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Timestamp: 2018-09-19 13:36:53+00:00

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﻿ SENTENCIA T-413 DE ABRIL 11 DE 2000
SENTENCIA T-413 DE 11 DE ABRIL DE 2000
CONTENIDO:PAGO DE MESADAS PENSIONALES. LA SITUACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTAL O FINANCIERA DE UN EMPLEADOR PÚBLICO O PRIVADO, NO PUEDE SER ADMITIDA PARA JUSTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, DERECHOS DEL EMPLEADO PÚBLICO
Sentencia T-413 de abril 11 de 2000
Sent. T-413, abr. 11/2000. Exps. T-277493, T-300129, T-301204.
Peticionarios: Rufino Amalio Suárez Tapia, Januario Antonio Cuesta Rojas y Jorge Alberto Lagos Beltrán.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
Los procesos de la referencia, fueron acumulados por la Sala de Selección Número Tres, mediante auto del 28 de marzo del presente año, dada la identidad del objeto que se debate en éstos.
Los actores, demandaron a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., antigua Flota Mercante Grancolombiana S.A., representada legalmente por su presidente Luis Felipe Acero López y, a la Federación Nacional de Cafeteros, representada legalmente por su gerente general Jorge Cárdenas Gutiérrez, en su calidad de socio mayoritario, para que en cumplimiento de lo dispuesto en las obligaciones que contrajo la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. con los accionantes, en su calidad de pensionados de dicha entidad, pague oportunamente las mesadas pensionales que se les adeudan desde el mes de septiembre de 1999.
Manifiesta la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., que la labor que se ha adelantado se enmarca dentro del ordenamiento legal, de tal forma que las acciones de tutela que se han interpuesto han sido negadas en su mayoría o, las que han sido concedidas en primera instancia después han sido revocadas por los tribunales de todo el país, providencias que no han sido seleccionadas por la Corte Constitucional para su revisión, por cuanto todo el procedimiento legal que se ha surtido, se encuentra dirigido precisamente a dar cumplimiento a unos fallos proferidos por esta corporación
Así las cosas, agrega la compañía accionada que como consecuencia de varias acciones de tutela incoadas por los pensionados de la empresa, agrupados en las asociaciones de pensionados —Apenflota y Asopemcol—, esta corporación en sentencia T-339 de 1997, ratificada por cinco sentencias más, tuteló los derechos a la vida, a la igualdad y a la seguridad social de los pensionados y, ordenó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asumir la competencia que le otorga la ley, con el fin de realizar los estudios pertinentes y determinar si se daban los supuestos requeridos para una conmutación pensional entre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante y el Instituto de Seguros Sociales.
Así las cosas, por Resolución 2163 de julio de 1998, el Seguro Social aceptó la conmutación pensional de 664 jubilados, previo el pago del capital constitutivo, decisión esta que fue recurrida por la Flota Mercante por considerar que existían violaciones al debido proceso, al no permitírseles ejercer el derecho de contradicción respecto de los estudios técnicos; y, también ante la imposibilidad de realizar conmutaciones parciales por cuanto, todos los jubilados se encuentran en el mismo grado de preferencia y, por pretender que la empresa asuma un “riesgo legislativo que no la libera de las obligaciones pensionales como es de la esencia de la connotación”.
Consideró la empresa demandada, que la resolución expedida por el Ministerio de Trabajo no era lo suficientemente clara y, en consecuencia, elevó un derecho de petición a la mencionada entidad, con el objeto de que precisara los alcances de la resolución que confirmaba la del ISS “especificando si dicho acto administrativo implica suspender toda operación respecto de los activos de la empresa, así se trate de enajenaciones celebradas con el único propósito de obtener liquidez para el pago de las mesadas pensionales, dada la falta de liquidez de la empresa..”.
Concluye diciendo, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución 2996 del 11 de diciembre de 1998, confirmada por la Resolución 2525 del 29 de octubre de 1999, no accedió a la solicitud de unidad de empresa entre la Flota Mercante S.A. y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, presentada por el representante legal de Unimar
lIl. Decisiones judiciales materia de examen.
