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Timestamp: 2018-09-22 06:04:23+00:00

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﻿ Sentencia T-268 de abril 13 2009
SENTENCIA T-268 DE 13 DE ABRIL DE 2009
CONTENIDO:LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, INVALIDEZ O SOBREVIVIENTES. SU EXIGIBILIDAD PUEDE HACERSE EN CUALQUIER TIEMPO, SUJETÁNDOSE ÚNICAMENTE A NORMAS DE PRESCRIPCIÓN, UNA VEZ HA SIDO EFECTUADO SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. PRINCIPIO DE BUENA FE SE VE LESIONADO POR PARTE DE LAS ENTIDADES QUE SUMINISTRAN INFORMACIÓN ERRADA A SUS ADMINISTRADOS
Sentencia T-268 de abril 13 2009
Sentencia T-268 de 2009
Ref.: Expediente T-2121601.
Bogotá, D.C., abril trece de dos mil nueve.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la secretaria del mencionado tribunal, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección 12 de la Corte, el 9 de diciembre de 2008, eligió el asunto de la referencia para su revisión.
La señora Olga de Jesús Cardona Arias, manifestó ser “una persona mayor de cincuenta y ocho años de edad, soltera, sola y sin apoyo familiar de los que pudiera recibir ayuda, pues actualmente me encuentro desempleada y a mi edad ya se hace imposible que alguien me emplee”. (fl. 16, cdno. inicial).
Agregó que en septiembre de 2005 a la edad de 55 años, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, que le fue negada mediante Resolución 011183 de mayo 30 de 2006, con el argumento de “no tener cotizadas en los últimos 20 años al cumplir los 55 años 500 semanas o mil (1.000) en cualquier tiempo”, por lo que interpuso contra la anterior los recursos procedentes en agosto 17 de 2006, en razón a que el departamento de historia laboral y nómina de pensionados del ISS, le certificó en enero 29 de 1999 que tenía cotizadas 1.109 semanas, contadas desde el 1º de enero de 1967 a diciembre 31 de 1994, consideradas suficientes para el otorgamiento de su derecho pensional, pero la decisión le fue confirmada negativamente reiterando el argumento de que solo tenía 922 semanas cotizadas.
Añadió que preguntó en las oficinas del ISS cuándo le resolverían su solicitud pensional, le dijeron “que porque no solicitaba que me reconocieran ‘la pensión sustitutiva’, que eso me lo elaboraba un señor por fuera de las instalaciones del seguro en Monterrey”, y por ignorancia fue inducida a presentar esta solicitud en mayo de 2007, que fue resuelta a su favor mediante Resolución 009607 de abril 23 de 2008 reconociendo el pago de la única suma de $ 5.394.275 y que luego averiguó en el ISS de sus siguientes mesadas, pero le informaron que el pago era del reconocimiento de la pensión sustitutiva como ella lo había invocado.
1. Certificado original de semanas cotizadas emitido por el departamento de historia laboral y nómina de pensionados del ISS en enero 29 de 1999 a la señora Olga de Jesús Cardona Arias, que indica un total de 1.109 semanas cotizadas desde el 1º de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1994 (fl. 1, cdno. inicial).
2. Resolución 011183 de 2006 emitida por la jefe del departamento de atención al pensionado del ISS, seccional Antioquia, que resuelve negativamente la solicitud de la pensión de vejez (fl. 2 ib.).
3. Acta de declaración extraproceso juramentada realizada en agosto 28 de 2008, ante la Notaria Primera de Bello, de las señoras María Cenobia Mora Herrera y Aura Elisa Jaramillo de Salazar, indicando la situación económica de Olga de Jesús Cardona Arias (fl. 4 ib.).
4. Recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por la demandante contra la resolución que resolvió negativamente el reconocimiento y pago de la pensión de vejez (fls. 5 a 7 ib.).
5. Resoluciones que resuelven el recurso de reposición y el de apelación interpuesto por la señora Olga de Jesús Cardona Arias, contra la resolución del ISS que le negó la pensión de vejez (fls. 9 a 14 ib.).
La abogada de tutelas (pensiones) del Seguro Social, seccional Antioquia, en escrito de septiembre 26 de 2008, expone unas consideraciones que no tienen nada que ver con el caso que se debate en esta acción de tutela (fls. 27 y 28 ib.).
En octubre 28 de 2008 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda, confirmó el fallo del a quo“por regla general, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ordenar el reconocimiento de derechos pensionales, bajo ciertas excepciones, cuando el mecanismo previsto en la legislación laboral no sea lo suficientemente expedito para la protección inmediata del derecho involucrado, y ante la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable que exige la adopción de medidas inmediatas, sería procedente, de manera excepcional”.
