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Timestamp: 2017-02-27 00:43:02+00:00

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N° 18 - Derechos del Consumidor by LegalPublishing - issuu
www.legalpublishing.cl AÑO I
Un tema pendiente: el
sistema de cobranzas en
la ley sobre protección
Profesora de Derecho Civil, Universidad Diego Portales
Fundación Fueyo
La Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en adelante ley o LPDC, original no contempló un
procedimiento especial para realizar las cobranzas. Fue la
ley Nº 19.659 de 1999 la que estableció sanciones a los procedimientos de cobranzas ilegales al introducir una serie de
modificaciones al artículo 37 y que, además, incorporó los
artículos 39 A y 39 B. Con esta modificación se unió el crédito con las cobranzas.
Si bien estas instituciones tienen una conexión especial,
no siempre las cobranzas se generan por mutuos (o créditos) impagos, por ejemplo de los servicios básicos. De
este modo, las reglas de cobro quedaron unidas a las que
rigen las tasas de interés, la adición de seguros, los gastos notariales, impuestos y todas las reglas de información
crediticias que provienen del artículo 37 LPDC. Para evitar
que las empresas externas que no tienen vínculos contractuales con el consumidor o que las deudas que se generan
de créditos impagos no se rijan por estas normas, dos años
más tarde, la ley Nº 19.761 de 2001 extendió su ámbito de
aplicación a todas las operaciones de consumo regidas por
esta ley, aun cuando no involucren el otorgamiento de un
crédito al consumidor (artículo 39 C). (ver p. 3)
Desafíos en Derecho
Los Derechos Implícitos
Profesor de Derecho del Consumidor
Es curioso que la ley Nº 19.496 se defina a sí misma como
aquella que “establece normas sobre protección de los
derechos de los consumidores”. Desde su origen, la ley,
más que establecer un marco amplio de protección a los
consumidores, buscó restringir su ámbito de aplicación.
Hay que recordar que el texto original imponía el principio
de subsidiariedad de la ley, es decir que sus normas sólo
se aplicarían a falta de otra regulación especial; y además,
siempre que se tratase de un acto mixto, esto es, mercantil para el proveedor y civil para el consumidor. A ello hay
que agregar que la ley no incluía en su regulación el derecho de retracto, ni una norma general en materia de cláusulas abusivas, como tampoco a las acciones colectivas.
Por último, revelando más bien un espíritu sancionatorio
hacia el proveedor, y no protector hacia el consumidor, la
competencia para conocer de las acciones emanadas de
la ley fue entregada a los jueces de Policía Local. En suma,
no podía decirse que el espíritu del legislador estuviese
especialmente dirigido hacia la protección de los derechos
de los consumidores, sino más bien a limitar dicha protección, tomando en especial consideración los intereses de
Tradicionalmente en la búsqueda de los derechos de
los consumidores se llega rápidamente al catálogo de
derechos básicos que contempla expresamente la Ley
de Protección al Consumidor (LPC). En el artículo 3° de
este cuerpo legal se reconoce el derecho a la libre elección, a la información veraz y oportuna, a la seguridad,
a la reparación, y a la educación. Es posible identificar
algunos otros derechos que están también ubicados en
diferentes reglas en este marco legal, como ocurre con
el derecho a retracto, el derecho a la garantía, el derecho a que no se le niegue injustificadamente la venta y
algunos otros derechos semejantes.
Con posterioridad, la ley Nº 19.496 ha sido objeto de una
serie de reformas, las más importantes, a mi juicio, las introducidas por la ley Nº 19.955 del año 2004 y, recientemente, por la ley Nº 20.555, de mayo de 2012, sobre
productos y servicios financieros. (ver p. 6)
Pero la LPC esconde otros derechos que no aparecen
con la visibilidad que tienen estos otros derechos antes mencionados, pero cuya importancia resulta fundamental para asegurar una debida tutela al consumidor.
Se trata de los derechos implícitos de los consumidores
(siendo su contrapartida los deberes implícitos de los
proveedores, esto es deberes de conducta que emanan
de la naturaleza propia del vínculo contractual en una
relación de consumo). Son aspectos que siempre han
estado presente, pero que no han recibido la suficiente
atención ni interés ni por la doctrina, la práctica ni la
jurisprudencia. Se trata de derechos que son inherentes
a la utilidad o finalidad esencial que deben procurar los
bienes y servicios contratados por cualquier consumidor. (ver p. 7)
Modifica ley Nº 20.256, que
establece normas sobre
pesca recreativa, respecto
del valor de las licencias y
(ARTÍCULO 19 Nº 24 CPR)
POR ACCIDENTE DEL TRABAJO
APLICACIÓN DE MULTA POR LA
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NULIDAD DE CLÁUSULAS DE
(Págs. 4 y 5)
Las leyes de protección a los consumidores
nunca han sido instrumentos de fácil discusión e implementación. La razón es muy simple, estas son dictadas en contextos en que
los remedios tradicionales elaborados en el
derecho común –privado habitualmente–
para resolver las posiciones y controversias
entre proveedores y consumidores han resultado insuficientes. Las razones son obvias:
asimetrías de información, poder de influencia, determinación unilateral, formulismo
contractual, costos de la litigación, distribución de riesgos, entre las más conocidas.
Por estas razones las leyes de protección a
los consumidores tratan de igualar las condiciones en la cancha para corregir las que
parecieran son las asimetrías de posición que
genera la relación contractual asociada al
consumo. Las críticas habituales a estas leyes
se traducen en el supuesto incentivo al litigio,
sobre todo por el efecto de las denominadas
Por eso, estas leyes enfrentan el dilema de
cuánto incentivo de mercado y cuánta regulación pública son necesarios para llevar a cabo
los propósitos perseguidos en ellas. Este debate se traduce en si los instrumentos deben
operar sobre la base de efectos reputacionales, si es necesario disponer de un régimen
sancionatorio estricto, si el Estado debe tener
una institucionalidad instrusiva, si es más eficiente usar medios voluntarios o coercitivos
en los proveedores, entre las discusiones más
La Ley del Consumidor chilena dictada en
1997 tuvo en su origen buena parte de estos
debates, lo que permitió a muchos sostener
de que incluso era innecesaria. Los años han
pasado y las relaciones entre consumidores
y proveedores han variado, entre otras cosas
por el tipo de información que poseen en la
actualidad los primeros para adoptar sus decisiones.
