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Timestamp: 2017-11-22 01:52:14+00:00

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La Constitución como instrumento de dominio - El Mundo del Abogado
Clemente Valdés*
Publicado hace 20 años a raíz de una ponencia presentada en agosto de 1996 en el congreso organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en Guanajuato, el libro La Constitución como instrumento de dominio se ha vuelto una obra clásica sobre el funcionamiento del sistema político mexicano, donde se pone de manifiesto que la Constitución ha sido utilizada para someter a la población y para asegurar la impunidad en los robos y en los abusos que llevan a cabo los funcionarios. El autor ha puesto al día ese texto y nos ofrece aquí la introducción.
El Derecho es el conjunto de reglas que imponen en una comunidad los hombres y las mujeres que tienen el poder. Estas reglas son tan amplias o tan limitadas como lo quiera el que las hace y su fuerza depende del alcance y el tamaño de su poder. Así ha sido siempre, en todas las épocas, en todas partes del mundo.
Cuando los barones ingleses, para asegurar sus privilegios, le imponen la famosa Carta Magna al rey Juan sin Tierra, mientras éste, según la leyenda, babeaba más de lo que acostumbraba y mordisqueaba las cosas que tenía a su alrededor, el Derecho en Inglaterra era lo que esos señores decían que era porque ellos tenían el poder para imponer lo que querían que el Derecho fuera. Cuando Luis XIV, en Francia, cuidando siempre no afectar demasiado los intereses de los grandes señores y los de los demás nobles apoyados por los jueces agremiados en los 13 parlements formados precisamente por miembros de la nobleza,1 expedía las reglas en las que se contenía el Derecho francés de su tiempo, podía hacer esto porque él tenía o controlaba la mayor parte del poder. Cuando Oliver Cromwell, después de la ejecución del rey Carlos I y de derrotar a las tropas escocesas que apoyaban al rey Carlos II, disuelve con sus mosqueteros el Parlamento que él había escogido y al que había calificado antes como una “Asamblea de Santos” y aprueba los 42 artículos del llamado Instrument of Government por el cual se convierte en lord protector del Commonwealth formado por Inglaterra, Escocia e Irlanda, y nueve meses después expide 80 ordenanzas para cambiar muchas de las reglas del Derecho, podía hacer todo eso porque para entonces él con su grupo se habían adueñado del poder en el territorio de lo que se conoce como “Reino Unido”. Más de 100 años después, en los nuevos “Estados”, inventados en Norteamérica a partir de lo que fueron las colonias inglesas, las constituciones escritas de cada uno de esos Estados las hacen los propietarios blancos acomodados2 que tenían más de cierta cantidad en dinero o en propiedades inmuebles y que por lo tanto podían votar, en especial los más ricos, que a su vez eran los únicos que podían ser electos legisladores y gobernadores; éstos eran quienes tenían el poder y, en consecuencia, fueron ellos quienes establecieron las reglas del Derecho, fueron ellos quienes escogieron a los delegados a la Convención de Filadelfia, fueron ellos quienes acordaron el proyecto que se hizo en esa Convención y, finalmente, fueron ellos quienes aprobaron la Constitución de Estados Unidos.3
La importancia de la Constitución, de acuerdo con muchos libros de Derecho constitucional, reside en que en ella se encuentran los preceptos más importantes de la organización política de una comunidad social; es allí donde se establecen las principales reglas del Derecho y en ese texto con frecuencia se “garantizan” las libertades fundamentales de los individuos. Un gran número de constituciones, desde la de Estados Unidos de 1787 y la parte declarativa de la francesa de 1791, incluyen en sus textos frases en las que se dice que el pueblo o los representantes del pueblo son los creadores de la Constitución, y en muchos textos constitucionales —entre ellos la Constitución mexicana— se establece falsamente que la soberanía reside en el pueblo o que el poder público le corresponde al pueblo.
Es conveniente hacer notar que las expresiones que le atribuyen al pueblo la soberanía, fuera de unos cuantos países, son supercherías de los hombres que tienen el poder para legitimarse, presentándose como servidores de la voluntad popular. Así lo han reconocido muchos de los tratadistas dedicados a fabricar construcciones teóricas basadas en entes imaginarios como “el Estado” o “las instituciones”. Hans Kelsen, en su Teoría general del Estado, al referirse a la hipocresía de la soberanía popular con la que muchos de los autócratas buscan legitimar y consolidar su poderío presentándose como “servidores” del pueblo según la Constitución, reconocía que “la Constitución hace todo lo posible por impedir que el pueblo tenga voluntad o la manifieste de modo que pudiese obligar jurídicamente al autócrata”.4 Maurice Hauriou, entusiasmado siempre por exaltar a las instituciones políticas como si éstas fueran independientes de los hombres que las hacen y las manejan, tenía que aceptar que “las constituciones son un producto jurídico del poder. El Derecho no es una creación del Estado, sino una creación del poder, ya que el poder es históricamente anterior al Estado”.5
Por otra parte, ni las leyes ni las constituciones escritas han sido nunca por sí mismas una protección efectiva contra los hombres que tienen el poder. Ninguna Constitución ha impedido jamás que los hombres que dominan a sus pueblos los exploten y pasen por encima de sus derechos, ni tampoco ha impedido que modifiquen las reglas de esos textos, las cuales, muchas veces, han sido escritas por ellos mismos.
