Source: https://www.scribd.com/document/219828011/Enfoque-de-Dchos-en-Estrategias-y-Politicas-Desarrollo-Am-Lat
Timestamp: 2018-10-23 02:34:09+00:00

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Enfoque de Dchos en Estrategias y Politicas Desarr...
Development Bank December 9 – 10, 2004
“Una Aproximación al Enfoque de Derechos en las Estrategias y Políticas de Desarrollo de América Latina”
Víctor Abramovich CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales,
Documento preparado para: “Derechos y Desarrollo en América Latina: Una Reunión de Trabajo”
Santiago, Chile Diciembre 9 y 10 del 2004
Resumen Ejecutivo 1. Relaciones y desencuentros entre desarrollo y derechos 3. La lógica de los derechos, la creación de poderes y los mecanismos de cumplimiento 3. Los niveles de obligaciones comunes a las diferentes categorías de derecho y el margen de definición de las políticas públicas y estrategias de desarrollo 4. El principio de inclusión y los estándares sobre igualdad y no-discriminación
5. El principio de participación y su relación con los derechos civiles y políticos 6. El principio de rendición de cuentas y responsabilidad y los mecanismos de exigibilidad de los derechos 7. El enfoque de derechos en los principales actores del desarrollo
Resumen Ejecutivo El denominado “enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo” considera principalmente el derecho internacional de los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el campo del desarrollo. Una guía comprensiva acerca de cómo debería realizarse el proceso de cooperación y asistencia, de las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, de la participación social en ese proceso, de la forma en que la asistencia debería ser evaluada, así como de los mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad que deberían establecerse a nivel local e internacional. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a requerir determinadas acciones, prestaciones y conductas. Los derechos establecen obligaciones correlativas y éstas requieren mecanismos de exigibilidad y responsabilidad. En este trabajo analizamos algunos puntos de encuentro y desencuentro entre el campo del desarrollo y el campo de los derechos humanos. La incidencia y el potencial aporte de un enfoque de derechos sobre el contenido y la orientación de las políticas públicas y sobre los procesos de elaboración e implementación de esas políticas, y sobre la lógica de actuación de los principales actores involucrados en las estrategias de desarrollo, tales como agencias de cooperación, las instituciones financieras internacionales, los estados y las organizaciones sociales. También trazamos algunos puentes y contactos entre ciertos derechos y las nociones de inclusión, participación, rendición de cuentas y responsabilidad.
social e institucional de América Latina.pdf. Manfred Nowak. UNESCO. http:/193. UK.doc.sida. Strategies for achieving the international development targets”.-Department for Internacional Development-. es dotar a las estrategias de desarrollo de un marco conceptual explícito.or. han planteado la necesidad de afirmar ese vínculo y han desplegado importantes esfuerzos para ello.un. Asia Pacific. la participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos. and Sddiq Osmani. tales como DFID.th/issues/rba/backgroundrba. Paul.2001.1. UNICEF. París. Hunt. Elements for an Overall UNESCO Strategy on Human Ritghts. Geneva. development cooperation and NGO agencies say.uk/Pubs/files/tsp_human. “Realising Human Rights for poor people. En tal sentido uno de los principales aportes de este enfoque. 2004.gov. “Los Derechos Humanos y la Reducción de la Pobreza. Sida: Stockholm. Ese marco Ver DFID. 2002. entre otras. Relaciones y desencuentros entre desarrollo y derechos. octubre. OHCHR. UNESCO. capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito del desarrollo. El denominado “enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo” considera principalmente el derecho internacional de los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional. London.. Chile and Uruguay.2000. la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. 1 4 . A Rights-Based Approach to Develompment: What the policy documents of the UN.pdf. Appleyard. UNICEF. A Democracy and Human Rights Based Approach to Development Cooperation. Recientemente numerosas agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones internacionales.se/SIDA/jsp/polopoly. http:/www.2002.jsp?d=514. a partir de la elaboración de nuevos marcos conceptuales para sus estrategias de acción que procuran basarse en un conjunto de principios. de las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores. Susan. Taking Children Rights Seriously in the Southern Cone: UNICEF´s Work in Argentina. Nueva Cork y Ginebra. SIDA. del cual pueden inferirse elementos valiosos para pensar en los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad. OHCHR.190/development/finalversion. http/www. UNICEF. reglas y estándares de derechos humanos1.194. También constituye un antecedente lejano de esta perspectiva el enfoque de género en el desarrollo promovido desde los años setenta por las agencias de cooperación y organismos multilaterales. Este trabajo procura examinar algunas cuestiones que se debaten en el intento por establecer relaciones entre las políticas y estrategias nacionales e internacionales de desarrollo y el derecho internacional de los derechos humanos. Un Marco Conceptual”. 2002.dfid. SIDA. Naciones Unidas.OACDH-. la igualdad y la no discriminación. Una guía comprensiva acerca de cómo debería realizarse el proceso de cooperación y asistencia. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. así como de los mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad que deberían establecerse a nivel local e internacional. de la participación social en ese proceso.138. UNESCO. http:/www. UNIFEM. de la forma en que la asistencia debería ser evaluada. y la pertinencia de este enfoque en el contexto político.2001. Draft Guidelines: A Human Rights Aproach to Poverty Reduction Strategies.
Además de destinar recursos públicos por un monto suficiente para los derechos sociales y económicos. actúan como mecanismos de exclusión social que causan o contribuyen a causar pobreza2. en general. sociales. 2 Ver en tal sentido. cap. así como marcos políticos y jurídicos que facilitan o promueven la discriminación contra personas o grupos particulares. los Estados deben velar por un uso apropiado de esos recursos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. sino como la vía escogida para dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas. CIDH. imperativas y exigibles. Cit. tanto civiles y políticos como sociales. los indígenas o minorías étnicas. y que la pobreza depende tanto de factores económicos como de condicionantes culturales. legales y políticos. el analfabetismo. The process of Formulating Poverty Reduction Strategies in the Human Rights Approach. Mas allá que los diversos marcos conceptuales sobre el enfoque de derechos parten de diversos fundamentos políticos y filosóficos. Los requerimientos del derecho humano a una vida digna trascienden los contenidos igualmente fundamentales del derecho a no ser ejecutado arbitrariamente. e incluso difieren a veces en las definiciones de pobreza. 5 . tales como la libertad de evitar el hambre. pues constituye una desnaturalización de la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana. Chapter 1. Paul. tanto económicos y sociales como civiles y políticos. el acceso a la justicia y el disfrute efectivo. como las mujeres. de los derechos humanos”. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas solamente como el cumplimiento de mandatos morales o políticos. de los derechos relacionados con la democracia representativa y de los demás derechos civiles y políticos. V 17. impuestas por los tratados de derechos humanos. op. para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas. ello no entraña forzosamente la primacía de factores económicos como causantes de la pobreza.2000. Si bien la pobreza está relacionada con la insuficiente disposición de recursos económicos. Ciertas prácticas culturales. Hunt. La experiencia demuestra que la pobreza extrema puede afectar seriamente la institucionalidad democrática.conceptual también contribuirá a definir las obligaciones de los estados frente a los principales derechos humanos involucrados en una estrategia de desarrollo. En líneas generales el enfoque de derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas. Manfred Nowak and Siddiq Osmani. económicos y culturales. del derecho a la libertad personal. la enfermedad. comparten la idea de que las situaciones de pobreza determinan la privación de algunas libertades básicas. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. En igual sentido. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “La pobreza extrema constituye una violación generalizada a todos los derechos humanos. del derecho a la integridad personal. tanto positivas como negativas. entre ellos los ingresos personales por ejemplo.
y cuya promoción puede no tener valor instrumentar para las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza. La última forma en que ciertos derechos pueden ser pertinentes para las estrategias es cuando pueden actuar como una restricción o limitación de los tipos de actuación permisibles. y si su falta de cumplimiento obedece a la disposición insuficiente de recursos económicos. tener cierta relación con la orientación de las políticas al excluir determinados tipos de actuación como prohibidos. como parte de una estrategia para reducir la pobreza. no obstante. pueden. por su relación constitutiva o instrumental con la pobreza. aunque ciertamente no todos los 6 . Otros derechos resultan instrumentales por facilitar procesos sociales de consulta y evaluación. Así por ejemplo. Otros derechos tienen pertinencia instrumental pues contribuyen a prevenir los procesos sociales o políticos que pueden conducir a situaciones de pobreza. sociales y culturales. aunque es totalmente razonable que un país muy poblado pero con escasos recursos quisiera adoptar medidas de control demográfico. De tal modo.En tal sentido. no sería admisible que adoptara medidas como la esterilización forzosa. indispensables para la definición de cualquier política o estrategia de reducción de la pobreza. de asociación o reunión. pues estas medidas violan la integridad física y la intimidad de las personas. ciertos derechos cuyo incumplimiento no es en sí constitutivo de la pobreza. pertinencia instrumental y pertinencia restrictiva respecto del contenido y el ámbito de las estrategias. con elecciones periódicas y limpias. sin demandar respuestas al gobierno o activar mecanismos de responsabilidad social o política. Ejemplo el derecho a la alimentación o el derecho a la salud. En tal sentido. de información. los diversos marcos conceptuales no abordan todos los derechos. Algunos derechos tienen pertinencia constitutiva cuando corresponden a las capacidades consideradas básicas por una sociedad determinada. tales como los derechos de participación. sino que procuran identificar aquellos derechos que resultan fundamentales en las estrategias de desarrollo o reducción de pobreza. como algunos derechos civiles y políticos. un punto común en los diferentes marcos conceptuales es la adopción del principio de interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos. Así la libertad de expresión y los derechos vinculados con el funcionamiento de democracias representativas. Así por ejemplo el documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU señala tres diferentes formas en que los derechos humanos pueden ser pertinentes: pertinencia constitutiva. acotan las posibilidades de que la sociedad tolere situaciones de pobreza extrema como hambrunas.
ponen el acento en cuestionar la ambigüedad o falta de claridad sobre el contenido de las obligaciones que emanan de los derechos económicos. como la reducción de la pobreza. a la participación política. 3 7 . metas e indicadores para los derechos económicos. Los derechos referidos se plantean en relación a cada una de estas tres cuestiones. pese a compartir la preocupación por muchos temas comunes. el derecho de acceso a la justicia. entre otros. En tal sentido basta señalar que muchos de los conceptos habituales en el lenguaje del desarrollo. a la educación. Paradójicamente. a la libertad de expresión. a la alimentación. la participación. la inclusión. sociales y culturales. Participación y Cumplimiento de Obligaciones. se organiza en base a tres ideas centrales: Inclusión. el buen gobierno. que se agrupan bajo tres niveles de obligaciones: de respetar. como referencia de los que deberían fijarse en cada proceso participativo a nivel local. Así. con pocos puntos de encuentro o conexión. sociales y culturales. si bien menciona con frecuencia derechos económicos. Los derechos a considerar y las prioridades se definen por lo general en función de las diversas estrategias de desarrollo y sin considerar a priori la preeminencia de ninguna categoría de derechos por sobre la otra. por otro lado. la responsabilidad (accountability) refieren las mismas cuestiones que en el campo de los derechos describen el alcance de los derechos a la salud. el campo de las políticas de desarrollo y el de los derechos humanos han corrido en paralelo. en particular referidos a la pobreza y la exclusión y su relación con la dinámica de los procesos políticos y el funcionamiento de las instituciones democráticas. También los trabajos de UNICEF pues la Convención sobre los Derechos del Niño no establece distinciones entre derechos civiles y políticos y derechos económicos. el lenguaje de los derechos ha sido considerado como excesivamente político y poco neutral en algunas de las agencias de cooperación. de proteger y de cumplir. lo cual no ha impedido que la agenda de estas instituciones abordaran cuestiones de pobreza o de calidad institucional directamente vinculadas con aquellos derechos. a la igualdad y a la no discriminación. e incluso como un lenguaje prohibido por los mandatos de algunas instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. por ejemplo el marco de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU desarrolla claramente obligaciones. Algunas críticas a la posibilidad de asumir una lógica de derechos de las políticas de desarrollo. En ocasiones.marcos ponen el mismo énfasis en las diferentes categorías de derechos3. Contribuye a esta visión la consideración de un núcleo de obligaciones negativas y positivas comunes a todas las categorías de derechos. Los marcos conceptuales parten de definir con mayor o menor detalle las principales obligaciones que derivan de los derechos seleccionados como pertinentes en esa estrategia y fijan a partir de estas obligaciones posibles metas e indicadores de desarrollo. sociales y culturales. sin ordenar la estrategia en función de derechos en particular. El marco conceptual de DFID.
en especial derechos económicos. claro. que indudablemente mejorará el grado de eficacia de las estrategias de desarrollo. ni le restan espacio a las políticas. Es indudable que la adopción de este enfoque en las estrategias de desarrollo en América Latina. En la región el concepto de derechos humanos ha sido pensado históricamente como un medio de imponer límites a las formas abusivas de uso del poder por el Estado. sino que refieren tan sólo a aquellas acciones mínimas que el Estado tiene el deber de realizar. la articulación de actores estatales y no estatales a nivel de los países y en el plano internacional. no 4 Ver Overseas Development Institute. ODI. pues la relación entre derechos humanos. También plantean que una mirada de derechos de las políticas públicas puede resultar en ocasiones demasiado rígida y acota inconvenientemente la discrecionalidad de los decidores al momento de formular estrategias de desarrollo.sociales y culturales. Además rescatan como sus principales aportes a las estrategias de desarrollo. sin embargo diremos preliminarmente que existe un punto fuerte en estas objeciones. sociales y culturales y políticas públicas es una cuestión espinosa. No torturar. pero si pueden decirnos algunas cosas sobre su orientación general y nos brindan un marco de conceptos que debe guiar su formulación y su implementación. Los partidarios del enfoque de derechos entienden que el cambio de perspectiva no implica modificaciones drásticas o abruptas en las prácticas que las agencias de cooperación vienen realizando en los últimos años. ni en el derecho constitucional de los países del área. ni en el derecho internacional. un decálogo de aquellas conductas que el Estado no debería hacer. Los derechos no nos dicen mucho acerca del contenido de las políticas. 1999 (3) September. pues rescatan los puntos de encuentro y sinergia entre el campo del desarrollo y el de los derechos humanos. la vinculación de los derechos con la entrega de poder a los pobres y el fortalecimiento de los mecanismos de responsabilidad a partir del uso de la infraestructura internacional y nacional de los derechos humanos. Discuten también que pueda asignárseles el mismo grado de exigibilidad o un grado de exigibilidad equiparable a los derechos civiles y políticos4. “What Can We Do With a Rights-Based Approach to Development” 8 . Sostienen que las obligaciones que imponen los tratados de derechos humanos no son exorbitantes. Volveremos sobre esta cuestión en el punto 3. Briefing Paper. Consideran además que los tratados de derechos humanos y su interpretación por los órganos internacionales brindan un marco explícito. reconocido por todos los países y además con una fuerte legitimidad social y política. que no cuenta aún con desarrollos suficientemente sólidos y coherentes. podría contar con una sólida infraestructura para ello.
