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Timestamp: 2020-08-07 21:22:30+00:00

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Coronavirus Archives - Gómez-Pinzón Abogados
by GP-admin26 marzo, 2020 COVID190 comments
COVID-19 y contratación estatal
La contratación estatal no es ajena a los efectos del COVID-19 a continuación, se presentarán las normas adoptadas:
Medidas transitorias aplicables a procesos de selección
Mediante el Decreto 440 de 2020, se adoptaron algunas medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la declaración de pandemia del COVID-19:
Las audiencias públicas de procesos de selección y de procesos sancionatorios se podrán realizar a través de medios electrónicos.
Las entidades estatales podrán suspender los procesos de selección y revocar los actos administrativos de apertura.
Con ocasión de la adquisición de bienes de condiciones uniformes, las entidades públicas preferirán la compra por catálogos derivados de Acuerdos Marco de Precios y, en general, los mecanismos de agregación de la demanda, incluyendo compras a almacenes de grandes superficies.
Cuando se presenten situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden situaciones inmediatas, la ley[1] prevé la posibilidad de contratar directamente bienes o servicios. Para ello las entidades públicas deberán justificar dicha contratación mediante la declaratoria de urgencia manifiesta.
Frente al COVID-19 estas entidades pueden acudir a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 417 de 2020), y en particular a lo dispuesto en el Decreto 440 de 2020[2], para con base en ellos justificar las mencionadas declaratorias de urgencia manifiesta.
Medidas transitorias aplicables a contratos en ejecución
Mediante el mencionado Decreto 440 de 2020, se adoptaron las siguientes medidas de urgencia aplicables a contratos estatales en ejecución:
Todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, podrán adicionarse sin limitación al valor; esto es, sin limitación del 50% del valor inicial del respectivo contrato.
El pago a contratistas, durante el estado de emergencia, se deberá realizar a través de medios electrónicos.
La fuerza mayor está definida en el Código Civil[3] como “el imprevisto o que no es posible resistir”. En materia de contratación pública se ha distinguido la fuerza mayor como un hecho externo a la actividad del contrato y, el caso fortuito, como un evento inherente a la actividad del contrato con causas desconocidas y consecuencias imprevisibles. Por esta razón, se ha entendido que la fuerza mayor constituye un evento de exoneración de responsabilidad, mientras que el caso fortuito no tiene dicha potencialidad. [4]
Existen tres características que deben ser identificados al momento de alegar la fuerza mayor, a saber, el evento debe ser imprevisible, irresistible y ajeno a la voluntad del contratista: “imprevisible, es decir, que razonablemente no se hubiera podido prever su ocurrencia; irresistible e inevitable; es decir, que no se hubiera podido evitar previamente o atenuar las consecuencias nocivas de su producción; y debe ser totalmente ajeno a la voluntad y actividad del deudor”.[5]
Por tanto, corresponderá al contratista en cada caso verificar e identificar si la actual pandemia del COVID-19 o sus efectos directos o indirectos constituyen un evento de fuerza mayor, el cual constituye un evento de exoneración de responsabilidad del contratista.
Pasos para identificar si el COVID-19 y/o sus efectos son eventos de fuerza mayor en un contrato estatal
Identificar el hecho generador: Es indispensable que el contratista identifique cuál es el hecho generador que está afectando el cumplimiento de las obligaciones y verificar que se trate de un hecho imprevisible, irresistible y ajeno a la voluntad del contratista.
Carga probatoria del contratista:
Es responsabilidad del contratista identificar y probar en qué medida el hecho generador (COVID-19 o sus efectos directos o indirectos) está afectando las obligaciones del contrato.
Corresponde al contratista identificar la obligación y probar como su ejecución es de imposible cumplimiento.
Procedimiento Contractual
Es indispensable verificar el procedimiento específico de cada contrato.
El contratista deberá ser muy riguroso con el procedimiento allí previsto dar aplicación al mismo desde el momento de solicitar la declaratoria de un evento de fuerza mayor hasta la superación de este.
La ocurrencia de un evento de fuerza mayor tiene como efecto la exoneración de responsabilidad al contratista.
Algunos contratos prevén la posibilidad de suspender las obligaciones total o parcialmente, por un plazo determinado o sujeto a una condición específica.
Se debe verificar (i.e. matriz contractual) cuál es la parte que debe soportar los efectos adversos de la Fuerza Mayor.
[1] Ley 80 de 1993. Artículo 42 y Ley 1150 de 2007. Artículo 2.
[2] Decreto 440 de 2020. Artículo 7: “se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades públicas (…), con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19”.
[3] Código Civil. Artículo 64.
[4][4] Debe distinguirse la exoneración de responsabilidad de la parte contractual que debe soportar los efectos de la fuerza mayor. En el primer caso, se trata de la imposibilidad de cumplir en el caso concreto, mientras que en el segundo caso debe acudirse a la distribución contractual de riesgos. De esta forma, la posibilidad de suspender la ejecución de un contrato u obligación no necesariamente habilita al contratista para recibir una indemnización de su contratante.
[5] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 8 de febrero de 2017. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Rad No. 54614.
by GP-admin19 marzo, 2020 COVID190 comments
Movilidad/ Transporte
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Implementación de los Decretos 457 y 482 de 2020 por parte del Ministerio de Transporte
Mediante la Circular Externa No. 20201010125131 del 2 de abril de 2020, el Ministerio de Transporte le da un alcance a la implementación de los Decretos 457 y 482 de 2020. En específico, menciona lo siguiente:
Servicio de transporte de carga: el transporte de carga en territorio nacional debe ser garantizado, pero la actividad solo puede ser desarrollada para:
El transporte de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección, aseo personal y dispositivos de salud,
El transporte de insumos y bienes de primera necesidad (alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo y limpieza), de alimentos y medicinas para mascotas, y demás elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria,
El transporte de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos, y alimentos y medicina para animales, y
El transporte de insumos y suministros para la producción, abastecimiento, importación y exportación de hidrocarburos y minerales.
Además se podrán transportar los equipos e insumos necesarios para el mantenimiento de los vehículos que prestan este servicio.
Finalmente, el transporte de mercancía destinada a importación o exportación está permitido.
Servicio de transporte urbano masivo de pasajeros: este servicio se seguirá prestando, pero la oferta del mismo no podrá ser superior al 50% de la oferta máxima de un sistema particular.
Servicio de transporte urbano (taxi): este servicio se seguirá prestando, pero siempre que sea solicitado por medio de plataforma digital o teléfono, y únicamente cuando el pasajero cumpla con las excepciones del decreto 457 de 2020.
Servicio de transporte de pasajeros por carretera: este servicio se seguirá prestando, pero se reduce la oferta hasta un máximo del 50% de la capacidad autorizada en cada ruta. Las terminales de transporte seguirán operando, así sea de manera remota por falta de pasajeros. Si estas dejan de operar por falta de oferta de las empresas de transporte, las terminales no serán sancionadas.
Servicio de transporte fluvial: se seguirá prestando, de acuerdo a las limitaciones del Decreto 457 de 2020.
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Creación del Centro de Logística y Transporte
Mediante el Decreto 482 del 26 de marzo de 2020, el Presidente de la República toma las siguientes decisiones:
Crear el Centro de Logística y Transporte, cuya función será asegurar que se pueda continuar con la prestación del servicio público de transporte durante la duración de la crisis. Para esto, podrá expedir normas y adoptar decisiones que le permitan asegurar una respuesta coordinada que garantice la prestación del servicio con las medidas de seguridad requeridas.
Adicionalmente, se toman las siguientes decisiones con respecto al servicio público de transporte:
Transporte de pasajeros: se seguirá prestando el servicio de transporte intermunicipal de pasajeros, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 457 de 2020, y se decreta una reducción del 50% en la oferta. El transporte masivo al interior de las ciudades también se asegura, y se decreta una reducción del 50% en la oferta. El transporte en taxis se asegura, pero solo por teléfono o plataforma digital.
Transporte de carga: se debe garantizar la prestación de este servicio siempre que sea necesario para combatir la emergencia del COVID-19. Los contratos para sinergias logísticas eficientes que apruebe el Centro de Logística y Transporte tendrán como vigencia máxima las fechas en que termine la emergencia por el COVID-19.
Organismos de apoyo al tránsito: todas las actividades de estos organismos (expedición de licencias, revisiones técnico-mecánicas, etc) quedan suspendidas.
Operación de transporte: los documentos que soporten la operación de transporte, tanto de carga como de pasajeros, podrán ser transmitidos y portados en medios digitales. Se dispondrán puntos en las vías nacionales para acompañar y examinar a los transportadores de pasajeros y de carga.
Peajes: Se suspende el cobro de peajes para vehículos que realicen actividades contenidas en el Decreto 457 de 2020 y en el Decreto 482 de 2020.
Por último, se toman medidas económicas derivadas de la declaración de la emergencia por el COVID-19:
Industria aeronáutica: se toman medidas para aliviar la difícil situación económica de esta industria. Por ejemplo, se suspenden los cobros por uso de la infraestructura aeroportuaria, se suspenden las restricciones de horario de tipo ambiental, se suspenden los pagos a la Aeronáutica Civil, entre otros.
Concesiones e infraestructura: se podrá ordenar la suspensión de cualquier infraestructura de transporte público, según lo determine el Centro de Logística y Transporte. Se permitirá la continuidad de los proyectos de construcción de infraestructura, de acuerdo con lo que determine el Centro de Logística y Transporte. Igualmente podrán modificarse o suspenderse los contratos de infraestructura de transporte, siempre que sea para enfrentar la emergencia del COVID-19. Se podrán ampliar los plazos de las concesiones portuarias, por el tiempo que se estime necesario. Se autoriza extraordinariamente a los puertos privados para atender las operaciones de carga que tengan como propósito garantizar el abastecimiento de bienes de primera necesidad.
Resoluciones sobre movilidad en la Sabana de Bogotá
Compartimos las resoluciones que regulan la movilidad en la Sabana de Bogotá en el marco del COVID-19. Haga clic aquí para consultar el listado.