En México, desde el llamamiento que hizo Madero en 1908 en su libro La sucesión presidencial para fomentar y respetar el voto público e impedir una reelección más de Porfirio Díaz, quien había dominado el país desde 1876, la bandera de los revolucionarios era buscar la efectividad del sufragio y prohibir totalmente la reelección del presidente. Estas dos medidas, de manera por demás ingenua, se veían como la base misma para impedir que se afianzara cualquier dictadura. El lema de la Revolución era precisamente: “Libertad de sufragio y la no reelección” y en consonancia con esos objetivos los revolucionarios establecieron en la Constitución de 1917 una prohibición absoluta de la reelección del presidente. Diez años más tarde, en 1927, los dos hombres que compartían entonces el poder en México, Obregón y Calles, con el apoyo de los demás generales que dominaban el país y de los legisladores, modificaron en unas cuantas semanas la Constitución para que Obregón, después de haber sido presidente en 1920, volviera a ser presidente de la República de acuerdo con la Constitución.6
En España ni la Constitución de 1931 ni los documentos expedidos después por Francisco Franco como leyes principales de la organización política7 nunca fueron el menor obstáculo para que él mismo manejara a su entera voluntad el gobierno español durante 35 años y pasara por encima de cualquiera de los derechos de los habitantes.
En Egipto, la Constitución de 1971 emitida por el dictador Anuar el Sadat fue modificada varias veces al gusto del nuevo dictador Hosni Mubarak y estuvo vigente hasta 2011. El documento estaba lleno de “garantías” de papel (tantas o más que en la Constitución mexicana), de condenas a todas las formas de explotación de los pueblos,8 de declaraciones sobre la libertad y la dignidad del hombre,9 de la preservación de los “valores de la familia”,10 de manifestaciones sobre la supremacía de la ley11 y de seguridades ofrecidas por “el Estado” a las mujeres,12 a los niños, a los trabajadores, a las empresas, a las cooperativas y a todas las actividades y los oficios de cualquier especie,13 y, naturalmente, de todo tipo de expresiones sobre poderes legislativos y judiciales separados e independientes. No obstante la existencia de ese escrito, desde 1981 y durante 30 años, Hosni Mubarak, su pandilla y su familia, asociados o aliados a las grandes empresas transnacionales, aplicaron sus verdaderos “valores” y explotaron de manera brutal al resto de la población, haciendo además imposible el ejercicio de cualquier derecho político de los habitantes.
El Derecho lo hacen los individuos que tienen el poder en una comunidad, y en la mayor parte de los países del mundo el primer objetivo de quienes fabrican el Derecho es asegurar sus privilegios, además de asegurar su impunidad y dominar y explotar al resto de la población.
En lo que toca a las relaciones entre los particulares no privilegiados, las reglas de Derecho que establecen los grupos que tienen el poder reflejan simplemente la concepción que estos grupos tienen de lo que deben ser las relaciones humanas ajenas en las sociedades a las que dominan.
La presentación de la Constitución como expresión de la voluntad del pueblo
En febrero de 1803, John Marshall, como jefe de la Suprema Corte de Estados Unidos da a conocer finalmente la resolución que él había escrito con gran cuidado en el caso Marbury vs. Madison. Esta resolución es, sin duda, la más importante de las que ha dictado esa Corte y para muchos de los estudiosos del Derecho en el mundo es la más famosa de las resoluciones judiciales de todos los tiempos. Su fama, como es bien sabido, se debe a que en ella Marshall, con el apoyo de los otros cinco jueces de esa Corte, decidieron que ellos tenían el poder de revisar las leyes federales hechas por los representantes en el Congreso de la Unión y que además tenían el poder de nulificar dichas leyes si, en su opinión, eran contrarias a la Constitución.14
La resolución escrita por el brillante juez,15 por lo demás llena de incoherencias y de engaños, se apoya en la idea de la supremacía de la Constitución. Las razones que daba John Marshall para presentar a la Constitución de Estados Unidos como “suprema” son bien conocidas y son las mismas que se repiten una y otra vez en distintos países para llamar supremas a sus respectivas constituciones: “El pueblo tiene el derecho original de establecer para su futuro gobierno los principios que en su opinión logren mejor su propia felicidad; estos principios los estableció el pueblo en la Constitución”. Ésta es, decía Marshall, la base sobre la cual se construyó todo el sistema americano. Ahora bien, dado que la autoridad del pueblo de la que emanan esos principios es suprema, luego entonces la Constitución es suprema.
Esta es la manera engañosa con la que se intenta presentar la supremacía de la Constitución invocando su base democrática: si el pueblo es el titular del poder político en el territorio que ocupa, la voluntad de ese pueblo, como había dicho Rousseau en 1762,16 es suprema, y (aquí viene el agregado tramposo) dado que la Constitución es la expresión de esa voluntad, la Constitución es suprema. Esta conclusión naturalmente es una falacia. La supremacía de la Constitución, por ser la manifestación de la supremacía real de la población, tal como la presentaba Marshall, no es en la realidad sino la supremacía alegórica de un documento en el que, según se dice, se expresa la voluntad de la población, pero es evidente que ese documento no es la población. Es claro para cualquier persona que la Constitución no es la población, y que, aun en el caso de que la Constitución realmente expresara la voluntad del pueblo, ese documento valdría únicamente como una orden proveniente y siempre revocable del pueblo, pues en ningún caso la Constitución es suprema por sí misma. Y mucho menos puede verse a ese documento como algo que esté por encima de los seres humanos que forman la población.
