Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20180606s00152682641.html
Timestamp: 2019-04-21 22:23:03+00:00

Document:
15ª Sesión Ordinaria del 6 de junio de 2018
N.º 15 - TOMO 581 - 6 DE JUNIO DE 2018
PRESIDE LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio
–	El señor senador Camy solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la articulación e instrumentación del artículo 6.º de la Ley n.º 19247, sobre tipificación del delito de tráfico de armas;
•	con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la articulación e instrumentación del artículo 6.º de la Ley n.º 19247, sobre tipificación del delito de tráfico de armas.
–	La señora senadora Aviaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con intervenciones de ligadura tubárica y vasectomía en los centros hospitalarios nacionales.
6) y 10) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lacalle Pou y Mujica.
–	Quedan convocados los señores senadores Saravia y Lazo.
7)	Hechos acaecidos en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Israel en el Uruguay.
8)	Mozos de cordel
–	Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, en la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 18865.
9)	Día de la Laicidad
–	Proyecto de ley por el que así se declara el 19 de marzo de cada año.
11) Doctor Néstor Fernando Romano Gariglio. Designación como fiscal letrado de Montevideo
12) Levantamiento de la sesión
«Montevideo, 5 de junio de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 6 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada en el artículo 5.º de la Ley n.º 18865, de 14 de diciembre de 2011, mozos de cordel;
Carp. n.º 917/2017 - rep. n.º 648/18
2.º) por el que se declara el 19 de marzo de cada año Día de la Laicidad.
Carp. n.º 904/2017 - rep. n.º 647/18
3.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Néstor Romano Gariglio.
Carp. n.º 1074/2018 - rep. n.º 645/18
ASISTEN: los señores senadores Alcorta, Alonso, Amorín, Aviaga, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, Delgado, Gallicchio, García, Garín, Heber, Lafluf, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Saravia, Tourné y Xavier.
FALTAN: con licencia, la señora presidenta del Senado, Lucía Topolansky, y los señores senadores Lacalle Pou, Larrañaga y Michelini.
•	por el que se faculta al Banco de Previsión Social a extender el régimen de facilidades de pago previsto por los artículos 1.º y 2.º de la Ley n.º 17963, de 19 de mayo de 2006, por deudas devengadas al 30 de abril de 2018, por concepto de contribuciones especiales de seguridad social recaudadas por dicho ente autónomo, incluyendo aportes al Fondo Nacional de Salud.
Por el que se establecen normas para la gestión integral de residuos.
El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, suscrito en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 28 de abril de 1989.
La Cámara de Representantes remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se declara de interés general el uso sustentable de bolsas plásticas.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:
•	con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la articulación e instrumentación del artículo 6.º de la Ley n.º 19247, de 15 de agosto de 2014, sobre tipificación del delito de tráfico de armas;
•	con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la articulación e instrumentación del artículo 6.º de la Ley n.º 19247, de 15 de agosto de 2014, sobre tipificación del delito de tráfico de armas.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con intervenciones de ligadura tubárica y vasectomía en los centros hospitalarios nacionales.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del día 5 de junio no se registraron inasistencias.
6)	SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de junio de 2018
De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día 6 de junio del corriente año, por motivos personales.
7) HECHOS ACAECIDOS EN LA FRONTERA ENTRE ISRAEL Y LA FRANJA DE GAZA
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: estamos en el momento del mundial de fútbol. El mundo es redondo, el país es redondo, las expectativas son redondas y todos estamos pendientes de eso.
Este fin de semana se iba a jugar un partido de fútbol amistoso, preparatorio, donde el seleccionado argentino –nuestros vecinos del Plata– iba a enfrentar al seleccionado de Israel. Se suspendió. No se jugará. ¿Por qué? Primero, porque empezaron a amenazar de muerte al capitán del seleccionado argentino, señor Lionel Messi, y, después, porque obviamente primó la intolerancia. Les dijeron que había amenaza de atentados, etcétera, y por ende se resolvió no jugar ese partido.
Es increíble que una fiesta, un deporte que une a todos los países, provoque estas divisiones y sea usado por ellas.
Esto es parte de algo que viene sucediendo hace ya mucho tiempo, pero que ha recrudecido en los últimos meses.
Recientemente hubo incidentes muy graves en la frontera de Israel y la Franja de Gaza, donde se registraron sesenta y dos muertos. Muchos titulares inmediatamente acusaron a Israel de haber cometido una matanza y de haber asesinado palestinos disparando a mansalva. Es más, desde Uruguay se dijo que faltó proporcionalidad en la respuesta de Israel.
Después de ese hecho ocurrieron otros que no tuvieron la repercusión que debieron. En primer lugar, las declaraciones de uno de los propios miembros del liderazgo de Hamás en Gaza, Salah al Bardaweel, quien dijo lo siguiente: «De los 62 palestinos que murieron como mártires estos últimos días,» –en ese intento de ingresar a Israel–, «50 eran de Hamás», es decir, terroristas que fueron a colocar explosivos. ¿Cómo? ¿No eran civiles?, se preguntó más de uno.
Obviamente que no es bueno que hayan muerto sesenta y dos personas. No es buena la violencia, no es buena la guerra, pero tampoco es bueno que no se tenga en cuenta la realidad de los hechos, que se use a algunos pocos civiles y se meta entre ellos a terroristas para realizar atentados de este tipo. No es bueno que Hamás no acepte la ayuda humanitaria que se le está mandando a la Franja de Gaza; no es bueno que atente contra el gasoducto –por el que reciben el gas– porque viene de Israel, como si el gas tuviera nacionalidad, como si fuera palestino, israelí, uruguayo o inglés.
Algunos se preguntan: acaso, si se acercan a la frontera, ¿hay que defenderse? Y bueno, si vienen tratando de invadir, ¿qué van a esperar? ¿Que invadan?
Hay muchos uruguayos viviendo allí que, como muchos, escucharon ese grito de hoy de Hamás, que dice «Judíos, el ejército de Mahoma volverá».
Es una frontera internacional y soldados israelíes estaban apostados del lado israelí. Hace trece años que Israel se retiró de Gaza para dar una oportunidad a la paz. Hacemos un voto, no solamente para que se analicen en forma adecuada y equilibrada estos incidentes, no condenando de antemano a quien no tiene la culpa, sino para que –y sobre todo– haya paz y diálogo, aunque sabemos que para que esto suceda se necesitan dos, y a veces eso es difícil.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Israel en el Uruguay.
8) MOZOS DE CORDEL
SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 18865, de 14 de diciembre de 2011, mozos de cordel. (Carp. n.º 917/2017 - rep. n.º 648/18)».
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: el proyecto de ley relativo a los mozos de cordel fue aprobado por la Cámara de Representantes con fecha 10 de octubre de 2017. Luego de un proceso de negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, todas las partes involucradas en este tema llegaron a una solución de consenso que se estima auspiciosa y que contempla los objetivos de este proyecto.
De acuerdo con esta solución, los mozos de cordel pasarán a revestir la categoría de operario de terminal de pasajeros, correspondiente al grupo 13, subgrupo 10.2 del Consejo de Salarios, y los vinculados al puerto de Nueva Palmira y Carmelo pasarán a formar parte de la plantilla que con similares características opera en el puerto de Colonia, modificándose para ello el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por la Ley n.º 18865, de 14 de diciembre de 2011.
Esta solución de consenso consta en el acta de acuerdo que se firmó el 18 de marzo del corriente año, que fue suscrita ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos, los sindicatos vinculados a esta actividad, el Supra y la Dirección Nacional del Trabajo, Dinatra.
