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Juzgados y Tribunales Penales de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer
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Emilia Aguilar San Martín
1 segundo Informe Juzgados y Tribunales Penales de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer
2 Programa Justicia y Seguridad: Reducción de la Impunidad Fondo de Población de las Naciones Unidas
3 Índice PRESENTACIÓN... 5 INTRODUCCIÓN... 9 CAPÍTULO I LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL Marco Jurídico Guatemalteco Las responsabilidades de los E stados para enfrentar el fenómeno a la luz del derecho internacional de los derechos humanos Convención contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer La Plataforma de Acción de Beijing Contexto Nacional de la Violencia Contra la mujer CAPÍTULO II ACCIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Avances en normativa y judicatura especializada El Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer La Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer Acciones encaminadas a la creación del Observatorio de la justicia especializada Consultoría Asistencia técnica, para el Diseño Conceptual y Organizacional del Observatorio de la Justicia Especializada en Guatemala Consultoría Indicadores Estadísticos Confiables de Violencia contra la Mujer y de los Procesos Judiciales Consultoría Definición de estándares de calidad basados en la satisfacción de las personas usuarias... 56
4 CAPÍTULO III RESULTADOS OBTENIDOS Avances en la tramitación de casos ante la Justicia Especializada Análisis de las sentencias dictadas por el tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer relativas a femicidios y femicidios en grado de tentativa en los años 2011 y Proceso formativo de transversalizacion de género y analisis normativo en materia de violencia contra la mujer CAPÍTULO IV DESAFÍOS DEL ORGANISMO JUDICIAL PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Desafíos en Procesos de Integración Interinstitucional Desafíos en Procesos de Transversalización de la Justicia Desafíos en el Tratamiento de las Medidas de Seguridad Desafíos en Materia de Reparación Digna ANEXOS Lista de acrónimos y siglas
5 ORGANISMO JUDICIAL 1. Presentación La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Kofi Annan. La violencia contra la mujer es un problema social y por lo tanto un problema de Estado, en ese sentido, el respeto a los derechos humanos de las mujeres debe ser parte de las políticas públicas de un país. Esta violencia desmedida afecta a todas las mujeres sin importar edad, etnia, religión, condición económica e ideología, es producto de la cultura patriarcal que fomenta condiciones desiguales entre hombres y mujeres, y se ha convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo de las personas, las familias y de la sociedad en general. La raíz de la violencia contra las mujeres es la discriminación, como mujeres, madres, hijas, hermanas, abuelas, amigas, vecinas hemos sido víctima de algún tipo de discriminación por nuestra condición de género, lo cual fomenta un profundo irrespeto a la integridad humana. Es importante dar a conocer que la violencia contra la mujer presenta numerosas facetas; que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, psicológica y el Femicidio. La agresión se produce tanto en el ámbito familiar, laboral como académico, adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y doméstico, ya que anualmente cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en diferentes países del mundo y la tendencia va en aumento. 5
6 SEGUNDO INFORME DE JUZGADOS Y TRIBUNALES PENALES DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Guatemala no es la excepción, según la ONU, lamentablemente, somos el segundo país a nivel mundial, que presenta mayores índices de violencia contra las mujeres, es preocupante que día a día miles de mujeres están siendo agredidas, física, verbal, psicológica, sexual y económicamente. Ante esta realidad es fundamental que las instituciones del Estado nos unamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Uno de los grandes logros que ha tenido Guatemala para erradicar la violencia contra las mujeres es la implementación de la ley en Contra del Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto Número del Congreso de la República), la cual permite reconocer que las agresiones contra la mujer deben ser juzgadas, sancionadas y penadas, en base a la Ley. Cuatro años han pasado desde la apertura de los primeros órganos especializados en delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, los cuales han permitido que más mujeres