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Timestamp: 2018-06-20 10:52:21+00:00

Document:
El gobierno Federal está obligado a afianzar las relaciones de paz y comercio por medio de tratados con las potencias extranjeras (Art. 27° C.N), en igual forma que la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes que dicte el Congreso son la ley suprema de la Nación y su obligación de conformarse a ella (Art. 31° CN), además que no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal (Artículo 39°) Siendo enumerados los tratados internacionales a los que les otorga jerarquía constitucional, entendiendo que estos son complementarios de la Constitución Nacional (Art. 75° inciso 22° CN y Ley 23.849 del 27/9/90)
La DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Art. 4°)
En igual forma CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 - Ley 23.849) la República Argentina al ratificar la Convención respecto al artículo 2°, dice que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Esta convención dice en el artículo 6° inciso 1°: Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Inciso 2°: Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
Sobre la posibilidad que un tratado internacional entre en conflicto con la Constitución Nacional, no puede ser aceptada, dado que antes de su aprobación y posterior ratificación, se llevó a cabo el control de concordancia con las normas constitucionales, y una vez en vigor ningún Estado puede invocar su normativa interna para no cumplirlo (art. 27 de la Convención de Viena)
De modo tal que no existe ningún elementos justo, legítimo, fundado, cierto, y razonable para aceptar el pedido por anticonstitucional.
2.- Al aborto: Aborto es la privación del nacimiento. Puede ser: a) espontaneo; o b) provocado donde se pueden utilizar métodos no quirúrgicos y/o quirúrgicos en ambos casos para matar al embrión. Las complicaciones: Hemorragia. Desgarros cervicales. Perforación uterina. Hematometra. Infección. Sinequias. Trastornos de la fertilidad. Incompetencia ístmico-cervical y aborto habitual. Repercusión psicológica. Mortalidad.
3.- Legal:
El tercer punto del pedido, se entiende como el deseo de que el aborto se encuentre dentro del conjunto de preceptos jurídicos que un Estado establece a través de los órganos especialmente creados para ello.
Esta solicitud aparte de estar rechazada por todo lo mencionado en el punto 1.- Derecho, negativa que se amplía con el Código Civil y Comercial de la Nación en el Artículo 19° al considerar que existe una persona humana desde el momento de la concepción y puede ser titular de derechos y obligaciones que quedan irrevocablemente adquiridos si nacen con vida (artículo 21°). Como toda persona humana tiene capacidad de derecho (artículo 22°) y la norma lo enumera entre los incapaces del ejercicio de ese derecho, disponiendo que la representación legal la ejercen los padres (artículo 101° inciso a). Asimismo la ley civil lo considera como persona que puede suceder al causante al momento de la muerte de éste, siempre que naciere con vida (artículo 2279°). En este caso, el aborto además de matar a una persona humana, podría ser utilizado para alterar el orden sucesorio.
El médico aspira a servir, a curar, a restablecer la salud del prójimo, pero el ejercicio de la medicina entraña riesgos y la práctica médica puede provocar lesión a bienes jurídicos protegidos por la ley.
El hablar de aborto provocado seguro, es un error por no tener en cuenta que toda intervención médica tiene riesgos, cualquier tratamiento médico o quirúrgico es potencialmente una causa de daño a la integridad del paciente. Ni la efectiva aspirina escapa a esta afirmación, pues ella puede producir la activación de una úlcera gástrica que lleve a hemorragia masiva.
Luego de estas aclaraciones para aquellos alejados de los detalles médicos, y que son inducidos a error, cabe que se pregunten:
¿La interrupción legal del embarazo logra el bienestar físico, mental y social de la mujer?
Algunas publicaciones médicas de países en los cuales el aborto legal ha sido instituido, permite sacar conclusiones sobre esta pregunta.
1.- Un estudio realizado entre los años 1987 y 2000, en mujeres entre 15 y 49 años de edad, arrojó que la tasa de mortalidad materna por causa del aborto legal en Finlandia es 2,95 veces mayor que la del parto, persistiendo el índice de muerte elevado durante por lo menos 8 años. [1] [2]
2.- En Estados Unidos se analizaron 67.175 legrados en abortos realizados en 13 instituciones entre los años 1975 y 1978, con una incidencia global de perforación confirmada de 9%, hecho que implica un peligro cierto de vida. [3]
3.- En Ontario, Canadá, en el 2001 se publicó estudios en 41.039 pacientes sometidas a abortos inducidos en la Provincia de Ontario en 1995, que se compararon con un grupo de 39.220 pacientes que se embarazaron y no abortaron. Los resultados revelaron que tres meses posteriores al aborto provocado la utilización de los servicios de salud fue 165% mayor en mujeres con antecedentes de abortos provocados que en el grupo control, por Infecciones, eventos quirúrgicos y problemas psiquiátricos. [4]
4.- Harlow y colaboradores de la Universidad de Harvard con una amplia muestra probabilística (n = 4,161) en el 2004 compararon 332 mujeres con síntomas depresivos, con 644 sin esos síntomas. Encontraron que las mujeres con antecedentes de aborto inducido múltiples tuvieron de dos a tres veces mayor riesgo de depresión mayor que el grupo control. [5]
5.- Coleman y colaboradores demostraron el mayor riesgo a la drogadicción y abuso de sustancias en mujeres que han tenido abortos inducidos, en el 2002 en mujeres entre 15 y 25 años de edad, Grupo a – 1.144 sin ningún embarazo: Grupo b – 535 embarazos a término y Grupo c – 213 con abortos provocados. El grupo c consumió más drogas que el grupo b. 100% mayor riesgo de marihuana y 149% mayor riesgo de cocaína. [6]
6.- Un estudio realizado sobre 2.891 mujeres asistidas en 15 hospitales de Shangai, China, por Sun y colaboradores, entre 1993 y 1998 se encontró que el aborto inducido por el método de aspiración manual endouterina se asoció con incremento en el riesgo de aborto espontaneo durante el primer trimestre en el siguiente embarazo. [7]
5.- Gratuito:
Este punto es obviado ante la gravedad de lo requerido, lo antijurídico, antinatural y escaso sentido humanitario.
