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Timestamp: 2020-06-05 09:35:21+00:00

Document:
Publicado en BOIB núm. 45 de 28 de Marzo de 2020 y BOE núm. 135 de 14 de Mayo de 2020
Artículo 1 Ampliación del plazo para presentar las declaraciones liquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones respecto de determinados obligados tributarios
Artículo 2 Inexigibilidad de intereses moratorios en aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias correspondientes al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
Artículo 3 Exención temporal en el pago de las tasas portuarias a cargo de las navieras de los barcos de pasajeros de transbordo rodado y de los barcos de pasajeros que presten servicio de línea regular con destino a puertos de competencia autonómica
CAPÍTULO II. Medidas en materia administrativa
Artículo 4 Ampliación del plazo para presentar la cuenta general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondiente al ejercicio de 2019
Artículo 5 Medidas en materia de coordinación de policías locales
Disposición final segunda Modificaciones de la Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009, por la que se regula el procedimiento de pago y presentación de documentación con trascendencia tributaria por vía telemática y se crea el Tablón de anuncios electrónico de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Disposición final tercera Deslegalización
LE0000663870_20200418 R Parlamento 14 Abr. 2020 CA Illes Balears (convalidación del DL 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19)
Véase Res del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el D. ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19 («B.O.I.B.» 18 abril).
LE0000662827_20200328
Véase Res del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el D. ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19 («B.O.I.B.» 18 abril).LE0000663870_20200418
Asimismo, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de marzo de 2020, aprobó el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 40, de 21 de marzo de 2020.
Al efecto de complementar las medidas adoptadas por el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, son imprescindibles otras medidas de carácter tributario y administrativo, que eviten o reduzcan el impacto de la mencionada emergencia sanitaria en la economía, especialmente en los sectores más vulnerables, es decir, en las personas físicas que no son empresarios y en las pequeñas y medianas empresas. Para ello, los poderes públicos ya están actuando en ámbitos como las relaciones laborales, la seguridad social, las familias y los servicios sociales dirigidos a los colectivos particularmente vulnerables, el crédito y la banca o la contratación pública, entre otros.
En este contexto, pues, el Gobierno de las Illes Balears considera que es imprescindible aprobar con carácter de urgencia un conjunto de medidas tributarias y administrativas, que exigen ser incluidas en una norma autonómica de rango legal, como son las que se aprueban en virtud de este Decreto ley, porque se relacionan directamente con la falta de liquidez de los colectivos antes mencionados a la hora de presentar determinadas declaraciones liquidaciones (o autoliquidaciones) que se están devengando estos días, o de solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deudas ya liquidadas o autoliquidadas.
De este modo, el presente Decreto ley tiene por objeto establecer determinadas medidas de rango legal en el ámbito de las competencias tributarias autonómicas en materia tributaria (capítulo I; artículos 1, 2 y 3) y en materia administrativa (capítol II; artículos 4 y 5).
Esta medida se entiende, evidentemente, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los contribuyentes de realizar la presentación y el pago de los dos citados impuestos en cualquier momento de todo el plazo mencionado, especialmente por medios telemáticos. A tal efecto, y para favorecer la utilización de medios telemáticos, mediante la disposición final segunda de este Decreto ley, se modifica la Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009, por la que se regula el procedimiento de pago y presentación de documentación con trascendencia tributaria por vía telemática y se crea el Tablón de anuncios electrónico de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, para que los usuarios definidos en el artículo 3 de la Orden mencionada puedan presentar por vía telemática la diligencia de pago y presentación a que se refiere el anexo 2 de la Orden mencionada, ante los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Asimismo, se incluye en este Decreto ley lo previsto en el punto primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes Balears y se adoptan medidas en materia de transporte de trabajadores, con motivo de la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En cuanto a las medidas en materia administrativa, el Decreto ley incluye dos medidas. La primera de ellas, prevista en el artículo 4, se refiere al plazo de presentación de la cuenta general de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2019, el cual se amplía hasta el 30 de septiembre de 2020.
