Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1351
Timestamp: 2018-05-22 23:04:33+00:00

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SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 11 DE ABRIL DE 2013.
-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: (12:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores.
-LA C. SECRETARIA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 91 ciudadanos senadores y senadoras.
Se abre la sesión del jueves 11 de abril, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponderán a la agenda de hoy.
En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió una comunicación de las senadoras Graciela Ortiz González, Lilia Merodio Reza, Lucero Saldaña Pérez y Angélica de la Peña Gómez, con la que remiten el informe de actividades de la reunión “Estrategias Parlamentarias para hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña”, efectuada los días 5 al 7 de marzo del año en curso, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite cinco temas para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a la comisión de Educación, para su análisis y dictamen correspondiente.
-LA C. SECRETARIA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA: Asimismo, la Secretaría de Gobernación, remitió cuatro oficios con solicitudes de permiso, a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que diversos ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a la comisión de Gobernación, para sus efectos correspondientes.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Se recibió una invitación del gobierno del Distrito Federal, para asistir a la ceremonia conmemorativa del 318 aniversario luctuoso de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, a realizarse el próximo miércoles 17 de abril, en esta ciudad.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Para asistir a dicha ceremonia, en representación del Senado, se designa en comisión a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Informo a la Asamblea, que el día de hoy se recibió una comunicación del presidente de la Cámara de Diputados, con la que remite una solicitud de la comisión de Justicia, de esa cámara, para que se gestione una fe de erratas a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Víctimas y el Código Federal de Procedimientos Penales, aprobado por el Senado, el pasado 21 de marzo.
Para la atención que corresponda esta solicitud, se turna a las comisiones de Gobernación; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda, responsables del dictamen correspondiente.
Señoras y señores senadores: Esta Mesa Directiva desea expresar su más sentido pésame, a nuestro compañero senador Aarón Irizar López, por el sensible fallecimiento, la madrugada de este día, de su señora madre, la señora Amalia López Elizalde.
Para él y para toda su familia, nuestras más sentidas condolencias.
Les pido, atentamente, nos acompañen, poniéndonos de pie, para guardar un minuto de silencio, en memoria de la señora Amalia López Elizalde.
Muchas gracias, señoras y señores senadores.
Compañeras y compañeros senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse al aniversario luctuoso de don Emiliano Zapata Salazar.
En primer término, se le concede el uso de la palabra, a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Antes, senadora, permítame, nada más, saludar la presencia, en este salón de sesiones, de un grupo de 24 alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, acompañados de la maestra Rosalía Rodríguez. Ellos acuden a este recinto, a invitación del senador Enrique Burgos García.
Bienvenidos jóvenes estudiantes. (Aplausos)
Compañeras senadoras, compañeros senadores: “Es mejor morir de pie, que vivir de rodillas” “La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos” Emiliano Zapata Salazar.
Recordar a don Emiliano Zapata Salazar, es referirse a un ícono de nuestro país, un personaje ilustre de la Revolución Mexicana.
Es hacer historia sobre la vida progresista del caudillo del sur.
Es traer a la memoria, a un incansable reformador agrarista mexicano, que pugnó por las tierras a favor del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
Cómo soslayar esta fecha, en donde dejó de existir uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución Mexicana, y un símbolo de la resistencia campesina de nuestro país.
Caudillo de la Revolución Mexicana, que nació el 8 de agosto de 1879, en San Miguel Anenecuilco, del distrito de Villa de Ayala, en el hermoso estado de Morelos. Y que murió un día 10 de abril del año de 1919, víctima de una celada.
Zapata fue asesinado en la Hacienda de Chinameca, en el mismo lugar que ocho años atrás, le tendieron una igual traición.
Lo que lo motivó a luchar por la defensa la tierra, fue el ver como su padre lloraba de impotencia, al verse despojado injustamente de sus tierras por los caciques del pueblo y el ver como eran tratados los campesinos de esa época.
En esos momentos Emiliano lloró de coraje y exclamó: “Cuando yo sea grande, haré que te las devuelvan”
Entre algunas de sus actividades están las siguientes: A ver participado en Cuautla en una junta, en la que se planteó la necesidad de defender la tierra de los campesinos morelenses, de la voracidad de los hacendarios porfiristas.
Fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, y se incorporó a las fuerzas maderistas atraídos por las demandas agraristas al Plan de San Luis.
Siempre se mostró fiel a los principios del Plan de Ayala, ideario agrarista, en el que se reflejaban los anhelos de los campesinos. Sintetizados en la frase: “Tierra y Libertad”
La recuperación de las tierras que les habían quitado a los campesinos, era su objetivo principal.
Liquidó el latifundismo, y repartieron la tierra, confiscaron los ingenios y una gran empresa papelera y las pusieron a trabajar en beneficio de la población; fundaron un banco agrícola y abrieron numerosas escuelas primarias, incluso para adultos; reorganizaron la vida política de los municipios.
Compañeras senadoras y senadores: El recordar a un célebre y distinguido revolucionario, como Emiliano Zapata Salazar, es emular sus acciones de apoyo y ayudar a favor del pueblo y de los más desprotegidos, salvaguardando sus derechos de los que menos tienen y preservando su libertad…
(SIGUE 2ª .PARTE)… acciones de apoyo y ayudar a favor del pueblo y de los más desprotegidos, salvaguardando sus derechos de lo que menos tienen y preservando su libertad.
Imitemos esa conducta erradicando toda acción que lacere los intereses de nuestra sociedad y propiciemos siempre el respeto irrestricto de los derechos de todas y todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto hoy, enaltecemos desde esta tribuna a una insignia de nuestra nación. Nuestra entrega de esta fecha la hemos dedicado a exaltar la gran obra que este prócer aportó a la Revolución Mexicana.
Y para concluir, termino con una de sus frases que ha quedado indeleble en la historia de nuestra nación:
“Quiero morir siendo esclavo de los principios y no de los hombres”.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias senadora Lisbeth Hernández. Se concede ahora el uso de la tribuna al señor senador Jorge Luis Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores.
Hablar de Zapata implica bastante tiempo que a veces es muy limitado por el Reglamento del propio Senado. Y vamos a tratar de platicar un poco cómo fue su muerte y el legado que dejó.
Para 1919 Zapata ya era una piedra muy incómoda por parte o para el gobierno constitucionalista. Ya con la guerra de guerrillas ya traía muy complicado el escenario con el gobierno federal y sólo una traición o a través de una traición es como se mata estos caudillos, y fue el gonzalista José Guajardo quien le tendió la trampa para poder asesinarlo.
Zapata como era muy desconfiado le pidió a Guajardo, que se hacía pasar por enemigo del gobierno constitucionalista, que le diera una prueba de que se iba a sumar a sus filas.
Guajardo, general del Ejército Federal, formó a 50 soldados y los fusiló. Y cuando fusila a estos soldados, era la prueba que necesitaba Zapata para creer que efectivamente este general lo iba a apoyar.
Se quedan de ver en la Hacienda de Chinameca, en Morelos, y Zapata sólo es acompañado por una escolta de cien, de cien soldados y, por supuesto, dentro de la Hacienda, cuando ingresa Zapata, suena el clarín que para rendirle honores, y esa era la señal que necesitaba Guajardo para asesinarlo, y obviamente nada más alcanzó a sacar su arma, la cual le desprendieron de la mano con un balazo, y así muere uno de los auténticos luchadores de la Revolución Mexicana.
A partir de allí la Revolución se convirtió en lo que Krauze decía en un libro que se llama “Siglo de Caudillos”. En lo que continúa la Revolución fue el caudillismo y ya no la lucha real por el pueblo que sí enarbolaba Zapata; sino que se convirtió en una lucha por el poder, donde Huerta había asesinado a Madero, Carranza ataca a Zapata; Obregón asesina a Carranza; Calles asesina a Obregón después de su reelección en 1928. Y bueno, lo llevamos hasta 1936 cuando es expulsado del país don Plutarco Elías Calles, después de que el General Cárdenas no le reconoce el triunfo a su hijo como Gobernador del Estado de Nuevo León en 1934, y finalmente hasta el año de 1940 con Ávila Camacho como Presidente, que fue de los últimos generales con lo que se termina este tránsito de la Revolución hasta la institucionalización del gobierno.
¿Qué nos deja Zapata?
Acción Nacional reconoce la importancia indiscutible de Emiliano Zapata como caudillo de la Revolución Mexicana por su valor, entrega y pasión por el pueblo mexicano y coincide en que las comunidades del campo, en especial las que se encuentran en pobreza extrema, deben ser el centro de una política integral, capaz de generar una nueva promoción de la dignidad de las personas. Es decir, en la humanización integral de las condiciones de vida de los habitantes del campo.
Para nuestro partido el problema agrario no se resolverá si no se atienden las injusticias con que se enfrentan cotidianamente los campesinos mexicanos. Por ello coincidimos con el ideal de Zapata de que la tierra es de quien la trabaja, pero que la trabaje para hacerla producir y no para que permanezca ociosa e improductiva.
Las y los senadores del PAN estamos convencidos que las comunidades del campo, especialmente las comunidades indígenas, los pequeños productores y quienes viven en condiciones de pobreza extrema, deben ser el objetivo prioritario de las políticas públicas.
Si se requiere hacer de México una patria justa, ordenada y generosa, Acción Nacional sostiene que es preciso poner al servicio de los campesinos recursos técnicos y económicos, orientados para dotarle medios eficaces que incrementen la producción y garantizar la certidumbre de los derechos de la propiedad.
Bajo este contexto, el PAN ha propuesto en su plataforma mejorar las acciones de integración de productores y productoras rurales a las redes de valor o cadenas productivas, haciendo énfasis en esquemas de asociación. Así mismo promoveremos estrategias tecnológicas y apoyos especiales al campo que incentiven la migración ordenada y gradual de cultivos poco competitivos hacia productos de mayor rentabilidad económica, incluyendo actividades industriales no agropecuarias, tomando en cuenta la vocación económica y de micro climas de las distintas regiones del país y garantizando apoyos financieros durante la transición.
No basta con reivindicar discursivamente a don Emiliano Zapata en este Aniversario Luctuoso del que fue cobardemente asesinado en esta fecha, pero en 1919. Hoy implica instituciones eficaces y derechos de propiedad, más capacidad productiva y libertad para los campesinos ante los intereses políticos y corporativos.
Los campesinos mexicanos exigen y merecen una mejor calidad de vida. Pueden estar ustedes seguros que los senadores del PAN seguiremos impulsando los cambios a la que nuestra legislación para el desarrollo integral y sustentable del campo y para blindar electoralmente la política en materia agropecuaria.
Recordemos a Zapata, símbolo de lucha de muchos mexicanos y comparto una de sus frases que ha denotado, inclusive la lucha de la oposición durante muchos años que es: “Más vale morir de pie que vivir de rodillas”.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias señor senador Preciado. Se concede el uso de la tribuna al señor senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Antes este Senado de la República da la bienvenida a alumnos de la Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación, invitados por la senadora Itzel Sarahí Ríos De la Mora, e igualmente da la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el senador Carlos Mendoza Davis.
-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Compañeros senadores, compañeras senadoras. Con su venia, compañero presidente.
Emiliano Zapata Salazar nació en Morelos el 8 de agosto de 1879 en el pueblo de Chinameca, Municipio de Ayala, sus padres fueron los campesinos Gabriel Zapata y Cleofas Salazar; sus estudios primarios los realizó con el profesor Emilio Vera, un viejo soldado de Benito Juárez. En su juventud trabajó como labrador y arriero; en su pueblo destacó defendiendo los campesinos frente a los diversos abusos de los hacendados. Muere el 10 de abril de 1919, en la Hacienda de Chinameca, Municipio de Ayala, víctima de una traición.
Emiliano Zapata se levanta en armas contra la dictadura de Díaz, apoyando a Francisco I. Madero que había convocado a una rebelión nacional.
El 28 de noviembre…….
(Sigue 3ª parte). . . . . . . . . . ..........Emiliano Zapata se levanta en armas contra la dictadura de Díaz, apoyando a Francisco I. Madero, que había convocado a una rebelión nacional el 28 de noviembre de 1911, proclama el Plan de Ayala, donde exige distribuir las tierras de los grandes hacendados a los campesinos.
¿Por qué estalla la Revolución?
La perpetuación de Porfirio Díaz por más de 30 años en el poder generó una terrible situación en el pueblo de México en donde la opresión, la pobreza, el hambre, la muerte por enfermedades curables, el analfabetismo era la constante que sufría la gente; las libertades y los derechos de todo tipo eran ignorados, existía una terrible desesperanza, y la mayoría de la población estaba sumida en el fondo del sufrimiento humano.
La rebeldía natural de los habitantes de Morelos fue aprovechada y bien conducida por el joven rebelde Emiliano Zapata Salazar, que al levantarse en armas cumplía así su juramento de niño, cuando en una ocasión, a la edad de 5 años vio llorar a su padre, y le preguntó: “por qué lloras, padre”, preguntó Emiliano, no llores que nos aterras; es porque los amos con pistola en mano nos han quitado las tierras; en nuestro propio terreno nos vienen a maltratar como perro en rancho ajeno, cuando somos del lugar.
¿Por qué no pelean contra esos tiranos y acaban la esclavitud?
Hijo, tus palabras son brotes tempranos, no entras ni a la juventud. Ellos son muy poderosos, no los podemos vencer, parecen perros rabiosos, parientes de Lucifer.
Yo haré que devuelvan las tierras robadas, y se calme tu dolor. Es un juramento, no habrá bravuconadas, te voy palabra de honor. Aunque yo he sido el noveno de tus hijos en nacer, he de trocar el veneno de tu dolor en placer.
