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Timestamp: 2018-01-20 14:40:00+00:00

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Derecho administrativo sancionador - España
Principios del procedimiento sancionador Mejor documento
El ejercicio de la potestad sancionadora está sometida a unos principios y requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido y en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. Es decir, la Administración ha de seguir un procedimiento formal para imponer una sanción.
2.1 Garantía de procedimiento sancionador (art. 25.1 LRJSP/2015)
2.2 Derechos del presunto responsable (art. 53.2 LPA/2015)
2.3 Medidas de carácter provisional (art. 56 LPA/2015)
2.4 Presunción de inocencia (art. 53.2 b) LPA/2015)
2.5 Resolución del procedimiento sancionador (art. 35.1 h) LPA/2015)
Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizarán con un contenido mínimo (identificación de la persona o personas presuntamente responsables; los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción; instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos; órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la pos...
ley de enjuiciamiento civil ley de procedimiento administrativo
Sentencia de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Contencioso, 30 de Abril de 2004
URBANISMO. ORDENACIÓN URBANA. INFRACCIÓN URBANÍSTICA. SANCIONES. Se discute en este proceso la legalidad del Decreto de la Alcaldía de La Pobla de Montornšs (Tarragona), de 26 de noviembre de 1997, desestimatorio de la incoación de expediente sancionador por la comisión de una posible infracción urbanística por los hechos denunciados por el actor. No puede este Tribunal pronunciarse acerca de si las obras ejecutadas al amparo de la licencia de obras concedida, se ajustan a la normativa urbanística, ni sobre el carácter legalizable o no de las mismas; con otras palabras, no puede darse en este proceso un pronunciamiento sobre la declaración de ilegalidad de las obras construidas ni sobre la demolición de las mismas. Por ello, no puede ajustarse a Derecho la resolución impugnada, por la cual se desestima la incoación del correspondiente expediente, fundamentada en la escasa entidad de la posible infracción en el conjunto de la obra realizada y en la aplicación del principio de proporcionalidad. Se estima el contencioso administrativo.
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Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 21 de Enero de 2002
Sentencia nº 665/2007 de TSJ Murcia (Murcia), Sala de lo Contencioso, 20 de Julio de 2007
TRANSPORTE. POTESTAD SANCIONADORA. La omisión de la propuesta de resolución según ha señalado con reiteración la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo es suficiente para determinar la invalidez de los actos impugnados por originar indefensión al interesado, ya que supone privar a éste de su derecho a ser informado de la acusación una vez que el instructor ha examinado las alegaciones formuladas por el mismo y que se han practicado las pruebas de cargo oportunas, así como del derecho a hacer unas nuevas alegaciones que sobre dicha acusación crea oportunas en su defensa. El derecho a ser informado de la acusación, que con la categoría de fundamental se garantiza en el art. 24.2 CE, se satisface normalmente en el procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación de la propuesta de resolución, pues es en ésta donde se contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se imputa, integrado, cuando menos, por la definición de la conducta infractora que se aprecia, y su subsunción en un concreto tipo infractor, y por la consecuencia punitiva que a aquélla se liga en el caso de que se trata. Se estima el contencioso administrativo.
Sentencia nº 466/2003 de TSJ Comunidad de Madrid (Madrid), Sala de lo Contencioso, 25 de Marzo de 2003
CONSUMO. INFRACCIÓN. ACTO ADMINISTRATIVO. INFRACCIONES. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. La cobertura se encontraría en el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1945/1983, por el que se Regulan las Infracciones y Sanciones en materia de Defensa del Consumidor y de la Producción Agro-Alimentaria, que establece como infracción el incumplimiento de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la Empresa, instalación o servicio y como garantía para la protección del consumidor o usuario. La documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente es un elemento normativo. Se precisa además una normativa sectorial que establezca la obligatoriedad de tener a disposición del público hojas de reclamación en razón de la doctrina constitucional antes expuesta las exigencias de prudencia o de oportunidad que pueden variar en los distintos ámbitos de ordenación territoriales. Se estima el contencioso administrativo.
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Sentencia nº 18/1981 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 8 de Junio de 1981
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente, y don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, doña Gloria Begué Cantón, don Rafael Gómez-Ferrer Morant y don Angel Escudero del Corral, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurs...
Sentencia nº 7/1998 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 13 de Enero de 1998
Partiendo del inicial reproche a la imposición de sanciones «sin observar procedimiento alguno» (STC 18/1981), se ha ido elaborando progresivamente una doctrina que asume la vigencia en el seno del procedimiento administrativo sancionador de un amplio abanico de garantías derivadas del art. 24 C.E. Sin ánimo de exhaustividad, podemos citar el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a la asistencia letrada, trasladable con ciertas condiciones; el derecho a ser informado de la acusación con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración con la prohibición absoluta de utilización de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; el derecho a no declarar contra sí mismo, o el derecho a la utilización de los medios de pruebas adecuados a la defensa, del que se deriva que vulnere el art. 24.2 C.E. la denegación inmotivada de medios de prueba (STC 39/1997) [F.J. 5]. Frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales, tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional. Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales (SSTC 36/1982, 66/1995 o 128/1997, entre otras); también en relación con actos administrativos que impongan sanciones [F.J. 6]. La motivación, al exponer el proceso racional de aplicación de la ley, permite constatar que la sanción impuesta constituye una proporcionada aplicación de una norma sancionadora previa. Por ello resulta imprescindible en orden a posibilitar el adecuado control ...
medios de prueba en el proceso contencioso-administrativo Recurso de amparo constitucional derechos fundamentales y libertades públicas
Generalidades. Inventario de los principios, sus efectos y clases de procedimientos sancionadores. II . La garantía de la existencia de procedimiento. III . La garantía de la separación entre los órganos de instrucción y de decisión. IV. Presunción de inocencia. A) Actividad probatoria necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia. a) Las pruebas indiciarias. b) Valor probatorio de las actas de inspección y otros actos. B). La carga probatoria que recae sobre el inculpado. V. Prohibición de indefensión. A) Derecho a la acusación. B) El derecho de defensa. VI. Derecho a la no autoinculpación. Derecho a la asistencia letrada. Bibliografía.
SUMARIO: 1.- . 2.- Naturaleza. 3.- Clases de sanciones administrativas: A) De autoprotección; a) Sanciones disciplinarias, b) Sanciones de policía demanial, c) Sanciones tributarias. B) De orden público. 4.- Principios del Derecho Administrativo Sancionador: A) Principio de legalidad. B) Retroactividad-irretroactividad de las normas sancionadoras. C) Principio de tipicidad. D) Culpabilidad o imputabilidad. Presunción de inocencia. F) La regla Ȉ non bis in idem [notdef] . G) Principio de proporcionalidad. H) Reformatio in pejus y solve et repete. I) Prescripción. El Procedimiento sancionador: A) Cuestiones generales. B) Derechos del presunto responsable.
principios del derecho non bis in idem administrativo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo fija como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil. Ver noticia
La adopción de la medida de expulsión en cuanto expresamente calificada como sanción sólo puede realizarse mediante la tramitación de un procedimiento sancionador de carácter contradictorio y que culmina con una resolución que debe ser notificada al interesado con indicación de los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.Ver formulario
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