Queda descartado que haya el derecho de un sexo a abortar o matar, que el aborto desde el punto de vista médico sea seguro y mucho menos legal.
Para completar estos conceptos Julián Marías que manifestaba en una época en que se habla tanto de la “mujer objeto”, se ha abierto camino en la mente de la gente, la interpretación del niño-objeto, del niño-tumor, que se puede extirpar como un crecimiento enojoso. Se trata de obliterar literalmente el carácter personal de lo humano.
La última cuestión por recordar es la relación médico paciente, en donde los médicos han jurado:
“Tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de su concepción.”
Asociación Médica Mundial en 1948. Ginebra
Fórmula adoptada por el Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Médicas. Universidad de Buenos Aires
[1] Reardon, D.C.; Ney, P.G.; Scheuren, F.; et al. (2002) Deaths associated with pregnancy outcome: a record linkage study of low income women. South Med J. 95 (8):834-884.
[2] Gissler, M.; Berg, C.; Bouvier-Colle, M.H.; Bueckens, P. (2004) Pregnancy-associated mortality after birth, spontaneous abortion or induced abortion in Finland, 1987-2000. Am J Ob Gyn. 190:422-427.
[3] Grimes, D.A.; Kenneth, F.; Schulz, M.B.A.; Willard, J.; CatesJr., M.P.H. (1984) Prevention of uterine perforation during curettage abortion. JAMA. 251 (16): 2018-2111.
[4] Ostbye, T.; Wennghofer, E.F.; WoodWard, C.A.; et al (2001) Health Services utilization after induced abortions in Ontario: a comparison between community clinics and hospitals. An J Med Qual. 16 (3): 99:106.
[5] Harlow, B.L.; Cohen, L.S.; Otto, M.W.; et al. (2004) Early life menstrual choracteristics and pregnancy experiences among women with and without major depression: the Harvard Study of Mood and Cycles. J Affect Disord. 79 (1-3): 167-176.
[6] Coleman, P.K.; Reardon, D.C.; Cougle, J.A. (2002) A history of induce abortion in relation to substance use during subsequent pregmancies carried to term. Am J. Obstet Ginecol. 187 (6): 1673-1678.
[7] Sun, Y.; Che, Y.; Gao, E.; et al. (2003) Indiced abortion and subsequent miscarriage. Int J Epidemiol. 32 (3) 449-454.
Presentación 02 de marzo de 2018.
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y DEL NIÑO POR NACER EN SITUACIÓN DE DESAMPARO O RIESGO
Sometemos a vuestra consideración el presente proyecto de ley que dispone la protección de la persona por nacer, a través de la protección a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.
El niño y su madre constituyen dos rostros inescindibles de una misma realidad, con lo cual la sociedad Argentina tiene una importante deuda que saldar.
El Partido Demócrata Cristiano desde su fundación ha tenido en su base de principios la defensa irrestricta de la vida desde la concepción en el seno materno hasta su muerte natural, siendo sus legisladores fieles exponentes de esta postura. Tan es así que proyectos similares han sido presentados en otras épocas, pudiendo recordar en especial el proyecto de ley n° 30.696 de 1990, cuyo origen estuvo en 1988 en el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba por los doctores Gonzalo Francisco Fernández y Angel Manzur. En el orden nacional Carlos Auyero, Eduardo González y otros democristianos hicieron lo propio,
En la actualidad frente al avance de posturas violentas y discriminatorias que pretenden decidir quién nace y quien no, denigrando a la mujer bajo una falsa postura de un supuesto derecho a elegir sobre su cuerpo, nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 al incorporar los Tratados Internacionales que tienen por objeto la protección del niño por nacer, como así la necesidad de llevar adelante una política poblacional, nos permiten soñar con una Argentina poblada adecuadamente a lo largo y ancho de su territorio combatiendo la cultura de la muerte alentada desde los países centrales a fin que nos vayamos extinguiendo a partir de la desnatalización, es que nos proponemos efectuar esta presentación.
Sabiamente el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional ordena que "Corresponde al Congreso:..23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia."
Esta manda constitucional está incumplida al día de la fecha pues la Asignación Universal dada a las madres embarazadas además de correr desde el 3er mes y no de la concepción (en contra de lo expresamente regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación) es totalmente parcial e insuficiente y no contempla la totalidad de la problemática.
En síntesis el proyecto que presentamos a consideración tiene el alcance de darle protección integral a la mujer vulnerable y al niño en desamparo porque estamos convencidos que son esas las circunstancias determinantes en la decisión de abortar que pueden llevar a cabo madres desvalidas.
Es imprescindible que el Estado proteja la vida de ambos, porque la madre y el niño por nacer son iguales en dignidad y derechos.
El proyecto que presentamos no está diseñado en un laboratorio, está inspirado en la experiencia fecunda de muchas instituciones privadas sin fines de lucro, que llevan muchos años trabajando “... en la defensa de la vida humana, especialmente de aquélla recién concebida en el seno materno, a fin de que la misma se desarrolle y crezca regularmente, sea aceptada y favorecida con amor por sus padres, familiares y la comunidad en general, llegue a término y nazca en un ambiente y en circunstancias espirituales, culturales y económicas sociales que posibiliten su integral desarrollo como persona, teniendo en cuenta que desde el momento de la concepción ya es tal, con los derechos que le son propios y connaturales...”
Protegiendo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad o conflicto, ayudamos a la defensa de la vida que ésta ha concebido. Es parcial y podría ser considerado injusto defender sólo al “nasciturus”, olvidando a la madre que padece a causa de la concepción. Debemos tener presente a aquélla en cuyo interior “... se desarrolla la nueva vida, en su organismo, implicándola profundamente”. (Mulieris Dignitaten Nº 19). La postura propositiva debe ser integral.
