Source: https://es.scribd.com/doc/54180841/43/III-EL-AUTO-DE-APERTURA-DEL-JUICIO-ORAL
Timestamp: 2016-05-03 02:02:47+00:00

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Una vez concluida la audiencia de preparación del juicio oral,
si no se ha dado lugar a alguna de las excepciones de previo y
especial pronunciamiento que ponen término al proceso en forma
inmediata, entonces, el juez de garantía como resultado de la mis-
ma, pero más que de ello, como resultado de las actividades de
investigación que han llevado a cabo las partes, dicta una resolu-
ción en virtud de la cual determina en gran medida lo que será el
juicio oral, denominada "auto de apertura del juicio oral".
En efecto, se trata de una resolución esencial, de cuya adecua-
da adopción dependerá el éxito del propio juicio oral.
Es por eso que el contenido de esta resolución se encuentra
establecido con detalle en el propio CPP, exigiéndose al juez de
garantía que precise: a) el tribunal competente para conocer del
juicio oral; b) la o las acusaciones que deberán ser objeto del
juicio; c) la o las demandas civiles; d) las pruebas que deberán
rendirse en el juicio oral, y e) la individualización de las personas
que deberían ser citadas al juicio oral (art. 277 CPP).
De esta enumeración se desprenden las principales cuestiones
que deben ser fijadas en esta resolución, que son: el objeto del pro-
ceso penal; y, las pruebas que deberán recibirse en el juicio oral.
1. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO ORAL
Se trata de establecer los hechos que deberán ser materia del
juicio oral, es decir, de aquellos que son enjuiciados y respecto de
los cuales se deberá pronunciar la sentencia definitiva, de absolu-
ción o condena, que, por otra parte, son los únicos sobre los que
podrá recaer la prueba, sin perjuicio de que existan algunas excep-
ciones al respecto.
En realidad, la determinación del objeto del proceso penal se
va produciendo a lo largo de todo su desarrollo, desde que se ini-
cia, ya que en ese momento se señalarán unos hechos que deberán
comenzar a ser investigados. Luego, deberían ser precisados toda-
vía más al momento en el que el Ministerio Público, debe proce-
der a la formalización de la investigación y que, generalmente,
deberían ser más precisos aún en los escritos de acusación por par-
te del fiscal respectivo y de acusación particular o de adhesión a la
acusación por el querellante particular.
No debe perderse de vista que el pronunciamiento que se pide
al tribunal que dictará la sentencia en el nuevo proceso penal versa
única y exclusivamente sobre los hechos, a pesar de que al acusa-
dor y al particular se les exige que señalen cuál es la calificación
jurídica que sus pareceres merecen tales hechos, es decir, el tipo
penal en el que deberían quedar subsumidos, lo que equivale a la
Sin embargo, el objeto del proceso penal, vale decir, la cues-
tión litigiosa que se somete al tribunal, en nuestro sistema, no que-
da constituido por tal calificación jurídica, ya que en ningún caso,
resulta vinculante para el tribunal oral en lo penal. O sea, éste lo
puede calificar de manera completamente distinta a lo que han pro-
puesto el fiscal y, eventualmente, el acusador particular, obviamente
con la limitación de no poder alterar esos hechos, ya que ello im-
portaría que el tribunal pudiera de oficio sin acusación previa, en-
juiciar a una persona.
Concretamente, el rol del juez de garantía en este sentido se
traduce en que debe establecer "¿a o las acusaciones que deberán
ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren
realizado en ellas" (art. 277 letra a) CPP), lo que equivale a decir
que deberá rechazar aquellas acusaciones que no cumplan con las
exigencias legales, tales como, por ejemplo, que se refiere o fun-
damente en hechos que no han sido objeto de la formalización de
la instrucción. Aunque, si el problema que presenta la acusación es
un mero vicio formal, entonces, deberá disponer que se realicen
las correcciones que correspondan.
En definitiva, de la lectura del auto de apertura debe quedar
claro cuál será el contenido del juicio oral, el que no podrá ser en
ningún caso sobrepasado por la sentencia definitiva que se pro-
nuncie como resultado del mismo (art. 341 CPP).
2. DETERMINACIÓN DE LAS PRUEBAS
QUE DEBERÁN RECIBIRSE EN EL JUICIO ORAL
Además de establecer el contenido del juicio oral, la audiencia
de preparación debe producir como resultado algo tanto o más
importante, cual es la determinación de las pruebas que deberán
recibirse en el mismo.
Para estos efectos, el juez debe depurar las pruebas que deta-
lladamente han debido ser ofrecidas por las partes, en sus respecti-
vos escritos o actos de acusación, demanda civil, adhesión a la
acusación y contestación de unas y otras.
Se trata de uno de los cometidos de mayor trascendencia entre
los varios que debe asumir el juez de garantía, para cuyo cumpli-
miento deberá tener muy claro cuáles serán los mecanismos de
funcionamiento del juicio oral, lo que obligará a mantener una
coordinación fluida entre una y otra categorí'a de tribunales, pues
de otra manera pueden producirse desencuentros que serán muy
difíciles de solucionar con posterioridad.
En este sentido, sus principales obligaciones serán las siguientes:
a) Establecer cuáles son los hechos que deberán probarse, para
lo que debe partir por fijar, de manera similar a como acontece en
materia civil, los hechos sustanciales y pertinentes controvertidos
Recordemos que el que se trate de "hechos", excluye de la cues-
tión controvertida la determinación del "derecho", que no corres-
ponde a las partes, ni, por ende, puede ser objeto de pruebas, sino
que forma parte de las funciones esenciales del juez.
