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Timestamp: 2017-08-21 11:52:10+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 273, de 16/10/2009
162/000502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre costes de la ampliación de los puertos estatales de A Coruña y de Gijón... (Página 4)
162/000503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley de la Carrera Militar... (Página 4)
162/000504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con el sector de la leche de vacuno... (Página 13)
162/000505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adaptación paulatina de los diferentes billetes de euros con la señalización en braille... (Página 15)
162/000506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección que ha de dar el Gobierno a los buques atuneros que se encuentran faenando en el Océano Índico.... (Página 15)
162/000507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda Cumbre Europea sobre la inclusión de la población gitana...
161/001256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad. Retirada...
161/000055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la prevención de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención. Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas... (Página 17)
161/000195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las misiones militares de la Guardia Civil.
Aprobación... (Página 19)
161/000447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre información a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de las misiones internacionales de pacificación en las que participen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada...
161/000483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la seguridad ciudadana en la bahía de Portmany. Desestimación, así como enmienda formulada...
161/000632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la publicación de datos referentes a cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página 20)
161/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página 21)
161/000711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la agilización de los trámites para la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto de Algeciras (Cádiz). Aprobación... (Página 22)
161/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la construcción de la comisaría de Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz). Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página 22)
161/000950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el aumento de la edad para opositar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Aprobación... (Página 23)
161/001190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la inseguridad en el ámbito rural.
Desestimación, así como enmienda formulada... (Página 23)
161/001235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la legislación relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página 23)
161/001207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre ayudas al sector del corcho. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Economía y Hacienda... (Página 24)
161/000392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las Áreas Eólicas Marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona. Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas... (Página 25)
161/000401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Torneo del Toro de la Vega. Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas... (Página 26)
161/000927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre implicación del Gobierno en la defensa de las demandas del sector hortofrutícola español en las negociaciones bilaterales de la Unión Europea con Marruecos. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página 27)
161/001004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral.
Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas... (Página 28)
161/001071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en el curso del río Fluvià.
Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas... (Página 29)
161/001073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre conservación y protección de la dehesa. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página 30)
161/001101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo del Gobierno a la recuperación medioambiental en la provincia de León. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada... (Página 31)
161/001160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para garantizar la actividad de la pesca del atún rojo por las almadrabas. Aprobación con modificaciones, así como enmiendas formuladas... (Página 32)
161/001195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección del ajo morado. Aprobación... (Página 33)
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre costes de la ampliación de los puertos estatales de A Coruña y de Gijón, para su debate en el Pleno.
Diversos puertos de competencia estatal han sido objeto de obras de ampliación, las cuales se han ejecutado y siguen aún en marcha con variada casuística.
En algunos casos se han alcanzado sobrecostes muy importantes, de cientos de millones de euros. Se han justificado estos aumentos en diversas imprevisiones, temporales, modificación técnica de proyectos para su mejora y adecuación a la nueva normativa.
Las ampliaciones del coste no han sido en general objeto de nueva licitación, lo que vulnera la normativa europea, según la legislación comunitaria. Esto ha sido manifestado en un informe interno de la Dirección General de Mercado de 27 de marzo de 2009, que indica que las modificaciones del contrato para el caso del puerto de Gijón son incompatibles con la Directiva 93/381CE/CE, en su artículo 20 (2). En dicho informe también se precisa que, revisado el contrato inicial de oficio, era incompatible con el artículo 4 (2) de la misma norma. La Dirección General de Política Regional ya había advertido este extremo en un informe de 23 de julio de 2008.
Los sobrecostes de las obras del puerto de Gijón llegan a 251 millones de euros.
El puerto de A Coruña registra en sus obras de ampliación los sobrecostes más importantes, que alcanzan 283 millones de euros.
Esta situación refleja como mínimo graves errores de ingeniería, de planificación, de control, de proyecto, de fijación de precios y de procedimiento de adjudicación, lo que impide alcanzar financiación europea para la globalidad de los proyectos.
Estos sobrecostes, al no haber sido licitados, pervierten el sistema de adjudicación y decisión de precio inicial que sigue la Administración, en este caso de Puertos del Estado.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a iniciar una investigación interna y auditoría de las obras de ampliación de los puertos de competencia estatal afectados por sobrecostes importantes, como es el caso de La Coruña y Gijón, investigando el procedimiento inicial de licitación, la contratación, y todo lo relativo al posterior incremento del coste, presentando los resultados de la investigación al Congreso para su conocimiento y, en su caso, procediendo a depurar las responsabilidades correspondientes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2009.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
162/000503
Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley de la Carrera Militar.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González, de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta siguiente Proposición no de Ley para modificar la Ley de la Carrera Militar, para su debate en Pleno.
1.º Antecedentes. La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar.
Fue la primera normativa constitucional de la función pública militar y la que estructuró al personal de las fuerzas armadas en distintos cuerpos y escalas. Dentro de cada Cuerpo, los militares fueron agrupados en Escalas superiores, medias y básicas, según el grado formativo exigido para el ingreso en ellas y de las facultades profesionales asignadas. Las escalas superiores de los cuerpos generales comprendían los grados de teniente a teniente coronel (alférez de navío a capitán de fragata en la Armada), a los que se accedía, según esa Ley de 1989, fundamentalmente por antigüedad, reservándose los sistemas de selección y elección para los ascensos a coronel y general (capitán de navío y almirante en la Armada).
Las escalas medias comprendían los grados de alférez, teniente y capitán (alférez y teniente de navío en la Armada) y las escalas básicas, sargento, sargento primero, brigada, subteniente y suboficial mayor.
El acceso a las indicadas escalas era mediante ingreso por oposición en las academias militares respectivas y entre quienes tuvieran los mismos niveles de estudios requeridos en el sistema formativo. Se estableció asimismo un sistema de promoción interna de las escalas básicas a las medias y de las escalas medias a las superiores.
Posteriormente, se aprobó la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que sustituyó la de 1989, actualizándola, pues fue necesario dar urgente respuesta al déficit de tropa y marinería provocado por la suspensión del servicio militar obligatorio y su sustitución por tropa profesional. Este cambio dio lugar a un sistema en que todo el personal se vinculaba a las Fuerzas Armadas por una relación de servicios profesionales que comprendía a los militares de carrera, que constituyeron los cuadros de mando con una relación de servicios de carácter permanente. Los militares de complemento, que completaban los anteriores con una relación de servicios de carácter temporal, y los soldados y marineros, vinculados en igual forma a los ejércitos, por una relación de servicios de carácter temporal. Los ascensos al empleo superior en las escalas de suboficiales y oficiales se producían según esta Ley, con ocasión de vacante en la escala correspondiente y siempre que se cumpliesen las condiciones establecidas: mínimos de permanencia en el empleo anterior, o, en su caso, haber superado los cursos de capacitación requeridos, todo ello en un sistema con las siguientes modalidades:
a) Antigüedad según el orden del escalafón, siendo éste el régimen ordinario de ascenso.
b) Selección en el que un porcentaje de las vacantes previstas para cada ciclo de ascensos se cubría por orden de evaluación, un porcentaje de los evaluados quedaba retenido en el empleo hasta una nueva evaluación y el resto ascendía por orden de escalafón; y
c) Elección para el ascenso a general.
Es de mencionar que el ascenso por antigüedad a Comandante de la escala superior de oficiales, con reordenación de promociones, se basó en la necesidad de proceder a una nueva evaluación de las mismas, dado el carácter directivo que dentro de las Fuerzas Armadas tenían los oficiales de esa escala, siendo su nivel de exigencia mayor que para los componentes del resto de las escalas.
Se procedió en la expresada Ley a cambiar la terminología en las escalas superior y media que pasaron a denominarse escala superior de oficiales y escala de oficiales, pero conservando idénticos los requisitos exigidos para el ingreso, distinto en uno y otro caso como diversa era la oposición de ingreso en las academias, el período de formación en éstas, de cinco años para los oficiales de la escala superior y de tres para la escala de oficiales (antes escala media), recogiéndose en las titulaciones militares la misma contraposición del sistema educativo general entre licenciados e ingenieros superiores,
a que se asimilara los títulos militares de las oficiales de la escala superior e ingenieros técnicos o diplomados universitarios para los integrantes de la escala media.
Finalmente, la normativa en vigor, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en adelante, la LCM, regula los aspectos del régimen de personal para que las Fuerzas Armadas estén en las mejores condiciones de cumplir las misiones definidas en las Constitución y en la Ley Orgánicas de la Defensa Nacional 5/2005, de 17 de noviembre. Afirma la precitada Ley, en su preámbulo, que tratará de asegurar la calidad del personal en unas FAS modernas y altamente tecnificadas y por ello se intentará alcanzar la excelencia tanto en la etapa formativa como en la selección de los más cualificados para el ascenso y de los más idóneos para el desempeño de los distintos cometidos. La Ley basa el desarrollo de los componentes de los ejércitos fundamentalmente en dos valores acordes con los tiempos: el mérito y la capacidad profesional.
2.º La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
La actual Ley de la Carrera Militar (LCM) satisface uno de los objetivos de la Directiva de la Defensa Nacional 1/2004, en el sentido de reformar la carrera militar adoptando una estructura de cuerpos y escalas renovada, con sistemas de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y el esfuerzo profesional.
A la hora de la verdad, esa Ley ha causado y mantiene graves tensiones y enorme malestar en la oficialidad desde su anteproyecto, no habiendo satisfecho a nadie en su texto definitivo y perjudicando seriamente a determinados sectores de la oficialidad.
Al cuerpo de suboficiales termina de castrarlo profesionalmente, creando profundos agravios comparativos y situaciones de injusticia manifiesta, que originan en todos, oficiales y suboficiales, un enorme desánimo y malestar que en nada favorece a este importante y numeroso colectivo.
Cuestiones tales como profundas modificaciones en la antigüedad de los profesionales de las Fuerzas Armadas con postergaciones en ascensos: la obligación encubierta de cursos no adaptados al vigente sistema educativo, son algunos de los aspectos más significativos de una caótica y oscura manera de instrumentalizar una nueva estructura de la carrera militar.
Todas ellas están intensamente imbricadas y resulta difícil separar causas y consecuencias de las diferentes medidas. Sin embargo, hay algo común a todas ellas y es descontento generalizado que están produciendo en los oficiales y suboficiales y los numerosos casos de injusticias y agravios que vulneran la constitucionalidad de la propia Ley.
A continuación se analizan algunos aspectos más relevantes de la LCM, según siguiente esquema:
En primer lugar, la Disposición transitoria cuarta (DTr4) regula la constitución de los nuevos cuerpos y escalas establecidos en la LCM. El apartado 7 de la misma se refiere a los oficiales de los cuerpos generales y del cuerpo de especialistas de cada uno de los tres ejércitos, disponiendo que para su integración en la nueva escala única, denominada en adelante de "oficiales", los procedentes de la hasta ahora escala superior accederán a ella directamente, siendo, sin embargo, voluntaria la integración de los oficiales, procedentes de la antigua escala media (denominada así hasta 1999). Contempla precitada Disposición que los oficiales que no hayan renunciado a esa incorporación podrán realizar un curso de adaptación.
