Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321005L.html
Timestamp: 2019-03-21 06:24:58+00:00

Document:
as201321005L
Sucre: 19 de febrero de 2013
Expediente: CH – 5 – 08 - S
Partes: Félix Conde Guamán c/ Sebastiana Chumacero
VISTOS: El recurso de casación de fojas 137 a 141 vuelta, interpuesto por Félix Conde Guamán contra el Auto de Vista Nº 393 de 30 de noviembre de 2007, cursante de fojas 132 a 133 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre anulabilidad de matrimonio, seguido por el recurrente contra Sebastiana Chumacero, la respuesta de fojas 143 a 144, los datos del proceso, y:
Tramitada la causa, el Juez de Partido Primero de Familia de la ciudad de Sucre, emitió la Sentencia Nº 62 de 6 de octubre de 2007, cursante de fojas 104 a 105 vuelta, declarando improbada la demanda de fojas 14 a 16, con costas, manteniendo incólume el matrimonio civil del demandante y de la demandada.
Resolución de primera instancia que fue apelada por el demandado Félix Conde Guamán, mediante memorial de fojas 114 a 116, resolviendo la impugnación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 393 de 30 de noviembre de 2007, cursante de fojas 132 a 133 vuelta, confirma en forma total la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
Contra la resolución de segundo grado, el demandado Félix Conde Guamán, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo.
I.- En la forma.- Acusa al tribunal ad quem de haber incurrido en infracción o violación y mala interpretación de los artículos 395, 396, 204 – I – 1), 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, al atribuirle al juez de la causa libre albedrio para que dicte proveído de autos para sentencia.
Finaliza el recurso, solicitando la anulación de la sentencia al haber el juez de la causa perdido competencia, y que el proceso pase al juez suplente legal.
II.- En el fondo.- Acusa al tribunal de apelación de no haberse detenido en las contradicciones en cuanto a la motivación y fundamentación de la sentencia, en relación a la declaración del estado civil de soltera de la demandada, permitiendo la inaplicación o errónea interpretación de las normas legales contenidas en los artículos 1321 del Código Civil y artículo 404 – II del Código de Procedimiento Civil con relación al artículo 55 del Código de Familia; señala que, no existe partida de defunción de Enrique Taboada Rodríguez esposo de Sebastiana Chumacero; indica que el auto de vista recurrido ha incurrido en infracción o violación, por su inaplicación del artículo 74 de la Ley del Registro Civil de 26 de noviembre de 1898, así como del artículo 113 del D.R. del Registro Civil de 3 de julio de 1943, al no existir constancia de la nota marginal de defunción en el certificado de matrimonio; manifiesta que, la demandada no ha probado la presunta validéz del matrimonio con su persona; señala que, el auto de vista ha incurrido en error de valoración y apreciación del certificado de defunción de fojas 63, que corresponde a Enrique Taguada, persona distinta a Enrique Taboada Rodríguez, esposo de la demandada, presumiéndose al tenor de los artículos 1318 – III y IV que el mismo no ha fallecido; indica que, se ha incurrido en falsa y errónea interpretación por parte del juez de los artículos 1294 del Código Civil, con relación a los artículos 1296 y 1286 del mismo cuerpo legal, así como los artículos 397 – I, II y 476 del Código de Procedimiento Civil; manifiesta que, el tribunal de apelación se ha extralimitado e incurrido en exceso de poder al condenarle en costas, sin que las mismas estén señaladas en el artículo 198 – III del Código de Procedimiento Civil; señala que, al haber el tribunal efectuado un reexamen de pruebas, ha incurrido en infracción o violación, falsa interpretación y falsa afirmación de los artículos 46, 80 y 83 del Código de Familia convalidando el dudoso certificado de defunción de fojas 63.
Finaliza el recurso, solicitando al tribunal de casación, case totalmente el auto de vista recurrido y en lo principal del litigio declare probada la demanda y nulo en absoluto el matrimonio civil.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN.-
En principio y siguiendo el razonamiento del A.S. Nº 130 de 3 de mayo de 2005, debe dejarse claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello, al interponer el recurso de casación en el fondo y solicitarse se reconozca la infracción de una determinada ley, es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida. Cuando el Tribunal de segundo grado no se pronunció sobre la referida norma, corresponde a la parte - de acuerdo a lo establecido por el artículo 196 – 2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar la complementación del referido fallo, sobre cuya base, puede recurrir de casación. En virtud a ello, cuando en el recurso de casación se acusa infracción de leyes que no han sido aplicadas en el pronunciamiento del fallo impugnado, constituye un planteamiento errado del recurso, puesto que no puede haber infracción de la ley que no ha sido aplicada, por lo que el Tribunal de casación, en tales casos debe declarar infundado el recurso deducido respecto a tales leyes. En la especie, el recurrente alega la vulneración de normas, como los artículos 395, 396 y 208 del Código de Procedimiento Civil - que no han sido aplicadas en el auto de vista recurrido, ni menos en la sentencia, por lo que la presente acción extraordinaria resulta infundada sobre estas denuncias.
