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Timestamp: 2018-10-19 03:14:02+00:00

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Gestión institucional efectiva de las Universidades Públicas del Perú - GestioPolis
educacióneducación superiorgestión educativaPerú
UNIVERSIDADES NACIONALES: GESTION INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
VII. METODLOGIA
Torres (2007) [1] en su Trabajo de Investigación: Derecho Empresarial (Perú), indica que el crecimiento de las inversiones, de la economía, los adelantos de la ciencia y el desarrollo del derecho, nace una nueva especialidad del derecho a la cual se le denomina derecho empresarial, que no se ubica en una sola rama del derecho, es decir, no se ubica sólo en el derecho público, en el derecho privado, ni tampoco exclusivamente en el derecho social, sino que se ubica en todas ellas, y no se relaciona con ramas del derecho sino que las abarca. El derecho empresarial ha sido estudiado en conjunto poco por los tratadistas, lo cual se advierte en las fuentes de información, dejando constancia que si existen muchas fuentes de información sobre las distintas ramas del derecho empresarial, pero pocas sobre todo el derecho empresarial. Este trabajo tiene como finalidad agrupar todas las ramas del derecho y áreas que forman parte del derecho empresarial, como son el derecho comercial, el derecho societario, el derecho cambiario, el derecho bursátil, el derecho concursal, el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho procesal civil, el derecho cooperativo, el derecho bancario, los organismos reguladores, las garantías, los contratos empresariales modernos, el derecho penal de la empresa, el derecho constitucional económico, entre otras ramas y áreas del derecho. La norma mas antigua del derecho empresarial peruano es el Código de Comercio Peruano de 1902, el cual es el Código que mas se aproxima a un Código de la Empresa. Dentro del estudio del derecho empresarial merece especial importancia el estudio de la empresa, de las instituciones, entidades, organizaciones. Ripert, considera al derecho empresarial como un derecho fragmentario, es decir, considera al derecho empresarial como no acabado o incompleto. En el derecho empresarial adquiere especial importancia el derecho bursátil, en el cual se puede apreciar con mayor detalle la separación entre la administración de la sociedad anónima y el derecho de propiedad sobre la empresa, es decir, en el derecho bursátil se aprecia con mayor detalle el papel que cumplen los socios rentistas, que no están interesados normalmente en el control de la empresa, sino en tener utilidades por las acciones que adquieren.
Torres (2008) [2] , en su trabajo de investigación: Derecho Empresarial Comparado, indica que derecho empresarial comparado es la disciplina jurídica del derecho empresarial que estudia las similitudes y diferencias del derecho empresarial en los diferentes estados. Es conveniente hacer un estudio de derecho empresarial comparado, ya que los abogados corporativos tendrían muchas oportunidades al abrirse sucursales de empresas nacionales en el extranjero y viceversa. Es decir, el derecho empresarial comparado es importante porque permite estudiar inversiones en otros estados. Además es importante estudiar esta disciplina jurídica porque no ha sido desarrollada por parte de los tratadistas. Algunas disciplinas jurídicas se dividen en varias ramas del derecho como el derecho procesal, comercial, contractual y empresarial, entre otras ramas del derecho. Por lo cual debemos precisar que el derecho empresarial comparado tiene tantas ramas como ramas tiene el derecho empresarial. El derecho empresarial comparado tiene las siguientes ramas del derecho: societario comparado, cartular comparado, concursal comparado, bursátil comparado, penal de la empresa comparado, tributario comparado, laboral comparado, comercial o mercantil comparado, entre otras ramas del derecho empresarial comparado. La macrocomparación es la comparación de grandes partes del derecho, en tal sentido si se compara íntegramente o completamente el derecho empresarial de dos o más estados estamos ante un supuesto de macrocomparación. Otro supuesto de macrocomparación es si se comparan integralmente dos códigos de comercio. La microcomparación es la comparación de partes pequeñas del derecho, por lo cual si se compara la sociedad anónima en dos o más estados estamos ante un supuesto de microcomparación. Otro supuesto de microcomparación es si se compara el impuesto a la renta en dos o más estados. La sociedad anónima es el tipo societario más importante, por que reúne a los mas grandes capitales, y debemos precisar que se encuentra regulada en Perú, Argentina, España, entre otros estados. La fusión es una de instituciones más importantes del derecho societario, por lo cual conviene en esta sede realizar el correspondiente estudio y debemos precisar que se encuentra regulada en Argentina, España, México, Perú, entre otros estados. La escisión es una de las instituciones más importantes del derecho societario, por lo cual conviene en esta sede realizar el correspondiente estudio y debemos precisar que se encuentra regulada en Argentina, México, Perú, entre otros estados. Los tipos societarios son las clases de sociedades existentes en un estado, por lo cual debemos precisar que los mismos varían de acuerdo al derecho de cada estado, sin embargo, es claro que la sociedad anónima es el tipo societario mas conocido en el derecho empresarial comparado. El fondo empresarial es el conjunto de bienes de la empresa, por lo cual debemos precisar que en algunos estados se encuentra expresamente regulado como es el caso de Argentina, sin embargo, en el estado peruano no se encuentra regulado. El contrato de trabajo es importante en el derecho comparado, por lo cual debemos precisar que en esta materia el derecho laboral peruano se encuentra bastante desarrollado. En el estado peruano se regulan los contratos sujetos a modalidad y otros contratos. En algunos otros estados no se encuentran regulados las distintas modalidades del contrato de trabajo. No todos los estados cuentan con código de comercio, por lo cual debemos precisar que una característica del derecho empresarial peruano es que cuenta con código de comercio. La tributación es estudiada por el derecho tributario, en tal sentido podemos afirmar que en los diferentes estados no se encuentran regulados los mismos tributos, sin embargo, es claro que en el derecho peruano destaca por su importancia el impuesto a la renta. El derecho penal de la empresa es importante estudiarlo, a fin de tener un enfoque global del derecho comparado. Los títulos valores existen en todos los estados, sin embargo, es claro que en todos los estados no se encuentran regulados todos los títulos valores. Los títulos valores se encuentran regulados y estudiados por el derecho cartular o cambiario. El derecho cartular o cambiario peruano se caracteriza porque la ley vigente de títulos valores regula todos los títulos valores. Lo que no ocurría con la anterior y primera ley de títulos valores peruana contenida en la ley 16587. Algunos títulos valores son mas importantes que otros, en tal sentido estamos en la obligación de dejar constancia que en el derecho comparado el título valor o título de crédito mas importante es la letra de cambio, que es el primero que apareció en la historia. Es necesario estudiar el mercado de valores en el derecho comparado a fin de tener una idea completa del tema materia de estudio, por lo cual debemos precisar que en Estados Unidos de Norteamérica se encuentra más desarrollado el mismo. Pero es claro que todos los estados regulan el mercado de valores, pero no todos tienen regulada la titulización de activos. El derecho notarial peruano pertenece al sistema notarial latino, por lo cual dejamos constancia que los sistemas notariales son tres y son los siguientes: sistema notarial latino, anglosajón y administrativo. El sistema registral peruano es registro de derechos. Debemos precisar que según cierta clasificación de los sistemas registrales se puede clasificar a los mismos en sistemas registrales de registro de documentos y sistemas registrales de registro de derechos. En los primeros el registro sólo determina cuales son los posibles propietarios. En los últimos el registro determina quien es excluyentemente el titular registral. El derecho procesal empresarial es necesario tener en cuenta en esta rama del derecho comparado, por lo cual debemos precisar que en España no existe código procesal civil, sino ley de enjuiciamiento civil. En el derecho comparado no se encuentran regulados los mismos contratos por parte del derecho positivo, en tal sentido en el derecho peruano no se encuentra regulado el contrato de arrendamiento de empresas, pero si el contrato de compra venta de empresas. Los contratos empresariales varían en el derecho comparado, por lo cual es claro que en los diferentes estados la regulación no es la misma, en tal sentido el hecho de ser típicos o atípicos varía en el derecho de los diferentes estados, lo cual es necesario tener en cuenta en el derecho comparado. Las garantías son medidas de seguridad para el cumplimiento de las obligaciones que pueden ser derechos reales de garantía, o títulos valores, o contratos, o seguros. Por lo cual debemos precisar que en el derecho comparado existe mucha similitud en esta materia. Sin embargo, es claro que el seguro de título no se celebra en el derecho peruano. En el estado peruano son agentes reguladores el INDECOPI, el BCR, OSINERG, OSITRAN, SUNASS, entre otros, por lo cual es necesario precisar que el nombre de los mismos varía en el derecho comparado, al igual que la existencia de los mismos. La empresa individual de responsabilidad limitada es la persona jurídica unipersonal, por lo cual no es lo mismo la persona jurídica que la persona colectiva. La empresa individual de responsabilidad limitada es persona jurídica cuando corre registrada en registros públicos y es necesario dejar constancia que casi en todos los estados no se encuentra permitida. El registro fiscal de ventas a plazos se encontraba regulado en el estado peruano, sin embargo, con la ley de garantía mobiliaria del 2006 ha quedado derogado, sin embargo, algunos derechos de otros estados lo regulan. En el estado peruano la ejecución o realización de la hipoteca es judicial, sin embargo, en otros estados es extrajudicial, por ejemplo es extrajudicial y judicial alternativamente en el derecho español. El derecho peruano regula sólo dos contratos asociativos como son la asociación en participación y el consorcio. Sin embargo, también existe el joint venture y es necesario precisar que para algunos autores en el estado peruano se regula este con el nombre de consorcio, es decir, precisan que no se ha tenido el debido cuidado al momento de legislar.
Díaz (2006) [3] Tesis: “Toma de decisiones efectivas en el marco de la cadena estratégica para el buen gobierno de las entidades del sector cooperativo”. En este trabajo el autor analiza la problemática de las empresas cooperativas, donde se carece de políticas, estrategias, tácticas, procesos y procedimientos eficientes lo que no facilita el logro de sus metas, objetivos, misión y visión empresarial; por lo que propone llevar a cabo una toma de decisiones efectivas, es decir decisiones bien estructuradas y sustentadas en el marco de lo que quieren las empresas cooperativas como forma de solucionar dicha problemática.
Maturrano (2006) [4] Tesis: “El clima organizacional como factor de eficiencia laboral en la Oficina General de Administración del Ministerio de la Producción”. En este trabajo se da cuenta que el trato inadecuado, la falta de consideración, falta de estimulación, bajas remuneraciones y otros aspectos relacionados con los trabajadores no contribuye a tener una entidad efectiva, eficiente y económica; por tanto la autora propone la puesta en marcha de una adecuado clima organizacional como la mejor alternativa para que haya eficiencia y efectividad laboral.
Donayre (2007) [5] Tesis: “Motivación y productividad: Factores relevantes en la eficacia del servicio de atención al cliente del Banco Continental”. En este trabajo se presenta la problemática permanente del servicio de atención al cliente. Es que el cliente de hoy es muy exigente. Cada vez exige mejores y mayores servicios. Por tanto por más que las empresas se esfuercen, el cliente estará llevando la delantera de la exigencia de más beneficios para poder mantener su fidelidad. En tal sentido la autora recomienda una mayor motivación para el personal de trabajadores; motivación que puede empezar con un mejor trato, incentivos, capacitación, entrenamiento, perfeccionamiento, mejores remuneraciones y otros aspectos. Asimismo, es necesario dotar a la entidad de mayor productividad, la misma que provendrá del aporte que tengan los trabajadores con su fuerza laboral en las mejores condiciones, lo que permitirá obtener mejores servicios para los clientes y para la comunidad.
García (2006) [6] Tesis: “Concepción actual y prospectiva para la gestión eficaz de recursos humanos en los hospitales del sector salud”. En este trabajo la autora hace referencia a la problemática que enfrenta los recursos humanos en los hospitales, en cuanto a capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento; trato personal; falta de consideraciones; deficientes remuneraciones; falta de mística; etc. Por lo que realiza una serie de proposiciones para que se disponga de una mejor prospectiva en la gestión eficaz. Entendiendo como gestión eficaz, aquella enfocada al logro de las metas, objetivos, misión y visión de los hospitales.
Monroy (2008) [7] Tesis: “Auditoria académica: acciones de control para la buena administración de las universidades nacionales en el Perú”. En este trabajo se efectúa un examen a las actividades académica que permite visualizar que pese al avance que ha realizado la Universidad, sin embargo se encuentran varios problemas que afectan la prestación de servicios de calidad en dicha entidad. Asimismo se formulan recomendaciones que de ser tomadas en cuenta por las autoridades y funcionarios, facilitaría la calidad del servicio educativo.
Zegarra (2008) [8] Tesis: “La gestión estratégica y su influencia en el rendimiento académico y la conducta de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Antenor Orrego Espinoza-UGEL 05 de Lima Metropolitana”. En este trabajo la problemática está en el servicio educativo, porque se determina deficiente rendimiento académico y conducta de los estudiantes; ante lo cual se presenta a la gestión estratégica como la alternativa de solución. La gestión estratégica de los recursos humanos, materiales y financieros va a influir positivamente en la mejora del rendimiento y conducta.
