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Timestamp: 2020-08-05 14:26:54+00:00

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Normas Legales: Disposiciones Complementarias | Mandato | Estado (política)
Normas Legales: Disposiciones Complementarias
Ley Org. Proc. Reg y Mun
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5- Ministerios
ley 26549ok
Temas Resumidos Examen Sub
Decreto 477/2017
Acreditación de la naturaleza del predio a inmatricular
Normas de Convivencia Organizacion y Funcionamiento
ley_30138- normativa nacional derechos izquierdos zurdos
Estatuto Villa Umachiri
Estatuto Derecho UCSC 2010
Ley 28245-Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Art 76 Constitucional
Acta Acuerdo CGE CISE
LEPIN Amigable
Estatuto de La Asociacion
Ley de Estadistica Registro Oficial
Tarea III Parcial Sociedad Anonima
El Peruano Lima, sábado 28 de junio de 2008
se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente. El texto íntegro de todas las sentencias expedidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se publicarán en el Diario Oﬁcial El Peruano y en la página web del Poder Judicial. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad. De otro lado, se incorpora la exigencia que el Juez debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y el perjuicio que causa al recurrente la eﬁcacia inmediata de la actuación impugnable.
Artículo 36º.- Requisitos La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eﬁcacia de la decisión deﬁnitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante:
1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eﬁcacia inmediata de la actuación impugnable.
2. Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justiﬁcable. No es exigible este requisito cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la pensión.
3. Se estime que resulte adecuada para garantizar la eﬁcacia de la pretensión.
Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar. Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas con contenido pecuniario, el Juez podrá requerir de una contracautela distinta a la caución juratoria. Si la resolución ﬁnal no reconoce el derecho reclamado por el demandante, a pedido de la parte interesada se procede conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil para la ejecución de la contracautela.
Artículo 38º.- Sentencias estimatorias La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente:
El monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 38º - A.- Conclusión anticipada del proceso Si la entidad demandada reconoce en vía administrativa la pretensión del demandante, el Juez apreciará tal pronunciamiento y, previo traslado a la parte contraria, con su absolución o sin ésta, dictará sentencia, salvo que el reconocimiento no se reﬁera a todas las pretensiones planteadas.
Artículo 38º - B.- Transacción o conciliación En cualquier momento del proceso, las partes podrán transigir o conciliar sobre pretensiones que contengan derechos disponibles. Si el acuerdo homologado o aprobado es total, producirá la conclusión del proceso. De ser parcial, el proceso continuará sobre los aspectos no comprendidos. Para proponer o acceder a la fórmula de composición, la entidad deberá analizar objetivamente la expectativa de éxito de su posición jurídica en el proceso.
Primera.- Las demandas contra actuaciones de las Autoridades Administrativas de Trabajo, son competencia
de los jueces especializados en materia laboral, siguiendo las reglas del proceso contencioso administrativo contenidas en la presente Ley. Segunda.- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando lo considere conveniente, podrá instituir un sistema especíﬁco de sub especialidades a ﬁn de brindar un servicio de justicia más eﬁciente en atención a las características particulares del conﬂicto.»
Primera: El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, aprobará formatos de demanda sobre materia previsional. Su distribución será gratuita, en forma directa o a través del portal institucional del Poder Judicial. Segunda: El Ministerio de Justicia, dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, elaborará el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. Tercera: Los procesos contencioso administrativos iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo continuarán su trámite según las normas procesales con que se iniciaron. Cuarta: El Poder Judicial se encargará de implementar los mecanismos de seguridad que se requieran para la operatividad de las notiﬁcaciones electrónicas y el funcionamiento de uno o más servidores de correo electrónico seguros. Quinta: El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oﬁcial El Peruano, salvo lo dispuesto por el artículo 26º, el mismo que entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de dicha publicación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil ocho.
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ Presidente del Consejo de Ministros
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA Ministra de Justicia
MERCEDES ARAOZ FERNÁNDEZ Ministra de Comercio Exterior y Turismo
219810-6
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1068
El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29157, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos y con el apoyo de la competitividad económica para su aprovechamiento; entre las que se encuentran la mejora del marco regulatorio, el fortalecimiento institucional, la simpliﬁcación administrativa y la modernización del Estado; en tal sentido, se requiere fortalecer, uniﬁcar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Artículo 1º.- De la creación y ﬁnalidad El presente Decreto Legislativo tiene por objeto la creación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la ﬁnalidad de fortalecer, uniﬁcar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones, la que está a cargo de los Procuradores Públicos, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y está representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Cuando se mencione el vocablo Sistema se entenderá referido al Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Artículo 2º.- Deﬁnición El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.