No ponemos en duda la dignidad eminente y el valor autónomo de la vida humana desde su concepción en el seno materno, tan sólo queremos protegerla conjuntamente con aquélla que la puede llevar conflictivamente en su seno. Si bien es la vida humana un don que mayoritariamente las mujeres reciben con alegría inmensa, no podemos desconocer que también en muchas de ellas, la concepción implica conflictos por distintos motivos o circunstancias.
Por el otro lado la vida de la personas humana desde la concepción debe ser resguardada y no admite explicación alguna la interrupción caprichosa y arbitraria de ella en cualquier etapa de su desarrollo, pues siempre será vida y siempre será humana, lo que obliga a la protección del Estado y a garantizarla, ya que no se puede desde el Estado discriminar que vida es la más importante en cuanto que estamos en presencia de un mismo y único derecho humano anterior a la creación del Estado como es el derecho a la vida.
En los artículos 1º y 2º del proyecto presentado se menciona el objeto de la ley y las claras conceptualizaciones de la persona por nacer y de la mujer embarazada en situación de conflicto. Respecto a la primera se mantiene el sabio criterio del Codificador en los arts. 63 y 70 del otrora Código civil Argentino (actuales artículos 19 y 21 del Código Civil y Comercial de la Nación), adelantado a su tiempo cuando el derecho no podía verificar con tanta claridad, lo que la naturaleza hoy muestra espléndidamente con el concurso de la investigación médica.
Desde la concepción en el seno materno se origina un nuevo ser humano, distinto de sus generadores y así, un nuevo sujeto de derechos y no un objeto de protecciones relativas. Se destierra en definitiva la idea de un posible pre-embrión anterior a la existencia de la persona humana.
Por lo tanto la persona por nacer es un sujeto, no es una cosa, tiene tutela jurídica desde la concepción. Es persona humana.
Por de pronto debemos decir que es un ser humano que los hombres y las mujeres generan sin utilizar ninguna materia ajena a sus propios organismos. Tiene por tanto este ser la dignidad humana por sí mismo más allá de la necesaria y natural evolución del embrión. Es un ser nuevo y distinto del de quienes lo generaron, autónomo y con propio desarrollo biológico. No es como una célula que depende del conjunto celular, el embrión no forma parte de ningún conjunto, no es fundamental para la vida de la madre, ni del padre. La autonomía es demostrada plenamente por los procedimientos de fecundación artificial que son implantados luego en el útero femenino para continuar el ciclo biológico que conduce al nacimiento.
El embrión se encuentra desde la fecundación del óvulo diferenciado de sus generadores. Es identificable e individualizable con relación a sus progenitores y con respecto a todo otro embrión y ser viviente. Por su estructura genética se diferencia de las otras especies vivientes. No cabe dudas que es por su estructura genética vertebrado, mamífero, humano. No puede mutar hacia otra especie que no sea la humana. De acuerdo con la ciencia que estudia la realidad biológica humana, esto es la genética, la humanidad se encuentra en una especial conformación de la secuencia del ácido desoxirribonucleico –ADN-, que pertenece exclusivamente al género humano y que es precisamente la que posee el embrión apenas concebido. No cabe dudas que todos fuimos embriones, fuimos feto de 7 meses, fuimos chicos de 4 años, somos adultos; la identificación es perfecta! No admite margen de error. Por lo tanto el derecho frente a un dato irrefutable científico no puede permanecer indiferente y debe reconocer la humanidad del ser recién concebido.
Ahora bien, partiendo entonces de esta afirmación científica no religiosa, podemos sostener que no puede hablarse de derecho a la privacidad, a la elección o la terminología que se pretenda usar para amortiguar el impacto de las palabras en la sociedad en cuestiones que afectan a los derechos inalienables del embrión que según dijimos es persona y distinto a sus padres, debemos por consiguiente declarar la realidad humana del embrión y reconocerle un status jurídico que garantice su derecho a la vida, siguiendo el criterio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la ley 23.054 por el Congreso Nacional, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su art. 4º.1 establece “el derecho de toda persona a que se respete su vida a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
A su vez la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.849, el 27 de septiembre de 1990, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20/10/1989, dispone en igual sentido en el art. 6. punto1. “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”, es decir desde la concepción y el art 2 de dicha norma estable que la…” “La Republica Argentina declara que el mismo deber interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción...”
De lo expuesto precedentemente a partir de la reforma constitucional de 1994 el derecho a la vida de la persona por nacer goza de protección constitucional plena dado el art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional, cuya ratificación se encuentra firme y vigente.
Por ende esto pone de manifiesta la imposibilidad del Congreso de dictar una ley que autorice el aborto sin ser INCONSTITUCIONAL, por lo que se amerita impulsar este proyecto de ley que resguarda la vida protegiendo a la mujer en situación de crisis, de vulnerabilidad.
Ahora bien, por otro lado, en el proyecto presentado la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad está descripta convenientemente como aquélla que carece de las condiciones subjetivas y objetivas indispensables para afrontar el proceso gestacional y la maternidad. Se refiere al aspecto subjetivo, a la persona de la mujer, a su propia personalidad, al coeficiente intelectual que ésta posea para la comprensión del suceso maternal. Se encuentra en situación de conflicto la mujer embarazada que por su edad, desarrollo anormal, situación social desconoce los derechos y obligaciones esenciales de la maternidad o se niega a ello. Esta son algunas hipótesis de conflicto, pero pueden existir muchas más que hagan a la situación de la madre durante el proceso gestacional.
Las condiciones objetivas apuntan fundamentalmente al apoyo necesario del padre y/o el núcleo familiar en el caso de la mujer que se encuentra sola. Se trata del apoyo material y espiritual que toda mujer necesita en el proceso gestacional, en el alumbramiento y, luego, en los primeros tiempos de la crianza del niño. Las carencias de tales apoyos colocan a la mujer en forma evidente en situación de conflicto.
En los artículos 3, 4 y 5, el proyecto se refiere a la creación del Fondo Nacional, donaciones y legados, siendo la administración del mismo ejercida por el organismo que establezca el Poder Ejecutivo en el momento de la reglamentación de la ley.
