Source: http://jorgeadeboli.blogspot.com/2012/
Timestamp: 2018-04-19 18:58:12+00:00

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La verdad relativa: 2012
El CEO del Grupo Clarin, Héctor Magnetto y algunas de las empresas del holding
Por Jorge Déboli: Editor periodístico; Secretario de la Comisión Federal Asesora (Ley 26736); Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires (Cadypba)
El fallo del Juez Horacio Alfonso, por el cual rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín, contra artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), será sin duda y temor a equivocación, histórico y emblemático por su alto valor simbólico.
Histórico porque pone fin a un relato de más de 200 años de “historia oficial” mediante la cual la clase dominante, es decir, el poder económico concentrado, pretendía convencer a los argentinos que las cosas siempre fueron del modo que ellos la relataban y que siempre iba a ser de ese modo.
El mismo relato de la historia que nos quiso imponer como héroes a genocidas como Roca, o más cerca, el tremendo ocultamiento y complicidad con la Dictadura Cívico Militar (de la que formaron parte), y el aniquilamiento de toda una generación de militantes, a la que justificaron como una “guerra contra la subversión marxista”. En la década del ’90, nos “vendieron” las “bondades del Plan de Convertibilidad”, ocultando otro genocidio, el social, con miles de empresas cerradas y millones de desocupados marginados a la pobreza y a la indigencia.
Sin embargo, con la recuperación de la autoestima como argentinos que se produjo a partir del gobierno del presidente Néstor Kirchner, con el debate público que generó el proyecto de Ley de SCA en 2009, comenzó una etapa de la Argentina que le puso un límite al oscurantismo contumaz que prevaleció durante dos siglos, cambiando el paradigma de la comunicación.
Ya no eran sólo los doctores de la academia que hablaban en las audiencias públicas que convocaban las cámaras del Congreso Nacional o las Legislaturas provinciales, en los foros y debates públicos, en los actos, o en algún programa de televisión; miles de protagonistas sociales y actores de la comunicación comenzaron a hacer oír su voz.
Como lo señalaron los empresarios periodísticos pymes de la provincia de Buenos Aires en un comunicado a propósito del fallo sobre la Ley de Medios, en el contexto de dicho debate, “pudimos instalar en la opinión pública y en la agenda legislativa del gobierno nacional, un viejo reclamo de los editores de diarios: una ley que regulara la fabricación y distribución de papel para diario, en cantidad suficiente y a precio competitivo, que permitió que en diciembre de 2011 el Congreso Nacional sancionara la Ley 26.736 que declaró de interés público la fabricación de pasta de celulosa y papel para diario y su norma regulatoria”.
Caída del mito
En cuanto a lo simbólico, el fallo desnuda en forma contundente, la mentira con la que en estos tres últimos años el monopolio mediático trató de presentar a la Ley de SCA, una “la Ley K para controlar a los medios”; el fallo termina también con el mito que dice: “contra el poder económico no se puede”; porque pacientemente como lo hizo este gobierno, respetando todos y cada una de las medidas cautelares que beneficiaban al grupo para no acatar el artículo 161 de adecuación a la Ley, finalmente se hizo justicia.
Esta semana los integrantes de la Cámara Civil y Comercial que realizaron un viaje a Miami con los gastos “all inclusive” pagados por una de las entidades satélites del monopolio, seguramente devolverán gentilezas a sus filántropos benefactores, pero será cuestión de horas o de días para que la adecuación se produzca de oficio por parte de la Afsca, el organismo que conduce Martín Sabbatella.
Sin duda, fue una dura batalla del pueblo argentino expresada en los últimos diez años a través del voto popular, con el cual no sólo dio legitimidad a este proceso iniciado en mayo de 2003 con apenas el 22 por ciento de los votos, sino además, le dio el contenido suficiente para primero equilibrar el sentido del relato que desde el 10 de diciembre de 2007 la corporación mediática quiso imponer en la opinión pública como que estábamos frente al peor de los gobiernos. No pudieron.
En las últimas editoriales los voceros y gerentes en el Congreso del monopolio, ya habían dejado de lado el discurso sobre que la Ley de Medios afectaba la Libertad de Prensa, para pasar a batir el parche al unísono, tratando de instalar la idea que el gobierno quiere destruir a Clarín
Nada más alejado de la realidad. Durante todos este tiempo (2007/2012) fue tal el grado de subestimación de la inteligencia de sus lectores y audiencias, que terminaron liquidando el capital más preciado que un medio de comunicación puede contabilizar en su haber. Representativo de ello lo muestra una auditoría del Instituto Verificador de Audiencias (IVC), que según una fuente consultada establece que la venta neta en quioscos de todo el país del diario Clarín, promedio diario de lunes a viernes, cayó de 389.099 ejemplares en diciembre de 2007, a 208.360 en octubre de este año, es decir, una caída del 46,5 por ciento en casi cinco años. Por supuesto, en sus declaraciones juradas compensan la importante merma, con ventas en bloque que hacen a Bancos que regalan el ejemplar con la tarjeta de crédito, o a la propia fábrica de papel para diario, para elaborar pasta reciclada.
Concluido este especie de culebrón que duró por más de tres años, ahora cobrará visibilidad lo que el monopolio quiso ocultar durante los últimos 35 años: la adquisición del paquete accionario de Papel Prensa, insumo estratégico con el cual construyó todo su poder, primero disciplinando a los editores de diarios y con ello la construcción de la agenda única, para luego disciplinar al poder político pasando a ser los garantes de la gobernabilidad en la Argentina.
Desde abril de 2010, luego de casi tres años de chicanas judiciales de pasar por los juzgados federales de Arnaldo Corazza, en La Plata y de Daniel Rafecas, en Capital Federal, el expediente finalmente, caratulado como delito de Lesa Humanidad, recayó en el Juzgado federal N° 10 a cargo de Julián Ercolini.
Ahora la expectativa está centrada en la resolución que adopte Ercolini respecto al pedido de la querella en la causa que días pasados solicitó la indagatoria y prohibición para salir del país, al CEO de Clarín, Héctor Magnetto y al Director de la Nación, Bartolomé Mitre.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 16:48
Editores de diarios celebraron el fallo del juez Alfonso
Empresarios periodísticos de la provincia de Buenos Aires celebraron el fallo del juez Alfonso que declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. También se manifestaron por un sistema impositivo que contemple el carácter social de los servicios que prestan y un redireccionamiento de la publicidad privada
La Plata, 16 Dic (InfoGEI).- Los editores de diarios locales nucleados en la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires (Cadypba), celebraron el fallo del Juez Horacio Alfonso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 1, que rechazó la inconstitucionalidad de la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), pretendida por el Grupo Clarín.