La letra de este corrido la hizo realidad, y después de 9 años de lucha provocó condiciones que cambiaron la vida en este país de manera radical, pero como siempre sucede, el gobierno en turno veía a Zapata como su enemigo, a tal grado que de revolucionario le empezaron a colgar calificativos de bandido y roba vacas, se generó la conjura desde el Palacio Nacional por órdenes de Venustiano Carranza quien encontró en el Coronel Guajardo al traidor que acabaría con al vida del prócer del agrarismo en México, y el 10 de abril de 1919, mataron su cuerpo, pero su pensamiento y su obra se expandió por México y el mundo.
A hombres como Zapata no se les puede matar de frente. Siempre se acaba con ellos de manera cobarde y a traición.
Desde la tribuna más alta de la nación, recordando la muerte de este prócer quiero hacer con ustedes algunas reflexiones en voz alta, compañeros senadores, compañeras senadoras: la república vive momentos aciagos similares a los que se vivía antes de que estallara la Revolución en 1910.
Tenemos un país con 60 millones de mexicanos en pobreza patrimonial; 28 millones de ellos en pobreza alimentaria, los cuales comen cuando mucho una vez al día, y algunos de ellos no saben siquiera si comerán algo el día de mañana.
El hambre es el caldo de cultivo más idóneo para generar la irritación social y la desesperación que hace que el pueblo busque por la fuerza lo que no puede lograr con el producto de su trabajo y por la vía pacífica.
La violencia, producto de la delincuencia organizada y la incapacidad gubernamental para controlarla está desatada en todo México; de manera inusitada el día de ayer, 10 de abril, el Secretario de Gobernación en una actitud triunfalista da a conocer a la población, que en cuatro meses de gobierno de Peña Nieto van más de 4,200 ejecutados por el crimen organizado.
Lo que no dijo ni creo que se atreva a decirlo, es cuántas desapariciones forzadas ha habido en su gobierno; cuántos desplazados por la violencia, cuántos secuestros, cuántos feminicidios, cuántos robos, y menos se atreverá a comentarle al pueblo que en México la situación es alarmante, y como refiere el poeta Javier Sicilia, estamos al borde de la insurrección social, el miedo, el pánico y el terror se han apropiado del país; por eso no nos debe de sorprender que el pueblo se organice a través de los grupos de autodefensa, para el que no sabe leer los mensajes de Juan Pueblo, es un ¡ya basta!, de miles de compatriotas, que ante la indiferencia, la incapacidad y las complicidades de quienes gobiernan decidieron tomar la justicia por su propia mano, y el gobierno, lejos de atender el reclamo social hoy los ve como a Zapata en su tiempo, como enemigos y quebrantadores de la ley.
Profesores inconformes con la Reforma Educativa, que pretende conculcar derechos históricos y conquistas laborales.
Trabajadores que se ven agraviados por la Reforma Laboral.
Campesinos que están ofendidos por no ser tomados en cuenta en la Cruzada Contra el Hambre, y que en lugar de ser ellos quienes produzcan los alimentos para mitigar este terrible mal, hoy el gobierno de Peña Nieto prefiere a las transnacionales Pep-Sico; Nestlé y Quaker responsables de la desnutrición y la obesidad en México, sean premiadas y nuevamente la política de darle más a los ricos y no darle nada a los pobres la aplica sin ninguna consideración.
Organizaciones civiles, estudiantes, el pueblo organizado disidente del régimen, intelectuales, periodistas honestos alzan la voz para plantear su desacuerdo con el estado de cosas con el que vivimos.
Algunos turistas podrán calificar, podrán criticar las formas, pero nunca podrán criticar las causas.
Compañeros senadores, compañeras senadoras: Esta institución republicana tiene que mandar un mensaje claro al país en esta fecha en que estamos conmemorando el 94º. Aniversario de la Muerte del Prócer Zapata.
Le exigimos al gobierno de Peña Nieto y a los gobernadores de los estados que agoten el diálogo, hasta sus últimas consecuencias, con todos los movimientos sociales que existen en el país, y que no caigan en la tentación de la represión de ningún tipo para acallar las voces de los mexicanos y las mexicanas que haciendo uso legítimo de su derecho constitucional de manifestarse, hoy le reclaman al gobierno solamente justicia, vivir en paz y con dignidad.
Si el gobierno con el argumento de hacer respetar la ley decide aplicar decide aplicar la misma fórmula que le aplicaron a Zapata y a sus revolucionarios para disolver la inconformidad social, los senadores patriotas de la república sabremos las respuestas contundentes para que México entre en la vía de la convulsión social que absolutamente nadie quiere.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: Gracias, Senador Demédicis. Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
- LA C. SENADORA PALAFOX GUTIERREZ: Con su permiso, señor Presidente. Señoras senadoras, señores senadores: El día de hoy recordamos el trágico y vil asesinato de Emiliano Zapata. Líder revolucionario que encarnó los más altos ideales en defensa del pueblo campesino y sus tierras, desprotegidos históricamente.
No sólo eso, desde la Revolución Mexicana iniciada en 1910, Zapata ha sido una bandera de resistencia popular y nacionalista frente a la injusticia social, económica, política, jurídica, en fin, frente a los abusos del poder y la entrega de la patria.
Zapata pasó a la historia y los mexicanos que coincidimos con sus ideales, con su lucha, hemos visto en él al héroe vigente que nos inspira a continuar su legado, porque a pesar de avances que se dieron a lo largo del Siglo XX, y lo que va del presente, la injusticia sigue permeando el campo mexicano.
No obstante a más de un siglo de la lucha que se dio por el reparto de tierras, hoy día seguimos teniendo dos México’s de contrastes: el que vive en la opulencia, sin preocuparse por el otro que sobrevive a pesar de los intentos por acabar con ese México que Zapata defendió.
Mucho se ha dicho acerca de la modernidad del campo mexicano, sí, se ha modernizado en beneficio de pocos terratenientes, y ahora también de grandes empresas que han industrializado ciertos sectores del campo, sin que ello se haya traducido en beneficios a la población a la que han despojado sus medios de subsistencia.
Con la llegada de las políticas en particular, aquellas que modificaron el Artículo 27, Constitucional como requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte se ha acentuado el rezago del campo mexicano, se ha convertido, en su mayoría en unidades habitacionales.
En contraste con esas mismas políticas se ha beneficiado a los grandes productores. Este ha sido el resultado de políticas entreguistas y de sometimiento a los grandes capitales nacionales e internacionales.
Recordar a Zapata nos sigue inspirando para continuar la búsqueda......
(Sigue 4ª. Parte). . . entreguistas y de sometimiento a los grandes capitales nacionales e internacionales.
Recodar a Zapata nos sigue inspirando para continuar la búsqueda para continuar la búsqueda de sus ideales que trascienden la lucha campesina y que seguramente muchos gobiernos retóricamente han enarbolado y tomando como punta de lanza para mal encausar la lucha del pueblo mexicano, pero aquí estamos en la oposición la izquierda, no sólo para recordarlo, sino sobre todo para continuar esa lucha frente a la injusticia, los abusos del poder y la entrega de la patria, que no se nos olvide, la tierra es de quien la trabaja.
¡Viva el pueblo campesino desprotegido!
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias a la Senadora Martha Palafox.
Ahora en el apartado de iniciativa, tiene el uso de la tribuna el señor Senador Gerardo Sánchez García para presentar a nombre propio y de diversos senadores un proyecto de Decreto que reforma la Ley que crea el fideicomiso que administra el Fondo para el fortalecimiento de Sociedades Cooperativos de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores.
-EL C. SENADOR GERARDO SANCHEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, mejor conocidas en México como cajas populares fueron creadas en el año de 1951.
Tienen ya cerca de 60 años en que de manera silenciosa, pero consistente han estado apoyando el desarrollo de muchas familias y comunidades a lo largo y ancho del país.
La fortaleza de estas organizaciones como parte de Sistema Financiero Mexicano consiste en que sus costo de transacción han sido muy bajos y no tienen problemas de implementación en sus políticas institucionales, dado que se basan en al confianza, en el conocimiento directo de las personas y en la práctica de la ayuda mutua.
En los últimos 15 años, las casi mil cooperativas y más de 6 millones de socios han estado impulsando la institucionalización de su propio sector, ya que están conscientes que se requiere orden y disciplina para garantizar entidades seguras que no pongan en riesgo el ahorro y el patrimonio de la población.
Sin embargo es necesario evitar una excesiva regulación que les haga salir de su mercado natural.
Las Sociedades de Ahorro y Préstamo son generadores de fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, debido a que prestan servicios de ahorro y préstamo en las comunidades donde no hay servicios bancarios o donde otras instituciones no prestan el servicio, debido a la poca rentabilidad o a la falta de medios de comunicación para acceder a la población alejada.
El sector de ahorro y préstamo integrado por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en este momento atraviesa dos grandes problemas que es indispensable resolver; por un lado, lograr que las sociedades que se encuentran funcionando, puedan continuar realizando operaciones y que las que no lo hagan puedan tener una salida ordenada.
Y por el otro que los ahorradores que han sido defraudados por seudocooperativas recuperen sus ahorros que les han costado mucho esfuerzo a todas sus familias.
En las comunidades rurales, los pequeños productores, los microempresarios y la población en general requieren servicios adicionales al crédito, tales como servicios de ahorro, liquidación de remesas, pago de servicios, cambio de cheques entre otros.
El ahorro en particular es fundamental para mejorar la condición de vida de la gente, dado que le posibilita oportunidades de inversión, previsión, para épocas de mayores gastos, así como enfrentar dificultades y riesgos de índole diversa.
En las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes, lo servicio financieros no están disponibles, lo que genera es un aislamiento geográfico en todos los campos de desarrollo económico y productivo de estas comunidades.
Sin intermediarios localizados cerca de las poblaciones es difícil y costoso acceder a servicios de ahorro, préstamos remesas, entre otros, quedando los ciudadanos en manos de agiotistas y de relaciones comerciales abusivas.
Por ello las cooperativas se establecen como una palanca de desarrollo de las comunidades rurales, considerando que mitigan los riesgos y facilitan la aceleración de la población y la formación de capital productivo en las familias de escasos recursos.
Es indispensable evitar que la excesiva regulación haga que estas organizaciones pierdan su orientación humanista, atendiendo al plazo establecido para que las sociedades cooperativas presenten sus expedientes para ser autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria.
Es necesario apoyar y fortalecer a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ya existentes, mediante trabajos de asistencia técnica en materia de mejora, estabilización, saneamiento o liquidación de sociedades, servicios que serán contratados por el Gobierno Federal conforme a esta Ley que se propone reformar.
Por ello, es importante destacar que esta reforma pretende adecuar la ley a la realidad, en virtud de que se han modificado otras leyes con las cuales guarda relación directa, así como algunos aspectos que han dificultado la instrumentación de los procesos de apoyo y fortalecimiento de las sociedades cooperativas y a sus ahorradores.
Por lo anterior, los senadores y senadores y senadoras que suscribimos la presente iniciativa, el de la voz, Manuel Humberto Cota Jiménez, Hilda Estela Flores Escalera, Raúl Aarón Pozos, Blanca Alcalá, Isaías González, René Juárez Cisneros, Carlos Romero Deschamps del Grupo Parlamentario del PRI y Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del PRD, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que en obviedad del tiempo hago, entrego a la Mesa Directiva para que se integre textualmente en el Diario de los Debates y adicionalmente solicito a la Presidencia, independientemente a las Comisiones que sea turnada, que se turne también a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Suscríbase el texto en su totalidad en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera.
-EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS (Desde su escaño): Buenas tardes.
Sólo para solicitarle al Senador Gerardo Sánchez y a los que firman esta propuesta, si me permiten adherirme a ella.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Lo ha aceptado.
Quién se quiera adherir a esta iniciativa, sólo manifiéstelo.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 56 y 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
-LA C. SENADORA SILVIA GARZA GALVAN: Con su permiso señor Vicepresidente-Presidente.
En 1987 el desarrollo sustentable fue presentado formalmente por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas.
Con una alternativa de desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves daños ambientales al planeta.
En México se ha buscado instaurar un régimen jurídico normativo que nos ayude a coordinar los problemas ambientales.
La incesante presión ejercida sobre el capital natural, ya sea por la creciente población humana y por el daño ambiental, han vuelto apremiante la necesidad de hacer frente a dicho deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, para tal fin y como alternativa, surgen los conceptos de cambio climático y desarrollo sustentable, los cuales no deben ser opuestos al desarrollo económico, no obstante la maximización del crecimiento económico basado en el deterioro del capital natural hace que hoy en día estos conceptos en ocasiones no sean compatibles.
Tal es el caso de nuestro país que de acuerdo a su evolución histórica muestra, aunque lenta una consolidación institucional en materia ambiental con el fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, el contribuir a los efectos del cambio climático.
Se ha creado un conjunto de herramientas jurídicas que ha hecho posible los avances en torno a la gestión ambiental, ya que no sólo regulan la contaminación ambiental, sino que también incorporan el tema de usos sustentables de los recursos naturales.
En esta línea México ha emprendido una serie de acciones y estrategias para lograr que su sector contribuya al desarrollo de una actividad productiva más amigable con el medio ambiente y que se fomente un desarrollo rural sustentable, entendiendo que la presión sobre los recursos naturales enfrenta nuevos retos derivados. . .
(Sigue 5ª parte)...contribuya al desarrollo de una actividad productiva más amigable con el medio ambiente, y que se fomente un desarrollo rural sustentable, entendiendo que la presión sobre los recursos naturales enfrenta nuevos retos derivados, buena parte de ellos, de los cambios observados a raíz del calentamiento global, derivado principalmente de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El cambio climático ya se ha hecho notar en el sector rural mexicano, los impactos más significativos están relacionados con su posición geográfica, que hace que regiones principalmente del centro y norte del territorio, particularmente vulnerables a una mayor severidad y frecuencia de los meses secos, acentuándose sus efectos en el sector agropecuario; en contraparte, las precipitaciones se presentan ahora con mayor intensidad y concentración en las épocas de lluvia, de tal manera que las depresiones tropicales y huracanes que azotan las costas de México son cada vez más frecuentes; como lo demuestran los registros en los que se aprecia que la temporada de huracanes de este año.
La presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos degrada la calidad de las tierras, que también son afectadas por la deficiencia o exceso de uso.
El actual modelo de desarrollo no ha podido dar solución a los grandes problemas que enfrentamos hoy en día los países subdesarrollados, por el contrario los ha agudizado, reflejando un mayor empobrecimiento de algunos sectores de la sociedad y un enriquecimiento desmedido de otros. Además este modelo de desarrollo ha contribuido de manera constante al deterioro del capital natural y en consecuencia el deterioro de la calidad de vida de la población.
El desarrollo rural sustentable, enfrentan hoy nuevos y profundos retos, la planificación en el uso de los recursos naturales utilizados en la producción primaria del suelo, el agua y la vegetación, su manejo sustentable son, indudablemente, dos de los principales; sin embargo, los efectos del cambio climático se han hecho sentir con mayor intensidad en los últimos años, y estos efectos pueden alterar de forma rápida y radical todas las variables del desarrollo rural; por tanto, es imprescindible que la administración federal pongan en marcha acciones que permitan modificar y disminuir en cada parte del país las tendencias que hoy día presentan las emisiones de gases de efecto invernadero; esto es un problema que requiere la participación y compromiso de todos, con el único objetivo, que es el de alcanzar el desarrollo rural sustentable que todos queremos y necesitamos.
Si bien, el poder Ejecutivo Federal tendrá que contemplar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que los recursos y apoyos que se destinen a los productores y organizaciones, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y que estos puede ser complementados por los que asignen los gobiernos de las Entidades Federativas y los Municipios, deberán tener como uno de los propósitos fundamentales la restauración y mejoramiento de la tierra, el agua, el aire y en general del ambiente, a través del uso de la tecnología para tratar de preservar, restaurar, conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos y los recursos hídricos; así mismo, el Ejecutivo Federal establecerá dentro del marco normativo las bases e instrumentos que apoyen de manera económica el fortalecimiento de los productores y organizaciones para que incorporen cambios tecnológicos y de procesos tendientes a fomentar la investigación científica y tecnológica para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, ejecutando acciones de adaptación ante el cambio climático a través de la conservación, adaptación y saneamiento ambiental.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara Alta el siguiente:
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del Artículo 56 y la fracción V del artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 56 fracción VIII- Usar eficientemente los recursos económicos, naturales y productivos que fomenten el desarrollo rural sustentable a través de la investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos naturales.
Artículo 71 fracción V.- La inversión en restauración y mejoramiento de las tierras y servicios ambientales, a través de la investigación científica y tecnológica que trate de evitar la desertificación y pérdida de los recursos naturales.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.
-Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, para presentar a nombre propio y de los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación.
-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Con su permiso, compañero Presidente.
Es un hecho irrefutable que en México y gran parte del mundo la violencia y el acoso escolar o bullying, como también es conocido, es un fenómeno social que tiene cada vez mayor fuerza y presencia en las instituciones educativas y sus alrededores. Se trata de conductas antisociales que ocasionan todo tipo de daños entre quienes son afectados por la violencia verbal, física, psicológica, sexual o de exclusión social producida por uno o varias personas que pertenecen a una comunidad escolar en contra de alguno de sus miembros, pero cuyos efectos colaterales se extienden más allá de las propias fronteras escolares.
De acuerdo con el sondeo realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, el 6% de los niños y el 10% de las niñas afirman que no son tomados en cuenta por sus maestros. Destaca además que 12.7% de los niños entrevistados aceptan que les han pegado en la escuela, y el 25.5% que han sido insultados. Al 7.8% los han hecho sentirse avergonzados, mientras que al 36.5% asegura que los han hecho enojar.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que en México al menos un 40% de los estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas, han sido víctimas de bullying, lo que significa que alrededor de 7.5 millones de menores de edad son hostigados, intimidados, víctimas de discriminación y golpeados en su entorno escolar.
Otras cifras de centros de estudios sociales y de opinión Pública de la Cámara de Diputados han revelado que del 2001 al 2011 más de 231 mil niños sufrieron algún tipo de maltrato, lo que representó el 20 por ciento del total de hechos denunciados ante el Ministerio Público, registrando que los estados con el mayor índice de maltrato infantil mediante esta forma de violencia o acoso escolar son Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.
Por eso, los esfuerzos de los gobiernos y autoridades educativas por erradicar la violencia en las escuelas tanto en nuestro país, como en el exterior no se ha hecho esperar, casos muy significativos han sido los de Puerto Rico, Perú, Chile y Canadá, que cuentan con una legislación específica para combatir este problema social y cuyo análisis de contenido conforma parte de la base jurídica comparada sobre la que se ha estructurado la presente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en México para prevenir y atender la violencia y el acoso escolar.
En el ámbito nacional, los esfuerzos públicos por atender este fenómeno socio-educativo han sido diversos e igualmente importantes y marcan, sin duda, un precedente legislativo para la elaboración de la presente iniciativa de reforma, partiendo de enfoque de atención particular o regional hacia la adopción de una estrategia legislativa general que resuelva similares problemas en todo el país.
Los casos de regulación normativa sobre el tema en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Distrito Federal, Nayarit y Puebla dejan constancia de ello.
El interés por aprobar una legislación nacional que atienda la violencia y el acoso escolar no son tampoco un caso inédito. Desde el año 2010 diferentes compañeras y compañeros diputados y senadores de esta y anteriores legislaturas, entre los que se encuentran los Senadores Mario Delgado, Mariana Gómez del Campo, José María Martínez y otros, han destacado la urgente necesidad de anteponer integralmente esta problemática.
A través de distintas iniciativas, puntos de acuerdo y participaciones parlamentarias hemos expresado en reiteradas ocasiones nuestra preocupación por el incremento indiscriminado de este fenómeno social que ya ha causado la muerte de varios menores de edad a consecuencia de acoso escolar o maltrato, como fue el caso del niño Jonathan Ortiz Ávalos, del estado de Jalisco, denunciado en esta misma tribuna parlamentaria hace uno cuantos días.
Definitivamente la violencia y acoso escolar o bullying es un problema muy grave que trae consecuencias para el buen desarrollo físico, psíquico y social de los niños y niñas agredidos. Los afectados por lo general se encuentran en pleno proceso de búsqueda de su identidad, y este fenómeno afecta gravemente el desarrollo de su personalidad, disminuye su autoestima, les genera…
(SIGUE 6ª PARTE).... pleno proceso de búsqueda de su identidad, y este fenómeno afecta gravemente el desarrollo de su personalidad, disminuye su autoestima, les genera sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad y frustración, les provoca una baja en su rendimiento escolar, marginación, desinterés por el trabajo en equipo, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y salidas falsas, lamentablemente, algunos niños y adolescentes, para no tener que soportar más esta situación se quitan la vida.
No podemos callar e ignorar la grave problemática que estamos viviendo en diferentes establecimientos escolares de todo el país, estos hechos nos obligan a revisar a la brevedad posible todos los esfuerzos legislativos y antecedentes con los que hoy se cuentan conjuntamente con la iniciativa que ahora se presenta, para contar con una legislación general en México que atienda urgentemente de forma integral y con un enfoque multifactorial y restaurativo este peligros problema social.
Es por eso que nos hemos propuesta establecer de la legislación federal del sector educativo políticas públicas para erradicar esta práctica tan inhumana que haga responsables a los adultos encargados de la educación de los niños, niñas y adolescentes, y fundamentalmente para que se asuma, desde el Estado, un mayor compromiso para prevenir, atender y eliminar estas malas conductas.
La presente iniciativa forma parte de la idea de no atender la violencia en el entorno escolar, como un problema aislado, sino como un problema multifactorial que debe ser atendido desde un enfoque integral, donde todos los miembros de la comunidad educativa se involucren en el diseño y desarrollo de estrategias, lineamientos, y protocolos para la prevención y atención de la violencia y acoso escolar.
El fomento de la sana convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la educación, en derechos humanos y la cultura de paz, en los centros escolares.
La iniciativa pondera la etapa de la prevención de la violencia, como una parte fundamental de la política educativa, pues no sólo ha establecido la obligación del Estado para la adopción de mecanismos que prevengan y atiendan la violencia y el acoso en cada establecimiento escolar, sino que ha puesto énfasis en el desarrollo de un programa especial de sana convivencia escolar donde se arraigue una nueva cultura de convivencia escolar libre de violencia, que involucre a toda la comunidad educativa, en la construcción conjunta de la paz.
Para ello, se han ampliado las facultades de las comisiones escolares de participación social, perdón, de los Consejos Escolares de Participación Social, y se ha previsto la creación de los comités de sana convivencia escolar y las unidades de atención integral, que dependerá directamente de estos, pero con funciones de atención y resolución pacífica de conflictos, promoción y fomento de una convivencia libre de violencia y prevención de acciones, de acoso escolar.
En estos comités se ha asegurado la participación obligada de padres de familia, personal docente, directivos, cuerpo administrativo y representantes estudiantiles en cada grupo escolar, como un principio de participación democrática y construcción colectiva de soluciones, mientras que para las unidades de atención integral se ha dispuesto la necesaria participación de trabajadores sociales, médicos escolares y psicólogos educativos debidamente capacitados para el apoyo profesional a los menores.
Dentro de la iniciativa se ha realizado una muy breve descripción de los tipos y modalidades de violencia y acoso escolar; así como de sus consecuencias, sanciones y mecanismos de atención integral, pero bajo un enfoque restaurativo, es decir, no bastará el resarcimiento de los daños físicos, o morales ocasionados, es indispensable adoptar medidas profesionales para asegurar que tanto los responsables del daño, como los afectados, puedan continuar el desarrollo de sus vidas, personal escolar y familiar, bajo condiciones de normalidad física, psicológica emocional sexual, y de inclusión social, erradicando en lo posible este grave problema social, de los centros escolares de nuestra población.
Finalmente, se ha planteado dentro de contenido de la presente reforma de Ley General de Educación la obligación de la autoridad educativa para emitir los reglamentos necesarios que establezcan los derechos de los estudiantes a su seguridad a estudiar en un ambiente sano, a su intimidad y dignidad personal, así como las obligaciones de los estudiantes, docentes, directivos y demás personal administrativo, las reglas de comportamiento y sanciones disciplinarias respectivas.
En ese sentido, no solo es indispensable que el Estado adopte políticas públicas y medidas legislativas regulatorias y coercitivas, como la iniciativa de mérito se propone, sino también es urgente que quienes legislamos en esta materia con el apoyo de todos los sectores público y social, y privado, responsables de la educación de nuestros hijos y adolescentes, asumamos un mayor compromiso para prevenir y erradicar estas conductas antisociales.
México requiere y exige el desarrollo de una sociedad pacífica, armónica, responsable y con mayor calidad de vida, pero sobre todo libre de violencia en la escuela, en la casa y en las propias comunidades sociales. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senador Morón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Senadora Garza Galván.
-LA C. SENADORA SILVIA GARZA GALVAN: (Desde su escaño). Creo que los datos que nos comenta aquí el senador Raúl Morón, son muy fuertes y graves, y quisiera pedirle si me permite adherirme a su proyecto de decreto.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Senadora Hernández Lecona.
-LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA: (Desde su escaño). Gracias, presidente. En el mismo sentido, solicitarle al promovente, senador Raúl, y puedo “signar” su iniciativa.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Se toma nota, muchas gracias.
Este Senado le da la bienvenida a las alumnas y alumnos de la Universidad de Izúcar de Matamoros, del Estado de Puebla, invitados por el senador Manuel Bartlett Díaz. (Aplausos).
Igualmente, damos la bienvenida a las alumnas y alumnos del TEC de Monterrey, invitados por el senador Félix González Canto. Bienvenidas y bienvenidos. (Aplausos).
Se concede el uso de la tribuna a la senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y octavo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA: Con su venia, señor presidente. Hago uso de la voz para proponer reformas a los artículos segundo y octavo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. El problema de identificado es que la autoridad administrativa puede solicitar se nulifique prácticamente cualquier resolución favorable al particular, con el peligro de convertir el juicio de "lesividad" en un instrumento malicioso, que desnaturaliza esta figura y la aleja de su propósito original, que es combatir resoluciones ilegales contra el fisco.
La solución propuesta es establecer la imposibilidad para la autoridad de solicitar nulidad o revocación de una resolución, si esta se emitió basada en una interpretación jurisprudencial vigente, al momento de resolución, o bien, si se pretende nulificar con fundamento en ley, o jurisprudencia posterior.
Justificamos la improcedencia en los casos anteriores en el principio constitucional de irretroactividad de la ley. También proponemos que la autoridad deberá comprobar que la resolución se consiguió de mala fe, con engaños, induciendo al error o por corrupción.
La legislación debe establecer candados y límites claros al actuar de la autoridad, en defensa del contribuyente. El abuso en el uso de figuras como estas ocasionan graves vulneraciones al principio de seguridad jurídica.
Es injusto que un contribuyente preocupado por cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, acuda a la autoridad para preguntar sobre el modo del cumplimiento de estas, y no obstante haber obtenido una respuesta favorable sea esa misma autoridad quien se retracte de su respuesta y demande con posterioridad su nulidad, con consecuencias obviamente negativas para el particular.
Esta iniciativa se presenta para asegurar que la autoridad actúe de manera responsable y objetiva.
Con fundamento en lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Senadores, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo segundo y el artículo octavo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por su atención, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senadora Salinas Sada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de .....
(Sigue 7ª parte) -EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senadora Salinas Sada.
-Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
-Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Amparo.
-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Con su permiso, señor Presidente.
