Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/693374537
Timestamp: 2018-08-16 08:04:13+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 534/17 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 693374537
Actor: FABRICIO
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CIUDAD AZULADA, SALA PENAL
Expediente: T-5956282
PRISION DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISION EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA PADRE/MADRE CABEZA DE FAMILIA, El actor se encuentra privado de la libertad y cuestiona en sede de tutela las decisiones judiciales que le negaron su petición de sustitución de detención en establecimiento carcelario por reclusión en su lugar de residencia. El subrogado lo fundó en su condición de padre cabeza de familia y en los requisitos previstos en los artículos 314 y 461 de la Ley 906 de 2004. Se aborda temática relacionada con: 1º. La acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Los requisitos específicos de procedibilidad, con énfasis en el defecto fáctico y en el desconocimiento del precedente. 2º. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión en establecimiento penitenciario y carcelario y, 3º. La causal de prisión domiciliaria fundada en la condición de padre o madre cabeza de familia y el desarrollo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal. Pese a confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo invocado, la Corte requiere al ICBF para que analice las circunstancias del hijo menor de edad del tutelante y adopte las medidas que estime pertinentes en relación con su custodia y cuidado personal, en las que priorice la permanencia en su núcleo familiar.
Acción de tutela presentada por F. contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Azulada.
La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado I.H.E.M. (e.) y por las M.C.P.S. y G.S.O.D., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
F. tiene 2 hijos, J.F. y J.A. de 8 y 18 años de edad respectivamente, y aduce que es padre de cabeza de familia desde el 6 de agosto de 2014, cuando en conciliación celebrada en la Casa de Justicia de Ciudad Azulada la madre de sus hijos le otorgó la custodia exclusiva por “dificultades económicas y emocionales”[2] que le impedían continuar con su cuidado.
El accionante indica que proveía los cuidados, afecto y atención, y satisfacía todas las necesidades económicas y emocionales de sus hijos, de forma exclusiva, hasta que en el año 2015 fue recluido en centro carcelario como consecuencia de la pena de 54 meses de prisión, a la que fue condenado por el Juzgado Primero Penal Especializado de Ciudad Azulada el 31 de agosto de 2015, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.
El 11 de noviembre de 2015, el actor elevó petición ante el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada con el propósito de que se sustituyera la detención en establecimiento carcelario por reclusión en su lugar de residencia, con base en lo previsto en el artículo 314-5 del Código de Procedimiento Penal.
Como soporte de la petición, el actor aportó el informe rendido el 9 de octubre de 2015 por la Trabajadora Social de la Comisaría Segunda de Familia de Ciudad Azulada sobre las condiciones sociales, económicas y familiares de J.A. y J.F..
En auto de 29 de marzo de 2016, el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada denegó la solicitud de prisión domiciliaria elevada por el actor.
En concordancia con lo anterior, señaló que en el caso bajo examen si bien se demostró que F. es padre cabeza de familia, sus hijos cuentan con su madre, quien tiene la obligación de asumir su protección integral; su abuela paterna les brinda todo lo necesario para su subsistencia y cuentan con los cuidados de la señora M., empleada doméstica de la familia desde hace varios años.
Finalmente, como consecuencia de las manifestaciones realizadas por Mercedes en la visita domiciliaria efectuada el 25 de enero de 2016, en la que indicó que la madre de sus nietos no se ha encargado de su cuidado integral, el juez ofició al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “a fin de que la señora Mercedes, madre de los menores J.A. y J.F. algún miembro de la familia extensa de los mismos, asuma su custodia y manutención”[3].
En auto de 8 de agosto de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ciudad Azulada estudió el recurso de apelación formulado por el actor en contra del auto que denegó la petición de prisión domiciliaria y lo confirmó.
En atención a esas consideraciones, la Sala Penal indicó que en el acta de conciliación aportada como fundamento de la solicitud la madre de J.A. y J.F. no se desligó por completo de sus deberes y no obra algún elemento de prueba que muestre la imposibilidad de asumirlos; destacó las observaciones del estudio sociofamiliar, en el que se señaló que la madre del actor le provee el sustento económico a los hijos de aquél y que estos también cuentan con los cuidados de M., empleada del hogar durante muchos años.
F. formuló acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Azulada para lograr que, como medida de restablecimiento de sus derechos, se deje sin efecto el auto dictado el 8 de agosto de 2016 y, en su lugar, se conceda la prisión domiciliaria que solicitó en su calidad de padre cabeza de familia.
7.1. El peticionario indicó que las decisiones judiciales no valoraron las pruebas aportadas que dan cuenta de su rol como padre cabeza de familia y la afectación de los derechos de sus hijos. En particular, destacó la falta de evaluación del concepto emitido por el Trabajador Social del Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien certificó que, como padre, cubría las necesidades económicas, afectivas y emocionales de J.A. y J.F..
7.2. El accionante también cuestionó la falta de valoración de la afectación emocional padecida por sus hijos como consecuencia de la ausencia de la figura paterna, la cual se demostró con la historia clínica del joven J.A., el informe realizado por la Comisaría Segunda de Familia de Ciudad Azulada y la constancia expedida por médico psiquiatra y terapeuta.
7.3. El actor adujo que las consideraciones expuestas por los jueces accionados sobre las obligaciones de protección y cuidado en cabeza de la madre de J.A. y J.F. desconocen: (i) el acta de conciliación aportada en la que le entregó la custodia de aquellos y alegó dificultades económicas y emocionales para ejercerla, y (ii) las declaraciones rendidas por Mercedes en las que precisó que desconoce la ubicación de la señora J., además las comunicaciones con sus hijos son esporádicas.
7.4. El peticionario señaló que los argumentos expuestos por los jueces accionados sobre los cuidados y apoyo brindado a sus hijos por la señora Mercedes, desconocieron los elementos de prueba que demuestran que, a pesar de los esfuerzos emprendidos, no logra satisfacer todas las necesidades de J.A. y J.F..
El actor cuestionó la falta de valoración de las circunstancias de su madre, ya que se trata de una persona de la tercera edad, se le dictaminó pérdida de capacidad laboral del 76.9% y se le dificulta obtener recursos para la manutención de sus nietos. También extrañó la valuación de los elementos que demuestran que el apoyo proveniente de la abuela paterna es estrictamente económico, ya que J.A. y J.F. están al cuidado de la señora M., empleada doméstica de la familia desde hace varios años, y además es insuficiente.
El peticionario destacó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la reclusión en el lugar de residencia también cobija a los padres cabeza de familia, resaltó el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, e indicó que esta Corporación y la Sala de Casación Penal han otorgado prisión domiciliaria en casos en los que los peticionarios se encontraban en circunstancias similares a las suyas. En particular, para el demandante las decisiones judiciales que denegaron la solicitud que elevó desconocieron la sentencia T-705 de 2013[5] proferida por la Sala Sexta de Revisión y a la sentencia emitida el 14 de mayo de 2013 (exp.66744) por la Sala de Casación Penal[6].