Así mismo, “no se acreditó la afectación de ningún derecho fundamental, en particular del derecho al mínimo vital con la negativa del reconocimiento de la pensión de vejez...”; tampoco se comprobó las razones por las cuales resulta ineficaz el medio ordinario para lograr la protección inmediata de sus derechos presuntamente vulnerados y la conducta desplegada por el ISS “no resulta evidentemente arbitraria e infundada al punto de predicarse que se configura una vía de hecho administrativo y por ende deba darse vía al mecanismo de amparo constitucional”.
Según lo prescribe el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en los casos que señale la ley. Por ello, se podrá acudir ante los jueces en todo momento y lugar, con el fin de obtener una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
Para reconocer las situaciones fácticas en las que se debe encontrar quien aspire a que la acción de tutela proceda en lo que respecta a la solicitud de pensiones, debe observarse, en primer lugar, que la mayor parte de quienes la piden son personas de avanzada edad, que se hallan en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 superior, inc. 3º), por lo cual debe otorgárseles especial protección constitucional al momento de analizar la posible vulneración de derechos fundamentales.
En segundo lugar, debe demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o coloca en inminente y grave riesgo derechos fundamentales de especial magnitud, como, para el caso, la dignidad humana, la seguridad social, la salud, la vida y el mínimo vital, a tal punto que la natural demora de los procedimientos ordinarios haría ineficaz, por tardío, el amparo específico. Solo en tales eventos, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de defensa, por no resultar eficaz en tal medida y oportunidad, frente a las circunstancias particulares del actor en el caso concreto, por lo cual tampoco procederá como meramente transitoria, sino definitiva.
Cuando la controversia jurídica verse sobre la legalidad del acto que niega el reconocimiento de una pensión de vejez, se valorarán elementos que determinen condiciones de la persona, como su edad, capacidad económica y estado de salud, es decir, todo aquello que permita deducir que el procedimiento ordinario no resultaría idóneo para obtener la protección de sus derechos. Así lo señaló la Sentencia T-668 de agosto 30 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández:
Si bien no se encuentra consagrado en la Constitución como un derecho fundamental, en algunos eventos a la seguridad social se le ha conferido esa categoría dada su íntima relación con los derechos a la vida, al trabajo y a la salud. Una de las ramas de la seguridad social que ha tenido especial desarrollo, es el atinente a las pensiones, como se ha expresado por esta corporación que; “Bien se sabe que hace mucho las prestaciones económicas derivadas de las relaciones laborales y de seguridad social dejaron de considerarse gracias estatales, como generosos desprendimientos que el Estado hacía a favor de sus súbditos. La seguridad social en pensiones se ha consolidado como un verdadero derecho adquirido por quienes cumplen los requisitos señalados en la ley y la jurisprudencia constitucional, de manera firme y reiterada, se ha inclinado por brindarle protección cuandoquiera que se vea vulnerado o amenazado”(1).
El derecho a la pensión de jubilación o de vejez, como una rama de la seguridad social, no puede concebirse desunido del derecho al trabajo “La seguridad social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado a la protección al trabajo el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por considerar que es un principio fundante del Estado social de derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento, es necesariamente derivación del derecho al trabajo”(2).
En ese orden de ideas, las entidades encargadas del reconocimiento de una pensión, se encuentran obligadas constitucionalmente a garantizar en el trámite y reconocimiento los derechos mínimos de los trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, los cuales, como lo ha establecido esta Corte, son inalienables, irrenunciables, no pueden ser disminuidos, ni se puede transigir sobre ellos y “que se imponen inclusive al legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos”(3).
Entre los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores, se encuentran la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derechoprimacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y la garantía a la seguridad social.
La indemnización sustitutiva, en el régimen de prima media con prestación definida, como derecho suplementario dentro del sistema general de seguridad social en pensiones, ha sido definido como, “el derecho que le asiste a las personas que no logran acreditar los requisitos para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, para reclamar —en sustitución de dicha pensión— una indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente actualizadas”(4).
Además, la Sala advierte una circunstancia que adquiere especial relevancia decisoria en el presente asunto, al observar que en el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición en contra de la resolución que negó el reconocimiento y pago de la pensión, se realizó un estudio de las cotizaciones efectuadas, verificando que cotizó “un total de 922 semanas, de las cuales 456 corresponden a los últimos 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad mínima requerida, tomando como fecha de inicio el 20 de mayo de 1972 hasta su última cotización el 1º de mayo de 1996”, es decir, no se le tuvo en cuenta el tiempo cotizado con anterioridad al 20 de mayo de 1972, que según certificación expedida en enero 29 de 1999 por el departamento de historia laboral —nómina de pensionados del ISS (fl. 1, cdno. inicial), informó que “Olga de Jesús Cardona Arias C.C. 32.305.583... tiene cotizadas un total de 1.109 semanas, cotizadas desde el 1º de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1994”.
