Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421258.html
Timestamp: 2019-03-25 05:47:20+00:00

Document:
as201421258
Auto Supremo: 258/2014
Expediente: O-6-14-A
Partes: Empresa ECOVIANA S.R.L. c/ Gobierno Autónomo Departamental de
Proceso: Cumplimiento de obligación y pago de Resarcimiento civil.
VISTOS: El recurso de casación en la forma en la forma y en el fondo de fs. 366 a 367 de obrados, interpuesto por la Empresa ECOVIANA representada por Billy Germán Blacutt, contra el Auto de Vista Nº 234/2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, cursante de fs. 359 a 364 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso sumario sobre cumplimiento de obligación y pago de resarcimiento civil seguido por Empresa ECOVIANA S.R.L. contra el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el Auto de concesión de fs. 374, los antecedentes del proceso, y;
El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, emitió el Auto de fecha 23 de mayo de 2013, cursante de fs. 323 a 325, anulando obrados hasta la providencia de fs. 53 vlta. de fecha 19 de agosto de 2011, disponiendo que el demandante acuda a la instancia reconocida para esta clase de acciones.
Resolución apelada por la Empresa ECOVIANA S.R.L. por memorial de fs.327 a 327 y vlta., dictándose como consecuencia de ello el Auto de Vista Nº 234/2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, cursante de fs. 359 a 364 que confirma el Auto de fecha 23 de mayo de 2013; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo y en la forma por la Empresa ECOVIANA S.R.L., que merece el presente análisis.
1.- Que la Gobernación planteó incidente de nulidad por incompetencia del juzgador, basándose en los arts. 122 y 180 de la Constitución Política del Estado, articulados que nada tienen que ver con la pretensión de contrario y no se enmarcan ni otorgan soporte legal al incidente planteado por lo que los vocales no podía basar la resolución recurrida en las referidas normas.
2.- Que se ha interpretado o tratado ilegalmente de dar viabilidad al incidente, con un forzado criterio del Juez de instancia amparándose en los A.S. 281/2012, 405/2012, 410/2012, asimismo en el art. 10 de la Ley 2012, y la demanda fue interpuesta el 19 de agosto de 2011, 4 meses antes de la promulgación de la Ley 212 y más de un año antes de dictarse la jurisprudencia mal aplicada por el A quo pues el principio de irretroactividad de la Ley, está consagrado en el art. 123 de la Constitución Política del Estado, por lo que al vulnerar derechos constitucionales, es pasible a lo dispuesto por el art. 110 de la misma norma constitucional.
Que, respecto al art. 112 de la Constitución mencionada en la Resolución impugnada, señala que esta, solo alcanza a los delitos cometidos por funcionarios públicos y no aplicables al presente caso.
3.- Acusa asimismo que tanto el Juez como el Ad quem no han tenido el debido cuidado de estudiar la resolución de 7 de octubre de 2011, mediante la que la juez de ese tiempo, luego de un verdadero análisis jurídico, doctrinal y jurisprudencial, rechazó la excepción de incompetencia planteada por la Gobernación con los mismos argumentos definiendo legalmente la competencia ordinaria como instancia legal para el conocimiento de la demanda planteada, dando ahora curso basando su decisión en normas y jurisprudencia posterior al planteamiento de la demanda.
4.- Que tampoco existió la voluntad de leer los argumentos del Auto de Vista 084/2012 que confirmó la competencia de la instancia civil para la sustanciación de este proceso.
5.- Que cuando se contestó al incidente de nulidad se estableció la existencia de una resolución que fue declarada improbada y confirmada por Auto de Vista, la misma que cursa en obrados, en consecuencia ante la existencia de una Resolución que tiene la calidad de cosa juzgada, el A quo debió rechazar el incidente planteado por su manifiesta improcedencia al tenor de lo dispuesto por el art 151 del Adjetivo Civil, anulando obrados sin base legal.
