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Timestamp: 2019-08-24 01:13:03+00:00

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 62
DESARCHIVO DE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
PRÓRROGA DE INICIO DE SESIONES DE COMISIONES.
V. OBJETO DE LA SESIÓN.
AUMENTO DE LA DELINCUENCIA. Proyectos de acuerdo.
INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
INTERVENCIÓN : Marcela Constanza Sabat Fernandez
INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
Monica Beatriz Zalaquett Said
Cristian Letelier Aguilar
Giovanni Oscar Calderon Bassi
Sesión 62ª, en martes 2 de agosto de 2011
(Especial, de 16.09 a 18.45 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio; Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental , el señor Landeros Perkic, don Miguel.
-	Desarchivo de proyecto de reforma constitucional	9
-	Prórroga del inicio de sesiones de comisiones	9
-	Aumento de la delincuencia. Proyectos de acuerdo	10
1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato.”. (boletín N° 7411-01). (143-359)	45
2.	Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Autoriza la venta de medicamentos que tengan la condición de venta directa en establecimientos comerciales que cumplan los requisitos que indica.”. (boletín N° 7274-11). (337-359)	45
3.	Moción de los diputados señores Burgos, Cornejo, Díaz, don Marcelo; Ortiz y Walker, que establece una “Reforma Constitucional para incorporar la existencia de elecciones complementarias en el caso de vacancia de un cargo de parlamentario”. (boletín N° 7834-07)	46
-	Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
4.	“artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1654-10-INA. (6377)	49
5.	“artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1719-10-INA. (6393)	50
6.	“artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1985-11-INA. (6403)	51
7.	“artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1969-11-INA. (6408)	51
8.	Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia de la sentencia definitiva sobre el requerimiento de inconstitucionalidad formulado por S. E. el Presidente de la República para declarar inconstitucional la “actuación del Senado y la modificación introducida al artículo 197 bis del Código del Trabajo”. Boletín N° 7526-13. Rol 2025-11-CPT. (6343)	52
1.	Comunicación de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 30 días, a contar del 02 de agosto en curso.
2.	Oficio de la Comisión de Constitución por el cual solicita el desarchivo del proyecto de reforma constitucional, contenido en moción de los diputados señores Ceroni, Cornejo, Errázuriz, Jarpa, y de la diputada señora Cristi, y de los ex diputados señores Bartolucci, Coloma, Krauss, Pareto, Valenzuela, que modifica la forma de reemplazo ante la vacancia del cargo de senadores y diputados (Boletín N° 2229-07), con el objeto de tramitarlo conjuntamente, con otros proyecto referidos a la misma materia.
Alinco Bustos René	PRO	XI	59
Araya Guerrero, Pedro	PRI	II	4
Baltolu Rasera, Nino	UDI	XV	1
Calderón Bassi, Giovanni	UDI	III	6
Cerda García, Eduardo	PDC	V	10
Cornejo González, Aldo	PDC	V	13
De Urresti Longton, Alfonso	PS	XIV	53
Delmastro Naso, Roberto	IND	XIV	53
Eluchans Urenda, Edmundo	UDI	V	14
Harboe Bascuñán, Felipe	PPD	RM	22
Rosales Guzmán, Joel	UDI	VIII	47
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag	IND	XII	60
Rincón González, Ricardo	PDC	VI	33
Saffirio Espinoza, René	PDC	IX	50
Sauerbaum Muñoz, Frank	RN	VIII	42
Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PRI	VI	34
Silva Méndez, Ernesto	UDI	RM	23
Torres Jeldes, Víctor	PDC	V	15
Tuma Zedan, Joaquín	PPD	IX	51
Letelier Aguilar, Cristián	UDI	RM	31
Vargas Pizarro, Orlando	PPD	XV	1
Velásquez Seguel, Pedro	IND	IV	8
Vilches Guzmán, Carlos	UDI	III	5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	XIV	54
Walker Prieto, Matías	PDC	IV	8
Zalaquett Said, Mónica	UDI	RM	20
-Asistieron, además, los ministros del Interior y Seguridad Pública , don Rodrigo Hinzpeter, y de Agricultura, don Juan Antonio Galilea.-
-Se abrió la sesión a las 16.09 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 56ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 57ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS ( Prosecretario accidental ) da lectura a la Cuenta.
El señor MELERO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de desarchivar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los diputados señores Ceroni, Cornejo, Jarpa, de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, y de los ex diputados señores Bartolucci, Coloma, Errázuriz, Krauss, Pareto y Valenzuela, que modifica la forma de reemplazo ante la vacancia del cargo de senadores y diputados (boletín N° 2229-07).
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , como se han presentado otros proyectos en igual sentido, quiero saber qué pasa con ellos. ¿Se pueden desarchivar o tratar en conjunto?
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , junto con este proyecto de reforma constitucional, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene otros once proyectos de similar naturaleza. A ellos se suman tres mociones presentadas en el Senado, que tratan de la misma materia y proponen distintos sistemas de reemplazo.
Por lo tanto, para desarchivar otro proyecto, debe seguirse el mismo procedimiento de hoy, en el sentido de contar con la autorización de la Sala.
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, pido el acuerdo de la Sala para prorrogar el inicio de las sesiones de Comisiones citadas a las 18.30 para las 19.00 horas.
El señor MELERO ( Presidente ).- Solicito autorización para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , en la mañana los Comités acordaron que pudiera ingresar a la Sala el subsecretario de Prevención del Delito.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , el Vicepresidente de la Corporación me hace ver que en ese momento no se encontraba presente el Comité del PPD.
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, pido la palabra.
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente , pido que se reconsidere la decisión para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario, quien podría ayudarnos respecto de las cifras.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señora diputada , es un derecho soberano de la Sala. No se entregó la autorización y tampoco hubo acuerdo unánime de los Comités.
El señor MELERO ( Presidente ).- Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 48 honorables diputados y diputadas, con el objeto de “tomar conocimiento y debatir acerca de las diferentes cifras conocidas últimamente, que señalan preocupantes
aumentos en la comisión de delitos, particularmente de alta connotación social”.
A esta sesión ha sido citado el ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg, a quien damos la bienvenida.
En el tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano, harán uso de la palabra, por siete minutos y medio cada uno, los diputados señores Gabriel Silber y Matías Walker.
Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , por su intermedio, solicito que el ministro del Interior tenga a bien escuchar para que conozca el propósito de la sesión.
Hace un tiempo, la prensa informaba que un grupo de delincuentes utilizó el vehículo del ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señor Luciano Cruz-Coke , para robar un cajero automático. El robo ocurrió alrededor de las 21 horas, mientras el secretario de Estado comía en un restaurante.
Este delito afectó a un secretario de Estado; pero también, de manera cotidiana, buena parte de los chilenos y chilenas son víctimas de delitos, lo que hace pensar en el leit motiv del Gobierno al iniciar su mandato: “Se acabó la fiesta de los delincuentes”.
El día del robo a que me estoy refiriendo, los delincuentes sí salieron de fiesta, en el automóvil del ministro Cruz-Coke.
Probablemente, ese día el Gobierno habrá recordado las palabras autocomplacientes que, a principios de año, emitía, sin escuchar y sin entender que la seguridad ciudadana es una política pública construida entre todos y no inventada de la noche a la mañana por este Gobierno.
En efecto, en ese entonces, el ministro Hinzpeter decía: “Hemos empezado a cose-
char lo que sembramos hace once meses, cuando le dijimos al país: este Gobierno le va a cambiar la mano a la delincuencia; les dijimos que íbamos a tener una mano dura, que muchos a veces confunden con inflexibilidad. Yo les digo: no, una mano dura para combatir la delincuencia es saber ponerse en los zapatos de quienes viven con el temor y quienes sufren los efectos de los delitos”.
Parece que el Gobierno se sacó los zapatos, porque no se ha puesto en el lugar de la gente que, con preocupación, advierte cómo suben las cifras en materia de delincuencia en nuestro país.
Entonces, ¿no le parece al Gobierno que sus palabras de ayer lo acusan hoy? Sin duda, sirvieron para ganar la elección; pero, por el bien de Chile y lo que queda de este Gobierno, espero que se convenza de que ello no sirve para gobernar; por lo menos, no para gobernar con honestidad y responsabilidad.
Esto requiere ser abordado, no en un panfleto de campaña, como lo vimos publicado en muchos letreros camineros, sino como un tema de Estado, un tema país.
Pero el Presidente de la República siguió la misma línea. Así, el 21 de febrero de 2010, el Presidente Piñera le decía al país que, entre las primeras medidas tras su toma de posesión, estaría recapturar a un millar de reos de alta peligrosidad prófugos, e implementar un modelo colombiano de denuncia vecinal y otro similar al estadounidense, de acuerdo con el cual los alcaldes dirigen a la policía. Hoy, en cambio, se le pide al Congreso Nacional que saque las castañas con la mano del gato y abra la puerta giratoria, mediante una suerte de indulto para sacar a más de 6 mil delincuentes desde las cárceles.
No conocemos sanciones a directores policiales, ahora que las cifras no acompañan la excitación de ayer, ni siquiera ante las denuncias por escuchas ilegales a diputados o por infiltración a las manifestaciones de los estudiantes.
El Presidente de la República agregaba: “Entre las medidas previstas, está la creación de una red de 50 mil colaboradores de barrios en las ciudades, que denuncien casos sospechosos de tráfico de drogas u otros delitos, además de informar la presencia de prófugos de la policía, por lo que se entregarán celulares a los vecinos que accedan a colaborar”. Sin comentarios. Y seguía así: “El sistema de informantes será controlado por delegados comunales de seguridad ciudadana”. La iniciativa está basada en una experiencia colombiana conocida por el Presidente Piñera en su visita a Bogotá, en 2008. Parece que fue también cuando se fraguaba el caso FARC.
Suficiente. Todo, justamente, como un motivo de campaña para reiterar, una y mil veces: “Trancaremos la puerta giratoria para que los delincuentes no se sigan riendo en la cara de las víctimas”. Así, el Gobierno, específicamente autoridades del Ministerio del Interior, fueron a estudiar dicha situación a las favelas de Río de Janeiro. Además, se entrevistaron con el ex alcalde de Nueva York autor de la política de “tolerancia cero”. Sin duda, en materia de viajes, este gobierno no se ha quedado.
Las encuestas simplemente han dicho lo contrario. Así, según datos entregados por la intendencia de la Región Metropolitana y de acuerdo con información proporcionada por Carabineros y la Policía de Investigaciones, podemos apreciar que los delitos de mayor connotación social han aumentado en 13 por ciento, en comparación con mayo del año anterior, lo que equivale a un aumento de 2.826 delitos respecto de igual fecha del año pasado. Se trata de datos entregados por el Ministerio del Interior.
Los casos policiales acumulados en los últimos meses han aumentado en 2,5 por ciento con respecto al año anterior; los detenidos aumentaron en 13 por ciento, al comparar entre mayo de 2010 y el mismo mes de 2011, especialmente por lesiones, hurtos y delitos en el espacio público. En igual período, los casos policiales por delitos contra las personas aumentaron en 9 por ciento.
En relación con los delitos en el espacio público, en bienes nacionales de uso público -obviamente, afectan a los ciudadanos de a pie y, por su connotación social, son los casos más graves, porque afectan a las personas más vulnerables-, aumentaron en 19 por ciento entre mayo del año pasado y el mismo mes de este año.
En suma, existe 43 por ciento de incremento, que se explica, básicamente, por robos con intimidación o violencia.
Como digo, son datos duros entregados por fuentes objetivas del Gobierno. No sé dónde está la batalla que se está ganando y la fiesta que se les está acabando a los delincuentes. Por el contrario, vemos con preocupación que está ocurriendo todo lo contrario.
En violencia intrafamiliar -tema muy importante, que se visibilizó a propósito del femicidio y de tantas campañas en materia de género- aumentaron en 15 por ciento los casos policiales en mayo de este año con respecto a igual mes del año anterior. Aquí, una mala nota para este Gobierno.
En cuanto a la ley de drogas, las detenciones disminuyeron en 29 por ciento en mayo del 2011 en relación con mayo de 2010, es decir, hubo 546 detenciones menos. Al igual que en el punto anterior, llama la atención que en ese mes se aprecie una baja considerable respecto a detenciones por aplicación de la ley N° 20.000, en cerca de 23 por ciento.
Reitero que estos datos fueron entregados por el Ministerio del Interior.
En la última encuesta de Paz Ciudadana-Adimark -que habla no sobre datos objetivos, sino de lo que percibe la ciudadanía respecto de la victimización, de la sensación de inseguridad, como ésta va avanzando e instalándose, haciendo presa a los ciudadanos de nuestro país- se expresa que, a nivel nacional, el porcentaje de victimización ha aumentado a 37,9 por ciento.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Diputado Silber, ha finalizado el tiempo que se le asignó.
El señor SILBER.- Señor Presidente, voy a continuar haciendo uso del tiempo de mi bancada.
En la Región Metropolitana, Maipú , San Bernardo , El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y Los Cerrillos concentran el mayor número de delitos, con 43 por ciento. Allí vive la gente más pobre y que más necesita el apoyo del Gobierno.
Señor Presidente , puedo dar a conocer muchos más datos, bastante macizos y contundentes, respecto de la gestión del Gobierno, particularmente del Ministerio del Inte-rior y Seguridad Pública, en materia de seguridad ciudadana. Los chilenos han juzgado en la última encuesta. El ministro , por el contrario, desoye, no escucha con atención.
Señor Presidente , entendemos que este tema es central; es una de las mayores preocupaciones de los chilenos y, obviamente, merece particular atención de parte del Congreso Nacional y del Gobierno. Sentimos que, a todas luces, esta batalla se está perdiendo; sentimos que el Gobierno no está ciento por ciento comprometido en esta materia.
Queremos conocer en esta sesión qué ha ocurrido con el programa Barrio en Paz, tanto en su esfera residencial como de comercio; si se puede rendir cuenta, cuando ya ha transcurrido buena parte de éste, sobre lo que ha ocurrido con las bandas de narcotráfico desarticuladas en los barrios intervenidos; sobre el número de detenidos en las operaciones policiales versus el número de formalizados y condenados; sobre los volúmenes de droga decomisados; sobre la disminución de la sensación de temor por parte de los vecinos en las comunas y sectores donde se han aplicado estos instrumentos de política pública por parte del Gobierno.
Queremos saber también por qué, a la hora de distribuir recursos públicos de todos los chilenos, de este fondo concursable que ha creado el Gobierno, gran parte, casi 50 por ciento, se distribuye en municipios de la Alianza por Chile, y 38 por ciento en comunas donde no está representado el Gobierno.
Creemos que este tema es de país y queremos valorarlo. Queremos construir, aportar; pero, para ello, necesitamos que esto no sea un panfleto, un letrero caminero el día de mañana. Queremos entender que la política pública es compromiso de todos y que nadie puede, en once meses, convertirse en el sheriff del pueblo, menospreciando lo que se había hecho con anterioridad.
Queremos pensar con sentido de futuro y esperamos que esta sesión responda a esa iniciativa.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En el tiempo previo, tiene la palabra el diputado Matías Walker, hasta por siete minutos y medio.
El señor WALKER.- Señor Presidente , por su intermedio saludo al ministro que nos acompaña.
Lamento el hecho de que no se haya permitido el ingreso a la Sala del subsecretario de Prevención del Delito , señor Cristóbal Lira . Propusimos esta sesión especial como una reunión de trabajo y era muy importante que estuvieran presentes todos los actores.
Hoy, hemos conocido las cifras de la encuesta Adimark. Entre otras cosas, se evalúa la gestión del Gobierno en materia de delincuencia, y el resultado es francamente malo. Solo el 22 por ciento de la ciudadanía aprueba la gestión del Gobierno en cuanto a seguridad ciudadana. Por eso, como dijo el diputado Gabriel Silber , tenemos que pasar de los eslóganes a trabajar en serio. En ese sentido, los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, tal como lo hemos hecho con cada uno de los proyectos que están en la agenda legislativa de dicha instancia, estamos dispuestos a trabajar en relación con proyectos de ley tales como el que regula la seguridad privada, el de control de armas, el que sanciona el robo a cajeros automáticos, etcétera.
