Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-293-10.htm
Timestamp: 2019-07-23 09:20:27+00:00

Document:
C-293-10
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Cumplimiento de requisitos procedimentales exigidos por la constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Tramite ante el congreso para su formación
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Contenido
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Inclusión de lenguajes en la comunicación
DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD-Concepto
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Derecho a acceder a formas lingüísticas diversas
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Medidas que el Estado debe adoptar
DERECHO A ACCEDER A FORMAS LINGUISTICAS DIVERSAS-Adopción de medidas para ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público
ACCIONES AFIRMATIVAS-Concepto/ACCIONES AFIRMATIVAS-Evolución Histórica/ACCIONES AFIRMATIVAS-Tipos
Tanto la Convención que se revisa como la generalidad de las medidas a cuya implementación se comprometen los Estados partes, tienen el carácter de acciones afirmativas, denominación que, como es sabido, alude a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social. Conviene entonces referirse brevemente a este aspecto, ya que el mismo tiene incidencia en las características del análisis de constitucionalidad que en este caso ocupa a la Corte. La acción afirmativa es un concepto acuñado por el sistema jurídico de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado con el propósito de promover medidas encaminadas a superar la discriminación y los prejuicios que, más de cien años después de la abolición de la esclavitud, existían aún en contra de la población negra, y comprende medidas de carácter legislativo, ejecutivo, e incluso decisiones judiciales. Poco tiempo después este concepto fue acogido en Europa, en donde tuvo gran desarrollo, especialmente frente a la situación de las mujeres, y su entonces incipiente incursión en varios espacios hasta poco antes reservados a los hombres, entre ellos el ámbito profesional y laboral y el de la participación política. La doctrina y la jurisprudencia de esos países han reconocido varios tipos de acción afirmativa, destacándose entre ellas las acciones de promoción o facilitación, y las llamadas acciones de discriminación positiva, que si bien en algunos casos se confunden con el concepto mismo de acción afirmativa, son en realidad una especie de esta última. Las acciones de discriminación positiva tienen lugar en un contexto de distribución y provisión de bienes públicos escasos, tales como puestos de trabajo, cargos públicos de alto nivel, cupos educativos o incluso, selección de contratistas del Estado. En todos los casos la implementación de una acción afirmativa conlleva costos o cargas, que deben ser razonables, y que frecuentemente se diseminan y son asumidos por la sociedad como conjunto. Sin embargo, debe resaltarse que en el caso de las acciones de discriminación positiva, la carga puede recaer de manera exclusiva sobre personas determinadas.
ACCIONES AFIRMATIVAS-Previstas en la Constitución de 1991
En Colombia, si bien existen normas anteriores a 1991 que podrían ser entendidas como acciones afirmativas, este concepto gana espacial notoriedad sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política, cuyo artículo 13 resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. El texto superior contiene además otras disposiciones que de manera específica plantean el mismo mandato frente a colectividades específicas, entre ellas los artículos 43 a favor de las mujeres, 47 a favor de las personas discapacitadas y 171 y 176 sobre circunscripciones especiales para determinados grupos étnicos para la elección del Senado y la Cámara de Representantes. A partir de estas pautas, la Corte Constitucional se ha ocupado con frecuencia del tema, tanto en decisiones de constitucionalidad sobre la exequibilidad de medidas legislativas de este tipo o su eventual omisión como en decisiones de tutela en las que se ordena adelantar acciones concretas o abstenerse de afectar de manera negativa a grupos o personas merecedoras de especial protección constitucional
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Compromisos de los Estados miembros/CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Reconocimiento y exaltación de la autonomía del individuo
Referencia: expediente LAT 352
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil diez (2010).
El día 11 de agosto de 2009 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”.
Mediante providencia de septiembre 1° de 2009, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Cumplido lo anterior, mediante auto de septiembre 24 de 2009 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social para los efectos legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría General se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad de la Convención y de la ley que la aprueba.
El texto de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y de la ley aprobatoria objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 47.427, de julio 31 de 2009:
Diario Oficial No. 47.427 de 31 de julio de 2009
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
ARTÍCULO 1o. PROPÓSITO.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES.
ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS GENERALES.
ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES GENERALES.
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2° de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
ARTÍCULO 5o. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
ARTÍCULO 6o. MUJERES CON DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 7o. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 8o. TOMA DE CONCIENCIA.
ARTÍCULO 9o. ACCESIBILIDAD.