COVID-19 y la infraestructura de transporte
El pasado 17 de marzo de 2020 el Presidente de la República, a través del Decreto 417 de 2020, declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Una declaratoria de pandemia tiene infinidad de implicaciones, lo primero que se viene a la mente son los impactos en la salud pública, las clínicas y hospitales, y la población más vulnerable. Si a esto se le suman las decisiones de todos los gobiernos alrededor del mundo, Colombia incluida, de decretar medidas de aislamiento, las repercusiones empiezan a crecer de manera exponencial: cadena de abastecimiento, servicios logísticos y, sin dejar atrás, el servicio público de transporte y la infraestructura requerida para éste.
A medida que aumenta la propagación del virus en nuestro territorio nacional, el Gobierno Nacional empieza a desplegar una serie de medidas con el objetivo de contener el contagio. Conscientes del impacto que dicha declaratoria tiene en los contratos de concesión de infraestructura de transporte, las entidades contratantes han decretado las siguientes medidas para mitigar los efectos negativos que la contingencia pueda tener en la ejecución de los contratos y proyectos:
ANI – Resolución 417 de 2020
Medida implementada
(Desde el 24 de marzo a las 23:59 hasta el 13 de abril de 2020 a las 00:00)
Procedimientos y procesos:
· Administrativos sancionatorios,
· Períodos de Cura,
· Planes Remediales,
· Cobro coactivo,
· Liquidaciones de contratos, revisión y evaluación de proyectos APP de Iniciativa Privada,
· Procesos de reversión.
· Concesión portuaria, embarcaderos
· Modificaciones contractuales en asuntos portuarios;
· Modificación de contratos de Concesión y de Interventoría de cualquier modo de transporte;
· Consulta Previa,
· expropiación judicial y administrativa,
· compensaciones por fondos de contingencia,
· adjudicación de predios baldíos,
· cierre de vías,
· permisos de cargas extrapesada y/o extradimensionadas,
· emisión de conceptos para la ubicación de estaciones de servicio,
· Eventos eximentes de responsabilidad y de fuerzas mayores predial, ambiental y por redes.
· Unidades funcionales para actas de terminación o terminación parcial y
· Avances de obra para actas de terminación de hitos o de tramos.
Suspensión de obligaciones contractuales
Contratos de Concesión en las modalidades de servicio de transporte carretero, portuario, férreo y aeroportuario, de los Contratos de Obra Pública Férrea y de los Contratos de Interventoría (Desde el 24 de marzo a las 23:59 hasta el 13 de abril de 2020 a las 00:00)
· Gestiones prediales, ambientales y sociales;
· Traslado de Redes;
· Plan de Obras;
· Plan de Inversiones en concesiones portuarias;
· Giros de Equity;
· Fondeos de Subcuentas, a menos que sean necesarios el pago de Interventoría y Supervisión.
Esta suspensión no incluye las obligaciones de operación de carreteras, puertos, aeropuertos y red férrea, ni de las obligaciones de mantenimiento esenciales para la prestación del servicio de transporte.
INVIAS – Circular Externa No. 001 del 23 de marzo de 2020
En adición a las medidas de protección de su personal vinculado, ya implementadas por la entidad en la circular expedida el pasado 17 de marzo de 2020, frente a la ejecución de los contratos estatales la entidad estableció lo siguiente:
Se suspenderán total o parcialmente los contratos de obra, interventoría, consultoría, concesión, operación, prestación de servicios logísticos y administrativos, y convenios que ha suscrito el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (A partir del 24 de marzo de 2020 a las 23:59 hasta la fecha en que se levante la medida de confinamiento obligatorio)
Contratos con suspensión parcial de actividades: gestión vial integral, atención de derrumbes, operación de pasos ferroviarios a nivel y concesión de peajes.
Se suspenden las actividades que no sean propias de la operación, servicio y atención de emergencias.
Contratos con suspensión total de actividades: obra, interventoría, consultoría y prestación de servicios logísticos y administrativos que no requieran de la ejecución de actividades que conlleven a garantizar la continuidad de la operación de la infraestructura vial y que no contengan actividades como las descritas en el punto anterior.
Contratos sin suspensión de actividades: operación de túneles, administración vial, microempresas, atención de emergencias por monto agotable, servicio al usuario de ambulancia, grúa y carro taller, contratos de obra e interventoría que durante la emergencia sanitaria realicen actividades de obra que, por razones técnicas, operativas y de seguridad para la operación de la infraestructura vial y el tránsito vehicular, deban mantenerse en ejecución en corredores estratégicos para la conectividad.
Convenios con municipios y gobernaciones: serán revisados con cada entidad para determinar la necesidad de suspender su ejecución total o parcialmente.
Previa a la implementación de las medidas de suspensión indicadas en el cuadro anterior, el contratista deberá realizar una serie de actividades preparatorias, incluyendo la señalización de calles y carreteras afectadas, limpieza, medidas de bioseguridad y de seguridad y vigilancia y un reporte del estado actual de la obra al momento de la suspensión.
Finalmente, respecto a la declaratoria de ocurrencia de un hecho de fuerza mayor en los contratos estatales, corresponderá al contratista en cada caso verificar e identificar si la actual pandemia del COVID-19 o sus efectos directos o indirectos constituyen un evento de fuerza mayor, el cual constituye un evento de exoneración de responsabilidad del contratista. Para el efecto, se deberán seguir los siguientes pasos:
Identificar el hecho generador: verificar que se trate de un hecho imprevisible, irresistible y ajeno a la voluntad del contratista.
Carga probatoria del contratista: corresponde al contratista identificar la obligación y probar cómo su ejecución es de imposible cumplimiento.
Procedimiento contractual: Seguir los procedimientos específicos para la declaratoria de eventos de fuerza mayor (i.e elaboración y envío de informes)
Efectos de la declaratoria de fuerza mayor:
Exoneración de responsabilidad al contratista.
Suspender las obligaciones por un plazo determinado.
Verificar en la matriz de riesgos cuál parte contractual debe asumir los efectos adversos.
Excepciones para medidas de orden público que restrinjan el derecho de circulación en Colombia
Decreto 420 del 18 de marzo de 2020.
Mediante el Decreto 420 de 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior fijó las instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los alcaldes y gobernadores durante la emergencia sanitaria que existe en Colombia como consecuencia del COVID-19. El artículo 4 del Decreto establece excepciones que deben aplicarse para cualquier medida de orden público que restrinja el derecho de circulación, tales como toque de queda, y simulacros, manifestando que “… en ningún caso podrán contemplar las siguientes restricciones”:
Impedir el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera (intermunicipal), carga y modalidad especial, toda vez que estas modalidades son autorizadas por autoridades del orden nacional y corresponden a la prestación de un servicio público esencial.
Establecer restricciones de tránsito en las vías del orden nacional ya que dicha infraestructura no está dentro de su jurisdicción ni competencia.
En el evento de suspender las actividades en establecimientos y locales comerciales, dicha suspensión no podrá comprender establecimientos y locales comercial de minoristas de alimentación, de bebidas, de productos y bienes de primera necesidad, de productos farmacéuticos, de productos médicos, ópticas, de productos ortopédicos, de productos de aseo e higiene y de alimentos y medicinas para mascotas.
En el evento de cierre al público de establecimientos y locales comerciales gastronómicos, dicho cierre no podrá extenderse a la oferta de sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o por entrega a domicilio, ni a los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras, los cuales solo podrán prestar el servicio a sus huéspedes.
Limitar, restringir o impedir el funcionamiento de la infraestructura crítica y estratégica para la Nación, los departamentos, distritos y municipios.
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Limitación total temporal a la circulación de vehículos y personas en Bogotá
Decreto 090 del 19 de marzo de 2020.
Mediante Decreto 090 del 19 de marzo de 2020, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., adoptó medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020. El artículo 1 de este Decreto fija una limitación total a la circulación de vehículos y personas en Bogotá, de manera temporal, entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas y hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas.
A su vez, el artículo 2 del Decreto mencionado establece como excepciones para esta limitación de circulación, entre otras, aquellas personas y vehículos que circulen para prestar o recibir los siguientes servicios y labores:
Servicios de ambulancias, sanitario, atención prehospitalaria, la distribución de medicamentos a domicilio, farmacias y emergencias veterinarias.
Realizar el abastecimiento, producción, distribución, cargue y descargue de elementos de primera necesidad, productos de aseo, alimentos preparados, suministros médicos y agua potable, incluidos los asociados a la distribución de raciones del Programa de Alimentación Escolar – PAE.
Personas que presten sus servicios a empresas o plataformas tecnológicas dedicadas a la entrega a domicilio de elementos de primera necesidad, alimentos preparados o no, y productos farmacéuticos, quienes deberán estar plenamente identificados.
La prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento y emergencias de servicios públicos domiciliarios, coma acueducto, alcantarillado, energía, aseo, relleno sanitario, gas natural, alumbrado público y servicios de telecomunicaciones, call center, redes y data center, debidamente acreditados por las respectivas empresas públicas y privadas o sus concesionarios acreditados.
La prestación de servicios literarios, exclusivamente durante el tiempo de la prestación del mismo.
La prestación de servicios bancarios y financieros y operadores postales de pago debidamente habilitados por el Gobierno Nacional.
El ingreso y salida de carga desde y hacia el Aeropuerto Internacional el Dorado.
Los programas sociales indispensables que requieren continuidad del servicio a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, y la Secretarla Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital de la Mujer e IDIPRON.
Las personas que acrediten debidamente ser personal de Transmilenio S.A. y SITP, sus operarios, concesionarios, contratistas y personal de apoyo necesario para la operación.
Personal operativo y administrativo aeroportuario, pilotos, tripulantes y viajeros que tengan vuelos durante el periodo de simulacro, debidamente acreditados con el documento respectivo, tales como tiquetes y pasabordos, físicos o electrónicos.
