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Timestamp: 2018-05-24 04:21:49+00:00

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DERECHO PROCESAL CIVIL [110942] | Derecho Procesal Civil (UAM) | Unybook
Apuntes tomados en clases magistrales y revisados.
Natalia Álvaro de Mira DERECHO PROCESAL CIVIL TEMA 1. EL DERECHO Y SU GARANTÍA JURISDICCIONAL.
1. LOS CONFLICTOS JURÍDICOS Y SUS MODOS DE SOLUCIÓN.
Cuando se habla de conflicto, nos referimos a la controversia que surge en el marco de una relación regulada por una norma de Derecho material, que establece derechos y obligaciones (que aparentemente han sido vulneradas o incumplidas en el conflicto que se plantea). Ambos deben ser respetados y observadas, respectivamente, de modo voluntario por el sujeto que se encuentra obligado; o puede darse un cumplimiento coactivo, mediante el empleo de la fuerza o “potestad jurisdiccional” con la cual el ordenamiento dota a los órganos judiciales; y se emplea cuando no ha habido un cumplimiento espontáneo o voluntario de determinadas normas por parte de un sujeto, por lo que otro se ve perjudicado y exige el cumplimiento coactivo ante los tribunales.
Los conflictos jurídicos pueden clasificarse atendiendo a:  La naturaleza del bien o interés jurídico tutelado, pudiendo distinguir entre conflictos: o Intersubjetivos. Aquellos cuyo interés perturbado es de carácter privado, afectando sólo a particulares (no al Estado en su conjunto). Así, puede decirse que el Dº Civil es Dº Privado, porque regula relaciones entre particulares, y los intereses son privados.
o Sociales. Aquellos en los que se encuentran implicados intereses generales, colectivos o sociales, por afectar a toda la colectividad. En ellos el acto antijurídico vulnera normas que amparan un bien jurídico de titularidad pública. En este caso, no sólo está interesado en su resolución el particular ofendido por el delito, sino la sociedad entera.
 La calificación jurídica del conflicto. Determina la manifestación de la jurisdicción o el orden jurisdiccional (penal, civil, laboral o contencioso-administrativo) ante la cual la pretensión habrá de interpretarse, así como el procedimiento aplicable. Se trata de conflictos de Derecho público, conflictos de Derecho privado, etc.
2. MEDIOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
El nacimiento de un conflicto jurídico (ya sea intersubjetivo o social) origina un estado de insatisfacción individual o colectiva. Con su aparición, la paz o el orden social se altera, y es necesario reequilibrar los intereses en conflicto; para ello, existen tres medios de solución de conflictos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición.
2.1. AUTOTUTELA.
En la autotutela, autodefensa o autoayuda, el conflicto jurídico se resuelve a través de la imposición coactiva de una solución por una de las partes en conflicto. Es la forma más primitiva de resolución de los conflictos, en la medida en que la sociedad permite que una de las partes aplique unilateralmente su voluntad en un litigio. Se diferencia de los otros dos tipos en que: por una parte, no existe un tercero (sí en la heterocomposición); por otra, se impone coactivamente la decisión por una de las partes a la otra (sí ocurre en la autocomposición).
Gráficamente, se representa como una relación vertical, en la cual la parte situada en una situación de superioridad “impone” a la otra su “solución” del conflicto. Sus causas pueden ser muy heterogéneas: 1) El acogimiento de la fuerza como medio de resolución de disputas (ley del más fuerte).
2) La admisión del ordenamiento en determinados supuestos, basándose en un sentido del honor o de los perjuicios sociales. EJ: homicidio por adulterio.
3) Las deficiencias del sistema procesal de un país determinado, en el que la lentitud, costes, etc… pueden contribuir a estimularla. EJ: grupos “mafiosos” de cobro. Este método se encuentra desterrado de los ordenamientos de los Estados de Derecho modernos, y no se permite tal imposición unilateral; de hecho, el propio ordenamiento reacciona contra la autodefensa, excluyéndola.
