Source: https://analesderecho.uchile.cl/index.php/ACJYS/article/download/4270/4160
Timestamp: 2019-07-18 23:20:01+00:00

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El Reclamo de Ilegalidad, establecido en la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, es uno de los recursos administrativos de mayor importancia y, podríamos decir, el más completo de cuantos hoy día existen en nuestra legislación. Si se agrega a esta circunstancia, el que haya sido el primero cronológicamente, llegamos a la conclusión que representa, desde hace cerca de noventa años, el más sólido baluarte contra las irregularidades del Poder Comunal y un preciado antecedente del control jurídico de los actor de la Administración del Estado, en su aspecto regional. En nuestro régimen jurídico, donde sólo en 1925, por medio de la Constitución Política, se establecieron los llamados Tribunales Administrativos, que vendrán a poner un freno a las arbitrariedades de la Administración Pública y a constituir el control efectivo de sus actos, el mencionado reclamo, aparece como precursor de esta nueva actividad estatal que no puede dejar de reconocerse como útil y necesaria. Toda la estructura jurídica de los Estados, denominados 'Estados de Derecho', se funda, precisamente, en el concepto 'responsabilidad', único en el cual debe basarse un régimen de esta especie, ya que sin él sería vana la pretensión de ejercer una vigilancia sobre los actos de la Administración. Que puede obtenerse en un Estado de Derecho si no se exige responsabilidad a los gobernantes. Es serio sostener que existe tal estado, si no se hacen efectivos los controles jurídicos que habilitan al ciudadano afectado por la resolución ilegal o arbitraria para proceder a hacer realidad sus derechos vulnerados. Parece que sólo dotando al régimen jurídico de esos controles, que pueden hacerse valer por medio de los recursos o reclamos respectivos y, que traen aparejados la consiguiente responsabilidad tanto del Estado en sus diversos aspectos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial - como de las personas naturales que actúan en sus variados organismos, puede llegarse a la estructuración ideal de todo el sistema. Sirva este breve prólogo para justificar nuestro empeño de realzar la importancia que tiene en la actual etapa de evolución del Derecho Administrativo, los conceptos de 'responsabilidad' y 'control' de las diversas funciones públicas; para llegar, definitivamente, a la última de ellas, cual es la perfecta legalidad de los actos de la Administración, alejando, para siempre, el sistema de arbitrariedades, y fundándose en forma exclusiva en la aplicación estricta de los principios doctrinarios que informan este Derecho y que nuestros Constituyentes incorporarón como régimen ideal y al cual, sin duda, en una época no lejana darán estructura nuestras leyes, como una magnífica realidad. La Ley de Municipalidades del año 1854, ya establecía el reclamo de ilegalidad en contra de los actos de la Autoridad Comunal; pero, naturalmente, no se encontraba éste incorporado con la precisión ni con la perfección que hubiera sido necesaria. El articulo 114 de esa Ley decía:
'Cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar contra los 'acuerdos o resoluciones municipales dictadas sobre negocios que no 'sean de la competencia del cuerpo, o en que se ha excedido de sus 'atribuciones o en que se contraria una ley o disposición dictada por 'autoridad competente. Si la Municipalidad ante quien se interpondrá el 'reclamo resolviere declararlo legal y legitimo el acuerdo podrá el 'reclamante recurrir al Consejo de Estado para que resuelva'.