Finalmente, el accionante señaló que en su caso concurren los requisitos establecidos en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal[7] para el otorgamiento de la prisión domiciliaria, debido a que: (i) no cuenta con antecedentes penales previos al delito por el que fue condenado; (ii) ha tenido buena conducta en el lugar de reclusión, en el que además ha desempeñado labores de enseñanza; (iii) no hay riesgo de fuga, ya que cumplió más de la mitad de la condena, tiene arraigo familiar y un proyecto de vida prestablecido, pues trabajaba como técnico aeronáutico y adelantaba 6º semestre de la carrera de derecho; (iv) está de por medio el interés superior de sus hijos, y (v) está probada la situación de indefensión de J.A. y J.F. y la afectación de sus derechos como consecuencia de la ausencia de “figuras paternas”[8].
El juez precisó que, en el marco del proceso núm. XXXXXXX55, el 31 de agosto de 2015 emitió sentencia en la que condenó a F. a la pena de 54 meses de prisión y a la multa de 1.400 s.m.l.v. como responsable del delito de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El fallo se sustentó en el preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación, y en este se denegó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
Mediante fallo proferido el 8 de noviembre de 2016, la Sala de Decisión de Tutelas número 3 de la Sala de Casación Penal denegó la protección de los derechos fundamentales invocada por F..
El accionante impugnó la decisión de primera instancia y solicitó su revocatoria. Como fundamento de la impugnación adujo que el a quo no evaluó las circunstancias en las que se sustentó la solicitud de amparo, tales como (i) su condición de padre cabeza de familia, debido a que ejerce de forma absoluta la custodia de sus hijos, (ii) la ausencia de la madre de aquellos, (iii) las dificultades que enfrenta la abuela paterna para proveer el sustento económico y los cuidados que sus hijos necesitan y (iv) la afectación emocional y psicológica de J.A. y J.F..
El ad quem precisó que, si bien la acción de tutela se dirigió contra los autos que denegaron la petición de prisión domiciliaria elevada por F., determinaría si la decisión proferida por el juez de segunda instancia vulneró los derechos fundamentales del accionante, ya que ésta “(…) es la que resuelve de manera definitiva la temática objeto del debate en esta sede”[10]
El 16 de febrero de 2017, la Magistrada sustanciadora profirió auto en el que vinculó al trámite al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Dirección Regional La Esperanza- y a J., a quienes les corrió traslado de la acción de tutela y de los documentos obrantes en el trámite constitucional. Asimismo decretó pruebas, dirigidas a establecer la situación de J.A. y J.F. y el lugar de ubicación de su madre.
En su intervención inicial, el ICBF solicitó que se declarara la nulidad del trámite de tutela en aras de verificar el estado de los derechos del niño J.F. y porque, a su juicio, se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de J..
Asimismo, indicó que las decisiones que denegaron la prisión domiciliaria solicitada vulneraron los derechos de los hijos del actor a tener una familia y a no ser separados de ella, al cuidado y al amor, y a una vida digna “máxime cuando su progenitora no se hizo cargo de ellos y la persona que si lo estaba haciendo tanto en la parte económica como afectiva, esto es su padre F. fue apartado de ellos sin tener en consideración que realmente podría habérsele concedido la detención domiciliaria, pues demostró su condición de padre cabeza de familia(…)”[11]
El conciliador L.E. indicó que, a pesar de que intervino en la conciliación celebrada el 6 de agosto de 2014 entre F. y J., no cuenta con información sobre el lugar de notificación de J..
En auto proferido el 14 de marzo de 2017, la Magistrada sustanciadora (i) ordenó el emplazamiento de la señora J.; (ii) ordenó la práctica de una inspección judicial a la vivienda habitada por los hijos del accionante; (iii) dispuso la práctica de interrogatorio a Mercedes y (iv) le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que acompañara las medidas que se adopten en el curso del trámite de tutela por parte del ICBF para la verificación y restablecimiento de los derechos del niño J.F..
En relación con dicha petición, la Sala concluyó que la nulidad por falta de notificación del ICBF se saneó con su intervención en el trámite y con respecto a la falta de vinculación de la madre de J.A. y J.F. advirtió el incumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa, pues la nulidad fundada en esa causal sólo puede ser alegada por el afectado. En consecuencia, rechazó la solicitud por la circunstancia en mención.
Finalmente, se cuestionaron los fundamentos de la solicitud de nulidad relacionados con la verificación de los derechos del hijo del accionante, ya que el ICBF supeditó el ejercicio de sus deberes legales, y particularmente de su importante función de protección y garantía de los derechos de los niños a las actuaciones del trámite de tutela, a pesar de que estas no condicionan o suspenden sus competencias. Por lo tanto, requirió al instituto para que observara sus obligaciones legales en relación con la posible afectación de derechos de sujetos de especial protección constitucional que advierta en el trámite y rinda informe sobre las actuaciones que adelante para determinar la amenaza o afectación de los derechos del niño J.F..
En atención a las órdenes referidas, el 8 de abril de 2017 la Jefa de la Oficina Jurídica del ICBF remitió informe sobre la gestión adelantada para determinar la posible amenaza o afectación de los derechos de J.F., en el que indicó lo siguiente:
Asimismo, la defensoría remitió comunicación al Colegio La Utopía en el que le informaron que la acudiente registrada de J.F. es su madre, J., persona con la que se contactaron e indicó que desconoce la ubicación de sus hijos “(…) tiene poco contacto con el niño, que intentara comunicarse con el progenitor e indagar datos y se comunicará nuevamente con nosotros sin embargo la señora no vuelve a contestar”[12]
De otra parte, el equipo psicosocial acudió al colegio en mención, en el que el coordinador de talento humano permitió el acceso a la documentación del niño, en particular a la copia del registro civil de nacimiento, contraseña de la tarjeta de identidad y certificación de afiliación al Sistema General del Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo. Asimismo, indicó que J.F. tiene buen rendimiento académico y comportamiento, y que su progenitora es quien asiste a las reuniones y recibe los informes “reportando que su última asistencia fue el día 24 de marzo de 2017 con el fin de recibir reporte sobre rendimiento académico y disciplinario.”[13]
Con base en la información suministrada en el colegio, la Defensoría de Familia logró entrevistar a la señora Mercedes, quién señaló que desde el momento en el que F. fue recluido en establecimiento carcelario ha tenido dificultades emocionales y económicas, ya que debe proveer los recursos para mantener la calidad de vida y bienestar de sus nietos, quienes conviven con la señora M..
Luego de la realización de una entrevista a J.F., la psicóloga indicó que:
Finalmente, la Oficina Jurídica del ICBF precisó que el informe psicosocial para la verificación de los derechos del niño J.F. está bajo análisis del defensor de familia para que en el marco de sus competencias adopte las medidas de protección correspondientes.
Como quiera que en el trámite de tutela no se pudo adelantar la notificación personal de la señora J., madre de J.A. y J.F., el despacho dispuso su emplazamiento, el cual se surtió de acuerdo con las formalidades previstas en el artículo 108 del Código General del Proceso. En particular, la publicación del edicto el día domingo 23 de abril de 2017 en un periódico de amplia circulación nacional[18] y la inclusión en el Registro Nacional de Personas Emplazadas[19].
Cumplidos los requisitos del emplazamiento, en auto de 11 de julio de 2017 se designó la curadora ad litem de la señora J., quien en memorial aportado el 28 de julio de 2017 solicitó que se conceda al accionante la pena sustitutiva de prisión domiciliaria en aras de obtener la protección de los derechos del niño J.F.. También fundó la petición en las condiciones de la señora Mercedes, ya que es una persona de la tercera edad en situación de discapacidad.
