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Timestamp: 2017-12-15 02:47:46+00:00

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Robo con arma cuya aptitud para el disparo no pueda ser probada. In dubio pro reo. Inconstitucionalidad (disid.) – Derecho Penal Online
Penal 14/03/2017
/// la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 2016, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces Luis Fernando Niño, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin, asistidospor la secretaria actuante, Paula Gorsd, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 778/797, en este proceso nº CCC23104/2009/TO1/CNC1, caratulado “V., Darío Fabián s/ robo”, del que RESULTA:
I.a Tal y como se consignó en el epígrafe, el tribunal oral condenó a Darío Fabián V. por encontrarlo autor penalmenteresponsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuegocuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse de ningún modo.Con el propósito de dar respuesta a los planteos de ladefensa daré cuenta de los hechos tenidos por ciertos por el tribunal aquo y de las pruebas en las que dicha decisión se sustentó.
II.a.1. Corresponde, pues, dar tratamiento al primero de losagravios traídos a consideración por la parte recurrente ante este tribunal de alzada, aquel mediante el cual planteó la afectación al derecho dedefensa en juicio del imputado por no haber contado durante lainstrucción, con una defensa técnica efectiva y eficaz.En esa tarea, alegó arbitrariedad del Tribunal Oral almomento de resolver la cuestión en la sentencia, precisando que el gradode indefensión sufrido se vio reflejado por la ineficiente labor delanterior abogado de confianza, quien, a su entender: a) abandonóintempestivamente el caso a escasa horas de la audiencia de debate, b) nocompareció a las declaraciones de testigos que, sin perjuicio de no habersido objeto de prueba del hecho por el cual se lo condenó, no pudieronser interrogados por la defensa y c) tampoco solicitó la nulidad de larueda de reconocimiento, por no haberse respetado la letra del art. 271,CPPN.Ese cuadro de situación, interpretó, provocó la nulidad detodo lo actuado, sanción que podría ser declarada en cualquier momentodel proceso por verse afectadas garantías constitucionales.
II.a.3 Considero que el Tribunal Oral brindó un correcto tratamiento al planteo de nulidad promovido por el recurrente, en tantoy en cuanto a partir del derrotero procesal no es dable advertir, nitampoco la parte logra dar cuenta, de qué modo, en concreto, se habríavisto afectado el derecho de defensa del encausado, producto de la laborllevada a cabo por su anterior abogado.En respuesta a los tres planteos que realizó la defensaoficial sobre el tópico, corresponde destacar que no existió un abandonode la asistencia técnica y muchos menos “a escasas horas de la audiencia dedebate” (sic) como lo argumenta en su presentación pues tal y como surge del libelo foliado a fs. 666 fue el imputado –por propio derecho– quienrevocó la designación de aquél. Con respecto a la falta de concurrencia alas declaraciones testimoniales llevadas a cabo en la sede de instrucción,a poco que se repare en que e
sas citaciones se vinculan con testimoniosprestados en hechos distintos de aquellos por los que resultó condenado V., se desvanece cualquier tipo de agravio al respecto. Finalmente,en lo que importa a la falta de solicitud para que, oportunamente, sedejara sin efecto la rueda de reconocimiento en la que el denuncianteidentificó a V. –toda vez que no se habrían respetado lasformalidades del acto–, a partir de la lectura del renglón 17 del actapertinente (v. fs. 148) puede apreciarse que, efectivamente, se llevó acabo debidamente el interrogatorio que ordena el código deprocedimientos en la materia (art. 271, CPPN).En definitiva, los ataques al desarrollo profesional delletrado de confianza que intervino oportunamente en las actuaciones seenmarcan, entonces, en una crítica a la estrategia adoptada para ejercersu labor, ámbito, por cierto, apartado del conocimiento de los jueces,salvo flagrante afectación a las garantías del debido proceso, extremo queno se encuentra presente en el caso.Así, concluyo que el análisis efectuado por el a quo resultaacertado, no logrando la defensa demostrar el modo en que se ha vistoafectado el principio de defensa en juicio de Fabián Darío V., niviolada garantía constitucional alguna que permita avanzar en ladeclaración de nulidad pretendida.