Los fondos para los programas de apoyo a las mujeres embarazadas en situación de conflicto, se destinan exclusivamente a las instituciones públicas y privadas que se acojan a los beneficios de esta ley. Se trata de lograr los aportes de las genuinas vocaciones solidarias que existen en el cuerpo social, las que se expresan en Instituciones privadas o públicas. Entre las primeras, podrán acogerse a los beneficios de esta ley las asociaciones civiles, asociaciones religiosas y las fundaciones, siempre que de sus estatutos surja que se proponga la defensa de la vida humana naciente, a través de la protección a la mujer embarazada en condición de vulnerabilidad o conflicto.
También podrán acogerse a los beneficios de esta ley, las instituciones públicas y privadas, siempre que establezcan estructuras debidamente diferenciadas de cada cuerpo institucional, destinados exclusivamente a la protección de la vida humana en sus primeros estadios, a través de la protección de la mujer embarazada en la situación señalada.
Las instituciones deberán apoyar a la madre para que acepte y proteja a su hijo, tratando de evitar en todo momento que aquélla interrumpa la gestación. Esta es la gran misión establecida por esta ley.
A las instituciones que se acojan a la presente ley, les está expresamente prohibido intermediar en la colocación de niños para la adopción o figuras similar. Si fracasa en el intento de que la madre acepte a su hijo, deberán orientarla hacia los jueces de Menores. Se crea para la contribución a la ayuda de aquellas mujeres impedidas temporalmente de criar y educar sus hijos y que por lo tanto no quieren darlo en adopción, la figura de la familia coadyuvante que creemos contribuirá grandemente al alivio de la angustia de muchas madres embarazadas y a su tranquilidad de ánimo de que no tendrán una pérdida definitiva del niño por nacer como podría suceder con el instituto de la adopción.
También se regula el caso de filiación y visitas de las mujeres que han sido objeto de delitos sexuales. Es necesario priorizar en forma total la tranquilidad de ánimo de las mujeres víctimas de violencia, siendo un dato de la realidad la desesperación que las angustia de tener que vincularse en el futuro con quien fue su victimario.
Si esta ley cumple con los objetivos para la que está destinada, seremos más justos con muchas mujeres, ayudaremos que vean la luz del sol muchas vidas inocentes; se encausarán muchos embarazos no deseados al carril legal de la adopción o de la ayuda que puedan brindarle las familias coadyuvantes; y así se diluirá la comercialización de la vida humana. La Argentina transitará hacia un desarrollo poblacional que nos permita ser una Nación viable apostando a la Cultura de la Vida.
Las sociedades en el mundo están reclamando volver a los valores de la vida, la verdad, la transparencia, la solidaridad, la verdad, lo moral, seamos los argentinos en la tierra de S.S. Francisco quienes demos el ejemplo de un cambio en la humanidad apostando por la vida de todos y cada una de las personas humanas.
María Alejandra Muchart, Presidenta Movimiento de Mujeres DC CABA
Roberto Jorge Martínez, Secretario General Junta Ejecutiva PDC CABA
Carlos Lionel Traboulsi, Presidente Junta Ejecutiva PDC CABA
“PROTECCION INTEGRAL DE LA mujer en CONDICION de vulnerabilidad y DEL niño por nacer en situación de desamparo o riesgo.”
De conformidad a lo establecido en el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional la presente ley tiende a la protección integral tanto de la mujer gestante de cualquier edad y estado civil, como del ser humano desde el primer instante de la concepción, entendiendo por tal la fecundación del óvulo humano por el gameto masculino de la misma especie. A todos los fines del ordenamiento jurídico el ser concebido en cualquiera de sus etapas antes del nacimiento es persona humana y será denominado niño por nacer.
Dicha protección se hará efectiva a través de asistencia médica, psicológica, espiritual, legal, administrativa y económico-financiera por parte del Estado y de las Instituciones Públicas y/o Privadas a que se refiere esta ley.
Artículo 2º: Mujer embarazada en condición de vulnerabilidad y niño por nacer en situación de desamparo o riesgo:
A los fines de la presente ley se considera mujer en condición de vulnerabilidad y niño por nacer en situación de desamparo o riesgo, a aquellos en que la madre gestante carece de los medios mencionados en el artículo anterior o se encuentra en una situación afectivo-familiar inadecuada o inexistente para afrontar el proceso gestacional y/o la maternidad subsiguiente.
Artículo 3º: Fondo Nacional para la Vida:
Créase el “Fondo Nacional para la Vida”, el que se constituye para financiar los programas de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y a los niños por nacer en situación de desamparo o riesgo.
Artículo 4º: Recursos:
El “Fondo Nacional para la vida” se integrará con:
a) Los recursos que le asigne anualmente el presupuesto nacional, los que no serán inferiores al uno por mil (0,1%) del Presupuesto General.
b) Donaciones y legados. Las donaciones en dinero o en especie que se efectúen a las instituciones públicas o privadas previstas en la presente ley serán tomadas como pago a cuenta del impuesto a las ganancias en la forma que determine la reglamentación.
Artículo 5º: Administración:
La administración del “Fondo Nacional para la Vida” será ejercida por el organismo que determine el Poder Ejecutivo Nacional quien deberá supervisar la aplicación de las asignaciones a los fines específicos de la presente ley.
Artículo 6º: Destino:
El apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y la aplicación del “Fondo Nacional para la Vida”, se efectuará en forma exclusiva a través de asignaciones a las Instituciones Públicas o Privadas que manifiesten su voluntad de prestar los beneficios de esta ley.
Artículo 7º: Instituciones – Requisitos:
Para participar de las asignaciones del “Fondo Nacional para la Vida”, las instituciones deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Poseer una estructura de organización específicamente destinada al apoyo de la mujer en situación de vulnerabilidad y a su niño desde el comienzo del embarazo.
b) Disponer de los recursos materiales y humanos para cumplir su cometido.
a) Tener personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro, asociación religiosa reconocida por la Secretaría de Cultos de la Nación, o como Fundación.
b) Establecer entre los fines en sus estatutos la asistencia a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad desde el comienzo del embarazo hasta la finalización de la lactancia y al niño desde el embarazo hasta la finalización del periodo elemental.
