Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321552.html
Timestamp: 2019-03-19 04:34:40+00:00

Document:
as201321552
Auto Supremo: 552/2013
Expediente: O-35-13-S
Partes: Rolando Marín Alconz c/ Martina Araviri Choque de Aranibar y Edson
Aranibar Flores
Proceso: Mejor derecho propietario, cancelación de registro en Derechos Reales
de escritura pública y pago de daños y perjuicios
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Martina Araviri Choque de Aranibar y E dson Aranibar Flores de fs. 335 a 337 y vlta., impugnando el Auto de Vista de Nº 105/2013 de fs. 330 a 333, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de mejor derecho propietario, cancelación de inscripción en Derechos Reales de escritura pública y pago de daños y perjuicios seguido por Rolando Marín Alconz contra Martina Araviri Choque de Aranibar y Edson Aranibar Flores, los antecedentes del proceso, y;
Que, tramitada la causa, el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Oruro, pronunció la Sentencia de No. 12/2013 de fecha 25 de enero de 2013 cursante de fs. 307 a 310, declarando probada en parte la demanda, sin lugar a la declaración de mejor derecho propietario y pago de daños y perjuicios, probada en cuanto a la pretensión de cancelación de la inscripción en Derechos Reales de la escritura pública Nº 696/99 de 26 de mayo de 1999, que se encuentra a nombre de Edson Aranibar Flores y Martina Araviri de Aranibar y sea mediante la Oficina de Derechos Reales.
Resolución que es recurrida de Apelación por Martina Araviri Choque y Edson Aranibar Flores, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamentalde Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 105/2013 de fecha 25 de enero de 2013, cursante a fojas 307 a 310, confirmó la sentencia apelada en todas sus partes. Resolución que dio lugar al recurso de casación y/o nulidad interpuesto por Martina Araviri Choque y Edson Aranibar Flores, que se pasa aresolver.
1.- Los recurrentes acusan que la Sentencia carece de análisis y evaluación fundamentada de la prueba y cita de leyes en que se funda respecto a la falta de valoración de la prueba (testimonio de propiedad del actor) ya que el mismo contendría raspones y alteraciones, motivo por el cual no surte efecto legal alguno, a más que dentro del proceso no existe prueba alguna que demuestre que el inmueble del demandante y la de los recurrentes sea el mismo, careciendo el actor de legitimación activa para interponer la presente acción, motivo por el cual el Tribunal Ad quem debió anular la Sentencia conforme establece el art. 237 núm. I inc. 4) del Código de Procedimiento Civil.
2.- Que el Juez de la causa no podía dictar Sentencia disponiendo la cancelación de la Inscripción de la Escritura pública Nº 696 de 26 de mayo de 1999 y salvar sus derechos en contra de su vendedora Lidia Santos Mamani a la vía llamada por ley, ya que la misma nunca fue demandada dentro del presente proceso, por lo que al haber sido confirmada la sentencia, consideran vulnerado los arts. 3 incs. 1) y 3) y 90 del Código de Procedimiento Civil, y 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado.
3.- Que el actor nunca demandó la cancelación de la inscripción en Derechos Reales de la Escritura Pública Nº 696/99 de 26 de mayo de 2009, sino, el reconocimiento de mejor derecho propietario del lote de terreno así como el pago de daños y perjuicios, por consiguiente el Juez de la causa no podía disponer la cancelación en Derechos Reales de la Escritura Pública Nº 696/99 y menos aún confirmarse la Sentencia por el Tribunal Ad quem, vulnerándose los arts. 90, 193 y 236 del Código Adjetivo de la materia.
Solicitan en definitiva se dicte Auto Supremo anulando obrados, conforme establece el inc. 4) del art. 271 del Código de Procedimiento Civil.
Antes de ingresar a resolver el recurso de casación interpuesto, se hace imprescindible dejar establecido que, conforme lo tiene desarrollado la uniforme jurisprudencia establecida por este Tribunal, el recurso de casación se encuentra equiparado a una demanda nueva de puro derecho y puede ser planteado en la forma, en el fondo o en ambos a la vez, conforme lo prevé el art. 250 del Código de Procedimiento Civil; por lo que, cuando se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, denominado también errores "in procedendo", la pretensión debe estar dirigida a la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso y que se encuentren expresamente sancionadas con nulidad por la ley; en tanto que el recurso de casación en el fondo o "error in judicando", procede por errores en la resolución del fondo mismo del litigio y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la Resolución impugnada, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución que resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cada caso, los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del Código Adjetivo Civil, respectivamente, debiendo cumplirse ineludiblemente la exigencia contenida en el inc.2) del artículo 258 de la misma norma procesal señalada; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
Dicho esto y previo a ingresar a resolver las infracciones acusadas, cabe manifestar que los recurrentes no anuncian si plantean recurso de casación en la forma o en el fondo, tampoco realizan esta diferenciación a tiempo de exponer los motivos insertos en el recurso en examen, solicitando se anule obrados conforme establece el art. 271 inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, cuando este inciso está referido a casar la resolución recurrida, sin embargo y pese a los defectos anotados este Tribunal pasa a examinar dicho recurso que se sustentan en tres puntos, ello, en base al principio prohómine.