Como se comprenderá, era confusa a incompleta la redacción de la Ley y no se compadecía el reclamo así establecido con los principios doctrinarios que deben inspirar la institución. Sin embargo, creemos que para la época en que se dictó esta Ley, y tomando en consideración que las Municipalidades no eran propiamente organismos autónomos, fué un adelanto indiscutible que serviría, como queda dicho, de precedente para el futuro. La Ley del año 1887 trajo algunas novedades sobre esta materia, ya que habló de 'actos que no consultaren los intereses locales' y de 'incompetentes', introduciendo nuevos conceptos que no estaban en relación con los vertidos en la Ley de 1854, restringiendo su contenido; a pesar de ello conservó las características fundamentales y continuó conociendo de él la propia Municipalidad y el Consejo de Estado. Con la Ley sobre la Comuna Autónoma del año 1891 se definió ya concretamente y en su verdadero sentido este reclamo, pues, se refirió en forma precisa a las 'resoluciones ilegales', ampliando con ello el campo de acción del recurso, llenando así los vacíos de la anterior legislación. Substituye esta Ley, el Consejo de Estado por la Excma. Corte Suprema, desligando al Poder Central de toda ingerencia en la resolución del reclamo. El Código de Procedimiento Civil dispuso que correspondería a las Cortes de Apelaciones conocer los asuntos que la Ley Orgánica de Municipalidades entregaba a la competencia jurisdiccional de la Corte Suprema; salvando así el peligro de dejar sin Tribunal de Casación a las resoluciones dictadas por aquélla. Pero sólo por Decreto-Ley N.° 740, de 7 de Diciembre de 1925, se vino a establecer, en la forma que hasta hoy conserva, con ligeras modificaciones, el régimen definitivo de este reclamo, ya que la protección jurídica se amplió a las omisiones ilegales y distinguió entre las que afectaban tanto al interés general y las que fueren de carácter particular. Contempló, además, los actos a omisiones del Alcalde; fijó plazos para la interposición de los reclamos en caso que se relacionaran con los de carácter general o particular y la forma de contarlos y finalmente mantuvo el trámite, ya exigido en la Ley de 1891, de la audiencia del Ministerio Publico en los casos de reclamación ante la Corte de Apelaciones. Las modificaciones que se introdujerón al reclamo, después de establecido en la forma ya indicada, fueron las señaladas por la llamada Ley Faivovich, en atención a que el Diputado don Angel Faivovich fué el autor de ella (Ley N.° 6,425, de 19 de Octubre de J.939), que favoreció en toda forma el régimen, en general, de las Municipalidades. Redujo esta Ley todos los términos y fijó a las Municipalidades y a los Alcaldes plazos para pronunciarse, pasados los cuales sin que aquéllas o éstos lo hicieran, quedarían aceptados; y, lo que es de mayor interés, autorizó a la Municipalidad afectada, al Alcalde en su caso y a los propios regidores que hubieren concurrido con su voto, al acuerdo tachado de ilegal, para hacerse parte ante la respectiva Corte de Apelaciones. Con ello se salvaron numerosos obstáculos que impedían la absoluta perfección del sistema. Baste considerar que no queda entregada al arbitrio o capricho de la autoridad la resolución del reclamo, en su primera etapa; obligándolo a pronunciarse en uno a otro sentido, bajo la amenaza de dársele por aceptado; y que al pasar al conocimiento de los Tribunales pueden los afectados - Municipalidad, Alcalde y Regidores - concurrir a defender sus puntos de vista, a fin de que sean tomados en cuenta. La disposición en actual vigencia, es la del artículo 141 del Decreto Supremo N.°- 5,655, de 14 de Noviembre de 3945, que fijó el texto definitivo de la Ley de Municipalidades:
'Art. 141. Cualquier ciudadano podrá reclamar ante la 'Municipalidad o Alcalde contra sus resoluciones u omisiones ilegales, 'en el plazo de sesenta días, cuando éstas fueren de carácter general. 'Cuando se tratare de resoluciones u omisiones que afecten sólo 'el interés particular de una o más personas determinadas, únicamente 'éstas podrán reclamar en el término de quince días, contados desde la 'fecha de la notificación administrativa de las resoluciones reclamadas, y 'desde que se hubiere requerido al Alcalde o a la Municipalidad, en las 'emisiones. 'Se considerará acertado el reclamo si el Alcalde no se 'pronunciare dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 'presentación. 'Si el reclamo fuere de la competencia de la Municipalidad, se 'tendrá por aceptado si ésta no se prenunciare dentro de igual plazo, 'salvo que no se hubiere reunido en los treinta días siguientes a la 'presentación; en tal caso el pronunciamiento deberá hacerse en la 'primera sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Corporación, y 'si no lo hiciere, se tendrá por aceptado el reclamo. 'Si la Municipalidad o el Alcalde desestimaren las reclamaciones 'interpuestas contra sus resoluciones objetadas como legales podrá 'reclamarse dentro del plazo de 15 días a la Corte de Apelaciones de la 'jurisdicción, la cual se pronunciará breve y sumariamente y con 'audiencia del Ministerio público. En los reclamos podrán ser parte la 'Municipalidad, el Alcalde y los Regidores que hubieren concurrido al 'acuerdo. El término para interponer el recurso que establece este 'artículo se empezará a contar desde la notificación del reclamante que 'hará el Secretario de la Corporación personalmente o por cédula dejada 'en la casa de aquél'.