“Human Rights in Latin America and The Caribean: A Regional Perspectiva”. han incidido de manera decisiva en importantes reformas en el funcionamiento y la accesibilidad de los sistemas de justicia.privar arbitrariamente de la vida. Esta concepción estuvo signada por la resistencia a las dictaduras militares en el cono sur en la década del setenta y en Centroamérica en los ochenta. en un mayor respeto de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Esto significa que ha definido con mayor precisión no sólo aquello que el Estado no debe hacer. no discriminar. en el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas a sus tierras ancestrales. una acción preventiva y de promoción capaz de evitarlas. políticos y también económicos. 5 9 . no intrometerse en la vida privada y familiar de las personas. El cambio de perspectiva apunta a incorporar al trabajo tradicional de denuncia de violaciones masivas o sistemáticas. sino también fijar un cuerpo de principios y estándares. en particular en procesos de transición o con problemas de democracias deficitarias o débiles. entre otras cuestiones medulares para el desarrollo en nuestros países5. En los países de América Latina muchas organizaciones de derechos humanos. han procurado no sólo reparar a las víctimas en casos particulares. “Human Rights and Human Development”. sino también como un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. En los últimos años. el cuerpo de principios. sino también aquello que debe hacer en orden a lograr una plena realización de los derechos civiles. con el propósito de incidir en la calidad de los procesos democráticos y en los esfuerzo por lograr sociedades con mejores niveles de igualdad e integración. Mendez y Javier Mariezcurrena. en la derogación de normas discriminatorias de las mujeres. han empezado a involucrarse en diálogos fructíferos con los gobiernos a fin de incidir en la orientación de sus políticas y lograr transformaciones en el funcionamiento de las instituciones públicas. sociales y culturales. tanto a nivel universal como regional. A nivel regional. la jurisprudencia y las interpretaciones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. por ejemplo. tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. además de realizar un férreo trabajo de fiscalización de las acciones estatales. En igual sentido los órganos de supervisión internacional de derechos humanos. Juan E. documento enviado para Human Development Report 2000. En tal sentido los derechos humanos no son pensados en la actualidad tan sólo como un límite a la opresión y al autoritarismo. reglas y estándares que componen el derecho internacional de los derechos humanos ha fijado con mayor claridad no sólo las obligaciones negativas del Estado sino también un cúmulo de obligaciones positivas.
con algunos debates jurídicos que se dan en el campo de los derechos humanos en la región. Por lo demás. En esa línea. implementación y evaluación de las mismas. el enfoque de derechos tendrá diferentes niveles de incidencia en el contenido y la orientación de las políticas públicas y en los procesos de elaboración. Por último procuraremos relacionar tres temas básicos en una estrategia de desarrollo: inclusión. puede ser diverso y con importantes diferencias. el valor agregado o el potencial aporte del enfoque de derechos en el campo de desarrollo. las obligaciones que emergen de ellos y las políticas públicas. la razón fundamental de la reducción de la 10 . La lógica de los derechos. la creación de poderes y los mecanismos de cumplimiento. En las estrategias de desarrollo y de reducción de la pobreza se ha reconocido ampliamente la importancia de dotar de poder a los sectores pobres y excluidos. Las agencias de cooperación y las instituciones que financian políticas de desarrollo. El enfoque de derechos humanos apunta esencialmente a ese otorgamiento de poder por la vía del reconocimiento de derechos. Una vez introducido este concepto en el contexto de la adopción de políticas. según consideremos el punto de vista y los intereses de los diferentes actores involucrados en las estrategias de desarrollo. El derecho internacional brinda así un marco normativo explícito e imperativo para la formulación de políticas y estrategias nacionales e internacionales. luego examinaremos la relación entre los derechos humanos. La idea esencial subyacente a la adopción de un enfoque de derechos humanos con relación al desarrollo y la reducción de la pobreza es que las políticas e instituciones que tienen por finalidad impulsar estrategias en esa dirección se deben basar explícitamente en normas y principios establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. sociales y culturales. Tan sólo intentamos explorar las áreas en las que es posible establecer una mayor articulación y sinergia. y reflexionar brevemente sobre algunas de las objeciones que se realizan a este enfoque. comenzaremos por analizar el significado del reconocimiento de derechos y su relación con el otorgamiento de poder a los sectores excluidos. participación y responsabilidad. los estados y otros donatarios y receptores y los diversos actores sociales y políticos involucrados. con especial referencia a los derechos económicos. como anticipamos.En definitiva. 2. En tal sentido este trabajo no pretende arribar a conclusiones definitivas sobre el posible encuentro entre desarrollo y derechos humanos.
Se procura cambiar la lógica de la relación entre el Estado –o los prestadores de bienes y servicios-. garantía o responsabilidad. Algunos autores resumen esto afirmando que tener un derecho significa que una norma jurídica asigna a un sujeto una expectativa negativa (de omisión) o una expectativa positiva (de acción). un “derecho” es una pretensión o reivindicación justificada que tiene un peso relevante en el plano ético y político. Digo. sino titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir del Estado ciertos comportamientos6. se planteó como el reconocimiento de un derecho familiar de inclusión. El riesgo puede ser la utilización de una retórica de los derechos que luego no logre satisfacer las mínimas expectativas que este concepto puede legítimamente ocasionar7. Así. así. Disponible en http/www. Así. Julio 2004. y aquellos que se beneficiarán con las políticas.ar 7 6 11 . sus implicancias concretas en las relaciones sociales no siempre se consideran adecuadamente. que reciben beneficios asistenciales o prestaciones fruto de la discrecionalidad. Buenos Aires. No se trata sólo de personas con necesidades. En el uso cotidiano. el plan social más importante del gobierno argentina para paliar la crisis social del 2001/2002. podría decirse que uno tiene un derecho –en sentido legal– cuando la ley –el ordenamiento jurídico– reconoce a un sujeto una potestad –la de hacer o no hacer algo. Pese al uso del término no existió una discusión seria acerca de las implicancias del reconocimiento de un derecho a la obtención de la prestación fijada por el plan. por ejemplo. El uso jurídico del término “derecho” no se aleja demasiado de su empleo cotidiano. Se trata entonces de una pretensión justificada jurídicamente –en el sentido de que la pretensión está fundada sobre un reconocimiento establecido en la ley. sino también de que tienen derechos.pobreza ya no procede simplemente del hecho de que ciertos sectores sociales tienen necesidades. “Power. Antes de adentrarnos en la discusión específica sobre el sentido y alcance de un enfoque de derechos. Plan Jefes y Jefas ¿derecho social o beneficio sin derechos?. y la diferencia con los beneficios asistenciales de disposición discrecional como era habitual en las políticas asistenciales anteriores. Rights and Poverty Reduction”. como primera aproximación. el Plan Jefes y Jefas de Hogar. por ejemplo en términos de su exigibilidad.org. Retórica de los derechos. y la de reclamar correlativamente de otros sujetos que hagan o no hagan algo. que tengo derecho a expresarme libremente Ver Ruth Alsop & Andrew Norton. Aunque el lenguaje de los derechos tiene de por sí un valor ético y político y puede servir para fortalecer las demandas sociales frente a situaciones de inequidad. Ver CELS. es útil preguntarse antes qué significa tener un derecho y cuales son las principales implicaciones del uso del lenguaje de los derechos en el campo de las políticas de desarrollo y reducción de pobreza.cels. 2004. y crea sobre otros sujetos los correspondientes deberes u obligaciones. atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas de parte de otros y por consiguiente al establecimiento de mecanismos de tutela.
o a recibir alimentos. puede restarle espacio a la política. Este rasgo se denomina justiciabilidad o exigibilidad judicial. constriñendo a los Estados en el margen de acción para adoptar estrategias efectivas de mitigación de la pobreza y el desarrollo. Nadie afirmaría que tiene un derecho si del incumplimiento por parte de quien está obligado no se sigue consecuencia alguna: esto equivaldría casi a conceder que el cumplimiento de la obligación queda librado a la buena voluntad del obligado. el reconocimiento de derechos es también el reconocimiento de un campo de poder para sus titulares y en ese sentido puede actuar como una forma de restablecer equilibrios en el marco de situaciones sociales marcadamente desiguales. Es interesante analizar esta cuestión respecto a los derechos económicos. Ahora bien. decir que tengo derecho a un tratamiento médico. pues ella tendrá sin duda impacto 12 .cuando una norma me concede esa libertad. y correlativamente prohíbe a otros sujetos el interferir en mi libertad. la obligación correlativa y la garantía. un juez– para que haga cumplir la obligación o imponga reparaciones o sanciones por el incumplimiento. pues habitualmente se objeta su reconocimiento como derechos precisamente con el argumento de que plantear ciertas cuestiones sociales en el plano jurídico. Por otro lado. significa –en términos jurídicos– que una norma me convierte en titular de esa expectativa. sea a no hacerlo– incumplen con su deber. Es indudable también que el reconocimiento de derechos limita de alguna manera el margen de acción de los sujetos obligados. En tal sentido un enfoque de derechos establece correlativas obligaciones cuyo incumplimiento activará diferentes mecanismos de responsabilidad o de garantías. ante la falta de cumplimiento de su obligación por parte del sujeto obligado. sociales y culturales y sus técnicas de garantía o protección. y en sentido amplio. existe otro elemento típico de la noción legal del término “derecho”. y que crea en otros sujetos la correlativa obligación de proporcionarme el tratamiento o concederme los alimentos. Define en cierta medida. En estos supuestos. entre ellos el Estado. Por ello. uno de los rasgos que caracteriza a un derecho es la posibilidad de dirigir un reclamo –que puede llamarse demanda. aquellas acciones que el obligado puede o y las que no puede hacer. El reconocimiento de derechos impone entonces la creación de acciones judiciales o de otro tipo. sin embargo es fundamental para un enfoque de derechos partir del reconocimiento de esta relación directa entre el derecho. En el próximo punto abordaremos sintéticamente ese tema. denuncia o queja– ante una autoridad independiente del obligado –habitualmente. que permitan al titular del derecho reclamar ante una autoridad judicial u otra con similar independencia. referente a los casos en los que los sujetos obligados –sea a hacer algo. y supone una técnica de garantía del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del derecho de que se trate.
The Millennium Development Goals and Human Rights 2. pues todos ellos demandan un complejo de obligaciones negativas y positivas. un camino que debe transitarse. Desde esta perspectiva. 3. Este es un punto importante para empezar a matizar las críticas a la posibilidad de exigir plenamente los derechos sociales o la idea de las imposiciones exorbitantes a la acción política. un marco para las definiciones.2003. Los niveles de obligaciones comunes a las diferentes categorías de derecho y el margen de definición de las políticas públicas y estrategias de desarrollo.php?cod=585 13 .org/es/dialogodh/notices. desde la perspectiva de los derechos humanos. no debería conducir a acotar o limitar excesivamente el margen de acción de los gobiernos para la formulación de esas políticas. el enfoque de derechos si bien fija un marco conceptual para la formulación y la evaluación de las políticas y estrategias de desarrollo. Human Rights Perspectiva on the Millennium Development Goals Conference Report. tanto para los derechos civiles y políticos cuanto para los derechos económicos. disponible en http//www. Ahora bien. sistemas de libre mercado o con mayor participación del Estado en la economía pueden realizar o cumplir con los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos. sociales y culturales. La realización de los derechos humanos en el marco de las políticas y estrategias de desarrollo puede alcanzarse por caminos diversos. a fin de otorgarles un grado mayor de exigibilidad a nivel de cada país. que no tienen un lenguaje de derechos.conectasur. En tal sentido los derechos no imponen siempre acciones concretas. un campo muy grande de discreción para elegir las medidas específicas a partir de las cuales se realizaran esos derechos. En definitiva. Así. November 11. sino tipos de obligaciones que si bien fijan una orientación. Ver. que puedan considerarse compatibles con la noción de derechos. dejan al Estado o a los sujetos obligados. más allá del compromiso político asumido por los Estados. ni de asfixiar el margen de acción de las políticas públicas.en la fijación de un marco conceptual para el desarrollo de políticas públicas y en los mecanismos de rendición de cuentas o responsabilidad. las diferencias entre derechos civiles y 8 Es interesante en tal sentido seguir el debate acerca de la posibilidad de leer y exigir el cumplimiento de las metas del milenio. La idea que prevalece es que cada Estado debe ser dueño de su estrategia y aquí hay un punto de relación entre la idea afianzada en el campo del desarrollo sobre la “propiedad del Estado” y el derecho de autodeterminación. Ello es así. el lenguaje de derechos en las estrategias de desarrollo exige identificar algún tipo de mecanismo de seguimiento y responsabilidad que involucre a los actores del proceso de definición de políticas8. No se trata de imponer a los Estados ni a los sujetos obligados una determinada manera de hacer las cosas.
