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Timestamp: 2017-08-24 06:45:19+00:00

Document:
﻿ AUTO AP5589-2016/44106 DE AGOSTO 24 DE 2016
AUTO AP5589-2016 DE 24 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:RETRACTACIÓN DE LAS ESTIPULACIONES PROBATORIAS SÍ ES POSIBLE CUANDO SEA DE COMÚN ACUERDO. SEGÚN EL CRITERIO ACTUAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, NO ES POSIBLE QUE LAS PARTES PUEDAN RETRACTARSE DE MANERA UNILATERAL DE LAS ESTIPULACIONES PROBATORIAS FIJADAS EN EL TRASCURSO DEL JUICIO, POSICIÓN QUE HA SIDO, INCLUSO, REITERADA EN LAS ÚLTIMAS PROVIDENCIAS DE LA CORPORACIÓN, “TODA VEZ QUE ELLO ENTRAÑARÍA UN ACTO DE DESLEALTAD RESPECTO DEL OTRO SUJETO PROCESAL, QUIEN SE ABSTUVO DE SOLICITAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS ESTIPULADOS, LO CUAL, ADEMÁS, MODIFICARÍA LAS CONDICIONES DEL JUICIO”, SOSTIENE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL QUE SE HA TRAZADO EN RAZÓN A ESTE TEMA. SIN EMBARGO, SE CONCLUYE, UN AUTO RECIENTE DE LA SALA PENAL PRECISA QUE ÚNICAMENTE SERÍA VIABLE EL DESISTIMIENTO SI ES DE COMÚN ACUERDO ENTRE QUIENES SUSCRIBIERON LAS ESTIPULACIONES, PUES SOLO DE ESE MODO SE GARANTIZA EL EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES, “LAS CUALES, SI SE DA EL EVENTO SEÑALADO, SE SOMETEN AL RESULTADO DEL PROCESO CON BASE EN LAS PRUEBAS QUE CADA QUIEN SOLICITÓ DENTRO DEL MARCO DE LA TEORÍA DEL CASO QUE QUIERE SACAR AVANTE”.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUJETOS PROCESALES, PROCESO PENAL, RECURSO DE APELACIÓN, PRUEBA, SOLICITUD DE LA PRUEBA, ESTIPULACIÓN DE LA PRUEBA, PRINCIPIO DE EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES
AUTO AP5589-2016/44106 de agosto 24 de 2016
AP5589-2016
Rad.: 44106
(Aprobado Acta 266)
Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis
“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.
Extractos «Consideraciones
De conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, la Sala es competente para resolver este asunto, por tratarse de la impugnación de una decisión adoptada en el curso de un proceso adelantado ante un Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Al estudiar la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el fiscal del caso en contra de la decisión tomada por el Tribunal de instancia, se advierte que lo primero a resolver es el tema relativo a la posibilidad que le asiste a las partes para retractarse de las estipulaciones probatorias.
Pues bien, según lo ha precisado la Corte, “Las estipulaciones probatorias, a la luz del artículo 356-4 del CPP, corresponden a los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Implican, entonces, el relevo de la práctica probatoria en relación con los supuestos fácticos que las partes fijan como acreditados por consenso”. (AP6538-2014)
Y el alcance como también lo señaló la Corte recientemente, no es otro diferente a que “se haga una depuración anterior al debate en aras de que este verse sobre lo trascendente y no se desgaste en temas sobre los que no se tiene ánimo de controversia”. (S.P Rad. 47666 de 15/06/2016)
A propósito de las estipulaciones, en este fallo la Corte destacó:
“(I) El convenio excluye la actividad probatoria sobre el hecho específico, el que el juez debe tener por cierto, de tal forma que no puede admitirse, por improcedente e inútil, la introducción de una prueba que pretenda dar por demostrado un hecho estipulado, como tampoco puede ejercerse contradicción sobre ese aspecto (Sentencia del 10 de octubre de 2007, Rad. 28.212).
(II) Admitida la estipulación, cuyo contenido, alcance y límites debe quedar claro para las partes y el juzgador, no hay lugar a la retractación unilateral, en tanto, de admitirse, se rompería el equilibrio entre los adversarios. Es “factible acordar o tener por probado que el ciudadano A suscribió el documento B, y, entonces, ese documento puede llevarse a juicio sin necesidad de que el ciudadano A tenga que asistir a la audiencia pública a reconocer tal hecho. En este caso, no se puede discutir la autoría del documento, pero sobre su contenido es factible la controversia probatoria que a bien tengan las partes” (19 de agosto de 2008, Rad. 29.001; 17 de octubre de 2012, Rad. 39.475).
(III) El objeto de estipulación es un hecho concreto, no un determinado elemento material probatorio (26 de octubre de 2011, Rad. 36.445).