En efecto, la curadora destacó que su representada entregó la custodia de J.A. y J.F. al demandante, circunstancia que demuestra que está a cargo de la manutención, crianza y educación de sus dos hijos, y por ende debe otorgársele la pena sustitutiva.
En cumplimiento de la comisión decretada en el trámite de revisión, el 24 de marzo de 2017 el Juzgado Segundo de Familia de Ciudad Azulada adelantó inspección en la casa de los hijos del accionante, en la que se identificaron los siguientes factores positivos: (i) pese a no residir con su familia nuclear ni extensa, cuentan con la compañía de la señora M., quien ha ejercido su cuidado personal desde su nacimiento y con quien tienen lazos afectivos fuertes; (ii) las condiciones del lugar de habitación son adecuadas; (iii) J.A. es mayor de edad y no se encuentra vinculado al sistema educativo por falta de recursos; (iii) el niño J.F. tiene garantizado el derecho a la educación, pues cursa tercer grado en el colegio La Utopía; el derecho a la salud, ya que está vinculado como beneficiario en el régimen contributivo a la EPS Salud Total; el derecho de alimentos, el cual se cubre por la abuela paterna y el cuidado personal por parte de M., que es una persona ajena al vínculo filial, pero cercana a nivel afectivo.
Los factores de vulnerabilidad identificados en la inspección fueron: (i) la vulneración del derecho a tener una familia de J.F. como consecuencia del abandono de su madre y la reclusión en establecimiento penitenciario de su padre; (ii) a pesar del cuidado brindado por la señora Mercedes, los hijos del accionante requieren de su familia nuclear o extensa; y (iii) los integrantes de la familia materna y paterna carecen de compromiso afectivo constante, el cual se requiere para la satisfacción plena de los derechos del niño J.F..
El 23 de marzo de 2017, el Juzgado Segundo de Familia de Ciudad Azulada recibió la declaración de Mercedes, en la que indicó que inicialmente se hizo cargo de sus nietos, pero como consecuencia de la enfermedad artrósica que padece ha tenido dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. En concordancia con lo anterior, adujo que no puede asumir la custodia y el cuidado permanente de J.A. y J.F..
Asimismo precisó que (i) sus nietos viven con la señora M., quien los cuida desde que nacieron (ii) los visita una o dos veces por semana; (ii) J.F. estudia en el Colegio La Utopía, debido a que uno de los socios es el padrino y acordó con el accionante el pago de los gastos de matrícula y pensión cuando recobre la libertad; (iv) J.A. terminó hace dos años bachillerato, pero no ha podido entrar a la universidad por falta de recursos y ha sufrido afectación emocional por la ausencia de su padre, y (v) J. abandonó el hogar en el año 2014 y le dio la custodia de sus hijos al actor.
Finalmente, la señora M. señaló “quiero que se tenga en cuenta la situación de mis nietos para que se le pueda dar la prisión domiciliaria a mi hijo y pueda hacerse cargo de los niños. Que le den un permiso de trabajo. No más.”[21]
La Magistrada Cristina Pardo Schlesinger manifestó impedimento para decidir la acción de tutela de la referencia, el cual se declaró infundado por los magistrados I.H.E.M. y G.S.O.D. en auto de 30 de agosto de 2017[22].
- En sentencia dictada el 31 de agosto de 2015 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Ciudad Azulada, F. fue condenado a la pena de 54 meses de prisión y a la multa de 1.400 s.m.l.v. como responsable del delito de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En consecuencia, el sentenciado cumple la condena en mención en centro penitenciario.
- El 11 de noviembre de 2015, el accionante elevó solicitud ante el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada -encargado de la vigilancia del cumplimiento de la condena- para obtener la sustitución de la detención en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, petición que fundó en su condición de padre de cabeza de familia y en los requisitos previstos en los artículos 314 y 461 de la Ley 906 de 2004.
- En auto de 29 de marzo de 2016, el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada denegó la solicitud de prisión domiciliaria elevada por el actor.
En concordancia con esos requisitos consideró que, si bien se aportaron elementos de prueba que indican que F. es padre cabeza de familia, también se demostró que otros integrantes del núcleo familiar están en posibilidad de cuidar a sus hijos, ya que cuentan con su madre, quien tiene la obligación de asumir su protección integral, su abuela paterna les brinda todo lo necesario para su subsistencia y reciben los cuidados de la señora M., empleada doméstica de la familia desde hace varios años.
- El solicitante formuló recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, en el que cuestionó la falta de valoración de las pruebas aportadas que demuestran que (i) ostenta la custodia exclusiva de sus hijos; (ii) el arraigo familiar determinado en el informe psicológico y (iii) las dificultades que enfrenta la señora Mercedes para proveer el sustento de sus hijos, ya que es una persona de la tercera edad con pérdida de capacidad laboral del 76.9% y carece de un trabajo estable.
- El 8 de agosto de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Azulada confirmó el auto proferido por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad que denegó la sustitución de la prisión en establecimiento carcelario por domiciliaria.
En el análisis del caso concreto, el juez destacó que el peticionario probó ser padre de J.A. y J.F. y que, de acuerdo con el acta de conciliación celebrada el 6 de agosto de 2014 con J., estaba a cargo de la custodia de sus hijos. No obstante, la madre no se desligó por completo de sus obligaciones, pues precisó que es responsable de forma solidaria de la garantía y protección de sus hijos, y no está demostrada la imposibilidad física, económica o emocional que le impida responder por sus descendientes.
De otra parte, señaló que el informe de estudio socio familiar efectuado por la Comisaría de Familia precisó que la señora Mercedes, abuela paterna de J.A. y J.F., los apoya económicamente y provee los recursos para que durante su ausencia cuenten con el cuidado de la señora M., quien ha sido la empleada doméstica de la familia por mucho tiempo.
- F. formuló acción de tutela en contra de las decisiones proferidas por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, y solicitó como medida de restablecimiento de sus derechos que se revoque la decisión de segunda instancia y, en su lugar, se conceda la prisión domiciliaria.
- La Sala de Casación de Penal denegó el amparo del derecho al debido proceso del accionante, pues, a su juicio, las decisiones judiciales cuestionadas analizaron todos los elementos de prueba obrantes en el trámite y se fundaron en una argumentación razonable, conforme a las normas y parámetros jurisprudenciales aplicables al caso.
- La Sala de Casación Civil confirmó la decisión del a quo con base en similares consideraciones a las expuestas por el juez de primera instancia.
- Debido a que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene dos niveles de análisis -el primero que corresponde a los requisitos generales y un segundo nivel, que atiende a los requisitos específicos de procedibilidad de la acción contra decisiones judiciales- la Sala establecerá, de acuerdo con ese orden, si concurren dichos presupuestos para controvertir los autos proferidos el 29 de marzo de 2016, por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada y el 8 de agosto de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en los que se denegó la solicitud de prisión domiciliaria elevada por el actor.
- El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
- La sentencia C-590 de 2005[29] señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos específicos de procedibilidad.
- Según lo expuso la sentencia C-590 de 2005, los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, o sea, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
- Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales. En resumen, estos defectos son los siguientes:
- Desde sus inicios esta Corte estableció que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso concreto[34]. Por ello, determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio, la evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[35].
