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Timestamp: 2020-07-05 10:33:16+00:00

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Píldoras Concursales Marzo | Ashurst
ashurst españa - update concursal 02 Apr 2020 Píldoras Concursales Marzo
Gastos imprescindibles prededucibles: las cuotas de Seguridad Social lo serán si lo son los salarios a los que se refieren
Sentencia 155/2020 del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1ª, de 6 de marzo de 2020. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.
La administración concursal de Tecnologías Auxiliares de la Fundición, S.L., tras comunicar la insuficiencia de masa activa, deja constancia de que se habían seguido pagando los salarios correspondientes a los servicios imprescindibles para concluir la liquidación.
En este contexto, la Tesorería General de la Seguridad Social solicita que las cuotas de la seguridad social correspondientes a dichos salarios tengan la misma consideración de gastos prededucibles.
El Tribunal Supremo, en línea con lo establecido por la Audiencia Provincial, recuerda que, para que unos determinados gastos puedan ser considerados imprescindibles y, por ello, prededucibles, es necesario que lo solicite expresamente la administración concursal y que lo autorice el tribunal (vid. la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2016). Al no constar siquiera la preceptiva autorización judicial para que los salarios sean considerados gastos imprescindibles para la liquidación, no tiene sentido entrar a considerar la naturaleza de las cuotas de la seguridad social correspondientes a dichos salarios.
En segundo lugar, y separándose en este punto de las sentencias de instancia, el tribunal supremo afirma que, en caso de reconocerse esos salarios como gastos prededucibles, al remunerar "unos trabajos imprescindibles para las operaciones de liquidación", también merecerían esa consideración las cuotas de la seguridad social porque tienen el mismo origen: son el coste generado por dicho servicio imprescindible.
La Audiencia Provincial de Zaragoza considera que los créditos derivados de responsabilidad tributaria no son subordinados
Sentencia 143/2020 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 18 de febrero de 2020. Ponente: Juan Carlo Fernández Llorente.
Se analiza la calificación del crédito de la concursada que nace de un expediente administrativo de derivación de responsabilidad tributaria del artículo 42.2 a) de la Ley General Tributaria.
No existe unanimidad sobre esta cuestión en la jurisprudencia menor. Por un lado, hay una tesis favorable a la subordinación al equiparar la derivación a una sanción en línea con lo que ha dicho la Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencia del 10 de diciembre de 2018) y el Tribunal Constitucional (sentencia 76/1990, de 16 de abril). Por el contrario, en contra de la tesis de la subordinación, se argumenta que el responsable por derivación de la responsabilidad no es un sujeto infractor.
La Audiencia Provincial de Zaragoza se muestra partidaria de la segunda teoría. En su opinión, la responsabilidad tributaria por derivación de responsabilidad no es una sanción, sino una responsabilidad legal por incumplimiento de deberes jurídicos frente a la administración en la que prima el aspecto indemnizatorio. En ese sentido, menciona la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2018. Por tanto, el crédito por derivación no debe considerarse subordinado.
Responsabilidad del fiador ante la transmisión de la unidad productiva en la que se encuentra la obligación garantizada
Auto 53/2020 de la Audiencia Provincial de Girona Sección 2ª, de 10 de febrero de 2020. Ponente: María Isabel Soler Navarro.
Se discute si sigue en vigor la fianza prestada en relación a un contrato de leasing suscrito por la concursada pero que transmitió a un tercero como parte de una unidad productiva. El fiador considera extinguida la fianza en aplicación del artículo 1847 del Código Civil.
La Audiencia Provincial de Gerona aclara que la norma en las transmisiones de unidad productiva es el artículo 146 bis de la Ley Concursal que establece que, con la transmisión de la unidad productiva, el adquirente se subroga en la posición contractual de la concursada, pero la transmisión no lleva aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión (salvo que se acepten expresamente). En el caso, consta que entre los contratos en los que se subrogó la adquirente de la unidad productiva se encuentra el leasing, y también consta que a la fecha de la transmisión no estaba satisfecha parte de la deuda. Dicha deuda impagada en ese momento sí que deberá ser asumida por el fiador dado que la deuda del deudor principal en concurso no quedo extinguida con la venta. El resto, a partir de la fecha de transmisión, deberá asumirlo al adquirente que se subroga en el contrato. Por tanto, la ejecución solo podrá despacharse por la deuda existente en la fecha de la transmisión.
Procede la conclusión del concurso en el momento en que se consigna un cantidad superior al pasivo
Sentencia 45/2020 de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 2ª, de 20 de enero de 2020. Ponente: Isidoro Sánchez Ugena.
Un tercero que había hecho una oferta de compra del total activo de la concursada recurre la decisión del juez del concurso relativa a la terminación del procedimiento ex artículo 176.1.4 de la Ley Concursal.
La Audiencia Provincial de Badajoz, además de remitirse a la falta de aceptación de la oferta comentada, entiende que el tenor literal del artículo 176.4 de la Ley Concursal ("en cualquier estado del procedimiento…") conlleva que, una vez que el importe recibido supera el pasivo y quedan garantizados los derechos de todos los acreedores, se cumple la finalidad del procedimiento y de la Ley Concursal que es asegurar la continuidad de la sociedad. Por tanto, debe declararse el fin del concurso. No cabe, además, la alegación del apelante referida a derechos de acreedores distintos de los recogidos en el pasivo mencionado, ya que no se han reconocido y, por tanto, no deben considerarse a efectos del pasivo total de la concursada.
La suspensión del devengo de intereses no aplica al fiador
Sentencia 566/2019 de la Audiencia Provincial de Granada, sección 5ª, de 20 de diciembre de 2019. Ponente: José Manuel García Sánchez.
Se recurre la sentencia de instancia que condena a una entidad financiera, en su calidad de fiadora solidaria de una sociedad promotora en concurso, al pago de las cantidades entregadas a cuenta en la compra de una vivienda y sus intereses. La recurrente alega, entre otras cosas, que el devengo de intereses está suspendido por al artículo 59 de la Ley Concursal.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Granada considera que, de acuerdo a una interpretación conjunta de los artículos 59 y 87.6 de la Ley Concursal, la suspensión de devengo de intereses no aplica al fiador.
La audiencia refuerza su opinión por referencia al artículo 135 de la Ley Concursal que reconoce la subsistencia íntegra del crédito frente a los fiadores si el acreedor no aprueba el convenio. Y menciona en el mismo sentido la sentencia de 18 de abril de 2016 de la Audiencia Provincial de Cádiz (sección 8ª) y el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 29 de octubre de 2009.
