Source: https://tc.vlex.es/vid/2000-d-v-225418
Timestamp: 2019-08-22 11:41:58+00:00

Document:
STC 111/2004, 12 de Julio de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 225418
STC 111/2004, 12 de Julio de 2004
Número de Recurso: 6667-2000
Recurso de amparo 6667-2000. Promovido por doña María Jesús D.V. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la multa impuesta por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor de un vehículo que había cometido una infracción de tráfico. Vulneración del derecho a la legalidad penal: sanción administrativa que carece de fundamento razonable en la infracción administrativa aplicada.
Sentencia citada en: 240 sentencias, 6 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 6667-2000, promovido por doña María Jesús D.V. contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 17 de noviembre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 22909/99 contra la Resolución del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid sobre sanción por infracción de la normativa sobre circulación de vehículos a motor, tráfico y seguridad vial. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y se ha personado el Ayuntamiento de Madrid, representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Fernando Granados Bravo y defendido por el Abogado don Manuel Higuero Gallego. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
El 20 de diciembre de 2000 doña María Jesús D.V. registró demanda de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 17 de noviembre de 2000.
El 4 de marzo de 1997 la demandante fue notificada mediante un escrito que le dirigió el Jefe del Departamento de gestión integral de multas de circulación del Ayuntamiento de Madrid, de que había sido denunciado el estacionamiento indebido el día 24 de enero anterior de un vehículo a motor de su propiedad en la plaza de Santa Bárbara de Madrid. En la notificación se le indicaba que, en caso de no haber sido el conductor responsable de la infracción, estaba obligada a la identificación del mismo a cuyo efecto debería cumplimentar en el plazo de quince días hábiles el apartado correspondiente del escrito remitido, advirtiéndole de que "la omisión de cualquiera de los datos requeridos impedirá su identificación, incurriendo Vd. como titular, caso de incumplimiento, en la responsabilidad prevista en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990 como autor de falta grave, sancionada con multa de hasta 50.000 pesetas". En el escrito remitido a la hoy demandante existía un recuadro destinado a indicar los datos del conductor con espacios para consignar su nombre, sus apellidos, su número del permiso de conducir, su domicilio, población, código postal y provincia.
La demandante devolvió al Ayuntamiento de Madrid el impreso, tras haber cumplimentado el mencionado recuadro con la expresión del nombre, dos apellidos y domicilio, (indicando la vía pública, la población, el código postal y la provincia) de la persona que, según aquélla, condujo su vehículo, pero sin indicar el número del permiso de conducir de esa persona.
El Ayuntamiento de Madrid abrió entonces un expediente sancionador contra la hoy demandante por incumplimiento de la obligación de identificar al conductor establecida en el art. 72 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV), aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La demandante alegó en el trámite correspondiente que no había vulnerado norma alguna ya que había puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid los datos del conductor que le eran conocidos, sin que tuviera obligación de facilitar otros desconocidos para ella. El procedimiento concluyó con la imposición a la hoy demandante de una multa de cincuenta mil pesetas por el Sr. Concejal delegado del Área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Madrid. La resolución sancionadora se basaba en los fundamentos de la propuesta de resolución que había formulado el órgano instructor del expediente, según los cuales los datos aportados por la Sra. Díaz Veiga eran insuficientes para considerar cumplido el deber impuesto por el art. 72.3 LSV, dado que no se había facilitado el número del documento nacional de identidad o de la licencia de conducción. La demandante de amparo interpuso recurso ordinario, en el que alegó que en norma alguna se tipificaba el deber de la persona que presta un vehículo de identificar "mediante documento" a la persona a la que le es prestado aquél. También alegó la hoy demandante la incompetencia del Sr. Concejal delegado del Área de Hacienda y Economía para imponer la sanción. El recurso fue calificado como de alzada y desestimado por Decreto de 5 de noviembre de 1997 del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid con fundamento en que el procedimiento seguido se había ajustado a lo establecido legalmente y en el valor resolutorio de las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad.