El pasado 1º de abril se promulgó la nueva Ley de Amparo, sin embargo entró en vigor con deficiencias que le impiden gozar de un enfoque plenamente garantista, necesario para satisfacer las obligaciones del Estado previstas en los párrafos II y III del artículo 1º de la Constitución, es decir, en materia de derechos humanos.
Desgraciadamente esta nueva ley no es la idónea para proteger los derechos fundamentales que nos merecemos los mexicanos; posee enormes carencias, algunas profundamente regresivas con los derechos fundamentales, tales como la ampliación de las causales de improcedencia, la imposibilidad de promover mediante el juicio de amparo la inconstitucionalidad de adiciones y reformas a la Constitución, y el permiso que inconstitucionalmente se otorga a las autoridades administrativas para que funden y motiven el acto de autoridad hasta que rinde el informe justificado.
Es una ley que fue elaborada sin conexión necesaria y suficiente con la reforma constitucional en materia.
La legislación secundaria no desarrolla puntualmente las nuevas disposiciones constitucionales, en concreto, el concepto de interés legítimo que no lo define y sólo lo enuncia en el artículo 5º de la nueva Ley de Amparo, la cual también es omisa respecto a la regulación, amplía y expresa del amparo colectivo.
Se trata de una nueva Ley de Amparo que incrementa en su artículo 61 las causales de improcedencia del juicio de amparo, y con ello afecta la garantía de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 de la Constitución.
La Ley de Amparo del 10 de enero de 1936, estableció 18 causales de improcedencia del juicio de amparo.
En la nueva Ley de Amparo existen 23 causales. Es evidente que con le nuevo reordenamiento no se busca maximizar los derechos humanos, sino limitarlos al establecer nuevas causales para declarar improcedentes sobre ser y archivar los amparos.
Sin entrar al estudio del fondo de los asuntos planteados que promueven los quejosos.
Otra crítica resulta de la causa de improcedencia para impugnar vía juicio de amparo adiciones o reformas a la Constitución, lo anterior contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitió la procedencia del amparo en contra de las reformas constitucionales que violan el procedimiento de reformas establecido en los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución.
La nueva Ley de Amparo niega el control constitucional de lo que realiza el poder revisor de la Constitución. El poder revisor de la Constitución podrá violar el procedimiento de reforma constitucional o aprobar reformas de los derechos humanos y no procederá el juicio de amparo en contra de estos actos.
Se trata de una ley, en materia de amparo agrario, estableció un plazo de preclusión de 7 años para promover la demanda de amparo, cuando la ley de amparo anterior no prevenía plazo alguno, se trata de un retroceso derivado del modelo neoliberal que prevalece en México, en el que los derechos sociales son sistemáticamente limitados por el orden jurídico; se trata de una reforma que afectará a los ejidos y a los pueblos indígenas en materia de suspensión.
La Ley de Amparo vigente no sólo afectará los concesionarios mineros o a los de la televisión, la radio y las telecomunicaciones, sino también dañará los derechos de los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios. Los derechos de los campesinos e indígenas deben estar protegidos de manera diferenciada a la de los concesionarios del espacio radioeléctrico, o a la de los concesionarios mineros.
La nueva Ley de Amparo no establece ningún tratamiento diferenciado en este sentido a una modificación legal y antisocial, contraria a los principios de justicia social.
Igualmente, es poco garantista con los derechos de los gobernados, privar a estos de la posibilidad de solicitar en los amparos directos la facultad de atracción entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En síntesis, la nueva Ley de Amparo debe de seguir estudiándose y analizándose, por tal razón, y para ir corrigiendo algunas deficiencias jurídicas, presento ante esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto de reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Amparo, con el objeto de reducir las excesivas causales de improcedencia aprobadas en la reciente Ley de Amparo.
Posibilitar la procedencia del amparo en contra de las reformas constitucionales, así como la, por la ratificación de nombramientos avalados por el Congreso de la Unión.
Obligar a que las autoridades administrativas respeten el principio de legalidad para que no funde ni motiven a posteriori en el informe justificado el acto de autoridad.
Proteger a los pueblos indígenas y a los núcleos agrarios.
Dotar a la Ley de Amparo de contenidos que garanticen efectivamente el interés legítimo, así como establecer los sujetos legitimados y procedimientos a seguir en el amparo colectivo.
Permitir que las partes de un juicio de amparo puedan solicitar a la Corte atraer un caso por su relevancia y trascendencia.
Prever el recuso de amparo en contra de las resoluciones que emitan las nuevas autoridades que se encuentran en el proyecto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
-EL C. PRESIDENET SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senador Monreal.
-Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.
-Este Senado saluda la visita de las alumnas y los alumnos de la Carrera de Sociología de la Facultad de Estudios Superiores ACATLAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su semana de sociología determinaron asistir a presenciar esta sesión.
¡Bienvenidas y bienvenidos! (Aplausos).
También saludamos la presencia de las alumnas y los alumnos y docentes de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila, que hoy nos visitan por parte del Senador Braulio Manuel Fernández Aguirre. Gracias.
-En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para la salida de elementos de los batallones de comando, de infantería de marina, de la Armada de México, durante el período del 13 de abril y hasta el 3 de mayo del presente año, para permitir el paso al territorio nacional de elementos pertenecientes al tercer regimiento extranjero de infantería de la República de Francia, que estará en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo.
Debido a que se encuentra publicado en la gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura.
En virtud de la cercanía de la fecha para salir del contingente a que se refiere el proyecto de decreto, consulte la secretaría a la Asamblea --en votación económica-- si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea --en votación económica-- si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
(Sigue 8ª. Parte)… se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Está a discusión en lo general y en lo particular, en un solo acto.
No habiendo quien se inscriba, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 73 votos en pro y cero votos en contra.
En consecuencia, queda aprobado el decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para la salida de elementos de los Batallones de Comando de Infantería de Marina de la Armada de México, con el fin de intercambiar secciones con la Legión Extranjera Francesa en Guyana, durante el período del 13 de abril y 3 de mayo del presente año, y para permitir el paso al territorio nacional de elementos pertenecientes al 3er. Regimiento Extranjero de Infantería de la República de Francia, que estarán en territorio nacional del 14 de abril al 6 de mayo del año en curso.
Se remite al Ejecutivo Federal, para sus efectos.
Tenemos, ahora, la primera lectura de diez dictámenes de la comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros, para prestar servicios en representaciones diplomáticas y para aceptar y desempeñar cargos de cónsules honorarios.
Debido a que se encuentran publicados en la gaceta de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.
Enseguida tenemos la primera lectura un dictamen de las comisiones unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con opinión de la comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.
Debido a que se encuentran publicados en la gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.
Compañeras senadores, el siguiente asunto en el orden del día, es la segunda lectura de un dictamen de las comisiones unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1° de la Ley para la Aprovechamiento de Energía Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en relación a las centrales de generación hidroeléctrica.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Senadora Díaz, dígame.
-LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: (Desde su escaño) Gracias, señor presidente.
Quizás en la lectura que usted estaba haciendo, no me observó, pero me estamos pidiendo, los que integramos las comisiones, que dictaminamos el anterior, que usted anunció, la anterior iniciativa de decreto, proyecto de decreto, la dispensa de la segunda lectura, para poderlo llevar en esta ocasión al pleno.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Senadora Díaz, está analizado y aceptado por esta Mesa Directiva, después de éste, vendrá esa dispensa y entraremos al tema. Gracias.
Este asunto tuvo su primera lectura, que me estoy refiriéndome ahora de las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, tuvo su primera lectura el 25 de abril del 2012, después de consultar a los grupos parlamentarios y a las comisiones responsables, el acuerdo que recayó, fue continuar con su trámite de segunda lectura, discusión y votación.
Dicho dictamen se encuentra publicado en la gaceta de hoy.
(SIGUE 9ª. PARTE)… del dictamen.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: El dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo. Por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra al senador David Penchyna Grub, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones en término de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, señor presidente. Con su permiso amigas y amigos senadores.
El día de hoy estamos presentando a partir del acuerdo que por unanimidad votó la Comisión de Energía en días pasados, de una Iniciativa de la Comisión de Energía de la Legislatura pasada, que tuvo a bien presentarse en primera lectura en el Pleno de esta soberanía.
En razón del término de la pasada Legislatura, fue un procedimiento que quedó a la mitad y que por su valor en la materia, la Comisión de Energía de este Senado, de esta Legislatura, tuvo a bien retomar, tomar el acuerdo, someterlo a la discusión de la comisión respectiva y el poderlo poner a su consideración.
Por lo anterior y toda vez que es una Iniciativa de la pasada Legislatura, creo que, y en función de lo que me mandató la propia comisión en mi carácter de Presidente de la Comisión de Energía, me permito exponer ante ustedes de qué se trata lo que está a votación y consideración de ustedes, que de ser aprobado podría pasar a la Cámara de Diputados.
La adición del inciso c) a la fracción segunda de la Ley permitirá alinear el objetivo de promoción de las fuentes renovables ateniendo las preocupaciones certificadas a nivel internacional, respecto a la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de presas o embalses cuyo fin sea la generación de electricidad.
Al respecto les comparto que durante la XXIII Reunión del Comité Ejecutivo de los Mecanismos del Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, se discutieron los criterios para la elegibilidad de la plantas de generación eléctrica con embalses para su calificación como proyectos de energías limpias, considerados como benéficos para el desarrollo sustentable del planeta.
Dentro de estos criterios se estableció de todas las planas cuya densidad de potencia sea mayor a diez watts de capacidad instalada, por metro cuadrado de zonas inundadas son elegibles bajo la metodología actual y que las emisiones asociadas al embalse no se considerarán como un factor negativo, ya que los beneficios correspondientes a una potencia eléctrica elevada superan en ese caso por mucho los costos ambientales de un embalse relativamente pequeño.
Este mismo comité de las Naciones Unidas, en su cesión 32, llevada a cabo en junio del 2007, acordó los criterios y las consideraciones respectivos con los que nosotros estamos poniendo a consideración dichos criterios para que México, que ha suscrito los acuerdos en la materia, tenga una legislación en respecto a las hidroeléctricas pequeñas, un ordenamiento alineado con los acuerdos internacionales que hemos suscrito.
Con lo anterior es claro que alinear los criterios a nuestra ley con los parámetros definidos por las Naciones Unidas para acceder a los mecanismos de desarrollos limpios, conlleva a importantes beneficios para el país que permitirán aprovechar los recursos nacionales de manera óptima, así como ayudar a la transición energética que es precisamente lo que quiere esta ley.
Yo les agradezco mucho su atención, es un procedimiento inusual. Creímos como parte de la Comisión de Energía el brindarles una explicación de lo que está a consideración de ustedes. Les reitero, este es un acuerdo que fue firmado por todos los partidos políticos en el seno de la Comisión de Energía y mucho agradezco la participación de mis compañeros en dicha comisión.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias senador Penchyna. Se concede el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO: Con el permiso de la mesa. Amigas, amigos senadores.
El Partido de la Revolución Democrática vemos con optimismo la aprobación de todas aquellas iniciativas que de manera conjunta construyan un mejor escenario para nuestro país.
Menciono lo anterior porque los propios legisladores de izquierda hemos sido críticos, pero también responsables, reconociendo aquellas propuestas que impacten de manera positiva el andamiaje jurídico de nuestro país. Por ello es fundamental mencionar que vemos con optimismo la aprobación de dictámenes como el que hoy se somete a votación, pues en sus contenidos se plasma de consenso una amplia visión de lo que debe ser el uso y aprovechamiento de las energías renovables.
El dictamen que se pone a discusión y votación de este pleno del Senado, propone adicionar un inciso c) de la fracción II de la Ley para el Aprovechamiento de Energía Renovable y el Financiamiento de la Transición Energética, con el objeto de reconocer como energía renovable aquellas centrales de generación hidroeléctrica que tiene, como ya se mencionó una densidad de potencia mayor a diez watts por metro cuadrado y que tomando como indicador al concepto de densidad de potencia para otorgar una mejor referencia al momento de regular los proyectos de energía hidráulica considerados renovables.
Esto evidentemente beneficia enormemente al medio ambiente y al entorno.
Cabe mencionar que dicho parámetro, la densidad de potencia, está avalado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que tiene por objeto generar electricidad a partir de fuentes renovables.
Desde el inicio de la presente Legislatura, nos comprometidos a impulsar y a promover iniciativas con un alto sentido social del cuidado y protección del medio ambiente y, sobre todo, del desarrollo que garantice la sustentabilidad de nuestro país para las próximas generaciones.
Por ello, es importante destacar propuestas como ésta, pues no podemos perder de vista que el agua, además de ser sustento en la existencia humana, es al mismo tiempo elemento fundamental para la generación de electricidad. Su carácter renovable debe ser plasmado en la norma que regula los proyectos de generación eléctrica a fin de incorporar en los dispositivos legales su uso y aprovechamiento sustentable a partir de disminuir en lo posible el impacto ambiental y, por ende, el económico y social.
Cabe destacar, amigas y amigos legisladores, que en el tema de energía hidroeléctrica el país de Noruega prácticamente el 60 por ciento de energía que genera es a partir de la hidroeléctrica, a pesar de que cuentan con una industria muy desarrollada en el tema petrolero. Sin embargo han estado utilizando de una manera muy eficiente el asunto hidroeléctrico y que por las características de nuestro país tenemos todas las posibilidades de potenciarlo de igual forma.
Por ello seguiremos insistiendo desde el seno de la Comisión de Energía en el impulso de este tipo de propuestas que además de visión de futuro demuestran voluntan política en la construcción de verdaderos consensos, abonando al crecimiento de nuestro país en temas tan sensibles como en la economía, la seguridad energética, el cuidado al medio ambiente y el tejido social, buscando la sinergia que se ha venido desarrollando en este Senado, en la aprobación de iniciativas estratégicas y que además sean amigables con el medio ambiente.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias senador Salazar. Se concede el uso de la tribuna al senador Manuel Bartlett, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
-EL C. SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Muchas gracias, presidente. Voy a expresar mi posición en contra de la aprobación de este dictamen que viene de la Legislatura anterior, como aquí se expresó por el senador Penchyna.
