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Timestamp: 2018-07-19 13:31:13+00:00

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webpolicial - Seguridad Ciudadana: Arts. 14, 15 y 16
capítulo III: Actuaciones para el mantenimiento y el restablecimiento de la Seguridad Ciudadana
El Capítulo III nos habla de "Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana" y se recogen medidas diversas, dirigidas precisamente, al fin que se menciona en el encabezado de este capítulo.
En él ya empezamos a encontrar la concreción de medidas que pueden permitirnos poder solucionar algunas de las situaciones que se puedan presentar. Concretamente este artículo dice:
Artículo 15. La autoridad competente podrá acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la evacuación de inmuebles o el depósito de explosivos, en situaciones de emergencia que las circunstancias del caso hagan imprescindibles y mientras éstas duren.
Tal vez lo primero que hay que ver de este artículo es que en él se hace referencia no a los agentes de la autoridad, sino a las autoridades, y se les potesta para adoptar determinadas medidas que se consideran de seguridad y extraordinarias.
Ello no excluye sin embargo a los agentes de la autoridad, porque tal y como dice la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley 2/86) en su artículo 5.2.c) y la Ley de Policías Locales en el artículo 10.2.c):
Es por este motivo, que queda claro que la actuación tanto por propia iniciativa o a requerimiento queda justificada en base a los artículos expuestos
Así mismo el artículo 9 del Real Decreto 1378/1985 de 1 de agosto, que hace mención a las medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública se expresa con relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los siguientes términos: .
Artículo 9. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se producirá, salvo en las emergencias imprevistas, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente plan. La integración de los Jefes o responsables de estas Fuerzas y Cuerpos en el Mando único o en los puestos de Mando constituidos se solicitará del Gobernador Civil o del Delegado del Gobierno respectivo. No obstante, cuando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en situaciones de emergencia de Protección Civil esté prevista en sus normas constitutivas o cuando circunstancias de notoria urgencia lo requieran, su intervención será dispuesta por sus Mandos naturales, por propia iniciativa a requerimiento de la autoridad local correspondiente. La intervención de unidades especiales de rescate y salvamento dependientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, será interesada por el Gobernador Civil y, en caso de notoria urgencia, por sus Mandos naturales, de la Dirección General de que dependen en cada caso. Los Cuerpos de Policías autónomas y locales, excepto en situaciones imprevistas, intervendrán en las emergencias dentro del ámbito territorial en que estuviesen destinadas, a requerimiento de la autoridad competente o de la persona que asuma el Mando único de las operaciones y coordinarán sus actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el plan correspondiente o en las directrices que para la intervención se dicten por los órganos competentes. La intervención de las Policías autónomas, fuera del territorio de la Comunidad autónoma de que dependan, será interesada, por el Ministro del Interior, del Presidente de la Comunidad. En análogo supuesto la intervención de las Policías locales, será interesada por los Gobernadores Civiles de los Alcaldes respectivos. En las emergencias imprevistas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las Policías autónomas y locales, intervendrán de inmediato, por decisión de sus Mandos naturales o a requerimiento de la autoridad local correspondiente, sin perjuicio de la confirmación señalada en los apartados anteriores de este artículo. Las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las Policías autónomas y locales actuarán, en todo caso, dirigidas por sus Mandos naturales en el cumplimiento de las misiones que les correspondan.
Un hecho que se debe tener muy presente a la hora de hacer la lectura de esta ley, es la de ver la utilización que hace de los términos en cada caso; así por ejemplo cuando se faculta para cerrar y desalojar establecimientos o locales o para evacuar inmuebles y depósitos de explosivos no debemos olvidar que:
* 1º.- se trata de medidas de seguridad
* 2º.- se trata de medidas extraordinarias
* 3º.- se prevén para situaciones de emergencia en que las circunstancias del caso lo hagan imprescindibles y sólo por el tiempo que dure la emergencia.
Frente al cierre o desalojo de locales podemos encontrar diferentes supuestos mencionados en las normativas que regulan estas materias la Llei 10/90 sobre espectáculos y establecimientos públicos y actividades recreativas es un ejemplo cuando en el artículo 19 nos dice:
1.-Los delegados territoriales del Gobierno de la Generalidad o los alcaldes prohibirán o, en caso de haber empezado, suspenderán los espectáculos que puedan ser constitutivos de delito. En tales casos, deberán comunicarlo por conducto del ministerio fiscal a la autoridad judicial correspondiente.
2. En el ámbito de las respectivas competencias, las autoridades citadas en el apartado primero del presente articulo también prohibirán o suspenderán los espectáculos: a) Si se infringen las normas relativas a los locales. b) Si no se ha obtenido la autorización, si es preceptiva. c) Si el espectáculo, al apartarse de las características que determinaron su calificación, es perjudicial para la juventud o la infancia. d) Si se infringen las normas reguladoras de la actividad a que se refiere el articulo 14. e) Si se producen o se prevé que se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas y bienes. f) Si no se cumplen las condiciones sanitarias y de higiene necesarias.