II.b.2 Corresponde, pues, pasar a examinar si el a quocumplió con las normas que rigen la valoración probatoria del hecho queese órgano colegiado consideró acreditado como base de la sustentaciónde la condena aplicada a Fabián Darío V. y, consecuentemente,dar respuesta a los agravios del recurrente.Al contrario de lo sostenido por la parte, estimo que elTribunal Oral valoró la prueba recibida en el debate bajo estricto apego ala regla de la sana crítica y los principios que la regulan, alcanzando elgrado de convicción necesario para tener por acreditado que fue elnombrado la persona que protagonizó el robo al comercio “O. 25”,sito en Avenida Callao 186 de esta ciudad, el 15 de abril de 2009 a las16.00 aproximadamente.Ante todo, vale reparar en que el hecho por el cual resultócondenado V. se fundó, en lo sustancial, en el único relatoefectuado por la víctima, circunstancia que no constituye obstáculo a lahora de emitir el pronunciamiento confirmatorio tal y como lo sostuveen los precedentes Núñez y Vargas Leis. Allí recalqué que en nuestrosistema de valoración de pruebas, no rige la regla del procedimiento deltestis unus, testis nullus, dado que la convicción no se funda en elementosde convicción tasados, con un valor previamente establecido legalmente,sino por la sana crítica. En virtud de ella, no existen presunciones deparcialidad para prestar testimonio –como las que preveía el viejo art.276 del Código de Procedimientos en Materia Penal– y, paralelamente, esobligación del juez ponderar el valor de cada exposición juramentadaconforme a las reglas de la psicología, la experiencia y la lógica. En otras palabras, los testimonios no se cuentan, en este sistema, sino que sevaloran.Con estos conceptos en mente, entiendo que losmagistrados del tribunal oral dimensionaron y contextualizaroncorrectamente los dichos de Ariel Florencio S. en tanto, a partir del aludido testimonio –detallista al momento de recordar los hechos y terminantemente enfático al reconocer a V. en rueda de personas– y el restante material probatorio incorporado a la causa, lograron brindar una explicación razonable para asignar, al aludido relato, un alto valor probatorio. Así, es absolutamente sensato sostener, tal como lo hizo ela quo, que la versión del afectado, sindicando como autor del delito al encartado, si bien no cuenta con otras que la abonen –por la falta de concurrencia de otros testigos a la audiencia de debate–, fue detallada, coincidente con sus anteriores exposiciones –lo que evitó acudir a la lectura de aquéllas–, coherente y conteste con el resto de la prueba obrante en autos, extremos que, sumados a la falta de datos que indiquen algún tipo de interés en el resultado del proceso o enemistad entre víctima y victimario, descartan cualquier hipótesis ensayada por la defensa para desvincular a su asistido del evento criminoso. Por lo demás, la circunstancia de que S., en el marco del debate, agregara un dato respecto de los accesorios que llevaba puesto el asaltante –anteojos de sol– sin alterar el resto de las características físicas que lo llevaron a identificarlo con posterioridad en rueda de personas –acto en el que fue individualizado en el marco de un universo compuesto por sujetos de similares características físicas y de vestimenta (cfr. fs.148)–, en modo alguno desvirtúa la relevancia de su testimonio en la reconstrucción de los hechos. Luego, tampoco ha de tener favorable acogida la afirmación sostenida por el recurrente respecto de que había vuelto a ver al acusado antes del mencionado acto de reconocimiento, toda vez que, a preguntas de la defensa en el marco del juicio, el damnificado se ocupó de aclarar dicho extremo al referir que “la imagen del individuo fotografiado estaba borrosa y que no se distinguía el rostro de aquél…la foto la pegó el supervisor de la noche, cuyo nombre no recuerda; y que la vio mucho tiempo después de haber reconocido enrueda de personas al sujeto que robó el local de la avenida Callao 186” (fs.708/vta). A ello, cabe añadir que las razones aportadas por la defensa para dudar de tales explicaciones, refiriendo que el resto de los compañeros de trabajo sí habían tenido contacto con las fotografías antes de ser llamados a participar de las distintas ruedas de reconocimiento realizadas a lo largo del expediente, no aportan razones suficientes para entrar en el terreno de la duda, siendo perfectamente posible que así ocurriera. Por otra parte, vale aclarar que no incide en la resolución del caso la falta de tratamiento del a quo a la hipótesis que intentaba demostrar la imposibilidad de V. para estar en el lugar del hecho, con motivo de su actividad laboral. En efecto, si bien del informe de fs.288 surge que la franja horaria en la que habría cumplido funciones, el 15de abril de 2009, fue de 10.00 a 16.00, también allí se hace referencia a que “el citado Suboficial en reiteradas oportunidades (por) problemas personales en la crianza de sus hijos menores de edad, económicos y de transporte (…) arribaba a su lugar de PARADA con retrasos de horario, como a su vez también aludiendo los mismos inconvenientes se retiraba con anterioridad de la PARADA antes de finalizar su servicio”. Es decir, el
informe del que se vale la defensa para sostener el agravio, por su inconsistencia asertiva, no resulta una evidencia de cargo relevante. Recuérdese, que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos:300:522, 1163; 301:602; 302:1191).
