Source: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioG0423-230617-0001_es.html
Timestamp: 2019-03-25 10:04:24+00:00

Document:
Orden del DOG nº 124 de 2017/6/30 - Xunta de Galicia
DOG Núm. 124 Viernes, 30 de junio de 2017 Pág. 31961
El Real decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, y el Decreto 18/2014, de 13 de febrero, por el que se determinan los aspectos básicos de los programas autonómicos de rehabilitación de viviendas y se dan directrices para el desarrollo del Plan estatal 2013-2016, constituyen el marco normativo por el que se establecen las ayudas públicas en materia de rehabilitación en Galicia.
De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 18/2014, de 13 de febrero, mediante la Orden de 9 de marzo de 2015 se establecieron las bases reguladoras del programa de regeneración y renovación urbanas de este plan estatal.
El Real decreto 637/2016, de 9 de diciembre, prorrogó durante un año el citado Plan estatal 2013-2016. Esta prórroga hace necesaria una modificación en la regulación de los plazos previstos en la Orden de 9 de marzo de 2015.
En consecuencia, mediante esta orden, que no tiene contenido económico, se abre el plazo para solicitar la participación en la prórroga en el Programa de regeneración y renovación urbanas y se establecen sus bases reguladoras que, al mismo tiempo, serán de aplicación a las nuevas ayudas autonómicas previstas para las actuaciones que se realicen en las áreas de rehabilitación integral declaradas por la Comunidad Autónoma de Galicia.
De conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 13 del Decreto 18/2014, de 13 de febrero,
Esta orden tiene por objeto regular las condiciones para solicitar la participación en la prórroga del Programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 (en adelante, Plan estatal 2013-2016), así como establecer sus bases reguladoras, que también serán de aplicación a las nuevas subvenciones autonómicas, complementarias de las ayudas estatales, para las actuaciones que se realicen en las áreas de rehabilitación integral (en adelante, ARI) (código del procedimiento VI408K).
Participación en la prórroga del Programa de regeneración y renovación urbanas
Artículo 2. Participación de los ayuntamientos
1. Solo podrán participar en la prórroga del Programa de regeneración y renovación urbanas los ayuntamientos que tengan alguna ARI declarada en su término municipal.
2. La materialización de la participación en el programa tendrá lugar a través de la formalización de un acuerdo específico entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Galicia y el correspondiente ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.6 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril.
3. El acuerdo a firmar establecerá que el ayuntamiento actúe como entidad gestora del programa, fijará la financiación máxima previsto para la respectiva ARI, así como el plazo en el que el ayuntamiento deberá realizar la correspondiente convocatoria de las ayudas y los demás compromisos que se deriven de la prórroga de este programa.
4. La convocatoria de las subvenciones que realice el ayuntamiento, una vez firmado el acuerdo específico, deberá ajustarse a las bases reguladoras aprobadas en esta orden y a los demás requisitos establecidos en la normativa reguladora de este programa.
Artículo 3. Solicitudes de participación
1. Los ayuntamientos que quieran participar en la prórroga del Programa de regeneración y renovación urbanas deberán presentar una solicitud dirigida a la Dirección General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (en adelante, IGVS), según el modelo que figura como anexo I a esta orden.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.
3. Los ayuntamientos que tengan varias ARI declaradas en su término municipal deberán presentar una solicitud para cada una de las ARI que quieran incorporar a este programa.
4. La solicitud deberá formalizarla, en representación del ayuntamiento, el/la alcalde/sa o la persona en que este/a delegue.
5. Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.
Si alguno de los ayuntamientos interesados presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. En estos casos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la enmienda.
