Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23768
Timestamp: 2020-05-26 18:36:25+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 8/2014
SENTENCIA 8/2014, de 27 de enero
ECLI:ES:TC:2014:8
a) Como consecuencia del cierre del espacio aéreo civil español acordado los días 3 y 4 de diciembre de 2010, los demandantes de amparo presentaron reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el Ministerio de Fomento, de conformidad con los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC). Sus peticiones fueron tramitadas por la Administración en diversos expedientes que englobaban a miles de afectados, en concreto en los ATC/EXP/2011/058000, ATC/EXP/2010/060500, desestimados por Resolución de 5 de diciembre de 2011, y ATC/EXP/2011/060690 y ATC/EXP/2011/060742, que culminaron en sendas resoluciones de 14 de diciembre de 2011, también desestimatorias, todas ellas del Director de la Secretaría General Técnica de AENA y referidas en global —sumados otros expedientes de reclamaciones individuales que se acumularían después en el recurso contencioso-administrativo sucesivo— a más de quince mil personas.
b) Los demandantes de amparo, interesados en todos los expedientes de los que se ha hecho mención, interpusieron contra el conjunto de resoluciones desestimatorias de AENA un único recurso contencioso-administrativo. Se interesaba, en consecuencia, una tramitación acumulada, citando a tal fin lo dispuesto en el art. 72 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC), toda vez que se actuaba —decían— contra una misma decisión de AENA (desestimación de la responsabilidad patrimonial solicitada) y que los hechos y la causa de pedir eran idénticos en todas las reclamaciones. Asimismo, instaban la tramitación del recurso por el cauce del procedimiento ordinario, habida cuenta que, según aducían, la cuantía debía ser indeterminada, dada la imposibilidad de fijar una cantidad exacta o concreta en ese momento procesal, en el que aún se estaban produciendo variaciones en las sumas indemnizatorias e incluso el abono de parte de los gastos causados por los agentes y sujetos obligados, lo que aconsejaba dejar la concreción de la cuantía del resarcimiento a una fase posterior, en ejecución de Sentencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).
c) El Juzgado Central núm. 1 de lo Contencioso-Administrativo incoó procedimiento abreviado núm. 81-2012, dictando el día 19 de junio de 2012 providencia del siguiente tenor: “Dado que no se solicita idéntica cantidad de indemnización para todos y cada uno de los recurrentes, como tampoco se especifica ni acredita si la situación de todos ellos es la misma por lo que, a priori parece no darse los requisitos del art. 34 de la LJCA, hágase saber a la parte recurrente que deberá interponer por separado los recursos en el plazo de treinta días y, si no lo efectuare, se tendrá por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiera dado cumplimiento a lo ordenado, manteniéndose en este Juzgado la reclamación de la que figura en primer lugar, es decir, la de D. Germán Manfredo Rufpinengo, respecto de la cual deberá el Procurador instante presentar demanda, en el plazo de diez días, conforme establece el art. 78.2 de la LRJCA. Si no atendiere a dicho requerimiento le será archivado su recurso.”
d) Frente a la citada providencia los demandantes de amparo interpusieron recurso de reposición, que fundaron en diversos argumentos, a saber: i) que la providencia recurrida infringe el art. 34 LJCA y concordantes, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), vinculado a los principios de economía procesal y pro actione, dado que los afectados por el cierre del espacio aéreo decidido por AENA el 3 de diciembre de 2010 son quince mil personas físicas, cuyas reclamaciones, idénticas en su contenido y derivadas del mismo acto o actuación (cierre del espacio aéreo), han sido resueltas en vía administrativa por AENA con resoluciones desestimatorias también idénticas, que no atienden a cada reclamante de forma individual sino a cada expediente administrativo iniciado. De modo tal que, al margen de la cuantía indemnizatoria y de las circunstancias personales determinantes de la reclamación, los hechos que causaron los daños a indemnizar fueron los mismos, como fue coincidente y homogénea la resolución dictada ante sus peticiones; ii) que la providencia describe —pero no explica— dos motivos para no acceder a la acumulación interesada: de una parte, que “no se solicita idéntica cantidad de indemnización para todos y cada uno de los recurrentes”, lo que no es razón válida para negar la acumulación, además de no ser exacto, ya que los recurrentes solicitaron una misma cantidad de 10.000 € por daño moral; de otro lado, que “no se especifica ni acredita que la situación de todos los afectados es la misma”, argumento que no se comprende porque la situación de todos los recurrentes es idéntica, salvo las circunstancias de cada uno en relación con la cuantía de la indemnización que