(IV) La estipulación misma, sin más aditamentos, constituye la prueba del hecho, de donde deriva que no hay lugar a anexar elemento alguno para respaldar la estipulación, pero si las partes convienen hacerlo, solo puede apreciarse en el contexto del hecho acordado, pues si refiere aspectos fácticos diversos, estos no pueden valorarse en ningún sentido, pues el anexo no constituye prueba alguna, en tanto no ha sido introducido ni controvertido en el juicio (6 de febrero de 2013, Rad. 38.975).
Ese es el único límite impuesto por el legislador a las estipulaciones (no se olvide el carácter prevalente, obligatorio del principio rector), de donde deriva que existe libertad plena al respecto, siempre que lo convenido por las partes no traspase, al punto de vulnerar, aquellas garantías”.
En lo que tiene que ver con la posibilidad de que las partes puedan retractarse de las estipulaciones de manera unilateral, lo cual ya se vio no es posible, encuentra su explicación, pues si los hechos materia de estipulación se sustraen de la controversia probatoria por voluntad de las mismas, no puede aceptarse que el consenso se quiebre por la decisión unilateral de una de ellas, menos si ya el proceso está en la fase del juicio oral según sucede en este evento, toda vez que ello entrañaría un acto de deslealtad respecto del otro sujeto procesal, quien se abstuvo de solicitar pruebas sobre los hechos estipulados y a la postre las condiciones del juicio se modificarían, sin que pudiera retrotraerse la actuación a un estadio procesal superado como el de la audiencia preparatoria que es el apropiado para hacer las solicitudes probatorias, atentándose de paso contra el principio de preclusión de las etapas procesales.
Por ende, únicamente sería viable el desistimiento si es de común acuerdo entre quienes suscribieron las estipulaciones, porque sólo de ese modo se garantiza el equilibrio entre las partes, las cuales si se da el evento señalado, se someten al resultado del proceso con base en las pruebas que cada quien solicitó dentro del marco de la teoría del caso que quiere sacar avante.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el recurso está orientado a prosperar, porque es claro que el Tribunal no podía admitir la retractación unilateral del defensor, respecto de las estipulaciones convenidas.
No obstante, el Tribunal introdujo un aspecto relacionado con la violación de garantías que merece ser considerado, toda vez que por virtud de las estipulaciones probatorias no puede suscitarse una vulneración en tal sentido, puesto que se reitera, es el único límite impuesto por el legislador.
Al respecto y en lo que tiene que ver con las estipulaciones números 4 y 10, la Sala considera que no socavan garantía fundamental alguna, menos que por virtud de ellas se comprometa la presunción de inocencia según se quiere hacer ver, porque ninguna de ellas implica aceptación de responsabilidad por parte del acusado, de tal suerte que no hay objeción para su incorporación.
No acontece lo mismo en lo que tiene que ver con la estipulación número 9, relativa con un interrogatorio que rindió el imputado ante un investigador de la fiscalía.
La Sala considera que entratándose del testimonio del acusado, el único que puede renunciar a su derecho de guardar silencio sin que de ello se derive algún tipo de consecuencia adversa para su situación jurídica, es el propio procesado. Por lo mismo, en este caso concreto, no es factible que el interrogatorio que haya podido rendir ingrese a juicio a través de una estipulación probatoria, supliendo de esa forma el testimonio que pudiera emitir en la audiencia pública el acusado, menos si el mencionado interrogatorio no obstante estar consignado en un acta no tiene la calidad de documento, estos si posibles de aportar al juicio bajo la figura de las estipulaciones con el fin de sustraer de la discusión su contenido.
La entrevista que rindió el indiciado podría ingresar al juicio en la medida en que la Fiscalía la hubiese descubierto, siempre y cuando el acusado optara por declarar, pues recuérdese que mientras no renuncie al derecho a guardar silencio, la contraparte, en este caso la Fiscalía, no lo puede llamar como testigo. Y la finalidad de esa entrevista no sería otra que impugnar credibilidad o refrescar la memoria,
Por manera que, la Sala confirmará lo resuelto por el Tribunal en lo atinente a la estipulación número 9, esto es, no será incorporada al juicio, y la revocará en lo que concierne a las otras dos que si son aceptadas.
1. Confirmar la providencia objeto de apelación en lo que tiene que ver con la estipulación número 9.
2. Revocarla en relación con las estipulaciones 4 y 10, las cuales deben ser incorporadas al juicio, que se adelanta contra Cxxxx Mxxxxxxx Rxxxxxxx, por el presunto delito de prevaricato.
En el proceso de la referencia, presento los argumentos que me llevan a salvar el voto del criterio mayoritario adoptado por la Sala en el auto de segunda instancia de la referencia, pues a mi juicio, se autorizaron estipulaciones ilegales incorporadas, pues recayeron sobre pruebas y no sobre hechos, o sobre temas que no podían ser objeto de pactos, con lo cual se afectaron garantías del acusado.