6. En el modelo de solicitud, la persona representante del ayuntamiento realizará las siguientes declaraciones respeto de las subvenciones que pueda recibir el ayuntamiento en el marco de este programa:
a) Declaración de las ayudas solicitadas u obtenidas de cualquier entidad pública o personal o, en su caso, declaración de que no se solicitaron u obtuvieron otras ayudas para la misma finalidad. En caso de que se hubieran solicitado o obtenido otras ayudas para la misma finalidad, se deberán indicar cuales.
b) Compromiso de comunicar cualquiera otra subvención que sea solicitada o concedida para la misma finalidad.
c) Declaración responsable de que el ayuntamiento está al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de que el ayuntamiento no tiene pendiente ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, para el caso de solicitar las subvenciones autonómicas.
d) Declaración de que el ayuntamiento no está incurso en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de las ayudas de las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
e) Declaración de que el ayuntamiento está al día en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero.
f) Declaración de que todos los datos consignados en la solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
7. Con la solicitud de participación, los ayuntamientos deberán adjuntar un certificado del acuerdo municipal de solicitar la participación en este programa y del compromiso del ayuntamiento de actuar como entidad gestora de las actuaciones, después de la firma del correspondiente acuerdo específico.
a) Número de identificación fiscal del ayuntamiento.
b) Documento nacional de identidad (en adelante, DNI) o número de identidad de extranjero (en adelante, NIE) de la persona que ostente la titularidad de la alcaldía, o de la persona en quien delegue.
c) Certificaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia, acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, y de que el ayuntamiento no tiene pendiente ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
2. Cuando los ayuntamientos interesados se opongan a estas consultas, deberán hacerlo constar en el correspondiente cuadro habilitado a tal efecto en la solicitud y, al mismo tiempo, adjuntar los documentos oportunos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos en el artículo anterior, se requerirá al ayuntamiento solicitante para que en un plazo de diez (10) días hábiles subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, después de la correspondiente resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Después de examinar las solicitudes admitidas, la persona titular de la Dirección General del IGVS realizará una propuesta de reparto de la financiación entre los correspondientes ayuntamientos. Esta propuesta se realizará en atención a las previsiones contenidas en el Plan estatal 2013-2016 y a las dotaciones presupuestarias fijadas para la prórroga de este programa.
3. La propuesta de reparto de la financiación será notificada a los ayuntamientos cuyas solicitudes hubieran sido admitidas. Estos ayuntamientos dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la citada notificación, para que aporten, de conformidad con el artículo 27.3 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril, la documentación que a continuación se relaciona, necesaria para la formalización de los acuerdos específicos:
a) Una memoria-programa en la que constarán los siguientes documentos:
1º. Un diagnóstico sobre la situación social, económica y ambiental de la ARI, justificado en base a indicadores y índices estadísticos objetivos en relación con la media municipal, autonómica y estatal o, en su defecto, sobre la base de informes técnicos. También incluirá los objetivos y los fines públicos de la actuación.
2º. Un programa de acciones integradas que incluya la descripción de las actuaciones subvencionables, su idoneidad técnica y las formas de su ejecución y de su gestión, así como su programación temporal. Se incluirán también las medidas complementarias propuestas en los ámbitos social, económico y ambiental, especificando de forma pormenorizada las instituciones públicas y privadas implicadas y los compromisos establecidos para su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento.
Este programa de acciones integradas contendrá un cuadro de indicadores de seguimiento, para verificar la incidencia de las acciones y una memoria que acredite la participación ciudadana en su diseño.
3º. Una memoria de viabilidad técnica que acredite su compatibilidad con la ordenación urbanística y otra de viabilidad económica, que analizará la rentabilidad y el equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la actuación para las personas propietarias. En la memoria deberá constar el presupuesto total protegido de las actuaciones, desglosándolas según los tipos establecidos en el artículo 26 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril.
4º. Un plan de realojo temporal y retorno legalmente necesario, en su caso, con indicación de los plazos y de los costes de los realojos y de las medidas sociales complementarias previstas para la población afectada.
b) Las prioridades de ejecución de las actuaciones que se propongan realizar.
c) La ficha de datos establecida por el Ministerio de Fomento para la firma de los acuerdos específicos.
4. El IGVS remitirá las solicitudes con toda la documentación al Ministerio de Fomento para su conformidad y posterior firma de los acuerdos específicos, en atención a sus disponibilidades presupuestarias y a los criterios establecidos en el artículo 27 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril.
