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Timestamp: 2013-12-09 00:47:28+00:00

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Debates - Jueves 26 de abril de 2007 - Situación de los derechos humanos en Filipinas
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Procedimiento : 2007/2553(RSP)Ciclo de vida en sesiónCiclos relativos a los documentos :
Jueves 26 de abril de 2007 - Estrasburgo
14.3. Situación de los derechos humanos en FilipinasPV
La Presidenta. De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución(1) sobre Filipinas. Karin Scheele (PSE), autora. – (DE) Señora Presidenta, mediante esta resolución queremos expresar hoy nuestra gran preocupación por el cada vez mayor número de asesinatos políticos que se han cometido en los últimos años en Filipinas. La organización por los derechos humanos, Karapatan, ha registrado 839 casos de ejecuciones sumarias desde 2001. Todas las víctimas eran personas que habían expresado su apoyo por los problemas con que se enfrenta el pueblo filipino: agricultores que luchaban por sus tierras, trabajadores y líderes sindicales que defendían unos salarios justos y unas mejores condiciones de trabajo, y miembros comprometidos del clero.
Ejecuciones arbitrarias, una represión política omnipresente, una creciente militarización y el hecho de que los perpetradores que pertenecen a unidades paramilitares y militares estén exentos de castigo y protegidos, se han convertido, por desgracia, en una marca del Gobierno. Durante mucho tiempo los países extranjeros han desviado la mirada. En lo que se refiere al Tribunal de Justicia de La Haya, la ignorancia y una interpretación errónea de la situación son responsables por igual de que los demás países hayan desviado sus miradas durante tanto tiempo, así como la aprobación otorgada por los Estados Unidos, en el que el Gobierno de Manila confió y puede seguir confiando.
Condenamos las violaciones brutales y sistemáticas de los derechos de los ciudadanos, los secuestros, las desapariciones y los asesinatos políticos. Pedimos firmemente a las autoridades estatales de Filipinas que realicen las investigaciones necesarias y lleven a los responsables ante la justicia. Pedimos a las autoridades estatales que ratifiquen el Convenio de las Naciones Unidas sobre retenciones forzosas y promulguen las disposiciones de aplicación. Todo esto es necesario como primer paso para que disminuya la violencia, de modo que, en pocas semanas, se puedan garantizar unas elecciones medio democráticas. Marios Matsakis (ALDE), autor. – (EN) Señora Presidenta, la situación de los derechos humanos en Filipinas es mala y sigue deteriorándose. Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos reciben con creciente frecuencia informes sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas, amenazas y acoso de políticos, sindicalistas, estudiantes, religiosos y trabajadores pro derechos humanos.
El Gobierno de Filipinas parece incapaz y, en muchas ocasiones, no se muestra dispuesto a preceder con la firmeza necesaria tanto para investigar estas violaciones de los derechos humanos como para enjuiciar de forma enérgica y efectiva a quienes las han perpetrado. En esta propuesta de resolución deseamos expresar nuestra profunda inquietud al Gobierno de Filipinas por la lamentable y preocupante situación que existe en su país. Al mismo tiempo queremos enviar una firme señal de que la UE no permanecerá de brazos cruzados mientras observa que la situación de los derechos humanos en Filipinas continúa deteriorándose. Adoptaremos todas las medidas necesarias si no se pone remedio a esta situación lo antes posible. Tobias Pflüger (GUE/NGL), autor. – (DE) Señora Presidenta, en su informe del 22 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el relator especial de las Naciones Unidas, señor Philip Alston, explicaba en términos inequívocos lo que significaban esas ejecuciones sumarias en Filipinas. Como se dice en la resolución conjunta, las víctimas de esas ejecuciones sumarias son miembros de los partidos de la oposición, el clero, líderes sindicales, agricultores, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, etc., así como testigos de otros asesinatos sumarios que fueron acusados por representantes del Gobierno de estar al frente de grupos ilegalmente armados.
El Gobierno Arroyo tiene un alto grado de responsabilidad en más de 800 asesinatos políticos ocurridos desde que llegó al poder en 2001. En el marco de la denominada contrainsurgencia, también el ejército filipino y la policía recurren a los asesinatos políticos. En un capítulo del informe titulado Orders of Battle, a la luz de documentos guardados por las Fuerzas Armadas de Filipinas, se muestra claramente que las ejecuciones sumarias son una estrategia del ejército y la policía. En este informe, en el que se basa la ley de las Fuerzas Armadas de Filipinas, y que tan a menudo pone en práctica la Política Nacional filipina, se dan instrucciones para la lucha militar contra los oponentes políticos.
