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Timestamp: 2020-08-14 05:02:36+00:00

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ECA - Febrero 2003
La Dirección General de Rentas (DGR) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció, a través de la Resolución 6764/2002, que se consideran en término las presentaciones hasta el 13 de diciembre de 2002 inclusive de las declaraciones juradas anuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los contribuyentes locales, por los períodos 2000 y 2001.
Esta Resolución surgió a partir de una solicitud efectuada por nuestro Consejo Profesional por medio de una nota enviada al director general de ese organismo el 9 de noviembre de 2002.
El pasado 30 de enero, las autoridades del Consejo enviaron una nota al jefe de Gabinete de Ministros en relación con la promulgación parcial de la Ley 25.688 sobre la derogación parcial de los regímenes jubilatorios “de privilegio” para el Poder Judicial y el Servicio Exterior de la Nación.
En dicha nota, el Consejo expresa que la forma que tiene la norma promulgada origina dudas sobre la vigencia de otros regímenes de privilegio, lo que genera incertidumbre jurídica y pleitos futuros que “pagaremos” todos los ciudadanos comunes con nuestros impuestos.
Se enumera, además, una serie de comentarios, de los que se concluye que no es “éticamente aceptable” que se invoque, para el mantenimiento de estos regímenes de privilegio, en el caso de afiliados que aún no están en condiciones de jubilarse, la existencia de derechos adquiridos cuando realmente se trata de derechos en expectativa.
Finalmente, el Consejo considera que se debería elevar al Congreso un nuevo proyecto de ley que elimine estos privilegios que atentan contra la ética, la equidad y la igualdad ante la ley.
Defendemos nuestra incumbencia
El pasado 5 de febrero, las autoridades del Consejo enviaron una nota al Presidente de la Nación, en relación con la sanción del Decreto N° 2677/02, para solicitar la “inmediata” reforma del artículo 148 de la Ley N° 11.683 t.o. 1998.
El mencionado decreto dispone la constitución del Jurado del art. 148 para el eventual juzgamiento de los miembros del Tribunal Fiscal de la Nación; se han asignado, a este efecto, cuatro letrados propuestos por el Colegio Público de Abogados.
El pedido de reforma de dicha norma se basa en la incorporación como miembros de este jurado de Contadores Públicos propuestos por este Consejo Profesional para el enjuiciamiento de los miembros de las Salas Impositivas del Tribunal Fiscal de la Nación, ya que, según el Consejo, esta norma no se adecua a las exigencias debidas frente a la distinta composición científica y técnica de los miembros de este cuerpo, y a los principios del juzgamiento público y por pares de los integrantes de los órganos jurisdiccionales.
Finalmente, las autoridades de nuestra Institución expresaron que esta petición supone la “necesidad” de suspender toda la tramitación de causas dentro del régimen de la norma cuestionada en el supuesto de que estas causas pudieran alcanzar a los graduados en Ciencias Económicas.
Las autoridades del Consejo, por medio de una nota fechada el 7 de febrero de 2003, solicitaron al Presidente de la Nación la “urgente” derogación del Decreto N° 2508/02 y el establecimiento de un régimen ordenado de concursos para la contratación de todo género de servicios profesionales.
Este decreto establece las normas especiales para la contratación de servicios de consultoría por parte de la Administración Pública Nacional y determina que las universidades nacionales tengan carácter de “consultoras preferenciales”.
Por ello, nuestra Institución entiende que esta medida “desnaturaliza” las funciones propias de las universidades nacionales y “afecta sensiblemente” la prestación de servicios profesionales por parte de sus matriculados al alterar las reglas de selección del Estado, que deben realizarse “mediante concursos públicos abiertos”, de acuerdo con lo considerado por el Consejo .
Asimismo, el Consejo expresó que el poder contractual del Estado no debe ser desviado ni puede omitir los principios básicos de la igualdad e idoneidad en la selección de los prestadores de servicios, sino que debe buscar la excelencia por la vía de la actuación de los graduados más capaces.