Artículo 6. Forma de presentación de la documentación
1. La certificación municipal que debe acompañar a la solicitud, así como la demás documentación prevista en el apartado 3 del artículo 5, deberá presentarse electrónicamente en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Para el caso de que alguno de los ayuntamientos presente esta documentación presencialmente, se le requerirá para que lo haga electrónicamente. En estos casos, se considerará como fecha de presentación de esta documentación aquella en la que haya sido presentada por vía electrónica.
3. Los ayuntamientos interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, el IGVS podrá requerirles la exhibición de los documentos originales para el cotejo con las copias electrónicas presentadas.
4. En caso de que los documentos a presentar superen los tamaños máximos establecidos en la sede electrónica o tengan un formato no admitido por esta, deberán seguirse, a efectos de su presentación, las instrucciones que figuran en la siguiente dirección: https://sede.xunta.gal/documentacion-de-gran-tamano.
5. Todos los trámites administrativos que los ayuntamientos deban realizar durante la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados electrónicamente, accediendo a la carpeta del ciudadano del ayuntamiento interesado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
Artículo 7. Financiación de las actuaciones del Programa de regeneración y renovación urbanas
1. Una vez firmados los acuerdos específicos de financiación, el Ministerio de Fomento ingresará las subvenciones a su cargo directamente a la Comunidad Autónoma de Galicia. Según las disponibilidades presupuestarias, la Comunidad Autónoma de Galicia, a través del IGVS, procederá a abonar en un solo pago a cada ayuntamiento, tanto la financiación prevista con cargo al Ministerio de Fomento, como la prevista con cargo a sus presupuestos. Estos ingresos se realizarán por transferencia bancaria en la cuenta de titularidad municipal señalada para el efecto en el anexo I.
2. Los ayuntamientos justificarán los gastos efectuados mediante las oportunas certificaciones municipales de las actuaciones realizadas, en los términos señalados en el artículo 18.
3. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, entendiéndose rechazadas cuando transcurrieran diez (10) días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, sin que se acceda a su contenido.
4. Si el envío de la notificación electrónica no es posible por problemas técnicos, el IGVS practicará la notificación por cualquiera otro medio de los previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Bases reguladoras de las subvenciones del Programa de regeneración
Artículo 9. Actuaciones subvencionables
De conformidad con el artículo 26 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril, son actuaciones subvencionables la ejecución de las siguientes obras:
1. Obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, con el fin de adecuarlos a la normativa vigente.
2. Obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano:
a) Las de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos, tales como pavimentación, jardinería, infraestructuras, instalaciones, servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro energético, iluminación, recogida, separación y gestión de residuos, telecomunicaciones y utilización del subsuelo.
b) Las de mejora de la accesibilidad de los espacios públicos.
c) Las de mejora de la eficiencia ambiental en las siguientes materias:
– En materia de agua, las de reducción del uso de agua potable y de riego, las de gestión sostenible de las escorrentías urbanas, las aguas pluviales y residuales, y las de gestión de depuración y su retorno adecuado al medio.
– En materia de energía, las de mejora de la eficiencia energética en edificación y en servicios urbanos, las de implantación de energías renovables y sistemas de climatización centralizada o de distrito, las de fomento de la movilidad sostenible y, en general, todas aquellas otras destinadas a reducir la demanda energética, las emisiones de gases contaminantes y a aumentar el uso de energías renovables.
– En materia de gestión de residuos y uso de materiales, las de mejora del reciclaje de los materiales conforme a los planes nacionales o autonómicos de recogida de residuos, las de uso, tanto de materiales reciclados o renovables en edificación y en urbanización como de materiales locales ligados a estrategias de promoción de una gestión sostenible del territorio.
– En materia de protección y mejora de la biodiversidad, las propuestas de conectividad de espacios verdes, de promoción de cubiertas verdes o de implantación de especies adecuadas al medio.
3. Obras de demolición y edificación de viviendas de nueva construcción. Los nuevos edificios deberán tener una calificación energética mínima B y cumplir, en todo caso, con las exigencias del Código técnico de la edificación.
Asimismo, serán subvencionables:
4. Los costes de los programas de realojo temporal de los ocupantes legales de inmuebles que deban ser desalojados de su vivienda habitual, por consecuencia de la correspondiente actuación.