Para sustentar la afirmación que se hace en el párrafo anterior, expongo como apoyo el estudio que he hecho sobre las estipulaciones probatorias al amparo de la Ley 906 de 2004, dogmática con base en la cual estimo que la decisión de la Sala mayoritaria no se ajusta a la regulación que la ley procesal permite tener como fundamento probatorio de una decisión.
En punto de las estipulaciones, la Sala de Casación Penal, en CSJ AP, 8 ago. 2007, Rad. 27.962, precisó:
Por lo tanto, si en este particular evento se estipuló como hecho probado que el acusado Rxxxxx Axxxxxxx Áxxxxxxx Rxxxx se encuentra en profundas situaciones de marginalidad y extrema pobreza, es claro que los anexos que soportan dicho aserto que, valga repetirlo, se entiende probado y aceptado por las partes, no son susceptibles de valoración probatoria alguna por parte del juzgador, por la potísima razón que en sí mismos no tienen entidad o virtualidad probatoria y las partes ya, dentro de su capacidad consensual, establecieron en la estipulación cuál es el efecto concreto, en punto de hechos trascendentes para el proceso, que se estima demostrado, sin importar si esos elementos de juicio abordan otros aspectos, que, desde luego, resultan intrascendentes para lo efectivamente asumido por los sujetos procesales como objeto de estipulación específica”.
“El Juez de primer grado absolvió al procesado con el argumento de que “...no aparece en su contra una prueba directa o indirecta que lo vincule a los hechos juzgados, sólo que fue retenido en compañía del menor de edad Cxxxxxx Pxxxxx y en el inmueble donde fuera capturado había un arma [sic] sin que se hubiesen realizado los estudios correspondientes para determinar que él la portaba....”; no obstante, además de la imprecisión que señaló el Tribunal (eran dos armas las que había en un balde, junto a los capturados), la Sala advierte cosa diversa en materia de pruebas de cargo:
El investigador filmó un video de la diligencia de 1 minuto con 49 segundos que aportó, con cadena de custodia, a la audiencia de juicio oral y fue tenido como prueba estipulada en el proceso (la número 15). Al observar las imágenes es perceptible que a petición del funcionario de Policía Judicial, el número 2 de la fila pronunció su nombre “Rxxxxx Axxxxxxx Sxxxxx”.
Ese reconocimiento en fila de personas y el video que da cuenta de que Rxxxxx Axxxxxxx Sxxxxx efectivamente fue reconocido por una de las víctimas tiene identidad probatoria, en tanto registros debidamente aportados como evidencia y sometidos a la controversia de las partes. Su apreciación debió haberse realizado de conformidad con los criterios establecidos para cada medio de convicción específico; por manera que no se trata de “simples documentos procesales” con los efectos minimizados que la defensa alegó.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el hecho específico materia de estipulación se da por demostrado y cierto con la estipulación misma, excluyéndose de la contradicción en el juicio oral (CSJ SP, 10 oct. 2007, Rad. 28.212), que el objeto de la misma es un hecho y no un elemento de prueba (CSJ SP, 26 oct. 2011, Rad. 36.445), y que no hay lugar a anexar documentos como soporte y, de allegarse, no deben ser valorados (CSJ SP, 6 feb, 2013, Rad. 38.975).
La Sala, en decisión de segunda instancia con Radicación 47.666, cambió la línea jurisprudencial de la Corte en materia de estipulaciones, pues permite que las partes puedan estipular pruebas y, por esta vía, estas últimas, las pruebas, servir de fundamento para absolver o condenar.
Los argumentos en providencia referida relevantes, fueron los siguientes:
El criterio transcrito fue acogido y ratificado en la decisión adoptada por la Sala en el Radicado 44106 de fecha 24 de agosto de 2016, de la que ahora salvo parcialmente el voto.
Los acuerdos correspodnen a las estipulaciones 4, 9 y 10, con el siguiente tenor:
“Estipulación Nº 4: que para la época en que se suscribió la resolución, de preclusión a favor de Vxxxxxx Sxxxxxx, por el reato de Conservación o financiación de plataciones ilícitas el fiscal Mxxxxxxx Rxxxxxxx acumulaba una experiencia en la institución de 8 años y en la Procuraduría de 2 año. La evidencia de estos hechos la constituye la hoja de vida del acusado.
Estipulación Nº 9: que el doctor Mxxxxxxx Rxxxxxxx por intermedio del investigador, adscrito a esta unidad, Jxxx Oxxxx Mxxxxxxx Mxxxx, rindió interrogatorio el día 15 de diciembre de 2010. La evidencia de este hecho la constituye la copia del acta de la diligencia del interrogatorio.
Estipulación Nº 10: Que para la época en que se profirió la decisión estaba vigente el Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos del Cargo de Fiscal Delgado Ante los Jueces Penales del Circuito Especializados. La evidencia la constituye la Resolución 2-1892 de 17 de agosto de 2007.
