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Timestamp: 2019-07-15 21:57:57+00:00

Document:
STC14545-2014
Radicación n.° 05001-22-03-000-2014-00713-01
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil catorce (2014).-
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo de 26 de septiembre de 2014, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro de la acción de tutela promovida por Mariela del Socorro Vásquez Serna en nombre propio y en representación de Johan Estiven Franco Vásquez, Jessica Andrea Soto Vásquez y Juan Manuel Restrepo, contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de Descongestión, ambos de Envigado, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma localidad, Adriana María Pulgarín Sánchez, las partes y los intervinientes del proceso al que alude el escrito de tutela.
La accionante reclama la protección constitucional de los derechos fundamentales «a la familia, de los niños, a la vivienda digna, a la vida digna, a la propiedad, a la salud», presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al disponer el embargo, secuestro y posterior remate «del único bien que posee como madre cabeza de familia», dentro del proceso ejecutivo singular promovido en su contra por Adriana María Pulgarín Sánchez.
Solicita entonces, que se ordene, «levantar el Embargo y Secuestro de mi único bien inmueble», de conformidad con lo establecido en «el artículo 2° y parágrafo de la ley 82 de 1993 en concordancia con el artículo 1° de la ley 861 de 2003 por ser patrimonio de Familia inembargable de mis hijos menores de edad» (fl. 3, cdno. 1).
2. En apoyo de tal pretensión, y en cuanto interesa para la resolución del presente asunto, aduce en síntesis, que el 28 de abril de 2005 el juez del conocimiento de la referida ejecución, decretó el embargo y secuestro del único bien que posee «como madre cabeza de familia, ubicado en la transversal 34C sur No. 31E – 32 Apartamento 301 de [E]nvigado Matricula Nro. 001-665023» (fl.3 cdno. 1).
Alega que ante la fiscalía cursó proceso en contra de la referida señora Pulgarín Sánchez por el delito de «estafa en concurso heterogéneo con la conducta punible de fraude procesal», donde se profirió resolución de acusación; sin embargo, el fiscal de segunda instancia «cargó toda la culpa a la razón de que yo no averiguara bien lo que estaba comprando» (fl. 2, cdn 1), por lo que las letras de cambio allí cuestionadas sirvieron de base para que ésta promoviera la ejecución donde se pretende el remate de su vivienda.
Al mismo tiempo, indica que en otro proceso ordinario el Juez Civil de Girardota –Antioquia, en sus consideraciones refirió que «Adriana María Pulgarín y Libardo Echeverry habían incumplido en la entrega de todo lo pactado en el contrato de Compraventa del negocio Comercial que dio origen a las mismas letras motivo por el cual los indiciados me están ejecutando», argumentos que no fueron tenidos en cuenta por los despachos accionados prosiguiendo con la ejecución, los cuales se invocaron en un incidente de nulidad, el que más tarde fue rechazado, encontrándose el proceso en etapa de remate, lo que considera vulnera sus derechos fundamentales (fls. 1 a 4, cdno 1).
El Titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongestión de Envigado, dando contestación al libelo genitor de tutela, reclamó denegar la acción, por cuanto las medidas cautelares reprochadas se decretaron con «apego a las normas procesales», y, «peticiones similares a las que se esbo[z]an en la presente acción Constitucional fueron resueltas por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la localidad al contestar un derecho de petición que interpuso la misma tutelante» (fl. 51, cdno. 1).
Por su parte el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma urbe, se limitó a indicar que el expediente contentivo de la ejecución debatida se encuentra en el citado Juzgado de Descongestión (fl. 54, cdno. 1).
La vinculada Adriana María Pulgarín Sánchez, en la calidad atrás referida, solicitó la desestimación del amparo, tras señalar, en suma, que no es cierto que el único inmueble que posee la señora Vásquez Serna sea el identificado con el folio de matrícula No. 001-665023, el que por demás «tiene en arriendo al señor DIEGO ALEJANDRO GARCIA OCAMPO (…) quien fue la persona que nos atendió el día del secuestro realizado el 22 de agosto del presente año», y se lo tiene prometido en venta, para lo cual borró del certificado de libertad del inmueble la medida cautelar que pesa sobre el mismo, «yo personalmente vi el certificado adulterado y llamé a mi abogado y se lo mostré» (fls. 67 a 69, cdno 1).
El Juez constitucional de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por activa respecto de los menores Johan Estiven Franco Vásquez, Jessica Andrea Soto Vásquez y Juan Manuel Restrepo, por cuanto éstos no son parte dentro del proceso ejecutivo que da origen a las inconformidades que ahora se estudian.
De otra parte, denegó la protección invocada por la señora Mariela del Socorro Vásquez Serna, con fundamento en que, «el tema ya había sido estudiado y decidido por esa misma sala en condición de juez constitucional en anterior acción de tutela, promovida por [ésta], donde atacó la sentencia de segunda instancia proferida al interior del proceso ejecutivo donde es demandada».