5. Los gastos de los equipos y de las oficinas de planeamiento, de información, de gestión y de acompañamiento social de actuaciones subvencionables.
Artículo 10. Requisitos de las actuaciones
1. Todas las actuaciones deberán disponer de licencia municipal o, en su caso, someterse al régimen de intervención municipal de comunicación previa, así como disponer de todas las autorizaciones sectoriales preceptivas.
2. Las actuaciones deberán ajustarse al proyecto o la memoria elaborada para su ejecución.
3. En el caso de realizarse actuaciones en edificios de tipología residencial colectiva, será requisito necesario contar con el correspondiente informe de evaluación, cuyo contenido debe ajustarse al modelo tipo previsto en el anexo II del Real decreto 233/2013, de 5 de abril, así como, en su caso, con el acuerdo válidamente adoptado por la comunidad de propietarios/as o agrupación de comunidades de propietarios/as referido a la ejecución de las obras objeto de la solicitud.
4. El plazo máximo de ejecución de la actuación y de justificación del pago de las obras será el 31 de diciembre de 2018, salvo que el Ministerio de Fomento establezca un plazo diferente.
5. Las actuaciones protegibles incluirán, a los efectos de la determinación del coste total de las obras, los honorarios de los profesionales que intervengan, los informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa y cualquier otro gasto derivado de la actuación, siempre que estén debidamente justificados. En el coste total de las obras no se incluirán los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos.
6. El coste total subvencionable constituirá el presupuesto protegido de la actuación y no podrá superar los costes medios del mercado que correspondan a tales actuaciones.
Artículo 11. Personas o entidades beneficiarias
1. Podrán ser personas o entidades beneficiarias de estas ayudas las administraciones públicas, las personas propietarias únicas de edificios de viviendas o de viviendas individuales, las comunidades de personas propietarias, las agrupaciones de estas comunidades, los consorcios y los entes asociativos de gestión.
2. Las personas y las entidades beneficiarias de las ayudas deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 6.2 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril.
3. Los ayuntamientos podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas para los gastos de mantenimiento de los equipos técnicos y de las oficinas de información y de gestión y las previstas para actuaciones de urbanización y reurbanización.
4. Para poder ser beneficiarios de las subvenciones autonómicas para los gastos de mantenimiento de los equipos técnicos y de las oficinas de información y de gestión, los ayuntamientos deberán haber cumplido el deber de remisión al Consejo de Cuentas de Galicia de las cuentas generales de cada ejercicio.
5. No podrán obtener la condición de personas o entidades beneficiarias aquellas en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, o a quienes se les hubiera revocado alguna de las ayudas contenidas en este o en anteriores planes de vivienda por causas imputables a la persona o a la entidad solicitante.
6. No podrán obtener las subvenciones de este programa quien se hubiera beneficiado, dentro del ámbito de la actuación, de ayudas del programa de rehabilitación edificatoria del Plan estatal 2013-2016, de conformidad con el artículo 28.3 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril.
Artículo 12. Subvenciones estatales
1. La cuantía máxima de las ayudas contenidas en el Plan estatal 2013-2016 no podrá exceder del 35 % del coste subvencionable de la actuación y se calculará multiplicando el número de viviendas por las ayudas unitarias establecidas a continuación:
– Hasta 2.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación y/o por cada vivienda construida en sustitución de otra previamente demolida para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano (obras de urbanización o reurbanización del ámbito).
– Hasta 500 euros por vivienda rehabilitada o construida en sustitución de otra demolida, para financiar el coste de los equipos y oficinas de planeamiento, de información, de gestión y de acompañamiento social.
2. El importe global de las ayudas a cargo del Ministerio de Fomento tendrá el límite de la financiación máxima previsto en la prórroga del convenio de colaboración que se firme entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia. El acuerdo específico que se firme en la comisión bilateral de seguimiento del Plan estatal 2013-2016, con la participación del ayuntamiento respectivo, establecerá, en tener de máximos, el importe de las ayudas para la respectiva ARI.
