Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421193.html
Timestamp: 2019-03-20 01:07:48+00:00

Document:
as201421193
Auto Supremo: 193/2014
Expediente: O-2-14-S
Partes:Víctor Eduardo Gamboa Viscarra.c/Raúl Ángel Ampuero Rocha.
Proceso: Nulidad de declaratoria de heredero y pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 428 a 430, interpuesto por Raúl Ángel Ampuero Rochacontra el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2013, cursante de fs. 420 a425, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de nulidad de declaratoria de heredero ypago de daños y perjuiciosseguido por Víctor Eduardo Gamboa Viscarra contraRaúl Ángel Ampuero Rocha, la respuesta al recurso de fs. 434 a 436, la concesión del recurso a fs. 437, los antecedentes del proceso y:
El Juez Quinto de Partido en lo Civil de la ciudad de Oruro, pronunció Sentencia de 07 de enero de 2013, cursante de fs. 397 a 400 vlta.de obrados, que declara: Improbadala demanda de fs. 30-31,Improbada la petición de pago de daños y perjuicios, Improbadas las excepciones de falta de acción y derecho opuestas contra la demanda reconvencional a fs. 141. Improbada la demandada reconvencional, en lo que corresponde a la declaratoria de fraude procesal y reconocimiento de condición de heredero de fs. 122 y vlta., aclarada a fs. 132 y vlta.
Resolución de primera instancia que es apelada por la parte actora mediante escrito de fs. 402 a 405, que merece el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2013, cursante de fs. 420 a 425, que revoca parcialmente la Sentencia de fecha 07 de enero de 2013 y deliberando en el fondo dispone: 1.- Declarar Probada la demanda cursante de fs. 30 a 31 de obrados en cuanto a la nulidad de Declaratoria de Heredero, Auto dictado por el Juez Instructor 3ro en lo Civil de la Capital de fecha 24 de junio de 2003. 2.- Improbada la petición de daños y perjuicios del reconventor de fs. 132 a 132 vlta., de obrados. 3.- Improbada la demanda reconvencional correspondiente a la declaratoria de fraude procesal y reconocimiento de heredero de fs. 122 a 122 vlta., aclarado de fs. 132 a 132 vlta. 4.- Probada las excepciones de falta de acción y derecho opuestas contra la demanda reconvencional de fs. 141 de obrados. 5.- Como emergencia de lo dispuesto se declara, a).- Nulo sin valor legal el Auto de fecha 24 de junio de 2003 dictado por el Juez Instructor 3ro. en lo Civil de la Capital; a través de ésta Raúl Ángel Ampuero Rocha fue declarado heredero forzoso ab intestado de la de cujus María Olga Gamboa Viscarra. b).- Se condena a reparación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia. Resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandada, que obtiene el presente análisis.
1.El recurrente en base a lo dispuesto por el art. 254 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, acusa incongruencia en la resolución,porque el Auto de Vista recurrido en su parte resolutiva, punto 5, le condenaría en la reparación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, pero no se haría una fundamentación de la existencia de daños, cuya cuantía merezcan ser averiguables en ejecución de Sentencia. Advierte que cuando se hace una valoración de los daños y perjuicios demandados por el reconventor, en el subtítulodel mismo nombre de Daños y Perjuicios, el Tribunal de alzada haría una fundamentación del porqué no existiría mérito para éste reconocimiento, pero contrariamente a este tratamiento valorativo, omitiría totalmente referirse con relación a los daños y perjuicios demandados por el actor, condenándole al pago de daños y perjuicios y rompiendo el principio de igualdad e imparcialidad que debe regir en el tratamiento procesal, lo que ameritaría la nulidad del Auto por incongruencia y por falta de fundamentación a la que estaría impelido por mandato del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
2. Asimismo y en base a lo establecido por el art. 254 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, acusa incompetencia del tribunal de apelación, refiriendo que la demanda principal tiene que ver con la nulidad de una declaratoria de herederos, y conforme prevé el Procedimiento Civil, los procesos voluntarios cuando existe una contención o una oposición, asumirían el procedimiento de un proceso ordinario, pero esta ordinarización tendría que hacerse en el mismo proceso voluntario para que luego el Juez que conoció el proceso voluntario siga conociendo o en su caso remita al Juez competente, pero en el presente caso el actor iniciaría la demanda de manera separada, con el claro propósito de lograr la nulidad a sus espaldas, y se habría provocado que la causa sea tramitada por Tribunales incompetentes con la consiguiente nulidad por imperio constitucional del art. 122 Constitución Política del Estado La competencia de la revisión de una acción voluntaria de declaratoria de herederos se justificaría por el razonamiento de la S.C. 1195/2010-R de 6 de septiembre, de donde se concluiría que una revisión de un proceso voluntario debe hacerse vía oposición y posterior ordinarización, de lo contrario se estaría tramitando una revisión extraordinaria de Sentencia que no sería de competencia de los jueces ordinarios sino más bien del Tribunal Supremo por imperio del art. 297 del actual procedimiento civil.
