Source: http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/Guatemala208.05sp.htm
Timestamp: 2019-02-22 19:03:17+00:00

Document:
1. El 2 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por Pedro Chitay Rodríguez, Alejandro Sánchez Garrido, Astrid Odete Escobedo Barrondo y la Asociación Azmitia Dorantes para el desarrollo y fomento integral, representada por Irma Graciela Azmitia Dorantes, (en adelante "los peticionarios"), en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República de Guatemala ("el Estado" o "el Estado guatemalteco") porque el 1º de abril de 1981, integrantes del Ejército guatemalteco habrían participado en la desaparición forzada del dirigente político indígena Florencio Chitay Nech (en adelante "la presunta víctima"), acaecida presuntamente como represalia por sus actividades en el movimiento cooperativista y en el partido Democracia Cristiana Guatemalteca.
2. Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados configuraban la violación a los artículos 4, 5, 7, 8, 17, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención”) en relación con las obligaciones que derivan del artículo 2 del mismo instrumento, al igual que el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Con relación a la admisibilidad del reclamo, los peticionarios alegaron que tras haber transcurrido 25 años desde ocurridos los hechos, las autoridades guatemaltecas no han investigado la desaparición de Florencio Chitay Nech ni sus familiares han sido reparados.
3. Por su parte, el Estado solicitó que se declare inadmisible la petición porque falta de agotamiento de los recursos internos y propone que el caso de Florencio Chitay Nech sea trasladado al Programa Nacional de Resarcimiento (en adelante el "PNR"), para la reparación de sus familiares.
4. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión decide que el caso es admisible, a la luz del artículo 46 de la Convención Americana respecto de los artículos 4, 5, 7, 8, 17, 19, 23 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y en relación con el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Florencio Chitay Nech y sus familiares. En consecuencia, la Comisión decide notificar su decisión a las partes, continuar el análisis de fondo relativo a las supuestas violaciones de la Convención Americana y publicar el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
9. Alegan los peticionarios que pocos días antes de su secuestro, el Sr. Chitay le manifestó a sus hijos mayores que las Fuerzas del Estado, a través de miembros del Ejército, lo estaban controlando y que creía que podía ser secuestrado pese a haber dejado su trabajo en las organizaciones sociales de su Municipio de origen.
10. En relación al día del secuestro, sostienen los peticionarios que el 1 de abril de 1981 el Sr. Chitay acompañado de su hijo Esmeterio de 5 años, salió a comprar leña a un lugar cercano de la habitación en donde residían en Ciudad de Guatemala. En la intersección de la Novena Avenida y Séptima Calle de la Zona 19, se habría estacionado un vehículo tipo jeep del cual habrían descendido unos desconocidos armados, quienes habrían cuestionado al Sr. Chitay y luego de forcejear con él, habrían encañonado a su hijo Esmeterio amenazándolo con hacerle daño a éste último si el Sr. Chitay no se subía al vehículo. La presunta víctima habría obedecido a sus secuestradores, quienes después de haber empujado al hijo al suelo, habrían abandonado el lugar a toda prisa.
11. La esposa de la presunta víctima, luego de acercarse al lugar del secuestro e interrogar a un vendedor que se encontraba en el lugar,[3] interpuso la denuncia en la estación de Policía con jurisdicción en la zona del secuestro y al día siguiente, habría iniciado la búsqueda del Sr. Chitay Nech en la morgue y hospitales, sin encontrarlo.
17. El Estado solicitó que el caso fuera declarado inadmisible. En primer lugar argumenta que no existe expediente relacionado con el Sr. Florencio Chitay Nech ante el Ministerio Público, en consecuencia considera que no se presentó denuncia de los hechos que hubiese posibilitado la iniciación de las investigaciones respectivas.
18. En segundo lugar, sostiene el Estado que no existen pruebas que fundamenten la presunción de que al Sr. Chitay Nech lo secuestraron miembros del Ejército o que el secuestro fuera resultado de una estrategia estatal, puesto que el único testigo de los hechos contaba en ese entonces con 5 años de edad. El Estado alega que la edad de Esmeterio Chitay Rodríguez le impedía recordar nombres y detalles del hecho, así como identificar o señalar a las personas involucradas en el mismo, puesto que su mente a esa edad "no retiene imágenes de lugares y personas".[8]
19. Por otra parte, el Estado alega que la presentación del recurso de exhibición personal a favor de la presunta víctima 24 años después de su secuestro, demuestra inacción de sus familiares que dificulta, además, cualquier investigación posterior, por lo que dicha inacción no debería ser imputable al Estado. Asimismo, sostiene el Estado que el mencionado recurso fue interpuesto por los peticionarios con el propósito de reactivar el plazo para acudir ante el sistema interamericano de derechos humanos.
