Source: https://es.scribd.com/document/44819536/Nacionalidad-espanola-de-ciudadanos-saharauis-Secuela-de-una-descolonizacion-frustrada-y-frustrante
Timestamp: 2019-09-20 17:25:15+00:00

Document:
Nacionalidad española de ciudadanos saharauis: Secuela de una descolonización frustrada (y frustrante) | Sahara occidental | Nacionalidad
Contenido: 1. Antecedentes: El estatuto de nacionalidad en los modelos de descolonización española en África 2. La reciente reaparición del problema en la jurisprudencia española 3. Las diferentes "soluciones" aportadas 4. La solución evitada e inevitable 5. Notas
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STC 160-1987 de 27 octubre
1. Antecedentes: El estatuto de nacionalidad en los modelos de descolonización esp
añola en África
2. La reciente reaparición del problema en la jurisprudencia española
3. Las diferentes "soluciones" aportadas
4. La solución evitada e inevitable
AÑOLA EN ÁFRICA.
1. El abandono del Sahara Occidental cierra la historia de la colonización española
en África. La última ocupación ininterrumpida del Sahara Occidental por España se inició e
n 1884, fecha en la que se declaró un "protectorado" sobre el territorio en cuestión
tras pactar con las tribus locales y concluyó en febrero de 1976 . Sin entrar a c
onsiderar otros aspectos jurídico-internacionales a los que me he dedicado en otro
lugar, el abandono del Sahara Occidental constituye un caso peculiar dentro de
la historia de la descolonización española en África. Hasta entonces se habían producido
diferentes tipos de situaciones. Un primer grupo de situaciones es el centrado
en torno a Marruecos, un segundo grupo que es el relativo a Guinea Ecuatorial y
el tercero, el del Sahara Occidental.
2. En Marruecos encontraremos una descolonización con una doble modalidad. La prim
era modalidad se refiere al abandono del protectorado. Este abandono se produjo
en dos etapas. En un primer momento (1956), se concedió la independencia a la "zon
a norte" del protectorado español de Marruecos . Esta medida se adoptó muy poco tiem
po después de que Francia hubiese concedido la independencia a la parte de Marruec
os que, desde el Tratado hispano-francés de 1912 , se encontraba bajo su protector
ado. De esta suerte, España no hacía sino transferir un territorio a un Estado ya ex
istente antes de la constitución del protectorado y que acababa de recuperar su so
beranía semanas antes.
En un segundo momento (1958), se produjo la cesión a Marruecos de la llamada "zona
sur" del Protectorado (la región denominada de Villa Bens, Tarfaya o Cabo Juby y
que abarca desde el sur del río Draa hasta el paralelo 27'40º) . En esta primera mod
alidad se siguieron los mismos criterios en orden a la atribución de nacionalidad
de los afectados: los "nativos", esto es, los musulmanes árabo-bereberes, adquirían
la nacionalidad del Estado marroquí que supuestamente poseían antes del establecimie
nto del protectorado; los "colonizadores", esto es, los españoles indo-europeos se
guían con la nacionalidad española.
La segunda modalidad de descolonización española en Marruecos afecta al territorio d
e Ifni que fue objeto de "retrocesión" en 1969 . Aquí nos encontramos con una situac
ión diversa: Ifni no era un protectorado español, sino un territorio de soberanía (des
de el Tratado hispano-marroquí de 1860, aunque no fuese hasta 1934 cuando se produ
jese la ocupación efectiva). De ahí que los naturales de Ifni se consideraran nacion
ales españoles a todos los efectos. Al producirse la entrega a Marruecos del terri
torio se concedió a los naturales de Ifni la facultad de optar entre mantener la n
acionalidad española o adquirir la nueva nacionalidad marroquí .
