Source: http://aperjuconcepcion.blogspot.com/2010/04/
Timestamp: 2019-10-17 18:03:01+00:00

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A.PER.JU.: abril 2010
23/04/2010 Ese pequeño punto azul palido - Carl Sagan
EN EL DIA DE LA TIERRA 22 DE ABRIL 2010
Para pensar: La Tierra es un pequeño grano en la vasta arena cósmica
Merece Ver el Video aquí : Ese pequeño punto azul pálido.
Link: http://www.youtube.com/v/oGKm6_-BmRE&hl=es_ES&fs=1
Quizá no haya mejor demostración de la locura del orgullo humano que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. Carl Sagan 1934 – 1996.
Para mí, subraya la responsabilidad de respetarnos los unos a los otros, y la de preservar y proteger a este punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido.-Carl Sagan
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Una mamá, acusa a la Justicia de encubrir a abusador
La mujer de Paraná inició la campaña de difusión de las denuncias en los medios nacionales. Asegura que una jueza de Menores le quitó la tenencia del hijo, sabiendo que el padre lo violaba y maltrataba.
Una mujer se encuentra desesperada y llevó su reclamo contra miembros del Poder Judicial de Paraná a los medios nacionales.
Marcela Della Bella fue noticia en los programas periodísticos de Capital Federal y esto determinó que autoridades judiciales y gubernamentales de Entre Ríos se contactaran con ella para conocer los motivos de su enojo. Allí los impuso de lo que considera una injusticia que “una jueza de Menores de Paraná le haya quitado la tenencia de su hijo de 7 años para ponerlo a resguardo del progenitor, quien está acusado por el niño de haberlo maltratado y abusado”.
Della Bella dialogó con UNO, y tras contar el peregrinar en los Tribunales de Paraná, resolvió difundir su problema en la televisión abierta.
La mujer explicó que tras distanciarse de “Fernando Sobrero, este continuó con situaciones violentas e inapropiadas que llevaron a entrar en disputa por la tenencia de mi hijo.
Él como progenitor, increíblemente por ser amigo de la jueza y de otros funcionarios judiciales logró el objetivo, sin que se tuvieran en cuenta mis denuncias por maltrato, agresiones y hasta abuso sexual”.
La madre aseguró que cuenta con la documentación de respaldo para apuntalar las denuncias “pero lamentablemente no fueron tenidas en cuenta por la jueza de Menores en Paraná”.
El padre de la criatura logró la tenencia y llevó al chico a Santa Fe. “Mi hijo se encuentra mal, triste porque sigue siendo sometido a situaciones penosas”.
Della Bella estuvo en Paraná y regresó a Buenos Aires, donde siguió presentando sus problemas en la programación de América.
En esa situación señaló que se comunicó con la secretaria general de la Gobernación, Lucila Haidar, con quien cruzó información, lo mismo que con autoridades de la Justicia entrerriana.
“Sólo espero que toda esta movida en los medios nacionales permita que obtenga la tenencia de Juanchi para que se termine su calvario, pero además para que se analice la conducta de la jueza y otras funcionarias que por ser amigas del padre no tuvieron en cuenta las numerosas irregularidades existentes. Todo esto espero que termine cuando Sobrero esté preso por sus ilícitos y aberraciones cometidas a mí y a mi hijo”.
La mujer denunció al progenitor del niño y ahora espera revertir la decisión inicial de perder la tenencia del menor de 7 años.
Autoridades judiciales y del gobierno entrerriano analizan la conducta de la jueza de Menores cuestionada por la denunciante.
El Juzgado de Familia y Menores N° 2 de Paraná, a cargo de María Victoria Solari, brindó una serie de aclaraciones con relación a las declaraciones mediáticas de Marcela Della Bella, la madre de un menor que habría sido abusado por su padre.
Tras las graves denuncias efectuadas por Marcela Della Bella, según las cuales el padre efectuó al chico reiterados abusos y agresiones corporales, desde el Juzgado de Menores de Paraná difundieron un comunicado donde se expresa que “en los expedientes judiciales que por este motivo se tramitan en la capital entrerriana, obran diversos informes médicos provenientes de funcionarios de la policía de Entre Ríos, el Hospital de Niños San Roque, y el Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En ninguno de ellos se ha constatado abuso, ni ningún otro tipo de daño corporal en la persona del menor”.
Del mismo modo en el escrito se incluyen los fundamentos por los cuales la madre fue privada de la tenencia de su hijo menor.
Al respecto señala: “Se da a conocer que obran en las actuaciones de referencia, informes psicosociales de dos equipos técnicos interdisciplinarios pertenecientes de los Juzgados 1 y 2 del fuero de mención, que coinciden en la conveniencia de otorgar la tutela al padre de este niño. Y que en el último informe realizado el pasado martes 13, los profesionales que lo examinaron dan cuenta de la evolución altamente favorable de su situación física, emocional, y social”.
Publicado por Pablo Bianchi Concepción del Uruguay Pcia. de Entre Ríos
COMUNICADO DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA La Federación Argentina de la Magistratura desea expresar su profunda preocupación y repudio al tratamiento público de una causa judicial respecto de la tenencia de un niño, en la provincia de Entre Ríos.
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, ante la trascendencia periodística que ha tomado el caso que involucra la tenencia de un menor de edad, hecho que se sustancia ante los Tribunales de la ciudad de Paraná, desea expresar lo siguiente:
Que descalificar la actuación de los Magistrados y Funcionarios intervinientes, con manifestaciones y expresiones que aluden a una supuesta connivencia con una de las partes en desmedro de la otra, sin ningún tipo de asidero ni fundamentación en las probanzas incorporadas a la causa, merecen el más enérgico repudio de esta Asociación.
