Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-36105-de-agosto-20-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_d8e3f715e68a40429d9fb15c7a6e99e5&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-17 14:20:48+00:00

Document:
﻿ Sentencia 36105 de agosto 20 de 2009
SENTENCIA 36105 DE 20 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR JUSTA CAUSA QUE SE CONCRETA EN EL DESPIDO NO NECESITA AGOTAR UN PROCEDIMIENTO PREVIO. PUES NO SE EQUIPARA A UNA SANCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:INDEMNIZACIÓN LABORAL, PRUEBA DE CONFESIÓN, CONFESIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, FUNCIONES DEL TRABAJADOR, DESPIDO DEL TRABAJADOR, EFICACIA DEL DESPIDO DEL TRABAJADOR
Sentencia 36105 de agosto 20 de 2009
Rad.: 36105
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia calendada 31 de enero de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por JIMENA SEGURA GUTIÉRREZ contra la SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA.
La citada accionante demandó en proceso laboral a la SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, procurando se le condenara a reconocer y pagar a su favor, la indemnización por despido sin justa causa, prevista en el parágrafo de la cláusula 6ª de la convención colectiva de trabajo suscrita el 13 de diciembre de 1996; la reliquidación de la cesantía e intereses a la misma, tomando el salario promedio realmente devengado; la reliquidación del crédito de vivienda contenido en el pagaré número 13-2000, por valor de $ 15.000.000, a partir del 19 de julio de 2002, a la tasa del 10% anual y a un plazo de 25 años; la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST; lo que resulte ultra o extra petita; y a las costas.
Como fundamento de esos pedimentos argumentó, en resumen, que laboró para la entidad demandada entre el 1º de septiembre de 1996 y el 19 de julio de 2002, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, en el cargo de bacterióloga, siendo su último salario promedio mensual devengado la suma de $ 2.350.000; que nunca le fueron entregadas las funciones específicas inherentes al cargo desempeñado; que el 19 de septiembre de 2000 “la demandada calificó la pericia de la actora en 4.8 sobre 5”; y que jamás fue sancionada ni amonestada y siempre actuó de buena fe, con responsabilidad y compromiso hacía la institución.
Continuó narrando que fue despedida fulminantemente en forma unilateral y sin justa causa, con violación al principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la convención colectiva de trabajo, en virtud de que por los mismos hechos imputados en la carta de terminación del contrato de trabajo, a los trabajadores Rocío Villarreal y Andrés Hernández solo se les sancionó disciplinariamente y no se les despidió; que según la convención colectiva de trabajo en su cláusula 38, se estipuló que luego de escuchado el trabajador inculpado en descargos, el empleador tomará la decisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de los hechos que realice por escrito el Departamento de Recursos Humanos, y en el sub lite se hizo 24 días después, si se tiene en cuenta que la respectiva notificación data del 13 de junio de 2002.
Expresó que no tenía a su cargo la responsabilidad de efectuar el análisis de control de calidad y menos para el 11 de junio de 2002, en la medida que después de los hechos que originaron su despido, fue que se empezó a hacer el control tanto de los registros como del proceso de revisión, por parte del “Departamento de Control de calidad” al que no pertenecía; que la revisión de la unidad 200251104713 como pendiente, se llevó a cabo en compañía de la supervisora encargada Rocío Villarreal; que “La prueba de Core (marcador de hepatitis B) NO es obligatoria para los bancos de sangre y por el contrario, es opcional, según lo preceptúa el artículo 42 del Decreto 1571 del 12 de agosto de 1.993”; que dicha prueba a que alude la carta de despido “fue reconfirmada con muestra de plasma y nueva muestra del donante correspondiente a la unidad 200251104713, con resultados negativos, de donde se puede afirmar con certeza absoluta que el donante no tenía core y por consiguiente ningún producto sanguíneo relacionado con esa unidad”; que ese producto no fue transfundido ni usado terapéuticamente en paciente alguno, y por el contrario luego se descartó e incineró; y que para ese época, la demandada “no estaba sistematizada ni aún lo está, por lo que los registros de resultados de las pruebas infecciosas (HIV, CHAGAS, HTLV, HbsAg, HVC y CORE), se hacían y se continúan haciendo manualmente en libretas 01, 08, 09 (unidades tomadas en la sede) y 02, 03 y 04 (unidades tomadas fuera de la sede) diseñadas y timbradas por la demandada”.
Agregó que era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo; que conforme a la cláusula 6ª convencional, la indemnización por despido, equivale a un 23% adicional sobre el total del valor de la indemnización legal; que el 15 de diciembre de 2000, la accionada le otorgó un préstamo de vivienda en cuantía de $ 15.000.000, en los términos señalados en el citado estatuto convencional, pero por razón de su desvinculación le variaron las condiciones, pues los intereses del crédito pactados al 10% se elevaron al 20% y el plazo inicial de 25 años se redujo a 5 años, lo cual la perjudicó notablemente; y que la convocada al proceso actuó de mala fe al no haber cancelado oportunamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones debidas.
La accionada al contestar la demanda, se opuso al éxito de las pretensiones; al referirse a los supuestos fácticos que las soportan, admitió la relación laboral para con la demandante, la clase de contrato, la fecha de ingreso, el cargo desempeñado, la calificación de sus funciones efectuada el 19 de septiembre de 2000, y el otorgamiento del préstamo de vivienda, así mismo dijo ser cierto que a la actora jamás se le amonestó o sancionó disciplinariamente, y que ninguno de los productos relacionados con la unidad 200251104713 fueron transfundidos o usados en algún paciente, y en cuanto a los demás hechos los negó; propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación y de los derechos reclamados, prescripción, cobro de lo no debido y pago.
Adujo en su defensa, que el contrato de trabajo de la accionante finalizó por justas causas, habida consideración que ésta “de forma enteramente negligente y desatendiendo a su amplia experiencia en el cumplimiento de sus funciones pasó por alto reportar en el protocolo el resultado de la prueba CORE HEPATITIS B que daba una unidad de sangre. La conducta negligente de la demandante reviste mucha más gravedad si se tiene en cuenta que el resultado de la prueba CORE HEPATITIS B daba positivo y sin ningún miramiento ni buen juicio procedió a enmendar la libreta de protocolo con la intención de ocultar la falta”, y que respecto del crédito de vivienda, la trabajadora aceptó voluntariamente las condiciones del manejo del mismo.