3. Distinto es el supuesto de la descolonización de la Guinea Ecuatorial, compuest
a por las "provincias" de Fernando Poo y de Río Muni. En este caso, no se produce
una transferencia de un territorio de un Estado soberano a otro Estado soberano
preexistente, sino que se crea un Estado ex novo. De ahí que la cuestión del status
de la población no pudiese formularse en idénticos términos que en el caso de Marrueco
Por otro lado, el tránsito a la independencia fue facilitado por la instauración de
una fase previa de autonomía a partir de 1964 . La normativa sobre el régimen autónomo
establecía ya una distinción entre los "nacionales naturales de Fernando Poo y Río Mu
ni" y los "demás (cursiva mía) nacionales avencidados en estos territorios" (art. 2)
. Se establecía una diferencia, pero también quedaba claro que todos los ciudadanos
guineanos, antes de la independencia, tenían nacionalidad española (que no podía ser s
ino de origen) . Esta diferenciación se tradujo poco después en el momento de la ind
ependencia . La consecuencia de lo anterior era que al nacer la nueva República la
s personas "de ascendencia africana" y "nacidas en Guinea Ecuatorial" y sus desc
endendientes poseían una nueva nacionalidad, la ecuatoguineana, y dejaron automática
mente de tener la nacionalidad española: la Constitución del nuevo Estado era parca
en este terreno que no parecía ser problematico .
Así pues, aparentemente, no se dio ninguna opción a los guineanos para seguir siendo
españoles. Fue nueve años después, y por razones no ajenas a la tensa situación política
existente entre ambos Estados, cuando se dicta un decreto atribuyendo un derecho
de opción para "determinados" individuos que, como condición previa, pudieran ser c
onsiderados "guineanos" según los criterios del Estatuto de Autonomía de 1964.
Estos "determinados" guineanos eran de dos categorías, a saber, por un lado, los q
ue se hallasen residiendo en España al dictarse este Decreto (es decir, básicamente,
exiliados políticos); por otro lado, los que después de la independencia hayan esta
do al servicio de las Armas españolas o hayan ejercido cargo o empleo público "como
súbditos españoles" (supuesto éste, en realidad, absurdo, pues si eran "súbditos españoles
" después de la independencia de Guinea, tendrían que tener la nacionalidad española).
4. El último supuesto fue el del Sahara Occidental que constituye un caso de desco
lonización atípica y, por qué no decirlo, bastante lamentable. A diferencia de lo que
ocurría en el caso de Marruecos, no se trató de transferir un territorio de un Estad
o soberano preexistente (España) a otro ya existente previamente; frente a lo suce
dido en Guinea, no se trató de transferir un territorio de un Estado soberano pree
xistente a un Estado soberano ex novo. En el Sahara Occidental lo que se produjo
fue pura y sencillamente un abandono.
Ahora bien, este lamentable procedimiento de descolonización si bien condujo a un
abandono del territorio, formalizado desde el 26 de febrero de 1976 , no solucio
naba la cuestión de qué ocurría con la población asentada sobre tal territorio. Por un l
ado, Marruecos y Mauritania intentaron anexionarse el territorio, lo cual hubies
e significado que la población adquiriría la nacionalidad del nuevo poseedor de l te
rritorio, esto es, la nacionalidad marroquí o la mauritana; por otro lado, un impo
rtante sector de la población saharaui fundó, justo en el momento del abandono español
(el 27 de febrero de 1976) su propio Estado, la República Áraba Saharaui Democrática
(RASD) que contaba con su propio territorio controlado por las fuerzas armadas i
ndependentistas, su propia población y su propio poder soberano (elementos clásicos
de la estatalidad).
Sin embargo, estos acontecimientos políticos no consiguieron solucionar el problem
a. Por un lado, la anexión del territorio por los nuevos ocupantes, ni fue reconoc
ida internacionalmente ni lo fue por España, lo cual significó que no podía considerar
se que la población del territorio adquiría la nacionalidad de los Estados ocupantes
(pues la posesión de tal territorio carecía de un título reconocido); por otro lado,
aunque la RASD fue reconocida por Estados de los cinco continentes y fue admitid
a en la OUA, no ha sido reconocida por España, lo cual implicaba que España no recon
ocía una "nacionalidad saharaui" a la que pudieran mudarse los hasta entonces ciud
adanos españoles del Sahara Occidental.