- La jurisprudencia constitucional estableció que el defecto fáctico se configura cuando: (i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; (iii) no se valora en su integridad el material probatorio, y (iv) las pruebas carecen de aptitud o de legalidad, por su inconducencia, o porque fueron recaudadas de forma inapropiada “caso último en el que deben ser consideradas como pruebas nulas de pleno derecho”[37].
- La cualificación del defecto fáctico implica que el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica bajo examen.[41] De tal suerte que:
- Adicionalmente, la parte actora tiene la carga de la prueba salvo excepciones, pues se trata de cuestionar “una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes.”[44]
- En síntesis, el defecto fáctico se puede presentar: (i) por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas; (ii) por la falta de valoración del acervo probatorio y (iii) por desconocimiento de las reglas de la sana crítica; le corresponde al accionante demostrarle al juez de tutela la forma en la que se produjo el yerro en cualquiera de las modalidades referidas y este debe tener incidencia directa en la decisión.
- El precedente se ha definido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo[45]. Dicha obligatoriedad atiende a razones de diversa índole que, como se verá, se complementan.
- La jurisprudencia constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para lo cual tomó como parámetro diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene como referente. El precedente horizontal hace referencia al respeto que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos dictados por las instancias superiores en cada jurisdicción, encargadas de unificar la jurisprudencia.
- El carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho de la jurisprudencia emanada de las altas cortes en sus respectivas jurisdicciones y de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento jurídico, está ampliamente reconocido. La sentencia C-816 de 2011[48] explicó que “la fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.” (N. fuera del texto)
- Como consecuencia de la obligatoriedad del precedente la jurisprudencia constitucional fijó parámetros que permiten determinar si en un caso resulta aplicable. La sentencia T-292 de 2006[49] estableció los siguientes criterios: (i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
- Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales encuentren cumplidos los tres criterios mencionados, tienen la posibilidad de apartarse de la jurisprudencia en vigor, siempre y cuando (i) hagan referencia al precedente que no van a aplicar y (ii) ofrezcan una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta del por qué se apartan de la regla jurisprudencial previa[50]. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la autonomía e independencia de que gozan los jueces.
- De manera que sólo cuando un juez se aísla de un precedente establecido y plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a la administración de justicia.
- Según dispone el artículo 4° de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” la pena cumple funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.
- En relación con la prisión domiciliaria, que corresponde a una pena sustitutiva, lo primero que hay que señalar es que el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 supeditó su otorgamiento al cumplimiento de presupuestos relacionados con el tipo de delito; el desempeño personal, laboral, familiar y social, y la garantía sobre la obligaciones que permitan la vigilancia de la pena y la reparación de las víctimas.
- De otra parte, el artículo 314 de la Ley 906 de 2004 regula la sustitución de la prisión preventiva por la del lugar de la residencia e indica que ésta procede cuando:
- De acuerdo con la regulación descrita, se advierte que la prisión domiciliaria corresponde a un sustituto de la pena o de la medida de aseguramiento de reclusión en establecimiento penitenciario y carcelario, el cual cambia el lugar de la privación de la libertad del centro de reclusión al lugar de residencia del imputado, acusado o sentenciado, según el caso. En atención a esas características, la jurisprudencia constitucional ha precisado que este mecanismo sustitutivo “no otorga la libertad de locomoción, pero si amplía su espectro”[54].
- El artículo 1º de la Ley 750 de 2002 "Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario" previó para las madres cabeza de familia la sustitución de la pena o medida de aseguramiento de prisión en establecimiento penitenciario por reclusión en el lugar de residencia o en el identificado por el juez, en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar.
- La causal de prisión domiciliaria prevista en la Ley 750 de 2002 se reprodujo en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal que reiteró como elemento determinante la condición de madre cabeza de familia y extendió el beneficio al padre que haga las mismas veces de aquella.
- La caracterización legal y jurisprudencial de la condición de madre cabeza de familia en armonía con el mandato especial de protección derivado del artículo 43 Superior, responde a condiciones sociales y culturales que le impusieron a la mujer un rol específico en relación con el hogar y la maternidad, y que tuvo como consecuencia en muchos casos la responsabilidad exclusiva del hogar y el sostenimiento de los hijos. Estas circunstancias provocaron diversas medidas de protección no sólo dirigidas a cumplir el mandato en mención sino también, y principalmente, a obtener la protección de los niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos dependían exclusivamente de la presencia y el rol de la mujer como cabeza de hogar.
- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoce la evolución jurisprudencial en relación con la comprensión de los requisitos necesarios para acceder a la prisión domiciliaria fundada en la condición de padre o madre cabeza de familia. En efecto, los pronunciamientos recientes aluden a esa modificación y a la fijación de un nuevo criterio jurisprudencial, y con base en éste determinan el alcance de la labor del juez cuando analiza la viabilidad de la pena sustitutiva[60].
- En concordancia con lo expuesto, la tesis actual de la Sala de Casación Penal es que el otorgamiento de la prisión domiciliaria como pena sustitutiva, fundada en la condición de padre o madre cabeza de familia, exige el análisis conjunto de las normas que rigen el sustituto, la valoración del interés superior de los menores de edad y la consideración de las circunstancias personales del procesado, relacionadas entre otras con los antecedentes y la naturaleza del delito. Esta tesis considera las finalidades de la pena, las cuales atienden a principios y valores constitucionales como la paz, la responsabilidad de los particulares y el acceso a la administración de justicia de todos los asociados.
- La Sala establecerá, a continuación, si concurren los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, a través del análisis de las decisiones que fueron cuestionadas por el actor y que denegaron la pena sustitutiva de prisión domiciliaria que solicitó. En particular: el auto proferido el 29 de marzo de 2016 por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada y el auto de 8 de agosto de 2016 emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
- En primer lugar, se cumple con el presupuesto de legitimación por activa, pues la solicitud de amparo se presentó por F., quién es el titular del derecho al debido proceso que, adujo, fue vulnerado como consecuencia de las decisiones cuestionadas.
- En segundo lugar, la cuestión objeto de debate es de evidente relevancia constitucional, ya que se discute la eventual afectación de los derechos fundamentales del accionante y de sus hijos, particularmente del derecho al debido proceso y a tener el cuidado de una familia.
- En tercer lugar, la tutela cumple con el requisito que consiste en haber agotado todos los mecanismos judiciales de defensa al alcance del afectado.
- En cuarto lugar, la acción de tutela fue interpuesta en un término razonable, presupuesto que atiende a la finalidad de este mecanismo para lograr la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
-En quinto lugar, el accionante identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos, así como las irregularidades que, estima, hacen procedente la acción de tutela. Los hechos están claramente detallados en el escrito de tutela y debidamente soportados en las pruebas documentales obrantes en el expediente.
- En sexto lugar, la acción de tutela no se dirigió contra un fallo de tutela. El demandante cuestionó: (i) el auto proferido el 29 de marzo de 2016 por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada y (ii) el auto de 8 de agosto de 2016 emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Azulada, en los que se denegó la pena sustitutiva solicitada por el accionante.
- Como quiera que en el presente caso concurren los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra las decisiones judiciales cuestionadas, pasa la Sala a determinar la configuración de los requisitos específicos de procedibilidad, que corresponden a los defectos identificados por el actor. En particular, el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente.
