Source: https://psicolog.org/quehacer-profesional-del-psiclogo-en-el-abordaje-de-jvenes-inf.html
Timestamp: 2020-08-03 12:22:46+00:00

Document:
Una mirada desde lo jurídico Partiremos definiendo la privación de la libertad
Entre 16 años y hasta los 18 años de edad
Entre 18 años y 21 años de edad
Ley Nº 26.061/06 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Una mirada desde lo institucional
Egreso con su familia, tutor o referentes afectivos
Institución de régimen cerrado de acuerdo a la franja etarea
Institución de régimen abierto (Por ejemplo: Hogares o Residencias Educativas de libertad restringida).
Una mirada integradora Luego de haber transitado por las distintas miradas a un mismo sujeto, a saber: la mirada jurídica
El rol del psicólogo en el abordaje de jóvenes infractores a la ley penal
Lic. Claudia De Simone
El abordaje terapéutico de jóvenes que han cometido una actuación transgresora, es un ámbito absolutamente complejo. En este se puede observar un entramado de dos discursos que conviven, algunas veces solidariamente y otras tantas paradojalmente. Se distinguen aquí, por supuesto el discurso jurídico, aquel que toma al sujeto y lo interroga sobre los hechos que realizó para luego aplicar sobre este un reproche de tinte sancionatorio, y el discurso psiccológico que intenta que el sujeto se interrogue acerca de las motivaciones inconscientes que lo llevaron a involucrarse en ese acto transgresor.
Recorreremos este ámbito de inserción del psicólogo jurídico a través de las distintas miradas que confluyen y que de acuerdo a la interacción de las mismas, podrá resultar beneficioso para el niño o joven que esté detrás de ellas.
Partiremos definiendo la privación de la libertad tal como aparece en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes Privados de la Libertad, a saber:
“Toda forma de detención o encarcelamiento, internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir a la persona menor de edad por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa y otra autoridad pública”.
Esta definición incluye la internación por motivos de protección y no sólo por infracciones cometidas por adolescentes contra la ley penal1. También se incluye la internación2 en una institución clínica/médica ordenada por cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.
En este sentido, la privación de la libertad es entendida como una severa restricción de derechos que, de no ser aplicada adecuadamente, provoca deterioros irreversibles en el desarrollo y evolución de los niños, niñas y adolescentes por el nivel de padecimiento que conlleva.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño excluye a la privación de la libertad como medida de protección y restringe claramente la posibilidad de su aplicación en el ámbito penal, como medida excepcional y por el menor tiempo posible.
Resulta imprescindible mencionar cómo es el sistema jurídico aplicable a la infancia, puesto que el mismo representa un entramado sumamente complejo que ha posibilitado su subsistencia durante casi un siglo.
Al respecto, en el año 1919 se sancionó la Ley 10.903, también llamada Ley Agote o Ley de Patronato de Menores, que dio comienzo a la construcción de un “sistema tutelar”. Esta ley disponía que ante el hecho de que un menor de 21 años de edad se encontrara en “abandono o peligro material o moral” se diera intervención al Juez de la jurisdicción criminal y correccional, ya sea en la Capital de la República o en las provincias o territorios nacionales.
Frente a estos menores de edad en tal situación, la ley suponía que el Estado tenía la función de tutelar a través del Juez de Menores (penal), quien cumpliría su rol no solamente desde un aspecto estrictamente jurídico sino también desde un aspecto moral y social. Esta intervención del Juez apuntaba a la “protección”, por lo tanto requerirían de su “tutela” y tenía la facultad de “disponer” de estos menores hasta que alcanzaran la mayoría de edad (21 años).
Este modelo de intervención es llamado doctrina de “la situación irregular”, bajo el argumento de la protección, los niños y adolescentes eran separados de su medio familiar y comunitario e internados en establecimientos penales sin precisar el período de tiempo que abarcaría esa medida, apelando a una discrecionalidad ilimitada del juez que solo encontraba su límite en la mayoría de edad, al tiempo que apelaba a la privación de la libertad como una medida de primer recurso.
Quizás la crítica más importante a este sistema tutelar, podría basarse en que no se hacía distinción entre aquella porción de la infancia que era víctima de delito, aquella que era imputada de un acto transgresor y aquella porción de la infancia que se hallaban en situación de vulnerabilidad económica y social.