Este planteamiento generoso que aquí se destaca de la posibilidad de las energías renovables, de su impulso como una desde luego, una medida positiva para la generación de energía eléctrica, tiene una buena fachada……
(Sigue 10ª parte). . . . . . . . . . . ..........positiva para la generación de energía eléctrica, tiene pues una buena fachada, pero en el fondo se trata de una serie de decisiones más que van en el sentido de la privatización de la energía.
Que es lo que no tocó mi querido amigo, a quien tanto respeto y aprecio, el Senador Penchyna.
Nada más se habla de la generación limpia, cuestión de Naciones Unidas, pero lo que no se trata, y se los voy a leer, es de ¿qué estamos hablando?, ¿es un añadido?, se añade el Artículo Primero, fracción III, de la Ley Para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la tal decisión energética, y el financiamiento de la transición energética.
El Artículo Primero dice lo siguiente: “...La presente ley es de orden público, y la observancia general en toda la república tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energías renovables y las tecnologías limpias -qué bonito suena- para generar electricidad, con fines, -y esto es importante-, con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica...”.
Es decir, esta ley va a promover el aprovechamiento de las energía renovables y financiarlas por el Estado, pero cuando no tenga fines para la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Y, por tanto, establece una serie de excepciones, se dice: de excluye del objeto de la presente ley la regulación de las siguientes fuentes para generar electricidad. Porque obviamente si es para fines diferentes a la prestación del servicio público, elimina las fuentes de energía que tienen una característica de renovable, elimina aquellas que tienen impacto o posibilidad de participar en el servicio público.
Y es así como elimina los materiales radioeléctricos, la energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, ¿excepto cuándo?, y aquí están las excepciones, y esta es la excepción que se suma, y se amplia la posibilidad de utilizar la energía hidráulica para fines del servicio público, es lo que están haciendo.
Si no leemos todo esto y de qué se trata, vamos a aplaudir esa actitud de generar energía limpia.
Y, les voy a platicar qué pasa con eso. Al ampliar esas excepciones, éstas no se pueden utilizar para el servicio de energía eléctrica. Bueno, al ampliar esto y proteger bajo el manto de que no es para el servicio público, se abre la capacidad hidráulica a inversiones privadas, y además, al estar dentro de esta ley se les da el permiso o la posibilidad de recibir financiamiento para la transición energética, se llama, que es, vamos a apoyar para que haya más.
Les doy un ejemplo, nada más para que se entienda.
Ustedes saben que la presa de Necaxa, Puebla, que es una de las empresas más importantes del país, fue cerrada por el golpe de estado que dio Calderón al SME, y está cerrada.
Una presa que tiene una enorme importancia para generar energía eléctrica está cerrada, no funciona, lo cual es un crimen, es un crimen contra la economía nacional, cerrar y mantener cerrada la Presa Necaxa, tan importante para generar energía eléctrica para el Distrito Federal, la zona más demandante, está cerrada, no se abre, porque corresponde a todo este proceso absurdo de haber hecho la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
¿Y, qué es lo que está pasando en Puebla?
Para tener una idea de lo que significa esto de abrir la posibilidad de que se permita la inversión y la generación de energía eléctrica, contrario a lo que aquí dice, para el servicio público.
Bueno, como tienen clausurada la Presa Necaxa en Puebla, ya están empresas privadas, entre ellos el Grupo México, utilizando el agua que llega a esa presa, que tiene mayor capacidad de generación, ya está construyendo pequeñas presas utilizando el agua que debería de llegar a la Presa Necaxa.
Es una argucia más para ir destruyendo el Artículo 27, Constitucional, que establece que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica está reservada al Estado.
O sea que si leemos con cuidado esto, ¿verdad?, estamos viendo cómo lo que se está haciendo al abrir las excepciones es que puedan entrar esas empresas privadas a generar electricidad para el servicio público.
Y, así está claro, porque si leemos la ley para el aprovechamiento de energías renovables, vamos a ver como es todo un proceso de generación de energía eléctrica de particulares, que además se benefician de todas las redes que ha construido, con un enorme sacrificio el gobierno mexicano para que metan esa electricidad a sus redes y la distribuyan como energía eléctrica ganando recursos, pero en ese caso, inclusive anulando una presa que es de una enorme importancia.
Obviamente esta es un avance, la privatización de la legislatura pasada, pero no quise dejar pasar este tipo de acciones, que lo único que hacen es burlar la Constitución de la República, privatizar la energía eléctrica, acabar con proyectos como son las presas nacionales, en beneficio del interés privado y en contra del interés público.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senador Bartlett. En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Sigue 11ª. Parte) ….. los avisos a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
-LA C. SENADORA PALAFOX GUTIERREZ: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 en pro, 6 en contra, 0 abstenciones.
El Senador Eviel, ¿en qué sentido su voto? A favor.
Entonces fueron 84 votos en pro.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso c) de la Fracción II del artículo 1º de la Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética.
Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humaos y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura el dictamen y se ponga a discusión en lo inmediato.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
-Sí se aprueba la dispensa de la segunda lectura, señor Presidente.
--EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias.
Como lo mandata el reglamento del Senado de la República, vengo a nombre de la Comisión de Justicia a plantear los fundamentos y motivaciones que sustentan el dictamen que hoy está a consideración de esta Asamblea.
Es un dictamen profundamente relevante para la vida democrática del país.
Sin lugar a dudas es el paso siguiente y necesario a una reforma constitucional que aprobó también este Congreso de la Unión y que buscaba fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas, a los medios de comunicación y a la generalización de la expresión y de la información en nuestro país.
Antes de expresar los motivos que las Comisiones Unidas tuvieron en cuenta para formular este dictamen, debo expresar mi reconocimiento personal a las senadoras Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a la Senadora Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos; a la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación; a los senadores Arely Gómez González y al Senador Manuel Camacho, Secretarios de la Comisión de Justicia por su contribución a este proceso legislativo y sobre todo por su apertura y su disposición de bien para llegar al consenso que hoy presentamos ante ustedes, señoras senadoras y señores senadores.
También es menester dar el reconocimiento a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que desde tiempo atrás, desde la reforma constitucional se impusieron la tarea de apoyar este tema, que se asumieron en el deber de representar a muchos de los periodistas que hoy sufren condiciones de vulnerabilidad en ejercicio de su profesión y que han llevado a buen puerto no solamente esa reforma constitucional, sino también la reforma legal que hoy presentamos.
La reforma constitucional promulgada en junio del 2012 reconoció una realidad, México se ha convertido en el lugar, en el país más inseguro para ejercer la tarea periodística.
Reconoció, y parte de ese reconocimiento que las personas que realizan actividad del periodismo se encuentran en especial condición de vulnerabilidad y su integridad física y moral se encuentra amenazada por el crimen organizado y también por agentes estatales particularmente por las autoridades locales.
Y también reconoce que las agresiones a los periodistas tienen un impacto en el ejercicio generalizado en las libertades de información informativa.
No solamente son casos que quedan impunes en cuanto a delitos son, sino también en cuanto a sus implicaciones o sus fines para acallar y silenciar a la democracia mexicana.
La modificación constitucional como razonamos a profundidad en las Comisiones Unidas, no federalizó la materia, es decir, no le dio competencia al Congreso de la Unión para tipificar los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y las libertades informativas, no era el propósito de la reforma constitucional otorgarle al Legislador Federal la competencia en materia penal y sustraerla en las autoridades legislativas locales.
En una innovación constitucional se estableció una facultad específica de atracción que viene acompañada de aquella facultad genérica de atracción cuando un delito local concurre en convexidad con un delito del orden federal.
Esta facultad de atracción también se ejerce en casos en los cuales por razones de especial importancia para el ejercicio de estas libertades es necesario que la federación supla a la autoridad local, la ministerial y la judicial precisamente para que esos casos no queden en la impunidad.
Esa reforma constitucional también en un transitorio mandató al Congreso de la Unión a establecer las condiciones a través de los cuales los supuestos en los cuales esa facultad de atracción ha de ejercerse no potestativa, no discrecionalmente, sino como un imperativo legal.
Y es justamente lo que este dictamen el día de hoy plantea.
Hemos construido un consenso fundamental en las condiciones de realización de esa facultad específica de atracción, una serie de supuestos que no solamente reconocen el derecho de la víctima o el ofendido de apelar al a autoridad federal para que se investigue un delito en su contra, sino también una serie de supuestos que reconocen realidades de hechos y que exigen que la autoridad federal intervenga.
Hemos puesto en la minuta, en el Dictamen que hoy se presenta a su consideración, que cuando existen circunstancias generalizadas, objetivas, que impidan el ejercicio adecuado y efectivo de los derechos a la exposición y a la libertad de información, la Autoridad Federal tenga el deber ético y jurídico de intervenir y de suplir a la autoridad legal…
(Sigue 12ª parte)...y de suplir a la autoridad legal, o bien cuando existe presunción o indicios de que un servidor público del orden estatal o municipal está involucrado en la agresión o en la omisión a investigar el delito cometido contra los periodistas.
En una importante innovación que le da valor a este dictamen, reconocemos también que cuando órganos internacionales, reconocidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales ratificados por este Senado de la República, reconozca que hubo indebida diligencia en la persecución o sanción de un delito ese caso ya no vuelva otra vez a la autoridad local que fue parte del problema, sino que la federación reciba ese caso y lleve hasta sus últimas consecuencias las responsabilidades.
Pero también debemos destacar que en el equilibrio político, al que arribamos en las comisiones dictaminadoras, introducimos dos figuras de enorme importancia: un recurso de reconsideración en caso de que el Ministerio Público Federal se niegue a ejercer la facultad de atracción; un recurso de reconsideración que se resuelva de manera directa por el Procurador General de la República, y que le da a este mecanismo una fortaleza institucional de enorme importancia.
Será el procurador el que en última instancia determinará si un caso ha de atraerse conforme a las causales que hoy establece este dictamen. Pero también, señoras senadoras y señores senadores, recogimos la obligación del Ministerio Público de agotar la línea de investigación, la hipótesis de investigación relacionada con el atentado a la libertad de expresión o bien a las libertades informativas.
Hoy en día muchos casos quedan impunes en cuanto a su efecto silenciador precisamente porque el único propósito de la investigación es el delito en sí, el homicidio, el secuestro; pero en este caso establecemos la obligación de que siempre y en todos los casos la línea de investigación relacionada con la finalidad o el resultado de la agresión cometida contra un periodista o contra un medio de comunicación llegue hasta sus últimas consecuencias.
¿Para qué? Para que no solamente no quede impune el delito, sino también para que no quede impune la intención o finalidad de silenciar los mecanismos democráticos de expresión o de información.
Ya decía yo hace un momento que la racionalidad constitucional de la reforma no fue federalizar los delitos. En consecuencia, se mantiene el régimen dual en el sentido de que hay una competencia originaria de las autoridades ministeriales y judiciales de sancionar delitos del orden común, salvo cuando se ejerza la facultad de atracción; pero también persiste la facultad originaria de la federación para perseguir delitos federales, ya sea por la calidad del sujeto activo o ya sea también por los bienes jurídicos tutelados.
En el caso de los delitos federales el dictamen establece una triple modalidad de agravante en consonancia con los estándares internacionales. Es menester decir que los estándares internacionales no solamente sugieren la posibilidad de federalizar, sino también recomiendan el establecimiento de agravantes específicos cuando concurran ciertas condiciones.
En el tono de esos estándares internacionales este dictamen establece, ya decía, una triple agravante. Cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público, cuando exista una intención de afectar o delimitar las libertades informativas o de expresión, o bien cuando concurra una condición de género.
Y resalto este último tema, ha sido un elemento insistente de muchas organizaciones el hecho de que reconozcamos que hoy en día mujeres periodistas sufren agresiones en razón de su condición de género. Y precisamente porque reconocemos esa realidad hemos incorporado un elemento técnico de agravante precisamente cuando además del ejercicio profesional concurra en el delito la condición de género.
La iniciativa presentada por senadores y senadoras de diversas fuerzas parlamentarias planteó elevar a rango de ley la fiscalía encargada de perseguir tanto los delitos federales, como de ejercer la facultad de atracción. Es una tendencia que venía reconociendo nuestro país y también es una tendencia que han sugerido en distintos momentos los órganos internacionales.
En el equilibrio al que hemos arribado en este Senado de la República, y que hoy les presentamos a votación, se mantiene la existencia de la fiscalía encargada de perseguir estos delitos, pero al mismo tiempo se establece la potestad de la Procuraduría General de la República de presentar una reorganización integral dentro de 180 días precisamente para fortalecer en el ámbito administrativo e institucional la persecución de estos delitos, y sobre todo la dimensión orgánica que hoy tiene la fiscalía.
Estamos aquí, senadoras y senadores, dando un paso fundamental en un pendiente del país. México no puede tener ese indecoroso lugar de ser el país donde en la profesión periodística se ejerza con miedo, con temor o con riesgo. Estamos empeñados en generar menores mecanismos…
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Solicito concluya su participación, senador.
-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Estamos empeñados en generar mejores mecanismos legales e institucionales, concluyo, presidente, para hacer efectivo ese derecho fundamental, no solamente a mantener la integridad física de las personas, sino también al libre flujo de las ideas en nuestro país.
A pesar de discursos que hoy anuncian que la reducción de la violencia es inminente y que el crimen va a la baja la realidad es otra en Veracruz, la realidad es otra en Coahuila, la realidad es otra en Tamaulipas. Y precisamente porque la realidad es otra en esos estados hoy el Senado de la República asume esa responsabilidad de contribuir con el gobierno de la República en mejores instrumentos legales para traer a México la paz y la seguridad que todos merecemos.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.
