Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-00524-de-agosto-18-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920420c0ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-27 03:46:54+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2002-00524 DE AGOSTO 18 DE 2005
SENTENCIA 2002-00524 DE 18 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD POR LA PROPAGANDA COMERCIAL. DISTRIBUIDORES O PROVEEDORES TAMBIÉN ESTÁN SUJETOS A SANCIONES CUANDO INCURRE EN CONDUCTAS PROHIBIDAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PROPAGANDA COMERCIAL, PROPAGANDA COMERCIAL ENGAÑOSA, CONSUMIDOR, DERECHOS DEL CONSUMIDOR, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR PROPAGANDA COMERCIAL ENGAÑOSA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:405 DE SEPTIEMBRE DE 2005, PG.1254
Rad.: 2500023240002000200524 01
Se dice en su parte considerativa que en cumplimiento del artículo 2º, numeral 11, del Decreto 2153 de 1992, que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó una inspección a la actora el 26 de abril de 2001 para verificar el acatamiento de las disposiciones relativas a la indicación pública de precios, específicamente de las resoluciones 2416 y 11448 de 2000 y los artículos 14 y 16 del Decreto 3466 de 1982, para lo cual se solicitó la entrega de etiquetas de productos en promoción, de cuyo análisis se obtuvo que del producto Spaguetti La Muñeca x 500 g se cobraba un mayor valor de $ 3 por unidad en el precio fijado para su promoción de 2 unidades x 1000 g más harina gratis, ya que su valor unitario era de $ 1007 y el valor de la promoción era de $ 2020, lo que daba una diferencia de $ 6 respecto la suma del valor de las dos unidades del producto, esto es, $ 2014.
Que conforme el Decreto 3466 el proveedor o expendedor es el responsable directo de la determinación de precios, cuya actividad es autónoma y organizada para tal fin; que la información sobre precios es la principal herramienta para el consumidor en el momento de tomar una decisión definitiva de compra; de allí que según los artículos 14 y 16 del Decreto 3466 de 1982 toda información que se dé sobre componentes y propiedades de los bienes y servicios ofrecidos deberá ser veraz y suficiente, y al tenor de los artículo 31 y 32 los anunciantes serán responsables de esa información y del sistema de incentivos al consumidor, evitando inducirlo a error respecto del precio, calidad o idoneidad del bien o servicio respectivo.
2.1. Inaplicabilidad de las resoluciones 2416 y 11448 de 2000, por cuanto se refieren a precios por unidad y no a precios de promociones, aspectos muy diferentes, y en la primera de las resoluciones acusadas se indica justamente que la visita se hizo con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la indicación pública de precios.
2.2. Imposibilidad imponerle al distribuidor la sanción prevista en el artículo 24 del Decreto 3466 de 1982.
Las referidas disposiciones ciertamente no mencionan al proveedor o distribuidor como sujeto pasivo de las mismas, sino que en realidad señalan de manera taxativa al productor como responsable de las conductas en ellas descritas, de modo que consideradas aisladamente dentro de la normativa que regula los derechos de los consumidores y las garantías y protección de tales derechos, aparece que a la actora le asiste razón, pero como lo advierte el a quo, si así se debieran interpretar, dicha normativa, tanto constitucional como de orden legal y reglamentario resultaría inocua en su mayor parte, por cuanto el proveedor o distribuidor quedaría legitimado para realizar las mismas conductas que se reprochan en tales disposiciones como lesivas de tales derechos, es decir, incurrir, v.gr. en información o publicidad engañosa, o incurrir en propaganda de promociones o incentivos que no correspondan a la realidad, por el solo hecho de que las disposiciones citadas, que proscriben conductas como esas, no los hacen responsables de las mismas.
A todas luces dicha interpretación, que es la que aduce la actora, cae en el absurdo, más si las normas comentadas se miran en su contexto, esto es, de manera sistemática, para lo cual basta atender el objeto del estatuto que las contiene, el Decreto Ley 3466 de 2 de diciembre de 1982, “por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones”, de lo cual se desprende que los expendedores y proveedores son, en términos generales, sujetos pasivos de ese estatuto, y de manera específica lo son en relación con los hechos o actividades que tienen relación directa con los aspectos que allí se enuncian, como son los de las leyendas, las propagandas y la fijación de precios.
