraste entre motivación y dispositivo); o que la “motivación oscura” (aquella cuyo tenor literal no permite conocer cuáles son los argumentos que justifican la decisión); o que la “motivación pletórica” (la que está cargada de obiter dicta y divagaciones doctrinales); etcétera.
IV. VICIOS QUE AFECTAN A LA PARTE INFORMATIVA DE LA MOTIVACIÓN
Para que no se produzca una fractura entre sentencia y proceso, antes se enfatizó la necesidad de que la motivación reflejara la información relevante que proviene de la celebración del juicio. Es más, se dijo que una cumplida información (completa y veraz) de lo allí acontecido era una precondición del carácter lógico de la motivación.
La inobservancia de tal condición previa provoca, naturalmente, la aparición de determinadas patologías. No extrañe si, acaso, a algunas de ellas las denominamos con términos ya usados en el contexto anterior. Pongamos por caso la expresión “motivación incompleta”, que es igual de apta para designar las carencias de “justificación” (es decir, cuando la motivación no justifica todos los elementos de la decisión) como las carencias de “información” (o sea, si se silencian algunos datos relevantes del juicio), aun tratándose de carencias heterogéneas entre sí. Pero lo importante no es saber cómo se llaman las patologías sino saber en qué consisten en función de los diversos contextos (esto es, saber en cada momento de qué se está hablando).
1. Lo más básico en una motivación fáctica –según vimos en la cuestión anterior- es que en ella se describan las pruebas (producidas en el juicio) que justifican por qué el juez ha decidido dar por probados tales o cuales hechos. De lo contrario –de conformidad con lo que antes convinimos- nos encontraríamos ante una motivación “omitida” de la decisión (si no se indican las pruebas relativas a ninguno de los hechos probados) o ante una motivación “incompleta” de la decisión (si no se indican las pruebas referentes a alguno de los hechos probados). Esto lo damos por sentado.
Ahora bien, ¿qué información ha de contener la descripción de las “pruebas”? Sabemos que en la teoría jurídica se distinguen diversos usos de la palabra “prueba” según ésta se asocie con el término “fuente” (fuente de prueba: el o lo que es idóneo para aportar una información relativa a los hechos de la causa), con el término “medio” (medio de prueba: el instrumento mediante el que, en el proceso, se obtiene una información) o con el término “elemento” (elemento de prueba: la información obtenida). Obviamente, el contenido de la descripción variará en función de cuál de las tres es la acepción de “prueba” que haya de retenerse. Y está muy extendida la orientación jurisprudencial que considera suficiente con que en la motivación conste la mera indicación de los medios de prueba. Lo cual resulta extraño; pues si no se explicita la información pertinente (o sea, el elemento de prueba) que vehicula un determinado medio, no se sabe siquiera si éste es prueba de algo (pues, a palo seco, no consta qué relación mantiene, ni si tiene alguna, con el hecho al que pretende servir de prueba). Es por eso que acierta de lleno la LEC española (ley procesal más moderna en el país) al utilizar en su art. 218.2 –no sabemos si con intención o sin ella- la palabra “elementos” (“La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito”).
De modo que si la motivación contuviera sólo la enumeración de los medios de prueba, debería ser tildada –en el mejor de los casos- de “motivación insuficiente”.
2. La patología denunciada se convierte en eficaz aliada para enmascarar una nueva y distinta patología, que da lugar a lo que cabría llamar “motivación falseada”. En efecto, cuando no se explicita el contenido (el elemento) de la prueba, es relativamente fácil alterar el signo de un medio de prueba (considerándolo inculpatorio cuando en realidad era exculpatorio) o dejar presuponer que un declarante dijo lo que en verdad no dijo, etc.; falsedad que sólo es detectable accediendo a las actas del juicio.
Evidentemente, la falsedad alcanza alturas estratosféricas si concierne incluso a la existencia del medio de prueba (refiriéndose p.ej. a la declaración bajo juramento de un testigo que, en realidad, no existió ni pudo existir porque el presunto declarante había fallecido 17 años antes –como sucedió en el italiano caso Sofri-). Para denominar semejante patología quizás convendría acuñar la expresión de “motivación fabulada”.
