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Timestamp: 2019-06-20 21:33:54+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 52, de 19/04/2016
cve: DSCD-11-CO-52
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 52
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO
Comparecencia de la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones (García Tejerina), para:
- Informar de las contrataciones de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), presuntamente relacionadas con una trama de fraude que está siendo investigada por la Guardia Civil. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000001) ... (Página3)
- Informar sobre las presuntas adjudicaciones fraudulentas relacionadas con la trama investigada por la Guardia Civil (Operación Frontino), en la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas -Acuamed-. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000002) ... (Página3)
- Informar sobre las gestiones realizadas por la empresa pública Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) objeto de investigación, entre otros, por presuntos delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración, que al parecer están afectando a cargos de alto nivel de dicho ministerio, así como sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno respecto a esta cuestión. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 213/000012) ... (Página3)
- Que informe sobre el criterio seguido para asignar a la flota artesanal canaria un aumento de sólo 40 toneladas en la cuota de atún rojo para este año, así como los motivos por los cuales dicho ministerio ha remitido a Iccat su propuesta de reducir el número de barcos autorizados en más de 100. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000016) ... (Página3)
- Informar de la grave crisis del sector lácteo y de los acuerdos adoptados en la reunión del último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea para hacer frente a la misma, así como de las gestiones realizadas por su Ministerio y las que piensa adoptar, para impedir el cierre de explotaciones y el cierre de fábricas de producción de leche como Lauki en Valladolid. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000049) ... (Página3)
- Que explique la situación creada en Huelva por los vertidos de residuos de la producción de fosfoyesos que durante años ha realizado la empresa Fertiberia en las marismas de Huelva, así como las últimas decisiones relativas a los mismos, y su vinculación con dicha empresa. A petición del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000050) ... (Página3)
- Relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000288) ... (Página8)
- Sobre el desarrollo estratégico del sector agroalimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000289) ... (Página13)
- Sobre prospecciones de hidrocarburos y la declaración, por ley, del mar Mediterráneo como zona libre de prospecciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000310) ... (Página17)
- Sobre la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000374) ... (Página21)
- Sobre el desarrollo de una nueva regulación para la gestión del ciclo integral del agua en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000396) ... (Página27)
- Sobre la reactivación de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, actualizándola y dotándola de presupuesto. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000314) ... (Página32)
- Relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000360) ... (Página37)
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera sesión de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el orden del día que todos ustedes conocen. En primer lugar, hay seis solicitudes de comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de varios grupos parlamentarios y, a continuación, debate y votación de siete proposiciones no de ley. Con respecto a estas últimas, se va a seguir el mismo procedimiento que fue aprobado por la Mesa y que se siguió en la última sesión de la Comisión, es decir, en primer lugar intervendrán los grupos proponentes, a continuación los grupos enmendantes, todos por un tiempo de cinco minutos, y después los grupos para fijar posiciones, siempre de menor a mayor.
- INFORMAR DE LAS CONTRATACIONES DE LA EMPRESA AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS (ACUAMED), PRESUNTAMENTE RELACIONADAS CON UNA TRAMA DE FRAUDE QUE ESTÁ SIENDO INVESTIGADA POR LA GUARDIA CIVIL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000001).
- INFORMAR SOBRE LAS PRESUNTAS ADJUDICACIONES FRAUDULENTAS RELACIONADAS CON LA TRAMA INVESTIGADA POR LA GUARDIA CIVIL (OPERACIÓN FRONTINO), EN LA EMPRESA AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS -ACUAMED-. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 213/000002).
- INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA ACUAMED (AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS) OBJETO DE INVESTIGACIÓN, ENTRE OTROS, POR PRESUNTOS DELITOS DE MALVERSACIÓN, COHECHO Y FRAUDE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN, QUE AL PARECER ESTÁN AFECTANDO A CARGOS DE ALTO NIVEL DE DICHO MINISTERIO, ASÍ COMO SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO RESPECTO A ESTA CUESTIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 213/000012).
- QUE INFORME SOBRE EL CRITERIO SEGUIDO PARA ASIGNAR A LA FLOTA ARTESANAL CANARIA UN AUMENTO DE SÓLO 40 TONELADAS EN LA CUOTA DE ATÚN ROJO PARA ESTE AÑO, ASÍ COMO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES DICHO MINISTERIO HA REMITIDO A ICCAT SU PROPUESTA DE REDUCIR EL NÚMERO DE BARCOS AUTORIZADOS EN MÁS DE 100. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000016).
- INFORMAR DE LA GRAVE CRISIS DEL SECTOR LÁCTEO Y DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL ÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA HACER FRENTE A LA MISMA, ASÍ COMO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR SU MINISTERIO Y LAS QUE PIENSA ADOPTAR, PARA IMPEDIR EL CIERRE DE EXPLOTACIONES Y EL CIERRE DE FÁBRICAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE COMO LAUKI EN VALLADOLID. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000049).
- QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN CREADA EN HUELVA POR LOS VERTIDOS DE RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE FOSFOYESOS QUE DURANTE AÑOS HA REALIZADO LA EMPRESA FERTIBERIA EN LAS MARISMAS DE HUELVA, ASÍ COMO LAS ÚLTIMAS DECISIONES RELATIVAS A LOS MISMOS, Y SU VINCULACIÓN CON DICHA EMPRESA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 213/000050).
El señor PRESIDENTE: Con respecto a la solicitudes de comparecencias, se ha recibido en la Mesa del Congreso de los Diputados un escrito del Ministerio de la Presidencia que voy a leer: "En relación con el orden del día de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del próximo 19 de abril, en la que se han incluido diversas comparecencias de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, reitero a vuestra excelencia que el criterio del Gobierno, avalado por el informe que se remitió el pasado 10 de marzo con número de registro 3025, es que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control, en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados." Por lo tanto, es evidente que la ministra no va a comparecer, por las razones que ha escrito y con las que se ha dirigido el Ministerio de la Presidencia al presidente del Congreso de los Diputados.
Como quiera que varios portavoces de los grupos parlamentarios me han pedido el uso de la palabra para fijar posición o valorar esta situación, vamos a dar paso a ese turno. En primer lugar, van a intervenir los portavoces de los grupos que han solicitado la comparecencia, de mayor a menor, y, a continuación, el resto de los grupos, terminando el grupo mayoritario de la Comisión, que es el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, se van a dividir los tiempos entre dos portavoces. Primero y por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra su portavoz don Felipe Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.
Hoy asistimos a una muestra más del desprecio de este Gobierno ya en funciones a este Parlamento. Así de claro tenemos que decirlo, porque hoy no estamos pidiendo que acuda la ministra de Agricultura a la sede de la soberanía nacional a rendir cuentas de su gestión ya pasada y, por tanto, caducada, que es a lo que apela el Gobierno; le estamos pidiendo que venga a este Parlamento a dar cuentas de la gestión que está ejerciendo como ministra en funciones. Y, en concreto, el Grupo Socialista le ha pedido que venga a esta Cámara a dar cuenta de cuáles fueron los acuerdos a los que su Ministerio estuvo dispuesto a ceder y asumió y aprobó en el Consejo de Ministros de Agricultura que se celebró hace una semana sobre un grave problema que tenemos en nuestro país, que es la crisis del sector lácteo. Por tanto, no veníamos a pedirle aquí cuentas sobre su gestión pasada, sino sobre lo que ha hecho siendo ministra en funciones.
Y resulta mucho más ilógico que la ministra no esté hoy aquí y no comparezca por este asunto cuando hemos tenido la comparecencia del mismo presidente del Gobierno en funciones para rendir cuentas del Consejo que llevaron a cabo los presidentes y jefes de Estado acerca del acuerdo con Turquía. ¿Por qué puede venir el presidente del Gobierno a rendir cuentas sobre un Consejo Europeo y no puede venir la ministra de Agricultura a rendir cuentas sobre un Consejo Europeo en este caso de Agricultura? Es más, ¿por qué puede venir el señor De Guindos dentro de una hora a rendir cuentas a este Parlamento del plan de estabilidad que van a presentar nuevamente a Bruselas, y no puede venir la ministra a dar cuentas de lo que han acordado para la grave crisis que pasa el sector lácteo? ¿Por qué pudo venir el señor Montoro a esta Cámara a rendir cuentas sobre lo que le estaban pidiendo las comunidades autónomas y no puede venir la señora García Tejerina a rendir cuentas a esta Cámara sobre lo que están haciendo en la trama investigada por la Guardia Civil sobre Acuamed?
Voy terminando, porque poco más se puede decir ante la inexcusable falta de respeto a esta Cámara con la ausencia de la ministra. Queríamos tratar con la señora García Tejerina un tema importante, grave, que es la crisis del sector lácteo, pero también queríamos preguntarle por la trama de Acuamed, de la que va a hablar mi compañero Herick Campos. Solamente les diré que este grupo lo que ha hecho ha sido hacer caso a la ministra, que dijo públicamente que estaba dispuesta a dar todo tipo de explicaciones sobre este asunto y que acudiría al Parlamento si así lo aprobaba y lo pedía la Mesa. La Mesa aprobó la comparecencia, la Mesa ha pedido su comparecencia y hoy la ministra falta nuevamente a su palabra.
Nada más y muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Herick Campos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sicilia.
Tiene la palabra el señor Campos.
A la señora García Tejerina le pedíamos que aportara qué ha hecho en su condición de ministra en funciones para investigar -como así se comprometió- qué había pasado en el caso Acuamed. Pero tenemos que lamentar que el Gobierno no dé explicaciones de qué pasó ni sobre lo que se ha hecho para depurar responsabilidades políticas en lo que parece -y es evidente- un caso de tráfico de influencias y prevaricación. Los socialistas tenemos que decir sobre el caso Acuamed que nos parece repugnante que se saltaran informes internos que decían que no se debían pagar esos sobrecostes porque no eran atribuibles a la propia gestión del Gobierno, sino a la mala gestión de la ejecución de la obra por parte de la empresa, al tiempo que se paralizaban obras, obras necesarias para garantizar el abastecimiento de agua a toda la cuenca del Mediterráneo, a todas las comunidades afectadas, a Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valencia y Cataluña. La ministra en funciones tenía que explicar, tenía que explicar qué pasó y, sobre todo, qué medidas está tomando ya, ahora, en funciones, para que no vuelva a pasar, para que no se vuelvan a producir estos hechos, no solamente ese sobrecoste pagado que no se debía pagar, sino incluso algunas mordidas que hubo en algunas actuaciones concretas, como explicaré a continuación.
Y lo que sí dijo la Mesa del Congreso es que tenían la obligación de venir al Congreso para explicar lo que hacían en su condición de ministros en funciones. Y, por cierto, otros ministros, cuando se han tratado temas de alarma social, sobre corrupción por ejemplo, hicieron el amago por lo menos de venir a comparecer, aunque finalmente dimitieron. Y es que se necesita dar esas explicaciones y que se depuren
responsabilidades. En el fondo, lo que demuestra es que este Gobierno prefiere unas imágenes hoy en los medios de comunicación de un sillón vacío a que se constate su connivencia, su manera de tapar la corrupción durante los últimos cuatro años. Y me refiero a una mordida, por ejemplo, en mi provincia de 3,2 millones de euros en una desaladora, concretamente en la ejecución de las obras de enganche de la misma a la red de distribución. No puede haber coalición, ni gran coalición ni ningún tipo de coalición con un partido que permite, ampara y tapa la corrupción. Hoy es un ejemplo, pero tenemos esos concejales del PP de Valencia que siguen siendo miembros del grupo municipal del PP en Valencia o el del jefe de Policía de la Comunidad Valenciana, antes jefe provincial de la Policía, quien recibió una petición de que, por favor, se mandasen los informes del caso Brugal, porque no los facilitaba.