Estos hechos deben ser "controvertidos", lo que significa que no
debe haber acuerdo sobre ellos entre las partes, acerca de si ocurrie-
ron o no y luego sobre la forma en que se desarrollaron. Por el con-
trario, aunque sea importante para la resolución del caso, si no existe
discrepancia entre los litigantes no debe recibirse prueba al respecto.
El que sean "sustanciales" y "pertinentes", quiere decir que
debe tratarse de hechos cuya determinación sea esencial para deci-
dir el litigio, lo que quiere decir que de la decisión sobre el mismo
y sus circunstancias, puede depender el contenido de la sentencia.
b) Las anteriores exigencias, llevan a que se ordene al juez de
garantía excluir todos aquellos medios de prueba ofrecidos por los
intervinientes, que sean "manifiestamente impertinentes", es de-
cir, que se dirijan a acreditar hechos o circunstancias que no tienen
importancia para la resolución final del juicio.
Nótese que el precepto sólo permite excluir prueba destinada a
probar hechos "manifiestamente" impertinentes, lo que equivale a
ordenar que si la falta de importancia para la decisión final no es
evidente, clara, si es dudosa, debe permitirse que se rinda, lo que
es preferible, ya que de lo contrario, será el tribunal oral el que
tendría que sufrir las consecuencias de una errada decisión de un
órgano jurisdiccional que no es el que debe adoptar la sentencia
definitiva, de absolución o condena.
c) En seguida, deberá también excluir los medios de prueba
que se dirijan a probar hechos que no requieren de prueba, porque
son "hechos públicos y notorios", es decir, son conocidos por to-
das las personas en una comunidad y en un momento determinado
y que, por ende, no podrían dejar de ser también conocidos por los
integrantes del tribunal penal oral.
El que sea "notorio" es una cuestión fáctica que, a su vez, po-
dría ser objeto de alegaciones y pruebas, las que deberían rendirse
en la misma audiencia de preparación del juicio oral. Y, nueva-
mente, si se producen dudas sobre esta característica, debería con-
siderase controvertido para no limitar apn'on al tribunal oral.
d) Todo lo anterior decía relación con la determinación de los
"hechos" que deberán ser objeto de prueba, pero hay una segunda
atribución del juez de garantía, que se refiere a la depuración de
los "medios de prueba" propuestos por las partes.
Aunque la regla general es que debe admitirlos todos, por ex-
cepción debe excluir los que puedan ser calificados como prueba
ilícita. Vale decir, deberá declarar inadmisible la prueba obtenida
con infracción de derechos fundamentales, así como también aque-
lla que provenga de actuaciones o diligencias declaradas nulas.
e) Además, deben excluirse también aquellas pruebas que hu-
bieren sido propuestas con fines "manifiestamente dilatorios", o
sea, que la única finalidad que persigue el litigante que la propone,
según se desprende de las circunstancias en que se solicita, sea la
de extender el juicio oral, de manera abusiva.
f) Por último, se permite que las partes pueden acordar "con-
venciones probatorias", que son aquellos acuerdos para excluir la
prueba de determinados hechos, dándolos por aceptados o para
obligar al juez a incluir otros que en principio no había considera-
do controvertidos. Estos acuerdos deberán ser admitidos por el juez
de garantía en la audiencia de preparación del juicio oral y
consignarse en el Auto de apertura del juicio oral.
El núcleo central del nuevo sistema de justicia penal es d jui-
cio oral, es decir, aquél en que el tribunal pronuncia su sentencia
de acuerdo al mérito de la prueba que ve y percibe por sus propios
sentidos y no por medio de actas o informes escritos de lo que han
presenciado otras personas, sean otros jueces o funcionarios del
Por esa razón, el juicio oral trae consigo automáticamente la
inmediación y la concentración, lo que quiere decir su desarrollo
en audiencias que tienen lugar en un corto espacio de tiempo, y
generalmente la publicidad, lo que significa que puede ser presen-
ciado por cualquier persona. Este es el modelo transparente y
participativo de producir las resoluciones judiciales que actualmente
reclama la sociedad y es, por ende, el que se trata de obtener a
través del juicio oral que se ha instaurado en Chile.
1. IMPORTANCIA DE LA ORALIDAD
En el nuevo Código Procesal Penal, el juicio oral y público se
reconoce como el primer derecho de toda persona que es objeto de
una imputación penal (art. 1° CPP), para que en él se dilucide su
responsabilidad, sin perjuicio de que por excepción se permite su
renuncia al juicio oral, aceptando salidas alternativas o procedi-
mientos especiales que pueden ser fallados conforme a anteceden-
tes escritos, como es el caso del procedimiento abreviado.
Lo importante es que si el imputado no renuncia a él, deberá
ser enjuiciado en forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones
y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acu-
sado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda interven-
ción de quienes participaren en el juicio (art. 291 inc. 1 CPP). Por
esa razón, el tribunal no puede admitir la presentación de argu-
mentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia del jui-
cio oral (art. 291 inc. 2 CPP).
En cuanto al tribunal, también se dispone que sus resoluciones
sean dictadas y fundamentadas verbalmente y se entenderán noti-
ficadas desde el momento de su pronunciamiento, de lo que debe-
rá dejarse constancia en el registro del juicio (art. 291 inc. 1 CPP).
Además, debe recordarse el principio básico del sistema, confor-
me al cual el tribunal formará su convicción sobre la base de la
prueba producida durante el juicio oral (art. 340 inc. 2 CPP).