La paradoja resultante fue que, aunque el 26 de febrero de 1976 España abandonó el t
erritorio, y el Sahara Occidental dejó de ser el "Sahara Español", en tal fecha los
ciudadanos saharauis, que antes eran españoles, seguían siéndolo después, precisamente p
or no estar aclarado el status del territorio. España se había "librado" jurídicamente
del territorio (aun cuando incluso este aspecto es discutible), pero no había con
seguido desprenderse jurídicamente de la población.
Sin embargo, parece claro que dicha población se había convertido en un "problema" p
olítico del que había que desembarazarse. El modo de eliminar el problema se creyó ver
lo en un Real Decreto que disponía que los ciudadanos saharauis (hasta entonces co
n nacionalidad española) disponían del plazo de un año para optar por la nacionalidad
española compareciendo ante el juez encargado del Registro Civil del lugar de su r
esidencia española. Se creyó poner así fin, definitivamente, a la responsabilidad de E
spaña en el Sahara Occidental. Sin embargo, el propio Real Decreto es una confesión
de aquello que quiere negar porque cuando se dicta (el 10 de agosto de 1976) los
saharauis siguen siendo españoles, pese a que el territorio había dejado de serlo (
el 26 de febrero de 1976). Más adelante se abundará en la crítica de este Real Decreto
2. LA RECIENTE REAPARICIÓN DEL PROBLEMA EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA.
1. En fechas muy recientes se han dictado sendas sentencias del Tribunal Supremo
que han vuelto a sacar a la luz, de forma un tanto inesperada, el problema de l
a descolonización del Sahara Occidental recordándonos nuestra responsabilidad en la
cuestión. Los dos casos examinados por el Tribunal Supremo, aparentemente tienen e
nfoques distintos, pero, como trataré de argumentar en estas páginas, ambos tienen u
n mismo centro de gravedad: el debate en torno al Real Decreto 2258/1976. De est
a forma reaparece el problema que tan obsesivamente se quiso dar por cancelado.
Parafraseando a Zorrilla podríamos decir aquello de "los muertos que vos matais, S
eñor, gozan de muy buena salud". En ambos casos, como veremos, el TS elude el fond
o de la cuestión lo cual significa que su reaparición, de esta forma, aparece como i
nevitable.
2. El primero de los casos es el caso del Sr. Badadi Mohamed Mulud que estaba en
posesión del Documento Nacional de Identidad (Sahara) bilingüe y de pasaporte español
en el que consta expresamente su nacionalidad española, expedido en El Aaiún el 21
de diciembre de 1973 y con fecha de caducidad de 20 de diciembre de 1978.
En 1993, el Sr. Mohamed acude al Registro Central de Madrid para solicitar su pa
rtida de nacimiento, pero se le extiende certificación negativa. A continuación diri
gió a la Dirección General del Registros y del Notariado un escrito solicitando el r
econocimiento de su nacionalidad española, que fue contestado negativamente median
te resolución de 9 de septiembre de 1993 en la que se declaraba textualmente que "
el Sáhara nunca fue territorio español a efectos de adquisición de la nacionalidad, ni
sus habitantes fueron españoles en sentido estricto, sino que aquel territorio se
entendía sometido a la soberanía española y sus habitantes súbditos españoles, pero no na
cionales". Dicha resolución añadía: "hoy día, transcurrido en exceso el plazo que se con
cedió para que los habitantes de la antigua Colonia española pudieran hacerse españole
s con plenitud de derechos, mediante una solicitud específica, es de aplicación el rég
imen general y po lo tanto para adquirir la nacionalidad española ha de aplicarse
el plazo general de residencia "legal" de diez años".
Frente a esta resolución, la representación del Sr. Mohamed interpone demanda de amp
aro ordinario civil contra el Estado Español, que tras diversos recursos termina s
iendo resuelta por la Sala 1ª del Tribunal Supremo mediante sentencia de 28 de oct
ubre de 1998 .