Murcia (1981). Elementos para una teoría del derecho del consumo. ha variado de tal modo. no resulta difícil descubrir cuando se observa la estructura de estos derechos la existencia concomitante de obligaciones de no hacer: el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar la salud.. p. Contreras Peláez. aunque no el único. sociales y culturales son las obligaciones de hacer.” (el destacado es nuestro). p. sociales y culturales también pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado.11 Las actuales tendencias del derecho de daños asignan un lugar central a la distribución social de riesgos y beneficios como criterio de determinación de obligación de reparar. F. Además la concepción teórica. B. que algunos de los derechos clásicamente considerados “civiles y políticos” han adquirido un indudable cariz social. Derechos sociales : teoría e ideología. Madrid (1994) p. La consideración tradicional de la libertad de expresión y prensa. aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una importancia simbólica mayor para identificarlos. 21 : “No existen. El impetuoso surgimiento de un derecho del consumo ha transformado sustancialmente los vínculos contractuales cuando participan de la relación consumidores y usuarios12. T. por todos. en resumen.. 9 14 . Sin embargo. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 21..políticos y derechos económicos. los derechos económicos. sobre la base de consideraciones sociales. es el ejemplo más cabal al respecto. 10 Cfr.. sociales y culturales se dirigen a corregir la actividad estatal cuando ésta incumple con obligaciones de no hacer. sociales y culturales son diferencias de grado. sociales y culturales. F.. mejor dicho. 11 V. Puede reconocerse que la faceta más visible de los derechos económicos. Derechos económicos. derechos que comporten exclusivamente obligaciones negativas). el derecho a la preservación del patrimonio cultural implica la obligación de no destruir el patrimonio cultural. Es por ello que muchas de las acciones tendentes a la aplicación judicial de los derechos económicos. Bourgoignie. En suma. Vitoria (1994). 12 V. ha adquirido dimensiones sociales que cobran cuerpo a través de la formulación de la libertad de información como derecho de todo miembro de la sociedad que comprende en ciertas circunstancias la obligación positiva de producir información pública. e incluso la regulación jurídica concreta de varios derechos civiles tradicionalmente considerados “derechos-autonomía” o derechos que generan obligaciones negativas por parte del Estado.1: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). el derecho a la educación supone la obligación de no empeorar la educación. obligaciones “negativas” puras (o. De Castro. "Los derechos sociales: análisis sistemático".17-20 . Contreras Peláez. y es por ello que a veces se los denomina "derechos-prestación"10.. La pérdida de carácter absoluto del derecho de propiedad. 15-17. pero sí parece posible afirmar una diferencia de grado en lo que se refiere a la relevancia que las prestaciones tienen para uno y otro tipo de derechos”. en AAVV. más que diferencias sustanciales9. La Cfr. art. cit.
sentencia del 27 de septiembre de 1995. Así. L´Etat Providence. París (1985). F. por ser Cfr. podría esperarse que hubieran evitado ese riesgo”.libertad de empresa y de comercio resultan modalizadas cuando su objeto o desarrollo conlleven un impacto sobre la salud o el medio ambiente. y que esas autoridades omitieron tomar las medidas que podrían haber adoptado dentro del alcance de sus competencias. caso Lopez Ostra v. 14 13 15 . por ejemplo el deber del Estado de investigar oficialmente si un individuo ha sido muerto a raíz del uso de la fuerza se ha entendido también como una consecuencia del artículo 2 leído junto con el deber general impuesto por el artículo 1 del Convenio. y el castigo de las conductas criminales. La gama de obligaciones positivas impuestas al Estado varía considerablemente. Cann and other v. el artículo 13 requiere. ha establecido la obligación positiva de los estados de remover los obstáculos sociales que impiden el acceso a la jurisdicción. clasificatorio. en el que el lugar de cada derecho esté determinado por el peso simbólico del componente de obligaciones positivas o negativas que lo caractericen. y en especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. sentencia del 28 de marzo del 2000. Italia. de desarrollar acciones afirmativas para evitar riesgos previsibles y evitables que puedan afectar el derecho a la vida15. desarrollar una completa y efectiva investigación capaz de conducir a identificar y castigar a los responsables de la privación de la vida y eso incluye el acceso efectivo de los peticionarios a los procedimientos”. pero que una conceptualización más rigurosa llevaría a admitir un continuum de derechos.. España. las cuales. sosteniendo un sistema legal para la prevención. En tal sentido. ordenatorio. habrá algunos derechos que. es necesario establecer que las autoridades “sabían o debían haber sabido de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o de individuos identificados. en tal sentido en el caso Osman v United kingdom. Turkey. muchos derechos tradicionalmente abarcados por el catálogo de derechos civiles y políticos han sido reinterpretados en clave social. y Kaya v. sociales y culturales tiene un valor heurístico. el TEDH estableció que entre esas obligaciones se encontraba el deber primario de garantizar la vida implementando una legislación penal efectiva para evitar la comisión de delitos contra las personas.2. TEDH. en Mahmut Kaya v. caso Guerra y otros v. juzgadas razonablemente. TEDH. En suma. sentencia del 28 de octubre de 1998. Esto incluye. Ewald. la obligación positiva de adoptar medidas operativas para proteger a un individuo o individuos cuya vida está en riesgo por actos criminales de otros individuos. Libro IV. En tal esquema. A 303-C (1994). Ver TEDH. Para que la obligación de actuar positivamente del Estado se pueda exigir. 15 La jurisprudencia europea sobre obligaciones positivas en relación con el derecho a la vida ha tenido un importante desarrollo recientemente. United Kingdom. 19 de febrero 1988. Así sostuvo el TEDH que “dada la importancia fundamental del derecho a la protección de la vida. Más recientemente. de modo que las distinciones absolutas también pierden sentido en estos casos13. sentencia del 19 de febrero de 1998. de tomar medidas apropiadas para evitar que alteraciones ambientales puedan constituir una violación del derecho a la vida privada y familiar14. la jurisprudencia de los órganos de protección internacional de derechos humanos. originado por la conducta criminal de un tercero. en determinadas circunstancias. Mc. Podría decirse entonces que la adscripción de un derecho al catálogo de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos. Turkey. se establecieron deberes positivos con relación al derecho a la vida sobre la base del derecho a un recurso efectivo establecido en el artículo 13 del Convenio. adicionalmente al pago de una compensación cuando sea apropiado.
En línea con lo dicho. La distinción fue sugerida originalmente por Henry Shue. el argumento de que garantizar los derechos civiles y políticos a diferencia de los derechos económicos. Estrategia del nivel mínimo”. autores como van Hoof o Asbjorn Eide17 proponen un esquema interpretativo consistente en el señalamiento de “niveles” de obligaciones estatales. (eds. J. Esta función de tutela es la más importante que ejerce el estado en relación con los derechos económicos. pp. Con más razón. que reduce la enumeración a tres 16 16 .12/1994/15). resulta sólo sostenible si enfocamos las obligaciones estatales en relaciones a los derechos económicos. queden enmarcados en el horizonte de los derechos civiles y políticos. De acuerdo a van Hoof. Boston. 99. sociales y culturales. y una obligación de satisfacción -que puede consistir en la directa provisión de medios para cubrir necesidades básicas como comida o recursos de subsistencia cuando no existan otras posibilidades-. y Alston. del derecho a la vivienda16. quedarán abarcados en el catálogo de derechos económicos. G. En el otro polo. Krause. sociales y culturales sólo en el tercer nivel (asistencia y satisfacción) y las vinculadas a los derechos civiles y políticos sólo en el primer nivel (respeto). en Revista de la Comisión Internacional de Juristas. sociales y culturales se encuentra la obligación del estado de respetar la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada individuo –o de colectividades como los indígenas– en pos de autosatisfacer sus necesidades económicas y sociales. 19 y 20 (citado por Steiner. Nro. “Realización de los derechos económicos. Social and Cultural Rights.. Ver Eide. Resolución 41/128 del 4/12/1986– y que por lo tanto en un primer nivel en relación a los derechos económicos. podrían discernirse cuatro “niveles” de obligaciones: Aun en este caso es posible señalar obligaciones negativas. 321-321). Tal sería el caso.. algunos derechos que resultan caracterizados fundamentalmente a través de obligaciones positivas del Estado. cit. la distinción fue asumida –con alguna corrección. “Economic. V. sociales y culturales. C. las observaciones realizadas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre el informe presentado por la República Dominicana (UN Doc. Entiende que es el individuo el sujeto activo de todo desarrollo económico y social tal como lo establece el art. el art. 99. G. págs. Basic Rights. Social and Cultural Rights as Human Rights” en Eide. por ejemplo.).. Princeton (1980). En un tercer nivel existe una obligación de asistencia que puede asumir formas diversas -por ej. 43 (1989). van Hoof. 18 van Hoof. no requiere utilizar recursos públicos.. sociales y culturales. J. Londres (1995). A. De tal modo afirma el autor. En un segundo nivel existe una obligación estatal de proteger esa libertad de acción y uso de los recursos frente a terceros. el Estado debe abstenerse de realizar por sí mismo el desplazamiento en dichas condiciones. y Rosas. en especial págs.claramente pasibles de ser caracterizados a través de obligaciones negativas del Estado. A.. 21-49. A. V. p. el Estado violaría el derecho a la vivienda si admitiera que las viviendas modestas pertenecientes a personas de bajos recursos fueran demolidas y reemplazadas por viviendas de lujo que estuvieran fuera del alcance económico de los habitantes originales.. fruto de una escasa comprensión de la naturaleza de los derechos económicos. Subsistence. 17 Eide sostiene que es un error común. cit. Affluence and US Foreign Policy. o la libertad de publicación de ideas sin censura previa. E/C. 11. P.. En el campo del derecho internacional de los derechos humanos. El ejemplo dista de ser teórico: cfr. 3638. International Human Rights in Context. sociales y culturales. Oxford (1996). Economic.2 del PIDESC-. considerar que sólo el Estado debe satisfacer esos derechos y que por el costo que ello representa su provisión provocará indefectiblemente un desproporcionado crecimiento del aparato estatal. por ejemplo.. sociales y culturales. p.18 por ejemplo. independientemente de su adscripción al conjunto de derechos civiles y políticos o al de derechos económicos. Tal sería el caso. Dordrecht. puntos 11. H. H. A. 2 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo –Asamblea General de Naciones Unidas. H. de la libertad de conciencia. De acuerdo a la propuesta de van Hoof. también Eide. sin ofrecerles acceso a viviendas alternativas en términos razonables. que caracterizarían el complejo que identifica a cada derecho. sociales y culturales y es similar al rol que cumple como protector de los derechos civiles y políticos.
Sociales y Culturales de las Personas de Edad”. que aboga por una concepción amplia de las obligaciones positivas del Estado. 11 del Pacto–”. categorías: obligaciones de respeto. Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir. obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. 4 (1991) “El Derecho a la Vivienda Adecuada –párrafo 1 del art. la inclusión de formas de educación en derechos humanos en los planes de estudio regulares. “Declaración de Quito” (1998). sociales y culturales como derechos que establecen exclusivamente obligaciones positivas19. Sociales y Culturales. y derecho a la participación en la 17 . Sociales y Culturales. sean éstos clasificados como derechos civiles y políticos. 5 (1994) “Personas con Discapacidad”. Así. 2 del Pacto”. el juzgamiento o el establecimiento de responsabilidades civiles o penales a sus perpetradores. OG Nro.párrafo 1 del art. satisfacción o cumplimiento– en los principales documentos intepretativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos. obligaciones de proteger.obligaciones de respetar. Sociales y Culturales. la modificación de la legislación que establezca fueros especiales para el juzgamiento de hechos de muerte. sean clasificados como derechos económicos. la opinión de Alexy. en el mismo sentido. “derechos a acciones positivas del Estado”. la reparación a las víctimas. Observación general (OG) Nro. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de Derechos Económicos. Comité de Derechos Económicos. de acuerdo a su denominación. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran. 19 Cfr. “Declaración y Plan de Acción de Bangalore” (1995). OG Nro. los derechos a la organización y al procedimiento (que a su vez subclasifica en derechos a la organización en materia de competencias de derecho privado. obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestión. CIJ. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. “Principios de Limburgo” (1986). o bien. desaparición y tortura. procedimientos judiciales y administrativos. OG Nro. 3 (1990) “La Indole de las Obligaciones de los Estados Partes . sociales y culturales. derechos a la organización en sentido estricto. 6 (1995) “Los Derechos Económicos. Gran parte del trabajo de los organismos de derechos humanos y de los órganos internacionales de aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en materia de derecho a la vida y derecho a la integridad física y psíquica (y correlativas prohibiciones de muerte y tortura) –derechos habitualmente clasificados como civiles y políticos– ha consistido en reforzar los aspectos vinculados con las obligaciones de proteger y satisfacer estos derechos. obligaciones de protección y obligaciones de garantía. “Principios de Maastricht” (1997). obstaculizar o impedir el acceso el goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Como puede apreciarse. Estos incluirían los derechos de protección. Cabe repetir que es incorrecta la concepción de los derechos económicos. la modificación de los programas de formación de las fuerzas militares y de seguridad. a través de medidas diversas que van desde la investigación de las prácticas estatales violatorias de estos derechos.. el esquema de “niveles” de obligaciones es perfectamente aplicable a todo el espectro de derechos.
