Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920507.html
Timestamp: 2019-11-19 08:34:08+00:00

Document:
as201920507
Auto Supremo: 507/2019
Expediente: B-3-19-S.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 217 a 232, interpuesto por Diego Condo Huanca, contra el Auto de Vista Nº 215/2018 de 20 de noviembre, cursante de fs. 210 a 212, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso ordinario de rescisión por lesión, seguido por Florentina Fernández Salazar contra el recurrente; el Auto de concesión del recurso de casación de 16 de enero de 2019, cursante a fs. 239; Auto Supremo de admisión Nº 114/2019-RA de 12 de febrero, cursante de fs. 243 a 244 vta., los antecedentes del proceso; y:
1. Florentina Fernández Salazar, mediante su representante legal Manuel José Rodríguez Dañin interpuso demanda de rescisión de contrato por lesión enorme de la Escritura Pública Nº 105/2018 de 7 de febrero, de transferencia de un inmueble ubicado en la O.T.B “Hernando Siles”, calle Julio Veira esquina 16 de julio de la ciudad de Guayaramerin con una superficie de 128 mts.2, por la suma de Bs. 5.000, cursante de fs. 44 a 45; acción dirigida contra Diego Condo Huanca, quien contestó negativamente a la argumentación de la demanda de fs. 79 a 80 vta.
2. Desarrollándose el proceso en el Juzgado Público, Mixto Civil y Comercial y de Familia Nº 1 de Guayaramerin, hasta dictarse la Sentencia Nº 04/2018 de fs. 170 a 173, declarando PROBADA la demanda, disponiendo la recisión del contrato de transferencia por lesión enorme, contenida en la Escritura Pública Nº 105/2018.
3. Resolución de primera instancia, que al haber sido recurrido en apelación por Diego Condo Huanca de fs. 176 a 187 vta., la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista N° 215/2018 de 20 de noviembre de fs. 210 a 212, CONFIRMANDO totalmente la sentencia, con costas. Bajo la siguiente fundamentación:
En relación con la pretensión de rescisión por lesión del contrato suscrito y su protocolización se evidenció desproporción entre el valor real del inmueble y el valor pagado según informe técnico de fs. 141 a 157, respecto al otro presupuesto del estado de necesidad que fue capturada por la Sentencia del A quo, fue probado mediante informe médico emitido por un profesional acreditado para desarrollar su diagnóstico señalando que la demandante Florentina Fernández Salazar, desde el 10 de febrero fue tratada con antecedentes de hipertensión arterial crónica con descompensación y medición en centros de salud, así como presenta cuadros de depresión por situación de luto en su entorno, de ahí deviene el establecimiento por lesión desentrañando con suficiente eficacia y pertinencia por la autoridad eludida, es por ello de manera clara y evidente se llegó a concluir que el beneficiario de la lesión se aprovechó de la situación de inferioridad en que se encontraba perjudicada determinándose la desproporción y sin justificación de las prestaciones comprometidas la cual es indiscutible en el documento de Escritura Pública Nº 105/2018.
4. Falló de segunda instancia, recurrida en casación por Diego Condo Huanca de fs. 217 a 232, recurso que es objeto de análisis.
De la revisión del recurso de casación, interpuesto por Diego Condo Huanca de fs. 217 a 232, se observa que en lo transcendental de dicho medio de impugnación acusa:
1. Reclama falta de fundamentación y motivación en la sentencia y Auto de Vista, debido a que no aplicaron un razonamiento lógico y jurídico en su argumentación respecto a la pretensión, vulnerando el art. 213 num. 2) y 3) del CPC.
1. Acusa errónea valoración probatoria e incumplimiento de lo establecido en el art. 145 de la Ley Nº 439 y art. 1286 del CC, debido que el Auto de Vista no consideró las pruebas producidas, ni individualizó cuales formaron convicción para dicha resolución.
2. Reclama en el caso de la literal a fs. 41 (certificado médico), por la que se trató de justificar el estado de necesidad, pero es inaceptable la ligereza con que la autoridad judicial, da por acreditada y probada la demanda principal, sin tomar en cuenta que el 10 de febrero, supuestamente se encontraba en delicado estado de salud la vendedora hoy demandante, no coincidiendo en tiempos, en si con la fecha de suscripción de la relación contractual en cuestión que data de 3 de enero de 2018, lo cual acredita la errónea valoración probatoria.
3. Que los juzgadores pretenden asimilar o suponer que se ha explotado las necesidades apremiantes de la hoy vendedora, sin embargo, no se hace relación, ni se explica de qué manera el supuesto estado delicado de salud, ha cobrado incidencia en el caso en cuestión.
