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Timestamp: 2018-01-22 08:02:54+00:00

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DESARROLLO DE LA UE UNIÓN EUROPEA PARTE 2 - POLITICACOMUNITARIA TRATADODEMAASTRICHT AGENDA 2000 MARCO FINANCIERO FONDOS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN ALTRES ORGA...
Desarrollo de la UE Unión Europea Parte 2 - Monografía
Tratado de Maastricht, nombre por el que es más conocido el Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht (Países Bajos) por los doce jefes de gobierno de la Comunidad Europea (ahora Unión Europea) en diciembre de 1991 y firmado el 7 de febrero de 1992. El Tratado estableció una política exterior y otra monetaria comunes, y proyectó la creación de un banco central para el año 1999. En general reflejó la intención de la Unión Europea de ampliar la escala de la unión económica y monetaria y de iniciar una seria consideración sobre unas políticas comunes de defensa, de ciudadanía y de protección del medio ambiente. Pero antes de que fuera plenamente efectivo, el Tratado tenía que ser ratificado por todos los estados miembros.
Maastricht representa un gran desarrollo y, a la vez, una modificación del Tratado de Roma, por lo que se refiere a la estructura organizativa de la Unión Europea; su aprobación originó numerosos conflictos económicos y políticos dentro de los estados de la Unión Europea así como entre unos y otros. Algunos países se mostraron muy poco dispuestos a renunciar al control nacional de sus respectivas políticas monetarias, en especial Dinamarca y el Reino Unido en 1992. Como consecuencia, se reconsideraron los objetivos más ambiciosos del Tratado y se amplió la fecha límite para la unión monetaria.
La Comisión Europea presenta la “Agenda 2000″: por una Europa más fuerte y más amplia
La Comisión Europea ha presentado hoy la Comunicación “Agenda 2000″ y su dictamen sobre cada una de las solicitudes de adhesión. Este documento constituye la respuesta global de la Comisión a la petición formulada por el Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995. Se trata del resumen, en un solo documento, de las perspectivas generales de desarrollo de la Unión Europea (UE) y de sus distintas políticas de cara al próximo siglo, los problemas horizontales relacionados con la ampliación y el futuro marco financiero en el que se tendrá en cuenta la perspectiva de una Unión ampliada más allá del año 2000. Al presentar dicha Comunicación, el Sr. Santer, Presidente de la Comisión, ha subrayado que el entorno interior y exterior de la Unión se encuentra en un proceso de rápida evolución, ya que Europa debe adaptarse, evolucionar y reformarse. Según él, la ampliación constituye para Europa no sólo un destino histórico, sino también una oportunidad para su seguridad, su economía, su cultura y el lugar que ocupa en el mundo.
La Comisión enmarca su Comunicación dentro del contexto del balance, por otro lado muy favorable, de la integración europea, desde el Acta Única de 1986 hasta el Tratado de Amsterdam de junio de 1997, y de los desafíos que van a plantearse tanto dentro como fuera de la Unión. Recuerda las notables transformaciones que Europa ha experimentado a lo largo de un decenio (dos ampliaciones, importantes reformas de los Tratados y dos grandes conjuntos de medidas financieras) y la nueva dinámica de integración desencadenada tanto por esa evolución como por los acontecimientos exteriores (especialmente, el final de la guerra fría y el derrumbamiento de la Unión Soviética).
Sin embargo, los éxitos cosechados por la UE durante ese periodo no deben disimular las dificultades que se plantean. La desaceleración de la coyuntura ha provocado un nivel de desempleo inaceptable y dificultado las reformas presupuestarias y estructurales de los Estados miembros. Por otro lado, estos fenómenos han estimulado los esfuerzos de convergencia y de coordinación con vistas a la preparación de la Unión Económica y Monetaria y al aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la UE en cuanto entidad económica única. Entre las dificultades políticas y sicológicas existentes, la Comisión señala la distancia excesiva entre la UE y sus ciudadanos. El Tratado de Amsterdam contribuirá a reducir esa distancia reforzando la Europa de los ciudadanos, aumentando la capacidad de la UE en materia de política exterior y reformando el marco institucional.
En lo que atañe a la reforma institucional, la labor queda aún por rematar. La Comisión propone que la decisión política relativa a la ponderación de los votos en el Consejo de Ministros, que debe acompañar a la reducción del número de Comisarios a uno por Estado miembro, se adopte antes de la primera ampliación y mucho antes del año 2000. Debería convocarse una nueva Conferencia Intergubernamental lo antes posible después del año 2000 con el fin de preparar la UE a una importante ampliación, a través de una profunda reforma de las disposiciones institucionales del Tratado, que incluya la implantación generalizada del voto por mayoría cualificada.
La Comisión esboza también algunas tendencias a largo plazo pertinentes para el funcionamiento de la UE, entre las que figuran las preocupaciones de los ciudadanos (empleo, entorno vital y laboral, libertad, justicia y seguridad), la evolución demográfica y los problemas que va a provocar en materia de regímenes de jubilación y protección social el espectacular aumento del número de personas mayores de 60 años, las nuevas tecnologías (las medidas que deben adoptarse para aprovecharlas plenamente desde el punto de vista del empleo y del crecimiento), la reestructuración de los mercados y de las empresas (el equilibrio que debe alcanzarse entre la flexibilidad de las empresas y la seguridad de los trabajadores), la mundialización de la economía y la aparición de un mundo multipolar.
El éxito de la transición a la UEM y la plena explotación de las posibilidades que ofrece el mercado único potenciarán a Europa como entidad económica, contribuyendo además a un crecimiento sostenible. La competitividad de la UE depende del dinamismo de sus empresas y de las cualificaciones y conocimientos de sus ciudadanos. Para que el crecimiento genere puestos de Trabajo , es preciso modernizar los sistemas de Trabajo
Más allá de estos objetivos económicos, los europeos también desean una sociedad unida, sin exclusiones, basada en la solidaridad, con una elevada calidad de vida, un medio ambiente sano, en la que estén garantizados los principios de libertad, seguridad y justicia. Las políticas internas de la UE deben orientarse de forma más decidida hacia esos objetivos.
Debe mantenerse claramente la prioridad política de la cohesión económica y social, máxime teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación a países nuevos que presentan niveles de desarrollo muy distintos. La solidaridad europea, que constituye una importante contribución a la estabilidad de la UE y al fomento de un elevado nivel de empleo, será más necesaria que nunca para perseguir el importante objetivo de reducir las diferencias en materia de desarrollo, establecido explícitamente en el artículo 130A del Tratado. Será preciso continuar respondiendo a la desigual capacidad de las regiones para generar un desarrollo duradero y a las dificultades de adaptación a las nuevas condiciones del mercado laboral, que exigen una mayor anticipación en la adaptación de las competencias de hombres y mujeres. La intervención de los Fondos estructurales debe fomentar en toda la UE un desarrollo competitivo y un crecimiento duradero, generador de puestos de Trabajo
La reforma de la política agrícola común de 1992 ha sido un gran éxito. Sin embargo, ha llegado el momento de profundizar esa reforma y de aproximarse aún más a los precios del mercado mundial, recurriendo además a las ayudas directas a la renta. Existen varios motivos que justifican este enfoque: el riesgo de nuevos desequilibrios del mercado, la perspectiva de una nueva ronda de negociaciones comerciales, la aspiración a una agricultura más ecológica y orientada hacia la calidad y, sobre todo, la perspectiva de la ampliación. Al mismo tiempo, resulta cada vez más necesaria una verdadera política de desarrollo rural.
