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Timestamp: 2020-06-02 06:31:47+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 595, de 14/09/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 595
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
celebrada el martes, 14 de septiembre de 2010
- Relativa a la seguridad de las instalaciones de gas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001702.) ... (Página 2)
- Para establecer, en coordinación con las comunidades autónomas, las disposiciones necesarias para mejorar la seguridad en las instalaciones de gas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001806.) ... (Página 2)
- Sobre la elaboración de un código de buenas prácticas de aprovisionamiento para la gran distribución. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001735.) ... (Página 6)
- Sobre promoción turística del Camino de Santiago. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001782.) ...
- Relativa a las medidas en materia de política energética que hagan posible el mantenimiento del precio de la tarifa de último recurso.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001818.) ... (Página 13)
- Relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto 134/2010 por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro (Decreto del Carbón). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001838.) ... (Página 14)
- Relativa al impulso de la actividad productiva en las zonas adyacentes a centrales nucleares. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001826.) ... (Página 19)
- RELATIVA A LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE GAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001702.)
- PARA ESTABLECER, EN COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001806.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión número 35 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, con el orden del día que tienen cada uno de SS. SS. y que se refiere al debate y votación de siete proposiciones no de ley. Ha llegado a la Mesa una petición de Convergència y Unió para alterar el orden del día, porque el diputado que va a defenderla es miembro de la Mesa del Congreso y tiene una reunión ahora, y, en consecuencia, la que figura como punto 1 se debatiría en último lugar.
¿Están ustedes de acuerdo? (Asentimiento.) Muchas gracias por la unanimidad. Por tanto, comenzamos con los puntos 2 y 3, porque también hay una petición para debatirlos conjuntamente, ya que prácticamente son dos proposiciones sobre el mismo asunto. La segunda proposición es la relativa a la seguridad de las instalaciones de gas, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, con el expediente número 161/001702, y la tercera es para establecer, en coordinación con las comunidades autónomas, las disposiciones necesarias para mejorar la seguridad de las instalaciones de gas, con el expediente número 161/001806. Ambas tienen enmiendas, por lo que el señor Cosidó, que va hablar en nombre del Grupo Popular, defenderá su proposición no de ley y la enmienda; a continuación, la señora Fernández, del Grupo Socialista, defenderá su PNL y la enmienda y luego las restantes enmiendas y las intervenciones de los grupos que consideren que tienen que fijar posición. Sin más, señor Cosidó tiene la palabra. (El señor Larrosa Piqué pide la palabra.) Un segundo, señor Cosidó. Señor Larrosa.
El señor LARROSA PIQUÉ: ¿Señor presidente, podríamos fijar una hora para las votaciones?
El señor PRESIDENTE: Claro, no solamente podemos, sino que debemos, porque se me ha olvidado. Por lo que hemos hablado antes, no antes de las doce y media parece razonable. Sin más cuestiones, aunque si hay alguien que tenga alguna cuestión más que la diga ahora mismo. (Pausa.) El señor Cosidó tiene la palabra.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quiero comenzar este debate sobre la proposición no de ley, que defiendo en nombre del Grupo Popular, sobre la seguridad en las instalaciones de gas, sobre la proposición que en este mismo sentido presentó el Grupo Socialista y sobre las enmiendas que ambos grupos hemos acordado, haciendo un recuerdo y también un homenaje, que estoy seguro que es del conjunto de la Comisión, a todas las víctimas de explosiones de gas que se han producido en nuestro país en los últimos tiempos. La provincia a la que represento, Palencia, vivió uno de los peores accidentes, de los más dramáticos que han ocurrido en nuestro país, la explosión en la calle Gaspar Arroyo de la ciudad de Palencia, que supuso la desaparición total de un edificio,
daños estructurales a todos los edificios colindantes, once víctimas mortales y multitud de heridos. Una catástrofe que podía haber sido aún mayor si no fuera por la eficaz y rápida actuación de los servicios de emergencia, municipales y de la Junta de Castilla y León, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del conjunto de la sociedad palentina, que dio un ejemplo de solidaridad. Unos servicios de emergencia y unas fuerzas de seguridad que, en mi opinión, no en todos los casos han sido suficientemente reconocidos, por lo que quiero aprovechar esta intervención para hacer un público reconocimiento de los mismos.
Entiendan que como palentino tengo una especial preocupación y una especial sensibilidad, por lo que quiero agradecer a mi grupo parlamentario y también a nuestro portavoz en esta Comisión, don Antonio Erias, que me permita defender, en nombre del Grupo Popular, esta proposición no de ley en una Comisión en la que además no soy miembro, aunque me encuentro como si fuera miembro de la misma. También quiero expresar el reconocimiento y la gratitud a todas las asociaciones de víctimas y afectados por las distintas explosiones que se han producido en nuestro país, a todas ellas y, si me lo permiten, de manera especial, a la Asociación Gaspar Arroyo de afectados por la catástrofe de Gaspar Arroyo, con la que he mantenido a lo largo de estos meses una permanente relación. Estas asociaciones no solamente se han esforzado -y además lo han hecho con eficacia- en la defensa de los intereses y en tratar de paliar los efectos que estas explosiones han tenido sobre los afectados directamente, sino que también han hecho una especial insistencia en la necesidad de adoptar mayores medidas de seguridad que impidan que catástrofes de esta naturaleza no se vuelvan a producir o, al menos, sean el menor número posible. Si hoy estamos aquí debatiendo esta proposición, en buena medida se debe a la insistencia y a la persistencia de estas asociaciones que nos han instado a los distintos grupos parlamentarios a que tomáramos algún tipo de actuación política o parlamentaria en este sentido. En el caso de Palencia, hoy, los vecinos que vieron destruidas sus casas, felizmente ya las ocupan de nuevo, en buena medida gracias a la diligencia y al compromiso de la Junta de Castilla y León, pero nos queda esa segunda parte que es intentar adoptar medidas que permitan que un hecho tan dramático como ese no se vuelva a producir.
También quiero agradecer -y ya es el último agradecimiento que hago antes de entrar en el contenido de la proposición- la receptividad y la voluntad de acuerdo que he encontrado prácticamente en todos los grupos parlamentarios y quiero agradecerlo de forma especial al Grupo Socialista, con el que finalmente hemos encontrado una redacción conjunta que hemos plasmado a través de una enmienda firmada por los dos grupos.
Porque cuando abordamos cuestiones que tienen que ver con la pérdida de vidas humanas y que hablan de sufrimiento, los políticos estamos especialmente obligados a dejar de lado todo partidismo, a dejar de lado todo electoralismo y a buscar juntos soluciones que sean reales a problemas que, insisto, causan un enorme sufrimiento a la sociedad.
Entrando ya en el contenido de la iniciativa, quiero aclarar que está absolutamente lejos de mi grupo tratar de generar ningún tipo de alarma en relación con el uso del gas como una fuente de energía básica en nuestros hogares. No solamente tenemos unos niveles razonables de seguridad en el transporte, en el suministro y en el consumo de esta energía, sino que a través de distintas iniciativas, empezando por una ley, que se aprobó con un Gobierno del Partido Popular, la Ley 34/1998, sobre el sector de hidrocarburos, con la posterior trasposición de la Directiva europea 2002/91/CE, sobre Eficiencia Energética, con el Real Decreto 1027/2007, sobre el código técnico de edificación, con el Real Decreto 919/2006, sobre el reglamento de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y con la muy abundante legislación y reglamentación aprobada por las distintas comunes autónomas, quizás en mi opinión con un exceso de heterogeneidad, pero que sin duda en su conjunto contribuyen también a dar garantías a los consumidores sobre la seguridad de este suministro, con todo este paquete normativo, sin duda, tenemos un nivel -insisto- razonable y además creo que en los últimos años hay que reconocer que ha mejorado la seguridad en el suministro y consumo de esta energía.
Dicho esto, no es menos cierto que, a juicio de mi grupo parlamentario, el número de accidentes relacionados con el consumo de gas sigue siendo excesivo -siempre es excesivo cuando se producen víctimas mortales- y que las consecuencias tan dramáticas que tienen estas explosiones nos obligan a ser especialmente cuidadosos y a adoptar, en la media de nuestras posibilidades, todas las medidas posibles para que no se produzcan. Por ello queremos impulsar, a través de esta iniciativa, medidas que realmente sean eficaces, que realmente contribuyan a mejorar la seguridad de los ciudadanos, al margen de toda la retórica, y hemos dirigido estas medidas a tres grandes grupos, que explico de manera muy sintética, porque tanto en la enmienda como en las proposiciones que debatimos están suficientemente explicados. En primer lugar, las que se refieren a mejorar la seguridad en las calderas donde se quema el gas; en segundo lugar, aquellas que se refieren a mejoras en las redes de distribución urbana y, en tercer lugar -un aspecto que en mi opinión quizá sea el más descuidado de todos-, las redes de distribución dentro de los edificios, pero todavía no dentro de los hogares.
En las instalaciones de ámbito doméstico destacaría fundamentalmente nuestra petición para que se implanten sistemas de detección y corte automático de las fugas de gases o en casos de mala combustión, obligando a que esto sea así, a que estos dispositivos se instalen en las nuevas instalaciones y que de forma progresiva se puedan instalar también en las instalaciones que ya están en funcionamiento. En segundo lugar hay una serie de medidas que proponemos para la mejora de la eficacia en la revisiones,
empezando por un mayor control de las administraciones que tienen la competencia de ejecutar estas inspecciones, que son básicamente las comunidades autónomas, aunque las redes generales es una competencia que pertenece a la Administración General del Estado, y pidiendo -y esto es importante, ya que nosotros lo poníamos en la exposición de motivos, pero en la enmienda queda aún más definido- que las compañías administradoras les corten el suministro de gas a aquellas instalaciones que no se sometan a las inspecciones que son preceptivas por ley y por reglamento.
En tercer lugar, pedimos también que haya un esfuerzo constante en la mejora de la formación y la actualización, tanto de los instaladores como de los encargados o profesionales que hacen las revisiones, para evitar que fallos humanos puedan provocar después accidentes de graves consecuencias.
Respecto a las redes de distribución urbana pedimos que se implanten sistemas de control de fugas que permitan detectar cuando en una red se está produciendo un escape de gas; también que se mejore la seguridad, en su conjunto, en la redes de tuberías, a través de la realización de mapas de subsuelo, que existen en muchas ciudades, pero hay ciudades en las que todavía no se han elaborado, que hagan que cuando se producen obras en la vía pública que no se produzcan roturas que puedan suponer un deterioro de estas instalaciones; así como una mayor exigencia en el mantenimiento de estas redes y, muy especialmente, en el caso de las válvulas, que es uno de los elementos más sensibles que hay en estas redes de distribución.
Dentro de los edificios, en las redes que pertenecen a las comunidades de vecinos, pedimos que se apoye la instalación de las redes en el exterior de los edificios para que no se produzcan embolsamientos de gas en falsos techos o en el interior, que son los que después producen las explosiones más graves; que se programen revisiones en estas instalaciones comunes dentro de los edificios, de forma similar a las que son obligatorias para cada una de las casas o de los domicilios, y que se incluya la renovación de estas instalaciones de gas, alguna de ellas muy anticuadas, dentro de las ayudas que se han establecido para la rehabilitación de viviendas, es decir, que expresamente se recoja como una de las obras o de las mejoras susceptibles de financiación o de subvención a través de este proyecto de ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Como ocurre en muchas cuestiones es evidente que aquí es necesaria una estrecha colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado, porque hay competencias comunes, quizás en lo que es la inspección de manera más intensa en las comunidades autónomas, pero sin duda la Administración General del Estado tiene todavía una competencia sobre las redes generales y sobre la supervisión y la regulación del conjunto, y también somos conscientes de que la seguridad absoluta no existe y que siempre existirá el riesgo de que se produzca un fatídico accidente, por lo que nuestra obligación, no solo política, sino incluso moral, es adoptar todas las medidas que estén en nuestra mano, a través de nuestra iniciativa política, para tratar de evitarlas en la medida de lo humanamente posible. Al aprobar estas medidas estamos contribuyendo, sin duda, a mejorar la seguridad de los ciudadanos, que es el propósito de todas estas proposiciones y es el interés común que tenemos todos los miembros de esta Comisión. Me felicito especialmente de haber encontrado un acuerdo con el Grupo Socialista, a través de esta enmienda, por lo que más que defender los términos de la proposición no de ley, tal y como la planteó el Grupo Popular, defendería expresamente el contenido de la enmienda, que es muy similar y va absolutamente en la misma línea de lo que proponía mi grupo, de lo cual nos felicitamos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: En primer lugar, nosotros también nos queremos sumar a lo que decía el señor Cosidó y manifestar nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro apoyo a las víctimas de las explosiones de gas. Precisamente es la sensibilidad de los grupos políticos lo que trae hoy a esta Cámara estas dos iniciativas del Grupo Popular y del Grupo Socialista, y que además van a ser asumidas por el resto de grupos. No es poca la legislación que se ha desarrollado precisamente por esta preocupación por la seguridad ciudadana y la legislación base, como saben, es el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas, al que hemos de añadir el reglamento de instalaciones térmicas de edificios, que añadió prescripciones de seguridad, en particular en lo referente a la evacuación de los productos de combustión de aparatos, determinando un estricto régimen de revisiones anuales. En la elaboración del reglamento se aseguró la audiencia de todas las partes interesadas, así como el dictamen de las distintas instancias competentes, incluida la Comisión Europea y la del Consejo de Estado, por lo que se mantuvo el equilibrio de las partes interesadas en la elaboración del reglamento. Además las instalaciones energéticas, objeto del reglamento, comparten un doble marco legal que es la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y la Ley 12/1992, de 16 de julio, que ha sido modificada recientemente por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Como cualquier otra reglamentación, esta es susceptible de mejora y esa es la pretensión de las iniciativas que hoy debatimos. Tanto el reglamento como las instrucciones técnicas complementarias hacen referencia a las normas técnicas mediante las cuales se asegura que los avances tecnológicos puedan ser incorporados de manera prácticamente continua e inmediata.