“Lamentablemente los argentinos tuvimos que esperar tres años para que se cumpliera una Ley –dicen los editores de medios gráficos-, que incluso antes de su sanción por parte del Congreso Nacional, ya había generado los efectos positivos de sus bondades intrínsecas, al promover un amplio debate en el seno de la sociedad argentina, algo inédito en nuestro país atravesado en los últimos 30 años por el discurso hegemónico de las corporaciones mediáticas”, aseguraron desde Cadypba.
Los empresarios periodísticos pymes señalaron que en el contexto de dicho debate, “pudimos instalar en la opinión pública y en la agenda legislativa del gobierno nacional, un viejo reclamo de los que editamos periódicos: una ley que regulara la fabricación y distribución de papel para diario, en cantidad suficiente y a precio competitivo, que permitió que en diciembre de 2011 el Congreso Nacional sancionara la Ley 26.736 que declaró de interés público la fabricación de pasta de celulosa y papel para diario y su norma regulatoria”.
Por último, los titulares de los diarios bonaerenses advierten que “despejado el camino y sin palos en la rueda, ahora los editores de medios gráficos seguiremos bregando por la sostenibilidad de nuestras empresas periodísticas, castigadas por un sistema impositivo que no se condice con el carácter social del servicio que prestamos a nuestras comunidades, y por el redireccionamiento de la publicidad privada, que desde hace años se concentra en las grandes cadenas informativas”, finaliza el comunicado de Cadypba. (InfoGEI)
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 14:37
Editores de diarios repudian intimidaciones a periodistas
La Plata, 26 Nov (InfoGEI).- Los editores de diarios y periódicos de la provincia de Buenos Aires nucleados en Cadypba, manifestaron su más “enérgico repudio por las denuncias penales de las que fueron objeto los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone”, por parte del Grupo Clarin, por el sólo hecho de hacer públicas sus opiniones, presentándolas además, como de “incitación a la violencia”.
A falta de las figuras de “calumnias e injurias –dicen los empresarios periodísticos pymes-, cuya derogación impulsó este Gobierno, y sancionó el Congreso Nacional, en 2009, resulta preocupante que Clarín pretenda ahora encuadrar a los periodistas denunciados que manifestaron su opinión, con la figura de “coacción agravada", cuyas penas son de prisión o reclusión de dos a cuatro años”.
“Algo francamente improbable que, en el marco de la absoluta Libertad de Prensa y Expresión que actualmente goza la Argentina –continúan los directores de medios gráficos-, algún juez de la nación pueda siquiera considerar admisible, por lo que la arremetida judicial de Clarín se parece más a una intimidación que pare la ola de críticas que recibe por no adecuar su estructura la Ley de Medios vigente, que a una reacción republicana de alguien que se siente agraviado y pretende hacer que se cumpla la ley, cuando ellos no lo hacen”.
El comunicado de Cadypba, concluye con las firmas de su Comisión Directiva en pleno que preside Juan Cambello, del diario Tiempo de 9 de Julio, vicepresidente, Jorge Déboli (Informes de La Plata); el secretario, Guillermo Fossaluzza (La Nueva Voz de Vedia; el Tesorero, Mariano Bobrik (Opinión de la Costa, Partido de la Costa), y los vocales: Juan Eyras, (El Mensajero de la Costa de Gral. Madariaga); Ricardo Iribarne, (Protagonistas) de Mercedes y Tomás Allignani de La Voz de Bragado.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 8:44
Con pocas luces y en su propia trampa
Por Jorge Déboli. Editor periodístico; vicepresidente de la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provinciade Buenos Aires (Cadypba); Secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diarios).
Ante la proximidad de otro seguro revés judicial en su intento de ganar un poco de más de tiempo para que no se aplique el artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) (http://goo.gl/ABNls), el monopolio mediático trata de evitar el desbande de su desmoralizada tropa que, desgastada por lo que significó durante los últimos tres años la difícil tarea de argumentar la insconstitucionalidad de una norma similar a las que rigen en EEUU y Gran Bretaña, empieza a olfatear que está entrando agua al barco y busca el mejor tirante para salvarse de un naufragio seguro.
Cuando faltan apenas diez días para que finalice la medida cautelar que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo de mayo pasado, por la plena aplicación de la ley de SCA (http://goo.gl/g570M), ahora resulta que los campeones de la libertad de expresión, aprietan penalmente por "incitación a la violencia y coacción agravada", a periodistas, militantes y funcionarios que se vienen pronunciando por su desapego a la ley.
¿Que dirá Adepa respecto de su principal asociado con esta persecución penal a periodistas que hacen públicas sus ideas y pensamientos?
¿Qué podrá decir la entidad presidida por el principal gerente del grupo mediático, en la empresa editora comprada por el monopolio durante la fiesta de los ’90, a través de la Compañía Inversora de Medios de Comunicación SA (Cimeco)?. (http://goo.gl/jnNW3).
Consultados por quien firma esta nota, algunos socios de la entidad que por ahora permanecen como tales pero tienen una mirada crítica hacia el monopolio, coincidieron en señalar que “cometieron un grave error al atacar a periodistas que opinan”, u otros no tan críticos admitieron que ”es una señal de debilidad del grupo que tiene por finalidad amedrentar a otros periodistas para que no lo critiquen más” (al grupo Clarín).
Para defender un precepto básico de la Democracia, como lo es la Libertad de Expresión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ahora asume la defensa de los reconocidos periodistas, Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, denunciados penalmente por el Grupo Clarin por hacer públicas sus opiniones, a las que este monopolio mediático pretende disfrazar de “incitación a la violencia”. (http://goo.gl/gmT8D).
El CELS ya había representado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los periodistas Eduardo Kimel (fallecido) y Héctor D´Amico (actual Secretario de Redacción del diario La Nación), y al Director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, en causas penales por calumnias e injurias iniciadas en los ´90 por funcionarios menemistas y un juez del Poder Judicial.
Sin embargo, el CELS no le había tocado como ahora, defender a colegas denunciados penalmente por un factor de poder privado, como lo es el Grupo Clarín, dado que, “no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado", ya que "para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión", sostiene la entidad defensora de los Derechos Humanos.
La Organización No Gubernamental que preside el periodista Horacio Verbitsky, señaló que "como han sido suprimidas las figuras de calumnias e injurias (http://goo.gl/L3K36) en un caso de ostensible interés público, acuden (el grupo Clarín) a dos tipos del Código Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria", por parte del grupo monopólico mediático.