Acabo. Como decía, nos parece repugnante que el Gobierno negocie en un despacho unos sobrecostes que no hay que pagar -y hay informes en contra de que los tenga que pagar-, al tiempo que se paralizan, por ejemplo, desaladoras en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Región de Murcia. Concretamente, en la Comunidad Valenciana, la reducción de inversión ha sido de un 70 %, y, por ejemplo, la desaladora de Almanzora continúa sin ser puesta en marcha. Exigimos que den explicaciones, pero, sobre todo, exigimos que cumpla su trabajo como ministra en funciones, ponga en marcha las desaladoras -algunas de ellas ya están acabadas-, y, sobre todo, aumente el caudal subvencionado que hay en aquellas zonas donde no tienen suficiente agua para abastecer el consumo humano.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campos.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra su portavoz don Antonio Gómez-Reino.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Finalmente, voy a compartir el turno con el señor López de Uralde, muy brevemente.
En una situación como esta lo lógico sería decir que nos sorprende la ausencia de la ministra, pero, lamentablemente, por la dinámica que estamos observando en los últimos meses, no nos sorprende, aunque, pese a no sorprendernos, nos parece igual de lamentable. Además, creemos que es un claro y absoluto desprecio a la democracia y que en nada ayuda a entender el mandato que no simplemente en las urnas sino en las calles se dio en los últimos años, que tiene que ver con dejar de construir instituciones y parlamentos de baja intensidad, y, en vez de eso, construirlos realmente como ágoras y espacios de transparencia y de rendición de cuentas públicas.
Dicho esto, además nos parece singular que se empleen una serie de cuestiones procedimentales para evitar comparecer. Creemos que hoy en día hay que evitar este tipo de subterfugios y que la ministra no debe esconderse en elementos procedimentales y otro tipo de cuestiones, sino venir aquí y dar la cara, dar la cara porque, como comentará el señor Gómez-Reino y ya se expuso aquí, creo que hay temas de especial relevancia. Y aunque la ministra hoy no quiera comparecer en esta Comisión, los ganaderos y las ganaderas de este país necesitan soluciones y respuestas, y las tramas de posible corrupción que pueda haber en todo lo que tiene que ver con las empresas de gestión de agua no pueden esperar, como tampoco el caso que ahora comentará el señor López de Uralde.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez-Reino.
Tiene la palabra el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Habíamos solicitado la comparecencia de la señora ministra de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación para explicar la situación derivada de los vertidos de fosfoyesos en la ría de Huelva, en concreto en las marismas del río Tinto. Consideramos absolutamente inaceptable la ausencia de la ministra en el Congreso para dar explicaciones. La situación que se vive en Huelva es dramática, con el vertido de miles de toneladas, algunas de ellas contaminadas con radiactividad. El Ministerio ha aceptado una solución -propuesta, por cierto, por la propia empresa en la que la ministra trabajó durante muchos años, cuestión que creemos que debe ser explicada- que es falsa, una solución que solamente plantea tapar los residuos tóxicos con una capa de tierra. Por ello, exigimos una solución real a esta situación gravísima que se vive en Huelva derivada de los vertidos de residuos de fosfoyesos por parte de la industria Fertiberia y reclamamos la presencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente para explicar todo lo relativo a las decisiones tomadas en las últimas semanas en relación con este grave caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Uralde.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Buenos días, señor presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos queremos mostrar nuestra indignación por la no asistencia de la ministra en funciones para dar cumplida información a los grupos parlamentarios, que somos los representantes de los ciudadanos, y, sobre todo, con respecto a cuestiones tan importantes por las que se la hemos solicitado. Yo soy de Murcia y, por desgracia, pasaba por la calle, por la sede de Acuamed en el momento en que la guardia civil estaba entrando a hacer el registro. La sensación por parte de los ciudadanos era la típica de siempre en nuestra comunidad: algo raro han hecho otra vez estos. Y, sinceramente, esto es importante porque no solamente hablamos de un caso tan grave como el de Acuamed, sino también -estoy con el portavoz socialista- porque necesitamos que rinda cuentas acerca del acuerdo en la Unión Europea sobre el sector lácteo y nos hable de los fosfatos de Huelva.
Pero creemos que este Gobierno ha dejado de ser un Gobierno en funciones para convertirse en un auténtico Gobierno en rebeldía, pero un Gobierno en rebeldía para lo que quiere, porque ciertos ministros vienen, a petición propia, para utilizar el Congreso claramente con fines electorales. Sinceramente, estamos muy cansados de ver cómo se cercena la voluntad de los ciudadanos en casos tan importantes como el de una empresa pública que ha dado lugar por parte del Juzgado Central número 6 de Madrid a decretar prisión sin fianza para cinco implicados -entre ellos, su director general- por presuntos delitos por organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar los precios de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa. Sinceramente, creo que la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debería venir a esta Comisión a dar las explicaciones pertinentes para decir que estos son casos aislados de unos sinvergüenzas que se han aprovechado de su poder para beneficio propio y no se corresponde con la gestión habitual y diaria de la generalidad de los funcionarios del Ministerio de Agricultura. No venir aquí y dar la callada por respuesta puede dar lugar a que los ciudadanos piensen que todos funcionan como estos sinvergüenzas, y no es el caso. Por lo tanto, creemos que tendría que venir a esta Comisión para dar respuesta a las preguntas tan importantes que para gente como yo, de la Región de Murcia, y los compañeros de la Comunidad Valenciana o Andalucía supone el ejercicio diario de una empresa tan relevante como Acuamed.
Sinceramente, lamentamos la falta de compromiso de la señora ministra y del Gobierno con el derecho de control que asiste a esta Comisión y, en definitiva, a las Cortes Generales, porque somos representantes del pueblo español y el Gobierno es responsable de forma solidaria, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución. Esperemos que esta sea la última vez que nos dejan con la palabra en la boca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garaulet.
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Gracias.
Intervengo simplemente para reiterar que más allá de las disquisiciones sobre si la ministra está en funciones o no, porque además parece que lo va a estar hasta después del verano y que los ciudadanos están cansados ya de este tipo de disquisiciones, creo que lo que estos quieren es que los diputados hagamos nuestro trabajo y el Gobierno haga el suyo. Y una de las funciones del Gobierno es justamente venir aquí, dar la cara y que los representantes del pueblo les podamos preguntar, y, sobre todo, preguntar por el dinero público malgastado. Todos los días venimos asistiendo a un espectáculo incesante en el que aparecen políticos de un partido determinado y determinadas empresas que están en todos los aliolis que se cocinan y hay prácticas que reiteradamente aparecen como sobrecostes y contratos troceados. Por eso, entendemos que más allá de las disquisiciones sobre si se está en funciones o no, la ministra tendría que haber estado hoy aquí y dar la cara, porque, en definitiva, es lo que los ciudadanos nos están pidiendo.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia.
En primer lugar, por el Grupo de Ezquerra Republicana, tiene la palabra don Francesc Xavier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Buenos días, señor presidente, señorías.
Simplemente, para recuperar todo lo que hemos comentado los diferentes grupos. Creemos que es imperdonable que en un momento en que se pide una comparecencia por un tema tan importante como este -y no solo por este, sino por otros- que la propia ministra alegue la situación de su cargo en funciones. En todo caso son posicionamientos sobre cargos en funciones cuando conviene. Recordemos, por ejemplo, que el Plan Hidrológico se aprobó con un Gobierno en funciones. Por tanto, según para qué, conviene o no. En estos momentos lo único que se puede pedir es la llamada a la responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la situación, cómo está el Estado español, cómo está socialmente todo el mundo. Por eso, lo que no podemos permitirnos en estos momentos es alargar y dilatar mucho más procesos tan preocupantes como estos, y hay que tener presente que si próximamente se va a unas elecciones esto no se pondrá en marcha hasta después de septiembre u octubre. Por tanto, hay que fijarse en el vasto drama que conlleva todo ello.
Nada más. Solo queríamos sumarnos a las opiniones de los diferentes grupos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
Muy brevemente y en nombre de mi grupo, nosotros no la habíamos solicitado, pero, evidentemente, ante esta situación tenemos opinión y tenemos posición, como lo reflejamos en el Pleno de hace dos semanas en el Congreso, cuando se debatió este asunto en su globalidad.
Lo que hay que recordar es que lo que está en funciones es el Gobierno, pero nosotros, el Parlamento no está en funciones. Y, como no está en funciones, tenemos todo el derecho del mundo a solicitar de quien está ejerciendo la labor de Gobierno. Porque una cuestión es que esté en funciones, pero sigue ejercitando la labor de Gobierno; con unas limitaciones, pero no estás precisamente. La de dar cuenta de lo que se está haciendo o la de dar cuenta de aquellas cuestiones que los diputados y diputadas solicitamos es su obligación.
Por tanto, creo que es una vergüenza política y es una aberración jurídica el argumento que ha utilizado el Gobierno para decir que no va a comparecer; no hay por donde cogerlo, y ellos lo saben, porque, si fuera otro partido -me da igual, cualquiera- el que hiciera esto, el Partido Popular tendría -estoy convencido- otra opinión, y en ningún caso argumentaría lo que ha argumentado para no comparecer. Creo que es un error político y es una aberración jurídica -vuelvo a decir- este argumentario.
Por tanto, para que conste en el Diario de Sesiones, queremos mostrar la más enérgica protesta del Grupo Parlamentario Vasco por la no comparecencia de la ministra en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Agirretxea.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Teresa de Lara.
Permítame que inicie mi intervención diciendo, señorías, que no admito y me parece verdaderamente repugnante, por utilizar las mismas palabras que el portavoz socialista, que se diga aquí que el Partido Popular permite y ampara la corrupción; no lo admito, señorías, y emplazo al portavoz a que lo diga fuera de la Cámara, y menos que esa frase venga de un miembro del Partido Socialista, que gobierna en la Junta de Andalucía, donde se ha producido el mayor fraude en la historia de España.
Señorías, aunque los grupos no han querido entrar en ello -como es habitual-, estamos ante un debate eminentemente jurídico, porque se está discutiendo si un Gobierno en funciones puede o no puede ser controlado y si debe o no debe comparecer. Señorías, se han valorado informes jurídicos de los letrados del Gobierno, de la Secretaría General de esta Cámara y del Parlamento andaluz que indican que no hay confianza otorgada al Gobierno y que un Gobierno sin confianza del Parlamento no puede ser controlado. Ustedes lo saben, señorías, y con estas representaciones reiteradas en las Comisiones parece que se está intentando manipular lo que dice la Constitución para utilizar la Cámara de forma torticera.
Después de plantear un conflicto de competencias al Constitucional no quieren esperar a su resolución, sino que se insiste con reiteración, se hace demagogia y a continuación se va a las cámaras de televisión.
