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Timestamp: 2018-12-11 09:50:37+00:00

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EL NUEVO ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS NACIÓN-PROVINCIAS
Publicado en: Doctrina Judicial AñoIII/Nº28 (23/07/1997),
Editorial La Ley, Buenos Aires, pp. 783-787.
La consagración constitucional del derecho a un ambiente sano y apropiado por la reforma
constitucional del 94, ha traído aparejados problemas en lo que hace a la concreción legislativa de
varios de los postulados del artículo 41 que a el se refiere. Entre ellos, es probablemente el que se
ocupa de la distribución de competencias entre la Nación y las provincias el que esta provocando las
Así, transcurridos casi dos años desde la promulgación de la enmienda todavía no ha visto la luz
ninguna norma reglamentaria de la citada cláusula constitucional. La demora no debiera llamarnos la
atención si pensamos que se trata de operar sobre nuestro sistema federal, es decir sobre una
temática mayor del edificio institucional de un país, cual es la relación del poder dentro del territorio.
A ello debemos agregar que ni la redacción ni la técnica legislativa utilizadas por el constituyente,
son propensas para una solución interpretativa pacífica, sobre todo cuando a la misma se la debe
ubicar dentro de un marco normativo abarcativo de todo el abanico de reglas federales de
La atribución de competencias se encuentra en la base de toda constitución de un Estado de
Derecho. Y, ello es así, como consecuencia lógica de los principios que regulan a este tipo de
régimen, entre los cuales el de legalidad obliga a un minucioso esfuerzo racional tendiente a definir
adecuadamente el ámbito de acción de cada una de las instituciones creadas por la ley fundamental.
Así ocurre con la relación gobernados-gobernantes, con la separación de las potestades de los
poderes del gobierno federal; y, una vez mas se debe fijar la atribución de competencias a los
distintos actores en juego, a la hora de determinar la relación Nación-provincias.
En lo que hace a la problemática ambiental, la reforma ha producido una nueva delegación de
facultades desde las provincias hacia la Nación. Sin embargo, no resulta tarea fácil la determinación
del "quantum" de dicha delegación. Nos proponemos dilucidar la cuestión y para ello nos referiremos
en primer termino a modelos federales alternativos, luego efectuaremos una interpretación del
alcance del tercer párrafo del art. 41, de conformidad con una visión integradora de las restantes
disposiciones constitucionales que le son concordantes.
Por último, en función de las conclusiones que arroje el análisis de los puntos anteriores,
realizaremos una propuesta que contemple una implementaron escalonada de los contenidos de
nuestra cláusula, dentro del marco de un federalismo genuino, tal como ha sido el deseo del
constituyente desde la primera disposición de nuestra ley fundamental.
II. Además. los territorios de la Capital y Norte de Australia y la Asociación Australiana del Gobierno Local. Además."el grado de eliminación de situaciones de superposición de funciones entre niveles de gobierno. De este modo el juego institucional redunda en una suerte de federalismo de "concertación". es un caso inédito.."el grado de definición que tienen los roles y las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. Así. Las reglas de distribución de competencias que imperan en otros países federales apuntan a compatibilizar las facultades de los diferentes niveles de gobierno. El "Acuerdo Intergubernamental sobre el Medio Ambiente" celebrado a principios de 1992 en Australia constituye una experiencia de indudable valor en todo lo que hace a la compatibilización de facultades entre distintas jurisdicciones. Luego aclara que en un sistema federal la eficacia y la eficiencia de todo proceso administrativo o político en dicha área están en relación directa con: . la interpretación o la práctica fue llevando a la atribución de nuevas esferas de competencia propia y exclusiva a favor de la Nación. ya sean ellas políticas o normas. en cuyo interior cada uno de los actores encuentra un ámbito de actuación que le es propio. esta última como representante de la jurisdicción municipal. Modelos federales comparados La Argentina acusa un elevado déficit en materia de federalismo. De este modo se ha llevado a afrontar desde la Nación todo asunto de este carácter. el nivel de gobierno con mayor poder real predominará siempre por sobre los que son más débiles. mejor protección ambiental. . La Conferencia en la cual se proyectó la norma fijó entre sus principales objetivos la facilitación de "una acción cooperativa nacional en materia de medio ambiente. La experiencia de los países mas avanzados en la materia también nos lleva a buscar criterios que privilegien la descentralización por sobre la concentración del ejercicio de facultades ambientales. Los negativos resultados que trae aparejado todo balance serio de las consecuencias de la aplicación de este temperamento aconsejan la búsqueda de otros caminos. configurándose una suerte de federalismo de "imposición". en el sentido de que se ha recurrido a la vía de la discusión entre todos los niveles de gobierno involucrados -Comunidad australiana (Nación)-estados (provincias)-municipios. Nuestra forma de estado se ha visto devaluada en el tiempo. sólo de este modo pueden darse las formas de participación tan necesarias en la implementacion de las mismas. el logro de una mejor definición de los roles de los respectivos niveles de gobierno.para de común acuerdo proceder a la firma de un tratado. obligándolos a acatar las soluciones provenientes de su centro de decisión. Esta situación ha sido en gran medida el resultado de una tendencia de larga data de conformidad con la cual de un modo u otro en materia de facultades concurrentes o de asuntos que merecían un reparto de facultades entre los dos niveles de gobierno." El Acuerdo comienza poniendo de manifiesto el carácter crecientemente interjurisdiccional que adquieren las cuestiones ligadas a la protección del medio ambiente. La materia que nos ocupa necesita de centros de decisión o de aplicación lo mas próximos posibles a los destinatarios hacia quienes van dirigidas las decisiones. cinco estados miembros de la misma.. la reducción del número de disputas entre la Comunidad y los estados y los territorios en temas ambientales. Se trata de un convenio firmado por la Comunidad de Australia. .