En lo que se refiere a la seguridad de las calderas de gas, además del Plan de renovación de las calderas dentro del PAEE, Plan de ahorro y eficiencia energética, en
colaboración con las comunidades autónomas, para sustituir calderas antiguas por otras más eficientes, la legislación vigente obliga a las calderas a mantener un adecuado nivel de seguridad. En cuanto a lo que plantea la iniciativa del Grupo Popular de un plan de sustitución paulatina de aparatos, de los aparatos existentes por otros dotados de mejores dispositivos de seguridad, esta es una opción deseable, pero conviene no olvidar que, como todas las medidas que tienen un carácter retroactivo, directa o indirectamente supondría unos costes para los consumidores muy a tener en cuenta. Las calderas estancas están sometidas en los edificios, tanto por el reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos como por el reglamento de instalaciones térmicas, a revisiones anuales y a inspecciones cada cinco años. Las inspecciones se realizan tanto en instalaciones individuales de los usuarios como en la parte común. No obstante, sería muy deseable -y a ello va también el acuerdo al que hemos llegado con la transaccional- mejorar la eficacia y, en su caso, la periodicidad de las instalaciones domésticas, tanto de las conectadas como de las no conectadas a la red, y que sean las comunidades autónomas competentes quienes las lleven a cabo, bien con medios propios o con medios externos.
Respecto a los sistemas de detección de gases combustibles de aplicación doméstica, no se consideraron de suficiente fiabilidad cuando se elaboró el reglamento, porque podrían dar lugar a una seguridad ficticia de manera contraproducente y en ningún caso funcionan como elementos magnetotérmicos o diferenciales de las instalaciones eléctricas, puesto que responden a unas magnitudes físicas perfectamente determinadas, que no es el caso de los detectores de gas. Por tanto, se desaconsejó esta medida y no parece que de momento existan nuevos elementos que hagan variar esta decisión. Sería mucho más efectivo reforzar la seguridad intrínseca de las instalaciones y los aparatos.
En cuanto a los criterios formativos necesarios para el ejercicio de la actividad profesional de instalaciones de gas y de los que realicen actividades de puesta en marcha o adecuación de los aparatos de gas corresponderían al Ministerio de Educación. En cuanto a la redes de distribución urbana, el reglamento de distribución y utilización de combustibles gaseosos prescribe un complejo sistemas de control y supervisión a cargo de los centros de operaciones permanentes, incluyendo planes de emergencias, junto con un servicio de mantenimiento dotado con personal y medios para garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones y la realización de controles periódicos, todo ello concretado y desarrollado mediante técnicas, tanto españolas como europeas. No obstante, nos parece importante mejorar los sistemas de control de posibles fugas y aumentar el espectro de seguridad en la redes de tuberías de las ciudades, que es lo que apuntaba el señor Cosidó.
Sus señorías habrán tenido oportunidad esta semana de ver en televisión las escalofriantes imágenes del incendio de una ciudad americana provocado por una explosión de gas, todas las medidas que estamos proponiendo en la transaccional y que hemos acordado van encaminadas a evitar este y cualquier otro tipo de accidentes. Las instalaciones de la redes de distribución se someten a la autorización administrativa previa, de manera que los proyectos presentados ante el órgano competente de la Administración pública deban reflejar, entre otras características, el trazado exacto de las canalizaciones y la dirección de obra y, al finalizar la misma, deben emitir un certificado en el que, en su caso, figuren las variaciones de ejecución respecto al mencionado proyecto. Por tanto, entendemos que la situación de las canalizaciones se conoce perfectamente, pues además de quedar en depósito de la administración actuante, también existe siempre una copia en poder de la empresa suministradora. Hay que añadir a lo anterior que el reglamento técnico obliga a que el distribuidor mantenga permanentemente actualizada información cartográfica detallada de las instalaciones y el apartado 8 establece todas las cautelas necesarias para prevenir la afección de las instalaciones, por terceros, con motivo de obras en la vía pública.
En cuanto a las redes de distribución en edificios, en las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, los requisitos técnicos están contenidos en el reglamento, garantizando un adecuado nivel de seguridad, que se aumentará en la medida en que el mayor número posible de instalaciones vayan por el exterior y se establezca un sistema de revisiones de las zonas comunes. En cuanto al punto segundo de este apartado que plantea el Grupo Popular, sobre las ayudas a las instalaciones de gas en rehabilitación, estas corresponderían al Ministerio de Vivienda.
No obstante, quiero terminar manifestando mi satisfacción por la buena disposición de los grupos -especialmente del Grupo Popular, con el que hemos transaccionado estas dos iniciativas-, que ha dado lugar a este acuerdo y que sin duda va a servir para mejorar las instalaciones de gas, tanto en redes, como en edificios, como en las propias calderas y, por tanto, va a aumentar también la seguridad de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda de Convergència i Unió. Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, debatimos dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular, que contienen propuestas de mejora de la seguridad en las instalaciones de gas.
Quisiera hacer unas breves consideraciones al respecto antes de pasar a defender las enmiendas presentadas.
En primer lugar, la seguridad en las instalaciones de gas es una constante preocupación para nuestro grupo y un objetivo claro a mantener por parte de todos. En segundo lugar, es necesario hacer una referencia objetiva a la situación actual. En España, la distribución de gas se encuentra en unos niveles de seguridad por encima de la media europea. Las instalaciones de gas son modernas,
evidencian índices de seguridad muy elevados y utilizan una tecnología y unos materiales de última generación, registrándose además un esfuerzo muy significativo en la eliminación de los materiales que no lo son. Todo ello da una mayor seguridad. Por último, debemos señalar que la reglamentación actual en la industria del gas es reciente y está adaptada a las mejores prácticas a nivel europeo. Sobre estas dos consideraciones, el objetivo de seguridad y una fotografía de la situación actual en la que se encuentra España, vuelvo a resaltar que la seguridad ha de ser un objetivo prioritario -lo es para nuestro grupo- y que las medidas que se presentan han de ser evaluadas y analizadas este contexto.
Nuestro grupo ha presentado enmiendas al contenido de las dos proposiciones no de ley que hemos debatido. En relación con la proposición del Grupo Socialista, hemos presentado una enmienda de sustitución que va en una doble línea. En primer lugar, en el marco competencial, entendemos que las comunidades autónomas ya ejercen el control sobre las inspecciones periódicas que realizan las empresas distribuidoras. Por ello, debería suprimirse el apartado 3 de dicha proposición. Nuestro grupo, señorías, como no puede ser de otra manera y ustedes conocen, defiende firmemente las competencias de las comunidades autónomas y reclama su máximo respeto allí donde entiende que falta o no se da. En este punto concreto, proponemos la supresión del punto 3, puesto que son las comunidades autónomas las que ahora ejercen el control sobre las inspecciones realizadas en las instalaciones domésticas de gas.
En segundo lugar, en relación con el punto 4, entendemos que sería más oportuno hacer un análisis y una valoración sobre la obligatoriedad de la instalación de sistemas de detección y corte automático contra fugas de gases y mala combustión, un análisis que nos permita asegurar aspectos implícitos en los sistemas de detección, como su mantenimiento y la identificación de su mejor ubicación, analizar temas relacionados con el suministro eléctrico o las baterías que requieren o asegurar las comprobaciones periódicas de funcionamiento y otros aspectos, en definitiva, que nos permita evaluar a fin de asegurar la viabilidad y efectividad de dichos sistemas de detección.
En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, cuyo espíritu compartimos -como también compartimos el de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista-, nuestro grupo ha presentado una enmienda similar a la segunda parte de la presentada a la proposición del Grupo Socialista, en cuanto a que entenderíamos más idónea una evaluación sobre la implantación de sistemas de detección y corte de fugas de gases explosivos y de productos nocivos de la combustión en las zonas de utilización en los términos expuestos en la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Señorías, en primer lugar, reitero que entendemos que las comunidades autónomas ya están actuando en el marco de sus competencias, ejerciendo sus funciones y responsabilidades de seguimiento y control de las inspecciones, lo que no significa que no se potencien dichos controles e inspecciones. En segundo lugar, es nuestro objetivo y nuestra preocupación velar por el nivel de seguridad máximo para la conducción, suministro y consumo de gas. Por ello, creemos que deben evaluarse bien todas las medidas que se implanten, teniendo en cuenta las mejores prácticas y los mejores sistemas de detección y corte de fugas, así como su ámbito de implantación. Sin duda -termino, señor presidente-, hemos de continuar con el objetivo de seguridad y con el esfuerzo inversor en el control, la seguridad de las infraestructuras y la formación por parte de las empresas y por parte del conjunto de las administraciones en sus funciones de control. Con este objetivo y esta voluntad, nuestro grupo parlamentario ha presentado y ha defendido las enmiendas que espera puedan ser evaluadas y aceptadas por los grupos proponentes de las proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En este trámite, tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista deberían pronunciarse sobre la aceptación o no de la enmienda de Convergència i Unió. Para ello, tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: No aceptamos la enmienda que plantea Convergència i Unió. Únicamente hago una invitación. Cuando hablamos de la instalación obligatoria de sistemas de detección y corte de fugas, mi grupo no tendría inconveniente en añadir consumidores cualificados. Lo dejo a criterio del Grupo Socialista. En principio, no aceptamos la enmienda en los términos en los que está redactada y nos mantenemos en la enmienda pactada con el Grupo Socialista, con la predisposición a añadir, si el Grupo Socialista estuviera conforme, la palabra cualificados.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Creo que la señora Riera no ha visto la transaccional. A lo largo de la sesión trataremos de llegar a un acuerdo; si no, mantendríamos la nuestra.
El señor PRESIDENTE: Antes de la votación, se pronuncian sus señorías.
- SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE APROVISIONAMIENTO PARA LA GRAN DISTRIBUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001735.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, que figura en cuarto lugar, sobre la
elaboración de un código de buenas prácticas de aprovisionamiento para la gran distribución, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. A esta proposición se han presentado tres enmiendas, del Grupo Popular, de Convergència i Unió y del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET I COMA: Señorías, la iniciativa que les presento supone dar continuidad a las medidas que pretenden dar seguridad al mercado, como por ejemplo las de la morosidad en las operaciones comerciales, aprobadas por esta Cámara hace tan solo unos meses. Así, en la Ley de la Morosidad, el principal objetivo fue evitar que pudieran dilatarse los plazos de pago por pacto entre las partes, pues aquellos que ostentan una posición fuerte en el mercado en la práctica fijaban a su albedrío unos plazos de pago muy superiores a los establecidos por la ley, sin que los pequeños productores e industrias pudieran oponerse a dicho aplazamiento en el pago de sus productos, pues suponía perder importantes cuotas de mercado.
A pesar de que se ha modificado la Ley de la Morosidad, siguen subsistiendo prácticas abusivas que van más allá de los plazos de pago, y aquí es donde se incardina la iniciativa que en estos momentos defiendo.