El servicio público individual de taxis, siempre y cuando se solicite telefónicamente a través de plataformas, para la realización de alguna de las anteriores actividades prestación de esos servicios.
Una persona por núcleo familiar podía sacar cuando sea necesario, en su entorno más inmediato, a sus mascotas o animales de compañía por un lapso no superior a 20 minutos.
Estas personas deberán contar con plena identificación que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehículos en los que se transporten deberán contar con la debida identificación del servicio que prestan.
by GP-admin18 marzo, 2020 COVID190 comments
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Resolución No. 368 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia
En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Resolución No. 368 de 2020 el pasado 1 de abril. El propósito de esta resolución es adoptar medidas especiales para la atención al público y la prestación de los servicios a cargo de la Superintendencia Financiera, tenidos en cuenta los parámetros generales dictados por el Gobierno Nacional para la prestación de los servicios por parte de las autoridades administrativas a lo largo del territorio nacional mediante el Decreto 491 de 2020. Bajo este entendido, la Superintendencia Financiera tomó, entre otras, las siguientes decisiones:
Atender a las entidades supervisadas y al público general exclusivamente a través de los canales de atención virtual y telefónico, mientras esté vigente el estado de emergencia sanitaria. No habrá atención presencial en ninguna dependencia de la entidad.
La notificación o comunicación de todos los actos administrativos expedidos por funcionarios de la entidad se hará a través de correo electrónico. En caso de que por alguna razón no se pudiera hacer la notificación o comunicación de tal forma, no se adelantarán los trámites o actuaciones respectivas y se reanudarán una vez termine la emergencia.
Salvo norma especial y las excepciones allí consagradas, toda petición será resuelta dentro de los 30 días siguientes a su recepción.
Exceptuando las actuaciones administrativas sancionatorias y los procesos disciplinarios, se reanudan los términos de todas las actuaciones administrativas adelantadas por la entidad a partir del 2 de abril de 2020, usando exclusivamente los medios electrónicos dispuestos para tal fin.
Los términos de los procesos jurisdiccionales llevados por la entidad serán reanudados desde el 13 de abril de 2020. Estos procesos serán igualmente adelantados a través de medios electrónicos.
En caso de tener dudas sobre la aplicación y el alcance de la Resolución No. 398 de 2020 de la Superintendencia Financiera, no dude en contactarnos.
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Decreto 491 del 28 de marzo de 2020
Dentro de las medidas que han sido adoptadas determinadas por el Gobierno Nacional como reacción a la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19 y dentro del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 417 de 2020, el 28 de marzo se expidió el Decreto 491 de 2020 (“Decreto 491”). Mediante este decreto se imparten órdenes de urgencia a las autoridades públicas y a los particulares que cumplen funciones públicas, para garantizar la prestación de los servicios a su cargo e, igualmente, se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de servicios de las entidades públicas.
Las disposiciones del Decreto 491 son aplicables a las entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, a los órganos independientes del Estado y a los particulares que desempeñan funciones públicas. Entre otras cosas, el Decreto 491 impartió las siguientes órdenes e instrucciones a dichas entidades:
Propender por la prestación de los servicios a cargo de dichas entidades mediante el trabajo remoto y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre que sea posible y salvo las excepciones aplicables.
La notificación de los actos administrativos deberá hacerse por medios electrónicos hasta que se encuentre vigente el estado de emergencia.
Salvo por situaciones contempladas en normas especiales y las excepciones allí descritas, los términos para atender peticiones presentadas por el público, ya sea que estén en curso o que se radiquen en la vigencia del estado de emergencia, podrán ser atendidas en un plazo de 30 días desde su recepción.
Se faculta a las autoridades para suspender los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa que tuvieran a su cargo.
Podrán válidamente suscribir los actos y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada.
En caso de tener dudas o inquietudes sobre las disposiciones y el alcance del Decreto 491, por favor no dude en contactarnos.
Ampliación plazo para presentar reportes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero
El pasado viernes 27 de marzo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (“UIAF”) informó a públicamente a los oficiales de cumplimiento y a las personas responsables de las entidades reportantes que, a la luz de la situación actual y de la expedición del Decreto 457 de 2020 por el Gobierno Nacional de Colombia, decidió ampliar el plazo para el envío de requerimientos o solicitudes de información realizados por la UIAF a las entidades reportantes.
De esta manera, las entidades reportantes tendrán hasta el 30 de abril para enviar dicha información a la UIAF de manera completa, pero podrán hacer envíos parciales de información para el respectivo análisis y estudio por parte de la UIAF.
Si tiene alguna duda adicional sobre esta medida adoptada por la UIAF, no dude en contactarnos.
Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 – Fondo de Mitigación de Emergencias
En medio del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Presidente de la República a lo largo del territorio nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”), expidió el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020 por medio del cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se dictan otras disposiciones. El FOME es creado como un fondo cuenta sin personería jurídica, administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del MHCP con sujeción a los respectivos principios constitucionales y legales, cuyo propósito principal es suplir las necesidades de atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, en el marco de situación de emergencia sanitaria actual.
Los recursos que compondrán el FOME provendrán de (i) préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización – FAE del Sistema General de Regalías (dichos préstamos podrán ascender hasta el 80% del valor de los recursos ahorrados en dicho fondo en la medida en que vayan siendo requeridos por el FOME a solicitud del MHCP); (ii) préstamos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET; (iii) los recursos asignados en el presupuesto general de la nación; (iv) los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos; y (v) los demás que determine el Gobierno Nacional. En virtud del Decreto 444 del 2020, dichos préstamos por parte del FAE y del FONPET se entienden directamente autorizados y están expresamente exceptuados del régimen de autorizaciones de operaciones de crédito público contenido en el Decreto 1068 de 2015.
Los recursos del FOME podrán ser usados, en general, para solventar la crisis o impedir la agravación de sus efectos en el territorio nacional y, en particular, para:
Atender necesidades adicionales de recursos de las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación.
Pagar costos generados por la ejecución de contratos celebrados para el cumplimiento del objeto del FOME. Los procesos de contratación para la ejecución de los recursos del FOME se regirán por el derecho privado.
Realizar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero.
Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional.
Proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional. Para este propósito, se facultó expresamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para otorgar financiamiento.
Proveer liquidez a la nación, solamente cuando los efectos de la emergencia se extiendan a las fuentes de liquidez ordinarias.
Finalmente, como medida de apoyo a la continuidad de la operación de empresas que presten servicios de interés nacional y que se encuentren gravemente afectadas por el estado de emergencia sanitaria, el Decreto 444 de 2020 autoriza al Gobierno Nacional para invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas con cargo a los recursos del FOME. Estas inversiones serán evaluadas y efectuadas por el MHCP en consideración a las necesidades sociales y económicas derivadas de la situación nacional de emergencia sanitaria, ajeno a los resultados financieros esperados de las mismas.
En caso de tener alguna duda adicional sobre el contenido y alcance del Decreto 444 de 2020, por favor no dude en contactarnos.
Suspensión de términos Superintendencia Financiera de Colombia
Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarado el pasado 12 de marzo por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia a través del Decreto 385 de 2020, a causa del virus COVID-19, la Superintendencia Financiera de Colombia ha adoptado las siguientes medidas:
Suspender los términos de todas las actuaciones administrativas que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el 8 de abril del mismo año, inclusive. Esta medida no aplicará para las actuaciones en materia de contratación estatal (Resolución 305 del 17 de marzo de 2020 – Superintendente Financiero de Colombia).
Suspender los términos procesales en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se incluyen las audiencias programadas, a partir del 17 de marzo y hasta el 8 de abril de 2020, inclusive (Resolución 001 del 16 de marzo de 2020 – Superintendente Delegado para Funciones Jurisdiccionales).
Es importante tener en cuenta que la duración de la medida adoptada dependerá de como avance la situación y ninguna de estas medidas exceptúa el cumplimiento por parte de las entidades vigiladas de sus deberes legales. Por favor no duden en extendernos cualquier inquietud que puedan tener.
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Suspensión de términos y habilitación de canales de atención no presenciales en Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones de Desarrollo Sostenible y otras entidades ambientales
Tras la publicación del Decreto 417 del 17 de marzo y del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, mediante los cuales respectivamente se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica y se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de Colombia desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020, las distintas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, así como los Establecimientos Públicos Ambientales y Grandes Centros Urbanos han tomado una serie de medidas preventivas para mitigar el riesgo de contagio del COVID – 19 y no afectar los derechos de los administrados, dentro de las cuales se incluyen la suspensión de términos procesales y la habilitación de canales de atención no presenciales.
En virtud de lo anterior, a continuación se resumen las decisiones adoptadas por las distintas entidades:
Norma o comunicación
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM
Comunicación del 17 de marzo de 2020
· Suspensión de atención al ciudadano de manera presencial
· Habilitación de canales no presenciales
Resolución 690 del 17 de marzo de 2020
· Suspensión de términos en todas las actuaciones administrativas relacionadas con trámites de licenciamiento ambiental, concesiones, planes de manejo ambiental hasta el 31 de marzo de 2020.
· Habilitación de canales no presenciales:
– Página Institucional: www.car.gov.co Ruta: Inicio> Servicios de Información al Ciudadano> PQRS
– Correo Electrónico: sau@car.gov.co
– Aplicación para dispositivos móviles: APP Aplicar, que se puede descargar en las tiendas virtuales de los sistemas Android y IOS.
· La Corporación garantizará a través de estos canales, una atención oportuna y eficiente a cada uno de los usuarios. También cuenta con las redes sociales Facebook: *Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR*, Twitter: *@CAR_Cundi* e Instagram: *CAR_Cundi*, por medio de las cuales los ciudadanos pueden recibir orientación.
Resolución 764 del 30 de marzo de 2020
· Modifica la Resolución 690 del 17 de marzo de 2020, ampliando el plazo de la suspensión de términos hasta el 13 de abril de 2020.