II.c.2. En diversas intervenciones, como juez ante elTribunal Oral en lo Criminal n° 20, tuve la oportunidad de expedirmesobre el tópico cuestionado3.1. En esas ocasiones, por cierto, hube de pronunciarme endisidencia respecto de la imposibilidad jurídica de considerar incluidos enel tortuoso enunciado del artículo 166 reformado por Ley 25882diversos hechos que la realidad social nos acercaba para su debidoconocimiento y decisión. En este caso, la visión crítica se dirigirá a unode los párrafos que integran ese engendro normativo; y una vez más,(3 V. gr. en causa n° 4148 “Berghella, Amer Antonio” rta. 5.11.2014)entiendo que es útil recordar la génesis de esa infausta modificaciónlegislativa.La movilización social sucedida en los primeros años deeste siglo en la Argentina se construyó a base de pulsiones, es decir deenergías psíquicas profundas y emocionales, difundidas por la mímesisque contemporáneamente facilita el aluvión mediático, gestadas enepisodios puntuales pero manipuladas y aprovechadas por los sectoresmás reaccionarios de nuestra sociedad. Y aunque no es éste el lugar paraexplayarse sobre el tópico desde puntos de vista diferentes del jurídico,es del caso señalar que dichas pulsiones, ávidas –por propia esencia– deuna catarsis que las redimiera, arrojaron como saldo, al serreinterpretadas por una clase política afectada por la declinación de surepresentatividad, más de una docena de reformas legislativas sucedidasvertiginosamente, carentes de la sana reflexión que hace de laracionalidad de los actos de gobierno uno de los axiomas más caros deuna república que se precie de tal.Incumbe a los jueces, integrantes del poder contrafácticopor excelencia y encargados de ejercer permanentemente el control deconstitucionalidad de las leyes, redoblar la atención ante cuadros como eldescrito, a fin de evitar que el poder punitivo del Estado materialiceavances inaceptables sobre los derechos y garantías de los individuos,echando mano en cuanto fuere preciso del consolidado catálogo de losprincipios erigidos para delimitarlo convenientemente.Uno de tales principios –y, cabría añadir, uno de los tresmás importantes– es el de legalidad. Sin una ley previa, escrita, estricta ycierta que describa con total exhaustividad la conducta que se deseaprohibir no existe la posibilidad de penar a nadie en un Estado de Derecho regido por una Constitución como la argentina de 1853,reformada en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. A él corresponde hacerreferencia central en este caso, sin perjuicio de que otros de similarenvergadura, como el de lesividad, también concurran en el análisis delos tipos legales de que se trata.El Congreso Nacional, actuando en las condiciones antesaludidas, se inclinó, mediante la Ley 25882 –una de las tantas leyesreferidas– por sustituir el criterio objetivo, que regíajurisprudencialmente, en materia de violencia contra las personas propiadel delito de robo, por el subjetivo, según el cual debe atenderse a laimpresión personal de la víctima de considerarse amenazada en suintegridad física por el empleo de un elemento vulnerante en elmomento del desapoderamiento, en lugar de reparar en el riesgoverdaderamente corrido por ese bien jurídico.No será necesario, empero, en esta ocasión, cuestionarprimariamente la disposición contenida en el artículo 166, incisosegundo, párrafo tercero, primera hipótesis, del Código Penal desde laóptica del principio de lesividad u ofensividad, porque bastará conatenerse al de legalidad.Por mucho esfuerzo que los legisladores –y suscoyunturales propulsores– hayan desplegado en su raid decriminalización primaria, la plasmación de sus intenciones no siempre hacoincidido con sus designios; y, dado que apelar a la “voluntad dellegislador” para ensanchar las redes del control social formal no espropio de un Estado constitucional de Derecho sino de regímenesautoritarios de cualquier signo, el único material disponible y encondiciones de ser estudiado y –eventualmente– aplicado es elconsistente en el texto de cada disposición legal.En ese orden de ideas, forzoso es concluir que la figuraagravada contenida en el precepto individualizado precedentementecolide sin solución a la vista con el mandato de determinación del hechopunible, mandato de certeza o lex certa, derivado del principio delegalidad y vinculado con el principio de responsabilidad por el hecho.Sabido es que, a tenor de tal mandato, el legislador debe confeccionar lospreceptos penales describiendo con claridad y