Señorías, ¿qué dicen los letrados de las Cortes? Literalmente y entrecomillo: El control debe tener carácter singular, limitado y excepcional. ¿Tienen sus peticiones de comparecencia ese carácter? No lo tienen, señorías, y ustedes lo saben. ¿Ha comparecido el Gobierno cuando se han dado esas condiciones a las que se refieren los letrados? Por supuesto, señorías. Ha comparecido el ministro Montoro, el ministro García-Margallo, el presidente del Gobierno y en pocos momentos va a comparecer el ministro De Guindos. Además, ustedes, señorías, utilizan una doble vara de medir. ¿Compareció el Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía? ¿Se convocaron comisiones y plenos en el largo plazo que hubo entre las elecciones autonómicas andaluzas y la formación del Gobierno? ¿Acaso el Grupo Socialista o su socio, el Grupo Ciudadanos, lo solicitaron? No, señorías, ni lo solicitaron ni hubo comparecencias. ¿Se convocaron plenos y comisiones en el Parlamento de Cataluña en fechas similares a las anteriores? Tampoco, señorías, ni el Gobierno de la Generalitat ni el Parlamento lo quisieron ni lo pidieron. Es decir, no lo quisieron ni lo pidieron ninguno de los grupos nacionalistas e independentistas que hablan hoy de una quiebra de la democracia y de los valores constitucionales. Qué vergüenza, señorías. Creo que ese descrédito que la política está teniendo en nuestro país se debe fundamentalmente a los políticos que no practican la coherencia y la seriedad de los argumentos, a los políticos que utilizan la doble vara de medir según las circunstancias, a los políticos que utilizan esta Cámara de forma torticera y, en definitiva, a los políticos que no cumplen el objetivo fundamental en estos primeros tiempos de la legislatura, que es formar el Gobierno y elegir a un presidente de Gobierno.
Ustedes, señorías socialistas, saben que pueden optar por un Gobierno con Podemos y los partidos independentistas o por un Gobierno con el Partido Popular, que es el que ganó las pasadas elecciones. Es hora ya de conformar un Gobierno viable para España, pero ustedes, señorías, no lo quieren. Con todo lo demás lo único que hacen es marear la perdiz, todo lo demás es puro teatro y los españoles ya se han cansado de ello. La política es algo serio, señorías, y con su juego están poniendo en riesgo la recuperación económica que tanto esfuerzo ha costado a los españoles, y, sin embargo, por sus actuaciones, parece que esto a ustedes no les preocupa. A nosotros sí y mucho; por ello, creemos que la labor fundamental de este Parlamento es elegir ya un nuevo Gobierno.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Señor presidente, por el artículo 72, por alusiones, simplemente treinta segundos.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos, si tengo que dar el turno por alusiones por lo que se ha dicho en la sesión de hoy, tengo que dar la palabra a los 15 diputados del Partido Popular. Por lo tanto, no entremos en este juego de alusiones.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Me han citado con nombre y apellidos.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos, por favor.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Portavoz socialista repugnante.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos, sabe perfectamente que en este debate han intervenido todos los grupos con absoluta libertad. Si le doy la palabra a usted me obliga a dársela a los 15 diputados del Grupo Popular.
- RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO DOCUMENTADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000288).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las proposiciones no de ley. Debatimos, en primer lugar, la proposición no de ley relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Les ruego que disculpen el tono de mi voz y los posibles ataques de tos que padezco estos días.
Entrando en el fondo de la cuestión y poniéndonos en situación para que podamos entender el motivo de esta proposición no de ley, permítanme que recuerde de dónde se partía para llegar al momento en el que nos encontramos actualmente en la lucha contra la pesca ilegal. Ya les adelanto que es bien diferente, y probablemente todas sus señorías conozcan el cambio radical que se ha producido en la acción del Gobierno. En aquel momento, cuando este Gobierno llegó a las instancias comunitarias, al sector pesquero español se le tachaba de prácticas de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que es como se conoce técnicamente, o con las siglas en inglés IUU -para no hacer larga la intervención diré siempre pesca ilegal, y así sabrán todas sus señorías a qué me estoy refiriendo-. España tenía, y tiene todavía, impuestas dos multas por sobrepesca de caballa, verdel, xarda, como se conoce a esta especie en cada comunidad, durante los años 2009 y 2010, además de una severa advertencia de la Comisión Europea por las graves deficiencias en los sistemas de control e inspección a la flota pesquera española. Se nos advirtió de estas deficiencias y de las posibles consecuencias, aparte de la sanción económica y de la reducción de miles de toneladas anuales de esta especie que todavía hoy están sufriendo nuestros pescadores. Esas advertencias podían haber debilitado todavía más la poca credibilidad que ya teníamos, además, en un momento crucial, porque recuerdo a todas sus señorías que entonces se estaba negociando la política pesquera común y la dotación presupuestaria para los próximos diez años.
Por estas razones, además de por otras, el Gobierno decidió realizar un cambio radical en la política de inspección pesquera. Hoy, como les decía al principio, la actividad pesquera en nuestro país se basa fundamentalmente en un conocimiento científico mucho más sólido, en una gestión que asegura el máximo rendimiento de nuestros recursos a largo plazo y, sobre todo, en un cumplimiento estricto de las normas de control. Haber apostado, como hizo el Gobierno de España, por esta línea de trabajo ha permitido recuperar la credibilidad ante las instituciones internacionales, especialmente las europeas. Gracias a ello, se han podido mejorar las posibilidades de pesca, lo que llamamos los TAC, las cuotas que anualmente se asignan a todos los Estados miembros; se ha mejorado la comercialización de todos los productos de nuestro sector pesquero; se han logrado más fondos para nuestra flota, para nuestra industria; y, sobre todo, hemos conseguido situarnos a la cabeza en materia de cumplimiento y de control.
Quiero decir que hay que poner en valor no solo haber conseguido dar la vuelta a esta situación inicial, sino haber dado un salto cualitativo, porque hoy -lo digo con toda modestia, pero con todo orgullo- España es líder indiscutible y un referente mundial en el control de la pesca ilegal y en la inspección de sus caladeros. Por falta de tiempo no me voy a extender en cuáles son las áreas de actividad que se han impulsado y las citaré por encima -solo me detendré en una de ellas-: el área de control, que funciona los trescientos sesenta y cinco días al año y las veinticuatro horas de cada día; el área de inspección pesquera, donde se cuenta con la colaboración de la Armada, de la Guardia Civil y de las comunidades autónomas; y el área que se ocupa de la lucha contra la pesca ilegal -aquí sí me detengo porque es el motivo de la proposición no de ley-. Esta área, como les decía, lo que trata es de verificar la legalidad de los productos de la pesca que procedentes de terceros países llegan a España, lo que supone gestionar más de 40.000 expedientes cada año. Hoy España es el Estado miembro que realiza un mayor -yo añadiría y mejor- número de controles, que lleva a cabo un mayor número de denegaciones para que muchos de esos productos no lleguen a nuestros mercados; concretamente, más de la mitad de las denegaciones que se realizan dentro de la Unión Europea tienen lugar en España, a pesar de que solo representamos el 20 % del total de las importaciones de mercados comunitarios.
Hay operaciones que han saltado a los medios de comunicación y que han hecho que la lucha contra la pesca ilegal fuera más conocida por todos los ciudadanos y por el propio sector, como fueron las operaciones Sparrow, tanto la primera como la segunda, en la que el Servicio de Inspección de la Secretaría General de Pesca del Magrama, la colaboración de organismos internacionales y de países como Nueva Zelanda, Australia, Cabo Verde, Belice, etcétera, han permitido descubrir y levantar un entramado empresarial que trataba de evitar el descubrimiento de sus actividades ilícitas. Hay inhabilitaciones, hay sanciones importantes, etcétera, a las que no me voy a referir porque se me acaba el tiempo.
Señorías, si el Grupo Parlamentario Popular ha planteado hoy esta iniciativa no ha sido para rellenar el orden del día -no caigan en esa descalificación-, sino para que el Parlamento, el Congreso de los Diputados, reconozca la labor que se ha llevado a cabo, de la que el sector pesquero español se siente orgulloso, que es la que ha permitido, como dije hace un momento, que España sea hoy un líder indiscutible
en materia de control de pesca ilegal. Solo me queda -finalizo, señor presidente. Gracias por su benevolencia- pedirles que, a pesar de las enmiendas presentadas, a las que ofreceré una transacción a lo largo de esta sesión, tengan a bien prestar su apoyo a esta proposición y no caer en el juego, legítimo, lícito, de las descalificaciones gratuitas, porque esta cuestión debería ser motivo de orgullo para todos nosotros y no solo para el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde.
Empezaré por el final. En la PNL que han presentado hablan de perseguir la lucha contra la pesca ilegal. Entiendo que si perseguimos la lucha contra la pesca ilegal todos esos avances se van a quedar en agua de borrajas. Creo que quieren decir lo contrario. Por eso, nuestra primera enmienda pretende cambiar el texto para que diga: perseguir la pesca ilegal.
Voy a explicar el contenido de nuestras enmiendas. Estamos de acuerdo con la importancia de una lucha eficaz contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada como eje prioritario de actuación de la Administración pesquera. Desgraciadamente, empresas y puertos españoles hicieron en el pasado un daño notorio a nuestro país en este ámbito, y no cabe duda de que es una buena noticia que este tema se haya tratado con mayor seriedad y dotación de medios en los últimos años. La proposición no de ley presentada por el Grupo Popular menciona en concreto, como ha dicho su portavoz, la reciente operación Sparrow. Conviene recordar que tal operación se centró en una red de empresas bien conocidas durante casi dos décadas y que tristemente vivió al calor no solo de la inacción de la Administración, sino incluso de generosas subvenciones públicas concedidas durante años; ello, pese a la oposición y la denuncia continuada tanto de organizaciones ecologistas como de la propia Comisión Europea. Según Greenpeace, la empresa Vidal Armadores, objetivo de la operación Sparrow, recibió al menos 16 millones de euros de dinero público, concedidas por la Administración central y administraciones autonómicas, tanto de Gobiernos del PSOE como del Partido Popular. Estas subvenciones fueron concedidas aun cuando eran vox populi las actividades ilícitas de estas empresas e incluso se habían producido sentencias contra ellas por pesca ilegal. Se trata de un dinero público, por otra parte, que la Administración debería aspirar a recuperar. Esto no lo decimos solo nosotros, porque ya en marzo de 2006 el comisario Borg escribía a la entonces ministra de Pesca lo siguiente: La larga implicación de la empresa Vidal Armadores en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, demanda también que sus autoridades adopten las acciones necesarias para la posible recuperación de los fondos públicos otorgados a esta empresa bajo el instrumento financiero de orientación de la pesca. Añadía, además, que las autoridades españolas deberían recuperar, en proporción a las infracciones documentadas, cualquier ayuda pública concedida a esta empresa desde el 1 de enero de 2003. Creemos que este debe ser un punto de acción importante también en relación con operaciones como la citada Sparrow.