Expediente T-277493
1. El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, concedió la tutela impetrada por el accionante, aduciendo que si bien la Constitución Política no consagró el derecho a la subsistencia, éste puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la asistencia o seguridad social, pues las personas requieren de un mínimo de elementos materiales para subsistir en condiciones dignas. Mucho más, las personas de la tercera edad que requieren de especial protección por mandato expreso de la Carta (C.P., art. 46).
Señala el a quo, que esta corporación ha reconocido el carácter de fundamental de los derechos a la seguridad social, al pago oportuno y al reajuste de pensiones, de donde deviene en admisible la tutela incoada.
Agrega, que la jurisprudencia constitucional ha establecido una especie de presunción de debilidad derivada de la condición de anciano, pues como quiera que por sus condiciones físicas no se pueden valer por sí mismos, se hace indispensable que el Estado intervenga para ofrecerles el mínimo de protección y apoyo en momentos en que por diferentes circunstancias se encuentran desamparados.
Concluye diciendo, que revisado el material probatorio que obra en el expediente, no queda otro camino que acceder a la petición del demandante, ordenando el pago de las mesadas pensionales adeudadas y las futuras de manera oportuna, hasta que se haga efectiva la conmutación pensional.
2. La Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., impugnó el fallo proferido por el fallador de primera instancia, aduciendo lo siguiente:
Que la empresa tendría en caja el dinero para pagar las mesadas pensionales de los demandantes. Sin embargo, esos fondos se encuentran destinados a pagar nómina de personal activo, seguridad social y demás gastos de administración, los primeros de los cuales constituyen también derechos fundamentales que entrarían en conflicto con los derechos reclamados por los pensionados.
Señala que en comunicación enviada al Instituto de Seguros Sociales, la compañía puso a disposición de esa entidad los activos de la empresa, con el objeto de cancelar mediante la figura de dación en pago sus obligaciones pensionales, en esa comunicación se manifestó también, que dada la situación de iliquidez de la Flota Mercante “desde mediados del año pasado se ha discutido una propuesta para obtener la optimización financiera del patrimonio de la empresa. El objetivo principal de dicho esquema consiste en garantizar la cobertura total del cálculo actuarial que fue aprobado el 3 de septiembre de 1999 por la Superintendencia de Sociedades en cuantía de $ 237.464.8 millones, así como encontrar una solución para el pago en efectivo de las pensiones y demás pasivos laborales a cargo de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.”.
Entonces, la empresa requiere para poder continuar con los pagos de las mesadas pensionales el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta las implicaciones de una enajenación de activos, a la luz del Decreto 1572 de 1973 y, del Instituto de los Seguros Sociales, en relación con la oferta de dación en pago con los activos de la empresa para cancelar el valor correspondiente a la conmutación pensional o, en su defecto, manifiesta el interviniente, permitir que la compañía adelante una negociación alternativa que incluye la venta de sus activos hasta por el monto del cálculo actuarial garantizando a cabalidad su pasivo pensional, para lo cual el ISS tendría que suspender el cumplimiento de la Resolución 2248 de 1999, para no hacer exigible el pago en efectivo.
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, confirmó el fallo proferido por el a quo, bajo la consideración que se trata de una persona de la tercera edad que depende exclusivamente de su mesada pensional para satisfacer sus necesidades elementales, teniendo en cuenta que por su edad, su vinculación al mercado laboral es incierta, por no decir que imposible.
Por lo tanto, con la omisión en el pago oportuno de la mesada pensional, la empresa accionada desconoce el mínimo vital del accionante, imponiéndose por ende la protección del Estado, de manera tal que pueda gozar de una vejez digna y plena, pese a la grave crisis financiera que afecta a la empresa, porque las mesadas pensionales constituyen créditos privilegiados y excluyentes “cuyo tratamiento se debe dar por encima de lo que la normatividad legal ordena al aspecto”.
Finaliza el ad quem manifestando, que ante la ostensible violación que se está dando sobre los derechos del accionante, se debe confirmar la providencia de primera instancia.
Expedientes T-300129 y T-301204
En estos casos, las tutelas incoadas fueron negadas por los falladores de primera instancia, señalando la naturaleza residual y subsidiaria de la acción constitucional, la cual se encuentra instituida como un mecanismo excepcional admisible únicamente cuando no se cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como quiera que no es la acción de tutela la vía apta o idónea para reemplazar o sustituir los procedimientos ordinarios creados por la legislación como medios eficaces para garantizar los derechos de los asociados.