Ejecución hipotecaria en casa de falta de acreditación del concurso
Auto 397/2019 de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 11ª, de 18 de diciembre de 2019. Ponente: Manuel Ortiz Romani.
Se revoca el auto de primera instancia de inadmisión de una demanda de ejecución hipotecaria basado en que la ejecutada se encontraba en situación de concurso.
La Audiencia Provincial de Valencia considera que no constaba fehacientemente la declaración de concurso de la mercantil antes de la presentación de la demanda (dado que en el Registro Público Concursal únicamente figuraba que el deudor había hecho una comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal), debiendo, por tanto, acordarse su admisión a trámite. Recuerda la audiencia que no puede exigirse a la ejecutante que aporte testimonio de una resolución recaída en un procedimiento en el que, en principio, no es parte. En cambio, el órgano jurisdiccional dispone de los medios y mecanismos suficientes para acreditar, efectivamente, que la mercantil ejecutada se encontraba en situación de concurso, estado que no constaba de manera fehaciente cuando se dictó la resolución ahora recurrida.
No se aplica el artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario cuando existen otras hipotecas aunque a nombre de la misma entidad hipotecante
Sentencia 599/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 13 de diciembre de 2019. Ponente: Ángel Galgo Peco.
Se discute si ha de rescindirse una hipoteca constituida por la concursada a favor de Caja de Ahorros y Montes de Piedad (hoy "Bankia") en garantía de un préstamo concedido a Volconsa Construcción y Desarrollo de Servicios, S.A.
En primera instancia no se rescindió la hipoteca por entenderse que cumplía los requisitos del artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario ("LMH") y, por tanto, para poder proceder a su rescisión era necesario fraude. Recuerda la Audiencia Provincial de Madrid que la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2015 expone que, tras la modificación operada en la LMH por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, la excepción del artículo 10 LMH se aplica a las hipotecas otorgadas para garantizar cualesquiera préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 LMH (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y establecimientos financieros de crédito), independientemente de su finalidad. Por tanto, para ver si se aplica el régimen especial del artículo 10 LMH solo hay que atender a que se trate de hipotecas que reúnan los requisitos específicos contemplados el artículo 5 LMH. Entre ellos que se trate de hipotecas de primer rango.
En el caso, constaban otras hipotecas a favor de Caja de Granada posteriormente integrada en Banco Mare Nostrum y posteriormente absorbido por Bankia. Esto último, la audiencia, sin embargo, lo considera "absolutamente irrelevante" y considera que no es de aplicación el artículo 10 LMH por no cumplirse los requisitos del artículo 5 de la LMH al no ser una hipoteca de primer rango. Eliminada la protección del artículo 10 LMH, se examina la hipoteca constatando que constituye un perjuicio para la masa activa de la concursada pues garantiza una deuda ajena y no se dan argumentos que permitan concretar el impacto positivo en el patrimonio de la concursada. Por tanto se rescinde.
La existencia de un litigio pendiente no es obstáculo para la conclusión del concurso por insuficiencia de masa
Sentencia 970/2019 de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 12 de diciembre de 2019. Ponente: Rafael Fuentes Devesa.
Presentada por la administración concursal de la Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas La Renault de Murcia la solicitud de conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de masa activa, se oponen a dicha conclusión ciertos acreedores alegando que existe un procedimiento judicial en curso en el que se reclama un importe que sería suficiente para pagar los créditos contra la masa pendientes de pago. Se apoyan en el párrafo 2 del artículo 176 bis 1 de la Ley Concursal que dice: "no podrá dictarse auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración de la masa activa o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa". No parece en el caso de que la opción de vender el crédito litigioso fuera posible.
La Audiencia Provincial de Murcia establece que la existencia de un litigio pendiente no es obstáculo insalvable para la conclusión del concurso. Recuerda que no se trata de un derecho de crédito que, reclamado o no, formaría parte de la masa activa del concurso, sino de un crédito litigioso de resultado incierto y que no parece lógico esperar a que se resuelva para finalizar el concurso. Recuerda la audiencia que "para el caso de que resultara fructuosa la reclamación ya se contempla en el art 179 LC la reapertura del concurso". Considera que la decisión judicial de no esperar a la terminación del proceso judicial pendiente para poder concluir el concurso es acertada en evitación de la generación de nuevos créditos contra la masa por honorarios de la administración concursal, siendo procedente su conclusión ex artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal y, en caso de obtención de activos, su reapertura. Cita en apoyo de esto jurisprudencia menor que ya defiende que la existencia de procedimientos judiciales de la concursada frente a terceros, cuyas consecuencias patrimoniales se desconocen, no impediría la conclusión ex artículo 176.1.3º de la Ley Concursal.
Pérdida del derecho a la remuneración del administrador concursal por presentación extemporánea del informe
Sentencia 1435/2019 de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8,ª de 12 de diciembre de 2019. Ponente: Enrique García-Chamón Cervera.
Se recurre una sentencia que acuerda la pérdida del derecho a remuneración de la administración concursal (artículo 74.4 de la Ley Concursal) por la presentación extemporánea del informe.
La Audiencia Provincial de Alicante desestima los argumentos del administrador concursal que justificaba el retraso en (i) la apelación al auto de declaración de concurso y (ii) haber estado enfermo.
La audiencia considera que si la enfermedad le impedía cumplir con sus obligaciones debería haber renunciado al cargo (artículo 29.3 de la Ley Concursal). En relación al recurso del auto de declaración del concurso, indica que el recurso carece de efectos suspensivos (artículo 20.2 de la Ley Concursal) y que en nada afecta al contenido del informe que, en el caso de la masa activa, está determinado por la situación existente al día anterior de emisión del informe y que, en el caso de la masa pasiva, está determinado por la situación existente al tiempo del auto. Tampoco se acepta el argumento de que el retraso en la elaboración del informe no genera perjuicio a la concursada, sí lo hace, pues el retraso en la presentación del informe determina la duración de la fase común y, a mayor duración de la misma, mayor número de créditos que pueden generarse contra la masa. Se confirma por tanto la pérdida de la retribución del administrador concursal.
Utilización del artículo 5 bis de la Ley Concursal como mecanismo para modificar la competencia territorial
Auto 32/2019 de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Sección 5ª, de 5 de diciembre de 2019. Ponente: María Arantzazu Ortiz González.
Se revoca el auto de primera instancia del Juzgado de lo Mercantil de Palma que declaraba la falta de competencia territorial para conocer del concurso de la sociedad Desarrollos Constructivos de Viviendas, S.L., al haber esta trasladado su domicilio social a dicha ciudad dentro de los seis meses anteriores a la solicitud de concurso incurriendo, por tanto, en el supuesto del artículo 10 de la Ley Concursal.
Sin embargo, se estima el recurso interpuesto por la sociedad y se acepta la presentación de la solicitud de concurso en el Juzgado Mercantil de Palma, al haberse presentado ante ese juzgado la comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal siendo, en virtud de dicho precepto, el juzgado ante el que se presenta tal comunicación el competente para conocer del concurso.
Reintegración de una compensación de créditos entre un préstamo dado por la concursada y una aportación de socios a la cuenta 118
Sentencia 834/2019 de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Sección 5ª, de 4 de diciembre de 2019. Ponente: María Arantzazu Ortiz González.
En el caso, la concursada (Coralinto, S.L, "Coralinto") había otorgado un préstamo en favor de uno de sus socios que tenía el 95% del capital social (Albufera Park, S.L.U., "Albufera"). Por otro lado, una persona física que tenía indirectamente el 100% de Albufera a través de otra sociedad, realizó aportaciones a la cuenta 118 de Coralinto.
En junio de 2017, después de presentar una comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal, Coralinto procedió a cancelar parte del préstamo en favor de Albufera mediante la compensación de las aportaciones de socios, de modo que Albufera pasó de deber a Coralinto la cantidad de 297.169,93 euros a deber 1.811,49 euros.
Finalmente, el concurso de Coralinto se declaró en noviembre de 2017. La administración concursal solicita la reintegración de esa compensación que se acoge en primera y segunda instancia.
Los argumentos de la Audiencia Provincial de Islas Baleares no están claros. Parece equiparar la cuenta 118 a un préstamo participativo y dice que estos préstamos no son susceptibles de devolución en las mismas condiciones que los préstamos de socio que se contabilizan como pasivo exigible. Por ese motivo, aplica el artículo 313 del Código de Comercio para decir que el préstamo no era exigible porque no había habido requerimiento previo. No se daban los requisitos de la compensación y procede la acción rescisoria. Como efectos, la cuenta de socios (118) vuelve a tener su antiguo importe y el crédito de Albufera por 397.169,93 euros se califica como subordinado.
Son personas afectadas por la calificación los administradores aunque no ejercieran su cargo en la práctica
Sentencia 579/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 2 de diciembre de 2019. Ponente: Pedro Gómez Sánchez.
En un concurso declarado como culpable por la salida fraudulenta de bienes se declara como personas afectadas por la calificación a los tres miembros del consejo de administración. Dos de ellos pretenden eximirse de responsabilidad alegando que no habían realmente ejercido su cargo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid entiende que eso es irrelevante porque el reconocimiento de la propia pasividad no puede ser presentado como un argumento de descargo.
En concreto, dice la audiencia: "No ignoramos, desde luego, que la realidad social nos ofrece múltiples supuestos en los que personas que no tienen la menor intención de ejercer como tales, aceptan sin embargo -por razones de diversa índole- cargos de administración en el seno de sociedades mercantiles. Pero esa realidad social no permite subvertir los términos naturales del debate: de su mera constatación no cabe colegir el surgimiento de una suerte de figura inmune a la disciplina responsabilística propia de los administradores sociales. Antes bien, la asunción explícita de que no se lleva a cabo gestión societaria de clase alguna (ni siquiera de funciones "in vigilando" sobre la actividad de otros administradores o apoderados ni el cumplimiento del deber de información que les impone el art. 225-3 LSC), lejos de representar un argumento de carácter exoneratorio, constituye un elocuente reconocimiento de la ligereza e incuria del administrador que así actúa al abdicar sin justificación de las obligaciones inherentes a un cargo que ha aceptado voluntariamente. No vemos, pues, motivo alguno que justifique la exclusión de esos dos administradores de la declaración de afectación".
La concursada no está legitimada para impugnar la lista de acreedores para mejorar la calificación de un crédito
Sentencia 556/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 22 de noviembre de 2019. Ponente: Alberto Arribas Hernández.
La concursada impugna la calificación como subordinado del crédito de una sociedad, Rentalcasa, S.A., solicitando que se considere ordinario. Alega la concursada que no es subordinado un préstamo participativo por no serle aplicable la subordinación por pacto contractual del artículo 92.2º de la Ley Concursal.
La Audiencia Provincial de Madrid no entra en el fondo del asunto pues considera que la concursada no está legitimada para impugnar de la lista de acreedores para mejorar la calificación de un crédito. No es suficiente con que ostente la condición de parte ni le vale con afirmar que la lista de acreedores le afecta de manera directa, sino que los extremos objeto de impugnación han de suponer para ella algún tipo de perjuicio o gravamen (aun cuando sea de manera indirecta, potencial o futura). En el caso, la modificación de la lista de acreedores implicaba únicamente un beneficio para el acreedor en cuestión y no para la concursada, por lo que esta carece de legitimación.
Hipoteca de segundo rango otorgada en favor de un deudor diferente al concursado. No se le asigna al acreedor el remanente de la ejecución de la primera hipoteca porque el crédito no estaba reconocido como privilegiado en el concurso del deudor
Sentencia 1000/2019 de la Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, de 28 de noviembre de 2019. Ponente: David Losada Durán.
La controversia surge en el seno de la tramitación coordinada de los concursos de dos sociedades: Calzados Charo Duarte, S.L. ("Calzados Charo") y Calzados Valentino, S.L. ("Calzados Valentino"). En el plan de liquidación del concurso de Calzados Valentino se hacía referencia a un bien inmueble sobre el que pesaban dos hipotecas: (i) una de primer rango por un préstamo de la propia concursada Calzados Valentino y (ii) una de segundo rango otorgada por la concursada para garantizar un préstamo de Calzados Charo. Ambos préstamos hipotecarios habían sido otorgados por Kutxabank, S.A. ("Kutxabank"). En el concurso de Calzados Charo, Kutxabank había comunicado el crédito garantizado por la hipoteca de segundo grado como ordinario.
El inmueble se subastó y con el importe que se obtuvo se satisfizo el crédito garantizado con la primera hipoteca. El sobrante se aplicó al pago de un crédito que Calzados Charo tenía reconocido en el concurso de Calzados Valentino como contra la masa. Kutxabank se opuso a la rendición de cuentas reclamando el sobrante como titular de la hipoteca de segundo rango.
