Source: http://www.slideshare.net/VaniAvila/manual-culturademocrticayculturadejusticiaelectoral-9345103
Timestamp: 2016-12-10 21:18:02+00:00

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by paxarinho
Cultura democrática y cultura de justicia electoral Manual del participante Centro de Capacitación Judicial Electoral México, Distrito Federal, febrero de 2011 www.te.gob.mx www.te.gob.mx/ccje/ ccje@te.gob.mx 2.
ÍndiceIntroducción...................................................................................................... 41. Cultura política democrática ....................................................................... 9 1.1 El concepto de cultura política .................................................................. 9 1.2 Cultura política y democracia .................................................................. 10 1.3 Los componentes de la cultura política democrática .............................. 15 1.4 Generación de una demanda social de democracia ............................... 19 1.5 Reapropiación ciudadana de la política .................................................. 202. Cultura política en México ......................................................................... 21 2.1 Información sobre política ....................................................................... 22 2.2 Interés en la política ................................................................................ 24 2.3 Percepción sobre la política .................................................................... 25 2.4 Disposición hacia la democracia ............................................................. 30 2.5 Organización y participación ciudadanas................................................ 32 2.6 Percepción sobre la ley, la legalidad y la justicia .................................... 343. Cultura de justicia electoral en México .................................................... 40 3.1 La relevancia de la justicia electoral en la democracia mexicana ........... 40 3.2 La cultura de la justicia electoral como componente de la cultura política democrática .................................................................................................. 42 3.3 El enfoque garantista y la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos (JDC)............................................................................... 434. La contribución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación (TEPJF) en el desarrollo de una cultura de justicia electoral. 50 4.1 El Centro de Capacitación Judicial Electoral (CCJE) y la capacitación y difusión de la justicia electoral ...................................................................... 51Recapitulación ................................................................................................ 58Referencias bibliográficas ............................................................................. 60 2 3.
Índice de gráficasGráfica 1: Conocimiento de los ciudadanos sobre política federal y estatal 23Gráfica 2: Principales medios de comunicación por los cuales la ciudadanía 24se entera de lo que pasa en políticaGráfica 3: Lo que los ciudadanos generalmente hacen cuando la gente 25empieza a hablar de políticaGráfica 4: Percepción de los ciudadanos sobre la política 26Gráfica 5: Percepción ciudadana sobre lo que piensan sus gobernantes¿Qué tanto cree que a los gobernantes les interesa lo que piense la gente 27como usted?Gráfica 6: Percepción de los ciudadanos sobre lo que los diputados y 27senadores toman en cuenta al elaborar leyesGráfica 7: Percepción de los ciudadanos sobre la necesidad de los partidos 28políticos para la mejoría del paísGráfica 8: Confianza ciudadana en las instituciones del Estado mexicano 29Gráfica 9: Confianza ciudadana en las instituciones públicas que no 30pertenecen al Estado mexicanoGráfica 10: Perspectiva ciudadana sobre el estado de la democracia en 30MéxicoGráfica 11: Preferencia de la ciudadanía por la democracia como forma de 31gobiernoGráfica 12: Insatisfacción ciudadana con la democracia en México 32Gráfica 13: Participación ciudadana. ¿Alguna vez ha llevado a cabo las 33siguientes acciones?Gráfica 14: Participación ciudadana. Dígame por favor si usted forma parte 34o ha formado parte de alguna de las siguientes organizacionesGráfica 15: Percepción de la legalidad: ¿Qué tanto cree que en el país las 34personas respetan la ley?Gráfica 16: Percepción de la legalidad. En su opinión, ¿las leyes se aplican 35para lograr el beneficio de todos o sólo de algunos cuantos?Gráfica 17: Percepción ciudadana de los responsables de la corrupción en 36MéxicoGráfica 18: Percepción de la legalidad en México. ¿Estamos más cerca de 37un gobierno que viola los derechos de los ciudadanos? 3 4.
Cultura democrática y cultura de justicia electoral Al final del curso, los participantes reconocerán la importancia de una cultura de justicia electoral en el desarrollo del régimen democrático mexicano, así como del quehacer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos.IntroducciónEste manual pretende explicar la importancia de la cultura política democráticacomo un elemento que puede ayudar a fortalecer el régimen democrático ymodelar las conductas y estrategias de autoridades, partidos políticos yciudadanos.Subyace a este planteamiento la idea de que “el vigor y la estabilidad de unademocracia moderna no dependen solamente de la justicia de su estructurabásica, sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos”(Kymlicka y Norman 1996, 6). En ese sentido, no importan solo las institucionescomo el tipo de gobierno o el sistema de partidos, sino además una culturapolítica democrática, la cual deviene en una condición favorable para laestabilidad, desarrollo y calidad de la democracia.Como lo afirma Robert Dahl, una democracia tendrá muchas másprobabilidades de sortear las crisis si una mayoría de ciudadanos prefiere estaforma de gobierno y se conduce conforme a sus valores y principios (Dahl1999, 178).De hecho, sin cooperación y autocontrol de la ciudadanía en prácticamentetodas las áreas de la vida social, como lo han argumentado Kymlicka y Norman(1996, 14), la capacidad de las sociedades democráticas de funcionar con éxitodisminuye progresivamente y, en el extremo, corren el riesgo de colapsar. 4 5.
En este manual se analizan los resultados de diversos estudios y encuestassobre la cultura política nacional. Los datos son inquietantes: dejan ver quesectores de la ciudadanía están insatisfechos con la democracia, o peor aún,que no la consideran como la mejor forma de gobierno. Por esto, se concluyeque en el caso mexicano es necesario desplegar un esfuerzo adicional yconstruir no sólo una cultura democrática, sino además, una cultura de lajusticia electoral.La cultura de la justicia electoral procura identificar el papel central que en unademocracia como la mexicana tiene todo el dispositivo normativo e institucionaldiseñado para resolver las controversias electorales mediante los mecanismosjurisdiccionales. Más específicamente, la justicia electoral cumple funcionescruciales para el buen desarrollo de la democracia, dado que permite:  Mantener la paz social al encauzar los conflictos político-electorales por vías institucionales.  Proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos.  Asegurar la realización de elecciones limpias y equitativas.  Garantizar la legalidad y constitucionalidad de los actos y las resoluciones de autoridades electorales y partidos políticos.En ese sentido, este manual también destaca la importancia de una cultura dejusticia electoral, la cual reconoce la importancia de los tribunales electoralesen la resolución de los conflictos políticos y electorales a través de mecanismosinstitucionales. Se resaltan también los efectos positivos que implica para laconsolidación democrática, ya que permite mantener y restaurar la legalidad delos procesos y preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos.Si bien las instituciones tienen tareas clave al fomentar y mantener una culturademocrática y de justicia electoral, ambas requieren de una exigencia de losciudadanos para el cumplimiento de las leyes, que las autoridades se apeguena los principios democráticos, que tutelen efectivamente los derechos político-electorales de los ciudadanos, que cumplan con determinados estándares, que 5 6.
sus criterios sean consistentes, que sus resoluciones estén debidamentefundadas y que éstas sean comprensibles para un público no especializado.Sin embargo, mientras la ciudadanía carezca de los conocimientos,herramientas y habilidades técnicas para hacerlo, no podrá realizar esafiscalización. Por lo tanto es necesario establecer canales institucionales quepermitan una interacción positiva con base en mecanismos de transparencia,capacitación y divulgación, simplificación de trámites, y acercamientos mutuosde manera sistemática y frecuente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación (TEPJF) asume esa responsabilidad como propia al ser la máximaautoridad jurisdiccional en la materia electoral, como le reconoce laConstitución.El presente manual concluye revisando las funciones del TEPJF quecontribuyen a generar un compromiso público con la defensa de la democracia,y aquellas otras que están orientadas a fortalecer las competencias ciudadanaspara ejercer una vigilancia atenta y crítica sobre el desempeño institucional.La cultura de la justicia electoral es una avenida que, al ser transitada enambos sentidos: de las instituciones hacia la ciudadanía y de ésta hacia lasprimeras, puede contribuir a fortalecer la efectividad de los tribunaleselectorales y, en consecuencia, a reforzar la confianza ciudadana en ellos,creando un círculo virtuoso que afiance la democracia mexicana.  Contenido del ManualEste manual explica las características conceptuales de la cultura democráticay la cultura de la justicia electoral desde la literatura especializada. Laexposición del tema está integrada por cuatro unidades que ofrecen unpanorama general que va de la revisión teórica al caso mexicano, con lasiguiente estructura: 1. Cultura política democrática. 2. Cultura política en México. 6 7.