víctimas de estos vejámenes puedan tener acceso a la justicia con enfoque de género. La actual Corte Suprema de Justicia adquirió compromiso para dar respuesta a la problemática de la violencia contra las mujeres, este compromiso se ve reflejado en los 18 órganos jurisdiccionales especializados en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, Izabal y Escuintla que representa una inversión por parte del Organismo Judicial de más de ciento dieciocho millones de quetzales, sumando el apoyo fundamental de la cooperación internacional de más de quince millones de quetzales. Aunque queda mucho por hacer, este segundo informe presenta los avances que se tienen en el cumplimiento del Artículo 15 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer. Las acciones realizadas para el fortalecimiento de la justicia especializada y los resultados de los órganos jurisdiccionales, permiten visualizar una justicia pronta y cumplida. Administrar la justicia con enfoque de género es un reto para el Organismo Judicial, de construir las formas tradicionales, conser- 6
7 ORGANISMO JUDICIAL vadoras y androcéntricas inmersas en el sistema de justicia y construir nuevas formas de impartir la justicia con un rostro más humano y con una reparación más digna es un desafío institucional que ha comenzado a dar frutos con las políticas vigentes, sin embargo el reto más grande es el compromiso personal de hombres y mujeres que laboramos y que con nuestro trabajo contribuimos a que esta país avance a la equidad. Por el derecho de toda mujer a vivir libre de violencia. Magistrada Thelma Esperanza Aldana Hernández Vocal VII Corte Suprema de Justicia 7
8 Agradecimientos: A la Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia Integrada por: La Magistrada Thelma Esperanza Aldana Hernández, Vocal VII y el Magistrado Lic. Luis Alberto Pineda Roca, Vocal VIII Así como, a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia Por su papel protagónico en la contribución para erradicar actos discriminatorios y de violencia contra la mujer.
9 ORGANISMO JUDICIAL 2. Introducción La creación de indicadores sobre la respuesta de los Estados a la violencia contra la mujer es en cierto modo menos compleja que la medición de la violencia, porque el derecho internacional establece claramente las responsabilidades: prevenir, proteger, perseguir judicialmente y ofrecer reparación. Yakin Ertürk, Relatora Especial Se presenta el segundo informe de los JUZGADOS Y TRIBUNALES PENA- LES DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, en donde se plasma el contenido del avance que ha tenido la justicia en materia especializada. Se ha desarrollado de tal suerte que en el CAPÍTULO I se contextualiza el tema de la VIOLENCIA CONTRA LA MUJER y la Respuesta InstitucionaL ante la problemática que representa la violación a derechos humanos de las mujeres, ya que constituye una modalidad particularmente grave que había permanecido invisibilizada; se hace ver que finalmente ha sido objeto de una creciente preocupación mundial, a partir de la cual comienzan a conocerse y difundirse sus verdaderas dimensiones, que como lo refieren estudios recientes de la Organización de las Naciones Unidas al menos un 35 por ciento de las mujeres en el mundo experimentarán violencia de sus parejas; lo que ha traído como consecuencia el interés de los Estados y de la Comunidad Internacional, y en particular del Sistema de Naciones Unidas, en asumir el reto de erradicar la violencia en contra de las mujeres. 9 Se encuentra el marco jurídico guatemalteco, que incluye los preceptos constitucionales como la descripción nacional; haciendo énfasis en el deber del Estado de garantía y protección a la persona y a la familia, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; así como el derecho a la libertad e igualdad, que ha estado consagrado en el texto constitucional por el que se reconoce que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad Sin embargo como este principio de igualdad impone situaciones objetivamente generadoras de desigualdades, ha requerido de acciones del Estado para proteger a la persona humana; y en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad ha tenido ocasión de referirse a esta materia en numerosas resoluciones, que se citan en el documento, tal es el caso de la reciente sentencia de fecha 17 de julio de 2012 en donde La Corte de Constitucionalidad declaró la inconstitucionalidad por omisión parcial del artículo 201 Bis del Código