La enseñanza militar está integrada en el sistema educativo general español desde la Ley 17/1989, que en su artículo 32.2 estableció por primera vez, que la enseñanza militar se integraba en el sistema educativo general y reconociendo que la incorporación a la escala superior suponía la obtención de una titulación equivalente a Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y que la incorporación a la escala media la obtención de la titulación equivalente a Técnico Especialista, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. Este reconocimiento de las titulaciones de las dos escalas de oficiales fue reconocido igualmente en el artículo 51.2 de la Ley 17/1999, del Régimen del Personal de las FAS . La vigente LCM mantiene en su artículo 43.1 la integración del sistema de enseñanza militar en el sistema educativo general. Como novedad incluye, en su artículo 44, que dentro de la enseñanza de formación de oficiales se establece una parte general conducente a la obtención de un título de grado universitario del sistema educativo general. El R.D. 1393/2007, en su artículo 12.d), establece en el nuevo espacio de enseñanza superior universitaria los títulos de Grado, Máster y Doctor. La titulación de Grado tendrá duración de contenidos de 240 créditos. La titulación de Grado exigirá además la realización de un trabajo de fin de grado, orientado a las competencias de la titulación. El plan de estudios en vigor para los oficiales superiores del Cuerpo General, consta, por ejemplo, en la Armada de 330 créditos, y el de la escala de oficiales de 204 créditos, teniendo en cuenta únicamente los que tienen carácter académico. A los ya expresados créditos académicos, es necesario añadir los créditos totales asignados a instrucción y adiestramiento, resultando ser de 450 créditos para la escala superior y de 240 créditos para la de oficiales.
La LCM establece además que el ya expresado curso de adaptación tendrá carácter de actualización a los efectos previstos en el artículo 90.2 de dicha Ley y los cursos contemplados en este artículo son cursos de actualización, y sólo particulariza los necesarios para el ascenso a los empleos de Teniente Coronel y Cabo Mayor.
Es preciso recordar que el sistema de convalidaciones de estudios del sistema educativo general, en el que está integrada la enseñanza militar, exige que se deban de superar las materias previstas para alcanzar cada titulación. Estas materias son las contenidas en el respectivo currículo académico, materializadas en los planes de estudios. Por tanto, el curso de adaptación deberá contemplar todas aquellas materias previstas en el plan de estudios de la escala superior que no hayan superado los procedentes de la escala de oficiales, y atender estrictamente al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, y al criterio de convalidaciones de estudios del sistema educativo general, sin tener en cuenta los créditos no realizados en las áreas de instrucción y adiestramiento.
Por otra parte, la LCM no establece que la integración de las escalas superior y de oficiales sea efectiva mediante una convalidación, aun cuando el artículo 66 contempla esta posibilidad con carácter general.
Así pues, o se procede al sistema de las convalidaciones o por tanto, deberá exigirse la superación de todas las materias no cursadas por los oficiales de procedencia de la antigua escala media, que van a ser capacitados para desempeñar los cometidos asignados a la actual escala superior. Este criterio puede incluso quedar dentro del ámbito de cada ejército, como queda dentro del ámbito de cada ministerio el establecer los requisitos académicos para las titulaciones profesionales de ingenieros, arquitectos, etc.
El curso de adaptación previsto en la LCM y regulado en la O.M. 54/2008, homologa a los procedentes de la escala de oficiales para las funciones actuales de la escala superior, apreciándose una diferencia no sólo curricular en contendido de materias, sino de prácticas, trabajos y niveles de conocimiento de idiomas y de preparación física; sin embargo, el número de créditos contemplados para ello es de 64, cuando la diferencia real en la formación de ambas escalas es de 158 créditos.
Resulta paradójico, por contrario a lo que la Ley preconiza sobre la excelencia profesional militar y el principio de mérito y capacidad, que la integración sea prácticamente gratuita y masiva de los oficiales a la escala superior, pues hay que tener en cuenta que las diferencias de formación y desarrollo de carrera entre los componentes de una y otra escala son notables: sistema de ingreso diferente (selectividad universitaria y oposición), duración de la carrera en las academias (de cinco cursos para los oficiales superiores y de tres cursos para los demás oficiales), y de reconocimiento de títulos en el sistema educativo general.
No resulta vano añadir que el legislador ha previsto para todos los funcionarios públicos, en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y en su Disposición transitoria tercera (DTr. 3a), que se distinguirán dentro del Grupo A dos subgrupos, el Subgrupo Al (antiguo Grupo A) y el Subgrupo A2 (antiguo Grupo B), es decir, hace una clara diferenciación entre los que para su ingreso se les exigió el título de Licenciado o equivalente (Grupo Al) y los que ingresaron sólo con una Diplomatura universitaria (Grupo A2) y no dice que todos formaran un nuevo y único escalafón. Sin embargo, esta previsión que con carácter general realiza el legislador para todos los funcionarios públicos, parece no tenerla en cuenta con los militares de carrera, pese a que en el preámbulo de la Ley 39/2007 (LCM) se diga que "se incorporarán los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público..."
En segundo lugar, la LCM establece en ya indicada Disposición transitoria cuarta, apartado 12, un criterio de proporcionalidad para ordenar en un único escalafón a los oficiales de las distintas procedencias, utilizando una fórmula matemática para ello (C=(P-0,5)/N). Al aplicar la expresada fórmula se obtendrá un coeficiente y con el se ordenará directamente a todos los oficiales. Aun cuando la retórica empleada en el texto legal hace constante mención a conceptos como: "FAS modernas y altamente tecnificadas", "potenciar el mérito y la capacidad de sus miembros e incentivar su preparación y dedicación profesional", "el mérito y la capacidad que darán origen a la correspondiente clasificación de los evaluados"..., sorprende que dentro de la nueva ordenación no se tengan en cuenta cursos, capacidades ni méritos de los oficiales, sino únicamente su puesto en el actual escalafón y lo que es más importante, que este nuevo escalafonamiento depende únicamente del número de miembros de su escala de procedencia. Causa también perplejidad el criterio adoptado por el legislador al emplear la misma fórmula para los tres ejércitos, por lo que, al ser muy diferente el número de componentes de las escalas de los mismos, así como su trayectoria profesional, el resultado de la integración es muy diverso según el ejército donde se aplique. Así, el resultado es diametralmente opuesto en el Ejército de Tierra y en la Armada.
Es muy importante destacar la trascendencia vital y profesional que el orden de escalafón tiene en la vida del militar: se condicionan destinos, ascensos, elección y tipo de cursos, en fin, todo tipo de expectativas profesionales.
La cuestión de la nueva ordenación de la escala única de oficiales, tal y como viene recogida en la LCM causa graves injusticias en el personal militar que será de nuevo escalafonado y constituye una afrenta a la dignidad de aquellos que serán postergados, sin que medie para ello una sanción extraordinaria por pérdida de puestos en el escalafón, según prevé el artículo 18 de la Ley Orgánica 7/2007, de 2 de julio, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas: Son sanciones disciplinarias extraordinarias: La pérdida de puestos en el escalafón, la pérdida definitiva de la aptitud aeronáutica, la suspensión de empleo y la separación del servicio. Y así lo confirma el artículo 23 de la LCIV1: "El escalafón es la ordenación por empleos y antigüedad de los militares profesionales pertenecientes o adscritos a
una escala. Su orden sólo podrá alterarse en aplicación de lo previsto en esta ley (es decir, cuando los ascensos se producen por los procedimientos de elección, selección o concurso-oposición) y en las leyes penales y disciplinarias militares".
Desde una perspectiva jurídica, se entiende que la referida medida de ordenar el nuevo escalafón puede ser motivo de inconstitucionalidad pues equipara las graves postergaciones en el escalafón de muchos oficiales superiores a sanciones disciplinarias de carácter extraordinario, siendo manifiesta la infracción del artículo 25 de la Constitución: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa". No es de recibo afirmar, como lo hace la mentada Ley en su artículo 23 que reconoce en su apartado 3, que se trata de una postergación legal o una sanción impuesta directamente por la citada disposición transitoria, ya que el legislador no puede imponer directamente sanción alguna sin violar el principio de división de poderes y los artículos 103 y 24 de la Constitución, que condicionan la imposición de penas o sanciones muy graves a los militares, como al resto de los ciudadanos, a la previa tramitación de un proceso penal o disciplinario y la posibilidad de reaccionar judicialmente frente a su imposición, garantía judicial efectiva que aquí, escandalosamente, se omite plenamente. La injusticia que se causará de aplicarse la Ley en los términos que resultó aprobada, alcanza tintes dramáticos cuando comprobamos que existen en los tres ejércitos oficiales que llevados de su afán de superación, con una gran capacidad de trabajo y de sacrificio, siendo ya militares con años de servicio, superaron las pruebas de acceso y los dos cursos restantes en su formación en las respectivas academias militares para integrarse con pleno derecho, desde la escala media a la escala superior. Ahora con esta nueva Ley se verán postergados por sus antiguos compañeros de la escala de oficiales. Es más, se da la paradoja de que habiendo superado una serie de oficiales del Ejército del Aire la oposición para el cuerpo de suboficiales, posteriormente de oficial para la escala media y finalmente para la escala superior, cursando los 5 años de academia en San Javier, se ven sobrepasados en su escalafón, tras la aplicación de la actual Ley, por sus doscientos y pico de compañeros de la escala media antigua, pues no se les contabilizan los años de mínima permanencia exigidos por la Ley. Esto crea, además, extrañas discriminaciones, como es este caso con la escala de complemento, donde sí computan dicha antigüedad. No cabe duda que esta Ley, en base a lo expuesto, no contempla la mejor forma de premiar el esfuerzo, el mérito y la capacidad. Viene a colación lo establecido en el artículo 62 de la Ley al afirmar con rotundidad que el Ministerio de Defensa impulsará y facilitará los procesos de promoción que permitan el cambio de escala de los militares que cumplan los requisitos; y en esos procesos se valorarán los méritos, incluido el tiempo de servicios. Es precisamente todo lo contrario a lo que indica este artículo lo que está sucediendo con estos oficiales, a los que se les está proporcionando un trato injusto, pues precisamente su promoción a la escala superior ha sido gracias al trabajo, al estudio y a un enorme sacrificio personal y familiar y la recompensa recibida es sin embargo la postergación en su escala.
En tercer lugar, La LCM reduce el sistema de ascenso por antigüedad a los ascensos de teniente a capitán y de sargento a sargento primero, contemplando como sistema de ascenso para el resto de los empleos el de "concurso" y "concurso-oposición". Esta modalidad de ascenso funcionarial tan sólo ha sido prevista en toda la historia de la función pública española para los oposiciones entre notarios, que permitía a éstos pasar de las notarías de tercera a las de segunda y primera categoría, así como para acceder a la condición de catedrático de Universidad desde la de profesor titular, recientemente sustituida por los sistemas de habilitación directa por acreditaciones de una agencia evaluadora, ANECA.
No es difícil imaginar que en unos años, el Ejército español, inmerso en misiones de paz y humanitarias bajo el mandato de las Naciones Unidas y la OTAN, desplace un colectivo de cuadros de mando que tengan que compaginar el duro cumplimiento de sus misiones en el exterior con la preparación de concursos-oposiciones para ascender.
El tratamiento del personal militar con categoría de suboficial pasa en la presente Ley de 2007, de manera casi inadvertida. Tras reconocer que constituyen, eso sí, "el eslabón fundamental en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas", poco más. Pésimo tratamiento a un colectivo tantas veces olvidado como minusvalorado, ello, a pesar de que sin su fundamental intervención en las tareas de mando, control y mantenimiento, las Fuerzas Armadas (en adelante FAS) dejarían de ser operativas y escasamente funcionales.