Hemos conocido las cifras de aumento de victimización de que da cuenta la encuesta de Paz Ciudadana-Adimark, según la cual se rompe la tendencia a la baja que venía desde 2007. En el caso de regiones, aumenta en más de 5 puntos, lo cual corroboramos en nuestros distritos, semana a semana, cuando nos reunimos con la gente y vemos los testimonios que están detrás de esas cifras, que a veces pueden parecer un poco frías.
Efectivamente, tenemos que pasar a las acciones concretas; el Gobierno tiene una gran oportunidad de pasar a esas acciones, entre otras materias, apoyando el plan de fortalecimiento que ha presentado el Ministerio Público. Este plan, que conocimos en la Comisión, tiene un costo avaluado, de 31 mil millones de pesos, y supone aumentar en ciento ochenta el número de fiscales en todo el país.
Nos hemos reunido con la Asociación de Fiscales y las cifras son realmente impresionantes. El 2000 se estableció que cada fiscal investigaría no más de mil causas anuales. Luego, con la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolecente, el promedio aumentó a 1.250 al año. Pues bien, hoy el promedio anual es de 2.304 causas por cada fiscal. Eso es muy preocupante y explica por qué delitos que también tienen alta connotación social, no pueden ser investigados por los fiscales, quienes pueden abocarse solamente a casos vinculados con detención en flagrancia; pero todos los que requieren una investigación más exhaustiva quedan, simplemente, en la impunidad, por aplicación del principio de oportunidad que regla al Ministerio Público.
¿Qué pasa con la defensoría de las víctimas, de la que se habló durante el período electoral? No conocemos ningún proyecto de ley del Gobierno que establezca una defensoría nacional de las víctimas de la delincuencia, sea como un órgano autónomo del Ministerio Público o incrementando las atribuciones de los fiscales con un abogado asesor, que se aboque a defender a las víctimas de la delincuencia en el juicio. Lo señalo así porque -insisto- los fiscales, por aplicación del principio de oportunidad, priorizan los delitos de mayor connotación social; pero otros, muy importantes para los ciudadanos que viven en poblaciones y que semana tras semana son víctimas de robos o asaltos, simplemente quedan en la impunidad.
Por eso, invitamos al Gobierno a concordar una agenda de proyectos en materia de seguridad ciudadana.
Está pendiente -hemos solicitado el apoyo del Gobierno y confiamos en que lo dé- nuestro proyecto que tipifica el robo de automóviles. Más de 20 mil vehículos fueron sustraídos durante 2010 y, en lo que va de este año, llevamos más de 10 mil casos. Las cifras son altamente preocupantes, sobre todo porque este tipo de delitos está quedando en la impunidad.
Estamos dispuestos a trabajar, de manera intensa y seria, en una agenda de seguridad ciudadana y a concordar un plan de acción, de manera de no dejar en la indefensión a las víctimas de delitos, que lamentablemente están aumentando en el país.
El señor MELERO (Presidente).- Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado señor Cristian Letelier.
EL señor LETELIER.- Señor Presidente , el Gobierno, que profesa nuestras ideas, ha hecho ingentes esfuerzos por combatir la delincuencia. Tal es así, que hoy tenemos un Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
En las graderías se encuentra el subsecretario de Prevención del Delito , a quien conozco muy de cerca -soy miembro de la Comisión de Seguridad Pública- y sé de todos los ingentes esfuerzos que realiza por combatir la delincuencia. Lo mismo hace el ministro del Interior , siempre preocupado de bajar los índices de delincuencia.
Al asumir el Gobierno, nos encontramos con una delincuencia que aumentaba de manera significativa. La Concertación, que nos gobernó durante veinte años, fracasó en el combate a la delincuencia. Recuerdo que intervinieron poblaciones enteras, como La Legua, donde llegaban las entonces autoridades de Interior. Sin embargo, el combate a la delincuencia y la drogadicción fracasó.
Como bien decía el diputado Silber , en esta materia se requieren políticas de Estado. Por eso, echo de menos la presencia de dos actores en esta sesión: en primer lugar, el Ministerio Público, gran responsable, toda vez que debe ser el gran socio del ministro del Interior en el combate a la delincuencia, y en segundo término, los jueces de garantía, quienes hoy debieran estar aquí, escuchando y entregando sus opiniones, porque son ellos los que, día a día, dejan en libertad a los delincuentes.
A mi juicio, vivimos tiempos del derecho penal, que ameritan una política criminal acorde. ¿Qué significa esto? Lamentablemente, nuestro país adoptó un sistema procesal penal que no es adecuado a su idiosincrasia y a su tradición jurídica, toda vez que se cambió el principio de responsabilidad por el de presunción de inocencia. Hace pocos días, veíamos cómo el Presidente de la República , Sebastián Piñera , se quejaba porque un delincuente que había atacado a un carabinero con una bomba molotov, quedaba libre. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones rectificó lo resuelto por el juez de garantía.
Me pregunto con qué filosofía jurídica están formando a los jueces de garantía. Se trata de una política criminal garantista, en que el delincuente es el que manda y el que tiene salidas alternativas. El delincuente sabe que el delito que va a cometer tiene baja pena o salidas alternativas. Cuando yo ejercía la profesión de abogado, en el sistema antiguo, recuerdo que los delincuentes les tenían miedo a los jueces del crimen. Es lo que ocurría, por ejemplo, con la jueza Eleonora Domínguez , del 33° juzgado del crimen. Los delincuentes decían: “¡Cuidado! Está doña Eleonora ”. Le tenían miedo. Hoy, estoy en la Cámara de Diputados para decir las cosas como son: a los fiscales no les tienen miedo; la delincuencia no respeta a los fiscales. Esta es una causa gravitante de la actual situación. Si no se corrige, cualquier gobierno va a fracasar, y los índices de delincuencia serán cada día peores.
El sistema procesal penal está fracasando. Es muy entretenido para los abogados, porque hay una discusión teórica de primer nivel; pero, en la práctica, pregunten a la ciudadanía qué opina de los jueces de garantía, qué opina del Ministerio Público. Las víctimas, ¿encuentran algún reparo a su daño, cuando ven cómo se cometen los delitos y que los delincuentes salen a los cinco minutos? Tal es así, que los abogados querellantes tienen que cuidarse en los juzgados de garantía, sobre todo a la salida, porque los familiares o los delincuentes que salen libres después de la audiencia, pueden atacarlos. Lo viví en carne propia.
Por lo tanto, todos los esfuerzos que haga un gobierno, como lo está haciendo el del Presidente Piñera , con su ministro del Interior y su subsecretario de Prevención del Delito , serán siempre insuficientes.
El aumento en 180 fiscales, como lo pide el diputado señor Walker, no va a terminar con la delincuencia ni tampoco va a bajar los índices de criminalidad, porque la causa está en el sistema procesal penal que tenemos.
Pero hay otra causa que, a mi juicio, es la que aumenta los índices de delincuencia y, como consecuencia, genera miedo en las poblaciones. Me refiero a la droga; al combate a la droga. El año pasado me tocó verlo, cuando visité una población en San Bernardo. En esa oportunidad, durante un tiroteo, me decían: “Esos son los soldados”. Se denomina soldados a los grupos de microtraficantes que informan a los grandes negociantes de droga, que en su territorio se está realizando una transacción no autorizada.
El combate a la droga es clave. Los jueces de garantía me han informado que el 90 por ciento de los delitos los cometen delincuentes drogados. Muchas veces se trata de delitos atroces. Es el caso del cometido por un delincuente que hace dos días mató a una mujer embarazada.
Es muy fácil echarle la culpa al Gobierno, pero hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Presidente Piñera , a través del ministro del Interior y de su equipo, por reducir los altos índices de criminalidad. La piedra del toque para el éxito del gobierno del Presidente Piñera, que nosotros elegimos con mucho sacrificio, fue que encontró un sistema procesal malo, inconveniente e inadecuado. El Ministerio Público no va a solucionar el problema con más fiscales, habida consideración de la actual formación garantista. Por último, los jueces de garantía colaboran poco, porque también tienen una formación que les hace ver al delincuente más importante que a la víctima.
Repito, en esta sesión faltaron actores: faltó el Ministerio Público, faltaron los jueces de garantía y, por qué no decirlo, faltaron los ministros de los tribunales de justicia, porque ellos también son socios del ministro del Interior y tienen que entregar su opinión. Todo el esfuerzo que haga el ministro del Interior será insuficiente, porque vamos a fracasar en razón de las instituciones que he mencionado.
Esta lucha debemos enfrentarla entre todos, más allá de gobiernistas y opositores; es la lucha de Chile y de todos los ciudadanos que nosotros representamos, en mi caso, los de Melipilla y Talagante.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , lamento las razones por las cuales se convocó a esta sesión. Por lo general, se cita a sesión especial cuando la mayoría de la Cámara de Diputados considera que hay una situación de suyo compleja.
En las últimas semanas, hemos tomado conocimiento de una serie de cifras que nos generan cierta alarma, por dos razones: una razón objetiva, que es el incremento de algunas tasas de de delitos, y también el incremento sustantivo que ha tenido la tasa de denuncias de delitos de mayor connotación social. Basta observar que las cifras entregadas ayer hablan de un incremento integrado, de todo tipo de delitos, de 10,8 por ciento, convirtiéndose, según los gráficos entregados por Chile Seguro, del Ministerio del Interior, en la tasa más alta desde el primer trimestre de 2005.
Aquí hay dobles interpretaciones. Siempre he señalado que es importante que se incremente la tasa de denuncias, porque habla de la confianza de las personas en el sistema. Lo que me preocupa es que cuando baja la tasa de denuncias, algunas autoridades dicen que bajan los delitos; pero cuando sube la tasa de denuncias, señalan que sube la confianza en el sistema. Bueno, es lo uno o lo otro, pero no parece serio interpretar las cifras en el sentido que convenga.
Entonces, si han señalado -como decía recurrentemente el ex intendente Echeverría y otras autoridades de Gobierno, probablemente por desconocimiento o también como un intento de generar sensación- que mientras más baja la tasa de denuncias, más baja la tasa de delitos, entonces tenemos que decir que mientras más alta la tasa de denuncias, más altos son los niveles de delitos. Nos quedamos con una o con otra interpretación.
Si a eso agregamos la información de la última encuesta de victimización entregada por Paz Ciudadana y Adimark, la situación es extremadamente compleja. En efecto, ese estudio, respecto del cual, según la prensa de enero de 2011, el ministro del Interior señalaba que era un buen instrumento de medición y que reflejaba una baja en las tasas de victimización, hoy nos señala que ha aumentado en 4,9 puntos porcentuales, llegando a 37,9 por ciento, lo cual claramente genera un quiebre de la tendencia, que venía hacia la baja. Para decirlo en buen chileno, dos de cada cinco hogares han sido víctimas de un delito en los últimos seis meses.
Quizás lo más grave no está sólo en esas cifras, sino en la revictimización. Fíjese, señor Presidente , que las cifras nos señalan que siete de cada diez hogares de los sectores medios y bajos que han sido víctimas de un delito, han vuelto a ser afectados. Esto se debe a que hace falta una política focalizada para evitar la revictimización de los sectores medios y, particularmente, de los sectores bajos.
La Región Metropolitana es afectada de manera especial por este tipo de delitos, situación que nos tiene que llevar a reflexionar. Aquí se requiere incrementar la política de prevención situacional, disminuir los niveles de hacinamiento, disminuir los niveles de conflictividad en los sectores más desposeídos, focalizar la política de seguridad, principalmente en la prevención social, es decir, dar alternativas de educación, empleabilidad o emprendimiento a los jóvenes que se encuentran en mayor riesgo social. Estas son tareas de largo plazo.
Obviamente, aparece como molesto y también contradictorio cuando se observa que la autoridad en general habla más bien de refundarlo todo, de que todo estaba mal hecho, a pesar -le informo al colega Letelier , que se fue, porque parece que no le interesa mucho el tema- de que, desde 2003 a la fecha, se observa en la encuesta de victimización que ésta ha venido bajando permanentemente. Pero eso no es mérito del gobierno de turno, sino de un conjunto de actores, dentro de los cuales está, por cierto, el Gobierno, que encabeza el proceso; los fiscales, las policías y, obviamente, la política social que elaboramos para ir disminuyendo los niveles de desigualdad.
Lo más complejo es que tenemos un incremento en las tasas de delitos en un momento en que la economía enfrenta un ciclo expansivo; es decir, cuando existe menos desempleo, más crecimiento y más ingresos, tenemos un aumento del delito. Eso nos distingue de los países y también de lo que ha ocurrido, no en este último tiempo, sino que más bien en el quinquenio anterior, en Europa. En general, existe una relación directamente proporcional entre crisis económica y aumento delictual. Lamentablemente, estamos al revés, lo que nos tiene que llevar a reflexionar que el modelo económico no está llegando a quienes corresponde. Tenemos un gran problema de política social, que tenemos que focalizar principalmente en los sectores más desposeídos. Quiero llamar a la reflexión, particularmente a las autoridades del Ministerio del Interior.
Hemos sido cooperadores. Aquí se nos acusó una vez de majaderos y de obstruccionistas. Basta ver las votaciones para comprobar que hemos cooperado en todo lo que se nos ha pedido. Por intermedio del señor Presidente , digo al señor ministro del Interior que debe saber que cuando discutimos el proyecto que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cooperamos permanentemente para sacarlo adelante, y entregamos al Ministerio del Interior las facultades que consideramos importantes para llevar adelante la lucha contra la delincuencia.
En consecuencia, no se trata aquí de sacar el cálculo pequeño. No haré aquí lo que me hacían Alberto Espina y el mismo Sebastián Piñera durante la campaña, porque no corresponde y porque entendemos que el delito no distingue si uno es de Derecha, de Centro o de Izquierda. Lo que pretendemos es que nos vaya bien; pero cuando observo que la estadística nos señala que tenemos un quiebre de tendencia hacia arriba, particularmente respecto de los delitos en los hogares, y que el Gobierno envía a tramitación un proyecto de ley para sancionar el robo de cajeros automáticos, digo ¡cuidado!, porque será más grave robar un cajero automático que asaltar una casa. Eso me parece muy grave desde el punto de vista de los incentivos.
Se lo hicimos ver al subsecretario de Prevención del Delito en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Le dije que estoy de acuerdo con que el delito de robo a cajeros automáticos es grave y que genera inseguridad; pero, ¡cuidado!, la penalidad que se le está asignando, mínimo tres años y un día, es superior a la que tiene el robo con sorpresa. Es decir, saldrá más barato esperar a una señora en la puerta del cajero automático para robarle o irse a robar a una casa que no tiene cámara de seguridad -sí la tiene el cajero automático-, que robarse el cajero automático.
Señor Presidente , creo que la señal es muy clara: tenemos un incremento del robo en hogares, particularmente en los de clase media y en los más desposeídos.
Veo con esperanza una declaración pública del ministro del Interior en el diario El Mercurio , a propósito de la encuesta de victimización, ya que señaló que esta encuesta indica que ha ido bajando la delincuencia, pero le pidió a la Dirección de Seguridad que identificase, en la zona medio-baja del área poniente de la Región Metropolitana, los veinte barrios más conflictivos.
A través de un oficio fiscalizador, pedí a la Subsecretaría de Prevención del Delito -todavía no me contesta, a pesar de que es segunda vez que lo requiero- que nos dijera qué medidas específicas se están tomando en este ámbito, no con el objeto de molestar, sino de poder traspasar la experiencia, de decir que aquí hay un problema y de pensar cómo ayudamos.
Le pedí antecedentes a la directora de Presupuestos , porque aquí dijeron que todas las políticas van a ser evaluadas. Resulta que el 14 de julio, la directora de Presupuestos me respondió que están recién empezando a evaluar el Fondo de Gestión de Seguridad Ciudadana, pero todavía no hay ninguna evaluación de los barrios.
