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Timestamp: 2020-06-06 18:42:47+00:00

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STC 21/2000, 31 de Enero de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 145304
STC 21/2000, 31 de Enero de 2000
Número de Recurso: 3725/1996
Recurso de amparo 3725/96. Promovido por don Serafín B. P. y don Fausto L. B. frente a los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Instrucción de dicha ciudad acordando el archivo de una querella interpuesta contra miembros del diario El Mundo por supuesto delito de calumnia. Vulneración del derecho al honor: noticias sobre graves irregularidades en un concurso de material militar que no es veraz en lo que atañe a varios empresarios privados, no siendo suficiente la remisión a fuentes no identificadas. Voto particular.
Sentencia citada en: 1229 sentencias, 37 artículos doctrinales, 10 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 3725/96, promovido por don Serafín B. P. y por don Fausto L. B., representados por la Procuradora de los Tribunales doña María José Corral Losada y asistidos por el Letrado don José Luis Zambade Jiménez, contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid recaído en los recursos de apelación interpuestos contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid en las diligencias previas núm. 5053/94 por el que se disponía el archivo de las mismas por no ser los hechos constitutivos de infracción penal. Han sido parte UNIDAD EDITORIAL, S.A., y don José Luis Lobo Pérez, representados por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero y asistidos por la Letrada doña María Cristina Peña Carles. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en el Juzgado de guardia el 15 de octubre de 1996, doña María José Corral Losada, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Serafín B. P. y don Fausto L. B., interpone recurso de amparo contra el Auto mencionado en el encabezamiento de esta Sentencia.
El día 7 de septiembre de 1994 el diario EL MUNDO publicó un artículo con el título "Graves irregularidades en un concurso de 25.000 millones de pesetas de material militar". En esta información se afirmaba que:
En este artículo se sostenía que los principales "cerebros" de la operación eran, entre otros, el Presidente y Vicepresidente de AESMIDE (Asociación de Empresas Suministradoras del Ministerio de Defensa), cargo que desempeñaban los Sres. B. y L., respectivamente, ahora recurrentes en amparo.
Los ahora recurrentes en amparo decidieron emprender acciones penales contra el autor del reportaje publicado en EL MUNDO el 7 de septiembre de 1994 y contra el director de esta publicación. La querella criminal que formularon correspondió al Juzgado de Instrucción núm. 39 de Madrid. Por Auto de incoación de diligencias previas de 18 de octubre de 1994 se admitió la querella a trámite. No obstante, como los ahora recurrentes no fueron los únicos que se querellaron contra el autor del reportaje al que se viene haciendo referencia, por Auto de 14 de noviembre de 1994 se acumularon estas diligencias previas a las que como consecuencia de las querellas presentadas por altos cargos del Ministerio de Defensa, se estaban tramitando en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid. Por Auto de dicho Juzgado de 12 de febrero de 1996 se acordó el archivo de las actuaciones. Contra dicho Auto se interpuso recurso de reforma, que fue desestimado, y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Por Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de junio de 1996 se desestimaron los recursos de apelación interpuestos confirmando la resolución impugnada.
Los recurrentes aducen que las resoluciones recurridas han vulnerado el derecho al honor (art. 18.1 CE) y su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). A juicio de los demandantes de amparo la conducta de los querellados no puede considerarse amparada por el derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE], dado que para ello es preciso que la información transmitida cumpla el requisito de la veracidad; requisito que, en su opinión, no se cumplía en este caso, pues entienden que los querellados difundieron la noticia sin haber realizado la más mínima comprobación acerca de la veracidad del delito de cohecho activo que se les imputa.
Mediante providencia de 7 de abril de 1997, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC conceder un plazo de diez días a los demandantes de amparo y al Ministerio Fiscal para que formularan, con las aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda --art. 50.1 c) LOTC.
El 28 de abril de 1997 los demandantes de amparo formularon sus alegaciones reiterando los argumentos expuestos en su escrito de demanda. Los recurrentes insisten en que al ordenarse el archivo de las actuaciones penales por ellos promovidas sin haberse probado la veracidad de las informaciones publicadas se ha vulnerado su derecho al honor, ya que a pesar de no haberse demostrado la veracidad de la información por la que se les atribuye la comisión de conductas delictivas se han visto obligados a soportar el ataque a su dignidad personal que la imputación de tales hechos conlleva.
Por escrito presentado en el Registro de este Tribunal, también el 28 de abril de 1997, el Fiscal formuló sus alegaciones solicitando de este Tribunal la inadmisión a trámite del recurso. En relación con la vulneración del derecho al honor en la que el recurrente fundamenta su demanda de amparo, sostiene el Fiscal que la resolución judicial impugnada ha resuelto acertadamente el conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la información, pues la Sala, aplicando la doctrina constitucional en esta materia, tras comprobar que el informante había cumplido el deber de diligencia que se deriva del requisito de la veracidad, resolvió el referido conflicto a favor del derecho al honor.
Mediante providencia de 27 de mayo de 1997, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid a fin de que, en un plazo no superior a diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 219/96, y al Juzgado de Instrucción núm. 5 de Madrid, para que también en el mismo plazo, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a las diligencias previas 5053/94, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento --salvo a la parte recurrente-- para que igualmente en el plazo de diez días comparecieran, si lo deseaban, en el recurso de amparo.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 de junio de 1997 se personó en este recurso el Procurador don José Luis Ferrer Recuero en nombre y representación de Unidad Editorial, S.A., y de don José Luis Lobo Pérez.
Por providencia de 3 de julio de 1997 la Sección Cuarta acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador don José Luis Ferrer Recuero en nombre y representación de Unidad Editorial, S.A., y de don José Luis Lobo Pérez y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, pudiendo en dicho plazo presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
La representación procesal de Unidad Editorial, S.A., y de don José Luis Lobo Pérez formuló alegaciones mediante escrito de 2 de septiembre de 1997. En primer lugar, se opone a los hechos expuestos por los recurrentes en su demanda de amparo por entender que los mismos no se ciñen a la realidad. Se alega por esta parte que los ahora recurrentes en amparo han tergiversado esta información, tanto por haber realizado sobre ella juicios de valor --juicios que no se contenían en la información publicada--, como por haber entresacado frases de los párrafos, desvirtuando, de este modo, el texto periodístico. También aducen que la información publicada el día 8 de septiembre de 1994 no fue objeto de querella, y que tanto el comunicado del Ministerio de Defensa como el de AESMIDE son ajenos a la información publicada por lo que los mismos no deben tenerse en cuenta al enjuiciar dicha información, ya que, además, dichos comunicados, no han sido objeto de enjuiciamiento en la vía judicial ordinaria. Por otra parte, se señala que no pueden aceptarse como hechos toda una serie de razonamientos sobre el animus supuestamente delictivo. También se opone esta parte procesal a los hechos expuestos por los ahora recurrentes en el apartado segundo de su demanda de amparo, pues considera, que lo que los demandantes califican de antecedentes "inmediatos" del recurso de amparo no se refieren a los antecedentes procesales al no haber efectuado ningún razonamiento sobre las posibles infracciones procesales, sino que se han limitado a poner de manifiesto su oposición al contenido de estos Autos.
El Ministerio Fiscal formuló alegaciones en escrito registrado el 28 de julio de 1997. El Fiscal parte de la consideración de que compete a este Tribunal revisar la ponderación de los derechos en conflicto llevada a cabo por los órganos judiciales. No obstante, pone de relieve que esta revisión deberá efectuarse atendiendo a los hechos declarados probados en la Sentencia de instancia por imperativo del art. 44.1 b) LOTC.
Por providencia de 27 de enero de 2000, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 31 del mismo mes y año.
En el presente recurso de amparo se impugna el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de junio de 1996 por el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 5 en las diligencias previas núm. 5053/94 por el que se acordaba el archivo de las mismas incoadas como consecuencia de haberse interpuesto diversas querellas por calumnias, entre otros, por los ahora recurrentes en amparo por no ser los hechos constitutivos de infracción penal. Los demandantes de amparo consideran que esta resolución judicial ha vulnerado sus derechos fundamentales al honor (art. 18.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Como ya se ha indicado, en el presente caso se recurre una resolución de un órgano judicial del orden penal --la Audiencia Provincial de Madrid-- por la que se confirma otra resolución de otro órgano judicial distinto --del Juzgado de Instrucción núm. 5, también de Madrid-- por la que se acuerda el archivo de unas diligencias previas por considerar que los hechos enjuiciados no eran constitutivos de delito, tras un análisis de la "colisión que se produce entre el derecho constitucional a la información y el derecho también constitucional al honor de las personas, con el consiguiente límite que ha de imponerse a cada uno" y después de llegar a la conclusión de que en el presente caso el periodista llevó a cabo "actuaciones de indagación y comprobación" suficientes respecto de los hechos para considerar que la información no podía considerarse "falsa".
En el supuesto que ahora se examina tanto la resolución formalmente impugnada --el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid-- como la que dicha resolución confirma --el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 5 por el que se acuerda el archivo de las diligencias previas incoadas como consecuencia de las querellas presentadas, entre otros, por los ahora demandantes de amparo--, tras enjuiciar las alegaciones relativas al derecho a la información del querellado y el derecho al honor de los querellantes, consideraron que los hechos enjuiciados no eran constitutivos de delito. Estas resoluciones judiciales llegaron a esta conclusión por entender que el querellado, antes de publicar la noticia, inició una investigación tendente a verificar el contenido de la misma. Así, según se declara probado en el Auto impugnado, el periodista recibió un escrito anónimo en el que se denunciaban los hechos posteriormente publicados y con el fin de confirmar su contenido contactó con diversas personas relacionadas con el tema --personas de las que no se ha desvelado su identidad en virtud del secreto profesional-- quienes le facilitaron información documentada sobre las bases de un concurso público aún no convocado y sobre la fabricación del material que constituía su objeto con anterioridad a la adjudicación del correspondiente contrato, lo que lleva a la Sala a entender que la información publicada no podía considerarse falsa en su contenido ni intencionada en su divulgación; motivos éstos que, a su vez, conducen al órgano judicial a considerar que en el supuesto enjuiciado no concurrían los elementos básicos de los delitos que se imputaban.
Es doctrina constitucional reiterada que en los casos en los que exista un conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de información, debe partirse de la premisa de que a través de este último derecho no sólo se protege un interés individual sino que entraña "el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político" (SSTC 104/1986, de 11 de junio, FJ 5; 158/1986, de 15 de octubre, FJ 6; 105/1990, de 6 de junio, FJ 3; 172/1990, de 12 de noviembre, FJ 2, 371/1993, de 13 de diciembre, FJ 2, y 78/1995, de 22 de mayo, FJ 2). De este modo, al contribuir este derecho a la formación de una opinión pública libre, la libertad de información constituye uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso Handyside de 7 de diciembre de 1976 y caso Lingens de 8 de julio de 1986). Ahora bien, para que el derecho a la información prevalezca sobre el derecho al honor garantizado en el art. 18.1 CE es preciso, por una parte, que la información se refiera a hechos de relevancia pública; y, por otra, que dicha información sea veraz (entre otras muchas, SSTC 6/1988, de 21 de enero, 171/1990, de 12 de noviembre, 172/1990, de 12 de noviembre, 123/1993, de 19 de abril, 219/1992, de 3 de diciembre, 22/1995, de 30 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 138/1996, de 16 de septiembre, y 144/1998, de 30 de junio).
Este Tribunal ha sostenido de forma reiterada que el requisito constitucional de la veracidad de la información no va dirigido a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que trasmiten como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, o bien meras invenciones o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente; todo ello sin perjuicio de que su total exactitud puede ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (SSTC 6/1988, de 21 de enero, 105/1990, de 6 de junio, 171/1990, de 12 de noviembre, 172/1990, de 12 de noviembre, 40/1992, de 30 de marzo, 232/1992, de 14 de diciembre, 240/1992, de 21 de diciembre, 15/1993, de 18 de enero, 178/1993, de 31 de mayo, 320/1994, de 28 de noviembre, 76/1995, de 22 de mayo, 6/1996, de 16 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 3/1997, de 13 de enero, 144/1998, de 30 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, de 25 de octubre). La razón se encuentra en que, como hemos señalado en muchas ocasiones, cuando la Constitución requiere que la información sea "veraz" no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que lo que transmite como "hechos" haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos (SSTC 6/1988, de 21 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 52/1996, de 26 de marzo, 3/1997, de 13 de enero, 144/1998, de 30 de junio). De este modo, el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado con carácter previo a la difusión de la noticia una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia que es exigible a un profesional de la información.
Determinar en qué consiste el deber de diligencia que, a estos efectos, es exigible a un profesional de la información no es una cuestión fácil. La concreción de este extremo no puede precisarse a priori y con carácter general, pues depende de las características concretas de la comunicación de que se trate por lo que su apreciación dependerá de las circunstancias del caso (SSTC 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7; 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3, entre otras muchas).
En el presente caso, la resolución judicial impugnada ha declarado probado --tal y como ya hemos señalado-- que el periodista, al recibir el escrito anónimo a través del cual se ponían en su conocimiento los hechos sobre los que versó la información posteriormente publicada y con el fin de confirmar su contenido, inició una investigación contactando con diversas personas relacionadas con el asunto, quienes le aportaron información documentada sobre las bases de un concurso público aún no convocado y sobre la fabricación del material que constituía su objeto antes de la adjudicación correspondiente. Ciertamente, en los autos quedó probado que mediante la investigación efectuada por el periodista se confirmó la existencia de irregularidades administrativas; pero lo que no quedó acreditado es que los recurrentes en amparo hubieran pagado las comisiones millonarias a las que se hacía referencia en la noticia. Según puede apreciarse en las actuaciones, el periodista declaró haber comprobado la veracidad de este hecho a través de la información que sobre esta cuestión le proporcionaron diversas personas que desempeñaban funciones en organismos vinculados a los suministros militares o a las que el nuevo sistema de contratación perjudicaba, pero de las que no desveló nunca su identidad alegando que sus informantes habían solicitado expresamente no ser identificados.
La cuestión que nos corresponde enjuiciar es, pues, si la actividad de investigación desarrollada por el periodista debe considerarse suficiente para entender cumplido el requisito constitucional de la veracidad.
Ninguna relevancia constitucional tienen, por el contrario, las quejas por las que se aduce que la Resolución judicial impugnada ha vulnerado el art. 24.1 CE. No puede apreciarse que esta resolución judicial incurra en el vicio de falta motivación que le atribuyen los recurrentes por no haberse pronunciado sobre todas las cuestiones que plantearon en su recurso de apelación al ser doctrina constitucional reiterada que la exigencia constitucional de la motivación de las Sentencias "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión (STC 14/1991, de 28 de enero), es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (STC 28/1994, de 27 de enero)" (SSTC 153/1995, de 24 de noviembre, FJ 2; 32/1996, de 27 de febrero, FJ 4; 66/1996, de 16 de abril, FJ 5; 115/1996, de 25 de junio, FJ 2; 169/1996, de 29 de octubre, FJ 4; 26/1997, de 11 de febrero, FJ 2; 39/1997, de 27 de febrero, FJ 4; 116/1998, de 2 de junio, FJ 3; 184/1998, de 28 de septiembre, FJ 2) pues, como también hemos señalado, no existe un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación judicial (STC 72/1995, de 12 de mayo, FJ 2). En el supuesto que ahora se examina, en la resolución judicial impugnada han quedado sobradamente expuestos los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión, por lo que de acuerdo con la doctrina expuesta procede rechazar esta alegación.
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don Serafín B. P. y por don Fausto L. B. y, en consecuencia, reconocer que a los recurrentes se les ha vulnerado su derecho al honor.
Voto particular que formula el Magistrado don Tomás S. Vives Antón respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 3725/96 .
Como dijimos en la STC 41/1997, de 10 de marzo, "nuestra jurisprudencia, si bien ha reconocido que el titular del derecho fundamental puede elegir la vía de reacción más conveniente contra las vulneraciones del mismo (SSTC 90/1985, de 22 de julio, FJ 5; 98/1986, de 10 de julio, FJ 1; 160/1991, de 18 de julio, FFJJ 2 y 5, y 31/1996, de 27 de febrero, FJ 9), también ha precisado que ello ha de entenderse ‘sin perjuicio, claro está, de las posibilidades que cada orden jurisdiccional ofrece’ (STC 31/1996)". Ciertamente, a continuación afirmamos que, cuando se impugnan resoluciones judiciales, hay que entender agotada la vía judicial previa por el mero hecho de haber llegado hasta la más última instancia. Esta afirmación es la que, en mi opinión, resulta incompatible con las afirmaciones ulteriores de la propia Sentencia y ha provocado las disfunciones a que luego se hará mención. Por consiguiente, defenderé que es necesario prescindir, de modo radical, de esa doctrina y determinar materialmente cuándo el agotamiento de la vía penal resulta una adecuada vía previa respecto de nuestra jurisdicción de amparo (en mi opinión, cuando en ella se han vulnerado los derechos fundamentales del imputado o las garantías básicas inherentes al proceso justo) y cuándo no (en mi opinión, cuando se aduce una vulneración de derechos materiales de carácter fundamental de las partes acusadoras, como aquí sucede).
Comenzaré por reproducir los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 41/1997, de 10 de marzo:
"4. Dilucidar si el contenido de los derechos fundamentales comprende la tutela que puede obtenerse a través de la concreta imposición de la pena en caso de vulneración de los mismos requiere un análisis de nuestra jurisprudencia al respecto.
Más allá de lo que pudiera inferirse de algunas resoluciones (SSTC 170/1994, de 7 de junio, y 78/1995, de 22 de mayo) que al otorgar el amparo por vulneración del derecho al honor anulan la Sentencia absolutoria correspondiente, la doctrina expresa, constante y reiterada de este Tribunal, cada vez que se le ha planteado específicamente el problema, se ha inclinado por la solución negativa (ATC 228/1987, de 25 de febrero, FJ 2; SSTC 147/1985, de 29 de octubre, FJ 2; 83/1989, de 10 de mayo, FJ 2; 157/1990, de 18 de octubre, FJ 4; 31/1996, de 27 de febrero, FJ 10; 177/1996, de 11 de noviembre, FJ 11 y, por último, 199/1996, de 3 de diciembre, FJ 5). Como tajantemente afirman estas últimas resoluciones: ‘la Constitución no otorga ningún derecho a obtener condenas penales’.
Y no podría ser de otro modo. Pues la tutela penal no se anuda inmediatamente a la realización de cualquier conducta vulneradora de derechos fundamentales; sino que, para que pueda desplegar sus efectos, precisa la mediación de la ley, que es la que define los casos y circunstancias que dan lugar a la estimación del delito y a la aplicación de su consecuencia jurídica, la pena. La potestad punitiva, en cuanto poder concreto de castigar hechos concretos, nace, pues, de la ley, no de la Constitución. Y, si bien la Constitución consagra en su art. 25.1 el principio de legalidad, como derecho a no ser condenado ni sancionado sino por acciones u omisiones legalmente previstas, no existe un ‘principio de legalidad invertido’, esto es, un derecho fundamental de la víctima a obtener la condena penal de otro, haya o no vulnerado sus derechos fundamentales, pues éstos son derechos de libertad, e introducir entre ellos la pretensión punitiva supondría alterar radicalmente su sentido.
En consonancia con ese planteamiento, el Tribunal Constitucional ha configurado el derecho de acción penal esencialmente como un ius ut procedatur, es decir, no como parte de ningún otro derecho fundamental sustantivo, sino, estrictamente, como manifestación específica del derecho a la jurisdicción (SSTC 31/1996, FFJJ 10 y 11 y 199/1996, FJ 5, que contienen abundantes referencias a la doctrina anterior), que ha de enjuiciarse en sede de amparo constitucional desde la perspectiva del art. 24.1 CE y al que, desde luego, son aplicables las garantías del 24.2.
