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Timestamp: 2019-10-14 19:25:33+00:00

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﻿ Sentencia T-736 de octubre 17 de 2013
SENTENCIA T-736 DE 17 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:AMPARO A DERECHOS FUNDAMENTALES CONCULCADOS A RAÍZ DE LA NEGATIVA DE UN DERECHO REAL DE SERVIDUMBRE. EN EL CASO DE QUE LA NEGATIVA AL USO DE UNA SERVIDUMBRE LEGALMENTE CONSTITUIDA, GENERE PARA QUIEN SE SIRVE DE ESE PREDIO SIRVIENTE LA CONCULCACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, Y UN PERJUICIO IRREMEDIABLE DADAS SUS CARACTERÍSTICAS DE SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE TUTELA DEBERÁ PROCEDER A EL AMPARO ESTOS DERECHOS EVIDENTEMENTE VULNERADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SERVIDUMBRE, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES, PROTECCIÓN A LA TERCERA EDAD, PREDIO SIRVIENTE, PERJUICIO IRREMEDIABLE, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Sentencia T-736 de octubre 17 de 2013
Ref.: Expediente T- 3.938.570
2. El predio se encuentra enclavado, sin acceso directo a la vía pública, pues la vía principal se encuentra a más de 500 metros, siendo el único medio de circulación la servidumbre de tránsito constituida por el señor Pastor Tique (q.e.p.d.), padre del aquí accionado, hace más de 50 años, según manifestación el accionante.
5. Indicó el peticionario “cuando he estado enfermo no he podido acceder a los servicios de salud ya que el accionado impide que cualquier carro entre a sacarme para ir al hospital, tengo que caminar pese a la enfermedad que padezca y cuando es grave, nos toca salir pidiendo permiso por otros predios, por caminos muy difíciles y duros” además señaló, “los vecinos que me daban permiso ya no lo hacen y perdido trabajo, ya nadie quiere darme a cuidar ganadito, ni comprarme ni venderme porque no tengo por donde pasar el ganado, la leche ya no me la compran los del camión de la leche porque no pueden entrar a recogerla y yo no tengo la fuerza ni la ayuda suficiente para sacar hasta el broche donde el accionado cerro el paso, los timbos de leche”.
• Cédula de ciudadanía del señor Alirio Tique Portilla(1)
• Copia de la Resolución 2 del tres (3) de febrero de dos mil doce (2012), por medio de la cual, se resuelve la Querella interpuesta por los señores Alirio Tique Portilla, Edgar Tique Sánchez y la señora Desideria Sánchez Botache(2).
• Recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los querellantes, contra el acto administrativo Resolución 2 del tres (3) de febrero de dos mil doce (2012)(3).
• Auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), por medio del cual se decreta la nulidad de todo lo actuado en el proceso policivo por perturbación de servidumbre de tránsito(4).
• Copia del informe rendido por los peritos dentro del proceso policivo por perturbación a servidumbre de tránsito vehicular(5) (fls. 30 a 40).
Así mismo, mediante oficio 0222 del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013)(6), se ordenó vincular al señor Edgar Tique Sánchez, Trinidad Tique Prieto y María Nancy Tique Prieto.
El veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013)(7), se dispuso vincular al señor Germán Alfonso García santos, en calidad de litisconsorcio necesario, conforme a los artículos 51 y 83 del Código de procedimiento Civil, modificado este último por el artículo 1º, mod. 35, del Decreto 2282 de 1989, por lo tanto se accede a la recepción del testimonio una vez se haga presente al despacho.
