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Timestamp: 2019-11-21 11:13:04+00:00

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STC 13/1997, 27 de Enero de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 15355200
STC 13/1997, 27 de Enero de 1997
Fecha de Resolución: 27 de Enero de 1997
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.487/1995
1. Trasladar las garantías previstas en el art. 24 C.E. con el mismo rango de derecho fundamental al procedimiento arbitral para basar en determinadas irregularidades o vicisitudes ocurridas durante su tramitación la nulidad de un laudo es algo que, en principio, resulta extraño a esta jurisdicción, ya que como recuerda la reciente STC 176/1996 con cita de una reiterada jurisprudencia, «... este Tribunal carece de jurisdicción para enjuiciar el laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún tipo de poder público (art. 41.2 LOTC), resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo». 2. Los sindicatos, junto a los medios de acción que configuran el núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical por contribuir de forma primordial al desenvolvimiento de las funciones que constitucionalmente les corresponden (art. 7 de la C.E.), pueden ostentar otras facultades o derechos adicionales atribuidos por normas legales o reglamentarias que pasan a engrosar el contenido del derecho, siendo, por tanto, los actos contrarios a tales facultades susceptibles de impugnación a través del recurso de amparo por incidir en el contenido de ese derecho (SSTC 39/1986 y 184/1987, entre otras). 3. La libertad sindical, como derecho de configuración legal, ha de ejercerse en los términos legalmente previstos [art. 2.2 d) de la L.O.L.S.], y no corresponde a este Tribunal determinar cuál es la interpretación más correcta de tal cuerpo normativo (STC 61/1989), ni resultaría constitucionalmente obligado que estando en juego una garantía legal del derecho fundamental se incline «a priori» por la interpretación aparentemente más beneficiosa para el titular de aquél, sino que basta con constatar si la interpretación llevada a cabo salvaguarda o no suficientemente el contenido del derecho fundamental. 4. Según la normativa vigente, las candidaturas a las elecciones sindicales deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en alguna de las listas para las elecciones antes de la fecha de la votación no implicará la suspensión del proceso electoral ni la anulación de dicha candidatura, aun cuando sea incompleta, siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos, al menos, del 60 por 100 de los puestos a cubrir [arts. 71.2 a) del E.T. y 8.3 del Real Decreto 1.844/1994]. Las renuncias de candidatos antes de la votación no alteran, pues, el desarrollo del proceso electoral ni invalidan la respectiva candidatura, si ésta conserva el porcentaje mínimo de puestos a cubrir legalmente previsto . 5. Ante la renuncia formalizada precisamente el día que concluyó el plazo de presentación de la candidatura -dato ignorado por el Sindicato recurrente-, la Mesa pudo requerir que se completase sin daño alguno para la regularidad del proceso electoral en el perentorio término establecido al efecto. Y si bien en este caso la Mesa no invalidó la candidatura, tanto los árbitros que anularon el Acuerdo de la Mesa como el órgano judicial que confirmó el Acuerdo anulatorio, antes de hacerlo y aun admitiendo la interpretación que del art. 71.2 a) del E.T. hace la Sentencia impugnada y teniendo en cuenta que como en él se dice la candidatura anulada contenía el porcentaje mínimo previsto en dicho precepto, debieron apreciar que no se había dado al Sindicato recurrente la oportunidad que tenía en todo caso de subsanar el defecto .
Sentencia citada en: 71 sentencias, 15 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1.487/95 promovido por el Sindicato Federal de Ferroviarios de la Confederación General del Trabajo, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Valentina López Valero y asistido del Letrado don José Gabriel Antón Fernández, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Lugo, de 24 de marzo de 1995, dictada en autos sobre elecciones sindicales. Han comparecido, además del Ministerio Fiscal, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), representada por la Procuradora doña María Teresa de las Alas Pumariño Larrañaga y asistida del Letrado don Fernando Rodríguez Holgado y la Federación Sindical Estatal del Transporte, las Comunicaciones y el Mar de CC.OO. (FETCOMAR-CC.OO.), representada por el Procurador don Angel Martín Gutiérrez y asistida del Letrado don Juan Durán Fuentes. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el día 22 de abril de 1995 -registrado en este Tribunal el 25 siguiente- la Procuradora de los Tribunales doña Valentina López Valero, en nombre y representación del Sindicato Federal de Ferroviarios de la Confederación General del Trabajo, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Lugo de 24 de marzo de 1995.
