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Timestamp: 2017-11-17 19:29:02+00:00

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El sistema procesal español, resumen libro [126011] | Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídica (UPF) | Unybook
El sistema procesal español, resumen libro (2016)
El sistema procesal español, resumen libro
EL SISTEMA PROCESAL ESPAÑOL 1. Las alternativas Los medios alternativos (ADR) La conciliación La conciliación es un procedimiento mediante el cual la persona conciliadora interviene con el objetivo de aproximar a las partes opuestas en un conflicto. En el acto de conciliación, las partes comparecen y presentan sus alegaciones ante la persona conciliadora y ésta, emite una (o varias) propuesta de resolución que, de ser aceptada por ambas partes, las vincula y por tanto es de obligatorio cumplimiento.
Características - Puede llevarse a cabo en todo caso aun durante el curso del juicio - Es de carácter voluntario por ambas partes - Se deben cumplir los ritos del acto y no darlos por sobreentendidos La mediación El procedimiento de mediación consiste en una serie de actos en los que un mediador actúa como canalizador de la comunicación entre las partes. El papel del mediador es de acercar las posturas de las partes implicadas en el conflicto para que lleguen a un acuerdo gestionando, por sí mismas, la resolución del conflicto. Este no impone soluciones ni dicta resolución alguna.
Existen sectores donde la mediación debería ser casi obligada para superar el conflicto. Por ejemplo: - Mediación familiar: existe un registro de mediadores donde pueden inscribirse personas con la formación suficiente para actuar como tales.
- Mediación en materia laboral: el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
- Mediación entre menores y víctimas.
- Mediación en asuntos civiles y mercantiles.
El arbitraje El arbitraje responde a situaciones en que las partes enfrentadas no se ponen de acuerdo en la solución más adecuada y deciden encomendar a un tercero la solución de la divergencia, comprometiéndose a cumplir la resolución que éste dicte en forma de laudo arbitral. Es el método alternativo más desarrollado legislativamente porque ofrece un sistema seguro y fiable de resolución definitiva de litigios.
Los sectores más desarrollados en arbitraje son: - Materia de derecho privado - Materia de consumo - Arbitraje internacional - Arbitraje laboral Características - Se admite como árbitro a cualquier persona natural - El número de árbitros debe ser impar - La designación puede hacerse de mutuo acuerdo entre las partes o designársela a un tercero, a una institución arbitral o solicitarla o un tribunal estatal - Los árbitros son libres de aceptar el mandato y tienen derecho a una compensación - La decisión final se recoge en forma de laudo. Se podrá pedir la anulación del laudo que será revisada ante un tribunal estatal.
1 2. La justicia estatal El Poder Judicial El poder judicial es una infraestructura establecida por el estado para resolver conflictos. Además, es erróneo pensar que lo fundamental del sistema son los tribunales. Lo fundamental son los ciudadanos, ya que el poder judicial impide que estos tomen la justicia por su mano y les da tutela legal.
El poder judicial se rige por los principios siguientes: a. La justicia emana del pueblo b. La justicia se administra en nombre del Rey c. La justicia se administra por jueces d. Está concebido como un poder del estado: en relación con el enjuiciamiento y la ejecución de lo juzgado. Lo especifico del PJ es administrar la justicia frente los cometidos del poder legislativo (legislar) y el poder ejecutivo (gobernar).
El PJ tiene exclusividad en la función jurisdiccional pero solamente ejerce esta función. Además, es independiente en la función juridiccional, es decir, no recibe órdenes, instrucciones ni insinuaciones del resto de los poderes del estado. Controla la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. La misma independencia se comunica a los jueces.
Las jurisdicciones La jurisdicción ordinaria Dentro de la jurisdicción ordinaria encontramos diversos órdenes jurisdiccionales: - Orden Civil: relativas a la esfera privada del ciudadano y del derecho mercantil. Además, se encarga de las materias que no estén atribuidas a otro orden (vis attractiva) - Orden Penal: conocimiento de las causas y juicios criminales.
- Orden Contencioso-Administrativo: en relación a los actos de la administración y las disposiciones generales de rango inferior a la ley o decretos legislativos.
- Orden Social: conflictos individuales y colectivos, reclamaciones en materia de seguridad social o contra el Estado cuando le atribuye responsabilidad la legislación laboral.
La jurisdicciones especiales - La jurisdicción militar El tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana: cuestiones de regadío en Valencia.
El Consejo de los Hombres Buenos de Murcia Conflictos entre jurisdicciones La ley regula: - Conflictos de jurisdicción: cuando una determinada materia no sabemos si es competencia de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción especial o bien, si no sabemos si pertenece a la jurisdicción ordinaria o a la administración.
- Conflictos de competencia: cuando se discute que orden de la jurisdicción debe juzgar el caso.
- Cuestión de competencia: dentro del mismo orden jurisdiccional se discute que órgano debe hacerse cargo del caso.
2 Conflicto jurisdicción (38-41 LOPJ)  J.Ordin/J.Esp o J.Ordin./Admin.
Conflicto de competencia (42-50 LOPJ)  Diferente orden jurisd.
Cuestión de competencia (52-52 LOPJ)  Mismo orden jurisd.
La organización corporativa El órgano específico de gobierno del PJ es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Estructura Tiene 21 miembros: - Presidente del TS (que también preside el CGJP) - 20 miembros nombrados por el Rey por un período de 5 años, de reconocida competencia y más de 15 años de ejercicio de su profesión.
o 12 elegidos entre jueces y Magistrados propuestos por las Asociaciones judiciales.
o 4 a propuesta del Congreso de los Diputados (elegidos por 3/5 de sus miembros) o 4 a propuesta del Senado (elegidos por 3/5 de sus miembros) Funciones - Propone los nombramientos de la mayoría de los cargos judiciales de rango superior - Controla las situaciones administrativas del personal judicial y los méritos de cada uno, en relación con los concursos de promoción.
- Ejerce la responsabilidad disciplinaria sobre el personal judicial.
- Informa, sin carácter vinculante, los proyectos de ley que afectan a la justicia.
- Elabora la memoria anual sobre el funcionamiento de la justicia.
- Dicta reglamentos sobre su personal, organización y mantenimiento.
El acceso al sistema El ciudadano puede ver los litigios como una oportunidad y también como una necesidad.
Los datos los debe subministrar o bien, las partes (mediante la aportación de parte en el juicio civil y laboral) o la investigación de oficio en la fase de instrucción (en el juicio penal).
Un juicio civil, administrativo y laboral se caracteriza por la disponibilidad y un juicio penal por la indisponibilidad.
En el principio de aportación de parte son las partes las que aportan las pruebas al proceso. El juez solo puede juzgar en base a las pruebas que aportan las partes, así pues, no puede llamar a declarar a nadie aunque lo vea necesario. Se rige con carácter general en el ámbito civil, contencioso y social.
El principio de investigación de oficio se lleva a cabo en los juzgados de instrucción. En la fase de instrucción de un caso es el juez quien debe investigar si hay base suficiente para discutir si se ha cometido un delito y quien son los presuntos responsables. Con carácter general, para determinar si la denuncia debe proliferar en un juicio oral la decisión la toma el juez de instrucción.
En la fase del juicio oral se presentan las alegaciones, las pruebas y las conclusiones. El juez del caso no puede ser el mismo que el juez de instrucción y no puede investigar, ya que solo se pueden tener en cuenta las pruebas aportadas por las partes.
Los juicios sociales, civiles o contenciosos se basan de alegaciones, pruebas y conclusiones. Los penales, en cambio, tienen dos fases: la instrucción (investigación del juez) y el juicio oral (alegaciones, pruebas y conclusiones) 3 3. Los usuarios Las partes La estructura bilateral de la posición de parte La actividad procesal de las partes en un juicio se distribuye en una forma dialéctica entre dos posturas contrapuestas: Una, correspondiente a la que pide. La postura activa se designa inicialmente como actor, demandante, en la mayoría de los juicios, y en el penal como acusador, querellante. La otra postura de la parte frente a la que se pide o soporta la petición. La postura pasiva, es tradicionalmente la del demandado o imputado y en el juicio penal es el reo o acusado.
Las posiciones son dinámicas, es decir, a medida que avanza el juicio puede pasar por diversos estadios: apelante/apelado, recurrente/recurrido, ejecutante/ejecutado, sospechoso, procesado, condenado/absuelto.
En el juicio penal, encontramos el Ministerio Fiscal (como acusador) frente el acusado.
En el juicio laboral, el empresario normalmente ocupa la parte demandada.
En el juicio administrativo la administración es la demandada.
- Quien puede ser parte? Pueden ser partes las personas físicas y jurídicas, masas patrimoniales (herencias), sociedades irregulares (aquellas que no cumplen con las formalidades y requisitos necesarios para ser una persona jurídica, está en proceso de serlo.), grupos de consumidores y usuarios, acción popular (alguien que sin tener un interés personal en el asunto se le permite participar porque se entiende que hay un interés publico y por lo tanto, cualquier ciudadano puede actuar. Ej. Manos Limpias).
- ¿Quién puede comparecer como parte? Un menor de edad o discapacitado puede ser parte pero no comparecer; actúa por él su representante. (un menor de edad emancipado es como un mayor de edad). Las sociedades (anónima, limitada, civil…) tienen sus representantes legales. En definitiva, necesitamos una persona física con capacidad suficiente para actuar.
- ¿Quién puede ser parte en un juicio concreto? Depende de la legitimización. Por ejemplo, si A debe dinero a B, C no puede demandar a A. En realidad, se permite que en un juicio ciudadanos, personas físicas o jurídicas acudan a un juicio sin tener ningún interés concreto. Ej. Permite que las asociaciones de consumidores planteen demandas en protección de los consumidores y usuarios aunque no sea un interés propio de la asociación.
- ¿Como se defiende la parte en un juicio? Mediante un abogado que asume la defensa técnica. El procurador es el representante de la parte en el juicio. En los casos simples, la norma general es que en un juicio tienes que acudir con el procurador (te representa) y el abogado (te defiende). La parte se puede defender por sí misma siempre que no necesite procurador o abogado. Hay algunos supuestos donde la arte se puede defender: 1. En la defensa final del acusado, 2. Cuando se acoge al derecho a declararse no culpable… - Pluralidad de partes Se hace referencia a que o bien en la parte activa o bien en la parte pasiva hay más de un sujeto. Se sigue manteniendo la estructura bilateral. Excepto en materia penal, cuando hablamos de pluralidad de partes se habla de litisconsorcio. Este puede ser: - Activo: varios demandantes.
- Pasivo: varios demandados.
- Mixto: varios en ambas partes.
4 - Voluntario: varios demandan sobre un tema que es individual pero lo hacen de manera conjunta.
Necesario: para poder actuar es necesario demandar o ser demandante varias personas. Ej. Un contrato firmado por tres, debo demandar a los otros dos necesariamente.
- Intervención de terceros Si A demanda a B, todos los que no son A i B son terceros. La intervención puede ser: - Voluntaria: el tercero dice que tiene un interés legitimo a lo que se va a decidir en el pleito y pide ser parte. Ej. El arrendador A tiene un contrato con el arrendatario B. Si A i B se demandan, el subarrendatario C (que depende de B) se verá implicado porque la decisión que se tome afectará a si él puede seguir en el piso o no. Por ello pedirá ser parte.
- Provocada: las partes (normalmente el demandado) quieren que un tercero responda a una responsabilidad. Se le llama para que intervenga y se defienda.
- ¿Qué hacen las partes en un juicio? Siempre piden alguna cosa, por lo tanto, siempre hay un petitum; lo que pides (3000€). Detrás de lo que pides siempre hay una causa petendi (porque hay humedades en mi casa). Dentro de la causa petendi diferenciamos los hechos y los fundamentos de derecho. Para pedir, las partes hacen una aportación de parte (alegan hechos y fundamentos de derecho).
El Ministerio Fiscal El Ministerio Fiscal trata sobretodo litigios que podrían quedar mancos de una de las posiciones bilaterales porque, por afectar a intereses predominantemente públicos, podrían no incitar a particulares a tomar parte en ellos. Por eso existe la figura del Ministerio Fiscal creada ad hoc.
Características - Está integrado por una pluralidad de individuos que están distribuidos en diversas categorías.
Se le asigna el papel de depositario del interés del Estado y de la comunidad, por lo que se constituye como defensor de la legalidad en todos los órdenes.
Es el órgano de comunicación entre el gobierno y los tribunales.
Intervención del Ministerio Fiscal en los juicios Los principios que inspiran su actuación son: - Principio de unidad: prevalece un solo criterio, el del fiscal jefe.
- Principio de dependencia: se debe hacer caso de las órdenes de los superiores.
- Principio de legalidad: debe actuar conforme a la legalidad.
Sus funciones genéricas son promover la acción de justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales.
Su presencia en los diversos tipos de juicios es la siguiente: - Penal: normalmente se coloca en la posición de la acusación. No solo pide la condena del acusado y que se le imponga una pena, sino que también se ocupa de pedir la responsabilidad civil derivada del delito (la indemnización).
- Civil: interviene pero poco. Interviene en casos en los que puede haber un interés público de fondo o donde haya una parte que no puede actuar por si misma pero que en aquel momento no se le ha nombrado un tutor. En otros casos el fiscal interviene como defensor de la legalidad (se le pide su opinión jurídica en determinados momentos).
- Social: interviene en fase de recursos. En el recurso se suplicación y en el de casación en interés de ley.
5 En el ámbito Contencioso-administrativo las funciones que en principio serían competencia del fiscal han sido transferidas al abogado del estado.