precisión la conducta quereleva para prohibirla, en el caso de la tipicidad activa, o para ordenarla –prohibiendo cualesquiera otras diferentes a ella– en el caso de la tipicidadomisiva.Luego, al penar con una escala agravada el robo cometido“con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningúnmodo por acreditada” (la cursiva me pertenece), como enfáticamente sepronuncia en tal disposición de fondo, no sólo abandona la claridad yprecisión conceptual requeridas, sino que carga en los hombros delsujeto activo del robo una imposibilidad probatoria que, en homenaje alcarácter excepcional de la legislación punitiva, debería servir exclusiva yexcluyentemente para retrotraer el encuadre de la conducta analizada a lafigura básica. El legislador puede penar acciones u omisiones, novengarse de antemano de la impotencia procedimental de los aplicadoresde la ley, endureciendo su reacción frente al individuo imputado.Si no es posible acreditar un extremo cualquiera delsupuesto fáctico previsto, descrito y asociado a una pena, la situaciónsobre ese
particular es de duda acerca de su real concurrencia. No esposible compaginar una situación de imposibilidad absoluta decomprobación de la aptitud para el disparo de un determinado objetocon la afirmación apodíctica de que ese objeto era, en rigor, un arma y –por añadidura– un arma de fuego. La duda, en cualquier caso, favorece alreo, salvo que se haya decidido soslayar el principio de inocencia quederiva de la letra del artículo 18 de la Constitución Nacional.Al respecto, apena advertir la ligereza con que en su hora setrató el tópico en el Senado de la Nación, al pontificarse que lamodificación legal propiciada “cubre un vacío legal vinculado con el usode las armas de fuego de idoneidad no acreditada, incorporando alrespecto un tercer párrafo a la norma citada, que sigue la modernainterpretación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,que establece que el uso de un arma de fuego idónea se puede probar nosolamente con la realidad fáctica del arma en sí, sino también porelementos de juicio, indicios y derivaciones lógicas de pura sana crítica”.Que en un caso dado se haya podido probar la idoneidad para el disparode un arma de fuego no secuestrada no autoriza a avanzar agravandogenéricamente la escala penal en los casos en que, precisamente, no sehaya logrado “de ningún modo” tal acreditación. Cuestión de lógica,claro.Es del caso recordar, en paralelo, que la ley penal, ademásde previa, escrita y cierta, debe ser estricta, con el fin de eliminar elarbitrio judicial, exigencia que veda toda interpretación analógica de sutexto. Y huelga redundar en que es un error trágico integrar la ley conalusión a las reales intenciones del legislador, pues posibilita la expansiónarbitraria de la potencia punitiva estatal en desmedro de la exigenciarectora de la legalidad y de sus cuatro cualidades.Como fue anticipado, el óbice señalado exime de adentrarseen el terreno del principio de ofensividad o lesividad, en el que si –pormera hipótesis– cupiera ingresar, nos hallaríamos con un plus de penabasado en una mera probabilidad de mayor riesgo para un bien jurídico,alternativa que desconoce groseramente el juego armónico de losprincipios de legalidad y reserva contenidos en los artículos 18 y 19 denuestra Ley Fundamental.No acaban allí las objeciones, aunque las que antecedensean las de mayor peso. El insólito recurso de agravar la respuestapunitiva a raíz de una declarada incapacidad adquisitivo–probatoriatrastorna inesperadamente el ponderado equilibrio político y jurídicorepresentado por las autonomías provinciales, en una Nación que adoptapara su gobierno la forma representativa republicana y federal (CN, art.1°) y que, en consecuencia, reconoce a las Provincias su potestad paraorganizarse institucionalmente, asegurando su propia administración dejusticia (ídem, art. 5) y conservando todo el poder no delegado alGobierno Nacional (art. 121 ibídem). Al avanzar sobre temas de pruebadesde la letra de un cuerpo de leyes sustantivo aparecería forzando a unahipotética uniformidad de criterios, a riesgo de propiciar, en casocontrario, distintas soluciones para casos análogos acontecidos en una uotra jurisdicción provincial.2. Por lo demás, y más allá de que la defensa no solicitóformalmente la declaración de inconstitucionalidad del precepto legal encuestión, desde el lejano precedente “WASZYLISZYN, Miguel Angel”4–del Tribunal Oral en lo Criminal n° 20– vengo sosteniendo que esfacultad jurisdiccional