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Timestamp: 2020-06-06 15:18:37+00:00

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Los derechos laborales en el marco de Ley 30833 y la nueva Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia | LP
El artículo 40 del Decreto Supremo 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, define la «extinción» de una entidad estatal, como el mecanismo de reforma de la estructura del Estado; por el cual una entidad pública desaparece de la estructura del Estado. De tal manera que, la extinción de acuerdo al artículo 41 Decreto Supremo, se aprueba por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo, previa opinión técnica de la Secretaría de Gestión Pública.
Por tanto, su ejercicio depende de las «circunstancias que afectan al trabajador, a su familia y a su salud y la de su entorno familiar, el lugar de su desarrollo laboral y el tiempo dedicado a su trabajo, las condiciones salariales a las que está sometido, la conducta que ha observado en su desempeño y su concreto rendimiento personal registrado».
Es del caso resaltar que en el literal l) del artículo 48 de la Ley 30057, se ha considerado como causa de conclusión del vínculo laboral, la «extinción» de la entidad por mandato normativo expreso. Para tal efecto, se exige que deben estar debidamente fundamentadas las causas y la excepcionalidad de su adopción, y contar con la opinión técnica favorable de SERVIR y de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, de modo previo a su aprobación.
Tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en el caso Anicama Hernández[2], el concepto de derechos fundamentales comprende: «tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad como una juridicidad calificable de básica».
La noción de «sustento constitucional directo» a que hace referencia el artículo 38 del Código Procesal Constitucional, no se reduce a una tutela normativa del texto constitucional formal. Alude, a una protección de la Constitución en sentido material (pro homine), en el que se integra la Norma Fundamental con los tratados de derechos humanos, tanto a nivel positivo (artículo 55 de la Constitución), como a nivel interpretativo (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución); y con las disposiciones legales que desarrollan directamente el contenido esencial de los derechos fundamentales que así lo requieran. Tales disposiciones conforman el denominado canon de control constitucional o «bloque de constitucionalidad».
Hacer lo contrario, sería disponer un cese arbitrario, incausado o nulo, según corresponda; y, por consiguiente, la autoridad habría actuado con total arbitrariedad. El artículo 4 de la Ley 30833, es claro y contundente, respecto a la garantía de la «permanencia» del personal sujeto al Decreto Legislativo 728, cuando, expresamente, señala que los trabajadores del este régimen laboral mantendrán vigente su relación laboral; garantía que no alcanza, ciertamente, al personal de confianza.
La calificación debe ser notificada al servidor evaluado. Este puede solicitar documentadamente la confirmación de la calificación adjudicada ante un Comité cuya conformación la establece el reglamento, que define la situación de modo irrecurrible; salvo la calificación como personal «desaprobado» que lleva a la terminación del vínculo en aplicación del literal i) del artículo 49 de la citada Ley. En este último caso procede recurrir al Tribunal del Servicio Civil en vía de apelación.
Asimismo, el artículo 2 de la Ley 27815, del Código de Ética de la Función Pública, define la función pública como «toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos».
Cabe destacar que en el artículo 23 de la Carta Fundamental se establece que: «Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador».

References: artículo 40
 artículo 41
 artículo 48
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 49
 artículo 2
 artículo 23