La acción penal, por el supuesto delito de incitar "a la violencia colectiva" contra sus directivos, el grupo Clarín también involucra a funcionarios del Gobierno Nacional como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, los legisladores porteños del FpV, Juan Cabandié, y el diputado nacional Edgardo Depetri También la acusación alcanza a La Cámpora, al Frente Transversal y al Movimiento Evita.
K demonizada
Inclusiones que sólo obedecen al hecho de que la persecución penal del grupo no quede expuesta sólo apuntando a representantes de la prensa. De esta manera, pone a todos, periodistas, funcionarios y militantes políticos, dentro de la demonizada sigla K, campaña inteligentemente pergeñada por el monopolio mediático y difundida por la cadena nacional privada desde aquel 10 de diciembre de 2007, cuando asumió la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando la Dictadura Cívico Militar en 1982 tomó la irresponsable decisión de declararle la guerra a la primera potencia de la OTAN, en su intento de perpetuarse en el poder, luego de sufrir en el campo de batalla la peor de las derrotas militares que sufrió nuestro país, terminó su ciclo de varias décadas como Partido Militar hegemónico en la política argentina.
Ese vacío que dejó la Dictadura, las instituciones de la Democracia no lo ocuparon plenamente, aunque sí supo hacerlo, el grupo que monopolizaba la fabricación y distribución del papel para diario, que ese año (1982) conformó la agencia Diarios y Noticias (DyN) (http://goo.gl/kwe0E) controlada por Clarín (40%) y La Nación (40%). El 20 % restante se repartió entre 18 diarios del interior, que como socios minoritarios del grupo, conseguían el papel en cantidad suficiente y a precio “competitivo”.
De esta forma, mediante un acuerdo de editar cables de Política y Economía sólo de esta agencia a cambio del papel, el monopolio supo imponer su agenda de temas en los medios de comunicación de la Argentina, por los cuales todos los argentinos diariamente debíamos preocuparnos. Un verdadero poder fáctico “garante de la gobernabilidad”, que reemplazó al que ejercía la Dictadura, poniendo y sacando presidentes, ministros, legisladores y magistrados, según requería la marcha de los negocios que emprendía. El famoso Cuarto Poder le dicen. Imperio que ahora, en su decadencia, sólo atina a dar golpes retardatarios para permitir una retirada más ordenada, a la espera de algún milagro que lo salve de la derrota a la que su otrora genio de los negocios, en su impune avance contra las instituciones, los arrastró.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 1:24
El discurso del amo, recitado por el esclavo
La columna de Alternativa Social encabezada por Alejandro Biondini (centro), marchó al Obelisco y Plaza de Mayo el 8 de noviembre junto a los sectores altos y medios altos porteños
Por Carlos Raimundi, diputado nacional por Nuevo Encuentro
LA DERECHA IDEOLÓGICA Y OLIGÁRQUICA. Ese sujeto lábil, escurridizo, de fronteras difusas, que da lugar al espacio ideológico cotidiano de "la derecha" o de "las ideas de derecha", o de "el pensamiento de la derecha" –a que se refiere Ricardo Forster en su trabajo "La derecha y su metamorfosis"– no se dedica a "construir ideología", esto es, a delinear un conjunto de valores y creencias que moldeen una visión a largo plazo del mundo y de la sociedad. No destinan a ello demasiado tiempo. Es más, hasta podría decirse que muchos de sus integrantes deben pensar para sí, o darlo por supuesto en todo caso, que no les hace falta "perder tiempo" en eso. No porque no necesiten una ideología para vivir, sino porque se encuentran con que esa "ideología" que necesitan para vivir, está predeterminada, premoldeada, por todo ese despliegue previo de sentido que el poder construye astutamente, con el fin de justificarse, sostenerse, consolidarse y auto-reproducirse.
La derecha no se aboca a esa construcción de sentido a través de la política, sino de otros canales de poder, que están dados por su posibilidad –muchas veces de origen económico– para incidir en el curso de las cosas, en el modo de interpretar ese devenir. Posibilidad o poder que proviene, entre otros caminos, de aquellos medios de comunicación surgidos al amparo de los intereses empresarios y corporativos dominantes, o de las instituciones del sistema educativo privado ligado a las más altas élites, de la cúpula de la Iglesia Católica. En definitiva, a través de lo que Antonio Gramsci llama "los aparatos ideológicos de las clases dominantes". Aquellos que, en la mayoría de los procesos históricos latinoamericanos (y en una suerte de "internacional" del poder), la derecha ha manejado desde el dominio o bien la cooptación del Estado, con excepción de los cortos interregnos de flujo popular. Procesos estos, a los que la derecha supo, también, cooptar o destituir, en la medida que viera lesionados sus intereses con alguna seriedad.
LAS VERDADERAS CAUSAS DE SU IRRITACIÓN. Esta derecha nunca temió demasiado a las conquistas parciales del campo popular. Es más, fueron estas conquistas parciales las que le posibilitaron justificar su "tolerancia" democrática. A lo que esta derecha teme es a la disputa de los paradigmas ordenadores de las relaciones de poder. Y a eso se debe su reacción destemplada frente a este presente de Sudamérica. No es que les tema tanto a los miles de médicos cubanos que prestigian los flamantes centros de salud en medio de las comunidades indígenas de Bolivia. Lo que no están dispuestos a tolerar es que esos indígenas que fueron sometidos durante siglos, estén hoy día tan saludables como para sostener en el tiempo la profundización de un proceso revolucionario democrático encarnado en "uno de ellos" como lo es Evo Morales, y ocupándose, ellos mismos, de las cuestiones del Estado. No le temen tanto a un aumento de salarios, como a la autonomía del Estado para tomar decisiones económicas. No se molestan tanto con que los graffitis afeen el paredón de una de sus mansiones, sino que estallan de indignación, hasta llegar al paroxismo, cuando comprueban el desarrollo de nuevas estructuras políticas populares capaces de inundar las calles y sostener con solidez el debate público desde una mirada alternativa. En definitiva, su grado de indignación es directamente proporcional a la profundidad de los intereses y las cuotas de poder que sea capaz de afectar un proyecto popular.
De aquí, que sus voceros de clase como Beatriz Sarlo, Magalena Ruiz Guiñazú o el diario La Nación, elogiaran los "buenos modales" de la última campaña presidencial de Chile. ¿Qué nivel de conflicto profundo podía acarrear una campaña en la que sus intervinientes no se proponían alterar ninguno de los pilares fundamentales del status quo?
En la Argentina, el poder estaba acostumbrado a que una amenaza de corrida de depósitos armada por el poder financiero lograba torcerles el brazo a los sucesivos gobiernos. En cambio, la presencia de una presidenta que no se amedrenta los mueve de ese lugar hegemónico, y, por lo tanto, los encoleriza de manera reveladora.