Artículo 3º.- Del Ente Rector El Ministerio de Justicia es el ente rector del Sistema y tiene las siguientes atribuciones:
a) Establece la política general del Sistema.
b) Formula las normas y procedimientos relacionados con la defensa jurídica del Estado.
c) Supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades de los operadores del Sistema.
d) Orienta el desarrollo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
e) Desarrolla políticas que promuevan la capacitación y especialización de los operadores del Sistema.
Artículo 4º.- Operadores del Sistema Los operadores del Sistema son:
1. El Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
2. Los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
3. Los Procuradores Públicos.
4. El Presidente del Tribunal de Sanción.
Artículo 5º.- Principios Rectores La Defensa Jurídica del Estado se rige por los siguientes principios:
a) Legalidad: Los Procuradores Públicos y abogados del Sistema de Defensa Jurídica del Estado están sometidos a la Constitución, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico.
b) Autonomía funcional: La Defensa Jurídica del Estado se ejerce por medio de los Procuradores Públicos, quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema.
c) Unidad de actuación y continuidad: Los Procuradores Públicos y demás operadores del Sistema se conducen conforme a criterios institucionales de conformidad a los objetivos, metas y lineamientos del Sistema.
d) Eﬁcacia: La gestión se organiza para el
cumplimiento oportuno de los objetivos y las metas
e) Eﬁciencia: Toda actuación de los Procuradores Públicos y demás operadores del Sistema se
realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles, procurando la innovación y el mejoramiento oportuno.
f) Capacitación y evaluación permanente: Los Procuradores Públicos serán capacitados
y evaluados de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el ente rector.
g) Especialización: Se garantiza y preserva la especialización de los Procuradores Públicos.
h) Conﬁdencialidad: Los operadores del Sistema
deben guardar absoluta reserva sobre los asuntos
de naturaleza conﬁdencial a su cargo.
i) Celeridad: Los Procuradores Públicos y abogados
del Sistema deben ajustar su conducta, orientada a
conseguir la máxima dinámica posible del proceso
o procedimiento, evitando actuaciones que
diﬁculten su desenvolvimiento o constituyan meros
formalismos, sin que se releve el respeto al debido proceso o vulnere el ordenamiento jurídico.
j) Ética, probidad y honestidad: La ética, probidad
y honestidad son esenciales en el ejercicio de las
funciones de los operadores del Sistema.
k) Responsabilidad: Los Procuradores Públicos son responsables por el ejercicio indebido de la Defensa Jurídica del Estado.
DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA
DEL CONSEJO DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Artículo 6°.- El Consejo de Defensa Jurídica del Estado
6.1. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado es el ente
colegiado que dirige y supervisa el Sistema y está integrado
por el Ministro de Justicia o la persona quien lo represente, designado mediante Resolución Suprema y por dos miembros designados también por Resolución Suprema.
6.2. El Ministro de Justicia o su representante ejercen
la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
6.3. El Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado es el funcionario de mayor nivel jerárquico de los operadores del Sistema.
Artículo 7º.- De las Atribuciones y Obligaciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado El Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Dirigir e integrar el Sistema.
b) Proponer la designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo.
c) Proponer la designación de los Procuradores Públicos que asumirán la defensa jurídica del
Estado en sede supranacional, los que adquieren el nombre de Agentes, de conformidad al reglamento
de la Corte Supranacional.
d) Evaluar el cumplimiento de los requisitos de designación de los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos.
e) Cumplir y hacer cumplir las políticas del Sistema emanadas del Ministerio de Justicia.
f) Conocer en apelación de las sanciones impuestas contra los Procuradores Públicos, resolviendo en última instancia.
g) Supervisar y cautelar la observancia de las normas
y disposiciones que se emitan.
h) Resolver a través de mecanismos alternativos de solución de conﬂictos las controversias originadas entre entidades del Estado.
i) Planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del Estado.
j) Orientar y evaluar la organización de las actividades de las Procuradurías Públicas.
k) Proponer los proyectos de normas legales en materia de defensa jurídica del Estado.
l) Disponer la creación de registros y sistemas informáticos y supervisar su funcionamiento.
m) Realizar todas las acciones que permitan cumplir las sentencias recaídas en los procesos o procedimientos donde el Estado es parte.