La oralidad del juicio es la que exige que los incidentes promo-
vidos en el transcurso de la audiencia, sean resueltos inmediata-
mente por el tribunal (art. 290 CPP).
2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL JUICIO ORAL
2.1. Continuidad del juicio oral.
Uno de los principios básicos del juicio oral es su continuidad,
es decir, la audiencia del juicio oral se deberá desarrollar en forma
continua, sin interrupciones, aunque si se prolonga por más de un
día, deberá proseguir en sesiones sucesivas, hasta su conclusión
(art. 282 CPP).
En consecuencia, la audiencia sólo podrá suspenderse hasta
por dos veces por razones de absoluta necesidad, por el tiempo
necesario de acuerdo al motivo de la suspensión (art. 283 inc. 1
CPP), debiendo comunicarse verbalmente la fecha y hora de su
continuación, la que se tendrá como suficiente citación (art. 283
inc. 4 CPP).
El juicio sólo podrá ser interrumpido permanentemente por las
causales que dan motivo al sobreseimiento temporal, esto, es, por
la rebeldía del imputado o por presentarse una cuestión prejudicial
civil. Sin embargo, tratándose de la declaración de rebeldía, el jui-
cio podrá continuar en los casos en que al imputado ya se le hubie-
re otorgado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral,
siempre que el tribunal estimare que su ulterior presencia no resul-
ta indispensable para la prosecución del juicio o cuando sólo faltare
para concluir el juicio oral, el pronunciamiento de sentencia defi-
nitiva (art. 283 inc. 2 CPP).
En todo caso, la suspensión de la audiencia o la interrupción
del juicio oral por un plazo superior a 10 días, impedirá su conti-
nuación, debiendo el tribunal decretar su nulidad y ordenar su pos-
terior reinicio (art. 283 inc. 3 CPP).
2.2. Presencia de los intervinientes
El juicio oral se deberá realizar con la presencia ininterrumpi-
da de alguno de los intervinientes, mientras que otros eventual-
mente pueden ausentarse durante su desarrollo.
Los que no pueden ausentarse son los jueces que integraren el
tribunal y el fiscal, aunque en el caso de este último, de acuerdo al
principio de unidad que preside la actuación del Ministerio Públi-
co, pueden ir compareciendo diferentes personas.
Tampoco puede faltar el querellante particular, en los casos de
forzamiento de la acusación, es decir, en los casos en que éste deba
sostener la acusación ante la decisión del Ministerio Público de no
hacerlo (art. 284 inc. 1 CPP). De no tratarse de esta última situa-
ción, la ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio
oral, o su abandono de la audiencia sin la autorización del tribunal,
dará lugar a la declaración de abandono de la querella (art. 288
Respecto al imputado, en principio deberá estar presente du-
rante toda la audiencia. Sin embargo, si lo solicita puede ser auto-
rizado para salir, debiendo permanecer en una sala próxima en el
mismo tribunal. También podrá ser obligado a salir de la sala de
audiencia si perturba su desarrollo, aunque luego podrá regresar.
En todo caso, deberá ser informado de lo que haya sucedido en su
ausencia, cada vez que se reincorpore (art. 285 CPP).
La presencia ininterrumpida del defensor será un requisito de
validez del juicio oral, de tal forma que su ausencia acarreará la
nulidad de la audiencia y de la sentencia que se dicte en virtud de
ella (art. 286 inc. 1 CPP). Empero, la ausencia del defensor priva-
do del imputado, no obstará a la realización de la audiencia, pues
en ese caso se le deberá tener por abandonada su defensa por su
defensor de confianza, y se le deberá designar un defensor penal
público en su reemplazo, al que se le deberá otorgar un plazo sufi-
ciente para interiorizarse del caso (art. 286 incs. 2 y 3 CPP).
Demostrando la severidad de la nueva normativa en cuanto al
ejercicio profesional de la abogacía, se le entregan facultades a los
tribunales para aplicar drásticas sanciones disciplinarias cuando el
defensor o el fiscal, se ausentaran o abandonarán injustificadamente
la audiencia del juicio oral o alguna de sus sesiones, ya que podrán
ser sancionados con suspensión del ejercicio de la profesión, hasta
por dos meses. Expresamente se les prohibe argumentar que tie-
nen otras actividades profesionales (art. 287 CPP).
La regla general es que la audiencia del juicio oral será públi-
ca, pero se establece la posibilidad de que el tribunal pueda dispo-
ner, sea a petición de parte y por resolución fundada, una o más de
a) impedir el acceso u ordenar la salida de personas determina-
das de la sala donde se efectuare la audiencia;
b) impedir el acceso del público en general u ordenar su salida
para la práctica de pruebas específicas, y
c) prohibir al fiscal, a los demás intervinientes y a sus aboga-
dos que entreguen información o formulen declaraciones a los
medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio (art.
289 inc. 1 CPP).
Las únicas razones por las que se podrán adoptar estas medi-
das, son la necesidad de proteger la intimidad, el honor o la segu-
ridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o
evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley.
Los medios de comunicación social se encontrarán facultados
para fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia
que el tribunal determinare, salvo que las partes de consuno se
opusieren a ello. Si fuere sólo uno de los intervinientes el que se
opusiere, el tribunal será el que resuelva.
3.1. Actuaciones y cuestiones previas
El juez de garantía que ha conocido del proceso de investiga-
ción, debe remitir al tribunal oral en lo penal competente, el auto
de apertura del juicio oral junto con los registros que se haya esti-
mado en la audiencia de preparación del juicio oral que deben acom-
pañarse, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notifi-
cación de tal resolución (art. 281 inc. 1 CPP).