En cuanto a las obligaciones positivas. No cabe duda de que se trata de una de las formas más características de cumplir con obligaciones de hacer o de dar. El carácter constitutivo de las normas que las posibilitan caracteriza a estas acciones como acciones institucionales.. En cuanto a las obligaciones negativas. 1993. V. y sin el derecho electoral. y los derechos a prestaciones en sentido estricto.Tanto los derechos civiles y políticos como los económicos. esto implica la 18 . sin embargo.. Las acciones jurídicas institucionales son imposibilitadas cuando se derogan las normas que para ellas son constitutivas. se trata de las obligaciones de abstenerse de realizar cierta actividad por parte del Estado. Así. Madrid. no empeorar el estado de salud de la población. no impedir la expresión o difusión de ideas. ya que de su afinamiento dependerá la extensión y alcances de la exigibilidad de uno y de otro tipo de derechos. sin el derecho matrimonial no sería posible el acto jurídico de celebración del matrimonio.. no detener arbitrariamente. sin la cual el ejercicio de un derecho no tiene sentido. cit. asegurar el goce de un derecho a través de otros medios. entre la derogación de estas normas y la imposibilidad de las acciones institucionales existe una relación conceptual”. en especial en campos tales como la salud. en los que pueden tomar parte activa otros sujetos obligados. conviene profundizar esta noción. Por lo tanto. no intervenir en caso de huelga. Ahora bien. conviene establecer algunas distinciones. p. sociales y culturales constituyen un complejo de obligaciones positivas y negativas. Alexy. Alexy afirma que “(u)na acción puede ser imposibilitada jurídicamente sólo si es un acto jurídico. 20 Cfr. el acto jurídico del sufragio. Las obligaciones de proveer servicios pueden caracterizarse por el establecimiento de una relación directa entre el Estado y el beneficiario de la prestación. Nuestro argumento es aquí complementario al de Alexy: las “acciones jurídicas institucionales” no sólo son imposibilitadas cuando se deroga las normas que para ellas son constitutivas. que nos darán la pauta del tipo de medidas que pueden exigirse. no impedir a una persona el acceso a la educación. la educación o el acceso a la vivienda. Si la constitución o un pacto de derechos humanos establece derechos cuyo ejercicio depende conceptualmente de la creación de normas. suelen vincularse directamente las obligaciones positivas del Estado con la obligación de disponer de fondos. Cfr. sino también cuando no se las crea. 189-190. Teoría de los derechos fundamentales. las obligaciones positivas no se agotan en obligaciones que consistan únicamente en disponer de reservas presupuestarias a efectos de ofrecer una prestación.20 En estos casos. 419-501. págs. no violar la correspondencia. R. Alexy. algunos derechos se caracterizan por la obligación del Estado de establecer algún tipo de regulación. Actos jurídicos son acciones que no existirían sin las normas jurídicas que para ella son constitutivas. sin las normas del derecho contractual no sería posible el acto jurídico de la celebración de un contrato. no sería posible el acto jurídico de la demanda. R. Así. no impedir a una persona a afiliarse a un sindicato. la obligación del Estado no siempre está vinculada con la formación de la voluntad estatal). Con cierto automatismo. sin el derecho de sociedades no sería posible el acto jurídico de fundación de sociedades. sin el derecho procesal. El Estado puede. Sin embargo. a) Por un lado.
El derecho a la información implica al menos el establecimiento de una regulación estatal. o bien la prohibición de discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio– o incluso de mandatos para el Estado –obligación de reconocimiento de los candidatos propuestos por los partidos políticos. literarias o artísticas de que sea autora”. o de los delegados sindicales. Lo mismo cabe decir con respecto a las normas que regulan las relaciones de consumo y con las referidas al establecimiento de obligaciones ambientales. del mismo modo que la relativamente reciente normativa de defensa del consumidor y de protección del medio ambiente. R. El goce de estos derechos supone un complejo de normas que establezcan consecuencias jurídicas relevantes que se desprendan de ese permiso original. las garantías de los delegados gremiales para el cumplimiento de gestión. tendente a asegurar el acceso a información de origen diverso y la pluralidad de voces y opiniones. estas limitaciones no se limitan al campo económico. El derecho político a elegir presupone la posibilidad de elegir entre distintos candidatos. etc. el Estado establece restricciones al libre uso de un medio periodístico privado. supone el establecimiento de una regulación que sea imponible a terceros. El derecho a la protección de la familia supone la existencia de normas jurídicas que asignen a la existencia de un grupo familiar algún tipo de consideración diferencial con respecto a su inexistencia.. o les imponga obligaciones de algún tipo22. el principio que establece la igualdad de remuneración ante igualdad de tareas. El derecho a casarse implica la existencia de una regulación jurídica que otorgue alguna virtualidad al hecho de contraer matrimonio. 19 .. la protección contra el despido arbitrario. el derecho a asociarse libremente supone la obligación estatal de dar relevancia o reconocimiento jurídico a la asociación que resulte del ejercicio de dicho derecho. La regulación estatal de las tasas de interés en materia hipotecaria y la regulación de los arrendamientos con destino de vivienda familiar son ejemplos de este tipo de medidas. la imposibilidad de imponer restricciones arbitrarias o discriminatorias en el ejercicio de los derechos mencionados. tendrían poco sentido si fueran exigibles sólo al Estado cuando éste actúa como empleador. que distingue entre derecho a acciones positivas fácticas.–. en favor del particular que se siente afectado por la información inexacta o agraviante. si se le quiere dar algún contenido operativo. 194-195. por ejemplo. Del mismo modo. el contenido de estas obligaciones estatales es el de establecer una regulación que se extienda a los empleadores privados. el derecho a formar un sindicato o a afiliarse a un sindicato implica el derecho a otorgar consecuencias jurídicas relevantes a su actuación. puede tratarse de nuevas normas permisivas –por ejemplo. Nuevamente. el establecimiento de un salario mínimo. Cfr. obligación estatal positiva de crear estas normas. Sin embargo. pp. 21 En este sentido. la posibilidad de que la asociación celebre contratos. protegiéndola de posibles ejecuciones. lo que a su vez supone una regulación que asegure la posibilidad de que varios candidatos representen a partidos políticos y se presenten a elecciones. de modo de promover o favorecer el acceso de sectores de menores recursos a derechos tales como la vivienda. o la posibilidad de que el matrimonio inscriba su vivienda como bien de familia. o bien con la organización de una estructura institucional que se encargue de poner en práctica una actividad determinadas21. la obligación estatal de asegurar a toda persona “el derecho de beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas. la regulación estatal puede establecer limitaciones o restricciones a la libre asignación de factores económicos por parte del mercado. Del mismo modo. Los derechos a acciones positivas normativas son “derechos a actos estatales de imposición de norma”. b) En otros casos. y a acciones positivas normativas. Frente a economías de mercado. de prohibiciones para el Estado – por ejemplo. etc. Alexy. Así. En otros supuestos.. El derecho de rectificación o respuesta es un buen ejemplo de esto: en estos casos. sino más bien con el establecimiento de normas que concedan relevancia a una situación determinada. la obligación exige que la regulación establecida por el Estado limite o restrinja las facultades de las personas o actores no estatales.transferencia de fondos hacia el beneficiario de la prestación. y no sólo al propio Estado. de la jornada de trabajo limitada y de vacaciones pagas. la obligatoriedad de los descansos. 22 Gran parte de las regulaciones vinculadas con los derechos laborales y sindicales comparten esta característica. cit. Alexy retoma el punto cuando trata los derechos acciones positivas.
las formas que pueden adoptar las medidas estatales de cumplimiento de las obligaciones positivas son múltiples: la organización de un servicio público –por ejemplo. Es posible reconocer un margen importante de autonomía de los Estados acerca de cuales son las medidas específicas que se puede adoptar para realizar los derechos. En tal sentido. la oferta de programas de desarrollo y capacitación. puede considerarse conveniente reducir al máximo las esferas de participación del Estado como proveedor de bienes públicos. el establecimiento de formas escalonadas público/privadas de cobertura –por ejemplo. sea a través de formas de cobertura mixta que incluyan. la realización de obras públicas. limitaciones u obligaciones. regulaciones en las que ciertas personas privadas se vean afectadas a través de restricciones. a través de la organización de formas privadas de aporte para el mantenimiento de obras sociales que cubran el derecho a la salud de las personas empleadas y sus familias. que éste decide hacer cumplir a través de otros actores no estatales. el Estado puede cumplir con su obligación proveyendo de servicios a la población. y el establecimiento de un sistema público de salud que cubra el derecho de las personas no amparadas por la estructura de empleo–. También puede 20 . que asegura el derecho a la jurisdicción. por ejemplo. Este punto es central para poder compatibilizar el enfoque de derechos con los procesos nacionales de definición de estrategias de desarrollo y reducción de pobreza. salvo a través de redes de contención en situaciones de extrema pobreza y exclusión. sea en forma exclusiva. además de un aporte estatal. el otorgamiento de beneficios o exenciones impositivas.c) Por último. la previsión de cargos de defensor oficial. para evitar que la intervención de la burocracia estatal que en un país puede ser corrupta y clientelar. conserva siempre una responsabilidad de la que no puede desligarse. la gestión pública de créditos diferenciales –por ejemplo. Así. los créditos hipotecarios destinados a vivienda–.imponen a un Estado obligaciones jurídicas. En definitiva. o la organización del sistema educativo público–. Funciona como un garante de última instancia. la entrega de subsidios. Cuando las normas del derecho internacional –o el derecho nacional. la lógica de derechos no restringe las opciones de políticas públicas que el estado puede adoptar para realizar sus obligaciones. que asegura el derecho de defensa en juicio a quienes no pueden pagar un abogado particular. el funcionamiento de los tribunales.
21 . Los instrumentos internacionales fijan estándares orientadores de políticas públicas que van luego a ser la “regla de juicio” sobre cuya base intervienen los mecanismos de supervisión –o el poder judicial en su caso. al imponer deberes mínimos que el Estado federal debe respetar. más allá de que no las ejecute directamente23. Por ejemplo. sino estándares que sirven de marco a las políticas que cada Estado define. el sistema constitucional no le brinda herramientas para intervenir de manera preventiva en la forma en que los estados provinciales o locales están ejecutando una política social o una reforma institucional. De tal modo. Aún cuando no podría afirmarse que estas estrategias son contrarias a los mandatos legales. De modo que puede ser deudor de último instancia. entre ellos la justicia. los estándares de “razonabilidad”. Los mecanismos de supervisión y eventualmente los jueces tampoco tiene la tarea de diseñar políticas públicas. incluso ante instancias internacionales. conservará en todo momento una responsabilidad final por el impacto de las políticas. Por lo demás.reenviar la cuestión a los poderes pertinentes para que ellos reaccionen ajustando su actividad en consecuencia. pero sin los medios para evitar preventivamente la violación de derechos. En la Argentina por ejemplo la Corte Suprema le ha impuesto al gobierno federal la obligación de brindar servicios de asistencia sanitaria luego de que los efectores provinciales han fracasado en suministrarlos. pueden activar la toma de decisiones en aras de cumplimentar con las obligaciones jurídicas. el Estado nacional debería cumplir algunas obligaciones mínimas. en un sistema federal como el argentino. por ejemplo del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 23 Un tema complejo que no podremos analizar es la articulación de responsabilidades entre los Estados federales y los Estados provinciales y locales. Por ello el derecho internacional de los derechos humanos no contiene en sí un determinado diseño de políticas.para controlar si las políticas y medidas adoptadas se ajustan o no a esos estándares. sino la de confrontar el diseño de políticas asumidas con los estándares jurídicos aplicables y –en caso de hallar divergencias. por considerarlo garante final del derecho a la salud consagrado por la Constitución y los Pactos de derechos humanos. por la violación de derechos humanos. “adecuación” “progresividad” o “igualdad”. Sin embargo. si bien el Estado federal debe responder. A ello han apuntado por ejemplo algunas estrategias de reforma sectorial del Banco Mundial en el plano de la salud o la educación. Las estrategias de desarrollo procuran en general el camino de la descentralización. Los tratados de derechos humanos que se toman como base del enfoque de derechos fijan obligaciones para los Estados federales que no pueden deslindar en la negligencia o incumplimiento de las autoridades locales.adoptarse una estrategia de descentralización hacia unidades políticas locales como responsables directas de los servicios. el Estado no tiene mecanismos constitucionales adecuados para intervenir con relación al diseño de las políticas de salud pública en las provincias. para garantizar mejores niveles de participación y definición de prioridades. tienden a federalizar ciertas cuestiones. en materia de salud y educación. o el análisis de contenidos mínimos que pueden venir dados por las propias normas internacionales que fijan derechos. En muchos casos. como fijar un claro marco regulatorio de esas prestaciones y procurar que el proceso no derive en desigualdad en el acceso a los servicios. Si los Estados no adoptan ninguna medida entonces los mecanismos de supervisión.
