Source: https://es.scribd.com/document/178719478/Exencion-Fernando-Carrera
Timestamp: 2019-02-21 15:28:33+00:00

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Nota Cabral
Borinsky, Catucci y Figueroa rechazan el REF de la defensa de Fernando Carrera
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Solicita resuelvan de una vez a la Sala I, CNCP
Ampliación Habeas Corpus Font
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Proced Manejo y Custodia de Bienes Propiedad Cliente MC V1
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SOLICITAN EXENCIÓN DE PRISIÓN Sres. Jueces: Rocío I.
RODRÍGUEZ LÓPEZ, t°83, f°462, CPACF, y Federico Arturo RAVINA, t°82, f°731, CPACF, abogados defensores del Sr. Fernando Ariel CARRERA, con el patrocinio de Alberto BOVINO, tº 56, fº 124, CPACF, y Diego MORALES, t°69, f°721 CPACF, abogados del CENTRO
SOCIALES (CELS), en la
causa N° 2.253, caratulada “Carrera Fernando Ariel s/robo con homicidio”, manteniendo el domicilio constituido en la calle Arenales 2552, piso 4° "B" de Capital Federal, a los Sres. Jueces decimos: I. OBJETO Solicitamos se conceda al Sr. Fernando Ariel CARRERA la exención de prisión regulada en el artículo 316, párrafo I, del Código Procesal Penal de la Nación —en adelante, CPP Nación, o CPP—, por los fundamentos de hecho y derecho que expondremos a continuación. II. ANTECEDENTES Fernando Ariel CARRERA fue condenado por el TOC Nº 14 el 7 de junio de 2007, a la pena de treinta años de prisión. El 29 de abril de 2008 la Sala III de la CNCP resolvió RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia condenatoria. Contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Casación Penal esta defensa interpuso recurso extraordinario federal, que fuera rechazado, debiendo recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien el 5 de junio de 2012 resolvió hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la resolución recurrida. Luego de dicha resolución, el Tribunal Oral Nº 14 concedió la excarcelación a nuestro defendido, con base en los siguientes fundamentos:
“Sentado ello, corresponde resolver la cuestión en torno al plazo máximo que debe tolerarse que una persona se encuentre en prisión preventiva sin sentencia firme, al no ser de aplicación los términos de la ley 24.390 con la reforma de la ley 25.430, en virtud de lo dispuesto en el art. 2° de la misma.
Sobre el particular, y coincidiendo con Marcelo Solimine (“Tratado sobre las causales de excarcelación y prisión preventiva en el Código Procesal de la Nación”, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires 2003, pag. 333 y sig.) “lo cierto es que aún cuando se hubiera dictado condena, mientras ésta no halle firmeza el imputado padece prisión preventiva y dicha medida cautelar debe llevar en su duración un ‘plazo razonable’, que al no estar fijado por ley (pues la nueva versión de la ley 24.390 no alude a este caso), deberá encontrar amparo en la aplicación directa de los pactos constitucionalizados, que deberán ser aplicados por los órganos jurisdiccionales aún a falta de ley expresa (en sentido estricto)”. Por lo tanto, debe advertirse que el referido Carreras registra en la actualidad una detención de siete años, cuatro meses y trece días, plazo éste que el Tribunal estima excesivo en los términos del art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 7, apartado 5°, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, parte 3, art. 9°, inc. 3, y habida cuenta —también— mutatis mutandi en lo pertinente, el plenario n° 13 “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de Casación”” (destacado agregado).