Como corolario, se redactó una modificación del artículo 5.º de la Ley n.º 18057, que en su nueva redacción establece: «A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los Mozos de Cordel que actúan en los Puertos de Carmelo y Nueva Palmira, administrados por la Dirección Nacional de Hidrografía –Ministerio de Transporte y Obras Públicas– pasarán a formar parte de la plantilla de Mozos de Cordel que opera en el Puerto de Colonia administrado por la Administración Nacional de Puertos, como única excepción del artículo 3º de la Ley Nº 18.865, de 23 de diciembre de 2011». Este artículo se complementa estableciéndose cuál será el monto del salario y las partidas que se destinarán para conformarlo.
El artículo 2.º de este proyecto de ley establece una excepción para tratar de generar mayor competitividad en los puertos de Carmelo y Nueva Palmira. Dice lo siguiente: «Se exceptúa del pago de la tasa que grava al transporte marítimo y fluvial de pasajeros establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 18.057, de 20 de noviembre de 2006, a los servicios que operen en los Puertos de Carmelo y Nueva Palmira, administrados por la Dirección Nacional de Hidrografía».
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, luego de estudiar el tema y recibir información de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas, entendió que la solución era positiva, dado que se logró por consenso, por lo que votó este proyecto por unanimidad y recomienda al plenario que lo acompañe.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: como bien decía el miembro informante, este proyecto de ley vino de la Cámara de Representantes, donde fue votado en 2017. Luego, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado tuvo algunas modificaciones. Creemos que este proyecto es más completo que el que se aprobó en aquella rama parlamentaria porque, en definitiva, es el resultado de una mesa de diálogo que se instaló en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se acordaron las condiciones que generaron el texto que hoy está a consideración del Senado.
Este acuerdo se concretó el 22 de marzo de este año en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, suscribiéndose un acta en la Dinatra. Participaron de ese acuerdo la Dirección Nacional de Hidrografía, la ANP, la Unión de Mozos de Cordel de Montevideo, el Supra y la Dirección Nacional de Trabajo. Se materializó entonces la propuesta de redacción del proyecto de ley que tenemos hoy a consideración, que parte de una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que fuera enviada a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, mejorando la que venía con media sanción de la Cámara de Representantes.
Sin perjuicio de lo que mencionamos anteriormente, el informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que referimos recién da cuenta de que «las partes arribaron a un acuerdo consistente en que los Mozos de Cordel pasarán a revestir la categoría de operador de Terminal de Pasajeros del grupo 13, subgrupo 10.2 de Consejo de Salarios, y que los vinculados a los puertos de Carmelo y Nueva Palmira pasarán a formar parte de la plantilla que con similares características opera en el puerto de Colonia, modificando así entre otros aspectos lo dispuesto por el artículo 5.º de la Ley n.º 18057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por la Ley n.º 18865, de 14 de diciembre de 2011».
Esto mejora sustancialmente el proyecto de ley original, porque tenemos la caracterización de la cantidad y la categoría de las diferentes uniones de mozos de cordel que hay en todo el país.
Obviamente, recabamos la información del director nacionalista de la Administración Nacional de Puertos, quien suscribió el acuerdo que hizo esta administración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por estas razones el Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley. Nos parece que es un retroceso en las regulaciones del Uruguay y en una cantidad de cosas.
Los mozos de cordel ya no tienen razón de ser en el Uruguay. Se los recuerda en los puertos en la época en que la gente emprendía aquellos viajes en transatlánticos, con baúles, y los mozos de cordel eran los que los cargaban. Era un grupo de trabajadores que se dedicaban a eso, había un registro y les cobraban a las empresas. Con el tiempo fueron avanzando, pero ya nadie viaja en transatlánticos desde los puertos. Entonces, quedó el viaje a Buenos Aires, que ya no se hace con grandes valijas sino con los carry-on.
Resulta que ahora tenemos una serie de trabajadores que, además, ingresan al listado de mozos de cordel de una forma muy especial. ¿Y vamos a seguir con lo mismo?
Al principio del Gobierno del Frente Amplio se estableció –creo que con acierto porque tampoco hay que dejar a la gente en la calle– que iban a formar una cooperativa de trabajo, que se les aseguraba el trabajo durante determinado tiempo y que después de eso iban a presentarse a licitación para brindar los servicios. Un día, como pasa siempre, entre gallos y medianoche, a través de una ley perdida por ahí –no sé si de rendición de cuentas–, se cambió aquella idea, se estableció que iban a seguir siendo permanentes, no se habló nada de que iban a competir, y se los volvió a asegurar.
Son esas cosas increíbles que pasan en el Uruguay. Seguimos pagando por tareas que no se necesitan. Eso encarece el turismo y el trabajo. Algunos me preguntarán: «¿Es mucho?». No; no es mucho. Pero acá estamos, de vuelta, dando prerrogativas, sacándolos de Carmelo y Nueva Palmira –y está bien que ya no estén porque no se precisan allí– y, por ende, retirándoles la tasa, pero asegurándoles el trabajo en el puerto de Colonia.
Creo que acá saben muy bien que con el señor López Mena y Buquebús no nos tenemos mutua simpatía. He hablado mucho en contra de él, ¡sin duda!, y me parece que ha hecho cosas muy malas. Por lo tanto, nadie me va a decir que yo defiendo al señor López Mena pero, en realidad, le están aumentando un costo a ese transportista. Entonces, no está bien, sea para López Mena o para otro. No podemos mirar más para otro lado. Algunos dirán: «Este no va a ser candidato y por eso dice eso acá»; más de uno lo pensó; les miro las caras y creo que lo estarán pensando pero, como no puedo asignar intenciones, de repente no es así. ¡No, no es así! Esto lo venía sosteniendo desde que era ministro de Turismo y lo seguí afirmando todos estos años. En algún momento el Uruguay va a tener que plantearse el tema de las regulaciones y los costos que se van agregando. Cuando un uruguayo se compra un automóvil en USD 5000, USD 6000 o USD 7000, tiene que pagar USD 700 u USD 800 de certificados, escrituras y demás. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo.
Por ese motivo no voy a votar este proyecto de ley, al que sí veo que por lo menos se le mejoró la redacción cuando volvió a la comisión, estableciéndose que van a integrar la plantilla de mozos de cordel y no la de la Administración Nacional de Puertos. Esto no es poca cosa, porque la otra vez parecía que iban a ingresar a la ANP. Por lo menos, arreglamos el daño un poquito, pero el concepto de mozos de cordel es antiguo, está mal y no deberíamos tenerlos en el Uruguay.
SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: estamos hablando de algo que claramente está en una etapa de transición hacia las nuevas realidades a las que ha evolucionado el transporte, pero me parece que es importante precisar que se trata de cuarenta y ocho trabajadores y que habría que calcular el costo en que puede llegar a afectar un pasaje. Estamos prácticamente seguros de que podríamos estar hablando de $ 2 por pasaje.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se rectifique la votación porque me parece que no se contó bien. Según mis cálculos, tres senadores no votamos el proyecto de ley.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente.
–23 en 27. Afirmativa.
SEÑOR OTHEGUY.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.
–24 en 28. Afirmativa.
–23 en 29. Afirmativa.
9) DÍA DE LA LAICIDAD
SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara el 19 de marzo de cada año Día de la Laicidad. (Carp. n.º 904/2017 - rep. n.º 647/18)».
SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: hace pocos días aprobamos por unanimidad en la comisión este proyecto de ley, que tiene media sanción de la Cámara de Representantes y según el cual se resuelve declarar el 19 de marzo de cada año como Día de la Laicidad.
Creemos oportuno resaltar la laicidad, no solo como un pilar del Estado uruguayo por disposición del artículo 5.º de la Constitución de la república, sino también por constituir un rasgo propio de la identidad cultural nacional que, de alguna manera, ha contribuido a la tolerancia religiosa y de las ideas de las diferentes corrientes ideológicas que hay en nuestro país. Eso ha llevado a que nuestro país tenga un destaque importante en ese sentido.