3. El segundo caso es el del Sr. Hamed U.D. se dirigió a la Dirección General de Reg
istros y del Notariado para solicitar la concesión de la nacionalidad española por r
esidencia legal de un año al no haber podido ejercer oportunamente la facultad de
optar por la nacionalidad española que estableció el Decreto de 1976, alegando para
ello el art. 22.3.3º del Código Civil en la redacción que recibió tras la Ley de 51/1982
, de 13 de julio. Frente a las resoluciones administrativas que denegaron la pre
tensión interpuso recurso contencioso-administrativo (nº 560/1993) ante la Audiencia
Nacional cuya Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó sentencia
de 23 de noviembre de 1994 desestimando la pretensión. Frente a esa sentencia se i
nterpuso recurso de casación (1459/1995) que fue resuelto por la Sección 6ª de la Sala
3ª del Tribunal Supremo mediante sentencia de 18 de mayo de 1999 .
3. LAS DIFERENTES "SOLUCIONES" APORTADAS.
1. La primera de las sentencias citadas, esto es, la dictada el 28 de octubre de
1998 por la Sala 1ª (de lo Civil) del Tribunal Supremo, examina una petición de con
cesión de nacionalidad española de origen que, como se verá, se resuelve concediendo a
l recurrente la nacionalidad española por posesión de estado. El recurrente, argumen
tó, entre otras cuestiones, que se hallaba en posesión de diversos documentos oficia
les (Documento Nacional de Identidad, pasaporte y otros) que, según su criterio, c
onstituían pruebas de que poseía la nacionalidad española. Era claro para el recurrent
e que el tipo de nacionalidad española que poseyó en el pasado era la española de orig
en, pues no tuvo ninguna otra antes.
Ahora bien, esta pretensión conducía directamente al examen de la legalidad del Real
Decreto 2258/1976, ya que esta norma priva a los saharauis de su nacionalidad e
spañola. Estaba claro que la solución del fondo del asunto exigía ineludiblemente un p
ronunciamiento sobre el antecitado Real Decreto. Sin embargo, el TS no se atrevió
a hacerlo. He avanzado en otro lugar que esa postura puede haberse debido a razo
nes políticas (principalmente, las consecuencias que ello tendría para las relacione
s internacionales de España con Marruecos).
Sea cual fuese la razón, lo único cierto es que el TS en su resolución elude pronuncia
rse sobre lo que se le pidió, es decir, si el recurrente tenía o no nacionalidad esp
añola de origen y, echando mano de un nuevo tipo de nacionalidad introducido en la
reforma del Código Civil de 1990, pasa a considerar si el recurrente puede tener
o no la nacionalidad española por posesión de estado introducida en el nuevo art. 18
del Código Civil, precepto y tipo de nacionalidad al que en ningún momento aludió el
recurrente. Con ello, el TS efectivamente otorga la nacionalidad española al recur
rente, pero ese pronunciamiento tiene una validez limitada sólo a él.
En efecto, por un lado, al no haber puesto en cuestión el Real Decreto de 1976, el
punto de partida en cualquier nuevo caso que se suscite es que ningún saharaui go
za de nacionalidad española de origen; por otro lado, al habérsele concedido la naci
onalidad por "posesión de estado", de acuerdo con lo prevenido en el art. 18 del Cód
igo Civil (tras la reforma de 1990), cada individuo de origen saharaui que prete
nda que se le reconozca nacionalidad española tendrá que asumir la carga de probar l
os extremos a los que alude tal precepto (1º posesión y utilización continuada de la n
acionalidad española; 2º durante diez años como mínimo; 3º con buena fe; 4º con título insc
o en el Registro Civil).
La doctrina sentada en esta sentencia sólo podrá alcanzar a un número muy limitado de
saharauis, a saber, a aquellos que consigan probar: 1º que poseyeron y utilizaron
continuamente la nacionalidad española, 2º durante diez años como mínimo, 3º con buena fe
y 4º con título inscrito en el Registro Civil (y a este respecto, debe tenerse en cu
enta que se han hecho desaparecer los libros del Registro Civil que afectan a lo
s saharauis, como se pone de manifiesto en el caso de autos, caso que flexibiliz
a este requisito legal, por cierto). Carecen de fundamento, en consecuencia, las
informaciones de la prensa que se hicieron eco de esta resolución .