Una vez recibidos tales antecedentes, si procede debe distri-
buirse la causa entre las diferentes salas del tribunal, y luego, en
ambos casos, deberá decretarse por el juez presidente de la sala, la
fecha para la celebración del juicio oral. Esta fecha debe ser fijada
no antes de 15 ni después de 60 días desde la notificación del auto
Además, deberá fijarse el lugar en el que se llevará a cabo el
juicio, si se va a hacer en una localidad diferente a la de su funcio-
namiento habitual. También deberá determinarse el nombre de los
jueces que integrarán el tribunal y, finalmente, ordenará que se cite
a la audiencia a todos los que deban intervenir, debiendo cuidar
que el acusado sea citado con una anticipación de a lo menos 7
días a la realización de la audiencia (art. 281 CPP).
3.2. Alegatos de apertura
Del contexto de algunas disposiciones del Código Procesal
Penal, pero especialmente de la aplicación que se ha hecho de sus
normas por los operadores jurídicos hasta ahora, se ha impuesto
un modelo de juicio oral en el que su desarrollo y la producción de
la prueba se han confiado a las partes. Es decir, los tribunales no
han pretendido asumir una función inquisidora, arrogándose la fa-
cultad de descubrir objetivamente la verdad, sino que han espera-
do que sean las partes a través del debate abierto, contradictorio,
quienes proporcionen toda la información necesaria para resolver
el conflicto penal a favor de una u otra.
Por eso es que en Chile se está logrando construir juicios ora-
les, mucho más parecidos a los que tienen lugar en los países
anglosajones, que aquellos que se desarrollan en Europa continen-
tal, donde el tribunal tiene un rol preponderante en la producción
de la prueba y, en general, en el desenvolvimiento del juicio.
En el día y hora fijados se constituirá el Tribunal con la asisten-
cia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervi-
nientes, debiendo verificarse la disponibilidad de los testigos, pe-
ritos, intérpretes y demás personas hayan sido citadas porque de-
ban intervenir en la audiencia. Luego, el presidente de la sala dará
por iniciado el juicio (art. 325 inc. 1 CPP).
Asimismo, señalará el contenido del juicio según el auto de
apertura del juicio oral, advertirá al acusado que deberá permane-
cer al interior de la sala y estar atento, y dispondrá que salgan
Y luego, deberá conceder la palabra al fiscal para que haga un
resumen de la acusación (art. 325 inc. 2 CPP) lo que, en la prácti-
ca, según las técnicas de litigación oral, se traducirán en su alegato
de apertura, es decir, la realización de su relato de los hechos que
se propone probar y el delito que ellos constituirán según su opi-
nión. Lo mismo ocurrirá respecto del querellante particular y del
demandante civil si lo hubiera (art. 325 inc. 3 CPP).
En seguida, se otorgará la palabra al abogado defensor, quien
podrá exponer los argumentos en que fundare su defensa (art. 326
inc. 1 CPP), lo que se traducirá en la realización de su propio ale-
gato de apertura.
En todo caso, esta intervención del defensor es sin perjuicio
del derecho del acusado de formular personalmente su propia de-
claración, renunciando a su derecho a guardar silencio, pudiendo
formular los planteamientos y alegaciones que estime convenien-
tes, en cuyo caso, podrá ser interrogado con posterioridad por el
fiscal y querellante si lo hubiere, y también por los propios miem-
bros del tribunal. Incluso, en cualquier momento, puede volver a
pedir ser oído para aclarar o complementar sus dichos (art. 326
incs. 3 y 4 CPP).
3.3. Reglas básicas sobre
producción de la prueba en el juicio oral
La esencia del juicio oral y por ello del nuevo sistema de justi-
cia penal, es que el tribunal penal oral y en general el que conoce
de cualquier juicio oral, sólo se puede tomar en cuenta para formar
su convicción, la prueba producida en el juicio oral. Vale decir, no
puede basarse en afirmaciones producidas fuera del proceso, in-
troducidas al mismo a través de actas o registros elaborados por
En este sentido, el Código es categórico y reiterativo, en orden
a que en ningún caso podrán incorporar como elementos de prue-
ba ni dar lectura durante el juicio oral, a los registros de actuacio-
nes realizadas durante la investigación por la policía o el Ministe-
rio Público (art. 334 inc. 1 CPP).
Luego, superando el régimen de prueba legal o tasada, se es-
tablece que todos los hechos y circunstancias que guarden rela-
ción con el delito investigado pueden ser probados por cualquier
elemento probatorio, aunque no esté expresamente previsto por
la ley. Se elimina de este modo la antigua regla del Derecho Pro-
cesal chileno, que reduce las fuentes de prueba que se pueden
producir en el proceso, a los enumerados por la ley, impidiendo
incorporar aquellos que van surgiendo producto del avance cien-
En el nuevo procedimiento, se permite incorporar toda clase
de elementos de prueba, y si no están previstos en la ley, se debe
adecuar la forma de su incorporación al medio de prueba más
análogo (art. 323 CPP).
Sin embargo, se prohibe que puedan ingresar al juicio oral
actuaciones o diligencias cuya obtención se haya realizado con
vulneración de garantías constitucionales o legales (art. 334 inc.
2 CPP).
En cuanto al orden en la producción de la prueba en el juicio
oral será:
a) la parte acusadora rendirá primero la prueba que acredita la
b) luego se rendirá la prueba ofrecida por el acusado;
c) cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba
(art. 328 CPP).
