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Timestamp: 2019-11-21 17:18:23+00:00

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Playa de Estorde. Cee. A Coruña
Rajoy descarta subir IVA e IRPF en 2013 y espera no tomar medidas «tan difíciles»
Europa Press 30/08/2012 – La noticia en El Economista
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha descartado la posibilidad de que el Gobierno vuelva a subir el IVA y el IRPF en el Presupuesto del año 2013, al tiempo que ha confiado en no tener que tomar medidas «tan duras» como las de los primeros meses de la legislatura para cumplir con el déficit. Rajoy ha negado, además, que el fondo de rescate regional vaya a agotarse, tras la petición de ayuda de Murcia, Valencia y Cataluña.
Tras un almuerzo de trabajo con el presidente de la República francesa, FraÍ§ois Hollande, Rajoy ha recordado que él no era partidario de subir estos impuestos y ha garantizado que hará lo posible para que la situación vuelva a donde estaba una vez que sea posible.
En cualquier caso, ha aseverado que la situación es la que es y ha recordado que si se quiere ser «serio» y superar el ajuste hay que hacer muchas cosas a la vez: reducir el déficit, hacer reformas y garantizar la irreversibilidad del euro.
Durante su comparecencia, Rajoy ha asegurado que «ni el euro ni la Unión darán pasos atrás». «Queremos que la Unión Europea da pasos adelante», ha comentado en la rueda de prensa.
«Trabajamos en estrecha colaboración y compartimos la opinión de la irreversibilidad del euro», ha señalado Rajoy en referencia a los puntos de acuerdo con Hollande.
Rajoy ha insistido en que «Grecia cumplirá con sus compromisos» y ha trasladado el apoyo de España y de Europa a este país para que vuelva a la senda del crecimiento sostenible.
Francois Hollande, por su parte, ha subrayado que la decisión de pedir o no ayuda financiera a los mecanismos de rescate existentes, así como cuándo y cómo hacerlo, corresponde totalmente al Gobierno español. «España es la que decidirá si sí o no, cuándo y cómo», ha asegurado.
El inquilino del Elíseo ha destacado que los sacrificios adoptados por España «están dando resultados», a pesar de lo cual los tipos de interés siguen siendo elevados, por lo que señaló que hasta que el MEDE sea validado por el Constitucional alemán, los fondos existentes tienen que dar apoyo a los Estados que lo pidan y apoyar así el crecimiento
Caída récord de los depósitos de la banca española en julio
28.08.2012 Madrid. La noticia en Expansion.com/Agencias.
Según datos del Banco Central Europeo (BCE), citados por Reuters, los ahorros a plazo de familias y empresas en la banca española cayeron en julio casi un 5%, desde los 1,583 billones de euros del mes anterior.
Raxoi encargará a una firma privada la gestión de las sanciones urbanísticas
La noticia en santiagoteespera.com
La razón, explicó la responsable de urbanismo, es la imposibilidad legal para contratar nuevos funcionarios para este departamento municipal
El ayuntamiento de santiago recurrirá a la colaboración externa de una empresa privada para que gestione las sanciones urbanísticas. La concejala María Pardo anunció ayer esta medida, que tiene como principal objetivo favorecer la eficacia de este servicio, asegurando un mayor nivel de cobro.
La razón, explicó la responsable de urbanismo, es la imposibilidad legal para contratar nuevos funcionarios para este departamento municipal.
Además explicó que con la entrada en vigor de dos nuevas figuras, la de la comunicación previa y la de declaraciones responsables en actividades y obras menores, se prevé un incremento de los trabajos de inspección y disciplina urbanística, que sí deben ser realizados por técnicos municipales.
Otra de las razones para externalizar este servicio, señaló, es lograr la eficacia del mismo. Pardo recordó que en el último ejercicio, de los cerca de trescientos expedientes abiertos, únicamente seis se concluiron y, por lo tanto, se llegó a cobrar la sanción impuesta. De esta forma, apuntó la importancia que el Gobierno local le quiere dar al escrupuloso cumplimiento de la normativa urbanística.
La concejala se mostró convencida del éxtio de esta colaboración privada, que destacó que ya se aplica en otros departamentos comoe el de Tráfico. Por otra parte, recordó que el contrato con la empresa privada no supondrá ningún desembolso para el Ayuntamiento, ya que se financiará a través de una participación derivada de las sanciones impuestas.
La adjudicataria colaborará en la gestión de las infracciones relacionadas con la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, Ordenanza da Inspección Técnica de Edificacións (ITE), Ordenanza de publicidade e rotulación, Ordenanza de terrazas e quioscos de hostalería, y en las infracciones derivadas del incumplimento del nivel máximo de ruido en el caso de actividades comerciales o mercantiles.
La empresa no podrá ejercer aquellas funciones que por ley les corresponden a los funcionarios, como las actas de denuncia, la resolución de expedientes ordinarios o administrativos. También quedarán fuera de su ámbito el inicio de expedientes en el caso de sin licencia. La empresa trabajará bajo dirección y supervisión municipal.
María Pardo se mostró convencida de que este servicio será un «complemento necesario» a la liberación en materia de apertura de actividades que paulatinamente está estableciendo Raxoi. De hecho, concluyó, «Santiago está al nivel máximo de liberalización legalmente posible en cuanto a la apertura de nuevas empresas y negocios».
Por su parte, el BNG expresó ayer su «radical oposición» a la «privatización»del cobro de estas sanciones.
Divide… y ganarás más
Venta de parcelas. Divide… y ganarás más. Metrovacesa prueba a parcelar sus terrenos para venderlos a particulares
Europa Press | Madrid 29/08/2012 La noticia en El Mundo
Las parcelas a las que Metrovacesa ha colocado el cartel de ‘se vende’ están repartidas por Jérez y Puerto Real (Cádiz), Estepona (Málaga), Los Alcázares (Murcia) y las localidades valencianas de Bétera y Vedat Torrent.
