Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20181205s00478830504.html
Timestamp: 2020-08-09 03:09:33+00:00

Document:
47ª Sesión Ordinaria del 5 de diciembre de 2018 - C.SS
N.º 47 - TOMO 590 - 5 DE DICIEMBRE DE 2018
5)	Acciones del Gobierno de Cercanía
– Manifestaciones del señor senador Pardiñas.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Educación y Cultura, de Defensa Nacional y de Ganadería, Agricultura y Pesca; a las intendencias de los departamentos que integran la cuenca de la laguna Merín y a sus respectivas juntas departamentales, y a la Comisión técnico-mixta uruguayo-brasileña para el desarrollo de la cuenca de la laguna Merín.
6)	Discurso del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República de México, al señor Andrés Manuel López Obrador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Movimiento Regeneración Nacional, al Partido del Trabajo, a la Embajada de México en Uruguay y al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.
7)	Elección del nombre del Liceo n.º 3 de San José
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la comunidad educativa del Liceo n.º 3, a su director, profesor Henry Muñoz Acosta; a su subdirector, profesor Pablo Fernández Mora; a las dos docentes coordinadoras de la jornada y a todos los profesores, funcionarios, padres y alumnos.
–	El señor senador solicita ser convocado por la Comisión de Educación y Cultura cuando analice el proyecto de ley para entregar material a los efectos de fortalecer aún más la propuesta con los detalles que la avalan.
8)	Escuela pública Artigas, de Asunción
–	Manifestaciones del señor senador Michelini.
•	Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la organización no gubernamental Comisión pro-Solar de Artigas, a la Escuela Artigas en Paraguay, y al embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza, así como al señor Gustavo Vidart.
9)	Asuntos entrados
10)	Operación Antarkos XXXV
11)	Operación Esnal II 2018
–	Por moción del señor senador Martínez Huelmo, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de tres buques de la Armada nacional con su plana mayor y tripulación.
•	Por moción del señor senador Bordaberry, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al señor presidente de la Cámara de Representantes y al presidente de su Comisión de Defensa Nacional, y, a solicitud de la presidencia, también se resuelve enviar a esos mismos destinos la aclaración realizada por la señora presidenta.
12) y 17) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lacalle Pou, Larrañaga, Delgado y Alonso.
–	Quedan convocados los señores senadores Castaingdebat, López Villalba, Draper e Iturralde.
13) y 19) Proyectos presentados
–	El señor senador Camy presenta un proyecto de ley por el que se designa Wilfredo Moreno Ponce el Liceo n.º 3 de San José de Mayo, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.
–	Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se establece el marco jurídico a los efectos de regular el ejercicio de la profesión universitaria de licenciado en Nutrición.
14)	Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves
15)	Designación de varios fiscales letrados y de un fiscal letrado adscripto
16), 18), 20) y 22) Unidad Agroalimentaria Metropolitana
–	Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18832, de 28 de octubre de 2011.
21)	Prórroga de la hora de finalización de la sesión
•	Por moción del señor senador García, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta terminar la votación del proyecto de ley en consideración.
«Montevideo, 4 de diciembre de 2018
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 5 de diciembre, a las 09:30 horas, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
1.º) por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 26 Vanguardia de la Armada nacional, con su plana mayor y tripulación, a efectos de realizar la campaña antártica Operación Antarkos XXXV, en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2018 y el 15 de marzo de 2019, con escala en el puerto de Punta Arenas, República de Chile;
Carp. n.º 1242/2018 - rep. n.º 790/18
2.º) por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de abril de 2014.
3.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:
– en el cargo de fiscal letrado de Montevideo (escalafón N), a la doctora Darviña Shirley Viera Negrín;
Carp. n.º 1223/2018 - rep. n.º 785/18
– en el cargo de fiscal letrado de Montevideo (escalafón N), a la doctora Ana Cristina Vallverdú Olivera;
Carp. n.º 1236/2018 - rep. n.º 787/18
– en el cargo de fiscal letrado de Montevideo (escalafón N), a la doctora Sylvia Daniela Lovesio Donati;
Carp. n.º 1238/2018 - rep. n.º 786/18
– en el cargo de fiscal letrado departamental (escalafón N), al doctor Jorge Fabio Vaz González;
Carp. n.º 1239/2018 - rep. n.º 788/18
– en el cargo de fiscal letrado adscripto (escalafón N), a la doctora Paula Andrea Goyeni Hernández.
Carp. n.º 1237/2018 - rep. n.º 789/18
4.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18832, Unidad Alimentaria de Montevideo, de 28 de octubre de 2011.
Carp. n.º 1197/2018 - rep. n.º 791/18 y anexo I
ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carrera, Castaingdebat, Castillo, Coutinho, Delgado, García, Garín, Gomori, Heber, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Saravia y Xavier.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Cardoso, De León, Lacalle Pou, Payssé, Pintado y Tourné, y a partir de las 12:25, el señor senador Larrañaga; y, con aviso, el señor senador López Villalba.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se declara el 21 de julio de cada año Día del Trabajador Portuario.
La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18832, de 28 de octubre de 2011, Orgánica de la Unidad Alimentaria de Montevideo.
El Ministerio de Salud Pública remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes realizado por el señor senador Carlos Camy, con destino al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la Comisión de Apoyo al Hospital Maciel.
El señor senador Rubén Martínez Huelmo solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con el hurto de los restos mortales del general Leandro Gómez.
SEÑORA PRESIDENTE.- En el día de hoy nos están acompañando alumnos de 1.º, 2.º y 3.er año del Liceo n.º 3 de San José. ¡Bienvenidos!
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del día 4 de diciembre no se registraron inasistencias.
A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 4 de diciembre faltó con aviso el señor senador Rafael Michelini.
5) ACCIONES DEL GOBIERNO DE CERCANÍA
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: hoy queremos hacer referencia a un tema que va en la línea de acción del gobierno de cercanía. En particular, quisiéramos hoy compartir lo que ocurrió la semana pasada en la región este del país, fundamentalmente en los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres, donde tuvieron lugar acciones de gobierno que creemos relevantes. Deseamos destacarlas porque reafirman esa línea de construcción que mencionábamos del gobierno de cercanía en el relacionamiento y el trabajo directo con las organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía.
Ejemplo de esto fue la presencia en Cerro Largo, recorriendo obras, del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Hoy, como nunca, se están construyendo rutas: ruta 8, Melo-Aceguá; ruta 7 entre Fraile Muerto y Melo; también hay algunas finalizadas, como el tramo de ruta 8 Melo-Treinta y Tres. Asimismo, queremos destacar obras relativas a la construcción de puentes, como es el caso del puente sobre el arroyo Fraile Muerto, o el inicio de la plataforma de intervención en la ruta 26. Creo que importa destacar todo este trabajo por la significación que tiene.
También, en la misma semana, la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, junto con el gabinete de su ministerio, llevó a cabo una jornada de todo un día en la que se estuvo recibiendo a distintas delegaciones y trabajando con ellas asuntos de educación y cultura. Se conmemoraron los diez años de la instalación de los Centros MEC en el departamento de Cerro Largo, aspecto sustantivo en toda la actividad cultural que se desarrolla en el departamento. Cabe señalar que se iniciaron las intervenciones en lo que va a ser el Cecap, un centro de capacitación dirigido por la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, en convenio y acuerdo con el INAU, que cede las instalaciones, y con la Intendencia departamental, que en este momento provee el equipo de obras que está trabajando en mejorar dichas instalaciones.
No obstante ello y más allá de estas importantes reafirmaciones sobre los logros educativos que se están dando en el territorio, creo que lo más relevante ocurrió en el departamento de Treinta y Tres, más particularmente en el puerto La Charqueada, en la villa General Enrique Martínez, donde cuatro ministros de Estado coincidieron –el ministro Víctor Rossi, de Transporte y Obras Públicas; el canciller de la república, Rodolfo Nin Novoa; el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech– para dar consolidación a las tareas vinculadas con la primera embarcación que tiene la Comisión técnico-mixta uruguayo-brasileña para el desarrollo de la cuenca de la laguna Merín –comisión binacional de trabajo para esa cuenca tan importante de Uruguay y Brasil–, que es parte de la puesta en práctica del convenio para la hidrovía Uruguay-Brasil, firmado hace ya unos cuantos años entre ambos países.
Allí estuvieron entonces cuatro ministros de Estado, porque se botaba esa embarcación en el río Cebollatí. Y creo que es un homenaje muy pertinente haber designado esa embarcación con el nombre del ingeniero Jorge Camaño, fallecido recientemente, quien fue director de Hidrografía y también presidente de la Comisión de la laguna Merín.
Con relación a esta embarcación se firmó un convenio entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa Nacional en virtud de que será la Armada nacional, a través de Prefectura, la encargada de su manejo y puesta en funcionamiento con destino a estudios de profundidad y cauce de los ríos navegables y de la propia laguna Merín. También estará a disposición de la Universidad de la República y otros centros académicos, para la investigación y el mayor conocimiento de los recursos hidrográficos de la cuenca de la laguna Merín.
Creo que esto realmente destaca las acciones que se han dado en el territorio.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita a los cuatro ministerios a que hice referencia, a las intendencias de los departamentos que integran la cuenca de la laguna Merín –estuvieron presentes allí el intendente de Rocha y el intendente de Treinta y Tres, no así el de Cerro Largo– y a sus respectivas juntas departamentales, a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y a la Comisión técnico-mixta uruguayo-brasileña para el desarrollo de la cuenca de la laguna Merín.
6) DISCURSO DEL NUEVO PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: quisiera, en los minutos que tenemos, destacar algo que a mí me resultó sumamente importante. Me refiero al discurso completo –la señora presidenta del Senado y de la Asamblea General estuvo presente en esa oportunidad– de toma de posesión del señor Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Tuve oportunidad de conocerlo años atrás cuando era presidente del Partido de la Revolución Democrática, y cuando estuvo muy vinculado –y sigue estándolo– al Partido del Trabajo y también al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El discurso es extenso, importante, y no elude los temas trascendentes. Comienza señalando algo que parece intrascendente, pero que para México no lo es: el papel cumplido por el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, del PRI, a quien le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido –como lo hicieron otros presidentes– en las pasadas elecciones presidenciales. En México, eso se conoce como el «dedazo», en el que el presidente saliente prácticamente elegía de hecho al presidente entrante. Esta tradición finalizó–por decirlo de alguna manera– cuando el presidente del PRI, Zedillo, dejó la presidencia en el 2000 y ganó el PAN –Partido de Acción Nacional–, con Fox. El Gobierno del PAN estuvo dos períodos y luego volvió a asumir el PRI, con Peña Nieto.
Dice en su discurso López Obrador: «A partir de ahora, se lleva a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México». Hizo mención a varios temas importantes, pero el de la impunidad lo puso en un papel relevante, como uno de los causantes de la crisis que ha vivido México durante estos años.
Luego hace referencia a las transformaciones de México a través de su historia, con la independencia, la reforma, la revolución. Expresa luego: «Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años». Y continúa: «En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos».
Naturalmente, tengo pocos minutos para referirme a esto, pero quiero resaltar que luego hace una larga referencia al tema económico y una severa crítica al neoliberalismo, vinculándolo con el tema de la corrupción.
Hace referencia, también, a su conducta y menciona que desde hace años él ha promovido una reforma del artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos empleados públicos, empezando por el presidente de la república. También dice: «El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político» y habla del endeudamiento, de la independencia del Banco de México y de la política internacional, que menciona de una manera especial.
Hace una fuerte referencia a las Fuerzas Armadas, con una afirmación muy categórica: «Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones de México. El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata de un Ejército revolucionario, surgido del pueblo y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina». Luego hace mención a la política internacional, diciendo: «En materia de política exterior nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo».
Más adelante nombra –la señora presidenta estaba presente– a todos los presidentes, vicepresidentes y altos dignatarios presentes, mencionando de forma muy afable al representante del presidente Trump. Hace referencia, también, a la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y en definitiva a todos los presidentes de la región que estaban presentes. También menciona a Silvio Rodríguez, cantautor conocido por todos.
Se trata de una excelente pieza política, novedosa e importante, por lo que recomiendo su lectura.
Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Presidencia de la República de México, al señor Andrés Manuel López Obrador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Morena –Movimiento Regeneración Nacional–, fundado e integrado por él, al Partido del Trabajo –que conozco especialmente y me ha permitido participar en reuniones con Morena–, a la embajada de México en Uruguay y al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.
7) ELECCIÓN DEL NOMBRE DEL LICEO N.º 3 DE SAN JOSÉ
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: en este ámbito siempre he tratado de honrar dos cosas: en primer lugar, el concepto de república, de representación democrática y de lo que este Cuerpo representa y, en segundo término –en lo particular con un fuerte afecto–, los temas relativos a mi departamento de San José. Rara vez ambos conceptos han estado tan presentes como en esta jornada, en la que quiero poner en conocimiento del Senado un acto que puede parecer sencillo pero que es inédito y reviste, a mi juicio, la importancia de llevar a la práctica valores constitutivos y sagrados de esta nación.
Me refiero al proceso de casi un año que llevó adelante la comunidad educativa del Liceo n.º 3 de San José, impulsado por docentes de la materia Formación Ciudadana, Educación Social y Cívica, para determinar una propuesta concreta a fin de dar nombre a esa institución, que cumple veinticinco años.
El proceso impulsado por las coordinadoras Ximena Alba y Susana González tuvo que ver con los conceptos básicos de participación, planteando a los grupos de estudiantes en qué consistían. Luego se explicaron los requisitos fundamentales para elegir candidatos de la comunidad para identificar el nombre del centro de estudios.
Así se inicia una consulta con la comunidad, vía Facebook y redes sociales, que también llevó a una vinculación directa con los propios vecinos del espacio físico del liceo y, por supuesto, centralmente, con cada una de las familias de los quinientos sesenta estudiantes del Liceo n.º 3. Se seleccionaron veintiocho candidatos, entre los que la propia comunidad seleccionó cinco: la profesora María Rosa Fernández, destacada docente del departamento; el profesor Wilfredo Moreno Ponce, destacado, recordado y apreciado docente del departamento; el periodista Omar Gutiérrez, tan querido por todos y que despedimos hace poco; el artista Hugo Nantes, y el también artista Heber Riguetti, íconos de nuestra cultura local y nacional.
Finalmente, el 23 de noviembre fuimos invitados los legisladores que residimos en la ciudad de San José y en el departamento, así como la prensa y la comunidad, para asistir a las 17:00, en una convocatoria muy abierta, al escrutinio de una jornada en la que casi quinientos estudiantes sufragaron con voto secreto, con urnas que se solicitaron a la Corte Electoral y con credenciales que la comunidad docente confeccionó especialmente para que los estudiantes concurrieran a manifestar su voluntad en un acto democrático de efectiva y práctica participación ciudadana. Se trató de un ejercicio práctico del concepto de participación. La organización fue ejemplar. El proceso nos emocionó, es inédito y hace efectivos aquellos valores que seguramente reivindicamos en forma unánime.
El resultado de la votación fue el siguiente: 22 estudiantes votaron por el artista Heber Riguetti, 16 por el artista Hugo Nantes, 145 por el periodista Omar Gutiérrez, 36 por la profesora María Rosa Fernández y 254 por el profesor Wilfredo Moreno Ponce, quien fue hijo de un matrimonio modesto, de trabajo en el medio rural de San José, que supo advertir que la educación era el camino de la superación y con gran sacrificio permitió que su hijo estudiara.
–Permítaseme culminar, por favor.
Decía que Wilfredo Moreno Ponce fue un estudiante brillante –medalla de oro– y un gran profesor, recordado no solamente por sus dotes como docente sino también por su carisma excepcional para vincularse con sencillez, compromiso y empatía con sus colegas. Su principal logro fue ser padre de una familia ejemplar, y querida particularmente en nuestro departamento y por nosotros.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a conocimiento de la comunidad educativa del Liceo n.º 3; de su director, profesor Henry Muñoz Acosta, felicitándolo expresamente; de su subdirector, profesor Pablo Fernández Mora; y de las dos docentes que destaqué como coordinadoras de la jornada por su responsabilidad en la materia Formación Ciudadana, así como de todos los profesores, funcionarios, padres y alumnos.
Señora presidenta: en este momento voy a hacer entrega del proyecto de ley que propone lo que ungieron las urnas. Si bien el proyecto lleva mi firma, no es iniciativa mía. Simplemente, cumplí con el deber y el rol republicano y democrático de representación, siendo el estribo de una iniciativa que surgió de 560 jóvenes que fueron convocados bajo el lema «Votar es tu derecho y tu responsabilidad». Así lo hicieron. Corresponderá a este Cuerpo democrático analizar la posibilidad de impulsar la propuesta.
Por último, solicito a la Comisión de Educación y Cultura –que no integro– tenga a bien convocarme cuando analice el proyecto de ley, porque quiero entregar material para fortalecer aún más la propuesta con los detalles que la avalan.
SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Michelini.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: hace unas semanas –casi dos meses– estuve en Asunción y, por sugerencia de dos amigos del embajador Federico Perazza y de un uruguayo, Gustavo Vidart, radicado en Paraguay desde hace mucho tiempo ya que se fue de aquí en los tiempos difíciles –¡cómo serían, que se fue a Paraguay!–, visité la Escuela pública Artigas, en Asunción.