Artículo 8º.- Atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado:
a) Ejercer la representación del Sistema.
b) Adoptar las acciones tendientes a evaluar, supervisar y controlar el eﬁciente ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los Procuradores Públicos.
c) Suscribir convenios de cooperación.
d) Tomar juramento a los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Procuradores Públicos Ad Hoc y Procuradores Públicos Regionales.
e) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a lo que establece el reglamento.
f) Disponer las acciones tendientes a cumplir los acuerdos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
g) Designar al Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
h) Resolver los problemas de competencia que puedan presentarse entre los Procuradores Públicos.
i) Aprobar la Memoria Anual del Sistema.
j) Acreditar el nombramiento de los Procuradores Públicos Regionales.
k) Acreditar la designación de los Procuradores Públicos Municipales.
l) Otras que establezca el reglamento.
Artículo 9º.- Del Secretario Técnico El Secretario Técnico es el funcionario administrativo, designado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuya función es brindar la asistencia técnico legal al Consejo y otras funciones que establezca el reglamento.
DE LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS
Artículo 10º.- De la evaluación y propuesta de los Procuradores Públicos que asumen la defensa jurídica del Estado a Nivel Nacional
10.1. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado
evalúa y propone al Presidente de la República la designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo, quienes son designados mediante Resolución Suprema con refrendo del Presidente del Consejo de
Ministros, del Ministro de Justicia y del Ministro del sector correspondiente.
10.2. Los titulares del Poder Legislativo, Poder
Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos proponen una terna que será evaluada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado de acuerdo
al reglamento, luego de la cual se eleva la propuesta al Presidente de la República para su designación. Son designados mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Justicia.
10.3. La designación y/o nombramiento de los
Procuradores Públicos Regionales y Municipales se norma por su respectiva Ley Orgánica.
Artículo 11º.- De la propuesta de designación de Procurador Público Especializado Supranacional El Procurador Público Especializado Supranacional es designado a propuesta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado mediante Resolución Suprema, con refrendo del Ministro de Justicia.
DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DEFENSA JURÍDICA EN SEDE NACIONAL
De los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado y Organismos Constitucionalmente Autónomos
Artículo 12º.- De los Procuradores Públicos
12.1. Los Procuradores Públicos del Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos ejercen la defensa jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo y sus reglamentos. Tienen
sus oﬁcinas en la Capital de la República ejerciendo sus funciones y atribuciones en el ámbito nacional.
12.2. Son requisitos para la designación de
los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos:
2. Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
3. Tener título de abogado.
4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco (5) años consecutivos.
5. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
6. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa judicial.
7. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del servicio del Estado por resolución ﬁrme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
8. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al sector que defenderá.
13º.-
13.1. Los Procuradores Públicos Adjuntos están
facultados para ejercer la defensa jurídica del Estado coadyuvando la defensa que ejerce el Procurador Público,
contando con las mismas atribuciones y prerrogativas que el Procurador Público.
13.2. Se podrá designar más de un Procurador Público
Adjunto en la medida que se considere necesario. 13.3 Son requisitos para su designación:
4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de tres (3) años consecutivos.
10. Otros establecidos por ley.
Artículo 14º.- Del Procurador Público Ad Hoc y del Procurador Público Ad Hoc Adjunto y sus requisitos
14.1. Asumen la defensa jurídica del Estado en los
casos que la especialidad así lo requiera. Su designación
es de carácter temporal.
14.2. Deben contar con los mismos requisitos
establecidos para los Procuradores Públicos y los Procuradores Públicos Adjuntos, según sea el caso. 14.3. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado
propondrá al Presidente de la República la designación de los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los casos que así la necesidad lo requiera.
14.4. El titular del Poder Legislativo, del Poder Judicial
y el titular de los Organismos Constitucionalmente
Autónomos podrán solicitar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado la evaluación de sus propuestas para la designación del Procurador Público Ad Hoc y del Procurador Público Ad Hoc Adjunto.
