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Timestamp: 2019-10-21 05:28:55+00:00

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﻿ SENTENCIA C-983 DE NOVIEMBRE 13 DE 2002
SENTENCIA C-983 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:DERECHO A LA IGUALDAD DE LOS DISMINUIDOS AUDITIVOS. LAS PERSONAS SORDAS Y MUDAS QUE PUEDAN DARSE A ENTENDER DE CUALQUIER FORMA DE LENGUAJE, DE MANERA CLARA, PRECISA E INEQUÍVOCA, SUS ACTOS TIENEN PLENA EFICACIA JURÍDICA. SE DECLARA INEXEQUIBLE LAS EXPRESIONES "POR ESCRITO" CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 62, 432, 560 Y 1504 Y "Y TUVIERA SUFICIENTE INTELIGENCIA", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 560 Y EXEQUIBLE LA PALABRA "SORDOMUDO" CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 62, 432 Y 1504 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENSEÑANZA DE LA LENGUA, DERECHO A LA IGUALDAD, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Sentencia C-983 de noviembre 13 de 2002
Sentencia C-983 de 2002
Ref.: Expediente D-4141
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 62, 432 y 1504 (parciales) del Código Civil.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
"ART. 62.—(Modificado por el D. 2820/74, art. 1º). Las personas incapaces de celebrar negocios serán representadas:
1. (Modificado por el D. 772/95, art. 1º) Por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la patria potestad sobre sus hijos menores de 21 años (1) .
(1) Con la Ley 27 de 1977 la mayoría de edad se estableció a los 18 años.
ART. 432.—Están sujetos a curaduría general los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad, los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.
ART. 1504.—Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito.
(Modificado por el D. 2820/74, art. 60). Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.
En criterio del demandante, los apartes normativos acusados vulneran el Preámbulo y los artículos 1º, 4º, 5º, 13, 14, 16, 47 y 54 de la Constitución.
Por tal razón —agrega—, no es lógico que aunque la sociedad comprenda las señas, las muecas y los ademanes de los sordomudos, esas mismas actitudes no les sirvan para ser personas, sólo porque una ley equivocada así lo manda.
Considera que el libre desarrollo de la personalidad de estas personas con limitaciones auditivas y que no tienen voz se vulnera por la circunstancia de que, no obstante poder comunicarse a través de la “lengua de señas”, no se les permita acudir a “traductores" en sus actividades civiles. El hecho de que esa “lengua de señas" no haya sido adoptada como política para poder incorporar a los sordos y a los mudos a la sociedad, desconoce el artículo 47 de la Carta.
Las normas impugnadas —señala el actor— quizá hayan tenido al tiempo de su emisión coherencia con la sabiduría médica de la época, pero si fue así, ahora se presenta, sin ninguna duda, el fenómeno de inconstitucionalidad sobreviviente".
lll. Intervenciones
En su criterio, las inhabilidades señaladas en las disposiciones acusadas sólo se predican respecto de la segunda clase de personas, es decir, de aquellas que no pueden darse a entender por escrito o por signos inequívocos. Resalta que el artículo 138 del Código Civil permite que los sordomudos contraigan matrimonio siempre que puedan exteriorizarse o darse a entender ante el juez.
El magistrado sustanciador solicitó el concepto de algunos expertos en la materia, y atendiendo tal invitación intervinieron el Presidente de la Asociación Colombiana de Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje, la directora del Instituto Nacional para Sordos, Insor, la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial y la Fundación Cinda (centro de investigación e información en deficiencias auditivas).
1. Las hipoacúsicas (leves, moderadas o severas) que utilizan el español como primera lengua, ya sea de manera oral o escrita y que aprenden dicha lengua con ayuda auditiva. También en este grupo se encuentran aquellas que han quedado sordas luego de haber desarrollado el habla y se les conoce como sordas poslinguales.