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
Resolución A-209 del 16 d3 marzo de 2020 y Resolución A-0216 del 19 de marzo de 2020
· Suspensión de atención al público de manera presencia
· Habilitación de los canales virtuales
· Suspensión de términos hasta levantamiento de restricciones
Comunicación del 26 de marzo de 2020
· Suspensión de trámites de salvoconductos, permisos de aprovechamiento forestal y se restringe el transporte de madera, guadua y carbón.
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE
Resolución 0383 del 20 de marzo de 2020
· Suspensión de los términos de las actuaciones en los trámites administrativos ambientales, procesos disciplinarios, coactivos y sancionatorios hasta el 3 de abril de 2020
Resolución 0396 del 1 de abril de 2020
· Ordena priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de concesión de agua superficial o subterránea, presentada por municipios o personas prestadoras de servicios públicos.
· Amplia términos para dar respuesta a derechos de petición en los términos del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.
Resolución 443 del 24 de marzo de 2020
· Suspensión de actividades presenciales hasta el 13 de abril
· Suspensión de los términos administrativos de todos los procesos y/o trámites (licencias, permisos, autorizaciones, procesos
Resolución 000139 del 17 de marzo de 2020
· Suspensión de atención al público hasta el 31 de marzo, prorrogable según las condiciones.
· Habilitación de canales no presenciales.
· Aplazamiento preventivo de todas las visitas de campo.
· Suspensión de términos dentro de los procesos ambientales excepto las acciones de tutela en curso.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA
Comunicado del 17 de marzo de 2020
· Desde el martes 17 de marzo y hasta el lunes 20 de abril de 2020 se suspendió la atención presencial al público y se habilitaron los canales no presenciales para las sedes y subsedes de la entidad.
Resolución 0200 del 16 de marzo de 2020
· Suspensión de actividades presenciales
Comunicación del 24 de marzo de 2020
· Suspensión de la atención al público en las instalaciones de la entidad hasta el 13 de abril de 2020.
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ
Resolución 480 del 24 de marzo de 2020
· Suspende la atención al público desde el 24 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020.
· Habilitación de canales no presenciales de atención
www.codechoco.gov.co
contacto@codechoco.gov.co
Jurídica: aarriaga@codechoco.gov.co
Sub. de desarrollo sostenible: jlgracia@codechoco.gov.co
Sub. Calidad y Control Ambiental: haescobar@codechoco.gov.co
· Suspensión de los términos legales de las actuaciones administrativas, procesos sancionatorios ambientales, jurisdicción coactiva y procesos disciplinarios que son competencia de la entidad, desde el 24 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA
Resolución 128 del 23 de marzo de 2020
· Autoriza que los procesos de selección de mínima cuantía se radiquen por internet al correo juridica@coralina.gov.co
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA
· Desde las 2:00pm del 17 de marzo y hasta nuevo aviso se suspendió la atención presencial al público en las instalaciones de la entidad.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – CORMACARENA
Comunicación del 23 de marzo de 2020
· Se suspende la atención al público en las sedes de la entidad.
· Se habilitan canales no presenciales.
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE
Resolución 112-0984-2020
· Suspende los términos en trámites administrativos ambientales y de licenciamiento ambiental, sancionatorios ambientales, control y seguimiento de licencias, cobros coactivos, derechos de petición y procesos disciplinarios desde el 24 de marzo de 2020.
Se excluyen los derechos de petición que no requieran de visitas o reuniones presenciales.
· Suspende atención presencial desde el 24 de marzo de 2020.
Resolución 112-1130-2020
· Levanta la suspensión de términos para derechos de petición, trámites de concesión de agua para servicios públicos.
· Adopta las modificaciones transitorias incluidas por el Decreto 465 de 2020.
Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG
Resolución 820 del 23 de marzo de 2020
· Suspende los términos en todas las actuaciones administrativas adelantadas ante la entidad desde el 23 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020.
· Establece que todos los trabajadores de la Corporación deberán ejecutar sus labores desde sus respectivas casas.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. – CORMAGDALENA
Resolución 96 del 24 de marzo de 2020
· Suspende términos en todas las actuaciones disciplinarias ante la corporación desde el 24 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA
Resolución 011 del 17 de marzo de 2020
· Suspensión temporal de atención presencial a la ciudadanía.
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ
Resolución 0692 del 24 de marzo de 2020
· Suspende desde el 24 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020, los procesos administrativos ambientales en curso.
No se suspenden términos de derechos de petición ni términos de prescripción y caducidad.
Resolución N° 2020 – 0493 del 16 de marzo de 2020
· Suspende los términos de las actuaciones administrativas que requieran visitas para resolver solicitudes de permisos, autorizaciones, concesiones, licencias ambientales, sancionatorios y recursos, a partir del 16 y hasta el 31 de marzo de 2020.
Resolución N° 2020 – 0512 del 18 de marzo de 2020
· Restringe la atención personal al público.
Resolución 0540 del 24 de marzo de 2020
· Suspender desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020, los términos procesales en las actuaciones de cobro coactivo.
Resolución N° 2020 – 0542
· Modifica la Resolución N° 2020 – 0493, ampliando la suspensión de términos hasta el 12 de abril de 2020.
Resolución 0110 del 20 de marzo de 2020
· Modifica los horarios laborales de la entidad.
· Suspende transitoriamente los términos procesales en los procesos ambientales, sancionatorios, disciplinarios, jurisdicción coactiva, peticiones y demás trámites, hasta que la entidad vuelva a emitir un pronunciamiento.
Resolución 143 del 19 de marzo de 2020.
· Suspensión de la atención presencial al público a partir del 19 de marzo y hasta nueva orden.
· Suspende los términos en los trámites administrativos ambientales permisivos y sancionatorios, desde el 17 hasta el 31 de marzo de 2020.
Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA
· Suspensión de la atención presencial al público a partir de las 2:00pm del 17 de marzo de 2020.
Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO
Resolución 186 del 16 de marzo de 2020
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge – CORPOMOJANA
Resolución 140 del 18 de marzo de 2020
· Modifica la jornada laboral de la entidad.
· Se suspenden términos administrativos ambientales en todos los procesos y trámites ante la entidad.
· Se suspenden las salidas de campo por fuera de las instalaciones de la entidad.
Resolución 169 del 31 de marzo de 2020
· Amplían las medidas adoptadas en la Resolución 140 hasta el 13 de abril de 2020.
· Amplia términos para contestar derechos de petición en los términos del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO
Resolución 221 del 16 de marzo de 2020
· Suspende transitoriamente los términos procesales en los procesos ambientales, sancionatorios, disciplinarios, jurisdicción coactiva, peticiones y demás trámites, hasta el 31 de marzo de 2020.
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR
Resolución 159 del 16 de marzo de 2020
· Se modifica el horario laboral de los funcionarios de la entidad.
· Suspensión de salidas de campo hasta el 17 de abril de 2020
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA
Resolución 400.36-20-0373 del 16 de marzo de 2020
· Suspensión de términos procesales desde el 17 al 20 de marzo de 2020.
Resolución 400.36-20-0391 del 20 de marzo de 2020
· Modifica la Resolución del 16 de marzo, ampliando la suspensión de términos procesales desde el 24 de marzo hasta el 12 de abril de 2020.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
Resolución N° 100-03-10-17-0393-2 del 19 de marzo de 2020
· Suspende hasta el 31 de marzo de 2020 los términos administrativos ambientales de todos los procesos y trámites que se realizan ante la entidad.
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
Resolución 601 del 24 de marzo de 2020
· Mantiene la suspensión de los procesos sujetos a términos por un plazo indefinido.
Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
Resolución 132 del 24 de marzo de 2020
· Suspender los términos de los asuntos competencia de la corporación desde el 17 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020
Resolución 00313 del 20 de marzo de 2020
· Suspende la atención presencial al público en todas las sedes desde el 20 de marzo y hasta el 12 de abril de 2020
· Suspensión de todos los términos de los procesos y trámites ambientales desde el 20 de marzo y hasta el 12 de abril de 2020.
Se excluyen de la suspensión las audiencias de asignación de riesgos y de adjudicación en procesos de licitación pública.
Resolución 460 del 18 de marzo de 2020
· Suspende atención al público de manera presencial.
· Suspende las salidas, comisiones y desplazamientos del personal de la entidad.
· Suspende los términos de las actuaciones administrativas que conllevan la práctica de visitas para todo tipo de trámites.
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB
Resolución No. 129 del 16 de marzo de 2020
· Suspende temporalmente el horario habitual de la corporación.
· Se suspenden todos los términos administrativos ambientales.
Se exceptúan los términos de los procesos contractuales.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
Comunicación del 16 de marzo de 2020.
· Suspensión de atención al público desde el 16 de marzo de 2020 y hasta nueva orden.
Resolución 7144 del 24 de marzo de 2020
· Suspensión de los términos procesales de las actuaciones administrativas que se adelantan ante la corporación desde el 24 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020.
Los trámites que se suspenden son:
o Concesiones, permisos y autorizaciones que requieran de visita técnica.
o Expedición de salvoconductos únicos nacionales.
o Seguimientos ambientales.
o Tramites sancionatorios, disciplinarios, de cobro coactivo.
o Seguimiento de medidas preventivas.
o Consultas previas.
Grandes Centros Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales
Área Metropolitana del Valle de Aburrá- AMVA
597 del 18 de marzo de 2020
· Habilitación de canales de atención no presenciales.
· Modifica los horarios para la entrega de salvoconductos de movilización de fauna y flora.
· Para la entrega de fauna silvestre esta se realizará en la estación de paso ubicada en la Carrera 65 # 44A 32 de la ciudad de Medellín.
· Desde el 24 de marzo de 2020 la atención al público se hará única y exclusivamente a través de los siguientes canales virtuales:
1. Quejas ambientales y PQRSD
www.metropol.gov.co/pqrsd​
3856000 Ext. 127
2. Emergencias ambientales
emergenciaamva@metropol.gov.co
3. A través de la App Área 24/7
4. A través de los correos electrónicos:
tramitesyservicios@metropol.gov.co
facturacionelectronica@metropol.gov.co
encicla@metropol.gov.co
Establecimiento Público Ambiental- Barranquilla Verde
Resolución 630 del 16 de marzo de 2020
· Suspende los términos desde el 17 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020, exceptuando actuaciones judiciales y tutelas.
Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente de Santa Marta- DADSA
Resolución 0066 del 13 de marzo de 2020
· Habilitación de canales de atención no presenciales por medio del correo info@dadsa.gov.co a través del cual se recibirán solicitudes de permisos, concesiones, derechos de petición entre otros.
Departamento Administrativo para Gestión del Medio Ambiente de Cali- DAGMA
Memorando interno No. 4133.010.22.2.1020.000448 del 18 de marzo de 2020 y Plan de Acción de contingencia COVID-19
· Habilitación de canales no presenciales desde el 25 de marzo hasta nueva orden.
· El hogar de paso de fauna silvestre continuará prestando los servicios de atención
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena- EPA
Circular 000343
· Suspensión temporal de los términos de los trámites ambientales, jurídicos y administrativos
contactenos@epacartagena.gov.co atencionalciudadano@epacartagena.gov.co
Secretaría Distrital de Ambiente- SDA
Resolución 769 del 17 de marzo de 2020
· Suspende desde el 17 y hasta el 24 de marzo los términos procesales administrativos relacionados con licencias y permisos ambientales, planes de manejo ambiental, sancionatorios ambientales, visitas de seguimiento ambiental, procesos disciplinarios, procesos de incumplimiento contractual.
· Suspende el procedimiento de préstamo de expediente administrativos.
Resolución 785 del 24 de marzo de 2020
· Suspende desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020 los términos procesales administrativos relacionados con licencias y permisos ambientales, planes de manejo ambiental, sancionatorios ambientales, visitas de seguimiento ambiental, procesos disciplinarios, procesos de incumplimiento contractual.
Adiciones transitorias al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el país, el Presidente de la República expidió el Decreto 465 del 23 de marzo de 2020, mediante el cual se adiciona de manera transitoria el Decreto 1076 de 2015 con relación a las concesiones de agua, necesarias para la prestación del servicio público esencial de acueducto y al manejo de residuos peligrosos.
A través del mencionado Decreto 465 se adoptaron, entre otras, las siguientes medidas:
Las autoridades ambientales competentes deberán dar prioridad y tramitar de inmediato las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas presentadas por los distritos, municipios o personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, que estén destinadas a los sistemas de acueducto urbano y rural.
Prorrogar de manera automática y por el tiempo que dure la emergencia, las concesiones de agua otorgadas a prestadores del servicio de acueducto que estén próximas a vencer o que venzan durante la emergencia sanitaria.
Reducir a la tercera parte los términos del trámite de concesión de aguas superficiales, contemplados en la Sección 9 del Decreto 1076.
Autorizar la prospección y exploración de aguas subterráneas sin permiso ambiental, siempre y cuando se cuente con información geoeléctrica y el registro y aval de la autoridad ambiental competente.
Respecto de las tasas por utilización de aguas, a los prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado se les aplicarán las tarifas mínimas que correspondan, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
La Agencia de Desarrollo Rural podrá autorizar a los municipios el aprovechamiento del agua almacenada en los distritos de Ranchería, Triángulo del Tolima y Tesalia – Paicol; los volúmenes usados para esto serán descontados de la tasa por utilización de agua.
La entrega de facturas de cobro de tasas por vertimientos y utilización del agua, correspondientes al 2019, podrá realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a que pase la emergencia sanitaria.
En el evento que la cantidad de residuos peligrosos con riesgo de contagio derivado del COVID-19, alcance la máxima capacidad instalada para los respectivos gestores, se podrán modificar transitoriamente las licencias ambientales, en el sentido de autorizar a otros gestores para el manejo de estos residuos.
Suspensión de términos y otras medidas adoptadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y algunas Corporaciones Autónomas Regionales frente al riesgo de contagio del COVID – 19
Ante la declaratoria de pandemia del COVID – 19 y el riesgo de contagio a nivel nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (“ANH”) profirió la Resolución 152 del 18 de marzo de 2020, en la cual se estableció la suspensión de términos en las actuaciones administrativas, procedimientos de incumplimiento y procesos disciplinarios adelantados por la ANH hasta el 31 de marzo de 2020.
De igual manera, se suspendió la atención al público de manera presencial, estableciendo como únicos canales para la atención de ciudadanos los medios de comunicación digitales y telefónicos, establecidos en la página de la entidad.
Con el mismo objetivo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (“ANLA”) expidió la Resolución 461 del 18 de marzo de 2020, mediante la cual suspendió los términos en las actuaciones disciplinarias de primera y segunda instancia en las que la ANLA es competente, hasta el 31 de marzo del presente año, plazo que podrá ser prorrogado. Adicionalmente, mediante Resolución 470 del 19 de marzo de 2020, suspendió la prestación de los servicios presenciales y de los términos procesales asociados a éstos hasta el 31 de marzo.
De otra parte y mediante la Resolución 690 del 17 de marzo de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (“CAR”), anunció la suspensión de los términos en el marco de los procesos sancionatorios ambientales, trámites de licenciamiento y permisos ambientales, actuaciones disciplinarias y procesos de jurisdicción coactiva que se adelantan ante la CAR, hasta el mismo 31 de marzo. La mencionada suspensión de términos no aplica para los derechos de petición cuyos términos de respuesta estén corriendo durante la misma.
A su vez, otras Corporaciones Autónomas Regionales han tomado las siguientes medidas:
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (“Corantioquia”):
Suspendió desde las 2:00pm del 17 de marzo la atención presencial del público y hasta nuevo aviso la atención al público se prestará a través de los siguientes canales:
Correo: corantioquia@corantioquia.gov.co
Celular: 3146784273
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (“CVC”):
Desde el 16 de marzo de 2020 tomó las siguientes medidas:
Suspensión de la atención presencial al público hasta nueva orden. Se encuentran habilitados los canales de atención virtuales y telefónicos para consulta de trámites.
Se aplazan los eventos masivos de la CVC.
Se corren los plazos de los trámites administrativos.
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (“Cornare”):
Si bien la atención presencial en las sedes de la Corporación continuará, desde esta semana se está incentivando el uso de los mecanismos digitales puestos en funcionamiento, tales como:
Correo: cliente@cornare.gov.co
Página: www.cornare.gov.co
Suspensión temporal de actividades en campo y agenda de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, como medida para la prevención de contagios de COVID-19
El lunes 16 de marzo de 2020 el Ministerio del Interior, a través de la Circular Externa con referencia OFI2020-7728-DCP-2500 adoptó la decisión de:
Suspender las visitas de verificación y reuniones de consulta previa en todas sus etapas desarrolladas por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de marzo de 2020;
Suspender la agenda de reuniones en las instalaciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de marzo de 2020;
Una vez transcurrido el periodo de suspensión de actividades objeto de esta circular, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa evaluará la pertinencia de adoptar nuevas medias de prevención y mitigación contra el COVID-19.
Esto, considerando entre otras, la declaración de pandemia del brote de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Estado de Emergencia Sanitaria adoptado mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 donde se establecieron medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 y la Circular Externa 015 del 12 de marzo de 220 en donde se establecieron recomendaciones para la prevención, contención y mitigación del COVID-19.
Por último, el Ministerio del Interior hace mención al respecto de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde se ha determinado a las comunidades étnicas en Colombia como titulares de derechos fundamentales y sujetos de especial protección constitucional pues estas se encuentran en situación de vulnerabilidad y tienen derecho a que el Estado revierta los procesos históricos en que la sociedad mayoritaria ha amenazado sus modos de vida.
Emergencia sanitaria por COVID-19: Algunas medidas en el sector minero
Por medio de la Resolución 385 del año 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno nacional ha venido tomando medidas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos que hay en el país. Ante la gravedad y seriedad de la situación sanitaria en el mundo y en Colombia, consideramos que las medidas del gobierno nacional y local son necesarias y adecuadas para evitar que el virus se siga propagando de forma acelerada. Estas medidas han sido pensadas y planteadas de forma tal, que responden a las necesidades de la población colombiana en su diversidad y extensión.
Por ejemplo, una de las medidas que ha tomado el gobierno nacional es el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC en los ambientes laborales. Esta medida está orientada a minimizar el contacto de las personas en espacios laborales para que, de esta forma, los trabajadores y servidores públicos puedan cumplir con sus obligaciones y desarrollar sus funciones y actividades regularmente, y como consecuencia de ello, ha tomado medidas frente a las diferentes industrias como la extractiva.
Una de estas medidas es la tomada mediante la Circular Externa OFI 2020-7728-DCP 2500 del Ministerio del Interior. El gobierno ha considerado a los grupos étnicos como una de las poblaciones que se encuentra en un mayor grado de vulnerabilidad ante la propagación del COVID-19, y debido a lo anterior, determinó que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa deberá suspender las visitas de verificación y reuniones de consulta previa en todas sus etapas, y suspender la agenda de reuniones en las instalaciones de la Dirección desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.
Igualmente, la Resolución 096 del 16 de marzo del 2020 expedida por la Agencia Nacional de Minería (ANM) determinó que la atención al público en todas las sedes a nivel ANM debe suspenderse desde el 17 de marzo hasta el día 01 de abril de 2020. Además, se suspenden las actuaciones administrativas iniciadas ante la ANM y los términos con que cuentan los titulares mineros, solicitantes y proponentes, para cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la autoridad minera, así como para interponer los recursos de reposición a que haya lugar hasta el 01 de abril de 2020. Así mismo, se suspenden las diligencias y trámites administrativos, así como las visitas de campo que deba adelantar la ANM. Como ultima medida, se suspenden los términos en los procesos de cobro coactivo que adelante la autoridad minera.
La declaración de la Organización Mundial de la Salud en la que establece que el COVID-19 es una pandemia por la velocidad de su propagación, es razón suficiente para que los gobiernos nacionales y locales tomen las determinaciones y medidas necesarias para cuidar de sus ciudadanos y para mitigar el contagio.