Como en la providencia impugnada el a quo había admitido las estipulaciones 4, 9 y 10, la Sala en el auto de 24 de agosto de 2016 decidió confirmar la decisión primera instancia en lo que tiene que ver con la estipulación Nº 9 y revocó lo relativo a las estipulaciones 4 y 10 para autorizar su incorporación al juicio.
A diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, en los que la legislación adjetiva penal expresamente admite la estipulación respecto de medios de prueba(1), el artículo 356 del C de P.P., como lo ha sostenido la Sala repetidamente(2), los acuerdos de esa naturaleza únicamente pueden estar referidos a hechos jurídicamente relevantes, a circunstancias fácticas de tiempo, modo, cantidad o lugar, y no resulta posible su celebración respecto de medios de convicción, elementos materiales probatorios, evidencia física o informes(3).
En esa perspectiva, el escenario en el cual una estipulación es admisible, que no está referida a un hecho, se relaciona con el acuerdo probatorio que atribuye consensualmente a la copia de una pieza documental un valor probatorio semejante al del original. En este caso, lo convenido no es el contenido del documento ni su autenticidad, sino la inaplicación de la regla de mejor evidencia de que trata el artículo 433 de la Ley 906 de 2004.
Ello, desde luego, se itera, tampoco libera a la parte interesada de la carga de lograr la incorporación del documento respectivo en el juicio para acreditar su contenido.
En todo caso, definido el objeto del acuerdo probatorio conforme a derecho, resulta inane e inconveniente, como sucede con frecuencia en la práctica judicial, allegar documentos como sustento del mismo, porque con la estipulación se da por probado el hecho sustraído de controversia. Si a pesar de ello la Fiscalía y la defensa acompañan soportes probatorios, el juez no debe autorizar su ingreso y si el funcionario de conocimiento erradamente lo permite, ninguna valoración puede hacerse de esos elementos, porque no están revestidos de la condición de pruebas(4), categoría que no alcanzan y por tanto no pueden sustentar el fallo que se profiera.
La expresión “aspectos” contenida en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 no puede entenderse como una habilitación para la celebración de estipulaciones que se ocupen de pruebas, como lo entiende la Sala mayoritaria en la decisión de la que me distancio (47.666).
La expresión “aspectos” no comprende el contenido o los alcances que corresponden al concepto de prueba en el proceso penal, esta categoría, sustantivo masculino, que proviene del latín aspectus, se refiere a las particularidades, apariencia, rasgos, características o propiedades captadas por los sentidos respecto de una persona, cosa, hecho, situación o acción verbal, para expresar formas, tiempo, materialidad, figura, ectra, supuestos predicables de los hechos o sus circunstancias y no de los medios probatorios.
En ese entendido, el único límite al objeto de las estipulaciones no son los derechos fundamentales constitucionales, el legislador de manera inequívoca estableció restricciones al objeto de los acuerdos, de manera específica y única exige que se ocupen de circunstancias fácticas o a la excepción de la regla de mejor evidencia.
De otra parte, la expresión “aspectos” no puede interpretarse en el sentido de admitir la estipulación de pruebas y que de esta manera se incorporen al proceso, por que ello implica omitir el rito legal establecido para que los elementos ingresen como medios probatorios al juicio oral, una tal evidencia así tramitada no puede ser objeto de apreciación ni fundamento del fallo, pues no ha cumplido el debido proceso para alcanzar la categoría de prueba.
Cuando se incorporan documentos como objeto de la estipulación se está obviando el descubrimiento del documento en el escrito de acusación o en la audiencia preparatoria, se omite su petición y decreto específico como medio probatorio documental, su incorporación con testigo de acreditación, la lectura de su contenido y las demás reglas que deben observarse para que se aprecie como medio de conocimiento en el fallo correspondiente.
Ahora, las estipulaciones son pactos celebrados por el ente acusador y la defensa para tener por probados uno o más hechos respecto de los cuales aquéllas no tienen controversia sustantiva. Por tal razón y como lo tiene discernido la Sala, resultan inadmisibles las estipulaciones de las partes dirigidas a demostrar los supuestos fácticos sustraídos de controversia (presunción juris tantum, hecho notorio), a ratificar o cuestionar de cualquier manera la misma circunstancia fáctica cuya realidad fue acordada(5) (estipulación sobre lo estipulado o acreditación con otro medio de lo pactado como probado.
Como lo ha sostenido la Sala(6), la estipulación no puede acarrear la renuncia del derecho fundamental a la no autoincriminación en la modalidad de admisión de responsabilidad.
Ello es así, porque las estipulaciones probatorias deben ocuparse de hechos y la responsabilidad penal no es una circunstancia fáctica, es un juicio de desvalor o reproche que efectúa el funcionario judicial o una parte o interviniente respecto de una conducta humana de relevancia jurídico- penal sometida a consideración en un proceso penal determinado.