En cuanto a las relaciones exteriores, ha llegado el momento de que la UE desarrolle una política exterior plenamente operativa. El Tratado de Amsterdam le ofrece unos instrumentos más adecuados de desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común. Por otro lado, el euro le brinda la posibilidad única de convertirse en una de las principales potencias económicas y la ampliación consolidará su influencia. Existe un auténtico llamamiento en favor de la presencia de Europa cuya cooperación se solicita en todo el mundo. La UE debe mostrarse a la altura tanto por los intereses políticos y económicos que debe defender como por la importante contribución que ha de aportar a la paz, la democracia y la defensa de los derechos y valores humanos.
El entorno interno y externo de la UE está evolucionando rápidamente. Aún más que en el pasado, la UE debe concentrarse en lo esencial y dar prioridad a los sectores en los que puede aportar un auténtico valor añadido. En ese contexto, el papel de la Comisión, a través de su derecho de iniciativa, reviste una importancia fundamental para la reorientación de las políticas de la UE. Al mismo tiempo, ésta debe reflexionar en torno a su actuación y aumentar su capacidad de gestión, coordinación y control. En el contexto de una Europa más amplia y heterogénea, su papel de defensor del interés común será aún más determinante que en el pasado. Si quiere alcanzar sus objetivos, tendrá que reorganizarse y modernizarse.
Los capítulos de la Comunicación “Agenda 2000″ sobre el desafío de la ampliación constituyen el “documento de conjunto” solicitado a la Comisión por el Consejo Europeo de Madrid. En este documento se analizan el método utilizado por la Comisión para examinar las distintas solicitudes de adhesión, los principales problemas que plantean esas solicitudes y el calendario de apertura de las negociaciones aparentemente más realista. Asimismo, se extraen las principales conclusiones y recomendaciones de los dictámenes y se presenta el punto de vista de la Comisión sobre la apertura del proceso de negociación con vistas a la adhesión, abordando también las cuestiones horizontales relacionadas con la ampliación y las relativas a las disposiciones prácticas para la fase inicial de las negociaciones y la consolidación de toda la estrategia de preadhesión.
Basándose en una evaluación global y objetiva del grado del cumplimiento de los criterios por parte de los 10 países solicitantes, la Comisión recomienda que se inicien las negociaciones con Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia, con vistas a su adhesión. Chipre ya ha recibido garantías del Consejo Europeo de que las negociaciones para su adhesión se iniciarán a los seis meses de acabar la CIG, de conformidad con el dictamen positivo emitido por la Comisión en 1993.
El nuevo marco financiero propuesto por la Comisión debe permitir la financiación de las necesidades fundamentales de la UE durante el próximo periodo a medio plazo, es decir, el coste que supone la prosecución de la reforma de la política agrícola común, el mantenimiento del objetivo prioritario de cohesión económica y social, la consolidación de las políticas internas en los sectores en que la intervención comunitaria puede contribuir al crecimiento y al empleo, el desarrollo de la ayuda a los países candidatos en la fase de preadhesión y la incidencia de la primera ampliación.
La Comisión considera que se puede hacer frente a esos desafíos desde el punto de vista presupuestario respetando al mismo tiempo el límite máximo de los recursos propios que se alcanzará en 1999, a saber el 1,27% del PNB de la UE.
La Comisión observa además que el sistema de financiación ha funcionado de forma adecuada; no prevé variaciones de la situación presupuestaria de los Estados miembros tan importantes que requieran la refundición del mecanismo de financiación establecido mediante la Decisión relativa a los recursos propios de 31 de octubre de 1994. A partir del momento en que la UE se viese obligada a aumentar el límite máximo de los recursos propios, debería contemplarse una reforma de la propia naturaleza de dichos recursos. En caso de observarse en aquel momento importantes variaciones de la situación presupuestaria de los Estados miembros, podría examinarse la introducción de un sistema generalizado de correcciones.
Resumen de los capítulos de la Comunicación “Agenda 2000″ relativos a los Fondos estructurales, la política agrícola,la ampliación y el marco financiero
El marco financiero de la cohesión económica y social
El Consejo Europeo de Edimburgo decidió fijar la contribución presupuestaria de la UE a la cohesión económica y social en un 0,46% del PNB de la UE a finales del ejercicio financiero en curso (1993-1999). Es preciso mantener ese apoyo durante el ejercicio siguiente (2000-2006) para conseguir un desarrollo armonioso de la UE y facilitar la necesaria adaptación de los recursos humanos.
No obstante el importante éxito cosechado por la política de cohesión en los últimos años, todavía queda un largo camino por recorrer, especialmente en materia de empleo, ya que el índice de desempleo no ha registrado ningún descenso significativo, especialmente en muchas de las regiones menos desarrolladas. Las disparidades se han acentuado incluso, lo que requiere un constante apoyo financiero a las regiones menos desarrolladas y a las que se encuentran en proceso de reestructuración, por un lado, y, por otro, al desarrollo de los recursos humanos.
Dentro de las perspectivas financieras, se reservarán 275.000 millones de ecus (a precios de 1997) para los Fondos estructurales y el Fondo de cohesión, frente a los 200.000 millones de ecus (a precios de 1997) correspondientes al periodo de 1993-1999. Se reservarán 45.000 millones para la ampliación.
Con el fin de evitar graves problemas de utilización de los recursos, las transferencias globales de los Fondos estructurales y de cohesión no deberían superar el 4% del PNB de los Estados miembros actuales o futuros.
La reducción del número de objetivos de siete a tres, es decir, dos objetivos regionales y uno horizontal dedicado a los recursos humanos, permitirá lograr una mayor concentración, eficacia y simplificación de las medidas estructurales.
Según las previsiones, de aquí al año 2006 las zonas cubiertas por los objetivos nos 1 y 2 (véase la definición más abajo) registrarán entre un 35% a 40% de la población de la UE, frente a un 51% en la actualidad.
El total de los gastos de los Fondos estructurales para las regiones del objetivo nº 1, incluidas las cubiertas por medidas transitorias, representará aproximadamente las dos terceras partes de los Fondos estructurales para los 15 Estados miembros, es decir un porcentaje comparable al del actual periodo de programación.