- El promotor del amparo adujo que las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron los elementos de prueba que evidenciaban:
(iv) la situación económica y de salud de la abuela paterna de J.A. y J.F., que evidencia que los esfuerzos que adelanta son insuficientes para garantizar los derechos de sus nietos.
- Establecidas las razones en la que se sustenta el defecto fáctico alegado por el actor pasa la Sala a determinar su configuración, de acuerdo con la caracterización efectuada por la jurisprudencia constitucional y que fue referida en los fundamentos jurídicos 20 a 25 de esta sentencia, en la que se descartan los reproches fundados en una valoración diferente de las pruebas o en errores sin incidencia determinante en la decisión.
- En relación con el auto proferido el 29 de marzo de 2016 por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada se advierte que el juez valoró el cumplimiento de las obligaciones del actor como padre de J.A. y J.F., pero en la ponderación de todas las circunstancias relevantes, tales como la concurrencia de otros miembros de la red familiar en la satisfacción de las obligaciones de aquéllos, el tipo de delito por el que fue condenado (concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes) y el momento en el que lo cometió (cuando ejercía la custodia exclusiva de sus hijos), no encontró acreditados los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
En efecto, a partir de los registros civiles de nacimiento de J.A. y J.F., y del acta de la conciliación celebrada el 6 de agosto de 2014 el juez tuvo por acreditada la condición de padre cabeza de familia de F. y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. En consecuencia, no se puede establecer la configuración de un defecto fáctico por la falta de valoración de esa circunstancia.
- En segundo lugar, el accionante adujo que no se valoró la afectación emocional sufrida por sus hijos, la cual, contrario a lo reprochado por el actor, contó con una consideración especial por parte del juez, pues señaló que “(…) la privación de la libertad de un miembro de la familia genera inconvenientes y traumatismos a nivel familiar y que los mismos son más sentidos a nivel de los padres, pero ello no resulta suficiente para conceder la prisión domiciliaria (…)”[64]
En consecuencia, la afectación emocional de J.A. y J.F. fue un aspecto analizado por el juez y frente al cual estimó necesaria la adopción de medidas dirigidas a mejorar la situación de aquellos para que obtuvieran el acompañamiento por parte de los otros miembros de su familia. Entonces, la Sala no advierte la omisión de una circunstancia relevante sino una percepción distinta de la misma y de las medidas que debían adoptarse, la cual no puede tener por configurado el defecto fáctico.
- En tercer lugar, el actor indicó que no se valoró la ausencia permanente de la madre de sus hijos que acreditó en el trámite.
El juez destacó la condición de padre cabeza de familia del accionante y valoró el acta de la conciliación celebrada el 6 de agosto de 2014 en la que J. le entregó la custodia de sus hijos. Sin embargo, consideró que la progenitora, a pesar de esa actuación, también se comprometió a asumir sus obligaciones en relación con sus hijos, las cuales tienen fundamento legal. El juez advirtió la circunstancia a la que alude el actor y consideró que motivaba la actuación del ICBF para que tomara las decisiones necesarias sobre la custodia, pero no bastaba para otorgar la pena sustitutiva.
En efecto, el juez denegó la prisión domiciliaria porque a pesar de las pruebas que demostraban que F. brindaba el apoyo económico, afectivo y emocional requerido por sus hijos: (i) cuentan con el respaldo de su abuela paterna y la empleada doméstica que los cuida desde su nacimiento, es decir que no están en una situación de abandono; (ii) la madre de J.A. y J.F. tiene la obligación de garantizar sus derechos y así lo reconoció en el acta de conciliación; (iii) la gravedad del delito cometido por el actor constituye un factor desestabilizante para sus hijos, y (iv) el delito se cometió por el accionante cuando tenía la custodia exclusiva.
- Finalmente, el promotor de la acción señaló que el juez de ejecución de penas no valoró las dificultades de salud que enfrenta la señora Mercedes y, por ende, la insuficiencia de la protección que le brinda a sus nietos.
“(…) los hijos del interno se encuentran bajo el cuidado de la señora Mercedes, progenitora del sentenciado, con lo cual se advierte, al igual que se indicara en el informe de visita social del 9 de octubre de 2015, realizada por la Trabajadora Social de la Comisaría Segunda de esta ciudad (fol. 36-40) y el efectuado el 30 de diciembre de 2015 por el Trabajador del Centro de Servicio de Administrativos de estos juzgados (fol.91-93), que los menores cuentan con otro familiar que les brinda protección, en efecto, su abuela paterna, pese a su condición de salud, labora como docente, les proporciona los cuidados necesarios y les provee de lo requerido para su subsistencia aunado a que cuentan con el cuidado de la señora M., empleada doméstica de la familia hace varios años con quien conviven (…)”[67]
En consecuencia, contrario a lo señalado por el accionante, el juez tuvo en cuenta las dificultades de salud de la abuela paterna de J.A. y J.F., y destacó que a pesar de ello en el trámite se demostró que brinda el apoyo requerido para la satisfacción de sus necesidades. En efecto, en atención al carácter excepcional de la pena sustitutiva y a los condicionamientos legales y jurisprudenciales para su otorgamiento, el juez examinó la red familiar y la situación de los niños, y comprobó que la reclusión del actor generaba en sus hijos las afectaciones propias de la privación de la libertad de un familiar, pero no provocó una situación de abandono físico o emocional, ya que están al cuidado de su abuela paterna.
- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Azulada indicó, en el auto proferido el 8 de agosto de 2016, que la situación deseable es que todos los menores de edad estén bajo el cuidado de sus progenitores, pero, ante la comisión de un delito por parte de estos, la pena sustitutiva sólo procede cuando la reclusión del padre o la madre cabeza de familia en centro penitenciario provoque una situación de abandono.
Establecidos los condicionamientos de la pena sustitutiva, la Sala destacó, en relación con los hechos en los que se fundó la solicitud, que J.A. es mayor de edad y que si bien en el acta de conciliación aportada, J. otorgó la custodia exclusiva de sus hijos al actor, también se comprometió a asumir las obligaciones para su protección, manifestación que no evidencia la imposibilidad de atenderlos de manera integral.
Para el juez de segunda instancia, la condición de padre cabeza de familia, de acuerdo con los criterios legales y jurisprudenciales, no se acreditó en el trámite, ya que se comprobó que otros miembros del núcleo familiar concurren en la protección y garantía de sus hijos. En particular, destacó que además de las obligaciones que tiene la madre de J.A. y J.F., se demostró que la señora Mercedes satisface las necesidades de los hijos del actor y, en su ausencia, cuentan con los cuidados de la señora M., empleada doméstica de la familia durante mucho tiempo.
Las consideraciones expuestas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ciudad Azulada evidencian que, contrario a lo planteado por el actor, la condición de padre cabeza de familia como requisito para el otorgamiento de la prisión domiciliaria no se acreditó por la concurrencia de otros miembros de la red familiar en la protección de sus hijos. En consecuencia, los elementos de prueba que demostraban que F. asumió su protección integral no tienen una incidencia determinante en la decisión, pues el juez no cuestionó los cuidados que le brindó a sus hijos sino que consideró que, en su situación de reclusión, existen otros miembros del núcleo familiar que les brindan los cuidados que necesitan.
