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Timestamp: 2018-07-21 11:48:20+00:00

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II. La configuración de la jurisprudencia - González Cancino
II. La configuración de la jurisprudenciaGC2018-07-16T23:17:05+00:00
Capítulo II La configuración de la jurisprudencia
La CPEUM reconoce dos tipos de jurisprudencia; el primer tipo se encuentra previsto en el párrafo 8 del artículo 94; el segundo tipo de jurisprudencia es el contemplado en el artículo 99 y hace referencia a la materia electoral.
La organización del Tribunal, la competencia de la salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.
Como se mencionó al inicio de esta investigación, el objeto de estudio del presente trabajo es la jurisprudencia contemplada en el artículo 94 de la CPEUM, razón por la cual se omite el estudio de la jurisprudencia en materia electoral.
Una vez aclarado cuál es la jurisprudencia objeto de este estudio, cabe mencionar que la CPEUM en las fracciones II y XIII del artículo 107 refieren a la jurisprudencia originada con motivo de los juicios de amparo.
Con base en lo anterior, resulta que los preceptos constitucionales que determinan las características de la jurisprudencia son los artículos 94 y 107, en sus respectivos párrafos y fracciones. La regulación que hacen estos artículos no es completa, debido a que se faculta al legislador ordinario para determinar ciertas características de esa norma jurídica.
La ley que desarrolla los preceptos constitucionales antes mencionados es la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley de Amparo).
Del artículo 94 de la CPEUM se desprende que la jurisprudencia es una norma, toda vez que dicho artículo establece su obligatoriedad. Se debe recordar que la obligatoriedad es algo que se predica de las normas, por lo tanto, la CPEUM, al mencionar la obligatoriedad de la jurisprudencia, está reconociendo que esta norma forma parte del ordenamiento jurídico mexicano.
En seguida se analizarán las características de la jurisprudencia desde el punto de vista de los elementos constitutivos de toda norma jurídica.
2.1 Descripción de los elementos de la norma
2.1.1 Supuesto normativo
Toda norma jurídica está compuesta por un indicativo (o supuesto normativo), que expresa la situación abstracta o concreta a la que le es aplicable la consecuencia jurídica.
Aún las normas categóricas tienen ciertas condiciones de aplicación y es por ello que Kelsen (2007, pág. 38) expresa que la validez de toda norma es condicional y que Morineau (2005, pág. 45) señala que el supuesto jurídico es un concepto jurídico fundamental ya que el mismo se encuentra en toda norma posible.
Por lo que hace al supuesto normativo de la jurisprudencia, es importante señalar que el mismo es complejo.
Dentro de los elementos que se contemplan en el supuesto de la jurisprudencia se pueden destacar dos. El primer elemento está constituido por aquellas situaciones de interpretación que fueron resueltas por órganos con facultades jurisdiccionales. El segundo elemento consiste en que los sujetos que están en la misma situación de interpretación acudan ante uno de los órganos jurisdiccionales señalados por el artículo 217 de la Ley de Amparo.
Lo anterior implica que no basta con que un sujeto se encuentre en la misma situación de interpretación prevista por la jurisprudencia, se requiere además que un órgano jurisdiccional conozca de un caso concreto que verse sobre esa situación de interpretación para que la jurisprudencia resulte aplicable.
2.1.2 Consecuencias de Derecho
Los efectos de una norma jurídica están representados por los derechos subjetivos y las obligaciones que son conectados al supuesto normativo. En este apartado no se pretende hacer una descripción de cuáles son esos derechos y obligaciones en particular.
El objetivo aquí es identificar cuáles son los alcances de las consecuencias jurídicas de la jurisprudencia. Es por ello que para analizar esos alcances se estudiarán los ámbitos de validez de la jurisprudencia para con ello tener una mejor idea de las implicaciones de esta norma jurídica.
2.1.2.1 Ámbito material de validez
Dentro de los aspectos de la jurisprudencia que la CPEUM determina de manera directa, se encuentran algunas cuestiones relativas a la creación de esta norma. Esto es relevante, ya que de alguna forma se establece cuál es su ámbito material de validez.
En primer lugar, la CPEUM establece en su artículo 94 que la jurisprudencia sólo podrá crearse a partir de situaciones de interpretación de ciertas disposiciones jurídicas. Lo anterior implica que la CPEUM no faculta la creación de jurisprudencia derivada de procesos de integración del Derecho.
En segundo lugar, la CPEUM enumera las disposiciones jurídicas que serán interpretadas y que servirán para la creación de la jurisprudencia. Las disposiciones a interpretar son: la Constitución, y normas generales.
Las limitantes materiales de la jurisprudencia están representadas por la integración del Derecho y los aspectos que se encuentran regulados por el principio de reserva legal.
Como se ha visto, las situaciones de interpretación son el presupuesto de la jurisprudencia y éstas implican a grandes rasgos dos cosas: primer, un desacuerdo en cuanto al sentido de una disposición y segundo, la existencia de una disposición a interpretar. Por lo tanto, la jurisprudencia sólo puede versar sobre aquellos aspectos de la realidad social ya regulados por el ordenamiento, pues de lo contrario ya no se estaría interpretando el Derecho sino integrándolo.
El hecho de que la jurisprudencia no pueda derivar de procesos de integración no implica que el órgano jurisdiccional no resuelva las lagunas normativas para un caso concreto, ya que son cosas diferentes. Una cosa es la sentencia que integra el Derecho para un caso particular y otra muy distinta la creación de una norma jurídica que obligue a los órganos jurisdiccionales inferiores a decidir en el mismo sentido.
Como se verá más adelante, entre la norma jurídica individual llamada sentencia y la norma denominada jurisprudencia existen importantes diferencias que impiden la identificación de estos dos objetos.
La otra limitante material de la jurisprudencia es el principio de reserva de ley. En la doctrina, “la reserva de ley puede entenderse como la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcional la ley, para que sea justamente una ley y no otra norma jurídica la que regule una determinada materia.” (Carbonell, 2005, pág. 674).
La imposición de penas y el establecimiento de contribuciones son cuestiones en las que rige el principio de reserva de ley.
El fundamento constitucional del principio de reserva de ley en materia de imposición de penas se encuentra en el párrafo tercero del artículo 14 de la CPEUM: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.” Lo anterior tiene como consecuencia que la jurisprudencia puede interpretar leyes penales pero no puede crear tipos penales, ni establecer penas ya que esas son materias que sólo puede establecer el legislador.
Por lo que hace a las contribuciones, la fracción IV del artículo 31 de la CPEUM establece: “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: I. . ., IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
El que la imposición de contribuciones esté sujeta al principio de reserva de ley implica que es una ley la que debe establecer los elementos esenciales de la contribución. Es por ello que la jurisprudencia puede interpretar las leyes fiscales, pero no puede imponer una contribución por sí sola.