Lo cierto es que las expectativas profesionales que les brindó la Ley 13/1974, a la Escala Básica de poder promocionar hasta el empleo de comandante/teniente coronel, fue suprimida posteriormente por la entrada en vigor de la Ley 17/1989. Cuando ingresaron en las Fuerzas Armadas, su proyección podía llegar hasta el empleo de teniente coronel, porque si se cumplían veinticinco años de servicio activo se ascendía a la escala media de oficiales. La posterior Ley 17/1999 tampoco arregló esta situación, con lo que se produjo una mayor acumulación de personal en la escala de suboficiales. Ahora, aquellos que entraron con el horizonte de teniente coronel, no sólo no llegarán nunca a ese puesto por sucesivas leyes que sólo les han perjudicado, sino que además no se retirarán a los 56 años, sino que lo harán a los 61, con lo que no pocos estarán más de veinte años en el empleo de subteniente en el Ejercito de Tierra y otros muchos
no llegarán ni siquiera al empleo de Brigada en el Ejército del Aire, con la consiguiente frustración y pérdida de moral. La LCM, para tratar de paliar esta castrante situación, ha establecido en la D. Tr. 7.ª
1.º Que a los suboficiales que actualmente están en activo y adquirieron el empleo de sargento a la fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1989, podrán obtener el empleo de teniente de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, cuando pasen a la situación de reserva si lo solicitan previamente, con efectos económicos desde la fecha de ascenso.
2.º Permite ese ascenso de teniente e ingreso en las escalas de oficiales al personal que se encuentre también en la situación de reserva a la fecha de entrada en vigor de esta nueva Ley, aunque con antigüedad de 1 de enero de 2008.
Se da entonces la curiosa e injusta paradoja de que los sargentos y brigadas que estaban en la situación de actividad están ascendiendo a tenientes al pasar a la situación de reserva y sin embargo los que permanecen en activo siguen con sus mismos empleos de suboficial. Esta situación tiene una notable repercusión económica en el devengo de trienios, de derechos pasivos, etc., en el grupo A2, pues la antigüedad de oficial para el retiro será considerable para éstos en detrimento del personal que sigue en actividad, que devengará ya indicados conceptos retributivos en la categoría de suboficial, con la consiguiente pérdida económica por seguir trabajando.
Así las cosas, los suboficiales que permanecen en activo sólo ascenderán al final de su vida militar con una categoría inferior y menores retribuciones y derechos que sus compañeros que optaron por dejar el servicio activo y pasar a la reserva. Esta situación supone un atentado a la razón, pues resulta a todas luces difícil de asimilar que un funcionario de la misma escala que otro, más moderno que él y que además no está en servicio activo, pueda percibir unas retribuciones superiores a su compañero funcionario que presta sus servicios día a día en su puesto de trabajo, cotizando además derechos pasivos y perfeccionando trienios de un grupo superior, de aquel que está en servicio activo.
A mayor abundamiento y como colofón del dislate jurídico provocado con la Ley de 2007, la Directiva del T. Gral. JEME de 24/03/2008 (02/08 EME-DIVLOG), encomienda a los suboficiales de la Escala Básica (renombrada como de Suboficiales), de empleos de brigada y subteniente los cometidos de jefe de sección, hasta ahora desempeñados por los tenientes de la escala de oficiales, ello, ante la escasez de tenientes.
Es decir, los suboficiales de empleo de brigadas y subtenientes desempeñarán los cometidos que actualmente vienen desempeñando los oficiales, pero el ascenso sólo lo obtendrá el personal en reserva.
La D. Tr. 4.ª, apdo. 8), establece que el 1 de julio de 2009 se incorporarán a las nuevas escalas de suboficiales, según empleo y antigüedad, tanto los procedentes de cuerpo general como los especialistas. El "atasco" que se va a originar en esa escala única, donde se encontrarán integrados un suboficial de Infantería. con otro de Informática o Mecánica, tiene consecuencias imprevisibles. Hay que tener en cuenta que si los miembros del Cuerpo General, agrupados en Escala Superior de Oficiales, Escala de Oficiales y Escala de Suboficiales, tienen como "cometidos la preparación y empleo de la fuerza y del apoyo a la fuerza", para el desempeño de dichos cometidos ejercen el mando y las funciones de mando, de administración y logísticas, de apoyo al mando, técnico-facultativas y docentes relacionadas con los mismos; sin embargo, los miembros del Cuerpo de Especialistas, agrupados en Escala de Oficiales y Escala de Suboficiales, "tienen como cometidos el mantenimiento, abastecimiento, gestión de recursos y, en su caso, manejo de sistemas de armas, equipos y demás medios materiales en el ámbito de sus Ejércitos, así como en el de otros organismos del Ministerio de Defensa y de su Organismos autónomos". Resulta evidente que ambos cometidos son absolutamente diferentes, como distintos son sus planes de estudios para sus incorporaciones al Cuerpo General y al de Especialistas.
Estimar que los miembros de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Especialistas, ope legis, tienen la formación necesaria para incorporarse a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General, establecida en la LCM, vacía de contenido todos los planes de estudio de la enseñanza militar de formación, en particular, la formación recibida por los miembros de la Escala de Suboficiales del Cuerpo de General, regulada por la Ley 17/1999. Por tanto, para la incorporación a la Escala de suboficiales del Cuerpo General, establecida en la LCM, sería necesario y con carácter previo, la adecuada especialización de los miembros de la Escala Suboficiales del Cuerpo de Especialistas, a los efectos de completar su preparación y con el objeto de facultarles para ejercer los cometidos asignados y propios del citado Cuerpo General.
La LCM silencia, por otra parte, para este fundamental colectivo, las posibilidades de promoción, estatuto profesional y ámbito de sus responsabilidades, abandonándolos a los criterios directivos de la jerarquía militar.
El Estado debe velar por los intereses de sus miembros. El cuerpo de suboficiales, lamentablemente no siente esa tutela, pues cada Ley promulgada desde 1989 ha truncado, si ello era posible aún más, sus expectativas profesionales al padecer continuos recortes en sus derechos: eliminación del ascenso a oficial por promoción interna; sucesivos retrasos en las edades de pase a la reserva (de 56 a 58 y ahora a los 61); asignación de cometidos de oficiales aun cuando les cercenan ese derecho; retraso en su ascenso a teniente al pasar a la reserva (de 56 a 58); agravio por el ascenso a teniente
producido en el personal en reserva más moderno y más joven que otros suboficiales en activo, etc.
La LCM está creando además una discriminación negativa directa contraria a toda la legislación referente a las personas con discapacidad de la que España está a la vanguardia y a un elemental derecho de reparación y reconocimiento hacia aquellas personas que en acto de servicio o por terrorismo cayeron heridos y no pudieron ascender a Oficial por tener congelados irregularmente sus ascensos. La administración militar pone trabas y olvida a su propio personal herido, lesionado o mutilado en acto de servicio, aumentando la decepción de unas personas que han adquirido su discapacidad al servicio del Estado y que nunca solicitaron su separación de las FAS sino que fueron retirados a consecuencia de las lesiones adquiridas en el cumplimiento de su deber.
La Disposición adicional décima (D.Ad. l0) de dicha Ley 39/2007, reconoce las injusticias y agravios cometidos durante tantos años con el personal del Cuerpo de Suboficiales, Escala Auxiliar y Cuerpo Auxiliar Especialistas, y trata de dar solución, ascendiéndoles a los empleos que legalmente les correspondían con las nuevas antigüedades. En esta medida reparadora se incluyen a los Oficiales en retiro. No obstante, la redacción dada a precitada Disposición no es afortunada y da pie a interpretaciones que están dando lugar a una discriminación directa y negativa: uno mediante una exclusión moral y temporal, porque se excluye a los Subtenientes de las tres últimas promociones, que no ascendieron durante el período 1987-1999, en el que los ascensos estaban congelados pero que fueron retirados por haber resultado lesionados o heridos en acto de servicio o por acción terrorista. Es decir, pasaron a retiro sin haber ascendido a los empleos que ahora se está reconociendo que deberían haber alcanzado antes de su retiro. Y, otra, mediante una interpretación jurídica restrictiva y anómala de la norma por parte del Ejército de Tierra al considerar que aquellos integrantes del Cuerpo de Mutilados, retirados por incapacidad permanente en acto de servicio, que estaban exentos por Ley de realizar los cursos de aptitud, no cumplen las condiciones establecidas en la Disposición décima por no haber realizado los citados cursos. Es decir, por una parte se viene a reconocer los derechos recogidos en la Ley 13/1974 y por otra se ignora otra Ley vigente en aquel momento por la cual se les eximía y no se les permitía hacer los cursos de aptitud, ascendiendo al hacerlo el que le precedía.
Por ello, en aras de los principios de equidad y no discriminación que contempla nuestro ordenamiento jurídico, es necesario adoptar todas aquellas medidas que corrijan los efectos perjudiciales que esta norma produce al personal militar incapacitado en acto de servicio en el Ejercito de Tierra.
C) La enseñanza militar: el acceso a los centros docentes.
Si bien la cuestión de la integración de las diversas escalas en una única escala de oficiales y otra de suboficiales es un gran problema a corto y a medio plazo, especialmente para los afectados, la mayor dificultad a largo plazo y de carácter estratégico que plantea la Ley 39/2007, de la carrera militar es el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales.
La LCM supone un cambio radical de la forma de acceso hacia un sistema que puede conducir a las Fuerzas Armadas españolas a un grave problema en la calidad de sus recursos humanos en las escalas claves para su labor.
Este grave problema tiene su origen en diversos factores, como son la posible inconstitucionalidad de la LCM, la fragilidad del planeamiento de los efectivos de oficiales y suboficiales y los problemas de carácter financiero derivados de su aplicación. A continuación se analizan cada uno de estos factores.
a) Probable inconstitucionalidad de la LCM.
Es necesario recordar que el ingreso en los centros docentes militares de formación, tras superar los estudios correspondientes, permite alcanzar el empleo de oficial o suboficial con la condición de militar de carrera con carácter indefinido en la Administración Pública, siéndole aplicable, cuando así se disponga, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. A esto hay que añadir que los alumnos en los centros militares de formación tienen gratuitos los estudios, incluyendo matrícula, alojamiento y manutención; la posibilidad de obtener un título de grado universitario, en el caso de los oficiales, o de técnico superior en FP, en el caso de los suboficiales, y el cobro de un sueldo desde el primer día de ingreso en el centro de formación.
El sistema por el que aún se sigue accediendo a estos centros militares de formación, conforme a la Disposición transitoria segunda de la LCM, es el recogido en el capítulo III de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que prevé, según su artículo 63, el acceso mediante concurso, oposición o concurso-oposición libres con un sistema de selección que incluye pruebas adecuadas al nivel y características de la enseñanza militar que se va a cursar. La normativa que desarrollaba esta Ley establecía un sistema de acceso mediante un examen de ingreso con carácter de oposición.
Gracias a estas pruebas se garantiza el acceso a los centros docentes militares de aquellos aspirantes más capacitados, cumpliéndose a rajatabla los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (artículo 103.3 de la Constitución española), independientemente de la procedencia geográfica o educativa de los aspirantes.
