Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810790.html
Timestamp: 2019-11-20 04:52:55+00:00

Document:
as201810790
AUTO SUPREMO N� 790/2018-RRC
Expediente :�Santa Cruz 12/2018
Parte Imputada :�Lu�s Fernando Guti�rrez Leigue����
Delito :�Violaci�n agravada de Adolescente
Por memorial presentado el 1 de agosto de 2017, cursante de fs. 1245 a 1251 vta., Lu�s Fernando Guti�rrez Leigue, interpuso recurso de casaci�n, impugnando el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, de fs. 1211 a 1213, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio P�blico y Forty Fern�ndez Lamas contra el recurrente por la presunta comisi�n del delito de Violaci�n Agravada de Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis con relaci�n al art. 310 inc. g) ambos del C�digo Penal (CP).
Por Sentencia 46 de 13 de septiembre de 2016 (fs. 1110 a 1118 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declar� a Lu�s Fernando Guti�rrez Leigue, absuelto de culpa y pena de la comisi�n del delito de Violaci�n Agravada de Adolescente, determinando la cesaci�n de todas las medidas cautelares impuestas en su contra, sin costas y sin declaraci�n de denuncia falsa o temeraria.
Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio P�blico (fs. 1129 a 1131 vta.) y la acusadora particular Forty Fern�ndez Lamas (fs. 1188 a 1195), interpusieron recursos de apelaci�n restringida, que fueron resueltos por el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declar� admisibles y procedentes los recursos planteados; por ende, anul� totalmente la Sentencia apelada, ordenando la reposici�n del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por ley, disponiendo el reenv�o del expediente, siendo rechazada la solicitud de complementaci�n y enmienda del imputado mediante Auto 65 de 30 de junio de 2017 (fs. 1219 a 1220 vta.).
Del memorial de recurso de casaci�n y del Auto Supremo 097/2018-RA de 26 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resoluci�n, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del C�digo de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del �rgano Judicial (LOJ).
En el primer motivo del recurso, se plantea contradicci�n entre el Auto de Vista recurrido y los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero, manifestando que los mismos disponen jurisprudencia que censura y proh�be a los Tribunales de apelaci�n el proceder a la revalorizaci�n de la prueba a momento de resolver recursos de apelaci�n restringida; aspecto que, habr�a sido incumplido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, asumiendo una direcci�n contraria hubiera dado valor positivo a una pieza documental, base en la que sustent� su decisi�n de anular la Sentencia de primera instancia.
En el�segundo motivo�del recurso, el recurrente indica que si los requisitos de validez descritos en el art. 360 del CPP, habr�an sido cumplidos por la Sentencia y �sta no adolec�a de los defectos se�alados en el art. 370 del CPP, mal pod�a el Tribunal de alzada decidir su anulaci�n. Esta situaci�n es descrita por el recurrente como un entendimiento contrario a la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos �073/2013-RRS� de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio.
El recurrente solicit� que previa remisi�n, este Tribunal admita su recurso para despu�s dejar sin efecto el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017 y el Auto complementario 65 de 30 de junio de 2017, disponiendo se dicte una nueva resoluci�n de acuerdo a la doctrina legal aplicable.
La declaratoria de absoluci�n, tuvo como principal argumento la aseveraci�n de los miembros del Tribunal de sentencia de que los acusadores �no llegaron a demostrar los hechos acusados por no generar responsabilidad del acusado� (sic); ello se vio basado en:
El examen m�dico forense y lo ratificado sobre su contenido en juicio oral por la responsable de su elaboraci�n, dieron cuenta que la v�ctima al momento de ser examinada presentaba desfloraci�n antigua compatible con acceso carnal sin ninguna otra lesi�n en otra parte del cuerpo, �aclarando que tal tipo de lesi�n no siempre puede ser causada por el pene de un var�n sino tambi�n por un dedo o alg�n tipo de objeto.� (sic).
Del informe pericial de entrevista sicol�gica y del testimonio de la v�ctima �se extrae que este no es claro y preciso en poder establecer que el acusado fue la persona que mediante intimidaci�n, violencia f�sica o psicol�gica, cometi� con ella acceso carnal mediante penetraci�n de su miembro viril por v�a vaginal, toda vez que �sta indica solo haber quedado dormida en la noche y despertar con dolor en su parte vaginal, as� como con un l�quido blanco tipo moco encima de si calz�n, as� como con sangre antes que le baje su regla. Situaci�n est� que francamente habr�a llamado la atenci�n, a su entorno familiar, toda vez que al tratarse de una ni�a de entre 8 y 9 a�os, esta pod�a, referir alguna molestia o dolor por una abusiva desde todo punto de vista, salvaje penetraci�n en la vagina de una ni�a de corta edad. Situaci�n est� tambi�n inveros�mil en un ambiente tan peque�o y rodeado de otras personas ajenas al acusado y a su hija que no vieron ni escucharon nada anormal.� (sic).