4. La defensa Los abogados Organización corporativa de la abogacía Para poder ejercer como abogado es necesario estar incorporado en un Colegio de Abogados. La coordinación de todos los colegios de lleva a cabo a través del Consejo General de la Abogacía Española.
Existen también los Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados. (Mirar esquema pg.107) ¿Quién puede ser abogado? Requisitos generales - Ser de nacionalidad española o de un Estado miembro de la UE.
- Ser licenciado en Derecho o título extranjero homologable.
- Tener el título profesional de abogado - Inscribirse en un colegio de abogados: se limita a un solo colegio. Con esto ya puedes ejercer en todo el territorio nacional.
- Carecer de antecedentes penales y no estar incursos en causa de incompatibilidad o prohibición.
- Prestar juramento de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
- Formalizar el ingreso en mutualidades, seguridad social, etc.
- Darse de alta en el impuesto de actividades económicas.
- Contratar un seguro de responsabilidad civil.
Incapacidades - Impedimentos que no permiten el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos.
- Inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la abogacía.
- Las sanciones disciplinarias que llevan consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de Abogados.
Prohibiciones - Ejercer la abogacía estando incurso en causa de incompatibilidad ni prestar su firma a quienes no puedan ejercer como abogados.
- Compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectara a la salvaguarda del secreto profesional.
- Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía.
Incompatibilidades - Cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, independencia o dignidad que les son inherentes.
- El desempeño de funciones, cargos o empleos públicos en el Estado y Administraciones públicas cuando su propia normativa lo así lo especifique.
- No puede ser procurador, graduado social, agente de negocios y gestor administrativo.
- Con el mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesiones incompatibles con la abogacía.
6 - La intervención cerca de aquellos organismos jurisdiccionales en que figuren como miembros el cónyuge, conviviente o los parientes del abogado dentro del segundo grado de consanguinidad.
Deberes de los abogados - - Cooperar con la justicia defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados.
Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales y otras cargas corporativas y denunciar el intrusismo en la profesión y los atentados a la libertad, independencia y dignidad de la profesión.
La probidad, lealtad y veracidad de sus declaraciones y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.
El cumplimiento con la máxima diligencia y guardando el secreto profesional, de la misión de defensa que le sea encomendada.
Residir y mantener estudio abierto en el lugar donde habitualmente ejerce su profesión.
Debe realizar todas las gestiones que le imponga la defensa del asunto confiado a menos que el cliente no prohíba encomendar la practica de tales gestiones a sus colaboradores o otros compañeros de profesión.
Derechos de los abogados - - - Libre ejercicio de la profesión. Los abogados son libres e independientes, deben sujetarse al principio de buena fe, gozan de los derechos inherentes a la dignidad de su función y son amparados por aquellos en su libertad de expresión y defensa. Por lo tanto, pueden renunciar a la dirección del asunto en cualquier fase del procedimiento pero sin producir indefensión al cliente.
Compensación económica mediante el cobro de honorarios profesionales. La cuantía no está sometida a arancel y puede ser convenida libremente. El documento que refleja el importe de los honorarios se llama minuta.
Puede hacer una publicidad digna, leal y veraz de sus servicios.
Otros profesionales Los procuradores Se requiere el título de licenciado en derecho y la obtención del título profesional de procurador en los tribunales. La función del procurador es incompatible con el ejercicio de la abogacía. Estos se integran en Colegios de Procuradores y estos, a su vez, a nivel nacional, en el Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. Existen también Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas.
Funciones - Representación procesal de las partes limitada a la personación y postulación en un juicio. Le facilita las comunicaciones con las partes al tribunal.
- Se documenta mediante un poder para pleitos. El procurador asiste a los pleitos en nombre del ciudadano.
- Sirve de cauce de comunicación entre la parte con su oponente y el tribunal.
- Basta estar colegiado en un solo colegio para poder ejercer a nivel nacional.
- La retribución económica esta regulada con un arancel fijo.
7 La responsabilidad de los profesionales jurídicos Los tipos de responsabilidad - - Disciplinaria: Al no cumplir los deberes profesionales y deontológicos de acuerdo con los estatutos de las organizaciones profesionales. También por la inobservancia de las reglas de comportamiento ante los tribunales.
Responsabilidad civil: Inobservancia o desatención de las reglas del procedimiento.
Responsabilidad penal: Actuaciones delictivas durante el ejercicio de la profesión.
¿Pueden los Tribunales imponer sanciones a los profesionales? Sí, la LOPJ atribuye potestad disciplinaria a los tribunales en relación al comportamiento de los profesionales jurídicos.
La asistencia jurídica gratuita ¿En qué casos se concede? - Tienen derecho las personas físicas, nacionales o extranjeras, y, en menor extensión, las personas jurídicas para litigas por derechos propios.
Los ingresos no deben superar: dos veces el indicador publico de renta de efectos múltiples cuando las personas no estén integrados en una unidad familiar y dos veces y media el indicador publico de renta de efectos múltiples vigente cuando se trate de personas integradas en una unidad familiar de menos de 4 miembros, el triple de dicho indicador cuando la unidad familiar sea de 4 o más miembros.
¿Qué incluye la cobertura? - - Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso Asistencia de abogado al detenido o preso para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional.
Inserción gratuita de anuncios o edictos en el curso del proceso que deban publicarse en periódicos oficiales.
Extensión del pago de tasas judiciales.
Asistencia pericial gratuita Obtención gratuita de copias, testimonios y actas notariales.
Reducción del 80% de los derechos arancelarios de escrituras publicas Si el interesado acredite ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional no pagará los derechos arancelarios.
Organización 8 Las Comisiones de Asistencia Jurídica gratuita son las competentes para el reconocimiento del derecho.
Estas se rigen por la ley de procedimiento administrativo común (LPA). Las decisiones son controlados en vía de recurso ante los tribunales.
La asistencia jurídica gratuita es subvencionada con fondos públicos a cargo de los presupuestos generales del Estado. Los colegios profesionales se encargan de la gestión y la administración de estos fondos.
5. Los Tribunales La infraestructura Niveles de protección - Tribunales nacionales Tribunal constitucional Tribunales internacionales (Ej. TEDH, TJUE, CPI) Criterios para establecer un tribunal de justicia La arquitectura actual del sistema judicial soporta, además de la Constitución, dos leyes básicas: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Demarcación y Planta Judicial (LDPJ).
Los criterios son los siguientes: - Criterio jerárquico: determina el rango del tribunal.
- Criterio territorial: permite la ubicación del mismo en un lugar concreto.
- Criterio numérico: establece el número de tribunales, según el rango y el territorio.
- La competencia: el tipo de asuntos que se le asignan.
Criterio jerárquico: el rango Criterio territorial 9 *Jugados centrales: Juzgado Central de Instrucción, Juzgado Central de lo Penal y Juzgado Central de lo Contencioso.
** Juzgados de Paz: siempre que no haya un Juzgado de Primera Instancia o Juzgado Criterio numérico en elson órganos El número de tribunales lo fijan la LOPJ y la LDPJ. El Tribunal Supremode y laInstrucción Audiencia Nacional únicos, del resto existe más de uno en la categoría y el territorio.
La competencia La distribución inicial del trabajo e efectúa según los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contenciosoadministrativo, laboral). De esta manera unos determinados tribunales son llamados a ocuparse de estos grandes grupos de asuntos.
Primeramente, estos deben comprobar si “tienen jurisdicción” en un caso concreto. Si determinan que no son competentes, los tribunales deberán indicar siempre el orden jurisdiccional que se estime competente.
Una vez determinada el orden jurisdiccional se debe determinar la competencia del tribunal concreto que deberá ocuparse del caso. Respecto de la competencia que fija la jerarquía del tribunal existe también absoluta intransigencia por parte de la ley: solo se puede acudir al tribunal que resulta jerárquicamente competente. En cambio, existe una cierta flexibilidad respecto de la competencia territorial, según los tipos de juicio.
Una vez localizado un asunto en un tribunal de un determinado grado jerárquico y de un determinado territorio, si en este existe más de uno del mismo grado, la distribución de asuntos entre ellos se completa mediante el simple reparto.
¿Qué tribunales hay? 1. Juzgados de Paz - Se ubican en los municipios o agrupaciones de estos siempre que no exista un juzgado de primera instancia e instrucción.
Son tribunales unipersonales ocupados por jueces legos (que no tienen porque tener la carrera de Derecho) Competencias: o Orden civil hasta 90€ o Orden penal de algunas faltas (amenazas, coacciones, inurias o vejaciones injustas) 10 2. Juzgados de Primera Instancia - - Regulan materia civil.
Existe uno o más en la capital de cada partido judicial.
Son tribunales unipersonales Competencias: o Enjuiciamiento de juicios civiles o Actos de jurisdicción voluntaria o Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras o Juicios que no vengan atribuidos a otros tribunales Cuando hay un gran número de casos de estado civil, los juzgados de primera instancia se especializan en estos casos y pasan a llamarse Juzgados de Familia.
3. Juzgados de Instrucción - - Tienen competencia exclusiva en materia penal Competencias: o Lleva la fase de instrucción de los juicios penales (investigación) que luego elevaran a la Audiencia Provincial (pena superior a 5 años) o a los Juzgados de lo Penal (menos de 5), salvo que las causas sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
o Faltas penales que no sean competencia de los Juzgados de Paz o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Unipersonal Hay uno o más en cada partido judicial Existen en Madrid varios Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España. Las competencias de estos son: o Estos instruyen las causas cuyo enjuiciamiento corresponde a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional o los Juzgados Centrales de lo Penal.
o Tramitan los expedientes de extradición pasiva y las ordenes europeas de detención y entrega.
4. Juzgados de lo Mercantil - - Competencias: o Materia de juicios consursales o Las acciones relativas a sociedades mercantiles y cooperativas, competencia desleal, propiedad industrial, intelectual, publicidad, transportes y derecho marítimo.
Los juzgados de lo mercantil de Alicante: litigios relativos a marcas, dibujos y modelos comunitarios. También llamados Juzgados de marca comunitaria.
5. Juzgados de Violencia sobre la Mujer - Hay uno o más en cada partido judicial.
En los partidos judiciales en que exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción es este el que asume el conocimiento de los asuntos en esta materia.
Unipersonales y de naturaleza mixta porque conocen de asuntos en materia civil y penal.
o Civil: separación y divorcio, filiación, tutela y relaciones paterno filiales, siempre que alguna de las partes sea victima o imputado de violencia de género.
o Penal: instrucción de asuntos de violencia de género entre personas ligadas por una relación de afectividad y de la adopción de órdenes de protección de las víctimas.
11 6. Juzgados de lo penal - - Especializados en materia penal Unipersonales Competencias: o En exclusiva, de la primera instancia de juicios penales por los delitos castigados con pena inferior a cinco años o multas.
En Madrid exsten Juzgados Centrales de lo Penal, con jurisdicción nacional. Conocen de los juicios penales por delitos que por su naturaleza están atribuidos en principio a la Audiencia Nacional hasta el limite de cinco años de pena o multa.
7. Juzgados de lo Contencioso-administrativo - Se hayan en cada provincia Unipersonal Competencias: o Cuestiones de personal, tributarias, licencias de edificación, sanciones administrativas, trafico, espectáculos, juego, caza y pesca fluvial, proclamación de candidaturas electorales, etc.
8. Juzgados de lo social - Se hayan en cada provincia Unipersonal Competencias: o Derecho del trabajo y seguridad social (despidos, contratos de trabajo, sanciones laborales, seguridad social, desempleo, conflictos colectivos, sindicatos, mutualidades laborales, etc.) 9. Juzgados de vigilancia penitenciaria - Se hayan en cada provincia Unipersonal Ámbito penal en la fase de ejecución de la sentencia Competencias: o Controlan el cumplimiento de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad.
o Amparan los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios.
10. Juzgados de menores - Se hayan en cada provincia Unipersonal Su labor es de carácter tuitivo, es decir, se manifiesta en dejar siempre la puerta abierta a un convenio entre el menor y la victima y a la prosecución del juicio bajo determinadas circunstancias.
Competencias: o Menores que incurren en delitos o faltas o Se considera la posible imposición de una medida prevista por la ley al menor responsable como internamientos, tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, permanencia de fines de semana, libertad vigilada, la convivencia con otras personas, las prestaciones en 12 beneficio a la comunidad, la realización de tareas socio-educativas, la amonestación y la privación del permiso de conducir, etc.
11. Audiencias provinciales - - Se hayan en cada provincia Multipersonal: presidente y dos o más magistrados. Pueden estar integradas dos o más secciones, en cuyo caso el presidente preside la sección primera.
Competencias: o La segunda instancia de los juicios civiles resueltos por un juez de primera instancia y de los penales fallados por un juez de lo penal.
o Recursos contra decisiones de los juzgados de violencia sobre la mujer y de los juzgados de lo mercantil salvo en cuestiones laborales.
o Fase del juicio oral en los delitos castigados con más de cinco años instruidos por los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer.
Una sección de la Audiencia Provincial de Alicante está especializada en la segunda instancia de litigios sobre marcas, dibujos y modelos comunitarios.
12. Tribunal del jurado - - - Los ciudadanos ejercen la acción popular y participan en la administración de justicia mediante la institución del jurado en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley establezca.
Hay nueve jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo preside o si por razón del aforamiento del acusado, el presidente de la sala o sección de lo penal del TS o del TSJ o el magistrado de la sala de lo civil y penal en quien estos deleguen.
Funciones: o Emiten un veredicto declarando probados o no probados los hechos.
o Deben proclamar la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en los hechos delictivos.
o El magistrado-presidente dicta sentencia en la que recoge el veredicto del jurado e impone la pena y medida de seguridad que corresponda. También resuelve, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o terceros.
Competencias: o Homicidio, amenazas, allanamiento de morada, incendios forestales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales.
