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Timestamp: 2018-04-21 06:51:10+00:00

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Resolución iaip caso correos elect by ALAC EL SALVADOR - issuu
NUE 2-A-2014 (MV) INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil catorce. El presente procedimiento de acceso a la información ha sido promovido ante este Instituto en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JOSÉ ROBERTO BURGOS VIALE; contra la respuesta a la solicitud de acceso a la información emitida por el Oficial de Información de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en adelante “CSJ”, ente obligado a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) representado por el servidor público doctor FLORENTÍN MELÉNDEZ PADILLA. I. El veintisiete de noviembre de dos mil trece el ciudadano Burgos Viale presentó solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información de la CSJ, por medio de la cual requirió: “copia de los correos electrónicos intercambiados desde las cuentas oficiales del Órgano Judicial entre el señor Salomón Padilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el señor David Orestes Ortez Quintanar, ex gerente de asuntos jurídicos del Órgano Judicial durante el período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre [de 2013]”. Encontrándose dentro del plazo de diez días hábiles, para dar respuesta a la mencionada solicitud, el Oficial de Información de la CSJ, realizó dentro el ente obligado, las consultas correspondientes al Gerente General de Asuntos Jurídicos Oscar Humberto Luna, quien manifestó que la información solicitada no se encontraba dentro del ámbito de su competencia; y al Jefe Interino del departamento de informática, Túlio Américo Luna Fuentes, quien argumentó que aunque la información se encuentra en poder del ente obligado, dentro de sus servidores, no puede accederse al misma, puesto que considera que hacerlo significaría “interrumpir” ilícitamente las telecomunicaciones, y afectaría la inviolabilidad de la correspondencia establecida en el Art. 24 de la Constitución. El día nueve de diciembre de dos mil trece, el oficial de información del ente obligado emitió resolución, denegando el acceso a la información, bajo las
argumentaciones esgrimidas por los funcionarios antes mencionados, comunicándola el mismo día al solicitante. II. Inconforme con la resolución del Oficial de Información, por considerar que la información solicitada es de carácter pública, el ciudadano Burgos Viale presentó ante el ente obligado, recurso de apelación en el que manifestó, en lo medular: (i) que no se habían consignado en la misma las consideraciones o los argumentos del Oficial de Información, sino que únicamente se había remitido a lo dispuesto por los servidores públicos consultados y, (ii) que la información se ha clasificado de forma errónea como “privada” cuando su naturaleza es evidentemente pública. El mencionado recurso fue recibido en este Instituto junto con el expediente administrativo correspondiente el día trece de enero del corriente año, sin que se anexara a éste ningún elemento probatorio. III. Admitida la apelación, por medio de auto de las diez horas del quince de enero del presente año, se solicitó informe al enteobligado, de conformidad con el Art. 88 de la LAIP, y se decretó como medidas cautelares, que se realizara una copia de seguridad en formato físico y una en formato electrónico, las que deberían ser resguardadas por el titular del ente obligado, y a la vez remitir una copia en formato electrónico a este Instituto. Rendido dicho informe, el titular de la CSJ, doctor Florentín Meléndez Padilla, en lo medular relató la forma en que se tramitó la solicitud de información, y manifestó que por decisión del pleno de la CSJ, no se daría cumplimiento a las medidas cautelares antes referidas, pues valoran que “los correos electrónicos se encuentran dentro de la esfera de protección constitucional emanada del principio de inviolabilidad de la correspondencia consagrado en el Art. 24 de la Constitución de la República”, es decir que consideran que la información solicitada atañe a la esfera más íntima de protección de quienes la emitieron; en tal sentido, aunque no lo hayan manifestado así, han determinado se trata de información confidencial, de acuerdo a lo establecido en la letra ”a” del Art. 24 de la LAIP. Lo que impidió que este Instituto verificara si dentro de la información solicitada, efectivamente, existe alguna parte susceptible de ser considerada confidencial o reservada.