ARTÍCULO 10. DERECHO A LA VIDA.
ARTÍCULO 11. SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS.
ARTÍCULO 12. IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY.
ARTÍCULO 13. ACCESO A LA JUSTICIA.
ARTÍCULO 14. LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA.
ARTÍCULO 15. PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.
ARTÍCULO 16. PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO.
ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD PERSONAL.
ARTÍCULO 18. LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO Y NACIONALIDAD.
ARTÍCULO 19. DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDO EN LA COMUNIDAD.
ARTÍCULO 20. MOVILIDAD PERSONAL.
ARTÍCULO 21. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2o de la presente Convención, entre ellas:
ARTÍCULO 22. RESPETO DE LA PRIVACIDAD.
ARTÍCULO 23. RESPETO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA.
ARTÍCULO 24. EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 25. SALUD.
ARTÍCULO 26. HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN.
ARTÍCULO 27. TRABAJO Y EMPLEO.
ARTÍCULO 28. NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL.
ARTÍCULO 29. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA.
ARTÍCULO 30. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE.
ARTÍCULO 31. RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS.
ARTÍCULO 32. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
ARTÍCULO 33. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO NACIONALES.
ARTÍCULO 34. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3o del artículo 4° de la presente Convención.
ARTÍCULO 35. INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4° de la presente Convención.
ARTÍCULO 36. CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES.
ARTÍCULO 37. COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARTES Y EL COMITÉ.
ARTÍCULO 38. RELACIÓN DEL COMITÉ CON OTROS ÓRGANOS.
ARTÍCULO 39. INFORME DEL COMITÉ.
ARTÍCULO 40. CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES.
ARTÍCULO 41. DEPOSITARIO.
ARTÍCULO 42. FIRMA.
ARTÍCULO 43. CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE.
ARTÍCULO 44. ORGANIZACIONES REGIONALES DE INTEGRACIÓN.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización regional de integración.
ARTÍCULO 45. ENTRADA EN VIGOR.
ARTÍCULO 46. RESERVAS.
ARTÍCULO 47. ENMIENDAS.
ARTÍCULO 48. DENUNCIA.
ARTÍCULO 49. FORMATO ACCESIBLE.
El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.
ARTÍCULO 50. TEXTOS AUTÉNTICOS.
Bogotá, D. C., 6 de mayo de 2008
Artículo 1o. Apruébase la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2009.
DIEGO PALACIO BETANCOURT”
Del Ministerio de la Protección Social
Este Ministerio presentó, por conducto de apoderada especial un extenso escrito en el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la ley cuya constitucionalidad se revisa.
La interviniente comienza efectuando un breve recuento de las diligencias realizadas durante el trámite legislativo que condujo a la expedición de la Ley 1346 de 2009, el cual estima que cumplió con la totalidad de los requerimientos previstos en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Por ello, sostiene que a este respecto la ley deberá considerarse exequible.
Posteriormente se adentra en el análisis de las distintas cláusulas constitucionales que justifican la especial protección, mediante acciones afirmativas, de las personas afectadas por alguna discapacidad, entre ellas lo relativo al logro de la igualdad real y efectiva (art. 13) y el mandato contenido en el artículo 47 sobre la implementación de políticas públicas para la protección de tales personas. También señala los parámetros a partir de los cuales la jurisprudencia de esta corporación distingue las acciones afirmativas de las medidas discriminatorias, y comenta varios importantes casos en los que se ha planteado esta distinción, a partir del análisis de proporcionalidad de las medidas adoptadas. En cada uno de ellos explica además los factores de los cuales depende la diversa intensidad del correspondiente test, y concluye reseñando los distintos pasos que estos tests suelen incluir.
Más adelante, presenta información relativa al porcentaje de la población colombiana que padece alguna discapacidad, así como un amplio recuento de todas las normas de carácter legal adoptadas por el legislador colombiano con el propósito de proteger esta población, incluso desde antes de la Constitución de 1991. Señala también que la existencia de esta normatividad interna no impide que el Estado colombiano asuma compromisos de carácter internacional en la misma dirección y resalta la importancia de que el país participe en iniciativas de esta naturaleza.
