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Timestamp: 2019-02-16 11:00:22+00:00

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Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra - Cyberjusticia
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Ventajas e inconvenientes del sistema ICANN de resolución de Conflictos.
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers es conocida mundialmente por sus siglas ICANN. Nació en 1998 como heredera de la IANA (1) , y es una institución de carácter altruista, constituida por una amplia coalición de grupos de empresas, técnicos y personal académico que se ocupa de Internet desde 1999.
Fue reconocida por el Gobierno de Estados Unidos como entidad global para coordinar la administración técnica del sistema de nombres de dominio de Internet, la asignación del espacio para las direcciones IP, la asignación de los parámetros de los protocolos de comunicaciones y la administración del servidor raíz del sistema. (2)
En fin, su objetivo lo define su propia constitución cuando dice que está:
“para actuar como organismo abierto, transparente, basado en el consenso, representativo de las diversas comunidades de intereses que intervienen en Internet”
El sistema de Nombres de Dominio es propio de Internet ya que no se da en ningún otro medio conocido hasta ahora. Este sistema permite identificar empresas, instituciones y personas en la Red diferenciándolas unas de otras. Aunque muestra cierta similitud con el sistema tradicional de marcas, no obstante, nótese como las marcas debidamente registradas pueden formar y de hecho con frecuencia forman parte de Nombres de Dominio.
El registro de estos dominios no planteó inicialmente problemas, sin embargo, desde principios de los noventa, ello cambió totalmente, es decir, coetáneamente con el boom de Internet surgieron nombres de dominio que no mostraban ningún interés legítimo, esto significa, que se inscribían con fines muy poco lícitos o de forma abusiva. Esta práctica recibió el nombre de “ciberocupación”, que consiste en que los usuarios registran nombres de dominio coincidentes con denominaciones y marcas conocidas de terceros, a los que luego le son solicitados cantidades elevadas para su traspaso.
Es precisamente este abuso el que dio definitivamente origen al establecimiento de unos procedimientos de arbitraje ante la OMPI (3) como mecanismos de resolución de controversias alternativos a la jurisdicción de los tribunales de justicia. De manera que, antes se acudía a los Tribunales ordinarios, que aplicaba por analogía leyes ordinarias, y que normalmente agrandaban los problemas por la especialidad de la materia y que incluso llegaba a complicarse si el tema afectaba a más de una jurisdicción.
A la vista de estos antecedentes y a principios del año 2000, tras un minucioso estudio y preparación, el ICANN implementó un procedimiento denominado “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” o Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (4) al que se encontraban sometidos todas aquellas personas que registrasen Nombres de Dominio ante cualquier autoridad de registro de gTLDs.
La experiencia demostró que a través de este procedimiento se pudo obtener una solución a las controversias que se presentan entre marcas y Nombres de Dominio de forma rápida, y relativamente económica (5) . Su importancia fue reconocida al poco tiempo no solo por los usuarios sino también por empresarios de las compañías transnacionales que lo valoraron como un fundamental método de resolución de conflictos. (6)
Este nuevo procedimiento instaurado aunque se asemeja al arbitraje tenemos que advertir que no es precisamente un proceso que merezca ese calificativo por diversas razones, pues en primer lugar, porque este procedimiento está limitado a determinados casos:
Cuando un Nombre de Dominio es idéntico o se presta a confusión por ser similar a una marca sobre la cual el reclamante tiene derechos.
Cuando el titular no tiene derecho o interés legítimo respecto de ese Nombre de Dominio
O cuando el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe.
En segundo lugar, la propia UDRP se refiere a este procedimiento como un "procedimiento administrativo". Es más, resulta un poco dudoso que la cláusula contractual por la que el titular del nombre de dominio acepta someterse a la decisión de los panelistas pueda ser considerada una cláusula de arbitraje; pues de ser así, dicha cláusula sería nula en derecho español cuando el adquirente de un nombre de dominio tuviera la consideración de consumidor, al tratarse de una cláusula de arbitraje contenida en condiciones generales de la contratación.
