Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24632
Timestamp: 2020-06-02 19:03:02+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 208/2015
SENTENCIA 208/2015, de 5 de octubre
ECLI:ES:TC:2015:208
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 9 de octubre de 2014, el Procurador de los Tribunales don Carlos Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de doña María Adelaida Londoño Molinares, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
a) A instancias de la entidad Banco Santander, S.A., el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arona inició procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 49-2012. Por Auto de 19 de abril de 2012 se acordó despachar ejecución contra la entidad Inversiones Inmobiliarias Molise, S.A., en su calidad de deudora hipotecaria. El inmueble gravado con hipoteca es el siguiente: bungaló 01-02, ubicado en la residencial “Club Atlantis” de la urbanización Porto Colón de la localidad de Adeje, el cual figura inscrito al tomo 1005, libro 233, folio 88, finca núm. 6112 del Registro de la Propiedad de la citada localidad. El principal reclamado fue de 303.395,03 €, mientras que la cantidad fijada en concepto de intereses, costas y gastos ascendió a 91.018,51 €. El precio de tasación de la finca para subasta, que fue fijado en la escritura pública de constitución del préstamo con garantía hipotecaria, fue de 971.600,20 €.
b) La entidad ejecutante acompañó a su demanda la copia de la escritura del préstamo y posterior modificación, así como una certificación expedida por el Registro de la Propiedad acreditativa del dominio de la finca y de la inscripción de la hipoteca, el acta de liquidación del saldo intervenida por Notario y los justificantes de haber intentado la notificación de vencimiento y requerimiento de pago de la demandada; a saber, burofaxes remitidos a la deudora en fechas 15 de septiembre y 14 de octubre de 2011, los cuales no pudieron ser entregados por resultar aquélla desconocida en el domicilio al que se le remitieron.
c) En fecha 22 de mayo de 2012, el órgano judicial intentó notificar y requerir de pago a Inversiones Inmobiliarias Molise, S.A., en el domicilio indicado en el apartado a) de esta Sentencia, el cual había sido designado como domicilio, a efectos de notificaciones, en la escritura de constitución del préstamo hipotecario. Dicha diligencia resultó infructuosa, pues la vivienda se hallaba ocupada por una persona que manifestó ser arrendataria del inmueble. Esta última compareció ante el órgano judicial, el día 25 de mayo de 2012, y aportó copia del contrato de arrendamiento, de los recibos justificativos del pago de dos mensualidades y de la escritura pública de compraventa con subrogación de hipoteca, de fecha 17 de febrero de 2012, que fue otorgada por Inversiones Inmobiliaria Molise, S.A., a la mercantil Peraza Bethencourt, S.L.U. Esta entidad fue quien intervino como arrendadora en el contrato a que se ha hecho mención.
d) A la vista del resultado de la anterior diligencia, Banco de Santander, S.A., interesó que se citase a la entidad demandada en el otro domicilio que figuraba en la escritura de constitución del préstamo hipotecario, concretamente el ubicado en la carretera de La Cuesta-Tajo 18, de la localidad de La Laguna. Por diligencia de ordenación de fecha 3 de septiembre de 2012 se denegó efectuar la notificación y el requerimiento de pago en los términos interesados, acordándose su práctica mediante edictos.
e) Según certificación de cargas y gravámenes expedida por el Registrador de la Propiedad, en fecha de 4 de diciembre de 2012, la situación registral de la finca antes referida, en lo que interesa en este recurso de amparo, era la siguiente: a) la finca hipotecada consta inscrita a favor de Inversiones Inmobiliarias Molise S.A.; y b) dicho inmueble se encuentra gravado con dos hipotecas, inscripciones quinta y sexta, a favor de la entidad ejecutante. En consecuencia, en el momento de verificar el cumplimiento de los requisitos del art. 656 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) la transmisión de propiedad a que se alude en el apartado c) de esta Sentencia no figuraba inscrita, puesto que la escritura pública de compraventa se inscribió, en el Registro de la Propiedad de Adeje, el día 21 de agosto de 2013.