10 SEGUNDO INFORME DE JUZGADOS Y TRIBUNALES PENALES DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Penal, que tipifica el delito de tortura; en dicha sentencia explícitamente se reconocen los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos contenidos en tratados vigentes en Guatemala, como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes. Y específicamente en relación a la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la Corte de Constitucionalidad señaló que no violentaba la igualdad entre hombres y mujeres; y en una solicitud de inconstitucionalidad general parcial, la CC sostuvo que la existencia de una situación objetivamente desigual entre hombres y mujeres, es lo que fundamenta la existencia de tipos penales específicos que protegen a la mujer, resultado más que evidente que la protección penal que brinda la norma su fin constitucional es legítimo por cuanto garantiza la integridad y dignidad de la mujer, así como su desarrollo integral y el efectivo ejercicio de sus derechos a la igualdad, a la seguridad y a la libertad. Importante aporte del máximo ente de control en el País. Entre la descripción de la legislación nacional, se hace referencia a Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (1996), Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2003): La llamada Ley PINA, Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto No del Congreso de la República); con mención de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (Decreto del Congreso de la República Nº ), que refiere específicamente al femicidio, entre los delitos contemplados como pertenecientes a la competencia de los juzgados y tribunales de mayor riesgo, en el caso en que se cumplan los presupuestos de riesgo para la seguridad personal de determinados sujetos procesales que la Ley establece, y que sean los mismos determinados conforme al procedimiento previsto en la misma. Se desarrolla como parte de las responsabilidades de los estados para enfrentar el fenómeno a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, las medidas adoptadas para prevenir el fenómeno, investigar y sancionar a los responsables y promover una efectiva reparación. Este documento alude principalmente a los siguientes instrumentos internacionales en el marco de los Derechos Humanos: Convención contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Recomendación General Nº 19 emitida con posterioridad (29/01/92) por el Comité de la CEDAW. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Convención de Belém do Pará, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994, que define la violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993 (A/RES/48/104); La Plataforma de Acción de Beijing, desarrollada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la cual fue aprobada por unanimidad conjuntamente con la Declaración de Beijing. 10
11 ORGANISMO JUDICIAL En el CONTEXTO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, se presenta de manera gráfica la información recopilada respecto en el informe sobre violencia homicida en Guatemala que refiere que aunque los niveles anuales de violencia contra las mujeres son mucho más bajos que los correspondientes a los hombres, el deterioro en la tasa femenina ha sido mucho más acelerado, pues se duplicó del 2001 al 2008, debido a aumentos considerables entre y, después, en 2006 y La excepción fue 2007, cuando ambas tasas se lograron disminuir (5% para las mujeres y 4% para los hombres). A partir del 2010 se empieza a revertir la tendencia negativa. Ambas tasas se han logrado bajar entre un 6 y 11 por ciento cada año. Es pertinente indicar que según el citado informe de CABI, al desagregar la información por grupo etáreo, puede apreciarse que el 2012 el grupo primariamente más vulnerable a violencia homicida entre las mujeres, fue de 21 a 30 años. En el caso de las mujeres, la tasa de vulnerabilidad es de 13 por 100 mil. Se presenta por considerar de utilidad para dimensionar la gravedad del femicidio a nivel nacional, establecer las sentencias dictadas según las diferentes regiones del país. Desde luego, no existe una concordancia directa entre los femicidios que se cometen y las sentencias, resultado al que se arriba tras un proceso en que intervienen múltiples actores: No obstante, es un dato válido de la actividad de la justicia en torno al fenómeno. Al evidenciar la gravedad de la situación en el país, conduce a desarrollar una normativa específica destinada a apoyar el cumplimiento de las responsabilidades contraídas por el Estado de Guatemala, a través de la citada Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer: se evidencian entres sus particularidades, el marco conceptual contenido fundamentalmente en el artículo 3, que incorpora terminología novedosa para el Derecho Penal tradicional, aun cunado desde la perspectiva de género