Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11968
Timestamp: 2020-05-27 09:23:23+00:00

Document:
Sólo las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte estatal sea superior al 50% se rigen por el estatuto de contratación
"ARTICULO 2°. De La definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley: lo. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.”
¿Puede el Congreso de la República señalar que sólo las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte estatal sea superior al 50% le sea aplicable el estatuto de contratación, sin vulnerar los necesarios controles públicos respecto de las inversiones estatales y la gestión de las sociedades de economía mixta en las que el porcentaje de la participación estatal es igual o inferior a dicho porcentaje?
Libertad de configuración legislativa respecto de las empresas de economía mixta. «(...) 6.2. Según lo señaló esta Corte en la sentencia C- 953 de 1999 que declaró la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998, en cuanto establecía que para que una sociedad cuyo capital se integrara con aportes estatales y de los particulares fuera “sociedad de economía mixta” era necesario que el aporte estatal fuese superior al 50% del capital social, la circunstancia de que toda sociedad en la cual concurran aportes del estado ( así sea en mínima proporción) haya de calificarse como sociedad de economía mixta no impide “ en atención al porcentaje de la participación del Estado o de sus entes territoriales en las empresas de economía mixta, pueda el legislador en ejercicio de sus atribuciones constitucionales establecer, si así lo considera pertinente, regímenes jurídicos comunes o diferenciados total o parcialmente, pues es claro que para el efecto existe libertad de configuración legislativa. (...)»
Empresas de economía mixta. «(...) Acerca del sentido y proyecciones que esta Corporación ha reconocido a previsión de dicho artículo 210 en cuanto impone que el legislador al crear o autorizar la creación de entidades descentralizadas por servicios se sujete a los principios que orientan la actividad administrativa, es pertinente citar entre otros los siguientes antecedentes:
a) En la sentencia C-953 de 1999- según se puso ya de presente- para afirmar que esta norma, “ en armonía con lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta permite que el Congreso de la República en ejercicio de su atribución de "hacer las leyes" dicte el régimen jurídico con sujeción al cual habrán de funcionar los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas de economía mixta”, la Corte puntualizó, sin embargo para el caso de las sociedades de economía mixta que ello no puede significar “que so pretexto de establecer ese régimen para estas últimas se pueda desconocer que cuando el capital de una empresa incluya aportes del Estado o de una de sus entidades territoriales en proporción inferior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, no alcanzan la naturaleza jurídica de sociedades comerciales o empresas de "economía mixta", pues, se insiste, esta naturaleza jurídica surge siempre que la composición del capital sea en parte de propiedad de un ente estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que es precisamente la razón que no permite afirmar que en tal caso la empresa respectiva sea "del Estado" o de propiedad de "particulares" sino, justamente de los dos, aunque en proporciones diversas, lo cual le da una característica especial, denominada "mixta", por el artículo 150, numeral 7º de la Constitución”[1].
b) Así mismo en la sentencia C-671 de 1999 la Corte, al resolver sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 95 de la misma Ley 489 de 1998 y proyectar la remisión del artículo 210 a los principios que orientan la actividad administrativa al caso de las entidades descentralizadas indirectas, con personalidad jurídica, que puedan surgir por virtud de convenios de asociación celebrados con exclusividad, entre dos o más entidades públicas expresó que ello significa que tales entidades “deben sujetarse a la voluntad original del legislador que, en ejercicio de la potestad conformadora de la organización -artículo 150, numeral 7 de la Constitución Política-, haya definido los objetivos generales y la estructura orgánica de cada una de las entidades públicas participantes, y los respectivos regímenes de actos, contratación, controles y responsabilidad” [2].
Entonces, en la medida en que la sociedad de economía mixta ostenta legalmente características dentro de las cuales no cabe el ejercicio de “función administrativa” ya que conforme a la misma ley debe cumplir actividades industriales y comerciales conforme al derecho privado, no es pertinente aludir a violación de aquellos principios propios de la función administrativa por la circunstancia de que el legislador asigne a la entidad un régimen de derecho privado, bien entendido que como lo señaló esta Corporación y ya se dio cuenta en esta misma providencia : “-No obstante estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, no son particulares. Son organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Pública, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados”.
Es evidente que la sujeción de las sociedades de economía mixta a un determinado régimen jurídico y administrativo en función de la participación estatal, circunscrito, por efectos de la disposición acusada, a la contratación de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte estatal en el capital social sea igual o inferior al 50% en ningún momento afecta ni el carácter institucional de la sociedad de economía mixta “como vinculada” al Estado -en los términos de la ley, aunque no forme parte de la Rama Ejecutiva-, ni el origen y naturaleza de los participación del Estado en el capital de la sociedad. (...)»
[1] M.P. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. M. Eduardo Cifuentes Muñoz y M. Alvaro Tafur Galvis. [2] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
«(...) Estas características comportan que las sociedades de economía mixta, en los términos de las leyes respectivas, se encuentran sujetas a la dirección y control administrativos (Ley 489 de 1998, artículos 41, 68 y 106, entre otros) y al control fiscal por parte de la Contraloría General de la República (Ley 42 de 1993, artículo 21)[1]. Por ello, no resulta jurídicamente válida la afirmación del demandante y del apoderado de la Auditoría General de la República, en el sentido de que la disposición acusada al dejar por fuera del ámbito de las reglas de la contratación estatal los contratos de las sociedades de economía mixta en las cuales la participación estatal en el capital respectivo sea igual o inferior al 50% está permitiendo la evasión de los controles y del régimen de garantías propios del patrimonio estatal frente a la propia administración Estado y frente a los particulares.
En efecto, la propia Constitución, como se ha visto, determina consecuencias directas de la circunstancia de que una sociedad comercial tenga el carácter de sociedad de economía mixta y hace imperativa la vigilancia seguimiento y control de los recursos estatales, cualquiera sea la forma de gestión de los mismos, en los términos que prevea la ley. (...)»
[1] Ver sentencia C-065 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero.
El Congreso de la República puede señalar que solo las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte estatal sea superior al 50% le son aplicables las reglas de la contratación pública sin vulnerar los necesarios controles públicos respecto de las inversiones estatales y la gestión de las sociedades de economía mixta en las que el porcentaje de la participación estatal es igual o inferior a dicho porcentaje. Lo anterior porque, todas las sociedades de economía mixta se encuentran sujetas a la dirección y control administrativos, así como al control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.
Sentencias C- 953 de 1999, C-671 de 1999
Artículos 209 y 210 de la Constitución Política.
Documento: C-629-2003

References: artículo 97
 artículo 210
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 95
 artículo 210
 artículo 21