Estamos de acuerdo, como hemos dicho, en la importancia capital de luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, sin olvidar por ello que una de las mejores armas para luchar contra ella es dotarnos de políticas pesqueras que pongan en su centro la sostenibilidad ambiental y la justicia social. La pesca ilegal es resultado también de la sobrepesca y de la lucha por unos recursos cada vez más escasos que, en ocasiones, abocan a parte del sector a incumplir las normas. Recuperar los stocks pesqueros a niveles abundantes, reducir la sobrecapacidad de pesca, proteger el medio ambiente marino y un reparto más equitativo de las posibilidades de pesca que priorice a aquellos que pescan de forma más sostenible también ayudará a reducir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. También queremos enfatizar la importancia de que el Estado se dote de mayores medios e inspectores en materia de pesca. No solo el número, sino las condiciones laborales de los inspectores deben ser mejoradas. En demasiadas ocasiones, la carrera inspectora es corta, no solo por el carácter a menudo ingrato del trabajo inspector, sino porque las condiciones no son las adecuadas. Necesitamos más inspectores, que sean experimentados y con buenas condiciones laborales. Igualmente, es fundamental que se profundice en el intercambio de información entre administraciones, cuerpos de seguridad del Estado e investigadores.
Las redes de empresas dedicadas a la pesca ilegal que dañan los recursos pesqueros y los legítimos intereses del sector pesquero que faenan legalmente han hecho un uso extensivo de la misma ingeniería financiera y fiscal que estos días se ha hecho más célebre, si cabe, con los papeles de Panamá. Estas empresas son conocidas por la constitución de tramas de empresas opacas y el reabanderamiento
constante de buques de pesca. De hacerse públicos los documentos originales de los papeles de Panamá, permaneceremos atentos a la presencia de compañías pesqueras en paraísos fiscales y a las posibles relaciones que esto pueda tener con actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Además de la enmienda ya referida, presentamos otras tres relativas a las cuestiones que planteamos. La recuperación de las subvenciones; la mejora en la inspección; una referencia a los papeles de Panamá y a las empresas que puedan estar vinculadas a paraísos fiscales.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Margarita Pérez Herraiz.
Señor García Díez, no sé por qué se pone la venda antes de la herida. Procuraremos no hacer descalificaciones gratuitas -creo que no lo hacemos nunca-, pero sí queremos opinar sobre este tema. Es evidente que la pesca ilegal es un problema grave y, como sucede con la mayoría de las conductas ilegales, su persecución es difícil. Dificultan más esta persecución cuestiones como las que acaba de comentar el portavoz anterior, por ejemplo, la existencia de paraísos fiscales que facilitan la ocultación del dinero que estas empresas mueven.
La pesca es una parte muy importante del sector primario, aporta al producto interior bruto cantidades importantes, tanto en España como en el mundo, y, sobre todo, es una fuente muy importante de alimentos, por lo que es fundamental darle sostenibilidad. Pero a la vez que se está estabilizando la pesca legal, la pesca ilegal se está incrementando, lo que hace que haya una competencia muy desleal por parte de estas personas que repercute negativamente en los que ejercen esta actividad de forma sostenible.
Que el Congreso manifieste su compromiso con la persecución de las ilegalidades, la verdad es que es una auténtica obviedad. El Grupo Popular habla de una ambiciosa batería de medidas desarrolladas en estos últimos cuatro años; pero, con respecto a los resultados, si fueron tantas y tan importantes, ¿por qué esperaron hasta 2015 para detener a los miembros de esta compañía de armadores de la que hablaba el portavoz anterior, cuando parece que todo el mundo sabía que la actividad ilegal venía desde hacía mucho tiempo? Insisto en que reconocemos que es difícil, pero si la efectividad de esas medidas es tanta, no sé por qué esperaron a finales del año 2015 para detener a estos armadores. Lo único que hizo el Partido Popular fue una modificación de la Ley de Pesca Marítima en 2014. Nosotros comentamos en aquel momento que considerábamos más conveniente que se elaborara una nueva ley. Lo único que hizo esa modificación fue adaptarse a los nuevos reglamentos europeos, poner más sanciones y dar más posibilidades de aplicarlas. Lo demás son declaraciones de intenciones. Dice la ley: se adoptarán medidas, se promoverán acciones, pero no especifica ni qué medidas ni qué acciones. Estoy refiriéndome en concreto a la persecución de este tipo de pesca ilegal. El reglamento europeo supuso avances importantes, pero no suficientes. Es preciso profundizar en la aplicación de estas nuevas normas para que el trato a los diferentes países no sea discriminatorio. No puede haber diferencias relacionadas con la persecución de la pesca ilegal dependiendo de que un barco desembarque en el puerto de un país o en el de otro. También consideramos que hay que ser más contundentes con los países que no adopten ninguna medida contra la pesca ilegal. Proponemos que no solo hay que evitar el comercio ilegal, sino evitar también en toda la Unión Europea el comercio de productos de pesca procedente de países que no controlen la pesca ilegal. Proponemos también que se refuerce la cooperación para perseguir esta pesca entre los países de la Unión Europea y con terceros países, así como que se armonicen las sanciones. Hay que insistir ante la Unión Europea para que los certificados de pesca necesarios para el comercio internacional sean electrónicos y, por tanto, de control inmediato ya este año.
Creemos que España debe hacer más para evitar la pesca ilegal. Cuando hacía oposición, el Grupo Popular decía que el Gobierno de España tiene competencias y muy claras, y reclamaban en aquel momento mayor implicación. Como decimos, la ambiciosa batería de medidas no es tal, ya que todos los reglamentos relacionados con este tema son anteriores al cambio de Gobierno. España hizo solo aquello a lo que le obligó la Unión Europea. Nosotros consideramos que España debe intentar limitar todavía más la actividad de las empresas que practican la pesca ilegal no declarada y no documentada, y no concederles ninguna subvención para actividades relacionadas con la pesca ni con ninguna otra actividad empresarial. Como decía, El Grupo Popular antes quería avances claros y que no se quedara en declaraciones de
intenciones; ahora se conforman con declaraciones de intenciones y con una alabanza al Gobierno que parece más propia de una campaña electoral que de una iniciativa en el Congreso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herraiz.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.
Evidentemente, mi grupo siempre se ha posicionado de forma contundente en el tema de la pesca ilegal, entre otras cosas, porque consideramos que la primera a la que perjudica la pesca ilegal es a la pesca legal, así como a los pescadores y a las flotas que faenan basándose en criterios de sostenibilidad; sobre todo, afecta mucho a los que ya lo tienen complicado de por sí por mantener una flota artesanal. Creo que son importantes todas las labores que se hagan a favor de la lucha contra la pesca ilegal.
De todas formas, hay que tener en cuenta un elemento que ya hemos comentado más de una vez en esta Comisión en otras legislaturas. La Unión Europea no tiene fronteras internas y todo aquello que entra en la Unión Europea, entre por donde entre, ya es producto interior. En ese sentido, suponemos que en fronteras interiores no se pueden hacer inspecciones que no se hayan hecho en las fronteras exteriores de países terceros limítrofes con la Unión Europea. Creo que no todos los Estados miembros operan con la misma diligencia a la hora de controlar productos procedentes de pesca ilegal de otros lugares en los que la legalidad brilla por su ausencia. Pensamos que una labor importantísima de la Unión Europea, desde un planteamiento global, es controlar en sus propias fronteras los productos que entran.
Apoyaremos esta proposición no de ley. Supongo que el grupo proponente hará la modificación que solicitaba el señor López de Uralde, porque entiendo que es un error gramatical.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Apoyaremos la proposición no de ley porque estamos de acuerdo con el texto planteado por el grupo parlamentario. Pero tenemos que hacer constar también el importante papel que los cuerpos pesqueros de inspección de las diferentes comunidades autónomas tienen en la lucha contra la pesca ilegal, especialmente en comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco que tienen fronteras con otros Estados miembros. Cabe recordar aquí el papel desarrollado por los cuerpos de inspección en la entrada por Francia de pescado de talla no reglamentaria, entre otros aspectos. La lucha contra la pesca ilegal, así como el compromiso de todos los Estados, dentro y fuera de la Unión Europea, para cumplimiento y control es esencial, especialmente en el Mediterráneo.
Repito que apoyaremos la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Buenos días, señorías.
Está claro que nuestro sector pesquero tiene numerosísimos problemas ya conocidos por todas sus señorías: pesca de inmaduros; pesca fuera de los ámbitos temporales europeos; violación de los periodos de paro biológico, tanto de la flota de arrastre, pescado blanco y marisco, como de los de cerco, boquerones, sardinas, pescado azul; pesca de especies protegidas; pesca de atún rojo sin licencia; y uso de artes de pesca ilegales, por ejemplo, por su reducido tamaño de malla. Estamos de acuerdo en que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es una amenaza mundial para la deseable pesca sostenible, así como para la correcta ordenación y conservación de nuestros recursos pesqueros nacionales y la necesaria biodiversidad marina. Es obvio también que los principios que deben regirla están plenamente influenciados por la política común europea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos fija su posición basándose en los siguientes principios: la conservación y recuperación de los recursos pesqueros, tanto de nuestras aguas jurisdiccionales, como de aquellas donde faena nuestra flota, debe ser un objetivo prioritario, tanto de la política de defensa de nuestros intereses, como de la de todos los países miembros; el tan necesario desarrollo sostenible del sector pesquero, basándonos en esa sostenibilidad y en un equilibrio ponderado entre el crecimiento
económico y una adecuada explotación de los recursos, ya sean naturales, humanos o financieros, siempre, evidentemente, dentro del marco de la estrategia de especialización inteligente, RIS3 y Blue Growth de la Unión Europea. Concluyendo, sin perder de vista todos estos principios, y en pro del fortalecimiento de la competitividad de nuestro sector pesquero, con el objetivo de alcanzar un rendimiento máximo sostenible, el objetivo de aplicar la política de TAC y cuota, habida cuenta de la configuración fuertemente restrictiva de nuestra política pesquera en la Unión Europea, debemos impulsar una política de colaboración bilateral con terceros países fortaleciendo nuestra presencia. Por tanto, es preceptiva la aplicación del desembarque de todas las capturas, nuevas medidas de gestión y de inspección y modificar el principio de estabilidad relativa, entre otros, para evitar graves perjuicios sobre dichas cuotas. Por ello, es totalmente necesario continuar con la política de control e inspección destinada a la lucha contra la pesca ilegal -salvando la errata del enunciado- no declarada y no reglamentada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos votará a favor de esta proposición no de ley.
Señor García Díez, ¿acepta las enmiendas presentadas?
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, como ya he dicho, ofreceré una transacción a los dos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Respecto a ese error gramatical que hay en el texto, tengo que decir que evidentemente se trata de eso, de un simple error gramatical -el Grupo Podemos también comete un error en su enmienda; son errores que los ordenadores y las personas cometemos- que en el texto que haré llegar a la Mesa ya está corregido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Díez.
- SOBRE EL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000289).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día, proposición no de ley sobre el desarrollo estratégico del sector agroalimentario, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra don Emilio del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: Gracias, señor presidente.
El sector agroalimentario español es estratégico para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra sociedad y para nuestro medio ambiente como actividad económica, con una producción de calidad creciente, capaz de competir con éxito en los mercados internacionales, como instrumento para potenciar el valor social y económico de nuestro entorno rural, en conjunción con otras actividades, y como fuente de empleo y arraigo de la población en nuestros pueblos. Por todo ello, y por todas las personas que viven del sector agroalimentario, así como por los que puedan encontrar en él una oportunidad, hay que seguir trabajando para potenciar y asegurar este sector. Se trata de un sector que sufrió de forma severa las consecuencias de la crisis. Después de cuatro años de intensa actividad, el sector agroalimentario cuenta hoy con unas mejores condiciones para poder desplegar su potencial.
