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Timestamp: 2018-02-22 22:25:54+00:00

Document:
S JCA 8/1/2018
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Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 4 de Madrid, Sentencia 1/2018 de 8 Ene. 2018, Proc. 247/2014
Ponente: Gómez Iglesias, Carlos.
Nº de Recurso: 247/2014
LA LEY 13/2018
ECLI: ES:JCA:2018:1
La Iglesia paga el ICIO si reforma un edificio destinado a actividades ajenas a las estrictamente religiosas
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. Exenciones subjetivas: a favor de inmuebles de la Iglesia católica. Cuestión sobre si el ICIO debe considerarse incluido en el apartado 1.B) del artículo IV del Acuerdo con la Santa Sede y sobre si de tal exención debe excluirse en todo caso las actividades de la Iglesia Católica no estrictamente religiosas, sino esencialmente empresariales, ya que unas y otras necesitan, evidentemente, la realización de construcciones, instalaciones y obras. Examen de la evolución doctrinal. Ayudas incompatibles con el mercado interior: STJUE 27 jun. 2017. La exención no es aplicable a la licencia municipal solicitada para reformar y ampliar un edificio (salón de actos de un Colegio religioso) destinado al desarrollo de actividades económicas que no tienen una finalidad estrictamente religiosa.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Madrid desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Congregación de Escuelas Pías- Provincia Betania, y confirma las resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Getafe por las que se denegó a la reclamante la solicitud de exención del ICIO y la devolución de ingresos indebidos por ser conformes a derecho.
III.- El día 15 de diciembre de 2015 fue dictada providencia, en la que, con suspensión del término para dictar sentencia, se acordaba "conceder a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulen por escrito sus alegaciones e informe, respectivamente, sobre los siguientes aspectos: a) Sobre la necesidad de plantear cuestión prejudicial de validez y/o de interpretación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante la posibilidad de que el artículo IV.1.B) del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979, no sea conforme con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957), en la medida que puede suponer una ayuda incompatible con el mercado interior. b) Sobre el contenido de las preguntas a formular, en su caso, ante dicho Tribunal, en relación con la cuestión prejudicial que deba ser planteada".
IV.- Cumplimentado el trámite anterior con el resultado que consta en las actuaciones, con fecha 26 de enero de 2016 fue dictado Auto en el que se planteaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial: "¿Es contraria al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957) la exención a la Iglesia Católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con las realizadas en inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas que no tengan una finalidad estrictamente religiosa?.
V.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), mediante sentencia de 27 de junio de 2017 (Asunto C-74/16 (LA LEY 72054/2017)), declaró que "una exención fiscal como la controvertida en el litigio principal, de la cual se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE (LA LEY 6/1957), apartado 1, si tales actividades son de carácter económico y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente".
Para ello, la parte recurrente argumentaba en su demanda, en la que luego se ratificó en la vista oral de este procedimiento, que la entidad demandante -Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania- está acogida al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979; que en su momento abonó la correspondiente liquidación del ICIO "relativa a la obra efectuada con expediente urbanístico nº 0524/2010 y licencia de instalación 22682 de 9 de febrero de 2011" y que solicitó la exención del referido impuesto, así como la devolución del importe abonado, "al entender que resultaba de aplicación la exención recogida en la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre (LA LEY 18466/2009), por la que se aclara la inclusión del ICIO en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979" (hecho tercero).
II.- El artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 (citado, en adelante, como "el Acuerdo"), mediante el que se regulan las relaciones económicas entre ambas partes (ratificado por las Cortes Generales el 4 de diciembre de 1979), que como tal acuerdo tiene naturaleza de tratado internacional y rango de Ley (Sentencias del Tribunal Constitucional 66/1982 (LA LEY 7332-JF/0000) y 47/1990 (LA LEY 1456-TC/1990)), dispone literalmente lo siguiente:
III.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se establece por primera vez en España con la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (LA LEY 2414/1988), Reguladora de las Haciendas Locales, como "un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra" (así figura definido en su redacción original), manteniéndose inalterada esa definición de su naturaleza hasta el momento actual (art. 100.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004)). Se trata de un impuesto indirecto desde el punto de vista económico (somete a gravamen una manifestación indirecta de la capacidad económica) y real (grava una manifestación de la riqueza con independencia de su titular), que supuso para los Ayuntamientos españoles una recaudación global superior a los mil millones de euros en el año 2010 (Informe "Haciendas Locales en cifras. Año 2010" -diciembre 2012- de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales; Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos), sufriendo su recaudación, a partir de entonces, un sensible retroceso por la grave crisis del sector de la construcción.
