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Timestamp: 2016-10-20 20:08:55+00:00

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LEY FORAL 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia	LEY FORAL 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia Mis Leyes
LEY FORAL 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia Estado	:
TÍTULO I. DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.
CAPÍTULO I. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA.
CAPÍTULO II. DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS.
TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MENOR.
CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS: SU PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN.
CAPÍTULO III. DE LOS DEBERES DEL MENOR.
TÍTULO III. DE LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN.
TÍTULO IV. DE LA PROTECCIÓN.
CAPITULO II. DE LA SITUACIÓN DE RIESGO.
CAPÍTULO III. DE LA SITUACIÓN DE DESAMPARO.
CAPÍTULO IV. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS SITUACIONES DE RIESGO Y DESAMPARO Y DE LAS ACTUACIONES EN EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
SECCIÓN I. DEL APOYO A LA FAMILIA.
SECCIÓN II. DE LA GUARDA.
SECCIÓN III. DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA AUTOMÁTICA Y DE LA TUTELA ORDINARIA.
SECCIÓN IV. DEL ACOGIMIENTO.
SECCIÓN V. DE LA ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
Subsección I. Principios generales.
Subsección II. De la adopción nacional e internacional.
CAPÍTULO V. DE LOS MENORES EN CONFLICTO SOCIAL.
CAPÍTULO VI. DE LOS PROGRAMAS DE AUTONOMÍA PERSONAL.
TÍTULO V. DE LAS ACTUACIONES EN EL SISTEMA DE REFORMA.
TÍTULO VI. RÉGIMEN DE LOS CENTROS DE MENORES.
CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN.
CAPÍTULO II. ESTATUTO DE LOS MENORES RESIDENTES.
TÍTULO VII. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR.
CAPÍTULO II. DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
TÍTULO VIII. CONSEJO NAVARRO DEL MENOR.
Por otra parte, la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencia en materia de bibliotecas, deporte y ocio, espectáculos, asociaciones, educación, salud, contratos, medio ambiente y ecología, empleo, administración local y en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades del Derecho sustantivo o de la organización propias de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44, números 10, 14, 15 y 19, y en los artículos 46, 47, 49.1.c y d, 53, 57 y 58.1.b de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, materias todas ellas a las que se hace referencia en esta Ley Foral.
En aplicación de lo anterior, y en relación con la competencia para elaborar una legislación específica de Atención Integral al Menor que recoja y regule instituciones de Derecho civil, se puede señalar que el desarrollo del Fuero Nuevo no encuentra más límites, además de los previstos en la Constitución, que los derivados del propio objeto a desarrollar, de sus instituciones y de sus principios informadores en cuanto sistemas jurídicos autónomos de raíz histórica.
En este sentido el artículo 149.1.8 de la Constitución Española establece que es competencia exclusiva del Estado la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra.
Por otra parte, cuando hablamos del Derecho interregional privado nos estamos refiriendo a la resolución de conflictos en la aplicación de distintos ordenamientos jurídicos que coinciden en un mismo territorio. Y para la determinación del Derecho material aplicable será preciso tener en cuenta las reglas de conflicto contenidas en el Código civil, por ser esta materia competencia exclusiva del Estado. (149.1.8 CE)
El Derecho civil de Navarra es ley personal de las personas físicas de condición civil foral de navarros.
A las personas que no tengan la condición civil foral se les aplicará su ley personal, de acuerdo con lo dispuesto en el Código civil.
El carácter y contenido de la filiación, incluida la adoptiva, y las relaciones paterno filiales se regirán por la ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de la residencia habitual del hijo.
La adopción constituida judicialmente en Navarra se regirá, en cuanto a los requisitos, por lo que, en su caso, disponga el Derecho navarro.
En relación con la tutela y las demás instituciones de protección del menor, pueden distinguirse los siguientes supuestos:
Por último, resaltar que las disposiciones administrativas, como son todas aquéllas dictadas en materia de protección del menor, se rigen por el principio de territorialidad, por lo que se aplican a todos aquellos que se hallen en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
La primacía del interés superior del menor y la garantía de sus derechos sobre cualquier otro interés legítimo que concurra.
El carácter eminentemente educativo y socializador que deberá tener toda medida que se adopte en relación con el menor.
La búsqueda de la integración familiar y social de los menores, garantizando la permanencia de éstos en su entorno familiar y social, siempre que ello no suponga un perjuicio para sus intereses.
Se concibe la atención en centros como la última medida, aplicable solamente cuando no haya otra opción, bien porque las demás medidas se hayan revelado ineficaces, bien porque las circunstancias del caso lo requieran, teniendo un carácter temporal siempre que sea posible.
La prevención de las situaciones de desprotección y conflicto social, procurando detectar y paliar las carencias que impidan o dificulten el adecuado desarrollo personal y social del menor.
La cooperación, colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones privadas que intervengan en el ámbito de la atención al menor y en la defensa y promoción de sus derechos.
La promoción de la participación y de la solidaridad social en la problemática de los menores y sus familias, así como la sensibilización de la población, especialmente ante situaciones de desprotección y conflicto social.
El fomento en los menores de los valores de tolerancia, solidaridad, respeto e igualdad y, en general, de los principios democráticos de convivencia recogidos en la Constitución.
La confidencialidad de las actuaciones que se realicen en interés y defensa del menor.
La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.
La eficacia en la elección del mejor recurso existente para cada menor concreto, con la colaboración de las distintas instituciones.
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA.
La dirección, planificación y programación de las actuaciones en materia de prevención, protección y reforma de menores.
La determinación de los objetivos, prioridades y contenido mínimo de los planes que sobre estas materias y para su respectivo ámbito hayan de elaborar las Entidades Locales.
Las funciones generales de promoción y defensa de los derechos de los menores, en especial a través de la realización de campañas de sensibilización social.
El establecimiento de mecanismos de cooperación con otros órganos de la Administración de la Comunidad Foral y con el resto de Administraciones Públicas y entidades privadas que realicen actuaciones en el ámbito de la presente Ley Foral y el seguimiento y evaluación de las actividades que éstos realicen en este ámbito.