Chávez (2007) [9] Tesis: “Policía Nacional del Perú: Administración efectiva para el cumplimiento de la misión institucional”. En este trabajo el autor indica que la entidad tiene serias dificultades para cumplir las metas, objetivos y por tanto la misión; por tanto presenta la administración efectiva como alternativa para solucionar las dificultades encontradas. En la entidad policial, un aspecto muy importante es el servicio de seguridad hacia la población, el mismo que debe ser de calidad para que la entidad de por cumplida su misión.
Yuzzelli (2008) [10] Tesis: “Administración del capital humano: herramienta para la gestión social efectiva de las empresas de servicios”. Se ha determinado que el capital humano viene siendo administrado con muchas deficiencias en las empresas de servicios, dichos problemas están en el trato humano, en las remuneraciones, promociones, etc.; por tanto la autora presenta a la gestión social efectiva como la herramienta que va a solucionar dicha problemática.
Tesis: “Administración estratégica y competitividad. Casos de las pequeñas empresas en el Perú”, presentada por Sotelo Morey, Alejandro Alfonso para optar el grado de Magíster en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En este trabajo los promueven la aplicación de la administración estratégica como forma de solucionar los problemas de planeación, organización y dirección y como la herramienta conductora hacia la competitividad.
Tesis: “Estrategia metodológica dirigida a la preparación del maestro de educación superior para la realización efectiva del diagnóstico pedagógico integral del estudiante”. Publicación enviada por Julio Alboniga Rojas de Cuba. La Educación universitaria es la culminación de la formación académica, por eso las transformaciones realizadas para cumplir el objetivo propuesto conllevan a una gestión estratégica de la educación universitaria, dentro de ellas se destacan: la ubicación de un maestro por cada 20 alumnos, lo que propicia una educación más personalizada; el uso eficiente de las nuevas tecnologías educativas, con énfasis en la utilización de la Colección Multisaber, el tránsito por el nivel, el horario único y flexible, la ambientación universitaria y el recreo socializador; con el propósito de elevar la calidad de la educación en este nivel.
Tesis: “Hacia un aprendizaje creador, a través de la informática en la universidad”. Publicación enviada por Lic. Reyna Ramírez Pérez y Lic. Maricel Vera Carrión de Cuba. El trabajo ofrece un análisis de los resultados del diagnóstico de la investigación referida a la elaboración de una estrategia didáctica que apoye al profesor para lograr un aprendizaje creador a través de la Informática, para esto fueron utilizados diferentes métodos de investigación tanto empíricos como teóricos que permitieron analizar las ventajas que ofrecen estos medios en el desarrollo de un pensamiento creador, desarrollando talentos con habilidades en el empleo de las nuevas tecnología de la información y las comunicaciones, hombres preparados, que la sociedad necesita para cumplir sus tareas en todas las esferas de la vida.
Tesis: “La falta de atención crea hijos con bajo rendimiento académico”. Publicación enviada por Diego armando García San Juan. El desarrollo de este estudio tiene como objetivo brindar la información necesaria a padres y profesores para que sean capaces de lograr identificar a jóvenes universitarios que tienen un bajo rendimiento académico a causa de la desatención de sus padres.
Tesis: “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios”. Trabajo enviado por José Gómez Cumpa y Antero Enrique Yacarini Martínez. El presente trabajo de investigación se elaboró y desarrolló para identificar los estilos de aprendizaje de mayor predominancia en los estudiantes, permitiendo así ser una herramienta docente muy útil. Asimismo para poder determinar el grado de correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes.
Tesis: “Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el auto concepto y la asertividad en estudiantes del primer año de psicología de la UNMSM”, presentada por Jessica Noelia Reyes Tejada. En este trabajo, la autora realiza un enfoque de varias teorías del rendimiento académico, desde los problemas que lo dificultan, hasta el logro del mismo.
Tesis: “Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann”. Autor: Vildoso Gonzales, Virgilio Simón de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este trabajo analiza el rendimiento académico, la educación y la autoestima de los estudiantes universitarios.
Para efectos de esta investigación el derecho empresarial debe ser entendido como derecho institucional, toda vez que la Universidad Nacional Federico Villarreal es una institución educativa (nombre equivalente a empresa en el ámbito privado). En este contexto, la Ley Universitaria que rige la Universidad Nacional Federico Villarreal es una norma similar al Código de Comercio y Ley General de Sociedades que rige para las empresas privadas. De allí que siempre que se mencione a una institución, empresa, organización o entidad se está haciendo en el marco del derecho empresarial o institucional.
La Universidad Nacional Federico Villarreal, así como todas las Universidades Nacionales, enfrentan problemas similares en relación con el servicio educativo. Dichos problemas no aparecen solo del aspecto académico, si no que tienen su origen en las normas que rigen a estas instituciones.
Todo comienza en la Constitución Política del Estado y la Ley Universitaria No. 23733 que otorgan la famosa autonomía, una especie de estado dentro de otro estado. Es decir son entidades con políticas, estrategias y objetivos propios; cuando no debería ser así, las universidades en la práctica son parte del sector educación por tanto deberían estar en los lineamientos generales de este sector y por tanto obedecer a políticas nacionales, entre otras, del mejoramiento del servicio educativo.
La Universidad, de acuerdo con su Estatuto debe estar dedicada al estudio e investigación, creación y aplicación científica y tecnológica, enseñanza, transmisión y difusión del conocimiento para la formación de humanistas, científicos, investigadores, profesionales y docentes; lo cierto es que de esto sólo se cumple una parte; por tanto todo trasciende en una deficiente prestación de servicios educativos de calidad.
En cuanto a los docentes, el Estatuto indica que es inherente a los mismos la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente, la producción intelectual, la proyección social y la extensión universitaria. Lo cierto es que se hace muy poca investigación, la enseñanza tiene serias deficiencias, la entidad no capacita a sus docentes, no existe producción intelectual promovida por la universidad, la proyección social y extensión universitaria no se hace sentir, es muy débil. Todo esto abona en contra de una adecuada prestación de servicios educativos de calidad.
El Estatuto de la Universidad, respecto de los estudiantes indica que es su derecho recibir una sólida formación académica, científica, tecnológica, ética, física, humanista y profesional; todo lo cual no se cumple por una serie de factores, desde los económicos, pasando por los organizacionales, de gestión y hasta por la voluntad de los responsables. Todo esto abona en contra de una prestación de servicios educativos de calidad.
El Estatuto, establece que los estudios profesionales, conducen a la formación académica y profesional, cual se cumple a través del currículo elaborado por cada Facultad, tendiente a la formación integral de la persona humana, a su idoneidad profesional y al conocimiento de la realidad nacional. Lo cierto es que la Universidad dispone de planes curriculares desfasados, no relacionados con el mercado laboral, elaborados mirando hacia adentro y no hacia fuera que es donde está el mercado; por tanto no se dispone de una formación integral; lo que repercute negativamente en la prestación de servicios educativos de calidad.
En este mismo contexto, caen los sílabos. Porque si no se recoge información del mercado laboral, por tanto se elaboran planes curriculares incorrectos y estos arrastran a su vez a la formulación de sílabos que no cubren las necesidades de información que requieren los estudiantes para insertarse en los mercados y si a esto se une la falta de capacitación de los docentes por parte de la Universidad; entonces, todo termina en una deficiente prestación de servicios educativos a los estudiantes y por ende a la sociedad.
Otro aspecto importante en la deficiente prestación de servicios es la falta de infraestructura académica, es decir falta de salones de clase, laboratorios, sala de docentes, auditorios; equipos de computo y mecánicos para uso de docentes y estudiantes. Con estas deficiencias es difícil pretender prestar servicios educativos de calidad.
Pero pese a todo, el problema mas delicado es la falta de una gestión institucional que esté abocada a utilizar los escasos recursos con mucha eficiencia y especialmente a lograr las metas, objetivos y misión. La deficiencia en la gestión se aprecia en la falta de racionalización de los recursos humanos y materiales, existe una gran dispersión de los recursos humanos y materiales. Asimismo en el aspecto de la gestión no existe comunicación, todo lo cual, no favorece para nada en la prestación de servicios educativos de calidad.
IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACION:
XI. Gestión institucional efectiva
v Eficiencia institucional
v Economía institucional
v Efectividad institucional
Y. prestación de servicios educativos de calidad
v Formación humanista
v Formación científica y tecnológica
v Inserción laboral
Z. Universidad Nacional Federico Villarreal
v Infraestructura institucional
v Gestión institucional
v Control institucional
ESPECIFICACION DE LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN:
¿De qué manera la gestión institucional efectiva puede facilitar que la Universidad Nacional Federico Villarreal preste servicios educativos de calidad?
¿Cómo se puede disponer de eficiencia institucional para facilitar la formación humanista de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal?
¿De qué modo la economía institucional puede contribuir a la formación científica y tecnológica de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal?
¿Cuál tendría que ser el enfoque de la efectividad institucional para facilitar la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal?
La gestión se lleva a cabo en las instituciones. Pero dichas instituciones están normadas, tienen procesos y procedimientos para desarrollarse, todo lo cual es parte del derecho empresarial o institucional. El derecho institucional puede ser definido como la rama del derecho que estudia y regula las instituciones. Es un conjunto de normas de, que regulan la propia figura y el estatuto institucional, así como la actividad que desarrolla por medio de la institución. En este trabajo dichas normas son la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria, El Estatuto y Reglamento General de la Universidad y otras normas relacionadas, que hacen posible el funcionamiento y por ende la gestión institucional de la Universidad nacional Federico Villarreal.
Por otro lado el derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legitimas potestades públicas (administrativas, académicas según la naturaleza del órgano que las detenta) y según el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la Administración pública entre sí. También debe entenderse al derecho público como la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de supraordenación y de subordinación entre el Estado (representada por la Universidad Nacional Federico Villarreal) y los particulares y las relaciones de supraordenación, de subordinación y de coordinación de los órganos y divisiones funcionales de la Universidad entre sí.
4.3.1. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Según Artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. Por otro lado el Artículo 19° del mismo cuerpo legal, establece que las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios.
Según la Ley No. 23733 – Ley Universitaria– Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección social. Tienen autonomía académica, normativa y administrativa dentro de la ley. Artículo 2.- Son fines de las Universidades: a) Conservar, acrecentar y trasmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores nacionales; b) Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y fomentar la creación intelectual y artística; c) Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la integración nacional, latinoamericana y universal; d) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral, y e) Cumplir las demás atribuciones que les señalen la Constitución, la Ley y su Estatuto. Las Universidades se rigen en sus actividades por los siguientes principios: a) La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad; b) El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente Universidad; y c) El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia. La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos siguientes: a) Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él; b) Organizar su sistema académico, económico y administrativo; c) Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la Ley. La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley. Las Universidades nacen o son suprimidas sólo por ley. La fusión de las Universidades también es autorizada por ley. En todos estos casos se solicitará informes a los organismos pertinentes. Para la creación de una Universidad se deberá acreditar previamente su necesidad, así como la disponibilidad de personal docente calificado y los recursos que aseguren la eficiencia de sus servicios. Una Universidad no tienen filiales o anexos. Excepcionalmente, puede crear nuevas Facultades, dentro del ámbito departamental, de acuerdo a las necesidades de la región, en concordancia con los planes de desarrollo nacional. No hay impedimento para establecer centros de investigación, experimentación, aplicación y servicios fuera de su sede, para el mejor cumplimiento de sus fines. Las Universidades tienen los mismos derechos y obligaciones con las peculiaridades establecidas por la ley y las propias de su condición jurídica. La Universidades son públicas o privadas, según se creen por iniciativa del Estado o de particulares. Las primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. El excedente que pudiera resultar al término de un ejercicio presupuestal anual, tratándose de universidades privadas, lo invierten en favor de la institución y en becas para estudios. No puede ser distribuido entre sus miembros ni utilizando por ellos, directa ni indirectamente. Los bienes de las Universidades que pongan fin a su actividad, serán adjudicados a otras Universidades para que continúen cumpliendo la misma finalidad educativa. La Ley de creación de una Universidad establece una Comisión Organizadora de ella, la que debe realizar su labor y regirla por el plazo máximo e improrrogable de cinco años. En el caso de una Universidad privada, sus fundadores, organizados como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, designan a los miembros de la Comisión Organizadora. Los miembros de la Comisiones Organizadoras deben tener el título o grado previstos en el artículo 45 de la ley para el ejercicio de la docencia. Durante el plazo señalado, y anualmente, la Asamblea Nacional de Rectores evalúa a la nueva Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de su creación y en la ley universitaria. En caso de ser desfavorable el resultado de la evaluación, al término del plazo será remitido al Poder Legislativo para el efecto de la derogatoria de la ley de creación de la Universidad.