15º.-
15.1. El Procurador Público Especializado ejerce
la defensa jurídica del Estado en los procesos o
procedimientos que por necesidad y/o gravedad de la situación así lo requiera.
15.2. Los Procuradores Públicos Especializados son:
a) Procurador Público Especializado en Delitos de Tráﬁco Ilícito de Drogas
b) Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo.
c) Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio.
d) Procurador Público Especializado en asuntos de Orden Público.
e) Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción.
f) Los que mediante resolución suprema se designe.
15.3. Los Procuradores Públicos Especializados
actuarán de conformidad a las disposiciones del presente Decreto Legislativo y su reglamento, siendo designados por Resolución Suprema a propuesta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, previa evaluación, dependiendo administrativamente los señalados en los incisos a), b), c)
y d) del Ministerio del Interior y lo señalado en el inciso e) del Ministerio de Justicia.
15.4. Los Procuradores Públicos Especializados
deberán cumplir para su designación con los mismos requisitos que los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo.
De los Procuradores Públicos de los Gobiernos Regionales y Locales
16º.-
16.1. Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la
defensa jurídica de los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su
orgánica y su reglamento, quienes tienen sus oﬁcinas
las sedes oﬁciales de los departamentos y mantienen
niveles de coordinación con el ente rector.
16.2. Son requisitos para el nombramiento del
Procurador Público Regional los siguientes:
4. Haber ejercido la profesión por un período no menor de diez (10) años consecutivos.
9. Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Regional.
17º.-
17.1. El Procurador Público Regional Adjunto está
facultado para ejercer la defensa jurídica del Estado en asuntos relacionados con el respectivo Gobierno Regional coadyuvando la defensa que ejerce el Procurador Público Regional, contando con las mismas atribuciones y prerrogativas que el Procurador Público. 17.2. Son requisitos para el nombramiento del Procurador Público Regional Adjunto los siguientes:
1. Ser peruano de nacimiento.
18º.-
18.1. Los Procuradores Públicos Municipales ejercen la defensa jurídica del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo
a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento. Tienen sus oﬁcinas en las sedes oﬁciales de las Municipalidades. Se encuentran vinculados normativa y funcionalmente al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y administrativamente a su Municipalidad.
18.2. Son requisitos para ser designado Procurador
Público Municipal los siguientes:
3. Tener título de abogado y haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco (5) años consecutivos tratándose de Municipalidades Provinciales y tres (3) años tratándose de Municipalidades Distritales.
4. Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional.
5. Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa judicial.
6. No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio del Estado por resolución ﬁrme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
7. No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación.
8. Especialidad jurídica en los temas relacionados al Gobierno Local.
Artículo 19º.- De los convenios de cooperación de asistencia en defensa jurídica Las municipalidades podrán celebrar convenios de cooperación de asistencia de defensa jurídica, en cumplimiento a las disposiciones que dicte el Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre el particular.
DE LOS PROCURADORES PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO EN SEDE INTERNACIONAL
Artículo 20º.- Del Procurador Público que asume la defensa en sede Supranacional
20.1.ElProcuradorPúblicoSupranacionalejerceladefensa
jurídica del Estado en instancias Supranacionales. Tienen su domicilio en la Capital de la República, pudiendo también señalar domicilio en la sede de la Corte Supranacional.
20.2. El Procurador Público Supranacional adquiere
la denominación de Agente del Estado Peruano ante la
Corte Supranacional en cumplimiento de lo que dispone su reglamento. Este Procurador Público puede proponer
la designación del Agente Alterno que lo asistirá en la
defensa jurídica del Estado en la Corte Supranacional.
20.3. El Procurador Público de la Entidad que haya
originado el precedente que dio origen al proceso en la Corte Supranacional coadyuvará y coordinará con el Procurador Público Supranacional sobre la defensa jurídica del Estado.
20.4. El Procurador Público Supranacional depende
administrativamente del Ministerio de Justicia.
Artículo 21º.- Defensa en sedes jurisdiccionales extranjeras La defensa del Estado en sedes jurisdiccionales extranjeras se encuentra a cargo de Procuradores Públicos Ad Hoc designados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Justicia.
Artículo 22º.- De las funciones de los Procuradores Públicos
22.1. Los Procuradores Públicos tienen como función
representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera especiﬁca les
asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
22.2. La defensa jurídica del Estado comprende todas
las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados
a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al titular de la entidad sobre su actuación.