En otras palabras, el Tribunal Oral entendió que el tiempo por el que atravesó Fernando Ariel CARRERA en prisión preventiva había excedido el plazo razonable por lo que CARRERA debía ser puesto en libertad dado que no existía firmeza en el fallo condenatorio. Ahora bien, recientemente, con fecha 12 de agosto de 2013, la Sala III de la Cámara Federal de Casación, resolvió:
“HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la defensa contra el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal nº 14 obrante a fs. 2596/2708, en consecuencia, casar la sentencia y, en definitiva, CONDENAR a Fernando Ariel Carrera como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con armas de fuego; en concurso real con homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas —tres—, y con lesiones culposas graves y agravadas por esas mismas circunstancias — dos víctimas— y lesiones culposas leves —dos víctimas— (delitos culposos que concurren idealmente entre sí y por los que responde como autor); carácter por el que también responde en concurso real con portación de arma de guerra, sin la debida autorización legal, a la pena de 15 (quince) años de prisión, accesorias legales, costas de la instancia anterior e inhabilitación especial para conducir todo tipo de automóviles por 5 (cinco) años. Sin costas en esta alzada (artículos 12, 29 ter, 40, 41, 45, 54, 55, 84, segundo párrafo, 94, primer y segundo párrafos, 166, inciso segundo, segundo párrafo y 189 bis, apartado segundo, párrafo cuarto, del Código Penal y artículos 456, 470, 530 y 531 del C.P.P.N.). Y ABSOLVER a Fernando Ariel Carrera del abuso de armas, por el beneficio de la duda (artículo 104 del Código Penal y artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación)".
Ante tal resolución, la defensa interpuso recurso extraordinario federal, el que a la fecha no ha sido resuelto en cuanto su admisibilidad.
Frente a los antecedentes del caso, se requiere una resolución que no solo proteja los derechos fundamentales del Sr. CARRERA sino que, además y especialmente, otorgue certeza sobre la situación procesal y sobre el estado de inocencia en el que aún se encuentra Fernando CARRERA. Para ello, ante la posibilidad de que el recurso extraordinario federal sea declarado inadmisble por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal —en adelante, CFCP— , se debe conceder la eximición de prisión hasta tanto la queja que interpondríamos sea resuelta por la CSJN. Nuestra solicitud se funda en la necesidad de evitar que se repita lo dispuesto por esa Sala III en un caso en el cual ante el rechazo del recurso extraordinario se ordenó la detención y encarcelameinto preventivo de los imputados1. III. LOS FUNDAMENTOS III. 1. La situación de incertidumbre de Fernando CARRERA Fernando Ariel CARRERA se ha incorporado al sistema de protección de testigos del Ministerio de Justicia de la Nación a raíz de amenazas sufridas por él y su familia durante el mes de enero de 2013. Por tal motivo, Fernando, junto con su esposa e hijos, debieron distanciarse de todos sus seres queridos, y viven lejos de todos ellos, con un sistema de monitoreo permanente para su protección. Las consecuencias que este hecho ha generado sobre la familia se suman a las ya generadas por los siete años y medio de prisión preventiva sufridos. La persecución penal contra Fernando Carrera se inició el 25 de enero de 2005. Esto significa que han transcurrido más de ocho años y ocho meses de incertidumbre procesal para un ciudadano imputado en una causa penal. Además, se debe tener en cuenta que CARRERA no está en dicha situación por dilaciones atribuibles a la defensa, sino que de la condena originaria a la fecha, se ha modificado la situación en dos oportunidades. Por otra parte, la Corte Suprema ha dejado en claro, al resolver nuestro recurso extraordinario (5/6/2012), que la primera resolución de la CFCP que rechazó
Causa N°11684, Chaban, Omar Emir s/ rec. Extraordinario, CFCP Sala III, 20/12/2012.