La primera instancia la desató el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 11 de mayo de 2007, en la que absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra, consideró innecesario el estudio de las excepciones propuestas, y condenó en costas a la parte actora.
Apeló la demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, con sentencia que data del 31 de enero de 2008, confirmó íntegramente el fallo absolutorio del a quo, y se abstuvo de imponer costas en la alzada.
El ad quem contrajo el estudio de la apelación, al punto relativo a la terminación del vínculo contractual, y comenzó dando por demostrada la ocurrencia del despido de la actora, conforme a la comunicación por medio de la cual se dio ruptura al contrato de trabajo, y sobre su justificación estimó que la sociedad demandada había acreditado que esa determinación obedeció a justas causas, quedando exonerada del pago de la indemnización reclamada.
El Tribunal textualmente soportó su decisión en lo siguiente:
“(…) Conforme al asunto que debe resolver ahora la Sala, debe acotarse primero que de vieja data ha señalado la jurisprudencia nacional que tratándose del despido compete al trabajador demostrar la ocurrencia del mismo y a la empleadora su justificación si aspira a la exoneración de la indemnización por la ruptura unilateral del vínculo contractual.
En el sub judice a folios 239 y 240 del plenario obra el documentado datado 19 de julio de 2002 por el cual el señor CERVELEON PALACIOS ESPITIA en calidad de JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS de la CRUZ ROJA COLOMBIANA comunica a la señora JIMENA SEGURA GUTIÉRREZ la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo a partir del 19 de julio de 2002 por los siguientes hechos que calificó de graves:
— Que “... el día 11 de junio de 2002, en su condición de bacterióloga del Banco de Sangre teniendo bajo su responsabilidad efectuar el análisis de control de calidad relacionado con la prueba de infecciosas, omitió identificar en la unidad No. 200251104713 el resultado positivo del anticuerpo “CORE TOTAL CONTRA LA HEPATITIS B””.
— Que “Para enmendar su negligencia en el cumplimiento de sus funciones, en asocio con los demás bacteriólogos procedió a arrancar el folio No. 15 del protocolo ‘libreta de resultados’ del proceso de control de calidad para posteriormente proceder a anexar una nueva hoja en la que se efectuaron las anotaciones correspondientes, pero esta vez indicando que la unidad No. 200251104713 si daba positivo a la prueba de infecciosas en lo referente al anticuerpo “CORE TOTAL CONTRA LA HEPATITIS B””.
— Que “Su conducta negligente e indisciplinada expuso la salud de los posibles pacientes receptores de los componentes sanguíneos derivados de la unidad No. 200251104713, pues como se pudo establecer dicha unidad fue colocada en despachos del banco de sangre lista para ser distribuida y posteriormente enviada a la ciudad de Cúcuta las plaquetas”.
Con base en los anteriores hechos la demandada consideró justificada la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo con la actora, encuadrando la conducta en la previsión normativa contenida en el artículo 62 del CST subrogado por el artículo 7 literal a) numerales 2º, 4º, y 6º del Decreto 2351 de 1965 en concordancia con el numeral 1º del artículo 58 del CST.
En tales circunstancias encuentra la Sala que de acuerdo al INFORME DE OCURRENCIA No. 2002-07 que corre de folios 100 a 103 del plenario el 06 de junio de 2002 se reportó a la Cruz Roja Colombiana que una unidad de concentrado de plaquetas con Anti-Core para Hepatitis B fue despachada a SaludCoop el día 06 de junio de 2002. Que “1. De acuerdo con el registro de despachos de sangre, la (SIC) unidades de concentrado de eritrocitos y de concentrado de plaquetas salieron al stock, lo que significa que fueron revisadas y firmada su salida en el banco de Sangre”.
Que “2. Según el comprobante de despachos, la unidad de concentrado de eritrocitos fue solicitada por el Banco de Sangre el 11 de junio, fecha en que apenas se realizó la repetición por duplicado de la prueba de Anti-HBc que había salido inconcluyente el día 06 de junio. Esto significa que la unidad de plaquetas despachada (SIC) el día 06 de junio a Saludcoop y la unidad de concentrado de eritrocitos salieron a despachos pese a que el Core no había sido resuelto y se encontraba pendiente por repetir”.
Que “3. En la libreta de resultados finales no se encuentra firma de salida de las unidades de concentrado de eritrocitos y plaquetas del No. 200251104713 que respalde el hecho de que las unidades fueron revisadas y entregadas a Despachos (...)”.
Que “4. En la libreta de resultados finales y en el registro de sellos de calidad aparece que a la unidad No. 1-4713 le entró aire. Sin embargo, en el acta de incineración aparece descartada la unidad únicamente por core reactivo”.
Que “5. De acuerdo con el registro en la libreta de muestras para repetir por core, la unidad No. 1-4713 quedó pendiente el día 6 de junio y fue repetida por duplicado hasta el día 11 de junio, fecha en que se registra resultado inconcluyente. Sin embargo las unidades de concentrado de eritrocitos y plaquetas salieron a stock entre el 6 y 7 de junio”.
De lo anterior se concluye que el día 06 de junio de 2006 en efecto tuvo lugar el hecho del envío de una unidad de sangre a Saludcoop con resultado positivo de CORE para hepatitis B y que del libro de registro de resultados finales en los que se hace constar la revisión de las unidades de sangre, los resultados y responsables de la realización de las pruebas reactivas, así como su revisión, se arrancó el folio 0015 y en su lugar se pegó una hoja adicional diferente de la original.
De las documentales a folios 381 a 386 del plenario, contentivas de la diligencia de descargos rendida por la actora frente a los hechos ocurridos con la prueba de anti-core hepatitis B que resultó reactiva en la donación de sangre 200251104713, y Las explicaciones rendidas por la misma ante el director del BANCO NACIONAL DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, por los mismos hechos, se desprende que la doctora XIMENA SEGURA GUTIÉRREZ era la responsable de reportar el resultado de la prueba de CORE de la unidad de sangre 200251104713 y a dicha muestra no se le realizó reporte alguno de pendiente por ese ítem, y por tanto la unidad de GR (glóbulos rojos) como la de plaquetas fueron liberadas al stock, esto es, de acuerdo al expediente, quedaron disponibles para despacho.
Con el dicho de los testigos ANGÉLICA GUTIÉRREZ y DIANA QUIÑÓNEZ BACAREO (folios 420 a 424 y 432 a 437), quienes fungieron como bacteriólogas para la época de los hechos en el banco de sangre de la Cruz Roja se corrobora que la demandante laboraba en el área de “infecciosas” y era la encargada de procesar las pruebas de HIV, CORE, HEPATITIS C, CHAGAS y HTLV 1 y 2 de las muestras de los donantes, así como también del reporte del análisis de éstas practicadas en las unidades sanguíneas. Los restantes testigos coincidieron en afirmar la asignación de la actora a la sección de pruebas infecciosas en el banco de sangre.
Valga acotar que durante la diligencia de interrogatorio de parte absuelto por la actora al ser interrogada sobre qué persona debía identificar en el Banco de Sangre el resultado negativo o positivo de la prueba CORE TOTAL contra HEPATITIS B (pregunta 8), CONTESTÓ: “por efectos del protocolo de trabajo que se realiza en CRUZ ROJA se tiene por estipulado varios procesos de revisión en los cuales uno de ellos es la identificación inicial que esa me correspondía a mi pero para tales efectos pasa por revisión con la supervisora del Banco en ese momento DRA. ROCÍO VILLARREAL”.
Lo anterior prueba lo establecido en la carta de desahucio respecto a que la actora en su condición de bacterióloga del Banco de Sangre tenía bajo su responsabilidad efectuar el análisis de control de calidad relacionado con las pruebas de infecciosas y el reporte de los resultados obtenidos. Además, tanto en la diligencia de descargos rendida por ella como en las explicaciones dadas por la misma ante el director del BANCO NACIONAL DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, aceptó no haber realizado a la muestra de sangre 200251104713 reporte alguno de pendiente por ese ítem, es decir, por el resultado de la prueba CORE TOTAL PARA HEPATITIS B.
Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad de la realización de la prueba de Core que señala el recurrente como uno de los yerros en que incurrió el a quo, al asumirla como obligatoria, debe acotar la Sala que si bien según el dicho de algunos de los testigos, v. gr., Maria Angélica Gutiérrez y Diana Quiñónez Bacareo la prueba de Core no era obligatoria en virtud del Decreto 1571 de 1993, no lo es menos que, otros deponentes como JOSE NEGIB MARUN CHAGIN (folio 427) quien fungió como director del Banco de Sangre de la Cruz Roja para la época de los hechos, afirma que la realización de dicha prueba era obligatoria en la Cruz Roja, dicho éste que cotejado con las documentales que corren de los folios 271 a 288, 291 a 303 y 319 permite establecer a la Sala que en efecto, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, asumió como obligatorio dentro del proceso de estándar de calidad de las unidades de sangre con fines transfusionales, practicar la prueba de detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B - CORE, entre otras, todo lo cual deja claro para la Sala que la actora en su calidad de bacterióloga asignada al banco de sangre estaba obligada a la observancia de esta políticas de calidad.
También acreditan estas pruebas la obligatoriedad de reportar los resultados de la prueba de ANTICORE en las libretas respectivas, y que para ello se encontraba establecido un protocolo que debía ser observado.
De otro lado, en cuanto a la conducta relacionada con la sustracción del folio 0015 del registro de anotaciones, encuentra la Sala que las pruebas documentales que vienen siendo analizadas como son el acta de diligencia de descargos rendida por la actora y la comunicación donde explica al director nacional del Banco de Sangre su participación en los hechos ocurridos (folios 381 a 386), enseñan que la demandante admite que conjuntamente con otros bacteriólogos de la unidad que tuvieron conocimiento de los hechos decidieron reemplazar dicho folio de la libreta de anotaciones de resultados y volver a realizar el reporte que se había realizado en la hoja original el 07 de junio de 2002, incluyendo las firmas de liberación de todos los productos que se sacaron, excepto las firmas de los despachos de GR (glóbulos rojos) y plaquetas.
La prueba que milita a folio 339 permite establecer como cierto que para la unidad de sangre identificada como 200251104713 el día 06 de junio de 2006 (sic) no se estableció ningún resultado respecto de la prueba CORE, y que esa misma unidad de sangre, en la misma fecha, 06 de junio de 2002, se registró con resultado positivo para la prueba ANTICORE, todo lo cual permite a la Sala concluir que en efecto el registro de los resultados de laboratorio iniciales frente a la muestra de sangre 200251104713 fueron cambiados al reemplazarse el folio 0015 de la libreta de resultados.
La conducta relacionada con el reemplazo del folio 15 de la libreta de anotaciones de resultados, fue admitida por la demandante durante la diligencia de interrogatorio de parte que dan cuenta los folios 399 a 401, v.gr. la respuesta a las preguntas 11 y 12.
Finalmente, es un hecho plenamente acreditado en el juicio que la unidad de plaquetas No. 20025104713 con sello de calidad 161482 fue despachada a la Clínica Jorge Piñeros Corpas de SALUDCOOP y devuelta por ésta a la Cruz Roja Colombiana por haber presentado resultado positivo de anticore. Tal aserto dimana de la prueba documental a folio 128 y es ratificada por las restantes pruebas traídas a juicio.
Por manera que, en el caso bajo estudio está probado entonces que la trabajadora incurrió en las faltas que le fueron imputadas en la carta de despido, esto es, que teniendo bajo su responsabilidad el análisis y reporte de los resultados de las pruebas de infecciosas en las unidades de sangre analizadas, omitió reportar el resultado de la prueba del anticuerpo CORE para hepatitis B en la unidad de sangre 20025104713, cuya muestra de plaquetas fue despachada a Saludcoop y devuelta a la Cruz Roja por resultado positivo de ANTICORE. También se acreditó en el juicio que la actora conjuntamente con otros bacteriólogos del banco de sangre participó en reemplazar el folio 0015 del libro de anotaciones de resultados de control de calidad que se realiza a las muestras de sangre, procedimiento éste que según el dicho del testigo JOSE NEGIB MARUN CHAGIN (folios 426 a 430) quien trabajó para la demandada como director del banco de sangre entre 1991 y 2001, debía contar previamente con el aval del director científico “con un acta dando explicación del porque –SIC- guardándose esta misma en un archivo aparte”. (Folio 430).
Es claro para la Sala que el hecho de que la muestra de plaquetas despachada a la Clínica Saludcoop no fue finalmente trasfundida a pesar de haber sido remitida a Saludcoop y que la muestra de glóbulos rojos fue rescatada antes de ser despachada, contrario a lo alegado por el recurrente, sí generó un riesgo incuestionable para los destinatarios de las muestras de sangre. La circunstancia de no haberse hecho uso de la muestra de sangre que presentaba resultado positivo no exime a la demandante de la responsabilidad derivada de su omisión o se erige en un hecho exculpatorio de su conducta, y por el contrario su proceder negligente se adecua a las justas causas legales previstas en el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del CST, concretamente los numerales 4 y 6 y el numeral 1º) del artículo 58 del CST.