Ahora, obviamente el Grupo conservador desea eliminar de la resolución conjunta toda referencia al «papel de las fuerzas armadas en esos asesinatos». Es ni más ni menos que escandaloso. Eso no solo comportaría una bofetada para las Naciones Unidas y su relator especial, sino también una bofetada para las víctimas, sus amigos y sus familias. Del informe del relator especial de las Naciones Unidas, hay que resaltar también lo siguiente: «Casi cada día los periódicos publican artículos de altos cargos militares que instan a la neutralización de esos grupos y piden al pueblo que reconozca que apoyar a esos candidatos en las próximas elecciones sería apoyar al enemigo.» Ya no se puede ser más explícito y pido que el pasaje mencionado no se elimine de la resolución para que esta Cámara pueda enviar un mensaje claro. Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. – (ES) Señora Presidente, a las puertas de unas elecciones importantes –como son las locales y legislativas en Filipinas– es pertinente y oportuno hacernos eco de algunos de los principales problemas del país, muy especialmente de la preocupante escalada de crímenes y asesinatos extrajudiciales –que son ya más de 800 desde que la Presidenta Arroyo asumiera el poder en el archipiélago en 2001–, la inmensa mayoría de los cuales sigue todavía impune.
La situación actual muestra un claro patrón de asesinatos políticos en Filipinas, por lo que es necesario hacer un llamamiento al Gobierno de Manila para que tome las medidas oportunas con objeto de que cesen las amenazas y los hostigamientos hacia miembros de la oposición, periodistas, campesinos que reclaman sus derechos en el marco de la reforma agraria en curso, defensores de los derechos humanos e incluso testigos en juicios contra sus victimarios.
Varias organizaciones de derechos humanos –como la Food First Information and Action Network (FIAN)– llevan tiempo alertando, por ejemplo, de la no implementación de los programas nacionales de reforma agraria, lo que conlleva que muchos terratenientes se nieguen a entregar las tierras a los agricultores. El clima de violencia vinculado a esta situación ha dejado ya un saldo de al menos 38 líderes campesinos asesinados.
Es de celebrar que la Presidenta se haya comprometido con el principio de «tolerancia cero» ante las violaciones de los derechos humanos, pero la dimensión de las mismas requieren de acciones mucho más ambiciosas, especialmente cuando son varios los informes nacionales e internacionales que implican directamente a sectores del ejército y de la policía en dichas violaciones. Entre estos informes destacan las declaraciones del Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Philip Alston, así como la Comisión Melo.
La situación es especialmente preocupante en la península de Bontoc, donde cientos de agricultores hacen frente a numerosos hostigamientos y violencia física ejercida por grupos armados privados.
Por último, considero relevante tomar nota del trabajo llevado a cabo por parte del panel de negociación del proceso de paz así como del anuncio gubernamental de garantizar una profunda autodeterminación para el pueblo de Mindanao.
Asimismo, debo expresar una vez más las reservas que muchas y muchos tenemos ante la inclusión de algunos grupos –como el Ejército del Nuevo Pueblo– en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, puesto que ello no contribuye a futuras negociaciones de paz sino que más bien las dificulta.
Tal y como nos han solicitados varias organizaciones e instituciones internacionales de defensa y promoción de derechos humanos, esperamos que esta resolución de urgencia contribuya a que el Gobierno de Filipinas asuma una postura mucho más firme en la lucha contra los asesinatos políticos a la vez que garantice la seguridad de las personas amenazadas, especialmente agricultores y activistas políticos y de derechos humanos. Thomas Mann (PPE-DE), autor. – (DE) Señora Presidenta, dentro de dos semanas se celebrarán elecciones en Filipinas. Cada vez es mayor el riesgo de que aumenten los conflictos políticos internos. Desde 2006, como han mencionado mis compañeros, se ha asesinado a periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, agricultores y sacerdotes. Lo que no está claro es quiénes son los autores. Pero es evidente que los asesinos siempre siguen el mismo modelo. Las autoridades son incapaces de llevar a cabo sus investigaciones con suficiente profundidad. El sistema judicial está sobrecargado, le faltan fondos y es ineficiente. El número de condenas es tan bajo que casi se puede hablar de un clima de impunidad.