Lo que pareciera evidente es que, con las innumerables restricciones que tiene nuestro
sistema normativo en materia de consumidores, su aplicación ha tenido algunos efectos a
lo menos de autodisciplina en determinados
sectores. Sin embargo, esos efectos son nulos en algunas áreas en donde las compañías
tienen posiciones prevalentes de mercado. A
ellas, estos efectos en materia de consumidores son de consecuencias muy limitadas para
esa autodisciplina.
Es inevitable discutir sobre los temas centrales de regulación de nuestra Ley del Consumidor. Nos hemos quedado en debates procesales o adjetivos de determinados sectores,
pero parece razonable buscar debates para la
promoción de reformas materiales a la regulación del derecho del consumo. En este número de La Semana Jurídica encontrará algunos de esos debates.
BOLETÍN Nº: 8623-06
FECHA DE INGRESO: 11.10.2012
PROYECTO: Modifica Ley Nº 18.700 Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, consagrando la obligación de candidatos a cargos de elección popular, a realizarse exámenes de droga.
MATERIA: Establece obligación de cualquier aspirante a un cargo público de someterse al test de
pelo para demostrar que no está bajo la dependencia de sustancias ilícitas.
La incompatibilidad de las autoridades con el consumo de sustancias ilícitas es un argumento potente del proyecto, porque existiría un doble discurso moral y político, hecho indeseable en la vida
BOLETÍN Nº: 8091-21
FECHA DE INGRESO: 14.12.2011
PROYECTO: Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la
actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley
General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley
N° 18.892 y sus modificaciones.
MATERIA: Cámara Alta inició debate de proyecto
de ley de pesca larga, que cumple su segundo trámite.
En esta jornada, junto con despejar temas de presuntas inhabilidades, los legisladores expresaron
distintas visiones sobre una política de sustentabilidad de los recursos pesqueros.
NORMA: Ley Nº 20.631
FECHA PUBLICACIÓN DO: 12.10.2012
ORGANISMO: Ministerio de Economía, Fomento y
MATERIA: Modifica ley Nº 20.256, que establece
normas sobre pesca recreativa, respecto del valor
de las licencias y otras materias.
NORMA: Ley Nº 20.632
MATERIA: Sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión
de área de operación artesanal.
Establece un nuevo valor a las licencias de pesca
recreativa, de acuerdo a criterios expresados en la
misma ley. A la vez, se califica como infracción menos grave el realizar actividades de pesca recreativa
y pesca submarina sin portar la licencia de pesca recreativa obtenida de acuerdo con el artículo 6º del
mismo cuerpo normativo.
El nuevo artículo 50 C de la Ley de Pesca establece
que 2 o más pescadores artesanales de la Región XI,
podrán constituir una organización de pescadores
artesanales pudiendo aportar hasta dos embarcaciones artesanales de las que sean titular.
Finalmente, determina que el Subsecretario de Pesca será la autoridad competente en el ejercicio de
todas las competencias que la ley confiere a los directores zonales de Pesca respectivos cuando ellas
se refieran a la Región Metropolitana.
Para todos los efectos legales la organización será
continuadora del o los armadores artesanales que
efectúen el respectivo aporte.
Regula la inscripción de pescadores artesanales y
sus embarcaciones, autorizando la captura de ciertas especies para las regiones VIII, X, XV, XI y XII
cumpliendo los requisitos correspondientes.
Un tema pendiente: el sistema
de cobranzas en la ley sobre
La Ley sobre Protección de los Derechos de los
Consumidores, en adelante ley o LPDC, original no
contempló un procedimiento especial para realizar
las cobranzas. Fue la ley Nº 19.659 de 1999 la que
estableció sanciones a los procedimientos de cobranzas ilegales al introducir una serie de modificaciones al artículo 37 y que, además, incorporó los
artículos 39 A y 39 B. Con esta modificación se unió
el crédito con las cobranzas.
Si bien estas instituciones tienen una conexión especial, no siempre las cobranzas se generan por
mutuos (o créditos) impagos, por ejemplo de los
servicios básicos. De este modo, las reglas de cobro quedaron unidas a las que rigen las tasas de
interés, la adición de seguros, los gastos notariales,
impuestos y todas las reglas de información crediticias que provienen del artículo 37 LPDC. Para evitar
que las empresas externas que no tienen vínculos
contractuales con el consumidor o que las deudas
que se generan de créditos impagos no se rijan por
estas normas, dos años más tarde, la ley Nº 19.761
de 2001 extendió su ámbito de aplicación a todas
las operaciones de consumo regidas por esta ley,
aun cuando no involucren el otorgamiento de un
crédito al consumidor (artículo 39 C).
De lege lata no parece conveniente tratarlas en el
mismo título, se corre el riesgo –y así ha sucedido–
“Tal como se sugiere en el título, me parece que es un tema
pendiente. Antes de la entrada
en vigencia de la reforma del
Sernac financiero, un estudio
arrojó que uno de cada cuatro
reclamos que recibía este organismo correspondía al mercado financiero; y dentro de ellos,
uno de los temas más invocados era cobranzas extrajudiciales. Y, en otro informe de este
año se anunció un aumento de
139% (casi 15.000) en las reclamaciones de cobranzas en un
de confundirlas. De lege ferenda cada una de las
instituciones debería contar con una regulación
propia en la ley. Así, al menos guardarían sintonía con las que amparan el crédito regulado por
el Sernac financiero que, en términos generales,
trata las mismas obligaciones de información financiera.
Como sea, cuando hay un procedimiento de cobranza de cualquier naturaleza se aplican las
normas de consumo. Se configura una relación
de consumo entre el proveedor y el cliente consumidor que se rige por las disposiciones de la
ley. Se aplica estas disposiciones a las empresas
acreedoras que tienen sus propios sistemas de cobranzas como aquellos que la externalizan. Aquí
el mandante y los mandatarios asumen obligaciones de información en la ley.