deba percibir, lo cual deberá fijarse en ejecución de Sentencia; iii) que el núcleo esencial del recurso consiste en que el Juzgado decida si AENA ha incurrido o no en responsabilidad patrimonial frente a los pasajeros a consecuencia de la decisión que adoptó, que impidió la libre circulación de los mismos; hecho que justifica la acumulación de acciones solicitada; iv) que la acumulación subjetiva de acciones, también llamada acumulación inicial, es una actuación de acceso al proceso que, caso de ser denegada, exige de los órganos jurisdiccionales una motivación reforzada, porque de lo contrario lesionarán el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción que consagra el art. 24.1 CE y que subraya el Tribunal Constitucional; v) que carece de esa fundamentación la providencia recurrida, que puede considerarse por ello arbitraria, dado que no explica, ni siquiera mínimamente sopesa, las razones legales por las que impide la acumulación, mucho menos cuando dicha motivación debía haber sido amplia y suficientemente ponderada en su proporcionalidad y ajustada al principio pro actione; vi) que la decisión provoca una carga o imposibilidad de actuación por parte de los recurrentes en el desarrollo del proceso, al abocar a preparar quince mil recursos, a tramitarlos separadamente y, en su caso, a celebrar quince mil vistas (art. 62 LJCA) por los mismos hechos, misma causa de pedir y acto recurrido; vii) que los argumentos que se ofrecen en la resolución (que “no se solicita idéntica cantidad de indemnización para todos y cada uno de los recurrentes” y “no se especifica ni acredita que la situación de todos los afectados es la misma”) no valoran la ratio de la norma de la acumulación (art. 34 LJCA y 72 y 73 LEC), ni ponderan los intereses en juego o la desproporción entre lo que se acuerda, la finalidad que se persigue y los efectos que produce la decisión en los recurrentes; viii) que nada importa para la acumulación de acciones que las cuantías indemnizatorias de los afectados sean o no iguales ni que, por consiguiente, la situación de dichos perjudicados, en lo que se refiere a las circunstancias determinantes de una mayor o menor cuantía indemnizatoria, sean unas u otras, pues lo que posee relevancia es que las pretensiones que hagan valer en el recurso contencioso-administrativo mantengan una cierta conexión en relación con el acto o actuación que impugnan, como ocurre en esta ocasión y ix) que la providencia impugnada comete una infracción del principio de identidad en el ámbito objetivo y subjetivo de la pretensión, ya que no atiende a la identidad procesal, que en el proceso contencioso-administrativo, por su naturaleza revisora, viene dada desde la vía administrativa, al ser en ella donde se configura el objeto y el ámbito subjetivo y argumental del posterior proceso contencioso-administrativo; por consiguiente, si en sede administrativa se aceptó ese modo acumulado de concurrir a efectuar la reclamación, en la fase jurisdiccional el principio de identidad obliga a que el juzgador respete la misma configuración realizada por la Administración demandada.
3. Considera la demanda de amparo que las resoluciones judiciales han lesionado el derecho de los recurrentes a no sufrir indefensión por error o falta de motivación, o por incurrir en motivaciones arbitrarias, restrictivas y desproporcionadas (art. 24.1 CE), y que particularmente vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), pues han impedido y están trabando la normal actuación procesal de los demandantes de amparo, creando serias dificultades para acceder y actuar en el proceso contencioso-administrativo, en lugar de favorecerlo. No estamos, afirman, ante resoluciones interlocutorias cuyas lesiones puedan solventarse a lo largo del proceso, sino frente a decisiones judiciales definitivas para el derecho de acceso a la jurisdicción, que hacen sentir sus efectos de inmediato y de manera irreversible. Por ese motivo, prosiguen, si no se anulan tales pronunciamientos, que ordenan presentar por separado los recursos, y se permite que continúe su tramitación en distintos Juzgados con procedimientos separados en la mayoría de los casos, las consecuencias serán irremediables y darán lugar a Sentencias eventualmente contradictorias. Todo ello sucede aunque la denegación de la acumulación carece de fundamento en Derecho —no se explican las razones de la decisión y se incumple lo previsto en los arts. 34; 37.2 y 71.1 d) y concordantes de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y en la supletoria LEC (art. 72 y concordantes)— y, además, incurriéndose en arbitrariedad y desproporción, sin ajustarse el principio pro actione, al destruir los fines más esenciales del instituto jurídico aludido (la economía procesal y la necesidad de evitar decisiones contradictorias), entorpeciendo en grado sumo el acceso al proceso y la actividad de la parte recurrente en el mismo y creando obstáculos innecesarios contrarios al favor jurisdictionis (art. 24.1 CE).
