Source: https://www.slideshare.net/PabloOrtizT/consulta-previa-1
Timestamp: 2017-10-22 00:29:44+00:00

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, Profesor titular en Universidad Andina Simón Bolívar
consulta previa, libre e informada en Perú
Laurentlacroixdefaye
Wilfredo Ccencho Quispe
1. 117La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesn Borja Norte 1123orja, Lima 4151 1 203 796051 1 437 7227dea.intdea.intDocumento de trabajoI N T E R N A T I O N A LI N S T I T U T E F O RD E M O C R A C Y A N DE L E C T O R A LA S S I S T A N C EIDADocumento de trabajoLA CONSULTA PREVIA:DESARROLLO NORMATIVOINTERNACIONAL YCOMPARADO Y SUAPLICACIÓN EN EL PERÚ
2. LA CONSULTA PREVIA:DESARROLLO NORMATIVOINTERNACIONAL YCOMPARADO Y SUAPLICACIÓN EN EL PERÚVladimir PintoRamón Rivero
3. La consulta previa: desarrollo normativo internacional y comparado y suaplicación en el Perú© Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEAInternacional) 2012Las publicaciones de IDEA Internacional son independientes de los intereses nacionales o políticosespecíficos. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente lospuntos de vista de IDEA Internacional, de su Junta Directiva o de los miembros de su Consejo.Las solicitudes de permiso para reproducir o traducir esta publicación en todo o en parte debendirigirse a:IDEA Internacional IDEA InternacionalSE-103 34 Oficina Región AndinaEstocolmo -Suecia San Borja Norte 1123Tel: +46 8 698 37 00 San Borja, Lima 41Fax: + 46 8 20 24 22 Tel: + 511 203-7960info@idea.int Fax: + 511 4377227www.idea.int infoperu@idea.intImpresión: Ediciones Nova Print S.A.C.Primera edición: octubre de 2012Tiraje: 1000 ejemplaresHecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2012-12458Impreso en el Perú
4. 5La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesÍNDICELISTA DE ABREVIATURAS	9PRÓLOGO	11INTRODUCCIÓN	13PRIMERA SECCIÓN: ELEMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL Y COMPARADO1.	Antecedentes al Convenio 169-0IT	17	1.1.	Los pueblos indígenas en el derecho internacional:	breve recuento histórico	17	1.1.1.	La institución de la tutela como primer referente	de los derechos indígenas	17	1.1.2.	El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos	de derecho: nuevo esquema de relaciones con los Estados	19	1.1.3.	La declaración de Naciones Unidas sobre los derechos	de los pueblos indígenas	21	1.2.	Pueblos Indígenas en América latina	222.	El derecho a la consulta, consideraciones generales	25	2.1.	Elementos conceptuales del derecho a la consulta previa	en el derecho internacional	25	2.1.1.	Tierras y territorios indígenas	25	2.1.2.	¿Qué situaciones ameritan la realización de una consulta?	29	2.1.3.	¿A quiénes se les considera indígenas?, ¿quién los representa?	31	2.1.4.	Las condiciones y garantías para un adecuado procedimiento	de consulta previa	32	2.1.5.	Efectos de la consulta y ejecución de resultados 353.	Desarrollo comparado del derecho a la consulta	39	3.1.	El derecho a la consulta previa en la Estado Plurinacional de Bolivia	39
5. 6Vladimir Pinto, Ramón Rivero	3.1.1.	Legislación de Bolivia relativa al derecho a la consulta	previa a los pueblos indígenas	39	3.1.2.	Implementación del derecho a la consulta previa en Bolivia	40	3.1.2.1.	Petroleras en territorios indígenas guaraníes	40	3.1.2.2.	Reactivación del complejo hidrometalúrgico de	Corocoro en territorio ancestral de Jacha Suyu Pakajaqi	41	3.1.2.3.	Problema en el territorio ancestral de Charkas	(mina aurífera de Amayapampa)	41	3.2.	El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas en el Brasil	41	3.2.1.	Legislación del Brasil en torno a la consulta previa	a los pueblos indígenas	42	3.2.1.1.	El Estatuto de los Pueblos Indígenas	42	3.2.1.2.	El Proyecto de Ley sobre Minería en Tierras Indígenas	42	3.2.1.3.	El Proyecto de Ley Forestal	43	3.2.2.	Situación de la implementación del derecho	43	3.2.2.1. El caso del complejo Juruena	43	3.2.2.2. Caso Belo Monte	44	3.3.	El derecho a la consulta previa en Colombia	44	3.3.1.	Legislación colombiana sobre consulta previa	a los pueblos indígenas	45	3.3.2.	Aplicación del derecho a la consulta previa en Colombia	46	3.4.	El derecho a la consulta previa en el Ecuador	48	3.4.1.	Marco normativo sobre consulta previa	48	3.4.2.	Experiencia de aplicación del derecho	50	3.5.	Noruega: el paradigma de la implementación del Convenio 169-OIT	51	3.5.1.	Implementación del derecho a la consulta previa en Noruega	52	3.6.	Más allá de la consulta. La plena participación política de los pueblos indígenas como ideal de democracias interculturales	53SEGUNDA SECCIÓN: EL DERECHO A LA CONSULTA EN EL PERÚ4.	Desarrollo del derecho a la consulta en el Perú	59	4.1.	Contexto previo al desarrollo legal y reglamentario	del derecho a la consulta	59	4.1.1.	Antecedentes jurídicos nacionales	59	4.1.1.1. Proceso de ratificación y jerarquía normativa	59	4.1.1.2.	Jurisprudencia del Tribunal Constitucional	y algunas disposiciones vinculadas	60	4.1.1.2.1.	Sobre el contenido del derecho	a la consulta	61	4.1.1.2.2.	De los principios vinculados al derecho	a la consulta	63
6. 7La consulta previa en el Perú: contexto y debates actuales	4.1.1.2.3.	De los pueblos interesados en la consulta	66	4.1.1.2.4.	La consulta previa y pueblos	en aislamiento o contacto inicial	69	4.1.1.2.5.	Sobre las medidas legislativas	susceptibles de afectar directamente	a los pueblos indígenas	73	4.1.1.2.6.	Sobre la autodeterminación y el supuesto	derecho a veto	75	4.1.1.2.7.	Sobre la coparticipación en el disfrute	de la riqueza	77	4.1.2.	Antecedentes sociopolíticos e iniciativas legislativas	78	4.1.2.1.	Institucionalidad indígena ligada	a sus políticas públicas	78	4.1.2.2.	Propuestas iniciales para la regulación de la consulta	80	4.1.2.3.	Consideraciones legales preliminares	para la consulta en el Perú	82	4.1.2.4.	La consulta y el aprovechamiento de los recursos naturales	en territorios indígenas	83	4.1.2.5.	Algunos puntos considerados críticos	85	4.2.	Apuntes sobre la Ley de consulta previa peruana	95	4.2.1.	Antecedentes inmediatos a su aprobación	95	4.2.2.	Comentarios sobre la ley de consulta previa peruana	96	5.	Reflexiones finales	1096.	Bibliografía	113
7. 9La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesAIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana ANP: Área Natural Protegida	CEACR: Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y RecomendacionesCCP: Confederación Campesina del PerúCIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos	CNA: Confederación Nacional Agraria CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONACAMI:	Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la MineríaCONFIEP:	Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONAMAQ:	Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu	Convenio 107-OIT:	Convenio N° 107 de la Organización Internacional del Trabajo Convenio 169-OIT:	Convenio N° 169 de la Organización Internacional del TrabajoCTC:	Consejo Territorial de Cabildos	DDHH: Derechos HumanosDNUPPII: Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos IndígenasDGA: Dirección General de Asuntos Ambientales EIA: Estudio de Impacto Ambiental FUNAI: Fundação Nacional do Índio	INEI: Instituto Nacional de Estadística e InformáticaLISTA DE ABREVIATURAS
8. 10Vladimir Pinto, Ramón RiveroINDEPA: Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y AfroperuanoLSEIA: Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental MEF: Ministerio de Economía y FinanzasMIMDES: Ministerio de la Mujer y de Desarrollo SocialMINAM: Ministerio del AmbienteMINCUL: Ministerio de CulturaMINEM: Ministerio de Energía y MinasONAMIAP:	Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del PerúONU: Organización de las Naciones Unidas	OEA: Organización de Estados Americanos	OIT: Organización Internacional del Trabajo	ONIC: Organización Nacional Indígena de ColombiaONG: Organización No GubernamentalPCM: Presidencia del Consejo de MinistrosPPII: Pueblos Indígenas	ROF: Reglamento de Organización y FuncionesTC: Tribunal ConstitucionalUNCA: Unión de Comunidades Aymara
9. 11La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesPRÓLOGOEl presente documento La consulta previa: desarrollo normativo internacional y comparadoy su aplicación en el Perú, busca ser una contribución al estudio de la evolución normativadel derecho a la consulta previa en el mundo y su derrotero en el Perú, concretado en la LeyN° 29785. Largamente discutida en el Congreso, mediante debates en los que participaronorganizaciones de los pueblos originarios y organismos como la Defensoría del Pueblo, yobservada por el gobierno anterior, la Ley fue finalmente aprobada en septiembre de 2011.El documento está dividido en dos partes. La primera, compuesta por los capítulos 1 al 3,desarrolla los antecedentes y elementos conceptuales básicos del Convenio núm. 169 de laOIT y presenta un análisis comparado del Derecho a la Consulta en distintos países del mundo.Remontándose a los primeros antecedentes sobre el uso del término “indígena” como unacategoría de pretendida aplicación global (Conferencia del África de 1884), los autores hacenun recorrido por el derecho internacional. Partiendo de documentos como los de dicha Confe-rencia, que alegaban el “tutelaje” de ciertos pueblos, en aras de llevarles la “civilización”,recuerdan también aquella mirada más economicista (“desarrollados” y “subdesarrollados”)que predominó a mediados del siglo XX, para llegar a perspectivas de derecho basadas en elrespeto a la diferencia, sustento del Convenio núm. 169 de la OIT.El capítulo 2 se centra en el Derecho a la Consulta y su propio recorrido en el derecho inter-nacional. En el siguiente capítulo, sobre el mismo tema, se pasa al análisis comparado depaíses que han aplicado, con variantes, el Derecho a la Consulta a sus pueblos originarios.Casos como los de Colombia, Noruega y los otros mencionados, son de especial utilidad, paramirar su legislación e implementación en nuestro país.Finalmente, la segunda parte, compuesta por el capítulo 4, trata del desarrollo del Derechoa la Consulta en el Perú, desde sus antecedentes jurídicos hasta la aprobación de la Ley res-pectiva. Además, hace un repaso por los aspectos esenciales de esta norma, con énfasis enaquellos que han sido objeto de intenso debate.Esta investigación ha sido realizada por Vladimir Pinto y Ramón Rivero, con la asistencia deMaría Molero y Mario Zúñiga. A ellos va nuestro reconocimiento y, ciertamente, también a lossocios que han hecho posible esta publicación: la Fundación Ford y el Ministerio de RelacionesExteriores de Noruega, en el marco de nuestros proyectos “Diálogo intercultural y desarrollode propuestas para mejorar los canales de representación política y de consulta de los gruposindígenas amazónicos” y “Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas en los paísesandinos”, respectivamente.Esperamos que este documento sea un aporte sobre el derecho a la consulta previa, en espe-cial para quienes participarán en los procesos de su implementación en el Perú.