Las reglas son infraccionales. Se trata de normas
que amparan la información del consumidor precontractual y durante la ejecución del contrato,
que debe respetar los principios de veracidad y
oportunidad (artículos 3º letra b y 4º). De su infracción podría perseguirse la responsabilidad
Sólo se norma las cobranzas extrajudiciales, que
pueden ser preventivas (antes que se genere el
cobro), o propiamente tal siempre. El sistema de
cobro judicial no se rige por la ley. El cobro extrajudicial cuenta con límites máximos de cobro que
van desde 3 al 9% según los montos adeudados.
Las empresas no cobran menos del máximo fijado
por la ley. No importan los días de atraso, la causa de la mora, cuáles y cuántas son las acciones
de cobro, quién lo realiza, siempre se cobran los
porcentajes establecidos en la ley. De lege ferenda
podría pensarse otra fórmula de cálculo más flexible que presente incentivos para evitar los cobros
Luego, se regula algunos procedimientos y se
describe conductas prohibitivas en conexión con
la ley de datos personales, como el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos
judiciales, comunicaciones a terceros ajenos a la
obligación en las que se dé cuenta de la morosidad, visitas o llamados telefónicos a la morada
del deudor durante días y horas inhábiles y, en
general, conductas que afecten la privacidad del
hogar, la convivencia normal de sus miembros ni
la situación laboral del deudor.
Tal como se sugiere en el título, me parece que es
un tema pendiente. Antes de la entrada en vigencia de la reforma del Sernac financiero, un estudio arrojó que uno de cada cuatro reclamos que
recibía este organismo correspondía al mercado
financiero; y dentro de ellos, uno de los temas más
invocados era cobranzas extrajudiciales. Y, en otro
informe de este año se anunció un aumento de
Este libro contiene toda la normativa tributaria con el respaldo y actualidad del Servicio de
Impuestos Internos. Incluye las modificaciones
de la reciente Reforma Tributaria. Contiene la
versión actualizada del Código Tributario, Ley
Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, Ley de IVA, Reglamento de IVA, Ley de
Impuesto a la Renta, Ley de Timbres y Estampillas, entre otras.
139% (casi 15.000) en las reclamaciones de cobranzas en un año.
Es sabido que hoy el mercado de las cobranzas se
encuentra altamente especializado. Cada día se
ha vuelto más sofisticado al realizar sus servicios
vía mensaje de texto, e-mail, llamadas telefónicas
programadas, call center, entre otras.
Por su parte, la regulación es de mínimos. Es cierto que hay pocas reglas que rigen las cobranzas.
Y al parecer, las sanciones infraccionales no han
logrado disuadir estas conductas.
Si bien el legislador se ha preocupado de reformar
este ámbito y se tiene noticia de proyectos de ley,
cuando se analizan no se ven las reformas estructurales que tanto se necesitan. Así las llamadas
no podrían exceder 4 veces por semana (boletín
Nº 8253-03), se pretende rebajar los gastos establecidos en la ley a 6, 3 y 1% (boletín Nº 772203), se quiere cambiar los horarios para hacer los
cobros de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las
13:00 y continúa a las 14:00 hasta las 18:00 horas
(boletín Nº 8254-03). Asimismo, en la ley que pretende modificar el interés máximo convencional,
se ha contemplado una modificación en la LPDC,
mediante la Indicación Nº 13 (boletín Nº 7932-03),
que sigue esta misma línea en el sentido de aumentar de 15 días a 20 días de atraso, y se debe
realizar al menos una gestión que garantice el debido y oportuno conocimiento del deudor sobre la
mora o retraso, si no lo hace, la cantidad máxima
que podrá cobrar se reducirá en 0,2 UF.
Estos proyectos no hacen más que demostrar la
preocupación del legislador frente a este tema específico, que si bien avanzan en la protección del
consumidor, se reflejan como reacciones particulares.
En definitiva, las cobranzas es un tema pendiente.
Se espera que en el futuro nuestros legisladores
realicen un tratamiento sistemático. Esto sería un
avance en la protección de los consumidores.
Cobro de arancel de carrera universitaria. Calificación de conducta como
voluntaria. Retiro de estudios por
motivos de salud no puede calificarse
como acción voluntaria. Vulneración del
Se recurre de protección contra una universidad, que
ha procedido a cobrar el arancel de la carrera pese
a que la alumna, hija del recurrente, se retiró de ella
por motivos de salud. Sostiene que no se ha tratado de un acto voluntario, presupuesto que habilita
al establecimiento educacional para dicho cobro. La
Corte Suprema, revocando la decisión de la Corte de
Apelaciones, acoge el recurso y ordena a la recurrida
cesar en el intento de cobro.
Antecedentes del fallo
Tipo: Recurso de protección (acogido)
Rol: 6.007–2012, de 16 de octubre de 2012
Partes: Juan Pascual Beas con Universidad del Pacífico
Ministros: Sr. Sergio Muñoz Gajardo, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Carlos Cerda Fernández y Abogados Integrantes Sr. Guillermo Piedrabuena Richard y
Sr. Arturo Prado Puga
Una acción voluntaria es aquella que importa la facultad de decidir y ordenar una actuación propia, es decir, se trata de un acto que admite o rehúye una cosa
o situación adoptada ella libre de toda coacción. Por
consiguiente, la decisión de un alumno consistente
en retirarse de la carrera que cursaba en un establecimiento de educación superior, luego de constatársele una condición de salud mental por un facultativo
especialista que requería interrupción de sus estudios,
no puede ser calificada de voluntaria, pues al momento de adoptarla su libertad se ha visto compelida por
la prescripción médica y sus particulares condiciones
de salud. De esta manera, la conducta de la universidad recurrida consistente en cobrar todo el arancel del
año en que el alumno –hijo del recurrente– se retiró de
la carrera, asilándose en una cláusula contractual que
permitía proceder así cuando el retiro fuera de carácter
voluntario, constituye un acto arbitrario y contrario a
sus propios actos, en vista que la condición de salud no
era desconocida para el establecimiento educacional,
que vulnera la garantía constitucional del derecho de
propiedad, toda vez que dándose los supuestos para
la no aplicación de la referida cláusula, se ha instado
por la cobranza de una obligación que se encontraba
suspendida. En efecto, lo correcto es suspender el cobro de las cuotas y, como contrapartida, que el alumno no reciba los servicios a los que se había obligado
la universidad, pero subsistiendo la relación entre las
partes hasta que las mismas la reanuden o le pongan
fin conforme a la legislación común.