La disputa por la orientación de la autoridad monetaria que ejerce el Banco Central, la directiva de destinar fondos para asistir a las pymes o para la inversión financiera, la obligación de liquidar divisas en el país, son medidas conducentes a establecer, progresivamente, regulaciones al mundo financiero a las que este no se muestra dispuesto a disciplinarse. Y lo mismo podría decirse con la negativa a devaluar la moneda nacional, y con las restricciones a la liberalidad absoluta que reinó durante décadas respecto de las transacciones con moneda extranjera. Desde luego que, si esperaban recibir siete pesos (en realidad no son siete, sino lo que "ellos" fijaran luego de ganar la disputa) por cada dólar proveniente de las exportaciones de soja y el Estado sólo está dispuesto a reconocerles menos de cinco, estamos ante una derrota en el pleito por ese excedente económico que los grupos concentrados no están dispuestos a aceptar en silencio.
Inentendible sería si ocurriera lo contrario.
¿Cómo no van a reaccionar los grandes estudios de abogados y contadores, que, primero, arreglaron el endeudamiento usurario del país, y una vez que se hizo imposible su pago, se enriquecieron litigando contra el Estado nacional en nombre de los acreedores? ¿Cómo no van a reaccionar –decía– si hoy el Estado, por la vía del desendeudamiento, ha logrado sortear las condiciones extorsivas que le imponían los organismos internacionales de crédito, de los que ellos cobraban ingentes comisiones? ¿Cómo no va a reaccionar el mayor oligopolio mediático de habla hispana ante un modelo nuevo de país, que, no sólo lo desplaza del ficticio pedestal de la imparcialidad informativa, sino que, al obligarlo a transferir la mayor parte de sus licencias, afecta seriamente la cotización de sus acciones en las plazas financieras del exterior? Por último, ¿podemos desligar el clima de agresividad que invade a una parte considerable de nuestra sociedad, de aquellas grandes líneas de interpretación real y simbólica de los hechos, que estos factores de poder han desplegado históricamente para sostener sus intereses?
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 21:56
El 8N y el traje nuevo del emperador
El pasado 8 de noviembre (8N) los sectores medios y altos, realizaron un
cacerolazo en contra de algunas medidas del gobierno nacional. Archivo
Por Jorge Déboli, Editor periodístico; Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires (Cadypba), Secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diarios).
«Sólo porque todo el mundo crea que algo es verdad, no significa que lo sea» Hans Christian Andersen
La implantación de las políticas neoliberales en nuestro país se remontan a mediados de la década del ’70, para ser más preciso al 4 de junio de 1975, cuando el tristemente célebre ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, implementó un inédito y brutal ajuste, que nadie pudo prever su alcance, que luego los argentinos bautizaríamos como el “Rodrigazo”.
La medida fue implementada luego de más de dos años de precios estabilizados por el Pacto Social acordado entre la Confederación General Económica (CGE) y la CGT, durante los gobiernos de Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón Perón, e Isabel Martínez de Perón, que incluyó aumentos del dólar, la nafta y las tarifas públicas, cuyos índices fueron en promedio del 100%, pero que en algunos casos alcanzaron el 200 %, y se complementó con la liberación de las tasas de interés, subas en los precios sostén para el campo, entre varias medidas.
En rigor, “a Rodrigo más le preocupaba atender las rosas del jardín de su casa –según relató un funcionario de entonces, que hoy representa al Estado en la firma Papel Prensa-, que analizar las medidas económicas que le hacía firmar su segundo en la cartera de Economía, el empresario liberal, Ricardo Zinn”, verdadero mentor del paquetazo, ideólogo e hilo conductor del neoliberalismo en la argentina a través de los sucesivos gobiernos que sucedieron a Isabel Perón, hasta que falleció a mediados de los ’90. (ver Clarin del 4/6/2005: http://goo.gl/CefSm ).
Por aquellos años, anteriores al Rodrigazo, y a pesar de los recurrentes gobiernos militares de facto luego del derrocamiento en 1955 del gobierno constitucional del general Perón, los argentinos gozábamos del Estado de Bienestar: ocupación plena; un mercado consumidor interno muy fuerte (49% del PBI era masa salarial); apenas siete mil millones de dólares de deuda externa; un dólar competitivo que permitía el pleno desarrollo y crecimiento de la industria nacional; el índice de pobreza apenas alcanzaba el 8 %, por detallar algunas de las variables económicas de aquellos años, no opinables, previos al primer ajuste neoliberal.
Al Estado de Bienestar, abolido a partir de aquel ajuste, le siguió la noche negra más oscura de la argentina, que finalmente explotó el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando el pueblo argentino salió a la calle para decir basta. Claro, las libertades de entonces no eran las que hoy rigen. Los más de 30 muertos producto de la feroz represión desatada en aquellas jornadas, dan testimonio de ello.
Hoy, los intereses de los sectores económicos concentrados, que encabeza su principal aliado y vocero, el monopolio mediático, ya sin el extinguido Partico Militar, pretenden erigirse como garantes de la gobernabilidad en la Argentina.
En efecto, la multiplicidad de medios de comunicación que integran la llamada “cadena nacional privada”, fueron los que pergeñaron e impulsaron, con mucha “inteligencia”, el denominado 8N, que si bien produjo un hecho político de envergadura, paradógicamente puso al descubierto una falencia muy grave para el propio sistema Republicano y Democrático. Como coincidieron casi todos los analistas, ningún dirigente o partido hoy está en condiciones de liderar la gestión y canalizar institucionalmente la multiplicidad de reclamos que se vieron y escucharon durante la marcha. Ellos también fueron cuestionados por los manifestantes
Al mismo tiempo, la propia marcha del 8N demostró la plena vigencia de las libertades cuya supuesta falta constituían las principales consignas que se escucharon y leyeron previo y durante la misma, incluyo aquellas expresiones agresivas y agraviantes como los insultos de todo calibre que proferían contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por ende a los casi 12 millones de argentinos que la votamos hace apenas un año.
Sin embargo, más allá de los insultos y las agresiones que como se pudo apreciar sufrieron los periodistas y camarógrafos de casi todos los canales (oficialistas y opositores), la marcha se desarrolló pacíficamente y como señalaron los editores de diarios bonaerenses: “la absoluta libertad de expresión que hoy rige en nuestro país, (el jueves 8) se puso de manifiesto una vez más, especialmente por el trabajo de los medios denominados oficialistas, cuya cobertura periodística posibilitó al resto del país tener la palabra de los manifestantes opositores al gobierno”; que los medios que integran el monopolio mediático premeditadamente censuraron por orden del gran CEO (ver http://goo.gl/kMbDH).