Artículo 8º: Misión:
a) Será cometido de las Instituciones públicas o privadas, el apoyo material y espiritual a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y la protección del niño posterior al nacimiento.
b) Es misión inexcusable del Estado y de las Instituciones que brinden su asistencia en el marco de la presente ley procurar que la mujer no interrumpa el proceso gestacional.
c) El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a efectuar desgravaciones o exenciones impositivas que tengan en cuenta la cantidad de hijos y los ingresos del grupo familiar. Se procurará buscar iguales incentivos a través de adhesiones provinciales y/o municipales a esta ley.
Artículo 9º: Prohibición:
Las Instituciones previstas en esta ley no podrán intervenir y/o intermediar en la adopción o entrega en guarda de los niños posterior al nacimiento.
a) Adopción.
En el caso de que las Instituciones no logren por parte de la mujer en condición de vulnerabilidad la aceptación del niño, inmediatamente antes o después del nacimiento, deberán orientarla hacia el Juez competente en materia de adopción.
b) Familias coadyuvantes.
Cuando la mujer manifieste su intención de criar y educar al niño pero se encuentre temporalmente en dificultades, con intervención judicial podrá ser designada antes o después del nacimiento una familia coadyuvante hasta que la madre alcance las condiciones necesarias. El niño convivirá con la familia designada, manteniendo la madre en todo momento contacto con su hijo conforme determine el tribunal previa consulta a los intervinientes. La madre podrá retirar al niño temporalmente conforme las circunstancias del caso.
En ningún caso y sin excepción alguna podrá ser adoptado el niño por ningunos de los cónyuges de la familia coadyuvante o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Salvo caso excepcional y solo mediante resolución fundada, previa conformidad del ministerio pupilar, para inscribirse como familia coadyuvante los cónyuges deberán tener hijos propios vivos.
Artículo 10º: Tramite de acogimiento.
La solicitud de acogimiento a la presente ley por parte de las Instituciones será resuelta por el organismo nacional competente establecido en el artículo 5°, quien podrá requerir previamente los informes pertinentes.
Artículo 11º: Sanción:
El incumplimiento por parte de las Instituciones de los objetivos y requisitos exigidos por la presente ley, será sancionado de acuerdo a la gravedad de la infracción con: apercibimiento, multa de hasta una vez el monto mensual de las asignaciones de origen público recibidas en el mes anterior a la infracción, suspensión de hasta seis meses del otorgamiento de los beneficios de origen público y cancelación definitiva de la inscripción como institución privada en el ámbito de la presente ley.
Artículo 12º: Rendición de Cuentas:
Las Instituciones que reciban asignaciones en virtud de esta ley deberán llevar su contabilidad conforme a las normas vigentes en la materia y rendir cuentas semestralmente de la aplicación y destino de los fondos, sea su origen público o privado, ante la autoridad de aplicación establecida en el artículo 5°.
Artículo 13º: Inspección:
Sin perjuicio de las facultades concurrentes de otros organismo públicos, la autoridad de aplicación deberá inspeccionar, el funcionamiento de los hogares, comedores, residencias, dispensarios, consultorios, vacunatorios y demás prestadores que financien total o parcialmente a través de fondos regidos por la presente ley en forma periódica para garantizar la calidad de la prestaciones para el fiel cumplimiento de los objetivos de la presente ley y la correcta aplicación de los fondos rendidos conforme al artículo anterior.
Artículo 14º. Demanda de filiación o visitas.
En todos los casos de embarazos de mujeres víctimas de un delito sexual, los jueces rechazaran cualquier demanda de filiación o de régimen de visitas por parte del presunto autor del hecho, aunque no haya existido denuncia o instrucción de causa penal, o el hecho estuviere prescripto o el imputado hubiere sido sobreseído en etapa instructoria o absuelto por aplicación de la duda en el plenario. En caso de mínima duda se fallará a favor de la mujer. Solo podrán exceptuarse los casos en que se pruebe de modo fehaciente e indudable la falsedad de la alegación por parte de la misma.
Con excepción del caso en que hubiere fallecido la madre, los hijos menores de edad no podrán entablar demanda contra su progenitor hasta alcanzar la mayoría de edad. En ese caso la madre, a su sola manifestación, podrá optar por no ser parte en el juicio en ningún carácter y podrá negarse a comparecer a cualquier acto procesal o audiencia de exposición, testimonio o reconocimiento sin consecuencia legal alguna.
En ningún caso en que la filiación sea establecida, sea a pedido de la madre o del hijo, podrá dar lugar a que bienes de la madre de cualquier origen puedan pasar por herencia, legado o donación a favor del presunto autor del hecho o de sus herederos.
Artículo 15°. Defensor del niño por nacer.
En el marco de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación el cargo de Defensor General Adjunto del niño por nacer, el que tendrá dentro de sus facultades la defensa del niño por nacer y la supervisión del cumplimiento adecuado de la presente ley.
María Alejandra Muchart
Presidenta Movimiento de Mujeres DC CABA
Secretario General Junta Ejecutiva PDC CABA
Presidente Junta Ejecutiva PDC CABA
C.A.B.A. 28 de febrero de 2018.
7 M – MARCHA POR LA VIDA
El 7 de marzo la democracia cristiana porteña fue el único partido presente en la marcha “POR LA VIDA” contra la ley de aborto legal, seguro y gratuito frente al Congreso Nacional.
MOVIMIENTO DE MUJERES DE LA DEMOCRACIA
CRISTIANA CABA.
El Movimiento de Mujeres de la Democracia Cristiana CABA (MMDCC) el 8 de marzo, conmemoró el Día de la Mujer en la sede de la Democracia Cristiana, en Combate de los Pozos 1051 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una mesa de opinión sobre la “Mujer en la Política”. Con gran concurrencia y culminó con la actuación de un cantante de tango, cerrando con un brindis.