Lo aseverado por la v�ctima y la querellante, en sentido que �al evidenciar, que se orinaba en la cama, esto era se�al de abuso sexual, por haberlo escuchado en una clase de la universidad o viendo la tele, situaci�n, que no se encuentra corroborada cient�ficamente, ni que es tomado como un indicador de violencia sexual en las pruebas estandarizadas que la Defensor�a de la Ni�ez a trav�s de su servicio sicol�gico realiza. Peor si tomamos en cuenta el contexto en el que se desarroll� la denuncia, es decir, con otra denuncia anterior en contra del acusado, donde la v�ctima era una adolescente de su mismo entorno familiar, evidenci�ndose por el testimonio de las propias testigos de cargo, que la adolescente fue llevada al examen ginecol�gico, no por una infecci�n, sino con el �nico prop�sito de ver si era a�n virgen o no, infiri�ndose esto del hecho, de que tanto en el certificado m�dico legal, como en lo declarado por la perito forense, esta no refiri� la presencia de ning�n granito o infecci�n vaginal.� (sic).
��se denota esta presi�n familiar sobre la v�ctima, al ver los otros indicadores sicol�gicos extra�dos de la prueba de la persona bajo la lluvia, con presi�n, amenaza con ansiedad alta por la prueba de la prueba STAIC.� (sic).
Con relaci�n al resto de prueba producida, se evidencia que los mismos no acreditan de forma fehaciente que el procesado ser�a el autor de un hecho de violaci�n sobre la v�ctima, toda vez que si bien la abuela de la v�ctima denuncia al acusado, pero no lo hace estando plenamente segura, solamente pudiendo establecerse de estos actuados y actos investigativos que no tienen mayor incidencia en demostrar los hechos acusados.� (sic).
II.2.1. Del recurso de apelaci�n restringida opuesto por el Ministerio P�blico.
Por memorial de fs. 1129 a 1131 vta., el Ministerio P�blico activ� recurso de apelaci�n restringida, alegando err�nea aplicaci�n del art. 308 bis del CP e insuficiencia en la fundamentaci�n de la sentencia en el orden del art. 370 incs. 1) y 5) del CPP, alegando cuestiones sobre la afirmaci�n depuesta por la v�ctima de no haber mantenido relaciones sexuales, el hecho de que la misma haya dormido con el imputado en la misma cama por m�s de dos a�os y que el motivo de su presencia en un centro m�dico fue la preocupaci�n de la querellante en percibir un tipo granulaci�n en la vulva de la v�ctima.
II.2.2. Del recurso de apelaci�n restringida opuesto por la querellante.
Por su parte, tal cual es visto en memorial de fs. 118 a 1195, la parte querellante acudi� en apelaci�n restringida, exponiendo una serie de consideraciones sobre la historicidad de los hechos y la interpretaci�n de varios elementos de prueba. Aspectos que, en la vinculaci�n al recurso de casaci�n que motiva autos, se resumen en:
La v�ctima en varios tramos del proceso reconoce al acusado como su violador.
No fueron consideradas las siguientes documentales: �certificado m�dico forense, el informe psicol�gico preliminar y el informe social preliminar� (sic). Sobre el certificado m�dico forense, cuestion� que no fue valorado en la dimensi�n brindada por el testimonio de la v�ctima y se obvio tener presente que el motivo de su realizaci�n se tuvo en la existencia de una granulaci�n en la vulva y no la verificaci�n sobre alg�n tipo de contacto sexual en la v�ctima, reclam� tambi�n que no se hab�an valorado la declaraci�n de la m�dico forense, en sentido que el orinar en la cama es �algo normal en las v�ctimas de violaci�n� (sic); La entrevista preliminar psicol�gica, en la que la v�ctima relata aspectos sobre su convivencia con el imputado, precisando que �despertaba orinada y con un l�quido blanco en [su] calz�n� (sic) y afirmando que: �cuando fui a vivir con mi madre y mi abuela ya no orine m�s en las ma�anas.� (sic).