Sobre esas bases, esta interviniente realiza un pormenorizado análisis de las distintas previsiones incorporadas a la convención cuya constitucionalidad se analiza, y comenta la situación específica de los discapacitados colombianos a partir de los desarrollos ofrecidos por la jurisprudencia constitucional. A este respecto se refiere a la distinción que ésta incorpora entre los derechos fundamentales y los que no tienen ese carácter, y las dificultades que esa diferencia puede generar. También compara el alcance de las protecciones contenidas en esta convención con el de algunas de las normas legales previamente existentes en el país en relación con estos temas (a las cuales antes hizo referencia), frente a lo cual señala que si bien algunas de aquellas son de menor alcance a las previamente existentes en territorio colombiano, la propia convención advierte que en tales casos no se producirá un efecto de carácter restrictivo, lo que resguarda los derechos de los discapacitados colombianos.
Realiza comentarios específicos frente a varias de las estipulaciones de esta convención. Así por ejemplo, destaca la importancia de cláusulas como la 8ª, que imponen al Estado la obligación de adoptar medidas conducentes a un cambio de mentalidad de la ciudadanía sobre el concepto de discapacidad y el alcance de los derechos de las personas que padecen alguna de tales situaciones, e incluye también algunas reflexiones sobre la conformación y funciones del “Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad”. Por último, incorpora algunos comentarios sobre los artículos finales de la convención, relativos a su entrada en vigencia, la formulación de reservas o enmiendas y su eventual denuncia por parte de los Estados partes, los cuales considera procedentes y adecuados frente a este tipo de tratados.
En suma, si bien la interviniente formula algunas precisiones frente al contenido específico de la convención analizada, concluye expresando su opinión favorable a la misma, así como el pedido de que esta corporación declare exequibles la aquí revisada Ley 1346 de 2009, así como la convención internacional que por ella se aprueba.
Este Ministerio hizo llegar a la Corte un documento suscrito por un abogado Asesor del despacho del Señor Ministro en el que pide declarar la exequibilidad de este instrumento, así como la de su ley aprobatoria.
Este interviniente se refiere en primer término al cumplimiento de los trámites y procedimientos requeridos para la aprobación de un proyecto de este tipo por parte del Congreso de la República, concluyendo que todos esos requisitos se cumplieron debidamente, por lo que, en lo que atañe a su aspecto formal, la Ley 1346 de 2009 debe ser considerada exequible.
En relación con el contenido material de la convención por ella aprobada considera que aquel es congruente con los principios constitucionales, en especial con el contenido en el último inciso del artículo 13 superior, que ordena al Estado brindar protección a las personas que por una especial condición física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Sobre este tema trae a colación reflexiones que esta corporación incorporó en una decisión anterior (C-401 de 2003), frente a la aprobación de otro tratado internacional para prevenir la discriminación contra las personas que sufren una discapacidad.
En lo que atañe a las obligaciones económicas que el Estado colombiano adquiere por la suscripción de esta convención y al análisis de su impacto fiscal de conformidad con lo ordenado por la Ley Orgánica 819 de 2003, relata algunas reflexiones que ese Ministerio planteó durante la negociación de esa convención, así como dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley de cuya revisión se trata, acerca del carácter progresivo de los derechos y prestaciones a que este tratado se refiere. Frente a este tema, concluye que el texto de la convención finalmente aprobado reconoce esa progresividad, por lo que tampoco este aspecto genera problemas de constitucionalidad.
Con posterioridad al vencimiento del término de fijación en lista, este Ministerio presentó, por conducto de apoderada especial, un documento en el que se pronuncia a favor de la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1346 de 2009 y de la convención por ella aprobada.
La representante de este Ministerio presenta un breve relato sobre la deliberación que precedió a la adopción de esta convención en el seno de las Naciones Unidas, y sobre la adopción de otras medidas sobre el mismo tema, a este mismo nivel, o dentro del ámbito interamericano. También se refiere al trámite cumplido por los poderes ejecutivo y legislativo nacionales, que concluyó con la aprobación y sanción de la Ley 1346 de 2009, resaltando que en él se dio plena observancia a todos los requerimientos constitucionales aplicables.
De otra parte, se refiere a las distintas dificultades que las personas con algún tipo de discapacidad afrontan para lograr una plena integración dentro de la sociedad, así como a la forma en que esta convención puede contribuir a la superación de esas dificultades. Sostiene que con la participación de Colombia dentro de esta iniciativa se avanza en el cumplimiento de las normas superiores relativas a la atención debida a estas personas, especialmente de las contenidas en los artículos 13, 44 y 47 de la Constitución Política.
En concepto número 4868 recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 10 de noviembre de 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a esta corporación declarar exequibles la Ley 1346 de 2009 y el instrumento internacional que por ella se aprueba.