Este Instituto considera que, al decretarse la referida medida cautelar, no se ha trasgredido la supuesta confidencialidad de la información solicitada ─sobre la que este Instituto se pronunciará más adelante─ puesto que, según lo dispuesto en la letra “c” del Art. 85 de la LAIP, esta deberá ser resguardada de manera confidencial y devuelta al final del incidente de la apelación; y tomando en cuenta que dicha información se encuentra bajo resguardo del ente obligado, remitirla de igual forma a este Instituto, no constituye una vulneración a la intimidad de quienes la produjeron. Respecto a las medidas cautelares, debe aclararse que se entienden como, todas aquellas actuaciones o decisiones emitidas por una autoridad ─judicial o administrativa─ que sin prejuzgar sobre el resultado final del asunto, pretenden asegurar la eficacia de la resolución que efectivamente se dicte; siendo facultad legal de este Instituto en virtud de lo establecido en el Art. 85 de la LAIP, decretar tales medidas. En el caso en comento, la medida cautelar ordenada, encuentra su base, en lo dispuesto por los las letras “b” y “c” del Art. 85 de la LAIP, y se fundamenta ─como se hizo constar en el mismo auto en el que se decretó─ en los extremos de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, siendo justificada su adopción. Asimismo el cumplimiento de tales medidas no depende del libre albedrío de a quien están dirigidas, en virtud de lo establecido en el Art. 102 de la LAIP, y aplicando supletoriamente el Art. 454 del CPCM, la aplicación de las medidas cautelares, una vez decretadas, procede de oficio, siendo obligatorio su inmediato cumplimiento, sin que ninguna petición o incidente del destinatario impida su ejecución. No obstante lo anteriormente expuesto, en el trámite del presente procedimiento, el auto que ordenó la medida cautelar en referencia, no ha sido objeto de impugnación, es decir, el ente obligado no ha hecho uso del recurso de revocatoria legalmente establecido, por lo tanto la resolución ha causado estado. De tal forma que la negativa del ente obligado, a cumplir la medida cautelar legalmente decretada, aparentemente se adecúa a la figura establecida dentro del régimen de infracciones previsto en el Art. 76 de la LAIP, siendo determinado como falta muy grave el “no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el instituto”, por lo tanto deberá iniciarse el procedimiento sancionatorio, contra los siguientes funcionarios responsables de haber emitido la decisión correspondiente: OVIDIO BONILLA FLORES, 3
DORIS LUZ RIVAS GALINDO, ELSY DUEÑAS DE AVILES, MARÍA LUZ REGALADO ORELLANA, FLORENTÍN MELÉNDEZ PADILLA, JOSÉ ROBERTO ARGUETA MANZANO, LOLLY CLAROS DE AYALA, JUAN MANUEL BOLAÑOS SANDOVAL Y ROSA MARÍA FORTÍN HUEZO. Siendo el caso que, de conformidad al Art. 78 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP), los suscritos nos encontramos facultados para iniciar de oficio el procedimiento sancionatorio en contra los funcionarios antes determinados, por lo que, debido a la etapa en la que se encuentra la presente causa, es pertinente tramitarlo separadamente, bajo la referencia NUE: 2-O-2014, extiéndase copia certificada de la presente resolución, para ser agregada al procedimiento sancionatorio antes referido. IV. Por otra parte, el día veintinueve de enero del corriente año se llevó a cabo audiencia de avenimiento entre las partes, sin que lograra establecerse acuerdo alguno. Por lo que, la audiencia oral y pública se celebró a las diez horas del siete de febrero del corriente año, en la que tanto el ente obligado como el apelante decidieron no aportar más elementos probatorios que los ya contenidos en el expediente administrativo correspondiente. Al concedérsele la palabra al ciudadano Burgos Viale, manifestó en lo medular que el jefe interino del departamento de informática de la CSJ, ha usurpado las funciones del Oficial de Información, al grado de restringir su derecho al acceso a la información solicitada, la que considera de naturaleza eminentemente pública, en primer lugar porque el soporte técnico que la contiene y por medio del cual fue creada, es costeado con fondos públicos, y en segundo lugar porque ha solicitado información creada por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que no se trata cuentas privadas de correo por lo que no debe dársele el mismo nivel de protección que se da a las conversaciones privadas. Por su parte el representante del ente obligado manifestó, esencialmente, que el Art. 24 de la Constitución de la República reconoce la inviolabilidad de toda clase de correspondencia, incluidos los correos electrónicos, prohibiendo toda interferencia o intromisión; que no se cuenta con los correos solicitados en formato físico, solo se encuentran en los servidores de la institución, pero los titulares de las cuentas 4