Cita online: CL/JUR/2298/2012
Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la
Forma de fijar indemnización por lucro
cesante. Necesidad de demostrar falta
de producción del ingreso y la determinación del quantum de ganancia. Sola
existencia del perjuicio no determina
existencia de lucro cesante.
Un trabajador deduce acción de indemnización de
perjuicios contra su empleador, buscando la reparación del daño moral y del lucro cesante que
sufrió como consecuencia de accidente laboral. El
Juzgado del Trabajo acoge la demanda, decisión
impugnada mediante nulidad por el demandado,
pero que la Corte de Apelaciones desecha. Este
fallo será objeto de recurso de unificación de jurisprudencia por el demandado, el que será acogido
por el máximo tribunal, quien dictará sentencias
de reemplazo mediante las cuales acoge el recurso
de nulidad y determina el rechazo de la demanda
en lo tocante a la indemnización del lucro cesante.
(Con voto disidente).
Tipo: Recurso de unificación de jurisprudencia
(acogido)
Rol: 11.675–2011, de 16 de octubre de 2012
Partes: Andrés Sandoval Opazo con Administradora de Campos del Aconcagua Limitada
Ministros: Sr. Patricio Valdés A., Sra. Gabriela Pérez P., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Escobar Z. y
Abogado Integrante Sr. Jorge Baraona G.
El Máximo Tribunal ordena tener por unificada la jurisprudencia en el sentido que para fijar la indemnización por lucro cesante se requiere necesariamente
de la demostración de la falta de producción del ingreso o la mantención del pasivo y la determinación
del quantum de la ganancia, sin que baste para ello
la sola perpetración o acaecimiento del hecho dañoso, no pudiendo determinarse o cuantificarse este
rubro exclusivamente en base a un juicio de probabilidades. Se llega a esta conclusión atendiendo, en
primer lugar, a la definición de lucro cesante como la
pérdida efectiva de la ganancia cierta, esto es, aquel
que impide un efecto patrimonial favorable, sea porque no se produjo un ingreso o no se disminuyó un
pasivo, en segundo lugar, a la clasificación del daño
que contiene el art. 1556 del CC y, en tercer lugar, a
todas las normas que regulan el perjuicio como requisito esencial para dar nacimiento a la obligación
de indemnizar, toda vez que ese resultado pernicioso,
indudablemente, necesita de certidumbre tanto en
su existencia como en su extensión, por lo que no es
dable pretender que quede entregado a un juicio de
probabilidades, porque entonces la cantidad que se
estableciera como indemnización estaría resarciendo
el daño eventual, tal vez probable, pero en caso alguno de naturaleza cierta.
Cita online: CL/JUR/2297/2012
Artículo 1556 de Código Civil.
Obligaciones de concesionario de distribución de energía eléctrica. Alza de
voltaje traspasada a las instalaciones
Una empresa concesionaria de distribución de
energía eléctrica deduce reclamación contra la resolución de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles que le aplicó una multa de 100 UTA,
con motivo de una falla eléctrica ocurrida en una de
sus subestaciones, que provocó daños a las instalaciones de los clientes. La Corte Suprema confirma
la sentencia de la Corte de Apelaciones, que había
rechazado la reclamación.
Tipo: Recurso de reclamación (rechazado)
Rol: 7.241–2012, de 17 de octubre de 2012
Partes: Chilectra S.A. con Superintendencia de
Ministros: Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor Carreño
S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Carlos Cerda F.
y Abogado Integrante Sr. Jorge Baraona G.
La Ley General de Servicios Eléctricos impone a los
concesionarios la obligación de cumplir determinados deberes en atención a la naturaleza de servicio
público que tiene la concesión que detentan, entre
ellos, la mantención y operación de sus instalaciones
que, en cuanto dicen relación con el servicio prestado a los usuarios finales, tendrán por objeto, entre
otros, evitar sobretensiones o, si éstas se producen
por causas no atribuibles a la empresa, impedir la
propagación de sus efectos a los destinatarios del
suministro eléctrico. En otros términos, es una obligación de la empresa dotar a sus instalaciones de
sistemas de protección eficaces y actuar de manera
preventiva. El desarrollo tecnológico del campo eléctrico permite exigir a las concesionarias respuestas
técnicas apropiadas para las distintas situaciones
de riesgo, empresas que se hallan obligadas por la
normativa que las rige a implementar e ir adoptando permanentemente las medidas que garanticen la
calidad del servicio eléctrico que deben prestar. En
consecuencia, acaecida una alza de voltaje que se
traspasó a las instalaciones interiores de sus clientes,
dañando artefactos eléctricos y electrónicos, correspondía a la concesionaria demostrar que disponía de
los aparatos tecnológicos adecuados para prevenir,
en lo posible, las sobretensiones peligrosas, lo que,
en la especie, no hizo y, por tanto, resulta responsable al no haber llevado a cabo una adecuada mantención de sus instalaciones y al no emplear aparatos
convenientemente elegidos.
Cita online: CL/JUR/2310/2012
Artículos 139 y 224 de DFL Nº 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
INAPLICABILIDAD POR
Máximas de la experiencia. Remuneración variable que no carece de certeza
ni es indeterminada. Facultad del empleador para fijar las metas de venta.
Sindicato demanda a empresa de la que forma parte,
reclamando el cobro de prestaciones laborales y la
declaración de nulidad de las cláusulas contractuales
relativas a la forma de cálculo de las remuneraciones
variables. Juzgado del trabajo acoge la acción, pero la
Corte de Apelaciones, conociendo el recurso de nulidad planteado por la empresa, anula la sentencia y
dicta una de reemplazo en que rechaza la demanda.
Tipo: Recurso de nulidad (acogido)
Rol: 1226-2012, de 12 de octubre de 2012
Partes: Sindicato Nacional Empresa Rabié S.A. con
Jorge Rabié y Compañía S.A.
Ministros: Sres. Juan Cristóbal Mera Muñoz, Omar
Astudillo Contreras y Abogado Integrante María Cristina Gajardo Harboe
El sentenciador acogió la demanda de declaración de
nulidad de las estipulaciones contractuales sobre la
forma de cálculo de las remuneraciones variables acordadas, por estimar que eran indeterminadas y carentes
de certeza. Sin embargo, para llegar a esa conclusión
desatendió las máximas de la experiencia que enseñan
la variabilidad de las comisiones por ventas y la consideración de factores no susceptibles de anticipar, configurándose la causal de nulidad del art. 478 letra b) del
Código del Trabajo, esta es, la infracción de las normas
sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de
la sana crítica.