Inicialmente, el Jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley 152 de 2008 Senado – 208 de 2008 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1346 de 2009, cuya constitucionalidad ahora se revisa. Como resultado de este análisis, señala que el proceso legislativo adelantado cumplió con todas las exigencias constitucionales existentes en relación con un proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser declarada exequible.
A continuación destaca la importancia de que Colombia participe en una iniciativa de esta naturaleza, en cuanto el Estado y la sociedad deben avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas discapacitadas y hacer posible el pleno ejercicio de sus derechos. Posteriormente efectúa una breve presentación descriptiva de cada uno de los artículos de la convención aprobada por Ley 1346 de 2009.
A partir de lo anterior concluye el Procurador General que esta ley y el instrumento internacional en ella incorporado deben ser declarados exequibles, por cuanto su expedición acató la totalidad de los requisitos constitucionales aplicables y su contenido resulta propicio al cumplimiento de importantes objetivos incorporados en la Constitución Política, todo ello dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte[1], dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si, como ocurre en este caso, el tratado es multilateral, sería posible formular declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si aquéllas se ajustan o no a la Constitución Política.
2.1. Remisión de la ley aprobatoria y de los acuerdos aprobados por parte del Gobierno Nacional
2.2. Negociación y celebración de estos acuerdos
A este respecto, y según lo informó a esta corporación el Ministerio de Relaciones Exteriores, la convención cuya aprobación se formaliza mediante la Ley 1346 de 2009 fue suscrita el día 30 de marzo de 2007 por la doctora Claudia Blum de Barberi, quien para esa fecha se desempeñaba como Embajador Jefe de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, y a quien el Presidente de la República confirió plenos poderes para este efecto, según nota suscrita por aquél y por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores el día 29 de marzo de 2007, cuya copia se adjuntó al expediente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[2], es claro que resulta válida la suscripción de este instrumento a nombre del Estado colombiano, tanto por el encargo desempeñado por la funcionaria que concurrió a este acto, que por sí solo le habilitaba para representar al Estado colombiano con este propósito, como por el expreso otorgamiento de plenos poderes para ese efecto.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1346 de 2009
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 152 de 2008 Senado:
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 627 del 11 de septiembre de 2008, en las páginas 4 a 22. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 709 de octubre 10 de 2008, páginas 4 a 7. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la comunicación de fecha septiembre 7 de 2009 enviada por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado informa que este proyecto fue anunciado en la sesión del día 15 de octubre de 2008, según consta en el acta 16 de esa fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta 448 de junio 8 de 2009.
En lo que tiene que ver con los términos de este anuncio, según se observa en la referida acta 16, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores, en el primer lugar de una lista de seis proyectos, leída poco antes del levantamiento de las respectiva sesión, previamente a la cual el Secretario de la Comisión informó: “Siguiendo instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República. Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, para la próxima sesión, de acuerdo al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, se anuncian además de los ya anunciado (sic) anteriormente.”
A continuación, en cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este proyecto se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 21 de octubre de 2008, diligencia que contó con la participación de 12 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el acta Nº 17 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 452 de 2009, páginas 23 a 25.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo Senador Clopatofsky Ghisays, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 738 de octubre 22 de 2008, en las páginas 14 a 19. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión del día 12 de noviembre de 2008, según consta en el acta 25 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 110 de 2009. En esta última acta se observa que también este anuncio se hizo en términos suficientemente claros, ya que, de una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual se introdujo este requisito), se habló de “proyectos que se discutirán y aprobarán en la siguiente sesión”, se identificó claramente el proyecto en cuestión (en el 12° lugar de una lista de 20 proyectos) y, finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día “martes 18 de noviembre de 2008 a las 2:00 p. m.”. Por ello se considera que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante James Britto Peláez, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 887 de diciembre 3 de 2008, páginas 3 a 20.
Según puede comprobarse en el acta N° 22 de esa comisión, publicada en la Gaceta 359 de mayo 22 de 2009 (página 12), el anuncio de votación de este proyecto en esa célula legislativa se produjo el 18 de marzo de 2009.