La Audiencia Provincial de Álava desestima la pretensión de Kutxabank. En línea con lo que ya dijo en su sentencia 443/2019, de 5 de junio (dictada por la misma controversia pero en el concurso de Calzados Charo) sostiene que Kutxabank no puede hacer valer un privilegio que no se reconoció porque la propia Kutxabank comunicó el crédito como ordinario y no se opuso a esa calificación en ningún momento. Por tanto, no aplica el artículo 155.3 de la Ley Concursal pensado para los supuestos en los que concurren una pluralidad de créditos con privilegio especial.
Además, hace referencia a que la acreedora recurrente consintió que la finca hipotecada saliera a subasta, en el concurso de Calzados Valentino, por la totalidad de su valor, sin previa minoración del valor del inmueble en proporción al importe del crédito correspondiente al préstamo hipotecario incorporado a la masa pasiva de Calzados Charo (artículo 82.3 de la Ley Concursal) y que, del mismo modo, consintió la cancelación de la carga hipotecaria como consecuencia de la aprobación de remate sin solicitar que el inmueble fuera transmitido a tercero con subsistencia de la hipoteca (artículo 149.5 de la Ley Concursal).
Reconocimiento de un crédito derivado de la nulidad por abusiva de una cláusula penal en un contrato de compraventa sobre plano
Sentencia 916/2019 de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 28 de noviembre de 2019. Ponente: Rafael Fuentes Devesa.
El demandante solicita que se incluya en la lista de acreedores un crédito a su favor por las cantidades entregadas a cuenta de un contrato de compraventa sobre plano concertado con la concursada, Polaris World Real Estate, S.L.U. Alega que es un consumidor y que la cláusula penal incluida en el contrato (según la cual pierde lo aportado en caso de resolución por incumplimiento) es abusiva y ha de devolvérsele ese importe.
La Audiencia Provincial de Murcia recuerda que la Ley no exige para legitimar la cláusula penal la bilateralidad (previsión de una pena si incumple el predisponente), sino que lo relevante es la desproporcionalidad. La ventaja que supone fijar convencionalmente de antemano la liquidación de los daños es que se prescinde de prueba ulterior de los perjuicios. En caso de cláusulas generales se exige para que sea válida que la indemnización no sea " desproporcionadamente alta", esto es, que no implique una suma significativamente superior al daño sufrido por el predisponente. En el caso, Polaris no ha siquiera intentado probar los daños sufridos por el incumplimiento de la demandante y, al no justificarlos, no hay datos para afirmar que la cláusula sea proporcionada a los daños y perjuicios sufridos. Por tanto, se estima la demanda y se establece que se debe reconocer al demandante un crédito, con carácter subordinado (por comunicación tardía), por tal importe.
No se admite la acción pauliana relativa a una hipoteca de máximo constituida más de tres años antes de la declaración de concurso en favor de dos proveedores para garantizar la continuidad del suministro
Sentencia 1043/2019 de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 6ª, de 21 de noviembre de 2020. Ponente: Nuria Auxiliadora Orellana Cano.
La Audiencia Provincial de Málaga analiza la acción pauliana presentada por el otorgamiento, tres años antes de la declaración de concurso, de una hipoteca de máximo sobre el domicilio social de la sociedad concursada que era, además, donde desarrollaba su actividad. La finca estaba previamente hipotecada en favor de una entidad financiera. Con la hipoteca de máximo cuestionada se garantizó el crédito de dos de los principales proveedores de la sociedad que se comprometieron a seguir suministrando material.
La audiencia no aprecia ánimo defraudatorio. No se prueba que los acreedores demandados tuvieran conocimiento de la situación de concurso en el momento de otorgamiento de la hipoteca. Además, una vez asegurado el cobro de sus créditos, continuaron proporcionando materiales, incluso por encima de las cuantías aseguradas con la hipoteca, para permitir a la concursada concluir sus obras y obtener beneficios.
Cesión de créditos por sociedad concursada. El cesionario no puede beneficiarse de la prohibición de compensación del artículo 58 de la Ley Concursal
Sentencia 968/2019 de la Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, de 20 de noviembre de 2020. Ponente: María Mercedes Guerrero Romeo.
La sociedad concursada, Incafri, S.A. ("Incafri"), tenía un crédito frente a Opacua, S.A. ("Opacua") que cede, con consentimiento de la administración concursal, a Blackstorm Elite, S.L. ("Blackstorm").
En vía de procedimiento ordinario, Blackstorm interpone una demanda de reclamación de cantidad contra Opacua para el cobro del crédito. Opacua, deudora, pretende la compensación del crédito, aportando una serie de facturas impagadas por reparaciones en las obras en las que intervino Incafri. En primera instancia, el juzgado estima parcialmente la demanda y condena a Opacua a pagar el crédito utilizando como uno de los argumentos la imposibilidad de compensación por aplicación del artículo 58 de la Ley Concursal. Opacua recurre reclamando la compensación.
La Audiencia Provincial de Álava estima el recurso admitiendo la compensación porque el artículo 58 de la Ley Concursal no resulta de aplicación. Indica que el crédito cedido pertenecía a la masa activa y no es un crédito concursal. Además, desde el momento en que Blackstorm adquiere la deuda en escritura ésta deja de pertenecer al concurso y, por tanto, deja de ser de aplicación el artículo 58 de la Ley Concursal. Como la reclamación se interpone fuera del concurso, la demandada puede oponer las excepciones que tenía con el acreedor ex artículo 1198.3º Código Civil.
No aplicación del artículo 56.4 de la Ley Concursal al hipotecante no deudor
Sentencia 871/2019 de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 14 de noviembre de 2019. Ponente: Rafael Fuentes Devesa.
Se discute el tratamiento de la hipoteca en el concurso del hipotecante no deudor. En ese caso, la concursada (Polaris Word Servicios, S.L.) tenía 11 fincas que habían sido hipotecadas en garantía de deudas de otra sociedad (Polaris Desarrollos, S.L.).