De acuerdo con el Estatuto vigente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, dicha universidad es una institución autónoma, de origen comunal, al servicio del país, integrada por profesores, alumnos y graduados, dedicada al estudio e investigación, a la creación y aplicación científica y tecnológica, enseñanza, transmisión y difusión del conocimiento para la formación de humanistas, científicos, investigadores, profesionales y docentes. La Universidad Nacional Federico Villarreal, es una persona jurídica de derecho público interno, creada por Ley No. 14692 del 30 de octubre de 1963; se rige por la Constitución Política del Perú, por la Ley Universitaria, su Estatuto y sus Reglamentos.
El Reglamento General de la Universidad Nacional Federico Villarreal, establece que dicha universidad se base en los siguientes principios: a) la búsqueda de la verdad, la justicia social, la solidaridad, la libertad y la confraternidad, la afirmación de los valores nacionales, éticos, morales y cívicos; b) La búsqueda de la paz, la tolerancia, la no discriminación, la independencia y el respeto a la autoridad legítimamente elegida; c) La defensa de la democracia, la libertad de pensamiento, el pluralismo, la solidaridad y compromisos con el pueblo peruano, la humanidad, y la vinculación e integración permanente con la realidad nacional política, económica y social del Perú; d) el ejercicio de la autonomía universitaria, del autogobierno con participación estudiantil, de la democracia institucional, de la libertad de enseñanza, de la vinculación con la cultura universal, de la relación interinstitucional y cooperación interuniversitaria; y del servicio a la comunidad nacional; e) el cumplimiento a las normas que garantizan la gratuidad de la enseñanza. El Reglamento General de la Universidad Nacional Federico Villarreal, también establece los fines, además de los señalados en la Constitución y la Ley Universitaria: a) La formación integral de la persona humana, considerando los aspectos ético, físico, social, intelectual, profesional y estético; b) La proyección y extensión universitaria en la comunidad local, regional y nacional para promover su desarrollo integral; c) La conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura universal con sentido crítico y creativo, afirmando los valores nacionales; d) La creación intelectual, artística, científica, tecnológica y la investigación que preferentemente se oriente al desarrollo del país; e) El fortalecimiento de la conciencia de la nacionalidad y de soberanía, el aprecio por nuestra historia, los símbolos patrios y las institucionales nacionales, valoración de las tradiciones y las especialidades multiculturales y pluriraciales de nuestro país; f) La promoción del valor de la justicia, la observancia de la Ley y la igualdad de los individuos ante esta. Asimismo, el respeto por los derechos humanos y a la libertad de las personas; g) El impulso del conocimiento y la difusión de la cultura universal y sobre todos los valores que constituyen patrimonio cultura de la nación; h) El desarrollo de actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación del bienestar físico y psicológico de las personas; y, del respeto a las instituciones y a la dignidad humana; h) La promoción de la defensa de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Según la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México; dicha institución es una corporación pública -organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. La Universidad Nacional Autónoma de México, tiene derecho para: i) Organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados por la presente Ley; ii) Impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones, de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación; iii) Organizar sus bachilleratos con las materias y por el número de años que estime conveniente, siempre que incluyan con la misma extensión de los estudios oficiales de la Secretaría de Educación Pública, los programas de todas las materias que forman la educación secundaria, o requieran este tipo de educación como un antecedente necesario. A los alumnos de las Escuelas Secundarias que ingresen a los Bachilleratos de la Universidad se les reconocerán las materias que hayan aprobado y se les computarán por el mismo número de años de Bachillerato, los que hayan cursado en sus Escuelas; iv) Expedir certificados de estudios, grados y títulos; v) Otorgar, para fines académicos, validez a los estudios que se hagan en otros establecimientos educativos, nacionales o extranjeros, e incorporar, de acuerdo con sus reglamentos, enseñanzas de bachilleratos o profesionales. Tratándose de las que se impartan en la primaria, en la secundaria o en las escuelas normales, y de las de cualquier tipo o grado que se destinen a obreros o campesinos, invariablemente se exigirá el certificado de revalidación que corresponda, expedido por la Secretaría de Educación Pública, requisito que no será necesario cuando el plantel en que se realizaron los estudios que se pretende revalidar, tenga autorización de la misma Secretaría para impartir esas enseñanzas. Las autoridades universitarias serán: 1. La Junta de Gobierno. 2. El Consejo Universitario. 3. El Rector. 4. El Patronato. 5. Los directores de facultades, escuelas e institutos. 6. Los consejos técnicos. El patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México estará constituido por los bienes y recursos que a continuación se enumeran: i) Los inmuebles y créditos que son actualmente de su propiedad, en virtud de habérsele afectado para la constitución de su patrimonio, por las leyes de 10 de julio de 1929 y de 19 de octubre de 1933, y los que con posterioridad haya adquirido; ii) Los inmuebles que para satisfacer sus fines adquiera en el futuro por cualquier título jurídico; iii) El efectivo, valores, créditos y otros bienes muebles, así como los equipos y semovientes con que cuenta en la actualidad; iv) Los legados y donaciones que se le hagan, y los fideicomisos que en su favor se constituyan; v) Los derechos y cuotas que por sus servicios recaude; vi) Las utilidades, intereses, dividendos, rentas, aprovechamientos y esquilmos de sus bienes muebles e inmuebles; y, vii) Los rendimientos de los inmuebles y derechos que el gobierno federal le destine y el subsidio anual que el propio gobierno le fijará en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. Los Ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad, no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales o municipales. Tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella intervenga, si los impuestos, conforme a la Ley respectiva, debiesen estar a cargo de la Universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México gozará de la franquicia postal para su correspondencia oficial y de los privilegios que disfrutan las oficinas públicas en los servicios telegráficos. Las sociedades de alumnos que se organicen en las escuelas y facultades y la federación de estas sociedades, serán totalmente independientes de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y se organizarán democráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen.
Según el Estatuto Universitario de la Universidad de Buenos Aires, esta es una entidad de derecho público que tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto directo permanente con el pensamiento universal y presta particular atención a los problemas argentinos. La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante los estudios humanistas, la investigación científica y tecnológica y la creación artística. Difunde las ideas, las conquistas de la ciencia y las realizaciones artísticas por la enseñanza y los diversos medios de comunicación de los conocimientos. La Universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, Procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica. Forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera, socialmente eficaces y dispuestos a servir al país. Encauza a los graduados en la enseñanza y en las tareas de investigación, y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad. La Universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más amplía libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente. La Universidad, además de su tarea específica de centro de estudios y de enseñanza superior procura difundir los beneficios de su acción cultural y social directa, mediante la extensión universitaria. La Universidad estudia y expone objetivamente sus conclusiones sobre los problemas nacionales; presta asesoramiento técnico a las instituciones privadas y estatales de interés público y participa en las actividades de empresas de interés general. Las Facultades son, dentro de la Universidad, las unidades administrativas y de gobierno que agrupan, cada una, varias escuelas y/o departamentos y/o institutos. Las escuelas son las unidades docentes para distintas carreras profesionales. Cada escuela depende de una Facultad o directamente de la Universidad. En las Facultades o bien en las escuelas, ya sea dependiente de una Facultad o directamente de la Universidad, las materias similares o afines pueden agruparse en departamentos que son unidades funcionales docentes. Los departamentos mantienen la cooperación científica y de material de enseñanza y de bibliografía entre las cátedras que los forman. A través de los departamentos se coordina la enseñanza, se orienta la realización de trabajos de investigación y de seminario y se organizan cursos de extensión o perfeccionamiento. La dirección del departamento está sujeta a renovación periódica, en conformidad con las reglamentaciones que las Facultades proponen al Consejo Superior de la Universidad. La enseñanza es teórica y práctica y se desarrolla dentro de las modalidades propias de cada Facultad o escuela; es activa y procura fomentar el contacto directo entre los estudiantes y el personal docente. Desarrolla en los estudiantes la aptitud, de observar, analizar y razonar. Estimula en ellos el hábito de aprender por sí mismos, procura que tengan juicio propio, curiosidad científica, espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad. La Universidad propicia el acceso de los estudiantes a las mejores realizaciones del arte y de la técnica. En todas las Facultades o departamentos, inclusive en los orientados a disciplinas técnicas, se atiende a la formación cultural y moral de los estudiantes y al desarrollo integral de su personalidad. Se considera a la investigación como una actividad normal inherente a la condición de docente universitario. Se procura incrementar la investigación en la medida en que se logre disponer de adecuados recursos presupuestarios.
La Universidad de Chile hoy cuenta con una institucionalidad y una visión estratégica de acuerdo a su rol como universidad pública en el nuevo siglo, que le permitirá afrontar los desafíos actuales manteniendo su tradición y excelencia, sin claudicar en los valores que le son propios. La institucionalidad universitaria está fijada en el Estatuto de la Universidad de Chile, modificado en marzo de 2006. Este Estatuto la define como Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía. El mismo documento define la misión de la universidad; sus principios orientadores; los órganos superiores encargados de dirigir, gestionar, normar y proyectar la Universidad; la estructura académica; la organización de los estudios; el patrimonio de la organización; y los estamentos que componen la comunidad universitaria. Misión de la Universidad de Chile: “La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas las áreas del conocimiento y dominios de la cultura, constituyen la misión y el fundamento de las actividades de la Universidad, conforman la complejidad de su quehacer y orientan la educación que ella imparte”. “La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación. Cumple su misión a través de las funciones de docencia, investigación y creación en las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, y de extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud. Procura ejercer estas funciones con el más alto nivel de exigencia”. “Es responsabilidad de la Universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural y la identidad nacionales y con el perfeccionamiento del sistema educacional del país.”. Principios orientadores: Libertad de pensamiento y de expresión; Pluralismo; Participación, con resguardo a las jerarquías en la institución. Además, se valora la actitud reflexiva, dialogante y crítica; equidad y valoración del mérito en ingreso, promoción y egreso; la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social; el respeto a personas y bienes; el compromiso con la institución; la integración y desarrollo equilibrado de sus funciones universitarias, y el fomento del diálogo y la interacción entre las disciplinas que cultiva. La Comunidad Universitaria está constituida por académicos, estudiantes y personal de colaboración, quienes ejercen de manera regular los quehaceres que se desprenden de su misión y funciones. El Consejo Universitario es el órgano colegiado de carácter ejecutivo, encargado de llevar a cabo las acciones estratégicas que deben realizarse para dar vida al Proyecto Institucional. Es presidido por el Rector e integrado por el Prorrector y los Decanos, además de dos representantes del Presidente de la República. El Senado Universitario es el órgano colegiado triestamental, encargado de crear y cautelar las normas que rigen nuestro quehacer. Su tarea fundamental es establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquéllas. Es presidido por el Rector e integrado por otros 36 miembros: 27 académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboración, elegidos por sus respectivos pares. De los académicos, un tercio es elegido por todo el claustro académico y los otros dos tercios por los miembros de las respectivas unidades académicas. El Consejo de Evaluación es el organismo colegiado que ejerce la superintendencia de la función evaluadora, que consiste en examinar, ponderar e informar sobre la calidad y cumplimiento de las tareas universitarias. La función evaluadora se aplica tanto a las estructuras como a los académicos. Lo integran cinco académicos de la jerarquía de profesor titular, nombrados por el Senado Universitario a propuesta del Rector. El Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) es la carta de navegación que, desde su aprobación el 17 de agosto de 2006 por el Consejo y el Senado universitarios, orienta las formas de avanzar en el cumplimiento de nuestros desafíos. Establece, entre otros aspectos, la visión de futuro de nuestra casa de estudios, el escenario externo en que ésta se inserta y sus objetivos estratégicos. Plantea, además, una propuesta de acciones que permitirán llevar a la práctica estas metas. Visión de futuro: Desarrollo consistente con la misión histórica, la naturaleza estatal y pública y el compromiso nacional de la universidad; Parámetros internacionales de excelencia académica; Respuesta creativa y eficaz a las condiciones y desafíos que plantea la globalización y la inserción del país en el orden mundial. Objetivos estratégicos: Ser una institución integrada y transversal; Ser reconocida como la universidad que: cuenta con un cuerpo académico que tiene el mejor nivel en el país, convoca y forma los talentos jóvenes más brillantes, realiza actividades de investigación, creación y posgrado de mejor nivel en el país logra una interacción más efectiva entre el conocimiento y el sistema social, cultural, educacional y productivo; Ser una institución sustentable, con capacidad de gestión económica que asegure su autonomía académica. Propuesta de acciones: Establecer una nueva estructura organizacional por áreas; Formar académicos jóvenes; Fortalecer la investigación y creación de calidad, en niveles de liderazgo nacional y competitividad internacional; Fortalecer los programas de doctorado; Fortalecer la calidad y pertinencia de las carreras y programas de Pregrado; Desarrollar el área de investigación, creación, docencia e interacción en Ciencias de la Educación; Fortalecer políticas y programas de extensión e interacción con el sistema social y productivo; Mejorar las remuneraciones académicas; Establecer políticas y criterios transversales de gestión institucional; Establecer un nuevo esquema de financiamiento y de asignación presupuestaria.
