Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/198578/texact.htm
Timestamp: 2020-04-08 02:40:54+00:00

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Que con la misma determinación, nuestro país incorporó a su legislación tipos penales específicos vinculados con la financiación del terrorismo, así como con el lavado de activos, de conformidad con los estándares internacionales.
Que la REPUBLICA ARGENTINA es miembro pleno del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
Que mediante el Decreto Nº 253/00 se aprobó la Resolución 1267 (1999), adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 15 de octubre de 1999, por la cual se dispone que los Estados “...congelarán los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control, que designe el Comité establecido en virtud del párrafo 6 infra, y velarán por que ni dichos fondos ni ningún otro fondo o recurso financiero así designado sea facilitado por sus nacionales o cualquier otra persona dentro de su territorio a los talibanes o en beneficio de ellos o cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, excepto los que pueda autorizar el Comité en cada caso, por razones de necesidad humanitaria”.
Que mediante el Decreto Nº 1235/01 se aprobó la Resolución 1373 (2001) adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2001, mediante la cual se reafirma la necesidad de luchar con todos los medios, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo; y se decide, entre otras cosas, que todos los Estados prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo; congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos; prohíban a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, directa o indirectamente, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdene ; adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados mediante el intercambio de información; se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos, inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos; fomentar la cooperación y aplicar plenamente los convenios y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001).
Que asimismo, en virtud del artículo 14, incisos 7), 8) y 10) de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) se encuentra facultada para emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de dicha Ley, supervisar, fiscalizar e inspeccionar “in situ” su cumplimiento y sancionar su incumplimiento.
Que en adición, es menester instituir un procedimiento a seguir en caso de pedido de congelamiento administrativo proceden te de autoridades competentes nacionales o extranjeras, a los fines de robustecer los mecanismos de cooperación con distintos organismos, de conformidad con lo exigido por la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y recomendado por los estándares internacionales vigentes en la materia.
Que por su parte, debe necesariamente preverse la supervisión “in situ” del cumplimiento de las medidas de congelamiento administrativo dispuestas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) por parte de los sujetos obligados, siendo pasibles de ser sancionados conforme lo establecido por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES O DINERO DE PERSONAS DESIGNADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1267 (1999) Y SUS SUCESIVAS
Art. 9º — SUJETOS OBLIGADOS CORRESPONDIENTES A LOS SECTORES BANCARIO, CAMBIARIO, DEL MERCADO DE CAPITALES Y DE SEGUROS. Los sujetos obligados correspondientes a los sectores bancario, cambiario, del mercado de capitales y de seguros, deberán verificar el listado de personas físicas o jurídicas
o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones.
Art. 12. — OPERACIONES AUTORIZADAS. El juez federal que intervenga con motivo del congelamiento dispuesto por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) podrá autorizar, a petición de parte, la realización de las operaciones en las que se probare que los bienes afectados fueran necesarios para sufragar gastos extraordinarios o gastos básicos, entre ellos el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y gastos de agua y electricidad, o exclusivamente para pagar honorarios profesionales de un importe razonable o reembolsar gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos o tasas o cargos por servicios de tenencia o mantenimiento de fondos congelados u otros activos financieros o recursos económicos, de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones 1452 (2002) y 1735 (2006) y modificatorias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Art. 14. — PUBLICACION Y ACTUALIZACION EN LINEA DE LOS LISTADOS. Sin perjuicio del procedimiento previsto en el Decreto Nº 1521/04, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO mantendrá un sistema de publicación y actualización en línea de los listados de las personas físicas o jurídicas o entidades
designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, a los fines de su publicidad.
CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES O DINERO VINCULADOS CON LAS ACCIONES DELICTIVAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 306 DEL CODIGO PENAL.
a) En el marco del análisis de un Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo. A tales efectos y sin perjuicio de las disposiciones emanadas de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, respecto de la disposición del artículo 6º in fine de la Ley Nº 26.734, los sujetos obligados también deberán considerar como Operación Sospechosa de Financiamiento del Terrorismo a las operaciones realizadas o tentadas en las que los bienes o dinero involucrados pudiesen estar vinculados con la financiación del terrorismo o con actos ilícitos cometidos con finalidad terrorista. Los sujetos obligados deberán reportar sin demora alguna a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) dicha operación, o su tentativa.
En ambos supuestos, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) procederá sin demora alguna a su análisis y, de considerar adecuadamente fundados el reporte o la solicitud, podrá proceder al dictado de la Resolución que disponga el congelamiento, conforme el procedimiento previsto en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del presente Decreto. La medida se ordenará por un plazo no mayor a SEIS (6) meses prorrogable por igual término, por única vez, de mantenerse los motivos que motivaron el congelamiento o a petición de la autoridad que cursó la solicitud. Cumplido el plazo, y de no mediar resolución judicial en contrario, el congelamiento cesará.
En el caso, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) pondrá en conocimiento de la autoridad que requirió la medida el dictado de la misma, informando acerca del juzgado que entenderá sobre el asunto, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de dictada la Resolución. La medida podrá ser levantada a petición de parte cuando de las actuaciones o investigaciones correspondientes surgiere que los bienes o dinero afectados no guardan relación con actividades vinculadas a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del CODIGO PENAL.
