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Timestamp: 2019-03-24 11:23:19+00:00

Document:
as20151L138
AUTO SUPREMO Nº 138/2015-RRC-L
Expediente : Santa Cruz 282/2009
Parte imputada : José Luis Estrada Aguilar y otro
Por memorial presentado el 30 de octubre de 2009, cursante de fs. 1130 y vta., el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz, representado legalmente por su Gerente Distrital a.i. Moisés Manuel Calderón Bustamante, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 243 de 16 de octubre de 2009, de fs. 1117 y vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra José Luis Estrada Aguilar y Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.
En mérito a las acusaciones pública y particular presentadas por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz (fs. 428 a 431 y 480 a 484 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 19 de 14 de julio de 2009 (fs. 1066 a 1074), por la que declaró a los imputados Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz y José Luis Estrada Aguilar, absueltos de culpa y pena de los delitos de Falsedad Material e ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP, dejando sin efecto las medidas cautelares adoptadas, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, el Servicio de Impuestos Nacionales, Distrital Santa Cruz, representada por su Gerente Distrital a.i. Julio Castro Arroyo Duran, interpuso recurso de apelación restringida, (fs. 1082 a 1084),al cual se adhirió el imputado Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz (fs. 1092 a 1098), resueltos por Auto de Vista 243 de 16 de octubre de 2009 (fs. 1117 y vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró inadmisible por extemporáneo el recurso deducido por la entidad acusadora e improcedente la adhesión efectuada por Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz; notificado el recurrente con el referido Auto de Vista, interpuso recurso de casación, el cual es objeto del presente análisis.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 069/2015-RA-L de 04 de febrero de 2015, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente manifiesta su extrañeza del argumento vertido por el Tribunal de Alzada en el Primer Considerando del Auto de Vista impugnado, respecto a la extemporaneidad del recurso de apelación restringida; por cuanto, de acuerdo al art. 163 del CPP, la Sentencia debe ser notificada de forma personal y previa entrega de la copia de la resolución; sin embargo, en el caso de autos la Sentencia habría sido puesta en su conocimiento el 17 de julio de 2009; en consecuencia, a partir de esa fecha comenzaba el computo del término previsto por el art. 408 del CPP, para la interposición del recurso de apelación restringida, en resguardo del debido proceso e igualdad de las partes.
El recurrente, solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se dicte uno nuevo conforme a la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 069/2015-RA-L de 4 de febrero, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz representado legalmente por su Gerente Distrital a.i. Moisés Manuel Calderón Bustamante, vía flexibilización.
Conforme consta en el considerando VI romano, de fundamentos de derecho de la Sentencia, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció Sentencia absolutoria a favor de los imputados, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) No se demostró que los imputados José Luis Estrada Aguilar y Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz, hubiesen falsificado los poderes notariales 286/2004, 186/2004 y 687/2004 y por lo tanto sean autores de la comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica, menos del ilícito de Uso de Instrumento Falsificado, debido a que no tuvieron conocimiento de la falsedad de dichos poderes como exige el art. 203 del CP;y, ii) Que, de la prueba de cargo incorporada al juicio, no se acreditó quien o quienes fueron las personas que forjaron los poderes o los que introdujeron datos falsos en dichos documentos, razones por las que en observancia del principio indubio pro reo, dispuso su absolución.
El Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz, interpuso recurso de apelación restringida, al cual se adhirió el imputado Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz; no obstante, sólo será objeto de análisis el presentado por la entidad acusadora, por cuanto el imputado nombrado no formuló recurso de casación.
II.2.1. Apelación restringida del Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz.
La entidad querellante del Servicio de Impuestos Nacionales, Distrital Santa Cruz, representada legalmente por el Gerente Distrital a.i Lic. Julio Castro Arroyo Durán interpone recurso de apelación restringida (fs.1082 a 1084) denunciando los siguientes agravios: a) Falta de fundamentación de la Sentencia, señalando que no se valoró conforme dispone el art. 173 del CPP, las declaraciones de los testigos José Luis Coplot López, Glauco Montero Osinaga, Carola Valentina Crespo Fernández y Constancia Gutiérrez Berindoague, quienes expresaron que el imputado Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz, se apersonó al Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz, con los poderes acusados de falsos, los cuales le habrían sido entregados por el imputado José Luis Estrada Aguilar; y, b) Errónea aplicación de la ley sustantiva, señalando que analizados los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de Falsead Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, se vulneraron y se aplicaron erróneamente los arts. 173, 360 y 363 del CPP y arts. 13, 198, 199 y 203 del CP, solicitando se revoque el fallo y se dicte Auto de Vista declarando la condena de los acusados.
II.2.2. Del Auto de Vista impugnado.