Esa incertidumbre se mantuvo hasta que fue dictada por el Tribunal Supremo la Sentencia de 19 de marzo de 2001, en el recurso de casación en interés de ley nº 1142/2000 (LA LEY 3405/2001), en la que, para un supuesto en el que se analizaba la construcción de viviendas "destinadas a actividades apostólicas", declara que "la Iglesia Católica está exenta del ICIO", al considerar que es un impuesto real sobre la renta y, por lo tanto, debe quedar incluido en el apartado 1.B) del artículo IV del Acuerdo, sin que en ese caso su exención se vea afectada por la excepción prevista en el párrafo segundo de dicho apartado, ya que "no se trata de rendimientos que la parroquia vaya a obtener por el ejercicio de las viviendas construidas, ni se trata tampoco de vencimientos de capital, ni de rendimientos sometidos a retención en la fuente" (el mismo Tribunal se pronunció unos días después, en idéntico sentido, en la Sentencia de 31 de marzo de 2001, dictada en el recurso de casación en interés de la ley nº 3295/2000, en la que se analiza un supuesto referido a las obras de ampliación de una parroquia).
"Primero.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulado en los arts. 101 a (LA LEY 2414/1988) 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (LA LEY 2414/1988), reguladora de las Haciendas Locales, está incluido entre los impuestos reales o de producto a que hace referencia la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 (LA LEY 12/1979).
La solución parecía venir dada por el propio texto del apartado 1.B) del Acuerdo y, más concretamente, con su párrafo segundo, en el que se excluye de la exención "a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta", pero esta posible alternativa también quedó neutralizada pronto, esta vez con la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 3 de octubre de 2003 (rec de casación nº 5899/1998 (LA LEY 234/2004)), en la que analizando, ahora sí, un supuesto referido a una actividad claramente empresarial de la Iglesia Católica o, como se recoge literalmente en dicha Sentencia, una "explotación económica productora de rendimientos" (se trataba de un hospital que incluso mantenía conciertos de asistencia sanitaria con aseguradoras privadas, compitiendo en el mercado con otras entidades hospitalarias o sanitarias), el Tribunal estima el recurso interpuesto por la Comunidad religiosa recurrente con fundamento en la Orden ministerial de 5 de junio de 2001 y añade:
V.- La fase final de este discurrir normativo y jurisprudencial comienza con la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre (LA LEY 18466/2009), por la que se modifica la Orden de 5 de junio de 2001.
VI.- Pero la solución así encontrada volvió a durar poco tiempo, ya que, en la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza ante la Audiencia Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2013 fue dictada sentencia con la que se anulaba "la totalidad de la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre (LA LEY 18466/2009), BOE de 21 de octubre, al considerarla contraria al artículo IV, 1.B) y al artículo VI del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede para Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979", pronunciamiento, éste, basado en estimar, de una parte, que "al introducir el Ministerio de Hacienda a través de la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre (LA LEY 18466/2009), la "interpretación" consistente en que la Santa Sede y demás entidades religiosas, disfrutarán de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras "para todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)", es claro, a juicio de la Sala, que incurre en un efecto real de innovación, como se denuncia, al restringir lo estipulado en el artículo IV, 1. B), del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede para Asuntos Económicos de 3 de enero de 1.979, dado que limita la exención en él establecida, así como lo dispuesto en la Orden del propio Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2.001, que aclara dicho Acuerdo" y, de otra, en que "se infringe también, por razón de dicha interpretación, el apartado VI del Acuerdo de referencia, según el cual "La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan", pues no consta negociación ni contacto alguno, ni menos acuerdo, entre el Estado Español y la Santa Sede a los efectos en debate".
VII.- Al tener serias dudas de que el criterio recogido en el apartado segundo de la Orden de 5 de junio de 2001, en su redacción original confirmada por el Tribunal Supremo, podría dar lugar a la concesión de ayudas incompatibles con el mercado interior, en los términos establecidos en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (LA LEY 6/1957), quien ahora emite esta resolución judicial decidió plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- la correspondiente cuestión prejudicial, para que se pronunciara respecto a si resultaba contraria a dicho precepto "la exención a la Iglesia Católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con las realizadas en inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas que no tengan una finalidad estrictamente religiosa" (Auto de 26/01/2016).