4. Argumenta que no existe certidumbre de lo resuelto por el A quem, señalan que el documento de transferencia del inmueble en litis fue suscrito el 9 de abril de 2018, bajo el contraste del certificado médico cuestionado que fue emitido el 14 de abril de 2018, (haciendo referencia que se hubiera atendido desde la fecha 10 de febrero de 2018), sin embargo se lo realizó el 3 de enero de 2018 y protocolizó el 7 de febrero de 2018, por lo que no se adecuaría al día, ni la fecha del mal estado de salud de la demandante.
5. Observa la documentación en fotocopias simples que cursan en obrados, no fueron valorados como elemento probatorio de cargo citado en los numerales 1 al 15 del segundo considerando de la Sentencia, mismas que fueron reconocidas por el Juez de la causa, incumpliendo el art. 1311 del sustantivo civil.
Solicita casar totalmente el Auto de Vista, deliberando en el fondo declarar improbada la demanda.
Contestación del recurso de casación de fs. 236 a 237 vta.
La parte actora manifiesta que la dinámica procesal establece la preclusión de las etapas de la demanda como la contestación conforme al art. 125 de CPC, donde el demandado no se pronunció sobre los documentos presentados que incluye el certificado médico y demás pruebas de cargo, que no fueron observadas oportunamente por el demandado, por otra parte la sentencia no establece el estado de necesidad basado en el certificado médico, respecto del precio del inmueble a Bs. 5.000, siendo un valor desproporcionado a lo que arroja el informe técnico de Bs. 667.500, de lo referente a la motivación no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, si no que exige una estructura de forma y de fondo pudiendo ser concisa para llegar a satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar convicciones determinativas que justifiquen la decisión, solicitando se declare infundado con costas y costos.
III.1. De la rescisión del contrato por lesión
Con relación al tema el A.S Nº 13/2015, de fecha 14 de enero de 2015 orientó: “Se debe tomar en cuenta la jurisprudencia del Auto Supremo Nº 208/2013 de fecha 26 de abril, el cual estableció que: “…doctrinalmente la lesión según Cifuentes Santos es: "...una anomalía del negocio jurídico que consiste en un perjuicio patrimonial que se provoca a una de las partes cuando, en un acto jurídico oneroso y bilateral, se obtiene de ella prestaciones desproporcionadas a través del aprovechamiento de su necesidad, ligereza o inexperiencia"; por su parte Ossipow Paul sostiene que: "la lesión es el perjuicio económico que experimenta una de las partes, en el momento de conclusión del contrato, y que consiste en la desproporción evidente de las prestaciones intercambiadas, determinada por la explotación de la miseria, ligereza o inexperiencia de ella".
2.- Estado de necesidad, ligereza o inexperiencia.-para que haya lesión el lesionado debe encontrarse en un estado subjetivo de necesidad, ligereza o inexperiencia.
3.- Actitud de explotación; otro requisito subjetivo para que se configure la lesión es que el beneficiado debe haber explotado la situación de inferioridad en que se encuentra el perjudicado. Esto significa que la lesión no es puramente objetiva, no basta con la desproporción evidente y sin justificación de las prestaciones comprometidas, sino que además el beneficiado debe haber conocido y explotado la necesidad, ligereza o inexperiencia del lesionado.
En ese marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 orientó que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.
Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC Nº 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 estableció que: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".
Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP Nº 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". También en la SCP Nº 2210/2012 de 8 de noviembre, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.
Expuesta la doctrina aplicable al caso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos de forma y fondo del recurso de casación:
En su punto 1 del recurso de casación, reclama falta de fundamentación y motivación en la sentencia y Auto de Vista, debido a que no aplicaron un razonamiento lógico y jurídico en su argumentación respecto a la pretensión, vulnerando el art. 213 num. 2) y 3) del CPC.