3. Cultura de justicia electoral en México. 4. La contribución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el desarrollo de la cultura de la justicia electoral.En el primer apartado se desarrollan los elementos conceptuales de la culturapolítica, los tipos que proponen algunos especialistas, su relación con la culturademocrática y los componentes de esta última. Finalmente se muestra cómodesarrollar y fortalecer la democracia a partir de los valores de la culturapolítica democrática.En el segundo apartado se analiza la cultura política en México a partir deinformación cuantitativa extraída de las diversas Encuestas sobre CulturaPolítica (ENCUP) que se aplicaron en México en 2001, 2003, 2005 y 2008.Esta información se complementa con datos del Latinobarómetro 2009 y 2010.Se evalúa la percepción que tienen los ciudadanos sobre política, la disposiciónque muestran hacia la democracia, su nivel de participación y sus opinionesrespecto a la ley, la legalidad y la justicia.En el tercer apartado se aborda la importancia de la justicia electoral en lademocracia mexicana y cómo forma parte de su cultura democrática. Se haceénfasis en cómo el enfoque teórico del “garantismo” ha servido para fortalecerla justicia electoral a partir de la adopción de una visión amplia sobre laprotección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.En el último apartado se explica el rol que juega el Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación para la promoción de la cultura política democrática,no sólo al resolver conflictos electorales y proteger los derechos políticoselectorales de los ciudadanos, sino además desde la dimensión de divulgación,capacitación e investigación de la cultura democrática y de la cultura de justiciaelectoral. 7 8.
 Ubicación del tema dentro de la oferta académica del CCJEEste manual fue elaborado como material de apoyo del curso CulturaDemocrática y Cultura de Justicia Electoral que es impartido por el Centro deCapacitación Judicial Electoral (CCJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicialde la Federación (TEPJF), como parte de su oferta de capacitación externa.El curso es de nivel general, y está dirigido a ciudadanos interesados en lamateria cultura política y democrática, funcionarios electorales y militantes departidos políticos. Para tomar este curso, se recomienda que los participanteshayan cursado o conozcan los fundamentos de algunos temas de nivel generalcomo Régimen democrático, Derecho Electoral Mexicano, y Autoridadeselectorales.Los materiales de capacitación elaborados por el CCJE tienen el fin defortalecer la transmisión de conocimientos dirigida a organismos electorales,partidos políticos, agrupaciones políticas y ciudadanos interesados en lamateria electoral. 8 9.
1. Cultura política democrática Al final de esta sección, los participantes identificarán el concepto y tipos de la cultura política, su relación con la cultura política democrática y la forma de arraigar y fortalecer la cultura democrática. 1.1 El concepto de cultura políticaCultura política es un término de uso muy extendido. Se le utiliza de maneragenérica y coloquial para referir un conjunto de actitudes, ideas, reacciones ocomportamientos sociales frente a fenómenos políticos. Pero la amplia difusióndel término no ha implicado una mejor comprensión de su significado.La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres,mitos y rituales que toda sociedad construye para representarse al mundo yexplicarse los distintos fenómenos que en él ocurren. Se trata de sentidossocialmente compartidos que otorgan identidad a los miembros de unacomunidad, generan un sentido de pertenencia y orientan la acción de susmiembros.La política, por su parte, es el ámbito de la sociedad relativo a la organización yejercicio del poder: “Es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienenproyección social, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes deuna sociedad, o sea, qué le toca a cada quién, cómo y cuándo” (Peschard2008, 9).Si se reúnen ambos elementos se tiene una primera aproximación al concepto.Cultura política es el conjunto de concepciones, juicios, valores y actitudes queuna sociedad tiene en relación con el poder político (la autoridad, lasinstituciones públicas, y en términos más generales el Estado) y tambiénrespecto a las distintas formas en que los mecanismos de obediencia a lasleyes y autoridades se aplican. 9 10.
Cuando se habla de cultura política no se está haciendo referencia a lasconductas objetivas de los ciudadanos y los actores políticos, a pesar de quetales conductas expresan una determinada cultura política. Lo que se busca es“penetrar en los supuestos fundamentales que gobiernan las conductaspolíticas” (Peschard 2008, 17). En términos generales, se busca responder ados preguntas: 1) ¿Cuáles son las percepciones de la sociedad respecto a la política? 2) ¿De qué manera estas percepciones influyen en el desempeño de instituciones políticas específicas y en la conducta de los políticos y los ciudadanos?1 1.2 Cultura política y democraciaEstas preguntas alentaron las primeras investigaciones empíricas en lamateria, entre ellas La cultura cívica. Estudio sobre la participación políticademocrática en cinco naciones (1963), en la que Gabriel Almond y SidneyVerba se propusieron identificar la cultura política en la cual la democracialiberal puede desarrollarse mejor.Fue en ese estudio pionero donde Almond y Verba distinguieron las tresdimensiones que integran la cultura política, esto es, las orientacionesprevalecientes hacia los objetos políticos:1 Ciertos autores ven con reserva el hecho de que en ocasiones se presente a la cultura políticacomo el factor casi único que explica el funcionamiento de las instituciones políticas, anulandoel peso que pueden tener otras variables. Incluso algunos de ellos plantean que si hay unarelación de causalidad, ésta es justamente la inversa: serían las instituciones políticas las quemoldearían la cultura política y no al revés. Quienes así piensan, sostienen que lasinstituciones son las que estructuran y condicionan los comportamientos de los ciudadanos, almargen de si éstos se hallan personalmente convencidos de actuar en un determinado sentido.En consecuencia, el acento tendría que estar puesto en un buen diseño de las instituciones, desuerte que éstas fuercen a las personas a actuar bajo su lógica, independientemente de sicreen o no en las bondades de la democracia. La relación, en todo caso, es deinterdependencia y de recíproca influencia. Aunque analíticamente quizás sí es posible otorgarprimacía a uno de los factores de la ecuación. Roberto Gutiérrez ha escrito a este respecto: “Esa partir de la cultura política que los miembros de una comunidad perciben, significan,comprenden y hacen funcionar de determinada manera al sistema político. Éste no existe almargen de la cultura política”. (Gutiérrez 1996, 74). Óptica bajo la cual tiene sentido afirmar quela democracia funciona mejor donde existe una cultura política que apoya y refuerza lainstitucionalidad y el marco normativo propio de la democracia. 10 11.
1) La cognoscitiva, que remite a los conocimientos que la población tiene en torno al sistema político en general y en torno a sus actores en particular. 2) La afectiva, que remite a los sentimientos que el sistema político genera en la población, y que pueden ser de apego o rechazo. 3) La evaluativa, que remite a los juicios que la población elabora acerca del sistema político.La forma en que las tres dimensiones se combinan, el peso específico quetiene cada una de ellas y la forma como inciden en el sistema político,constituye la base sobre la que descansa la clasificación de las culturaspolíticas.Sidney y Verba distinguen tres tipos puros de cultura política: 1. La cultura política parroquial, en la que los individuos:  Tienen una visión puramente local de la política.  Carecen de conciencia sobre la existencia de un gobierno central.  No se perciben a sí mismos como personas autorizadas o capacitadas para influir en el curso de la política. 2. La cultura política subordinada, en la que los individuos:  Son conscientes de la existencia de un sistema político nacional.  Se relacionan con los productos de dicho sistema (como usuarios de servicios públicos o beneficiarios de las acciones de gobierno).  No se involucran, más que de forma subordinada, en el proceso de toma de decisiones del gobierno. 3. La cultura política participativa, en la que los individuos:  Tienen conciencia del sistema político nacional.  Están interesados en la forma cómo opera.  Tienen capacidad para influir en las decisiones y políticas públicas y vigilan su aplicación. 11 12.
Para Almond y Verba, una democracia estable requiere una cultura política queellos denominan cultura cívica, esencialmente participativa, pero con rasgos demoderación y corresponsabilidad ciudadanas que dan a las autoridades unmargen importante de flexibilidad en su gestión. La cultura cívica es, entonces,una cultura mixta, cuyos rasgos esenciales son los siguientes:  Una conciencia muy viva de los derechos ciudadanos y capacidad para influir en las políticas públicas.  Un sentido de respeto y deferencia hacia la autoridad.  Un sentido de corresponsabilidad respecto de la comunidad.  Un buen número de miembros activos en diversos tipos de asociaciones voluntarias.  Un alto orgullo por su sistema político. (Peschard 2008, 21-23).Entre los diversos trabajos publicados posteriores a Almond y Verba destaca elde Robert Putnam, Making Democracy Work (1993). Putnam analizó laeficiencia de las instituciones democráticas en Italia. Ofreció evidencia empíricaen el sentido de que el buen o mal funcionamiento de dichas institucionesdependía básicamente de la existencia o inexistencia de una cultura cívicarepublicana. (Salazar 1996, 83)2Otros de los factores que contribuyeron a nuevas investigaciones sobre culturapolítica fueron los procesos de democratización que se dieron en Europa delsur, América Latina y Europa del este, desde mediados de los años 70 y a lolargo de los años 80 y parte de los 90; los cuales plantearon dos interrogantesclave: i) ¿qué papel jugaron las élites políticas y distintos movimientos yorganizaciones sociales en el inicio de las transiciones?; y ii) ¿qué rol2 Luis Salazar explica lo siguiente: “Partiendo de la reforma política que en 1970 descentralizóal Estado italiano, creando gobiernos regionales y locales, (Putnam) se pregunta por lasrazones por las que, mientras en las regiones del norte las instituciones creadas lograron unalto nivel de eficiencia, en las regiones del centro y del sur, en cambio, el funcionamiento de lasmismas muestra déficits considerables […] Después de descartar otras posibles explicacionesde esta eficiencia –mayor o menor polarización política, gobiernos de tal o cual partido, nivelesde educación o urbanización-, Putnam llega a la conclusión de que la variable decisiva paraentender el éxito o fracaso relativos de las instituciones democráticas de gobierno sólo puedeser la mayor o menor presencia de tradiciones y virtudes cívicas”. (Salazar 1996, 83). 12 13.