f) Por diligencia de ordenación de fecha 15 de marzo de 2013 se señaló, para el día 12 de junio de 2013, a las 10:30 horas, la celebración de la subasta pública del inmueble sujeto a ejecución. No obstante, por providencia de fecha 4 de abril de 2013 se acordó la suspensión del referido acto, por el tiempo imprescindible para resolver sobre la nulidad del despacho de la ejecución por la eventual concurrencia de cláusulas abusivas, en aplicación de la doctrina establecida por la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia dictada en el C-415/2011 (STJUE de fecha 14 de marzo de 2103).
g) Por diligencia de ordenación de fecha 2 de octubre de 2013 se acordó suspender la subasta para el día señalado, dado que, según se indica en la citada resolución, el órgano judicial no disponía de los códigos para la publicación de la subasta en el Portal de Subastas del Consejo General del Poder Judicial, lo que viene exigido en el art. 668 LEC tras la reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
h) En fecha 9 de octubre de 2013, la entidad ejecutante interpuso recurso de reposición contra la resolución última citada, el cual fue estimado por diligencia de ordenación de fecha 30 de octubre de 2013. En la indicada resolución se fijó nueva fecha para la subasta, concretamente a las 13:30 horas del 15 de enero de 2014. La notificación de la subasta a Inversiones Inmobiliarias Molise, S.A., se efectuó, mediante correo certificado, en el bungaló 01-02, ubicado en la residencial “Club Atlantis” de la urbanización Porto Colón de la localidad de Adeje, quedando constancia de que, ante la ausencia de aquélla en horas de reparto, se dejó aviso en el buzón.
i) En la última fecha indicada se celebró la subasta. Al no comparecer ningún postor, la acreedora hipotecaria, Banco Santander, S.A., solicitó su adjudicación por la cantidad de 600.928,20 € —cifra superior al 50 por 100 de su valor de tasación—, reservándose la adjudicataria la facultad de ceder el remate a un tercero.
j) Por escrito de fecha 14 de febrero de 2014, la adjudicataria anunció su intención de ceder el remate a la entidad Altamira Santander Real Estate, S.A. En fecha 23 de abril de 2014 ambas entidades comparecieron ante el Secretario Judicial, a fin de materializar la cesión antes indicada.
k) Con anterioridad a la celebración de la subasta, la demandante de amparo adquirió el inmueble sujeto a ejecución, mediante escritura pública de compraventa de fecha 27 de agosto de 2013, que fue otorgada por la vendedora Peraza Bethencourt, S.L.U. Dicha escritura fue inscrita, en el Registro de la Propiedad de Adeje, el día 2 de septiembre de 2013.
l) Mediante escrito de fecha 9 de abril de 2014, la Procuradora de Tribunales doña Candelaria Rodríguez Alayón, en nombre y representación de la demandante de amparo —quien tuvo conocimiento extraprocesal del procedimiento—, intentó su personación en forma ante el Juzgado y, a su vez, solicitó la declaración de nulidad radical de las actuaciones. Por diligencia de ordenación de la misma fecha se acordó devolver el referido escrito a la indicada Procuradora bajo el argumento de que en el presente procedimiento no es parte doña María Adelaida Londoño Molinares, sino que se sigue contra la entidad Inversiones Inmobiliarias Molise.
m) Todos los escritos posteriores de la demandante de amparo fueron rechazados por sucesivas diligencias de ordenación, según se detalla a continuación:
n) Mientras la demandante de amparo intentaba personarse como parte interesada, la ejecución seguía, por tanto, su curso. Mediante Decreto de 3 de julio de 2014, el Juzgado aprueba la liquidación de intereses y la tasación de costas, que se notifica a la entidad ejecutada, por edicto, en esa misma fecha. Con fecha de 15 de julio de 2014, se dicta Decreto aprobando el remate y adjudicación a favor de Altamira Santander Real Estate, S.A., acordándose, a su vez, la cancelación del gravamen que se ejecuta. Por diligencia de ordenación de fecha 30 de julio de 2014 se señaló, para el día 9 de octubre de 2014, la entrega de la posesión del inmueble; dicha resolución se intentó notificar a Inversiones Inmobiliarias Molise, en el inmueble objeto de ejecución, pero su resultado fue infructuoso.