- Objetivo n° 1
En el caso de las regiones menos desarrolladas del objetivo nº 1, la Comisión propone la estricta aplicación del criterio del PIB, según el cual la ayuda sólo debe beneficiar a las regiones cuyo PIB per cápita se sitúe por debajo del 75% de la media de la UE, garantizándose de este modo la plena coincidencia con las regiones que reciben la ayuda de los Estados miembros en virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. La cuantía de la ayuda dependerá del número de habitantes, de la diferencia existente entre la prosperidad regional y la media de la UE y de la prosperidad nacional. Se prestará una ayuda suplementaria a las regiones que registren un índice de desempleo muy elevado.
En el caso de las regiones actualmente cubiertas por el objetivo nº 1, situadas por encima del umbral del 75%, deberá establecerse un mecanismo de retirada progresiva. La situación particular de las regiones ultraperiféricas, para las que se ha introducido un nuevo artículo y un Protocolo en el Tratado, deberá tratarse en el marco del objetivo nº 1. Las regiones más septentrionales, con una densidad de población muy baja, actualmente incluidas en el objetivo nº 6 aunque no estarán cubiertas por el objetivo nº 1, contarán con acuerdos especiales.
Deberá seguir aplicándose como hasta ahora el enfoque integrado al desarrollo estructural de las regiones atrasadas, garantizándose de este modo la coordinación de la ayuda estructural de la UE, incluida la destinada al desarrollo de los recursos humanos, las estructuras agrarias, la pesca y el desarrollo rural.
- Objetivo n° 2
Para todas las regiones que se enfrentan con importantes necesidades de reestructuración económica y social, la Comisión propone un nuevo objetivo nº 2 que abarque las zonas afectadas por los cambios en el sector industrial, de servicios y de pesca, las zonas rurales que sufren una grave crisis debido a la falta de diversificación económica y las zonas urbanas que experimentan dificultades debido a la pérdida de actividades económicas.
Sin contar con las regiones del objetivo nº 1, casi la quinta parte de la población de la UE vive en regiones en las que el índice de desempleo es superior a la media comunitaria (un 10,9% en 1996). Dicho índice es igual o superior a un 15% en la tercera parte de esas regiones. No se ha creado un número suficiente de puestos de Trabajo para absorber las pérdidas de empleo en las industrias y los servicios en crisis ni el número de jóvenes desempleados, que arrojan un índice de desempleo del 33%, frente a una media de un 18% (fuera de las zonas del objetivo nº 1). Los problemas son aún más acuciantes en las ciudades, las cuales registran en algunos barrios un índice de desempleo de entre un 30% y un 50%. El fenómeno del desempleo supone para la UE una infrautilización de la mano de obra y una pérdida de posibilidades de crecimiento.
Al igual que para el objetivo nº 1, la intervención de la UE debe combinar todas las formas de apoyo estructural, incluidas en particular las medidas relacionadas con los recursos humanos. Deberá tenerse especialmente en cuenta dentro del objetivo nº 2 el índice de desempleo, el nivel y el ritmo de los cambios habidos en el empleo industrial, las actividades agrícolas y la pesca, así como el grado de exclusión social. Para una mayor simplificación, deberá haber un solo programa para cada región. Al igual que en el caso del objetivo nº 1, se establecerá una programación coordinada con las medidas horizontales de adaptación de las estructuras agrarias, relacionadas con la PAC.
La Comisión propone también la concentración geográfica en las regiones más afectadas y una cobertura lo más coherente posible con las zonas a las que prestan ayuda a los Estados miembros en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado.
Al igual que en el caso del objetivo nº 1, las zonas actualmente cubiertas por los objetivos nos 2 y 5b) que ya no puedan optar a la ayuda de acuerdo con los futuros criterios de selección seguirán beneficiándose de una ayuda limitada durante un periodo transitorio.
- Objetivo n° 3
El desarrollo de los recursos humanos, especialmente a través de la intervención del Fondo Social Europeo, constituirá uno de los elementos clave tanto en las regiones de los objetivos nos 1 y 2 como en las demás zonas. Se aplicará un nuevo objetivo nº 3 a las regiones no cubiertas por los objetivos nos 1 y 2, a fin de ayudar a los Estados miembros a adaptar y modernizar su sistema de enseñanza, formación y empleo.
En todas las actividades relacionadas con los recursos humanos y financiadas por los Fondos estructurales, deberá emprenderse un esfuerzo especial para modernizar los mercados laborales de acuerdo con los planes plurianuales de empleo y el nuevo Título sobre empleo introducido en el Tratado de Amsterdam.
El objetivo nº 3 fomentará la actividad en cuatro sectores que completan las orientaciones desarrolladas como parte de la estrategia europea de empleo, a saber el cambio económico y social, los sistemas de formación y educación permanentes y una política activa en el mercado de Trabajo , destinada a luchar contra el desempleo y la exclusión social.
Se propone mantener este Fondo en su forma actual; podrán beneficiarse del mismo los Estados miembros cuyo PNB per cápita sea inferior al 90% de la media de la UE, que participen en la tercera fase de la UEM. Su proyección nacional permite prestar la ayuda comunitaria a la totalidad del territorio de los Estados miembros menos prósperos. Deberá continuar aplicándose la condicionalidad macroeconómica. La participación en la tercera fase de la UEM supone para los países el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pacto de estabilidad y crecimiento y, concretamente, los programas de estabilidad. En lo que atañe al criterio relativo al PNB, se procederá a una revisión intermedia en el año 2003.
El Fondo de cohesión seguirá prestando su ayuda financiera a las redes transeuropeas de transporte y a los proyectos medioambientales.
La dotación financiera anual del Fondo de cohesión para los actuales Estados miembros se cifrará en torno a los 3.000 millones de ecus anuales al principio del periodo de 2000-2006.
Apoyo estructural a la ampliación
Cuando se proceda a la próxima ampliación de la UE, el apoyo de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión deberá prestarse a todos los nuevos Estados miembros. La solidaridad comunitaria se justifica plenamente en el caso de estas nuevas democracias que se enfrentan con importantes necesidades de desarrollo, especialmente en materia de infraestructuras, concretamente en el sector del medio ambiente, la producción y los recursos humanos.
Para que las políticas estructurales se apliquen de forma eficaz, es preciso que se cumplan varias condiciones. Los países candidatos necesitan cierto tiempo para adaptarse al funcionamiento de los Fondos estructurales. Partiendo de esta base, es necesario consolidar la estrategia de preadhesión de tal modo que, a partir del año 2000, el sistema de entrega del programa Phare ampliado converja hacia el de los Fondos estructurales. A partir de la adhesión, los programas de los Fondos estructurales y los proyectos del Fondo de cohesión sustituirán a los recursos del programa Phare, teniendo en cuenta la capacidad de utilización de los fondos de cada país.