Dieciséis años después, en 1819, en la resolución del caso McCulloch vs. Maryland, las afirmaciones de Marshall sobre la Constitución de Estados Unidos van a mostrar toda su utilidad para presentar la falsa idea de que el gobierno de Estados Unidos es el gobierno del pueblo. El argumento central es el siguiente.
El pueblo, en términos expresos, lo ha decidido diciendo: “Esta Constitución y las leyes de Estados Unidos que se hagan de acuerdo con ella serán la suprema ley del país”.17 De lo cual —según Marshall— se desprendía que “el gobierno de Estados Unidos es, por lo tanto, supremo”,18 y se confirma lo que en el punto anterior de esa resolución decía: “El gobierno de la Unión es enfática y verdaderamente un gobierno del pueblo. En forma y en sustancia emana del pueblo. Sus poderes son conferidos por el pueblo y deben ser ejercidos directamente sobre ellos (los individuos que forman el pueblo) y para su beneficio”.19 Es muy claro que de la primera premisa no se desprenden estas conclusiones, pues aun cuando el pueblo hubiera decidido que esa Constitución era la ley suprema del país —lo cual nunca sucedió—, esto de ninguna manera significaría ni que el gobierno fuera supremo, ni tampoco que el gobierno fuera un gobierno del pueblo.
Estas son las bases sobre las cuales se construye originalmente la supremacía de la Constitución que más tarde va a llegar a convertirse en la soberanía de la Constitución en la época de la restauración monárquica en Francia,20 como manifestación de la glorificación del concepto y la aseveración fantasiosa según la cual la Constitución está por encima de todo y su texto y cada una de sus frases son sagradas cualquiera que sea el tema al que se refieran. Así, las constituciones no solamente determinan cuáles deben ser los órganos del gobierno y sus funciones, sino también, con frecuencia, reconocen y convalidan o reprueban ciertas costumbres y creencias. En algunas constituciones se prescribe cómo deben ser educados los niños, qué es lo que se les debe enseñar, y se establece que ciertos relatos (verdaderos o falsos) deben ser alabados en la historia del país y otros deben ser despreciados y condenados. En las constituciones de algunos países se establece cuál debe ser la religión de los habitantes, qué iglesias y creencias deben respetarse y cuáles deben ser perseguidas.21 En otras constituciones se prohíben las expresiones que critiquen a los individuos que ejercen el gobierno porque tales expresiones “deshonran al país”, “atentan contra el Estado” o “denigran a la patria”. En algunas se aseguran ciertos monopolios o se establecen organismos y procedimientos inútiles contra ellos, se garantiza la libertad de contratación mercantil a favor de los patrones como base de las relaciones laborales y se establece que son delitos las opiniones que los individuos que tienen el poder consideren que “atacan” en alguna forma a las dependencias oficiales llamadas “instituciones”. De esta manera la Constitución empieza a valer por sí misma y no porque exprese la voluntad de la población. Es así como las constituciones, casi siempre escritas y aprobadas sólo por unos cuantos hombres que tienen el poder, sirven primordialmente para asegurar su dominio sobre el resto de los habitantes.
Haciendo una distorsión completa sobre la razón de ser de la Constitución como expresión de las decisiones del pueblo, éste, aun cuando todavía se le menciona en la Constitución como el titular del poder público, es titular de un poder teórico legendario totalmente ilusorio perdido en algún pasado desconocido. Bien pronto, por este proceso engañoso de exaltación de un documento, los grupos privilegiados, temerosos del poder de la mayoría, logran imponer la creencia según la cual el pueblo tiene ese poder ilusorio porque la Constitución, que se presenta como un texto superior aparentemente impersonal, se lo concede. Resulta así que por una campaña muy efectiva de glorificación de un texto aparentemente hecho por el pueblo para expresar su voluntad, las cosas se convierten exactamente en lo contrario: la supremacía de la Constitución ya no proviene de que ésta sea la expresión de la decisión del pueblo; la Constitución es suprema por sí misma, y para enfatizarlo los hombres del gobierno en algunos países le destinan un día especial al año (en México, como si se hablara de Dios, se dice “el día consagrado a la Constitución”, en el cual se le hacen homenajes y fiestas, y se le dirigen poemas y discursos). De este modo se llega a una situación increíblemente absurda en la cual al pueblo se le reconoce como el poder original, no porque lo sea sino porque la Constitución así lo dice, y los seres humanos tienen derechos no porque los tengan sino porque la Constitución se los otorga. Esto es a lo que, en el mundo académico, se le llama el constitucionalismo.
¿Qué sucedió con la Constitución de Estados Unidos como expresión aparente de la voluntad de la población y con los principios supuestamente establecidos por el pueblo para su propio gobierno?
Volvamos a la resolución escrita por John Marshall en el caso Marbury vs. Madison. En ella el tramposo juez, al sostener la supremacía de la Constitución, que según él era la base principal de su resolución, decía textualmente: “El pueblo tiene el derecho original de establecer para su futuro gobierno los principios que, en su opinión, lo lleven mejor a su propia felicidad. Esta es la base sobre la cual se ha construido todo el sistema americano”.22 A continuación Marshall agregaba: “Por consecuencia, los principios así establecidos deben considerarse fundamentales, y como la autoridad de la que provienen es suprema, y rara vez puede actuar, esos principios fueron hechos para ser permanentes”.23 Y poco después añadía: “Esta teoría está adherida totalmente a una constitución escrita, y debe, por consecuencia, ser considerada por esta Corte, como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad.”24
A partir de esto Marshall se empieza a ocupar de los límites por encima de los cuales no pueden pasar los departamentos del gobierno, pero curiosamente al hablar de límites únicamente se refiere a los límites que tiene el departamento legislativo, no así a los que tienen los órganos judiciales. Sin embargo, queda claro que es el hecho de que el pueblo haya establecido esos principios lo que hace de la Constitución una ley superior por encima de todo: a superior paramount law, dice el texto en inglés.