Doña María Jesús D.V. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución que había puesto fin a la vía administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. En la demanda alegó que se le había sancionado por infringir lo preceptuado en el art. 72.3 LSV, pese a haber procedido a identificar en tiempo y forma al conductor de su vehículo, lo que suponía la vulneración del contenido esencial del derecho fundamental del art. 25.1 CE, que establece que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa, por cuanto la legislación vigente no establece que la falta de aportación del permiso de conducir del supuesto infractor por parte del titular del vehículo sea una infracción administrativa; ésta consiste en el incumplimiento de la obligación de identificar, obligación que había cumplido. Alegó también la demandante que en el procedimiento sancionador se había dictado la Resolución antes de que se formulara la propuesta correspondiente, lo que reputó como el supuesto de nulidad del art. 62.1 e) LPC y destacó que aquel procedimiento no se había iniciado correctamente, ni de oficio, ni en virtud de solicitud de persona interesada, sino como consecuencia de una denuncia voluntaria (procedente de una persona que no tenía la condición de agente de la autoridad). La representación procesal del Ayuntamiento de Madrid se opuso a la estimación del recurso contencioso-administrativo alegando la obligación que incumbe al titular de un vehículo a motor, en virtud de lo establecido en el art. 72.3 LSV, de identificar al conductor responsable de la conducción, obligación que según la STC 147/1995, de 21 de diciembre, no es excesiva o desproporcionada.
Con la composición unipersonal prevista en el apartado 2 de la disposición transitoria de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid dictó Sentencia el 17 de noviembre de 2000 en la que estimó en parte el recurso, anulando también en parte las resoluciones administrativas, de forma que la sanción quedó reducida a la de veinte mil pesetas de multa. La ratio decidendi de la Sentencia está recogida en los fundamentos jurídicos cuarto, quinto y sexto, en tanto que en el tercero se exponen sucintamente los argumentos de las partes, indicando expresamente que la recurrente había alegado la vulneración del principio de legalidad del art. 25.1 CE, el habérsele impuesto la sanción al margen de todo procedimiento y la ilegalidad de la denuncia, así como que la defensa de la Administración se opuso a los razonamientos de la demandante y manifestó que la infracción había quedado probada, que las notificaciones fueron correctas, y que el procedimiento sancionador fue el adecuado y que la sanción se ajustó a la norma reguladora. En sus fundamentos jurídicos cuarto, quinto y sexto la Sentencia dice lo siguiente:
En el procedimiento administrativo sancionador opera como principio general de distribución de la prueba, no el onus probandi importado del proceso penal, sino el establecido en el art. 1214 del Código civil, basado en el principio de igualdad de armas, soportando cada parte la carga de probar los hechos que integran el supuesto de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor; atraídos por la doctrina del Tribunal Constitucional, debe entenderse entonces, a sensu contrario, que corresponde a la Administración soportar la carga de probar los hechos que integran la causa del acto administrativo en que consiste la sanción, de modo que cuando no consiga acreditar los hechos que consten en el expediente, no queda destruida la presunción de inocencia, doctrina aplicada también por el Tribunal Supremo, S de 22 [sic] que debe destruir a sensu contrario, aquella presunción de veracidad iuris tamtum referida que ha obtenido la denuncia tras su ratificación; que no puede así proceder a la nulidad de las actuaciones.
Que en cuanto a la graduación, no obstante, parece que la cuantía de la sanción es excesiva sobre todo teniendo en cuenta que la actora aportó algunos datos de la identificación del conductor; y sentado lo anterior, el principio de proporcionalidad exige la necesaria adecuación entre los hechos imputados y la sanción, ponderando las circunstancias concurrentes y debiendo tenerse en cuenta los criterios penales de individualización de la sanción que atienden a la gravedad de los hechos como elemento de prevención general y a la personalidad del autor como regla de prevención especial; respetando los límites del título V del Real Decreto Legislativo 339/90 de 2-3 y en aplicación de la anterior doctrina, no constando que la entidad [sic] recurrente haya sido sancionada anteriormente por la misma infracción y teniendo en cuenta la falta, así como la ausencia de circunstancias agravatorias, la Sala considera que debe reducirse la sanción impuesta que se sustituye por la de 20.000 pesetas."
En la demanda de amparo la recurrente alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE y a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE en sus dos apartados:
En lo que se refiere a la vulneración del derecho fundamental a la legalidad sancionadora la demandante sostiene que se le ha impuesto una sanción por no haber aportado el número del permiso de conducción de la persona que condujo el vehículo del que es titular, y ello sin que la legislación vigente establezca que la falta de aportación de tal permiso sea una infracción administrativa; por el contrario, dice la demandante, la infracción consiste en el incumplimiento de la obligación de identificación del conductor, obligación que ella cumplió en el momento procedimental oportuno, comunicando a la Administración su nombre, sus dos apellidos y su domicilio. Invoca la demandante, en ese sentido, la STC 219/1988, de 22 de noviembre.