En cuanto a la infracción o violación y mala interpretación del artículo 204 – I – 1) que resultaría el único fundamento del recurso de casación en la forma, se tiene:
Los plazos para dictar resoluciones son de orden público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio a decir del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en ese efecto el artículo 204 – I – 1 y II) del Código adjetivo civil, señala que, las sentencias en los procesos ordinarios, salvo disposición expresa de la ley, se pronunciarán dentro de cuarenta días, los que se computarán desde la providencia de “autos”.
En la especie, se evidencia que el decreto de "autos" cursante a fojas 102, el cual tiene la virtud de abrir la competencia del juzgador y de marcar el inicio del plazo para emitir la sentencia en los procesos ordinarios, fue emitido en fecha 1 de septiembre de 2007, corriendo desde esta fecha el plazo de cuarenta días para dictar la sentencia, plazo que tendría que haber vencido el 11 de octubre de 2007, sin embargo la sentencia de fojas 104 a 105 vuelta, fue dictada el 6 de octubre del 2007, es decir, dentro del plazo de los 40 días señalado como improrrogable y fatal por el artículo 204 – I – 1) y II del Código de Procedimiento Civil, lo que evidencia que el juez de primera instancia ha dictado la resolución con plena competencia.
En consecuencia, no siendo cierta la denuncia en que hubiere incurrido el tribunal ad quem, corresponde resolver el recurso en la forma prevista por los artículos 271 – 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
Al igual que el recurso de casación en la forma, el recurrente en el presente recurso de casación en el fondo, vuelve a incurrir en error al denunciar infracción o violación por su inaplicación de normas sustantivas, procesales y reglamentarias que no han sido aplicadas en la resolución recurrida, como son los artículos 1321, 1318 – II y IV, 1294 del Código Civil, 404 – II del Código de Procedimiento Civil, artículos 55, 46, 80 y 83 del Código de Familia, artículo 74 de la Ley del Registro de 26 de noviembre de 1898 y artículo 113 del D.R. del Registro Civil de 3 de julio de 1943 - que no han sido aplicadas en el auto de vista recurrido, por lo que, corresponde a este tribunal de casación, declarar infundado el recurso deducido respecto a tales denuncias.
En cuanto a la denuncia de la no procedencia del pago de costas en segunda instancia por ser juicio doble, corresponde partir de los siguientes criterios:
El artículo 198 del Código de Procedimiento Civil, tiene el nombre jurídico de “Costas en primera instancia”, de ahí que todo su contenido, se refiere a la aplicación o no de dichas costas, más el punto III advierte "en procesos dobles no procederá condenación en costas en primera instancia".
Por su parte, el artículo 237 del mismo cuerpo legal, que se ocupa de las formas de resolución y costas en segunda instancia, claramente, dispone: "El auto de vista puede ser: 1) Confirmatorio total, con costas en ambas instancias, 2) Confirmatorio parcial, sin costas; 3) Revocatorio total o parcial, sin costas; y, por último, anulatorio o repositorio, con responsabilidad al inferior.
Dentro del marco legal precedentemente expuesto, y siguiendo lo explicado por el procesalista Hugo Alsina, en su "Tratado teórico y práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", en cuanto a las costas en segunda instancia, concluimos:
a).- El recurso de apelación suspende los efectos de la sentencia y ello determina las reglas para la aplicación de las costas en segunda instancia. De la suerte del recurso, en efecto, depende la calificación del vencido y vencedor, por lo cual, ha de distinguirse según que haya sido interpuesto por una sola de las partes o por ambas a la vez.
b).- En el primer supuesto, cuando el recurso de apelación es totalmente desestimado, la sentencia de primera instancia pasa en autoridad de cosa juzgada y el vencido en ella debe pagar todas las costas del juicio, inclusive las de segunda instancia, porque la sentencia del Tribunal de apelación no hace sino reconocer la justicia del fallo. Cuando la apelación prospera totalmente, no hay en realidad, dos pronunciamientos, desde que la sentencia del juez de primera instancia se tiene por no pronunciada; en consecuencia, el vencido en la segunda instancia debe pagar todas las costas del juicio. Razonamiento que fue plasmado también en el A.S. Nº 47 de 23 de marzo de 2005.
Finalmente, el recurrente pretende en base al presente recurso, que el Tribunal Supremo ingrese a censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado sin identificar la existencia de errores de derecho o de hecho en la valoración de la misma como única forma para aperturar la competencia de este Tribunal.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 – I – 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 137 a 141 vuelta, interpuesto por Félix Conde Guamán, con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 500 que mandara hacer efectivo el juez inferior.
Libro Tomas de Razón 5/2013

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 404
 artículo 55
 artículo 74
 artículo 113
 artículo 198
 resolución 
 artículo 196
 artículo 239
 artículo 204
 artículo 90
 artículo 204
 artículo 204
 resolución 
 resolución 
 artículo 74
 artículo 113
 artículo 198
 artículo 237
 resolución 
 artículo 42
 artículo 8