Era necesario favorecer una dimensión empresarial que permitiese enfrentar con éxito los retos de la internacionalización, y durante estos últimos años se han abordado los desarrollos normativos para la ordenación del sector, trabajando para asegurar un mejor equilibrio en la cadena alimentaria y mejorar la transparencia. Se ha eliminado la incertidumbre respecto a la financiación procedente de la política agrícola común, y después de una intensa negociación se ha logrado un buen acuerdo para España. Hoy los agricultores españoles cuentan con 47.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 gracias a la buena negociación que se hizo. El sector agroalimentario da trabajo a algo más de 2 millones de españoles, entre la propia agricultura y los 30.000 establecimientos de la industria agroalimentaria, con una participación superior al 10 % del producto interior bruto. En la actualidad, los sectores productor y transformador se caracterizan por su atomización, lo que determina su escaso poder de negociación frente a otros eslabones de la cadena agroalimentaria. Hay cerca de un millón de productores, 4.000 entidades asociativas y 30.000 industrias agroalimentarias frente a las 6 mayores cadenas de distribución, que alcanzan una cuota de mercado de más del 60 % de la distribución minorista. Por otra parte, la industria agroalimentaria española ocupa el quinto puesto en valor de ventas, después de
Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y, como ocurre en otros sectores industriales, las grandes empresas tienen a operar a escala global, mientras que las pequeñas y medianas suelen operar en escalas geográficamente más reducidas.
Nuestros agricultores y ganaderos, así como las industrias asociadas al sector, han demostrado que su iniciativa es arrolladora por el hecho de que las exportaciones han crecido más del 20 % en los últimos cuatro años y España es ya el octavo exportador de productos agroalimentarios del mundo. El constante crecimiento de nuestras exportaciones ha supuesto que en el año 2015 se hayan superado los 44.000 millones de euros. Sin duda, esta es una de las mejores cartas de presentación y garantía de futuro del sector. Este futuro se traduce en nuevas oportunidades de empleo, puesto que la ocupación en el sector agrario está creciendo en torno al 7 %.
Pues bien, en este contexto, y con el objetivo de poder seguir avanzando en este camino de prosperidad para la industria de la alimentación, a mediados de 2014 se presentó el marco estratégico para la industria de alimentación y bebidas con el objetivo de dotarse de una estabilidad y conseguir los instrumentos dirigidos a reforzar la competitividad en el horizonte 2020. El marco estratégico implica una planificación para el crecimiento sostenible del conjunto del sector agroalimentario para contribuir a la mejora del conjunto de la economía y del país. En este documento ya se exponía una serie de tendencias sociodemográficas que ponen de manifiesto la importancia de esta industria y la necesidad de asegurar el abastecimiento de materias primas. En el ámbito del consumo, la lenta recuperación económica seguía afectando a los hábitos de consumo de los ciudadanos, y por eso tenemos que seguir trabajando para salir todos de la crisis, concretamente este sector, y también hay otra serie de líneas que se recogen en el propio marco estratégico. Tenemos que mirar a más largo plazo por todas las personas que viven del sector agroalimentario y por las que pueden encontrar en él una oportunidad. Por eso debemos seguir desarrollando de una forma planificada este sector, con un horizonte ambicioso y razonable de trabajo ajustado al calendario de la política agrícola común 2021-2017. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos la elaboración de una estrategia de desarrollo del sector agroalimentario con dicho horizonte, cuyas líneas principales tendrían que ser la definición de países estratégicos, incentivar la exportación, el desarrollo de nuevos canales de comercialización, la promoción del mercado interno, fomento del relevo generacional en el sector agrario, apoyo a la pequeña y mediana producción agroalimentaria y agroindustria artesanal. En fin, una serie de líneas que estamos cerrando ahora mismo asumiendo las enmiendas presentadas por parte de algunos grupos parlamentarios. Esta estrategia ha de ir acompasada con la futura política agrícola común 2021-2017, de modo que prepare al sector y abarque las acciones a implementar en relación con los medios de producción, los diversos sectores productivos, la industria agroalimentaria y la distribución. Y todo ello en colaboración con las comunidades autónomas y los representantes del sector.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Río.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Molinary.
El señor MOLINARY MALO: Muy buenos días, señor presidente, señores miembros de la Mesa y señores diputados, como nuevo diputado de Ciudadanos no entiendo la negativa del Ejecutivo para contestar a las preguntas que afectan a los ciudadanos de España y, en mi caso concreto, al cierre de la factoría de Lauki en Valladolid, que va a representar una importante pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos y, al mismo tiempo, un grave problema para los ganaderos de esa zona de Castilla y León. Espero que si hay unas nuevas elecciones el día 26 de junio, los votantes tengan en cuenta esta negativa respecto a los intereses de estas personas en esta región tan importante para España.
Sabemos que el sector agroalimentario es importantísimo para España. Nos encontramos ante un sector con un peso que representa el 9 % del producto interior bruto, en el que trabajan más de 2 millones de personas. En principio, votaremos a favor de esta proposición no de ley si se tienen en cuenta nuestras aportaciones que son las siguientes: impulsar las medidas que ayuden a los productores agrícolas y ganaderos para poder continuar con sus labores productivas. Promover acciones encaminadas a garantizar las rentas de los agricultores y ganaderos con trasformación, promoción de sus productos en el mercado interno y, por tanto, incremento de los puestos de trabajo para que el beneficio quede en el país y, al mismo tiempo, promover acciones en el mercado exterior utilizando activamente a los agregados comerciales de las embajadas de España en el exterior para fomentar e impulsar los acuerdos comerciales.
Si esto es así y se tienen en cuenta dichas aportaciones, el Grupo Parlamentario Ciudadanos podrá apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molinary.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña Rosana Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos presentado unas enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, cuya inclusión estamos en estos momentos acabando de negociar y, en principio, parece que va ser posible llegar a un acuerdo. El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea considera indispensable una estrategia de desarrollo del sector agroalimentario. Esa estrategia debe instalarse dentro de un marco más amplio de una política rural estatal. Creemos que un país sin una política rural propia está abocado a vivir de las políticas europeas, y aspiramos a algo mejor para nuestro país y para nuestro sector agrícola y agropecuario. Asimismo, consideramos que la PAC, tal y como ha venido desarrollándose, ha desperdiciado una oportunidad excelente para hacer una aplicación orientada hacia la conservación de las pequeñas y medianas explotaciones, que son las que mayoritariamente están implantadas en nuestro sistema agroalimentario. En relación a la PAC también sería de gran interés situarnos en una revisión intermedia a 2017 y, posteriormente, empezar a preparar las negociaciones de la próxima PAC 2020-2027. Pensamos que un planteamiento estratégico basado solo o principalmente en la internacionalización del sector agroalimentario y orientado prioritariamente hacia la exportación, sacrifica a los pequeños productores, consagrando un modelo intensivo y agroexportador. Si verdaderamente estamos preocupados por todas las personas que viven del sector agroalimentario y por las que estamos intentando que encuentren en él una oportunidad, conviene, en efecto, primar una estrategia de desarrollo del sector, pero que incentive al mismo tiempo el comercio en cadenas cortas, que incentive las explotaciones artesanales que son un verdadero vivero de oportunidades, en lugar de condenarlas a la desaparición. Consideramos que es importantísimo, dado que la estructura agraria de nuestro país está basada principalmente en pequeñas explotaciones familiares y artesanales. Existe cada vez más un interés creciente por el sector primario, en especial por los y las jóvenes que intentan incorporarse para desarrollar un modelo de explotación agropecuaria que integre varios eslabones de la cadena agroalimentaria, con el fin de controlar más el proceso y obtener rendimientos más justos y adecuados. El modelo productor primario que, además, transforma sus productos en un pequeño obrador o fábrica agroalimentaria y finalmente los comercializa, bien en canales abiertos o en circuitos cortos, está cada vez más extendido. Por eso consideramos muy importante incluir en esta proposición no de ley los Reglamentos de la Unión Europea 852/2004, 853/2004 y 854/2004, que forman el paquete higiénico sanitario que contempla importantes posibilidades de flexibilización en función de si la producción es artesanal y local, si la producción y comercialización es a pequeña escala, de la dimensión de la producción y otra serie de circunstancias que, no obstante, deben desarrollar los Estados miembros. Y que, de hecho, han desarrollado algunos Estados de nuestro entorno como Francia, Italia, Austria o Alemania. Consideramos que nuestro país debería sumarse a la petición de implantación de esos reglamentos de la Unión Europea para posibilitar que los pequeños productores artesanales puedan dar salida a sus productos. El desarrollo de este sistema es básico para que el sector agroalimentario artesanal y de pequeña escala pueda desarrollarse en condiciones. A pesar de los esfuerzos de muchas comunidades autónomas en este ámbito, es necesario que una actuación legislativa del Estado permita ese marco general en el cual todas las agroindustrias puedan ubicarse y operar en la cadena alimentaria.
Así pues, si las enmiendas a esta proposición son aceptadas finalmente por el Grupo Parlamentario Popular, votaremos a favor. Nuestro primer interés es que los pequeños y medianos sectores de la industria agroalimentaria en nuestro país puedan salir adelante. Por último, aprovecho la oportunidad para contestar a la diputada del Grupo Parlamentario Popular, por la referencia que ha hecho en su intervención a las dificultades y el miedo ante un posible Gobierno en el que pudiera entrar el partido al que represento, Podemos-En Comú Podem-En Marea. Queremos decirle que nuestro partido está a favor, como he defendido ahora, de las pequeñas y medianas empresas, de la producción artesanal y familiar, a favor de los pequeños agricultores. Nosotros no somos una amenaza para este país, sino que somos una oportunidad. Así lo consideramos, así lo demuestra la gente que ha creído en nosotros. No
somos el lobo que viene; el lobo en este caso, como en muchos otros, es amigo. Somos una oportunidad para este país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pastor.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra don Antonio Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Muchas gracias, señor presidente.
Tal como hoy han reconocido algunos sindicatos agrarios y la propia Generalidad de Catalunya, el modelo de aplicación de la nueva política agraria común, PAC, en España, aprobada por el Ministerio de Agricultura, conllevará un recorte de las ayudas directas de la PAC en Cataluña de unos 250 millones de euros entre 2015-2020. Una situación que desde el Grupo Parlamentario Catalán consideramos injusta y que tiene un impacto negativo significativo tanto a nivel agregado del conjunto del sector agropecuario catalán como a nivel sectorial y de explotación. Por ejemplo, se estima que la suma de las ayudas directas que recibirá el sector agrario catalán, incluidas las ayudas asociadas a los recursos productivos de Cataluña, sufrirá una reducción del 14 % en el primer año de aplicación de la reforma de la PAC. Y todo esto si lo comparamos con las cifras de impacto de la nueva PAC en el Estado, se puede observar que la agricultura catalana verá reducidas las ayudas directas de la PAC de media diez veces más respecto a la media de reducción del Estado español. Por lo tanto, aprovechamos esta proposición no de ley para pedir una revisión inmediata de este modelo injusto para Cataluña. En este sentido, me gustaría recordar que la normativa de la PAC incluye la posibilidad de plantear antes de agosto de 2016 una revisión del conjunto de modalidades de aplicación de cara al año 2007 en adelante. En consecuencia, como el interés de esta proposición no es centrarse en esta cuestión, sino mirar qué haremos a partir a partir de 2020, no apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postius.
¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Pausa). No va a intervenir. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta hoy una proposición no de ley en la que afirman que el sector agroalimentario de nuestro país es estratégico para la economía, la cohesión social y el desarrollo de nuestro país. Y es cierto, por eso no entiendo que durante la pasada legislatura el Partido Popular se haya olvidado de este sector agroalimentario. Hoy sectores tan importantes para la agroindustria y la agroalimentación de nuestro país, como el porcino, el lácteo o el sector vitivinícola, están en serias dificultades. ¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura para tratar de apoyar a estos sectores y al resto de sectores de la agroindustria? Absolutamente nada. Hoy el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición en la que solo aparecen buenas palabras, ningún compromiso cierto. Siguen en la línea de estos últimos cuatro años, buenas palabras pero ningún compromiso presupuestario. Es ahí, en el presupuesto, donde verdaderamente se ven las prioridades de un Gobierno. ¿Y qué ha ocurrido con el presupuesto del Ministerio de Agricultura durante los últimos cuatro años del Gobierno del Partido Popular? Pues que se ha ido recortando año tras año.
Es innegable, señorías, que el sector agroalimentario es uno de los que más exporta en nuestro país, pero esto no es debido al apoyo que le ha prestado el Gobierno del Partido Popular en este tiempo; todo lo contrario, se debe a la necesidad de nuestro sector agroalimentario para poder seguir vivo, para subsistir, aunque sea a duras penas. Por eso han tenido que buscar mercado fuera ante la falta de apoyo que encontraban en el Gobierno de la nación. La realidad de nuestro país es que en el año 2015 la renta agraria estaba por debajo de los niveles del año 2001. En el año 2015 había menos renta agraria que en el año 2001, lo que muestra la pérdida de capacidad adquisitiva del conjunto del sector agrario. Un sector que difícilmente puede innovar y modernizarse, como sí está ocurriendo en otros países. Difícilmente puede innovar y se puede modernizar nuestro sector cuando se pierde renta, cuando las ayudas del Gobierno escasean, y mucho menos cuando se incrementan los costes de producción, como viene ocurriendo en los últimos años. Señorías, programas tan importantes en el presupuesto del Ministerio de
Agricultura como aquellos que tienen como objetivo orientar las producciones a las nuevas demandas de la sociedad o adaptarlas a las nuevas formulaciones de la PAC, programas importantes que tienen como objeto el mantenimiento y el desarrollo del medio rural o equipar al sector para su modernización y su profesionalización; estos programas vitales para el sector agroalimentario, señorías, han visto reducido su presupuesto de manera drástica. Permítanme un dato -voy terminando-, en el año 2011, con un presupuesto elaborado por el Partido Popular -no me remonto ya a los presupuestos socialistas-, estos programas que antes les detallaban contaban con 156 millones de euros. Pues bien, para el año 2015, esas partidas cuentan con 95 millones de euros. Este es el recorte del Partido Popular en agricultura y esta es su apuesta cierta en el sector agroalimentario: menos inversión y menos presupuestos para programas vitales para el sector agroalimentario. Eso sí, buenas palabras muchas, presupuestos, ninguno. En la misma línea de lo que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular. Siguen con esa línea, señor Del Río.
Para terminar les diré que vamos a apoyar esta enmienda transaccional que nos han presentado, porque entendemos que es lógico definir una estrategia de desarrollo para el sector agroalimentario en nuestro país con la mirada puesta en la futura PAC 2021-2027, pero, señor Del Río, señorías, mirando hacia el futuro no olvidemos el presente. Hoy hay sectores que están en serio peligro, no olvidemos el presente del sector agroalimentario porque, si no, no llegaremos a ese futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.
Señor Del Río, tengo que preguntarle por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor DEL RÍO SANZ: Espero cerrar un texto final en el que se incorporan algunas de las líneas de las enmiendas, y que presentaremos a lo largo de la mañana.
- SOBRE PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS Y LA DECLARACIÓN, POR LEY, DEL MAR MEDITERRÁNEO COMO ZONA LIBRE DE PROSPECCIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000310).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 9.º del orden del día: Proposición no de ley sobre prospecciones de hidrocarburos y la declaración, por ley, del mar Mediterráneo como zona libre de prospecciones. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Sofía Hernanz.
La señora HERNANZ COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a finales de la pasada legislatura se produjo en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares una masiva movilización social en contra de las prospecciones petrolíferas. Este rechazo rotundo estuvo avalado desde todas las instancias políticas, sociales, económicas y ciudadanas. Incluso llegó a organizarse a través de importantes alianzas intersectoriales, como la conocida Alianza Mar Blava, cuyo trabajo ha sido determinante en esta cuestión y con cuya colaboración hemos contado en la presente iniciativa. Si bien es cierto que hace unos meses la petrolera Cairn Energy desistió de su proyecto de prospecciones en el golfo de Valencia, frente a la costa oeste de Ibiza y Formentera, también lo es que esa fue tan solo una batalla ganada y que el peligro de prospecciones no ha desaparecido ni de Baleares ni del resto del mar Mediterráneo, ya que existen otras compañías con proyectos de prospecciones petrolíferas en diferente estado de tramitación que afectarían a las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía y también a Baleares. Por esta razón en el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta proposición no de ley, en la que pedimos al Gobierno tres cosas con las que pretendemos blindar el Mediterráneo español frente a las prospecciones petrolíferas: primero, la aplicación con carácter inmediato de una moratoria que impida la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos. En segundo lugar, la finalización y el archivo definitivo de los expedientes en tramitación relativos a permisos de investigación y de exploración ya existentes. Y por último, lo más importante, impulsar una modificación legislativa por la que finalmente se declare el Mediterráneo español como zona libre de prospecciones petrolíferas.
Me permitirán que resalte aquí algo que es imposible soslayar, ya que existe una cierta justicia poética en el hecho de que hoy estemos debatiendo esta proposición, solo cuatro días después de la renuncia del exministro, señor Soria, principal valedor de las prospecciones y cuya renuncia saludaba un importante periódico de tirada nacional con un artículo titulado: Adiós al ministro del petróleo. Es cierto que en Baleares no vamos a llorar la pérdida del señor Soria, pero también lo es que su desaparición, política evidentemente, no ha sido motivada por su nefasta labor en materia energética, sino -dicho con las propias palabras del señor Soria- por no haber sabido gestionar periodísticamente sus actividades empresariales en paraísos fiscales. No tenemos el más mínimo signo externo de un cambio de rumbo en esa materia por parte del hasta hoy Gobierno del Partido Popular en funciones, así que más allá de esa cuestión de cierta justicia poética, los socialistas pretendemos que hoy mismo empiece ese viraje necesario en materia de política energética y de protección de nuestra biodiversidad y patrimonio natural, con la aprobación de esta proposición que deje nuestro mar Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas.
Los socialistas defenderemos nuestros recursos naturales como bienes públicos, preservándolos de su explotación agresiva e insostenible. La extracción de hidrocarburos en el mar no tiene cabida en nuestro modelo de gestión sostenible porque, además, proteger nuestra costa mediterránea es proteger una de las zonas turísticas más relevantes del mundo. Una actividad turística que debe guardar una excelente relación con la conservación del medio ambiente, una actividad muy dependiente del mar y, sin duda, poco compatible con que se extraiga petróleo en el mismo mar donde se hallan sus playas y sus puertos. La declaración por ley del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones petrolíferas es la única medida legal efectiva que permitiría acabar definitivamente con el goteo de proyectos de prospecciones, que cada poco tiempo amenazan las aguas del mar Mediterráneo que bañan sus costas, sus valiosos hábitats, su rica y variada fauna y también, y muy importante, su economía, nuestra economía.
Existen razones medioambientales y razones económicas para que hoy yo pida a los diferentes grupos parlamentarios que apoyen con su voto esta proposición. Y si no les bastan las razones medioambientales, de supervivencia económica, les puedo añadir otra razón, la de la coherencia política. Antes de emitir su voto piensen que sus diferentes representantes en todo el territorio del Mediterráneo, pero especialmente permítanme que haga hincapié en Baleares, han apoyado unánime y reiteradamente esta declaración; administraciones públicas, asociaciones empresariales y ciudadanas, sindicatos, organizaciones sociales y culturales, los diferentes partidos políticos; todos se han unido en torno a esta idea y en torno a esta reivindicación. El Grupo Parlamentario Socialista lo que intenta con esta proposición es trasladar a esta Cámara ese consenso. El señor Soria ya no está, pero el peligro de prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo sigue presente mientras este Gobierno a la deriva no cambie su rumbo. Eso es lo que les pedimos con esta proposición, un mar Mediterráneo limpio de prospecciones petrolíferas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herranz.
A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Por lo tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. No están los portavoces de los Grupos Parlamentarios Mixto y Vasco. ¿Grupo Parlamentario Catalán? (Pausa). No interviene. ¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? El señor Eritja tampoco interviene. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don José Calle.
El señor CALLE FUENTES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en esta Comisión de Agricultura en el Parlamento nacional va a reconsiderar su postura sobre esta proposición no de ley en base a las reflexiones que explicaré a continuación, aunque es de todos conocido que en Ciudadanos estamos y estaremos siempre velando por el futuro de las energía renovables. Señorías, estas reflexiones en materia de hidrocarburos son, en primer lugar, que el petróleo, a día de hoy, resulta insustituible, sobre todo en sectores tan importantes como el transporte y la industria petroquímica. España, como el resto del mundo, no puede renunciar a la utilización del petróleo de momento, pensar lo contrario sería autoengañarnos. En 2014 España importó 59 millones de toneladas de petróleo, lo que nos supuso un coste de 37.000 millones de euros. Esta importante detracción de recursos económicos de nuestro PIB, variable en función del coste del barril de brent en cada momento, condiciona nuestras cuentas públicas y privadas, la mejora de nuestros servicios públicos y nuestra capacidad de crecimiento. En este mismo ejercicio, los ingresos por turismo en España ascendieron a 48.928 millones de euros. Es decir, en un año del precio del barril de brent a la baja, 79,20 euros, y de importante crecimiento del turismo en España, el 77 % de nuestros ingresos tuvieron que dedicarse a pagar nuestra factura de compra de petróleo. En 2014 España
produjo 305.000 toneladas de petróleo, equivalente solo al 0,5 % de lo importado en el mismo año. Esto significa que nuestra producción nacional es totalmente dependiente de terceros países, con los consecuentes riesgos que ello conlleva en todos los ámbitos, no solo económico, sino político y social. De ahí la conveniencia, si fuera posible, de aumentar nuestra capacidad de producción aprovechando las oportunidades que cada día nos ofrecen nuestras tecnologías de investigación y explotación de potenciales yacimientos en el subsuelo terrestre y marino de nuestro territorio.