Señorías, en el Estado español, igual que en el resto de la Unión Europea, muchos productores e industriales padecen una situación de indefensión ante las prácticas abusivas de las grandes cadenas de distribución. Ello es debido a la situación de embudo en la que se encuentran muchos agricultores e industrias a la hora de acceder a la gran distribución comercial, pues unas pocas empresas representan casi la totalidad del porcentaje de productos distribuidos en el Estado español. Para los productores, sean agrícolas o sean industriales, quedarse fuera de esta cadena de distribución significa perder acceso al mercado, pues no existen canales alternativos eficaces para la distribución de sus productos. Si te quedas fuera de la gran distribución, tienes verdaderos problemas para introducir tus productos en el mercado. Esta es la situación actual y en muchas ocasiones lleva aparejado un abuso en las condiciones que se imponen a fabricantes y productores, unas condiciones en las que les es difícil ya no solo competir sino subsistir, como, por ejemplo, fabricar para dicha cadena de distribución marcas blancas, con la advertencia de que, de no hacerlo, estos productores perderán sus primeras marcas en dichos establecimientos comerciales y por tanto perderán acceso al mercado, colocando a su empresa en una grave situación económica. Este es uno de los problemas. Además, mientras la gran distribución está agrupada en pocas empresas, la producción se encuentra muy atomizada; por tanto, otro problema. La competencia entre estas pocas grandes empresas distribuidoras les hace ser muy agresivas en su política de precios para ganar cuota de mercado a las demás, que además responden con la misma moneda, siendo en realidad el gran perjudicado de dicha competición el productor, que se ve obligado a bajar los precios y, en muchos casos, la calidad de sus productos para poder obtener un pequeño margen de beneficio, y lo que es peor, esta rebaja de precios que sufre el productor raramente se traslada al consumidor final, más bien va directamente a engordar los beneficios de las grandes cadenas de distribución. Esta situación, señorías, ha sido advertida por el Parlamento Europeo, que el pasado mes de febrero del año 2008 instó a la Dirección General de la Competencia y a los gobiernos de los Estados miembros, entre ellos, claro está, el Gobierno español, a investigar la situación de dominio de estas grandes empresas y los posibles abusos de dicha situación, así como a analizar su impacto en el mercado y en los consumidores y a proponer medidas para corregirlos. Lo que pretendemos con la presente iniciativa, señorías, es que el Gobierno haga suyo el mandato del Parlamento Europeo e investigue las posibles situaciones de abuso de las grandes superficies respecto de sus proveedores. También se pide que se actúe como han hecho otros Estados de la Unión Europea, como Francia, que ha sancionado a distintas cadenas de distribución por haber incurrido en abuso en sus relaciones con fabricantes y productores agrarios, o como el Gobierno del Reino Unido, que ha aprobado un código de buenas prácticas en el aprovisionamiento y ha nombrado a un ombudsman con autoridad para investigar las prácticas abusivas y para sancionar las mismas, o como Irlanda, que ha hecho algo parecido. Se pide que el Estado español se comporte igual y actúe contra los abusos de las grandes cadenas de distribución, como así lo harán, estoy convencido, el resto de los países de la Unión Europea.
Señorías, el sector productivo del Estado español viene solicitando que se actúe contra la situación de monopolio y de abuso que actualmente practican las grandes cadenas de distribución, pues se quiere conocer cuáles son las reglas del juego y que las mismas no sean cambiadas a mitad de partido. Por ello, esperamos que la proposición no de ley que hoy discutimos tenga la acogida y el apoyo de los restantes grupos parlamentarios. Aprovecho para decir que estamos intentando llegar a una transacción que pueda ser suscrita por todos los grupos. A la espera de ese texto, agradezco los detalles que se me han hecho llegar y auguro la posibilidad de aprobación por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Delgado, para defender su enmienda.
El señor DELGADO ARCE: Señorías, debatimos hoy una iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que nos plantea la elaboración de un código de buenas prácticas de aprovisionamiento para la gran distribución, una iniciativa que aborda un tema de interés, pero que no lo hace, desde nuestro punto de vista, de una manera adecuada, ni en la exposición de motivos ni en
la parte dispositiva. Por ello, hemos presentado una enmienda, a la que me referiré en último lugar, y voy a explicar por qué consideramos que esta exposición de motivos no se ajusta a la realidad empresarial y contiene numerosas inexactitudes y también unas cuantas contradicciones.
Desde el punto de vista económico, la proposición no de ley resulta contradictoria cuando afirma que la distribución se comporta en la práctica como un mercado oligopolístico donde la rivalidad es muy extensa y obliga a los competidores y empuja a las empresas a realizar grandes ofertas, lo que provoca una bajada de los precios de los productos.
Sinceramente, después de leer esto, no parece que sea este el funcionamiento de un mercado con problemas de competencia. Más adelante se afirma que esa tendencia a la distribución genera una reducción de precios para el productor sin ninguna contraprestación para el consumidor. Esto, además de ser incoherente con el análisis anterior, no se ajusta a la realidad. Basta simplemente con observar la evolución del índice de precios al consumo para constatar la reducción de precios que se hace llegar a los consumidores. Tampoco nos parece que se ajusta a la realidad afirmar que existen pocas puertas de acceso del productor al consumidor final, cuando más del 50 por ciento, por ejemplo, de la comercialización de los productos agrarios se realiza a través de cien mil comercios tradicionales y los mercados mayoristas independientes del canal de la gran distribución canalizan más de la mitad de la producción agraria. Por otra parte, la PNL se centra exclusivamente en la distribución, olvidando que hay una parte muy importante, es decir, alrededor del 60 por ciento, por ejemplo, de la producción agrícola, que va directamente a las industrias y a la exportación. Por tanto, esta proposición no de ley desenfoca y se concentra exclusivamente en una parte de los canales. Habría que abordarla con una visión de conjunto.
Desde el punto de vista jurídico, pensamos que el marco normativo de defensa de la competencia en España garantiza todos los mecanismos de defensa de los intereses de los consumidores sin que sea necesario instar al Gobierno a que lo haga. Hay un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia que se pronuncia al respecto.
También queremos señalar que esta proposición no de ley, que está fechada el 21 mayo de 2010, es anterior a la aprobación de la Ley 7/1996, es decir, a la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y también a la recientemente aprobada ley que modifica todo el sistema de la morosidad y del régimen de pagos. Por tanto, en cierta medida ha sido superada por los acontecimientos que tienen lugar en esta Cámara, que son fundamentalmente los legislativos.
Respecto a los códigos de buenas prácticas, somos de la opinión de que tienen que ser voluntarios y negociados por los agentes y no elaborados por la Administración. Las administraciones regulan por medio de decretos y de otro tipo de normas u órdenes, y los legisladores por medio de leyes, pero los códigos de buenas prácticas son, insisto, voluntarios; si no, no sería autorregulación, sino una simple regulación que, lejos de incrementar la eficiencia del sector, aumentaría los costes y haría perder la competitividad. Vemos con buenos ojos la conclusión aprobada, a propuesta de la Presidencia española, en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea de que se promueva la suscripción de este tipo de códigos, aunque no haya un acuerdo claro sobre el papel que deben tener los gobiernos en esta materia. También vemos con buenos ojos, en principio, esta previsión en el proyecto de ley de calidad agroalimentaria que se está elaborando.
Por ello, porque entendemos que este tema es importante y queremos mejorarlo realmente, hemos planteado una enmienda de sustitución que propone cuatro puntos. Primero, pedimos que se promuevan políticas que permitan mejorar la estructura del sector agroalimentario, incrementando la dimensión de las explotaciones productivas para conseguir un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena de valor; segundo, pedimos que se garantice la plena aplicación de las normas de competencia en el sector agroalimentario; tercero, solicitamos que se continúen promoviendo estudios sobre la formación de los precios en el ámbito agroalimentario y que se mejore la difusión de los mismos entre los consumidores y, finalmente, que se promueva la suscripción de códigos de buenas prácticas por los distintos agentes de la cadena agroalimentaria que persigan el equilibrio de las relaciones comerciales, la búsqueda permanente de la eficiencia y la mejora de la competitividad en su conjunto. De todas maneras, negociaremos, como acaba de decir el portavoz de Esquerra Republicana, una fórmula que pueda ser asumible por todos y también por nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, nuestro grupo es sensible a la problemática que se plantea. Ya en la legislatura anterior presentamos una proposición no de ley instando al Gobierno a presentar un proyecto de ley de contratos de distribución, que definiese y regularse las distintas modalidades de contratos de distribución comercial, a fin de evitar situaciones contractuales de abuso y, al mismo tiempo, promover la seguridad jurídica de los operadores económicos en el mercado de distribución de bienes y servicios, con una especial atención al conjunto de las pequeñas y medianas empresas que intervienen en el mercado y en los procesos. Esta proposición no de ley, presentada y defendida por nuestro grupo parlamentario en esta Comisión en la anterior legislatura, se aprobó con un texto en el que se instaba al Gobierno a analizar la problemática de los contratos de distribución y a proponer en su caso las modificaciones
legislativas oportunas. En este sentido y con este mismo espíritu, hoy hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley que estamos debatiendo y que pretende recoger dos aspectos que para nuestro grupo parlamentario son importantes.
En primer lugar, haciendo referencia a la proposición no de ley que fue presentada por nuestro grupo, debatida y aprobada en esta Comisión en la legislatura anterior, instamos al Gobierno a comunicar en el plazo de un mes las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de dicha proposición no de ley, aprobada en la sesión del 20 marzo 2007, relativa al impulso de una ley de contratos de distribución.
En segundo lugar, sensibles a la Ley de Morosidad recientemente aprobada en el Congreso y preocupados por su cumplimiento en el marco de la problemática que nos afecta, instamos al Gobierno a asegurar, en ejercicio de sus competencias, el pleno cumplimiento de los plazos de pago previstos en la aprobada modificación de la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La Ley de Morosidad, señorías, como ustedes bien saben, pretende, a través de la agilización de los plazos de pago, dar más capacidad financiera al tejido productivo y comercial en un momento que continúa siendo muy crítico económicamente y en el que la escasez de crédito sigue siendo una realidad para muchas actividades económicas, especialmente para pequeñas y medianas empresas y autónomos, una situación en la que la escasez y la restricción de crédito a la que continuamos asistiendo, sigue condicionando la viabilidad empresarial de muchas actividades. En el sector que nos ocupa y en el marco de esta proposición no de ley, entendemos que el cumplimiento de dicha ley es aún más necesario.
Nuestro grupo parlamentario espera que el grupo proponente de la proposición no de ley acepte nuestra enmienda, que recuerda dos iniciativas ya aprobadas. La primera es la proposición no de ley a la que hacía referencia, que recogía muchos de los aspectos contenidos en la proposición no de ley que hoy debatimos y perseguía objetivos muy comunes con ella, en cuanto a definición y regulación de los contratos de distribución, a fin de evitar posibles situaciones contractuales de abuso y dotar de mayor seguridad jurídica a los operadores y especialmente al tejido de pymes. La segunda iniciativa es la relacionada con la Ley de Morosidad, ya en vigor, que ha de tener, desde nuestro punto de vista, una contribución esencial en la dinámica de la distribución, en la seguridad jurídica y en la evitación de posibles abusos. Nuestro grupo entiende que el sector de la distribución y la situación económica que vivimos reclaman la puesta en marcha de esta iniciativa y también de las aprobadas con anterioridad.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN CARRETERO: La propuesta que hace el señor Canet, en nombre del Grupo de Esquerra Republicana, está bastante cercana a lo que opina el Grupo Socialista. De hecho, la base de la exposición de motivos concuerda muy bien con nuestros criterios, como impulsores e interesados por el desarrollo de políticas que puedan evitar estas injusticias en el sector de la distribución.
Como digo, estamos muy de acuerdo con la exposición de motivos, pero consideramos que es una cuestión mucho más compleja, debido a la singularidad que tienen los distintos sectores. Aunque la exposición de motivos hace referencia al sector primario, a los agricultores, creemos que los distintos sectores afectados en la distribución deben estar implicados también en estas iniciativas que proponemos. Para ello, el Grupo Socialista plantea en sus enmiendas algunas matizaciones a esta proposición. Algunas cuestiones, como la recogida a la que se refiere el apartado 2, son competencia del Ministerio de Sanidad. No nos oponemos a ello, por supuesto. Me consta además que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha presentado un proyecto de ley de calidad agroalimentaria en el que se contempla que dicho ministerio promueva la elaboración de un código de buenas prácticas comerciales en la cadena alimentaria, por lo que puedo decirles que el Gobierno socialista ya está trabajando en la promoción de este tipo de iniciativas. Además, este mismo ministerio, a través de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, está trabajando en la elaboración del código de buenas prácticas a lo largo de la cadena alimentaria desde marzo de 2009, cuando se constituyó un grupo de trabajo para ello, integrado por más de treinta entidades y asociaciones. El Grupo Socialista considera totalmente necesario que los agentes implicados en esta cadena de distribución, desde el sector de la producción hasta el consumidor, participen en la elaboración de ese código de buenas prácticas. Además, para seguir trabajando en ello hay que tener en cuenta las leyes europeas de competencia. En ese sentido, podemos comentar que desde Europa se está trabajando para que los países miembros desarrollen iniciativas que tengan que ver con la Ley de Competencia. De hecho, ayer el representante de UPA, Lorenzo Ramos, se reunió en Bruselas con el comisario de la competencia, Joaquín Almunia. Precisamente el comisario apuntaba la existencia de excepcionalidades en la aplicación de la norma, dadas las características de cada sector. Por eso me refería a que la distribución afecta a muchos sectores diferentes y que cada uno de ellos debe ser contemplado con sus particularidades. Además, dejó claro que en ningún caso se podrían eliminar dichas normas, por lo cual es importante tener en cuenta que las leyes europeas de la competencia afectan a nuestro país en este sentido. Como decía, son pequeñas matizaciones que hemos hecho a través de nuestras enmiendas.