3. Ahora bien, con la descripción fiel de los “elementos” de prueba no acaba todo. Porque el juez habrá de realizar una criba entre ellos, discriminando los que son atendibles y los que no lo son, puesto que en la prueba de los hechos sólo cuentan los elementos que merezcan ser atendidos. Y cuáles de los elementos han pasado tal acreditación y cuáles no es una información que debe trasladarse a la motivación.
Sin embargo, puede suceder que, de esa relación de medios de prueba atendibles, haya quedado excluido un medio de prueba relevante sin que el juez explique por qué. Esa exclusión sin explicación produciría otra forma de patología de la motivación, consistente en la omisión de una prueba decisiva a los fines de declarar un hecho como probado; lo que daría lugar –por mímesis con un criterio que hemos utilizado ya en otro contexto- a una “motivación incompleta”. De esa última patología habrá ocasión habrá ocasión de hablar autónomamente con más detenimiento un poco más abajo.
A) A menudo suele equiparase esta patología con las dos anteriores (la “motivación falseada” y la “motivación fabulada”, las cuáles sí comparten un denominador común). Sin embargo, se trata de vicios diferentes. Tanto en la “alteración” del contenido de un medio de prueba como en su “invención” se introduce en la motivación una información que no existe en el proceso. En cambio, en la “omisión” de una prueba decisiva se sustrae de la motivación una información que sí existe en el proceso. En el primer caso, se viola la obligación de atenerse sólo a los datos probatorios legítimamente adquiridos. En el segundo, se infringe el derecho a la prueba, entendido no sólo como el derecho de las partes a aportar cuantas pruebas estimen oportunas en apoyo de sus pretensiones sino, también, como el derecho a que el juez valore las pruebas presentadas, pues carecería de toda lógica obligar al órgano juzgador a recibir determinadas pruebas si luego se le autoriza a ignorarlas por completo; es decir, el derecho a la prueba se desglosa en dos derechos: el derecho a que sean admitidas las pruebas pertinentes y el derecho a que ésas sean valoradas (extremo no garantizado en una sentencia cuya motivación omite la valoración que han merecido). Y son distintos, igualmente, los valores a salvaguardar en ambas situaciones: en la primera, la “legalidad de la prueba”; en la segunda, la “racionalidad dialéctica” del recorrido decisional-argumentativo (Iacoviello 2000:793).
B) Por ello, se comprende a la perfección que en algunos ordenamientos (debiera ser en todos) se imponga al juez la tarea de explicar por qué no retiene atendibles las pruebas contrarias. A este propósito, se hace difícil pensar cómo un sistema que “abraza una epistemología falsacionista y exalta la dialéctica del contradictorio” (Iacoviello 1997:287-288), como también es el español, pueda dejar en la indefinición aspectos tan determinantes para garantizar tales valores fundamentales.
Y para salir al paso de la falsa impresión de un juez agobiado por la obligación de confutar todos los argumentos que provengan de la acusación o de la defensa (¡y que no se le escape ninguno!), vayan por delante una triada de precisiones.
Primero, en la dialéctica probatoria se da un intercambio de elementos de prueba y de argumentos. Una cosa es un elemento o prueba (p.ej. el testimonio de Juan) y otra los argumentos (p.ej. para sostener la atendibilidad de ese testigo). A las pruebas se les contrapone las contrapruebas y a los argumentos los contrargumentos. Pues bien, para que la motivación sea completa es necesario que el juez se haga eco en ella de las contrapruebas, no de los contraargumentos.
En segundo lugar, no debe olvidarse de que existe un uso legítimo de la motivación implícita, de tal suerte que los mismos criterios que sirven para acreditar como atendibles a unos determinados medios de prueba sirven también para desacreditar a los opuestos.
En tercer término, la omisión se refiere sólo a una contraprueba decisiva; es decir a aquella prueba contraria que, si se hubiera valorado como atendible, conduciría a un resultado probatorio distinto. Y de eso toca hablar ahora.