Sea como fuere, resulta cierto que tampoco en la decisión adoptada por el panelista se puede efectuar declaraciones sobre los derechos de las partes, ya que se trata de una instrucción dirigida al administrador del nombre de dominio acerca de cómo actuar; es decir, la decisión tan solo vinculará al registrador.
Llegados a este punto, es menester ahora resumir las ventajas e inconvenientes de este sistema de resolución de conflictos con ánimo de otorgarle finalmente una calificación general en las conclusiones de este trabajo:
Entre las muchas ventajas, se destacan las siguientes:
* Flexibilidad: permite a las partes acudir a expertos en el área relevante al conflicto garantizando calidad y eficiencia, así como un proceso adaptado a las prácticas y usos comunes.
* Rapidez: En este punto, cabe destacar que lo más notable es que se trata de un proceso diseñado que es rápido por ser en esencia sencillo.
* Bajos costos y celeridad administrativa: Estipula unas tasas fijas de tramitación inferiores a los tradicionales costes de administración de justicia.
* Independencia: Respecto de la nacionalidad y de las partes enfrentadas.
* Ejecutabilidad de las decisiones y acuerdos: por parte de las entidades registradoras.
Resumiendo, la política para la Resolución de Conflictos de ICANN, refleja un gran avance en la solución dirigida a satisfacer una actividad ilegítima específica como lo es el Cybersquatting. No obstante, debemos significar que la manera en que dicha regulación ha sido diseñada permite un proceso capaz de llevarse a cabo empleando medios tecnológicos con una nota acentuada de simplificación, garantizando a su vez una eficiencia en la resolución en cuanto que es emitida por expertos y sin que finalmente se menoscabe el derecho al acceso final a un órgano jurisdiccional. (7)
* Dominios Genéricos: En este sentido, el otorgamiento de un nombre de dominio no impone la obligación de ser previamente titular de una marca registrada, ni tampoco demostrar un interés legítimo al mismo. Es decir, cualquier persona física o jurídica puede acceder al nombre de dominio, siendo su única condición para la concesión el pago de las tasas de registro.
Esto que en principio puede ser considerado una ventaja puede ser también entendido como un inconveniente, por cuanto que, cualquier persona puede registrar un dominio y consecuentemente no se le puede privar de éste hasta que no se demuestre que ha existido “mala fe”, lo que genera en gran medida altas posibilidades de ciberocupación.
* La no obligatoriedad: Si bien la empresa que tiene el nombre social o la marca puede acudir al Icann para recuperar el dominio, lo cierto también es que sólo se le proporciona una solución provisional, que aunque ejecutable de forma inmediata deja a las partes con el dominio en suspenso hasta que se dicte la definitiva resolución judicial. (8)
* Parcialidad: En cuanto que recibe desde diversos sectores críticas referidas a que el ICANN se encuentra sometido a la presión de grandes lobbys típicos de la política y vida americana. (9)
* Disgregación de criterios: A pesar de la instauración del famoso principio mundial sobre asignación de nombres de dominio: «First come, first served», lo cierto es, que parece desintegrarse. Un ejemplo lo representa el procedimiento de resolución de conflictos francés que desde mayo de 2004 exige probar que el registro o uso de nombre de dominio disputado viola los derechos de un tercero protegido de acuerdo con el derecho francés y en particular por derechos de propiedad intelectual o industrial, derecho de la competencia, deslealtad en el cumplimiento de relaciones comerciales y en el uso a utilizar el nombre o pseudónimo de una persona.
Tal separación respecto de los tradicionales requisitos de la Política Uniforme del ICANN (recordemos: nombre de dominio idéntico o similar a una marca, inexistente interés legítimo y uso y registro de mala fe) a favor de ámbito de competencia mayor que permite el apoyo de la reclamación no sólo en propiedad intelectual o industrial sino en otros ámbitos como los expuestos. Lo cual nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una regulación no solamente más amplia sino internacional y uniforme en materia de nombres de dominio para evitar inseguridad jurídica.