Siendo ello así, estiman que no es procedente la tutela, porque además, los accionantes tampoco se encuentran frente a un perjuicio irremediable, toda vez que cuentan con el proceso ejecutivo laboral que es breve y efectivo y, que en tal condición permite el embargo de la empresa demandada, que por tratarse de crédito pensional resulta privilegiado, de donde los accionantes pueden obtener el recaudo de las mesadas pensionales que se les adeudan.
Estos fallos no fueron impugnados, por lo tanto no se surtió la segunda instancia.
Como quiera que esta Sala de Revisión, se pronunció en las tutelas T-168 de febrero 24, T-297 de marzo 16 y T-373 de marzo 30, todas del año en curso, sobre asuntos que guardan identidad de materia con los expedientes que ahora se revisan, en esta oportunidad se reitera lo dicho en las sentencias mencionadas.
Así mismo, expone con claridad todas las gestiones que se han adelantado para encontrar mecanismos ágiles y eficientes que le permitan superan el problema de la cesación en el pago de las mesadas pensionales. Manifiesta la compañía demandada que conjuntamente con las asociaciones de pensionados se han concertado fórmulas alternativas a la connotación pensional mucho más efectivas para garantizar el pago de las mesadas pensionales.
Es abundante la jurisprudencia de la Corte en la cual se exponen las razones que han servido para admitir la procedencia de la acción de tutela, con el objeto de ordenar el pago de mesadas pensionales como forma de proteger la especial protección que la Constitución Política ordena brindar a las personas de la tercera edad (art. 46), así como para garantizar el derecho de los pensionados a recibir en forma oportuna su mesada, de manera que puedan tener una vida digna (art. 1º) (T-299 de 1997, T-031, T-070, T-242, T-297 de 1998, T-106 y T-259 de 1999, entre otras).
Por otra parte, en varias oportunidades la Corte Constitucional, ha señalado que la situación económica, presupuestal o financiera de un empleador, sea público o privado, no puede ser admitida para justificar el incumplimiento de las obligaciones laborales. En efecto, ha dicho esta corporación y, ahora se reitera: “El que la situación económica, presupuestal o financiera de un empleador público o privado no sea producto de su negligencia o desidia, no lo exime de responder por la protección y respeto de los derechos mínimos y fundamentales de sus empleados. La intencionalidad de quien incurre en el desconocimiento de un derecho fundamental, no puede tenerse como elemento relevante para definir la procedencia o improcedencia del amparo impetrado. Si existe vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho fundamental, así debe declararlo el juez, pues lo que se busca es la defensa de estos derechos y no la definición de responsabilidades, pues ni es su objeto y existen vías judiciales apropiadas para el efecto.
“La violación, desconocimiento o amenaza de derechos fundamentales, obliga al juez constitucional, en una primera instancia, a reconocer en qué consiste ésta, para posteriormente, con fundamento en circunstancias de cada caso, emitir las órdenes que permitan la protección más adecuada. La efectividad de los derechos de las personas está garantizada, entonces, por la actuación ponderada que tenga el juez al emitir su fallo. Por tanto, el juez no puede excusarse en el eventual incumplimiento de su decisión, o en la falta de intención del agente acusado, en la lesión o amenaza de un derecho fundamental, para denegar la protección que le ha sido reclamada, dado que ello implicaría un desconocimiento de su función y la designación del recurso de tutela”. (Sent. T-259/99. M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
Así pues, lejos de cuestionar cualquier otro mecanismo alternativo distinto a la conmutación pensional, tendiente a solucionar de manera definitiva el problema de los pensionados de la flota, la Corte insta a las autoridades gubernamentales y a las entidades privadas que tengan injerencia en los procedimientos que se adelantan a encontrar fórmulas ágiles y efectivas que permitan concluir satisfactoriamente el problema que se plantea en las tutelas sub examine.
3.4. Teniendo en cuenta que esta corporación en sentencia T-168 de 2000 se pronunció recientemente sobre varias tutelas impetradas por pensionados de la Flota Mercante S.A. en las cuales se solicitaba el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y al amparo de los derechos de las personas de la tercera edad, amparo que les fue concedido; y, como quiera, que en las demandas que ahora estudia la Corte existe identidad de objeto con las ya falladas, se reitera lo expresado en dicha sentencia.