Por consiguiente, la Comisión propone que, para el periodo de 2000-2006, se asignen 38.000 millones de ecus de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión a los nuevos Estados miembros, reservándose 7.000 millones de ecus a la preadhesión. Globalmente, al final de ese periodo el volumen de las transferencias de Fondos estructurales destinadas a la ampliación representarán casi el 30% del total de los Fondos estructurales de la UE.
Simplificación y consecución de una mayor eficacia
Para conseguir una mayor eficacia de los Fondos estructurales será necesario simplificar su gestión y conseguir una mayor flexibilidad y descentralización de su aplicación, al igual que una repartición clara de las responsabilidades correspondientes. El elemento clave lo constituye la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en materia de diseño y aplicación de las actividades de los Fondos estructurales.
La Comisión propone que se consiga la simplificación no sólo a través de la reducción de los objetivos, sino también del número de iniciativas comunitarias, a saber, un programa por región, y cuando sea posible, dejando un mayor margen de maniobra a los Comités encargados del control de la gestión de los Fondos.
Se intentará conseguir una mayor eficacia a través de una utilización más sistemática de los instrumentos financieros distintos de las ayudas no reembolsables (préstamos a tipo reducido, garantías de préstamos y participación en el capital), por un lado, y, por otro, asignando el 10% de los Fondos como muy pronto a mitad de plazo, sobre la base de los resultados obtenidos por las distintas regiones. Como contrapartida al proceso de simplificación, se pedirá a los Estados miembros que asuman una mayor responsabilidad en materia de consecución de los objetivos establecidos y la utilización de los fondos que hayan recibido.
2. Política agrícola común
A la hora de determinar su postura sobre el futuro de la política agrícola común, la Comisión Europea ha evaluado de tenidamente el impacto del proceso de reforma de 1992 (que ha resultado globalmente positivo) y los desafíos y posibilidades con que se enfrenta en la actualidad la agricultura comunitaria. La Comisión confirma la opción política indicada en el documento relativo a la estrategia agrícola, de diciembre de 1995, presentado al Consejo Europeo de Madrid y propone que se profundice y amplíe la reforma de 1992 y se siga sustituyendo el apoyo a los precios por pagos directos y desarrollando una política rural coherente de acompañamiento de este proceso.
La Comisión ha establecido una serie de objetivos para la PAC:
- aumentar la competitividad tanto interna como externa, para que los productores de la UE puedan beneficiarse plenamente de la evolución favorable del mercado mundial;
- garantizar la inocuidad y la calidad de los productos alimenticios, lo que constituye una de las obligaciones fundamentales para con los consumidores;
- garantizar a los agricultores un nivel de vida equitativo, contribuyendo a la estabilidad de sus ingresos;
- conseguir la integración de los objetivos medioambientales en la PAC;
- fomentar una agricultura sostenible;
- crear puestos de Trabajo y otras fuentes de ingresos para los agricultores y sus familias;
- simplificar la normativa comunitaria.
Sector de los cultivos herbáceos: cereales, oleaginosas y proteaginosas
De no producirse ningún cambio de política, es probable que las existencias de intervención de cereales alcancen unos 58 millones de toneladas para el año 2005, si bien se seguirá registrando un importante déficit comercial de oleaginosas.
En estas circunstancias, la Comisión propugna un enfoque más ofensivo que podría a la vez evitar el recurso rutinario a las subvenciones por exportación, aumentar la competitividad de los cereales en el mercado interior, superar las limitaciones impuestas a los cereales y a las semillas oleaginosas por la Ronda Uruguay y sobre todo introducir una buena dosis de simplificación.
La Comisión propone por lo tanto las siguientes medidas:
- fijar el precio de intervención de los cereales en una sola fase (año 2000) en un nivel de seguridad de 95,35 ecus/t (precio actual: 119,9 ecus/t);
- establecer un pago por superficie, independiente del cultivo de que se trate, de 66 ecus/t (multiplicado por los rendimientos regionales de referencia de los cereales de la reforma de 1992);
- retirada de tierras: el porcentaje de referencia de la retirada obligatoria quedaría fijado en un 0%; se permitiría la retirada de tierras voluntaria, quedando abolida la extraordinaria; las tierras retiradas recibirían el pago no específico;
- excluir del régimen los cereales para ensilaje (principalmente el maíz);
- casos especiales: establecer una ayuda suplementaria de 6,5 ecus/t para los productos proteaginosos con el fin de mantener su competitividad respecto de los cereales y mantener los suplementos actuales para el trigo duro.
Las medidas de control de la oferta, destinadas a paliar los efectos de la crisis de la EEB, junto con la fase de contracción del ciclo de producción de carne de vacuno hasta el año 2000, deberían producir una considerable reducción de las existencias de carne de vacuno. Si no se produce ningún cambio de política de mercado y tras la expiración de las actuales medidas de control de la oferta a corto plazo, destinadas a paliar los efectos de la crisis de la EEB, es probable que las existencias de intervención vayan a aumentar, pudiendo alcanzar 1,5 millones de toneladas en el año 2005. A la hora de tratar el problema de las cantidades excedentes de carne de vacuno, la Comisión propugna también un enfoque basado en la anticipación, en vez de medidas de gestión de la oferta o medidas de urgencia a corto plazo. Gracias a esta estrategia, se podría conseguir una notable reducción de las restituciones por exportación a destinos tradicionales, encontrar nuevas posibilidades de exportación sin subvenciones y conseguir un nuevo equilibrio del consumo interno de carne en favor de la carne de vacuno.
Por consiguiente, la Comisión propone establecer gradualmente, a lo largo del periodo de 2000-2002, un sistema eficaz de apoyo al mercado con una ayuda fijada en 1.950 ecus/t (actualmente 2.780 ecus/t).
Puede esperarse que los precios del mercado interior se mantengan a niveles superiores a los nuevos precios de sostenimiento, si bien los agricultores experimentarán alguna pérdida de ingresos. La Comisión propone por consiguiente que se aumenten paulatinamente las ayudas directas a los ingresos y que se paguen como en la actualidad por cabeza de ganado.
Una vez implantado plenamente el nuevo régimen, dichas ayudas alcanzarán los niveles siguientes (el importe actual se indica entre paréntesis):
- vaca nodriza (pago anual): 215 ecus (145 ecus)
- bovino macho toro (un pago): 368 ecus (135 ecus)
- buey (dos pagos): 232 ecus (109 ecus)
- vaca lechera (pago anual): 70 ecus (no hay prima).
Los distintos mecanismos que regulan los pagos por cabeza y favorecen la extensificación se adaptarán a fin de tener en cuenta la supresión del régimen aplicable al ensilaje de maíz.
Tras un minucioso análisis de la evolución del mercado en este sector, la Comisión ha optado por un enfoque prudente en este momento, descartando las soluciones radicales como la reducción drástica de precios y la rápida abolición del sistema de cuotas.