13. Tribunales Superiores de Justicia - Se hayan en las comunidades autónomas Están integrados por: La sala de lo civil y penal, la Sala de lo contencioso-administrativo y la Sala de lo social.
Se componen de un presidente (que será el presidente de la sala de lo civil y penal); de los presidentes de sala y de los magistrados que determina la LOPJ.
Competencias: o Recursos de casación en materia civil.
o Apelaciones en sentencias del tribunal del jurado.
o Recursos extraordinarios por infracción procesal.
o Recursos de suplicación en materia laboral.
o Apelaciones de sentencias de juzgados de lo contencioso administrativo.
o Recursos contencioso administrativos en diversas materias locales y autonómicas.
13 14. Audiencia Nacional - Con sede en Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
Se compone de su presidente, los presidentes de sala y los magistrados que determina la ley para cada una de sus salas y secciones.
Está integrada por: Sala de apelación, Sala de lo penal, Sala de lo contencioso-administrativo y Sala de lo social.
Competencias: o Penal: delitos contra la Corona y altos organismos de la nación, falsificación de moneda, tráfico de drogas organizado, ejecución de órdenes europeas de detención, extradición pasiva y recursos contra sentencias de los juzgados centrales de lo penal.
o Sala de apelación: recursos contra resoluciones de la Sala de lo Penal o Contencioso-administrativo: juicios contra disposiciones de ministros y secretarios de estado y la segunda instancia de resoluciones de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo.
o Laboral: en única instancia de los juicios sobre reconocimiento y régimen jurídico de sindicatos y asociaciones empresariales, libertad sindical y conflictos colectivos, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma.
15. Tribunal Supremo - Con sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en las garantías constitucionales.
Se compone de: presidente, presidentes de sala y magistrados que determina la ley.
Integrado por: o Sala de lo Penal: juicios penales contra las más altas autoridades de los poderes del estado.
o Sala de lo Contencioso Administrativo: en única instancia, de los juicios contra actos administrativos de las más altas instancias del estado.
o Sala de lo militar: asume las competencias exclusivas de la jurisdicción militar.
o Sala especial: formada por el presidente del TS, los presidentes de sala y el magistrado mas antiguo y el mas moderno de cada una de ellas, para entender de determinadas materias que, por el rango de las personas afectadas o el de decisión, no tendrían otro tribunal superior de referencia.
16. Tribunales no jurisdiccionales Entre ellos, el Tribunal de Cuentas del Reino, los jurados tributarios, el Jurado central de publicidad, el Tribunal de defensa de la competencia, etc.
El Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional solo interviene en un segundo momento, cuando se cuestiona la constitucionalidad de las normas aplicables al caso concreto, o cuando el ciudadano denuncia la violación de una garantía fundamental en la actuación o decisión adoptada por un tribunal ordinario.
El ciudadano, mediante el recurso de amparo puede acceder a este Tribunal.
Organización 14 - - 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos: o 4 a propuesta del congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros o 4 a propuesta del senado por la misma mayoría o 2 a propuesta del gobierno o 2a propuesta del CGPJ.
Los miembros deben tener mas de 15 años de ejercicio profesional. Se eligen por un período de 9 años y se renuevan por terceras partes cada tres.
El presidente del TC es nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un período de tres años.
La condición de miembro del Tribunal es incompatible con: o Mandatos representativos o Cargos políticos o administrativos o Desempeño de funciones directivas en un partido político o sindicato o empleo al servicio de los anteriores.
o Ejercicio de las carreras judicial y fiscal o Actividad profesional o mercantil Funciones - Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones o actos con fuerza de la ley.
Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados con el art.53.2 CE.
De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas y de los de estas entre sí.
De la declaración sobre la inconstitucionalidad de los tratados internacionales.
Eficacia de las sentencias del TC - Las sentencias desestimatorias impiden cualquier planteamiento ulterior de la cuestión en la misma vía.
Cuando la sentencia declara la inconstitucionalidad, declara igualmente la nulidad de loes preceptos impugnados así como la de aquellos a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.
Los tribunales supranacionales Los diversos compromisos internacionales suscritos por España llevan acarreada la necesidad de aceptar órganos que trascienden las fronteras de la propia soberanía. Hay algunos a los que el ciudadano puede dirigirse directamente.
El reconocimiento de estos tribunales se basa en la ratificación de un tratado o convenio internacional e incluso en una declaración expresa complementaria. Son, por lo tanto, tribunales específicos en relación con las materias establecidas en el convenio y no gozan de una jurisdicción sin límites.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 15 Este Convenio recoge un importante catálogo de derechos y libertades similar al de nuestra Constitución y incluye además importantes garantías procesales. La institución central del convenio es el TDEH que funciona de manera permanente, con sede en Estrasburgo.
El mecanismo más relevante de acceso al Tribunal es mediante las demandas individuales que pueden presentarse conforme el artículo 34 del Convenio.
Los estados miembros se comprometen a acatar las sentencias definitivas. El Comité de Ministros del Consejo de Europa vela por su ejecución.
- ¿Quien puede acudir al TDEH? Cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el convenio. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.
Composición del TDEH - El tribunal se compone de un numero de magistrados igual al de estados firmantes del convenio.
- Para el examen de asuntos (control de la admisibilidad de las demandas) se puede constituir en Comités formados por: 3 jueces, salas de 7 jueces o una Gran Sala de 17 jueces. (Solo si un caso es suficientemente grave o relevante, interviene la Gran Sala) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas El Tribunal garantiza el respeto del derecho en la interpretación y la aplicación de dicho tratado y de toda la normativa comunitaria.
Organización - Sede en Luxemburgo - Compuesto por 15 jueces y asistido por 8 abogados generales elegidos por personalidades que ofrezcan garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio.
Competencia - Los destinatarios directos de las normas comunitaria son los tribunales internos de los Estados Miembro.
- Función armonizadora del derecho comunitario.
- El ámbito de su competencia se extiende a: o Infracciones de derecho comunitario por los estados miembros.
o Control de la legalidad de actos comunitarios, en sus diversas manifestaciones. Esta competencia da lugar a varios tipos de recursos, unos de anulación, otros incidentales, e incluso por omisión.
o Control de sanciones por infracción de normas comunitarias.
o Cuestión perjudicial sobre la interpretación del derecho comunitario.
o Acciones en materia de responsabilidad civil extracontractual por daños causados por las instituciones comunitarias o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
o Litigios entre la comunidad y sus agentes.
o Diversos litigios en relación con el Banco Europeo de Inversiones.
o Asimismo puede funcionar el Tribunal de Justicia como tribunal arbitral o como Tribunal Internacional ad hoc respecto de controversias que le sean sometidas.
El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas Este se une al tribunal anterior y asume algunas de sus competencias. Contra el tribunal de primera instancia de las comunidades europeas se prevé un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
16 La Corte Penal Internacional (CPI) Las principales características de la CPI son: - La Corte tiene sede en La Haya.
- Actúa con un carácter subsidiario y complementario cuando el estado competente no esté dispuesto a enjuiciar unos determinados hechos.
- La Corte no enjuicia a Estados, sino a personas y no por hechos aislados, ,sino por violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas de manera extensa o continuada. Ej: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.
- La iniciativa de acción penal corresponde exclusivamente al Fiscal.
- El juicio se configura como de doble instancia y se combinan técnicas del derecho anglosajón y de los derechos continentales.
- Las penas que puede imponer oscilan entre la privación de libertad por un número determinado de años, hasta la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la extrema gravedad del delito cometido.
6. El personal Los recursos humanos Los recursos humanos hacen referencia a las personas que trabajan en dichos órganos, en los diversos tipos de competidos que requiere la función.
Una clasificación básica del personal es la siguiente: - Personal que ejerce la función jurisdiccional o Jueces y magistrados - Personal de la oficina judicial o Secretario judicial o Cuerpo de gestión procesal y administrativa o Cuerpo de tramitación procesal y administrativa o Cuerpo de auxilio judicial - Personal externo o Policía judicial o Médicos forenses o Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses o Médicos del Registro Civil o Cuerpo de traductores e intérpretes o Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo Se analiza el estatus jurídico del personal y se determina la capacidad para el desempeño del cargo, incompatibilidades y prohibiciones. En cuanto al ejercicio de la función, e sistema trata de asegurar la imparcialidad y la ajenidad de la persona que en un preciso momento interviene en el juicio. Surgen así las figuras de la abstención y recusación como un doble mecanismo de control preordenado a dicho objetivo.
Los jueces ¿Quiénes ejercen la jurisdicción? El personal jurisdiccional en nuestro país abarca los siguientes tipos: - Jueces y magistrados, que se distribuyen en tres categorías: 17 - o Magistrado del Tribunal Supremo o Magistrado o Juez Magistrados suplentes, que sirven plazas de jueces en régimen temporal, los jueces de paz y los jueces sustitutos. Excepto los jueces de paz, los otros deben tener titulación jurídica.
¿Quién puede ser juez? - - - Español.
Para tomar parte en el concurso-oposición es preciso contar con 6 años de ejercicio profesional como jurista.
No estar incurso en causas de incapacidad: o Impedidos física o psíquicamente.
o Condenados por delito doloso.
o Procesados o inculpados por delito doloso.
No estar incurso en causas de incompatibilidad: o En relación con el desempeño de otras profesiones o actividades el cargo de juez es incompatible con:  Ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena al Poder Judicial  Cualquier cargo de elección popular o designación política  Empleos o cargos dotados o retribuidos por la administración, las Cortes, la Casa Real, comunidades autónomas, provincias y municipios.
 Empleos de todas clases en los tribunales de cualquier orden jurisdiccional.
 Empleos, cargos o profesiones retribuidas, salvo la docencia y investigación jurídica, así como también la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
 Con el ejercicio de la abogacía y procuradoría.
 Con todo tipo de asesoramiento jurídico, remunerado o no.
 Funciones en sociedades mercantiles, públicas o privadas.
o Por razones de parentesco:  No pueden pertenecer a una misma sala o Audiencia provincial magistrados que estén unidos por vinculo matrimonial o situación de hecho equivalente o tengan un parentesco entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad, salvo que existan varias secciones.
 No pueden ejercer como juez en salas donde ejercen habitualmente como abogados o procuradores sus cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad.
 En un tribunal en que hayan ejercido la abogacía o el cargo de procurador en los dos años anteriores a su nombramiento como juez.
Como prohibiciones encontramos las siguientes: o Pertenecer a partidos políticos o sindicatos o Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.
o Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal.
¿Cómo se seleccionan y forman los jueces? - Se utilizan varios sistemas que fundamentalmente se reducen a tres: o Elección popular o La designación por demás jueces o Nombramiento por el poder ejecutivo. Este es el sistema vigente en nuestro país.
18 - - - - - El ingreso en la judicatura se puede producir en alguna de las siguientes formas: o Mediante oposición libre y superación de un curso teórico y práctico en la Escuela Judicial.
Ello incluye un periodo de prácticas como Jueces adjuntos.
o Mediante concurso de méritos entre juristas de reconocido prestigio, con un mínimo de 10 o 15 años de ejercicio profesional, según los casos. De esta forma se accede directamente a la categoría de Magistrado y Magistrado del TS.
o Los jueces de Paz y sus sustitutos son nombrados para un período de 4 años por la sala de gobierno del TSJ correspondiente, entre personas elegidas por el respectivo ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría de sus miembros.
o En el régimen de provisión temporal, por concurso respecto de las vacantes desiertas en los procedimientos ordinarios y hasta tanto se cubran.
Los destinos de trabajo se efectúan por medio de concurso pero los presidentes de las Audiencias Provinciales, TSJ, Audiencia Nacional y presidentes de sala y magistrados del TS son nombrados directamente por el CGPJ.
La promoción de jueces a la categoría de magistrados se realiza mediante un sistema mixto de antigüedad y concurso: Cada 4 vacantes, 2 se proveen mediante ascenso (mínimo 3 años de servicios efectivos como juez), la 3ª por pruebas selectivas en los ordenes civil y penal y por pruebas de especialización en los ordenes contencioso-administrativo, social y mercantil (mínimo 2 años de experiencia); y la 4ª por concurso entre juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia.
Los concursos para las plazas de magistrados de las salas o secciones de la Audiencia Nacional, de los TSJ y de las Audiencias Provinciales se resuelven en base a la antigüedad y a la especialización.
En las salas de civil y penal de los TSJ una de cada tres placas se cubre con un jurista de reconocido prestigio, con más de 10 años de experiencia en la comunidad autónoma, nombrado a propuesta del CGPJ. Las restantes son cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ y deben llevar 5 años en la categoría y tener especiales conocimientos en derecho civil, floral o especial, propio de la comunidad autónoma.
Las plazas del TS se realiza por un sistema mixto de antigüedad, especialización y concurso entre juristas de reconocido prestigio.
¿Qué deberes tienen los jueces? Existen dos grandes grupos de deberes: a) Deberes profesionales: son los que corresponden por su condición de funcionarios integrados en el ámbito de la organización de la justicia. Ej. Tomar posesión de su cargo en el plazo señalado por las leyes, prestar juramento a la Constitución, lealtad a la corona, administrar imparcial justicia… b) Deberes jurisdiccionales: son aquellos que le competen en el ejercicio de su función. Se resumen en realidad en uno solo: el deber de administrar justicia en todos los sentidos, pronunciando y haciendo cumplir las sentencias que dictaren.