La explotación de yacimientos de hidrocarburos conlleva, como cualquier otra actividad industrial y en la vida cotidiana, algunos riesgos, sin embargo, tales riesgos hoy en día son mínimos siempre y cuando se adopten las medidas oportunas -y aquí sí estará Ciudadanos con la mayor severidad para su cumplimiento-, como se demuestra hoy en día, gracias a la experiencia de más de cien años en el aprovechamiento de tales yacimientos en numerosos países del mundo, como Estados Unidos, Noruega y otros países del Golfo Pérsico. Paralizar sin más cualquier actividad dirigida a la investigación de nuestros potenciales yacimientos es un sinsentido, señorías, equivalente a lo que en su día supondría el enfrentamiento al desarrollo del ferrocarril, la automoción y cualquier otra actividad de progreso en nuestra sociedad, fruto de su capacidad innovadora y de su ambición por mejorar sus condiciones de vida. Por tanto, la explotación y la investigación en hidrocarburos deben reconsiderarse como actividades de interés estratégico nacional, siempre y cuando -reiteramos- se garantice el estricto respeto de las normas de protección de las personas y del medio ambiente. Solamente en estas condiciones debería permitirse la evaluación de las reservas existentes en nuestro suelo.
Actualmente los mayores riesgos marítimos son los derivados de los accidentes del transporte naval con petróleo. Como todos sabemos, por nuestro mar Mediterráneo circulan diariamente innumerables barcos que transportan hidrocarburos. Unos tienen como destino España y otros transitan hacia otras direcciones. Cualquier accidente puede provocar importantes consecuencias en nuestras costas y en nuestro medio ambiente, ya las hemos sufrido, señorías. Por lo tanto, la exploración nacional minimizaría nuestras necesidades de abastecimiento marítimo y, por tanto, el número de posibles accidentes. No por ello debemos dejar de reclamar en los foros internacionales medidas que mejoren la garantía de seguridad de los buques con hidrocarburos como, por ejemplo, la ya exigencia de barcos con doble casco. Son las actuaciones que cabe proponer y esperar de un país avanzado como España, que no ha de cerrar las puertas a una actividad a día de hoy absolutamente irrenunciable, estando totalmente de acuerdo con la reconversión a energías renovables. Utilizar como referencia la postura francesa de declarar el mar Mediterráneo francés libre de prospecciones carece de interés, ya que en Francia, señorías, mantienen una posición firme y ejemplar sobre el desarrollo de la energía nuclear, con la que abastece a Europa con una energía competitiva. No es este nuestro caso, señorías. En un mundo globalizado donde nuestros productos deben ser competitivos respecto a terceros países, qué duda cabe que disponer de energía más barata redunda en la reducción de nuestros costes de producción y, por ende, de la supervivencia de nuestras industrias y de nuestra actividad económica y social. Precisamente por ello cada día desaparecen en nuestro país más industrias que, por otra parte, son las garantes de un empleo de calidad comparado con el que ofrece nuestra actividad turística.
Para finalizar quiero hacer una reflexión muy importante, señorías, si estos recursos de hidrocarburos, si estas bolsas -por así decirlo- están en los mares y océanos que limitan con países vecinos o terceros, estos países también pueden pinchar dichas bolsas, por lo que cabría hacernos algunas preguntas: primera, ¿estamos más seguros con el método de extracción o prospección utilizado por la Unión Europea o por los métodos utilizados por países terceros? Segunda, ¿elaborarían estos países terceros los pertinentes estudios medioambientales con el rigor que se harían en Europa? Tercera, ante un posible accidente ¿estos países terceros estarían más capacitados que Europa para mitigar las posibles consecuencias? Y cuarta, ¿estaríamos en disposición de pedir algún tipo de responsabilidad con garantías a un país tercero o a una empresa europea? Señorías, no estamos en contra, pero esto debe hacernos reflexionar.
En conclusión, por los motivos expuestos con anterioridad, el Grupo Parlamentario Ciudadanos se abstendrá en todos los puntos de esta PNL, entendiendo al mismo tiempo que este tipo de decisiones habría que consensuarlas con la Comisión de Industria, Energía y Turismo quedando emplazados para ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Calle.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
Diputadas, diputados, ciudadanía que está siguiendo esta sesión, porque entendemos las demandas de la Alianza Mar Blava y sabemos que la sociedad civil se ha movilizando en contra de las prospecciones por el litoral Mediterráneo, porque sabemos qué estragos causan, porque tenemos las imágenes frescas en la retina todavía de la plataforma Deepwater Horizon en el golfo de Méjico, porque hay quienes tenemos todavía en los playeros restos de fuel, de galipote, que ya no se nos van a ir nunca, vamos a decir sí a esta proposición no de ley sobre las prospecciones de hidrocarburos y la declaración por ley del mar Mediterráneo como zona libre de prospecciones. Precisamente porque nos parece necesario, ya que es inadmisible estar sometiendo a nuestra fauna marina a lo que implican los sondeos acústicos; porque sería una vergüenza que al mismo tiempo que hay espacios protegidos, como es el Corredor de Migración de Cetáceos, se permitan proyectos de prospecciones en esos mismos espacios; porque es altísimo el riesgo de vertidos durante la perforación de los pozos de cata, que fue lo que produjo la catástrofe en 2010 en el Golfo de México; porque existe un profundo rechazo social, empresarial e institucional es por lo que no queremos que sea solo el litoral mediterráneo el que esté libre de estas prospecciones.
Queremos que esto sea para todos nuestros mares, para todo nuestro litoral, para todas las familias que viven del sector pesquero que se ve afectado por estas prospecciones, para toda nuestra fauna marina, desde el Mediterráneo alto hasta el puerto de Luanco y el Golfo de Cádiz, desde el mar de Alborán hasta las costas vascas, desde la Costa Brava hasta el arrecife de Lanzarote -sí, me van a permitir que haga esta asociación de ideas porque al hablar de Canarias y de prospecciones es imposible no pensar en nuestro extinto ministro Soria-, porque no vemos de un modo desigual nuestros mares, no vemos de un modo desigual a nuestro sector pesquero. Entendemos las especificidades de cada territorio, pero si hablamos de nuestra salud marina, la queremos para cada saliente y para cada golfo del litoral español. Yo, que vivo junto al mar Cantábrico y paseo descalza por su orilla, no quiero ni deseo vertidos en sus aguas, ni restos de desastres adheridos a sus rocas. No quiero que peligre nuestra fauna marina ni nuestras aves y como conocemos la situación de peligro de extinción de la parcela balear, no queremos que eso se reproduzca entre las aves de otras costas. No confiamos, no tenemos ninguna confianza en las supuestas medidas correctoras y preventivas que proponen las petroleras para continuar sus prospecciones porque sabemos que no son eficaces. Además, los datos demuestran que continuar con las prospecciones en cualquier parte de nuestro litoral es tener la constante amenaza de mareas negras y hacer que se resienta nuestra pesca, nuestro turismo, nuestra diversidad marina y nuestro futuro.
Votaremos afirmativamente a esta proposición no de ley y decimos desde ahora que la queremos para todo el litoral, para todos y cada uno de nuestros mares del litoral español.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castañón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora De Lara.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la proposición no de ley que hoy debatimos a propuesta del Grupo Socialista, ya que retoma un tema, el de los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos, que se presta a la demagogia -ya lo vimos en la pasada legislatura- y a la desinformación.
Por ello, señorías, conviene hacer una serie de puntualizaciones. Primera, mediante dos reales decretos de fecha 23 de diciembre de 2010 el Gobierno de España, presidido por el señor Rodríguez Zapatero y con la firma del entonces ministro de Industria, señor Sebastián, concede sendos permisos de investigación de hidrocarburos en el Mediterráneo. No se conoce ninguna declaración de ningún portavoz socialista -de ninguno, señorías- que denote la mínima intranquilidad por esa concesión. Ninguna declaración, señorías, ni para esos dos permisos ni para el resto de permisos, hasta la docena, concedidos por el Gobierno socialista. La intranquilidad, según las hemerotecas, se inicia un tiempo después de que las urnas les llevaran a ustedes, señorías socialistas, a la oposición.
Segunda, fue el Gobierno del Partido Popular el que modificó la legislación de impacto ambiental en diciembre de 2013 y estableció que los proyectos de exploración mediante sísmica marina debían someterse siempre a una evaluación ambiental. Por cierto, es algo que el Gobierno socialista no había considerado necesario y que la legislación no contemplaba. Es decir, tampoco esto producía intranquilidad a los portavoces socialistas.
Tercera, resulta improcedente que ustedes, señorías socialistas, desconozcan que el régimen regulatorio nacional de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos establece un estricto control administrativo, en el que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental garantizan un estándar de protección medioambiental más estricto que la propia normativa comunitaria y garantizan, asimismo, una mayor participación social, sin arbitrariedades ni injerencias de ningún tipo.
Cuarta, por si sus señorías socialistas lo desconocen, la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos exige la consideración de sus efectos directos e indirectos sobre el territorio, incluyendo el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural, así como la definición de las medidas necesarias para evitarlos o reducirlos, y todo ello bajo estrictos criterios técnicos y científicos.
Quinta, la exploración e investigación de hidrocarburos es una actividad de innegable interés estratégico para España, por lo que siempre que se garantice el estricto respecto de la norma debe permitirse la evaluación de los recursos existentes en nuestro subsuelo, sin que haya motivos que desde un punto de vista técnico recomienden la denegación genérica de este tipo de actividades.
Sexta, el objeto de las campañas sísmicas marinas es obtener una representación de la estructura geológica que forma el subsuelo marino, mediante el análisis de las características de programación del sonido. Es una tecnología habitual en la investigación geocientífica y, de hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es uno de los agentes más activos en este campo. ¿Tal vez lo desconocen, señorías?
Séptima, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es competente en la protección de los valores para los que se declara espacios marinos protegidos; protección que ha experimentado un fuerte avance en los años del Gobierno del Partido Popular.
La petición de declarar por ley al Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos es, señorías, una petición demagógica de una figura jurídica que no existe en el ordenamiento español y cuyo fin principal es meramente la prohibición de una actividad sectorial determinada que ustedes, como ya he dicho, señorías socialistas, impulsaron en sus cuatro años de Gobierno. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es competente para proponer la designación de zonas especialmente protegidas para el Mediterráneo. Se trata en todos los casos de figuras de protección que suelen llevar aparejada una regulación de los usos posibles en estos espacios, pero, en ningún caso, tienen como objetivo principal prohibir una actividad concreta, sino proteger los valores naturales por los que los espacios fueron declarados.
Termino, señorías, diciéndoles que por todo ello, y a la vez que reitero nuestro voto en contra de la propuesta, solicito al Partido Socialista una mayor coherencia en sus iniciativas y, en definitiva, una mayor coherencia en todas sus actuaciones.
- SOBRE LA PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL DE LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS E INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS HACIA LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000374).
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha solicitado, y parece que lo ha hablado con el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios, que los puntos 10.º y 11.º del orden del día se sustancien al final del debate. ¿Alguien tiene algún inconveniente? (Denegaciones).
Pasamos al punto 12.º: proposición no de ley sobre la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas, presentada por el Esquerra Republicana de Catalunya. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Francesc Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidente.
Estamos acabando de concretar un poco las diferentes enmiendas que se han propuesto y probablemente propondremos una enmienda transaccional con diferentes grupos. En todo caso, haré ahora la exposición de todo el argumentario y después ya les comentaré como quedaría el texto.