El recurrente argumenta que el Auto de Vista contiene apreciación errónea de las pruebas (art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, la nulidad de declaratoria de herederos tendría su base en el hecho de que se habría anulado su certificado de matrimonio dispuesto por el Juzgado de Partido Tercero en lo Civil, y la parte sobresaliente del Auto de Vista diría: “De lo que se colige que la partida primigenia de 1966 a petición del actor en Sentencia de reposición se dispuso previa su “anulación” así abierta la nueva partida de 2003 que también fue cancelada por orden judicial del Juez de Partido 3ro. en lo Civil, en definitiva el ahora demandado nunca tuvo una partida de matrimonio antes, ni después”. Esta aseveración resultaría una falacia porque si bien existen cancelaciones de partidas de matrimonio la de 1966 y la de 2003, pero esto sería a causa de los operadores de justicia que por error en la consignación del certificado de “nacimiento” en lugar de “matrimonio” habrían ocasionado nulidades que ahora aparece como si nunca hubiera tenido un certificado de matrimonio cuando esto no sería cierto, por eso es que el Juez 3ro. en lo civil de fs. 12 a 13 en su parte resolutiva diría: “De igual manera notifíquese con la presente Resolución a la Dirección Departamental de Registro Civil para mantener incólume la anterior Partida mientras se tramita la presente causa”. Si el mismo Juez diría que se deje incólume el anterior certificado de matrimonio, sindicaría que existió un certificado de matrimonio que si bien contenía algunos errores formales pero de ninguna manera eso significaría que no había un registro de matrimonio como equivocadamente se manifestaría en el Auto de Vista recurrido, como queriendo hacerle ver que nunca hubiere existido un certificado de matrimonio “ni antes de ni después”.
La confusión en la apreciación de las pruebas y las mismas normas legales en el Auto de Vista recurrido en casación llegaría al extremo de que ahora no solo que no tiene los certificados de matrimonio, que no son otra cosa que los documentos de constancia de la existencia de un vínculo matrimonial sino que en el Auto de Vista se le hace aparecer como si nunca se hubiere casado, y por eso diría “Que, si bien aquel (demandado) afirma ser esposo de la de cujus, tiene los medios legales que prevé el art. 182 del Código de Familia para comprobar su posesión de estado, o sea, probar su condición de heredero supérstite al fallecimiento de María Olga Gamboa Vizcarra”, aseveración que resultaría un exabrupto, porque insiste, cuenta con una partida matrimonial y un certificado de matrimonio como se desprendería de la literal de fs. 120 que no se podría desconocer, que si bien la partida contiene algunos errores formales pero de que existe la partida de matrimonio es evidente de que existe de lo contrario que partida se hubiera anulado. ElAuto de Vista confundiría el instituto de matrimonio con el certificado de matrimonio, el primero correspondería a la jurisdicción de familia y el segundo a la jurisdicción civil, lo que demostraría que no solamente se ha valorado erróneamente las pruebas sino las mismas normas de derecho de familia confundiendo con las de derecho civil.
Por lo que en base a los arts. 253 inc. 3 y art. 254 inc. 4 ambos del Código de Procedimiento Civil, solicita se acepte el recurso de casación, para que previa compulsa de los antecedentes el Tribunal Supremo de Justicia Case elAuto de Vista Nº 234/2013 de fecha 15 de noviembre de 2013 de fs. 420 a 425 y deliberando en el fondo confirme la Sentencia de fs. 397 a 400, o en su caso anule obrados y el Auto de vista referido.