¿Qué derechos tienen los jueces? También se pueden distinguir varios grupos de derechos: a) Derechos profesionales: derecho a ocupar un puesto en el escalafón judicial, antigüedad, honores, tratamiento, traje e insignias, retribución, permisos, licencias, vacaciones, excedencias, derechos pasivos, ascensos, seguridad social, etc.
b) Derechos jurisdiccionales 19 o o o La independencia judicial, que significa que han de proceder con absoluta libertad en el ejercicio de la función jurisdiccional, sin que nadie pueda inmiscuirse en dicha función, ni mucho menos dar indicaciones o orientaciones acerca de cómo han de juzgar.
El derecho a la inamovilidad, que implica que los jueces no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, excepto por causas señaladas en la ley.
La inmunidad judicial, que significa que los jueces en srvicio activo solo pueden ser detenidos por orden de juez competente o en caso de indudable delito.
El personal de la oficina judicial El secretario judicial Es, generalmente, el jefe administrativo de la oficina judicial. Es la persona que mediatiza toda la actividad procesal, ya que es una pieza capital de la oficina judicial.
Sus principales funciones son: - Son depositarios de la fe pública judicial: dejan constancia de la realización de actos procesales y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante actas y diligencias, pudiendo expedir testimonios y certificaciones de las actuaciones judiciales. También garantizan la integridad de las grabaciones o reproducciones de las vistas.
- Son responsables de la función de documentación de todos los juicios.
- Dan cuenta a los jueces de las sucesivas actuaciones de las partes.
- Asume la tarea de impulso de las actuaciones judiciales.
- Dirigen en el aspecto técnico-procesal al personal de la oficina judicial.
- Son los responsables del archivo procesal de gestión, es decir, de la conservación y custodia de los expedientes en curso en la oficina judicial.
- Responde del depósito de cantidades, valores, consignaciones, bienes y objetos afectos a los expedientes que se siguen en el juzgado.
- Colaboran en la administración tributaria en la gestión de los tributos ligados a la actividad jurisdiccional.
- Son los responsables de elaborar la estadística judicial.
Los puestos de trabajo del personal de la oficina a) El Cuerpo de gestión procesal y administrativa, como escalón inmediatamente siguiente al secretario judicial y con un cierto rango sobre los funcionarios de inferior categoría.
b) El Cuerpo de tramitación procesal y administrativa, como elemento de base del trabajo administrativo.
Personal externo La colaboración de otros profesionales externos 1. Los médicos forenses: trabajan en el Instituto de Medicina Legal y determinan las causas de la muerte, la duración de las lesiones, etc.
2. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: depende del Ministerio de Justicia y su función es contribuir a la unidad del criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses.
20 3. Los médicos del Registro Civil: intervienen con determinados actos que afectan al estado jurídico de las personas (nacimiento, defunción, etc.) 4. El Cuerpo de Traductores e Intérpretes 5. El Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo: Es un organismo asesor en sus materias especificas, principalmente de los jueces de lo social.
La policía judicial Esta integrada por todos aquellos organismos e instituciones administrativas con funciones policiales que, desde este punto de vista, están a las órdenes de los tribunales de justicia y del ministerio fiscal.
La función de la policía judicial comprende el auxilio a los tribunales y al ministerio fiscal en la averiguación de los delitos y el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes cuando son requeridos para prestarla.
Corresponden específicamente las siguientes funciones: - Averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros.
- Auxilio de la autoridad judicial y fiscal cuando sus actuaciones lo requieran.
- Realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordene la autoridad judicial o fiscal.
- La garantía del cumplimiento de las ordenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
- Cualesquiera otras de la misma naturaleza, en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenase la autoridad judicial o fiscal.
La imparcialidad del personal Los jueces no deben tener ninguna causa iudex inhabilis (por falta de requisitos generales sobre la capacidad), ni tampoco de idudex suspectus (por dudas sobre la independencia de su enjuiciamiento). Se trata de prevenir de alguna manera el iudex qui litem suam fecit, que es el supuesto en que el juez actúa dolosamente al dictar sentencias, perjudicando a una de las partes.
¿Cuáles son las circunstancias que ponen en duda la imparcialidad? - El vínculo matrimonial y parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad con las partes o el representante del ministerio fiscal.
El vínculo matrimonial y parentesco dentro del 2º grado de consanguinidad con el procurador y abogado de alguna de las partes.
Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.
Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre pleito o causa como letrado o interviniendo en él como fiscal, perito o testigo.
Amistad intima o enemistad con las partes.
Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito en anterior instancia.
21 - - Ser o haber sido una de las partes subordinadas del juez que deba resolver la contienda litigiosa.
Haber ocupado cargo publico, desempeñado empleo o ejercido profesión con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo.
El vinculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del 2º grado de consanguinidad o afinidad, con el juez que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del juicio.
Haber ocupado el juez o magistrado cargo publico o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.
Abstención Cuando el personal incurre en uno de los motivos anteriores debe presentar una abstención.
Recusación En defecto de la abstención de oficio, la imparcialidad del tribunal se puede controlar a instancia de parte mediante el mecanismo de la recusación.
- ¿Quiénes pueden recusar? En los asuntos civiles, sociales y contencioso-administrativos, las partes. También el Ministerio Fiscal siempre que se trate de un juicio en el que pueda o deba intervenir.
En los asuntos penales, el Ministerio Fiscal, el acusador popular, el acusador particular, el actor civil, el procesado o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil.
- ¿Cuándo se puede recusar? Tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues en otro caso no se admite a trámite. Concretamente: o Cuando no se propone en el plazo de 10 dias desde la notificación de la 1ª resolución por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa es anterior a aquel.
o Cuando se propone pendiente ya un juicio, si la causa de recusación se conoce con anterioridad al momento procesal en que la recusación se propone.
- ¿Cómo se recusa? o Se propone por escrito y debe expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funda, acompañado de un principio de prueba sobre los mismos. Este escrito debe estar firmado por abogado y procurador y por el recusante.
o Formulada la recusación se da traslado a las demás partes para que en el plazo de 3 días manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta en sí o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusación.
o En el día hábil siguiente a la finalización del plazo el recusado debe pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas.
o Los incidentes de recusación los instruye el tribuna que casuísticamente señala la ley.
o Dentro del mismo día en que finaliza el plazo para adherirse o oponerse a la recusación, o en el siguiente día hábil, el pleito pasa a conocimiento del sustituto debiendo remitirse al tribunal que corresponde instruir el incidente escrito y los documentos de la recusación.
o Si el acusado acepta como cierta la causa de recusación se resuelve el incidente sin mas tramites. En caso contrario, el instructor si admite a trámite la recusación propuesta ordena la practica, en plazo de 10 días, de la prueba solicitada que le sea pertinente y la que estime necesaria y, acto seguido, remite lo actuado al tribunal competente para decidir el incidente.
22 o o Recibidas las actuaciones por el tribunal competente para decidir la recusación, se da traslado de las mismas al ministerio fiscal para informe por plazo de 3 dias. Transucrrido el plazo, con informe o no, se decide el incidene dentro de los 5 días hábiles siguientes.
Si la recusación es favorable el auto aparta definitivamente al recusado del pleito.
¿Se puede exigir responsabilidad a los jueces? La responsabilidad de los jueces se podría dividir en la responsabilidad personal de estos y la responsabilidad del Estado.
- Responsabilidad personal: Los jueces y magistrados tienen responsabilidades disciplinarias, penales y civiles. Al cometer faltas, daños y perjuicios y delitos deberán responder de sanciones y de la responsabilidad civil y penal.
- Responsabilidad de Estado: Los jueces y magistrados pueden cometer algún error, incurrir en un funcionamiento anormal o actuar con dolo o culpa grave. Entonces se generan demandas de revisión al TS, peticiones al Ministerio de Justicia, recursos contencioso-administrativos y reclamaciones civiles contra estos.
La responsabilidad por dolo o culpa profesional - ¿En qué casos es exigible la responsabilidad? o Responden por daños y perjuicios cuando en el desempeño de sus funciones incurren en dolo o culpa.
o Cuando han producido un perjuicio real y efectivo, valorable en dinero, que no sea susceptible de reparación por otro medio.
o No se admiten las demandas de responsabilidad contra jueces, mientras no es firme la resolución que pone fin al juicio en que se supone cusado el agravio. Tampoco e admiten, si no se ha reclamado o recurrido oportunamente contra el acto u omisión que se considera causante de los daños y perjuicios.
o Se han de acompañar a la demanda las certificaciones y testimonios que acreditan haber terminado el juicio y las reclamaciones oportunas.
- ¿Cómo se exige? La demanda se entabla a instancia y se tramita por el juicio que corresponde, según las normas generales de la competencia.
La responsabilidad por delito La responsabilidad criminal de jueces es una simple responsabilidad derivada de un delio, como en cualquier otro caso.
¿Responde el sistema? Las indemnizaciones por errores judiciales La reclamación de indemnización por causa de error debe ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca.
23 Se dirige la petición de indemnización directamente al Ministerio de Justicia, con posibilidad de recurso contencioso-administrativo.
Tienen derecho a indemnización quienes, después de haber sufirdo prisión preventiva, son absueltos. La cuantía de la indemnización se fija en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.
7. La gestión ¿Dónde trabajan los tribunales? ¿Dónde trabajan los tribunales? Cada juzgado y tribunal tiene una oficina de servicio donde se encuentra todo el personal funcionario. Al frente hay la secretaria general.
Cuando en un juicio tiene que participar mucha gente, y un juzgado queda pequeño, se habilitan pabellones o macro salas para realizar el juicio. Es una sala externa. Cada vez más estos juzgados y tribunales se están modernizando. Hasta ahora los juzgados trabajaban independientemente pero cada vez más comparten servicios.
- Juzgados de guardia: es aquel juzgado que sirve para llevar a cabo aquellas actuaciones judiciales urgentes fuera del horario establecido. El juzgado de guardia estará abierto 24 horas al día. Esta función recae siempre en un juzgado de instrucción. Estas razones de urgencia serán sobretodo cobre temas penales.
¿Qué hacen los tribunales? Tipos de actos que realizan los jueces y magistrados. Se tienen que diferenciar entre las decisiones jurisdiccionales y entre las funciones organizativas o administrativas.
- Actos jurisdiccionales (de más a menos importantes) o Providencias: sirve para ordenar el transcurso del procedimiento. No hace falta que esté justificada. Nos dice lo que hay que hacer en cada momento.
o Autos: adopta un esquema parecido a la sentencia. Tiene que ser motivada. Se suelen resolver cuestiones puntuales, sin llegar a la solución definitiva. Necesitan justificaciones. Suelen ser recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de procedimiento… o Sentencias: se tienen que diferenciar 4 partes:  Encabezamiento: información sobre el tribunal, las partes…  Hechos: antecedentes de hechos  Razonamientos jurídicos: fundamenta en derechos su resolución (fundamentos de derechos)  Parte dispositiva: resolución del caso (fallo) Sirve para darnos una solución definitiva al caso. Mismo esquema que los autos.
- Actos administrativos (no ejercen funciones jurisdiccionales): o Acuerdos: resoluciones de las organizaciones jurisdiccionales en los actos administrativos.
Estas resoluciones se encargan de redactarlas los jueces en los órganos unipersonales. En los órganos colegiados se encarga de redactarlas uno de los componentes del tribunal, que será llamado normalmente el magistrado poniente. Cada asunto llega a un magistrado poniente el cual hará la propuesta de resolución. Si la resolución es aprobada por los demás componentes del tribunal, el magistrado poniente 24 redacta la sentencia definitiva. Una vez redactada tendrán que firmar los otros magistrados. Si alguno de ellos no está de acuerdo con alguno de los puntos establecido en la sentencia, lo podrá declarar de forma escrita en el voto particular. Este apartado es un añadido voluntario. Las resoluciones una vez firmadas por todos los componentes del tribunal no `podrán ser nunca modificadas excepto aquellos errores manifiestos que no cambien el sentido de la sentencia.
¿Cómo trabajan los tribunales? Un tribunal tiene que estar debidamente constituido. Esto quiere decir que tendrá que estar conformado por los distintos jueces o magistrados que indique la ley. En el caso que un juez o un magistrado no pueda acudir al juzgado se recorren a mecanismos sustitutos. Estos mecanismos para un juzgado unipersonal son: - A la primera regla que se recorre es a la de sustituir al juez por una persona con la misma categoría jerárquica.
- La segunda opción es recorrer a figuras de jueces adjuntos. Estos son jueces que han superado las oposiciones pero no tienen un destino atribuido todavía.
- La tercera opción es un juez sustituto, que es un juez que no necesita que haya superado las pruebas de la carrera judicial.
- Y por último, se recorre a la prórroga de la jurisdicción para que no nos quedemos sin justicia. Esto es que si un juzgado no se puede hacer cargo del caso, se amplía su ámbito de jurisdicción excepcionalmente.
En el caso de los órganos colegiados, cuando falta un magistrado las opciones son las siguientes: 1. Recorrer a un magistrado con la misma categoría jerárquica 2. Recorrer a un magistrado suplente Todas las actuaciones de los tribunales son de audiencia pública excepto la deliberación y la votación.
En cuanto al funcionamiento de los Tribunales, en cada juicio el juez tiene una potestad disciplinaria ya que es quien tiene que establecer orden en la sala.
Si quieres recorrer una sanción puedes recorrerla con el recurso de audiencia en justicia ante al mismo juez, o si no ante un órgano superior mediante el recurso de alzada.
El control de la gestión Los mecanismos de control son: - Órganos de gobierno: tienen que respetar las órdenes que les vienen desde arriba.
o Salas de gobierno: elaboración de normas de repartición, elaboración de normas de asignación de ponéncia, nombramientos de jueces de paz y hace la propuesta de las listas de los magistrados suplentes y jueces de paz. Las funciones de los jueces de paz son:  Aprobar las normas de reparto  Establecer los turnos precisos para la composición y el funcionamiento de los tribunales y fijar las normas de asignación de las ponencias.