Asimismo, este sistema no se agotaba con la Ley de Patronato sino que funcionó y aún funciona conjuntamente con el Régimen Penal de la Minoridad creado por el Decreto-Ley Nº 22.278 de 1980 (modificado por el Decreto-Ley Nº 22.803). Esta norma distingue una actuación diferenciada según las diferentes franjas etarias de que se trate:
Hasta los 16 años de edad: Los niños y adolescentes son “no punibles”, esto es la imposibilidad jurídica de aplicar pena, de recibir reproche jurídico, aunque se podía disponer de estos hasta los 21 años de edad
Entre 16 años y hasta los 18 años de edad: para esta franja se establece un régimen de punibilidad relativa, para los delitos de acción pública, con más de dos años de prisión que se encuentran establecidas en el Código Procesal Penal para Adultos, por lo tanto no existe distinción entre las penas aplicables estos adolescentes y las aplicables a los adultos. Cuando se trata delitos de menos de dos años, son considerados no punibles.
Entre 18 años y 21 años de edad: son considerados jóvenes adultos1 y son siempre punibles.
Ahora bien, desde la incorporación –1990- de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) al derecho positivo interno e incluso cuando se le otorgó jerarquía constitucional –1994-, ha desatado discusiones basadas en la necesariedad de adecuación legislativa a este documento. Como consecuencia de estas surge la sanción de la Ley Nº 26.061/06 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes2, la cual deroga la Ley Nº 10.903 (esta todavía se encuentra en vigencia pues hasta el momento de la presente no se ha reglamentado la ley nueva).
La Ley de Protección Integral tiene como finalidad la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuyo principio rector es el interés superior del niño. Se deberá entender como interés superior del niño, a la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos.
Esta Ley apunta al fortalecimiento de los vínculos entre padres e hijos, por lo tanto la separación de los padres debe ser una medida de último recurso, solo aplicable excepcionalmente, limitada en el tiempo, reservada para los casos de graves violaciones de sus deberes parentales y dictada con absoluto respeto de los derechos y garantías de los progenitores.
Por lo tanto, el rol del Estado es el de ser garante de los derechos del niño y la sanción de esta Ley crea el Sistema de Protección Integral de Derechos, este establece una organización mediante la cual las instituciones administrativas y judiciales se encuentran dotadas de dispositivos que se pondrán en marcha ante la violación o amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por último, se considera que los niños y adolescentes en infractores a la ley penal son sujeto de derecho, que deben ser oídos y su opinión debe ser tenida en cuenta, como así respetar todos sus derechos (a la identidad, a la salud, etc.), que la organización en la que se encuentran debe garantizar la restitución y protección de estos y que la privación de libertad debe ser una medida excepcional, limitada en el tiempo por el más breve lapso posible.
Los profesionales psicólogos que nos desempeñamos en una institución de régimen cerrado que alberga niños y jóvenes con causa penal, hemos observado que la internación en privación de libertad es una medida que los jueces de menores la utilizan sin precisar –con antelación- tiempos de permanencia, a la que se apela –muchas veces- en forma arbitraria y al sólo efecto del control social, sin prever un objetivo ni abordaje adecuado para revertir la situación que motivó el alojamiento de un joven en este tipo de establecimientos.
Teniendo en cuenta esto, es necesario considerar para la elaboración de estrategias terapéuticas, la imposibilidad de contar con antelación el tiempo que un joven permanecerá internado, es por ello que, para poder viabilizar lo anteriormente expuesto, deberemos realizar intervenciones, señalamientos, minidevoluciones tendientes a lograr la subjetivización, desde el primer instante que se toma contacto con el sujeto a evaluar.
Es imprescindible aclarar que, la función principal de este tipo de instituciones, es la realización de un diagnóstico integral del joven y de su núcleo familiar y/o referentes afectivos que puedan llegar a hacerse cargo de la tutela de este, o bien contar con alternativas institucionales a la privación de libertad para poder derivar, según la problemática que presenta el mismo.
Esta tarea diagnóstica deberá ser realizada en el menor tiempo, remitiendo al juzgado interviniente un informe técnico (psicológico y social) en el cual se consignará una sugerencia de derivación. Esta sugerencia de derivación no es más que una indicación de la modalidad de abordaje terapéutico más conveniente.
Es importante aclarar que el informe técnico se remite a la Secretaría Tutelar perteneciente al Juzgado que interviene en cada caso, siendo que esta se ocupa de:
la asistencia integral del niño o joven
el tipo de tratamiento que requiere
las medidas preventivas que se deben tomar.