Para mi sorpresa –por supuesto que sabía de la existencia de la escuela y de sus tradiciones– me encontré con una escuela totalmente consustanciada con nuestro prócer. Es una escuela muy valorada en Paraguay, a la que asisten muchos extranjeros y, en general, los uruguayos, pero también muchos paraguayos porque su nivel educativo es muy importante, y a partir del Plan Ceibal –que también se aplicó allí como escuela pública uruguaya–, ha sido aún más valorada. Imagínese, señora presidenta, ver ese enjambre de niños con moña y túnica llevando las ceibalitas para un lado y para otro.
Allí descubrí que a partir de determinado año, los alumnos empiezan a trabajar en una investigación sobre algo relativo a Artigas o a Uruguay; lo hacen durante dos o tres años, hasta que culmina la investigación en sexto grado. Para mi sorpresa, utilizan el método científico, como se haría en la Universidad de la República o en cualquier bachillerato. Eligen un tema y lo investigan de manera grupal. A veces eligen un objeto –por ejemplo, tienen una de las sillas en las que se sentaba Artigas–, un momento histórico o una situación específica.
Me tocó preguntar no sobre la ley que creó la escuela Artigas –que se aprobó en 1918 y se inauguró en 1924– sino sobre el trámite parlamentario. A partir de ahí, conseguimos las versiones taquigráficas de la discusión parlamentaria –una de las cámaras votó el proyecto de ley en la fecha de la independencia de Paraguay–, se las enviamos y están trabajando sobre ellas.
A su vez, la semana pasada, en la Junta Departamental se votó la expropiación del solar de Artigas. Como los señores senadores saben, en los años 1962-1963 hubo una ley que disponía de los dineros para la casa de Oribe y el solar de Artigas. Sin embargo, se dispuso del dinero para la casa de Oribe, pero nunca se concretó lo pertinente al solar de Artigas. Hubo gente que trabajó mucho y con gran esfuerzo, como la organización no gubernamental Comisión pro Solar de Artigas para tratar de recuperar nuestra historia y nuestra memoria respecto a nuestro prócer.
Vinculo estos dos hechos porque en tiempos difíciles y complejos siempre es bueno recordar nuestras raíces como país pequeño, pero con una identidad muy sólida de lo que fue su pasado, muy orejano, y que hoy más que nunca se está haciendo un lugar en el mundo, ya que de acuerdo con casi todos los índices es uno de los países más destacados de América Latina.
Por lo expuesto, levanto mi voz para contar mi experiencia sobre lo que pasó en la Junta Departamental y lo que sucede en la Escuela Artigas de Asunción, y decir que nunca es tarde para volver en forma permanente y consistente sobre la figura de quien marcó el desarrollo de todos los uruguayos: el prócer Artigas.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse a la organización no gubernamental Comisión pro-Solar de Artigas, a la Escuela Artigas en Paraguay, y al embajador uruguayo en Paraguay, Federico Perazza. Si es posible, solicito que también se envíe un ejemplar adicional a ese otro gran uruguayo, Gustavo Vidart, que vive desde hace tantos años en la República del Paraguay.
9) ASUNTOS ENTRADOS
SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de tres asuntos entrados fuera de hora.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de la plana mayor, tripulación y aspirantes de los siguientes buques: ROU 34 Audaz, con cuarenta y seis tripulantes; ROU 31 Temerario, con cuarenta y cuatro tripulantes, y ROU 01 Uruguay, con doscientos diez tripulantes, a efectos de realizar la operación Esnal II 2018, entre los días 10 y 23 de diciembre de 2018, efectuando escala en el puerto de Itajaí, República Federativa del Brasil.
Asimismo, remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1844 del Código Civil y se derogan los artículos 35 y 36 de la Ley n.° 1816, de 8 de julio de 1885, referidos a la responsabilidad de arquitectos y constructores.
Además comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.° 18833, de 28 de octubre de 2011, de fomento del deporte.
10) OPERACIÓN ANTARKOS xxxv
SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 26 Vanguardia de la Armada nacional, con su plana mayor y tripulación, a efectos de realizar la campaña antártica Operación Antarkos xxxv, en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2018 y el 15 de marzo de 2019, con escala en el puerto de Punta Arenas, República de Chile. (Carp. n.º 1242/2018 - rep. n.º 790/18)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: desde enero de 1984, fecha en que se llevó a cabo una misión antártica que se denominó Antarkos I, Uruguay ha viajado a la Antártida con la finalidad de concretar la vinculación del país con la zona, en un intento de satisfacer sus intereses en el área, tanto de tipo económico, científico y ecológico, como también estratégico. En esa oportunidad se comprobó, no solo que era posible el establecimiento de un flujo aéreo regular que diera continuidad a la operación, sino también que la isla Rey Jorge, en el archipiélago de las Shetland del Sur, era un lugar apto y accesible para la instalación de una base uruguaya.
En razón de todo ello se construyó la Base Científica Antártica Artigas, donde se izó por primera vez el pabellón nacional el 22 de diciembre de 1984. Posteriormente, arribaron grupos de profesionales universitarios y técnicos que dieron forma a una serie de proyectos científicos con los cuales se vieron facilitadas las gestiones posteriores que condujeron a que, en la xiii Reunión Consultiva del Tratado Antártico, celebrada el 7 de octubre de 1985 en Bruselas, Uruguay fuera admitido como uno de los dieciocho países que en carácter de miembros plenos regulan las actividades antárticas, asegurando el cumplimiento de la letra y el espíritu del Tratado Antártico.
A partir del mes de diciembre de 1985 la base es ocupada en forma permanente. Todo esto significa un reconocimiento al Uruguay y nos abre enormes posibilidades científicas y económicas; a ello deben agregarse las potenciales riquezas que guarda el continente antártico con sus reservas naturales, además de su importancia estratégica y su valor geopolítico como otra de las rutas de comunicación entre ambos océanos a través del pasaje de Drake.
Formamos parte –como ya lo hemos dicho en otras oportunidades en el Senado– de la comunidad de las naciones comprometidas en el convencimiento científico y el desarrollo pacífico de una de las regiones más aprovechadas del futuro, compartiendo a la vez una de las más hermosas formas de convivencia entre los Estados y los hombres. Desde esa primera expedición uruguaya destinada a instalar lo que fue la Base Científica Antártica Artigas, año a año se renuevan los grupos humanos, dando continuidad a aquel histórico primer paso de la expedición Antarkos I, y hoy nos encontramos en la XXXV operación. ¡Si será importante esta actividad para el Uruguay desde todo punto de vista!
Recuerdo que en la Comisión de Asuntos Internacionales –no hace mucho tiempo– se hizo presente el Instituto Antártico Uruguayo, para hacernos saber de los nuevos enroques institucionales que está llevando a cabo esta vez con la Universidad de la República a fin de abrir la investigación científica de nuestro país en esa importante y estratégica zona del mundo.
La Operación Antarkos –como los senadores ya saben– consiste en el sostenimiento logístico de la Base Científica Antártica Artigas por medio del reabastecimiento de materiales imprescindibles para la continuidad del Programa Nacional Antártico, utilizando para ello el medio marítimo –en parte se dejó de lado el abastecimiento vía aérea porque era dificultoso al tener que llegar a Punta Arenas– a través de nuestras naves. Por lo tanto, con este medio de transporte marítimo se les abre la posibilidad a los estudiantes de la Armada, a la Marina, de navegar en un ámbito del cual es miembro.
Hay que tener presente que durante la navegación hacia y desde la Antártida, la unidad naval realiza actividades de control de contaminación y preservación del medioambiente dentro del área operativa, y una vez arribada a la Base Científica Antártica Artigas, la tripulación proporciona apoyo a la investigación científica que allí se desarrolla. Recordemos que no hace mucho tiempo votamos aquí un protocolo medioambiental al Tratado Antártico, lo cual va ciñendo obligaciones que tiene la república en el marco de este asunto.
Luego de la memoria que realicé sobre la primera Operación Antarkos –los señores senadores ya han votado en diversas oportunidades esta misión, que es tradicional de nuestra Armada–, el Cuerpo comprenderá la importancia estratégica que tiene la Operación Antarkos xxxv.
La Comisión de Defensa Nacional no tuvo ninguna objeción con respecto a este asunto y, por lo tanto, solicita su aprobación.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Autorizar la salida del país del Buque ROU 26 “Vanguardia” de la Armada Nacional, con su Plana Mayor y una Tripulación compuesta de 80 (ochenta) efectivos, a efectos de realizar la Campaña Antártica “Operación ANTARKOS xxxv”, en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2018 y el 15 de marzo de 2019, con escala en el Puerto de Punta Arenas, República de Chile».
11) OPERACIÓN ESNAL II 2018
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente y se distribuya en sala el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se autoriza la salida del país de la plana mayor, tripulación y aspirantes de los buques ROU 34 “AUDAZ”, ROU 31 “TEMERARIO” y ROU 01 “URUGUAY”, a efectos de realizar la Operación “Esnal II 2018”, a realizarse entre los días 10 y 23 de diciembre de 2018, efectuando escala en el Puerto de Itajaí, República Federativa del Brasil».
Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de la plana mayor, tripulación y aspirantes de los buques ROU 34 Audaz, ROU 31 Temerario, y ROU 01 Uruguay, a efectos de realizar la Operación Esnal II 2018, a realizarse entre los días 10 y 23 de diciembre de 2018, efectuando escala en el puerto de Itajaí, República Federativa del Brasil. (Carp. n.º 1250/2018 - rep. n.° 792/18)».
SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- A esta altura de la legislatura todos los señores senadores saben de qué se trata esta moción, que está dentro del plan de actividades internacionales de la Armada nacional y se ciñe a la Ley Marco de Defensa Nacional. Se trata de un viaje de adiestramiento para los alumnos de la Escuela Naval, con la visita a puertos extranjeros, en este caso el de Itajaí, en la República Federativa del Brasil. Esto se realiza para preparar a las futuras generaciones de la Armada y, por supuesto, para cumplir con las actividades de formación, pero también con otras propias de la Marina como, por ejemplo, controles de navegación y medioambientales, o sea, todo lo que se puede desarrollar a bordo de un barco de nuestra Armada nacional.
En virtud de que ya es tradicional que llegada esta época del año esta misión –Esnal– solicite autorización para salir a navegar –en esta oportunidad se llevará adelante en combinación con naves de la República Federativa del Brasil–, la comisión, que consideró este tema sin que estuviera en el orden del día, pero sabiendo que llegaría como una urgencia, no tuvo objeciones y solicita su aprobación.
SEÑOR BORDABERRY.- Vamos a acompañar esta propuesta, pero nos parece que acá hay un cambio de parte del Ministerio de Defensa Nacional y de la Armada. No entendemos por qué esta solicitud nuevamente viene de apuro. En el período pasado llegaban diez días antes y había que aprobarlas de apuro como lo estamos haciendo ahora. En los últimos tres años habíamos mejorado ese trámite, pero ahora volvemos a reincidir en esas cosas.
Me parece que esto no debería entrar así, de apuro, con pocos días de anticipación –en este caso son cuatro días–; si van a hacer una cosa de estas deberían tener una previsión por lo menos semestral o anual, y no traernos estas autorizaciones cuatro días antes.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras respecto de este asunto sea remitida al señor ministro de Defensa Nacional y al señor comandante en jefe de la Armada.
SEÑORA PRESIDENTE.- Para que el señor senador sepa cómo fue el trámite, quiero aclarar que el proyecto de ley entró en la Cámara de Representantes el 8 de noviembre.
SEÑOR BORDABERRY.- Solicito también que la versión taquigráfica de mis palabras sobre el tema sea remitida al señor presidente de la Cámara de Representantes y al señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional de esa rama parlamentaria.
SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, primero vamos a votar el proyecto de ley y luego la solicitud del señor senador Bordaberry.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Autorízase la salida del país de la Plana Mayor, Tripulación y Aspirantes de los siguientes Buques: ROU 34 “AUDAZ” con 46 (cuarenta y seis) tripulantes, ROU 31 “TEMERARIO” con 44 (cuarenta y cuatro) tripulantes y ROU 01 “URUGUAY” con 210 (doscientos diez) tripulantes, a efectos de realizar la Operación “ESNAL II 2018”, entre el 10 y el 23 de diciembre de 2018, efectuando escala en el Puerto de Itajaí, República Federativa del Brasil».
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: quiero decir que hace unos años fui invitado por la Armada nacional para visitar la Base Científica Antártica Artigas y fue una experiencia muy positiva e importante en la que pudimos observar que hay una gran contracción al trabajo. Junto a nosotros concurrió un grupo de jóvenes científicos que trabajaron muy a fondo en proyectos de investigación relacionados con la exploración en el lugar.
En esa ocasión visitamos distintos lugares. Recordemos que la base uruguaya está próxima a la de la República Popular China y también a la base de la República de Chile, donde justamente se encuentra la pista de aterrizaje que se utiliza para llegar a la nuestra.
Por lo expuesto, no tenemos dudas en votar afirmativamente este proyecto de ley a fin de habilitar que esta experiencia –que personalmente tuve hace algunos años– se continúe en el tiempo.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador Bordaberry en el sentido de que la versión taquigráfica de sus palabras pase a los destinos por él mencionados.
Solicito que la aclaración que realizó la presidencia también pase a esos destinos.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de diciembre de 2018
De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales para el miércoles 5 de diciembre del presente.
13)	PROYECTOS PRESENTADOS
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa Wilfredo Moreno Ponce el Liceo n.º 3 de San José de Mayo, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.
14) PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO SOBRE LAS INFRACCIONES Y CIERTOS OTROS ACTOS COMETIDOS A BORDO DE LAS AERONAVES
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de abril de 2014. Carp. n.º 1192/2018 - rep. n.º 771/18)».
SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: este mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la aprobación del Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, es de muchísima importancia, sobre todo luego de los episodios que tuvieron como protagonistas a las Torres Gemelas en 2001, antecedente por demás potente para ajustar la reglamentación del tráfico aéreo.
Más allá de la exposición que voy a realizar en el día de hoy en términos generales, creo que es necesario leer minuciosamente cada uno de los artículos de este proyecto de ley, que refieren a aspectos específicos de mucha significación.
Tenemos la exposición de motivos del Poder Ejecutivo por la cual se solicita su aprobación, y el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, que estaba a cargo del señor senador Pintado, quien no pudo concurrir al Senado por un quebranto de salud, aunque felizmente va a poder estar presente en la Asamblea General de esta tarde para tratar el proyecto de resolución que se presentó a instancias suyas, por el que se dispone la colocación de una placa conmemorativa en reconocimiento a los trabajadores organizados que realizaron el acto del 1.º de Mayo de 1983.
Este Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, fue suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de abril de 2014.
El Poder Ejecutivo, en su exposición de motivos, expresó que la aprobación de dicho protocolo resulta pertinente, tomando en consideración los cambios que se han registrado en materia de ilícitos contra la aviación civil, desde la fecha en que se produjo la aprobación legislativa por Decreto Ley n.º 14436, de 7 de octubre de 1975, del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, suscrito en Tokio el 14 de septiembre de 1963.
El contexto actual requiere promover esfuerzos y desarrollar políticas de cooperación frente a la emergencia de nuevos tipos de amenazas. En ese marco, la comunidad internacional emprendió un proceso negociador tendiente a la modernización del marco legal en materia de seguridad aérea civil.
El protocolo consta de un preámbulo y veinte artículos que leí con mucha atención, por lo que puedo decir que hay que tener bien presentes las normas que allí se establecen sobre un tema de enorme importancia como es el tráfico aéreo. Incluso, quienes somos simples usuarios del transporte aéreo, también debemos conocerlas, porque en un viaje puede haber circunstancias que uno no conoce. En ese sentido, el comandante de la aeronave y sus subalternos tienen facultades para actuar en casos que uno podría considerar normales en otro ámbito, pero que no lo son dentro de una aeronave, sobre todo si está a punto de despegar o aterrizar. En esas circunstancias adquieren una significación muy importante y este protocolo habilita a que se tomen medidas especiales.
El artículo I establece que el presente protocolo enmienda el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963.
El artículo II sustituye el párrafo 3 del artículo 1 del convenio.
El artículo III sustituye el artículo 2 del convenio.
El artículo IV sustituye el artículo 3 del convenio.
El artículo V añade un artículo 3 bis al convenio.
El artículo VI suprime el párrafo 2 del artículo 5 del convenio.
El artículo VII sustituye el artículo 6 del convenio.
El artículo VIII, que sustituye al artículo 9 del convenio, refiere a las competencias del comandante de la aeronave, que es a lo que me referí hace un momento.
El artículo IX, que sustituye al artículo 10 del convenio, exime a la tripulación de responsabilidad por medidas tomadas sobre la base de la protección de la seguridad a bordo, tema también muy importante. Por mi experiencia sé que hechos de cierta significación en cuanto a las relaciones humanas, que en la vida civil se pueden considerar sin trascendencia, dentro de un avión adquieren importancia y habilitan determinadas actuaciones del comandante o de sus asistentes, que pueden sorprender pero que en definitiva apuntan a la defensa del interés general.
El artículo X añade el artículo 15 bis al convenio.
Por su parte, el artículo XI sustituye el párrafo 1 del artículo 16 del convenio.
El artículo XII sustituye el artículo 17 del convenio.