22.3. Entiéndase por conferidas todas las facultades
generales y especiales de representación establecidas
en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil, con las limitaciones que esta ley establece. La excepción
al presente dispositivo es la facultad de allanarse a las
demandas interpuestas en contra del Estado.
22.4. En aquellas controversias que se instauren en
las cortes internas jurisdiccionales extranjeras, coadyuvan
a los abogados contratados en la defensa jurídica del
Estado, sirviendo de nexo entre estos últimos y el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a quien informarán del caso periódicamente y actuarán según el reglamento.
22.5. Es función de los Procuradores Públicos informar
al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo
requiera, sobre todos los asuntos a su cargo.
22.6. Los Procuradores Públicos deberán coordinar
con los titulares de cada entidad el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses del Estado, debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá ser aprobado por el Titular de la
Entidad, quien asumirá con recursos presupuestados de
Entidad correspondiente la ejecución de lo dispuesto en
las resoluciones jurisdiccionales nacionales, extranjeras
22.7. El ejercicio de las funciones de Procurador
Público es a dedicación exclusiva, con excepción de la labor docente.
22.8. Podrá delegar representación a favor de los
22.9. El reglamento podrá establecer otras funciones
especíﬁcas.
23º.-
Procuradores Públicos:
Son atribuciones y facultades generales Procuradores Públicos las siguientes:
1. Los Procuradores Públicos pueden requerir a toda institución pública la información y/o documentos necesarios para la defensa del Estado.
2. Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual del Procurador Público deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud.
3. Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los temas que conciernen a la defensa jurídica de los intereses del Estado.
4. Otras que establezca el reglamento.
Artículo 24º.- De las obligaciones generales de los Procuradores Públicos Los Procuradores Públicos tienen las siguientes obligaciones generales:
1. Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del plan anual de actividades de la Procuraduría a su cargo.
2. Remitir al Consejo de Defensa Jurídica del Estado la información requerida sobre los procesos a su cargo.
3. Coordinar con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre las acciones de asesoramiento, apoyo técnico profesional y capacitación de los abogados que ejercen la defensa jurídica del Estado, pudiendo ejecutar cursos de formación y capacitación en convenio con las Universidades o institutos públicos o privados del país.
4. Cumplir las políticas, normas y procedimientos que se que emitan, bajo responsabilidad.
5. Las demás señaladas por el reglamento.
CESE DE LA FUNCIÓN
Artículo 25º.- Cese de los Procuradores Públicos y Procuradores Públicos Adjuntos. La designación de los Procuradores Públicos, de los Procuradores Públicos adjuntos culmina por:
b) Por término de la designación
c) Por sanción impuesta por el Tribunal de Sanción en virtud a una inconducta funcional
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
DEL TRIBUNAL DE SANCIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Artículo 26º.- Del Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado
26.1. El Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa
Jurídica del Estado resolverá en primera instancia los
375029
procesos que se inicien a pedido de parte o de oﬁcio contra los Procuradores Públicos por actos de inconducta funcional. 26.2. Este Tribunal estará integrado por el Viceministro de Justicia, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Procurador Público designado con mayor antigüedad, actuando como suplentes los Procuradores Públicos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, quienes mediante resolución debidamente motivada emitirán pronunciamiento sobre las quejas o denuncias que sean de su conocimiento. Esta resolución puede ser impugnada mediante recurso de apelación. 26.3. En relación a los Procuradores Públicos Regionales, podrá recomendar al Presidente Regional el inicio del procedimiento administrativo sancionador de veriﬁcarse algún perjuicio al Estado por el ejercicio indebido o por inconducta funcional. 26.4 En relación a los Procuradores Públicos Municipales, podrá recomendar la remoción del Procurador Público Municipal de veriﬁcarse algún perjuicio al Estado por el ejercicio indebido o por inconducta funcional.
Artículo 27º.- Última Instancia El Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mediante resolución debidamente motivada, resolverá en última instancia la impugnación recaída en la resolución del Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Artículo 28º.- De la aplicación de Sanciones Las sanciones aplicables a los Procuradores Públicos son:
b) Amonestación escrita;
c) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días;
d) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses;
e) Destitución o despido;
f) Otras determinadas por Ley.
