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Timestamp: 2020-07-14 13:37:03+00:00

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Informe PDLI: Por qué el Código Penal español vulnera los estándares internacionales sobre libertad de expresión »
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Informe PDLI: Por qué el Código Penal español vulnera los estándares internacionales sobre libertad de expresión
En Europa, la libertad de expresión y la libertad de información están protegidas por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), un artículo que sigue la redacción y las disposiciones incluidas en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y está en línea con los diferentes sistemas constitucionales y legales de Europa.
“Sobre la protección de la libertad de expresión por parte del artículo 10 CEDH, la primera cuestión fundamental que hay que destacar, es su conexión directa con el principio democrático: la jurisprudencia del TEDH se ha ocupado de enfatizar especialmente el papel crucial que en la construcción y desarrollo de una sociedad plenamente democrática juega la libre circulación de ideas e informaciones. Por eso, es un cometido inexcusable de las autoridades públicas (legisladores, poder judicial…) su respeto y protección”, advierte Joan Barata, uno de los expertos más reconocidos en la materia y miembro de la Plataforma.
Sin embargo, en España, existen leyes y sentencias que se han alejado de ese mandato, como la PDLI ha venido denunciando. Por el alcance de sus consecuencias, el Código Penal genera especial preocupación.
Para identificar las disposiciones contenidas en esta norma que puedan incidir en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión e información y que, además, resulten incompatibles con los estándares internacionales de referencia, la PDLI ha promovido un estudio jurídico elaborado por este jurista, asesor de diversos organismos internacionales y Universidades (entre ellas la de Stanford).
“La libre expresión puede ser un instrumento de crítica política, de cuestionamiento de valores y principios sociales mayoritarios o incluso de turbación de quienes se ven expuestos a contenidos que resultan incómodos o incluso indeseados e impactantes. Es decir, la difusión de expresiones e informaciones puede suscitar fuertes sentimientos de rechazo”, explica Barata.
Aunque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, desde el punto de vista de los estándares internacionales a los que España está sujeta, existen una serie de restricciones para que un Estado pueda limitar la libertad de expresión.
Estos requisitos son, básicamente los siguientes: la existencia de una norma jurídica clara y específica, que la limitación responda a un fin legítimo y, sobre todo, que cualquier medida restrictiva pueda ser considerada necesaria con relación al fin perseguido, y además, que dicha necesidad tiene que estar en todo caso conectada con la propia noción de Estado democrático.
En este marco, el Código Penal español contiene diversas previsiones difícil encaje en el marco de los estándares internacionales con relación a esta materia. Los delitos de terrorismo, injurias a la Corona, ofensa a los sentimientos religiosos, el discurso de odio o el de revelación de secretos son algunas de los aspectos que la PDLI , junto con organizaciones internacionales y expertos, urge a modificar o derogar.
Injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo
Así, el otorgamiento de protección especial a figuras públicas como los miembros de la Familia Real contraviene los mencionados estándares.
“Dichas figuras públicas, por su propia naturaleza, están sujetas a un mayor grado de escrutinio por parte de la ciudadanía, los periodistas y los medios de comunicación, por lo que resulta inadecuado e injustificable otorgar un mayor grado de protección (penal o incluso civil) a los mismos”, se argumenta en el informe.
“Proceder de tal modo tiene un claro efecto de restricción e incluso intimidación a aquéllos que quieran difundir informaciones o simplemente expresar ideas, opiniones o pensamientos con relación a la Jefatura del Estado y sus familiares. Es evidente que, dada su posición de representatividad pública, pueden ser objeto de un mayor número de críticas, algunas de ellas incluso bastante exacerbadas, pero precisamente en la protección de dichas expresiones radica la esencia de una democracia pluralista en la que los poderes públicos son objeto de un adecuado grado de control y valoración por parte de la ciudadanía”, añade Barata.
El informe recuerda, en este sentido, una reciente sentencia del TEDH con relación a España, en la que el Tribunal ampara bajo la cláusula de la libertad de expresión, la quema pública de la imagen del Rey, descartando asimismo que ello pueda considerarse como discurso del odio.
Respecto a los delitos de terrorismo, a juicio de Barata “el sistema penal español ha ido articulando un progresivo ensanchamiento de la fi gura de la apología, hasta llegar a criminalizar el simple enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo en casos de expresiones de solidaridad y adhesión ideológica a las que no se requiere ni capacidad instigadora, ni voluntad de incitar”.