- De otra parte, el actor cuestionó la falta de valoración de las pruebas que demuestran la afectación emocional sufrida por sus hijos.
Las mismas consideraciones son pertinentes en relación con las otras circunstancias que, a juicio del accionante, fueron desconocidas, es decir la ausencia de la madre de J.A. y J.F. y las dificultades de salud de la señora Mercedes, pues el asunto determinante para conceder la pena sustitutiva era la verificación del abandono de los hijos del actor. Esa situación fue descartada por el juez cuando advirtió que cuentan con el apoyo de su abuela paterna y los cuidados de la persona que los acompaña desde hace muchos años, y no se demostró la imposibilidad de que la señora J. asuma las obligaciones legales que tiene con sus hijos.
- Las decisiones judiciales en contra de las que se formuló la acción de tutela reconocieron la evolución jurisprudencial en relación con la interpretación de los requisitos para el otorgamiento de la prisión domiciliaria como pena sustitutiva de la reclusión en establecimiento penitenciario y coincidieron, de acuerdo con el criterio vigente, en que dicho sustituto, fundado en la calidad de padre o madre cabeza de familia exige, además de la verificación de esa condición, la evaluación de otras circunstancias como la naturaleza del delito, la finalidad de la pena y los antecedentes penales.
El juez de primera instancia, además de la verificación de las condiciones de J.A. y J.F. de las que no advirtió una situación de vulneración de sus derechos, consideró que la pena sustitutiva también era improcedente como consecuencia de los delitos por los que fue condenado el actor -concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes- y el hecho de que los cometió cuando tenía la custodia exclusiva de sus hijos.
- Así las cosas, como quiera que la configuración del defecto fáctico sólo procede como consecuencia de un error en el juicio valorativo de las pruebas ostensible, flagrante y manifiesto con incidencia directa en la decisión no se advierte la configuración de la causal específica de procedibilidad en mención.
- El promotor de la acción de tutela adujo que las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron el precedente sentado en las sentencias T-705 de 2013 proferida por la Sala Sexta de Revisión y del 14 de mayo de 2013 de la Sala de Casación Penal (radicación 66744), en las que se resolvieron casos con circunstancias similares a las suyas y se concedió la prisión domiciliaria.
- Las circunstancias analizadas en las sentencias identificadas por el actor no son equiparables a las estudiadas en las providencias judiciales a las que les atribuye el defecto de desconocimiento del precedente.
Por una parte, en el caso analizado por la Sala Sexta de Revisión se verificó el riesgo en el que se encontraban los derechos de niños que estaban en la primera infancia, ya que enfrentaban graves dificultades de salud, sociales y económicas que no son asimilables a las condiciones de los hijos del actor, J.A., mayor de edad, y J.F. de 8 años, quienes no enfrentan amenazas sobre sus derechos fundamentales. De otra parte, en el caso estudiado por la Sala de Casación Penal se acreditó el riesgo que corrían los menores de edad al estar al cuidado de su madre, por serios problemas de salud y emocionales que ella padecía.
- Finalmente, el accionante enumeró las siguientes circunstancias que a su juicio son suficientes para el otorgamiento de la prisión domiciliaria: (i) no cuenta con antecedentes penales previos al delito por el cual fue condenado; (ii) ha tenido buena conducta en el lugar de reclusión, en el que además ha desempeñado labores de enseñanza; (iii) no hay riesgo de fuga, ya que cumplió más de la mitad de la condena, tiene arraigo familiar y un proyecto de vida prestablecido, pues trabajaba como técnico aeronáutico y adelantaba 6º semestre de la carrera de derecho; (iv) está de por medio el interés superior de sus hijos, y (v) está probada la situación de indefensión de J.A. y J.F. y la afectación de sus derechos como consecuencia de “la ausencia de figuras paternas”[69].
En efecto, como se evidenció en el análisis del defecto fáctico, los jueces valoraron la situación de J.A., mayor de edad, y J.F., de 8 años, y concluyeron que otras personas del núcleo familiar garantizan la satisfacción de sus necesidades básicas, razón por la que no se torna imperioso el mecanismo sustitutivo. Asimismo, consideraron las obligaciones legales de J., la gravedad de los delitos por los que fue condenado el actor, y que los cometió cuando ejercía la custodia exclusiva de sus hijos.
La argumentación en la que se fundamentó la denegación de la prisión domiciliaria no evidencia el desconocimiento del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ni la vulneración del derecho del debido proceso del actor. Por el contrario, la actividad de los jueces tuvo como eje principal el interés superior de J.F. y con base en este analizaron los requisitos legales pertinentes, consideraron la interpretación que la jurisprudencia ha hecho de estos y valoraron los elementos de prueba aportados para sustentar la solicitud.
En efecto, los elementos de prueba aportados por el actor demostraron que, a pesar de los cuidados, apoyo y recursos brindados a sus hijos, en su ausencia existen otros miembros de la red familiar que satisfacen las necesidades afectivas, emocionales y materiales de J.A. y J.F.. La constatación de otras personas que concurren en la protección de los hijos del demandante descarta su condición de padre cabeza de familia, de acuerdo con el concepto establecido para el otorgamiento de la prisión domiciliaria, en el cual el elemento determinante es el ejercicio exclusivo de todas las cargas en relación con los hijos y, en consecuencia, la situación de abandono que para aquellos genera la ausencia del único miembro de la red familiar que les brinda la protección que requieren.
Asimismo, los elementos de prueba recaudados en sede de tutela, en particular el informe rendido por equipo psicosocial de la Defensoría de Familia del ICBF Regional La Esperanza y la inspección adelantada por el Juzgado Segundo de Familia de Ciudad Azulada, corroboran las conclusiones a las que arribaron los jueces, pues evidencian que las necesidades básicas de J.F., de 8 años, y J.A., mayor de edad, están satisfechas como consecuencia de los cuidados brindados por su madre, quién no se ha desligado por completo de sus deberes, su abuela paterna, que asume la mayor carga en relación con la satisfacción de sus necesidades y la señora M., quien los cuida desde su nacimiento.
- Con fundamento en lo expuesto previamente, la Sala concluye que los autos cuestionados, proferidos el 29 de marzo y 8 de agosto de 2016, no incurrieron en las causales específicas de procedibilidad alegadas por el accionante, es decir los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.
-A pesar de que la Sala no encontró probados defectos de las decisiones judiciales que denegaron la prisión domiciliaria solicitada por F., en atención al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y habida cuenta de las facultades ultra y extra petita con las que cuenta el juez de tutela para la protección de los derechos fundamentales analizará la situación del niño J.F., en aras de establecer la necesidad de medidas urgentes de protección.
Es necesario aclarar que las consideraciones que adelante la Sala en este acápite (i) no están dirigidas a establecer la viabilidad de la prisión domiciliaria, pues este fue un asunto determinado por los jueces competentes en las decisiones cuestionadas, las cuales fueron analizadas previamente y frente a las que no se advirtió la configuración de defectos, y (ii) no relevan la valoración que deben adelantar las autoridades de familia en el ejercicio de sus competencias. En efecto, el análisis de la situación de J.F. sólo está dirigido a establecer si en esta sede resulta imperiosa la adopción de medidas para la protección inmediata de sus derechos.