La prestación, gestión y fomento de los recursos y programas adecuados en materia de prevención, protección y reforma del menor.
La autorización, inspección y control de todos los servicios y centros destinados a menores en situación de desprotección y conflicto social y a menores infractores.
La acreditación, inspección y control de las entidades colaboradoras en la adopción.
La gestión del Registro de Menores contemplado en la presente Ley Foral.
El diseño, supervisión y, en su caso, ejecución de las acciones de formación y especialización de los profesionales y colaboradores en esta materia.
La organización y desarrollo de programas de estudio e investigación sobre las materias objeto de esta Ley Foral.
La adopción y cese de las medidas de protección y la ejecución de las medidas de reforma, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Ministerio Fiscal y a los órganos jurisdiccionales competentes en materia de menores.
La cooperación con las Entidades Locales en el desarrollo de los servicios básicos y especializados de apoyo a la familia.
El desarrollo, ejecución y seguimiento de los acogimientos, así como la información, captación, valoración, formación, selección y seguimiento de las personas acogedoras.
La información, captación, valoración y formación de solicitantes de adopción, así como el apoyo y la mediación post-adopción.
La declaración de idoneidad y la selección de los solicitantes de adopción nacional, así como la propuesta para su constitución en los supuestos previstos en la legislación civil.
La declaración de idoneidad de los solicitantes de adopción internacional y la aceptación de las preasignaciones, en su caso, así como la garantía de las actuaciones de seguimiento.
El establecimiento de criterios técnicos de actuación para cada uno de los recursos del sistema público de atención y protección.
La creación de centros y de servicios especiales de atención a los menores.
Cualesquiera otras atribuidas por esta Ley Foral o por el resto del ordenamiento jurídico.
La creación y gestión de los servicios sociales básicos que de manera más directa sirvan a la atención de las necesidades de los menores y de sus familias.
La creación y gestión de los servicios especializados de apoyo a la familia regulados en el artículo 54 de esta Ley Foral, exceptuados los especializados creados por la Administración de la Comunidad Foral, y de los de información y formación de quienes ejerzan o puedan ejercer funciones parentales.
El desarrollo de las actuaciones dirigidas a la formación de los menores en el conocimiento y ejercicio de los derechos que les reconoce y garantiza el ordenamiento jurídico, y esta Ley Foral en particular, así como de las acciones para su promoción y defensa.
La planificación de las actuaciones de prevención y protección del menor en su ámbito territorial, en el marco y de acuerdo con los contenidos fijados en la planificación de la Administración de la Comunidad Foral, así como la participación en la elaboración de ésta en los términos establecidos en la legislación vigente.
La realización de actuaciones de prevención de las situaciones de desprotección y conflicto social en su ámbito territorial, en el marco establecido en esta Ley Foral.
La detección, declaración e intervención de las situaciones de riesgo de los menores, especialmente en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial, salvo en los supuestos establecidos en las letras a y b del artículo 47.1.
La recogida de datos y la realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades de los menores y familias de su ámbito territorial, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas.
La adopción, en colaboración con el Departamento de la Administración de la Comunidad Foral competente en materia de educación, de las medidas necesarias para garantizar la escolarización obligatoria, en especial para combatir el absentismo escolar.
El fomento, en su respectivo ámbito, de la iniciativa social, la participación ciudadana y el voluntariado de los menores, y el de la población en general, en relación con todas las actuaciones reguladas en la presente Ley Foral.
Las demás que por esta Ley Foral les son asignadas y las que les atribuye el resto del ordenamiento jurídico.
Las actuaciones materiales, técnicas o de servicio en ejercicio de la guarda de los menores.
La colaboración con la Administración de la Comunidad Foral en la investigación, evaluación, toma de decisiones, intervención, seguimiento e integración familiar y social de los menores en el marco de las actuaciones de atención y protección contempladas en la presente Ley Foral.
La colaboración con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en la ejecución material de las medidas impuestas a los menores infractores, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, así como la cooperación en las actuaciones de seguimiento y de apoyo para la integración familiar y social de los mismos.
Estar legalmente constituidas y registradas.
Tener recogidos en sus estatutos o reglas fundacionales como finalidad la promoción y la protección de los menores.
Disponer de la organización y los equipos interdisciplinares adecuados para el desarrollo de las funciones encomendadas de atención al menor que se determinen reglamentariamente.
Garantizar la formación y cualificación de los profesionales que prestan sus servicios en dichas entidades.
Respetar los derechos reconocidos a los menores por el ordenamiento jurídico.
Realizar las tareas y actividades para las que estén acreditadas conforme a las normas, instrucciones y directrices que se dicten por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral.
Facilitar las actuaciones de inspección y control que se realicen por la Administración de la Comunidad Foral.
Permanecer inscritas en los registros administrativos establecidos.
Cualesquiera otras que se prevean reglamentariamente o se establezcan expresamente en las resoluciones de acreditación.
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MENOR.
Actuar de oficio o a instancia de parte mediante quejas de vulneración.
Requerir a la Administración de la Comunidad Foral su actuación en materias relacionadas con esta Ley foral.
Valorar la situación de la infancia y adolescencia en la Comunidad Foral en su informe anual.
Requerir a la Administración de la Comunidad Foral para que se cumplan de forma efectiva los programas y actuaciones previstos en la ley.
DE LOS DERECHOS: SU PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, quedando comprendidos en este derecho la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones.
En los casos en que los derechos recogidos en la letra anterior queden vulnerados por la difusión de información o la utilización de imágenes o nombres de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación que pueda implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, el ministerio fiscal deberá intervenir instando de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la ley y solicitando las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. Tales actuaciones procederán incluso si consta el consentimiento del niño, niña o adolescente o de sus representantes legales.