El día 9 de marzo el Movimiento de Mujeres de la Democracia Cristiana CABA (MMDCC) presidido por María Alejandra Muchart, organizaron en el salón Montevideo de la Legislatura Porteña. una mesa de opinión, “LAS MUJERES EN EL MUNDO LABORAL EN TRANSFORMACIÓN”, contando para tal organización y desarrollo con la dirigente Romina Torrez. fueron oradoras la Vicepresidente del MMDCC CABA Mirta Estela Venzke, la diputada de la Ciudad Victoria Roldan Méndez, María José Alzugaray, Guadalupe Neme, María Eugenia Reales, Rosana Funes, Paula Sanmarti, Norma Álvarez cerrando el evento María Alejandra Muchart. Un encuentro colmado de mujeres entusiastas con ganas de seguir en la reivindicación de derechos buscando una sociedad más igualitaria en las oportunidades y desde la visión del trabajo mancomunado con el varón.
Ambos eventos contó con la presencia del Presidente del Partido Demócrata Cristiano Distrito Capital Federal.
La Juventud de la Democracia Cristiana se reunió a confraternizar luego de una semana intensa. Contando también con la presencia del Presidente del Partido Demócrata Cristiano Distrito Capital Federal.
La guerra de Maduro contra la vida.
Una de las más significativas lecciones del régimen de Chávez y Maduro se refiere a la destrucción. Nada hay en Venezuela, absolutamente nada, que no haya sido erosionado, pervertido o demolido. El lector puede hacer el ejercicio por sí mismo. Piense en los ámbitos más significativos de la Venezuela de hace veinte, treinta o cuarenta años. Pregúntese cuál es hoy el estado de la industria petrolera; de la infraestructura vial; del sistema eléctrico; de los sistemas del transporte, sean públicos o privados; de la calidad y funcionamiento del sistema educativo; del funcionamiento de los servicios de salud. Pregúntese el lector por el estado de cosas en la minería, especialmente en la vasta región sur del territorio. Pregúntese por la protección ambiental de cuencas hidrográficas, selvas tropicales o de las zonas que están protegidas por legislaciones ambientales.
Piense el lector en el funcionamiento de las instituciones. En el estado de la productividad de todas las industrias. En el estado de la seguridad personal y patrimonial en el país. Piense en las cuestiones más básicas de la existencia. Trabajar y obtener un ingreso. Levantar a los hijos, prepararles un desayuno y llevarlos a la escuela. Salir a comprar comida y medicamentos. Enfermarse e ir a un centro de salud a buscar un diagnóstico y un tratamiento. Movilizarse de un lugar a otro. Elegir algún entretenimiento para los hijos o la familia -ir a un parque, visitar un museo, pagar una entrada para ver una película.
¿Son comparables las realidades de Siria y Venezuela? No en los términos básicos: en Siria hay un conflicto armado, que ha causado algunas de las escenas y sufrimientos más atroces del siglo XXI, mientras que en Venezuela se trata de otro fenómeno: una red de bandas de delincuentes ha tomado el poder y ha destruido el país, a una velocidad que sobrepasa cualquier previsión. El delincuente en el poder no es distinto al atracador que acecha a un peatón en la calle: su lógica es la de quitarle sus bienes, al costo que sea, incluso el de la vida, para disfrutarlo. En ambos casos, los objetivos son los mismos: robar de forma ilimitada, lograr la impunidad, inventar formas de huir (la Asamblea Nacional Constituyente, el adelanto de elecciones, los CLAP, la colonización de los poderes públicos, son formas de huida, de desesperada búsqueda de la impunidad).
Aunque sean procesos distintos, las secuelas de ambas realidades-la de Siria y la Venezuela- merecen ser contrastadas. En casi siete años de guerra militar, en Siria han muerto 300 mil personas. En Venezuela, un poco más de 150 mil personas han sido asesinadas por la sumatoria de la delincuencia y de la violencia del Estado especializado en ejecuciones sumarias. De Siria, alrededor de seis millones de personas han abandonado su país en las más diversas condiciones: refugiados, migrantes legales o ilegales, etcétera. En Venezuela, en el mismo período, más de tres millones han emigrado hacia unos 50 países no fronterizos -hacia América Latina, Europa y Norteamérica, principalmente-, y casi medio millón ha cruzado, por vía terrestre, las fronteras hacia Colombia y Brasil.
En Siria, todos los días, casi 7 millones de personas deben resolver cómo se alimentarán. En Venezuela, la cifra se multiplica por cuatro: 28 millones de personas se preguntan cada mañana qué comer, dónde conseguir los alimentos y, lo fundamental, sin poder prever a qué precios los encontrarán, en un escenario de hiperinflación, que el gobierno alimenta y alimenta con sucesivos aumentos, que destruyen la economía, las empresas, la productividad y el empleo.
La de Siria y la de Venezuela son dos guerras distintas. Pero son guerras. La sociedad venezolana afronta ahora mismo una persecución que está acabando con sus vidas. Es una guerra de baja intensidad, que mata de forma paulatina. Lentamente. Una guerra que socava. Que debilita. Que cierra los caminos. De ahogo y aplastamiento. La pregunta que sigue sin contestarse, es la de si los 50 o 60 jefes de las bandas de delincuentes, su voracidad por robar y mantener la impunidad, lograrán imponerse o no a los millones de familias que claman por una vida de libertad, trabajo y acceso a los bienes básicos.
Presidente – Editor.
Resoluciones aprobadas Comité Ejecutivo IDC – CDI.
16 febrero 2018.
Muestra su preocupación por la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela que tiene como víctima a sus 30 millones de habitantes. El país suramericano ha dejado de ser una democracia, sus instituciones republicanas y el tejido social han sido paulatinamente destruidos convirtiendo a la nación, en un territorio de represión y encarcelamientos, inhabilitaciones y violación del Estado de Derecho, corrupción y sede de organizaciones criminales internacionales.