10. 13La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesEl uso del discurso para llegar a puntos de consenso en la esfera pública supone una oportu-nidad para la realización personal, pero también comunal, lo que debe ser rescatado por lagestión pública estatal en todo nivel de gobierno.Tal ejercicio de ciudadanía comunal, en países multiculturales como el Perú, no puedeni debe ser considerado fuera del ámbito de la obligada práctica intercultural de nuestroEstado, así como en función de los Derechos Fundamentales a la Libre Determinación y deParticipación Indígena traducidos en el ejercicio efectivo del derecho a la consulta infor-mada, libre y previa, derecho vigente en nuestro marco legal hace más de década y media,y cuya implementación se ha venido concretando hace poco menos de un lustro.El punto de quiebre para que se inicie dicha práctica en el Perú fueron los trágicos sucesos deBagua en el 2009, ante la adopción de decisiones legislativas inconsultas y que se percibíancomo la puerta de entrada para medidas administrativas vinculadas a proyectos en nuestraAmazonía. A partir de ello, la presencia de nuestros pueblos indígenas en la agenda pública,así como en los espacios de concertación políticamente previstos por los gobiernos de turno,se han hecho más recurrentes a fin de viabilizar el ejercicio del derecho a la consulta indígena.¿Qué se entiende por consulta en el marco jurídico internacional? ¿Cómo se ha venido conso-lidando este derecho en la experiencia comparada y en el contexto nacional? ¿Cómo se hanllevado a cabo los procesos de consulta vinculados a su propia regulación? Son algunas delas preguntas que pretendemos responder en la presente investigación jurídica, en la que,además de hacer una revisión objetiva del estado y condiciones actuales dispuestas por tri-bunales, nuestra Constitución y la legislación vinculada a la Consulta indígena, se describenalgunas de las distintas posiciones de los actores de dichos procesos, tanto del Estado comode las organizaciones indígenas y algunas instituciones civiles no indígenas. Ello, haciendoénfasis en el contexto de la reciente aprobación del Reglamento de la Ley de Consulta.INTRODUCCIÓN
11. PRIMERA SECCIÓN:ELEMENTOS DEL DERECHOINTERNACIONAL Y COMPARADO
12. 17La consulta previa en el Perú: contexto y debates actuales1.1.	Los pueblos indígenas en el derecho internacional:	breve recuento históricoEn su informe final destinado a analizar la problemática de los pueblos indígenas, presentadoel año 2007 a la Asamblea General de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, primer Relator Especialde Naciones Unidas, propone un balance sobre las estrategias empleadas por los Estadospara enfrentar el “problema indígena”, es decir para superar la situación histórica de mar-ginación y discriminación que han vivido estos pueblos.Dice el ex relator que un camino ha sido la modernización e integración: asumiendo quelas comunidades indígenas eran “atrasadas” o “primitivas”, se optó por la introducción detecnología y métodos de producción “modernos”, acompañados de escuelas públicas y misio-neros, la imposición de la lengua nacional y la aplicación de un currículo escolar uniforme.Muchos Estados pretendieron que luego de una o dos generaciones, se superaría el “pro-blema indígena” porque estas poblaciones estarían completamente asimiladas a la culturamayoritaria de sus países.La otra ruta que señala Stavenhagen, es la del crecimiento económico: asumir que si laeconomía global crece, las economías nacionales harán lo mismo, y tarde o temprano laspoblaciones indígenas (como otros segmentos “pobres”) obtendrían los beneficios deseados;propuesta que, a su criterio, es sumamente perjudicial para los intereses estratégicos delos pueblos indígenas, a pesar de que puedan conllevar mejoras para pequeños grupos en elcorto plazo.Finalmente, analiza la propuesta de “desarrollo con identidad”, esfuerzo que considera salu-dable, pero cuyos resultados tangibles han sido más bien modestos. Critica a esta propuestaporque convierte a los indígenas en “objeto” más que en sujeto de las políticas que deberíanbeneficiarlos. En el balance final del relator, solo el reconocimiento de la autonomía y lalibre determinación como derechos humanos de los pueblos indígenas, permitirán resolverdefinitivamente este “problema indígena”.1.1.1.	La institución de la tutela como primer referente de los derechos indígenasEn el continente americano, la denominación de los originarios como “indios” data de épo-cas coloniales; de allí que “lo indígena” aludía a todo lo relativo a estos pueblos y era un tér-mino de uso compartido entre las potencias europeas presentes en América. La configuracióndel concepto de “indígena” -ya no como un adjetivo, sino como una categoría que encierra1.	ANTECEDENTES AL CONVENIO N° 169 DE LA OIT
13. 18Vladimir Pinto, Ramón Riveroa una diversidad enorme de sociedades en el mundo entero- se consolida en la Conferenciasobre África, realizada en Berlín entre 1884 y 1885 por las potencias asentadas en el conti-nente africano. El término “indígena” es oficializado por estas potencias para distinguir alos ciudadanos que viven bajo sus regímenes coloniales; sobre los cuales tenían “una misiónsagrada de civilización”; conforme al “Pacto de las Sociedades y Naciones” suscrito en dichaConferencia.Luego de culminada la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones (1919), incor-poró al derecho internacional otra fórmula jurídica y política para justificar el derechoa la soberanía de los pueblos y, por ende, para reconocer la legitimidad de algunos paraconstituir un Estado. Si hasta entonces el discurso jurídico de soberanía se basaba endistinciones culturales (pueblos “civilizados” versus pueblos “bárbaros”), la Sociedad deNaciones propuso que el reconocimiento de la soberanía responda a una categoría eco-nómica, distinguiendo entre los pueblos “adelantados” y los “atrasados”; conceptos que,con el advenimiento de la ONU en 1945, serían reemplazados por “desarrollados” y “sub-desarrollados”.Se creó entonces una justificación para que aquellos pueblos considerados “atrasados” que-daran sujetos a la tutela de aquellos países que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Losartículos 22 y 23 del Pacto de la Sociedad de Naciones consagraron esta fórmula y le dieronjuridicidad al proceso de integración de las poblaciones nativas de los países colonizados almodelo de sociedad europea. Los pueblos a ser tutelados serían aquéllos “aún incapaces deregirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno”, yera deber de las naciones europeas el garantizar un “tratamiento equitativo” a los pueblosnativos de los territorios colonizados. La ONU ratificó esta doctrina de la tutela, mediantelos artículos 73 y 74 de la Carta de la ONU.Estando vigente este marco conceptual, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) seconstituía como la primera entidad del sistema de las Naciones Unidas que incorporaba eldebate sobre las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y tribales en el mundo.Esto se debió a su rol como garante de las adecuadas condiciones laborales, que llevó ala OIT a sumar diversos Convenios y Recomendaciones que se vinculaban con la temáticaindígena (sobre esclavitud, trabajo rural, discriminación en el empleo, entre otros temas).Finalmente produjo un esfuerzo de codificación, un primer cuerpo normativo íntegramentedestinado a proteger a los pueblos indígenas, el Convenio 107-OIT, “Relativo a la Proteccióne Integración de las Poblaciones Indígenas y de Otras Poblaciones Tribales en los Países Inde-pendientes”, de 1957.Este Convenio respondió a un enorme vacío jurídico en el sistema internacional. Se habíaregulado hasta entonces la institución de la “tutela” sobre los pueblos nativos por parte deEstados extranjeros, tratándose de colonias o estados semicoloniales. Pero ¿qué hacer conaquellos pueblos originarios que vivían en una situación similar, dentro de los Estados inde-pendientes que los habían incorporado como parte de su población?Es así que el Convenio 107-OIT surge aún influenciado por esta misma lógica de la tutela del“desarrollado” sobre el “atrasado”, pero para aplicarse dentro de los países independientes.Aun cuando es una norma destinada a proteger a los indígenas, expresa esa visión integracio-nista y asimiladora que señala Stavenhagen. Este enfoque explica que el Convenio 107-OITaluda a los indígenas solo como “poblaciones” y asuma su condición indígena como un esta-dio por superar. Con una perspectiva abiertamente civilizatoria, el documento trasluce la
14. 19La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesmeta de asimilarlos a la cultura dominante en sus sociedades, para que obtengan los mismosderechos que el resto de la población a un mediano plazo.Este enfoque asimilador y paternalista ha marcado poderosamente el devenir de las relacio-nes entre los Estados y los pueblos indígenas. Pese a que ya ha sido rebatido en el ámbitoteórico-normativo, se mantiene como criterio orientador de políticas y acciones estataleshasta hoy en día.1.1.2.	El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho:	Nuevo esquema de relaciones con los Estados.Durante las últimas décadas del siglo XX, se produjeron diversos cuestionamientos sobre esteenfoque integracionista en el seno de la asamblea de las Naciones Unidas. Un hito particu-larmente relevante para el cambio de perspectiva del derecho internacional en torno a estetema se produce con el “Estudio del Problema de la Discriminación contra las PoblacionesIndígenas”, encargado por la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protecciónde las Minorías en 1971 a un grupo de especialistas dirigidos por el ecuatoriano José MartínezCobo y presentado entre 1981 y 1983 a la Comisión de Derechos Humanos. El documento,conocido como “Informe Cobo”, analizó las causas profundas de la discriminación secular deeste segmento de la población mundial e impulsó un giro sin retorno en el debate jurídicosobre el tema. Basta resumir que el informe define a los indígenas como:() comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad históricacon las sociedades anteriores a la invasión y pre-coloniales que se desarrollaron en sus terri-torios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen enesos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la socie-dad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generacionessus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuadacomo pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales ysistemas legales.Es importante tomar nota de que este proceso de debates dentro de ONU se relaciona con eltrabajo de incidencia de las incipientes organizaciones indígenas internacionales y de diver-sas entidades de cooperación. Ya en 1977, se produjo una Conferencia de OrganizacionesNo-Gubernamentales sobre la Discriminación en contra de las Poblaciones Indígenas, queconcluyó con un proyecto de “Declaración de Principios para la Defensa de las Naciones Indí-genas y los Pueblos del Hemisferio Occidental”. Más adelante, en 1981, la ONU decidió esta-blecer un Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en el ámbito de la Subcomisión parala Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías. El Grupo de Trabajo manteníareuniones anuales en forma de conferencias abiertas donde fue permitida la participación delíderes indígenas. Es en este foro, que se profundizan los debates iniciados por el “InformeCobo” y se establecen nuevos parámetros del derecho internacional que luego se expresanen la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.En ese marco, la OIT inicia un proceso de revisión del Convenio 107-OIT en 1986, que dacomo resultado la adopción del Convenio 169-OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paí-ses Independientes. Aunque formalmente es una “revisión” y mantiene por tanto la estruc-tura de su predecesor, el Convenio 169-OIT consagra una nueva orientación normativa sobrelo indígena que puede resumirse en cuatro ideas centrales:
15. 20Vladimir Pinto, Ramón Rivero•	Los pueblos indígenas son sujetos colectivos con derecho a existir y perdurar. Sedefinen por su preexistencia a los Estados en que habitan, la mantención de sus ins-tituciones y/o su auto identificación como indígenas. Un elemento primordial es queson pueblos que han estado o están sometidos a condiciones que limitan su plenodesarrollo frente a otros grupos étnicos en los países en que habitan.•	Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos sobre los territorios que habitano utilizan. Este derecho rebasa el concepto jurídico tradicional de propiedad comorelación de dominio y disposición sobre los bienes. Cuando se habla de “territorios otierras” sobre la que ejercen “propiedad colectiva”, se establece un derecho trans-generacional e integral de estos pueblos sobre sus hábitats.•	El Convenio hace obligatoria la perspectiva intercultural en todas las políticas públi-cas. Asimismo, establece la concertación entre Estado e Indígenas como la única víademocrática para solucionar la situación de postergación social, económica y jurídicaen que se encuentran estos pueblos.•	Dispone, al igual que su antecesor, una serie de medidas destinadas a enfrentaro solucionar la situación de exclusión o discriminación en que se encuentranestos pueblos en cuanto al goce efectivo de todos sus derechos (civiles, sociales,económicos, culturales).Se aprueba entonces el primer instrumento jurídico autoaplicativo1que reconoce a los indí-genas como “pueblos”, buscando revertir contextos históricos diversos, en los que se hanvisto privados del reconocimiento como tales, quedando en relación de desventaja u opre-sión frente a otros pueblos o segmentos en sus respectivos países. En ese marco, cabe recor-dar lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 1° del Convenio N° 169 de la OIT:3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sen-tido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirsea dicho término en el derecho internacional.Con ello, este Convenio pretende desvincularse de procesos de independización de algunospueblos, pues ello supondría la promoción de una reducción de la soberanía de los Estadosque se han constituido como parte en él. Para algunos, esto supuso un avance pero tambiénun retroceso en el marco de la libre determinación de estos pueblos. Para otros, aun en estemarco, supone una oportunidad de mayor y concreta autonomía para dichos pueblos; claroestá, sin fines secesionistas.En todo caso, podemos afirmar que el Convenio 169-OIT incorpora la concertación como ele-mento central en la relación entre Estados y pueblos indígenas, y la consulta deviene en unelemento consustancial de este nuevo enfoque.1	Según el Tribunal Constitucional peruano, en el fundamento 3 de su Sentencia recaída en el Expediente N°01893-2009-PA/TC se prevé que las Normas Autoaplicativas “() pueden ser definidas como aquellas quellevan incorporadas en sí mismas un acto de ejecución, de modo tal que la posible afectación al derecho seproduce con la sola entrada en vigencia de la norma, pues ésta produce efectos jurídicos inmediatos en laesfera jurídica de los sujetos de derechos. Es decir, que este tipo de normas con su sola entrada en vigenciacrean situaciones jurídicas concretas, no siendo necesario actos posteriores y concretos de aplicación paraque genere efectos.”
16. 21La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesAsí, aunque es un derecho en sí mismo, la consulta es, fundamentalmente, el medio paramaterializar el conjunto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En ese sen-tido, el CEACR de la OIT ha señalado que: “las disposiciones sobre consulta son las dispo-siciones medulares del Convenio sobre las cuales reposa la aplicación de las demás dispo-siciones”.1.1.3.	La declaración de Naciones Unidas sobre los derechos	de los pueblos indígenasLuego de aprobado el Convenio 169-OIT, se inicia un período intenso de incidencia interna-cional sobre la temática indígena desde las Naciones Unidas: se aprueba el Primer y SegundoDecenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, se crea el Foro Permanente sobreCuestiones Indígenas, se designa una Relatoría Especial sobre la situación de los derechoshumanos y las libertades fundamentales de los indígenas y se crea el Grupo Interinstitucionalde Apoyo sobre Cuestiones Indígenas.Finalmente, el 13 de setiembre del año 2007, la ONU aprueba una Declaración sobre el tema,la cual, por su naturaleza, no tiene carácter autoaplicativo, pero se constituye en un docu-mento programático, orientador. En ella se da cuenta de un enfoque que se va consolidandoen el sistema internacional de protección de los derechos humanos, al reconocer a los pue-blos indígenas el derecho a la libre determinación, es decir a elegir libremente su modeloeconómico y social; aunque esta libre determinación no implica la plena soberanía política,dado que expresamente señala que los pueblos indígenas no podrán separarse de los Estadosa los que pertenecen actualmente.Podemos graficar en el siguiente esquema la evolución de los derechos indígenas en el sis-tema internacional y su relación con los Estados:Doctrina Sustento Jurídico ObjetivoTutela Pacto de la Sociedad deNaciones (1919).Carta de la ONU (1945)El Estado representaba y decidía porlos pueblos indígenas.Integración Convenio 107 de la OIT (1957) Se buscaba la cooperación de lospueblos indígenas para implementarlas políticas y normas.Participación Convenio 169 de la OIT. (1989) Son pueblos con derecho a laparticipación y consulta como mediopara buscar y lograr consensos.LibredeterminaciónDeclaración de las NacionesUnidas sobre los derechos delos PP.II. (2007)Necesidad del consentimientoinformado previo de los pueblosindígenas.
17. 22Vladimir Pinto, Ramón Rivero1.2. Pueblos indígenas en América Latina() al independizarnos de España, hace doscientos años, quienes asumieron el poder en lasantiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los antiguos agravios,siguieron explotándolo con tanta codicia y ferocidad como los conquistadores, y, en algunospaíses, diezmándolo y exterminándolo. Digámoslo con toda claridad: hace dos siglos laemancipación de los indígenas es una responsabilidad exclusivamente nuestra y la hemosincumplido. Ella sigue siendo una asignatura pendiente en toda América Latina. No hayninguna excepción a este oprobio y vergüenza2.Paradójicamente, fue en la época colonial cuando se reconocieron autoridades con relativocontrol territorial en los “pueblos de indios” de las Américas, claro está, subordinadas a lasdecisiones de la Corona, pero con capacidad para mantener sus “usos y costumbres” y pararesolver los conflictos entre indios. Con el advenimiento de las revoluciones criollas, lasrepúblicas independientes adoptan formalmente el constitucionalismo liberal, el proyectode Estado-Nación y el enfoque de los derechos individuales.Los nuevos Estados asumieron como suyo el territorio habitado por los pueblos originarios,incluso de aquellos que no habían sido conquistados con las antiguas colonias, como es elcaso de muchos territorios amazónicos. Pero los indios no fueron considerados en el nuevodiseño estatal, el objetivo era controlarlos, asimilarlos o, en algunos casos, eliminarlos. Laspolíticas fueron diferenciadas, de acuerdo con el grado de poder o control territorial queconservaban estos pueblos originarios. Así:• Sobre aquellos pueblos que durante la Colonia estuvieron reducidos a “pueblos deindios”, se asumió la estrategia de “convertirlos en ciudadanos”, lo que conllevó ladisolución de sus tierras colectivas en parcelas, la desaparición de sus autoridades yla eliminación de su derecho propio.• En el caso de aquellos indígenas que no habían sido sometidos durante las colonias,pero mantenían tratados de convivencia con la Corona, se les consideró como “nacio-nes bárbaras”, para justificar su sometimiento y anexión territorial, desconociéndoselos tratados previos.• A los pueblos que no habían sido colonizados y con los cuales tampoco se había fir-mado tratados en la era colonial (como los de la Amazonía o la Orinoquía), las cons-tituciones liberales los definieron como “salvajes e infieles”. Se aplicaron sobre ellosdiversas políticas de colonización, mediante misioneros o ampliación de la fronteraagrícola. Estos pueblos fueron reducidos a poblados, resguardos o territorios sujetosa legislación especial y tutela estatal o eclesial.Gran parte de la colonización amazónica se produjo por oleadas extractivistas de actoresprivados, que conllevaron esclavitud, desplazamiento o eliminación de pueblos enteros; lamás emblemática de las cuales se produjo en la era del caucho.2	VARGAS LLOSA, Mario. “Elogio de la lectura y la ficción”. Discurso Nobel, Estocolmo, 7 de diciembre de2010. Disponible en: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2010/vargas_llosa-lecture_sp.pdf