La segunda medida administrativa, prevista en el artículo 5, adopta medidas excepcionales en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears. En este sentido, cabe decir que la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, antes mencionado, implica la necesidad de destinar el mayor número posible de efectivos de las policías locales para garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en el mencionado Real Decreto, así como del resto de disposiciones dictadas al amparo de este, con el fin de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Así, con el fin de coadyuvar a las tareas de los efectivos de las policías locales de las Illes Balears se ha considerado la posibilidad de habilitar al personal funcionario en prácticas que está realizando el Curso básico de capacitación para el acceso a la categoría de policía local para el año 2020 (41ª promoción), para que pueda ser incorporado a los respectivos ayuntamientos para llevar a cabo una parte de la fase de prácticas en el municipio, relacionadas con funciones de apoyo, nunca para el servicio operativo, de una manera análoga a lo que prevé, respecto de los profesionales sanitarios en formación, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por último, el Decreto ley incluye cuatro disposiciones finales, por las que, por un lado, se modifican puntualmente dos normas, a una de las cuales (la mencionada Orden del consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009) ya se ha hecho referencia antes; se deslegaliza la modificación de una de estas normas de rango reglamentario, y se establece la entrada en vigor del Decreto ley.
Ciertamente, el decreto ley, regulado en el artículo 49 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears a imagen de lo previsto en el artículo 86 del texto constitucional, constituye un instrumento en manos del Gobierno de la Comunidad Autónoma para afrontar situaciones de necesidad extraordinaria y urgente como la que antes se ha descrito, si bien con el límite de no poder afectar determinadas materias. Como disposición legislativa de carácter provisional, la permanencia del decreto ley en el ordenamiento jurídico está condicionada a la ratificación parlamentaria correspondiente.
En el contexto de alarma sanitaria que están afrontando todas las comunidades autónomas, el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso del decreto ley para dar cobertura a un conjunto de medidas de carácter tributario y administrativo directamente dirigidas a combatir los efectos derivados del COVID-19. Desde el punto de vista de la extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de decretos leyes, las medidas que ahora se adoptan responden a la exigencia de que haya una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que deben ser idóneas, concretas y de eficacia inmediata.
Por último, conviene añadir que el presente Decreto ley encuentra también anclaje, desde el punto de vista del marco competencial, en el punto 19 del artículo 30 -sobre coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- del Estatuto de autonomía de las Illes Balears, en el punto 28 del artículo 30 y en el artículo 127 del mismo Estatuto -sobre la ordenación y regulación de la hacienda de la Comunidad Autónoma-, en los puntos 3 y 13 del artículo 31 del mismo Estatuto -sobre, respectivamente, estatuto de los funcionarios de la Administración local y régimen local- y también en el artículo 129 -sobre las competencias en materia tributaria- del mismo Estatuto, de acuerdo con el alcance y las condiciones que fija la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y en el marco general del sistema de financiación de las comunidades autónomas previsto en el artículo 157 de la Constitución española y la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, al amparo del artículo 49 del Estatuto de autonomía, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 27 de marzo de 2020, se aprueba el siguiente
En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y para los obligados tributarios a que se refiere el siguiente párrafo, el plazo para presentar las declaraciones liquidaciones correspondientes, junto con el resto de la documentación exigible en cada caso, que establecen, respectivamente, los artículos 82 y 90 del Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2014, de 6 de junio, queda ampliado en un mes adicional en los casos en que el plazo finalice a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley y antes del 1 de mayo de 2020.
Para las deudas tributarias relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones o al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados no serán exigibles los intereses moratorios correspondientes, como máximo, a los tres primeros meses de los aplazamientos o fraccionamientos que, de acuerdo con las normas generales aplicables, acuerden los órganos competentes de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, con ocasión de las solicitudes que realicen las personas o entidades interesadas a partir de la entrada en vigor de este Decreto ley y hasta la finalización del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas del mismo, declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2. En este periodo, el personal funcionario en prácticas que está realizando el Curso básico de capacitación para el acceso a la categoría de policía local para el año 2020 (41ª promoción), de la categoría de policía local, puede llevar a cabo de forma inmediata en el municipio respectivo una parte de la fase de las prácticas relacionadas con las funciones propias de la categoría y, por tanto, debe cumplir las diversas tareas de apoyo que se le encarguen de acuerdo con su condición.
1. Se añade un tercer párrafo en el apartado 1 del artículo 11 del Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con la siguiente redacción:
2. Se añade un segundo párrafo en el apartado 3 del artículo 11 del Decreto ley 4/2020 mencionado, con la siguiente redacción:
LE0000404552_20200328
«Disposición adicional cuarta Presentación telemática de la diligencia de pago y presentación ante los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, mediante orden, puede modificar las normas que se modifican mediante la disposición final segunda de este Decreto ley.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 49
 artículo 86
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 127
 artículo 31
 artículo 129
 artículo 157
 artículo 49
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 11