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﻿ Sentencia 24141 de marzo 7 de 2005
SENTENCIA 24141 DE 07 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:DEPENDENCIA ECONÓMICA COMO REQUISITO PARA ADQUIRIR LA CALIDAD DE BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. NO TIENE QUE SER TOTAL Y ABSOLUTA PUESTO QUE NO EXCLUYE AL BENEFICIARIO DE LA POSIBILIDAD DE PERCIBIR UN INGRESO ADICIONAL SIEMPRE Y CUANDO ESTE NO LO CONVIERTA EN AUTOSUFICIENTE ECONÓMICAMENTE.
Sentencia 24141 de marzo 7 de 2005
Radicación Nº 24141
Luis Javier OsorioLópez
Bogotá D.C., siete de marzo de dos mil cinco.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Fortunato Sarria Valencia y Blanca Oliva Orozco de Sarria, en calidad de padres del causante Diego Luis Sarria Orozco, contra la sentencia dictada el 10 de marzo de 2004, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que los recurrentes le instauraron al Instituto de Seguros Sociales - Seccional Valle del Cauca.
Como primera medida no le asiste razón a la réplica en lo que tiene que ver con el reproche de orden técnico, consistente en que el ataque se debió encaminar por la vía indirecta, habida cuenta que como bien lo advierte el recurrente al formular el cargo, no se está en casación discutiendo los hechos que el ad quem encontró probados y más concretamente la conclusión fáctica de que los demandantes recibían ayuda económica de su hijo fallecido”, sino la interpretación que el fallador hizo sobre “el concepto de dependencia económica”, que en palabras de la censura se contrae a que el tribunal exigió que esa dependencia económica sea “total y absoluta” (fl. 7 del cdno. de la Corte).
En efecto, la acusación gira en torno a un aspecto puramente jurídico, que no es otro que la exégesis y alcance que el sentenciador le imprimió a la expresión “dependencia económica” contenida en el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, como requisito para tener por beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los padres del causante.
En este orden, al estar conforme el recurrente con lo que extrajo el tribunal de las probanzas recogidas, en especial de la prueba testimonial, esto es, que la suma mensual de $ 170.000 que el asegurado le proporcionaba a sus progenitores era apenas una ayuda, porque aquellos percibían mensualmente un ingreso equivalente a más de $ 400.000, no era del caso fustigar ese asunto fáctico, pues lo que está buscando el censor con este medio de impugnación, es que jurídicamente se determine, que la dependencia económica que consagra el mencionado ordenamiento no requiere ser absoluta, dando cabida a la ayuda parcial del hijo fallecido y la concurrencia de ingresos adicionales producto del trabajo de los padres que entren a contribuir al sostenimiento de estos.
Sin embargo, el recurrente para estructurar el ataque parte de una premisa ajena a las que soportan la decisión, como lo es que el ad quem consideró al interpretar la norma cuestionada, que para efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes en cabeza de los padres, la dependencia económica deba ser “total y absoluta”.
Ciertamente, de la lectura del fallo acusado se deja al descubierto que es distinta la conclusión a la que llegó el juez colegiado al decretar la absolución de la entidad demandada, pues lo que verdaderamente sostuvo es que los causahabientes que se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes, en la realidad no dependían económicamente del causante, por estimar que los ingresos adicionales que recibían ambos demandantes eran autosuficientes económicamente y cubrían medianamente sus necesidades, además que los dineros de la ayuda del hijo estaban destinados solamente a construir una nueva casa de habitación.
Lo que significa que el juzgador, no desconoció la posibilidad de que los ascendientes tuvieran un ingreso personal y pudieran acceder a la pensión reclamada, sino que despachó desfavorablemente la súplica, al razonar que era suficiente para la subsistencia de los accionantes lo que ellos percibían como fruto de su trabajo; lo cual en su sentir destruye la dependencia económica alegada en relación con el hijo fallecido, con la consecuente inferencia de que esa ayuda monetaria que les otorgaba el hijo, no cumplía en este caso específico las previsiones asignadas en la ley.
De suerte que, al no ser dable controvertir una conclusión a la cual no ha llegado el sentenciador de segundo grado, esto es, que la dependencia económica deba ser total y absoluta, los reparos planteados por la censura debían necesariamente extenderse a los verdaderos razonamientos y argumentos del ad quem, por lo que el cargo no puede tener prosperidad.