no lo es, pero permite a la juzgadora o el juzgador tener premisas básicas para abordarlas desde lo jurídico. El sistema de Medidas de seguridad: Se efectúa una importante referencia de procedimiento en relación a las medidas de seguridad establecidas en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar; La atención integral: A través del sistema diseñado específicamente para la atención de las mujeres y sus familiares que son víctimas colaterales. La reparación: Que corresponde a la víctima directa y las víctimas colaterales, lo cual se verifica ejerciendo la acción por parte del Estado como asumiéndose de oficio, en el supuesto que la acción ejercitada por el Estado a través del Ministerio Público no llene los requisitos de ley. La creación de tipos penales específicos, que son el ámbito de competencia material primordial de los juzgados y tribunales de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer: Femicidio, Violencia contra la mujer, ésta en sus tres manifestaciones, física, sexual o psicológica, y Violencia económica. La creación de los órganos jurisdiccionales especializados para conocer los delitos contemplados en la ley, con régimen de 24 horas En el CAPÍTULO II, se incluyen las AC- CIONES DEL ORGANISMO JUDICIAL PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, cuya ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, entra en vigencia a partir del quince de mayo de 2008, 11
12 SEGUNDO INFORME DE JUZGADOS Y TRIBUNALES PENALES DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Ley que viene a ser probablemente la primera elaboración de carácter normativo que contiene una política pública en la materia, identificando el fenómeno, estableciendo un marco sancionatorio y refiriéndose específicamente a los órganos y entidades públicas responsables de la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer, entre otros aspectos. Se hace énfasis en cuanto a que para el ejercicio de la persecución penal de estos delitos, la ley dispone la obligación de fortalecimiento de las dependencias encargadas de la investigación criminal, incluyendo recursos presupuestarios, físicos, materiales, científicos y humanos que le permitan el cumplimiento de los fines lo que viene a suponer un cambio en las dinámicas institucionales, al menos desde la perspectiva de promover la reacción estatal, si bien ésta sigue siendo insuficiente; haciendo mención en el incremento significativo de denuncias penales y solicitudes de medidas de protección; sin embargo la capacidad de respuesta estatal no ha sido proporcional ni efectiva en materia de investigación, sanción y reparación del daño. No obstante desde la vigencia de la ley 2008, los casos ingresados se reportan en número de 849 casos, lo que se ha ido incrementando para el año 2009 a 3,324 casos, el 2010 a 4,220 casos y en el año 2011 a 4,678 casos. Es decir, un total de 13,071 casos en tres años y medio de vigencia de la citada Ley ( ) En los mismos años de vigencia de dicha normativa, se han dictado las siguientes sentencias: 2008 un total de 1 sentencia, en 2009 un total de 64 sentencias, en 2010 un total de 314 sentencias y en 2011 se dictaron 763 sentencias por los delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. 12 Se visualiza en este documento los avances en normativa Y JUDICATURA ESPECIA- LIZADA, desde que en el año 2008 a través del Acuerdo otorga competencia a los órganos ya existentes para la aplicación de los asuntos que contempla la ley, en tanto con la emisión del acuerdo se crean los primeros órganos de justicia especializada; así como el Reglamento de gestión para los juzgados y tribunales con competencia en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Acuerdo No de la Corte Suprema de Justicia, en donde se establecieron los mecanismos procesales para otorgar competencia a los juzgados así creados. Luego de lo cual según Acuerdo , la Corte Suprema de Justicia dispone la creación de la Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la creación de Juzgados y Tribunales especializados en Alta Verapaz y Huehuetenango. Por medio de dicho acuerdo, asimismo, el Juzgado de Primera Instancia Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer del Departamento de Guatemala fue transformado en Juzgado Pluripersonal. Y dada la altísima demanda en el departamento de Guatemala, por medio de Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, se creó el Juzgado Segundo de Instancia Penal y Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas con sede en el departamento de Guatemala. Asimismo, por medio del Acuerdo , se creó el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en el municipio de Guatemala.