4) En sentido positivo, el artículo 455 CP tipifica como ilícito penal “la realización arbitraria del propio derecho”.
5) En sentido negativo, se ha consagrado a nivel constitucional, en el art. 24.1 CE, el derecho de acceso a los tribunales para la protección de los derechos subjetivos e intereses.
Las reacciones contra los inconvenientes de la autodefensa inducen a la sociedad de todos los ordenamientos modernos a combatirla: primero limitándola; finalmente, prohibiéndola. En nuestro ordenamiento, quedan algunos supuestos de autodefensa muy limitados, como son los arts. 592 y 612 CC. En el ámbito del Dº Penal, el art. 20.4, 5 y 7 CP permite la actuación unilateral para defender derechos y bienes jurídicos propios cometiendo conductas que podrían ser constitutivas de delito contra un tercero, al exonerar de responsabilidad penal/criminal a los que actúan bajo tales títulos.
2.2. AUTOCOMPOSICIÓN.
Implica la solución del conflicto a través de un acuerdo entre las propias partes (o bien una de ellas si se resigna y acepta dicho acuerdo). Es un mecanismo de solución más civilizado que la autotutela, en la medida en que son las propias partes las que, mediante acuerdo, deciden poner fin al litigio. Se distingue de los otros dos medios de resolución en que: por una parte, se obtiene una solución al conflicto mediante pacto entre las partes, sin que exista imposición coactiva por una de ellas (le distingue de la autotutela), ni por un tercero (le distingue de la heterocomposición); por otra parte, no existe un tercero distinto de las propias partes (le distingue de la heterocomposición).
La representación gráfica de la autocomposición viene determinada por una línea horizontal, de equilibrio entre las partes.
Los supuestos de autocomposición sólo caben respecto de los conflictos intersubjetivos y en ningún caso cabe en los sociales. Asimismo, dentro de los conflictos intersubjetivos sólo cabe aplicar estos medios de solución en los regulados por normas de Derecho dispositivo, no de Derecho imperativo (pues se estaría dejando a la voluntad de las partes la aplicación de normas que no pueden serlo). Un supuesto de autocomposición es la transacción extraprocesal (art.
1809 CC), en la que las partes llegan a un acuerdo de solución del conflicto plasmado en un contrato (éste suele ser la institución en la que se manifiesta la solución autocompositiva de conflictos). Igualmente, hay ejemplos en los que una vez iniciado el proceso, las partes llegan a un acuerdo materializado en la finalización prematura de éste a través de diversas figuras, que pueden ser: 1º. Unilaterales. Son: el allanamiento del demandado en las pretensiones del autor, y la renuncia de autor al derecho subjetivo material decidido en el pleno.
2º. Bilaterales. Son: la transacción, la conciliación y la mediación.
2.2.1. Participación de terceros en la autocomposición: la mediación y conciliación.
Aunque la naturaleza de la autocomposición implica la ausencia de un tercero, hay instituciones en las que éste sí interviene en la solución del conflicto, pero nunca impone su decisión a las partes, pues su función no es la de dirimir el conflicto (lo que implicaría naturaleza heterocompositiva) sino la de aproximar a las partes, proponiendo una solución, a fin de que sean ellas quienes lo solucionen a través del acuerdo o la resignación. Ejemplos de esto son la mediación y la conciliación. La diferencia entre ellas no está clara, aunque a veces es indiferente si se trata de obtener una solución “amistosa”. Criterios que a priori sirven para saber si estamos ante mediación o ante conciliación:  En la mediación, el tercero interviene de forma espontánea para intentar su solución; mientras que en la conciliación actúa de manera “provocada” al ser llamado por las partes.
 La estructura que busca la mediación puede ser cualquiera, sin preocuparse de la justicia, mientras que la conciliación aspira a la composición justa.
 El mediador participa de modo más pasivo en la obtención de la solución, puesto que intenta aproximar a las partes para que sean éstas las que logren el acuerdo; el conciliador propone activamente soluciones al conflicto (las partes pueden o no asumir tal solución propuesta).