La falta de imparcialidad que se le atribuye a quienes están funcionalmente avocados a resolver el conflicto que en este caso se suscitó, es imposible que pudiera producir efectos en la práctica, dada la cantidad de controles internos que existen entre los organismos, e incluso por los mismos particulares involucrados que a través de sus representantes técnicos pueden verificar y velar por la legalidad del trámite.
Sugerir maliciosamente, la existencia de una organización complotada para decidir en contra de los intereses de la reclamante, que estaría integrada por jueces, funcionarios, médicos de policía y hospital, etc., es de una temeridad tal que debe ser absolutamente rechazada.ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
El que tiene a un juez como acusador, necesita a Dios como abogado.-(anonimo)
OTROS CASOS DE - Dra. MARÍA VICTORIA SOLARI
Entre Ríos/ El Diario
Piden juicio político para la jueza de Menores Solari Cuestionan su idoneidad.
Sendas denuncias acusan a la jueza de Menores y Familia, María Victoria Solari, por mal desempeño en la administración de Justicia. A la presentación que efectuó el año pasado el Colegio de Abogados de Entre Ríos ante el STJ, se le sumó un pedido de juicio político que interpuso la madre de una niña, abusada por su padre. El caso también fue expuesto ante la Subsecretaría de Justicia de la provincia.
Marcela Pautaso Una llamativa cadena de e-mail está circulando por la web, pidiendo a los internautas adherir a la denuncia que interpuso una mujer ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia contra la jueza de Menores y Familia Número 2, María Victoria Solari.
A la magistrada se la acusa de no haber dictado medidas de protección para tres menores, quienes fueron abusados y maltratados por su padre biológico.
Ante la supuesta inacción de la jueza y el riesgo al que están expuestos los menores, la madre decidió interponer una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento. Además de la formal presentación, la mujer está pidiendo a través de una cadena de mail “ayuda para que se lleve a cabo el juicio político”. La denunciante (cuyo nombre se mantuvo en el anonimato para preservar el de sus hijos) solicitó a quienes reciban el correo electrónico que “agreguen su nombre a la lista y lo reenvíen a todos sus contactos para sumarse en esta cadena”, que será entregada a los integrantes del Jury.
No es la primera causa que se inicia en contra de la magistrada. Según pudo saber EL DIARIO, habría cerca de 22 presentaciones; a una de ellas la tramitó el Colegio de Abogados de Entre Ríos, el 17 de noviembre de 2004, ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y fue ampliada el 8 de febrero de 2005. La denuncia fue girada al Ministerio Público Fiscal que —según se confirmó ayer a este medio— ya emitió su dictamen. Aunque no trascendió el contenido de la resolución, se indicó que la misma será enviada a cada uno de los nueve integrantes del Alto Cuerpo para que se expidan sobre el caso y determinen si los elementos de pruebas, meritúan o no un Jury de Enjuiciamiento para la magistrada.
Otra de las presentaciones está en poder de la Subsecretaría de Justicia de la provincia, a cargo de Walter Carballo. “A los pocos días de asumir en este cargo, recibí la denuncia de una mujer pidiendo la intervención de este organismo por la actuación o actuaciones de la magistrada en algunos fallos. Estoy estudiando el caso, pero como primera medida, voy a solicitar una audiencia con el presidente del STJ (Daniel Carubia) para conocer si hubo o no algún apercibimiento hacia la magistrada”, indicó el funcionario.
Por su parte, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Jodor, confirmó el ingreso de la denuncia e indicó que se dispuso la apertura de pruebas para determinar si la magistrada debe o no ser enjuiciada.
En el relato de los hechos, la mujer indicó que el pedido de juicio político está motivado por la “inacción” de la jueza, poniendo en serio riesgo a su pequeña hija. “Soy madre de una niñita abusada por su padre biológico, para protegerla no voy a identificarme.
El 14 de diciembre de 2004 realicé una denuncia escrita ante el presidente del Honorable Juzgado de Enjuiciamiento, doctor Eduardo Jodor, en la que solicitaba se le inicie juicio político a la doctora María Victoria Solari, a cargo del Juzgado de Familia y Menores Nº 2 de Paraná”.En la descripción, la denunciante detalló que “el 28 de octubre de 2003 interpuse una medida cautelar (Expediente Nº 3.708) por la violencia ejercida por el padre hacia mis tres hijos menores J.M.R. y A.M.R. de 5 años, y M.M.R. de 9 años. Si la doctora Solari hubiera investigado y actuado en ese momento, el abuso cometido por el perpetrador a mi hijita J.M.R. ocurrido en enero de 2004, no se hubiera consumado”, indicó.
“A raíz de la denuncia penal realizada el 15 de abril de 2004 se inicia la causa asistencial Nº 2.645, folio 72/04 ante el Juzgado citado.
La primera causa se encuentra en este momento en apelación, y en la segunda se ha retirado la asistencia del Estado. La Jueza Solari no dictó medidas de protección para los menores respecto del abusador, dejándolos a merced suyo, revictimizándolos y dejando la resolución definitiva de la situación de los niños en manos del Juzgado de Instrucción”, destacó la mujer.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Entre Ríos no sólo denunció a Solari sino también a la titular de la Secretaria Número 1, Lizza de Gamarci. A la magistrada se le atribuye el incumplimiento del deber de dictar sentencia; omisión de audiencias o resoluciones contradictorias con idéntico objeto, entre otros puntos, mientras que a la otra funcionaria se la acusó de “maltrato, falta de respecto, soberbia y desconsideración hacia los profesionales y a las personas que trabajan en la mesa de entradas”.