solución de conflictos y compatibilización de intereses. hecha a su favor por parte de las provincias. Hoy a la cuestión se refiere la cláusula contenida en el 3º párrafo del nuevo artículo 41. . la división de competencias entre la Nación y las provincias surge de la aplicación del art. Comenzaremos observando el criterio general determinado en nuestra ley fundamental en materia de deslinde.. En el capítulo dedicado a los gobiernos de provincia. III. o sea todas aquellas que no le han sido expresamente reconocidas a la Nación. 121. en ella el articulado ha sido consagrado a la elaboración de mecanismos adecuados para resolver problemas de competencia. Las provincias tienen una competencia general. También la nueva constitución brasilera de octubre de 1988 le concede a las cuestiones ligadas al medio ambiente el carácter de concurrentes. El análisis debe continuar con la observación de otras disposiciones agregadas por la reforma al texto constitucional. En nuestra . conforme al cual las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. y a las provincias. Recurriendo a los principios generales. sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales". de los Estados y del Distrito Federal. ella determina la competencia de la Unión. Claro. La constitución alemana en su artículo 74 enumera una serie de materias que deben ser objeto de una legislación concurrente de la federación y de los lander (estados). La misma expresa que "corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. esta temática no aparecía ni por asomo en su articulado con anterioridad a la reforma. Es decir que al titular del dominio de una cosa. Reglas constitucionales a considerar El deslinde de competencias entre la Nación y las provincias surge de nuestra Constitución Nacional independientemente de la materia de que se trate. La Constitución también establece que la competencia nacional tiene una jerarquía superior a la provincial y que en consecuencia es suprema. 124). responde a estas inquietudes. 24). conformada por todas las atribuciones remanentes. ya que ella debe resultar de una delegación expresa. en dicho listado se encuentra todo lo relacionado con los recursos naturales y la "eliminación de basuras. En lo que hace a lo atinente a la titularidad de la competencia. le compete el ejercicio de las jurisdicciones susceptibles de ser ejercitadas sobre los mismos. pues sobre el particular resulta por demás elocuente el trabajo del profesor Nolon que se publica en el presente suplemento. el mantenimiento de la pureza del aire y la lucha contra el ruido"(inc. Es decir que la Nación posee una competencia de excepción." La Sección Segunda del acuerdo titulada: "Roles de las Partes-Responsabilidades e Intereses".. en nuestro caso de recursos naturales. Cada una de dichas jurisdicciones se corresponderá con alguna función de gobierno que hace a la utilización del recurso sobre el cual ella se ejerce. que en relación a lo ambiental es necesario tener en cuenta que siendo nuestra ley fundamental un producto del siglo pasado."el grado de organización de procesos efectivos de cooperación entre niveles de gobierno en temas ambientales. el constituyente ha considerado conveniente expresar que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio"(art. las necesarias para complementarlas. No nos ocupamos de las soluciones que aporta el derecho estadounidense en la materia. Esta disposición debe ser considerada con cuidado en la medida que al titular del dominio de algún bien como regla general le corresponde el ejercicio de la jurisdicción sobre el mismo.
