Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-226-99.htm
Timestamp: 2017-10-22 09:57:05+00:00

Document:
C-226-99
Sentencia C-226/99
CONVENCION SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Objeto
La Convención objeto de revisión establece, como se dijo, que los países signatarios se comprometen, con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, a prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como a regular los aspectos civiles y penales del mismo. El tráfico internacional de menores, práctica aberrante que desafortunadamente en el mundo contemporáneo se ha intensificado, no sólo atenta contra la dignidad de los niños sujetos pasivos de ese delito, sino contra la familia, y la sociedad, contra sus valores y principios básicos, pues ataca a quienes constituyen el futuro de la Nación. El tráfico internacional de menores usualmente está ligado a conductas tan graves como el secuestro, pues implica que al menor se le separe por la fuerza de su familia, es una forma de violencia física y moral, y en la mayoría de los casos se realiza con el objeto de someter a la víctima a prácticas de abuso sexual, explotación laboral o económica y práctica de trabajos riesgosos. En esa perspectiva, el objeto principal de la Convención que se revisa no sólo está acorde con nuestro ordenamiento constitucional, sino que contribuye a la realización efectiva de sus preceptos, valores y principios.
CONVENCION SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Colaboración de los países en intercambio de información y pruebas
El capítulo II de la Convención, que regula los aspectos penales de la misma, señala los compromisos que adquieren los países parte en la materia, los cuales deberán cumplir dentro de los límites que les impone su derecho interno; así, por ejemplo, los obliga a prestarse mutua colaboración en forma pronta y expedita por intermedio de sus autoridades centrales, dentro de los límites de la ley interna de cada Estado y conforme a los tratados internacionales aplicables, y a establecer mecanismos de intercambio de información sobre la legislación nacional, jurisprudencial, prácticas administrativas, estadísticas y modalidades que haya asumido el tráfico internacional de menores en el respectivo país, disposiciones plenamente concordantes con la Constitución colombiana, especialmente con lo dispuesto en su artículo 93.
EXTRADICION POR EL DELITO DE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Viabilidad
Teniendo en cuenta que los tratados internacionales, una vez aprobados por el Congreso y previo el juicio de constitucionalidad que efectúa la Corte Constitucional, si este es favorable, se incorporan al ordenamiento interno, y si se refieren al reconocimiento de derechos fundamentales, como ocurre en el caso que nos ocupa, sus mandatos prevalecen en dicho ordenamiento, es claro que si la Convención que se revisa es declarada exequible, una vez sea ratificada por el Gobierno Nacional, puede ser la base para la extradición de nacionales colombianos a países signatarios del instrumento que se revisa, con los cuales Colombia no haya celebrado el respectivo tratado, o con lo que habiéndolo hecho no contemplen como extraditable esta clase de delitos, previsión que no contraría nuestro ordenamiento constitucional.
CONVENCION SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES-Plazo para localización y restitución de menores
Establecer un plazo para que los Estados, sean parte o no de la Convención, presenten la solicitud fundada de localización y restitución de un menor (dentro de los 120 días después de que se conozca la sustracción para los países no signatarios y de 180 días para los países- parte). Se establece a partir de la fecha en que el respectivo Estado "conoce del hecho", momento a partir del cual se activa la obligación que éste tiene, a través de sus autoridades de impulsar y adelantar las acciones correspondientes, no hacerlo, implicaría que esas autoridades estarían omitiendo el cumplimiento de su deber en una situación en la que está de por medio la seguridad e integridad de un menor de edad, cuyos derechos prevalecen, lo que implica que la disposición impugnada en la vista fiscal es simplemente un mecanismos que propende por la eficiencia a los Estados, comprometiéndolos a que actúen con celeridad en situaciones de extrema gravedad.
Referencia: Expediente L.A.T. 139
Revisión de constitucionalidad de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Santa Fe de Bogotá, D.C., abril catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
El 11 de agosto de 1998, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio sin número, remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El día 9 de septiembre de 1998, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, y de la Convención que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el envío de la copia del expediente legislativo correspondiente al trámite de dicha ley en el Congreso de la República y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado del expediente al Despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia.
“LEY 470 DE 1998
Ley 470 del 5 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Visto el texto de la ‘CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES’ hecha en la ciudad de México D.F., México el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) que a la letra dice:
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES
Conviene lo siguiente:
a) ‘Menor’ significa todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años.
b) ‘Tráfico internacional de menores’ significa la substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de sustracción, traslado o retención de un menor con propósitos o medios ilícitos.
c) ‘Propósitos ilícitos’ incluyen, entre otros, prostitución, explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se halle localizado.
d) ‘Medios ilícitos’ incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se encuentre.
Un Estado Federal, o un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas, puede designar más de una autoridad Central y especificar la extensión jurídica o territorial de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación.
En caso de que un Estado Parte designará más de una Autoridad Central hará la comunicación pertinente a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
a) prestarse asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio de sus Autoridades Centrales, dentro de los límites de la ley interna de cada Estado Parte y conforme a los tratados internacionales aplicables, para las diligencias judiciales y administrativas, la obtención de pruebas y de más actos procesales que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esta Convención;
d)El Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de dicho tráfico.
La acciones instauradas conforme a lo dispuesto en este capítulo no impiden que las autoridades competentes del Estado Parte donde el menor se encontrare ordenen en cualquier momento su restitución inmediata al Estado de su residencia habitual considerando el interés superior del menor.
La solicitud fundada de localización y de restitución deberá ser promovida dentro de los ciento veinte días de conocida la sustracción, el traslado o la retención ilícitos del menor. Cuando la solicitud de localización y de restitución fuere promovida por un Estado Parte, éste dispondrá para hacerlo de un plazo de cientos ochenta días.
Las solicitudes deberán estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas oficiales del Estado Parte al que se dirijan. Respecto a los anexos bastará la traducción de un sumario que contenga los datos esenciales de los mismos.
Las adopciones y otras instituciones afines constituídas en un Estado Parte serán susceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el tráfico internacional de menores.
En la respectiva acción de anulación se tendrá en cuenta en todo momento el interés superior del menor.
En los procedimientos previstos en el presente capítulo, la autoridad competente podrá ordenar que el particular o la organización responsable del tráfico internacional de menores pague los gastos y las costas de la localización y restitución en tanto dicho particular u organización haya sido parte de ese procedimiento.
Los titulares de la acción o, en su caso la autoridad competente, podrán
entablar acción civil para obtener el resarcimiento de las costas, incluídos los honorarios profesionales y los gastos de localización y restitución del menor, a menos que éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o un procedimiento de restitución conforme a lo previsto en esta Convención.
c) a las autoridades competentes: de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial.
Las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados Parte podrán acordar, directamente y en cualquier momento procedimientos de localización y restitución más expeditos que los previstos en la presente Convención y sin perjuicio de ésta. Nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de restringir las prácticas más favorables que entre sí pudieran observar las autoridades competentes de los Estados Parte para los propósitos tratados en ella.
Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no esa incompatible con el objeto y fines de esta Convención.
Para cada Estado que ratifique esta Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión:
Esta Convención regirá indefinidamente pero cualquiera de los Estados Parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante.
Hecho en la ciudad de México D.F., México, el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la ‘Convención Interamericana sobre tráfico Internacional de Menores’, hecha en la ciudad de México D.F., México el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), documento que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Bogotá, D.C., el día once (11) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 10 sept. 1997
ARTICULO PRIMERO: Apruébase la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en la ciudad de México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º. de la Ley 7ª. de 1944 la ‘CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES’, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Fdo. CARLOS ARDILA BALLESTEROS
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 5 AGO. 1998
El Señor Procurador General de la Nación ha emitido, dentro del término establecido, concepto favorable sobre la constitucionalidad del instrumento internacional que se revisa, salvo de los incisos tercero y cuarto del artículo catorce (14) del mismo, los cuales le solicita a esta Corporación declarar inconstitucionales; no obstante, señala que es necesario verificar previamente algunos requisitos de forma en relación con el trámite de la ley aprobatoria de la Convención de la referencia.
En lo relacionado con la suscripción de la Convención, señala que esta Corporación debe verificar la competencia de la(s) persona(s) que la suscribieron en nombre del país, pues tal aspecto no aparece certificado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En ese sentido, no obstante lo anterior, insinúa el Ministerio Público que la misma se puede colegir del texto del tratado, en el cual aparece que los plenipotenciarios que participaron en la firma del instrumento actuaron debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos.