En los casos a que se refiere la letra anterior, y sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del niño, niña o adolescente, el ministerio fiscal podrá actuar de oficio o a instancia del propio niño, niña o adolescente o de cualquier persona interesada, física o jurídica, o entidad pública.
Los padres y madres, tutores o guardadores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán frente a posibles ataques de terceros.
En los Centros Sanitarios públicos o privados en que se produzcan nacimientos establecerá las garantías suficientes para la inequívoca identificación de los recién nacidos.
Asimismo, adoptará las medidas necesarias para la inscripción del nacimiento de un menor en el Registro Civil cuando quienes tienen la obligación legal de promover tal inscripción no lo hagan.
El respeto y conocimiento de la naturaleza por parte de los menores, concienciándoles sobre la importancia de un medio ambiente saludable.
Programas formativos, divulgativos y de concienciación sobre el reciclaje de residuos y el uso responsable de los recursos naturales y la adquisición de unos hábitos positivos para la conservación del medio ambiente.
DE LOS DEBERES DEL MENOR.
Estudiar durante la enseñanza obligatoria, para contribuir así a su formación y al pleno desarrollo de su personalidad, viniendo obligados a asistir al centro docente y a respetar en él las normas de convivencia.
Respetar en todo momento a los profesores y demás personal de los centros docentes en los que estudien, así como a sus compañeros.
Asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes a la titularidad y ejercicio de los derechos que les son reconocidos.
Mantener un comportamiento cívico acorde con las exigencias de convivencia de la sociedad basadas en la tolerancia y en el respeto a la ley y a los derechos de las demás personas.
Respetar el medio ambiente y el patrimonio cultural e histórico y colaborar en su conservación y mejora.
Respetar los bienes de dominio público y, en particular, el patrimonio urbano.
DE LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN.
Velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción.
Fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso recreativo y socializador del tiempo libre.
Limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral.
Disminuir los factores que conduzcan a una situación de riesgo del menor.
Evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.
En el ámbito de la sensibilización sobre los derechos de los menores:
La información dirigida a los menores y a sus familias sobre sus derechos y sobre los recursos destinados a su atención y protección, facilitándoles el acceso a los mismos.
La puesta a disposición de los menores de cauces de comunicación y consulta con los servicios públicos respecto de su situación.
La concienciación acerca de las necesidades de los menores y de las formas adecuadas para atenderlas.
La prevención y control para la erradicación de la mendicidad infantil.
La promoción de servicios de atención a los menores en aquellas edades en las que la enseñanza no es obligatoria, dando prioridad de acceso a los mismos a los menores con discapacidades y a aquellos sectores de la población más desfavorecidos desde el punto de vista socio-cultural y económico.
La garantía de la escolarización obligatoria y el control del absentismo escolar.
La prevención del fracaso escolar.
El desarrollo de programas formativos de garantía social dirigidos a menores en situación de rechazo del sistema escolar ordinario, fracaso o absentismo.
El desarrollo de programas de integración social de los menores con dificultades especiales.
Las medidas compensatorias concretas dirigidas a menores procedentes de medios desfavorecidos.
El desarrollo de programas educativos que contemplen medidas específicas para los niños, niñas y adolescentes inmigrantes. Estos programas se desarrollarán contando con los profesionales de la educación, educadores sociales y todo aquel personal especializado que sepa de la atención que requiere esta población específica.
La inclusión de programas transversales de educación dirigidos a la prevención del acoso escolar, de la violencia de género, propiciando la igualdad, y de las actitudes xenófobas, favoreciendo el respeto y la integración de los diferentes.
El desarrollo de programas con personal cualificado en los centros escolares para control y erradicación del acoso escolar que sufren las niñas, niños y adolescentes.
La educación para la salud, la realización de campañas de vacunación dirigidas a la población más vulnerable, las actuaciones específicas para la prevención de las enfermedades discapacitantes en la población infantil, y el desarrollo de programas de atención temprana.
La educación afectivo-sexual adecuada a cada etapa evolutiva del menor.
La prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
La prevención entre menores de las conductas autolesivas.
La prevención de los accidentes, especialmente en el ámbito del hogar.
La preparación de los futuros padres comenzando por el parto. La preparación con el personal existente en los centros de salud incluirá el desarrollo de habilidades en el campo psicológico de la paternidad-maternidad, permitiendo el conocimiento de situaciones de angustia que se crean ante esta nueva situación, hasta la detección precoz de los problemas que se puedan plantear
La promoción de la educación para la responsabilidad parental, y en particular la dirigida a familias monoparentales, familias carentes de red social o de apoyos básicos con hijos enfermos mentales, y a las familias inmigrantes.
Los programas dirigidos a suprimir el uso del castigo físico en el ámbito familiar.
La realización de actuaciones de carácter social o terapéutico dirigidas a la consecución del adecuado ejercicio de las funciones parentales, al desarrollo de una dinámica familiar adecuada y a evitar el desarraigo en su ámbito.
La prestación de ayudas económicas compensadoras de carencias económicas y materiales, destinadas a la atención de las necesidades básicas.
Los programas de orientación y mediación familiar, y los dispositivos para facilitar el encuentro entre padres y madres separados y sus hijos.
La prestación de ayuda a domicilio.
En el ámbito de las relaciones sociales, ocio y animación:
Los programas de autoprotección dirigidos a los menores para que puedan hacer frente a situaciones de peligro.
La prevención de la violencia y los abusos sexuales a los menores.
El desarrollo de actuaciones de prevención general o especial de las conductas asociales y de la delincuencia, y favorecedoras de la integración social de los menores en situación de desajuste social.
El fomento de los valores y habilidades cooperativos, de solidaridad, de civismo y de no violencia.
La orientación para el uso adecuado del ocio y el tiempo libre.
La preparación para la vida adulta.
En el ámbito de la formación y el empleo:
El fomento del empleo joven, con especial apoyo a aquéllos que, por sus circunstancias personales o sociales, encuentren mayores dificultades para su incorporación laboral.
La prevención de las situaciones de explotación laboral.
Comunicar las faltas de asistencia injustificadas al centro escolar.