Establecidas las alternativas históricas por las cuales ha pasado este reclamo, necesarias de señalar, cabe estudiar algunos aspectos que dicen relación con sus actuales características. Es de toda evidencia que este recurso es de carácter eminentemente administrativo; pues, la circunstancia que pueda recurrirse a la justicia no significa otra cosa que entrega a una autoridad diferenciada a la Gubernativa (antes Consejo de Estado) la ulterior resolución de él, y a falta de los Tribunales Administrativos, constitucionalmente establecidos. No creemos que pueda sostenerse, con buenas razones, la tesis contraria, ya que se trata, en todo caso, de un sistema de fiscalización y control de la Administración Comunal. Algunos manifiestan que la doble etapa del reclamo -Municipalidad y Corte de Apelaciones- lo haría degenrar en dos recursos diversos; pero no debe olvidarse que tal argumento no tiene asidero, si se considera que la resolución municipal es previa e indispensable al pronunciamiento de la corte, existiendo entre ambas estrecha ligazón. Puede señalarse, además; como un antecedente, que al establecerse en las leyes de 1854 y 1887, como hemos ya visto, se señalo al Consejo de Estado como revisor de la resolución municipal y sólo en 1891, cuando pasarón a ser Independientes de la tutela del Ejecutivo fué colocado el reclamo bajo el control del Poder Judicial; de donde puede inferirse que con esta fórmula quiso el legislador desligarla más aún de la tuición del Poder Central. Es interesante estudiar en esta etapa de la evolución de la institución, que clase de actos de la Municipalidad pueden ser atacados por el reclamo de ilegalidad. El Derecho Administrativo indica, determinadamente, la distinción entre los actos de administración propiamente dichos y los actos de mera gestión. Y esta distinción se justifica por la extraordinaria importancia que hoy han tomado las funciones públicas, las cuales se extienden a múltiples campos de acción. Los organismos públicos, más bien dicho, el Estado, las Municipalidades y en general todas aquellas entidades que en forma autónoma o descentralizada realizan fines de utilidad pública, ejecutan estas dos clases de actos, diversos en su significación y contenido. Estas personas de Derecho Público tienen que actuar en ese doble aspecto: como autoridad imponiendo normas en forma coactiva y sancionadora y como particulares, con el fin preciso de gestionar su patrimonio y para ello celebrar contratos y en general toda clase de actos jurídicos. Las diversas doctrinas sobre si el Estado cuando ejerce su autoridad o cuando actúa sin su 'imperium' pueden servir para colocar a los autores en un relativo desacuerdo; pero la realidad no es posible dejar de reconocerla y aceptar, por tanto, que tales diferenciaciones nacen de la naturaleza misma de las cosas. No puede negarse la existencia de estas dos clases de actos: unos, en cuanto estas entidades públicas obran como autoridad y en ejercicio de su plena soberanía de gobernantes y otros, en los cuales, desligándose de esa calidad, intervienen como simples particulares con miras a crearse situaciones de derecho a su favor. ¿Podría, por ejemplo, en el caso de las Municipalidades, no distinguirse, específicamente, el acto de dictar una ordenanza sobre comerciantes ambulantes y la celebración de un contrato de arrendamiento de un bien raíz de su propiedad? Creemos que debe y tiene que llegarse a ese distingo que lo reclama la lógica y lo señala ya la doctrina, como inamovible. Del análisis y estudio de la Ley de Municipalidades se deduce que en el Capítulo III que trata 'De las Atribuciones de las Municipalidades' se encuentran normados los actos que la Corporación puede ejercer en el primer aspecto, esto es, como gobernante, con su 'imperium', con el poder de ordenar y ser, obedecida, esto es, imponiendo su voluntad unilateralmente, sea por medio del reglamento, la ordenanza o el simple acuerdo en los cuales se concrete y contenga alguna de esas facultades. No interviene en estos casos la Municipalidad como persona particular o privada, ya que impone a los administrados normas que deben acatarse, siendo sancionada su falta de cumplimiento. En el Capitulo V de la misma Ley, que se denomina 'De la Administración de los Bienes y Rentas' se señalan, clara y específicamente, los requisitos que deben cumplir estas Corporaciones para la gestión de su patrimonio en cuanto se trata de celebrar actos jurídicos, sea contratando o conviniendo, éstos, en general, con otras personas. Son dos órdenes de actividad bien diferenciados: Capitulo III, todas las atribuciones como encargadas de la