En consecuencia, junto con apoyar el proceso de modificaciones legales que sean pertinentes y volver a establecer el compromiso de cooperar en esta materia, considero muy importante que la autoridad focalice la política de seguridad, ya que, de lo contrario, la delincuencia va a seguir incrementándose. Lamentablemente, las estadísticas y el monitoreo que se están haciendo nos indican que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana correspondiente a 2011, señalará un aumento de la proporción delictual.
Para que eso no ocurra y tengamos más tranquilidad, desde ya manifestamos nuestra voluntad de cooperación.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , el número 14 del artículo 32 de la Constitución Política de la República entrega expresamente al Presidente de la República la facultad de otorgar “indultos particulares en los casos y forma que determine la ley.”
La ley N° 18.050 reguló el otorgamiento de indultos particulares. Su artículo 1° señala: “Toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al Presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto,”.
Sus artículos 3° y 4° establecen los requisitos y las excepciones. Incluso, su artículo 5° dice: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, podrá solicitar indulto, sin otras exigencias que las de los artículos 1° y 3°, aquél a quien le falte por cumplir menos de tres meses de su condena.”.
He mencionado esas disposiciones porque comparto gran parte de lo sostenido por el diputado Letelier respecto de la necesidad de abordar la delincuencia con toda nuestra fuerza.
Sin embargo, en el Gobierno existe un abismo entre el discurso y la praxis. El candidato Sebastián Piñera hablaba de trabar la puerta giratoria. Y, ¿qué ocurrió? Hoy se tramita un proyecto de ley que busca liberar cerca de seis mil reclusos condenados por sentencia ejecutoriada. Lo peor de todo es que esto ocurre después del dramático incendio de la Cárcel de San Miguel. En consecuencia, se puede sostener razonablemente, sin temor a equivocarse, que el sentido de ese proyecto no responde a una necesidad humanitaria, sino a utilizar el expediente de indulto para resolver parte del hacinamiento carcelario.
Por lo tanto, respondo al diputado Letelier que comparto sus aprensiones. Por lo mismo, anuncio que, en su momento, votaré en contra el proyecto de indulto mediante el cual el Presidente de la República , Sebastián Piñera , busca poner en libertad a más de seis mil reclusos condenados por sentencia ejecutoriada. Sonará irónico, pero de esa forma lo ayudaré a cumplir el compromiso que contrajo con la ciudadanía de trabar la puerta giratoria. Es absolutamente cierto que el Primer Mandatario tiene todas las facultades legales para otorgar indultos particulares. No requiere de la voluntad del Senado ni de la Cámara de Diputados para hacerlo, el artículo 6° de la misma ley lo establece. Yo no quiero ser cómplice de las eventuales reincidencias de quienes sean indultados. El país busca resolver de verdad la situación existente en las cárceles, sobre todo después de los dramáticos hechos ocurridos en el recinto carcelario de San Miguel, pero no hay que pretender “sacar las castañas con la mano del gato”. Si el Presidente de la República quiere indultar que lo haga, pues tiene las facultades para ello, pero que responda ante los chilenos de sus decisiones. Un proceso para otorgar indultos particulares a más de seis mil condenados, desde el punto de vista material, puede ser más fácil de ejecutar que la aprobación del proyecto de ley en trámite en el Senado.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, valoro la presencia del señor ministro.
La delincuencia -lo han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, como los diputados Walker , Saffirio y Harboe - preocupa a todos los chilenos.
Las propias palabras del Presidente Piñera demuestran que el Gobierno se ha equivocado en la materia. Cuando era candidato presidencial dijo: “Quiero ser el Presidente que derrote a la delincuencia en Chile”. Pero hace pocos días señaló: “nunca vamos a derrotar la delincuencia en Chile”. Ése es el problema. Lo he dicho una y mil veces en la Sala, la ciudadanía, dentro de muchas otras razones, lo apoyó por lo manifestado respecto de la delincuencia. Al respecto, él se guió por las encuestas que señalaban, en plena campaña presidencial, que la delincuencia era el principal tema que preocupaba a los chilenos. Obviamente, el candidato lo consideró en las promesas de su campaña: combatir la delincuencia. Trajo desde China una imprenta y mando a imprimir miles de letreros, que todos vimos en nuestras comunas, en los que aparecía con los brazos abiertos y una frase que decía: “Se terminó la fiesta de los delincuentes”. Pero no ha terminado; es más, las cifras muestran lo contrario.
En este tema, el ministro Hinzpeter ha dicho que se están haciendo muy bien las cosas, pero, como decía el diputado Walker , sólo un 22 por ciento de la ciudadanía aprueba la gestión del Gobierno en seguridad ciudadana. Eso no alegra a nadie, por ello, todos debemos construir un sistema que dé más seguridad.
Sin embargo, la delincuencia, los delitos de connotación y la inseguridad no solamente se producen en Santiago. Por ejemplo, en las últimas semanas, mi región se ha visto conmocionada por los actos delictuales que han ocurrido. Paola Cerda , de Puerto Varas, quien estuvo 41 días desaparecida, hace poco fue encontrada con diez puñaladas en su cuerpo. Es un caso que se suma al de Viviana Haeger, que ya conoció el país. El diario El Austral, de Osorno, tituló: Empresario fallece tras ser atacado por delincuentes. A las 23.00 horas del domingo, el empresario de buses Augusto Guzmán Águila , a quien tuve el gusto de conocer, fue ultimado por una pandilla de delincuentes. Por lo tanto, existen varios problemas.
Sería falso y seríamos irresponsables si dijéramos que el Gobierno es culpable de la delincuencia. Pero sí, con el mayor respeto, señor ministro , el Gobierno se equivocó en su promesa de campaña de erradicar la delincuencia y de terminar la fiesta de los delincuentes, pero no ha sido así. Es más, en los últimos meses, varios colegas de la Cámara y del Senado, han sido víctimas del robo de sus vehículos o de delitos de alta connotación social en sus propios hogares. Señor Presidente , su señoría debe conocer cada uno de los casos que han ocurrido acá y que muchos de ellos se han mantenido en silencio.
Tengo una pequeña diferencia con el diputado Saffirio , quien dice que se va a oponer tajantemente al indulto de seis mil delincuentes. En mi opinión, se debe evaluar la situación. Las cárceles están colapsadas y en sus recintos también se encuentran personas que han cometido delitos menores. Quedó demostrado con el incendio que afectó al recinto carcelario de San Miguel, donde perdió la vida un joven recluido por vender CD piratas. Se debe evaluar caso a caso. Obviamente, tenemos que oponernos al indulto de internos que hayan atentado contra la seguridad y la vida de las personas.
El diputado Walker planteaba muy bien que los fiscales tienen graves problemas por la sobredemanda. Muchas veces, la gente pierde la confianza en el Gobierno, porque se cierran causas sin investigar. Por ejemplo, en mi zona, cuando al pequeño agricultor le hurtan sus animales, se abre una investigación en la fiscalía, pero se cierra en pocos días y nada se aclara. A veces, cuando le roban su yunta de bueyes “le cortan los brazos” y no tiene cómo trabajar su campo. En definitiva, hoy, muchos fiscales están empecinados en obtener cifras positivas para su fiscalía y también a nivel nacional, pero eso va en contra de un elemento fundamental: ser capaces de investigar las causas u que sigan su curso. Repito, muchas veces quedan en la nada y, obviamente, eso daña todo el sistema.
Lo ocurrido con la delincuencia nos deja una lección y una conclusión: nunca más ningún candidato presidencial en Chile podrá jugar con el concepto de la delincuencia. Pero hoy tenemos que trabajar, desde el Gobierno y el Parlamento, para buscar mecanismos que logren bajar los altos índices de delincuencia, cuya problemática provoca inseguridad y descontento en la ciudadanía y descrédito de la clase política. Muchas veces, nos echan la culpa de cuestiones en las que no tenemos responsabilidad directa.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat.
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente , en primer lugar, saludo al ministro Hinzpeter , quien nos acompaña.
Además, lamento que los diputados Harboe y Farías , quienes están preocupados por la delincuencia, hayan entorpecido la entrada a la Sala del subsecretario de Prevención del Delito , señor Cristóbal Lira , quien habría sido un gran aporte en la discusión.
Se ha convocado a esta sesión especial para analizar el aumento en la comisión de delitos en el último tiempo, particularmente de alta connotación social. Compartimos la inquietud que siempre debe existir de manera transversal respecto de la seguridad ciudadana. Por ello, no tenemos que pensar que en Chile hemos caído, como se ha dicho, en un alarmante clima de violencia social o de poco control cívico. En ese sentido, debemos estar alertas. Y, sí, lo estamos.
Efectivamente, la última encuesta Adimark, de Paz Ciudadana, muestra un aumento en la comisión de delitos de alta connotación social. Pero tenemos que ser claros. Si se considera dicho aumento respecto al del año pasado, debemos señalar que resulta innegable y evidente, pero no hay que olvidar que las cifras de 2010 corresponden al período del terremoto -aquí ningún diputado de la Concertación lo ha señalado-, en que no hubo muchas denuncias en las regiones afectadas y que, además, este Gobierno ha incentivado a que la gente denuncie.
Son dos factores importantes de tener en cuenta.
Por otro lado, no olvidemos que, como Gobierno, también estamos abordando materias de fondo que nunca se han tratado, como la reinserción de más de 63 mil condenados que anualmente egresan de los recintos penitenciarios, para que no vuelvan a delinquir.
Además, no debemos olvidar que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana son de largo aliento. Tampoco veo que los colegas de la Concertación tengan muy claro eso. Por lo tanto, las cifras también deben ser pensadas a largo plazo. Vamos a tener altos y bajos en las cifras, pero -insisto- estamos muy comprometidos con la materia.
Encuestas como la mencionada forman parte de un ciclo, y es fácil que ellas hagan ruido y sean utilizadas con oportunismo político por ciertos diputados y algunos personajes.
¿Y qué pasa cuando comparamos los índices de la última encuesta con lo sucedido en años anteriores?
Quiero hacer un pequeño recordatorio a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.
Los números, de a poquito, comienzan a dejar de ser negros y nos permiten recordar que en esta materia, lamentablemente, la Concertación tiene un impresionante tejado de vidrio.
Por un lado, a modo de ejemplo, el año 2006 llegó a tener un índice de victimización por sobre el 41,7 por ciento, que es mucho más alto que el que hoy nos preocupa a todos. Esto quiere decir que a mediados de la década pasada, de cada 100 hogares, en casi 42 algún miembro de la familia fue víctima de robo o de intento de robo.
Por otra parte, el promedio histórico de los gobiernos anteriores es peor que el índice de victimización de la última encuesta, que tanto nos preocupa; es decir, su mejor tasa de victimización, 39 por ciento, es la misma que tenemos hoy y la que nos critican.
Llama la atención no haber visto a los colegas así de preocupados durante sus gobiernos. Ello hubiera sido importante; quizás nos habría ayudado ahora a no tener esta cifra.
Repito: la peor de nuestras cifras, de la cual ahora tantos se quejan, fue la mejor de ellos.
De hecho, la tasa promedio de victimización durante el período junio de 2010 a junio de 2011 alcanza el 35,8 por ciento; es decir, 3,4 puntos menos que la que marcaba la administración de la Presidenta Michelle Bachelet entre junio de 2006 y junio de 2007.
Y no ahondaré más en esos datos de los gobiernos de la Concertación, porque tampoco es mi objetivo hacerlos pasar un bochorno recordándoles su trabajo y los porcentajes que lograron en materia de seguridad.
Repito: su mejor tasa de victimización es igual a la peor nuestra.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos reconocer que las denuncias realizadas han aumentado significativamente, lo que, sin duda, debe ser leído como una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones a cargo de la seguridad pública. Este positivo índice permite advertir que hoy más que nunca existe un conocimiento de la realidad delictiva, lo que resulta fundamental para la planificación y el trabajo diario contra el delito. Se trata de un asunto no menor que nos posibilita pronosticar un futuro prominente en materia de seguridad ciudadana.
La detención de delincuentes llegó al 11,7. Y acá quiero destacar un punto importante. El decomiso de drogas aumentó en 312 por ciento; y hay 1.345 detenidos más respecto del año pasado por infracción a la Ley de Drogas. Otro número importante que tampoco he escuchado mencionar por los colegas.
Sin duda, el Presidente , quien anunció que iba a terminar con la fiesta de los ladrones y nos prometió que le daría la batalla a la delincuencia, lo está haciendo.
El Gobierno de Sebastián Piñera tiene claro que el camino para derrotar la delincuencia es muy largo y complejísimo y, más aún, que no podemos recorrerlo solos. Por eso también es importante que hoy día se llame a todos los sectores políticos a sumarse con más fuerza que nunca a esta tarea.
Combatir la violencia social y disminuir los índices de comisión de delitos es tarea de todos: de los políticos, de la sociedad civil, de las ONG, de las fundaciones, de las juntas de vecinos. Todos y cada uno de los ciudadanos deben contribuir a lograr la paz social, a la que aspiramos todos como sociedad.
En esto el Ejecutivo marcó la pauta claramente. Por eso, nos parece muy bueno aprovechar esta sesión para reforzar el compromiso de la Cámara de Diputados con la seguridad ciudadana, pues nos permite poner en la agenda pública el compromiso de este Gobierno con la prevención del delito.
El diputado Silber u otros colegas de la Concertación hablan de “la fiesta”, de “un panfleteo”, de “un eslogan”, cuestiones que tanto se mencionaron durante la campaña presidencial. A ellos les respondo que, recientemente, se inició el aumento de dotación de 10 mil Carabineros y de mil detectives de la PDI; la ampliación del Plan Cuadrante a 50 comunas más. Además, se aumentaron los recursos y se extendió el plan del trabajo de la policía.
¿Eso es no estar comprometido?
Asimismo, está la creación de un departamento de atención de víctimas de delitos. Podría seguir muchos minutos más enumerando lo que este Gobierno ha hecho y las instancias que ha creado para enfrentar el problema, cuestiones que sólo ahora han sido abordadas. Reitero, estamos muy comprometidos con la materia.
Por eso, llamo a los colegas a realizar un trabajo coordinado en estos asuntos, sobre todo en los proyectos de ley recaídos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual presido.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , en esta sesión especial convocada para tratar el aumento en los delitos de mayor connotación social en Chile, saludo al ministro del Interior , don Rodrigo Hinzpeter , quien se encuentra en la Sala.
Esta es una materia que trasciende a toda la ciudadanía. Porque si hay algo que preocupa, naturalmente, es la inseguridad o la sensación de inseguridad, que se parecen, pero no son lo mismo.
A nivel nacional, según los datos que he recogido, hay un aumento de los delitos contra las personas durante los primeros meses del año 2011 que llega al 9,3 por ciento, en relación a la misma época del 2010. Ello, a nivel nacional, con más de 250 mil denuncias, entre enero y junio del año 2011.
Sin embargo, La Araucanía, que represento, aparece como la región donde más ha disminuido el número de delitos y de denuncias, incluso han aumentado los aprehendidos por la policía por la comisión de delitos como robo con intimidación o violencia, robo por sorpresa, robo de vehículos, robo de accesorios de vehículos, hurto, lesiones, homicidio, violación.
Asimismo, se señala que el 79 por ciento de todos esos casos fueron denunciados por la misma ciudadanía. Es decir, no nos podemos quejar, porque hay colaboración ciudadana a la hora de combatir la delincuencia.
Pero, más allá de las estadísticas, mi preocupación se relaciona -ya lo señalé- con la sensación de inseguridad que tiene la gente.
En La Araucanía existe un aumento de la sensación de inseguridad en comunas tan importantes para el desarrollo económico de la región, como son Pucón, Villarrica , Gorbea , Loncoche , que apuestan por el turismo, pero que huye ante el aumento de los delitos, como los robos en las cabañas y casas habitadas y deshabitadas; donde la inseguridad se hace presente en todas las
calles de estas comunas, ya que los asaltos se producen a toda hora, lo que ocasiona un daño económico muy grande y que también ha afectado al comercio, pues, debido a la presencia de malhechores, ha sufrido enormes pérdidas.