18. 23La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesCoincidente con el proceso de debates en el seno de la OIT, a partir de la segunda décadadel siglo XX se inician en América Latina los cambios constitucionales sobre los derechosindígenas. Era evidente el fracaso del proyecto de integración basado en las parcelas indi-viduales; lo único que se había expandido eran los latifundios y la servidumbre indígena.Además, ya se habían generado los primeros levantamientos indígenas demandando tierras yexistían intelectuales indigenistas que denunciaban sistemáticamente los abusos sobre estospueblos.La Constitución Mexicana de 1917 inaugura la corriente del “Constitucionalismo Social”,y entre sus reformas incorpora la figura de la tenencia colectiva de la tierra, inspirandoreformas similares en el resto del continente (incluida la Constitución peruana de 1920).Se asumió que “el problema indígena” estaba indisolublemente ligado a la tierra y esto sehizo expreso en 1940, luego del Congreso de Pátzcuaro en México, donde los Estados lati-noamericanos definen “el problema indígena” como parte de un problema de exclusión,adoptando por ello políticas integracionistas mediante la creación del Instituto IndigenistaInteramericano. Por supuesto, esta apuesta integracionista fue construida considerando a losindígenas como meros beneficiarios, incapaces de definir sus propios intereses y perspectivasde desarrollo.Las reformas agrarias, producidas desde la década del 50, reconocen derechos sobre la tierraa los indígenas de las Américas. Empero, esto no implicó su reivindicación como “pueblos”o como sujetos políticos que deben expresarse en estructuras interculturales; simplementese les consideró colectivos de campesinos con un régimen especial de propiedad sobre latierra (“comunidades”, “sindicatos”, “cooperativas”, dependiendo del país). Los Estadosdiseñaron políticas agrarias y cooperativistas para integrar a los indígenas y ciertamente queestos se apropian en buena parte de este proceso, organizándose en centrales campesinas yen movimientos de corte campesino.Apreciamos entonces que los procesos de formación de los Estados americanos fueron dise-ñados por élites criollas que no incorporaron lo indígena como elemento sustantivo en elmomento de construir sus proyectos-nación. Hoy por hoy, esta deuda histórica sigue pasandofactura a nuestras sociedades.No obstante, América Latina y el Caribe son las regiones en que se ha registrado mayor can-tidad de ratificaciones del Convenio 169-OIT. Pero, además, durante los últimos 30 años sehan producido reformas constitucionales que han incorporado a su normativa disposicionesespecíficas sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Raquel Yrigoyen3ubicatres grandes períodos que dan cuenta de los enfoques constitucionales en torno a la promo-ción de los derechos indígenas:a)	Un primer enfoque estaría marcado por las tesis del “multiculturalismo”, promovidopor la Constitución de Canadá (Carta de los Derechos y Libertades de la Persona,incorporada a la Constitución en 1982), tesis que encuentra sus antecedentes a ini-cios de los años 70. Este enfoque se basa en el reconocimiento de los derechos cul-turales diferenciados y promoción de la diversidad cultural y religiosa, valorándolos3	YRIGOYENFAJARDO,Raquel.“Alos20añosdelConvenio169delaOIT:Balance yRetosdelaImplementación delos Derechos los Pueblos Indígenas en Latinoamérica”. Pp. 10-12. Disponible en: http://derechosindigenas.org.ar/index.php/component/search/raquel%20yrigoyen?ordering=&searchphrase=all
19. 24Vladimir Pinto, Ramón Riverocomo una parte sustantiva de sus identidades nacionales, pero el multiculturalismono avanza hacia una redefinición del sistema político de sus respectivos países. Estavaloración de lo multicultural, es parte de una promoción de las libertades individua-les y además está ligada fuertemente a la no discriminación. Muchas de las accionesen defensa de los pueblos indígenas se han orientado en función de esta perspectiva,que se mantiene muy presente en la mayoría de los operadores del derecho en nues-tros países.b)	Un segundo enfoque constitucional es el de los “derechos colectivos” y está pre-sente en diversas constituciones de América, como la de Colombia, la de Argentina,o incluso la de Perú (en el aspecto puntual de la jurisdicción indígena). La influenciadel Convenio 169-OIT se ha expresado en diversas nociones que se recogen en lasconstituciones americanas, como las de “pueblo indígena”, “auto-identificación”,“territorios tradicionales”, “autonomía”, “consulta”, “usos y costumbres”, “juris-dicción propia”, entre otras. Básicamente implica el reconocimiento de los indígenascomo sujetos colectivos de derechos, no solo culturales, sino también políticos; elloconlleva ciertos niveles de autonomía sobre sus decisiones internas y la disposiciónde sus territorios. Ahora bien, en la mayoría de los países americanos, solo algunosde los derechos reconocidos en el Convenio 169 han sido plenamente incorporadosen sus constituciones. Menor todavía es el número de los derechos adecuadamenteimplementados o desarrollados por la legislación interna. Más grave aún es que lasautoridades estatales y la mayoría de operadores del derecho (con honrosas excep-ciones, Colombia en particular) desconocen los reales alcances y consecuencias de laaplicación de este enfoque y mantienen criterios paternalistas sobre lo indígena.c)	El tercer y más reciente enfoque, es el de la “plurinacionalidad”, incorporado en lasrecientes reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia. Esto marca una redefinicióndel proyecto uni-nacional para que los indígenas no solo tengan autonomías internas,sino sean reconocidos en pie de igualdad con otros sectores, “naciones”, dentro desus sociedades. Por supuesto que este enfoque se liga plenamente con el derecho a lalibre determinación de los pueblos indígenas recogida por la Declaración de NacionesUnidas el año 2007. Involucra reformas profundas en la estructura del Estado, queincluso en Bolivia se define como una refundación del Estado y se acompaña con unnuevo mapa político que incorpora los territorios indígenas.Es muy reciente el cambio para evaluar los resultados concretos de dichas transformacionespolíticas. Pero es interesante tomar nota de que incluso en estos países “plurinacionales”,se mantienen tensiones similares a las del resto del continente en cuanto al incumplimientodel derecho a la consulta previa y la presión estatal por desarrollar proyectos productivos oinfraestructura en territorios indígenas.
20. 25La consulta previa en el Perú: contexto y debates actuales2.1.	Elementos conceptuales del derecho a la consulta previa en el derechointernacionalPara abordar la temática de la consulta previa establecida como un derecho fundamental delos pueblos indígenas, debemos identificar del otro lado a la obligación estatal de consultar, laque supone el deber del Estado de garantizar los derechos de consulta y participación en todaslas fases de planeación y desarrollo de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cualse asienta una comunidad indígena, u otro derecho esencial para su supervivencia4:(…) el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, detodas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, demanera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de derechos. Loanterior conlleva la obligación de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que laconsulta a comunidades indígenas, autóctonas, nativas o tribales pueda llevarse a cabo efecti-vamente, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. De este modo, losEstados deben incorporar esos estándares dentro de los procesos de consulta previa, a modode generar canales de diálogos sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas enlos procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas.En ese marco, creemos importante tomar nota de algunos elementos conceptuales previa-mente fijados en el derecho internacional que deben ser considerados en el contexto nacio-nal. Proponemos abordar, de manera muy sucinta, los siguientes ítems:1) La relación de los indígenas con sus tierras y territorios,2) Las situaciones a las que se aplica la consulta previa,3) Los participantes en la consulta,4) El procedimiento de la consulta,5) Los efectos y la ejecución de sus resultados2.1.1. Tierras y territorios indígenasLa aplicación de la consulta previa está indisolublemente unida al reconocimiento de lastierras y territorios de los pueblos indígenas. Esta vinculación responde a la especial relacióncultural, económica y espiritual que los pueblos indígenas tienen con su territorio, que seconvierte en elemento constitutivo y garantía de los demás derechos colectivos.4	CIDH, Sentencia del Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, fundamentos 166 y 167.2.	EL DERECHO A LA CONSULTA,CONSIDERACIONES GENERALES
21. 26Vladimir Pinto, Ramón RiveroAunque a simple vista, tierras y territorios de los pueblos indígenas parezcan sinónimos,es importante aclarar el sentido y alcance de cada uno de estos conceptos, dado que lasdiferencias entre ellos se reflejan en las fuentes del derecho internacional y en torno a losderechos y deberes que de allí se desprenden.En general, el concepto de ‘tierras’ tradicionalmente ha sido delimitado física y jurídica-mente como propiedades de una persona, sea esta natural (individual) o jurídica. Los pue-blos indígenas, o más propiamente, las comunidades e incluso los indígenas individualmenteconsiderados, pueden obtener diversas propiedades mediante adjudicaciones, compras odemás mecanismos del derecho civil.El concepto de ‘territorio’ abarca componentes más difusos, definidos en virtud de usos yocupaciones del espacio vital de un grupo humano. El Instituto iberoamericano de DerechosHumanos describió el territorio como: “un espacio geográfico en el cual se desenvuelve ladinámica de las sociedades indígenas, y con el cual está vinculada la cultura, la historia y laidentidad de un grupo determinado”.Este espacio vital ha sido reclamado como un derecho colectivo, indispensable para la sobre-vivencia, identidad y reproducción como pueblos diferenciados. El Convenio 169- OIT es muyenfático en este sentido, pues su artículo 13.1 manifiesta que, “al aplicar las disposicionesde esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial quepara las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación conlas tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otramanera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Insiste en la aplicaciónde las provisiones del convenio a los territorios de los pueblos indígenas, resaltando que“la utilización del término ‘tierras’ en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto deterritorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesadosocupan o utilizan de alguna otra manera”.En ese sentido, las tierras indígenas (que incluyen al concepto de territorios), de gran impor-tancia para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas, implican que susderechos colectivos cuenten con la oportunidad de desenvolverse de distinta manera, enla integridad de un espacio vital que puede estar conformado por un mosaico de conceptosbasados en el dominio, uso o acceso a terminadas áreas geográficas, según lo pasamos adetallar y conforme a los artículos 13° y 14° del Convenio 169-OIT:Conceptos vinculados Derechos vinculadosPropiedad Áreas geográficas reconocidas formal y oficialmente bajo el régimen dela propiedad, de acuerdo con el marco legal nacional, en función de lastierras que tradicionalmente ocupan.Posesión Áreas geográficas ocupadas tradicionalmente y que habitan o utilizande alguna u otra manera formalmente prevista para ello. Ello puedesuponer espacios sobre los que se reconoce, a determinado puebloindígena o parte de él, un derecho de dominio excluyente que puedeo no consolidar propiedad a futuro. En ese marco están los derechosformal y oficialmente previstos de posesión en estricto, concesionespara el acceso y/o aprovechamiento de recursos, cesiones en uso sobredeterminados recursos naturales, etcétera.