corresponde desempeñar a los diferentes actores sociales y políticos en laestabilización y consolidación de las democracias emergentes?Respecto al primer punto, Ángel Flisfish (citado en Gutiérrez 2007, 118-9)distinguió entre cultura política de las élites y cultura política de las masas. Conbase en ello, mostró que lo crucial en las transiciones es que exista unconsenso creciente a favor de la democracia en segmentos clave de las élitespolíticas. Su planteamiento es que, en condiciones en que aún prevalece eldominio autoritario, son estas élites las que tienen en sus manos la posibilidadefectiva de generar y llevar adelante procesos de cambio político.En torno a la segunda pregunta, diversos autores señalan que si bien la culturapolítica puede no ser una variable decisiva en los procesos de transición, todoindica que sí lo es en las etapas de consolidación democrática. Esto es, cuandopasada la transición e instauradas las principales instituciones de lademocracia, ésta debe acreditar, en el día a día, su superioridad ética conrespecto a los regímenes autoritarios, así como su mayor capacidad de gestiónde la problemática social, de conducción política y de provisión de garantías deorden en un contexto de libertad, pluralismo y respeto a los derechos humanos.La superioridad de la democracia no es algo evidente por sí mismo a los ojosde la población. La sobrecarga de expectativas, las crisis económicas, losrezagos estructurales, las desigualdades, la inseguridad pública, pero tambiénlas diferencias religiosas, étnicas o culturales, someten a duros desafíos atodas las democracias, en especial a las democracias emergentes o recientes.La persistencia de estas u otras problemáticas puede hacer dudar adeterminados segmentos sociales acerca de la viabilidad y conveniencia de lademocracia. Donde ésta carece de respaldo social, las crisis pueden escalar ydesembocar en el colapso del régimen democrático.Robert Dahl argumenta que la preferencia de los ciudadanos por la democraciaes una variable que influye en la persistencia o no de una democracia: A menos que una mayoría sustancial de los ciudadanos prefiera la democracia y sus instituciones políticas a cualquier alternativa no democrática y apoye a los 13 14.
líderes políticos que sostienen las prácticas democráticas, la democracia difícilmente sobrevivirá a sus inevitables crisis. De hecho, incluso probablemente bastaría con una amplia minoría de antidemócratas violentos y militantes para destruir la capacidad de un país para mantener sus instituciones democráticas. (Dahl 1999, 178-9).Más allá de estas situaciones límite, es un hecho que el funcionamientocotidiano y la calidad de la democracia dependen no sólo de un correcto diseñode controles y equilibrios institucionales. Dependen también de las actitudes desus ciudadanos. Kymlicka y Norman (1997, 6) señalan que las democracias sevuelven difíciles de gobernar e incluso inestables ahí donde no existenciudadanos con capacidad de tolerar y trabajar conjuntamente con individuosdiferentes, con deseos de participar en el proceso político a fin de promover elbien público y sostener autoridades controlables, y con disposición aautolimitarse y a ejercer la responsabilidad personal en sus reclamoseconómicos.Estos mismos autores exponen diversos ejemplos que muestran que el buenfuncionamiento de la democracia necesita cierto nivel de virtud ciudadana y depreocupación por lo público: Consideremos las múltiples maneras en que las políticas públicas dependen de las decisiones responsables a nivel de los estilos de vida personales: el Estado será incapaz de proveer cuidados sanitarios adecuados si los ciudadanos no actúan responsablemente hacia su propia salud (siguiendo una dieta balanceada, haciendo ejercicio y controlando el consumo de alcohol y tabaco); […] El Estado no podrá proteger el medio ambiente si los ciudadanos no aceptan reducir el consumo o practicar el reciclaje en sus propios hogares; la capacidad del gobierno para regular la economía puede debilitarse si los ciudadanos se endeudan demasiado o exigen aumentos salariales excesivos; los intentos de crear una sociedad más justa van a sufrir serios tropiezos si los ciudadanos exhiben una intolerancia crónica hacia la diferencia o si carecen de lo que Rawls llama “sentido de la justicia”. Sin cooperación y autocontrol en estas áreas, la capacidad de las sociedades liberales de funcionar con éxito disminuye progresivamente. (Kymlicka y Norman 1997, 14)Resulta clave para la calidad y perdurabilidad de la democracia la existencia deun extendido convencimiento social acerca de la deseabilidad del régimendemocrático, así como de la utilidad práctica de sus valores e instituciones. 14 15.
1.3 Los componentes de la cultura política democráticaLa democracia representativa es ante todo un método, un conjunto deprocedimientos para formar gobiernos, “pero este método presupone unconjunto de valores éticos y políticos que lo hacen deseable y justificable frentea sus alternativas históricas: el autoritarismo o la dictadura” (Salazar 2008, 25).¿Cuáles son esos valores clave que deben ser entendidos y asumidos por losciudadanos, y que favorecen la existencia de la democracia?  LibertadEs el valor que postula el derecho de cada individuo a realizar determinadasactividades sin interferencias del Estado o de otros particulares. La libertadindividual no es irrestricta: se ve limitada por la necesidad de no afectar lalibertad de los demás y por la existencia de mayor o menor cantidad deopciones para elegir. La ausencia de opciones limita en la práctica el ejerciciode la libertad.En las democracias, la libertad se institucionaliza en una serie de derechosespecíficos (de pensamiento, expresión, tránsito, religión, etcétera). Vistos enconjunto, son derechos que le permiten a la persona elegir y definir sininterferencias su propio proyecto de vida.Se puede distinguir, además, una específica libertad democrática, que significacapacidad para elegir a quien nos gobierne. Supone el derecho de cadaindividuo a participar en las decisiones colectivas. Esta libertad democráticatambién se concreta en una serie de derechos como: expresión, reunión,asociación, manifestación, sufragio.  IgualdadEn la democracia, el valor de la igualdad remite a la convicción de que todoindividuo es sujeto de los mismos derechos fundamentales. La igualdaddemocrática, de naturaleza política, postula que todas las personas estáncapacitadas para participar en política, formar gobiernos y autorizar políticas. 15 16.
Esto supone un repudio a todo discurso que implique restringir el ejercicio de lapolítica a unos cuantos, y un rechazo a toda ideología que sostenga lasuperioridad natural de raza, género o clase social, así como a toda práctica dediscriminación.Ahora bien, tener los mismos derechos es distinto a homogeneizar a lasociedad. La igualdad democrática es una igualdad “no uniformadora” (Salazar2008, 31). Es decir, no pretende abolir el pluralismo y la diversidad, ni tampocoanular las distinciones por méritos o capacidades.Aunque la igualdad democrática no signifique igualdad material (social oeconómica), no le es indiferente el tema. Y es obvio por qué: las desigualdadesextremas pueden limitar la posibilidad real de ejercer los distintos derechos,incluidos los políticos. De ahí que la igualdad democrática sostenga uncompromiso ético con la promoción de la equidad económica y la inclusiónsocial y cultural.  FraternidadEs el valor que consiste en la conciencia de que, más allá de cualquieridentidad circunstancial o histórica, lo que une a todas las personas sinexcepción es su igual condición de seres humanos. Por ende, implica unaactitud de ayuda y colaboración con el otro, y sobre todo con aquel querequiere asistencia o tiene algún tipo de desventaja (económica, física,psicológica, etcétera). Un equivalente actual en el ámbito público al valor de lafraternidad es la solidaridad.De esa convicción primaria se desprende la idea de que, a pesar de susdiferencias y conflictos, los miembros de una sociedad no deben verse comoenemigos irreconciliables. Lo anterior supone renunciar a actitudes impositivasy beligerantes, basadas en la idea de que las diferencias sólo puedensuperarse mediante la aniquilación o la exclusión de los rivales.La alternativa a esta visión bélica de la política y las relaciones sociales está enel diálogo, el debate razonado, la ayuda y la tolerancia. 16 17.