Violaciones convalidadas por el Auto de Vista amparándose en supuesta violación de debido proceso, aspecto que jamás fue reclamado por el contrario, emitiendo una decisión ultrapetita.
Concluye su recurso señalando que plantea recurso de casación en el fondo y en la forma pidiendo que se case el Auto de Vista recurrido.
Establecido el recurso y siendo que el mismo deviene del Auto Interlocutorio de fecha 23 de mayo de 2013 que corre de fs. 323 a 325 dictado por el Juez de Partido Segundo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro que, resolviendo el Incidente de nulidad de obrados por incompetencia del Juez, planteado por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y en la vía del saneamiento procesal, ANULÓ OBRADOS hasta la providencia de fs. 53 vlta. de obrados de fecha 19 de agosto de 2011, en previsión de lo dispuesto por el art. 69 de la Ley 025 y la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo de Justicia relativa a la competencia de los contratos administrativos y, concluyendo que se trata de un contrato administrativo, en previsión a la garantía del Juez natural, el auto de Vista confirmó la Resolución de 23 de mayo de 2013, que según refiere, la resolución de la presente litis, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, no a la jurisdicción ordinaria, decisión que es motivo del recurso de casación incoado por la Empresa ECOVIANA S.R.L.
Al respecto y siendo que el recurso de casación que se analiza deviene de la demanda de cumplimiento de obligación y pago de resarcimiento civil seguido por Empresa ECOVIANA S.R.L. contra el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, respecto del Contrato CUCE Nº 06-0354-00-47528-1-1 de CONSULTORÍA para el Proyecto de Supervisión Técnica; “ASFALTADO CAMINO COPACABANITA-LACA LACA”, suscrito entre la Empresa recurrente y la PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO, corresponde inicialmente definir la naturaleza del mismo. Así, diremos que en términos generales el contrato puede definirse como todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones de contenido patrimonial, definición que se aplica tanto a los contratos de Derecho Privado como a los de Derecho Público, sin embargo, de esta generalidad, cada uno tiene sus especificidades que hacen a uno, distinto del otro; siendo así, conviene al efecto considerar lo manifestado por la Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas que define al contrato administrativo como: “el acuerdo de voluntades generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen con otro órgano administrativo o con un particular o administrado para satisfacer finalidades públicas”.
Sobre este mismo aspecto el art. 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza...”, igualmente el art. 32 del D.S 29190 establecía que “los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa”.
Por su parte el D.S. 181 de 28 de junio de 2009, en su art. 85° prevé (Naturaleza) Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa.
De lo anterior podemos inferir que el contrato administrativo es aquel que está celebrado entre la administración pública y un particular u otro órgano administrativo, que tiene la finalidad de satisfacer una necesidad de interés común de la sociedad o que va en beneficio de la sociedad en su conjunto, destinado generalmente a la adquisición de bienes y servicios, generando obligaciones recíprocas para los contratantes, en consecuencia, sometidos a procedimiento especial y emergentes de los contratos suscritos entre cualquiera de los Órganos del Estado; Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, razón por la que los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen competencia para resolver sobre litigios que emergen de estos contratos, a lo que debe añadirse que la abrogada Constitución Política del Estado, en su art. 117 –I, reconocía ya a la Corte Suprema como máximo Tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República, replicada esta norma constitucional en la Ley de Organización judicial abrogada en su art. 55-10) que establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia: “Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la constitución ”.
Conviene asimismo referir lo dispuesto en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto señala: “En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes a la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia”, estableciendo taxativamente que la competencia para resolver estos casos, corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, disposiciones que por una errada praxis judicial, no fueron aplicadas dando lugar a la tramitación de estos procesos en una jurisdicción ajena y ejercitando las autoridades jurisdiccionales una competencia que no les correspondía.
Sobre esa base legal, el art. 10-I de la Ley Nº 212 “Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional establece: “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada”.