Según las normas de la Universidad de Lima, esta entidad tiene como Misión: Impartir educación superior, promover la investigación y proyectarse a la comunidad, a fin de contribuir al desarrollo nacional. Tiene, como fines principales, los siguientes: Impartir educación superior de la más alta calidad; Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y tecnológica en las áreas y disciplinas a las que orienta su acción y en las que considere necesaria su participación, en relación con los problemas nacionales y el desarrollo del país; Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. Sus actividades se orientan por los siguientes principios: El conocimiento racional con libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra; El rechazo a toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia; El desarrollo humano integral de todos sus miembros; La toma de conciencia de la realidad nacional y el desarrollo de los valores que comprometan a sus miembros a asumir los cambios requeridos por la justicia social y la solidaridad. La Universidad de Lima, tiene como Visión: Ser el principal referente del país en la formación de profesionales líderes que contribuyen al desarrollo de la región. Dicha visión se sustenta en: La formación de líderes emprendedores, capaces de gestionar los ámbitos social, y empresarial de la región; Un servicio educativo acreditado, que cumple los estándares internacionales, y garantiza una formación integral y de calidad de nuestros alumnos; Una estructura académica que responde a las necesidades planteadas por el grado y el ritmo del desarrollo del conocimiento, y la realidad del país; Una plana docente con altos grados académicos, en permanente actualización, y reconocida experiencia profesional en el área de conocimientos que imparte; La generación de conocimientos y la actualización tecnológica, conformando equipos de alumnos y académicos, que participan activamente, en consultoría y proyectos de desarrollo; Convenios y alianzas con diversas instituciones, locales y extranjeras, y una participación activa en redes académicas y de investigación; Su administración flexible, eficaz y en condiciones de adaptarse rápidamente a los desafíos y la evolución del entorno; Su moderna infraestructura y equipamiento, que la mantiene a la vanguardia de la región; Una comunidad universitaria cohesionada que ha logrado una fuerte integración con sus graduados; El fiel cumplimiento de sus valores institucionales. La política de calidad de la Universidad de Lima, comprende: Garantizar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de los procesos de formación de pregrado y postgrado, investigación y extensión universitaria, manteniendo estándares internacionales. Con ese propósito se compromete, como comunidad a dedicar sus mejores esfuerzos y recursos para promover entre sus miembros actitudes y acciones que contribuyan con el desarrollo nacional. La Universidad de Lima está organizada en Escuelas Universitarias integradas por Facultades; Direcciones Universitarias y Unidades de Servicios. La Asamblea Universitaria es el máximo organismo de gobierno de la Universidad. Representa a la comunidad universitaria y está integrada por el Rector; el Vice Rector; los Decanos de las Facultades; los representantes de los profesores ordinarios en número igual al doble de la suma de autoridades universitarias; un graduado por cada Escuela Universitaria; y uno o más representantes de los estudiantes por cada Facultad, hasta completar un tercio de los autoridades, docentes y graduados. El Director de la Escuela de Postgrado, el Director del Programa de Estudios Generales y los Directores Universitarios asisten a la Asamblea como asesores. El Consejo Directivo es el órgano superior de dirección, ejecución y promoción de la Universidad. Está integrado por el Rector, quien lo preside; el Vice Rector; el Director de la Escuela de Postgrado; los Directores de las Escuelas Universitarias; el Director del Programa de Estudios Generales; los Directores de las Direcciones Universitarias de Planificación, de Administración y Finanzas y de Desarrollo y Evaluación Académica; un representante de los graduados; y un representante de los estudiantes por cada Escuela Universitaria. El Rector es el personero y representante legal de la Universidad de Lima. El Vice Rector reemplaza al Rector en los casos de licencia, impedimento o vacancia. El gobierno de la Escuela de Postgrado corresponde al Consejo Directivo y al Director. El Consejo Directivo está integrado por el Director, quien lo preside, y los Coordinadores de Sección de las distintas especialidades. El gobierno de cada Escuela Universitaria corresponde al Consejo de Escuela Universitaria y al Director. El Consejo de Escuela Universitaria está integrado por el Director, quien lo preside; los Decanos de las Facultades que integran la Escuela Universitaria y que representan a los profesores principales; los representantes de los profesores que se requieran para completar, incluyendo a los Decanos, la representación de tres profesores principales, dos asociados y un auxiliar; un representante de los graduados; y un representante de los estudiantes por cada una de las Facultades que integran la Escuela Universitaria. El gobierno del Programa de Estudios Generales corresponde al Consejo Directivo y al Director. El Consejo Directivo está integrado por el Director, quien lo preside; tres representantes de los profesores ordinarios principales, dos de los asociados y uno de los auxiliares.
4.3.2. GESTION INSTITUCIONAL EFECTIVA
Interpretando a TOSO (2005), se determina que al crear una empresa o institución, con el cúmulo de trámites burocráticos que hay que cumplir, es probable que no se dé la suficiente importancia a una serie de aspectos legales en los que la nueva empresa queda involucrada y que pueden afectar al desarrollo posterior de la misma. El enredado sistema de trámites para la creación de esa sociedad o institución es el reflejo delhecho jurídico de la creación de una sociedad l con personalidad propia, y por tanto, con derechos y obligaciones frente a terceros. Una sociedad debe constituirse formalmente para adquirir personalidad jurídica. Esto implica la formalización, entre otros trámites, de una escritura de constitución según las normas recogidas en distintos textos legales. Además de los trámites para crear una sociedad será normal estar obligado a inscribirse en determinados registros o solicitar la concesión de determinados permisos para iniciar o desarrollar una actividad. En este punto, la dificultad mayor está en averiguar cuáles son los permisos a obtener del Estado. Uno de estos registros es el Registro Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, donde no sólo será obligatorio inscribir la empresa en su fundación sino que regularmente deben presentarse los libros oficiales para su legalización. En la mayoría de las formas societarias que se usan para crear una empresa existe unalimitación de la responsabilidad de los socios a las aportaciones que han realizado. Sin embargo, a efectos prácticos, en caso de tener que solicitar créditos u otro tipo de operaciones, es normal que los socios deban avalar a título personal estas operaciones. Esto es importante, pues los problemas que puedan surgir en la empresa se trasladarán automáticamente al patrimonio de los socios. La empresa, más tarde o más temprano, deberá contratar terceras personas para el desarrollo de su actividad. Entonces aparece en escena el Derecho Laboral al cual también se encuentra sometida la empresa en relación con sus trabajadores. Por definición toda relación empresa-trabajador se encuentra sometido a un contrato de trabajo (en caso de no existir éste, se considera verbal y con carácter indefinido). Además la reglamentación laboral puede obligar a registrar esos contratos de trabajo y a cumplir trámites. En importante saber que la reglamentación laboral no sólo implica obligaciones para la empresa y derechos para el trabajador sino también a la inversa. Una correcta información en este sentido es la mejor manera de evitar difíciles situaciones posteriores. No sólo basta con ponerse de acuerdo con un trabajador. Es posible que la empresa se encuentre sometida a las decisiones adoptadas ennegociación colectiva y formulada en los denominados convenios colectivos. Así si una empresa desarrolla su actividad en un determinado sector, éste puede estar regulado por un convenio que establezca unas reglas distintas a la norma general (normalmente, más específicas y favorables al trabajador). En el desarrollo de la actividad económica de la empresa ésta se relacionará con otros dos “actores”: sus clientes y sus proveedores. Para garantizar un mínimo de protección a todas las partes se han ido desarrollando normas y leyes a las cuales quedarán sometidos las operaciones mercantiles. Las operaciones habituales de la empresa están reguladas por las normas del Código de Comercio, Código Civil y resto de legislación mercantil. En la mayoría de operaciones la buena fe entre las partes es el mejor modo de hacer las cosas, pero esto no es óbice para conocer los compromisos que se adquieren en la venta de productos o prestación de servicios: información, garantías, medios de pago, etc. son todos aspectos que encierran obligaciones y derechos de tipo legal que conviene conocer. Un tipo especial de clientes son los consumidores. Las normativas para proteger al consumidor de abusos implican una serie de obligaciones a la empresa cuyo incumplimiento puede traer muchos quebraderos de cabeza en caso de problemas. Dado que la comunidad compone los clientes de los proveedores es lógico que las mismas consideraciones anteriores sean aplicables en el trato con los proveedores. Un tipo especial de proveedores son los bancos. Los bancos suelen abusar de su posición de fortaleza y muchas veces obligan a la nueva empresa a aceptar condiciones legales totalmente perjudiciales para esta. Conviene estar muy atentos a los pactos que se alcancen con estas entidades en el marco del derecho financiero. Otro “agente” importante con el que topará la nueva empresa es el Estado. Las relaciones legales con el Estado son complejas, máxime si el Estado es juez y parte al redactar las leyes e “imponer” los impuestos, en este contexto entra en acción el Derecho tributario. La Administración Tributaria tiene como finalidad recaudar impuestos. Para ello emite toda una compleja normativa fiscal a la que las empresas quedan obligadas. Además de las correspondientes liquidaciones de impuestos (que la empresa debe realizar aceptando el costo que ello implica), la Administración Tributaria también obliga a presentar información relativa a terceros (clientes, proveedores, empleados, etc.) para facilitarles su tarea de control fiscal. Otros organismos estatales, como la Seguridad Social pueden imponer obligaciones y emitir disposiciones legales a las que la empresa queda sometida. La complejidad de estas normativas no exime de su cumplimiento por lo que muchas veces no queda otro remedio que ponerse en manos de profesionales para cumplir con las obligaciones legales de estos organismos. La lista anterior, lejos de ser completa, pone de manifiesto la enorme cantidad de relaciones de tipo legal que se establecen en una empresa en el desarrollo de su actividad ordinaria. En determinadas profesiones conviene suscribir seguros para atender las mil y una contingencias que puedan surgir en la actividad del negocio: responsabilidad civil, transporte de mercancías, riesgos crediticios, etc. El comercio internacional complica todavía más las cuestiones de tipo legal al tener que atender más de una legislación de un país. Impedimentos para reexportar mercancías aun país determinado, problemas de doble imposición, trámites aduaneros, etc. son aspectos a tener en cuenta en el momento de querer hacer negocios en el extranjero. Y por si fuera poco, en el caso de decidir cerrar la empresa por la razón que sea, siguen existiendo estas obligaciones legales y algunas nuevas. No basta con “cerrar la puerta” y desaparecer sino que hay que realizar el proceso deliquidación de la empresa, atendiendo todos los compromisos adquiridos con empleados, clientes y proveedores. En caso contrario, los responsables de la empresa pueden resultar directamente responsables de estas obligaciones.En definitiva, son muchos los aspectos legales relacionados con la constitución, funcionamiento, relaciones y liquidación de una empresa o institución. Conviene, no perderlos de vista y mirar siempre de reojo para advertir cuales son lasimplicaciones de tipo legal en las que se puede incurrir a medida que se vamos desarrollando la empresa o institución.
El Artículo 16º. del Código de Comercio, establece que se abrirá en todas las capitales de departamento y provincias litorales, un Registro Mercantil compuesto de dos libros independientes, en los que se inscribirán: 1) Los comerciantes particulares; 2) Las sociedades. La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa para los comerciantes particulares, y obligatoria para las sociedades que se constituyan con arreglo a este Código o a las leyes especiales. El comerciante no matriculado no podrá pedir la inscripción de ningún documento en el Registro mercantil, ni aprovecharse de sus efectos legales. El Registrador llevará los libros necesarios para la inscripción, sellados, foliados y con nota expresiva, en el primer folio, de los que cada libro contenga, firmada por el juez de primera instancia. Donde hubiere varios jueces de primera instancia, podrá firmar la nota cualquiera de ellos. El Registrador anotará por orden cronológico en la matrícula e índice general, todos los comerciantes y compañías que se matriculen, dando a cada hoja el número correlativo que le corresponda. En la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad se anotarán: 1) Su nombre, razón social o título; 2) La clase de comercio u operaciones a que se dedique, 3) La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones; 4) El domicilio, con especificación de las sucursales que hubiere establecido; sin perjuicio de inscribir las sucursales en el Registro del Departamento en que estén domiciliadas; 5) Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto o denominación; así como las de modificación, rescisión o disolución de las mismas sociedades; 6) Los poderes generales, y la revocación de los mismos, si las hubiere, dado a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios. La inscripción se verificará, por regla general, en virtud de copias notariales de los documentos que presente el interesado. La inscripción de obligaciones o documentos nominativos y al portador, que no lleven consigo hipotecas de bienes inmuebles, se hará en vista del certificado del acta en que conste el acuerdo de quién o de quiénes hicieren la emisión, y las condiciones, requisitos y garantías de la misma. Cuando estas garantías consistan en hipotecas de inmuebles, se presentará, para la anotación en el Registro mercantil, la escritura correspondiente, después de su inscripción en el de la propiedad.