Se ha determinado que estas participaciones sean de cinco minutos, ruego, ojalá puedan ajustarse a ese tiempo.
Bien, creo que la exposición del Presidente de la Comisión de Justicia ha sido muy concreta para especificar el proceso que ha seguido la discusión que hemos emprendido a partir de diversas reformas que nos fueron entregadas por organizaciones que dedican su esfuerzo a la defensa de periodistas.
Hay un acompañamiento importante de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y de otras personalidades que están preocupadas porque podamos dar, a partir de un precepto constitucional inscrito en el artículo 73, todas las líneas jurídicas a partir de estas reformas que hoy presentamos ante ustedes para que se pueda atraer, para que el Ministerio Público de la Federación pueda atraer aquellos casos que tienen que ver con asesinatos o con violaciones a derechos a la información, a la libertad de expresión o imprenta que se encuentran en el ámbito del fuero común.
Creo que es muy importante insistir que el trabajo que realizamos las cuatro comisiones, yo tengo que distinguir que si bien teníamos que dictaminar Comisión de Justicia, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Estudios Legislativos fue muy importante la participación con su opinión, eso no demeritó de ninguna manera la relevancia de su participación en la discusión, en las mismas condiciones que las otras tres comisiones que acabo de mencionar, el caso de la Comisión de Gobernación.
Además con un acompañamiento muy importante, que también tengo que decirlo, de quienes fueron parte de la directiva de la Comisión de Justicia. Yo creo que hoy estamos dando un gran paso para atender los reclamos que desde diversos medios, desde los medios de comunicación, desde el gremio de los periodistas han estado exigiéndole al Congreso de la Unión para que respondamos a tiempo y en forma al transitorio inscrito en la reforma al 73 constitucional, que también dio origen a una ley general en la materia, una ley en la materia.
En la discusión tuvimos algunos cambios que es importante señalar. Yo quiero poner énfasis a una preocupación que ha quedado en algún ambiente respecto de que nosotros desde estas comisiones estamos anulando el funcionamiento de la Fiscalía especializada en la materia. Eso no es así.
El transitorio tercero de este decreto que ponemos a su consideración la legitima, y además establece que tiene las atribuciones para poner en marcha el decreto que hoy estamos…
(SIGUE 13ª PARTE)... tiene las atribuciones para poner en marcha el decreto que hoy estamos reformando.
No tenemos facultad para desaparecer esa fiscalía, simple y sencillamente no es nuestra atribución. La misma fue creada por un decreto del titular de la Procuraduría General de la República en función de sus atribuciones, inscrita en la Ley Orgánica de la PGR; al contrario, y por cierto, no es la única unidad a la que tiene facultado crear. Si ustedes revisan la Ley Orgánica, en su artículo diez, encontrarán inscritos una serie de unidades especializadas que están cumpliendo la función de coadyuvar a las tareas de la Procuraduría General de la República, y en el caso concreto, de la nos ocupa, es una fiscalía que está creada por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Es verdad que va a tener nuevas atribuciones, es verdad que esta unidad especializada va a tener mayores encomiendas a partir de que hoy estemos aprobando este dictamen; es verdad que México va a dar un paso importante desde el ámbito jurídico, pero también es verdad que necesitamos, y eso ya no nos compete a nosotros, seguir insistiendo que con este avance en las reformas a estos ordenamientos secundarios, seguramente el gobierno, los gobiernos, van a tener que seguir poniendo mayor índice, mayor suficiencia en sus tareas como gobernanza, para evitar que este tipo de crímenes no queden en la impunidad.
Hoy estamos otorgándole al Ministerio Público de la Federación y al Poder Judicial de la Federación la atracción en las características que aquí han sido enunciadas, pero el problema no puede ser que permanentemente ante delitos del fuero común la federación tenga que tomar estas decisiones, tenemos que seguir fortaleciendo al Estado de Derecho, tenemos que seguir trabajando en las acciones gubernamentales y, sobre todo, en el funcionamiento de los ministerios públicos y del Poder Judicial para que exista justicia y para que no haya impunidad, esa es una tarea que sigue presente y que desde el Senado de la República seguramente coadyuvaremos.
Por lo tanto, solicito a las señoras y señores senadores que puedan apoyar de manera positiva con su voto para que estas reformas a estos cuatro ordenamientos puedan transitar a nuestra Colegisladora y tengamos condiciones de que con clama, la Colegisladora pueda dictaminarlas, esperando que la acepte como las hemos trabajado, ha sido un trabajo colegiado muy importante, muy destacado, y podamos tener condiciones de que las mismas sean pronto publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Hemos cumplido con el compromiso que signamos, con las organizaciones no gubernamentales, con los medios de comunicación, con periodistas, con el gremio. Es cuanto, muchas gracias por su atención. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senadora. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.
Y aprovecho para saludar la presencia de integrantes de la Fundación Caritas, San “Marón”, de la “I.A.P”, invitadas por la Senadora Martha Palafox, bienvenidas, bienvenidos. (Aplausos).
-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias, presidente. Señores senadores, el dictamen que se está presentando a esta soberanía por parte de las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Gobernación, es sin duda una muestra más del gran compromiso social y político del Senado de la República, y de los grupos parlamentarios en esta Cámara representados.
En un amplio consenso las comisiones dictaminadoras hemos alcanzado el acuerdo suficiente y necesario para transitar a una nueva regulación del derecho a la libertad de expresión, y la protección de aquellas personas que en su ejercicio periodístico forman parte importante y trascendental de la sociedad, tanto para acceder a la información, como para informar en la parte que corresponde a la sociedad, de aquello que sucede en nuestra comunidad, en nuestro país, y en el mundo.
Las reformas que ahora se presentan y que estoy segura serán aprobadas por el pleno del Senado, por su amplio contenido y su naturaleza intrínseca en favor de protección de periodistas y la libertad de expresión, atienden la necesidad de reglamentar la fracción vigésima primera del párrafo segundo del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instaura la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación sobre delitos del orden común que agravien a periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten, o menoscaben el derecho a la información, o las libertades de expresión o imprenta.
Esta facultad es una innovación en el Sistema Jurídico Mexicano, como bien lo ha expresado el Presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil, puesto que con ella se “inauguró” la atribución de las autoridades federales para conocer de investigaciones que no tengan "conexidad" con delitos federales.
Estas reformas tienen como finalidad reconocer a los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y las violaciones a sus derechos humanos, por lo que ha resultado imperativo, para este órgano legislativo, proteger la actividad esencial que realiza en beneficio de la vida pública del país, y en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren en situaciones de alto riesgo.
En los últimos años gran parte de estas agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión constituyen delitos de la competencia de la autoridad local, por lo que se considera conveniente que cuando estos delitos trasciendan del ámbito de las entidades federativas, o tengan efectos a nivel internacional, sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales para garantizar una mayor eficacia en el manejo de los procesos correspondientes, evitando la impunidad.
Las recomendaciones internacionales que recibimos de la OEA y ONU, fueron consideradas como un llamado de alerta para los legisladores y ameritó la renovación del marco normativo para permitir a las autoridades competentes de los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atenten contra la libertad de expresión.
En la Comisión de Gobernación consideramos que la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser tutelado por el Derecho Penal, porque esta se constituye en un bien jurídico que a la sociedad, como su titular, le interesa sea protegido y sanciones a quienes lo vulneren.
Existen diversas posturas que sirven de sustento a este argumento. De acuerdo con la opinión consultivo “OC5/85” de la Corte Interamericana, la libertad de expresión involucra, por una parte, el derecho y la libertad de expresar el pensamiento propio, y por otra, el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir información, ideas, libertades, de buscar y recibir información que en el ordenamiento nacional se encuentran ya ......
(Sigue 14ª parte)…el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir información, ideas, libertades, de buscar y recibir información que en el ordenamiento nacional se encuentran ya plasmados el derecho a la información y tutelado en el artículo 6º de nuestra Constitución.
Por tanto, ambos campos deben ser garantizados simultáneamente para la concreción de las libertades de expresión, en su sentido más amplio, porque como bien afirma la misma Corte Interamericana, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles.
Proteger la expresión de libertad en nuestro país en beneficio de la sociedad, es un tema de interés de Estado.
Por ello, en la Comisión de Gobernación reconocemos el proceso de dictaminación llevado acabo por las Comisiones de Justicia; Derechos Humanos, y Estudios Legislativos, ya que en este proceso previo a la elaboración del dictamen se llevaron a cabo, no sólo un análisis minucioso y profesional de la Iniciativa, como lo mandata el Reglamento del Senador, sino también debemos de reconocer que se escucharon todas las voces interesadas a través de un proceso de audiencias públicas, todas de una gran importancia, sin dejar de señalar --por supuesto-- que la opinión de expertos nacionales e internacionales; también contamos a través del Alto Comisionado de la ONU.
Es por ello que quiero agradecer la participación de quienes integran estas comisiones, y felicitar a las comisiones que dictaminaron.
Como integrante de la Comisión de Gobernación, a nombre de mis compañeros, felicito a todos mis compañeros por este alto compromiso en beneficio de la sociedad mexicana.
A sus presidentes:
Roberto Gil, de la Comisión de Justicia;
Angélica De la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos;
Graciela Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos;
A nuestra compañera Arely Gómez, como Secretaria de la Comisión de Justicia, a quien le tengo un amplio respeto y conocimiento a su trabajo cotidiano.
Muchas gracias. Y esperamos contar con el voto de todos ustedes. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senadora Díaz.
-Procedemos ahora al posicionamiento de los grupos parlamentarios, a los cuales les rogamos pudieran ajustarse a un tiempo de 5 minutos.
-Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO: Con su venia, Senador-Presidente.
Hoy es un día para congratularnos por nuestra labor como senadores, porque al proteger esa noble labor periodística, esa democrática profesión, estamos también haciendo honor al Senador, por excelencia, Don Belisario Domínguez, en el año del centenario de su cruel asesinato por haber dado una opinión, por haber ejercido un derecho, el derecho a la libertad de expresión que en su momento, a esas horas álgidas de la república, era motivo de represalias, tales como la muerte de un Senador de la República.
Hoy estamos haciendo votos por reconocer este pilar fundamental de la democracia.
Sólo con el libre ejercicio de este derecho podremos pensar en que realmente México es un país democrático, antes no.
Mientras siga habiendo periodistas que tienen que cerrar sus medios de comunicación, que caen en la peor desgracia que puede caer un periodista, que es la autocensura, no podemos decir que México es democrático.
Mientras haya periodistas que tengan miedo, mientras haya periodistas muertos, no podemos pensar que México es democrático. Y las cifras así lo señalan.
Tan sólo entre 2000 y 2010, como ya se ha señalado, dice la Organización de Naciones Unidas: “El número de periodistas asesinados en México ascendió a 66, mientras que 12 más se han reportado desaparecidos”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice: “Que para el año 2011, en México, la impunidad por delitos violentos es de 98 por ciento, lo que propicia la repetición de las conductas delictivas, principalmente por el riesgo de obtener una sanción para quien delinque”.
La Organización de Derechos Humanos Article 19, publicó su informe trimestral para enero, febrero y marzo de 2013, y contabilizaba ahí 50 agresiones contra periodistas en el primer trimestre entre ataques a medios, secuestros, asesinatos y desapariciones. Esta cifra representa un incremento del 11 por ciento con respecto al año anterior.
Esta situación, en la que son las bandas criminales las que perpetran estos delitos, estas amenazas, estas acciones de privación ilegal de la libertad, pues no podían seguir ocurriendo sin la reacción, sin la acción inmediata por parte de nosotros como senadores.
Acallar las diversas voces en una sociedad, dejar a periodistas muertos, a periodistas heridos, obligar, como ya se ha mencionado, el cierre de medios de comunicación, no va a ser que nuestro país sea más democrático.
Por eso, el hecho de que hoy podamos votar a favor de que en el marco de la ley, el ejercicio y la garantía del ejercicio informativo, contribuye a que nuestro país tenga un sistema político y un sistema democrático más sólido.
Tal como se establece en el dictamen, las reformas legales que se están proponiendo constituyen el bloque indispensable para construir un México respetuoso de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Hoy esta Iniciativa dictaminada constituye realmente un proyecto integral en cumplimiento de una mandato constitucional que aclara las competencias entre las instancias ministeriales, federales y locales garantizando la protección jurídica de los derechos de información y de libertad de expresión, así como las condiciones de seguridad de las personas que realizan esta actividad, que no es una profesión, no es un oficio, es una vocación democrática, de profundo arraigo para quienes así lo deseen hacer, aún cuando su vida corra riesgo.
En nuestro deber como legislador, garanticemos, pues, este ejercicio informativo libre, un ejercicio informativo seguro, en el marco de protección de derechos fundamentales, lo que aporta elementos sustanciales para la democracia nacional.
Hoy, a la hora de votar, yo les pido que recuerden al prócer, a Belisario Domínguez, y con él, parado en nuestros hombros, votemos y legislemos a favor de la protección del periodismo.
Es cuanto, ciudadano Presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senador Robledo.
-Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Fernando Yunes Marques, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MARQUES: Gracias, Presidente.
Hoy es un día en el cual nos debemos de congratular como Senado de la República, al dictaminar y votar una serie de medidas, que sin duda alguna beneficiarán en mucho a la protección de los periodistas.
Sin embargo, esta serie de Iniciativas y medidas nunca debieron de haber existido.
Si lo gobernantes en turno, de manera especial, en las entidades federativas se preocuparan por darle seguridad a quienes ejercen esta noble profesión.
De acuerdo a algunas organizaciones civiles, como artículo 19, el Estado de Veracruz, al cual represento, es si duda alguna el Estado más peligroso para ejercer el periodismo en el país, y de acuerdo al artículo 19, también en América Latina.
En solamente 47 días, en Veracruz asesinaron a 5 de los 7 periodistas que fueron asesinados en el año 2012.