20. En relación a los recursos internos, manifiesta el Estado que éstos no han sido agotados pues los familiares de la víctima deben interponer la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público y existen además diversos mecanismos mediante los cuales la familia de Florencio Chitay puede ser reparada. El Estado alega que reconoce el derecho de reparación a las víctimas y afirma el compromiso de hacerlo a través del Programa Nacional de Resarcimiento, razón por la cual propone que el caso de Florencio Chitay Nech sea trasladado a dicho programa.
21. Sobre el PNR, manifiesta el Estado que constituye la vía interna adecuada para obtener la reparación a las víctimas del conflicto armado interno y que dicha vía goza de estabilidad y legalidad, tal y como lo demostrarían las reparaciones ya realizadas en los departamentos de El Quiché y Chimaltenango[9]. Asimismo, el tema de Justicia se resolvería al denunciar los hechos ante el Ministerio Público, quien a través de la Fiscalía de derechos humanos realizaría la respectiva investigación. Por otra parte, manifiesta el Estado que el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno 2006-2016 (en adelante "el Plan Nacional de Búsqueda"), tiene como finalidad esclarecer el paradero de personas desaparecidas y facilitar el reencuentro de miles de víctimas del conflicto armado interno[10].
26. La Comisión es competente ratione materiae porque los peticionarios alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre derechos humanos. Asimismo, la Comisión tiene competencia para conocer la presente denuncia en virtud de lo establecido en el artículo XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada por el Estado de Guatemala el 25 de febrero de 2000, en la cual se establece que el delito de desaparición forzada será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima[12].
B Otros requisitos de admisibilidad
30. De acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente, la detención y desaparición de Florencio Chitay Nech fue denunciada por su esposa Marta Rodríguez Quex, en la estación de la Policía Nacional ubicada en la zona donde ocurrió el secuestro, cuestión que es reconocida por el Estado en sus observaciones.
31. En virtud de la legislación vigente a la fecha del secuestro, los agentes de la Policía Nacional estaban obligados a informar a la autoridad judicial competente los hechos punibles que le hubieren sido denunciados. El inciso primero del artículo 112 del Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos establecía:
Artículo 68, incido segundo: El ejercicio de la acción penal corresponde, esencialmente, al Ministerio Público. Podrán ejercerla, además, los agraviados y cualquier guatemalteco. [16]
33. El inciso primero del artículo 77 del citado Código establecía que los perjudicados por infracciones penales debían formalizar acusación para poder ejercer las acciones penales y civiles. Sin embargo, el mismo artículo establecía que el Ministerio Público, en defecto de los agraviados o cuando éstos manifestaren la imposibilidad de actuar en el proceso, ejercería las dos acciones, esto es la acción penal y la acción civil.[17]
Artículo 68, inciso tercero: Los jueces y autoridades, llamadas por la ley, procederán de oficio a la investigación, al tener conocimiento por cualquier medio, de que se ha cometido un delito o falta, de acción pública.[18]
35. Al respecto, consta de los documentos aportados por los peticionarios que la desaparición forzada del Sr. Chitay fue denunciada públicamente el 25 de abril de 1981 ante los medios de comunicación, durante una conferencia de prensa realizada por dirigentes del partido político Democracia Cristiana Guatemalteca, del cual la presunta víctima era miembro. Igualmente, consta que en los medios de comunicación escrita "La Hora", "Prensa Libre" y "El Gráfico", el mismo 25 de abril de 1981 fueron publicados artículos en los cuales se hacía referencia al secuestro y posterior desaparición del Sr. Florencio Chitay.
38. Realizadas las diligencias, el tribunal de turno solicitó que se designara el tribunal competente, recayendo la designación en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Este Tribunal el 4 de noviembre de 2004 declaró improcedente el recurso de exhibición personal interpuesto a favor de Florencio Chitay, por no encontrarse indicios de que el Sr. Chitay hubiese sido detenido. La decisión fue notificada a Pedro Chitay el 23 de noviembre de 2004.
40. Al respecto la Corte Interamericana ha establecido que el recurso hábeas corpus puede ser un recurso eficaz para localizar el paradero de una persona a pesar de que haya transcurrido un tiempo largo desde la desaparición de una persona.
La Corte considera que el hábeas corpus puede ser un recurso eficaz para localizar el paradero de una persona o esclarecer si se ha configurado una situación lesiva a la libertad personal, a pesar de que la persona a favor de quien se interpone ya no se encuentre bajo la custodia del Estado, sino que haya sido entregada a la custodia de un particular o a pesar de que haya transcurrido un tiempo largo desde la desaparición de una persona.[23]
45. Ahora bien, respecto del argumento del Estado referente a que el caso del Sr. Chitay debería ser considerado por el Programa Nacional de Resarcimiento, previo a su sometimiento al sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión observa que hasta la fecha no ha recibido información que indique que los familiares de la víctima han sido reparados a través del mencionado programa.
46. En consecuencia, consta que los recursos de jurisdicción interna interpuestos desde 1981 por los familiares de la presunta víctima han sido infructuosos para dar con el paradero de Florencio Chitay Nech, tanto la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional en 1981 como el recurso de exhibición personal interpuesto en 2004.