(AFP) – hace 23 horas – La noticia en google
Sao Paulo ”” Una notaria de un municipio en el interior del estado de Sao Paulo (sur) reconoció una unión civil entre un hombre y dos mujeres afirmando que no existía «ningún impedimento legal» para hacerlo, consignó el martes la prensa brasileña.
«Cuando ellos entraron en contacto conmigo, fui a averiguar si existía algún impedimento legal y verifiqué que no había. Yo no podía negarme a labrar la declaración», señaló la notaria Claudia do Nascimento Rodrigues, que está basada en el municipio de TupÍ£, en unas declaraciones recogidas por el sitio en línea Terra. «El notario tiene la función pública de dar garantía jurídica al conocimiento del acto», enfatizó.
La declaración, reseñada en la prensa, establece que se trata de una «unión afectiva múltiple y simultánea» entre dos mujeres y un hombre. El grupo, que no ha hecho declaraciones a la prensa, vive en Río de Janeiro, según las versiones.
La notaria dijo que se trata de adultos, sin litigios y con sus facultades intactas. «No había duda de que las tres personas consideraban vivir como una entidad familiar y deseaban garantizar algunos derechos. Mi duda era con cuestiones externas a la relación, no hay legislación que trate sobre el asunto», añadió.
Según la vicepresidenta del Instituto Brasileño de la Familia, María Berenice Dias, hay que «respetar la naturaleza privada de las relaciones y aprender a vivir en esta sociedad plural reconociendo los diferentes deseos», también citada en la prensa local.
La trampa perfecta del Mirador de Ézaro, por Ezequiel Mosquera en biciclismo.com
A buen seguro, veremos muchos “pie a tierra” e incluso auténticos tapones de corredores trepando “a patas” muro arriba con las caras desencajadas de fatiga, rabia e impotencia”¦ Será apoteósico ver el espectáculo del duelo entre los primeros, pero no lo será menos ver a los últimos en la trampa del Ézaro.
Playa de Gures. Dumbría. Galicia
La Generalitat aprueba solicitar al Fondo de Liquidez Autonómica 5.023 millones para afrontar pagos. Mas exige que la ayuda no tenga “condicionantes políticos”
Í€ngels Piñol Barcelona 28 agosto 2012 – El artículo en El País
Cataluña no perdió el tiempo y ayer pidió formalmente el rescate al Gobierno de Mariano Rajoy. Acuciado por sus gravísimos problemas de tesorería, el Ejecutivo de Artur Mas aparcó su efervescencia nacionalista con vistas a la próxima Diada y aprovechó su primera reunión tras las vacaciones para solicitar 5.023 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Generalitat precisa con urgencia esa suma para hacer frente a los vencimientos de los bancos, la emisión de deuda y la cobertura del déficit. El Plan de Ajuste aprobado en mayo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera obliga a la Generalitat, con una tesorería al límite, a cumplir el 1,5% de déficit.
El Gobierno de Rajoy aún no ha activado el Fondo de Liquidez Autonómica, términos perifrásticos para referirse al crudo rescate, que estará dotado con 18.000 millones de euros. La inyección la aportarán Loterías del Estado, el Tesoro y las entidades financieras. Pese a ello, Cataluña ha solicitado ya la ayuda para no perder ni un segundo. Sin ir más lejos, en julio, la Generalitat ya no pudo abonar los pagos a las entidades concertadas que prestan servicios sociales. Francesc Homs, portavoz gubernamental, instó a Hacienda a activar cuanto antes el fondo, a ser posible en septiembre. “Si no es así, entraremos todos en una situación complicada”, afirmó.
La petición formalizada ayer era un secreto a voces desde que el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, confesó sus intenciones en una entrevista a la BBC el mismo día que el Parlamento catalán debatió ””y aprobó”” su propuesta de modelo de financiación inspirado en el concierto económico del País Vasco y Navarra. Las cifras son elocuentes: Cataluña es la comunidad más endeudada de España ””42.000 millones de euros”” y debe reducir el déficit del 3,9%, con el que cerró 2011, al 1,5% en diciembre. Pese a los recortes draconianos, las medidas de austeridad solo han servido para limar el déficit en décimas.
Homs subrayó que la Generalitat está cargada de razones para reclamar esa suma al alegar que se trata de dinero que “pagan los catalanes con sus impuestos, que gestiona el Estado”. Con esa apreciación, Homs hizo una expresa distinción de lo que le sucede al conjunto de España cuando se pide el amparo económico de Europa. En ese contexto, señaló que esperaba que Rajoy ayudara a Cataluña sin exigirle a cambio “condicionantes políticos”. No quiso concretar a qué se refería y se escudó en que no quería “dar ideas”. En realidad, la adhesión al FLA implica someterse al severo control de Hacienda y de sus hombres de negro, que podrán fiscalizar y supervisar las finanzas catalanas con controles periódicos. El decreto que regula el fondo exige a las comunidades, en este caso a Cataluña, presentar un plan de ajuste en 15 días o, a lo sumo, elaborar otro conjuntamente con Hacienda si es que ya dispone de uno. La Generalitat alega que su plan de ajuste ””que ve difícil de cumplir”” ya está en vigor y que precisamente ha solicitado su adhesión al Fondo para poder ejecutarlo. Homs, de hecho, no descartó que pueda haber otra ””y van cuatro desde que Mas está al frente del Gobierno”” oleada de recortes. Pero lo que más teme la Generalitat es que el Ejecutivo de Rajoy caiga en la tentación de aplicar una agenda recentralizadora, aprovechando su delicadísima situación económica, que ha comportado drásticas rebajas salariales a los funcionarios y recortes en los servicios públicos.
La realidad es que el decreto, acogiéndose a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, contempla que el Gobierno pueda intervenir la comunidad rescatada si ésta no cumple estrictamente las directrices de Hacienda. La medida debería respaldarla la mayoría absoluta del Senado, que tiene el PP. La paradoja es que ConvergÍ¨ncia i Unió es ahora víctima de su propia táctica, porque apoyó la polémica norma en las Cortes. El Ejecutivo catalán sostiene que el problema de origen reside en la reforma exprés de la Constitución pactada por PSOE y PP y a la que los nacionalistas se opusieron.