nuestro recurso de casación fue arbitraria (29/4/2008), ordenando, en consecuencia, que ese tribunal volviera a resolver. La mayor incertidumbre que debe soportar actualmente Fernando CARRERA, por otro lado, es la posible privación de libertad en caso de que la Sala III declare inadmisible nuestro recurso extraordinario y, por aplicación de la doctrina plenaria sentada en el caso "Agüero", Plenario nº 8, del 12/6/2002, ordene su detención. En el caso, la Cámara en pleno, por mayoría, declaró como doctrina plenaria que la sentencia "se considera firme" cuando se "declara inadmisible el recurso extraordinario federal". Esta decisión plenaria es absolutamente contraria a derecho. El rechazo del recurso extraordinario federal nada dice sobre la firmeza de la sentencia. El voto de la mayoría confundió la "firmeza" que causa "cosa juzgada" con el efecto que se le suele dar al recurso de queja (suspensivo o no suspensivo). Si la afirmación contenida en el primer punto resolutorio del plenario fuera cierta, entonces la queja por recurso extraordinario denegado sería una acción de revisión antes que un recurso o medio de impugnación de una sentencia no firme, como efectivamente es. Si bien el efecto "no suspensivo" otorgado al recurso de queja como regla resulta apropiado en la mayoría de los casos, en aquellos casos como el de autos, en el cual, de no otorgarse efecto suspensivo, se vulneraría un principio de jerarquía constitucional, tal efecto debe ceder. Ello pues si está pendiente de resolución la queja por REF denegado —o bien si aún no ha vencido el plazo para interponerla— el estado de inocencia del imputado sigue tan vigente como el del primer día de iniciada la persecución penal. Por tal motivo, se debe garantizar a Fernando CARRERA el estado jurídico que le garantiza el principio de inocencia (art. 18, CN; art. 8.2, Convención Americana sobre Derechos Humanos). En este sentido se ha pronunicado la CSJN en el caso "Olariaga":
6) Que esta Corte ha sostenido en Fallos 310:1797 que la expresa indicación del procesado de recurrir ante el tribunal impide considerar firme al pronunciamiento.
7) Que los jueces anteriores en jerarquía confundieron la suspensión de los efectos —que hace a la ejecutabilidad de las sentencias— con la inmutabilidad —propia de la cosa juzgada— que recién adquirió el fallo condenatorio el 11 de abril de 2006 con la desestimación de la queja dispuesta por este Tribunal (causa "Olariaga, Marcelo Andrés s/ recusrso de hecho, CSJN, 26/6/2007)
¿Y cómo hacerlo? Para ello contamos con el artículo 316, párr. I, del CPP Nación, que dispone:
“Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre y hasta el momento de dictarse la prisión preventiva, podrá, por sí o por terceros, solicitar al juez que entiende en aquélla, su exención de prisión”.
Dado que Fernando CARRERA se halla actualmente en libertad, no existe otra herramienta jurídica que pueda garantizar su libertad ante el grave riesgo de una inminente detención en caso de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechace nuestro recurso extraordinario. III. 2. Alcance del principio de inocencia Tanto las reglas de nuestra Constitución Nacional como también las reglas del derecho internacional de los derechos humanos de su misma jerarquía garantizan y protegen, entre otros derechos, la libertad ambulatoria de todos los habitantes. Así, por ejemplo:
Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso... (art. 18, CN). Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad... (art. 8.2, Convención Americana). Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (art. 14.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Más allá de ello, el art. 1 del Código Procesal Penal enuncia que nadie podrá ser “considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza”, y el mismo cuerpo legal establece que toda “disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente” (art. 2). La jurisprudencia de la Corte Interamericana, en este sentido, es muy clara:
153. La Corte ha señalado que el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada”. 154. La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa” (Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Sentencia del 31 de agosto de 2004, destacado agregado). 111. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia… Se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos” (Caso Acosta Calderón v. Ecuador, Sentencia de 24 de junio de 2005, destacado agregado).
