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Timestamp: 2019-03-19 16:53:09+00:00

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Los recortes a las energías renovables deberán ser juzgados finalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Nosotros lo dijimos desde el principio: el tribunal competente para decidir sobre los recortes a las renovables no es el Supremo ni el Constitucional, es el TJUE.
Han pasado varios años desde que comenzamos a recorrer este camino y hoy tenemos el placer de afirmar que teníamos razón, y es el Tribunal Constitucional quien nos la ha dado. Resolviendo sobre la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo en relación al impuesto eléctrico del 7% (IVPEE), el Tribunal Constitucional le indica al Supremo que primero debe pasar por Europa. En otras palabras, el análisis de si el IVPEE es inconstitucional o no queda subordinado al análisis de que este recorte sea conforme con el Derecho Europeo, y eso sólo puede decidirlo el TJUE.
En cualquier caso, está claro que se ha abierto la Caja de Pandora en la cual los poderes públicos han ido metiendo toda la desatinada normativa relacionada con las renovables. Como bien sabéis no fue sólo el IVPEE, sino toda una serie de leyes, reales decretos y órdenes ministeriales las que han creado un sistema injusto e inaplicable, las que se han llevado por delante la seguridad jurídica y la credibilidad de este país, junto con buena parte de una industria próspera y puntera. Las cuestiones prejudiciales han creado a menudo, véanse las cláusulas suelo y la ley hipotecaria, una suerte de efecto cascada. Estamos seguros de que esta cuestión prejudicial será la primera de varias que llevarán a los jueces europeos a examinar, desde un punto de vista puramente jurídico, no politizado ni influenciado por coyunturas económicas nacionales concretas, los recortes a las renovables. Se ha abierto la Caja de Pandora, y os podemos asegurar que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para dejarla bien limpia por dentro.
A continuación podéis encontrar el auto del Tribunal Constitucional relativo a este asunto.
Auto TC relativo a la cuestión prejudicial ante el TJUE
Esta noticia ha sido publicada en la versión física del periódico "El Economista", el día 11 de marzo, en página 19.
El 7 de marzo de 2017 se ha lanzado oficialmente un vídeo divulgativo para promover el autoconsumo. La campaña audiovisual lleva por título "El autoconsumo, una opción viable para particulares, empresas y para la administración" y ha sido promovida por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña, Solartys, el Instituto Catalán de Energía, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación de Gremios Instaladores de Cataluña (AGIC). A continuación podéis encontrar este vídeo, que pone al alcance de todos los públicos la información necesaria para entender y convencerse de que el autoconsumo es, en efecto, una opción viable y legal para particulares, empresas y para la administración.
A partir de mañana se podrán convocar subvenciones en base a la Resolución EMC/2973/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la instalación de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico dirigidas a entes públicos y sector privado, en el marco del Plan de Acción para el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos de Cataluña (PIRVEC).
En la asamblea celebrada hoy en Barcelona, la Directora del Instituto Catalán de la Energía ha destacado como la introducción de las energías renovables en el sector del transporte sólo es posible a través de la progresiva electrificación de este. Así, la movilidad eléctrica ofrece la posibilidad de integrar la generación de energía eléctrica renovable en la movilidad de país. El vehículo eléctrico tiene que entenderse como uno de tres ejes fundamentales del cambio de modelo energético, siendo los otros dos, el autoconsumo y la eficiencia energética.
La prioridad para esta primera convocatoria de ayudas son las estaciones de carga rápida de acceso público que son el elemento clave para hacer atractiva la movilidad eléctrica. En el futuro, las subvenciones irán más enfocadas a las estaciones semi rápidas y vinculadas.
En cuanto a la dotación económica, a las estaciones de recarga rápida se les asigna un presupuesto de 514.750 €, a las estaciones semi rápidas, una dotación de 200.000 € y a las de recarga vinculada, 150.000 €. Las subvenciones cubren el coste del equipo, la obra civil y dirección de obra y el sistema de pago integrado en la estación.
Los criterios de asignación para los puntos rápidos y semi rápidos tienen en cuenta la distancia del punto con otros puntos de recarga en un radio de 15 km, la proximidad a los ejes principales de transporte, que el proyecto contemple más de un punto de recarga o la existencia de descuentos municipales por proyectos de eficiencia energética o autoconsumo en el impuesto de Bienes Inmuebles.