Justamente, en relación con esos aspectos es menester considerar el artículo 14 de dicho estatuto, en cuanto contiene una prohibición de carácter general y que por ende cobija tanto al productor como a los proveedores y distribuidores, consistente en que están prohibidas las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos (resaltado de la Sala). Esa prohibición no hace distinción alguna entre los sujetos mencionados, y por la actividad básica en la cual se encuadra, esto es, la del ofrecimiento de bienes o servicios, es obvio que comprende al distribuidor o proveedor.
En conclusión, la Sala halla que los artículos aplicados en este caso, como son los artículos 14, 16, 31 y 32 del Decreto 3466 de 1982 también son aplicables a quienes ofrecen productos y servicios, es decir, comerciantes o proveedores o distribuidores, y como el artículo 16 (1) , que trata de la propaganda comercial con incentivos, remite a los artículos 31 y 32 para efectos de las sanciones administrativas correspondientes y este último, a su vez, remite al artículo 24, literal a, para la cuantificación de dichas sanciones, esta también es una disposición aplicable al presente caso para ese propósito, es decir, que la multa a imponer sí es la prevista en ese precepto, la cual está tasada hasta 100 salarios mínimos mensuales vigentes. De suerte que la interpretación que el a quo ha hecho de la comentada normatividad es acertada.
Igualmente a que se omitió el término de 5 días señalado en el artículo 28 del Decreto 3466 de 1982 para la contestación del requerimiento, ya que se otorgó un plazo de 3 días hábiles para contestar el requerimiento; a que no se notificó de la actuación administrativa al proveedor, como lo dispone el artículo 3466 de 1982.
Sobre tales cuestiones cabe decir que se observa que la actora fue vinculada al proceso desde el mismo momento de la visita que se le practicó y que dio lugar a los actos acusados, y que se le pidieron las explicaciones sobre los hechos que los motivaron, es decir, se le hizo el requerimiento previsto en el artículo 28, literal b, del Decreto 3466 de 1982, mediante escrito visible a folio 7 del cuaderno anexo, y si bien es cierto que dicha norma fija un término de 5 días para responderlo y que el dado a la actora fue de 3 días, se tiene que ello no le impidió ejercer su derecho de defensa, pues contestó el requerimiento y lo expuesto en su respectivo memorial le fue considerado en el acto que decidió el fondo del asunto.
2.5. En cuanto a la proporcionalidad, graduación y dosimetría de la sanción, se observa que en la Resolución 278 de 31 de enero de 2002, mediante la cual se decidió el recurso de reposición contra el acto que puso fin a la actuación administrativa, se responde el punto diciendo que para el caso se considera que la infracción sí reviste la gravedad suficiente para imponer la sanción si se tiene en cuenta que, independientemente de la intención, es una práctica engañosa para el consumidor, además que los grandes almacenes son lugares donde acude la gente masivamente, y en esa medida se realizan o verifican las relaciones de consumo, por lo que la indicación pública de precios, así como la información dada sobre los productos que se expenden y el ofrecimiento de incentivos que contravengan las normas tienen el potencial de causar un mayor agravio a los consumidores, de modo que el agravio es masivo y que por ello el monto de la multa si se evaluó para su imposición, considerándose que es proporcional a la gravedad de la conducta desplegada por la sancionada.
1. CONFIRMASE la sentencia apelada de 11 de diciembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual niega las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó la Sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por la expedición de las resoluciones 35061 de 29 de octubre de 2001 y 3501 de 29 de octubre de 2001, mediante los cuales le impuso una multa por 100 salarios mínimos mensuales, equivalentes a veintiocho millones seiscientos mil pesos ($ 28.600.000).
2 Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(1) El artículo 16 citado dice: “ART. 16.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Comercio los productores serán responsables antes los consumidores, en los términos del artículo 31 y 32 de este decreto, por la propaganda comercial que se haga por el sistema de incentivos al consumidor, tales como el ofrecimiento de rifas, sorteros, cupones, vales, fotos, figuras, afiches, imágenes o cualquier otro tipo de representación de personas, animales o cocas, y el ofrecimiento de dinero o cualquier otra retribución en especie, en los siguientes casos:

References: artículo 2
 artículo 31
 artículo 24
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 3466
 artículo 28
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 77
 artículo 31