2º Restablecer a los demandantes en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad del Auto de 17 de septiembre de 2012 y de la providencia de 19 de junio de 2012 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1, dictados en el procedimiento abreviado núm. 81-2012.
3º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la providencia citada, para que el del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6112-2012
Promovido por don Abdelkader Castellanos de la Fuente y otros respecto de las resoluciones del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 que ordenaron la presentación por separado de las diferentes demandas de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado como consecuencia del cierre temporal del espacio aéreo civil español.
Se impugna el auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que ordenó la tramitación por separado de los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones denegatorias de responsabilidad patrimonial de la Administración por considerar que las indemnizaciones solicitadas eran distintas y por no estar acreditada la identidad de la situación de todos los recurrentes.
Se estima el recurso de amparo por infracción del derecho fundamental a una resolución motivada porque el órgano judicial no se ajustó al canon constitucional de la motivación suficiente con la simple exposición de una conclusión, sin realizar razonamiento o inferencia alguna; hay un mero enunciado formal de motivos, sin argumentos que los concreten. No se realizó una exégesis de la regulación aplicable ni se tomó en consideración el alto número de personas afectadas, la conexión entre las reclamaciones ni los costes en términos de tiempo y recursos. Tampoco que el petitum indemnizatorio no excluye la acumulación, que la conexión entre hechos y calificación jurídica no suponía mezcla de causas ni que la resolución de una de ellas no produciría excepción de cosa juzgada en las demás.
Lo decisivo en la imposición por el órgano judicial de la tramitación separada de los recursos contencioso-administrativos no es que tales recursos individuales hayan o no concluido, ni siquiera si sean potencialmente aptos para obtener satisfacción del derecho a un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones deducidas, sino la existencia de una vulneración del art. 24.1 CE derivada de la denegación insuficientemente motivada de la tramitación conjunta y acumulada de las acciones de los afectados [FJ 4].
El mero enunciado formal de los motivos por los que el órgano judicial considera inviable la acumulación de acciones, sin argumentos que los concreten y sin razonamiento que los proyecte al caso y a la institución jurídica a debate, nos conduce a concluir que la negativa a la acumulación no aparece razonada en contraste con la ratio de la norma ni se justifica que la solución hermenéutica sea acorde con los fines que procura la acumulación de acciones, y con sus presupuestos, a la vista de las circunstancias del caso [FJ 4].
Una decisión de cierre de un recurso contencioso-administrativo instado por una pluralidad de sujetos, que ven decaer su aspiración de acumulación de acciones contra un mismo demandado pero reciben instrucción del órgano judicial en orden a la articulación autónoma de cada acción, incide en la vertiente del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, y no en la propia del derecho de acceso a la jurisdicción del mismo art. 24.1 CE (STC 63/1999) [FJ 2].
Aplica la doctrina sobre el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho (SSTC 108/2002, 183/2011) [FJ 3].
El canon constitucional de la motivación suficiente no se ve satisfecho mediante la simple exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un razonamiento o inferencia, en aquel caso –factum– la plasmación de una valoración probatoria, y en éste –ius– la presentación de las correspondientes premisas jurídicas –ratio decidendi–, presupuestos de la conclusión decisoria –decisum–, siendo estos postulados aplicables a las decisiones sobre acumulación de acciones (STC 3/2011) [FJ 4].
La determinación del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada constituye una cuestión que corresponde a la estricta competencia de los órganos judiciales, por lo que sus decisiones en esta materia sólo son revisables en sede constitucional si resultan incongruentes, arbitrarias o irrazonables (STC 226/2002) [FJ 5].
El Tribunal Constitucional no es una jurisdicción fiscalizadora de la aplicación de la legalidad ordinaria contencioso-administrativa, ni de sus presupuestos de admisión (STC 3/2011) [FJ 4].
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, ff. 2 a 5
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Vulnerado, ff. 2 a 5
Control del espacio aéreoControl del espacio aéreo, ff. 2 a 5
Acumulación de accionesAcumulación de acciones, ff. 2 a 5

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