Más allá del carácter de principio fundamental que se le ha dado al principio de inocencia, el sistema interamericano ha establecido, también, la limitación temporal del encarcelamiento preventivo que, como se dispone en el art. 7.5 de la Convención Americana, jamás puede exceder un plazo considerado "razonable". Ello significa que, transcurrido dicho plazo, el imputado debe ser puesto en libertad, sin perjuicio de que para garantizar su comparecencia le pueda ser impuesta alguna medida cautelar alternativa. Así lo dispone el texto convencional:
III. 3. Plazo razonable de la detención
El principio de inocencia exige que se respete el derecho del imputado a gozar de la libertad durante el procedimiento penal hasta que se le imponga una sentencia condenatoria firme. Este derecho puede ser restringido a través del encarcelamiento preventivo bajo determinadas circunstancias y requisitos. Pero tal restricción tiene un límite temporal, lo que significa que el Estado cuenta con un período limitado para proteger los fines del proceso mediante la coerción cautelar. Si el Estado no puede obtener la sentencia condenatoria firme en un plazo razonable, se extingue su facultad de restringir la libertad ambulatoria del imputado, y debe dejarlo en libertad. Como se señala de manera indiscutible, la recuperación de la libertad por agotamiento del plazo razonable no es un supuesto de excarcelación sino de cesación del encarcelamiento preventivo. De lo que se trata, claramente, es de establecer un límite temporal absoluto que restrinja la posibilidad del Estado de privar de libertad a personas que, si bien se hallan sometidas a persecución penal, son jurídicamente inocentes. Independientemente de la discusión acerca de la extensión concreta de un plazo considerado “razonable”, lo cierto es que la disposiciones de los instrumentos internacionales citadas tienen la finalidad de establecer un límite temporal insalvable a la facultad estatal de detener preventivamente a personas inocentes. Ello implica que el Estado sólo cuenta con la posibilidad de encarcelar preventivamente a inocentes durante cierto período de tiempo, más allá del cual se ve obligado a ordenar la libertad, aun cuando subsista el peligro procesal que ha fundado la medida de coerción aplicada. El imputado privado de su libertad tiene derecho a que su caso sea llevado a juicio en un “plazo razonable” y, en caso contrario, a recuperar su libertad si, vencido el plazo, no es sometido a juicio penal y condenado. En consecuencia, las reglas de los tratados internacionales citados —CADH y PIDCyP—, consagran el derecho de todo imputado preventivamente privado de su libertad a obtener un tratamiento prioritario de su caso dentro de un plazo razonable, o, cuando esto no es posible, a gozar del derecho a la libertad ambulatoria durante el resto del procedimiento penal seguido en su contra.
III. 4. Aplicación del plazo razonable al caso concreto El problema en la aplicación de este derecho fundamental ha sido, en la práctica, el establecimiento de ese plazo de razonabilidad. En este caso concreto, sin embargo, tal problema no existe. Ello pues Fernando CARRERA ha estado detenido preventivamente más de siete años y cuatro meses. Y, lo que es tan o más importante que tal circunstancia es el hecho de que un tribunal se ha pronunciado sobre la extensión de su plazo de detención y ha establecido que su encarcelamiento ya excede de todo plazo razonable:
"... una detención de siete años, cuatro meses y trece días, plazo éste que el Tribunal estima excesivo en los términos... (destacado agregado).
De modo claro, el Tribunal Oral ya ha resuelto este problema, declarando que el plazo transcurrido con Fernando CARRERA detenido excede todo criterio de razonabilidad. En consecuencia, la irrazonabilidad del plazo de detención de CARRERA ya ha sido declarada judicialmente en una resolución que ha quedado firme. Por tal motivo, al concederse la "excarcelación" a Fernando CARRERA, ésta operó como un supuesto de "cesación" del encarcelamiento preventivo. Por este motivo, una vez concedida la libertad, no resulta posible ordenar nuevamente la detención del imputado, pues el Estado ya ha agotado íntegramente su facultad de encarcelar a esa persona, jurídicamente inocente, sin haber obtenido una sentencia condenatoria firme en su contra. Por ello, aun cuando existan razones imperiosas que tornen absolutamente imprescindible la detención, el Estado carece de la facultad de recurrir a ella nuevamente para garantizar los fines del proceso penal. En este sentido, resulta sumamente ilustrativa la opinión de CAFFERATA NORES:
“Si el peligro de burla a la acción de la justicia impide la libertad durante el plazo y la sigue impidiendo después de vencido el plazo: ¿para qué sirve el plazo?” (CAFFERATA NORES, Limitación temporal a la prisión preventiva, p. 198).