Estando interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, se procede al análisis inicial de la casación en la forma, por cuanto si es evidente el fundamento esgrimido se procederá con la nulidad procesal respectiva siendo innecesario el examen de fondo del recurso, por lo tanto se pasa a considerar en el orden en que han sido acusados.
1. En relación a este agravio corresponde referir que de la revisión del Auto de Vista recurrido en su parte resolutiva, punto 5-b), se evidencia que el Ad quem condena a la parte demandada a la reparación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, esto a petición de la parte actora en la demanda principal y de manera accesoria.
Al respecto y sobre la condena de pago de daños y perjuicios, el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, prevé que: "Cuando la Sentencia condenare al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad liquida, a menos que estos aspectos hubieren sido demandados accesoriamente, caso en el cual se establecerán en ejecución de Sentencia".
En el presente caso, el Ad quem en aplicación del art. 195 del Código de Procedimiento Civil, en el Auto de Vista recurrido, difirió a ejecución de Sentenciala averiguación y cuantificación de los daños y perjuicios y es en esa instancia en la que de manera fundamentada se establecerá recién la existencia real del daño y su consiguiente cuantificación; no existiendo en esa determinación infracción que determine la nulidad de la misma.
Respecto a ese criterio la Jurisprudencia sentada por éste Supremo Tribunal ha establecido que: “...respecto el hecho de que los daños y perjuicios han sido aceptados por el Juez en Sentencia y este ha diferido la calificación y cuantificación liquida de estos a ser averiguados en ejecución de Sentencia, en los que las partes harán valer por sus medios de prueba. Esa determinación se encuentra conforme a lo previsto en el art. 195 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la pretensión principal demandada radica en el cumplimiento del contrato transaccional de fs. 184 a 189 resultando la calificación de daños y perjuicios una pretensión accesoria a aquella referida al cumplimiento del indicado contrato, toda vez que no es una cuestión principal. Lo que ha diferido en ejecución de Sentencia es la determinación de la cantidad liquida del importe de los daños y perjuicios, aspecto que las partes podrán hacer valer en ejecución de Sentencia (Auto Supremo Nº 62/2012 de 28 de marzo de 2012)”.
De donde se infiere que no existevulneración del art. 236 del Compilado Adjetivo Civil, menos de los principios de igualdad e imparcialidad, tampoco violación del art. 254 núm. 4) del Código de Procedimiento Civil.
2.Respecto a éste agravio debemos manifestar que la demanda de declaratoria judicial de herederos es un proceso voluntario, donde su pretensión solo es la declaración formal de heredero, concluyendo el trámite con la resolución y la extensión del testimonio correspondiente.
Sin embargo, en caso de que se suscite la contención durante su tramitación, este proceso voluntariopuede ser remitido, al Juez de partido ordinario en lo Civil.
En cambio, el presente proceso ordinario busca la nulidad de la declaratoria de heredero, por lo que se trata de otro proceso independiente, y no es requisito o exigencia previa del presente proceso, que necesariamente se haya propuesto como oposicióno contención en el proceso voluntario de declaratoria de herederos.
En conclusión, la presente causa ordinaria se ha originado luego de haber concluido la demanda voluntaria de declaratoria de heredero, y en aplicación del art. 134 num. 3) de la Ley deOrganización Judicial,de manera correcta se ha interpuesto ante el Juez de Partido de Turno en lo Civil. De consiguiente no existe discusión respecto a la competencia del A quo para conocer la presente demanda.
Por otro lado, en relación a su reclamo en sentido de que la resolución correspondiente a la demanda voluntaria de declaratoria de herederos tendría que tramitarse conforme al art. 297 del Compilado Adjetivo Civil, no es evidente, toda vez que dicha norma procesal dispone la procedencia de la revisión de Sentencias ejecutoriadas en procesos ordinarios y no de procesos voluntarios.
En consecuencia, no existe vulneración del art. 254-1) del Código de Procedimiento Civil.
Por lo señalado no se evidencia fundamento en la forma que permita sustentar el recurso de casación deviniendo el mismo en infundado.