En efecto, la remuneración de los trabajadores no carece de certeza ni es indeterminada, precisamente porque
es susceptible de determinación. El devengo de las comisiones por venta que integra su remuneración está
asociado a una meta anual que importa una proyección para el período siguiente, puesto que queda sujeta
a una revisión mensual que obedece al hecho que para
definir las metas anuales deben tomarse en cuenta
factores diversos de carácter esencialmente variable,
informándose oportunamente la respectiva meta mensual una vez que ha sido fijada y existiendo un término
prudente para la revisión de los criterios. Las metas de
venta que fija el empleador forman parte de la facultad
que tiene en la dirección y administración de la empresa
y se determinan utilizando parámetros objetivos y no la
mera discrecionalidad. Por lo demás, resulta inherente a las comisiones su carácter esencialmente variable,
pues de otro modo se estaría ante una remuneración
asegurada, garantizada y fija, que no fue lo contratado
entre las partes. La demanda, entonces, no puede sino
ser rechazada (considerandos 5º, 6º y 8º de la sentencia
de nulidad y 1º y 2º de la sentencia de reemplazo).
Requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de artículos 2º, 11,
12, 15, 16, 18, 19, 20, 26 y 28 del decreto ley N° 2695, de 1979.
Con fecha 28 de agosto del año 2012, la requirente
solicitó al Tribunal Constitucional, la declaración
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de norma del decreto ley Nº 2.695, de 1979, en el marco
del juicio ordinario de nulidad de derecho público
del 27º Juzgado Civil, que se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para
conocer de los recursos de casación en la forma y
apelación, deducidos en contra de la sentencia de
primer grado. El Tribunal declaró inadmisible el requerimiento.
Tipo: Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad
Rol: 2297-2012, de 5 de octubre de 2012
Partes: Agrícola La Reserva S.A.
Ministros: Marisol Peña Torres, Carlos Carmona
Santander, Gonzalo García Pino y el Suplente de
Ministro Ricardo Israel Zipper
El que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un asunto supone
que el Tribunal Constitucional debe efectuar “un análisis para determinar si de los antecedentes allegados
al requerimiento puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se
impugna, para decidir la gestión”. De los antecedentes acompañados en estos autos se desprende que
en la causa invocada como gestión pendiente no fue
materia de discusión la aplicación de los preceptos
impugnados, por lo que no resultan decisorios en la
resolución de dicho asunto litigioso.
Por otra parte, la exigencia de fundamento plausible
para declarar la admisibilidad, supone una condición
que implica –como exigencia básica– la aptitud del o
de los preceptos legales objetados para contrariar, en
su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que
debe ser expuesto circunstanciadamente, motivo por
el cual la explicación de la forma en que se produce la
contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable
de la acción ejercitada. En la especie, el requerimiento carece de fundamento plausible, toda vez que no
explicita la forma cómo la aplicación de cada uno de
los preceptos objetados produce la infracción constitucional que se denuncia, apareciendo más bien
como una impugnación genérica y abstracta al sistema de regularización de la pequeña propiedad raíz
contenido en el DL Nº 2.695, lo que resulta aún más
claro en la fundamentación comparada que se hace
entre el régimen establecido en la normativa impugnada y el contemplado en el Código Civil.
Municipalidad. Rentas
Patente comercial. Exigibilidad de
cobro. Realización de actividad gravada
origina deuda con municipio con independencia de si negocio cuenta o no con
autorización municipal.
Sociedad comercial consulta si corresponde que municipalidad le cobre patente comercial por el período
comprendido entre el segundo semestre de 2008 y
el primer semestre de 2012, durante el cual mantuvo
en la respectiva comuna una bodega de materiales
y su domicilio postal y tributario, en circunstancias
que nunca les llegó el giro para efectuar esos pagos.
Contraloría señala que la realización de actividades
gravadas con esta clase de contribución origina una
deuda para con el municipio, con independencia de si
el negocio respectivo cuenta o no con la autorización
municipal para funcionar en la comuna, por cuanto
dicha autorización no forma parte del hecho gravado.
Dictamen Nº 63.041, 10 de octubre de 2012
De acuerdo con el artículo 23 del decreto ley Nº 3.063,
de 1979, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria,
comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente
El artículo 24 del mismo ordenamiento precisa que dicha patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento,
quiosco o lugar determinado con prescindencia de la
clase o número de giros o rubros distintos que comprenda. A su vez, el inciso primero del artículo 26 del
citado decreto ley Nº 3.063, de 1979, establece que toda
persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal, debe presentar la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado.
Para que resulte exigible el cobro de patente comercial
se requiere que el contribuyente ejerza una actividad
gravada en un espacio físico susceptible de requerir autorización municipal y que en este lugar laboren permanentemente una o más personas de la empresa de que
se trate. La efectividad de dicho ejercicio constituye una
cuestión de hecho que debe dilucidar el municipio, a
través de los antecedentes que la sociedad le proporcione y los mecanismos de inspección de que disponga.
Además y en cuanto a la inexistencia de los correspondientes cobros, la realización de actividades gravadas
con esta clase de contribución origina una deuda para
con el municipio, con independencia de si el negocio
respectivo cuenta o no con la autorización municipal
para funcionar en la comuna, por cuanto dicha autorización no forma parte del hecho gravado.
Cita online: CL/JUR/2284/2012
Cita online: CL/JUR/2294/2012
Cita online: CL/JADM/1202/2012
Arts. 10 Nº 4, 42 letra c), 456 y 478 letra b) del
CTRAB.
Normativa relevante citada:
Artículos 2º, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 26 y 28 de decreto ley Nº 2.695, de 1979.