Otra de las cuestiones que resulta relevante para el presente trabajo es el principio de reserva de ley en relación con la configuración de la jurisprudencia, pues el artículo 94 de la CPEUM establece “La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia”. Por lo tanto, solamente una ley puede regular esta fuente de Derecho y esa es la razón, por la cual ni la jurisprudencia ni cualquier otro tipo de regla puede establecer las características de esta norma. Como se verá en su momento esto también está relacionado con la jerarquía normativa de la jurisprudencia. Por ahora basta decir que un norma es jurídica cuando está creada según los procesos y contenidos de las normas que le resultan superiores, por ello la jurisprudencia no puede determinar sus propias características.
2.1.2.2 Ámbito personal de validez
Una de las notas distintivas de la jurisprudencia es el doble ámbito personal de validez que esta norma presenta. El primer ámbito personal es directo o inmediato y está representado por los órganos jurisdiccionales inferiores que enumera la Ley de Amparo.
A continuación se hace una lista de los sujetos obligados por la jurisprudencia, dependiendo del órgano que la establece.
A) Jurisprudencia establecida por la Suprema Corte funcionando en Pleno.
De acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo[ii] los obligados directamente son:
1) Las Salas de la Corte;
2) Plenos de Circuito
3) Los Tribunales Colegiados de Circuito;
4) Los Tribunales Unitarios de Circuito;
5) Los Juzgados de Distrito;
6) Los Tribunales Militares;
7) Los Tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal;
8) Los Tribunales Administrativos Federales y locales; y
9) Los Tribunales del Trabajo Federales o locales.
B) Jurisprudencia establecida por las Salas de la Suprema Corte obliga directamente a los sujetos de los incisos 2 a 9 de la lista anterior.
C) Jurisprudencia establecida por un Tribunal Colegiado de Circuito.
El artículo 217 de la Ley de Amparo señala que la jurisprudencia de un Tribunal Colegiado de Circuito obliga directamente a los sujetos de los incisos 4 a 9 de la mencionada lista.
La característica común de estos sujetos es que todos ellos tienen facultades jurisdiccionales y, por lo tanto, tienen la facultad de determinar el sentido del Derecho de las relaciones jurídicas que son de su conocimiento.
Atienza y Ruiz Manero (2005, pág. 27) mencionan la existencia de normas dirigidas al sistema del súbdito y otras que guían el ejercicio de poderes normativos de los órganos jurídicos, al cual denominan sistema secundario o sistema del juez. Con base en lo anterior, la jurisprudencia es una norma del sistema secundario, que sólo de manera indirecta regula la conducta de la población en general, ya que la jurisprudencia obliga al juzgador a atribuir un determinado significado a una disposición y con ello la jurisprudencia afecta a los sujetos que acuden al juez para resolver una situación de interpretación.
Con base en el doble ámbito personal de validez se puede explicar por qué la jurisprudencia tiene efectos jurídicos en relación a los particulares e incluso en relación a otras autoridades. Si bien, los sujetos directamente obligados son los órganos jurisdiccionales del artículo 217 de la Ley de Amparo, también es necesario reconocer que la jurisprudencia regula la conducta de las partes al dictarse la sentencia.
En cuanto al segundo ámbito personal de validez, cabe destacar que el mismo es indirecto y contingente. Indirecto debido a que requiere de la sentencia o resolución judicial para obligar a las partes del proceso. Y contingente en dos sentidos, el primero debido a que es necesario que las partes que se encuentran en la misma situación de interpretación acudan ante el órgano jurisdiccional para que éste aplique la jurisprudencia; el segundo sentido hace referencia al hecho de que aún y cuando las partes se someten a la competencia del órgano jurisdiccional, éste, por cualquiera que sea la razón, puede decidir no aplicar la jurisprudencia.
Por todo lo anterior, se puede decir que el sujeto directamente obligado por la jurisprudencia es el órgano jurisdiccional; mientras que el sujeto indirectamente obligado son todas aquellas personas sometidas a la competencia de dicho órgano.
2.1.2.3 Ámbito temporal de validez
El inicio de vigencia tal vez sea uno de los aspectos menos regulados por las normas superiores que establecen las características de la jurisprudencia, ya que la Ley de Amparo se limita a señalar lo siguiente:
Los artículos citados resultan insuficientes para determinar el inicio de vigencia de la jurisprudencia. El artículo 221 de la Ley de Amparo parece sugerir que la jurisprudencia inicia vigencia incluso antes de su publicación, pero dicha interpretación no tiene sustento pues dicho precepto solamente versa sobre la invocación que hacen las partes de los criterios judiciales.
En ese contexto, el primer evento que podría marcar el inicio de vigencia es el momento en que se acumulan el número de resoluciones necesarias para constituir jurisprudencia o el momento en que se resuelve la contradicción de tesis.
El segundo evento que podría constituir el inicio de vigencia es el momento de la integración de la jurisprudencia, es decir cuando el texto y el rubro son aprobados.
La publicación realizada por el Semanario Judicial de la Federación también podría representar el inicio de vigencia de la jurisprudencia. Al respecto es importante señalar que el inicio de vigencia no siempre coincide con la publicación de un texto normativo, por lo que existen dudas si el inicio de vigencia de la jurisprudencia puede ser incluso posterior a su publicación.
Por si fuera poco, la Ley de Amparo no toma en cuenta el doble ámbito personal de validez para determinar cuando la jurisprudencia inicia su obligatoriedad. Lo anterior es de trascendencia ya que podrían darse casos en los que las partes tuvieran conocimiento de que ya se han acumulado las resoluciones necesarias para constituir jurisprudencia pero la misma aún no está integrada o publicada. En una situación como la anterior cabría preguntarse si es posible impugnar una resolución en la que no se aplicó un criterio jurisprudencial no integrado o no publicado.
Sin duda la Ley de Amparo es deficiente en estas cuestiones y sería conveniente que el legislador supliera estas deficiencias para dar más certeza a los particulares, en lugar de permitir que sean los criterios de los órganos jurisdiccionales los que decidan las características de la jurisprudencia. Debe recordarse que los tribunales que crean jurisprudencia no pueden ser quienes establezcan las características normativas de la jurisprudencia, en virtud de que ello haría de los tribunales entes soberanos capaces de definir su propia competencia, situación que es incompatible con todo Estado de Derecho.
Una de las características del Derecho es que regula su propia producción mediante normas superiores que establecen los procesos para la creación de las normas inferiores. Por ello es importante evitar que la jurisprudencia o los criterios judiciales sean los que determinen las características de la jurisprudencia, ya que de lo contrario la norma inferior se configuraría a sí misma y esto resultaría arbitrario y antijurídico.
La nota distintiva de la vigencia de la jurisprudencia es que la misma está condicionada, es decir, la jurisprudencia es obligatoria mientras los órganos que la crearon no resuelvan la misma situación de interpretación en un sentido distinto al contemplado en las resoluciones que constituyeron jurisprudencia. A esta forma de terminar con la vigencia de la jurisprudencia se le denomina interrupción y se encuentra regulada en el artículo 228 de la Ley de Amparo.[iii]
Lo anterior es algo excepcional, si se tiene en cuenta que normalmente se requiere del mismo procedimiento que se empleó en la creación de una norma, para logar derogarla. A manera de ejemplo se transcribe al artículo que contiene lo que la doctrina ha denominado principio de autoridad formal de la ley: “Artículo 72… F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.”
En otras palabras, para terminar con la vigencia de una ley se requiere realizar el mismo procedimiento previsto para su elaboración, mientras que la vigencia de la jurisprudencia no requiere del mismo proceso para ello, ya que basta con que el órgano que estableció la jurisprudencia cambie su criterio al resolver la misma situación de interpretación, para quitarle obligatoriedad al criterio anterior.
En relación a las formas de extinguir la obligatoriedad de la jurisprudencia, se pueden identificar dos categorías. La primera de ellas está representada por las causas de extinción propias de la jurisprudencia. Dentro de esta categoría se encuentra la interrupción de la jurisprudencia, misma que ya fue comentada. La segunda categoría de causas de extinción, está constituida por aquellos cambios que se dan en la disposición interpretada por la jurisprudencia.
Se debe recordar que la CPEUM establece que la jurisprudencia versa sobre la interpretación de ciertos textos normativos; por lo tanto, la jurisprudencia en alguna medida está subordinada a las disposiciones que interpreta. Al respecto se podría decir que la jurisprudencia es una norma accesoria con relación a la norma que interpreta.
Ahora bien, si la disposición que era interpretada por la jurisprudencia es modificada, la jurisprudencia pierde obligatoriedad pues ha cambiado el sentido del texto que interpretaba.
Lo mismo sucede cuando la norma interpretada pierde vigencia, ya que en este caso el texto normativo que creaba la situación de interpretación ha desaparecido.
Por último, se debe tener presente en términos del artículo 9 transitorio de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diez junio de dos mil once todas las disposiciones que entren en conflicto con los derechos humanos reconocidos con la reforma constitucional quedaron derogadas: “TRANSITORIOS…, Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.”
En términos del artículo 9 transitorio de la reforma constitucional, toda la jurisprudencia que resulte contraria a los derechos humanos ha perdido vigencia.
En conclusión, existen dos formas mediante las que la jurisprudencia pierde vigencia: la primera es directa y se refiere a la interrupción; mientras que la segunda forma es indirecta, por ser consecuencia de los cambios que sufre la norma interpretada.
2.1.2.4 Ámbito espacial de validez
Debido a la subordinación de la jurisprudencia con relación a la norma interpretada, la jurisprudencia participa del mismo ámbito territorial que la norma que sirvió para crearla.
Para definir el espacio geográfico en el cual la jurisprudencia es obligatoria, conviene distinguir dos diferentes ámbitos territoriales de validez.
El primer tipo de jurisprudencia se caracteriza por tener un ámbito espacial de validez que abarca todo el territorio nacional. Dentro de esta categoría se encuentran la jurisprudencia que interpreta a la Constitución, las leyes federales, los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y los reglamentos de leyes federales.
El segundo grupo tiene como característica un ámbito espacial de validez más reducido que coincide con el ámbito de las normas locales que son materia de la situación de interpretación que dieron lugar a la jurisprudencia. Las jurisprudencias que integran este grupo son las creadas a partir de leyes locales.
Extender el ámbito territorial de la jurisprudencia que interpreta normas locales a otras entidades federativas implica dar efectos extraterritoriales a esas normas, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 121 fracción I de la CPEUM: “I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él”. Esto es de trascendencia ya que se vulnera la autonomía de los Estados de la República, además de crearse incertidumbre jurídica para el particular.
Es importante señalar que la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito creada entre 1968 y 1984, tiene un ámbito territorial propio, pues según el artículo 193 bis de la Ley de Amparo entonces vigente, esta jurisprudencia solamente obliga a los juzgadores de Distrito, los tribunales del fuero común y los tribunales administrativos y del trabajo que estén ubicados dentro de su jurisdicción territorial. Lo anterior tenía como consecuencia que una misma ley tuviera distintas interpretaciones, dependiendo del circuito en el que surgía el litigio.
Actualmente la Ley de Amparo determina el ámbito territorial de la jurisprudencia dependiendo del tribunal que la establezca, teniendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sea funcionando en Salas o en Pleno) obligatoriedad en todo el territorio nacional, mientras que la de los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito únicamente resulta obligatoria dentro del circuito al cual pertenece el órgano jurisdiccional que crea la jurisprudencia.
2.1.3 Redacción de la jurisprudencia
En cuanto a la forma en que la jurisprudencia debe estar redactar el artículo 218 de la Ley de Amparo establece los requisitos a cumplir.
Tiene especial relevancia el requisito previsto en la fracción IV del artículo 218 ya que el mismo sirve para identificar cuál es la norma objeto de interpretación y así evitar que los criterios judiciales emitidos en procesos integradores de derecho se conviertan en jurisprudencia, situación que implicaría tanto una transgresión al principio de subordinación del artículo 94 como una violación al principio de división de poderes del artículo 49, ambos de la CPEUM.
2.2 Un concepto de jurisprudencia
El propósito de esta sección es crear un concepto de jurisprudencia con base en el Derecho positivo mexicano.
Para llevar a cabo esa tarea, es útil mencionar los diferentes modelos de precedentes, que Marina Gascón (1993) expone en su libro “La técnica del precedente y la argumentación racional”. El primer modelo es el precedente vertical, le sigue el precedente horizontal y por último está el autoprecedente.
El precedente vertical es el sistema de homogenización de criterios judiciales que se emplea en los ordenamientos jurídicos que cuentan con una estructura judicial jerarquizada y que consiste en obligar a los órganos jurisdiccionales a adoptar el criterio de los tribunales superiores.
El precedente horizontal, o doctrina de los tribunales homólogos como lo denomina Gascón (1993, pág. 35), es un sistema que unifica criterios y que en cierta forma expresa cuál es la doctrina jurisprudencial dominante en una determinada institución judicial.
Finalmente, el autoprecedente, es aquella directriz que obliga al juzgador a ser consistente al efectuar sus resoluciones para no caer en contradicción con las decisiones anteriormente tomadas. Lo característico del autoprecedente es que no solamente actúa en relación al pasado sino que también tiene la virtud de ser una idea reguladora del discurso jurídico que obliga al juzgador a adoptar aquella solución susceptible de ser universalizada y por lo tanto aplicable a los casos futuros.
Es importante señalar que el principio de universalización[iv] se encuentra implícito en alguna medida en todos los modelos de precedente, pero es en el autoprecedente en donde resulta más notorio y por lo tanto, es en él en donde más se aprecia el efecto regulador de la técnica del precedente en el discurso jurídico.
Si se emplean estos modelos de precedentes para analizar la Ley de Amparo, resulta que esta ley establece un sistema de precedentes vertical, toda vez que los órganos inferiores están obligados a incluir el contenido de la jurisprudencia en sus resoluciones cuando conocen de casos que presentan la misma situación de interpretación que la jurisprudencia contempla.
Con base en todo lo anterior se puede decir que la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico mexicano es una norma jurídica general, que es establecida por un tribunal y que tiene por objetivo regular el ejercicio de la función jurisdiccional ante la presencia de situaciones de interpretación.
La característica que distingue a la jurisprudencia de otras normas jurídicas radica en la regulación de la conducta de sujetos dotados con facultades jurisdiccionales. Al tener en cuenta esto, se puede explicar porque la jurisprudencia tiene efectos en relación a particulares y aún en relación a otras autoridades.
El presupuesto de la jurisprudencia es la existencia de situaciones de interpretación ya que la CPEUM establece que la jurisprudencia versará sobre la interpretación de ciertas normas jurídicas, y por ello es que entre el texto interpretado y la jurisprudencia hay una relación de dependencia.
La relación de dependencia que existe entre el texto interpretado y la jurisprudencia tiene varias consecuencias, una de ellas es que no puede existir jurisprudencia sin una norma a interpretar. Además, los cambios en el contenido de la norma interpretada pueden tener como efecto la extinción de la vigencia de la jurisprudencia. Por otra parte, esta dependencia también tiene el efecto de hacer
partícipe a la jurisprudencia de ciertos atributos de la norma interpretada, como lo puede ser el ámbito territorial de validez.
Es común encontrar opiniones en la doctrina mexicana que señalan que ciertas resoluciones derivadas de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales son casos de jurisprudencia. A continuación se analizarán estos supuestos para determinar si estas resoluciones encuadran o no en el concepto de jurisprudencia aquí propuesto.
2.2.1 Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
El fundamento constitucional de estos procedimientos se encuentra en las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, que dice lo siguiente:
Las acciones. . .
Por su parte, la Ley de Acciones y Controversias establece lo siguiente:
ARTICULO 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
ARTICULO 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.
ARTICULO 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.
ARTICULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El primer paso para descubrir si estos procedimientos constituyen o no un caso de jurisprudencia, es distinguir las resoluciones que ponen fin a dichos procedimientos, por un lado, y los considerandos contenidos en esas resoluciones, por el otro.
En ambos supuestos los efectos generales están condicionados a una votación especial de cuando menos ocho votos, pero las características de estas normas son distintas.
En cuanto a las resoluciones que ponen fin a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales, éstas son ejemplos de normas jurídicas generales creadas por la Suprema Corte, en las que no necesariamente se regula la conducta de órganos jurisdiccionales.
Por otra parte, los considerandos o las razones contenidas en estas resoluciones si constituyen una norma que regula la conducta de sujetos dotados con facultades jurisdiccionales, tal y como se desprende del artículo 43 de la Ley de Acciones y Controversias.
Por lo tanto, solamente los considerandos de las resoluciones dictadas en los procedimientos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad constituyen jurisprudencia.
Lo anterior tiene importantes consecuencias, ya que en el caso de las resoluciones de cierto tipo de controversias constitucionales[v] y acciones de inconstitucionalidad, la sentencia tiene efectos generales y por lo tanto puede obligar en forma directa, tanto a particulares como a autoridades no jurisdiccionales. Mientras que los considerandos de esas resoluciones solamente pueden tener efectos para los particulares y autoridades no jurisdiccionales en forma indirecta, es decir, mediante un procedimiento seguido en forma de juicio en el que un órgano dotado de facultades jurisdiccionales incluya el considerando en su sentencia.
En conclusión, las sentencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad son actos materialmente legislativos cuando son producto de por lo menos ocho votos; las sentencias de controversias constitucionales también son actos materialmente legislativos cuando el conflicto versa sobre normas generales y fueron tomadas por la misma mayoría que en el caso anterior; y finalmente los considerandos de las resoluciones a las que se refiere el artículo 43 de la Ley de Acciones y Controversias constituyen un caso de jurisprudencia según el concepto de jurisprudencia aquí planteado.
Es importante señalar que la jurisprudencia, al ser una norma general emitida por órganos jurisdiccionales, constituye una excepción al principio de división de poderes del artículo 49 constitucional; por lo tanto, solamente aquella jurisprudencia autorizada en forma expresa por la Carta Magna es constitucional.
Una vez dicho lo anterior, resulta que toda la jurisprudencia creada con motivo del artículo 43 de la Ley de Acciones y Controversias es anticonstitucional por no tener fundamento expreso en la Constitución o al menos su constitucionalidad es dudosa. Al respecto, debe recordarse que los únicos casos de jurisprudencia reconocidos expresamente por la Constitución son los relativos a los juicios de amparo del artículo 107 y la jurisprudencia en materia electoral del artículo 99.
2.2.2 Efectos administrativos de la jurisprudencia
El problema que se analiza aquí no consiste en averiguar si la jurisprudencia puede o no tener efectos jurídicos en relación a las autoridades administrativas, sino en descubrir si la jurisprudencia obliga directamente a las autoridades administrativas. Dicho en otras palabras, la cuestión es descubrir si la jurisprudencia obliga a la Administración Pública, sin necesidad de recurrir a un procedimiento jurisdiccional.
Según el concepto aquí propuesto, el carácter distintivo de la jurisprudencia es la regulación de la conducta de sujetos con jurisdicción, por lo tanto, las autoridades administrativas están obligadas a la jurisprudencia solamente si el órgano jurisdiccional al cual están sometidos la incluye en su sentencia.
Lo anterior no implica que otras normas jurídicas estén imposibilitadas de establecer efectos jurídicos directos a la jurisprudencia en la esfera administrativa. Ejemplo de ello es el artículo 6 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA en adelante):
Por todo lo antes dicho, la jurisprudencia tal y como está configurada actualmente en el Derecho positivo mexicano, no tiene efectos directos para las autoridades administrativas pero esto no impide que otras normas jurídicas regulen a estas autoridades teniendo en cuenta los contenidos de la jurisprudencia, como es el caso de la LFPCA.
El único efecto directo de la jurisprudencia dentro de la Administración Pública es la obligación que tienen los tribunales administrativos de aplicar la jurisprudencia, pero fuera de este supuesto, la jurisprudencia por sí misma no puede obligar directamente a las autoridades administrativas.
2.3 Análisis dinámico de la jurisprudencia
En este apartado se estudiarán los procesos que van desde la creación de la jurisprudencia hasta las distintas formas en que esta norma pierde vigencia.
2.3.1 Procesos de creación
Las formas en que la jurisprudencia puede ser creada son: la reiteración de tesis, la contradicción de tesis y por último los considerandos de ciertas resoluciones que ponen fin a acciones de inconstitucionalidad y a controversias constitucionales (mismos que, se reitera, no tienen fundamento constitucional).
2.3.1.1 Reiteración de tesis
Dentro del proceso de reiteración de tesis hay que distinguir, en primer lugar, la jurisprudencia creada por el Pleno de la Suprema Corte, en segundo lugar la creada por las Salas de la Corte y por último, la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Es importante mencionar que los Plenos de Circuito no están facultados para crear jurisprudencia por reiteración de criterios, situación que incluso deriva de su forma de operación.
Un requisito que es común a todos los procesos de creación de jurisprudencia vía reiteración de tesis, es que en todos ellos se requiere de cinco sentencias en el mismo sentido, es decir que resuelvan el mismo problema jurídico de igual forma, y que esas cinco sentencias no sean interrumpidas por un sentencia que esté en contra de las anteriores resoluciones del órgano que va a crear jurisprudencia.
Para que las sentencias puedan constituir jurisprudencia es necesario, en primer lugar, que en todas ellas se aborde un mismo problema jurídico. Decir que se requiere el mismo problema jurídico implica que las características relevantes de las situaciones de interpretación que se resolvieron con las sentencias deben ser idénticas o al menos muy parecidas. En segundo lugar, las sentencias deben solucionar esa situación de interpretación en el mismo sentido para que la jurisprudencia pueda ser creada.
Si las sentencias no versan sobre la misma situación de interpretación o dan una solución distinta a ésta, esas sentencias no sirven para crear jurisprudencia.
Cuando la jurisprudencia es creada por el Pleno, esas sentencias deben ser aprobadas por lo menos con una mayoría de ocho votos para que se pueda producir jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia creada por las Salas de la Corte, se requiere de por lo menos cuatro votos. Por último, la jurisprudencia creada por los Tribunales Colegiados de Circuito requiere que las sentencias sean aprobadas por unanimidad.
Los anteriores requisitos se encuentran contenidos en los artículos 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo:
Una vez que se han acumulado las cinco sentencias que resuelven en el mismo sentido una determinada situación de interpretación, es necesario redactar el criterio y publicarlo. El artículo de la Ley de Amparo que regula el plazo en que los órganos jurisdiccionales deben remitir la tesis para su publicación es el artículo 229:
Artículo 229. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.
En cuanto a la votación necesaria para aprobar el texto de la jurisprudencia, la Ley de Amparo es omisa, ya que sólo establece la votación necesaria para aprobar las sentencias. Por lo tanto, habrá que recurrir a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJ en adelante) para saber qué votación es útil para aprobar la redacción de la tesis de jurisprudencia.
2.3.1.2 Contradicción de tesis
El precepto constitucional que contempla esta manera de crear jurisprudencia es la fracción XIII del artículo 107 de la CPEUM, el cual establece lo siguiente:
Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; Por lo que hace al fundamento legal de este modo de creación de jurisprudencia, éste se encuentra en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: “También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.
Es importante señalar que se puede crear jurisprudencia por esta vía a partir de tres tipos diferentes de contradicciones. El primer tipo de contradicción que sirve para crear jurisprudencia, se presenta cuando las Salas de la Suprema Corte sostienen criterios que resultan incompatibles entre sí. El segundo tipo de contradicción es el que surge a partir de los criterios sustentados por los distintos Plenos de Circuito. El tercer tipo de contradicción es el que surge con motivo de los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Cuando la contradicción se presenta en las sentencias de las Salas, es el Pleno el que debe resolver esta circunstancia y al hacerlo, crea jurisprudencia.
En otras ocasiones, las contradicciones se originan entre los criterios sostenidos por los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, entre los tribunales de diversa especialidad en un circuito o entre tribunales colegiados de diferente circuito; en esos supuesto, el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son quienes tienen la competencia para resolver la contradicción de tesis.
Finalmente, las contradicciones de tesis sostenidas entre los tribunales colegiados de un mismo circuito son resueltas por los Plenos de Circuito.
Por lo que hace a la votación requerida para que el Pleno o las Salas resuelvan las correspondientes contradicciones de tesis, la Ley de Amparo solo establece que se requiere mayoría, por esta razón es necesario recurrir a LOPJF para determinar cuántos votos son necesarios en cada caso particular.[vi]
A continuación se cita una jurisprudencia que fue creada por el Pleno y que solamente requirió de una mayoría de 6 votos para su creación (la tesis fue creada en términos de la anterior Ley de Amparo):
La norma legal que autoriza la imposición de la sanción consistente en la pérdida de la patria potestad en el supuesto mencionado viola las garantías individuales contenidas en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando dicha medida legislativa pretenda -como finalidad constitucionalmente válida- la protección del derecho al desarrollo y bienestar integral del niño. Esto es así, porque dicha intervención legislativa en la titularidad de la patria potestad puede resultar inadecuada para proteger el interés superior del niño, considerando que la determinación de restar del conjunto de derechos del ascendiente respectivo, el de la custodia, la formación cultural, ética, moral y religiosa, así como el de la administración patrimonial sobre los bienes de los hijos menores, puede llegar a afectar su desarrollo integral en algún momento. En efecto, si bien es cierto que el abandono injustificado del hogar conyugal genera legalmente el divorcio, también lo es que no resulta jurídicamente adecuado que produzca automáticamente la privación de la patria potestad, tomando en cuenta que dicho abandono no necesariamente implica desatención del niño. Además, la sanción indicada es un acto desproporcionado, que afecta de modo terminante y absoluto el contenido de las garantías constitucionales derivadas de la patria potestad en perjuicio del cónyuge culpable; es decir, constituye una determinación legal que implica una carga injustificada para el individuo privado del derecho referido, ya que, en todo caso, existen medidas alternativas para afrontar una posible afectación en el interés superior del niño, como la suspensión de la patria potestad prevista en algunas legislaciones civiles.
Contradicción de tesis 21/2006-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 de junio de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.[vii]
El procedimiento de creación de jurisprudencia vía contradicción de tesis inicia con la denuncia de la contradicción. Los sujetos legitimados para realizar tal denuncia varían dependiendo del tipo de contradicción.
Si se trata de una contradicción entre dos tesis de las Salas, los legitimados para denunciar son:
1) Los ministros de la Suprema Corte.
2) Los Plenos de Circuito.
3) Los Tribunales Colegiados de Circuito.
4) Los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito.
5) Los jueces de Distrito.
6) El Procurador General de la República.
7) Las partes que intervinieron en los juicios en que se plantearon esas tesis.
La denuncia en este caso debe ser presentada ante la Suprema Corte, y el Pleno será quien resuelva la contradicción.
Si la contradicción se da entre los criterios sostenidos por los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, entre los tribunales de diversa especialidad en un circuito o entre tribunales colegiados de diferente circuito, la denuncia puede ser presentada por:
2) Los Plenos de Circuito que hayan sustentado las tesis discrepantes.
3) Los Tribunales Colegiados de Circuito que hayan sustentado las tesis discrepantes.
4) Los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito integrantes de los tribunales que hayan sustentado las tesis discrepantes.
En este caso, la denuncia también se presenta ante la Suprema Corte, pero la Ley de Amparo no determina si es el Pleno, o las Salas, las que deben resolver esta cuestión, por ello nuevamente se debe consultar la LOPJF:
VIII.- De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley, o por los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, por los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito y por los tribunales colegiados de circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas;. . .
Una vez realizada la denuncia, la Suprema Corte tendrá que resolver la contradicción, los posibles contenidos de la resolución que pone fin al proceso creación de jurisprudencia vía contradicción de tesis, en términos de la Ley de Amparo[viii], son: 1) que no existe contradicción y por tanto se declara inexistente o sin materia; 2) que si existe contradicción y que adopte una de las tesis contendientes; 3) que si existe contradicción y que sustente un criterio diverso.
Con relación al sentido número dos, es necesario precisar que aún y cuando el contenido de una de las tesis de los Tribunales Colegiados es el que prevalecerá, la jurisprudencia es creada por el criterio del órgano jurisdiccional (Pleno o Sala de la Suprema Corte, o Pleno de Circuito) que resolvió la contradicción y no por el criterio contendiente, pues como lo señala María Teresa Lobo (2002)
la tesis que resultará obligatoria no será formalmente la que haya resultado vencedora en dicha contienda, sino la que la Suprema Corte de Justicia publicará como una ‘nueva’ tesis en la que se tomarán los argumentos y conclusiones de la tesis vencedora, a veces hasta con las mismas palabras; pero no será ya la tesis del tribunal que la creó, sino la tesis de la sala o el pleno de la corte que resolvió la contradicción. (Lobo, 2002, pág. 174).
Es importante mencionar que existe una discrepancia entre lo establecido por la fracción XIII del artículo 107 Constitucional y el artículo 226 de la Ley de Amparo, ya que la posibilidad de adoptar un criterio distinto al de las tesis contradictorias solamente lo establece la Ley de Amparo y no así la Constitución.
Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
El texto constitucional establece que tratándose de las contradicciones de tesis de Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización, el órgano competente para crear jurisprudencia única y exclusivamente puede escoger una de las tesis materia de la contradicción.
Lo anterior es de relevancia en virtud de que la jurisprudencia, al ser una excepción al principio de división de poderes, es de interpretación estricta y restrictiva; por lo tanto, la Ley de Amparo no puede ampliar este aspecto que ya fue regulado expresamente por la Constitución.
Se podría pensar que las distintas redacciones representan una cuestión trivial, pero la realidad es que este asunto fue materia de una reforma constitucional en el año de 1994, lo cual demuestra que no se trata de una cuestión puramente semántica. Por lo tanto, se puede concluir que la discrecionalidad del órgano que resuelve la contradicción de tesis es mayor cuando los criterios provienen de las Salas de la Suprema Corte, pues en el resto de los casos regulados en la fracción XIII del artículo 107 constitucional, solamente se puede adoptar uno de los criterios objeto de la contradicción.
A excepción de las contradicciones de las tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte (que cuenta con fundamento en el tercer párrafo de la fracción XIII del artículo 107 constitucional), el único caso en el que la Constitución podría autorizar la adopción de un criterio distinto al sustentado en las tesis contradictorias, se da cuando las tesis en contienda son anticonstitucionales y en virtud de ello se decide resolver la contradicción con un criterio nuevo que resulte conforme a la Constitución.
Para finalizar con este proceso de creación de jurisprudencia se citan los artículos conducentes de la Ley de Amparo:
I. Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
Como se puede observar, la resolución que pone fin a una contradicción de tesis constituye jurisprudencia, y la jurisprudencia es una norma jurídica que regula el ejercicio de la función jurisdiccional. Es por eso que la jurisprudencia recién creada no puede afectar las situaciones jurídicas derivadas de los juicios que originaron las tesis contradictorias, pues en esos casos la función jurisdiccional ya se realizó, y culminó al momento de dictarse las sentencias correspondientes. Hay que tener presente que la jurisprudencia sólo puede regular los asuntos en los que esté pendiente el ejercicio de la jurisdicción, ya que en relación a aquellos casos en los que existe una sentencia con el valor de cosa juzgada, la jurisprudencia, en principio, no puede hacer nada.
Ante la existencia de tesis contradictorias sería conveniente que se suspendiera el dictado de la sentencia hasta que la contradicción se resuelva. Lo anterior serviría de incentivo para que las partes denuncien la contradicción, ya que con el sistema actual, la solución de la contradicción de tesis no puede afectar las sentencias que ya fueron dictadas. Otro beneficio de suspender el dictado de la sentencia sería que la interpretación que se estima incorrecta no se volvería a utilizar.
2.3.1.3 Considerandos de resoluciones de acciones y controversias constitucionales
Otra forma de crear jurisprudencia en términos de ley y no así en términos de la Constitución, es a través de los procedimientos de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Para que los considerandos de las sentencias que ponen fin a estos procedimientos sean jurisprudencia se requiere de una votación de cuando menos ocho votos del Pleno de la Suprema Corte.
Esta forma de crear jurisprudencia es exclusiva del Pleno de la Suprema Corte, ya que según el artículo 10 de la LOPJF, estos procesos son competencia del Pleno: “Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”
El fundamento legal de estos procedimientos de creación de jurisprudencia lo constituyen el artículo 43, por lo que hace a las controversias constitucionales, y el 73 del Título III, que regula las acciones de inconstitucionalidad, ambos artículos de la Ley de Acciones y Controversias.
Con relación al inicio de vigencia de la jurisprudencia creada por esta vía, también surgen dudas, debido a que el artículo 45 de la Ley de Acciones y Controversias se refiere a los efectos de las sentencias y nada dice respecto de los considerandos que constituyen jurisprudencia.
2.3.2 Publicación de la jurisprudencia
En cuanto a la difusión de esta norma jurídica, la Ley de Amparo establece que el Semanario Judicial de la Federación será la dependencia encargada de dicha función.
Es importante señalar que no solamente se publican las tesis de jurisprudencia, también se publican las resoluciones que interrumpen o sustituyen una jurisprudencia, votos particulares y ciertas resoluciones que son consideraras como trascendentes.
Otra forma de difusión de la jurisprudencia se refiere a la publicación de las sentencias[ix] que declaran la invalidez de una norma general como resultado de los procedimientos de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. Al efecto, se realiza la publicación de la sentencia respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en ocasiones se requiere de otra publicación, por ejemplo, cuando se declara la invalidez de una norma local, caso en el que habrá que publicar la sentencia en la Gaceta Local, tal y como se desprende el artículo 44 de la Ley de Acciones y Controversias.[x]
2.3.3 Interpretación de la jurisprudencia
Toda vez que la jurisprudencia es plasmada en un texto, se requiere nuevamente del proceso de interpretación para poder ser aplicada por el órgano jurisdiccional.
Para entender el sentido de la jurisprudencia es necesario conocer las partes que la integran, mismas que se encuentran descritas en el artículo 218 de la Ley de Amparo.
IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; yV. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.
Por lo que hace a las tesis, se pueden distinguir las tesis aisladas, de las tesis de jurisprudencia. Las tesis aisladas se refieren a los criterios empleados en solución de un caso particular y que pueden ser susceptibles o no de formar jurisprudencia según la votación alcanzada. Mientras que la tesis de jurisprudencia es el criterio jurídico obligatorio para los órganos jurisdiccionales inferiores.
Como se ha visto con anterioridad, la jurisprudencia surge de una específica situación de interpretación, situación que muchas veces no se identifica con precisión en la tesis que al efecto fue redactada. Interpretar adecuadamente la tesis jurisprudencial implica reconocer con claridad cuál fue la situación de interpretación que originó la tesis, es decir cuáles son los hechos y los textos normativos que causaban dudas a los destinatarios de la norma al momento de orientar su conducta con la misma.
Por último, otro aspecto que se debe tener en cuenta al interpretar la jurisprudencia, es el relativo a la época en la que fue creada. Actualmente existen diez épocas y cada una de ellas contiene criterios judiciales sustentados en un determinado período. A continuación se muestra los años que están comprendidos en cada una de estas épocas.
Criterios sustentados de 1870 a 1875.
Criterios sustentados de 1881 a 1889.
Criterios sustentados de 1890 a 1897.
Criterios sustentados de 1898 a 1914.
Criterios sustentados de 1917 a 1957.
Criterios sustentados de 1957 a 1968.
Criterios sustentados de 1969 a 1988.
Criterios sustentados de 1988 a 1995.
Criterios sustentados desde 1995 a 2011.
Décima Época:
Criterios sustentados desde 2011 y aún se encuentra vigente.
Por último debe recordarse que las jurisprudencias anteriores a la reforma constitucional publicada el día diez de junio de dos mil once que resulte contrarias a los derechos humanos y demás disposiciones objeto de la reforma, ya han quedado derogadas en términos del artículo 9 transitorio de dicha reforma.
2.3.4 Sustitución de la jurisprudencia
No toda la jurisprudencia es susceptible de ser modificada, ya que el procedimiento de sustitución previsto en la Ley de Amparo sólo es procedente con relación a la jurisprudencia establecida por el Pleno, las Salas de la Suprema Corte y los Plenos de Circuito. Es decir, la jurisprudencia creada por los Tribunales Colegiados de Circuito no se modifica, sólo se interrumpe.
La razón de ser del procedimiento de sustitución radica en la imposibilidad del órgano jurisdiccional inferior de cambiar o de interrumpir la jurisprudencia que lo obliga a resolver en un sentido que considera no es el adecuado.
En cuanto a los sujetos legitimados para solicitar la sustitución de la jurisprudencia, la Ley de Amparo contempla los siguientes casos:
1) Solicitud presentada por un Tribunal Colegiado de Circuito.
Este tipo de solicitud solamente es procedente respecto de jurisprudencias creadas por contradicción de tesis y debe presentarse previa petición de alguno de los magistrados. La solicitud se presenta ante el Pleno de Circuito correspondiente.
2) Solicitud presentada por un Pleno de Circuito.
Esta solicitud pude versar sobre cualquier tipo de jurisprudencia ya sea la creada por contradicción de tesis o por reiteración de criterios. También se requiere previa petición de alguno de los magistrados de los tribunales colegiados de circuito. La solicitud se presenta ante el Pleno o la Sala de la Suprema Corte.
3) Solicitud presentada por una de las Salas de la Suprema Corte. Esta solicitud pude versar sobre cualquier tipo de jurisprudencia ya sea la creada por contradicción de tesis o por reiteración de criterios. Nuevamente se requiere de previa petición de alguno de los ministros.
Cabe señalar que la facultad de solicitar la sustitución de la jurisprudencia está condicionada al conocimiento de un caso concreto, en el cual el órgano jurisdiccional considera que el sentido de la jurisprudencia debe ser cambiado. Al respecto, la Ley de Amparo señala que la solicitud de sustitución deberá contener las razones por las cuales debe sustituirse la jurisprudencia.
En relación a la votación necesaria para sustituir una jurisprudencia la Ley de Amparo establece las siguientes mayorías:
1) Sustitución de jurisprudencia realizada por un Pleno de Circuito, se requiere de dos terceras partes de los magistrados que lo integren.
2) Las sustituciones de jurisprudencia realizadas por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte deberán aprobarse por la mayoría de sus integrantes.
El fundamento del procedimiento de sustitución se encuentra en el artículo 230 de la Ley de Amparo:
2.3.5 Interrupción de la jurisprudencia
La jurisprudencia puede perder vigencia por cuestiones relacionadas con la norma interpretada, pero también puede perder vigencia por aspectos vinculados con la jurisprudencia misma.
En ese sentido, la interrupción es una causa de pérdida de vigencia propia de la jurisprudencia, ya que al presentarse la interrupción, la jurisprudencia pierde obligatoriedad en virtud de cuestiones que sólo conciernen a la tesis de jurisprudencia y que nada tienen que ver con la norma interpretada.
La regla general es que el sujeto facultado para interrumpir la jurisprudencia sea el mismo órgano jurisdiccional que creó la tesis jurisprudencial. La excepción a esta regla está representada por aquellos casos en que ha existido una redistribución de competencias en el Poder Judicial de la Federación y que tuvieron como consecuencia facultar a los Tribunales Colegiados de Circuito para interrumpir la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte. Los artículos transitorios noveno y sexto de la Ley de Amparo de 1968 y 1988 respectivamente, son ejemplo de lo anterior.
Actualmente la Ley de Amparo es omisa en señalar qué órgano jurisdiccional es el competente para interrumpir la jurisprudencia, no obstante ello, y tomando en consideración que a los órganos jurisdiccionales inferiores la jurisprudencia les resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, es válido afirmar que el sujeto legitimado para interrumpir la jurisprudencia es el mismo que la creó.
Por último, cabe señalar que la Ley de Amparo también es omisa en señalar la votación necesaria para la interrupción, por lo que al respecto resultan aplicables las mayorías previstas en la LOPJF.
2.3.6 Aplicación de la jurisprudencia
Aplicar la jurisprudencia significa que el órgano jurisdiccional incluye el contenido de la jurisprudencia en las resoluciones. Por lo tanto, la jurisprudencia sólo puede ser aplicada a aquellos casos concretos en los que todavía no existe una resolución con el valor de cosa juzgada.
Que el juzgador sea el sujeto obligado a aplicar la jurisprudencia no implica que la misma solamente tenga efectos con relación a órganos jurisdiccionales. Ya se ha visto que la jurisprudencia tiene efectos mediatos con relación a las partes en el proceso jurisdiccional, toda vez que la jurisprudencia tiene la capacidad de orientar el sentido de las normas y, en ocasiones, la capacidad de crear normas jurídicas distintas de la norma interpretada, como en los casos de interpretación creativa.
La aplicación de la jurisprudencia por parte del juez no es necesaria, sino contingente. El juez tiene la obligación de aplicar la jurisprudencia pero, como toda obligación, ésta también es susceptible de ser incumplida. En ocasiones existirá la posibilidad de impugnar la falta de aplicación, pero tratándose de los órganos de última instancia[xi] el incumplimiento no es controlable.
Por otra parte hay ciertos factores que considerar al momento de aplicar la tesis de jurisprudencia; entre ellos, hay que verificar que la disposición que dio origen a la jurisprudencia esté vigente, que el contenido no haya cambiado, pues esto afectaría el fundamento mismo de la jurisprudencia, que la misma sea compatible con los derechos humanos y que la misma constituya la interpretación más favorable tratándose de la interpretación de normas relativas a derechos humanos en términos del segundo párrafo del artículo 1° Constitucional.
Debido a la subordinación de jurisprudencia con relación a la norma interpretada, el ámbito territorial de validez de la jurisprudencia es el mismo que el de la norma jurídica interpretada.
