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Timestamp: 2018-01-17 04:50:46+00:00

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Sentencia T.S.J. Cantabria 602/2013 de 26 de julio. Despido improcedente. Contratos temporales. Límites temporales. Relación indefinida - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cantabria 602/2013 de 26 de julio
Despido improcedente: Contratos temporales. Límites temporales a la contratación temporal. Exceso de los límites.
En Santander, a 26 de julio de 2013.
Ilma. Sra. D.ª ELENA PEREZ PEREZ (PONENTE)
En el recurso de suplicación interpuesto por D. Pedro Antonio y D. Borja contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Tres de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª ELENA PEREZ PEREZ, quien expresa el parecer de la Sala.
Primero.—Que según consta en autos se presentó demanda por D. Pedro Antonio y D. Borja siendo demandado el Ayuntamiento de Reocín sobre Despido y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 27 de marzo de 2013 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.
1.º- Los demandantes han venido prestando sus servicios para el demandado desde el 29-12-03, categoría de monitor y salario bruto diario de 70,87 euros.
2.º- Los demandantes prestaron sus servicios estos periodos:
.. 29-12-03 - 28-12-05.
.. 15-1-06 - 15-10-06.
.. 16-10-06 - 15-10-10.
.. 8-11-10 - 7-11-12.
(el contenido íntegro de los contratos de trabajo celebrados y sus correspondientes prórrogas se tendrá por reproducido).
3.º- El 18-10-12, el demandado redactó esta carta de extinción de la relación laboral, debidamente notificada a los actores:
"Muy Sr. Nuestro (mío)":
"El próximo día 7 de Noviembre de 2012, finaliza el Contrato de Trabajo temporal suscrito con Vd., y cuyos datos se reseñan al pie. En cumplimiento de las normas vigentes sobre contratación de personal, se le comunica que con esa fecha quedará rescindida a todos los efectos su relación laboral con la Empresa, causando baja en la misma.
Lo que se le comunica a los efectos oportunos.
En REOCÍN a, 18 de octubre de 2012".
4.º- Los demandantes han prestado servicios como monitores en la Escuela taller de Reocín (carpintero, Borja, albañil, Pedro Antonio).
5.º- El gobierno de Cantabria ha venido subvencionando al ayuntamiento de Reocín en relación con la prestación de servicios de albañilería y carpintería en la mentada Escuela taller.
Para 2013, no está prevista subvención en relación a las actividades de carpintería y albañilería de la Escuela taller (entre otras).
6.º- En el ayuntamiento demandado se han venido celebrando una serie de programas, cuyo contenido literal se tendrá por reproducido al constar en la documental de la parte demandada.
Para 2012- 2013 se ha previsto un programa de mantenimiento y montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión e instalaciones solares térmicas (duración del 1-12-12 a 30-11-13).
7.º- Ninguno de los demandantes ostenta o ha ostentado en el último año la condición de representante de los trabajadores o delegado sindical.
8.º- La vía administrativa previa ha quedado agotada.
Primero.—En el presente caso, la parte actora formula recurso frente a la sentencia de instancia que ha desestimado su demanda de despido.
En el recurso alegan dos motivos. En el primero de ellos, con amparo procesal en el apartado c) del art. 193 LRJS, denuncian la infracción de lo dispuesto en el art. 15.1 ET, al entender que los iniciales contratos temporales suscritos por los demandantes, no cumplían las exigencias formales exigidas legalmente, al establecer de forma genérica la obra o servicio que constituía su objeto, siendo así que, únicamente, puede considerarse medianamente correcto, el último de ellos, lo que determinaría el carácter fraudulento de la contratación, con las consecuencias legales inherentes.
En segundo lugar y con idéntico amparo procesal, denuncian la infracción del contenido del art. 15.5 ET, en la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en relación a la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2010, sosteniendo el carácter indefinido de la relación laboral de los actores con la entidad empleadora y, en consecuencia, la declaración de improcedencia de sus despidos.
Segundo.—Respecto a la primera denuncia, conviene recordar que la el Tribunal Supremo, en relación a la validez del contrato de obra y servicio determinado, regulado en los arts. 15.1.a) ET y 2 RD 2720/1998, que son aplicables tanto para las empresas privadas como a empresas públicas e incluso a las propias Administraciones Públicas, ha establecido en numerosas ocasiones, que sus requisitos son los siguientes:
a) Que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa.
d) Que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.
En este sentido se pronuncian las SSTS de 21-3-2002, 6-5-2003, 5-5-2004, 6-3-2009 y 3-4-2012, entre otras.
Ahora bien, en relación al requisito de la identificación de la obra o servicio objeto del contrato, la jurisprudencia no exige una especificación concreta del mismo, bastando la expresión genérica, siempre que ésta sea suficientemente justificativa de la contratación, en los supuestos en los que no se pone en duda la autonomía y sustantividad de la misma, o lo que es lo mismo, cuando el contrato temporal esté justificado con la existencia de una obra o servicio igualmente temporal. En tales supuestos, la falta de especificación de los concretos detalles de la prestación, no puede servir para considerar no ajustada a derecho una contratación causalmente justificada (SSTS de 19-7-2005, 12-2-1990, entre otras).