Artículos 23, 24 y 26 de decreto ley Nº 3.063, de
es curioso que la ley Nº 19.496 se defina a sí misma
como aquella que “establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores”. desde su
origen, la ley, más que establecer un marco amplio
de protección a los consumidores, buscó restringir
su ámbito de aplicación. Hay que recordar que el
texto original imponía el principio de subsidiariedad
de la ley, es decir que sus normas sólo se aplicarían a
falta de otra regulación especial; y además, siempre
que se tratase de un acto mixto, esto es, mercantil
para el proveedor y civil para el consumidor. A ello
hay que agregar que la ley no incluía en su regulación el derecho de retracto, ni una norma general en
materia de cláusulas abusivas, como tampoco a las
acciones colectivas. por último, revelando más bien
un espíritu sancionatorio hacia el proveedor, y no
protector hacia el consumidor, la competencia para
conocer de las acciones emanadas de la ley fue entregada a los jueces de policía local. en suma, no
podía decirse que el espíritu del legislador estuviese
especialmente dirigido hacia la protección de los derechos de los consumidores, sino más bien a limitar
dicha protección, tomando en especial consideración los intereses de los proveedores.
con posterioridad, la ley Nº 19.496 ha sido objeto
de una serie de reformas, las más importantes, a
mi juicio, las introducidas por la ley Nº 19.955 del
año 2004 y, recientemente, por la ley Nº 20.555, de
mayo de 2012, sobre productos y servicios financieros. la pregunta es: ¿qué tan relevantes han sido
esas reformas en la protección efectiva del consumidor?
Al efecto, no se puede negar que dichas reformas
han sido positivas, pero al mismo tiempo insuficientes. el espíritu restrictivo de la ley ha seguido pesando al momento de legislar. No se puede desconocer
que la incipiente doctrina nacional y la jurisprudencia han tratado de subsanar tal situación, interpretando de manera amplia y a favor del consumidor la
normativa legal. Así ha sucedido, notablemente, por
ejemplo, en cuanto al ámbito de aplicación de la ley
y al concepto de consumidor, que han sido interpretados de manera extensiva con el fin de ampliar los
supuestos de aplicación de la ley.
Sin embargo, las deudas legislativas siguen siendo
importantes. Se mantienen enquistados formalmente en la normativa los requisitos del acto mixto
y de la falta de normativa especial, aun cuando ya
existe acuerdo mayoritario a nivel doctrinal de su
pérdida de valor como requisitos generales para la
aplicación de la ley. del mismo modo, la exigencia
del acto jurídico oneroso en la relación consumidorproveedor, ha hecho que en algunas sentencias se
requiera la concurrencia de una relación contractual
para hacer aplicables las disposiciones de la ley, lo
que ha producido la indefensión de aquellos consumidores que en derecho comparado y doctrina se
denominan usuarios.
Asimismo, en materia de derecho de retracto, la
protección es más aparente que real, ya que para
el caso de la contratación a distancia, se permite al
proveedor excluir esta facultad del consumidor. por
otra parte, la normativa legal tampoco incluye en
general a los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, sino tan sólo a un caso
particular, cual es el de la contratación en reuniones
convocadas por el proveedor.
en lo relativo a la responsabilidad por productos,
la normativa vigente es confusa y poco sistemática.
No hay distinción entre productos inidóneos, defectuosos y peligrosos. ello ha traído como resultado
interpretaciones divergentes en cuanto a los sujetos
activos y pasivos de las acciones respectivas, y sobre
el estatuto de responsabilidad que debiera aplicarse
en materia de cláusulas abusivas, sin perjuicio del
significativo avance que significó la inclusión de la
norma general de la letra g) del artículo 16, destacada doctrina ha sostenido que el sistema de control
ex-post de las cláusulas previsto en la ley ha sido
ineficaz para proteger a los consumidores, proponiéndose en cambio un sistema de control preventivo a través de órganos administrativos de carácter
por cierto, estas son sólo algunas de las materias en
las cuales la ley presenta vacíos o falencias. Un examen general del texto legal revela además su falta
de sistematicidad y coherencia conceptual, lo cual
puede explicarse por estar sujeta constantemente
a reformas poco reflexivas y derivadas muchas veces de situaciones contingentes. baste el ejemplo
del nuevo artículo 17e, que faculta al consumidor a
solicitar la nulidad de las cláusulas que infrinjan el
artículo 17b, que a su vez impone a los proveedores
de productos financieros la obligación de incluir una
serie de menciones en los contratos, con el objeto
de informar adecuadamente al consumidor de las
condiciones de aquéllos. Si la infracción al artículo
17b se produce cuando se omiten dichas menciones,
¿cómo podría solicitarse la nulidad de una omisión,
en otras palabras, de una cláusula que no existe porque no fue incorporada al contrato?
la conclusión necesaria que se sigue de estas consideraciones, es la necesidad de una reforma integral
de la ley, alejada de la contingencia, sistemática y
coherente, y que se haga cargo de los problemas
mencionados (y otros), de manera de configurar una
normativa legal que efectivamente proteja los derechos de los consumidores.
Una reflexión final. Si entendemos que el código
civil debe ser el derecho común o ley general del
sistema de derecho privado, su normativa debiese
incluir la regulación general de aquellos contratos
en que una de las partes se encuentre en una situación de desventaja o vulnerabilidad frente a la otra.
ello incluye no sólo a los consumidores sino también a quienes se encuentren, en el caso particular,
en una situación asimilable. No se trata por cierto
de insertar formalmente nuevas normas al código,
sino que debe efectuarse una integración orgánica
en un sistema conceptual coherente, de modo que
las nuevas instituciones no se constituyan en meros
elementos irritantes al sistema, que terminen finalmente siendo ignorados en la práctica por abogados y tribunales. Sin duda son desafíos importantes,
pero no por ello imposibles de cumplir.
Jaime Lorenzini BARRÍA*
Tradicionalmente en la búsqueda de los derechos
de los consumidores se llega rápidamente al catálogo de derechos básicos que contempla expresamente la Ley de Protección al Consumidor (LPC).