 En la mediación, las partes tienen un mayor protagonismo que en la conciliación (en la que el conciliador ocupa un papel central).
En nuestro ordenamiento, la presencia de estas instituciones es simbólica. En el proceso laboral es obligatorio acudir a la conciliación previa, aunque en la práctica se ha convertido en un trámite, puesto que el número de acuerdos es escaso. En el ámbito civil, la LEC 1881 (arts. 460 y ss.) sigue regulando el acto de conciliación de tipo preprocesal, al que las partes pueden someter su disputa, y de la cual conoce el letrado de la AJ (y Secretario General actual). Ésta se inicia con una solicitud o papeleta de conciliación dirigida al letrado, que citará a las partes a comparecer en una audiencia, en la cual, tras escuchar las alegaciones de ambas, dictará un decreto dando la solución al litigio, ya sea con o sin avenencia. Si hay avenencia, significa que las partes se han evitado el pleito. Por otro lado, la LEC 2000 regula otras dos conciliaciones (intraprocesales): tienen lugar una al inicio y otra al final de la audiencia previa. Ambas, si son homologadas por el juez, van a tener el valor de una transacción judicial, que goza de todos los efectos de cosa juzgada; por lo tanto, no es posible un pleito sobre lo mismo (arts. 415 y 517.3 LEC). En cualquier caso, se puede impugnar según los arts. 1817 y 1819 CC.
Es en el ámbito familiar dónde la mediación quizás esté más avanzada y extendida. La mayoría de las CCAA han promulgado sus propios textos legales para regular la institución como medio de resolución de conflictos en el ámbito laboral. También se ha dado en el proceso penal, si bien, al tratarse de derechos no dispositivos los que son objeto del proceso, es más difícil su licitud.
 ANEXO. LA MEDIACIÓN.
El objeto de la mediación son los conflictos sobre asuntos civiles o mercantiles, incluidos los transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones de carácter indisponible en virtud de la legislación aplicable (art. 2.1. I LM). Se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley la mediación penal, la mediación con las Administraciones públicas, la laboral y en materia de consumo (la regulación en ellas se reserva a las normas sectoriales oportunas).
Legislación aplicable: la Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles (LM; régimen general); y el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que desarrolla algunos aspectos de la Ley. En el Tít. II se recogen los principios informadores: 1. La mediación es voluntaria (art. 6.1LM). Conforme al principio de voluntariedad y libre disposición, no es obligatorio mantenerse en el procedimiento de mediación ni concluir un acuerdo (art. 6.3 LM). Según el principio de igualdad, el mediador actuará para que las partes alcancen un acuerdo, garantizando igualdad de oportunidades, equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia sus puntos de vista (art. 7 LM).
2. De acuerdo con los principios de imparcialidad y neutralidad (arts. 7 y 8 LM), el mediador no puede actuar en perjuicio o interés de cualquiera de las partes. Lo que intentará es un acercamiento entre las partes, siendo éstas las que deberán alcanzar un acuerdo, quedando la actuación del mediador sometida a lo dispuesto en el art. 13 LM; además, no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad (art. 13.4 LM).
3. Principio de confidencialidad (art. 9 LM). El mediador, instituciones y partes no podrán revelar información del procedimiento de mediación. Al mediador le protege el secreto profesional: no está obligado a declarar o a aportar documentación en un procedimiento judicial o arbitraje con respecto a la información obtenida. Pero el deber de confidencialidad (si incumple, incurre en responsabilidad del art. 14 LM) cede cuando las partes eximen al mediador de aquél expresamente y por escrito; o si mediante resolución judicial motivada se pide información por los jueces del orden jurisdiccional penal (art. 9.2. a) y b) LM).
4. Las partes tienen la obligación de actuar en la mediación conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo (art. 10.2.I LM); y deben colaborar con el mediador (art. 10.3 LM). En los principios de lealtad y de buena fe se localiza la base de la prohibición de intentar contra la otra parte cualquier acción judicial o extrajudicial relacionada con el objeto de la mediación, durante su duración; salvo que se trate de medidas cautelares u otras medidas urgentes para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos (art. 10.2.II LM).