Antes de entrar a resolver sobre la presunta violación de los derechos fundamentales que se alegan, es indispensable remitirse a las sentencias T339 de 1997y T-534 de 1998 por medio de las cuales esta corporación se pronunció respecto del derecho de los pensionados de la antigua Flota Mercante Gran Colombiana S.A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.
En efecto, en los años 1997 y 1998, varios jubilados de la Flota Mercante S.A. interpusieron tutela en contra de la mencionada empresa alegando que la Flota Mercante no afilió a sus trabajadores ni a los pensionados al sistema general de pensiones, circunstancia que los hacía temer por el menoscabo en el pago de sus pensiones debido a la incapacidad económica por la que atravesaba la empresa accionada.
Así las cosas, en la sentencia T-339 de 1997 dijo la Corte: “Los jubilados, salvo contadas excepciones están excluidos del mercado laboral. La pensión suple el mínimo vital básico. El paso del tiempo hace más acuciante el temor de no recibir la mesada. La realidad ha demostrado que en la sociedad colombiana se pisotean los derechos de las personas de la tercera edad, tan es así que el mayor número de tutelas en el país son instauradas por jubilados o extrabajadores a quienes se les demora el reconocimiento de su pensión.
En ese orden de ideas, en la sentencia citada se ordenó al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, asumir la competencia que le otorgan el artículo 4º del Decreto 2677 de 1971 y el artículo 1º del Decreto 1572 de 1973, con el fin de que se realizaran los estudios a que hacen relación las normas citadas y, en consecuencia determinar si se daban o no los supuestos para adelantar la conmutación pensional, previos los trámites legales necesarios para que procediera dicha conmutación entre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercarte y el Instituto de Seguros Sociales.
En contra de la Resolución 2163 la compañía demandada interpuso recurso de reposición por violaciones al debido proceso, recurso que fue negado mediante Resolución 710 del 24 de febrero de 1999 y, cuya apelación se surtió ante el Ministerio del Trabajo, entidad que profirió la Resolución 2248 de septiembre 24 del mismo año, confirmando la Resolución inicial (2163) mediante la cual se aceptó la conmutación pensional. Además, señaló el ministerio en cuanto a la presunta violación del debido proceso alegado por la empresa demandada, lo siguiente: “Ahora bien, el Instituto de los Seguros Sociales al resolver los recursos de reposición interpuestos (Res. 710/99, feb. 24), señala que dentro del proceso de elaboración de los estudios actuariales objeto de la conmutación, se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios de esa entidad y asesores jurídicos, financieros y actuariales de la empresa.
Así mismo, el Ministerio del Trabajo en la citada resolución que desató el recurso de apelación, dispuso que el trámite de la conmutación pensional, debía continuar hasta que el mismo abarcara la totalidad de las personas con los cuales la empresa tenía responsabilidades de orden pensional.
Esto motivó que la empresa accionada elevara un derecho de petición con el objeto de que se aclarara la resolución emitida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social “especificando si dicho acto administrativo implica suspender toda operación respecto de los activos de la empresa, así se trate de enajenaciones celebradas con el único propósito de obtener la liquidez para el pago de las mesadas pensionales, dada la falta de liquidez de la empresa y en atención a que la mesada pensional alcanza los 1.350 millones de pesos”, porque en su sentir, para poder continuar con los pagos de las mesadas pensionales se requiere de un pronunciamiento expreso del Ministerio del trabajo, dadas las implicaciones que una enajenación de activos puede generar a la luz del Decreto 1572 de 1973.
Ahora bien, dado que la empresa accionada solicitaba un pronunciamiento expreso para poder continuar con el pago de las obligaciones pensionales, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, solicitó de manera urgente al Ministerio del Trabajo la respuesta al derecho de petición, para que obrara en la acción de tutela, el cual fue contestado el 14 de octubre de 1999 y, se dijo lo siguiente: “No sobra señalar que si los bienes de una empresa se encuentran afectados por la prohibición contenida en el artículo 9º del Decreto 1572 de 1973 y ésta en un momento determinado no puede cumplir con el pago oportuno de las mesadas porque se han agotado sus reservas, por falta de liquidez, etc., considera esta oficina que única y exclusivamente para garantizar el pago oportuno de las mesadas pensionales la empresa podrá enajenar los bienes que sean necesarios; actuación que en todo caso deberá ser objeto de vigilancia por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. (Negrillas fuera de texto).
