Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-s-209632
Timestamp: 2019-09-20 16:00:56+00:00

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STC 49/2004, 30 de Marzo de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 209632
STC 49/2004, 30 de Marzo de 2004
Recurso de amparo 4791-2001. Promovido por Nationale Nederlanden Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E., frente a un Auto de la Audiencia Provincial de Murcia en ejecución de Sentencia en causa por delitos de estafa y falsedad. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (inmodificabilidad): requerimiento de pago de las costas procesales a una entidad aseguradora, condenada en Sentencia al abono de indemnizaciones como responsable civil subsidiaria de un delito.
Sentencia citada en: 419 sentencias, 9 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4791-2001, promovido por la entidad aseguradora Nationale Nederlanden Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Sampere Meneses y asistida por el Abogado don Enrique de Castro Elizondo, contra el Auto de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Primera, de fecha 2 de julio de 2001, en el rollo número 41/96, ejecutoria 96-2000. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y don J.L.B.B., representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Estrugo Muñoz y asistido por el Letrado don José Jover Coy. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 11 de septiembre de 2001, doña Rocío Sampere Meneses, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad aseguradora Nationale Nederlanden Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E., asistido del Letrado don Enrique de Castro Elizondo, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia. Dicha resolución había desestimado el recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 5 de mayo de 2001, dictada en las mismas actuaciones.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia dictó Sentencia de 21 de noviembre de 1997, en el rollo número 41 de los del año 1996, dimanante del procedimiento abreviado núm. 32/94, por la que condenó a don Francisco Perona Pérez como autor de delitos continuados de estafa y falsedad documental, a las penas de seis años y un día de prisión mayor por cada uno de los delitos, multa de un millón quinientas mil pesetas por el delito de falsedad, accesorias y costas.
La expresada Sentencia fue confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo mediante la Sentencia 1491/2000, dictada el día 2 de octubre de 2000, que desestimó los recursos de casación interpuestos por el acusado y por las dos compañías aseguradoras declaradas responsables civiles subsidiarias.
En ejecución de sentencia, la Audiencia Provincial de Murcia procedió a tasar las costas, en que se incluyeron las indemnizaciones y los intereses devengados por éstas, y los honorarios de Abogados y Procuradores, siendo aprobada la tasación por Auto de 21 de febrero de 2002. Contra esta resolución, la demandante pidió aclaración por dos motivos: uno, la indiferenciación en cuanto a las indemnizaciones que correspondían a cada una de las entidades aseguradoras; otro, la precisión de que las costas procesales (honorarios de Abogados y Procuradores), en ningún caso debían ser abonadas por la entidad aseguradora. La solicitud fue rechazada por la Audiencia Provincial por medio de providencia de 13 de marzo de 2001, "por haberse fijado con claridad en el fallo de la sentencia las cantidades que deben satisfacer las cías. Nationale Nederlanden y Mapfre como responsables civiles subsidiarios".
Seguidamente, la Audiencia Provincial dictó providencia de 5 de mayo de 2001, por la que se requería a la entidad ahora demandante para que hiciera efectiva las costas del juicio, una vez ya había satisfecho el importe de las indemnizaciones respecto de las que había sido declarado responsable civil subsidiario.
Contra dicha providencia interpuso la entidad demandante recurso de súplica, alegando que la Sentencia debía ejecutarse en sus propios términos, de acuerdo con el art. 118 CE, y sólo había sido condenado en costas el acusado, sin que la condena en costas pueda extenderse al responsable civil subsidiario, por ser personalísima, sin que quepa solidaridad ni subsidiariedad respecto de la misma.
La Audiencia Provincial dictó Auto, el día 2 de julio de 2001, por el que se desestimó el recurso de súplica, en el que indicaba, en lo ahora pertinente, que de la Sentencia se desprende que la responsabilidad civil subsidiaria no tiene límite alguno respecto de la responsabilidad civil principal del penado condenado en costas, estableciendo el art. 126 CP el orden de prelación entre las distintas responsabilidades pecuniarias que pesan sobre el responsable.
La demanda de amparo plantea que esta resolución viola el art. 24.1 CE por vulneración del principio de inmodificabilidad de las sentencias judiciales firmes en ejecución de las mismas.
La Sala Primera de este Tribunal acordó, por providencia de 14 de marzo de 2002, la admisión a trámite de la demanda de amparo y, al tenor de lo previsto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales competentes para la remisión de actuaciones y emplazamiento a quienes hubieran sido parte en este procedimiento para comparecer en el mismo.
