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Timestamp: 2019-05-21 05:32:07+00:00

Document:
NUEVAS NORMAS PARA NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y DE SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIONES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
COMPETENCIA DE TRIBUNALES EN CUANTO A COMUNAS DE ALTO HOSPICIO, HUALPÉN, ALTO BIOBÍO, CHOLCHOL, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CHIGUAYANTE
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO
VI. ORDEN DEL DIA
INTERVENCIÓN : Jorge Lavandero Eyzaguirre
VII. TIEMPO DE VOTACIONES
SUSPENSIÓN DE PROYECTO "PORTAL BICENTENARIO". PROYECTO DE ACUERDO
NECESIDAD DE INCLUIR A CONGRESOS NACIONALES DE ECONOMÍAS MIEMBROS EN INSTANCIAS DE DIÁLOGO DE FORO APEC. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 15ª, en miércoles 17 de noviembre de 2004
(De 16:19 a 18:39)
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica los D.L. Nºs. 2.460 y 1.487, con el objeto de establecer requisitos para nombramiento del cargo de Director General de Policía de Investigaciones, fijar su duración y eliminar requisitos del cargo de Subsecretario de Investigaciones (2643-02, 3266-02, 3267-02 y 3288-02) (se aprueba su informe).............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico Tribunales y la ley Nº 18.766, para incorporar comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a territorios jurisdiccionales de tribunales que indica (3708-07) (se aprueba en general y particular).......................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba "Tratado de Libre Comercio entre Chile y los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio"; y los Acuerdos Complementarios sobre "Comercio de Mercancías Agrícolas entre Chile y la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la República de Islandia" (3573-10) (se aprueba en general y particular).............
VI. ORDEN DEL DIA:
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta remuneraciones a trabajadores del sector público; concede aguinaldos que señala; reajusta asignaciones familiar y maternal, y subsidio familiar, y otorga otros beneficios que indica (3727-05) (se aprueba en general y particular).............................................
VII. TIEMPO DE VOTACIONES:
Suspensión de proyecto "Portal Bicentenario". Proyecto de acuerdo (S 766-12) (se aprueba).................................................................................................
Necesidad de incluir a Congresos Nacionales de economías miembros en instancias de diálogo de foro APEC (S 768-12) (se aprueba)...........................
VIII. INCIDENTES:
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Hacienda y Secretario General de la Presidencia , y el señor Director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores .
El señor LARRAÍN ( Presidente ).- Se da por aprobada el acta de la sesión 11ª, ordinaria, en 9 de noviembre del año en curso, que no ha sido observada.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
De la Honorable Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que ha otorgado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2005 (Boletín Nº 3.691-05).
1) Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.776, a fin de incorporar las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica (Boletín Nº 3.708-07).
2) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que faculta al Pleno de la Corte Suprema para autorizar el funcionamiento de salas en las Cortes de Apelaciones durante el feriado judicial (Boletín Nº 3.728-07).
Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público; concede aguinaldos que señala; reajusta las asignaciones familiar y maternal, y el subsidio familiar, y concede otros beneficios que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín 3.727-05).
El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto que modifica los decretos leyes Nºs 2.460, de 1979, y 1.487, de 1976, con el objeto de establecer requisitos para el nombramiento del cargo de Director General de la Policía de Investigaciones de Chile , fijar su duración y eliminar requisitos del cargo de Subsecretario de Investigaciones . Cuenta con urgencia calificada de "simple". (Boletines Nºs. 2.643-02, 3.266-02, 3.267-02 y 3.288-02).
--Los antecedentes sobre el proyecto (2643-02; 3266-02; 3267-02 y 3288-02, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 15ª, en 29 de julio de 2003.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 1ª, en 5 de octubre de 2004.
Defensa, sesión 52ª, en 21 de abril de 2004.
Defensa (segundo), sesión 21ª, en 17 de agosto de 2004.
Mixta, sesión 15ª, en 17 de noviembre de 2004.
Sesiones 58ª, en 18 de mayo de 2004 (se aprueba en general); 26ª, en 7 de septiembre de 2004 (se aprueba en particular).
La controversia entre ambas ramas del Congreso se originó en el rechazo de la Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, a todas las modificaciones que introdujo el Senado.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver las divergencias, la que consiste en aprobar el texto del artículo 1º acordado por la Cámara Alta, estableciendo que el Presidente de la República designará al Director General de la Policía de Investigaciones de entre los ocho oficiales policiales de mayor antigüedad con grado de Prefecto General o Prefecto Inspector.
Respecto del artículo 2º, la Comisión Mixta aprobó el texto despachado por el Senado. Esta proposición fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado dividido en cinco columnas que transcriben los artículos pertinentes de los decretos leyes números 2.460 y 1.487; el texto del proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados; las modificaciones efectuadas por el Senado, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que resultaría de aprobarse dicha proposición.
Cabe señalar que la Cámara Baja acogió el informe en sesión de 10 del mes en curso.
Señor Presidente , me correspondió presidir la Comisión Mixta formada para resolver las discrepancias originadas entre ambas Cámaras respecto del proyecto que individualizó el señor Secretario .
La Cámara Baja no estuvo de acuerdo ni con elegir a un funcionario de carrera de entre las cinco primeras antigüedades ni con eliminar requisitos que debía reunir quien ocupe el cargo de Subsecretario de Investigaciones.
Con respecto al primer punto, la Comisión Mixta por unanimidad coincidió con la norma que habíamos aprobado aquí, pero haciéndola extensiva a las ocho primeras antigüedades, tres con grado de Prefecto General y cinco con grado de Prefecto Inspector.
Como Sus Señorías saben, quien dirige la Institución es un funcionario de carrera que pasa a ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República ; y si bien es nombrado por seis años, aquél puede removerlo en cualquier momento.
Por otra parte, para servir el cargo de Subsecretario de Investigaciones se eliminó el requisito, que ya no tenía ningún sentido, de haber sido ex oficial de las Fuerzas Armadas. Era el único Subsecretario sujeto a esta exigencia especial. Ahora se le aplicarán las reglas generales que rigen para todos los Subsecretarios.
Por lo tanto, en este punto también hubo concordancia entre el Senado y la Cámara de Diputados, aun cuando ésta lo rechazó, pero no por un problema de fondo, sino por haber desechado totalmente lo que nosotros propusimos, con el propósito de que se formara una Comisión Mixta.
Estamos en presencia de una iniciativa sencilla, que la referida Comisión propone aprobar, al igual que la Cámara de Diputados.
Encontrándonos en Fácil Despacho, corresponde que hablen dos Senadores: uno a favor y otro en contra.
Quiero hacer una consulta, señor Presidente .
¿Por qué se fijó en ocho años la duración en el cargo? ¿En razón de que la persona designada por el Presidente de la República puede exceder el plazo máximo de la carrera, que son 38 años? ¿Cuál es el motivo? ¿A título de qué se establecieron ocho años? ¿Por qué no cinco?
No son ocho años, señor Senador.
El Director General de Investigaciones se elige de entre las ocho primeras antigüedades con el objeto de que el Primer Mandatario disponga de mayor amplitud para resolver. Si tal decisión se tomara respecto de las cinco primeras antigüedades -como lo consignaba la proposición original del Senado-, habría personas sin la antigüedad necesaria o sin la experiencia requerida para ejercer el cargo más alto del escalafón, como consecuencia de los cambios que pueden haberse producido.
Ése es el sentido de la norma: extender el número de personas a elegir.
Señor Presidente , no puedo estar más de acuerdo con que el Director General de Investigaciones deba ser un oficial de carrera. Por cierto, eso ya está fuera de discusión.
Pero discrepo en cuanto a que se le designe de entre las ocho primeras antigüedades. Si bien al Presidente de la República se le otorga un abanico más amplio de posibilidades, se perjudicará mucho a la Institución, porque su cúpula de mando es pequeña. Puede darse el caso de que se nombre a la octava antigüedad, con lo cual se la afectaría considerablemente: tendrían que acogerse a retiro las siete antigüedades superiores, cargos que ocupan funcionarios con mucha experiencia.
Ésta es la razón por la cual insistí en que el Director General de Investigaciones fuera nombrado de entre las cinco primeras antigüedades.
No quisiera que se abriera debate, porque estamos en Fácil Despacho.
Por lo tanto, como ya se ha cumplido la norma reglamentaria respectiva, corresponde votar el informe de la Comisión Mixta.
Si se va a elegir de entre las ocho primeras antigüedades, ¿cuánto es el total de éstas? Porque el argumento que da el Honorable señor Cordero
Señor Presidente , los futuros Directores Generales de Investigaciones se designarán de entre los tres Prefectos Generales o los cinco Prefectos Inspectores del Escalafón de Oficiales Policiales que ocupen las ocho primeras antigüedades.
En respuesta a la observación del Honorable señor Cordero , debo señalar que el Senado propuso que la designación se limitara a las cinco primeras antigüedades; pero no era ése el criterio de la Cámara de Diputados, que deseaba aumentar el número con el objeto de que el Presidente de la República tuviera un abanico más amplio para decidir. Y a fin de obtener el acuerdo de la Comisión Mixta, fue necesario acceder a lo que se nos proponía.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (34 votos contra uno).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Larraín, Lavandero, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz de Giorgio, Ruiz-Esquide, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votó por la negativa el señor Arancibia.
Quiero plantear un problema de orden, señor Presidente .
Deseo llamar la atención del Senado en el sentido de que acabamos de aprobar la declaración de patrimonio para el Director General de Investigaciones.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley Nº 18.766 para incorporar las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío, Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante a los territorios jurisdiccionales de los tribunales que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3708-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 13ª, en 16 de noviembre de 2004.
Constitución, sesión 15ª, en 17 de noviembre de 2004.
En sesión de ayer, la Comisión de Constitución fue autorizada para discutir en general y particular este proyecto en su primer informe.
Su objetivo principal consiste en regularizar la situación de la competencia de los juzgados de letras, de los juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral en lo penal y la competencia de los juzgados del trabajo y de los tribunales de menores respecto de las nuevas comunas de Hualpén, Alto Hospicio, Cholchol, Alto Biobío, San Pedro de la Paz y Chiguayante.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general y en particular esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar), con tres enmiendas de redacción.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el informe.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que transcriben las disposiciones legales pertinentes, el proyecto que aprobó la Honorable Cámara de Diputados, las modificaciones efectuadas por la Comisión y, por último, el texto final que resultaría si ellas se aprobaran.
Cabe hacer presente que esta iniciativa requiere el voto conforme de 26 señores Senadores, por tener carácter orgánico constitucional.
Finalmente, la Comisión propone al señor Presidente que el proyecto sea discutido en general y en particular a la vez.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Honorable señor Espina.
Señor Presidente , seré muy breve, porque la información entregada por la Secretaría es lo suficientemente completa como para entender el sentido del proyecto.
Se trata de establecer la competencia de los juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral en lo penal, de los juzgados de letras, de los juzgados del trabajo y de los juzgados de menores respecto de las comunas de Alto Hospicio, Hualpén, Alto Biobío , Cholchol, San Pedro de la Paz y Chiguayante, recién creadas. De manera que no tiene mayor complejidad, sino que simplemente se fija la competencia para los efectos de que los referidos tribunales puedan entrar a un funcionamiento normal.
Por lo expuesto, solicito la aprobación unánime del proyecto.
En votación electrónica en general y particular a la vez.
Debo hacer presente que la aprobación de esta iniciativa requiere quórum de ley orgánica constitucional, es decir, 26 votos.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (32 votos a favor), con el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Orpis, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz, Ruiz-Esquide, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y sus Anexos, Apéndices, Protocolos y Notas; y los Acuerdos Complementarios Sobre Comercio de Mercancías Agrícolas entre la República de Chile y la Confederación Suiza, el Reino de Noruega y la República de Islandia, y sus Anexos y Apéndices, respectivamente, todos suscritos en Kristiansand, Noruega, el 26 de junio de 2003. Cuenta con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3573-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 27ª, en 8 de septiembre de 2004.
Relaciones Exteriores, sesión 14ª, en 17 de noviembre de 2004.
Hacienda, sesión 14ª, en 17 de noviembre de 2004.