Además, por cuanto el ordenamiento adjetivo penal consagra los mecanismos e institutos para que el procesado, si esa es su voluntad, acepte su compromiso penal y reciba, a cambio de ello, los descuentos punitivos y beneficios que, según el caso, le correspondan por razón de la colaboración con la administración de justicia. En ese entendido, si lo que se quiere es lograr la terminación anticipada del trámite como consecuencia de la admisión de responsabilidad del incriminado, lo pertinente es acudir a las figuras del allanamiento a cargos o preacuerdos, que en la lógica de la justicia premial comportan beneficios correlativos para aquél.
Con la estipulación se admiten parcialmente supuestos fácticos o circunstancias de la conducta punible, jamás tales convenios pueden afectar garantías fundamentales o implicar la renuncia a controvertir fundamentos esenciales o sustanciales de la relación jurídica en el proceso penal, como admitir la totalidad de los elementos de la ilicitud y la responsabilidad penal o la culpabilidad, o sucesos en los que existe controversia por las partes, dado que los convenios a que se hace referencia recaen sobre hipótesis en las que hay anuencia entre el Fiscal, el procesado y el apoderado.
El ordenamiento jurídico no es susceptible de estipulación.
Tampoco puede estipularse el valor o mérito que debe el juez asignar a las pruebas a través de la sana crítica o en los casos en que opere la tarifa legal.
A modo de síntesis, las estipulaciones probatorias, de acuerdo con la normatividad procesal vigente, pueden ocuparse de i) hechos directamente relacionados con el objeto del proceso o indicadores de éste, no excluidos legalmente en los términos explicados en esta providencia, y ii) la no aplicación de la regla de mejor evidencia respecto de un documento en copia.
Acerca de la naturaleza de la estipulación el pensamiento de la doctrina y la jurisprudencia ha sugerido que se trata de una prueba, una confesión, un mecanismo probatorio, un medio equivalente a una prueba o que tiene los alcances de un hecho notorio.
El parágrafo del numeral 4º del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal establece que la estipulación celebrada entre la fiscalía y la defensa conlleva “aceptar como probados” los hechos que son objeto de aquélla, estableciéndose así una excepción a la actividad probatoria de las partes en el juicio oral.
El proceso penal reclama de las partes la necesidad de probar su teoría del caso a través de los medios autorizados el artículo 382 de la citada norma, esto es, por prueba testimonial, pericial, documental, inspección o cualquier otro medio o evidencia de carácter técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico, con excepción de los hechos notorios, las presunciones y las estipulaciones probatorias.
El ordenamiento jurídico admite excepciones a la necesidad de probar a través de los citados medios, situaciones que están expresamente reguladas en la ley, tal es el caso de las presunciones (legales o de derecho), los hechos notorios y en el sistema acusatorio las estipulaciones probatorias.
El parágrafo del numeral 4º del artículo 356 del CPP y el desarrollo que la jurisprudencia le ha dado a esta disposición, precisa que el hecho estipulado no requiere ser probado en el proceso penal porque por mandato legal se le tiene como demostrado, por eso en el texto legal se lee que se aceptan “como probados”.
La regulación que se hizo de las estipulaciones no fue la de una prueba, su referencia no está en el capítulo del Código de Procedimiento Penal que corresponde a éstas, y el examen de su estructura y alcance solo permite asignarles la naturaleza a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior: es una excepción a la necesidad de probar.
La estipulación no es una confesión ni se le puede equiparar a ésta, porque el momento procesal y la forma en que se produce para vincularla a la actuación penal no cumplen con todas las formalidades que la ley exige para la prueba de confesión.
La construcción de la estipulación corresponde a la fase de la existencia material, cuando se expresa entre las partes la iniciativa y la decisión de estipular, su conveniencia, se definen los hechos y los términos del pacto probatorio.
El juez y los intervinientes no tienen injerencia vinculante para definir o controlar la formación material de la estipulación.
La formación jurídica de las estipulaciones comienza en la audiencia preparatoria con la comunicación de la voluntad de las partes de estipular y proceden a hacer la enunciación y descubrimiento de los supuestos fácticos que integran el pacto (o en su caso de la regla de mejor evidencia de la copia respecto del original) y se obtiene el decreto, culmina así la fase de marras y se consolida la existencia jurídica de aquellas con su incorporación en el juicio oral.
Por tratarse la estipulación de un acto de disposición, ello obliga a que su celebración no la realice el defensor a espaldas del incriminado ni en contra de su voluntad, aunque, la anuencia se presume mientras no se demuestre lo contrario, o se infiera de la conducta procesal del inculpado que su voluntad es admitir la autoría o participación, la materialidad del delito o un elemento de la conducta punible en concreto trascendente en el juicio de reproche penal que se le atribuye.