No obstante, no debe darse a los productores de leche la impresión de que el sistema actual, con su intrínseca rigidez, va a ser perpetuo. Existen bastantes factores de incertidumbre, concretamente los resultados de la próxima ronda de negociaciones de la OMC.
Por lo tanto, la Comisión propone lo siguiente:
- prorrogar el régimen de cuotas hasta el año 2006;
- aumentar la flexibilidad de la actual organización común de mercados (OCM) y simplificar esta última;
- reducir gradualmente los precios de sostenimiento hasta un porcentaje medio total del 10% a lo largo de todo el periodo considerado;
- introducir un nuevo pago anual por las vacas lecheras, de una cuantía de 145 ecus.
Añadida al nuevo pago fijado para las vacas lecheras en el régimen del ganado vacuno, la prima total por vaca lechera ascendería a 215 ecus, cifra igual a la prima por vaca nodriza.
Actualmente se están examinando en las instituciones de la UE los informes de la Comisión sobre los sectores del tabaco y del aceite de oliva. En cuanto se hayan celebrado los debates necesarios, la Comisión presentará propuestas detalladas para ambos sectores.
En lo que atañe al sector de las frutas y hortalizas, la Comisión se propone seguir de cerca la aplicación de la reforma aprobada en julio de 1996 por el Consejo.
En el sector del vino, la Comisión tiene la intención de revisar la propuesta de reforma, pendiente desde 1994, y presentar una nueva propuesta en cuanto se haya analizado totalmente la situación de 1997.
Diferenciación y límites de los pagos directos
La Comisión se propone establecer un límite individual aplicable a todos los pagos directos de ayuda a la renta concedidos en virtud de las organizaciones comunes de mercados. Además, se autorizará a los Estados miembros para que introduzcan criterios de diferenciación con arreglo a una serie de normas acordadas en común.
En los próximos años, la agricultura deberá adaptarse a los nuevos cambios que se produzcan en la evolución y la política de los mercados y en las reglas de los intercambios comerciales. Estos cambios afectarán también a las economías locales de las zonas rurales, en un momento en que muchas de estas zonas se ven enfrentadas a graves problemas de desarrollo económico. Además, las zonas rurales tienen que cumplir una serie de funciones medioambientales y recreativas cada vez más importantes, por lo que se concederá un papel destacado a los instrumentos agroambientales destinados a apoyar el desarrollo sostenido de las zonas rurales y a responder a la demanda cada vez más importante de servicios medioambientales.
Deberían fomentarse y reforzarse las medidas agroambientales adaptadas a cada situación mediante el incremento de los recursos presupuestarios y, en caso necesario, de los índices de cofinanciación. En este apartado destacan los servicios que exigen un esfuerzo suplementario de los agricultores, como la agricultura ecológica, el mantenimiento de los hábitats seminaturales, la pervivencia del pastoreo alpino, etc. Otra posibilidad que merece una mayor consideración es la de tener en cuenta la gran coincidencia existente entre las zonas menos favorecidas y las de gran valor natural, con el fin de transformar progresivamente el régimen de ayuda correspondiente en un instrumento básico para mantener y fomentar sistemas agrarios poco consumidores de fertilizantes. Por último, con objeto de conseguir una integración más adecuada de las disposiciones relativas al medio ambiente en la OCM, la Comisión presentará una propuesta que permita a los Estados miembros supeditar los pagos directos al cumplimiento de las disposiciones relativas al medio ambiente.
En lo que atañe a los demás aspectos del desarrollo rural sostenible, la Comisión sugiere que se fomente esta evolución mediante la reorganización de los instrumentos de política rural existentes:
- Las actuales medidas complementarias de la PAC financiadas por la Sección de Garantía del FEOGA (programa agroambiental, forestación y jubilación anticipada) tendrán como suplemento el programa para las zonas menos favorecidas. Todas estas medidas se aplicarán de forma horizontal y descentralizada.
oSe mantendrá el sistema actual de programas integrados de desarrollo para las zonas rurales situadas en regiones cubiertas en la actualidad por el objetivo nº 1 de los Fondos estructurales.
- En las zonas rurales cubiertas por el nuevo objetivo nº 2, las medidas de desarrollo rural serán financiadas por la Sección de Garantía del FEOGA como medidas complementarias. Estas medidas concurrirán en un mismo programa con la intervención del Feder y el FSE en la zona cubierta por el objetivo nº 2.
- En todas las zonas rurales situadas fuera del objetivo nº 1, las medidas de desarrollo rural concebidas como complemento de las políticas de mercado serán cofinanciadas por la Sección de Garantía del FEOGA. En este contexto, la política rural abarcará todas las intervenciones de fomento de los ajustes estructurales y el desarrollo rural actualmente cofinanciadas por la Sección de Orientación del FEOGA. Estas intervenciones se aplicarán de forma horizontal y descentralizada, por iniciativa de los Estados miembros.
Debería ser posible de este modo garantizar que la reforma de la PAC, además de seguir prestando apoyo al mercado y a la renta, se acompañe en toda la UE de una amplia gama de medidas de desarrollo rural, sin desatender los objetivos relativos a la cohesión económica y social.
Evaluación basada en los criterios para la adhesión
Para elaborar sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión de los diez países asociados de Europa Central y Oriental (PECO), la Comisión ha utilizado los criterios fijados en el Consejo Europeo de Copenhague, celebrado en junio de 1993:
- el país candidato debe haber alcanzado una estabilidad institucional que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías,
- debe contar con una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión,
- debe tener la capacidad para asumir las obligaciones que conlleva la adhesión, incluida la observancia de los fines de una unión política, económica y monetaria..
El Consejo Europeo decidió en su día que, teniendo en cuenta el dictamen positivo emitido por la Comisión en 1993, las negociaciones de adhesión con Chipre comenzarían seis meses después de la conclusión de la CIG.
Basándose en una evaluación objetiva y lo más amplia posible sobre en qué medida los diez países candidatos cumplen los criterios anteriormente citados, la Comisión recomienda que se inicien las conversaciones de adhesión con Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia. Teniendo en cuenta su análisis y sus méritos respectivos, la Comisión considera que estos países pueden cumplir a medio plazo todos los requisitos para convertirse en miembros de la Unión, si prosiguen y redoblan sus esfuerzos de preparación.
La Comisión subraya que su decisión de iniciar de forma simultánea las negociaciones de adhesión con estos países no significa necesariamente que éstas concluirán al mismo tiempo. La conclusión de las negociaciones de adhesión dependerá en gran medida de si el país candidato en cuestión ha culminado con éxito los esfuerzos que se le exigen en los respectivos dictámenes.