3. En su demanda, la demandante imputa a la diligencia de ordenación recurrida, de 29 de julio de 2014, que acuerda devolver el escrito en el que formulaba incidente de nulidad de actuaciones, la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), al no declarar la nulidad de las actuaciones del citado procedimiento, no permitiendo a quien ostenta un legítimo interés comparecer en el mismo, lo que la privó de su derecho a ser oída y le impidió el ejercicio del derecho de defensa de sus legítimos derechos e intereses sobre el citado inmueble. Igualmente, en relación con la anterior, se alega la vulneración del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), lo que resulta incomprensible a la vista del conocimiento que tenía el Juzgado de su titularidad dominical y su posesión como tercer adquirente (recordemos que se trata de la vivienda habitual de la demandante).
4. Por providencia de 18 de febrero de 2015, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda, apreciando que el asunto tiene especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), como consecuencia de que el recurso puede dar lugar a aclarar o modificar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. A tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se acordó requerir al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arona para que, en el plazo de diez días, remitiera testimonio del procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 49-2012, interesándose al tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
5. Por providencia de la misma fecha se acordó, pues, la apertura de la correspondiente pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión, concediéndose un plazo común de tres días a la recurrente y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre el particular, conforme a lo previsto en el art. 56 LOTC. Evacuado dicho trámite, mediante Auto de fecha 16 de marzo de 2015 la Sala Segunda de este Tribunal acordó mantener la suspensión del curso del procedimiento judicial y, a su vez, ordenar la anotación preventiva de la demanda de amparo en el Registro de la Propiedad.
6. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha de 17 de abril de 2015, se tuvo por personado y parte al Procurador don Javier Hernández Berrocal, en nombre y representación del Banco Santander, S.A.
7. Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda, de fecha 17 de abril de 2015, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arona, acordándose, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
8. La representación procesal de Banco Santander, S.A., presentó su escrito de alegaciones en fecha 21 de mayo de 2015, en el que solicita que se deniegue el amparo. Sostiene, en primer lugar, que el tercer poseedor que adquiere e inscribe su título con posterioridad a la expedición de la certificación de cargas no tiene la condición de parte procesal en la ejecución hipotecaria. A ello añade que, en la fecha en que la Sra. Londoño (abril de 2014) intentó personarse, ninguna intervención procesal podía ya realizar más allá de pagar lo que se debía al acreedor por principal, intereses y costas, dentro de los límites de la responsabilidad a que está sujeto el bien ( art. 662.3 LEC).
Con carácter subsidiario solicita que, de prosperar el recurso de amparo, conforme a lo dispuesto en los arts. 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 230 LEC, no se retrotraigan sin más las actuaciones al día 14 de abril del 2014, pues “debe respetarse el principio de la conservación, tanto de los actos que fueran independientes de aquellos que fueran anulados, como de los actos cuyo contenido hubiese permanecido invariado aún sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad” (en el suplico se especifica los concretos actos y actuaciones que deben conservarse).
9. La representación procesal de la demandante de amparo formuló sus alegaciones, mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el día 25 de mayo de 2015, en el que se afirma y ratifica en el escrito de la demanda, sintetizando las causas por las que considera que debe otorgarse el amparo.
10. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones, mediante escrito registrado el día 3 de junio de 2015, en el cual interesó el otorgamiento del amparo.
El Fiscal aduce que al examinar el alcance de esa resolución judicial no pueden ignorarse ni la naturaleza de ejecución hipotecaria del procedimiento (con las graves consecuencias derivadas de su alcance), ni la muy defectuosa tramitación del referido procedimiento, con incumplimiento del deber de notificación al deudor, conforme a lo establecido por una constante doctrina constitucional, lo que le impidió acceder al procedimiento, tomar conocimiento del mismo y actuar en defensa de sus derechos e intereses y, en todo caso, ex art. 662 LEC acreditar la sucesión de otros titulares del bien ejecutado, lo que ha dado lugar a la conculcación del derecho a acceder al proceso que sustenta el art. 24.1 CE (citando, entre otras, las SSTC 122/2013, 1/2014 y, muy especialmente, las SSTC 136/2014 y 137/2014, de 8 de septiembre).
Por el contrario, el Fiscal entiende que ningún contenido constitucional cabe atribuir a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), pues ese alegato exige un término concreto de comparación que signifique identificar otras resoluciones del mismo órgano judicial que, para supuestos sustancialmente idénticos al denunciado, hayan sido decididos de manera diferente, término de comparación que no se suministra por la demandante de amparo (por todas, SSTC 134/1990, de 19 de julio, y 7/2015, de 22 de enero).