Entre los elementos de la acusación consta: “Inobservancia de las reglas procesales; apartamiento infundido de los dictámenes de defensores de menores y agente fiscal; modificación de las resoluciones firmadas; dilación o reducción del trámite asistencial para el otorgamiento de guarda preadoptiva; resoluciones contradictorias con idéntico objeto e incumplimiento de resoluciones propias”, entre otras.
En el escrito de la entidad colegiada, indicó que no sólo la magistrada en la causa “P.R.M c/W.S.A s/ régimen de visitas, expediente 30.405/03”, modificó el contenido de una resolución sino también la fecha.
Paso a paso•
El 17 de noviembre de 2004, el Colegio de Abogados de Entre Ríos interpuso la denuncia contra la jueza de Menores y Familia Número 2, María Victoria Solari, y la titular de la secretaría Número 1, Silvina Lizza de Gamarci, a quienes se las acusa de cometer serias irregularidades en la administración de Justicia.•
El 8 de febrero de 2005, el Colegio amplió su denuncia.
Ambas están a resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
• Otra de las acusaciones contra la magistrada está siendo evaluada por el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia.
• La misma denuncia también fue presentada ante la Subsecretaría de Justicia, a cargo de Walter Carballo.
LA JUEZA MARÍA VICTORIA SOLARI fue nombrada en el Juzgado de Familia y Menores Número 2 a mediados del 2002, en reemplazo del juez Roberto Parajón, quien se desempeñaba interinamente en ese juzgado desde hacía dos años. Parajón, fue el juez que ordenó a un supermercado de Paraná entregarle a una familia careciente alimentos por 190 pesos semanales y a su vez cobrarle al Estado el valor de la mercadería entregada. En la medida cautelar, el magistrado fundamentó su resolución en “en la necesidad de tomar una decisión urgente para evitar la muerte de las hijas” de la familia Ortega, ya que una de las nenas estaba desnutrida. Esa causa generó polémica e inmediatamente el Poder Ejecutivo, no sólo apeló la sentencia sino que dispuso elevar al Senado el pliego de Solari para que ocupe la titularidad del Juzgado de Menores y Familia Número 2.
Cuando se produjo el nombramiento de Solari, el fuero local manifestó su oposición argumentando la inexperiencia de la jueza, ya que su cargo anterior había sido en la mesa de entradas de Tribunales.
Aperju: de nuestra parte, no es necesario aclarar , a quién le creemos.
SABEMOS DE JUECES Y JUDICIALES QUE FESTEJAN CUMPLEAÑOS JUNTOS, JUEGAN AL TENIS, SE REÚNEN EN LAS PLAYAS, TOMAN SOL.
CUANDO SE LE PIDE A LOS JUECES QUE SUS FALLOS SE FUNDEN EN LOS DERECHOS HUMANOS, MIRAN PARA OTRO LADO, LOS DERECHOS HUMANOS DE JUANI FUERON ANIQUILADOS.-
"Hacete amigo del juez, no le des de que quejarse, que siempre es bueno tener, palenque de ande rascarse".José Hernandez
Los músicos austríacos de la familia Strauss compusieron muchas polkas.
Entre las más conocidas están la "polka pizzicatto" o el "triszt traszt polka".
Publicado por A.PER.JU. en 8:54 a. m. 3 comentarios: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: acusa a la Justicia, Una mamá
La Dra. María Isabel Cacciopoli fue recibida este martes por el ministro de Gobierno, Adan Bahl.
La Dra. María Isabel Cacciopoli fue recibida este martes por el ministro de Gobierno, Adan Bahl, quien le trasladó todo el respaldo del gobierno provincial en cuanto a su seguridad tras el robo que sufrió en su estudio jurídico en el que lleva adelante causas por delito de lesa humanidad.
En el encuentro, realizado en el despacho del ministro, también estuvieron la secretaria de Seguridad, Lucila Haidar; el jefe de Policía, Héctor Massuh; y el subsecretario de Derechos Humanos, Roque Minatta.
“Les agradecí porque se han preocupado muchísimo y nunca pensé que se molestaran y dedicaran su tiempo a tratar mi tema. Los noté muy preocupados por mi situación personal y la de mi grupo familiar y lo agradezco. Evidentemente tengo el apoyo de todo el mundo”, dijo la abogada.
Luego indicó: “Quiero que se sepa la verdad. Si hay alguna conexión con las causas que yo llevo que salga adelante y que se sepa el responsable, y si es un delito común que quede ahí y me deje con tranquilidad para seguir trabajando”.
Reconoció que el hecho fue esclarecido en el ámbito policial, luego de haberse detenido a los responsables y recuperado los elementos robados, mientras adelantó que se presentará como querellante en la justicia para profundizar la pesquisa, “lo que me dará posibilidad de aportar pruebas sobre el incidente”.
“Indicios no tengo. Pero me llama mucho la atención que hayan sustraído únicamente mi computadora personal y la de un colaborador mío, cuando había otros elementos de valor. A nivel policial el hecho está esclarecido, aunque a mí me interesan otros tipos de prueba, descartar otras hipótesis y quedarme tranquila”, agregó Caccioppoli.
Finalmente, reiteró: “Me siento muy respaldada por los organismos de la provincia y también de la Nación, y eso lo valoro muchísimo. Pero en lo personal ya tomé la decisión de llevar esta causa adelante”.
Por su parte, el jefe policial, Héctor Massuh, indicó: “Tenemos un autor del hecho, el secuestro de los elementos sustraídos, que fueron reconocidos por la doctora, y de acá en más la justicia investigará esto y nosotros, en colaboración como auxiliares de la misma, vamos a continuar trabajando”.