* Dudas sobre aplicación de normas: No existen normas claras sobre qué punto de conexión debe tener en consideración el panel para determinar la legislación aplicable. Lo ideal sería que se tuvieran en cuenta las normas del Derecho Internacional privado. (La residencia como punto de conexión).
Otra ventaja que puede ser vista a su vez como inconveniente es que el procedimiento por venir determinado por un proceso rápido puede conllevar también una argumentación jurídica poco consistente.
* Conocimiento limitado: El propio alcance del procedimiento administrativo se ve restringido a aquellos nombres de dominio que infrinjan derechos de marcas, por lo que no sirve para resolver controversias entre las partes que compiten de buena fe.
En conclusión, y sin perjuicio de todos estos inconvenientes, el proceso administrativo de ICANN, desde mi punto de vista cuenta con la grandeza de escenificar un modelo de administración de justicia entre individuos de nacionalidades y localizaciones diferentes, que sobrepasa los conflictos tradicionales de jurisdicción, de la ley aplicable y de la competencia internacional. Por consiguiente, no arriesgo al decir que quizá nos hallemos mas cerca de lo que imaginamos, de un concepto real de aplicación transnacional de justicia a través de la Red.
Definitivamente, el sistema evaluado representa en mi opinión los primeros vestigios de una idea situada en la frontera de la ciencia-ficción: La cyber-justicia o la administración de justicia a través de Internet.
“La justicia es la verdad en acción”
(1) Para más información sobre la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) consultar www.iana.org.
(2) http://www.icann.com
(3) El ICANN fijó el 24 de octubre de 1999 el procedimiento de arbitraje, encomendando su tramitación y resolución a la OMPI. Las reglas del arbitraje pueden consultarse en. http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
(4) Conocida por sus siglas en inglés UDRP: Uniform Dispute Resolution Policy of the Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN-UDRP);http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
El ICANN decidió encargar a la OMPI que desarrollara un mecanismo de resolución de estos conflictos. La OMPI elaboró la UDRP, norma básica para la resolución de los conflictos sobre los nombres de dominio genéricos .com, .net y .org . De acuerdo con esta norma y sus reglas de procedimiento , cualquier contrato de registro o renovación de un nombre de dominio llevaría incluida una cláusula según la cual, en caso de reclamación de un tercero, el titular del dominio se sometería a un procedimiento administrativo obligatorio, en el cual un panel administrativo, formado por uno o tres panelistas, resolvería acerca de la legitimidad de la reclamación del tercero, de acuerdo con unas supuestos tasados, contenidos en la UDRP , y bajo la administración de un proveedor de servicios de resolución de disputas sobre nombres de dominio .
(5) Una lista de los países que se han acogido a la Política de Resolución de Conflictos de la ICANN puede ser revisada en http://www.eresolution.ca/services/dnd/dnd.htm
(6) Hewlett Packard, Chrysler, AOL y Siemens discutieron en una cumbre de Miami, en Septiembre de 2000, la creación y adopción de un instrumento arbitral que fuese diseñado para la resolución de conflictos entre consumidores como herramienta para favorecer una mayor confianza y desarrollo en los mercados internacionales.
El sistema alternativo de resolución de controversias más característico de Internet es el gestionado por ICANN y diseñado por la OMPI para la resolución de disputas sobre nombres de dominio.
Es una verdadera alternativa de un procedimiento judicial lento, costoso y de resultado incierto, por lo que muchos titulares de marcas prefirieron alcanzar acuerdos.
Ahora bien, el sistema contenido en la UDRP no constituye un arbitraje en el sentido internacionalmente aceptado del término. La UDRP contiene unas normas que se incorporan por referencia al contrato entre el titular del nombre de dominio y el registrador, y que constituyen un mecanismo por el cual un tercero (el panelista) decide si el registrador debe cumplir o no las obligaciones que le impone el contrato de registro, ante la ocurrencia de un evento determinado (la reclamación fundada de otro tercero, titular de una marca supuestamente infringida por el nombre de dominio).