La petición de rescate ha sido una suerte de baño de realismo para el Gobierno de Mas, enfrascado en una escalada soberanista con vistas a la Diada, que aunará tanto la reivindicación del pacto fiscal como la de un Estado propio para Cataluña. Toda la oposición alertó de las consecuencias de la adhesión al fondo de liquidez. Jaume Collboni, portavoz socialista, advirtió que comportará más recortes ””“que no mientan”, avisó”” y el ecosocialista Joan Herrera vaticinó la pérdida de autogobierno y nuevos ajustes auspiciados por Hacienda. El PP, socio potencial de Mas y que ha garantizado la estabilidad del Gobierno de CiU al permitir por dos veces aprobar sus presupuestos, optó por la ironía. “Alguien que pide ayuda no está en condiciones de poner condiciones. No deja de ser curioso que quien aboga por la Hacienda propia, tenga que recurrir a la ayuda del Estado”, señaló el popular Santi Rodríguez
Sabadell prevé un ERE de 1.773 trabajadores para Banco CAM
Incluye hasta 600 prejubilaciones, traslados y despidos
Europa Press. Barcelona 28/08/2012 La noticia en El Confidencial
1.773 empleados de Banco CAM, tal como adelantó El Confidencial en mayo, incluyendo hasta 600 prejubilaciones y sin tener en cuenta empresas participadas, han informado a Europa Press fuentes sindicales y del banco.
El ERE también incluye traslados y despidos, según datos del primer día de contactos de un total de tres (hasta el jueves) entre los sindicatos y la dirección de SabadellCAM, que tras esta «toma de contacto» iniciarán las negociaciones de hasta un mes la próxima semana, una vez se presente el ERE.
De la cifra total de 1.773 empleados afectados por el ERE, algo menos de 1.460 corresponden a la red de sucursales (todavía sin distribución geográfica concretada) y 315 a los servicios centrales.
SabadellCAM señaló anteriormente que afronta las negociaciones con el fin de poder llegar a acuerdos con los sindicatos, tal y como sucedió en el pasado junio con la homologación de las condiciones laborales, y que aspira a lograr el mayor beneficio para todas las partes, ya que «el objetivo conjunto es continuar fortaleciendo la posición de la entidad en el sector financiero español».
En esta línea, este martes el banco ha ofrecido realizar hasta 600 prejubilaciones en Banco CAM, así como «traslados voluntarios en plazas donde el Sabadell tenga necesidades», para minimizar el impacto del ERE.
Lo que faltaba a los bancos. Tras el ladrillo, se disparan los impagos de pymes
22 de agosto del 2012 La noticia en El Confidencial Digital
Rio Xallas. Dumbría. Galicia
Enlace a la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística
Europa Press | elmundo.es | Madrid 27/08/2012 La noticia en El Mundo
La explicación: ciudadanos que necesitan una casa pero no pueden acceder al mercado del crédito por estar en paro, la caída del poder adquisitivo de las familias, el miedo a un empeoramiento de la economía… Ahorradores a la espera de que caigan los precios y bancos que no se atreven a conceder créditos a quien lo necesita con la alegría de hace ocho años.
El Gobierno pretende que se arrenden las viviendas vacías
La noticia en El Confidencial 25/08/2012
Recortar los derechos de los inquilinos. Esta es la fórmula que ha encontrado el Gobierno para fomentar el mercado del alquiler. Poder desahuciar a un arrendador rápidamente si se retrasa en el pago de su renta o rebajar de cinco a tres años la prórroga forzosa de los contratos son algunas de las medidas estrella del anteproyecto de ley para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, que se aprobó este viernes en el Consejo de Ministros.
Según el Ejecutivo, las nuevas medidas “flexibilizarán y agilizarán el mercado del alquiler”. Un segmento que si se dinamiza-actualmente solo un 17% de la población vive en régimen de arrendamiento frente al 30% de la media europea- puede contribuir notablemente a la reactivación del mercado inmobiliario. No en vano, las estimaciones oficiales apuntan a que existen aproximadamente tres millones de viviendas desocupadas, además de las 600.000 casas que hay en ”˜stock”™.
Precisamente, lo que el Gobierno pretende con las modificaciones es que los propietarios de dichas viviendas desocupadas las pongan en alquiler. Para ello, ha decidido favorecer las condiciones de los arrendatarios y que se sientan más protegidos ante un posible impago. “Con este anteproyecto aumentará la oferta de viviendas disponibles lo que permitirá «encontrar pisos en alquiler a mejores precios, aseguró el viernes la ministra de Fomento, Ana Pastor.
En este sentido, la nueva ley fija en 10 días el plazo que tiene el inquilino para abonar la deuda una vez que el arrendatario recibe el requerimiento de pago, ya que transcurrido ese tiempo, el juez podrá dictar una resolución forzosa del contrato y ordenar el desahucio.
Y, como era previsible, las voces críticas con este aspecto de la ley no se han hecho esperar. A juicio de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), la reforma supone un desequilibrio en la relación contractual en beneficio del propietario y, además, implica acelerar determinados trámites, lo que supondrá «la limitación de las garantías y derechos procesales de los inquilinos».
Sin embargo, los expertos consideran también que esta medida es inviable debido al atasco que existe en los juzgados españoles y creen que se convertirá en papel mojado. “Los procesos de desahucio seguirán durando meses e incluso años, lo único que se va a reducir es el plazo para pagar la renta atrasada o para presentar alegaciones ante el juez», señala Gerardo Neistat, portavoz de la compañía Alquiler Seguro.
“Los juzgados son el gran cuello de botella que reduce la seguridad en el mercado de alquiler de viviendas, ya que están tan colapsados que tardan mucho tiempo en dictaminar resoluciones en estos casos», subraya Nestat.