Finalmente, para solicitar estas ayudas, el plazo será de 30 días hábiles desde la publicación de la Resolución de convocatoria y, en 7 meses desde la solicitud habrá que justificar la ejecución de la instalación. Por tanto, es recomendable presentarse solo en caso de estar seguros de querer llevar a cabo el proyecto.
Como ya anunciábamos hace meses, cada vez son más las sentencias que declaran la nulidad de los swaps y, ello incluye también los swaps contratados por productores renovables. En el caso de las empresas renovables, constituidas con el único fin de producir energía, esta comercialización de productos derivados complejos enmascarados como un seguro frente a oscilaciones del tipo de interés, que en realidad eran operaciones especulativas cuyos precios estaban muy por encima de los de mercado, tuvo un mayor impacto por la presión temporal que ejercía la regulación para poner en marcha la instalación a tiempo para recibir la prima.
Por lo que estamos viendo de los clientes que nos han contactado para iniciar reclamaciones por estos productos, detectamos varios denominadores comunes como son, la falta de información clara, completa y con tiempo de la naturaleza y riesgos del producto, así como una explicación del funcionamiento del mismo, con simulaciones de evolución de los intereses. Al omitir estos pasos, los bancos incumplieron sus deberes de asesoramiento de productos complejos. Sin embargo, el expediente abierto por la CNMC está investigando otro aspecto de la comercialización, esto es, las posibles prácticas colusorias entre cuatro de los mayores bancos del país a la hora de ofertar y comercializar este tipo de derivados financieros. De ser cierto, ello supondría una infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia en el mercado interior.
Por ello recomendamos, particularmente a aquellos que tengáis un préstamo sindicado, esto es, un préstamo concedido a uno o varios prestatarios por una pluralidad de entidades financieras, que os personéis ante el expediente de la CNMC. Ello puede ayudar a vuestro caso si en un momento posterior decidís acudir a la vía judicial, ya que está abierta tanto la posibilidad de solicitar la nulidad de contrato como una reclamación mercantil por infracción de normas sobre la competencia. La CNMC aun dispone de un plazo de 8 meses para resolver el expediente.
Por nuestra parte, desde HOLTROP, antes de finales de mes, presentaremos varias demandas por estos productos derivados tanto en tribunales ordinarios como en arbitraje. Os iremos informando de cómo avanzan estos procesos en los próximos meses, esperemos poder seguir sumando a esos 3.000.
Para contratar nuestros servicios de defensa para swaps, podéis pinchar aquí.
Manipulación del contador y fraude eléctrico: ¿abuso de poder de las empresas distribuidoras?
Desde el segundo trimestre de 2016 hasta la actualidad, las empresas distribuidoras de energía eléctrica han abierto más de 120.000 expedientes por fraude eléctrico. Según estas empresas, en España hay una situación de fraude eléctrico “generalizado” -en el año 2015, se incoaron unos 184.000 expedientes y, en 2014, 138.000- que implica que la energía defraudada ascendería a 4.000 M de kWh (150 M€), lo que equivaldría al consumo anual conjunto de dos grandes ciudades como Sevilla y Valencia (aprox. 1,3 M habitantes).
Hay que destacar que, de la defraudación de electricidad realizada España, el 80% de la misma se corresponde con un recurso utilizado por algunas empresas y grandes consumidores para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores. El sector residencial doméstico apenas alcanza el 20%.
Si bien los números siguen la estela de otros años, cabe preguntarse si, realmente, existe esta cantidad enorme de defraudación por parte de los consumidores domésticos o si, en cambio, hay una parte de estas defraudaciones que realmente no lo son. Ello produciría una situación de abuso de poder por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica al facturar/multar por estas defraudaciones.
Concretamente, una gran mayoría de los expedientes por defraudación eléctrica abiertos por las empresas distribuidoras se producen en la sustitución del antiguo contador analógico por los nuevos contadores de telegestión. Curiosamente, tanto la OCU como FACUA-Consumidores en Acción o ASGECO han alertado a la CNMC de numerosos -más de 100.000- casos de abuso dónde el consumidor recibe una factura/multa por fraude, que puede oscilar entre 800 y 3.000 €. En esta misma línea de denuncia, la web especializada en el Sector Energético “Energy News”, se hizo eco también de esta situación.
La CNMC respondió, en su momento, con la apertura de expedientes en Competencia, lo que implicaba -a priori- que las denuncias tenían una base relativamente sólida. Y así ha sido. Progresivamente, un gran porcentaje de las reclamaciones están teniendo resultados favorables para los afectados y están recuperando lo pagado indebidamente.