el Poder Judicial no entra a analizar si hubiera podido adoptarse alguna política alternativa. y lo obligó a implementar un sistema de distribución de la droga en el sistema público de salud. Minister of Health” en el cual la Corte examinó ciertos aspectos de las políticas de salud pública del gobierno nacional a la luz de estándares constitucionales. obligaciones y políticas públicas24. de modo que no los sustituyen en la elección de los lineamientos que se ajusten a los estándares jurídicos aplicables. la Corte Constitucional sudafricana entendió que la política de vivienda desarrollada por el gobierno sudafricano resultaba irrazonable al no prever el suministro inmediato de soluciones habitacionales a aquellos sectores de la población con necesidades de vivienda imperiosas. a centros de investigación privados. sólo ocurrirá así cuando el Estado no haya cumplido con alguna de las obligaciones asumidas. pero no cuestiona la totalidad de la política. Abramovich y C. que incluía el Para un examen para detallado de esta cuestión puede consultarse. En el caso Grootboom25. el tribunal llega a la conclusión de que un aspecto de la política era contrario al estándar de razonabilidad. no siempre determinan el incumplimiento de derechos. Si la actuación de los poderes políticos se ajusta al estándar. para ilustrar este planteo. Madrid. El interés de estos casos deviene de la aplicación de estándares de derecho no a casos individuales sino a conflictos colectivos en los que se ponía en tela de juicio una política pública por su potencial contradicción con un texto normativo. Por el contrario puede haber políticas exitosas en sus objetivos pero que consagren la vulneración de derechos. The Government of the Republic of South Africa and Others v. 2002. pp. los tribunales reconocen a los demás poderes un amplio margen para diseñar políticas públicas. caso CCT 11/00. Por lo general. En igual sentido puede consultarse el caso de la Corte Constitucional CCT 8/02 “Treatmen Action Campaign vs. 25 Corte Constitucional de Sudáfrica. efectiva para reducir el riesgo de transmisión de HIV de madres a hijos. 249/255. En definitiva examinan la compleja relación entre derechos. El margen de control también depende del estándar: el análisis de “razonabilidad” es menos riguroso que el que podría elaborarse sobre la base de la noción de “medida apropiada” del PIDESC. El tribunal consideró inconstitucional la política del ministerio de salud sudafricano de reservar el suministro de la droga antirretroviral nevirapine. Irene Grootboom and Others. Editorial Trotta. Es interesante analizar algunos casos de actuación judicial en el control de políticas públicas sobre la base de estándares jurídicos similares a los propuestos por el enfoque de derechos. V. Courtis “Los derechos sociales como derechos exigibiles”. 24 22 . En este caso.Por lo demás las políticas incorrectas o que fracasan.
una evidente discriminación en el acceso a los servicios de prevención de los sectores más pobres. exclusivamente en algunas clínicas privadas y centros de investigación.entrenamiento de los médicos para asesorar y prescribir el uso de la droga. la medida concreta que el tribunal mandará a implementar para lograr la plena satisfacción de los derechos en juego. pues el gobierno había reconocido que un laboratorio le había donado la droga para su distribución por cinco años. Inc. p. Otro ejemplo es la reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York en el caso Campaign for Fiscal Equity. lo que convierte a la sentencia en una pieza de enorme valor para la cuestión que aquí analizamos. en Sur-International Journal on Human Rights. Nro. v State of New York del 26 de junio de 2003. definiendo el 23 . Para una mirada de la estrategia legal y política detrás de esta acción puede consultarse Vinodh Jaichand.1. La materia más amplia era el debate sobre la idoneidad del plan estatal para reducir concretamente el riesgo de contagio en las embarazadas. lo que implicaba por el costo requerido y la ubicación geográfica de los efectores. con escasa utilización de los servicios de salud públicos. los servicios de asesoramiento y exámenes que venía implementando el gobierno. El tribunal ordena al gobierno la implementación de un plan de prevención de la transmisión de la enfermedad entre madres e hijos de modo de garantizar el acceso a servicios de salud de las mujeres embarazadas con independencia de su condición social26. Luego de un largo proceso judicial. La corte considera insuficiente de acuerdo a estándares legales. Este caso de enorme complejidad muestra que una parte central del debate judicial está referido al alcance del remedio. Es interesante puntualizar al respecto. En el caso el tribunal entendió que el sistema de financiamiento de la educación pública en el Estado no permitía el cumplimiento de la obligación de garantizar un nivel de educación básico adecuado según lo establecía la Constitución estadual y obligó al Estado a fijar un nuevo sistema conforme con una seria de pautas fijadas en el proceso judicial27. esto es. 27 26 En el caso los demandantes reclamaban que el presupuesto asignado a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York no alcanzaba para garantizar el derecho a la educación básica adecuada establecido por la Constitución estadual. Antes de fijar la orden concreta al poder político el tribunal recorre la larga jurisprudencia de los tribunales locales y mecanismos de intervención similar en el derecho comparado. “Public Interest Litigation Strategies for advancing Human Rights in Domestic Systems of Law”.127/141. En este caso como en Grootbrom la Corte utiliza información del propio Estado para demostrar la efectividad de la droga y el escaso costo económico y de tiempo requerido en el adiestramiento a los médicos del sistema público para la realización de exámenes y asesoramiento necesario para la reducción del riesgo de transmisión que incluía el uso o prescripción del nevirapine. en una primera decisión el tribunal determinó los extremos que serían materia de prueba a fin de determinar la relación causal entre los recursos presupuestarios y la calidad del servicio educativo brindado por el Estado.1st Semester 2004. que en el caso no existía una discusión sobre recursos presupuestarios. Al mismo tiempo estableció una definición de lo que debía entenderse por educación básica adecuada de acuerdo al precepto constitucional. La Corte ordena que se implemente un plan en la medida de los recursos disponibles que incluya centralmente a los médicos y las instalaciones del estado con alcance nacional para lo cual impone la adopción de acciones previas de capacitación y adecuación de los servicios.
no sólo se requiere del Estado una obligación de no discriminar. resultan fuertemente sospechadas de ilegalidad. y el Estado tiene que brindar razones de mucho peso para su justificación. con los resultados obtenidos en el proceso educativo: nivel de calificaciones. En tal sentido.org 24 . es importante recuperar el camino que el sistema interamericano de derechos humanos ha fijado en este tema. a fin de poder establecer una relación causal entre cantidad de presupuesto y calidad de la eduación suministrada por el Estado. deserción y repitencia entre otros. El principio de inclusión que suele regir políticas de desarrollo puede resultar enriquecido al vinculárselo con los estándares legales sobre igualdad y no discriminación. En la decisión final del caso la Corte de Apelaciones hizo lugar a la acción y consideró que el presupuesto del Estado era insuficiente para garantizar el estándar constitucional de acuerdo a los indicadores mencionados. Al mismo tiempo fijó pautas para determinar en que medida estas variables podían responder a una variación de los recursos presupuestarios. El principio de inclusión y los estándares sobre igualdad y no-discriminación. vinculando que tipo de aportes realizaba el Estado en el sistema educativo: calidad de los docentes. El caso y los principales documentos jurídicos pueden consultarse en www. En tal sentido el derecho de los derechos humanos puede aportar conceptos claros en esta materia que sirvan como parámetro para definir y evaluar políticas públicas. El caso demuestra la potencialidad del sistema pues obligó a Guatemala a reformar su código civil que otorgaba al esposo la administración exclusiva de la sociedad conyugan e imponía fuertes limitaciones para el trabajo de principio como el nivel de educación idóneo para garantizar la inserción laboral y la participación política de un ciudadano (capacidad necesaria para votar y ejercer el rol de jurado en un juicio). origen nacional. sino también en algunos casos la adopción de acciones afirmativas para garantizar la inclusión de grupos o sectores de la población tradicionalmente discriminados. sexo.4. por ejemplo las que se basan en la raza o en ser mujer. Luego obligó al Estado a presentar una reforma del sistema de financiamiento de la educación estadual idóneo para garantizar que en cada escuela de la ciudad se lograra alcanzar el estandar y por último obligó al gobierno a fijar un mecanismo de información y transparencia para poder fiscalizar el nuevo sistema. Así en el caso Morales de Sierra. El tribunal fijó la obligación del gobierno estadual de fijar el costo actual y real de un servicio educativo idóneo para garantizar en la ciudad de Nueva York el derecho a la educación básica adecuada. la norma o la política que lo utiliza será observada bajo un criterio de escrutinio estricto. Al mismo tiempo fijó un test de insumos y resultados. en su interpretación del artículo 24 de la Convención Americana sobre igualdad ante la ley. El tribunal fijó un plazo de un año para que el gobierno estadual cumpliera el mandato y en audiencias realizadas este año supervisó el plan presentado en audiencia con intervención de la parte demandante y tras un fuerte debate público. Si bien la mayoría de los países de la región es parte de los principales tratados de derechos humanos que fijan normas sobre igualdad y no discriminación. Siempre que la distinción obedezca a algunos de los factores o categorías sospechadas: raza.cfequity. de las instalaciones escolares. la Comisión Interamericana ha establecido el principio de que ciertas formas de diferencia o distinción en el trato. de la información y material didactico disponible.
32 Informe 4/01. en J. 31 Para un análisis de estas nociones. BID. “Color e imperio de la ley en Brasil”. caprichosas o arbitrarias.”Ingresos y color en Brasil: una historia compleja”. Con respecto a determinadas personas que integran grupos que resulten vulnerables o susceptibles de ser discriminados en sus derechos económicos. Opinión Consultiva 18.215/236. 30 Ver Peter Fry. como los pueblos indígenas en la zona andina o la población negra en Brasil30. Madrid 1997. cf. Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paidos. Mazza y J. Odonell y P. Visiones de la Constitución 1853-2004. 2004. Yamada y L. G. niños y incapacitados físicos. La ley del más débil . M. cuando debido las circunstancias que afectan a un grupo desaventajado. pacientes VIH positivos. pp. UCES. en Derechos y garantías. O. enfermos terminales. Barcelona.Pinheiro (comp). punto 9 y OG Nro.137/167. Arias. Este punto es de enorme relevancia. García Añón. “La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina”. Derecho Antidiscriminatorio y Acción Positiva a favor de las mujeres. L. Deutsch. Gargarella (comp). en M. pp. O. Derecho y grupos desaventajados.625.5. Mexico.2. “(Des)igualdad estructural”. respectivamente. sociales y culturales. María Eugenia Morales de Sierra c. S. Barrére Unzueta. sino que avanza hacia un concepto de igualdad material o estructural. la identidad de trato suponga coartar o empeorar el acceso a un servicio o bien. pues indica que el sistema interamericano no recoge sólo una noción formal de igualdad limitada a exigir criterios de distinción objetivos y razonables y por lo tanto a prohibir diferencias de trato irrazonables. Pungiluppi con R. J. “igualdad y diferencia”. pp.3.479-514. Fiss. el Comité de la ONU ha establecido que el Estado tiene la obligación de sancionar normas que los protejan contra esa discriminación y adoptar medidas especiales que incluye políticas activas de protección. 1999. o el ejercicio de un derecho31. 191/212.6 punto 17. R. sociales y culturales surge de diferentes instrumentos. punto 9. pero también la orientación de las políticas públicas vinculadas a derechos económicos. G. Buenos Aires. Guatemala. 2004. Ello implica la necesidad de trato diferenciado. “Grupos y la Cláusula de Igual protección”. en R. pp. La OG Nro.4. y OG Nro. J. personas con 29 28 25 . El empleo de la noción de igualdad material supone una herramienta de enorme potencialidad para examinar en las normas que reconocen derechos. 19 de enero de 2001. Caso 11. G. El criterio también es fijado en relación con los trabajadores inmigrantes en el ámbito de las relaciones laborales29. como ancianos. 32 La adopción de medidas especiales. en relación a las personas con discapacidad y ancianos. Ferrajoli. Buvinic. y de políticas activas en resguardo de grupos vulnerables en relación a los derechos económicos. 73-96. “Inclusión Social y desarrollo económicos en América Latina”. Esta cuestión tiene enorme relevancia política a poco que se observe la situación de ciertos sectores sociales claramente víctimas de procesos históricos de discriminación y exclusión. La obligación de proteger a los grupos más vulnerables y menos protegidos en períodos de ajuste económico surge de las OG Nro. 2002.la mujer casada fuera del hogar28. Saba. “Current Problems of Legal Dogmatics in European Regulation: The principle of Equality and the Policies of Affirmative Action. punto 8 e) establece que debería garantizarse cierto grado de prioridad en relación al acceso a la vivienda a grupos desfavorecidos. de las OG Nro. que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas especiales de equiparación. en Jorge Amaya (editores). Discriminación. en M. pp. van Hoecke y F. Barcelona. incluso legislativas. Ost (eds). Mendez. Tejerina. Buenos Aires. puntos 12 y 13 y.Editorial Trotta. sociales y culturales.