Otro de los aspectos más delicados de la nueva ley es el de la venta de la vivienda, ya que a partir de ahora el comprador solo deberá mantener al inquilino si el acuerdo está inscrito en el registro de la propiedad. Un trámite que pueden llevar a cabo tanto el arrendador como el propietario, pero que conlleva un desembolso económico.
Asimismo, la nueva normativa recorta de cinco a tres años la prórroga forzosa del contrato e introduce mayor libertad para que propietario e inquilino negocien otros aspectos del mismo, como la actualización de las rentas independientemente del IPC. También modifica el régimen de avisos para abandonar o solicitar la vivienda: los inquilinos solo tendrán que avisar con un mes de antelación para salir de la misma, mientras que el casero deberá comunicarlo dos meses antes y solo podrá hacerlo cuando la necesite para uso familiar.
«Se minimizan los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras», expone el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, argumentando que «los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para alquilar los inmuebles a un precio más alto tendrán ahora vía libre”.
Raquel Vidales 23 agosto 2012 – El artículo en El País
Mónica L. decidió cambiar su móvil por otro nuevo con acceso a Internet. En ese momento, sin que ella lo solicitara, su compañía telefónica le activó una tarifa plana de datos. Como el cargo no era excesivo (10 euros mensuales) y las facturas no le llegaban a casa ””había cambiado de vivienda y comunicado su nuevo domicilio varias veces, pero le seguían enviando las cartas a su antigua dirección””, no se enteró hasta pasados cuatro meses. Tras muchas llamadas al número de atención al cliente para solicitar que le desactivaran el acceso a datos, dio con un empleado que le aseguró que su petición estaba tramitada. Su sorpresa llegó al recibir la siguiente factura: no le habían desactivado el acceso a datos, sino la tarifa plana, y además le cargaban conexiones que no había realizado. Vuelta a llamar y a pelearse con los teleoperadores. Al no conseguir solucionar nada, dejó de pagar las facturas y presentó una reclamación en una junta de arbitraje de consumo. Seis meses después, el laudo le dio la razón y consiguió recuperar los 70 euros que le habían cobrado de más. En total, casi un año para resolver un problema que podría haberse ventilado en una llamada.
“La legislación siempre debe estar en constante revisión, sobre todo en un sector tan complejo y que constantemente está innovando, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que la que hay no se aplica con contundencia. Son necesarias más sanciones disuasorias contra las infracciones reiteradas”, opina Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Un ejemplo que denuncia esta organización: desde el 1 de junio una nueva norma obliga a las operadoras a hacer efectivas las portabilidades de líneas móviles en un plazo de un día laborable, pero no fija indemnizaciones si se producen retrasos.
El problema no es solo el número de incidencias, que puede entenderse por el gran volumen de contratos, sino la dificultad para resolverlas. Un proceso que muchos usuarios definen como un calvario por el deficiente funcionamiento de los servicios de atención al cliente (SAC), popularmente conocidos como call center. Eternas esperas, descripción de los problemas a diferentes empleados, dificultad para conseguir una referencia, obstáculos para tramitar bajas o portabilidades, amenazas de inclusión en ficheros de morosos, descoordinación entre departamentos…
El director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), Alfons Conesa, amenazó hace unas semanas públicamente a las compañías con llevarlas a los juzgados, porque su departamento “se está convirtiendo en su oficina de atención al cliente”. De hecho, la ACC está recopilando todas las quejas que recibe para comprobar si existen malas prácticas que se repiten de forma continuada, de manera que un juez pueda aplicar a las operadoras acciones de cesación.
Por falta de tiempo o pura desesperación, muchos usuarios renuncian a formalizar sus reclamaciones. Otros persisten, pero entre ellos una gran cantidad no logra resolver su problema y termina recurriendo a las oficinas de consumo, las juntas de arbitraje o la OAUT, lo que acaba saturando estos sistemas, costeados íntegramente por las Administraciones públicas. Solo en pagos a árbitros gastaron 2.240.000 euros en 2010 y una cifra similar en 2011 (aún provisional), según datos del Instituto Nacional de Consumo. José Ramón Lozano, secretario general de la federación de consumidores UNAE y miembro de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, constata que “el atasco se debe en buena medida a las telefónicas”. Y cree que “las sanciones disuasorias podrían ayudar a resolver el problema”.
Las juntas de arbitraje de consumo y la OAUT tienen competencia para exigir a las empresas que devuelvan importes facturados indebidamente, pero no para asignar multas. Son las comunidades autónomas y, sobre todo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) las que pueden hacerlo. Y lo hacen, pero en cantidades no disuasorias. “Por lo general son insuficientes. La SETSI, responsable de regular el sector, en buena manera también lo ampara y por eso no actúa con contundencia”, apunta Eugenio Ribón, responsable del servicio jurídico de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU). La lista de los abusos más comunes es bien conocida: altas en productos no solicitados, publicidad que induce a error, penalizaciones desproporcionadas por cláusulas de permanencia, fraudes en servicios de tarificación adicional y facturaciones indebidas.
La SETSI reconoce la elevada conflictividad del sector, pero defiende su trabajo en favor de los consumidores. “Realizamos constantes inspecciones y vigilamos a las compañías de cerca. Además, estamos preparando una reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para adaptarla a los nuevos problemas”, asegura un portavoz. Este mismo portavoz informa de que en 2011 se impusieron 30 multas por infracciones, pero no aporta cifras ni motivos concretos. Respecto a las autonomías, un ejemplo: la Comunidad de Madrid tramitó el año pasado 15 expedientes sancionadores por un importe total de 1.436.554 euros. Cantidades que, a juicio de los defensores de los consumidores, son irrisorias porque las operadoras las pueden asumir sin problemas.
La presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, considera urgente la aprobación de una ley para regular los SAC y frenar esta tendencia. El anterior Gobierno preparó un proyecto cuya tramitación quedó interrumpida por las elecciones y ahora el texto ha quedado en manos del actual Ejecutivo, que ha prometido enviarlo al Parlamento en breve, no sin antes reformarlo. “La norma debería obligar a las compañías a contar con un punto físico para la presentación de reclamaciones. Y debería también limitar las acciones de telemarketing, excesivamente agresivas, confusas y cambiantes, hasta el punto de que muchos usuarios no saben lo que están contratando porque no se les informa bien”, señala Sauquillo.