Bajo ese argumento respecto a lo tópico de la ausencia de motivación en el Auto de Vista y sentencia, de acuerdo a lo delineado en la doctrina aplicable III.3 la motivación de las resoluciones no implica una explicación ampulosa, sino el fundamento del porque se asume una determinación, o la justificación razonada de la decisión asumida; en el sub lite del contenido del Auto de Vista se advierte que el mismo expone de forma razonada los fundamentos por los cuales confirma la resolución de primera instancia, en cuanto a este punto señaló: “…emprendiendo una lectura de la sentencia en cuyo CONSIDERANDO III a Fs. 171-172 hechos probados.- el Ad quo efectúa la fundamentación narrativa y táctica de los hechos y los medios probatorios que llevan a la convicción de decisorio a saber: (…) la Escritura Pública Nº 105/2018 como vendedora Florentina Fernández Salazar y comprador Diego Condo Huanca del inmueble ubicado en la OTB “Hernando Siles”, Calle julio Veira, esq. 16 de julio con Cod. Catastral Nº 3-19-12, probado el valor de la trasferencia del inmueble descrito anteladamente en la suma (5.000 bs) por medio del documento Nº 105/2018, probado el valor del inmueble objeto de litigio según informe técnico en la base de Bs. 26.462,00 y que como terreno tiene un valor catastral de Bs. 14.290,00 tal cual sustentan informe técnicos de Fs. 98 a 126, todo ellos e razón de lo aportado y con su tasación valorativa, aplicando la preestablecida por el legislador o la concerniente al principio de la sana crítica. Esta fundamentación narrativa táctica se halla complementada con la fundamentación y motivación intelectiva-analítica-normativa traslucida en el CONSIDERANDO III-SUBSUNCION, Fs. 172-173 (…) del servidor judicial de instancia no se advierte violación alguna al respecto de la comunidad probatoria documental, o una mala práctica o carencia de la debida fundamentación o motivación de la resolución impugnada, sino que más bien el juzgador construye su razonamiento en mérito al plexo probatorio producido y adquirido en la trama procesal…”, del contexto citado se logra entrever que existe una motivación clara y coherente por parte del Tribunal de apelación, quienes han señalado que no existe un reclamo en lo que concierne al tema de la motivación en la resolución, fundamento que denota que no ha existido vulneración alguna.
Del recurso de casación se puede advertir que todos los reclamos se encuentran concatenados a observar la errónea valoración de la prueba a fs. 41; donde los jueces de instancia señalan que el documento de transferencia fue suscrito sobre el inmueble en litis el 9 de abril de 2018, sin embargo el certificado médico cuestionado fue emitido el 14 de abril de 2018 (haciendo referencia que se hubiera atendido desde la fecha 10 de febrero de 2018), observando que tal documento de trasferencia se suscribió el 3 de enero de 2018 y protocolizó el 7 de febrero del mismo año, por lo que no se adecúa al día, ni la fecha, sobre el deficiente estado de salud de la actora, además del elemento probatorio adjuntado (fotocopias simples), por lo que se realizó una errónea valoración probatoria e incumpliendo y violando lo establecido en el art. 145 de la Ley Nº 439 y art. 1286 del CC.
En virtud a los reclamos acusados, es menester señalar con carácter previo que la autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución, tiene la obligación de considerar elementos probatorios transcendentales producidos en el proceso, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción, pruebas que deben ser apreciadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta, criterio que se encuentra plasmado en el art. 145 del Código Procesal Civil concordante con el art. 397 del ya abrogado Procedimiento Civil.
Por memorial de fs. 44 a 45, la demandante por intermedio de su apoderado argumenta ser propietaria del bien inmueble de dos plantas ubicado en la O.T.B “Hernando Siles”, calle Julio Veira esquina 16 de julio de la ciudad de Guayaramerin con una superficie de 128 mts.2, del cual suscribió un documento de transferencia en calidad de venta a favor de Diego Condo Huanca por la suma de Bs. 5.000, sin embargo el comprador aprovechándose de su angustia, depresión que se encontraba y estado de necesidad apremiante, así como la influencia maliciosa de un pariente, realizó transferencia del referido inmueble.
La parte demandada mediante memorial de fs. 79 a 80, aduce que la transferencia del inmueble ubicado en la O.T.B “Hernando Siles”, calle Julio Veira esquina 16 de julio de la ciudad de Guayaramerin, contradiciendo lo expuesto en la demanda, negando que durante la trasferencia de compra venta se hubiera aprovechado del momento de angustia, depresión, estado de necesidad apremiante y otros en el que se encontraba la actora, extremos que no corresponden a la verdad, ya que la transferencia se realizó de plena y espontánea voluntad e intereses de ambas partes.
De las pruebas transcendentales cursantes en obrados dentro de la tramitación del proceso se hace referencia para mayor entendimiento de la controversia: Testimonio Nº 105/2018 de 7 de febrero a fs. 3 y vta. (Fotocopia simple), Certificado médico de 14 de abril de 2018 a fs. 41, duplicado de Testimonio Nº 105/2018 de 7 de febrero a fs. 43 y vta., prueba pericial de cargo fs. 51 a 68, prueba pericial de descargo de fs. 100 a 117, inspección judicial a fs. 131 vta., valuación técnica del inmueble de fs. 141 a 165.