La respuesta dada por el TJUE (Gran Sala), en sentencia de 27 de junio de 2017 (Asunto C-74/16 (LA LEY 72054/2017)), fue que "una exención fiscal como la controvertida en el litigio principal, de la cual se beneficia una congregación de la Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE (LA LEY 6/1957), apartado 1, si tales actividades son de carácter económico y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente".
Para ello el Tribunal comienza por delimitar el concepto "ayuda estatal" en el sentido del artículo 107 del TFUE (LA LEY 6/1957), al establecer que "......exige que concurran todos los requisitos previstos en dicha disposición. Así, en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, tal intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario. En cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la competencia (sentencias de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, apartado 40, y de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group SA y otros, C-20/15 P y C-21/15 P, EU:C:2016:981, apartado 53)" (apdo. 38). A continuación recuerda que, en materia de competencia y, en concreto, respecto de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE (LA LEY 6/1957), el Derecho de la Unión: "......tiene por objeto las actividades de las empresas (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de marzo de 2006, Enirisorse, C-237/04, EU:C:2006:197, apartados 27 y 28, y de 5 de marzo de 2015, Comisión y otros/Versalis y otros, C-93/13 P y C-123/13 P, EU:C:2015:150, apartado 88)" (apdo. 39) y concluye afirmando que: "......en el presente asunto, debe examinarse, en primer lugar, si la Congregación puede ser calificada de «empresa» a efectos del artículo 107 TFUE (LA LEY 6/1957), apartado 1; en segundo lugar, si la exención fiscal controvertida en el litigio principal confiere a la Congregación una ventaja económica selectiva; en tercer lugar, si dicha medida constituye una intervención del Estado español o mediante fondos de dicho Estado miembro, y, por último, en cuarto lugar, si la referida exención puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia dentro del mercado interior" (apdo. 40).
Expuesto lo anterior y siguiendo las pautas marcadas por el TJUE, corresponde a este Juzgado, como órgano jurisdiccional remitente de la cuestión prejudicial, determinar: (i) si las actividades docentes impartidas en el centro "revisten o no carácter económico y, en su caso, cuáles de entre ellas tienen tal carácter"; (ii) si el salón de actos del Colegio se destina "a un uso que corresponda exclusivamente a una u otra de tales actividades de enseñanza, o a un uso mixto"; (iii) si concurren en este caso los requisitos previstos en el artículo 107 del TFUE (LA LEY 6/1957) para la calificación de "ayuda estatal"; y (iv) si se supera aquí el umbral de las "ayudas de minimis" (200.000 euros en un período de tres años), tomando en consideración únicamente "las ventajas de las que haya disfrutado la Congregación en relación con sus eventuales actividades económicas".
Por lo que se refiere a la primera cuestión (contabilidad de los tres últimos ejercicios), en el trámite habilitado al efecto se ha alegado por la demandante que, en aplicación de lo establecido en la disposición duodécima del Acuerdo de 10 de octubre de 1980, acerca de la aplicación del Impuesto sobre Sociedades a las entidades eclesiásticas, viene obligada "a mantener una contabilidad en la que únicamente deben reflejarse los ingresos derivados de las distintas fuentes de rendimientos, acompañado de los gastos necesarios para la obtención de los mismos", de lo que deduce que "no existe de acuerdo con la normativa vigente una obligación de llevanza de contabilidad ajustada al Real Decreto 776/1998 (LA LEY 1884/1998) para las entidades eclesiásticas como lo es la demandante" y considera cumplido el requerimiento efectuado por este Juzgado con la aportación de "la justificación exigida por la normativa reguladora del concierto educativo".