Asimismo, existe en cada Juzgado –además de la Secretaría Tutelar- una Secretaría Actuaria, la cual se ocupa de:
tipificar los actos transgresores
reunir evidencias (Por ejemplo: si hay testigos, etc)
realizar el procesamiento judicial
Ahora bien, en cuanto a la sugerencia de derivación, debemos decir que existen limitadas alternativas de derivación, este escaso abanico de posibilidades, se presenta como un obstáculo difícil de sortear a la hora de sugerir al juez, qué tipo de modalidad de abordaje requiere el joven que hemos evaluado, produciéndose –en la mayoría de los casos- un desvío que no permite hacer coincidir fielmente la problemática individual con las características de la institución que finalmente lo albergará.
En cuanto a esto, nos resulta indispensable detallar las distintas alternativas de derivación, como así también los indicadores técnicos más relevantes que permitirían sugerir la modalidad de abordaje más conveniente en cada joven evaluado, a saber:
Egreso con su familia, tutor o referentes afectivos: Es la posibilidad de que el joven sea externado y reintegrado a su núcleo familiar o bien con tutor o referentes afectivos. Para ello, deberemos evaluar:
El grado de continencia familiar o de las figuras que podrán hacerse cargo del joven
Qué el joven presente cierto grado de consciencia de la situación en la que se encuentra involucrado y que esta no halla devenido en una situación de alta exposición a riesgos
Que cuente con recursos internos que le permitan funcionar autónomamente
Posibilidad que pueda esbozar un proyecto de vida distinto
Que se evidencie implicancia subjetiva y posibilidad de utilizar la palabra para expresar lo que le sucede.
Institución de régimen cerrado de acuerdo a la franja etarea: Es un abordaje integral dentro de una institución de límites cerrados que posee un régimen institucional de internación integrado por profesionales de distintas disciplinas (psicólogos, trabajadores sociales, médicos, nutricionistas, etc) con acompañamiento de personal de seguridad y operadores socio-comunitarios. Para poder sugerir esta modalidad de tratamiento, el joven deberá:
Presentar escasa consciencia de la situación en la que se involucró
Dificultad para expresar con palabras su conflictiva
Tendencia al acting,
Escasa posibilidad de manejar sus impulsos
Dificultad para resolver sus conflictos a través de la violencia
Haberse involucrado en situaciones de alto riesgo no sólo para sí sino para terceros
Por lo tanto el abordaje más indicado en estos casos tenderá a que el joven pueda comenzar a poner palabras a su conflictiva, que pueda conectarse con las motivaciones inconscientes que lo llevaron a involucrarse en este tipo de actos, que mitigue sus impulsos agresivos y sobre todo que pueda reflexionar acerca de las consecuencias que su accionar le puede traer aparejado.
Institución de régimen abierto (Por ejemplo: Hogares o Residencias Educativas de libertad restringida). Se trata de un dispositivo integrado por profesionales y Operadores Convivenciales, cuya permanencia se estima aproximadamente de un año, tendiente a reinsertarlo en su núcleo familiar, en el cual se han detectado una conflictiva familiar que impida la inclusión (transitoria) del joven en estos momentos. Se le ofrece al joven, un espacio contenedor de residencia que le permita continuar sus estudios en escuelas extramuros, como así también posibilidad de insertarse laboralmente. Para ello, el joven deberá presentar:
Cierta consciencia de su conflictiva y de las consecuencias que su puede traer aparejado su accionar
Haberse involucrado en situaciones de mínimo exposición al riesgo
Que pueda resolver los problemas que se le presentan sin tener que apelar –necesariamente- a la violencia/agresión
Que pueda implicarse subjetivamente en lo que le sucede
Que presente disposición para elaborar un proyecto de vida futuro que contemple sus posibilidades reales y potencialidades internas.
Comunidades Terapéuticas: Es un dispositivo de internación que realiza tratamiento específico a aquellos sujetos que presentan un compromiso significativo con las sustancias tóxicas y/o alcohol. Por lo tanto, el indicador técnico más relevante es determinar el grado de dependencia, si hay presencia de cierta consciencia de su situación y de las consecuencias que esta pueda traer. Asimismo, es importante evaluar el nivel de acompañamiento familiar durante el periodo que demande la internación en este tipo de abordaje terapéutico.
Casas de Medio Camino: Este tipo de instituciones funcionan de manera similar que los Hogares o Residencias, al ser establecimiento de puertas abiertas y albergar pequeños grupos entre 10 y 20 jóvenes. Su función principal es realizar tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico para aquellos jóvenes que presenten alguna patología psiquiátrica que no sea psicosis y que requieran un tratamiento medicamentoso.
Clínica Psiquiátrica: Realizan tratamiento psiquiátrico a sujetos que presenten una patología psiquiátrica, especialmente psicosis, que se encuentren descompensados psíquicamente y que por ello requiera un tratamiento medicamentoso y en la modalidad de internación.