11. Por providencia de 1 de octubre se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 de octubre del mismo año.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la diligencia de ordenación de 29 de julio de 2014, dictada por la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arona, que inadmitió, devolviendo el escrito, la petición de nulidad de actuaciones promovida por la demandante de amparo en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 49-2012.
2. Este recurso de amparo plantea, una vez más, la cuestión relativa a la constitución de la relación jurídico procesal en el procedimiento de ejecución hipotecaria de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC), en relación con el titular de la finca que inscribe su adquisición con posterioridad al inicio del procedimiento. Problema sobre el que nos hemos pronunciado específicamente bajo la vigencia del procedimiento hipotecario de la actual Ley de enjuiciamiento civil, respecto a la intervención de terceros poseedores en el proceso de ejecución hipotecaria desde la perspectiva del interés legítimo (por todas, SSTC 29/2003, de 13 de febrero, 6/2008, de 21 de enero, 43/2010, 26 de julio, y STC 79/2013, de 8 de abril).
3. Vistos los términos en que se formula la demanda de amparo cumple decir que, desde la óptica del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente del acceso a la jurisdicción, procede abordar el presente recurso desde una doble perspectiva: por un lado, el hecho de negar la legitimación a la recurrente para interponer el incidente de nulidad de actuaciones, por no ser parte en el procedimiento judicial, argumento este que se reitera en las sucesivas diligencias de ordenación enumeradas en los “antecedentes” de esta Sentencia; y, por otra parte, la consiguiente falta de sustanciación del incidente de nulidad de actuaciones planteado por la demandante, que fue inadmitido mediante la devolución del escrito en que se planteó el referido incidente, so pretexto de no ostentar esta última la condición de parte procesal. Siendo así el alcance de nuestro pronunciamiento se circunscribe a la diligencia de ordenación impugnada en esta sede, sin trascender a ulteriores actuaciones procesales.
En relación con la primera de la perspectivas enunciadas, cumple decir que este Tribunal ha declarado reiteradamente, y así lo ha recordado en la STC 79/2013, de 8 de abril, FJ 2 “que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos …”.
Por último, también debe tenerse en cuenta que “nuestra doctrina impone, con absoluta claridad, que la interdicción de la indefensión consagrada en el art. 24.1 CE implique a los órganos judiciales en el deber de velar para que quienes ostenten algún derecho o interés legítimo en un proceso de ejecución, aunque no hayan sido parte en el proceso principal, puedan comparecer y ser oídos en el mismo a fin de garantizar su defensa, sin perjuicio del pronunciamiento que pueda recaer y de la posible existencia de otras acciones que puedan corresponder a los afectados” (STC 43/2010, de 26 de julio, FJ 2).
4. Desde el plano de la legalidad infraconstitucional, cabe afirmar que la vigente Ley de enjuiciamiento civil derogó el pretérito art. 134 de la Ley hipotecaria (en adelante, LH) y su tratamiento procesal lo encontramos ahora en el art. 662.1 LEC. El tercer poseedor que acredite la inscripción de su título puede comparecer en el proceso, pues a diferencia de lo que establecía el art. 134 LH, que señalaba que podría pedir que se le exhibieran los autos en la Secretaría, y el Juez lo acordaría sin paralizar el curso del procedimiento, entendiéndose con él las diligencias ulteriores, “como subrogado en el lugar del deudor”, la vigente Ley de enjuiciamiento civil solamente señala que “se entenderán con él las diligencias ulteriores”.
5. La demandante de amparo también denuncia la extralimitación en sus funciones del Secretario Judicial, de cara a resolver sobre su personación y posterior planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones, pues entiende que debió ser el Juez de Primera Instancia quien resolviera al respecto, por tratarse de una materia que la Ley encomienda a la potestad jurisdiccional.
