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Timestamp: 2017-02-27 13:51:38+00:00

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DR. GUSTAVO ARAMBURU: septiembre 2014
VERAZ - FALLO
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el amparo presentado por un particular para obtener la rectificación de sus datos en la base del Veraz debe tramitar ante la Justicia Civil y Comercial Federal.
En la causa “Azario Federico Jesús c/ Organización Veraz S.A. y otro s/ amparo”, el magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 14 declaró la incompetencia foral para entender en este juicio y dispuso su remisión a la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. Por su parte, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2se inhibió de conocer y resolvió atribuirlas a la Justicia Nacional en lo Comercial.
A su vez, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 se opuso a la radicación del expediente con fundamento en que es prerrogativa de la Corte atribuir la competencia a un tribunal extraño al conflicto, por lo que ordenó restituir la causa al tribunal remitente, a fin de que se expida la cámara del juez que previno.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2, tras ratificar el temperamento adoptado, dispuso elevar las actuaciones a la Cámara Nacional en lo Civil, cuyos miembros opinaron que debía dirimir el conflicto la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, atento a que el juzgado civil no participaba de la contienda.
En tales condiciones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, resolvió atribuir competencia al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 10, cuyo titular manifestó su disidencia y elevó el expediente a la Corte.
El Máximo Tribunal sostuvo en primer lugar que “la contienda no ha sido trabada correctamente, toda vez que el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2, no estaba facultado para declarar la competencia de un tercer magistrado que no intervino en el conflicto”, aclarando que “esa es una atribución excepcional de que goza esta Corte como órgano supremo de la magistratura”.
En tal sentido, la Corte remarcó que “de conformidad con lo dispuesto por el art. 24, inc.7°, del decreto-ley 1285/58, los conflictos habidos entre jueces nacionales de primera instancia deben ser resueltos por la cámara de la cual depende el tribunal que ha intervenido en primer término, sin que obste a ello la circunstancia de que uno de los magistrados nacionales sea federal”.
En base a ello, los ministros determinaron que de acuerdo a las constancias de la causa, “el órgano legalmente facultado para dirimir la contienda de competencia suscitada no era la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sino la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la cual revestía la calidad de tribunal de alzada del juez que primero había conocido”.
Sin perjuicio de no encontrarse debidamente trabada la cuestión de competencia, los ministros Ricardo Luis Lorenzetti, Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda recordaron que dicho tribunal, en casos análogos “en los que se pretendía eliminar datos que obraban en bases de datos de internet, lo que implicaba que se encontraban interconectadas en redes virtuales interjurisdiccionales, ha declarado la competencia de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto por el.art. 36, inciso b, de la ley 25.326”.
En base a ello, la Corte decidió en la resolución dictada el 2 de septiembre del presente año, que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2.
ce casi tres años el Gobierno comenzó a adoptar medidas para limitar la compra de dólares y evitar así la fuga de divisas al exterior. Pese a ello, muchos contratos fueron incluyendo cláusulas que consignan el pago en moneda extranjera.
Cuestión polémicaEl anteproyecto original ratificaba que las deudas y los contratos debían ser cancelados en los signos monetarios ya acordados, pero el artículo 765 -que defiende el oficialismo- establece que cuando la obligación contraída se hubiere pactado en moneda extranjera, el deudor "podrá" liberarse de la misma por medio de la entrega del equivalente en billetes de curso legal.
Los expertos igualmente dudanMáximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que "el proyecto de Código Civil y Comercial desalienta los contratos en dólares. No protege a los acreedores. Si va a regir por muchos años, el Congreso debería establecer reglas más claras. De otro modo, se van a generar muchos juicios alrededor de esos convenios y todo quedará librado a la interpretación de los jueces".
En tanto, Maximiliano Juan Yaryura Tobías, abogado del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt indicó que "en materia de obligaciones de dar dinero en moneda extranjera, la comisión redactora dijo que si se había estipulado dar moneda que no fuera de curso legal en la República (por ejemplo: dólares estadounidenses), la obligación debía considerarse como de dar sumas de dinero".Pero, agregó, ello fue "modificado por el Poder Ejecutivo Nacional, que determinó volver al sistema previo al que fuera instaurado por la Ley 23.928 (Ley de Convertibilidad), en cuanto quepermitiría al deudor liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal".