No obstante la respuesta al derecho de petición, que para la Compañía Inversiones de la Flota Mercante S.A. era indispensable para continuar con los pagos de las mesadas pensionales, según manifiesta en el escrito de réplica que obra en los expedientes, observa la Corte, con asombro, que además, en la impugnación que presentó en contra del fallo de primera instancia, en la tutela incoada por el señor Édgar Preciado Batalla, indica que no sólo requiere de un pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo, sino además, “del Instituto de los Seguros Sociales en relación con la oferta de dación en pago con los activos de la empresa para cancelar el valor correspondiente a la conmutación pensional, o en su defecto permitir que la compañía adelante una negociación alternativa que incluye la venta de sus activos hasta por el monto del cálculo actuarial garantizando a cabalidad su pasivo pensional, para lo cual el instituto tendría que suspender el cumplimiento del acto administrativo contenido en la Resolución 2248 del 24 de septiembre de 1999, para no hacer exigible el pago en efectivo”.
Pero resulta, que esos procedimientos y propuestas, no pueden afectar en ningún momento los derechos fundamentales de los jubilados, concretamente del derecho a recibir oportunamente su mesada pensional, porque, como lo ha dicho esta corporación, salvo casos excepcionales, los jubilados se encuentran excluidos del mercado laboral, constituyendo la pensión su mínimo vital básico.
También se dijo en esa sentencia: “Pero si los solicitantes, según afirman, no han quedado incluidos, y si para quienes lo fueron aún no ha operado la conmutación, debe decirse que la protección tiene que ir hasta sus últimas consecuencias con una consideración adicional: Si el procedimiento establecido por los decretos 2677 de 1971 y 1572 de 1973 no se ha agotado, pese a que por fallo de tutela se ordenó a la Flota Mercante Grancolombiana proceder de acuerdo con los resultados del estudio que adelantara el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en las competencias que le otorgan los artículos 4º y 1º de los decretos 2677 de 1971 y 1572 de 1973, respectivamente; a fin de establecer la viabilidad o no de la conmutación pensional entre la empresa Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y el Instituto de Seguros Sociales, entonces habrá de concluir que el amparo constitucional de la tutela no cumplirá su cometido hasta tanto no se agote la perentoria exigencia del artículo 25, literal c), del Pacto de San José de Costa Rica que expresamente dice sobre la protección judicial de los derechos fundamentales “Los Estados partes se comprometen:...c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
De todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el antecedente que se ha reseñado en esta providencia en el sentido de que existen dos tutelas proferidas por esta corporación, con órdenes de adelantar previos los trámites legales la conmutación pensional, en aras de proteger los derechos a la vida, a la igualdad y a la seguridad social de los jubilados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., no se encuentra justificación alguna para el incumplimiento por parte de la empresa demandada del pago de las mesadas pensionales de los solicitantes en los casos sub examine, en tanto se concreta el proceso de conmutación pensional, que por lo demás como se dijo, la compañía misma se ha encargado de dilatar. Por ello, la Corte Constitucional ordenará a la empresa accionada que cancele la mesada pensional que los solicitantes reclaman y, las sucesivas en el evento de que no se hayan pagado.
4. En la sentencia T-168 de 2000, se resolvió sobre la acción de tutela presentada por tres pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. otorgándose un plazo de cuarenta y ocho horas para el cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada providencia. Dado que el número de demandantes en las acciones de tutela que ahora se resuelven, se ha superado considerablemente teniendo en cuenta las circunstancias por las que atraviesa la compañía demandada, el plazo de cumplimiento de la presente providencia no será el mismo que se otorgó en la sentencia mencionada”.
1. REVOCAR las decisiones materia de revisión, proferidas en los procesos T-300129, T-301204; y, en su lugar, CONCEDER las tutelas impetradas por los demandantes, protegiéndoles el derecho a la vida, a la seguridad social y a la debida protección a las personas de la tercera edad.
3. CONFIRMAR la decisión materia de revisión, proferida en el proceso T-277493.
Líbrense por secretaria, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 1
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 36