En el caso que nos ocupa, lo cierto es que se advierte que la identificación de los objetos de los diferentes contratos suscritos, no especifica determinados extremos, como los relativos a la vinculación a una determinada subvención.
Ahora bien, lo cierto es que los mismos, recogen una identificación suficiente del objeto, al citar, en la mayor parte de ellos, que la contratación es como monitor de albañilería/carpintería de la Escuela Taller de Reocín, además de que, en cualquier caso, a tenor del inmodificado relato fáctico de la sentencia recurrida, en concreto del contenido de los hechos probados cuarto, quinto y sexto, resulta clara la autonomía y sustantividad de la causa justificativa de la contratación, por lo que, debe desestimarse el primer motivo de recurso.
Tercero.—En el segundo motivo de censura jurídica alega infracción del art. 15.5 ET, en la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006 y en relación a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2010.
Los recurrentes sostienen que al tiempo de la entrada en vigor de la Ley 35/2010, por la que se excluyen de los límites temporales de encadenamiento de contratos de naturaleza temporal, los celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación, ya habían adquirido fijeza por imperativo de lo dispuesto en el art. 15.5 ET, en la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006, además de que, en cualquier caso, no existe constancia de que los contratos concertados por los actores, puedan considerarse como contratos temporales concertados o celebrados en el marco de programas públicos de empleo- formación.
El examen de la cuestión que se plantea en el presente motivo de recurso, exige examinar las modificaciones producidas en la redacción del artículo 15.5 ET, como consecuencia de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre y la Ley 35/2010, de 17 de septiembre y el régimen transitorio, dadas las fechas de suscripción de los distintos contratos temporales, objeto de análisis.
La redacción del precepto, derivada del artículo 12.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, era la siguiente:" Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad"
La redacción del artículo se modificó como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
La nueva redacción del precepto fue la siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un período de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado".
Por tanto, hasta esta modificación legislativa, la norma no preveía la prohibición de aplicación al ámbito de los contratos celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación.
Ello determina que deba examinarse el régimen transitorio de aplicación de la reforma operada por la referida Ley 35/2010, toda vez que el actor había suscrito contratos temporales, con anterioridad a la misma, que estaban vigentes al tiempo de su entrada en vigor.
Sobre esta cuestión, la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2010, de 17 de setiembre de 2010, regula el régimen de entrada en vigor del encadenamiento de contratos temporales, estableciendo lo siguiente: "Lo previsto en la redacción dada por esta Ley al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir de la fecha de entrada en vigor de aquélla, si bien respecto a los contratos suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos del cómputo del número de contratos, del período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 18 de junio de 2010.
Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes del 18 de junio de 2010, seguirá siendo de aplicación, a los efectos del cómputo del número de contratos, lo establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada al mismo por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo".
Posteriormente, con la publicación del RD-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, suspendió durante dos años, la aplicación del contenido del art. 15.5 ET, justificando a lo largo de la exposición de motivos, que la norma, en una coyuntura económica desfavorable, lejos de fomentar la contratación indefinida, podría estar produciendo efectos indeseados de no renovación de contratos temporales.
Las reformas posteriores, esto es, las derivadas del RDL 3/2012, de 10 de febrero y la posterior Ley 3/2012, mantuvieron la redacción del precepto, así como la suspensión de su aplicación, limitándola a la fecha de 31-12-2012 (el RDL 10/2011, establecía un período de suspensión que se extendía entre el 31-8-2011 y el 31-8-2013).
Ahora bien, la Ley 3/2012, ha aclarado en el artículo 17.2, determinados aspectos oscuros, en relación a la aplicación de la suspensión, estableciendo que quedarán excluidos del cómputo del plazo de 24 meses y del período de 30 que regula el art. 15.5 ET, el tiempo transcurrido entre el 31-8-2011 y el 31-12-2012, con independencia de que haya habido o no, prestación efectiva de servicios, computándose en todo caso, los periodos de prestación de servicios realizados con anterioridad o con posterioridad a los mismos.
En el presente caso consta que los actores suscribieron con la empleadora los siguientes contratos: 29-12-2003 a 28-12-2005; 15-1-2006 a 15-10-2006; 16-10-2006 a 15-10-2010 y 8-11-2010 a 7-11-2012.
Resulta claro que por lo tanto, durante la vigencia del artículo 15.5 ET, en la redacción dada al mismo por parte de la Ley 43/2006, se habían sobrepasado los límites temporales previstos en la norma, aspecto que recoge la propia sentencia de instancia.
No obstante concurrir dicha circunstancia, la sentencia recurrida no considera aplicable lo dispuesto en el art. 15.5 ET, al entender que estamos ante contratos temporales, expresamente, excluidos por la propia norma, esto es, ante contratos concertados en el marco de programas públicos de empleo-formación.