De la lectura de esta acta se concluye que, también en este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo enmarcado por la prevención de que se hacía el “anuncio de proyectos para la próxima sesión”, y la reiteración, en el sentido de que “este anuncio se hace para dar cumplimiento al Acto Legislativo número 1 de 2003, en su artículo 8°”. De otra parte, al concluir la sesión, el Presidente de la misma, Representante Pedro Pablo Trujillo Ramírez convocó la siguiente sesión en estos términos: “Les agradecemos mucho, honorables Representantes, nos veremos el próximo martes, se está por definir la hora, dependiendo de las instalaciones locativas que podamos conseguir a través de la Presidencia de la Cámara”.
La misma certificación arriba mencionada informa que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el siguiente día martes, esto es el 24 de marzo de 2009 por unanimidad de los asistentes y con la presencia de 17 representantes, todo lo cual consta en el Acta Nº 23 de la misma fecha, que fuera publicada en la Gaceta 359 de 2009 (páginas 16 a 19).
La ponencia para segundo debate, fue presentada por los Representantes James Britto Peláez y Héctor Javier Osorio Botello y fue publicada en la Gaceta Nº 290 de mayo 8 de 2009, en las páginas 1 a 20.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de septiembre 15 de 2009, suscrita por la Secretaria General (E) de la Cámara de Representantes informa que éste se produjo el 20 de mayo de 2009, según consta en el acta 179 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 568 de julio 10 de 2009.
Según se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pues antes de concluir la respectiva sesión, la Secretaria expresó: “Señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del próximo martes 26 de mayo de 2009, o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o de acto legislativo, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de julio 3 del 2003”. A continuación, se leyeron un total de 86 proyectos, encontrándose en 76° lugar el Proyecto 208 de 2008 – Cámara, que es aquel que una vez aprobado vino a convertirse en Ley 1346 de 2009.
Finalmente, de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 180 de la Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 616 de julio 23 de 2009, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión realizada el martes 26 de mayo de 2009, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 152 de los representantes que hacen parte de esa corporación.
2.4.3. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por este proyecto:
3.1. Del propósito de este tratado y de su adecuación constitucional
Además de los anteriores instrumentos, específicamente dirigidos a la población discapacitada, la Corte ha identificado otros tratados multilaterales que protegen también, aunque de manera global y menos directa, los derechos de ese grupo especial de personas. Entre estos, deben destacarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales suscritos ambos de 1966, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, así como los instrumentos relativos a la eliminación de distintas formas de discriminación[3].
A partir de la existencia de estos antecedentes, la aprobación de la Convención implica entonces un importante esfuerzo de reformulación y actualización de las normas internacionales sobre la materia, frente a los grandes cambios sociales y culturales observados durante los años recientes, incluso respecto al concepto mismo de discapacidad, que el tratado reconoce como cambiante y evolutivo, proceso histórico al que esta corporación tuvo ya oportunidad de referirse in extenso en la sentencia T-1258 de 2008, a propósito de la protección especial que desde la perspectiva constitucional merecen las personas de baja estatura [4].
Dentro de este marco conceptual, la Convención define como propósito, en su artículo 1°, “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. El texto del tratado evita incorporar una definición de discapacidad, pero a continuación el mismo artículo describe y presenta como destinatarios de sus disposiciones a todas aquellas personas que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
Así las cosas, la suscripción de esta convención con la activa participación del Estado colombiano resulta claramente encuadrada dentro del marco axiológico de la Constitución de 1991, y en especial de sus artículos 13 y 47. En efecto, la primera de estas normas establece el principio de igualdad y la obligación estatal de crear y promover las condiciones para que ésta sea real y efectiva, en particular frente a aquellas personas que por su condición (…) física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, al paso que la segunda contempla expresamente el deber de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes deberá prestarse la atención especializada que requieran. En la misma línea cabe mencionar también los artículos 54 y 68 de la Carta, los cuales contienen previsiones especiales relacionadas con la adaptación laboral y la educación especial de los minusválidos y personas con limitaciones físicas.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha tenido además frecuente oportunidad de realzar, frente al análisis de situaciones concretas conocidas durante la revisión de fallos de tutela[5], el gran interés que para el Constituyente tuvo la plena y efectiva protección de los derechos de estas personas, resaltando la necesidad de que, mediante acciones afirmativas, el Estado garantice que su especial condición no implique para ellos limitaciones en el ejercicio de los derechos y en la accesibilidad a las prestaciones y servicios de los que normalmente disfrutan la generalidad de las personas. En el ámbito normativo es pertinente anotar que pese a la gran importancia que tienen los derechos de las personas con discapacidad, el desarrollo existente en el derecho interno colombiano es aún incipiente, destacándose especialmente la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, y frente a situaciones específicas la Ley 324 de 1996 “Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”, y más recientemente la Ley 1275 de 2009 “Por medio de la cual se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones”
3.2. Del contenido de este instrumento
Los artículos 1° a 3° contienen elementos fundamentales para la comprensión y correcta aplicación de la Convención, en su orden, el propósito (al cual ya hubo ocasión de hacer referencia), la definición de varios términos novedosos de uso frecuente dentro del articulado contractual y los principios básicos que sustentan sus estipulaciones. Dentro de las definiciones incluidas en el artículo 2° se destacan las de comunicación, discriminación por motivos de incapacidad, ajustes razonables y diseño universal. Los dos últimos términos, esenciales para delimitar el alcance de varios de los derechos y obligaciones contenidos en la Convención, corresponden a conceptos de reciente factura dentro del lenguaje relativo al tema de las discapacidades, a través de los cuales se intenta conciliar, dentro de criterios de proporcionalidad, las necesidades e intereses de las personas discapacitadas con los mayores costos y cargas que la atención de sus necesidades puede implicar para el resto de la sociedad.