C) Como ya indiqué algo más arriba, la cuestión relativa a la “valoración omitida de una prueba decisiva” merece, por particularmente insidiosa, un tratamiento más individualizado.
a) La fórmula “valoración omitida de una prueba decisiva” (entendiendo por “decisiva” la prueba en virtud de la cual podría cambiar el signo de la decisión fáctica) nos ofrece una estimulante invitación para una pesquisa que, en esta sede, no debe soslayarse. Pero a condición de que tengamos presente que son dos los enclaves en los que comparece la expresión mencionada. En efecto, la omisión referida a la “prueba decisiva” puede afectar a dos cosas bien distintas: la primera, a la admisión de una prueba decisiva (durante el juicio); la segunda, a la motivación sobre una prueba decisiva (en el texto de la sentencia). Aquí nos interesa lo último: la motivación omitida sobre una prueba decisiva. Incluso en esa segunda parcela cabría catalogar hasta tres particularizadas formas de omisión: una, cuando en la sentencia no se menciona la prueba decisiva; dos, cuando hay mención pero no se valora la prueba decisiva; tres, cuando se menciona y se valora la prueba decisiva pero no se justifica tal valoración. No obstante, hagamos tabla rasa de estas tres especies diferentes para evitarnos complicaciones que aquí y ahora serían dispendiosas.
b) La usual e indistintamente denominada “valoración omitida de una prueba decisiva” o “motivación omitida de una prueba decisiva” es proverbial entre las patologías de la motivación que se asignan al control de los tribunales de casación, pues -como se sabe- en materia de valoración de pruebas, el control sobre su aneja y obligada motivación es el único para el que están facultados los tribunales supremos (en apelación tal control no pasa de accesorio). Por tanto, la casación sería el escenario idóneo para afinar las herramientas teórico-conceptuales útiles a tal fin.
Paradójicamente sin embargo, y en lo que toca al control de la “prueba decisiva”, la casación parecería llevar inscrita la marca de su propia negación, ya que determinar si una prueba es o no decisiva presupondría su previa valoración (ámbito en el que, por pertenecer al “mérito”, los tribunales supremos no puede entrar). Y ese es el argumento de fondo que con frecuencia se emplea para anular la validez del citado control y, de paso, mostrar pasividad ante tan ostentoso vicio. Digo “de fondo” porque, si bien no se excluye abiertamente (todo lo contrario) la competencia casacional en orden a detectar eventuales omisiones en la valoración de pruebas decisivas, finalmente (mediante cierta argucia un tanto alambicada) resultará que sí. Sirva de ilustración, si no, esta muestra (la que tengo a mano): el recurrente había alegado ante la Corte Suprema de su país (Nicaragua) que en la sentencia condenatoria (por haber disparado dolosamente contra un compañero) hubo “falta de apreciación” de las declaraciones de cuatro testigos presenciales confirmatorias de la involuntariedad del disparo; a lo que el mencionado tribunal respondió (sentencia 41/2007) que: “Esta Sala no puede corregir un pretendido error sobre el examen y la evaluación de los medios de prueba (…); todo ello es materia que resuelve definitivamente el tribunal cognitivo o de sentencia y que a la Corte Suprema le está vedada”. “Debemos dejar claro, este motivo tiene su alcance en los casos en que el juez o tribunal omita valorar alguna de las pruebas decisivas oportunamente introducidas en el debate del juicio que servirán posteriormente para fundamentar su fallo”, pero “la falta de valoración que aduce el recurrente, no es así de la manera en que la plantea; todas las pruebas fueron valoradas en su conjunto por el judicial y así consta en la sentencia condenatoria” (cursivas mías). La trampa argumental es descarada: como el tribunal de instancia afirma (aunque no muestre) haber introducido en el turmix de una impresionista “valoración conjunta” todas las pruebas, carece de sentido cualquier reclamación en base al presunto valor “decisivo” de una prueba individualizada. O sea, la “decisividad” de una prueba queda a expensas del resultado de su conjunta valoración con el resto de las pruebas; y como esta última es de exclusiva incumbencia de los tribunales de instancia… (la conclusión está servida). En congruencia con los aires de semejante atmósfera, nada extraña que recurrir una resolución judicial (p.ej. por haberse omitido en ella valorar unas actas de procesos administrativos) sea interpretado por el tribunal que resuelve el recurso (esta vez el Tribunal Constitucional de Perú, sentencia de 26/06/2014) como un alegato evidente de que “lo que en realidad pretende el demandante es un reexamen de la valoración probatoria contenida en la resolución cuestionada”. Es decir, denunciar la valoración omitida de una prueba decisiva no pasaría de ser una estratagema filistea para exigir lo que no es debido. Pues no, en rigor no es esa la sustancia del recurso (aun cuando fuera eso lo que en su fuero interno busca el recurrente y de lo que a la postre se trata): no se pide que se examine por segunda vez (o sea, un “reexamen” de) la valoración del cuadro probatorio sino que se obligue al tribunal de instancia a explicar, por vez primera, por qué esa prueba (que el recurrente estima “decisiva”) carece de incidencia sobre la decisión finalmente adoptada por el tribunal.