Reconozco que en materia de drogas, por ejemplo, se han realizado más de 12 mil procedimientos, pero creo que en algunos aspectos se está flaqueando en la lucha contra la delincuencia, por ejemplo, la tremenda sobrecarga de trabajo que tienen los fiscales, quienes no dan abasto para atenderla, de manera que, muchas veces, ilícitos flagrantes son castigados con penas mínimas o los sobreseen, en el afán de disminuir esa enorme sobrecarga de trabajo.
Por otro lado, la prevención del consumo de drogas en Chile sigue siendo un fracaso y lo hemos denunciado desde hace más de diez años. No se insiste en la prevención de la drogadicción desde los primeros días de escolaridad. No hay un trabajo suficientemente potente con las familias y los educadores para terminar con este flagelo que, poco a poco, se va apoderando de las conciencias y de los cuerpos de nuestros jóvenes, haciendo que muchos de ellos terminen, como todos sabemos, en la delincuencia para buscar los recursos que les permitan adquirir la droga de la cual llegan a depender. Por lo tanto, en este aspecto estamos flaqueando.
Si tenemos una sociedad donde se incrementa la cesantía y la drogadicción, naturalmente el delito también va a aumentar. Por ello, hace falta un Estado más solidario, que se haga cargo de buscar las razones por las cuales existen los delincuentes y proteger la vida por sobre la propiedad, aumentando las penas en delitos como la violación, el homicidio y el robo con violencia.
Hace unos años, presenté una moción en la que cuestionaba la existencia de la atenuante de la irreprochable conducta anterior en ilícitos como los que he señalado, pero se dijo que no era admisible. Esta atenuante hace que se cometan dos veces los delitos para recibir realmente el castigo que establece nuestro Código o que la ciudadanía cree que debería existir para los violadores, los homicidas o para quienes cometen robo con fuerza. No sé si sería posible revisar nuevamente esa atenuante para que no se haga efectiva en estos casos especiales. Espero sí que no se enojen los defensores de los derechos humanos, quienes a veces exageran con los delincuentes y se les respeta en demasía sus derechos, en desmedro de quienes viven en paz y en forma honrada.
El otro tema al cual quería referirme es la atenuante aquella en que el inculpado dice que tiene la mejor intención de reparar el daño causado y, con la consignación de un par de pesos, adquiere prácticamente una nueva atenuante, que signifique otra rebaja de la pena que finalmente se le aplicará.
Por último, creo que la lucha la tenemos que dar todos. Sería conveniente sacar más carabineros de las labores administrativas, ya que hace falta mayor presencia policial, y terminar, de una vez, con aquello que se dijo tanto que iba a desaparecer, la puerta giratoria, lo cual se repetía mucho en los gobiernos de la Concertación, pero hoy sigue existiendo. Con estas medidas y algunas otras que se propongan, creo que podremos ir eliminando poco a poco este descontento ciudadano en torno al aumento de la delincuencia.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , esta sesión especial es muy importante, dado lo sensible del tema para el cual hemos sido convocados a analizar. Por eso, me sorprende que diputados que dicen estar tan comprometidos con la lucha contra la delincuencia, no hayan dejado entrar a la Sala al Subsecretario de Prevención del Delito , don Cristóbal Lira . Quiero decirles a ellos que la delincuencia es un problema país que afecta a todos, sin distinción de color político. Eso es lo que debemos entender todos para dar una solución integral a este problema que, al final del día, vulnera la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de todos los ciudadanos de Chile.
No nos puede dejar indiferentes el incremento del 10,8 por ciento que registraron los delitos de mayor connotación social en el segundo trimestre de este año respecto del 2010. Sin duda alguna, el Gobierno ha efectuado avances en la materia y realiza un trabajo sin tregua y día a día. Lo he podido constatar con muchos trabajos en el distrito que represento. Pero, indudablemente, esto no es suficiente.
Por ello, quiero pedir en forma genuina al ministro del Interior , por intermedio de la Mesa, que no sólo nos concentremos en combatir el delito, sino también en prevenirlo. Así, resulta fundamental desarrollar nuevos programas que se orienten a las causas de la delincuencia, como son el desempleo juvenil, la falta de oportunidades y el consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, el Gobierno no puede actuar solo. Debe apoyar y apoyarse en las organizaciones que están trabajando estos temas, algunas de ellas, desde hace muchos años.
La presencia de jóvenes en delitos de alta connotación social hace que pregunte ¿qué lleva a estos niños a delinquir? ¿Qué estamos haciendo para impedirlo?
Asimismo, debemos avanzar en la reinserción. Sabemos que son pocas las oportunidades que tienen quienes han cumplido su condena en la cárcel y eso no puede ser. No puede ser que aquella persona que delinquió, pero que cumplió la sentencia a la que fue condenado, luego de salir en libertad, no tenga oportunidades para llevar una vida que le permita surgir y sacar adelante a su familia.
Invito al Gobierno y a mis colegas parlamentarios a mirar este problema de una manera integral, tratando de dar respuesta a esta problemática social desde las distintas esferas involucradas y no sólo desde la persecución y juzgamiento de quienes delinquen, entendiendo sí que no podemos disminuir nuestros esfuerzos y reconociendo, como he dicho, que el Gobierno lo hace diariamente en forma ardua.
Desde esta perspectiva, quiero felicitar al Gobierno por el Plan Chile Seguro, pero, a la vez, solicitar más recursos para el Fondo Nacional de Seguridad Pública y focalizar la asignación de sus recursos en aquellas comunas que han evidenciado un aumento en los niveles de victimización, como Cerrillos y Estación Central.
Por otra parte, en los últimos meses, muchas veces hemos visto que las legítimas movilizaciones estudiantiles se han visto perjudicadas por actos vandálicos de personas ajenas a los movimientos que se aprovechan de ellas para delinquir. Estos hechos no sólo afectan a quienes trabajan en el sector, a los comerciantes y a la municipalidad, sino que a toda la comunidad en general.
El orden público es un bien fundamental para nuestra sociedad y por ello es tan relevante protegerlo, pues nos permite desenvolvernos con tranquilidad en nuestras actividades diarias. Sin embargo, la normativa vigente es antigua y no permite enfrentar adecuadamente los desafíos de una sociedad como la nuestra.
Así, resulta fundamental modernizar la legislación que nos rige y dotar a Carabineros de una estructura y facultades que le permitan servir de manera más eficaz a los requerimientos del mundo de hoy. Asimismo, recalcar la necesidad de revisar la situación que enfrenta hoy el Ministerio Público, cuyos fiscales estarían asumiendo más causas que las previstas inicialmente, lo que perjudica la agilidad en la tramitación de las causas y, sin lugar a dudas, redunda en una menor eficacia en su labor.
Por último, reitero el llamado a abordar esta problemática de forma integral, involucrando a las organizaciones no gubernamentales, comunidades, vecinos y actores políticos y sociales en general. Si no enfrentamos las verdaderas causas del problema y trabajamos con los afectados, nuestro trabajo y esfuerzo serán en vano.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , aquí hay un tema central que creo ha sido tocado por otros diputados, pero en el que hay que hacer un énfasis mayor. Mientras no apliquemos un sistema preventivo en materia de drogas y alcohol, la puerta giratoria se mantendrá y la delincuencia se va a incrementar, transformándose en una verdadera bola de nieve. El 78 por ciento de los delincuentes que atacan a las personas en sus casas y que cometen delitos graves consumen droga, y el 20 por ciento, alcohol.
Hay un grupo de diputados y senadores que integran la llamada Bancada por un Chile libre de drogas.
Tenemos que empezar a aplicar la prevención y la rehabilitación; pues allí radica el problema central. Mientras no tengamos resultados en estas dos áreas, la delincuencia seguirá campeando. ¿Por qué? Porque la adicción a las drogas es muy difícil de tratar, sobre todo, cuando existe ignorancia, cuando no hay recursos y cuando las familias de los delincuentes -se puede comprobar al examinar sus antecedentes-, prácticamente, no existen.
Por eso, hago un llamado al ministro del Interior para que apuremos, por ejemplo, la creación de los tribunales de tratamiento de drogas y la prevención del consumo de alcohol. Hoy, pareciera que estamos pavimentando el camino para el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes registran uno de los más altos índices de ingesta de alcohol a nivel mundial. El 20 por ciento de las personas que se inician en las drogas más peligrosas lo hacen debido al consumo de alcohol, y el 80 por ciento, por consumo de tabaco. Entonces, si no aplicamos medidas preventivas realmente importantes y si a las personas no les damos la posibilidad de rehabilitarse, continuará el problema. Los tribunales de tratamiento de drogas tendrán un resultado efectivo de 75 por ciento. Hoy es algo voluntario; los jueces han tomado la iniciativa. Son programas piloto que debemos implementar con un presupuesto suficiente que nos corresponderá discutir en los próximos meses.
Esto va a marcar una incidencia importante y vamos a poder trancar la famosa puerta giratoria. Pero, si la droga sigue campeando, si nuestra juventud continúa presentando tan altos índices de consumo de alcohol y si agregamos a ello el problema del desempleo juvenil, tendremos una mezcla explosiva que se mantendrá en el tiempo, con resultado de más agresiones y más violencia en la comisión de delitos, porque esas personas no estarán en su condición más adecuada.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , quiero decirles que hemos recibido una mala noticia; pero, no lo es sólo para el Gobierno, sino para todos los chilenos: los últimos índices -si no me equivoco- sobre victimización y denuncias van al alza.
Después de un tiempo, las encuestas nacionales sobre victimización, tanto las últimas del Gobierno pasado como la primera del actual, venían mostrando bajas consistentes, lo que indicaba que se estaban cumpliendo algunas metas que se fijó el Gobierno de la Presidenta Bachelet . Y era una buena noticia, no sólo para la Concertación, sino también para todos los chilenos.
Entonces, parto del supuesto de que el aumento de los índices, considerando la forma en que contabilizamos los delitos en Chile, sean de victimización o, en el último caso, de denuncias, es una mala noticia, y nadie puede solazarse con ello.
Creo que debemos aprender de los errores, y me parece que lo que se solía escuchar antes, cada vez que se conocía una mala noticia: lo hacen pésimo, son irresponsables, no tienen idea, ya va a llegar la hora del fin de la fiesta, se va a terminar la puerta giratoria, en fin, eran simples eslóganes. Pero, cuando llega la hora de luchar, mediante políticas públicas contra esos problemas, resulta bastante más complicado que repetir eslóganes y, por tanto, en estas políticas públicas debemos contribuir todos.
Por eso, hubo un acuerdo transversal para apoyar la iniciativa -cuya tramitación comenzó en la administración anterior y fue despachada durante la actual-, para dotar al Ministerio del Interior de ciertas facultades que tiene un Ministerio de Seguridad Pública. Algunos creíamos que era mejor dividirlo; pero, esa tesis se perdió en su momento y nunca se replanteó. Lo concreto es que hoy tenemos, como algunos sostenían, un mejor Ministerio del Interior y de Seguridad Pública para coordinar estas cuestiones. Ocupémoslo, aprovechémoslo y evaluamos cómo están funcionando los programas.
Respecto de esto, quiero decir algo, pero sin causar alarma alguna. Me parece que tanto el Gobierno anterior como el actual descansan, un poco a ciegas, en el Plan Cuadrante. Soy de las personas que respetan la labor de prevención que lleva a cabo Carabineros de Chile; en términos generales, considero que es una buena política pública invertir en ello. Pero, me parece que hay ciertos planes que requieren un accountability y una fiscalización mucho más común, que no provenga de la misma institución. Creo que ha llegado la hora de que los efectos reales y concretos del más caro de los planes de seguridad, desde el punto de vista del cociente humano y de la inversión en bienes, sea analizado por una tercera institución. Ha hecho falta que un Plan Cuadrante, al que se ha estado proveyendo de recursos durante más de una década, sea analizado en forma pública y transparente por una institución licitada para tales efectos, que podría ser una universidad nacional o internacional, o cualquier otro organismo. Aunque no siempre ocurre, las autocalificaciones y las autodeterminaciones, como está sucediendo, tienden a la autocomplacencia. El principal instrumento de la mayor presencia focalizada de Carabineros y los mejores elementos de infraestructura deben ser analizados desde fuera de la institución. Me parece que es urgente hacerlo.
La seguridad pública no es un eslogan, sino un problema de todos. Aproveche, señor ministro , porque tiene una Oposición responsable, que no está dispuesta a darse un gusto político con el problema de la seguridad.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , quiero comenzar valorando la convocatoria a esta sesión y la forma en que se generó porque, sin duda, ha creado un ambiente y una situación inédita relacionados con el pasado.
Hoy, estamos enfrentando la delincuencia, como la vamos a enfrentar, probablemente, durante los próximos cien años, pero en un país que es distinto. Estamos siendo mucho más exigentes con nosotros mismos, con nuestras propias mediciones; nos estamos comparando con mucho más detalle. A lo mejor, estamos en una sociedad en la cual no basta con comparar las cifras actuales con las de los últimos diez años, sino con las del último semestre. Si comparáramos las cifras actuales con las de los últimos diez o veinte años, veríamos que los porcentajes de victimización, problema que motivó esta sesión, son notoriamente inferiores.
Debemos reconocer que estamos en un ambiente, en una sociedad y con una clase política distintos, porque la peor cifra de este Gobierno es mejor que la mejor de los gobiernos anteriores.
El subsecretario del Interior de los últimos diez años, que tiene el peak en términos de cifras de victimización, hoy se siente incómodo con una cifra notoriamente inferior. Pero, no critico eso porque, sin duda, es algo bueno; quiere decir que hemos mejorado nuestros filtros y nuestro nivel de exigencia. Por cierto, es positivo que haya subido el índice global de denuncias; es el porcentaje más alto de los últimos diez años, lo cual refleja un nivel de confianza en nuestras instituciones policiales. Hemos subido casi siete puntos en el porcentaje de denuncias, cifra que no aumenta en el caso de la victimización y, por tanto, claramente, interpretarlo en forma distinta, es desvirtuarlo. Es una buena noticia, dentro de todo lo malo que puede representar la delincuencia, que el temor en los sectores populares, en particular, en la clase baja, sea también el más bajo de los últimos seis años.
¿Por qué digo todo esto? No porque crea que tengamos buenas noticias ni porque lo estemos haciendo en forma perfecta; por el contrario, lo digo porque estamos en un país y con un Gobierno que es mucho más exigente de lo que nos exigimos en los últimos diez años. Eso, sin duda, es positivo. Ojalá que no perdamos la capacidad de exigirnos, después de cada encuesta, con mucha más estrictez, porque, insisto, si nos comparamos con los últimos diez años, hoy día podríamos estar celebrando; sin embargo, estamos todos tristes, porque al compararnos con los últimos seis meses, las noticias no son alentadoras.
El tema de fondo es que seamos capaces de entender cómo enfrentar la situación desde ahora en adelante, y hoy no hay buenas señales. Me parece francamente inédito que el Partido por la Democracia, sin ningún fundamento, niegue la entrada a la Sala al subsecretario y deba asistir a la sesión desde las tribunas, en circunstancias de que es experto en prevención de delincuencia. No hay ningún fundamento para haberle negado el ingreso a la Sala, salvo entender que se trata de una cosa política; que poco importa la delincuencia, sino lo que se diga afuera.
También me parece mala señal que la Sala esté semivacía, en particular por la ausencia del mismo partido que convocó a la sesión.
En esas circunstancias, es válido preguntar a los televidentes si la Sala ahora, cuando la sesión está siendo televisada, está semivacía, cómo estará cuando las luces se apaguen. ¿A quién le importa la delincuencia? Son malas señales.
También se pueden valorar otras disposiciones, pero de aquí en adelante debemos cambiar de actitud y ser capaces, como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, de no intentar sacar provecho político de la situación, sino que de cooperar. Sin duda, me habría gustado escuchar palabras de aliento hace cuatro meses, cuando conocimos la encuesta oficial del Gobierno, que daba buenas noticas; sin embargo, ni aun en ese momento escuchamos palabras de apoyo ni de aliento. También se buscó la forma de criticar.
Debemos acelerar el paso; sin duda, hoy estamos adoptando medidas que debieron tomarse hace 15 años. Las reformas que estamos adoptando son, quizás, reformas de primera generación; sin embargo, no se tomaron cuando correspondía. Los delincuentes, de alguna forma, corren con diez años de ventaja.