El artículo 4° enumera y desarrolla los principales compromisos que los Estados miembros asumen a favor de las personas discapacitadas, con el propósito de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de tales personas. Dentro de tales compromisos se destacan: i) los de promover y llevar a cabo los cambios o adiciones legislativos y/o reglamentarios que resulten necesarios para remover las barreras culturales, normativas o de cualquier otro tipo, que al momento de entrar en vigencia la Convención obstruyan el real ejercicio de tales derechos; ii) los de abstenerse de cualquier acto o práctica de discriminación, o que resulte contrario al propósito de la Convención, y de tomar las medidas pertinentes para que ninguna persona u organización privada los ejecute; iii) los de promover la investigación, la formación profesional y las demás acciones necesarias para el diseño e implementación, con consulta y participación de las personas discapacitadas, de políticas públicas conducentes a la plena efectividad de sus derechos; iv) los de proporcionar a la población discapacitada información adecuada y suficiente sobre la disponibilidad de mecanismos diseñados para mejorar sus condiciones de movilidad, y en general, la plena accesibilidad a los bienes y servicios que disfruta la generalidad de la población.
El mismo artículo plantea (numeral 2°) el compromiso de los Estados miembros para garantizar la progresiva ampliación del disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional. También advierte (numeral 4°) que ninguna de las disposiciones de esta Convención afectará ni implicará restricción de los derechos que la legislación interna de los distintos Estados miembros reconozca a las personas discapacitadas, y que resulten más favorables que los garantizados por este tratado internacional.
El artículo 5° reitera y complementa algunos de estos contenidos al ratificar la igualdad de todas las personas, prohibir la discriminación por razones de discapacidad, y advertir que no se considerarán discriminatorias las medidas encaminadas a acelerar o garantizar la igualdad de las personas discapacitadas. Los artículos 6° y 7° reconocen la especial situación que afecta, en su orden, a las mujeres y a los niños y niñas con discapacidad, y puntualiza el alcance que en relación con estos grupos humanos tienen los deberes y obligaciones estatales de que tratan los artículos anteriores.
Dentro de la relación de los deberes estatales debe mencionarse también el artículo 9° que desarrolla el concepto de la accesibilidad, tanto en su componente puramente físico y de movilidad, como en relación con otros factores como los avances tecnológicos, la información y las comunicaciones. Este artículo contiene varias disposiciones específicas relacionadas con distintos tipos de incapacidades, incluyendo la visual, la auditiva y las de locomoción, aplicables no sólo a las entidades del Estado sino también a las personas y organizaciones privadas. Además prevé la necesidad de que las personas que en razón de sus ocupaciones deban participar en la solución de los problemas de accesibilidad que experimentan las personas discapacitadas, reciban formación y capacitación adecuadas sobre el tema.
De especial importancia en relación con el tema objeto de la Convención es el artículo 8° denominado Toma de conciencia, en el que los Estados partes se comprometen a realizar campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la superación de prejuicios, costumbres o estereotipos usualmente existentes en relación con las personas discapacitadas, al reconocimiento de sus méritos y habilidades, y a la viabilidad de su plena inclusión social. Esas acciones deberán adelantarse en diversos ámbitos, incluyendo el familiar, el educativo y el laboral.