La Audiencia Provincial de Murcia determina que: (i) en cuanto a la masa pasiva, como el concursado no debe al acreedor hipotecario, este no puede ser reconocido como acreedor en el concurso; (ii) en cuanto a la masa activa, como el bien hipotecado es del concursado, se debe incluir en el inventario y se hará a valor de mercado con la minoración que representa la existencia de la garantía (en este caso, el valor de tasación de cada una de las fincas menos el importe de los créditos ajenos asegurados hasta la cobertura hipotecaria); (iii) por último, en cuanto a la facultad de realización de los bienes del acreedor hipotecario, se establece que no puede equipararse la condición de tercer poseedor a la de hipotecante no deudor, por lo que no se podrá aplicar analógicamente el artículo 56.4 de la Ley Concursal que establece que el tercer poseedor no está afectado por la paralización de las ejecución, y ello porque:
el artículo 56.4 de la Ley Concursal es una norma excepcional, que no admite interpretaciones amplias; y
si el acreedor hipotecario, en el caso de tercer poseedor, se ve limitado en sus facultades ejecutivas por un acto unilateral del deudor, en el supuesto del hipotecante no deudor sí podía comprobar la solvencia de quien presta la garantía por otro y, por ello, calibrar la posibilidad de que pudiera entrar en concurso. Esta diferente posición del tercer poseedor respecto del hipotecante no deudor es lo que según la audiencia determina la no aplicación al segundo del artículo 56.4 de la Ley Concursal.
Rescisión parcial de la transmisión por un matrimonio a sus hijos de la condición de socios en una sociedad civil
Sentencia 878/2019 de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 1ª, de 11 de noviembre de 2019. Ponente: Fernando Caballero García.
Se confirma la sentencia de primera instancia por la que se declara la rescisión parcial (en lo relativo a la persona física concursada) de un contrato de modificación de socios de una sociedad civil en el que los hijos de un matrimonio sustituyen al mismo en su posición de socios. La rescisión es instada por la administración concursal de la madre de acuerdo al artículo 71.1 de la Ley Concursal.
La Audiencia Provincial de Córdoba considera que sí se trata de un acto dispositivo y gratuito, por lo que aplica la presunción de perjuicio patrimonial iuris et iure del artículo 71.2 de la Ley Concursal. Los antiguos socios renuncian a la liquidación que les correspondía por su salida según los estatutos de la sociedad y sin que los nuevos socios realicen ningún pago a cambio.
Respecto a los efectos de la rescisión, la audiencia considera que deben restringirse a la salida de la concursada, por lo que ella vuelve a ser socia junto con sus hijas (sustitutas del marido que no estaba en concurso).
Se consideran especialmente relacionadas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo societario aunque no exista una relación jerárquica directa entre ellas
Sentencia 534/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11 de noviembre de 2019. Ponente: Pedro Gómez Sánchez.
La sociedad en concurso de acreedores, Muinmo, S.L. ("Muinmo"), presentó demanda incidental en la que reclamaba la calificación como créditos ordinarios de dos créditos en favor de Asor Tealsa, S,L. ("Asor") y de Rfafi Tealsa, S.L. ("Rfafi") que habían sido calificados como subordinados en la lista definitiva, pese a que inicialmente fueron calificados como ordinarios. La administración concursal justificó esta calificación por la condición de personas especialmente relacionadas de las sociedades acreedoras. La sentencia recurrida confirmó la subordinación por estar las tres sociedades controladas por las mismas tres personas físicas.
La recurrente argumenta que el concepto de grupo de sociedades a efectos concursales no viene dado por la existencia de una "unidad de decisión" sino por la "situación de control" (de acuerdo con el contenido del artículo 42.1 del Código de Comercio) y que, atendida la composición personal de su capital social, no había una situación de control. La Audiencia Provincial de Madrid, por el contrario, apoyándose en la sentencia del Tribunal Supremo 15 de marzo de 2014 recuerda que:
El hecho de que a efectos de la Ley Concursal la remisión al artículo 42.1 del Código de Comercio suponga que solo tenga la consideración de grupo societario el que ha venido a denominarse grupo "jerárquico" (y que queden excluidos los grupos "paritarios", "horizontales" o "por coordinación") "...no supone que, para que la existencia del grupo tenga trascendencia en el concurso, necesariamente tenga que estar involucrada en el concurso la sociedad dominante".
El que las sociedades involucradas en el concurso no tengan entre sí una relación de jerarquía dentro de un grupo porque ambas sean sociedades dominadas, no significa que nos encontremos ante un grupo horizontal o paritario. Si existe control, en el sentido establecido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, hay grupo a efectos de la Ley.
Para que exista "control" es posible que en la cúspide de la estructura esté una persona física o jurídica.
Por lo tanto, en el caso que ahora nos ocupa no sería relevante que Muinmo no tenga el control de Asor o Rafi, ni que ninguna de estas lo ejerza sobre Muinmo, lo relevante para determinar la existencia o inexistencia de grupo a los efectos que nos ocupan es verificar si dichas sociedades se encuentran o no controladas, directa o indirectamente, por alguien. En el caso, la mayoría del capital de Muinmo y Rafi se encuentra controlado, por medio de sociedades interpuestas, por D. Segundo, Dña. Erica y Dña. Encarnación, en el primer caso, y por los hijos de D. Segundo en el otro, siendo él el administrador único de la sociedad, por lo que la audiencia determina que existe un acuerdo entre familiares que permite que exista un control de la sociedad por parte de D. Segundo con base en el artículo 42.1 b) y c) del Código de Comercio. Sin embargo, respecto a Asor determina que no existe control al pertenecer, por medio de otra sociedad interpuesta, a los miembros de la familia Cesáreo, sobre los que la administración concursal no prueba su vinculación con D. Segundo, Dña. Erica y Dña. Encarnación, pese a que la audiencia entiende que esta puede existir, al menos, en un plano informal o no legal.
En consecuencia, la audiencia estima parcialmente la demanda y determina que el crédito relativo Asor debe calificarse de nuevo como ordinario, pero mantiene la calificación del crédito relativo a Rfafi.
No pueden incluirse en el inventario gravámenes sobre derechos que no forman parte de ese inventario, ni sobre derechos futuros
Sentencia 527/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 8 de noviembre de 2019. Ponente: Gregorio Plaza González.
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación en virtud del que se impugna el inventario y la lista de acreedores del concurso de Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, S.A.U. (la "Concursada"), basándose en lo siguiente:
Las entidades financieras demandantes solicitan el reconocimiento de sus créditos en la lista de acreedores de la Concursada. Sin embargo, esto no es posible porque la Concursada es garante no deudora de la financiación otorgada a un tercero, Aeropistas, S.L., a fin de sufragar los gastos de la ejecución de la concesión administrativa otorgada a favor de la Concursada relativa a la construcción, conservación y explotación de una autopista. El hipotecante no deudor, como señala la sentencia recurrida, tan solo vincula un bien de su patrimonio a la satisfacción de un crédito ajeno y, por tal razón, no se convierte en deudor. Otra cosa es que la carga conste en el inventario reduciendo el valor del bien hipotecado en su caso.