A pesar de la obligación de proponer oportunamente la prueba
en la acusación o contestación a la acusación y, en todo caso, de
discutir su procedencia en la audiencia de preparación del juicio
oral, por excepción se puede recibir prueba que no haya sido soli-
citada oportunamente, siempre que el que la propone justifique
que no sabía de su existencia hasta ese momento (art. 336 inc. 1
En cambio, no se requiere esa justificación cuando se trate de
prueba sobre prueba, es decir, de prueba destinada exclusivamente
a discutir la veracidad, autenticidad o integridad de una prueba ya
producida, cuando no se podía prever que se iba a necesitar (art.
336 inc. 2 CPP).
4. ALEGATOS FINALES Y CLAUSURA DEL JUICIO ORAL
Una vez concluida la recepción de todas las pruebas, el presi-
dente de la sala debe otorgar la palabra a todos los intervinientes
para que realicen sus alegatos finales, llamados alegatos de clau-
sura en técnicas de litigación oral.
Se trata de una exposición que deberá efectuar el fiscal, el acu-
sador particular y el abogado defensor, en la que resumirán los
resultados de las pruebas producidas, señalando de qué modo cada
uno de los elementos fácticos de sus respectivos relatos o "teorías
del caso", han quedado demostrados.
Finalmente, se otorgará la palabra al acusado, en el llamado
"derecho a la última palabra", para que manifieste lo que estime
conveniente. Luego, haga o no uso de este derecho, se declarará
cerrado el debate (art. 338 inc. 3 CPP).
La prueba es un componente esencial del proceso, de tal mane-
ra que en gran medida su existencia se justifica precisamente por
la necesidad de la actividad probatoria.
En efecto, probar significa básicamente convencer sobre la efec-
tividad de una afirmación y como tal tiene lugar en muchos ámbi-
tos de la actividad humana. Así, por ejemplo, el método científico
se caracteriza porque exige al investigador acreditar una y otra vez
las hipótesis que formula. En el fondo, lo que debe hacer es produ-
cir una nueva afirmación por medio de un experimento, que le per-
mitan compararla con la primera -la hipótesis- y convencerse y
convencer a la comunidad científica, de la efectividad de esta últi-
En el ámbito del proceso, se requiere la prueba porque quien
debe pronunciar la decisión sobre absolución o condena frente a
una acusación es un tercero, que no ha presenciado los hechos y
que por lo tanto debe ser convencido de la efectividad de las afir-
maciones que efectúa el acusador y, eventualmente, el acusado.
Por esa razón, es que el juicio se justifica en la medida que está
destinado a producir esas nuevas afirmaciones, emanadas de terce-
ras personas, que puedan convencer al tribunal de la certeza de las
afirmaciones iniciales de las partes, contenidas, como hemos di-
cho, en la acusación y también en la contestación a la acusación.
Estas nuevas afirmaciones, producidas por las llamadas fuentes de
prueba, permitirán al tribunal compararlas con las afirmaciones ini-
ciales de las partes, que dan origen usualmente a un verdadero re-
lato de los hechos, y concluir si se convence o no de su efectividad.
Como se puede apreciar, la prueba es un elemento constitutivo
del propio proceso y como éste es pura actividad, tanto de las partes
como del tribunal y de terceros, pero no una actividad que se pueda
desarrollar de cualquier manera, libremente, sino una actividad regi-
da por normas legales, que constituyen los procedimientos.
Por lo tanto, lo que se puede estudiar son las normas legales,
complementadas siempre por prácticas, porque es imposible que
el legislador pueda regular todo lo que debe hacerse en los proce-
sos concretos, conforme a las que debe producirse la actividad pro-
batoria en el nuevo sistema de justicia penal chileno.
1. RÉGIMEN DE LIBERTAD PROBATORIA
Reconociendo que siempre aspectos muy importantes de la
prueba en el proceso se deben reglamentar, a lo largo del tiempo
esta regulación ha variando a veces sustancialmente en algunos
temas, entregando al juez mayor o menor libertad, lo que hace
posible identificar para efectos de sus estudio, diferentes modelos
normativos en relación a la prueba, que constituyen los denomina-
dos regímenes probatorios o sistemas de prueba.
Entre los principales aspectos que pueden ser regulados por
normas jurídicas, se encuentran, entre otros, los elementos de con-
vicción que podrán presentarse en el juicio, los que quedan exclui-
dos de la posibilidad de probar ciertos hechos, y especialmente, el
valor de convicción que cabe atribuir a cada uno de ellos.
Teniendo en cuenta básicamente la mayor o menor libertad que
el legislador concede al juez en esos temas se han constituido los
dos sistemas probatorios más conocidos: el de la prueba legal o
tasada, caracterizado porque la ley es la que se permite establecer
taxativamente qué fuentes de prueba se pueden utilizar, incluso
excluyendo determinados medios para acreditar algunos hechos o
exigiendo algunos para demostrar otros, y sobre todo, porque esta-
blece perentoriamente cuál es el valor de convicción que el juzga-
dor debe atribuir a cada medio de prueba. En cambio, el sistema
opuesto es el de la libre valoración de la prueba, donde no existen
estas exclusiones y se concede libertad al juez para establecer el
valor que cabe atribuir a cada prueba producida.
En todo caso, llamamos la atención que actualmente está abso-
lutamente establecido que la prueba debe ser producida en el pro-
pio proceso, por lo que no se permite al juez dictar sentencias ca-
rentes de motivación o tomar en cuenta elementos de convicción
que conozca fuera del proceso, es decir, conocimiento privado, que
es lo que caracterizó a un tercer sistema probatorio, denominado
de la íntima convicción o de la apreciación de la prueba en con-
ciencia, que sería actualmente contrario al debido proceso.