Establecido el marco normativo que rige a los contratos administrativos, ingresaremos en el análisis del recurso interpuesto por la Empresa ECOVIANA S.R.L., al efecto y, revisado el mismo, en los numerales 1 y 2 se tiene que el cuestionamiento que realiza el recurrente radica fundamentalmente en el agravio sufrido con la nulidad de obrados dispuesta por el A quo y confirmada por el Ad quem que establecieron que la demanda incoada no puede ser tramitada en la jurisdicción ordinaria y se debe acudir a la vía competente, argumentando que los artículos 122 y 180 de la Constitución Política del Estado nada tienen que ver con el incidente de nulidad por incompetencia incoado por el demandado, toda vez que la demanda ha sido interpuesta el 19 de agosto de 2011 y la Ley 212 en la que el juzgador basa su criterio es posterior a la misma y se estaría vulnerando el principio de irretroactividad de la norma.
Al respecto y siendo motivo del presente recurso, la competencia, la Ley 025 en su art. 12, señala; “Es la facultad que tiene una magistrado o magistrado, una vocal o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto.” atribución que solo puede ser prorrogada en razón de territorio y consentimiento expreso o tácito de las partes conforme previene el art. 13 de la referida norma, en consecuencia, siendo que la competencia es de orden público e indelegable y nace únicamente de la ley, siendo sus reglas, de observancia pública y cumplimiento obligatorio, de lo que se infiere que si bien hasta hace poco por una errónea praxis judicial en algunos casos, los conflictos emergentes de los contratos administrativos eran tramitados en la vía ordinaria, situación que fue admitida por la jurisprudencia nacional, no obstante la existencia de norma expresa que disponía la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de estos asuntos, hoy bajo un nuevo paraguas constitucional y normativo y lo dispuesto en las normas señaladas supra, este Tribunal Supremo moduló nueva línea jurisprudencial en cumplimiento de la normativa expresamente dispuesta, reencaminando el erróneo procedimiento con que fueron tramitados algunos de estos procesos, en consecuencia, en cumplimiento del art. 122 de la Constitución Política del Estado, es correcta la nulidad decretada por el A quo y confirmada por el Tribunal de Alzada, no siendo evidentes los reclamos deducidos por el recurrente.
Con relación a los numerales 3,4 y 5 en los que acusa que los Jueces de instancia no hubieran realizado una adecuada revisión de la Resolución de 7 de octubre de 2011 (Auto que rechazó la excepción de incompetencia incoada por la Gobernación de Oruro), así como el Auto de Vista Nº 84/2012 que confirmó la misma reconociendo la competencia de la jurisdicción ordinaria como instancia legal para el conocimiento de la demanda planteada; al respeto y remitiéndonos nuevamente a los fundamentos expuestos, cabe señalar que conforme establece el art. 12 de la Ley 025, la competencia por materia es improrrogable y conforme señala el art. 6 de la misma norma, “En el ejercicio de la función judicial, las jurisdicciones se relacionan sobre la base del respeto mutuo entre sí y no podrán obstaculizar, usurpar competencias o impedir su labor de impartir justicia”, de lo que se infiere que en el caso de Autos las Resoluciones a las que hace referencia el recurrente fueron dictadas por desconocimiento de la normativa aplicable al caso, errónea concepción, que fue corregida por este Tribunal en el marco de la normativa existente para el caso, criterio compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP- 0060/2014, en consecuencia, siendo correcto el entendimiento al que ha arribado el Tribunal Ad quem, no resultan evidentes las infracciones acusadas.
En el marco de los fundamentos expuestos, siendo evidente que el contrato de supervisión técnica cursante de fs. 9 a 30 suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y la Empresa ECOVIANA S.R.L., es un contrato administrativo, la presente controversia está sujeta a la normativa prevista en el art. 775 del Código de Procedimiento Civil, no existiendo vulneración alguna respecto a los fundamentos del recurso interpuesto por la empresa demandante, correspondiendo en consecuencia fallar en la forma prevista por los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Billy Germán Blacutt Vásquez, en representación de la Empresa ECOVIANA S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 234/2013 de fs. 359 a 364. Con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
e contrario
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