Procedimiento de mediación: Lo regula el Título IV de la Ley: se iniciará de común acuerdo entre las partes, o por una de ellas en cumplimiento de un acuerdo preexistente de sometimiento a mediación (art. 16.1 LM). La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación (art. 5 LM) o ante el mediador (art. 16.2 LM). Recibida la solicitud, uno de ellos citará a las partes para celebrar la sesión informativa, salvo que hayan pactado prescindir de ella. La asistencia injustificada a esa sesión equivale al desistimiento de la mediación solicitada (art. 17.1.I LM). Las sesiones se podrán desarrollar por medios electrónicos (videoconferencia) si las partes lo pactan (art. 24.1LM). Así se hará si la mediación se refiere a una reclamación de cantidad inferior a 600€, salvo que sea imposible para alguna de las partes (art. 24.2 LM). De la sesión constitutiva se levantará un acta, firmada por las partes y por el mediador.
El coste de la mediación (art. 15 LM), acabada o no con acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contra. Consecuencias jurídicas del acuerdo: la LM prevé la posibilidad de constituir título ejecutivo si se eleva a escritura pública (art. 23.3 LM). Si no hay acuerdo, el acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto. Puede finalizar sin acuerdo cuando: - Alguna parte dé por terminadas las actuaciones, debiendo comunicarlo al mediador.
Transcurra el plazo de duración del procedimiento sin haberse logrado el acuerdo.
El mediador aprecie justificadamente que las posiciones de las partes son contrarias.
Haya otras causas: renuncia del mediador a continuar el procedimiento; rechazo de las partes a su mediador si no se nombra otro… (art. 22.1 y 2 LM).
Ejecución del acuerdo de mediación:  El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo (art. 23.4 LM), sin perjuicio de que se intente su nulidad con las causas generales de los contratos: art.
1300 y ss. CC.
 El acuerdo deberá ser elevado a escritura pública como condición necesaria para su consideración como título ejecutivo (arts. 23.3.II y 25.1 LM, 517.2 LEC).
 El acuerdo se presentará por las partes ante un notario, con la copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin necesidad del mediador (art. 25.1. II LM). La acción ejecutiva fundada en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la adecuada demanda ejecutiva en los 5 años siguientes (art. 518 LEC).
 Cuando se inicia la mediación estando en curso un proceso judicial (art. 16.3 LM), las partes podrán pedir del tribunal la homologación del acuerdo resultante (art. 25.4 LM).
2.3. HETEROCOMPOSICIÓN.
En él, un tercero imparcial dicta una solución sobre el conflicto que las partes se ven obligadas a aceptar, bien porque venga impuesta por el Estado (resolución jurisdiccional a través del proceso) o bien porque ellas se hayan comprometido y obligado a aceptar (resolución arbitral).
La persona (o personas) a quien las partes en conflicto han acudido, se compromete (arbitraje), o está obligada por razón de su oficio (proceso), a emitir una solución cuyo cumplimiento se deberá realizar obligatoriamente. Es el medio más avanzado para la solución de conflictos.
En la autotutela y en la autocomposición son las propias partes quienes dirimen el conflicto mediante su propia fuerza o un acuerdo. Pero tales medios posibilitan que alguna de ellas tenga una situación hegemónica, basada en la desigualdad económica, cultural o de fuerzas, que le permita imponer su solución a la otra. Por el contrario, en las formas heterocompositivas (el proceso y el arbitraje), el conflicto se soluciona por un tercero, quien impone su solución.
2.3.1. El proceso.
Se define como un instrumento que detenta la jurisdicción para la composición de los litigios (arts. 117 CE y 2 LOPJ). Los órganos jurisdiccionales no pueden iniciar procesos de oficio: solo tramitarán aquellos que sean instados por las partes legítimas (principio de la demanda).