En el artículo 3° de este cuerpo legal se reconoce
el derecho a la libre elección, a la información veraz
y oportuna, a la seguridad, a la reparación, y a la
educación. Es posible identificar algunos otros derechos que están también ubicados en diferentes
reglas en este marco legal, como ocurre con el derecho a retracto, el derecho a la garantía, el derecho
a que no se le niegue injustificadamente la venta y
Pero la LPC esconde otros derechos que no aparecen con la visibilidad que tienen estos otros derechos antes mencionados, pero cuya importancia
resulta fundamental para asegurar una debida tutela al consumidor. Se trata de los derechos implícitos de los consumidores (siendo su contrapartida
los deberes implícitos de los proveedores, esto es
deberes de conducta que emanan de la naturaleza propia del vínculo contractual en una relación
de consumo). Son aspectos que siempre han estado presente, pero que no han recibido la suficiente
atención ni interés ni por la doctrina, la práctica ni
la jurisprudencia. Se trata de derechos que son inherentes a la utilidad o finalidad esencial que deben procurar los bienes y servicios contratados por
cualquier consumidor. La noción de no-experto del
consumidor y la aplicación del principio de la buena
fe en las relaciones de consumo (principio de aplicación transversal en todas las reglas de comportamiento entre sujetos entre los cuales se generan
intercambios) fundamentan la existencia de estos
deberes implícitos de los proveedores.
Se trata de estándares que emanan de distintas reglas de la LPC, y los consumidores se encuentran
legitimados para exigir su ejercicio en las relaciones
de consumo que mantienen con los proveedores de
toda clase de bienes y servicios.
Algunos de los más importantes derechos implícitos son los siguientes:
1) Derecho a un Servicio de Atención de posventa.
La LPC no tiene una norma que especialmente establezca la obligación de los proveedores de tener
servicios de atención al cliente. Sin embargo, la infracción genérica en dicho cuerpo legal relativa a
la mala calidad en la venta de un bien o prestación
de servicio establece un estándar que hace obligatorio que los proveedores aseguren una adecuada
calidad en una etapa precontractual, contractual y
pos contractual. En virtud de esta norma (artículo
23 de la LPC), no basta que el producto vendido o el
servicio prestado sea apto y no exhiba defectos. La
noción de calidad alude a la aptitud del bien para
satisfacer la finalidad a la que se le destina. En estos términos, forma parte integrante de la relación
de consumo la razonable necesidad de contacto
que tiene el consumidor con el proveedor para hacer consultas sobre el uso del producto o aspectos
Profesor de Magíster en Universidad de de Chile y en la Universidad
de Valparaíso. Consultor legal especialista en Derecho del Consumidor.
relacionados a la garantía que ofrece el fabricante, o necesidad de información sobre atributos del
producto (especialmente importante en el caso de
alimentos o medicamentos) o aspectos prácticos de
la relación contractual con el prestador de servicios
(consultas sobre horarios o lugares para efectuar
pagos periódicos), o para poner en conocimiento
del proveedor defectos o accidentes de consumo
sufridos por el uso o consumo del producto.
Por su parte, la noción de proveedor en la LPC alude no sólo al vendedor, sino que también incluye al
fabricante, importador, comercializador, constructor o distribuidor del producto o servicio (artículo 1º
número 2 de la ley).
De esta forma, todos estos sujetos que califican
como proveedor deben disponer de medios o plataformas que aseguren y faciliten el contacto con
los consumidores y presten el servicio de atención
al cliente. El estándar de calidad exige que este servicio de atención al cliente tenga a lo menos niveles
mínimos de aptitud, en términos del adecuado funcionamiento de los medios de contacto y tiempos
de respuesta razonables. En otros países se han
establecido tiempos máximos de espera telefónica
del consumidor que llama al call center de una empresa, y su incumplimiento constituye infracción.
En virtud de lo anterior, cualquier proveedor de bienes y servicios, ya sea que se trate del vendedor final
o fabricante o productor (supermercado, tienda por
departamentos, hotel, aerolínea, laboratorio, restaurante, embotelladora, fabricante de alimentos,
etc.), debe mantener a disposición de los consumidores, en forma gratuita, canales de contacto que
faciliten prestar el servicio de atención a consumidores.
2) Derecho de acceder a servicios técnicos. El consumidor que adquiere cualquier producto, cualquiera sea su funcionalidad y valor, está expuesto a
que dicho bien experimente fallas o defectos por su
condición de producto fabricado en serie. Existe una
tasa de falla en todas las industrias y ello evidencia
la posibilidad que cualquier producto está expuesto
a defectos. Una vez aparecida la falla el consumidor buscará asistencia técnica especializada para
asegurarse que el producto procure recuperar las
funciones que le permitan prestar su funcionalidad
propia. En este contexto, no es dable asumir que
para dicho producto sencillamente podría no existir ningún servicio técnico habilitado y con conocimientos técnicos apropiados que permitan abordar
profesionalmente la tarea de reparación técnica.
No se trata ya de obtener un cambio de producto o
devolución de lo pagado, en virtud de las posibilidades que ofrece la garantía legal. Al consumidor
le asiste el derecho de acceder en el lugar donde ha
adquirido el producto a un servicio técnico que se
haga cargo de los defectos del producto. Esto cobra
especial importancia en consideración a los limitados plazos que ofrece la garantía legal en nuestro
país: tres meses desde la entrega del producto al
consumidor. Por consiguiente, en aquellos casos en
que el producto falla a los 5 meses, o al año de uso,
habrá expirado la garantía legal, y sólo en los ca-
Departamento Derecho Procesal- Universidad de Chile
Este número de la revista trata sobre la Reforma Procesal Civil, que está siendo tramitada en
nuestro Congreso, se analizan todos los puntos
que han sido discutidos en el proyecto de ley, ya
que los autores han participado en la tramitación del proyecto de ley, se trata de destacados
profesores de derecho procesal, por ejemplo:
Cristian Maturana, Raúl Tavolari, Raúl Montero,
sos que el proveedor haya voluntariamente ofrecido
una garantía de reparación existirá la posibilidad
cierta de servicio técnico para dicho producto. Esta
regla de acceso a un servicio de asistencia técnica
para todo tipo de productos emana de la noción de
calidad en el proceso de venta: la aptitud del propio
proceso de venta debe hacerse cargo de una condición propia de todos los productos consistente en la
tasa de falla de la que participan todos los bienes
que se ofrecen en el mercado.
La propia regla de la garantía legal considera la
reparación gratuita (en el plazo antes mencionado) como un derecho básico e irrenunciable de los
consumidores. El adecuado entendimiento de esta
regla debe ser el siguiente: sólo en el plazo de la
garantía legal el consumidor puede exigir el servicio técnico en forma gratuita. Transcurrido dicho
plazo desaparece la obligación del proveedor de
ofrecer sin costo para el consumidor la asistencia
técnica, pero no desaparece el deber de mantener
y asegurar servicios técnicos que se hagan cargo –a
costa del consumidor– de las fallas o defectos en
los productos. Este derecho le asiste al consumidor
respecto de toda clase de productos.