La realización de la marcha también sirvió para resaltar otro aspecto muy importante de la vida democrática y el respeto a las instituciones: la manifestación opositora esta vez no constituyó un hecho destituyente como sí lo fue al comienzo del primer mandato de Cristina, el conflicto liderado por la denominada Mesa de Enlace por la Resolución 125, cuando los cortes de rutas comenzaban a desabastecer a pueblos y ciudades del interior del país, y ya muchos veían un nuevo gobierno encabezado por el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, por entonces el principal irrespetuoso de las instituciones argentinas, cuando votó en contra del proyecto del Ejecutivo, que el mismo había propuesto poner a consideración del Parlamento argentino.
La marcha opositora del pasado jueves 8 de noviembre, en la que los sectores altos y medios altos expresaron su disconformidad con el modelo que se votó en 2007, y se plebiscitó en octubre de 2011, como la fábula de Andersen -“El traje nuevo del emperador” (http://goo.gl/Yb85N )-, dejó una enseñanza: El CEO del monopolio está en pelotas.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 22:10
Anoche, durante la cobertura periodística del 8N desde Plaza de Mayo, el cronista Néstor
Dib de D5N sufrió una salvaje agresión por parte de un manifestante.Foto Captura C5N
Editores de diarios y periódicos bonaerenses nucleados en Cadypba, manifestaron el “más enérgico repudio por las agresiones de las que fueron objeto trabajadores de prensa”, que cubrían la marcha de protesta denominada 8N, realizada ayer jueves en el microcentro porteño.
El comunicado lleva la firma del presidente de la entidad, Juan Cambello, Tiempo (9 de Julio); Jorge Déboli, Informes (La Plata); Guillermo Fossaluzza, La Nueva Voz (Vedia); Mariano Bobrik, Opinión (Partido de la Costa); Juan Eyras, El Mensajero (Madariaga); Ricardo Iribarne, Protagonistas (Mercedes) y Tomás Allignani, La Voz (Bragado). (InfoGEI)
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 9:32
Una Fundación muy “Noble”
Guillermo Moreno acusó públicamente al CEO de Clarin, Héctor
Magnetto , de extorsionar a jueces y fiscales. (Foto de archivo)
Por Jorge Déboli: Editor Periodístico; Secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diarios); integrante de la mesa coordinadora de la Coalición por una Comunicación Democrática
El monopolio mediático tiene razón cuando dice que el 7/D no va a pasar nada; como corresponde legalmente, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) deberá esperar hasta las dos primeras horas del día hábil siguiente -el lunes 10 de diciembre a las 9 hs-, para comenzar de oficio, con el proceso de adecuación -que claramente determina el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)-, de la única corporación de medios (el Grupo Clarín), que hasta el momento no ha presentado un plan de adecuación.
Y todo indica que no lo va a hacer. Su historia de los últimos 35 años, justamente desde que la Dictadura Cívico Militar que encabezaron José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, le cedió (no se sabe a título de qué porque no existen recibos de pago) parte del paquete accionario de la firma Papel Prensa (PP) propiedad de la familia Graiver, este grupo empresario se movió por un andarivel distinto al resto de los ciudadanos de a pié, basado en el poder que le otorgaba el manejo de la agenda periodística de la Argentina a través del alineamiento editorial que le posibilitaba la fabricación y distribución monopólica del papel para diarios, y la información que le brindaba la empresa Impripost -de su propiedad compartida en un 50 % con la firma Techint (http://goo.gl/B2Td9), con la impresión de los resúmenes de las tarjetas de crédito de todos los bancos.
El pasado 30 de agosto, en la sede de la propia empresa, frente a altos funcionarios de la misma, y con la presencia de editores de diarios de distintas provincias que integran la Comisión Federal Asesora (CFA), de periodistas de diversos medios capitalinos, y ante las cámaras del programa “Bajada de Línea” que conduce el periodista Víctor Hugo Morales por canal 9 (http://www.youtube.com/watch?v=4ez2Z1KlRkE), el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, efectuó una grave denuncia: “José Pirilo, que estuvo sentado en este directorio porque representaba y era el dueño de La Razón, denunció en la Justicia Federal que el Sr. (Héctor) Magnetto extorsionaba a los jueces federales, haciéndose enviar un resumen de gastos de los jueces y fiscales que excedían sus ingresos mensuales”.
“Después, -continúa el secretario de Comercio Interior-, afirmaba que (Magnetto) se hacía mandar a un anónimo, citaba al fiscal o juez en cuestión le decía mire el anónimo que recibí, pero yo entiendo que una persona honorable como Ud. no puede estar haciendo esto, el juez o el fiscal decía ´de ninguna manera` , y el hombre (Magnetto) decía, claro, a estos anónimos no se le puede hacer caso”.
Como el motivo de la reunión en la sede capitalina de PP, entre sus gerentes y asesores contables, y la CFA, era para discutir un aumento del precio del papel, que la firma había elevado a dicha comisión para su aprobación, y ésta no lo avaló dado el elevado nivel de gastos que presentaba la empresa productora de papel, muy por encima de la media que tienen firmas de similar envergadura, Moreno, al fundamentar ese excesivo nivel de gastos, se ocupó, entre otros, de mencionar las estructuras que presuntamente eran financiadas por PP.
Al respecto, Moreno aseguró que: “la unidad de inteligencia que tenia (Papel Prensa), se dedicaba a investigar los ingresos de los jueces y fiscales federales y clink caja los guardaba, estaría incluidos (sus gastos) en el precio de venta del papel la unidad de inteligencia de PP. Esto lo tiene que investigar la justicia. La denuncia que estoy contando aquí, -afirmó Moreno-, la dijo ante el juez ¨ (José) Pirilo, y la firmó, después se murió, sorprendentemente”.
Además de la “Unidad de Inteligencia en el 7° piso, de este edificio” (SIC); el secretario de Estado denunció el sueldo del gerente general de $ 133.000; sueldos de los niveles gerenciales de $ 80.000; alquiler por más de 30 años de varios pisos en el edificio de la calle Bartolomé Mitre al 700, pudiendo utilizar espacios que posee en la planta de San Pedro, así como otros de carácter financiero mal utilizados por PP.
La exposición/denuncia del secretario, no mereció ninguna desmentida pública en ese momento por parte de los funcionarios de PP presentes, ni posterior, salvo la que este editor recibió del Sr. Eduardo Lomanto, en representación del diario La Nación, mediante una nota sin membrete y sin remitente, sólo con su firma y sello –que mucho se parecía a un apriete-, en la que niega que funcione o haya funcionado “una central de inteligencia del 7° piso del edificio de la calle Bartolomé Mitre 739, CABA, cuando no existen oficinas en dicho nivel, -pues el edificio tiene sólo 6 pisos-”.