La Presidenta Arroyo y su Gobierno conocen la gravedad de la situación. Se creó una fuerza policial especial y la Comisión Melo independiente. Sus recomendaciones comportaron que la Presidenta del Estado ordenara el refuerzo de los procesos de investigación y acusación, la creación de tribunales especiales y, finalmente, también la creación de programas de protección de testigos. En febrero, el relator especial de las Naciones Unidas, el señor Philip Alston, pudo interrogar ampliamente a los responsables y afectados. Estoy de acuerdo con su petición de que deberían examinarse las acusaciones relacionadas con la implicación de elementos del estamento militar o miembros del ejército. La Unión Europea debería ofrecer apoyo técnico y apoyo en términos de personal para que se puedan aclarar esos asesinatos y mejorar el sistema judicial de forma sostenible. Michał Tomasz Kamiński (UEN), autor. – (PL) Señora Presidenta, la situación en Filipinas es causa de gran preocupación. Dentro de dos semanas, se celebrarán allí elecciones. En parte esto implicará la elección de nuevos senadores. Por desgracia, una vez más la situación en Filipinas es tal que, aunque en otros países las elecciones implican democracia hasta cierto punto y son alentadoras aunque creen tensiones, la prensa filipina solo escribe sobre cuántas personas morirán y lo violentas que serán las próximas elecciones. Esto ha ocurrido durante medio año, y lo he seguido muy de cerca. Es un mal augurio para ese país.
Este año he visitado Filipinas y he intentado saber cuál era la situación. Quiero decir que en Filipinas la voz de la Unión Europea se escucha con gran atención y es bueno que nuestro Parlamento sea muy crítico con cualquier tipo de violencia que pueda acompañar el proceso electoral. Queremos pedir claramente al Gobierno de Filipinas que intensifique sus esfuerzos para asegurar que las matanzas políticas dejen de ser una constante en la campaña electoral de dicho país. Por desgracia, es un ejemplo muy extremo del paisaje político de ese hermoso país, que merece vivir en democracia, como nosotros. Me complace que haya en el Parlamento Europeo tantos diputados que compartan esta opinión y apoyen nuestra declaración conjunta. Charles Tannock, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (EN) Señora Presidenta, la llegada de Gloria Arroyo a la Presidencia de Filipinas tras el juicio de destitución del antiguo Presidente Estrada por cargos de corrupción y su posterior elección, en mayo de 2004, han traído consigo algunas mejoras para el país, sobre todo en lo referente a la seguridad. El Gobierno de Filipinas ha reducido la capacidad militar de los terroristas islámicos en el sudeste del país y ha negociado un acuerdo de paz con un grupo y un alto el fuego permanente con otro. Sin embargo, desde hace algún tiempo se ha producido, lamentablemente, una serie de turbias ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo supuestamente por miembros de las fuerzas de seguridad. El Gobierno reconoció acertadamente que este es un hecho sumamente grave y ordenó que se realizaran las investigaciones correspondientes.
Estas dieron pie a una serie de recomendaciones publicadas en febrero por la comisión independiente del juez Melo, creada específicamente para abordar esta cuestión, seguida de un plan de seis puntos aprobado por el Gobierno para poner fin a las violaciones de los derechos humanas y al actual clima de impunidad. Acojo muy favorablemente este planteamiento y, en particular, la creación de un grupo operativo policial, denominado Usig, que se dedicará a llevar ante la justicia a las personas que ocupan puestos de autoridad y hayan ordenado violaciones de los derechos humanos. Günter Nooke, Presidente en ejercicio del Consejo. (DE) Señora Presidenta, Filipinas ha ratificado los principales pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos. El Gobierno de Filipinas respeta en principio los derechos humanos de sus ciudadanos. Otra nota positiva es la abolición de la pena de muerte en 2006. La UE ha trabajado intensamente para conseguirlo.
Sin embargo, hay motivo de alarma. En 2006, los asesinatos y secuestros de periodistas, activistas políticos de la izquierda, defensores de los derechos civiles y representantes de la Iglesia aumentaron considerablemente en todo el país. La oposición ha presentado informes de ejecuciones sin juicio y sostiene que el responsable es el Gobierno y su aparato de seguridad. En última instancia, el Gobierno es acusado de no saber resolver los crímenes con la fuerza necesaria. Por su parte, el Gobierno rechaza estas acusaciones y sospecha, al menos en parte, de purgas en el seno de la militancia de izquierdas.
La víctima reciente más importante fue el obispo Alberto Ramento, que era muy crítico con el Gobierno. Su asesinato ya se describió como resuelto el mismo día en que se cometió. Se dijo que había sido un robo con asesinato cometido por un joven. Los seguidores del señor Ramento expresaron graves dudas al respecto y criticaron que la recogida de pruebas fue inadecuada y poco profesional.
Poco antes de empezar su viaje europeo en agosto de 2006, la Presidenta Arroyo nombró a una Comisión presidida por el anterior juez del Tribunal Supremo, José Melo, para investigar los asesinatos de críticos políticamente activos del Gobierno. El informe de la Comisión Melo se publicó en febrero de 2007 ante una gran presión pública. El informe confirmaba la acusación de una falta de disposición para presentar pruebas clarificadoras y asignaba la principal responsabilidad a las fuerzas armadas. Una investigación del relator especial, Alston, de las Naciones Unidas ha llegado a la misma conclusión.