Por otra parte, como así figura recogido en la misma sentencia, la demandante reconoció en la vista desarrollada ante el TJUE que el salón de actos "se destina únicamente a las actividades de enseñanza que propone", lo que entra en abierta contradicción, al menos en parte, con lo alegado después para cumplimentar el requerimiento efectuado por este Juzgado, al afirmar que se destina también a usos relacionados "con actividades religiosas" (el denominado "documento explicativo de los usos del edificio salón de actos" que ha aportado, carece por completo de valor probatorio a tales efectos, por ignorarse incluso su procedencia). En cualquier caso, puesto que en el centro se imparte enseñanza concertada y no concertada, habrá que admitir que el uso dado al salón de actos es mixto, de lo que no cabe deducir, como propone el demandado en su escrito de alegaciones, que su utilización para la realización de actividades económicas "extiende sus efectos a todo el salón de actos", porque no es eso lo que se desprende de lo expuesto en los apartados 62 y 63 de la sentencia del TJUE, sino que la exención fiscal controvertida puede estar comprendida en la prohibición establecida en el artículo 107 del TFUE (LA LEY 6/1957), en la medida que el salón de actos se destina a la realización de actividades económicas y sólo por esa utilidad.
A este respecto, le asiste la razón al demandado cuando argumenta que "la cuestión no es tanto si tienen o no obligación de llevar contabilidad, .........sino si la contabilidad se ha realizado por separado para las actividades económicas y las no económicas, tal como exige el TJUE" (escrito de 22/12/2017) y es que, en definitiva, "la normativa vigente" aplicable a estas entidades a la que se refiere la demandante, para mantener que no está obligada a la "llevanza de contabilidad ajustada al Real Decreto 776/1998 (LA LEY 1884/1998) " (en alusión al mencionado Acuerdo y a "la normativa reguladora del concierto educativo"), rige para la actividad desarrollada por este tipo de entidades que no tiene naturaleza de "actividad económica", no para la que sí la tiene cuando intervienen como "empresas" y son competidoras de otros operadores que desarrollan la misma actividad económica.
XI.- Respecto a si concurren en este caso los requisitos previstos en el artículo 107 del TFUE (LA LEY 6/1957) para la calificación de "ayuda estatal", es cuestión resuelta por el propio TJUE en la sentencia de constante cita.
Así, en cuanto a que se trate de una intervención del Estado o mediante fondos estatales, el TJUE comienza por recordar que "para que una ventaja pueda ser calificada de ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE (LA LEY 6/1957), apartado 1, es necesario, por una parte, que sea otorgada directa o indirectamente mediante fondos estatales y, por otra parte, que sea imputable al Estado" (apdo. 74); continúa argumentando que "por lo que respecta, en primer lugar, al requisito de la imputabilidad de la medida, basta con señalar que la exención fiscal controvertida en el litigio principal deriva directamente de la Orden de 5 de junio de 2001, adoptada por el Ministerio español de Hacienda, y tiene su origen en el Acuerdo de 3 de enero de 1979, celebrado y aplicado por el Estado español" (apdo. 75) y que "en segundo lugar, en cuanto al requisito de que la ventaja se otorgue directa o indirectamente mediante fondos estatales, no se discute que la exención controvertida en el litigo principal, que supone la supresión de una carga que normalmente gravaría el presupuesto de la Congregación, tiene como corolario una disminución de los ingresos del Ayuntamiento en la cuantía correspondiente" (apdo. 76) y concluye: "En estas circunstancias, se cumple el requisito de la intervención del Estado mediante fondos estatales" (apdo. 77).
En cuanto al requisito referido a la ventaja selectiva, se recuerda en la sentencia comentada que "según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, se consideran ayudas estatales las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que deban calificarse de ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado" (apdo. 65) y que "se consideran ayudas, entre otras, las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, tienen la misma naturaleza y surten efectos idénticos" (apdo. 66), lo que conduce al Tribunal a la siguiente conclusión categórica: "es evidente que tal exención fiscal conferiría una ventaja económica a la Congregación" (apdo. 68), al considerar que "conforme al artículo 100, apartado 1, y al artículo 101, apartado 1, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004), toda empresa que realice obras como las del litigio principal es sujeto pasivo del ICIO, y que la Congregación abonó el impuesto devengado por este concepto"; y que "el efecto de la exención fiscal controvertida en el litigio principal sería la devolución a la Congregación del impuesto abonado por ella" (apdo. 67).
XII.- Resta por analizar si en este caso resulta de aplicación el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (LA LEY 12650/2006), relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (actuales arts. 107 y 108), sustituido sin variación, en cuanto aquí interesa, por el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013 (LA LEY 21029/2013).
Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo de dicho precepto reglamentario, puesto en relación con su considerando octavo, las ayudas que no excedan de un límite máximo de 200.000 euros concedidas a una empresa durante un período de tres años, no afectan al comercio entre los Estados miembros y no falsean la competencia, quedando por ello excluidas de la prohibición establecida en el artículo 107.1 del TFUE (LA LEY 6/1957).