De acuerdo con la Ley No. 26887- Ley General de Sociedades, quienes constituyen la Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas supletoriamente por las disposiciones de la presente ley. La sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por los socios fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros contenida en el programa de fundación otorgado por los fundadores. La sociedad colectiva, las sociedades en comandita, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles sólo pueden constituirse simultáneamente en un solo acto. La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros casos señalados expresamente por ley. La sociedad se constituye por escritura pública, en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de éstos se requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se nombra a los primeros administradores, de acuerdo con las características de cada forma societaria. Los actos referidos en el párrafo anterior se inscriben obligatoriamente en el Registro del domicilio de la sociedad. Cuando el pacto social no se hubiese elevado a escritura pública, cualquier socio puede demandar su otorgamiento por el proceso sumarísimo. La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. La validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro está condicionada a la inscripción y a que sean ratificados por la sociedad dentro de los tres meses siguientes. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad responden personal, ilimitada y solidariamente frente a aquéllos con quienes hayan contratado y frente a terceros. Son válidos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto le sea concerniente, los convenios entre socios o entre éstos y terceros, a partir del momento en que le sean debidamente comunicados. Si hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán estos últimos, sin perjuicio de la relación que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron. La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto. La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas. La sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados dentro de los límites de las facultades que les haya conferido aunque tales actos comprometan a la sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social. Los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimitan su objeto social y que la obligan frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderles. La buena fe del tercero no se perjudica por la inscripción del pacto social. Quienes no están autorizados para ejercer la representación de la sociedad no la obligan con sus actos, aunque los celebren en nombre de ella. La responsabilidad civil o penal por tales actos recae exclusivamente sobre sus autores. El nombramiento de administradores, de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad así como el otorgamiento de poderes por ésta surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes. Estos actos o cualquier revocación, renuncia, modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes, deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del representante, según el caso. Las inscripciones se realizan en el Registro del lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar. El gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código de la materia, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario del estatuto. Cualquier socio o tercero con legítimo interés puede demandar judicialmente, por el proceso sumarísimo, el otorgamiento de la escritura pública o solicitar la inscripción de aquellos acuerdos que requieran estas formalidades y cuya inscripción no hubiese sido solicitada al Registro dentro de los plazos señalados en el artículo siguiente. Toda persona cuyo nombramiento ha sido inscrito tiene derecho a que el Registro inscriba su renuncia mediante solicitud con firma notarialmente legalizada, acompañada de copia de la carta de renuncia con constancia notarial de haber sido entregada a la sociedad. El pacto social y el estatuto deben ser presentados al Registro para su inscripción en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura pública. La inscripción de los demás actos o acuerdos de la sociedad, sea que requieran o no el otorgamiento de escritura pública, debe solicitarse al Registro en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de realización del acto o de aprobación del acta en la que conste el acuerdo respectivo. Toda persona puede ampararse en los actos y acuerdos a que se refiere este artículo para todo lo que le favorezca, aun cuando no se haya producido su inscripción. Cuando un acto inscribible se celebra mediante representación basta para su inscripción que se deje constancia o se inserte el poder en virtud del cual se actúa. Los otorgantes o administradores, según sea el caso, responden solidariamente por los daños y perjuicios que ocasionen como consecuencia de la mora en que incurran en el otorgamiento de las escrituras públicas u otros instrumentos requeridos o en las gestiones necesarias para la inscripción oportuna de los actos y acuerdos mencionados anteriormente. La duración de la sociedad puede ser por plazo determinado o indeterminado. Salvo que sea prorrogado con anterioridad, vencido el plazo determinado la sociedad se disuelve de pleno derecho. El domicilio de la sociedad es el lugar, señalado en el estatuto, donde desarrolla alguna de sus actividades principales o donde instala su administración. Salvo estipulación expresa en contrario del pacto social o del estatuto, la sociedad constituida en el Perú, cualquiera fuese el lugar de su domicilio, puede establecer sucursales u oficinas en otros lugares del país o en el extranjero. La sociedad constituida y con domicilio en el extranjero que desarrolle habitualmente actividades en el Perú puede establecer sucursal u oficinas en el país y fijar domicilio en territorio peruano para los actos que practique en el país. De no hacerlo, se le presume domiciliada en Lima. Cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido a aportar al capital. Contra el socio moroso la sociedad puede exigir el cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo o excluir a dicho socio por el proceso sumarísimo. Los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones estipuladas en el pacto social. Otorgada la escritura pública de constitución y aun cuando no hubiese culminado el proceso de inscripción de la sociedad en el Registro, el dinero depositado según el artículo anterior puede ser utilizado por los administradores, bajo su responsabilidad personal, para atender gastos necesarios de la sociedad. La entrega de bienes inmuebles aportados a la sociedad se reputa efectuada al otorgarse la escritura pública en la que conste el aporte. La entrega de bienes muebles aportados a la sociedad debe quedar completada a más tardar al otorgarse la escritura pública de constitución o de aumento de capital, según sea el caso. Si el pacto social admite que el socio aportante entregue como aporte títulos valores o documentos de crédito a su cargo, el aporte no se considera efectuado hasta que el respectivo título o documento sea íntegramente pagado. Si el pacto social contempla que el aporte esté representado por títulos valores o documentos de crédito en los que el obligado principal no es el socio aportante, el aporte se entenderá cumplido con la transferencia de los respectivos títulos o documentos, con el endoso de los respectivos títulos valores o documentos y sin perjuicio de la responsabilidad solidaria prevista en la ley. En la escritura pública donde conste el aporte de bienes o de derechos de crédito, debe insertarse un informe de valorización en el que se describen los bienes o derechos objeto del aporte, los criterios empleados para su valuación y su respectivo valor. El aportante asume ante la sociedad la obligación de saneamiento del bien aportado. El riesgo del bien aportado en propiedad es de cargo de la sociedad desde que se verifica su entrega. El patrimonio social responde por las obligaciones de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas societarias que así lo contemplan. Quien adquiere una acción o participación en una sociedad existente responde, de acuerdo a la forma societaria respectiva, por todas las obligaciones sociales contraídas por la sociedad con anterioridad. Ningún pacto en contrario tiene efectos frente a terceros. La distribución de beneficios a los socios se realiza en proporción a sus aportes al capital. Sin embargo, el pacto social o el estatuto pueden fijar otras proporciones o formas distintas de distribución de los beneficios. La distribución de utilidades sólo puede hacerse en mérito de los estados financieros preparados al cierre de un periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio.
La Ley 27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control; establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho Sistema. Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación. Las normas contenidas en esta Ley y aquellas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen. Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre genérico de entidades, son las siguientes: a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones; b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria; c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público; d) Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley, e instituciones y personas de derecho público; e) Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización; f) Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los recursos y bienes materia de dicha participación; g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Las disposiciones de esta Ley, y aquellas que expide la Contraloría General en uso de sus atribuciones como ente técnico rector del Sistema, prevalecen en materia de control gubernamental sobre las que, en oposición o menoscabo de éstas, puedan dictarse por las entidades. El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente. El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos. Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley. Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior. En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la presente Ley o por normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda. Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno u otros que sean útiles en función a las características de la entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines de control. La acción de control es la herramienta esencial del Sistema, por la cual el personal técnico de sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y principios que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Las acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de Control y a los planes aprobados para cada órgano del Sistema de acuerdo a su programación de actividades y requerimientos de la Contraloría General. Dichos planes deberán contar con la correspondiente asignación de recursos presupuestales para su ejecución, aprobada por el Titular de la entidad, encontrándose protegidos por el principio de reserva. Como consecuencia de las acciones de control se emitirán los informes correspondientes, los mismos que se formularán para el mejoramiento de la gestión de la entidad, incluyendo el señalamiento de responsabilidades que, en su caso, se hubieran identificado. Sus resultados se exponen al Titular de la entidad, salvo que se encuentre comprendido como presunto responsable civil y/o penal. Las acciones de control que efectúen los órganos del Sistema no serán concluidas sin que se otorgue al personal responsable comprendido en ellas, la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios y aclaraciones sobre los hallazgos en que estuvieran incursos, salvo en los casos justificados señalados en las normas reglamentarias. Cuando en el informe respectivo se identifiquen responsabilidades, sean éstas de naturaleza administrativa funcional, civil o penal, las autoridades institucionales y aquellas competentes de acuerdo a Ley, adoptarán inmediatamente las acciones para el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional y aplicación de la respectiva sanción, e iniciarán, ante el fuero respectivo, aquellas de orden legal que consecuentemente correspondan a la responsabilidad señalada. Las sanciones se imponen por el Titular de la entidad y, respecto de éste en su caso, por el organismo o sector jerárquico superior o el llamado por ley.
La Ley Nº 27245- Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, tiene por objeto establecer los lineamientos para una mejor gestión de finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, así como también crear el Fondo de Estabilización Fiscal. Ello con el fin de contribuir a la estabilidad económica, condición esencial para alcanzar el crecimiento económico sostenible y el bienestar social. El principio general es asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávit fiscales en los períodos favorables y permitiendo únicamente déficit fiscales moderados y no recurrentes en períodos de menor crecimiento. El Ministerio de Economía y Finanzas elaborará y publicará cada año el Marco Macroeconómico Multianual (Marco Multianual), el cual incluirá las proyecciones macroeconómicas.
De acuerdo con esta Ley Nº 28112- Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público; la Administración Financiera del Sector Público se regula por la presente Ley, por las leyes de los sistemas que la conforman, por sus normas complementarias y supletoriamente por laLey Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La Administración Financiera del Sector Público está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico financiero cuya titularidad corresponde al Estado, a través de las entidades y organismos encargados de su administración conforme a Ley. La Administración Financiera del Sector Público está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de política económica establecidas, en concordancia con laLey de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. Son principios que enmarcan la Administración Financiera del Estado la transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia. El Presupuesto Público asigna los fondos públicos de acuerdo con las prioridades de gasto determinadas para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco del Planeamiento Estratégico de las entidades del Sector Público y la disponibilidad de ingresos programada. Las entidades del Sector Público sólo pueden ejecutar ingresos y realizar gastos conforme a Ley. Cualquier demanda adicional no prevista se atiende únicamente con cargo a las asignaciones autorizadas en el respectivo Presupuesto Institucional. EI Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda Pública. El Endeudamiento Público permite obtener financiamiento externo e interno para atender parte de los requerimientos establecidos en el Presupuesto del Sector Público, acorde con la capacidad de pago del país o de la entidad obligada. La Contabilidad Pública consolida la información presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos del Sector Público para mostrar el resultado integral de la gestión del Estado a través de la Cuenta General de la República. La Administración Financiera del Sector Público se sujeta a la regla de la centralización normativa y descentralización operativa en un marco de integración de los sistemas que la conforman. La presente Ley tiene por objeto modernizar la administración financiera del Sector Público, estableciendo las normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. Están sujetos al cumplimiento de la presente Ley, de las respectivas leyes, normas y directivas de los sistemas conformantes de la Administración Financiera del Sector Público, los organismos y entidades representativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como el Ministerio Público, los conformantes del Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las Universidades Públicas, así como las correspondientes entidades descentralizadas, también están comprendidos los Gobiernos Regionales a través de sus organismos representativos, los Gobiernos Locales y sus respectivas entidades descentralizadas, igualmente se sujetan a la presente Ley, las personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio que ejercen funciones reguladoras, supervisoras y las administradoras de fondos y de tributos y toda otra persona jurídica donde el Estado posea la mayoría de su patrimonio o capital social o que administre fondos o bienes públicos. La Administración Financiera del Sector Público comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos. La Administración Financiera del Sector Público está constituida por sistemas, con facultades y competencias que la presente Ley y demás normas específicas les otorga, para establecer procedimientos y directivas necesarios para su funcionamiento y operatividad. Los sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector Público y sus respectivos órganos rectores, son los siguientes: a. Sistema Nacional de Presupuesto: Dirección Nacional del Presupuesto Público; b. Sistema Nacional de Tesorería: Dirección Nacional del Tesoro Público; c. Sistema Nacional de Endeudamiento: Dirección Nacional del Endeudamiento Público, y, d. Sistema Nacional de Contabilidad: Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
Interpretando a Terry (2005), la idea de efectividad proviene del cumplimiento de los objetivos por parte de una entidad, y es aplicada a todo el proceso de gestión institucional, desde la planeación hasta el control. El servicio educativo se planifica, organiza, ejecuta, coordina y controla; y, en todo este proceso debe estar orientado a ser de calidad, para beneficiar a los usuarios. El desarrollo de efectividad requiere un análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la Universidad, de los puntos fuertes y débiles frente a este entorno y la selección del compromiso estratégico que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación a la Institución, lo que repercutirá en los servicios educativos de calidad. La puesta en práctica de la efectividad implica la asignación de suficientes recursos (financieros, personal, tiempo, tecnología; establecimiento de una estructura funcional; asignar la responsabilidad de tareas o de procesos específicos a los individuos o a grupos específicos; también implica manejar el proceso, todo orientado a alcanzar los objetivos institucionales. Esto incluye la supervisión de resultados, comparar con estándares y con las mejores prácticas, la evaluación de la eficacia del proceso, controlar los desvíos y realizar los ajustes necesarios al proceso.