La directora del Insor considera equivocado el término “sordomudo" utilizado por la norma, por cuanto aquél se remonta a la edad antigua en la que se tenía el concepto de que los sordos eran ineducables, estúpidos e imbéciles. Hoy en día y gracias a los avances técnicos y científicos es claro que el ser humano “tiene la facultad del lenguaje por excelencia” y la falta de audición no impide “el dominio de las ideas más abstractas y complejas, y por supuesto las personas sordas pueden expresarlas en el idioma de la lengua de señas". Esta lengua, aunque no tiene escritura, tiene una gramática propia y le permite a la persona con limitación auditiva representar su realidad y expresar sus sentimientos, emociones y sentimientos, así como recibir y dar información.
El Procurador General de la Nación advierte, en primer lugar, que el término “sordomudo" data de la edad media y que por lo tanto es equívoco y descalificante por cuanto en ese entonces se consideraba que dichas personas eran “ineducables, estúpidos e imbéciles”.
Sostiene que en la antigüedad griega se tenía la idea de que las personas que no hablaban no podían razonar ni darse a entender y para Platón y Aristóteles “los sordos privados de la facultad de hablar no podían ser educados y menos ser considerados como seres pensantes".
En su sentir, las normas demandadas, dada su antigüedad, deben ser analizadas teniendo en cuenta los avances técnicos y científicos en el campo de la socio-lingüística, que demuestran que el hecho de no oír no impide el dominio de las ideas más abstractas y complejas. Es así, como las personas sordas que no pueden acceder al castellano de una manera natural pueden comunicarse a través de la “lengua de señas" y ello les permite acceder a todos los niveles de conocimiento.
Asegura que la Corte debería aclarar en la sentencia que es conveniente y menos discriminatorio utilizar el vocablo “sordo" y no el de “sordomudo”, pues afirma que este último, utilizado por el legislador, “desconoce la diversidad poblacional, discrimina y niega la existencia de la multipluralidad y no reconoce ni acepta la diferencia. Además cultiva una fatal representación social de la sordera que conlleva a que el entorno social en todas sus esferas (educativa, comunicativa, salud, trabajo, judicial) se torne más restrictivo en la participación y desarrollo de los sordos, particularmente cuando éstos no hacen uso del lenguaje oral sino acuden a otros, tal como el de señas".
Recuerda la definición que la Ley 324 de 1996 da a la expresión “limitado auditivo" y lo que debe entenderse por persona sorda. Asevera que a pesar de que el artículo 2º de la referida norma fue declarado inconstitucional por la Corte en Sentencia C-128 de 2002, dicho fallo no debe entenderse en el sentido que hoy no se puede seguir desarrollando y fomentando el lenguaje manual, pues la inconstitucionalidad se basó en el hecho de reconocer que no sólo el lenguaje de señas es el medio mediante el cual la comunidad sorda puede darse a entender, pues “el Estado está obligado a fomentar todos aquellos sistemas de comunicación o lenguaje que este grupo llegue a desarrollar para lograr su interactuación con el resto del género humano".
Sostiene que el Estado debe crear condiciones y estrategias particulares que faciliten la atención educativa para los sordos y la Ley 115 de 1994 consagra la posibilidad de educación para personas con limitaciones, talentos y capacidades excepcionales. Señala que actualmente se ofrecen diversas alternativas educativas para las personas sordas y la limitación auditiva no es un impedimento para que puedan desarrollar su potencial lingüístico, y, dependiendo del tipo de afección, se presenta la posibilidad de adquirir como primera lengua la oral o, en su defecto, otra como la de señas. De tal forma “frente a estos casos no podrá obligarse de manera indiscriminada a que se maneje exclusivamente uno de esos lenguajes, pues la imposibilidad de acceder al idioma oficial obedece a la restricción sensorial.
Solicita a la Corte que declare inexequible la expresión “por escrito" consagrada en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil, así como el artículo 506 ibídem que no fue demandado y cualquier otra norma del código que haga esa discriminación, con la aclaración de que sólo será tenido como absolutamente incapaz el sordo que no pueda darse a entender por ningún medio o lengua según su competencia comunicativa y lingüística.
La Corte en este caso debe resolver si al disponer las normas acusadas del Código Civil que las personas sordas y mudas son incapaces absolutas cuando no puedan darse a entender por escrito, se desconocen derechos tales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el principio de la igualdad real y efectiva.
2. La capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Las incapacidades y las guardas en el ordenamiento civil. La evolución del concepto de sordomudo.
Precisamente con miras a velar por los intereses de las personas incapaces, el legislador creó las guardas, dentro de las cuales se encuentran las tutelas y las curadurías, que consisten en cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellas que, según la ley, no pueden dirigirse a sí mismas o administrar sus negocios (C.C., art. 428).
Conforme lo dispone la ley, la tutela se ejerce sobre los impúberes y es siempre de carácter general, mientras que la curaduría puede ser general o especial. Esta última referida a un acto concreto y para un negocio particular. La curatela general “se caracteriza porque confiere al guardador simultáneamente la representación del pupilo, la administración de su patrimonio y el cuidado de su persona” (2) .
(2) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de septiembre de 1972 (M.P. Humberto Murcia Ballén).
Así las cosas, cuando esa persona con limitación auditiva y en lenguaje articulado llega a la pubertad y no se encuentra bajo patria potestad, queda sometida a curaduría que se prolonga en el tiempo, hasta que por solicitud propia y verificadas las circunstancias por el juez sea judicialmente habilitado, es decir esa guarda cesará cuando, según el mismo ordenamiento civil, la persona se haya hecho capaz de entender o ser entendido por escrito y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes (art. 560).
Ese criterio de la incapacidad se basa en la presunción de que quien no puede oír, hablar o escribir es inhábil para expresar en forma diáfana su voluntad de celebrar un negocio jurídico (3) .
(3) Los griegos y los romanos los consideraban incapaces de aprender y tenían la idea de que eran seres castigados por los dioses debido a los pecados de sus antecesores. Al respecto, señala Luis Claro Solar en su libro Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Volumen V. De las obligaciones. Editorial Jurídica de Chile, p. 31: “El derecho romano los equiparaba a los mente captos: sed et mente captis, et surdis et mutis, et qui perpetuo morbo laborant (quia rebus suis supersse non possunt) curatores dandi sunt. Pero las leyes distinguían entre el sordomudo de nacimiento y el que con posterioridad había perdido el oído y el uso de la palabra. El sordomudo de nacimiento era incapaz de testar de dejar legados y fideicomisos y donar. Si quis utroque morbo simul laboret, id est ut neque audire neque loqui possit, et hoc in ipsa natura habeat; pero el que, habiendo nacido con los órganos del oído y de la palabra, los había perdido ambos por accidente, podía testar por escrito, sabiendo escribir: ubi autem et hujusmodi vitti non naturalis, sive masculo, sive femina, accidit calamitas, sed morbus postea superveniens, et vocem abstulit er aures conclusit, si ponamus hujusmodi personam literas scientem, omnia quae priori, interdiximus, haec el sua manu scribenti permittimus. Tratándose, pues, de un defecto de nacimiento, la ley romana no hacía distinción entre el sordomudo educado e instruido que había aprendido a entender y darse a entender por escrito, y el que no había adquirido estos conocimientos.
Aristóteles creía que estas personas, al no articular palabra alguna ni tampoco comprender la de otros, no podían ser educadas y por dicho motivo eran incapaces de recibir instrucción. En la Edad Media se tenía la idea de que la sordera y la mudez dependían de una anormalidad orgánica, por lo que el sordomudo no era educable. Hasta el siglo XV se le etiquetaba como un ser irracional, sin derechos, ni deberes de ninguna índole.
De tal forma que al no poder darse a entender por escrito, cualquier manifestación que hicieran por considerarse ambigua e ininteligible era insuficiente para poder celebrar un negocio o acto jurídico.
3. La protección a los discapacitados en el Estado social de derecho. La igualdad real y efectiva.
“Tal como ha ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados han sido objeto constante de marginación social a través de los siglos. La discriminación contra los discapacitados presenta, sin embargo, características que le son propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector de los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que causa la segregación racial. En efecto, en muchos casos la discriminación contra los discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta la persona afectada —claro está, haciendo caso omiso de las condiciones especiales de cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que ellas pueden generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados frecuentemente no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto de ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza o de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes" (4) .
