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Timestamp: 2020-07-16 04:23:06+00:00

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ROJ: STS 1928/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1928
Nº Recurso: 7550/2018
Resumen: Recurso de casación contra sentencia estimatoria que acuerda instar a Corporación de RTVE a que remita al reclamante la información solicitada relativa a la retribución del personal directivo. Desestimación. La lectura del escrito de interposición pone de manifiesto que lo que se suscita en dicho escrito son cuestiones nuevas y con carácter mucho más amplio que la acotada en el auto de admisión y que claramente difieren de los términos en los que discurrió el debate en la instancia. Por otra parte, al no ser el salario un dato especialmente protegido, no incluido en el artículo 7 LOPD, y tampoco ser un dato meramente identificativo, debe estarse a la exigencia de ponderación prevista en el artículo 15.3 LTAIBG, que es lo que ha efectuado tanto la resolución administrativa como las sentencias objeto de casación; ponderación que no ha sido desvirtuada por las alegaciones de la recurrente. No se ha causado indefensión a la recurrente por no haberse acordado retrotraer las actuaciones, que en todo momento ha tenido oportunidad de plantear sus alegaciones sobre aquello que era objeto de discusión en el proceso y ejercer su derecho de defensa y de prueba sin merma ni limitación de sus derechos
ROJ: STS 1832/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1832
Nº Recurso: 5646/2018
Resumen: Un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre , por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria.
ROJ: STS 1921/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1921
Nº Recurso: 3883/2017
Resumen: Impuesto de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre daño medioambiental. Principio de capacidad económica: finalidad extrafiscal del tributo. Principios de generalidad e igualdad: instalaciones de producción eléctrica. Principio de reserva de ley en materia tributaria: concepto de salto bruto. Doctrina de la Sala.
ROJ: STS 1794/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1794
Nº Recurso: 235/2018
Resumen: Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018. Desestimación. La Orden impugnada no es una disposición de carácter general, por lo que se rechazan como motivos invalidantes la ausencia de una serie de trámites e informes preceptivos, exigibles cuando de la elaboración y aprobación de una disposición general se trate. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE. Tampoco se vulnera la Directiva por el hecho de que no se contemple compensación o reducción de las aportaciones por razón de los ahorros energéticos que los sujetos obligados hubiesen podido realizar a título particular y por decisión propia. Sobre la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad: la decisión del legislador está basada en criterios objetivos que no pueden tacharse de discriminatorios. La contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria, y no se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada.
ROJ: STS 1791/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1791
Resumen: Se desestima el recurso interpuesto contra la orden, poniéndose de manifiesto que la orden ejecuta la previa STS de junio de 2014 (rec. 102/2013) y que, en aplicación de jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, las contribuciones realizadas al Fondo de Compensación del Plan Eólico de Valencia no tienen naturaleza tributaria, pues si bien se trata de una aportación económica de carácter obligatorio e impuesta por ley a las empresas que tengan instalaciones eólicas en una zona de actuación del Plan, dicha prestación al fondo, gestionado por un ente público, no persigue aportar medios económicos con los que financiar el gasto público, sino que persigue una finalidad específica destinada a conceder ayudas a los municipios situados en la zona de afección que sirven para mejorar sus infraestructuras, las condiciones socioeconómicas o impulsar de las energías renovables. Por ello, se trata de una prestación patrimonial obligatoria adoptada por una Comunidad Autónoma al margen de su poder tributario cuyos destinatarios son llamados a su cumplimiento no como contribuyentes (en el seno de una relación jurídico tributaria), y que es gestionada por un ente público específico. Por lo anterior, no puede acordarse la inclusión de dicha contribución entre los tributos autonómicos que es preciso tomar en consideración para determinar los suplementos territoriales correspondientes.
ROJ: STS 1562/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1562
Nº Recurso: 601/2019
Resumen: Sanción en materia de protección de datos por el impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Desestimación del recurso. Cuando una entidad responsable del tratamiento de datos personales, ante la que se ejercite el derecho de oposición al tratamiento de datos personales para actividades publicitarias, contrate con otra la publicidad de sus productos y servicios, está obligada a adoptar las cautelas y medidas razonables para garantizar la efectividad del derecho de oposición; y una de dichas medidas puede consistir en la comunicación de los datos excluidos de tratamiento publicitario a la empresa con la que contrate la prestación de servicios publicitarios, sin que la entidad responsable del tratamiento de datos personales pueda quedar exonerada de su responsabilidad por el artículo 44.3.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, consistente en el impedimento o la obstaculización del ejercicio del derecho de oposición, en virtud de las cláusulas del contrato celebrado con otra entidad. Y en el presente caso no cabe duda del ejercicio por el denunciante ante Mutua Madrileña del derecho de oposición al tratamiento de sus datos en actividades publicitarias, sin que Mutua Madrileña adoptara las medidas necesarias para la efectividad del derecho de oposición ejercitado, a pesar del consentimiento del denunciante a que se comunicara su oposición al tratamiento a terceras compañías.
ROJ: STS 1744/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1744
Nº Recurso: 163/2018
Resumen: Se descarta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad partiendo de la premisa de que la contribución financiera al FNEE de los sujetos obligados no tiene naturaleza tributaria, sino una prestación patrimonial de carácter público. No se infringe el principio de reserva de ley, pues es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada, admitiéndose la colaboración reglamentaria. No se vulnera el principio de igualdad tributaria en relación con la capacidad económica pues la imposición de la obligación de ahorro energético sólo a parte de los sujetos de los sistemas de gas y electricidad está basada en criterios objetivos y no discriminatorios. El sistema implantado por la Ley 18/2014 y desarrollado por la Orden impugnada es susceptible de alcanzar los objetivos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, disponiendo los Estados miembros un amplio margen para determinar los medios adecuados para alcanzar los objetivos de eficiencia energética. El sistema español es compatible con el Derecho Europeo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Directiva. Se descarta también la vulneración del principio de libre competencia (por la selección de sujetos obligados). Se excluye la existencia de ayudas de Estado pues si la selección de sujetos está justificada, no hay situación fáctica y jurídica comparable entre las empresas obligadas a contribuir y las que no.
ROJ: STS 1694/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1694
Nº Recurso: 5767/2018
Resumen: Admisión en Programa de Doctorado. Titulación académica exigible. Se analiza la distinción entre títulos universitarios oficiales y propios, concluyendo que un máster universitario, cursado como título o diploma propio anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, no habilita por sí mismo para acceder al Programa de Doctorado, lo que era al caso del recurrente, quien ostentaba el título de Máster en Shipping Bussines, titulación propia de la Universidad Politécnica de Cataluña, razón esta de desestimación del recurso y confirmación de la sentencia de instancia.

References: artículo 7
 artículo 15
 resolución 
 artículo 83
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 44