Finalmente, debe acotar la Sala que incurre el recurrente en lo que se denomina un medio nuevo al impugnar al presentar como objeto de reparo de la terminación unilateral del vinculo laboral la ausencia de relación de causalidad inmediata entre la fecha de los hechos imputados a la actora y la ocurrencia de los mismos, pues durante el trámite de la primera instancia la discusión planteada por la parte demandante se restringió a determinar la existencia o inexistencia de los hechos imputados a la actora como causales de despido, todo lo cual viola el principio de congruencia al cual está sometido el sentenciador de segunda instancia.
En tales circunstancias, resulta forzoso concluir que el despido de la trabajadora respondió a justas causas y por tal razón la demandada se encuentra exonerada de la indemnización deprecada por la actora”.
Persigue la parte actora con el recurso extraordinario, que esta Corporación CASE la sentencia impugnada, y en sede de instancia, revoque el fallo del a quo, para en su lugar condenar a la accionada en los términos solicitados en la demanda inicial, proveyendo lo que corresponda por costas.
Con tal propósito invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el artículo 87 del CPT y de la SS, modificado por el 60 del Decreto 528 de 1964, y formuló dos cargos que merecieron réplica, los cuales se estudiarán conjuntamente por estar orientados por la misma vía, denunciar similar conjunto normativo, valerse de una argumentación común que se complementa, y perseguir idéntico fin como es demostrar que la demandante fue despedida injustamente.
Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos “65, 467, 468, 476, 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, 7, 38 del Decreto Ley 2351 de 1965, 13, 14, 19, 22, 55, 57, 58.1, 127 y ss., 149, 152, del CST y SS; 8 de la Ley 153 de 1887, 1494, 1495, 1502, 1508, 1513, 1613 a 1617, 1626, 1648, 1649 y 1973 del Código Civil; 1, 4, 25 y 53 de la Constitución Nacional”.
Violación que afirmó se produjo por la comisión de los siguientes errores manifiestos de hecho en que incurrió el juez colegiado:
“— el Tribunal dio por demostrado, sin estarlo, que esa unidad contuviera CORE “positivo” para hepatitis B”.
“— el Tribunal dio por demostrado, sin estarlo, que ella, la demandante, en asocio con otros bacteriólogos, arrancó el folio 0015 y en su lugar pegó una hoja adicional diferente de la original con resultados diferentes a los de la hoja original”.
“— Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demandante incurrió en grave indisciplina y en grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales”.
Sostuvo que el primer yerro fáctico lo cometió el fallador de alzada, por la errónea apreciación de las siguientes pruebas: “el INFORME DE OCURRENCIA Nº 2002-07 de folios 100 a 103, los descargos que rindió la demandante (folios 383 a 386), el documento explicativo de la demandante (folios 381 a 382), los testimonios de ANGÉLICA GUTIÉRREZ (folios 373 a 374), DIANA QUIÑONEZ BACAREO (folios 432 a 437) y JULIO CÉSAR CASTELLANOS RAMÍREZ (folios 448 a 452)”.
Así mismo, dijo que el ad quem incurrió en el segundo y tercer error de hecho, por la mala apreciación de las anteriores pruebas y adicionalmente de los documentos de folios 128 y 339, el interrogatorio de parte absuelto por la demandante obrante a folios 399 a 401, y el testimonio de JOSÉ NEGIB MARÚN CHAGÍN visible a folios 426 a 430.
Para la demostración del cargo, la censura se refirió a cada uno de los yerros fácticos en el orden en que fueron propuestos, y frente al primero sostuvo que al Tribunal no le era dable concluir con base en el documento de folios 100 a 103, elaborado y firmado por María Victoria Flórez González - coordinadora del programa de control de calidad, que la unidad de sangre 200251104713 enviada a Saludcoop, tuviera como resultado “positivo” de CORE para hepatitis B, en virtud de que ese informe proviene de la misma demandada y por tanto no es oponible a la demandante, “pues a nadie le está dado crear la demostración del hecho que le favorece”.
Adujo igualmente, que el documento de folios 381-382, signado por la actora para explicarle al doctor Guillermo Quintero lo sucedido, “no contiene la admisión del hecho que el Tribunal dio por demostrado. Tiene sí, la admisión de que la bacterióloga demandante era la encargada de reportar lo relativo a la unidad de sangre 200251104713; también la admisión de que no hizo el reporte el 6 de junio y la admisión de que “el resultado de la confirmación estaba muy cercano al punto de corte”. Pero no hay una sola línea en donde se admita, con alcance de confesión, que la dicha unidad de sangre hubiese dado positivo por hepatitis B”.
Manifestó que del mismo modo, los descargos de la actora de folios 383 a 386, no contienen confesión de la trabajadora, en el sentido de que esa unidad de sangre a que alude la carta de despido en su numeral 1º, haya dado efectivamente positivo por hepatitis B.
A reglón seguido analizó los dichos de los testigos Martha Angélica Gutiérrez (folios 373 – 374), Diana Quiñónez Bacareo (folios 432 a 437) y Julio Cesar Castellanos Ramírez (folios 448 a 452), para asegurar que corroboran que la unidad de sangre mencionada no contenía hepatitis B, lo que conlleva a que lo afirmado en la comunicación de despido sea una “falsedad”.
Y señaló que en estas condiciones, el ad quem había dado por demostrado un hecho inexistente, y al no contener la unidad de sangre en cuestión un resultado positivo al anticuerpo Core contra la hepatitis B, no se podía configurar una grave negligencia de la accionante, pues su conducta no puso en peligro la seguridad de las personas o de las cosas, en la medida de que “en la eventualidad de haberse realizado la transfusión con esa unidad nadie podía haber salido perjudicado”, lo que hace intrascendente la obligación de la empleada de practicar la prueba de Core, advirtiendo que en el cargo no se discute lo concerniente a las obligaciones contractuales que debía ésta cumplir, ni lo expuesto en este sentido por el declarante Dr. MARÚN CHAGÍN, como tampoco lo señalado en los documentos de folios 271 a 288 y 291 a 303.
Pasando al segundo error de hecho, que atañe a la otra imputación que hizo la empleadora en la carta de despido, de que la actora en asocio con otros bacteriólogos, arrancó el folio 0015 y en su lugar pegó una hoja adicional con resultados diferentes a los de la hoja original, para tratar de enmendar su negligencia en el cumplimiento de sus funciones, el recurrente plantea textualmente la siguiente argumentación:
“(…) Pues bien, la primera prueba que tiene en cuenta el Tribunal es la comunicación de folios 381 a 382 en la que encuentra una confesión.
Pero en ese documento se lee:
“Así las cosas, una vez rescaté la unidad de GR, le comuniqué lo sucedido a mi compañera de sección, al igual que a la bacterióloga que había revisado conmigo el día que ocurrió la omisión del reporte, y como ya se debía revisar lo procesado del día, la bacterióloga responsable de hacer los registros de infecciosas reportó el resultado de la confirmación del core sobre las firmas ya hechas tanto de la unidad de GR como las plaquetas, de igual forma resaltó la unidad; de otra parte, se dio aviso de lo sucedido a la bacterióloga encargada de la sección de componentes que había sacado la plaqueta, y al bacteriólogo de clasificación que dio la unidad de GR: posteriormente se realizó la revisión del día con la supervisora”.
Y siguen otras explicaciones en el folio 382.
“Como puede verse, el Tribunal habló de la sustracción del folio 15 y la comunicación de despido habló de arrancar el folio 15. Pero ni lo uno ni lo otro está admitido por la demandante en la comunicación de folios 381 a 382. Lo que dice la demandante es que el folio 15 fue reemplazado; pero que fue reemplazado según acuerdo que se adoptó por todos los que intervinieron en la elaboración del documento original y por una cuestión de simple presentación; y que el original fue reemplazado con la autorización de la supervisora.
O sea que si el Tribunal hubiera valorado correctamente el documento utilizando la técnica que ofrece la regla de la experiencia contenida en el artículo 200 del CPC habría tenido que quitarle al cambio del folio 15 la connotación que le dio y la que le asignó la carta de despido y en lugar de una confesión habría tenido que admitir que hubo un cambio del documento y un cambio autorizado por el patrono, pues el artículo 32 del CST se lo da al supervisor para comprometerlo ante sus trabajadores.
Ahora, en la diligencia de descargos la demandante fue más explícita: buscó a todas las personas que estuvieron involucradas en el reporte de los días 6 y 11 de junio; y puntualizó quién era la supervisora a cargo: la doctora Rocío Villarreal; explicó las consideraciones que desde el punto de vista científico se debían adoptar y el por qué del cambio del documento. Y precisó quién hizo el cambio y que el mismo obedeció a una decisión, ausente de dolo o mala fe. Cuestionó el procedimiento manual, que indiscutiblemente muestra la responsabilidad empresarial y no la responsabilidad del operario subordinado. Y puso de presente que ese tipo de cambios no era inusual (como lo revelan otros testigos) y la razón por la cual no era excepcional.
Luego de allí no podía tomar el Tribunal una confesión pura y simple, como lo hizo, sino una declaración circunstanciada que aquél no podía tomar sesgadamente, sin una explicación judicial razonada.
Luego de allí no podía concluir hubo concierto irregular de los bacteriólogos, pues la presencia de representante del patrono, por ella misma, lo descartaba, sin que quede la menor duda.
Dice el Tribunal que la prueba que militó al folio 339 permite establecer que los resultados del registro original de la unidad de sangre 200251104713 fue cambiado y luego, en el segundo párrafo del folio 533, insiste en que la demandante, aquí en su interrogatorio de folios 399 a 401, admitió el reemplazo del folio 15 de la libreta de anotación de resultados de la empresa. En realidad, se repite, el reseñado cambio no fue negado. Lo que se le cuestiona al Tribunal es que no hubiera advertido que el cambio fue consentido por la supervisora de la empresa demandada, es decir, por su representante ante los trabajadores.
Pero hay que precisar: el solo documento del folio 339 no puede ser la evidencia de ningún cambio, porque para ello habría sido absolutamente indispensable que el Tribunal hubiera tenido a la vista el original. Y el interrogatorio que rindió la demandante durante el proceso no contiene confesión alguna, pues al responder la pregunta 11 negó que hubiera arrancado el folio 15 de la libreta de resultados y aclaró que el cambio no se hizo por ninguna asociación irregular de los bacteriólogos, sino en presencia de la supervisora encargada; y al responder la pregunta 12 dijo que el folio 15 fue cambiado, pero eso no significa que fue adulterado, y es lo mismo que dijo en la comunicación de folios 381 a 382 y en sus descargos ante la empresa.
Por otra parte, el Tribunal dice que la unidad 20025104713 fue devuelta por Saludcoop por haber presentado resultado positivo de anticore y que ese hecho dimana del documento del folio 128. Pero aunque en este punto del examen de la sentencia esa cuestión resulta inocua, cumple decir que allí se dice que, según un tercero, que no declaró en este proceso, la referida unidad tenía un resultado de anticore positivo, de modo que lo único que demuestra el documento es la devolución, pero nada más”.
A continuación critica la prueba testimonial, en lo relativo al anterior aspecto, para exponer que lo dicho por los deponentes, también demuestra que la supervisora como representante del empleador demandado, homologó el “cambio” del folio 15 en comento.
De otro lado, en lo que tiene que ver con el tercer yerro fáctico, que busca acreditar que la actora no incurrió en una grave indisciplina e incumplimiento de sus obligaciones contractuales, el censor centra su discurso en que encontrándose en su sentir probado, como quedó visto, que “la supervisora, jefe inmediato de la demandante, autorizó el cambio del folio 15. Y como ello es así, aquélla no pudo incurrir en grave indisciplina, pues es evidente que quien actúa autorizado por su superior jerárquico no rompe la normatividad disciplinaria de la institución”.
Por último, el impugnante remató su argumentación, expresando que como el cargo demuestra que no hubo justificación para el despido de la demandante, quien tenía una reconocida capacidad profesional y ética, en sede de instancia hay lugar a que se ordene el pago de la indemnización convencional indexada, lo que de igual manera trae como consecuencia que “las obligaciones crediticias a cargo de la misma demandante, cuyas instrucciones están dadas por la regulación de la Convención Colectiva, queden sometidas a los plazos e intereses originalmente pactados”, por virtud de que la finalización del vínculo no obedeció a una justa causa.