Tecnología/ Comunicaciones/ Protección de Datos
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SIC extiende el plazo para actualizar el Registro Nacional de Base de Datos
La SIC expidió la Circular Externa 003 de 2020 por la cual decidió extender hasta el próximo 3 de julio de 2020 el plazo para actualizar la información registrada en el Registro Nacional de Base de Datos que vencía el 31 de marzo de 2020.
Lo anterior, en consideración de la actual emergencia sanitaria, y en el mismo sentido que se había hecho respecto de otras obligaciones corporativas, tal como la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y demás registros que hacen parte del RUES.
La SIC reconoció que la obtención de datos para actualizar la información registrada en el RNBD implica, en muchos casos, el desplazamiento de personas a as sedes de sus empresas, por lo que se consideró necesario extender el plazo para evitar el contagio de COVID-19.
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SIC prohíbe utilizar huelleros electrónicos o manuales para tratar datos personales
La SIC publicó la Circular 002 de 2020, en la cual ordenó a todos los responsables y encargados de tratamiento de datos personales, que se abstengan de utilizar huelleros físicos, electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita el contagio del COVID-19 a través de contacto indirecto.
Para la SIC, los huelleros son una de esas herramientas para tratar datos personales en dónde muchas personas ubican sus huellas dactilares y por ende se presenta una situación de contacto indirecto que podría facilitar el contagio del COVID-19. Por lo anterior encontró necesario impedir que se sigan utilizando ese tipo de mecanismos o procedimientos en tanto dure el estado de emergencia.
La SIC emitió su orden, en ejercicio de la facultad del literal e) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012, según la cual podrá “[…] impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a las disposiciones previstas en la presente ley […]”.
La orden no aplica para el caso de los sistemas de identificación biométrica en los que el dispositivo es de uso personal e individual.
Información relativa a el uso de firma electrónica, firma digital y firma digitalizada
El grupo de práctica de Tecnología, Comunicaciones & Protección de Datos de Gómez-Pinzón Abogados presenta a continuación consideraciones a tener en cuenta sobre el uso de firmas electrónicas, digitales y digitalizadas en consideración a las recientes medidas tomadas por el gobierno nacional que dificultan la celebración de negocios de forma presencial.
En consecuencia de lo anterior, existe un aumento en la necesidad de celebración de actos jurídicos por medios no presenciales, y en particular, de contar con condiciones mínimas de seguridad para la acreditación de manifestaciones de la voluntad por medios digitales. Al respecto, presentamos a continuación en términos generales, los tres conceptos enunciados anteriormente:
Firma Electrónica: Hace referencia a un mensaje de datos que representa la aceptación de un individuo respecto a un documento digital, tal como lo podría ser un contrato. Al utilizar la firma electrónica, es importante destacar que no se presumen del mensaje de datos, aspectos tales como autenticidad, integridad y no repudio que se sí se reputan de la Firma Digital. La manifestación de la voluntad vía mensajes de datos emitidos a través de sistemas que permitan la autenticación de credenciales de acceso a un sistema con nombre de usuario y contraseña, podría tener los efectos de firma electrónica bajo las ausencia de las presunciones atrás indicadas. Es un mecanismo válido para manifestar la voluntad de parte de acuerdo con la Ley 527 de 1999.
Firma digital: Es un valor numérico adherido a un mensaje de datos y que, utilizando un método matemático, permite determinar que dicho valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador del mensaje que además permite acreditar la integridad del mensaje mismo. Es un medio de autentificación de documentos electrónicos en que interviene un tercero, conocido como entidad certificadora, quien garantiza respecto de los mensajes de elementos esenciales para su validez. Es un mecanismo válido para manifestar la voluntad de parte de acuerdo con la Ley 527 de 1999, y ofrece mayor certeza que la Firma Electrónica.
Firma digitalizada: Es la imagen escaneada de una firma manuscrita, y por sí misma no puede ser considerada como una firma electrónica bajo la ley colombiana, pues no cumple los atributos mínimos requeridos por la Ley 527 de 1999 y, en consecuencia, su sola presencia no se reputará válida para probar la manifestación de la voluntad de la persona que presuntamente “firma” el documento. Si se incluye en un mensaje de datos, éste no tendrá más fuerza probatoria por la inclusión de la imagen escaneada de una firma manuscrita.
Para el desarrollo de negocios de forma no presencial, estas figuras son ideales toda vez que los mensajes de datos que sean firmados a través de una firma electrónica o una firma digital válida, tendrán el mismo valor probatorio que una firma manuscrita. De igual forma, en toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza probatoria a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, por el sólo hecho de serlo.
En caso de tener alguna inquietud al respecto o requerir apoyo de parte nuestra para la implementación de estas figuras no dude en contactarnos.
Perspectiva desde la regulación de protección de datos personales con ocasión del COVID-19
Sobre el manejo de información
En materia de recolección de información personal de sus empleados o contratistas, las empresas deben abstenerse de recabar información relativa a posibles síntomas presentados por éstos o sus parientes, sin haber obtenido previamente y en debida forma la autorización para el tratamiento de sus datos sensibles conforme la norma colombiana de protección de datos personales.
Salvo en lo que respecta a las evaluaciones médicas periódicas ocupacionales no podrá imponerse a los empleados el diligenciamiento de cuestionarios de síntomas, así como tampoco se podrá obligarlos a informar anticipadamente sus planes de viajes u otras medidas que puedan resultar ser invasivas de su privacidad.
Si un empleado reporta síntomas de enfermedad y existe sospecha de contagio por COVID-19, se recomienda la implementación de estrictas medidas de seguridad sobre dicha información personal, sin perjuicio de la construcción de registros relativos a las medidas tomadas por el empleador, los cuales deberán contar con restricciones de acceso solamente a las personas de las áreas a cargo, y en donde se ingrese la menor cantidad de información personal, o en su defecto se utilicen mecanismos de anonimización.
Aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de Colombia
Mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Ministerio de Interior derogó el Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 y decretó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de Colombia desde las 00:00 horas del miércoles 25 de marzo de 2020 hasta las 00:00 horas del martes 13 de abril de 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria que existe en Colombia debido al COVID-19. Adicionalmente, durante el mismo período de tiempo se suspendió el transporte doméstico por vía aérea[1].
El artículo 3 del Decreto establece que se permitirá el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades:
Adquisición de bienes de primera necesidad[2].
Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y notariales[3].
Asistencia y cuidado a niños, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieran asistencia de personal capacitado. Si una de estas personas debe salir del lugar de aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le sirva de apoyo.
Misiones médicas de organismos internacionales de salud y prestación de servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos, públicos y/o privados de salud.
La cadena de producción y distribución de medicamentos, insumos, productos farmacéuticos y de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales; equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud. El funcionamiento de establecimientos comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud.
La cadena de producción y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera necesidad; (ii) bienes de primera necesidad; (iii) alimentos y medicinas para mascotas, y demás bienes e insumos necesarios para atender la emergencia sanitaria.
La cadena de siembra y distribución, incluyendo importación y exportación de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos[4]; productos agropecuarios, piscícolas y pecuarios, y alimentos para animales; mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento de alimentos; la operación de la infraestructura para el abastecimiento de agua tanto poblacional como agrícola.
Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.
Las actividades de misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Estado colombiano, y necesarias para atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19.
Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa.
Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para el transporte de carga[5].
La comercialización de productos gastronómicos mediante plataformas de comercio electrónico o por entrega a domicilio. Los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servicios a sus huéspedes.
Las actividades de la industria hotelera para atender a los huéspedes, estrictamente necesarias para atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19.
El funcionamiento de computadores, sistemas computacionales, redes de comunicación, datos e información cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas.
El funcionamiento de los centros de llamadas, de soporte técnico y de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional, y de plataformas de comercio electrónico.
La prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas, y zonas comunes de estas edificaciones.
Las actividades necesarias para garantizar la prestación de (i) servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (incluyendo los residuos biológicos o sanitarios); (ii) de la cadena logística para el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles, líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas Licuado de Petróleo – GLP; (iii) de la cadena logística para el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales; y (iv) del servicio de internet y telefonía.
La prestación de servicios bancarios y financieros, de operadores postales de pago, centrales de riesgo, transporte de valores y actividades notariales[6].
El abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad en virtud de programas sociales del Estado y de personas privadas.
Las actividades necesarias para realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas industriales o minas, del sector público o privado, que por la naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su operación ininterrumpidamente.
Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicas y privados; beneficios económicos periódicos sociales – BEPS, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad Social y Protección Social.
El desplazamiento necesario del personal directivo y docente de instituciones educativas públicas y privadas, para atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19.
La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19.
Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar identificadas en el ejercicio de sus funciones. En atención a medidas fitosanitarias, sólo una persona por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o animales de compañía. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, pero sí el consumo de estas en espacios abiertos y establecimientos de comercio hasta el 12 de abril de 2020. Adicionalmente, se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean necesario para atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y las actividades permitidas.
Según el artículo 2 del Decreto son los Gobernadores y los Alcaldes quienes, según su jurisdicción y competencia, deberán adoptar las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la ejecución de la medida de aislamiento. Las excepciones adicionales que se consideren necesarias por los Gobernadores y Alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el Ministerio de Interior.
[1] Se permitirá el transporte doméstico por vía aérea en los casos de emergencia humanitaria; transporte de carga y mercancía; y casos de fuerza mayor y caso fortuito.
[2] Alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de consumo ordinario por la población
[3] Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar las actividades descritas en los numerales 2 y 3.
[4] Fertilizantes, plaguicidas, fungicidas y herbicidas.
[5] Se deberá garantizar el transporte de carga, almacenamiento y logística para la carga de importaciones y exportaciones.
[6] El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos en los cuales se prestará el servicio notarial, garantizando la prestación del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional.