correspondientes ya no laboran para el ente obligado, en consecuencia, obtener tales correos sería interceptar sus telecomunicaciones; finalmente manifestó que nos encontramos frente a una colisión de dos derechos fundamentales por un lado el derecho de acceso a la información y por el otro el derecho a la protección de la correspondencia, y que dirimir este tipo de situaciones le corresponde únicamente a la sala de lo Constitucional de la CSJ. V. Antes de proceder con la decisión del caso, es preciso recordar que el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión ─Art. 6 Cn.─ que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho ─Art. 85 Cn.─ que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos. De esa condición de derecho fundamental se derivan consecuencias tales como: a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; c) la directiva de su armonización, balance o equilibrio con otros derechos en conflicto; y, d) el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora. Por lo tanto corresponde a este Instituto, como garante del derecho de acceso a la Información, realizar la labor de armonización y determinación del alcance de tal derecho, así como la ponderación cuando este entre colisión con otros derechos fundamentales. VI. El derecho de acceso a la información, por su naturaleza y finalidad misma, se encuentra íntimamente relacionado con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, el cual tiene por objeto no solamente dotar de transparencia las decisiones de los órganos de gobierno y de sus funcionarios o servidores públicos, sino que además, facilitar el conocimiento por la generalidad de los administrados y de esa forma garantizar la efectividad del derecho de acceso a la información. Retomando la rama doctrinaria, 5
Miguel A. Ekmekdjian ha entendido por publicidad: “el deber de comunicar los actos de gobierno” a la opinión pública, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de tomar conocimiento de aquéllos, de su contenido, de su gestación y concreción, y ejercer el control del poder que les compete”. Así, el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, encuentra su asidero constitucional en los Arts. 85 y 86 de nuestra Constitución, en tanto que El Salvador, como Estado republicano –Art. 85 Inc. 1° Cn.– debe garantizar el control sobre los actos de los funcionarios, no tienen más competencias que las que expresamente les da la ley, y como delegados del pueblo están sujetos a la rendición de cuentas mediante la publicidad de los actos que en tal calidad llevan a cabo. VII. Dicho lo anterior, corresponde determinar la naturaleza de la información solicitada, teniendo en cuenta que la controversia radica en la calidad ─pública o confidencial─ de los correos electrónicos enviados o recibidos por funcionarios públicos a través de las cuentas institucionales en el ejercicio de sus funciones; y si debe prevalecer el derecho al acceso a la información frente al derecho a la intimidad de los mismos. Es necesario aclarar que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la LAIP y a tenor del principio de máxima publicidad consagrado en el Art. 4 letra “a” del mismo cuerpo normativo, debe considerarse pública toda información generada, administrada o en poder de la instituciones públicas, siempre y cuando no aplique ninguna de las excepciones legalmente establecidas, entendiéndose por estas las relativas a la información reservada y la confidencial ─Art. 19 y 24 de la LAIP respectivamente─, en tal sentido, la calidad de reservada o confidencial de la información, depende enteramente de su contenido, y no del medio en que ésta sea producida, lo que propicia el control democrático de las actuaciones gubernamentales a través del pleno ejercicio del derecho al acceso a la información. Por otra parte, aunque el ente obligado ha sostenido que los correos electrónicos no son objeto del derecho de acceso a la información por tratarse de comunicaciones privadas, la solicitud del ciudadano Burgos Viale se refiere a las comunicaciones electrónicas sostenidas por dos funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, al respecto, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México, ha dispuesto ─en el 6
