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Timestamp: 2019-09-19 12:23:13+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 526/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 526/19
EXPEDIENTE: "DESARROLLO AGRICOLA DEL PARAGUAY S.A C/ RESOLUCIÓN N° 7930000368 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013, DICTADA POR LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN".
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MIRYAN PEÑA CANDIA y MANUEL DE JESUS RAMÍREZ CANDIA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 266 de fecha 28 de mayo de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITEZ, PEÑA y RAMÍREZ.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL MINISTRO BENITEZ RIERA DIJO: La parte nulidicente, desiste expresamente el estudio de la nulidad ante esta instancia, concedida en origen. Ante la inadvertencia de vicios procesales que justifiquen su pronunciamiento oficioso, como facultan a esta Sala revisora los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde tenerlo por desistido de mayores estudios. Es mi voto.
A SU TURNO EL MINISTRO MANUEL DE JESUS RAMIREZ CANDIA: Me permito disentir del colega preopinante, Ministro Luis María Benítez Riera, en lo que hace al estudio de la Nulidad debido a los siguientes fundamentos: Ante el desistimiento expreso del recurrente corresponde igualmente conforme a lo dispuesta en el art. 113 y 405 del C.P.C el estudio de oficio del mismo. De tal estudio, surge que el Acuerdo y Sentencia recurrido se basa en el estudio de un acto administrativo nulo, por poseer vicios originarios en cuanto a uno de los presupuestos de regularidad del acto administrativo.
Sobre el punto, cabe destacar que uno de los presupuestos de regularidad del acto administrativo es la motivación del mismo. La motivación se traduce en la explicación de los motivos de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto administrativo. Es una exigencia del Estado de Derecho pues, en virtud de dicho principio, la actuación de la Administración Pública debe encuadrarse dentro del marco de la juridicidad y legalidad del principio de publicidad de los actos administrativos, no sólo de la decisión sino también del fundamento de la misma. Al revisar la resolución atacada (fs. 11) ante esta instancia, surge claramente que la misma carece de tal presupuesto, pues en su "considerando" se remite expresamente al contenido del informe N° 777300000937, que hace suyo, in totum al adjuntarla a la resolución dictada. Sin embargo, esta remisión no puede considerarse como una fundamentación suficiente para la resolución impugnada.
En consecuencia, por lo expuesto precedentemente, considero que corresponde ANULAR el Acuerdo y Sentencia N° 266 del 28 de mayo de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, así como también la Resolución N° 7930000368 de fecha 17 de junio de 2013, dictada por la Sub Secretaría de Estado de Tributación.
En cuanto a las COSTAS, considero que las mismas deben ser impuestas al funcionario emisor del acto administrativo declarado irregular por el órgano judicial competente.
En el presente proceso, el acto administrativo impugnado fue declarado nulo por el Tribunal de Cuentas y confirmado por esta instancia, por lo que se configura su carácter de acto administrativo irregular y el Art. 106 de la Constitución Nacional, en lo pertinente dispone que "Ningún funcionario o empleado público estará exento de responsabilidad, en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, serán personalmente responsables.".
En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competente es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de irregularidad del acto administrativo, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado. ES MI VOTO.
A SU TURNO LA MINISTRA PEÑA CANDIA, MANIFIESTA SU ADHESIÓN AL VOTO DEL MINISTRO BENÍTEZ RIERA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL MINISTRO BENITEZ RIERA PROSIGUIO DICIENDO: como lo indicara en un caso de características similares al que nos ocupa, específicamente en la causa caratulada: "DESARROLLO AGRICOLA DEL PARAGUAY S.A. C/RESOLUCION 3-151 DE FECHA 09/08/13, DICTADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA (S.E.T.) en el cual soy preopinante, debo resaltar que la Administración Tributaria al rechazar parcialmente el crédito tributario peticionado por medio de la Resolución N° 7930000368 de fecha 17 de junio de 2013, emitida por la Sub Secretaría de Estado de Tributación, se ajusto a lo dispuesto en el art. 20 de la Resolución N° 52/11 que dispone: "En los casos de exportación a que se refiere el inc. 1) del art. 18 de esta Resolución, el monto por el que se solicite la Devolución del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) no podrán ser superior el resultado de aplicar la tasa o alícuota del 10% del IVA al valor FOB del bien exportado. En todo caso, el crédito que se solicite deberá ser, como máximo, el que corresponda al periodo fiscal IVA durante el cual se efectuó la exportación, entendiéndose por tal la fecha de cumplido el embarque registrada conforme a la legislación y procedimientos aduaneros". El Tribunal de Cuentas baso erróneamente su posición en el art. 212 (Procedimiento de determinación tributaria) y en el art. 225 (Procedimiento para la aplicación de sanciones) de la Ley 125/91, que no se aplican para los casos de devolución de créditos fiscales al exportador, sino para determinación impositiva.
Que abonando lo que señalara en el párrafo anterior, la Administración Tributaria constató que el créditos fiscal declarado en el Formulario 120, en el periodo marzo 2011 (periodo reclamado) corresponde a la suma de G.7111.467.828, y conforme a sus atribuciones procedió a realizar una verificación de las liquidaciones anteriores, comprobando que el monto correcto del crédito asciende a la suma de G.708.979.950, ajustándose este procedimiento a lo dispuesto por el art. 11 de la Resolución N° 52/11, que textualmente dispone: "En todos los casos de regímenes regulados por la presente resolución, la Administración podrá disponer como medida de mejor proveer, la realización de controles o exámenes de las operaciones o transacciones relacionadas directa o indirectamente con el crédito solicitado y examinar y controlar todos los documentos y registros contables que considere necesario para validar y acreditar dicho crédito".
Que por lo expuesto en los parágrafos precedentes, puedo concluir que el contribuyente procedió a solicitar erróneamente el 10% del valor FOB de sus exportaciones, cuando lo que la Ley 125/91 en su art. 88 reglamentado por Resolución N° 52/11, establece es la devolución del IVA crédito generado en el proceso de exportación y específicamente en el mes de exportación efectiva, que es el periodo marzo de 2011, el cual asciende a la suma declarada en el Formulario 120 del Contribuyente, siendo este monto la suma de G.711.467.828, el que luego de la correspondiente verificación y re liquidación por parte de la Administración Tributaria, quedo en la suma de G.708.979950, siendo esta la cantidad final la que le corresponde a la administrada en concepto de crédito Tributario.
Que de acuerdo a las consideraciones formuladas precedentemente, y a las disposiciones legales citadas en los parágrafos anteriores, no me resta otra opción dar mi voto a favor de la revocación in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 266 de fecha 28 de mayo de 2.015, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, debiendo ratificarse la vigencia de la Resolución N° 7930000368, de fecha 17 de junio de 2013, dictada por la Sub Secretaria de Estado de Tributación.
Que en cuanto a las costas, deben ser impuestas a la perdidosa, la parte actora, en ambas instancias, en virtud del principio consagrado en el art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
A SU TURNO, LA MINISTRA PEÑA CANDIA, MANIFESTÓ ADHERIRSE AL VOTO DEL MINISTRO BENITEZ RIERA POR LA MISMA FUNDAMENTACIÓN.
TENER POR DESISTIDO el estudio de la nulidad a solicitud de la propia recurrente, conforme quedo plasmado en el exordio de la presente resolución.
HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fiscal, contra el Acuerdo y Sentencia N° 265 de fecha 28 de mayo de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia revocar el fallo apelado.

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