En cuanto a la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, la demandante sostiene, por una parte, que la Sentencia no ha motivado jurídicamente la desestimación de las alegaciones que formuló en su recurso contencioso-administrativo en lo relativo a la vulneración por la resolución administrativa de su derecho a la legalidad sancionadora, limitándose la Sentencia a reducir el importe de la sanción en atención a que aportó algunos datos de identificación; y por otra parte, que la Sentencia no resuelve ni argumenta la desestimación de los motivos del recurso relativos a lo que denomina "falta de legalidad de la denuncia" y a la circunstancia de que se le impuso la sanción antes de formularse la propuesta de resolución, eliminando sus posibilidades de defensa en el seno del procedimiento administrativo.
En providencia de 5 de octubre de 2001 se acordó oír a la demandante de amparo y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días alegaran lo que estimaran pertinente acerca de la posible carencia de contenido constitucional de la demanda, de acuerdo con el art. 50.3 LOTC.
La demandante interesó la admisión del recurso de amparo en escrito registrado el 18 de octubre de 2001, en el que reiteró sucintamente las alegaciones de su demanda en torno a la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora e invocando la STC 219/1988, de 22 de noviembre, que, según sus palabras, concedió el amparo solicitado en un caso idéntico al presente, por lo que se vulneraría el derecho a la igualdad del art. 14 CE si el amparo se denegara ante los mismos hechos.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 24 de octubre de 2001, interesó que se admitiera la demanda por vulneración del derecho a la presunción de inocencia de la recurrente en amparo. En opinión del Fiscal, aunque la vulneración del derecho a la presunción de inocencia no ha sido invocada de modo formal y expreso en la demanda, del contexto de la misma se deduce que la queja de la recurrente consiste en que, pese a haber aportado suficientes datos para identificar a la persona que estacionó el vehículo de su propiedad no se ha procedido por la Administración a realizar ninguna diligencia tendente a verificar la prueba de descargo, por lo que el caso presente guarda notable semejanza con el resuelto en la STC 219/1988, de 22 de noviembre.
En providencia de 20 de diciembre de 2001 la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid la remisión de testimonios de las actuaciones judiciales y del expediente administrativo respectivamente.
En providencia de 30 de enero de 2002 se constató la recepción de los testimonios remitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Madrid, se tuvo por personado en nombre de éste último al Procurador don Luis Fernando Granados Bravo y se acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que dentro del plazo de veinte días pudieran presentar alegaciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC.
El 26 de febrero de 2002 se registraron las alegaciones del Ministerio Fiscal. Comenzó el Fiscal por analizar la vulneración, denunciada por la demandante, de su derecho a la tutela judicial efectiva. Según el Fiscal la demanda alega dos vulneraciones del citado derecho fundamental. De una parte, la queja de la demandante se centra en la ausencia de motivación de la Sentencia por no haber fundado en Derecho la reducción de la cuantía de la multa impuesta; entiende el Fiscal que para la demandante resulta manifiestamente irracional el criterio del órgano judicial pues o bien ésta habría cumplido debidamente su deber de identificar al conductor, en cuyo caso la sanción debería haber sido anulada: o bien no lo habría cumplido, lo que debería haber conllevado la confirmación íntegra del acto administrativo. A juicio del Fiscal, la denunciada vulneración no se ha producido, ya que la Sentencia acepta en el fundamento jurídico sexto la plena corrección de la infracción apreciada, si bien procede a reducir el importe de la sanción con argumentos de proporcionalidad en atención a la circunstancia de que la infractora había mostrado una cierta voluntad de colaboración con la Administración y a la carencia de antecedentes de aquélla y a la ausencia de circunstancias agravantes. La resolución judicial no puede ser tachada de manifiestamente arbitraria o irracional.
La demandante doña María Jesús D.V. y la representación del Ayuntamiento de Madrid dejaron transcurrir el plazo concedido en la providencia de 30 de enero de 2002 sin formular alegaciones.
Por providencia de 23 de junio de 2004 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año, en que comenzó dicho trámite finalizando el día de la fecha.