PROCEDIMIENTO DE INCLUSION Y EXCLUSION DE PERSONAS DESIGNADAS EN LAS LISTAS ELABORADAS DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.
Art. 20. — EXPEDICION DEL COMITE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Una vez que el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se expida sobre la procedencia o no del pedido de exclusión de la persona, grupo o entidad de las listas, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO comunicará la decisión al interesado, a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) y, en su caso, al juzgado federal que intervenga si existieren actuaciones iniciadas como consecuencia del congelamiento administrativo de bienes o dinero.
Si el Comité hubiera decidido excluir a la persona, grupo o entidad de las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la comunicación del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO conllevará el inmediato levantamiento del congelamiento de los bienes o dinero afectados en las actuaciones correspondientes.
SUPERVISION “IN SITU”, SANCIONES Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD
Art. 21. — SUPERVISION “IN SITU” Y SANCIONES. La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), en el marco de su competencia, efectuará el procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección “in situ” del cumplimiento de las resoluciones que dispongan el congelamiento administrativo de bienes o dinero, por parte de los sujetos obligados y sancionará su incumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Art. 22. — EXENCION DE RESPONSABILIDAD. Los órganos de aplicación mencionados en el presente Decreto, así como también los funcionarios y empleados que se desempeñen en éstos, estarán exentos de responsabilidad civil, administrativa y penal por aplicar de buena fe y de acuerdo a la normativa vigente el congelamiento administrativo de los bienes o dinero.
(Capítulo incorporado por art. 2° del Decreto N° 489/2019 B.O. 17/7/2019. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA)
REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO.
Art. 23. — CREACIÓN. Créase el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), el que funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Art. 24. — FINALIDAD. El Registro tendrá como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.
Art. 25. — INFORMACIÓN A INSCRIBIR. Deberá inscribirse en el Registro la información correspondiente a:
Art. 26. — DATOS REGISTRABLES. El Registro deberá contener los datos que permitan identificar fehacientemente a la persona humana, jurídica o entidad, su situación procesal actualizada y la autoridad judicial o administrativa que dispuso la medida de que se trate.
Art. 27. — INSCRIPCIÓN POR RESOLUCIÓN JUDICIAL. Será anotado en el registro el testimonio de toda resolución judicial o dictamen del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sobre alguna persona humana, jurídica o entidad imputada por los delitos previstos en el artículo 25, apartado a) del presente, inclusive las resoluciones en los términos de los artículos 282, 283 o 294 del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN aprobado por Ley N° 23.984 y sus modificaciones, o acto procesal equivalente del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019), autos de procesamiento, autos de prisión preventiva, autos de rebeldía y paralización de causa, autos de elevación a juicio, sentencias condenatorias, absolutorias, o toda otra resolución judicial asimilable del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019). De la misma manera, se pondrán a disposición del Registro testimonio de las resoluciones que en su caso pongan fin a su situación procesal, a los fines de mantener actualizada la información del registro y, en caso de corresponder, proceder a la remoción de la persona humana o jurídica o entidad del Registro, de así disponerlo expresamente la resolución judicial respectiva.
Art. 28. — INSCRIPCIÓN DE PERSONAS O ENTIDADES INCLUIDAS EN LAS LISTAS ELABORADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Las autoridades del Registro procederán a la inscripción de los listados consolidados y actualizados de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por el CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS de conformidad con la Resolución N° 1267 (1999) y sus sucesivas y modificatorias.
Art. 29. — INSCRIPCIÓN POR CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DISPUESTO POR LA UIF. La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) comunicará al Registro el congelamiento administrativo de activos a los fines de su inscripción en la misma oportunidad en que lo comunique al Juez competente.
Art. 30. — EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN. Sobre las personas humanas, jurídicas o entidades incorporadas en el registro la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) deberá disponer el congelamiento de activos de conformidad al artículo 6°, último párrafo, de la Ley N° 26.734, si del análisis que realiza se verifican operaciones sospechosas vinculadas al artículo 306 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, si no lo hubiese efectuado con anterioridad.
Art. 31. — DEBER DE REPORTE A LA UIF. Los sujetos obligados a brindar información por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, sin perjuicio de las obligaciones que le son propias, deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) las operaciones realizadas o tentadas en las que intervengan las personas humanas, jurídicas o entidades incorporadas en el Registro.
Art. 32. — PERSONAS EXTRANJERAS INSCRIPTAS. Sobre las personas extranjeras incorporadas en el Registro regirá el impedimento de ingreso al país en los términos del artículo 29 de la Ley de Migraciones N° 25.871 y sus modificatorias.
Art. 33. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Julio C. Alak.
(Artículo 23 renumerado como artículo 33 por art. 1° del Decreto N° 489/2019 B.O. 17/7/2019. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA)

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
in fine
 Resolución 
 resolución 
 artículo 306
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 306
 artículo 29
 artículo 33