El artículo 28 plantea el derecho que las personas discapacitadas tienen a gozar de un nivel de vida adecuado y razonable que incluya acceso al agua potable, condiciones básicas de alimentación, vestido y vivienda, así como servicios de protección social y beneficios de jubilación. También que deberán ser tomados en cuenta en el diseño y ejecución de programas de desarrollo social y de estrategias contra la pobreza.
Entre ellos se destaca (art. 34) la existencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que estará conformado por 12 expertos[6] elegidos por los países miembros, observando criterios de representación equitativa tanto en lo relativo al género como al origen regional. Los integrantes del Comité serán remunerados con cargo a los recursos de las Naciones Unidas y tendrán los derechos, prerrogativas e inmunidades que habitualmente se conceden a los expertos que cumplen misiones especiales para este organismo.
Por último, el artículo 44 de la Convención prevé la posible participación como miembros de esta Convención de lo que allí se denomina Organizaciones regionales de Integración, que serían organismos constituidos por varios Estados soberanos a los que éstos hayan transferido competencias normativas en relación con los temas que son objeto de esta Convención. Respecto de estas organizaciones se prevé que ellas deberán manifestar en sus instrumentos de adhesión o ratificación de la Convención el alcance de las competencias que les han sido atribuidas, e informar al depositario de la misma sobre cualquier cambio que se presente a ese respecto. Entre otras reglas, este mismo artículo establece que dichas organizaciones tendrán derecho a voto en la Conferencia de las Partes de esta Convención, pero que no lo ejercerán si los países miembros por ellas representadas ejercen el suyo, y viceversa.
3.3. De la exequibilidad material de las estipulaciones de esta Convención
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente caso se ha establecido, no sólo la plena conformidad entre los objetivos cuyo logro persigue esta Convención y la Constitución Política de Colombia, sino incluso la posibilidad de que a partir de la suscripción de este tratado y la ejecución de sus compromisos se potencie la capacidad del Estado y de la sociedad colombiana para llevar a la práctica objetivos constitucionales tan importantes como la igualdad real y efectiva entre las personas y la promoción y protección de aquellas que padecen una discapacidad, resulta válido entender, también por esta razón, que el referido clausulado es igualmente exequible.
La acción afirmativa es un concepto acuñado por el sistema jurídico de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado con el propósito de promover medidas encaminadas a superar la discriminación y los prejuicios que, más de cien años después de la abolición de la esclavitud, existían aún en contra de la población negra, y comprende medidas de carácter legislativo, ejecutivo, e incluso decisiones judiciales[7]. Poco tiempo después este concepto fue acogido en Europa[8], en donde tuvo gran desarrollo, especialmente frente a la situación de las mujeres, y su entonces incipiente incursión en varios espacios hasta poco antes reservados a los hombres, entre ellos el ámbito profesional y laboral y el de la participación política.
En Colombia, si bien existen normas anteriores a 1991 que podrían ser entendidas como acciones afirmativas, este concepto gana espacial notoriedad sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política, cuyo artículo 13 resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. El texto superior contiene además otras disposiciones que de manera específica plantean el mismo mandato frente a colectividades específicas, entre ellas los artículos 43 a favor de las mujeres, 47 a favor de las personas discapacitadas y 171 y 176 sobre circunscripciones especiales para determinados grupos étnicos para la elección del Senado y la Cámara de Representantes. A partir de estas pautas, la Corte Constitucional se ha ocupado con frecuencia del tema, tanto en decisiones de constitucionalidad sobre la exequibilidad de medidas legislativas de este tipo o su eventual omisión[9] como en decisiones de tutela en las que se ordena adelantar acciones concretas o abstenerse de afectar de manera negativa a grupos o personas merecedoras de especial protección constitucional[10].
De vuelta al análisis constitucional de las cláusulas que conforman el articulado de esta Convención, se observa que ellas reflejan un esfuerzo comprehensivo de protección a las personas discapacitadas, ya que abordan y ofrecen correctivos, desde una perspectiva moderna e inclusiva, frente a la mayor parte de los aspectos y situaciones en las que puede apreciarse la condición de desigualdad y vulnerabilidad que normalmente afecta a estas personas. Por otra parte, el desarrollo particular que se hace de los distintos derechos que se predican de las personas discapacitadas (artículos 10 a 30), tanto fundamentales como sociales, económicos y culturales, es enteramente concordante con el que esta corporación ha efectuado desde sus inicios, a través de su jurisprudencia, consideraciones que también conducen a la exequibilidad de estas disposiciones.