Sin embargo, el reflejo en el inventario de la masa activa dada como carga no es posible respecto de la prenda de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) y la prenda de créditos futuros por la sencilla razón de que no han nacido en el momento de declaración del concurso. Así, en relación con la cesión en garantía de los derechos de cobro de los peajes, no resulta posible su inclusión al tratarse de derechos no actuales, sino de generación futura y la regla es que todo gravamen ha de debe constar formalmente ligado a algún bien o derecho del inventario. Determina la audiencia que "no es posible admitir la inclusión en el inventario de bienes o derechos meramente contingentes, no actuales, sino de previsible generación, en función de que se produzcan o no las condiciones que determinarán la presencia del activo".
Y sigue diciendo "Es cierto (…) que se integran en el patrimonio del deudor, de un modo genérico, los derechos contractuales derivados de contratos válidamente celebrados y vigentes, pero su identificación y cuantificación a los efectos de consignarlos en la masa ofrece problemas prácticos, cuando lo único perseguido es hacer constar la existencia de un gravamen que abarcará los ingresos derivados de tales derechos contractuales, en la medida que se produzcan y en el tiempo en que lo hagan". Por ello, al no haberse materializado el derecho sobre el que recae el gravamen (ingresos futuros derivados del pago de los peajes), no es posible acceder a lo solicitado para hacer figurar en el inventario la cesión en garantía de los derechos de cobro de los peajes.
En cuanto a la prenda sobre los saldos de cuentas corrientes al tiempo de la declaración del concurso, el saldo era cero. Siendo cero el saldo de las cuentas corrientes tampoco procede hacer constar el derecho a abonos que después de la declaración de concurso pudieran hacerse en esas cuentas.
La finca hipotecada en garantía de una deuda ajena está igualmente afectada pro la paralización de las ejecuciones si se trata de un buen necesario para la continuación de la actividad del deudor. Distinción entre tercer poseedor e hipotecante en garantía de deuda de tercero
Auto 478/2019 de la Audiencia Provincial de Burgos Sección 3ª, de 11 de octubre de 2019. Ponente: Ildefonso Barcalá Fernández de Palencia.
Se resuelve un recurso de apelación promovido por la Agencia Tributaria por la desestimación de un recurso de reposición en el que se acordó mantener la paralización de la ejecución hipotecaria sobre una finca propiedad de la concursada que estaba hipotecada unilateralmente (artículo 141 Ley Hipotecaria) en garantía de una deuda ajena a favor de la Hacienda Pública. El juez acordó paralizar dicha ejecución por considerar que la finca era un bien necesario para la actividad del deudor. No obstante, el abogado del estado alegaba que la declaración del concurso no afecta a la ejecución de la garantía cuando el concursado tenga la condición de tercer poseedor del bien objeto de esta (artículo 56.4 de la Ley Concursal) y por tanto, no se debía paralizar la ejecución.
La Audiencia Provincial de Burgos desestima el recurso de apelación distinguiendo el hipotecante por deuda ajena del tercer poseedor: no es tercer poseedor quien participó en la constitución de la hipoteca. En consecuencia, afirma la audiencia, la finca propiedad del concursado que se hipoteca en garantía de una deuda ajena está igualmente afectada por la paralización de las ejecuciones si se trata de un bien necesario para la continuación de la actividad del deudor.
Actuaciones de la administración concursal en casa de insuficiencia de masa activa
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid de 24 de enero de 2020. Ponente: Bárbara María Córdoba Ardao.
En el caso se discute qué parte de los honorarios de la administración concursal han de pagarse en caso de comunicación de insuficiencia de masa activa conforme al apartado 4º del artículo 176 bis 2 de la Ley Concursal ("los créditos por costas y gastos judiciales del concurso") y cuáles se deben subsumir en el apartado 5º de este mismo artículo ("los demás créditos contra la masa").
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, solo podrán incluirse en el apartado 4º los honorarios devengados por la administración concursal durante la fase de liquidación "cuando respondan a actuaciones estrictamente necesarias para obtener numerario y gestionar la liquidación y el pago" y siempre previa declaración del juez del concurso. El resto de actuaciones se subsumen en el apartado 5º. La justificación que da el Tribunal Supremo para tal calificación es que los créditos contra la masa del nº 4 se corresponden con los denominados "gastos de justicia" (artículos 84.2 2º y 3° de la Ley Concursal), diferentes a los que podemos denominar "gastos de administración " entre los que se encontrarían los honorarios de la administración concursal. Estos últimos van al apartado 5º salvo que por resolución judicial se declaren como créditos imprescindibles para concluir la liquidación. El problema es que, si bien son las actuaciones concretas que son necesarias las que deben autorizarse, el Real Decreto 1860/2004 que establece el arancel de los administradores concursales no fija los honorarios por "actuaciones" sino por "fases del procedimiento". Así el Tribunal Supremo, en sentencias posteriores, como la de 6 de abril de 2017, ha ido paulatinamente atemperando o suavizando su doctrina, hasta el punto que inclusive ha permitido reconocer como crédito imprescindible a los fines del art. 176 bis de la Ley Concursal los honorarios devengados con anterioridad a la comunicación de insuficiencia de masa.
En el caso, la juez del concurso declara que el 50% de los honorarios devengados a favor de la administración concursal durante la fase común son créditos imprescindibles a los fines del art. 176 bis de la Ley Concursal y, por tanto, prededucibles.
En cuanto a la valoración de estos trabajos, establece que se deberá aplicar el arancel previsto en el Real Decreto 1860/2004. Por otro lado, declara que una vez abierta la fase de liquidación y hasta un plazo máximo de doce meses, la administración concursal podrá cobrar con carácter prededucible sus honorarios de liquidación calculados sobre la base anteriormente fijada (ese 50%) y aplicar el arancel del artículo 9 del Real Decreto 1860/2004.
Es privilegiado el crédito del fiador cuando el afianzado otorgó contragarantía real
Sentencia 167/2019 del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Vitoria-Gasteiz, de 21 de noviembre de 2019. Ponente: María Teresa Trinidad Santos.
En el seno del concurso de Imprenta Sacal, S.L. ("Imprenta") se presentan dos demandas que impugnan el informe de la administración concursal. La primera la presenta la propia sociedad concursada impugnando la lista de acreedores por la inclusión de determinados créditos y la segunda un acreedor por la calificación de su crédito, Elkargi, S.G.R. ("Elkargi").
Respecto a la sociedad concursada, el juzgado entiende que no tiene legitimación activa. Se puede admitir la impugnación de la exclusión de bienes por la administración concursal en la masa activa e incluso la inclusión de algunos bienes, por ejemplo si estos son inembargables, pero en ningún caso puede solicitar la exclusión de créditos en favor de un tercero.
Elkargi, por su parte, había afianzado a la concursada frente a Kutxabank, S.A. ("Kutxabank") y, en atención a ese afianzamiento, Imprenta otorgó prenda sobre las participaciones en el capital de Elkargi de las que era titular. El crédito se había calificado como contingente, pero la administración concursal había incluido que, en el supuesto de que finalmente Elkargi tuviera que pagar a Kutxabank, su crédito sería ordinario. Es esta última afirmación la que recurre Elkargi y el juzgado le da la razón. La degradación del crédito del fiador sólo procede cuando es persona especialmente vinculada al deudor (que no era el caso) . Y, además, en el caso la relación entre fiador y deudor principal es independiente a la que existe entre el acreedor y el deudor. La garantía real se pacta para el supuesto de que Elkargi tenga que pagar a Kutxabank, pero lo que se garantiza es la obligación de pago del deudor al fiador, no es que el fiador se beneficie de la garantía del acreedor principal en vía de regreso. Por lo tanto, el crédito de Elkargi, para el supuesto de que finalmente sea efectivo, queda clasificado como con privilegio especial hasta el valor total de las participaciones pignoradas que no haya cubierto el primer crédito, y ordinario para la cantidad restante.
No se rescinde la hipoteca que garantizaba una deuda anterior porque la entidad acreedora amplió los plazos de toda la deuda (de tres meses a un año) y corrió con los gastos de la refinanciación
Sentencia 144/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, de 22 de octubre de 2019. Ponente: Juan Carlos Picazo Menéndez.
Se discute la posible rescisión de la escritura de constitución de hipoteca sobre una finca que se constituyó para refinanciar una deuda anterior.
La constitución de garantía en relación con una deuda preexistente encaja en la presunción de perjuicio del artículo 71.3 de la Ley Concursal. No obstante, el juez considera que en el caso concurren circunstancias suficientes para destruir esa presunción. La sociedad concursada tenía una deuda que había impagado en sucesivas ocasiones y la entidad acreedora amplía los plazos de pago (de tres meses a un año) tanto para lo ya vencido como para los plazos pendientes de vencimiento. Además, la propia acreedora asume los gastos de refinanciación. Indica la sentencia a efectos ilustrativos que la ampliación del plazo de manera significativa, aunque no se conceda más financiación monetaria, es suficiente en el caso del artículo 71 bis de la Ley Concursal para blindar el pacto de refinanciación.
Nulidad de contratos de arrendamiento con cláusulas "sospechosas" por simulación absoluta y, subsidiariamente, resolución en interés del concurso
Sentencia 315/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, de 8 de octubre de 2019. Ponente: Moisés Guillamón Ruiz.
La después concursada Procom Martinsa Residencial Castella, S.A. ("Procom") celebra en distintas fechas de 2013 tres contratos de arrendamiento privados con tres sociedades distintas (Centurión Inmuebles, S.L. "Centurión", Bratin, S.L. y Bratinova, S.L.) sobre tres inmuebles hipotecados y los eleva a público un año después. En la misma fecha de la elevación a público, Procom reconoce una deuda y adjudica en pago a Centurión otra serie de inmuebles. Los contratos de arrendamiento incluían algunas cláusulas muy infrecuentes (el pago de la renta se suspendía hasta que el edificio contara con todos los servicios, el plazo de arrendamiento era de 10 años prorrogable por otros 30 y se permitía el subarriendo sin necesidad de comunicación al arrendador).
La administración concursal ejercita una acción de nulidad por simulación absoluta de contratos y, subsidiariamente, una acción de resolución en interés del concurso. Defiende que las operaciones tenían como fin evitar o dificultar una ejecución hipotecaria. El juez del concurso acoge ambas acciones.
Respecto a la acción de nulidad de contratos por simulación absoluta (artículo 6 del Código Civil), indica que es imprescriptible. Además, acepta como indicios suficientes la falta de pago de la renta y de uso de los inmuebles, los tiempos "sospechosos" de elevación a público, la inexistencia de reclamaciones entre las partes compeliéndose a cumplir las obligaciones derivadas de los contratos y las cláusulas infrecuentes arriba referidas. También toma en consideración que aunque las involucradas no formaban parte de un grupo tenían cierta vinculación porque la misma persona había sido representante persona física en el consejo de administración de Martinsa Fadesa, S.A. (que tenía un 50% de acciones de Procom) y era el administrador de Centurión. En conclusión, considera probada la existencia de una causa falsa totalmente apartada de la función social que habitualmente cumplen los arrendamientos urbanos.
El juez analiza también la resolución de los contratos en interés del concurso (artículo 61 de la Ley Concursal) por si la acción principal se revoca en otra instancia y da la razón de nuevo a la administración concursal porque los contratos resultan antieconómicos para la masa. La resolución en el supuesto no tiene efectos retroactivos porque afecta a obligaciones duraderas que estaban ya parcialmente consumadas. No se fija indemnización en favor de las sociedades arrendatarias porque algunas no lo habían solicitado y Centurión, que sí lo había hecho, no había aportado relación de daños concretos ni acreditado los mismos.
Improcedencia de la cancelación de hipoteca en liquidación concursal en supuesto de garantía real constituida en favor de una deuda ajena
Sentencia 394/2019 del Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Logroño de 7 de octubre de 2019. Ponente: Rafael Yangüela Criado.
En el caso, la concursada (Industria del Mueble Artesano, S.A. "IDEMA") había suscrito un préstamo hipotecario con la actora (Elkargi SGR "ELKARGI") sobre una finca de su propiedad. Además, el mismo día había garantizado, como hipotecante no deudor, con la misma finca, un crédito suscrito entre ELKARGI y un tercero (Muebles Odin, S.A., "Muebles Odin"). Con posterioridad, ambas entidades prestatarias entran en concurso. En el seno del concurso de IDEMA se le reconoce a ELKARGI un crédito con privilegio especial sobre la finca hipotecada y en el concurso de Muebles Odin un crédito ordinario.