Con relación al tercer punto, tengo que decir que por parte del Gobierno, en el ámbito privado, en agosto
de 2007, se firmó el acuerdo entre la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), sobre recomendaciones de buenas prácticas comerciales para la mejora de la gestión en la cadena de valor y el fomento de la cooperación empresarial. El Partido Socialista está trabajando en ello y considera necesario que surja ese código de buenas prácticas de aprovisionamiento, ese código de buenas prácticas en la cadena de valores en la distribución y que pueda facilitarse esta elaboración, sobre todo con la participación de los agentes de las diferentes cadenas de valor.
- SOBRE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CAMINO DE SANTIAGO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001782.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que antes figuraba con el número 5 y ahora es el número 4: Proposición no de ley sobre promoción turística del Camino de Santiago, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Presentamos hoy, efectivamente, una proposición del Grupo Socialista para la promoción y la comercialización internacional del Camino de Santiago, una ruta que en el Códice Calixtino -que está considerada como la primera guía turística del peregrino a Santiago- se decía ya en el siglo XII que por el Camino de Santiago iban innumerables gentes de todas las naciones y que no había lengua ni dialecto cuyas voces no resonaran allí. Hoy sigue siendo así y queremos que sean muchas más las personas, y de muchas más naciones, que acudan a nuestro país a disfrutar de esta joya de nuestro turismo, de nuestra historia y de nuestro patrimonio.
Hace unos días leía una novela del escritor sueco Mankell, que es uno de los autores más vendidos de los últimos años, cuya protagonista planeaba unas vacaciones recorriendo el Camino de Santiago. Este mismo viernes se presentaba en el Festival Internacional de Cine de Toronto una película del actor norteamericano Martin Sheen que se titula El camino, cuyos protagonistas son cuatro peregrinos rumbo a Santiago. Estas no son más que un par de anécdotas que nos recuerdan la trascendencia internacional de esta ruta en países como Suecia, Alemania, Francia, Estados Unidos y muchos otros que ven en nuestro país alternativas culturales y turísticas mucho más allá del sol y la playa y en los que el Camino de Santiago es un foco de atracción de indudable interés.
Esta proposición ha sido presentada con el respaldo de diputados y diputadas del Grupo Socialista de las comunidades autónomas por las que discurre el Camino, en cuyo nombre quiero hablar hoy. Aragoneses, navarros, riojanos, vascos, castellano-leoneses, cántabros, asturianos y gallegos arropan esta iniciativa de impulso a una ruta que tanta importancia tiene y ha tenido en sus pueblos y ciudades a lo largo de toda la historia. Para quienes vivimos al pie del Camino este forma parte de nuestras vidas y es fácil, además, darnos cuenta de su importancia social, económica y cultural. Por esto de la dinámica parlamentaria es verdad que debatimos esta proposición no de ley meses después de que fuera tramitada y cuando ya ha pasado la época en la que la afluencia de visitantes es más intensa, lo que nos permite hacer un pequeño balance del plan estratégico de actuación para la promoción y comercialización turística internacional del Camino de Santiago, que fue aprobado en el Consejo de Ministros en julio del año pasado, pero también plantear acciones que permitan asegurar el éxito de este Año Xacobeo y consolidar su presencia internacional de cara al futuro.
Hay muchas cifras a las que podemos acudir para evaluar el número de visitantes que han participado en este Año Xacobeo. Según los datos de la Oficina del Peregrino, más de 170.000 han llegado ya a Santiago este año, lo que es un éxito si lo comparamos con los datos de 2004, el último Xacobeo. Estamos hablando de un incremento de un 25 por ciento en el número de visitantes, de 35.000 personas más que han decidido realizar la ruta y que la han culminado, sin tener en cuenta, evidentemente, a todos aquellos que no solicitan la Compostela o que hacen tan sólo una parte del camino por alguna de las comunidades autónomas por las que discurre.
El Camino es la mayor ruta cultural europea y debe ocupar un lugar preferente en el marco de una estrategia de desarrollo de un turismo vinculado a nuestro patrimonio cultural. Así lo ha considerado el Gobierno en el acuerdo para el desarrollo de un plan de promoción del turismo cultural e idiomático. Seguimos consolidando, por tanto, el Camino de Santiago como destino turístico en los mercados internacionales a través de numerosas herramientas: se ha desarrollado el convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y ocho comunidades autónomas; se ha extendido la línea Privilege Spain al Camino de Santiago, programa al que ya se han adherido, por cierto, supervisado además por el ministerio, dieciocho establecimientos; se ha puesto en marcha un canal temático en Spain.info y se presentó en Santiago de Compostela una comunicación de la Comisión Europea en materia turística, en el marco de los actos de cierre de la Presidencia española. No obstante, debemos seguir haciendo esfuerzos para la señalización de rutas, para la protección del patrimonio o la comercialización internacional del Camino de Santiago. Estos últimos meses del Año Xacobeo deben servir para impulsar el desarrollo del plan estratégico y coordinar actuaciones entre el ministerio y las comunidades autónomas. En el reparto de competencias se hace imprescindible el trabajo conjunto
de todas las administraciones en este sentido, porque son muchas las actuaciones que deben desarrollar los gobiernos autonómicos por los que discurre el Camino de Santiago y que en algunos casos están ciertamente retrasadas. El turismo cultural y de interior, del que el Camino de Santiago es un exponente inmejorable, nos permite diversificar estacional y territorialmente los flujos turísticos en nuestro país. De ahí la importancia que pretendemos dar a la ruta xacobea en esta proposición, que pretende fortalecer la imagen y la notoriedad internacional del Camino de Santiago, así como buscar una mayor eficacia mediante la colaboración con todas las comunidades autónomas implicadas. Mi grupo confía en que en este objetivo nos encontramos todos los grupos de esta Comisión.
A esta proposición se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que, si me permite la expresión, creo que es un tanto peregrina.
Estamos hablando en esta proposición de comercialización y promoción turística internacional del Camino de Santiago y la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular es, desde luego, más propia de la Comisión de Economía, donde, por cierto, ya se aprobó, con el apoyo de este grupo, una enmienda transaccional en el mismo sentido. Podemos dedicarnos en esta Comisión hablar de turismo y de promoción del Camino de Santiago o podemos dedicarnos a copiar proposiciones ya aprobadas en otra Comisión.
Por tanto, considero que los esfuerzos de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio deben ir dedicados, como decía, a fortalecer y promocionar la imagen internacional del Camino de Santiago, puesto que se trata de la mayor ruta cultural europea.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Intervengo en nombre del grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda de sustitución que mi grupo presenta a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Quiero agradecer al portavoz de mi grupo, Antonio Erias, la posibilidad que me da de defender esta enmienda y de hacerlo en nombre de todos mis compañeros diputados del Partido Popular por Galicia.
Sin lugar a dudas, estamos ante una intervención por parte del diputado del Grupo Socialista de ciencia-ficción. A pesar de que dice que vive al lado del Camino, creo que en ningún momento se ha acercado a Galicia, al igual que el presidente del Gobierno, a saber cómo estamos celebrando el Xacobeo y a saber cómo se está viviendo realmente el Camino de Santiago.
Pues bien, me gustaría que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a los visitantes y a los peregrinos que han elegido Galicia y España como principal destino turístico. También me gustaría mostrar mi agradecimiento a la familia real que día tras día a lo largo de ese año nos están visitando en Galicia, en Castilla y León o en otras comunidades por las que transcurre el Camino de Santiago, y cómo no, también está la importante visita del Papa en el mes de noviembre, que está haciendo que los hoteles de Santiago y del resto de Galicia hayan colgado ya el cartel de lleno absoluto.
En este Xacobeo 2010, en relación a los siete primeros meses de 2009, Galicia registra un incremento de un 13 por ciento en cifra de viajeros; en esta línea, respecto al último Xacobeo, que fue en el año 2004, ya superamos el 5,3 por ciento. Si tenemos en cuenta las pernoctaciones del último Año Santo, en 2004, el incremento de esta cifra es del 5,1 por ciento. Por cierto, señor Diputado del Grupo Socialista, como ya veo que no conoce mucho el Camino de Santiago, le diré que nos congratulamos todos de que ayer se hiciese público que más de 200.000 peregrinos hayan recogido ya la Compostela y no 140.000 como usted dice.
El Camino de Santiago es un fenómeno cultural, espiritual y turístico en auge, y los datos registrados en lo que va de Año Xacobeo así lo avalan.
La Xunta de Galicia, al igual que otras comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago, está trabajando, sobre todo, en el reequilibrio territorial. No hay que olvidar que en este Camino inciden ciento dieciséis ayuntamientos por los que transcurre y el impacto turístico se está haciendo notar prácticamente en todos ellos. La Xunta de Galicia, con otras comunidades autónomas y no con el Gobierno de España, ha participado en más de ochenta ferias internacionales; varias comunidades autónomas han realizado un plan corrector de los caminos, con intervenciones en los trazados, la mejora de infraestructuras y las comunidades autónomas han facilitado cuatro mil plazas más en los albergues. La presentación del Xacobeo, con los escasos medios con los que cuenta, se ha hecho en embajadas, en institutos Cervantes, en Japón, en Polonia, en Brasil; prácticamente se ha dado la vuelta al mundo promocionando el Xacobeo y el Camino de Santiago. Hay que decir que esto no lo ha hecho solo la Xunta de Galicia sino que en parte ha sido con la colaboración de muchas de las comunidades autónomas. Pues bien, frente a esta actuación de la Xunta de Galicia nos encontramos con un presidente del Gobierno, el señor Zapatero, que tiene la obligación de venir al menos un día a Galicia, que tenía la obligación de estar o en la ofrenda al Apóstol o en el Día de Galicia o en la apertura de la Puerta Santa y que ni está ni se le espera. Para todos los gallegos es un auténtico agravio.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, le recuerdo que su turno es para defender una enmienda a una proposición no de ley, no para hacer una oposición general al Gobierno ni al presidente del Gobierno. Por favor, cíñase a la cuestión con los argumentos que quiera, pero es que desde que empezó su intervención no se ha referido a la proposición no de ley y debe hacerlo. Además, ha sobrepasado el tiempo, por lo que le ruego que concluya.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Es que esta proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista es un argumento para ocultar la inacción del Gobierno socialista. Como de alguna manera me tengo que referir al presidente del Gobierno, no lo mencionaré pero hablaré de ese señor que no pisa Galicia pero si intenta pisotear Galicia y quiere que este sea el fracaso del Xacobeo, y eso no lo vamos a consentir ni los españoles ni los gallegos.
Finalizo ya diciendo que a buenas horas viene esta proposición no de ley.
Estamos a tres meses de finalizar el Año Xacobeo y si ustedes quieren aprovechar el tiempo, aprueben nuestra enmienda, porque para promocionar el Camino no se necesitan declaraciones sino dinero; no se necesita que el Ministerio de Cultura dé 400.000 euros para toda España sino dinero concreto para el Camino. Por eso se pide que el Ministerio de Industria, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, ponga recursos económicos, porque aún estamos a tiempo.
Por lo demás, esta proposición no de ley únicamente demuestra la falta de compromiso del Gobierno Socialista con el Camino de Santiago y con el Xacobeo. Tuvieron las cumbres de ministros de la Unión Europea, incluso algunas de las prometidas se han llevado...
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, tiene que terminar. Usted ha presentado una enmienda en cuya justificación pone: mejora técnica, y ha consumido el doble de tiempo hablando de otras cuestiones que no tienen nada que ver con esa enmienda. Por favor, le ruego que concluya en un segundo.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: He intentado convencer al Grupo Socialista, pero ya veo que no convenzo ni siquiera al presidente. De todas formas, muchas gracias por darme la oportunidad de defenderla.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, no tiene que convencer al presidente.
La obligación del presidente es dirigir este debate de acuerdo con el Reglamento y este dice que usted ha presentado una enmienda. Le ruego que comprenda lo que le digo y no vierta esas expresiones peyorativas sobre el presidente que lo único que hace es amparar los derechos de todos los grupos, incluido el suyo, y su derecho es que ha presentado una enmienda en unos términos en los que la tiene que defender y creo que en este trámite no lo ha hecho sino que se ha dedicado a otra cosa. Por eso le manifiesto que los trámites son los que dice el Reglamento.