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-207 del 12 de abril de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Tales dificultades se han tratado de superar en los últimos tiempos con la adopción de medidas orientadas a integrarlos dentro de la comunidad, a reconocerles su calidad de personas titulares de los mismos derechos que el resto de la población y a corregir las desigualdades existentes, evitando así que sean objeto de discriminación. Muestra de ello es el reconocimiento que a nivel internacional se le ha dado a ese grupo poblacional. La recomendación 99 de 1955 de la OIT que constituyó un hito en la promoción de los derechos de los discapacitados; la recomendación 168 de 1983, también de la OIT; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativa a los derechos económicos, sociales y culturales, aprobada el 13 de noviembre de 1988, en cuyo artículo 18 se estipula el derecho a la protección especial para las personas con discapacidad; la Declaración de los derechos de los impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975 (Res. 3447), según la cual el impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana, tiene los mismos derechos fundamentales que sus congéneres, cualquiera que sea la naturaleza o gravedad de su trastorno o deficiencia, y “tiene derecho a las medidas destinadas a permitirse lograr la mayor autonomía posible". Igualmente existen otros instrumentos destinados a promover y proteger los derechos de los discapacitados (5) .
(5) La Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 31/123 del 16 de diciembre de 1976 proclamó el año 1981 Año internacional de los impedidos. Por Resolución 37/53 del 3 de diciembre de 1982 la Asamblea General proclamó el período 1983-1992 Decenio de las Naciones Unidades para los impedidos y alentó a los Estados miembros para que utilizaran ese término como medio para ejecutar el Programa de acción mundial para los impedidos.
En efecto, se han impulsado políticas destinadas a reconocerles el derecho a la igualdad de oportunidades y un acceso igualitario a la educación (6) .
(6) Con miras a lograr esos objetivos se profirieron la leyes 324 de 1996 y 361 de 1997.
4. Contenido de las normas impugnadas del Código Civil. Su carácter discriminatorio.
Los artículos acusados reconocen capacidad sólo a los discapacitados que puedan darse a entender por escrito. Estas disposiciones resultan sin lugar a dudas discriminatorias, en cuanto excluyen sin razón justificada a aquellas personas que pueden comunicarse mediante señas u otra forma de lenguaje, pero desconocen la escritura.
Debe retirarse del ordenamiento jurídico el vocablo “por escrito" contenido en dichos artículos por ser contrario a la Carta, al apartar del mundo jurídico a los limitados auditivos y en lenguaje articulado que no puedan expresarse por escrito. La lengua no puede ser un factor para restringir o limitar el goce de los derechos o para que se establezcan tratos distintos, “por lo cual, una regulación que diferencie a las personas por su lengua es potencialmente discriminatoria" (7) .
(7) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-128 del 26 de febrero de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
La Corte sostuvo, con ocasión del análisis del artículo 127 del Código Civil, que si los sordomudos pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, pueden contraer matrimonio. Además, que pueden deponer e ilustrar el juicio del funcionario y es a éste a quien en últimas le corresponderá valorar críticamente el contenido de las afirmaciones de dichas personas (8) . Dijo así la Corte en esa oportunidad:
(8) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-401 del 2 de junio de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz).
"Para la Corte es evidente que las personas discriminadas por la norma demandada están en condiciones y en capacidad para conocer y deponer sobre los hechos relacionados con la solicitud presentada por los futuros contrayentes en cuanto a la identidad, estado civil, ausencia de vicios en el consentimiento de los mismos, parentesco, condiciones físicas, mentales sociales y demás aspectos, así como atestiguar sobre otros hechos tendientes a ilustrar el juicio de la autoridad pública celebrante.
En este orden de ideas, el artículo 127 de la Carta, a juicio de la Corte, restringe la posibilidad a un grupo de personas para que sean testigos de un matrimonio, lo cual, a no dudarlo resulta discriminatorio, irrazonable, desproporcionado e injustificado contrario en últimas al artículo 13 de la Carta, pues si bien es cierto que ellos carecen o están limitados de un órgano o sentido, ello no impide que perciban la ocurrencia de los fenómenos naturales, sociales, económicos, morales, éticos, etc., mediante otro sentido u órgano y que tales hechos del mundo externo, no pueden ser expuestos o vertidos en forma cierta y verídica, o fidedigna ante un funcionario judicial, para que éste se forme un juicio o una idea y pueda valorarla, y en consecuencia actuar positiva o negativamente frente a la misma, máxime cuando hoy en día, los adelantos científicos y tecnológicos permiten su completa realización personal y su total integración económica, social y cultural del mundo contemporáneo".