En esos supuestos, la única detención posible es la que tiene por objeto lograr la comparecencia coactiva del imputado para la realización de un acto procesal —v. gr., el juicio—, que debe cesar tan pronto se concluye con el acto.
Criticando la decisión de la Corte Suprema en el caso “Bramajo”, el autor señaló: “Es que siendo el peligro de entorpecimiento de la investigación o de fuga el argumento para imponer y mantener en el tiempo el encarcelamiento procesal, a cuya duración la ley le impone un término máximo, no puede volver a reinvocarse como argumento para prolongar la duración del encierro que aquel plazo quiere limitar..." (CAFFERATA NORES, citado, p. 198). El 1º de mayo de 2007, la Comisión Interamericana aprobó el Informe 35/07, sobre el fondo del Caso 12.553, Jorge, José y Dante PEIRANO BASSO, República Oriental Del Uruguay. Se trata de un caso trascendente, ya que desarrolla e instrumenta los estándares relativos al encarcelamiento preventivo durante el proceso penal que surgen de las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana. En este sentido, en el Informe se sostuvo:
“134. Una vez vencido el plazo considerado razonable, el Estado ha perdido la oportunidad de continuar asegurando el fin del proceso por medio de la privación de la libertad del imputado. Es decir, la prisión preventiva podrá o no ser sustituida por otras medidas cautelares menos restrictivas pero, en todo caso, se deberá disponer la libertad. Ello, independientemente de que aún subsista el riesgo procesal, es decir; aun cuando las circunstancias del caso indiquen como probable que, una vez en libertad, el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, la medida cautelar privativa de la libertad debe cesar. Porque la necesidad de establecer un plazo razonable responde, precisamente, a la necesidad de establecer un límite más allá del cual la prisión preventiva no puede continuar, en aquellos casos en los que aún subsisten las condiciones que fundaron la medida cautelar. De no ser así, la prisión preventiva debe cesar, no ya por su razonabilidad temporal sino por su falta de fundamento” (destacado agregado).
De lo que se trata, claramente, es de establecer un límite temporal absoluto que restrinja la posibilidad del Estado de privar de libertad a personas que, si bien se hallan sometidas a persecución penal, son jurídicamente inocentes. Lo cierto es que las disposiciones de los instrumentos internacionales citadas tienen la finalidad de establecer un límite temporal insalvable a la facultad estatal de detener preventivamente a personas inocentes. Ello implica que el Estado sólo cuenta con la posibilidad de encarcelar a inocentes durante cierto tiempo, más allá del cual se ve obligado a ordenar la libertad, aun cuando subsista el peligro procesal que ha fundado la medida de coerción aplicada.
En caso contrario el Estado argentino es pasible de responsabilidad internacional tal como lo ha resuelto la CorteIDH:
“… el Tribunal ha estimado que al privar de la libertad, en forma innecesaria o desproporcionada, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, el Estado incurre en una violación del derecho de toda persona a que se le presuma inocente, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. A igual conclusión se debe llegar si el Estado mantiene a una persona privada de su libertad preventivamente más allá de los límites temporales que impone el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención Americana.” (Bayarri vs Argentina, CorteIDH, 30/10/08).