¿Algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Voy a ser muy breve.
Permítanme que empiece con un chiste, emulando al señor Van Gaal pero al revés. El señor Van Gaal decía: siempre negativo, nunca positivo. Yo voy a ser positivo y no negativo y voy a limitarme a valorar los contenidos de esta proposición no de ley. Creo que este no es el marco para hacer propaganda de la gestión de un gobierno o de otro ni para dirimir rifirrafes por un interés única y exclusivamente electoralista. En cualquier caso, si de lo que se trata es de defender los intereses de Galicia -aunque el Camino de Santiago no afecta única y exclusivamente a Galicia-, los diputados gallegos del Grupo Popular tienen luego una excelente ocasión, puesto que más tarde se va a debatir una proposición no de ley. Me voy a limitar, insisto, a valorar los contenidos de esta proposición no de ley diciendo que me parece positiva. Por tanto, quiero manifestar el apoyo a la misma por parte del Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición en nombre de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Avanzamos desde ahora que nuestro grupo votará favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en relación a la promoción turística del Camino de Santiago.
Vemos el sector turístico como un sector estratégico para nuestra economía en términos de ocupación y de PIB, ya que tiene un peso muy importante en nuestro crecimiento. Mi grupo entiende que necesariamente tenemos que continuar apostando por un sector sólido, competitivo, que permita generar ocupación de calidad y afrontar los retos que tiene ante sí y para ello hemos de fijar estrategias y políticas que permitan reconducir el déficit que aún tenemos como sector y competir más y mejor en un mercado cada vez más dinámico, cada vez más global, en un mercado cambiante, muy sensible y sujeto plenamente a la evolución económica, con nuevos actores que entran y que nos obligan a ganar en competitividad.
Ante estos cambios, uno de los retos que tenemos es la diversificación.
Cuando hablamos del sector turístico, para ganar en competitividad estamos obligados a diversificar nuestra oferta y también nuestros mercados. Si creemos que la diversificación ha de ser uno de los ejes del crecimiento y de la mejora de competitividad del sector hemos de ser capaces de potenciar ofertas nuevas y de impulsar las ya existentes mejorándolas en calidad, en servicios y en infraestructuras. Esto ha de permitir acentuar la deseada desestacionalización de nuestro sector, que es un reto importante, ganar en calidad y en prestigio. Entendemos, señor presidente, señorías, que el Camino de Santiago y la propuesta que presenta el Grupo Socialista responde a ello, siendo un magnífico ejemplo de una oferta cualitativa que responde a un mercado que premia la cultura y que permite esta desestacionalización. El Camino de Santiago -termino- es un ejemplo de la aportación turística al PIB del conjunto de la economía y también de la creación de iniciativas empresariales a su alrededor y, por tanto, de la generación de ocupación y dinamización del territorio.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario acoge muy favorablemente esta iniciativa y la apoyará con su voto.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001818.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición, pasamos al punto quinto del nuevo orden del día -anteriormente el sexto-: proposición no de ley relativa a las medidas en materia de política energética que hagan posible el mantenimiento del precio de la tarifa de último recurso, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien ha presentado una autoenmienda a esta proposición, por lo que me imagino que se referirán a ambas cuestiones.
Tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Efectivamente, el Grupo Popular, preocupado por la situación que viven las familias en esta España sumida en una importante crisis económica y social, ha presentado esta proposición no de ley y una autoenmienda para adecuar la misma al calendario que se prevé inmediatamente. Lo que hacemos con la enmienda es instar al Gobierno a que se apliquen todas las medidas necesarias de política energética para que la tarifa de último recurso y los peajes de acceso no suban en el próximo mes de octubre, ya que en la proposición no de ley, por el momento en el que fue redactada, se decía en el próximo mes de julio.
Simplemente se trata de una cuestión de tipo técnico.
Vamos a hacer un pequeño recordatorio de dónde estamos desde el punto de vista económico para que se pueda comprender mejor por qué motivos el PP continúa recalcando la necesidad de que el Gobierno utilice el instrumento que tiene en sus manos para desarrollar una política energética comprometida con aquellos que tienen menos capacidad económica. La situación económica en la que estamos en términos de renta y de riqueza significa que vivimos en el año 2010 y que, sin embargo, transcurridos cuatro años de pérdida de riqueza, nos hemos colocado en niveles de 2006; el poder adquisitivo de las familias está exactamente al mismo nivel que hace cuatro años. Son cuatro años perdidos para las familias españolas. En términos de desempleo no voy a recalcar que doblamos la tasa de la mayoría de los países de la Unión Europea a veintisiete, alcanzando un nivel del 20,3 por ciento, según la encuesta de población activa. En estas circunstancias que están atravesando todos y cada uno de los ciudadanos en España y que están padeciendo de manera más notable los que acabo de señalar, el Gobierno pretende subir los peajes, a pesar de la negociación y del acuerdo que alcanzó con el Partido Popular en el mes de julio. En el mes de julio el Partido Popular había fijado dos líneas rojas: por una parte, el mantenimiento de la central de Garoña y, por otra parte, la congelación de la TUR y de los peajes mientras que la situación económica no mejorara. ¿Para qué debería servir esto? Según el Partido Popular debería servir, desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, para contribuir a mejorar su competitividad y para dar nuevo poder adquisitivo a las familias.
Si los datos económicos son graves, desde el punto de vista histórico, la situación empeora un poco más si nos fijamos en dos noticias que se publican en la prensa de hoy. La primera, que la brecha entre la economía de España y la de la zona euro se acentúa y que España continúa con un crecimiento mucho más débil que el del resto de la Unión Europea. Pero si es grave que vayamos mucho más lentos que los demás, es peor la segunda noticia, que dice que los salarios en España crecen un 0,52 por ciento menos que los precios. ¿Qué significa esto? Que incluso los asalariados que tienen empleo están perdiendo poder adquisitivo porque los precios están erosionando la capacidad de compra de las familias españolas. Ante estas circunstancias, recalcamos que los peajes serían una oportunidad maravillosa para que el Gobierno explicitara una política energética comprometida con el empeño de mejorar ese poder adquisitivo. Pero no se puede hacer responsables a los consumidores domésticos ni tampoco debemos negar la posibilidad de llegar a un acuerdo. El Partido Popular está dispuesto a llegar a un acuerdo más amplio en política energética, pero mientras que el Gobierno no implemente todas las condiciones para que este acuerdo pueda darse, seguiremos reclamando que los más desfavorecidos no se vean perjudicados por una política energética descarriada.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, entendemos que su primera versión quedaba superada en el tiempo, motivo por el cual han presentado la enmienda.
Tengo que decir que mi grupo ha apoyado la TUR con matizaciones en relación con su configuración, pero también entendemos que cualquier cambio normativo en su estructura deberá estudiarse y, en su caso, tener como referencia los trabajos y las conclusiones de la subcomisión para la estrategia energética. Hemos defendido y defenderemos los trabajos de dicha subcomisión y entendiendo la importancia estratégica del sector, que es determinante en términos de crecimiento y de competitividad, y teniendo en cuenta su impacto social y económico, pensamos que era muy importante su creación en el marco de la Comisión y sus trabajos y sus conclusiones son y deberán ser determinantes. Creemos que dichas conclusiones deberán ser un referente en los cambios del sector, en la definición del mix energético,
del modelo energético que necesitan nuestra economía y nuestra sociedad; un modelo que debe permitir superar y reconducir los déficits actuales que sectorialmente todavía tenemos, especialmente en términos de dependencia, de eficiencia o de mayor seguridad, así como fomentar también el ahorro energético.
Estos son los retos a los que están orientados los trabajos de la subcomisión. Si creemos en la subcomión -como entendemos que todos debemos hacer-, en sus trabajos y en su equipo, es lógico esperar a las conclusiones que, sin duda, deberán ser el referente para cualquier cambio normativo en la materia, incluida la que hoy se trae a debate a través de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Mi grupo cree que debemos esperar a las conclusiones de la subcomisión para poder activar cualquier iniciativa, incluidas las que puedan afectar a la TUR.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO CASTRILLO: En primer lugar, en nombre de mi grupo tengo que decir que esta proposición no de ley resulta inaceptable -y creo que el Grupo Popular lo sabe- desde muchos puntos de vista. Creo que el Grupo Popular ha venido aquí a hacer un discurso que poco tiene que ver con la tarifa eléctrica y que más bien tenían ganas de soltarnos un discurso muy distinto al de esta cuestión. Por eso creo que esta proposición no de ley no debería debatirse en esta Comisión y que después de que han soltado lo que tenían que soltar lo más sensato es que acaben retirándola.
Esta proposición no de ley está fuera de lugar, y yo no digo que esta no sea la Comisión donde tengan que tratarse estos temas, pero, como ha dicho muy bien la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, existe una subcomisión de energía que está en marcha, de la que forman parte todos los grupos de esta Cámara, y que nace en función de ese gran acuerdo al que se pretende llegar con el Grupo Popular en torno a los temas energéticos y a la estrategia energética española 2020. Por tanto, está claro que quizá deberíamos esperar a las conclusiones de esa subcomisión para, basándonos en ellas, poder tomar las medidas pertinentes. Además, creo que en la última reunión se llegó a un acuerdo sobre un texto inicial y que en la próxima reunión del 15 de septiembre se podrá definir ese acuerdo y tendremos unas conclusiones que nos sirvan. Por eso creo que no tiene sentido que antes de todo eso traigan esta proposición a la Comisión; el único sentido que tiene, como digo, es hacer una cierta demagogia y contarnos lo que ellos querían acerca del nivel de vida de los españoles y las españoles y de la situación del paro. Además, está fuera de tiempo -si no llega a ser por esa autoenmienda que se han hecho a sí mismos- puesto que, como saben, hay una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se reducen los peajes de los consumidores domésticos a partir del 1 de julio y se mantienen para los consumidores industriales y pymes. Precisamente, por respeto a ese acuerdo previo, el Gobierno de España ha congelado la subida de los peajes a expensas de conocer las conclusiones a las que aludía anteriormente. Por ello, desde nuestro grupo tenemos que decir al Grupo Popular que sean respetuosos, que sean pacientes y que trabajen en esa subcomisión de energía para alcanzar ese consenso y ese acuerdo que creo que es tan necesario en un tema de tanto calado como es la estrategia energética del país.
En la cuestión de fondo, a la que también intentan aludir, hay que decir que desde el Gobierno de España y desde nuestro grupo lo que se pretende es que el precio de la energía refleje de una forma transparente cuál es su coste. Lo que no era posible era la brecha en el precio de la tarifa que dejó el Partido Popular cuando gobernaba, de tal forma que los costes de la tarifa eléctrica son unos y los que pagan los usuarios son otros bien distintos. Al final, es el Gobierno de España el que tiene que compensar esa brecha que, repito, es fruto de la política poco valiente del Partido Popular que para hacer populismo en vez de subir la tarifa eléctrica y llegar a los costes que esta suponía lo que hizo fue esconderse y que los consumidores no soportaran el coste de la energía.
Creo que hay que esperar a las conclusiones de la subcomisión. También hay que decir que se aprobó la tarifa de último recurso, pero también se aprobó un bono social que permite que aquellas familias, como decía el portavoz del Grupo Popular, que están pasando dificultades, que tengan a todos sus miembros en el paro o que tengan rentas bajas, puedan acogerse a ese bono social y que tengan una tarifa adecuada a sus capacidades económicas.
En definitiva, creo que esta proposición no de ley no tiene sentido hoy en esta Comisión y, por tanto, creo que lo más sensato es que el Grupo Popular la retire. En cualquier caso, como es lógico, nuestro grupo votará en contra.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL REAL DECRETO 134/2010 POR EL QUE SE CREA EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES POR GARANTÍA DE SUMINISTRO (DECRETO DEL CARBÓN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001838.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que figura con el número 7, actualmente la número 6, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto 134/2010, por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro.
Para su defensa tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quiero indicar que hemos presentado una enmienda para ampliar el contenido del primer punto. Por tanto, proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a modificar los contenidos básicos del llamado decreto del carbón a efectos de adaptarlo al desarrollo de una estrategia energética económica y medioambientalmente sostenible y a las especificidades de las distintas comarcas mineras, a entablar para ello un proceso de diálogo con los distintos agentes sociales y tener en cuenta las singularidades de las comarcas mineras de As Pontes y Meirama en la definición de los contenidos definitivos del decreto y en el desarrollo de las políticas destinadas a favorecer el desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras.
¿Por qué proponemos modificar los contenidos del Real Decreto 134/2010, por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, el llamado decreto del carbón, y el proyecto del real decreto por el que se modifica el anterior para adaptarlo a las conclusiones que se derivan del proceso de prenotificación a la Comisión Europea? Permítanme que lea una serie de argumentos. En su redacción actual el primer efecto de este real decreto será encarecer artificialmente la producción eléctrica. Si las centrales eléctricas de carbón importado y de gas natural son desplazadas por el carbón español, el conjunto de la generación eléctrica resultará mucho más rígido, lo que de modo indefectible afectará negativamente a las energías renovables. El desplazamiento de las centrales de gas natural y del carbón importado por otras de carbón español generará un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto de real decreto justifica la obligación que se impone a las compañías eléctricas de consumir carbón autóctono en la necesidad de garantizar el suministro energético, en definitiva, en la necesidad de resolver un problema que no existe, pues es evidente que en la actualidad existe un exceso de capacidad productiva en el sistema. Si lo que se pretende realmente es garantizar el suministro, los escasos recursos energéticos fósiles con los que cuenta España deberían ser conservados como reservas estratégicas, en almacenamientos y en la propia mina, para atender eventuales desabastecimientos, en vez de quemar el carbón español que apenas reduce la dependencia energética del exterior.
En el proyecto de real decreto no hay restricción alguna, aunque así se le quiera denominar, sino que hay una modificación del funcionamiento del mercado para solucionar el problema existente en otro sector productivo: la minería del carbón. Por eso llama la atención que para resolver el problema de la acumulación de stocks de carbón español se obliga al sector eléctrico a utilizarlo a un precio que es muy superior al del carbón internacional. En definitiva, al pretender con este real decreto resolver el problema de los stocks del carbón autóctono se provocan problemas más graves en el funcionamiento del mercado eléctrico que el que se quiere solucionar. Señorías, todos estos argumentos ni son míos ni son del Bloque Nacionalista Galego, sino que los he extraído del voto particular emitido por don Luis Albentosa Puche, consejero de la Comisión Nacional de Energía a propuesta del Grupo Socialista. Los argumentos no pueden ser más contundentes. Quiero dejar muy claro, señorías, que nosotros no negamos en absoluto la necesidad de favorecer el desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, pero esto debe de acometerse, por un lado, sin comprometer el desarrollo de una estrategia energética coherente y, por tanto, sostenible económica y medioambientalmente y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta las singularidades de las distintas comarcas mineras. Para solucionar problemas específicos de alguna comarca no podemos provocar problemas mayores a otras.
Señorías, la propia Comisión Nacional de la Competencia advirtió que con la aplicación de este decreto se podría generar un importante encarecimiento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas, con la consiguiente repercusión futura en los consumidores. La apuesta por la generación eléctrica a partir del carbón autóctono, altamente contaminante, resulta totalmente contradictoria con los objetivos de reducir las emisiones de CO2, favorecer el desarrollo de las energías limpias y sostenibles y racionalizar los costes en el sector eléctrico.
Además la decisión de priorizar el carbón nacional afectará gravemente a la actividad económica de las centrales térmicas, como las situadas en las localidades coruñesas de As Pontes o Meirama, que han apostado por la utilización del carbón importado debido al progresivo agotamiento de los yacimientos mineros próximos a estas centrales, las menores emisiones que producen el uso del carbón de importación y sus menores costes económicos y además lo han hecho teniendo que destinar importantes inversiones para adecuar estas centrales termoeléctricas al uso del carbón importado y en aplicación de las estrategias energéticas que se definieron en el Estado español y ahora resulta que estas centrales, tras realizar grandes inversiones para adaptar sus instalaciones, ven su actividad futura claramente amenazada con el consiguiente impacto en unas comarcas altamente dependientes de esta actividad económica. Un impacto que puede afectar nada más y nada menos que a 10.000 puestos de trabajo. Un impacto que además no se localiza única y exclusivamente en los puestos de trabajo directos que generan estas centrales termoeléctricas y en la actividad económica inducida en la comarca, sino que va a afectar incluso a la actividad del puerto exterior de Ferrol y del puerto de A Coruña que tienen en el movimiento del carbón una de sus principales actividades económicas y que van a afectar también a las centrales de ciclo combinado existentes en As Pontes y en Sabón, porque las centrales de gas también se verán negativamente afectadas por este decreto.
Insisto, señorías, que el BNG es sensible a la problemática de las comarcas mineras donde se extrae carbón autóctono, pero para solucionar un problema no se
pueden crear problemas amplificados que afectan al conjunto del sistema eléctrico y que afectan muy negativamente a otras comarcas de características distintas a las comarcas mineras leonesas o asturianas, por poner un ejemplo. Les pido que reparen en una cuestión. El texto de la proposición no de ley no puede ser más razonable, no prejuzga los contenidos definitivos del decreto, simplemente apuesta por la necesidad de adaptarlo a una estrategia energética sostenible, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental; apuesta por la necesidad de tener en cuenta el impacto de este decreto en el conjunto de las comarcas mineras, no solo de aquellas especializadas en la extracción de carbón autóctono y, por tanto, apuesta por la necesidad de que se entable un diálogo entre todos los agentes implicados para armonizar todos estos intereses, que son intereses legítimos. Más razonable y más ponderada no puede ser la proposición no de ley que presentamos y por eso apelo al Grupo Socialista, apelo al Grupo Popular y apelo, en particular, a los diputados del Grupo Popular y del Grupo Socialista aquí presentes. La Xunta de Galicia anunció que si este decreto se confirma en estos términos, lo recurrirá ante el Tribunal Supremo y ante las instancias judiciales de la Unión Europea. Las alcaldías de los ayuntamientos donde están estas centrales térmicas gallegas que se verán claramente afectadas por los contenidos de este decreto son alcaldías del Partido Socialista y han levantado el grito en el cielo por los contenidos de este decreto.
Aquí tienen una oportunidad para defender los intereses de Galicia y para mantener el mismo discurso en Madrid que el que mantienen en Galicia.
Para concluir, señorías, simplemente anuncio que no podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Popular por dos razones. En primer lugar, obvia lo principal, que es modificar los contenidos del decreto conforme a los criterios que acabo de definir, ya que simplemente insta a que se lleven a cabo las acciones precisas para que la actividad económica de Galicia no se resienta y que las consecuencias indeseadas que, en todos los ámbitos -laboral, económico y social-, puedan producirse no se manifiesten con toda su crudeza. Es decir, entendemos que el Grupo Popular se conforma con que estas consecuencias tan negativas para Galicia no se manifiesten con toda su crudeza.
En el punto 2 establece que el funcionamiento de estas centrales térmicas sea cuando menos el mínimo técnico y, por otra parte, que se garantice el pago del lucro cesante. Quiero hacer una advertencia, señorías, precisamente una de las objeciones de la Unión Europea a los contenidos iniciales del primer decreto es que el lucro cesante vulnera la normativa de la Unión Europea, pero además el abono del lucro cesante significa ayudar a aminorar las consecuencias económicas negativas que tendrá este decreto para Endesa y para Unión Fenosa, pero esto no va a solucionar el problema de fondo que es el impacto de este decreto en la actividad económica de las comarcas donde están situadas esas centrales termoeléctricas. Esto es lo que le preocupa al BNG, lo que le preocupa es el futuro económico de Ferrolterra, lo que le preocupa es el futuro económico de Cerceda, incluso del puerto de A Coruña, los puestos de trabajo vinculados a ello y no resarcir de los perjuicios que este decreto pueda tener en Endesa y en Unión Fenosa. Por tanto, vuelvo a hacer una apelación a los diputados del Grupo Popular y del Grupo Socialista para que sean congruentes con lo que defienden en Galicia.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que da también por defendida su autoenmienda, que es una enmienda de adición al primer punto.
Para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señor Jorquera, con las mismas preocupaciones que usted, con el mismo empeño que usted y tan gallego como usted, voy a defender lo que desde mi grupo consideramos que representa mejor la situación que en estos momentos viven dos comarcas que, como usted ha dicho, en su día fueron mineras y que hoy en día tienen algunas dificultades sobrevenidas, fruto de un conjunto de circunstancias, no producidas por el Partido Popular, pero sí padecidas por los habitantes de esas zonas y, en conjunto, por la Comunidad Autónoma de Galicia. No necesito que me autoenmiende, sé desarrollarlo con el rigor propio de esta Cámara y todo tipo de ayudas son bienvenidas, pero no en este escenario. A la vista de la singularidad con la que el Grupo Mixto ha presentado esta proposición no de ley, el Grupo Popular presenta una enmienda de sustitución. Una enmienda de sustitución que pretende explicar cuál es la situación de las comarcas de As Pontes y de Meirama reclamando que se mantenga la actividad de sus centrales térmicas para disponer en Galicia, en estos momentos de crisis, de una energía eléctrica más competitiva. En concreto, las comarcas mineras de As Pontes y de Meirama, en A Coruña, que en su día desarrollaron una notable actividad productiva y extractora para alimentar las centrales térmicas emplazadas en esos territorios, actualmente, y después del agotamiento casi total del recurso energético, estas centrales han llevado a cabo importantes inversiones para adecuarse ambiental y productivamente a las nuevas condiciones existentes. De ahí que ante esta nueva situación nos veamos abocados a instar al Gobierno a que, por una parte, se lleven a cabo un conjunto de acciones para que la actividad económica en Galicia no se resienta y además para que se mitiguen las consecuencias -que ciertamente son indeseadas, porque no puedo atribuir que eran las perseguidas- que puedan producirse en todos los ámbitos, en el laboral que puede alcanzar a más de 2.000 personas, en el económico y en el social, y, en todo caso, en el caso en que se produzcan que sea la acción pública la que contribuya a mitigar la crudeza con la que se manifieste.
En segundo lugar, también solicitamos del Gobierno que el funcionamiento de estas centrales térmicas se
realice, cuando menos, al denominado mínimo técnico, es decir, el Grupo Popular propone que estas centrales no tengan que estar paradas durante cuatro años con los evidentes perjuicios que todo esto conllevaría. Por tanto, si se lleva al mínimo técnico se ha de garantizar también el lucro cesante en el caso de que los daños emergentes así lo requieran. Estas medidas han de servir para garantizar la vida útil de las centrales termoeléctricas y de los ciclos combinados de As Pontes y de Meirama, en la provincia de A Coruña, en unas condiciones de rentabilidad económica y social adecuadas y manteniendo, en cualquier caso, el actual nivel de empleo, tanto en la industria principal como en la auxiliar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Comenzaré mi intervención con una reflexión en voz alta: ¿Qué está pasando con el sector del carbón en nuestro país que solo hay voces negras que plantean el fin del carbón durante estos días en los medios de comunicación y cuando llegamos a las comarcas mineras todos nos mostramos a favor de defender el carbón y la supervivencia del carbón? Algo de este discurso diferente, depende de dónde se transmita, nos lleva a una reflexión que para nada tiene que ser la solidaridad y la corresponsabilidad que debemos a los trabajadores y a las comarcas mineras, que tanto impacto han tenido durante mucho tiempo a favor del conjunto del país. Comenzaré recordando y poniendo en valor que el único recurso fósil autóctono de cierta abundancia en nuestro país es el carbón. Recordaré también que durante muchos años ha sido la principal fuente de generación de energía eléctrica y recordaré además que nadie puede negar que se trata de un sector que ha dado mucho a cambio de poco, que ha generado riqueza y productividad a nuestro país y que las comarcas o los territorios mineros de donde se ha extraído este mineral han sido solidarios socialmente con el resto y que ahora es el momento de corresponderles.
Hemos de saber que la generación eléctrica a partir del carbón autóctono es uno más de los componentes en el diseño de la política energética del Gobierno español para el año 2020: la política energética que respeta, indudablemente, los compromisos que ha adquirido nuestro Gobierno con la Unión Europea y que nos encamina hacia un sector energético con menos emisiones de CO2. Por eso los esfuerzos de nuestro Gobierno se centran, entre otros, en la consecución de estos compromisos para lo cual el Gobierno ha realizado ya sus propuestas de penetración de la energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables acordes con el objetivo del 20 por ciento establecido para el año 2020. Como la política energética debe encaminarse a garantizar la consecución de estos objetivos, es imprescindible el uso de generación térmica de respaldo para que las tecnologías que dependan de las condiciones climáticas no se vean deficitarias. Estas tecnologías, que han sido masivamente desarrolladas en España, pero atendiendo a su dependencia climática, tienen un claro componente intermitente, que hace necesario ese respaldo de la generación térmica de la que he hablado.