El capítulo III de la LCM y la normativa posterior sobre el acceso a las escalas de oficiales fija que a partir de 2010 se ingresará en los centros docentes militares de formación para oficiales según la nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, artículo 14 del Real Decreto 1892/2008, que es una media ponderada de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (hasta ahora conocida como Selectividad) y de la nota media de Bachillerato. A la escala de suboficiales se accederá según la nota media de Bachillerato.
En ninguno de los dos casos se plantea ninguna prueba de carácter específico para el acceso fuera de un reconocimiento médico, unas pruebas físicas y un test psicotécnico.
Con la LCM y su desarrollo normativo, se pasará de un examen común a todos los aspirantes a la escala correspondiente a considerar como referencia la nota de admisión a la Universidad, en el caso de los oficiales, o la media de Bachillerato, en el caso de los suboficiales. Según el artículo 56.1 de la LCM, este sistema de ingreso garantiza los principios de mérito y capacidad. Como se va a demostrar a continuación, dichos principios constitucionales no son respetados.
La nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado es la determinante para el acceso a la escalar de oficiales. Ésta ya se ha mencionado, es una media ponderada de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (la Selectividad) y de la nota media de Bachillerato. Vayamos analizando cada una de ellas:
La prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, hasta ahora conocida como Selectividad, está organizada de forma independiente, aunque respetando ciertos principios rectores comunes, por cada una de las autoridades educativas de las 17 comunidades autónomas.
Es decir, existen 17 sistemas de examen de Selectividad diferentes, más Ceuta y Melilla. Incluso el número de asignaturas de las que se examinan los estudiantes son diferentes según la comunidad autónoma tenga o no lengua cooficial al castellano. Existe aquí un primer indicio de que no son comparables las notas de la nueva Selectividad de estudiantes provenientes de distintas comunidades autónomas, es decir, se conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso por razón geográfica.
En cuanto a las notas de Bachillerato, el informe PISA 2006 (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE, que examina el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave, recogía la gran diferencia entre las comunidades autónomas en cuanto a la calidad de los respectivos sistemas educativos, evidenciando diferencias de hasta 39 puntos en media, entre las 10 autonomías españolas que solicitaron su evaluación, y de hasta 44 en ciencias. De estos datos se deduce que no es ni mucho menos igual la calidad de los sistemas educativos de las diferentes comunidades autónomas. Si no es comparable la calidad de los sistemas, tampoco son comparables las notas de Bachillerato de los distintos sistemas, luego por razones geográficas se vuelven a conculcar los mencionados principios.
Y no sólo eso. Es de sobra conocido que determinados centros educativos inflan las notas de sus alumnos mientras que otros exigen más a la hora de poner una calificación. Ante las indudables ventajas de estudiar en un centro docente militar de formación (matrícula, alojamiento, manutención, título de grado universitario o de técnico superior en FP, un sueldo desde el primer día de ingreso y contrato indefinido con la Administración Pública) existen incentivos a que algunos centros se especialicen en el acceso y "garanticen" en cierta medida el acceso mediante unas notas más elevadas de lo normal.
Por tanto, nos encontramos con 17 Bachilleratos diferentes, con 17 pruebas de Selectividad diferentes y con centros educativos con incentivos a inflar notas. No se puede sustentar en bases tan endebles el acceso a la condición de oficial. De hacerlo, se conculcarán los principios igualdad, mérito y capacidad puesto que no se evalúan éstos de igual forma en una comunidad autónoma que en otra.
Estas mismas razones, salvo las relativas a la prueba de Selectividad, son perfectamente aplicables para probar la falta de constitucionalidad en el acceso a los centros de formación de suboficiales.
b) La fragilidad del planeamiento de los efectivos de oficiales y suboficiales.
Es necesario, para entender magnitud del problema, tener presente la nueva forma de acceso cuya constitucionalidad se ha criticado con anterioridad.
Pero no es sólo su posible inconstitucionalidad el problema, sino que con el cambio de sistema los alumnos llegan al primer curso con una absoluta disparidad de niveles, cosa que con el régimen de acceso por oposición no ocurría ya que los que lograban superar la prueba tenían unos conocimientos mínimos bastante altos. De implantarse el nuevo sistema, esto ya no será así.
En el caso concreto de los oficiales, es muy probable que este hecho genere unos índices de abandono de estudios similares a los de las carreras técnicas comparables: de entre el 40 y el 60 por ciento. A ello hay que añadir la dificultad para gestionar al volumen de repetidores de curso que sin duda se producirán. Todo ello sin tener en cuenta la dificultad añadida que va a suponer la superación de las enseñanzas de grado correspondientes a la vez que aquellas específicas de su condición militar y las plantillas de oficiales y suboficiales necesarias.
Por tanto, el Ministerio de Defensa tendrá serias dificultades a la hora de calcular el número de alumnos que han de incorporarse cada año a los centros de formación para que, pasados 5 años, éstos lleguen a cubrir de forma adecuada las necesidades de plantilla. La probabilidad de herrar en los cálculos es elevadísima.
c) Problemas de carácter financiero.
Como se ha demostrado con anterioridad, el número de alumnos que ingresen en primero ha de ser superior al de las necesidades para cubrir éstas ante repetidores y bajas. Además, parece ser que en segundo curso existe una suerte de examen de nivel para comprobar que se han alcanzado unos conocimientos mínimos. Luego entre primero y segundo el número de alumnos debe ser claramente superior y tener presentes posibles repetidores, tanto al no superar la prueba de nivel como en los últimos cursos, habitualmente más difíciles.
Estos motivos harán que el número de alumnos sin ninguna duda se elevará con respecto al número que existe en la actualidad. Este mayor número de alumnos implica unos costes mayores por su manutención, alojamiento y vestuario, aparte de la adecuación de instalaciones y un más numeroso personal. Pero a todo ello hay que añadir el coste en términos de matricula universitaria que supondrá para el Ministerio de Defensa la adscripción de estos alumnos a las respectivas universidades o centros de FP. En consecuencia, más alumnos y más coste por alumno que en una época de crisis y de enormes restricciones presupuestarias, donde la enseñanza militar va a requerir unas inversiones ingentes que además no entrañarán ninguna mejora en la calidad de los cuadros de mando sino más bien todo lo contrario. De no realizarse tales inversiones, la reforma será un fracaso total y dejará gravemente dañados a los Ejércitos durante un largo período de tiempo.
D) Efectos retributivos.
La Disposición final tercera (DF 3a) modifica a efectos retributivos las equivalencias entre los empleos militares y los grupos de clasificación de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas haciendo equivalentes:
De General de Ejército a teniente el Subgrupo A1.
De Alférez y suboficial mayor sargento: Subgrupo A2.
Esta Disposición final resulta incongruente con el artículo 21.2 en el que se incluyen a los Alféreces dentro del Cuerpo de Oficiales, causando un agravio más y una discriminación de un sector de la oficialidad. Si bien la LCM prevé la desaparición de este empleo, mientras exista un solo oficial alférez deberá ser tratado retributivamente como tal.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a la vista de lo expuesto, a modificar en más breve plazo posible la Ley de la Carrera Militar en lo siguiente:
1. Que el Curso de Adaptación a realizar por los componentes de la escala de oficiales que voluntariamente opten a la integración en la escala única de oficiales, tenga la entidad en materias, tanto generales como específicas y los créditos correspondientes que permitan la equiparación con los créditos ya superados por los oficiales de la escala superior, pudiendo convalidarse aquellas asignaturas cuyos programas hayan sido ya superados en cursos anteriores.
2. Que la reordenación en la escala única de oficiales, entre los procedentes de la escala superior y de la escala de oficiales que hallan superado el curso de adaptación, se haga por orden de antigüedad en el empleo.
3. Modificar la Disposición transitoria cuarta 4.ª, apartado 7, subapartado h), eliminando lo referente al subapartado g) y dando una nueva redacción en dicha Disposición y apartado, al subapartado g), encaminada a corregir el grave perjuicio ocasionado a los más de doscientos alféreces de los cuerpos generales y de especialistas de forma que se produzca su ascenso conforme a lo establecido en la Disposición transitoria primera.
4. Que se compute el tiempo de servicio en la Escala de Oficiales a los que hubieran superado las oposiciones de ingreso en la escala superior.
5. Dar una nueva redacción al final del primer párrafo del punto 1 de la Disposición adicional 10.ª Indicada disposición resulta de aplicación a los oficiales de las Escalas auxiliares de infantería, caballería, artillería, ingenieros, intendencia, sanidad, farmacia y veterinaria y del Cuerpo auxiliar de especialista del Ejército de Tierra que se encontraban en servicio activo en cualquier empleo el día 21 de abril de 1974, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/1974, de 30 de marzo, de organización de las Escalas básica de suboficiales y especial de jefes oficiales del Ejército de Tierra, que declaró a extinguir a aquéllas.
Quedar excluidos los que no realizaron o no superaron el curso de aptitud para el acceso a las Escalas auxiliares y al Cuerpo auxiliar de especialistas, debiendo añadir "excepto aquellos que por la legislación vigente estaban eximidos de realizarlos".
6. Añadir un nuevo párrafo al punto 4, de la Disposición adicional 10.ª, con el texto siguiente: "Los suboficiales procedentes del Cuerpo de Suboficiales en situación de retiro por incapacidad permanente producida en acto de servicio o por terrorismo, podrán solicitar en el plazo de seis meses el empleo y antigüedad asignados al que les siguiera en el escalafón o en el curso de aptitud para el acceso a dichas escalas que figure en esa reordenación por encontrarse en servicio activo o reserva y siempre con el límite de que no suponga un empleo y antigüedad posteriores a la fecha en que el afectado cumplió 61 años de edad y a que las fechas de antigüedad en los empleos resultantes de la reordenación sean anteriores a la fecha en que cada uno pasó a la situación de retiro."
7. Añadir a la Disposición adicional 10.ª, que el cómputo temporal a los efectos de trienios y de derechos pasivos serán computados al personal militar desde la fecha en que obtuvieron la aptitud para el acceso a la escala auxiliar y al cuerpo auxiliar de especialistas,
siendo sus efectos económicos desde el 1 de enero de 2008.
8. Modificación del punto 1 de la Disposición transitoria 7.ª, a su vez modificada por la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en el sentido de hacer extensivo el ascenso a todos los suboficiales, en la reserva, cuando cumplan 58 años, pues no hay razón objetiva razonable para conceder el ascenso a unos y denegárselo a otros. Así se eliminaría también el agravio existente en los subtenientes en activo más antiguos en relación con los que ascendieron en la reserva, que se les concedió la antigüedad de 1 de enero de 2008. Asimismo, aquellos suboficiales que estando en activo se encuentren ya sobrepasados en el ascenso al empleo de teniente por el personal en situación de reserva que tenían el mismo o inferior empleo, podrán ascender a teniente de la escala de oficiales, a petición propia.
9. Añadir que los suboficiales que obtuvieron un título oficial de grado universitario ascenderán por promoción interna a través de un concurso de mérito y capacidad sin límites de edad ni de empleo alcanzado, dentro de los cupos que el Ministerio de Defensa determine para el ascenso a oficial, y que no deberá ser inferior al 25% del total de plazas ofertadas.
10. El Ministerio proporcionará becas y ayudas al estudio de los suboficiales que pretendan la promoción interna a oficial.
11. Los suboficiales, tanto por las funciones y trabajos que desarrollan como por su formación, les corresponde la titulación de formación profesional.