En esta línea, debe destacarse, por ejemplo, el uso frecuente en el articulado de la Convención del término ajustes razonables, definido, como ya se precisó, en su artículo 2°, concepto que se refiere a la extensión de las acciones que deberán adelantarse para mejorar las condiciones de accesibilidad, y con ello, el pleno ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas. Se entienden como razonables aquellos ajustes que no imponen una carga desproporcionada o indebida, apreciación que implica la simultánea ponderación de los costos que tales acciones necesariamente tendrán para el Estado y la sociedad. A juicio de la Corte, este concepto referente, así como la trascendental consideración que en él va envuelta, se acompasan debidamente con los principios constitucionales que inspiran el diseño y ejecución de las acciones afirmativas, a través de las cuales el Estado procura el logro de la igualdad real y efectiva garantizada por la Constitución Política. Por consiguiente, se considera que su uso y aplicación como medida de las acciones a realizar no plantea problemas en relación con la exequibilidad de estas normas.
De igual manera resalta la Corte que, pese al considerable y ambicioso alcance de los compromisos que a través de esta Convención pretenden asumir los Estados respecto de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad, las condiciones en que tales obligaciones quedan planteadas permiten descartar cualquier posible objeción sobre su exequibilidad. Ello por cuanto, conforme al artículo 4° de la Convención, tales compromisos se atenderán de manera progresiva”, con el objeto de que las personas discapacitadas logren a través del tiempo el pleno ejercicio de todos sus derechos, para lo cual los Estados miembros adoptarán medidas “hasta el máximo de sus recursos disponibles”. Como puede apreciarse, estos parámetros aseguran la racionalidad de los esfuerzos asumidos en cumplimiento de esta Convención, toman en cuenta las condiciones de restricción presupuestal que en todos los Estados son inherentes a la acción pública, y son congruentes con el principio de ampliación progresiva de los derechos sociales, que es característico de la Constitución Política de 1991.
2.6. Conclusión
Agotado el análisis del instrumento aprobado mediante Ley 1346 de 2009, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que aquél se ajusta a los preceptos constitucionales.
Primero: Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1346 de julio 31 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
NILSON PINILLA PINILLA JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
HUMBERTO A. SIERRA PORTO LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
[1] Ver sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M. P. Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[2] Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de 1985.
[3] Las anteriores enumeraciones no agotan el conjunto de pronunciamientos y/o tratados internacionales sobre el tema de la discapacidad. La Corte hizo un recuento aún más exhaustivo de tales documentos en el Auto A-006 de 2009 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) en el que analizó la problemática especial de las personas víctimas de desplazamiento forzado que además padecen alguna discapacidad.
[4] M. P. Mauricio González Cuervo.
[5] Ver entre muchas otras, sólo durante los años recientes, las sentencias T-1639 de 2000; T-285, T-473 y T-951 de 2003; T-1012 y T-1103 de 2004; T-1031 de 2005; T-884 y T-1070 de 2006; T-560, T-816, T-984 y T-988 de 2007; T-090 y T-1258 de 2008, y T-650 de 2009.
[6] El artículo 34 de la Convención prevé que a partir del momento en que la Convención tenga más de 60 Estados miembros el número de expertos integrantes del Comité se incrementará a 18.
[7] La sentencia Regents of the University of California vs Bakke, expedida en 1978 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, relativa a un conflicto surgido a raíz de una política de discriminación positiva aplicada por dicha Universidad fue un importante hito en la consolidación de la doctrina sobre acción afirmativa en ese país.
[8] Ver DÍEZ-PICAZO. LUIS MARÍA Sistema De Derechos Fundamentales, Segunda Edición. Thompson Civitas, Madrid, 2005. En el derecho constitucional español se habla especialmente de acción positiva, siendo el término acción afirmativa una traducción casi literal del inglés del término original affirmative action.
[9] Cfr., sobre estos temas, sólo durante los años más recientes, las sentencias C-371 de 2000, C-964 y C-1036 de 2003, C-174 de 2004, C-101 de 2005, C-667 de 2006, C-932 de 2007 y C-258 de 2008.
[10] Cfr., también sólo durante los años recientes, las sentencias T-500 de 2002; SU-388, SU-389 y T-726 de 2005; T-061, T-518 y T-593 de 2006; T-1211 y T-1258 de 2008, y T-030 de 2010.

References: artículo 241
 artículo 13
 artículo 241

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