Instituciones Especializadas: Este tipo de instituciones tienen la particularidad de especializarse en algunas de las distintas problemáticas que puedan presentar algunos jóvenes, como por ejemplo si presentare debilidad mental..
Si bien sabemos que el informe psicológico es no vinculante, esto es no determinante para que el juez tome una resolución, podemos decir que influye de alguna manera en la resolución judicial, encontrándonos en la práctica cotidiana con un porcentaje absolutamente mayoritario en el cual la resolución judicial coincide con la sugerencia de derivación remitida por el Equipo Técnico Institucional.
En relación a esto, nuestra práctica nos ha permitido observar que si la sugerencia técnica es que permanezca internado en un establecimiento de régimen cerrado, muy difícilmente la Justicia falle en contra de esto, aunque sí lo hace cuando se sugiere un Egreso o el traslado a una Residencia o Comunidad, siempre que la causa sea considerada grave o halla tenido reiterancia en el delito. Por lo que podemos concluir que, generalmente, si se trata de internar hay acuerdo rápidamente, no así cuando se solicita un Egreso o traslado a un establecimiento de régimen abierto.
Siguiendo esta línea de pensamiento, se podría desprender fácilmente, que la tarea del psicólogo quedaría restringida a la realización de un diagnóstico, el cual posibilitaría al Juez resolver sobre la situación tutelar de un joven infractor.
En cuanto a esto, se puede plantear que como profesionales no debemos permitir que la función del psicólogo quede homologada a la función diagnóstica, por el contrario nuestro desafío tenderá a poder encontrar un nuevo sentido a la situación de internación impuesta por un juzgado. Es por ello que consideramos que la internación (tanto en privación de libertad como en otro régimen) sólo tiene sentido si adquiere estatuto de intervención, siguiendo esta línea de pensamiento la evaluación diagnóstica debe ser considerada como tal.
Por lo tanto el diagnóstico, además de ser una herramienta que permite indagar y obtener cierta información acerca del sujeto que estamos evaluando, puede llegar a constituirse en un espacio que permita que el joven comience a utilizar la palabra, desplegar su historia personal, interrogarse acerca de cuales fueron las motivaciones inconscientes que lo llevaron a involucrarse en situaciones de riesgo, no sólo para sí sino para terceros, reflexionar acerca de aquellas cuestiones que no pudieron ser procesadas por una vía simbólica, sino a través de un acto transgresor.
Destacamos este momento diagnóstico, sobre todo porque en la mayoría de los casos, puede llegar a ser un momento único, y en otros puede ser la última posibilidad que tengamos para poder intentar conmover el posicionamiento subjetivo que motivó su internación.
Esta posibilidad, tenderá a que el joven pueda implicarse subjetivamente del acto transgresor, que pueda responsabilizarse en el sentido de apropiarse de ello.
Una de las dificultades más comunes con las que se encuentra el psicólogo es poder situarse en un lugar distinto al que tiende a ubicarlo el joven. Al respecto, el joven no está por fuera de la dimensión que tiene en el imaginario social el formar parte de una institución que si bien lo aloja mientras se encuentra internado, también se encuentra absolutamente vinculada al ámbito jurídico. Es por ello, que como profesionales deberemos intentar dejar en claro la diferencia existente entre nuestra función (la de realizar una evaluación diagnóstica) y la resolución judicial. Lograr esto último implica para el psicólogo apelar constantemente a la disociación instrumental, la cual permitirá que su tarea se lleve a cabo según los preceptos de la ética profesional.
Es importante que el espacio de la evaluación diagnóstica sea propiciador de la palabra, a través de la escucha, utilizando todas las estrategias que se consideren necesarias para establecer un vínculo de confianza, que permita reflexionar y que facilite la historización. En cuanto a esto, se puede afirmar que sin el establecimiento de un vínculo no hay intervención posible.
Si bien los jóvenes con los cuales trabajamos no tienen una demanda explicita, entendida esta demanda como algo a priori, nosotros consideramos que este espacio de escucha debe ser utilizado como generador de esta demanda, por lo tanto entendemos la demanda, como algo a-posteriori, algo a construir. Un desafío interesante que posibilitará al sujeto mitigar su tendencia a la acción.
En la mayoría de los casos, y analizando cómo se fue gestando el accionar transgresor en la historia de un sujeto, hemos observado que, en los primeros momentos aparece como un intento de decir con actos lo que no puede con palabras, un intento fallido que lejos de brindarle un lugar para que el malestar se despliegue y tenga un impacto eficaz: ser escuchado; el sujeto queda entrampado en su acto y no obtiene lo que –inconscientemente- buscaba.