12. Modificar el artículo 51, en el sentido de implementar la formación de los suboficiales, con la creación de centros universitarios de la Defensa en las escuelas de suboficiales, para aquellos alumnos que deseen completar los créditos necesarios para la obtención de un título de grado universitario y poder optar por promoción interna a la escala de oficiales.
13. Añadir que a los suboficiales del Ejército del Aire se les restaurará el derecho a la promoción que les concediera la Ley 18/1975, de 2 de mayo, de Reorganización del Arma de Aviación, y la Ley 146/1963, de 2 de diciembre, de Reorganización del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares del Aire.
14. Que los suboficiales que desempeñen funciones propias de oficial, por carencia de éstos en las Unidades, perciban sus retribuciones en base a tal función y no al empleo que ostentan en ese momento.
15. Que las escalas de suboficiales de los cuerpos generales se mantengan separadas de las escalas de suboficiales de especialistas.
16. El Gobierno publicará, con carácter anual, los cupos de pase a la situación de reserva por antigüedad, en número suficiente con la finalidad de facilitar al pase a dicha situación de las promociones más antiguas. Esta medida descongestionará los empleos de brigada a sargento, ahora saturados, programando adecuadamente el ascenso en los empleos de tropa profesional, lo cual abrirá nuevas expectativas profesionales a las promociones más modernas, incrementado la moral del personal militar.
17. Modificar la Disposición transitoria sexta, suprimiendo la frase de "a partir de la entrada en vigor de esta ley", de forma que el ascenso en reserva sea extensible para el personal militar de los empleos indicados en dicha Disposición, aun cuando se encontraran en reserva con anterioridad a la entrada en vigor de la LCM.
18. Los oficiales con el empleo de alférez, mientras exista dicho empleo, serán incluidos retributivamente en el Subgrupo Al, por coherencia al ser su categoría de oficial. Por ello, la Disposición final tercera deberá ser modificada en este extremo:
19. Derogar todo el capítulo III del Título IV de la LCM y seguir aplicando, gracias a la Disposición transitoria segunda de la LCM, el capítulo III de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y su normativa posterior, con el acceso mediante oposición como se ha realizado hasta ahora.
20. Reformar el Real Decreto 1892/2008 a que contemple el modo especial de acceso a los centros universitarios de la defensa mediante oposición, tal y como se realiza a día de hoy, así como aprobar otro Decreto para hacer lo propio para el acceso a la FP de los suboficiales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2009.-Rosa Díez González, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000504
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en relación con el sector de la leche de vacuno, para su debate en Pleno.
El sector de la leche de vacuno aporta en torno a un 10% de la producción final agraria de la Unión Europea y un 6% en lo que respecta a la producción española. Es una actividad económica tradicional en Europa y en particular en España, donde cuenta en la actualidad con 24.000 explotaciones que producen unos 6 millones de toneladas de leche.
La producción, aunque se distribuye prácticamente por todo el territorio nacional, la mayor parte, el 80%, se concentra en cinco Comunidades Autónomas: Galicia, Castilla y León, Asturias, Cataluña y Cantabria,
territorios que mantienen un sector que ha ido reestructurándose en los últimos quince años, con una importante reducción de explotaciones y animales. Esta reestructuración ha provocado en España un importante cambio en el sector productor, más de 140.000 explotaciones a principios de los años 90 y 1.500.000 vacas de ordeño han dado paso a las actuales 24.000 explotaciones y a menos de 900.000 vacas. Estas explotaciones, no obstante, han incrementado considerablemente la productividad individual, sobre todo haciendo importantes inversiones en instalaciones y en la adquisición de cuota, ya que la regulación comunitaria ha mantenido contingentada la producción.
En el contexto europeo, España ha sido un Estado donde se ha mantenido un importante desequilibrio entre producción y consumo, desde la integración en la Comunidad Europea. En concreto, la producción ajustada a la cuota asignada se sitúa en 6 millones de toneladas frente a un consumo que ha ido incrementándose hasta situarse en la actualidad en unos 9 millones de toneladas. Esta diferencia se ha ido cubriendo con leche de otros Estados, fundamentalmente de Francia.
A partir de finales de 2007, el precio de la leche experimentó una tendencia decreciente en general en toda la Unión Europea, aunque ciertamente desde unos niveles anormalmente altos en esa campaña por la subida mundial de las materias primas, a este hecho también hay que añadir la gran incertidumbre que se ha creado con el anuncio de la liberalización del mercado y la supresión del sistema de cuotas al final de la campaña 2014/2015, con un sistema de incrementos continuados del 1% en cinco campañas, para devaluar el sistema. Esta situación se complica más en España por su desequilibrio entre consumo y cuota asignada.
Los efectos de la bajada continuada del precio de la leche que han llegado a no cubrir los costes de producción en muchas explotaciones, la sustitución del suministro de leche nacional por leche de otros Estados miembros y la descapitalización de las explotaciones, al devaluarse la cuota, pone en riesgo el sector productor en importantes zonas tradicionales europeas y especialmente en España, zonas que por otra parte carecen de alternativas productivas.
Esta situación está motivando reacciones en el sector productor, en las Administraciones de los Estados y en las instituciones comunitarias. De hecho, la Comisión Europea se ha visto obligada a hacer un seguimiento continuado de la evolución del sector y a proponer medidas para recuperar la estabilidad en este mercado.
En este segundo semestre de 2009, en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea se están debatiendo planteamientos para el sector lácteo, liderados por Francia y Alemania, que consideran las propuestas de la Comisión muy insuficientes y no evitan una desaparición a gran escala de las explotaciones de leche, ya que se basan fundamentalmente en la prórroga de las compras públicas de intervención y las posibilidades que tienen los Estados miembros para aplicar los fondos de la Política Agrícola Común para concentrarlos en este sector.
Sin embargo, con el gran problema que se está padeciendo en España, en gran parte fruto a los desequilibrios entre producción y consumo, no se ve una posición clara del Gobierno de la nación ante esta situación; es más, la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino va a remolque en Europa, sin pensar que este problema puede que no tenga solución en lo que queda de año y por lo tanto se extienda al próximo, correspondiendo a España la Presidencia de la Unión Europea. Ni siquiera está interviniendo en su propio país con medidas activas y concretas, dejando a las Administraciones de las Comunidades Autónomas que actúen de forma individualizada en sus territorios, como es el caso de Asturias, Castilla y León y Galicia, que están apostando por mantener y potenciar un tejido económico ligado a la actividad ganadera en sus zonas productivas.
1.º Adopte medidas de contención del gasto y apoyo financiero, tales como rebaja en el sistema de módulos, incremento de los gastos de difícil justificación en el IRPF en estimación directa, no aplicación del IBI y exención en las cuotas a la Seguridad Social durante el ejercicio presente. En el capítulo financiero se insta al Gobierno a una refinanciación de los créditos vigentes solicitados por los ganaderos con rebaja sensible del tipo de interés en la nueva financiación.
2.º Lidere en el Consejo de Ministros de la Unión Europea la orientación de las propuestas para dar solución al sector del vacuno de leche en Europa y anuncie que incorporará a las prioridades de su Presidencia, en el primer semestre de 2010, actuaciones conjuntas en los Estados miembros para garantizar la viabilidad de las explotaciones lecheras en las zonas de producción tradicional.
3.º Proponga al Consejo de Ministros de la Unión Europea la congelación de las decisiones de incremento lineal de cuotas a partir de la campaña 2010/2011 y la suspensión de la desaparición de las mismas hasta no tener estabilizado el sector europeo.
4.º Plantee un programa de reestructuración para cesar en esta actividad y reasignar la cuota adquirida hacia explotaciones con mayor posibilidad de viabilidad. Este programa podría financiarse en el marco de los Programas de Desarrollo Rural, con fondos públicos estatales. Específicamente en España, incorporando a estos programas, además de financiación pública
estatal, la financiación FEADER que no puede gastarse en el Programa Nacional de la Red Rural.
5.º Incorpore urgentemente en España un mecanismo que permita liberalizar las cesiones temporales y las transferencias de cuota entre particulares para facilitar el redimensionamiento de las explotaciones en los próximos años.
6.º Inste a la Comisión Europea a aprobar a la mayor brevedad posible las modificaciones de los Programas de Desarrollo Rural que han incluido actuaciones con el nuevo reto comunitario del sector lácteo.
7.º Ponga en marcha un programa de etiquetado obligatorio de los productos lácteos para que el consumidor conozca el origen de la materia prima, acompañado de un programa de promoción de los productos lácteos en España en las cadenas de distribución.
8.º Aporte una ayuda del Estado bajo el régimen de mínimos a los ganaderos de leche de España, como una ayuda puente en 2009, para circulante en las explotaciones lecheras, hasta que éstos puedan percibir las ayudas de la aplicación en España de la Política Agraria Comunitaria, adoptada en la Conferencia Sectorial de abril de 2009."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000505
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adaptación paulatina de los diferentes billetes de euros con la señalización en braille, para su debate en Pleno.
Aprovechando la Presidencia Europea que le corresponde al Reino de España el primer semestre de 2010, sería conveniente instar a la adaptación paulatina de los diferentes billetes de euros con la señalización en braille, con el objeto hacerlos más accesibles a las personas invidentes de la Unión Europea.
Sería factible ir fabricando estos nuevos billetes según se vaya autorizando por el Banco Central Europeo.
En España, debido a la actividad principal que desarrolla la ONCE (la venta del cupón) mayormente por personas invidentes, se hace necesario realizar muchas transacciones de billetes.
Para los invidentes en general, a efectos de cobro, devoluciones de importes y al uso habitual en cualquier transacción económica con billetes, sería de gran utilidad, para evitar equivocaciones o engaños, que suelen ser costosos, el poder detectar los billetes con su lectura en braille.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que durante su Presidencia al frente de la Unión Europea proponga la adaptación paulatina, a medida que se vayan fabricando nuevos billetes en los distintos estados integrantes de la Unión Europea, que éstos se confeccionen con la escritura en braille."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2009.-Francisco Vañó Ferre, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000506
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la protección que ha de dar el Gobierno a los buques atuneros que se encuentran faenando en el Océano Índico, para su debate en Pleno.
La flota atunera española que faena en aguas internacionales del Océano Índico viene sufriendo ataques "piratas" que, además de dificultar enormemente su trabajo, mermar su labor y obligarles a abandonar la pesca capturada durante días y noches de duro y honesto trabajo, llegan a amenazar las vidas y la libertad de los marineros mediante el asalto y el secuestro.
La presencia española en la zona se cifra en casi una treintena de barcos, más de mil marineros que sostienen con su esfuerzo a otras tantas familias. Todas esas vidas y economías se encuentran en peligro por la actuación impune de los piratas. Los ataques se han venido incrementado en los últimos meses, y el pasado 23 de septiembre el Buró Internacional Marítimo, (IMB), dependiente de la Internacional de Cámaras de Comercio (ICC), ya afirmaba que en lo que iba de 2009 se habían superado las cifras de 2008, con 294 ataques. De éstos, 97 fueron en la zona del Golfo de Adén, teóricamente controlada por la operación Atalanta, mientras que 47 sucedieron en la costa este de Somalia, cada
vez más al sur, fuera de de la zona controlada por los buques de guerra y cerca de los caladeros de los atuneros españoles, cuya base se encuentra en las islas Seychelles.