De la revisión de obrados del presente caso, se conoce de la existencia de la Partida de Matrimonio Nº 9 de fecha 9 de marzo de 1968, Libro de matrimonio 2-68-74, O.R.C. 1234 de Raúl Ampuero Rocha y Olga Gamboa Viscarra, la misma que no consignaría la firma y sello del Oficial de Registro Civil.
En base a ésta Partida el ahora demandado Raúl Ángel Ampuero Rocha interpone la demanda de “Reposición de Partida de Matrimonio con Carácter de Nueva Inscripción”, que concluye con la Sentencia en la que previa anulación de la partida anterior se da lugar a la nueva Partida de Matrimonio Nº 21 de fecha 17 de marzo de 2003, Libro Nº 1-2002, O.R.C. D-4, de Raúl Ángel Ampuero Rocha y María Olga Gamboa Viscarra.
Sin embargo, en éste proceso de reposición de partida de matrimonio, en ejecución, el Juez emite la resolución anulatoria hasta el proveído de admisión de fs. 17, y se deja sin efecto la segunda partida de matrimonio. Por consiguiente en virtud a ésta resolución anulatoria la segunda partida es inexistente, pero igualmente inexistente resulta la anulación de la Partida de MatrimonioNº 9 de fecha 9 de marzo de 1968, la cual, al no estar invalidada por resolución judicial que revista carácter de cosa juzgada, recobró plena vigencia.
Si bien el Ad quem en el Auto de Vista recurridoinfiere que la primera partida quedó vigente,sin embargo de manera inadecuada concluye que para tener vigencia y validez no reunía los presupuestos del art. 44 de la Ley del Registro Civil, y que siendo así el ahora demandado nunca habría tenido un Certificado de Matrimonio idóneo o válido.
Lo que resulta un razonamiento arbitrario y apartado de toda norma legal, porque sin que exista petitorio alguno invalida de hecho y deja sin efecto la primera partida referida, quitándole de ésta manera toda eficacia jurídica por falta de requisitos de forma, que bien pueden ser subsanados en cualquier momento.
Ahora bien, de lo examinado se tiene que la primera partida de matrimonio se encuentra vigente, como lo reconoce el propio Tribunal inferior,porque además no ha sido invalidada por resolución judicial alguna.
En ese antecedente, y contrariamente a lo razonado por el Ad quem,debemos dejar claramente establecido que lo que legitima la declaratoria de herederos no es la partida o certificado de matrimonio, sino el vínculo conyugalconstituidoa través del matrimonio, más allá de que ese vínculo se pruebe con uno u otro certificado de matrimonio.
En un estado de Justicia material, debe tomarse en cuenta lo sustancial, y lo sustancial de ésta controversia radica en la existencia o no del vínculo conyugal que en definitivalegitimó la declaratoria de heredero que se pretende anular, porque es el propio Tribunal inferior quien ha reconocido, que al dejar sin efecto la segunda partida de matrimonio ha quedado vigente la primera y de consiguiente el certificado de matrimonio que le corresponde, más aún si se tiene en cuenta que la falta de firma y sello en la partida de matrimonio puede ser subsanada en cualquier tiempo, y que estos errores formales atribuibles al oficial de registro civil de ninguna manera pueden ser entendidos en el sentido de invalidar o destruir el vínculo jurídico conyugal existente entre los contrayentes, como erradamente pretende el Ad quem.
Finalmente se debe referir que conforme alprincipio de verdad materialel fin dela jurisdicciónordinaria, es la efectiva resolución de las controversias jurídicas y no la realización ideal de los procedimientos, ni la proliferación de estos.
Conforme lo analizado corresponde dar aplicación a la previsión de los artículos 271núm.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO,el recurso de casación en la forma,interpuesto por Raúl Ángel Ampuero Rocha contra el Auto de Vista de 15 de noviembre de 2013, cursante de fs. 420 a 425, pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; yen consideración al recurso de casación en el fondo, en aplicación de los arts. 271 núm. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista Nº 234/2013 de fecha 15 de noviembre 2013, cursante de fs. 420 a 425, y deliberando en el fondo,mantiene firme y subsistente la Sentencia de fs. 397 a 400 vlta.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 195
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución