Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831768.html
Timestamp: 2019-11-20 20:17:42+00:00

Document:
as201831768
Expediente: 437/2018
Demandante: Felicidad Meneces Vda. de Ricaldez
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 290 a 286 vta., (foliación invertida en todo el expediente), interpuesto por Julieta Alcira Gutiérrez Flores, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i., del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 102/2018 de 01 de agosto de 2018, cursante a fs. 282-278 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del recurso de reclamación por suspensión de renta de viudedad en curso de pago formulada por Felicidad Meneces Vda. de Ricaldez, contra el SENASIR, la respuesta de fs. 297 a 296, el Auto de 21 de septiembre de 2018 de fs. 295, por el que se concedió el recurso, el Auto Supremo de 29 de octubre de 2018, cursante a fs. 304 y vta., que admitió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Por Resolución Nº 0001358 de 05 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, determinó conceder renta única de viudedad a favor de Felicidad Meneces Román, equivalente al 80% de la renta que le correspondía a su causante Mario Ricaldez Núñez, en el monto de Bs. 2.676.08, más incrementos de ley que se pagaría a partir de marzo de 2017 (fs. 91).
Por Resolución Nº 0001863 de 14 de junio de 2017, cursante a fs. 108 a 106, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, suspendió definitivamente la Renta Única de Viudedad de Felicidad Meneces Román, ordenando que se recupere los montos indebidamente cobrados.
Ante el Recurso de Reclamación interpuesto por la asegurada (fs. 139 y vta.), la Comisión de Reclamación del SENASIR, emitió Resolución Nº 647/17, de 25 de octubre (fs. 171 a 164), confirmó la Resolución Nº 0001863, de 14 junio de 2017, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al evidenciar que se encuentra conforme a los datos del expediente y la normativa en vigencia.
Interpuesto el Recurso de Apelación por la asegurada (fs. 266 a 262 vta.), en el que reclamó la restitución de la renta de viudedad suspendida, la Sala Primera Social y administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitido el Auto de Vista N° 102/2018 de 01 de agosto, cursante de fs. 281 a 277 vta., por el que REVOCÓ totalmente la Resolución Nº 647/17 de 25 de octubre, emitida por la Comisión de Reclamaciones y dispuso que se emita una nueva, que restituya la renta única de viudedad reclamada por la apelante, dejando sin efecto la recuperación de la indebidamente cobrado, disponiendo que se consideren los parámetros y normas referidas en dicha resolución.
Contra la Resolución emitida por el Tribunal de apelación, el Director General Ejecutivo a.i., del SENASIR, por intermedio de sus representantes, formuló Recurso de Casación en el fondo, en el que luego de efectuar un análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa y principios aplicables al caso, acusó que se habría incurrido en mala interpretación y errónea aplicación de los arts. 32 del Manual de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) y 52 del Código de Seguridad Social (CSS), porque estas normas establecen que se concede la renta de viudedad a favor de la esposa sobreviviente y en el caso presente, la beneficiaria se encontraba divorciada de su causante y se encontraba separada por dos o más años.
Considera que se infringieron estas normas porque no existe prueba alguna que acredite la convivencia entre el causante y la beneficiaria en los últimos dos años, por consiguiente la pretensión de esta última no se enmarca a las previsiones de los arts. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH), arts. 158 y 162 de la CPE abrogada.
De igual manera considera que se infringió el art. 34 del MPRCPA, que establece que no tendrá derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante.
También considera que se incurrió en incorrecta aplicación de los arts. 145 del Código Procesal Civil (CPC-2013) y 175 del Código de Las Familias, porque no se valoró la prueba conforme al principio de verdad material y no consideró que la beneficiaria no cumplió con los deberes comunes que tenía con su cónyuge.
Por último afirmó que en aplicación del art. 5 inc. d) del Decreto Supremo Nº 27066 de 06 de junio de 2003, e SENASIR, tiene la facultad de suspender provisional o definitivamente las rentas, previa revisión de los antecedentes, determinación que en aplicación del art. 27 de la Ley Nº 2342 de Procedimiento Administrativo (LPA), se presume su legitimidad.
Afirma que en tiempo oportuno interpone recurso de casación en el fondo, para que este Tribunal CASE el Auto de Vista recurrido y se confirme las resoluciones emitidas por las Comisiones de Calificación de Rentas y Reclamación del SENASIR.
Por memorial de fs. 297 a 296, la beneficiaria Felicidad Meneces Vda. de Ricaldez, respondió el recurso de casación, indicando que el recurso no cumple los presupuestos necesarios para su procedencia y viabilidad jurídica, por lo que debe ser declarado improcedente.
Por otra parte, afirma que se realizó la restitución de su partida matrimonial y por consiguiente en mérito a otras pruebas adicionales, se demostró que ella continúa casada con su causante, por lo que debe declararse infundado el recurso.
Mediante Auto Supremo de 29 de octubre de 2017, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 290 a 286 vta., interpuesto por los apoderados del Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 102/2018 de 01 de agosto de 2018, cursante de fs. 281 a 278 vta., por lo que se pasa a considerar y resolver dicho recurso.
En el caso que se analiza, se advierte que es evidente que la solicitante de la renta de viudedad Felicidad Meneces Román Vda. de Ricaldez, es “la esposa” del titular de la renta Mario Ricaldez Núñez (causante) y así lo demostró con la presentación del certificado de matrimonio cursante a fs. 78 (Primer cuerpo) y fs. 258 (Segundo cuerpo del expediente), documento que tiene el valor probatorio previsto por los arts. 1534 del CC, 160 del CF, al haber sido extendido con las solemnidades y por los funcionarios autorizados, conforme prescribe la ley.
Corroborando ese vínculo civil, se encuentra acreditada la convivencia por los documentos de fs. 69 a 71, 145 a 151 y de fs. 182 a 251 obrados, por los que se estableció que si bien se había tramitado un proceso de divorcio, éste no se encontraba ejecutoriado al fallecimiento del causante, y la convivencia se había mantenido hasta ese acaecimiento.
Es evidente que conforme evidencian los documentos de fs. 93 a 98 de obrados, se habría tramitado la cancelación de la indicada partida de matrimonio; empero este acto fue dejado sin efecto vía acción de amparo constitucional, porque se tramitó de manera unilateral y de manera posterior al fallecimiento del causante, conforme evidencian los documentos de fs. 115 a 132 de obrados y que por ello es que se repuso la partida de matrimonio, conforme demuestran los documentos de fs. 200 a 182 de obrados, cuyo trámite concluyó con el certificado de matrimonio vigente que cursa a fs. 258 de obrados.
Consiguientemente, en mérito al principio de verdad material previsto por el art. 180-I de la CPE, se acreditó fehacientemente, que la beneficiaria, además de mantener su vínculo matrimonial con su causante Mario Ricaldez Núñez, mantuvo una convivencia hasta antes de su fallecimiento, adecuando su actuar a las previsiones de los aludidos arts. 32 y 52 del MPRCPA, advirtiéndose que no existe infracción de estas normas.
También se advierte que se apreció por el Tribunal de alzada, la prueba cursante en obrados, en mérito a los parámetros previstos por los arts. 145 del CPC-2013, no siendo evidente que la beneficiaria, hubiese incumplido las previsiones del art. 175 del Código de Familias como erróneamente se alega en el recurso, si conforme a la prueba citada precedentemente se demostró la convivencia entre ambos cónyuges, hasta antes del fallecimiento del causante.
Por último, es evidente que las resoluciones emitidas por el SENASIR, presumen que son legítimas, conforme prevé el art. 27 de la LPA, y que fue emitida con la competencia prevista por el art. 5 inc. d) del DS Nº 27066; empero, este hecho no implica que la Autoridad Jurisdiccional, apreciando adecuadamente la prueba cursante en obrados, hubiese revocado esa determinación, en mérito al aludido principio de verdad material consagrado por el art. 180-I de la CPE.
Por consiguiente, se concluye que la determinación asumida por el Tribunal de alzada, se encuentra correctamente enmarcada a derecho, y no transgrede las normas citadas en el recurso, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220-II del CPC, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 290 a 286 vta., interpuesto por Julieta Alcira Gutiérrez Flores, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo a.i., del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista N° 102/2018 de 01 de agosto de 2018, cursante a fs. 282-278 vta., emitido por la Sala Primera Social y Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba

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