Cuando en el proceso se pretende la tutela de derechos no disponibles, como con los derechos sobre el estado civil de las personas (carácter imperativo), los procesos civiles de declaración se estructuran en base al principio inquisitivo. Son los procesos del art. 748 y ss. CC, en los que interviene el MF y las partes no pueden llevar a cabo actos que impliquen disposición del derecho cuya tutela se pretende. Desde otro punto de vista, el proceso civil de declaración se estructura en base al principio de aportación de parte: son las partes quienes deben alegar los hechos que fundamentan la pretensión y llevar a cabo las pruebas con las que intentan demostrar la veracidad de los mismos. La LEC regula: 1º. Proceso declarativo ordinario. Pensado para resolver todos los conflictos que se presenten.
2º. Proceso especial. Se da cuando el legislador entiende que la materia jurídica objeto de tutela requiere de otra tramitación, pues la general no ofrece garantías suficientes para conseguir la tutela que se pretende.
2.3.2. El arbitraje.
Es un método heterocompositivo de solución de conflictos, al que, previo convenio, se someten voluntariamente las partes, por medio del cual un tercero imparcial, designado por los litigantes, pone fin a la controversia de manera definitiva e irrevocable, siempre que la materia sea de libre disposición conforme al Derecho. Se regula en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
En el arbitraje son las partes, mediante un compromiso formal y previo a la producción del conflicto (convenio arbitral) las que se comprometen a aceptar la solución que adopte un tercero. Dicha decisión, el laudo arbitral, goza de carácter irrevocable, y podrá ser ejecutada posteriormente si las partes no la cumplieran voluntariamente. El árbitro está situado supra partes y su decisión produce efecto de cosa juzgada (al igual que las decisiones judiciales). No obstante, no puede ejecutar su decisión: eso corresponde a los tribunales, sin perjuicio de que el laudo sea un título ejecutivo y que deba ser ejecutado por el juez en sus mismos términos.
3. LA JURISDICCIÓN O POTESTAD JURISDICCIONAL.
Es el poder que tienen los órganos judiciales para dirimir los conflictos que surjan en la sociedad, protegiendo los derechos subjetivos. El concepto de jurisdicción también identifica el poder (elemento objetivo) y su titular (elemento subjetivo). La potestad jurisdiccional es una e indivisible, de modo que la jurisdicción como potencia no admite distribución, pero su ejercicio está limitado y se distribuye entre los tribunales; por eso el art. 117.3 CE dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a los Juzgados y Tribunales, "juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado".
  JUZGAR consiste en resolver, a través del proceso y mediante sentencia, el conflicto planteado. Es la potestad de decisión, de imponer una solución coercitiva a un conflicto jurídico planteado a los órganos de la Jurisdicción.
HACER EJECUTAR LO JUZGADO consiste en hacer que la sentencia por la que se juzga y resuelve un conflicto sea efectiva y se cumpla, lo que implica la adaptación de la realidad material y jurídica a los pronunciamientos de la resolución, aunque sea de modo forzoso (potestad de coerción; los órganos pueden imponer coercitivamente la solución al conflicto).
Junto con las potestades de decisión y de coerción, se encuentran otras auxiliares para el desempeño de la jurisdicción, aunque no son plenamente jurisdiccionales: potestades de ordenación, de comunicación, de ejecución material de resoluciones, etc.
El concepto de jurisdicción se refiere fundamentalmente a la función ejercitada por los órganos judiciales en el proceso (art. 117.1 CE): los jueces y tribunales, integrados en el Poder Judicial, son los que ejercen la potestad jurisdiccional y administran justicia de modo exclusivo. Este concepto tiene además otra acepción: la jurisdicción como uno de los poderes del Estado, que le corresponde a los órganos del poder judicial, los cuales la ejercen como uno de los poderes políticos del Estado.