Pues bien, en este –a mi juicio- quid pro quo sobre la “decisividad” de una prueba cuya valoración se omite late un malentendido que (por comprensible) es más urgente erradicar. Aunque nos choque por contraintuitivo, el problema sobre la “valoración omitida” de una prueba decisiva no es de naturaleza valorativa sino lógica (en el sentido que intentaré aclarar ahora mismo dando un pequeño rodeo).
c) Con trazos breves y nomenclatura quizás discutible (pues no existe consenso en cuanto a terminología) diseñaré un itinerario discursivo escalonado con el fin de ganar algo más de claridad.
De entrada, cualquier elemento (documento, objeto, declaración, etc.) con pretensiones de constituirse en “prueba” tendrá que ser acreditado como fiable.
Ahora bien, nunca un elemento acreditado es prueba en sí, siempre es prueba de otra cosa (la que haya de probarse). Por tanto, el concepto de “prueba” tiene una inevitable connotación relacional.
Es en ese contexto donde cobra sentido el predicado de la pertinencia de una prueba. Una prueba es pertinente si se entrevé que es potencialmente útil para la reconstrucción de un hecho con el que aquélla se pone en relación. O sea, una prueba no es pertinente de por sí, es el hecho al que ésa apunta el que le confiere pertinencia.
Un paso más. Las pruebas pertinentes no son todas iguales: unas merecen la consideración de “relevantes” y otras no dan esa talla. Ahora bien, tampoco ahora, la relevancia radica en alguna intrínseca propiedad de la prueba (p.ej. que se trate de una prueba “directa”) sino en una característica del hecho con el que aquélla entra en conexión: el hecho ha de ser “importante”.
Sin embargo, no todos los hechos importantes lo son en la misma medida. Pero el grado de importancia de un hecho no depende del hecho mismo sino de la función que éste desempeñe respecto de la decisión final. Si un hecho es potencialmente apto para marcar o para modificar el signo de la decisión final será considerado como “decisivo”; y la prueba que –ella sola o en combinación con otras- lo sustenta merecerá también la consideración de “prueba decisiva” (debiendo destacarse que –como se observa- la “decisividad” de una prueba no reside en ella misma).
Y todo ello sin perder de vista cuál es el estándar de prueba requerido en cada circunstancia: de manera que, para absolver, será decisiva la prueba que proyecte la sombra de una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, y eso bastará; mientras que, para condenar, la prueba decisiva habrá de excluir la flotante nube de cualquier duda razonable, como condición imprescindible. Por lo que se invita a tomar con cautela palabras (usaderas sí en ámbitos referidos a la “relación de causalidad” pero impropias para este contexto) como éstas de la Corte Suprema de Perú (sentencia 07/2010): “Que para apreciar si la prueba omitida es decisiva, se acude al método de la supresión hipotética: la prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación cuando –si mentalmente se la repusiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas” (cursivas mías).
d) Pocas cavilaciones requiere inferir que habrá de ser el propio reclamante quien explique por qué la prueba (cuya valoración se omite) resultaría decisiva. Luego, el tribunal de casación examinará el recorrido argumental del recurso. Pero ¿cómo?