Atacó la sentencia recurrida por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, respecto del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1-135 del Decreto 2282 de 1989, que condujo a la violación de los artículos “65, 467, 468, 470, 476, 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 153 de 1887, 1494, 1495, 1502, 1508, 1513, 1613 a 1617, 1626, 1648, 1649 y 1973 del Código Civil”.
Para la sustentación del ataque, sostuvo lo siguiente:
“(…) el H. Tribunal incurrió en error manifiesto: Dio por demostrado, sin estarlo, que la parte demandante no propuso durante el trámite de la primera instancia el tema de la oportunidad del despido.
A ese error llegó el ad quem, por haber apreciado erróneamente la demanda en cuanto en ella está propuesto el tema de la oportunidad del despido.
Dice los hechos 18 y 19 de la demanda:
“18. Por convención colectiva de trabajo signada el 13 de diciembre de 1.996, la demandada se comprometió en la cláusula 38 ‘...a llamar a descargos al trabajador inculpado y a tomar una decisión dentro de los quince (15) días hábiles a la notificación que de los hechos se haga por escrito al Departamento de Recursos Humanos’.
19. En el caso bajo examen, la notificación se hizo por escrito el día 13 de junio del 2002 por el Dr. Guillermo Quintero —Director Banco Nacional de Sangre— al Departamento de Recursos Humanos y la carta de despido se entregó a la actora el día 19 de julio del mismo año, es decir 24 días después”.
Los dos hechos transcritos demuestran que la parte demandante planteó el tema de la oportunidad del despido, pues allí se dice que la empresa demanda violó el pacto convencional al proceder tardíamente a notificar el despido después de haberse cumplido la diligencia de descargos.
Como el Tribunal tuvo que apreciar la demanda inicial del proceso, pues de lo contrario no habría podido resolver con la motivación que contiene su sentencia en punto a la justa causa, es claro que la apreció erróneamente en cuanto no advirtió que los hechos 18 y 19 de la misma contienen el tema de la oportunidad del despido.
Ese error incidió en la decisión, pues si hubiera advertido que el tema de la oportunidad del despido se propuso, habría considerado ilegal la terminación del contrato y, sin necesidad de estudiar la cuestión de la justa causa, habría condenado al pago de la indemnización convencional indexada y habría ordenado que las obligaciones crediticias a cargo de la demandante, cuyas instrucciones están dadas por la regulación de la Convención Colectiva, queden sometidas a los plazos e intereses originalmente pactados”.
El opositor a su turno, solicitó de la Corte rechazar los cargos, habida cuenta que el ataque se centra en la prueba testimonial que no es calificada en casación; que el documento de folio 100 a 103 si demuestra la falta grave cometida por la demandante y la circunstancia que provenga de la parte demandada no le resta eficacia probatoria; que las pruebas denunciadas muestran que la actora incumplió los procedimientos establecidos, tuvo responsabilidad en el resultado de la prueba de sangre en cuestión, y reemplazó el folio 15 de la libreta de anotación de resultados; que la censura no logra acreditar ninguno de los errores de hecho propuestos, donde el Tribunal apreció las pruebas conforme a la libertad probatoria consagrada en el artículo 61 del CST y de la SS; y que los “38 días” que transcurrieron entre la ocurrencia del hecho y el despido, es un tiempo apenas razonable, dado que hubo que adelantar investigaciones internas para tomar la determinación de cancelar el contrato de trabajo de la accionante por justas causas.
Vista la motivación de la sentencia acusada, el Tribunal en torno a la terminación del vínculo laboral de la demandante, concluyó que la accionada había acreditado la justeza del despido, en esencia por lo siguiente:
(I) Que la actora en su condición de bacterióloga del Banco de Sangre de la demandada, tenía bajo su responsabilidad efectuar el análisis del control de calidad relacionado con las pruebas de infecciosas y el reporte de los resultados obtenidos, quien aceptó “no haber realizado a la muestra de sangre 200251104713 reporte alguno de pendiente por ese ítem, es decir, por el resultado de la prueba CORE TOTAL PARA HEPATITIS B”, al igual admitió “que conjuntamente con otros bacteriólogos de la unidad que tuvieron conocimiento de los hechos decidieron reemplazar dicho folio de la libreta de anotaciones de resultados —refiriéndose al folio 15 del registro de anotaciones— y volver a realizar el reporte que se había realizado en la hoja original”, conforme se desprende de los descargos rendidos por la trabajadora y las explicaciones dadas por ésta al Director del Banco Nacional de Sangre de la demandada, obrantes a folios 381 a 386 del cuaderno del Juzgado, el interrogatorio de parte absuelto por la accionante visible a folios 399 a 401 ibídem, y la documental de folio 339 que muestra el cambio de resultados de la prueba CORE de la unidad de sangre 200251104713.
(II) Que “… la unidad de plaquetas No. 20025104713 con sello de calidad 161482 fue despachada a la Clínica Jorge Piñeros Corpas de SALUDCOOP y devuelta por ésta a la Cruz Roja Colombiana por haber presentado resultado positivo de anticore. Tal aserto dimana de la prueba documental a folio 128 y es ratificada por las restantes pruebas traídas a juicio”.
(III) Que el envió(sic) de la unidad de sangre a Saludcoop con resultado positivo de CORE para hepatitis B y el cambio de la hoja del libro de registro de resultados finales en los que se hace constar la revisión de las unidades de sangre, también se registra en el informe de ocurrencia No. 2002 – 07 rendido el 13 de junio de 2002 por la coordinadora programa control de calidad de la demandada, que corre a folios 100 a 103 ídem.
(IV) Que los dichos de los declarantes ANGÉLICA GUTIÉRREZ y DIANA QUIÑONEZ BACAREO (folios 420 a 424 y 432 a 437), quienes también eran bacteriólogas de la accionada para la época, y los “restantes testigos”, confirman que la demandante “laboraba en el área de “infecciosas” y era la encargada de procesar las pruebas de HIV, CORE, HEPATITIS C, CHAGAS y HTLV 1 y 2 de las muestras de los donantes, así como también del reporte del análisis de éstas practicadas en las unidades sanguíneas”, y que era obligatoria en la Cruz Roja la prueba de Core o de detención de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B – CORE, debiendo la promotora del proceso observar las “políticas de calidad” y no lo hizo al omitir reportar el resultado de esa prueba en la muestra de sangre 20025104713, a más que participó en el reemplazo del folio 0015 del libro de anotaciones de resultados de control de calidad, cambio que se efectuó sin el aval del director científico, como se desprende de lo narrado por el director del Banco de Sangre de la accionada JOSÉ NEGIB MARUN CHAGÍN, que igualmente declaró en esta litis a folio 426 a 430, y se colige de las documentales que aparecen a folios 271 a 288, 291 a 303 y 319 ejusdem.