El artículo XIII añade el artículo 18 bis al convenio.
El artículo XIV se refiere a la autenticidad de los idiomas del texto del convenio.
El artículo XV establece que el presente protocolo y el convenio se leerán e interpretarán como un instrumento único.
El artículo XVI se refiere al período en el que el protocolo estará abierto para la firma.
El artículo XVII tiene que ver con la ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.
El artículo XVIII prevé la entrada en vigor del protocolo.
El artículo XIX estipula la posibilidad de denuncia del presente protocolo.
El artículo XX y último refiere a la obligación del depositario de notificar, sin demora, a todos los Estados contratantes y signatarios la fecha de cada firma, la fecha del depósito de cada instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la fecha de entrada en vigor del protocolo y toda otra información pertinente.
Luego, en la página 17 del repartido, figura el texto del proyecto de ley y del protocolo. Allí se hace una referencia más detallada de lo que expresé muy resumidamente. Su contenido es de mucha importancia, tiene muchos preciosismos que es fundamental tenerlos en cuenta, incluso para quienes simplemente somos usuarios del transporte aéreo.
En el texto del protocolo se modifica el Convenio sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, hecho en Montreal el 4 de abril de 2014. Está escrito en distintos idiomas. En el protocolo se establece que «los Estados han expresado su preocupación por la intensificación de la gravedad y frecuencia de comportamientos insubordinados a bordo de aeronaves que pueden poner en peligro la seguridad de las aeronaves o de las personas o bienes en las mismas o que ponen en peligro el buen orden y la disciplina a bordo».
Luego dice: «RECONOCIENDO el deseo de muchos Estados de ayudarse mutuamente para refrenar el comportamiento insubordinado y restablecer el buen orden y disciplina a bordo de la aeronave; CONVENCIDOS de que a fin de abordar estas preocupaciones, es necesario adoptar disposiciones para modificar las del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963».
A continuación, establece el articulado, que figura en el repartido que está en poder de todos los señores senadores.
En la página 39 del repartido figura el texto consolidado del convenio y del protocolo. Allí se incluye el texto consolidado del convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 1963) y del Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Montreal, 2014). El texto completo de ese texto consolidado obra en poder de los señores senadores.
Este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes hace unos días, y contó con el voto unánime de su Comisión de Asuntos Internacionales. Por esa razón, propongo al Cuerpo su aprobación en este momento.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, suscrito en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de abril de 2014».
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:
Carp. n.º 1237/2018 - rep. n.º 789/18».
SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1223/2018, correspondiente a la solicitud del Poder Ejecutivo para designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo (escalafón N), a la doctora Darviña Shirley Viera Negrín.
SEÑOR CARRERA.- Me corresponde informar la venia para la designación en el cargo de fiscal letrado de Montevideo a la doctora Darviña Shirley Viera Negrín.
En primer lugar, queremos decir que el director general de la Fiscalía General de la Nación, por resolución n.º 586/2017, de 27 de setiembre de 2017, convocó a un concurso de oposición y méritos para proveer los cargos de fiscal letrado de Montevideo.
Cumpliendo con las formalidades de estilo, controlada la documentación formalmente y por los méritos de los postulantes, por resolución n.º 816/2017, el director general de la fiscalía aprobó lo actuado por el tribunal que había designado a esos efectos y conformó una lista de prelación para los cargos vacantes de fiscal letrado de Montevideo.
Por oficio n.º 625/2018, de 20 de setiembre de 2018, ante la existencia de una vacante a efectivizarse el 1.º de octubre de 2018, el director general de la Fiscalía General de la Nación propuso al Poder Ejecutivo la designación de la doctora Darviña Viera, quien ocupó el noveno lugar del orden de prelación del concurso aprobado por la resolución n.º 816/2017.
Por mensaje 031/18, de 29 de octubre de 2018, en asunto 120/2018, ante la vacante citada, el Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores se sirva aprobar la venia requerida, conforme al numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república, designándose, a propuesta del fiscal de corte y actuando dentro de la competencia funcional, a la doctora Darviña Shirley Viera Negrín para ocupar el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N.
En este sentido, analizamos este asunto en la Comisión de Asuntos Administrativos y consideramos que este Cuerpo debe aprobar la venia de designación ya que se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante, y en mérito a que la ciudadana propuesta reúne las aptitudes suficientes y necesarias a efectos de cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo.
Queremos señalar que la propuesta se ajusta adecuadamente a la normativa legal para la provisión de cargos.
Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.º 1223/2018.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado de Montevideo (Escalafón “N”) a la doctora Darviña Shirley Viera Negrín».
En consideración la carpeta n.º 1236/2018, correspondiente a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo (escalafón N), a la doctora Ana Cristina Vallverdú Olivera.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en nombre de la Comisión de Asuntos Administrativos me corresponde informar la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo (escalafón N), a la doctora Ana Cristina Vallverdú Olivera.
El director general de la Fiscalía General de la Nación, por resolución n.º 586/2017, de 27 de setiembre de 2017, convocó a concurso de oposición y méritos para proveer los cargos de fiscales letrados de Montevideo; se cumplieron las formalidades de estilo y se controló formalmente la documentación y los méritos de los postulantes.
Por resolución n.º 816/2017, el señor fiscal de corte resolvió aprobar lo actuado por el tribunal, que había sido designado a esos efectos, y conformar una lista de prelación para los cargos de fiscal letrado de Montevideo.
Por oficio n.º 704/2018, de 10 de octubre de 2018, ante la existencia de una vacante a efectivizarse el 1.º de diciembre de 2018, el señor fiscal de corte y procurador general de la nación propone al Poder Ejecutivo la designación de la doctora Ana Cristina Vallverdú Olivera, quien ocupó el undécimo lugar en el orden de prelación del concurso, aprobado por la resolución n.º 816/2017.
Por mensaje n.º 034/2018, de 12 de noviembre de 2018, y asunto n.º 125/2018, ante la vacante citada, el Poder Ejecutivo solicita a la Cámara de Senadores se sirva aprobar la venia requerida por el numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república. Allí, a propuesta del señor fiscal de corte, actuando este dentro de su competencia funcional que en el orden administrativo la ley le asigna, se designa a la doctora Ana Cristina Vallverdú Olivera para ocupar el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N.
Dado que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente respecto a la provisión de cargos, así como al marco jurídico imperante, en mérito a que la ciudadana que se propone reúne las aptitudes suficientes y necesarias a los efectos de cumplir con los objetivos y los cometidos funcionales inherentes al cargo, su asesora aconseja al Cuerpo la aprobación de esta venia.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado de Montevideo (Escalafón “N”) a la doctora Ana Cristina Vallverdú Olivera».
En consideración la carpeta n.º 1238/2018, correspondiente a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado de Montevideo (escalafón N) a la doctora Sylvia Daniela Lovesio Donati.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: el director general de la Fiscalía General de la Nación, por resolución n.º 586/2017 convocó a un concurso de oposición y méritos para proveer los cargos de fiscales letrados de Montevideo, cumpliéndose con todas las formalidades de estilo.
En la Comisión de Asuntos Administrativos pudimos controlar formalmente la documentación y los méritos de los postulantes, comprobando que se nombró el tribunal correspondiente y se realizó el concurso de oposición y méritos.
Por resolución n.º 816/2017, el señor fiscal de corte aprobó lo actuado por el tribunal.
Por oficio n.º 701/2018, ante la existencia de una vacante que se va a efectivizar el 1.º de diciembre de 2018, el señor fiscal de corte y procurador general de la nación propone al Poder Ejecutivo la designación de la doctora Sylvia Daniela Lovesio Donati, quien ocupó el décimo lugar en el orden de prelación del concurso, aprobado por la resolución n.º 816/2017.
Por mensaje n.º 033/2018, de 12 de noviembre de 2018, y asunto n.º 124/2018, ante la vacante citada, el Poder Ejecutivo solicita a la Cámara de Senadores se sirva aprobar la venia requerida por el numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república. Allí, a propuesta del señor fiscal de corte, actuando este dentro de las competencias funcionales que la ley le otorga, se designa a la doctora Sylvia Daniela Lovesio Donati para ocupar el cargo de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N.
Dado que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente respecto a la provisión de cargos y al marco jurídico imperante, en mérito a que la ciudadana que se propone reúne las aptitudes suficientes y necesarias a los efectos de cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo, la Comisión de Asuntos Administrativos aconseja al Cuerpo que conceda la venia solicitada por el Poder Ejecutivo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado de Montevideo (Escalafón “N”) a la doctora Sylvia Daniela Lovesio Donati».
En consideración la carpeta n.º 1239/2018, correspondiente a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental (escalafón N) al doctor Jorge Fabio Vaz González.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como bien señaló, corresponde informar la solicitud de venia para designar como fiscal letrado departamental al doctor Jorge Fabio Vaz González.
El director general de la Fiscalía General de la Nación, por resolución n.º 872/2016, de 1.º de diciembre de 2016, convocó a concurso de oposición y méritos para proveer cargos de fiscales letrados departamentales, cumpliéndose con todas las formalidades de estilo. La documentación fue controlada formalmente, así como los méritos de los postulantes. Se nombró el tribunal correspondiente y se realizó el concurso de oposición y méritos.
Por resolución n.º 326/2017, de 6 de junio de 2017, el señor fiscal de corte resuelve aprobar lo actuado por el tribunal designado a esos efectos y conformar una lista de prelación para los cargos vacantes de fiscal letrado departamental, que en la misma ampliamente se detalla.
Por oficio n.º 578/2018, de 6 de setiembre de 2018, el fiscal adjunto de corte, doctor Ariel Cancela, propone al Poder Ejecutivo la designación del doctor Jorge Fabio Vaz González, quien ocupó el decimosexto lugar en el orden de prelación del concurso, aprobado por la resolución n.º 326/2017.
Por mensaje n.º 032/2018, de 12 de noviembre de 2018, y asunto n.º 123/2018, ante la vacante existente, el Poder Ejecutivo solicita a la Cámara de Senadores se sirva aprobar la venia requerida por el numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república. Allí, a propuesta del señor fiscal adjunto de corte, doctor Ariel Cancela, actuando este dentro de las competencias funcionales que en el orden administrativo la ley le asigna, se designa al doctor Jorge Fabio Vaz González para ocupar el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N.
Dado que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente respecto a la provisión de cargos y al marco jurídico imperante, en mérito a que el ciudadano que se propone reúne las aptitudes suficientes y necesarias a efectos de cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo, la comisión aconseja al Cuerpo la aprobación de esta venia.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Departamental (Escalafón “N”) al doctor Jorge Fabio Vaz González».
En consideración la carpeta n.º 1237/2018, correspondiente a la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscal letrado adscripto (escalafón N) a la doctora Paula Andrea Goyeni Hernández.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: actuando en representación de la Comisión de Asuntos Administrativos, esta es la última venia que voy a informar y refiere a la designación de la doctora Paula Andrea Goyeni Hernández para ocupar el cargo de fiscal letrado adscripto.
En primer lugar, por resolución de la Fiscalía General de la Nación n.º 976/16, de 29 de diciembre de 2016, el señor fiscal adjunto de corte convoca a concurso de oposición y méritos para proveer los cargos de fiscales letrados adscriptos. En segundo lugar, cumplidas las formalidades de estilo, controlada formalmente la documentación y los méritos de los postulantes y nombrado el tribunal correspondiente, se realizó el concurso de oposición y méritos. En tercer lugar, por resolución de la Fiscalía General de la Nación n.º 426/17, de 4 de agosto de 2017, el fiscal adjunto de corte resuelve aprobar lo actuado por el tribunal designado a los efectos y conformar una lista de prelación para los cargos vacantes de fiscal letrado adscripto que tuvimos a la vista. En cuarto lugar, por oficio n.º 548/18, de 27 de agosto de 2018, el fiscal adjunto de corte a la Dirección General, doctor Ariel Cancela, propone al Poder Ejecutivo la designación de la doctora Paula Andrea Goyeni Hernández, al amparo de la Ley n.º 19122, quien ocupó el lugar número setenta y ocho en el orden de prelación del concurso aprobado por la resolución n.º 426/17.
Por mensaje 035/018, de 12 de noviembre de 2018, en el asunto 127 de 2018, ante la vacante existente, el Poder Ejecutivo solicita a la Cámara de Senadores se sirva aprobar la venia requerida por el numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república. El señor fiscal adjunto de corte a la Dirección General, actuando dentro de las competencias funcionales de la Fiscalía General de la Nación, designa a la doctora Paula Andrea Goyeni Hernández para ocupar el cargo de fiscal letrado adscripto, escalafón N.
Habida cuenta de que todo lo actuado se ajusta a la normativa vigente y al régimen jurídico imperante y en mérito a que la ciudadana propuesta reúne las aptitudes suficientes y necesarias a efectos de cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo, la Comisión de Asuntos Administrativos aconseja al Cuerpo que se otorgue la venia referida.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Adscripto (Escalafón “N”) a la doctora Paula Andrea Goyeni Hernández».
16)	UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA
SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18832, de 28 de octubre de 2011, sobre la Unidad Alimentaria de Montevideo. (Carp. n.º 1197/2018 - rep. n.º 791/18 y anexo I)».
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: todo empezó con la idea de revalorizar la zona ubicada al norte de la avenida 8 de Octubre, que tiene como eje central la calle Dámaso Antonio Larrañaga. Primero fue el Hipódromo de Maroñas; después el realojo de las viviendas cercanas al hipódromo; recientemente le siguió la inauguración del Antel Arena y, por último, resta concretar una idea que ya estaba concebida: cambiar de lugar el Mercado Modelo que está en las inmediaciones de esa zona.
Cuando uno estudia los mercados de Montevideo puede ver que se fueron alejando del centro de la ciudad. El Mercado del Puerto fue uno de los primeros; le siguió el Mercado Agrícola, que durante un tiempo estuvo en la zona del ejido y, posteriormente, el propio Mercado Modelo. Está instalado en una zona que se fue pauperizando, lo que llevó a que en los años 2008 o 2009 se empezara a pensar en un nuevo traslado hacia otro lugar de Montevideo, más alejado del centro de la ciudad.
Se debe tener en cuenta que la comercialización implica bajar costos, para lo que se requiere disponer de camiones de mayor dimensión, lo que –naturalmente– significa que no pueden entrar a la ciudad por todas las dificultades que ello acarrea. Por eso, el 28 de octubre de 2011 se consagra la Ley n.º 18832 que crea la Unidad Alimentaria de Montevideo. Es una unidad desconcentrada que se interrelaciona con el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esa unidad alimentaria, que se plasmó en la mencionada ley, es un sueño que se arrastra desde hace muchos años. Pero la ley, tal como hoy queda demostrado, es dinámica: dio respuesta a una realidad, luego esa realidad superó a la norma, posteriormente se introdujeron cambios para responder a esa realidad, pero nuevamente la realidad nos supera.
De modo que se arrancó con un proyecto de ley con la perspectiva de aportar algunos recursos públicos del Estado a este sueño. Además, la idea es incluir en el directorio la representación del interior con la incorporación de un integrante del Congreso de Intendentes, para que no le sea ajeno lo que se produce en el Uruguay a la hora de comercializar porque, aunque el 65 % de la producción de frutas y verduras viene de la zona metropolitana, de Montevideo y Canelones, hay otros departamentos que colaboran.
Cuando el proyecto de ley ingresa a la Cámara de Representantes, como se van a destinar dineros nacionales, va a participar el Congreso de Intendentes y se va a hacer un esfuerzo nacional tendiente a la comercialización de los productos del conjunto de los uruguayos, se repiensa y se llega a la conclusión de que no puede llamarse Unidad Alimentaria de Montevideo. Es así que se crea, con la misma sigla, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, pero con un concepto más amplio e integrador de nuestra sociedad. Por supuesto, no se tiene que estar de acuerdo con todo, pero aquello, en su momento contó con el apoyo de una amplia mayoría. Entendemos que el Mercado Modelo no puede estar ubicado en una zona como la actual, a muy pocas cuadras de Luis Alberto de Herrera y 8 de Octubre y de José Pedro Varela y Dámaso Antonio Larrañaga, cercano al Antel Arena, sino que hay que concebirlo en otra zona de Montevideo, donde se pueda plasmar la comercialización de los productos del país. Eso se tenía que hacer con una gestión inteligente, bajo ciertos principios privados, pero con la regulación del Estado para evitar el monopolio de ese mercado o el manejo de un solo capital. Por eso se constituyó esta persona de derecho público no estatal que, de aprobarse este proyecto de ley, se estaría llamando Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
Este proyecto de ley surge a partir de un pedido de la Intendencia de Montevideo al Poder Ejecutivo para hacer unas modificaciones y que colabore con algún dinero. El Poder Ejecutivo acepta colaborar económicamente, pero pide al Congreso de Intendentes que lo integre. Ahora se quiere que en la mesa ejecutiva –que estaba integrada por el presidente y los secretarios propuestos por la Intendencia de Montevideo– el tercer miembro sea del Poder Ejecutivo, que aporta dinero y es una forma de que ejerza un control mayor. Cuando el proyecto de ley entra a la Cámara de Representantes se lo concibe de una manera distinta, más amplia. Repito que en esa mesa ejecutiva va a estar representado el Poder Ejecutivo y en el directorio también va a estar el Congreso de Intendentes. Asimismo, se va a establecer un recurso a esa persona de derecho público no estatal, que tiene una gran influencia en Montevideo y que con el correr de los años estamos seguros de que va a tener modificaciones porque la vida es así. Conaprole se creó con presencia estatal del Poder Ejecutivo y de la intendencia; cuando recuperamos la democracia seguían en el directorio un representante de la intendencia y otro del Poder Ejecutivo, que hacían poco y cobraban mucho, pero en determinado momento se decidió que ya no lo integraran más a partir de la fecha en que vencían sus mandatos. Quizás en el futuro esa Unidad Agroalimentaria Metropolitana –es un nombre más moderno que el de mercado– tenga una influencia menor de Montevideo y sea mayor la del resto del país o del propio Congreso de Intendentes.