2. La segunda de las sentencias, es decir, la dictada el 18 de mayo de 1999 por
la Sección 6ª de la Sala 3ª (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, r
esuelve una demanda de concesión de nacionalidad española por residencia legal que e
s desestimada. En esta sentencia el recurrente utiliza una argumentación distinta.
En su demanda parte de la validez del Real Decreto 2258/1976 que establecía un su
puesto "derecho de opción" a la nacionalidad española. El recurrente va a conectar e
ste Decreto con una peculiar interpretación del artículo 22 del Código Civil tal y com
o fue redactado por la Ley 51/1982 (siendo tal texto modificado en la reforma de
El artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1982 establecía el régimen de adquisició
de la nacionalidad española por residencia y, a tal efecto, establecía diversos sup
uestos: el general (para el que se exigía un plazo de residencia de 10 años), el esp
ecial por razones históricas (que exigía sólo dos años de residencia para los nacionales
de origen de los países iberoamericanos y demás con vinculaciones con España, entre l
os que no se menciona el Sahara Occidental) y, finalmente, uno privilegiado cuan
do concurrían determinados supuestos (para el que resultaba suficiente un año de res
idencia en España).
Pues bien, el art. 22.3.3º declaraba que podía adquirir la nacionalidad española proba
ndo un tiempo de residencia de un año en España "el que no haya ejercido oportunamen
te la facultad de optar". Ahora bien, como acertadamente concluye el TS, esta "f
acultad de optar" a la que se alude en el precepto no puede ser la prevista en e
l Real Decreto 2258/1976, pues éste "establece un plazo concreto para ejercer el d
erecho de opción, ..., pero ..., transcurrido el mismo, ha de entenderse precluida
la facultad reconocida, y consecuentemente no puede afirmarse, cual hace la par
te recurrente, que por ello los habitantes del Sahara bajo protección española no fu
eron incluidos, por innecesario, en la relacción de pueblos con plazo reducido par
a alcanzar la nacionalidad española, del art. 22 CC, ya que, repetimos, la opción re
conocida en el precitado D 2258/1976 exclusivamente pudo haber sido ejercitada d
entro del año siguiente a la publicación en el BOE".
Si ello es así, ¿a qué tipo de opción se refiere este art. 22 del Código Civil? El TS dice
que, de acuerdo con una interpretación sistemática, el art. 22.3.3º alude al art. 19
del Código Civil (en la redacción de 1982) según la cual, y bajo determinadas condicio
nes, los extranjeros que se hallasen sujetos a la patria potestad o a la tutela
de un español podían optar por la nacionalidad española (FJ 4º). El TS no ve motivos par
a separarse de esta tesis por una interpretación de los artículos 10 y 11 CE. Estos
dos preceptos son aludidos de modo muy genérico por el TS: la referencia al art. 1
0 entendemos que se hace específicamente a su párrafo 2º y a la Declaración Universal de
Derechos Humanos, cuyo art. 15 establece el derecho a la nacionalidad; por su p
arte, del art. 11 CE se recuerda que establece que la nacionalidad se adquiere "
de acuerdo con lo establecido por la ley y lo en ella establecido no viola los d
erechos y libertades fundamentales" (FJ 5º).
4. LA SOLUCIÓN EVITADA E INEVITABLE.
1. A la luz de las anteriores consideraciones podemos hacer un balance provision
al. En primer lugar, de acuerdo con una doctrina de la Sala 1ª del TS que nos pare
ce rechazable por razones que hemos expuesto en otro lugar, ha quedado admitido
que la citada población pueda adquirir la nacionalidad española por posesión de estado
prevista en el actual art. 18 del Código Civil, si bien, en este supuesto incumbe
al demandante la carga de probar que reúne los requisitos establecidos en tal pre
cepto, bien entendido que el TS ha flexibilizado el último de ellos, a saber, la i
nscripción en el Registro Civil (en el caso de autos, no se pudo probar tal inscri
pción, pero la posesión de una serie de documentos oficiales que la presuponen, como
el Documento Nacional de Identidad, fue considerada suficiente para cumplir con
el requisito legal).
