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Sentencia A.P. Segovia 215/2010 de 28 de septiembre. Aseguradoras. Responsabilidad. Indemnización. Herederos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Segovia 215/2010 de 28 de septiembre
Entidades aseguradoras: Responsabilidad y condena a la entidad de seguros al pago de una indemnización por el fallecimiento del conductor, en accidente de tráfico, a sus herederos legales, debido al seguro de vida colectivo suscrito entre el fallecido y la entidad de seguros. Claúsulas contractuales de las pólizas de seguros: Claúsulas limitativas. La conducción con exceso de alcoholemia no demuestra por sí misma una intencionalidad en la producción del accidente, y dicho exceso no es suficiente para fundamentar la falta de cobertura de la póliza de accidentes. Doctrina jurisprudencial al respecto.
SENTENCIA N.º 215/ 2010
Número 267 Año 2010
Juicio Ordinario 62709
Juzgado de 1.ª Instancia de
S E G O V I A N.º 1
En la Ciudad de Segovia, a veintiocho de Septiembre de dos mil diez.
La Audiencia Provincial de esta capital, integrada por los Ilmos. Sres. D. Andrés Palomo del Arco, Pdte.; D. Rafael de los Reyes Sainz de la Maza y D.ª María Felisa Herrero Pinilla, Magistrados, ha visto en grado de apelación los autos de las anotaciones al margen seguidos a instancia de D.ª Adelina, mayor de edad, con domicilio en Madrid, C/ DIRECCION000, n.º NUM000, NUM001; D. Carlos Jesús, mayor de edad, con domicilio en Palazuelos de Eresma (Segovia), URBANIZACIÓN000, Bloque NUM002, piso NUM002 NUM003; contra FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con domicilio a efectos de notificaciones en Segovia, C/ Ramón y Cajal, local 6; sobre juicio ordinario, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, recurso en el que han intervenido como apelante 1.º, la demandante 1.º, representada por el Procurador Sr. Santiago Gómez y defendida por el Letrado Sr. Carabias de Santos, como 2.º apelante- el 2.º de los demandantes, representado por el Procurador Sr. Santiago Gómez y defendido por el Letrado Sr. Saez Chillon y como apelada, la Aseguradora demandada, representada por la Procuradora Sra. García Martín y defendida por el Letrado Sr. Martín Martín y en el que ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Rafael de los Reyes Sainz de la Maza.
Primero.—Por el Juzgado de Primera Instancia de los de Segovia, n.º 1, con fecha seis de mayo de dos mil diez, fue dictada Sentencia, que en su parte dispositiva literalmente dice: " FALLO: Que debo ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Juan Santiago Gómez, en nombre y representación de Doña Adelina y Don Carlos Jesús, contra la entidad ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., representada por la Procuradora Doña Inmaculada García Martín, condenando a la entidad ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS al pago de la cantidad de 60.000 euros en concepto de indemnización por el fallecimiento de Don Eliseo a sus herederos legales, Doña Adelina y Don Carlos Jesús, dado el seguro de vida colectivo suscrito entre el fallecido, Don Eliseo y la entidad ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con fecha 14 de Agosto de 2007.
De conformidad con el art. 394.2 de la LEC, no procede la imposición de las costas causadas en la instancia a ninguna de las partes."
Segundo.—Notificada que fue la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de D.ª Adelina, se solicitó en tiempo y forma aclaración de la misma, dándose traslado a la demandada para alegaciones, quién no se opuso a lo solicitado por entender se trataba de un error de transcripción, dictándose Auto por el Juzgado a 31 de mayo de 2010, que en su parte dispositiva, literalmente dice:" SE ACLARA la sentencia de fecha 6 de Mayo de 2010 en lo que respecta a tener por demandada a la compañía aseguradora ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS YR EASEGUROS S.A., cuando la demandada es FIATC-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, debiéndose entender que todas las referencias que se realizan a ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., se hacen a FIATC-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA.