Como podemos comprobar, la situación en la zona sigue empeorando y las previsiones son que continúe deteriorándose la seguridad del área afectada, por causa de condiciones meteorológicas más favorables en los próximos meses, poniendo en peligro no sólo la actividad pesquera, sino la propia vida de nuestros pescadores.
Adoptar, en el plazo más breve posible, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la mar de la flota pesquera española que faena en el Océano Índico, con objeto de prevenir abordajes de piratería, y, entre ellas:
1. Promover, entre los países de la Unión Europea, el incremento de los medios, personal y buques puestos a disposición de la Operación Atalanta.
2. Ampliar el perímetro de seguridad habilitado actualmente para faenar.
3. Protección específica, por parte de los buques y medios de la Armada, de la zona de pesca de los atuneros españoles.
4. Despejar los impedimentos técnicos y jurídicos que pudiesen dificultar la necesaria protección de los buques españoles en aguas internacionales por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.
5. Realizar las gestiones diplomáticas oportunas orientadas a estrechar la cooperación con Francia y el uso como centro de operaciones de la base que el país vecino tiene en Djibuti.
6. Promover la tipificación específica de este tipo de delitos de piratería en el Código Penal de forma inmediata."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000507
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda Cumbre Europea sobre la inclusión de la población gitana, para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El pueblo gitano forma parte de la realidad social española desde el siglo xv y también está presente, desde hace siglos, en numerosos países de Europa.
En nuestro país, durante siglos, se promulgaron leyes que pretendían anular la identidad del pueblo gitano y forzar su asimilación o, en caso contrario, su desaparición. La Constitución Española de 1978, que en su artículo 14 proclama la no discriminación por, entre otras, razón de raza; termina con la discriminación legal y promueve la acción afirmativa y positiva hacia ciertos grupos humanos, partiendo del principio de que la igualdad de oportunidades implica también el tratar de forma diferente a quien es distinto, con el fin de que su igualdad real sea posible.
Durante la anterior legislatura, el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero promovió, a través del Real Decreto 891/2005, de 22 de julio, la creación y regulación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, como un órgano colegiado y consultivo, para formalizar la participación y colaboración de las organizaciones relacionadas con la población gitana en el área de bienestar social.
En el ámbito europeo, el 16 de septiembre de 2008 se celebró en Bruselas, bajo los auspicios del Presidente de la Comisión, don José Manuel Barroso, y la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, la primera Cumbre europea sobre los roma/gitanos (European Roma Summit), organizada por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. Este evento de alto nivel reunió a más de 400 representantes
de instituciones de la Unión Europea, los gobiernos nacionales y los parlamentos y la sociedad civil, incluidas organizaciones, para celebrar un debate abierto sobre los instrumentos y políticas comunitarias para la inclusión de los roma/gitanos y su implementación a nivel nacional.
A propuesta de la Coalición Europea de Política Gitana (ERPC, en sus siglas en inglés) se redactó una Declaración Final, en la que se calificaba la Cumbre como una oportunidad única para enfrentarse de forma conjunta al desafío común de la lucha contra la grave discriminación y la exclusión social que sufren la mayoría de los gitanos en Europa. Se señalaba la importancia de unir fuerzas y desarrollar estándares europeos comunes para la integración de los gitanos, basados en un compromiso eficaz de las instituciones y de los Estados miembros de la Unión Europea, de los representantes gitanos y organizaciones de la sociedad civil, para obtener resultados visibles en la lucha contra todas las formas de discriminación; la defensa de valores como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos, incluyendo los derechos de las minorías; el promover la igualdad de oportunidades para todos; y el ejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea a la libertad de movimientos y de residencia.
Coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, está previsto que se celebre en Córdoba la segunda Cumbre europea sobre la inclusión de la población gitana. Esta será una excelente ocasión para que nuestro país desempeñe un papel protagonista en el impulso del enfoque europeo a las políticas de inclusión de este colectivo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un enfoque europeo a las políticas de inclusión de la población gitana y apoyar la celebración en España de la segunda Cumbre Europea sobre la inclusión de la población gitana, dedicando un espacio específico de discusión sobre la situación de las mujeres gitanas en Europa y en España."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2009.-María Soledad Pérez Domínguez y José Vicente Muñoz Gómez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2009 se ha retirado por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 265, de 5 de octubre de 2009.
161/000055
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la prevención de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 13, de 13 de mayo de 2008, en los siguientes términos:
1. Reforzar las medidas que permitan verificar la eficacia de los instrumentos que garanticen la adecuación del funcionamiento de los servicios policiales a la ley y al derecho y, en particular, aquellas medidas derivadas de la aprobación del Plan nacional de Derechos Humanos.
2. Informar acerca del establecimiento del mecanismo nacional para la prevención de la tortura previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
3. Abordar las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar, en vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la prevención de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención.
De modificacion.
1. Cumplir con su compromiso de instalar cámaras de videovigilancia en comisarías y acuartelamientos de la Guardia Civil, con el fin de asegurar un trato correcto y humanitario a los detenidos, así como garantizar la integridad profesional de los funcionarios ante posibles denuncias falsas.
2. Instalar en el exterior de los recintos policiales sistemas de videovigilancia que garanticen su seguridad.
3. Que en el marco de los planes del Gobierno de mejora de las comisarías y de los acuartelamientos de la Guardia Civil, incluir actuaciones específicas para la mejora de los calabozos, acordes con las condiciones higiénicas, de seguridad y de dignidad que todo ser humano merece."
El Plan de Derechos Humanos que presentó el Gobierno en diciembre de 2008 dedica un apartado a las condiciones legales de los detenidos, con referencia explícita a las videocámaras: "Se abordarán las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar, en vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación."
Para la aplicación de este plan, el Gobierno se comprometía a crear una comisión de seguimiento que después de nueve meses todavía no existe.
El objetivo principal de la instalación de estas cámaras en las comisarías y en los acuertelamientos de la Guardia Civil es defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las falsas denuncias de los detenidos e impedir que se puedan realizar malos tratos a los detenidos en las comisarías.
Tanto la Ertzaintza, en 2005, y como los Mossos d'Esquadra, en 2007, instalaron estas cámaras en sus dependencias policiales y la experiencia ha sido muy positiva.
Por otra parte, la seguridad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vería reforzada si además de en el interior estas cámaras se instalaran en el exterior como vigilancia de posibles altercadazos y ataques terroristas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la prevención de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
3. Abordar las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar, en
vídeo u otro soporte audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/000195
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, aprobó la Proposición no de Ley sobre las misiones militares de la Guardia Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 34, de 16 de junio de 2008, en sus propios términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, a la mayor urgencia, el Real Decreto que regule las misiones de carácter militar que se encomienden a la Guardia Civil."
161/000447
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre información a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de las misiones internacionales de pacificación en las que participen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 81, de 10 de octubre de 2008, en los siguientes términos:
1. Elaborar un informe anual sobre las operaciones en el exterior en las que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su remisión a la Comisión de Interior. Una vez remitido dicho informe, el Gobierno comparecerá para exponer el mismo en la Comisión de Interior.
2. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado las previsiones oportunas a los efectos de hacer frente a dichas operaciones."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar a la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre información a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de las misiones internacionales de pacificación en las que participen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, del Grupo Parlamentario Popular.
1. Elaborar un informe sobre las operaciones en las que intervengan Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su remisión a la Comisión de Interior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa a garantizar la seguridad ciudadana en la bahía de Portmany, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 97, de 4 de noviembre de 2008.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a garantizar la seguridad ciudadana en la bahía de Portmany, del Grupo Parlamentario Popular.
1. Potenciar el papel de las Juntas locales de Seguridad en los municipios de St. Josep y St. Antoni, favoreciendo mecanismos de coordinación, para que permitan el establecimiento de planes estratégicos de seguridad ciudadana, de coordinación policial y de prevención de la delincuencia específica que se produce durante la temporada alta turística, de modo integral, y que refuercen así la seguridad en el conjunto de la zona de la bahía de Portmany.
2. Extender este tipo de medidas de potenciación de las Juntas locales de Seguridad, de planificación y de coordinación policial a otras zonas de la isla de Ibiza, y de modo prioritario a la zona turística conocida como Playa d'en Bossa, correspondiente a los municipios de Ibiza y St. Josep.
3. Continuar con el progresivo incremento de efectivos, recursos y mejora de las infraestructuras, de acuerdo a las necesidades específicas de los Cuerpos de Seguridad y los requerimientos que presenta la seguridad ciudadana de las zonas citadas, asignando para ello las dotaciones presupuestarias adecuadas."
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la publicación de datos referentes a cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 128, de 22 de diciembre de 2008, en los siguientes términos:
1) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar el Sistema de Estadística de Población Reclusa.
El sistema estadístico debe poner a disposición de los ciudadanos estadísticas semanales que proporcionen datos sobre:
a) Población reclusa por sexo.
b) Población reclusa por situación procesal-penal.
c) Población reclusa por Comunidades Autónomas, según sexo.
d) Población reclusa media del año actualizada semanalmente, en una tabla con una serie temporal que se inicia en 1990.
Y estadísticas mensuales estructuradas por:
a) Distribución de la población reclusa por sexo.
b) Población reclusa según situación procesal-penal por sexo.
c) Distribución de la población reclusa por Grado de tratamiento.
d) Distribución por Comunidades Autónomas de la población reclusa.
e) Población reclusa penada por grupos de edad, según sexo.
f) Población reclusa preventiva por grupos de edad, según sexo.
g) Tipología delictiva de la población reclusa penada. Código Penal derogado.
h) Tipología delictiva de la población reclusa penada. Código Penal derogado. Hombres.
i) Tipología delictiva de la población reclusa penada. Código Penal derogado. Mujeres.
j) Tipología delictiva de la población reclusa penada. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
k) Tipología delictiva de la población reclusa penada. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Hombres.
l) Tipología delictiva de la población reclusa penada. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Mujeres.
m) Población reclusa extranjera, por sexo.
2) Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Estadística de Población Reclusa, dentro del Plan Estadístico Nacional, para que
los datos contenidos en la misma puedan ser publicados con carácter semestral referidos a cada Centro Penitenciario dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la publicación de datos referentes a cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Grupo Parlamentario Popular.
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar el Sistema de Estadística de Población Reclusa.
a) Distribución de la población reclusa por sexo
b) Población reclusa según situación procesal-penal por sexo
c) Distribución de la población reclusa por Grado de tratamiento
f) Población reclusa preventiva por grupos de edad, según sexo
i) Tipología delictiva de la población reclusa penada. Código Penal derogada. Mujeres.
2. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la modificación de la Estadística de Población Reclusa, dentro del Plan Estadístico Nacional, para que los datos contenidos en la misma puedan ser publicados con carácter semestral referidos a cada Centro Penitenciario dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias."
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar de manera inmediata e individualizada los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, anulando a todos sus efectos todas las sanciones injustas."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar de manera individualizada los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, anulando a todos sus efectos aquellas sanciones manifiestamente injustas."
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la agilización de los trámites para la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto de Algeciras (Cádiz), presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 140, de 4 de febrero de 2009, en sus propios términos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a acometer los estudios y trabajos previos para dotar de nuevas instalaciones a la Guardia Civil del Mar en Algeciras (Cádiz) acordes con la importante labor que realizan en su lucha contra los tráficos ilícitos en aguas del Estrecho de Gibraltar y sus cercanías."