Desde 2011 a la fecha han sido asesinados 9 compañeros de los medios de comunicación en Veracruz.
En los últimos 2 años se ha documentado la salida de 23 comunicadores por situaciones de apremio debido a la ausencia de garantías de seguridad en este Estado.
Ante esta situación, en el Estado de Veracruz se creó una Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en el Estado, organismos, que simple y sencillamente sirvió para pagarle a algunos periodistas que le trabajan al gobierno en opiniones y columnas.
El 8 de febrero de este año, Jorge Morales, periodista integrante de esta comisión, acusó la falta de transparencia y apego de la ley de la misma.
De los 15 millones de pesos que le fueron presupuestados, el…
(Sigue 15ª. Parte)…comisión acusó la falta de transparencia y apego de la ley de la misma. De los 15 millones de pesos que le fueron presupuestados, el 85% se utilizó en el pago de nómina y pago de bonos a periodistas.
Esto nos debe de servir de ejemplo, para que la Fiscalía, en el caso federal, no sirva de esta misma manera; debe ser una Fiscalía eficiente, una Fiscalía que verdaderamente proteja y persiga a los delitos que se cometen contra los periodistas, y que en las entidades federativas no están siendo perseguidos de la manera correcta.
Pero no solamente se ha afectado la vida y la integridad física de los periodistas. De más aún más grave, se ha buscado asesinar la libertad de expresión y la divergencia de ideas en muchos estados.
Una vez más en Veracruz, el fotoperiodista Félix Márquez, hace unos cuantos días fue fustigado y también fue acorralado y atosigado por el… perdón, por el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, por tomar fotos de grupos de autodefensa.
Y cito: Señaló que el que debería de estar detenido, es quien sacó las fotos y pagó a los ciudadanos para que rayen las paredes, pongan graffiti y que puedan hacer las cosas.
Pero aún más grave, y abro comillas “el gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa, declaró lo siguiente: esa nota es una vacilada, tiene el mismo efecto de tomar una foto disfrazado de Blue Demon, la Mujer Maravilla y Batman, no tiene ninguna consecuencia, es un tema que no tiene que ver con la realidad. Una cosa muy diferente es que existan este tipo de circunstancias en otros lugares del país.
Aunque parezca broma, así habla un gobernador del estado. Una situación por demás compleja.
Pero no solamente esto, el 28 de marzo de este mismo año, hace unos cuantos días, el subdirector de Tránsito y Vialidad del gobierno estatal, golpeó a un reportero gráfico en la ciudad de Xalapa, por no quererse retirar a la hora de que habían tomado las fotografías. No hubo una sola, ni siquiera disculpa del gobierno estatal para este reportero o el medio de comunicación.
De igual forma, el 4 de abril de este año, el jefe de información del periódico El Mundo de Córdoba en Huatusco, Enrique Zamora y la reportera Juliana Rincón, del mismo medio de comunicación, fueron golpeados y agredidos por el empresario Jorge Quezada Cobi, quien les reclamó la publicación de una nota en dichos medios de comunicación, los cuales, en palabra de él, habían negociado la no publicación de los mismos, con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el procurador general de Justicia del estado de Veracruz.
Una vez más tratando de acallar las voces opositoras.
Esto no solamente ocurre en Veracruz. Hace unos cuantos días en Chihuahua fue despedido un periodista, por atreverse a entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Esto en un país democrático como México no puede ocurrir. Las voces que no piensan igual a las de un gobierno, sin importar de qué color sea, deben ser escuchadas para que nuestra democracia crezca día a día.
De igual forma, en Tamaulipas, una situación muy compleja, del portal de Internet, Valor por Tamaulipas, miembros de la delincuencia organizada ofrecieron 600 mil pesos por la cabeza de la persona que lleva dicho portal de Internet. El portal tuvo que ser bajado.
No podemos también reprimir las voces de la sociedad, que día a día se expresan en contra de la violencia y en contra de situaciones que no les parezcan de sus gobiernos estatales, municipales o federales.
No podemos dejar de lado esta situación. Hoy damos un gran avance, hoy damos un paso importante, pero no podemos dejar pasar por alto, que lugares como Veracruz y otras entidades federativas, hoy son más complicadas y más peligrosas para los periodistas que ir a Afganistán a cubrir un conflicto armado o ir a cualquier otro lugar.
Pero aún más grave que esto, compañeras y compañeros, sin demeritar el hecho de proteger la integridad física de las y los periodistas, es que no podemos permitir que la libertad de expresión se vea asesinada en México; no podemos permitir que uno o dos o tres medios de comunicación sean prácticamente desmantelados por no coincidir con las ideas del gobierno estatal o el gobierno federal, en su caso.
En Veracruz van cuatro reporteras y periodistas, titulares de noticieros que son despedidas por algún día dar una nota discordante de lo que decía el gobernador del estado, en el momento.
Quiero hacer un llamado a ustedes, una vez más, a que votemos a favor, como lo haremos los senadores de Acción de Nacional, en este dictamen y esta serie de medidas.
Pero sobre todo, que utilicemos esta alta tribuna para siempre exigir cuando la libertad de expresión en nuestro país, quiera ser coartada o detenida.
Tiene el uso de la tribuna la senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Me parece que estamos tratando un tema de la mayor importancia para el desarrollo de la vida democrática del país.
Sin estridencias, creemos en el Partido Revolucionario Institucional, que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la humanidad. Porque nos permite a partir de su ejercicio libre a la ciudadanía tomar decisiones más asertivas, forjarnos criterios y de esta manera, forjar naciones independientes, democráticas y plenas en el respeto a los derechos humanos, y México es uno de ellos.
Tal como lo hemos venido haciendo desde que inicio la presente legislatura, una de las responsabilidades que esta soberanía ha privilegiado en todo momento, es el relativo a la defensa y protección de los derechos humanos, de las garantías individuales que nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales reconocen y protegen.
En los últimos años, México ha transitado del reconocimiento de derechos y libertades, buscando, ahora, la efectividad de los mismos.
Sin embargo, no podemos desconocer, y aquí se ha dicho y se ha dicho con claridad, habremos de ubicar también fechas, que existen situaciones de riesgo y amenazas que en ocasiones hacen imposible garantizar plenamente los valores que estamos obligados a tutelar.
Y es el caso que nos ocupa. Bien lo han dicho aquí los compañeros que nos anteceden.
En el caso del ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión e información, que es una condición sine qua nom para el desarrollo democrático del país, éste debe sustentarse en un grado de efectividad, con que se ejercitan estos derechos, sin más prohibiciones, limitaciones o restricciones, que las señaladas en las normas, en virtud del interés público social.
Y ciertamente esto no fue cumplido, habría nada más que revisar las cifras que nos dan organismos internacionales. México ha sido nombrado en diversas ocasiones como el país latinoamericano con el mayor peligro para ejercer el periodismo.
Ocupamos el lugar 149 de 179 en el ranking mundial, redactado por la Organización No Gubernamental, Reporteros sin Fronteras.
En la administración pasada, debemos de recordar que la incidencia de crímenes fatales en contra de periodistas, aumentó en más del 240%, respecto a la administración de Vicente Fox.
De diciembre de 2000 a noviembre de 2006, fueron asesinados, en promedio, 4.3 periodistas por año.
Mientras que en el gobierno anterior, de Felipe Calderón, el cálculo rondaba los 10.4 homicidios de comunicadores anuales. Esto en todo el país.
No olvidemos que México es un país compuesto por 32 entidades federativas y que tiene establecida en la Constitución, atribuciones, facultades y competencias para los tres órdenes de gobierno.
En la medida en que logremos, que esos tres órdenes de gobierno cumplan con su función, en esa medida lograremos avanzar como país. No podemos ver una parte y desconocer la otra.
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el tema…
(SIGUE 16ª. PARTE)… no podemos ver una parte y desconocer la otra.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el tema de la protección de las personas y en general de todos los actores y entes que intervienen en la actividad periodística de comunicación e información, en cualquiera de sus modalidades, nos resulta un asunto sensible y prioritario, un asunto que no podemos postergar en el debate y en las acciones legislativas conducentes, pero sobre todo un asunto que no podemos manipular a modo para buscar con ello un resultado político.
Por esto, la situación que se ha venido generando en los últimos años en perjuicio de algunos miembros del gremio periodístico del país debe dimensionarse y atenderse sobre todo en aquellas regiones del país que han sido vulneradas por la delincuencia organizada que tuvo un crecimiento exponencial en la pasada administración.
Es claro que en el entorno generado por el combate a las organizaciones del crimen organizado, los derechos fundamentales de los periodistas se han visto gravemente afectados.
Como es del conocimiento de todos, entre los años de 2007 y 2012, los delitos y actos contra periodistas se incrementaron de manea alarmante.
Las cifras reportadas por la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, adscrita a la Procuraduría General de la República, conformada en la pasada administración, indican que se cometieron en ese periodo poco más de 55 homicidios, incremento que se da respecto a los años que le precedieron. Así como también un incremento en algunos años de 3 a 1 en cuanto a agresiones y lesiones físicas, amenazas, abusos de autoridad, entre otros cometidos contra periodistas que estaban ejerciendo su profesión.
La propia Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocen que del periodo de 1999 a julio del año 2012, emitió 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró desde el año 2000 al año 2012, 87 homicidios de periodistas; 16 desapariciones y 18 atentados, de los cuales 19 por ciento han sido investigados y sólo 7 por ciento han derivado en condena.
Estos registros lo que nos muestra es la necesidad urgente de hacer frente al problema, sin partidarismos y sin posiciones maniqueas y buscando con ello evitar las agresiones y los crímenes contra periodistas y trabajar unidos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluyendo a los sectores involucrados por supuesto y a la sociedad en general, en razón de una sola causa común que es la de garantizar la protección de los derechos humanos y el régimen de garantías a favor de los ciudadanos.
En este sentido, el dictamen que hoy se somete a consideración del pleno y por el cual mi grupo parlamentario votará a favor, atiende ese reclamo, el reclamo de un gran sector social que se encuentra atento y preocupado para que se legisle de manera clara, oportuna y de modo plural e incluyente, sobre el marco legal que se deriva de la Reforma Constitucional del 25 de junio del 2012, por el que se facultó a la federación para conocer y perseguir y resolver sobre delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta.
Yo quiero destacar que este dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Federación, y de la Procuraduría General de la República, recoge las opiniones y recomendaciones vertidas a lo largo de innumerables foros por especialistas y expertos en la materia, tanto de organizaciones de la sociedad civil, organizada, dedicada a la promoción de la libertad de expresión, como de organismos internacionales para la protección de los derechos humanos, los cuales concluyeron en su momento de manera genérica lo siguiente.
Dijeron estas organizaciones:
“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse debido a factores como el crecimiento del crimen organizado en ciertas zonas del país. Por ello es necesario adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigados por la jurisdicción penal ordinaria. Por lo que estas reformas que se proponen reglamentan justamente esta facultad de atracción prevista en la Constitución a efecto de que sea la federación quien se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden el ámbito de las entidades federativas, soporte que no existía hasta esta reforma.
Esta facultad sólo podrá ser ejercida, ya se dijo aquí, en aquellos casos en que por su relevancia y una vez que se presuma la comisión de delitos y que en estos exista una intención dolosa y se actualice cualquiera de las nueve causales que prevé el código adjetivo, procederá tal facultad tratándose del Ministerio Público Federal y de los tribunales federales para conocer, perseguir y resolver al respecto”.
Sin embargo debemos dejar claro que esta facultad, esta reforma en ningún momento federaliza delitos o crea nuevos delitos federales ni tampoco tiene el objeto de permitir que se invadan esferas de competencia de las autoridades estatales, sino que pretende, repito, crear un nuevo régimen procesal para la facultad de atracción que podrá ejercer la federación en las hipótesis que ya hemos comentado.
Yo quisiera aprovechar para concluir, compañeras y compañeros legisladores, la oportunidad, no quisiera dejarla pasar, de hacer un reconocimiento muy sentido, muy amplio a los integrantes de las comisiones dictaminadoras de Justicia. De manera especial a nuestra compañera Arely Gómez, sin cuya participación no se hubiese avanzado con la celeridad con que se hizo, hacia el presidente de la propia comisión, al senador Roberto Gil, que mostró en todo momento la disposición para que avanzáramos en el desarrollo de esta reforma.
A de Derechos Humanos, a su presidenta Angélica de la Peña y así como a la propia que preside su servidora de Estudios Legislativos, en la que los integrantes de mi comisión mostraron siempre la disposición de establecer en un ánimo propositivo los requerimientos que la reforma necesitaba para salir adelante.
No quiero desconocer la valiosísima opinión emitida por la Comisión de Gobernación, cuya presidenta Cristina Díaz estuvo aportando a lo largo y ancho de este tiempo.
Estos trabajos resultaron muy provechosos, porque son en su conjunto un análisis y discusión…..
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Solicito concluya su participación, senadora.
-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Concluyo, presidente. De las reformas mismas que estamos seguros van a fortalecer la política de estado que busca preservar uno de los mayores derechos que debe de proteger nuestra Constitución, los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, que es el de la libertad de expresión.
Sin estridencias, sin acusaciones falaces, sin posiciones partidistas, me parece que este es un momento histórico que la nación en su conjunto debe celebrar.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias. Informo a la asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen, se han inscrito los siguientes senadores: Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo; Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática; y la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Partido Acción Nacional. Todos ellos en pro.
Tiene el uso de la tribuna el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, si son tan amables.
-EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Con el permiso del ciudadano presidente de la asamblea.
Quiero igualmente felicitar a los compañeros que han dictaminado, porque indudablemente tanto sus mesas directivas como los integrantes aplicaron bastante tiempo para el dictamen de estas regulaciones.
Quiero decir que efectivamente la federalización de los delitos cometidos contra periodistas y sus…….