Luego completó: “Por directivas expresas del gobernador Sergio Urribarri y del ministro Bahl nos pusimos a disposición de la doctora, le vamos a brindar toda la seguridad y todos los organismos dentro de nuestra institución policial, tanto técnicos como de investigación, están al servicio de esta causa”.(Fuente El once.com- Paraná)
Entrerrianos!!
Busti recibió a Caccioppoli, querellante en delitos de Lesa Humanidad
La abogada fue victima de un robo e incendio en su estudio jurídico de Concepción del Uruguay y que se sospecha estaría vinculado con la investigación de causas de lesa humanidad que lleva adelante
Busti se reunió hoy con la abogada María Isabel Caccioppoli, quien fue victima de un robo e incendio en su estudio jurídico de Concepción del Uruguay y que se sospecha estaría vinculado con la investigación de causas de lesa humanidad que la abogada lleva adelante como querellante en los Juzgados Federales de Concordia y Concepción del Uruguay.
Al respecto, Caccioppoli destacó que “he venido como victima de un delito y Busti me ha brindado toda su solidaridad al respecto”.
El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Busti, recibió hoy por la mañana en su despacho a la abogada María Isabel Caccioppoli, querellante en causas de lesa humanidad de la provincia.
La finalidad del encuentro fue brindarle su solidaridad a la abogada que sufrió el jueves pasado un robo e incendio de su estudio jurídico ubicado en Concepción del Uruguay. “Hoy no he venido como abogada sino como victima de un delito y estoy enormemente agradecida a Busti por haberme recibido en su despacho ya que yo trabajo mucho con el tema de delitos de lesa humanidad y él siempre ha tenido una vocación prioritaria sobre esos temas”, destacó la abogada querellante en referencia a su visita.
Frente a la posibilidad de que se esté simplemente ante un hecho delictivo común, la profesional afirmó que “la primera hipótesis de la investigación delimita que se trataría de un robo común con incendio pero el mismo sinceramente no me satisface, ya que creo que se trata de una primera etapa de la investigación y espero que se hagan más pruebas y que se arribe a un resultado sobre la verdad de la situación, tanto si es un delito común o si tiene implicancia con las causas que llevo adelante sobre delitos de lesa humanidad”.
Recordemos que Caccioppoli oficia de querellante en la causa “Román”, la cual involucra a personas que en su época de estudiantes del colegio secundario fueron detenidos por fuerzas de la Dictadura Militar y que tendría implicancia directa con la Policía Federal. En este sentido y enlazando el delito del que fuera victima con la investigación que está llevando adelante en torno a las causas de lesa humanidad dijo que “llama poderosamente la atención que, previamente a este hecho, he tenido algunos incidentes llamativamente relacionados con las causas por delitos de lesa humanidad y de los cuales nunca quise hacer una denuncia formal”.
Por último, Caccioppoli destacó que Busti le ha brindado “toda su solidaridad y me ha restituido mediante un aporte importante muchos de los libros que utilizo en mi trabajo y que en el delito del jueves han sido sustraídos y quemados”. (Fuente: RecintoNet - Paraná)
A.Per.Jú.
La Dra. María Isabel Cacciopoli En esta ocasión, como asesora legal de Aperju, también manifiesta su reconocimiento al Dr.Busti, por su solidaridad y como un funcionario eficiente y resolutivo.
Desde Aperju, reconocemos el esmero del Dr. Busti cuando se trató de víctimas.
Detuvimos subastas gracias a su apoyo y cuando hizo falta, brindó el servicio de La Secretaria Asistencia a las Victimas de la Ciudad de Paraná , que en ese tiempo concurrían a nuestra ciudad brindando el tan necesario servicio, preocupado y comprendiendo que desde el estado la VÍCTIMA ESTÁ OLVIDADA, cuando los es por los distintos e integrales delitos.
Los actuales funcionarios, saben y conocen de la burocracia de los expedientes, las demoras que deberían mejorar y agilizar del servicio de justicia, conocen de este abandono. Nosotros escuchamos a diario quejas y reclamos y suponemos que ellos TAMBIÉN…
Aperju sus asociados y las víctimas de la Ciudad de Concepción del Uruguay, también supimos de promesas incumplidas de muchos funcionarios, en oportunidad que se establecería definitivamente una sede de este servicio, y que después por cuestiones de “presupuesto se suspendió”. - Aperju
Secuestraron elementos robados del lugar Se realizaron allanamientos y hay dos personas detenidas por el ataque al estudio de la abogada Cacciopoli
Dos personas quedaron detenidas, un hombre y una mujer, luego de diversos allanamientos que realizó la policía de Concepción del Uruguay producto de la investigación por el ataque que sufrió el estudio de la abogada que lleva adelante causas contra represores de la última dictadura, María Isabel Cacciopoli, se informó a ANALISIS DIGITAL.
Tras varios operativos sin éxito, se allanó la vivienda de calle Scelzi n° 35 habitada por Claudio Osmar Miño, albañil de 32 años, y su concubina, Ivana María Lorena Gauna, de 23, quienes quedaron alojados en las comisarías Primera y del Menor y donde se secuestraron dos CPU, un monitor LCD, un radiograbador, tres impresoras, un teléfono inalámbrico, un módem, un swicht y un termo, todos elementos relacionados con la causa.
Según informaron a ANALISIS DIGITAL fuentes policiales, producto de la investigación en relación a la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción N°2 con el objetivo de establecer “formas y circunstancias en que se produjo el incendio del estudio jurídico ubicado en calle Dr. Scelzi N°43, propiedad de María Isabel Cacciopoli”, se realizaron diversos allanamientos con resultado negativo.