En ese punto, Barreira Delfino realizó una serie de preguntas que necesitan ser aclaradas por la legislación, como por ejemplo: ¿Se tomará la cotización del mercado libre o del BCRA? ¿De qué día será el precio a considerar? ¿De la fecha de constitución de la obligación, del vencimiento o cuando se haga efectivo el pago? O bien, será ¿el tipo de cambio comprador, vendedor o mixto? ¿En cuál segmento cambiario oficial se consideraría: el comercial, el financiero, el turístico, el agrícola o el sofisticado que se hubiere sancionado?”
“Todo lleva a presumir que la intencionalidad del cambio fue motorizar la pesificación de las actividades económicas en el territorio nacional, sin advertirse que tales procesos no se logran mediante el dictado de loables normas, sino solamente por la conducta de la propia ciudadanía y su comportamiento en los mercados, en función del grado de credibilidad que represente la moneda nacional”, destacó el especialista Publicado por
si diez meses después de que lo aprobara el Senado, el kirchnerismo decidió sacar del cajón el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial con el objetivo de sancionarlo en los próximos dias en sesión ordinaria.
"Por fin vamos a poder concretar un largo trabajo con un Código moderno y de neto corte humanitario", dijo la diputada oficialista Diana Conti, quien presidió la comisión bicameral que analizó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso en marzo de 2012. La legisladora confirmó que la propuesta será tratada el miércoles 1º de octubre.
El freno se había generado por las diferencias internas en el Frente para la Victoria (FPV) a partir de los cambios efectuados a último momento, antes de la votación en el Senado, para complacer a la postura de la Iglesia tras la mirada atenta del Papa Francisco. Algunos integrantes del oficialismo cuestionan la modificación del artículo 19.La misma establece que en lugar de definirse el inicio de la vida con la "concepción en el seno materno" (y en el caso de reproducción asistida con la “implantación del embrión en el cuerpo de la mujer) quedó fijado solamente el término "concepción". De modo tal que, con esa redacción, se pondría en riesgo las técnicas de fertilizaciónasistida.
La iniciativa oficial consta de 2.671 artículos y entraría en vigencia el 1° de enero de 2016 si es aprobado. Fue elaborado por una comisión de juristas encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
El Congreso le incluyó unas 180 modificaciones a la propuesta inicial, como el mencionado reconocimiento a la vida desde la concepción, y excluyó cuestiones como el alquiler de vientres y la fecundación post mortem. Además, eliminó la responsabilidad del Estado, que fue aprobada en una ley particular.
Ciertos temas relacionados al Derecho Civil y sucesorio generan una intensa polémica entre los expertos. Algunos de estos puntos buscan reflejar situaciones reales y cotidianas, tales como elconcubinato o las solicitudes de divorcio por sólo uno de los cónyuges, pero -de alguna manera- llegan a "poner en jaque" al instituto de la familia concebido, de acuerdo con la normativa aún vigente y también conforme a una visión social tradicional.
1. Divorcio "exprés"El divorcio será "incausado" dado que no habrá necesidad de decirle al juez los motivos por los que se tomó esta decisión. Directamente, se le va poder solicitar que lo declare si que se discutan las razones.
En este sentido, la iniciativa indica que -a efectos de concretar el trámite- será obligatoria la presentación, conjunta o unilateral, de una "propuesta de solución" para ciertos problemas que suelen aparecer en estos casos.Por ejemplo, el régimen de guarda y comunicación con los menores de edad, la cuota alimentaria, la división de bienes, entre otros aspectos.
2. Acuerdos económicos de parejaLuego de casarse, la pareja podrá optar por un régimen ganancial como el vigente o uno llamado de "separación".En este último, cada cónyuge no tendrá que compartir el dinero que gane en forma personal, excepto para los gastos de la convivencia o crianza de los hijos.
En caso de no seleccionar una de estas opciones, los cónyuges (por default) quedaránsometidos al sistema ganancial según el cual lo que gana cada uno se divide en partes iguales desde el momento en que se contrajo enlace. 3. ConcubinatosEl "nuevo" Código los llama uniones convivenciales y les confiere derechos en materia dealimentos y vivienda.
En principio, las relaciones económicas entre los miembros de la pareja se regirán por lo estipulado en un pacto.Dicho acuerto deberá firmarse en el Registro de Uniones Convivenciales. Si este acuerdo no se realizara, cada uno podrá ejercer libremente las facultades de administración ydisposición de sus bienes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el convenio mencionado, los convivientes tendrán la obligación de contribuir a los gastos domésticos y serán solidariamente responsables por lasdeudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros. 4. Alimentos a los hijosEl deber alimentario se extenderá hasta los 21 años y se estipula que, a tal efecto, nada deberá probar el hijo que reclama.