Precisó también esta Sala que cuando la Constitución autoriza tratamientos diferentes, se hace con el objeto de que el Estado brinde una especial protección a un grupo determinado de personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, pero no con el propósito de marginarlos del mundo jurídico, lo cual efectivamente ocurre con las disposiciones ahora acusadas (9) .
(9) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-401 de 1999, ya citada.
“Ciertamente no es dable predicar a priori, y además en forma general, que todo invidente, mudo o sordo, situación que por otra parte, ni impide el acceso a las facultades de derecho, ni está consagrada precisamente como inhabilitante en el estatuto de la abogacía (D. 196/71), por el mero hecho de serlo, se encuentre en condiciones de incapacidad o de inhabilidad para administrar justicia.
Así pues, encuentra la Corte que descartar a priori como se ha dicho a los sordos, mudos o invidentes de la administración de justicia, es aceptar una discriminación, más aberrante aun si se tiene en cuenta su propia naturaleza, que además como toda discriminación abriría el paso a otras nuevas y seguramente más sofisticadas, pero de todas suertes contrarias a la igualdad de todas las personas, protegida por la Constitución" (10) .
(10) Sentencia 15 del 7 de marzo de 1985 (M.P. Ricardo Medina Moyano).
Por otra parte, si bien es cierto esta corporación, al estudiar la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 324 de 1996 “por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”, declaró inexequible el artículo 2º que reconocía la lengua manual como idioma propio de la comunidad sorda del país, también lo es que ello obedeció a razones distintas y en atención a que tales personas pueden optar por otro tipo de enseñanza como la oralidad. Señaló la Corte:
“... el artículo 2º de la Ley 324 de 1996 deberá ser retirado del ordenamiento, por vulnerar el mandato constitucional sobre reconocimiento de idiomas oficiales. Sin embargo, la Corte precisa que esa declaración de inexequibilidad no implica, en manera alguna, que el Estado no pueda fomentar o apoyar el uso de la lengua manual a favor de los limitados auditivos, pues ese estímulo cumple propósitos constitucionales evidentes, como se señaló anteriormente en esta sentencia, y tal y como lo había reconocido esta Corte en anteriores oportunidades (11) . La inconstitucionalidad deriva exclusivamente de que el apoyo a la población sorda que se expresa en lenguaje manual no puede vulnerar la regulación constitucional de los idiomas oficiales en Colombia, ni traducirse en una discriminación contra aquellos limitados auditivos que hayan optado por la oralidad" (12) .
(11) Ver al respecto la Sentencia T-638 de 1999.
(12) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-128 de 2002, ya citada.
Finalmente, debe precisar la Sala que si el sordomudo no puede darse entender de manera clara e inequívoca, es decir no puede comunicarse de manera inteligible, será sin lugar a dudas un incapaz absoluto. Resulta claro que si una persona con tales limitaciones no puede exteriorizar sus pensamientos de manera tal que pueda darse a entender en forma indiscutible, no puede tener capacidad legal.
De acuerdo con lo anterior, la Corte declarará inexequible el vocablo “por escrito" contenido en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil y exequible la palabra “sordomudo" de los mismos preceptos.
"Cesará la curaduría cuando el sordomudo se haya hecho capaz de entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare, y tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes; sobre lo cual tomará el juez o prefecto los informes competentes".
1. Declarar EXEQUIBLE la palabra “sordomudo" contenida en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil, e INEXEQUIBLE la expresión “por escrito" contenida en los artículos 62, 432, 560 y 1504 del mismo código.
2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y tuviere suficiente inteligencia”, contenida en el artículo 560 del Código Civil.

References: ARTÍCULO 560
 artículo 241
 artículo 47
 artículo 138
 artículo 2
 artículo 506
 artículo 18
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 560