La separación del Estado y la Iglesia fue acordada en su momento por amplísimas mayorías en la propia Convención Nacional Constituyente de 1917, que aprueba el texto de la que fuera la segunda Constitución nacional del país. En ese momento, se sustituye el artículo 5.º de la Constitución de 1830, que declaraba la adhesión del Estado oriental a la religión católica apostólica romana. Fíjense la fecha –creo que eso es importante– para ver cómo nos coloca como Estado. Estamos hablando de una modificación del año 1917. De esa manera, se sustituye la redacción, se hacen los cambios pertinentes, y permanece la libertad de todos los cultos religiosos, que son libres en el Uruguay, así como la laicidad del Estado. A partir de esa modificación de la Constitución, el Estado no va a sostener ningún tipo de religión, con lo que se estipula la clara separación entre la religión y el Estado.
La trascendente reforma constitucional del año 1917, como decíamos, fue acordada por todos los partidos políticos e históricamente también nos coloca en una posición privilegiada, como país, por las fechas de las que estamos hablando.
En 1918, como resultado de un plebiscito de la ciudadanía, se refrenda esa resolución. Luego de un largo proceso de secularización de la sociedad uruguaya, desde mediados del siglo xix, caminamos con esa lógica que, insisto, es una posición histórica como país. Pero, sin duda, la medida de mayor impacto y trascendencia fue tomada en la reforma educativa impulsada por José Pedro Varela, y de ahí la fecha que se maneja, señora presidenta, del 19 de marzo. El concepto de tener una educación laica, gratuita y obligatoria quedó matrizado, sin lugar a dudas, hasta los días de hoy en la propia sociedad uruguaya. O sea que estamos hablando de mucho más de un siglo desde que se transformó esta concepción.
En su obra La educación del pueblo –y aquí hay maestros y maestras que han manejado, fundamentalmente, este concepto–, Varela no deja dudas al escribir: «La escuela, establecida por el estado laico, debe ser tan laica como él». Ese es todo un concepto que se impregnó –y se impregna– totalmente en el sistema educativo público de nuestro país.
Decir que el Estado es laico debe significar no solo que no sostiene religión alguna, sino que tampoco –y este es un concepto que manejó muy bien Varela– debe favorecer, en su accionar, al proselitismo de ningún partido político, filosofía o ideología determinada en desmedro de otros, al amparo del principio de libertad de conciencia y de expresión del pensamiento.
Creo que estos conceptos, que son fundamentales y de los cuales se ha impregnado históricamente la educación pública nacional, son elementos más que importantes para incluirlos hoy en este informe.
Tomando como ejemplo, también, a la doctrina de José Pedro Varela, es que se ha elegido, justamente –como decíamos–, el día de su nacimiento, el 19 de marzo, por lo que implica su figura y por la vinculación directa que tiene con la laicidad.
Esa vinculación que se propone no implica, de ninguna manera, restringir, señora presidenta, la aplicación de la laicidad al ámbito de la educación ni tampoco desconocer que en ese ámbito, precisamente, el concepto de laicidad tiene un contenido específico –como surge, propiamente, del artículo 17 de la Ley n.º 18437, Ley General de Educación– que va más allá del deber general de abstención del Estado en materia religiosa. Quiere decir que se vuelve a refrendar fuertemente ese concepto. Sin confundir la parte con el todo, creemos que es en la educación pública donde el concepto de laicidad tiene su campo de aplicación más importante, y de ahí el resalte de la figura de José Pedro Varela y de colocar atentamente el 19 de marzo como un día para realizar acciones importantes. Creo que eso es lo que deberíamos tener en cuenta cada 19 de marzo, señora presidenta, justamente para marcar estas ideas que son tan importantes y que, insisto, colocaron –y colocan– a nuestro país en una situación de ventaja.
Por último, quiero subrayar que el valor de la laicidad no implica desconocer opiniones divergentes acerca de su significado. El alcance que tienen estos debates actuales acerca de la laicidad demuestra la vigencia, vitalidad e importancia de este tema. Por eso creo que el Parlamento tiene una iniciativa en este sentido y que, así como se han realizado otras acciones, debe tratar de difundir, los 19 de marzo de cada año, las ideas fundamentales del tema de la laicidad, que Uruguay maneja muy bien. Debemos ser muy cuidadosos en este tema y esta es una buena oportunidad para serlo.
Por eso, señora presidenta, estamos aconsejando que se apruebe este proyecto de ley, que ya tiene media sanción y que contó con la unanimidad de la comisión.
SEÑORA PRESIDENTA.- Damos la bienvenida a los 5.os A y B de la escuela n.º 179 de Punta de Rieles. Buenos días, gurises. ¡Bienvenidos!
SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: el Partido Colorado va a votar, obviamente, este proyecto de ley que, me parece, tiene importancia y vale la pena hacer algunos comentarios al respecto.
El artículo 5.º de nuestra Constitución dice: «Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones», es decir, de todas las religiones.
Este artículo permanece incambiado desde la reforma de la Constitución de 1917 y, desde allí hasta ahora, hubo muchas reformas. Esta disposición fue votada, además, en la Convención Nacional Constituyente, por la enorme mayoría de sus integrantes. Me parece que hoy en Uruguay casi nadie puede discutir la lógica de este artículo, aunque sí fue discutido cuando se empezó a hablar de estos temas. Cuando Varela hablaba en 1876 y 1877 de la escuela laica, gratuita y obligatoria, ese concepto era discutido. Cuando Uruguay, en 1917, incorpora el artículo 5.º en su Constitución, ese concepto era discutido en la enorme mayoría de los países del resto de América. El nuestro es de los primeros países de América que hace la separación entre la Iglesia católica y el Estado. En ese momento alguna gente no lo entendió, pero hoy creo que todos asumimos que esa es una cuestión muy positiva para todos, para el Estado y también para las diversas religiones.
Ese encabezamiento del artículo –«Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay»– marca también una forma de ser de los uruguayos. Cuando Varela quiso hablar de la escuela laica, hubo tantas oposiciones que no se pudo aprobar al cien por ciento. Es más, se decía que se iba a dar instrucción religiosa a los niños salvo que los padres se opusieran. Recién en 1909 se impone la situación que tenemos ahora: que no se va a dar instrucción religiosa en las escuelas. A eso se llegó muchos años después y luego de larguísimas discusiones. Cabe aclarar que la fecha en que se promulgó esa ley de 1909 –o sea, el 6 de abril–, en un inicio se quiso establecer para celebrar el Día de la Laicidad en Uruguay. No obstante, creo que estuvo muy bien la comisión de la Cámara de Representantes en proponer como Día de la Laicidad la fecha del nacimiento de José Pedro Varela quien, de alguna manera, es el primer inspirador de la laicidad en Uruguay, solo en la educación. Hoy este concepto es amplísimo y aceptado, así que el Partido Colorado va a apoyar este proyecto de ley para que a partir del año que viene, el 19 de marzo de cada año se conmemore el Día de la Laicidad en Uruguay.
Era cuanto quería decir, señora presidenta. Muchas gracias.
SEÑOR CARDOSO.- El tema en discusión es muy caro para los docentes en el Uruguay. El concepto vareliano de la laicidad, que viene desde el siglo xix, ha estado muy arraigado en la escuela uruguaya. Quiero hacer algunas precisiones sobre el concepto de la laicidad, que ha sido muy discutido y que seguramente también lo será en el futuro.