13 ORGANISMO JUDICIAL Se presenta también el Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer que representa una de las apuestas más ambiciosas por favorecer un acceso a la justicia con enfoque victimológico para las víctimas de los delitos contemplados en la Ley, constituyendo un componente actualmente indispensable en el trabajo del Organismo Judicial en relación al fenómeno; lo que se visualiza con la descripción que se aporta en cuanto a la cantidad de personas atendidas por los SAI durante el año En el contexto, de contar con un ente que se encargue de dar seguimiento y monitoreo a los órganos jurisdiccionales especializados, tanto a nivel técnico como administrativo, el Organismo Judicial a través del acuerdo creó la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, con el objetivo de fortalecer la acción de los órganos especializados, orientando su labor hacia la búsqueda de un servicio de calidad a los y las usuarias del sistema de justicia, y particularmente a víctimas de violencia contra la mujer; con importantes actividades como el tener a su cargo, la estadística, ya que esta se constituye un serio obstáculo a los procesos de política judicial a nivel de toda América Latina, por tanto, es estratégico prestarle la atención correspondiente; con la responsabilidad de producir y al menos realizar una publicación anual acerca de los principales hallazgos. Se incluye la descripción de sus funciones y áreas. Como parte de la función de la CSJ para establecer la política judicial en la materia, se evaluó la necesidad de crear un Observatorio de la Justicia Especializada. La idea de generar este observatorio tiene su origen en la necesidad de dar un seguimiento técnico específico a la actividad de la Justicia Especializada tras la aprobación de la ley. Se hacer referencia a la propuesta organizativa, destacando el análisis de como el Poder Judicial puede desempeñar un papel fundamental en la producción de información sobre el fenómeno criminal de la violencia contra la mujer, puesto que es el encargado de aplicar las normas, seguir los procesos, eventualmente, dictar las medidas de protección que contemplan las leyes y, dictar sentencias e imponer las sanciones correspondientes en el caso de comisión de delitos; el Poder Judicial tiene la posibilidad de cerrar el círculo de información requerido para identificar las brechas en cuanto a acceso a la justicia para las personas que se enfrentan a distintas formas de violencia. La información que se elabore desde el OJ puede facilitar la gestión de expedientes, analizar la carga de trabajo y la proporcionalidad entre los recursos humanos, técnicos y estructurales de cada Juzgado, Tribunal y Sala; además de examinar la adecuación de la norma en la práctica a los propósitos y finalidades pretendidos por el legislador y lo que es más delicado la autoevaluación y autocorrección en el ejercicio de la función jurisdiccional. Se hace referencia además a la incorporación de una propuesta de Manual de funciones en el que se recogen los objetivos (general y específicos), funciones y procedimientos atribuyendo las responsabilidades, describiendo las actividades vinculadas a cada 13
14 SEGUNDO INFORME DE JUZGADOS Y TRIBUNALES PENALES DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER procedimiento, los plazos en que se deben iniciar las actuaciones y la periodicidad de las mismas y los indicadores para monitorear su realización. Este Manual es núcleo básico para la gestión del OJEG ya que en él se plasman la propuesta conceptual, la organizativa, la estrategia de implementación y el sistema de seguimiento y evaluación. El CAPITULO III, describe los RESUL- TADOS OBTENIDOS, que incluye los AVAN- CES EN LA TRAMITACIÓN DE CASOS ANTE LA JUSTICIA ESPECIALIZADA, el examen de que efectivamente los órganos jurisdiccionales están desarrollando su función y muy particularmente qué tipo de casos están llegando a su conocimiento y cómo son abordados, incluyendo las gráficas respectivas que ilustran la cantidad de expedientes, los procedimientos aplicables, la cantidad de juicios que concluyen ante el órgano contralor con auto de apertura a juicio y la cantidad en los que se ha aplicado procedimiento abreviado como mecanismo que permite aligerar la función de juzgamiento en los tribunales de sentencia y con ello descomprimir la labor de la judicatura en general. Se incluye un apartado toral del informe que contiene el ANÁLISIS DE LAS SEN- TENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL DE DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLEN- CIA CONTRA LA MUJER RELATIVAS A FE- MICIDIOS Y FEMICIDIOS EN GRADO DE TENTATIVA EN LOS AÑOS 2011 Y 2012, en donde se indica que casos arriban a sentencia, los autores de femicidio y femicidio en grado de tentativa, no eran desconocidos para la víctima. Más aún: mayoritariamente, existe o ha existido un vínculo afectivo entre agresor y víctima; y en la mayoría de tales casos, quienes cometen femicidio o femicidio en grado de tentativa son o han sido parejas de las víctimas; y el porcentaje en los que las relaciones son de noviazgo. Se continúa con el PROCESO FORMA- TIVO DE TRANSVERSALIZACION DE GÉ- NERO Y ANÁLISIS NORMATIVO EN MATE- RIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, el que dio inicio en el mes de abril de 2011 como política pública judicial que aportó la Corte Suprema de Justicia; este proceso tuvo una segunda fase en el año 2012, durante los meses comprendidos de marzo a mayo, en el curso del cual se formaron 608 juezas y