Pues bien, en el anterior Código de Procedimiento Penal se aco-
gía el sistema de la prueba legal o tasada, mientras que en el nuevo
sistema de acoge el de la libre valoración de la prueba, a nuestro
parecer equivalente al denominado en nuestro país sistema de la
sana crítica, recogiendo una tradicional expresión española.
2. LIBERTAD DE ELEMENTOS DE PRUEBA
En el Código Procesal Penal se admite la presentación de cual-
quier clase át fuentes de prueba, es decir, de personas o elementos
capaces de producir o reproducir afirmaciones ante los jueces des-
tinadas a producir su convencimiento.
AI respecto se establece que todos los hechos y circunstancias
pertinentes para la adecuada resolución del caso sometido a enjui-
ciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e
incorporado en conformidad a la ley (art. 295 CPP).
Por cierto que existen determinadas fuentes de prueba que son
muy comunes, de modo que se encuentran expresa y detallada-
mente reguladas por el legislador, regulación que constituye los
medios de prueba más conocidos, tales como la prueba testimo-
nial, documental y pericial.
En cambio, existen otras fuentes de prueba, que son menos
conocidas porque han sido creadas recientemente, cuya incorpora-
ción al proceso no se encuentra exhaustivamente regulada. En ese
caso, se establece que podrán admitirse películas cinematográfi-
cas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de
reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y,
en general, cualquier medio apto para producir fe, debiendo deter-
minar el tribunal la forma de su incorporación al proceso,
adecuándola al medio de prueba más análogo (art. 323 CPP).
3. MEDIOS DE PRUEBA REGLAMENTADOS ESPECIALMENTE
Cabe examinar en detalle los elementos de prueba cuya pro-
ducción se encuentra regulada exhausdvamente, porque son los
más comunes e importantes, como en especial acontece con la prue-
ba testimonial, documental y pericial
3.1. Prueba testimonial
Los testigos son aquellas personas que sin tener la calidad de
partes, es decir, que son terceros, declaran sobre los hechos que
son objeto de la acusación y del juicio.
La declaración de los testigos, conforme a las normas de pro-
cedimiento, que en este caso suelen ser muy detalladas, da origen
al medio de prueba denominado prueba testimonial
La prestación del testimonio constituye un deber de toda per-
sona, ya que se transforma en una carga pública, que todos los que
son citados como testigos deben soportar, debiendo cumplir ade-
más con una serie de otros deberes y disponiendo de algunos dere-
chos, que debemos examinar.
3.1.1. Deber de los testigos de comparecer
Toda persona que no se encontrare legalmente exceptuada, ten-
drá la obligación de concurrir al llamamiento judicial practicado
con el fin de prestar declaración testimonial (art. 298 inc. 1 CPP).
Para ese efecto, deberá notificarse los testigos, haciéndoseles
saber el tribunal ante el cual deberán comparecer, su domicilio, la
fecha y hora de la audiencia, la identificación del proceso de que
se tratare y el motivo de su comparecencia.
Al mismo tiempo se les informará que su incomparecencia in-
justificada dará lugar a que sean conducidos por medio de la fuer-
za pública, que quedarán obligados al pago de los gastos que
causaren y que pueden imponérseles sanciones, además de
señalárseles que si tienen un impedimento deberán comunicarlo lo
antes posible (art. 33 CPP).
El testigo que se niega sin justa causa a concurrir al tribunal
será sancionado con la pena de desacato, que es de reclusión me-
nor en su grado medio a máximo (art. 240 inc. 2 CPP).
3.1.2. Excepciones a la obligación de comparecencia
Sin embargo, hay autoridades que se encuentran exentas de la
obligación de comparecer al juicio oral, porque se estima que sería
un menoscabo para su rango, aunque en el nuevo Código se ha
establecido la posibilidad de que tribunal de todos modos dispon-
ga, por excepción, su comparecencia personal al juicio.
Se trata de las más altas autoridades del Estado, como son el
Presidente de la República y los ex Presidentes; los Ministros de
Estado; los Senadores y Diputados; los miembros de la Corte Su-
prema; los integrantes del Tribunal Constitucional; el Contralor
General de la República y el Fiscal Nacional.
Luego, están los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas,
el General Director de Carabineros de Chile y el Director General
de la Policía de Investigaciones de Chile; las personas que gocen
en el país de inmunidad diplomática, en conformidad a los trata-
dos vigentes sobre la materia, y, los que, por enfermedad grave u
otro impedimento calificado por el tribunal, se hallaren en imposi-
bilidad de hacerlo (art. 300 inc. 1 CPP).
Estas personas no estarán obligadas a concurrir al llamamiento
judicial y serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus fun-
ciones o en su domicilio. A tal efecto, propondrán oportunamente
la fecha y el lugar correspondientes (art. 301 inc. 1 CPP).
Sin embargo, podrán renunciar a su derecho a no comparecer,
caso en el que deberán concurrir a prestar su declaración de acuer-
do a las reglas generales.
Y, por último, también deberán comparecer si el tribunal del
juicio oral, por la unanimidad de sus integrantes, por razones fun-
dadas, considera necesaria su comparecencia al tribunal (art. 300
inc. 2 CPP).