Redtel reconoce “la oportunidad de mejorar los SAC”, aunque considera que no es necesaria una nueva normativa, “porque todas las operadoras están poniendo en marcha medidas para ello”. Telefónica, por ejemplo, ha anunciado su intención de devolver gradualmente a España todos los call center que operan desde Latinoamérica, algo que ha sido motivo de reiteradas quejas en todas las compañías, porque “el cliente percibe que hay mejor servicio si le atiende personal que está cerca”. ONO también ha decidido tramitar los temas “más delicados”, entre ellos las bajas y las portabilidades, desde sus centros en España, aunque mantiene muchos en Latinoamérica.
Playa de Carnota en la Costa da Morte. Galicia
Bankia quiere cambiar de nombre por el deterioro de la actual marca
20 de agosto del 2012 La noticia en El Confidencial Digital
Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ívila y Caja Segovia. Estos son los nombres, los de las cajas fusionadas bajo el paraguas de Bankia, que José Ignacio Goirigolzarri se ha planteado recuperar para operar con ellos y evitar que el deterioro de la marca Bankia pueda lastrar el negocio del banco.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes financieras, Bankia está realizando intensos estudios de mercado para conocer con exactitud cuál es el grado de vinculación que tienen los clientes con la actual marca.
Será un primer paso para tomar una decisión firme en la dirección de un cambio de nombre del banco, sobre todo, si se concluye, como parece ocurrir, que la denominación Bankia está fuertemente castigada entre la población.
Las fuentes financieras consultadas por ECD explican que la marca Bankia ha sufrido un enorme deterioro en el mercado bancario español en tan solo un año y medio de vida. El ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, presentó el nombre del nuevo banco, fruto de la fusión de las siete cajas regionales, el 2 de marzo de 2011.
Desde ese momento, la nacionalización de la entidad, la abrupta salida de Rato, el escándalo de las preferentes y la admisión a trámite de las querellas en la Audiencia Nacional han ido golpeando duramente a la marca, de forma que se ha planteado si, en lugar de intentar reflotarla, la mejor solución es prescindir de ella.
Utilizar la denominación de las antiguas cajas
En la cúpula de la entidad se han barajado varias opciones para eludir el deterioro de la marca Bankia, e irla desplazando y enterrando progresivamente.
El planteamiento que parece más factible, según fuentes conocedoras del proceso, es utilizar la denominación de las antiguas cajas integradas en el banco, dado el arraigo que todavía tienen entre los clientes de las regiones en las que operan.
También se tiene en cuenta que es la operación más sencilla, puesto que la mayoría de las oficinas de las cajas en sus respectivas comunidades autónomas no han adoptado todavía el ”˜look”™ Bankia, lo que reduciría considerablemente el gasto económico que conllevaría el cambio de marca.
Sin embargo, no se ha descartado cambiar radicalmente el nombre del banco y buscar otro nuevo y distinto, que englobe a todas las entidades que trabajan bajo la percha de Bankia.
Tal posibilidad resulta más problemática en este momento, debido a que la entidad se encuentra pendiente de recibir las ayudas de la Unión Europea, y un cambio de nombre podría provocar notable desconcierto en Bruselas.
Fuentes próximas a Bankia, consultadas por ECD, han declinado hacer comentarios sobre ese posible cambio de nombre del banco. Aseguran que ahora mismo hay abiertos debates más prioritarios entre los directivos de la entidad, principalmente sobre cómo lograr la viabilidad futura de la institución.
Caixabank ha ”˜enterrado”™ la marca Banca Cívica
En el caso de Caixabank, la entidad catalana ha decidido eliminar la marca comercial Banca Cívica. Esta enseña comenzó a desaparecer paulatinamente de los rótulos de las oficinas desde el 3 de agosto, día en que se hizo efectiva la fusión por absorción de Cívica por parte del banco que preside Isidre Fainé.
El grupo catalán va a mantener, para los respectivos territorios de origen, las marcas de las cajas que crearon Banca Cívica, esto es, Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias, Caja de Burgos y Caja de Guadalajara.
En este caso, la denominación Caixabank no está fuertemente castigada como ocurre con Bankia, sino que es la marca Banca Cívica la que sí ha sufrido un importante deterioro.
Esta tecnología no está desarrollada
Alberto G. Luna – 22/08/2012 El artículo en El Confidencial
Sucedió exactamente lo mismo con el nuevo iPad. La web de Apple destacó la conectividad 4G de la tableta como una de las grandes novedades: «El nuevo iPad incluye tecnología inalámbrica de última generación que te permite conectarte a las redes más rápidas del mundo. Incorpora dos antenas de telefonía móvil que sintonizan 12 bandas distintas para acceder a un espectro de frecuencias más amplio».
En Australia, donde las dos operadoras principales (Telstra y Vividwireless) no tienen redes 4G compatibles con el nuevo iPad, la compañía de Cupertino recibió una demanda porque estaba promocionando el nuevo iPad con el eslogan: «iPad con WIFI + 4G». Tuvo problemas similares en Suecia, donde la Agencia de Consumidores del país anunció que abriría una investigación sobre este asunto después de recibir una gran cantidad de quejas de los usuarios.
En Gran Bretaña, el operador Everything Everywhere, ya ha recibido la autorización para activar sus primeras antenas móviles con tecnología 4G. El organismo regulador de las telecomunicaciones británicas ha autorizado la implantación ””en las próximas semanas”” de la red 4G, siempre que Everything Everywhere utilice el espectro de su antigua red 2G.
Vista desde Ézaro. Dumbría. Galicia
A pregunta de un eurodiputado catalán.El dirigente europeo afirma que será el regulador quien vigile su vinculación
Europa Press | Bruselas 23/08/2012 La noticia en El Mundo
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha asegurado que el Banco de España controlará «la futura participación de los bancos españoles en el sector inmobiliario».