Establecer de común acuerdo con las Entidades Locales competentes las medidas precisas para combatir el absentismo escolar.
La declaración e intervención en situaciones de riesgo.
La asunción de la tutela por ministerio de la Ley, previa declaración de la situación de desamparo o, en su caso, la promoción del nombramiento judicial de tutor para el menor.
La tutela ordinaria.
El apoyo a la familia, cuando en la Resolución que la adopte se determine su carácter de medida.
La asunción de la guarda del menor.
La propuesta de adopción del menor ante el Juez competente.
Las medidas establecidas en el capítulo V con respecto a los menores en situación de conflicto social.
Cualesquiera otras medidas que redunden en interés del menor, atendiendo a sus circunstancias familiares, personales y sociales.
Mayoría de edad o emancipación del menor.
Adopción del menor.
Resolución del órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron la adopción de la medida y el interés del menor así lo aconseje.
Cumplimiento del plazo previsto en la resolución de adopción de la medida y, en su caso, de su prórroga.
El respeto a la autonomía personal de los menores, a su libertad y dignidad, y a sus señas de identidad individuales y colectivas.
La prioridad de la intervención en el entorno familiar del menor, procurando la participación de los padres y demás miembros de ese núcleo en el proceso de integración y normalización que, siempre que sea posible, debe facilitar su mantenimiento y la permanencia en el mismo.
Cuando sea precisa la separación del menor de la familia se dispondrán recursos alternativos, considerando su retorno con la familia en cuanto las circunstancias lo permitan. Si la separación es definitiva, se gestionará su incorporación, en el más breve plazo, a otro núcleo familiar lo más adecuado a sus necesidades y características, así como lo más estable posible, procurando entonces, siempre que no resulte perjudicial para ellos, que los hermanos permanezcan juntos, que puedan mantenerse contactos con el grupo de origen y con otras personas significativas. En ambos casos se garantizará al menor una calidad de vida y una educación adecuadas a sus necesidades.
La intervención administrativa se reducirá al mínimo necesario para asegurar la adecuada protección, interfiriendo lo menos posible en la vida del menor y en la de su familia.
La participación del menor, en función de sus capacidades, y la de sus padres siempre que sea conveniente para los intereses de aquél, en la toma de decisiones sobre su situación y sobre las medidas a adoptar.
La interdisciplinariedad en el diagnóstico de los casos, en la toma de decisiones y en la intervención.
El seguimiento y control de la ejecución y la periódica revisión de las medidas en curso, a fin de resolver en cada caso sobre su mantenimiento, modificación o cese.
A ser protegido, aun con la oposición de sus padres, una vez se constate la situación de riesgo o de desamparo, y a que se considere especialmente su voluntad, en relación con la preparación para la vida independiente, cuando haya alcanzado los dieciséis años de edad.
A conocer acerca de su situación personal, de las medidas a adoptar, su duración y contenido, y de los derechos que le corresponden, para todo lo cual se le facilitará una información veraz, comprensible, adecuada a sus condiciones, continua y lo más completa posible a lo largo de todo el proceso de intervención.
A ser oído para expresar su opinión y, siempre que tenga doce años cumplidos o madurez y capacidad suficientes, a participar en la toma de decisiones sobre su caso, todo ello a salvo de los supuestos en los que deba prestar su consentimiento conforme a lo establecido en la legislación civil.
A ser considerado sujeto activo en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades, debiendo todas las Administraciones Públicas de Navarra promover y garantizar, social y jurídicamente, su autonomía personal.
A la seguridad jurídica y emocional proporcionadas por una tramitación lo más eficaz y rápida posible, que impida la prolongación de las medidas de carácter provisional, evite las intromisiones en la esfera de su intimidad más allá de lo estrictamente preciso y restrinja al mínimo imprescindible las limitaciones a su capacidad de obrar y las interferencias en su vida y en la de su familia.
A permanecer en su familia siempre que sea posible y, caso de haber sido separado de ella, a que se considere su retorno a aquélla en cuanto las circunstancias lo permitan y, si ello no fuera viable, a incorporarse cuanto antes a otro núcleo familiar, así como a mantener contactos con el grupo de origen y con otras personas significativas para él, siempre que ello no interfiera o perjudique la finalidad protectora.
A disponer de los medios que faciliten su integración social desde el respeto a su identidad cultural y de idioma.
A que su familia reciba la ayuda y apoyo suficientes para que pueda atenderle en condiciones mínimas adecuadas.
A conocer, en los supuestos de acogimiento, en función de su edad y capacidad, su historia personal y familiar y, si ha sido separado de su familia de origen de manera definitiva, sus antecedentes culturales y sociales, que serán en todo caso respetados.
A la total confidencialidad y reserva acerca de sus circunstancias personales y las de su familia, salvo en lo estrictamente necesario para asegurar una intervención eficaz y siempre en su interés.
A relacionarse directamente con el Ministerio Fiscal y con los responsables técnicos y administrativos de su protección.
La falta de atención física o psíquica del menor por parte de sus padres, tutores o guardadores que suponga perjuicio leve para su salud física o emocional, descuido no grave de sus necesidades principales u obstaculización para el ejercicio de sus derechos, cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.
La incapacidad de las personas referidas en el apartado anterior para dispensar adecuadamente al menor la referida atención física y psíquica, no obstante su voluntad de hacerlo.
La utilización del castigo físico o emocional sobre el menor que, sin constituir episodio severo o patrón crónico de violencia, perjudique su desarrollo.
Las carencias de todo orden que, no pudiendo ser adecuadamente compensadas en el ámbito familiar, ni impulsadas desde éste para su tratamiento a través de los servicios y recursos normalizados, puedan propiciar la exclusión social, inadaptación o desamparo del menor.
El conflicto abierto y permanente de los progenitores, separados o no, cuando anteponen sus necesidades a las del niño o la niña.
Cualesquiera otras de las contempladas en el artículo 34.3 que, de persistir, pudieran evolucionar y derivar en desamparo del menor.