3. En el supuesto de espectáculos singulares o excepcionales que no están reglamentados, los delegados territoriales o los alcaldes podrán prohibir la asistencia de menores.
4. La suspensión de los espectáculos podrá decidirse también por el delegado de las autoridades citadas en el primer apartado del presente articulo que asista al mismo.
5. En el ámbito de las competencias respectivas, los delegados territoriales o los alcaldes procederán al cierre de los locales y establecimientos que no tengan licencia. Asimismo, procederán al cierre de los locales y establecimientos públicos si se encuentran en los supuestos determinados en el apartado primero y las letras a) y d) del apartado segundo de este articulo. Podrán proceder también al cierre en el transcurso de un procedimiento sancionador, si esa medida es necesaria para asegurar el cumplimiento de la legalidad.
La misma ley en su artículo 23 hace mención a aquellos supuestos en que lo que peligra es la seguridad de las personas y es evidente que previa valoración de la situación y teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad y el carácter extraordinario de esta medida, se podrían entender éstos como supuestos que justificarían medidas del tipo de las que hablamos
Artículo 23. Serán faltas muy graves: d) El incumplimiento de cualquier norma sobre locales e instalaciones que signifique un riesgo para la seguridad de las personas. e) El exceso de aforo permitido, si ello comporta un riesgo para la seguridad de las personas. f) El incumplimiento de las resoluciones de la autoridad competente respecto a prohibiciones y suspensiones de espectáculos, y los requerimientos sobre seguridad de las localidades y los espectáculos.
En lo relativo a evacuación de inmuebles se deben aplicar los mismos criterios expuestos. Serían situaciones adecuadas para la aplicación de esta medida, las derivadas de hechos como incendios, catástrofes o calamidades, las amenazas de bomba, peligro de desplome de un inmueble por causa de una tormenta o del estado del edificio, etc..
No hay que olvidar tampoco que el artículo 20.5 del Código Penal exime de responsabilidad criminal al que actúa movido por el estado de necesidad.
El artículo 16 se centra en situaciones relativas a concentraciones públicas, y se expresa en los siguientes términos:
Artículo 16. 1. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo. 2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, en los supuestos prevenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio (RCL 1983\1534 y ApNDL 1975-85, 3640), reguladora del derecho de reunión. También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías.
Nuevamente, tras establecer la obligación a las autoridades correspondientes de adoptar las medidas adecuadas delante de estas situaciones, se faculta a éstas a suspender espectáculos, desalojar locales y cerrar establecimientos cuando sea el único medio de evitar alteraciones graves a la seguridad ciudadana. Se establece como requisito sin ecuánom que sea el único medio posible para solucionar la situación.
En el segundo punto se aborda la problemática de las reuniones y manifestaciones estableciendo como requisito para su disolución que se den los siguientes supuestos:
Que se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales. Cuando se produzcan alteraciones de orden público, con peligro para personas y bienes. Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.
En estos supuestos se dice de manera expresa que la disolución de las manifestaciones y reuniones competerán la los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que se realizarán siempre del modo que menos perjudique.
Hay que tener presente que de acuerdo con el artículo 2 de la ley 9/1983 de 15 de julio se considera reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada. Es curioso que a pesar de que en la ley se habla de manifestación y reunión, a la hora de definir los términos, sólo se define el de reunión. La doctrina entiende que la reunión se caracterizaría por ser estática, y la manifestación sería una reunión en movimiento. Tampoco conviene olvidar que en principio esta ley no requiere requisito alguno para realizar reuniones en lugares cerrados. Para las que concurran en lugares de tránsito público requiere una serie de formalidades entre las que destacan el aviso a las autoridades correspondientes por escrito y con una antelación de 10 a 30 días. Como excepción y delante de causas extraordinarias y graves esta comunicación podrá ser de 24 horas.
En un principio hay que pensar que ante la realización de una manifestación o reunión pacífica, la actuación policial ha de consistir básicamente en:
1. mantenerla dentro de los límites marcados por la autorización y las leyes
2. protegerla frente a quienes intenten impedirla, perturbarla o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho
Siguiendo con esta materia el artículo 16 también precisa la potestad de poder disolver las concentraciones de vehículos en la vía pública y la retirada de vehículos y objetos que pongan en peligro o dificulten la circulación.

References: Artículo 15
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 9
 Real Decreto 

Artículo 9
 artículo 19
 artículo 23

Artículo 23
 artículo 20
 artículo 16

Artículo 16
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 16