Artículo 29º.- De la tipiﬁcación de las inconductas funcionales Los Procuradores Públicos son responsables de los daños y perjuicios que ocasionen en el ejercicio de las funciones que señala el presente Decreto Legislativo. Constituyen inconductas funcionales, cuyo desarrollo se establecerá en el Reglamento:
a. La defensa negligente del Estado.
b. El incumplimiento de las obligaciones previstas por el presente Decreto Legislativo.
PRIMERA: Vigencia El presente Decreto Legislativo entra en vigencia a los seis (6) meses de su publicación en el Diario Oﬁcial El Peruano, a excepción de lo dispuesto por la Única Disposición Complementaria Transitoria, la que entrará en vigencia al día siguiente de publicado. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia se establecerán las disposiciones respecto de la transferencia del acervo documental y demás bienes y equipos del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
SEGUNDA: Excepción Exceptúese de la aplicación del presente Decreto Legislativo a los procesos a que se reﬁere la Ley Nº 28933 - Ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión, y a los procesos que sigue el Estado peruano ante la Corte Internacional de La Haya.
TERCERA: Reparación civil La reparación civil que deba pagarse a favor del Estado, en casos de procesos seguidos sobre delitos de corrupción, se pagará 50% a favor de la entidad agraviada y 50% a favor del Ministerio de Justicia.
CUARTA: Escuela de Formación de Procuradores Públicos La Escuela de Formación de Procuradores Públicos del Ministerio de Justicia tiene por ﬁnalidad promover la capacitación del personal profesional que desarrollará funciones de defensa jurídica del Estado, así como perfeccionar los conocimientos de los Procuradores Públicos del Estado.
QUINTA: Reglamentación El Reglamento del presente Decreto Legislativo se aprobará mediante Decreto Supremo con refrendo del Ministro de Justicia, en un plazo que no exceda los noventa (90) días hábiles de su entrada en vigencia.
SEXTA: Abogados
1. Las Entidades del Estado celebrarán contratos de locación de servicios bajo la modalidad de pago
por resultados, con abogados con experiencia en
materia civil, penal, laboral, tributaria, constitucional
y/o derecho administrativo, con el objeto que éstos
coadyuven en la defensa de los intereses del Estado a cargo de sus respectivos Procuradores Públicos.
2. Los Procuradores Públicos tendrán a su cargo la supervisión y control de las actividades que realicen los abogados contratados.
3. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia, se aprobarán los lineamientos a seguir para la contratación así como las cláusulas tipo
que deberán incorporarse a los contratos que se
celebren conforme a las normas de contrataciones
y adquisiciones del Estado. Asimismo se
determinará lo correspondiente a los costos de
tramitación del procedimiento a que hubiere lugar.
4. Las contrataciones que se realicen deberán observar los impedimentos e incompatibilidades previstos en las normas de contrataciones y adquisiciones del Estado, en la Ley No. 27588 y
su reglamento así como en el presente Decreto
5. Lo dispuesto por la presente disposición no será de aplicación para los casos a cargo de la Procuraduría Pública Ad Hoc Casos Fujimori-Montesinos.
SETIMA: Sistema de Defensa Judicial del Estado Toda referencia al Sistema de Defensa Judicial del Estado deberá entenderse realizada al Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
OCTAVA: Financiamiento La aplicación de lo dispuesto en la presente norma se ﬁnancia con cargo a los Presupuestos Institucionales de los Pliegos correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
ÚNICA: Informes Los Procuradores Públicos que se encuentren en funciones deberán informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, sobre la relación de los procesos a su cargo, situación procesal y contingencias para el Estado relacionadas a los procesos, bajo responsabilidad.
Deróguese el Decreto Ley Nº 17537 - Ley de Representación y Defensa del Estado en Juicio, la Ley Nº 27076 que autoriza a los Procuradores Públicos encargados de la Defensa del Estado para desistirse de las pretensiones menores de tres mil nuevos soles y los Decretos Supremos N° 002-2000-JUS, Nº 002-2001- JUS y Nº 002-2003-JUS; así como todas las demás disposiciones que se opongan a este Decreto Legislativo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil ocho.