a) Para las elecciones a órganos de representación unitaria entre los trabajadores de RENFE de la provincia de Lugo, la Mesa Electoral elaboró un calendario electoral del que importa destacar los siguientes datos temporales: Del 28 de enero de 1995 a las veinticuatro horas del día 6 de febrero, plazo de presentación de candidaturas; 7 y 8 de febrero, proclamación provisional y publicación de candidaturas; 9 de febrero, reclamaciones contra las mismas; 10 de febrero, resolución de las reclamaciones y proclamación definitiva de candidaturas.
El día 2 de febrero de 1995 el Sindicato ahora recurrente presentó completa su candidatura integrada por 13 miembros. El día 6 de febrero, fecha en que finalizaba el plazo de presentación de candidaturas, dos de los candidatos comparecieron ante la Mesa Electoral para formalizar su renuncia a formar parte de la misma.
b) Al día siguiente, CC.OO. presentó reclamación ante la Mesa solicitando se declarase nula la candidatura por hallarse incompleta. La reclamación fue desestimada por el Presidente de la Mesa Electoral en resolución de 8 de febrero de 1995, notificada al reclamante a partir del día 9.
c) Contra la decisión arbitral el ahora recurrente formuló demanda ante la jurisdicción laboral, que fue desestimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Lugo de 24 de marzo de 1995. La Sentencia, no obstante destacar que la excepción de caducidad por haberse impugnado extemporáneamente el Acuerdo de la Mesa, y la impugnación de la designación de uno de los árbitros, constituían hechos nuevos introducidos por vez primera en el acto del juicio y, por tanto, pretensiones rechazables de plano, razonó que el escrito impugnatorio se presentó dentro del plazo previsto en los arts. 76.5 del E.T. y 38.1 del Real Decreto 1.844/1994, pues «el más elemental principio de seguridad jurídica obliga a interpretar estos preceptos en el sentido de que el dies a quo que debe jugar para el comienzo del plazo de los tres días ha de ser el de la notificación al impugnante de la resolución adoptada» (fundamento de Derecho 1.).
«En cuanto a la cuestión de fondo objeto del litigio, ésta consiste sustancial y básicamente en la interpretación que ha de darse al art. 71.2 a) del E.T. y art. 8.3 del Real Decreto 1.844/1994 ... A juicio del Sindicato demandante el número de candidatos presentados era superior al 60 por 100 (se presentaron 11 para cubrir 13 puestos) y consiguientemente no cabría la anulación de la candidatura; es cierto que el número de candidatos era superior al 60 por 100 pero de una correcta interpretación del precepto transcripto resulta indiscutible que las candidaturas deben contener como mínimo tantos nombres como puestos a cubrir en el momento de finalización del plazo de presentación de candidaturas ... La Ley autoriza la concurrencia de los Sindicatos a los procesos electorales aun cuando el número de candidatos sólo alcance el 60 por 100 de los puestos a cubrir, pero esta posibilidad se prevé para supuestos de renuncia "antes de la votación", no antes de la finalización del plazo de presentación de candidatos ..., pues resulta lógico y razonable que cualquier renuncia anterior a dicho plazo puede solucionarse sustituyendo por otra persona al candidato renunciante...» (fundamento de Derecho 2.).
3. La demanda de amparo imputa a la expresada Sentencia haber infringido los arts. 24.1 y 28.1 de la C.E. En cuanto al primero se suscita una doble queja. De un lado, la inadmisión de la excepción de caducidad coloca al recurrente en situación de inseguridad jurídica y de indefensión. El juzgador padeció un error en el cómputo del plazo de caducidad, como consecuencia de la improcedente interpretación del art. 76.2 y 5 y la manifiesta inaplicación de los arts. 30 y 38 del Real Decreto 1.844/1994, pues sin duda cuando se presentó el escrito de impugnación la acción estaba caducada. Y por tal error el recurrente ha sido excluido de participar en el proceso electoral.