Varela habilitaba la educación religiosa en la escuela –reitero: habilitaba la educación religiosa en la escuela–; lo que no habilitaba era que se mezclara la educación con la religión. El concepto vareliano era no entreverar ambas cosas, no confundir la discusión de la religión con la reforma educativa. Ese fue un concepto muy arraigado para el Uruguay. Basta revisar qué comportamiento tienen los otros países al respecto. Por ejemplo, en Argentina, al asumir el cargo, los presidentes juran sobre la Biblia, lo que demuestra el compromiso de ese Estado con la religión. Sin embargo, el Uruguay desde el siglo xix tomó distancia de la religión y los tres conceptos de obligatoriedad, gratuidad y laicidad se arraigaron a tal punto que esta idea se generalizó y también pasó a ser del Estado, del Gobierno. El concepto de laicidad es invasivo de otras actividades del Estado uruguayo y compromete de alguna manera lo que nosotros pensamos con respecto a las religiones.
Repito: Varela nunca se opuso a la religión, separó la educación de la religión. Es más, su concepto admitía que en la escuela hubiera formación religiosa y que los niños, contrahorario, pudieran acceder a esa formación, siempre y cuando sus padres lo aceptaran. Esta es la amplitud que tiene el concepto de laicidad, y se basa en el hecho de que en la escuela pudieran convivir la religión y la educación laica. De alguna manera, se procuraba que Uruguay afianzara el concepto de laicidad y llegara, incluso, al Gobierno.
SEÑORA TOURNÉ.- La verdad es que hoy voy a hacer uso de la palabra desde mi más fuerte identidad como maestra vareliana de educación pública, laica, gratuita y obligatoria en este país. A pesar de que seguí estudiando otras cosas –la señora presidenta sabe que, además, soy su colega–, para mí es una matriz y un gran orgullo haber sido maestra durante muchos años en la escuela pública uruguaya. Y tal vez no en las zonas más privilegiadas, sino en contacto con el maravilloso instrumento que generó, a través de su enorme aporte, José Pedro Varela, a quien hoy homenajeamos designando como Día de la Laicidad el 19 de marzo. Justamente, me alegro de que estén presentes en la barra niños y niñas de la escuela pública uruguaya.
Pienso que la laicidad es un componente estructural de la identidad uruguaya, que va mucho más allá de discutir sobre religión sí o religión no. La laicidad tiene un componente democrático profundo y el hecho de que se haya incorporado tan tempranamente en la educación pública –que llega, tal vez, a la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes–, hace que los uruguayos y las uruguayas sientan ese respeto tan profundo por esa matriz, por la inclusión, por la diversidad y por la defensa de la democracia. Hace muchos años, en la contratapa de aquellos cuadernos grises de la escuela pública, aparecía una frase de José Pedro Varela que, en mi opinión, es estructural, identitaria y representa una matriz muy fuerte para los uruguayos y las uruguayas, pues al leerla todos nos reconocemos en ella. En La educación del pueblo José Pedro Varela decía: «Aquellos que se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales y a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbrarán fácilmente a considerarse iguales». La educación del pueblo, concebida por Varela como una herramienta, que persiste hasta nuestros días como fundamento ideológico, es el derecho a la ciudadanía, el derecho a la integración con derechos y con capacidad de decidir. Por eso, la educación es una herramienta enorme, de brutal importancia política. Cada vez que en el país ha habido un cambio o un giro político fuerte –bueno o malo, no entro en consideraciones–, ha habido una reforma educativa, porque es una herramienta fundamental y constitutiva de la identidad de las personas. En ese sentido es que, como maestra vareliana, defenderé siempre la idea de la laicidad, como el respeto a la diversidad y no como negación de lo diverso –como se lee a veces– sino todo lo contrario, es decir, como inclusión y como respeto por la diversidad, no solo de culto religioso sino también ideológica. La escuela pública debe abstenerse de imprimir un concepto religioso o un concepto partidario. Fíjese, señora presidenta, si será fuerte esta idea atada a la escuela pública que los únicos que tenemos la obligación de renunciar al ejercicio de nuestra profesión cuando pasamos a formar parte de este Cuerpo, somos los maestros. No lo tienen prohibido los profesores de secundaria, no lo tienen prohibido los profesores universitarios, pero los maestros debemos renunciar y no podemos ejercer cuando somos legisladores.
Me parece que el concepto de laicidad no es estático. Como toda idea, es dinámica y se retroalimenta. Por lo tanto, no creo que deba ser leído como una negación de las diversas formas de sentir, sino al contrario, como respeto a la diversidad y al reconocimiento de que en la escuela pública uruguaya todos tienen el mismo derecho a educarse, a elegir la opción espiritual que consideren, que no debe ser impartida desde la educación para respetar, justamente, la libertad absoluta de las personas para elegir el camino que quieran, tanto en lo político como en lo religioso.
Es con particular afecto y con el compromiso de seguir batallando para que el Uruguay nunca abandone este camino y siga teniendo la escuela laica, gratuita y obligatoria –que debe mejorar cada día más–, que votamos calurosamente este proyecto de ley. Nos parece muy pertinente la recomendación que hizo la miembro informante, señora senadora Passada, en el sentido de que en esta casa, que es la casa de la democracia, a partir de ahora, todos los 19 de marzo –fecha que recordaremos y en la que conmemoraremos la laicidad– también recordemos a José Pedro Varela, quien fundó importantísimas bases para el desarrollo de una sociedad inclusiva y democrática.
SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: también celebro que estemos aprobando este proyecto de ley. Creo que los procesos de secularización y de laicismo en nuestro país son claves para entender la construcción del Uruguay moderno, pero también del Uruguay igualitario, del Uruguay de la clase media, del Uruguay donde el Estado y lo público fueron importantes.
Pienso que siempre hay una tensión, especialmente, cuando en nombre de la tolerancia religiosa y de la defensa del pluralismo aparece una rendija por la cual la religión vuelve a reclamar su lugar en el espacio público. ¿A qué me refiero con esto? Por lo menos a dos debates que existen en el Uruguay de hoy: el relativo a la colocación de símbolos religiosos en el espacio público –todos los días estamos discutiendo algo que tiene que ver con esto– y el de los contenidos religiosos en la enseñanza pública. Hace poco hubo un debate a propósito de unas declaraciones del cardenal Sturla sobre esto. Entonces, tenemos que reconocer que, más allá del camino andado, siempre hay una tensión y un pedido o reclamo de la religión –especialmente la católica, que es la más fuerte– en torno a su capacidad de desplegarse en el espacio público.
Al mismo tiempo, la politización de las iglesias evangélicas en Brasil –que reclaman, ya directamente, su participación en las bancadas parlamentarias– y el peso de lo religioso en la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos aquí, en el Uruguay, en mi opinión, son señales de esta tensión que nuestro país resolvió, sí, a fines del siglo xix y principios del siglo xx, pero que sigue existiendo.
Hay dos o tres trabajos con los que me gustaría aburrirlos, no más de diez minutos: uno, tiene que ver con el debate sobre la laicidad, en el que ha participado Gerardo Caetano; otro, es el de Nicolás Guigou sobre laicismo y, el último, es de Néstor da Costa.
Gerardo Caetano, que es un estudioso del primer batllismo y de la laicidad y que, especialmente, profundizó en el debate sobre la laicidad que tuvo lugar cuando se instaló la llamada «cruz del papa» en 1987, dice que hay dos elementos propios de los procesos de secularización en el mundo. Uno de ellos es a lo que él le llama «la privatización religiosa» –es decir, la religión a fuero íntimo, no al espacio público– y su sustitución –puesto que el impulso religioso siempre está en los seres humanos, esto lo saben los antropólogos– por una suerte de religión cívica, que son los elementos que constituyeron los factores centrales en la mayoría de los procesos de secularización en occidente. Señala, además, lo siguiente: «En las sociedades premodernas, las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo, entre Estado y sociedad civil, resultaban borrosas y confusas. En ese contexto, en el que imperaba una noción fuerte de unidad y de cohesión de lo social, la religión institucionalizada desempeñaba un papel primordial».