Pues bien, al margen de que el citado concepto -ayudas de mínimis- resulta de difícil aplicación al presente caso, puesto que se trata aquí, en su origen, de una exención tributaria indeterminada (de los impuestos reales o del producto, sobre la renta y sobre el patrimonio), total y permanente, lo que determina que no pueda calificarse de "transparente" en los términos utilizados por el propio Reglamento comunitario, lo cierto es que en este caso, como ya ha quedado expuesto en esta sentencia, pese al requerimiento realizado por este Juzgado a la Congregación religiosa demandante (no a su Colegio como unidad productiva autónoma, porque así venía impuesto por el TJUE), para que aportara la contabilidad de los tres últimos ejercicios y así poder comprobar si se había superado aquel umbral, no lo ha realizado, con la consecuencia de quedar sin acreditar ese aspecto y, por lo tanto, sin la posibilidad de invocar a su favor la regla de minimis, puesto que era ella la beneficiada por tal circunstancia y, en consecuencia, era a ella a la que le correspondía su acreditación (art. 217.2 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)).
Por último, se ha aludido por la demandante, en el trámite de alegaciones posterior al traslado de la sentencia del TJUE, que resultaría aplicable al supuesto debatido el artículo 351, párrafo primero, del TFUE (LA LEY 6/1957), porque, en su opinión, la exención del ICIO a la Iglesia Católica "deriva directamente de lo establecido en el artículo IV.1.B del Acuerdo de 3 de enero de 1979, por lo que la desestimación del presente recurso supondría una vulneración del mencionado precepto y el desconocimiento de la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo en esta materia" y entiende que, sobre esta cuestión "el TJUE, sin rechazar de forma expresa sus razonamientos, no entra a analizar en su sentencia" y que "yerra en su sentencia de 27 de junio de 2017 cuando afirma en su apartado 88 que la exención total del ICIO a favor de la Iglesia Católica fue introducida mediante la Orden de 5 de junio de 2001".
Sin embargo, el TJUE sí que entra a analizar esta cuestión y lo hace, además, de forma exhaustiva en los apartados 86 al 89 de su sentencia al examinar los conceptos de "ayudas existentes" y de "nuevas ayudas", estableciendo, en relación con este concreto asunto, que "si bien es cierto que el artículo IV, apartado 1, letra B), del Acuerdo de 3 de enero de 1979, que establece una exención total de los impuestos reales en favor de la Iglesia Católica española, es anterior a la adhesión del Reino de España a la Unión, no es menos verdad que el ICIO no se introdujo en el ordenamiento jurídico español hasta después de la adhesión y que la exención fiscal controvertida en el litigio principal lo fue mediante la Orden de 5 de junio de 2001", lo que es completamente cierto y no admite debate posible por tratarse de datos objetivos, ya que tanto la Orden de 5 de junio de 2001, como la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2001 (LA LEY 3405/2001), dictada en interés de la ley, lo que hacen es interpretar, la primera, y fijar doctrina legal, la segunda, sobre el alcance del artículo IV.1.B del Acuerdo al ICIO, que es un tributo posterior a la adhesión, sin perder de vista que, tal y como se dijo al inicio de la exposición de esta sentencia, aquel artículo, en su párrafo segundo, establece que la exención "no alcanzara a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas" y podía haber sido interpretado con ese limitado alcance.
XIII.- Los razonamientos expuestos en los apartados precedentes conducen, en definitiva, a la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, al considerar ajustados a Derecho los actos administrativos impugnados (art. 70.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción), sin que, por otra parte y finalmente, proceda efectuar pronunciamiento alguno de condena sobre las costas causadas en este procedimiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la citada Ley reguladora (LRJCA (LA LEY 2689/1998)), al tratarse de un asunto que sin duda presentaba serias dudas de hecho y de derecho.
Recursos: Contra la presente resolución judicial no cabe interponer recurso ordinario de apelación y sólo será susceptible de recurso de casación si contiene doctrina que se considere gravemente dañosa para los intereses generales y sea susceptible de extensión de efectos (arts. 81.1.a (LA LEY 2689/1998) y 86.1 de la LRJCA (LA LEY 2689/1998)).

References: artículo 107
 artículo 107
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 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 107
 resolución 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 100
 artículo 101
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 351
 artículo 139
 resolución