La UE se ha dirigido reiteradamente a Filipinas en relación con este problema de forma inequívoca a través de sus embajadas en el país y de reuniones políticas en el marco del diálogo para los derechos humanos. En virtud de todo ello, y bajo la presión política de la sociedad civil filipina activa, el Gobierno presentó públicamente las medidas tomadas hasta el momento, reconoció sus deficiencias y pidió a la UE ayuda para crear tribunales y fiscalías especiales, consolidar la protección de testigos, reforzar la capacidad técnica y forense de las fuerzas de seguridad y conseguir una mayor sensibilización por parte de las fuerzas de seguridad en cuanto al respeto de los derechos humanos.
A raíz de una invitación por parte del Gobierno filipino, en la actualidad una misión de la UE está en el país examinando las condiciones para acceder a su petición. Asimismo, habría que reforzar la Comisión nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil de cara a observar la situación. Además de las matanzas y los secuestros de elementos críticos con el régimen y el Gobierno, en Filipinas se están presentando graves acusaciones en relación con la tortura, la desaparición de personas, la detención ilegal, el tráfico de seres humanos y el abuso de mujeres y niños. Sobre todo en el conflicto militar con varios grupos de rebeldes comunistas y separatistas, y en la lucha contra el terrorismo, la policía y el ejército cometen con regularidad violaciones de los derechos humanos y también hay violencia por parte de miembros de grupos extremistas. Joaquín Almunia, miembro de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, la Comisión Europea sigue muy de cerca la situación en Filipinas. El algunos contactos de alto nivel –entre ellos, la reunión del Presidente Barroso con la Presidenta Arroyo, celebrada en septiembre, y de la Comisaria Ferrero-Waldner con el Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Romulo, en el mes de marzo– instamos a las autoridades filipinas a que prosiguieran con sus reformas económicas y sociales, pero manifestamos igualmente nuestra profunda inquietud por el fuerte aumento de las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo pusimos de manifiesto nuestro apoyo al proceso de paz en Mindanao.
Nuestro principal interés es que cesen las ejecuciones extrajudiciales y que los delitos cometidos sean debidamente investigados y sus autores juzgados sobre la base de las conclusiones de los informes del juez Melo y el profesor Alston.
Por ello, la Comisión y los Estados miembros han respondido positivamente a una petición de asistencia técnica a las investigaciones cursada por el Gobierno filipino. Debido a que los ámbitos para los que se solicita asistencia son sumamente diversos, estamos preparando una misión para determinar dichas necesidades, en la que participarán los Estados miembros y la Comisión, que visitará Filipinas en el mes de mayo para celebrar conversaciones directas con las autoridades y otros grupos interesados, incluida la sociedad civil. La Comisión financiará la mayoría de los gastos de la misión y ha desempeñado un papel destacado en estos preparativos.
Las conclusiones de la misión servirán de base para que la UE pueda prestar una asistencia eficaz para las investigaciones. Como es lógico, intentaremos colaborar en estrecha coordinación con el relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, el profesor Alston. Me satisface sobremanera que el Parlamento haya manifestado su apoyo. Debemos seguir alentando a las autoridades a que realicen las investigaciones como es debido y a que los autores sean llevados ante la justicia en su momento.
La Comisión considera que se avanza en el proceso de paz de Mindanao. Es posible que no estemos muy lejos de un acuerdo formal de paz. Actualmente prestamos un importante apoyo indirecto a través de la ayuda al desarrollo rural y la salud, y la mejora de los medios de subsistencia. Hemos indicado que estamos dispuestos a prestar una importante ayuda directa cuando las partes estén más cerca de firmar un acuerdo formal de paz.
Por lo que respecta a los insurgentes del NPA, debemos seguir instando a las autoridades filipinas a que reanuden las conversaciones de paz y permitan que las personas que están dispuestas a abandonar las armas para pasar a la política puedan hacerlo, garantizando al mismo tiempo la aplicación de la nueva legislación en materia de seguridad en el pleno respeto de los derechos humanos. La Presidenta. El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en breve. Simon Coveney (PPE-DE). – Señora Presidenta, antes de proceder a las votaciones me gustaría plantear brevemente una cuestión de observancia del Reglamento. En nombre de mi Grupo, reconozco y expreso mi satisfacción por el hecho de que, por primera vez en los debates de urgencia, hemos contado con la participación y contribución del Consejo.
Espero que se mantenga este precedente positivo, pues se trata de algo sumamente grato y sé que la delegación alemana ha trabajado arduamente para lograrlo. Quiero dar las gracias al Consejo por su presencia y espero que siga viniendo. La Presidenta. Muchas gracias y gracias también al señor Nooke. (1)Cf. Acta.

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