Radicado el proceso ante la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 243 de 16 de octubre de 2009, que declaró inadmisible por extemporáneo el recurso deducido por la entidad acusadora e improcedente la adhesión efectuada por Juan Carlos Alfonso Oblitas Ortiz, con el siguiente argumento: Que, conforme el art. 130 del CPP, el plazo de quince días para que el acusador particular impugne la Sentencia, se cumplía el día 31 de julio de 2009; empero, el recurso interpuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Santa Cruz, fue presentado extemporáneamente.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA RESOLUCION DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
El recurso de casación formulado por la entidad recurrente, fue admitido en la vía de excepción, versando el único motivo respecto a la presunta indebida declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación restringida por su presentación extemporánea, para cuyo efecto corresponde realizar algunas consideraciones previas con relación a la notificación con la Sentencia.
III.1 De la notificación con la Sentencia.
El Auto Supremo 391/2014-RRC de 18 de agosto estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “El Código de Procedimiento Penal en los arts. 160 al 166, regula los requisitos, formas y condiciones de la notificación con los actos procesales y resoluciones judiciales pronunciadas durante el proceso penal. Así el art. 160 establece que “Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales.
Las resoluciones serán obligatoriamente notificadas al día siguiente de dictadas, salvo que la ley o el juez disponga un plazo menor. Las que se dicten durante las audiencias orales, se notificarán en el mismo acto por su lectura”.
Evidentemente, dada la naturaleza oral del procedimiento penal, resulta lógico que las resoluciones que se dicten durante las audiencias orales se notifiquen en el mismo acto; sin embargo, existen resoluciones respecto de las cuales el legislador ha previsto ciertas formalidades especiales de efectuar la comunicación de las mismas, por su directa relación con la efectivización de derechos fundamentales.
En este orden se tiene la norma contenida en el art. 163 del mismo Código, que dispone las excepciones a la norma general contenida en el art. 160 y previene los casos en los que la notificación deberá ser personal y la forma cómo debe practicarse, haciendo referencia a:
“1) La primera resolución que se dicte respecto de las partes;
4) Otras resoluciones que por disposición de este Código deban notificarse personalmente”. (El resaltado es nuestro).
En estas situaciones la citada disposición legal, además de subrayar que la notificación deberá ser personal, determina el cumplimiento de ciertas formalidades con el objetivo de lograr que el acto de comunicación cumpla su finalidad, que no es otra que la de hacer conocer a las partes involucradas el conocimiento efectivo y real de dichas resoluciones, disponiendo que “La notificación se efectuará mediante la entrega de una copia de la resolución al interesado y una advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. El imputado privado de su libertad será notificado en el lugar de su detención. Si el interesado no fuera encontrado, se la practicará en su domicilio real, dejando copia de la resolución y de la advertencia en presencia de un testigo idóneo que firmará la diligencia'”.
Sobre la citada disposición legal este Tribunal mediante Auto Supremo 356/2012 de 28 de noviembre, estableció el siguiente entendimiento: “por determinación del artículo 163 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal, las sentencias y resoluciones de carácter definitivo deben notificarse de forma personal mediante la entrega de copia de la resolución al interesado bajo advertencia por escrito acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos, dejando constancia de la recepción. Y en caso de estar privado de su libertad el imputado será notificado en el lugar de su detención. Con la única salvedad que si el imputado no es encontrado, se la practicará en domicilio real en presencia de testigo idóneo quien firmará dicha diligencia.
Que en consecuencia se afirma como requisito imprescindible cumplir con la notificación personal (salvo la excepción citada) con toda resolución de carácter definitivo a efecto de proceder al control de los plazos procesales como señala el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal” (El resaltado y subrayado es nuestro).
Como se advierte la notificación personal con estas resoluciones, entre ellas, las sentencias y resoluciones de carácter definitivo y las formalidades con las que debe practicarse no son un fin en sí mismo, están orientadas precisamente a efectivizar derechos fundamentales como los de defensa, de impugnación de las resoluciones, de acceso a la justicia, los que se verían afectados si acaso el acto de comunicación no cumple con su finalidad. En efecto recogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde recordar que en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), la Corte ha señalado que el derecho a recurrir el fallo es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica”, que “procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho” (párrs. 158 y 161). Asimismo, en la misma Sentencia precisó la directa vinculación del derecho a recurrir con el derecho a la defensa, determinando que “sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (arts. 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior arts. 8.2 inc. h) de la CADH”
A su vez la misma Corte en el caso Vélez Loor vs. Panamá (Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas, párr. 180) ha considerado que “se genera una situación de impedimento fáctico para asegurar un acceso real al derecho a recurrir, cuando la sentencia a impugnar no es notificada al inculpado, de modo que, además de colocarlo “en un estado de incertidumbre respecto de su situación jurídica”, torna “impracticable” el ejercicio del referido derecho.