Los cambios que se están haciendo son para dar más participación y amplitud a lo que se plantea en la ley que, si mal no recuerdo –podríamos recurrir a la versión taquigráfica–, se votó en forma unánime. Ahora sí se está incorporando un recurso por parte del Poder Ejecutivo del orden de los USD 15:000.000. Esto se hace en muchas etapas para ayudar a la construcción y a la finalización de las obras de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Esto no solo nos permitirá contar con un edificio e instalaciones modernas e inteligentes, sino que además esa persona de derecho público no estatal –que ahora se denominará Unidad Agroalimentaria Metropolitana– podrá autosustentarse y se podrá recuperar la zona del Mercado Modelo, lo que no es un hecho menor, señora presidenta.
Todos sabemos que cuando se hace una obra se valoriza el patrimonio de los dueños de los inmuebles. Por ejemplo, cuando se hace una ruta, mejora sustancialmente el valor de la propiedad de los frentistas de la ruta –aclaro que no estamos hablando del Frente Amplio– hasta el punto de que, por cierta cantidad de años o cuando vende, el Estado puede cobrarle un impuesto por la valorización de ese bien. Independientemente de las discusiones que puede haber, no hay duda de que el valor de los inmuebles cercanos al hipódromo de Montevideo y al Antel Arena –nombro dos obras para que no se piense que es de un solo sector o color– incluido el realojamiento de las familias que estaban cercanas al hipódromo, ha mejorado sustancialmente. Cuando se repiense y se construya en el sitio donde está hoy el Mercado Modelo, esa zona se va a revalorizar más. El realojo de esta unidad que primero se llamó Unidad Alimentaria de Montevideo y que ahora pasará a denominarse Unidad Agroalimentaria Metropolitana es en beneficio de la gente y de Montevideo, porque también se revitaliza la zona y, además, en lo que tiene que ver con el transporte, se va a tener un mejor acceso, evitándose contratiempos de todo tipo como los que pueden generar los camiones con zorras en medio de la ciudad. Reitero que está ubicada a muy pocas cuadras de una de las intersecciones más concurridas como es la de las avenidas Luis Alberto de Herrera, Centenario, Dámaso Antonio Larrañaga y 8 de Octubre.
El trabajo que se realizó en la Cámara de Representantes incorporó un elemento adicional, le cambió el nombre y eso significó que se agregaran artículos. En el comparativo los señores senadores podrán observar que en tres columnas figuran: el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el aprobado por la Cámara de Representantes y el sustitutivo aprobado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. La tercera columna tiene menos cambios que la segunda con respecto a la primera. Ayer, a última hora, con un trabajo heroico de la secretaría, se confeccionó este comparativo que debería tener una cuarta columna donde figurara el proyecto actual, pero los señores senadores pueden verlo en la página 64 de las disposiciones citadas.
La ley actual está compuesta por dieciséis artículos y el proyecto de ley que estamos considerando le agrega cuatro artículos más, llegando a un total de veinte disposiciones. Además se deroga el artículo 15, relativo a la inembargabilidad de los créditos de la Unidad Alimentaria de Montevideo. ¿Cuáles son esos cambios? Algunos son cambios de artículos que solo modifican el nombre. La persona de derecho público no estatal creada bajo la denominación Unidad Alimentaria Montevideo ahora pasa a llamarse Unidad Agroalimentaria Metropolitana y el resto del artículo queda igual. ¿Es mejor ese artículo? Por supuesto que sí, porque no solamente conlleva la comercialización de casi el 70 % de los productos generados en el área metropolitana, sino que aunque haya una presencia muy grande del departamento de Montevideo en la ley actual, a través de estos cambios se comienza a dar participación al Congreso de Intendentes y hay una voz en ese directorio muy amplio que representa al resto de los departamentos. A la hora de comercializar hortalizas, frutas, verduras, habrá una voz que representará al 25 % o 30 % de lo que se comercializa también en el Mercado Modelo. Esto no quiere decir que los otros departamentos no produzcan. Uruguay produce para más de treinta millones de habitantes; por lo tanto, si somos entre tres millones y tres millones y medio estamos exportando la producción de alimentos para veinticinco o veintiséis millones de ciudadanos. En ese sentido, el acuerdo que se hizo con Japón es muy importante porque toda la carne uruguaya que exportamos no podría satisfacer a un mercado de ciento veintiséis millones de personas. No es que ciento veintiséis millones de personas tengan el mismo consumo per cápita de carne que Uruguay, pero aunque los japoneses consumieran la cuarta parte con respecto a los uruguayos no alcanzaría nuestra producción para satisfacer ese mercado. Tampoco es bueno tener un solo mercado, pero el japonés es el que paga más. ¿Y cuánto nos llevó? ¿Nos llevó dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve años recuperar el mercado japonés? Sin dudas, se trató de una pérdida muy grande.
Ahora que hablamos de la trazabilidad y de las condiciones sanitarias, nuestro país debe defender –podemos seguir incrementando nuestras exportaciones de carne, pero el número se acerca cada vez más a un número finito– la producción de animales en forma más natural. Si no lo hiciéramos de esa forma, tendríamos que estar trayendo granos para producir en feedlot.
Ahora bien, quiero referirme a este país agroexportador, con una parte agroalimentaria en su consumo que quiere modernizar. En ese sentido, el Poder Ejecutivo dispone recursos, con lo que se logra una cabeza más abierta como Unidad Agroalimentaria Metropolitana, incluyendo en el directorio al Congreso de Intendentes e incorporando en la mesa chica al propio Poder Ejecutivo –en la medida en que dispone recursos– al agregar cuatro artículos que paso a detallar. El artículo 11 de este proyecto de ley agrega un artículo 17 a la ley madre –la ley inicial– en cuanto a lo que era la Unidad Alimentaria de Montevideo, que hoy se denomina Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Naturalmente, se otorgan potestades para adjudicar concesiones de uso privado a la mesa ejecutiva correspondiente.
El artículo 12 del proyecto agrega a la ley un artículo 18 referido a las exoneraciones impositivas con las cuales comienza a funcionar esta Unidad Agroalimentaria Metropolitana, con excepción de las de la contribución social. No estamos hablando de que aquellos que tengan concesión estén exentos de impuestos, sino de que esta unidad de derecho público no estatal estará exenta de los impuestos correspondientes, al igual que otras personas de derecho público no estatal que gozan de los mismos beneficios.
El artículo 13 agrega el artículo 19 a la ley madre y establece que los fideicomisos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana tienen las mismas características, estructura financiera y tratamiento fiscal que la Administración.
El artículo 14 faculta –por el artículo 20– a la ley madre a otorgar esos quince millones de dólares que decimos que se van a otorgar en el correr de quince años, si mis matemáticas no me hacen trampa.
En función de esto y de que en su oportunidad la Unidad Alimentaria de Montevideo se votó con amplia mayoría, venimos a solicitar al Senado que apruebe los cambios hechos en la Cámara de Representantes –respecto al proyecto de ley del Poder Ejecutivo– y en el Senado –respecto al proyecto de ley de la Cámara de Representantes– para que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana tenga –si se aprueba– larga vida en nuestro ordenamiento comercial de productos de la granja, hortalizas, frutas y verduras.
Si el Senado aprueba estas modificaciones, deberían pasar con cierta urgencia a la Cámara de Representantes a los efectos de que se aprueben antes de fin de año y podamos contar con esta nueva unidad.
Estoy a las órdenes para contestar las preguntas que deseen formular los señores senadores.
Esta es una buena medida. El traslado del Mercado Modelo a otro lugar, repito, es una muy buena decisión. Creo que nadie puede negarlo.
Las ciudades crecen, las necesidades van cambiando y los gobernantes deben tomar decisiones, algunas veces compartidas y otras no, pero deben tomarlas. Así ha pasado en los últimos veinticinco o treinta años en el Uruguay.
¿Qué sería de la ciudad de Montevideo sin los accesos de la zona oeste, que fueran inaugurados por el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Sanguinetti, y el expresidente Julio María Sanguinetti? ¡Imaginemos el ingreso a la ciudad por las calles y sin los accesos! ¿Qué sería del ingreso por la zona oeste de la ciudad sin el puente sobre el río Santa Lucía, visión tremenda del entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Lucio Cáceres, y el propio expresidente Jorge Batlle? Sin dudas, seguiríamos utilizando el viejo «Puente de fierro sobre el pajonal…», como dice la canción.
¿Qué sería de todo ese tráfico si no tuviéramos la doble vía Montevideo-Colonia, que tanto costó, también visión de Lucio Cáceres? ¡Imaginemos por un instante el desarrollo del turismo sin la doble vía Montevideo-Punta del Este, visión del entonces presidente Luis Alberto Lacalle, que lo concesionó! ¡Imaginemos si no tuviéramos doble vía! Hoy ya se está demandando el tercer carril, sin lugar a dudas. ¿Qué sería de la zona este de Montevideo sin el Puente de las Américas? Esos fines de semana en que retorna la gente que va a la Costa de Oro de Canelones, a Maldonado o a Rocha serían un caos. Y eso también fue visión del ingeniero Lucio Cáceres. Estamos hablando de uno de los puentes más lindos del país, proyecto del ingeniero español Julio Martínez Calzón.
¿Qué sería del ingreso al país por vía aérea sin el Aeropuerto Internacional de Carrasco, esa terminal tremenda que tenemos –una de las más lindas de América–, también visión del entonces presidente Batlle y del ingeniero Lucio Cáceres?
¿Qué sería de Punta del Este sin el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, visión del Gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle? Esa concesión, por suerte, ya no es criticada, pero obviamente lo fue en aquel entonces, cuando se decía que con ese procedimiento se vendía el patrimonio nacional y la soberanía.
¿Qué sería hoy del transporte de la ciudad de Montevideo sin la Perimetral Wilson Ferreira Aldunate, construida en el primer Gobierno del doctor Tabaré Vázquez, con el trabajo del ministro Rossi? Imaginemos los problemas que tendríamos hoy en día.
Más temprano se mencionaba lo que ha sucedido alrededor del Hipódromo Nacional de Maroñas. ¿Qué sería de esa zona sin la recuperación de ese hipódromo?
¿Qué sería de la propia Punta del Este sin lo que significó la concesión del primer casino privado, en el Conrad, durante el Gobierno del doctor Lacalle?
Hoy se plantea el traslado del Mercado Modelo, y eso está muy bien; es muy bueno. Es una medida que se anticipa a futuros problemas y soluciona dificultades actuales. Pero tenemos algunas discrepancias. Queremos que se haga, queremos el traslado; nos parece un proyecto muy bueno. Pero ¿quién paga? ¿Quién pone el dinero para un mercado que es competencia de la Intendencia de Montevideo? ¿De dónde sale el dinero? Creemos que el Gobierno está echando mano a recursos que no tienen el destino que se le quiere dar, que no es otra cosa que un subsidio a la Intendencia «compañera» de Montevideo. ¡Esa es la realidad! Le están sacando recursos al Fondo de Fomento de la Granja para dárselos a la ineficiente Intendencia de Montevideo, engordada de empleados públicos, ONG compañeras y muchas cosas más, porque no tiene recursos para hacer la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
SEÑOR CARRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Carrera.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: solo quiero clarificar algo, y agradezco la interrupción que me ha concedido el señor senador Bordaberry.
Los recursos del Fondo de Fomento de la Granja que se van a destinar a solventar el nuevo proyecto fueron votados por los propios productores. Eso debe quedar claro. La decisión sale de ellos, porque consideran que la nueva unidad alimentaria, el nuevo Mercado Modelo, les va a servir para democratizar el acceso a la enajenación de sus productos.
SEÑOR BORDABERRY.- Tuve el honor de integrar el Gobierno que creó el Fondo de Fomento de la Granja, lo que ocurrió en momentos muy duros para el país, de crisis, que se están reiterando en estos momentos en lo que hace a la producción granjera, a la producción lechera, y a una serie de actividades vinculadas con el agro, sobre lo que creo que no tengo que insistir. Acerca de lo que está pasando con la leche, por ejemplo, más vale no insistir mucho. Cuando se votó un dinero para la gente de PILI la última vez, no hace mucho –no más de un mes y medio o dos–, dijimos: «Todos sabemos hacia dónde va esto». Igualmente se votó, pero pasó lo que tenía que pasar: la empresa cerró. La noticia del otro día fue que hicieron el último queso.
Entonces, por más que esto cuente con el apoyo de los productores, del Gobierno y de todos los que quieran, creo que el Fondo de Fomento de la Granja no debe tener como destino una unidad de la Intendencia de Montevideo. Todos sabemos que pueden volver a ocurrir desastres climáticos o problemas en el sector, y nos parece que el destino obvio del fondo tiene que ser ese, no el de una unidad agroalimentaria. No corresponde que destinemos el fondo de los productores para subsidiar una obra de la Intendencia de Montevideo.
Esto no es nuevo, además, en las políticas del Frente Amplio. La señora presidenta recordará lo ocurrido con el subsidio al gasoil del transporte público. Hoy el productor lechero de San José, de Florida o de Colonia paga más el gasoil porque está subsidiando el boleto de Montevideo. ¡Todos los productores lo están haciendo! Y vamos a decir la verdad: el 65 % del transporte metropolitano es de una empresa presidida por el asesor honorario del presidente de la república en materia de transporte, que a su vez tiene un shopping center. Y el canarito del campo, el que llena desde un tambor, está subsidiando el shopping center. Discúlpenme, pero ¡estas cosas hay que decirlas! ¿Alguna vez le pasó, señora presidenta, tener que cargar el gasoil con el tambor en la mitad del campo, dándole manija? Esa persona está subsidiando el shopping center. ¡Vaya si es complicado! Y ahora vamos a subsidiar de vuelta a la Intendencia de Montevideo. Yo no digo que no se haga; lo que digo es que la Intendencia de Montevideo tiene que ser más eficiente para no tener que recurrir a recursos del Fondo de Fomento de la Granja a fin de construir la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
Además, pagamos sueldos importantes. Al presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana le vamos a pagar $ 160.000 por mes. ¡Es plata! ¿Cuánto gana un productor lechero? ¿Cuánto gana un productor granjero?
¿Esto es para democratizar el acceso a la venta? Si uno se toma el tiempo de ver el plan de negocios e interroga a los integrantes de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, advierte que no es precisamente un elemento democratizador. Se aplican los conceptos más modernos de la economía de mercado, del shopping center, porque se cobra el espacio por metro cuadrado; obviamente, algunos –los que tienen más poder– podrán comprar más espacio, mientras a los otros se les va a dar algo pero no permanente. Un elemento democratizador sería que todos accedieran en igualdad de condiciones a vender su producción, me parece. Y, en realidad, creo que no es lo que está previsto.
Pero además de eso, hay algo que llama la atención. Si los señores senadores miran el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo verán que hablaba de la Unidad Alimentaria de Montevideo; en la Cámara de Representantes se le introdujo un cambio en el nombre: Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Quiere decir que se cambió «Alimentaria» por «Agroalimentaria», y «de Montevideo» por «Metropolitana». ¡Llama la atención!
Cuando comparecieron ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca los integrantes de la en ese entonces –y hasta hoy– Unidad Alimentaria de Montevideo, les preguntamos acerca de si esto iba a ser un monopolio o no, y las respuestas fueron que sí pero que no, pero que la Junta de Montevideo iba a sacar un decreto que establecería que no iba a autorizar ningún mercado de venta de productos en todo el departamento de Montevideo. Les dijimos que eso era establecer un monopolio de hecho, y les advertimos que tuvieran cuidado porque, por más que la Junta Departamental aprobara un decreto, el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución dice que en estos casos se requiere ley, y dado que la Unidad Alimentaria de Montevideo no va a ser del Estado, se requiere una mayoría de dos tercios de votos.
Además, se afecta la libertad. Si cualquier otro quiere instalar un mercado en la zona este para vender su producción –dado que esto va a estar en la zona oeste, allá por Melilla, y hay que hacer el traslado por toda la ciudad–, la Intendencia de Montevideo ya anunció que no va a poder hacerlo. O sea que estamos destinando dinero de la granja para crear una unidad agroalimentaria que va a tener la exclusividad en el departamento de Montevideo.
Entonces dijimos: «Volverá la vieja Turisferia». ¿Se acuerdan de la Turisferia? Era un mercado que había en el Parque Roosevelt hace treinta o cuarenta años. Advertimos que la gente volvería a cruzar el arroyo Carrasco para ir a comprar del otro lado, no carne esta vez, sino fruta, y la respuesta fue cambiarle el nombre y llamarla Unidad Agroalimentaria Metropolitana. ¡Esa fue la respuesta después de que hicimos esas apreciaciones! Evidentemente hay una intención, no de ser más eficientes, no de brindar el mejor servicio, sino de decir: «En Montevideo solamente se puede ir ahí». Atrás vendrá algún otro decreto o alguna otra norma; hay que estar atentos.
Nos parece que esta muy buena iniciativa, esta muy buena obra, no debería financiarse con el dinero del Fondo de Fomento de la Granja; nos parece que esta muy buena obra no debería pagar los salarios que paga, equivalentes a los de directores de la intendencia; nos parece que esta muy buena obra debería ser solamente para Montevideo y no afectar la posibilidad que tienen otros departamentos de hacer lo mismo; nos parece que esta muy buena obra debería encararse de otra forma.
De manera que no vamos a acompañar la mayoría de estos artículos porque hacen al cambio de nombre, con lo que no estamos de acuerdo, o hacen a la financiación, con lo que tampoco estamos de acuerdo.
SEÑOR HEBER.- Nosotros entendemos los apuros del oficialismo y en comisión no hicimos cuestión de la rápida sanción de este proyecto; lo único que pedimos fue la posibilidad de tener una instancia para consultar a nuestra bancada y, sobre todo, a los compañeros diputados de nuestro partido que habían analizado y votado este proyecto de ley.
El tema de esta unidad alimentaria fue a la Comisión de Constitución y Legislación. Nosotros no somos miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, que también estuvo tratando este asunto, pero junto con el señor senador Besozzi estuvimos cambiando opiniones en la bancada respecto de este proyecto de ley.
Ante todo, sin entrar en la discusión sobre si los nombres de los proyectos forman parte de la ley o no, creo que debería cambiarse el nombre, porque el título reza «Unidad Alimentaria de Montevideo» y todo el proyecto habla de «Unidad Agroalimentaria Metropolitana».
Insisto en que entendemos los apuros, pero en la bancada se nos hizo una pregunta que yo trasladé a la Comisión de Constitución y Legislación. En cuanto se empezó a tratar el tema, la primera pregunta que hice fue si esto consagraba un monopolio en el departamento de Montevideo. No se me contestó con claridad, hasta que intervino el señor senador Bordaberry –que tiene la doble condición de ser miembro de ambas comisiones– diciendo lo mismo que hemos escuchado ahora en el sentido de que en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca ya se había cuestionado que Montevideo, mediante un decreto, estableciera un monopolio de hecho a esta unidad alimentaria.
La gente que conoce más la realidad montevideana nos dice que el Mercado Modelo, que se estableció hace mucho tiempo, fue organizado por los propios productores y fue estatizado en la década de los cuarenta. Es así que eso terminó siendo administrado, primero en sociedad con los productores, y después –como ocurre en la actualidad– pasó a ser una unidad de la Intendencia de Montevideo. Es decir que fue evolucionando hacia la estatización.
Yo coincido con los comentarios sobre el traslado desde el lugar donde está hoy al enclave en Melilla, donde nace el corredor Wilson Ferreira Aldunate –gran obra, que en su momento apoyamos, pues era necesario este corredor anular para poder llevar las cargas pesadas–, que une rápidamente el oeste con el este del departamento de Montevideo. Nos parecía bien el enclave en el que se ubicaría la unidad alimentaria.
Ahora bien, la pregunta sigue estando en el aire y la verdad es que no entendemos –y esperaría que se me justificara– por qué la necesidad de un monopolio, que además ya ni siquiera es departamental, porque quizás esto venga complementado con otros decretos de la Junta Departamental de Canelones para que la producción de ese departamento también vaya a esta unidad alimentaria, y desde ahí se distribuya a los grandes centros poblados del departamento –como Las Piedras, Canelones, La Paz, Pando– por medio del corredor Wilson Ferreira Aldunate. La verdad es que, estando de acuerdo con la idea, con el proyecto, no entendemos la propuesta. Me gustaría que en esta instancia, en la que estamos tratando el tema, se nos dijera por qué la necesidad de que haya un monopolio. Yo estoy en contra de los monopolios de todo tipo, los estatales y los privados; mucho más de los privados, pero también estoy en contra de los monopolios estatales.
Uno se tiene que preguntar, como reflexión en voz alta, qué pasaría si mañana hubiera una explosión granjera en el país. Según las cifras de que disponemos, hoy hay aproximadamente quinientos productores que tienen sus parcelas en el Mercado Modelo, y mañana solo habrá doscientas cincuenta posiciones. Entonces, ¿hay doscientos cincuenta productores que se tienen que asociar? ¿A dónde van a ir? ¿Dejarán de trabajar en esto? Porque si hay una situación de monopolio en el departamento de Montevideo no tienen alternativa. A veces, quizás –y coincido–, la situación actual es un poco caótica. Es verdad. Esto lo he hablado con el director de la unidad alimentaria y también con el hoy encargado, que me parecen excelentes técnicos y no tengo otra opinión de ellos que no sea favorable. Sin embargo, la discusión va más allá de cómo se administra la Unidad Agroalimentaria Metropolitana; la pregunta es qué va a pasar con esos granjeros que en la actualidad tienen un puesto más pequeño en el Mercado Modelo –vuelvo a decir que quizás hoy la situación allí es un poco caótica y por eso me parece bien que se cree esta unidad–, en tanto se anuncia que allí solo habrá doscientas cincuenta parcelas.
La primera pregunta que uno se hace, entonces –que no tiene que ver con el proyecto de ley pero sí con lo que sucederá cuando sea aprobado–, es qué pasará con los trabajadores de la tierra que no tengan otra alternativa. Lo digo porque tampoco podrán instalarse en algún galpón con administración privada, aunque tengan el control bromatológico estatal, las medidas de sanidad que correspondan e inspecciones altamente exigentes que disponga la Intendencia de Montevideo, es decir, todas las garantías necesarias para que las frutas y hortalizas que allí se vendan tengan las mismas condiciones establecidas para la unidad alimentaria. ¿Por qué no pueden hacerlo? Un productor que no esté en condiciones por no contar con el capital necesario para pagar el piso en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, tendrá que dejar esta actividad y directamente no vender.
Incluso, los márgenes son muy pequeños. No hablo de lo que no conozco y no soy un conocedor del tema de la granja, pero recibí a los productores y sé que hay algunos que están a favor y muchos otros que están en contra.
Si bien hay una mejora, para mí es insuficiente. Debo reconocer el trabajo realizado por el señor senador Carrera, quien incluyó en el proyecto de ley un literal que, aunque no resuelve, busca atender esta situación. Esto quiere decir que el problema existe, porque de lo contrario el señor senador Carrera no habría hecho este agregado para que se tenga presente la situación de los pequeños productores, de aquellos que no tienen margen para poner en esto.
Lo que no me convence es esta actitud de encierro que se plantea con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Lamentablemente, no tuvimos oportunidad ni tiempo para poder invitar a los involucrados, hacer preguntas, hurgar en el asunto y conocer la proyección futura de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, porque cuando se hacen estas cosas no solo hay que pensar en la situación actual, sino también ver la proyección para los próximos veinte, treinta o cincuenta años de producción. ¿Por qué? Porque mañana podría haber cambios en las reglas de juego internacionales –el señor senador Michelini mencionó algo de esto– que provocaran una explosión de la granja. Hoy la granja no ha conseguido mercados a nivel internacional porque están muy subsidiados, protegidos; no es un mercado limpio, sino complicado, donde se necesitará mucha tecnología, sobre todo para el transporte. Pero si tuviéramos la posibilidad de contar con un mercado externo que permitiera a la granja dar un salto muy grande o la población uruguaya aumentar la demanda de los productos que se consumen, porque son más baratos y de mejor calidad, tendremos un techo o un freno por la falta de proyección de esta Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que se nos dice que solo tendrá lugar para doscientos cincuenta productores. No sé si es así. De todos modos, la discusión no está en ese número sino en qué sucede con aquellos que no pueden pagar, aunque haya piso para comprar. ¿A dónde irán estos productores? ¿Tendrán que dejar la actividad? No estoy de acuerdo y no me parece que esta sea una buena solución.
Además, las competencias son sanas para el Estado –insisto: son sanas– y tenemos que ayudarlo. Nosotros no estamos en contra de la empresa estatal –como insistentemente algunos quieren etiquetarnos sin escuchar argumentos–, pero sí queremos que compita, porque es la garantía para desarrollar su actividad con eficacia y eficiencia, para darnos un buen servicio. Esto sucede, por ejemplo, con la telefonía celular y con los seguros, donde la competencia hace que los servicios que brinda el Estado sean mejores.
Me parece que no sería bueno que existiera solamente una puerta a la que golpear y que los productores estuvieran presos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sino que deberían tener otro lugar a donde ir, es decir, que esa unidad no los tratara como presos, sino como clientes.
Cuando el Banco de Seguros del Estado era la única opción para contratar un seguro de automóviles, había todo un mercado paralelo que terminaba en el boliche de la esquina, donde se armaban los presupuestos para el arreglo de los autos. Todos sabemos lo que pasaba en aquella época. Empezó a haber competencia, aparecieron otros servicios que ofrecían una opción más barata y eficaz, y el Banco de Seguros del Estado mejoró. Hoy es un banco competitivo, que nos trata como clientes y no como personas que no tenemos otra puerta donde golpear para asegurar los vehículos. Aquí pasa algo similar y yo estoy en contra de que no exista competencia. Ese es el tema que nos lleva a cuestionar el proyecto de ley, no otro.
Si todo esto estuviera enmarcado en una actitud de la Intendencia y esta estableciera claramente las reglas para que los productores que en el día de mañana no tengan un lugar en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana puedan establecer en Montevideo otra unidad que compita con la estatal, ¡lo votaría con las dos manos! Insisto: ¡con las dos manos votaría este proyecto de ley! Pero no es así y no me gusta esta situación que determina que haya un solo lugar donde armar, comercializar y estoquear frutas y verduras, como lo hará la unidad alimentaria.
SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: seré muy breve.
En algún momento se hizo referencia a otros departamentos que integran el área metropolitana y hay que señalar que en Canelones, más precisamente en Atlántida, está el llamado Mercado de Cercanía, donde tanto los productores agroecológicos como familiares comercializan sus productos y, además, realizan una oferta gastronómica. Es un lugar realmente muy bonito –muy bien puesto–, ubicado en la ruta 11, que cualquier integrante de esta cámara puede visitar.
Hago esta referencia solo para dejar en claro que esto ya existe y que hay otras alternativas, aunque sin duda no tienen el porte que se planifica para la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. En el caso de Canelones, como mencioné, existe esta alternativa y probablemente en el área metropolitana –aunque yo no las conozca– puede haber otras similares.
En definitiva, quería especificar que en Canelones, en la ruta 11, existe un mercado en el que los productores familiares y agroecológicos pueden comercializar su producción y, de hecho, ya lo hacen.
Gracias, señora presidenta y señor senador.
SEÑOR HEBER.- Me gustaría continuar pico a pico la discusión con el señor senador Otheguy porque es importante reflexionar sobre este tema, y después sí le concedo la interrupción al señor senador Carrera.
Es cierto: existe lo que se puede llamar unidad alimentaria –un mercado– en Canelones. Entonces, ¿por qué llamar a esta «metropolitana»? ¿No complicamos? El señor senador Otheguy dice que no con el dedo, y lo aclaro porque esto no lo registra la versión taquigráfica. Bueno: no lo sé; no tuvimos el tiempo de analizarlo. Estamos considerando este proyecto de ley a tambor batiente.
Miren qué situación jurídica tan rara tenemos: si esto incluye el área metropolitana pero no a Canelones, no sé por qué se le llama metropolitana y no de Montevideo. Parecería que hay monopolio hasta el arroyo Carrasco, y que después de ese límite se está en franca competencia.
Es raro, ¿no? Estamos haciendo una mezcla de cebra con mariposa. Una cosa rara, ¿no? Una mezcla rara. ¡No compite en Montevideo, pero sale de Montevideo y compite! ¿Por qué no compite en Montevideo, el departamento en el que se concentra la mayor cantidad de consumidores? ¡De eso se trata! Los grandes supermercados y el gran consumo están en Montevideo, donde viven un millón y medio de habitantes. Por lo tanto, ahí hay monopolio. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber dentro de Montevideo otra unidad alimentaria si cumple con las normas de higiene y de sanidad? Incluso, ayudaría a que fuera más barato que deba competir con el sector privado. Eso es lo que nosotros planteamos y no vemos aquí esta situación.
Cuestionamos aún más el hecho de que sea metropolitana, porque en realidad se dan situaciones jurídicas diferentes en ambos departamentos.
SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: me había anotado para hacer uso de la palabra, pero le pido que me quite de la lista porque voy a aprovechar a hacerlo ahora que voy a contestar algunas cosas al señor senador Heber, a quien le agradezco que me concediera la interrupción.
En primer lugar, en el proyecto de ley no se establece ningún monopolio. La ley no limita las competencias de los Gobiernos departamentales de Canelones ni de San José. Esto debe quedar claro.
En segundo término, no se prohíbe la venta de productos que no pasen por la UAM; los minoristas pueden hacer llegar sus productos directamente a algo que en Montevideo se denomina «ferias» y venderlos allí. Esto debe quedar claro. También están los supermercados. Es un tema logístico. La UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, tiene que ver con la distribución y la logística. ¡Esto debe quedar claro!
Quiero señalar algo que hoy no señaló el señor senador Michelini, pero sí el señor senador Heber. A nosotros nos preocupaba el tema de los pequeños productores y por eso hablamos con la Intendencia de Montevideo e incluimos dos literales en el proyecto de ley.
Por un lado, se agrega el literal N) al artículo 2.º de la Ley n.º 18832 –que se sustituye por el artículo 2.º de este proyecto–, a través del cual se modifica lo relativo a las competencias de esta unidad agroalimentaria. Ese literal N) dice así: «Propiciar acciones para facilitar la inclusión de pequeños productores rurales y de productores familiares agropecuarios en la nueva infraestructura de comercialización mayorista, así como fomentar su asociación».
Este tema realmente nos preocupa. Integro una organización política a la que le preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver con el acceso de los pequeños productores a la comercialización, y lo fomentamos. Precisamente, cuando estuve en la gestión pública tuve el alto honor de poder concretar esto a través de compras públicas.
Por otra parte, propusimos el literal H) para el artículo 3.º de la Ley n.º 18832 que se sustituye, porque entendemos que debe existir una política de incentivos para esos productores y el compromiso sería a través de las herramientas jurídicas que otorgamos a la Intendencia de Montevideo para que pueda aplicarlas en esta unidad alimentaria. Ese literal H) expresa: «Fijar los precios de las concesiones de uso de espacio y, en general, del costo de los servicios que se presten en el cumplimiento de sus cometidos, pudiendo establecer tratamientos diferenciales para la promoción y el desarrollo de sectores productivos estratégicos o vinculados a la generación intensiva de empleo y valor agregado».
Quiero decir, también, que estuve hablando con el señor Saavedra –director de este departamento en la Intendencia de Montevideo, que asistió a la comisión del Senado que estudió el tema–, y puedo decir que ya se están llevando adelante acuerdos con pequeños productores, el Inefop y el Inacoop, a los efectos de promocionar que los pequeños productores puedan ingresar a este nuevo modelo de distribución de los productos hortícolas.
Debe quedar claro lo que dije al principio: acá no se está estableciendo ningún monopolio; esto es un tema netamente logístico. Los productores podrán acceder a vender sus productos sin pasar por la UAM pero, lógicamente, deben tener alguna forma de organización y de distribución de sus productos, como hace cualquier privado. Insisto: esto debe quedar claro.
En tercer lugar, también debe quedar claro que no estamos afectando las competencias de los Gobiernos departamentales de Canelones ni de San José. Repito nuevamente que eso debe quedar claro.
Muchas gracias, señora presidenta y señor senador Heber.
SEÑOR HEBER.- No sé cuántos minutos me quedan.
SEÑORA PRESIDENTE.- Le quedan siete minutos, señor senador.
SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto le concedo la interrupción al señor senador Bordaberry; si es breve podré terminar mi exposición.
SEÑOR BORDABERRY.- Consulto si ya se le ha concedido la prórroga correspondiente.
SEÑORA PRESIDENTE.- Cuando se esté por terminar el tiempo de que dispone el señor senador Heber, lo pondremos a votación, como siempre.
Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.
SEÑOR BORDABERRY.- Seré breve.
Quiero referirme a cómo funcionan los mercados, no solamente de este tipo, sino todos los mercados.
El sueño del que está en un mercado es tener un monopolio, porque es como cazar en un zoológico. Esa es la realidad. Todo aquel que está en un mercado quiere asegurarse de que no haya competencia y lograr un monopolio. Hay dos formas de lograrlo: de derecho –es decir, que una norma lo establezca– o de hecho. Entonces, no sé si acá estamos logrando una cruza entre mariposa y cebra –como decía el señor senador Heber–, pero sí estamos logrando una cruza rara: un monopolio de derecho en el departamento de Montevideo, con un monopolio de hecho a partir de subsidiar el mercado con el dinero de la granja, y otras cosas más, como los programas del Inefop, etcétera.