22. 27La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesConceptos vinculados Derechos vinculadosTradicional acceso Áreas geográficas que no están exclusivamente ocupadas por ellos, peroa las que se ha tenido ingreso o paso habitual o por costumbre para susactividades tradicionales o de subsistencia. Esta posibilidad supone elacceso a áreas no reconocidas formalmente en propiedad ni en posesión,pero que puede consolidarse:•	De facto, mediante la costumbre desarrollada en la relación delpueblo indígena (o parte de él) con terceros que también acceden adicha área. En estos casos, tanto los miembros del pueblo indígenacomo los terceros, colectivamente reconocen el derecho de cadauno a tal acceso, con conciencia de obligatoriedad y basados enla práctica histórica o que se ha venido repitiendo a lo largo deltiempo.	•	Mediante herramientas de gestión ligadas al manejo de determinadasáreas. En el Perú, por ejemplo, previéndose en el Plan Maestro de unárea natural protegida, mediante acuerdos entre el SERNANP y lascomunidades campesinas o nativas a fin de evitar conflictos entreel objeto de conservación del área y sus derechos preexistentesa la creación de esta; bajo esta misma lógica, en los planes derelacionamiento comunitario que deben preverse en las concesionesforestales otorgadas a terceros sobre áreas de tradicional acceso aun pueblo indígena o parte de él.Es muy alto el porcentaje de proyectos y medidas sujetos a consulta previa que pueden tenerimplicaciones y efectos significativos dentro de los territorios indígenas y sobre los recursosexistentes en ellos. Por esas razones, la mayoría de los pronunciamientos del derecho inter-nacional sobre consulta previa hacen alusión a la importancia de las tierras, los territorios ylos recursos para los pueblos y comunidades indígenas, y a los efectos que esa relación tieneen la consulta previa y los derechos y deberes que surgen de ella5.La CIDH ha señalado que de este vínculo dependen, entre otras cosas, las tradiciones, lasexpresiones orales, las costumbres, las lenguas, las artes, los rituales, los conocimientosrelacionados con la naturaleza, las artes culinarias y, en general, todo el patrimonio culturalque se transmite de generación en generación en función del entorno ambiental.En varias oportunidades, la Corte ha establecido que la relación entre comunidad y terri-torio es en sí mismo objeto de protección, afirmando que “los indígenas por el hecho de supropia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecharelación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendidacomo la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervi-vencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es mera-mente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual delque deben gozar plenamente, incluso para preservar su legado cultural y transmitirlo a lasgeneraciones futuras”.5	CIDH, Sentencia del caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, fundamentos 146 y 147.
23. 28Vladimir Pinto, Ramón RiveroEs importante anotar el carácter colectivo de la “propiedad” de estos territorios y lo quede esto se desprende. Hay quienes asumen que siendo una “propiedad”, los territorios indí-genas deben sujetarse a las reglas del derecho civil y entrar al mercado. Discursos como elde Alan García6o el de Hernando de Soto7, tendientes a “poner en valor” las propiedadesindígenas, ignoran que esta “propiedad colectiva” es un derecho sustancialmente diferentea una propiedad privada clásica.Como bien establece Pedro García Hierro,8los pueblos indígenas se han visto obligados agarantizar sus territorios dentro de los ordenamientos jurídicos occidentales, que no expre-san adecuadamente el conjunto de las relaciones valorativas, culturales y socioeconómicasque los enlazan con su espacio vital. La única alternativa que ha posibilitado el derechooccidental para plasmar este vínculo, es reconocer que los indígenas tienen una relaciónde “propiedad” con sus territorios. Es así que se establece para ellos una “propiedad colec-tiva”, que goza de ciertos atributos y protecciones especiales, que ponen en cuestión elimaginario de las relaciones civiles entre “el dueño” y “el objeto”.Por ello, existen limitaciones sustanciales para el ejercicio de los poderes del Estado encuanto a la utilización productiva de los territorios indígenas. El Convenio 169-OIT es claroal afirmar que el territorio comprende la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocu-pan o utilizan de forma permanente o esporádica; aludiendo por “hábitat” a un espacio quegoza de las condiciones apropiadas para la vida de una comunidad, respetando las diversasformas de relacionarse con la naturaleza que ha desarrollado cada pueblo.La CIDH ha establecido al respecto: “Los indígenas por el hecho de su propia existenciatienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que losindígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fun-damental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestiónde posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozarplenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generacionesfuturas.” 9En la DNUPPII se utilizan diversas categorías y justificaciones ético-jurídicas para configurarel derecho al territorio. Así, en su preámbulo alude al derecho “intrínseco” (inherente) delos pueblos indígenas al territorio, es decir que el territorio es un elemento constitutivo delmismo sujeto de derecho. También hace mención al “despojo histórico” que sufrieron lospueblos por efecto de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos; loque justifica su reapropiación y especial protección.Podemos entender entonces que la territorialidad no es sólo un área delimitada y reconocidajurídicamente, sino que expresa un tejido social y cultural específico y único, una forma deconvivencia entre la naturaleza, los seres humanos y sus sociedades, que se vinculan en unespacio geográfico concreto.6	“El Síndrome del Perro del Hortelano”, Diario El Comercio, octubre del 2007.7	“La Amazonia no es Avatar”, ILD, 2010.8	“Marcando territorio”, Chirif, Alberto y García Hierro, Pedro , IWGIA, 2007.9	Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Awas Tigni vs Nicaragua, fundamento 149.
24. 29La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesComo ya señalamos, es un instrumento que debe garantizar la pervivencia física y cultural delos pueblos indígenas y brindarles condiciones para un desarrollo endógeno, con autonomíano solo política y cultural, sino también alimentaria y productiva.2.1.2. ¿Qué situaciones ameritan la realización de una consulta?El criterio general que establece el Convenio 169-OIT, es que toda decisión administrativa opolítica que pueda afectar a los pueblos indígenas debería ser previamente consultada por losEstados; es decir que no hay una delimitación total de las materias o situaciones a consensuar.No obstante, cabe tomar nota de los diferentes temas que ya han sido taxativamente defini-dos como situaciones en que se pueden ver afectados los intereses indígenas y por ende sonplausibles de consulta previa.Así, tenemos que el Convenio 169-OIT señala que debe procederse a una consulta previa enlos siguientes supuestos:•	Para decidir cuáles son sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo; lospueblos indígenas deben controlar su propio desarrollo económico, social y cultural(Artículo 7.1).•	Cuando se formulan, implementan y/o evalúan los planes y programas de desarrollonacional y regional susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7.1).•	Con respecto a cualquier medida que busque el mejoramiento de sus condiciones devida y de trabajo y del nivel de salud y educación (Artículo 7.2).•	Cuando se realizan estudios para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural ysobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tenerincidencia sobre los pueblos indígenas (Artículo 7.3).•	Antes de tomar medidas para proteger y preservar el medio ambiente de los territo-rios donde habitan los pueblos indígenas (Artículo 7.4).•	Antes de tomar decisiones de cualquier tipo acerca de la utilización, administracióny conservación de los recursos naturales existentes en sus territorios, cuando estospor ley pertenezcan al Estado (Artículo 15.1).•	Para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados y en quémedida antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explo-tación de los recursos existentes en las tierras que ocupan o utilizan (Artículo 15.2).•	Para consentir un traslado excepcional de sus tierras o de acordar una restitución detierras en el caso de que el retorno no sea posible (Artículos 16.2 y 16.4).•	Cuando se discuten sus facultades en torno a la enajenación de sus tierras o de losmecanismos para transferir de otra manera sus derechos sobre estas tierras a perso-nas ajenas a sus comunidades (Artículo 17.2).•	Para disponer programas de formación adecuados (basados en su entorno económico,sus condiciones sociales, su cultura y sus necesidades concretas) si los existentes no
25. 30Vladimir Pinto, Ramón Riverolo son (Artículos 22.2 y 22.3) a fin de determinar la organización y el funcionamientode estos programas.•	Para desarrollar y aplicar programas y servicios de educación a fin de que estos res-pondan a sus necesidades particulares (Artículo 27).La DNUPPII, además de generalizar el consentimiento según hemos comentado, establecenuevos supuestos donde se requiere la consulta, la participación y el consentimiento infor-mado previo de los pueblos indígenas:•	Cuando se adopten medidas para asegurar que los niños indígenas reciban educaciónen su propio idioma y en su propia cultura (Artículo 14.3).•	Para adoptar medidas destinadas a combatir los prejuicios, eliminar la discriminacióny promover la tolerancia y las buenas relaciones con los demás sectores de la socie-dad (Artículo 15.2).•	Cuando se prevean medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra laexplotación económica y contra todo trabajo perjudicial (Artículo 17.2).•	Cuando se elaboren prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desa-rrollo, especialmente en lo referido a la elaboración y determinación de los progra-mas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan(Artículo 23).•	Al momento de establecer un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto ytransparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbresy sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer yadjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territoriosy recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado outilizado de otra forma (Artículo 27).•	Cuandosetratedeelaborarprogramasdecontrol,mantenimientoyrestablecimientodela salud de pueblos indígenas afectados por actividades contaminantes (Artículo 29.3).•	Antes de considerar la utilización de tierras o territorios indígenas para actividadesmilitares (Artículo 30.2).•	Antes de adoptar medidas para reconocer y proteger los derechos sobre su patrimo-nio cultural (Artículo 31.2).•	Para determinar las prioridades y estrategias para el desarrollo o utilización de sustierras (Artículo 32.1).•	Antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recur-sos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación desus recursos minerales, hídricos o de otro tipo (Artículo 32.2).•	Cuando se planifiquen iniciativas tendientes a reforzar los vínculos de aquellos pue-blos divididos por fronteras nacionales (Artículo 36.2).
26. 31La consulta previa en el Perú: contexto y debates actuales•	Para adoptar las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, que permitanalcanzar los fines establecidos de la propia Declaración (Artículo 38).2.1.3. ¿A quiénes se les considerará indígenas? ¿Quién los representa?El derecho internacional no ha adoptado un concepto unívoco para definir a los pueblos indí-genas. Sin embargo, sí ha establecido criterios para que se puedan identificar a los mismos10:Criterio objetivo: aquellos pueblos que pre-existen a los Estados actuales y que en la actua-lidad conservan en todo o en parte sus instituciones sociales, políticas, culturales, o modosde vida.Criterio subjetivo: la autoidentificación como indígena de quienes han decidido recono-cerse como tales.Otra característica primordial para que un pueblo se defina como indígena, es la relación dedesventaja con otros pueblos y con la sociedad mayor dentro de su respectivo país11. Es obvioque un pueblo originario, que conserva sus instituciones y formas de organización, peroque además ha controlado o participado con equidad en el proceso de construcción de susEstados y tiene pleno ejercicio de sus decisiones políticas, no requiere invocar la proteccióncomo “indígena”. La idea de despojo, desatención, desconocimiento de derechos o negaciónde identidades, es el subtexto de todo el sistema de protección de los derechos indígenas.Para que la consulta sea efectiva y cumpla el fin de proteger los derechos de los pueblosindígenas, es necesario que se lleve a cabo con las comunidades afectadas, las personas quelas representen legítimamente y las personas u organizaciones que ellas mismas designenpara tal efecto. Al respecto, el Convenio 169 señala que se debe “consultar a los pueblosinteresados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus institucio-nes representativas”.Ello pasa por facilitar y reconocer una conexión, un correlato entre el concepto descritosobre pueblos indígenas líneas arriba y las instituciones sociales asumidas como tales en unpaís. Tales instituciones sociales, de carácter comunal o colectivo y con caracteres cultu-rales especiales deben entenderse entonces como la expresión de un pueblo indígena en suintegridad o, cuanto menos, como parte de él. Ello es lo que en principio debe ayudarnos areconocer a las organizaciones o instituciones propias de estos pueblos llamadas a ejercer surepresentación en un proceso de consulta previa.10	Convenio 169-OIT. Artículo 1°. El presente Convenio se aplica: […]	b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblacionesque habitaban el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o lacolonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situaciónjurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte deellas.	2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental paradeterminar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.11	Tal y como fue definido por el “Informe Cobo”, ya reseñado.