La mejora del medio familiar, con la colaboración de los padres, tutores o guardadores y del propio menor.
La eliminación, neutralización o disminución de los factores de riesgo mediante la capacitación de los padres para atender adecuadamente las necesidades del menor, proporcionándoles los medios tanto técnicos como económicos que permitan su permanencia en el hogar.
La satisfacción adecuada de las necesidades principales del menor por los servicios y recursos normalizados.
El complemento a la actuación de los padres hasta donde sea necesario, propiciando el regreso del menor cuando se haya asumido su guarda.
Cuando la declaración de la situación de riesgo determine la necesidad de la separación de la familia y la asunción de la guarda a solicitud de los padres, tutores o guardadores.
Cuando la intervención, orientada a evitar la separación de la familia, implique actuaciones para las que no se cuente con la colaboración o el acuerdo de los padres o tutores.
Cuando a la finalización de un acogimiento familiar o residencial se estime necesario prolongar los apoyos facilitados durante el mismo o iniciar nuevas medidas que no puedan ser asumidas por las Entidades Locales.
Cuando, correspondiendo hacerlo a las Entidades Locales competentes para ello, éstas no las ejecuten.
Cuando las circunstancias que dieron lugar a la misma desaparezcan o se entiendan debidamente compensadas.
Cuando se adopten otras medidas de protección de las previstas en el artículo 35 de la presente Ley Foral, a salvo, en su caso, las de apoyo a la familia.
DE LA SITUACIÓN DE DESAMPARO.
El abandono voluntario del menor.
El maltrato físico o psíquico grave o leve con carácter crónico, así como los abusos sexuales por parte de las personas que integren la familia, o por parte de terceros existiendo desprotección para el menor.
La inducción o permisibilidad de la mendicidad, delincuencia o prostitución.
La explotación laboral, ya sea de forma esporádica o estable, o cualquier otra explotación económica de naturaleza análoga.
La negligencia física o emocional en la atención al menor con carácter grave o crónico.
La inducción, consentimiento o tolerancia de la drogadicción o el alcoholismo del menor.
La no recuperación de la guarda una vez desaparecidas las circunstancias justificativas de la asunción de ésta por la Administración.
La falta de escolarización habitual del menor.
La drogadicción o alcoholismo habitual en las personas que integran la unidad familiar y, en especial, de quienes ostenten la responsabilidad parental del menor, siempre que menoscabe el desarrollo y bienestar del menor.
El trastorno mental grave de los padres, tutores o guardadores que impida el normal ejercicio de la patria potestad, de la tutela o de la guarda.
Cualesquiera otras situaciones que se produzcan de hecho a causa del incumplimiento o de un imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores y que generen que éstos queden privados de la necesaria asistencia.
Resolución de la Entidad Pública competente, cuando se entiendan desaparecidas las circunstancias que motivaron su adopción, así como cuando lo aconseje el interés del menor.
Vencimiento del término o plazo inicialmente fijado, o de la prórroga acordada, en su caso.
Resolución judicial firme, en los casos legalmente previstos.
La mayoría de edad o emancipación del menor protegido.
Fallecimiento, desaparición o cambio de residencia con carácter estable fuera de la Comunidad del menor protegido.
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LAS SITUACIONES DE RIESGO Y DESAMPARO Y DE LAS ACTUACIONES EN EJECUCIÓN DE ÉSTAS.
El asesoramiento y la orientación técnica para facilitar el adecuado ejercicio de las funciones parentales y una dinámica familiar normalizada.
La educación familiar para capacitar a las figuras parentales en sus funciones de atención, educación y cuidado de los hijos.
Los programas de intervención familiar para la preservación o reunificación de la familia, y para la normalización de la convivencia en la misma.
El seguimiento de la evolución del menor en la familia.
La atención en centros de día y en centros de atención a los menores en las edades en que la escolarización no es obligatoria.
Las ayudas y prestaciones económicas temporales.
La ayuda a domicilio para permitir la permanencia en el mismo de los menores y favorecer su cuidado y atención.
El aprendizaje en resoluciones del conflicto con mediadores como alternativa a la violencia, facilitando los medios para la ayuda en la separación de los cónyuges de forma civilizada.
Cualquier otra que contribuya a la consecución de los fines previstos en el artículo anterior.
Cuando como consecuencia de la declaración de desamparo asuma la tutela del mismo por ministerio de la Ley.
Cuando los titulares de la patria potestad, tutores o guardadores, así lo soliciten, justificando no poder atenderle por circunstancias graves, una vez se compruebe dicha imposibilidad.
Cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.
Por las causas a las que hace referencia el artículo 173.4 del Código Civil.
Por vencimiento del término o plazo inicialmente fijado, o de la prórroga acordada, en su caso.
Cuando se entienda que la medida ha alcanzado los objetivos previstos, que ha devenido inapropiada o que puede ser sustituida por otra de aplicación preferente.
En el caso de la guarda voluntaria, a petición de las mismas personas que la solicitaron, una vez se compruebe la desaparición de las causas que motivaron su asunción.
Favorecerá la permanencia del menor en su propio ambiente, procurando el acogimiento con la familia extensa, salvo que tal medida no resulte aconsejable para los intereses del menor.
Dará prioridad al acogimiento familiar sobre el residencial.
Facilitará las relaciones entre el menor y su familia natural para posibilitar su reintegración a la misma.
Intentará atribuir la guarda de todos los hermanos a un mismo acogedor.
El acogimiento se mantendrá por el tiempo estrictamente necesario, procurando la integración del menor en el entorno social y la asistencia a los sistemas educativos, sanitarios y laborales.
Se procurará que la modalidad de acogimiento sea la más adecuada a las concretas necesidades del menor y que esté más próximo a su entorno familiar, a fin de que la relación entre éste y su familia no sufra excesivas alteraciones, salvo cuando no se considere conveniente este contacto.
El registro de los solicitantes de adopción se determinará con base en la fecha de solicitud. No obstante, para la adopción de menores con características especiales el orden de antigüedad no será prevalente.