3.2. Deber de los testigos de declarar
Luego de comparecer, los testigos se encuentran obligados a
prestar declaración (art. 298 inc. 1 CPP). Es decir, a diferencia del
imputado, no pueden mantener silencio una vez que son interroga-
dos en el marco de un proceso penal.
Sin embargo, hay personas que se encuentran exentas de la
obligación de declarar, por dos géneros de razones: de parentesco
0 de secreto profesional.
3.2.1. Excepciones a la obligación de declarar
De todos modos estos testigos exentos del deber de declarar,
deberán comparecer a la presencia judicial y explicar los motivos
de los cuales emane la facultad de abstenerse que invocaren.
El tribunal podrá considerar como suficiente el juramento o
promesa que los mencionados testigos prestaren acerca de la vera-
cidad del hecho en que se funda la facultad invocada (art. 304 inc.
1 CPP).
Teniendo en cuenta que no se puede obligar a una persona a
que impute a sus parientes más cercanos o personas más queridas,
la ley establece que no estarán obligados a declarar el cónyuge o el
conviviente del imputado, sus ascendientes o descendientes, sus
parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, su pupilo o su guardador, su adoptante o adoptado (art.
302 inc. 1 CPP).
Estas personas deberán ser informadas de su derecho a abste-
nerse de declarar, aunque pueden renunciar a este derecho y acep-
tar prestar su testimonio, pero conservando siempre su facultad
para retirar su consentimiento en cualquier momento (art. 302 inc.
3 CPP).
Si se trata de un testigo menor de edad, que también tiene la
obligación de declarar, el consentimiento para hacerlo deberá ser
prestado por su representante legal o curador, quien deberá decidir
si puede prestar declaración, caso en el cual se hará siempre en
presencia del representante legal o curador correspondiente (art.
302 incs. 2 y 3 CPP), conservando el derecho de negarse a respon-
der aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle peligro
de persecución penal por un delito.
b) Por razones de secreto profesional
Tampoco estarán obligadas a declarar aquellas personas que,
por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico
o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les hubie-
re confiado, pero únicamente en lo que se refiriere a dicho secreto
(art. 303 inc. 1 CPP).
Sin embargo, podrán ser relevados de su obligación de guardar
secreto por la persona que se los hubiere confiado (art. 303 inc. 2
3.3. Deber de declarar con sinceridad
Un tercer deber de los testigos, es el de declarar con sinceridad
sobre lo que se les preguntare, no ocultando hechos, circunstan-
cias o elementos de que tuvieran conocimiento.
Tradicionalmente se ha caracterizado este deber como el de
decir la verdad que recaería sobre todo testigo. Empero, teniendo
en cuenta que aun de buena fe el testigo siempre puede estar equi-
vocado, por las propias limitaciones del conocimiento humano,
nos parece que en rigor no puede exigírsele que declare la "ver-
dad", sino a lo más que no mienta y dé a conocer lo que sepa
sinceramente sobre los hechos.
Para darle mayor formalidad a este deber, se ha vinculado con
un compromiso religioso o moral, de modo que todo testigo, antes
de comenzar su declaración, prestará juramento o promesa de de-
cir verdad sobre lo que se le preguntare, sin ocultar ni añadir nada
de lo que pudiere conducir al esclarecimiento de los hechos (art.
306 inc. 1 CPP).
No se tomará juramento o promesa a los testigos menores de
dieciocho años, ni a aquéllos de quienes el tribunal sospechare que
pudieren haber tomado parte en los hechos investigados. Se hará
constar en el registro la omisión del juramento o promesa y las
causas de ello (art. 306 inc. 2 CPP).
Incluso, se dispone que si el tribunal lo estima necesario, debe-
rá instruir a los testigos acerca de este deber de sinceridad y de las
sanciones por delito de falso testimonio en que podrá incurrir (art.
306 inc. 3 CPP).
3.4. Dinámica de la declaración de los testigos
La declaración del testigo comenzará por su individualización,
señalando los antecedentes relativos a su persona, en especial sus
nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión,
industria o empleo y residencia o domicilio, todo ello sin perjuicio
de las excepciones contenidas en leyes especiales (art. 307 inc. 1
En el nuevo procedimiento penal no existirán testigos inhábi-
les. Sin perjuicio de ello, los intervinientes podrán dirigir al testi-
go, preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella,
la existencia de vínculos con alguno de los intervinientes que
afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto
de idoneidad (art. 309 inc. 1 CPP).
Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre
los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los
dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere
oído referir a otras personas (art. 309 inc. 2 CPP).
3.5. Derechos del testigo
En compensación a los deberes, más intensos en el caso del
juicio oral, que se imponen a los testigos, el Código Procesal Pe-
nal ha reconocido también algunos derechos de los testigos.
Así, si es citado por el Fiscal o por el Tribunal para prestar
declaración, se encuentra legalmente justificado para ausentarse
de su trabajo o estudios; si carece de medios suficientes o vive
solamente de su remuneración, tiene derecho a que la persona que
lo presente le indemnice la pérdida que ocasionare su compare-
cencia y le pague, anticipadamente, los gastos de traslado y habi-
tación (art. 312 inc. 1 CPP).
Los peritos son personas que teniendo conocimientos especia-
lizados en alguna ciencia o arte, prestan un informe en un proceso
dando a conocer al tribunal sus conocimientos o máximas de ex-
periencia especializadas, que le deberán servir para formar su con-
vencimiento respecto a la coincidencia entre las afirmaciones for-
muladas por las partes y las producidas por los medios de prueba.
Todo perito deberá presentar un informe, pero su valor proba-
torio dependerá de su declaración personal en el juicio oral, que no
puede ser sustituida.