Para Toso (2005), la gestión institucional efectiva puede ser considerada como combinación de la formulación de la estrategia institucional y de la puesta en práctica de la misma. La formulación de la estrategia implica: Hacer un análisis de situación: interno y externo Análisis DAFO; Desarrollar sus declaraciones de Visión (vista a largo plazo de un futuro posible), de Misión (el papel que la entidad se da sí mismo en la sociedad), de los objetivos (educativos, financieros y estratégicos) y de los objetivos de las diferentes unidades estratégicas de la institución; estos objetivos deben, teniendo en cuenta el análisis de situación, sugerir un plan estratégico. El plan proporciona los detalles de cómo alcanzar estos objetivos. La eficiencia institucional, significa hacer bien las cosas. Cuando la Universidad mantiene estables o minimizados los costos de sus insumos sin sacrificar el nivel de calidad de los servicios educativos. La Eficacia o efectividad, significa hacer lo que se tiene que hacer. Implica la habilidad para determinar y alcanzar los objetivos organizacionales mediante la toma de decisiones.
Analizando a Koontz & O`Donnell (2004), en la Universidad se requiere que se ataque sistemáticamente el problema de lograr unacreciente efectividad contando con un plan de acción, con un método de análisis y con una comprensión del instrumental que necesita. Y si bien el trabajo a desarrollar puede parecer distinto en cada empresa, siempre estará presente una verdad fundamental: todo producto y toda actividad de una entidad principia en envejecer tan pronto como nace. Todo producto, toda operación y toda actividad deben, por lo tanto, someterse cada dos o tres años a una prueba de vida o muerte. Cada producto debe analizarse de la misma forma que consideramos una proposición para emprender un nuevo producto, una nueva operación o una nueva actividad con un presupuesto completo, con los requerimientos de capital, etc. El producto final del trabajo de un Rector de Universidad es el terreno de las decisiones y de la actuación, más que del conocimiento y la intuición. La decisión crucial es la de asignar recursos y esfuerzos. E independientemente de lo doloroso que sea, hay una regla que hay que seguir al pie de la letra: al asignar recursos, especialmente recursos humanos de alto valor potencial, las necesidades de aquellas áreas que ofrezcan las mayores promesas, deberán satisfacerse primero y en el mayor grado posible. Si esto significa que ya no quedan recursos verdaderamente productivos para el gran número de cosas que sería bueno hacer, pero que no son vitales, entonces es siempre mejor -muchísimo mejor- abandonar esas cosas y no desperdiciar recursos de alto valor potencial, o tratar de sacarle resultados a recursos de bajo valor potencial. Todo esto requiere de decisiones que son dolorosas y muy arriesgadas. Pero es para eso, después de todo se les paga a los directivos de las universidades.
4.3.3. PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD
Interpretando a Terry (2005), las transformaciones globales, impulsadas por la revolución tecnológica, nos encuentran transitando hacia una sociedad del conocimiento que no termina de precisarse con un rostro definido. Se trata de un tránsito que nosotros estamos llevando adelante dentro de una América Latina, con altos niveles de inequidad social y pobreza. Para poder pensar la calidad de la educación en América Latina se requiere de una mirada extensa. Una mirada en la que sea posible dar cuenta de las características escolares y extraescolares que gravitan sobre las condiciones sociales para desarrollar, con igualdad, las oportunidades de aprendizaje escolar para todos y con todos. El abordaje de una educación de calidad requiere entonces de una visión amplia en la que se recoja la preocupación por una mejora en los resultados de aprendizaje pero que sea capaz de integrar, al mismo tiempo, los procesos de cambio que están transformando nuestras sociedades y sus impactos, las condiciones sociales y de desarrollo que subyacen a las particularidades locales, nacionales y regionales y, las adecuaciones necesarias para acompañar los avances disciplinarios y didácticos. En este sentido, el Informe PISA [11] 2003 señala la importancia del entorno socioeconómico en el rendimiento escolar cuando recuerda que “la comparación de los resultados de los sistemas educativos debe tener en cuenta las circunstancias económicas y los recursos que los países pueden destinar a la educación”. Se sabe por el contenido de los Informe PISA, del que recogemos esta afirmación en particular, que hay una relación necesaria pero no suficiente entre gasto educativo y calidad de los servicios de enseñanza. En términos globales, la media de la renta nacional invertida en educación en los países de la OCDE [12] se ubica en el 6.2%. Esto supera la media de nuestra región que se ubica a fines de la década en torno al 4.1%. Sin embargo, los países que obtuvieron los indicadores de rendimiento más alto según los resultados de PISA 2003, me refiero a Australia, Finlandia, Irlanda, Corea del Sur, Bélgica, los Países Bajos, Canadá y la República Checa, son países que se caracterizan por tener unos gastos moderados por alumno de primaria y secundaria. Para poner un ejemplo, el gasto por alumno de entre 6 y 15 años en Corea equivale aproximadamente a la mitad de lo que se invierte en Estados Unidos. En la misma comparación con Estados Unidos, la República Checa invierte una tercera parte. Tanto Corea como la República Checa se encuentran entre los países con mejor rendimiento mientras que Estados Unidos se sitúa por debajo de la media de la OCDE. Algo similar ocurre con España. Mientras España y Estados Unidos presentan rendimientos similares, Estados Unidos invierte unos 80.000 dólares por alumno en esa franja etaria al año mientras que para España la inversión corresponde a 47.000 dólares. Esto remite por un lado a que un menor gasto no implica necesariamente una baja en la calidad de los servicios educativos. Por el otro, señala el logro de un grupo de países -alguno de ellos jóvenes en su desarrollo, como Irlanda, Corea del Sur, Finlandia, Canadá y Australia- en donde la apuesta por la educación ha sido una prioridad y la inversión en este sector ha sido sostenida estratégicamente en las últimas décadas, como contraparte de un estilo de desarrollo. Las experiencias de Corea del Sur, Canadá, y Finlandia presentan algunas características comunes. La capacitación y selección docente es una de ellas. Esto supone una sólida formación inicial, condiciones de admisión estrictas, acceso a formación permanente y mecanismos de apoyo a los profesores. Una segunda característica común es la continuidad de las políticas más allá de los cambios políticos. Esta suerte de pacto por la educación se engarza con la tercera característica, el alto nivel de compromiso público con la educación. De esta manera, la educación aparece vinculada a una visión política de largo plazo en la que queda comprometido un estilo de desarrollo. Incluso estos países (Corea del Sur, Canadá y Finlandia), junto con otros como Nueva Zelanda, Irlanda y Australia no sólo han alcanzado una gran calidad y equidad en su educación sino que lo han hecho partiendo de tasas inferiores y sin contar con una tradición educativa como la que tiene la Argentina. Estas apuestas e inversiones en educación conviven con un estilo de desarrollo y con condiciones socio-económicas favorables. Condiciones basadas en estrategias de crecimiento sostenido, con inversión y desarrollo de sectores estratégicos vinculados a la tecnología y a la exportación, con baja conflictividad social y distribución más equitativa de los ingresos y de los activos culturales, con un clima de fuerte previsibilidad política y económica, además de los beneficios derivados de la inclusión dentro de procesos de integración regional como es el caso de aquellos que integran la Unión Europea. Con todo esto se busca poner de manifiesto la complejidad del fenómeno educativo, ya que no responde a una sola causa, por lo que debemos estar atentos a las especificidades y a los contextos propios de cada país. En América Latina también se ha dado en términos generales y durante los años 90 un aumento del nivel educativo de la población. Éste ha sido acompañado por un esfuerzo importante en el gasto, lo que ha hecho posible pasar del 3% al 4.1% del PBI en diez años. Sin embargo, y este es un punto que quiero resaltar, fueron en buena medida las restricciones y las segmentaciones del mercado laboral ocurridas durante los años 90 las que restringieron las posibilidades de que el aumento del nivel de educación se tradujera en una mejora de la calidad de vida y de los niveles de igualdad social. El proyecto educativo tiene que ir de la mano de políticas económicas y sociales que tienda a recomponer la desigualdad, la marginalidad y la polarización social, recuperando el trabajo como motor de los estilos de desarrollo. Desde los años 90 se ha llegado a un consenso internacional sobre el valor estratégico de la educación para llevar adelante una transformación productiva. El informe de los indicadores de enseñanza de la OCDE señala que: “El impacto de largo plazo de un año adicional de educación se estima que aumenta el producto económico entre 3% y 6%”. En esta misma línea, buena parte de la bibliografía reconoce que la educación es una vía central para “achicar” el abismo entre dos extremos: la pobreza y el conocimiento y la tecnología. En ella se destaca el importante papel que desempeña respecto de la cohesión social, la redistribución económica y cultural, los niveles de innovación en ciencia y tecnología y la prevención de la delincuencia y de la anomia juvenil.
La educación universitaria prestada por las universidades es un servicio. Dicho servicio debe ser prestado con la calidad que exige el mercado actual. La educación universitaria es un proceso de aprendizaje y enseñanza que y que contribuye a la formación integral de los estudiantes, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. La educación universitaria tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad y la innovación. Los servicios educativos comprenden: Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa; Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz. Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: Lineamientos generales del proceso, currículos básicos, Inversión mínima por alumno, formación inicial y permanente, carrera docente y administrativa, infraestructura, investigación e innovación educativa, organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso educativo. Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las Universidades públicas. En las instituciones privadas los regula y supervisa.
La familia de normas ISO 9000 son normas de “calidad” y “gestión continua de calidad”, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada a la producción de bienes o servicios. Se componen de estándares y guías relacionados con sistemas de gestión y de herramientas específicas como los métodos de auditoría (el proceso de verificar que los sistemas de gestión cumplen con el estándar). Su implantación en estas organizaciones, aunque supone un duro trabajo, ofrece una gran cantidad de ventajas para las empresas, entre los que se cuentan: Mejorar la satisfacción del cliente; Mejorar continuamente los procesos relacionados con la Calidad; Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio. La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión de 1994, estando actualmente en su versión 2008, publicada el 13 de noviembre de 2008. La principal norma de la familia es actualmente la: ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Otra norma vinculante a la anterior: ISO 9004:2000 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Guía de mejoras del funcionamiento. Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para organizaciones que realizaban proceso productivo y, por tanto, su implantación en las empresas de servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de que es un sistema bastante burocrático. Con la revisión del 2000 se ha conseguido una norma bastante menos burocrática para organizaciones de todo tipo, y además se puede aplicar sin problemas en empresas de servicios e incluso en la Administración Pública. Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas entidades de certificación que dan sus propios certificados y permiten el sello. Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que les dan su acreditación. Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de la Dirección de que quiere implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar tiempo del personal de la empresa para implantar el Sistema de gestión de la calidad. Con el fin de ser certificado bajo la norma ISO 9000, las organizaciones deben elegir el alcance de la actividad profesional que vaya a registrarse, seleccionar un registro, someterse a la auditoría, y después de completar con éxito, tener una visita anual de inspección para mantener la certificación. En el caso de que el registrador / auditor encuentre áreas de incumplimiento, la organización tiene un plazo para adoptar medidas correctivas, sin perder la vigencia de la certificación o la continuidad en el proceso de certificación (dependiendo de que ya hubiera o no obtenido la certificación). El marco conceptual de cumplimiento debe verificarse para que la organización obtenga la certificación de su Sistema de gestión de la calidad. Una organización que cumple con la ISO 9001:2000 sólo cumple con los requisitos básicos en cuanto a normas de “calidad”. Si quiere ir más allá y lograr la excelencia, debería cumplir requisitos adicionales. La ISO 9004:2000 establece estos requisitos adicionales. Esta norma es entonces una guía para la ficticia mejora destinada a aquellas organizaciones que quieren ir más allá de los requisitos básicos de calidad de la ISO 9001:2000. La ISO 9004:2000 no es una norma certificable, y su cumplimiento no puede ser exigido por una entidad certificadora. Tiene una principal diferencia en la gestión del sistema de calidad de la versión 2000 comparada con la versión anterior del año 1994, esta diferencia es la introducción del concepto de «gestión por procesos interrelacionados». En vez de normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización estática, como ocurría en la versión de 1994, en la nueva versión se propone complementarla con una visión integral y dinámica de mejora continua, orientada a que el cliente se pueda sentir obligadamente satisfecho. Los cambios constantes de la sociedad producto de las reformas económicas, sociales y empresariales que se desarrollan en nuestro país, hace necesario que el sector educativo desarrolle un conjunto de estrategias que le permita el desarrollo sostenido y por ende la mejora de la calidad educativa en beneficio de los estudiantes, padres de familia y la sociedad en general. Responder a la problemática de manera eficaz y eficiente, por lo que se requiere una nueva forma de organización y funcionamiento de las instituciones, reconociendo sus fortalezas y debilidades, el desempeño eficiente, el mejoramiento continuo, la evaluación por resultados son hoy criterios que atraviesan las diversas organizaciones, que no debe de ser ajeno una entidad educativa. Existe una limitación en la capacidad de gestionar mejor los recursos educativos y de hacer cada vez un uso más racional de las acciones tendentes a la consecución de una administración más eficiente, considerando el valor del capital humano integrado por docentes, así como la el impulso del desarrollo organizacional.