(Sigue 17ª parte). . . . . . . .. . . . . . . .........Quiero decir que efectivamente la federalización de los delitos cometidos contra periodistas y sus agravios era una cuestión ciertamente ociosa.
Hay que decir que el hecho de que esto haya quedado en diferentes vertientes, como por ejemplo la petición de la víctima, la omisión del Ministerio Público en las investigaciones y algunas situaciones específicas fueran el signo y fueran la condición para la atracción del delito es totalmente correcto.
Sin embargo, quiero llamar la atención de todos mis compañeros en el sentido de que se ha eliminado la creación de una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas con autonomía plena de gestión.
La creación de esta fiscalía estaba incluida en el dictamen sobre reformas secundarias para proteger la labor de los periodistas.
Asimismo, también en este dictamen se descarta la posibilidad de que estas fiscalías sean creadas a nivel estatal.
Esto obviamente es una situación que nos preocupa a quienes estamos relacionados en el Senado en la materia y es una cuestión que preocupa al gremio periodístico y a sus agrupaciones.
Porque la creación de esta fiscalía especializada con total autonomía no es un capricho ni es una petición graciosa que el gremio y que las agrupaciones estuvieren demandando de nosotros, sino es una realidad, es una necesidad total y absoluta.
Quiero recordar aquí, palabra por palabra la demanda del gremio periodístico en torno a la creación de esta fiscalía especializada que ha sido negada, que ha sido omitida por este dictamen.
Es necesario la creación de un cuerpo técnico especializado y que éste cuente con autonomía financiera y recursos humanos para tener capacidad de reacción inmediata y atender de manera puntual y eficaz al gremio periodístico, generando con ello certeza jurídica y confianza, respeto a la institución a la que acuden para la atención de este tipo de ilícitos.
Con ello, al negar la creación de esta fiscalía obviamente estamos generando lo que parece será una iniciativa incompleta, y no quiero de ninguna manera demeritar a los compañeros que participaron en este dictamen, sino simple y sencillamente decirles que esta reforma no está completa porque se ha eliminado esta figura.
Se argumenta que algunos compañeros de una numerosa fracción parlamentaria hicieron un comentario en relación a la reestructuración de la Procuraduría General de la República, y se estableció un plazo de 180 días para que esta institución vertebral del sistema público federal se reestructure.
Por ello, no seré yo quien promueva el voto en contra de esta reforma, al contrario, mis compañeros del Grupo Parlamentario del PT y su servidor votaremos a favor, pero quiero aprovechar esta presencia en este foro para invitar desde aquí a la Procuraduría General de la República a que en el marco de esos 180 días de reestructuración contemple la existencia de la fiscalía especial, lo repito, para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión a fin de que se fortalezca o en su caso se especifique con claridad qué instancia y a qué nivel estructural será la competente para investigar los delitos relacionados con la libertad de expresión.
Reitero, la creación de esta figura es necesaria, porque quienes nos dedicamos a esto hemos encontrado que uno de los más grandes temores de la víctima, que el más grande temor del agraviado, que es un periodista, es precisamente comparecer ante instituciones en las que definitivamente no cree.
Es la cuenta, señor Presidente, y mi voto será a favor, con esa reserva, no técnica, sino moral.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Gracias, Senador Blásquez. Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
- EL C. SENADOR ROBLES MONTOYA: Muchísimas gracias, Senador Presidente. He solicitado el uso de la palabra porque estoy convencido de la relevancia del tema que hoy discutimos, porque el tema de la protección a periodistas, como aquí se ha expresado, es un reclamo de toda la sociedad mexicana, y es un reclamo que ha cobrado fuerza, muchísima fuerza durante los últimos años.
Pues a razón, a consecuencia de la violencia que el crimen organizado ha venido ejerciendo en contra de la labor periodística a lo largo y ancho del país.
Y, desde luego quiero subrayar que no se trata de un reclamo que proviene y solamente del gremio periodístico, sino de la sociedad mexicana en general, pues al atentar contra la labor de los periodistas se atenta también contra la libertad de expresión y en contra del derecho de información de los mexicanos.
El problema no es menor, apenas el 23 de diciembre pasado, es decir, hace poco, menos de 4 meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que en el año 2000, a noviembre del 2012 se han recibido 807 quejas por agravios a periodistas, y que desde el 2005 ha registrado 82 homicidios, y 18 desapariciones de comunicadores.
Además señaló que en los últimos años, en los últimos 5 años de manera particular, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.
Por eso es el tema tan relevante, y por eso también era necesario y urgente que el Senado de la República asumiera el compromiso de sacar adelante esta reforma, no solamente por la obligación, derivada del decreto de la Reforma Constitucional del 25 de junio del 2012, sino, y lo quiero subrayar, por los riesgos y amenazas que la realidad de nuestro país impone hoy en día, como se ha insistido, se ha subrayado durante los últimos minutos al ejercicio de la labor periodística, la libertad de expresión y al derecho de la información.
Pero a pesar de la presente reforma, también me parece necesario llamar la atención sobre otra faceta de la problemática de la violencia contra periodistas. Me refiero al hostigamiento proveniente de los agentes del Estado, que aquí también ya se abordó, y que muchas veces se hace utilizando incluso las vías legales.
Bien vale la pena, compañeras y compañeros senadores recordar recientemente que el Relator Especial de Naciones Unidas Sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de expresión, Frank Larroue, a quien por cierto recibimos en Comisiones Unidas como parte de los trabajos de la elaboración del presente dictamen, señaló que en México las agresiones contra periodistas no provienen sólo del crimen organizado, sino también de agentes del Estado como una forma de represalia en contra de aquellos que investigan asuntos públicos, tales como los casos de corrupción o como actuaciones indebidas.
Más aún, el propio representante de las Naciones Unidas en la materia ha señalado también que el acoso judicial es un ejemplo de este hostigamiento por parte de los agentes del Estado.
Es decir, se utiliza a las instituciones como un mecanismo de hostigamiento en contra de los periodistas.
Otro método es el uso de la publicidad oficial como mecanismo para presionar, para premiar, para castigar o para privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Por ello, celebro la aprobación, Senador Presidente del presente dictamen, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer también un llamado a esta soberanía para que no quitemos el dedo del renglón, y veamos también qué otras formas son necesarias para proteger la labor periodística del acoso proveniente de los agentes del Estado, sirviéndose para ello de mecanismos legales.
No asumamos que nuestra labor en este tema termina aquí. Aún hay mucho camino por recorrer, porque como ya lo he señalado, atentar contra la labor periodística es atentar contra la libertad de expresión y contra el derecho a la información de todos los mexicanos. Y como lo han comentado aquí quienes han hecho uso de la palabra, pues no quiero concluir sin felicitar a los presidentes de las Comisiones Unidas en esta larga jornada de audiencias públicas de discusión que hoy nos trae a la aprobación de este dictamen.........
(Sigue 18ª. Parte). . . a los presidentes de las comisiones Unidas en esta laga jornada de audiencias públicas, de discusión que hoy nos trae a la aprobación de este dictamen, porque yo estoy seguro que todos lo vamos a aprobar.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Gracias Senador Robles.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Bueno, primero las reformas legales que se presentan, que se proponen en este dictamen constituyen un bloque indispensable para seguir construyendo el México respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la información, parte central de los derechos fundamentales de toda persona, garantizar la procuración y administración de justicia imparcial y expedita en que los periodistas o medios de comunicación se vean vulnerados en sus derechos cuando estos casos estén relacionados directamente con su actividad es una obligación irrenunciable de todas las autoridades, pero en especial de aquellas que deben legislar la reglamentación secundaria de la facultad de atracción que se ha tratado.
No obstante lo anterior no se puede garantizar una efectiva protección sin proteger los derechos fundamentales de informar y expresar desde todos los ámbitos de competencias del estado y de las instituciones protectoras de los derechos humanos.
El Titular del Poder Ejecutivo Federal dentro de sus compromisos asumidos el 1º de diciembre del apo pasado en materia de seguridad se comprometió a implementar una eficiente estrategia que permita proteger entre otros aspectos el libre ejercicio del derecho de expresión y labor periodística, no obstante lo anterior, hasta el momento no hemos visto nada al respecto.
Por lo que si bien, estas reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República son un importante avance en materia de protección del derecho de expresión.
Lo cierto también es que estas acciones resultan insuficientes si no se implementan acciones serias que conlleven estrategias puntuales por parte del Gobierno Federal.
Por eso desde esta tribuna convocamos al Presidente de la República a que implementen de manera inmediata la estrategia nacional de seguridad en la que incluya acciones eficientes para la protección de la libertad de expresión y que a su vez garanticen la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos.
-EL C. SENADOR SANCHEZ JIMENEZ: Gracias Senadora Gómez del Campo.
En virtud de que no hay más oradores ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Con el voto de la Senadora Ninfa Salinas, 86 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMENEZ: Está a probado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y; del Código Penal Federal.
Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que a propósito de la recepción de las ternas para la designación de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la evaluación de la educación. . . .
(Sigue 19ª parte)...de la recepción de las ternas para la designación de integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
La Mesa Directiva suscribió un acuerdo sobre el procedimiento para la designación, del cual solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Acuerdo.
Primero.- Una vez recibidas las ternas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal con los nombres de los aspirantes para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se turnará a la Comisión de Educación.
Segundo.- En la Sesión inmediata siguiente a la recepción de las propuestas de ternas que haga el Ejecutivo Federal los candidatos de cada terna expondrán ante el Pleno de la Asamblea su visión sobre los retos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del papel que desempeñarían en éste en caso de ser electos.
Para la presentación de sus exposiciones los integrantes de las cinco ternas contarán con un tiempo de hasta diez minutos cada uno en el uso de la tribuna del Senado. Las exposiciones que realicen los candidatos no darán lugar a debate, preguntas ni otro tipo de intervenciones por parte de los senadores; el orden de las comparecencias será el mismo en el que aparezcan integradas las ternas en la comunicación enviada por el Ejecutivo Federal.
Tercero.- La Comisión de Educación verificará que las propuestas de cada terna cumplan los requisitos establecidos en la fracción IX del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tal efecto convocará a las personas propuestas para que presenten a responder preguntas de los integrantes de la Comisión conforme al formato que ésta acuerde.
Cuarto.- La Comisión de Educación presentará un dictamen sobre el análisis que haga de la cobertura y requisitos de legibilidad; el dictamen será sancionado por el Pleno del Senado, se presentará un dictamen por cada terna.
Quinto.- Una vez aprobados los cinco dictámenes que presente la Comisión de Educación, como se menciona en el resolutivo cuarto de este acuerdo, se realizará la votación por cédula para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De no alcanzarse la mayoría exigida por el artículo 3 constitucional la Mesa Directiva realizará una segunda votación por cédula.
Sexto.- En caso de que al término de la segunda votación ninguna de las personas propuestas alcance la mayoría requerida se entenderá rechazada la terna propuesta y el Presidente de la Mesa Directiva lo notificará de inmediato al Ejecutivo Federal para los efectos del párrafo tercero de la fracción IX del artículo 3 constitucional.
Séptimo.- Realizadas las designaciones de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el Presidente de la Mesa Directiva citará a los designados para que rindan la protesta a que se refiere el artículo 128 constitucional, asimismo, comunicará las designaciones al Presidente de la República.
-Está a discusión el presente acuerdo.
-LA C. SECRETARIA MERODIO REZA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Aprobado el acuerdo sobre el procedimiento para la designación de integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Comuníquese.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Para los efectos de los artículos 66 inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General se recibió de la Comisión de Administración el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2013.
(Leyó, se inserta documento)
-Está a consideración de la Asamblea el Proyecto de Presupuesto.
-Al no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
-EL C. PRESIDENTE SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2013.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General se recibió de la Comisión de Administración el Informe del Presupuesto Ejercido en el mes de diciembre de 2012.
-Solicito a la Secretaría, perdón, esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
-Solicito a la Secretaría dé cuenta de los asuntos que se turnarán a comisiones directamente.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Informo a la Asamblea los asuntos que se turnarán a comisiones.
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, que se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.
De los Senadores María Elena Barrera Tapia, Miguel Romo Medina, Cristina Díaz Salazar, Hilda Estela Flores Escalera y Armando Neyra Chávez, integrantes de la Comisión de Salud, un punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal contra la hipertensión arterial, que se turna a la Comisión de Salud.
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, un punto de acuerdo con relación al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
De la Senadora Cristina Díaz Salazar, un punto de acuerdo por el que se solicita información sobre el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que se turna a la Comisión de Salud.
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, un punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas desplazados, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Del Senador Salvador Vega Casillas, un punto de acuerdo que exhorta a establecer acciones efectivas de prevención y control para impedir brotes de influenza aviar en el estado de Veracruz, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
De la Senadora Martha Elena García Gómez, un punto de acuerdo para que se incorpore la protección integral, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Pacto por México, que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Del Senador Fernando Yunes Márquez, un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a llevar a cabo las medidas necesarias a fin de garantizar que el operativo Veracruz Seguro continúe, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
-Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.
-Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que recibimos de la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda…
(SIGUE 20ª PARTE).... Legislativos, primera, y de Estudios Legislativos, segunda, con la opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que contiene un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.
Debido a que se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.
Compañeras y compañeros senadores, informo también a ustedes que la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turnos a diversos proyectos, los cuales se harán de su conocimiento a través de la publicación de la Gaceta.
Les informo ahora que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Las y los senadores que deseen mantener inscritos su asunto, solo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva, o de la Secretaría Parlamentaria.
Las efemérides inscritas en nuestro orden del día se integran al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes, 16 de abril, a las 11:00 horas. Se levanta la sesión.
(SE LEVANTO LA SESION A LAS 16:10 HORAS)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1351

References: artículo 37
 Artículo 27
 Artículo 56
 artículo 71

Artículo 56

Artículo 71
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 61
 artículo 17
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 196
 Artículo 27
 Artículo 58
 artículo 1
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 128
 artículo 99