La exposición y las razones de la supremacía de la Constitución, que expone Marshall por primera vez en la resolución del caso Marbury vs. Madison, parecen ser acordes con la idea de la legitimidad democrática: la Constitución es (por lo menos de manera metafórica) suprema porque es la expresión de las decisiones del pueblo.
¿La Constitución de Estados Unidos surgió de la voluntad del pueblo?
¿Pero tenía realmente algo que ver el pueblo de los diferentes estados de Norteamérica en el establecimiento de los principios y en los lineamientos contenidos en la Constitución de Estados Unidos? Porque sucede que lo que se llama “el pueblo” en las constituciones y las leyes de esos estados cuando en febrero de 1787 se hace la convocatoria para la Convención de Filadelfia que debía revisar los artículos de la llamada Confederación acordados anteriormente, con el fin de discutir y proponer las modificaciones convenientes a esos “artículos”, y después, entre diciembre de 1787 y mayo de 1790, cuando se dice que el pueblo de cada uno de los diferentes estados había aprobado el proyecto de Constitución redactado por la mayoría de los delegados enviados a esa convención en Filadelfia, cuyo encabezado dice “Nosotros, el pueblo de Estados Unidos”, era, para empezar, un pueblo muy peculiar, un pueblo seleccionado al cual únicamente pertenecían los propietarios acomodados y los hombres que vivían de sus rentas y no exclusivamente de su trabajo; un pueblo al que, según Charles Beard en su célebre libro An Economic Interpretation of the Constitution of the United States,25 únicamente pertenecía una sexta parte de los hombres blancos, y según otros autores, estaba formado sólo por un número de hombres que iba entre una tercera y una octava parte de los hombres blancos, y del cual, además, obviamente, no formaban parte las mujeres, ni los negros, ni los indios.
Vale la pena ver esto con detenimiento. Lo primero que debemos recordar es que la Convención de Filadelfia fue dirigida a las legislaturas de los diferentes estados para que enviaran delegados. La convocatoria no se hizo a la población de esos estados; el pueblo, al que hacía referencia Marshall en su resolución en el caso Marbury vs. Madison en 1803 y después en 1819 en el caso McCulloch vs. Maryland, no fue convocado nunca, ni tuvo participación alguna en la designación de los delegados a la famosa Convención. Naturalmente, podríamos decir que si bien la población no participó en esas designaciones de delegados, sus representantes, los “representantes del pueblo” en las diferentes legislaturas, lo hicieron a nombre de la población de cada uno de los estados, pero esto es una mentira. En todos los estados los llamados “representantes” difícilmente podían representar al pueblo cuando ni siquiera eran elegidos por el pueblo, pues los únicos que podían votar eran los individuos blancos del sexo masculino que tuvieran propiedades por un valor elevado y/o rentas por una cierta cantidad o, en algunos estados, aquellos hombres blancos que pagaran impuestos. Esto es, los únicos que podían votar eran los hombres acomodados que formaban una pequeña parte de la población, los cuales, a su vez, únicamente podían elegir a los hombres más ricos de sus comunidades pues éstos eran los únicos elegibles como representatives (diputados) o senators (senadores), de acuerdo con las distintas constituciones estatales. Si se quiere llamar “democracia” a este sistema se trataría de una democracia muy especial: la democracia “selecta” de los hombres ricos. Los demás hombres blancos no tenían siquiera derecho al sufragio.26
El almirante Morison y los otros coautores de A Concise History of the American Republic, que es una de las obras más apegadas al pensamiento del establishment norteamericano, dice: “Hasta el democrático Benjamin Franklin declaraba que ‘con respecto a los que no tienen bienes inmuebles… el concederles derecho a voto para las legislaturas sería una imprudencia”.27 En la misma obra los autores reconocen que, de acuerdo con la Constitución de Carolina del Sur de 1778, “los requisitos para ocupar un cargo eran casi prohibitivos. Un senador en la legislatura debía tener propiedades por valor de 2,000 libras, en tanto que el gobernador, el vicegobernador y los consejeros debían tener cada uno propiedades por valor de 10,000 libras”,28 y agregaban que todas las primeras constituciones de los nuevos estados, con excepción de la de Vermont, exigían que la dirección del gobierno estuviera en manos de algunos de los propietarios más ricos. Willi Paul Adams se refiere a los representantes electos como “la aristocracia nativa de funcionarios”.29 Salvo en Pennsylvania, en todos los demás estados se exigían requisitos de propiedad para poder votar, pero aún ahí sólo podían votar aquellos que por su condición económica pagaran impuestos. En Georgia, de acuerdo con la Constitución de 1777, los representantes debían ser de religión protestante y poseer propiedades al menos por 250 libras. Para tener una idea más clara de la concentración de la riqueza en las colonias y después en los Estados en la América del Norte en esa época es conveniente considerar, por ejemplo, que en 1774 en la zona de Filadelfia 10 por ciento de los contribuyentes poseía 89 por ciento de las propiedades sometidas a contribución.30
Para darse cuenta cabal de la concepción que tenían los hombres de las élites que manejaban los gobiernos de los nuevos “Estados” sobre lo que debían ser esos gobiernos, es oportuno recordar las ideas de John Jay, quien fue uno de los autores de los artículos recopilados después en el libro El Federalista y fue el primer jefe de la Suprema Corte de los Estados Unidos, quien repetía, como una de sus frases habituales, una máxima muy conocida: “Aquellos que son los dueños del país deben gobernarlo” (Those who own the country ought to govern it).31