El objetivo principal del Tratado es crear una zona de libre comercio entre Chile y la Asociación Europea de Libre Comercio, esto es, con aquellos países que no son miembros de la Unión Europea y que no se prevé que lo sean en el corto y mediano plazos.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señores Coloma, Martínez, Núñez y Romero-, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, por cuatro votos a favor -de los Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Ominami y Sabag- y la abstención del Honorable señor García, lo aprobó tal como lo despachó la de Relaciones Exteriores.
Cabe tener presente que esta iniciativa debe ser aprobada con quórum orgánico constitucional, es decir, con 26 votos favorables, en consideración a la reserva formulada por el Gobierno de Chile respecto del Anexo XI, que se refiere a pagos corrientes y movimientos de capital, con el fin de armonizar dicho texto con el Nº 2 del artículo 49 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
La Comisión de Relaciones Exteriores propone al señor Presidente discutir el proyecto de acuerdo en general y particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Romero.
Señor Presidente , este Tratado constituye un paso más en la estrategia de inserción internacional de nuestro país destinada a enfrentar en mejor forma las oportunidades y desafíos de un mundo global. Se trata de concretar un área de libre comercio con aquellos países de Europa que no son miembros de la Unión Europea y que no se prevé que lo sean en el corto y mediano plazos.
Debo recordar que Chile suscribió un Tratado de Asociación Política y Económica con la Unión Europea, constituida en ese entonces por 15 países, a los que posteriormente se han sumado 10 de Europa del Este. Con este nuevo paso mantendremos una relación de libre comercio con las 25 naciones integrantes de la Unión Europea, más las 4 que se hallan bajo el alero de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuya sigla es AELC o, en inglés, EFTA.
La AELC está constituida por un grupo de países cuyas economías, en conjunto, exhiben un producto interno superior a 400 mil millones de dólares, con una población de 12 millones de habitantes, lo que determina el nivel de ingreso per cápita más elevado de todas las agrupaciones económicas existentes: 33 mil 400 dólares por persona.
Asimismo, sus Estados Miembros presentan economías dinámicas, con un crecimiento promedio del orden de 3 por ciento anual; estabilidad de precios, pues la inflación es cercana a 3,2 por ciento, y bajas tasas de desempleo, situadas en torno de 3 por ciento. Todo ello hace que este Tratado represente gran potencial, ya que corresponde a un mercado de alto poder adquisitivo.
En cuanto a la política comercial de la Asociación, es preciso subrayar que los Estados Miembros poseen con la Unión Europea un espacio económico integrado, en el cual impera el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. Se caracteriza, además, por ser una agrupación muy activa en la búsqueda de una nueva y mejor inserción internacional. En efecto, la AELC ha suscrito hasta la fecha 17 acuerdos de libre comercio, entre los cuales puedo mencionar los celebrados con Singapur y México .
El intercambio comercial entre Chile y los integrantes de la AELC durante el año 2003 ascendió a 250 millones de dólares, con exportaciones por un valor de 114 millones e importaciones por 135 millones. Sin embargo, nuestro intercambio con ese organismo representa sólo el uno por ciento del comercio global chileno.
Las inversiones provenientes de esos países en nuestro territorio en el período 1974-2003 alcanzaron a cerca de mil millones de dólares. El 60 por ciento de esta cifra corresponde a Suiza. Tales inversiones se concretaron prioritariamente en los sectores industrial, de servicios, agrícola y pesquero. Las inversiones autorizadas llegan al doble de la cantidad indicada: a mil 743 millones de dólares, que representan un 2 por ciento del total de la inversión extranjera en Chile.
Señor Presidente, podría extenderme y entregar mayores antecedentes, pero la verdad es que ya todos conocen el enorme potencial de la AELC. Quiero tan sólo efectuar un comentario final.
Hace algunos días un diario informó que el Senado tenía paralizado este Tratado. La verdad es que la Comisión de Relaciones Exteriores lo analizó y despachó el mismo día en que lo recibió, y la Comisión de Hacienda postergó su estudio por el tiempo necesario para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos; pero se habrá demorado un mes en emitir el informe pertinente.
Realizo esta aclaración porque me parece muy delicado que se responsabilice del retraso a esta Corporación, en circunstancias de que aquí siempre dimos prioridad y la dinámica necesaria al análisis de dicho instrumento internacional.
Por eso, creo que la aprobación que hoy día le estamos otorgando es un mentís a una información equivocada, que, lamentablemente, se suma a otras actitudes que a veces los medios de comunicación tienen con relación al Congreso.
Deseo confirmar lo señalado recién por el Senador señor Romero.
El proyecto de acuerdo llegó al Senado en septiembre; en octubre fue despachado por la Comisión de Relaciones Exteriores, y en noviembre por la de Hacienda.
En consecuencia, el tratamiento que ha tenido esta iniciativa tan relevante ha sido muy expedito. Dejo constancia de ello para todos los efectos públicos.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Director Económico Bilateral de la Cancillería, señor Mario Matus.
Señor Presidente , como se señaló, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad este Tratado. Voy a reseñar los puntos sustantivos que contiene en materia económica y su relación con los demás acuerdos de libre comercio aprobados por el Parlamento.
El instrumento suscrito con la AELC presenta algunas diferencias respecto del que firmamos con la Unión Europea. La desgravación en el sector industrial es inmediata, y la de los productos agroindustriales, bastante rápida, con algunas excepciones en la parte agrícola; se firman tratados bilaterales con cada uno de los cuatro países de esa Asociación; se elimina la posibilidad de que cualquiera de ellos o Chile aplique algún tipo de medidas antidumping, pero se nos reconoce el derecho a mantener las bandas de precios o algún mecanismo equivalente que no contravenga las normas de la OMC.
Junto con el Tratado principal suscribimos un Acuerdo sobre Protección de Inversiones. De modo que en un solo cuerpo legislativo estamos poniendo al día el avance de Chile en su inserción internacional en Europa, incorporándose simultáneamente a esos cuatro países, los cuales, como expresó el Senador señor Romero , exhiben un altísimo nivel de desarrollo, con un mercado que es diez veces el chileno. Por lo tanto, vale la pena que el proyecto sea aprobado a la brevedad.
Varios señores Senadores han pedido el uso de la palabra. Quiero recordar a Sus Señorías que estamos en el tratamiento de la tabla de Fácil Despacho. Y luego de las explicaciones recibidas, debiéramos avanzar.
Ofrezco la palabra a la Senadora señora Frei.
Declina hacer uso de ella.
Señor Presidente , sólo formularé una pregunta.
En realidad, no conocemos la lista de exclusiones y salvaguardias. Espero que no sean como las que tuvimos que aprobar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde figuraban la carne de dugongo, de manatí, de orangután o de reptil, entre las quince que se exceptuaban. Porque aquello fue un chiste. Espero que eso no ocurra en este Tratado. Y tanto del Senador informante de la Comisión de Relaciones como del de la de Hacienda , deseo saber si existen tales exclusiones o salvaguardias, y cuáles son.
Señor Presidente , me abstuve en la Comisión de Hacienda, y volveré a hacerlo en la Sala, porque los Estados de que se trata son de aquellos que subsidian más fuertemente su producción agrícola. Me parece que suscribir acuerdos de libre comercio con países que subsidian fuertemente su agricultura se convierte finalmente en una amenaza permanente de competencia desleal.
Sé que no vamos a resolver el problema entre Chile y la Unión Europea o los países que integran la AELC. La situación tendrá que resolverse a nivel de la Organización Mundial del Comercio, donde de una vez por todas se deberían sentar a conversar la Unión Europea, Japón , Estados Unidos, para desmantelar la política de subsidios, que no hace otra cosa que empobrecer más a las zonas rurales, y particularmente a los pequeños campesinos.
Tampoco creo, señor Presidente , que podamos aprobar por unanimidad este tratado sin elevar nuestra voz y sin decir absolutamente nada sobre los subsidios agrícolas. Porque Chile es un país que compite con lealtad, con transparencia, sin subsidios, con la calidad de sus productos y servicios. Por lo tanto, no es aceptable que tengamos competencia desleal, más todavía de países ricos, con elevados niveles de ingreso.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (29 votos a favor y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz, Naranjo, Novoa, Orpis, Parra, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Cordero, García, Lavandero Prokurica, Stange y Zurita.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre otorgamiento de un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público; concesión de aguinaldos que señala, reajuste de las asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar, y otros beneficios que se indican. La iniciativa cuenta con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3727-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 17 de noviembre de 2004.
Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 15ª, en 17 de noviembre de 2004.
-Reajustar en 3,5 por ciento las remuneraciones de los trabajadores del Sector Público, a contar del 1º de diciembre de 2004;
-Conceder los aguinaldos de Navidad de 2004 y de Fiestas Patrias de 2005 para los sectores activo y pasivo.
-Reajustar, a partir del 1º de julio de 2005, las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar para personas de escasos recursos.
La Comisión de Hacienda aprobó esta iniciativa en general por 3 votos a favor (Senadores señores Boeninger, Foxley y Ominami) y dos abstenciones (Senadores señora Matthei y señor García).
En cuanto a la discusión en particular, los artículos 12 a 18, 20, 23, 26 a 30, 32 y 33 fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión.
Las otras disposiciones fueron aprobadas sólo por mayoría.
Consecuentemente, la Comisión de Hacienda propone a la Sala aprobar el proyecto en discusión en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que la iniciativa debe ser discutida en general y en particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
Señor Presidente , este proyecto, que vimos hoy día en la mañana, que fue aprobado en general por 3 votos a favor y 2 abstenciones, y por una votación similar en prácticamente todos los artículos, establece los reajustes ya indicados por el señor Secretario , siendo el principal el de remuneraciones para los funcionarios públicos, de 3,5 por ciento. Agrega a dicho reajuste un bono especial de 45 mil pesos o de 25 mil pesos, según el tramo de ingreso; y fija, como ya se dijo, los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias y el bono de escolaridad, en las cifras indicadas en el articulado.
Considero del caso destacar que la iniciativa se aprobó en la Comisión de Hacienda con la votación señalada y contó con el respaldo formal de un documento firmado por un conjunto de organizaciones sindicales que participaron en la mesa de negociación, entre ellas la CUT, el Colegio de Profesores, la ANEF, la CONFUSAM, los empleados municipales, la CONFENATS, y varias otras con las cuales el Gobierno estuvo conversando, algunos de cuyos planteamientos acogió. Finalmente, todos estos dirigentes acordaron respaldarla, como lo hizo también la Comisión de Hacienda por la mayoría de sus miembros.
Tal es la iniciativa que tenemos a nuestra consideración.
Señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto sobre reajuste de remuneraciones.
Sin embargo, y a petición expresa de la Agrupación Nacional de Empleados Públicos de las zonas extremas, me referiré en particular al bono por término de conflicto.
Evidentemente, cualquier remuneración o emolumento en las zonas extremas está muy asociado a la distancia. Por lo tanto, si queremos proceder con estricta equidad al tomar este tipo de decisiones, deberemos tener en cuenta que hay diferencia entre quiénes viven en los extremos y los que habitan en el centro del país. Por ello, sería de justicia que las asignaciones también reflejaran la desigualdad existente con relación a las zonas extremas.
En particular, esto opera respecto del bono de término de conflicto, porque el que se otorga en el centro del país es similar al que se concede en los extremos del territorio. Dicho bono asciende a 40 mil pesos para quienes tengan rentas brutas inferiores a 300 mil pesos y a 20 mil para los que exceden ese monto. Es lo mismo en todo el país; es completamente plano. Por ello, la gran aspiración de las organizaciones de las zonas extremas es que este tipo de emolumentos, de asignaciones, refleje la desigualdad respecto de las zonas extremas.
Ello no viene planteado en el proyecto; es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Ojalá que pueda establecerse ahora. Y, si no, cabe por lo menos dejarlo consignado para un futuro reajuste y bono de término de conflicto.
Señor Presidente , junto con la Honorable señora Matthei nos abstuvimos en la votación del proyecto en debate por las siguientes razones.
En primer lugar, consideramos que habría sido muy útil que al acuerdo que el Gobierno firmó con distintos gremios del sector público se hubiese incorporado también la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, sector al cual probablemente más afecta el reajuste.
Siento que los funcionarios públicos se hallan cada día más descontentos y enojados con los Parlamentarios. La razón es que, conforme a la ley que finalmente regularizó los sobresueldos, los Senadores, Diputados, Ministros, Subsecretarios y altos funcionarios de la Administración del Estado -según sostienen- doblaron sus ingresos, mientras que a ellos se les da reajustes muy pequeños, con los que, en la práctica, no hacen diferencia entre el poder adquisitivo de un año y otro.