Por tanto, el ámbito de actuación de la jurisdicción es: la tutela de los derechos de las personas (art. 24 CE); el monopolio de imposición de las penas (art. 25 CE); la tutela de los derechos y libertades fundamentales (art. 53 CE); el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de actuación administrativa (art. 56 CE); y el control de la constitucionalidad de las leyes.
Se puede hablar de tres tipos de garantías contempladas en el principio de división de poderes: la primera intenta evitar que el ejecutivo modifique la competencia de los tribunales o la distribución de asuntos entre los distintos órganos; la segunda obliga a la AJ al sometimiento del principio de legalidad; y la tercera obliga a la jurisdicción a no tener otro fin que aplicar el Derecho objetivo.
4. LAS FUNCIONES DE LA JURISDICCIÓN: EL CONTENIDO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.
La doctrina ha elaborado múltiples teorías para explicar cuál es la función y finalidad de la potestad jurisdiccional. Tradicionalmente se ha partido de la “relatividad” de la jurisdicción: es inútil pretender dar un concepto y una enumeración de las funciones de la jurisdicción en abstracto, puesto que ello depende del tiempo y el espacio. En nuestro sistema, la jurisdicción tiene varias funciones, de las que se puede distinguir una función genérica, la de resolución de los conflictos planteados mediante la aplicación del Dº material. A partir de ella se derivan funciones subsidiarias. Pueden reconocerse tres: 1º. Función de protección de derechos subjetivos e intereses legítimos. Al resolver el conflicto, los órganos jurisdiccionales deben reconocer y proteger los derechos e intereses de la parte a la cual el Dº reconozca su posición. Esta función se consagra con el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), dentro del cual se reconoce particularmente el derecho de acceder libremente a la jurisdicción para solicitar dicha tutela.
2º. Función de control judicial normativo. Al resolver ciertos tipos de conflictos, los órganos jurisdiccionales deben controlar las normas que promulgan los poderes públicos, sean reglamentos promulgados por la AJ o leyes emitidas por los órganos legislativos.
o Control de la legalidad de la actuación de la Administración. La Admón. puede dictar disposiciones generales y realizar actos que afecten a los administrados.
Incluso tiene potestad sancionadora, de naturaleza similar a la jurisdiccional (con el límite de que no puede consistir en la imposición de penas privativas de libertad). Según el principio de jerarquía normativa, esos actos nunca pueden ser contrarios a la Ley. El control de esa legalidad lo realizan los tribunales (arts.
106 CE y 8 LOPJ):  De modo directo. Si un particular estima que un acto de la Admón. viola la legalidad, puede acudir a los órganos para que lo anulen.
 De modo indirecto. Cuando un órgano jurisdiccional, al resolver un conflicto, deba aplicar un reglamento que crea ilegal, puede no aplicarlo o Control de constitucionalidad de las leyes. Examina si la Ley se adecúa a la CE (art. 5 LOPJ). El control jurisdiccional se limita a plantear dudas sobre la constitucionalidad de la Ley al TC (mediante la cuestión de inconstitucionalidad). Así, si el juez observa que los preceptos legales que debe aplicar pueden ser contrarios a la CE y no puede adaptarlos a ésta por vía interpretativa (art. 5.3 LOPJ), deberá plantearlo ante el TC.
3º. Función de complementación del ordenamiento (y a veces función de creación judicial del Derecho). El principio de separación de poderes parte de la idea de que el poder legislativo crea las leyes y el poder judicial las aplica, sin valoración de las mismas. Pero no es siempre así, ya que la resolución de conflictos ofrece diversos matices que requieren de flexibilidad: a la hora de subsumir los hechos en las normas, al interpretar conceptos dudosos, o al llenar lagunas. En este sentido, el juez deberá acudir a las vías interpretativas para ofrecer una solución. Por tanto, está obligado a “crear” Derecho (arts. 1.6 y .7 CC). Es el TS el que tiene encomendada la función de complementar el ordenamiento, con la formación de la jurisprudencia, que supone el criterio a seguir por el resto de órganos. No obstante, también puede señalarse esa función para los órganos inferiores al resolver todo tipo de conflictos.
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