En efecto, al proceso penal se acude postulando la actuación del poder del Estado en su forma más extrema –la pena criminal--, actuación que implica una profunda injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más ‘sagrado’ de sus derechos fundamentales. Por eso, cada una de sus fases –iniciación (STC 111/1995, de 4 de julio, FJ 3); imputación judicial (STC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 6); adopción de medidas cautelares (STC 108/1994, de 11 de abril, FJ 3); Sentencia condenatoria (SSTC 31/1981, de 28 de julio, 229/1991, de 28 de noviembre y 259/1994, de 3 de octubre) derecho al recurso (STC 190/1994, de 5 de mayo, FJ 2), etc., se halla sometida a exigencias específicas que garantizan en cada estadio de desarrollo de la pretensión punitiva, e incluso antes de que el mismo proceso penal empiece (STC 109/1986, FJ 1), la presunción de inocencia y las demás garantías constitucionales del imputado.
Y desde la perspectiva inversa, al hecho de que en el proceso penal el derecho de acción sea el instrumento mediante el que se ejercita una potestad pública se anuda, además, una consecuencia específica en sede de amparo constitucional. En efecto: de manera reiterada (ATC 139/1985, de 27 de febrero, FJ 2, y SSTC 257/1988, de 22 de diciembre, FJ 5; 123/1996, de 8 de julio, FFJJ 3 y 4, y 211/1996, de 17 de diciembre, FJ 4) hemos afirmado que el recurso de amparo ‘no constituye una vía abierta a los poderes públicos para la defensa de sus actos y de las potestades en que éstos se basan, sino, justamente, un instrumento para la correcta limitación de tales potestades y para la eventual depuración en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los particulares’. Doctrina que ha de aplicarse con mayor rigor a los casos en que no es ya que el Estado acuda al proceso para defender sus potestades, sino que –como sucede en el proceso penal-- el ejercicio de la potestad punitiva constituye el objeto mismo del proceso.
En conclusión, en el proceso penal las garantías constitucionales de una de las partes –el imputado-- adquieren un especial relieve en sede de amparo constitucional, mientras que, como tal, la potestad pública de imponer penas que se ventila en él no es susceptible de ser amparada".
De ello se desprendía inmediatamente que el proceso penal no podía ser vía previa de amparo de derechos fundamentales sustantivos, pues ningún contenido específico de éstos se ventila en él; pero, lo cierto es que no extrajimos esta conclusión pese a que la Comisión Europea, en Resolución de 17 de octubre de 1996 (Ramón Piqué Huertas c. España) había aceptado esa tesis. Fundamos, pues, la denegación del amparo, como acaba de verse, en los límites propios de nuestra jurisdicción. Y esa línea, que estimo equivocada, dio lugar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos., ciertamente sin explicar –le hubiera resultado difícil-- por qué su jurisdicción no está sometida a los mismos límites que la nuestra, condenase a España (Sentencia de 14 de octubre de 1999, caso Riera Blume y otros c. España).
Pero es que, además, por lo que al caso se refiere, las resoluciones judiciales no afirman que no haya habido vulneración del derecho al honor; sino sólo que no había elementos suficientes para que, innecesario es decirlo, desde la perspectiva penal, pudiese considerarse falsa la información. O, dicho de otro modo, que no había prueba bastante para afirmar un elemento del tipo. Nuestro otorgamiento del amparo se basa en la confusión entre el canon de diligencia que excluye la vulneración del derecho constitucional y el canon de diligencia que excluye la afirmación del elemento del delito que consiste en que la imputación sea falsa o inveraz. Nosotros podemos, ciertamente, revisar el primero; pero la jurisdicción penal ni puede ni, en este caso, ha intentado establecerlo. Se ha limitado, como es lógico, a decir, acertada o equivocadamente, que no concurre el segundo. De ningún modo –y con ello quiero decir: nunca y de ninguna manera directa ni indirecta-- compete al Tribunal Constitucional apreciar que concurre ese segundo canon. De lo contrario, la jurisdicción de amparo serviría para afirmar la existencia de un elemento del delito no apreciado por la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción penal tendría, así, una indebida continuación en sede de amparo que actuaría contradictoriamente: bajo la apariencia de un amparo, estaría otorgando un contra-amparo.
STSJ Galicia 4854/2014, 7 de Octubre de 2014
SAP Málaga 845/2005, 7 de Noviembre de 2005

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