1.-Respecto al primer agravio acusado en sentido de que la Sentencia carece de análisis y evaluación fundamentada de la prueba y cita de leyes en que se funda con relación a la falta de valoración de la prueba (testimonio de propiedad del actor) ya que el mismo contendría raspones y alteraciones, motivo por el cual no surte efecto legal alguno, a más que dentro del proceso no existe prueba alguna que demuestre que el inmueble del demandante y la de los recurrentes sea el mismo, careciendo el actor de legitimación activa para interponer la presente acción, motivo por el cual el Tribunal Ad quem debió anular la Sentencia conforme establece el art. 237 núm. I inc. 4) del Código de Procedimiento Civil, de la revisión de obrados y fundamentalmente de la documental que se cuestiona, se advierte que los impugnantes no hicieron ninguna observación respecto de los supuestos raspones y alteraciones que contendría la referida documental, en la etapa procesal correspondiente, es decir, dentro de los 3 días de su ofrecimiento, por lo que mal puede recién efectuar dicho reclamo en etapa casacional, ello, en base al principio de preclusión de los actos procesales previstos por el art. 16-II de la Ley del Órgano Judicial, por lo que dicho reclamo carece de mérito, aconteciendo lo propio en relación a la segunda alegación efectuada por los impugnantes, respecto de que no existiría prueba que demuestre que sea el mismo inmueble, dado que dicho aspecto sí se halla probado por el actor a través de la documental de cargo de fs. 4 a 26 y 36 a 42 y 104 a 130 de actuados, al margen de que el referido aspecto (que el inmueble objeto de litis no es el mismo vendido a los demandados), nunca fue expuesto por los demandados en su memorial de respuesta, invocándolo recién en etapa casacional, por lo que también deviene en infundado.
2.-Ahora bien, con relación a que el Juez de la causa, al declarar improbada la demanda de mejor derecho propietario, así como los daños y perjuicios no podía disponer la cancelación de la Escritura Pública Nº 696 en Derechos Reales y salvar sus derechos contra su vendedora Lidia Santos Mamani a la vía llamada por ley, cuando -dice- que la misma nunca fue demandada en el presente proceso, por consiguiente se la condenó sin haber sido oída y juzgada previamente vulnerándose el art. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado y arts. 3 y 90 del Código Adjetivo de la materia; aquello de ninguna manera causa agravio a los ahora recurrentes, debido a que la referida disposición judicial, deja a salvo la facultad a que los demandados tienen para accionar lo que corresponde en derecho en contra de su vendedora, asimismo esta determinación no conlleva una sanción a Lidia Santos Mamani, sino más bien a que en un proceso posterior se vea lo que en derecho corresponde, por lo que este reclamo también carece de mérito.
3.-Asimismo, con relación a que el Juez de primera instancia,en la parte resolutiva de la Sentencia dispuso la cancelación de la inscripción en Derechos Reales de la Escritura Pública Nº 696/99 de 26 de mayo de 1999,que corresponde a su derecho propietario, sin que el actor hubiese demandado esta cancelación y que ese sería un exceso del Juez de grado que no hubiese sido reparado por el Tribunal de Apelación, vulnerando lo dispuesto en los arts. 90, 193 y 236 del Código de Procedimiento Civil; dicha alegación no resulta evidente, debido a que de la revisión del memorial de demanda, se tiene que el actor sí solicitó y demandó expresamente la cancelación de la referida escritura pública, conforme fácilmente se advierte de los memoriales de fs.29 a 30, subsanación de fs. 33 y aclaración de fs. 43, cuando se alegó: “… por lo que reitero que conforme lo señalado en la demanda, la acción al margen de la declaratoria de mejor derecho y al estar anulados los títulos de donde deviene el derecho de los demandados, también se está demandado la cancelación del registro en derechos reales”(sic); aspecto que por cierto tampoco fue reclamado u observado por los ahora recurrentes cuando el Juez dictó el Auto de Relación Procesal de fs. 256,contemplando como un hecho más a demostrar por la parte actora, en el inc. d) “El derecho que le asiste a demandar el reconocimiento de mejor derecho, la cancelación de Registro en Derechos Reales y el pago de daños y perjuicios que se le ocasiona”, de lo que se concluye que el actor al margen de sus dos primeras pretensiones también demandó la cancelación de inscripción en Derechos Reales de la escritura pública, limitándose el recurso de casación a este aspecto y no habiéndose cuestionadola correcta o incorrecta determinación que el Juez A quo asumió en la Sentencia Apelada, por consiguiente este Máximo Tribunal no advierte que los de Alzada hayan vulnerado las normas procesales acusadas en el recurso.
Por las razones expuestas precedentemente, corresponde fallar conforme lo establecen los arts. 271- 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Martina Araviri Choque de Aranibar y Edson Aranibar Flores de fs. 335 a 337 y vlta., impugnando el Auto de Vista de Nº 105/2013, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 258
 resolución 
 artículo 42