El falso poder del pueblo en otros países
La incoherencia entre la supremacía de la Constitución y el poder del pueblo no es algo que se haya dado únicamente en la historia de Estados Unidos. En Francia, en la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se decía: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación”,32 lo cual podría hacer pensar que la llamada soberanía era algo que le correspondía a todos los habitantes, pues la llamada “nación” —en la creencia ingenua y equivocada de la mayoría de los franceses— era el pueblo. Pero dos años después, en 1791, la Asamblea Nacional aprueba el texto de la primera Constitución en la cual, por una parte, se descubre que la nación es un ser distinto de los ciudadanos y, por otra, se establece una clase de ciudadanos diferentes llamados “ciudadanos activos”,33 que eran aquellos que además de otros requisitos pagasen “una contribución directa al menos igual al valor de tres jornadas de trabajo”34 y que eran los únicos que podían votar y, a continuación, se señalaba que esos ciudadanos activos nombrarían “electores” que serían los que elegirían a los representantes, pero únicamente podían ser nombrados “electores” los propietarios o usufructuarios de un bien inmueble por el cual se pagara una contribución igual al valor local de 200 a 400 jornadas de trabajo.35 Junto con eso se establecía en la misma Constitución que los representantes escogidos por los llamados “electores”, pertenecientes todos ellos a la clase acomodada, no serían representantes de los departamentos en los que fueron electos sino de esa nación recién inventada de la cual emanan todos los poderes,36 entre éstos los enormes poderes de una Asamblea Nacional compuesta por los mismos representantes de la nación imaginaria.
En Gran Bretaña la participación de la población en las elecciones de los miembros de la oligarquía que manejaba la Cámara de los Comunes en esa época era mucho menor que en Francia y en Estados Unidos, pues los ingleses del sexo masculino con derecho al voto, según los cálculos de algunos admiradores del sistema británico, eran únicamente alrededor de 2 por ciento de los varones adultos,37 y según mis propios cálculos, aproximadamente uno de cada 64 hombres adultos, esto es, un poco más del 1.5 por ciento de los ciudadanos.38 A mediados del reinado de Victoria, en 1867, Disraeli, primer ministro del gobierno, en una decisión para aumentar la participación electoral que se vio como muy peligrosa por la clase gobernante en ese tiempo, dio un paso especialmente atrevido para la cultura de la sumisión de las clases populares en la que vivieron y siguen viviendo los ingleses: conceder a un millón de ciudadanos que no eran propietarios, a los que se llamaba “la aristocracia de la clase obrera”, el derecho de votar para elegir a sus representantes. Para quienes viven en la ignorancia de la historia y creen que la Carta Magna inglesa servía para asegurar derechos a los hombres comunes y que la revolución de Cromwell había llevado a esos hombres al Parlamento, es conveniente recordarles que, sólo hasta 1892, unos 677 años después de la Carta Magna y casi 250 años después de la victoria de Cromwell sobre Carlos I, llega un obrero auténtico (Keir Hardie) a ocupar un lugar como miembro de la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña.39
Es conveniente recordar que muchos de los hombres que manejaban los países de América Latina, después de que éstos se independizaron, se dedicaron a copiar lo que hacían los hombres que gobernaban Estados Unidos. Así, en México, casi 60 años después de que los de allá redactaban las constituciones de sus Estados, los de aquí escribían en la Constitución mexicana de 1836 que para ser diputado se requería (artículo 6) tener un capital que le produjera al individuo al menos 1,500 pesos anuales, 2,500 pesos anuales para ser senador (artículo 12), y 4,000 pesos anuales para ser presidente (artículo 14). En la misma Constitución se establecía (artículo 7) la diferencia entre mexicanos y ciudadanos, quienes, igual que en la Constitución actual, eran los únicos que podían votar; pero para ser ciudadano (artículo 8) se requería tener una renta anual procedente de capital fijo o de industria o trabajo personal honesto y útil a la sociedad.
En la actualidad han desaparecido de la Constitución mexicana los requisitos explícitos de riqueza para poder votar, pues las votaciones en México ahora son parte irrelevante de un sistema de dominación en el que los resultados no ofrecen cambios ni alternativas de importancia. Los hombres de los grupos que controlan todos los partidos políticos tienen los mismos objetivos: usar sus cargos para gozar de los ingresos y los privilegios que tienen esas posiciones y enriquecerse robando a la población. Dentro del sistema mexicano actual los gobernantes electos son ajenos a una población que no tiene medios de exigirles nada ni puede destituirlos, y los llamados representantes no representan a los votantes ni tampoco a los habitantes; unos, los diputados, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución actual, no representan a la población, sino que, todos juntos, representan a una “nación” misteriosa e indefinida; otros, a los que se conoce como senadores y que en la Constitución de 1824 representaban a sus estados, en la Constitución actual no se dice que representen a nadie.40 Los ciudadanos, fuera de las votaciones, no tienen ninguna participación en los gobiernos ni en las leyes, y los individuos electos como representantes no tienen ninguna obligación con los ciudadanos ni con los habitantes.