En fase de liquidación del concurso de IDEMA, la administración concursal autorizó la venta de la finca hipotecada con cancelación de cargas.
El juzgado considera que no cabe la enajenación del bien como libre de cargas por los siguientes motivos:
la cancelación de la garantía, consecuencia de la realización del bien gravado en liquidación concursal, conlleva un evidente perjuicio para el acreedor hipotecario, que no es acreedor del concursado sino de un tercero (Muebles Odin);
comportaría una alteración del orden de prelación previsto en el artículo 154 de la Ley Concursal y siguientes, ya que si el acreedor hipotecario no ha sido incluido en la masa pasiva del concurso no podría recibir pago alguno como consecuencia de la realización del bien gravado en la liquidación concursal;
se trata de una de las excepciones al precepto del artículo 149.5 de la Ley Concursal, que establece que el juez acordará la cancelación de las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial. Pues bien, el juzgado considera que el precepto hace referencia a cargas constituidas a favor de créditos concursales, y en el caso examinado no existe reconocimiento de un crédito concursal a favor del titular de la garantía;
el artículo 82.3 de la Ley Concursal así lo justifica, pues a pesar de su literalidad, lo que el precepto exige es valorar el bien en el activo del informe disminuyendo las hipotecas de los créditos en beneficio de un tercero, lo que nos llevaría a no cancelar la hipoteca por entender que en puridad solo forma parte de la masa la diferencia entre el valor del bien y la deuda garantizada que el tercero tiene con el titular acreedor hipotecario; y
la enajenación del bien sobre el que se constituyó la garantía no ha de respetar las previsiones del artículo 155 de la Ley concursal dado que este precepto se refiere a las reglas para bienes y derechos afectos al pago de un crédito con privilegio especial.
En definitiva, el juzgado considera que la única posibilidad en caso de concurso del hipotecante no deudor será la enajenación del bien gravado con subsistencia de la garantía, pasando, así, el adquiriente del bien en fase de liquidación a ostentar la condición de tercer poseedor, dejando a salvo los derechos del titular de la garantía. Además, considera que esta solución es igualmente respetuosa con los derechos de los acreedores del concursado que sí han sido incluidos en la masa pasiva del concurso.
No cabe solicitar el abono de nuevos créditos contra la masa en el trámite de rendición de cuentas
Sentencia 221/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, de 4 de octubre de 2019. Ponente: María Dolores de las Heras García.
Desestimación de la demanda del Ayuntamiento de Murcia que impugnaba la rendición de cuentas por no habérsele abonado un crédito contra la masa que no se había hecho valer vía artículo 84.4 de la Ley Concursal ni en los informes de liquidación. El juez, aunque reconoce que la solución a esta cuestión no es unánime, acoge la que dice que es la postura mayoritaria en los juzgados e indica que la actuación del demandante es contraria a la buena fe procesal y a la propia seguridad jurídica.
El juez del concurso es competente para cancelar hipotecas que garantizaban obligaciones saldadas antes del concurso
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Ejea de los Caballeros a practicar la cancelación de una inscripción de hipoteca de una finca, ordenada en procedimiento concursal (BOE de 10 de marzo de 2020).
La Dirección considera que la competencia exclusiva del juez del concurso (artículo 8 de la Ley Concursal) debe autorizarle para dictar y expedir, en fase de liquidación, mandamientos cancelatorios de garantías reales, incluso en relación con créditos anteriores al concurso.
Asimismo, entiende que lo exigible, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017, es que el mandamiento judicial haga constar que se dio cumplimiento a todos los requisitos del artículo 155.4 de la Ley Concursal y que los acreedores hipotecarios tuvieron la intervención preceptiva. No entra dentro de la función registral de calificación entrar a cuestionar estas afirmaciones.
La exoneración de pasivo del artículo 178 bis de la Ley Concursal no libera a los terceros garantes hipotecarios
Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Castelldefels, por la que suspende la cancelación de una hipoteca (BOE de 10 de marzo de 2020)
Tal y como ya dijo la Dirección en su resolución de 20 de septiembre de 2019, no se cancela la hipoteca constituida en garantía de deuda ajena mediante testimonios de los autos firmes dictados en el seno de los procedimientos concursales de los deudores en los que se acuerda la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho incluyéndose el préstamo objeto de la garantía inmobiliaria.
La Dirección considera que la extinción de la deuda derivada de la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho no es absoluta ni definitiva. "No es absoluta porque sólo afecta al deudor concursado. La ley tiene en cuenta la situación individual del deudor y su comportamiento, y sólo frente a él resulta inexigible la deuda, pero no frente a otros obligados solidarios o frente a sus fiadores o avalistas, respecto de los que el acreedor conservará todos sus derechos. Y tampoco puede afirmarse que se trate de una extinción definitiva, pues durante un plazo de cinco años podrá solicitarse del juez la revocación del beneficio, en cuyo caso los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. Por ello parece más acertado hablar de exoneración inmediata en contraposición a la exoneración diferida en el tiempo, en lugar de exoneración definitiva y exoneración provisional, para referirse a las dos alternativas que prevé la ley en los ordinales cuarto y quinto del apartado 3 del artículo 178 bis Ley Concursal." La Dirección equipara a estos efectos la situación de los fiadores solidarios y la de los hipotecantes no deudores. Lo contrario perjudicaría injustificadamente al acreedor hipotecario.
Además, la cancelación no cumple las normas hipotecarias. Aunque la obligación asegurada por la hipoteca se hubiera extinguido (que no ha sido el caso), la cancelación de la inscripción requiere que el acreedor titular registral de la garantía otorgue la oportuna escritura pública o que, tras la tramitación de un procedimiento judicial en el que dicho acreedor haya sido parte, se dicte sentencia firme que ordene la cancelación. Y el juez del concurso no tiene competencia sobre el inmueble del hipotecante no deudor que no está en concurso.

References: artículo 42
 artículo 1847
 artículo 146
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 59
 artículo 135
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 313
 artículo 92
 artículo 155
 resolución 
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 1198
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 176
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 154
 artículo 149
 artículo 82
 artículo 155
 artículo 84

Resolución 
 artículo 155
 artículo 178

Resolución 
 resolución 
 artículo 178