Llama poderosamente la atención que una denuncia de tal envergadura y tamaño de escándalo hubiese provocado en un país como por ejemplo Inglaterra, como sí ocurrió allí con el caso de espionaje descubierto en el imperio mediático de Rupert Murdoch, que obligó a éste a cerrar el dominical News of the World , que cuenta con una tirada de 2,8 millones de ejemplares, la mayor del Reino Unido (http://www.lanacion.com.ar/1387619-murdoch), aquí en la Argentina, los dos principales medios gráficos y a la vez los dos principales accionistas de PP, no hayan salido públicamente a desmentir al secretario de Comercio Interior.
Tour “All inclusive”
Aunque sí esta semana salieron a desmentir la denuncia del Poder Ejecutivo contra el juez de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, Francisco Horacio de las Carreras, -que debe decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos, de la Ley de SCA-, tras detectar que el Grupo Clarín le obsequió el viaje a Miami.
El tour “all inclusive” del magistrado, fue pagado por una “Fundación muy Noble”, tal el eufemismo que utilizan algunos editores de diarios alineados con el monopolio, cuando se refieren a una supuesta organización filontrópica que paga sus gastos de avión, alojamiento y comidas, cuando viajan desde o hacia el interior, para asistir a las Asambleas de Adepa, entidad que el Grupo Clarín hegemoniza desde septiembre de 2003, cuando fue desplazado de la Comisión Directiva y de la Junta de Directores el entonces subdirector de La Nación, Claudio Escribano.
Después del 10 de diciembre, y a pesar de la adecuación a la Ley de SCA, Clarín seguirá editando su diario, y con la cantidad de señales que quede operando, seguirá siendo el grupo de mayor peso mediático en la región metropolitana, pero se estarán escuchando y viendo, cientos de nuevas voces, entonces la balanza ya no estará tan inclinada.
Para el monopolio, la preocupación no es sólo ésta; la mayor amenaza se la provocan dos causas que avanzan en la Justicia: la denuncia por lavado y evasión que lleva adelante el juez Federal Sergio Torres, y que el periodista Jorge Lanata publicara en junio de 2008 en el diario Crítica (http://goo.gl/wNaVQ), y la de traspaso de las acciones de PP, caratulada como delito de Lesa Humanidad, que hace más de dos años se la sacan de encima los jueces en cuyos juzgados se radica, y que finalmente la Cámara de Casación Penal el 14/08/2012 ordenó a la Sala III que sin más trámite defina el Juez que finalmente la tramita (http://goo.gl/I9Dmj). Pasaron más de dos meses y dicha Sala aún no se expidió. La Corte de Justicia de la Nación debería observar estos comportamientos en bien del prestigio local e internacional que el máximo Tribunal se ganó durante estos años sosteniendo la actual doctrina respecto a los juicios por Delitos de Lesa Humanidad.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 9:39
Clarín, privatizador en las buenas y estatista en las malas
Por Luis Lázzaro. Autor de La batalla de la comunicación
La fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión (2006, más del 55 por ciento de los abonados) cerró un fenomenal proceso de concentración de mercado ocurrido en los ’90 vía la absorción de centenares de empresas de cable independientes al precio de un fuerte endeudamiento local e internacional. Tal proceso arrojó a miles de empleados a la calle –por aplicación del principio de sinergia empresaria en la administración y en la gestión del canal propio obligatorio– y también fue perjudicial para los usuarios, prisioneros de un sistema de prestador único con nombres diversos pero con facturación unificada, sin competencia en los precios y discrecionalidad en la grilla de contenidos.
No fue el mercado quien salvó al grupo de la debacle, pese a los 500 millones de dólares que puso Goldman Sachs a fines de los ’90. La secuencia mediante la cual el Congreso reformó la ley de quiebras para evitar el crawn down reclamado por el Fondo Monetario; los decretos orientados a compensar deudas privadas con el Estado mediante acciones o bonos, la pesificación asimétrica y, finalmente, la denominada ley de industrias culturales, hecha para impedir que los acreedores externos tomaran más del 30% de las acciones de la empresa, constituyeron un conjunto de medidas políticas y económicas orientadas a salvar –entre otros– a Clarín. A salvarlo del naufragio mediante la protección del Estado y la licuación de pasivos.
Con 22 pedidos de quiebra y deudas por 1.000 millones de dólares, el Grupo admitía en febrero de 2002 estar al borde de la bancarrota, mientras procuraba “protección judicial en un concurso preventivo”. El 60 por ciento de la deuda correspondía a financiamiento externo. La suma del blindaje ante los acreedores, la pesificación (que licuó el equivalente a unos 100 milones de dólares), la colocación de obligaciones negociables, y un acuerdo preventivo extrajudicial, sirvieron para salvar a Multicanal. El operador de cable pudo después sortear la ofensiva de los fondos buitres (W. Duff, Moneta, Eximius), que amenazaron con el copamiento empresario.
En la lógica corporativa, el Estado es un mero instrumento para los negocios. La prédica antiestatal, y a favor de la apertura y desregulación, que posibilitó el acceso a emisoras de radio y televisión con las leyes de privatización del menemismo, fue cambiada luego por una retórica nacionalista, que apelaba a la protección del Estado. Al comienzo fueron leyes y decretos de necesidad y urgencia para favorecer la concentración empresaria con endeudamiento interno y externo, (ciclo 1989-1997). Luego, en el período 2001-2003, las medidas aplaudidas eran impedir la quiebra y captura agresiva de la empresa vía regulaciones proteccionistas. El auxilio incluyó la supresión de venta de pliegos a nuevos competidores en televisión paga durante diez años por parte del viejo Comfer y el privilegio de mantener el cableado aéreo en los postes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta trama, y no la virtuosidad económica, permitió la supervivencia del holding y la acumulación necesaria para ser el motor financiero del grupo de medios.
La empresa que hoy se postula como “protagonista de la convergencia” alcanzó la hegemonía en el cable y su sinergia con Internet (Fibertel) en 2006, al cabo de tortuosas negociaciones con varios de los protagonistas de los años ’90, como Hicks, Muse, Tate & Furst (HTMF). El costo de este proceso superó los 1.000 millones de dólares y fue el mexicano David Martínez (Fintech Advisory, 40 por ciento), quien logró desalojar a Liberty Global (Malone) de Cablevisión para cubrir la llegada de Clarín al “mayor operador latinoamericano” de servicios múltiples con la suma de Multicanal.