Compilación normativa sobre los lineamientos en relación con el COVID-19
Compartimos el enlace oficial de la Presidencia de la República donde se puede visualizar y descargar la compilación normativa sobre los lineamientos que han tomado las entidades administrativas del sector central, Congreso de la República y otros entes autónomos con referencia al COVID-19: http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html.
Horario de atención en Notarías
En seguimiento de las medidas tomadas por la Superintendencia de Notariado y Registro para la prestación de servicios en las notarias y oficinas de registro, les informamos que se expidieron las resoluciones Nos 2871 y 2872 con fecha de expedición 16 de marzo de 2020, en las cuales se toman las siguientes decisiones:
Atención en oficinas de registro a nivel nacional
Horario de atención al público de 8AM a 1PM jornada continua, hasta el 31 de marzo de 2020.
El número de usuarios presentes en las oficinas no será superior a 10 personas para las oficinas principales y de 5 personas en las oficinas seccionales.
La atención de consultas relacionadas con temas registrales deberá hacerse únicamente a través de la plataforma del sistema integrado de servicios y gestión.
Consultas jurídicas solo se atenderán a través de PQRS en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro.
La expedición de certificados de tradición solamente se hará a través de la página web.
Atención en notarias a nivel nacional
Horario de atención al público se realizará en alguno de 2 turnos escogidos por los notarios, con aplicación hasta el 30 de mayo de 2020: Lunes a Viernes de 8AM a 1PM; ó Lunes a Viernes de 1PM a 6PM.
Suspender servicios notariales en clínicas y hospitales, así como actos a domicilio, excepcionalmente a personas mayores de 60 años de edad cuando el notario haya podido constatar que no haya ingresado recientemente a Colombia proveniente de países con casos confirmados de COVID-19, o que no se encuentre en aislamiento preventivo.
Se suspende servicio notarial en sábados y domingos hasta el día 30 de mayo de 2020.
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Comunicado sobre las medidas de contención de GPA en relación con el COVID-19
by GP-admin17 marzo, 2020 COVID19, Especiales0 comments
Establecimentos Educativos
Actualización de recomendaciones para los establecimientos educativos ante el COVID-19
El Ministerio de Educación expidió el 20 de marzo del 2020 la Directiva N° 03, por medio de la cual hace extensivas las directrices y recomendaciones emitidas por el Gobierno Nacional ante la declaratoria de emergencia sanitaria a toda la oferta privada en educación formal, incluyendo los establecimientos que atienden matrícula mediante contratación del servicio educativo en el marco del Decreto 1851 del 2015, disponiendo las siguientes:
Partiendo de la importancia del aislamiento social, ningún colegio privado en el país puede adelantar clases presenciales hasta el 20 de abril de 2020, o hasta recibir nuevas orientaciones del Ministerio de Educación.
Respondiendo diversas inquietudes respecto a la organización del calendario, se trae a colación la Circular 20 del 16 de marzo de 2020 por medio de la cual el Ministerio de Educación autoriza a las Secretarías de Educación para modificar el calendario académico de los establecimientos educativos estatales. Con respecto a los colegios privados (calendario A y B) y en virtud del artículo 77 de la Ley 115 de 1994, se estableció que pueden:
Acogerse al calendario que defina cada Secretaría de Educación para el sector oficial.
Adoptar calendarios diferentes en el marco de la Resolución 1730 de 2004 del Ministerio de Educación, los cuales pueden tener en cuenta la educación desde los hogares que adelante la comunidad educativa durante la contingencia.
Mantener el calendario previsto antes de la emergencia sanitaria si se cuenta con las metodologías y herramientas apropiadas para desarrollar en casa las actividades pedagógicas con los estudiantes, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las guías y metodologías desarrolladas por cada colegio, para no realizar clases presenciales.
La emergencia sanitaria no implica la suspensión de la prestación del servicio educativo, ni autoriza la suspensión o terminación anticipada de los contratos que se suscriben entre los colegios privados y las familias, en virtud del artículo 201 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 2 del artículo 2.3.2.2.1.4. del Decreto 1075 de 2015. Así que la invitación del Ministerio es a socializar y compartir metodologías y esquemas de trabajo digitales o guías de estudio no presenciales que garanticen la prestación del servicio educativo a todos los estudiantes.
En relación con los cobros periódicos de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, se trae a colación el numeral 3 del artículo 2.3.2.2.1.4. del Decreto 1075 de 2015, para concluir que el cobro de estos solo debe estar vinculado a la prestación efectiva de los mismos, aun cuando se trate de relaciones contractuales regidas por normas del derecho privado. Lo anterior significa que si el servicio de transporte y/o cafetería no se está prestando, no se puede cobrar.
Considerando que la prestación del servicio educativo no se interrumpe con ocasión de la emergencia, se determina que la misma no constituye por sí sola una causal para terminar o modificar los contratos con el personal docente y administrativo. Lo anterior, en seguimiento de la Circular 21 del 17 de marzo de 2020, del Ministerio de Trabajo.
Finalmente, establece la Directiva que las Secretarías de Educación, en el ejercicio de su función de inspección y vigilancia verificarán el cumplimiento de estas directrices que tienen como último propósito la preservación de la vida de los niños, niñas y adolescentes del país.
[/et_pb_text][et_pb_text ol_item_indent=”16px” _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”0px|||||”][/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
by GP-admin17 marzo, 2020 COVID190 comments
INVIMA dispone nuevos canales virtuales de atención por COVID-19
Desde el lunes 30 de marzo, la Oficina de Atención al Ciudadano de INVIMA, no recibirá trámites de manera presencial, salvo que sea absolutamente necesario. No obstante, no se han reglamentado los lineamientos de esta radicación presencial.
Se permitirá la radicación virtual de las siguientes gestiones:
Notificación de los diferentes actos administrativos.
INVIMA declara los utensilios de protección personal de los profesionales contra COVID -19 como dispositivos médicos vitales no disponibles
La Autoridad Sanitaria INVIMA declaró los insumos de protección personal contra el COVID-19 para uso de los profesionales de la salud, como dispositivos médicos vitales no disponibles, con el fin de facilitar los requisitos de producción e importación y evitar el desabastecimiento durante la emergencia sanitaria.
INVIMA incluye el gel antibacterial y la solución tópica desinfectante dentro del listado de medicamentos vitales no disponibles durante la emergencia COVID-19
La Autoridad Sanitaria Invima permitirá temporalmente la importación de los medicamentos tales como gel antibacterial cuya composición es superior al 60% de alcohol y de solución tópica desinfectante cuya composición es superior al 70% de alcohol, sin necesidad de contar con registro sanitario, los cuales fueron incluidos listado de medicamentos vitales no disponibles a partir de la publicación del Acta 01 de 18 de marzo de 2020 de la Sala Especializada de Medicamentos de la Comisión Revisora, con el propósito de aumentar la oferta de este tipo de productos hasta que se normalice el abastecimiento.
Los requisitos la importación y comercialización de un medicamento vital no disponible a nivel nacional son los siguientes:
Copia del recibo de consignación
Solicitud expresa de importación
Certificado de venta libre o certificado ajustado a los requisitos previstos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para productos objeto de comercio internacional apostillado o consularizado y legalizado
Número IUM y/o número de solicitud
Certificado de existencia y representación legal del solicitante
Justificación de la cantidad solicitada
La Autoridad Sanitaria Invima a partir del miércoles 18 de marzo de 2020, habilitará nuevos canales virtuales para la prestación de los servicios en la entidad, para evitar la concentración y movilización de personas.
La oficina de atención al Ciudadano permitirá el ingreso de máximo 20 personas.
Los medios por los cuales se podrán adelantar algunos trámites son:
– Notificación de actos administrativos: https://app.invima.gov.co/formularios/view.php?id=310000
– Respuestas a Autos y oficios: https://app.invima.gov.co/formularios/view.php?id=309312
– Derechos de petición: https://app.invima.gov.co/formularios/view.php?id=245447
– Chat virtual de 8:00 am a 3:00 pm.
Según INVIMA, no existe actualmente tratamiento farmacológico para prevenir o curar COVID-19
La Autoridad Sanitaria Invima manifestó que a la fecha no existe tratamiento farmacológico para prevenir o curar el COVID-19, como tampoco evidencia científica respecto de los efectos adversos que puedan derivarse del uso de medicamentos como Ibuprofeno o Antiinflamatorios no Esteroideos (AINEs) en el tratamiento de esta enfermedad.
Igualmente indica que hasta el momento no hay certeza sobre la eficacia y seguridad del uso de antirretrovirales, interferones, antimaláricos e inmunomoduladores ni de que el uso de ciertos fármacos aumente, disminuyan o curen el contagio del coronavirus.
Para el tratamiento de pacientes con sintomatología leve asociada al COVID- 19 Invima señala que se recomienda manejo no farmacológico consistente en reposo, hidratación y aislamiento social; en el caso síntomas como dolor y fiebre, se sugiere utilizar primero acetaminofén siendo viable también de acuerdo con la información científica disponible el uso de Ibuprofeno u otros AINEs como alternativa de tratamiento; en pacientes que requieran hospitalización los profesionales de la salud administrarán tratamientos determinados de acuerdo con los lineamentos del Ministerio de Salud y Protección Social.
De todas formas, INVIMA hace énfasis en las medidas que ha venido recomendando el Ministerio de Salud y Protección Social para disminuir la propagación de la infección.
Tapabocas como “dispositivo médico vital”:
El Invima, mediante decisión de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnósticos In Vitro de la Comisión Revisora, consignada en el Acta Número 2 del 11 de marzo de 2020, decidió declarar temporalmente el tapabocas como un dispositivo médico vital no disponible lo que permite su importación y fabricación sin la necesidad de contar con registro sanitario. La medida estará vigente hasta que se normalice el abastecimiento de tapabocas en Colombia.