Será el padre (que intenta liberarse de la responsabilidad) el que tendrá que acreditar que elhijo mayor de edad puede procurárselos. Incluso, si continuara con los estudios, la obligación se extendería hasta los 25 años.
Asimismo, la iniciativa indica que el concubinato no generará relaciones de parentescorespecto de los hijos del otro miembro. Por lo tanto, no se podrán reclamar alimentos, salvo que uno de los integrantes de la misma decida adoptar. 5. SucesionesSe amplía la libertad para testar.Esto, disminuyendo la limitación legal existente sobre esta materia: ahora es de dos tercios la porción legítima de los descendientes, y de la mitad en el caso de los ascendientes y del cónyuge. 6. Apellido de los hijosUno de los grandes cambios propuestos respecto de este tema consiste en que el hijo matrimonial podrá llevar el primer apellido de cualquiera de los padres. A pedido de alguna de las partes, se podrá agregar el del otro.
El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de los padres llevará el apellido de ese progenitor. 7. Reproducción humana asistidaEstas técnicas fueron eliminadas del artículo 19 referido al inicio de la existencia humana, que comienza sólo "desde la concepción".
8. AdopciónCon respecto a esta materia, se busca simplificar el régimen jurídico y priorizar el interés del niño por sobre el de los adultos.
Con este propósito, de convertirse en ley, se mantendrá la que es "plena y simple" y se incorporará la realizada por integración, en caso de familias conformadas por parejas que tengan hijos de otras relaciones. Es decir, se permitirá adoptar al hijo del otro cónyuge o conviviente. Estos son varios de los cambios significativos que trae el nuevo Código Civil y Comercial. Comenzará a ser tratado en el Congreso y viene enmarcado de fuertes polémicas.
En cambio, de aprobarse el proyecto alentado por Recalde, el empleado tendría derecho a cobrar el triple de dicho resarcimiento. Es decir, que se aumentará:
Otra, por la aplicación del primer párrafo del artículo 1 de la Ley 25.323, que duplica el monto del mencionado artículo 245 por omisión o mala registración y protege a quienes estén contemplados por la LCT.- Y un tercer incremento, si el contrato no se hubiera extinguido por renuncia o por la voluntad de las partes, derivado de la reforma propuesta.
MOBBING En los últimos años se han ido multiplicando los reclamos judiciales por acoso psicológico y moral o mobbing, en el ambiente de trabajo.
En ese aspecto, hay que diferenciar aquellas cuestiones o actitudes que no configuran acoso laboral porque no todas las personas que dicen sentirse acosadas, necesariamente lo están padeciendo. Por caso, una agresión verbal o un gesto inapropiado constituye un verdadero acto de violencia y es plenamente resarcible, pero no es acoso moral en un sentido estricto.
No era mobbingLa empleada se consideró despedida porque estaba mal registrada y, además, pidió que se le abone un resarcimiento adicional por Consideraba que había sido objeto de acoso laboral a través de un "hostigamiento y agresión constante" que recibía de parte de su jefa, lo que le produjo un padecimiento psicológico del cual debió ser tratada.
Expresó que el acoso "llegó a tomar diferentes formas humillantes publicas frente al personal,descalificación del trabajo realizado, gritos, insultos verbales, llamadas telefónicas para agredir, mensajes de texto también agresivos, hasta se llegó a crear una página de Interneten la cual subía fotos de los empleados, algunas fotos montadas, para burlarse de ellos". El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda en lo principal, al concluir que la dependiente percibía parte del salario fuera del recibo legal, lo que justificó el despido indirecto. Sin embargo, rechazó el resarcimiento por daño psicológico y moral. La empleada se presentó a la Justicia para cuestionar el rechazo a sus pretensiones basadas en daño moral y despido discriminatorio. Señaló que trabajaba con su agresora, quien le profería un trato indebido.
Para los camaristas no se aportaron elementos que pueden torcer la decisión, porque de acuerdo a los principios que rigen la carga de la prueba, la reclamante debió aportar elementos razonables para acreditar la situación de violencia laboral que invocaba, pero no lo hizo. "El vocablo mobbing se utiliza para identificar situaciones en las que una persona o un grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema, de forma sistemática con intencionalidad y durante un tiempo prolongado sobre otro sujeto, con la finalidad de lograr que la víctima quede aislada de su entorno y abandone el sector, el grupo o la empresa", señalaron los jueces.
CUIT CANCELACION - INCONSTITUCIONAL
La AFIP fundamentó su decisión en las atribuciones que le otorga el decreto 618/1997 que prevé que el Administrador Federalpodrá dictar normas obligatorias en relación con la inscripción de contribuyentes.
JUBILACIONES - CORTE CASO BADARO
Con la firma de cuatro de sus seis miembros, la Corte Suprema de Justicia resolvió revocar medidas cautelares que beneficiaban a jubilados con juicios pendientes por la actualización de sus haberes, según advirtieron ayer fuentes judiciales.
Se trata de 34 casos en los que la Corte aplicó un precedente el pasado 20 de agosto en una demanda llevada adelante por Alfredo Márquez contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El máximo tribunal sostuvo que la Cámara Federal de la Seguridad Social adujo razones genéricas y no puntuales para concederle la cautelar a Márquez y ordenar a la ANSES pagarle de acuerdo al “caso Badaro” hasta que su juicio tenga sentencia definitiva.
Si bien la doctrina Badaro fue establecida por la propia Corte, y así la aplican los tribunales inferiores, la ANSES apela todos los juicios y dilata la actualización de los haberes de jubilados, aún cuando algunos de ellos fallecen a la espera de la recomposición de sus haberes.
Tal es el caso, por ejemplo de uno de los 34 jubilados a los que la Corte le revocó la cautelar a pedido de la ANSES. Se trata de Néstor Fernando Capa, según dijeron las fuentes consultadas por Clarín, las que no descartaron que haya otros casos similares.
El fallo fue firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt. No firmaron en cambio los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
En el precedente del caso Márquez, los cuatro jueces de la Corte sostuvieron que la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, al concederle la cautelar a ese jubilado lo hizo con “consideraciones realizadas de un modo genérico” y “sin una adecuada referencia a las circunstancias particulares alegadas y probadas” en la causa.
Ello, según los jueces del máximo tribunal, “no satisface el criterio de excepcionalidad y mesura, en particular porque una abrumadora mayoría de los temas que se discuten en el fuero de la seguridad social son de naturaleza alimentaria y muchos de los litigantes son de avanzada edad”.
Los cuatro jueces de la Corte dijeron que “correspondía a los magistrados” de la Cámara Federal de la Seguridad Social “verificar cuidadosamente la concurrencia de los extremos de hecho exigidos para la procedencia de la medida solicitada, valorándolos con la prudencia que demanda un conflicto entre el derecho de defensa del organismo (por la ANSES) y la necesidad expresada por el actor”, en referencia a Márquez.
DEFENSA DEL DEUDOR - FALLO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que el pago efectuado luego de producida la mora, sin aditarse en igual calidad los intereses y gastos adeudados y una vez iniciado el juicio ejecutivo pertinente, no justifica la procedencia de la excepción de pago parcial opuesta.
En la causa "Compañía de Medios Digitales c/ 3 EX GROUP S.R.L. s/ ejecutivo", la ejecutada apeló la resolución mediante la cual el juez de grado rechazó la excepción de pago parcial opuesta y dictó la correspondiente sentencia de trance y remate.
En su apelación, la recurrente se agravió al considerar que el depósito efectuado espontáneamente y comprensivo del capital, intereses y gastos presupuestados justificaba la procedencia de la excepción de pago parcial.
La Sala D explicó que “la expresión "pago documentado" empleada en el art. 544:6° del Cpr. implica que tal hecho extintivo de las obligaciones -que no es posible presumir- debe acreditarse, como regla general que no encuentra excepción en la especie, mediante instrumentos emanados del ejecutante y con referencia precisa al crédito en ejecución”.
Sentado ello, los camaristas señalaron con relación al presente caso que al presentarse espontáneamente en la causa, el ejecutado depositó $ 10.000 y transfirió $ 17.150. Cabe señalar que del total de ese monto, $ 18.150 fueron dados en pago por capital y $ 9000 en calidad de embargo, sujeto a la liquidación que oportunamente se practicara.
En la sentencia dictada el 30 de junio del presente año, el tribunal puntualizó que “la consignación en calidad de embargo no constituye un verdadero pago”, debido a que “el embargo implica la mera afectación de un bien del deudor al futuro pago del crédito sobre el cual versa un proceso -en el caso, de ejecución- mientras que el pago, según el concepto que brinda el art. 725 del Código Civil, consiste en el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación”.
Si bien “podría considerarse como un elemento externo común a ambos conceptos, en casos como el aquí planteado, que el embargado -como quien paga- pierde la disponibilidad material del dinero que es depositado para la eventual satisfacción de un crédito”, los magistrados puntualizaron que “es evidente que con la efectivización del embargo no ha operado ninguno de los efectos propios del pago, ya que el crédito no ha quedado extinguido, ni el deudor liberado de su obligación, y los bienes embargados -en el caso, el dinero en efectivo depositado- continúan siendo de propiedad del deudor”.
En base a lo expuesto, los Dres. Pablo D. Heredia, Gerardo G. Vassallo y Juan José Dieuzeide concluyeron que “el pago efectuado luego de producida la mora, sin aditarse en igual calidad los intereses y gastos adeudados y una vez iniciado el juicio ejecutivo pertinente, no justifica la procedencia de excepción opuesta -art. 544:6°, Cpr”, confirmando la resolución recurrida.
ESCRITURACION - SALDO DE PRECIO - FALLO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que quien solicita la escrituración de un bien adeudando el saldo del precio, no puede válidamente oponer o plantear la prescripción de las prestaciones que se encuentran a su cargo, ya que la subsistencia del compromiso que invocó para reclamar aquella escrituración es integral.
En los autos caratulados “La Sudamericana Const. s/ quiebra - sobre incidente de verificación de crédito por Mandon Liliana”, la incidentista apeló la resolución mediante la cual la magistrada de primera instancia rechazó la prescripción planteada respecto de la obligación de pagar el saldo de precio del boleto de compraventa oportunamente suscripto con la fallida.
En el presente caso, la incidentista solicitó la verificación de una obligación de hacer, consistente en la escrituración de cierto inmueble, con base en el contrato de compraventa que suscribió con la fallida, por un valor de 24.300 dólares, de los cuales pagó un total de 12.300 dólares.
Dicha insinuación fue admitida por la juez de grado, quien ordenó escriturar a favor de la incidentista el inmueble mencionado, mientras que con posterioridad se ordenó la entrega de la posesión del bien a la compradora, la que se efectivizó el 20.12.00.
Sin embargo, luego de casi trece años desde entonces y sin que se se haya efectuado aún la escrituración a su favor, la incidentista planteó la prescripción de su obligación de pagar el saldo precio adeudado, alegando que por tratarse de obligaciones divisibles la de escriturar y la de pagar el saldo de precio, ellas pueden prescribir por separado.
En tal sentido, la recurrente expuso que la obligación de escriturar a cargo de la fallida no se halla prescripta por la posesión pacífica, continuada e ininterrumpida del bien que ejerce su parte, pero que sin embargo, sí prescribió la obligación de pagar el saldo de precio, por cuanto no han existido actos tendientes a exigirlo (arts. 669, 670, 680 y 4023, Cód. Civil).
Los magistrados que integran la Sala D resolvieron que “quien solicita la escrituración de un bien adeudando el saldo del precio (facultad que en ámbito concursal otorga el art. 146:2° de la LCQ), no puede válidamente oponer o plantear la prescripción de las prestaciones que se encuentran a su cargo, ya que la subsistencia del compromiso que invocó para reclamar aquella escrituración es integral”.
Según explicaron los jueces, ello implica que “el vendedor tiene que entregar la cosa y escriturarla a favor del comprador, mientras que éste necesariamente debe pagar el saldo del precio convenido”.
Si bien la prescripción de ambas prestaciones es la del artículo 4023 del Código Civil, los Dres. Pablo Heredia, Gerardo Vassallo y Pablo Frick puntualizaron que “ella se ve interrumpida permanentemente por la posesión pacífica y continuada que ejerce el comprador, pues la misma importa un reconocimiento tácito y repetido del vendedor respecto del derecho de aquel”, a la vez que “esa misma posesión ejercida por el comprador revela un reconocimiento propio -también continuado y permanente- de su obligación de pagar el precio que adeuda”.
En la sentencia dictada el 5 de junio pasado, la nombrada Sala concluyó que “hallándose subsistente la obligación de escriturar, persiste igualmente la de pagar el saldo de precio; razón por la cual la excepción de prescripción no puede prosperar”.

References: resolución 
 artículo 765
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 245
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4023