materia. de intervención federal (art. se ha producido una delegación a favor de la Nación en lo que hace a la determinación de "presupuestos mínimos" para la protección ambiental.XXVIII). Así ocurre. el que se sitúa en el camino de la recuperación del federalismo. En virtud de ello la determinación del alcance de las protestades nacionales derivadas de la expresión "presupuestos mínimos" debe hacerse con alcance restrictivo. como hemos visto. de régimen financiero (art. los que deberán aplicarse necesariamente en relación con el uso de los recursos naturales. las que el mismo constituyente ordena que no deben ser alteradas. Para concluir esta cuestión el fallo considera que "la solución propuesta tiene respaldo en el respeto de las autonomías provinciales" (Roca. Ahora bien. la sentencia sostiene que son "las autoridades administrativas y judiciales del Estado de la Provincia de Buenos Aires las encargadas de valorar si la obra proyectada afecta aspectos tan propios del derecho provincial. En la parte pertinente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha tenido oportunidad de manifestarse al respecto en un reciente fallo. corresponde reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan. El pronunciamiento se produce como respuesta a una demanda deducida por un particular contra la provincia de Buenos Aires que persigue la inconstitucionalidad de una norma provincial que homologa un acuerdo entre el gobernador y una empresa privada.13. 75. 41 y 124. inc. 75 ("nueva cláusula del progreso") nos están señalando un claro rumbo deseado por el constituyente de reforma. 31). Nuestra propuesta De lo expuesto anteriormente se desprenden las dificultades que se presentan al momento de legislar desde el ámbito nacional para dar cumplimiento al mandato constitucional derivado del . También deben considerarse otros artículos que hacen a la cuestión federal y que han sido introducidos por la reforma. inc. si bien establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. 30). Todas estas cuestiones conjuntamente con las consideraciones particulares en materia de desarrollo territorial del inc. la combinación de ambas disposiciones -arts. Todos ellos establecen de manera invariable el fortalecimiento del ámbito local. 75. etc. en ejercicio de poderes propios. 1º parte). la que. De este modo se respetarán las "jurisdicciones locales". IV. 75. Provincia de s/ inconstitucionalidad – Fallo R.cabe extraerla de la propia constitución. 123). las no pueden ser alteradas". 19 del art. in fine. inc.nos induce a pensar que la delegación se efectúo bajo la condición de que su ejercicio no importara un vaciamiento del dominio que tienen las provincias sobre esos mismos recursos. como lo es todo lo concerniente a la protección del ambiente. afectan el bienestar perseguido. reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia. Magdalena c/ Buenos Aires. de autonomía municipal (art. 124. 124. Tal conclusión -prosigue el alto tribunal. de nuevas potestades provinciales (art. en materia de establecimientos de utilidad nacional (art. De otro modo no se entiende cuál habría sido la intención del constituyente al establecer la cláusula de resguardo de la competencia provincial que importa el art. En efecto. como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades. 2).
de lo contrario. para cada una de ellas deberán determinarse los "presupuestos mínimos". Instrumentos de la Política Nacional del Ambiente. hubiese incluido la materia ambiental entre los códigos del art. además. suelo. Autoridad de Aplicación . por sus características creemos conveniente que estos aspectos sean objeto de una norma particular. será útil la readaptación de estándares a las situaciones cambiantes que imponga cada coyuntura. . La reglamentación legislativa del art. Por otra parte.mencionado párrafo del art. Y. responsabilidad y seguros especiales. 41. inc. se podrá comenzar a trabajar sobre cada materia especial. Consideramos que ella requiere de modalidades que con suficiente elasticidad puedan ir "aggiornandose" en el tiempo. no solo por un problema de fidelidad con determinadas convicciones. 41 no puede concretarse en una única norma. A nuestro parecer las eventuales dilaciones que pueda producir nuestro programa se salvarán en el futuro gracias a una adecuada compatibilización de funciones que permitirá una firme aplicación de . Esta necesidad nos parece auspiciosa en la medida que nos ubica en el marco de un federalismo de "concertación" a favor del cual nos pronunciamos.o a materias específicas que requieran un tratamiento por separado. creemos que este instrumento no se corresponde con las características de la materia ambiental. etc.. Es igualmente de la competencia del Congreso nacional la sanción de los delitos ambientales. se debería dictar una suerte de ley general. Parece fácil llegar a un planteo teórico de la cuestión. Determinación de Competencias. sino fundamentalmente porque creemos que este es el modelo que asegura mayor eficacia en la aplicación y la observancia de las normas ambientales. En consecuencia. En primer lugar. 12. cada una de las cuales se referirá a los diferentes medios -agua. Este no ha sido el deseo del constituyente. Política ambiental argentina (grandes lineamientos y principios) . cuyo contenido tratase fundamentalmente sobre las siguientes cuestiones: . pues dichos eventuales escollos deberían quedar zanjados con la aplicación de los criterios contenidos en la norma general. creemos que dichos estándares deberán estar contenidos en distintas normas. la que luego se vera entorpecida cuando de lo que se trata es de transformar en normas el programa constitucional. desde el punto de vista práctico. Nos parece difícil su determinación si no existe con anterioridad una base consensuada entre niveles de gobierno. los que a nuestro criterio deberían formar parte de un capítulo especial del Código Penal. Tarea que ya no ofrecerá serias dificultades. Por último. ya sea por su naturaleza o porque importen la reglamentación de tratados internacionales. Procedimientos para la resolución de conflictos interjurisdiccionales. los que han sido el objeto de una concertación intrafederal que le aportara el consenso necesario para legitimar y hacer aplicables las reglas que se dicten en consecuencia. no se trata de una nueva materia a codificar. . Pero. ¿Cuál será la línea divisoria entre las potestades nacionales y las provinciales?. Pero. este interrogante constituye de alguna manera la pregunta "del millón" en este campo. luego de que haya quedado elaborada la norma general a que hacemos referencia con anterioridad. En nuestra opinión la cláusula ambiental de la constitución requiere una tarea en distintos tiempos. aire. También consideramos de incumbencia nacional lo relativo a daño ambiental. 75.
las disposiciones que deban dar cumplimiento a los objetivos del precepto constitucional. Del éxito que se logre en este cometido dependerán en definitiva las condiciones de vida que les leguemos a nuestras futuras generaciones. .
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References: ARTÍCULO 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 74
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