ejercer el control difuso de constitucionalidad delas leyes, cualidad común, por cierto, de nuestro ordenamiento y delderecho constitucional federal estadounidense. Todos los juecespodemos –y, en su caso, debemos– ejercitarlo, sin perjuicio de que elcaso llegue a conocimiento de la Corte Suprema como tribunal último,por la vía del recurso extraordinario legislado en el art. 14 de la Ley 48,tal como nos enseñara el profesor Germán Bidart Campos en su clásico“Manual de Derecho Constitucional Argentino” (Ediar, B.A., 1972, p.63).Esa máxima instancia judicial ha puesto de relieve, enconsonancia con tal carácter difuso del control, que el deber de lostribunales inferiores frente a la jurisprudencia por ella generada noimporta un acatamiento puro y simple, sino el reconocimiento a laautoridad de su investidura y de la necesidad de controvertir susargumentos cuando la decisión del “a quo” se aparte de aquélla (Fallos212:51 y 312:2007).Sabido es –por otra parte– que el efecto del control selimita al caso resuelto, descartando la aplicación de la norma declaradainconstitucional a las partes que en él intervienen, pero dejandosubsistente su vigencia fuera de aquél. Ello, sin perjuicio de laejemplaridad que pudieren cobrar las sentencias y de su consiguienteproyección como precedentes en la jurisprudencia.Es indudable la gravedad institucional de unpronunciamiento judicial declarativo de la inconstitucionalidad de unaley, a la luz del caro axioma republicano de la división de las funcionesdel Estado. La doctrina del Alto Tribunal se ha pronunciadoreiteradamente en el sentido de considerarlo la “ultima ratio” del orden4 V.gr. en la causa nº 454, resuelta el 29 de setiembre de 1997.jurídico. De manera que sólo cabe acudir a él con la convicción de quemás grave daño depararía a la República la aplicación, en el casosometido a juzgamiento, de una disposición legal que se reputaseriamente repugnante a la Constitución Nacional.No se trata, pues, de arrogarse el control “de las facultadesde política criminal que el Parlamento nacional ejercite de acuerdo a losprocedimientos establecidos para la sanción de las leyes”, sino de asumir,con prudencia pero con firmeza, el deber de “constatar si se mantiene ono la supremacía constitucional en los casos sometidos a jurisdicción”,en caso de aplicar la ley vigente alusiva a los mismos (S.T. Entre Ríos,Sala en lo Penal y del Trabajo, 11-7-89, “Rodríguez, M.A. y otros”, votodel Dr. Chiara Díaz; en el mismo sentido, T.S. Neuquén, 17-3-95,“Valenzuela, Roberto c/ Compañía Naviera Pérez Companc”).Una última observación: nuestro derecho constitucionalfederal reconoce un marco para el ejercicio del control deconstitucionalidad de las leyes: la existencia de una causa judiciable. Elcontrol se ejerce sólo en el ámbito de un proceso judicial y se expresamediante la modalidad normal de pronunciamiento jurisdiccional, que esla sentencia. No nos está dado actuar de oficio, si por ello se entiendeejercer el control sin causa judiciable o al margen de la misma, sea enconsulta, dictamen o declaración teórica o general o abstracta. Mas noopera oficiosamente el juez o tribunal que se expida sin que el titular delderecho agraviado haya solicitado la declaración de inconstitucionalidad.Aún cuando tal cuestión no haya sido propuesta por el titular actual deun derecho al que la aplicación de la ley vigente afectaría, al juezincumbe la debida aplicación del derecho, y en tal menester se mueve atenor del adagio “iura novit curia”: el juez suple el derecho que las partesno le invocan o que le invocan erróneamente. En suma, el juez dependede las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar. Poreso, el control de constitucionalidad de normas y actos implicados en elderecho aplicable, debe ser efectuado por el juez en la misma causa, sinnecesidad de petitorio de parte interesada.Se ha dicho, en tal sentido, que “el control deconstitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicialde interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso y,por eso, debe efectuarse por el juez aunque no se lo pida la parte, porqueconfigura un aspecto del “iura novit curia”, que significa: “el juez suple elderecho que la partes no le invocan o que le invocan mal…Enconsecuencia, configurada la causa judicial, la declaración deinconstitucionalidad es procedente sin petición expresa, cuando en elderecho aplicable el juez descubre la inconstitucionalidad” (BIDARTCAMPOS, Germán: “Compendio de Derecho Constitucional”, Ediar,Bs. As.