La estructura de la estipulación en lo que atañe a un acto de disposición del procesado se rige por los supuestos señalados debido a que no solamente se renuncia a la controversia probatoria, no implica exclusivamente una excepción al principio de necesidad de la prueba, su trascendencia es mayor, se da por cierto el hecho, lo que genera consecuencias para la apreciación y juicios que ha de formarse el juez en relación con los elementos de la conducta punible y la autoría del procesado.
La validez de la estipulación, además, demanda la asesoría jurídica correspondiente del defensor (artículo 354 del C de P.P.) en protección del derecho de defensa técnica de su representado, por tanto resulta inexistente e inoponible cualquier pacto del fiscal con el procesado sin la intervención del representante judicial de éste.
De acuerdo con el numeral 4º del canon 356 de la Ley 906 de 2004, en el curso de la audiencia preparatoria el Juez deberá interrogar a la Fiscalía y la defensa para establecer “si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias”, de así asentirlo, debe concederse un receso para el efecto, a su término “se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto”.
La Ley 906 de 2004, en el artículo 356 recién transcrito, restringe a favor de la Fiscalía y la defensa la posibilidad de “hacer” estipulaciones probatorias, de suerte que aquéllas, de manera exclusiva y excluyente, pueden convenir tener ciertos hechos por demostrados, en los términos ya explicados.
Del último aparte de la disposición en cita puede entenderse razonablemente que los intervinientes, esto es, el Agente del Ministerio Público y la víctima y su representante no pueden participar en la construcción material de los pactos probatorios, como se ha dicho, pero sí pueden hacerlo en la formación jurídica de las estipulaciones.
Contribuye a definir las facultades de los intervinientes en los pactos probatorios precisar que no les está prohibido participar y sugerir la definición del mérito y alcance de las estipulaciones probatorias que le corresponde hacer al Juez de conocimiento al momento de emitir sentencia.
De esas facultades también están investidas las víctimas, tal como se desprende de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(10) y según lo decidió la Corte Constitucional en sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007, providencias en las que por demás precisó que dichas atribuciones forman parte esencial de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
En ese entendido, bien pueden el Ministerio Público y las víctimas, al intervenir en la audiencia preparatoria, pronunciarse sobre los presupuestos que determinan la admisibilidad de los convenios probatorios celebrados por las partes, es decir, que estos se refieran a i) hechos o al mérito suasorio de una copia (objeto), ii) que estén autorizadas (legalidad), iii) que sean pertinentes al asunto debatido, iv) no violen garantías fundamentales (se pacten hechos que afecten el derecho a la intimidad) y v) que el objeto de las estipulaciones sea claro, preciso y comprensible.
A partir de la existencia jurídica de la estipulación, surge para el fallador el deber de apreciarlas en conjunto con las demás pruebas que hayan sido aportadas, para fundamentar la convicción sobre la ocurrencia del delito y la responsabilidad de la persona imputada, o descartarlas al proferir la sentencia que en derecho corresponda.
La ley le atribuyó al juez de manera exclusiva y excluyente la potestad de asignar el mérito y valor a las pruebas y los hechos demostrados, no a las partes, regla que se mantiene para la apreciación de las estipulaciones.
En el rito de las estipulaciones resulta posible distinguir i) su existencia material, determinada por el perfeccionamiento del acuerdo de voluntades entre la Fiscalía y la defensa; ii) su existencia jurídica, iniciada con su postulación en la audiencia preparatoria y consolidada por la autorización que imparte el Juez a los convenios en la audiencia preparatoria para su incorporación en el juicio oral, y iii) la fase de apreciación, realizada con la emisión del fallo, en la que el sentenciador examina su mérito suasorio conjuntamente con el acervo acopiado.
De acuerdo con el artículo 357 ibídem, es en la audiencia de preparación del juicio donde el Juez examina las solicitudes probatorias de las partes e intervinientes, decreta aquellas que satisfagan las condiciones de pertinencia, conducencia, utilidad, admisibilidad y legalidad, e inadmite o rechaza las que no las cumplan. Tales reglas no se excluyen paran las estipulaciones, será también en esa audiencia en la que habrá de ejercerse el control material de legalidad y pertinencia de las estipulaciones anunciadas por las partes para admitir o inadmitir el acuerdo con miras a que sea incorporado en el juicio oral, según sea el caso.
Y ello es así porque las estipulaciones tienen la vocación de convertirse en fundamento probatorio de la sentencia, de suerte que su control judicial necesariamente debe agotarse en la audiencia prevista para la depuración de lo que ha de soportar la orientación del fallo que ha de proferirse.
Lo anterior implica que en la audiencia de preparación del juicio las partes no sólo deben anunciar si tienen la intención de celebrar estipulaciones probatorias, sino que tienen también la carga de identificar su contenido para que los intervinientes y el funcionario de conocimiento tengan elementos de juicio suficientes para ejercer el control material de pertinencia y legalidad que les compete, con base en los supuestos aludidos anteriormente.