De otro lado y en cuanto al trámite que se le debió dar a la ley 470 de 1998, señala que a ésta le correspondía el establecido en la Constitución para una ley ordinaria, el artículo 154 superior, y que el mismo se cumplió a cabalidad.
En efecto, dice el señor Procurador que el proyecto de ley y su exposición de motivos fueron presentados al Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores de esa época, doctora María Emma Mejía, y que fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 391 del 23 de septiembre de 1997 ; así mismo que su discusión se inició en la comisión segunda del Senado con la ponencia presentada por el congresista Lorenzo Muelas Hurtado, ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 30 de octubre de 1997. Posteriormente se surtieron los debates en las Comisiones y plenarias de ambas Cámaras.
Una vez presentadas las respectivas ponencias, los debates se produjeron de conformidad con los términos de la iniciación y aprobación dispuestos en la Constitución, es decir de ocho días entre el primero y segundo debate en cada Cámara y de no menos de quince días entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra ; sin embargo, anota el Procurador, esta Corporación debe verificar el quórum aprobatorio del proyecto de ley en el Senado de la República en segundo debate, y la publicación de las ponencias para primero y segundo debate en la Cámara de Representantes. Agrega finalmente que el proyecto de ley obtuvo la correspondiente sanción presidencial que la convirtió en ley de la República.
En lo referente al análisis material del tratado, expresa el Procurador que su esencia consiste en prevenir y sancionar las conductas ilícitas que se realizan contra los menores, especialmente las que tienen que ver con el tráfico ilícito de ellos, el abuso sexual, la servidumbre y demás anormalidades sociales a las que son sometidos. Para tal fin, anota, los Estados signatarios se obligan a establecer regulaciones penales y civiles orientadas a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, lo cual está en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional, el cual se ocupa de los menores no sólo en los artículos relacionados con los derechos económicos, políticos y culturales, sino que consagra expresamente la prevalencia de sus derechos en los artículos 44, 45, 50 y 67 del texto superior. Loa menores en nuestra Constitución, señala, están incluidos en los grupos a los que se les garantiza una mayor protección por parte del Estado en el artículo 13 de la Carta Política.
No obstante lo anterior, el Ministerio Público solicita a esta Corporación declarar inconstitucionales los incisos tercero y cuarto del artículo 14 de la Convención sub-examine, pues ellos establecen una temporalidad para solicitar la localización y restitución del menor, que no es admisible a la luz de nuestro ordenamiento constitucional y legal, pues el Estado colombiano, de conformidad con los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, no puede renunciar al derecho y a la obligación que tiene de proteger a los menores nacionales y extranjeros, debiendo quedar abierta la posibilidad de solicitar la localización y restitución del menor en cualquier momento.
En virtud de esto, agrega finalmente el Ministerio Público, la Corte Constitucional debe declarar la inexequibilidad de los incisos cuestionados, y ordenarle al gobierno Nacional proceder a realizar la reserva correspondiente.
El control de constitucionalidad que esta Corporación debe ejercer en esta materia, es posterior en cuanto se trata de una ley que ya ha sido sancionada por el presidente de la República, una vez agotado el trámite en el Congreso, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente, que le permita al Jefe del estado efectuar el correspondiente canje de notas.[1]
En el caso de la referencia, de conformidad con la certificación expedida por la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores[2], contenida en oficio del 7 de diciembre de 1998, el Gobierno de Colombia no participó en el proceso de negociación de la Convención objeto de estudio, por lo cual, de una parte, no hay lugar a que la Corte verifique el poder de los negociadores o firmantes del mismo, y de otra, como lo ha señalado en anteriores oportunidades[3], de la presente revisión depende, en los términos del artículo 241-10 de la Carta, la posibilidad de que el Presidente de la República manifieste la voluntad del Estado de obligarse a dicho instrumento adhiriendo al mismo, tal como lo señala también el artículo 12 de la Convención que se analiza.
a) El proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, el día 19 de septiembre de 1997; el texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso No. 391 del 23 de septiembre de 1997.
b) La Comisión segunda del Senado de la República designó como ponente para primer debate al Congresista Lorenzo Muelas Hurtado, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 30 de octubre de 1997.
c) El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 12 de noviembre de 1997, por 10 de los 13 miembros de esa célula legislativa, según certificación expedida por la Secretaria General de la misma, de fecha 11 de septiembre de 1998 (folio .del expediente).