Esto es un poco lo que aprendieron muchas empresas públicas. Su política en los últimos años ha sido: «No importa si gano mucho; si estoy en competencia, gasto mucho para asegurarme el mercado, sin importarme tanto el resultado». Si vemos los números de Antel, decimos: «¡Qué bueno! Antel gana plata», pero en realidad no gana toda la que tendría que ganar. Como está en un mercado en crecimiento, resulta que no se nota porque los números no están en rojo, pero si calculáramos cuánto tendría que estar ganando –es decir, lo que se está perdiendo–, no sé si no encontraríamos ahí otra Ancap, o al menos un tema bastante grande. Y ¿por qué hace esto? Porque gasta lo que no tiene que gastar.
Acá pasa lo mismo: se asegura el territorio de Montevideo, se asegura un subsidio de la granja para hacer un mercado y, encima, después ponemos todos los planes del Inefop y demás, para que todos vayan para ahí.
Yo me pregunto lo siguiente. Si las Intendencias de San José o de Canelones deciden crear un mercado agroalimentario, ¿le vamos a destinar dinero del Fondo de Fomento de Fomento de la Granja? ¿Lo vamos a hacer? ¿Por ley? ¡No me digan que sí! ¡No lo vamos a hacer! En realidad, estas cosas deberían financiarse con fondos auténticos y no con subsidios de ese tipo. Y después se nos dice que se subsidiará a algunos productores a través del Inefop para que puedan ir. Me parece que eso no es muy creíble.
Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.
SEÑOR HEBER.- Me han pedido otras interrupciones que con mucho gusto voy a conceder, pero me gustaría conceptuar todas mis preocupaciones. Si se me aclara que estoy equivocado, bienvenidas las explicaciones.
SEÑOR HEBER.- Ya le voy a dar la interrupción. Sé que quiere una interrupción, el señor senador Garín también la ha solicitado y, con mucho gusto, se las voy a conceder a los dos. Antes, quiero terminar de razonar en voz alta sobre un tema que no conozco en profundidad. Eso y el apuro que tiene el Gobierno por votarlo hoy me llevan a plantear esta discusión aquí, en el plenario, para tratar de aclarar la situación.
Por ejemplo, si no le estamos dando participación a Canelones o a San José, no entiendo por qué se llama Unidad Agroalimentaria Metropolitana. No debería llamarse metropolitana. Esto es clarísimo. Por lo que me han dicho los senadores del oficialismo, no debe llamarse metropolitana, sino montevideana; entonces, está mal el proyecto.
En segundo término, si se nos hiciera caso en cuanto a que dijera solamente Montevideo, a mi juicio sería bueno que los supermercados –que son los grandes compradores en el mercado– tuvieran la posibilidad de comprar en mercados que compitan con la unidad agroalimentaria. No estoy hablando de las ferias; las ferias compiten con los supermercados. Tiene razón el senador Carrera cuando nos dice: «El proyecto no está estableciendo el monopolio». Es verdad, pero también es cierto que la normativa que existe en el departamento de Montevideo consagra, por vía de los hechos, un monopolio de la unidad agroalimentaria.
Me parece que esto es un error; un error para la unidad, un error para el consumidor y un error para la competencia, que tiene que existir. No debe de haber solo una puerta para los grandes mercados, las grandes transacciones y los volúmenes que mencionaba el miembro informante en su momento. Se trata de abaratar los costos para poder poner frutas, verduras y hortalizas a precios más baratos porque la concentración y el traslado en grandes volúmenes ahorra costos. Eso es totalmente cierto, entonces, ¿por qué no permitir que exista otra en otra parte de Montevideo? No existe por la vía de los hechos, no por ley. Es un monopolio de hecho producto de que quien habilita estas unidades alimentarias es la Intendencia de Montevideo, que ya anunció que no va a habilitar ninguna otra unidad, que quiere concentrar todo acá. Me parece un error.
Por último, antes de dar las dos interrupciones que me pidieron, quiero hacer referencia a lo último que señalaba el senador Bordaberry. Se nos dice que los granjeros están de acuerdo con invertir en la unidad agroalimentaria. Es raro que un granjero de Salto, que está aportando al fondo para mañana enfrentar problemas climáticos o de competencia, esté de acuerdo en subsidiar a la Intendencia de Montevideo para hacer una unidad agroalimentaria. Es raro.
El senador Bordaberry se preguntaba si mañana en San José se va destinar dinero del fondo. Es mucha plata la que se da en el último artículo. Estamos hablando de que se van a transferir 118:000.000 de unidades indexadas mediante transferencias anuales no superiores a 7:000.000 de unidades indexadas. Me parece que esta situación es excesivamente centralizadora. Tiene un concepto centralista y no lo digo para emular lo que ha sido una de las banderas de mi colega, el senador Camy.
¿Por qué un granjero de San José tiene que subsidiar la unidad agroalimentaria de Montevideo? No es metropolitana, es montevideana. ¿Por qué el granjero de Canelones tiene que destinar fondos para la unidad agroalimentaria? Me gustaría escuchar algún argumento que justificara que un granjero de Salto tiene que subsidiar la unidad agroalimentaria de Montevideo. Si me convencen de que para el granjero de Salto es conveniente subsidiar por medio del Fondo de Fomento de la Granja a esa unidad agroalimentaria, quizás pueda cambiar de opinión.
Ahora, con mucho gusto le concedo una interrupción, en primera instancia, al senador Michelini y, en segunda instancia, al senador Garín.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: sinceramente estoy muy sorprendido porque no logro entender el razonamiento del senador Heber, por más que se resguarda diciendo que no es entendido.
Si acá estuviéramos creando un monopolio, no existiría hasta que no aprobáramos este proyecto. Entonces, ¿por qué no hay otros mercados? ¿Por qué no se pusieron otros mercados? Porque no es negocio poner otro mercado. Así de simple, porque si alguien quisiera poner un mercado mayorista de frutas y verduras, podría hacerlo. ¿Qué harían los pequeños, medianos y grandes productores? ¿Voy a fomentar que haya un mercado privado y no voy a apoyar un mercado estatal en cuya dirección puedo participar, más allá de los problemas burocráticos que pueda traer, y me puedo quejar? ¿Voy a quedar atrapado en un mercado privado?
¿Por qué no viene alguien y dice: «Voy a poner un aeropuerto internacional»? Porque no tendría clientes y porque las aerolíneas no querrían quedar atrapadas en uno privado, sino que preferirían al Estado. Así de simple. Hoy no hay otros mercados porque no hay clientes. En países con más cantidad de gente aparecen otro tipo de iniciativas. En Uruguay eso no se da.
¿Por qué un productor del interior quiere que esta unidad –que antes era Unidad Alimentaria de Montevideo y ahora, si se aprueba este proyecto de ley, será Unidad Agroalimentaria Metropolitana para darle más amplitud y para que Montevideo no tenga toda la incidencia en la comercialización de frutas y verduras– sea creada? Porque el Mercado Modelo ya no da más. ¿Hay que poner recursos? Por supuesto, si es para nuestro propio beneficio. No logro entender cómo se razona. Si no hay negocio, los mercados no funcionan y, entonces, tiene que venir el Estado a crear ciertas reglas para que se pueda funcionar. ¿Creen que si hubiera privados golpeando para hacer mercado los intendentes de Canelones y de San José no estarían peleando por ello? La ley es de 2011, no es nueva; la idea es de unos años atrás. Y los recursos no alcanzan por sustento propio. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la Intendencia de Montevideo no va a cobrar cualquier cosa ya que, si esto es un monopolio, solo se puede estar ahí, y si no se está, no se puede comercializar. Hoy los supermercados hacen punta a punta. En una de sus últimas intervenciones, el exsenador y expresidente Mujica contó que por una lechuga que salía veintipico de pesos en el supermercado, este le pagaba la cuarta parte al productor y ciento veinte días después. Ahí no pasa por el mercado, es punta a punta. La feria es punta a punta. Sinceramente, creo que hay un tema de sentido común. Y me parece que, más allá de que el nombre no guste, esto no genera ningún tipo monopolio. Que me disculpen, pero el intendente de San José primero es maragato y el intendente de Canelones primero es canario, y no le van a facilitar nada a Montevideo, pero no van a generar una estructura que después no van a poder bancar porque no hay clientes.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Garín.
SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: gracias a usted y al señor senador Heber.
Solicité la interrupción para plantear dos ideas que espero ayuden al debate que estamos dando.
La unidad agroalimentaria es un lugar de comercialización donde lo que se da, esencialmente, es la comercialización de la producción hacia el comercio minorista. Ese es el cometido que tiene la unidad agroalimentaria, que copia el que ha tenido el Mercado Modelo hasta el momento. Ni cerca es un monopolio porque hoy empieza a haber una serie importante de soluciones de comercialización en las que el productor se encuentra con comercios minoristas directamente, las acciones de comercialización están pautadas por un convenio y las acciones de logística muchas veces las hace el comercio minorista. Ejemplo de esto es cuando los supermercados tienen convenios de abastecimiento por los que les compran directamente a los productores, y en el lugar del productor o en el lugar que establece el comercio minorista –en este caso el supermercado– es donde se hace la logística. Nos consta que esas situaciones hoy existen en Montevideo y en el área metropolitana. Por lo tanto, no es cierto que se dé un monopolio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana en el tema de la comercialización.
Volviendo al centro de comercialización, que es la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la verdad es que uno tiende a pensar en el Mercado Modelo como espejo. Lo que pasa es que hoy en día la comercialización de frutas y hortalizas –por decir algunas– ha incorporado la necesidad de una cantidad importantísima de servicios asociados, que normalmente precisan una escala. El Mercado Modelo es un ejemplo claro: es un centro de comercialización que hoy tiene ocupadas siete u ocho manzanas alrededor con los servicios conexos que se han generado. Los fenómenos que se hacen son más o menos los mismos, pero se han incorporado innovaciones en el proceso de comercialización que requieren una estructura de mayor dimensión. El Mercado Modelo no puede expandirse más y tiene que conseguir un traslado; la unidad agroalimentaria es una expresión de ello y trata de incorporar todos los servicios. De ahí la importancia –a nuestra manera de ver– de que tenga esa dimensión porque, claramente, es un centro de comercialización, pero ni cerca está de monopolizar el comercio. Ese es el primer aspecto que quería transmitir.
Lo segundo que quería transmitir para poner a consideración del plenario es que en la unidad agroalimentaria –volúmenes más, volúmenes menos– el 60 % de la producción que se comercializa es del área metropolitana e inmediaciones y el 40 % del área litoral. Los comercializadores de la unidad agroalimentaria precisan este centro logístico porque no se pueden plantear centros logísticos de menor tamaño. Quizá mañana haya oportunidad de tener centros de logística más pequeños, pero hoy, claramente, eso no es posible.
La Unidad Agroalimentaria Metropolitana ha conseguido la respuesta positiva de muchos sectores productivos, especialmente los del sur, que se sentían parte de un emprendimiento donde comercializaban, y ahora no cuando se hablaba de Montevideo. En muchos casos nos tocó trabajar con los productores granjeros de Canelones, que sentían ajena la unidad con denominación relativa a Montevideo y la sienten propia con el nombre «Metropolitana».
El tercer concepto que quería comentar es que cada día es más difícil que el productor, como tal, comercialice, sin perjuicio de que la unidad agroalimentaria tiene prevista un área importante para que el productor pueda venir a comercializar individualmente en esa plaza. Como sustitución de la acción del productor individual empieza a ganar espacio el hecho de que la asistencia sea a través de una asociación, y por eso me parecen importantes los esfuerzos de inversión que se han hecho desde el Inefop, desde la Junagra para fortalecer esas asociaciones. Entiendo que esto es lo que el proyecto ha buscado incorporar a título expreso, y de ahí los recursos para que eso se haga realidad.
Gracias, señor senador Heber, y gracias, señora presidenta.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: he escuchado con atención las dos interrupciones. A mí me importa que se conteste lo que estamos preguntando y que no se nos asignen conceptos que no hemos dicho.
El señor senador Michelini en su interrupción dijo que yo hablé de fomentar un mercado privado. ¡No! ¿Quién habla de fomentar? Lo que estoy planteando es que no se prohíba. Si el señor senador Michelini tiene razón en cuanto a que es negocio, entonces, ¿por qué prohibirlo? Si el negocio no da para privados, estos no lo van a hacer; lo hace el Estado porque no lo hacen los privados. Entonces, ¿por qué la prohibición, que es lo que establece un decreto de la intendencia que está catalogado como inconstitucional? Si sabemos que hay un decreto de prohibición de la intendencia, uno se pregunta ¿por qué lo hacen, si no es negocio? Si no es negocio, no lo van a hacer.
Nadie habló de fomentar. Discutamos las cosas sobre las que estoy reflexionando. Nadie habló de fomentar un mercado privado. Reitero que si no existiera este decreto nosotros votaríamos este proyecto de ley con las dos manos, porque mañana habría salida para doscientos cincuenta productores. Esto me lo dijeron los productores, no soy yo quien lo dice. Los productores me dijeron que hay lugar y piso para que doscientos cincuenta productores, distribuidores –o como quieran llamarlos– comercialicen. ¿A dónde van esos doscientos cincuenta? Hay un artículo planteado por el señor senador Carrera con buenos propósitos que busca encomendar a la Administración dar una solución que hoy no existe en la organización de la unidad agroalimentaria.
No se me contestó lo que pregunté sobre por qué los productores de Salto o del interior tienen que subsidiar por medio del Fondo de Fomento de la Granja a la unidad alimentaria. Quedó en el olvido. Pero como aquí se trata de argumentar y convencernos, es muy importante que se me den argumentos, ¡porque estoy abierto! Vuelvo a decir, señora presidenta, que no estamos en contra del enclave ni de la inversión; lo que no nos gusta es la financiación que se propone. Hablé acerca de ello con el señor Saavedra, quien me pareció un excelente técnico –lo digo una vez más–, e incluso con el que está todos los días en el Mercado Modelo, un muchacho joven. Cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos en el evento de la granja –de los que siempre se realizan, es sabido que se hacen eventos que reúnen a todos–, pude charlar con él y entonces le planteé lo siguiente: si el presupuesto nacional da a la Intendencia de Montevideo y a la de Canelones, no al área metropolitana –pues aunque el nombre es «Metropolitana», como muy claramente lo dijo el señor senador Camy en la instancia del presupuesto, es plata que busca compensar a las Intendencias de Canelones y de Montevideo con dinero del presupuesto nacional para obras de infraestructura–, ¿por qué dentro de estos dineros que están en el presupuesto no se enclava plata para construir la unidad alimentaria y no recurrir al Fondo de Fomento de la Granja? Lo dije a modo de sugerencia.
Uno tiene que preguntarse si esa plata que está asignada en el presupuesto –como forma de compensar por el Fondo de Desarrollo del Interior– la están usando las Intendencias de Montevideo y Canelones. Hay un área que se llama «metropolitana», pero no entra San José, como claramente lo señaló el señor senador Camy, en reiteradas oportunidades, en la instancia de la comisión. ¿Por qué no ese dinero? ¿Por qué no tomar de ahí? Bueno, porque la Intendencia de Montevideo quiere gastar ese dinero en otra cosa, de modo que el Fondo de Fomento de la Granja, es decir, los productores granjeros de todo el país son los que están subsidiando a la Intendencia de Montevideo para construir la unidad agroalimentaria.
Señora presidenta: no se me contesta con claridad y, por lo tanto, no se me convence.
La intendencia no da permisos, los productores del resto del país subsidian a Montevideo, no hablamos de fomentar ningún mercado, sino de la posibilidad de que haya competencia, aunque no se logre y aunque no exista. Es un argumento que nos trasmiten los doscientos cincuenta productores que no tienen piso. Cuando uno se reúne con ellos, preguntan: «¿Qué hacemos nosotros? No tenemos piso en la unidad alimentaria y no podemos abrir una unidad alimentaria para poder competir porque hay monopolio». A esto, el senador Michelini responde que no es negocio. Si no es negocio, ¿por qué la prohibición? Cada vez entiendo menos.
SEÑOR HEBER.- Se la concedo, con mucho gusto, y espero que sea la última que se me solicite.
SEÑOR BERTERRECHE.- Gracias, señor senador y señora presidenta.
En realidad, la intención es ponerme al servicio del señor senador y tratar de contestarle, para que no vuelva a preguntar una y otra vez. Y para ello haremos un ejercicio simple, sencillo, rápido.
¿Será que los productores del litoral –de Salto, de Bella Unión– estuvieron de acuerdo con financiar esto porque venden en la zona metropolitana? ¿Será porque necesitan un punto logístico para poder vender en el lugar donde se consume? Porque es tremendamente loable la producción de primor en Bella Unión, en Constitución, en Salto, pero el señor senador se imaginará que no lo hacen para promover la intendencia sino para poder vender su producción en el mercado de consumo. Si esta discusión estuviera dándose en Argentina, ¿a alguien se le ocurriría pensar que se discutiera si se pone el mercado de consumo en Ushuaia? Donde se necesita la logística es en la zona metropolitana. Entonces, no es por financiar a nadie. Si queremos, podemos buscarle la quinta pata al gato. No soy experto en mercadotecnia, como algún otro senador, pero me parece que es bastante lógico y básico. ¿Será porque quieren vender sus productos, y solo por eso lo financian? Porque son parte de sus intereses, en definitiva.
Gracias, señor senador, y gracias, señora presidenta.
SEÑOR HEBER.- Ya termino, señora presidenta, y no aburro más al Senado.
El señor senador Berterreche hace suposiciones y dice: «¿Será…, será…, será…?». No lo sabemos. La comisión no tuvo tiempo para poder chequear si los productores granjeros de otros departamentos están de acuerdo con que los dineros del Fondo de Fomento de la Granja –que fue creado como un seguro para afrontar fenómenos climáticos– se destinen a una unidad agroalimentaria en Montevideo. Y, en lo personal, también me habría gustado tener la oportunidad de preguntar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la posibilidad de utilizar los recursos que en el presupuesto destinamos para Montevideo y, eventualmente, para Canelones, colocando dentro de las obras de infraestructura, justamente, a la unidad agroalimentaria, para no tocar, así, el Fondo de Fomento de la Granja. No lo sé. Sí sé que hay doscientos cincuenta productores –porque aquellos con los que hablé me dijeron que los representaban– que no están de acuerdo con esto.
¿Es una buena respuesta la que nos da el señor senador Carrera al señalar que hay unos literales –que él ha propuesto– por los que se encomienda a la Administración cuidar a los pequeños productores en este sentido? Sí, es una buena intención, y si no tuviéramos la disposición de generar en la Intendencia de Montevideo, por la vía de los hechos, un monopolio, lo votaría con muchísimo gusto. Lo único que no votaría es el último artículo. Votaría toda la unidad, con la garantía de que si no es negocio, no hay prohibición, porque en los hechos se dice que no es negocio hacer una unidad agroalimentaria que compita con la del Estado. ¡Muy bien! ¡Pero no hay prohibición! Si no hay prohibición, ¿cuál es el problema? Votaría; acompañaría este proyecto en su totalidad, por supuesto que para Montevideo, no para el área metropolitana. Asimismo diría, y con mucho gusto, que el lugar es el correcto. Me parece que está muy bien sacar esto del centro de la ciudad. Ya es prácticamente el centro, está mal enclavado, la ciudad de Montevideo creció. O sea que en eso estamos de acuerdo. Acá el problema es la resolución, el decreto de la Intendencia de Montevideo que prohíbe; y el tema es el subsidio al resto de los productores. Eso es lo que a nosotros nos genera las dudas para acompañar este proyecto de ley.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Miércoles, 5 de diciembre de 2018
Por la presente solicito al Cuerpo, por motivos personales, se me otorguen dos días de licencia a partir del día de la fecha.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 6 de diciembre.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de diciembre 2018
Por la presente solicito a usted licencia, por motivos personales, el día 5 de diciembre del corriente, a partir de las 13:30.
Se comunica que los señores Daniel Peña, Daniela Peña, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf y Adriana Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Pablo Iturralde, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
18)	UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: queríamos hacer algunas consideraciones sobre este proyecto de ley que estamos discutiendo y con miras de aprobación.
Aquí no hay una innovación porque estamos modificando una ley de 2011, pero sí se continúa una línea de consolidación en mejora de la prestación de servicios, que nuestro país debe desarrollar. Seguramente procuraremos también formular algunas ideas intentando dar respuesta a algunos de los temas que acá se han cuestionado en relación con este proyecto de ley.
Ante todo, hay que concebir y ratificar que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana –o de Montevideo– representa una línea de trabajo en la que se busca organizar mejor nuestro territorio, sustentado esto fuertemente en los desafíos que tenemos hoy como país y como nación. También se busca generar las mejores condiciones para trabajar y vivir de los conglomerados urbanos. Ahí arranca uno de los primeros desafíos que tuvo la creación de la UAM. En una capital nacional, como lo es nuestra Montevideo, había que desarrollar una nueva infraestructura para dar mejores condiciones y un funcionamiento más adecuado a un centro de distribución de alimentos como es el Mercado Modelo, tal como se lo conoce históricamente, que fue gestándose a lo largo de decenas de años y transformándose en un centro de acopio y de comercialización de los principales alimentos frescos que consume la población del Uruguay. Esa alternativa, hoy, en el desarrollo de la urbanización que tiene nuestra capital, requería una mirada amplia y por eso avanzamos hacia este proyecto de la UAM, que no es ningún monopolio –tal como lo han ratificado algunos senadores–, aunque se insista en ello. Se trata de generar un espacio en el que van a estar quienes compiten en la distribución y el acopio de los alimentos. Allí adentro van a estar en competencia.
Este proyecto genera una plataforma en la que todos puedan competir en iguales condiciones. Me refiero a iguales condiciones de localidad, de acceso, de disponibilidad de servicios y también en cuanto a la generación de políticas que favorezcan mayor calidad en el trabajo. Por eso la UAM no es solamente un mercado de frutas y hortalizas; es un parque agroalimentario, es un mercado de frutas y hortalizas, es un mercado polivalente, es una zona de logística, es una zona de actividades complementarias. Ese es el concepto de la UAM.
Claro, está ubicada en Montevideo. ¿Por qué? Porque es el principal centro consumidor de nuestro país. Es más, es histórico –y no lo inventamos nosotros–: las frutas y verduras que se producen en el interior vienen al Mercado Modelo y de allí salen, luego, al interior nuevamente a venderse. Eso es así y no lo inventaron quienes construyeron el proyecto de la UAM, sino que es parte de la historia de construcción de este país. ¿Por qué? Porque los mercados de frutas y hortalizas en todo el mundo están donde está el consumidor, donde hay mayores posibilidades de colocar grandes volúmenes a diario. Ese es el otro elemento, pues la mayoría de estos productos son perecederos, por lo que las condiciones con las que se transportan, se almacenan y se hace su fraccionamiento y su venta, deben ser adecuadas. En la medida en que esto está concentrado en una gran área en la que se puede dar a todos el mismo servicio, esto democratiza. Eso es la UAM. Sí, está en Montevideo, porque históricamente el mayor consumo de frutas y hortalizas del país se ha concentrado en la capital, y la concentración de movimiento de mercadería logística está en Montevideo. ¿Por qué se denomina ahora «metropolitana»? Porque, sin duda, hay una proyección de que esto tenga un impacto regional importante, y si el nombre ayuda a que esto tenga un derrame metropolitano –por decirlo así–, bienvenido sea el cambio de nombre, a mí no me molesta. Podría votar para que siguiera llamándose «de Montevideo», pues el nombre no hace a la cuestión; acá lo que importa es la transformación real que se va a dar con un proyecto como este, en la generación de un espacio realmente innovador, que apunte a la inocuidad y a la calidad, que es un gran desafío de la comercialización de alimentos.
En definitiva, esto nos parece bueno y lamentamos que una vez más las reminiscencias políticas lleven a protestas en cuanto a que esto sea en Montevideo. Tal vez se deban a que Montevideo fue el primer departamento en el que ganó el Frente Amplio y desde hace mucho tiempo se gobierna. Pero reitero que el comercio de frutas y verduras, así como la logística, se concentraron en Montevideo desde antes que el Gobierno fuera frenteamplista. Por lo tanto, no hay que poner el grito en el cielo por esto. Hay que enfocarse en saber si este proyecto realmente apunta a solucionar problemas que tenemos hoy en todos los lugares donde hay comercialización de frutas y verduras. Y la respuesta es que sí, que ayuda. Por algo se está construyendo con el asesoramiento o la contratación de consultorías que han participado en otros países en procesos similares, porque en el mundo también se viene dando la necesidad de mejorar los centros de acopio, los centros de comercialización de los productos perecederos y alimentarios.
Es más, acá hay una preocupación porque esto esté en Montevideo –cuando, sin lugar a dudas, estamos definiendo por qué se centra ahí– y por quiénes ponen los recursos, pero se olvida que en el propio proyecto de ley para la creación de la UAM la Intendencia de Montevideo pone recursos e, inclusive, en el literal G) del artículo 11 se expresa: «Los derechos que sobre los predios indicados en el literal A) del artículo 3.º, le otorgue el Gobierno Departamental de Montevideo». O sea que el Gobierno departamental de Montevideo está poniendo recursos y también definiciones para el accionar de esta unidad agroalimentaria. Es más, en el literal E) de ese mismo artículo se dice, expresamente, que otra de las fuentes de financiamiento estará dada por: «Las transferencias que le efectúe la Intendencia de Montevideo que sean requeridas y justificadas para nuevas instalaciones, capital de trabajo o asesoramiento técnico, o que se destinen al pago del derecho de entrada de los operadores titulares de permiso de uso de espacio en el Mercado Modelo». Es decir que esto es cofinanciado. ¿Por qué hay recursos nacionales apuntalando esto? Pues los hay, así como también hay recursos nacionales apuntalando la instalación de numerosos emprendimientos a lo largo y ancho del país.
Hoy, el movimiento hortícola de Salto recibe aportes directos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para seguir mejorando su infraestructura y funcionamiento. El Fondo de Fomento de la Granja no es para la UAM, sino que hoy tiene numerosos destinos que fueron evolucionando gracias a la mejora de las condiciones de desarrollo del sector. Uno de sus principales cometidos fue cancelar y amortizar deudas ya sea en el Banco República, en el Banco de Previsión Social, en el Banco Hipotecario del Uruguay o en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. En virtud de que hoy eso ya se cumplió y como fruto de las modificaciones legales que hemos venido logrando, el Fondo de Fomento de la Granja tiene otra serie de destinos como promover el sistema de garantías para el sector granjero y la integración de los productores granjeros en cadenas agroindustriales. Acá hay un cometido que está netamente vinculado a la Unidad Alimentaria de Montevideo.
En la actualidad el Fondo de Fomento de la Granja está subsidiando a los productores en la contratación de seguros agrícolas y subsidia a los productores de Montevideo, Canelones, Salto, Bella Unión, en fin, de todo el país. Hoy el Fondo de Fomento de la Granja atiende, justamente, el desarrollo de la granja en todo el territorio nacional. Entonces, decir que los chacareros del interior vuelcan recursos para que se beneficie la Intendencia de Montevideo es desfigurar totalmente la realidad. Creo que no se está entendiendo nada. Menos mal que se ha hecho la confesión de que se entiende poco sobre el tema. Entonces, si se entiende poco, no se puede utilizar el lenguaje para generar un gran enredo y decir que el Gobierno, mediante recursos de un fondo que es nacional, quiere beneficiar a Montevideo porque su Intendencia es del Frente Amplio. Esto va a beneficiar al país. Con esto no estamos garantizando que la Intendencia de Montevideo seguirá siendo gobernada por siempre por el Frente Amplio. Reitero: esto beneficia al país; beneficia el desarrollo del sector productor de alimentos al que nuestro país tiene que seguir garantizando y dando señales de que tenemos capacidad de producir con calidad y con inocuidad. A eso se apunta.
Señora presidenta: este es un proyecto de ley que adecua una ley que votamos en 2011 y que desencadenó todo un procedimiento. Hoy tenemos una realidad constituida a la salida de la ruta n.º 5, realidad a la que el Gobierno departamental de Montevideo le ha dedicado muchas horas de trabajo, de conocimiento y de desarrollo de tecnología. Por ello, hoy existe un plan, un reglamento operativo del parque agroalimentario que consta de un articulado muy extenso y que trata de regular para que las condiciones de funcionamiento sean realmente accesibles y democráticas. Es más, garantiza a los propios usuarios todo el proceso de instalación y toma de decisiones.
Por si fuera poco, esto también se desarrolla con un plan de manejo ambiental de la zona que requiere la autorización del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que establece condiciones a futuro cuya permanencia en el tiempo deberá garantizarse y que apuntan, justamente, a la excelencia de este tipo de emprendimientos. Además, se exigen evaluaciones de impacto ambiental.
Señora presidenta: ¿sabe cuál es el primer punto que se exige en el seguimiento al que se deben presentar en un plazo de seis meses? Es el desarrollo de un programa de capacitación de mano de obra dirigido a la población local. El segundo punto es la implementación de medidas de promoción del empleo de mano de obra local. El tercero, es la acción de control con las autoridades competentes para evitar la instalación de asentamientos irregulares en las inmediaciones del parque agroalimentario. Y el cuarto, es el sistema de gestión de denuncias y reclamos. Es decir que esto está implementado con seriedad. No es que tiramos algunos millones y que sea lo que Dios quiera. No; esto está implementado con seriedad.
Acá hay mucha tecnología, mucho conocimiento y mucho esfuerzo de ciudadanas y ciudadanos uruguayos que están trabajando para que este sea un proyecto de excelencia. ¡Eso es lo que se está discutiendo: un proyecto de excelencia para el país! Pero, claro, cuando se realizan proyectos de excelencia, se ponen los peros porque –lógicamente– ya estamos en campaña electoral. ¿Y cómo podemos minimizar lo que hace el Gobierno o la fuerza política en el Gobierno? Poniendo peros al trabajo hecho con excelencia, con dedicación de horas, con conocimiento y desarrollo de tecnología de nuestro país por parte de nuestros muchachos y muchachas; denigrándolo; diciendo que acá la plata de los chacareros del interior se gasta en Montevideo. ¡No es así!
SEÑOR PARDIÑAS.- Con mucho gusto.
SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: el señor senador Pardiñas trata de «apetisar» la discusión o colocarla a nivel de zócalo.
Lo que quiero decir es que esto se puede arreglar fácilmente redactando un artículo que diga que la unidad agroalimentaria no va a estar en un régimen de monopolio. Busquemos una redacción; presentemos un proyecto al respecto.
SEÑOR MICHELINI.- No se tienen las mayorías.
SEÑOR HEBER.- Pero lo votamos. Yo voto el proyecto si me dicen que no va a estar bajo un régimen de monopolio en Montevideo. Redactemos el artículo y lo voto. Si bien no voy a acompañar el último artículo referido al Fondo de Fomento de la Granja, también busco que la financiación sea por medio del presupuesto.
Quiero ayudar porque considero que es una buena obra, pero no en un régimen de monopolio. Invito a redactar un artículo. No se trata de denostar ni de criticar con argumentos electoralistas, como dijo el señor senador Pardiñas, sino de que lo podemos hacer con un articulito que diga que no es en régimen monopólico, que la unidad agroalimentaria no va a tener el monopolio. Y si no es negocio, como dijo el señor senador Michelini, no lo van a poner. Simplemente, estamos diciendo que no está en régimen monopólico, que si la intendencia tiene las mismas condiciones que le exige a la unidad agroalimentaria para instalarse, tiene el derecho y el deber de exigirlo para una unidad agroalimentaria privada, en el caso de que se ponga. Pero, como no se va a poner porque no es negocio, ¿cuál es el problema de poner un artículo de esos? Entonces, voto todo el proyecto de ley, menos el último artículo. Ahí estoy dándole una salida.
SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Pardiñas.
SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: creo que ese artículo no es necesario.
El señor senador Heber debería saberlo por tener más años de experiencia que yo en estos temas, porque acá no se está concediendo un monopolio. Para conceder un monopolio se debe contar con mayorías calificadas y si el senador Heber no va a acompañar en parte este artículo, ya no las vamos a tener. Entonces, en primer lugar, no hay creación de monopolio.
En segundo término, se genera una plataforma en la cual los privados van a estar adentro y son los que compiten. A su vez, la UAM se rige por el derecho privado, no tiene fines de lucro ni de rentabilidad; su objetivo es generar el escenario para que haya mejor prestación de servicios. Por lo tanto, no tiene sentido el planteo de todas esas argumentaciones. Lo digo con mucha humildad: no tiene sentido que se planteen, porque no están presentes en el debate.
Ahora bien, ¿por qué tampoco podemos crear otras? Porque hay algo que votó el Parlamento nacional, que hoy es ley, y que le confiere a los Gobiernos departamentales determinar la planificación del uso del suelo en su territorio. Y sobre ello, en este caso, ha tomado determinación el Gobierno departamental de Montevideo, con iniciativa de la intendencia y con el voto –acorde– de la Junta Departamental. Y es esta la que tiene competencia en el tema; no somos nosotros. Por eso no podemos tomar otra decisión que no sea la que estamos considerando. Así como respetamos cuando se toman decisiones que muchas veces creemos equivocadas en algunos otros Gobiernos departamentales –algunos de ellos gobernados por intendentes del Partido Nacional–, también debemos ser respetuosos de decisiones –aunque no las compartamos– que competen a este Gobierno departamental y no a nosotros. Por ello, en este caso no se toma otra determinación.
Es cierto lo que decía el senador Heber: existe el Decreto n.º 35380 del Gobierno departamental de Montevideo, que faculta a la intendencia a parar y a no autorizar nuevos emprendimientos de acopio y comercialización mayorista de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque si se está en proceso de una gran plataforma para todo el que quiera concurrir, y hay que ordenar el territorio y la ciudad, es razonable que eso ocurra. Pero, reitero: es una decisión que compete al Gobierno departamental. Muchas veces cuando no se concuerda con estas cosas, se agita el fantasma de la inconstitucionalidad. No es la primera vez que en este Parlamento, ante normas que no se comparten, se asusta con el fantasma de la inconstitucionalidad.
Señora presidenta: hay un avance importante en todo este proceso, que es el de ordenar y generar mejores condiciones para la concurrencia en un mercado que, además, ha tenido una gran característica: en este país el mercado de frutas y hortalizas atiende fuertemente al consumo interno. Las condiciones de exportación son de algunos rubros, y en ellos, la posibilidad de tener espacio y servicio en la UAM va a favorecer esa exportación. Va a existir la posibilidad de que se trabaje con excelencia, por ejemplo, en la clasificación, mantenimiento refrigerado y organización de la presentación de los productos, algo fundamental cuando queremos exportar alimentos perecederos. Es la única forma que tenemos de poder agregar valor y abrir mercados, porque de otra manera estos productos no se venden en el mercado internacional.
Esta es una plataforma que avizora la posibilidad de comenzar a exportar en mayor medida productos que hoy solamente los consumimos los uruguayos y las uruguayas. Y a eso es a lo que apostamos.
En consecuencia, este es un proyecto para el país.
En segundo lugar, esto no está pensado solamente para Montevideo. Si bien la capital tiene un cordón hortofrutícola importante, muchos de los productos que se van a comercializar ahí van a provenir de circuitos granjeros del interior; por ejemplo, de Canelones, Salto, Bella Unión y de algunos otros.
Por último, los fondos de la granja, desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde que están los Gobiernos frenteamplistas, se usan para atender problemas nacionales, porque la granja tiene que ser un desarrollo nacional y no del área metropolitana. Es por eso que los recursos del Fondo de Fomento de la Granja también se invierten en Bella Unión o en Salto; y también se está desarrollando la cobertura de seguros en todo el país, subsidiada con ese fondo.
Por lo expuesto, con gusto vamos a votar este proyecto de ley que pone al Uruguay en el plano de los mejores países en lo que hace a generar infraestructura para comercializar alimentos.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Varios señores senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece el marco jurídico a los efectos de regular el ejercicio de la profesión universitaria de licenciado en Nutrición.
20)	UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA
SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: queremos referirnos al tema con un sentido de fundamento de voto en cuanto a plantear claramente lo que pensamos y por qué no vamos a votar este proyecto de ley.
En primer término, debemos decir que no tuvimos acceso al estudio profundo del proyecto, y con ello no estamos diciendo que faltó tiempo por imposición política. A esta altura, el calendario es complejo, y algunos senadores tenemos que atender ocho o nueve comisiones, y no faltamos. Por tanto, puede suceder que a veces no dispongamos del tiempo necesario para estudiar estas cosas.
El proyecto tiene una apariencia de simplicidad. Más allá de los adjetivos, prefiero siempre transitar el camino del sustantivo. Se cambia la denominación, se estriba en una ley del año 2011, y se regula una decisión ya tomada y una obra que es de hecho. Pero se han expresado, fundamentalmente por parte de los senadores Heber y Bordaberry, conceptos que en lo personal considero que son profundos y muy significativos. Es más, al inicio de esta sesión le había comentado a la señora senadora Moreira que mi voto negativo iba a ser, precisamente, por no haber podido siquiera leer el proyecto en profundidad. Incluso en la Cámara de Representantes, el Partido Nacional lo votó; a última hora del día de ayer conversé con el representante Pablo Abdala sobre este tema.
El senador Heber expresó y fundamentó su preocupación, que comparto, porque podemos hablar de que se está allanando, por este proyecto y por la lógica en que se soporta, un monopolio de hecho. Hay otros senadores que dicen que no, pero el señor senador Heber propone algo que alcanzaría para votarlo, y es agregar expresamente que esto no significa monopolio alguno. Acá hay un tema filosófico y de definición, que compartimos.
Por otra parte, el senador Bordaberry expuso una argumentación que, a mi juicio –se podrá discrepar o no y se pueden tener matices–, es muy fundada y que refiere a un tema central: el de los recursos. Transferencia de lo nacional a lo local, tiene que haber, y eso ya ha existido; por ejemplo, Bella Unión –y no ALUR–, antes Calnú. Es decir, abarquemos Gobiernos distintos. La lógica de asistir la producción de caña es comprensible; por lo menos para mí es justificada desde una lógica de frontera, de política de frontera, de desarrollo local. Se puede estar de acuerdo o no pero, naturalmente, si mañana el país piensa en un centro de investigación, de desarrollo logístico, de promoción de la forestación y la madera, no lo va a poner en Punta del Este ni en Montevideo, sino en el área donde la ley defina como prioridad forestal o cerca de los puertos.
Seguramente –y ahí está la explicación histórica–, el centro de distribución mayorista de frutas y verduras tiene que estar en Montevideo. Y no solamente por el cinturón hortícola y frutícola de Montevideo, que está en la capital, más allá de la microcuenca del litoral; yo agrego a San José, donde la Colonia Galán y la Colonia Wilson tienen el 40 % de la producción de frutilla del Uruguay, mientras que Libertad y Rincón del Pino, a menos de cincuenta kilómetros, tienen el 50 % de la producción de papa, por ejemplo.
Entonces, ¿cuál es el tema al que me quiero referir y que señaló el senador Bordaberry? Si me lo permite el Senado, y para honrar esta casa –de lo contrario, terminamos siendo protagonistas de encendidos discursos y polémicas parlamentarias que duran lo que dura la sesión o el tiempo que de ella amplifica la prensa–, quiero decir que acá, cuando se votó el presupuesto quinquenal –a mi juicio la norma más importante, la madre de las normas de una legislatura–, se estableció una partida de $ 285:000.000 –a la cotización de ese momento eran USD 10:000.000–, destinados a obras en Montevideo y Canelones, que se financiaba a través de la CAF. Eran obras de infraestructura vial y de logística. Nosotros pedimos una explicación, una justificación, y se nos dijo que era la compensación que se les daba a Montevideo y Canelones por la distribución de la caja de los recursos constitucionales –que algunos siguen diciendo que los da el Gobierno nacional y no es así; se generan en el interior– que se devolvían al amparo de lo que dicen, básicamente, el artículo 214 de la Constitución de la república y el FDI (Fondo de Desarrollo del Interior).
Como recordarán, en el informe económico-financiero del Gobierno –el mamotreto que viene con el presupuesto quinquenal y las rendiciones de cuentas, donde va la deuda, la ejecución presupuestal, el gasto social, el FDI, el dinero del artículo 214, el de caminería, el de la administración del Sucive, el del Sucive para alumbrado y el del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, entre otros– había una descompensación frente a lo conversado entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno –salteando al Parlamento–, donde aparentemente surgió lo que justificó esa partida.
Ahora bien, resulta que en la rendición de cuentas de 2015 –que tratamos a mediados de 2016– se autoriza la creación de un fideicomiso de USD 100:000.000, a partir de esa composición de USD 10:000.000; o sea que hay USD 90:000.000 más, financiados por la CAF –a través de la administración de la CND– y con el fideicomiso de Afisa. ¿Para qué era? Para infraestructura vial y desarrollo logístico del área metropolitana de Montevideo y Canelones.
Al respecto debo decir que está muy bien lo que plantea el senador Bordaberry, porque desde 2005 el concepto «metropolitano» no es meramente el que le podemos dar con un alcance individual legítimo de «el gran Montevideo», sino que hay una ley que lo institucionaliza; ello ocurre en el marco de la OPP y con la participación de un delegado de cada intendencia departamental, pues en aquel momento firmaron, junto con el Poder Ejecutivo, los exintendentes Carámbula, Ehrlich y Chiruchi por los tres departamentos. Desde entonces, el área metropolitana está definida como una nueva categoría urbana y comprende parte de tres departamentos. Por lo tanto, ese cambio de nombre no es menor, ya que hay un concepto atrás.
En realidad, tengo dudas sobre este nuevo mercado. He hablado mucho con productores que asisten al mercado –básicamente, frutilleros colonos– y, como algunos senadores conocen muy bien, es verdad que hay frutas, verduras y hortalizas que son perecederas. Ellos me dicen que no está tan mal el mercado, aunque sí hay que pintarlo y arreglar el entorno y la logística. Frente a eso, quizás sea mejor una obra importante, pero ¿qué costo tiene y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, tenemos el MAM –ahora usamos siglas para todo; en este caso significa Mercado Agrícola de Montevideo–, al que todos hemos ido. Es precioso y es verdad que jerarquiza la ciudad y el país, y eso a todos nos gusta, pero ya hay varios locales vacíos porque el costo es muy alto. Entonces nos planteamos: ¿es por esa razón que no hacemos un MAM? ¿Es por una situación económica circunstancial, puesto que cuando se inauguró estaba lleno? Puede ser. Hay muchos aspectos que hay que analizar. Por ejemplo, ¿a todos los productores les sirve? Hoy dije que el metro cuadrado a comprar va a ser más caro. Entonces, ¿amerita priorizar eso en la realidad actual de la producción? Está claro que desde el punto de vista del servicio logístico, sin dudas este rubro debe estar en Montevideo.
En definitiva, creo que el tema de los recursos es central y pido disculpas por insistir en ello. A mediados de 2016 –en la rendición de cuentas del año anterior– votamos USD 100:000.000 a partir de los USD 10:000.000 que habíamos votado en el presupuesto quinquenal, constituyendo un fideicomiso para obras de desarrollo logístico e infraestructura vial del área metropolitana de Montevideo y Canelones, con endeudamiento del Gobierno nacional ante la CAF.
En el día de ayer, martes, se juntó toda la parafernalia del Gobierno nacional y también del Gobierno departamental –que aclaro que es de mi cuadro, para sacar esa generalización rápida y poco profunda, aunque no me gusta adjetivar, de que si se es blanco se está en contra de los frentistas y al revés, porque si van a revisar verán que tengo más votos en contra que mayoría de aporte– en Ciudad del Plata, anunciando el comienzo de las obras de saneamiento, con un costo de USD 20:000.000, que había prometido el doctor Vázquez en el último acto de la campaña electoral que hizo en San José. Recordarán los señores senadores que en la última rendición de cuentas aprobamos un artículo –y yo lo fundamenté– que exoneraba los impuestos para la OSE y las empresas privadas que participaran en esa obra. En este caso se trata de un financiamiento del BID. Ahora bien, la contrapartida para infraestructura vial y logística, que es de casi USD 15:000.000, no viene de los USD 100:000.000 del área metropolitana; la que se va a endeudar o, mejor dicho, a seguir endeudando –y yo he votado en contra del endeudamiento de mi departamento en esta Administración– es la Intendencia de San José, a través de un fideicomiso. En este caso se trata solamente de los maragatos, de los josefinos, y no de todos los uruguayos o de toda el área metropolitana.
Insisto en que no leí en profundidad el proyecto de ley y no digo que esté todo mal –incluso voy a votar algunos artículos–, pero quiero que mi fundamento quede por escrito, ya que seguramente pueda pasar algo de lo que inteligentemente alertó el señor senador Bordaberry. Voy a poner un ejemplo. San José y Colonia, básicamente, producen el 80 % del queso artesanal del Uruguay. Si sacamos a PILI –que era una de las cuatro empresas exportadoras– nos van quedando tres: Claldy, Calcar y Conaprole; y digo «nos van quedando», porque ya cerraron Ecolat y Schreiber Foods. Si sacamos las veintitrés industrias lácteas que no son artesanales –el señor senador Berterreche sabe bien que hay definiciones legales que indican que solamente son artesanales las empresas que producen o industrializan su propia leche y no la compran–, el resto son queseros artesanales que debe hacer doscientos años que están intentando hacer un mercado quesero artesanal, pero no han podido. ¡Todos, toditos los Gobiernos les dieron para atrás, a pesar de que toditas las Intendencias de Canelones y San José han tenido voluntad y han firmado cuanto convenio apareció! Me pregunto si para ellos puede haber USD 15:000.000 como los que estamos votando en el último artículo. Allí se habla de 118:500.000 unidades indexadas, que a $ 4,01 nos da alrededor de USD 14:000.000. Este es un tema de caja y de recursos. Se está votando una asistencia con un criterio.
Insisto en que no estoy en contra de que esta unidad esté ubicada en Montevideo, porque la lógica indica que debe estar cerca del consumo diario, pero no sé si actualmente es necesario; por lo menos eso es lo que me dicen los productores de Colonia –con quienes fui a hablar– que traen todos los días su producción. También, reitero, se me dice que ya está establecido que el metro cuadrado va a ser más caro. Entonces, repito que no sé si es una prioridad el destino de estos USD 15:000.000.
Lo que sí espero –y por eso vamos a acompañar algunos artículos– es que si viene algún tipo de fundamento similar para la zona del país que sea –en el tema arrocero, por ejemplo, sería Treinta y Tres o Cerro Largo– pase lo mismo, porque no es un tema de lugar y tampoco se trata físicamente de Montevideo o del interior; es la caja y el criterio de distribución, esto es, dónde se generan los recursos y cómo se vuelcan. ¡Es ahí que hay un tema endémico de centralismo! Y aclaro que estoy cuidando las palabras porque no es justo que se digan cosas que no son, pero es la verdad. Estos son los debates que más hay que dar porque, lamentablemente, hace ciento cincuenta años que este país está en repecho; por supuesto que es así y por eso los pensamientos deben ser transversales.
Repito que ya fue votado un fideicomiso de USD 100:000.000 para el desarrollo de infraestructura vial y logística del área metropolitana, pero se ignora lo que establece la ley, que es su composición de tres departamentos, y se especifica que es para Montevideo y Canelones. Personalmente no le pongo nombre a eso –no quiero decir que haya discriminación–, pero reitero que eso ya se votó y ahora damos USD 15:000.000 más para esto. Está bien, pero que no se venga tampoco con algunas posiciones –muy livianas que no quiero juzgar– de que es así porque son intendencias del Frente Amplio. ¡No, señor! ¡Son los recursos del país! Es la forma en la que procesamos cosas que son muy importantes. Me refiero, fundamentalmente, al promedio de los frutilleros de este país –algunos senadores los conocen muy bien porque saben del tema–, que tienen menos de ocho hectáreas, a los que se les ha aumentado mucho el costo para producir, y posiblemente les suban el precio del metro cuadrado.
Como señala el señor senador Heber, si no nos animamos a decir que no haya monopolio –lo que abunda no daña; no va a ser ilegal ni inconstitucional–, me gustaría saber cuál es la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se puede? Quisiera que me respondieran por qué razón no puede establecerse un aditivo o una norma –como indicó el señor senador Heber– que nos dé la certeza de que no es algo monopólico. Si eso está, yo lo voto con las dos manos.
Lo que refiere al manejo de la caja es lo que más me preocupa, pero no está vinculado directamente con la letra de estos artículos. No quiero caer en el tema de decir que como no estoy de acuerdo con una cosa, no voto nada, que está todo mal y envío los tuits. ¡No! ¡Vamos a jugar en serio!
Tampoco me van a hacer olvidar que aquí votamos USD 100:000.000, señores senadores. ¡USD 100:000.000 para un fideicomiso que financia la CAF para un pedazo del territorio, mientras para las mismas obras en otro pedazo del territorio –que la ley involucra en el mismo concepto– hace catorce años que estamos diciendo: «Endéudense ustedes; pongan plata de su bolsillo»! No me van a sacar lo fácil, pero –aunque no descalifique– me obligan a pensar algún adjetivo que hace pensar que tal vez son otras las cosas que se mueven.
21) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN
SEÑOR DELGADO.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de diez minutos.
SEÑORA PRESIDENTE.- Quiero avisar a los señores senadores que son las 13:05 –no tenemos reloj en sala porque está en reparación, por lo que nos estamos guiando por el mío– y el señor senador Delgado solicita un cuarto intermedio de diez minutos. Por tal motivo, consulto a los señores senadores sobre el procedimiento a seguir. Si están de acuerdo, podríamos votar el cuarto intermedio y prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta que termine la votación.
SEÑOR GARCÍA.- Formulo moción para que se porrogue la hora de finalización de la sesión, señora presidenta.
SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde, entonces, votar primero la prórroga de la hora, y luego el cuarto intermedio de diez minutos.
Se va a votar si se prorroga la hora de finalización de la sesión hasta concluir la consideración del tema en discusión.
Se va a votar la moción del señor senador Delgado en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio.
(Así se hace. Son las 13:07).
22)	UNIDAD AGROALIMENTARIA METROPOLITANA
(Son las 13:22).
–Continúa el tratamiento del tema en consideración.
SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: para facilitar la tarea, proponemos que una vez que el proyecto de ley se vote en general, se desglosen los artículos 1.º, 7.º, 8.º y 14.
SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: por más que se adelantaron, creo que lo que corresponde es hacer la propuesta de que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado, con los desgloses solicitados.
SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: no he intervenido en el debate, pero quiero dejar constancia de que hemos acompañado este proyecto de ley porque nos parece que es bueno, más allá de algunos detalles que, a nuestro modo de ver, no hacen al texto de la iniciativa. Concretamente, me refiero a un debate lateral que tiene que ver con la competencia o monopolio, aspectos que no están contemplados en este proyecto de ley. Además, estamos acompañando una iniciativa que nos parece que cuenta con el aval del sector granjero para la provisión de recursos. Ese fue el sentido de nuestro voto favorable.
SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta del señor senador Michelini en el sentido de que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado, excepto los artículos 1.º, 7.º, 8.º y 14.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado, con excepción de los artículos 1.º, 7.º, 8.º y 14.
(Así se hace, a las 13:24, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Camy, Carrera, Castaingdebat, Castillo, Delgado, Garín, Gomori, Heber, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Saravia y Xavier).

References: artículo 118
 artículo 108
 artículo 1844
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 168
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 168
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 resolución 
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 artículo 168
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 resolución 
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 artículo 168
 resolución 
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 resolución 
 artículo 168
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 85
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 214
 artículo 214