Señor Presidente, en mi opinión, la molestia de esos servidores con los Parlamentarios tiene cada vez mayor fuerza y agresividad, pues estiman que no los representamos como corresponde ni estamos defendiendo adecuadamente sus derechos remuneracionales.
Además, se han suscitado otras dificultades. Por ejemplo, una proporción importante de los funcionarios públicos -60 mil aproximadamente- se encuentra adscrita hoy en día al Ministerio de Salud. Muchos de ellos recibían una remuneración que se elevaba considerablemente con las horas extraordinarias. Sin embargo, al establecerse un cuarto turno en los hospitales, dejaron de obtener ese ingreso adicional; y un auxiliar o un técnico paramédico, que lograba una remuneración líquida de 240 mil pesos con tiempo extra, la ve reducida a 180 mil pesos. Es decir, se ha rebajado en aproximadamente 20, 25 ó 30 por ciento. Y la situación los tiene francamente desesperados, porque se debe pensar que una merma semejante disminuye tremendamente su capacidad de consumo, e incluso, la posibilidad de educar a los hijos, sobre todo en el nivel superior.
Cabe hacer presente otro argumento.
El Congreso concluyó ayer la discusión de la Ley de Presupuestos. En el estudio de ella, se partió de la base de que la inflación para 2005 será de 2,5 por ciento. El subtítulo 21 de cada Ministerio, correspondiente a gastos en personal, ya consigna los recursos respectivos. Sin embargo, el señor Ministro del Trabajo , quien estuvo con nosotros en la Comisión de Hacienda durante el debate de la iniciativa que nos ocupa, expresó que la inflación esperada es de 2 por ciento y que, por lo tanto, se está otorgando un reajuste real de 1,5 por ciento. Así se llega a 3,5 por ciento, en circunstancias de que, cuando se discute el Presupuesto, nos exponen que la inflación será de 2,5 por ciento. La conclusión obvia es que el reajuste, en términos reales, es sólo de un punto.
Señor Presidente , así como en 2003 en la Cámara de Diputados se logró aumentar el reajuste en medio punto, creo que sería perfectamente posible hacer lo mismo este año en el Senado.
Se pueden agregar otras razones. En el año 2003 se expuso que el aumento de las remuneraciones sería de 2,7 por ciento -después de haberse planteado sólo 2,2 por ciento-, porque por fin se otorgaría una solución al llamado "daño provisional". El Gobierno lo designa de otra manera. Aquí lo hemos denominado en esa forma. Pero así lo calificó el Senador señor Andrés Zaldívar al presentar una iniciativa de ley al respecto.
Se trata del Honorable señor Páez .
Yo lo conozco como "el proyecto Zaldívar". En todo caso, doy excusas si he incurrido en el "delito" de cambiar la autoría intelectual.
Pero también se debe reconocer que el Honorable señor Parra y la Comisión de Trabajo desarrollaron una estupenda labor, haciéndose cargo de una realidad, consistente en que un funcionario público que hoy cumple los requisitos para jubilar no lo hace y permanece en el sistema. Con ello no pueden generarse entre 35 mil y 40 mil oportunidades ocupacionales, porque quienes desempeñan los cargos, si hoy reciben una remuneración líquida de 400 mil pesos y son afiliados de una administradora de fondos de pensiones, tendrían una pensión de solo 100 mil pesos mensuales. Ésa es la verdad.
¿Por qué ocurre lo anterior? ¿Porque esas entidades son malas? ¡No! Sucede porque esas personas, durante gran parte de su vida laboral, impusieron sólo por un tercio de sus remuneraciones.
Pues bien, el año pasado se anunció que viene una solución. Se ofreció a los funcionarios públicos una especie de bono mensual de 30 mil pesos, durante quince años, para todas las pensiones inferiores a 400 mil pesos. Ahora se expresa lo mismo: "Vamos a crear un bono de 50 mil pesos mensuales, que se sumarán a la pensión en la medida en que ella sea inferior a 55 por ciento de la última remuneración líquida o a 600 mil pesos".
No sé si ésa es, técnicamente, la mejor solución. Lo que quiero decir es que es urgente que nos hagamos cargo de una realidad: no estamos modernizando las funciones públicas ni el aparato fiscal, por mantener en él a personas agotadas, que hacen un alto uso de licencias médicas por haber cumplido, con creces, 60 años las damas y 65 años los varones. Y la verdad es que no pueden jubilar, porque no les resulta posible irse con una pensión de 100 mil, 120 mil o 150 mil pesos, como ocurre con la mayoría de los trabajadores.
Entonces, sería muy útil, en mi opinión, que el señor Ministro de Hacienda , o el señor Ministro del Interior , o el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , nos informaran en detalle sobre lo que viene. Porque, además, pienso sinceramente que más importante incluso que el reajuste que se otorgue es solucionar el daño provisional. El no hacerlo impide proporcionar trabajo permanente a 35 mil o 40 mil personas jóvenes en las plazas de igual número de funcionarios públicos que las siguen ocupando, pues no pueden acogerse a un merecido descanso pese a haber cumplido los requisitos.
Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al Honorable señor Andrés Zaldívar, a quien adjudiqué denantes la autoría de un proyecto de ley.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , respecto de la intervención del Honorable señor García , debo decir que, efectivamente, hubo un proyecto de ley en el Senado suscrito por muchos Senadores de todas las bancadas, y que fue divulgado, más que nada, para poner en discusión algo que -como dijo el Senador señor García y en lo cual todos coincidimos- se relaciona con un problema real. Entiendo que fue estudiado por el Ministerio de Hacienda y por el Gobierno, al reconocer que la situación de que trata debe abordarse.
Los trabajadores traspasados del sistema antiguo al nuevo en el período 1980-1985 constituyen un sector que, si se acogiera a jubilación por haber cumplido con todos los requisitos necesarios -no me refiero al retiro anticipado-, verían mermadas su remuneración en forma muy importante. Lo anterior ha determinado que un elevado número de funcionarios públicos -sobre todo en Salud, en los profesores, en las universidades y en el sector central- sea reacio a asumir su derecho a jubilar.
Desde el punto de vista estatal, ese hecho causa un efecto negativo: el envejecimiento de los funcionarios, lo que se traduce en que su rendimiento cada día sea menor, no porque lo quieran, sino por problemas de salud, aumentan las licencias médicas, y con ello, se resiente la eficiencia en la Administración Pública.
Por lo tanto, será bienvenido todo cuanto se haga por buscar una solución al problema. Hoy en día se calcula en más o menos 25 mil el número de funcionarios que estarían en condiciones de pasar a retiro. Podría hacerse, incluso, en forma parcializada. Y el total del contingente en esas condiciones es del orden de los 157 mil funcionarios, en régimen, por el tiempo que falta.
Creo que la situación debe ser abordada. El Gobierno ha tratado el asunto. Supongo que en el próximo tiempo tendremos una información más exacta acerca de cómo hacerlo. Sabemos que no es fácil, de lo cual tienen conciencia los propios funcionarios.
Agradezco la interrupción que me ha dado el Honorable señor García , ya que con ella puedo precisar que media un interés general al respecto, y no sólo parlamentario -fui uno de los que encabezaron el proyecto-, pues todos los sectores están involucrados. Y espero que podamos llegar a una solución en el Senado.
Como el tema es muy importante, ojalá que lo discutamos oportunamente en su mérito. Pero ahora debemos seguir con lo relativo al reajuste.
Puede continuar el Senador señor García.
Señor Presidente , por último, quiero hacer ver al Ejecutivo -no con ánimo demagógico ni populista- que estamos hablando de medio punto. Podríamos hacer el esfuerzo. Intentémoslo. Sé que los recursos están en las Operaciones Complementarias del Tesoro. Si se materializara, podríamos, a lo mejor, reencontrarnos un poco con los funcionarios públicos, que nos ven tan adversos a ellos y nos sienten tan distantes, lo cual no es bueno ni sano para el sistema democrático.
Mi llamado es muy sincero, y espero que sea bien interpretado.
Por su intermedio, señor Presidente , concedo una interrupción al Senador señor Boeninger.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
Señor Presidente , en realidad, ya no vale la pena agregar nada, sobre todo si ya se dijo todo lo que había que decir: éste es un tema cuya solución está cercana. Pero ahora estamos discutiendo el proyecto de ley de reajustes, en el cual ojalá nos quedemos.
Señor Presidente , siempre he felicitado al Gobierno cuando llega a acuerdo con los trabajadores, porque me parece que con ello se acercan las posiciones en una materia tan delicada como el sueldo necesario para enfrentar la lucha del día a día.
Entiendo que la futura ley va a favorecer a un espectro de aproximadamente 270 mil personas. Aquí es donde tengo cierta aprensión: en esta oportunidad no ha sucedido lo que en otras ocasiones en relación con el reajuste. ¿Por qué lo digo? Porque el acuerdo no fue firmado por la ANEF, que aglutina a cerca de 70 mil trabajadores; ni por la FENAT, en la cual hay 80 mil; ni por la CONFUSAM, con 40 mil; ni por la FEMPRUS, que agrupa a 10 mil. Es decir, 200 mil trabajadores de los 270 mil beneficiados no lo suscribieron.
Cabe recordar que, en la mesa de negociaciones, la ANEF -el organismo laboral más fuerte en el sector público- partió pidiendo 7 por ciento de reajuste. Posteriormente, los dirigentes, responsablemente -dados los argumentos del Ministro de Hacienda-, bajaron a 5 por ciento. Y, en ese instante, el Gobierno plantea una reajustabilidad de 3,5 por ciento.
Según informaciones entregadas a muchos señores Senadores por dirigentes gremiales -al respecto, quisiera una respuesta precisa-, el señor Ministro habría expuesto que estaba disponible para otorgar 4 por ciento, siempre y cuando lo trabajadores se comprometieran a aceptar que el reajuste se mantuviera hasta abril de 2005. Quiero cotejar ese antecedente.
Como es obvio, aquí hay bonificaciones que uno debe celebrar, pero también deseo que el señor Ministro informe por qué la diferencia en el bono de término de conflicto -en un caso es de 45 mil pesos, y en el otro, de 25 mil-, que se entrega por una sola vez. El más alto -según mi información- sólo lo va a recibir el 30 por ciento de los trabajadores, y el más bajo, el 70 por ciento de ellos.
Todos sabemos que los sueldos de los empleados públicos son realmente paupérrimos. En el Registro Civil -calificado por ADIMAR y por la empresa MORI como el servicio público de mayor productividad-, el 60 por ciento de sus empleados tiene una renta que no supera los 170 mil pesos. Evidentemente que tal emolumento podría ubicarse, en el mapa económico, dentro del concepto de "real pobreza".
Como muy bien se ha señalado, no podemos entrar a analizar otros aspectos; pero con ese sueldo se cubren los gastos de educación, la cotización de salud, etcétera. De manera que considero que el Ministerio de Hacienda -como sostuvo un señor Senador- podría subir el medio punto, teniendo en cuenta que CODELCO ha quintuplicado sus utilidades, que el país está en crecimiento y que las cifras macroeconómicas son expectantes.
Pienso que se puede hacer un esfuerzo generoso en ese sentido y favorecer a un sector de trabajadores que mantiene un sistema público realmente eficiente.
Por eso, finalmente, me sumo a la petición de subir ese medio punto y entregar un reajuste de 4 por ciento, reiterando mi consulta acerca de quiénes serán favorecidos con los bonos de 25 mil y 45 mil pesos.
Señor Presidente , quiero examinar delante de los señores Senadores la realidad del país, considerada por muchos de nosotros como expectante, desde el punto de vista macroeconómico.
Llamo la atención sobre un aspecto muy importante: hace poco tuvimos a la vista la encuesta CASEN. ¿Cuál es la realidad que ella muestra? Las cifras son realmente impactantes: se dice que 2,9 millones de chilenos ganan menos de 43 mil pesos mensuales. Esto es grave, pero no lo más grave.
Se afirma, igualmente, que el 70 por ciento de los chilenos gana menos de 131 mil pesos mensuales. Hay que preguntarse qué puede hacer una persona con esa suma. ¿Puede educar a sus hijos? ¿Puede ahorrar en previsión para el futuro?