La primera estrategia y plan nacional de seguridad se elaboró en 2006. Perdimos 15 años de batalla, pero debemos recuperar el tiempo perdido.
Para eso, espero que el ministro del Interior no haga caso a aquellos que lo critican, porque se dedica mucho más a atacar la delincuencia que a los almuerzos con los políticos. Ojalá todos los ministros, en los últimos veinte años, hubieran actuado de la misma manera.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , nadie puede alegrarse por las cifras que hemos conocido y por cierto que no podemos negarlas, a pesar de los enormes esfuerzos del Gobierno por superar la violencia y la delincuencia.
Las cifras y los esfuerzos los conocemos todos, pero no nos hemos preguntado qué gatilla la delincuencia y la violencia en nuestro país, que no sólo está presente en los barrios, en las calles, en las comunas más modestas, más humildes, sino que también al interior de las familias. La cantidad de denuncias y el aumento de la violencia intrafamiliar, el abuso y el maltrato a menores, nos debiera dar mucho de qué pensar, porque si en nuestros hogares, en las propias casas en las que se educa un niño, donde se aprende a socializar, donde se le prepara para el resto de su vida, hay esa violencia y esa delincuencia de la que nos enteramos a diario, mal podemos esperar que no se repita en las calles.
Qué sacamos con adoptar tantas medidas contra la violencia intrafamiliar si no nos preguntamos cuál es la raíz del problema y qué cosas gatillan la violencia.
Hoy también escuchamos que hay un aumento importante de menores de 14 años que participan en delitos de alta connotación social. ¿Dónde están los padres de esos niños? ¿Qué pasa con esos menores que están en una situación que los lleva a delinquir?
Hace unos días, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, aprobamos un proyecto de ley que va a sancionar a los adultos que provean de armas a los menores de 14 años, con las cuales van a delinquir, a cometer asaltos -de hecho, han ocurrido en meses recientes- y delitos de alta connotación social, incluso en domicilios. Cabe recordar que los menores de 14 años son inimputables.
Nos preguntamos, también, si vamos a sancionar a quienes les dan armas, se las prestan o se las arriendan.
Me pregunto qué crisis moral afecta a nuestra sociedad para que hayamos llegado a un punto en que se ha perdido el respeto a todo. Basta ver lo que pasa en nuestras calles cuando terminan las manifestaciones públicas: maltrato a la autoridad y maltrato a carabineros. Hace pocos días, incluso, maltrato a un ministro . En resumen: pérdida de respeto a la autoridad y al orden y afán de destruir a como dé lugar.
No puedo creer que, en mi caso, por haber participado en una manifestación de apoyo a la familia, haya recibido tanta agresión, tanta agresividad a través de los medios y de las redes sociales. Incluso, alguien se atrevió a preguntarme, escudado en el anonimato si me gustaría que me mataran a un hijo. Eso es sólo una parte de lo que se me ha dicho, sin mencionar los insultos, las amenazas, las groserías, sólo por haberme parado en un lugar donde había personas defendiendo el fortalecimiento de la familia.
¿Cuántos nos preguntamos qué hemos hecho como país para fortalecer a la familia? En Estados Unidos, hace muchos años, el Presidente Clinton se dio cuenta del costo que le significaba al país el deterioro de la familia y buscó una serie de mecanismos para promoverla y fortalecerla. Lo propio ha hecho Hungría y otros países que se han dado cuenta de lo que implica la pérdida de valores y de respeto a la esencia de todo ser humano, que es la familia.
No puedo dejar de plantear que me produce una tremenda desazón ver cómo son agredidos, en forma inaceptable, los miembros de Carabineros de Chile. Las agresiones son cada vez más violentas. Incluso, se han atrevido a arrojar una bomba molotov a las piernas de un carabinero, con la consecuente quema de sus piernas. Destrozan vehículos, les tiran piedras que parecen rocas y todo lo que encuentran en su camino.
Cuando una sociedad pierde el respeto a la autoridad encargada de imponer el orden, quiere decir que será muy difícil controlar la violencia. En ese sentido, el trabajo que deberemos hacer deberá estar enfocado en resaltar y fortalecer los valores, y no tener temor de decir que hay que ser responsables, que hay que respetar a los demás, que esta gran reforma educacional que vamos a emprender no puede dejar de apuntar, también, al reforzamiento de los valores, a instaurar el respeto y la responsabilidad de los jóvenes en nuestro país, como también a ayudar a quienes tienen problemas. Hay muchos casos de personas que tienen problemas de salud mental, de depresión, de drogas y de alcohol, grandes gatillantes de la delincuencia y de la violencia. En tal sentido, el Gobierno ha sido muy proactivo: creó el nuevo Servicio de Prevención y Rehabilitación de Alcohol y Drogas.
Quiero ser muy honesta y decir que los mensajes no se entienden muy bien, porque no se entiende que desde esta Cámara de Diputados, en una Comisión, se denueste a carabineros. Dos personas se han dado el lujo de venir a dar una información falsa, que luego apareció en los medios de comunicación como una gran verdad.
Los medios de comunicación no nos están ayudando. Muchas personas dicen que ya no quieren ver televisión, porque lo único que muestra es violencia. No digo que Carabineros de Chile, que es la institución más prestigiada por la ciudadanía, pueda garantizar que 56 mil efectivos no van a cometer errores, pero también hay que reconocer que miles de efectivos son agredidos y heridos.
En la Cámara de Diputados aprobamos un proyecto para sancionar el maltrato a carabineros, aun cuando no presenten lesiones. Si al final de una protesta, hay ataques de encapuchados y otros violentistas y aparecen 14 carabineros heridos, les digo que detrás de esos 14 carabineros hay cien carabineros lesionados, con sus cuerpos heridos o machucados por ataques con piedras y otros elementos contundentes, pero que no van a dar cuenta de su situación.
He visitado a carabineros en esa situación y me he dado cuenta de que detrás de ellos hay una familia, una esposa e hijos que sufren y temen, y cada día que pasa están más aterrados por lo que les puede pasar a sus esposos y padres.
¡También me pregunto dónde están los derechos humanos de esos servidores públicos que resguardan el orden de nuestro país! ¡Dónde están sus derechos humanos! ¡Qué estamos haciendo para resguardarlos!
Por último, por su intermedio, señor Presidente, pido al ministro que acelere los proyectos que apunten a restablecer el orden público y el respeto y la dignidad de las autoridades encargadas de resguardarlo.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, deseo felicitar a quienes convocaron a esta sesión, porque es importante poner en discusión una política en materia de delincuencia -debiera ser un tema país- que el Gobierno ha tratado de impulsar con fuerza, pero también deberíamos trabajar con cifras concretas.
Aquí habrá una Oposición que siempre respaldará este tipo de materias, pero trabajemos con cifras concretas y no hagamos falsas imputaciones.
Desgraciadamente, en este momento no está presente el diputado Nicolás Monckeberg , quien representa a la comuna de Cerro Navia. Con seguridad, la gente de su distrito estaba contenta cuando veía bajar la victimización, pero ahora, en las últimas encuestas, ha ido subiendo y está por sobre el 30 por ciento.
Es relevante que nos hagamos cargo de nuestras palabras, de implementar una política sostenida en este aspecto y de seguir avanzando en los programas y proyectos que signifiquen más recursos, focalizarlos y apuntar a una política de Estado.
Por su intermedio, quiero decirle al ministro que cuando se hable de aumento de dotación y de mejor infraestructura para la PDI o Carabineros, estaremos disponibles, como ha ocurrido.
En el distrito que represento, me tocó ver la renovación de los cuarteles de Carabineros de Valdivia. Me pareció muy bien, pero la dotación de la PDI ha disminuido en muchas localidades de la Región de Los Ríos. Hemos tenido información de distintos lugares de que está sucediendo lo mismo. Se trata de lugares donde se necesita focalizar recursos humanos e infraestructura, a fin de ir mejorando la capacidad de despliegue.
Los planes cuadrantes deberían aplicarse no sólo a las grandes ciudades, sino también a las pequeñas o intermedias de menos de veinte mil habitantes, como San José de La Mariquina, Los Lagos o Purranque, donde también hay ciudadanos chilenos y ocurren delitos no considerados en estos programas, tales como el abigeato, que afecta a decenas de ciudadanos. Por eso, legítimamente, aspiramos a contar con un plan cuadrante.
En el desarrollo de esa política siempre habrá respaldo. Lo importante es que trabajemos con cifras concordadas, sostenibles en el tiempo, y que no sólo sean utilizadas en una u otra oportunidad. Repito, vamos a colaborar en esta materia.
Por otra parte, me alegra que el Gobierno haya entendido que se debe modificar la política carcelaria. Hay gente que no debiera estar privada de libertad, pero otra sí. En eso vamos a contribuir, cuando sea necesario y las cifras sean consensuadas por todos los ciudadanos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, por un minuto y siete segundos, la diputada Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , sólo para decir al ministro , por su intermedio, que la delincuencia es un síntoma de la sociedad y que todos somos responsables de esta enfermedad que la aqueja.
También deseo llamar la atención respecto de un tema que tiene que ver con el programa Barrio Comercial en Paz. En Cerro Navia, en Lo Prado, basados en este programa, tanto la PDI como el Servicio de Impuestos Internos han estado cursando multas a feriantes de cachureos y de ferias persas, porque no pagan impuestos ni emiten boletas. Jamás en la historia de esa comuna, por lo menos desde que la conozco, la gente que vende cachureos y que tiene una economía de subsistencia ha tenido que boletear y pagar impuestos.
Hoy, la PDI, bajo el alero del Programa Barrio Comercial en Paz, en vez de perseguir a los delincuentes y abordar los problemas de delincuencia en los barrios problemáticos, está persiguiendo a los feriantes que trabajan, a quienes, por lo demás, les cuesta trabajar y obtener el sostén de su familia.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor HINZPETER ( ministro del Interior ).- Señor Presidente , agradezco la oportunidad de conversar sobre esta materia, especialmente en la forma en que se ha hecho. Sin embargo, lamento la baja asistencia en la Sala, porque el tema es importante, de país, como lo han señalado las señoras y señores diputados.
Más allá de las declaraciones dadas a la prensa, en los puntos fundamentales de mis intervenciones creo haber sostenido siempre que la política en contra de la delincuencia es de Estado y no de Gobierno. En ese sentido, reitero la voluntad de trabajar con cada uno de ustedes con el propósito de hacer de Chile un país más seguro.
Hemos tenido la oportunidad de conversar sobre cifras. Me interesa mencionarlas para revisarlas junto a ustedes.
Previamente, deseo expresar que desde 2005, a mi juicio en forma acertada, el país estructuró la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc). Esta encuesta es extraordinariamente extensa, pues toma más de 22 mil muestras en terreno, con la misma metodología durante todos los años. La ejecuta el Instituto Nacional de Estadísticas. Lo digo porque un diputado en una columna insinuó que se efectuaba por funcionarios de Gobierno. Creo que cometeríamos un gran error al descalificarla. Se trata de una encuesta realizada con el mismo parámetro, con la misma metodología y por el mismo instituto. Me parece que es un buen instrumento de medición.
Desde 2005 en adelante, los gobiernos, incluido el nuestro, vienen midiendo su victimización y fijando sus metas en esta materia a través de esta encuesta.
Cuando asumimos la administración del Estado, nos propusimos la meta de reducir la victimización en nuestro período presidencial en un 15 por ciento y los delitos en un espacio público en un 25 por ciento. Tuvimos especial cuidado de no establecer metas anuales, porque el combate contra la delincuencia tiene ciclos de alzas y de bajas. Advertimos que si nos fijábamos metas anuales quizás caeríamos en una discusión que politizaría el tema. Por lo tanto, nos pareció que las metas de largo plazo son las más relevantes. Eso de los ciclos lo demuestra sobre todo la encuesta Adimark, la que ha convocado mayoritariamente el debate de un supuesto período negativo en materia de delincuencia.
No soy autocomplaciente en el aspecto de la delincuencia, pero tampoco quiero que generemos falsas sensaciones de fracaso o de ineficacia.
En el gráfico, la encuesta Paz Ciudadana Adimark está reflejada con la línea azul. Si bien tiene una tendencia más o menos permanente, ustedes se pueden dar cuenta que tiene dos peak, encerrados con un círculo rojo. Estos coinciden con el período de los “pingüinos”, de 2006, y los “pingüinos”, por llamarlos del mismo modo, de 2011. En ambos casos hemos tenido una compleja situación de orden público con los estudiantes. Con posterioridad, eso reflejó un alza en la encuesta. Eso es importante, porque da cuenta de algo que deseo abordar, que es cómo el orden público tiene efectos sobre la delincuencia. La existencia de un mayor o menor orden público no es irrelevante en lo tocante a delincuencia.
En consecuencia, y con el propósito de analizar el tema desde una perspectiva de Estado, que entiendo que es para lo que nos han convocado, nos quedaremos básicamente con los resultados de la encuesta Enusc, que reflejó el año pasado una baja muy significativa en cuanto a la victimización, y con la encuesta Adimark, que habrá que ver cómo sigue, pero que cuya alza coincide con un fenómeno social idéntico al que había generado el alza de 41,7 por ciento.
Por lo tanto, no me inquieta la cifra de la encuesta Adimark, sin perjuicio de que, naturalmente, como toda información seria, hay que observarla.
Como digo, ambas encuestas, que tienen sus respectivos peaks, fueron influidas durante, o previamente a su trabajo en terreno, por un fenómeno muy similar: el de los estudiantes.
Algunos diputados dijeron que habíamos llegado a una victimización de 37,9 por ciento. Pero la encuesta Paz Ciudadana-Adimark, a diferencia de la Enusc, pregunta si la persona ha sido víctima de un robo, de un hurto o si se le ha intentado robar o hurtar. En consecuencia, si es que uno quiere ir realmente al método de victimización, debe sacar aquella porción de las personas que contesta que no ha sido víctima, pero sí objeto de un intento de robo o de hurto.
Ahora, si uno hace ese ejercicio -la encuesta está abierta para todos los que quieran hacerla- debe sacar un 8,1 por ciento de personas que declaran haber sido víctimas de un intento, no de un delito. En consecuencia, queda una victimización de 29,8 por ciento y no de 37,9, que me parece pone las cifras en un contexto de mayor coherencia respecto de la encuesta Enusc. Por lo tanto, en ese sentido, creo que no es bueno hablar de una victimización de 37,9 por ciento, porque la encuesta Paz Ciudadana-Adimark habla, más que de victimización, de intento de victimización.
Ahora, sabemos que el combate en contra de la delincuencia es difícil. Las encuestas nos han acompañado, especialmente la Enusc, que, insisto, es el instrumento de política pública fijado por los distintos gobiernos desde hace seis o siete años, para medir su gestión en materia de delincuencia. Ningún gobierno, ni los que nos han antecedido ni nosotros, medimos nuestros resultados de delincuencia por la encuesta Paz Ciudadana-Adimark. Siempre ha sido por la encuesta Enusc. Por lo tanto, es importante ratificarla como el instrumento de medición de la gestión del Gobierno. No obstante, efectivamente, la ciudadanía es dura cuando llega el momento de evaluar la gestión de los gobiernos en materia de delincuencia.
En el siguiente gráfico pueden ver cómo la Presidenta Bachelet, que fue extraordinariamente valorada por la ciudadanía, tuvo durante su gestión una muy mala evaluación en materia de delincuencia. De hecho, el promedio de su evaluación, de cómo lo estaba haciendo en materia de delincuencia, alcanzó al 13 por ciento de adhesión. Nuestro Gobierno, en cambio, en el período que lleva, aunque ha ido bajando, tiene un promedio de 40 por ciento.
Como dije, la ciudadanía es muy dura para juzgar a los gobiernos respecto del tema de la delincuencia. Algo tiene que ver la influencia de la televisión. Como ministro del Interior nunca he querido plantear el tema, no obstante que otros subsecretarios y ministros del Interior lo han hecho.