[Esto] no significa que la fraternidad democrática anule o supere la inexorable conflictividad de las sociedades modernas. En la medida en que se trata de sociedades plurales […] sólo pueden ser esencialmente conflictivas […] Pero existen dos modos totalmente opuestos de entender el conflicto y la competencia: como guerra […] o como lucha civilizada y pacífica entre adversarios capaces de convertir sus propias contradicciones en motor de un debate abierto y racional […] (Salazar y Woldenberg 2008, 34-35)  ToleranciaLa tolerancia democrática no se reduce a aceptar a los otros a regañadientes.Si bien históricamente la tolerancia nació de una situación de equilibrio defuerzas en el que ninguno de los oponentes pudo imponerse a los demás,teniendo que reconocerse mutuamente legitimidad y derechos (Salazar yWoldenberg 2008, 34), actualmente la tolerancia supone: o El respeto al otro y a su derecho a ser diferente. o El derecho al disenso. o El reconocimiento del otro como legítimo interlocutor. o La admisión de que en política nadie tiene siempre toda la razón. o La apertura a la crítica.  PluralismoEs el valor que reconoce a la diversidad como algo inherente y positivo a lasociedad, que debe ser preservado como un bien en sí mismo. Es el poloopuesto de todas las concepciones integristas, dogmáticas o fundamentalistasque comparten una misma premisa: la de que un grupo social, un partido o unaideología encarna todos los valores positivos.El pluralismo entraña una concepción según la cual creencias diferentes eincluso contradictorias pueden convivir en un mismo espacio político, sin queello represente riesgo alguno de disgregación social. El pluralismo estáestrechamente vinculado con el valor de la tolerancia en tanto implica elreconocimiento genuino del otro. El pluralismo en democracia implica que todoslos individuos participen en el ámbito público, y que más específicamentetengan una representación que defienda sus intereses y creencias. 17 18.
 ParticipaciónLa democracia es inconcebible sin la participación ciudadana. Es ésta la queconcreta el principio de que en una democracia es el pueblo el que gobierna.Por tanto, la disposición a involucrarse libre y activamente en los asuntospúblicos es un valor democrático fundamental.La participación ciudadana se basa en la convicción de que se busca ciertocontrol sobre las élites políticas y sobre las decisiones que éstas adoptan. Laparticipación implica no sólo involucrarse en el debate público. Tambiénsignifica supervisar la gestión de los gobernantes, asegurarse que se apeguena la ley e imponerles costos políticos por su ineficiencia o excesos.  DiálogoComo valor, postula la visión de una sociedad abierta en la que los problemassociales y las posturas en conflicto se someten a una deliberación pública libre,privilegiando la argumentación antes que el principio de autoridad. Implicareconocer en los otros a interlocutores legítimos.  LegalidadEncarna la disposición a respetar las normas que regulan la vida en sociedad ya vigilar que los gobernantes no incurran en actos arbitrarios ni violatorios delos derechos fundamentales de las personas. Concibe a la ley como uninstrumento para resolver pacífica y civilizadamente los conflictos inherentes ala vida en sociedad.  Paz socialEs el aprecio por mecanismos institucionales que permiten elegir gobernantes,modificar políticas o revocar mandatos de manera civilizada. La paz forzadapuede prevalecer en los regímenes autoritarios y dictatoriales pero concontroles estrictos y amenazas constantes. La paz de una democracia derivade la existencia de cauces institucionales para resolver los conflictos y de ladisposición de los individuos para acogerse a ellos. 18 19.
1.4 Generación de una demanda social de democraciaUna democracia puede estancarse cuando tiene una ciudadanía indiferente,debido a su desapego de la política y a su incomprensión sobre las ventajascomparativas que presenta este régimen frente a otros órdenes políticos. Deahí la importancia de generar una demanda social de democracia, es decir, quelos propios ciudadanos exijan vivir en democracia.No obstante, es difícil que la gente pida algo cuyo funcionamiento y utilidaddesconoce, o que defienda lo que no forma parte de sus intereses. De suerteque no demandará vivir en democracia a menos que entienda y asuma queésta es superior a cualquier otro régimen, no sólo en términos éticos, sinopolíticos y de gestión de la problemática social y la convivencia humana.Para ello, la educación para la democracia debe mostrar a la gente que lademocracia conviene a todos porque:  Es un régimen de libertades.  Pone en el centro de sus preocupaciones a la persona y sus derechos.  Promueve el respeto a la dignidad humana.  Permite que las personas elijan libremente y supervisen a sus gobernantes.  Favorece que los individuos definan y realicen su propio proyecto de vida.Lo anterior puede realizarse vinculando la vida cotidiana con la democracia, desuerte que la gente perciba las ventajas prácticas de la vida en democracia.Esto se debe reflejar incluso en aquellos aspectos más cotidianos y privados desus vidas como la de realizar actividades individuales y sociales sin supervisiónestatal, o de elegir los estilos de vida y de recreación que estime convenientessin despertar la desconfianza de las autoridades, tal como no ocurre enregímenes autoritarios. 19 20.
1.5 Reapropiación ciudadana de la políticaResulta importante dignificar la política y rescatarla del descrédito. Dignificar lapolítica presenta tres retos:  Resignificar la política: presentarla como una actividad crucial que da orden a la vida social y sirve para regular y resolver los conflictos de la colectividad.  Singularizar la política democrática: establecer que hay diversas maneras de hacer política, y que de entre ellas la política democrática es la que ofrece mayores ventajas como medio de deliberación y elección racionales y como garantía de convivencia civilizada entre distintos grupos.  Identificar y poner al alcance de la ciudadanía los dispositivos de control sobre gobernantes y políticos en general: puntualizar que la democracia, si bien no vacuna a la sociedad contra los políticos que abusan del poder, sí ofrece herramientas diversas para que la ciudadanía vigile la acción de sus gobernantes, les exija cuentas y, en su caso, pueda denunciarlos y castigarlos. 20 21.
2. Cultura política en México Al final de esta sección, los participantes distinguirán los principales rasgos de la cultura política en México, así como las percepciones ciudadanas predominantes sobre la política, la democracia, la ley, la legalidad y la justicia.Tras las primeras encuestas de intención de voto de finales de los 80 e iniciosde los 90, se realizaron estudios sobre cultura política que recogieron lapercepción de los ciudadanos sobre las instituciones políticas (Krotz 2002).A partir de 2001 se han incrementado los estudios acerca de la cultura política.Destaca la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas(ENCUP), aplicada en 2001, 2003, 2005 y 2008. También sobresalen laEncuesta Nacional sobre la Constitución (Instituto de InvestigacionesJurídicas), La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura políticaen México (IFE) y la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno(Transparencia Mexicana). Esta proliferación de estudios responde a diversasmotivaciones: […] El conocimiento de la cultura política de los ciudadanos permite, así se espera, explicar su conducta política actual y poder hacer predicciones para el futuro cercano. Asimismo, este conocimiento permitiría evaluar normatividad, funcionamiento y estructura de determinadas instituciones políticas […] (Krotz 2002, 43-44, cursivas de los autores).Los estudios de cultura política han buscado entender las acciones y lasdecisiones de los ciudadanos, además de sus opiniones respecto a lasinstituciones políticas. Recientemente la disciplina jurídica ha incidido en losestudios sobre cultura de la constitución y cultura de la legalidad. En estosúltimos se indaga la percepción de los ciudadanos acerca de la ley, lostribunales y las actividades que éstos y los jueces desempeñan en la soluciónde controversias.En los apartados siguientes se revisan encuestas nacionales e internacionalesque abordan diversos aspectos de la cultura política en México: 21 22.
 Cómo se informan los ciudadanos  Su interés en la política  Su percepción sobre la misma  Su disposición hacia la democracia  Su nivel de organización y participación  Su percepción sobre la ley, la legalidad, los derechos humanos y la justicia 2.1 Información sobre políticaLa información y el conocimiento son insumos necesarios para tomardecisiones y formular demandas específicas. Obtener información de losasuntos públicos y analizarla críticamente son requerimientos para el ejerciciode la ciudadanía3.Para la ciudadanía es crucial contar con información acerca de los asuntospúblicos. De la información que disponga dependen no sólo las accionespuntuales que decida adoptar, sino la imagen que se haga del gobierno y laactitud que tome hacia la política. Por ello es necesario conocer los niveles ylos tipos de datos e informes políticos que logra obtener, además de las fuentesde donde los obtiene.El conocimiento de los mexicanos sobre los asuntos públicos es bajo en temasde índole federal. Sólo 35.6% identifica correctamente cuáles son los poderesde la Unión, 32.7% conoce el tiempo de duración en el cargo de los diputados y32.6% reconocen al partido mayoritario en la cámara baja. No obstante, esteconocimiento en materia política es mayor a nivel estatal, ya que 76% logradecir correctamente el partido al que pertenece el gobernador y su respectivonombre (Ver gráfica 1).3 Para esta sección se utilizarán los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Políticay Prácticas Ciudadanas (ENCUP) en sus cuatro versiones (2001, 2003, 2005 y 2008), tambiénde la Encuesta Mundial de Valores y del Latinobarómetro 2009 y 2010. Se usarán datoscomparados cuando sea posible por la similitud de la respuesta en algunas de estas bases dedatos. Se utilizarán datos singulares cuando no se encuentren valores comparativos por lasdiferentes estructuras de los cuestionarios aplicados. 22 23.