Artículo 13. Subvenciones autonómicas
El IGVS, con cargo a sus presupuestos, subvencionará las actuaciones en las ARI declaradas en la cuantía máxima siguiente:
– Hasta 4.000 euros por vivienda objeto de la actuación de rehabilitación, sin que la subvención pueda exceder del 10 % del presupuesto protegido de rehabilitación de la vivienda o del edificio.
– Hasta 1.500 euros por vivienda rehabilitada o construida en sustitución de otra demolida, para financiar el coste de los equipos y de las oficinas de planeamiento, de información, de gestión y de acompañamiento social.
Artículo 14. Compatibilidades
Las subvenciones de este programa son compatibles con cualquiera otra ayuda pública, siempre y cuando la suma del importe de todas ellas no supere el coste total de la actuación concreta.
Artículo 15. Solicitudes de subvención
1. Las personas y entidades interesadas, dentro del plazo establecido en cada convocatoria municipal, deberán dirigir la solicitud al ayuntamiento donde esté situado el edificio o la vivienda sobre o que se vaya a realizar la actuación. Con la solicitud, y sólo en el caso de denegar su consulta, se deberá acompañar la siguiente documentación:
– Datos de identificación de la persona solicitante o, en su caso, de la persona representante.
– En caso de que la persona solicitante sea una comunidad de personas propietarias o agrupación de comunidades de personas propietarias, se adjuntará además:
– Documento acreditativo de su constitución.
– Documento acreditativo de la representación con que se actúa.
– Justificación de la titularidad del edificio.
– Acuerdo de la comunidad de personas propietarias para la ejecución de las obras y para la solicitud de la subvención.
– Relación de personas propietarias del edificio, con indicación del DNI o, en su caso, del NIE de cada una, y la referencia catastral de cada vivienda y local.
– Certificación de cada persona propietaria de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia y de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, y de la Ley 9/2007, de 13 de junio.
– Documentación para acreditar los requisitos previstos en el artículo 6 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril.
– Proyecto o memoria técnica en el que se describan las obras a ejecutar y su valoración, con el desglose de las partidas, según lo dispuesto en el artículo 26 del Real decreto 233/2013, de 5 de abril. El proyecto o memoria técnica deberá indicar, asimismo, los datos fundamentales del edificio: situación, número de viviendas y locales, superficie construida sobre rasante, superficie sobre rasante con uso residencial y un reportaje fotográfico de las obras a realizar.
– Licencias y/o autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras.
– En su caso, informe de evaluación de los edificios, conforme con el modelo tipo previsto en el anexo II del Real decreto 233/2013, de 5 de abril.
Artículo 16. Procedimiento de calificación provisional de las actuaciones
1. Los ayuntamientos, en el marco de sus procedimientos de convocatorias de ayudas, revisarán la documentación presentada y, después de los requerimientos que consideren necesarios para completar o aclarar la documentación recibida, dictarán resolución denegatoria de las solicitudes que no cumplan los requisitos. Respecto de las solicitudes que cumplan los requisitos, los ayuntamientos elaborarán una propuesta de calificación provisional que remitirán a la correspondiente área provincial del IGVS. Esta propuesta de calificación provisional contendrá la identificación de la persona solicitante o entidad solicitante, el tipo de actuación, el presupuesto protegido y el plazo de ejecución de las actuaciones. A esta propuesta deberá adjuntarse una certificación municipal del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan estatal 2013-2016, referida a las actuaciones, a los edificios, a las viviendas, así como a las personas o entidades beneficiarias.
2. La persona titular de la correspondiente jefatura territorial del IGVS dictará una resolución sobre la calificación provisional. La resolución por la que se otorgue la calificación provisional contendrá la identificación de la persona solicitante, describirá el tipo de actuación, el número de viviendas y locales que comprenda la actuación, su presupuesto protegido y el plazo de ejecución y de comunicación del final de las obras.