NO HABER LUGAR A NINGUNA OTRA ACLARACIÓN de la citada Sentencia de fecha 6 de Mayo de 2010."
Tercero.—Notificada la anterior resolución a las partes, por las representaciones procesales de ambos demandantes, se anunció la preparación de recurso de apelación, con enumeración de los pronunciamientos que se impugnan, al tenor que es de ver en su escrito unido en Autos, teniéndose por preparado el mismo, emplazándose a la recurrente para que en plazo interponga la apelación anunciada; y notificada dicha resolución a las partes, por los apelantes se interpuso para ante la Audiencia en legal forma el recurso anteriormente anunciado, en base a lo establecido en los arts. 457 y ss de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, dándose traslado a las adversas y emplazándolas para oponerse al recurso o impugnarlo, y realizado el citado trámite en plazo por la representación procesal de la Aseguradora demandada, oponiéndose a ambos recursos, se acordó remitir las actuaciones a esta Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes ante la misma.
Cuarto.—Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo, turnado de ponencia y personadas las partes en tiempo y forma, señaló fecha para deliberación y fallo del citado recurso, y llevado a cabo que fue, quedó el mismo visto para dictar la resolución procedente.
Primero.—Frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Segovia por la que estimándose parcialmente la demanda ejercitada, se condenó a la entidad Fiatc, Mutua de Seguros a que les abonara la cantidad de 60.000 € en concepto de indemnización por el fallecimiento de su hermano en accidente de tráfico y en virtud del seguro de vida colectivo suscrito, se formula recurso de apelación por ambos actores en base a similares argumentos.
D. Carlos Jesús aduce los siguientes motivos de impugnación: 1.º) Infracción del art. 218 de la LEC por falta de motivación e incongruencia de la Sentencia impugnada; 2.º) Infracción del art. 3 de la LCS y de la doctrina jurisprudencial emanada en torno a dicho precepto; y 3.º) Infracción del art. 20 de la LCS.
Por su parte, Dña. Adelina aduce los siguientes motivos de impugnación: 1.º) Infracción del art. 218 de la LEC por incongruencia de la Sentencia impugnada; y 2.º) Infracción del art. 218 de la LEC por falta de motivación y del art. 20 de la LCS.
Segundo.—Lo primero que llama la atención de la Sentencia impugnada, - independientemente de la detallada y acertada argumentación jurídica que se contiene en su Fundamento Jurídico 3.º, - es que después de no excluir de la cobertura del contrato de seguro los riesgos acaecidos por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas o sin la pertinente autorización; de descartar la intencionalidad del fallecido en la causación del siniestro; de calificar como cláusula limitativa de derechos la contenida en el art. 6.º de las Condiciones Especiales del seguro complementario de muerte por accidente (documento n.º 12 aportado con el escrito de contestación a la demanda obrante al folio 145); y de estimar que dicha cláusula no es oponible a los beneficiarios por el hecho de no haber sido expresamente aceptada y firmada, sin embargo estime sólo parcialmente la demanda condenando a la demandada a que satisfaga a los actores la cantidad de 60.000 €, al aplicar la cobertura básica consistente en fallecimiento por cualquier causa, y no la complementaria de fallecimiento en accidente de circulación.
El contenido de las garantías aseguradas no llegaron a ser discutidas ni negadas por la demandada; y si ello es así, es obvio que en base a todo lo concluido en la Sentencia impugnada, y acreditado el fallecimiento del asegurado con motivo de un accidente de circulación, los actores tienen que ser indemnizados en la suma prevista para tal evento, y que no es otra que la de 180.000 €.
Es por todo ello por lo que el primer motivo de impugnación alegado por los recurrentes debe ser acogido.
Sobre las alegaciones vertidas por la demandada en su escrito de recurso a este respecto, baste lo dicho en la propia resolución de instancia, con fundamento en la doctrina establecida en las STS de 7 de julio de 2.006 y 22 de diciembre de 2.008.