La cantidad de noticias relacionadas con delincuencia que transmiten los medios de comunicación es realmente impresionante, si lo miramos en términos de minutos. Es por lejos lo que más se transmite. Ellos responden que eso les genera rating y que deben competir. Pero efectivamente eso genera una determinada sensación.
Ahora, en términos de temor, el gráfico muestra cómo ha ido evolucionando este tema y que se trata más bien de una sensación subjetiva, contrariamente a lo que dijo el diputado Silber respecto de la victimización, que es una sensación objetiva. El temor es subjetivo.
La frecuencia o índice de temor, desde junio de 2006 a junio de 2011, ha ido disminuyendo. De hecho, así lo pueden ver en el gráfico a través de la curva de color azul. El promedio de índice de temor entre 2006 y 2009 fue de 18,6 por ciento y entre 2010 y 2011 de 12,2 por ciento. Tengo la impresión -mérito del trabajo acumulado de todos- de que hemos logrado bajar el temor de la ciudadanía de la frecuencia del 20 al 10 por ciento. Incluso, ojalá pudiéramos quedarnos en el 10 y bajar un poco más. Pero hemos tenido una evolución positiva, en términos generales, de lo que ha sido la sensación subjetiva de temor.
En materia de victimización, el instrumento de política pública más relevante muestra que el país ha tenido una baja bastante pronunciada durante 2010. Y en materia de temor, también hemos tenido una baja que ha ido acercando las cifras al guarismo 10, alejándose del 20.
En materia de denuncias, que poco tiene que ver con la victimización -y acá coincido con el diputado Harboe, en cuanto a que esta materia muchas veces se confunde o se muestra como un buen resultado o como una muestra de confianza en el sistema-, la tendencia, que se ve reflejada en la línea azul del gráfico, muestra que desde 2005 ha subido consistentemente, salvo en 2010, que tuvo una baja, probablemente asociada al terremoto. La explicación que tenemos es que en los primeros meses de 2010 hubo una baja en las denuncias producto del terremoto. Por lo tanto, creemos que el alza que hemos constatado este año se va a enganchar con la parte de la curva que venía ascendiendo permanentemente desde 2006, lo que es un buen síntoma. Hoy, cuando decimos que las denuncias están aumentando, no debemos decir que el incremento radica en los delitos. Creo que nos estamos reacoplando con la tendencia del alza de las denuncias, que sólo fue quebrada durante 2010, probablemente, repito, por efectos del terremoto.
Tengo dos gráficos que me interesa compartir con ustedes, porque efectivamente hemos tenido un alza en los delitos, específicamente en casos policiales durante los primeros meses de 2011, circunscrito a los meses de febrero, marzo y abril. Sin embargo, vemos que a partir de mayo, junio y julio nuevamente la curva comienza a bajar. Como dije, es muy difícil medir mes a mes el fenómeno para combatir el delito, porque tiene evoluciones que se deben medir en trazos o en tiempos más prolongados. Lo mismo ocurre con las detenciones, que han ido al alza. En términos gruesos, si uno mira la victimización medida por el uso, el temor, los casos policiales y los detenidos, me atrevería a decir que durante nuestro Gobierno vamos a cumplir la meta de 15 por ciento de reducción de la victimización y de 25 por ciento de victimización en los espacios públicos. No es una tarea fácil, pero la vamos a cumplir en la medida que contemos con la colaboración de todos los actores sociales.
Otro punto que me interesa compartir se relaciona con el Ministerio Público. Creo que aquí vamos a tener que trabajar juntos para arreglar un problema.
El siguiente gráfico aparenta ser complejo, pero no lo es. Les pido que nos concentremos en los cuadrantes rosados, más que en los celestes.
En el primer cuadrante, ubicado arriba, a la izquierda, se señala que según la encuesta Enusc, de 2010, hubo más de 2.000.000 de delitos en el país. De ellos -pido que se fijen en el segundo cuadrante- 656.000 delitos se denominan “sin imputados conocidos”. De ese total, 546.968 se archivaron. En muchos de esos casos -hay que chequearlo- no se realizaron las diligencias investigativas adecuadas para desentrañar la incógnita sobre quién estuvo detrás del delito.
Normalmente, cuando no hay un imputado conocido, es porque se trata de un delincuente más avezado. En consecuencia, se están archivando las causas de delitos cometidos por delincuentes con habilidad para escapar de la acción de la justicia.
Dentro de los aproximadamente 500.000 delitos, aunque no lo recuerdo con precisión, cerca de 85.000 fueron caratulados como robos con violencia en lugar habitado. Ellos fueron archivados sin una investigación acuciosa.
Los fiscales están colapsados. Deben recibir pronto un fortalecimiento. Estamos trabajando en una mesa de fortalecimiento del Ministerio Público. Queremos darles más atribuciones, pero también esperar una mejor gestión y mejores resultados. Así, podríamos ver cómo destrabar las causas archivadas, que, como dije, llegan a medio millar.
Tenemos otro problema del cual vamos a tener que hacernos cargo como clase política. Tiene que ver con los otros cuadros rosados. Si se fijan, hay uno que consigna 54.847 medidas cautelares y 35 mil penas en medio libre. Estamos hablando de adultos.
Abajo, tenemos otro cuadro que consigna 3.600 medidas cautelares y 14.493 penas en medio libre.
El último cuadro nos muestra a 5 mil menores de 14 años declarados inimputables. Es decir, existen cerca de 110 mil personas que cometen delitos y que, virtualmente, no están sujetas a ningún control. Hoy, el sistema de control de medidas cautelares en Chile no existe. Es un control absolutamente ficticio. Nadie se preocupa de controlar a las personas con medidas cautelares.
Hemos concordado con el Poder Judicial en crear un servicio de antelación al juicio, donde las personas sean controladas cuando se les otorga una medida cautelar.
Luego, tenemos el tema del cumplimiento de penas en medio libre. Al respecto, está el proyecto de ley del brazalete electrónico, para el cual voy a pedir suma urgencia a la honorable Cámara.
El cuadro de abajo nos habla de los inimputables, es decir, de menores de 14 años que cometen delitos.
Voy a adelantar algunas láminas; después podemos retroceder.
Hay temas muy preocupantes.
Respecto de los menores, tenemos un problema grave de reincidencia delictual y falta de reacción del sistema. El tema de la delincuencia pasa por rehabilitar y reinsertar a los ciudadanos. No es un problema de control policial, sino un conflicto que emana significativamente por la respuesta que, en primer lugar, surge de nuestro sistema de persecución penal y, en segundo lugar, por la respuesta que da nuestro sistema penitenciario en cualquiera de sus niveles, desde el inimputable hasta al adulto condenado por delitos graves.
Tenemos casos como el del menor que aparece tapado. En 2010, hubo 29.860 aprehensiones de menores de edad. De esa cifra, 12.500 menores delinquieron por primera vez y casi 8.000 delinquieron más de una vez.
Si me preguntan dónde está el problema, si en los reincidentes o en los que delinquieron por primera vez, la respuesta es no sé. Porque, desgraciadamente, la tasa de reincidencia de esos menores es de un 70 por ciento. El que delinquió por primera vez cruzó la línea del delito. La probabilidad de que vuelva a hacerlo es cercana al 70 por ciento. Y a la inversa, en los que ya han delinquido, tenemos casos como el de un menor que ha reincidido 55 veces. Es una persona menor de 18 años, que ha sido aprehendida por 55 delitos -puede haber cometido más delitos y no haber sido aprehendida-, y si observamos la situación de sus hermanos -son las personas de abajo, que figuran con letras A, B, C, D, E, F, G y H-, constataremos que uno de 20 años tiene 31 detenciones; el de 21 años, 14 detenciones; el de 23 años, 26 detenciones; el de 24 años, 9 detenciones; el de 25 años, 2 detenciones; el de 27 años, 13 detenciones; uno que está fallecido, 5 detenciones, y el de 28 años, 9 detenciones.
Por lo tanto, ahí estamos ante un problema que no vamos a solucionar con más carabineros ni con más control. Es un problema de intervención oportuna y eficaz del Estado en el momento que corresponda para rehabilitar a menores que empiezan a incursionar en la carrera delictiva.
Hemos tomado medidas administrativas para controlar el robo de vehículos, algunas de las cuales son bastante novedosas, como el reconocimiento de las patentes de autos robados en las autopistas vía TAG. Además, hemos recibido como aporte de las concesionarias autos señuelos que se van a dejar en lugares donde regularmente se roban automóviles, que tendrán instalados un GPS que permitirá seguirlos. Es decir, se permitirá robar un auto, para seguirlo y desbaratar la banda.
Hemos conversado con la Superintendencia de Valores y Seguros para pedirle que dicte una normativa que impida el remate de algunos autos declarados con pérdida total, porque hemos detectado que, por la vía de adquirir vehículos con esas características, se adquiere la patente para luego clonar el auto.
Vamos a ponerle suma urgencia -lo veremos después- a una moción del diputado Matías Walker que crea una figura especial para el robo o hurto de vehículos motorizados.
Vamos a procurar una licitación distinta para las placas patentes de vehículos, porque tienen números muy fáciles de falsificar. Por ejemplo, es muy fácil convertir un número 3 en un 8. Por eso, hemos recurrido a tecnologías distintas que van a permitir contar con mejores patentes.
En materia de cajeros automáticos, tema que no le gusta tanto al diputado señor Felipe Harboe -en todo caso, comprendo su preocupación-, pero que genera un efecto delictual muy complejo, porque está nutriendo de una cantidad importante de recursos a bandas de delincuentes. Además, supone un delito previo, que es el robo de un automóvil.
De todas maneras, las penas van a ser inferiores a las de robar una casa. Hay que analizar el tema de las penas, para que no se produzcan incentivos.
Hemos conversado con el Banco Central y ya logramos un acuerdo que estamos implementando: el sistema de entintado de billetes. Hemos creado una normativa nueva a partir de la cual todo cajero automático nuevo que se instale en nuestro país va a tener que ser empotrado o instalado con medidas de seguridad que impidan que se concrete la práctica conocida como “alunizaje”.
Además, dictamos un decreto para inhabilitar no sólo las tarjetas SIM, el chip de los teléfonos celulares, sino también los aparatos. Ello nació de una moción presentada por diversos diputados, entre los que se encuentra la diputada Marcela Sabat. Así vamos a disminuir sustantivamente el robo de teléfonos celulares. Hemos actuado firmemente sobre el mercado de bienes robados y, probablemente, allí se han cometido algunas de las cuestiones que plantea la diputada María Angélica Cristi, cuya observación he anotado para hacerme cargo y revisarla.
Hemos trabajado mucho en prevención situacional, como las mejoras de plazas, alumbrado público, la entrega de alarmas comunitarias, etcétera. En este aspecto hemos invertido más de 2 mil millones de pesos entre el 2010 y el 2011; en el programa Barrio en Paz, más de 3 mil millones de pesos. Hemos focalizado mucho el trabajo del patrullaje dirigido a través del Escuadrón Centauro -seguramente lo habrán escuchado- y, hace poco tiempo, creamos una brigada móvil de la PDI, con ochenta efectivos y treinta vehículos, que empezó a operar desde mediados de julio.
Quizás aquí tenemos un avance muy interesante, que hemos trabajado con personas que nos están asesorando desde el extranjero. Normalmente, habíamos comenzado a trabajar con los típicos planos de georreferenciación del delito y, por lo tanto, apuntábamos a la identificación de los que se denominan hot spots, sitios calientes de delitos, lugares donde se cometen muchos delitos.
Sin embargo, nos dimos cuenta -si en el plano de abajo cada uno de esos puntos azules fuesen hot spots- de que hay líneas viales o de desplazamiento del delito que también hay que abordar. En consecuencia, atacamos un hot spots y, básicamente, hemos identificado hacia dónde se mueven los delincuentes y, en consecuencia, hemos extendido el trabajo policial hacia esos lugares. Estamos aplicando un programa piloto en Maipú y La Florida, que pensamos extender rápidamente porque está dando muy buenos resultados.
Igualmente, estamos trabajando para mejorar la persecución penal -ya lo había mencionado- y para tener mayor cantidad de información orientada a las policías. Hemos creado un sistema, el Centro Estratégico de Análisis del Delito (CEAD), que nos permite, por primera vez, conocer dónde se producen los problemas en una causa, dónde están los “cuellos de botella”, dónde se deja a las personas libres, cuáles son las faltas de prueba y cuál es el problema que incide en que una persona que debiera ser condenada termine siendo inocente.
Ya mencioné lo referente a los servicios de antelación a juicios. En cuanto a las penas sustitutivas, ya conocen la introducción del brazalete; también están informados del aumento de la capacidad penitenciaria.
Es importante decir que vamos a crear recintos penitenciarios que van a permitir segregar eficientemente, porque actualmente la contaminación criminológica es muy alta en nuestros recintos penitenciarios. Tenemos que trabajar muy fuerte en la rehabilitación y en la reinserción. No quiero detenerme mayormente en este punto, pero cabe precisar que estamos trabajo en ello. Quienes quieran recibir más información al respecto, encantado se las haré llegar a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana o directamente.
También hemos trabajado muy firmemente en el tema de la prevención de drogas y alcohol. El 2010 tuvimos una disminución muy significativa en el consumo de drogas -es una encuesta que se hace cada dos años-, tema que produjo cierta discusión, porque cambiamos la metodología con el objeto de mejorarla. Algunos plantean que esa modificación hace difícil realizar una comparación con las encuestas anteriores y, por lo tanto, no quiero decir que haya necesariamente una mejora. Efectivamente, en ese punto la comparación puede no ser muy rigurosa. Pero sí es importante consignar que nuestro resultado de baja es muy consistente con una encuesta que viene realizando la Asociación Chilena de Seguridad desde el 2002. Esa encuesta también reflejó una baja, lo que nos permite pensar que el cambio metodológico, que aunque hace más difícil el efecto comparación, sí está reflejando, de verdad, que se produjo una baja en el consumo de drogas en el país.
Vamos a trabajar -ya lo estamos haciendo en los tribunales-en el tratamiento de drogas. Esto ha dado muy buenos resultados en los lugares en que se encuentra disponible el tratamiento de personas que han sido condenadas y de adolescentes infractores de ley.
En cuanto al control de la droga, tenemos un desafío enorme y, en algún minuto, convocaré a la Cámara de Diputados para que nos acompañe en lo que dice relación con el combate al narcotráfico.
Desgraciadamente, nuestro país tiene una frontera de más de 1.000 kilómetros con dos países que, en conjunto, elaboran más de la mitad de la cocaína del mundo. Mientras eso sea una realidad, y mientras ellos no resuelvan su problema, nuestro país va a estar siempre expuesto a ser un mercado final o de tránsito para la droga. A nuestro país, la cocaína entra desde Perú o Bolivia, y la marihuana prensada proviene, básicamente, de Paraguay e ingresa a Chile por la frontera con Argentina. Estamos trabajando en un plan para abordar este problema.
Hemos recorrido las fronteras, y la verdad es que el país no invierte en control de pasos no habilitados -en pasos habilitados sí se ha invertido- desde hace cuarenta años. Los retenes que hay allí fueron construidos en la década del 60. Tenemos una situación muy pobre, por lo que hemos generado un plan que tiene dos líneas de control, más una tercera que es tecnológica.
Les voy a mostrar, en forma muy rápida, los segmentos que hemos definido como necesarios a controlar: las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. Primero, se consideran 55,5 kilómetros con Perú; después, otro tramo de 111 kilómetros con ese mismo país; luego, 186 kilómetros con Bolivia. Seguimos con Bolivia y, finalmente, tenemos un tramo de 388 kilómetros con Argentina, por donde está entrando la marihuana.
Esa primera línea de control va a ser la misma frontera; la segunda línea de control va a estar ubicada a 10 kilómetros de la frontera, y la tercera línea va a ser la unidad que va a recibir la inteligencia de todo lo que se produce entre la primera y la segunda línea de control. Entre la frontera y la segunda línea de control, a los 10 kilómetros, vamos a tener torres de vigilancia y equipos motorizados muy eficientes. Vamos a incorporar este programa al presupuesto del próximo año y espero contar con el apoyo de esta Cámara, porque ese programa nos va a ayudar mucho.