3. Serán causas de denegación de la calificación provisional, además de las que pueda señalar el ayuntamiento, las siguientes:
a) Que la actuación prevista no se encuentre entre las actuaciones de rehabilitación acogidas en este programa.
b) En el caso de actuaciones referidas a edificios residenciales colectivos, que no se disponga del informe de evaluación de los edificios.
c) Que la actuación no se ajuste a las determinaciones del Real decreto 233/2013, de 5 de abril, o al acuerdo específico firmado con el Ministerio de Fomento.
4. El plazo para dictar y notificar la resolución sobre la calificación provisional será de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la entrada en la correspondiente área provincial del IGVS de la propuesta municipal de calificación provisional. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución expresa, esta se entenderá denegada.
5. Contra la resolución que sobre la calificación provisional dicten las jefaturas territoriales de la IGVS se podrá interponer un recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del IGVS en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación.
Artículo 17. Calificación definitiva de las actuaciones
1. Las personas o entidades promotoras de las actuaciones, dentro del plazo fijado en la resolución de calificación provisional, comunicarán su remate al correspondiente ayuntamiento, que deberá proceder a realizar las siguientes comprobaciones:
a) Que las actuaciones fueron ejecutadas dentro de los plazos y con las exigencias establecidas en la resolución de calificación provisional.
b) Que para su ejecución se contaron con todas las autorizaciones necesarias.
c) Que el pago efectivo de las facturas y los documentos bancarios de pago de dichas actuaciones fueron realizados por las personas o las entidades beneficiarias que figuraran en la resolución de calificación provisional.
2. Después de realizar las comprobaciones señaladas en el apartado anterior, los ayuntamientos elaborarán una propuesta de calificación definitiva que contendrá la identificación de la persona o de la entidad beneficiaria, el tipo de actuación, el presupuesto justificado y la propuesta de subvención final a abonar. A esta propuesta de calificación definitiva, que remitirán a la correspondiente área provincial del IGVS, deberá adjuntarse una certificación del ayuntamiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan estatal 2013-2016, en la presente orden y en la correspondiente resolución de calificación provisional, relativos tanto la actuación como a la personas y entidad beneficiaria.
3. Las jefaturas territoriales del IGVS, después de las comprobaciones que consideren oportunas, resolverán sobre la calificación definitiva. En la resolución por la que se concede la calificación definitiva constará el tipo de actuación realizada, el número de viviendas y locales que comprenda la actuación y el importe del presupuesto protegible.
4. Serán causas de denegación de la calificación definitiva, además de las que pueda señalar el ayuntamiento, las siguientes:
a) No ejecutar las obras de conformidad con lo previsto en la resolución de calificación provisional, ejecutarlas parcialmente o ejecutar obras distintas de las previstas en la citada resolución de calificación provisional.
b) No ejecutar las obras de conformidad con la licencia de obras o no cumplir las condiciones recogidas en ella.
c) El incumplimiento del plazo de ejecución previsto en la resolución de calificación provisional.
d) El incumplimiento por parte de la persona o entidad promotora de cualquiera de los requisitos previstos en el Real decreto 233/2013, de 5 de abril, en esta orden y en el correspondiente acuerdo específico, para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.
5. El plazo para dictar y notificar la resolución sobre la calificación definitiva será de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la entrada en la correspondiente área provincial del IGVS de la propuesta municipal de calificación definitiva. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución expresa, esta se entenderá denegada.
6. Contra la resolución que sobre la calificación definitiva dicten las jefaturas territoriales del IGVS se podrá interponer un recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del IGVS, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación.
Artículo 18. Justificación de las actuaciones
1. La calificación definitiva supone la justificación de la ejecución de todas las actuaciones calificadas.
2. La certificación municipal que se acompaña a la propuesta de calificación definitiva constituirá la memoria económica justificativa del coste de la actividad exigida en el artículo 48.2 del Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio. A la vista de los datos remitidos por cada ayuntamiento, la área provincial del IGVS correspondiente formulará la justificación de la aplicación de los fondos previstos en cada uno de los acuerdos específicos y de las subvenciones correspondientes.
3. Los ayuntamientos abonarán las correspondientes subvenciones a las personas y las entidades beneficiarias y justificarán los pagos realizados, tanto respeto de las subvenciones estatales, para su comunicación al Ministerio de Fomento, como de las subvenciones autonómicas. Estas justificaciones deberán realizarse a las correspondientes áreas provinciales del IGVS en un plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al que se hubieran tenido realizados los oportunos pagos.
4. Los ayuntamientos remitirán a las áreas provinciales del IGVS correspondientes las justificaciones de los gastos de mantenimiento de equipos técnicos y de las oficinas de información y de gestión.
5. Los ayuntamientos procederán a la minoración del importe de la subvención concedida cuando el presupuesto justificado tenga una cuantía inferior al presupuesto que sirvió de base para la resolución de concesión y siempre y cuando se acredite que la actuación concreta está totalmente ejecutada.
Además de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, las personas o entidades beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actuaciones de rehabilitación para las que se conceden las ayudas, de conformidad con la resolución de calificación provisional.
b) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de la persona promotora o persona inquilina, en el supuesto de que se destinen al alquiler, por un plazo de tres años, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 18/2014, de 13 de febrero, para el caso de recibir las ayudas autonómicas.
c) Comunicar al ayuntamiento correspondiente cualquier modificación de las condiciones que motivaron el reconocimiento de la subvención que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección que el ayuntamiento y/o el IGVS considere pertinentes durante la vigencia de la subvención.
e) Facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia, por el Tribunal de Cuentas y por el Consejo de Cuentas de Galicia en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las subvenciones, o por el ayuntamiento o el IGVS.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Suministrar al IGVS, previo requerimiento al efecto, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el título I de la citada ley.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o personales, estatales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Además de las previstas en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, serán causas de reintegro las siguientes:
1. El incumplimiento o falsedad en las condiciones requeridas para el otorgamiento de la subvención, que comportará, asimismo, el incremento del reintegro de la subvención percibida con el interés legal correspondiente desde su pago, más un 25 %, según establece el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, salvo que la Ley de presupuestos del Estado establezca otro diferente.
2. La no comunicación al órgano instructor de cualquier modificación sustancial de las condiciones que motivaron el reconocimiento de la subvención que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.
1. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, y con el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, el IGVS publicará en el Diario Oficial de Galicia y en su página web oficial la relación de los ayuntamientos beneficiarios y el importe de las subvenciones concedidas. Incluirá, igualmente, las sanciones que, como consecuencia de ellas, pudieren imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de las personas beneficiarias y la referida publicidad.
2. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el contenido de las convocatorias que realicen los ayuntamientos serán publicados en la Base de datos nacional de subvenciones y sus extractos en el diario oficial correspondiente.
De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de esta disposición, cuyo tratamiento y publicación estén autorizados por las entidades solicitantes, serán incluidos en un fichero denominado «Relaciones administrativas con la ciudadanía y con entidades». El objeto de este fichero es gestionar el presente procedimiento, así como informar a los ayuntamientos interesados sobre su desarrollo. El órgano responsable de este fichero es la Secretaría General del IGVS. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante el IGVS, mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección: Área Central, s/n, polígono de As Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela o a través de un correo electrónico a rehabilitacion.igvs@xunta.gal.
Para todo lo no previsto en esta orden será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, y su reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 9/2007, de 13 de junio, y su reglamento, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero; la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia; el Real decreto 233/2013, de 5 de abril, y el Decreto 18/2014, de 13 de febrero.
Santiago de Compostela, 23 de junio de 2017

References: Real decreto 
 artículo 13
 Real decreto 
 artículo 13

Artículo 2
 artículo 3
 Real decreto 

Artículo 3
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 68
 artículo 21
 artículo 27
 Real decreto 
 artículo 26
 Real decreto 
 artículo 27
 Real decreto 

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 7
 artículo 18

Artículo 9
 artículo 26
 Real decreto 

Artículo 10
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Artículo 11
 artículo 6
 Real decreto 
 artículo 28
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Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 6
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 artículo 26
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Artículo 16
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Artículo 17
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 resolución 
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Artículo 18
 artículo 48
 resolución 
 artículo 13
 artículo 11
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 artículo 7
 artículo 4
 resolución 
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 15
 artículo 17
 Real decreto 
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