Gráfica 1: Conocimiento de los ciudadanos sobre política federal y estatal 90 80 76.6 76.1 70 60 50 40 35.6 32.7 32.6 Respuesta correcta 30 20 10 0 Partido al que Nombre del Cuáles son Duración de Partido con pertenece el Gobernador los Poderes los diputados mayor número Gobernador del Estado de la Unión en el cargo de diputados del EstadoFuente: ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008En la gráfica 2 se observa que la televisión es el medio por el que se informa lamayoría de las personas (88.6%); le siguen la radio y los periódicos (ENCUP2008). Los resultados son consistentes con lo que indica un informe regionalpara América Latina, el cual reporta que la televisión es el medio por el que lamayoría de las personas se informa de política (81%) (Latinobarómetro, 2009).No se puede esperar una información profunda o de buena calidad respecto dela televisión, dado que los noticieros televisivos se caracterizan por proveerinformación fragmentada y descontextualizada. La información políticapresentada a través de la televisión se caracteriza por su banalidad y porconcentrarse en unos pocos actores, principalmente los gobernantes y entretodos ellos, especialmente el presidente (Gutiérrez 2007, 13). 23 24.
Gráfica 2: Principales medios de comunicación por los cuales la ciudadanía se entera de lo que pasa en política 100 88.6 90 80 70 60 52.5 50 43 40 30 20 10 0 Televisión Radio Periódicos Fuente: ENCUP 2008En conclusión, los ciudadanos tienen poca información y de baja calidad encuanto a política federal. Se asume la hipótesis que si su fuente de informaciónmás recurrente es la televisión, entonces ésta puede ser una de las causasprincipales de esta carencia. 2.2 Interés en la políticaEl interés en la política muestra la disposición de las personas hacia losasuntos públicos. En ese sentido, el interés de los ciudadanos también indicasu nivel de involucramiento y su disposición a participar en asuntos públicos.Un nivel bajo de interés se relaciona por lo general con ciudadanos pocoparticipativos y alejados de la política.El gráfico 3 muestra una tendencia alta en el poco o nada interés de losciudadanos por los asuntos públicos. Esta cifra ha disminuido en el últimoperiodo de 2008. Se puede suponer una asociación entre este bajo interés enla política y la poca calidad y cantidad de información que tienen las personas. 24 25.
Gráfica 3: Lo que los ciudadanos generalmente hacen cuando la gente empieza a hablar de política 70 64.3 60 62 50 52 48.3 40 Dejan de poner atención y no 30 participan 20 10 0 2001 2003 2005 2008Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005 y 2008. 2.3 Percepción sobre la política¿Qué piensan los ciudadanos sobre la política? Una primera aproximación aeste tema es a través de la percepción de los mexicanos acerca del grado decomplejidad de la política. La mayoría de los entrevistados (51.8%) en 2008opinan que la política es muy complicada, aunque esta idea ha disminuidoligeramente desde el inicio de las ENCUP a partir de 2001, como se muestraen la gráfica 4. 25 26.
Gráfica 4: Percepción de los ciudadanos sobre la política 70 65.2 65 60 56 51.8 50 40 Si, es demasiado 30 complicada 20 10 0 2001 2003 2005 2008Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005 y 2008.Otra percepción relevante de los entrevistados es que piensan que lospolíticos, gobernantes y partidos, no se interesan en lo que piensan losciudadanos y tampoco cumplen el rol de representar sus intereses. Se puedeobservar en la gráfica 5 que 62.3% de los ciudadanos en 2008 opinan que losgobernantes no atienden las preocupaciones de sus representados.La mayoría de los entrevistados 2008 (50.3%) considera que los diputados ysenadores sólo piensan en sí mismos al momento de elaborar las leyes, luegoen sus propios partidos (23%), y al final en los intereses de la población(11.4%). Lo relevante en la gráfica 6 es que la tendencia de atribuir desinterésde los legisladores por sus representados se ha incrementado notablementedesde 2001. 26 27.
Gráfica 5: Percepción ciudadana sobre lo que piensan sus gobernantes ¿Qué tanto cree que a los gobernantes les interesa lo que piense la gente como usted? 90 84.9 80 80 70 60 62.3 50 Mucho 40 Poco y nada 37.7 30 20 20 10 11.7 0 2001 2003 2008Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2008.Gráfica 6: Percepción de los ciudadanos sobre lo que los diputados y senadores toman en cuenta al elaborar leyes 60 52.5 50 50.3 43 40 Los intereses de la población 30 Los intereses de los 25 partidos 23 20 14.3 Los intereses de los 16 propios diputados y 13.1 11.4 senadores 10 0 2003 2005 2008Fuente: ENCUP 2003, 2005 y 2008. 27 28.
Además, los ciudadanos entrevistados no consideran relevante el rol de lospartidos políticos para mejorar al país. La gráfica 7 muestra que 63.8%considera de poca utilidad a estas instituciones. Si bien la mala opinión sobrelos partidos políticos es una tendencia general a nivel internacional, en Méxicoel “desencanto” se ha producido en relativamente poco tiempo. Se observa quela percepción negativa sobre los partidos políticos se ha incrementadonotablemente a lo largo del tiempo en que se realizaron las encuestas (más de23 puntos en siete años). Gráfica 7: Percepción de los ciudadanos sobre la necesidad de los partidos políticos para la mejoría del país 70 63.8 60 55 50 47.6 40 40 45.1 38 38 Muy necesarios 30 28.9 Poco necesarios 20 10 0 2001 2003 2005 2008Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008.La gráfica 8 muestra que la institución de mayor aprobación entre la población(41.6%) es el ejército; le sigue el Instituto Federal Electoral que supera el terciode los encuestados (36.9%). Las instituciones que tienen la confianza de unpoco menos de la cuarta parte de los ciudadanos entrevistados son laComisión Nacional de Derechos Humanos (23.5%), el Presidente de laRepública (23.4%), y en menor medida los gobernadores. Las instituciones demenor prestigio son los diputados, los senadores, la policía y en último lugar lospartidos políticos. Esta baja popularidad de los políticos y los partidos esconsistente con los datos presentados en las gráficas 6 y 7. 28 29.
Gráfica 8: Confianza ciudadana en las instituciones del Estado mexicano 50 44.6 45 40 36.9 35 30 23.5 23.4 22.1 25 18.3 20 15.7 15 10.8 9.8 9 10 4.6 5 0 Fuente: ENCUP, 2008.La gráfica 9 ilustra que la iglesia es la institución de mayor prestigio entre losciudadanos (44.6%), de las instituciones que no pertenecen al Estado. Estacifra es ligeramente superior al prestigio del ejército. Mucho más abajo seubican los maestros y los medios de comunicación. Es relevante mencionarque los sindicatos y empresarios tienen el menor prestigio, casi a la par de lospartidos y legisladores.La confianza depende mucho de la capacidad de respuesta que estasinstituciones tienen frente a la población, ya sea en cuanto a demandasespecíficas, su desempeño o eficiencia, y respecto de la imagen pública queproyectan. Por ejemplo, escándalos de corrupción pueden afectarnegativamente estos resultados. 29 30.
Gráfica 9: Confianza ciudadana en las instituciones públicas que no pertenecen al Estado mexicano 50 44.6 45 40 35 28.9 30 25 20 17.5 15 10 7.1 6.9 5 0 Iglesias Maestros Medios de Sindicatos Empresarios comunicación Fuente: ENCUP 2008. 2.4 Disposición hacia la democraciaComo muestra la gráfica 10, 50.4% de los ciudadanos mexicanos están deacuerdo en que México es una democracia, y 32.5% manifestó su desacuerdo.Cuando se preguntó cuán democrático es cada país, en una escala de uno adiez, México obtuvo una calificación de 5.9 y la región de 5.8 (Latinobarómetro2009, 105). Gráfica 10: Perspectiva ciudadana sobre el estado de la democracia en México 60 52 50 50.4 40 41 38 39.1 México vive en una 32.5 30 democracia 28 México no vive en una 21.9 democracia 20 10 0 2001 2003 2005 2008Fuente: ENCUP: 2001, 2003, 2005 y 2008. 30 31.