Como se expone en la última de las Sentencias citadas, "en relación con diversas modalidades de seguros de accidentes y de daños, se ha planteado ante los tribunales la extensión de la cobertura del seguro a los accidentes de circulación sufridos por conductores que superan la tasa de alcoholemia establecida como límite para la conducción". Valdría también lo dicho para el supuesto de conducción de vehículo a pesar de la retirada del carnet en cumplimiento de una condena impuesta.
Según dicha Sentencia, la respuesta dada por las distintas Audiencias Provinciales a esta cuestión ha sido diversa. Por lo general, viene aceptándose -no sin excepciones- que la exclusión del accidente padecido en tales circunstancias tiene validez cuando figura en una cláusula que, como limitativa de los derechos del asegurado, figura resaltada y específicamente aceptada por éste (vid. STS de 7 de abril de 2003, que reconoce la validez de una cláusula de la póliza de seguros, firmada y reconocida por el demandado en la que se señala expresamente que: "quedan excluidas las consecuencias derivadas de los hechos cuando el conductor se halle en estado de embriaguez"). Sin embargo, no son pocos los tribunales de apelación que -frente al criterio seguido por otras Audiencias Provinciales- rechazan que el siniestro, aun cuando no figure válidamente en la póliza ninguna de dichas cláusulas, no se halla bajo la cobertura del contrato de seguro, por aplicación de los preceptos legales que excluyen los siniestros causados por mala fe del asegurado (art. 19 LCS); y, en relación específicamente con el seguro de accidentes, los que excluyen los siniestros derivados de causas que no sean ajenas a la intencionalidad del asegurado (artículo 100 LCS) y los provocados intencionadamente por éste (artículo 102 LCS).
En la argumentación tendente a sustentar esta última tesis suele aludirse al hecho de que la conducción en contra de lo prevenido en la ley o incurriendo en conductas penalmente castigadas implica un hecho intencional que no puede ser objeto de cobertura por el contrato de seguro, pues el que actúa bajo la influencia de bebidas alcohólicas es consciente de que infringe el ordenamiento jurídico aunque el resultado dañoso no sea querido. Tampoco es infrecuente hacer referencia a la gran sensibilidad social existente en la actualidad en relación con los accidentes de circulación causados por conductores que superan la tasa de alcoholemia legalmente permitida; y a esta circunstancia, factor revelador del ejercicio antisocial de los derechos relevante para la interpretación de ley de acuerdo con la realidad social, hace referencia la parte recurrida.
Esta tesis, sin embargo, no puede ser aceptada. La intencionalidad que exige la LCS para que concurra esta exclusión no se refiere en abstracto a cualquier conducta de la que se siga el resultado del siniestro, sino a la causación o provocación de éste. Admitir que, por principio, todo resultado derivado de una conducta tipificada como delictiva, aunque se trate de figuras de riesgo, no puede ser objeto de aseguramiento (dado que la exclusión de los supuestos de mala fe del asegurado responde a razones de moralidad del contrato ligadas a la licitud de su causa) no es compatible, desde el punto de vista lógico-formal, con el principio de libre autonomía de la voluntad que rige en esta materia contractual; y, desde una perspectiva lógico-material, no soporta una verificación del argumento cuando se contrasta con sus consecuencias desproporcionadas y contradictorias en relación con el ámbito usual del contrato de seguro y con el contenido que le asigna la ley en diversas modalidades obligatorias relacionadas con actividades susceptibles de causar accidentes.