161/000836
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la construcción de la comisaría de Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz), presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 161, de 9 de marzo de 2009, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir la comisaría de Policía continuando las negociaciones que mantiene con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para adoptar los acuerdos que permitan la construcción de esta nueva Comisaría con el fin de mejorar la seguridad pública en el municipio y mejorar las condiciones de prestación del servicio de los agentes de policía."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la construcción de la comisaría de Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz), del Grupo Parlamentario Popular.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar las negociaciones que mantiene con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para adoptar los acuerdos que permitan la construcción de una nueva Comisaría con el fin de mejorar la seguridad pública en el municipio y mejorar las condiciones de prestación del servicio de los agentes de policía."
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, aprobó la Proposición no de Ley sobre el aumento de la edad para opositar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 188, de 20 de abril de 2009, en sus propios términos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar un posible incremento de la edad máxima para acceder a las oposiciones del Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en la línea de lo establecido por otros cuerpos de seguridad españoles y europeos."
161/001190
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre la inseguridad en el ámbito rural, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 245, de 3 de agosto de 2009.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre la inseguridad en el ámbito rural, del Grupo Parlamentario Popular.
1. Continuar la adaptación del despliegue de la Guardia Civil a las necesidades reales del medio rural.
2. Seguir aumentando el catálogo de puestos de trabajo dedicados específicamente a tareas de seguridad ciudadana en la Guardia Civil.
3. Seguir potenciando las actuaciones dirigidas a la mejora y adecuación de las instalaciones de la Guardia Civil, mediante el Plan Plurianual de Inversiones en infraestructuras.
4. Intensificar las medidas del Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, encaminadas a la prevención de la criminalidad en el ámbito rural.
5. Reforzar en el ámbito de las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana el diálogo con los colectivos y asociaciones agrarias, para favorecer una mayor eficacia de la actuación de la Guardia Civil."
La Comisión de Interior, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la legislación relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 257, de 21 de septiembre de 2009, en los siguientes términos:
1. Aprobar y remitir a las Cámaras en el próximo período de sesiones para su debate, los proyectos normativos que actualicen la legislación de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para adecuarlos a las nuevas leyes aprobadas, en particular a la Ley de Personal Militar y al Estatuto del Empleado Público, en las que se regule el desarrollo de la carrera profesional y la formación académica en el ámbito de Bolonia.
2. Desarrollar las leyes de la Guardia Civil aprobadas en la anterior legislatura."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la legislación relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
1. Aprobar y remitir a las Cámaras durante este periodo de sesiones, para su debate, los proyectos normativos que actualicen la legislación de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para adecuarlos a las nuevas leyes aprobadas, en particular a la Ley de Personal Militar y al Estatuto del Empleado Público, en las que se regule el desarrollo de la carrera profesional, la formación académica universitaria en el ámbito de Bolonia, así como los sistemas de selección y formación.
2. Desarrollar las leyes sobre la Guardia Civil aprobadas en la anterior legislatura y que debido a su falta de reglamentación están causando graves trastornos a los guardias civiles."
El Gobierno prometió enviar estas nuevas leyes a la cámara en el verano de 2008, tras más de un año de espera, el plazo no puede ser mayor.
Por otra parte la falta de desarrollo reglamentario de algunos aspectos de las leyes aprobadas en la anterior legislatura sobre la Guardia Civil, está provocando graves problemas a muchos guardias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáez de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001207
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre ayudas al sector del corcho, sea debatida en la Comisión de Economía y Hacienda.
Aceptar la declaración de voluntad, trasladar a la Comisión de Economía y Hacienda y comunicar este acuerdo a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 245, de 3 de agosto de 2009.
161/000392
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las Áreas Eólicas Marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 72, de 26 de septiembre de 2008, en los siguientes términos:
Que toda instalación de aerogeneradores marinos siga escrupulosamente, como se viene haciendo en la actualidad, la legislación vigente en la materia, de modo que en todas las Áreas Eólicas Marinas establecidas en el ámbito del Golfo de Cádiz, entre las que se encuentra el Área Eólica Marina de Trafalgar, y en el arco mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, se considera como Zonas de Condicionantes o Limitaciones, es decir, con la manifiesta necesidad que para llevar a cabo cualquier desarrollo eólico, se deberán realizar los necesarios estudios durante la fase previa y en la fase de desarrollo del proyecto piloto que deberá tener en cuenta el impacto que pudieran producir sobre las rutas migratorias del atún rojo, sobre todas las especies de interés pesquero comercial y de aves marinas que se pudieran ver afectadas por la posible instalación de aerogeneradores. Dichos estudios, cuya metodología y realización deberán ser adecuadamente supervisadas, contrastadas y debidamente estandarizadas por la administración competente, deberán extenderse a un ámbito geográfico mucho más amplio que el propio área de instalaciones de las PEMs."
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las Áreas Eólicas Marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo, entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona.
Se propone la adición del siguiente párrafo:
"Que para otras zonas marítimas no incluidas en el apartado anterior se amplíen los estudios a realizar a todas las especies de interés pesquero comercial y de aves marinas que se pudieran ver afectadas por la posible instalación de aerogeneradores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáez de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que no autorice la instalación de aerogeneradores marinos en las Áreas Eólicas Marinas de Trafalgar y Arco Mediterráneo entre Tarifa y Cabo de Gata, en el Golfo de Cádiz, hasta que no haya estudios suficientes que garanticen que no habrá daños irreversibles para las rutas migratorias trófica y genética del atún rojo y de aves entre el Atlántico y el Mediterráneo, las almadrabas y la pesca en general de la zona, del Grupo Parlamentario Popular.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que toda instalación de aerogeneradores marinos siga escrupulosamente, como se viene haciendo en la actualidad, la legislación vigente en la materia, de modo que en las Áreas Eólicas Marinas establecidas en el ámbito del Golfo de Cádiz, entre las que se encuentra el Área Eólica marina de Trafalgar, y en el arco mediterráneo entre Tarifa y el cabo de Gata, se consideren como Zonas con Condicionantes o Limitaciones, es decir, con la manifiesta necesidad de que para llevar a cabo cualquier desarrollo eólico se deberán realizar los necesarios estudios durante la fase previa y en la fase de desarrollo del proyecto piloto que deberán tener en cuenta el impacto que pudieran producir sobre las rutas migratorias del atún rojo. Dichos estudios, cuya metodología y realización deberán ser adecuadamente supervisados, contrastados y debidamente estandarizados, en el caso de las especies altamente migratorias, deberán extenderse a un ámbito geográfico necesariamente mucho más amplio que al propio área de instalación de los PEMs."
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el Torneo del Toro de la Vega, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 72, de 26 de septiembre de 2008, en los siguientes términos:
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso, sobre el Torneo del Toro de la Vega.
Añadir un nuevo apartado con el siguiente redactado:
"1bis.a. Modificar el apartado undécimo de la Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, de manera que todas las fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional o internacional, al amparo de lo dispuesto en la OM de 19 de enero de 1979, cumplan los requisitos que se establecen en la Orden ITC/1763/2006, y en particular en lo que se refiere a actos que comporten maltrato a animales o personas.
1bis.b. Revisar en el plazo máximo de un mes, el reconocimiento de todas las fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional o Internacional, con el fin de que todas ellas cumplan los requisitos establecidos en la Orden ITC/1763/2006, y en especial en lo que se refiere a actos que comporten maltrato a animales o personas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el Torneo del Toro de la Vega, del Grupo Parlamentario de Ezquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un Grupo de trabajo de alto nivel en el que participen las CC.AA. y los agentes sociales implicados más representativos, para que analice la diferente legislación existente sobre el tema en España, y proponga soluciones dentro del marco de una posible Ley de Protección Animal."
161/000927
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre implicación del Gobierno en la defensa de las demandas del sector hortofrutícola español en las negociaciones bilaterales de la Unión Europea con Marruecos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 181, de 7 de abril de 2009, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir y trasladar a las Autoridades Comunitarias las siguientes demandas del sector hortofrutícola español, con objeto de que sean tenidas en cuenta a la hora de avanzar en las negociaciones bilaterales:
1.º Que es necesario defender los intereses del sector a nivel comunitario, y para ello no deberían realizarse ulteriores concesiones respecto al acuerdo actual con Marruecos.
2.º Que no debe permitirse en ningún caso que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses.
3.º Que debe adecuarse y unificarse el método de establecimiento del precio de entrada para garantizar la transparencia de las transacciones.
4.º Que han de potenciarse y coordinarse los controles aduaneros de los puntos principales de entrada del tomate marroquí en la UE para asegurarnos que se cumplen los acuerdos en cada momento.
Solicitar a la Comisión Europea información sobre los resultados de los controles aduaneros en los puntos de entrada del tomate marroquí en la UE para evaluar con mayor seguridad el cumplimiento de los acuerdos en todos sus aspectos (precios y contingentes) y en cada momento.
5.º Que han de realizarse estudios prospectivos sobre el potencial productivo marroquí y sobre la necesidad de diversificación productiva y de cooperación entre ambas orillas del Mediterráneo.
6.º Que ha de exigirse, en el acuerdo final con Marruecos, el cumplimiento estricto de las exigencias fitosanitarias y de calidad contempladas en la legislación comunitaria para evitar la pérdida de competitividad de nuestros productores. En este sentido, no debe permitirse la entrada de frutas y verduras en cuyo proceso productivo se empleen materias activas cuyo uso esté prohibido en nuestro mercado interior; siendo necesario que Marruecos se comprometiese a aplicar normas semejantes a las existentes en la Unión Europea."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre implicación del Gobierno en la defensa de las demandas del sector hortofrutícola español en las negociaciones bilaterales de la Unión Europea con Marruecos, del Grupo Parlamentario Popular.
1. Que es necesario defender los intereses del sector a nivel comunitario para conseguir que tenga un trato de extrema sensibilidad si se realizan nuevas concesiones como consecuencia de las nuevas liberalizaciones recíprocas que derivan del Acuerdo de Asociación, aunque deban atravesar un periodo de adaptación."
"2. Debe defenderse como objetivo prioritario que los contingentes se continúen distribuyendo por meses."
"4. Solicitar de la Comisión Europea información sobre los resultados de los controles aduaneros en los puntos de entrada del tomate marroquí en la UE para evaluar con mayor seguridad el cumplimiento de los acuerdos en todos sus aspectos (precios y contingentes) y en cada momento."
Al punto 6:
"6. Que ha de exigirse, en el acuerdo final con Marruecos, el cumplimiento estricto de las exigencias fitosanitarias y de calidad contempladas en la legislación comunitaria para evitar la pérdida de competitividad de nuestros productores. En este sentido, no debe permitirse la entrada de frutas y verduras en cuyo proceso productivo se empleen materias activas cuyo uso esté prohibido en nuestro mercado interior; siendo necesario que Marruecos se comprometiese a aplicar normas semejantes a las existentes en la Unión Europea."
Los puntos 3 y 5 se mantienen en sus propios términos.