En lo que toca a la “nación” representada por los diputados, nadie sabe con certeza qué es lo que significa, pues la palabra, desde su aparición en los inicios de la Revolución francesa, ha significado diferentes cosas en distintos países. En sus orígenes, en la francesa Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, donde se hablaba de la soberanía de la nación, como lo hace notar Maurice Duverger, ésta era “un ser distinto de los ciudadanos”.41
En México la nación se usa en la Constitución con significados incomprensibles. Así, para empezar, en el artículo 2° se dice que “la nación es única e indivisible y que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. De este galimatías, como puede leerse, es imposible saber lo que es esa “nación”, pues las consideraciones sobre una “composición pluricultural sustentada originalmente” en lo que hace 400 años fueron sus pueblos indígenas, que ahora no llegan a 10 por ciento de la población y siguen viviendo en condiciones de miseria y explotación, muy parecidas a las que vivían bajo los españoles que los conquistaron, no aclaran nada sobre qué es esa nación intangible.
Conforme se avanza en la lectura de la Constitución mexicana, la nación, como un mutante extraordinario, se va transformando de un artículo a otro. En el artículo 25 —en clara contradicción con lo que establece el artículo 39 que señala que la soberanía reside en el pueblo— la nación aparece en su primer párrafo como “soberana”, y en el párrafo tercero del mismo artículo, como algo que se puede desarrollar: “el desarrollo de la nación” se dice. Un poco más adelante, en el artículo 27, la nación es una entidad que se presenta como propietaria original de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional (naturalmente es imposible saber cómo y por qué artes esa entidad imaginaria fue la propietaria original de esas tierras y aguas), de las cuales ahora tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares que forman la población. A continuación, en el artículo 28, la Constitución nos informa que esa persona conocida como la nación, tiene finanzas propias, a diferencia de la mayor parte de la población mexicana que vive en la miseria.
* Doctor en filosofía, Derecho y ciencias políticas.
1 Los parlements franceses, que por el nombre se confunden con frecuencia con parlamentos de grupos políticos o económicos, no tenían, desde el siglo XV, nada que ver con ninguna representación política en el antiguo régimen francés. Los parlements eran gremios de jueces y al mismo tiempo cortes de justicia independientes; su independencia era total, puesto que los servicios de justicia eran una función privada en la cual, igual que en cualquier otro negocio, los jueces eran dueños de sus juzgados y cobraban a las partes por sus servicios. Todos los jueces eran hombres que pertenecían a los diferentes grados de nobleza y los parlements a los que pertenecían (el más importante sin duda fue el Parlement de París) sostenían que ellos tenían el poder de registrar (enregistrer) las órdenes y las leyes (edits royaux) emitidas por el rey, a partir de lo cual muy pronto los jueces que formaban el Parlement de París se empezaron a presentar como los “defensores de la ley” —igual que actualmente algunas cortes supremas se presentan como defensores de la Constitución— y pretendían que tenían el derecho y el poder de revisar el contenido de las leyes. Véase F. Bluche, S. Rials y J. Tulard, La Révolution française, Presses Universitaires de France, y Pierre Truche, Justice et institutions judiciaires, Ed. La documentation Française, París, 2001.
2 Véase A.E. Mckinley, The Suffrage Franchise in the Thirteen Colonies, Publications of the University of Pennsylvania, 1905, p. 476.
3 Véase Cortlandt F. Bishop, History of Elections in the American Colonies, The University Faculty of Political Science of Columbia College (1893) vol. 3, parte I, capítulos I, “History of General Elections”, y II, “The Suffrage. Qualifications Required of Electors”.
4 Hans Kelsen, Teoría general del Estado, cap. 8, núm. 43 F, p. 406 de la edición en español publicada por Editora Nacional, México, 1948.
5 Maurice Hauriou, Principios de Derecho público y constitucional, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1927, p. 17. El libro en español fue una mezcla en la que se tomaron capítulos de dos obras distintas de Hauriou en francés: Précis de Droit constitutionnel de 1923 y la resumida Précis élémentaire de Droit constitutionnel de 1925.
6 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de enero de 1927.
7 Las llamadas Leyes Fundamentales de España bajo la dictadura de Francisco Franco fueron la Ley de Cortes del 17 de julio de 1942, el Fuero de los Españoles del 17 de julio de 1945 y los Principios del Movimiento Nacional del 17 de mayo de 1958.
8 “La civilización sólo será digna de su nombre si está libre de cualquier forma de explotación.” Primer punto del prólogo de la Constitución de la República Árabe de Egipto de 1971, según el estado de su texto en 2007.
9 “Garantiza la libertad del hombre egipcio de la cual se desprende la dignidad de la humanidad.” Cuarto punto del preámbulo de la Constitución de la República Árabe de Egipto según el estado de su texto en 2007.
10 “La familia es la base de la sociedad, fundada sobre la religión, la moral y el patriotismo. El Estado vela por la salvaguarda del carácter auténtico de la familia egipcia y los valores y las tradiciones que ella representa.” Artículo 9 de la Constitución citada.
11 “La supremacía de la ley no es únicamente la garantía que asegura la libertad del individuo, sino también el fundamento de la legitimidad del poder.” Preámbulo de la Constitución citada.
12 “El Estado garantiza a la mujer los medios de conciliar sus deberes con la familia con su trabajo en la sociedad, su igualdad con el hombre sin perjuicio de las disposiciones de la ley islámica.” Artículo 11 de la Constitución citada.
13 Artículos 23, 26, 28 y 29 de la Constitución citada.
14 Para una información elemental sobre la famosa resolución se puede ver mi artículo “Marbury vs. Madison, un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en los Estados Unidos”, publicado en diversas revistas en México y en otros países. Actualmente estoy trabajando en un libro con el mismo título dedicado a examinar con mayor profundidad ese asunto y las circunstancias en que se produjo.