La Sala no comparte la argumentación de la resolución, por cuanto, en primer lugar, es necesario indicar que, en el presente caso, los actores habían prestado servicios para la demandada durante más de 24 meses, en un período de 30, antes de la entrada en vigor de la Ley 35/2010, esto es, durante la vigencia de la redacción dada al art. 15.5 ET por la Ley 43/2006, cumpliendo, además del requisito temporal, los demás que se exigían en la referida redacción, esto es, la concertación de al menos dos contratos temporales, para el mismo puesto de trabajo y la misma empresa.
Desde luego, el requisito que la normativa exigía en relación al mismo puesto de trabajo, se deduce del contenido del hecho probado cuarto, en donde consta que prestaron servicios como monitores de la escuela taller de Reocín.
Por tanto, resulta claro que los contratos de los actores, ya habían superado los límites temporales establecidos en el art. 15.5 ET para la contratación temporal, al tiempo de la entrada en vigor de la Ley 35/2010.
Pero es que además, como se ha interpretado por otras Salas de lo Social, como la del TSJ de Andalucía, destacando entre otras, la Sentencia de 26-7-2012, lo cierto es que los contratos concertados por los actores, tampoco estarían comprendidos entre las exclusiones previstas en el art. 15.5 ET, tras la redacción dada al mismo por parte de la Ley 35/2010, pues los contratos a los que dicha norma se refiere, son los formalizados con las personas a quien se imparte la formación relativa a los programas públicos de empleo-formación, que están dirigidos a mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo de determinados colectivos de desempleados y no a los concertados por los monitores o los profesores encargados de impartirla.
Se trata, en definitiva, de contratos que responden a las políticas activas de empleo a las que alude el art. 23.1 de la Ley 56/2003, como el conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación, dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social, que deberán desarrollarse teniendo en cuenta la estrategia española de empleo, las necesidades de los demandantes de empleo y los requerimientos de los respectivos mercados de trabajo, de manera coordinada entre los agentes de formación profesional para el empleo e intermediación laboral que realizan tales acciones, con objeto de favorecer la colocación de los demandantes de empleo.
Por otro lado, conviene puntualizar que al tiempo en que se produjo el despido (17-11-2012), estaba vigente la redacción dada al art. 15.5 ET, tras la Ley 3/2012 y la norma se encontraba suspendida hasta el 31-12-2012. Ahora bien, como se apuntó, la referida Ley clarificó varios extremos relativos a la forma de aplicación de la suspensión, estableciendo la posibilidad de computar, tanto los períodos de prestación de servicios anteriores, como posteriores a la referida suspensión.
Ello determina que el precepto deba interpretarse en el sentido de que la referida suspensión no implica la inaplicación completa del mismo, pues ello impediría considerar los períodos anteriores de prestación de servicios, a los que alude el propio artículo 17.2 de la Ley 3/2012, ya consolidados en el tiempo, de los que pudiera derivarse la declaración del carácter indefinido de la contratación del trabajador. En este sentido se pronuncia la STSJ de Castilla León, de 31-1-2013.
En definitiva, al haber excedido la contratación de los actores de los límites del art. 15.5 ET, la relación laboral de los mismos debe considerarse indefinida -no fija dado el carácter público de la entidad empleadora- y el despido improcedente, ya que la extinción de la relación laboral no es ajustada a derecho, pues no estamos ante una extinción laboral por transcurso del tiempo establecido en el último contrato temporal suscrito, sino ante una relación laboral al amparo de la contratación temporal que supera el tiempo máximo establecido en el artículo 15.5 ET.
Todo lo anterior determina la condena de la parte demandada a optar, en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de la presente sentencia entre la readmisión de los trabajadores, o el abono de la indemnización de 27.722, 80 euros, calculada sobre la antigüedad y el salario fijados en el hecho probado primero de la sentencia recurrida, debiendo abonar los salarios de trámite, únicamente, en el caso de optar por la readmisión, a razón de 70, 87 euros diarios, desde la fecha del despido hasta la de notificación de la presente sentencia, o hasta que hubiera encontrado otro empleo, en los términos establecidos en el art. 56.2 ET.
No ha lugar a la expresa imposición de costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS.
Estimamos el recurso interpuesto por D. Pedro Antonio y D. Borja frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Santander, de fecha 27-3-2013 (Proceso n.º 889/2012), tramitado a su instancia frente al Ayuntamiento de Reocín, revocando la misma y declarando en su lugar la improcedencia del despido de los actores, condenando a la demandada estar y pasar por tal declaración y a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, opte entre la readmisión de los trabajadores o por abonarles la indemnización de 27.722,80 euros, a cada uno de ellos, debiendo abonar los salarios de trámite, únicamente, en el caso de optar por la readmisión, a razón de 70,87 euros diarios, en los términos previstos en el art. 56 ET.
Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en los artículos 218 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación. El demandado recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de la Sala de este Tribunal Superior al tiempo de la preparación del recurso, la consignación de un depósito de 600 Euros en la cuenta n.º 3874/0000/66/0430/13, abierta en la entidad de crédito BANESTO, Código identidad 0030, Código oficina 7001. Igualmente, deberá consignar en la misma cuenta citada, otro depósito por la cantidad total importe de la condena.

References: artículo 15
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 15
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