Sin embargo, según las empresas distribuidoras su actuación es irreprochable y cumplen estrictamente con las obligaciones y funciones que les impone la normativa sectorial. Pero, ¿es realmente así? ¿Hay algún interés/es oculto? Probablemente, nunca tendremos la respuesta, pero hay algunos hechos que nos pueden acercar a ella.
En primer lugar, es cierto que las empresas distribuidoras están obligadas a la sustitución de los antiguos contadores por los nuevos contadores inteligentes antes de que finalice el año 2018. Es una obligación que viene impuesta desde la UE para aumentar la eficiencia energética y racionalizar el consumo eléctrico. Si bien es una buena idea, numerosos expertos del sector aseguran que, en el sector doméstico -que aglutina el mayor número de contadores-, esta medida difícilmente pueda suponer un ahorro de más de 25 € anuales.
En segundo lugar, las empresas distribuidoras tienen un incentivo económico reconocido en su retribución en relación con el fraude. Este incentivo funciona de tal forma que se aumenta la mencionada retribución en función del número de casos de fraude que detecten en sus redes y la reducción de pérdidas en sus redes.
Y, en tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, la normativa sectorial obliga a estas mismas empresas a comprobar y revisar sus redes a fin de evitar este tipo de conductas. En caso de detectarlas, deben acreditar fehacientemente la conducta fraudulenta mediante la intervención de una autoridad pública (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Notarios, Entidades Certificadoras). Posteriormente, deben retirar el contador -o el enganche- a fin de que no se siga defraudando electricidad y, por último, deben comunicar esta situación, también de forma fehaciente, al propio consumidor, a su empresa comercializadora y a las Autoridades Competentes en materia de energía.
Pues bien, una vez visto lo anterior, es precisamente por este último motivo por el cual las organizaciones de consumidores han levantado la voz en este tema. Se ha detectado que, en los casos en los que las empresas distribuidoras han enviado facturas/multas por defraudación de electricidad a sus clientes, no se ha acreditado fehacientemente el fraude ante una autoridad pública, ni se ha retirado el contador y no se ha comunicado este hecho a la empresa comercializadora ni a las Autoridades Competentes en materia de energía.
¡No permitas que las empresas eléctricas abusen de ti o de tus familiares y amigos! Desde HOLTROP Transaction & Business Law ofrecemos un servicio de asesoramiento jurídico para intentar revertir estas situaciones de abuso por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Si te encuentras afectado por una facturación por defraudación de energía eléctrica, haz click aquí para completar un sencillo formulario y, tras analizarlo, te informaremos de las posibilidades de éxito de tu reclamación.
Del 28 de febrero al 03 de marzo se celebra en el recinto IFEMA en Madrid la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA 2017. El horario es de 10:00 a 19:00 ininterrumpido y el acceso es gratuito. GENERA va dirigido a un publico profesional.
El Salón, que tiene una frecuencia anual, presento la oferta de 169 empresas y contó con la asistencia de 9.154 visitantes profesionales de 33 países en la edición anterior.
Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law participara nuevamente con un stand en el stand compartido con la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y otros socios de UNEF.
Estaremos encantados de recibiros en nuestro stand: 1D22A, ubicado en el pabellón 1 pasillo D.
Las entradas se pueden adquirir a través de este enlace , previo registro.
Por ultimo comunicaros que Piet Holtrop socio fundador de nuestro bufete, participara como ponente en la Jornada Técnica organizada por UNEF y FOTOPLAT con motivo de GENERA, Titulada "Nuevos Nichos de Mercado en el Autoconsumo" que se celebrara el 1 de Marzo de 10:00 a 14:00 en IFEMA Sala N-109/110.
La ponencia de Piet Holtrop "El marco normativo del autoconsumo eléctrico" tendrá lugar de 10:30 a 10:45.
El pasado sábado 21 de enero se publicó y entró en vigor el Real Decreto – ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Una cláusula suelo es una cláusula que limita a la baja la variabilidad en los tipos de interés. Si en un contrato se introduce una cláusula suelo del 3%, significa que aunque el tipo de interés – que depende, normalmente, del EURIBOR - en un determinado momento esté más bajo que el 3%, el cliente no percibirá dicho dinero del banco, porque ese 3% funciona como límite.
En su día fue una práctica bancaria muy corriente establecer cláusulas suelo, especialmente en los contratos de préstamo hipotecario inmobiliario.