Mediante escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el 11 de abril de 2002, el Procurador de los Tribunales don Luis Estrugo Muñoz, en nombre y representación de don J.L.B.B., se personó en el presente recurso de amparo, bajo la dirección letrada de don José Jover Coy.
El recurrente, en escrito registrado el 27 de mayo de 2002, presenta escrito en el que se limitar a manifestar que ratifica íntegramente el de interposición del recurso.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 31 de mayo de 2002, presenta también alegaciones, en las que manifiesta que es doctrina constitucional consolidada que la interpretación del sentido del fallo de las resoluciones judiciales es una función estrictamente judicial, lo que no quiere decir que el Tribunal Constitucional carezca de control alguno sobre la efectividad de lo resuelto en supuestos en los que no se ejecuta de forma razonablemente coherente con lo juzgado o, a sensu contrario, cuando se ejecuta algo no comprendido en la resolución judicial que le sirve de precedente, de modo que quedarían bajo la revisión aquellas ejecuciones incongruentes, arbitrarias, irrazonables o las que incurriera en error patente (STC 106/1999 y 83/2001). Seguidamente, alega que es evidente, en este caso, que la recurrente no ha sido condenada al pago de las costas en ningún apartado de la Sentencia, apareciendo relacionada únicamente con el abono de las indemnizaciones. De ahí que no estimara necesario plantear tal temática en el recurso de casación ni en la impugnación de unas cantidades que no esperaba que le fueran exigidas. De otro lado, la contestación al recurso de súplica emprendido tampoco es satisfactoria, porque no da una explicación racional al problema planteado, que era el pago de las costas por el responsable civil subsidiario. De todo ello se deduce que el Auto recurrido en amparo y las actuaciones previas de las que trae causa se mueve en un terreno de incoherencia sobre lo resuelto en la Sentencia o sobre lo planteado en el recurso de súplica, dando vía libre a la ejecución en contra de la compañía recurrente de modo totalmente irrazonable e irrazonado, lesionando con ello la tutela judicial efectiva cuya restauración debe hacerse en esta sede con la anulación del Auto recurrido en amparo.
Por providencia de fecha 26 de marzo de 2004, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 30 de dicho mes y año.
El recurso de amparo se dirige contra el Auto de 2 de julio de 2001 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, que desestimó el recurso de súplica, interpuesto por la entidad aseguradora ahora demandante, contra la providencia de 5 de mayo de 2001, dictada en las mismas actuaciones, por la que se requería a esta entidad a hacer efectivas las costas del juicio (honorarios de Abogados y derechos y suplidos de Procuradores), una vez ya había satisfecho el importe de las indemnizaciones respecto de las que había sido declarado responsable civil subsidiario.
El tema medular o motivo central en este proceso constitucional es, por lo tanto, la vulneración del principio de la intangibilidad de las situaciones jurídicas declaradas en resoluciones judiciales firmes, vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, desde cuyo canon habrán de ser ponderadas todas las alegaciones del recurrente.
En el caso que nos ocupa, consta en la Sentencia condenatoria que se impusieron las costas al condenado por el delito (que obviamente no fue el responsable civil subsidiario), sin hacer pronunciamiento alguno respecto de las entidades aseguradoras: ni en el fallo ni en los fundamentos jurídicos existe previsión ni referencia de ninguna clase respecto de la procedencia de su imposición a las mismas. La Sentencia recurrida razona y fundamenta la responsabilidad civil subsidiaria de estas entidades en referencia siempre a las cantidades que se declaran en los hechos probados de la Sentencia (las defraudadas por el acusado), sin hacer mención en absoluto de las costas procesales. Y el fallo declara dicha responsabilidad subsidiaria únicamente en relación con las indemnizaciones a cuyo pago se condena al acusado, sin hacer tampoco referencia alguna, como se ha indicado, a las costas.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto y de los límites de nuestro control, es cierto, como afirma el recurrente, que la resolución recurrida ha modificado los pronunciamientos de una resolución firme, sin ser consecuencia inescindible de la observancia de un precepto de necesaria aplicación.
Reconocer vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia, de 2 de julio de 2001 dictado en la causa número 41/96, y de la providencia de 5 de mayo de 2001, dictada en las mismas actuaciones.
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