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Timestamp: 2018-07-20 10:09:44+00:00

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Protección de marcas y patentes se encuentra en un limbo jurídico
Por Venezuela Real - 4 de Agosto, 2008, 10:59, Categoría: Estado de Derecho
TSJ aún no decide recurso de interpretación
El SAPI ha venido desaplicando la norma 486, y para el registro de invención de patentes, de marcas y afines acoge la Ley de Propiedad Industrial
La inseguridad jurídica se acrecienta en el país. Ahora se agrega la incertidumbre creada por la falta de uniformidad de criterio para aplicar las leyes y normas referidas a la propiedad industrial (marcas y patentes).
Hace dos años Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones. Desde 2006 se ha observado una especie vacío jurídico en cuanto a las leyes y normas que se deben aplicar en lo referente a esta materia.
Es decir, si el país debe seguir rigiéndose por la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena –que según el artículo 153 de la Constitución pasó a formar parte del entramado jurídicoo si por el contrario son necesarios nuevos ordenamientos jurídicos adaptados a los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio -instancia de la cual la República es miembro- dado que la Ley de Propiedad Industrial data de 1956 y no cumple con los estándares internacionales.
Como un mecanismo para resolver esa inseguridad e incertidumbre jurídica, el 1º de agosto de 2006, la AVEX, Asociación Venezolana de Exportadores, representada por los abogados Gonzalo Capriles Baena y Ernie Neri de Ross, solicitó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación del artículo 153 de la Constitución, el cual indica: "...Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna".
Con base en ese artículo, la referida norma andina se hace de "aplicación directa y preferente a la legislación interna".
Pese a la urgencia, el TSJ hasta la fecha no ha emitido criterio alguno.
El asunto es que el SAPI, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, desde hace un tiempo ha venido desaplicando la norma 486 (Régimen Común sobre Propiedad Intelectual de la CAN) y para el registro de invención de patentes, de marcas y afines acoge la Ley de Propiedad Industrial.
Jesús López, director de Marcas y Patentes del bufete Clarke, Modet & Cía., explicó: "El problema es que a partir de 2006 se creó un vacío porque no se sabe cuál norma se debe aplicar. El SAPI, la SIEX y otros organismos siguieron usando la normativa andina, pero ahora existe la disyuntiva de sí se debe emplear la legislación regional".
López advierte que el SAPI no debería decidir un régimen regulatorio mientras el Tribunal Supremo no dicte su sentencia interpretativa. "Esto crea una gran inseguridad jurídica porque la Ley de Propiedad Industrial data de 1956 y está completamente desactualizada con respecto a los tratados internacionales y a todas las legislaciones de la República" Castor González-Escobar, abogado y socio de la firma González & Newman, alertó que existe un cuadro "generador de una peligrosa inseguridad jurídica con consecuencias sobre la economía.
Hay que destacar que este no es un problema sólo para el país en cuanto el riesgo de posibles sanciones internacionales, sino que este limbo jurídico también afecta la expectativa cierta del inversionista en su derecho industrial o intelectual, y en cuanto a lo que permite una libre competencia. Esto ahuyenta la inversión privada".
El abogado agregó que no está a favor ni en contra de la Decisión 486, pero pide que se determine cuál es la vía legal que se utilizará en materia de propiedad industrial.
¿La supranacionalidad?
El quid del asunto está en desentrañar por la vía jurídica si pese a que el país se salió del Acuerdo de Cartagena, es de obligatorio cumplimiento aquellas normas y resoluciones que derivaron en legislación interna.
La AVEX aduce, en su solicitud al TSJ, que necesitan "...
se despeje la incertidumbre sobre la vigencia del Derecho Comunitario Andino Secundario en Venezuela una vez que el Estado procedió a denunciar el Acuerdo de Cartagena.." y además requieren "... tener certeza sobre si la Decisión 486 aprobada por la Comisión Andina, que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, debe seguir aplicándose en los procedimientos para la obtención de marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial que se tramitan ante el SAPI..." Aducen: "... Si no se despeja la incertidumbre existente sobre la vigencia de la Decisión 486, se pueden generar daños graves sobre el sistema de propiedad industrial, los cuales pueden ser absolutamente irreversibles (...) requerirá la interposición de innumerables recursos administrativos y judiciales contra aquellas decisiones administrativas que adoptaran un criterio equivocado sobre la vigencia del Derecho Comunitario Andino secundario...".