Asimismo, se señala que 80 por ciento de los chilenos gana menos de 306 mil pesos mensuales.
O sea, es aquí donde uno puede observar por qué en este país existe una de las más injustas distribuciones de ingresos en el mundo. Esto es claro.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno dicen: "Sí, señor Senador, tiene razón, pero ocurre que no tenemos más recursos".
¿Y qué es lo que sucede? Que, para atender a los 15 millones de chilenos, a las Fuerzas Armadas, a los jubilados, la educación, la salud, etcétera, asignamos sólo 20 por ciento del producto.
No hay ninguna nación que destine dicho porcentaje para atender a todos sus habitantes, pues el mínimo que actualmente registra un país alcanza a 35 por ciento del producto, y en algunos llega a 55 por ciento.
Por eso la educación es mediocre; la salud es pésima; existen casas COPEVA, construidas con una mugre de plata; no hay desarrollo; abunda la cesantía.
Y ésa es una parte de la realidad que estamos viviendo. ¡Una parte!
Sin embargo, no hace muchos días El Mercurio publicó las utilidades de las 200 empresas más importantes de Chile. ¿Y a cuánto ascienden? Han declarado que en tres trimestres (ni siquiera en todo el año, sino sólo en tres trimestres) han obtenido utilidades por 10 mil 462 millones de dólares.
Al observar dicha circunstancia, y en la medida en que estas utilidades han subido, con relación al año pasado, entre un 43 y un 120 por ciento, diría que si los impuestos se aplicaran y pagaran correctamente, sin subirlos un centavo, el Estado debería recibir por ese concepto -no por el año completo, sino por los tres trimestres- sobre 3 mil 500 millones de dólares.
Por lo tanto, me parece que no corresponde a la realidad el que la respuesta sea ínfima y el que hoy estemos aprobando un proyecto de ley que sólo da un reajuste de 3,5 por ciento a los trabajadores públicos porque el señor Ministro afirma que "no tenemos más recursos".
Y ocurre que cuando la situación es crítica o mala las grandes empresas saben defenderse. ¿Pero quién paga la crisis? La pagan las grandes mayorías, ese 70 por ciento de los chilenos que gana menos de 131 mil pesos mensuales, que se va a la cesantía, que tiene lagunas en su previsión, que no puede asegurar su futuro, y que tampoco puede educar de buena forma a sus hijos.
Por eso, deberíamos tener una política económica más racional, que permita a la Administración Pública ser realmente más eficaz, más eficiente, contar con funcionarios que gocen de buenas remuneraciones para sostener a sus familias, y no como hoy día, en que ello no ocurre.
Ciertamente, las empresas incorporan la productividad a las utilidades para aumentarlas; disminuyen el número de trabajadores; tienen personal subcontratado por poco más de un sueldo mínimo; pretenden cambiar labores permanentes por trabajos de adultos mayores o de la mujer, y no crean más ocupación. Porque sería posible que hubiera flexibilidad si elevaran los cupos de trabajo; pero si éstos no aumentaran, implicaría cambiar una cosa regular por una mala, un sueldo regular por uno infame.
No voy a votar en contra de este proyecto. Porque siempre nos pasa lo mismo. Nos angustia rechazar una iniciativa porque "peor es no hacer nada", o, como decimos en el campo, "De lobo, un pelo". Y tenemos que aceptar estos reajustes, que realmente son para que la gente viva de manera insostenible.
Ése es el otro Chile, el de 80 por ciento de compatriotas que tienen que vivir con este tipo de salarios, a los cuales, cuando llega "la hora de los quiubos" y se debe otorgar un reajuste, se da un 3,5 por ciento.
¿Qué le puede significar a una persona que gana un sueldo mínimo un 3,5 por ciento de reajuste?
Y quienes ganan plata -como lo hemos visto y acreditado aquí- no pagan impuestos.
Hay que darse cuenta, señores Senadores, de que este año la CODELCO va a entregar 3 mil millones de dólares al Estado. Pero esta empresa explota sólo un tercio del cobre chileno.
¿Cuánto van a entregar las multinacionales del cobre, que explotan los otros dos tercios? Han dicho que 800 millones de dólares. Lo mismo señalaron el año pasado. Pero nosotros nos preocupamos de observar a cuánto asciende el "chequecito" que llega a la Tesorería. Porque una cosa es lo que declaran y otra lo que pagan, pues comienzan a hacer los descuentos: del IVA, del impuesto territorial, de las patentes. ¡Lo descuentan todo! ¡Hasta el modo de andar!
Incluso traen herramientas y maquinarias caras respecto de las cuales no se sabe si son nuevas, reparadas, reacondicionadas o si ya han sido amortizadas.
Aquí se necesita tener mano firme, no para subir los impuestos, sino para que se paguen. No hace mucho aprobamos una dotación de cien funcionarios más para el Servicio de Impuestos Internos, porque iban a fiscalizar a las grandes empresas.
¿Sabe, señor Presidente, cuántos de estos cien funcionarios se destinaron a fiscalizar a las grandes empresas que no pagan impuestos? Tres.
Entonces, siempre en nuestro país "la cuerda se corta por lo más delgado".
Por eso, he querido levantar mi voz, con fuerza, al menos para abrir los ojos a los señores Senadores y para que sepan que el 70 por ciento de los chilenos gana menos de 131 mil pesos mensuales, según la información proporcionada por la encuesta CASEN.
Créanme, estimados colegas, señor Presidente , que con cierta tristeza he escuchado este debate, que con valentía y coraje han iniciado distinguidos Senadores.
Me refiero especialmente a las reflexiones que hizo el Honorable señor García en torno a lamentar por qué no se consideraban los planteamientos que en su oportunidad formuló la Asociación Nacional de Empleados Fiscales con respecto a esta materia.
Yo no puedo menos que concordar con Su Señoría.
Durante muchos años, en mi larga vida pública, siempre estuve en contacto con la ANEF. Me cupo el honor, por disposición de una ley que nunca supe por qué se dictó, de ser quien le comprara la casa a dicha organización de empleados. Parece que ella pidió que fuera el entonces Contralor General de la República el que hiciera esa operación.
He podido captar siempre el espíritu constructivo con que la ANEF ha actuado. Por ello, celebro las palabras del Honorable señor García , así como las de los señores Senadores que han continuado reflexionando con tanto coraje sobre el tema.
Hoy en la mañana la directiva del Partido Radical señaló claramente, en una conferencia de prensa, que deseaba empezar por precisar que, para los efectos de definir con posterioridad quién habrá de ser el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia a la Presidencia de la República , exigía en forma previa a las colectividades políticas la coalición gobernante contraer un compromiso. Y, dentro de los distintos aspectos contenidos en él, hay cuatro o cinco cuestiones fundamentales que, a nuestro juicio, dicen relación a principios esenciales que necesariamente deberán establecerse -por ellos tendrá que luchar la Concertación y, ojalá, todos los partidos políticos de Chile- para que quienes sufren en nuestro país (que son millones de millones de hermanos nuestros) vean una de luz de esperanza en las determinaciones que toman los Poderes del Estado.
No puedo dejar de referirme a lo que pasa en materia de jubilación. Y no puedo evitar hacerlo, porque he estado muy vinculado -por razones obvias, que Sus Señorías comprenderán- a ciertos grupos de adultos mayores.
Los adultos mayores hoy en día representan el 10 ó 12 por ciento de los chilenos y se calcula que, en la forma como van aumentando, en diez años más serán sobre 3 millones. Actualmente, los 2 millones de compatriotas que se encuentran en esa condición viven en la desesperanza, en la angustia, en la miseria. Y cómo no habría de ser así, señores Senadores, cuando sus pensiones constituyen una de las grandes frustraciones de nuestro país. El sistema previsional es -deplorablemente, hay que reconocerlo con hidalguía- una frustración para quienes entregaron todo su esfuerzo a la nación durante decenas de años de sacrificios y hoy en día se ven sumidos en el hambre y la miseria.
Pero ésa es la realidad.
Permítanme, Sus Señorías -para que se rían un poco-, contarles algo personal. El Contralor General de la República que se retiró -según se decía en la época- con la pensión más alta del Estado (con tiempo completo) y que agregó a ésta dos más: la de profesor de Derecho (también con tiempo completo) y la de ex Ministro de Relaciones Exteriores (por vejez, como decía el decreto respectivo), recibe en total -sumando las tres pensiones- 350 mil pesos de jubilación.
¿Qué pasa con los miles y miles de adultos mayores que no se encuentran en la situación recién descrita y que hoy día están sumidos en el hambre y en el marasmo de lo que significa tener que enfrentar una vida llena de complejidades, de enfermedades y de esfuerzos, dentro de este frustrante sistema previsional?
Creo que no podemos enfrentar satisfechos la materia que nos ocupa. Y no nos es posible hacerlo porque -tiene toda la razón el Honorable señor García , y también el Senador señor Lavandero - ni siquiera se entregó medio por ciento más de reajuste a las pensiones.
¡Pero ésa es una cosa mínima!
Resulta obvio que estoy planteando una cuestión no vinculada en forma directa con el proyecto en análisis, que necesariamente deberemos aprobar, porque -como muy bien expresaron Sus Señorías- no podemos hacer otra cosa. Pero ¿acaso esto no nos señala el compromiso ineludible, impostergable, absolutamente necesario e irrenunciable que tenemos el deber de asumir los políticos para enfrentar con coraje la realidad de la vida de la inmensa mayoría de los chilenos y solucionar sus problemas de hambre y miseria en que se encuentran sumidos? Y esa gran parte de la población se halla inmersa en la desesperanza, el hambre y la miseria porque nuestro país sigue exhibiendo ante el mundo la lacra de esta terrible diferencia que existe entre la cúpula y las bases en materia de riqueza.
Yo he querido referirme a este punto, estimados colegas, no por demagogia -porque ustedes comprenderán que a esta altura no tengo por qué practicarla-, sino para dejar testimonio de lo que significa un problema que es real, grave, que resulta hondamente preocupante y respecto del cual llegará el momento en que tengamos el deber de asumirlo con valentía.
Señor Presidente, el Honorable señor Parra me pide una interrupción, que le otorgo con todo gusto.
Señor Presidente , ante todo, deseo manifestar que comparto las opiniones vertidas aquí por los Senadores señores García y Lavandero y que me resulta muy difícil votar favorablemente el proyecto en debate.
Esa dificultad nace, aparte de las consideraciones que ya se han hecho, de dos situaciones que no puedo dejar de recordar.
La primera de ellas es que, con ocasión de la tramitación del reajuste de remuneraciones del sector público para el 2004, en el seno de las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo los Ministros del ramo asumieron formalmente el compromiso de instalar con dichos órganos técnicos una mesa de trabajo para abordar lo relativo al daño previsional.
Transcurrieron los meses, supimos que se inició una negociación con las dirigencias laborales, pero el Congreso Nacional fue sistemáticamente ignorado en la consideración de ese tema. Y, lamentablemente, llegamos a la votación del nuevo proyecto de ley de reajuste sin conocer una verdadera disposición de dar una solución final a dicho problema.
Pienso que ya no hay más tiempo de espera posible y que ello debe abordarse definitivamente.
En segundo término, Sus Señorías saben que en el Senado he defendido con convicción y pasión la obra del actual Gobierno. Estoy convencido de que ha sido una gran Administración, pero, naturalmente, mantiene déficit que no pueden silenciarse ni ocultarse.
En materia de modernización del Estado, hemos avanzado muy poco durante este periodo. Desde luego, el escaso avance se expresa, entre otras cosas, en que la función pública no ha sido debidamente relevada y no ha gozado de la consideración que merece.
El reajuste que se presenta a nuestra consideración -que, como expresó el Honorable señor García , marcará un punto, en términos reales, en el mejor de los casos-, sumado a los que se han otorgado en años anteriores, revela que los funcionarios del sector público tendrán al final del sexenio incrementos reales en sus remuneraciones levemente superiores a cero.
Lo anterior se une a un conjunto de otras circunstancias que implican que decenas de miles de funcionarios bajo régimen de contrata y otra cantidad similar de empleados no puedan acogerse a jubilación por lo exiguo de las pensiones que los esperan si dan ese paso.
A mi juicio, hay aquí una deuda gigantesca que, sin lugar a dudas, no puede seguir posponiéndose. Y es dable esperar -porque las condiciones, evidentemente, son favorables para ello- una actitud más clara y resuelta en la materia.