Sólo se promoverá la adopción del menor cuando, efectuada la exhaustiva valoración de la situación familiar, resulte inviable la permanencia o reintegración del menor en su familia.
Para garantizar la plena integración del menor en su nueva familia, se podrá promover un período de acogimiento familiar preadoptivo, comprobando el positivo resultado del mismo.
Todas las actuaciones en materia de adopción se realizarán con la necesaria reserva y confidencialidad.
Los solicitantes de adopción no podrán realizar ningún tipo de discriminación por razón de sexo o raza del menor en su solicitud.
Se requerirá el consentimiento del adoptando mayor de 12 años y se le oirá y valorará su opinión si fuera menor de esta edad y tuviera suficiente juicio.
La solicitud de adopción deberá ser actualizada cada cinco años mediante una nueva instancia y se mantendrá informado al órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral de cuantos cambios en los datos de identificación se produzcan.
Por encima de todo, primará el superior interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
Ser persona mayor de 25 años, de estado civil soltera, viuda, divorciada, casada o en situación de pareja estable. En la adopción conjunta por ambos cónyuges o por la pareja estable basta con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado.
No padecer enfermedad física o psíquica que impida el cuidado del menor.
No haber sido privado de la responsabilidad parental o no estar incurso en causa de privación de la misma.
Acreditar dos años de convivencia, en el supuesto de que la adopción se solicite por parejas.
Haber sido declarados idóneos por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
No poseer antecedentes penales, lo cual deberá acreditarse con el certificado correspondiente.
Artículo 75. Menores con características especiales. A los efectos de esta Ley Foral se consideran menores con características especiales:
Artículo 79. La Adopción Internacional. Con carácter general no se admitirá a trámite más de una solicitud de adopción internacional.
Artículo 81. Declaración de idoneidad. 1. Los solicitantes deberán realizar una serie de entrevistas con los técnicos designados por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral para determinar la idoneidad psicológica y social de aquéllos para la adopción. Reglamentariamente se determinará el número y características que deberán tener estas entrevistas.
Artículo 82. Registro de Adopciones de Navarra. 1. Se crea el Registro de Adopciones de Navarra.
DE LOS MENORES EN CONFLICTO SOCIAL.
La orientación y el seguimiento consistentes en realizar un programa educativo especializado.
La formación ocupacional de carácter prelaboral, consistente en participar activamente en talleres ocupacionales y de inserción prelaboral.
La atención especializada socioeducativa o terapéutica, consistente en someterse a las intervenciones de profesionales, una vez detectadas carencias relevantes. Esta medida podrá conllevar el ingreso del menor en un centro especializado. No obstante, el ingreso se planteará siempre una vez que hayan fracasado otras medidas, tales como la intervención de educador familias, terapia familiar, etc
DE LOS PROGRAMAS DE AUTONOMÍA PERSONAL.
DE LAS ACTUACIONES EN EL SISTEMA DE REFORMA.
En el proceso de la ejecución de la medida se velará porque prevalezca, sobre todo, el interés del menor y el respeto de los derechos que le son reconocidos.
En la aplicación de estas medidas, primará el contenido y finalidad educativa de las mismas.
En la ejecución material de las medidas se velará por la menor dilación temporal posible entre la notificación de la misma y su efectivo cumplimiento.
La intervención será individualizada y atenderá, desde una perspectiva integral, a las necesidades y circunstancias de cada menor infractor, y será compatible con el respeto a su intimidad e identidad y con la progresiva consideración de su opinión y voluntad en razón de su edad y madurez.
Se estimulará el desarrollo personal de los menores infractores, favoreciendo su autonomía y autorresponsabilidad.
Se proporcionará atención a los menores infractores, siempre que sea posible, a través de los servicios generales, procurando su permanencia en un entorno familiar y social adecuado, dando preferencia al suyo propio.
En el proceso de integración social de los menores infractores se fomentará la participación y colaboración del grupo familiar, de las personas de su entorno próximo y de las instituciones y entidades, públicas y privadas, que incluyan tal actividad entre sus fines, estableciéndose reglamentariamente los cauces para hacerlas efectivas.
RÉGIMEN DE LOS CENTROS DE MENORES.
RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN.
Disponer de un proyecto socioeducativo de carácter general y prestar una atención personalizada a los menores.
Ofrecer un marco de convivencia adecuado al desarrollo de los menores.
Fomentar las relaciones que favorezcan el desarrollo integral de los menores.
Llevar a cabo cuantas intervenciones sociofamiliares resulten precisas para procurar la integración familiar y social de los menores.
ESTATUTO DE LOS MENORES RESIDENTES.
A ser atendidos sin discriminación por cualquier razón, condición o circunstancia personal o social.
A recibir un trato digno tanto por el personal del centro como por los demás residentes.
A tener cubiertas las necesidades fundamentales de la vida cotidiana que le permitan el adecuado desarrollo personal.
Al respeto a su intimidad personal y de sus pertenencias individuales en el contexto educativo que rige en el centro.
A la utilización reservada de su historial y de los datos que consten en el mismo, así como a que los profesionales que se relacionen con ellos guarden el correspondiente secreto.
A conocer su situación legal y a participar en la elaboración de su proyecto individual.
A ser oídos en las decisiones de trascendencia si hubieren cumplido los 12 años y cuando tuvieren juicio suficiente si no alcanzan dicha edad.
A las relaciones con los familiares y otras personas y al régimen de visitas establecido legalmente o por decisión judicial.
A participar de forma activa en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas, sean internas o externas.
A disfrutar en su vida cotidiana de unos períodos equilibrados de sueño, actividad y ocio.
A que se les posibilite, en la medida de lo posible, el adecuado desarrollo de su personalidad.
Cumplir las normas de funcionamiento y convivencia de los centros.
Respetar la dignidad y funciones del personal del centro y de los demás residentes.
Desarrollar con la debida dedicación y aprovechamiento las actividades educativas, laborales y de formación.