La fusión nunca tuvo la aprobación definitiva de la autoridad regulatoria en materia de concentración económica (CNDC) ni de su par en materia de radiodifusión, el entonces Comfer. La operación fue luego desestimada por ambos organismos, pero vale destacar que, antes del Dictamen 770/CNDC/SCI de fines de 2009, que ordenó desarmar la fusión, buena parte de las operaciones carecían de valor jurídico por infringir la vieja Ley 22.285, de radiodifusión, al exceder la cantidad de licencias del mismo grupo empresario en la misma localidad, lo cual sucedía en más de 20 ciudades con población superior a los 100.000 habitantes.
Clarín y el banco JP Morgan fueron luego denunciados por la colocación fraudulenta de acciones sobrevaluadas a los fondos de jubilación, aún bajo el régimen privado de AFJP, por un monto de 500 millones de dólares. La Unidad de Información Financiera (UIF) constató “la manipulación de precios de las acciones” dado “que la empresa no brindó al mercado información exacta y veraz, lo cual resulta determinante para fijar el precio de las acciones, infringiendo el régimen de transparencia”. El ex operador financiero de JP Morgan, encargado de la cuenta de Clarín, Hernán Arbizu, denunció el ocultamiento de información vinculada con objeciones a la mega fusión empresaria.
Alejandra Gils Carbó, entonces fiscal de la Cámara Comercial, actual jefa de los fiscales federales, confirmó en ese momento la existencia de “información falsa y engañosa” sobre el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de Cablevisión. Esta circunstancia fue ocultada a los tomadores de obligaciones negociables. El precio de las acciones se desplomó poco después de su colocación en Londres y Buenos Aires en 2007. Los ahorristas perdieron en pocos días las dos terceras partes de su inversión.
Lo que hay que rescatar aquí es que la verdadera inversión, la de riesgo y de futuro, es la que hicieron los pioneros de la televisión por cable. El resto fue la concentración económica, en un modelo basado en la subordinación del Estado frente a las corporaciones.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 23:01
Insubordinación y valor, para esquilmar al Estado
Por Jorge Déboli, secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diario); Vicepresidente de Cadypba; Proyecto Copla.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, leyendo a Clarín que se distribuía gratuitamente en la puerta del edificio Guardacostas. Foto Telam
Ni el fin de semana largo, ni la lluvia, el fútbol, o el bochorno de los Pumas, desactivó el conflicto en Prefectura y Gendarmería, aunque sí, lo “desescaló algo mediáticamente”, no porque al monopolio mediático ya no le interese su permanencia en las pantallas, sino porque a medida que se iban conociendo los pormenores que lo generaron, iban quedando en evidencia las empresas oligopólicas mediáticas, hoy muy cuestionadas por la sociedad civil cuya principal expresión se manifiesta a través de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), que integran por más de 300 organizaciones sociales.
Si bien la malintencionada y “negligente” liquidación de haberes en la Prefectura Naval Argentina, fue el principal causante del malestar en la fuerza que el pasado miércoles desembocó en la protesta frente al edificio Guardacostas, éste no fue el único motivo. Según una fuente confiable del ministerio de Seguridad, hubo otros factores que tienen su origen en el “congelamiento de los haberes de la Administración Pública Nacional a consecuencia de la aplicación de la ley de Emergencia Económica de 1993”, que incluyen “postergaciones, inequidades e irregularidades salariales en las Fuerzas de Seguridad” (FFSS).
De acuerdo con dicha fuente, “desde entonces los aumentos de costo de vida fueron compensados con incrementos salariales al personal en actividad tanto de las de las FFAA como de las FFSS, mediante la creación y/o el aumento de los valores de suplementos y compensaciones no remunerativas. O sea, con un costo fiscal menor en materia de cargas patronales”, es decir hablando en criollo, se los pagan en negro.
El problema, se agravó ostensiblemente en los últimos diez años, en los que, el componente no remunerativo de compensaciones y suplementos, que originariamente no superaban el 35 por ciento, en la actualidad, alcanza el 65 por ciento del ingreso, afectando “severamente el financiamiento del sistema previsional y de las Obras Sociales de las FFAA, a las que se hallan afiliados tanto el personal en actividad como en retiro de las FFSS, con la consecuente postergación de los haberes de retirados y pensionados”.
Este desbarajuste generado durante la década más infame del siglo XX que nos tocó vivir a los argentinos, mientras se cerraban fábricas por la libre entrada de productos importados, crecía sí en forma exponencial, una industria muy próspera de aquella Argentina injusta que hoy el gobierno nacional busca revertir : la de la litigiosidad llevada adelante por una asociación “noc santa” entre estudios de abogados, jueces y personal de las áreas administrativas de las FFSS, que “terminó distorsionando la escala salarial, vertical y horizontalmente” de su personal.
Esta litigiosidad a la que se veía sometido el Estado argentino, implicaba además “costos elevadísimos en materia de honorarios, costas, tasas de justicia, intereses, a ser afrontados con el presupuesto de las FFSS”, donde, “al amparo de interpretaciones jurídicas exorbitantes—especialmente en la Gendarmería— las áreas de liquidaciones de haberes formulaban liquidaciones y pagaban salarios y haberes pasivos absolutamente desmedidos”, llegándose a liquidar incrementos de haberes en el período 2005/2010, de 800% en promedio.
A partir de la asunción del ex presidente Néstor Kirchner en 2003, esta problemática se empezó a atender, en contraste con la irresponsable actitud asumida por el gobierno de la Alianza y posteriormente por el presidente provisional, Eduardo Duhalde, de no hacer olas que agiten las aguas de las FFSS.
Fue así que el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Hacienda y la Procuración del Tesoro abordaron el tema, que derivó en el Decreto 1307 de este año, que tuvo por objeto regularizar la política de haberes de las Fuerzas de Seguridad, a partir de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en los casos “Borejko”, 2011, y “Zannoti, 2012” y evitar así futuros litigios contra el Estado, mejorando al mismo tiempo los haberes de los que menos ganan.
En efecto, la regularización prevista en el decreto 1307 implica un aumento sustancial del sueldo anual complementario, y una forma de “desanudar el entramado judicial que existe detrás del cobro de haberes de integrantes de la FFSS”, poniendo fin de esta manera, a centenares de medidas cautelares y recursos de amparo que, durante años, generaron un sin número de inequidades.