Desde el 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo ya ha fallado que las cláusulas suelo son nulas por abusivas, al no cumplir el doble control de transparencia que exige la normativa relativa a los consumidores. Sin embargo, en esa famosa sentencia, y tal y como expusimos en un artículo anterior, se determinó que la devolución de cantidades que debía proceder a realizar el banco a favor de los clausulistas no se realizaría desde el inicio de aplicación de la cláusula, sino desde el 9 de mayo de 2013.
Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de fecha 21 de diciembre de 2016, ha afirmado que esa forma de proceder – devolver las cantidades desde el 9 de mayo de 2013, y no desde el inicio del préstamo hipotecario – es contrario a derecho, viniendo a devolver así el artículo 1.303 del Código Civil, que por un periodo temporal pareció haberse suprimido del Ordenamiento Jurídico español.
A la vista del pronunciamiento tomado por el TJUE, los bancos se vieron en la necesidad de buscar una solución para proceder a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación de la cláusula suelo – devolución que se debía proceder no ya desde el 9 de mayo de 2013 sino desde el inicio del préstamo -.
En este contexto se redacta el Real Decreto- ley 1/2017, que no aplica a la mayoría de unos clientes de este despacho, ya que el ámbito de aplicación del Real Decreto – ley son los consumidores personas físicas que hayan suscrito contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
La medida que se implanta para facilitar la devolución de las cantidades consiste en la implantación de un sistema de reclamación previa por parte de las entidades financieras. Este sistema es de carácter voluntario para el consumidor y son los bancos quienes deben encargarse de dar información y publicidad de este mecanismo a todos los afectados.
Cuando un consumidor reclama la devolución de las cantidades que le son debidas la entidad debe realizar un cálculo y presentárselo al cliente. Este último tiene la opción de aceptar los cálculos realizados por el banco – en cuyo caso se concluye el proceso y se devuelven las cantidades – o rechaza los cálculos. La negociación para determinar los cálculos finales tiene una duración máxima de tres meses.
En el supuesto de que la reclamación no sea exitosa, se puede acudir a los tribunales. Respecto a las costas, únicamente se impondrán las costas al banco en el caso de que en la reclamación previa el consumidor hubiese rechazado los cálculos ofrecidos por la entidad, y la sentencia fuese más favorable. Si el banco se allana tampoco se le imponen las costas.
Especialmente relevante es la disposición adicional segunda de este Real Decreto – ley que regula las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo. Esta disposición permite que se acuerde la adopción de una medida diferente como compensación a la devolución de cantidades, siempre y cuando la decisión se tome por mutuo acuerdo.
Pues bien, dicho todo esto, deberíamos hacernos una reflexión. ¿Esta norma, tal y como su propio nombre indica “Real Decreto – ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo”, es realmente una vía de protección para los consumidores?
¿La reclamación previa es un sistema realmente “voluntario”? ¿Tiene el cliente herramientas suficiente para conocer si el cálculo que le presenta la entidad en la fase de reclamación previa es acertado? ¿El sistema específico de imposición de costas beneficia al consumidor, o es una medida ventajosa para el banco? ¿Los consumidores se encuentran en el ánimo de confiar en que la medida compensatoria que le pueda ofrecer el banco no sea otro regalo envenenado?
Precisamente este lunes 15 de mayo el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1960 - 2017 promovido por los Diputados del Grupo Podemos en relación a esta Real Decreto -ley. Este recurso viene a cuestiones las mismas dudas que planteé en el párrafor anterior. Según los Diputados el Grupo Podemos el Real Decreto -ley establece un mecanismo sin garantías que solo protege al sector financiero.
Podéis consultar el documento publicado en el BOE el pasado 15 de mayo de 2017 aquí, informando sobre la providencia que admite a trámite el recurso número 1960 - 2017.
25 de julio de 2016, Electromovilidad: "PIRVEC, ¿Otro brindis al sol o punto de inflexión?
23 de mayo 2016, Electromovilidad: "Mientras Europa carga, España impone cargas"
Discurso magistral de Rafa Martell sobre autoconsumo
District Heating & Cooling vuelve: ahora es para quedarse
Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética relativas al año 2016
Autoconsumo. Análisis y perspectivas del sector.
Jornada del Día Mundial de la Eficiencia Energética en Girona
Comunicado para los titulares de instalaciones de autoconsumo anteriores al RD 900/2015
12 Barreras al autoabastecimiento eléctrico en España
Por prudencia, hay que recurrir el RD de Autoconsumo
Lo prometido es deuda: Impugnamos RD900/2015

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 101
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto