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Timestamp: 2019-03-19 10:39:37+00:00

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responsabilidad civil | Seguros de Comunidades de Propietarios
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¿ACABARÁN SIENDO LAS JUNTAS DE VECINOS DIGITALES?
La Administración de Fincas es una profesión que siempre ha destacado por poseer una voluntad de actualización constante, de adaptación a los cambios y de evolución continua, y así lo ha demostrado al convertir las nuevas tecnologías en un gran aliado para optimizar la gestión de las Comunidades de Propietarios. Su uso les ayuda en la automatización de algunos procesos, a generar, presentar, analizar su información y, sobre todo, a ahorrar en tiempo. Debemos tener en cuenta que la jornada laboral de un Administrador de Fincas consiste en una aglomeración de actividades, como son juntas ordinarias, extraordinarias e informativas, reuniones con proveedores, contactos con servicios, tramitación de incidencias y siniestros y un largo etcétera de tareas, que gracias al uso de herramientas digitales pueden agilizarse de manera considerable. No es de extrañar entonces, que este gremio haya tomado la decisión de redactar una nueva propuesta de Ley de Propiedad Horizontal (LPH) con una serie de medidas que plantean la modernización de las Comunidades de Propietarios, que en su opinión hasta ahora han ido un paso por detrás de las necesidades cambiantes de la sociedad y de los propios vecinos.
La iniciativa estrella de esta nueva propuesta, que los Administradores de Fincas de España presentarán próximamente ante el Ministerio de Fomento, es que la LPH permita que cualquier propietario pueda asistir y votar en una junta mediante videoconferencia o cualquier otra herramienta telemática de comunicación similar. En la actualidad, la normativa establece que los acuerdos solo podrán ser adoptados por los propietarios que asistan a las juntas de forma presencial o mediante representación, sin contemplar la posibilidad de que sean celebradas vía streaming, sistema que según la mayoría de los Administradores de Fincas sería un gran avance, ya que las agilizaría, favorecería su gestión e incluso la comodidad de los propietarios.
En los últimos años ya hemos podido observar como el uso de algunas herramientas digitales ha empezado a ser algo común en las Comunidades de Propietarios: mensajes de móvil, correos electrónicos, grupos en WhatsApp o redes sociales, portales gestionados por el administrador y plataformas especializadas se han hecho un hueco en la vida comunera, y todo parece indicar que han llegado para quedarse. No es de extrañar, ya que esta tecnología ofrece multitud de soluciones online a medida, como por ejemplo gestión de incidencias, comunicados, documentos compartidos, debates, etcétera, y por si esto fuera poco, parece que propicia la participación de los vecinos en el día a día de su comunidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en los edificios residenciales habita todavía un amplio porcentaje de personas de cierta edad, que no han sabido adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos, a los que no se les puede dejar al margen en el caso de que se digitalicen las relaciones entre propietarios. Tampoco hay que olvidar que, no en pocas ocasiones, la mala utilización de estos nuevos canales de comunicación produce malos entendidos e incluso conflictos entre vecinos que pueden convertirse en una problemática real para el Administrador de fincas, que se verá obligado a mediar y recordar que el uso de estas aplicaciones, como los grupos de whatsapp, es exclusivo para temática relacionada con la comunidad.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que aunque el uso de estas nuevas tecnologías pueden aportar a las Comunidades de Propietarios múltiples beneficios, también lleva implícito nuevos riesgos, como por ejemplo un ataque informático a los dispositivos tecnológicos de una Comunidad de propietarios o la infección con un virus informático de los mismos. Tanto es así que la ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los Administradores de Fincas, que conscientes de que esta nueva amenaza solo se puede mitigar con una buena prevención y protección, recurren al asesoramiento de una Correduría de Seguros de confianza que les oriente en la contratación de un Seguro de ciberriesgo que se adapte a sus necesidades y al de las comunidades que gestionan.
Fuentes: elpais.com, Ley de la Propiedad Horizontal y elaboración propia.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 28 enero, 2019 en ciberseguridad, correduría de seguros, josé silva, responsabilidad civil, seguro de edificios, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios
Etiquetas: administradores de fincas, ciberseguridad, juntas, LPH, nuevas tecnologías, prevención, protección
¿INFLUYE LA NUEVA REFORMA DE LA LPH EN LOS PISOS TURÍSTICOS?
La tecnología está cambiando el mundo, a las personas y nuestra forma de vivir. El pasado 19 de diciembre entró en vigor el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda, que recoge varias modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Dicho decreto, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados antes de un mes, conlleva una batería de reformas vinculadas al alquiler de viviendas, entre las que destacan la ampliación del plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada (de 3 a 5 años, 7 si el arrendador es persona jurídica), el aumento del plazo de prórroga tácita (de 1 a 3 años), o la limitación de los avales, que no podrán superar los 2 meses de la renta mensual de alquiler.
Pero sin duda, una de las reformas más esperadas, y que más concierne a las Comunidades de Propietarios es la relacionada con los conocidos como “pisos turísticos”. La legalidad de este tipo de alquileres es una cuestión que lleva produciendo controversia desde hace ya años, principalmente provocada por una ausencia de normativa de carácter general. Hasta este momento, las comunidades autónomas eran las responsables de establecer una normativa al respecto, lo que ocasionaba que nos encontrásemos ante 17 legislaciones distintas, por no mencionar las regulaciones propias que muchos municipios tenían establecidas. Si a ello le sumamos un cambio constante de leyes por parte de las administraciones, bien por decisión propia o por obligación, tras sentencias judiciales, y el gran crecimiento de este tipo de turismo provocado por el auge de Internet y las nuevas tecnologías, no es de extrañar que este asunto se haya acabado convirtiendo en un problema cada vez mayor, que ha originado multitud de protestas vecinales derivadas de las molestias y alteraciones de la convivencia que muchos usuarios de este tipo de pisos ocasionan.
Hasta la entrada en vigor de la nueva reforma, las únicas vías posibles para evitar la aparición de pisos turísticos en una Comunidad de Propietarios eran, o bien mediante una reforma de los estatutos que requeriría la unanimidad de los propietarios, o a través de la “acción de cesación” contemplada en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que tiene como finalidad que cualquier actividad que pueda resultar molesta, nociva, insalubre o peligrosa deje de desarrollarse. Pero a partir de la actual modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal que establece el nuevo el real decreto-ley, las Comunidades de Propietarios podrán limitar o vetar la actividad del alquiler turístico en el inmueble por mayoría simple cualificada, es decir, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. Otra novedad es que la Comunidad podrá establecer cuotas especiales a las viviendas turísticas, aumentando su participación en los gastos comunes de la finca, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20% .
Pero algo que hay que tener en cuenta es que la ley no tendrá carácter retroactivo, lo cual llevado a la práctica significa que las viviendas de uso turístico que ya cuenten con la licencia preceptiva o que estén inscritas en el registro oficial, no podrán ser vetadas por las CCPP, aunque se cuente con la nueva mayoría exigible de tres quintas partes de los propietarios. Esta medida podrá ser aplicada a los nuevos pisos turísticos, pero también a los que operan ilegalmente, ya que el Real Decreto traslada este tipo de alquileres desde la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a la legislación sobre actividad turística, por lo que pasarán a ser tratados como una actividad económica. Ello permitirá a los propietarios de una comunidad vetar su actividad económica, ya que al tratarse de una actividad irregular no se considerará que exista derecho adquirido alguno, aunque operen desde antes de la entrada de la nueva ley.
Queremos presuponer que esta regulación del alquiler turístico favorecerá la solución de los conflictos y problemas de convivencia que esta práctica lleva años generando en muchas de nuestras ciudades, pero debemos ser cautos y estar a la expectativa de los acontecimientos. Las Comunidades de Propietarios están llamadas a ser uno de los grandes protagonistas de este cambio, convirtiéndose en una parte activa para la resolución de cualquier tipo de problemática que un piso turístico pueda provocar en su inmueble. Una de las medidas imprescindibles para conseguir dicho objetivo es exigirle a todo propietario de un piso destinado al alquiler turístico que posea un buen Seguro de alquiler que cuente con coberturas de impago, daños por actos de vandalismo y defensa jurídica. Desde la Correduría de Seguros José Silva, especializados en seguros para inmuebles, estaremos encantados de asesorarte y darte información sobre éste o cualquier otro tipo de póliza que pueda necesitar vuestra Comunidad de Propietarios.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 9 enero, 2019 en correduría de seguros, espacios comunes, josé silva, protección jurídica, responsabilidad civil, seguro de edificios, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios
Etiquetas: estatutos comunidad, LPH, medidas urgentes, pisos turísticos, votación
¿ES PREFERIBLE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA A UNA EMPRESA EXTERNA U OPTAR POR UN TRABAJADOR AUTÓNOMO?