- Efectuadas esas precisiones, debe resaltarse que desde la primera actuación judicial, relacionada con la solicitud de prisión domiciliaria elevada por el actor, las autoridades judiciales se preocuparon por determinar la situación de los derechos de los hijos del accionante y adelantar las actuaciones necesarias para su protección.
En efecto, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada evaluó las circunstancias de los hijos del accionante y no evidenció condiciones de abandono o de grave afectación de sus derechos, razón por la que consideró improcedente la pena sustitutiva. Sin embargo, le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emprender las gestiones necesarias para establecer la custodia del niño J.F..
Asimismo, la Sala expresó su preocupación sobre el cumplimiento de las obligaciones del ICBF, ya que en su respuesta supeditó el ejercicio de sus deberes legales, particularmente la importante función de protección y garantía de los derechos de J.F. a las actuaciones del trámite de tutela, las que si bien están relacionadas con los intereses de aquel no limitan, condicionan o suspenden las competencias de dicha autoridad, cuya actuación resulta imperiosa y urgente en atención a los derechos involucrados y a la prevalencia de los intereses de los niños, niñas y adolescentes.
En consecuencia, requirió a la entidad solicitante para que, a través de la defensoría competente[70], cumpliera las funciones que le fueron asignadas legalmente y le otorgó el término de diez días para rendir un informe sobre las actuaciones orientadas a determinar la amenaza o afectación de los derechos del niño. Asimismo, se solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, hiciera seguimiento a las medidas que se adoptaran en el curso del trámite de tutela por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional La Esperanza- para la verificación y restablecimiento de los derechos de J.F..
- Como respuesta a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el 8 de abril de 2017 la Jefa de la Oficina Jurídica del ICBF remitió informe sobre la gestión adelantada para determinar la posible amenaza o afectación de los derechos de J.F. en el que se verificaron varias circunstancias relevantes. De las indagaciones realizadas en el colegio en el que estudia el niño se advirtió que: (i) la señora J. es su acudiente, asiste a las reuniones y recibe los informes -la última reunión a la que asistió fue el 24 de marzo de 2017- y (ii) el niño tiene garantizado el derecho a la educación, presenta buen rendimiento académico y comportamiento adecuado.
Asimismo, el ICBF remitió los informes rendidos por el equipo psicosocial (psicóloga y trabajadora social), quienes visitaron el lugar de residencia del niño, lo entrevistaron y evaluaron su entorno familiar. En el informe rendido por la psicóloga informó que J.F.: (i) tiene fuertes lazos afectivos con su papá, hermano mayor y niñera; (ii) cuenta con todos los derechos básicos garantizados como identidad, salud y colegio; pero se encuentra vulnerado el derecho a la custodia debido a que su padre se encuentra privado de la libertad; (iii) no ha sufrido ningún tipo de maltrato físico, verbal o negligencia, y (iv) cuenta con un entorno habitacional adecuado para su desarrollo.
Por su parte, la trabajadora social expuso las siguientes conclusiones: (i) a nivel afectivo y de red vincular existe una adecuada relación entre los miembros de la familia; (ii) el núcleo familiar está comprometido con el cuidado y protección del niño; (iii) los recursos son suficientes para el cubrimiento de las necesidades básicas de la familia; (iv) la dinámica socio familiar, las características motivacionales y relacionales antecedentes y presentes en el grupo familiar son favorables; (v) existe interés por parte de los cuidadores de J.F. de velar por su bienestar, y (vi) las condiciones son favorables para el desarrollo y formación integral del niño. En atención a esas consideraciones, la trabajadora social advirtió que en el hogar de J.F. “no se evidencian factores de riesgo que comprometan su adecuado desarrollo e integridad sin embargo no existen figuras ni paterna ni materna”[71], razón por la que sugirió que el Defensor de Familia intervenga para establecer la custodia.
De otra parte, la Magistrada sustanciadora comisionó al Juzgado Segundo de Familia de Ciudad Azulada para que adelantara una inspección judicial en el domicilio de los hijos del accionante, autoridad que identificó los siguientes factores positivos : (i) pese a no residir con su familia nuclear ni extensa, J.A. y J.F. cuentan con la compañía de la señora M., quien ha ejercido su cuidado personal desde su nacimiento y con quien tienen lazos afectivos fuertes; (ii) las condiciones del lugar de habitación son adecuadas; (iii) J.A. es mayor de edad y no se encuentra vinculado al sistema educativo por falta de recursos; (iv) el niño J.F. tiene garantizados los derechos a la educación, a la salud y de alimentos que se cubren por la abuela paterna, y el cuidado personal por parte de M., que es una persona ajena al vínculo filial, pero cercana a nivel afectivo.
Los factores de vulnerabilidad identificados en la inspección fueron: (i) la vulneración del derecho a tener una familia de J.F. como consecuencia del abandono de su madre y reclusión en establecimiento penitenciario de su padre; (ii) a pesar del cuidado brindado por la señora M., la necesidad de mayor presencia de la familia nuclear o extensa; y (iii) los integrantes de la familia materna y paterna carecen de compromiso afectivo constante, el cual se requiere para la satisfacción plena de los derechos del niño J.F..
Los informes rendidos por la psicóloga y por la trabajadora social evidencian que los derechos a la salud, educación, vivienda digna, de alimentos y las necesidades afectivas del niño están satisfechas como consecuencia del acompañamiento brindado por su abuela paterna, su hermano mayor de edad y la señora M., quien lo cuida desde su nacimiento. Asimismo, la Sala advierte que a pesar de que se refirió de forma constante la ausencia permanente de la madre de J.F., la información suministrada por el Colegio La Utopía evidencia que ella no está completamente desvinculada del cuidado de su hijo, ya que ejerce su rol como acudiente en uno de los ámbitos relevantes para el niño, y en el informe de la trabajadora social se indicó que “lo visita en ocasiones 1 o 2 veces al mes, tiene comunicación vía telefónica y responde medianamente por la cuota de alimentos, ya que no cuenta con una estabilidad laboral”[72]
- Aunque la Sala no desconoce el impacto que genera en los niños, niñas y adolescentes la ausencia de sus padres, y la afectación emocional que padece J.F. derivada de la reclusión en el establecimiento carcelario de su progenitor, las acciones emprendidas por otros miembros de la red familiar (abuela paterna, hermano mayor, madre y niñera), han contribuido a la satisfacción de sus derechos y necesidades básicas, razón por la que no se tomarán medidas urgentes de protección, pero se conminará al Defensor de Familia para que adelante las actuaciones correspondientes en relación con la custodia, actuación que se ordenó desde el 26 de marzo de 2016 por el Juzgado 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ciudad Azulada y se sugirió, de forma reciente, por el comité psicosocial del ICBF.
- De acuerdo con el artículo 23 del Código de la Infancia y la Adolescencia[73] la custodia está íntimamente relacionada con el cuidado personal. En este caso es evidente que el accionante, por sus condiciones de reclusión en establecimiento carcelario, no puede ejercer dicho cuidado de forma adecuada, pero la Sala constata la existencia de una red familiar. Con base en estos hechos, se considera pertinente que el defensor de familia, de acuerdo con las funciones asignadas en el artículo 82 ibídem[74], analice las circunstancias de J.F., emprenda el procedimiento de restablecimiento de derechos en el que evalúe nuevamente su situación, identifique a los miembros de la familia que pueden asumir su custodia provisional y tome las medidas de protección que considere pertinentes[75].