Finalmente, en un cuarto operativo que se realizó en calle Scelzi N°35 se logró secuestrar dos CPU, un monitor LCD, un radiograbador, tres impresoras, un teléfono inalámbrico, un módem, un swicht y un termo, todos elementos relacionados con la causa.La vivienda era habitada por Claudio Osmar Miño, albañil de 32 años, y su concubina Ivana María Lorena Gauna, de 23 años, quienes quedaron detenidos, a cargo de la autoridad judicial respectiva, en la comisaría Primera y en la comisaría del Menor. (Fuente: Analisis Digital Paraná - Entre Ríos - Argentina)
Descartan que los daños estén relacionados a las causas de lesa Humanidad
Gerardo Losada, jefe departamental de Policía de Concepción del Uruguay
“A simple vista, todo nos estaría indicando que se trataría de un robo seguido de incendio, con lo cual se descarta otro tipo de móvil”, afirma Losada.
Resultado del relevamiento del mapa de delitos en nuestra ciudad
Acorde a lo analizado del mapa en la ciudad “No se registran antecedentes de hechos similares, hay robos a estudios contables en los que se destruyen papeles y se destruyen archivos, pero no los prenden fuego”
"No descartamos que el atentado al estudio de la Dra. María Isabel Cacciopoli , NO esté relacionado a las causas de lesa Humanidad".-
EL DIARIOnline Paraná - Entre Ríos - Argentina -
ver: http://www.eldiario.com.ar/textocomp.asp?id=191058
(Valentín Bisogni)
INCIERTO. La abogada uruguayense también duda que el hecho esté totalmente esclarecido, como asegura la Policía y mantiene sus sospechas de que en realidad se trata de un mensaje mafioso para amedrentarla en el curso de las investigaciones que viene llevando adelante por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
“Hay cosas que no resultan para nada claras y también hay muchos mensajes que apuntan a otra hipótesis de investigación”, admitió Caccioppoli en diálogo con EL DIARIO. La abogada adelantó que el lunes se presentará como querellante en la causa y solicitará que se profundice la pesquisa.
En la causa hay muchos elementos poco claros. Sobre un escritorio quedó, cuidadosamente a medio quemar, un expediente en el que se lee: “Señor Fiscal solicita desarchivo causas por desaparición de personas ‘Área Concordia’”. Eso, si no es una gran casualidad, se parece mucho a un mensaje mafioso relacionado con la investigación de los crímenes de la dictadura.
Además, los dos detenidos se habían instalado en la vivienda contigua al estudio jurídico apenas tres días antes del robo e incendio y a dos días de haberse perpetrado el hecho vandálico tenían todo lo robado en la casa. “Cuando alguien produce un robo de artículos electrónicos suele tenerlos vendidos de antemano”, reconoció un investigador. En tanto, la abogada remarcó que todavía no ha podido “determinar fehacientemente qué buscaban, porque quemaron los libros y la hipótesis del robo no se entiende. Hay muchos mensajes que apuntan hacia otra línea de investigación”, insistió.
El Estudio de la Dra. Maria Isabel Caccioppoli, comunica a toda la comunidad, que con motivos de los hechos de público conocimiento, el día lunes 12 de abril de 2010 comenzará las tareas normales en el local de Dr. Scelzi Nro. 45 de esta ciudad, agradeciendo por este medio las innumerables muestra de solidaridad, que no solo se han manifestado en un acompañamiento continuo, sino se han materializado con acciones concretas, a todos muchísimas gracias.-
Estudio Jurídico Maria Isabel Caccioppoli
Honrable Cámara de Diputados de la Nación
El Dr. Raúl Barrandeguy presentó en Diputados de la Nación un proyecto de resolución repudiando atentado a abogada uruguayense que actúa en causas contra miembros de la dictadura
Expresar su enérgico repudio al atentado sufrido en la madrugada del jueves 5 de abril del corriente año por la abogada uruguayense María Isabel Caccioppoli, quien representa a los querellantes en las causas que se tramitan por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Lamentablemente una vez más, en tiempos donde la democracia debería haber extirpado de raíz el accionar intimidatorio de aquellos que añoran las oscuras épocas de la dictadura militar, somos espectadores de un nuevo ataque a quienes defienden el derecho a la verdad y a la justicia.
En la madrugada del jueves 08 de abril de este año, el estudio de la abogada María Isabel Cacciopoli sufrió la irrupción de desconocidos que provocaron destrozos, incendiando papeles y luego huyendo sin robar ningún elemento de valor.
La víctima de este atentado es una de las abogadas que lleva adelante la representación de querellantes en causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tramitan en Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, con involucrados como Albano Harguindeguy, ex ministro del interior del gobierno de facto.
La falta de sustracción de elementos de valor sumada a la intervención de la letrada en dichas causas, que teme el probable “extravío” de materiales valiosos para la consecución de los juicios mencionados, demuestra a las claras que no se trata de un hecho ni vandálico azaroso, ni provocado por delincuentes comunes.
Se trata evidentemente de un ataque más contra el esclarecimiento de los crímenes perpetrados durante la dictadura militar que asolara a nuestro país entre 1976 y 1983.
Decimos un ataque más, dado que parece haberse tornado peligrosamente cotidiano asistir a hechos de violencia de que resultan victimas ciudadanos argentinos que juegan papeles fundamentales en la condena del genocidio; hace poco fue asesinada la militante Silvia Suppo; más atrás fue desaparecido el testigo contra Etchecolatz, Jorge Julio López, cuya desaparición aún no fue esclarecida.
No podemos continuar pasando por alto estos hechos; resulta la obligación mínima de este cuerpo repudiar actos intimidatorios con clara intencionalidad antidemocrática.
Por eso solicitamos el acompañamiento del presente.
Proyecto de Resolución presentado por Diputado Nacional
Co firmantes
Puiggrós Adriana
Publicado por A.PER.JU. en 1:30 a. m. No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
REPUDIO AL ATENTADO DE COBARDES
En la madrugada de este jueves 08/04/2010, desconocidos ingresaron por la fuerza en el estudio de la Dra. María Isabel Caccioppoli .
La Dra. María Isabel Caccioppoli, Asesora legal de nuestra asociación, viene acompañando y trabajando desinteresadamente y con la mejor disposición, dando muestras siempre de su solidaridad y honorabilidad.
Reconciliando y procurando siempre suavizar las discrepancias, tratando de fortalecer la confianza de los ciudadanos al servicio de justicia que suele ser cuestionado y desaprobado ..
Incendiaron materiales valiosos para algunas de las causas que la profesional lleva adelante, intentando amedrentar y desanimar la denodada lucha que lleva por la mejor JUSTICIA para todos.
Los integrantes de la Asociación Perjudicados por la Justicia - Aperju, repudiamos el atentado de intolerantes y cobardes y nos solidarizamos con nuestra asesora legal, pedimos a quienes corresponda el pronto esclarecimiento de lo sucedido y se tomen las medidas necesarias para garantizar el camino de la justicia y la seguridad personal de la Doctora y su familia .
“Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte; los valientes prueban la muerte sólo una vez.” - William Shakespeare
La verdad va a salir!!
Acto por "LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA" - Concepción del Uruguay
Publicado por A.PER.JU. en 10:43 p. m. No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
PROPUESTA - Las Malvinas estarán en la Bandera Argentina??
LAS ISLAS EN LA ENSEÑA NACIONAL
“Mientras la Bandera Argentina no pueda estar en las Malvinas, las Malvinas estarán en la Bandera Argentina”
La Junta Americana por los Pueblos Libres (JAPL) sugiere un debate sobre la incorporación a la Bandera Nacional del mapa de las Islas Malvinas en rojo, como la banda de la Liga de los Pueblos Libres. “Mientras la Bandera Argentina no pueda estar en Las Malvinas, Las Malvinas estarán en la Bandera Argentina”.
La Junta Americana por los Pueblos Libres (JAPL) es un centro de estudios fundado en Mayo de 2007 por entrerrianos y santafesinos, que indaga en las identidades de Nuestra América, difunde su diversidad natural y cultural, y promueve junto a otras organizaciones, y desde las bases, la unidad y la dignidad de los pueblos al sur del rio Bravo. Sus integrantes, inspirados en los ideales americanistas de José Artigas, se reunieron por primera vez con estos fines un 23 de mayo, a 15 años de la desaparición física de Atahualpa Yupanqui, y se presentaron en sociedad el 13 de diciembre de 2007, en el Día del Petróleo Argentino.
Los integrantes de la JAPL son estudiantes, obreros, artistas, docentes, periodistas, dirigentes sociales y políticos, gremialistas, profesionales, investigadores.
Fuente:El Miércoles Digital- Concepción del Uruguay
Link: http://www.miercolesdigital.com.ar/notacompleta.asp?ID=16012
Publicado por A.PER.JU. en 4:30 p. m. No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos
La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal sigue siendo parcial
Fuente : EL DIARIOnline -Paraná - Entre Río-Argentina
Ver: (http://www.eldiariodeparana.com.ar/textocomp.asp?id=190518#)
Se aprobó a fines de 2006 y pese a su promulgación en 2007, el nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos todavía no se puede instrumentar en toda la provincia. Actualmente sólo rige para los departamentos Concordia, Federal y Federación.
En la Legislatura no se han sancionado leyes que son complementarias y reglamentarias para este nuevo sistema.
Los mayores inconvenientes son el presupuestario y administrativo.
En diálogo con EL DIARIOnline (Paraná)
En los Tribunales locales todavía no se ha cambiado el sistema penal debido a problemas de organización y presupuestarios.
En forma parcial se implementa el nuevo Código Procesal Penal (CPP) de la provincia. Todavía, pese al tiempo transcurrido desde su promulgación, existe una serie de dificultades –administrativas y presupuestarias– que hacen imposible su aplicación, en el corto plazo, en todo el territorio entrerriano.
Desde la sanción y posterior publicación en el Boletín Oficial, su instrumentación sufrió varias suspensiones. La primera fue en octubre de 2007, en aquella ley se establecía una postergación por un año. Cumplido ese plazo, el nuevo CPP debía aplicarse el 3 de enero de 2008. Pero no fue así.
El mayor inconveniente es el presupuestario debido a que el nuevo Código establece un cambio radical para todo el sistema, como por ejemplo, se debe reestructurar el organigrama judicial penal y el de la policía.
Como mal menor o “solución parcial”, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), dispuso el año pasado su aplicación en forma gradual. Pero su anuncio también sufrió modificaciones. En un principio, debía aplicarse en el área de la Cámara de Concordia (Federal, Federación y Concordia) el 29 de junio de 2009, pero recién
se pudo poner en vigencia un mes después.
La otra suspensión que sufrió la puesta en vigencia del nuevo CPP, “segunda etapa”, fue en febrero de este año. Una vez más, el cronograma previsto en la Ley 9.884 no pudo cumplirse.La denominada “segunda etapa” debía instrumentarse en la jurisdicción judicial de Gualeguay, pero los problemas edilicios y de estructura de personas “lo impiden”, según se indicó en una gacetilla del STJ. Acto seguido a ese anuncio de suspensión, se dispuso –aunque sin fecha todavía– ponerlo en vigencia en Concepción del Uruguay donde, al parecer, las condiciones están mejor que en otras jurisdicciones. La postergación fue aconsejada por el procurador General del STJ, Jorge García, y el defensor General del Alto Cuerpo, Maximiliano Benítez.
"El problema es edilicio y en menor medida presupuestario, sobre todo, de discusión del monto que tenemos que manejar”, reconoció García, en diálogo con EL DIARIO.
Maximiliano Benítez.“El problema es edilicio y en menor medida presupuestario, sobre todo, de discusión del monto que tenemos que manejar”, reconoció García, en diálogo con EL DIARIO.
Hasta tanto no se solucione la cuestión edilicia, la instrumentación del nuevo CPP se dificulta. “Hay reuniones entre el Superior Tribunal y el gobernador para definir esta situación porque en algunas ciudades hay que alquilar otra casa para poder dar cabida al nuevo Código”, indicó el procurador. Lo que tampoco está “garantizado” son las “diferencias dinerarias” para los nuevos cargos que se deben crear. “Si bien no son cifras extraordinarias, es un monto sobre el cual tenemos que tener garantías que va a venir”, confesó García.Pero eso no es todo. También hay cuestiones –que pasan por la Legislatura– que tampoco, pese al tiempo transcurrido desde la sanción del nuevo Código Procesal Penal siguen durmiendo el sueño de lo justo, como es el caso de la ley orgánica de la Policía. Ese proyecto fue girado hace dos años y todavía no se sancionó. Para la instrumentación del Código, resulta indispensable esa legislación, ya que se debe crear una sola área, la más importante dentro de la fuerza. Esa unidad deberá abarcar a todas las divisiones que hoy están trabajando en función judicial, como es el caso de Investigaciones, Criminalística y Operaciones de Sumarios, entre otras. “Esto todavía está en debate y no sé por qué se está demorando. Esa dirección dependerá directa y exclusivamente del jefe de Policía”, señaló García.
Esa “gran división”, si bien dependerá del jefe de Policía, estará abocada en función judicial. “Será una policía operativa que nada tendrá que ver con la policía de seguridad”, acotó el procurador. Esto permitirá, por ejemplo, que quienes integren esa área no tendrán –como sucede en la actualidad– que realizar tareas de la policía de seguridad.
“La idea de instrumentar en forma gradual el nuevo Código resultó el mal menor. Si nosotros lo implementábamos en toda la provincia de una vez, iba a ser muy difícil y el costo político hubiese sido grande si después teníamos que dejarlo sin efecto. Fue una estrategia hacerlo en forma gradual y de acostumbramiento para los cuadros judiciales sobre esta nueva cultura del juicio”, opinó el procurador en diálogo con EL DIARIO.El nuevo CPP establece un cambio radical en el organigrama del Poder Judicial, en materia penal. En esta estructura, desaparecen los Juzgados de Instrucción y pasan a ser de Garantías. La investigación la hacen los fiscales. “En este esquema, los tribunales dan un paso para atrás y dejan que las partes discutan en el juicio. Hay una transformación cultural, que no es menor y por eso se está instrumentando en forma gradual, lo que nos permite hacer una evaluación”, explicó García.
Por ahora, desde el año pasado, el Código rige para la jurisdicción de la Cámara de Concordia, es decir para los departamentos Federal, Federación y Concordia. “El balance es positivo”, aseguró el procurador, ya que hubo una optimización del sistema al ponerse en práctica la mediación en los conflictos sociales.Con la mediación se descomprimió el cúmulo de causas que llegan a los tribunales. “Hay un porcentaje elevadísimo de casos que se derivan a la mediación, en realidad se llama salidas tempranas, donde se posibilita la suspensión del juicio a prueba o el juicio abreviado”, detalló García.
Al desaparecer los juzgados de Instrucción, el juicio se desarrolla en el debate.
A modo de ejemplo, el procurador indicó: “Lo que hoy tenemos sobre un caso, que ocurrió hace un año, es que el expediente –que es un mamotreto– va y viene y muchos de los que declararon en la instrucción vuelven a declarar en el debate. En cambio con el nuevo Código, la declaración originaria se hace directamente en el debate y todo el juicio ocurre frente al tribunal y una sola vez”.
El nuevo Código establece la incorporación de juicios abreviados que habilitarán que el fiscal y el defensor acuerden las penas sobre la base del hecho imputado. También habrá conciliación vecinal y probation en la primera etapa, eso permite atender casos de menor cuantía.
En el caso de un homicidio, será la Fiscalía la que se dedique a perseguir el delito, desde un primer momento, (actualmente lo hace el juez de Instrucción).
A su vez, el fiscal contará con investigadores propios y elementos de filmación y grabación en la escena del crimen.
El agente fiscal estará en contacto on line con un juez que controlará el procedimiento. Pero a su vez, no sólo será quien tome contacto con los testigos y los deudos sino que deberá seguir hasta el final el caso y presentar personalmente los elementos de prueba en el juicio oral.
Otro cambio significativo es que el juicio, que tendrá publicidad republicana, se deberá llevar a cabo en la misma localidad donde ocurrió el hecho. Si no existe juzgado o salas de juzgamiento, se acondicionará el salón municipal o una escuela.
Cambian la estructura y la organización de la Justicia Penal y, consecuentemente, el funcionamiento de sus órganos.
* Se crean las fiscalías penales, que tendrán a su cargo un organismo judicial de investigación especializado. Actualmente la investigación está a cargo de la Policía, en primer lugar, y luego de los juzgados de Instrucción. Estas fiscalías tendrán sus propios investigadores de campo y facultades operativas que las diferencian de las actuales.