Autorizadas, las estipulaciones y verificada su legalidad y pertinencia, ya en el juicio oral le corresponde a la Fiscalía o la defensa —cualquiera de ellas, porque ambas toman parte en su celebración y tienen interés en aportarlas— presentarlas ante el funcionario de conocimiento y solicitar su incorporación a efectos de que puedan ser tenidas en cuenta por el fallador al momento de resolver de fondo la controversia.
El debido proceso para la formación de la estipulación como prueba no impone la entrega de anexos para soportar el hecho objeto de aquella, como ya se ha señalado.
Puede ocurrir que un documento dé cuenta de una pluralidad de premisas, entre ellas la que fue materia de pacto por las partes, por lo que la solicitud y decreto de esa prueba documental será inadmisible si se pretende su incorporación para acreditar la misma hipótesis convenida por Fiscalía y Defensa, pero puede ser pedido y admitido como prueba si lo que se quiere es comprobar un supuesto diferente al que constituye el objeto de la estipulación.
Igual sucede, desde luego, con la prueba testimonial, habrá de rechazarse la que sea solicitada para probar supuestos fácticos estipulados, pero si un declarante, además de tener conocimiento personal y directo de aquellos, aprehendió por sus sentidos circunstancias de hecho que resultan relevantes para la solución del caso y distintas de las que fueron sustraídas del debate, podrá practicarse la prueba en lo que no guarde identidad con el objeto de las estipulaciones.
Con todo, aunque la audiencia preparatoria constituye el escenario legalmente previsto para que las partes celebren estipulaciones, nada se opone a que tales acuerdos se realicen con posterioridad a esa diligencia, concretamente, durante el juicio oral. No existe una disposición que lo proscriba y, tratándose de un proceso de partes y de un acuerdo bilateral que se configura por la concurrencia de la voluntad libre de la Fiscalía y la defensa, no puede seguirse de ello afectación o menoscabo del debido proceso probatorio para ninguna de las partes e intervinientes.
Admitir la celebración de estipulaciones en el curso de la audiencia de juzgamiento es una posibilidad que respeta los márgenes de legalidad previstos en la Ley 906 de 2004, ello favorece la materialización del principio dispositivo que subyace a la lógica acusatoria, permite la depuración del debate con la consecuente realización de la justicia pronta y cumplida y garantiza la eficacia y celeridad en la actuación procesal.
A diferencia de lo que sucede con otras manifestaciones de la justicia negociada y del principio dispositivo que subyace al sistema de tendencia acusatoria —el allanamiento y los preacuerdos— respecto de los cuales la legislación adjetiva expresamente proscribe la retractación con posterioridad a la aprobación impartida por el Juez(15), en relación con las estipulaciones probatorias no existe una disposición que proscriba el arrepentimiento de marras.
El criterio jurisprudencial señala implica entonces que, a partir de la incorporación de la estipulación al juicio oral, el contenido del convenio no es susceptible de variación o desistimiento.
Esta doctrina, a mi juicio, como lo he sostenido en anteriores salvamentos de voto, debe ser variada por las siguientes razones:
2.9.1. El criterio, que no distingue entre la retractación unilateral y la de común acuerdo y, por lo tanto, avala tanto la una como la otra, no se ofrece problemático cuando son ambas partes las que de consuno resuelven rescindir de una estipulación en el juicio oral antes de que sea incorporada, porque las posibles consecuencias que de esa conducta se sigan para sus respectivas teorías del caso deben ser asumidas por ellas.
En ese escenario, admitir la retractación unilateral de las estipulaciones hasta su incorporación en el juicio oral, podría comportar la violación a la defensa - si el perjudicado es el acusado -, y de igualdad de derechos, facultades y obligaciones para el Fiscal —si el lesionado es esta parte—; quien se arrepiente de introducir el acuerdo menoscaba la postura probatoria de la contraparte y aquél concurriría al debate en condición de ventaja.
2.9.1.1. Primera hipótesis. Si una de las partes se retracta unilateralmente de una o más estipulaciones en el juicio oral antes de su incorporación, surge para la contraparte la posibilidad de solicitar en ese momento el decreto y la práctica de las pruebas que requiera para demostrar el hecho o los hechos que habían sido sustraídos del debate probatorio.
De acuerdo con la configuración legal del procedimiento penal (artículos 355 y siguientes), la audiencia preparatoria es el escenario previsto para que las partes enuncien y pidan los medios de conocimiento que pretenden hacer valer en juicio a efectos de demostrar sus respectivas teorías del caso, con la justificación de la pertinencia, conducencia, admisibilidad y legalidad de cada una de ellas.