Tengamos presente que, en una sentencia impugnada, la omisión de la prueba que el recurrente estima decisiva puede deberse: bien a que el tribunal de instancia no la ha tomado por “decisiva”, o bien a que ni siquiera la considera “prueba” (por ser incierto o poco fiable el elemento que pretende valer como prueba) y en consecuencia ni la menciona. Serían precisos, por tanto, dos análisis: el uno sobre la decisividad de la prueba, el otro sobre la fiabilidad de la prueba (Iacoviello 2013:393-395).
Así las cosas, procedería actuar de la siguiente manera: primero, conceder provisionalmente que la prueba es atendible y analizar si -a la luz de lo que se argumenta en el recurso- la prueba resultaría decisiva (cuando menos para suscitar una duda razonable); si la conclusión es negativa, asunto zanjado. Si es afirmativa, se pasa a un segundo momento indagando si en la sentencia recurrida hay pistas, explícitas o implícitas, de las razones por las que el tribunal ha tenido por inatendible el elemento de prueba concernido; si las hay, no ha existido omisión; de lo contrario, estaríamos ante un caso de valoración omitida de una “prueba decisiva”.
V. LOS VICIOS EN EL DISCURSO ARGUMENTATIVO MISMO
Supongamos que la motivación puesta bajo control ofrezca una justificación de todos los puntos de los que consta la parte decisional de la sentencia; imaginemos también que la motivación recoge igualmente todos los datos pertinentes que provienen del juicio; pues bien, aún quedaría otro aspecto por examinar. Es decir, asegurada la “completitud de la justificación” y la “verdad de la información”, quedaría pendiente asegurarse de la “racionalidad de la argumentación” considerada en sí misma (Iacoviello 2000:795).
Las patologías intratextuales de la motivación serían de dos clases: la ilogicidad y la insuficiencia. La distinción entre una y otra es clara, al menos en teoría: la “ilogicidad” de la motivación es un vicio del razonamiento justificativo; la “insuficiencia” de la motivación es una carencia en la trama expositiva de un razonamiento justificativo de por sí correcto.
A la vista de que la motivación es una trama argumentativa que tiene una estructura lógica (deductiva e inductiva) y un contenido empírico, y si suponemos que el contenido empírico proviene del proceso y en él se han deslindado ya los elementos atendibles de los que no lo son, queda suficientemente acotado el ámbito de las patologías que nos van a ocupar; a saber: la existencia y la racionalidad de los argumentos utilizados (para validar los elementos de prueba valorados como atendibles, para relacionarlos entre sí, y para inferir de ellos las conclusiones que correspondan) así como la relación entre tales argumentos.
1. Todas las carencias relativas a la existencia de argumentos cabrían ser agrupadas bajo la rúbrica de la “insuficiencia”. Entremos en algún detalle.
A) En otro lugar, a propósito de la “omisión de una prueba decisiva”, se insistió en que no todos los datos dimanantes del juicio suelen merecer atendibilidad y que, por ello, ha de valorarse cuáles se hacen acreedores a ella y cuáles no.
Pues bien, con frecuencia ocurre que a la mencionada valoración (sea positiva o negativa) no la acompaña ningún argumento que la justifique. Entonces, a lo sumo se sabe (si se sabe) que tales elementos de prueba han sido considerados como atendibles y tales otros no; pero se desconoce la razón, el por qué. Es un caso de “motivación insuficiente”.
B) También sucede, así en las pruebas indiciarias, que los elementos de prueba (incluso justificadamente acreditados como atendibles) sirven para probar hechos que necesitan ser enlazados con otros hechos a través de inferencias (“máximas de experiencia”, por lo común). A veces no es necesario expresarlas porque se basan en criterios que han entrado en nuestro patrimonio cultural y se aplican de manera automática. Ahora bien, cuando el criterio que sirve de inferencia no funciona tan mecánicamente, es preciso sacarlo a la superficie de la motivación. Y, precisamente, estamos ante “el caso típico de motivación insuficiente cuando no se explicitan las máximas de experiencia utilizadas” (Iacoviello 1997:282).
C) Y, particularmente en las pruebas indiciarias, a menudo se constata también un vacío argumentativo en lo tocante a la valoración conjunta de los medios de prueba. Por ejemplo, ante un cuadro indiciario, rara vez se hace el esfuerzo de razonar cómo mediante la articulación de los indicios ya acreditados se llega a la conclusión a la que se ha llegado. Prevalece la costumbre de abandonar esa tarea a la impresión, al convencimiento intuitivo del juzgador (que no se argumenta). Una muestra más de “motivación insuficiente”.
2. Todo cuanto contravenga la racionalidad de los argumentos pertenece al ámbito de la “ilogicidad”; término que requiere alguna aclaración (Iacoviello 1997:294-298), a la que reservaremos este breve apartado, antes de proceder a especificar esa patología con algunas ilustraciones.
Llamará quizás la atención el que se prefiera la palabra “ilogicidad” a otra más tradicional y difundida como es “contradictoriedad”. Eso se debe a que el concepto de “contradictoriedad”, en cuanto propio de la lógica formal, es demasiado estrecho para abarcar la variedad de vicios lógicos que puede propiciar el razonamiento judicial (la “contradictoriedad” es uno de ellos nada más y no conviene tomar la parte por el todo). En el razonamiento formal no cuenta el contenido de las premisas sino la compatibilidad de las premisas y la coherencia de éstas con la conclusión. En ése, por tanto, no hay lugar para la verdad histórica de las premisas fácticas, ni para el fundamento empírico de los criterios de inferencia, ni para estimar su grado de probabilidad, etcétera. En el razonamiento probatorio claro que importa el contenido de las premisas; de modo que la “contradictoriedad”, aun siendo por supuesto una patología del razonamiento, no es la única. El espectro de patologías es más amplio: la equivocación en las máximas de experiencia, la atribución de una probabilidad que no les corresponde, la existencia de otras máximas alternativas más adecuadas, etcétera.
3. La “motivación ilógica” se manifiesta sobremanera en el ámbito de las inferencias (particularmente de las “máximas de experiencia”). Centrémonos en ellas.
A) Las “máximas de experiencia” pretenden ser generalizaciones empíricas. Pero, de hecho, bajo esa denominación suelen mezclarse “generalizaciones atendibles junto con ilaciones sin fundamento, valoraciones morales y prejuicios, refranes de la sabiduría popular, residuos de recuerdos escolares, ideas inducidas por los mass media, vulgarizaciones científicas de todo género, etc.” (Taruffo 2009:441-445); por lo que es patente el riesgo de usar (presuntas) máximas sin ninguna base empírica, o consideradas obsoletas por la “cultura media”, o en contradicción con alguna otra máxima, o contraria a algún conocimiento científico. De donde, en cualquiera de estas situaciones, la argumentación no puede ser calificada de “racional”.
B) Ha de contarse igualmente con una nueva contingencia: que ante un dato indiciante sean aplicables dos máximas de experiencia (no contradictorias entre sí, ni contrarias a la ciencia, y aceptadas en el entorno cultural) que conducen a conclusiones distintas. En tal circunstancia habría que elegir la que mejor se adapta a las características del caso concreto; quizás porque es desigual la amplitud de sus respectivas base empírica y/o tasa de regularidad observada; o porque, siendo las máximas criterios generales constelados de excepciones, en una situación particular parezca más probable la excepción que la regla; o porque, tratándose de delitos específicos (p.ej. crímenes mafiosos, blanqueo de capitales, fraudes fiscales /cfr. E. Fassone 1993:263-269/), las máximas a utilizar hayan de ser específicas y no las habituales; etcétera. Como puede colegirse, se trata de un campo abonado para los errores en la selección de la máxima más apropiada. Y salta a la vista que no es racional la argumentación basada en un criterio inadecuado (o menos adecuado que otro).