En cuanto a las preferencias ciudadanas respecto de la democracia comorégimen político, las encuestas suelen preguntar que es mejor para el país: unadictadura que asegure el avance económico aunque no respete los derechosde las personas, o una democracia que respete los derechos de las personas,aunque no garantice el avance económico. La gráfica 11 señala un ligerodescenso de la legitimidad de la democracia entre 2001 y 2008. Comienza con56% en la ENCUP de 2001 y al final se registra 53.9% en la ENCUP de 2008.No obstante ese decremento, la democracia sigue siendo la opción mayoritariaen México.En 2008 a nivel de Latinoamérica, 57% prefería la democracia a la dictadura.Vale decir que México estaba ligeramente por debajo del promedio de la región(Latinobarómetro 2010). Esta misma fuente indica que el apoyo a una forma degobierno democrática en México sigue disminuyendo a 49% para 2010,considerando un promedio de 59% para toda la región latinoamericana. Gráfica 11: Preferencia de la ciudadanía por la democracia como forma de gobierno 80 70 68.4 60 Es mejor la democracia 56 56 57 53 53 53.9 50 48 Es mejor la dictadura 40 Latinobarómetro: Es 30 mejor la democracia 20 16 Latinobarómetro: Es 19 17 15 mejor la dictadura 13 14 10 13 7.2 0 2001 2003 2005 2008Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008 y Latinobarómetro 2010.No obstante la preferencia mayoritaria por la democracia, los mexicanosmanifiestan un descontento hacia la misma en términos concretos, es decir enreferencia a cómo funciona la democracia en México. Esto se aprecia en lagráfica 12, donde para la última ENCUP de 2008, 51.7% se siente poco o nada 31 32.
satisfecho con la democracia en México. Sin embargo, esta insatisfacción conla democracia predomina en América Latina, ya que 59% de los entrevistadosen la región se pronuncian como insatisfechos. Gráfica 12: Insatisfacción ciudadana con la democracia en México 70 66 65 61 60 61 59 55 50 51.7 47 40 Poco o nada satisfecho 30 Latinobarómetro: Insatisfecho 20 10 0 2001 2003 2005 2008Fuente: ENCUP 2001, 2003, 2005, 2008 y Latinobarómetro 2010.La evaluación de la democracia en América Latina y en México es ambiguaporque si bien hay consenso acerca del respaldo al régimen democrático, a lavez existe insatisfacción con los resultados que arroja la gestión de losgobiernos actuales, ya sea por factores políticos, económicos o sociales. 2.5 Organización y participación ciudadanasUna de las características de las sociedades democráticas es el nivel deasociación y participación de sus ciudadanos. Asumimos que entre más altasea su capacidad de asociación y mejor su nivel organizativo, los ciudadanostendrán mayor posibilidad de asumir un rol protagónico en la arena políticafrente a su gobierno y respecto a otros ciudadanos.Sin embargo, en el contexto mexicano, en el que la política es considerada unaactividad complicada y patrimonio de políticos que no se interesan por los 32 33.
problemas de la gente, los individuos no parecen tener incentivos suficientespara participar políticamente.En la gráfica 13 se observa que la actividad en la que más han participado losencuestados de la ENCUP 2008 es en “auxiliar un desconocido” (54.3%), lasactividades de voluntariado siguen en segundo lugar (28.6%); mientras queactividades relacionadas con alguna causa obtuvieron los más bajos niveles departicipación. Gráfica 13: Participación ciudadana. ¿Alguna vez ha llevado a cabo las siguientes acciones? 60 54.3 50 40 30 28.6 20 17.4 17.7 15.5 11.3 10 6.6 0 Ser voluntario Auxiliar a un Enviar dinero Enviar o Participar en Recaudar Hacer en alguna desconocido a un firmar cartas actos de fondos para donativos o actividad de programa de para apoyar apoyo a una causa prestar ayuda beneficio a la televisón o una causa alguna causa a alguna comunidad radio organización civilFuente: ENCUP 2008.En la gráfica 14 se observa que el nivel de involucramiento más frecuente enlos encuestados de la ENCUP 2008 son, en primer lugar, a agrupacionesreligiosas (15.2%), en segundo lugar estar afiliado a un sindicato (13.1%) y entercer lugar, a una asociación de vecinos (10.7%). Cualquier otro tipo deasociación se encuentra por debajo del 10%. 33 34.
Gráfica 14: Participación ciudadana. Dígame por favor si usted forma parte o ha formado parte de alguna de las siguientes organizaciones: 16 15.2 14 13.1 12 10.7 10 8.3 8 6.9 5.5 6 3.8 4 2.5 3.1 2.1 2 0Fuente: ENCUP 2008. 2.6 Percepción sobre la ley, la legalidad y la justiciaRespecto al acatamiento de la ley, 62.2% de los entrevistados en 2008 creeque se respeta poco o nada la ley y sólo 5.5% manifestó que las personas sírespetan mucho la ley, tal como se observa en la gráfica 15 (ENCUP 2008). 34 35.
Gráfica 15: Percepción de la legalidad: ¿Qué tanto cree que en el país las personas respetan la ley? 70 62.2 60 50 40 30 28.2 20 10 5.5 0 Mucho Algo Poco o nada Fuente: ENCUP 2008.Una razón del bajo cumplimiento de las normas la ofrece esa misma encuesta:62.1% de los entrevistados estuvo de acuerdo con que los mexicanos violan lasleyes principalmente porque nadie los castiga (ENCUP, 2008). La respuesta esreveladora y tiene consistencia cuantitativa con la gráfica 15. También está ensintonía con lo que afirma Marcelo Bergman (2009, 91): “donde existe una altaprobabilidad de que la violación de una norma sea sancionada, los niveles dedesacato tenderán a cero”.Además del sentido de impunidad como incentivo para el incumplimiento de laley, ésta conducta también puede estar asociada a una percepción ciudadanade que las leyes están hechas solo para beneficiar a unos cuantos,especialmente a las propias autoridades o a gente económica o políticamenteprivilegiada. En ese sentido, 65.4% de los encuestados opinaba en el sentidoque percibe a la ley como excluyente y marginadora, tal como se aprecia en lagráfica 16. 35 36.
Gráfica 16: Percepción de la legalidad, En su opinión, ¿las leyes se aplican para lograr el beneficio de todos o sólo de algunos cuantos? 70 63.3 65.4 60 59 50 40 Para el beneficio 35 de todos 31.9 30 32.6 Para el beneficio 20 de unos cuantos 10 0 2003 2005 2008Fuente: ENCUP 2003, 2005 y 2008.Cuando se pregunta acerca de la corrupción y si ésta es por culpa de lasautoridades o de los ciudadanos, se observa que hay una tendencia crecienteque atribuye esta responsabilidad exclusivamente a las autoridades: comenzósiendo 22% en 2001 y para 2008 se incrementó a 36.3%. La misma tendenciapero con menor intensidad sucede en quienes opinan que esta culpabilidad sedebe a los ciudadanos (22.3% para 2008) como muestra la gráfica 17. 36 37.
Gráfica 17: Percepción ciudadana de los responsables de la corrupción en México 80 70 68 60 50 40 37.6 Culpa de las 36.3 autoridades 30 Culpa de los ciudadanos 22 22.3 20 De ambos 10 3 0 2001 2008Fuente: ENCUP: 2001 y 2008.La percepción ciudadana sobre el compromiso de las autoridades con lacorrupción es consistente con la idea de que el gobierno es responsable de laviolación de los derechos humanos. Hacia 2003, esta idea era alta (62.1%),pero bajó hacia 2008 (40.2%). Una cantidad similar de mexicanos no piensa en2008 que se pueda atribuir al gobierno esta responsabilidad (39%) como seobserva en la gráfica 18. 37 38.
Gráfica 18: Percepción de la legalidad en México. ¿Estamos más cerca de un gobierno que viola los derechos de los ciudadanos? 70 62.1 60 50 42 40.2 40 38 39 De acuerdo 30 En desacuerdo 30.1 20 10 0 2001 2003 2008Fuente: ENCUP 2001, 2003 y 2008.Con la información de las gráficas presentadas se puede constatar que existeuna asociación entre el incumplimiento de la ley y la impunidad, de tal modoque la falta de sanción efectiva es un fuerte incentivo para que distintos actorespolíticos y ciudadanos incurran en actos corruptos e ilegales. […] la construcción de una cultura de la legalidad dependerá de que el marco legal se aplique regularmente y de que existan pruebas claras de que eludirlo es evidentemente más costoso económica y socialmente para los ciudadanos. (Peschard 2001, 41)En el Latinobarómetro (2009, 43), la percepción sobre el cumplimiento de lasleyes en México es de 5.2 en una escala de 10, lo que lo ubica en el mismorango que el promedio latinoamericano y en una posición intermedia entre elmás alto (Uruguay con 6.4) y el más bajo (Paraguay con 4.4). Estas cifrassimplemente indican que el desapego de ciudadanos y gobernantes respectode la legalidad es un problema compartido por toda la región. No es que enesos países falten leyes, ocurre que no se cumplen: Entre nosotros, muchos elementos incitan a no ejecutar los mandatos de la ley: desde la crasa corrupción de quien no aplica el derecho a cambio de ventajas personales hasta el populismo de quien no lo aplica porque no quiere pagar el precio de ejecutar lo ordenado por la ley cuando ello implica incurrir en costos políticos, en razón de que lo ordenado por la misma no es algo universalmente 38 39.
deseado por todos aquellos a quienes el derecho se aplica. (Bergman y Rosenkrantz 2009, 112).Sobre las percepciones existentes acerca de las instituciones que impartenjusticia, la mayoría de los encuestados manifestaron dudas en torno aldesempeño de jueces y juzgados: 58% declaró tener poca o nada de confianza(ENCUP 2008). La justicia, al igual que la democracia, tiene una evaluaciónciudadana ambigua: se considera como un asunto importante, pero no seconfía plenamente en las instituciones encargadas de impartirla.En síntesis, lo que el conjunto de encuestas y estudios de cultura muestraconsistentemente es que las personas en México tienen:  Escaso interés en la política.  Precarios niveles de información política, especialmente la del nivel federal.  Acentuada percepción de que la política es una actividad complicada.  Negativa opinión acerca de los políticos y algunas instituciones clave de la democracia, especialmente el poder legislativo y los partidos políticos.  Baja propensión a involucrarse activamente en la política.  Predisposición a aceptar distintos principios de legitimidad del poder político, como es el caso de una dictadura, y no sólo el democrático.  Mala opinión sobre los resultados concretos del régimen democrático.  Percepción negativa sobre el cumplimiento de la ley y la responsabilidad que le cabe a las autoridades.Estos datos no pueden interpretarse como el resultado de una supuestaidiosincrasia nacional. Son, más bien, el producto de un desarrollo históricoparticular en virtud del cual la ciudadanía ha carecido de los espacios, lasoportunidades y los incentivos suficientes para participar en la esfera pública, yen consecuencia poder valorar positivamente este ámbito y a susprotagonistas. 39 40.