d) La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el Congresista antes mencionado y publicada en la Gaceta del Congreso No. 496 del 26 de noviembre de 1997.
e) El proyecto de ley fue aprobado por esa Corporación con el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios el día 23 de diciembre de 1997, tal como aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 554 de 1997, páginas 13 y 14.
f) Como ponente en la Cámara de Representantes fue designada la Congresista Nubia Rosa Brand, quien presentó ponencia para primer debate en marzo de 1998, cuyo texto fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 30 del 15 de abril de 1998, folio 56 del expediente
g) La ponencia para segundo debate fue presentada por la misma Representante en mayo de 1998 y publicada en la Gaceta del Congreso No. 94 del 8 de junio de ese mismo año, (folio 62 del expediente), tal como lo certifica el Secretario General de esa Corporación.
h) El proyecto de ley, de conformidad con lo certificado por el Secretario General de esa Corporación en oficio L.5.5-582/98 de 10 de junio de 1998, (folio.del expediente), fue “...aprobado en Comisión Segunda Constitucional Permanente el día 13 de mayo de 1998 y en Sesión Plenaria de la H. Cámara el 9 de junio de 1998.”
El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del tratado el día 5 de agosto de 1998.
En conclusión, la Ley No. 470 de 5 de agosto de 1998, en su aspecto formal, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 145, 146, 154, 157, 158 y 160 de la Constitución Política.
La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, hecha en México el 18 de marzo de 1994, se compone de una parte de considerandos y 35 artículos, por medio de los cuales se pretende, fundamentalmente, establecer mecanismos ágiles y eficaces de cooperación entre los países parte, que permitan la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo, con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor.
El artículo primero de la Convención objeto de revisión establece, como se dijo, que los países signatarios se comprometen, con miras a la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, a prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como a regular los aspectos civiles y penales del mismo.
Ese propósito, desde luego, coincide con la filosofía, los valores y los principios rectores del modelo de organización jurídico-política por el que optó el Constituyente de 1991, el cual, además de consagrar en el artículo primero de la Carta que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, en el que prevalecen la realización y el respeto de los derechos fundamentales de todos los individuos, le otorgó un tratamiento especial y de prevalencia a los menores de edad, en quienes cifra la expectativa de consolidar una sociedad democrática que garantice un desarrollo armónico en condiciones de igualdad, equidad y justicia.
“Los niños -ha dicho la Corte- ocupan un lugar preferencial en la Constitución. Sus derechos tienen el carácter de fundamentales y en su aplicación opera el principio de prevalencia sobre los derechos de los demás (C.P. art. 44).
“Una comunidad que no cuida de sus niños está condenada a la decadencia o a su propia destrucción. El Constituyente fue consciente de esa realidad y previó, en consecuencia, la intervención del Estado [incluso] en el ámbito de la familia para prevenir y conjurar situaciones de peligro o abandono del menor.” (Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 1993, M.P. Dr José Gregorio Hernández Galindo)
Además, en el artículo 13 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad, se le impone al Estado la obligación de brindar una protección especial “...a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Desde luego dentro de esa descripción caben los menores de edad, quienes dependen de su familia, de la sociedad y del Estado para alcanzar su propia realización, y son especialmente vulnerables a los atropellos e injusticias que esos mismos agentes, por acción o por omisión, les pueden infringir.
Pero el Constituyente fue mucho más allá en su intención de garantizar la máxima protección para los menores de edad, así en el artículo 44 de la Carta estableció los siguiente :
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños : la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor , la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
“La familia, la sociedad y Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.”
El tráfico internacional de menores, práctica aberrante que desafortunadamente en el mundo contemporáneo se ha intensificado, no sólo atenta contra la dignidad de los niños sujetos pasivos de ese delito, sino contra la familia, y la sociedad, contra sus valores y principios básicos, pues ataca a quienes constituyen el futuro de la Nación.
El tráfico internacional de menores usualmente está ligado a conductas tan graves como el secuestro, pues implica que al menor se le separe por la fuerza de su familia, es una forma de violencia física y moral, y en la mayoría de los casos se realiza con el objeto de someter a la víctima a prácticas de abuso sexual, explotación laboral o económica y práctica de trabajos riesgosos. Como se puede apreciar, el Constituyente colombiano, de manera expresa en el artículo 44 superior, previó la obligación del Estado de brindar una efectiva protección a sus menores, en todos los campos, pero específicamente para evitar esta clase de situaciones y atropellos que atentan contra la dignidad misma de las personas.