2.9.1.2. Segunda hipótesis. En el curso de la audiencia preparatoria, las estipulaciones deben presentarse con posterioridad a la enunciación, solicitud y decreto de las pruebas, de suerte que si alguna de las partes se retracta unilateralmente en el juicio de uno o más convenios, subsiste para el contrario la posibilidad de obtener la práctica de las que necesite para demostrar los hechos que habían sido sustraídos del debate, porque fueron oportunamente pedidas y autorizadas.
2.9.1.3. Tercera hipótesis. El criterio jurisprudencial conforme el cual las estipulaciones “al ser admitidas por el juez de conocimiento se tornan en irretractables y no al momento de su anunciación en la audiencia preparatoria” debe precisarse y entenderse en el sentido de que la retractación que resulta admisible es la que promueven de común acuerdo ambas partes, caso en el cual, se insiste, pueden desdecirse de la estipulación hasta el momento en que sea incorporada como prueba en el juicio oral.
2.9.2. Las pruebas, en general, sólo ingresan al acervo probatorio luego de practicadas en juicio oral y de ser incorporadas por las partes con la venia del Juez de conocimiento, y antes de ello la parte que las pide puede desistir de ellas(22); pero aunque las estipulaciones son, según quedó visto, pruebas de los hechos que se dan por acreditados, existen diferencias relevantes entre estas y los demás medios de conocimiento que imponen otorgarles tratamiento jurídico diferenciado en lo que al desistimiento o retractación respecta.
2.9.2.1. Es principio general del derecho universalmente reconocido y aplicable en sus distintas especialidades - constitucional, administrativa(24) y civil(25), entre otras - que “las cosas se deshacen como se hacen”, exteriorizado tradicionalmente con el aforismo latino “in iure sicut fit ita solvitur res”. Es también una regla de hermenéutica para la interpretación de la Ley, según lo señala el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.
2.9.2.2. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 906 de 2004, inserto en el título atinente a los principios rectores que rigen la actuación e informan la interpretación de la legislación adjetiva, “todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe”.
2.9.2.3. Los medios suasorios, para adquirir la connotación de prueba, deben surtir el procedimiento previsto en la Ley para ese efecto, y ser presentados ante el funcionario de conocimiento con cumplimiento de los principios de inmediación, publicidad, contradicción y oralidad.
2.9.2.4. La retractación unilateral de las estipulaciones, dada la ausencia de regulación legislativa en la materia y lo que emerge de un examen sistemático del proceso acusatorio, sus principios y valores fundantes, no es una solución atendible, por la afectación que ello implica, pues la interpretación de los institutos procesales debe propender por la más amplia garantía de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en la actuación y la eficacia en el ejercicio de la justicia, tal como lo imponen el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 y la regla hermenéutica pro homine(27).
2.9.3. A modo de síntesis, entonces, ha de tenerse como regla que las estipulaciones celebradas y anunciadas en la audiencia preparatoria son susceptibles de retractación de común acuerdo por la Fiscalía y la defensa hasta su incorporación en el juicio oral, no así de manera unilateral, por una sola de ellas.
La Estipulación Nº 4 no podía autorizarse porque se trata de excluir de debate probatorio el hecho indicante y la inferencia que establecen un indicio de responsabilidad en contra del procesado. Además, es contrario a derecho el anexo que se incorporó como prueba para ser valorada y que se hizo consistir en la hoja de vida.
La decisión sobre la Estipulación Nº 9 la comparto íntegramente.
La Estipulación Nº 10 presenta dos yerros para su ingreso al proceso como prueba. El objeto del pacto fueron normas jurídicas, el Manual de Funciones del Fiscal, no fueron hechos relativos a la conducta punible investigada. Pero además se obvio el debido proceso probatorio para la introducción de una prueba documental al expediente y se allegó la Resolución 2-1892 del 17 de agosto de 2007 a través de una estipulación, cuando se ha debido descubrir en la acusación, pedirse como prueba en la preparatoria y decretarse como tal como prueba documental para que en el juicio a través de un testigo de acreditación se allegara al expediente.
Magistrado, Eugenio Fernández Carlier.
(1) Así, por ejemplo, el Código Procesal Peruano (CPP04), cuyo artículo 350, numeral 2º, dispone que “los sujetos procesales…podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba”. Al efecto, véase Aguirre CH, Javier. “Convenciones o estipulaciones probatorias. Su aplicación en el Perú”. En http://www.incipp.org.pe.
(7) Cociña Cholaky, Martina. “La dinámica entre la búsqueda de la verdad y las convenciones probatorias en el proceso penal”. En Revista de Estudios de la Justicia. Universidad de Chile, Nº 18, página 151.
(24) Corte Constitucional, sentencias C-028 de 1997, C-983 de 2010, C-630 de 2011.

References: artículo 15
 artículo 32
 artículo 356
 Resolución 
 artículo 356
 artículo 433
 artículo 10
 artículo 356
 artículo 382
 artículo 356
 artículo 356
 artículo 357
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 350