3. Cultura de justicia electoral en México Al final de esta sección, los participantes reconocerán la importancia de la justicia electoral en México y su fortalecimiento, a partir de la adopción de una visión amplia en la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.La cultura de justicia electoral pretende identificar el papel central que en unademocracia como la mexicana tienen las normas e instituciones diseñadas paraimpartir justicia electoral. Los mecanismos de justicia electoral cumplenfunciones cruciales para el correcto funcionamiento del régimen electoral en suconjunto y en especial de los procesos electorales. Entre esas tareas sedestacan las siguientes:  Encauzar los conflictos político-electorales por vías institucionales.  Proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos.  Asegurar la realización de elecciones limpias y equitativas.  Garantizar la legalidad y constitucionalidad de los actos y las decisiones de autoridades electorales y partidos políticos.Sin embargo, para una mejor comprensión de los propósitos de una cultura dejusticia electoral es necesario desarrollar el significado de la justicia electoral. 3.1 La relevancia de la justicia electoral en la democracia mexicanaEn sentido amplio, la justicia electoral se encuentra en todo el régimen electoraly está presente a lo largo de los procedimientos electorales, por lo tanto no esatribución exclusiva de la autoridad jurisdiccional. Desde este punto de vista,una sanción por parte de la autoridad administrativa (en el caso mexicano, elInstituto Federal Electoral y los institutos electorales locales) también podríaconsiderarse una acción de justicia electoral, lo mismo que el registro de unaasociación civil como partido político cuando cumple con todos los requisitos deley, o la tramitación de la credencial de elector por cualquier ciudadano. 40 41.
En un sentido más restringido, se habla de justicia electoral para referir el papelque juegan los tribunales electorales para resolver las controversias, vacíoslegales o presuntas violaciones de las normas electorales, o bien decisiones noconformes a derecho de la autoridad administrativa. Por justicia electoral, en sentido técnico o estricto (también conocida como “contencioso electoral”), cabe entender los diversos medios jurídico-técnicos de impugnación o control (juicios, recursos o reclamaciones) de los actos y procedimientos electorales, ya sea que se sustancien ante un órgano de naturaleza administrativa, jurisdiccional y/o política, para garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho, esto es, a los principios de constitucionalidad y/o legalidad, corrigiendo eventuales errores o infracciones a la normativa electoral […] (Orozco 1999, 45).Se puede afirmar que la justicia electoral es una condición indispensable parala celebración de elecciones equitativas, justas y transparentes, para lainviolabilidad de los derechos políticos y, en general, para el sostenimiento delrégimen democrático.El sistema mexicano de justicia electoral tiene por objeto garantizar la vigenciadel Estado democrático de derecho que postula la celebración de eleccioneslibres, auténticas y periódicas, estrictamente apegadas a la Constitución y a lasleyes. La competencia en materia contenciosa electoral asignada en la mayoría de los países latinoamericanos a tribunales electorales especializados y, en su caso, autónomos ha sido la respuesta de la región a la necesidad de salvaguardar la naturaleza jurisdiccional de la función de juzgar las elecciones (extrayéndola de la competencia de asambleas políticas), sin exponer al respectivo poder judicial o, al menos, a su respectiva Corte Suprema de Justicia a los recurrentes cuestionamientos y acechanzas político-partidistas (Orozco 1999, 52).Lo anterior implica que los sistemas contenciosos electorales deben prevermedios de impugnación de carácter jurisdiccional para la solución de lascontroversias electorales. Así, “la resolución de los conflictos e impugnacionessobre los procedimientos electorales debe basarse en el principio de juridicidad(constitucionalidad y/o legalidad) y no según los criterios ampliamentediscrecionales de la oportunidad política” (Orozco 1999, 55).Ello ha obligado a un cambio tanto de actitud como de estrategia de parte delos diferentes actores involucrados en la materia: partidos políticos,funcionarios electorales y terceros interesados en determinada impugnación 41 42.
electoral, “ya que los hechos, argumentaciones y medios de prueba planteadoseventualmente ante el órgano jurisdiccional competente, han requeridoajustarse a exigencias técnico-jurídicas para su procedencia y fundamentación”(Orozco 1999, 55).No se trata sólo de un cambio de escenario (los tribunales en vez de lasplazas). Ni tampoco de una mera transformación de los medios (los recursosjurídicos en vez de la movilización), actualmente los litigios electorales sesometen a un proceso regido por la objetividad, la imparcialidad y el derecho.Este proceso demanda de los actores disposición a someterse y a acatar lasresoluciones de los tribunales electorales. 3.2 La cultura de la justicia electoral como componente de la cultura política democráticaLos elementos constitutivos de una cultura de la justicia electoral son: 1. Conocimiento del modelo de justicia electoral, incluidas sus instituciones, reglas y procedimientos básicos. 2. Conocimiento de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de las instancias que los tutelan y de los medios de defensa. 3. Interiorización de los valores políticos asociados: resolución pacífica de conflictos, equidad, justicia, libertad, igualdad. 4. Apego a la legalidad electoral y, en particular, acatamiento a las resoluciones de los tribunales electorales especializados; lo cual implica el respeto y vigencia del Estado de Derecho. 5. Desarrollo de las competencias jurídicas básicas para acudir a los tribunales electorales, para analizar la calidad y el sentido de las resoluciones de los tribunales especializados, y ejercicio de una fiscalización efectiva en torno al desempeño de dichos tribunales.La cultura de la justicia electoral implica a su vez una dimensiónespecíficamente de legalidad electoral, la cual remite al conjunto deconocimientos, creencias y símbolos que moldean la conducta de los actoresen cuanto a la defensa de la legalidad de los procesos electorales, al respeto y 42 43.
fiscalización de sus instituciones y al acatamiento de las resoluciones sobre lascontroversias planteadas entre fuerzas políticas, autoridades y ciudadanos.En consecuencia, por cultura de la legalidad electoral se puede entender elconocimiento y apego al conjunto de normas que rigen el proceso clave delorden democrático: las elecciones; garantizando que las mismas se desarrollenen un clima de libertad, pluralidad, legalidad, equidad y transparencia.El aprecio por la legalidad electoral no sólo es de carácter moral. En tanto lalegalidad –como reglas sobre la competencia democrática- involucre alconjunto de los actores políticos que participan de un régimen electoral, en esamedida será vista como producto de un consenso general, en donde cualquierciudadano o grupo podrá aspirar a ocupar cargos de elección popular,participar en procesos electorales libres, equitativos y justos, y verán sustriunfos respetados por la legalidad vigente y por sus competidores.Sobre el respeto a las instituciones democráticas, hay una expresión de LarryDiamond que resulta aplicable al caso: “Incluso si la ciudadanía tuviese razónen criticar o condenar a quienes ocupan cargos públicos, nunca debe flaquearsu respeto al cargo mismo y a la autoridad política que le confiere laConstitución” (Diamond 1996). 3.3 El enfoque garantista y la protección de los derechos político- electorales de los ciudadanos (JDC)4.La estadística histórica del TEPJF muestra una gran cantidad deimpugnaciones promovidas por militantes de los partidos políticos, quienescuestionan las decisiones internas de sus organizaciones y acuden a la justiciaelectoral.4 La reforma de 1996 estableció en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación enMateria Electoral el denominado Juicio para la protección de los derechos político-electoralesdel ciudadano (JDC), que fue el primero en su género desde la promulgación de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. 43 44.