Incumplir levemente las normas de convivencia del centro.
Faltar levemente al respeto a cualquier persona dentro o fuera del centro.
Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos o sustancias no prohibidas por las normas de régimen interno.
Causar daños o inutilizar las dependencias, materiales y efectos del centro y pertenencias de otros por falta de cuidado o de diligencia en su utilización.
Las acciones u omisiones previstas en el apartado 3 de este artículo, siempre que el incumplimiento o los perjuicios no fueran graves, atendiendo a las circunstancias concurrentes.
Incumplir gravemente las normas de convivencia del centro.
Insultar, faltar gravemente al respeto, o agredir, amenazar o coaccionar de manera leve a cualquier persona dentro o fuera del centro.
Instigar a otros menores internados a motines, insubordinaciones o desórdenes colectivos, sin conseguir que éstos le secunden.
No volver al centro, sin causa justificada, el día y hora establecidos después de una salida temporal autorizada.
Intentar de forma manifiesta la fuga del centro.
Desobedecer las órdenes recibidas del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas.
Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales y efectos del centro o las pertenencias de otras personas en cuantía inferior a 300 euros.
Causar daños o inutilizar las dependencias, materiales y efectos del centro o pertenencias de otras personas por temeridad.
Introducir, poseer o consumir en el centro objetos o sustancias que estén prohibidas por las normas de régimen interno, distintos de los establecidos en las letras g e i del apartado 4.
Autolesionarse como medida reivindicativa o simular lesiones o enfermedades para evitar la realización de actividades obligatorias.
Incumplir las condiciones y medidas de control establecidas en las salidas autorizadas.
Las acciones u omisiones previstas en el apartado 4 de este artículo, siempre que el incumplimiento o los perjuicios no fueran muy graves, atendiendo a las circunstancias concurrentes.
Agredir, amenazar o coaccionar de manera grave a cualquier persona dentro o fuera del centro.
Participar en motines, insubordinaciones o desórdenes colectivos o haber instigado a realizarlos en el caso de que se hayan producido.
Facilitar o consumar la fuga del centro.
Resistirse de manera activa y grave al cumplimiento de las órdenes del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro o las pertenencias de otras personas en cuantía superior a 300 euros y causar daños deliberadamente en los mismos.
Introducir, poseer o consumir en el centro drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
Introducir o poseer en el centro armas u objetos peligrosos para las personas.
Privación de actividades recreativas del centro por tiempo máximo de uno a seis días.
La privación de salidas de fin de semana de uno a quince días.
La privación de salidas de carácter recreativo por tiempo máximo de un mes.
La privación de participar en las actividades recreativas del centro durante un período de siete a quince días.
Separación del grupo en casos de evidente agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia por tiempo máximo de dos días.
La separación del grupo durante uno a dos fines de semana.
Privación de salidas de fin de semana de quince días a un mes.
Privación de salidas de carácter recreativo por un periodo de uno a dos meses.
Separación del grupo por un período de tres a siete días en casos de evidente agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia.
Edad y características del menor.
El proyecto educativo individual.
El grado de intencionalidad o negligencia.
La reiteración de la conducta.
La perturbación del funcionamiento del centro.
Los perjuicios causados a los demás residentes, al personal o a los bienes o instalaciones del centro.
A ser oído, siempre que hubiera cumplido los 12 años, en todo caso, y cuando tuviera suficiente juicio.
A aportar pruebas.
A ser asesorado por la persona del centro que designe.
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
No facilitar por parte de los titulares de los centros o servicios el tratamiento y la atención que necesiten los menores, siempre que no se deriven perjuicios para los mismos.
No gestionar plaza escolar para el menor en período de escolarización obligatorio.
Utilizar informes sociales o psicológicos relativos al menor o a su familia para usos no autorizados.
Todas aquellas acciones u omisiones que supongan una lesión o desconocimiento de los derechos de los menores reconocidos en la presente Ley Foral.
No poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible situación de riesgo o desamparo en que pudiera encontrarse un menor.
Intervenir con funciones de mediación en la acogida o adopción de menores sin la previa acreditación administrativa.
Incumplir las resoluciones administrativas que se dicten en materia de atención a los menores.
Difundir, a través de los medios de comunicación, imágenes o datos personales de los menores.
Excederse en las medidas correctoras a los menores sometidos a medidas judiciales, o la limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales o en las normas que regulen el funcionamiento interno de los centros e instituciones en los que se encuentren aquéllos.
El incumplimiento por el centro o personal sanitario de la obligación de identificar al recién nacido de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la presente Ley Foral.
Dificultar la asistencia al centro escolar sin causa justificada, por parte de quienes sean titulares de la patria potestad, tutores o guardadores del mismo.
Utilizar a menores en actividades o espectáculos prohibidos a los mismos.
Permitir la entrada de menores en los establecimientos o locales en los que está prohibido su acceso.
Vender, suministrar, exhibir o emitir imágenes, mensajes, objetos o publicaciones que puedan ser perjudiciales para los menores o que inciten a actitudes o conductas que vulneren los derechos y los principios reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
Vender, alquilar, difundir o proyectar a los menores vídeos, videojuegos o cualquier otro material audiovisual que directa o indirectamente inciten a la violencia y a actividades delictivas, a cualquier forma de discriminación, o contengan un contenido pornográfico, o que sea contrario a los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
El uso indebido del Registro de las situaciones del menor.
Todas aquellas acciones u omisiones que suponga una lesión o desconocimiento grave de los derechos de los menores reconocidos en la presente Ley Foral.
Incurrir en las infracciones graves previstas en el artículo anterior si de las mismas se derivara u daño o perjuicio para los derechos de los menores de difícil o imposible reparación.
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
Infracciones leves: amonestación por escrito o multa de hasta 6.000 euros.
Infracciones graves: multa de 6.001 a 120.000 euros.
Infracciones muy graves: multa de 120.001 a 600.000 euros.