Policía de comodidad, ornato, recreo, salubridad, de promover la agricultura, industria y comercio, de auxiliar a la Beneficencia, de administrar los servicios locales, etc. y Capítulo V, los actos de enajenación, de administración, de adquisición y gravamen de sus bienes y ventas. ¿A cuáles actos se aplicarán, si son dictados con arbitrariedad, el reclamo de ilegalidad? No pueden dejarse sujetos los actos de mera gestión del patrimonio municipal a este reclamo, porque sería someter simples contratos del régimen privado (compraventas, arrendamientos, prestamos, etc.) a normas tan sólo de Derecho Publico, normas que harían convertirse a la propia Municipalidad contratante en un arbitro o juez de su propia causa. Tal interpretación, creemos, se ajusta a los principios que hoy informan el Derecho Administrativo, por cuanto todo el régimen de control y responsabilidad se orienta hacia una vigilancia de los actos de la Administración en cuanto obra como autoridad, en forma unilateral y no cuando lo hace como particular, ya que en estos casos no ordena ni decreta y por tanto no puede perjudicar arbitrariamente a ningún administrado. Fuera de lo dicho, existe dentro de la propia Ley de Municipalidades, un antecedente que confirma nuestra tesis. En efecto, en el Capítulo V, que trata de los actos de mera gestión, se establece una acción popular, distinta del reclamo que estudiamos, a favor de los vecinos para que puedan actuar por la Municipalidad en defensa de sus intereses. Puede concluirse, pues, que es la Municipalidad quien debe recurrir a los Tribunales de Justicia en defensa de sus derechos y además, en atención a su alta función publica, otorga esta acción, por extensión, a los ciudadanos para que también resguarden esos derechos a intereses. Pero nada más podía autorizar la Ley. Entregar a los administrados el uso del reclamo de ilegalidad en contra de los actos de mera gestión sería convertir a las Municipalidades en seres de excepción, al margen de las leyes comunes. De ahí que sostengamos que no puede tener otro alcance dicho reclamo que el de abarcar sólo los actos de administración de la Municipalidad; y que la omisión de los requisitos señalados en el Capítulo V de la Ley, establecidos en resguardo de sus intereses y en su favor, será causal de una nulidad relativa (dentro del orden civil) ya que se tratará de una omisión en cuanto dice relación a la persona misma de la Corporación. Se nos dirá que habla la Ley de resoluciones a omisiones que afecten el interés particular y que por tanto ese concepto implicaría la idea de actos de mera gestión; pero, ese argumento cae por su base, porque nada, obsta a que el acto administrativo cree ese interés particular, toda vez que la Municipalidad al aplicar sus múltiples facultades o atribuciones, puede establecerlas en beneficio de una sola persona, y al hacerlo incurrir en una acción u omisión ilegal. Analizando otros aspectos de este reclamo, en lo que dice relación al fondo mismo de él, es interesante estudiar, cual es su finalidad precisa, esto es, qué es lo que se pide y contra quién va dirigido. Su alcance no puede ser otro, como lógicamente se comprende, que la declaración de ilegalidad de la resolución que se impugna; y de ahí que en la petición que ha de hacerse a la Municipalidad o al Alcalde deba solicitarse concretamente esa declaración y, en ningún caso, pedirse la reconsideración, la anulación o reforma de la resolución. En este último caso, la Corporación o el Alcalde no tendrían la competencia necesaria para pronunciarse, ya que no se debe dejar de reconocer que este reclamo es de derecho estricto, de orden público, y por consiguiente, debe interpretarse en sentido restringido, como una verdadera casación de forma. Es indispensable se cumplan todos los requisitos que la Ley señala y se cite, claramente y con precisión, tanto la disposición legal infringida como el artículo pertinente de la Ley Municipal que concede el reclamo. Ahora bien, las ilegalidades pueden ser el producto o consecuencia del ejercicio de atribuciones de la Municipalidad o del Alcalde o nacer de abstenciones u omisiones de esas mismas autoridades, en los casos en que estaban obligadas en derecho a actuar. El reclamo va dirigido en contra de la resolución u omisión requerida y no tiende a perseguir la responsabilidad del Alcalde o regidores que han actuado en la gestación del acto o en la abstención. Se ataca el acto en sí mismo y las personas afectadas no responden sino en forma indirecta; pudiendo, por cierto, los administrados ejercer las acciones que la propia Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades señala para perseguir esa responsabilidad. Se plantea aquí una situación muy interesante: ¿puede el reclamo interponerse en contra de resoluciones tomadas por la Municipalidad o el Alcalde en uso de atribuciones conferidas por otras leyes que no sea la Ley Municipal? Creemos que nada obsta a ello, por cuanto la Municipalidad y el Alcalde sufren por medio de este reclamo un control de todos sus actos, como autoridad; y si como tales ejecutan actos, en ejercicio de atribuciones no contempladas en su Ley Orgánica, actúan creando situaciones de derecho y por tanto se hacen acreedores al control de los administrados. Sería el caso de decir que la misma razón hace aplicable la misma disposición. La tramitación propiamente tal del reclamo se deduce del propio texto legal y no estimamos de mayor importancia comentarlo. Sin embargo, nos sugiere su redacción algunas ideas: ¿Es necesario que se haya pronunciado la Municipalidad para recurrir a la Corte de Apelaciones? ¿Puede seguirse ante la Corte si éste es aceptado por la Municipalidad? ¿Quiénes son partes? ¿Cuál es el objetivo en la Corte? Pensamos, en cuanto a la primera cuestión, que es indispensable que la Municipalidad se haya pronunciado previamente porque, y según ya lo hemos sostenido, la segunda etapa del reclamo es una mera consecuencia o derivación de la resolución de la Corporación o del Alcalde. La circunstancia de que vaya el reclamo a los Tribunales no lo hace degenerar en dos reclamos o recursos; sino que todo él, en sus dos fases, es un recurso administrativo. Además, el propio texto de la Ley es claro; y de ahí, que la no resolución previa de la Municipalidad o del Alcalde haría incompetente a la Corte de Apelaciones para pronunciarse. Por lo demás, ésta ha sido la constante jurisprudencia de nuestros Tribunales. Considerando la segunda cuestión, cabe observar que el texto del artículo 141 de la Ley Municipal establece que para poder ejercer el reclamo ante la Corte es necesario que haya sido desestimado el reclamo por la Municipalidad o por el Alcalde; y por eso que excluye, expresamente, la posibilidad que pueda llevarse adelante el reclamo si se acoge la petición del particular reclamante. Es de lógica consecuencia la disposición que comentamos. Hemos visto que existiendo las dos fases del reclamo, ambas están estrechamente vinculadas; y lo que es más importante, para este caso, que el reclamante sólo puede ser el mismo el que actúe en las dos etapas para mantener la continuidad del reclamo. Esa idea, entonces, no se compadece con la de continuar un procedimiento que ya ha sido agotado con la obtención de lo que se solicitaba. ¿Qué objetivo podría tener el reclamo ante la Corte? Hemos hecho esta discriminación en atención que se ha sostenido la tesis contraria, invocando para ello consideraciones de índole negativa, que no pueden aceptarse en una recta y justa interpretación de la ley; como es el que los regidores pudieran coluirse para provocar una aceptación de un reclamo y perjudicar a un tercero no reclamante. Estimamos que no puede argumentarse con esas razones. Las ideas expuestas no sirven para dilucidar el tercer planteamiento que hacíamos: ¿Quiénes son partes ante la I. Corte de Apelaciones? ¿Podría cualquier ciudadano que no ha reclamado seguir el reclamo ya desechado ante los Tribunales? Por lo dicho, no parece imposible; sólo puede el propio reclamante ser parte, agregándose a ello, el que no podría entablarlo otra persona por la forma especial de notificación que establece la Ley. Con anterioridad a la reforma que introdujo la Ley 6,425 al reclamo de ilegalidad, no se aceptaban partes en esta reclamación, con excepción del reclamante y del Ministerio Público; y la jurisprudencia negó siempre el carácter de tales al Municipio, al Alcalde o regidores y se fundaron los Tribunales para ello en que la Corporación conocía de estos reclamos como autoridad pública y no podía por ello perder su condición de tal. ('Revista de Derecho y Jurisprudencia'. Tomo XXI. Parte 2.'. Sección La, pagina 878. 'Revista de Derecho y Jurisprudencia '. Tomo XXXVI. 2 0. parte, Sección V, pág. 441. 