Del análisis del contenido de la Resolución 011183 de 2006, la Sala considera que el Seguro Social actuó en contravía del principio de confianza legítima, habida cuenta que esta resuelve el recurso de apelación y la Resolución 009607 de 2008 negó la pensión e informó a la accionante que solo tenía 922 semanas de cotización, por lo que ella, confiando en la información brindada y las indicaciones dadas por uno de sus funcionarios, acudió nuevamente para pedir la indemnización sustitutiva, no obstante, la entidad nuevamente realizó el estudio correspondiente de su historia laboral y decidió reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, mediante Resolución 009607 de 2008, por la suma de $ 5.394.275, situación que evidentemente vulnera los derechos fundamentales de la accionante, ya que el ISS es el ente encargado de realizar el estudio, el análisis y la comprobación de los requisitos para reconocer el derecho pensional correspondiente.
De tal manera, que según todo lo analizado en precedencia, los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de vejez fueron debidamente cumplidos por la demandante, ya que al momento de solicitarla (octubre 19 de 2005) tenía 55 años de edad y 1.109 semanas cotizadas (fl. 1, cdno. inicial), pero el ISS sin una argumentación sustentada, no tuvo en cuenta las semanas cotizadas antes del 20 de mayo de 1972, que claramente se ve que, la accionante tenía cotizadas según la certificación del departamento de historia laboral antes mencionado.
En efecto, la Sala considera que la decisión adoptada en la Resolución 009607 emitida por el ISS, seccional Antioquia, resolviendo el recurso de apelación y reconociendo la indemnización sustitutiva, lesiona el principio de confianza legítima y defrauda las expectativas que, en desarrollo del principio de buena fe, formó la accionante respecto del tiempo que debía cotizar para acceder a la pensión de vejez, devela la vulneración de su derecho que se concretó desde la expedición de la mencionada resolución, comoquiera que la respuesta en ella ofrecida no fue precisa, por estar basada en información errónea, vicio que no es imputable a la peticionaria, por lo que resultan desproporcionados los efectos adversos que sobre la satisfacción de sus derechos a la pensión y al mínimo vital, tiene la decisión de otorgarle la indemnización sustitutiva y no la pensión de vejez.
En cuanto a la suma reconocida y cancelada como indemnización sustitutiva ($ 5.394.275, fl. 15, cdno. inicial), a favor de la señoraOlga de Jesús Cardona Arias, se autoriza al ISS que despues de realizar el estudio e inclusión de todas las semanas cotizadas para el reconocimeinto definitivo de la pensión de vejez, deduzca un porcentaje en cada una de las mesadas de la accionante, de manera proporcional para que no se afecte el mínimo vital.
Observa esta Sala que remitir a la accionante a la vía ordinaria, que suele ser lenta, sería mantenerla en el injusto estado actual, con afectación de su mínimo vital y, consecuencialmente, de su vida en condiciones dignas(5).
Se advierte que la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente y que se le reconocerá la condición de pensionada desde el momento en que cumplió los requisitos para ello, cancelando el retroactivo pensional a que tiene derecho, monto del cual se autoriza al ISS deducir la suma reconocida y cancelada como indemnización sustitutiva ($ 5.394.275, fl. 15, cdno. inicial) a favor de la señoraOlga de Jesús Cardona Arias.
1. REVOCAR la sentencia proferida en octubre 8 de 2008 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda, que a su turno confirmó el fallo dictado en septiembre 23 de 2008 por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín. En su lugar, CONCEDER la tutela instaurada por Olga de Jesús Cardona Arias, contra el Instituto de Seguros Sociales, seccional Antioquia, por violación a sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
2. DEJAR SIN EFECTO la Resolución 009607 abril 23 de 2008, proferida por la entidad demandada, que confirmó la que negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez y reconoció la indemnización sustitutiva a favor de la señoraOlga de Jesús Cardona Arias.
3. En consecuencia, ORDÉNASE al Seguro Social, seccional Antioquia, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia expida una nueva resolución frente a la pensión de vejez de la accionante, que no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en cuenta para su liquidación el tiempo trabajado por ella que inicialmente dejó de computarle, esto es, las semanas cotizadas entre enero de 1967 y mayo 20 de 1972, según lo indicado en la parte motiva de este fallo.
La condición de pensionada le será reconocida desde el momento en que cumplió los requisitos para ello, cancelándole el retroactivo pensional a que tiene derecho, monto del cual se autoriza al ISS deducir la suma reconocida y cancelada como indemnización sustitutiva ($ 5.394.275) a favor de la señoraOlga de Jesús Cardona Arias.
(1) T-534 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(2) T-453 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffeistein.
(3) T-001 de enero 14 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(4) C-624 de julio 29 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) T-640 de junio 26 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

References: artículo 32
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 artículo 86
 artículo 53
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