 Contemplar las composición de los tribunales  Proponer al CGPJ los magistrados suplentes  Ejercer las facultades disciplinarias y proponer la realización de las vistas de inspección  Elaborar los informes que les solicite el CGPJ y la memoria anual sobre el funcionamiento del tribunal.
 Nombrar los Jueces de Paz.
o Juez decano: en aquellas poblaciones donde haya 10 o más juzgados de primera instancia se escogerán uno que haga estas funciones. Se encarga del reparto de los asuntos a los distintos juzgados.
25 o Junta de jueces: reuniones de jueces de un mismo órgano jurisdiccional, para la unificación de criterios, proponer normas de regulación, para resolver preguntas sobre aspectos dudosos (a los órganos de gobierno de mayor categoría como las salas de gobierno). Hacen propuestas sobre las normas de repartición que les afecta.
8. Los juicios ¿Qué es un juicio? Un juicio es una sucesión temporal de la actividad de los sujetos procesales, con arreglo a normas técnicojurídicas de procedimiento, en orden al juicio jurisdiccional.
El juicio, instrumento típico del sistema procesal, obedece a los siguientes rasgos: - Es una secuencia de actos - Las actuaciones procesales provienen de las partes las partes y el juez.
- La actividad procesal no es libre, sino reglada y organizada por las normas de procedimiento.
- El objetivo es el hallazgo de la respuesta al litigio planteado.
Por lo tanto, decimos que un juicio consiste en: Una sucesión de actos Los juicios ocupan tiempo y no se resuelven instantáneamente Organizada en fases Los actos se suceden de determinada manera y no espontáneamente Reglada de antemano Las leyes procesales dicen cómo hay que hacerlo En el que existen roles Cada protagonista asume un papel predefinido Con un objetivo claro La tutela jurídica civilizada, en suma, el derecho ¿Por qué se va a juicio? El juicio como creación del derecho Estamos pensando en juicio como sentido estricto. El juicio como a creación del derecho es la respuesta que se da al juicio jurisdiccional desde el punto de vista de las teorías monista. Para esta teoría el juicio jurisdiccional es el que crea un derecho.
Para las teorías dualistas el juicio no crea el derecho sino que repara el derecho que previamente se ha roto. El argumento de la codificación favorece a esta teoría.
La cosa juzgada La cosa juzgada es el valor que se le atribuye al producto que se obtiene al resultado de un juicio. Sirve para dar seguridad al proceso jurisdiccional. Evita que se puedan volver a cambiar las resoluciones una vez discutidas. Dentro de unos límites una resolución jurisdiccional ya no se podrá cambiar.
Se ha de tener en cuenta el efecto negativo de la cosa juzgada que significa que una vez tenemos una resolución con valor de cosa juzgada impedirá nuevos procedimientos para volver a discutir sobre el mismo tema. El efecto positivo es que si tiene incidencia en nuevos procedimientos sí que se podrá discutir.
26 La cosa juzgada formal es equivalente a la inviolabilidad de las resoluciones: sentencia firme. Podemos hablar de que tenemos una resolución firme cuando ya no se pueda presentar un recurso o cuando aun que se pueda hacer un recurso éste no se interpone dentro del límite previsto.
La cosa juzgada material hace referencia a los efectos que una resolución con valor de cosa juzgada tiene en el ordenamiento jurídico.
 Límites: o Límites subjetivos: para que se pueda impedir un nuevo procedimiento, en este nuevo procedimiento se tiene que volver a plantear la misma cuestión entre las mismas partes. Si intervienen las dos partes no se puede producir el juicio. Esto también sirve para los sucesores de las partes.
o Límites objetivos: que vuelvan a pedir el mismo también impediría que se produjese el juicio. Una sentencia absolutoria sobre unos mismos hechos a nivel penal no impide que se los juzgue civilmente. Esto es compatible con la cosa juzgada. El que no es posible es que unos hechos civiles declarados inexistentes sirvan para condenar penalmente a una persona.
o Límites temporales: que no cambien las circunstancias esenciales en que se tiene que llevar a cabo el procedimiento inicial. Si cambian las circunstancias esenciales sí que se podrá discutir otra vez sobre el mismo tema todo y que los límites subjetivos y objetivos sean los mismos.
¿En qué orden se suceden las actuaciones? Todos los actos procesales por tener eficacia tienen que ir al mismo tiempo que los presupuestos y que los requisitos formales que indica la ley. Un presupuesto son las circunstancias fácticas o jurídicas determinantes de que concurra el acto. Si no se cumple esto se producirá la nulidad del acto.
 Presupuestos: o Subjetivos: son aquellos que nos dicen que un determinado acto lo tiene que llevar a cabo una determinada persona, sino se hace así será inválido.
o Objetivos: para que se pueda realizar un acto es necesario que se haya producido un determinado hecho.
o Causales: lo determinante de la existencia del acto es la finalidad por la cual se lleva a cabo el acto. Hay actos que se hacen por su finalidad y que si no se hacen por esta finalidad pueden resultar nulos.
 Requisitos formales: los que marca la ley en cada caso. 3 tipos: o Forma de exteriorizar la actividad procesal: habrá actuación cuando la ley dirá que será necesaria que se haga de manera oral y otras escritas. Siempre habrán cosas que se expongan de manera oral y otras escritas pero en según que casos domina uno.
 Ventajas de las cosas orales: (desventajas de los escritos)  Procedimientos más rápidos  Favorecen la concentración de las actuaciones  Garantizan la presencia física del juez.
(Problema: la documentación de todo lo que se lleva a cabo. Ahora se incluyen las grabaciones).
 Ventajas de los escritos:  No tienen problemas de documentación  Problema: todos las ventajas anteriores. Inconvenientes:  Es más lento, se hace más largo  Poca concentración de las actuaciones  No es garantida le mediación judicial En el artículo 120 de la CE se dice que los procedimientos tienen que ser orales.
o Sitio: normalmente será a la sede del juzgado o tribunal; excepciones en salas externas.
27 o Tiempo: realizado dentro de los términos establecidos por ley.
¿Cuánto dura un juicio? La mediana de un juicio que comienza en una primera instancia y acaba con una resolución por casación es de unos 7 u 8 años.
El calendario judicial Año judicial: es el período ordinario de actividad de los tribunales que va desde el 1 de setiembre hasta el 31 de julio.
¿Son laborables todos los días y horas?   Días hábiles (en contraposición a) días inhábiles: sábados, domingos, festivos nacionales, dependiendo del abasto del tribunal también serán días inhábiles los festivos locales y autonómicos, el 24 y 31 de diciembre y todos los días del mes de agosto, excepto las que se declaren urgentes. En cambio, todos los días del año son hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial.
Horas hábiles: de las 8h hasta las 20 h, salvo que la ley dicte lo contrario. Para las comunicaciones y ejecución hasta las 22h.
La distribución del tiempo en plazos Se puede distinguir entre término y plazo. El término es en definitiva el fin de un plazo; y el plazo es el espacio de tiempo concedido para realizar una determinada actuación judicial.
Un término es el espacio de tiempo que ofrece la ley dentro del cual se puede realizar un acto.
 ¿Cómo se cuentan los plazos? o o o Ejemplo en días: se empieza a contar a partir del día siguiente de recibir la notificación y no se contarán los días que se consideren inhábiles.
Ejemplo en meses: día 8 recibimos una notificación para realizar un acto en un mes. A partir del día siguiente comenzamos a contar. Un mes: 9/11:9/12. Si el día que acaba el término es un día inhábil se pasa al siguiente día hábil. Para los casos que no haya un día al mes siguiente se computa para el último día del mes: 31/10: 31/11 (no) 30/11.
Ejemplo en años: el cómputo de los años es el mismo que se sigue para los meses.
 ¿Pueden prorrogarse los plazos procesales? La ley establece la improrrogabilidad de los plazos procesales. La ley prevé algunas excepciones: o Pueden interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos.
o Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo puede efectuarse hasta las 15h del día hábil siguiente a la del vencimiento del plazo.
¿Qué pasa si no se respeta un plazo procesal? 28 Por regla general no cabe restitución del término. Esto es lo que se llama preclusión. La reclusión es la pérdida de la oportunidad de realizar una actuación procesal dentro del término que se tenia para hacerlo.
Con los procesos civiles y laborales se produce la preclusión. En los procesos contencioso-administrativos, si lo presentas el mismo día que se te notifica que se ha acabado el término se considera válido. Dentro de los procedimientos penales si demostramos que hay una justa causa por la cual no la hemos realizado y es posible realizarla dentro del procedimiento penal sin tirar atrás todo el procedimiento, es posible realizar el acto.
¿Cuántos tipos de juicios hay? El hecho que haya más de un modelo de juicio es porque hay varias órdenes jurisdiccionales. Es obvio que el modelo teórico podrías ser cualquiera. A nivel teórico podría establecerse un modelo de juicio oral y un modelo de juicio escrito.
Lo único que tiene relevancia práctica es examinar las características del modelo elegido por un determinado sistema procesal. Nuestras leyes tratan de regular el juicio ordinario en cada orden jurisdiccional. Por lo tanto si hay 4 órdenes, hay 4 modelos a examinar.
Los juicios civiles Mirar esquema pg.289 En la actualidad quedan dos tipos de juicios que pueden tener lugar en el ámbito civil, que son: - El juicio ordinario, que es el modelo general aplicable a la mayoría de las reclamaciones civiles.
- El juicio verbal, reservado para asuntos de cuantía inferior a 3.00 euros y algunas materias específicas en las que la tutela judicial tiene carácter sumario.
Ambos son juicios con doble instancia y cabe la posibilidad de recursos ordinarios o extraordinarios, según las circunstancias.
a) Primera instancia: El juicio en la primera instancia se estructura de la siguiente forma: 1. Una serie de actos preparatorios que tiene carácter voluntario u ocasional: las diligencias preliminares y la anticipación o aseguramiento de la prueba.
2. Las alegaciones que dan inicio al juicio y trataban la controversia entre las partes: demanda y contestación 3. La convocatoria de una audiencia previa en la que se depuran los posibles defectos procesales, se fijan los términos del debate y se anuncian las pruebas.
4. La convocatoria del acto del juicio propiamente dicho o vista.
5. El juicio concluye por sentencia.
b) La segunda instancia: a) Se introduce con el recurso de apelación.
b) Se limita a un nuevo examen de los materiales fácticos y jurídicos. Pero también es posible el introducir hechos nuevos y practicar nuevas pruebas.
c) Es posible la celebración de una vista para el debate.
c) Recursos extraordinarios: Contra la sentencia de segunda instancia pueden utilizarse dos tipos de recursos extraordinarios: 1. El llamado recurso por infracción procesal que canaliza las reclamaciones relativas a defectos procesales que puedan haberse cometido durante el juicio.
2. El recurso de casación cuando la cuantía del litigio excede de 150.000 euros o la materia presenta interés casacional.
d) Ejecución: 29 La ejecución de la sentencia firme corresponde al tribunal que ha conocido de la primera instancia y admite todas las modalidades posibles.
Hay la posibilidad de solicitar la ejecución provisional o la de asegurar preventivamente el fallo final con la solicitud de alguna medida cautelar.
Los juicios penales Mirar esquema pg.293 El catálogo y la estructura de los juicios penales Ofrece nada menos que cinco juicios ordinarios, que se distinguen entre si por la gravedad de las infracciones penales.
Estos juicios son: - El juicio ordinario por delito está reservado en la actualidad a delitos de gravedad extrema.
- El juicio es llamado por la ley “procedimiento abreviado para determinados delitos”. Se aplica a todos los delitos que están castigados con una pena de hasta nueve años de privación de libertad u otras penas.
- El juicio rápido es uno de los últimos sofocos del legislador de 2002, con el loable objetivo de dar respuesta rápida a los delitos de has cinco años de privación de libertad, flagrantes o con instrucción.
- El juicio de faltas es la oferta íntima del sistema procesal penal se aplica a las infracciones penales leves.
- El juicio por jurado ha seleccionado como criterio de competencia el tipo de delito. Está prevista su aplicación a delitos de homicidio consumado, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, etc.
Los juicios penales se ordenan en las siguientes fases: instrucción, juicio oral y ejecución.
- ¿Qué se hace durante la instrucción? La primera fase de cualquier juicio penal es la instrucción. Se desarrolla una actividad de investigación encaminada a determinar si hay o no fundamento para acusar a una persona de la comisión de un hecho delictivo. Esta fase se prodiga en lo que tradicionalmente se rotulaba como “sumario”, esto es, diligencias de instrucción en averiguación de las circunstancias del delito y de la persona del delincuente. Esta tarea la asume el juzgado de instrucción.
Uno de los pilares de nuestro sistema procesal penal es recordar que la naturaleza de todas estas actividades no excede de ser diligencias instructoras, que no pruebas.
La instrucción concluye y se pasa a la etapa principal del juicio penal: el juicio oral. Si la valoración es negativa, la instrucción también se concluye y con ella el juicio penal. Se habla en estos casos de sobreseimiento.
- ¿Qué ocurre en el juicio oral? Esta es la parte central de cualquier juicio penal. Se favorece la conformidad del imputado con la acusación para no llegar siquiera a juicio y acabar cuanto antes.
El enjuiciamiento criminal exige un cambio de órgano jurisdiccional para aportar una ulterior garantía al modelo.
El juicio oral comienza por la formulación de la acusación y la defensa. Tras ello, suceden dos momentos importantes. Uno que pretende purgar el juicio de cualquier obstáculo procesal que pudiera oponer-se a su eficacia o aportar nuevos medios de prueba, y otro que inquiere sobre la eventual conformidad del acusado con la acusación más grave las formuladas.
30 Si no existen obstáculos para la continuación de las sesiones del juicio oral y si el acusado no se conforma, se produce entonces la práctica de las pruebas.
Finalizadas las pruebas, cada parte tiene ocasión de rectificar su acusación o defensa. Acto seguido, sigue el informe. Tras ello, el juez o el presidente del tribunal concluyen el debate, no sin antes invitar al acusado a hacer uso de la palabra.
Concluidas las sesiones del jucio oral, se pronuncia la sentencia.
Las sentencias de todo juicio penal son recurribles en apelación. El juicio penal tiene dos instancias y dos grados de jurisdicción. Las sentencias dictadas por las Audiencias provinciales o la Audiencia Nacional son sólo recurribles en casación. Más allá cabe todavía del control de las garantías constitucionales ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo.
- ¿Qué abarca la ejecución penal? La última etapa del juicio es la ejecución. La ejecución abarca un doble cometido: el cumplimiento de las penas privativas de libertad, pecuniarias u otras, y la ejecución de las condenas civiles.
Los juicios laborales La ley de “procedimiento laboral” tiene el indudable acierto de regular un único juicio ordinario, según los criterios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad. Regula unos cuantos juicios especiales, que denomina “modalidades procesales. Dentro de éstas, se encuentra regulado el juicio por despido disciplinario.
La estructura básica de estos juicios es: doble instancia, con alegaciones, prueba y conclusiones.
a. La primera instancia 1. El juicio exige un acto preparatorio previo: el intento de conciliación 2. El juicio se inicia por demanda escrita 3. A la demanda sigue la citación para la conciliación y juicio en unidad de acto 4. En el acto del juicio se produce antes que nada un nuevo intento de conciliación.
5. El demandante ratifica la demanda o la amplia. En fase de alegaciones, la contestación de la demanda se produce en forma oral.
En los juicios de despido el demandado toma la iniciativa y ha de actuar en primer lugar.
6. Las pruebas se practican también en el acto. El juez puede asimismo puede asimismo intervenir ampliamente en el debate.
7. La conclusión de las partes se produce en el mismo acto en forma oral. El juez tiene amplitud de facultades para acordar diligencias para mejor proveer.
8. La sentencia exige forma escrita.
b. La segunda instancia La segunda instancia es totalmente escrita. Se introduce mediante recurso de suplicación.
1. El recurso se anuncia dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia.
2. El recurso se interpone motivándolo por escrito.
3. Este dicta sentencia en el plazo de 10 días.
4. En algunas cuestiones es posible recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
c. Ejecución La ejecución reviste las modalidades apropiadas al contenido de la sentencia. La ley rotula la fase de ejecución con el calificativo de “definitiva”.
Los juicios en materias administrativas Mirar esquema pg.298 31 - ¿Cómo están diseñados los juicios administrativos? El diseño de los juicios en materias administrativas viene condicionado por ciertas peculiaridades.
La Administración exige que se siga un expediente administrativo ante las oficinas de la Administración. La propia actividad de la administración debe adaptarse a unas determinadas pautas de comportamiento que se denominan procedimiento administrativo.
Esta peculiaridad condiciona la propia terminología en la materia. Apenas examinando el contenido de los juicios que regula, uno se encuentra con dos novedades añadidas: el modelo de juicio se llama “recurso contencioso- administrativo” y la regulación del juicio propiamente dicho se efectúa bajo el título de “procedimiento contencioso- administrativo”.
o ¿Cuáles son las principales características de estos juicios?  La ley contiene varios tipos básicos de juicios en materia administrativa: el juicio ordinario, el juicio abreviado, el juicio para la protección de los derechos fundamentales de la persona en materias administrativas.
 Los juicios en materia administrativa pueden ser en única o doble instancia  El juicio ordinario y el juicio en materia de protección de derechos fundamentales son predominantemente escritos. El juicio abreviado es predominantemente oral.
 El juicio ordinario se inicia con un mero anuncio del acto administrativo recurrido.
 en todos los juicios la demana se redacta por escrito.
 los juicios escritos siguen el esquema tradicional de fases de alegaciones, pruebas y contradicciones. El juicio abreviado se celebra en unidad de acto, pero con el mismo esquema.
 el juicio concluye por sentencia.
 según el tipo de juicio o la materia, pueden caber recurso de apelación o recurso de casación.
 la sentencia definitiva es vinculante para la Administración. Cabe incluso la ejecución provisional de la sentencia.
¿Qué ocurre si no se respetan las reglas de juego? ¿A qué se llama nulidad de actuaciones? Con este rótulo global, se hace referencia a cualquier deficiencia de la actividad procesal, cuando se produce a margen de las reglas de procedimiento.
La falta de algún presupuesto o requisito formal en la producción de la actividad procesal supone una quiebra de las reglas de juego y obliga a reconsiderar la regularidad del acto, es decir, su eficacia normal.
El sistema es complejo e inseguro por múltiples factores. Parece que se ha levantado la veda y que las formas ya no cuentan.
En este estado de cosas, ni el legislador ha sabido aprovechar los avances doctrinales, ni la doctrina ha acertado a propugnar criterios de comportamiento fácilmente manejables por la práctica judicial.
En el difícil equilibrio entre dogmática y ley positiva, hay que dejar constancia de los vaivenes producidos y apuntar algunas reflexiones sobre la situación actual.
¿Cómo se ha explicado la nulidad de actuaciones en el pasado? La teoría de la ineficacia de los actos procesales se ha construido importando los conceptos clásicos del derecho privado y de la teoría general del derecho. Una dogmática elaborada y refinada por las múltiples aportaciones distingue con nitidez las categorías típicas de la ineficacia: inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa, anulabilidad, irregularidad, ilicitud.
32 Los supuestos extremos caerían de suyo fuera del espectro procesal. Las categorías intermediad supondrían una gradación de los efectos del acto procesal de mayor a menor. La gravedad de las infracciones se mediría por la importancia del elemento inobservado del acto procesal, por la posibilidad de subsanación del defecto y por la iniciativa en cuanto a la denuncia del mismo. Las consecuencias oscilarían desde la supresión o ineficacia absoluta del acto viciado hasta la mera corrección disciplinaria.
La construcción vino funcionando razonablemente hasta la reforma de 1984 de la LEC y la de 1985 de la LOPJ. En el momento actual. Se presta a la confusión profesar un concepto de nulidad absoluta que esté sometido a plazo. Es inocuo detectar una presunta irregularidad procesal, cuando el descubrimiento carece de consecuencias tangibles.
La conservación de actuaciones procesales es rentable La ley apuesta por la conservación a ultranza de as actuaciones procesales aún defectuosas, sin duda por un criterio de economía.
a. por un lado, se restringen los efectos de la nulidad b. por otro lado, se limitan al mínimo las nulidades por infracción de los plazos procesales.
¿Se pueden subsanar las actuaciones procesales defectuosas? Si una actuación presuntamente defectuosa admite subsanación, ésta se impone siempre. Habría que añadir: por el medio más explícito.
La subsanación es el mecanismo para restaurar la forma omitida.
a. Este principio, donde mejor formulado está es en el Art. 11.3 LOPJ b. frente a la formulación del Art. 11.3 LOPJ, podría decirse que el recuerdo del principio que efectúa el Art. 243.4 LOPJ es retrógrado e incluso limitativo.
c. Para empeorar todavía más la formulación, los arts. 243.3 LOPJ y 231 LEC introducen otro precepto en la materia que dista mucho de lo que debería encarnar la garantía constitucional.
d. El supuesto tradicional de subsanación es el previsto en general para las comunicaciones La recta intelección de esta norma exige un momento de reflexión para no pervertir su aplicación. La norma establece un beneficio a favor de la parte perjudicada por la irregularidad. La parte tiene derecho a que los actos de comunicación se realicen como la ley manda. Es un contrasentido que una parte o el tribunal saque provecho de una conducta o de una omisión irregular.
e. La LICA recoge también el principio general de subsanabilidad de defectos de actos procesales.
Se atribuye a la actuación concreta de la parte la posibilidad de desvirtuar la nulidad prístina del acto, porque éste ha alcanzado su fin. La subsanación deberá caber siempre que con ello no se atentare a las garantías fundamentales del juicio y siempre que sea posible.
¿Cuándo hay que repetir actuaciones procesales mal hechas? Los dos principios anteriormente indicados no excluyen lo que hasta hace poco había sido la regla estricta en materia de nulidad: la supresión o eliminación del acto defectuoso y de la de todos los posteriores a él, con retroceso del procedimiento al momento en que se cometió la falta.
El sistema ha evolucionado en el sentido de buscar una respuesta proporcional a la entidad del defecto abducido para evitar el despilfarro. Cuando la irregularidad de las actuaciones afecta a una garantía proesal, hay que pensar en restaurar ésta en toda si dimensión temporal y de contenido. La solución está avalada expresamente por los arts. 241.2 y 228.2 LEC.
La onerosidad de esta solución debe comportar también consecuencias operativas para la nueva gestión del juicio. Un mero criterio lógico y de sentido común de aminorar el dañó producido por la irregularidad exige una atención preferente al asunto infectado para recuperar el tiempo procesal que le hubiera correspondido de haberse producido regularmente.
33 ¿Cuánto dura la nulidad como máximo? En el derecho privado, la nulidad de pleno derecho privado al acto o negocio jurídico de cualquier efecto, sin limites de duración temporal.
La nulidad de los actos procesales tiene un límite fijado por la ley. Dicho límite está fijado en cinco años.
Esta previsión responde a un criterio de política legislativa.
Una sentencia firme aparece como centro de referencia para medir la posibilidad de retorno o vuelta atrás.
La realidad de los hechos hace surgir situaciones en las que, con posterioridad a una sentencia firme, se descubre que dicho resultado se ha conseguido mediando alguna infracción procesal grave provocando violación de garantías constitucionales. Los motivos que abren la revisión de refieren a cómo se ha desarrollado el juicio que conduce a la cosa juzgada. La posibilidad no permanece abierta todo el tiempo.
En este momento la inseguridad y despilfarro que reinan en cuanto a los medios para denunciar la nulidad hace que el límite máximo legal de ésta pueda ser cuestión abierta durante mucho tiempo.
¿Qué sirve alegar como motivo de nulidad? La LOPJ y la LEC enumeran los casos que puedan dar lugar a la nulidad de un acto procesal. Los textos positivos demuestra que los motivos de nulidad enumerados no agotan las hipótesis posibles y que el rigor dogmático brilla por su ausencia. Los supuestos de nulidad de los actos procesales se concretan legislativamente en los siguientes casos: a) cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. Detrás de la infracción está la violación de la garantía constitucional del juez predeterminado por ley.
b) Cuando se realiza bajo violencia o intimidación c) Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que haya podido producirse indefensión.
d) Cuando se realicen actos procesales sin intervención del abogado e) Cuando se celebren vistas sin perceptiva intervención del secretario judicial f) También se consideran motivos de nulidad los defectos de forma de los actos procesales.
g) En cuanto a los defectos puestos de relieve después de la sentencia dos motivos amplios: defectos de forma uqe hubieren causado indefensión y que no haya sido posible denunciar antes de recaer la sentencia o resolución y la incongruencia del fallo.
h) Los actos procesales también serán nulos en los demás casos que las leyes procesales así lo establezcan, como infracción del principio de inmediación judicial en las declaraciones, pruebas y vistas.
Es preciso reconducir cualquier queja de nulidad a uno de los supuestos anteriores. A priori no es posible descartar ninguna irregularidad. Todo depende de la trascendencia del defecto formal.
Una valoración de la casuística demuestra como el peso del sistema de nulidades ha abandonado la dogmática de presupuestos y requisitos del acto y se orienta básicamente hacia el respeto de las garantías constitucionales.
La gradación del sistema es clara: conservación del acto o de la parte del mismo que no resulte afectada por el vicio, subsanación del defecto si es posible y supresión del mismo y de los derivados. Esto último lleva consigo reponer las actuaciones al momento inicial de quiebra de la actividad procesal regular.
La perturbadora doctrina del TC cobre la indefensión material 34 En la reformulación del sistema legal de nulidades se ha hecho mano de la referencia a la indefensión, cuyo rango constitucional es claramente innegable.
Las referencias legales a la indefensión nadan en un mar de ambigüedades y resquemores. Por un lado, se pretende que la infracción de normas esenciales del procedimiento sólo sea motivo de nulidad si se produce indefensión. De entrada no hay ninguna especificación legal de lo que se consideran normas esenciales del procedimiento.
Por otro lado, la ley da relevancia a los defectos de forma que hayan causado indefensión, la rebaja de la categoría del vicio es ostensible.
Por último la ley también fija en la indefensión en relación con las comunicaciones irregulares.
No parece demasiado apropiado incluir la indefensión como un presupuesto de regularidad de las actuaciones procesales.
El TC ha pretendido establecer un criterio de filtro para decidir qué defectos tienen relevancia constitucional. Ha querido distinguir entre una indefensión proceal o formal y una indefensión material o constitucionalmente relevante. La mera infracción de una norma procesal puede producir una indefensión formal, pero que ello no es suficiente para que sea constitucionalmente relevante. La infracción debe producir un menoscabo de alguna garantía constitucional.
Lo único que queda claro es que tal formulación teórica sirve para rechazar la mayoría de los recursos de amparo en materias de comunicaciones.
La infracción de normas de procedimiento con repercusión en el derecho de defensa es relevante constitucionalmente.
¿Quién puede tomar la iniciativa para denunciar la nulidad? Tradicionalmente, este parámetro dogmático de la iniciativa en la denuncia del vicio del acto procesal servía para perfilar los conceptos de la nulidad radical, de la nulidad relativa y de la anulabilidad. La primera categoría admite tanto la iniciativa del órgano judicial como la de la parte, las segundad quedan en principio reservada a la excitación de parte. No es este el sistema actualmente vigente.
La ley ha generalizado la actuación de oficio para cualquier caso de nulidad.
¿A través de qué medios se puede denunciar la nulidad? Todo el sistema procesal está interesado en que n se produzcan este tipo de actuaciones desviadas. De aquí, que la mayoría de las instituciones procesales ofrezcan una oportunidad para enderezarlas. Es sistema podría resumirse así: a. “los demás medios que establezcan leyes procesales” b.
remite a las artes a los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate para canalizar cualquier queja de nulidad.
c. Cualquier defecto procesal admite denuncia en el momento en que se descubre.
d. El procedimiento de anulación de oficio e. Tema de las nulidades aparecidas después de sentencia firme. El resultado es un incidente de nulidad de actuaciones después de sentencia.
o No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones.
o Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza.
o Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado anterior de éste artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles.
o Si se estimara la nulidad se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la haya originado y se seguirá 35 o el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, se condenará al solicitante en todas las costas del incidente y le impondrá una multa de 90 a 600 euros.
Agotadas las vías judiciales, muchas de las cuestiones por la nulidad alcanzan relevancia constitucional. La cuestión puede ser objeto de recurso de amparo ante el TC.
¿Responde alguien por las actuaciones defectuosas? Es obvio que las actuaciones irregulares son una fuente de perturbación de un sistema que se ha concebido como regalo. El propio sistema normativo lo asume según las reglas generales de responsabilidad. Lo que hace falta es automatizar el saneamiento.
No es éste el criterio legal. En todos los casos, hay que indemnizar el daño. Los criterios de prueba y valoración deben asumir el hecho notorio de la experiencia común sin más y obrar en consecuencia.
¿Puede abusarse de las reglas legales de juego en los juicios? La utilización de las normas de procedimiento se presta en ocasiones al abuso o al fraude. Por ello la LOPJ primero y la LEC luego han establecido que en todo tipo de juicios se respetarán las reglas legales de la buena fe.
En primer lugar, los órganos jurisdiccionales tienen un deber de control de la rectitud con que se utilizan las normas de procedimiento. El cumplimiento de la regla se refuerza con la posibilidad de que los tribunales impongan sancione o de que se remitan las infracciones a los órganos correspondientes para que lo hagan.
En segundo lugar, los obstáculos formales y los defectos procedimentales no deben ser motivos que impidan el examen del fondo del asunto. Esta norma debe abolir las absoluciones en la instancia.
9. Las Comunicaciones Los tipos de comunicación ¿Por qué son necesarias las comunicaciones en un juicio? - - Para comunicar la existencia del juicio se hace una primera comunicación llamada emplazamiento. Está protegida por las garantías de audiencia, contradicción y defensa, entre otras.
Cuando se inicia el juicio el mantenimiento de las comunicaciones es vital.
La comunicación es el nexo de unión entre una actuación y la siguiente.
El registro de la comunicación es el que marca el cómputo del plazo siguiente.
Encontramos diversos grupos de comunicaciones: o Comunicaciones de parte a parte o Comunicaciones de la parte al tribunal o Comunicaciones del tribunal con funcionarios y autoridades o Comunicaciones del tribunal con otros tribunales o Comunicaciones internacionales 36 ¿Cómo se comunican las partes? Comunicaciones parte a parte - La comunicación es directa, sin intermediarios. Es de forma voluntaria y no tiene repercusión procesal.
Están siempre mediatizadas por el tribunal y sujetas a requisitos formales. Los escritos se presentan ante el tribunal “frente” o “contra” la otra parte.
Las partes deben intercambiarse copias de los respectivos escritos antes de presentarlos al tribunal.
Comunicaciones de las partes con el tr ibunal - Lo más frecuente es la comunicación mediante escritos dirigidos directamente al tribunal.
Las comunicaciones orales de las partes con el tribunal son el medio natural en las vistas y audiencias de los pleitos.
¿Cómo se comunican los tribunales con particulares? La nomenclatura Hay distintas categorías de comunicaciones en este caso: - Notificaciones: cuando tienen por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación.
- Emplazamientos: para personarse y para actuar dentro de un plazo que se señala.
- Citaciones: cuando determinan lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.
- Requerimientos: para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.
¿A quiénes se dirigen las comunicaciones? - Las resoluciones judiciales se notifican, ante todo, a las partes.
Por disposición judicial se puede notificar la existencia de un juicio a las personas que puedan verse afectadas por la sentencia.
También se efectúan notificaciones a terceras personas, en los casos en que lo prevea la ley.
También pueden ser los testigos, peritos y otras personas distintas de las partes que deban intervenir en el juicio.
¿Cuál es el medio de soporte de las comunicaciones judiciales? Las comunicaciones procesales se soportan principalmente en papel y por escrito. Normalmente la transmisión del escrito a la otra parte se realiza mediante una copia, pero otras veces es necesario que se redacte una comunicación propiamente dicha, que se denomina cédula.
¿Existe una oficina central de comunicaciones? - En principio, es la secretaría del tribunal la que tiene la responsabilidad de organizar las comunicaciones y realizarlas.
37 - En muchas poblaciones se organizan por los Decanatos de los tribunales un Servicio Común de Notificaciones, que gestiona las comunicaciones de todos.
También pueden existir Servicios Comunes de Recepción de Notificaciones organizados por el Colegio de Procuradores interesado.
¿Dónde se realiza la comunicación? a) En la sede del tribunal: - Cuando se comunica a través de procurador.
- Entregando directamente al destinatario de la notificación, que está presente en la sede del tribunal.
b) En el Servicio común de recepción de comunicaciones del Colegio de Procuradores c) En el domicilio de los litigantes - Cuando se trate del primer emplazamiento o citación al demandado.
- Cuando las partes no actúen representadas por procurador.
- Cuando deba entregarse la copia de la resolución o la cédula y el destinatario no esté en la sede del tribunal.
¿Quiénes pueden recibir las comunicaciones? Se debe entregar al interesado. Si la parte debe comparecer representada por procurador o abogado, la notificación se efectúa a estos. Cuando tiene que producirse una entrega física, la comunicación también puede dejarse a empleados, familiares, conserjes o compañeros de trabajo del destinatario cuando éste no es hallado.
¿Cómo se localiza a un litigante? a) b) c) d) El domicilio del demandante (consta en la demanda) El domicilio del demandado (consta en la demanda) Averiguaciones del tribunal: el tribunal tiene el deber de localizarle.
Registro central de rebeldes civiles: comunicación por edictos.
¿Cuándo hay que realizar la comunicación? Todas las resoluciones judiciales y las diligencias de ordenación se deben notificar en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación.
¿Cómo se establecen las comunicaciones? a) Correo, telegrama, burofax o medios semejantes: cuando las partes no están representadas por procurador o se trata del primer emplazamiento o citación.
b) Teléfono c) Medios electrónicos, informáticos y similares d) La entrega física: cuando las partes no están representadas por procurador o se trata del primer emplazamiento o citación y no puede acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales.
38 e) Los edictos: agotados los esfuerzos razonables para encontrar al destinatario de una comunicación y persistiendo el resultado negativo, se procede a publicar un anuncio que se denomina edicto. Este cierra el ciclo jurídico de intento de comunicación.
¿Cómo se comunican los tribunales con funcionarios y autoridades? El mandamiento, el oficio y la exposición como medios de comunicación Mandamiento: forma que se utiliza para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la practica de cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos, notarios, corredores colegiados de comercio, agentes de juzgado o tribunal y policía judicial.
Oficios: cuando los jueces deban dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden.
Exposiciones: se utiliza en los mismos casos que los oficios, reservándose para las autoridades de mayor categoría. Esta formula desaparece en la nueva LEC.
- - ¿Cómo se gestionan las comunicaciones? - Se remiten directamente por el tribunal a la autoridad o funcionarios a que van dirigidos.
Pueden las partes diligenciar personalmente estas comunicaciones.
Todas las comunicaciones judiciales aludidas entrañan el deber de cumplimiento de las mismas por parte de los funcionarios a que van destinadas.
El cumplimiento del envio de estas está asegurado bajo sanción disciplinaria y responsabilidad por daños y perjuicios que se ocasionen.
¿Cómo se comunican los tribunales entre sí? El principio de cooperación jurisdiccional se aduce como fundamento último de las comunicaciones entre tribunales.
La LOPJ sienta un principio que permite la intervención directa del Juez más allá de su demarcación. Por ejemplo, los jueces pueden realizar diligencias de instrucción penal cuando, aun no siendo su territorio, este se encuentre cerca y ello resulte conveniente, dando inmediata noticia al juez competente.
La LEC dice que se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad que le concede esta ley de desplazarse fuera de su circunscripción para practicarlas.
El auxilio es exigible a la oficina del juzgado de primera instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse, pero si se trata del envío de una comunicación y hay juzgado de paz, se utilizará este.
El exhorto 39 El exhorto es el medio de comunicación entre los tribunales y es expedido y autorizado por el secretario judicial. El contenido de la comunicación viene prescrito escrupulosamente, pues debe indicar: - La indicación del tribunal que la requiera dirigida a la oficina judicial del tribunal que deba prestar el auxilio.
- La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto.
- La designación de las personas que sean parte en el asunto, así como de sus representantes y defensores.
- La indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa.
- Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un plazo, se indicará también la fecha en la que éste finaliza.
- Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar documentos, se hará expresa mención de todos ellos.
Es remarcable el hecho de que este sistema de comunicaciones es demasiado formal y plenamente obsoleto.
- ¿Cómo se transmite el exhorto? Los exhortos se remiten directamente al destinatario por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción. Las partes pueden, en los juicios con intereses privados, pedir que se le entregue para gestionar personalmente la comunicación.
El exhorto se entrega a la parte para que lo presente al órgano exhortado en los siguientes 5 días. La ley expone que: el litigante que, sin causa justa, demore la presentación al exhortado o la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido confiada será corregido con multa de 30€ por cada día de retraso respecto del final del plazo establecido para que presente el exhorto ante el órgano exhortado (5 días) o para que devuelva el exhorto al órgano exhortante (10 días) - ¿Qué debe hacer el receptor del exhorto? La oficina judicial que recibe el exhorto debe disponer lo necesario para su cumplimiento y para que se practiquen las diligencias que en él se interesen dentro del plazo señalado.
Parece injustificable la obligación a las partes de servirse de un procurador para una simple comunicación.
- ¿Cómo se devuelve la comunicación? Cumplimentando el exhorto, se comunicará al exhortante su resultado por medio del sistema informático judicial o de cualquier otro sistema de comunicación que garantice la constancia de la recepción. Las actuaciones de auxilio practicadas se remitirán por correo certificado o se entregarán al litigante o al procurado al que se hubiere encomendado la gestión del exhorto, que las presentará al órgano exhortante dentro de los 10 días siguientes.
¿Cómo se establece comunicación con un tribunal extranjero? El tribunal nacional tiene muy pocas posibilidades de actuación directa fuera de las fronteras del país. Por esto no queda más remedio que acudir a la cooperación judicial internacional. Las comunicaciones internacionales se rigen por dos tipos de normas: - Hay que estar a lo que dispongan las normas comunitarias y los tratados internacionales.
- En defecto de tratado internacional, hay que recurrir a la legislación interna.
Los medios internos 40 La legislación interna regula, tanto la petición de auxilio judicial internacional por los tribunales españoles a tribunales extranjeros como la prestación de auxilio por los tribunales españoles a los órganos extranjeros.
- Las peticiones de cooperación internacional son elevadas por conducto del Presidente del TS, del TSJ o de la Audiencia al Ministerio de Justicia, el cual las hace llegar a las autoridades competentes del Estado requerido.
- La ley determina que, en defecto de tratado internacional en la materia, el auxilio internacional se presta según la regla de la reciprocidad (277 LOPJ).
Las quejas de los usuarios El desfase del sistema de comunicaciones En la regulación de las comunicaciones la ley se ha preocupado obsesivamente por varios datos: - Por prescribir formas solemnes para las comunicaciones, con miles de detalles sobre la forma de establecer la comunicación.
- Por una obsesión a ultranza por el registro, la documentación y la constancia que la comunicación se ha realizado en la forma prevista por la ley, guardándose de conservar el recibo para responder a las reclamaciones de los usuarios.
- Aceptando en consecuencia que la comunicación ha llegado a conocimiento del destinatario, sea o no cierto esto ultimo. A esta toma de posición se la denomina principio de recepción y ha servido para tranquilizar la conciencia de los operadores en cuando l trabajo a reglamento.
La gestión de las reclamaciones La obsolescencia del sistema genera un elevado numero de quejas de los usuarios. La filosofía del sistema de comunicaciones debe cambiar radicalmente de signo. En el actual estado de la técnica, hay que invertir los criterios de funcionamiento: - Habrá que preocuparse mucho más de que las comunicaciones sean efectivas, es decir, que lleguen a conocimiento de su destinatario y no solo a que se guarden las formas. La comprobación del éxito se puede registrar mucho antes para prevenir reclamaciones infundadas a posteriori.
- Es hora de preocuparse menos por los eventuales problemas de fiabilidad de las comunicaciones, cosa que cada medio va mejorando por si mismo día a día, y sí mucho más por la agilidad de las mismas.
- También es el momento de actuar más, esto es, comunicar o tratar de comunicar por todos los medios disponibles y preocuparse menos por documentar las actividades de establecimiento de comunicaciones.