La demanda de amparo sobre la que ahora resolvemos se dirige frente al Decreto del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrid de 5 de noviembre de 1997 que desestimó el recurso de alzada contra la resolución sancionadora dictada el día 29 de agosto de 1997 por el Sr. Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía de dicho Ayuntamiento que impuso a la ahora recurrente una multa de cincuenta mil pesetas por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor de un vehículo a motor de su propiedad, cuyo estacionamiento indebido el día 24 de enero de 1997 había sido denunciado. La demanda se dirige también frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 17 de noviembre 2000 que estimó en parte el recurso promovido contra la resolución administrativa.
No obstante, antes de entrar en el examen de las quejas conviene recapitular brevemente los hechos que dan lugar a este proceso de amparo.
Sobre la base de esas premisas fácticas, procede en primer lugar, por las razones expuestas, el examen de la alegada vulneración del principio de legalidad que la actora imputa tanto a la resolución administrativa como a la Sentencia. Para la demandante imponerle una sanción después de que había identificado al conductor de su vehículo sólo por no facilitar el número de su permiso de conducción supone una violación de su derecho a la legalidad sancionadora. El art. 72.3 LSV impone la obligación del titular del vehículo de identificar ante la Administración y a requerimiento de ésta al conductor, estableciendo que el incumplimiento de la obligación constituye falta grave. A juicio de la demandante, con los datos que facilitó del conductor cumplió con la obligación de identificarle de forma suficiente como para que el Ayuntamiento de Madrid pudiera dirigir contra esa persona el procedimiento sancionador, de modo que imponerle la sanción sólo porque no facilitó, además de los datos que suministró a la Administración, el número del permiso de conducción supone una vulneración del art. 25.1 CE, pues la legislación vigente no establece que la falta de aportación de ese número suponga una infracción administrativa. Se queja, en definitiva, la demandante de haber sido sancionada pese a que su conducta no presenta el carácter de típica.
La posibilidad de que se produzca una vulneración del art. 25.1 CE como consecuencia de las pautas interpretativas empleadas para la subsunción de la conducta en el tipo de la infracción ha sido expresamente contemplada por este Tribunal, cuya doctrina al respecto hemos sintetizado en la STC 196/2002, de 28 de octubre. Allí, por referencia a la actuación de los órganos judiciales, se recuerda, en unos términos que mutatis mutandis pueden hacerse extensivos a las resoluciones dictadas por la Administración en el ejercicio de la potestad sancionadora (STC 129/2003, de 30 de junio, FJ 4), lo siguiente: "Por lo que a la validez constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras se refiere, ésta depende tanto del respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en todo caso una zona indudable de exclusión de comportamientos, como de su previsibilidad (SSTC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4, y 236/1997, de 22 de diciembre, FJ 3), hallándose en todo caso vinculadas por los principios de legalidad y de seguridad jurídica, aquí en su vertiente subjetiva (según la expresión utilizada en la STC 273/2000, de 15 de noviembre, FJ 11), que conlleva la evitación de resoluciones que impidan a los ciudadanos ?programar sus comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente? [STC 133/1987, de 21 de julio, FJ 5; y, en el mismo sentido, SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4, y 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4 a)]. Concretamente, la previsibilidad de tales decisiones debe ser analizada desde las pautas axiológicas que informan nuestro texto constitucional y conforme a modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad jurídica (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4; 161/1997, de 2 de octubre, FJ 12; 42/1999, de 22 de marzo, FJ 4, y 87/2001, de 2 de abril, FJ 8)" (FJ 5). De este modo y como dijimos en la STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4, no sólo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada; son también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico -una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante- o axiológico -una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional- conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios. "A fin de aplicar el canon descrito en este fundamento jurídico", dijimos en la STC 151/1997 citada, "debe partirse, en principio, de la motivación explícita contenida en las resoluciones recurridas, de forma que cabrá apreciar una vulneración del derecho a la legalidad sancionadora tanto cuando se constate una aplicación extensiva o analógica de la norma a partir de la motivación de la correspondiente resolución, como cuando la ausencia de fundamentación revele que se ha producido dicha extensión".