219810-7
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1069
El Congreso de la República, mediante Ley Nº 29157, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante un período de 180 días calendario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos, y con el apoyo a la competitividad económica para su aprovechamiento; señalándose como materia delegada,
entre otras, la mejora de la administración de justicia en materia comercial y contencioso administrativa, para lo cual se solicitará opinión al Poder Judicial;
En cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Ley,
mediante Oﬁcio Nº 164-2008-JUS/DM de fecha 15 de enero de 2008, se solicitó al Poder Judicial la designación de representantes para la conformación de Mesas de Trabajo, para el análisis y revisión de la normatividad vigente relativa a la materia contencioso administrativa,
con el propósito de mejorar la impartición de justicia en la indicada materia;
A su vez, mediante Resolución Administrativa de
Presidencia Nº 031-2008-P-PJ de fecha 11 de febrero del año en curso, el Poder Judicial designó representantes titular y alterno, en los grupos de trabajo en materias comercial y contencioso administrativo; Las mesas de trabajo realizaron la labor encomendada, advirtiendo la necesidad de modernizar el marco normativo que regula los procesos destinados al cumplimiento de compromisos asumidos en títulos valores y demás
títulos ejecutivos, dado que éstos redundan en el ámbito comercial del país; en aras a satisfacer el interés del justiciable, brindando mayores niveles de seguridad jurídica que propicie la inversión nacional y extranjera; De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución Política del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
DECRETO LEGISLATIVO QUE MEJORA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA COMERCIAL, MODIFICANDO NORMAS PROCESALES
Artículo Único.- Modifíquense los artículos 533º, 611º, 613º, 630º, 637º, 638º, 643º, 650º, 657º, 674º, 687º, 688°, 690°, 691°, 695º, 704º, 705º, 706º, 708º, 709º, 710º, 712º, 715º, 716º, 720º, 722°, 724º, 732º, 733º, 739º; la denominación del Título V, de sus capítulos II, III, IV así como del sub capítulo I de su Capítulo II; e incorpórase los artículos 690-A, 690-B, 690-C, 690-D, 690-E, 690-F, 692-
A, 705-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado por Decreto Legislativo Nº 768, los cuales tendrán el texto siguiente:
“Artículo 533°.- Fundamento La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida
cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente
a ser pagado con el precio de tales bienes.
Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación.
Artículo 611°.- Contenido de la decisión cautelar El Juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a ﬁn de lograr la eﬁcacia de la decisión deﬁnitiva, dictará medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante, aprecie:
1. La verosimilitud del derecho invocado.
2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, o por cualquier otra razón justiﬁcable.
La medida sólo afecta bienes y derechos de las partes vinculadas por la relación material o de sus sucesores, en su caso. La resolución precisará la forma, naturaleza y alcances de la contracautela. La decisión que ampara o rechaza la medida cautelar será debidamente motivada, bajo sanción de nulidad.
Artículo 613º.- Contracautela y discrecionalidad del Juez La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución. La admisión de la contracautela, en cuanto a su naturaleza y monto, será decidida por el Juez, quien
podrá aceptar la ofrecida por el solicitante, graduarla, modiﬁcarla o, incluso, cambiarla por la que considere pertinente. La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, que será ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar, con legalización de ﬁrma ante el Secretario respectivo. La contracautela de naturaleza real, se constituye con el mérito de la resolución judicial que la admite y recaerá sobre bienes de propiedad de quien la ofrece;
el Juez remitirá el oﬁcio respectivo para su inscripción
en el registro correspondiente. En caso de ejecución de la contracautela, ésta se llevará adelante, a pedido del interesado, ante el Juez que dispuso la medida y en el mismo cuaderno cautelar; el que resolverá lo conveniente previo traslado a la otra parte. Cuando se admite la contracautela sometida a plazo, ésta quedará sin efecto al igual que la medida cautelar, si el peticionante no la prorroga u ofrece otra de la misma naturaleza o eﬁcacia, sin necesidad de
requerimiento y dentro de tercer día de vencido el plazo.
Artículo 630º. - Cancelación de la medida Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada. Sin embargo,
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Artículo 38

Artículo 38

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 artículo 26
 artículo 104

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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
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Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
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Artículo 12
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Artículo 14
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Artículo 20

Artículo 21
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Artículo 22
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Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
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Artículo 27
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Artículo 28

Artículo 29
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 artículo 104

Artículo 611
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Artículo 613
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Artículo 630