Deplora enérgicamente la expulsión del Embajador español Jesús Silva Fernández de Venezuela, en clara represalia a las sanciones impuestas por la UE, vulnerando los principios elementales de la diplomacia y atentando contra los intereses de los venezolanos que reclaman el restablecimiento de la libertad y la democracia para su país.
José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre el Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición no tomó en consideración este último impasse diplomático dentro de las fracasadas deliberaciones en República Dominicana, como tampoco calibró el anuncio inesperado de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año, impidiendo, además, la participación de candidaturas de partidos opositores.
Insta a los partidos en la oposición a que, de forma conjunta, soliciten la ayuda interna y externa necesaria para denunciar esta nueva violación a la legalidad ante la Asistencia Electoral de las Naciones Unidas y del Tribunal Constitucional en el exilio nombrado por el legítimo parlamento venezolano a principios de este año. Cuando no hay participación plural, no se puede hablar de democracia.
Exige a Nicolás Maduro no continúe interfiriendo ni manipulando la Constitución y leyes venezolanas, y a su partido, que considere que el candidato Maduro está imputado por una denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, interpuesta por más de 130 representantes del pueblo, al objeto de que dicha institución judicial, realice un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela.
Respalda las decisiones adoptadas por los Cancilleres en la reciente reunión del Grupo de Lima en tanto condenan la irregular convocatoria a elecciones y la vulneración de derechos fundamentales.
Muestra su apoyo al Consejo Europeo por su posición respecto a Venezuela y enfatiza que mantenga una posición firme respecto a las sanciones aprobadas.
Budapest 16 de febrero de 2018.
Resolución sobre el acuerdo Cuba – UE y la inmediata liberación de
La IDC-CDI acoge con prudencia la entrada en vigor el pasado 1 de noviembre de 2017 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea para reforzar el diálogo político, la cooperación y el diálogo sectorial incluyendo acuerdos comerciales. Esto supone la apertura de una nueva página de relaciones entre la UE y cuba.
Recuerda que dicho diálogo y ulteriores acuerdos deben incluir siempre el pleno respeto a los Derechos Humanos, la libertad y el Estado de Derecho. Dichos principios deben de estar en primer lugar en la agenda de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, recordando que los pilares de la democracia siguen sin respetarse, así como la libre asociación, el pluripartidismo, la libertad de prensa, la existencia de presos políticos, el libre comercio, la división de poderes. Este diálogo no debe sostenerse con países en dictadura.
Condena que en el último año se haya duplicado del número de presos políticos 140, las 4821 detenciones arbitrarias (según Amnistía Internacional), las agresiones físicas, el hostigamiento y los actos de repudio.
Exigimos la inmediata liberación y sin condiciones del coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba y defensor de los derechos humanos, Eduardo Cardet, detenido arbitrariamente, reconocido como preso político y condenado a tres años de prisión. Muestra su preocupación por su frágil estado de salud propiciado por las lamentables condiciones penitenciarias por lo que pedimos que urgentemente pueda ser atendido por sanitarios de su libre elección.
Pide apoyar el derecho civil a retornar y vivir en Cuba al portavoz del MCL, Regis Iglesias, ex prisionero político de consciencia incluyendo a todos los cubanos en el exilio, así como el reconocimiento a los ciudadanos cubanos a elegir y ser elegidos, tal y como se solicita bajo la iniciativa “Un cubano, un voto”.
Insta apoyar las iniciativas que la sociedad civil y la oposición del país reclaman para transición pacífica hacia una mayor democracia política del régimen cubano y que la recuperación de los derechos civiles garantice la participación de todos los cubanos en la construcción de una ruta hacia la libertad y la reconciliación.
Insta a todos los miembros de la IDC-CDI a entregar la resolución a las Embajadas de Cuba de sus respectivos países, instando a la liberación de los prisioneros de consciencia.
Budapest 16/02/2018.
Resolución sobre el Estado de Derecho y el respeto a la Ley
La IDC-CDI como organización internacional de partidos políticos que desde la democracia defiende los valores y principios del humanismo integral en base al reconocimiento de los derechos humanos reconocidos internacionalmente:
· Reafirma su pleno apoyo al sistema democrático, la separación de poderes, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos universales. –
· Reconoce que en toda democracia en un Estado de Derecho se pueden cambiar las normas mediante lo dispuesto en la Ley y las instituciones reconocidas en la Constitución, cuando haya un acuerdo mayoritario político, refrendado por los ciudadanos sin coartar los derechos y obligaciones de la mayoría. –
· Reafirma que el orden Constitucional de un país debe ser respetado y jamás puesto en duda en las democracias maduras y modernas, dado que sustentan los valores de libertad, responsabilidad, justicia y solidaridad. –
· Exhorta a la comunidad internacional que rechace cualquier forma de extremismo, radicalismo o infundada voluntad de una minoría a destruir el orden Constitucional acordado por el conjunto de los ciudadanos. El quebrantamiento de la soberanía nacional, la Constitución, la Ley y el Estado de Derecho de un país no puede ser moneda de cambio de una minoría para romper la convivencia pacífica de los ciudadanos. –
· Apoya en especial las recientes decisiones del Gobierno de España por defender con ejemplaridad los principios y valores del Estado de Derecho respecto al desafío inconstitucional planteado por el anterior gobierno de la Generalitat de Cataluña. Constata que la democracia es madura, que la separación de poderes es plena y que se respetan los derechos humanos. La declaración unilateral de independencia infringe toda base legal y acuerdo internacional suscrito. Aboga por una vuelta al rumbo normal de la Constitución aprobada por todos los españoles y para que se mitiguen lo antes posible las consecuencias económicas y sociales y para volver lo antes posible a la senda del crecimiento económico y la convivencia en España. –
· Reconoce que para que exista y se instaure un Estado de Derecho antes debe haber un pueblo civilizado, donde haya un justo equilibrio entre la zona urbana y las áreas rurales con amplias clases medias. Por ello insta a aumentar la ayuda a estos países para que consoliden este principio siempre y cuando tengan la voluntad de querer un estado civil y un estado de derecho.