Por eso, la jurisprudencia creada a partir de normas locales sólo debe ser aplicable al interior de la entidad federativa a la cual pertence la norma interpretada.
Por último, y tal vez el aspecto más importante que debe tenerse presente para la aplicación, la jurisprudencia debe ser aplicada solamente a aquellos casos en que se presenta la misma situación de interpretación.
2.3.7 Extinción de la jurisprudencia
Al tocar el tema del ámbito temporal de validez se señaló que existen dos formas en las que la jurisprudencia pierde vigencia.
En primer lugar, se encuentra la forma directa, representada por procedimiento de interrupción de jurisprudencia. La otra manera en que una jurisprudencia pierde vigencia es en virtud de los cambios que experimenta la norma interpretada.
Si la norma interpretada es modificada, la jurisprudencia ya no interpreta a esa norma y, por consiguiente, su existencia ya no está justificada. Lo mismo sucede cuando la norma que originó la jurisprudencia es abrogada, pues se debe recordar que la CPEUM establece que la jurisprudencia es obligatoria siempre y cuando interprete las normas que la misma constitución señala.
2.4 Clasificación de la jurisprudencia
En este apartado se darán algunos criterios clasificatorios que son útiles para visualizar los temas que han sido tocados en esta investigación. La lista de criterios de clasificación no pretende ser exhaustiva y solamente enumera los criterios que aquí se consideran más relevantes.
La mecánica a seguir será señalar el criterio de clasificación e inmediatamente después mencionar algunos de los posibles usos que se pueden dar a la clasificación así obtenida.
2.4.1 Según el proceso de creación
Si se toma en consideración el procedimiento por el cual la jurisprudencia es creada, es posible clasificarla en las siguientes categorías: 1) jurisprudencia creada por la vía de la reiteración de tesis, 2) jurisprudencia creada por contradicción de tesis, y 3) jurisprudencia creada a partir de los considerandos de resoluciones de acciones y controversias constitucionales.
Esta clasificación es relevante para: determinar qué votación es necesaria para crear jurisprudencia; identificar los procedimientos de creación que son exclusivos de ciertos órganos jurisdiccionales, como el caso de los considerandos de las resoluciones de acciones y controversias constitucionales; saber que tan probable es que una jurisprudencia sea interrumpida; y para determinar si la jurisprudencia es irregular por no haberse observado el procedimiento de creación correspondiente.
2.4.2 Según el órgano que la crea
Son varios los sujetos que crean jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, entre ellos se encuentran: 1) El Pleno de la Suprema Corte, 2) Las Salas de la Suprema Corte, 3) Los Plenos de Circuito, 4) Los Tribunales Colegiados de Circuito, 5) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mencionar algunos.
Al identificar el órgano que establece la jurisprudencia es posible determinar: el ámbito personal de validez; qué sujeto es el facultado para interrumpirla; qué jurisprudencia es susceptible de ser modificada y quien puede hacerlo; qué jurisprudencia debe prevalecer ante una antinomia entre tesis de jurisprudencia, al aplicar el principio de jerarquía; y, por último, también puede servir para determinar si la jurisprudencia, vista como una institución jurídica, es constitucional o no (este tema se desarrollará con un poco de más detalle al hablar de los atributos de la jurisprudencia).
2.4.3 Según la norma interpretada
La jurisprudencia interpreta diversas normas y en base a ello se puede identificar distintas categorías, a saber: 1) jurisprudencia del texto constitucional, 2) jurisprudencia de leyes federales, 3) jurisprudencia de leyes locales, 4) jurisprudencia de reglamentos federales, 5) jurisprudencia de reglamentos locales, y 6) jurisprudencia de tratados internacionales.
La jurisprudencia no siempre ha tenido la misma configuración. En épocas anteriores no todas las normas que se mencionaron en el párrafo anterior fueron susceptibles de crear jurisprudencia, por lo tanto, saber qué disposiciones son idóneas para producir jurisprudencia es útil para las partes si es que el órgano jurisdiccional pretende aplicar una jurisprudencia que interpretó una norma que no era capaz de crear jurisprudencia según las leyes vigentes en ese momento.
Otro uso que se le puede dar a esta clasificación consiste en determinar la jerarquía de cada jurisprudencia.
Por último, esta clasificación es útil para efectos de la aplicación de la jurisprudencia, pues basta recordar que la jurisprudencia de normas locales sólo es aplicable dentro del ámbito territorial de la entidad federativa a la cual pertenece la norma interpretada y, por lo tanto, hay posibilidades de impugnar una aplicación extraterritorial de una determinada tesis de jurisprudencia.
2.4.4 Según la naturaleza de la norma interpretada
Las normas jurídicas pueden clasificarse en sustantivas o adjetivas. Esta distinción es relevante en el tema de la jurisprudencia ya que en principio define el momento en que la jurisprudencia será aplicada. Las jurisprudencias sustantivas por regla general serán aplicadas al momento de dictarse las sentencias definitivas, mientras que las jurisprudencias procesales en principio se aplicarán en los actos previos al dictado de la sentencia definitiva en temas como presupuestos procesales, ofrecimiento de pruebas, etc.
[i] Al tratar el ámbito personal de validez se hará mención de todos los sujetos con facultades jurisdiccionales, a lo que se refiere este artículo.[ii] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.[iii] Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa.[iv] Se entiende aquí que el principio de universalización implica la adopción de aquella decisión por parte del operador jurídico que sea susceptible de ser aplicable a todos los casos que presenten las mismas características relevantes.[v] Cuando la controversia verse sobre disposiciones generales, es decir los supuestos del artículo 42 de la Ley de Acciones y Controversias.[vi] Ver artículos 17, 40 y 70[vii] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Contradicción de tesis 21/2006-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 28 de junio de 2007. 6 votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXVII, página 8. No. De registro 169,448. Materia Constitucional, Civil.[viii] Artículo 226… Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran.[ix] Se debe recordar que solamente los considerandos son los que constituyen jurisprudencia y que dicha jurisprudencia no tiene fundamento constitucional.[x] Artículo 44. . . Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado.[xi] Al hablar de órganos de última instancia, se hace referencia a los órganos jurisdiccionales sobre los cuales no existe otro medio de control que pueda afectar la solución dada a un caso concreto.

References: artículo 94
 artículo 99
 resolución 
 artículo 94
 artículo 107
 artículo 94
 artículo 217
 artículo 94
 artículo 14
 artículo 31
 artículo 94
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 217
 resolución 
 artículo 221
 resolución 
 artículo 228
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 121
 artículo 193
 artículo 218
 artículo 218
 artículo 94
 artículo 49
 artículo 105
 artículo 105
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 49
 artículo 43
 artículo 107
 artículo 99
 artículo 6
 artículo 229

Artículo 229
 artículo 107
 artículo 192
 artículo 4
 resolución 
 artículo 107
 artículo 226
 artículo 107
 artículo 107
 resolución 
 artículo 10
 artículo 105
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 44
 artículo 218
 artículo 9
 artículo 230
 artículo 217
 resolución 
 artículo 1
 Artículo 217
 Artículo 228
 artículo 42
 Artículo 226
 Artículo 44