Mediante resolución de primera instancia declaró probada la demanda principal, conforme al fundamento de los hechos probados y no probados por las partes, considerando que la pretensión material de las normas jurídicas a aplicarse, normas de valoración a la sana crítica previstos por el art. 1286 del CC, y 145 del CPC, señalando “que la otorgación del contrato compra venta, protocolizado por Escritura Pública Nº 105/2018, de fecha 09 de abril, suscrito entre: Florentina Fernández Salazar (vendedora) y Diego Condo Huanca (comprador) , del inmueble ubicado (…), concurren los requisitos de lesión enorme, establecidos por el num. II del art. 561 del CC., ya que el valor de la venta excede en más de la mitad de la prestación ejecutada y prometida, toda vez que en dicho contrato existe inequívocamente la desproporción en el precio pagado de Bs. 5.000, frente al valor real del inmueble, que superan los Bs. 663.744,00, valor establecido por la información pericial, por consiguiente dicho contrato debe y tiene que ser rescindido por el Órgano Jurisdiccional, porque en el momento de la celebración del contrato, la vendedora Florentina Fernández Salazar, se encuentra en desigualdad emocional, debido a su delicado estado de salud, como lo acredita el certificado médico de fs. 41…”, contexto que deja en claro la posición por el A quo para validar la pretensión principal.
El Ad quem en su Auto de Vista fundamentó en la misma semejanza a la resolución del A quo, señalando “…la pretensión de rescisión de contrato por lesión el contrato 09 de abril de 2018 y su protocolización, versa sobre la desproporción entre el valor real el inmueble y el valor pagado, situación comprobada por el avaluó e informe pericial (fs. 141 – 157) en cuanto a los otros presupuestos de la norma (art. 561 del CC) se tiene el estado de necesidad, ligereza o inexperiencia, situación que también ha sido satisfactoriamente capturada por el juzgador cuando señala en su Sentencia de fecha 24/07/2018 a Fs. 170-173 en lo referente a los hechos probados a través de informe médico, evacuando por el profesional acreditado para desarrollar este tipo de diagnosis, señala que “La demandante Florentina Fernández Salazar, desde fecha 10 de febrero ha venido siendo tratada con antecedentes de Hipertensión arterial crónica descompensaciones y medicación en centros de salud así como de presentar un cuadro de depresión por situación de luto en su entorno señalando como diagnostico final Crisis Hipertensiva Labilidad Emocional por Luto, (…) elementos por demás de producentes que eficazmente viene a dar luz sobre el estado de vulnerabilidad que en aquel momento presentaba la hoy demandante, es producto de aquellos antecedentes que venían aconteciendo dentro de la vida personal y que impactaban en su salud psíquica-emocional, de ahí que deviene estableciendo por lesión, desentrañando con suficiente eficacia y pertinencia por la autoridad eludida, es por ello de manera evidente se llega a concluir que el beneficiario de la lesión aprovecho la situación de inferioridad en que se encontraba la perjudicada, toda vez que para que fluya la misma, basta con determinar la desproporción evidente y sin justificación de las prestaciones comprometidas la cual es indiscutible en el documento de Escritura Pública Nº 105/2018…”, bajo ese contexto realizado los de segunda instancia llegaron a confirmar la sentencia por lo que se habría cumplido con la comunidad probatoria de acuerdo a los acontecimientos de relevancia jurídica.
Antes de ingresar a un mayor análisis es necesario puntualizar que conforme estipulado en el art. 561 del sustantivo civil, dice: “I. A demanda de la parte perjudicada es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra, siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada. II. La acción rescisoria sólo será admisible si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida.”, asimismo en el punto III.1 de la doctrina aplicable al caso de autos, se determinó que para este tipo recisión por lesión es necesario dos elementos que son el objetivo y subjetivo es decir, por el perjuicio económico que sufre una persona al realizar un contrato (objetivo), por la desproporción cuando la lesión excede la mitad del valor de la prestación ejecutada o prometida; (subjetivo) elemento que debe observarse en la ligereza, ignorancia o la necesidad en que se habría encontrado una de las partes contratantes a tiempo de la suscripción del contrato y que fue aprovechada por la otra parte de manera inmoral.