Por todas estas razones, se debe conceder la eximición de prisión de Fernando Ariel CARRERA, pues de admitirse un nuevo encarcelamiento preventivo, éste constituiría una detención ilegal (art. 7.2, Convención Americana) y arbitraria (art. 7.3, Convención Americana), debido a la extensión temporal durante un plazo declarado irrazonable. III. 5. Preventiva y principio de inocencia El principio de inocencia exige que se respeten diversos requisitos a la hora de encarcelar preventivamente: a) existencia de mérito sustantivo; b) existencia de peligro procesal; c) fin procesal atribuido a la prisión preventiva; d) principio de excepcionalidad; y e) principio de provisionalidad. En este punto analizaremos por qué razones se debe garantizar la eximición de prisión a Fernando CARRERA, aun en el supuesto caso de que no estuviera vencido el plazo razonable de detención —algo que no sucede en este caso—. Para ellos nos concentraremos en el único fundamento que puede tener el encarcelamiento cautelar: la necesidad de neutralizar un riesgo procesal. Doctrina y jurisprudencia reconocen actualmente que el único fundamento de la privación anticipada de libertad consiste en neutralizar uno de dos posibles riesgos procesales: a) peligro de fuga; y b) peligro de entorpecimiento de la averiguación de la verdad. En cuanto al segundo de estos dos peligros procesales, es evidente que no existe investigación alguna que la justicia pueda realizar en la que Fernando CARRERA pueda de algún modo entorpecer el normal desarollo del proceso.
Resta analizar, entonces, si cabría aplicar la prisión preventiva para neutralizar el peligro de fuga. Resulta por demás claro que durante el trámite en el que el imputado estuvo en libertad, no se quebrantó ninguna de las restricciones impuestas. En efecto en la única oportunidad en que Fernando CARRERA se ausentó del domicilio fijado al concedérsele la excarcelación se informó al tribunal de tal evento con precisión de la fecha de regreso, plazo, lugar de destino y motivo concreto del alejamiento. Por otra parte, debemos destacar que Fernando Ariel CARRERA no sólo posee arraigo, sino que se ha convertido en una persona pública y reconocible. Sus recursos económicos no pueden sino ser escasos. Estuvo siete años y medio privado de su libertad y se encuentra viviendo lejos de sus seres queridos por razones que le exceden, no pudiendo realizar su vida plena y libremente. Además, se encuentra monitoreado por el propio Estado ya que ha sido incorporado junto a su familia al Programa de Protección de Testigos e Imputados dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación tal como fuera informado a fs. 3631/33. Dicha incorporación fue dispuesta por el Juez de Garantías n° 4 del Departamento Judicial de San Martín Provincia de Buenos Aires en el marco de la causa N°12.215 en la que se investiga el atentado del que Fernando Carrera y su familia han sido víctimas. (fs. 3.603/3.622) Esto descarta cualquier posibilidad cierta de que pueda fugarse. La decisión de la incorporación al Programa de Protección de Testigos se fundó en el hecho real y concreto del peligro para la integridad de CARRERA y su grupo familiar ya que como se desprende de las copias de la causa agregadas al principal fueron víctimas de amenazas y fue arrojada una bomba molotov en el frente de su casa el día 25 de enero de 2013 al cumplirse ocho años del hecho que diera origen a esta causa. Por ello es que resulta imperioso que se continúe garantizando la protección tanto para CARRERA como su para su familia lo que resultaría imposible en el caso de tener que regresar a prisión.
Por otro lado, no puede dejar de advertirse que Fernando CARRERA sufrió prisión preventiva durante siete años cuatro meses y trece días lo que a la luz de la nueva pena impuesta (15 años de prisión) implica que ha pasado más tiempo detenido del que le restaría cumplir (de acuerdo a las disposiciones referentes a salidas transitorias y libertad condicional) por lo cual el peligro de fuga resulta también en este aspecto inexistente. Y, en este sentido, es coincidente toda la jurisprudencia, tanto nacional como internacional: si no existe peligro procesal alguno, la prisión preventiva deviene una anticipación de la pena, y la medida no puede imponerse. IV. PETITORIO Por los argumentos de hecho y de derecho expuesto, a los Sres. Jueces solicitamos: 1. Tengan por presentado este escrito; 2. Se conceda la exención de prisión al Sr. Fernando Ariel CARRERA.
Proveer de conformidad, que es derecho.
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