En esa perspectiva, el objeto principal de la Convención que se revisa no sólo está acorde con nuestro ordenamiento constitucional, sino que contribuye a la realización efectiva de sus preceptos, valores y principios.
2. La Convención que se revisa abarca los aspectos civiles de la sustracción, el traslado y la retención ilícitos de los menores el ámbito internacional, previsión acorde con las normas de nuestro ordenamiento superior.
En el artículo 3 de la Convención se establece, que la misma abarcará, también, los aspectos civiles de la sustracción, el traslado y la retención ilícitos de los menores en el ámbito internacional no previstos por otras convenciones internacionales sobre la materia, previsión que en nada contraría nuestro ordenamiento constitucional, al contrario, vale la pena destacar que esta Corporación, a través de la Sentencia C-402 de 1995, declaró exequible el “Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños”, suscrito en la Haya el 25 de octubre de 1980, así como la ley 173 del 22 de diciembre de 1994, aprobatoria del mismo. En ese fallo la Corte aclaró lo siguiente :
“...la expresión “secuestro”, que usó para traducir al español la palabras “enlévement” en francés y abduction en inglés -los dos idiomas oficiales de la Conferencia de la Haya-, no tiene ninguna connotación de carácter penal sino sólo civil. Así lo indica el título mismo del Convenio cuando se refiere a los “aspectos civiles del secuestro”, y se desprende de toda su normatividad. La conducta que se pretende regular mediante esa expresión consiste “en el desplazamiento de un menor fuera del territorio de un estado en que tenga su residencia habitual, o, retención del mismo fuera de ese territorio por tiempo diferente al establecido para el ejercicio del derecho de visita, siempre que se produzca en violación del contenido de los derechos de guarda o de visita en vigor en ese momento, en el lugar de residencia habitual del menor...” [4]
También es constitucional la cooperación a la que se refiere el artículo 4 de la Convención, con los países que no hacen parte de la misma, pues esa previsión coincide con el espíritu de colaboración que inspira el Estado social de derecho, cuyo principal objetivo es reivindicar la condición de dignidad de la persona, cualquiera sea su origen, condición, nacionalidad o el sistema jurídico al que se encuentre sometida.
3. Diseñar sistemas de mutua colaboración, de intercambio de información y de pruebas, dentro de los límites que a cada Estado le impone su legislación interna, se ajusta e interpreta la filosofía que subyace en la Constitución.
Vale la pena señalar en este punto, que el tráfico de menores, en cualquiera de sus modalidades, está tipificado como delito en el artículo 265 del Código del Menor, norma que prevé una sanción de prisión para quien incurran en esas conductas, que va de uno (1) a cinco (5) años. Así mismo, que nuestra legislación interna consagra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, una de cuyas principales responsabilidades es precisamente brindar protección efectiva y oportuna a la niñez, según lo estipula la Ley 7a. de 1979.
4. La extradición de nacionales colombianos por la comisión del delito de tráfico internacional de menores, de conformidad con el ordenamiento superior colombiano vigente es viable, sujeta a la celebración de tratados públicos o en su defecto a la ley.
El artículo 10 de la Convención objeto de revisión establece, que si uno de los Estados-Parte supedita la extradición a la existencia de un tratado y recibe una solicitud en ese sentido proveniente de un Estado- Parte con el cual no ha celebrado tratado, o en caso de haberlo no lo contemple entre los delitos extraditables, podrá considerar este instrumento como la base jurídica necesaria para concederla en caso de tráfico internacional de menores.