, 2016, p. 404. Con cursivas en el original).En conclusión, por violar groseramente los principios delegalidad y reserva, constitucionalmente consagrados (CN, arts. 18 y 19),desconocer el principio de culpabilidad por el hecho, patentizado en esteúltimo, y trastocar el orden institucional vigente (idem, arts. 1, 5, 121 yconcordantes), corresponde declarar inconstitucional el precepto legalcontenido en el art. 166, inciso segundo, párrafo tercero, primerahipótesis, del Código Penal, y así lo dejo asentado.Visto el cambio de calificación al delito de robo simple (art.164, CP) y su consecuente impacto en la dosimetría de la pena consideropertinente, ante cualquier sospecha de parcialidad en el órgano juzgador,reenviar las presentes actuaciones a un nuevo Tribunal Oral en loCriminal el cual deberá, tras la pertinente audiencia única, a la quedeberán concurrir las partes, fijar el monto punitivo de la sanción recaídaa Darío Fabián V., bajo las pautas mensurativas receptadas en losarts. 40 y 41 del Código Penal de la Nación.
4. En relación con la aplicación de la art. 166 inc. 2°, CP, elpresupuesto de esa regla es que s
e haya probado qué clase de objetóutilizó el imputado. En el caso particular, el voto de la jueza que lideró elacuerdo afirmó que se trataba de un robo donde la violencia sobre laspersonas fue ejecutada “…mediante la exhibición del arma de fuego – viscompulsiva – cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, ya que si bien hasido secuestrada su arma reglamentaria, mal se puede afirmar que se trate de lamisma…” (cfr. fs. 772). Ahora bien, la sentencia no explica las razonespor las cuales el elemento que portaba V. era un arma de fuegohabida cuenta que no coincidía con su arma reglamentaria, la únicasecuestrada en la causa. Asimismo, nada se argumentó para explicar porqué se arribaba a tal conclusión, es decir, las razones que permitíanafirmar que se trataba de un arma de fuego y qué característicaspresentaba la misma. En este sentido, la lectura de la sentencia revela que S. dijo únicamente que el autor del hecho esgrimió “…un revólverplateado…”, aspecto ni siquiera mencionado en la sentencia. Frente a losplanteos de la defensa (que entre otras cuestiones, mencionó la nocitación a los otros testigos del suceso, ver fs. 794 vta. del recurso), y la orfandad de argumentación de la decisión recurrida en este punto, puedeafirmarse que existe una duda razonable acerca de qué era lo queefectivamente utilizó V. en el hecho ocurrido el 15 de abril de2009. Así y según se señaló en los precedentes “Taborda”,5“Marchetti”6 y “Castañeda Chávez”,7 (entre muchos otros) dudarazonable significa duda razonada, o mejor, duda justificada5 Sentencia del 2.09.15, registro n° 400/15, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin.6 Sentencia del 2.09.15, registro n° 396/15, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin.7 Sentencia del 18.11.15, registro n° 670/15, Sala II, jueces Bruzzone, Sarrabayrouse y Morin.razonablemente, donde “razonable” equivale a carente de arbitrariedad. La consistencia de la duda no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos proclives a la condena; y a la inversa, la contundencia de la hipótesis condenatoria tampoco se mide en sí, sino según su capacidad para desbaratar la presunción de inocencia y la propuesta absolutoria. En el caso, la falta de argumentos para sostener el presupuesto fáctico de la calificación jurídica elegida, conduce a dejarla sin efecto y modificarla por la de robo simple (art. 164, CP).Lo dicho y el planteo efectuado por la propia defensa,tornan innecesario en el caso analizar la constitucionalidad del art. 166,inc. 2°, último párrafo, CP, pese a que se coincide con el colegapreopinante a cuanto al cambio de calificación que corresponde al caso.Asimismo, corresponde remitir las actuaciones a nuevotribunal para que establezca la pena aplicable, según las pautas de los arts. 40 y 41, CP.

References: In dubio
 resolución 
 resolución 
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 18