50. En virtud del artículo 32.2 del Reglamento de la CIDH, en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. De acuerdo con este artículo, en su análisis, la Comisión “considerará la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso”.
51. En la petición en estudio, la Comisión ha establecido que resulta aplicable la excepción c) del artículo 46.2, y por tanto a continuación, debe evaluar si la petición fue presentada dentro de un plazo razonable de acuerdo con las circunstancias específicas de la situación presentada a su consideración.
52. En relación con las circunstancias específicas de los hechos alegados en la petición, consta de los documentos aportados por los peticionarios y corroborados por el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que Florencio Chitay fue elegido en 1978 primer concejal del municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango. Asimismo, consta que el 21 de noviembre de 1980, Felipe Alvarez, alcalde municipal de dicho municipio fue víctima de desaparición forzada[26], efectuada por un contingente integrado por militares y civiles y no investigada por la justicia guatemalteca. El 6 de enero de 1981, Mario Augusto García Roca, segundo concejal del municipio de San Martín Jilotepeque también fue víctima de desaparición forzada.
53. En este contexto, Florencio Chitay abandonó de San Martín Jilotepeque para buscar refugio en Ciudad de Guatemala, donde fue víctima de desaparición forzada el 1º de abril de 1981. A raíz de estos hechos, el resto de los miembros del consejo municipal renunciaron en pleno.[27]
60. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por este u otro órgano internacional. Por ello, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
[1] CIDH, Resolución Nº 15-82, Caso 7777, Guatemala, 9 de marzo de 1982. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE:
1. Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de fecha 24 de noviembre de 1980, relativos al ametrallamiento de la case y posterior secuestro y desaparición del señor Felipe Álvarez, Alcalde de San Martín de Jilotepoque, Departamento de Chimaltenango, en Guatemala.
[2] En escrito de los peticionarios de fecha 2 de marzo de 2005.
[12] CIDH, Informe Nº 91/06, Admisibilidad, Edgar Fernando García, Guatemala, 21 de octubre de 2006,
No obstante, el Ministerio Público, en defecto de los agraviados o cuando éstos manifestaren la imposibilidad de actuar en el proceso, ejercerá por ellos las dos acciones, sin perjuicio de que conservarán el derecho de ser informados por dicho Ministerio y de cooperar con él haciendo las gestiones que crean necesarias para el mejor resultado de su pretensión.
[23] Corte I.D.H., Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120,
párr. 79.
[24] Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 129; Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 98; Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 258; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 65.
[27] Ver nota supra 6.
[28] El 21 de noviembre de 1980, en la cabecera municipal de San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, fue secuestrado el alcalde municipal de San Martín Jilotepeque, señor Felipe Álvarez. Un contingente de quince hombres integrado por miembros de la G-2 y civiles originarios de San Martín Jilotepeque, ingresaron a la casa de la familia Álvarez, hiriendo en la espalda y golpeando repetidas veces al señor Álvarez y a sus hijas Ester y Antonia. Posteriormente, el señor Álvarez fue arrastrado e introducido en un auto y su hijo en otro, siendo llevados con rumbo a Chimaltenango. Los familiares presentaron una denuncia ante la Policía Nacional, la cual no investigó el caso. Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia de Chimaltenango abrió el expediente No. 1482/80 pero no investigó los hechos. Posteriormente la familia de Felipe Álvarez sufrió varios atentados que implicaron la desaparición forzada de Jorge Álvarez el 27 de abril de 1981, Mario Álvarez el 13 de noviembre de 1981 y Mateo Álvarez el 13 de diciembre de 1981, los tres hijos del señor Felipe Álvarez. Finalmente, un testigo, integran de del grupo que perpetró la desaparición forzada, informó a uno de los hijos de Felipe Álvarez que su padre habría sido quemado en la calzada Roosvelt y 23 avenida, zona 7 de la ciudad capital y que sus restos habrían sido arrojados en la laguna del Pino, departamento de Santa Rosa, extremo que no se ha comprobado. Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio, Tomo VIII, Casos presentados Anexo II, caso 707, (1999).
[29] Durante este período se ha estimado en más de doscientas mil las víctimas de ejecuciones arbitrarias y desaparición forzosa, producto de la violencia política. En términos étnicos los miembros del pueblo indígena maya representaron el 83% de estas víctimas. CEH, Memoria del Silencio, Tomo V, Conclusiones y Recomendaciones,
[30] CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, 6 de abril del 2001.
[31] Véase CIDH, Informe Nº 91/06, Admisibilidad, Edgar Fernando García, Guatemala, 21 de octubre de 2006, párr. 34.

References: artículo 2
 artículo 46
 artículo 112

Artículo 68
 artículo 77

Artículo 68
 artículo 32
 artículo 46
 Resolución 
 Artículo 39