Respecto del art. 28.1 C.E., se aduce que la renuncia de candidatos no determina la nulidad de la candidatura si se mantiene un mínimo del 60 por 100 [arts. 71.2, a), del E.T. y 8.3 del Real Decreto 1.844/1994].
La Sección, por providencia de 23 de noviembre de 1995, acordó conceder un plazo de diez días a los Procuradores doña María T. . A. P. y don Angel M. G. para acreditar la representación que dicen ostentar, y a la Confederación Sindical Galega para que compareciera con Procurador de Madrid, según dispone el art. 81 LOTC.
La Sección, por providencia de 11 de enero de 1996, acordó tener por decaída en su derecho a personarse a la Confederación Intersindical Galega, al no haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado en el anterior proveído; tener por personados y parte en el procedimiento al Procurador don Angel Martín Gutiérrez, en nombre y representación de la Federación Sindical Estatal del Transporte, las Comunicaciones y el Mar de CC.OO. (FETCOMAR-CC.OO.) y a la Procuradora doña Teresa de las Alas Pumariño, en nombre y representación de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), y dar vista de las actuaciones remitidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la LOTC.
2. La infracción de los derechos constitucionales susceptibles del recurso de amparo requiere, por exigencia del art. 53.2 de la propia Constitución que tiene su adecuado reflejo en los arts. 43.1 y 44.1 b) de nuestra Ley Orgánica, que su protección se dispense en primer lugar por los órganos judiciales y que, por tanto, en el proceso previo a este recurso hayan podido ser reparados y, en su defecto, puedan serlo por este Tribunal. De los derechos invocados por el Sindicato recurrente tiene ciertamente rango de derecho fundamental la libertad sindical que consagra el art. 28 C.E. y que, como hemos visto, es uno de los preceptos constitucionales cuya infracción se denuncia. El otro, el relativo a la tutela judicial efectiva sin indefensión que, por vulneración del art. 24.1 C.E. también se alega, sólo podría ser revisado por este Tribunal si la infracción de dicho precepto fuera imputable de modo inmediato y directo a un acto u omisión producido en el proceso judicial en el cual han de observarse y son exigibles las garantías previstas en el art. 24 C.E. Trasladar estas garantías con el mismo rango de derecho fundamental al procedimiento arbitral para basar en determinadas irregularidades o vicisitudes ocurridas durante su tramitación la nulidad del laudo de 20 de febrero de 1995, es algo que, en principio, resulta extraño a esta jurisdicción ya que como recuerda la reciente STC 176/1996 con cita de una reiterada jurisprudencia, «... este Tribunal carece de jurisdicción para enjuiciar el laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún tipo de poder público (art. 41.2 LOTC), resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo».
Una de estas facultades o derechos es la presentación de candidaturas por los Sindicatos para la elección de Comités de Empresa y delegados de personal. Ello no significa, sin embargo, la inclusión en el ámbito del derecho de libertad sindical de las normas electorales en su conjunto o de todos los actos relacionados con el proceso electoral; por el contrario, la violación del derecho fundamental se dará cuando se impida u obstaculice al Sindicato o a sus miembros participar en el proceso electoral por causas que no obedezcan a razones atendibles de protección de derechos o intereses constitucionales que la norma legal o reglamentaria hayan tomado en consideración al establecer la regulación del proceso electoral. Este derecho de configuración legal, ha de ejercerse en los términos legalmente previstos [art. 2.2 d) de la L.O.L.S.], y no corresponde a este Tribunal determinar cuál es la interpretación más correcta de tal cuerpo normativo (STC 61/1989), ni resultaría constitucionalmente obligado que estando en juego una garantía legal del derecho fundamental se incline a priori por la interpretación aparentemente más beneficiosa para el titular de aquél, sino que basta con constatar si la interpretación llevada a cabo salvaguarda o no suficientemente el contenido del derecho fundamental.