4.1. Procedencia del informe de peritos
Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la
ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevan-
te para la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos
especiales de una ciencia, arte u oficio (art. 314 inc. 2 CPP).
Los informes periciales deberán emitirse con imparcialidad,
ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio
que profesare el perito. Los peritos no podrán ser inhabilitados
(art. 314 inc. 3 CPP). No obstante, durante la audiencia del juicio
oral podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su im-
parcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de
Los informes de peritos podrán ser presentados por el Ministe-
rio Público y por cualquiera de los intervinientes, aunque el primero
siempre podrá presentar como peritos a los miembros de los organis-
mos técnicos que le prestaren auxilio en su función investigadora.
4.2. Contenido del informe de peritos
El informe pericial deberá siempre tener un contenido míni-
mo, del que depende su utilidad y valor de convicción:
- la descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del
estado y modo en que se hallare;
- la relación circunstanciada de todas las operaciones practica-
das y su resultado, y
- las conclusiones a las que, en vista de tales datos, hayan arri-
bado los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de
su arte u oficio (art. 315 CPP).
El informe no exime en ningún caso del deber de los peritos de
concurrir personalmente a declarar ante el tribunal acerca de su
4.3. Admisibilidad del informe y remuneración de los peritos
El tribunal admitirá los informes y citará a los peritos cuando
considerare que los peritos y sus informes otorgan suficientes ga-
rantías de seriedad y profesionalismo (art. 316 inc. 1 CPP).
Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de
los peritos corresponderán a la parte que los presentare. Excepcio-
nalmente, el tribunal podrá relevar a la parte, total o parcialmente,
del pago de la remuneración del perito, cuando considerare que
ella no cuenta con medios suficientes para solventarlo o cuando,
tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiere
importar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa
(art. 316CPP).
5. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
EN UN LUGAR DIFERENTE A LA SALA DE AUDIENCIAS
En lo que viene a ser el equivalente al actual medio de la prue-
ba de la inspección personal del tribunal, se permite que éste se
constituya en un lugar diferente a la sala de audiencia (art. 337
Es decir, lo usual es que el tribunal que conoce de un juicio
oral, no necesite desplazarse al lugar donde han ocurrido los he-
chos, ya que la representación que se puede conseguir a través de
los medios de prueba, especialmente con fotografías, peritajes,
gráficos, incluso hoy día hechos computacionalmente, son sufi-
cientes para conocer todas sus caracten'sticas.
Sin embargo, en algún caso puede no ser suficiente, por lo que
si lo estima necesario para la apreciación de determinadas circuns-
tancias, el tribunal puede trasladarse a otro lugar, manteniendo to-
das las formalidades del juicio, es decir, deberán estar presentes
todas las partes y levantarse registro de lo que se haga.
Una vez declarado cerrado el debate producido en el juicio oral
por el tribunal oral en lo penal, sus miembros pasarán a deliberar
en privado (art. 229 CPP) para acordar el contenido de la sentencia
Concluida la deliberación privada de los jueces, la sentencia
definitiva deberá ser pronunciada en la misma audiencia del juicio
oral respectivo, dando a conocer la decisión sobre absolución o
condena del acusado por cada uno de los delitos que se le imputaren,
indicando respecto de cada uno de ellos los fundamentos principa-
les tomados en consideración para llegar a dichas conclusiones
(art. 343 inc. 1 CPP).
En el caso de una audiencia del juicio que se hubiere prolonga-
do por más de dos días y la complejidad del caso no permitiere
pronunciar la decisión inmediatamente, el tribunal se encuentra
facultado para pronunciar la sentencia en otra audiencia que fije
para tal efecto, la que se deberá realizar dentro de las veinticuatro
horas siguientes, cuestión que se les comunicará a los intervinien-
tes en la misma audiencia (art. 343 inc. 2 CPP).
La omisión del pronunciamiento de la decisión jurisdiccional
conforme a lo señalado precedentemente, producirá la nulidad del
juicio oral, el que deberá repetirse en el más breve plazo posible
(art. 343 inc. 3 CPP).
2. RAZONAMIENTO JUDICIAL
Ciertamente el estándar exigido por el nuevo Código Procesal
Penal al razonamiento judicial, dejando atrás la idea de que se tra-
ta de acertar con un mero silogismo formal, apunta a exigir una
cabal fundamentación de la decisión, obligando al Tribunal a for-
mar su convicción sólo sobre la base de la prueba producida du-
rante el juicio oral.
En tal sentido, la regla más importante es la que "Nadie podrá
ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare
adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que
realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acu-
sación y que en él hubiere correspondido al acusado una participa-
ción culpable y penada por la ley" (art. 340 CPP).
Menos aún, se podrá condenar a una persona con el solo méri-
to de su propia declaración (art. 340 inc. 2 CPP), en lo que consti-
tuye una norma reguladora de la prueba, ya que, como hemos di-
cho, siempre se requiere prueba de cada uno de los elementos de la
acusación y ésta exige la producción de afirmaciones por parte de
terceras personas ajenas a los litigantes.
Para relevar la importancia que tiene precisamente la prueba,
es que se exige al tribunal que se haga cargo en su fundamentación
de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere deses-
timado, y realizar el señalamiento del o de los medios de prueba
mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los he-
chos y circunstancias que se dieren por probados, todo ello redac-
tado de tal manera que cualquier otra persona y, en especial, los
tribunales superiores, puedan reproducir el razonamiento utiliza-
do para arribar a las conclusiones a que arriba (art. 297 inc. 2 CPP).
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