Se dice que el caso uruguayo –esto parece ser moneda corriente entre los historiadores y los antropólogos– resultó ser un caso extremo de laicismo tomado del modelo francés. De ahí venimos nosotros, ¿no?, del modelo francés que, incluso, fue más radical que aquel. Por allí el señor senador Cardoso dijo algo en lo que tiene razón; en realidad, José Pedro Varela permitía el contenido religioso, solo que lo hacía subsidiario y, por supuesto, no obligatorio para los alumnos. Los historiadores también señalan que, incluso, cuando se separa la Iglesia del Estado, se hace una especie de pacto político y que es exagerada la afirmación que dice que somos el modelo extremo, tomando como referencia el modelo francés, que sería el más radical. Recordemos que también gracias a eso, Francia es una república rodeada de monarquías en Europa. Siempre aprovecho para pasar algún aviso, en este caso, aviso republicano mezclado con la laicidad.
Ahora bien, como el impulso religioso está en lo humano –la necesidad de trascendencia, las grandes preguntas, Dios, la muerte… en fin–, todos señalan que cuando la religión se arrincona en lo privado tiene que ser sustituida por algo; es a eso que se le llama «las religiones cívicas y seculares». ¡Señoras y señores: la religión cívica y secular del Uruguay fue la política y el Estado! Sobre esto hay un cierto consenso en la literatura. Luego, están todos los estudios de José Pedro Barrán sobre el proceso de secularización y sus reemplazos.
Retomo a Gerardo Caetano, que también señala que en el Uruguay se dio como una especie de asociación entre lo público y lo estatal, la secularización y la religión cívica. El modelo de ciudadanía uruguayo –que heredamos, reproducimos, cultivamos y veneramos– se construyó a través de dos orientaciones. La primera es el abandono de la identidad de origen y, por esta característica de Uruguay como sociedad aluvional, pasamos a ser todos uruguayos, es decir, dejamos de ser italianos, gallegos, judíos, abandonando las identidades previas. Esto ha ocasionado un gran debate en la literatura, debido a la presión homogeneizante que supuso este modelo de ciudadanía y la adhesión a una concepción general de la política –dice Gerardo Caetano– como la esfera en que las identidades particulares se subliman en un «nosotros neutralizado y legalizado». Luego, plantea: «Los conflictos de la secularización discurrieron en forma paralela a la implantación de ese modelo de ciudadanía que ponía un énfasis casi obsesivo en la integración de una sociedad aluvional y segmentada», que culminaron en el novecientos con esta idea de la ciudadanía política ideal, de la integración social uniformizante.
Nosotros, señora presidenta, vivimos en otro período histórico, pero la idea de que Uruguay tenía una sociedad hiperintegrada, homogeneizante y que el igualitarismo uruguayo, tan querido, proviene de presiones negativas sobre el pluralismo, genera también consenso en la literatura. Pero, lo interesante es que este modelo de ciudadanía –según Gerardo Caetano– propiciaba la presencia dominante de un discurso político que, al mismo tiempo que privilegiaba la laicidad como tema, generaba casi la obligatoriedad del silencio público en relación con definiciones de fe religiosa, que es algo a lo que se refirió la señora senadora Tourné. De ahí vienen muchas teorías sobre la conformación del Uruguay: que fue un Estado antes de ser una nación, que el Estado es el demiurgo –el Dios que hace– que construyó esta nación y que los partidos políticos, a falta de identidades comunales y locales, fueron los que cumplieron las funciones de enlace y arraigo. La gente se definía –eso dicen algunos– como blancos y colorados antes que como uruguayos, lo que ocasionaba, incluso, que se pactara con alguna potencia extranjera en nombre de su partido. Como Dios simplemente se retira –pero está por allí, aguardando–, el Estado fue el gran personaje, el sustituto de Dios, aunque –como ya vamos a ver– siempre vuelve a la escena. Incluso Huntington –que es un pensador– en su libro El choque de civilizaciones –en lo personal estoy en desacuerdo con todo lo que él plantea– habla de la revancha de Dios cuando se refiere a los movimientos religiosos políticos de ahora –de fines del siglo xx y del siglo xxi– que se organizan en los Estados teocráticos. Creo que en el caso de Uruguay no hay revancha de Dios, pero hay una reaparición de las pretensiones de la Iglesia en relación con su reclamo de espacio público, siempre.
Hay algunos hitos que me gustaría recordar de la laicidad, entre ellos, la secularización de los cementerios en 1861. En 1863, el destierro del obispo de Montevideo debido a conflictos con el Gobierno. Entre 1865 y 1878 tiene lugar lo que se ha dado en llamar el conflicto intelectual, material sobre la laicidad de Néstor da Costa. En 1877 tenemos la ley de educación que desconfesionaliza la educación y es, básicamente, el centro de este proyecto de ley. En 1879 se aprueba la Ley de Registro de Estado Civil, ya que el registro civil estaba en manos de la Iglesia católica y pasa al Estado.
En 1885 se promulga la ley de conventos y también la del matrimonio civil, en la que se establece la imposibilidad de casarse por la Iglesia sin haberlo hecho previamente a nivel civil. Es una norma muy de avanzada en el continente; recordemos que en Argentina y en Chile el divorcio se aprobó hace muy poco.
En 1906 tiene lugar la remoción de los crucifijos de todos los hospitales públicos, algo que todos recordamos.
En 1907 surge la ley del divorcio y también se suprime toda referencia a Dios y a los evangelios en el juramento de los parlamentarios.
En 1917 se aprueba la reforma constitucional y luego, en 1919, se cambia el nomenclátor de todos los feriados: la Navidad es transformada en Día de la Familia; Semana Santa, en Semana de Turismo; el Día de Reyes, en Día de los Niños, y el 8 de diciembre, en Día de las Playas. Somos bastante conocidos por ese cambio del nomenclátor y nuestra particular denominación de los feriados. Hay algo que me gustaría recordar, simplemente porque me impresionó cuando lo leí. Me refiero a que, por ejemplo, Paso de los Toros se llamaba Santa Isabel, y el cambio fue para erradicar esas referencias. Es más, se cambió la denominación de más de treinta poblaciones con nombres de santos, a nombres laicos.
También me gustaría hacer referencia a los «banquetes de la promiscuidad» –me encanta la referencia y el nombre–, en los que connotadas personalidades públicas del mundo liberal se convocaban, todos los viernes de Semana Santa, para hacer grandes parrilladas en la esquina opuesta a la catedral y a algunas iglesias destacadas de la capital. Esto demuestra que existía un gran conflicto; esto no se ganó pacíficamente.
La historiografía uruguaya señala que Uruguay fue lo que fue por la debilidad de la implantación del modelo colonial; no había grandes riquezas, no había mucha necesidad de mano de obra a la que hubiera que domesticar porque vivíamos de la ganadería extensiva, y la presencia indígena tampoco estaba tan organizada como para requerir un gran ejército. Por lo tanto, hay dos grandes instituciones, la Iglesia y el Ejército –me refiero al ejército en sentido genérico–, que tuvieron una débil implantación y esto –según los historiadores– fue lo que permitió la existencia de un Uruguay moderno que hace tempranamente su transición demográfica a inicios del siglo xx.
Néstor da Costa, que es un poco crítico con el concepto de laicidad o, mejor dicho, con lo que él llama «laicismo radical» –corriente dentro de la cual me ubico–, dice: «El imaginario inaugurado […] solo tiene cabida para el ciudadano medio, religiosamente laico, educado, partisano de un orden democrático y partidario, del que deberá esperar si no todo, mucho, lo más importante para su realización personal». Y en la cultura uruguaya este imaginario es, prácticamente, centenario.