La Comisión propone reforzar la estrategia de preadhesión con respecto a los países candidatos (véase más adelante). Con objeto de poder evaluar sus progresos, la Comisión presentará un informe anual al Consejo Europeo, el primero de ellos a finales de 1998. Los avances de los países candidatos en el logro de los objetivos fijados en cada Asociación para la Adhesión servirán de base para la elaboración de dichos informes. Cuando se considere que un país candidato cumple las condiciones exigidas para comenzar las negociaciones de adhesión, la Comisión transmitirá una recomendación en tal sentido al Consejo.
Repercusión sobre las políticas de la Unión Europea
La Comisión presentó un informe preliminar sobre el particular al Consejo Europeo de Madrid, en el que se afirmaba que la paz y la seguridad así como el crecimiento económico y el desarrollo serían los principales efectos positivos de la ampliación. La Agenda 2000 profundiza este análisis de las repercusiones de la ampliación sobre las políticas de la Unión, en especial en los ámbitos agrario y de los Fondos estructurales.
Los resultados de este Trabajo confirman que la ampliación de la Unión puede producir importantes ventajas políticas y económicas y favorecerá a las políticas de la Unión. Al mismo tiempo, la ampliación introducirá una mayor heterogeneidad en la Unión Europea, lo que exigirá efectuar ajustes sectoriales y regionales, que deberán prepararse de manera adecuada. Por consiguiente, resulta crucial aprovechar al máximo el período de preadhesión para que los candidatos estén en condiciones de aplicar el acervo actual desde el momento de la adhesión o tras un período transitorio razonable.
Estos preparativos exigirán importantes inversiones en sectores como la protección del medio ambiente, los transportes, la energía, la reestructuración industrial, las infraestructuras agrarias y la sociedad rural.
En lo que atañe a los países que producen energía a través de centrales nucleares, la Comisión confía en que los países candidatos colaboren sin reservas en las acciones dirigidas a situar su nivel de seguridad nuclear a la altura de las normas internacionales, a fin de proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos.
Al subrayar la importancia del mercado interior como fuente de creación de empleo y de crecimiento, la Comisión espera que los países candidatos pongan en práctica, sin esperar a la adhesión, todas las medidas del Libro Blanco (aproximadamente 1 400 actos de la normativa básica del mercado interior). Se invita a los países candidatos a solucionar todo conflicto fronterizo con sus vecinos o, en su caso, a aceptar someter dichos litigios al Tribunal Internacional de Justicia.
Una estrategia para la ampliación
Las negociaciones permitirán definir las condiciones de adhesión de los países candidatos a la UE. Aunque, en determinados casos justificados, puedan ser necesarios períodos transitorios, el objetivo es lograr que los nuevos Estados miembros apliquen el acervo comunitario desde el mismo instante de su adhesión. En la práctica, el calendario de adhesión dependerá de los progresos que cada país candidato haya realizado en la adopción, puesta en marcha y aplicación real del acervo comunitario. La estrategia de preadhesión reforzada propuesta por la Comisión permitirá acelerar este proceso.
La estrategia de preadhesión reforzada reunirá las diferentes formas de ayuda de la UE en un marco único: las Asociaciones para la Adhesión que se celebrarán con todos los países candidatos y que incluirán un programa de Trabajo y un calendario. Las Asociaciones para la Adhesión permitirán asimismo a los países candidatos familiarizarse con las políticas y los procedimientos de la UE, ofreciéndoles la posibilidad de participar en programas comunitarios. Los países candidatos tienen dos prioridades en común que les obligan a reforzar sus administraciones y sus instituciones, así como a aumentar sus inversiones en la industria y en las infraestructuras.
Phare, el programa de ayuda de la UE a los países de Europa Central y Oriental cambió recientemente su orientación para tener en cuenta estos objetivos y continuará siendo utilizado como instrumento para la adhesión. Nuevas formas de ayuda podrán establecerse en el marco de las perspectivas financieras actuales, pudiéndose obtener recursos de instituciones financieras internacionales. Sumando las diferentes formas de ayuda comunitaria, la ayuda de preadhesión total para el período 2000-2006 debería ascender a unos 21 000 millones de ecus a precios constantes de 1997 (3 500 para la ayuda estructural a la agricultura, 7 000 con cargo al Fondo de Cohesión y aproximadamente 10 500 del Programa Phare).
La ampliación es un proceso a largo plazo que afecta a toda Europa. Así pues conviene reunir en un mismo marco a los países miembros de la Unión y a todos los países europeos con vocación de adherirse a la UE y vinculados a ella por un acuerdo de asociación. A tal efecto, la Comisión sugiere la celebración de una conferencia . Dicha conferencia ofrecería la ocasión para intercambiar consultas sobre el amplio abanico de temas que se plantean en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC), así como en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior.
El dictamen de la Comisión de 1989 sobre la solicitud de adhesión de Turquía de 1987 confirmó que ésta última reunía los requisitos para optar a la adhesión. La Agenda 2000 analiza la situación política y económica actual en Turquía y examina las posibilidades de profundizar las relaciones entre ese país y la UE sobre la base de la unión aduanera que entró en vigor el 31 de diciembre de 1995. Este último aspecto constituye el objeto de un documento de reflexión separado aprobado ayer por la Comisión.
4. MARCO FINANCIERO
Mantenimiento de la disciplina presupuestaria
El mantenimiento del límite máximo de los recursos propios en un 1,27% del PIB responde a la preocupación de la Comisión por aplicar a la evolución de los gastos comunitarios la disciplina presupuestaria que se impondrá a los Estados miembros para contribuir a un crecimiento sano. Dentro de ese límite, el crecimiento económico esperado debería, no obstante, provocar un posible incremento de los recursos de aquí al año 2006, para una Europa ampliada, del orden de los 20 000 millones de ecus a los precios de 1997. Por añadidura, se puede esperar que el presupuesto para 1999 deje, desde un principio, un margen disponible no desdeñable dentro del límite de los recursos propios.
Agricultura: mantenimiento de la directriz
La Comisión ha llegado a la conclusión de que las necesidades en el sector agrícola podrán cubrirse sin dificultades previsibles dentro del límite de la directriz agrícola actual, cuyo incremento anual se limita a un 74% de la progresión del PIB. Estas necesidades se refieren a: (1) El coste neto que supone continuar la reforma de la PAC. De aquí al año 2006, esto debería plasmarse en un ahorro de 3 700 millones de ecus en concepto de gastos para medidas de intervención en los mercados y de restituciones a la exportación.
Por el contrario, la atribución de ayudas directas compensatorias se traducirá hacia esa misma fecha en unos gastos adicionales de 7 700 millones de ecus. (2) Los gastos — entre 1 900 y 2 100 millones de ecus — para las nuevas medidas de desarrollo rural y para las medidas horizontales en el sector pesquero vinculadas a la reforma, que se añadirán a las medidas de acompañamiento existentes en materia agroambiental, de repoblación forestal, de prejubilaciones. (3) Una ayuda de preadhesión del orden de 500 millones de ecus por año para medidas de modernización en los países candidatos. (4) Los gastos vinculados a la adhesión de un primer grupo de nuevos Estados miembros en concepto de medidas de organización de mercados, de medidas de acompañamiento y de ayudas específicas a la modernización, por un importe total que podría oscilar entre 1 700 millones de ecus al producirse la adhesión y 3 900 millones de ecus al final del período.