Finalmente, se plantea que la iniciativa del gobierno implica a las universidades nacionales “desvalorizar” sus altos fines y alterar su natural modo de acción.
Nueva Comisión de Enlace
El 25 de septiembre de 2002 se firmó un acuerdo de acciones conjuntas entre la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nuestro Consejo.
Con este acuerdo se creó una Comisión de Enlace entre nuestra Institución y la Dirección General de Protección del Trabajo, que tiene a cargo, entre otras tareas, la de Policía de Trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta Comisión tiene como principal objetivo la difusión de la legislación vigente en materia laboral y el desarrollo de procesos educativos, que permite a los matriculados tener mayores conocimientos sobre estos temas.
Asimismo, recibe y canaliza las consultas y propuestas; responde a las dudas que surgen del ejercicio profesional; estrecha vínculos con los organismos públicos que están relacionados con la temática laboral con motivo de acercar proyectos de reformas de las normas vigentes y participar activamente en ellas.
Luego de casi tres años de trabajo realizado por la Comisión de Administración de Recursos Humanos de nuestro Consejo, se llegó a la concreción de este acuerdo.
Para quienes necesiten hacer consultas a esta Comisión y evacuar las dudas que puedan tener en relación con los temas que hacen a la labor de la Policía de Trabajo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha habilitado la siguiente dirección de e-mail: preguntaslaboral@cpcecf.org.ar.
El Consejo envió una nota al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y solicitó una prórroga para la entrada en vigencia de la Resolución General 1351, que dispone que los contribuyentes que realicen la presentación para solicitar la exclusión de los regímenes de retención, percepción y/o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado, la efectúen por Internet a través del ingreso a la página Web de ese organismo fiscal.
Asimismo, esta Resolución establece que el procedimiento de solicitud debe efectuarse a partir del día 15 hasta el último día del mes del vencimiento, ambas fechas inclusive, para la presentación de la declaración jurada del mencionado impuesto, correspondiente a los períodos fiscales de diciembre, marzo, junio o septiembre de cada año.
El pedido realizado por el Consejo se basa en que el plazo es “exiguo” para realizar la presentación de la declaración jurada del mes de diciembre de 2002 y en los numerosos reclamos de los matriculados que tuvieron problemas con el sistema operativo para generar el formulario 845/l de la nueva normativa de la AFIP.
Presentación de memorándum
El Consejo solicitó una prórroga, por única vez y como situación excepcional, de la presentación, por parte de los auditores externos, de los “Memorándum sobre el Sistema de Control Interno de las entidades financieras”, correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2002 y finalizado el 31 de diciembre de ese mismo año, y de las “Planificaciones de Auditoría”, correspondientes a los ejercicios económicos iniciados el 1° de julio de 2002.
Dicho pedido se realizó mediante una nota enviada el pasado 22 de noviembre al subgerente general de Análisis y Auditoría de la SEFYC del Banco Central de la República Argentina, en la que las autoridades del Consejo solicitaron que, una vez finalizadas las auditorías y/o revisiones limitadas de los estados contables de las entidades financieras al 31de diciembre de 2002, se emitieran estos memorándum de control interno con las características de lo requerido por el BCRA.
Las autoridades del Consejo enviaron una nota al Administrador Federal de Ingresos Públicos en la que le solicitan una prórroga de la puesta en vigencia de la Resolución General 1351. Dicha resolución rige para las solicitudes que se interpongan a partir del 1° de enero de 2003, inclusive, por operaciones de exportación y/o prestaciones de servicios que se perfeccionen desde el 1° de agosto de 2001, inclusive.
Expresaron que este pedido se debe a una serie de problemas operativos y temas pendientes de aclaración por parte de ese organismo, como lo son la posibilidad y la forma del pedido de la clave de acceso al sistema para que nuestros matriculados obtengan la información que requieran para realizar una auditoría en la emisión del informe correspondiente al pedido de reintegro del IVA, y, además, las diferentes respuestas recibidas por las diversas agencias de esa Administración Federal.