En conclusión, la LPC mantiene bajo su superficie legal una serie de estándares y que derivan en
derechos implícitos para los consumidores, y consecuentes deberes implícitos de los proveedores.
La circunstancia de tratarse de estándares no explícitos no afecta su identificación por el intérprete
ni su obligatoriedad. El Derecho Común ofrece una
regla similar y que refuerza esta aproximación: los
contratos obligan a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación, o
que por la ley o la costumbre pertenezcan a ella. La
interacción de los actores en el ámbito de la protección al consumidor (consumidores, proveedores,
Sernac, tribunales) se encargará de ir descubriendo y exigiendo estos y numerosos otros estándares
que integran la noción de derechos implícitos de los
Las cLÁUsULas abUsiVas se eLiminan,
sin mÁs: no cabe redUcirLas,
moderarLas ni modiFicarLas*
universidad castilla – la mancha (toledo)
Se trataba de un juicio monitorio en el que se reclamaba del consumidor el pago de un crédito impagado más intereses moratorios al 29%, que el
juez a quo había considerado abusivos, y reducido
de oficio a la cifra del 19%. la Audiencia provincial suscita cuestión prejudicial sobre dos cuestiones, y sólo la segunda es objeto de esta nota.
la StJUe 14.6.2012 (as. 618/2010) ha sostenido
que el art. 6.1 de la directiva 93/13, de cláusulas
abusivas (“no vincularán al consumidor… las cláusulas abusivas que figuren en un contrato” y éste
seguirá “siendo obligatorio para las partes en los
mismos términos, si éste puede subsistir sin las
cláusulas abusivas”) habilita a los jueces nacionales únicamente a dejar sin aplicación la cláusula
contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca
efectos vinculantes para el consumidor, pero no
están facultados para modificar el contenido de
la misma ni integrarla ni sustituirla. el contrato en
cuestión debe subsistir sin otra modificación que
la resultante de la supresión de la cláusula abusiva, en la medida en que, en virtud de las normas
del derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible. esta doctrina (sorprendente) está fundada en una consideración de
política legislativa de prevención general de conductas abusivas, pues si la cláusula se suprime,
y no se sustituye, modera, ni se “reconduce” a lo
justo, el empresario que utiliza cláusulas abusivas
publicación: Actualidad Jurídica Aranzadi num. 846/2012 parte
tribuna. editorial Aranzadi, SA, pamplona. 2012. bIb 2012\1251.
sufre un impacto in terrorem que de otra forma se
ahorraría, perdiendo con ello incentivos para acomodar sus contratos a las exigencias de lo justo.
por tanto, el juez no puede “integrar” ni “moderar”, como imponía el art. 83.2 del tR de la ley de
la doctrina sólo es incontestable cuando se trata
de cláusulas cuantitativas susceptibles de reducción parcial, como ocurre con las cláusulas de intereses y las cláusulas penales; por cierto, el art.
1154 cc dejaría de aplicarse entonces a las relaciones de consumo, y el juez carecería de facultad
de moderación de la pena cuando la cláusula penal se hubiera pactado en condiciones generales,
no en otro caso (¡). Sirve también la doctrina para
las cláusulas que atribuyen al empresario derechos potestativos de configurar a su voluntad el
contrato –de hecho, éstas nunca se moderaban
por los tribunales–, y para las cláusulas “privativas” de derechos de los consumidores, que se
anulan sin más labor de “integración” que la de
remitir al derecho dispositivo aplicable en defecto
de pacto. pero no sirve para las que son abusivas
por conceder al predisponente o al consumidor un
plazo “muy largo” o “muy corto” para tomar una
decisión sobre el contrato o su continuidad, o para
desistir, cuando no existe (la mayoría de las veces)
un derecho dispositivo residual. No sirve tampoco
en aquellos casos en los que la estrategia correcta
sería la de extender recíprocamente al consumidor el efecto de una cláusula que el predisponente
dispuso en su exclusivo beneficio.
Hay más, la doctrina del tJUe crea espacios,
inexistentes hasta ahora en la práctica judicial,
para que el contrato en su conjunto, y no sólo la
cláusula nula, no pueda subsistir, con perjuicio
del consumidor. Según el art. 6.1 de la directiva,
ello se determinará conforme al derecho español, y éste impone que el contrato se anule en su
totalidad si las cláusulas subsistentes “determinan una situación no equitativa” en la posición
de las partes. No es equitativo para una entidad
financiera que el deudor impague sin costes moratorios. Afortunadamente, el art. 1108 cc es una
norma de derecho dispositivo aplicable una vez
que se ha creado la laguna contractual. pero no
siempre se encuentra un remedio tan a la mano.
piénsese qué ocurriría si la cláusula excesiva fuera la relativa a los intereses remuneratorios y no
a los moratorios; se trataría al banco “abusador”
peor que trata a los usureros la vieja ley Azcárate
de 1908, los cuales podían atenerse a la nulidad
total. piénsese también en aquellas cláusulas que
conceden a los consumidores un remedio favorable no previsto en el derecho dispositivo (por
ejemplo, un derecho de salida o desistimiento)
sometido a una condición muy gravosa; no sería
de recibo anular el gravamen y dejar al consumidor con toda la ventaja totalmente regalada, que
nunca le hubiera correspondido si la totalidad de
la cláusula (lo favorable y lo adverso) desapareciera. porque lo que el art. 6.1 de la directiva no
permitiría (¿o sí?) sería anular partes de cláusulas,
dejando lo bueno y eliminando lo malo.
finalmente, preocupan los efectos perversos que
pueda producir esta dicotomía todo/nada, incluso
cuando exista un “colchón” de derecho supletorio,
como es el caso del art. 1108 cc. el art. 1108 cc
no crea desincentivos suficientes a la morosidad.
Ante una opción tan draconiana, más de un juez,
que antes moderaba la tasa como por costumbre,
se verá impelido a, por no caer en una “barra libre
de la morosidad”, dar por buenos intereses moratorios que ayer mismo condenaba de abusivos.
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N° 18 - Derechos del Consumidor
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De lege lata
De lege ferenda
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