161/001004
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 197, de 5 de mayo de 2009, en los siguientes términos:
Dado que los núcleos de población del ayuntamiento de Marín que cuentan con edificaciones de histórica singularidad (Loira, Aguete, Casas, Mogor y Teoira), podrían ser áreas urbanas consolidadas con anteriordad a la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, en el caso de que dispusieran de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, etc. y posibles errores administrativos en la clasificación urbanística dada a estos núcleos en las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Marín determinaron la aplicación de una servidumbre de protección de 100 metros, corresponde:
Incoar un nuevo expediente de deslinde del tramo de costa que afecta a los núcleos de Marín en el que se puedan aportar cuantos informes, estudios y alegaciones sean precisas para que a los mencionados núcleos se les pueda aplicar, en su caso, el régimen previsto en el apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, así como lo establecido en el apartado 3 de la disposición transitoria séptima y en los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria novena del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de dicha Ley."
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del G.P. Mixto, relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral.
"Ante la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran los núcleos de población, de carácter histórico y singular (Loira, Aguete, Casás y Mogor), del ayuntamiento de Marín, afectados por la Ley de Costas. Alcanzar acuerdos con esta Entidad local a través del Plan General Urbanístico que en este momento está siendo elaborado por la administración municipal dado que estos núcleos tenían el reconocimiento de suelo urbano anteriormente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, como queda acreditado en el estudio realizado
por la Dirección General de Urbanismo de la Xunta de Galiza."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral.
Se propone añadir al punto 2 el siguiente texto:
"En consecuencia, abrir un proceso de diálogo con la Xunta de Galicia y los ayuntamientos afectados a fin de resolver el problema de inestabilidad jurídica en el que se encuentran diversos núcleos de población situados a lo largo de la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral y dando una solución antes de final de año."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la necesidad de resolver la situación de inestabilidad jurídica en la que se encuentran núcleos urbanos singulares situados en la costa gallega a menos de cien metros desde el límite del litoral, del Grupo Parlamentario Mixto.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener, y en la medida de lo posible mejorar, la actual línea de diálogo con las CC.AA. y Ayuntamientos cuyos terrenos y bienes se puedan ver afectados por la llamada Zona de Servidumbre de Protección, para estudiar caso por caso la situación de cada uno de ellos."
161/001071
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas en el curso del río Fluvià, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y publicada en el "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 212, de 1 de junio de 2009, en los siguientes términos:
Acercar posturas entre las administraciones buscando el entendimiento y la mejora de la actual línea de diálogo con las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y otros organismos que se vean involucrados en el deslinde del curso del río Fluvià con el fin de establecer el límite del dominio público marítimo-terrestre atendiendo a la singularidad de la zona."
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguientes enmiendas a
la Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en el curso del río Fluvià.
Se modifica el texto de la Proposición no de Ley a la que se le da el siguiente redactado:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a archivar el procedimiento de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el curso del río Fluvià y el "rec Sirvent" que está llevando a cabo la Dirección General de Costas."
Se pretende el archivo definitivo del expediente, no sólo su paralización.
Se sustituye el texto de la Proposición no de Ley por el siguiente al que se le da el siguiente redactado:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estimar las alegaciones presentadas por la Agencia Catalana de l'Aigua en lo que se refiere a la nueva propuesta de delimitación de la zona de dominio público marítimo-terrestre, de conformidad con el informe emitido el 7 de abril de 2009."
Las alegaciones presentadas pretenden una delimitación menos agresiva que la presentada por el Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2009.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en el curso del río Fluvià del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mantener, acercar posturas buscando el entendimiento, y en la medida de lo posible mejorar, la actual línea de diálogo con las CC.AA., los Ayuntamientos y otros Organismos que se puedan ver involucrados en el deslinde del curso del río Fluvià con el fin de establecer el límite del dominio publico marítimo-terrestre atendiendo a la singularidad de la zona."
161/001073
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre conservación y protección de la dehesa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG.
l. Promover instrumentos legislativos o administrativos que sirvan de marco de coordinación y colaboración con las Comunidades Autónomas para la conservación y protección de las Dehesas.
2. Impulsar, apoyar y coordinar junto con las Comunidades Autónomas el estudio y la investigación sobre el estado fitosanitario de las masas de Quercíneas de forma general y sobre las causas y soluciones de la "Seca del Quercus" y de la culebrilla de forma particular.
3. Gestionar ante la Unión Europea la integración de la cobertura de sistemas agrícolas, silvícolas y pastoriles en los instrumentos financieros de desarrollo rural para garantizar la rentabilidad de las explotaciones forestales, cinegéticas y ganaderas.
4. Que se reconozca, a nivel nacional y europeo, la importancia ecológica y social de la dehesa, patrimonio natural de enorme valor ecológico. Cuyo abandono y degradación puede producir desarraigo en la población que vive en esos espacios naturales, así como elevar aún más los riesgos de incendios de las zonas adehesadas.
5. Recabar el establecimiento de líneas de apoyo financiero, fiscal y social al sector agropecuario de las
comarcas de la dehesa, así como la modificación de la normativa para su adaptación a la industria artesanal."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre Conservación y Protección de la Dehesa.
Enmienda al punto 3
"Recabar el establecimiento de líneas de apoyo financiero, fiscal y social al sector agropecuario de las comarcas de la Dehesa dada la magnitud de la severa crisis agraria que les está afectando."
Las producciones de la Dehesa como el cerdo ibérico, el corcho, cereales, ovino-caprino, vacuno están atravesando una crisis de precios grave que merman seriamente los ingresos y la rentabilidad de las explotaciones agrarias de la Dehesa. Se trata de movilizar recursos de apoyo tanto de los fondos Feoga como Feader de la UE, así como estatales y autonómicos para ayudar a los titulares de las explotaciones agrarias para así mantener el tejido rural en las comarcas de la Dehesa, evitando el abandono rural y garantizar el relevo generacional.
161/001101
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre apoyo del Gobierno a la recuperación medioambiental en la provincia de León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 218, de 9 de junio de 2009, en los siguientes términos:
1.º Facilitar los medios para la realización de proyectos que, con el objeto de recuperar las escombreras abandonadas, tanto de carbón como de pizarra, lleven implícitas actuaciones medioambientales con vocación de permanecer en la comarca.
2.º Que estas actuaciones vayan acompañadas de medidas dirigidas a la generación de empleo a través de la formación y orientación profesional de personas interesadas en acceder a una potencial demanda de empleo en el sector ambiental.
3.º Que para ello se contemplen medidas de colaboración con las entidades locales de la comarca que muestren interés en este tipo de acciones mediante el establecimiento de los oportunos convenios."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo del Gobierno a la recuperación medioambiental en la provincia de León.
"En el punto primero donde dice: "facilitar los medios para la realización de proyectos", debe decir: "habilitar las partidas presupuestarias para la realización de proyectos"."
La Proposición no de Ley se está refiriendo a las escombreras, fruto de la minería del carbón, olvidándose del grave problema que también suponen las escombreras resultantes de la actividad minera de la pizarra. Por lo que se debieran incluir las escombreras de pizarra en los objetivos de esta Proposición.
161/001160
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a medidas para garantizar la actividad de la pesca del atún rojo por las almadrabas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 245, de 3 de agosto de 2009, en los siguientes términos:
1. Que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino promueva ante la Comisión Europea y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), con motivo de la reunión a celebrar en Brasil en noviembre, que el resto de países con cuotas asignadas cumplan escrupulosamente con el acuerdo, máxime teniendo en cuenta que esta especie ha estado a punto de engrosar el Apéndice 1 del CITES, sin por ello perjudicar la pesca del atún rojo por almadrabas, ni prohibir su comercio internacional.
2. Que se siga negociando el incremento de la cuota inicial otorgada a través del fondo de maniobra, integrando las cuotas adicionales obtenidas por medio de intercambios con otros Estados miembros como se ha producido en la presente campaña.
3. Que en el reparto de la cuota asignada a España, la cuantía para la Flota Artesanal y almadrabas se atienda a un equilibrio entre las necesidades biológicas de preservación de la especie y las necesidades socio-económicas del sector para garantizar la actividad durante el período de campaña."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas para garantizar la actividad de la pesca del atún rojo por las almadrabas.
1. Que por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se promueva ante la Comisión Europea y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), con motivo de la reunión a celebrar en Brasil en noviembre próximo, que la cuota que se apruebe para el año 2010 dentro del plan de recuperación del atún rojo, se fije admitiendo un margen de tolerancia del 10 % con cargo a la cuota que se disponga en el año 2011.
2. Que en el reparto de la cuota autorizada para España la cuantía para la flota artesanal y almadrabas sea suficiente para mantener la actividad durante el periodo de campaña tradicional.
3. Que la posición española en la reunión a celebrar en Brasil para fijar la cuota correspondiente al año 2010 sea la de la defensa de los intereses del sector pesquero español."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a medidas para garantizar la actividad de la pesca del atún rojo por las almadrabas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
1. Que continúe insistiendo, tanto en el foro comunitario como en el del ICCAT, a través de la CE, para que el resto de las partes afectadas cumplan escrupulosamente con el mismo, máxime teniendo en cuenta que esta especie ha estado a punto de engrosar el Apéndice 1 del CITES; sin por ello perjudicar la pesca del atún rojo por almadrabas, ni prohibir su comercio internacional.
2. Que se siga negociando el incremento de la cuota inicial otorgada a través del fondo de maniobra, integrando las cuotas adicionales obtenidas por medio de intercambios con otros Estados miembros como se ha producido en la presente campaña con Portugal y atendiendo a un equilibrio entre las necesidades biológicas de preservación de la especie y las necesidades socio-económicas del sector."
161/001195
La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, aprobó la Proposición no de Ley sobre la protección del ajo morado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 245, de 3 de agosto de 2009, en sus propios términos.
1. Impulsar, apoyar y proponer una estrategia común para la defensa del sector del ajo.
2. Realizar un seguimiento periódico de las importaciones a través de todos los códigos aduaneros NC bajo los que se importa ajo a la UE, para garantizar que no se rebasa el contingente.
3. Modificación de los requisitos a cumplir por los importadores de ajo.
4. Cumplimiento por parte de las producciones hortofrutícolas importadas de terceros países de las normas y protocolos en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria que se aplican a las producciones comunitarias.
5. Intensificación del control en cuanto a la importación y comercialización de ajo.
6. Apoyar las preocupaciones manifestadas por la Asociación Mesa Nacional del Ajo de España en defensa de este producto y que han sido planteadas por ayuntamientos de numerosas poblaciones de España con producción de ajo, diputaciones provinciales y parlamentos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
7. Solicitar que por parte del Gobierno, en virtud de las competencias que tiene atribuidas en la materia, se inicie con carácter urgente el procedimiento de negociación ante la Comisión de establecimiento de un sistema de seguimiento y control de las importaciones que aporten garantía de que se respeta la Reglamentación vigente.
8. Estudiar la posibilidad de creación y puesta en marcha de una marca de calidad de tipo colectivo que ampare todo el ajo producido en España y sirva para promocionarlo ante el consumidor y diferenciarlo del ajo importado.
9. Promover la realización de un estudio para la caracterización del ajo importado y de los ajos españoles mediante la determinación de sus composiciones isotópicas naturales, lo que permitirá en materia de control aduanero disponer de un instrumento eficaz para verificar el origen de la producción y la detección de falsas declaraciones."

References: artículo 22
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 194
 artículo 32
 artículo 51
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 12
 artículo 90
 artículo 14
 artículo 66
 artículo 76
 artículo 18
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 62
 artículo 63
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 56
 artículo 21
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 194
 Real Decreto 
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 22
 artículo 193
 artículo 22
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 194