Dentro de la generación térmica las centrales que pueden funcionar con carbón autóctono son un elemento más que va a ayudar a la reducción de las emisiones de CO2. ¿Creéis además -y esta sería otra reflexión en voz alta- que algún país renunciaría a sus propios recursos autóctonos? ¿Y por qué lo tenemos que hacer nosotros? Porque la minería del carbón en absoluto es contradictoria con la apuesta decidida por las energías renovables ni tampoco se contradice con el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Eso sí, tenemos que avanzar y apostar por un carbón más sostenible. El que apuesta hoy por el carbón debe hacerlo ya por esta línea de apostar hacia un carbón más sostenible, es decir, debemos hablar de la investigación, de la captura, del almacenamiento y del aprovechamiento del CO2.
Hagamos un poco de memoria y comenzaré señalando que la situación en la que se encuentra en la actualidad el parque de generación térmico -y en su escaso funcionamiento- es fruto de la fuerte caída de la demanda energética que se produjo en los últimos meses del año 2008 y durante el año 2009. Una situación provocada por la fuerte crisis internacional que ha afectado a esta tecnología reduciendo las horas de funcionamiento. No obstante, ya existen claros síntomas -y hay que ser positivo con vistas al futuro- de una recuperación de la demanda que esperamos que se traduzca en un funcionamiento normalizado en el parque de generación térmico en un periodo razonable de tiempo. Sin duda, una vez normalizado el suministro, las inversiones realizadas en las plantas térmicas, también en las plantas térmicas gallegas, se verán favorecidas por su menor nivel de emisiones de CO2. Es importante recordar también que en el año 2006, bajo un amplio consenso y debate entre todos los sectores implicados -empresarios, mineros, sindicatos, la Administración y todos los partidos políticos con representación en este Parlamento- se aprobó el marco general del Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012 y se acordó un modelo de desarrollo integral y sostenible para todas las comarcas mineras. En este plan se establece que anualmente se estipularán los criterios que van a definir las cantidades y la distribución del carbón autóctono de la reserva estratégica para los diferentes territorios, así como la línea a seguir para regularizar el consumo del carbón.
Como ya he indicado, en el año 2009 el sector del carbón fue cuando atravesó un momento crítico, debido sobre todo a la falta de demanda energética, junto a que tuvimos un excelente año hidráulico, lo que generó un descenso considerable del consumo del carbón nacional, provocando una acumulación de grandes stocks de carbón, prácticamente hay almacenado actualmente un volumen casi equivalente a un año anual previsto en el
Plan del carbón. Una consecuencia inmediata fue que las eléctricas no aceptasen carbón, provocando grandes tensiones en todo el sector productor del carbón autóctono, junto con alguna actitud mezquina de algún empresario minero que ha dejado de pagar sus nóminas a los trabajadores como una medida de presión; algo totalmente intolerable para el grupo al que representó. Esta difícil situación hizo que el Gobierno tomase medidas de emergencia y urgentes, para lo cual se convocó en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a reuniones con todos los agentes implicados para llegar a un amplio acuerdo, más allá de buscar una medida temporal y puntual, y se trabajó para crear un sistema que permitiese la generación eléctrica a partir del carbón autóctono. De ahí el real decreto del carbón acordado -lo tengo que recordar- por todos los sectores implicados -las organizaciones sindicales, los empresarios y también las comunidades autónomas- en los órganos de seguimiento del Plan del carbón. Un decreto que resuelve el problema de la falta de consumo de carbón nacional mediante incentivos a su uso para la generación eléctrica. Este decreto está acompañado de un mecanismo de compensación, para el uso del carbón autóctono, que se contrarresta con una reducción de la contribución de las centrales térmicas, que usen fuel, gas o carbón de importación, para que emitan CO2. Ello se hace mediante un mecanismo de resolución de restricciones para no alterar el precio del mercado eléctrico, para que en las centrales del carbón se queme producto nacional y para que se les garantice, central por central, el precio de un pago fijo por megavatio/hora producido. Este precio se sustenta en el principio reconocido por Bruselas de que para la seguridad del suministro se deben establecer los procedimientos compatibles para la utilización de fuentes autóctonas, en este caso nuestro es el carbón, en un porcentaje de hasta el 15 por ciento de la energía producida en nuestro país.
En resumen, una norma consensuada y dialogada con todo el sector, que asegura, por un lado, el consumo por parte de las centrales térmicas de las cantidades de carbón autóctono, recogidas y establecidas en el plan, sin afectar al precio del mercado diario y minimizando el impacto medioambiental y, por otro lado, en la línea de lo dispuesto para el sector eléctrico que permita consumir hasta máximo del 15 por ciento de la producción eléctrica mediante fuentes fósiles autóctonas. En paralelo, y como todos estamos de acuerdo en que debemos contribuir a generar una energía sostenible, estamos trabajando también en las nuevas vías de investigación y desarrollo de tecnologías limpias hacia un carbón más limpio, mediante la captura y el almacenamiento, como la planta piloto de almacenamiento geológico de CO2, donde el carbón juega un papel fundamental para generar electricidad con bajas emisiones de CO2.
Centrándome ahora en la proposición no de ley planteada aquí, si tal y como sugiere se modificasen los contenidos del real decreto para impedir el uso prioritario del carbón autóctono, que como ya he indicado es nuestro único combustible fósil disponible en España con cierta abundancia, al igual que sucede con las energías renovables, la ayuda para reducir la dependencia energética del exterior de este combustible sería sustituida, según proponen en esta proposición no de ley, por el carbón de importación, que también es altamente contaminante, pero que, como le he indicado, también sirve a esa consecución de los objetivos del 2020.
En relación con la sostenibilidad energética a largo plazo, el objetivo de la política del Gobierno no es otro que...
El señor PRESIDENTE: Señora Casaus, tiene que hacer un esfuerzo para ir terminando ya.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: ... cumplir con los objetivos del 2020.
Respecto a la referencia de la garantía del suministro, la intención del Gobierno es garantizar ese suministro eléctrico augurando la viabilidad económica de todo el parque térmico. Respecto a la de entablar el diálogo con los agentes implicados, como ya le he indicado, el decreto fue consensuado con todas las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas. También hay que recordar, en primer lugar, que Galicia ha sido incluida en los dos planes del carbón, a pesar de no contar con las explotaciones del carbón CECA, beneficiándose así de todas las medidas previstas en el plan.
Finalmente, si quiere luego le puedo facilitar los datos de los fondos que se han destinado a Galicia durante los años 2006-2009, que es lo que lleva vigente este plan, tanto en la reactivación económica, como en la formación y en las infraestructuras. Me gustaría decir dos anotaciones importantes. Una, que la Xunta, en el trámite previo a la Comisión de la Energía, no presentó ninguna alegación de las que ahora viene aquí hablando y, dos, que el decreto viene a resolver una situación, no a crear otra situación difícil. Por tanto, no va contra las centrales de Galicia, ni mucho menos que, sin decreto, difícilmente podrían tener una actividad y el lucro cesante sí que está garantizado en las alternativas del Plan del carbón para que sigan funcionando.
Consideramos que, desde este Parlamento, no es momento ahora para traer esta proposición de ley, cuando tenemos esta misma semana la reunión por parte de los sindicatos con el ministerio para favorecer la aprobación definitiva del decreto del carbón, para lo que la semana próxima se reúne el Colegio de Comisarios. Entendemos además que tenemos que ser solidarios con todos esos trabajadores mineros y esas comarcas mineras, que están pasando francamente dificultades, y consideramos que en este Parlamento no tenemos que poner ninguna traba, de cara a Bruselas, a la posibilidad de aprobar ese decreto, que es en beneficio de todos los territorios mineros, y decimos con claridad y rotundidad que nuestro grupo apuesta por el futuro y por el mantenimiento del carbón autóctono, como también del de
importación, que formarán parte del mix energético. (El señor Jorquera Caselas pide la palabra.)
El señor JORQUERA CASELAS: Por alusiones, intervengo un segundo nada más, sin entrar en el fondo del debate, porque el señor Erias manifestó al principio que es tan gallego como yo y simplemente quiero enfatizar que ni lo discuto ni lo dudo, no hubo nada en mi intervención de lo que pueda derivarse lo contrario, simplemente hice una valoración política.
El señor PRESIDENTE: Creo que tampoco el señor Erias se lo decía desde ese punto de vista, sino que se lo decía desde un punto de vista más político.
- RELATIVA AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN LAS ZONAS ADYACENTES A CENTRALES NUCLEARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001826.)
El señor PRESIDENTE: No hemos terminado todavía, porque queda un punto, aunque parezca que hemos terminado. Queda el punto que figuraba como punto 1, que lo hemos pasado al punto número 7, relativo al impulso de la actividad productiva en las zonas adyacentes a centrales nucleares, presentado por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y para su defensa tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió trae hoy al Congreso de los Diputados una propuesta que no es novedosa. Es una propuesta que tiene ya un recorrido parlamentario. Se originó en el año 1997, precisamente cuando se tramitaba, en esta Cámara y en esta Comisión, el proyecto de ley del sector eléctrico. Quizá nuestro letrado, don José Luis Navarro, se acordará incluso de las enmiendas que entonces se planteaban, porque una de ellas, defendida por el diputado por Tarragona, don Joan Miquel Nadal, iba en la misma dirección que hoy plantea nuestra proposición no de ley.
Es una proposición no de ley que tiene una autoría, que es la del entonces -y todavía hoy- alcalde del municipio de Móra la Nova, don Joan Sabanza, que desde hace mucho tiempo ha venido cosechando consensos y opiniones favorables a lo que podría ser para nosotros un buen incentivo a la actividad económica en comarcas que lo necesitan. Móra la Nova está en la comarca de la ribera d'Ebre, es una comarca donde están ubicadas las centrales nucleares de Ascó I y Ascó II y que la central nuclear genera un movimiento económico evidente, el municipio y los planes de Enresa reciben también aportaciones económicas por el hecho de tener centrales nucleares en la zona, pero, señor presidente, señorías, faltan medidas concretas que puedan contribuir a hacer mejor labor de dinamismo económico para hacer más atractiva la zona para nuevas industrias. Este es el objetivo que plantea el alcalde de Móra la Nova cuando propone esta proposición no de ley: atraer inversiones, hacerlas con un plus de aliciente para aquellas empresas que quieran instalarse en esa zona. Una zona en la que, en muchas ocasiones, por el hecho de tener una central nuclear se genera esa actividad, pero con el riesgo también de que, cuando esas centrales nucleares lleguen a cerrarse algún día, de alguna manera ese territorio también necesitará de esa mayor aportación de alicientes empresariales. Por tanto, no es una propuesta que se aleje de lo que debería ser para cualquier poder público la necesidad de encontrar medidas que ayuden a la instalación de nuevas empresas y para generar tejido industrial, en algunas ocasiones en comarcas que lo necesitan de manera importante y urgente.
Fíjense si era importante esa propuesta que planteó nuestro grupo en el año 1997, que el Gobierno de entonces, que era del Partido Popular, se mostró favorable a la misma, aunque no llegó a aprobarse por un tema de distancias. Se discutía cuál debía ser la distancia donde esa medida fuese aprobada. La distancia que nosotros planteábamos en nuestra enmienda número 363, a esa Ley del Sector Eléctrico presentada en el año 1997, no era la que en aquel momento el Grupo Popular estaba dispuesto a aceptar, pero sí que entonces se mostraba favorable a que se pudiera buscar ese incentivo. Un incentivo que va ligado a la zona donde se pide.
Es una zona productora de energía eléctrica, porque tiene centrales nucleares y las zonas que tienen centrales nucleares contribuyen a producir energía eléctrica y son solidarias con el resto del territorio, porque aportan energía eléctrica para todo el territorio, pues pedimos que haya una reducción de las tarifas eléctricas aplicables a consumos no domésticos, de carácter productivo, una reducción de un 20 por ciento y centramos esa reducción en lo que debería de ser el radio de 20 kilómetros alrededor de las centrales nucleares. Entendemos que en ese radio de acción, en esa zona que precisamente genera energía eléctrica, poder dar ese aliciente de: vengan ustedes empresas a instalarse en esta zona, porque van a tener el aliciente de esa reducción en su tarifa eléctrica. No la pedimos para los consumos domésticos, la pedimos para los consumos no domésticos de carácter productivo. Esto es importante que lo tenga en cuenta esta Comisión de Industria, especialmente en este momento de crisis económica, un momento en el que hace falta atraer inversiones. Esa reducción sería un gesto para ayudar a que se instalen allí, precisamente en zonas que lo necesitan. Me estoy refiriendo, en el caso de Cataluña, a comarcas como Ribera d'Ebre, Priorat, Terra Alta, Baix Camp o Baix Ebre. Son zonas que necesitan esas inversiones. En ese radio entrarían municipios que están en ese conjunto de comarcas, pero estoy convencido de que cada uno de los diputados que están aquí y que proceden de zonas en las que hay centrales nucleares ven la conveniencia de
adoptar una medida como la que hoy propone Convergència i Unió. Por tanto, esperamos que esa voluntad positiva que todos los grupos mostraron en el año 1997, pero que finalmente no se consolidó con la aprobación de la enmienda, se convierta hoy en una buena noticia para este conjunto de comarcas.
El Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda, una enmienda que entendemos complementaria pero no de sustitución a lo que pide nuestro grupo parlamentario. Evidentemente, nadie está en contra de que las asignaciones económicas que ya reciben esos ayuntamientos se destine al fomento de la instalación de nuevas empresas y a la diversificación económica de estos municipios. Ya lo están haciendo. De hecho, los recursos económicos que están recibiendo van en la línea de potenciar ese tejido industrial, de crear empleo, de crear dinamismo, de atraer nuevas industrias, pero que esto ya se esté haciendo no puede sustituir la medida concreta que propone hoy Convergència i Unió. Lo que proponemos es la reducción de las tarifas eléctricas. Entendemos que es una buena medida para la competitividad de esas zonas. Sería bueno para atraer nuevas industrias y para no dejar en el olvido a esas zonas que necesitan factores que sean un revulsivo de atracción. En ocasiones, incluso mediáticamente, la presencia de centrales nucleares es utilizada como un factor de alejamiento que es claramente injusto. Debemos hacer pedagogía en contra de quienes quieren utilizar la presencia de centrales nucleares para disuadir. Nuestra propuesta contribuiría no a disuadir sino a atraer, a hacer más atractiva esa zona desde un punto de vista industrial y empresarial. Por tanto, con la vista puesta en esas zonas, Convergència i Unió plantea hoy nuevamente esta propuesta. Agradecemos al alcalde Joan Sabanza su perseverancia en la misma y esperamos que hoy tenga una acogida favorable en este Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ferré.
El señor FERRÉ FONS: Nadie discute las buenas intenciones e incluso la bondad de su propuesta, señor Jané, pero creo sinceramente que en el planteamiento de esta proposición se le ha torcido el punto de mira.
Estoy convencido de que existe un gran consenso a la hora de admitir que es conveniente tomar medidas para apoyar con acciones concretas a aquellos territorios que, por las circunstancias que sea, han visto mermadas sus expectativas por la instalación de una central nuclear o de otras infraestructuras parecidas, que inevitablemente acaban suponiendo un exceso de dependencia que dificulta el crecimiento equilibrado y la diversificación de las actividades productivas. Sin embargo, la propuesta que nos trae hoy a esta Comisión el Grupo de Convergència i Unió de reducir las tarifas eléctricas a determinadas actividades productivas ubicadas en una zona cercana a estas centrales nucleares para fomentar su desarrollo económico nos provoca demasiados interrogantes y demasiadas dudas para una decisión que puede tener más trascendencia de la que parece. Por ejemplo, señor Jané, ¿por qué no se pueden extender estas reducciones o bonificaciones a particulares? ¿O es que muchos de ellos no están en una situación de desigualdad como la de estos beneficiarios que ustedes defienden? Y si se limita a las actividades productivas, como ustedes proponen, ¿también debemos incluir a las que se han instalado una vez que la central nuclear se ha puesto en marcha? ¿Por qué no incluimos también otras zonas que pueden ser desfavorecidas por culpa de instalaciones o actividades con un impacto ambiental severo, como, por ejemplo, las zonas adyacentes a las centrales de ciclo combinado o a los parques eólicos? Además, señor Jané, debemos tener en cuenta que el establecimiento de una tarifa eléctrica especial de carácter territorial vulnera la normativa europea en cuanto que se trataría de una subvención del resto de los consumidores a otros por su ubicación en un entorno específico. Tampoco parece una medida oportuna y justa, puesto que no se ha hecho en otras zonas del territorio nacional, a pesar de las situaciones de grave dificultad que hayan podido atravesar como consecuencia del cierre de instalaciones industriales de significativo peso e influencia en el territorio.
Por todo ello, hemos presentado una enmienda con la firme vocación de replantear el enfoque que el grupo proponente expone y tratar de que esta proposición no de ley consiga el objetivo final, que es la reactivación económica de las zonas cercanas a las centrales nucleares. En este sentido, la enmienda presentada propone instar al Gobierno a potenciar el aprovechamiento de las asignaciones económicas que reciben los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, fomentando la instalación de nuevas empresas y la diversificación económica de estos municipios. Para nosotros, señor Jané, si de lo que se trata es de tomar medidas sobre unos territorios concretos sobre la base de unas consideraciones en cierta manera excepcionales y si además estas medidas tienen que servir para fomentar el desarrollo económico de determinadas zonas por unas cuestiones principalmente territoriales, la mejor manera de vincular y gestionar estas medidas es a través de los municipios afectados. No podemos pretender corregir determinados déficits territoriales sin contar con la implicación y la participación de los municipios y de sus ayuntamientos. Esto es lo que de alguna manera se viene haciendo desde el año 1988, a través de una orden ministerial: distribuir fondos a los municipios del entorno de las centrales nucleares, considerando municipios con derecho a asignación aquellos cuyo término municipal está situado a una distancia de 10 kilómetros y, en todo caso, los núcleos poblacionales situados a 20 kilómetros de estas instalaciones nucleares.
Sobre la base de estas transferencias, durante el presente ejercicio 2010 estos municipios han recibido un total de 23.800.000 euros, lo que significa que durante todos estos años pueden llegar a
percibir aproximadamente 400 millones de euros. Estaríamos pues hablando de unas cifras realmente significativas. Estas asignaciones constan de un término fijo para cada tipo de instalación y un término variable en función del volumen de combustible consumido o de los residuos radiactivos almacenados y se financian -y esto también es muy importante- mediante las tasas que pagan los titulares de las centrales nucleares del Fondo para la financiación de las actividades del Plan general de residuos radiactivos. Es verdad que, a pesar de todo ello y transcurridos veinte años desde el inicio de la distribución de estas asignaciones, se ha podido constatar que estas transferencias han tenido una baja incidencia en el desarrollo económico de estos municipios, habiendo contribuido básicamente a cubrir necesidades de carácter general de estas poblaciones. Por ello -voy a disipar sus dudas-, con el fin de potenciar y optimizar el aprovechamiento de estas asignaciones económicas que Enresa viene distribuyendo y para que repercutan en el fomento de instalaciones de nuevas empresas, el ministerio tiene actualmente en tramitación un proyecto de orden ministerial por la que se modificará la vigente orden. Esta modificación supondrá un incremento en las asignaciones que podría alcanzar, a través de los mecanismos de cofinanciación, hasta 7,5 millones de euros más al año, cantidad que se suma a los más de 21 millones que están recibiendo estos municipios.
Estaríamos hablando pues de un aumento del 30 por ciento de estas transferencias. En este proyecto de orden se contempla la posibilidad de cofinanciar proyectos de desarrollo económico local, tanto para proyectos abordados por un solo municipio como a iniciativa de varias poblaciones, incluyendo también los de carácter medioambiental. Este es el camino más operativo, más justo y transparente y, si me permiten, más ambicioso para conseguir una verdadera diversificación de la economía de estos municipios, no les quepa ninguna duda. No sé si la rebaja en las tarifas eléctricas que ustedes proponen va a ser un estímulo suficiente para conseguir unos objetivos que todos compartimos, pero sí debo decirle que el Grupo Socialista está convencido de que es imprescindible vincular a los municipios, a través de sus ayuntamientos, en la reactivación económica de estas zonas, para ir superando los evidentes efectos marginales que estas instalaciones pueden suponer, potenciando las actividades productivas y recompensando en cierta manera la contribución que hacen estos territorios al bienestar general. Por tanto, señor Jané, si no se nos acepta la enmienda presentada, nuestro grupo votará en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Antes de fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, quiero hacer dos precisiones. En primer lugar, no dudo que la iniciativa está muy bien intencionada; eso es indudable. En segundo lugar, quiero hacer ver al portavoz de Convergència i Unió que desde la posición del Grupo Popular en el año 1997 hasta ahora, si me permite el juego de palabras, las isócronas económicas han cambiado tanto en distancia como en tiempo. En el Partido Popular no somos en absoluto partidarios de la planificación económica. Los que tenemos el credo liberal rechazamos en lo posible la obsesión dirigista que pretende tutelar desarrollos que deben ser individuales. ¿Por qué estas zonas y no otras? Diversificar y tener un crecimiento equilibrado es bueno, es excelente en términos económicos, pero es bueno para el conjunto del territorio nacional y no solamente para las áreas circundantes a una central nuclear. En la proposición no de ley se mencionan las desventajas de estos municipios, pero también hay que hacer mención -valga la redundancia- a las externalidades positivas que tienen. No se debe desconocer en ningún caso la legitimación por el lugar en el que están ubicadas y el importantísimo saldo inversor que supone una instalación de estas características y de esta relevancia. Posiblemente, si hiciéramos un estudio de la renta de estos municipios, tanto de sus habitantes como de las empresas e incluso de los propios ayuntamientos, llegaríamos a la conclusión de que no son en absoluto los más necesitados de la geografía nacional. Estas externalidades positivas de las que hablaba no vienen solamente de la legitimación, de los innumerables equipamientos, del impuesto de bienes inmuebles, de las infraestructuras, etcétera, sino sobre todo de que se hallan insertos en un aparato productivo de primer nivel, vinculado a una empleabilidad de altísima cualificación, que propicia sin duda alguna un mayor bienestar en esas áreas. No hace falta más que ver las enormes movilizaciones tanto de los ayuntamientos como de los habitantes de los municipios que circundan la central nuclear de Santa María de Garoña para darnos cuenta de la importancia que estos centros productivos tienen para su entorno, importancia naturalmente positiva. Para el Partido Popular constituye una línea roja, como decía anteriormente nuestro portavoz, Antonio Erias, la congelación de la tarifa eléctrica, no solo para pymes y autónomos, que representan el 90 por ciento de la contratación en nuestro país, sino también para aliviar la dramática situación que viven las familias españolas, todas las familias, no solo las de las áreas cercanas a las centrales nucleares.
Esta propuesta, desde nuestro punto de vista tan acotada, puede suponer sin duda alguna un coste en sombra sobre la factura de todos los españoles y nos parece -espero que el Grupo de Convergència i Unió lo comprenda- que no es momento de discriminar positivamente a aquellos que, desde nuestro punto de vista, no sufren los efectos de la crisis con tanta crudeza como los han sufrido otras zonas de España.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, tiene la palabra para aceptar o no la enmienda.
El señor JANÉ I GUASCH: La enmienda no puede aceptarse porque no propone una medida concreta. Nosotros sí la planteamos y quiero abrir una reflexión a los grupos parlamentarios que han intervenido. Cuando se preguntaban por qué no se extendía a los usuarios domésticos, estaban valorando en el fondo que es positivo establecer incentivos. Es cierto que ya los tienen actualmente, pero el día que se cierren esas centrales nucleares esas zonas van a necesitar recursos industriales que les sigan aportando incentivos. Por tanto, entendemos que en este momento de crisis esta proposición no de ley es más necesaria que nunca.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, suspendemos hasta las doce y media, hora en la que iniciaremos el proceso de votación, tal como dijimos. (Pausa.)
Iniciamos la votación de las proposiciones no de ley en el mismo orden en el que las hemos debatido.
En primer lugar, votamos las que figuran en el orden primitivo como segunda y tercera, relativas a la seguridad de las instalaciones de gas, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Se ha llegado a un texto conjunto, consensuado por todos los grupos. Votamos este texto.
La siguiente proposición no de ley es la que figura con el número 4, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya. Se vota una enmienda transaccional, firmada por la mayoría de los grupos -no sé si por todos-, que tienen en su poder, porque se han repartido fotocopias.
Pasamos a votar la proposición no de ley que figuraba con el número 5, la cuarta que estamos votando, relativa a la promoción turística del Camino de Santiago, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votamos el texto de la proposición no de ley.
Pasamos a continuación a la proposición que figuraba con el número 6, ahora en quinto lugar, relativa a las medidas en materia de política energética que hagan posible el mantenimiento del precio de la tarifa de último recurso, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Votamos el texto de la proposición no de ley más la autoenmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, tres.
Votamos a continuación la proposición no de ley que figura con el número 7 en el orden del día, relativa a la necesidad de modificar el Real Decreto 134/2010, por el que se crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro. Votamos el texto de la proposición no de ley más la autoenmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.
Votamos a continuación la proposición no de ley que figuraba con el número 1, ahora en séptimo lugar, relativa al impulso de la actividad productiva en la zona adyacente a las centrales nucleares, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Votamos el texto de la proposición no de ley.

References: Real Decreto 
 resolución 
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 REAL DECRETO 
 RESOLUCIÓN 
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