estudio y consideraciones sobre la publicidad del correo electrónico de los servidores públicos─ lo siguiente: “los correos electrónicos de los servidores públicos, al estar en un medio electrónico o informático, son documentos gubernamentales, susceptibles de acceso en los términos de la Ley; la condición sine qua non para considerarlos como tales es que en ellos se encuentren el registro del ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos”. Del mismo modo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ha determinado que: “El Libre Acceso a la información incluye el acceso, por parte de cualquier persona, a la documentación integrada por los expedientes públicos, minutas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o a cualquier documentación financiada por presupuestos públicos”(“El estado de la libertad de expresión en Centroamérica, México y república dominicana” Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José Costa Rica, 2005. Resaltado proveído) De tal forma que, tratándose de comunicaciones realizadas a través de los canales oficiales, establecidos como herramientas para el desarrollo de sus funciones y no para su uso personal, éstas no deberían ─en puridad─ contener más elementos que los estrictamente relacionados con el ejercicio de la función pública, es decir que no se trata de cuentas privadas, a las que debe brindársele toda la protección en aras de salvaguardar la intimidad de sus titulares, sino todo lo contrario, aunque las cuentas de correo electrónico hayan sido asignadas a determinados servidores públicos, estas no les pertenecen, y son susceptibles de ser auditadas por la ciudadanía en el ejercicio de un derecho fundamental. En todo caso, debe considerarse que, la labor de los servidores públicos, implica la publicidad de los actos que se ejecuten, de tal forma que se minimicen las áreas exentas de control democrático dentro del ejercicio de la función pública, y aunque la condición personal de servidor público, no implica, automáticamente, una suspensión de los derechos que la Constitución garantiza a toda persona, al realizarse la ponderación de intereses entre el derecho al acceso a la información y su derecho a la intimidad, este Instituto busca su armonización o saludable equilibrio mediante una interpretación constitucional que garantice el balance entre tales derechos ─balancing test─, reconociendo que esta labor debe efectuarse con criterio restrictivo y en cada caso concreto. 7
En tal sentido, debe valorarse que el derecho de acceso a la información, puede justificarse como derecho individual, en tanto permite ampliar el espacio de autonomía personal, y también como un derecho colectivo, por cuanto revela la utilización instrumental de la información como mecanismo de control institucional de los ciudadanos hacia el Estado. Desde esta última perspectiva el derecho a la información es un derecho público colectivo que se exige a través del Estado para hacer posible la democracia. Sin embargo, no es absoluto, puesto que debe ser ejercido dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. En ese sentido, el derecho de acceso a la información –como los demás derechos─ es susceptible de restricciones o limitaciones que condicionan su pleno ejercicio. Por otra parte el derecho a la intimidad tampoco es absoluto y cede ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar esté justificado. En todo caso, este derecho como límite a la libertad de información debe interpretarse de modo restrictivo. De tal forma que, conforme a lo dispuesto por este Instituto en la resolución definitiva del caso referencia 25–A–2013: “el derecho a la información tendrá preeminencia respecto del derecho a la intimidad cuando sea necesario para asegurar la libre información en una sociedad democrática; es decir, siempre que exista un interés público legítimo que justifique la publicidad de la información. Por consiguiente, la intromisión en la vida privada de las personas debe admitirse si la información que se desea transmitir tiene interés público para la sociedad; en caso contrario, la revelación de aspectos privados de las personas públicas sin justa causa lesiona claramente su derecho a la intimidad”. En tal sentido, entendiéndose que los correos electrónicos intercambiados entre el ex presidente y el ex Gerente de Asuntos Jurídicos de la CSJ, se realizaron en el marco del ejercicio de sus funciones, haciendo uso de una plataforma tecnológica establecida y mantenida a través de fondos de los contribuyentes, su contenido debe ser público, y por lo tanto objeto del derecho al acceso a la información, siempre que no se compruebe que concurra causa legal para declarar su reserva o clasificarlos como confidenciales; si los correos electrónicos que se requieren exponen algún dato acerca de la intimidad o la vida 8
privada de su emisor, su receptor o un tercero, o no se relacionan con el ejercicio de funciones públicas, debe aplicarse lo dispuesto en el Art. 30 de la LAIP, siendo obligación de la entidad que los posea, realizar versiones públicas de los mismos, a fin de divulgar únicamente la información estrictamente pública. POR TANTO, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 58 letra “e”, 76, 77, 94, 96 y 102 de la LAIP y el Art. 78 del RELAIP, este Instituto RESUELVE: a)
Téngase por no cumplida, por parte de la CSJ, la medida cautelar decretada