En segundo lugar, y de acuerdo con la doctrina que nos parece correcta de la Sal
a 3ª del TS, está claro que la población del antiguo Sahara Español no puede beneficiars
e de ningún modo privilegiado de adquisición de la nacionalidad española por residenci
a. En tercer lugar, queda en pie la cuestión de si los saharauis, que tenían naciona
lidad española de origen hasta 1976, pueden reclamar su antigua nacionalidad español
a de origen; o, en otros términos, queda en pie la cuestión de si e Real Decreto 225
8/1976 es o no es válido. Este es el argumento definitivo que ha sido evitado en l
os dos supuestos anteriores.
En el primer caso el TS hurtó el debate de modo escandaloso, pues el petitum de la
demanda era específicamente la reclamación de la nacionalidad española de origen, y n
o de otra, lo cual exigía pronunciarse sobre la validez del RD 225871976 que privó a
los saharauis de su nacionalidad de origen española. En el segundo caso, el deman
dante parte de la validez del RD en cuestión para intentar subsumir la supuesta op
ción prevista en el mismo, en la opción de la que se hablaba en el anterior art. 22.
3.3º del Código Civil. En los dos casos, no hay propiamente debate sobre el RD y aquí
está el punctum dolens del problema. A nuestro juicio, un adecuado debate sobre el
RD llevaría a una conclusión inequívoca, a saber, el derecho de los saharauis a la na
cionalidad española.
2. El tantas veces citado RD 2258/1976, que daba a los saharauis la posibilidad
de optar por la nacionalidad española (art. 1), en el plazo de un año, compareciendo
ante el juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia española (ar
t. 2), sin mencionar la posibilidad de acudir a los registros consulares, supuso
desposeer de la nacionalidad española a quienes la tenían de origen, obligándoles ind
irectamente a adoptar la nacionalidad de otro país (se pretendía que adoptaran la ma
rroquí o la mauritana) pues de no hacer esto último, o bien quedarían en situación de apát
ridas o bien tendrían que comparecer ante un juez español. Este decreto a nuestro ju
icio debe ser considerado nulo por las siguientes razones.
2.A) El RD 2258/1976 se opone a lo dispuesto al Código Civil, entonces vigente. Ma
terialmente, el Decreto establece una regulación sobre la pérdida de nacionalidad qu
e contradecía la vigente en aquel entonces (contenida en el Código Civil). La normat
iva del Código Civil (arts. 22 y 23 en la redacción de aquel entonces) establecía que
sólo se podía perder la nacionalidad española por adquisición voluntaria de otra naciona
lidad, por sanción, o por mantener la unidad jurídica de la familia (que la mujer co
ntrajera matrimonio con un extranjero, etc.). Tal contradicción sólo podría ser válida s
i el RD pudiese derogar lo dispuesto en el Código Civil, y ello nos lleva a estudi
ar el problema del rango de la norma.
2.B) Las normas sobre adquisición y pérdida de la nacionalidad, que estaban contenid
as en el Código Civil, eran fruto de una reforma del mismo aprobada por una ley de
15 de julio de 1954: formalmente, el Decreto es una norma inferior (decreto) a
la ley (norma superior) y, por ende, no puede contradecirla. A este respecto cre
o que cabe rechazar las tres alegaciones que se han hecho para apoyar la regular
idad formal del RD.