La evolución previsible de los gastos agrícolas dejaría dentro del límite previsto por la directriz un margen creciente a partir del año 2003, que permitiría hacer frente a los imprevistos de los mercados, proseguir la reforma de la PAC y preparar la conclusión de los regímenes transitorios que se aplicarán a los nuevos Estados miembros.
Medidas estructurales: una dotación financiera global que se mantendrá al nivel de 1999 con respecto al PIB de la Unión (0,46%)
Las recursos financieros totales disponibles ascenderían así a unos 275 000 millones de ecus (precios de 1997) para el conjunto del período. De ese importe se reservarían 210 millones de ecus para las intervenciones con cargo a los Fondos estructurales en los actuales Estados miembros, de los que aproximadamente dos tercios se destinarán a las regiones del Objetivo 1.
La dotación en concepto del Fondo de Cohesión sería de 20 000 millones de ecus. Los nuevos Estados miembros podrían beneficiarse de una ayuda global, para el período desde la adhesión, del orden de 38 000 millones de ecus, incluida su participación en el Fondo de Cohesión. Se dispondría asimismo de una ayuda de preadhesión, por un importe total de 7 000 millones de ecus para todo el período, destinada fundamentalmente a mejorar el nivel de las infraestructuras de los países candidatos en los ámbitos de los transportes y del medio ambiente.
Otros gastos: una evolución diferenciada pero, en total, un crecimiento comparable al del PIB
La progresión de las otras categorías de gastos (políticas internas, medidas exteriores, funcionamiento de las instituciones, reservas) debería seguir más o menos el ritmo de progresión del PIB durante el período 1999-2006. Esta evolución global cubriría tendencias diferentes según los ámbitos. Así, el aumento de los gastos en concepto de las políticas internas debería ser más rápido que el del PIB, habida cuenta, en especial, de las necesidades de los nuevos Estados miembros.
Será necesario concentrar los medios disponibles en un número más reducido de medidas comunitarias para evitar la dispersión de las intervenciones, sobre todo en una Europa ampliada. Deberá darse prioridad a los programas cuya ejecución a escala comunitaria se justifique totalmente y que puedan contribuir más eficazmente al crecimiento y a la creación de empleo: redes transeuropeas, investigación e innovación (incluido el desarrollo de tecnologías que respeten el medio ambiente), educación, formación, medidas en favor de las PYME.
En cuanto a las medidas exteriores, la progresión de los gastos debería estar en consonancia con la del PIB de la Unión de los quince miembros actuales, con un capítulo preadhesión que prosiga el programa Phare renovado. Las iniciativas emprendidas por la Comisión para modernizar su funcionamiento deberán mantener la evolución de los gastos administrativos dentro de límites estrictos y contener su crecimiento a un ritmo inferior al del PIB. Además, la Comisión prevé la supresión progresiva de la reserva monetaria en el marco de la reforma de la política agrícola común.
Dentro del marco de referencia propuesto por la Comisión, el límite máximo total de los gastos (en créditos de compromiso) aumentaría, en términos reales, en un 17% del año 1999 al 2006, es decir a un ritmo inferior al de la progresión esperada del PIB (24%, incluida la incidencia de una primera ampliación).
En consecuencia, quedaría un margen importante al final del período entre el total de los créditos para pagos y el límite máximo de los recursos propios. Este margen es necesario para hacer frente al riesgo de un crecimiento económico inferior al previsto, y también para preparar el final de los regímenes transitorios aplicados a los primeros países que se adhieran, así como la adhesión de los restantes países candidatos.
El sistema de financiación ha funcionado de manera adecuada: no se prevé una reforma inmediata
La Comisión presentará, en el transcurso de 1998, un informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. Teniendo en cuenta la experiencia del pasado, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el actual sistema ha permitido garantizar a la UE unos recursos financieros suficientes y que continuará haciéndolo durante el período 2000-2006. La Comisión pone de manifiesto asimismo que la última modificación hizo más justo el sistema al establecer una correlación más estrecha entre el nivel de las contribuciones nacionales y la parte de cada Estado miembro en el PIB comunitario. Ello se debe a la reducción de la parte relativa del recurso IVA que pasó de un 61,6% del total de los recursos a un 51% en 1996, porcentaje que se prevé descenderá hasta un 33% en 1999.
El informe de la Comisión de 1998 estudiará asimismo la posibilidad de establecer un nuevo recurso propio. En el estadio actual, la Comisión, tras un breve análisis de los problemas y de las alternativas (entre las que figura una financiación exclusivamente basada en unos recursos fiscales autónomos y un sistema de financiación exclusivamente basado en las contribuciones nacionales proporcionales al PIB de los Estados miembros), estima que no existen argumentos en favor de una modificación rápida de los acuerdos en vigor, vista la complejidad del procedimiento de revisión de la Decisión “Recursos propios” (unanimidad seguida de la ratificación por los parlamentos nacionales).
La Comisión no prevé, durante el período 2000-2006, cambios en la situación presupuestaria relativa de los Estados miembros que puedan justificar las peticiones de correcciones. Las nuevas adhesiones provocarán un deterioro inevitable de la situación presupuestaria de los Estados miembros actuales, que no podrá dar pie a peticiones de compensación. La Comisión considera que una revisión del sistema de compensación al Reino Unido debería llevarse a cabo al producirse las primeras adhesiones.
En ese momento se dispondrá de datos más fiables sobre la evolución de la prosperidad relativa del Reino Unido. Si esa prosperidad se situará por encima de la media comunitaria, la revisión del sistema actual, incluida una reducción progresiva de la compensación, podría resultar necesaria. Esta revisión podría extenderse a la fórmula de financiación de dicha compensación, si se comprobara que los efectos de la reforma agraria difieren considerablemente de los previstos y llevan a situaciones presupuestarias no justificadas.
Una reforma más fundamental del sistema de recursos propios en su conjunto podría acometerse en el momento en el que la UE tuviera necesidad de sobrepasar el actual límite máximo del 1,27% del PIB. Si, en ese momento, se produjera un deterioro importante de determinadas situaciones presupuestarias, se podría asimismo pensar en la introducción de un sistema generalizado de corrección que incluyera el caso del Reino Unido.
