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Timestamp: 2019-04-26 03:53:07+00:00

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STC 210/2002, 11 de Noviembre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 172599
STC 210/2002, 11 de Noviembre de 2002
Recurso de amparo 2860-2000. Promovido por don José Luis O.C. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su recurso de casación respecto de liquidación por el impuesto sobre actividades económicas de 1992. Vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva: Sentencia de casación contencioso-administrativa que inadmite el recurso, tras haber estimado otro igual, sin justificación (STC 150/2001).
En el recurso de amparo núm. 2860-2000, promovido por don José Luis O.C., bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Pedro Antonio González Sánchez y con la asistencia del Letrado don Jesús del Ojo Carrera, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fecha de 12 de febrero de 2000 (recurso núm. 2927/95), por la que se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos), de fecha de 29 de diciembre de 1994, que desestima el recurso interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, con fecha de 29 de julio de 1993, que deniega, a su vez, la reclamación presentada contra la liquidación girada por la Dependencia de Gestión de la Delegación de Hacienda de Ávila en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio 1992. Ha comparecido el Abogado del Estado en la representación que ostenta y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 18 de mayo de 2000, el Procurador de los Tribunales don Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de don José Luis O.C., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia reseñada en el encabezamiento de esta resolución. La parte actora entiende que dicha resolución judicial ha vulnerado su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Al recurrente se le giró por la Dependencia de Gestión de la Delegación de Hacienda de Ávila una liquidación en concepto del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio de 1992, en cuantía de 74.880 pesetas (450,04 €), con notificación de datos censales, que fue recurrida ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León (expediente núm. 5/353/92), alegando el incumplimiento de la obligación por parte del Ayuntamiento de publicar antes del 1 de julio de 1991, la Ordenanza fiscal reguladora del IAE para el ejercicio 1992, como exige la Ley de haciendas locales, ya que dicha publicación se produjo el día 30 de julio de 1991. Dicha reclamación fue desestimada por Resolución de la Sala de Burgos con fecha de 29 de julio de 1993.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo (núm. 1758/93) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos), por Sentencia con fecha de 29 de diciembre de 1994, se desestima.
Recurrida en casación la anterior Sentencia (recurso núm. 2927/95), por Auto de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha de 7 de septiembre de 1995, se declaró desierta al no haberse preparado el recurso en el plazo conferido al efecto. No obstante, por nuevo Auto de 6 de octubre de 1995, y ante la existencia de un error en la apreciación de la falta de personación, se procede a dejar sin efecto la anterior resolución.
Por providencia de 20 de noviembre de 1995 de la citada Sección Segunda, se tienen por recibidas las actuaciones y expediente procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León con sede en Burgos, y por nueva providencia de 12 de enero de 1996, se da traslado al recurrente por término de diez días para que alegue sobre la posible inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía. Dicho trámite fue cumplimentado por la parte actora mediante escrito presentado con fecha de 25 de enero de 1996, en el que se apunta que lo que configura el objeto del recurso es "la ilegalidad de la Ordenanza al amparo de la cual se efectuó la liquidación objeto de impugnación directa". Además, se pone de manifiesto que en un supuesto similar (impugnación contra acto del Ayuntamiento de Ávila por contravenir la Ordenanza municipal, discutiéndose indirectamente ésta), por Auto de 4 de octubre de 1995 (resolutorio del recurso de queja núm. 1476/95) se admitió el recurso (sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en Sentencia), al apreciarse la concurrencia de los requisitos legales exigidos. Finalmente, por Auto de 6 de junio de 1996 se decidió admitir a trámite el recurso de casación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en Sentencia, al tratarse de una impugnación indirecta de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto objeto de controversia.
Por Sentencia de 12 de febrero de 2000, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso de casación, aun cuando la Sala de instancia entendiera equivocadamente, en la fase de preparación del recurso, que se estaba ante la impugnación indirecta de una disposición administrativa y esa misma Sala admitiera cautelarmente a trámite el recurso, pues, al no estarse ante un supuesto relativo a la validez de la Ordenanza cuestionada, sino a su vigencia y aplicabilidad, no cabe el acceso a la casación a través de la vía del art. 93.3 LJCA 1956.