por este Instituto a las diez horas del día quince de enero del corriente año, relativa a realizar copia de respaldo en formato electrónico e impreso de copia de los correos electrónicos intercambiados desde las cuentas oficiales del Órgano Judicial entre el señor Salomón Padilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el señor David Orestes Ortez Quintanar, ex gerente de asuntos jurídicos del Órgano Judicial durante el período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre (de 2013) y, a remitir a este Instituto en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de dicha resolución, una copia en formato electrónico de la misma información. b)
Iníciese ―de oficio― el procedimiento sancionatorio contra los
Magistrados integrantes del Pleno de la Corte Suprema de Justicia como FUNCIONARIOS COMPETENTES del ente obligado: OVIDIO BONILLA FLORES, DORIS LUZ RIVAS GALINDO, ELSY DUEÑAS DE AVILES, MARÍA LUZ REGALADO ORELLANA, FLORENTÍN MELÉNDEZ PADILLA, JOSÉ ROBERTO ARGUETA MANZANO, LOLLY CLAROS DE AYALA, JUAN MANUEL BOLAÑOS SANDOVAL Y ROSA MARÍA FORTÍN HUEZO; por el presunto incumplimiento a la obligación proporcionar información cuya entrega fue ordenada por el Instituto, contemplado en el apartado de las infracciones muy graves del Art. 76 letra “c” de la LAIP, el que será tramitado de forma separada, bajo la referencia NUE: 2-O-2014. c)
Revóquese la resolución del Oficial de CSJ, venida en apelación por no estar
apegada a derecho.
Ordénese al servidor público doctor FLORENTÍN MELÉNDEZ
PADILLA, Magistrado Presidente en funciones de la CSJ, que a través del Oficial de Información de dicha institución, entregue al ciudadano José Roberto Burgos Viale, en un plazo perentorio de diez días hábiles ―so pena de iniciar un procedimiento sancionatorio― la información requerida consistente en copia de los correos electrónicos intercambiados desde las cuentas oficiales del Órgano Judicial entre el señor Salomón Padilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el señor David Orestes Ortez Quintanar, ex gerente de asuntos jurídicos del Órgano Judicial durante el período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre [de 2013], debiendo resguardar, los datos personales o la información confidencial que en ellos se contenga, por medio de la elaboración de la versión pública correspondiente. e)
Hágase saber esta resolución a los funcionarios antes mencionados, para que
rindan informe de conformidad al art. 88 de la LAIP, en dónde justifiquen su actuación y aleguen su defensa en el plazo de siete días hábiles. c) Publíquese esta resolución, oportunamente.
--------------------------C.H.SEGOVIA--------------ILEGIBLE-------------ILEGIBLE--------------------------------------PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN-----------””””””””””””””””””””””””””””””””””””””RUBRICADAS”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
VOTO PARTICULAR CONCURRENTE Y DISIDENTE DEL COMISIONADO JAIME MAURICIO CAMPOS PÉREZ: Comparto la decisión de mis pares relativa a que la información solicitada relativa a “copia de los correos electrónicos intercambiados desde las cuentas oficiales del Órgano Judicial entre el señor Salomón Padilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el señor David Orestes Ortez Quintanar, ex gerente de asuntos jurídicos del Órgano Judicial durante el período comprendido entre en 1º y el 15 de octubre [de 2013]” es información pública, aunque añado otras razones; y, en cambio, me aparto de la decisión que ordena el inicio de un procedimiento sancionatorio contra magistrados del ente obligado. I. En resoluciones anteriores he sostenido que la publicidad debe estar al servicio del bien común y de la población cada vez mejor informada en cuanto a los asuntos de interés público, por lo que constituye un mandato para este Instituto hacer prevalecer siempre el principio de “máxima publicidad”, que predica no solo que las excepciones deben estar expresamente establecidas por la ley, sino también que la interpretación de dichas excepciones debe hacerse con criterio bastante restrictivo. Tengo para mí que los correos electrónicos de servidores públicos enviados o recibidos desde su cuenta o dirección institucional, en el ejercicio de sus funciones públicas -lo que excluye toda aquella comunicación que se relacione con su vida privada o personal- son documentos públicos, siempre que no se acredite la concurrencia de una causa legal específica de reserva, en los términos del art. 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Para determinar lo anterior se exige, desde luego, analizar el contenido del correo como ocurre con cualquier otro documento respecto del cual se pide el acceso. En razón del principio de “máxima publicidad” ciertamente no puede concluirse que por el solo hecho de que la dirección electrónica es información privada concerniente a una persona, según el art. 6 letra a. de la LAIP, lo sea también su contenido; es decir, que el examen de la información debe realizarse con relación a su 11