Es muy común, observar esta modalidad, durante la permanencia institucional, ya que el joven, apela a actuaciones (hetero y autoagresiones) con el sólo objetivo de contar con un lugar donde pueda hablar de lo que le sucede.
Cuando la institución instrumenta los mecanismos adecuados para que la palabra circule y el joven encuentra que esta tiene un estatuto distinto, permitirá que pueda disminuir esta modalidad de resolución de los conflictos a través de los actos que venía realizando. Con el simple hecho de poder nombrar su conflicto dejando de lado el accionar transgresor que lo sustituía, sus acciones comenzarán a perder esta eficacia fallida, la cual resulta (en algunos casos) sumamente costosa para el sujeto.
Teniendo en cuenta la etapa adolescente por la cual transitan los jóvenes que atendemos, sabemos que las intervenciones que se realizan pueden permitir un viraje en el posicionamiento subjetivo del joven que posibilite el surgimiento de la angustia y que pueda comenzar a poner en palabras su conflicto, con el objetivo que pueda encontrar la significación de sus actos.
No podemos considerar al joven entrevistado como un objeto de estudio, por ende difícilmente tenderemos a realizar diagnósticos que apunten a estigmatizarlo. Al respecto, entendemos al diagnóstico como dinámico, algo que puede ir variando de acuerdo a la etapa en la que se encuentre transitando o bien modificándose atento a los sucesos que puedan ir apareciendo en la vida de un sujeto. Es por ello, que la tarea del psicólogo, además de evaluar estas fluctuaciones, es acompañar el impacto que puede generar en un sujeto tomar conocimiento de algún hecho trascendental en su vida. Un ejemplo de esto, es que durante su internación se devela la verdadera identidad de su progenitor, o aspectos de su historia que se hallaban ocultas (su nacimiento fue producto de una violación) y que su accionar transgresor se constituía como un anuncio de esto.
Si bien podemos acordar que el acto transgresor que motivo la internación en privación de libertad, es un hecho antisocial pasible –en muchos casos- de un reproche jurídico, es también la expresión de una historia estructurante.
Del mismo modo, es dable destacar el efecto que genera en un sujeto la situación de internación en una institución cerrada (pérdida de identidad, masificación, pérdida de los lazos sociales, etc.), sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes, que por la etapa evolutiva que se encuentran atravesando, se reactivan cuestiones de su historia personal, su relación con las figuras parentales, con sus pares y con su entorno social.
Estas problemáticas requerirán de un abordaje personalizado tendiente a que se le brinde no sólo contención afectiva sino también que le ofrezca figuras que puedan constituirse en un soporte adecuado que contribuyan a favorecer su desarrollo y le posibiliten realizar un pasaje por esta etapa tan particular, lo menos traumático posible.
Asimismo, es importante aclarar que todas las estrategias terapéuticas se dirigirán a la creación de un proyecto de vida diferente, que contemple no sólo las potencialidades que posee el joven en cuestión, sino también las posibilidades reales para su viabilización, a los efectos que la transgresión no se constituya en una modalidad de funcionamiento instalada.
Sin embargo, debemos advertir, que –muchas veces- no se tiene en cuenta el efecto que a-posteriori esto ocasiona, sobre todo al momento de su reintegración al medio familiar-social, puesto que se produce una doble marginación que le obstaculiza, al joven, llevar a cabo el proyecto de vida que pudo esbozar mientras estuvo internado, y –en la mayoría de los casos- es causa de reiterancia en el delito y de reingreso a este circuito.
Básicamente, planteamos el proceso diagnóstico como una tarea tendiente a la promoción de sentido –absolutamente singular- en cada sujeto que evaluamos, esto es favorecer que el cuestionamiento, la pregunta emerja, que se constituya en un disparador para que el joven pueda saber acerca de su accionar, pueda encontrarse con las motivaciones inconscientes que lo llevaron a exponerse a riesgos, pueda conectarse afectivamente con esto y apropiarse de su acto.
Claro esta, que para ello será necesario brindar un espacio propiciador del surgimiento de la palabra, justo allí donde hubo un acto, la palabra debe emerger. Este acto del que hablamos, no es un acto cualquiera, tiene el atributo –aberrante en muchos casos- de ser transgresor, de romper, de quebrar, de poner en cuestionamiento la ley.
Dentro de un establecimiento de privación de libertad, el consultorio puede y debe transformarse en un lugar favorable y posibilitador. Favorable para el sujeto, pues podrá tener la oportunidad de experimentar cómo la palabra puede aliviar su malestar y posibilitador del sujeto, pues gracias a que existe un otro que se ofrezca para escucharlo, puede reconocerse como tal.