También de ha implementado el proyecto Barrio en Paz, que ustedes conocen, y otro muy bonito, en el que los invito a participar, que hemos construido desde el interior de La Legua, respetando la identidad de su gente, reconociendo su orgullo de ser legüina. Junto con ella, hemos estado trabajando para reconvertir y rescatar ese barrio crítico. Si nos va bien con esa experiencia -como lo espero-, vamos a replicarla en otros barrios críticos. En ese objetivo está trabajando no sólo el Ministerio del Interior, sino también los ministerios de Vivienda, de Educación y de Planificación, futuro Ministerio de Desarrollo Social. Hemos llegado a ciertos convenios para expropiar, abrir algunos pasajes y creemos que vamos a desarrollar un gran proyecto.
Hemos realizado un buen trabajo en materia de apoyo de víctimas. Se aprobó la reforma constitucional que establece el derecho de las víctimas a tener asesoría legal y, por lo tanto, vamos a poder trabajar con una ley que les dé mayor fortaleza.
En concreto, pedí al ministro Secretario General de la Presidencia que, a partir de mañana, ponga suma urgencia a los siguientes proyectos: el que crea inhabilidades para los condenados por delitos sexuales; el que crea el registro nacional de prófugos; el que aumenta las penas por el delito de robo a cajeros automáticos; el relativo a la facultad de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, primeras diligencias; el que reforma el Código Penal y tipifica los delitos de robo o hurto de vehículos -que, como mencioné, se inició en una moción del diputado Walker- y el que modifica la ley N° 18.216 e introduce el brazalete electrónico. Nuestra intención es calificar esos proyectos con suma urgencia, para despacharlos a la brevedad.
Adicionalmente, quiero proponer dos desafíos.
El primero dice relación con el orden público. Como gobierno, y probablemente también nuestra sociedad, en los tiempos que vienen, tendremos que enfrentar desafíos de orden público importantes, porque tenemos una ciudadanía que cada día demanda del Estado mayor atención, y nos parce bien que así sea.
Sin embargo, las normas que regulan el orden público y el ejercicio del derecho de manifestarse no se adecuan a las necesidades de los tiempos. Actualmente, quienes convocan a las marchas tienen total irresponsabilidad por lo que en ellas ocurra; quienes cometen delito y los encapuchados tampoco tienen ninguna responsabilidad, como tampoco la tienen quienes desoyen la decisión de la autoridad. Si los convocantes a una marcha realizan el acto en un lugar no autorizado por el intendente, no cometen ninguna falta y la autoridad política se ve enfrentada a la situación muy inconfortable de tener que enfrentar una marcha, para disuadirla, que no ha sido autorizada.
De modo que convoco al Congreso Nacional, particularmente a la Cámara de Diputados, para generar consenso sobre nuevas normas que regulen el orden público y el ejercicio del derecho de manifestación, respetando el derecho de los demás compatriotas.
Al respecto, hemos revisado varias mociones, y a partir de ellas debemos construir una normativa más amplia. Ninguna de ellas contempla, por ejemplo, el desacato a la orden de la autoridad de no realizar una manifestación en un determinado lugar o a determinada hora. Por lo tanto, tenemos que perfeccionar las iniciativas existentes.
Finalmente, enviaremos un proyecto de ley para incorporar un inciso al artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la prisión preventiva. Hoy se discute si los jueces son o no garantistas, si decretan la prisión preventiva cuando no se requiere o no la decretan cuando sí se necesita, etcétera. Muchas veces no se decreta prisión preventiva a una persona que tiene a su haber varios delitos previos y, por la prensa, nos enteramos que fue dejada en libertad, a sabiendas de que tiene tres, cuatro, cinco y hasta seis condenas anteriores.
Por eso, somos partidarios de incorporar en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal una obligación al juez para que, cuando deniegue la prisión preventiva o la medida cautelar correspondiente, tenga que consignar en su resolución denegatoria la existencia de otros procesos judiciales en que se hubiera condenado al imputado y las razones por las cuales, no obstante estos antecedentes, no lo considera un peligro para la sociedad.
Nuestra impresión es que los jueces no estarían recibiendo la información de la trayectoria delictual de la persona a quien no se aplica la prisión preventiva, y muchas veces argumentan ex post que todos tienen el derecho a gozar de la libertad. Probablemente, si se les hubiera advertido antes del prontuario de esa persona, sí hubieran decretado la medida cautelar.
Con esa obligación de consignar en la resolución los procesos condenatorios previos y razonar acerca de por qué, no obstante los antecedentes, no se le considera un peligro para la sociedad, les estamos subiendo el estándar de razonamiento judicial a los jueces, lo que no afecta ninguna garantía. Sólo les pone un estándar superior, y me parece positivo que así sea.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , quiero hacer énfasis en un tema que el ministro acaba de abordar. Como legisladores, deberíamos elevar las multas para quienes contravengan la decisión de un intendente, cuando autoriza la utilización de un lugar y prohíbe una manifestación en otro, pero se realiza igual, porque los costos de los desmanes, que son muy altos, los pagamos todos los chilenos.
Por eso, invito a los diputados a analizar en conjunto el tema, para resguardar el bien común, sobre todo cuando se trata de delincuencia, que va de la mano con el abuso del alcohol y de las drogas.
En la medida en que el país crece, también crecen los ingresos económicos de las personas, lo que facilita el acceso a la droga y al alcohol. Por ende, éste es un trabajo que también tenemos que realizar desde dentro de los hogares, cuestión que hemos dejado de lado. No esperemos sólo la gestión del Ejecutivo, aunque es su responsabilidad. Nosotros también tenemos que preocuparnos del tema, de nuestros hijos. ¿A cuántos los suben a un radiotaxi después de una fiesta? ¿Sabemos siempre dónde están nuestros niños? ¿Cuándo nos hemos sentado a conversar con ellos acerca del alcohol y de las drogas, sobre lo que ingieren en una fiesta o si el amigo con que salen maneja o no con alcohol?
Estas preguntas y estos temas, que nos pueden parecer básicos, son parte el trabajo que tenemos que realizar desde nuestros hogares para combatir la delincuencia y para reconstruir esos principios y valores que hemos perdido en nuestra sociedad.
Las mujeres necesitamos tener turnos laborales, que nos permitan estar más en familia y saber qué pasa con nuestros hijos.
También llamo a los colegas a que abordemos otro tema complejo. Hablamos de bajar de 0,5 a 0,3 gramos lo que se considera conducir bajo la influencia del alcohol, pero la mayoría de los diputados se opone. No podemos pensar en lo que uno quiera beber, sino en los efectos que eso puede producir cuando se maneja un vehículo. Los controles a los conductores se suman al combate contra la delincuencia y el consumo de alcohol.
Por ende, invito a mis colegas a trabajar juntos, de manera que ayudemos a un objetivo tan importante como es reducir la delincuencia, el consumo de alcohol y drogas, sobre todo en nuestros jóvenes y mujeres.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , buena parte de la exposición del ministro Hinzpeter -lástima que no esté presente- se concentró en las encuestas, en este caso, en las de 2010, sobre la cual hizo bastante verborrea de los grandes éxitos.
Señor Presidente , por su intermedio, le pido al ministro Hinzpeter que escuche con atención. Entiendo los motivos que tiene para no querer estar presente en la Sala, pero debo decirle que la encuesta de la que tanto se vanagloria el Gobierno se realizó entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010. En consecuencia, mal se puede arrogar este gobierno los logros de una política pública que en la tendencia venía a la baja en todos los gobiernos de la Concertación.
Los estudios se basaron en los últimos seis meses del último gobierno de la Concertación y los seis primeros meses del gobierno entrante. Entonces, mal puede este gobierno atribuirse los resultados de 2010. No sé si acá hay ignorancia o derechamente se falta a la verdad a la hora de apropiarse del resultado de 2010. Además, recordemos que hubo un terremoto y este hecho podría influir en términos positivos en los diputados en cuanto a la evaluación de la delincuencia.
Por intermedio del señor Presidente , pido la atención del señor ministro -ahora que está presente- para decirle que tengamos cuidado respecto de cómo interpretamos la encuesta que ha mostrado, pues la mitad de sus resultados son obra de los gobiernos de la Concertación.
Señor Presidente , haré una exposición muy breve, porque tengo poco tiempo.
Vemos con preocupación un dato que conoce el propio Gobierno, cual es el aumento de las denuncias, a pesar de que el Ejecutivo ha establecido que los resultados de esta encuesta serán la gran vara para medir sus éxitos.
Se puede observar que el robo en las viviendas ha subido en ocho de las quince regiones del país, lo que, sin duda, debe preocupar al señor ministro. Son cifras de la encuesta Enusc, vara comparativa del Ministerio del Interior.
Lo mismo sucede con el tema del robo de autos, que se ha disparado, ya que ha subido de 6.800 a 7.700. Se trata de los mismos datos que se ha impuesto el actual Gobierno como vara para medir su handicap en el combate contra la delincuencia.
Los indicadores son similares respecto de la percepción de la delincuencia en el barrio.
Lo que no podemos hacer es una suerte de batería de medidas en materia de seguridad ciudadana. Si el Congreso Nacional fuera el país, podría advertir dos cosas: primero, que la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de los chilenos, y segundo, que tan solo uno, o menos de uno, de cada cuatro parlamentarios presentes podrían evaluar positivamente la actuación del ministro Hinzpeter en materia de seguridad ciudadana. Ésa es la evaluación que hace el país.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , me alegro de que la Concertación manifieste, por primera vez, interés en la delincuencia. No sé qué es peor: no haber tenido preocupación durante veinte años o haberla tenido, pero haber sido ineficiente en la lucha contra la delincuencia.
No deja de llamar la atención que esta sesión especial haya sido citada a raíz de una encuesta cuyo titular es: “Aumento de los delitos en el último semestre fue de 4,9 puntos porcentuales”.
Recojo lo dicho por casi todos los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra: que todos quieren trabajar con seriedad en el tema de la delincuencia. En consecuencia, debemos leer la encuesta.
Resulta que el aumento de 4,9 puntos porcentuales se refiere a los delitos de robo o de intento de robo; o sea, no es de toda la delincuencia. Partamos por ahí.
Las cifras de denuncias llegan a un máximo histórico, lo que no necesariamente significa incremento de la delincuencia.
La percepción de alto temor, que según esta misma encuesta es de 13,9 por ciento, es menor que la percepción de bajo temor, que llega casi al 20 por ciento. O sea, 20 por ciento de los encuestados dice que tiene bajo temor y apenas el 13 por ciento señala que tiene un alto temor. El grueso de la población se mantiene en el nivel medio, como es de prever.
Los convocantes a esta sesión especial tampoco acusan recibo de la evaluación de las instituciones de seguridad, entre la cuales el Congreso Nacional, diputados y senadores, está en el último lugar, con 3,3 por ciento.
Me pregunto si contribuye a mejorar la percepción que tiene la opinión pública respecto de nuestro combate en contra de la delincuencia citar a una sesión especial para tratar una encuesta que mide un semestre, en circunstancias de que impide a los parlamentarios trabajar en comisiones.
El señor MELERO ( Presidente ).- Ruego a los señores diputados mantener silencio durante la intervención del diputado Giovanni Calderón.
Diputado Calderón, puede continuar con el uso de la palabra.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , tal como lo planteé, quiero recoger lo planteado por los colegas respecto de la intención de trabajar en serio en el tema de la seguridad.
Se han dicho cosas que vale la pena recoger, como lo expresado por el diputado Accorsi . Hay que avanzar en los tribunales de prevención de drogas, en la modificación de la ley de responsabilidad penal juvenil, respecto de la cual no he escuchado nada en esta sesión, a pesar de las reiteradas expresiones para tratar con seriedad el tema de la delincuencia, en circunstancias de que todos sabemos que el foco de la delincuencia, especialmente de la violenta, se encuentra en los menores de edad. No obstante, reitero, no ha habido ningún planteamiento al respecto.
El año pasado, esta bancada presentó un proyecto para reformar globalmente la ley de responsabilidad penal juvenil.
Tal como manifestó el ministro en su exposición, el gran problema de la delincuencia en Chile se encuentra en la reincidencia, lo que produce el efecto denominado 80-20; es decir, el 20 por ciento de los condenados por delitos en Chile explican el 80 por ciento de los delitos que se cometen. Lo mismo ocurre en materia de delincuencia juvenil.
Por lo tanto, las medidas legislativas y los planes de prevención tienen que apuntar precisamente en ese sentido, tal como lo manifestó el ministro.
Para terminar, creo que si realmente tenemos una preocupación seria por la delincuencia, por sus causas más profundas, como dijo la diputada Cristi , y por sus efectos en la población, como han manifestado diputados de la Concertación y de mi bancada, creo que tenemos que desarrollar una política de Estado en materia de seguridad que vaya más allá de las contingencias políticas.
En ese sentido, llamo a mis colegas de la oposición a no entorpecer las políticas públicas que el Gobierno está planteando con seriedad en esta materia.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , en esta oportunidad nos han convocado para tomar conocimiento y debatir acerca de las diferentes cifras conocidas últimamente que señalan preocupantes aumentos en la comisión de delitos, particularmente de alta connotación social.
Quiero recoger lo mejor que se ha dicho esta tarde en la Sala. Por ejemplo, he escuchado a los diputados Fidel Espinoza, Fernando Meza, Alfonso de Urresti, entre otros, que están disponibles para legislar. Creo que las propuestas formuladas por el ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter, van por buen camino, porque se les ha dado urgencia a proyectos necesarios, por la sensibilidad que genera el tema de la delincuencia en el país.
Por la disposición que han demostrado esos señores diputados, a los que debo agregar al diputado Jorge Burgos , contamos con una amplia mayoría para aprobar leyes que corrijan aquellas que presentaron problemas durante los gobiernos de la Concertación.
Por ejemplo, hay un problema serio con la prisión preventiva, porque algunas normas, como las leyes Cumplido, bajaron las sanciones, situación que debemos corregir. Además, debemos devolver a Carabineros de Chile el poder que tenían para ser respetados y para que no sean maltratados, como ocurre en la actualidad.
Para finalizar, quiero manifestar que nunca un ministro del Interior había tenido tanto interés y preocupación por el tema de la delincuencia, como lo ha demostrado el ministro Hinzpeter . Eso es digno de ser reconocido públicamente, como lo estoy haciendo en este momento, para que podamos avanzar en la prevención de la delincuencia en el país.
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate.
Se han presentado dos proyectos de acuerdo, que están a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en sus pupitres electrónicos.
El señor Secretario dará lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 399, de los señores Silber, Walker, Harboe, De Urresti, Espinoza, don Fidel; señora Vidal, doña Ximena; señores Ascencio, Meza, señora Girardi, doña Cristina; señores Castro, Venegas, Tuma, Saffirio, Lorenzini, señoras Goic, doña Carolina; Cristi, doña María Angélica; señores García, don René Manuel; Ojeda y León, que en su parte resolutiva expresa:
1. Requerir de todos los sectores políticos y del Gobierno el compromiso permanente por tratar siempre los temas de seguridad ciudadana como un tema donde no se permite ningún tipo de aprovechamiento político o electoral.
2. Instar al Gobierno a mejorar los mecanismos que aseguren un mayor control ciudadano en las políticas antidelincuencia, especialmente las que dicen relación con la prevención.
3. Requerir del Ejecutivo una especial atención al hecho de que el incremento de las acciones delictuales se produce en las zonas donde viven los sectores más modestos de la población, de tal modo de asignar mayor dotación policial y recursos para el resguardo de las personas que viven en esos barrios.
4. Manifestar nuestra particular preocupación por el aumento de la delincuencia en las zonas extremas del país, especialmente en la zona austral, donde tradicionalmente era menor.
5. Comprometerse a aprobar con prontitud el plan de fortalecimiento del Ministerio Público que permite incrementar en 180 el número de fiscales, a fin de hacer más rápida y eficiente la labor de esa instancia.
6. Instar al Gobierno a tomar la iniciativa para que la agenda de proyectos que están radicados en la Comisión de Seguridad Ciudadana se puedan tramitar con prontitud.