contenido y no al continente; así como deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la dirección de correo electrónico como de “uso oficial” o “uso particular” del servidor público. En diferenciar uno y otro caso, estriba –a mi juicio- la solución preliminar para otorgar su acceso público o denegarlo. Y digo preliminar porque la información enviada o recibida a través de cuentas o direcciones personales adquiridas con proveedores de servicios de correo electrónico gratuito o de pago es confidencial; sin embargo, en el caso de los correos electrónicos oficiales o administrados por los entes obligados a la LAIP la solución es distinta porque, en virtud del principio de “máxima publicidad”, rige la presunción de que la información contenida en ellos es pública y corresponde entonces a los sujetos obligados demostrar lo contrario. En ese orden de ideas, el art, 6 letra c. de la LAIP prevé que información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Por supuesto no desconozco que entre los correos electrónicos oficiales que se han solicitado puedan existir algunos que se refieran a la intimidad personal o la vida privada de su emisor, su receptor o un tercero, o que no se relacionen con el ejercicio de funciones públicas; situación que este Instituto no pudo corroborar al no habérsele remitido -por acuerdo de Corte Plena- una copia de la información objeto de la apelación, a pesar que la misma fue ordenada durante el procedimiento como una medida cautelar en aplicación del art. 85 inc. 1º letra c. de la LAIP. Precisamente en esa instrumentalidad radica la importancia de una medida cautelar como la adoptada, pues en caso de haberse conocido el contenido de la información requerida, bien pudo este Instituto –en virtud del principio de la divisibilidad, conforme al cual un documento puede contener información pública y 12
otra que debe denegarse en razón de una causa legal- resolver el acceso a la primera y no a la segunda. De ahí que considero que los correos electrónicos de servidores públicos enviados o recibidos desde sus cuentas o direcciones institucionales- son documentos públicos si existe vinculación entre la información solicitada y el desempeño público del funcionario, y no relativa al ámbito de su vida privada o personal, salvo en caso de comprobarse suficientemente la concurrencia de alguna causal de reserva: piénsese, por ejemplo, en aquel correo electrónico que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva (art. 19 letra e. de la LAIP). Sin duda lo anterior constituye una manifestación del principio de máxima publicidad, mediante la cual la carga de la prueba sobre el carácter reservado o confidencial de una información corresponde a los entes obligados a la ley y no a los ciudadanos, quienes -por su parte- deben ejercer sin obstáculos el necesario control de la gestión gubernamental y la fiscalización al ejercicio de la función pública, que es uno de los fines de la ley, según el art. 3 letra d. de la LAIP. II. En cuanto a iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que suscribieron el acuerdo por medio del cual se respondió a la medida cautelar decretada por el Instituto, estoy en desacuerdo con la mayoría porque –a diferencia de otros precedentes y a pesar de que el auto que decreta medidas cautelares causa ejecutoria no obstante recurso- en el expediente no ha quedado evidenciada una conducta real de incumplimiento a la medida, sino una valoración jurídica sobre el fondo de la cuestión debatida, lo que se corrobora con que en el procedimiento no se hizo requerimiento alguno para iniciar de oficio el incidente sancionatorio, sino hasta que en la resolución definitiva se decide rechazar el argumento de la inviolabilidad de la correspondencia, se provee tener por no cumplida la medida cautelar, lo que en mi opinión genera inseguridad jurídica al destinatario, ya que de haber sido acogido favorablemente aquel argumento la presunta infracción carecería de transcendencia para la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 13
III. Finalmente, deseo manifestar la inconveniencia que Oficiales de Información se constituyan como apoderados de los entes obligados -práctica que se ha vuelto costumbre por algunas instituciones del Estado- pues ello distorsiona el verdadero rol y ejercicio de sus funciones. Así mi voto.
--------------------------------------------------J. CAMPOS-----------------------------------------------------------------PRONUNCIADO POR EL SEÑOR COMISIONADO QUE LO SUSCRIBE------------“””””””””””””””””””””””””””””””“”””””RUBRICADA”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ALAC EL SALVADOR
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