Se afirm� tambi�n que le juez de grado no hab�a valorado las atestaciones de la querellante, DEMI, MEIF y FNIF, quienes coincidieron en afirmar, conductas anteriores en el imputado relacionadas a hechos similares al presente y que la forma en que se advirti� sobre el presunto hecho, fue a partir de la visita de la v�ctima a un centro m�dico por haber presentado una infecci�n.
Se denunci� existencia del defecto contenido en el art. 370 inc. 5) del CPP, afirm�ndose que �existe una incongruencia entre los hechos probados, toda vez que todas las pruebas vinculan como autor de los mismos al [imputado]� (sic).
Activado el recurso de apelaci�n restringida la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunci� el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, que declar� procedentes las acciones recursivas de los acusadores p�blico y particular, anulando la Sentencia de grado y disponiendo el juicio de reenv�o. Tal decisi�n se vio apoyada en los siguientes argumentos:
�El Tribunal de sentencia a tiempo de emitir su fallo ha realizado conclusiones err�neas de las declaraciones de las testigos, dijo que, llevaron a la v�ctima al centro m�dico, para corroborar si habr�a sido v�ctima de violaci�n y lo correcto ser�a que la abuela habr�a llevado a la menor, porque ten�a unos granitos en su parte �ntima y que eso preocupaba a la abuela, es decir el �nico prop�sito, era velar por la salud de su nieta; sin embargo de esta revisi�n ginecol�gica, se observ� que ten�a signos cl�sicos de un abuso sexual compatible con acceso carnal, y es ah� cuando reci�n la abuela se entera del hecho delictivo; en el entendido de que el certificado m�dico, establece de manera tajante que la menor presenta desfloraci�n antigua compatible con acceso carnal, sin ninguna otra lesi�n tanto f�sica, ginecol�gico o proctol�gica, lo cual concuerda con la misma declaraci�n de la v�ctima cuando dice que desde sus 8 a�os sus 10 a�os dorm�a con su padre en la misma cama; por lo que a decir de la menor, �sta admite que dorm�a con su padre en la misma cama, que dorm�a fuerte o pesado, pero cuando se levantaba ve�a que su parte �ntima estaba con sangre y su ropa impregnado con un l�quido pegajoso; todos estos hechos que constan en el expediente, el Tribunal no los valor� correctamente, es decir en este caso existe el defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del C�digo de Procedimiento Penal que se refiere a la valoraci�n defectuosa de la prueba.� (sic).
En el caso de autos nos encontramos ante una Violaci�n por ejercicio del poder, ya que para obtener supremac�a y control sobre su indefensa v�ctima, no obstante la desproporci�n de fuerza f�sica, el imputado aprovech� de la oportunidad y ocasi�n de tenerla sola a su alcance, que su hija se duerma, aprovechando la ausencia de la madre, adem�s de que ambos compart�an la misma cama. De lo examinado se colige que el imputado cometi� el hecho delictivo de Violaci�n motivado por su superioridad f�sica, la fragilidad de la v�ctima y la oportunidad que se le present� para tenerla al alcance indefensa, con escasa resistencia y totalmente desprevenida.� (sic).
III.1. Primer motivo, en el que se denuncia revalorizaci�n de la prueba por parte del Tribunal de apelaci�n.
Transcribiendo la totalidad del Considerando Segundo de la Resoluci�n impugnada, que son se�alados como el argumento de la decisi�n de anulaci�n de la Sentencia, el recurrente expresa que su contenido delata una �ilegal revalorizaci�n de la prueba testifical de las testigos Forty Fern�ndez y Mar�a Elizabeth Ib��ez Fern�ndez, tomando en cuenta el certificado Grumeso que nunca fue parte de la comunidad de la prueba, de igual modo [se] revaloriza el certificado m�dico legal o prueba D-1 [al se�alar] que dicho certificado m�dico es tajante.� (sic).
Cuestiona que el Auto de Vista impugnado ingres� a revalorizar elementos de hecho, al expresar: �que en el caso de autos nos encontramos ante una violaci�n por ejercicio del poder, se colige que el imputado cometi� el hecho delictivo de violaci�n motivado por su superioridad f�sica, la fragilidad de la v�ctima y la oportunidad que se le present� para tenerla al alcance indefensa, con escasa resistencia y totalmente desprevenida.� (sic).
Se invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero.
III.1.1. Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes invocados.