1. Dirección administrativa de justicia y seguridad ciudadana del municipio de Prado.
El diecinueve (19) de febrero de dos mil trece (2013) la directora administrativa de justicia y seguridad ciudadana del municipio de Prado, se pronunció respecto de los hechos en que se funda la acción de tutela en los siguientes términos:
“Actualmente se tramita un proceso civil de perturbación a la servidumbre dentro del cual uno de los querellantes es el señor Alirio Tique Portilla; en el mismo obra prueba pericial sobre la servidumbre objeto de controversia y se profirió fallo de primera instancia de fecha del 3 de febrero de 2012 y dentro del cual posteriormente se profirió en segunda instancia auto del 31 de mayo de 2012, mediante el cual se decretó la nulidad de lo actuado, para que se vincule al proceso y se notifique en debida forma a las señoras Trinidad Prieto Tique y María Nancy Prieto Tique, dentro del trámite se notificó conforme a la ley a la señora Trinidad Tique Prieto, quien interpuso querella de reconvención, y se expidió por parte de esta dirección auto del 7 de septiembre de 2012, el cual fue notificado personalmente al señor Abdonais Vera, apoderado de la parte querellante, por otra parte se está surtiendo el trámite legal de notificación a la señora María Nancy Tique Prieto, la cual no se ha podido personalmente, para vincularla formalmente al trámite, conforme a lo dispuesto por la alcaldía municipal en segunda instancia. Agregó que la Dirección Administrativa de Justicia y Seguridad Ciudadana ha venido desarrollando los trámites correspondientes, aplicando los procedimientos policivos previstos en la Ordenanza 21 de 2003 y, en consecuencia no acceder a las pretensiones de la accionante”.
2. Ever Tique Prieto (accionado).
3. Alcalde del municipio de Prado (Tolima).
El dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013) el señor Néstor Augusto Trujillo Páez, en calidad de alcalde y representante legal del municipio de Prado (Tolima), se pronunció sobre los hechos en que se funda la acción de tutela manifestando que, el accionante inició proceso policivo por perturbación a la servidumbre de tránsito, del cual tuvo conocimiento este despacho en segunda instancia dentro del recurso de alzada que se interpusiera en contra de la decisión que selló la de primera, en el cual, se declaró la nulidad de lo actuado desde la misma notificación de dos sujetos procesales mediante providencia adiada el 31 de mayo de 2012, por considerar vulnerado el debido proceso de aquellos, ordenando integrarlos en debida forma.
4. Trinidad Prieto de Tique y María Nancy Tique Prieto.
El predio, el cual es motivo de la litis, no les da acceso directo hasta el predio del accionante pues una vez que se pase por el de nosotros se encontrarían con otro el cual también tendrán que pasar que no es de propiedad del accionante si no del señor Germán Alfonso García Santos, y el que tampoco está dispuesto que los o el interesado adquiera un derecho el cual nunca ha tenido y que por lo tanto no le corresponde”.
Finalmente indicaron “No es el juez de tutela el que debe entrar a dirimir el conflicto entre las partes por existir otros mecanismos de defensa judicial, como ocurre en el caso sub examen”.
5. Germán Alfonso García Santos.
“Pues lo que me consta, es que en el año 2000, entre a administrar la secesión de mi papá en la cual yo entraba en un carrito que tenía en ese tiempo existía Don Pastor Tique, propietario de la finca que colinda, él por varias ocasiones me llamó la atención porque yo tenía que cruzar por predios de él para llegar a mi finca, pidiéndome el favor que no entrara cuando lloviera porque le causaba daños en el pasto. fue así como yo no volví a entrar porque él me lo pedía a pesar de ser el dueño del predio colindante con el de él, sin embargo entraban carros de servicio público por ese lugar, eso es hace 10 o 12 años, y había dificultades porque hubo un tiempo que llovió hace años y los carros entraban y dañaban el pasto porque patinaban y dañaban el pasto tanto por donde Don Pastor pasaba el carro y por el predio mío, ya que no existía ninguna banca de asfalto, porque eso es un potrero. Don pastor pedía reiteradamente a los colindantes de por ahí que no pasaran cuando llovía porque lo está afirmando es hasta la puerta del potrero de él. Pasaban por la finca de él y por la mía sin ningún permiso, pues ninguno de ellos ha pagado ningún derecho de tránsito por parar por ahí por predios que son privados. Sin embargo los que me han pedido el favor como don Edgar Tique que iba a hacer una construcción en la casa él, en concreto, ya que la casa era de bahareque, pasando por otros predios aledaños al mío, le concedí el permiso para que entrara los materiales necesarios para la construcción, pero eso fue un permiso temporal mientras entraba los materiales. Lo otro es que cuando haiga (sic) una urgencia, sacar un enfermo o un animal, pues que pidan el favor uno los dejador porque es una urgencia, así fue como el finado Pastor les dio permiso. Ahora se han presentado dificultades porque ellos demandaron, Don Edgar, don Alirio, no me acuerdo quien más de allá, entonces ahora quedaron fue incomunicados porque Ever echó candado donde termina el afirmado y entonces no pueden pasar sin que les abran porque eso tiene candado y las cercas de colindancia son de Ever, no son mías. Lo otro es que por ahí ha sido una servidumbre de camino que va hacia el cerro llamado El Valle, para otros predios por donde llevan el ganado y sacan madera y ha sido toda la vida esa servidumbre por ahí”.