Las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica, sin embargo tienen la capacidad de contratar. Así, es habitual que cuenten con personal propio como el portero, o servicios externos como el de conserje. Aunque pueda parecer que ambas figuras casi han desaparecido de los edificios de viviendas, principalmente a causa de la pasada crisis económica que obligó a muchas Comunidades de Propietarios a reducir sus gastos, actualmente el incremento de los robos, actos de vandalismo y compras online, ha motivado que muchos vecinos soliciten la reincorporación de este servicio. Si bien es cierto que la irrupción de las nuevas tecnologías ha sido aprovechada para la protección y seguridad en muchos inmuebles residenciales, sobre todo de nueva construcción, donde se han implantado circuitos de vigilancia de camaras ip conectados a la red o sistemas de domótica, existen diversas labores que siguen precisando de un trabajador para poder ser llevadas a cabo. Nos estamos refiriendo a tareas tan importantes como el control de las personas que acceden al edificio, la actuación inmediata frente a siniestros como pueden ser incendios o inundaciones, o la realización de rondas periódicas para comprobar y verificar tanto las instalaciones como el cumplimiento de las medidas de seguridad. Asimismo, aparte de las funciones relacionadas con la vigilancia, el conserje o portero también se podrá encargar de la limpieza de zonas comunes (barrido, fregado, eliminación de residuos, etc.), del mantenimiento de ciertos servicios de la comunidad (luces, calefacción, etc.), e incluso de atender a las sugerencias y necesidades de los vecinos y trasladarlos al responsable (Administrador de Fincas o presidente de la comunidad).
La falta de candidatos idóneos dispuestos a permanecer tiempo en el mismo edificio, hace que las Comunidades de Propietarios que deciden volver a apostar por éste servicio se decanten por la figura del conserje; suelen tener dudas en torno al método de contratación mas apropiado: ¿Es preferible contar con los servicios de una empresa externa u optar por un trabajador autónomo? En primer lugar, es aconsejable calcular y comparar los gastos de cada una de las dos opciones, sin olvidar tener en cuenta todos los pagos asociados. Para un trabajador autónomo, dependiente o independiente, aparte de la remuneración y retención de IRPF, están los gastos de Seguridad Social y a veces también otros adicionales como bonificaciones o alojamiento, sin olvidar la ajenidad, concepto que demuestra la inexistencia de una relación laboral estable que pudiera ser interpretado como un contrato laboral encubierto. Hemos asistido a la apertura de expedientes de la Inspección laboral porque el “conserje autónomo” en realidad no ponía material alguno y tenía un horario impuesto y regulado por la Comunidad de Propietarios.
En el caso de una empresa externa, debemos comprobar que el presupuesto de su oferta incluya consumibles como productos de limpieza, herramientas de trabajo o la maquinaria necesaria para efectuar las labores, y si resultará necesario efectuar gastos extras para adecuar ciertas instalaciones al servicio de conserjería, además del plazo y método para rescindir el servicio en caso de insatisfacción. Si se da la circunstancia de que la Comunidad de Propietarios ya cuenta con un portero y está planeando la externalización de este servicio, deberá sumar los gastos puntuales que le causaría una posible indemnización por despido, además de contar con la mayoría necesaria de los propietarios y cuotas para cambiar el modelo de servicio.
En el momento que la Comunidad conozca los presupuestos reales de ambas opciones, no debe simplemente decantarse por el más económico, sino que será necesario que realice una lista de pros y contras de cada alternativa. La contratación de un profesional independiente conllevará diversas responsabilidades, como por ejemplo efectuar la correspondiente retención fiscal y el deber de presentar los modelos trimestrales del IRPF, así como la declaración anual. Además, tendrá la obligación de proporcionarle las instrucciones adecuadas en relación a los riesgos laborales, los sistemas de emergencia, los de protección y los de prevención. Las medidas que se le exige a las Comunidades de Propietarios son las mismas que a cualquier tipo de empresa que tenga trabajadores a cargo, y aunque en muchas ocasiones son totalmente desconocidas, ello no le librará de las sanciones de responsabilidad Civil, Administrativa y Penal que le puede acarrear su incumplimiento. Por otra parte, con la contratación de los servicios de una empresa externa, la Comunidad ahorrará tiempo en gestión (nóminas, bajas) y la empresa se ocupará de cubrir las bajas y las vacaciones, pero seguirá siendo responsable de la seguridad del trabajador aunque no esté a su cargo. Ello es debido a que es la responsable legal de todos los espacios comunes de la finca, y por lo tanto, si una persona que ofrece un servicio externo sufre un accidente, sería responsabilidad de la Comunidad de Propietarios, y por ello debe ofrecer toda la información necesaria en materia de Seguridad laboral a todas aquellas personas externas que realicen algún tipo de trabajo en sus instalaciones.
Como podemos observar, decantarse por cualquiera de las opciones implicará una serie de deberes y obligaciones que de no ser cumplidas, aunque sea por desconocimiento, pueden ocasionar graves perjuicios a la Comunidad de Propietarios como sanciones y multas que todos los copropietarios deberán afrontar. El asesoramiento del Administrador de Fincas en el momento de la toma de decisiones es obligatorio y además puede estar asumiendo responsabilidades si es designado para elaborar contratos y pago de nóminas. Es por ello que siempre resulta imprescindible contar con un seguro multirriesgo para comunidades de propietarios que cubra entre otras materias la Responsabilidad Civil y la defensa jurídica, sin duda una inversión que revertirá en el beneficio de toda la Comunidad.
Fuentes: empleo.gob.es, .seg-social.es y elaboración propia.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 10 diciembre, 2018 en baja laboral, correduría de seguros, espacios comunes, josé silva, protección jurídica, responsabilidad civil, seguro de edificios, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios
Etiquetas: conserje, empresa externa, portero, riesgos laborales, trámites
¿QUE NUEVOS SERVICIOS INCORPORAN LOS SEGUROS PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS?
Vivir en comunidad, es el resultado del trasvase del campo a la ciudad, de compartir riesgos y servicios, de tener experiencias en Comunidad de Propietarios. El sector asegurador en su adaptación incorpora nuevas coberturas para responder de los daños de los siniestros y nuevos servicios para dar más atractivo al contrato de seguro. Falta claridad en las pólizas de seguro sobre quién es el responsable de los servicios, si la aseguradora que los ofrece o el prestador del servicio, aún así consideramos que algunos aportan valor añadido en determinados casos y carecen de él en otros. Analizamos unos cuantos:
Uno de los primeros fue el control de plagas ofrecido por una red de profesionales autónomos o empresas especialistas para controlar cucarachas, ratones y ratas en zonas comunes. Es un servicio limitado a pocas intervenciones y resulta insuficiente al dejar fuera otras plagas como topillos, escarabajo, pulgas, polilla, chinches, garrapatas y nidos de avispa tan invasivas como la velutina. En definitiva aporta soluciones parciales y distintas en función de cada aseguradora. Cada compañía es diferente.
Los gastos de desembozo que afecten a las conducciones comunitarias y tengan su origen en la sedimentación y que podría entenderse como un servicio de mantenimiento que evita daños a terceros; Aunque suele estar limitado a cantidades pequeñas inferiores a 2.000 euros y dos intervenciones anuales resulta de gran utilidad para mantener una limpieza de las instalaciones.
Limpieza de grafitis, es un servicio de muy reciente incorporación que ofrece la posibilidad de limpieza o recubrimiento de la superficie afectada, es muy restringido tanto en importe como área afectada, podemos considerarla simbólica por el momento. Las compañías que quieran apostar por las comunidades tienen una gran oportunidad de negocio.
La Inspección Técnica del Edificio (ITE) o el Informe de Evaluación del Edificio ( IEE) que tiene carácter obligatorio y comprueba las condiciones de seguridad, estabilidad y ahorro energético del edificio. Este servicio tiene el valor añadido de que da información a las dos partes, al Tomador del seguro con recomendaciones en planificación y gestión y al Asegurador en la valoración del riesgo. Su coste suele estar limitado.
Ayudas y subvenciones, es un servicio acotado a la gestión de la solicitud de los Programas de fomento de la rehabilitación ¿Si por error en la tramitación deniegan la subvención, quién es responsable?
Asesoramiento técnico telefónico mediante una red de técnicos en materia de ahorros energéticos e interpretación de facturas.
Servicio Manitas o Bricomunidad, de reciente incorporación a los seguros de comunidades de propietarios, aporta soluciones puntuales para el mantenimiento de las instalaciones como un grifo, una persiana, la brida de una tubería vista, su límite está alrededor de las 3 horas de intervención con máximo de dos servicios anuales. Los servicios son diferentes en función del contrato de seguro y compañía de seguros.
Asistencia a la comunidad, es un servicio mediante el cual el asegurador facilita a la Comunidad de Propietarios profesionales de distintos gremios para realizar operaciones necesarias para limitar o controlar los daños y suele incluir los gastos de desplazamiento y una o dos horas de mano de obra .En general están circunscritos a trabajos de fontanería, portero automático, electricidad, cerrajería y cristalería de urgencia, mensajes urgentes que encargue la Junta de gobierno o uno de sus miembros con motivo de un siniestro grave en la comunidad. Servicio de vigilancia, si el edificio resulta inhabitable a causa de un siniestro.
Como ya resulta difícil entender nuestra sociedad moderna sin contemplar el impacto de las nuevas tecnologías, también las Comunidades de Propietarios han aceptado este reto. En muchos edificios ya es común el uso de aplicaciones (apps) que permiten, desde cualquier dispositivo móvil, la realización de pagos, el cobro de cuotas o la reserva de espacios comunes, zonas deportivas o salas multiusos, algunas aseguradoras facilitan el control de incidencias a través de sus aplicaciones. Lo mismo ocurre con la instalación de nuevos sistemas de seguridad y vigilancia como cámaras IP capaces de predecir comportamientos, o cerraduras electrónicas situadas en el interior de las puertas, cuya llave es un smartphone. Pero lo que quizás no estemos teniendo verdaderamente en cuenta es que las nuevas tecnologías y los nuevos servicios traen nuevos riesgos, los beneficios de la transformación digital en las Comunidades de Propietarios tienen como contrapartida una dependencia cada vez mayor del ciberespacio, lo que supone un aumento del nivel de exposición a sus amenazas y vulnerabilidades.
El ciberriesgo engloba todos los perjuicios que podrían ocasionar un ataque informático a los dispositivos tecnológicos de una Comunidad de propietarios, y que puede suponer la infección con un virus que impida el normal funcionamiento de las instalaciones, sufrir extorsiones y robos o la eliminación de información importante y confidencial (transferencias bancarias, datos de propietarios y trabajadores, contratos o contraseñas). Para hacer frente a este problema hay compañías aseguradoras que han empezado a incluir entre sus servicios, el Asesoramiento cibernético, que ofrecen orientación frente a los daños derivados de la alteración, modificación, destrucción o pérdida de información causados por ciberataques externos, gracias a coberturas como asistencia informática, gastos de restauración, recuperación de datos y servicios de consultoría. Las Comunidades de Propietarios tienen la obligación de cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), aun cuando la gestión de los datos personales de los propietarios y trabajadores sea realizada habitualmente por un Administrador de Fincas. Como cada vez es más frecuente que los ficheros se hallen guardados en ordenadores, tablets o smartphones conectados a la red, los ciberataques se convierten en una amenaza de primer orden de cara al cumplimiento de esta ley. Es por ello que los Servicios y Seguros de ciberriesgo que ofrecen algunas pólizas comiencen a ser tenidos en cuenta en el momento de realizar un análisis comparativo.
El ciberriesgo también es un tema que atañe a los Administradores de Fincas, y así quedó reflejado en el pasado Congreso Nacional de Administradores de Fincas (CNAF 2018), que fue celebrado del 7 al 9 de junio en Madrid. Hoy en día, el uso de canales digitales se ha convertido en un requisito indispensable para todo Administrador de Fincas, herramientas que además de ayudar a informar con transparencia, otorgan al profesional un carácter proactivo y de cercanía con sus clientes. Pero la utilización de estos sistemas entraña nuevos riesgos, por lo cual estos profesionales son conscientes de la necesidad existente de estar cubiertos por un seguro de ciberriesgo de confianza, que les garantice que sus datos y los de sus clientes serán protegidos en el caso de sufrir un temido ciberataque.
Los seguros multirriesgo de daños al edificio ofrecen solución a situaciones más complejas cada día, por lo cual es necesario que toda Comunidad de Propietarios cuente con el servicio de asesoramiento de una correduría experta, que se ocupe de identificar los posibles riesgos y realice un análisis de sus necesidades.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 26 noviembre, 2018 en ciberseguridad, correduría de seguros, josé silva, reformas, rehabilitación, reparaciones, responsabilidad civil, seguro de edificios, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios
Etiquetas: ciberriesgo, desembozo, grafitis, IEE, Multirriesgo, plagas
¿SON UN RIESGO PARA LA SALUD LAS ESTACIONES ELÉCTRICAS URBANAS?
Cuando paseas por una acera quizá hayas visto una tapa metálica practicable en el suelo, por ahí se accede a un transformador eléctrico que da servicio a una zona. Quizá durante la noche te despiertes con frecuencia, revisa cuántos aparatos eléctricos tienes a tu alrededor. En tu edificio puede haber un cuarto que alberga un transformador, además de generar una servidumbre.
¿Quién le iba a decir a Edison tras patentar la primera bombilla incandescente comercialmente viable, e inaugurar en 1882 la primera central eléctrica para vender electricidad (comenzó con 80 clientes y 400 bombillas), que la electricidad se convertiría en algo tan imprescindible para la sociedad como lo es hoy en día? Basta mirar las calles, nuestras casas o a nuestro alrededor para darnos cuenta de la importancia que tiene la electricidad en nuestras vidas: la televisión, los ordenadores, Internet, la automatización de los procesos industriales, la iluminación artificial, las fabricas, etc., no se podrían concebir sin su presencia generalizada.
La electricidad es uno de los combustibles esenciales de nuestra sociedad moderna, y muchas personas la consideran una energía limpia, desconociendo que, por ejemplo, las líneas de alta tensión encargadas de su distribución pueden generan impactos ambientales significativos. Además de provocar emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono troposférico, las líneas de alta tensión producen un fenómeno denominado efecto corona, responsable de la generación de gases corrosivos, óxidos de nitrógeno y de ácido nítrico, así como de provocar la atracción y concentración de aerosoles contaminantes y gas radón. Por otra parte, desde hace varias décadas los científicos estudian los efectos que los campos electromagnéticos pueden ocasionar sobre los tejidos biológicos, centrándose en la posible relación existente entre contaminación electromagnética de baja frecuencia y el riesgo de padecer enfermedades como la leucemia, tumores cerebrales u otros tipos de cánceres. Un ejemplo es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que ha incluido los campos electromagnéticos de baja frecuencia generados por los tendidos eléctricos e infraestructuras asociadas, como posible agente cancerígeno.
Desde hace décadas que la existencia de líneas de alta tensión o estaciones eléctricas próximas a núcleos urbanos y edificios residenciales provoca preocupación en las Comunidades de Propietarios, debido a la posible repercusión que la contaminación electromagnética puede tener en la salud. Si bien la información científica y técnica no proporciona evidencias claras, son muchas las denuncias realizadas por familias que se han visto obligadas a convivir con una instalación eléctrica cerca de sus hogares y uno o varios de sus miembros han desarrollado un proceso canceroso. Además diversos organismos supranacionales e internacionales han querido intervenir de manera cautelar dictando recomendaciones sobre las distancias que deben mediar entre los campos electromagnéticos y las zonas en las que las personas pasen un período de tiempo significativo.
Las Comunidades de Propietarios deben conocer que en España existe un Reglamento de Líneas de Alta Tensión, que en su artículo 25 establece unas distancias límite para evitar las posibles afecciones sanitarias derivadas de una exposición continua a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Además, en los años 2001 y 2003 el Ministerio de Sanidad y Consumo planteó la necesidad de reformar dicho Reglamento para “redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público y privado” y de “actualizar la fórmula de referencia para la distancia de seguridad a líneas de alta tensión”. Algunos ayuntamientos pioneros, como el de Jumilla (Murcia), han tomado cartas en el asunto y han establecido un criterio mayor de seguridad, respetando las recomendaciones que se indican desde diversas instancias investigadoras.
Los efectos a largo plazo de los campos electromagnéticos en la salud humana suponen una constante incertidumbre que no ha logrado despejarse científicamente. Ante la duda, resulta necesaria una revisión de la normativa estatal y en los reglamentos de líneas de alta tensión, subestaciones y transformadores, que tenga en cuenta el principio de precaución. Del mismo modo, las Comunidades de Propietarios deben buscar un sistema de protección y prevención adecuado ante los diversos riesgos que puedan ocasionarles las estaciones eléctricas próximas a sus inmuebles. Un Seguro multirriesgo para Comunidades de Propietarios, que ofrezca garantías indispensables como prestaciones de defensa y reclamaciones jurídicas, es sin duda la mejor elección. Desde Seguro Comparador puedes calcular el precio del seguro más conveniente, en tan solo unos minutos y de forma on line. Tan solo tienes que hacer click aquí para comprobarlo.
Fuentes: ecologistasenaccion.org, boe.es, mscbs.gob.es y elaboración propia.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 1 noviembre, 2018 en correduría de seguros, espacios comunes, josé silva, protección jurídica, responsabilidad civil, seguro de edificios, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios
Etiquetas: Alta tensión, cancer, estaciones eléctricas, riesgo, salud
¿SON LAS ANTENAS DE TELEFONÍA INSTALADAS EN EDIFICIOS UN RIESGO PARA NUESTRA SALUD?
Las Comunidades de Propietarios cuyos edificios alcanzan una cierta altura son objeto de atención para ciertos negocios, también para riesgos no evaluados. Vivimos rodeados de radiación electromagnética. Nuestro cuerpo es atravesado por millones de ondas electromagnéticas, la mayoría de ellas tienen origen natural, como la radiación solar o la terrestre, pero muchas otras son generadas de manera artificial, fundamentalmente ondas de radiofrecuencia derivadas de las transmisiones de televisión, radio, radar, telefonía móvil o redes wifi. Sin duda alguna el avance tecnológico incrementa la exposición del mundo animal racional e irracional. A pesar de que hoy en día no existan estudios que lo ratifiquen al 100%, en valores altos de intensidad y exposición, estas emisiones artificiales se relacionan con problemas de salud como pueden ser falta de concentración, insomnio, estrés, dolores de cabeza, agitación nerviosa e incluso enfermedades como la lipoatrofia, enfermedad relacionada en edificios, que se manifiesta con alteraciones en las extremidades.
En un encuentro organizado en 2011 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 31 expertos de 14 países tras revisar y analizar datos científicos relacionados con los campos electromagnéticos llegaron a la siguiente conclusión: “las radiaciones electromagnéticas de los teléfonos móviles han de ser clasificadas como posible carcinógeno para las personas”. Desde el otro frente de la polémica, muchos expertos aseguran que este tipo de ondas son totalmente inocuas para el ser humano, ya que no se ha encontrado evidencia que demuestre ninguna asociación entre la exposición a los campos electromagnéticos, dentro de los límites recomendados, y enfermedad alguna. ¿Quién tiene realmente la razón?, pese a los cientos de estudios realizados desde todas partes del mundo, hoy por hoy aún no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los posibles riesgos de las ondas electromagnéticas y los especialistas continúan con este debate.
Sea como sea, la realidad es que la incidencia que los campos electromagnéticos pueden tener sobre la salud lleva años creando una creciente inquietud y preocupación en nuestra sociedad, sobre todo en muchas Comunidades de Propietarios que poseen antenas repetidoras de telefonía móvil en sus edificios, tras ser alquiladas parte de sus azoteas a operadores de telefonía móvil para la instalación de las denominada estaciónes base transceptoras (EBT) y de sus equipos complementarios. Muchos vecinos, alarmados por los posibles efectos de sus radiaciones en la salud, han creado asociaciones y plataformas que luchan contra la instalación de dichas antenas en sus inmuebles o en los colindantes, alegando además de los riesgos sanitarios citados, repercusiones económicas negativas sobre el valor de las viviendas y el sobrepeso al que se ven sometidas las estructuras de los edificios, además del riesgo que representan los fenómenos de la naturaleza cuando ésta manifiesta su enorme fuerza destructora como ha sucedido recientemente en Mallorca y Málaga.
Incluso desde FACUA (Consumidores en Acción) advierten sobre los factores de riesgo que implica la instalación de una antena repetidora en una Comunidad de Propietarios, haciendo hincapié en que algunas compañías de seguros se niegan a cubrir los posibles daños que se puedan derivar de los campos electromagnéticos producidos por estas antenas, ya que los riesgos son inciertos y las indemnizaciones a pagar en un futuro, de confirmarse, podrían ser enormes. También informan que tan sólo hace falta que un propietario se niegue a la instalación de la antena para que ésta no pueda realizarse, siempre y cuando la azotea tenga asignado un uso, ya que el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal indica que las decisiones que afecten al título constitutivo del edificio deberán aprobarse por unanimidad si se trata de elementos que tengan asignado un uso específico en el inmueble.
Obtenida la aprobación de los propietarios, para su instalación se necesita previamente la correspondiente licencia municipal, no disponer de ella podría dar lugar al rehúse de la indemnización de los daños propios o a terceros en caso de siniestro, por parte de la aseguradora.
Las infracciones contra la normativa urbanística en la instalación y conservación de la antena serán responsabilidad de la empresa instaladora, el propietario o Comunidad de Propietarios del edificio o terreno en que se ubique la antena; El asesoramiento, defensa y depósito de fianzas ante éstos hechos puede ser realizada a través de un Seguro de protección jurídica que permite asegurar un presupuesto sin sobresaltos jurídicos.
Como podemos observar, los posibles riesgos para la salud humana que puedan tener las antenas base de las redes de telefonía móvil es un tema polémico y complejo tanto para los ciudadanos como para las Comunidades de Propietarios que pudieran tener que enfrentarse a riesgos de reclamaciones en un futuro tal como ha sucedido con la aluminosis o el amianto. De lo que hoy podemos estar seguros es de que es muy probable que en este instante estemos a menos de unas pocas decenas de metros de una antena, y así lo podemos comprobar visitando el portal infoantenas del Ministerio de Industria dónde pueden consultarse los distintos niveles de energía electromagnética emitida en todo el territorio de nuestro país. Con la radiación de telefonía móvil, como con todos los agentes sospechosos o dudosos de poder tener efectos cancerígenos, debe actuarse siempre bajo el principio de precaución y prevención. Cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos es sin duda una prioridad para todos nosotros, y con este propósito desde José Silva Correduría de Seguros nos ofrecen una amplia gama de Seguros de Salud, entre los que cabe destacar el Seguro de salud para familias y el Seguro vida mujer. No dudes en consultarles información sobre las coberturas, prestaciones, productos disponibles y cuadro médico de estos seguros médicos.
Fuentes: mincotur.gob, facua.org y elaboración propia.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 23 octubre, 2018 en correduría de seguros, energía, espacios comunes, josé silva, protección jurídica, responsabilidad civil, seguro de edificios, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios
Etiquetas: antenas, azotea, radiación, salud, siniestros
¿CÓMO DEBE ACTUAR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTE VECINOS QUE INCUMPLEN LOS TÉRMINOS DE SALUBRIDAD?
Por la confusión que genera el término, entendemos por vecino (sin distinción de género) cualquier persona que habita en un edificio de propiedad vertical u horizontal, que puede tener la condición de propietario, inquilino, usuario, invitado o transeúnte (los pisos turísticos fomentan ésta).
En general, los seres humanos somos sociales por naturaleza, tanto la familia, la escuela o el entorno laboral nos inculcan una serie de valores y enseñanzas que nos ayudarán a formarnos como sujetos y a convivir en sociedad. La vida en la Comunidad de Propietarios, cualquiera que sea su tamaño, precisa unas normas que aseguren la correcta convivencia de sus integrantes. El individuo debe ser consciente de que lo primordial es el bienestar común, por encima de sus deseos personales, más aun si estos pudiesen perjudicar de alguna manera a los demás o poner en riesgo el confort de todos.
Es por ello que, para facilitar una correcta y tranquila convivencia de sus vecinos, las Comunidades de Propietarios poseen una serie de reglas y normas internas e incluso unos estatutos, que regulan los derechos y obligaciones de sus propietarios y por extensión de los demás vecinos mientras permanezcan o utilicen sus instalaciones. En ocasiones, ocurren conflictos motivados por usuarios que incumplen los preceptos básicos de convivencia con el resto de habitantes del edificio o urbanización al realizar actividades prohibidas o que incumplen las disposiciones generales sobre actividades insalubres. ¿Cómo debe actuar la Comunidad de Propietarios? ¿Quien es el encargado idóneo para intentar solucionar el conflicto? ¿ Dónde se puede denunciar a la persona que tiene un estilo de vida insalubre, que perjudica a los demás integrantes de la comunidad?
Las posibles soluciones dependerán de si se trata de un propietario o no (nos referimos siempre como término neutro que identifica cualquier género). En primer lugar, es conveniente intentar arreglar el conflicto mediante la vía amistosa, poniendo en conocimiento del infractor de cuáles son las normas aprobadas por los propietarios. Para ello es aconsejable que el Presidente de la Comunidad se ponga en contacto con la persona que incumple los términos de salubridad, preferiblemente por escrito, y le informe del malestar que causa al resto de vecinos su actitud. En el caso de que la actividad o conducta continúe, será necesario que el Presidente o el Administrador de Fincas, por mandato del primero, efectué un requerimiento previo de forma fehaciente (por ejemplo, mediante burofax, o conducto notarial) para que cese de forma inmediata en su comportamiento, advirtiéndole además de que, de no hacerlo en un plazo prudente, se tomarán acciones judiciales contra él. La tenencia de un seguro de Protección Jurídica amplio facilita la adopción de éstas medidas al disponer, sin coste adicional, de un servicio de Asesoría Telefónica, elaboración de informes y peritajes y los servicios de abogados expertos en la materia.
Solicitar la intervención de un Administrador de Fincas especializado en Mediación Civil y Mercantil suele aportar soluciones ingeniosas y eficaces por su experiencia en la resolución de conflictos vecinales. Algunos Colegios Profesionales disponen de un servicio para éstas situaciones.
Si ninguna de estas medidas da resultado, el presidente deberá convocar una Junta Extraordinaria cuyo orden del día recogerá el motivo, para informar a los propietarios del problema y tratar de obtener un acuerdo de mayoría simple, para que la Comunidad inicie una acción judicial de cesación contra el vecino insalubre. Posteriormente se presentará un escrito que recoja los hechos y la problemática que están aconteciendo en la comunidad ante una oficina de atención ciudadana o en el ayuntamiento, ya que cualquiera de estas instituciones puede dar curso a una demanda. Conviene apuntar que este trámite es completamente gratuito, sin embargo la obtención de pruebas puede representar un coste para la Comunidad de Propietarios, de ahí la importancia del seguro de Protección Jurídica. En el caso de que no se consiga la mayoría suficiente, cualquiera de los vecinos que se sientan afectadas por los problemas de sanidad puede denunciar, sin importar si se trata de un copropietario o no (algunos Seguros de Hogar ofrecen la garantía de reclamación de éste tipo de problema, en el momento de contratarlo conviene recibir un asesoramiento profesional). Se iniciará así un juicio de equidad en el que un Juez evaluará el problema y valorará si procede o no el inicio de la acción de cesación.
En ambos casos, si finalmente queda demostrado el incumplimiento de los términos de salubridad, el vecino infractor se enfrentará a consecuencias que pueden ser de leves a severas, dependiendo de la magnitud del problema:
Si se trata de un caso de insalubridad leve, estará obligado, además de cambiar su estilo de vida, a compensar los daños y perjuicios que haya causado a los demás copropietarios.
Si se tratase de un caso realmente grave, que pudiese afectar a la salud de los demás vecinos, el juez puede disponer el desalojo de la vivienda durante un periodo máximo de tres años si es propietario, o el desahucio permanente si es inquilino.
Los casos más comunes de denuncias por insalubridad en una Comunidad de Propietarios son las relacionadas al síndrome de Diógenes, una enfermedad que se caracteriza por que los pacientes acumulan objetos de una forma excesiva y patológica. Los vecinos suelen dar la voz de alarma en estas ocasiones, debido a que la acumulación de basura origina olores y da lugar a plagas de insectos y roedores. El seguro Multirriesgo de la Comunidad de Propietarios no cubre los daños propios ni a terceros que tengan origen en ésta causa.
Fuentes: Ley de Propiedad Horizontal, Código Civil, boe.es y elaboración propia.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 7 octubre, 2018 en correduría de seguros, espacios comunes, josé silva, protección jurídica, responsabilidad civil, seguro de edificios, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios, viviendas
Etiquetas: conflicto, convivencia, diógenes, juicio, salubridad

References: artículo 7
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 17
 resolución