Desde enero de 1997 hasta junio de 2009 el TEPJF recibió más de 13 miljuicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano(ver Tabla 1). Tabla 1. JDC presentados ante el TEPJF de 1997 a 2009 Año Tipo de elección Juicios presentados 1997 Intermedia 7,493 2000 Presidencial y 1,337 legislativa 2003 Intermedia 579 2006 Presidencial y 1,903 legislativa 2009 Intermedia 2,018 Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Análisis cuantitativo del papel del TEPJF en la etapa de preparación de las elecciones federales (1997-2009)”. (Ramos Mega y Enríquez Chiñas 2009).La mayoría de los JDC del periodo se presentaron entre enero y junio, pues losciudadanos impugnaban la violación al derecho de votar, al no ser integrados alpadrón electoral o a la lista nominal de electores, y al derecho a ser votado,cuando los partidos políticos no los designan como candidatos a los cargos deelección popular (Ramos Mega y Enríquez Chiñas 2009).En su origen, el JDC fue un recurso para impugnar las resoluciones del IFE porlos problemas relacionados con el padrón y las credenciales de elector.Posteriormente se convirtió en un medio para cuestionar las decisiones de lospartidos políticos y en un mecanismo de expansión de los derechos políticoelectorales de los ciudadanos. Para que esto sucediera fue necesaria laproyección de una interpretación garantista en las resoluciones del TEPJF.El garantismo es entendido como la protección de los derechos fundamentalesde las personas (Ferrajoli 2001). En el ámbito político, aquellos tienen suconcreción en los derechos de los ciudadanos para votar y ser votado, afiliarseindividualmente a un partido político y manifestar libremente sus opinionespolíticas. Los derechos fundamentales se entienden como un “coto reservado”que no puede ser atacado ni disminuido por la política ni por el mercado. En 44 45.
buena medida son las garantías mínimas de convivencia social que ningunamayoría, por más numerosa que sea, puede cuestionar o delimitar.Para garantizar la protección de los derechos fundamentales es necesaria lajurisdicción, siendo ésta la responsable de la tutela efectiva a las personas. Enel caso de los comicios los encargados de tal responsabilidad son los tribunaleselectorales; por esto, los órganos jurisdiccionales en materia electoral tienen asu cargo evitar que los actores políticos se excedan y transgredan los derechosde los ciudadanos y de otros actores políticos.En México, el TEPJF ha sido la autoridad responsable de garantizar losderechos político-electorales de los ciudadanos, procurando que la imparticiónde justicia electoral sea accesible a cualquier ciudadano que la demande,además de velar por la protección amplia de los afiliados a los partidos políticosy el control efectivo de los procedimientos electorales.Un ámbito donde se puede observar el enfoque garantista que ha animado lasactividades jurisdiccionales del TEPJF son los criterios de jurisprudenciaemitidos en materia de protección de los derechos político-electorales.En el caso de los derechos electorales, la jurisprudencia establece que suinterpretación y aplicación no puede ser restrictiva, los órganos electoralestienen que ampliarlos con el propósito de salvaguardar a los ciudadanos: Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. (Jurisprudencia 29/2002 del TEPJF).Respecto a la impartición de justicia electoral, la jurisprudencia señala que essuficiente expresar la petición de agravios para tenerlos por presentados(Jurisprudencia 03/2000 del TEPJF); también ha sostenido que los agravios sepueden encontrar en cualquier parte del escrito de impugnación, lo cual justificael estudio exhaustivo de las peticiones formuladas por los promoventes. 45 46.
Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada. (Jurisprudencia 02/98 del TEPJF).En lo referente a la protección amplia de los derechos de los militantes, lajurisprudencia sostiene que los estatutos de los partidos deben contenerelementos básicos para que se les pueda considerar como democráticos y quela autoridad administrativa está facultada para revisar el nombramiento o ladesignación de los dirigentes de los partidos políticos. […] se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o 46 47.
públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato. (Jurisprudencia 03/2005 del TEPJF).Como puede observarse, el TEPJF ha emitido jurisprudencia con unaorientación garantista, lo que ha permitido tutelar los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos. […] Precisamente porque los derechos fundamentales sobre los que se asienta la democracia sustancial están garantizados a todos y a cada uno de manera incondicionada, incluso contra la mayoría, sirven para fundar, mejor que el viejo dogma positivista de la sujeción a la ley, la independencia del poder judicial, que está específicamente concebido para garantía de los mismos […]” (Ferrajoli 2001, 26-7).Leonel Castillo muestra la evolución del JDC a partir de la “vaguedad de lanormatividad electoral” de señalar a los partidos políticos como sujetosresponsables por actos u omisiones que afectaran los derechos de susmilitantes (2004, 116). El proceso de evolución fue el siguiente (Castillo 2004,107-165): 1. Debido a la improcedencia del amparo en materia electoral y a la falta de tribunales especializados, no existía medio de defensa alguno para proteger los derechos político-electorales. 2. A partir de la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación en 1996 y de la creación del sistema de medios de impugnación en materia electoral, entre los que destacaba el JDC, la procedencia del juicio se limitaba a proteger los derechos de votar, ser votado, de asociación y de libre afiliación. Además, en la legislación se omitió señalar a los partidos políticos como autoridad responsable, por los actos u omisiones que pudieran emitir y afectaran los derechos de sus militantes. 3. La ampliación del JDC implicó la revisión a los estatutos de los partidos políticos. Se estableció que éstos debían contener procedimientos democráticos para la resolución de conflictos internos. Luego, sería necesario que los militantes agotaran dichos procedimientos antes de acudir al TEPJF. 47 48.
4. Se estableció la figura del “per saltum”, que permitía a los militantes de los partidos políticos acudir directamente al TEPJF cuando en su partido no existieran las condiciones óptimas para resolver el conflicto. Por ejemplo: a. cuando los órganos de resolución interna no estuvieran integrados e instalados con anticipación; b. no se pudiera garantizar la independencia e imparcialidad de quienes integraran los órganos de resolución internos; c. en el procedimiento interno no se respetaran las formalidades esenciales de cualquier proceso legal; y, d. que en caso de iniciar el procedimiento al interior del partido, sea imposible restituir a los ciudadanos en el goce de sus derechos.Con la reforma electoral 2007-2008, se ampliaron las atribuciones del TEPJFpara garantizar una efectiva protección de los derechos político-electorales delos ciudadanos. A través de jurisprudencia, el TEPJF ha establecido que el JDCtambién puede ser utilizado por los ciudadanos para proteger derechosfundamentales estrechamente vinculados con los derechos de carácter políticoelectoral. Así, no sólo es un medio de defensa para proteger los derechos devotar, ser votado, asociación y afiliación, sino también derechos como libertadde expresión, de imprenta, de petición, información, reunión, entre otros.(Jurisprudencia 36/2002).Además, ahora las salas del TEPJF pueden declarar la no aplicación de leyeselectorales o de disposiciones contenidas en ellas, por ser contrarias a laConstitución Federal. Asimismo, ahora el JDC es procedente para proteger elderecho de los ciudadanos a integrar autoridades electorales locales.Para el fortalecimiento de una cultura de justicia electoral, no es suficiente conlas atribuciones del TEPJF para garantizar los derechos político-electorales delos ciudadanos, también es importante fortalecer en la ciudadanía la imagenpositiva de las instituciones judiciales electorales. El propósito es quepredomine la convicción de que la vía adecuada para la resolución de las 48 49.
controversias que se susciten con motivo del desempeño democrático, es el deacudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes.Con esto se fincarán los cimientos para la creación y divulgación de una culturade justicia electoral que promueva el desarrollo de la democracia y quegarantice el respeto irrestricto a los derechos político electorales de losciudadanos. 49 50.
4. La contribución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación (TEPJF) en el desarrollo de una cultura de justicia electoral. Al final de esta sección, los participantes ubicarán el rol que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la promoción de la cultura de justicia electoral, desde la dimensión de divulgación, capacitación e investigación de la cultura democrática.El ex ministro Aharon Barak (2008, 2-16) afirma que el fin primordial de todotribunal constitucional consiste en proteger a la democracia. En México, estafunción recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el TribunalElectoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), puesto que la propiaConstitución lo reconoce como la máxima autoridad jurisdiccional en la materiaelectoral.Para el cumplimiento del objetivo de defender la democracia en México yapoyar su desarrollo, el TEPJF desarrolla funciones jurisdiccionales yacadémicas.El TEPJF resuelve conflictos entre actores políticos y ciudadanos, a través dela resolución de los medios de impugnación que se le presentan. Lassentencias que emite a través de su Sala Superior y Salas Regionales son laexpresión última de su función jurisdiccional.Los procedimientos para la resolución de los medios de impugnación enmateria electoral, implican un alto grado de especialización; sin embargo, elTEPJF se ha hecho el propósito de informar a la ciudadanía sobre los asuntosque recibe y el sentido de sus sentencias. Parte de este acercamiento implicaponer la información a disposición de la ciudadanía a través de su página deInternet (http://www.te.gob.mx) en un plazo de 24 horas después de aprobadaslas sentencias. 50 Recommended
Folder mostra-cienti&#769;fico-cultural (1)
Session 53 Jjohan Strandroth

References: resolución 
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 artículo 27
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