de modo que requiere adoptar medidas de protección apropiada (OG Nro. En algunos casos hay información separada sobre hombres y mujeres pero. sociales y culturales y la incorporación de medidas concretas de protección de esos grupos o sectores en sus planes de acción. punto 18 se establece que las medidas que se adopten para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad no serán consideradas discriminatorias en el sentido del art. La obligación del Estado de adoptar medidas afirmativas para resguardar el ejercicio de derechos sociales tiene importante derivaciones por ejemplo en cuanto al tipo de información estadística que el Estado debe producir. 33 Como señala el DFID “en la mayoría de los paises en desarrollo la información desagregada relativa a pobreza no suele estar disponible en base a condición social. víctimas de desastres naturales o personas que viven en zonas riesgosas. no es sólo un medio para garantizar la efectividad de una política pública. problemas médicos persistentes. punto 13) y a la salud pública (OG Nro. enfermos mentales.2. del Pacto. En igual sentido. De manera que además de la identificación de los sectores tradicionalmente discriminados en el acceso a determinados derechos es necesario que el Estado defina con carácter previo a la formulación de sus planes o políticas en el área social cuales son los sectores que requieren una atención prioritaria al momento e formular sus políticas (por ejemplo los habitantes de determinada área geográfica del país. religión o etnia. sociales y culturales de la ONU respecto a varios derechos. en especial sobre el derecho a la vivienda (OG nro. desde esta perspectiva.14. el Comité señala que las mujeres. mientras tengan fundamento en el principio de igualdad y se utilicen únicamente en la medida necesaria para conseguir dicho objetivo. Las medidas de protección especial de grupos o personas vulnerables se consideran en los Principios de Limburgo (Principios 14 y 39). 7. en el presente. sino una obligación indispensable para que el Estado pueda cumplir con su deber de brindar a estos sectores atención especial y prioritaria33.5. En la OG Nro. o las personas de determinado grupo etario) y fije medidas para compensarlos o afirmar sus derechos. los niños. 2. Cuando la información ha sido relevada los gobiernos deberían buscar hacerla ampliamente accesible. punto 43 f y 53). o al lugar de residencia. punto 10). Así lo ha establecido por ejemplo el Comité de derechos económicos.Por lo demás una de las principales obligaciones de los Estados es la determinación de cuales son los grupos que requieren atención prioritaria o especial en un determinado momento histórico en el ejercicio de los derechos económicos. La producción de información debidamente desagregada a efectos de determinar estos sectores desaventajados o postergados en el ejercicio de derechos. así como el acceso a la tierra a los grupos desprovistos o empobrecidos. 4. Los países más pobres pueden tener mínima capacidad de relevar información estadística. Este déficit de información podría ser parcialmente superado si las instituciones nacionales de estadística desarrollan e implementan procesos de búsqueda de información orientados a indicar el alance con el cual diferentes sectores de la 26 . los ancianos y los pueblos indígenas y las minorías étnicas se ven afectados de manera desproporcionada por los desalojos forzosos. la sistemática recolección de información en los países en desarrollo sobre la base de otras diferencias sociales no es posible. Esto hace mucho más difícil al gobierno y a los ciudadanos identificar en que medida la imposibilidad de la población de ejercer sus derechos puede estar asociada con procesos de exclusión social e inequidades estructurales.
1996).Connecticut (Horton v. Herschel. 1989). Tennessee (Tennessee Small School Systems v. 1997) y Carolina del Norte (Leandro v. Cahill. State. State Board of Education. 1997). Kansas (Knowles v. Montana (Helena Elementary School District No. 1 v. DFID. El planteo está dirigido a obtener la declaración de inconstitucionalidad del plan de financiamiento estadual. Pungiluppi con R. 66 v. en el que básicamente se pone en cuestión la constitucionalidad del financiamiento de la educación a partir de cláusulas constitucionales de los estados. Washington (Seattle School District No. 1990). 30. Mazza y J. 1997). ver M. 1989). Governor. Council for Better Education. punto 6. Massachussetts (McDuffy v. Esta forma de financiamiento regresivo hace cargar a los distritos más pobres con un mayor esfuerzo presupuestario (trasladado. 1989). State. 1976).7. En algunos países de la región los procesos de descentralización en materia de educación pública y salud han agudizado la inequidad en el acceso a servicios públicos de calidad equiparable entre los habitantes de diferentes regiones geográficas. 1973 y Abbot v. J. Nueva Hampshire (Claremont School District v. Meskill. Alabama (Ex parte School. a los contribuyentes del distrito) para obtener niveles educativos similares a los de los distritos más ricos. Arkansas (Dupree v. “Inclusión Social y desarrollo económicos en América Latina”. Deutsch. 1978). Burke. Idaho State Board of Education. 1977 y Horton v. Texas (Edgewood Independent School District v. La discriminación en el acceso a derechos puede provenir por ejemplo de la disparidad entre regiones geográficas postergadas.3/35. Arizona (Roosevelt Elementary School District No. 1993). La estrategia ha obtenido sentencias favorables en los siguientes estados: California (caso Serrano v. planteados en treinta y seis de los estados y exitosos en veinte de ellos. Nueva Jersey (Robinson v. Alma School District No. One v. Idaho (Idaho School for Equal Educational Opportunity v. McWherter. El argumento central de esta serie de casos. 1993). State. Secretary of the Executive Office of Education. Kentucky (Rose v. Buvinic. 1979). Department for Internacional Development.El principio de igualdad y no-discriminación tendrá derivaciones en cuanto a los criterios con los que debe distribuirse los presupuestos y el gasto social. 1993). Ohio (De Rolph v. 1994).34 es que la dependencia de gran parte del financiamiento del ciclo de educación obligatorio de impuestos de carácter local (municipal o distrital) importa una violación al principio de igual protección de la ley. 1980). claro. Un interesante ejercicio para medir la utilidad del enfoque de derechos es examinar el impacto de estas políticas públicas a la luz de los estándares internacionales sobre igualdad y nodiscriminación. pp. Bishop. Para un análisis de la experiencia de producción de estadísiticas desagregadas sobre grupos excluidos. BID. One v.”La inclusión social en América Latina”. Virginia Occidental (Pauley v. 1983). Kelly. State. y a obligar a los estados a financiar con recursos estaduales un mayor población están crecientemente gozando de sus derechos”. Kirby. “Realising human rights for poor people”. en en M. 1985). 34 27 . Quizá como referente para este análisis podría considerarse una extendida serie de casos planteados ante los tribunales judiciales estaduales de los Estados Unidos. Vermont (Brigham v. Buvinic. dado que liga la calidad de la educación recibida por los niños y adolescentes a la riqueza del distrito escolar en donde vivan. State. 2004. Wyoming (Washakie County School District No. 1997). Meskill. Priest. 1976).
v. Requiere fundamentalmente la posibilidad de ejercer algunos otros derechos que actúan en cierto modo como una condición previa para 35 Para ampliar sobre esta estrategia. Banks.. W. Desarrollo Económico. 37 Guillermo O Donell “Teoría democrática y política comparada”. 36 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales de la ONU acerca de que las agudas disparidades de políticas de gastos que tengan como resultado que la calidad de la educación sea distinta para las personas que residen en diferentes lugares pueden constituir una discriminación en los términos del Pacto de Derechos Económicos.. 24 Connecticut Law Review 675 (1992). William. Reed. que suelen definirse como los beneficiarios de las acciones encaradas en el campo de desarrollo. “Foreword: The Importance of an Independent State Constitutional Equality Doctrine in School Finance Cases and Beyond”. Existen además algunos derechos concretos de participación y consulta en los procesos de decisión de políticas públicas que están directamente definidos en normas internacionales o constitucionales. vol. resulta clave analizar en que medida ciertos sectores discriminados o excluidos socialmente en la región.. El principio de participación es clave en las estrategias y políticas de desarrollo como un método para identificar necesidades y prioridades a nivel local o comunitario. 519-568. J. 45 Vanderbilt Law Review 129 (1992). El principio de participación y su relación con los derechos civiles y políticos.. enero-marzo 2000. 13 punto 35. En este sentido. lo que impone severos límites al éxito de los mecanismos formales de consulta y participación que se establecen habitualmente en las estrategias de desarrollo. OG nro. padecen dificultades particulares para el ejercicio de algunos de estos derechos. R. 39 p. “Twenty-Five Years after Rodriguez: School Finance Litigation and the Impact of the New Judicial Federalism”. 5. S. 32 Law and Society Review 17 (1998). Este principio medular de participación puede ser precisado por su vinculación con el ejercicio de determinados derechos civiles y políticos.35 En tal sentido resulta notable la coincidencia de estos planteos con el señalamiento realizado por el Comité de Derechos Económicos. D. Sociales y Culturales de la ONU. E.porcentaje de los gastos que conlleva el funcionamiento del sistema educativo. Revista de Ciencias Sociales. y en especial con las definiciones sobre el contenido y alcance de algunos de estos derechos en las instancias de protección internacional de derechos humanos. 28 . “Judicial Analysis during the Third Wave of School Finance Litigation: The Massachusetts Decision as a Model”. “State Constitutional Analyses of Public School Finance Reform Cases: Myth or Methodology?”. F. Es indudable que la participación política requerida en el marco de un proceso democrático no se limita a contar con un sistema institucionalizado de elecciones periódicas y limpias37. Sociales y Culturales36. Thro. 35 Boston College Law Review 597 (1994).
entre otros. de reunión. en toda la región en esta materia. sino también para los procesos de integración comercial en curso a nivel regional y continental. pero estará a su vez condicionada o limitada por el grado en el que puedan ejercer sus derechos económicos. asuntos importantes en las estrategias de desarrollo y reducción de pobreza. Otro tema central en la región que vincula a los sectores excluidos con la participación política es el alcance de los derechos de reunión y expresión frente a la práctica de algunos Estados de imponer limitaciones a las manifestaciones públicas e incluso la utilización del derecho penal para sancionar acciones que 38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. tales como el derecho de asociación. con el consiguiente efecto de armonización legislativa. la libertad de expresión y el derecho de acceder a la información. lo que incluye derecho de huelga y de negociación colectiva. Se trata por lo tanto de un campo en el que la infraestructura regional en materia de derechos humanos puede aportar marcos conceptuales comunes de utilidad no sólo para las políticas de desarrollo. La entrada en vigencia del Protocolo de San Salvador le ha adjudicado al sistema interamericano la posibilidad de examinar casos sobre libertad sindical en relación a la mayoría de los países del área. Corte IDH. También en este tema los órganos de protección internacional de derechos humanos pueden jugar un rol en la fijación de estándares uniformes a nivel regional. Más allá de la actuación de los órganos especializados de la OIT.que un proceso democrático funcione con cierta regularidad. 72. la libertad sindical. y fijar jurisprudencia uniforme y de seguimiento obligatorio. es el derecho de asociación y en especial la libertad sindical. por ejemplo sobre condiciones del mercado de trabajo y las políticas de empleo. Nro. caso Baena Ricardo y otros. Serie C. Se trata de una cuestión básica para garantizar la fortaleza de las representaciones de los sectores excluidos y la capacidad de acción y demanda de los trabajadores con diferentes grados de precariedad o estabilidad. sentencia del 2 de febrero de 2001. sociales y culturales. 29 . La Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo demás ya se ha pronunciado en un caso sobre libertad sindical de Panamá38. es importante considerar que la jurisprudencia del sistema interamericano puede fijar un piso común de derechos sindicales para toda la región y obligar a cambiar leyes y prácticas restrictivas en el ejercicio de estos derechos en muchos países. La posibilidad real de ejercer estos derechos determinará la posibilidad de los sectores más pobres de incidir en los procesos políticos y en la orientación de las decisiones del gobierno. Uno de los temas de relevancia para garantizar la participación social de los sectores pobres y el ejercicio de sus derechos sociales básicos.
movimientos y desafíos”. “Derechos Humanos y derechos indígenas en América del Sur: antecedentes. otro desafío al que nos enfrentamos hoy en día es el de establecer mecanismos de participación y de diálogo social en los que estén representados todos aquellos actores sociales excluidos y marginados del mercado de trabajo. aunque también han sido asumidas por algunas organizaciones gremiales. y a dialogar con las instancias del Estado y otros actores sociales ha través de sus propias representaciones políticas40 En este tema se observa la directa vinculación entre el Informe Anual 2002 del Relator Especial para la Libertad de Expresión. como explotaciones económicas y de recursos naturales. con el potencial efecto de acotar o inhibir algunas formas de contestación y protesta social. Capítulo IV. En tal sentido. como los cortes de calles. cuyas voces no son representadas ni por el sistema de partidos políticos ni por la estructura sindical tradicional por no ser miembros permanentes de la población asalariada.podrían ser consideradas como parte del ejercicio de estos derechos. CELS. 40 Ver José Aylwin. movimientos indígenas y campesinos. Lo que se pone en juego en estas discusiones jurídicas es nada menos que la capacidad de acción colectiva de los sectores sociales más postergados o excluidos de las representaciones del mundo del trabajo formal. IDL y Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Editorial Siglo XXI. Aún cuando existen desarrollos en igual sentido el tema es medular para fijar el alcance de los derechos a la participación política en la región. 39 30 . Buenos Aires. 153/222. pp. En este sentido cabe señalar que este tipo de prácticas caracterizan en las formas de reclamo y demanda al Estado de numerosas organizaciones de desocupados. sino también fuera de ella. una cuestión que ha demandado la atención del sistema interamericano es la posibilidad de los pueblos indígenas de ejercer su derecho a la consulta respecto a las políticas que pudieran afectar sus territorios culturales. En tal sentido. “La Respuesta del Estado frente a la Protesta Social. social y actor político no sólo al interior de la relación de trabajo. constituía una forma de redefinición de los mecanismos de la democracia política en un contexto en el que los representantes del capital y del trabajo eran considerados actores sociales representativos. 2003. en “Temas de Derechos Humanos en Debate”. En esta línea de ideas. Ver también sobre el debate legal sobre derechos de reunión y persecución penal. se trata de alguna manera de una reformulación de la democracia política construida exclusivamente sobre la base de la representación de los trabajadores: la figura del sindicato como actor. El Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana en un reciente informe ha procurado establecer un balance entre los derechos civiles en juego y el interés del Estado de mantener el orden público. Libertad de Expresión y Pobreza. 1996 al 2002”. fijando como principio que la criminalización o el uso de figuras penales para perseguir acciones de protesta social debe ser un último recurso que requiere la acreditación de un interés pública imperativo39. bloqueos de caminos y ocupaciones temporales de espacios públicos.