(7) Un estudio reciente del Max Planck Institut sobre los mecanismos de resolución de las disputas surgidas por la propiedad de un dominio en Internet ha puesto de manifiesto que, de momento, sus resultados son satisfactorios. Sobre los 700 litigios estudiados, a los que se había aplicado la Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), un 76% se había resuelto a favor de los demandantes, que por lo general pretendían recuperar un registro efectuado por los demandados. Tan sólo el 21% de las disputas había sido resuelto por los paneles de la OMPI a favor de quienes efectuaron el registro en primer lugar, desestimando las demandas interpuestas para su recuperación por quienes se creían con mejor derecho. Entre los casos más destacados de los últimos meses se encontraba el litigio por fifa.biz, registrado en Corea del Sur por la firma Neocos y reclamado en diciembre por la FIFA. A principios de marzo el Panel de Arbitraje y Mediación de la OMPI que dirimía el caso falló a favor de la FIFA.
(8) Un buen ejemplo de una larga disputa judicial lo representa el caso barcelona.com, atribuido al Ayuntamiento de la ciudad en primer lugar por la OMPI y más tarde por un tribunal norteamericano.
En febrero de 1996, Joan N.C. registró el dominio barcelona.com a nombre de su esposa para traspasarlo más tarde a la empresa de información turística Barcelona.com Inc. Cuatro años más tarde, en mayo del año 2000, J.N.C. y el Ayuntamiento de Barcelona ‑que deseaba recuperar el dominio- contactaron con objeto de acordar un nuevo traspaso a favor de éste, pero no se produjo el acuerdo y el Ayuntamiento presentó su demanda ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El 4 de agosto de 2000 el panelista de la OMPI consideró que el Ayuntamiento de Barcelona tenía mejor derecho, pues, en primer lugar, era titular de una marca similar al término registrado –Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona‑, por lo que podía generarse confusión en el ámbito mercantil. Por el contrario, el hasta ahora titular del dominio carecía de derecho alguno sobre el nombre Barcelona. Además, apreciaba el panelista mala fe tanto en el registro del dominio como en su uso; lo primero lo fundamentaba en el intento de venta que no llegó a fructificar, mientras que la mala fe en el uso tenía su razón en el intento de atraer el tráfico hacia la venta de paquetes turísticos relacionados con la Ciudad Condal a aquellas personas interesadas en la propia ciudad.
J.N.C., no conforme con esta resolución, interpuso la correspondiente acción civil ante la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia ‑donde se había efectuado el registro‑ solicitando la declaración de legitimidad del registro del dominio realizado en 1996. Pero el juez Claude M. Hitton dictó sentencia denegando sus pretensiones y decretando la transferencia de la titularidad del nombre de dominio a favor del Ayuntamiento de Barcelona.
Las razones del juez norteamericano en poco difieren del panelista de la OMPI. Lo más discutido de esta sentencia, por los autores, fue la justificación que se contiene en ella sobre la aplicación de la Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) al caso. Según el juez norteamericano, la naturaleza internacional tanto de Internet como del conflicto a resolver legitiman la aplicación de la citada norma a pesar de que lo que está en juego es una marca española. Sin embargo, se le ha reprochado que la ratio legis de la norma es la de proteger a los titulares de marcas estadounidenses, y no la de proteger a los titulares de marcas de terceros países. Nos encontramos de nuevo con un problema de territorialidad originado por la internacionalidad de la Red. Es cierto que la ACPA es una norma norteamericana, pero más dudoso es que pretenda proteger solamente las marcas norteamericanas y los nombres de dominio norteamericanos; no podemos desconocer que la firma registradora ‑que tendrá en definitiva que ejecutar la sentencia‑ está en suelo norteamericano y fue en suelo norteamericano (real o digital) donde se desarrolló la acción de registro (solicitud, alta, mantenimiento, etc.).