Reiteran que las normas secundarias son parte del ordenamiento legal vigente en Venezuela y, por tanto, están sujetas a las mismas reglas de derogación que los restantes órganos jurídicos y, por eso, se requiere que la Asamblea Nacional sancione una ley que derogue "implícitamente la Decisión Andina, debido al contenido contradictorio de ambos instrumentos normativos".
En las resoluciones oficiales de los boletines 492, 493 y 494, de fechas 11 de febrero, 21 de abril y 23 de junio de 2008, se observan algunas contradicciones en la aplicación de normas para regular la propiedad industrial. Por ejemplo, en la 572 las solicitudes de marcas comerciales se tratan de acuerdo con el artículo 145 de la Decisión 486.
Según se registra en el tomo I, página 16. Mientras que otras solicitudes van con el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.
Con la Resolución 629 algunas solicitudes de patentes de invención son devueltas para su examen, fundamentándose en los artículos 28 y 27 de la Decisión 486, y en la Resolución 642 el mismo procedimiento está bajo la óptica del artículo 61 de la ley de Propiedad Industrial
Los perjuicios que acarrea este limbo jurídico en cuanto a la propiedad intelectual son cuantificables. Por ejemplo, un promedio de 30.000 solicitudes de marcas y 3.000 de patentes estarían afectadas. Estas cifras corresponden a una media general del cúmulo de solicitudes que se hacen en el SAPI. El abogado Castor González-Escobar acotó que 80% de las peticiones de marcas son nacionales. El también abogado Jesús López dijo que estos cálculos dan una idea de la inseguridad jurídica que se deja a titulares de marcas y patentes. Reiteró que dado que la Ley de Propiedad Intelectual es muy vieja, se limita la protección en materia de marcas sobre todo de las famosas y reconocidas y, además, no reconoce usos distintivos. Por el contrario, la Decisión 486 es muy moderna en lo que se refiere a las acciones contra las infracciones, y en la ley las sanciones son muy leves. López se refirió a las limitaciones de la ley para patentar e indicó que se debe tomar en cuenta el ADPI de la OMC, que determina que no se puede establecer ningún tipo de impedimentos a la protección de acuerdos en tecnología, pero la Ley de Propiedad Intelectual impone restricciones severas de lo que se puede patentar. Otra dificultad que se presenta es que esta ley y la Decisión 486 de la CAN tienen procedimientos totalmente distintos. Lo que trae retrasos, inconformidad y ambigüedades, entre otras cosas a la hora de que se quieran registrar patentes y marcas o dirimir controversias.
El Tribunal Supremo de Justicia pidió la opinión del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Defensoría del Pueblo y de interesados en la materia. La Fiscalía General de la República en su escrito de fecha 6 de mayo de 2008 expuso que la Decisión 486 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial: No hay vigencia de la norma hacia futuro desde que el país se salió de la CAN (2006), pero que la Decisión 486 sí permanece vigente por un plazo de cinco años a partir de la denuncia del Acuerdo, respecto de los destinatarios de esa decisión que obtuvieron y recibieron ventajas en el pasado. Destaca que en ese lapso, cinco años, permitirá que la Asamblea Nacional legisle en un plazo perentorio sobre aquellas materias que no se encuentran establecidas en la Ley de Propiedad Industrial de 1956. Acotó que el Parlamento se encuentra en mora en este tema. Para González, el criterio de la Fiscalía es muy similar al de la Procuraduría. No obstante, opinó que el Ministerio Público emitió un razonamiento que es una decisión política. "Tratan de señalar que la norma 486 está vigente, pero sin reconocerlo en un intento de buscar una solución al problema".

References: artículo 153
 artículo 153
 artículo 145
 artículo 77
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 61