15 De las biografías más conocidas sobre la vida de John Marshall, empezando con la más amplia y detallada, la de su admirador Albert J. Beveridge titulada The Life of John Marshall, publicada entre 1916 y 1919 en cuatro volúmenes, la de James Bradley Thayer que se llama simplemente John Marshall, la de Leonard Baker, John Marshall, A Life in Law, y otras muchas, contrariamente a la idea de quienes creen que Marshall tenía una formación académica sólida, puede verse que sus estudios formales de Derecho se reducían a un curso de conferencias dictadas por George Wythe en el William and Mary College, en el estado de Virginia, al cual asistió Marshall durante algunas semanas a principios de 1780. Y dado que en aquel tiempo la formación académica no era considerada como un requisito y ni siquiera como un complemento para el ejercicio profesional en Norteamérica, Marshall recibió su licencia para practicar el Derecho en agosto de 1780.
16 J.J. Rousseau, El contrato social, libro II, caps. II y III.
17 “The people have, in express terms, decided it, by saying this Constitution, and the laws of the United States, which shall be made in pursuance thereof, shall be the supreme law of the land”, McCulloch vs. Maryland, 17 U.S. 316, 405-406.
18 “The government of the United States, then, though limited in its powers, is supreme”, McCulloch vs. Maryland, 17 U. S. 316, 406.
19 “The government of the Union, then, is emphatically, and truly, a government of the people. In form and in substance it emanates from them. Its powers are granted by them and are to be exercised directly on them, and for their benefit”, McCulloch vs. Maryland, 17 U. S. 316, 404-405.
20 Sobre la soberanía de la Constitución en la época de la Restauración monárquica en Francia, véase Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, sección primera, caps. I, “Concepto absoluto de Constitución”, y II, “Constitución en sentido normativo”, Editora Nacional, México, 1952, pp. 8-11, y cap. VI, “Nacimiento de la Constitución. La Restauración monárquica, 1815-1830”, pp. 60-64.
21 En la Constitución mexicana de 1824 se decía, en su artículo 3, que la religión de la nación mexicana era y sería perpetuamente la católica y se prohibía el ejercicio de cualquier otra. En la Constitución de la URSS de 1936 se reconocía, en el artículo 124, “la libertad de cultos y la libertad de propaganda antirreligiosa”, no así la propaganda religiosa. En la Constitución de Marruecos de 1962 se dice en su artículo 6 que el Islam es la religión del Estado. En la Constitución de Grecia de 1952, después de decir que la religión predominante era la de la Iglesia ortodoxa oriental de Cristo, se decía que el proselitismo y cualquier otra intervención contra la religión dominante estaban prohibidos y que estaba también “absolutamente prohibido presentar el texto de las Sagradas Escrituras en cualquier otra forma de lenguaje y sin la aprobación previa de la Iglesia autocéfala de Grecia y de la gran Iglesia de Cristo en Constantinopla” y que la enseñanza escolar debía apuntar, entre otras cosas, al desarrollo de la conciencia nacional de la juventud “sobre la base de directrices ideológicas de la civilización grecocristiana”.
22 “That the people have an original right to establish, for their future government, such principles, as, in their opinion, shall most conduce to their own happiness is the basis on which the whole American fabric has been erected,” Marbury vs. Madison (1803), 1 Cranch 137, 176 a 177.
23 Sobre la permanencia de la Constitución, la veneración a su antigüedad y las fiestas que se hacen a “los padres fundadores” o a “los constituyentes”, esto es, a los hombres que hicieron el primer texto de una Constitución, es oportuno recordar la opinión de Jefferson: “La cuestión de si una generación de hombres tiene un derecho a limitar o amarrar a otra parece que nunca se ha iniciado en este o en aquel lado del mar. Sin embargo, es un tema de tales consecuencias que no sólo amerita una opinión, sino que se encuentra entre los principios fundamentales de todos los gobiernos. El proceso de reflexión en que nos encontramos, respecto a cuáles son los principios elementales de la sociedad, me ha hecho pensar que tal obligación no puede transmitirse, y creo que puedo probarlo. Parto de una premisa que supongo es evidente: ‘que la tierra pertenece en usufructo a los vivos’; que los muertos no tienen poderes ni tienen derechos sobre ella... De manera similar puede probarse que ninguna sociedad puede hacer una Constitución perpetua, o siquiera una ley perpetua. La tierra pertenece siempre a la generación viviente. Ellos pueden manejarla y también manejar lo que de ella procede, como quieran hacerlo, durante su usufructo. Ellos (la generación viviente) son también jefes de sus propias personas, y consecuentemente pueden gobernarse como quieran. Las personas y la propiedad son todo aquello que constituye la razón de ser del gobierno. La Constitución y las leyes de sus predecesores se extinguen, pues, en forma natural con aquellos que les dieron existencia. Este principio de que la tierra pertenece a los vivos y no a los muertos tiene una aplicación y consecuencias muy extensas en todos los países... Y tiene que ver con la resolución de muchos problemas. ¿Si debe cambiarse la apropiación de las tierras dadas antiguamente a la iglesia, a hospitales, a escuelas, a órdenes de nobleza, y de alguna otra manera a perpetuidad? ¿Si deben abolirse los cargos y los privilegios agregados a las tierras, incluyendo todo el catálogo eclesiástico y feudal? El asunto tiene que ver con los cargos hereditarios, las autoridades y las jurisdicciones, con las órdenes, distinciones y honores hereditarios, con los monopolios perpetuos en el comercio, las artes y las ciencias, y con una larga serie de etcéteras... Esto daría materia para un preámbulo fino en nuestra primera ley de apropiación de ingresos públicos, y, en el umbral de nuestro nuevo gobierno, excluiría los errores ruinosos y contagiosos de una cuarta parte del mundo, que ha armado a los déspotas con medios no acordes con la naturaleza, para amarrar con cadenas a sus semejantes”. Carta de Jefferson a James Madison del 6 de septiembre de 1789, desde París, publicada primero en The Memoirs, Correspondance and Private Papers of Thomas Jefferson, en cuatro volúmenes en 1829, y posteriormente en Julian P. Boyd and Others, The Papers of Thomas Jefferson, Princeton, 1952-1972.