(V) Que la circunstancia que la unidad de sangre despachada a Saludcoop que presentaba resultado positivo, no hubiere sido transfundida a algún paciente “no exime a la demandante de la responsabilidad derivada de su omisión” o grave negligencia, ni se “erige en un hecho exculpatorio de su conducta”.
(VI) Que no es de recibo la alegación de la falta de inmediatez del despido entre la ocurrencia de los hechos y la fecha de la terminación del vínculo, por tratarse de un “medio nuevo”, dado que al no haberse discutido en las instancias admitir su estudio violaría el principio de congruencia.
La censura para cuestionar las anteriores inferencias, propuso en el primer cargo tres (3) errores de hecho y en el segundo un (1) yerro fáctico; que apuntan a demostrar como primera medida, que a contrario de lo sostenido por la Colegiatura, la demandante no incurrió en una grave negligencia, indisciplina o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por cuanto no se acreditó en el plenario que la unidad de sangre que se menciona en la carta de despido hubiera dado positivo por hepatitis B, y por tanto de haberse efectuado la transfusión con esa muestra nadie hubiese podido salir perjudicado, y que el cambio o alteración de los registros del folio 0015, se realizó con autorización de la jefe inmediata de la demandante que lo era la supervisora; y en segundo lugar, que conforme a lo narrado en los hechos 18 y 19 de la demanda introductoria, la parte actora desde el comienzo de la litis sí discutió la falta de inmediatez del despido, lo que resulta suficiente para declarar ilegal la terminación del contrato de trabajo, sin necesidad de analizar lo referente a la justa causa; para lo cual denunció la errónea apreciación de varias pruebas y de la pieza procesal del escrito de demanda inicial. Y bajo esta órbita se abordará el estudio de la acusación, así:
1. De las justas causas de despido:
Primeramente cabe anotar, que no es materia de discusión en sede de casación, el hecho del despido de la actora, esto es, la determinación de la empleadora de poner fin al vínculo laboral invocando justa causa, así como tampoco el cargo desempeñado por esta de bacterióloga del Banco de Sangre de la demandada, y las conclusiones del Tribunal sobre la responsabilidad de dicha trabajadora de efectuar el análisis del control de calidad relacionado con las pruebas de infecciosas de “HIV, CORE, HEPATITIS C, CHAGAS y HTLV 1 y 2” y el reporte de los resultados obtenidos, la obligatoriedad de realizar la prueba de “CORE TOTAL PARA HEPATITIS B” en las muestras de sangre de los donantes, y el cambio con la participación de la actora del folio 0015 del registro de anotaciones, que contenía los resultados de la prueba de la unidad de sangre cuestionada.
De ahí que en este punto, la controversia en la esfera casacional, está contraída al argumento del recurrente, de que no quedó en la actuación probado que la unidad de sangre 20025104713 efectivamente presentara un resultado positivo de CORE para hepatitis B, y que la alteración en el reporte o registro de esa muestra fue autorizado por la supervisora o jefe inmediato de la demandante, lo cual en criterio de la censura subsume la situación en un hecho inexistente y no permite configurar la grave negligencia aducida en la carta de despido.
Pues bien, remitiéndose la Sala a las pruebas calificadas que fueron acusadas, se observa que el Tribunal las apreció correctamente, toda vez que no distorsionó su contenido, y lo concluido de ellas es lo que efectivamente éstas muestran.
En efecto, la demandante tanto en el documento en donde brinda explicaciones de lo sucedido al Director del Banco Nacional de Sangre fechado 17 de junio de 2002 (folio 381 y 382), en la diligencia de descargos (folios 383 a 386) y en el interrogatorio de parte absuelto (folio 399 a 401), aceptó la omisión del reporte o registro inicial relativo al resultado de la prueba Core total hepatitis B a la muestra de sangre 200251104713, habiendo sido la unidad de glóbulo rojo como la plaqueta liberada al stock y despachado el producto, así mismo que junto con otros empleados decidieron remplazar o cambiar el folio de la libreta de anotaciones de resultados referente a esa unidad de sangre; que fue exactamente lo que el ad quem encontró demostrado con esos elementos probatorios y que configuran la negligencia grave en el desempeñ[o] de sus funciones.
Aquí cabe destacar, que las afirmaciones de la demandante que tienen a favorecerla, como por ejemplo lo aseverado en la diligencia de interrogatorio de parte, en el sentido de que si bien a ella le correspondía dentro del protocolo que se sigue, la identificación inicial del resultado en la muestra o unidad de sangre y que en el primer análisis que se hizo “se pasó por alto” el resultado de la prueba de Core de la Hepatitis B, la revisión final estaba a cargo pero de la supervisora del Banco de Sangre Dra. Rocío Villarreal (respuestas preguntas 7ª a 10ª, folio 400), y que el cambio del folio No. 15 de la libreta de resultados del proceso de control de calidad de la citada muestra de sangre que posteriormente se llevó a cabo, se cumplió “en la presencia de la supervisora encargada” (contestación preguntas 11ª y 12ª, folio 401), solamente se pueden tener como simples manifestaciones de parte, que requieren para su demostración que sean corroboradas a través de otros medios probatorios, lo que en esta oportunidad no aconteció en relación con las demás pruebas calificadas que aparecen denunciadas.
Ciertamente, el informe de ocurrencia No. 2002-07 del 13 de junio de 2002 de folios 100 a 103, no da cuenta que la omisión del reporte o registro inicial de la unidad de sangre de marras que se despachó “con una prueba reactiva” colocando en peligro la salud del paciente que la reciba por transfusión, haya sido de responsabilidad de la supervisora del Banco de Sangre y no de la demandante, ni que tal supervisora hubiere autorizado el reemplazo del folio de la libreta de resultados; el documento de folio 128 corresponde es a la misiva dirigida por el Banco de Sangre de la Clínica Jorge Piñeres Corpas de SaludCoop a la sociedad accionada, devolviéndole la “unidad de plaquetas No. 20025104713 y con sello de calidad 161482” por tener un resultado de “Anticore Positivo”, y que como bien lo determinó el fallador de alzada, prueba es el motivo de devolución del producto por presentar un resultado positivo de anticore; y la documental de folio 339 deja ver que a la muestra de sangre en comento, la actora no le reportó el día 6 de junio de 2002 ningún resultado de la prueba CORE, que es precisamente lo que estableció el Juez de apelaciones; todo lo cual significa que estos medios de convicción no se apreciaron con error.