Compartimos el hipervínculo sobre este tema, donde podrán encontrar copia del Acta e información relevante sobre esta decisión: https://www.invima.gov.co/web/guest/invima-declara-tapabocas-como-dispositivo-medico-vital-no-disponible-durante-la-emergencia-por-covid-19?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias
Suspensión de términos – Superintendencia de Sociedades
La Superintendencia de Sociedades, a través de la Resolución 100-001101 del 24 de marzo de 2020, adoptó las siguientes decisiones:
Reanudar los términos de los procesos jurisdiccionales que se adelantan ante las sedes de Bogotá y de las Intendencias Regionales a partir del 1 de abril de 2020.
Las audiencias y diligencias en procesos de las Delegaturas de Procesos Mercantiles y de Insolvencia se adelantarán por medios virtuales y tecnológicos. Las peticiones, consultas, servicios y trámites también se adelantarán a través de los canales de atención virtual y mediante correo electrónico.
Mientras dure el Aislamiento Preventivo Obligatorio no habrá atención presencial, ni se adelantarán etapas procesales judiciales o actuaciones administrativas que impliquen el desplazamiento de funcionarios de la Superintendencia.
La notificación de decisiones judiciales y actos administrativos será por correo electrónico (Baranda Virtual y correo electrónico) y se suspenden las notificaciones personales de los autos admisorios de la demanda.
Se suspenden términos legales para la presentación de los Acuerdos de Reorganización.
Las pruebas y diligencias imposibles de adelantar por medios no presenciales y que sean vitales para la disputa podrán ser suspendidas por el Juez.
Tanto los mensajes de datos, como sus archivos adjuntos, que sean allegados a los expedientes, se consideran documentos y por lo tanto se presumen auténticos.
Brindar acceso virtual o remoto a los documentos que conforman el expediente en procesos judiciales.
Plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, los registros que integran el Registro Único Empresarial y Social (“RUES”) y las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados.
El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio expidió el 19 de marzo el Decreto 434 de 2020 para mitigar los efectos económicos del COVID-19 y contribuir en los esfuerzos de contención y prevención del riesgo de contagio a través de las siguientes medidas:
Se extiende el plazo para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y demás registros que integran el RUES y demás registros que integran el RUES. hasta el 3 de julio de 2020.
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación con entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único Empresarial (“RUP”), salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. Las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de julio de 2020.
La renovación de la afiliación a las Cámaras de Comercio deberá realizarse a más tardar el 3 de julio de 2020.
Las reuniones ordinarias de Asamblea correspondientes al ejercicio del año 2019 podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el inciso anterior, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde funcione· la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los quince (15) días anteriores a la reunión.
Adiciona el Decreto que todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en la realización de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas de sus órganos colegiados.
Modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2019
En atención a las acciones en materia de prevención, manejo y control que han sido impartidas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del COVID-19, y con el propósito de que los empresarios puedan atender las recomendaciones efectuadas por la Presidencia de la República y los Ministerios de Salud y Trabajo, la Superintendencia de Sociedades modificó las fechas de presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 de que trata el numeral 1 de la Circular Externa No. 201-000008 del 22 de noviembre de 2019.
En razón de lo anterior, los plazos para el envío de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, indicados en la Tabla No 1 del numeral 1.2 de la Circular Externa No. 201-000008 del 22 de noviembre de 2019, quedarán así:
Plazo máximo para el envío de información año 2020
Las demás instrucciones impartidas en la circular mencionada no se modifican.
Instrucciones de la Superintendencia de Sociedades en relación con las reuniones no presenciales durante la Emergencia Sanitaria
1. Para la interpretación del Artículo 19 de la Ley 222 de 1995, la expresión “todos los socios o miembros” hace referencia a los socios o miembros de junta directiva que participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar conforme a la ley y los estatutos.
2. Las reuniones de los órganos colegiados deberán atender las reglas en materia de convocatoria, quórum y mayorías previstas en la ley y los estatutos.
3. Existe la posibilidad de realizar reuniones mixtas conforme se determine en la convocatoria, esto es, aquellas en las que algunos de sus participantes asistan físicamente (presenciales) y otros virtualmente (no presenciales).
La preparación y desarrollo de este tipo de reuniones debe cumplir con lo dispuesto en la regulación vigente en materia de convocatoria, quórum, mayorías, derecho de inspección, actas y demás requisitos que resulten aplicables.
4. Las convocatorias a las reuniones no presenciales o mixtas deberán señalar los medios tecnológicos que serán utilizados y la manera en la cual se accederá a la reunión, sin perjuicio de las instrucciones necesarias para quienes asistan físicamente, en caso que la reunión sea mixta
5. Para la realización de este tipo de reuniones el Representante Legal deberá verificar la identidad de las personas que asistan virtualmente a fin de garantizar que en efecto se trate de los socios, de sus apoderados o de los miembros de junta directiva. En el acta se dejara constancia sobre la continuidad del quórum requerido para el inicio de la reunión, para su desarrollo y hasta su culminación
6. Si a la fecha no se ha realizado convocatoria para llevar a cabo la reunión ordinaria del máximo órgano social, la Superintendencia de Sociedades recomienda utilizar el mecanismo de reunión no presencial establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Decreto 398 de 2020.
7. Si la reunión ordinaria ya fue convocada, se recomienda hacer uso de la alternativa contemplada en el Artículo 2º del Decreto 398 de 2020, y dar alcance a la convocatoria para citar a una reunión no presencial o mixta.
8. Si la reunión ordinaria ya ha sido convocada, en caso que no sea posible hacer uso del mecanismo de las reuniones no presenciales o mixtas o si el aforo de la reunión presencial o mixta esperado supera las restricciones señaladas por las autoridades competentes (esto es, 50 personas para el caso de Bogotá contando socios, apoderados, o personal administrativo para el desarrollo de la reunión), es indispensable recordar que las disposiciones sanitarias de orden público vigentes priman sobre las normas societarias, por lo que los representantes legales deberán advertir de inmediato a los socios convocados, por el mismo medio empleado para la convocatoria, sobre la imposibilidad de llevar a cabo la reunión con ocasión de esta situación extraordinaria , la que constituye un evento de fuerza mayor o caso fortuito.
La advertencia a los socios acerca de la imposibilidad para realizar la reunión convocada, harán las veces de constancia sobre la existencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito para la realización de la reunión.
9. Una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la emergencia sanitaria y se modifiquen las ordenes de las autoridades competentes respecto a los aforos, o cuando se cuente con los medios tecnológicos para realizar reuniones no presenciales o mixtas con los aforos establecidos por las autoridades, los órganos sociales competentes deberán realizar una nueva convocatoria para la reunión ordinaria que por las circunstancias mencionadas, no pudo realizarse.
10. Si no es posible hacer la reunión no presencial o mixta, y siempre que no se superen los límites de aforo señalados por las autoridades, igualmente es posible contemplar la asistencia de los socios mediante el otorgamiento de poderes, los cuales no tienen formalidades distintas a las previstas en el artículo. 184 del Código de Comercio.
11. En el evento de que la reunión convocada no se pueda llevar a cabo por falta de quórum (diferente a la imposibilidad por fuerza mayor o caso fortuito), se debe tener en cuenta lo previsto en el régimen societario frente a las reuniones de segunda convocatoria, las cuáles se deben realizar dentro de los términos legales permitidos y con la reducción del quórum señalada en la ley.
Las reuniones de segunda convocatoria son aquellas que debidamente convocadas, no se llevan a cabo por falta de quórum, evento en el cual se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. Esta reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha dada para la primera reunión.
Estas reuniones de segunda convocatoria también deben realizarse de manera no presencial mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
12. Para el ejercicio del derecho de inspección, la Superintendencia invita a las sociedades supervisadas a establecer mecanismos virtuales para facilitar su desarrollo, de forma que la información correspondiente se ponga a disposición de los socios que así lo requieran, por supuesto, con las seguridades que se consideren necesarias debido al tipo de información de que se trata.
Consideraciones para la Asambleas de Accionistas o Juntas de Socios:
Como es de su conocimiento, durante los próximos días, todas las sociedades, en cumplimiento del artículo 422 del Código de Comercio, deberán realizar las reuniones ordinarias de Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios y de Junta Directiva, en el caso de las sociedades que cuenten con ella, para examinar la situación de la sociedad, designar administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balances del último ejercicio social y distribuir utilidades, de ser el caso.
Ante la declaratoria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido el Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, a través del cual busca evitar la congregación de personas en las reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos sociales, facilitando mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas, y ha tomado las siguientes medidas, las cuales son igualmente aplicables a las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL):
Las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que a la fecha de publicación del citado Decreto en el Diario Oficial (13 de marzo de 2020), hayan convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social, podrán, hasta un día hábil antes de la fecha de la reunión convocada, dar un alcance a la convocatoria, precisando que la reunión se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, esto es, bajo el mecanismo de reunión no presencial.
En dicho alcance se deberá establecer el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los socios, sus apoderados y miembros de Junta Directiva.
El alcance de la convocatoria se deberá hacer por el mismo medio que se haya utilizado para realizar la convocatoria.
El representante legal deberá dejar constancia en el acta de la respectiva reunión, sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión.
El representante legal deberá verificar la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto socios, sus apoderados, o miembros de Junta Directiva.
Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Junta de Socios, de Asamblea General de Accionistas o de Junta Directiva, cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. No obstante, teniendo en cuanta la actual situación sanitaria, el Ministerio ha señalado que, por “todos los socios o miembros”, deberá entenderse que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente.
Reiteramos que las anteriores medidas serán igualmente aplicables a todos los órganos sociales, estos son, tanto los órganos societarios como las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas Directivas, como a las Entidades sin Ánimo de Lucro, ya sea en reuniones ordinarias o extraordinarias, así como a las reuniones mixtas, entendiéndose por estas, las que permiten la presencia física y virtual de los socios, sus apoderados, los miembros de Junta Directiva, fundadores o asociados.

References: Artículo 42
 Artículo 2
 Artículo 7
 Artículo 64
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2

Resolución 
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 resolución 
 Resolución 

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 artículo 21
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 77
 Resolución 
 artículo 201
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 Artículo 19
 artículo 19
 Artículo 2
 artículo 422
 artículo 19
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