De las declaraciones y escritos recibidos, se tiene por ser el único camino de acceso a los predios colindantes al predio propiedad del accionado, no pueden ser obstruidos por particulares, pues se está viendo gravemente afectado el derecho a la libre circulación de los accionantes, dado que ellos derivan su sustento del uso de dicho predio, para la venta de los productos de los que producen sus predios”.
“Hay que tener en cuenta que mi poderdante es una persona particular por lo tanto no hace parte de ninguna organización privada ni pública por lo que en primer efecto la tutela tornaría hacer improcedente, pues no está violando ningún derecho fundamental alegado por el accionante como es el mínimo vital, la vida y la libre circulación.
La presente acción de tutela no puede triunfar, toda vez que la demanda como ya se manifestó en párrafo anterior fue instaurada ante la Inspección de Policía de la Municipalidad el 17 de junio de 2011, proceso que actualmente cursa en este despacho pendiente de proferir fallo, esto es, más de veinte (20) meses después de acaecida la supuesta vulneración de los derechos fundamentales reclamados, cuestión que permite evidenciar el incumplimiento del requisito de inmediatez de la acción de tutea, pues aunque las normas legales que rigen el mecanismo tutelar no fijan un puntual lapso para su interposición, de acuerdo con los principios y criterios orientadores del mecanismo-urgencia, celeridad y eficacia, lo consecuente es que se actúe tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.
Es de anotar que en el transcurrir de ese tiempo el señor Tique Portilla, ha podido subsistir sin ningún tipo de perjuicio ya que para su supervivencia en un período de tiempo de veinte (20) meses sus alimentos los ha adquirido y han sido llevados hasta su casa sin ningún inconveniente o limitación.
De tal manera es preciso darle a conocer que el predio el cual es motivo de la litis no les da el acceso directo hasta el predio del accionante pues una vez que se pase por el del accionado se encontrarían con otro el cual también tendrían que pasar que no es de propiedad del accionante si no del señor Germán Alfonso García Santos, y el que tampoco está dispuesto esta dispuesto que el interesado adquiera un derecho el cual nunca ha tenido y que por lo tanto no le corresponde; a que pasen por su predio por cuanto le generaría un detrimento en su patrimonio, por lo que tendrían que hincar nuevamente un proceso ya en contra de mi poderdante si no en contra de este aludido señor, en caso de su señoría confirme la decisión de primera instancia, así dada las cosas, mal podría reconocer unos derechos que no le corresponde y que no finalizaría el conflicto Judicial que hoy nos aqueja”.
“El solicitante alega que es una persona de la tercera edad, enfermo, que se le está vulnerando el derecho a la salud, mínimo vital, derecho a la circulación y derecho al trabajo; derechos que considera este despacho no demostró el accionante que efectivamente se le estén conculcando con el cerramiento de un broche, por el contrario lo que se debate es la presunta perturbación de un derecho real de servidumbre, cuya titularidad esta igualmente en discusión por el propietario del predio dominante, y no es el mecanismo de tutela la vía expedita para lograr que cese el agravio o hechos perturbatorios de servidumbre, menos aun cuando el derecho está entre dicho”.