«Disociar el sector financiero del sector inmobiliario es uno de los objetivos fundamentales del Memorando de Entendimiento (MoU) mediante una estrategia de separación de activos deteriorados de los balances de los bancos», ha explicado el comisario finlandés en una respuesta parlamentaria al eurodiputado catalán Raúl Romeva.
Romeva ha denunciado que «la vinculación entre el sector financiero y el inmobiliario es la causa principal de la crisis española» y ha increpado al Ejecutivo comunitario para conocer si piensa presentar alguna propuesta para cambiar «el marco legislativo español para acabar con este círculo vicioso».
«Corresponde al superviso controlar la futura participación de los bancos españoles», afirma Rehn
«Corresponde al supervisor, es decir, al Banco de España, controlar la futura participación de los bancos españoles en el sector inmobiliario», ha confirmado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario en su respuesta.
Romeva también ha criticado que el documento no determine «quién asumirá finalmente las pérdidas de los activos tóxicos» de las entidades que se transferirán a la sociedad de gestión de activos o ‘banco malo’ que España está obligada a crear ni se determina «el control democrático al que estará sometida».
El eurodiputado recuerda que se propone asignarle al ‘banco malo’ 25.000 millones de euros del rescate bancario, una deuda «que será asumida directamente por la ciudadanía española».»¿Por qué no propone una AMC con control democrático que garantice la salubridad bancaria y la no socialización de las pérdidas?», reprocha el eurodiputado.
Flecos del ‘banco malo’
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario ha explicado que «los detalles relacionados con el diseño de la sociedad gestora de activos siguen siendo objeto de debate» con el Gobierno español, pero ha insistido en que el memorando «incluye medidas dirigidas a consolidar el marco de supervisión como a aumentar la independencia del Banco de España».
Rehn no avanza si la bancarización definitiva de las cajas de ahorros contribuirá a que las entidades vuelvan a servir a la economía real y a la sociedad como quería saber Romeva, pero deja claro que el memorando «sólo consta de disposiciones encaminadas a consolidar la estructura de gobernanza de las antiguas cajas de ahorros» y sólo «se considera la posible cotización de estos bancos en los casos en que se acojan a ayudas estatales».
Sobre la posible fusión de bancos españoles que requieran capital adicional y puedan captarlo por la vía privada y los que necesiten ayudas públicas, Rehn se limita a precisar que en el caso de los bancos viables que reciban ayudas estatales «cualquier posible fusión deberá cumplir estrictamente las normas de competencia de la UE».
Romeva alega que el MoU impone «quitas en pasivos subordinados para asumir pérdidas, lo que afectará a los ahorradores estafados con el negocio de las participaciones preferentes» e insta al Ejecutivo comunitario a explicar si ve «justo» que las personas estafadas «asuman también las pérdidas de la especulación bancaria».
Romeva lamenta que el memorando «carece de puntos fundamentales, como propuestas sobre el sistema de toma de decisiones para limitar el riesgo, la desvinculación del sector financiero del inmobiliario, la necesidad de un mayor escrutinio e independencia del Banco de España y la necesidad de determinar las responsabilidades de los culpables».
Rehn ha dejado claro en su respuesta que «el reparto de la carga es uno de los principios fundamentales» del memorando con el objetivo de «minimizar el coste de la reestructuración bancaria para los contribuyentes» y que este principio sólo se aplicará a los titulares de capital híbrido y de los de deuda subordinada de «aquellos bancos que requieran ayudas estatales».
El memorando, ha insistido Rehn, «aboga específicamente por reforzar la protección de los consumidores y la legislación sobre valores para limitar la venta de deuda subordinada a clientes minoristas no cualificados en el futuro».
Además, ha recordado que la propuesta de revisión de la directiva comunitaria que regula los mercados de instrumentos financieros que adoptó la Comisión el 20 de octubre de 2011 ofrece «más protección a inversores», dado que fija «requisitos más rigurosos sobre la gestión de carteras, el asesoramiento en materia de inversión, y sobre la oferta de productos financieros complejos como los productos estructurados, sobre todo a los pequeños inversores».
Juan Ferrari – Madrid – 24/08/2012 – El artículo en Cinco Días
Rivas declara que cuando el sistema se ponga en marcha la DGT tendrá una base de datos actualizada lo que permitirá «hacer un barrido» de los coches que no tienen la ITV pasada. «Es la mejor manera de aflorar esos vehículos que no podrían superar la inspección técnica y cuya reparación es más cara que adquirir un nuevo coche».
Rivas declara que la medida es aplaudida por todos los sectores relacionados con el automóvil que están interesados en que se depuren los vehículos que no están en condiciones técnicas. «Especialmente el Ministerio de Industria», recalca.
Eduardo Suárez (corresponsal) | Nueva York El artículo en El Mundo
Esta vez los expertos auguraban un triunfo de Apple. En parte por la potencia de sus argumentos y en parte por la proximidad del juzgado a su cuartel general en Silicon Valley. El letrado de la firma, Harold McElhinny, señaló en su discurso final que Samsung sufría una «crisis de diseño» en 2007 y sus ejecutivos pensaron que lo mejor era copiar el iPhone. Sus oponentes intentaron rebatirle explicando que la firma surcoreana sólo había trabajado para darle a sus clientes aquello que querían: unos teléfonos con pantallas similares a las de los dispositivos de Apple. Pero al jurado le ha convencido más la versión de Apple y redactado un veredicto a su favor.
La compañía surcoreana ha subrayado tras conocer el veredicto que este «no es el final» de las batallas legales que enfrentan a las dos empresas y ha anunciado en un comunicado que intentará lograr que la sentencia no sea válida y si fracasa su equipo legal presentará un recurso.
Además, Samsung considera que la decisión de la justicia de EEUU supondrá una desventaja para el «consumidor norteamericano» ya que aumentarán los precios y disminuirá la innovación. De hecho, la histórica sentencia puede traducirse en una prohibición en la venta de algunos de los productos de Samsung, informa Reuters. Esto se traduciría en una pérdida de competencia y dejaría a Apple en una posición privilegiada en el jugoso mercado de los dispositivos móviles.