En lo que corresponde en la presente litis y en base de todos los antecedentes con la subsunción de la normativa civil, como los presupuestos de la rescisión por lesión, se evidencia la clara desproporcionalidad o la excesiva diferencia entre la prestación de una de las partes frente a la contraprestación de la otra (elemento objetivo), lo cual se infiere que la prueba pericial que cursa de fs. 141 a 165 (solo anversos), conforme expresamente lo señaló el perito valuador en su oficio de presentación a fs. 165, informando el valor comercial del lote de terreno asciende a Bs. 663.744,39.- avalúo que fue puesto en conocimiento a ambas partes, denotando desproporción con la suma de Bs. 5.000, suscrito mediante Testimonio Nº 105/2018 de 7 de febrero, cumpliéndose al primer requisito de la rescisión por lesión; Ahora sobre (elemento subjetivo) tenemos que referirnos a la observación del certificado médico de fs. 41, indica “…Sra. Florentina Fernández Salazar de 47 años de edad con C.I. 1911485 BN, es paciente con antecedente de hipertensión arterial crónica con descompensaciones y medicación en centros de salud. En fecha 10 de febrero se atiende a la paciente por presentar cefalea intensa (…), Sistema nervioso Central al momento sin signos de Accidente Vascular Cerebral aparentemente, durante la anamnesis a momentos con labilidad emocional por luto según refiere…”, contexto realizado por el médico cirujano Juan C. Mamani Escalante en fecha 14 de abril de 2018, haciendo referencia que se hubiera atendido a la demandada desde el 10 de febrero de 2018, sin embargo tal documento de trasferencia se suscribió el 3 de enero de 2018 y protocolizó el 7 de febrero del mismo año de fs. 3 y vta., 43 y vta., elemento probatorio adjuntado en obrados, por lo que se llega a evidenciar el incumplimiento del elemento subjetivo, teniendo en cuenta que los medios probatorios tienen que ser coherentes con el momento de la suscripción del contrato para acreditar la existencia del elemento subjetivo, es decir poner en el momento de la realización del acto jurídico que existía ese estado de vulnerabilidad, caso contrario de encontrarnos con documentación de fecha posterior, está por sí sola no certificaría el elemento subjetivo.
De esta manera se concluye que el A quo y el Ad quem es sus respectiva resoluciones, estuvieron en lo correcto respecto al elemento objetivo que se demuestra con el avaluó pericial de fs. 141 a 165 y documento de transferencia Nº 105/2018 de 7 de febrero a fs. 43 y vta., evidenciándose la desproporción de las prestaciones no son equivalentes para la demandante, sin embargo al mencionar que el Testimonio Nº 105/2018 que fuera suscrito el 9 de abril de 2018, cometieron un error de hecho en la valoración de la prueba como se dijo respecto al elemento subjetivo no cumple con el presupuesto fundamentado supra, argumentos que denotan una errónea aplicación de la norma invocada en la demanda, pues, no se reúnen los presupuestos para la rescisión por lesión solicitada, siendo así para que se llegara configurar la lesión es que el demandado debió haber explotado la situación de inferioridad en el que se encuentra la actora perjudicada, esto significa que la lesión no es puramente objetiva, y no basta con la desproporción evidente de la parte demandante, sino que además el demandado debe haber conocido y explotado la necesidad, ligereza o inexperiencia del lesionado o sea la parte actora en conformidad a lo expuesto en el punto III.1 de la doctrina aplicable, implicando forzados los fundamentos sustentados supra por los jueces de grado, por lo que resulta inviable la pretensión invocada.
De la contestación al recurso de casación respecto a la argumentación de la parte demandada, corresponde remitirnos a las consideraciones expresadas precedentemente, ello en razón a que las reflexiones del actor han sido tomadas en cuenta para desvirtuar los diferentes reclamos formulados por Diego Condo Huanca, en la presente litis se optó por revertir en parte la determinación de los juzgadores de instancia, ello responde a un marco de verdad material, que bajo el manto del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho aprobado por la reforma constitucional, cuya característica imperante es la vigencia plena de los derechos fundamentales; forma parte del bloque de constitucionalidad el cual irradia de contenido a todos los ámbitos de la vida jurídica, en cuyo marco este principio, como pauta o directriz inserta en el bloque asegura el cumplimiento eficaz de los valores plurales supremos, tales como la justicia, ya que en aplicación del mismo, la autoridad jurisdiccional tiene roles destinados a la consolidación de una amplia recolección probatoria destinada a la búsqueda de la verdad de los hechos, o en su caso la consideración de los medios probatorios producidos en el proceso y las alegaciones de las partes que permitan desvirtuar o sustentar objetivamente las pretensiones de los justiciables, pues se debe tener presente que el fin y fundamento de este principio constitucional recae en la justicia material que debe primar en tramitación de cualquier causa, criterio considerado para la emisión de la presente resolución.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42. I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma; en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil en cuanto al recurso de casación en el fondo CASA el Auto de Vista Nº 215/2018 de 20 de noviembre, cursante de fs. 210 a 212, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y deliberando en el fondo declara improbada la demanda de rescisión de contrato por lesión cursante de fs. 44 a 45. Sin costas ni costos.

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