Por todo lo expuesto, es que proponemos tender a una institución resultante de una adecuada planificación, en cuanto a la metodología de abordaje, unificación de criterios técnicos y estrategias de intervención complementarias, en miras de una convergencia de los esfuerzos hacia el objetivo común: el interés superior del niño.
Consideramos que deberá apuntar a:
Que se corresponda con los lineamientos de la protección integral y restitución de derechos.
Que favorezca la reintegración del joven a su núcleo familiar y/o referentes posibles.
Que la comunidad esté presente con sus recursos desde el inicio.
Que le brinde atención personalizada.
Que reciba abordaje integral (psicológico, social, médico, jurídico, etc.)
Que cuente con actividades educativas y recreativas que se correspondan con la curricula vigente.
Que le brinde contención afectiva.
Que le ofrezca figuras que puedan constituirse en un soporte adecuado.
Que permita el despliegue de sus potencialidades.
Que favorezca la creación de un proyecto de vida futuro.
Que la permanencia en la institución sea el menor tiempo posible.
Partiremos intentando conceptualizar el proceso adolescente rescatando algunas de sus características distintivas con el objetivo de analizar la modalidad particular de procesamiento psíquico que presentan los jóvenes infractores. Para ello, se ha seleccionado las siguientes:
Su carácter marginal.
Las distintas crisis que evocan a la muerte.
Su tendencia transgresora.
Su carácter contradictorio.
La salida exogámica.
En general, se suele caracterizar a la adolescencia como el período intermedio entre la niñez y la edad adulta, pero caracterizarla de esta forma es restarle identidad a si misma. Consideramos a la adolescencia como un período de transición, este carácter de transición le otorga un carácter marginal, es decir el de no pertenecer ni al mundo de la infancia ni al de los adultos. Sin embargo, es fácilmente observable que en este periodo adolescente, sus protagonistas construyan su propio lenguaje y su propio sistema de valores, intentando establecer de alguna manera algo distintivo, algo que le otorgue cierta identidad, aunque más no sea de forma transitoria, ya que no es posible permanecer en la adolescencia eternamente.
Siguiendo esta línea de pensamiento, la particularidad –por lo menos en su mayoría- de los adolescentes que se encuentran internados en una institución cerrada en privación de libertad, es que no sólo por su condición se los podría denominar “marginales” sino también que por la etapa propia que están atravesando, podríamos considerar que se genera una marginación doble.
Es así que la adolescencia se nos presenta como un proceso que tiene como característica esencial la de desplegarse a través de varias crisis que evocan a la muerte. Al respecto, una primera crisis es aquella que alude a la destrucción de ese niño que fue. Se produce una lucha tendiente a buscar un lugar de identificación desde el cual sostenerse, esto es en miras de establecer un ideal propio.
Como segunda crisis, podríamos mencionar aquella que implica la muerte simbólica del padre. Para que esta operación se logre, tiene que haber un padre que se deje “matar”, un padre vivo en el deseo que pueda sostenerse como deseante/deseable.
No podemos dejar de mencionar las identificaciones familiares herederas del Complejo de Edipo, las cuales también entran en crisis, puesto que el adolescente tendrá que como tarea ardua y conflictiva, buscar identificaciones fuera de su núcleo familiar.
Para ello, el adolescente debería realizar una serie de trabajos simbólicos que le posibilitarían efectivizar el pasaje de lo familiar a lo extra-familiar, de lo fálico a lo genital, del jugar al trabajar, del desplazamiento a la sustitución (particularmente en términos de elecciones de objeto o en términos edípicos) y la repetición transformada de los tiempos del narcisismo como nuevo trabajo.
La adolescencia como momento de crisis va a ser elaborada y desplegada de diversa manera en los jóvenes en conflicto con la ley penal. Al respecto, se suele plantear que la adolescencia es típicamente transgresora, pero debemos hacer la salvedad , que los adolescentes con los cuales trabajamos no cometen transgresiones propias de la etapa vital por la cual están atravesando, sino justamente aquellas que desorganizan el orden establecido.
Por otra parte, la característica más llamativa del comportamiento adolescente es su carácter contradictorio. Esa polarización extrema y paradojal expresa las vacilaciones en la búsqueda de la identidad. Es notable en el comportamiento adolescente encontrar que está dominado por una inestabilidad psíquica, que por cierto, la asemeja a una patología.
