Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A247-09.htm
Timestamp: 2017-11-20 20:59:57+00:00

Document:
A247-09
Auto 247/09
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO Y JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO-Reiteración Auto 124/09
ACCION DE TUTELA CONTRA EL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL-Competencia de Juzgado Penal del Circuito
Referencia: expediente ICC-1446
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga.
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009)
1.1.1. El señor Luis Armando Jácome Peinado, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Instituto de Seguro Social, Seccional Santander, por considerar que dicha entidad vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y móvil, a una vida digna y al debido proceso.
1.1.2. Como fundamento de su petición, alega que es una persona de la tercera edad, desprovisto de la seguridad social en pensiones, a pesar de contar con 1.104 semanas cotizadas. Además, que no cuenta con recursos económicos para sobrevivir por su propia cuenta.
1.1.3. Señala que el 18 de abril de 2008, elevó solicitud de pensión de vejez ante el Seguro Social, Seccional Santander, entidad que mediante Resolución No. 8030 del 9 de septiembre de 2008, negó la petición por considerar que el señor Jácome no cumplía con el número de semanas estipuladas en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Alega que “el operador de pensiones, a través de dicho acto administrativo, no le reconoce el régimen de transición, aspecto este que constituye un desafuero jurídico, violatorio de los derechos adquiridos”. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación el 12 de diciembre de 2008, expidiéndose como respuesta el auto de archivo 067 de febrero 18 de 2009, en el cual el ISS “ordena archivar el expediente aduciendo que no se dan los requisitos del artículo 9 de la ley 797 de 2003, desconociendo el régimen de transición del cual es titular el afiliado”.
1.2.1. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, despacho que mediante auto de fecha 24 de abril de 2009 consideró que “dado que la vulneración a los derechos fundamentales alegada por el accionante radica en la negativa de la entidad accionada INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL Seccional Santander manifestada a través de la Resolución No. 8030 del 9 de Septiembre de 2008 y del Auto de Archivo No. 067 del 18 de Febrero del 2009 de reconocer la pensión de vejez a la cual considera tiene derecho, este Despacho Judicial procederá a declararse sin competencia pora conocer de la presente acción de tutela”. En consecuencia, ordenó la remisión del expediente a los Juzgados del Circuito de Bucaramanga.
1.2.2. Efectuado nuevamente el reparto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, mediante providencia del 30 de abril de 2009, declaró su incompetencia para conocer de la demanda de tutela. A su juicio, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta es el llamado a tramitar, a prevención la tutela, toda vez que “es la sede donde actualmente se encuentra radicado el accionante y el lugar donde tiene efecto la vulneración de los derechos fundamentales”. En consecuencia, ordenó el envío de la actuación al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta.
1.2.3. Recibido el expediente, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en auto del 29 de mayo de 2009, propuso conflicto negativo de competencia argumentando que “el accionante LUIS ARMANDO JACOME PEINADO, quien es el directamente afectado por la presunta vía de hecho atribuida a la entidad accionada y el titular de los derechos fundamentales invocados, tiene su domicilio y residencia en la Carrera 12 NO. 12-67 del Municipio de Ocaña según se lee en la solicitud de tutela (…) se establece entonces, que contrario a lo señalado por el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA en su auto proferido el 30 de abril del año en curso, el accionante JACOME PEINADO no se encuentra radicado en la ciudad de Cúcuta, razón por la cual este Despacho Judicial no corresponde al juez del lugar donde se produjo la violación de los derechos fundamentales del accionante, ni al juez donde se producen los efectos de la aludida violación.”
1.2.4. Expuso además, que “por corresponder el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, a quien le fue asignado en reparto la presente acción de tutela, al Juez del lugar donde se produjo la violación a los derechos fundamentales del accionante, es el aludido Despacho Judicial el que debe asumir el conocimiento de la acción de tutela”. En tal virtud, remite el expediente a la Corte Constitucional para que dirima la colisión.
Lo anterior no es una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presentan entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional[2].
Establecida la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto, se procede a dar solución al caso objeto de estudio.
De los hechos expuestos, se desprende que el conflicto gira en torno a la determinación del factor territorial para establecer el funcionario competente para conocer y decidir la demanda de la referencia. En efecto, el problema gira alrededor del lugar en el cual ha debido interponerse la acción y no en relación con la naturaleza jurídica de la entidad demandada. En este caso, es claro que la entidad accionada hace parte del sector descentralizado por servicios y su reparto, corresponde a los jueces con categoría de circuito.
En ese sentido, resulta necesario estudiar de fondo el asunto y establecer el lugar en donde se produjo la supuesta vulneración de los derechos invocados.
De un lado, observa la Sala que a juicio del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, el lugar donde se produjo la vulneración de los derechos invocados es la ciudad de Bucaramanga. Por el contrario, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, afirma que el domicilio del actor es la ciudad de Cúcuta y es allí donde se producen los efectos de la vulneración aludida.
Ahora, del escrito de tutela se desprende que la solicitud de pensión realizada por el actor se presentó ante el Instituto de Seguro Social, Seccional Santander y, que es esta entidad la que, a juicio del actor, está vulnerando sus derechos fundamentales. De acuerdo con esta posición, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, en principio, sería competente para tramitar la acción, toda vez que es en esa unidad territorial, donde se produce la supuesta violación.
De otro lado, en la demanda también se advierte que el lugar donde actualmente reside el accionante es en el municipio de Ocaña, situación que se desprende de la dirección allegada para efectos de notificaciones[5].
En ese sentido, aunque la demanda fue presentada ante los jueces del circuito de Cúcuta, le asiste razón al Juez Quinto Civil del Circuito de dicha ciudad, al señalar que en ese lugar no se produce ni la violación de los derechos alegados ni las consecuencias de la misma, para que pueda radicarse la competencia en ese despacho. En efecto, del estudio del expediente no se observan elementos que permitan establecer la competencia territorial en el municipio de Cúcuta.
De allí que, prima facie, la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga resulta infundada, en tanto, que el domicilio del accionante no sería factor de competencia en el caso que nos ocupa.
Con relación a los presupuestos para determinar la competencia territorial en materia de tutela, esta Corporación ha señalado que:
“En efecto, a partir de una interpretación con observancia del principio pro homine de las citadas normativas, esta Corporación ha establecido[6] que son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela, a saber: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.” [7]
Así las cosas, atendiendo al primero de los presupuestos citados, esto es, el lugar donde ocurre la violación, en la acción instaurada por el señor Luis Armando Jácome Peinado, en la cual se discute la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y móvil, a una vida digna y al debido proceso, por la negativa de reconocimiento de la pensión, el lugar donde se estaría generando dicha lesión es la ciudad de Bucaramanga, razón por la cual, el funcionario competente para tramitar el proceso es el Juez Cuarto Penal del Circuito de dicha localidad.
Por estas razones, teniendo en cuenta los anteriores criterios la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO: DECIDIR el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, ordenando la remisión del expediente a este último.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por Luis Armando Jácome Peinado contra el Instituto de Seguro Social, Seccional Santander, al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, para que sin más demoras, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
TERCERO: Por Secretaría General COMUNICAR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
[5] Folio 14 del expediente.
[6] Corte Constitucional. Autos 063, 067, 071 y 169 de 2006, 071 y 185 de 2007, 192 y 221 de 2007.
[7] Auto 143 de 2008.

References: Resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 Resolución 
e contrario
 artículo 86