(9) En la reunión de ICANN celebrada en Marina del Rey, California en noviembre del año 2000 se aprobó la creación de siete nuevos primeros niveles generales de Nombres de Dominio y son los siguientes:
.infoPara uso general .bizPara uso general .proPara profesionales .namePara Web Site personales .aeroPara líneas aéreas y grupos de éstas .coopPara cooperativas .museumPara museos
Para algunos autores con esta selección ICANN demostró su incompetencia y su poco interés por el verdadero desarrollo de la Red que se supone es su objetivo principal, dejándose deslumbrar por las empresas económicamente mas poderosas que presentaron proyectos con un mayor lobby y dejaron por fuera otros primeros niveles que fácilmente pudieron haber tenido un uso y éxito mucho mayor y de utilidad muy superior para los usuarios de Internet como por ejemplo .kids para sitios de niños, .xxx para sitios de adultos, .health para salud, .travel para viajes, y otros como .geo, .web, etc. que seguramente podrían obtener un mayor número de solicitudes que .museum o .aero por solo mencionar algunos.
M. Stuart Lynn, que fue presidente de la ICANN, propuso su reestructuración pues en su opinión resultan caros y poco representativos los órganos de gobierno, por lo que sería preferible que fueran los gobiernos quienes designaran a los representantes. Además propuso reducir los 19 miembros del Consejo de Dirección a 15, cinco elegidos por los gobiernos, cinco por las empresas y otros cinco elegidos entre los actuales miembros de la ICANN, entre los que estaría el propio Lynn. Propuso también que los órganos de gobierno y gestión sean el Address and Numbering Policy Council (ANPC), el Generic Top-Level Domain Policy Council (GTNPC) y el Geographic TLD Names Policy Council (GTNPC), junto a cuatro comités relativos a los aspectos técnicos, de seguridad, del sistema de servidores raíz y gubernamental. Karl Auerbach ‑representante de los internautas estadounidenses‑ hizo pública inmediatamente su oposición, secundada por un gran número de usuarios. La mala acogida de las propuestas de Lynn provocó que la portavoz de la ICANN, Mary Hewitt, especificara unos días más tarde que se trataba tan sólo de unas propuestas dialogables y susceptibles de modificación. El Governmental Advisory Committee (GAC) admite que se necesita un cambio estructural y la especificación de las funciones de ICANN, pero no se mostró completamente de acuerdo con las propuestas de Lynn.
(10) Estos servicios se están implantando en iniciativas como TRUSTE, centrada en la observación de las normas sobre protección de datos, o Web Trader, que diseña un código de prácticas para los comercios on line. En España AENOR ha creado una marca de buenas prácticas comerciales para el comercio electrónico.
La AGACE, Agencia de Garantía del Comercio Electrónico, sello de calidad que se estampará únicamente a aquellas actividades de Comercio y Gobierno electrónicos que demuestren satisfacer los requisitos del Código de conducta creado por APTICE .
(11) GAILLARD, E. y SAVAGE, J. Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration. La Haya, 1999. Pág. 612.
(12) ALFORD, R.P. "The Virtual World and the Arbitration World" Journal of International Arbitration, Vol. 18, No 4 (2001), págs. 449-462 ALFORD, R.P. "The Virtual World and the Arbitration World" Journal of International Arbitration, Vol. 18, No 4 (2001), págs. 449-462
(13) Pérez Milla, J. Globalidad e internacionalidad jurídica de los nombres de dominio, en RCE nº 13 (II-2001), pp. 3-48.
(14) Peinado, J.I. “Luces y sombras del procedimiento administrativo de la OMPI en conflictos sobre la titularidad de nombres de dominio (GTLD)”, en RCE nº 16 (V-2001), pp. 3-45.

References: resolución 
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