En su demanda de amparo aduce la parte recurrente, de un lado, la vulneración de su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), porque la resolución judicial impugnada contradice el criterio sentado en otra previa en idéntico supuesto, sin motivación alguna que justifique el cambio de criterio, concurriendo los requisitos exigidos por la doctrina de este Tribunal para apreciar tal lesión: identidad de órgano judicial, supuestos sustancialmente iguales y omisión de motivación que justifique un cambio de criterio. En efecto, las Sentencias contradictorias (la que motiva la queja es de 12 de febrero de 2000 y la dictada con anterioridad de 22 de enero del mismo año), proceden de la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo, integrada en ambos casos por los mismos Magistrados; a su vez, los supuestos que resuelven son idénticos (recursos de casación contra Sentencias de la Sala de Burgos dictadas el mismo día y en relación al mismo asunto); y, por último, la divergencia de criterio, en un caso la admisión del recurso y su posterior estimación y, en el otro, la inadmisión del recurso por razón de la cuantía, se produce sin que en este segundo supuesto motive el Tribunal cuál es la razón del cambio de criterio.
Por providencia de 22 de febrero de 2001, la Sala Segunda acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, con sede en Burgos, para que remitiese certificación de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 1758/93, interesando igualmente del órgano judicial que previamente emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que, si así lo deseasen, pudieran comparecer, en el plazo de diez días, en el presente proceso constitucional.
Por escrito registrado el día 5 de marzo de 2001, el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, solicitó se le tuviese por personado.
Por diligencia de ordenación con fecha de 13 de septiembre de 2001, la Sala Segunda de este Tribunal acordó tener por personado al Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, según determina el art. 52.1 LOTC.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 8 de octubre de 2001, el Abogado del Estado presentó sus alegaciones suplicando la desestimación del recurso de amparo. En primer lugar, niega el Abogado del Estado que haya violación del derecho a la intangibilidad de las resoluciones firmes, pues la admisión del recurso de casación no impide examinar de nuevo los requisitos procesales en la Sentencia, con lo cual, no hay cosa juzgada ni efecto vinculante alguno en la decisión preliminar de admisión de un recurso de casación, tanto más cuando el propio Auto de admisión, fechado el 6 de junio de 1996, advierte sobre la admisión cautelar de la casación por poder tratarse de una impugnación indirecta de una norma reglamentaria (Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Ávila), "sin perjuicio de lo que, al respecto y en definitiva se resuelva en la Sentencia".
La parte actora cumplimentó el trámite conferido por escrito registrado el día 10 de octubre de 2001, suplicando la estimación del recurso con otorgamiento del amparo, con remisión a lo argumentado en su escrito de demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal cumplimentó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 15 de octubre 2001, suplicando se denegase el amparo respecto a la santidad de la cosa juzgada (art. 24.1 CE), pero se otorgase en lo que hace al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), debiendo anularse en este punto la Sentencia. En el primer plano, entiende el Ministerio público, que no existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, de un lado, la lectura del art. 101 LJCA no permite afirmar que el legislador haya prohibido revisar en la Sentencia definitiva decisiones de admisión de recursos de casación acordadas con anterioridad, ni siquiera cuando lo hayan sido mediante Auto. Y de otra parte, la Sentencia adopta una decisión de inadmisión motivada y de manera fundada.
Por providencia de 7 de noviembre de 2002, se fijó para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y año.
La demanda de amparo se dirige en su encabezamiento contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha de 12 de febrero de 2000, que declara no haber lugar —por falta de cuantía— al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, de fecha de 29 de diciembre de 1994. La queja de la parte recurrente se basa en entender que se ha producido la vulneración tanto de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como de su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14.1 CE). El primero, por lesión de la cosa juzgada, dado que, admitido a trámite el recurso de casación por Auto de 6 de junio de 1996 y una vez considerada la cuestión de la cuantía, se inadmite posteriormente por Sentencia sobre la base de la falta de cuantía, mediante una interpretación desfavorable al acceso al recurso. Y el segundo, porque la resolución judicial contradice el criterio sentado en otra previa en idéntico supuesto, sin motivación alguna que justifique el cambio de criterio.
Por su parte, el Ministerio Fiscal suplica la estimación del recurso de amparo por lesión del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14.1 CE), al no existir un cambio razonado de criterio entre la Sentencia de 22 de enero de 2000, ofrecida como de contraste, y la de 12 de febrero de 2000, aquí impugnada, tratándose, sin embargo, de supuestos sustancialmente iguales resueltos por el mismo órgano judicial. Se opone, sin embargo, a la concesión del amparo por la otra lesión, la de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la medida en que veda la vulneración de la cosa juzgada, pues estando motivada la resolución judicial impugnada, no contradice una resolución previa firme.
La primera queja se refiere, como ha quedado expuesto, a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por lesión de la cosa juzgada, alegándose la intangibilidad del Auto de 6 de junio de 1996 por el que se admitió a trámite el recurso de casación.
En relación con el derecho a la igualdad (art. 14 CE), en su vertiente de igualdad en la aplicación de la ley, es doctrina de este Tribunal que para que pueda entenderse vulnerado es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:
En relación con esta última vulneración, el presente supuesto es similar al resuelto por esta Sala en la STC 25/1999, pues las dos Sentencias del Tribunal Supremo que se contrastan parten de la misma situación fáctica inicial: se trata de dos liquidaciones del impuesto de actividades económicas giradas a dos recurrentes —hermanos— por el Ayuntamiento de Ávila con relación al ejercicio fiscal de 1992 y sobre la base de la Ordenanza fiscal reguladora de este impuesto publicada en el "Boletín Oficial de la Provincia de Ávila" con fecha de 30 de julio de 1991. Ambas liquidaciones fueron impugnadas de forma separada por cada uno de los recurrentes, primero ante el Tribunal Económico-Regional de Castilla y León, y después, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos), obteniendo sendas Sentencias desestimatorias en la misma fecha, a saber, el 29 de diciembre de 1994: el hoy recurrente, don José Luis O.C., en el recurso contencioso-administrativo núm. 1758/93, y su hermano, don Manuel O.C., en el recurso contencioso-administrativo núm. 1754/93. Las dos Sentencias fueron recurridas en casación, siendo inicialmente admitidos a trámite los recursos (núms. 2927/95 y 2690/95), con una cuantía del acto directamente impugnado de 74.880 pesetas y 57.600 pesetas (450,04 € y 346,18 €), respectivamente, pero articulando ambos un recurso indirecto contra la Ordenanza fiscal reguladora del IAE correspondiente al ejercicio de 1992 y sobre la base de la misma alegación: incumplimiento de la obligación de publicarla en el "Boletín Oficial de la Provincia de Ávila" antes del día 1 de julio de 1991, habiéndose publicado con fecha del 30 de julio de 1991. Sin embargo, en el recurso del hoy actor (recurso núm. 2927/95) se vuelve a examinar la cuantía del recurso al momento de dictar Sentencia y se declara inadmisible al tomar en consideración, no la impugnación indirecta de una disposición general, sino la cuantía del acto originariamente impugnado que era de 74.880 pesetas (450,04 €). Por el contrario, en el recurso del otro recurrente, hoy esgrimido como supuesto de contraste (núm. 2690/95), se obvia el tema de la cuantía, se entra a conocer sobre el fondo, y se pasa a estimar el recurso por incumplimiento del Ayuntamiento de Ávila de la obligación legal de publicar la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto antes del 1 de julio del ejercicio anterior a aquél en que ha de surtir efectos. Ambas Sentencias del Tribunal Supremo pertenecen a la Sección Segunda de su Sala Tercera, integrada por los mismos seis Magistrados, siendo la impugnada de fecha de 12 de febrero de 2000 y la de contraste de fecha anterior, a saber, de 22 de enero de 2000.
A fin de restablecer al demandante en la plenitud de su derecho basta con disponer la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictar Sentencia, a fin de que por la propia Sala se dicte, con plenitud jurisdiccional, nueva resolución en el recurso de casación mediante la que se elimine la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión, de tal forma que la nueva Sentencia, con absoluta independencia de criterio, decida lo procedente, bien sea fallando en el mismo sentido que la Sentencia aportada como contraste, bien sea de modo diferente pero explicitando, en ese caso, las razones de su decisión.
Otorgar el amparo solicitado por don José Luis O.C. y, en su virtud:
Declarar que han sido vulnerados los derechos del demandante a la igualdad en la aplicación de la Ley y a la tutela judicial efectiva (arts. 14 y 24.1 CE).
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha de 12 de febrero de 2000, dictada en el recurso de casación núm. 2927/95, restituyendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictar Sentencia, a fin de que se dicte nueva resolución conforme con el contenido declarado del derecho fundamental, en los términos recogidos en el fundamento jurídico 5.
AAP Toledo 106/2008, 12 de Junio de 2008
STS, 19 de Diciembre de 1995
STSJ Galicia , 14 de Diciembre de 2000

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