La exclusión de la cobertura del seguro de los siniestros ocasionados o padecidos por el asegurado conduciendo un vehículo de motor en situación de exceso de alcoholemia no puede aceptarse, aun reconociendo la gran relevancia de la función social del seguro, y aunque se considere necesaria su introducción en virtud de políticas de prevención o de otra índole, si no es objeto de una previsión específica en la norma. Así ocurre actualmente, a raíz de la transposición de normas de orden comunitario, en la regulación del seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor, aunque únicamente respecto del asegurado y no respecto del tercero que ejercita la acción directa como víctima o perjudicado (art. 10.a LRCSVM y 9.4 de su Reglamento y sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 1996). En otro caso, sólo cabe su introducción en las cláusulas de la póliza, pues, aun cuando es indudable que la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas y la consiguiente conducción aumenta el riesgo de siniestro, no toda situación que incremente el riesgo debe equipararse a la existencia de dolo, intencionalidad o mala fe y son las aseguradoras quienes, en la economía del contrato de seguro, deben ponderar, mientras lo permita la ley, con sujeción a los requisitos en ella establecidos, la oportunidad de excluir determinados riesgos en uso de la libertad de pactos.
Sólo son susceptibles de ser consideradas como intencionales las situaciones en las que el asegurado provoca consciente y voluntariamente el siniestro o, cuando menos, se lo representa como altamente probable y lo acepta para el caso de que se produzca (como hemos apreciado en la STS de 9 de junio de 2006, que considera un supuesto en que "es razonable pensar en la imposibilidad de que tal colisión no se produjera"); esto es, los supuestos de dolo directo o eventual sobre el resultado, sin extenderlo a supuestos en que se comete intencionadamente una infracción, pero no se persigue la consecuencia dañosa producida o no se asume o representa como altamente probable. No todo supuesto de dolo penal, en su modalidad de dolo eventual, comporta dolo del asegurado equivalente a la producción intencional del siniestro, por cuanto en el ámbito civil del seguro una relación de causalidad entre la intencionalidad y el resultado producido, mientras que en el ámbito penal el dolo puede referirse a conductas de riesgo. La exclusión de las conductas dolosas del ámbito del seguro no responde ni tiene sentido como un reproche de la conducta en sí misma, sino en cuanto integra una intencionalidad del asegurado en la provocación del siniestro.
En el ámbito del seguro de accidentes, la aplicación de las disposiciones vigentes lleva a la conclusión de que únicamente pueden ser excluidos los accidentes causados o provocados intencionadamente por el asegurado, en aplicación del único criterio legalmente recogido, tradicional en el ámbito del seguro, en virtud del cual, por razones que tienen su raíz en la ética contractual y en la naturaleza del seguro como contrato esencialmente aleatorio, se excluye la responsabilidad de la aseguradora en caso de dolo por parte de aquél en la causación del siniestro.
Es cierto que en la tramitación del proyecto de ley que dio paso a la LCS, como se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones, se sustituyó la referencia a la conducta dolosa del asegurado, que figuraba en alguna de las versiones, por la referencia a la actividad intencional de éste. Sin embargo, esta modificación no parece tener otra trascendencia que la de evitar que la referencia al dolo pudiera entenderse restrictivamente (ciñéndola, por ejemplo, al dolo penal o al fraude en la celebración o ejecución del contrato). La asimilación de la expresión "intencionalidad" a dolo, aparte de ser aceptable con arreglo a la teoría general del Derecho, aparece como evidente en el ámbito del seguro de accidentes cuando el artículo 102 II LCS, inmediatamente después de referirse a la intencionalidad del asegurado, prevé la exclusión del beneficiario cuando "cause dolosamente el siniestro".
No puede aceptarse, en suma, la opinión doctrinal que asimila los supuestos de temeridad manifiesta - como podría ser lo ocurrido en el caso de autos, - a los supuestos de intencionalidad en la causación del accidente, habida cuenta de que el término intencionalidad, dolo o mala fe, empleado en diversas ocasiones por la LCS, no deja lugar a dudas acerca de que no comprende la negligencia, aunque sea manifiesta, especialmente si se tiene en cuenta que cuando la LCS quiere incluir junto a los de dolo los casos de culpa grave por parte de alguno de los intervinientes en el contrato de seguro lo hace constar expresamente así (vg., arts. 10 II y III, 16 III, 48 II LCS).