'Revista de Derecho y Jurisprudencia'. Tomo XXXV, 2.e- parte, Sección 1ª). Modificada la Ley en la forma que reza el texto del artículo 141, las Corporaciones, los Alcaldes y los regidores pueden ser partes a fin de que defiendan sus actuaciones. Esta modalidad es, a todas luces, conveniente, ya que los Tribunales podrán oír las razones que han tenido estas autoridades para tomar el acuerdo o decretar la resolución o abstenerse de actuar y las tenidas en vista al considerar el propio reclamo al desecharlo. Nada más acertado que escuchar las ideas y fundamentos legales de ambas partes contendientes - ya que aquí administrador y administrado pasan a tener este carácter, sin perder su calidad de autoridad la primera - para que el Tribunal pueda formarse cabal concepto de la procedencia o improcedencia del reclamo. Es, norma invariable, además, de nuestras Cortes de Apelaciones el solicitar al Alcalde de la Comuna un informe escrito una vez admitido a tramitación el recurso sobre todos los antecedentes considerados por la Municipalidad o por el propio Alcalde al tomar la resolución o al abstenerse de actuar. Debe anotarse como un hecho curioso el caso que un regidor sea, precisamente; quien interponga ante la propia Corporación de que forma parte, el reclamo de ilegalidad en contra de un acto de ella en el cual él ha votado negativamente. Este problema se ha presentado en varias oportunidades y estimamos que nada obstaría a una actitud de esa naturaleza en atención a que en ese caso no esta obrando en su carácter de regidor sino como un simple administrado en resguardo de la legitimidad de la Administración. El Ministerio Público es también parte en estos reclamos y por expresa disposición de la Ley Municipal debe ser oído y aun ejercer las acciones correspondientes si la Municipalidad afectada no comparece ante la Corte de Apelaciones. Nos restaría por analizar un último aspecto de los que dejamos señalados líneas antes: Cual es el objetivo del reclamo en la Corte de Apelaciones. Antes que nada debe dejarse claramente establecido que los fundamentos del reclamo de ilegalidad que se interpone en la Corte deben ser los mismos que se hicieron valer ante la Municipalidad o el Alcalde. No puede el peticionario cambiar el fundamento jurídico de su reclamo, variando el antecedente legal citado (artículos de la Ley infringidos); por cuanto la acción ante la Justicia envuelve dos objetivos: el reclamo en sí mismo y la revocación de la resolución municipal que rechazó el referido reclamo. Es necesario indicar aquí cual es la competencia de la Corte de Apelaciones; y creemos del caso transcribir la parte pertinente de un interesantísimo estudio que sobre este particular hiciera el distinguido tratadista de Derecho Administrativo don Guillermo Varas. Dice el señor Varas: 'En esta clase de recursos no puede resolverse sino una sola cosa, a saber: si el Alcalde o la Municipalidad, según fuere el caso, tuvieron o no facultad legal bastante para tomar la resolución reclamada. Los antecedentes de hecho, el criterio con que la Corporación lo apreció, escapan de la competencia de la Corte; son, pues, materias extrañas al recurso mismo'. Evidentemente, este es el sano concepto y la cabal interpretación que debe y tiene que darse a la intervención de la Corte. El criterio y los móviles tenidos por la Corporación o por el Alcalde no pueden ser objeto de revisión por el Tribunal, pues, eso es algo privativo de las autoridades. Sólo tiene una misión la Corte y ella es velar porque la resolución reclamada o la acción omitida no violen la disposición legal. Se ha comparado, por el mismo señor Varas, esta situación con la que se produce con el recurso de casación de fondo, en el cual la Excma. Corte Suprema no puede entrar a modificar los hechos del pleito y únicamente aplicar la debida disposición de la leer; anulando la sentencia que ella infringe, influyendo en lo dispositivo del fallo. No toda la jurisprudencia, sin embargo, es uniforme a este respecto. Conocemos, últimamente, un fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, donde se establece la doctrina contraria, diciéndose que la Ley Municipal. no distingue a este respecto y que por tanto la Corte de Apelaciones está facultada para rever los hechos definitivamente establecidos en el reclamo ante la propia autoridad. Ya lo hemos manifestado, no estimamos que sea esta última la doctrina a aplicar, por las razones expuestas y porque, como lo hemos expresado al comienzo, la revisión de la Corte es sólo la segunda etapa del reclamo iniciado, formulado y sobre todo trabada la contienda (entre autoridad y administrado) en la primera, esto es, ante la propia Municipalidad y ante el Alcalde. Hechas estas breves consideraciones sobre el Reclamo de Legalidad establecido en la Ley Municipal, réstanos decir que debe ser una preocupación nuestra que los principios doctrinarios que hoy informan las instituciones del Derecho Administrativo, sean incorporadas definitivamente en este régimen jurídico.

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 artículo 141
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