En este sentido, no resulta válida la notificación con la sentencia que no guarde las exigencias de ser personal y de entregar al condenado una copia de ella. De tal forma no puede considerarse cumplido el mandato legal de notificación personal con la sentencia al condenado con aquella que se practique al concluir la audiencia donde se dictó la sentencia o en la audiencia de su lectura sin que se hubiere efectuado la entrega de la copia respectiva, teniendo en cuenta que la norma contenida en el art. 163 inc. 2) del CPP, resulta categórica al establecer que la notificación con las sentencias y resoluciones de carácter definitivo debe ser personal y con la entrega de una copia de la resolución notificada, pues sólo con la entrega de la copia de la sentencia se asegura que el condenado tenga conocimiento efectivo de los fundamentos jurídicos de la decisión para ejercer su derecho de impugnarla mediante el recurso de apelación; quedando bajo cuidado y control del Juez o Tribunal competente verificar que la notificación con la sentencia o resoluciones definitivas se realice conforme dispone la norma jurídica.
En efecto, el conocimiento del contenido de la Sentencia o de una resolución definitiva, es primordial para las partes involucradas en el proceso penal, a efectos de asumir su defensa y activar los recursos que la ley franquea en caso de no hallarse conformes con la determinación; por lo que debe quedar claramente establecido que la notificación con la Sentencia debe ser en forma personal, conforme prevé el art. 163 inc. 2) del CPP, norma legal que inclusive contempla la forma de esta notificación explicitando que debe procederse a la entrega personal al interesado del fallo con la advertencia de los recursos contra el mismo y el plazo para su interposición, diligencia de notificación que debe ser objeto de constancia y que debe cursar en obrados, a objeto de su verificación posterior, precisamente para realizar los cómputos respectivos en caso de presentarse un recurso de apelación restringida contra la sentencia notificada.
Consecuentemente, sólo cuando se notifica en forma personal con la sentencia condenatoria y se entrega la copia de ley, observando las exigencias formales, corre el cómputo del plazo que se tiene para apelar de las sentencias. Un entendimiento contrario; es decir, realizar el cómputo del plazo sin que exista una constancia de notificación personal con la sentencia condenatoria y de entrega de la copia respectiva coartaría severamente los derechos a recurrir de los fallos y la defensa, por ende, de acceso a la justicia al no existir certeza plena que el acto de comunicación cumplió con su finalidad, esto es que las partes tengan real conocimiento de la resolución en cuestión, a menos que se tenga evidencia que no obstante la inobservancia de las formalidades que rigen el acto de comunicación exista certeza que el acto procesal cumplió con su finalidad y el condenado tuvo conocimiento efectivo del contenido de la Sentencia.
Razonamiento último que guarda coherencia con lo establecido por la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 2113/2013 de 21 de noviembre, que señaló: “De donde se desprende, que en el proceso penal, en sus distintas etapas, debe asegurarse el efectivo conocimiento de parte, la víctima, querellante, denunciado, imputado y/o acusado, del acto procesal realizado o a realizarse. Bajo la comprensión que de por medio se encuentra la restricción o no del derecho a la libertad o el ejercicio de un derecho fundamental, como sería el uso de los medios de impugnación o mecanismos de defensa; dicho de otro modo, el objeto de la notificación es evitar indefensión a las partes que intervienen en el proceso.
En la misma línea de entendimiento, la SC 110/2006-R, pronunciada por el Tribunal Constitucional expresó que “sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión” (SC 110/2006-R); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida” (SC 1845/2004-R de 30 de noviembre)” .
De la revisión de antecedentes procesales, se advierte que, una vez concluida la fase del debate del juicio oral y la deliberación de los miembros del Tribunal de acuerdo a las normas establecidas en el los arts. 359 y 361 del CPP, el 10 de julio de 2009 (fs.1064), se dio lectura a la parte resolutiva de la Sentencia, señalándose audiencia para la lectura íntegra de la misma para el día 14 de julio de 2009, instalada la audiencia en la fecha indicada, se procedió a la lectura fundamentada de la Resolución conforme consta en el acta (fs. 1065), en cuyo actuado procesal se acredita que el Presidente del Tribunal, dispuso que los sujetos procesales quedaban legalmente notificados con la Sentencia; es decir, no se dio cumplimento con la notificación legal a los sujetos procesales conforme se explicó en el acápite anterior; esto es, notificación de manera personal o en su caso en el domicilio real de la parte interesada con la entrega de una copia de la Resolución al sujeto procesal; es decir, es a partir de una legal notificación a las partes que se computa el plazo para la interposición del recurso de apelación restringida, puesto que conforme los arts. 130 y 408 del CPP, se colige que el plazo para formular recurso de apelación restringida es de quince días, que debe computarse desde el día siguiente hábil de haberse notificado con la Sentencia, teniendo presente que para el cómputo sólo se toman en cuenta los días hábiles y no así los inhábiles constituidos por los días sábado, domingo, feriados y los que se hallen incluidos en el periodo de vacación judicial; un entendimiento contrario que provoque indebidamente la declaración de inadmisibilidad del recurso, implica desconocer el principio de impugnación reconocido por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, lo que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme dispone el art. 169 inc. 3) del CPP; por lo que, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 243 de 16 de octubre de 2009, cursante a fs.1117 y vta., disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.
En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura con referencia a los Vocales suscribientes del Auto de Vista 243 de 16 de octubre de 2009.
Magistrada Relatora. Maritza Suntura Juaniquina

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