Mirador de Ézaro. Dumbría. Galicia
Los arquitectos proponen la figura de un asesor técnico para evitar los fiascos inmobiliarios
Se ofrecen para «reducir la intuición al mínimo» en los proyectos inmobiliarios
Clara Fajardo – Sevilla 23/08/2012 El artículo en El Mundo
Según Juan Francisco Ferrandis, presidente de Optymia, una agrupación perteneciente al Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, es necesaria una «la racionalización del mercado inmobiliario», es decir, construir un nuevo mercado que implique a «usuarios, empresas, administración y profesionales».
Ferrandis cree que la pujanza económica favoreció la escasa profesionalización y el descontrol del riesgo financiero de los promotores. A partir de ahora, será necesario «afinar en el análisis de la inversión inmobiliaria», una tarea en la que los arquitectos pueden aportar su experiencia profesional.
Para Juan Antonio González-Muriel, presidente de A3i, de la agrupación de analistas inmobiliarios del Colegio de Arquitectos de Sevilla, el modelo actual está caduco. Hay que «invertir en la formación de equipos multidisciplinares que aúnen conocimientos económicos, estadísticos, urbanísticos, edificatorios, constructivos y comerciales». Una formación e inversión inicial con mucho valor de retorno que podría ser una de las soluciones al alto índice explica.
Es necesario ‘crear un método para reducir la intuición [del promotor] al mínimo’
La figura del analista técnico-inmobiliario mejoraría lo presente. Porque «no es el mejor valor el de mayor importe posible, sino el que con mayor probabilidad ofrece una mayor rentabilidad y seguridad razonable», comenta Ferrandis.
Éste es el mensaje que quieren transmitir desde Optymia y A3i, pues la crisis económica y el azote que ha sufrido el sector de la construcción han demostrado que es necesario «crear un método para reducir la intuición al mínimo». García Muriel subraya que los planes de negocio del pequeño promotor plasmados «en servilletas de bar ya se han acabado».
García Muriel hace especial hincapié en que, tras la bancarrota de muchos promotores, «la gran patata caliente» del sector financiero son los activos adjudicados, y «las entidades financieras tendrán que dar salida al enorme stock de suelo». Nuestro mayor reto es que «los inversores [los bancos] vean esta iniciativa como una garantía de éxito de quien promueve y de quien presta el dinero en definitiva».
«Cada inversor tomaba decisiones por su cuenta y riesgo»
Ambición y ‘locuras’
El mercado alcista y la construcción desmesurada fueron las principales causas del fracaso del sector inmobiliario. Ferrandis asegura que en los años del ‘boom’ se cometieron «locuras» en un mercado en el que, para diferenciarse, lo que había que hacer era «crecer exageradamente».
«Cada promotor -añade García Muriel- tomaba decisiones por su cuenta y riesgo, las sociedades de tasación o estudios de viabilidad de los promotores son ‘herramientas parciales'», en un mercado tan complejo como el de hoy por lo que «nuestra propuesta completa lo ya existente».
Preferentes, deuda subordinada, pagarés, depósitos… La tercera reforma financiera del Gobierno, y la primera diseñada al dictado de Bruselas, ha hecho saltar las alarmas en los clientes e inversores de los bancos rescatados. ¿De qué forma afecta a cada uno de los productos?
Pablo M. Simón – Madrid – 24/08/2012 El artículo en Cinco Días
El borrador de la trasposición del Memorándum de Entendimiento (MoU) a la normativa española ha provocado la incertidumbre en los inversores de deuda emitida por Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia. La normativa abre la puerta a la «resolución ordenada» -una manera elegante de decir «liquidación»- de cualquier entidad que se considere inviable.
La situación cambia, sin embargo, en caso de que la entidad se considere inviable y entre en el denominado proceso de «resolución ordenada». Aquí el real decreto se deja claro que el importe garantizado es el del FGD.
El texto del real decreto, aún susceptible de ser modificado, especifica que el objetivo último es «proteger a los depositantes cuyos fondos están garantizados por el FGD». Es decir, en caso de resolución ordenada, se garantizan 100.000 euros por titular y entidad. Una cuenta con dos titulares y 200.000 euros estaría por tanto completamente protegida.
Los pagarés son el arma secreta de la banca para captar desde que en junio del año pasado Elena Salgado, exministra de Economía, y Miguel Íngel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, decidieran penalizar los superdepósitos. Según BME, entre enero y julio se han emitido cerca de 100.000 millones de euros en este producto, diseñado originariamente para inversores profesionales y empresas que querían rentabilizar su tesorería. En los últimos tiempos, está colocándose en avalancha en oficinas.
En caso de «resolución ordenada», se sitúan justo después de los acreedores privilegiados, pues la deuda cuenta con la garantía adicional de otros activos como los préstamos (en el caso de las cédulas hipotecarias) y los créditos a administraciones públicas (en el caso de las territoriales).
Tampoco se menciona ni el real decreto ni el MoU. Pese a las advertencias de las agencias Fitch y Standard & Poor’s, que recientemente habían señalado con el dedo también a estos acreedores como potenciales afectados por quitas, los dueños de bonos sénior no sufrirán pérdidas. Al vencimiento, recibirán su inversión inicial.
En caso de resolución ordenada, se situarían después de las cédulas.
En todo caso, no tienen por qué verse afectadas todas las emisiones. Las acciones de gestión de instrumentos híbridos [es decir, aplicar quitas, reducir nominal o proponer canjes] «podrán afectar a todas o a parte de las financiaciones subordinadas de la entidad, pero deberán tener en cuenta el distinto orden de prelación que puedan tener entre sí las emisiones». Las valoraciones deberán realizarse a precios de mercado corroborados por al menos un experto independiente. La mala noticia es que los precios en el secundario se sitúan muy por debajo del precio de colocación. En el mejor de los casos, las entidades podrán pagar hasta un 10% más que el precio de cotización.