Los fondos estructurales y el fondo de cohesión se inscriben en el marco de la política estructural de la Comunidad destinada a reducir la distancia entre los niveles de desarrollo de las regiones y entre los Estados miembros de la Unión Europea. En concepto de acciones estructurales, el presupuesto comunitario concede en 1998 un importe de aproximadamente 34 mil millones de ecus en créditos de compromiso, es decir, el 37% del presupuesto total de la Unión Europea. Aproximadamente un 90% de ese importe se destina a las regiones y un 10% a los cuatro países llamados de la cohesión.
Por lo que a las regiones se refiere, la Unión Europea dispone de cuatro instrumentos financieros:
- El Fondo Social Europeo (FSE), cuya creación estipulaba el Tratado de Roma
- El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección de Orientación, creada en 1962. La división entre la Sección de Garantía y la de Orientación data de 1964.
- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), creado en 1975
- El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), creado en 1993
Los créditos de los tres Fondos Estructurales y del IFOP se financian los siguientes objetivos:
- El desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. En 1998 el objetivo 1 supuso más del 50% de las intervenciones estructurales.
Benefició a las regiones cuyo PNB por habitante es inferior al 75% de la media comunitaria
- La reconversión de las zonas gravemente afectadas por la crisis industrial (objetivo 2)
- La lucha contra el desempleo de larga duración y la ayuda a la inserción profesional (objetivo 3)
- La adaptación de los trabajadores a los cambios industriales y a la evolución de los sistemas de producción (objetivo 4)
- La adaptación de las estructuras agrícolas en el marco de la reforma de la política agrícola común (objetivo 5a)
- El desarrollo y el ajuste estructural de las zonas rurales (objetivo 5b)
- El desarrollo y el ajuste estructural de las zonas de baja densidad de población (objetivo 6)
Ante la perspectiva de la ampliación, la Comisión Europea propone en su comunicación Agenda 2000 de julio de 1997 que se aplique de manera estricta el criterio del nivel de PNB contemplado en el primer objetivo de los fondos estructurales, lo que significa que once regiones actualmente beneficiarias ya no podrán recibir fondos al cabo de un período de transición. Al mismo tiempo, en dicha comunicación se propone racionalizar los siete objetivo para reducirlos a tres. Estas reformas deberían contribuir a mantener intacto para el año 2006 el límite de los recursos propios, es decir, en el 1,27% del PNB.
La Unión económica y monetaria ha puesto también en evidencia la cuestión de las disparidades económicas y sociales entre los Estados miembros de la Unión Europea. Para fortalecer la política estructural, en 1993 se creó un fondo de cohesión, destinado a los países cuyo PNB por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria, es decir, Grecia, España, Irlanda y Portugal. El Fondo de Cohesión tiene por función conceder financiación para proyectos en materia de medio ambiente o de infraestructuras de transporte.
La cohesión económica y social fue introducida en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea como consecuencia del Acta Única Europea. Expresa la solidaridad entre los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea. Se traduce en un desarrollo equilibrado y sostenible, la reducción de las divergencias estructurales entre regiones y países, así como en la promoción de una igualdad de oportunidades efectiva entre las personas. Se concreta a través de distintas intervenciones financieras, en particular, de los fondos estructurales.
Cada tres años la Comisión Europea ha de presentar un informe sobre los avances registrados en la realización de la cohesión económica y social y sobre cómo han contribuido a la misma los diferentes recursos previstos a tal efecto en el Tratado.
El porvenir de la cohesión económica y social es uno de los grandes retos debatidos en la Agenda 2000 presentada por la Comisión, especialmente en razón de sus implicaciones presupuestarias. Efectivamente, la política de cohesión económica y social constituye la segunda partida presupuestaria en importancia de la Comunidad: en torno al 35 % del Presupuesto en 1998. De cara a la adhesión de países con una renta nacional claramente inferior a la media comunitaria, habría que reformar el actual sistema y aumentar la dotación presupuestaria destinada a la cohesión económica y social.
ALTRES ORGANISMES COMUNITARIS
Organización del Tratado del Atlántico Norte, organización supranacional fundada para establecer una alianza defensiva regional, cuya constitución quedaba sancionada en el artículo 9 del Tratado del Atlántico Norte firmado el 4 de abril de 1949. Los primeros signatarios fueron Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Estados Unidos. Grecia y Turquía fueron admitidas en la alianza en 1952, Alemania Occidental en 1955 y España en 1982. El propósito de la OTAN es preservar la estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva. En 1990, la recién unificada República Federal de Alemania reemplazó a Alemania Occidental como miembro de esta alianza.
En los años posteriores a la II Guerra Mundial (1939-1945), momento de inicio de la Guerra fría, muchos líderes occidentales vieron la política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como una amenaza a la estabilidad y la paz en Europa. El establecimiento por la fuerza de gobiernos comunistas en Europa Oriental, las demandas territoriales de la URSS y su apoyo a la guerra de guerrillas en Grecia y al separatismo regional en Irán se interpretaron por muchos como los primeros pasos hacia una nueva guerra mundial.
Tales acontecimientos dieron lugar a la firma del Tratado de Dunkerque en 1947 entre el Reino Unido y Francia, con el compromiso de establecer una defensa común frente a una posible agresión. Acontecimientos posteriores, entre los que se cuentan el rechazo por parte de las naciones de Europa Oriental al Programa de Reconstrucción Europea (Plan Marshall) y la creación en 1947 de la Kominform, una organización comunista europea, condujeron al Tratado de Bruselas, firmado por la mayoría de los países de Europa Occidental en 1948. Entre los objetivos de ese pacto figuraba la defensa colectiva de sus miembros.
El bloqueo de Berlín, iniciado en marzo de 1948, llevó a unas negociaciones entre Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos, cuyo resultado fue el Tratado del Atlántico Norte.
El Tratado está compuesto por un preámbulo y 14 artículos. El preámbulo plantea su propósito: promover los valores comunes de sus miembros y “unir sus esfuerzos para la defensa colectiva”. El artículo 1 es un llamamiento a la resolución pacífica de las disputas. El artículo 2 compromete a las partes en la cooperación política y económica. El artículo 3 solicita el desarrollo de la capacidad defensiva. El artículo 4 provee reuniones consultivas cuando un miembro se vea amenazado. El artículo 5 establece el compromiso de las fuerzas armadas de los miembros en la “autodefensa colectiva”. El artículo 6 define las áreas cubiertas por el Tratado.
El artículo 7 establece la precedencia de las obligaciones de los miembros contenidas en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El artículo 8 previene los conflictos derivados de cualesquiera otros tratados firmados por los signatarios. El artículo 9 crea un consejo para controlar el desarrollo del Tratado. El artículo 10 describe los procedimientos para la admisión de otras naciones. El artículo 11 define el procedimiento de ratificación. El artículo 12 permite la reconsideración del Tratado. El artículo 13 plantea los procedimientos para el abandono de la pertenencia al Tratado. El artículo 14 se refiere al depósito de las copias oficiales del Tratado en los Archivos estadounidenses.

References: artículo 130
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 9
 artículo 1
 resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14