Y añade: “La experiencia española ha demostrado que el tipo penal últimamente referido puede utilizarse inadecuadamente para limitar formas críticas de discurso político, independientemente incluso de la existencia de un sentimiento de agravio por parte de los afectados”.
El informe destaca que el Relator especial de Naciones Unidas ha remarcado la necesidad de limitar, en la lucha contra el terrorismo, la criminalización de expresiones a aquellos casos en los que exista un “mensaje destinado al público con la intención de incitar a la comisión de un delito de terrorismo, siempre que dicha conducta, propugne o no expresamente un delito de terrorismo, provoque un riesgo de que se cometan uno o más delitos de ese tipo.”
El (verdadero) discurso del odio, comúnmente conocido como “hate speech”, constituye un ámbito claramente situado fuera de los límites de protección del artículo 10 CEDH.
Sin embargo, Joan Barata advierte en su informe que “tanto los estándares internacionales universales como la jurisprudencia del TEDH exigen, para poder considerar a determinadas expresiones como discurso del odio, la existencia de un nexo directo y justificable entre aquéllas y la existencia de una incitación a la discriminación, hostilidad o violencia”.
En España, las expresiones comúnmente conocidas como “discurso del odio” se encuentran reguladas y castigadas en el marco del artículo 510 CP.
El hecho de que partes de este artículo (los párrafos a) y b) del apartado 1) “se refieran al fomento, promoción o incitación ‘directa o indirectamente’ abre la puerta a posibles interpretaciones excesivas y desproporcionadas, las cuales pueden afectar a la libre difusión de opiniones políticas extremas pero susceptibles de protección bajo la cláusula de la libertad de expresión. Por consiguiente, la actual redacción del CP en relación a esta materia plantea serios problemas de adecuación a la legalidad internacional”, concluye Barata.
En los artículos 524 y 525 CP se criminaliza tanto la ejecución de actos de profanación en templos, lugares destinados al culto o en ceremonias religiosas con la finalidad de ofender sentimientos religiosos, como la difusión pública de cualquier “palabra, (…) escrito o (…) cualquier tipo de documento”, también con la intención de ofender sentimientos religiosos, que suponga “escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”. Se da la circunstancia además de que el párrafo 2 del artículo 525 también extiende la posibilidad de cometer este delito con relación a quienes “no profesan religión o creencia alguna”.
Para Joan Barata y la PDLI “la inclusión en el Código Penal de los delitos antes referidos es innecesaria e injustificadamente dañina con relación al ejercicio de la libertad de expresión en el marco de una sociedad plural. España ha dejado atrás su naturaleza confesional y los debates acerca de las distintas opciones religiosas (o la falta de religión) deben ser permitidos sin encontrarse amenazados por la existencia de un tipo penal muy vago y abierto, susceptible de ser utilizado de forma arbitraria en aquellos casos en los que, simplemente, alguien se haya podido sentir ofendido por alguna expresión crítica o desabrida”.
Finalmente, el informe recoge también la amenaza que supone el artículo 417 del Código Penal sobre revelación de secretos o informaciones para las actividades de los llamados whitleblowers, a los que el Consejo de Europa les otorga el papel de reforzar la transparencia y el control como elementos fundamentales para el funcionamiento de una democracia genuina.
Se trata de una preocupación histórica de la PDLI que ha venido protestando y denunciando las amenazas legales contra medios y fuentes en filtraciones periodísticas y que ha editado un informe específico sobre esta cuestión.
“La señalada protección supone la ausencia de castigo o consecuencia legal alguna en los casos de revelación de las informaciones de referencia, así como la disponibilidad efectiva de mecanismos para llevarlas a cabol. Resulta pues urgente la recomendación de que tales sujetos sean finalmente protegidos en el ordenamiento jurídico español y no potencialmente sujetos a persecución penal como en la actualidad”, señala Barata.
Descárgalo aquí: Informe jurídico sobre Código Penal y estándares internacionales sobre libertad de expresión, por Joan Barata (PDLI – Stanford-CIS)
Vídeo: La PDLI apela al Derecho Internacional para instar a reformar el Código Penal en materia de libertad de expresión

References: artículo 10
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 510
 artículo 525
 artículo 417