Sin embargo, la implementación del decreto, maliciosamente interpretado, trajo como consecuencia la protesta que hoy perdura, ya por otras motivaciones. A pesar que el artículo 6° dice textualmente que ningún gendarme o prefecto podía percibir una remuneración inferior a la recibida con anterioridad a la aplicación del decreto, a la hora de retirar sus haberes de los cajeros, gendarmes y prefectos pasaron a percibir un salario de bolsillo menor al del mes anterior, a pesar que se les haya “regularizado” el haber, reivindicación permanente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Para cortar por lo sano, la ministra Garré pasó a disponibilidad a 9 efectivos de Gendarmería e intervino el área de asuntos jurídicos. También ordenó abrir sumarios confidenciales en Prefectura para identificar a los agresores de dos oficiales a la salida del Guardacostas. Mientras tanto, algunos insubordinados se radicalizan persistiendo en la “protesta”. Los monopolios mediáticos, verdaderos cánceres de la Argentina de hoy, azuzan internas dentro del gobierno, no para mejorar la gestión como debería ser, sino para desgastarlo con el fin de que termine antes de tiempo su mandato y poner fin así, a un gobierno que no le hizo asco a las condenas de los genocidas de la dictadura cívico-militar, al procesamiento de jerarcas sindicales, como Pedraza y Zanola, de ex presidentes como Menen y De la Rúa, y de empresarios como Martínez de Hoz.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 10:33
16 de junio de 1955, bombardeo a la plaza de Mayo. Desde Mariano Moreno
en adelante siempre hubo confrontación con los gobiernos populares.
Por Horacio J. Garetto (Reside en Rafaela, Pcia. de Santa Fe, es Licenciado en Economía, abogado, profesor de Geopolítica, periodista, autor del libro “Irak - Bush Bajo la Lupa”). hgaretto@wilnet.com.ar
Se dice que el kirchnerismo es malo, odioso, porque es “confrontativo”, “peleador”. Que “divide la familia argentina”. Es lo que dice Mauricio Macri constantemente, Federico Pinedo, Grondona, repiten los medios, es lo que piensa mucha gente. Está un poco de moda.
Nosotros nos proponemos examinar científicamente esta observación para ver si tiene algún sentido. O si, más bien, no tiene ninguno, si es un completo absurdo, un pensamiento ridículo.
Para ello, examinaremos la historia nacional. A ver si, por milagro, encontramos algún período que haya sido de beatitud, concordia, paz, “no confrontación”.
Comenzamos con el 25 de mayo de 1810: los patriotas revolucionarios “confrontaron” al virrey español y lo echaron a patadas.
Al minuto siguiente de triunfar la revolución ya estaban divididos los morenistas y los saavedristas. Al año ya los saavedristas nos echaron a nosotros los morenistas.
San Martín vivió peleado y “confrontado” con los rivadavianos y los pueyrrodonianos.
El artiguismo vivió peleado y “confrontado” con el régimen del directorio hasta que lo derribó por las armas (Cepeda).
Unitarios y Federales. Facundo Quiroga y demás caudillos agarraron las armas contra la constitución unitaria, oligarca y liberal de 1826. Los unitarios portuarios porteñistas complotaron y “confrontaron” con Dorrego hasta que lo voltearon y lo fusilaron. Multitud de intentonas debió enfrentar ¿confrontar? ¿aguantar? en su indispensable largo gobierno Don Juan Manuel de Rosas. Urquiza desplaza a Rosas. Al año los porteños ya estaban “confrontando”, complotando y tratando de ¿"dictador”?, ¿“loco”? a Urquiza. Al poco tiempo el ultra porteñismo librecambista mitrista ya confrontó, se peleó a muerte con todas las provincias argentinas del interior y se mandaron un ignominioso, vergonzoso rancho aparte y el país casi queda dividido de por vida entre Buenos Aires por un lado y la Confederación por otro. Los roquistas “confrontaron” y por suerte los vencieron, con los fusiles en la mano, a los ultra porteños tejeduristas que no querían compartir el oro de la Aduana de Buenos Aires y entregar la ciudad a la Nación Argentina.
Fraude patriótico. El yrigoyenismo “confrontó”, y varias veces con las armas, contra el régimen liberal partidocrático fraudulento desde 1890 hasta 1916. Luego estos se tomaron venganza y lo “confrontaron” y voltearon a Yrigoyen. Vino la década infame. Luego un grupo de oficiales se hartó de esa infamia y se mandó la revolución de junio de 1943. Un ratito después ya estaban todos otra vez peleados contra el general Perón. Gobierna Perón. Once años después lo “confrontan” violentamente al general Perón y lo voltean, le prohíben el nombre, el himno, participar en elecciones, etc. Viene 1956: “confrontan” entre ellos los balbinistas y los frondizistas: se parte en dos la Unión Cívica Radical. Gobierna Frondizi: el militarismo ultra antiperonista lo “confronta” a Frondizi con 36 planteos militares, lo vuelve loco, no lo deja gobernar.
El problema peronista. Después los militares se pelean entre ellos, con tanques incluidos, en las calles de Buenos Aires: azules contra colorados. Tenían distintas ideas de cómo manejar el “problema peronista”.
Después el mismo partido, el militar oligarca, ¿el partido de la libertadora? lo “confronta” y lo echa a Illia. Tres años después el pueblo en las calles lo “confronta” a la dictadura de Onganía (“Cordobazo”). Después confrontarán violentamente entre sí la izquierda y la derecha peronista. Luego el golpe militar “confrontó” desapareciendo opositores, industria nacional, etc. A Alfonsín lo "confrontó” la Sociedad Rural, lo confrontaron con “golpes de mercado”. Menem transó con todo, rifó todo para que nadie lo “confronte” pero le entregó una bomba a De la Rúa que ni idea tenía de qué hacer. El pueblo lo “confrontó” y lo echó a patadas a De la Rúa en las inolvidables jornadas de 2001.
Del 2003 para acá es el período histórico del kirchnerismo. Nosotros estaríamos agradecidos. Demasiada paz hemos tenido estos años.
La filosofía correcta es: cada período histórico tiene su conflicto.
Desdramaticemos. Los hombres, todos los hombres, de todas partes del mundo, desde que existe un excedente (una plata que sobra) se pelean ¿“confrontan”? por mandar para ver como se reparte ese excedente.
El que quiera vivir en estado de beatitud, concordia y armonía es posible. Pero ello en el ámbito privado, en su familia, sus amigos, su quinta, su jardín, su casa, su iglesia, su filosofía y su religión. Pero el mundo de la política siempre y en todos lados es y será lucha, disputa, conflicto, etc. Lo importante es que logremos todos que los conflictos de procesen y diriman dentro de las normas de la Constitución Nacional. Pero conflictos va a haber siempre.
Se pueden hacer varias críticas válidas al kirchnerismo. Pero tienen que tener sentido, racionalidad. Esta no lo tiene.
Publicado por Jorge Aníbal Déboli en 21:44
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References: artículo 161
 resolución 
 artículo 161
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 161
 artículo 6