Me gustaría cerrar mi exposición con una reflexión. ¿Para qué tendríamos el Día de la Laicidad si nuestra laicidad estuviera tan asegurada, consolidada e impresa en nuestras mentes y corazones? Es que han pasado muchas cosas de allí para acá. Por ejemplo, la instalación de la cruz del papa, en 1987; la estatua de Iemanjá en la rambla; en 2001 se dio un debate sobre la religión en la enseñanza –tema que cada tanto vuelve a surgir– y en 2005 la instalación de la estatua del papa, entre otros casos. Sobre todo, hay que tener en cuenta –como señala Nicolás Guigou– la emergencia, en los ochenta y en los noventa, de las corrientes pentecostales que vienen de Brasil; la Iglesia Pentecostal Dios es Amor y la Iglesia Universal del Reino de Dios señalan el inicio de una desprivatización de lo religioso. Por eso hoy estamos discutiendo sobre las estatuas en los espacios públicos. ¡No es antojadizo!
Por su parte, Gerardo Caetano señala: «Aquellos pronósticos ingenuos respecto a una continua e ineluctable expansión de la secularización […] parecen haberse derrumbado». Y continúa: «Los procesos que se anotan resultan múltiples y a menudo contradictorios: surgimiento de nuevos movimientos y prácticas de carácter religioso; desinstitucionalización y diseminación de lo religioso en la sociedad; irrupción de una “nebulosa místico-esotérica” que se consagra en una suerte de “religión a la carte”, fuertemente individual y móvil; crecimiento en distintas partes del mundo de movimientos extremistas e integristas con fondo religioso; reformulación de las modalidades de relación entre religión y política; etcétera». Se trata, sobre todo, de modalidades religiosas que pregonan el creer sin pertenecer.
Recordemos que la palabra iglesia proviene del latín y significa ‘asamblea’, al igual que el término religión –religare– es ‘volver a ligar’. Se trata de la vieja alianza entre el hombre y Dios, hoy sustituida por otras alianzas.
Creer sin pertenecer, es decir, cada uno en religiones individualistas o que no nos hacen pertenecer a una iglesia o a una comunidad. Allí está la religión católica, luchando todavía por creer y pertenecer, desafiada por muchas otras religiones
Gerardo Caetano expresa que para anotar la vuelta de lo religioso en una sociedad más fragmentada, más plural y donde a veces el viejo Estado no parece abastecer bien las necesidades de una religión secular como sí lo hizo a principios de los años veinte –momento en el que precisábamos unificaciones– ha surgido, en las últimas décadas, el establecimiento de monumentos religiosos en espacios públicos, la presencia expansiva y muy importante de programas religiosos proselitistas en los medios de comunicación –televisión, radio– en horarios como las doce de la noche o la una de la madrugada, la consolidación de manifestaciones multitudinarias a propósito de viejas y nuevas festividades, y ceremonias de origen religioso diverso. La irrupción de algunos acontecimientos novedosos en lo que hace a la relación de las autoridades y los poderes públicos con las instituciones religiosas debe llamarnos la atención sobre la tensión vuelta a colocar en este país, que creía ir solo en el sentido de la modernidad, de la secularización y de la laicidad, profundizando este proceso que nos viene de la ilustración. Debe llamar la atención la vuelta de esta tensión irresuelta entre religión y política.
El Día de la Laicidad puede ser un símbolo, pero creo que aportamos nuestro granito de arena al trasfondo –bastante más conflictivo de lo que pensamos–, en el Uruguay, entre religión y política.
SEÑORA PRESIDENTA.- Saludamos y damos la bienvenida a esta casa a los alumnos de 6.º año de Derecho y de Economía del instituto Preuniversitario Carrasco.
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: me siento totalmente compenetrado y representado con el informe que ha hecho la señora presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, pero –como se ha dicho– se trata de un tema que llama a infinitas reflexiones y, en ese sentido, tengo la intención de dejar alguna impresión, de trasmitir alguna idea.
Ante todo, quiero decir que, en lo que respecta a la historia del Uruguay, siento gran aprecio, un cariño muy especial hacia los miembros de la Convención Nacional Constituyente de 1917. Me parece que no se puede hablar de estos temas sin referirnos específicamente a la concreción de un gran debate de la época; es imposible no abordar ese debate que se dio, incluso, en la propia Convención Nacional Constituyente. Es de los debates más sabrosos en esta materia y por eso hay que recordarlo. Diría que es imposible abordar este tema sin conocer exactamente la composición de esa Convención Nacional Constituyente. Recuerdo que en ella el socialismo tenía dos representantes: don Emilio Frugoni y otro diputado. A su vez, el batllismo era minoría. Entonces, deberíamos preguntarnos cómo, con dos sectores muy definidos en la materia, se aprobó la reforma de la Constitución de 1830. A esos efectos, es necesario abordar los debates.
Cuando digo que siento admiración por la generación que integró la Convención Nacional Constituyente de 1917, sin lugar a dudas, debo destacar la presencia de quien condujo a la oposición –que fue un gran universitario–, el doctor Alfredo Vázquez Acevedo. La mayoría la tenía un sector conservador del Partido Colorado y el nacionalismo de aquel tiempo. Con estos elementos fue que se llegó a acuerdos que, creo, fueron muy ventajosos.
Es así que en nuestro pensamiento debe imperar un criterio muy abierto para expresar que había sectores muy comprometidos con el catolicismo, que había sectores que no lo eran tanto –por ejemplo, en las filas del nacionalismo–, otros que tenían una visión clásica, como la de José Batlle y Ordóñez –que fue presidente de la república en dos oportunidades–, y también el sector conservador colorado, que era proclive a una tendencia procatólica. En ese gran escenario que fue la Convención Nacional Constituyente de 1917, se tuvo que llegar a acuerdos sobre esa idea de larga data que estaba germinando.
El constituyente del año 1917 perteneció a una generación de gran sabiduría. Alcanza con la mención que hice a todo ese debate que se dio en la Convención Nacional Constituyente. Uno de los elementos para negociar, una de las ideas con mayor fuerza, era que si bien el Estado debía separarse de la Iglesia, también debía proteger a todas las religiones por igual. En este sentido, se instalaron varios elementos –amén de las propiedades de la Iglesia– a los efectos de poder llegar a la fórmula del actual artículo 5.º de la Constitución, además de reformar el statu quo de 1830.
Debo decir, también, que el constituyente buscó el camino de reafirmación de la democracia por medio de la ley y de garantías políticas, pero al mismo tiempo tenía sobre sí la inmensa tarea de pacificar al país. En aquel tiempo, el constituyente se vio en la obligación de prevenir conflictos a futuro por guerras políticas de representación y de equilibrios políticos. En definitiva, fue así que se discutió sobre el voto secreto, sobre el sufragio universal y sobre cómo debía funcionar el Parlamento, sobre los pedidos de informes, etcétera. Invito a los señores senadores a que repasen el brillante discurso del constituyente Washington Beltrán para ver qué tipo de país se moldeó con la segunda carta que se aprobó en Uruguay.
Por otra parte, allí estuvieron representados todos los partidos políticos y se tuvo que pasar de la etapa de permanente beligerancia, en que se peleaba por coparticipación o se luchaba por representación proporcional integral, a darle un nuevo encare al Estado uruguayo. Obviamente, el presidente Batlle y Ordóñez tuvo mucho que ver, pero así como en un baile se precisan dos para bailar, en el juego democrático también, y toda aquella generación –está en los anales de la Convención Nacional Constituyente–, sin ningún lugar a dudas, brilló. Luego del gobierno de facto que tuvimos en el Uruguay –que finalizó en 1985– a nadie se le ocurrió traer a un monarca o intentar nuevas fórmulas de gobierno. No; nos quedamos con las mismas fórmulas que emergen de la carta de 1917, por lo que –obviamente– seguimos con las mismas consecuencias directas: la administración de la soberanía a través de la Corte Electoral, o sea, las leyes de 1924 y 1925.