El Congreso Nacional de la República de Honduras, aprobó con fecha 17.05.2009. laLey del Sistema Nacional de la Calidad, la cual tiene por objeto, de conformidad con su Artículo 1, “establecer la infraestructura necesaria para el desarrollo y demostración de la calidad, con la finalidad de promover la competitividad de las empresas nacionales, proporcionar confianza en la transacción de bienes y servicios, facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de evaluación de la conformidad, promover la cultura de la calidad y brindar apoyo técnico a los entes reguladores”. El documento base que sirvió para la elaboración del proyecto de Ley fue formulado por técnicos del Programa Nacional de Competitividad, Honduras Compite, con la participación del personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Calidad (CNCA). Además se contó con la asesoría de especialistas del Instituto de Metrología de Alemania, organización de reconocimiento mundial por su experiencia en el desarrollo de infraestructuras de la calidad en Latinoamérica. Con esta Ley se le da mayor fuerza al CNCA creado en el 2004 por Honduras Compite, y en el cual se designó como Secretaría Técnica a la Unidad de Calidad y Ambiente del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología. La creación del Sistema Nacional para la Calidad es una herramienta fundamental para la inserción y participación activa de Honduras en el contexto internacional en materia de Normalización, Metrología, Acreditación, así como en las actividades de evaluación de la conformidad, como ser Pruebas, Ensayos, Inspección y Certificación, básicas para el comercio internacional. Asimismo, este proyecto ahora convertido en Ley, fortalece la capacidad de las Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, para responder con productos de calidad en el mercado local ante la entrada de nuevos competidores, garantizando además la protección del consumidor
El Decreto Supremo No. 003-97-TR- Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tiene como objetivos de la presente Ley: a) Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la productividad del trabajo; b) Propiciar la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas y rurales de baja productividad e ingresos hacia otras actividades de mayor productividad; c) Garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protección contra el despido arbitrario respetando las normas constitucionales; y, d) Unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los beneficios sociales existentes. De acuerda con esta norma, el Estado estimula y promueve la innovación tecnológica de conformidad con el segundo párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política del Perú, como la condición necesaria para el desarrollo económico. La introducción de tecnología que eleve los niveles de productividad del trabajo, constituye un derecho y un deber social a cargo de todos los empresarios establecidos en el país. El impacto de los cambios tecnológicos en las relaciones laborales podrá ser materia de negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, dentro del marco de convenios de productividad, que podrán establecer normas relativas a: a) Sistemas de formación laboral que tiendan hacia una calificación polifuncional de los trabajadores en la empresa; b) Medidas orientadas a promover la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores; c) Sistemas de fijación de los niveles salariales de los trabajadores en función de sus niveles de productividad; d) Mecanismos alternativos de implementación de las modalidades de contratación laboral previstas en la presente Ley; y, e) Programas de reconversión productiva y medidas orientadas a facilitar la readaptación profesional de los trabajadores cesantes. Las empresas que celebren contratos de productividad con sus trabajadores podrán solicitar al Ministerio de Trabajo y Promoción Social el apoyo técnico que requieran para la implementación de cualquiera de los programas de promoción del empleo, establecidos en virtud de la presente Ley. El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende a todas las empresas y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
EL ROL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS:
El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus funciones son: Ejercer un rol normativo; prestar servicios educativos públicos gratuitos y de calidad; promover el desarrollo científico y tecnológico; reconocer e incentivar la innovación e investigación; garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo; orientar y articular los aprendizajes generados; valorar el aporte de las instituciones privadas; ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la calidad y equidad en la educación; informar y rendir cuentas; supervisar y evaluar las acciones de educación, cultura y recreación, a nivel nacional, regional y local. La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de los servicios educativos. Ejerce plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos.
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO EDUCATIVO:
Es la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la instancia de gestión del sistema educativo universitario. En ella tiene lugar la prestación del servicio educativo. Puede ser pública o privada. Es finalidad de la Universidad el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. La gestión estratégica es el proceso que se sigue para asegurar de que una organización posea estrategia organizacional y se beneficie de su uso. Es el proceso de administración que entraña que la organización prepare planes estratégicos y, después, actúe conforme a ellos. Tal como se emplea en las definiciones anteriores, una estrategia apropiada es aquella que conviene mejor a las necesidades de una organización en un momento determinado. La gestión estratégica significa tener conciencia del cambio y comprender lo vital. De lo contrario, la vida de una Universidad queda reducida a su suerte. La gestión educativa consiste en: Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones; Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la administración de recursos; Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma organización; Comprometer a todos los actores institucionales; Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. El desarrollo del proceso es responsabilidad de las autoridades, quienes deben: Planificar, Controlar, Definición de objetivos, Decisiones para solucionar problemas, La comunicación, Capacitación del personal, La influencia del poder. Podemos observar dos dimensiones, Las establecidas en el contrato de trabajo y normativas institucionales, y las de su función en una dimensión no-tradicionista (dimensiones no formalizadas) lo que va mas allá de las normas escritas, las que circulan en los pasillos de la escuela o fuera de la misma. La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la relación directivo – institución. Este liderazgo puede tener base en el saber y sus habilidades, en la continencia de situaciones afectivas, etc. El rol directivo implica la gestión de los procesos formales de la institución, aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre situaciones no planificadas como son las relacionadas con las actitudes de los actores institucionales. Estas interacciones sociales. El rol del Rector en la universidad con necesidad de cambio, en transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y reorientan la marcha institucional, con objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como también de tomar una perspectiva critica para poder modificar en función del desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios tales que se modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales. Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo con las recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, señalamientos de los docentes, implicando una modificación en su conducta, llevándolas a la satisfacción, la frustración o el desaliento posterior. Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones con sus subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia van perdiendo noción de la realidad cotidiana de los docentes y empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para la toma de decisiones. Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los manejos o conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la burocracia de los papeles, informes y memorándums, y no estoy puntualizando el obviar los registros en la organización, que a mi parecer, son de suma importancia porque nos permiten el seguimiento “objetivo” de historicidad de las gestiones, sino que se transformen en herramientas que entorpezcan las instituciones. Cuantas veces nos encontramos con situaciones en las cuales hay grandes brechas entre lo que se pensó, lo que se transmitió, y lo que fue comprendido. Solo un seguimiento explicitado en los informes y las evaluaciones escritas, nos permiten tener un punto de anclaje un tanto más objetivo. Un Rector debe tener un grado importante de estabilidad emocional, ya que en un mundo de cambios permanente, que exige una reestructuración permanente de la institución, para que esta no quede caduca en su estructura, esta evolución cultural genera grandes ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que pueden desembocar en conflictos internos, con el consecuente deterioro de la tarea institucional. El rol del Rector es el de calmar las ansiedades o dar un marco contenedor de cambio, que permita restablecer los equilibrios correspondientes, quizás una solución es la de ir pensando, anticipando en equipo las posibles variables de cambio que implican cada reestructuración. Es de suma importancia que el Rector organice su tiempo y esfuerzo dosificando la direccionalidad de su hacer cotidiano y el programado. Una herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las agendas de trabajo, no como una suma de citas, compromisos, de ayuda memoria, de registros personales mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de organización funcional. Una forma es la de darle prioridad a unas tareas sobre otras, previa evaluación de los requerimientos de las mismas.
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD:
Las estrategias y políticas tienen entre sí vínculos muy estrechos. Las estrategias son programas generales de acción encaminados al cumplimiento de objetivos generales. Las principales estrategias de una entidad implican objetivos: el compromiso de los recursos necesarios para el logro de dichos objetivos y las principales políticas que deberán acatarse al utilizar esos recursos. Las políticas son guías que proporcionan orientación en la acción administrativa y académica, sobre todo, en la toma de decisiones, obligándonos a elaborarlas dentro de determinados límites. Por lo general, las políticas no requieren acción alguna, ya que su intención es servir de guía a los administradores en los compromisos que adquieren cuando toman sus decisiones.
El RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD:
Los estudios sobre los determinantes del rendimiento académico en nuestro país utilizando la técnica de análisis multinivel son escasos. Pese a que el Ministerio de Educación ha confeccionado un conjunto de estimaciones aplicando esta metodología sobre la base de los resultados de las pruebas de calidad educativa, los avances metodológicos que a lo largo de esta década ha experimentado esta técnica de estimación, como así también los constantes desarrollos y perfeccionamientos de software especializados, hacen necesario una re-estimación de aquéllos resultados. Los alumnos señalan como causas principales de su bajo rendimiento la dificultad intrínseca de algunas materias, el excesivo número de asignaturas que los alumnos tienen que cursar cada año, la extensión desproporcionada de los programas y el elevado número de exámenes y trabajos. Estas son algunas de las conclusiones aportadas por el informe titulado “Análisis del rendimiento académico de los alumnos de la Universidad de Salamanca- España”, elaborado por un equipo de investigación dirigido por el catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Javier Tejedor. Los horarios de mañana y tarde, el clima poco motivador de la institución y el escaso número de clases prácticas son otros de los problemas aducidos por los universitarios que impiden mejorar sus resultados académicos. Sin embargo, el absentismo y las faltas a clase, el desinterés por las escasas perspectivas laborales y el hecho de no cursar la carrera elegida figuran como las causas a las que menos importancia les da.
La gestión institucional efectiva es la herramienta que va a facilitar la prestación de servicios educativos de calidad, por que la misma se concibe dentro de un proceso sistemático, ordenado, secuencial y totalmente orientado al logro de las metas, objetivos y misión institucional de la Universidad. La gestión institucional efectiva, parte de la eficiencia y economía de los recursos hasta culminar con los logros correspondientes.
La planeación en la gestión institucional efectiva, se aplica para aclarar, ampliar y determinar los objetivos y los cursos de acción que deban tomarse; para la previsión; establecer condiciones y suposiciones bajo las cuales debe hacerse el trabajo; seleccionar e indicar las áreas para el logro de los objetivos; establecer un plan de logros; establecer políticas, procedimientos, estándares y métodos de logros; anticipar los problemas futuros posibles; modificar los planes a la luz de los resultados del control
La organización en la gestión institucional efectiva, se aplica para distribuir el trabajo entre el gran capital humano de la Universidad y para establecer y reconocer las relaciones y autoridad necesarias; subdividir el trabajo en tareas operativas; disponer las tareas operativas de grupo en puestos operativos; reunir las posiciones operativas entre unidades relacionadas y administrables; definir los requisitos del puesto de trabajo; seleccionar y colocar al recurso humano en puesto adecuado; delegar la debida autoridad en cada miembro de la gestión; proporcionar instalaciones y otros recursos al personal; revisar la organización a la luz de los resultados del control
La ejecución en la gestión institucional efectiva, se realiza con la participación práctica, activa y dinámica de todos los involucrados por la decisión o el acto gerencial; conduce y reta a otros para que hagan lo mejor que puedan; guía a los subordinados para que cumplan con las normas de funcionamiento; destacar la creatividad para descubrir nuevas o mejores formas de administrar y desempeñar el trabajo; alabar y reprimir con justicia; recompensar con reconocimiento y pago el trabajo bien hecho; revisar la ejecución a la luz de los resultados del control.
El control en la gestión institucional efectiva, se aplica para comparar los resultados con los planes en general; evaluar los resultados contra las normas de planeación y ejecución empresarial; idear medios efectivos para medición de las operaciones; hacer que los elementos de medición sean conocidos; transferir datos detallados de forma que muestren comparaciones y variaciones; sugerir acciones correctivas, si son necesarias; informar de las interpretaciones a los miembros responsables; ajustar el plan a la luz de los resultados del control.
En la práctica de la gestión institucional efectiva, estas etapas del proceso están entrelazadas e interrelacionadas; la ejecución de una función no cesa enteramente antes de que se inicie la siguiente. La secuencia debe adaptarse al objetivo específico. Típicamente las autoridades universitarias están comprometidas con muchos objetivos y pueden encontrarse con cada uno en diferentes etapas del proceso.
La gestión institucional efectiva, es la herramienta de gestión necesaria para concretar la prestación de servicios educativos de calidad.
En este trabajo, partimos de una problemática que está sin resolver, como es la no prestación de servicios educativos de calidad; para luego aplicar la gestión institucional efectiva como la solución a dicha problemática, basados en los resultados obtenidos en el amplio marco teórico; así como en las entrevistas y encuestas que se aplicará a la muestra establecida.
Este estudio permitirá demostrar que la Universidad nacional Federico Villarreal, puede prestar servicios educativos de calidad, si aplica en forma correcta un modelo de gestión institucional orientada a utilizar los recursos en forma racional y totalmente orientados al logro de las metas educativas y objetivos educativos.