jueces y 1,993 auxiliares judiciales bajo la ejecución conferida a la Escuela de Estudios Judiciales y la tercera fase que dio inicio el 15 de mayo de 2013 impartiéndose en los Departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, enfocándose en juezas y jueces de paz y primera instancia penal de diferentes departamentos del país. Por otra parte, en el marco del Proyecto de formación inicial para juezas, jueces, auxiliares judiciales y Sistema de Atención Integral para los departamentos de Huehuetenango e Izabal, durante los meses de Junio y Julio de 2012, se implementó un trabajo específico para jueces, auxiliares y personal del SAI, correspondiente a los Juzgados de Izabal y Huehuetenango, el cual contó con certificación de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Finalmente se presenta el CAPITULO IV, que contiene los DESAFÍOS DEL ORGA- NISMO JUDICIAL PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, en éstos 14
15 ORGANISMO JUDICIAL se incluyen los desafíos en procesos de integración interinstitucional; haciendo evidentes los acuerdos interinstitucionales respectivos, que se inicien mediante un plan piloto a desarrollarse en la justicia especializada; se incluye los beneficios que conlleva la comunicación interinstitucional, con especial énfasis los sistemas informáticos que facilitaría la disponibilidad de los audios de las audiencias a los sujetos procesales y particularmente al MP, el cual tendría acceso en línea. Reducir costos en el soporte de los audios (CD entregados a partes procesales), tiempos de entrega y espera de los registros, entre otros. Se presentan también los desafíos en procesos de Transversalización de la Justicia, para que llegue a la judicatura ordinaria penal, el conocimiento técnico y la sensibilización necesaria para enfrentar el fenómeno; así como la necesidad que el Organismo Judicial evalúe las próximas rutas para extender el arco de protección brindado en la implementación de la LFVCM. Los desafíos en el tratamiento de las Medidas De Seguridad, ya que los estándares internacionales obligan a los Estados para enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer, implican básicamente las responsabilidades de prevenir, proteger, perseguir judicialmente y ofrecer reparación. Esto es, la protección es uno de los ejes del deber de debida diligencia para garantizar los derechos de las mujeres afectadas por violencia. Es por ello que un aspecto particularmente relevante es el examen de cómo el ordenamiento jurídico nacional aborda dicho deber de protección a la víctima/sobreviviente de violencia contra la mujer. Otro de los desafíos es en materia de Reparación Digna, lo que hace preciso traer a colación los estándares internacionales en materia de derecho a la reparación en relación a la violación a las normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. En ese sentido, destacan como una guía en materia de estándares de reparación, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. La que debe ser una reparación plena y efectiva, apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, que admite tanto la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción como garantías de no repetición. Alba Alvizuris Jueza Presidenta del Tribunal Pluripersonal en delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer 15
17 ORGANISMO JUDICIAL segundo Informe Juzgados y Tribunales Penales de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer 17
19 CAPÍTULO 1 La violencia contra la mujer y la respuesta institucional
21 ORGANISMO JUDICIAL La violencia contra la mujer y la respuesta institucional CAPÍTULO 1 La violencia en contra de las mujeres se encuentra definida como una modalidad particularmente grave de violación a los derechos humanos. Tras una prolongada invisibilización, este fenómeno finalmente ha sido objeto de una creciente preocupación mundial, a partir de la cual comienzan a conocerse y difundirse sus verdaderas dimensiones. Al respecto, cabe recordar que estudios recientes de la Organización de las Naciones Unidas han señalado que al menos un 35 por ciento de las mujeres en el mundo experimentarán violencia de sus parejas u otra fuente 1. Lo anterior ha motivado un mayor interés de los Estados y de la Comunidad Internacional, y en particular del Sistema de Naciones Unidas, en asumir el reto de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Marco Jurídico Guatemalteco La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) establece en su artículo 1º (Protección a la persona) que: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. El Artículo 2º (Deberes del Estado) en tanto, indica que Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Asimismo, en su artículo 4º (Libertad e igualdad) la CPRG señala lo siguiente: En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad Tales artículos, entre otros, son determinantes para interpretar el marco jurídico de protección de la persona humana en la Constitución. Importa señalar asimismo, que el principio de igualdad impone que situaciones que objetivamente generadoras de desigualdades, requieren de acciones del Estado en orden a proteger a la persona humana. 1 Some 35 per cent of all women will experience either intimate partner or non-partner violence. Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. UN World Health Organization (WHO), in partnership with the London School of Hygiene & Tropical Medicine and the South African Medical Research Council. 20 June
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