Advirtió además, «que la presente acción y aquélla, no son iguales; porque en la primera solo se atacaba la sentencia de segunda instancia, y en esta se alude principalmente al levantamiento de las medidas cautelares», y que frente a este punto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues aunque la actora reclamó la cancelación de las cautelas a través de incidente, una vez fracasado el mismo impugnó, pero lo hizo de forma extemporánea (fls. 71 a 89, cdno. 1).
La accionante se mostró inconforme frente a la falta de legitimación que resolvió el a quo respecto de los menores que representa (sus hijos y nieto), pues en su sentir, la ley permite que éstos sean representados por sus padres dentro de la tutela, especialmente en los casos cuando se encuentran en debilidad manifiesta.
Sostiene que al haberse practicado a su vivienda la diligencia de secuestro el pasado 21 de agosto del presente año, se le está causando «un perjuicio inmediato, actual, evidente e irremediable», (fls. 96 y 103 a 114, cdno. 1).
1. Por consagración constitucional y legal la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protección de los derechos fundamentales, cuando éstos son vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jurídico para la regular composición de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.
Del mismo modo, cuando la lesión actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional desde antes precisa la procedencia del amparo de manera excepcional, es decir sólo «cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador» (CSJ ST, 16 jul. 1999, Rad. 6621; criterio reiterado en STC13064-2014; STC13498-2014; STC13518-2004; STC13533-2014; STC13534-2014; STC13813-2014).
2. La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideración sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se está en presencia de un asunto susceptible de protección tutelar. También ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petición de amparo.
3. En el caso bajo estudio se observa de entrada la improcedencia de la solicitud de amparo, pues ésta no reúne el presupuesto de la inmediatez, si se tiene en cuenta que el auto que rechazó la petición de levantamiento de las medidas cautelares propuesto por la querellante dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra por Adriana María Pulgarín Sánchez, fue proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado el 5 de septiembre de 2006, (fls. 5 a 7, cdno Corte); en tanto que la presente demanda constitucional se radicó sólo hasta el 16 de septiembre de los corrientes (fl. 40, cdno. 1), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulación del reclamo.
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un término específico para su formulación, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -artículo 3º del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado actúe tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.
Se establece, entonces, que la pretensión no se formuló dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se reseñó, transcurrió un periodo de tiempo significativo -más de ocho años, respectivamente- sin que el accionante solicitara la protección de los derechos que considera vulnerados con dichas providencias, cuestión que pone de relieve la inactividad del inconforme y denota el quebranto del presupuesto básico de inmediatez que rige el trámite previsto por el artículo 86 de la Carta Política, según la cual el menoscabo de una garantía de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacción del supuesto lesionado o agraviado.
La Corte, en la materia, ha señalado que
«[t]al conclusión no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posición que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.
En efecto, a pesar de la desaparición del término de caducidad de dos meses que el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 había consagrado para ejercer la acción de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo específico para el ejercicio de la acción de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protección al que apunta, y, en fin, por el propósito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposición del amparo debe llevarse a cabo en un término que se avenga con la inmediatez que contempla el artículo 86 de la Constitución Política, al punto de permitir que la decisión no sea tardía o extemporánea.
Con fundamento en lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitación tiene como objetivo conservar y resaltar el carácter ágil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública acusada.
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos sí actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente» (CSJ STC, 3 oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en CSJ STC6842-2014).
4. Aunado a lo anterior, y para ahondar en razones, tampoco se cumple con el requisito de la subsidiariedad, pues si bien el auto que negó en su momento el levantamiento de las cautelas fue objeto del recurso de reposición y en subsidio el de apelación (fls. 8 a 12, cdno Corte), éstos fueron formulados en forma extemporánea, cuando el auto que negó el levantamiento de las medidas ya se encontraba ejecutoriado, lo que conllevó a su rechazo de plano (fl. 14, ídem), más aún cuando el fundamento principal aquí traído, esto es, que no puede embargarse el único bien que posee la tutelante, fue el que soportó en su momento los recursos formulados.
Así entonces conviene recalcar, que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios primarios y regulares de defensa que tenía a su alcance para controvertir las decisiones que tilda de arbitrarias o antojadizas, de suerte que si omite activarlos, no puede revivir esa posibilidad a través de esta acción especialísima, la cual «no está concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acción, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluídas o términos fenecidos» (CSJ STC, rad. 050012203000200800065-01, reiterada en CSJ STC5306-2014).
5. Por último, cabe mencionar que tampoco es de recibo la queja frente a las actuaciones referentes a las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron seguir adelante con le ejecución promovida en contra de la accionante, toda vez que estas providencias ya fueron objeto del debate en otra acción de amparo, (fls. 55 a 62, cdno. 1), sin que sea posible abrir nuevamente la controversia por considerarse cosa juzgada constitucional.
6. Corolario de lo expuesto, se impone la confirmación del fallo de primera instancia.

References: artículo 2
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 artículo 11
 artículo 86