Con todo, es de acotar que la interpretación del tribunal no va en contravía a lo adoctrinado en los varios pronunciamientos jurisprudenciales que sobre el tema se han dado; pues si bien es cierto, esta Sala de la Corte en sus decisiones ha definido que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su literal c) no prevé que esa dependencia económica de los padres frente a los hijos, tenga que ser total y absoluta, y que efectivamente la ayuda pecuniaria del hijo fallecido encaja dentro de las previsiones de esa regulación, también lo es, que se ha sostenido que aquella dependencia económica es una circunstancia que sólo puede ser definida y establecida en cada caso concreto, por la potísima razón de que si los ingresos que perciben los padres por su propio trabajo son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento, no se configura el presupuesto de la norma para acceder al derecho pensional, lo cual tiene lógica por el motivo de que cualquier auxilio o ayuda del buen hijo no siempre se traduce en una verdadera dependencia económica, con respecto a los padres.
Sobre la correcta interpretación de la mentada disposición legal, esta corporación en sentencia del 11 de mayo de 2004 radicado 22132, puntualizó:
“(...) Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, esto es, el relativo a la concepción y alcance de la expresión “dependencia económica” que consagra el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, es importante tener en cuenta que según el tribunal el demandante no dependía de manera total y absoluta de su hijo fallecido, principalmente porque esporádicamente recibe semanalmente la suma de $ 20.000 o $ 25.000 y, además, porque su cónyuge devenga un salario mínimo legal mensual, producto de su trabajo como auxiliar de servicios generales en un colegio, circunstancias que al decir del juzgador, demuestran la presencia de medios económicos que posibilitan el sostenimiento del actor, aspecto que en su sentir no consulta la teleología del artículo 47 acusado que reconoce la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes a quien dependa económicamente en un todo del fallecido, lo cual colisiona con la simple ayuda o colaboración propia de los buenos hijos frente a sus padres.
De acuerdo con esta exégesis del ad quem, la configuración de la dependencia económica a la que alude la disposición legal en cita, se desvirtúa por la circunstancia de venir recibiendo el demandante ayuda o apoyo así sea parcial del hijo fallecido. Dicho de otro modo, para el tribunal la exigencia legal supone que la dependencia económica sea total y absoluta, sin ninguna posibilidad de que los padres se procuren algunos ingresos adicionales.
El recurrente, por el contrario, se aparta de esa hermenéutica ya que a su juicio el supuesto exigido en el texto normativo no se traduce en que el padre reclamante de la pensión de sobrevivientes se encuentre supeditado de manera absoluta al ingreso que le brindaba el afiliado, lo cual no descarta de plano la situación de simple ayuda o colaboración.
Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 que se denuncia como quebrantado, en modo alguno consagra que la dependencia económica de los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, tenga que ser absoluta y total. Razonamiento que por demás, tampoco ha avalado la Corte, pues lo que se ha dicho es que en ausencia de enunciado legal que defina el concepto de dependencia económica luego de la suspensión y posterior nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este enunciado debe asumirse en su sentido natural y obvio, es decir, con la connotación de estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.
Esa acepción de dependencia económica según ha sido concebida por la Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad siempre y cuando este no los convierta en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación que predica la norma legal. En todo caso, conviene precisar que la dependencia económica en los términos que se acaban de delinear es una situación que solo puede ser definida y establecida en cada caso concreto (resalta la Sala).
El hecho cierto y admitido por el juzgador de segundo grado de que el accionante recibía una ayuda económica de su hijo fallecido, encaja dentro de las previsiones del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues contrario a lo dicho por el tribunal, esta disposición no exige que la dependencia aludida deba ser total y absoluta, en tanto ordena conceder el derecho a la pensión de sobrevivientes a los padres del causante si aquellos “dependían económicamente de este”.
Así se ha dicho, entre otras, en la sentencia del 27 de marzo de 2003, radicación 19867, en la cual esta corporación dijo.
“Ese criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando este no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación a que se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que la dependencia económica bajo los parámetros jurisprudenciales indicados, es una circunstancia que solo puede ser definida en cada caso concreto” (resalta la Sala).
De otro lado, los razonamientos de origen fáctico que llevaron al fallador de alzada a colegir la autosuficiencia económica de los actores proveniente del salario que devengaban para el momento en que se produjo el deceso de su hijo, quedan incólumes por no ser los mismos objeto de ataque dentro del recurso de casación y además haber escogido el recurrente para dirigir el ataque la vía del puro derecho.
En consecuencia, el tribunal no pudo incurrir en el yerro jurídico que le atribuye la censura, cuando concluyó que en este caso específico la ayuda económica del causante no cumple con las previsiones del citado ordenamiento.
Como se formuló réplica, las costas por el recurso extraordinario se impondrán a los recurrentes.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, el 10 de marzo de 2004, en el proceso adelantado por Fortunato Sarria Valencia y Blanca Oliva Orozco de Sarria contra el Instituto de Seguros Sociales - Seccional Valle del Cauca.

References: artículo 47
 artículo 47
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 artículo 16
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