C) Aun acertando con las inferencias (o con las máximas) preferibles, quedaría por estimar cuál es el grado de probabilidad que aquéllas confieren a la conclusión alcanzada (cuestión importante cuando es alto el estándar de prueba requerido, como en el proceso penal). En esa tarea ronda el peligro de p.ej. absolutizar indebidamente el criterio inferencial excluyendo toda excepción (“siempre se encontrarán partículas de nitratos y nitritos en la mano de quien ha disparado una pistola”), o de atribuir a la inferencia un grado de probabilidad que no le corresponde (“si dos escritos poseen numerosos elementos similares, es que proviene de la misma mano”), o de pensar que con la mera acumulación (inarticulada) de máximas de experiencia se construye un nexo inferencial completo (no reparando en los resquicios que aún quedan por tapar), etcétera. Huelga decir que no es racional la argumentación que yerra al estimar el vigor de las inferencias que utiliza.
4. Cuanto precede es aplicable a la estructura de una argumentación que, a partir de unos datos, permite llegar a unas conclusiones mediante el uso de las inferencias adecuadas. Ahora bien, por lo regular la motivación de una sentencia no consiste en una única argumentación así de simple sino en un conjunto de argumentaciones. Y perfectamente puede ocurrir que, dentro de ese conjunto, se detecte la presencia de dos argumentaciones incompatibles entre sí. Si así fuera, bien podría hablarse de “motivación contradictoria” (aunque no toda incompatibilidad implica una contradicción; pero dejémoslo estar por ser ése el uso más propagado de la expresión).
Dentro de este género de patología merece una mención la especie de “contradicción manifiesta”. En el art. 851.1 LECrim. española se alude a ella, aunque referida a los “hechos” y no a los razonamientos (“Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos…”). Como un trasunto del citado precepto, y por derivación de él, se habría extendido a la motivación ese grado superlativo de la patología (también habría, por tanto, una “motivación manifiestamente contradictoria”). Tal traslación parece darse en el voto particular a la española STC 192/2005 en el que, a la pregunta sobre cuál es el grado de “contradicción” necesario para anular una sentencia absolutoria, se responde que una contradicción “especialmente manifiesta”. Esto pide algún comentario.
Lo determinante en asunto de control no es la desnudez con la que se exhibe el error sino la mayor o menor incontrovertibilidad de éste. Sería paradójico que una contradicción detectada sólo fuera relevante si la hubiera mostrado sin tapujos el juez que redactó la motivación y, en cambio, se convirtiera en irrelevante si aquél tuvo la sagacidad de disimular la contradicción entre los pliegues de una motivación sinuosa. Más todavía. El mismo significado literal del término “manifiesta” (en cuanto sinónimo de “clara”, “evidente”, “ostensible”, “notoria”) adolece de una irreprimible relatividad (pues depende de “manifiesta ¿para quién?”).
Posiblemente la palabra “manifiesta” denotaría el self-restraint que el legislador quiere imponer al tribunal de casación; de modo que el calificativo “manifiesta” no se explicaría en función de la patología (respecto de la patología, la distinción pertinente se establece entre contradicciones “graves” y “menos graves”, no entre contradicciones “manifiestas” y “ocultas”) sino atendiendo a la naturaleza del control casacional (se controlan aquellas contradicciones cuya detección no requiere exploraciones profundas). Aunque ¿qué sentido tendría una norma que impone al juez un límite objetivamente indiscernible y, al mismo tiempo, otorga al mismo juez el poder de fijar el contenido de tal límite? “¿No es ilusorio pensar que este juez último –que controla y no es controlado- se autolimite hasta el punto de dar el sello de lo definitivo a una sentencia que no le persuade?” (Iacoviello 1997: 302).
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TARUFFO, M., (2009):”Consideraciones sobre las máximas de experiencia”, ahora en su libro Páginas sobre la justicia civil (trad. Aramburo, M.), Madrid-Barcelona-Buenos Aires.
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« Aplicación de las nuevas tecnologías en la materialización de las medidas cautelares ¿La sentencia mediante la cual se fija una cuota alimentaria es susceptible de ser conciliable para iniciar un proceso de exoneración de alimentos? »

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