2.B.a) La primera estriba en afirmar, como afirma su Preámbulo, que el mismo se di
ctaba en aplicación de la la ley de descolonización que delegaba en el Gobierno la p
osibilidad de adoptar las medidas "que sean precisas para llevar a cabo la desco
lonización del territorio (cursiva mía) ..., salvaguardando los intereses españoles" y
ello por los siguientes motivos. De un lado, porque el RD no afecta a un territ
orio (que había dejado de ser español el 26 de febrero de 1976), sino que afecta a u
na población (que seguía siendo española en el momento de dictarse el RD y cuando el t
erritorio ya no era español), es decir, el status de la población no necesariamente
sigue al del territorio. De otro lado, porque desde el momento en que los sahara
uis se veían privados de adoptar su propia nacionalidad creando su propio Estado d
e acuerdo con el referéndum de autodeterminación exigido por Naciones Unidas no se o
peraba una descolonización, sino que ellos simplemente cambiaban (creemos que a pe
or) de colonizadores; distinto hubiese sido el caso de que, bien se hubiese atri
buido un título jurídico a Marruecos para anexionar el territorio (lo que no es el c
aso), bien se hubiese reconocido por España a la RASD, en cuyo caso los saharauis
efectivamente podrían haber optado entre la nacionalidad del Estado Español o la de
la RASD. Por lo demás, resulta extremadamente dudoso que ese decreto salvaguardara
los intereses españoles.
2.B.b) El preámbulo del RD también afirma que "en uso de las atribuciones que me con
fiere el artículo 19 del Código Civil", se dicta la regulación del mismo. Pero esto es
inexacto, porque ese precepto establecía la posibilidad de adquirir la nacionalid
ad española por parte, obviamente, de quien antes no era español, por el procedimien
to de naturalización, en el que se requiere que el peticionario reúna ciertas circun
stancias. La adquisición de la nacionalidad por este procedimiento implicaba que e
l peticionario debía renunciar previamente a su nacionalidad anterior (art. 19.4º de
l Código Civil, en la redacción entonces vigente). Es evidente que los saharauis, an
tes de la desdichada descolonización tenían nacionalidad española, como lo prueba el q
ue votaran en el referéndum, de carácter materialmente constitucional, sobre la Ley
Orgánica del Estado en 1966. Resulta absurdo interpretar que para adquirir la naci
onalidad española haya que renunciar previamente a la nacionalidad española. En cons
ecuencia, la supuesta regulación del RD como un régimen especial del procedimiento g
eneral de adquisición de la nacionalidad por naturalización resulta absurda, y por e
nde, debe entenderse por no existente como resultado de una interpretación armónica
del conjunto del ordenamiento.
2.B.c) No es tampoco compartible la tesis postulada por Peña Bernaldo de Quirós según
la cual el RD en cuestión sería admisible en tanto que puede entenderse como una "ca
rta de naturaleza colectiva" precisándose que quienes no se acogiesen a dicha "car
ta colectiva de gracia" quedaban privados de la nacionalidad española . La interpr
etación podría ser admisible si se dirigiese a personas que no tenían la nacionalidad
española; el problema insoluble de este argumento es precisamente que el RD se dir
igía a personas que hasta ese momento sí tenían la nacionalidad española y que, precisam
ente, a raíz de tal RD la pierden. La "carta de naturaleza" lo que hace es otorgar
la nacionalidad española, nunca quitarla.
2.C) La normativa de ese decreto se opone a un principio general del Derecho cua
l es que "nadie está obligado a lo imposible". En efecto, es evidente que los saha
rauis, en 1976, estaban emprendiendo un penoso éxodo por el desierto, primero haci
a el interior del Sáhara Occidental y luego (tras los bombardeos con napalm y fósfor
o blanco por la aviación marroquí) hasta Argelia, donde, en un estado de miseria abs
oluta, carecían de lo más indispensable. De un lado, es dudoso que pudieran tener co
nocimiento de la normativa en el exilio, pues allí no llegaba el BOE; de otro lado
, es claro que no estaban en condiciones de acudir a ningún Registro civil o consu
lar español para formalizar esa opción que, por tanto, fue imposible.
2.D) El RD 2258/1976 se opone a lo previsto en la Constitución Española de 1978 (que
en su art. 11.2 CE dice que "ningún español de origen podrá ser privado de su naciona
lidad"). Ahora bien, ¿era español de origen en el momento de aprobarse la Constitución
La cuestión es de legalidad y queda al albur de la interpretación que se haga del De
creto de 1976: si tal Decreto es válido, tal persona perdió su nacionalidad con lo q
ue en el momento de entrar en vigor la Constitución no era español y no podría acogers
e a este precepto; pero si el Decreto es nulo, como postulamos, el individuo era
español de origen cuando comienza la vigencia de la Constitución, la cual le sería en
teramente aplicable. En ese supuesto, a un individuo que era español de origen y q
ue aún vive se le niega su nacionalidad española por un poder público español después de e
ntrada en vigor la Constitución.
En la medida en la que el individuo recurrente aún vive y sufre las consecuencias
de la privación-denegación de la nacionalidad española no podemos decir que la privación
de nacionalidad sea una "situación agotada" o una "relación consagrada"a la que, en
consecuencia y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional no se pudiera
aplicar retroactivamente la Constitución . A mayor abundamiento, hay que indicar q
ue el art. 11.2 CE, tal y como se establece en el precepto anterior de la Norma
Suprema (en el art. 10.2 CE) debe interpretarse de acuerdo con la Declaración Univ
ersal de Derechos Humanos, la cual establece en su art. 15 no sólo que "toda perso
na tiene derecho a una nacionalidad" (derecho que fue vulnerado al dejar este RD
a muchas personas en situación de apatridia), sino también que "a nadie se privará ar
bitrariamente de su nacionalidad". El carácter arbitrario del RD creo que ha queda
do fuera de duda.
3. Un enfoque de la cuestión orientado en esta línea llevaría a una conclusión distinta
de la ofrecida por las dos sentencias del Supremo a las que hemos aludido, a sab
er, al reconocimiento de que todos los saharauis que tuvieron la nacionalidad es
pañola antes del RD 2258/1976, son españoles de origen. Si partimos de este presupue
sto, existe una vía que no nos consta haya sido explorada para buscar el reconocim
iento de su nacionalidad española por los ciudadanos saharauis.
Nos referimos a lo dispuesto en los arts. 96 y 97 de la Ley del Registro Civil.
Según el art. 96 "en virtud de expediente gubernativo puede declararse con valor d
e simple presunción: ... 2.La nacionalidad, vecindad o cualquier estado, si no con
sta en el Registro. ... 4.La existencia de los hechos mientras por fuerza mayor
sea imposible el acceso al Registro donde deben constar inscritos"; finalizando
el precepto con esta cláusula: "estas declaraciones pueden ser objeto de anotación c
onforme a lo dispuesto en la Ley". Es fácil percibir que tanto el apartado 2 (pues
se trata de una nacionalidad española que no consta en el Registro) como el apart
ado 4 (pues el genocidio del pueblo saharaui a manos de Marruecos y el exilio en
la Hamada han impedido a esta gente acudir al Registro Civil) son susceptibles
de una clara aplicación al caso que nos ocupa.
El procedimiento para instruir estos expedientes gubernativos es el previsto en
el art. 97 de la Ley del Registro Civil y se sujetan a estas simples reglas: 1)
puede promoverlos o constituirse en parte cualquier persona que tenga interés legíti
mo en los mismos (estando obligados a ello los que, en su caso, deben promover l
a inscripción); 2) siempre será oído el Ministerio Fiscal; 3) la incoación del expedient
e se comunicará a los interesados, los cuales podrán hacer las manifestaciones que e
stimen oportunas (bien entendido que no estamos ante un proceso y no hay propiam
ente contradicción); y 4) en última instancia, cabe apelación contra estas resolucione
s ante la Dirección General. A través de esta vía "descentralizada", y en la cual sólo p
uede recurrir el particular que promueve la inscripción de su nacionalidad (pero n
o el Ministerio Fiscal, que sólo es "oído", pero no es "parte"), existen muchas más pr
obabilidades de éxito en la consecución del objetivo pretendido que mediante las vías
seguidas hasta el momento.
* El artículo fue publicado en Publicado en la Revista General de Derecho (número 66
3, año 1999). Afrol.com lo ha reproducido con la autorización previa del autor.
* El autor, Carlos Ruiz Miguel es Profesor titular de Derecho Constitucional en
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