10. Los costes ¿Cuánto cuesta un litigio? Los diversos capítulos de coste - Existen costes de infraestructura del sistema, ya que se usan medios materiales y personales que hay que incorporar al presupuesto.
el usuario tiene gastos, ya que la mediatización de los sistemas de solución civilizada de litigios le imponen o le aconsejan el uso de una de ellos.
41 - Evidenciadas las dos anteriores surge la cuestión de su cobertura: quien los paga, como pagarlos, como financiarlos, con que medios se cuenta.
Diseñado el presupuesto de costes entra en juego la gestión de estos. Los cobros y los pagos, los plazos de ejecución y las actividades a que todo ello da lugar… La posibilidad de recuperar los costes o parte de ellos.
Los costes de la infraestructura - Medios materiales (locales, equipamiento, suministros, consumos y elementos habituales en una oficina de servicios) y recursos humanos En los medios alternativos de solución de litigios (ADR) se tienen que pagar honorarios al arbitro, al mediador y al conciliador.
Más allá de los tribunales y personal, existe una organización corporativa y unos instrumentos de gestión de todo el entramado, que también hay que computar como coste.
Costes comunes a las infraestructuras permanentes son los gastos de mantenimiento, las amortizaciones, as nueva inversiones no solo en medios materiales, sino también humanos, la formación y reciclaje del personal, etc.
Los costes del usuario El usuario tiene que gastar dinero: - Para recurrir a profesionales para su defensa (abogados, otros profesionales jurídicos, expertos en campos distintos que ofrecen colaboración…) En muchos casos se le puede exigir el pago de una entrada que de acceso al sistema.
La preparación del litigio: investigaciones de solvencia del oponente, la obtención de documentos formales de oficinas publicas, viajes y desplazamientos, gestiones de cobro extrajudiciales, traducciones de documentos, intérpretes… La cobertura de los costes Los presupuestos generales del Estado El usuario se encuentre el sistema disponible en todo momento y para cualquier necesidad, pero lo paga con sus impuestos.
Las tasas judiciales Comenzaron a primar las observaciones de que no todos utilizan la justicia y pareció razonable que el que tuviese necesidad de usar el sistema contribuyese también a sufragar su coste.
Depósitos para recurrir - Se exige un deposito previo para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme en el ámbito civil, contencioso-administrativo y social.
- En penal, el deposito se exige solo a la acusación popular.
- La cuantía cuando se recurren sentencias o autos definitivos es de 30€ si se trata de recurso de queja; 50€ si se trata de recursos de apelación o rescisión de sentencias en rebeldía; 50€ si se interpone recurso extraordinario de infracción procesal, casación o revisión.
La asistencia jurídica gratuita - La asistencia de abogado a detenidos y presos es obligatoria.
- La asistencia jurídica gratuita a los que carecen de recursos para sufragar los gastos del litigio.
42 ¿Son siempre a cargo del usuario los costes del ADR? En muchos casos, el usuario asume desde el principio que él corre con todoslos gastos, independientemente de si puede recuperarlos o no. Tal es, por ejemplo, regla general en el arbitraje comercial, pero la regla no es absoluta. El instrumento típico para la cobertura de costes es la provisión de fondos. La mayoría suelen exigir el adelanto total o parcial de los costes a financiar por el usuario anticipadamente.
11. Las garantías ¿Dónde se encuentran formuladas las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son esos valores mínimos que se han de cumplir un sistema de solución de litigios por ser aceptado como a tal en nuestro modelo de organización de convivencia. Estas garantías se encuentran casi todas ellas en el artículo 24 de la Constitución. Las garantías constitucionales tienen que ser respectadas tanto por la vía judicial como por la extrajudicial.
Tratados Internacionales a destacar (art. 10.2 de la CE) - Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (Nueva York, 1966). Países americanos.
- Convenio para la protección de Derechos Humanos y Libertades fundamentales (Roma, 1950).
Países de la UE Es habitual que los tribunales españoles usen jurisprudencia del Convenio de Roma.
Garantías constitucionales de las p artes Igualdad de las partes Art. 14 de la CE. Nos dice que todos somos iguales delante la ley sin que pueda haber discriminación por nacimiento, sexo, religión, opinión, o cualquier otro aspecto. Las dos partes tienen que gozar de las mismas expectativas y cargas. Esto no es incompatible con que en algún momento del proceso alguna de las partes se trate de distinto modo: des/ ventaja situaciones desiguales. El orden jurisdiccional no se puede poner al lado del más débil. También hay una igualdad en la aplicación de la ley. Si hay algún cambio en la jurisprudencia y está bien motivado, no pasa nada (en el sentido de aplicar la ley).
Audiencia y contradicción Significa que en la relación de las actuaciones procesales que se tiene que llevar a cabo una parte, la otra parte pueda contradecirlas. Esta garantía se nos explica con la expresión: “nemo inauditus damnari potest”, es decir, que nadie que no ha sido escuchado puede ser condenado. Esta garantía también nos recuerda la importancia de la primera comunicación, es decir la primera notificación al demandado de la existencia del proceso. Si esta primera comunicación no se llevara a cabo correctamente se podría llegara invalidar el proceso. En los procesos penales habrá dos fases: - Fase de instrucción: se comprueba que haya suficientes indicios que se haya cometido un delito.
- Fase del juicio: se examina el caso y se condena.
La garantía de audiencia y contradicción también asegura la presencia jurídica no física. La parte es libre de actuar o no. Esto no impedirá la continuidad del proceso. Si no se persona se declarará en rebeldía. En los casos penales es obligatorio la presencia física del acusado.
Siempre y cuando se escucha a alguna de las partes es mejor realizar la audiencia en el momento posterior de realizar el acto. Se toman mesuras cautelares que permiten asegurar la eficacia de una futura 43 resolución. En caso que sea dineraria se embargan los bienes y luego según la resolución se devuelven los bienes o se embargan definitivamente. Las mesuras cautelares vinculadas a esta garantía quiere decir que la parte embargada puede decir también el que quiera para defenderse. Pero se ha de tener en cuenta el momento en que se hace la audiencia porque si esta se produce antes de haber embargado los bienes puede ser que posteriormente no se pueda cumplir la resolución. Si los bienes se embarcan antes de la audiencia pero después se demuestra que el acusado es inocente se devuelven los bienes.
Derecho de defensa Es un comodín de las garantías de las partes porque es genérica. Lo ligan con el derecho de defensa por la corriente negativa (indefensión) y la corriente positiva. La indefensión es el impedimento en el derecho de defender o alegar aquellos derechos que consideremos propios. Des de un punto de vista positivo el derecho de defensa hay múltiples actuaciones como: - No declararse culpable - No declarar - Interprete - Derecho de prueba: siempre y cuando sean pruebas lícitas y pertinentes. Una prueba es lícita cuando se obtiene sin vulnerar algún derecho fundamental. Una prueba es pertinente si tiene relación con el caso.
- Derecho de asistencia letrada: da derecho a gozar de un abogado siempre que lo desee. Pero no te da el derecho de prescindir de él en aquellos casos que el abogado es necesario.
Garantía de presunción de inocencia La garantía de presunción de inocencia siempre se vincula con el ámbito penal y más concretamente en la fase de prueba. La presunción de inocencia no tiene que hacer nada para demostrar lo contrario.
Para acusar a una persona sin vulnerar esta garantía se ha de tener una mínima actividad probatoria. Si no se cumple esto se puede denunciar al Tribunal Constitucional, pero este solo puede valorar si se ha vulnerado o no la garantía, pero no puede valorar la prueba.
Solo tendrá valor de prueba esa actividad que la ley considere que tiene valor de prueba. Prueba juicio/ no instrucción. La carga de la prueba, es decir, quien tiene que demostrar que el acusado es culpable, la tiene la parte acusadora. En caso de duda, siempre se ha de decantar a favor del acusado y nombrarlo inocente (In dubio pro reo). Todo y que se relaciona con los casos penales, esta garantía se puede aplicar en todos los campos donde haya sanciones como por ejemplo en el campo administrativo.
Garantías de la actividad jurisdiccional El juicio predeterminado por la ley - Imparcialidad - Juez ordinario: se encarga de resolver todo tipo de asuntos que no está creado por un asunto concreto - Predeterminado por ley: la predeterminación por ley significa que ha de ser aquel juzgado o tribunal que en el momento de conocer el asunto ya estaba predeterminado por ley que venía aquel tribunal.
- Normas de jurisdicción - Competencia objetiva: materia/ cuantía - Competencia territorial - Normas de repartición  causas de abstención/ recusación - Abstención: el juez deja el caso por que hay dudas de su imparcialidad. Lo hace voluntariamente - Recusación: deja el caso a petición de otros  Constitución/ inmediación: presencia física en algunas actuaciones del juez 44 El derecho a obtener una resolución fomentada en el derecho - Fondo del asunto: resolver el problema que se le ha planteado. Respuestas formales: o Insubsanables: que nos impida llegar al fondo del asunto. Por ejemplo si se presenta un caso concreto en una jurisdicción equivocada, ésta nos dará una respuesta formal pero no llega al fondo del asunto.
o Subsanable pero no reparado: que se pueda llegar al fondo del asunto pero sea imposible por tiempo. Por ejemplo si presentamos un caso en la jurisdicción correcta pero esta demanda no va debidamente firmada por el abogado. Esto sí que es un defecto subsanable y lo que se hace, es que se concede un tiempo adicional. En el caso que lo subsane el caso continua hacia delante, pero si la parte no subsana se le dará una respuesta formal diciéndole que no acepta la demanda por que no se ha reparado.
- Motivación de las resoluciones: estará bien motivada cuando queden claras las causas que han llevado a decantarse hacia un lado u otro lado.
- Congruencia: significa que tiene que haber una relación entre aquello que han demandado las partes i aquello que resuelve el juez. Ha 3 tipos de incongruencia: o Exceso: cuando el tribunal acaba dando más que lo que ha pedido as partes o Defecto: cuando el tribunal acaba dando menos de lo que han pedido las partes o Omisión: no da ninguna respuesta a las peticiones de as partes - “Reformatio in peius”: impide que una parte condenada en un tribunal, en una instancia superior reforme la resolución a peor.
- “Jura novit curia!”: el tribunal conoce el derecho. El derecho en relación a las demandas efectuadas. El tribunal es libre de aplicar el derecho, i no está obligado a aplicar el derecho que las partes utilicen para fomentar sus demandas.
Garantías del juicio El juicio con todas las garantías Es un juicio en el cual se tienen que respetar todas las leyes procesales. No cualquier vulneración de una ley procesal nos permite denunciar la vulneración de esta garantía. Si una vulneración de cualquier norma procesal no lleva consigo otra vulneración de garantía procesal la denuncia no tendrá éxito.
Principio de legalidad (art. 25 de la CE) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no eran constitutivas de delito, falta, etc. En la legislación vigente. Para que puedas ser condenado aquella acción tiene que estar constituida como delito en el momento que se realiza la acción. En todos los ámbitos jurisdiccionales hace referencia a la necesidad de un procedimiento para poder hablar de crimen o pena (“nullum crimen, nulla poena sine iudico”).
La acusación Se explica en contraposición a lo que eran los sistemas impositivos. Hasta antes de la entrada en vigor de la constitución tenemos procedimientos inquisitivos. Estos se caracterizaban porque la persona era investigada sin que ella lo supiera, sería acusado sin saberlo, etc. Secretismo, irregularidades poca colaboración del acusado. Esta garantía se da porque tenemos derecho a ser informados de un procedimiento desde el inicio. Esta garantía tiene que estar presente durante todo el procedimiento.
La tutela efectiva Derecho a libre acceso a la justicia. Esta justicia tiene que tener un funcionamiento normal. Recursos legalmente previstos. Te da derecho a: - Esta garantía te da derecho al recurso establecido en la ley sin que éste puede in admitirse por cuestiones formales.
- Que tenga una duración razonable.
45 Dilaciones indebidas: se prohíbe la situación anterior en el art. 24.2.
para saber si ha habido dilaciones indebidas se han importado unos criterios de razonabilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para saber si una dilación es indebida o no, tendremos en cuenta: o La duración de un litigo parecido o Los medios disponibles o La complejidad del asunto o La actuación de las partes i los órganos jurisdiccionales.
También implica que el procedimiento tenga un coste razonable. Hay diferentes parámetros que podemos tener en cuenta; éstos son: - La asistencia jurídica gratuita - Los costes de un juicio: que la parte pierde el juicio pague el coste que le ha supuesto a la otra parte.
Derecho a la ejecución de la resolución en sus propios términos. Si la persona que tiene que recibir la ejecución de la sentencia no la quiere cumplir voluntariamente, tienes el derecho a que se le ejecute de forma forzosa.
Si eso no se cumple podemos denunciar la vulneración de esta garantía. Además la sentencia se tiene que ejecutar tal y como prevé la resolución, no se puede utilizar mecanismos de sustitución.
- La publicidad del juicio Por regla general se han previsto los juicios públicos. El objetivo es que la ciudadanía pueda ver como se administra justicia. También se considera bueno por parte de las personas enjuiciadas porque si es público los tribunales no tenderán a hacer resoluciones irregulares.
Para la protección de los derechos fundamentales en algunos casos se pueden reducir la publicidad del juicio. A banda también de la particularidad del secreto de sumario dentro de un límite de un mes en casos penales (fase inicial) para que la información no perjudique al caso.
Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídica - TEMA 7 El Sistema procesal español - Francisco Ramos Méndez (2016) Resumen
Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídica - TEMA 8 El Sistema procesal español - Francisco Ramos Méndez (2016) Resumen
Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídica - TEMA 4 El Sistema procesal español - Francisco Ramos Méndez (2016) Resumen

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 artículo 34
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 artículo 120
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 artículo 24
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In dubio
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