En consecuencia, es imposible abordar este tema sin hacer mención a ese núcleo de ciudadanos que tuvo que prevenir conflictos religiosos, en virtud de que había algunos antecedentes en el país, como la cruzada. A raíz del litigio que tuvo el presidente Berro con la Iglesia católica, cuando Venancio Flores invade el país, lo hace con una cruz. Es decir que la religión estaba inmersa en el asunto político y, por supuesto, formaba bandos. Fue así que la Iglesia se separó del Estado y abandonamos el statu quo, que era colonial. Quienes han estudiado el tema dicen que, en el momento de llevar a cabo la reforma, la Iglesia no tenía la importancia que tenía en otras sociedades de América Latina, aunque en el Uruguay gozaba del aparente privilegio de la tutela estatal, por el texto de la Constitución. Estamos muy lejos –y en aquella época también lo estábamos– de tener una Iglesia con el vigor y la penetración en los estamentos del Gobierno, tal como sucede en Argentina, cuyos gobernantes siguen jurando sobre la Biblia.
Todos estos elementos políticos abonan la solución que se dio en 1917, obviamente –y lo digo con mucha claridad política–, después del triunfo del 30 de julio de 1916, porque nada de esto hubiera podido lograrse sin una gran campaña por otros temas, ya que estaban en un litigio constitucional los famosos apuntes de don José Batlle y Ordóñez –que fue lo que verdaderamente se litigó– versus los pensamientos que traía la oposición en aquel histórico y viejo bipartidismo, tan vigoroso en aquellos tiempos. Como hubo una conjunción de ideas e intereses, salió esta fórmula, que está perfectamente delimitada en los debates de la Convención Nacional Constituyente.
No puedo menos que recordar a un gran olvidado en la sesión de hoy, que es don José Artigas, quien en las Instrucciones del Año XIII, en su artículo 3.º, dispuso: «Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable». Fíjense qué cosa importante: una persona que fue educada por los franciscanos, cuya familia era adherente fervorosa a la Iglesia católica, en el primer documento político que emite para la confederación, explicita la característica en materia religiosa para todos los pueblos que debía gobernar. Es decir que pasamos de un Estado confesional a un Estado que protege la religión, al establecerla como un derecho.
Además, entiendo que la religión en Uruguay y en el mundo –esto me lo reclamó un día un gobernante libanés– debe ser entendida como un derecho humano porque está en la categoría de los derechos de conciencia –así como otros aspectos filosóficos y políticos– y, como tales, deben ser protegidos y garantizados por la ley. Eso es lo que sucede en Uruguay y creo que nos debe enorgullecer a todos.
Por otra parte, tengo mis dudas en cuanto a qué sucedería si hoy se le planteara a monseñor Sturla que la Iglesia pasara a formar parte del Estado; creo que mantendría la posición que tiene hoy, perfectamente delimitada por la Constitución de la república.
Visto el hecho desde otro ángulo, quiero decir que no es lo mismo el país sometido a una religión –y, por lo tanto, a aspectos teocráticos– que a la dimensión que impuso el constituyente de 1917, es decir, a la democracia y su gobierno bajo el imperio de la ley humana, no de la ley divina. Fue un cambio muy grande y, en la mentalidad de aquellos tiempos, diría que hasta fue un hecho legislativo –plebiscitado luego en 1918– revolucionario en el plano social.
En esa época del Uruguay, con aquella tarea parlamentaria a la que siempre he tenido gran admiración y respeto, el constituyente se decidió por el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y la libertad sobre cualquier otro factor teocrático que pudiera existir. Obviamente, se llegó a eso –como se ha dicho– por todos los debates que hubo previamente y porque había una predisposición política a instalar esta nueva visión.
Debo decir que en la Cámara de Representantes hubo un debate que está recogido en el proyecto. Hay un informe en minoría de un legislador y otro en mayoría. Los dos coinciden en determinar el Día de la Laicidad; lo que difiere uno del otro es en qué día tiene que ser: si aquel en el que se plebiscitó la Constitución uruguaya de 1918 o el que se conmemora el nacimiento del reformador José Pedro Varela. Creo que se podría optar por cualquiera de las dos fechas, pero en lo que a mí respecta me vuelco más por el día del nacimiento de José Pedro Varela, en función de que tanto en los aspectos de la democracia como en los de la búsqueda de mayor tolerancia y objetividad y, por lo tanto, en el camino a una paz social y política permanente, es un tema que depende de la educación. Por lo tanto, enhorabuena la fecha del educador, porque más allá de lo relativa que pudo haber sido su reforma –como bien anotaba el senador Amorín, el padre del educando tenía opción dentro de la escuela–, creo que es importante determinar que es en el plano educativo que se decide este tema. Es decir, hay una macrodefinición –que fue constitucional y legal–, pero todos los días se tiene que bregar por mayor tolerancia y objetividad y, al mismo tiempo, por una mayor libertad de opción en cuanto al plano filosófico y religioso de los niños y de nuestra juventud. Por supuesto, siempre hay que reconocer –es una posición personal– que la religión, como cualquier otra posición filosófica o metafísica, es un derecho humano que está dentro de la libertad de conciencia de la persona y, por lo tanto, debe ser amparado y protegido por la ley.
Por lo tanto, señora presidenta, nosotros vamos a votar este proyecto que muy bien ha informado la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, senadora Passada, pero queríamos hacer estas anotaciones para contribuir a ese trabajo.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: creo que si nos pusiéramos a buscar algún otro proyecto de ley que haya sido votado por unanimidad –como lo será este– por la mayor diversidad de fundamentos, seguramente no encontraríamos otro igual. Lo que hemos escuchado realmente abarca una diversidad muy amplia.
Al final, todos votamos el Día de la Laicidad haciendo honor al nombre que, en definitiva, es pluralismo, tolerancia y apertura a las distintas posturas. Lo cierto es que nosotros lo votamos desde la perspectiva que acabo de mencionar, entendiendo como laicidad el pluralismo en la opción de los distintos ciudadanos con respecto a una dimensión que ha estado siempre vigente en las sociedades humanas desde que el mundo es mundo: la religiosa. Lo religioso ha estado siempre en las distintas sociedades humanas como una dimensión ineluctable, imposible de eliminar. Es más, en este país, que tiene una autopercepción laica, diversas encuestas –todas las que conozco– indican que cuando a la gente le preguntan: «¿Usted cree en Dios?», ocho de cada diez responden que sí. El ochenta por ciento de esta sociedad uruguaya laica cree, cada uno en su forma y en su modalidad, en algún tipo de ser superior al que denomina Dios.
Lo cierto es que el tema de la laicidad tiene que ver con el otro nivel, el institucional. Creo que acá, eso sí, nadie duda de que el Estado tiene que ser ajeno a una definición religiosa. Me parece que eso fue laudado hace un siglo en el Uruguay y todos estamos contestes en que está bien que sea así, que es bueno que el Estado mantenga una neutralidad con respecto a las instituciones religiosas, a las iglesias y a las distintas organizaciones. Creo que eso es muy positivo.
Ahora bien, señora presidenta, eso no es lo mismo que decir –aquí voy a afirmar algo en lo que creo profundamente– que lo religioso debe ser una dimensión encerrada en lo privado. Para nada es así. Lo público –no lo estatal– es una dimensión en donde corresponde la expresión de todas las dimensiones de la vida humana: el arte, la religión, la vida social y la cultura en sus diversas manifestaciones. La religión es una de ellas y, por lo tanto, tiene el mismo derecho a participar y a ser presencia pública como cualquier otra. Decir lo contrario no es laicidad, es laicismo. Son dos conceptos bien distintos: uno refiere a pluralidad y el otro, a excluir o a pretender extinguir o hacer desaparecer algo que no va a desaparecer nunca, que es la presencia de una dimensión religiosa en las sociedades humanas. Repito: en todas ellas siempre hay una dimensión religiosa y está bueno que se exprese pluralmente, cada uno con la suya, y el que no la tiene, también. Eso es, en definitiva, la vida y la sociedad democrática en todas sus dimensiones.
Desde esa perspectiva, señora presidenta, es que nosotros vamos a votar este proyecto de ley, más allá del debate que señalaba el señor senador Martínez Huelmo que existió en la Cámara de Representantes sobre cuál es la mejor fecha. Sin duda que la Constitución de 1918, votada el 30 de julio de 1916, fue el paso hacia la separación de la Iglesia del Estado, convirtiendo a este último en laico. También es cierto que la reforma vareliana estuvo inspirada en la idea de la laicidad –¡no del laicisimo!–, es decir, en la aceptación del pluralismo con respecto a la dimensión de la religión.
Sobre ese supuesto, entonces, no me parece que el debate sobre la fecha sea realmente relevante –unos tendrán preferencia por una fecha y otros, por otra–, sino que lo que importa es que haya un Día de la Laicidad, que todos celebremos de muy diversas maneras, como acaba de quedar patente en sala. La mía es un homenaje al pluralismo y a la reivindicación de que la religión tiene espacio privado y público –no estatal– y, por supuesto, un componente relevante en la vida, particularmente en lo que a mí respecta, pero yo sé que también de una enorme cantidad de ciudadanos.
SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: hago mías todas las palabras del señor senador Mieres; expreso mi total coincidencia con lo que ha dicho y, para ser breve, me remito a ellas.
Laicidad no es laicismo, en tanto sistema doctrinario que preconiza la erradicación de la religión en la familia y en la sociedad. ¡Hay que distinguirlo! Además, que el Estado sea laico no solo debe significar que no sostiene una religión, sino que en su accionar tampoco puede favorecer el proselitismo de ningún partido político, de ninguna filosofía ni de una ideología determinada.
Aquí se ha citado mucho a Batlle y Ordóñez. Yo lo he leído mucho, y creo que todos sus lectores coincidimos en que él no era un enemigo de la Iglesia católica, sino todo lo contrario. Quizás porque planteó la separación del Estado de la Iglesia se lo ve como a un enemigo, pero no lo fue.
Es más, cuando se separó la Iglesia del Estado en el Uruguay se dio una situación que ocurrió en pocos países del mundo: el Estado reconoció a la Iglesia la propiedad de todos sus inmuebles, de sus templos. ¡Comparemos esto con lo que sucedió en Inglaterra! Estado e Iglesia eran lo mismo; por lo tanto, los bienes eran los mismos. Acá se les reconoció expresamente su propiedad. Si se hubiera estado en contra, se les habrían quitado, diciéndole a la Iglesia que eran del Estado. Pero, sobre todo, Batlle y Ordóñez respetaba que hubiera ciudadanos que creyeran en Dios, que hubiera iglesias, como también respetaba que otros no creyeran, y entendía que había que separarlos.
En la Biblioteca del Palacio Legislativo hay un libro muy interesante –una edición única que es muy difícil de encontrar–, La ideología de Batlle, de Antonio Grompone, en donde no solamente tenemos el texto escrito por el autor, sino también discursos y escritos de Batlle. Reitero: es muy interesante.
Batlle nunca se pronunció sobre el aborto –por citar y traer a colación un temita más polémico a este Cuerpo–, pero creo que habría estado en contra, porque hay escritos suyos siempre a favor de la vida. Es más, hay un discurso muy elocuente a favor de la vida del niño por nacer y pone su énfasis en lo que tiene que hacer el Estado con la madre y con el niño después de su nacimiento.
Es interesante profundizar en esos aspectos y ver en Batlle y Ordóñez a un gran tolerante –aun frente a quienes lo condenaban por ser divorciado o por una cantidad de cosas–, especialmente con eso.
Así que, como bien se dijo, creo que la fecha importa poco; importa mucho más esa tolerancia que todos debemos tener.
SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor senador.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Declárase el 19 de marzo de cada año “Día de la Laicidad”».
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 6 de junio de 2018
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia a partir de las 12:00 del día 6 de junio de 2018, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares.
11)	DOCTOR NÉSTOR FERNANDO ROMANO GARIGLIO. DESIGNACIÓN COMO FISCAL LETRADO DE MONTEVIDEO
SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Néstor Romano Gariglio. (Carp. n.º 1074/2018 - rep. n.º 645/18)».
Voy a informar la solicitud de venia para designar al doctor Néstor Fernando Romano Gariglio en el cargo de fiscal letrado de Montevideo.
En primer lugar, debo señalar que el director general de la Fiscalía General de la Nación, por resolución n.º 586, de fecha 27 de setiembre de 2017, convocó a concurso de oposición y méritos para proveer cargos de fiscales letrados de Montevideo.
En segundo término, cumpliendo con las formalidades de estilo y controlada la documentación y los méritos de los postulantes, se nombró al tribunal correspondiente y se realizó el concurso de oposición y méritos.
En tercer lugar, por resolución n.º 816, de 8 de diciembre de 2017, el señor director general de la Fiscalía General de la Nación resuelve aprobar lo actuado por el tribunal que había sido designado a esos efectos y conformar una lista de prelación para los cargos vacantes de fiscal letrado de Montevideo. Ya se han nombrado seis de los señores fiscales que estaban en esa lista de prelación y el doctor Néstor Fernando Romano Gariglio estaría en el lugar número siete.
Por oficio n.º 001, de 2 de enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación cumple con informar al Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, quiénes fueron los que ocuparon los primeros seis lugares de la lista de prelación.
Con fecha 25 de enero de este año la Comisión Permanente concedió las venias correspondientes a los primeros cinco designados de acuerdo con el orden de prelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república.
Con fecha 14 de marzo de este año, el cuerpo legislativo concedió la venia correspondiente a la concursante que ocupó el sexto lugar, doctora Rosa Sabrina Flores Vergara.
Por oficio n.º 163, de 21 de marzo de 2018, ante la existencia de una vacante a efectivizarse el 1.º de mayo del corriente, el señor director general de la Fiscalía General de la Nación propuso al Poder Ejecutivo la designación del doctor Néstor Fernando Romano Gariglio, quien ocupó el séptimo lugar –como dije– del orden de prelación del concurso aprobado por la resolución n.º 816, de 8 de diciembre de 2017.
Ante la vacante existente, por mensaje 03, de 24 de abril de 2018, el Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores se sirva aprobar la venia requerida por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, designándose, a propuesta del señor fiscal de corte y procurador general de la nación –actuando dentro de la competencia funcional que en el orden administrativo la ley le asigna–, al doctor Néstor Fernando Romano Gariglio para ocupar el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N.
En este sentido, dado que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante, y en mérito a que el ciudadano que se propone reúne las aptitudes suficientes y necesarias para cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo, se manifiesta que la propuesta se ajusta adecuadamente a la normativa legal de provisión de cargos y, en particular, de la fiscalía.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado de Montevideo (Escalafón “N”) al doctor Néstor Fernando Romano Gariglio».
12)	LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
(Así se hace, a las 11:09, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Alcorta, Alonso, Amorín, Aviaga, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, De León, Delgado, Gallicchio, Garín, Heber, Lafluf, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Saravia, Tourné y Xavier).

References: artículo 6
 artículo 6
 artículo 5
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 artículo 118
 artículo 6
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 artículo 118
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
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 resolución 
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 artículo 168
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