No oculto mis dudas en el momento en que debe votarse este proyecto de ley.
Señor Presidente , deseo contribuir al debate con algunos datos que pueden resultar de interés para las señoras y los señores Senadores.
El número de involucrados en esta negociación -todo el ámbito ampliado del sector público- llega a aproximadamente medio millón de personas, lo que representa sólo el 10 por ciento de los trabajadores de Chile.
Las condiciones laborales de ese 10 por ciento, en relación con el 90 por ciento restante, no son rezagadas. Sabemos que tenemos en el país en su conjunto una situación de extrema precariedad en muchos casos. El Gobierno se encuentra muy empeñado en resolverla. Pero no nos movamos a engaño: las condiciones de trabajo, si bien en términos absolutos podrían parecer magras, no son desmejoradas respecto del 90 por ciento del resto de los chilenos.
De hecho, y en marcado contraste con lo que ocurre en otros países, los niveles de salario de entrada del sector público -ello se documentó adecuadamente en la exposición de este año del señor Director de Presupuestos - se encuentran en la misma línea que los del mercado tanto para los estratos profesionales como para los no profesionales. Lo que sí ocurre es que la inclinación a lo largo de la carrera tiende a ser más pausada que en el sector privado. Es decir, la desigualdad de ingresos al interior del sector público es bastante más baja que en el resto de la sociedad, lo que, lejos de provocar problemas, genera más bien la existencia de una larga lista de espera para entrar en las posiciones más bajas del sector estatal y una gran dificultad para contratar en las más altas.
Ahora bien, quiero llamar la atención del Senado en particular sobre lo siguiente.
Si Sus Señorías han seguido lo que he tratado de decir y si se tiene en mente la solución de pobreza para la gran mayoría, como lo he oído expresar, ella no va a partir por los trabajadores del sector público, que, si bien tienen remuneraciones magras, no se encuentran entre los más desfavorecidos.
El 3,5 por ciento podrá parecer poco. Pero cuando uno mira el informe financiero y se da cuenta de que el costo supera los 200 mil millones de pesos, no puede sino rendirse ante la evidencia de que el Gobierno, enfrentado a recursos escasos, está haciendo una apuesta importante por los trabajadores del sector público con relación a las otras muchas necesidades que podría satisfacer con montos de tal magnitud. No olvidemos, por ejemplo, que éstos exceden en cuatro o cinco veces todo lo que se gasta en el programa ChileSolidario, el cual beneficia a un millón de personas que se cuentan entre las más pobres.
Entonces, es necesario priorizar, porque en eso consiste precisamente el arte de gobernar.
En segundo término, debo decir que, de ese 10 por ciento de los trabajadores que se hallan en el sector público, 90 por ciento ha concurrido a un acuerdo con el Gobierno. Porque las organizaciones firmantes representan el 90 por ciento del sobre medio millón de trabajadores que se reunieron en la mesa. Y son datos que se pueden documentar perfectamente.
La asociación que agrupa a los profesores; la CONFUSAM; la CONFENATS, en sus dos versiones, y otras tantas organizaciones que concurrieron con sus firmas son, lejos, las más numerosas. La ANEF, sin duda alguna, es emblemática; pero, en sí misma, tiene menos trabajadores que la CONFENATS, que reúne 70 mil.
Todas esas organizaciones tuvieron un diálogo fluido con el Ejecutivo y pactaron un aumento que sigue la siguiente línea.
En primer lugar, el reajuste de 3,5 por ciento no es el único que reciben los servidores del sector público, por cuanto hay distintos arreglos -por ejemplo, Sus Señorías legislaron sobre el "nuevo trato" en el caso de la ANEF; también están los bonos y pactos en beneficio de la CONFUSAM y la CONFENATS- que les permiten incrementos distintos de éste.
Si los señores Senadores revisan las estadísticas, advertirán que los trabajadores del sector público han estado recibiendo sistemáticamente mejorías superiores a las obtenidas por los del sector privado. Pero, como la economía está mejor, hemos querido dar una señal. Y este 3,5 por ciento, por magro que parezca, representa un punto de inflexión, toda vez que es 0,7 décimas mayor que el reajuste de sueldos y salarios del sector privado por primera vez en muchos años, con lo que estamos dando una señal en el sentido de que, a nuestro juicio, hay condiciones para que parte del mejoramiento de la economía se vaya traduciendo en mejores salarios. Y digo "parte" porque el objetivo del empleo sigue siendo el prioritario.
Si el 90 por ciento de los trabajadores concurrentes a la mesa pudo aceptar esas condiciones como válidas -y ellos saben exactamente dónde les aprieta el zapato (disculpen Sus Señorías el chilenismo)-, es porque la oferta que hizo el Gobierno no fue tan estrecha.
Al observar la estructura de lo que planteamos, los señores Senadores verán que el bono de 45 mil pesos -Honorable señor Muñoz Barra- será recibido por el 45 por ciento de los trabajadores del sector público.
A modo de ejemplo, pensemos en un paramédico, trabajador típico del área de la salud, como señalaba el Senador señor García . Si recibe un sueldo de 200 mil pesos al mes, el ingreso anual llega a dos millones y medio. Por lo tanto, el bono de 45 mil pesos representa casi 2 por ciento de su planilla de remuneración anual. Es decir, dicho trabajador, dado que el año pasado no recibió bono, ahora percibirá un reajuste efectivo de 5,5 por ciento. Ese máximo nivel va bajando poco a poco, a medida que la renta sube. O sea, el reajuste es mayor para los niveles salariales más bajos que para los relativamente más favorecidos.
Con relación a las zonas extremas, tema que apareció en todas las Subcomisiones, la dificultad, Senador señor Orpis, estriba en lo siguiente.
En el sector público, producto de la modernización -todavía insuficiente, pero existente-, se entrega una multitud de asignaciones: algunas, por productividad o por zona, y otras, por diversos conceptos. Por tanto, exceptuar una de ellas y no otras del cálculo para los efectos del bono por fin de conflicto -en este caso es bono de acuerdo- habría parecido injusto. Pero si uno las retirara todas para realizar dicho cálculo, como no todos los gremios reciben la misma cantidad, tampoco sería parejo, en especial para aquellos cuyo ingreso está dado prioritariamente por el sueldo base, quienes se verían desfavorecidos con relación a los que sí perciben asignaciones descontables a los efectos del cálculo del bono de acuerdo.
Es por eso que, en acuerdo con la mesa de negociación, decidimos ofrecer un alza del tope, el cual quedaba matemáticamente en 300 mil pesos, a 320 mil; esto es, subir en 7 por ciento dicho tope, a fin de que las asignaciones no implicaran que el bono pasara de 45 a 25 mil pesos para la mayoría de los salarios que estaban en esa vecindad.
Ése fue el acuerdo con la mesa, y por eso no se excluyó un bono en particular, porque habría sido imposible llegar a concordar sobre esa base.
Quiero señalar dos cosas adicionales, señor Presidente.
En primer lugar, cuando el Banco Central proyecta la inflación, lo hace a entre 18 y 24 meses. La razón es profesional: los movimientos de política monetaria tienen un lapso para producir efecto sobre la economía. En el corto plazo, el Instituto Emisor no tiene control sobre la inflación; sólo lo tiene a un plazo algo mayor. Y por eso proyecta y se compromete a un plazo algo mayor.
Así las cosas, la inflación de 3 por ciento proyectada por el Banco Central se refiere al horizonte de entre 18 y 24 meses, no a lo que va a ocurrir en los 11 meses siguientes, que era el IPC que estábamos calculando para los efectos de este reajuste.
En los 11 meses siguientes, la inflación está completamente dominada por los llamados "elementos de costo", particularmente por el dólar y el precio del petróleo. Y es así como hemos registrado un importante fortalecimiento del peso; hoy día el dólar se halla en poco más de 580 pesos, y el precio del petróleo se ha reducido mucho. El horizonte de corto plazo de la inflación se ve más disminuido. Entonces, nos parecía que el entorno de 2 por ciento era un buen predictor para lo que va suceder en el futuro más inmediato, lo que no obsta a que, si la economía sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo, el Banco Central se encuentre atinado en su proyección en el sentido de que se tenderá a subir a 3 por ciento hacia el final del horizonte de planeación.
El presupuesto tiene 2,5 por ciento, Honorable señor García , en parte porque no incorporó las bajas recientes del petróleo y del dólar, pero fundamentalmente porque hay un conjunto de precios, en particular el del pasaje de la micro, que funcionan con un rezago muy grande. Como funcionan así, el peak del petróleo y del dólar que se dio hace poco tiempo seguirá afectando el costo del pasaje de la micro hasta los primeros meses del año 2005, para luego ir hacia abajo. Por tanto, la inflación promedio, que es la que calcula el reajuste, puede ser de 2,5 por ciento, aunque probablemente a noviembre del próximo año, según lo que estamos proyectando, sea de alrededor de 2 por ciento. No hay inconsistencia entre una cosa y la otra.
En cuanto a las condiciones de retiro, frente al planteamiento hecho por los gremios sobre el daño previsional, nos encontramos, como lo sostienen los trabajadores que suscribieron el acuerdo, extremadamente cerca de una solución consensuada, que será presentada al Congreso Nacional. Sólo resta un punto por convenir -lo haremos el 12 de diciembre-, referido a cómo los beneficios adquiridos ya por los distintos gremios se armonizan con el previsto en el planteamiento que tendremos el honor de efectuar al Parlamento.
Señor Presidente, ya que de remuneraciones se trata, quiero contar algo en pocos minutos.
En Chile, por muchos años existió la llamada "Ley de Revalorización de Pensiones". ¿Qué decía ese cuerpo legal? Que, a ese efecto, los empleados públicos debían aportar a sus respectivas cajas el uno por ciento de su sueldo.
Al desaparecer las cajas de previsión, quedó sin efecto dicha obligación. Pero subsistieron dos de ellas: la CAPREDENA y la DIPRECA (debo recordar que el descuento afectaba al personal en servicio activo, no al jubilado). La CAPREDENA resolvió en parte su problema con la nueva ley de salud: para revalorización de pensiones se descuenta a todo el personal activo medio por ciento de sus remuneraciones. Y en Carabineros, Investigaciones y Gendarmería el descuento asciende a uno por ciento. En el caso de Carabineros -no en los de Investigaciones y Gendarmería-, en enero recién pasado se devolvieron al Fisco más de 3 mil millones de pesos.
En razón de ello, en dos oportunidades he presentado proyectos para que no se realicen descuentos por ese concepto en Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. El primero lo presenté a la Ministra de Defensa Nacional de la época, quien lo recibió con una amplia sonrisa. Pero hasta ahora no he recibido contestación.
¡Y no la va a recibir...!
La semana recién pasada lo entregué al nuevo Ministro de Defensa ,...
¡Otra sonrisa...!
...quien me dijo que lo iba a estudiar. Porque, como sabemos, al respecto no hay iniciativa parlamentaria.
No quiero que se repita lo que me sucedió anteriormente, que provocó mucha risa en dos señores Senadores. Pero es verdad. Se trata de un descuento injusto que afecta al personal activo -no al retirado-, el que debe contribuir con un porcentaje de sus remuneraciones, que el Fisco recupera con posterioridad.
Es decir, señor Ministro , si no se hace tal descuento a los personales activos adscritos a la DIPRECA o a la CAPREDENA, al Fisco no le cuesta un solo centavo. Se trata de platas que salen del bolsillo de esos servidores.
Señor Presidente , solicité recién la palabra para hacer un par de consultas al señor Ministro de Hacienda , una de las cuales ya fue contestada en su intervención.
La otra tiene que ver más con el criterio que está siguiendo el Gobierno para ir reajustando o mejorando las pensiones asistenciales.
Entiendo que este proyecto contempla la entrega de un aguinaldo de Fiestas Patrias que alcanza a las pensiones asistenciales. No tengo claro si éstas se hallan consideradas también en el aguinaldo de Navidad. Porque en el texto se habla sólo de los pensionados, mas no así de las pensiones asistenciales o por invalidez, que son una situación distinta.
Me gustaría una aclaración del señor Ministro al respecto.