24 Marbury vs. Madison (1803), 1 Cranch 137, 177.
25 Charles A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. La primera edición es de 1913 por The Macmillan Company; después ha sido traducido y publicado en múltiples ediciones en diferentes idiomas. Ignoro si ha sido publicado en español.
26 La mayor parte de la información sobre el sufragio y las elecciones en las colonias y ex colonias inglesas de Norteamérica que desde 1776 empezaron a convertirse en “Estados” está basada en la obra de Francis Newton Thorpe: The Federal and State Constitutions Colonial Charters, and Other Organic Laws of the States, Territories, and Colonies Now or Heretofore Forming the United States of America, Government Printing Office, Washington (1909), y en A.E. McKinley, The Suffrage Franchise in the Thirteen English Colonies, Publications of the University of Pennsylvania (1905).
27 Hay traducción al español del Fondo de Cultura Económica: Breve historia de los Estados Unidos, México, 1980, p. 134.
28 Morison, op. cit., p. 136.
29 Willi Paul Adams, Historia de los Estados Unidos de América, Siglo XXI, México, p. 24.
30 Sam Bass Warner, The Private City: Philadelphia in Three Periods of its Growth, Filadelfia, 1968, p. 5.
31 Frank Monaghan, John Jay (1935), p. 323. La cita aparece también en la biografía titulada Life and Opinions of John Jay, escrita por su hijo William Jay (1833). Véase Noam Chomsky, The Common Good, 2a ed. (1999), cap. I. Hay traducción al español publicada: El bien común, Siglo XXI Editores, México (2002).
32 Artículo 3, “Le principe de toute souveraineté reside essentiellement dans la Nation”.
33 Artículos 1 y 2 del título III, sección II de la Constitución francesa de 1791.
34 “Pour être citoyen actif, il faut: Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, una contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail”. Artículo 2 del título III, sección II de la Constitución francesa de 1791.
35 Artículo 7 del mismo título y la misma sección de la Constitución francesa de 1791.
36 El artículo 2 del título III de la Constitución francesa de 1791 decía en su primera frase: “La nación, de la que emanan todos los poderes, no puede ejercerlos sino por delegación”. A su vez, el artículo 7 del título III, sección III decía que “los representantes nombrados en los departamentos no serán representantes de un departamento en particular, sino de la nación entera y (los ciudadanos) no les podrán dar ningún mandato”.
37 Alonso Lujambio y Jaime Martínez Bowness, estudio introductorio al libro La Constitución inglesa de Walter Bagehot, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. XXVII.
38 El cálculo de la proporción de hombres adultos que tenían derecho a votar lo he hecho tomando como base las cifras de población y de hombres con derecho a voto que consigna The New Encyclopaedia Britannica en su decimoquinta edición de 1991, la cual, al considerar la población de Gran Bretaña en 1790, nueve millones setecientos mil adultos (vol. 29, p. 74), no distingue entre hombres y mujeres, lo cual es determinante puesto que éstas no tenían derecho al voto en aquella época, por lo que en el mejor de los casos un poco menos de la mitad, aproximadamente 4,800,000 eran hombres. Ahora bien, en la fuente citada no aparece el número de hombres que tenían derecho a votar en Gran Bretaña en 1790; sólo se indica que por el Acta de Reforma de 1832 (The Reform Act of 1832), esto es 42 años después, el número de hombres con derecho a voto había aumentado 57 por ciento del número que existía anteriormente y que con ese aumento el número total de electores llegó a 217,000. Según la misma fuente, la población total en Inglaterra en 1821 era de 14.2 millones y en 1790 de sólo 9.7 millones; si consideramos que con 14.2 millones de habitantes los hombres con derecho a votar eran 217,000, después del Acta de Reforma de 1832, inmediatamente antes de la Reforma los hombres con derecho a voto eran 148,000. Ahora bien, dado que en 1790 había mucho más restricciones al derecho de voto, con 9.7 millones de habitantes los hombres con derecho al voto serían, cuando mucho, la mitad, es decir, 74,000 de una población masculina adulta de 4.8 millones, esto es, uno de cada 64 individuos adultos del género masculino.
39 Roland Marx, artículo sobre la época victoriana en la Encyclopaedia Universalis France, 1989, tomo 23.
40 “Los senadores no representan a los estados, que no tienen ninguna autoridad sobre ellos.” Antonio Carrillo Flores, “El Senado en el sistema constitucional mexicano”, en Estudios de Derecho administrativo y constitucional, UNAM, México, 1978, p. 177.
41 Maurice Duverger, Les Constitutions de la France, Presses Universitaires de France, París, 1993, p. 38.

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