La búsqueda de la identidad es la que define la crisis de la adolescencia, una búsqueda necesariamente conflictiva. Es el momento en el cual se actualizan las inscripciones psíquicas de la infancia. También es el momento en que se está en condiciones de poder realizar lo que se desea.
La identidad implica filiación, esto es el pertenecer a una familia, la cual deberá otorgar al sujeto la característica de necesariedad y reconocimiento, dando el carácter de único a ese ser.
Generalmente, cuando se indaga la historia personal de los niños o jóvenes en conflicto con la ley penal, aparece como dato significativo que provienen de familias desintegradas por la separación de sus padres a temprana edad, un porcentaje menor continúa vinculándose, aunque esporádicamente, con su padre, mientras que en la mayoría, el progenitor, se desvincula definitivamente. En estos últimos casos, se desconoce la identidad del mismo, apareciendo en las entrevistas psicológicas, desconocimiento de sus orígenes, dudas o confusión acerca de su historia.
En aquellos casos, que provienen de familias integradas, la figura paterna presenta dificultades para impartir normas y pautas, siendo vivenciada por el hijo como debilitada, desdibujada. Asimismo, cabe destacar que son familias numerosas, y en su mayoría los hijos son de distintos padres. También como dato llamativo, aparece lo que podríamos denominar como contigencia del nacimiento (podrían o no haber nacido) lo que le dificulta la búsqueda de su identidad, motivo por el cual el grupo de pares aparece como un sustituto familiar y la calle, como la casa que los alberga.
Una franja importante de jóvenes entre 16 a 18 años tienen hijos, siendo sus parejas de la misma o menor edad que ellos. Generalmente, toman conocimiento de su paternidad unos días antes de su internación o durante su internación. La fantasía que surge de la mayoría se podría resumir como un intento fallido de resolver su problemática de drogas y/o transgresión, albergando la esperanza que la MUJER los “ayudaría” a modificar su estilo de vida, y dejar de drogarse, robar y exponerse a riesgos. Por el contrario, esta fantasía lejos de posibilitar lo detallado, genera una ambivalencia importante por la cual se comienza a desplegar la problemática de base y comienzan a hacer activo lo vivido pasivamente, es decir si hubo abandono paterno, el hecho de estar internado los ubica en el mismo lugar. Por otra parte, también aparece el intento de sostener una posición pseudo-adulta, que se les vuelve en contra.
Asimismo, fácilmente se desprende la presencia de un denominador común en todos aquellos sujetos que han cometido un hecho que la ley califica como delito: la agresividad. Es innegable que la agresividad existe en todos los seres humanos y que no puede ser eliminada, requiere un trabajo psíquico con su correspondiente gasto de energía para que sea de alguna manera procesada psíquicamente.
En cuanto al procesamiento psíquico de la agresividad podemos decir que se puede manifestar a través de la sublimación ( la agresividad ha sido desplazada y su energía es utilizada en otros fines socialmente aceptados) que supone un mayor trabajo psíquico o bien por la descarga directa (se trata de acciones efectivamente realizadas tendientes a producir daño a otros seres o al propio sujeto de la acción), que requiere un menor trabajo psíquico.
Suele decirse que una característica principal en las llamadas personalidades de acción es la ausencia de angustia, al respecto podemos decir que en realidad esta ausencia de angustia no es tal, sino que está transformada en agresividad. Sin lugar a dudas la intervención profesional deberá apuntar al surgimiento de la angustia, considerándola a esta como el motor que impulsa el cambio. Debemos advertir que sin angustia, no hay terapéutica posible pero con el desborde de angustia tampoco hay terapéutica. De lo que se trata es de ir acompañando –casi artesanalmente- el recorrido de la angustia que emerge, intentando que la misma no exceda los límites del sujeto, dando lugar a posibles acting aut o en los peores casos pasajes al acto. Tanto el acting-out como el pasaje al acto son considerados fenómenos, estos son respuestas que da el sujeto a la angustia, es decir a lo imposible de decir.
A través de nuestra experiencia clínica institucional hemos podido sistematizar las siguientes recurrencias que desencadenan una agresividad sistemática:
Falta de permanencia y continuidad de las figuras familiares, sea esto por muerte, separación o abandono.
Vínculos familiares marcados por la violencia efectiva y concreta entre algunos o todos lo miembros de la misma.
Situaciones infantiles relacionadas con vivencias agresivas: la agresión como forma de resolución de los conflictos.
Arbitrariedad en la fijación de las normas en la dinámica familiar: la familia no tiene una modalidad de funcionamiento en la cual se respetan las reglas consensuadas socialmente, por el contrario se observa que uno de sus miembros es el que dicta las reglas, no incluyéndose éste en el cumplimiento de las mismas.