En todo caso, quiero ir a un tema más de fondo, que tiene que ver con la realidad de las pensiones asistenciales, las cuales eran extraordinariamente bajas. Los Gobiernos de la Concertación han realizado esfuerzos para ir aumentándolas en cantidad -hemos sido testigos de ello en el Congreso- y, asimismo, acercándolas al monto de la pensión mínima, que es la aspiración de todos los que las reciben.
Entonces, consulto al señor Ministro lo siguiente: con este reajuste, que llega a 3,5 por ciento, ¿qué se tiene pensado para el próximo año acerca de las pensiones asistenciales?, ¿de qué monto estamos hablando?, ¿cómo vamos a ir acortando la brecha que hoy existe? Sé que es muy difícil acortarla, por la cantidad de recursos involucrados, como lo manifestó aquí el propio Ministro . No obstante, es lo menos que podemos pensar o analizar cuando se discuten reajustes como éste, cuyo monto global es muy elevado, pero en lo que concierne a la pensión o el sueldo de cada cual, extraordinariamente exiguo.
Siempre es bueno, señor Presidente, conocer el criterio que se está aplicando sobre el particular.
Por último, no puedo dejar de referirme al ejemplo que puso el Honorable señor Silva . Supongo que es "su caso", porque no conozco a otro ex Contralor, a otro ex Ministro de Relaciones ni a otro ex profesor de Derecho que reciba una pensión como la señalada. Me gustaría que se aclarara esa situación, porque a todas luces el monto es ridículo, dadas las altas investiduras que ha tenido Su Señoría y la cantidad de años trabajados, todo lo cual hace suponer la existencia de cotizaciones previsionales que deberían posibilitar la percepción de una jubilación más elevada.
Señor Presidente , aquí hay dos temas distintos en discusión. Uno, el de los salarios promedio de los funcionarios públicos, que es de verdad importante, porque en general los servidores del Estado fueron la columna vertebral de la clase media y ésta ha sostenido a nuestro país cultural, educacional y políticamente, y le ha dado estabilidad.
Nuestra clase media está salvajemente empobrecida. Y ello, porque hay muchos programas enfocados hacia la pobreza y la extrema pobreza, pero, en general, muy poca ayuda para aquel sector.
Por ejemplo, basta que una mujer sea profesora, reciba un sueldo de 200 mil pesos y tenga un hijo que desee ir a la universidad para que carezca de acceso al crédito universitario. Eso significa que muchos maestros cuyo único anhelo es que sus hijos sean universitarios no cuentan con posibilidades a este respecto.
Ésa es una cuestión que nos preocupa a todos. Y yo la enfoco de manera esencial en los funcionarios públicos, pues ellos fueron tradicionalmente la masa más relevante de nuestra clase media.
Por otra parte, estamos abocados al reajuste de los salarios. Cuando hablamos de este tema debemos darnos cuenta de que en Chile estamos enfrentando dos problemas y de que, por desgracia, la solución de uno muchas veces va en contra de la solución del otro: por un lado, tenemos sueldos bajos, y por otro, todavía existe una cesantía muy alta.
Hemos de entender igualmente que, en la medida en que aumentamos los salarios por ley, eso va contra la desocupación. Y, así como resulta peligrosa y complicada la situación de los bajos sueldos, mucho peor es no tener un empleo ni percibir remuneración.
Creo, entonces, que primero debemos tratar de resolver ese problema.
Por eso hemos insistido tanto en que se reformen las leyes laborales, en que se creen todas las condiciones para tener el mayor empleo posible, pues sólo en la medida en que solucionemos esa dificultad podremos empezar a preocuparnos en forma más seria de los salarios.
Ahora bien, la cesantía no sólo provoca la ausencia de ingresos y la generación de daños psicológicos y familiares muy complejos, sino que también tiene efectos a largo plazo sobremanera perniciosas.
Por ejemplo, en este minuto se habla de que el nuevo sistema de pensiones no sería capaz de dar una pensión mínima al 50 por ciento de los afiliados.
En realidad, ése es un problema, no del nuevo sistema de pensiones, sino de la cesantía, porque las condiciones para obtener una pensión mínima en él son exactamente las mismas que para conseguirla en el antiguo sistema previsional.
Por lo tanto, si el nuevo sistema no es capaz de dar una pensión mínima al 50 por ciento de los afiliados, el antiguo tampoco lo habría podido hacer.
Quiero ser súper clara al respecto. Se requieren 20 años de cotizaciones. Y la razón por la cual mucha gente no podrá alcanzar la pensión mínima es la existencia de grandes lagunas previsionales derivadas de la tremenda tasa de cesantía que hemos tenido durante los últimos siete años.
Por eso, cuando me ponen en la disyuntiva, por un lado, de aprobar aumentos salariales bajos, y por otro, de incrementarlos demasiado rápido postergando la solución de la cesantía, prefiero lo primero, sabiendo que es un mal, pero el mal menor.
Tengo la impresión de que podríamos avanzar un poco mejor en ambos sistemas si empezáramos a cuidar más el dinero fiscal. Porque la verdad es que, cuando participamos en la discusión de los proyectos de Ley de Presupuestos y observamos lo que sucede en las Regiones, nos damos cuenta de que se malgastan los recursos del Estado. Se financian programas caros que no dan resultado alguno. Ayer hablábamos, por ejemplo, del Programa Orígenes, que es un desastre: mal llevado, mal diseñado, sin ningún efecto sobre las personas, etcétera. Y todos hemos visto cómo se hacen contrataciones masivas de amigos, de asesores o de personas que pertenecen a determinados partidos políticos, quienes generalmente perciben elevados sueldos y no contribuyen en nada. También hay malgasto, despilfarro e incluso robos, aparte de abusos en el acceso a ciertos beneficios, como las licencias médicas, que en diez años han crecido en mil por ciento, etcétera.
Reconozco que el Gobierno -en especial el Director de Presupuestos, señor Mario Marcel, y el Ministro de Hacienda- se ha esforzado por ir reduciendo el despilfarro. Sin embargo, con la misma sinceridad, debo manifestar que en el Congreso he observado, salvo escasas excepciones, una tremenda indiferencia para enfrentarlo.
Si nosotros cuidásemos más el dinero fiscal; si estuviéramos realmente dispuestos a penalizar el robo, la corrupción, el mal uso que de él se hace, tal vez habría más recursos para encarar el problema de las pensiones, de la pobreza y del incremento de remuneraciones del sector público. Sin embargo, repito -y no señalo con el dedo a nadie-, en el fondo todos hemos sido bastante indiferentes en esta materia.
Respecto del proyecto en debate, cuando se votó en general en la Comisión, me abstuve, principalmente porque me llamó mucho la atención la cifra de inflación esperada que entregó el Ministro del Trabajo , señor Solari : 2 por ciento. Este porcentaje no me suena. A mi juicio, es muy distinto tener una inflación esperada de 3 por ciento que una de 2 por ciento. En un caso, el reajuste real sería de 1,5; en el otro, de sólo 0,5.
Aunque entiendo las razones del señor Ministro de Hacienda , lo cierto es que la meta de 3 por ciento de inflación futura no se fijó recién: es un objetivo permanente del Banco Central. Por lo tanto, no es admisible destacar ahora su empeño en fijarla en 3 por ciento. Lo ha venido haciendo siempre. Por eso, me extraña que se mantenga en el borde inferior de la franja por tanto tiempo seguido.	Discrepo de la cifra de inflación esperada que se mencionó, y me interesa discutir aquí el punto.
Como dije, es diferente un reajuste real de 1,5 por ciento que uno de 0,5, porque este último sería el aumento que correspondería si la inflación esperada fuera de 2 por ciento.
Por eso, señor Presidente , sería conveniente aclarar si, de ahora en adelante, en materia de reajustes se operará con aquella inflación o con la histórica.
El cambio de la inflación pasada por la esperada se produjo a principios de los años 90, cuando el fenómeno inflacionario todavía no estaba bien controlado. O sea, había una razón económica muy válida para trabajar con la inflación futura. Porque el hecho de considerar la inflación histórica, que era alta, para reajustar las rentas que se percibirían el año siguiente, de alguna manera impedía reducir la inflación. Hoy, cuando se halla más controlada -está dentro de un rango de 2,4 por ciento- y se cuenta con un Banco Central independiente, nada hace prever que este indicador se escapará. Estos debates serían más fáciles si habláramos siempre de aumento real de remuneraciones y no de cuánto cree cada cual que debe ser el reajuste. Algunos Senadores pensamos que debería ser de 0,5 por ciento en términos reales; otros, de 1,5. Ambas cifras son muy diferentes. Ello, porque estamos considerando una variable que no conocemos y sobre la cual no habrá certeza sino hasta el año entrante. Tal vez sería oportuno que a partir de 2005 se empezara a hablar de la inflación pasada y no de la futura.
Señor Presidente , voy a votar a favor del proyecto. Esta mañana en la Comisión me abstuve, principalmente por el tema de la inflación. Me pareció inaceptable que se dijera que la inflación esperada era de 2 por ciento.
Sigo pensando que el reajuste es pequeño. Y, a pesar de que las remuneraciones y las pensiones son muy bajas, creo que el problema más grave de Chile en la actualidad es -¡lejos!- la cesantía. Y, como en esto debemos ser serios, modificaré mi voto.
Reitero que podríamos avanzar más si todos hiciéramos un esfuerzo aun mayor en cuanto a cuidar las platas fiscales. Por ejemplo, para ejecutar algunas obras se expropian terrenos por los cuales se pagan cantidades altísimas. En la Cuarta Región -que represento- se pretende construir un aeropuerto que costará 23 a 25 millones de dólares. LAN Chile ya anunció que no operará en él. Se informó que se llevaría a cabo mediante concesión; pero la única forma de que un concesionario efectivamente se interese en materializarlo es que le aseguren los flujos, con lo cual, en el fondo, lo financiará el Estado. Al parecer, el motivo para construirlo sería el interés de algunos inversionistas privados que compraron todos esos terrenos para desarrollar un proyecto inmobiliario.
Señor Presidente , mientras se sigan tomando decisiones por la presión de ciertos grupos que procuran enriquecerse aun más; mientras persistan aspectos tan oscuros como los que menciono, como una tremenda especulación con los terrenos de parte de esa misma gente, que ya es rica y que es cercana al Gobierno; mientras prosiga ese despilfarro, la verdad es que duele el alma ver que los funcionarios públicos y otras personas deban continuar percibiendo sueldos muy bajos. Y tampoco podemos mejorar las pensiones mínimas ni incrementar el número y monto de las pensiones asistenciales.
En la iniciativa hay otro aspecto que me resulta inaceptable y que espero votar en particular: los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad para el sector pasivo se concederán de nuevo sólo a quienes perciban pensiones mínimas del antiguo sistema previsional. Una vez más -y lo vengo diciendo desde hace doce años, ya que empecé en la Cámara de Diputados y he insistido en el Senado- se les hace un regalo con plata fiscal, el que no reciben personas con iguales necesidades, con la misma pensión mínima, pero que están adscritas al nuevo sistema de pensiones.
Eso es absolutamente inaceptable y fue una de las razones por las cuales me abstuve en la votación de la mañana.
A propósito del último comentario de Su Señoría, le hago presente que, cuando un proyecto se discute en general y en particular a la vez, con la sola aprobación de la idea de legislar se entienden aprobadas todas las disposiciones en particular, salvo que se hayan formulado indicaciones, caso en el cual los artículos sobre los que recaigan deben votarse en forma separada.
Señor Presidente, los Senadores no podemos presentar indicaciones porque se trata de pensiones y esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por lo tanto, pido que la disposición pertinente se vote en forma separada.
Señor Presidente , me parece inconcebible que aparezcamos votando a favor una norma que aborrecemos, por el solo hecho de no contar con facultades para plantear una indicación. Y eso no puede ser. Si al señor Presidente le pido una votación separada, ¿qué le cuesta hacerla?
No es un problema de voluntad, señora Senadora . Simplemente, estoy aplicando el Reglamento, que en el artículo pertinente dispone que "En la discusión general y particular a la vez no habrá lugar a segundo informe de la Comisión". Y agrega -esto es lo importante-: "Por la sola aprobación general del proyecto se entenderán aprobados todos los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones, y el Presidente lo declarará así.".
Señor Presidente, entonces solicite, por favor, la unanimidad para saltarse el Reglamento.
Yo no puedo sustraerme al mandato reglamentario que me obliga a "declararlo así", no a "someterlo a votación".
Pero, en fin, quería informar...