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del seis (6) de septiembre de dos mil trece (2013), con el fin de contar con los elementos adicionales de juicio que le permitan conocer cuáles son las vías de acceso con las cuales cuenta el señor Alirio Tique Portilla para llegar a su predio, así como el estado de las mismas (ancho, superficie, deterioros), y la distancia que se debe recorrer desde la vía pública hasta el predio del accionante, decretó la siguiente prueba:
Desde el carreteable que de Prado conduce a Natagaima, a una distancia aproximada de 4 km, en sentido, Natagaima, se encuentra una vía al cual accede por una puerta en hierro que sirve de comunicación a los residentes de la vereda Barbacoas de esta comprensión municipal, en ese carreteable hasta llegar a la casa del accionante Alirio Tique Portilla, existen varias puertas en hierro y madera y algunos broches. Este carreteable tiene una distancia aproximada de 2 km, 200 metros hasta llegar a un broche el cual tiene candado.
La vía que pasa por el predio del señor Ricaurte Tique, es de paso provisional que se realizó como consecuencia de la obstrucción que se colocó en el broche de acceso a la residencia del accionado, el cual presenta una curvatura y se trata de un camino de trocha peatonal, por la cual, se debe cancelar una suma de dinero al señor Ricaurte en caso de acceder con carga en vehículo. Recorrido, que se aumenta más o menos en una distancia de 200 metros más que la del señor Ever tique Prieto, equivalente a 2 kilómetros con 900 metros.
Respecto a la servidumbre de la Vía Florida que pasa cerca de la casa o residencia de la familia Ospina, esta es carreteable hasta una distancia de 200 metros y luego de ahí peatonal, lo que indica que por este camino el accionante no puede llegar a su casa mediante transporte vehicular; es decir, que el recorrido puede ser más o menos 3 kilómetros aproximadamente, recorrido que se puede hacer aproximadamente de 40 a 45 minutos.
Resalta el informe que “según lo indicado por las personas que atendieron la diligencia cuando llegan del mercado con la remesa, les toca cargarlo en sus hombros, desde el broche donde está el obstáculo hasta cada una de las residencias de las personas que habitan el sector. De igual forma, el señor Maximiliano Sánchez Botache es una persona de la tercera edad que se encuentra incapacitado para caminar y debe ser llevado hasta el broche en una carretilla utilizadas en construcción o en una hamaca. Al igual que la señora Desideria Sánchez Botache, hermana del antes citado que por ser persona de la tercera edad le toca caminar las vías antes señaladas para poder llegar a su casa”.
2. En esta oportunidad, la Corte conoce el caso del señor Alirio Tique Portilla, a quien se le ha prohibido el uso de la servidumbre de tránsito, constituida hace más de 50 años por el padre del señor Ever Tique Prieto hoy dueño del predio y accionado, por el cual pasa la servidumbre de tránsito. Decisión que ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y al mínimo vital, pues se ha visto en la obligación de cargar la remeza (mercado) que realiza cada ocho (8) días, ya nadie quiere darle a cuidar el ganado, ni comprarle ni venderle porque no tienen por donde pasar el ganado, la leche ya no se la compran porque no pueden entrar a recogerla y no tiene la fuerza suficiente para sacarla hasta el broche.
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, como un mecanismo sumario y preferente, que busca proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Sin embargo, el parágrafo 5º de la disposición citada, establece la procedencia de esta acción contra particulares cuando: i) estos se encuentran encargados de la prestación de un servicio público, ii) cuando la conducta del particular afecte grave y directamente el interés colectivo; o i) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
En Desarrolló del artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 42, estableció en qué casos procede la acción de tutela contra particulares, entre los cuales encontramos en su numeral 9º la procedencia de la tutela cuando el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción.