La reciente STC 9/2014, de 27 de enero, FJ 3, recordando otras anteriores, vuelve a subrayar que en el incidente de nulidad “se plasma la opción del legislador, en el ejercicio de la habilitación que constitucionalmente le confiere el art. 161.1 b) CE, en relación con su art. 53.2, por una nueva configuración del recurso de amparo, toda vez que, en principio, tras la reforma llevada a cabo la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues es imprescindible, además, su especial trascendencia constitucional, frente a la configuración por la que esencialmente se caracterizaba en su anterior regulación, en tanto que recurso orientado primordialmente a reparar las lesiones causadas en los derechos fundamentales y libertades públicas del demandante susceptibles de amparo”. Y añade: “De esta forma, se configura por el legislador el sistema de garantías de los derechos fundamentales encomendado a los Jueces y Tribunales como guardianes naturales y primeros de dichos derechos (STC 227/1999, de 13 de diciembre, FJ 1), a los que confiere un mayor protagonismo en su protección (ampliación del incidente de nulidad de actuaciones), y culminado por el Tribunal Constitucional que, además de garante último, es su máximo intérprete (arts. 53.2 y 123 CE y 1.1 LOTC)”.
Por tanto, las decisiones de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, cuando es procedente su planteamiento, implican la preterición del mecanismo de tutela ante la jurisdicción ordinaria, lo cual resulta más grave en supuestos, como el presente, en que estamos ante un proceso de única instancia, por lo que el único mecanismo de tutela ordinaria de los derechos fundamentales vulnerados en el proceso a quo, singularmente las referidas a vicios de la Sentencia, es precisamente el incidente previsto en los arts. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 228 LEC.
En efecto, el protagonismo otorgado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, a los Tribunales ordinarios, acentuando su función como primeros garantes de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y con el fin de lograr que la tutela y defensa de esos derechos por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria, debe ser puesta en conexión con la especial trascendencia constitucional a que hizo referencia la STC 43/2010, de 26 de julio, FJ 5, al afirmar que “el incidente de nulidad de actuaciones era un instrumento idóneo para la tutela del derecho fundamental en cuestión, y que su resolución debía tener presente que —de no tener el caso trascendencia constitucional— se trataría de la última vía que permitiría la reparación de la vulneración denunciada”.
Es más, este Tribunal ya tuvo ocasión de pronunciarse respecto de un caso similar, concretamente en la STC 115/1999, de 14 de junio, supuesto este en el que el Secretario Judicial reiteradamente inadmitió, incluso mediante su devolución, los escritos dirigidos al Juez para interesar la revisión de las resoluciones procesales dictadas por aquél. En esa ocasión, en el fundamento jurídico 4 de la citada Sentencia afirmamos que: “… Y ello especialmente, porque, cuando el ahora recurrente insta la revisión que procede contra las diligencias de ordenación, privando a la parte de su derecho a que la diligencia impugnada sea examinada y revisada por quien está investido de jurisdicción, con lo que, además de vulnerarse flagrantemente la citada obligación de dar cuenta al titular del órgano judicial del escrito presentado, se inaplica manifiestamente lo dispuesto en el art. 289 LOPJ. Por ello, nos encontramos ante una actuación procesal, consistente en las referidas diligencias de ordenación, que ha impedido al recurrente obtener una resolución judicial que diera respuesta a sus pretensiones de comparecer en el pleito civil y contestar a la demanda en él formulada, así como a su pretensión de que se declarara la nulidad de actuaciones, sin que, paradójicamente, haya recaído una decisión judicial que pudiera ser impugnada ante los órganos judiciales superiores mediante el sistema de recursos legalmente previsto en las leyes procesales para las resoluciones del Juez de Primera Instancia, lo que constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, que debe ser reparada otorgando el amparo solicitado”.
6. De conformidad con lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC procede estimar el recurso de amparo y declarar la nulidad de la diligencia de ordenación dictada por el Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arona, en fecha de 29 de julio de 2014, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 49-2012, por vulnerar el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). En cuanto a las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho de la demandante, este Tribunal considera que, a la vista de las consideraciones formuladas en el fundamento jurídico anterior, para reparar la lesión causada basta con admitir la legitimación de la recurrente para interponer el incidente de nulidad de actuaciones y, a su vez, incorporar al procedimiento el escrito cuya devolución fue acordada por la diligencia de ordenación combatida en esta sede, a fin de que el órgano judicial resuelva el incidente de nulidad de actuaciones formulado por aquélla.
2º Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la diligencia de ordenación de 29 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Arona, que devolvió la solicitud de nulidad de actuaciones promovida en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 49-2012.