7. Acordar el impulso a la creación de una instancia de defensoría a víctimas de delitos en el ámbito del proceso penal.
8. Solicitar al Gobierno realizar sistemáticamente un proceso de evaluación externa de los programas de prevención social y policial.”.
El señor MELERO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 3 abstenciones.
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Zalaquett Said Mónica.
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Baltolu Rasera Nino; Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Hoffmann Opazo María José; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank.
Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Proyecto de acuerdo N° 400, de la señora Cristi, doña María Angélica; de los señores Melero, Monckeberg, don Cristián; de las señoras Sabat, doña Marcela; Zalaquett, doña Mónica; de los señores Letelier, Calderón, Squella, Eluchans, García, don René Manuel; Silber, Hasbún, Meza, Walker, de la señora Girardi, doña Cristina; de los señores Espinosa, don Marcos, y Cardemil, que en su parte resolutiva expresa:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República:
1. Que fortalezca las políticas de prevención y sanción del delito y, para ello, que se dispongan los recursos necesarios en la Ley de Presupuestos, a fin de continuar con el correcto y efectivo combate contra este flagelo y, en particular, persistir en la lucha frontal contra el narcotráfico, que es una de las principales causas del delito.
2. Fortalecer el sistema de control de las personas sujetas a medidas cautelares, especialmente aquellas referidas a violencia intrafamiliar.
3. Fortalecer los programas que previenen el ingreso de jóvenes y menores de edad a carreras delictuales.
4. Concretar y terminar la tarea iniciada en los gobiernos de la Concertación respecto de la construcción de recintos penitenciarios que permitan paliar el grave hacinamiento de ellos, que constituyen verdaderas universidades del delito.
5. Fortalecer programas de rehabilitación y reinserción de personas que egresan del sistema carcelario.
6. Calificar con discusión inmediata los proyectos de ley del Presidente Piñera: a) el que crea el registro de condenados por delitos sexuales; b) el de prófugos de la justicia, y otros.
7. Remitir al Congreso Nacional un proyecto de ley que persiga la responsabilidad por los destrozos y daños provocados a la propiedad, tanto pública como privada, durante las manifestaciones que alteran el orden público.”.
El señor MELERO (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 1 abstención.
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvo el diputado señor Ceroni Fuentes Guillermo.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
El señor MELERO (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.45 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.
-Para reemplazar en el numeral 3), el artículo 34° propuesto por el siguiente:
-”Artículo 34.- La feria o matadero que venda o beneficie animales, sin contar con el formulario de movimiento animal respectivo, será sancionado con una multa de 1 a 50 unidades tributarias mensuales por cada animal vendido o beneficiado.
La aplicación y cobro de la multa a que se refiere el inciso anterior, se ajustarán al procedimiento establecido en el Párrafo IV del Título I, de la Ley N°18.755, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero.”.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE , Presidente de la República ; RODRIGO HINZPETER KIRBERG , Ministro del Interior ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN , Ministro de Hacienda ; TEODORO RIBERA NEUMANN , Ministro de Justicia ; JOSÉ ANTONIO GALILEA VIDAURRE , Ministro de Agricultura .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner en urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
N° de Mensaje
Autoriza la venta de medicamentos que tengan la condición de venta directa en establecimientos comerciales que cumplan los requisitos que indica.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados, la que, para los efectos de lo dispues-
to en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERO ECHENIQUE , Presidente ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU , Secretario General de la Presidencia .”
3. Moción de los diputados señores Burgos , Cornejo , Díaz, don Marcelo ; Ortiz y Walker .
Reforma Constitucional para incorporar la existencia de elecciones complementarias en el caso de vacancia de un cargo de parlamentario. (boletín N° 7834-07).
I. FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL
Los argumentos que sostendremos respecto de la propuesta son los relativos al principio democrático, las malas prácticas y a un camino realista de solución.
1. El principio democrático.
El principio democrático está en el origen del poder. Es su ADN que le otorga la legitimidad para el actuar de las autoridades populares con respaldo. Este principio es el reconocimiento de la soberanía popular en el origen del poder democrático mediante elecciones. El principio democrático es el principio electivo bajo un parámetro constitucional de elecciones libres, competitivas, informadas, con registros públicos y bajo escrutinio jurisdiccional. Por tanto, son autoridades elegidas democráticamente de modo directo por el pueblo sin mediación de Colegios Electorales, grandes electores o parlamentarios.
Este es un principio que nuestro ordenamiento constitucional dispone con tres efectos diferentes. Hay autoridades respecto de las cuáles se les respeta integralmente, en otros niveles se matiza y por último, en otros, simplemente no existe.
El principio democrático es un criterio de organización que en el 2011, valga la redundancia, se respeta en principio en Chile. Esto se manifiesta efectivamente en dos situaciones: la elección por voto popular del Presidente de la República y de las autoridades del municipio (alcalde y concejales).
En este punto nos diferenciamos de modelos presidencialistas relevantes como Estados Unidos en donde no rige el principio democrático directo. “Aunque los votantes marcan en sus papeletas un candidato presidencial (como en una elección directa), realmente están votando por una lista de electores, que han prometido su apoyo al candidato en una posterior elección a nivel estatal entre esos electores tal y como sucede en una elección indirecta.” Lo anterior, ha llevado que en cuatro oportunidades no haya sido electo Presidente de los Estados Unidos la persona que obtuvo mayor número de votos populares.
No obstante, cuando hay órganos colectivos o los cupos son superiores a uno viene el dilema de la asignación de escaños, esto es, la conversión de los votos populares directamente elegidos para definir los ganadores. Este es el caso del Congreso Nacional. No se puede sostener que no opera el principio democrático en Chile puesto que el origen de la elección de los parlamentarios es la soberanía popular. El dilema está en la mediación de esa votación por los llamados sistemas electorales. Son estos mecanismos los que tamizan el principio democrático. Esta mediación, matización o atenuación del principio democrático ha larvado una enorme discusión política en Chile que está lejos de acabar acerca del sistema binominal en la asignación de escaños.
Más allá de esta discusión deseamos relevar que si hay un problema significativo cuando simplemente no concurre el respeto al principio democrático. Eso se produce en dos niveles.
Por una parte, hay dimensiones simplemente no electivas. Tal es el caso de las regiones o provincias que carecen de cualquier representación democrática, por lo que el déficit democrático es total. Por otra parte, este principio tiene severas cortapisas tratándose de reemplazos frente a vacancias, renuncias o nombramientos que generan incompatibilidad. Pareciera que se produjera un desapego del principio de origen (un procesalista diría un desasimiento o una desvinculación). Tal es la situación del reemplazo de las vacantes de diputados, senadores y la de los alcaldes.
Aquí el principio democrático se desvanece en plenitud puesto que no existe un patrón que unifique algún criterio común. A los parlamentarios de partido, el soberano parece reenviarle el poder al partido político. A los parlamentarios independientes no hay soberano retorno a nadie.
El único fundamento que tiene el constituyente o el legislador ha sido el pavor a las elecciones complementarias. El principio democrático en Chile hiberna hasta completar el periodo y reaparece cada cuatro años para que nadie tenga la sensación que un plebiscito indirecto se cierne sobre la gestión de alguien. El impedimento de la elección complementaria es una severa restricción a la soberanía popular.
No es razonable que los miedos del sesenta paralicen al constituyente 50 años después. Hoy nada justifica en el piano teórico el retorno a un principio tan capital como la soberanía popular.
2. Las malas prácticas
La solución que se la ha dado al “trauma de 1963” ha sido alejarse de la soberanía popular e impedir transformar una elección complementaria en una especie de plebiscito sobre el avance del Gobierno. La búsqueda institucional ha ido dirigida a construir argumentos que permitan no afectar la marcha puntual del Presidente de la República en un momento determinado.
Por tanto, esta propuesta viene precedida de múltiples ensayos que han aplicado todos los mecanismos posibles para buscar un reemplazo justo a la soberanía popular. Es así como se orientó hacia una “legitimidad mediata” a través de una asignación directa por parte de la Constitución identificando en el compañero de lista que perdió como el reemplazante. A nadie escapa que un procedimiento de esta naturaleza era doblemente antidemocrático. Primero, porque la Constitución escoge a uno que perdió aún cuando haya contribuido a la victoria del ganador reemplazado o simplemente que no haya contribuido en nada a la victoria del electo. Y, en segundo lugar, es antidemocrática porque las campañas electorales, por el efecto del sistema binominal, van dirigidas contra el reemplazante hipotético. Todo lo anterior, sin verificar el análisis respecto de las candidaturas independientes.
Las reformas del año 2005 consagró la “soberanía de los partidos políticos” en la determinación del reemplazante. Detrás de esta hipótesis está la idea de que la gente vota por partidos o bloques y esa representación “debe mantenerse” para cuya fidelidad serán los partidos los que busquen el reemplazante.
Su uso en cinco oportunidades ha generado, en la práctica, una “dependencia del estatuto parlamentario” respecto del Presidente de la República que pone en cuestión la “autonomía constitucional del Congreso Nacional”. Ha terminado por consagrar al “gran legislador” respecto de un poder meramente colegislador y ha desvirtuado el diseño constitucional de poderes que, reconociendo el presidencialismo, debe presidir un esquema equitativo que refuerce la representación ciudadana, la deliberación democrática, la dignidad de la ley y la fiscalización de los órganos del Estado partiendo por el propio Gobierno.
Las vacancias parlamentarias y su sistema de reemplazo no pueden estar al “servicio de la gobernabilidad presidencial” puesto que el principio más radical que debiera dirigir todo es uno tan sencillo como contundente y que lo refleja el Artículo más corto de la Constitución: “Chile es una República democrática”.
La propuesta de buscar una “legitimidad mediata” del tipo “parlamentario suplente” habrá que analizarla. Por ahora sus defensores deben responder dos cuestiones centrales. Primero, ¿en qué consistirá la “raíz democrática” del suplente? Habrá que investigar puesto que resulta dudoso que el suplente finalmente aparezca en la papeleta. Lo más probable es que termine entre los datos notariales que se adjunten al Servicio Electoral y hay que extender demasiado la dimensión democrática para otorgarle una legitimidad fuerte que es lo que requieren los Congresos. En segundo lugar, hay que precisar los mecanismos de su determinación. No sea que terminemos en la “soberanía del candidato”. Resulta evidente que siendo suplente de otro sea éste quién defina las reglas de su acompañante. Por lo tanto, el personalismo que puede introducir esta regla es más complejo que la realidad institucional de la soberanía de los partidos. Finalmente, el test de los “candidatos suplentes” pueden generar una ambigüedad en torno a su calidad. La alternativa puede constituir una buena plataforma para liderazgos jóvenes, emergentes o promisorios. También puede ser una manera de que grandes nombres de la vida pública o académica digan presente pero en un segundo plano. La virtud de estas estrategias electorales se manifiesta en cuán prácticas sean. El punto es si acontecida la vacancia se llene el cupo por el suplente. ¿Existe una perspectiva de renunciabilidad al cargo ¿Quién nombra al suplente de suplente?
En fin, el retomo a la legitimidad indudable de una elección complementaria es la principal fortaleza de la misma.
3. Elecciones complementarias realistas
La propuesta que se plantea en este proyecto de reforma constitucional busca una alternativa que permita ser plausible cumpliendo varios objetivos a la vez.
En primer lugar, se trata de construir una norma en el caso de las vacancias que no anule el contenido constitucional del Artículo 59 inciso segundo de la Constitución. Lo anterior, implica que la posibilidad constitucional de que el Presidente de la República nombre a parlamentarios como Ministros de Estado no sea una perspectiva que quede cenada pero sí limitada a condiciones excepcionalísimas. Es evidente que la experiencia política parlamentaria puede ser un recurso a utilizar en momentos que requieren modificar la dinámica política, hacer frente a una crisis o reconstruir la base de apoyo de un Gobierno. Lo importante es mantener la condición excepcionalísima.
En segundo lugar, permite elevar la legitimidad de las decisiones políticas y devolver la determinación democrática a su lugar natural.
En tercer lugar, especificar que la propuesta se da en contextos de evitar una suerte de “plebiscito anticipado”. Lo que hoy lo hace una encuesta de opinión pública es muy superior a los efectos específicos que puede tener una elección complementaria en un lugar determinado. Siempre existirán factores específicos locales que expliquen un resultado electoral y que impiden una explicación de alcances generalizables. No obstante, esta argumentación parece prudente asistir a una división del principio en orden a acoger la idea de elecciones complementarias sólo en la primera mitad de un período presidencial. Con ello, se acoge la misma idea que está presente en el Artículo 29 inciso cuarto de la Constitución aplicable a la Presidencia de la República . Con lo anterior, se logra que frente a un período más cercano al término no se precipiten decisiones electorales mayores.
En cuarto lugar, la propuesta se hace cargo de la situación de la vacante cuando al período electoral le queda menos de la mitad y se produce alguna vacancia parlamentaria. En tal caso, no existe sustitución y las Cámaras ajustan sus quórums al número menor de integrantes. El efecto práctico de esto es menor puesto que lo habitual es que las Cámaras funcionen con quórums menores producto de muy diversas contingencias.
Finalmente, alguien puede plantear que este mecanismo puede sobrerrepresentar una mayoría territorial en un distrito o circunscripción determinado. La respuesta es sencilla. No es posible seguir planteando tal previsibilidad electoral que termine por anular las elecciones. Adicionalmente, el desajuste es temporal y constituye una atenuación al sistema electoral.
Por tanto, se presenta la siguiente reforma constitucional
Artículo Único.- Sustitúyanse los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del Artículo 51 de la Constitución Política de la República por los siguientes;
“Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán, cuando correspondan, mediante elecciones complementarias.
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección general de parlamentarios, el Presidente de la Cámara legislativa respectiva convocará dentro de los diez siguientes de producida la vacante a una elección complementaria. En esta elección no podrán participar parlamentarios que representen otros distritos o circunscripciones.
La elección complementaria se celebrará sesenta días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.
Esta elección se ceñirá a lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
Si la vacante acontece restando menos del período indicado en este mismo Artículo, ésta no será llenada.”
4. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 26 de julio de 2011.
Oficio N° 6.377
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 26 de julio de 2011 en los autos Rol N° 1.654-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en el Rol de ingreso N° 842-2010, seguida en contra de Isapre Banmédica S.A. ante la Superintendencia de Salud, en calidad de Tribunal Arbitral.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
DON PATRICIO MELERO ABAROA
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
Oficio N° 6.393
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 26 de julio de 2011 en los autos Rol N° 1.719-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol N° 1785-2010, reclamo interpuesto ante la Superintendencia de Salud, en calidad de Tribunal Arbitral en contra de la Isapre Cruz Blanca S.A.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 28 de julio de 2011.
Oficio N° 6.403
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 26 de julio de 2011, en el proceso Rol N° 1.985-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobre recurso de protección interpuesto en contra de Isapre Cruz Blanca S.A. que se encuentra actualmente pendiente, ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), bajo el Rol de ingreso N° 1825-2011.
EDIFICIO CONGRESO NACIONAL
AVDA. PEDRO MONTT S/N
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
Oficio N° 6.408
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 26 de julio de 2011 en el proceso Rol N° 1.969-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa sobre recurso de protección deducido en contra de Isapre Banmédica S.A. ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría Criminal), bajo el Rol de Ingreso N° 1495-2011 y actualmente en apelación ante la Corte Suprema.
8. Oficio del Tribunal Constitucional.
? Santiago , 20 de julio de 2011.
Oficio N° 6.343
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 20 de julio de 2011, en los autos Rol N° 2.025-11-CPT, sobre el requerimiento formulado por el Presidente de la República solicitando se declare inconstitucional “la actuación del Senado y la consecuente modificación introducida por éste al artículo 197 bis del Código del Trabajo” contenido en el proyecto de ley que crea el permiso postnatal parental y modifica el Código del Trabajo (boletín N° 7526-13).
EÑ PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

References: artículo 197
 artículo 74
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 140
 artículo 140
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 Artículo 59
 Artículo 29
 Artículo 51
 artículo 197