- En el presente caso no se advirtió una situación de afectación de los derechos fundamentales del niño y se comprobó la satisfacción de sus necesidades básicas, incluidas las afectivas, como consecuencia de las actuaciones de su red familiar (integrada por su madre, abuela paterna y hermano mayor). Sin embargo, la situación de reclusión del actor genera dudas sobre el ejercicio adecuado de la custodia del menor de edad por parte de sus familiares, los primeros llamados a atenderlo[79].
Así las cosas, con base en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y advertida una omisión en relación con la valoración integral de la custodia de J.F., de la que no se advierte prima facie la afectación de sus derechos fundamentales, la Sala considera necesario que las autoridades de familia evalúen dicha circunstancia y emitan las órdenes que consideren necesarias, en el marco de sus competencias, para garantizar la protección del niño, en las que determinen oportunidad, conducencia y conveniencia de la medida, y prioricen la permanencia con su núcleo familiar. Tras un nuevo análisis de la situación se podrá establecer, por ejemplo, que la medida más adecuada es la permanencia de la custodia en cabeza del padre y el otorgamiento formal del cuidado personal a otro miembro de la red familiar, o la concesión de la custodia provisional a un miembro de la familia.
- En síntesis, en el presente caso no se demostraron las exigencias para el otorgamiento de la prisión domiciliaria solicitada por el actor, debido a que, tal y como lo indicaron las decisiones judiciales cuestionadas, su situación de reclusión no generó una situación de abandono para su hijo menor de edad, ya que otros miembros del núcleo familiar le proveen los cuidados necesarios y satisfacen sus necesidades básicas. En particular, la Sala comprobó que las condiciones sociales, familiares, económicas, educativas y afectivas de J.F. no evidencian una amenaza sobre sus derechos fundamentales, pero advirtió que no se han adoptado medidas formales en relación con su custodia provisional, razón por la que se requerirá a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional La Esperanza Centro Zonal La Paz para que, en ejercicio de sus competencias, evalúe las circunstancias relacionadas con la custodia del niño y adopte las medidas de protección que considere necesarias.
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente el fallo de tutela emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de diciembre de 2016, que confirmó la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2016 por la Sala de Casación Penal de esa Corporación, en el proceso de tutela promovido por F. contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Azulada y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.
SEGUNDO: REQUERIR a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional La Esperanza Centro Zonal La Paz, para que analice las circunstancias del niño J.F. y adopte las medidas que estime pertinentes en relación con la custodia y el cuidado personal del niño, en las que priorice la permanencia en su núcleo familiar.
TERCERO: SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación que, en ejercicio de sus competencias constitucionales, acompañe y le haga seguimiento al cumplimiento de la orden emitida en esta sede relacionada con la custodia del niño J.F..
[6] M.P.J.Z.O..
[7] Citó la sentencia 66744 del 14 de mayo de mayo de 2013 M.P.J.Z.O..
[9] M.P.M.G.M.C..
[17] F. 157, cuaderno 3.
[20] F. 250, cuaderno 3.
[22] En folio 259 del cuaderno 3 obra la manifestación de impedimento de la Magistrada C.P.S..
[25] M.P.J.Z.O..
[27] Ver sentencia T-283 de 2013; M.P.J.I.P.C..
[28] Al respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P.L.E.V..
[30] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P.E.C.M.): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
[31] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P.M.J.C.E.): “(…) opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”
[32] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P.M.V.S.M.): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[33] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.M.P.M.J.C.E..
[34] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M.P.E.C.M., determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[35] Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M.P.E.C.M.; T-442 de 1994, M.P.A.B.C.; T-008 de 1998, M.P.E.C.M.; T-025 de 2001, M.P.E.M.L.; SU-159 de 2002, M.P.M.J.C.E.; T-109 de 2005, M.P.M.G.M.C.; T-264 de 2009, M.P.L.E.V.S.; T-114 de 2010, M.P.M.G.C., SU-198 de 2013, M.P.L.E.V.S.. En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio”.(negrita fuera del texto original).
[36] Ver sentencia T-442 de 1994, M.P.A.M.C.. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.”
[37] Sentencia SU-489 de 2016. M.P.G.E.M.M..
[40] SU-198 de 2013, precitada, y T-636 de 2006, M.P.C.I.V.H..
[41] T-310 de 2009, M.P.L.E.V.S..
[42] Sentencia SU-447 de 2011, M.P.M.G.C., citada por la sentencia T-213 de 2012, M.P.L.E.V..
[43] M.P.G.E.M.M..
[44] Sentencia T-230 de 2007, M.P.J.C.T..
[45] Cfr., sobre la definición de precedente, las sentencias T-292 de 2006, M.P.M.J.C.E., SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M.P.A.M.C..
[46] Sentencia C-634 de 2011, M.P.L.E.V.S..
[47] Cfr. T-292 de 2006, M.P.M.J.C.E.: “En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable.”
[48] MP M.G.C.. Cfr. 5.4.2. Fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las jurisdicciones -jurisprudencia constitucional-.
[49] Reiterada en muchas oportunidades. Cfr., T-794 de 2011, M.P.J.I.P.P., T-1033 de 2012, M.P.M.G.C. y T-285 de 2013, M.P.J.I.P.C., entre otras.
[50] Cfr., T-082 de 2011, M.P.J.I.P.C., T-794 de 2011, M.P.J.I.P.P. y C-634 de 2011, M.P.L.E.V.S.. En esta última, dicho en otras palabras se explica: “La Corte también refirió al grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes. Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del stare decisis.”
[54] Sentencia T-265 de 2017 M.P.A.R.R..
[56] Sentencia SU-388 de 2005. M.P.C.I.V.H..
[59] M.P.J.A.R..
[60] Sentencia de 31 de mayo de 2017. Radicación 46277. M.P.P.S.C..
[63] Radicación 35943. M.P.J.E.S.S..
[65] Certificado emitido por médico psiquiatra y psicoterapeuta en el que indica que J.A. sufre cambios en su estado de ánimo derivados de un factor de estrés familiar, principalmente por enterarse que su padre tiene dificultades con la justicia. “El cuadro descrito por el paciente está enmarcado en la actualidad como un proceso de duelo con alto riesgo de evolucionar a un cuadro depresivo mayor. El paciente en el momento no requiere a mi criterio tratamiento de tipo farmacológico, pero si un seguimiento y manejo de tipo psicoterapéutico (…)” folio 52, cuaderno 1.
Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes.
[76] Sentencia T-557 de 2011. M.P.M.V.C.C..
[77] Sentencia T-387 de 2016. M.P.G.S.O.D..
[78] Sentencias T-572 de 2009, M.P.H.A.S.P.; T-671 de 2010, M.P.J.I.P.C., T-502 de julio de 2011, M.P.J.I.P.C., T-580ª de 2011, M.P.M.G.C. y T-387 de 2016 M.P.G.S.O.D..
P. contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal.
F., orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.
A. de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación económica.
Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social.”
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 68653 de 21 de Septiembre de 2016
Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS nº T 93005 de 3 de Agosto de 2017

References: artículo 314
 artículo 108
 artículo 86
 artículo 4
 artículo 38
 artículo 314
 artículo 1
 artículo 314
 artículo 43
 artículo 23
 artículo 82
e contrario