Source: https://www.prisonersdefenders.org/2019/10/18/naciones-unidas-denuncia-la-represion-artistica-en-cuba/
Timestamp: 2020-02-22 16:58:37+00:00

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Naciones Unidas denuncia la represión artística en Cuba - Prisoners Defenders | Presos Políticos | Represión Política | Derechos Humanos
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Informe de Cuban Prisoners Defenders, 17 de octubre de 2019:
Aunque se publicó por Naciones Unidas en la tercera semana de agosto de este año, había pasado desapercibido para medios y organizaciones porque los denunciantes ocultaron su identidad en la denuncia y resulta evidente pensar que podría deberse a que podrían temer la fuerte represalia del régimen si le daban publicidad. Prisoners Defenders, organización que hallara el documento, la pone a la luz con la seguridad de que la identidad de los denunciantes está protegida por los más altos niveles de confidencialidad del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el contenido que ha sido publicado ya estaba en conocimiento del Gobierno de Cuba.
El artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados (1969).
El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que Cuba firmó el 28 de febrero de 2008, en el que se reconoce el derecho de todos a participar en la vida cultural […]
El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también reconoce el derecho de toda persona a participar libremente en la vida cultural […]
El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Cuba el 21 de agosto de 1991 […]
El artículo 2 de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ratificada por Cuba el 29 de mayo de 2007, puesto que indica que “[l]a diversidad cultural sólo puede protegerse y promoverse si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de información y de comunicación, así como la capacidad de los individuos para elegir las expresiones culturales” […]
El artículo 7 de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ratificada por Cuba el 29 de mayo de 2007, puesto que éste exige que los Estados “se esfuercen por crear en su territorio un entorno que incite a las personas y a los grupos sociales a:
crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales […]
tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio […]”
La resolución 40/6 del Consejo de Derechos Humanos, de marzo de 2019, en cuyos párrafos 2 y 5 respectivamente, se reconoce el derecho de toda persona a “participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, y se reafirma que los Estados tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos culturales, y que esos derechos deben garantizarse para todos, sin discriminación” […]
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008, que protege el derecho de toda persona a la libertad de expresión, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […]
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”
El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipula que este derecho se aplica también a los niños.
Párrafos 3, 32, 85, 89d del Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales en la Asamblea General 2013 de las Naciones Unidas (A/HRC/23/34) y párrafo 21 de la Relatora Especial sobre los derechos culturales en la Asamblea General 2013 de las Naciones Unidas (A/HRC/37/55), en donde se especifica que “Los Estados deben garantizar la plena aplicación de la libertad artística y recurrir a las limitaciones sólo cuando sea absolutamente necesario. En particular, los responsables de la toma de decisiones, al considerar las posibles limitaciones a la libertad artística, deben tener en cuenta la naturaleza de la creatividad artística (en contraposición a su valor o mérito), así como el derecho de los artistas a disentir, a utilizar símbolos políticos, religiosos y económicos como contra-discurso a los poderes dominantes y a expresar sus propias creencias y visión del mundo”.
El principio enunciado en la Resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, en la que “se pide a los Estados que se abstengan de imponer restricciones a la discusión de las políticas gubernamentales y al debate político; a la presentación de informes sobre los derechos humanos, las actividades gubernamentales y la corrupción en el gobierno; y a la expresión de opiniones y disidencias, la religión o las creencias; así como a la libre circulación de la información y de las ideas, incluidas prácticas como la prohibición o el cierre de publicaciones u otros medios de comunicación, y el abuso de las medidas administrativas y la censura”.
Las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, de distinguir entre a) la expresión que constituye un delito penal; b) la expresión que no es punible penalmente, pero que puede justificar una demanda civil o sanciones administrativas; y c) la expresión que no da lugar a la imposición de sanciones penales, civiles o administrativas, pero que sigue suscitando preocupación en lo que respecta a la tolerancia, la cortesía y el respeto de los derechos de los demás (A/66/290, párr. 18; A/HRC/23/34, párr. 31). Lo que puede ser moralmente objetable (desde un punto de vista) puede no necesariamente ser legalmente inadmisible o condenable.
Las conclusiones de la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, quien hizo hincapié en que sería inaceptable un sistema en el que se exigiera automáticamente la autorización oficial del contenido antes de su publicación, ya que su perjuicio para la libertad de expresión artística y la creatividad superaría con creces el beneficio de sus objetivos. Se deben garantizar vías de recurso ante una entidad independiente sobre cualquier decisión de ejercer una restricción previa (A/HRC/23/34, párrs. 61 y 89b).
El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que enfatiza que el “[d]erecho a la libertad de asociación obliga a los Estados a adoptar medidas positivas para establecer y mantener un entorno propicio para el disfrute de ese derecho. Es fundamental que las personas que ejercen el derecho a la libertad de asociación puedan actuar libremente, sin temor a posibles amenazas, actos de intimidación o violencia”. (A/HRC/20/27, párrafo 63).
La resolución 24/5 del Consejo de Derechos Humanos, que “Recuerda a los Estados su obligación de respetar y proteger plenamente los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación por cualquier vía, electrónica o no, […], incluidos los de las personas que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos y otras personas, incluidos los migrantes, que traten de ejercer o promover esos derechos, y a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción al libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
Los artículos 1 y 2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, que declaran que “toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
El artículo 5a de la anterior, que ampara “el derecho de reunirse o manifestarse pacíficamente”.
El artículo 6a de la misma, que establece el derecho a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Y los artículos 6b y 6c de la misma, que estipulan el derecho a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a estudiar y debatir la observación de esos derechos.
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, así como mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia, Presos Políticos y Casos Más Longevos en prisión. Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders International Network, Asociación registrada legalmente con base en Madrid, España, cuyo foco de acción es la promoción y la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, y cuya dirección de Internet es www.prisonersdefenders.org.
El grupo de Cuba lo coordinan Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas organizaciones a las que pertenecen controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin distinciones y por igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Prisoners Defenders, el abogado penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente de España en las Naciones Unidas. La organización, además, cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados del Congreso de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, Expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (2017-2019) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla.
SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) y que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@prisonersdefenders.org o por teléfono/whatsapp en el +34 647564741. Desambiguación: Prisoners Defenders genera sus contenidos e informes en idioma español, y los traduce posteriormente a otros idiomas con el único fin de facilitar la lectura, pero ante cualquier necesidad de matiz o desambiguación, serán los informes generados en español los que prevalezcan y sean oficiales a título de esta entidad, salvo que se exprese explícitamente lo contrario. Nuestra página web es www.prisonersdefenders.org. Nuestro Twitter oficial, además, es @CubanDefenders.
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References: artículo 18
 artículo 15
 artículo 27
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 7
 resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 5
 artículo 6