Bogota. los tribunales establecieron en el marco de una acción de amparo. 2003. Arco. el derecho de una comunidad indígena a ser representada por sus propias autoridades políticas en una negociación con una empresa privada concesionaria de una explotación petrolera en territorio indígena y la prohibición de que la empresa contactara directamente a los miembros de la comunidad43.ejercicio de derechos culturales y sociales con derechos civiles y políticos. 42 Ver Comisión Colombiana de Juristas. FIPSE vs. también han recibido reconocimiento con base en la Convención Americana. En una decisión reciente la Corte Interamericana ha establecido la obligación de los estados de disponer mecanismos adecuados para la participación y consulta de los pueblos indígenas en aquellas decisiones que pueden afectar el uso de sus recursos naturales o alterar de alguna manera sus territorios ancestrales41. caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)Awas Tingni. 28 43 En el caso la Federación Independiente del Pueblo Suhar de Ecuador contra la empresa petrolera Arco. pp. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos políticos y sociales de desarrollo requiere como herramienta fundamental el adecuado acceso a información pública y un caudal de información disponible que brinde elementos para la evaluación y fiscalización de aquellas políticas y decisiones que los afectan directamente. con fundamento en el derecho constitucional. Firmes en nuestro territorio. muy pocos cuentan con leyes de acceso a la información pública y normas internas capaces de superar los estándares jurídicos mínimos sobre este tema. Paradójicamente pese a que la mayoría de los países de la región han ratificado los principales instrumentos internacionales que consagran derechos civiles. 2001. pues sirve como parámetro al que deberían ajustarse las leyes sobre acceso a la Corte IDH. consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos. una mirada desde los derechos puede permitir orientar más adecuadamente las políticas de transparencia y presionar a favor de los cambios institucionales necesarios en cada uno de los países. El derecho de consulta y participación también ha sido analizado en casos tramitados ante tribunales nacionales. Si bien el acceso a la información es un principio claro en las estrategias de desarrollo. tales como el Convenio 169 de la OIT. 41 31 . Quito. CDES. Serie C. Nro. Recientemente se han elaborado valiosos documentos que procuran fijar el alcance del derecho fundamental de acceder a información en poder del Estado. sentencia de 31 de agosto de 2001. Estos derechos fijados por instrumentos internacionales. Ver “Tarimat”. 79. CCJ. En tal sentido es importante el que ha elaborado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del artículo 13 de la Convención Americana. “El Papel de la Corte Constitucional y la Tutela en la realización del Estado Social de Derecho”.resuelto por la Corte Constitucional de Colombia42 En Ecuador por ejemplo. como el caso del pueblo U´wa –Embera Katío del Alto Sinú.
disponible en http: www. Freedom of Expression an Access to Information” (November 1996). disponible en http: www. Courtis. Ello. sanciones por no cumplir con proporcionar la información solicitada y un procedimiento adecuado para fijar las excepciones al acceso45. En este documento además se hace una reseña de las discusiones sobre reformas legislativas en la materia en América. 2 May 2002. 44 32 . revisión independiente de los rechazos de las solicitudes de información. . artículo 8 inc.Anuario de Derecho a la Información. También se señala que el Estado no está sólo obligado a respetar el derecho permitiendo el acceso a archivos y bases de datos.org.org/docimages/.L. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Para) establece la obligación del Estado de “garantizar la investigación y recopilación de estadística y demás información pertinente sobre las causas.Madrid) 1 (2000).article19. Duhalde (ed. Aportes de la Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Allí se establece que el derecho de acceso debe ser garantizado por los Estados. También se señala la obligación de los Estados de fijar regímenes legales que aseguren el ejercicio de este derecho. con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir. Article 19. 2000. plazos cortos y costos razonables. Article XIX. pp. y la confidencialidad será la excepción de interpretación estricta. 12. Abramovich y C. consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer. de modo que no puede ser limitado o restringido salvo por razones excepcionales que serán examinados bajo un criterio estricto.gwu. 2004. Se trata como vemos de una obligación de producción de información clara y exigible como derecho. Ver también. CELS. 6. definiciones amplias sobre el tipo de información que es accesible. (Buenos Aires. que deben cumplir algunos requisitos mínimos: partir del principio de la máxima apertura de la información. “Acceso a la información pública en las Américas. “Freedom of Information in Mexico”. H. The Johannesburg Principles on National Security. sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar cambios que sean necesarios”. El principio de rendición de cuentas y responsabilidad y los mecanismos de exigibilidad de los derechos.).edu/-nsarchvi/NSAEBB/NSAEBB68. en www. sino que tiene una obligación positiva. “El acceso a la información como derecho”. El principio es entonces la publicidad de la información pública. en E. de producir información en determinados circunstancias. 45 Relatoría para la libertad de expresión. article19. “La Información como herramienta para la protección de los derechos humanos”. Kate Doyle. la presunción de publicad respecto a reuniones y documentos claves. Más arriba analizamos algunos supuestos de obligación de producción de información vinculados al ejercicio de derechos de sectores excluidos o históricamente discriminados44. Toby Mendel. disponible en http: www. Sin duda una de las principales cuestiones para explorar la potencialidad de la relación entre derechos y políticas de desarrollo está en los mecanismos de rendición de cuentas y de responsabilidad.article19.V. The Public´s Right to Know: Principles on Access to Information Legislation (june 1999).org/docimages/511. pues la lógica de los derechos La Convención Interamericana para Prevenir. ”Freedom of Information as an Internationally Protected Human Rights”.información de los países de la región que analizamos.
El derecho de los derechos humanos tiene estándares claros sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para demandar por la vulneración de los derechos fundamentales. en el caso Velázquez Rodríguez. entiende que de acuerdo a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.46 En tal sentido. Estos últimos se encuentran obligados. oficinas de protección de consumidores y defensa de la competencia. En la hipótesis de supuestos obstáculos de derecho interno. las instancias de control político en los Parlamentos. Cuando hablamos de mecanismos de exigibilidad de los derechos no nos referimos exclusivamente a los sistemas de administración de justicia. y 2 de la Convención. etc.1 de la Convención se refuerzan mutuamente.1 requieren. Procuraremos marcar tan sólo algunos puntos que nos parecen importantes para analizar en este tema. sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. sentencia del 29 de julio de 1988. por los artículos 25 y 1. "los artículos 25 y 1. los espacios de reclamo para usuarios y consumidores. El tribunal ha analizado el tema también en relación con la necesidad de agotar recursos internos. sino que deben ser efectivos y adecuados. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto que . 1. en el sentido de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho interno: los artículos 25 y 1. que requiere la armonización con ésta del derecho interno de los Estados Partes. y a dar aplicación efectiva a los mismos. como las defensorías del pueblo. incurren en violación de los artículos 25. a establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos. aún cuando estos tengan un rol de importancia. los recursos judiciales deben existir no sólo formalmente. no obedece tan sólo a una cuestión de diseño institucional.1 de la Convención. Así. Es claro que la idoneidad de los diversos mecanismos para fiscalizar y exigir el respeto de derechos por las políticas públicas.implica necesariamente. como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. la aplicación directa de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados partes. los Comités de las Naciones Unidas. pero no todos son 46 33 . Así. “Que sean adecuados significa que la función de esos recursos. En todos los ordenamientos existen múltiples recursos. sino que está ligada a la apropiación por las organizaciones sociales y al desarrollo de actores en la sociedad civil con vocación y recursos para utilizarlos. los procedimientos administrativos de revisión de decisiones y de fiscalización y control ciudadano de las políticas. También consideramos especialmente los sistemas de protección de derechos que funcionan en la instancia internacional. Si de facto no lo hacen. en el caso Genie Lacayo. debido a supuestas lagunas o insuficiencias del derecho interno. las Relatorías temáticas de la ONU entre otros. que contribuyen a reforzar los espacios de fiscalización y control de las políticas. La jurisprudencia sobre recurso judicial efectivo es clara en el ámbito del sistema interamericano de protección de derechos humanos. dentro del sistema de derecho interno. mecanismos de exigibilidad. entra en operación el artículo 2 de la Convención. las instituciones especializadas que resguardan derechos fundamentales. Serie C Nº 4. como fuera dicho. sino que incorporamos en el concepto. así como de los demás actores sociales involucrados en las estrategias de desarrollo.1. los servicios públicos y las acciones de los gobiernos. fijando los alcances del concepto de recurso judicial efectivo en la Convención Americana ya desde sus primeros pronunciamientos. conjuntamente.
para lo cual deberá remover los obstáculos sociales o económicos que obstaculizan o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. Ver Corte I. Turkey. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable. Sobre el tema de la falta de recursos internos en casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos puede consultarse. en un caso específico. Un recurso debe ser. La ampliación de funciones sociales del Estado –en áreas tales como salud. son factores que fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso”. a y 46. incluso brindando en ciertos casos asesoramiento jurídico o estableciendo sistemas de eximisión de gastos. párra. de organizar el aparato institucional de modo que todos. por lo que este campo de actuación de las administraciones públicas ha quedado tradicionalmente reservado a la discrecionalidad política más allá de la existencia de algunos controles institucionales. sentencia del 28 de marzo del 2000. Hampson. 64 y 66. sin embargo. 46. El tema es complejo y difícilmente pueda entenderse de igual manera en todos los países de la región. Y Boyle. el TEDH ha sostenido que “el artículo 13 de la Convención garantiza la disponibilidad en el nivel nacional de un recurso para exigir la sustancia de los derechos y libertades de la Convención cualquiera sea la forma en que estos pudieran ser asegurados en el nivel doméstico. 47 CIDH. Inspirándose en el caso Airey. la Corte sostuvo que: “la circunstancias de un procedimiento particular.D. sentencia del 18 de diciembre de 1996. Kaya v. la jurisprudencia sobre recurso judicial efectivo ha obtenido un importante desarrollo en los casos recientes contra Turquía. Así. en Netherland Quarterly of Human Rights. en Mahmut Kaya v. Sin embargo. educación. in particular en el sentido que su ejercicio no debe ser impedido injustificablemente por actos u omisiones de las autoridades estatales”.b CA)”. :“ Gross Violations of Human Rights: Invoking the European Convention on Human Rights in the case of Turkey”.2. Turkey. 15/2..47 En primer lugar es necesario considerar que el área de las políticas sociales e incluso las prestaciones estatales en el campo de la educación y la salud. En el sistema europeo. Reidy. Por el contrario las prestaciones se han organizado y brindado mayormente bajo la lógica inversa de beneficios asistenciales. sentencia del 25 de septiembre de 1997.1. El efecto del artículo 13 es entonces el de requerir la provisión de un recurso doméstico para atender las demandas sustanciales que pudieran iniciarse bajo la Convención y garantizarles un remedio apropiado. su significación. Ver al respecto además. es decir.46... puedan acceder a esos recursos. sentencia del 19 de febrero de 1998. 28. pár. 1997. consumo o promoción de la participación de grupos sociales desaventajados– no aplicables en todas las circunstancias. eficaz.F. Turkey. M. Velázquez Rodriguez.A. su carácter y su contexto en un sistema legal particular. Vol.la obligación del Estado no es sólo negativa. capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”. el recurso no es adecuado es obvio que no hay que agotarlo. Turkey.H. 161-173. los estados partes tienen alguna discreción acerca de la manera en que cumplirán con esta cláusula. sino fundamentalmente positiva. el remedio requerido por el artículo 13 debe ser “efectivo” en la práctica tanto como en la norma. Aydin v. 34 . “Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. Aksoy v. además. de no impedir el acceso a esos recursos. seguridad social. Si.2. Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. y en especial aquellos que se encuentran en situación de pobreza o exclusión. trabajo. El alcance de la obligación impuesta por el artículo 13 varía dependiendo de la naturaleza de las peticiones de las víctimas. no han estado guiadas en su organización y funcionamiento a una lógica de derechos. vivienda.