En la medida en que la conducción con exceso de alcoholemia no demuestra por sí misma una intencionalidad en la producción del accidente, ni siquiera la asunción de un resultado altamente probable y representado por el sujeto como tal, sino sólo un acto ilícito administrativo o delictivo según las circunstancias, - como también podría serlo el conducir a pesar de tener retirado el carnet en virtud de una condena penal - resulta evidente que la mera demostración de la concurrencia de dicho exceso no es suficiente para fundamentar la falta de cobertura de la póliza de accidentes respecto del sufrido por el conductor.
En el caso enjuiciado, la existencia de una elevada tasa de alcoholemia, sin constancia de que en el caso concreto enjuiciado la persona accidentada pretendiera quitarse la vida o, al menos, se representase como altamente probable el fatal resultado producido y lo asumiese para el caso de que se produjera, - como no se ha acreditado ocurriera en el caso de autos, - no permite entender excluida la cobertura de la póliza, pues sólo en las circunstancias que acaba de expresarse puede hablarse de intencionalidad.
Tercero.—En cuanto a lo aducido por el Sr. Carlos Jesús al exponer el segundo motivo de impugnación alegado, y que se refiere a la supuesta infracción del art. 3.º de la LCS, hay que decir que de lo expuesto en la resolución recurrida en ningún momento se aprecia tal infracción. Se trata, como se dijo, de una mera contradicción interna a la hora de concluir, ya que es claro que no se dio virtualidad ni se consideró oponible a los actores las cláusulas 6.b y 6.c de las condiciones especiales del seguro complementario de muerte por accidente. Y a pesar de insistir la demandada, es obvio que se trata de cláusulas limitativas de derechos que se encuentran sometidas al régimen establecido en el art. 3 de la LCS.
Así se desprende claramente de la prueba documental aportada a los autos, interpretada a la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta en la STS de 22 de diciembre de 2.008.
Según se expone en esta Sentencia, el artículo 3 de la LCS impone la observancia de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, siempre que cumplan determinados requisitos.
Continúa afirmando que la STS de 11-9-06 del Pleno de la Sala, dictada con un designio unificador, precisa, invocando la doctrina contenida en las SSTS 2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2004 y 17 de marzo de 2006, que deben excluirse del concepto de cláusulas limitativas de los derechos del asegurado aquellas que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, incluyendo en estas categorías la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada o contratada (STS de 17-10-07).
No tienen, pues, carácter limitativo de los derechos del asegurado las cláusulas delimitadoras del riesgo, que son aquellas mediante las cuales se individualiza el riesgo y se establece su base objetiva. Tienen esta naturaleza las que establecen "exclusiones objetivas" (STS de 9 de noviembre de 1990) de la póliza o restringen su cobertura en relación con determinados eventos o circunstancias, siempre que respondan a un propósito de eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato (fijado en las cláusulas particulares, en las que figuran en lugar preferente de la póliza o en las disposiciones legales aplicables salvo pacto en contrario) o en coherencia con el uso establecido. No puede tratarse de cláusulas que delimiten el riesgo en forma contradictoria con el objeto del contrato o con las condiciones particulares de la póliza, o de manera no frecuente o inusual (SSTS de 10 de febrero de 1998, 17 de abril de 2001, 29 de octubre de 2004, rec. núm. 1055/2004, 11 de noviembre de 2.004, rec. núm. 3136/1998, y 23 de noviembre de 2004, rec. núm. 1136/2004).
En el seguro de accidentes, el sentido limitativo o no de las cláusulas introducidas en el contrato es susceptible de ser examinado, entre otros criterios, en contraste con el concepto que contiene el art. 100 LCS sobre el accidente como riesgo asegurado, definido como "la lesión corporal que deriva de una causa súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte" (vid., entre otras muchas, STS de 20 de junio de 2002, recurso de casación núm. 2218/1995).