“9. <Aparte tachado inexequible> Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
Al respecto, la Corte constitucional en Sentencia T-277 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, indicó:
“El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la jurisprudencia, este puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular. iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. iv) El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro” (subrayado y negrilla fuera de texto).
Así mismo, en Sentencia T-495 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se estableció:
“(...) concluye la Sala la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando se presenten situaciones de indefensión y recuerda que, para determinar si un ciudadano se encuentra en esta condición, el juez debe valorar “las circunstancias de hecho presentes en el proceso que permitan inferir una desventaja ilegítima que vulnera los derechos fundamentales” y “calcular el grado de sumisión y la suficiencia y efectividad que le brindarían otros medios de defensa judicial”(8).
La acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Reiteración de jurisprudencia
El legislador ha establecido que la acción de tutela no procede cuando el interesado, cuenta con otros medios judiciales, salvo que la interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando aquel medio no resulta eficaz ni idóneo. Caso en el cual, el juez de tutela entrara a estudiar y determinar los factores del caso en concreto, como lo son: i) la edad para ser considerado sujeto especial de protección;(ii) la condición física, económica o mental; (iii) el grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iv) la existencia previa del derecho y la acreditación por parte del interesado de la presunta afectación; y (v) el despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a obtener la protección de sus derechos(9), para decretar o no su procedibilidad.
Lo anterior, teniendo en cuenta el carácter subsidiario de la acción tutela, tal como lo expresado la Corte en reiteradas jurisprudencias “la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, a ellos se debe acudir preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional a los derechos fundamentales de los individuos. De allí que, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales por esta vía, debió agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador(10).
Es así, como el Decreto 2195 de 1999 establece en su artículo 8º, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, para evitar un perjuicio irremediable(11). Entendido este último como aquella afectación inminente, urgente y grave.
Al respecto esta corporación en Sentencia T-742 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señalo como características del perjuicio irremediable:
“A) El perjuicio ha de ser inminente: “que amenaza o está por suceder prontamente”. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética (...). Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.
D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (...). Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio (resaltado fuera del texto)”.
Tratándose de sujetos de especial protección, esta corporación ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del reconocimiento que el constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos históricamente(12).
Así la Constitución Política en su artículo 13 establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados(13).
De acuerdo con la situación fáctica reseñada, encuentra esta Sala que la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede contra particulares en los casos establecidos en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, señalando como una de las causales de procedencia el estado de indefensión del solicitante respecto del particular contra el cual se interpuso la acción(14).
Respecto al estado de indefensión, esta corporación ha indicado en Sentencia T-1040 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto que:
“(...) una persona se encuentra en estado de indefensión cuando, ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la persona”.
Así mismo, en Sentencia T-341 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se indicó:
(...) la Corte sin el ánimo de ser exhaustiva, ha establecido algunos supuestos en los que existe estado de indefensión, como por ejemplo, (i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos, que permitan conjurar la vulneración iusfundamental por parte de un particular; (ii) personas que se hallan en situación de marginación social y económica, (iii) personas de la tercera edad, (iv) discapacitados (v) menores de edad”.
Es de recordar, que la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha indicado que cuando un bien no puede explotarse adecuadamente, por inconvenientes naturales del predio, como la falta de comunicación con la vía pública, el Estado debe intervenir para exigir la eficacia de la función social de la propiedad; al respecto, en Sentencia C-544 de 2007 se señaló: “la exigencia legal relativa a que la servidumbre de tránsito solo puede imponerse cuando el predio dominante se encuentra totalmente incomunicado con la vía pública, sin que pueda considerarse la idoneidad, grado de dificultad o costo de la vía existente, desconoce la función social de la propiedad no solo desde el punto de vista subjetivo del titular del predio sirviente que no puede ejercer plenamente su derecho, sino del interés social o colectivo que implica la adecuada y correcta explotación de la tierra”(15).