3º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de esta última resolución, para que en su lugar se dicte una respetuosa del contenido del derecho fundamental que le ha sido reconocido, en los términos y con el alcance que se concreta en el anterior fundamento jurídico sexto de esta Sentencia.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6076-2014
La recurrente en amparo adquirió un inmueble sujeto a ejecución hipotecaria, inscribiéndose la compraventa antes de la celebración de la subasta sin que se hubiera podido notificar personalmente a la deudora inicial ninguno de los trámites del proceso. Al tener conocimiento extraprocesal de la ejecución, la demandante, como tercera poseedora, solicitó su personación en el procedimiento, e incluso planteó un incidente de nulidad de actuaciones que fue rechazado mediante sucesivas diligencias de ordenación del Secretario Judicial por falta de legitimación.
Se otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su vertiente de acceso al proceso. La inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones se basó en la falta de legitimación de la interesada por no ser parte en el proceso, sin tener en consideración que, tras un cambio en la legislación vigente, la interposición de este incidente podía realizarse por quienes “hubieran debido ser parte legítima”. Asimismo, la actuación material del Secretario Judicial, similar al supuesto resuelto en la STC 115/1999, de 4 de junio, consistente en la devolución de los escritos presentados por la recurrente, impidió al Juez conocer del incidente de nulidad de actuaciones y reparar la lesión del derecho fundamental.
Se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, al no habérsele permitido personarse en procedimiento de ejecución hipotecaria y, a su vez, por impedir que el órgano judicial haya podido resolver lo procedente respecto del incidente de nulidad que la resolución objeto del presente recurso inadmitió mediante la devolución del escrito [FJ 5].
El rechazo del incidente de nulidad mediante la diligencia de ordenación recurrida, siendo que la demandante de amparo no era parte del procedimiento de ejecución, implicó la desprotección del art. 24.1 CE en sede de jurisdicción ordinaria, dado que el mencionado incidente era la única vía que tenía la demandante de amparo para reparar la lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva [FJ 5].
La actuación material del Secretario Judicial —devolución de los escritos presentados— extralimitándose en su competencia, impidió que el Juez pudiera desarrollar su función jurisdiccional, lo que justifica que este Tribunal deba intervenir para reparar la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en su variante de acceso a la jurisdicción [FJ 5].
La diligencia de ordenación recurrida en amparo resolvió devolver el escrito de interposición del incidente excepcional de nulidad de actuaciones promovido por la parte recurrente en amparo, afirmando que carecía de legitimación por no ser “parte” en el procedimiento, lo que impidió a la recurrente acceder al procedimiento de ejecución hipotecaria, sin respetar las exigencias impuestas por la doctrina constitucional [FJ 4].
Doctrina acerca del derecho de comparecencia en un procedimiento de ejecución hipotecaria de quienes ostenten un interés legítimo o de terceros poseedores (SSTC 79/2013, 43/2010) [FJ 3].
Para reparar la lesión causada basta con admitir la legitimación de la recurrente para interponer el incidente de nulidad de actuaciones y, a su vez, incorporar al procedimiento el escrito cuya devolución fue acordada por la diligencia de ordenación recurrida, a fin de que el órgano judicial resuelva el incidente de nulidad de actuaciones formulado por aquélla [FJ 6].
Artículo 238.6, f. 5
Artículo 241 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 5
Artículo 662.1, f. 4
Artículo 662.3, f. 4
Artículo 691.1, f. 4
Artículo 698.1, f. 4
Derecho de acceso al procesoDerecho de acceso al proceso, ff. 3, 5, 6
Funciones de los letrados de la Administración de justiciaFunciones de los letrados de la Administración de justicia, ff. 1, 5
Tercer poseedor de la finca ejecutadaTercer poseedor de la finca ejecutada, ff. 2 a 5
Denegación de legitimación procesalDenegación de legitimación procesal, ff. 2 a 5
Inadmisión de incidente de nulidad de actuacionesInadmisión de incidente de nulidad de actuaciones, ff. 3 a 5
Incidente de nulidad de actuacionesIncidente de nulidad de actuaciones, ff. 3 a 5
Legitimación en incidente de nulidad de actuacionesLegitimación en incidente de nulidad de actuaciones, ff. 3 a 5
Personación en el procedimiento de ejecuciónPersonación en el procedimiento de ejecución, ff. 2 a 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 238

Artículo 241

Artículo 662

Artículo 662

Artículo 691

Artículo 698