La IDC-CDI quiere reafirmarse en su compromiso con la defensa de la Democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho frente al terrorismo global.
Si bien es responsabilidad de los Estados garantizar la seguridad de sus ciudadanos, se ha demostrado que, ante las nuevas formas de terrorismo, ninguna sociedad está libre de sufrirlo. La amenaza terrorista es global y no entiende de distinciones.
A pesar de que hoy en día la principal amenaza mundial la representa el terrorismo yihadista, la IDC-CDI continúa atenta a la evolución de otras formas de terrorismo local o nacional que, durante décadas, han actuado en distintos países. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en España y algunos países de la EU, así como el Magreb y Libia.
Reafirma que el reconocimiento de todas las víctimas del terrorismo es fundamental en la lucha anti-terrorista. Mantener viva la memoria de las víctimas, garantizar la existencia de un relato verídico de su historia y de su padecimiento, así como asegurar que se haga justicia y se persigan todos los delitos de terrorismo que están aún sin juzgar o el esclarecimiento de los casos sin resolver, es obligación de cualquier Estado de Derecho.
Reconoce el papel de las fuerzas y seguridad de los Estados, la cooperación internacional, la actuación de la justicia y la aplicación de las leyes del Estado de Derecho como única forma de lucha contra el terrorismo.
Recuerda no cabe negociación alguna con los terroristas al margen de la ley. Exige la disolución definitiva y entrega de armas de todos los grupos terroristas existentes, el arrepentimiento de sus miembros, el reconocimiento del daño causado y la petición de perdón, así como el cumplimiento íntegro de las penas establecidas por los tribunales.
Condena enérgicamente los atentados terroristas que azotan el mundo, en especial, los acaecidos recientemente en España, Finlandia, Egipto, Filipinas, Somalia, Nigeria y Afganistán.
IDC-CDI, observado reiteradas llamadas de atención, por parte de diversos sectores de la población y de la prensa, sobre la galopante corrupción en Colombia así como por la práctica de sobornos a determinados fiscales de la alta jurisdicción.
Lamenta la presunta falta de independencia, imparcialidad e inamovilidad de algunos jueces de la nación que, separándose de su sometimiento irrenunciable al imperio de la Ley, han vulnerado los derechos principales y básicos, que conforman un Estado de Derecho, haciéndose con beneficios propios con la corrupción por permisividad y manipulando del Poder Judicial.
Llama a la atención al gobierno de Colombia por la “lejanía” (consentida o ignorada), que por grave omisión se da a este ambiente institucionalizado y denunciado de corrupción judicial. Ha sido necesario que Instituciones externas al país (en este caso la Agencia Antidroga Norteamericana DEA), quien haya dado inicio a estas investigaciones, y no el propio Ministerio del Interior del país, como correspondería.
Acepta la petición de una Constituyente, matizando que se trata de que ésta produzca únicamente una reforma profunda de la Judicatura. El gobierno está obligado a escuchar al pueblo y a sus representantes (oposición, Organizaciones Internacionales y sociedad civil), debiendo tomar medidas inmediatas, contundentes, y prácticas para ofrecer solución alternativa eficaz.
La IDC reconoce y defiende la democracia como única forma de organización política de las naciones que garantiza la participación de todos en la vida pública, particularmente a través de elecciones libres, generales y regulares, a través de voto secreto, que garantice la posibilidad de una alternativa en el poder, en el marco de un Estado de Derecho que consagre el equilibrio constitucional entre los poderes y órganos del Estado.
En el último lustro, la vida institucional de México ha sufrido un deterioro severo en las reglas democráticas de cumplimiento del estado de derecho, separación real de poderes, rendición de cuentas, respeto al federalismo, así como protección de la libertad de expresión. En el ámbito electoral, los procesos electorales locales de 2016 y 2017 estuvieron manchados por la intervención gubernamental ilegal del partido en el gobierno que echó mano de prácticas antidemocráticas y que creíamos olvidadas con la alternancia y la transición a la democracia.
El 1° de julio se celebrarán en México elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo así como la totalidad del Poder Legislativo federal; de igual modo se renovarán 9 gubernaturas, 19 congresos locales y más de 1,200 ayuntamientos; en total, están en juego poco más de 3 mil cargos de elección popular. Con la intromisión del gobierno en turno, la legalidad y la legitimidad del proceso electoral se encuentran en grave riesgo por prácticas como el despido injustificado del fiscal especializado en delitos electorales; la ausencia de procurador general y la falta de voluntad para completar e implementar la reforma constitucional que dé paso a un fiscal general autónomo e independiente; el debilitamiento de las autoridades electorales administrativas locales; las presiones ilegales a la autoridad jurisdiccional (Tribunal Electoral); la influencia indebida sobre los medios de comunicación; así como el desvío de los recursos públicos con fines electorales que se evidenció en el caso del estado de Chihuahua.
Esta situación ha sido denunciada ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos y ante una delegación del Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo a fin de alertar ante instancias internacionales sobre el riesgo de la calidad democrática de las elecciones de este año.
Ante ello, la IDC-CDI resuelve:
a) Mantenerse en observación cercana al desarrollo del proceso electoral mexicano para contribuir a garantizar la vigencia de los principios democráticos y las buenas prácticas.
b) Alentar los esfuerzos internacionales de observación electoral.
c) Apoyar y respaldar las denuncias pertinentes que pongan en riesgo la calidad democrática de la elección.
A consideraciones sobre proyectos abortistas B Proyecto de ley de la DC C 7M Marcha por la vida D Camaradería La guerra de Maduro contra la vida Movimiento de mujeres DC Resoluciones de IDC-CDI

References: artículo 2
 artículo 6
 Artículo 19
 artículo 75
in fine
 artículo 75

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
in fine

Artículo 8

Artículo 9
 resolución 

Artículo 10
 artículo 5

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 5

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Resolución 
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