27. 32Vladimir Pinto, Ramón RiveroAhora bien, aunque existe una clara orientación de reconocer a las instituciones socialescomo entidades legítimas de representación para efectos de una consulta, este tema devieneen uno de los más complicados en términos de aplicación del derecho. La representación delos pueblos indígenas puede ser muy diversa, y la materia a consultar en algunos casos puedeser de interés puramente local y en otros no.En ese sentido, si lo que se ha previsto es consultar a cada pueblo indígena mediante susrepresentantes conforme a sus costumbres y tradiciones, debemos señalar la posibilidad deque en algún país no se encuentre generalizada la representación por pueblo o etnia. Estoresponde a toda una historia de las organizaciones y los procesos políticos, sociales, econó-micos, ambientales, etcétera, que han tenido que enfrentar.Por ello, la aplicación de la consulta directamente a las comunidades, a sus organizacionesintermedias o a las organizaciones nacionales indígenas, es un tema que se define caso porcaso y que exige una mayor precisión en el desarrollo legal, considerando los procedimientosinternos que debe prever cada país, dado que el Convenio 169-OIT es bastante laxo al respecto.Lo que sí está meridianamente claro es que, en ningún caso, el Estado puede imponer unarepresentación o arrogarse la potestad de decidir sobre quién representa a los indígenas.La CIDH, en su sentencia sobre Saramaka vs. Surinam, señaló que “[...] el Estado tiene laobligación de consultar con el pueblo Saramaka para efectos de cumplir con varios de lospuntos ordenados en la sentencia, y que los Saramaka[s] deben determinar, de conformi-dad con sus costumbres y tradiciones, cuáles miembros de la tribu estarán involucrados endichas consultas [y reconoció que] es el pueblo Saramaka, y no el Estado, quien [el que]debe decidir sobre quién o quiénes representarán al pueblo Saramaka en cada proceso deconsulta ordenado por el Tribunal”.2.1.4.	Las condiciones y garantías para un adecuado procedimiento de consultapreviaLa precisión en torno al desarrollo mismo de un proceso de consulta es materia de normasde orden interno dentro de los países que han suscrito el Convenio 169-OIT. El procedimientodeberá ser flexible, dependiendo de las condiciones y circunstancias de cada país o región,tal como lo manifiesta el Convenio 169-OIT, artículo 34°, al decir que “la naturaleza y elalcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente convenio deberán deter-minarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”No obstante, sí se han establecido en el derecho internacional parámetros generales comu-nes a cualquier proceso de consulta, que limitan el ámbito discrecional que tienen los Esta-dos sobre su implementación.a)	La “buena fe” en la realización de las ConsultasEn el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, se establece que “las consultas llevadas acabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una maneraapropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr elconsentimiento acerca de las medidas propuestas”. Asimismo, la Declaración de la ONUsobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que “los Estados celebrarán consultas
28. 33La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesy cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidaslegislativas o administrativas y de aprobar proyectos que los afecten”.El contenido del concepto de “buena fe”’ es bastante laxo, pero ha sido profundizadopor los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. Al respecto, el Comité deExpertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en adelante el CEACR, haestablecido que “el concepto de la consulta a las comunidades indígenas […] comportael establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes, caracterizado por lacomunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, con el deseo sincerode llegar a un acuerdo común”12b)	La consulta debe ser previa a la medida o decisiónSobre la oportunidad de la consulta, los pronunciamientos de distintos organismos inter-nacionales coinciden en que ésta se desnaturaliza si no se lleva a cabo antes de tomarla medida o de realizar el proyecto que podría afectar a los pueblos indígenas. Así loentendió el CEACR en sus recomendaciones al Estado peruano de los años 2008, 2009y 2010. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasostenido que la admisibilidad de las medidas que afecten a los pueblos indígenas,incluidas las legislativas, depende de que las comunidades “hayan tenido oportunidadde participar en el proceso de adopción de decisiones relativas a esas medidas”.13En relación con los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales,tanto el Convenio 169-OIT como la Declaración de los Pueblos Indígenas establecenexplícitamente que la consulta debe realizarse antes de su aprobación. Adicionalmente,la CEACR, el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DerechosHumanos han reforzado este punto, afirmando que la consulta debe hacerse antes deotorgarse las licencias ambientales u otorgar permisos sobre los proyectos que aprove-chen recursos en sus territorios.Respecto a los planes de desarrollo o inversión, el Convenio 169-OIT establece que lospueblos interesados tienen el derecho a participar en todas las fases de los planes yprogramas al respecto, lo que implica una participación previa a la realización de ellos.La Corte Interamericana, en el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, estableció que lospueblos indígenas deben ser consultados “en las primeras etapas del plan de desarrolloo inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de lacomunidad, si éste fuera el caso”. A juicio de la CIDH, tal aviso temprano es importante,pues “proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y parabrindar una adecuada respuesta al Estado”.c)	Los consultados deben contar con información adecuadaEl derecho internacional ha sostenido el deber de brindar información completa a lascomunidades consultadas. La CIDH ha establecido que el deber de consultar “requiere12	Comentarios Individuales sobre Bolivia, 200513	Comité de Derechos Humanos de la ONU, Caso Apirana Mahuika vs. Nueva Zelanda, párrafo 9.5.
29. 34Vladimir Pinto, Ramón Riveroque el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entrelas partes”. Asimismo, ha dispuesto que el Estado debe asegurarse de que los miembrosde las comunidades consultadas “tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidolos riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo oinversión propuesto con conocimiento”.Sobre el particular, el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas de la ONU ha establecidoque las comunidades deben tener, como mínimo, información sobre [...] a. la naturaleza,el tamaño, la reversibilidad y el alcance de cualquier proyecto o actividad propuestos; b.las razones por las que se quiere llevar a cabo dicho proyecto, c. la duración del mismo;d. las áreas que serían afectadas; e. las asesorías preliminares donde se establezcan losposibles impactos económicos, sociales, culturales y ambientales de los proyectos; f. elpersonal que estaría involucrado en la ejecución del proyecto propuesto; e. los procedi-mientos que tendrían que llevarse a cabo para la realización del proyecto.d)	La consulta debe ser culturalmente adecuadaOtro factor central para que las consultas no se conviertan en mera provisión deinformación, es el desarrollo de procedimientos culturalmente adecuados. Si bien elConvenio 169-OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas simplemente ordenan quela consulta sea a través de “procedimientos apropiados”, la importancia de respetarlas costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas en el desarrollo de las consultasha sido reconocida y desarrollada por la OIT, mediante el CEACR, en sus observacionesindividuales a Colombia en el 2004 y a México en el 2005.En la primera observación, la CEACR afirmó que la consulta, para que realmente per-mita la participación, debe adaptarse a los modelos culturales y sociales de los pueblos.En el caso de México, la CEACR recomendó al Estado que determinara “un mecanismode consulta adecuado, teniendo en cuenta al determinarlo los valores, concepciones,tiempos, sistemas de referencia e incluso formas de concebir la consulta de los pueblosindígenas”. Por su parte, la Corte Interamericana también ha sostenido que los proce-dimientos de consulta deben ser culturalmente apropiados y según las “costumbres ytradiciones” de las comunidades consultadas.Asimismo, las consultas deben “tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo[…] para la toma de decisiones”. Si bien los pronunciamientos de derecho internacionalno han establecido tiempos fijos dentro de los cuales se debe realizar la consulta, lacuestión temporal ha sido vinculada al respeto por las costumbres y formas de tomardecisiones de los pueblos indígenas. La CEACR ha afirmado que “una consulta efectivarequiere que se prevean los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas del paíspuedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y pueden participar efectiva-mente en las decisiones tomadas de una manera que se adapte a sus modelos culturalesy sociales”.En su análisis de la realización de una consulta del pueblo u’wa por el Estado deColombia, el CEACR afirmó que dada la desconfianza entre el pueblo y el Estado, laconsulta no se agotaba con una reunión. Igualmente, un comité tripartito de la OITencontró que la provisión de los tiempos necesarios para la toma de decisiones deuna manera cultural y socialmente adecuada era un requisito fundamental de la con-
30. 35La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualessulta. Por su parte, el informe del Foro Permanente sobre metodologías de consultainterpreta el término previo de tal forma que, para que una consulta sea previa,debe realizarse respetando los requisitos de tiempo que tengan los procesos comuni-tarios de consulta.e)	La consulta como medio para llegar a un acuerdoConforme al Convenio 169-OIT, la consulta debe tener como propósito la búsqueda deun acuerdo u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas sobre la materia con-sultada. Sobre este punto, por demás complejo, abundamos en el punto siguiente, perocabe señalar previamente dos ideas elementales:•	Por un lado, ya existe un claro consenso internacional sobre el estándar mínimorelativo al procedimiento de consulta previa. Esta no puede ser concebida como unsimple trámite para comunicar decisiones estatales o recoger percepciones en tornoa hechos consumados. El proceso debe concebirse y desarrollarse como un verdaderodiálogo intercultural orientado a buscar un consenso entre las partes. Esto conllevaque ambos partícipes del diálogo evalúen posibilidades, alternativas a las propuestasoriginales, mecanismos de conciliación, etcétera.•	Por otro lado, la consulta no debe ser concebida como un momento puntual o un pro-cedimiento aislado. Los Estados tienen la obligación de generar condiciones adecuadase institucionalidad sólida, para entablar diálogos permanentes y respetuosos con lospueblos indígenas. Al respecto, la CEACR ha establecido que la consulta prevista por elConvenio 169-OIT no se limita a un procedimiento en un caso preciso, sino que “tiendea que todo el sistema de aplicación de las disposiciones del convenio se haga de manerasistemática y coordinada en cooperación con los pueblos indígenas”, lo cual supone “unproceso gradual de creación de los órganos y mecanismos adecuados a esos fines”.2.1.5. Efectos de la consulta y ejecución de sus resultadosEstá claramente señalado que los Estados tienen la obligación de realizar las consultas a lospueblos indígenas en las condiciones ya explicadas. Por aplicación de los principios generalesdel derecho -y del sentido común- existe la subsecuente obligación, de ambas partes, decumplir con los consensos y acuerdos que resulten de estos procesos de consulta; máxime sies lo que se busca como objeto del proceso de consulta.La polémica se instala sobre los supuestos en que no exista acuerdo o consentimiento sobrela medida o actividad propuesta por los Estados. ¿Existe un derecho al consentimiento pre-vio, libre e informado como tal? ¿O el derecho se agota en el mecanismo de diálogo, que-dando la decisión final a criterio de los Estados?Sobre el particular debemos recordar lo previsto por el propio Convenio N° 169-OIT en susartículos:- 6°.2. “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse debuena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdoo lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
31. 36Vladimir Pinto, Ramón Rivero- 16°.2. “Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se con-sideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado librementey con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, eltraslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos ade-cuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuandohaya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamenterepresentados”.En ese sentido: “Será apropiado el procedimiento que genere las condiciones propicias parapoder llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas,independientemente del resultado alcanzado. Es decir que la expresión «procedimientosapropiados» debe entenderse con referencia a la finalidad de la consulta que es llegar a unacuerdo o lograr el consentimiento. No es necesario, por supuesto, que un acuerdo se logreo que se obtenga el consentimiento.” (Consejo de Administración de la OIT, 289ª reunión,marzo de 2004, Reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de laOIT, México, GB.289/17/3, pár. 89.).14Asimismo, la CIDH en su sentencia en el caso Saramaka vs. Surinam (2007) ha establecido queen el caso de megaproyectos que puedan afectar el modo de vida de los pueblos (como pasaen los supuestos de traslados por la construcción de presas o ciertas actividades extractivas)no basta la búsqueda de acuerdos, sino que se requiere el consentimiento previo, libre einformado. Cabe recordar que la DNUPPII establece ciertos casos en los que se requiere elconsentimiento previo, libre e informado de los pueblos para que el Estado pueda tomarciertas decisiones dado que ellas son de alto riesgo para la integridad de los pueblos, comorealizar desplazamientos poblacionales, actividades militares en territorios indígenas, alma-cenar residuos tóxicos, etcétera.15Así, debemos afirmar que arribar a un acuerdo es un fin que siempre buscará, como resultadofinal de la consulta, la adopción de decisiones estatales que busquen respetar los derechosafectados, es decir, sin afectar al núcleo duro de los mismos; caso contrario los estaríadesnaturalizando. Tales decisiones (que pueden suponer la concreción o la negación de lamedida propuesta) pueden partir de:•	Un acuerdo total entre el Estado y el pueblo indígena consultado.•	El logro de acuerdos parciales respecto de la integridad de la medida que afectadirectamente los derechos colectivos de algún pueblo indígena.•	La inexistencia de acuerdos como producto del proceso de consulta.14	Citado por la misma autora, Ibid.15	Se trata de los artículos 10°, 29°.2 y 32°.2 de Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de losPueblos Indígenas.
32. 37La consulta previa en el Perú: contexto y debates actualesFines de laconsultaAfectación a la querespondeConsecuencia en caso no se logreLlegar a unacuerdoCualquier afectacióndirecta a derechoscolectivos indígenas porparte de una medidaadministrativaolegislativa.Se puede adoptar la medida estatal propuesta,pero con salvaguardas motivadas y destinadas arespetar los derechos afectados.Lograr elconsentimientoIgual, salvo porquees exigido, demanera especial ypredeterminada, cuandose trata de impactosgraves sobre los derechosafectados directamente.Se da en casosespecificados en el marcojurídico internacional ynacional, los cuales sehan establecido medianteel propio Convenio 169-OIT16y la jurisprudenciainternacional.La medida estatal puede concretarse siempreque se cumplan con requisitos adicionales queaseguren su ejecución adecuada. Así, no logradoel consentimiento, la medida no se podrá adoptarsino hasta que se cumplan dichos requisitosadicionales. En ese sentido, el no logro delconsentimiento excluye la posibilidad del veto.Entre el no logro del consentimiento y laimplementación de la medida deben entrar aoperar, cuanto menos, la legislación especialque proteja determinado derecho fundamentalmediante sus procedimientos particulares17(tierras -propiedad-, desplazamientos, etcétera),y la realización de encuestas públicas.De otro lado, debemos rescatar una dimensión adicional que presenta la consulta. Esta nosólo debe ser entendida por los fines que persigue como procedimiento, sino que es a la vezun requisito ineludible para que el Estado tome una decisión determinada.16Esto obedece al hecho de que el ejercicio del derecho a la consulta indígena supone suejecución obligatoria por parte del Estado en caso se afecte directamente algún derechocolectivo de los pueblos indígenas, implementando procedimientos adecuados en torno a losfines ya mencionados. Si la implementación no se lleva a cabo, la medida adoptada podráser impugnada como inválida: una medida de carácter administrativo podrá ser tachada denula, y una legislativa podrá ser calificada como inconstitucional. 1716	Así, por ejemplo, frente a un traslado poblacional, el Estado debe contar con el consentimiento previo,libre e informado del pueblo en cuestión; supuesto previsto en el artículo 16°.2 del Convenio 169-OIT.17 Ello, en su caso, puede suponer la sujeción a mayores consensos políticos sobre la medida que afecta undeterminado derecho fundamental de algún pueblo indígena, debiendo someterse a determinados procesosparlamentarios en las correspondientes Asambleas o Congresos nacionales (Parlamentos); ello dependeráde lo que se prevea en el marco legal de cada país.
33. 39La consulta previa en el Perú: contexto y debates actuales3.1. El derecho a la consulta previa en la República Plurinacional de BoliviaBolivia es signatario del Convenio 169-OIT desde 1991. Además, ha convertido la Declaraciónde Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en ley nacional. Cuenta conun nuevo marco constitucional, muy avanzado en materia de reconocimiento de los derechoscolectivos de los pueblos indígenas. No obstante, como hemos señalado ya, no está exentode problemas similares a sus vecinos en cuanto a la aplicación del derecho a a consultaprevia.3.1.1.	Legislación de Bolivia relativa al derecho a la consulta previa a los pueblosindígenasLa nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el 7 de febrero de 2009,plantea la refundación de la República de Bolivia como un Estado Plurinacional y constitucio-naliza la consulta previa en su artículo 30°, inciso 15, estableciendo el derecho: “A ser con-sultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones,cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, rea-lizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursosnaturales no renovables en el territorio que habitan”.En el artículo 352° de la misma Constitución se establece que “La explotación de recursosnaturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la poblaciónafectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la par-ticipación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación delos ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenasoriginarios campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientospropios.En el artículo 403°, parágrafo I), se dispone que “Se reconoce la integralidad del territorioindígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamientoexclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; ala consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de losrecursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicarsus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición desu desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica conla naturaleza”.3.	DESARROLLO COMPARADO DEL DERECHO	A LA CONSULTA
34. 40Vladimir Pinto, Ramón RiveroLa Ley Nº 1777 - Código Minero (1997), en su artículo 15° señala: “…las disposiciones perti-nentes del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por LeyNº 1257 de 11 de julio de 1991 son aplicables al sector minero”18El Reglamento de Consulta y Participación para actividades hidrocarburíferas, aprobadomediante Decreto Supremo Nº 29033 de 16 de febrero de 2007, señala en su artículo 1°: “Elpresente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones y procedimientos parael proceso de Consulta y Participación a los Pueblos Indígenas, Originarios y ComunidadesCampesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades hidrocarburíferas en sus tierrascomunitarias de origen, propiedades comunitarias y tierras de ocupación y acceso”.Otras normas vinculadas a la consulta previa son:•	La Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992, del Medio Ambiente, tiene por objeto la pro-tección y conservación de medio ambiente y los recursos naturales.•	El Reglamento General de Gestión Ambiental - RGGA, en su Título VII, concordantecon el Título X Capítulo I de la Ley 1333, establece la participación ciudadana en lagestión ambiental.•	El Reglamento de Prevención y Control Ambiental - RPCA, en su Capítulo IV del Estu-dio de Evaluación de Impacto Ambiental – EEIA.•	La Ley Nº 3058 del 17 de mayo de 2005, en su Título VII, Capítulo I, Artículos 114 al118; establece y reconoce los derechos a la consulta y participación a los puebloscampesinos, indígenas y originarios.Por consiguiente, el derecho se encuentra bastante avanzado en cuanto a normativa interna.No obstante ello, se están desarrollando aun reformas legislativas en el marco de la trans-formación de Bolivia en un Estado plurinacional que de seguro modificarán la situación de laconsulta previa en los próximos años.3.1.2.	Implementación del derecho a la consulta previa en BoliviaAlgunos casos recientes grafican, de manera muy clara, el grado de cumplimiento del dere-cho a la consulta a los pueblos indígenas en Bolivia:3.1.2.1. Petroleras en territorios indígenas guaraníesPresencia inconsulta de empresas petroleras (Maxus, Tecpetrol, Petrosur, Proyecto GASYRG)en las comunidades de Tentayapi, Iviyeka, Itatiqui, entre otras. Las actividades involucranel gasoducto Yacuiba - Río Grande, que ha producido una importante deforestación y segúndenuncias indígenas, contaminación de las aguas.18	Este Código de Minería deberá ser cambiado prontamente para adecuarse a la nueva Constitución. Yahay unproyecto en etapas finales del debate. Es interesante acotar como, aun dentro del marco de la constituciónanterior, se establece sin reparos la plena aplicación de la consulta en materia de concesiones mineras.