Dificultad para mediatizar simbólicamente: El proceso de internalización de las normas supone la mediatización simbólica a través de la palabra, esto es que los actos se desplazan o se demoran mediante el pensamiento en lugar de la acción efectiva. Lo que aparece como dificultad o como déficit en la simbolización, no debe considerarse como un déficit intelectual sino que alude al procesamiento de los conflictos psíquicos mediante acciones y no por representaciones.
Falta de claridad en relación a los orígenes (dudas, confusión, etc.)
Contingencia del nacimiento (podrían o no haber nacido)
Todo lo anteriormente expuesto sobredetermina una estructuración psíquica particular caracterizada por una tendencia a la acción. La estructuración del accionar transgresor de los jóvenes con los cuales trabajamos es considerada como la conformación psíquica resultante del intento de procesar un déficit en la identidad, puesto que en la mayoría de los casos, se observa dificultades en el proceso de búsqueda de la identidad, que se manifiesta en la búsqueda de grupos sustitutos de pertenencia de similares características.
Consideramos que el acto transgresor que motivó la internación en privación de libertad funciona como un lenguaje que expresa (simbólicamente) lo que no se puede decir. Se nos presenta como una defensa frente a la angustia que generan las situaciones infantiles traumáticas inscriptas en su historia.
Es por ello que las intervenciones terapéuticas deberán lograr un pasaje de la causa judicial (que es lo que motivó su internación) a la causalidad psíquica. De lo que se trata es de encontrar un sentido (particular en cada caso) a la transgresión, ya que esta es la expresión de una historia estructurante y como tal debe ser correctamente evaluada en cada situación.
Las estrategias técnicas deberán ser elegidas caso por caso, teniendo en cuenta –obviamente- dos cuestiones fundamentales: la etapa evolutiva que atraviesan nuestros jóvenes asistidos y el contexto institucional que encuadra nuestra intervención.
Nuestra propuesta es una tarea donde el joven pueda comenzar a construir sentido: preguntarse acerca de su accionar y de las motivaciones inconscientes que lo llevaron a involucrarse en situaciones de riesgos, comenzar a conectarse afectivamente con esto, historizar, apropiarse, de modo tal que paradojalmente la actuación transgresora deje de tener sentido y pueda viabilizar otra posibilidad de procesamiento psíquico.
Luego de haber transitado por las distintas miradas a un mismo sujeto, a saber: la mirada jurídica que toma al sujeto y lo ubica como objeto del derecho, la mirada institucional que intenta realizar una intervención terapéutica que no quede restringida al asesoramiento judicial y la mirada psicológica tendiente a que el sujeto pueda implicarse subjetivamente y la palabra tome un estatuto distinto en detrimento de la acción, podemos decir que de lo que se trata es lograr rescatar la singularidad del caso por caso, poder realizar un pasaje de la causa judicial a la causalidad psíquica, que esta es absolutamente única y que es absolutamente necesario que estas miradas se complementen para que el sujeto emerja.
Creemos que las distintas áreas que interactúan con el joven internado deben hacerlo desde su rol específico, pero entendiendo que debe primar la unificación de criterios en cuanto a la intervención que se realizará con cada joven en especial.
Esto, sin lugar a dudas, produce en el joven que recibe las distintas intervenciones, un discurso unificado que apunta a otorgar un sentido individual distinto, y que a su vez le otorgaría la posibilidad de mitigar, disminuir y desestimar la modalidad de resolución de los conflictos a través de los actos, dando lugar a la palabra (lo simbólico).
La unificación de la intervención entre las distintas áreas que componen una institución, le permitirá al joven transitar por ella como un sujeto de derechos y no como objeto del Derecho, intentando sentar las bases para que pueda realizar un viraje en el posicionamiento subjetivo desde aquel que lo expone a riesgos permanentemente a encontrar la significación de sus actos, poder nombrarlos y darle una nueva semantización.
1 Se refiere a todo niño, niña o adolescente al que se le ha imputado la comisión de un acto transgresor que la ley califica como “delito” o se le ha considerado culpable de la comisión de este.
2 Por ejemplo: Institutos de Menores o de Régimen Cerrado, Hogares, Clínicas Psiquiátricas, Comunidades Terapéuticas, Residencias Juveniles, etc..
1 Articulo 126 del Código Civil, Articulo 15 de la Ley 10.903, Articulo 1 y 2 de la Ley 22.278 (modif, 22.803)
2 Esta Ley crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. También en el ámbito del Poder Legislativo, crea la figura del Defensor de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes.
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