Señor Presidente, pida la unanimidad para que pueda votarse aparte el artículo.
Ya he informado cuál es mi criterio reglamentario.
Por unanimidad usted puede saltarse el Reglamento.
Antes de proceder a votar, tiene la palabra la Honorable señora Frei.
Durante todos estos largos años, cada vez que abordamos el tema del reajuste sentimos una cierta frustración, porque todos quisiéramos que fuera mucho mayor. Pero este año, por primera vez -y por eso deseo recalcarlo-, las cifras que nos ha dado a conocer el señor Ministro y los hechos que han acontecido para llegar a este reajuste me parecen altamente positivos. Y ahora intervengo para destacarlo.
Reitero: es la primera vez que se llega a un reajuste sobre la base de conversaciones y de una mesa de trabajo donde pactó el 90 por ciento de los trabajadores del sector público. Y el señor Ministro nombró las instituciones -Colegio de Profesores, CONFUSAM, CONFENATS, etcétera- que estuvieron de acuerdo.
Insisto en resaltar el hecho notable de fijar por primera vez un reajuste sin conflictos.
Yo sé que todos quisiéramos dar mucho más. Pero no hay que olvidar que durante este tiempo la inflación ha estado controlada, que Chile es un país económicamente estable y que desde 1990 hasta la fecha lo que se ha gastado en infraestructura, en salud, en educación, es increíble.
Es verdad que muchas familias, especialmente las de clase media y de sectores más populares, sufren carencias. Es verdad que hay poca equidad entre los recursos que se generan y los que llegan a la gente. Pero no olvidemos que durante los Gobiernos democráticos hemos reducido a la mitad la cantidad de cinco millones de pobres y que por primera vez el reajuste es mayor -aun cuando en algunas décimas- que el del sector privado. Y eso también es muy encomiable.
Es posible que para algunos los bonos parezcan poca plata. Pero un beneficio especial de 45 mil pesos que recibirá el 45 por ciento del sector público también me parece un hecho destacable.
Claro que hay frustración. Hubiésemos querido cinco, seis o siete por ciento de reajuste. Hubiésemos deseado darlo a todos los pensionados y a todos los que están sufriendo carencias. Pero lo que se ha planteado este año demuestra que hay voluntad política para hacer las cosas bien.
Por eso, con mucho mayor agrado que el de otros años, votaré afirmativamente.
Señor Presidente , no quisiera guardar silencio -y creo que mis palabras interpretan el sentir de esta bancada, e incluso el del Gobierno- frente a la intervención de la señora Senadora que antecedió a la Honorable señora Frei .
No podemos hacer aquí un debate serio si acaso asumimos el argumento facilista de decir: "Mire, si se utilizaran mejor los recursos fiscales, podríamos otorgar mejores reajustes," etcétera. Todos deseamos dar mayores reajustes, mejores beneficios y solucionar los problemas de los pensionados. Pero las afirmaciones de Su Señoría adquieren gravedad cuando aluden a robo; cuando insinúan negociados; cuando se refieren a la contratación de familiares, de parientes, de terceros, etcétera, y no se dicen las cosas con nombre y apellido.
Si la señora Senadora tiene antecedentes que la lleven a esas convicciones, su obligación es entregarlos a quien corresponde juzgar: a los tribunales de justicia y a la Contraloría General de la República. Pero no puede hacer aquí, al voleo, aseveraciones de ese tipo, porque yo me siento parte del Gobierno. Y no me siento parte de un Gobierno que esté cometiendo abusos ni arbitrariedades ni que esté amparando robos de nadie. Si Su Señoría tiene informaciones concretas sobre un caso que en varias oportunidades ha planteado aquí, la emplazo a que las entregue a los tribunales de justicia, para que verifiquen quiénes son los autores, quiénes son los responsables y a quiénes se debe sancionar. Pero no podemos seguir haciendo -y ésta es una vez más- planteamientos de ese tipo en esta Sala.
Intervine porque no era bueno guardar silencio.
¿La Senadora Matthei quiere hacer uso de la palabra?
Señor Presidente , hace un par de años hice una exposición similar, pero mucho más dura, y también el Senador señor Andrés Zaldívar salió a decir lo mismo.
En esa oportunidad me referí al caso MOP-Gate. Y se manifestó aquí que era inaceptable lo que yo estaba diciendo. Durante dos años estuvimos tratando de que este problema lo viera la justicia (estaba entregado a una jueza que en dos años no hizo nada). Y después saltó de nuevo ese caso debido a un tema totalmente distinto: el de las coimas en la Sexta Región. Si no hubiera sido por eso, el caso MOP-Gate hoy día estaría sepultado.
Cuando el Diputado Víctor Pérez y yo nos hicimos parte y presentamos una querella por el caso MOP-Gate, donde está comprobado que ha habido robos, la misma gente de la Concertación manifestó que nosotros estábamos politizando la justicia.
Entonces, es bastante divertido: por un lado, aquí nos emplazan -¡nos emplazan!- a ir a la justicia y, por otro, cuando vamos a ella, nos acusan de politizarla.
En el caso del INDAP, el señor Senador sabe perfectamente que hemos presentado dos querellas. Llevan tramitándose varios años y se avanza muy poco. En una de ellas ya hay varias personas sometidas a proceso. Me refiero al caso de la Cooperativa Campesina "Buscando Desarrollo".
En cuanto a lo de la Sexta Región, todavía no lo hemos logrado, desgraciadamente...
¡Fueron declarados inocentes!
¡Usted creerá que son inocentes, señor Senador !
En lo relativo al aeropuerto de la Cuarta Región, he dicho que voy a ir a la justicia. Pero, además, haré algo mucho mejor: a cada Senador le enviaré una copia de todas las escrituras inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, que demuestran cómo una empresa jugó con el precio de los terrenos donde se va a construir el aeropuerto de Tongoy con el objeto de que se los compraran caros.
Señor Presidente , ¿le podría decir al Senador Zaldívar que fuese un poquito más educado?
¡Señores Senadores, ruego mantener la calma!
Pido a la Honorable señora Matthei que termine su intervención.
Señalaba que en varias ocasiones he recurrido a la justicia. Y seguiré haciéndolo. En el futuro próximo voy a presentar dos querellas más. Espero que cuando lo haga los señores Senadores y los señores Ministros no nos acusen de que estamos politizando la justicia.
Señor Presidente , en este debate, creo que es bueno separar algunos temas. Naturalmente, quien tenga algún problema que desee llevar a la justicia lo puede hacer todas las veces que quiera. Ése es su problema.
Pero lo que a mí me preocupa más es que en esta discusión se afirme -y no sólo en este caso; mis palabras no son para iniciar una polémica, sino simplemente un comentario- que no puede haber mejor distribución del ingreso, mayores sueldos y todo lo demás porque se gasta mal la plata.
Acabo de leer -entiendo poco de esto- un informe del Foro Económico Mundial según el cual Chile aparece en primer lugar -¡no entre los primeros, sino en primer lugar!- en calidad de gestión pública. Es el rubro en el cual alcanzamos el más alto puntaje en los índices de competitividad mundial, lo cual no quiere decir que no haya problemas y que no podamos mejorar, ciertamente. Pero, cuando atacamos nuestras fortalezas, creo que nos causamos un daño a nosotros mismos.
A mi juicio, hemos mejorado mucho y podemos hacerlo en mayor medida. Mas el cuadro trazado aquí es propiamente el de una república de las de antes, cuando todo el mundo robaba la plata, todo el mundo coimeaba, todo el mundo ladroneaba, etcétera. Y, francamente, ello no corresponde a un debate de esta altura.
Señalemos las cosas que podemos perfeccionar, denunciemos lo que queramos ante los tribunales de justicia, pero reconozcamos nuestras fortalezas. Son tres, fundamentalmente, en ese informe: la calidad de la gestión macroeconómica, la calidad del funcionamiento de las instituciones y la apertura económica. Y de ellas, que son las que figuran en los más altos lugares del ranking de competitividad mundial, la calidad del funcionamiento de las instituciones del Estado se halla en primer lugar. Y es algo que se determina sobre la base de encuestas a empresarios chilenos.
Entonces, la verdad es que no sé de dónde se saca ese mundo raro de robos, despilfarros, ladroneos, coimas, etcétera, que no corresponde a la realidad.
En segundo lugar, hago presente un pequeño dato que saco yo mismo de los antecedentes. A lo mejor estoy equivocado. Pero, a propósito de que se ha hecho referencia a un porcentaje "ratón", por así decirlo, cabe recordar que el Ministro señor Eyzaguirre mencionaba el reajuste tipo de un sueldo de 200 mil pesos mensuales. Y la cuenta que saco, considerando aquello que quienes lo ganan obtendrían por ese concepto, por el bono y por los aguinaldos, me da 194 mil pesos en el año, lo cual significa una remuneración más.
Por mi parte, quisiera dar una cantidad superior, pero tampoco me parece que sea tan malo y "rasca" el reajuste que se entrega, con todo respeto.
Ahora bien, entiendo lo planteado en cuanto a la distribución del ingreso; lo que no entiendo es adónde conduce la lógica aplicada. Porque no es factible aumentar mucho los salarios, ya que se puede acabar el empleo; no es factible cobrar más impuestos, ya que se puede arrancar la inversión; no es factible reformar las leyes laborales, ya que ello va contra las libertades, etcétera.
En consecuencia, estoy de acuerdo en que llevemos a cabo el debate sobre la distribución del ingreso -me parece que todos podríamos contribuir mucho-, pero no nos contemos cuentos entre nosotros. De alguna parte tiene que salir la plata para mejorar dicho indicador. Con 20 por ciento de carga fiscal es poco lo más que se puede hacer, aunque se arreglen cosas y se corrijan algunas dificultades.
Ésa es una discusión pendiente, señor Presidente . Ojalá que no nos aboquemos a ella ahora y que no la realicemos de manera tan ligera y frívola.
Su Señoría ya intervino. No sé si quisiera formular algún comentario...
Sí, señor Presidente . Supongo que no me discriminará, porque varias personas han hablado lo que han querido y espero que podré...
Perdón, Su Señoría. Aquí nadie ha hablado lo que ha querido. Lo ha hecho cuando se le ha ofrecido la palabra y...
Todos hablamos lo que queremos, señor Presidente.
¿Me permite, señor Senador ? Usted me hizo una...
Todos hablamos lo que queremos.
Al usar de la palabra, cada uno es libre de expresar lo que desee.
Supongo que no nos restringirá, señor Presidente.
Ése es otro tema. Por cierto que cuando se usa de la palabra...
Quiero referirme al debate.
Cuando ella se otorga a alguien, esa persona tiene derecho a decir lo que corresponde. No le intervengo los discursos a ningún señor Senador. Pero aquí se respeta el uso de la palabra. Y si la he dado para una reiteración, es porque ha sido emplazado.
Sí. Pero usted comprende
No sé si Señoría tiene algo que agregar a lo que ya expresó, porque antes había hablado.
Tengo algo que agregar.
Le pregunto de qué se trata. Porque si no, significaría reabrir un debate que ya se cerró.
O sea, seré censurado. ¿Eso es lo que...
No lo estoy censurando, señor Senador. Le consulto a qué desea hacer referencia.
Si me quiere censurar, señor Presidente , tendría que censurarlo a usted. Y, a lo mejor, más de alguno de mis Honorables colegas me acompañaría. Pero su proceder me parece inaceptable.
Está en un error, Su Señoría.
Ha tenido lugar un debate en que se han emitido juicios respecto de los cuales los Senadores podemos tener opinión.
Porque no es la primera vez que se tocan estos temas en la Corporación.
La cuestión es otra, señor Senador.
¡Entonces, usted no puede venir a inhibirme de lo que quiera decir, señor Presidente ! A lo mejor es algo que no le representará ninguna dificultad.
No me causa problemas lo que quiera decir, Su Señoría. Lo que he expresado
No sea temeroso de las opiniones de los Senadores.
Reitero que el punto es otro.
Le estoy pidiendo la palabra de nuevo.
Le ruego que entienda lo que le estoy diciendo, señor Senador. Le solicito que mantenga la calma y escuche treinta segundos sin opinar. ¿Le parece?
Hace un momento se cerró el debate
No se ha cerrado.
Formulé el anuncio respectivo porque no había ningún inscrito.
Le pedí la palabra antes, señor Presidente.