35. 41La consulta previa en el Perú: contexto y debates actuales3.1.2.2.	Reactivación del complejo hidrometalúrgico de Corocoro en territorio ancestral deJacha Suyu PakajaqiEn junio de 2008, COMIBOL y la coreana Kores firmaron un contrato de riesgo compar-tido para la explotación de Corocoro con una inversión de 200 millones de dólares.El contrato permite obtener al Estado boliviano el 55 % de las utilidades del emprendi-miento y Kores un 45 %. De acuerdo con la política del Gobierno nacional, el proyecto se ins-cribe en la generación de valor agregado y descarta la venta únicamente de materia prima.El 27 de octubre de 2010 los afectados por esta actividad minera se constituyeron en elParlamento Nacional, apoyados por CONAMAQ, para manifestar su rechazo al proyecto queno fue consultado y además no ha previsto mecanismos adecuados de protección ambiental.Otras organizaciones, por el contrario, apoyan al Gobierno en el desarrollo del proyecto,creando serios conflictos en el seno de las comunidades.3.1.2.3. Problema en el territorio ancestral de Charkas (mina aurífera de Amayapampa)Desde fines del año 2010, la Empresa Buena Vista S.A. – filial de la Australiana Republic GoldLimited (GRL) – ha reactivado las actividades de esta mina, con una producción estimadade 80 a 100 mil onzas anuales de oro. La explotación se realizará a cielo abierto y por unperiodo inicial de 10 años. Tampoco en este caso se ha cumplido con el proceso de consultaprevia a los afectados.3.2. El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas en el BrasilEl Convenio 169-OIT fue ratificado por Brasil recién el 2002 y entró en vigencia en junio del2003. La ratificación se demoró principalmente porque los legisladores cuestionaban el usodel término “propiedad”, puesto que en la Constitución brasileña se reconoce a los indígenasúnicamente la posesión permanente de tierras, que son de propiedad de la Unión Federativadel Brasil.19En cuanto al rango normativo del Convenio en Brasil, la Constitución determina que untratado internacional tiene jerarquía de ley ordinaria. Sin embargo, la propia Constitu-ción también determina que los derechos y garantías expresamente recogidos en su textono excluyen aquellos establecidos en los tratados internacionales ratificados por el país.El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha interpretado entonces que los tratados inter-nacionales que versan sobre derechos humanos tienen jerarquía superior a la de una leyordinaria.19	Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988, artículo 231, inciso 1°: Son tierras tradicionalmenteocupadas por los Indios las por ellos habitadas en carácter permanente, las utilizadas para sus actividadesproductivas, las imprescindibles a la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar ylas necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. (Traducción nooficial)
36. 42Vladimir Pinto, Ramón Rivero3.2.1. Legislación del Brasil en torno a la consulta previa a los pueblos indígenasUn dato interesante es que el derecho de consulta a los pueblos indígenas en Brasil no seincorpora mediante el Convenio 169-OIT, sino que fue consagrado por primera vez en suConstitución Federal de 1988 mediante el Parágrafo 3° del artículo 231.20En esta normase determina que el aprovechamiento de los recursos hídricos, así como la prospeccióny la exploración de los minerales en tierras indígenas, sólo pueden ser realizadas con laautorización del Congreso Nacional, el cual, a su vez, tiene el deber (y la competenciaexclusiva) de consultar a las comunidades potencialmente afectadas antes de autorizartales proyectos.Posteriormente, con la ratificación del Convenio 169-OIT, el derecho de consulta se convierteen un principio general, el cual se debe ejercer en los ámbitos legislativo y administrativo,extendiéndolo además a los quilombolas y las comunidades tradicionales de Brasil.La jurisprudencia brasileña ya aclaró que la consulta prevista por la Constitución debe darseantes de que sea decidida la ejecución de un proyecto, y que debe ser ejecutada en el áreaafectada por la medida propuesta, y con el propósito de condicionar la decisión que va a sertomada.El CEACR, a su vez, entiende que el Estado debe establecer relaciones de diálogo con los pue-blos interesados lo más temprano posible, incluso en la elaboración de estudios de impactoambiental.3.2.1.1. El Estatuto de los Pueblos IndígenasEl Proyecto Legislativo 2.057 (Estatuto de los Pueblos Indígenas) se tramita en el Congresobrasileño desde 1991. Esta norma reglamentaria debería establecer mecanismos para imple-mentar las disposiciones constitucionales sobre la relación del Estado con los pueblos indí-genas, sustituyendo la vigente Ley 6.001, de 1973 (Estatuto del Indio), de corte paternalistae integracionista. A estas alturas, dicho estatuto debería adecuarse no solo a la nueva Cons-titución, sino además al Convenio 169-OIT, conforme ha recomendado el CEACR en diversascomunicaciones al gobierno.3.2.1.2. El Proyecto de Ley sobre minería en tierras indígenasEste Proyecto de Ley busca determinar las condiciones bajo las cuales el Estado permitirá laexploración de los recursos del subsuelo en tierras indígenas (incluyendo a hidrocarburos).Fue aprobado en la Cámara de Senadores en 1996, enviado a la Cámara de Diputados, dondeestá pendiente de aprobación.20	Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988; artículo 231, inciso 3°: “El aprovechamiento derecursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la exploración y la explotación de las riquezasminerales en tierras indígenas sólo pueden ser efectuados con autorización del Congreso Nacional, oídaslas comunidades afectadas, garantizándoles participación en los resultados de la exploración en la formade la ley”. (Traducción no oficial)
37. 43La consulta previa en el Perú: contexto y debates actuales3.2.1.3. El Proyecto de Ley ForestalLa elaboración del nuevo código forestal brasileño se inició mediante el Proyecto de Ley N°1876/99. Este Proyecto de Ley busca regular el uso de la tierra y de los recursos forestales entodo el país. El texto aprobado en la Cámara de Diputados incluye medidas dañinas para lospueblos indígenas, pues la regulación del acceso, usos, recuperación y conservación de losbosques en los que viven, facilita la reducción en áreas especiales de protección, estableceuna moratoria para la eliminación de la cobertura boscosa y fija un periodo de amnistía aproductores que deforestaron ilegalmente hasta julio de 2008.Este proyecto ha sido vetado parcialmente por la presidenta Dilma Rousseff, quien observódoce de sus ochenta y cuatro artículos. Entre ellos, los relacionados a la reducción de áreasde protección y la amnistía para productores que deforestaron. El proyecto ha retornado alCongreso, no obstante dicho veto parcial no ha satisfecho a ambientalistas y pueblos indíge-nas que solicitaban su veto total.3.2.2. Situación de la implementación del derechoUna de las primeras medidas de Luiz Ignácio “Lula” da Silva fue la ratificación del Convenio169 de la OIT; se esperaba un giro en la política de demarcación de tierras indígenas y enla protección de sus recursos naturales, además de un nuevo sistema de relaciones entre elEstado y los pueblos indígenas. No obstante, los conflictos por la tierra se generalizaron entodo el país: Mato Grosso, Pernambuco, Bahía, Roraima.En el período de Lula se creó la Comisión Nacional de Política Indigenista -CNPI21, se aprobóla Agenda Social de los Pueblos Indígenas y un Plan de Aceleración del Crecimiento Indígena,con el objetivo de delimitar sus territorios, recuperar las áreas indígenas degradadas, for-talecer las lenguas en peligro de extinción y “llevar los beneficios del Gobierno federal atodas las aldeas y a la población indígena urbana del país, fortaleciendo a las organizacionesindígenas para el ejercicio del control social de las acciones gubernamentales”. Además, seaumentó el presupuesto de la FUNAI.Pero el descrédito gubernamental por la vulneración de derechos indígenas no pudo rever-tirse con nada de esto, pues al mismo tiempo se anunció la privatización de 90.000 hectáreasde la Amazonia; acentuó su política de agro-combustibles (etanol) que dificultaba aún máslas posibilidades de delimitación de los territorios indígenas; el Congreso de Brasil iniciabala discusión de un proyecto de ley para regular la minería en las tierras indígenas, rechazadopor la mayoría de las organizaciones de los pueblos originarios por afectar a sus actividadestradicionales de caza, pesca y agricultura.3.2.2.1. El caso del Complejo Juruena“Complejo Juruena” es el nombre por el cual es conocido el proyecto que prevé la construc-ción de una serie de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) entre las cabeceras del río21	De la que formaban parte 20 dirigentes indígenas de diferentes regiones del país, 12 integrantes delGobierno y dos de organizaciones no gubernamentales.
38. 44Vladimir Pinto, Ramón RiveroJuruena y el río Juína, en el estado de Mato Grosso (MT), en una extensión de 287,05 km. En2002, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica autorizó la exploración de once de estas plan-tas hidroeléctricas en un trecho inferior a 130 Km. a lo largo del río; y la Secretaría Estadualdel Medio Ambiente del MT emitió Licencia Previa Ambiental y Licencia de Instalación paraocho de estas plantas sin contar siquiera con un Estudio de Impacto Ambiental.A lo largo de la Cuenca del Alto Juruena existen once territorios indígenas cuya poblacióndepende del ciclo hidrológico del Río Juruena. Además, para por lo menos uno de estospueblos, el río constituye un elemento central en su percepción cosmológica. Pese a que elDiagnóstico Antropológico y de Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural elaborado porlos emprendedores indica la afectación directa e indirecta del Complejo Juruena sobre lospueblos aldeanos al proyecto, ninguno de estos pueblos fue consultado.A pesar de que un Tribunal Regional ordenó suspender las obras iniciadas hasta que fue-sen cumplidos todos los requisitos sociales y ambientales necesarios (en este caso el cum-plimiento del artículo 231, párrafo 3º de la Constitución Federal), la construcción de lashidroeléctricas se inició y los pueblos indígenas están extremamente preocupados con losimpactos que el Complejo puede traer a sus vidas.3.2.2.2. Caso Belo MonteEn el gobierno de Lula se aprueba la construcción de lo que será la tercera central hidroeléc-trica más grande del mundo en el estado amazónico de Pará “Belo Monte”; luego de veinteaños de discusión, dado su gran impacto ambiental y social, por el cual se oponen tantoindígenas como ribereños.En ese marco, la CIDH solicitó al Estado brasileño, el 1 de abril de 2011, que se suspenda larealización de esta obra, por atentar contra la vida, salud, cultura y derecho de consulta de lospueblos indígenas de la zona; sin embargo, la respuesta fue la amenaza de Brasil de retirarsede la competencia de la Corte Interamericana, y el pronunciamiento crítico del mismísimoSecretario General de la OEA, José Miguel Insulza, frente a la recomendación de la CIDH.Con ello, el proyecto de construcción de la represa se inició en junio de 2011 y continuóhasta que en agosto de 2012, momento en el que escribimos estas líneas,22un Tribunal Fede-ral brasileño dispuso la suspensión de dicha construcción alegando que no se ha cumplido conconsultar debidamente a las comunidades indígenas, de manera que se debe cumplir con queestas comunidades sean escuchadas en el Congreso antes de la ejecución de la obra.3.3. El derecho a la consulta previa en ColombiaColombia es el país latinoamericano con mejor desarrollo normativo y jurisprudencial enmateria de aplicación del derecho a la consulta. Los fallos de su Corte Constitucional sonreferentes obligados de todos aquellos vinculados a la temática indígena.22	BBC Mundo. “Corte brasileña detiene el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte”. Miércoles 15 de agostode 2012. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120814_ultnot_brasil_represa_corte_jgc.shtml
Spadoni herramientas sensible_conflictividad
Betancourt hurtado-porto-g

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