De entrada, las potenciales acciones serán voluntarias y son cuatro. Primera, canjear los títulos por fondos propios [acciones, cuotas participaciones o bonos necesariamente convertibles]. Segunda, recomprar esos títulos en efectivo por debajo del nominal. Tercera, canjearlos por «otro producto bancario» (aquí entra la posibilidad de cambiarlos por deuda sénior). Esta opción es, de entrada, la menos mala para los clientes, puesto que se les da la oportunidad de recuperar su dinero en los próximos años siempre que permanezcan fieles a la entidad. Es de esperar que sea la opción que prefieran Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia. Y cuarta, disminuir su valor nominal o amortizarlas por debajo de su valor nominal.
Hay una cláusula que, en cierto modo, protege a los tenedores de esta deuda: «Ningún acreedor soportará pérdidas superiores a las que habría soportado si la entidad es liquidada en el marco de un procedimiento concursal», señala el borrador.
La gran misión de las entidades nacionalizadas es que los clientes que compraron preferentes o bonos subordinados puedan recuperar la mayor parte del dinero que invirtieron. Eso sí, con el paso del tiempo. El borrador del real decreto abre la puerta a que las entidades ofrezcan como canje «otro producto bancario», como la deuda sénior que señala específicamente el Memorándum de Entendimiento (MoU). Si finalmente se impone esta solución -y no la de la recompra en efectivo con un fuerte descuento u otras alternativas, que cerrarían la posibilidad de obtener una compensación con el paso de los años en intereses-, los ahorradores podrían recuperar la mayor parte de su inversión en el futuro.
Los partícipes de fondos de inversión o de pensiones, ni los inversores en seguros de ahorro (como los PIAS) o de vida, de entrada, no tienen nada que temer Estos vehículos suponen patrimonios independientes del banco. Es decir, están fuera del balance de las entidades. Es más, no deberían correr peligro ni siquiera en caso de «resolución ordenada» de la entidad, puesto que podrían sobrevivir a una eventual liquidación de esta. Eso sí, tampoco están cubiertos por el FGD.
Da la razón a la Agencia Tributaria
Se trata de un cambio ante ‘requerimientos indeterminados’ de información
P. R. | Madrid 23/08/2012 El artículo en El Mundo
Así, y según la propia sentencia (adelantada por Público), el Equipo Central de Información del Departamento de Inspección de la AEAT solicitó entonces, por su «trascendencia», la relación de las personas y entidades titulares de tarjeta de El Corte Inglés que realizaron pagos «por importe total anual igual o superior a 30.000 euros» durante los ejercicios fiscales de 2006 y 2007.
Concretamente, se pedía «apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Fiscal, o, en defecto de éste último, Número de Pasaporte o Número de identificación válido, numeración de la/s tarjeta/s, importe total anual de los pagos efectuados derivados de la utilización de las tarjetas y entidades financieras con las que opera el titular de las tarjetas en el sistema, según el Código de Entidad asignado por el Banco de España».
La compañía de Isidoro Ílvarez alegaba una «falta la individualización en cuanto a las personas afectadas por el requerimiento», así como una falta de concrección y de motivación específica, que a su juicio podría «vulnerar las garantías fijadas por Ley (…), en especial los principios de proporcionalidad, no discriminación e interdicción de la arbitrariedad que debe regir toda la actuación administrativa».
La Audiencia, reconoce que hasta ahora «solía estimar los recursos contencioso-administrativos dirigidos frente a requerimientos indeterminados de información» en asuntos tributarios, pero reconoce ahora que una Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2011 le «obliga a variar el criterio precedente».
Según dicha sentencia, citada textualmente por la Audiencia, «la información que se solicita no se realiza en relación con la aplicación de un tributo concreto, sino para la persecución del Fraude, con lo cual la exigencia de concreción del tributo es mucho menor».
«El carácter masivo, indiscriminado o genérico del requerimiento», puede leerse en la sentencia, «no lo hace incurrir en una prohibida falta de proporcionalidad, en tanto que correspondencia entre los medios empleados o exigidos el fin propuesto, pues éste es ponderado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (…) en términos de gran amplitud»
Por último, la Audiencia «tampoco considera que se haya producido con el requerimiento de información y su cumplimiento por el obligado a hacerlo infracción alguna del derecho a la intimidad ni de la Ley Orgánica Protección de Datos de Carácter Personal».
Cascada del Xallas. Ézaro. Galicia
La noticia en el Periodista Digital, 23 de agosto de 2012
En cuanto a las previsiones de los resultados que puede obtener la nueva regulación, Ana Pastor ha apostado por mantenerse «prudente», ya que considera que «hay muchos escenarios posibles, porque el mercado de vivienda es una realidad multivariante».
La nueva Ley de Costas permitirá a los hoteles de Menorca hacer mejoras en dominio público
La norma actual impedía que en espacios tan importantes como los jardines, las piscinas y algunos habitáculos se pudieran hacer minucias de mantenimiento
Javier Gilabert | Maó | 22/08/2012 La noticia en Ultima hora Menorca
El borrador de la nueva Ley de Costas que iniciará su trámite parlamentario el próximo mes de septiembre incluye cambios significativos que afectan a un buen número de hoteles de Menorca, los que se encuentran ubicados a primera línea de mar y que en 1988 vieron como el deslinde marcado por la anterior normativa dejaba parte de sus parcelas en dominio público, lo que impedía que espacios tan importantes como los jardines, las piscinas y algunos habitáculos tan solo pudiesen ser objeto de minucias de mantenimiento.
La nueva Ley de Costas, que se prevé que pueda aprobarse a principios de 2013, recoge una de las grandes demandas de la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), que conjuntamente con las federaciones hoteleras de Mallorca y Eivissa , ha tenido un papel activo en su redacción. Se trata de abrir la posibilidad de realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de esos espacios de uso hotelero, pero que se encuentran en una zona de dominio público.
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de agosto de 2012.

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