Pedimos audiencia
El pasado 22 de noviembre, las autoridades del Consejo enviaron una nota al presidente de la Comisión de Economía del Senado de la Nación.
En dicha nota se le solicitó una audiencia para tratar el tema de las consecuencias de la aplicación o no del ajuste por inflación impositivo.
Más de 3000 subsidios sociales
Con el objetivo de restituir a nuestros matriculados parte de sus aportes, el Consejo sigue destinando las dos terceras partes de sus ingresos del Derecho de Ejercicio Profesional y el 5% de los ingresos por Legalización de Firmas al fondo de Régimen de Subsidios, que, dentro de sus conceptos, incluye el de subsidios sociales.
El detalle de los subsidios sociales abonados durante el año 2002 es el siguiente:
MOTIVO CANTIDAD
Fallecimiento matriculado
A.R.M.D. (Apoyo a la Rehabilitación del Menor con Discapacidad)
Consultas en CD-ROM
Equipo especial en el CIB
El Centro de Información Bibliográfica (CIB) del Consejo habilitó para los matriculados un equipo especial para las consultas de los libros y otros materiales informativos con soporte CD-ROM.
Este sistema facilita la lectura de diversos textos e informaciones disponibles exclusivamente en CD, los que pueden ser leídos directamente en las pantallas que están ubicadas en el hall principal del CIB.
En este puesto se cargó la información de los libros, las actas de los congresos, las estadísticas y las revistas; además, posee un acceso para consultas en la base Unired, que contiene referencias bibliográficas de materiales pertenecientes a 75 bibliotecas del país. Es éste un recurso poderoso en el momento de buscar la documentación o los libros ajenos a las áreas temáticas propias del CIB.
Asimismo, los recursos disponibles son para los textos de lectura, ya que no se pueden habilitar en dicho equipo programas o CD's con textos protegidos con los derechos de autor, y/o ejercicios o prácticas que requieren una instalación especial en la PC propia, del hogar o estudio.
Con este nuevo servicio, el CIB facilita la consulta de las numerosas informaciones que se publican en CD-ROM. Por la situación argentina, muchas instituciones utilizan este tipo de soporte como medio ideal para publicar los documentos de trabajo y las actas de los congresos por la cantidad de espacio que posee y por su bajo costo en relación con el del papel, medio que empleaban antes.
Los matriculados podrán consultar los textos disponibles en el puesto de CD de lunes a viernes en el horario de 9 a 20:30.
La Escuela de Educación Continuada (EEC) del Consejo ha ofrecido, desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo, unos 100 ciclos de actualización con el objetivo de brindar capacitación a los profesionales para profundizar sus conocimientos.
Entre los ciclos que se dictan en la EEC se pueden mencionar los preparatorios para el examen internacional TOEFL, dictados en los meses de enero y febrero.
El 7 de marzo se cerrará la preinscripción para los Programas de Especialización en Administración, Economía y Finanzas, y Tributación, para el ciclo lectivo del primer semestre del año 2003.
Además, en la primera semana de marzo se realizarán algunas reuniones informativas.
Dicha información está disponible en este sitio Web o bien se podrá consultar telefónicamente al 5382-4904 al 07, o personalmente en Viamonte 1461 en el horario de 9 a 21.
La Ley N° 466 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al darle denominación a nuestra Institución, determina que su sigla identificatoria debe ser, para uso oficial, la de CPCECABA.
En función de ello se establece la obligatoriedad del reemplazo definitivo de los sellos identificadores de los matriculados, luego de la indicación de la matrícula, con la nueva sigla CPCECABA.
Para formalizar su aplicación se fijó como fecha obligatoria el 31 de diciembre de 2003; por lo tanto, a partir de ese día no se dará curso a los actos profesionales que no se adecuen a esta disposición.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 148
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