Es preciso, pues, verificar si la motivación de la resolución sancionadora suministra el sustento al que acabamos de hacer referencia. En el momento de los hechos el art. 72 LSV, después de establecer en su apartado 1 que la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en la norma recaería directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, disponía en su apartado 3 lo siguiente:
Tampoco lo Sentencia suministra una motivación jurídica concreta y cognoscible que permita calificar de razonable la subsunción de los hechos en el precepto aplicado como fundamento de la sanción impuesta. Como ya se ha dicho, en su demanda contencioso-administrativa la recurrente había alegado, junto a otros motivos de impugnación de la sanción, la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE. A las alegaciones de la demandante dio respuesta la Sentencia impugnada en el fundamento jurídico cuarto; los fundamentos jurídicos quinto y sexto versan, en lo sustancial, sobre cuestiones que no habían suscitado las partes. La referencia del fundamento jurídico cuarto de la Sentencia a "las razones de la defensa" y al "criterio reiterado de [la] Sección en la materia" como justificación de la desestimación de la alegación referente al derecho fundamental a la legalidad sancionadora no puede considerarse una auténtica motivación. Este Tribunal ha venido aceptando la legitimidad de la motivación de las Sentencias por remisión. Así, hemos considerado motivadas resoluciones judiciales que se remitían a las razones expresadas en informes policiales que constaban en las actuaciones (STC 7/2004, de 9 de julio, FJ 5); o a resoluciones precedentes del mismo órgano judicial (STC 115/2003, de 17 de julio, FJ 8), o de otro, al resolver recursos contra ellas (STC 116/1998, de 2 de junio, FJ 5); o a una solicitud gubernativa en el Auto que daba respuesta a la misma (STC 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3). Pero la validez de la remisión, siempre que el Tribunal haya tomado en cuenta los argumentos de los recurrentes, dependerá de que la resolución o acto al que se defiera la motivación resuelva, a su vez, fundadamente la cuestión planteada (SSTC 11/1995, de 16 de enero, FJ 5; y 116/1998, de 2 de junio, FJ 5).
Constatada la falta de una motivación razonable que dé sustento a la sanción, no cabe apreciar sin más que aquélla suponga una vulneración del art. 24.1 CE. Ciertamente este Tribunal tiene declarado que la posición preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Ordenamiento jurídico refuerza el deber de motivación de las Sentencias cuando se invoca la vulneración de uno de ellos, como aconteció en este caso, de forma que "todo motivo de recurso atinente a un derecho fundamental que se estime conculcado por la resolución impugnada debe ser resuelto expresamente", por lo que no es posible una motivación tácita (SSTC 34/1997, de 25 de febrero, FJ 2; y 83/1998, de 20 de abril, FJ 3, entre otras). La necesidad de motivación debe vincularse aquí, por el contrario, con el derecho a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE. Es posible, como dijimos en la STC 151/1997, de 29 de septiembre, que, aunque los aspectos esenciales de la interpretación de la norma tipificadora deben expresarse en la motivación de la correspondiente resolución con el fin de permitir constatar si la decisión sancionadora es fruto previsible de una razonable aplicación judicial o administrativa de lo decidido por la soberanía popular, en determinados supuestos, aun a pesar de la falta o insuficiencia de la motivación, podrá ser constatable por la propia mecánica de la subsunción del hecho en la norma un proceder respetuoso con las exigencias del principio de legalidad. Pero no es eso lo acaecido en este caso, según se ha expuesto. Cuando, como sucede en el supuesto que enjuiciamos, la ausencia o insuficiencia de motivación revelen una aplicación extensiva o analógica de la norma sancionadora, con la consecuente falta de un fundamento jurídico cognoscible para la sanción, aquella ausencia o insuficiencia deja de ser una infracción formal reparable con una nueva para convertirse en una vulneración del art. 25.1 CE, sólo reparable con la anulación definitiva de la sanción (STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4), que es el pronunciamiento procedente en este caso.
Comprobada la anterior infracción constitucional, debe otorgarse a la demandante el amparo del derecho fundamental que le reconoce el art. 25.1 CE, por lo que deben anularse tanto el Decreto de 5 de noviembre de 1997 del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid y la Resolución del Sr. Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía del mencionado Ayuntamiento que sancionó a la demandante y que aquel Decreto confirmó, como la Sentencia que estimó sólo en parte el recurso contencioso-administrativo promovido contra dichas resoluciones.
Otorgar el amparo solicitado por doña María Jesús D.V. y, en consecuencia:
Declarar la nulidad del Decreto de 5 de noviembre de 1997 del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid y la Resolución del Sr. Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía del mencionado Ayuntamiento dictada en expediente 89657962 que sancionó a la demandante y que aquel Decreto confirmó, así como de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 17 de noviembre de 2000 dictada en el recurso contencioso-administrativo 22909/1999.
STSJ Comunidad Valenciana 2535/2014, 10 de Noviembre de 2014
SAP Lugo 137/2006, 15 de Mayo de 2006

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