ver Ackerman.49 Al mismo tiempo el reconocimiento de que esas políticas y servicios responden al cumplimiento de derechos económicos. En muchos casos. La pobreza… de la política contra la pobreza. el derecho a una decisión fundada. entre otros. 48 35 . a ser informado de los recursos disponibles.org. al respecto Rubén Lo Vuolo. en Víctor Abramovich. John.necesariamente se ha traducido. Lo que sucede en muchos casos es que el Estado ha subordinado a su propia discrecionalidad y al manejo clientelista las prestaciones o intervenciones que las Constituciones o pactos de derechos humanos proyectan como derechos48. a la revisión por una instancia independiente. “Human Rights & Social Accountability”. no hay ninguna imposibilidad teórica o práctica de configurar derechos tutelables también en estos campos. eventualmente judicial. fundados en la intervención discrecional del poder público. de modo de sumar a los mecanismos de control institucional. Buenos Aires (2000). el Estado asumió esas funciones a partir de intervenciones discrecionales o de formas de organización de su actividad –como la provisión de servicios públicos. tales como el plazo razonable. 2003.ar. a programas sociales focalizados y transitorios. las personas que ejercen derechos vinculados a esas prestaciones sociales. FLACSO. sino también en la precarización del vínculo jurídico entre el Estado y el destinatario de la política social respectiva. María José Añón y Christian Courtis (comps. implicará reconocer Cfr. Laura Pautassi. México. administrativos o políticos. sociales y culturales. Para un examen de estas diferencias. V. Una clara manifestación de esta precarización es el paso de políticas sociales universales fundadas en el reconocimiento de derechos subjetivos. por lo requiere justamente reclamar esa configuración. sean éstos individuales o colectivos. pp. Una lectura posible del actual intento de desmantelamiento de los Estados de bienestar desde esta perspectiva pondría énfasis no sólo en la reducción de servicios sociales. Fontamara. o la elaboración de programas o planes sociales focalizados– cuyo efecto social y económico no se asigna particularmente a sujetos titulares de derechos. El reconocimiento de derechos en las Constituciones y en los tratados está destinado a limitar e imponer obligaciones a los poderes públicos. No existen motivos que impidan reconocer la posibilidad de demandar en el plano de las políticas sociales derechos civiles.cels. el derecho de acceso a la información. Luigi Ferrajoli. Es indudable que una perspectiva de derechos en la formulación de los planes debe conducir a contemplar en su ingeniería institucional los estándares básicos de debido proceso. tales como el derecho de igualdad y nodiscriminación. En esta investigación se analizan los procedimientos administrativos para el otorgamientos de pensiones sociales desde los estándares de debido proceso fijados por la jurisprudencia constitucional argentina y el sistema interamericano de derechos humanos. CELS. Los sistemas de control social basados en la lógica de los derechos pueden tener puntos de contacto pero también diferencias con los mecanismos de “social accountability” tradicionalmente considerados por las instituciones financieras internacionales. Sin embargo.. Alberto Barbeito. en la configuración concreta de derechos. Derechos sociales: instrucciones de uso. el control que puedan ejercer sobre los prestadores o funcionarios. 2004. el principio de igualdad de armas. 11-21. pp. en www. Mexico.).2004). Miño y Dávila-CIEPP. 49 Ver “Las pensiones por vejez frente al derecho a la seguridad social”. y Corina Rodríguez. desde el punto de vista técnico. Draft-june11. 191-202. “Estado social y Estado de derecho”.
Buenos Aires. e incluso reclamar información y demandar mecanismos de participación en los procesos previos a la formulación de políticas o al otorgamiento de concesiones de actividades económicas potencialmente nocivas50. B. Gonzalez y F. 257/278. 2003. “Reformas Judiciales en América Latina. Universidad del Rosario. 2002. Silva. con el consiguiente impacto en el fortalecimiento de las instituciones democráticas a nivel local. Esto es. “Acciones de interés público por la no discriminación de género”. para fortalecer el acceso a la jurisdicción y la participación social en la fiscalización de las políticas estatales y de la actuación de actores privados. Ciudadanía e Interés Público. pueblos indígenas. ¿Buenas Noticias para los Pobres?. Colección Textos de Jurisprudencia. y su utilización como principios que guíen las políticas públicas por ejemplo con la mediación de oficinas especializadas como las secretarías de Ver P. Jorge Correa Sutill. la incorporación de la jurisprudencia del sistema en las decisiones de los tribunales constitucionales. 50 36 . un mecanismo de acceso a la justicia en relación con temas vinculados a las políticas de reducción de pobreza y desarrollo. Este es un tema central a considerar en la agenda de reformas judiciales en la región. pp. sino como un ámbito para la fijación de estándares uniformes en relación con los derechos consagrados en los tratados. Otro aspecto central para mejorar los mecanismos de responsabilidad en las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza. que serán luego aplicados en los países por sus sistemas de justicia. G. Facultad de Derecho Universidad Diego Portales. Santiago. Paidos. Enfoques desde el Derecho. O´Donell y P. Viveros (editores). que permiten discutir la legalidad de ciertos aspectos de políticas públicas sociales o de prestaciones de servicios públicos. organizaciones de mujeres y de derechos humanos. no sólo como última instancia de reclamo cuando han fracasado los sistemas de administración de justicia nacionales. En estas acciones organizaciones ambientales. a partir de estándares constitucionales o internacionales. Bogota. y fiscalizar empresas de servicios públicos o en ocasiones empresas y grupos privados que realizaban explotaciones económicas con efectos ambientales. han logrado incidir en la orientación de políticas sociales. 1998. Provoste y P. la Ciencia Política y la Sociología. Mendez. 9/61.mecanismos adecuados de reclamo de estos derechos de índole individual y colectiva. Barcelona. son las acciones de amparo colectivo o acciones de clase. pp. Londoño Toro (editora). La aplicación de los tratados por los tribunales nacionales. Mexico.S. cuadernos de análisis jurídicos. afirmar el funcionamiento de los mecanismos internacionales como instancias de protección pero también como forma de influir en que los gobiernos cumplan con esos derechos y en el fortalecimiento de los mecanismos de tutela de las personas al interior de los Estados. Eficacia de las Acciones Constitucionales en Defensa de los Derechos Colectivos. es el fortalecimiento de los sistemas de protección internacional de derechos humanos. que impactan con sus acciones en el ejercicio de aquellos derechos básicos. en J. de usuarios. En tal sentido. en F. La (in)efectividad de la Ley y la Exclusión en América Latina. Pinheiro (comp).
El enfoque de derechos en los principales actores del desarrollo. Abramovich. José Zalaquet.un. Chris and Paulina Garzon. Sociales y Culturales. las organizaciones de desarrollo han basado su metodología de trabajo en fortalecer la organización. Sobre la relación de organizaciones de derechos humanos y de desarrollo en algunos países de la región. Puede señalarse en tal sentido. IDL y Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La mayoría de estas organizaciones no han incluido la perspectiva de derechos en su práctica cotidiana 51 . coord. 17/74. puede aportar miradas complementarias y potenciar la participación social y la fuerza de los reclamos. capacitación y participación en ámbitos estatales de los sectores populares para la solución de sus necesidades básicas y la superación de situaciones de exclusión social y pobreza. 2002. para que incorporen esa perspectiva y las capacidades que se requiere para ejercer esos derechos en representación de los sectores excluidos. Herramientas y Aliados”. 37 . Lima.org. En ese sentido la posibilidad de incorporar una perspectiva de derechos en las estrategias de desarrollo debe tener como componente fundamental la reorientación de los sectores sociales que participan tradicionalmente de los procesos de desarrollo. puede tener indudablemente implicancias en los sistemas de rendición de cuentas.th/ohchr/issues/rba/documents/jtpaper. y la preocupación por generar estándares y reglas de interpretación adecuada de esas normas a nivel local e internacional.derechos humanos y las defensorías del pueblo. Local Perspectives: foreign aid to the justice sector”. “Líneas de Trabajo en Derechos Económicos. Ver Jochnick. ver V. Tradicionalmente. Ford Foundation. Care. 7. 2004. La obligación de los Estados de ajustar sus sistemas legales y sus políticas a las obligaciones asumidas en los tratados internacionales. el trabajo emprendido por UNICEF con relación a la implementación doméstica de la Convención sobre los Derechos de los Niños. En tal sentido. la alianza entre las organizaciones de desarrollo y aquellas que han adquirido una mayor experiencia en el lenguaje de los derechos y la implementación de estrategia legales.1999. En este contexto.doc. Los mecanismos de exigibilidad de los derechos podrán incidir en mejorar los sistemas de rendición de cuentas de las políticas de reducción de pobreza en la medida en que existan actores sociales suficientemente fuertes y con recursos técnicos para utilizarlos. http//www.international_council. International Council on Human Rights Policy. el enfoque de derechos ha comenzado también a incidir en un cambio del trabajo tradicional de las denominadas organizaciones de desarrollo tanto locales como internacionales51. en “Temas de Derechos Humanos en Debate”.or. Oxfam-America. Rights-Based Approaches to Development: An Overview of the Field. Geneva. disponible en//http://www. pp.
y un sentimiento de discriminación hacia los sectores más pobres por parte de este tipo de instituciones. especialmente a través del litigio de casos ante los tribunales locales y los diversos organismos internacionales de protección de los derechos humanos. teniendo en cuenta la especificidad y la experiencia de cada tipo de organización en sus respectivos ámbitos de actuación. pueblos indígenas. o grupos afectados en el marco de conflictos sociales de índole colectiva. se ha priorizado en términos generales. es importante mencionar que cualquier estrategia de fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos y la incorporación de estándares jurídicos a nivel nacional.y tampoco han utilizado las vías legales. Las principales razones que suelen invocarse se relacionan con la falta de confianza en las instituciones judiciales. y que los casos judiciales le dan demasiado poder a los abogados en desmedro de la fortaleza de los actores y movimientos sociales. es relativamente reciente el desarrollo de estrategias de acción en el ámbito de los derechos sociales. las vías de exigibilidad legal que permiten mejorar el grado de vigencia de los derechos. Así. Por último. reclamo e incidencia política. y en muchos casos las han considerado contrarias a sus estrategias y objetivos. del lado de las organizaciones de derechos humanos. y los informes que documentan violaciones de derechos. En suma. se observa por un lado. tanto en el litigio de causas como en el uso de la perspectiva de derechos en la documentación de violaciones y la elaboración de informes de situación. permite el logro de mejores resultados. Sin embargo. La idea tradicional de que el conflicto puede ser expropiado por aquellos que se encargaran de traducirlo al formular una demanda legal. los tiempos y costos que insume la promoción de acciones en el ámbito judicial. y y el trabajo más cercano con organizaciones de base. mejorando su capacidad de articular las acciones legales y de incidencia política. una importante acumulación de experiencias de trabajo en el plano legal. El enfoque de derechos puede ser un punto de encuentro para ambos tipos de organizaciones. Se han observado en tal sentido algunas experiencias auspiciosas en la región. no podría ser desplegada con coherencia por las agencias de 38 . En el campo de las organizaciones de derechos por el contrario. y las organizaciones de derechos humanos amplían su inserción social y la comprensión de las agendas e intereses de los grupos representados. mejorando la calidad de la participación social y la utilización de los mecanismos disponibles de exigibilidad de derechos y rendición de cuentas. el abordaje conjunto de conflictos sociales complejos. la antigüedad y fortaleza de las organizaciones de desarrollo en su relación con los sectores sociales desfavorecidos y una vasta experiencia en la promoción de estrategias políticas y sociales de organización. En efecto. capacitación y participación y por otro. las organizaciones de desarrollo asumen la perspectiva legal como un nuevo instrumento a utilizar en el marco de sus estrategias tradicionales de negociación.
J.David Brown. Tales mecanismos de responsabilidad si bien responden obviamente a una lógica no judicial. los mecanismos de rendición de cuentas al interior de esas mismas entidades. J. Oxford. dotándoles de mayor transparencia y apertura a la ciudadanía. Lima. “Demanding Accountabiliy. pp. Civil. Cfr. and Grassroots Movements”. También D. “Los derechos humanos en la agenda de los organismos económicos internacionales”. Zalaquet (coord). “Temas de Derechos Humanos en Debate”.” The Struggle for Accountabiliy. Fox & L. 2003. el enfoque de derechos demanda también fundamentalmente transformaciones sustanciales en el funcionamiento y en la lógica de estas instituciones. 1998. NGOs. IDL y Centro de Derechos Humanos. Cambridge. ni por las instituciones financieras internacionales. en J. En tal sentido.cooperación.Society Claims and the World Bank Inspection Panel”. MIT Press. 2004. Ver M Botto y D. 52 39 . Rowman & Littlefield Publishers. sin mejorar a su vez. Treakle. Tussie. independencia y transparencia52.223/254. debe cumplir con estándares mínimos sobre accesibilidad. Clark. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. de modo de hacerlos compatibles con un enfoque de derechos que incluya como sujetos responsables a todos los actores de la estrategia de desarrollo. Fox y K. The World Bank.
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 artículo 1
 artículo 13
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 Resolución 
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 13
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