Entre otras consideraciones, Su Señoría ya había hecho uso de ella.
Y, en conformidad al Reglamento, ello tiene lugar una sola vez en estas discusiones. Excepcionalmente, si el debate así lo recomienda, se puede intervenir por segunda vez. Por tal motivo estoy haciendo la pregunta, precisamente porque, a lo mejor, existe alguna razón que justifique que Su Señoría haga uso de la palabra, ante lo cual se la daré nuevamente. Ello no importa censurarlo, señor Senador.
¿Sabe, señor Presidente?
La forma como lo plantea es todavía peor. Porque Su Señoría calificará si me da la palabra sobre la base de lo que voy a decir.
Entonces, señor Presidente , prefiero que diga, derechamente, que no quiere que hable. Porque no le puedo aceptar que determine si lo que expresaré es de interés o no. Ello, entre Senadores y entre pares, no es posible. Precíselo directamente: "No le daré la palabra por razones reglamentarias.".
Sin embargo, en otros momentos y circunstancias, en otras discusiones, usted ha hecho exactamente lo contrario. No es la primera vez que pasa. Y le reclamo...
a la Mesa por la forma como está dirigiendo.
Su Señoría tiene...
Usted ha cerrado
todo el derecho a hacerlo
el debate. Por lo tanto,
y a presentar
deberé fundamentar el voto, para plantear lo que deseo.
Señor Senador, tiene todo el derecho a reclamar y a presentar todas las censuras que quiera, pero mi deber es conducir el debate en conformidad al Reglamento.
Entonces, hágalo con igualdad de condiciones para todos, señor Presidente.
Y, si acaso es necesario dar una oportunidad especial, estoy dispuesto a otorgarla. Por ello formulé la pregunta, no por un afán de censura. Porque si cada señor Senador quiere hacer uso de la palabra una vez terminado el debate, realmente nunca será posible concluirlo. Es tan simple como eso. Constituyen, simplemente, normas de buena conducción.
Pero usted desea intervenir, Honorable señor Pizarro, de manera que puede hacerlo, para fundar su voto o exponer un punto de vista.
Anuncié que iba a fundamentar mi pronunciamiento, señor Presidente .
Ya le he ofrecido la palabra, señor Senador.
Ejerceré mi derecho a fundamentar el voto, el cual es a favor, por supuesto. Es lo que quería consignar.
Espero que en algún momento -ya que estamos en votación- el señor Ministro conteste las consultas que le formulé.
A propósito de lo que se ha planteado acerca del proyecto, sumamente importante, de construir un aeropuerto que permitiría el desarrollo local para los próximos 50 años en la Cuarta Región, solicito a la Mesa que, si lo tiene a bien, nos haga llegar copia del informe que desde el mismo Senado se pidió al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Aeronáutica, a la propia Fuerza Aérea, respecto del porqué, el cómo y el cuándo se decidió llevar a cabo esa iniciativa, quiénes lo resolvieron, los antecedentes técnicos considerados y quiénes, en definitiva, han expuesto de mejor manera o en mayor medida la necesidad urgente de materializarla.
Habiendo escuchado en tantas oportunidades las afirmaciones formuladas aquí sobre el asunto, no me había parecido del caso intervenir; pero, más allá de copias, de escrituras -no sé lo que se entregará-, creo que lo más lógico y racional es que la Mesa, repito, por tratarse de aseveraciones de trascendencia, proporcione dicho informe, donde se hallan todos los antecedentes. Y cada uno de nosotros se podrá formar su opinión.
El texto se encuentra disponible -por mi parte, cuento con una copia- y está en poder de la Mesa, de modo que la Secretaría puede distribuirlo a cada uno de los Senadores.
De ese modo se evitará la cantinela permanente de infundios a personas que han sido gratuitamente agraviadas y que no se pueden defender.
Se entregará el documento para que Sus Señorías se impongan de su contenido.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, no pude contestar antes porque el debate subió un poco de tono.
Las pensiones asistenciales (PASIS), efectivamente, reciben el bono de invierno, el de Fiestas Patrias y el de Navidad. Ellas ascienden a alrededor de 45 mil pesos mensuales y se otorgan a los más pobres. Y hemos hecho un esfuerzo extraordinario para disponer, en el año en curso y a comienzos del próximo, tantas como personas en lista de espera.
Pero, según se sabe, la cantidad de quienes califican nuevamente y presentan sus antecedentes es extremadamente fluida. Por lo tanto, es preciso evaluar qué ocurrirá después de que se entreguen las nuevas PASIS y saber si se recrean las listas de espera, de modo de poder tomar alguna determinación respecto de la asignación de nuevas facilidades.
Se someterá el proyecto al pronunciamiento de la Sala. Existe una indicación que será votada luego. Por ahora, corresponde pronunciarse sobre el resto del articulado.
--Se aprueba en general (25 votos a favor, 8 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Lavandero, Matthei, Moreno, Muñoz, Naranjo, Novoa, Orpis, Páez, Pizarro, Sabag, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Arancibia, Cantero, Cordero, García, Horvath, Prokurica, Romero y Stange.
No votó, por estar pareado, el señor Parra.
Tiene la palabra el señor Secretario, para dar cuenta de una indicación.
Indicación presentada por la Honorable señora Matthei para votar separadamente el artículo 24.
Señor Presidente , es difícil pronunciarse en contra de este artículo, porque quedarían sin aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad las pensiones mínimas del antiguo sistema previsional y las de la ley Nº 16.744, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Sin embargo, en lugar de votar a favor, me voy a abstener. Porque, en realidad, es absolutamente inaceptable que se siga discriminando en contra de quienes cotizaron en las AFP y ahora reciben una pensión mínima.
El beneficio que se entrega es un regalo del Estado. No se obtiene mediante una cotización. Entonces, si el Fisco decide regalar un aguinaldo a personas que realmente lo necesitan, ya que reciben pensiones mínimas, no entiendo por qué se discrimina entre las de un sistema y otro.
Por eso pedí votar separadamente este precepto, y anuncio que me voy a abstener.
Señor Presidente , también estimo que el aguinaldo de Fiestas Patrias que se entrega a los pensionados con recursos del Estado se debe otorgar a los de ambos sistemas previsionales. No hay ninguna razón para discriminar en contra de unos y en favor de otros. Son personas mayores que, en sus respectivas actividades, aportaron lo mejor de sus vidas para construir nuestro país.
Al igual que la Senadora señora Matthei , hace años que sostengo que este tipo de discriminaciones es demasiado odioso. Y pienso que los mayores tienen idénticas necesidades, cualquiera sea su régimen previsional.
Por eso, como votar en contra significaría dejar sin aguinaldo a los pensionados por el INP, anuncio mi abstención.
Señor Presidente, sobre este antiguo tema, nosotros hemos dado explicaciones. Pero ahora las voy a resumir para los señores Senadores.
Si fuera posible igualar la situación de las pensiones mínimas sin que nadie pague por ello, evidentemente, ya lo habríamos hecho. Pero no hacer diferencias entre los que hoy día, desgraciadamente, sufren una odiosa discriminación supondría perjudicar a otras personas que no pertenecen al sistema. Y, entonces, habría que dedicar recursos fiscales para satisfacer esa necesidad, los que deberían obtenerse de alguna parte.
El Estado no se encuentra en condiciones de asumir ese gasto, porque -como acabo de responder al Senador señor Pizarro - el esfuerzo del Gobierno está concentrado, hoy día, en eliminar la lista de espera de las pensiones asistenciales, cuyo valor es el 50 por ciento de las pensiones mínimas. En todo caso, como se sabe, estas últimas para mayores de 75 años, se reajustan en 9 por ciento.
En verdad, expandir beneficios no contributivos es delicado. Y yo no lo he hecho. Por lo mismo, espero que cuando ellos se otorguen nos aseguremos primero de si hay gente más pobre que no recibe nada. Sin embargo, aquí no estamos hablando del sector más pobre.
Tenía una consulta que formular, pero el señor Ministro ya la aclaró.
En votación electrónica el artículo 24.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Muñoz, Naranjo, Páez, Pizarro, Sabag, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Fernández, García, Horvath, Larraín, Matthei, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero, Stange y Vega.
Las abstenciones influyen en el resultado. Debe repetirse la votación.
Resultado de la votación: 14 votos a favor y 14 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Cantero, Cariola, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Moreno, Muñoz, Naranjo, Páez, Pizarro, Sabag, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Coloma, Cordero, Fernández, García, Horvath, Matthei, Novoa, Orpis, Prokurica, Stange y Vega.
En conformidad al Reglamento, las abstenciones deben sumarse a la mayoría.
--Se da por aprobado el artículo 24 (28 votos), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Señor Presidente , solicito que pida el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día a fin de tratar dos proyectos importantes: el que establece bases generales para autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos, y el que modifica el Código del Trabajo en materias relativas a los trabajadores temporeros agrícolas. Ambas iniciativas tienen urgencia calificada de "suma".
Corresponde pronunciarse en primer término sobre el proyecto de acuerdo relativo a la suspensión de la ejecución del proyecto Portal Bicentenario, suscrito por diversos señores Senadores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (S 766-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 12ª, en 10 de noviembre de 2004.
La iniciativa tiene por objetivo solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la suspensión de la ejecución del proyecto denominado "Portal Bicentenario" mientras no exista una alternativa real y concreta que cumpla con las condiciones y exigencias operativas de aeronáutica y logísticas disponibles actualmente en el aeropuerto Los Cerrillos.
Asimismo, se solicita la formación de una Comisión que se encargue de analizar el impacto que tendría el cierre de dicho aeropuerto.
--Se aprueba (18 votos por la afirmativa, 6 por la negativa, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Coloma, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Matthei, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero, Stange y Vega.
Votaron por la negativa los señores Gazmuri, Naranjo, Páez, Pizarro, Sabag, y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo de votar el señor Viera-Gallo.
No voto, por estar pareado, el señor Moreno.
Diversos señores Senadores presentaron un proyecto de acuerdo mediante el cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que haga presente en la Cumbre de Líderes de la APEC, que se celebrará próximamente en nuestro país, la necesidad de incluir formalmente a los Congresos Nacionales de las economías miembros en las instancias de diálogo del foro APEC para contribuir del mejor modo posible al cumplimiento de sus objetivos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (S 768-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 14ª, en 17 de noviembre de 2004.
--Se aprueba (25 votos contra uno).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Bombal, Cariola, Coloma, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Orpis, Páez, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Del señor ARANCIBIA:
Al señor Comandante en Jefe del Ejército de Chile, solicitándole ACLARACIÓN DE DOCUMENTO "EJÉRCITO DE CHILE: EL FIN DE UNA VISIÓN".
Al Consejo de Defensa del Estado de la Segunda Región, acerca de INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS RAYANAS EN LO DELICTUAL SEGÚN SUMARIO DE DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES.
Al señor Intendente de la Región de la Araucanía , haciéndole presente lo relativo a FIRMA DE CONVENIO DIRECTO ENTRE GOBIERNO REGIONAL Y "CORPARAUCANÍA".
A los señores Ministros de Relaciones Exteriores , Secretario General de la Presidencia y Director Ejecutivo de CONAMA , solicitándoles ANTECEDENTES SOBRE ECOSISTEMA EN RIO CRUCES, SANTUARIO "CARLOS ANDWANTER", DE VALDIVIA.
A los señores Ministro de Obras Públicas , Director de Vialidad y Director Regional de Vialidad, recabándoles que informen en lo tocante a MEJORAMIENTO Y RIPIADURA DE CAMINOS SECUNDARIOS EN REGIÓN DE AISÉN EN EL 2005.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole antecedentes relativos a INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS QUE AFECTA A COMITÉ DE ALLEGADOS SANTO TORIBIO, DE PUERTO MONTT.
Señor Presidente , ¿ha habido variación respecto de la semana regional próxima?
No hubo voluntad de los Comités para hacer cambios, señor Senador. De manera que se mantiene lo establecido.
¿Se ha tenido presente la situación que se producirá el 8 de diciembre con motivo de la suspensión del tránsito por la Ruta 68 el martes 7?
El señor LARRAÍN (Presidente).- No hay problemas, porque se acordó sesionar en la tarde del lunes 6 de diciembre. Y eso no ha sido modificado.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2 e Independiente, Institucionales 1, Mixto y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador interviene.

References: artículo 68
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 49
 artículo 127
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24