El Auto Supremo 384/2005 de 26 de septiembre, aborda el tema de la prohibici�n de la revaloraci�n de prueba por el Tribunal de alzada, se�alando adem�s, que su facultad se limita al control sobre la aplicaci�n correcta de la sana cr�tica, razonando que en caso de su inobservancia ese tribunal se halla facultado para ordenar juicio de reenv�o. La Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia dej� sin efecto el Auto de Vista recurrido y sent� la siguiente doctrina legal aplicable:
��es una premisa ya consolidada que la l�nea jurisprudencial ha establecido en el sistema procesal penal boliviano que no existe segunda instancia, y que el Juez o el Tribunal de Sentencia son los �nicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producci�n de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participaci�n contradictoria de las partes; raz�n por la que el Tribunal de Apelaci�n se encuentra impedido de revalorizar la prueba, cuando su facultad es controlar que la valoraci�n de la prueba hecha por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana cr�tica, vale decir, que en el fundamento de la sentencia debe encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, l�gica y la ciencia del juzgador en la apreciaci�n de las pruebas. La inconcurrencia de uno de los elementos mencionados, la incoherencia, la contradicci�n o la imprecisi�n del fundamento de la apreciaci�n de las pruebas, conlleva la reposici�n del juicio, consiguientemente, la formulaci�n de una nueva resoluci�n; en suma el Tribunal de Apelaci�n tiene la facultad de que se aplique correctamente las reglas de la sana cr�tica. Por lo expuesto, el Tribunal de Alzada debe disponer la reposici�n del juicio por otro Tribunal de Sentencia, quien dictar� nueva resoluci�n valorando la prueba con las reglas de la sana cr�tica".
En cuanto al Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, fue dictado dentro de un proceso por el delito de Tr�fico de Sustancias Controladas. En casaci�n se acus� que el Tribunal de apelaci�n, en forma ultra y extra petita anul� la Sentencia y procedi� a dictar una nueva, revalorizando la prueba, valorando los hechos no probados o inexistentes, sobre una supuesta conducta antijur�dica, quebrantando el principio de inmediaci�n e intangibilidad de la prueba; de tal cuenta verificada la certeza de la denuncia, la Sala pronunciante emiti� la siguiente doctrina legal:
�Es necesario precisar, que el recurso de apelaci�n restringida, constituye un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicaci�n de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciaci�n del juicio o en la Sentencia, no siendo el medio id�neo que faculte al Tribunal de alzada, para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho que es de potestad exclusiva de los Jueces o Tribunales de Sentencia; por ello, si el ad quem, advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relaci�n a la valoraci�n de la prueba y la falta de fundamentaci�n y motivaci�n, que haya tenido incidencia en la parte resolutiva, le corresponde anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposici�n del juicio por otro Tribunal�.
Por su parte el Auto Supremo 304/2012-RRC de 23 de noviembre, se pronunci� ante la denuncia de anulaci�n de una sentencia absolutoria, a partir una revalorizaci�n de la prueba, la parte recurrente aleg� que los de apelaci�n incursionaron en la relaci�n hist�rica del hecho, valoraron testificales asign�ndoles valor positivo y de forma subjetiva otorg�ndoles total credibilidad. En el an�lisis de fondo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, consider� que el Tribunal de apelaci�n �excediendo la�labor que la ley le asigna, emiti� una nueva Sentencia condenando al imputado que inicialmente fue absuelto una vez desarrollado el acto de juicio�, afirmando que si ese Tribunal �concluy� que la Sentencia apelada�incurri� en defectos le correspond�a anular total o parcialmente la Sentencia y ordenar la reposici�n del juicio por otro Tribunal y no as� dictar una nueva Sentencia que en los hechos expresa inobjetablemente una revalorizaci�n de la prueba, actividad que le est� vedada�; de tales consideraciones, se dej� sin efecto el Auto de Vista recurrido, emiti�ndose la siguiente doctrina legal:
�El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelaci�n restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoraci�n de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana cr�tica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva revalorizaci�n y en consecuencia cambiar la situaci�n jur�dica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; porque de hacerlo desconocer�a los principios rectores de inmediaci�n y contradicci�n que rigen la sustanciaci�n del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidaci�n emergente de la vulneraci�n de los derechos a la defensa y al debido proceso; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: "Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realizaci�n de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolver� directamente", el alcance de la referida disposici�n legal, no otorga facultad al Tribunal de apelaci�n de hacerlo respecto a temas relativos a la relaci�n de los hechos o a la valoraci�n de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediaci�n y contradicci�n, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano, resultan intangibles�
El Auto Supremo 0034/2013-RRC de 14 de febrero, tiene como antecedente un proceso por el delito de Violaci�n de Ni�o, Ni�a o Adolescente (art. 308 Bis del CP), en el que habi�ndose dictado sentencia absolutoria y activado el recurso de apelaci�n restringida, el Tribunal de alzada revoc� el fallo de grado declarando la culpabilidad del imputado conden�ndolo a una pena privativa de libertad de cinco a�os; situaci�n que motivo que el mismo recurra en casaci�n denunciando que el Auto de Vista impugnado, no cumpli� con el principio de fundamentaci�n suficiente y razonable sobre todos y cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de apelaci�n restringida y su respaldo probatorio, conforme a la exigencia del art. 124 del CPP, manifestando que fuera contrario a la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre y 086/2009 de 18 de marzo. En el an�lisis de fondo la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, consider� que: �efectivamente el Auto de Vista impugnado contradice la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, en resguardo del cual, el Tribunal de alzada, de considerar vulneradas, en la valoraci�n de las pruebas, las reglas de la sana cr�tica, debi� ordenar la reposici�n del juicio por otro Tribunal�, disponiendo dejar sin efecto el Fallo del Tribunal de alzada, y emitir la doctrina legal descrita a continuaci�n:
��los jueces y Tribunales son los �nicos facultados para realizar la valoraci�n de las pruebas incorporadas durante el juicio oral, en virtud del principio de inmediaci�n, estando el Tribunal de alzada impedido de revalorizar las pruebas, por no ser competente para ello, no siendo la apelaci�n restringida el medio jer�rquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia. Tampoco el sistema procesal admite la doble instancia, estando limitado el accionar del Tribunal de Apelaci�n para anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposici�n del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su err�nea aplicaci�n, debiendo indicar el objeto concreto del nuevo juicio cuando la nulidad sea parcial; o, en su caso, cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realizaci�n de un nuevo juicio, puede resolver directamente. Sin embargo, se vulneran los derechos a la defensa y al debido proceso, reconocidos por el art. 115.II de la CPE, y se incurre en una inadecuada aplicaci�n de los arts. 413 y 414 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, revalorizando la prueba rectifica la Sentencia, cambiando la situaci�n jur�dica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; decisi�n que al desconocer los principios de inmediaci�n y contradicci�n, incurre en defecto absoluto no susceptible de convalidaci�n.
II.1.2. An�lisis del motivo en concreto.
Expresa el recurrente que el Auto de Vista que impugna es contrario a la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos arriba descritos, pues estando vedada la revalorizaci�n de prueba en apelaci�n restringida, al Sala Penal Primera revaloriz� las testimoniales de la querellante y MEIF �tomando como base el certificado de GRUMESCO que nunca fue parte de la comunidad de la prueba, de igual modo revalorizan la prueba D-1, cuando se�alan que es tajante.� (sic).
Como se tiene detallado, la censura en casaci�n se centra en elementos de prueba espec�ficos y las conclusiones que sobre ellos habr�a arribado el Tribunal de apelaci�n, de tal cuenta, teniendo presente que si bien la revalorizaci�n de la prueba es algo vedado en grado de apelaci�n restringida (sentido en el que de manera uniforme y constante se ha manifestado la jurisprudencia de este Tribunal Supremo), corresponde previamente caracterizar cual es el par�metro para comprender que en efecto una prueba ha sido revalorizada por los Tribunales de apelaci�n.
Por los arts. 329 y 330 del CPP, se tiene que el juicio oral es la fase esencial del proceso, caracterizado por su realizaci�n contradictoria, oral, p�blica y contin�a; adem�s, el citado C�digo enfatiza que el juicio se realizar� con la presencia ininterrumpida de los jueces y todas las partes; es decir, el juicio oral tiene como eje motor al principio de inmediaci�n. Se comprende que el juicio oral, conforme al propio modelo del sistema acusatorio y las precisiones legales que el C�digo de Procedimiento Penal contiene, es un acto cuya materializaci�n se manifiesta en condiciones �nicas de tiempo y espacio. Por el principio de inmediaci�n deber� coincidir en un mismo acto y en un mismo tiempo, la producci�n de las pruebas, el debate contradictorio y la presencia f�sica de las partes en contienda y el Juez de la causa; aspectos que, por cuestiones l�gicas es irrepetible a posterioridad; de ah� que, la prueba producida adquiera un elemento adicional, pues al ser generada en un escenario regido por el debate contradictorio, la inmediaci�n de las partes, adquiere variedad de detalles, de inconsistencias, concordancias y matices haciendo que la percepci�n de qui�n ha sido part�cipe en su producci�n sea �nica e irrepetible en un tercero a posterioridad, representado por un Tribunal de apelaci�n.
Para mayor precisi�n, el Auto Supremo 498/2016-RRC de 1 de julio, consider� que: �la valoraci�n probatoria es facultad privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia, quienes por el principio de inmediaci�n y contradicci�n se hallan en relaci�n directa con las partes y los elementos de prueba�–testigos, peritos, etc.-, siendo los �nicos quienes, a trav�s de una fundamentaci�n probatoria, tienen la facultad de otorgar determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, �til, pertinente, etc.), a las pruebas sometidas a su conocimiento, en base a los cual forma su convicci�n sobre la existencia o no de un hecho il�cito y la responsabilidad penal�; es decir, un ejercicio de revalorizaci�n de la prueba incumbe la negaci�n de los razonamientos y conclusiones que sobre el acervo probatorio posee la Sentencia, para realizar un nuevo ejercicio de similar caracter�stica, o bien, el modular o reinterpretar las conclusiones que la valoraci�n probatoria haya arrojado en primera instancia.
Ya en materia, el Tribunal de apelaci�n calific� de erradas las conclusiones hechas en la Sentencia sobre lo atestado por la querellante, MEIF y la propia v�ctima, en relaci�n a la prueba D-1, determinando la existencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP. En la lectura de la porci�n pertinente en el Auto de Vista impugnado, la Sala no detecta que los de apelaci�n hayan vertido un criterio ni positivo, negativo, relevante, irrelevante, �til, pertinente o de cualesquier naturaleza estimativa o valorativa, tendiente a generar otro valor o modular el existente en la resoluci�n de m�rito, ello en relaci�n a las atestaciones se�aladas y la documental D-1. De hecho la descripci�n tomada por los de apelaci�n es la misma a la utilizada en Sentencia, cuya diferencia se encuentra en el resultado que arrojaron las mismas.
Por una parte los de apelaci�n comprendieron que la correlaci�n entre lo depuesto por la v�ctima y el certificado m�dico forense hab�a sido err�neamente interpretado en Sentencia, pues en su consideraci�n entre ambos existi� coincidencia y tal hecho no hab�a sido valorado por la Sentencia. En efecto, los de apelaci�n evidenciaron la existencia de un error, invocando a continuaci�n la facultad contenida en el art. 413 del CPP; es decir, la anulaci�n total de la sentencia disponiendo juicio de reenv�o, decisi�n que resulta coherente, tomando en cuenta que no se vari� la situaci�n procesal del imputado, ni se corrigi� directamente el error advertido.
Con relaci�n al uso de la palabra tajante dentro del argumento sostenido por los de apelaci�n, la Sala considera que la misma no delata ning�n tipo de valoraci�n probatoria, sino se trata de un adjetivo que visto en contexto, solo enfatiza informaci�n contenida en la documental D-1, sin que ello pueda significar de manera alguna, que se haya otorgado ning�n tipo de valor o relevancia a la misma; m�s a�n, si se tiene presente, que el resultado del razonamiento del Tribunal de apelaci�n se asienta no en una prueba, sino en una eventual coincidencia entre esa prueba y la atestaci�n de la v�ctima y que fue justamente el aspecto central que motiv� la anulaci�n de la sentencia.
La Doctrina Legal Aplicable emitida por sobre la naturaleza, alcance y l�mites de las competencias de los Tribunales de alzada en la resoluci�n del recurso de apelaci�n restringida ante los planteamientos de defectuosa valoraci�n de la prueba, orienta que el control a realizar brinda dos posibilidades; por un lado, el control de legalidad (inherente al art. 171 del CPP); y por otro, el control de logicidad, por el que se examina las apreciaciones y razonamientos que sobre la prueba realizaron los de m�rito y se precautela la existencia de completitud y coherencia l�gica, sin que en ning�n caso pueda a partir de ah� darse una nueva versi�n sobre la prueba o los hechos en el proceso. Esta situaci�n, fue justamente la acontecida en el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, pues habiendo estimado que la apreciaci�n valorativa de los de Sentencia hab�a omitido la consideraci�n de elementos coincidentes reportados desde dos elementos de prueba, sin llegar a ninguna conclusi�n, precisando solamente el error, dispuso la anulaci�n de la sentencia y el consecuente juicio de reenv�o.
Debe tenerse presente que las posibilidades de resoluci�n en apelaci�n restringida son previstas por el art. 413 del CPP, si bien brindan la posibilidad de una resoluci�n directa de parte de los Tribunales de apelaci�n, la misma debe ser entendida en armon�a con los dem�s institutos que componen el procedimiento penal; de tal cuenta, si sucede –como en el caso de autos- se detecta un error en cuestiones probatorias, que por respeto al principio de inmediaci�n, no podr�a disponerse otro tipo de soluci�n, que no sea la reposici�n del juicio oral.
Dicho ello, la Sala estima que el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, no es contrario a los Autos Supremos 384/2005 de 26 de septiembre, 200/2012-RRC de 24 de agosto, 304/2012-RRC de 23 de noviembre y 0034/2013-RRC de 14 de febrero; por cuanto, no se incurri� en valoraci�n o revalorizaci�n de la prueba, sino al contrario el Tribunal de apelaci�n en armon�a con la doctrina legal aplicable contenida en esos fallos, ante la evidencia de error en el razonamiento apreciativo del juzgador de grado, opt� por la aplicaci�n de la facultad prevista en el art. 413 del CPP.
III.2. Segundo motivo, donde se denuncia inobservancia de doctrina legal aplicable referida a requisitos m�nimos en la Sentencia.
Partiendo de la misma situaci�n de hecho, pero bajo un matiz jur�dico procesal distinto, el recurrente aduce que el Auto de Vista recurrido no dio observancia a los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo y 215/2013 de 12 de junio, que fueran relacionados a la fundamentaci�n descriptiva, anal�tica o intelectiva y jur�dica, requisitos de validez que ser�an advertidos en la Sentencia de primera instancia, que fue anulada violando el debido proceso, el acceso a la justicia y la seguridad jur�dica, a partir de acciones de revalorizaci�n de pruebas testificales y documentales.
Agrega que contrario a lo afirmado por el Tribunal de apelaci�n, la sentencia de grado fue �dictada por unanimidad� (sic) y �cumple a cabalidad todos los requisitos expresados en los art�culos 124, 173, 360 incisos 2) y 3) del C�digo de Procedimiento Penal, no existiendo ninguna contravenci�n a lo previsto en el inciso 5) del art�culo 370 del mismo C�digo.� (sic).
III.2.1. Doctrina legal aplicable contenida en los precedentes invocados.
El Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, con el antecedente de infracci�n al art. 124 del CPP en las dos fases anteriores del proceso, estableci� que la Sentencia dictada carec�a de: �una adecuada fundamentaci�n al resultar insuficiente la fundamentaci�n f�ctica, por cuanto no se efectu� una descripci�n clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos, tampoco se observa que la Sentencia haya concluido con una fundamentaci�n jur�dica pues el Tribunal de Sentencia, transcribi� los tipos penales, previstos por los arts. 331 y 332 del CP, hizo referencia con un apunte doctrinal de los elementos configurativos de ambos delitos y concluy� que el imputado fue autor del delito, sin efectuar el trabajo efectivo de adecuaci�n de los hechos, con la descripci�n de los elementos constitutivos del tipo penal�. De igual forma la Sala pronunciante estim� que: ��el Tribunal de apelaci�n, no ejerci� su funci�n de control de verificaci�n de la correcta fundamentaci�n, siendo equivocado el justificativo del Tribunal de alzada, en sentido de que el ejercicio de esa labor importar�a una revalorizaci�n de la prueba, pues �ste Tribunal, en el Auto Supremo 167/2012-RRC de 4 de julio, ha remarcado la obligaci�n que tiene el Tribunal de apelaci�n de hacer el trabajo de control de la debida fundamentaci�n de la Sentencia, en el sentido de los arts. 124 y 360 inciso 3) del CPP�. La doctrina legal aplicable sentada en esa oportunidad es la siguiente:
En cuanto al Auto Supremo 215/2013 de 12 de junio, fue pronunciado por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia motivada por la interposici�n de recurso de casaci�n promovido por EKDR dentro del proceso penal seguido por el Ministerio P�blico y otros en su contra por el delito de Violaci�n de Ni�o, Ni�a o Adolescente, y con el antecedente de haberse dictado una sentencia absolutoria que fue revocada en parte en apelaci�n restringida, con la modificaci�n al tipo penal de Abuso deshonesto y la imposici�n de 5 a�os de privaci�n de libertad. En el an�lisis de fondo la Sala pronunciante percibi� varias inconsistencias en el Auto de Vista impugnado vinculadas a la calificaci�n de los hechos y falta de fundamentaci�n de su decisorio, lo que caus� se lo deje sin efecto y se emita la siguiente doctrina legal:
Por tanto, toda autoridad que conozca de un proceso o una pretensi�n o que dicte una Resoluci�n determinando una situaci�n jur�dica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisi�n, debe precisar los hechos sobre los cuales se pronuncia, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisi�n del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resoluci�n tanto en el fondo como en la forma, tiene por finalidad de generar el convencimiento en las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que tambi�n la decisi�n est� regida por los principios y valores, el saber humano en conexi�n con la realidad, de tal manera que el postulante convencido de que no hab�a otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidi� y al contrario cuando aquella motivaci�n no existe y se emite �nicamente la conclusi�n a la que arrib� el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron considerados conforme a los dispuesto por la Ley.��
El Tribunal de Alzada podr� anular total o parcialmente la sentencia y ordenar� la reposici�n del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su err�nea aplicaci�n; cuando la nulidad sea parcial, se indicar� el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realizaci�n de un nuevo juicio, resolver� directamente.
En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su err�nea aplicaci�n; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deber� indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposici�n del mismo, en el marco de las garant�as procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales. Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente decisi�n�.
III.2.2. An�lisis del motivo en concreto.
Lo alegado por el recurrente en este tramo de su recurso, posee tres pilares, por un lado el planteamiento de contradicci�n, explicada en el hecho de no consideraci�n de la doctrina legal contenida en los precedentes contradictorios invocados; por otro se afirma que la Sentencia de grado posey� las condiciones de validez suficientes previstas por norma, no pudiendo ser posible, en tal entendido, ser pasible de anulaci�n; la aseveraci�n de que lo decidido en el Auto de Vista 23 de 18 de mayo de 2017, tuvo base en �revalorizaci�n testifical y documental del certificado m�dico legal� (sic); y finalmente, la denuncia de vulneraci�n al principio in dubio pro reo.
Esa digresi�n de argumentos que revisten el presente motivo por una parte no hace a la coincidencia sobre una situaci�n de hecho similar con los precedentes contradictorios invocados, por cuanto –como est� anotado- las razones por las que la doctrina legal aplicable fue emitida en situaciones distintas a la presente. En el caso del Auto Supremo 073/2013-RRC de 19 de marzo, se consideraron infracciones al art. 124 del CPP; esto es, vicios de indebida de fundamentaci�n y para el caso del Auto Supremo 215/2013 de 12 de junio, de igual forma atinge a problem�ticas sobre insuficiente fundamentaci�n, orientando, de manera paralela sobre la instrumentalizaci�n del art. 413 del CPP.
Sobre la aseveraci�n que la anulaci�n de la sentencia fue basada en revalorizaci�n de prueba, la Sala ya ha sentado su opini�n en el apartado que precede.
Por �ltimo, sobre la presunta vulneraci�n al principio in dubio pro reo, de igual manera no constituye materia para una eventual censura del Auto de Vista impugnado, toda vez que no debe entrar en confusi�n los alcances de ese instituto con el principio de presunci�n de inocencia. En el principio in dubio pro reo, posee raigambre procesal, pues es la regla de aplicaci�n pr�ctica ante la eventual existencia de duda racional sobre la concurrencia de alguno de los elementos del tipo penal que se acusa, ello a pesar de haberse producido con validez las pruebas ofrecidas; es decir, por este principio se obliga a Juez o Tribunal de m�rito a la emisi�n de un fallo absolutorio si el resultado de la valoraci�n probatoria emerge duda razonable. En cambio, el principio de presunci�n de inocencia se manifiesta en un plano no relacionado al ejercicio probatorio, siendo la garant�a de consideraci�n de inocencia hasta que el mismo no sea destruido como emergencia de los resultados del proceso.
En el caso de autos, la sugerencia del recurrente sobre la vulneraci�n al principio in dubio pro reo en el ejercicio de una actividad revalorativa de la prueba, no posee asidero; por cuanto, como se tiene explicado tal revalorizaci�n no es evidente; y por otro, que a la aplicaci�n de ese principio lo antecede un proceso de apreciaci�n cr�tica y racional del acervo probatorio, que fue el tema cuestionado y sobre el que el Tribunal de apelaci�n emiti� decisi�n y pronunciamiento.
Por consiguiente, no siendo evidente la contradicci�n planteada por el imputado en casaci�n, resta fallar conforme los antecedentes de este Auto Supremo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara�INFUNDADO�el recurso de casaci�n interpuesto por Lu�s Fernando Guti�rrez Leigue.

References: in fine
e contrario
in dubio
in dubio
in dubio
in dubio