Adicionalmente conviene anotar, que la circunstancia de que la demandante no confesara que la mencionada unidad de sangre hubiese dado positivo por hepatitis B, no conduce a exonerarla de responsabilidad, cuando está admitiendo haber omitido o pasado por alto en el primer análisis o revisión de la muestra de sangre en cuestión, la prueba Core total contra la hepatitis B y su consecuente reporte, lo que permitió su salida al stock y despacho respectivo a una de las clínicas de SaludCoop con sello de calidad, con el agravante del cambio o alteración del folio del registro de resultados.
Por otra parte, la Sala no evidencia que el “INFORME DE OCURRENCIAS No. 2002-07” de folios 100 a 103, que se levantó dentro de la investigación interna seguida con antelación al despido de la demandante, se hubiera prefabricado para poder demostrar la justa causa invocada, como lo da a entender la censura, pues el mismo está acorde con los hechos en la forma como sucedieron y con las otras pruebas obrantes en el proceso, que el Tribunal al apreciarlas en conjunto conforme a la libre formación del convencimiento de que trata el artículo 61 del CST y de la SS, encontró que acreditaban la justeza del despido.
Y frente a la prueba testimonial, que para el Tribunal confirma las faltas graves cometidas por la demandante, mientras que para el recurrente lo que demuestran es que el despido fue injustificado, no es dable que la Corte se adentre a su estudio, en la medida que no se acreditó ninguno de los errores de hecho endilgados con alguna de las tres pruebas calificadas, valga decir, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
Por último, el hecho de que la muestra o unidad de sangre no se hubiere utilizado o realizado con ella alguna transfusión que pudiera causar un daño a alguna persona, como lo infirió correctamente el Juez de apelaciones, ello de ninguna manera le resta gravedad a la conducta negligente de la accionante, pues es sabido que la “grave negligencia” de un trabajador que justifica la terminación del contrato de trabajo, no requiere que se produzca el daño, ya que la ley únicamente exige que se “ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas” como reza el numeral 4º del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, y por ende el hecho de que no se hubiere consumado el daño no excusa al trabajador, y si el mismo se genera por el contrario agrava aún más la falta.
Así las cosas, el censor desde el punto de vista fáctico, no logró derruir las conclusiones de la alzada, en cuanto a que el despido de la actora lo fue con justas causas debidamente comprobadas, y por consiguiente no se cometieron los tres yerros fácticos atribuidos en el primer cargo.
2. De la inmediatez del despido.
En este punto el recurrente en el segundo cargo, reprocha la conclusión del Tribunal, consistente en que la alegación de la parte actora, sobre la “falta de inmediatez” del despido de la demandante, es un “medio nuevo” por no haberse discutido en las instancias.
Al respecto, en el ataque se argumentó, que desde la apertura de la presente controversia se está planteando que la ruptura del contrato de trabajo de la demandante, no se efectuó en el término estipulado en la cláusula 38 de la convención colectiva de trabajo, esto es, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de los hechos a la entidad, lo cual ocurrió el 13 de junio de 2002, sino que se produjo el 19 de julio de 2002 “24 días después”, de conformidad con lo narrado en los hechos 18º y 19º del libelo demandatorio inicial, por lo que denuncia la errónea apreciación de esa pieza procesal.
En este puntual aspecto, le asiste entera razón a la censura, dado que efectivamente en los hechos 18º y 19º que sustentan las pretensiones de la demanda introductoria (folio 5 del cuaderno del Juzgado), se está discutiendo el tiempo que empleó la sociedad demandada para finalizar el nexo contractual laboral, que en decir de la accionante superó el lapso de los 15 días que prevé la cláusula 38 convencional, para poder adoptar una “decisión disciplinaria”; y en estas condiciones, no es dable hablar de “medio nuevo” como equivocadamente lo hizo la Colegiatura.
Más sin embargo, aunque la acusación resulta fundada, no logra quebrar la sentencia recurrida, dado que en sede de instancia la Corte encontraría que el término de los “15 días” previsto en el estatuto convencional - cláusula trigésima octava (folio 41 del cuaderno del Juzgado), lo es para tomar una “decisión disciplinaria” luego de escuchado en descargos el trabajador inculpado, más no para poner fin a un contrato de trabajo por justas causas, sin que ese procedimiento relativo a la “AUDIENCIA DE DESCARGOS” aparezca extendido a los casos de “despido”, máxime que como lo tiene adoctrinado esta Sala de tiempo atrás, aquél no es una “sanción disciplinaria”.
Sobre esta precisa temática, la Sala en sentencia del 5 de junio de 2007 radicado 29207, puntualizó:
“(...) en varias oportunidades ha señalado la Sala que el despido no se asimila a una sanción disciplinaria, y que el agotamiento imperativo de un trámite previo sólo se exige legalmente con arreglo al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo para la imposición de sanciones disciplinarias, no estando previsto legalmente tal procedimiento cuando se trata de una decisión de despido de un trabajador privado por las causales consagradas en los numerales 5º y 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, el cual podrá reclamarse cuando se hubiera establecido en una convención, laudo, reglamento o cualquier otro estatuto interno. En casos de despido lo único que consagra la ley, es la obligación de cumplir el preaviso para ciertas justas causas”.
Finalmente, para esta Corporación el lapso de “24 días” que refiere el recurrente, para un asunto como el que ocupa la atención a la Sala, resulta ser un tiempo razonable para adoptar la determinación de desvincular a la accionante, máxime que la situación presentada ameritaba esclarecer la responsabilidad de la trabajadora, mediante la averiguación correspondiente, que fue lo que aconteció en esta oportunidad.
Colofón a todo lo expuesto, los cargos no pueden prosperar.
De las costas del recurso extraordinario no hay lugar a ellas, por virtud de que el yerro fáctico enrostrado en el segundo cargo es fundado, aunque finalmente el ataque no tuviera vocación de prosperidad.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el 31 de enero de 2008, en el proceso adelantado por JIMENA SEGURA GUTIÉRREZ contra la SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA.

References: artículo 65
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 87
 artículo 200
 artículo 32
 artículo 305
 artículo 1
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 115
 artículo 7