Debiendo considerarse esa delimitación legal como suficiente para una general delimitación del riesgo asegurado como objeto del seguro de accidentes, cualquier restricción que se introduzca en la póliza en cuanto a las causas o circunstancias del accidente o a las modalidades de invalidez resultantes debe ser considerada como limitativa de los derechos del asegurado en tanto no responda a una concreción o desarrollo coherente con las causas de exclusión que la ley contempla indirectamente al exigir que la causa del accidente sea súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado.
Por ello la STS de 7 de julio de 2006, rec. núm. 4218/1999, ha considerado que la cláusula que excluye en la póliza litigiosa los accidentes producidos en situación de embriaguez manifiesta debe considerarse, así, como limitativa, por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente.
Por tanto, en atención a lo expuesto, es claro que las disposiciones contenidas en el art. 6.º de las condiciones especiales del seguro complementario de muerte por accidente que se aportaron por la demandada con el escrito de contestación a la demanda son cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Según el art. 3 de la LCS, las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Añade que las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa, debiéndose destacar de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.
En el presente supuesto, dado que las referidas cláusulas no constan hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por parte del asegurador, es obvio que carecen de toda virtualidad. El certificado individual enviado por la aseguradora al asegurado podrá expresar que éste reconoce haber recibido las condiciones especiales de las distintas modalidades de seguro contratado; y el corredor de seguros que medió en la contratación podrá haber manifestado que le remitió éstas por correo ordinario, aunque no se acredite su efectiva recepción; pero ello, aún de ser cierto, no basta a los efectos pretendidos. El art. 3 de la LCS es claro a la hora de exigir la aceptación expresa por escrito de tales cláusulas, lo que no se ha acreditado hubiese ocurrido en el caso de autos, no siendo tampoco suficiente la suscripción de un documento aunque en él que se haga una mera referencia a ellas.
Como se sigue afirmando en la STS de 22 de diciembre antes referida, las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados deben cumplir, en orden a su validez, como expresión de un principio de transparencia legalmente impuesto, los requisitos de ser destacadas de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito; y en el caso de que se incluyan cláusulas limitativas en un documento separado, resulta obvio que el mismo deberá ser también suscrito por el asegurado.
Cuarto.—El tercer y segundo motivo de impugnación aducidos por los recurrentes y que hacen alusión a la condena de intereses, también deben ser estimados. Ninguna causa existe ni se acredita para que no sea de aplicación al supuesto de autos lo dispuesto en el art. 20 de la LCS, sin que nada se diga al respecto en la resolución recurrida. La cuantía indemnizatoria es completamente líquida al quedar claramente fijada en el contrato suscrito, a pesar de lo alegado por la demandada en su escrito de contestación a los recursos.
Quinto.—De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC, la demandada deberá satisfacer las costas procesales devengadas en la primera instancia. No procede expresar condena en el pago de las costas causadas en la segunda instancia.
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por las representaciones procesales de D. Carlos Jesús y de Dña. Adelina contra la Sentencia de fecha 6 de mayo de 2.010 dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Segovia en el Juicio Ordinario 62//09, aclarada por Auto de 31 de mayo de 2.010 y del que dimana este rollo, y en consecuencia, condenamos a Fiatc, Mutua de Seguros a que abone a los actores en la cantidad de 180.000 €, más los intereses previstos en el art. 20 de la LCS, así como al pago de las costas causadas en la primera instancia. No procede expresar condena en el pago de las costas causadas en la segunda instancia.
Contra esta resolución cabe utilizar el RECURSO DE CASACIÓN (por razón de la cuantía), ante la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, mediante la presentación de escrito ante esta Sala, dentro de los CINCO DIAS, siguientes al de la notificación de esta resolución a tenor de lo dispuesto en el art. 477.2-1.º de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. En todo caso sin perjuicio de la utilización por las partes de aquellos otros recursos para cuyo ejercicio se crean legitimados.
Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, de esta Audiencia Provincial, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, certifico.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 102
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
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