Sobre este tema la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente :
“...El Congreso de la República, mediante Acto legislativo No. 01 de 16 de diciembre de 1997, modificó el artículo 35 de la Constitución, estableciendo que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley. además preciso el acto reformatorio de la norma constitucional, que la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación colombiana, correspondiéndole al legislador reglamentar la materia. Determinó también dicho acto, que la extradición no procederá por delitos políticos, o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de dicho acto legislativo.” (Corte Constitucional, Sentencia, C-351 de 1998, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz)
Teniendo en cuenta que los tratados internacionales, una vez aprobados por el Congreso y previo el juicio de constitucionalidad que efectúa la Corte Constitucional, si este es favorable, se incorporan al ordenamiento interno, y, de conformidad con el mandato superior consagrado en el artículo 93 de la Carta Política, si se refieren al reconocimiento de derechos fundamentales, como ocurre en el caso que nos ocupa, sus mandatos prevalecen en dicho ordenamiento, es claro que si la Convención que se revisa es declarada exequible, una vez sea ratificada por el Gobierno Nacional, puede ser la base para la extradición de nacionales colombianos a países signatarios del instrumento que se revisa, con los cuales Colombia no haya celebrado el respectivo tratado, o con lo que habiéndolo hecho no contemplen como extraditable esta clase de delitos, previsión que no contraría nuestro ordenamiento constitucional.
5. El plazo que establece el artículo 14 del convención objeto de revisión, para que los Estados, sean parte o no del tratado, promuevan la solicitudes de localización y restitución de un menor víctima del tráfico internacional, no contraría el ordenamiento superior colombiano.
Establecer un plazo para que los Estados, sean parte o no de la Convención, presenten la solicitud fundada de localización y restitución de un menor (dentro de los 120 días después de que se conozca la sustracción para los países no signatarios y de 180 días para los países- parte), en opinión del Procurador implica una violación del ordenamiento superior, pues, señala, “...el Estado colombiano no puede renunciar a su derecho y obligación de proteger a los menores nacionales y extranjeros...”.
La lectura que de los incisos impugnados del artículo 14 de la Convención hace el Ministerio Público, no corresponde a lo expresado en los mismos, pues si bien es incuestionable que el Estado colombiano no puede renunciar a sus obligaciones, también lo es que el plazo establecido en dichas normas del instrumento internacional no implica tal renuncia.
Nótese, que el plazo se establece a partir de la fecha en que el respectivo Estado “conoce del hecho”, momento a partir del cual se activa la obligación que éste tiene, a través de sus autoridades de impulsar y adelantar las acciones correspondientes, no hacerlo, implicaría que esas autoridades estarían omitiendo el cumplimiento de su deber en una situación en la que está de por medio la seguridad e integridad de un menor de edad, cuyos derechos prevalecen, lo que implica que la disposición impugnada en la vista fiscal es simplemente un mecanismos que propende por la eficiencia a los Estados, comprometiéndolos a que actúen con celeridad en situaciones de extrema gravedad.
Distinto sería si el plazo se estipulara a partir de la fecha de la comisión del hecho, con independencia de que el Estado, específicamente sus autoridades, conocieran o no del mismo, pues eso si implicaría restringir la defensa de los derechos de los niños y contrariar los preceptos de la Constitución, dado que, como lo ha señalado esta Corporación “...el principio constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños (C.P. art. 44), no es acatado por la norma que restringe su defensa...”
Así por ejemplo, no es lo mismo que un Estado que es informado de la sustracción de su territorio de un menor y de su posible ubicación en otro, no actúe en un plazo máximo de 120 días, el cual por lo demás es razonable, caso en el cual estaría incurriendo en negligencia y seguramente en otras conductas configurativas de faltas disciplinarias e incluso de delitos, que es precisamente lo que al parecer quisieron prevenir los países que suscribieron la Convención, que un Estado, al que se le informa de un hecho similar transcurrido un determinado período de tiempo, pues en ese caso impedirle actuar por la aparente restricción que impone el artículo 14 de la Convención, indudablemente violaría nuestro ordenamiento jurídico, pero como ha quedado demostrado eso no es lo que prevén los incisos impugnados.
Por lo anterior, encuentra la Sala que no es procedente acoger la solicitud del Ministerio Público, en relación con los incisos tercero y cuarto del artículo 14 del instrumento que se revisa, pues las disposiciones que contienen en nada contrarían nuestro ordenamiento superior.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del Señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución
Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 470 del 5 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES”, hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y la Convención misma.
[1] Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1993, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz
[2] El Magistrado Sustanciador, a través de auto de fecha 3 de diciembre de 1998, le solicitó, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de la Oficina jurídica expidiera dicha certificación.
[3] Corte Constitucional, Sentencia C-316 de 1998. M.P. Dr. José Gregorio Hernández G.
[4] Corte Constitucional, Sentencia C-402 de 1995, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo

References: artículo 93
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 154
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 241
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 265
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 93
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14