La gestión institucional efectiva se da en un proceso que conlleva la participación de autoridades, funcionarios, docentes, no docentes, estudiantes, egresados y hasta la comunidad en general; todos formando una sinergia y abocados a la prestación del servicio educativo de calidad, es decir el servicio que trascienda la enseñanza y vaya a la formación de la persona humana y su inserción en el mercado y en la sociedad.
La importancia de este trabajo se da por la utilización de una herramienta como es la gestión institucional efectiva en la prestación de servicios educativos de la mejor calidad posible.
También es importante porque permite plasmar los conocimientos y experiencias del ejercicio profesional y los estudios de Maestría.
Identificar la manera que la gestión institucional efectiva de la Universidad Nacional Federico Villarreal, facilita la prestación de servicios educativos de calidad.
Especificar la manera de alcanzar eficiencia institucional para facilitar la formación humanista de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal
Señalar la forma como la economía institucional aplicada por la Universidad Nacional Federico Villarreal puede contribuir a la formación científica y tecnológica de los estudiantes.
Establecer el enfoque de la efectividad institucional, para facilitar la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villareal.
Si la Universidad Nacional Federico Villarreal planifica, organiza, dirige, coordina y controla sus actividades y recursos orientándolos al logro de sus metas, objetivos y misión institucional; entonces, facilitará la prestación de servicios educativos de calidad, tal como lo exige la competitividad y globalización actual.
Si la Universidad Nacional Federico Villarreal lleva a cabo una adecuada racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros; entonces, obtendrá mejores resultados financieros y económicos para orientarlos a la formación humanista e integral de los estudiantes, todo lo cual redundará en la prestación de servicios educativos de calidad tal como lo exige la actual coyuntura.
Si la Universidad Nacional Federico Villarreal lleva a cabo sus actividades y funciones a los menores costos; entonces, puede disponer del ahorro necesario para contribuir a la formación científica y tecnológica que es el fundamento básico de su existencia y con ello brindar los servicios educativos de calidad.
Si la Universidad Nacional Federico Villarreal enfoca sus metas y objetivos a tener como producto final egresados con los perfiles más competitivos del medio; entonces, facilitará la inserción de los mismos en el exigente mercado laboral.
7.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
Esta investigación será del tipo aplicativa, por cuanto todos los aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida que sean aplicados en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Las Instituciones Universitarias están dispuestas a recibir los aportes profesionales que permitan mejorar el rendimiento académico y la conducta de sus estudiantes. Estas entidades necesitan tener un producto final con muchos conocimientos, lógica, criterio y sentido común; pero también respetuoso y seguidor de una escala de valores; por tanto un aporte como la visión estratégica de estos elementos de seguro será de mucha utilidad. La investigación es descriptiva, explicativa y correlacional. Es descriptiva, porque especificará cada uno de los elementos teóricos de la gestión institucional efectiva y los servicios educativos de calidad. Es explicativa, porque al final de la investigación se sustentará-explicará- de que forma la gestión institucional efectiva participa en la prestación de servicios educativos de calidad. Es correlacional; por que se medirá el grado de relación entre la gestión institucional efectiva y la prestación de servicios educativos de calidad. También es correlacional, porque si la propuesta tiene efectos positivos en la Universidad Nacional Federico Villarreal, tendrá los mismos efectos en otra universidad nacional o privada.
7.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Diseñar la investigación, es identificar la hoja de ruta que se va a seguir hasta formular la recomendaciones finales del trabajo. El diseño consiste, en primer lugar en identificar los problemas, en base a los cuales se han propuesto las soluciones correspondientes a través de lashipótesis, asimismo se han propuesto los objetivos que persigue la investigación; estableciendo de esta forma una interrelación directa entre estos tres elementos metodológicos en base a las variables e indicadores de la investigación. Luego se desarrollará el planteamiento teórico sobre la base de los problemas, objetivos e hipótesis. Dicho planteamiento contendrá las teorías, enfoques y análisis realizados por diferentes autores. Al final del trabajo, se verificará los objetivos específicos, lo que permitirá verificar el objetivo general de la investigación. Los objetivos específicos verificados, serán la base para la formulación de lasconclusiones parciales; las mismas que constituirán los resultados parciales de la investigación y por tanto serán la base para emitir la conclusión general del trabajo. Luego se establecerá la interrelación entre el objetivo general verificado con el resultado general representado por la conclusión general; la que se contrastará con la hipótesis principal de la investigación, llegando a confirmarla o no como válida sobre la base del desarrollo de los planteamientos teóricos, las entrevistas yencuestas que se realizarán.
La población estará conformada por el capital humano de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En dicha institución existe Rector, Vicerrectores, Decanos, Jefes, directores, trabajadores docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y egresados que serán entrevistados y encuestados respectivamente para obtener información sobre el trabajo de investigación. Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método probabilístico y aplicado la fórmula estadística para poblaciones menores a 100,000.
ESTRATIFICACION DE LA MUESTRA DELA INVESTIGACIÓN
AUTORIDADES 20 0 20
TRABAJADORES DOCENTES 0 20 20
TRABAJADORES NO DOCENTES 0 20 20
ESTUDIANTES 0 20 20
EGRESADOS 0 20 20
7.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
1) Entrevistas.- Esta técnica se aplicará a las autoridades; a fin de obtener información sobre todos los aspectos relacionados con la investigación
2) Encuestas.- Se aplicará a los docentes, no docentes, estudiantes y egresados de la muestra, con el propósito de obtener información sobre la investigación.
3) Análisis documental.- Se utilizará esta técnica para analizar las normas, libros, textos, tesis, monografías y otros aspectos relacionados con la investigación, con el propósito de obtener la data necesaria para solucionar la problemática de la investigación.
7.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS:
1) Guía de entrevista.- Se aplicará para llevar a cabo la entrevista con las autoridades.
2) Cuestionario.- Se aplicará para llevar a cabo la encuesta, la misma que se aplicará a los docentes, no docentes, estudiantes y egresados.
3) Guía de análisis documental.- Este instrumento se aplicará para analizar normas, teorías y otros documentos relacionados con la investigación.
7.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS:
7.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO:
ACTIVIDADES JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
tesis X X X
Asesor metodológico Asesorar en la formulación correcta del trabajo de investigación
Asesor teórico Asesorar en la formulación del marco teórico del trabajo de investigación
Digitadora Para procesar todos los datos recopilados y analizados
Encuestadores Para ayudar en la aplicación de los cuestionarios de la encuesta
Otros De acuerdo a necesidades
RUBROS CANT UNIDAD PRECIO UNIT.
Papeles 2 Millar 25
Lapiceros 5 Doc. 10
Tinta de computadora 10 Unid. 30
Disquetes 3 Doc. 20
Discos compactos 1 Doc. 60
RECURSOS FUNCIÓN
Docentes Especializados Para absolver consultas de temas especializados.
Biblioteca Institucional Para recopilar información de textos, tesis, monografías y otros documentos.
Laboratorio de Informática Para obtener información de Internet que sea de utilidad para la investigación.
Páginas Web Para obtener información institucional sobre diferentes aspectos.
Otros Para facilitar el desarrollo del trabajo de investigación.
Papeles 2 Millar 25 50.00
2. Bermúdez Morris, Raquel y Lorenzo Miguel Pérez Martín (2004). Aprendizaje formativo y Crecimiento personal. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.
3. Burón, Javier.(1993) Aprender a aprender. Introducción a la meta cognición. Editorial Mensajero, Bilbao.
4. Chiavenato, Idalberto (2005) Administración. México. McGraw-Hill
5. Chiavenato, Idalberto (2005) Administración de recursos humanos. México. McGraw-Hill
6. EDICIONES EL CARMEN (2005) Ley Universitaria y normas relacionadas. Lima. Ediciones el Carmen.
7. GÓMEZ Bravo, Luis (2004) Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. México. FIM.
8. GARCÍA Joaquín y GARCÍA Ángel (2004) Teoría de la Educación, Salamanca. Ed. Universidad de Salamanca.
9. JOHNSON y Scholes, Kevan. (2004) Dirección Estratégica. Madrid: Prentice May International Ltd.
10. KOONTZ / O’Donnell (2004) Curso de Administración Moderna- Un análisis de sistemas y contingencias de las funciones administrativas. México. Litográfica Ingramex S.A.
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA
VARIABLES INDICADORES MEDIDAS MÉTODO
¿De qué manera la gestión institucional efectiva puede facilitar que la Universidad Nacional Federico Villarreal presta servicios educativos de calidad?.
¿Cómo se puede disponer de eficiencia institucional para facilitar la formación humanista de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal?.
.¿Cuál tendría que ser el enfoque de la efectividad institucional para facilitar la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad nacional Federico Villarreal? Objetivo General:
Identificar la manera que la gestión institucional efectiva de la Universidad Nacional Federico Villarreal, facilita la prestación de servicios educativos de calidad
Señalar la forma como la economía institucional aplicada por la Universidad Nacional Federico Villarreal puede contribuir a la formación científica y tecnológica de los estudiantes
Establecer el enfoque de la efectividad institucional, para facilitar la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal Hipótesis Principal:
Si la Universidad Nacional Federico Villarreal planifica, organiza, dirige, coordina y controla sus actividades y recursos orientándolos al logro de sus metas, objetivos y misión institucional; entonces, facilitará la prestación de servicios educativos de calidad, tal como lo exige la competitividad y globalización actual
Si la Universidad Nacional Federico Villarreal lleva a cabo sus actividades y funciones a los menores costos; entonces, puede disponer del ahorro necesario para contribuir a la formación científica y tecnológica que es el fundamento básico de su existencia y con ello brindar los servicios educativos de calidad
Si la Universidad Nacional Federico Villarreal enfoca sus metas y objetivos a tener como producto final egresados con los perfiles más competitivos del medio; entonces, facilitará la inserción de los mismos en el exigente mercado laboral. X. VARIABLE INDEPENDIENTE
Prestación de servicios educativos de calidad.
X.1. Eficiencia institucional
X.2. Economía institucional
Ñññññ X.3. Efectividad institucional
Y.1. Formación humanista
Y.2. Formación científica y tecnológica
Y.3. Inserción laboral · Indicadores de impacto
· Indicadores de producto Descriptivo .- Por cuanto se especificará todos los aspectos de la gestión institucional efectiva; así como su incidencia en la prestación de servicios educativos de calidad.
[1] Torres Manrique, Fernando Jesús (2007) Derecho Empresarial (Perú). Lima. Edición a cargo del autor.
[2] [2] Torres Manrique, Fernando Jesús (2008) Derecho Empresarial Comparado. Lima. Edición a cargo del autor.
[3] Díaz Escalante, Orestes (2006) Tesis presentada para optar el Grado de Maestro en Derecho Empresarial, en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
[4] Maturrano León, Jessica Noemí (2006) Tesis presentada para optar el grado de Maestro den Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
[5] Donayre Estrada, Maya (2007) Tesis presentada para optar el Grado de Maestro en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
[6] García Delgado, Rosario (2006) Tesis para optar el grado de Maestro en Gestión y conducción en Salud, en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
[7] Monroy Aime, Julián (2008) Tesis presentada para optar el Grado Académico de Doctor en Contabilidad en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
[8] Zegarra Pisconte, Mirtha Eufemia (2008) Tesis para optar el Grado de Maestro en Administración y Gestión estratégica con Mención en Gestión Educativa en la Universidad José Carlos Mariátegui.
[9] Chávez Gil, Jorge (2007) Tesis para optar el Grado de Maestro en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
[10] Yuzzelli Braga, Kydolinda (2008) Tesis para optar el Grado de Maestro en Administración y gerencia Social en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
[11] El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA por sus siglas en inglés (Programme for International Student Assessment) y en francés (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes mundiales que se realizan cada tres años y que tienen como fin la valoración internacional de los alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años
[12] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en la ciudad de París, Francia. Su antecesor fue la Organización Europea para la Cooperación Económica. Su Secretario General, desde el 1 de junio de 2006, es el mexicano José Ángel Gurría. Se considera que la OCDE agrupa a los países más avanzados y desarrollados del planeta, siendo apodada como “club de países ricos”. Los países miembros son los que proporcionan al mundo el 70% del mercado mundial.
Hernández Celis Domingo. (2011, junio 30). Gestión institucional efectiva de las Universidades Públicas del Perú. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/gestion-institucional-efectiva-de-las-universidades-publicas-del-peru/
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Hernández Celis, Domingo. "Gestión institucional efectiva de las Universidades Públicas del Perú". GestioPolis. junio 30, 2011. Consultado el 18 de Octubre de 2018. https://www.gestiopolis.com/gestion-institucional-efectiva-de-las-universidades-publicas-del-peru/.
Hernández Celis, Domingo. Gestión institucional efectiva de las Universidades Públicas del Perú [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/gestion-institucional-efectiva-de-las-universidades-publicas-del-peru/> [Citado el 18 de Octubre de 2018].
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References: Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 2
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 artículo 45
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 Artículo 1
 Artículo 14