La anterior manifestación fue confirmada en la declaración del señor Germán Alfonso García Santos(16) al expresar “pues la afección la ha tenido por no poder entrar los fines de semana que es que va el carro para allá y llevan el mercado, la sal para el ganado y les toca echársela al hombro desde donde termina la carretera embalsamada hasta la casa de él que son unos 500 metros” (sic).
Por su parte la señora Desideria Sánchez Botache manifestó “sin las fuerzas, sin la salud y sin las condiciones físicas para poder cargar nuestra comida, hacer trayectos tan largos a pie, llevar el gano a pie como vaqueros que no podemos ser, entrar herramienta, sales, insumos, abonos etc. En nuestras espaldas y teniendo en cuenta que somos pobres y vivimos de lo poco que la finca nos da no contamos con recursos económicos para pagar empleados que nos hagas esos menesteres, obligándonos ejercerlo nosotros mismos (...)” (sic).
Es de resaltar, que en el informe pericial se indicó: “el carreteable que pasa por el predio del señor Ever Tique Prieto se encuentra con material de arrastre hasta antes de llegar al broche del obstáculo reseñado, de ahí en adelante en este momento solo existe los vestigios que existió una servidumbre de tránsito vehicular y es la apropiada para acceder a las tres viviendas que se reseñaron en precedencia (Desideria Sánchez Botache, Luz Tavera y Alirio Tique Portilla)”(17) (resaltado fuera de texto).
De lo anterior, arguye la Sala, que al no contar el accionante ni los vecinos perjudicados con un camino alterno al del señor Ever Tique Prieto, que tenga las condiciones adecuadas y apropiadas para transitar de manera vehicular hasta sus predios, teniendo que realizar acciones que afectan su dignidad humana, obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad; así lo manifestó esta corporación en una caso con situaciones fácticas iguales al caso en estudio, señalando en ese momento que “la actuación en que incurrió Elver García al cerrar el camino, obligando a los petentes a arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus cansadas espaldas pueden soportar, sobrepasa el ámbito del derecho real de servidumbre y deviene en una violación del derecho fundamental a la dignidad humana, en un desconocimiento del deber de solidaridad exigible a todo individuo en un Estado social de derecho, y obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad”(18).
1. REVOCAR el fallo proferido el nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), que revocó a su vez el follo proferido el veintiséis (26) de febrero de dos mil trece (2013) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Prado, Tolima, al señalar que no había lugar a tutelar los derechos fundamentales solicitados por el señor Alirio Tique Portilla.
2. ORDENAR al señor Ever Tique Prieto, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, retire cualquier obstáculo que impida el libre tránsito del accionante y de los vecinos, por el camino que ellos acostumbran usar, que cruza por sus predios.
3. ADVERTIR al señor Alirio Tique Portilla, que los efectos de esta sentencia se mantendrán mientras las autoridades judiciales competentes deciden en forma definitiva sobre su solicitud.
(2) Folio 6 al 10 del cuaderno original.
(3) Folio 4 y 5 del cuaderno original.
(4) Folio 46 al 50 del cuaderno original.
(5) Folio 30 a 40 del cuaderno original.
(6) Folio 78,79 y 80 del cuaderno original.
(7) Folio 117, cuaderno original.
(8) Sentencia T-769 de 25 de julio 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(9) Sentencia T-1249 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(10) Sentencia T- 417 del 25 de mayo de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia.
(11) “ART. 8º—La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
(12) Sentencia T-282 de 2008, M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.
(13) Sentencia T-495 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(14) Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991: “9. <Aparte tachado inexequible> Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
(15) Ver Sentencia T-431 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, Sentencia C-006 de 2002, M.P. Gilberto Pedraza Velásquez, Sentencia C-133 de 2009, Jaime Araújo Rentería.
(16) Folio 118 del cuaderno original.
(17) Folio 38 del cuaderno constitucional.
(18) Sentencia T-036 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 86
 artículo 42
 Artículo 42