4. Una de las cuestiones más controvertidas en la regulación anterior fue la relativa a las candidaturas que devenían incompletas, debido a la falta de adecuación entre las previsiones del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y la normativa reglamentaria. El art. 71.2 a) del E.T. exigía que las candidaturas contuviesen como mínimo tantos nombres como puestos a cubrir; en cambio, el art. 7.3 del Real Decreto 1.311/1986 consideraba que la renuncia de cualquier candidato antes de la votación no implicaba la anulación de la candidatura, aunque quedase incompleta. Este Tribunal, como es sabido, en las SSTC 51/1988 y 185/1992, además de decantarse por razones de jerarquía normativa en favor de la aplicación del precepto con rango de ley, entendió que la necesidad de listas completas «responde a la finalidad válida de exigir una presencia activa mínima en el ámbito de la elección, donde habrá de contarse con un número mínimo de afiliados o simpatizantes dispuestos a la actividad representativa para la que el Sindicato o sus miembros pueden ser llamados y a la que deben atender si son elegidos, supuesto en que el carácter incompleto de las listas podría llevar a que el órgano representativo empezara a funcionar sin el número mínimo, legal y presumiblemente adecuado a la finalidad de defensa colectiva que el órgano debe servir, con merma de su eficacia y en perjuicio, pues, de la colectividad a que debe representar (piénsese en el supuesto de ser la única candidatura votada o única con el mínimo de votos para participar en la atribución de puestos)».
En la medida en que subsiste la obligación de presentar listas completas, no es irrazonable la distinción que introduce el órgano judicial al interpretar que la norma se refiere a la renuncia producida en el lapso comprendido entre la proclamación de la candidatura y la votación. Desde esta perspectiva al decretar la nulidad se olvida, sin embargo, que la proclamación de las candidaturas se hará en los dos días laborales después de concluido el plazo de presentación (art. 74.3, párrafo tercero, del E.T.) y que la Mesa, hasta la proclamación definitiva de los candidatos, podrá requerir la subsanación de los defectos observados (art. 8.1 del referido Real Decreto). Por tanto, ante la renuncia formalizada precisamente el día que concluyó el plazo de presentación de la candidatura -dato ignorado por el Sindicato recurrente-, la Mesa pudo requerir que se completase sin daño alguno para la regularidad del proceso electoral en el perentorio término establecido al efecto (nótese que según el calendario electoral hasta el 10 de febrero no tuvo lugar la proclamación definitiva de las candidaturas). Y si bien en este caso la Mesa no invalidó la candidatura, tanto los árbitros que anularon el Acuerdo de la Mesa como el órgano judicial que confirmó el Acuerdo anulatorio, antes de hacerlo y aun admitiendo la interpretación que del art. 71.2 a) del E.T. hace la Sentencia impugnada -reproducido en el antecedente 2 c)-, y teniendo en cuenta que como en él se dice la candidatura anulada contenía el porcentaje mínimo previsto en dicho precepto, debieron apreciar que no se había dado al Sindicato recurrente la oportunidad, que tenía en todo caso de subsanar el defecto. Esta es la solución que resulta adecuada a la justificación finalista del precepto (STC 272/1993) y que responde a lo que declaramos en la STC 185/1992, en cuyo fundamento jurídico 2. se dice: «... la lista puede devenir incompleta, por incompatibilidad o renuncia de alguno de los incluidos, después de formulada pero tal defecto ha de ser subsanado antes de ser proclamada». Y en recursos de amparo electoral sobre proclamación de candidatos (art. 49 de la L.O.R.E.G.), este Tribunal también ha declarado en general el carácter subsanable de las irregularidades y errores en la presentación de candidaturas y, en concreto, en el supuesto de presentación de listas incompletas (STC 113/1991).
Estimar el recurso de amparo interpuesto por el Sindicato Federal de Ferroviarios de la Confederación General del Trabajo y, en consecuencia:
1. Declarar que se ha vulnerado al Sindicato recurrente el derecho de libertad sindical.
2. Restablecerle en su derecho, para lo cual se declara la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Lugo de 24 de marzo de 1995, recaída en autos núm. 138/95, del previo laudo arbitral dictado el 20 de febrero de 1995 en expediente núm. 7/95 y del correspondiente proceso electoral a fin de que el recurrente pueda, subsanando el defecto sobrevenido en su candidatura, participar en el mismo.
SAP Cádiz 548/2007, 9 de Noviembre de 2007
STSJ Cantabria , 17 de Julio de 2000

References: Real Decreto 
 resolución 
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