Un control más adecuado de la investigación
El sistema que ya ha comenzado a instrumentarse en tres departamentos de la provincia de Entre Ríos tiene antecedentes en varios puntos del país y en el extranjero. En el caso de Costa Rica, la implementación comenzó a correr desde hace 12 años, como lo explica en esta nota para EL DIARIO, la jueza penal de Puntarenas, Marianela Vargas Cousin.
Ex jueza de Instrucción, el cambio en el sistema la encuentra ahora como jueza penal en el sistema acusatorio. Así cuenta la experiencia en aquel país y los resultados del sistema que nuestra provincia se dispone a adoptar en un futuro inmediato.
La implementación en Costa Rica, a partir del primero de enero de 1998, de un Código Procesal Penal marcadamente acusatorio, que vendría a sustituir el Código de Procedimientos Penales de carácter mixto que regía desde 1975, pretendía cumplir varios objetivos:
1) Se procuró fortalecer la oralidad en el juicio, poniendo límites a la posibilidad de incorporar, mediante lectura, la prueba testimonial recibida en la etapa de investigación. La costumbre de incorporar de esa forma los testimonios rendidos en la instrucción atentaba contra principios básicos del juicio como la oralidad, la inmediación y el contradictorio y provocaba que ese juicio fuera en muchos casos la simple reiteración de lo dicho en fase instructiva y no la etapa principal del proceso, como debía ser.
En ese punto puede afirmarse que la reforma rindió sus frutos, siendo imposible en la actualidad la consideración en juicio, de declaraciones rendidas durante la investigación que no se hayan recibido mediante las reglas del anticipo jurisdiccional.
2) Se quiso fortalecer el principio acusatorio, dejando en manos del Ministerio Público la investigación, con la vigilancia del juez de garantías. De esa forma se evitaría la confusión de roles del juez de instrucción del anterior sistema, quien debía ser a la vez investigador y garante de los derechos del investigado. Ya advertían Bernal, Maier y otros en la Exposición de Motivos del Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica que “No es susceptible de ser pensado que una misma persona se transforme en un investigador eficiente y, al mismo tiempo, en un guardián celoso de la seguridad individual; el buen inquisidor mata al buen juez o, por el contrario, el buen juez destierra al inquisidor”.
fortalezas. Hoy parece que ese cambio se ha afianzado sin mayores problemas, asegurando un control más adecuado de la investigación. Esa investigación se ha fortalecido en buena medida por la dirección funcional que ejerce ahora el Ministerio Público sobre la policía judicial, sin ánimo de obviar los defectos que en ella se presentan en ocasiones, atribuibles más bien a la pobre formación o al
exceso de trabajo de algunos fiscales que a defectos del modelo.
3) Se reguló una etapa intermedia que habría de funcionar como filtro de las causas. En esa etapa se decidiría el destino del proceso, que ya no sería necesariamente y en todos los casos el dictado de una sentencia, sino que se podría optar por una serie de medidas alternativas, o incluso por la imposición de una pena a través de un proceso abreviado. Ello pretendía descongestionar los tribunales de justicia, al ofrecer muchas alternativas a un proceso que con el anterior modelo solo tenía una forma de fenecer. Hoy parece claro que esa etapa no funcionó como se pretendía y el atascamiento judicial es cada vez mayor. Por ello, algunos han llegado a proclamar la necesidad de eliminar la etapa intermedia.
4) También se pretendía dar una mayor eficiencia al proceso mediante la aplicación de criterios de oportunidad reglados. La práctica nos dice, sin embargo, que la aplicación de tales criterios no ha redundado en una mejor o más eficiente administración de justicia.
5) Finalmente, se quiso dar más participación a los actores del proceso, sobre todo a la víctima, que había sido relegada a un segundo plano en el antiguo sistema. Ese objetivo parece haberse cumplido e incluso fortalecido a través de reformas posteriores, surgidas en virtud de políticas populistas de “mano dura” contra la delincuencia, mediante las cuales los legisladores han otorgado a las víctimas la posibilidad de decidir en forma definitiva sobre la procedencia de ciertas medidas alternativas al juicio.
Por último, a partir de 2005 se empezó a desarrollar un proceso de formación a lo interno del Poder Judicial –detrás del cual se podía leer una decisión de altos jerarcas de la Corte–, que procuraba rescatar ciertos principios implícitos en la reforma y que los operadores supuestamente no habíamos aplicado debidamente. De esa manera se ha venido formando a los funcionarios –y luego se han implementado políticas consecuentes con ello– para que logren potenciar la oralidad y el carácter acusatorio y adversarial del proceso.
Más allá de los discursos justificadores, lo que se ha pretendido con ello es dar más celeridad al proceso y ahorrar recursos –objetivos nada despreciables, claro está–. Sin embargo, aunque es probable que se haya acelerado el proceso en algunas etapas y se haya cambiado el papel por registros informáticos, no se sabe a ciencia cierta el impacto concreto de las medidas adoptadas. En nuestro país no se trabajan esos temas de forma científica (más bien actuamos por “ocurrencias”), de manera que no se ha medido seriamente el resultado de dichas políticas.
En todo caso, es poco probable que ese resultado sea tan significativo como se quería. La oralidad, respaldada por las nuevas tecnologías, tiene la virtud de agilizar algunos momentos del proceso, pero no todos. Por ejemplo, hoy en día no hay acuerdo sobre la constitucionalidad y legalidad de las sentencias orales. En todo caso, no existe indicio alguno de que las sentencias orales estén sirviendo para hacer más célere el proceso. En el mejor de los casos lo mantienen igual de lento, a la vez que provocan una serie de problemas concomitantes como la dificultad de revisión por los interesados (no todos los reos u ofendidos tienen un reproductor de CD al alcance).
Publicado por A.PER.JU. en 3:01 p. m. No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
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