Cierre temporal o definitivo, total o parcial, del centro, hogar funcional o servicio en que se cometió la infracción.
Revocación del reconocimiento como entidad colaboradora.
Inhabilitación para contratar con la Administración Pública de la Comunidad Foral de Navarra por plazo de uno a cinco años.
El grado de intencionalidad o negligencia del infractor.
Los perjuicios de cualquier orden que hayan podido causarse a los menores, en atención a sus condiciones, o a terceros.
La reiteración en la comisión de las infracciones.
CONSEJO NAVARRO DEL MENOR. Artículo 109. Creación. 1. Se crea el Consejo Navarro del Menor como órgano colegiado con funciones de asesoramiento, participación y consulta en materia de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia.
Artículo 110. Funciones. 1. El Consejo Navarro del Menor realizará las siguientes funciones:
De asesoramiento mediante informe preceptivo y no vinculante sobre:
Los anteproyectos de ley foral y proyectos de disposiciones generales reguladores de la protección del menor.
Los planes y programas relacionados con la protección y atención al menor.
El programa anual de actuaciones en materia de protección del menor y la correspondiente Memoria anual.
De consulta, mediante la formulación de informes respecto a las cuestiones que le sean sometidas por el Gobierno de Navarra o sus Departamentos.
De participación, mediante la discusión de propuestas o iniciativas que le formulen las entidades locales y las organizaciones sociales relacionadas con el menor respecto a:
Planes, programas o medidas en relación con la protección del menor.
Programas de investigación, congresos, seminarios u otros similares relacionados con el menor.
Aquellas materias que le atribuyan específicamente las disposiciones legales y reglamentarias.
Artículo 111. Organización. 1. El Pleno del Consejo aprobará, a propuesta de la Presidencia, en el plazo de seis meses contados a partir de su constitución o, como máximo, en el plazo de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, su reglamento de organización y funcionamiento.
Artículo 112. Composición del Consejo. 1. El Consejo Navarro del Menor estará integrado, al menos, por los siguientes miembros:
El Consejero o Consejera titular del Departamento competente en la materia de protección del menor, que ostentará la presidencia del Consejo.
Dos representantes del Departamento competente en materia de protección del menor, uno de los cuales ostentará la Vicepresidencia del Consejo.
Un representante por cada uno de los restantes Departamentos que tengan una relación directa con la protección y atención del menor, con la categoría de Director General.
Hasta seis representantes, un representante por entidad, de las principales organizaciones o asociaciones de protección y atención al menor, inscritas en el correspondiente Registro del Gobierno de Navarra.
Hasta seis representantes, un representante por entidad, de las asociaciones de menores constituidas para la defensa de sus derechos e inscritas en los registros administrativos correspondientes.
Cuatro representantes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, teniendo, al menos tres de ellos, la condición de cargo electivo.
1. Los artículos 2.3, 9, 11, 12, 34.2, 34.4, 36, 49, 50, 51.4, 51.5, 52.1, 53, 58, 59, 60.2, 60.3, 60.4, 60.6, 60.7, 61.1, 61.4, 62, 63, 64, 65.1, 65.2, 65.3, 66, 67, 68.1, 68.2, 71, 72, 73.f, 74, 77, 78 y 80 son de naturaleza civil y se dictan al amparo del artículo 48 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
2. El resto de artículos se dictan al amparo del artículo 148.1.20 de la Constitución Española y de los artículos 44, números 10, 14, 15, 17, 18, 19 y 23, y 46, 47, 49.1.c y d, 53, 57 y 58.1.b de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Artículos 29 (apdo. 1), 79, 81 y 82:
Redacción según Ley Foral 18/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia. Artículo 74 (letra c):
Derogada por Ley Foral 18/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia. Título VIII (arts. 109 al 112):
Añadido por Ley Foral 18/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia. Artículo 75:
Redacción según Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de modificación de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Cerrar
ORDEN FORAL 16/2008, de 21 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de Asuntos Sociales en Navarra, para el año 2008DECRETO FORAL 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescenciaORDEN FORAL 1/2009, de 12 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se somete a información pública, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, el Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Atención a la Infancia y AdolescenciaORDEN FORAL 54/2009, de 17 de febrero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de Asuntos Sociales en Navarra, para el año 2009Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 1 plaza de trabajador/a social, en régimen funcionarial, al servicio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Iza y JuslapeñaConvocatoria para la provisión, mediante concurso oposición y con carácter laboral fijo de una plaza de trabajador/a social para el Ayuntamiento del Valle de EgüésORDEN FORAL 14/2010, de 22 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de Asuntos Sociales en Navarra, para el año 2010Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de un puesto a media jornada de Trabajador SocialDECRETO FORAL 36/2010, de 31 de mayo, por el que se crea el Consejo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, y se regula su composición, organización y funcionamientoConvocatoria para la provisión, mediante oposición, de una plaza de educador/a social de la mancomunidad de servicios sociales de base de la zona de Valtierra-Cadreita, a media jornadaCorrección de errores de la oposición de un puesto de trabajo a media jornada de Educadora SocialDECRETO FORAL 47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de NavarraLEY FORAL 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de NavarraLEY FORAL 18/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescenciaLEY Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de NavarraLEY Foral 18/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescenciaORDEN FORAL 53/2011, de 15 de febrero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de Asuntos Sociales en Navarra, para el año 2011LEY FORAL 11/2011, de 1 de abril, de JuventudLEY Foral 11/2011, de 1 de abril, de JuventudORDEN FORAL 99/2011, de 22 de marzo, de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se somete a
información pública, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra, el proyecto de Decreto
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References: artículo 44
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 artículo 54
 artículo 47
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Resolución 
 resolución 
 artículo 34
 artículo 35

Resolución 

Resolución 
 artículo 173

Artículo 75

Artículo 79

Artículo 81

Artículo 82
 artículo 18
 Artículo 109

Artículo 110

Artículo 111

Artículo 112
 artículo 48
 artículo 148
 Artículo 74
 Artículo 75