El Estado español es el cuarto Estado exportador europeo de productos alimentarios y el octavo del mundo. El sector agroalimentario español emplea más de dos millones de personas y genera el 9 % del PIB, según datos oficiales. A pesar de la importancia de este sector en la economía española y de los esfuerzos de la industria agroalimentaria para adaptarse a los retos del siglo XXI, como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales o la conservación del paisaje y el mantenimiento de la economía rural viva, persiste una situación de abuso económico premeditado por parte de las industrias transformadoras y cadenas de distribución respecto a los productores y explotadores agrícolas y ganaderos. De hecho, prácticas como la importación de género a precios por debajo de los costes de producción de nuestros productores o la utilización de productos, leche o aceite, con un precio muy bajo como reclamo para vender otros productos con más margen comercial y obtener una ganancia de forma conjunta, son ejemplos mucho más habituales de lo que podemos creer. Además, esta situación de indefensión y de abuso a la que se ven sometidos los agricultores y ganaderos pone en cuestión la garantía de una competencia justa, leal y efectiva, puesto que no se mantiene un adecuado nivel de precios, una situación que en un contexto socieconómico como el actual empuja a muchos productores a cerrar sus explotaciones debido a la falta de liquidez, lo cual contrasta con los aumentos de los márgenes de venta de las grandes superficies distribuidoras.
Las dos prácticas cada vez más generalizadas en el sector agroalimentario son, por un lado, la venta a pérdida, cuando el precio de venta al público está por debajo del precio de adquisición, y por otro, la práctica del dumping, que consiste en la fijación de precios de venta al público situados por debajo de los costes, en ese caso, de producción, de los agricultores y ganaderos. Esas prácticas suponen una posición de dominio colectiva en la fijación de precios por parte de las grandes distribuidoras que también se caracteriza por la falta total de transparencia, lo cual facilita, aún más, esas prácticas abusivas.
No obstante, disponemos de diversas leyes que en principio tendrían que limitar dichas prácticas. Por ejemplo, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal establece concretamente en su artículo 17 que la venta realizada a bajo coste o bajo precio de adquisición se reputará desleal en los siguientes casos: a) cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento; b) cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos, y c) cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. El problema está en si las empresas o establecimientos venden al público a un precio igual o ligeramente superior al precio de compra a los agricultores y ganaderos, porque el margen que tiene realmente es mínimo o incluso no permite realmente tener ese margen a los productores. Aunque ese margen sea mínimo, sea cero o muy bajo, las empresas o establecimientos no están incumpliendo la ley en ese caso. Asimismo, está la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista que prevé expresamente la prohibición de las ventas al público con pérdida y establece pertinente un régimen sancionar. También la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En ese sentido, existen algunos puntos interesantes que hay que tener en cuenta: que no se puede vender sin precio definido previamente, no puede haber la venta a pérdida y también un tema importante que es que se permite la denuncia anónima e incluso investigar a varios afectados a la vez para que no se sepa exactamente quién es el que ha hecho la denuncia. Por tanto, con todas esas leyes hay elementos suficientes en su aplicación práctica para limitar realmente esas prácticas.
Por tanto, se plantea que es necesaria una mayor efectividad en la aplicación de dichas leyes. Se propondrían diversos elementos que se tendrían que estudiar y tener presente como podrían ser, por ejemplo, unas sanciones más elevadas para que no salga a cuenta incumplir dichas leyes; aumentar el nivel de efectividad de la aplicación de la ley y saber, por ejemplo, los casos denunciados y las consecuencias o cuál ha sido la trayectoria de esas denuncias; establecer una campaña de comunicación para que el propio sector conozca el factor del anonimato desde la denuncia, con la implicación de las organizaciones, pero, también agrupando problemáticas sectoriales específicas que afecten al conjunto del ámbito estatal. Por tanto, estamos hablando de un desarrollo real de las leyes, es decir, no tenemos que inventarnos nada más sino aplicar las leyes ya existentes para evitar esas prácticas.
Existen ya casos de intervención por parte de los poderes públicos para poner fin a los abusos de las distribuidoras comerciales e industrias transformadoras hacia las explotaciones ganaderas y agrícolas. El Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una iniciativa a favor de la intermediación entre ganaderos y empresas transformadoras para evitar la compra de leche por debajo del coste de producción.
Por su parte, la Resolución 739/X del Parlament de Catalunya sobre el mundo agrario instó al Gobierno catalán a la creación de bancos de datos que permiten señalizar los diferentes factores relacionados con la formación de los precios de los productos alimentarios, así como la puesta en la marcha del sistemas de referencia de precios relacionados con costes de producción, que impidan la venta a pérdida.
Son nuevos mecanismos que se han considerado teniendo en cuenta las leyes vigentes y lo que hacen simplemente es incidir en la mejor aplicación de las propias leyes para evitar estas prácticas de dominio de las grandes empresas. Básicamente, con esta propuesta no solo pedimos modificar las leyes oportunas para que permitan incidir mucho mejor en la aplicación de esas leyes, sino también intentar equilibrar a partir de esas leyes una mejor relación del sector entre los propios productores con las grandes empresas o establecimientos de venta.
A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Ramón Molinary.
El señor MOLINARY MALO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que el sector agrícola y ganadero está atravesando una situación tremenda. Señores diputados, el precio de venta del 82 % de la carne de porcino y avicultura que consumen los españoles está por debajo del 10 % del coste de producción. Por tanto, de seguir en esta situación tal y como estamos -cuanto más se vende más se pierde, cuanto más se produce más se pierde- la ruina está muy cerca.
Desde Ciudadanos votaremos a favor de esta proposición no de ley, si se tienen en cuenta varios apartados de nuestra enmienda que apoyan claramente al sector. El primero, plantea impulsar medidas de negociación entre productores y grandes cadenas de distribución que hagan que no se produzcan ventas por debajo del coste y así mantener la rentabilidad de las exploraciones agrícolas y ganaderas. El segundo, plantea promover actuaciones encaminadas a mantener las rentas agrarias, que son tan importantes para los agricultores y ganaderos, disponiendo la obligación de reinversión en las explotaciones de una parte de las ayudas PAC para la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas y así ayudar a la innovación y al mantenimiento de ellas en el sector. Y el tercero, propone establecer un programa de protección de márgenes, de manera que cuando estos bajen de un nivel acordado, los agricultores y ganaderos reciban hasta el 90 % de la diferencia. Todo esto ayudaría al mantenimiento del sector agrícola y ganadero y como consecuencia de todo ello al relevo generacional de este sector tan importante en la economía nacional.
A continuación por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Gracias, señor presidente. Buenos días a todo el mundo.
De entrada, nos mostramos absolutamente favorables a ejercer las medidas necesarias para acabar con las prácticas de competencia desleal que están ejerciendo las grandes distribuidoras de industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. Como ha adelantado el compañero de Esquerra, en principio estaríamos de acuerdo en dar nuestro apoyo a la propuesta, pero sí quisiéramos clarificar algunos conceptos, así como añadir un segundo punto a la proposición no de ley con nuestra enmienda.
Es cierto que la propuesta señala correctamente una serie de conceptos que están atacando de raíz el sector agroalimentario, como es el abuso de posición dominantes, las prácticas de dumping, las ventas a pérdidas, la desinformación de los consumidores, una serie de circunstancias que sin duda hay que poner freno para potenciar nuestro sector agroalimentario, pero sí que a nuestro parecer hay cierta confusión terminológica en la propuesta que no estaría de más aclarar.
El señor Eritja ha distinguido en su intervención lo que es, por un lado, la venta a pérdidas, y por otro, la práctica del dumping. Son dos prácticas absolutamente execrables, que tenemos que desterrar de nuestra realidad, pero que sin duda también es necesario distinguir, puesto que es cierto que la venta a pérdidas está expresamente prohibida. La Ley 3/1991, de Competencia Desleal, prohíbe expresamente la
venta realizada a bajo coste o bajo precio de adquisición, también la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista prohíbe expresamente, sin perjudicar la libre fijación de precios, que se fije la oferta y que se realice ventas al público a pérdidas y, además, esta misma ley establece una serie de sanciones para lo que expresamente considera infracciones graves; sanciones que se prevén entre 6.000 y 30.000 euros. Por tanto, entendemos que esta práctica de venta a pérdidas ya está expresamente prohibido en nuestro ordenamiento, pero, sin duda, sí que cabría incidir en la real y efectiva aplicación de esta prohibición y de este régimen sancionador. Por tanto, sería necesario establecer una serie de esfuerzos que reforzaran los sistemas de control, de detección y de evaluación de estas situaciones y aplicar efectivamente un régimen sancionador oportuno.
Otra práctica diferente es el dumping, puesto que esta se refiere a la venta por debajo del precio de coste. En el caso de venta a pérdidas puede darse, como en realidad se está dando, que el intermediario, el transformador o el distribuidor sea quien imponga utilizando su posición dominante su precio al agricultor o al ganadero, y otra cosa, son las prácticas abusivas que suponen imponer al productor lo que ya popularmente se conoce como precio predatorio, que por desgracia cada vez es más habitual, sobre todo, en lo que es relativo a productos básicos, especialmente los sectores de lácteos, del aceite, del arroz. También en Cataluña tenemos una especial problemática y una fuerte movilización del sector ganadero alrededor del tema de los precios de la carne de conejo. De manera que hay que incidir en la lucha contra el dumping, para así proteger a los productores. Por tanto, es urgente actuar decididamente.
Hace unos días el consejero de Mercados Agrarios de la Comisión Europa, don Tomás García Azcárate, muy gráficamente hacía un retrato de esa situación. Decía que comprar leche por debajo de los cuarenta y cinco céntimos el litro, en realidad es beber sangre de ganadero. No se nos ocurre otra imagen más gráfica que lo supone la situación de hoy, máxime si estamos considerando que se están pagando aproximadamente veintisiete céntimos el libro de leche, dentro de los cupos establecidos, más allá de los cupos los excedentes se están pagando a dieciséis céntimos.
De manera que la situación es urgente y es absolutamente necesaria atacarla. ¿Cómo podemos atacarla, cuál es la solución? Entendemos que la solución es incidir en la raíz y atacar el fondo del problema. El problema se basa en una concentración cada vez en menos manos de la gran distribución alimentaria. Esta posición dominante del mercado hace posible estas prácticas coactivas del dumping. De manera que son los grandes grupos de distribución alimentaria los que ostentan esta posición dominante y oligopolística que les permite imponer unilateralmente los precios a los productores. En consecuencia, debemos atacar de raíz el conflicto y evitar que ninguna empresa pueda ostentar esta posición dominante. La mayoría de los expertos cuantifican en el límite del 8 % la cuota de mercado, pero, ya sea el 8 % o el 10 %, o sea la cifra que sea, sí que tenemos que establecer un límite máximo al control de cuota de mercado de los productos básicos alimentarios que tenemos en el mercado.
Para terminar, también quiero hacer un homenaje o un reconocimiento porque dentro de este escenario sí que existen afortunadamente industrias transformadoras y distribuidoras que están actuando en el mercado con lealtad y con buenas prácticas. Buenas prácticas no solo en precios, sino en todo el recorrido de la cadena alimentaria, por lo que también es justo darles un reconocimiento y dar las oportunidades para que concurran en el mercado en plano de igualdad con todos los competidores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moya.
Se ha presentado una última enmienda a esta proposición no de ley. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Alberto Herrero.
El señor HERRERO BONO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, hoy el Grupo de Esquerra Republicana presenta una proposición no de ley para la prohibición de prácticas de competencia desleal por abuso económico de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y ganaderas. La sensación es que Esquerra Republicana no ha entendido o no sabe interpretar los diferentes conceptos de la norma en esta materia. La venta a pérdidas y las prácticas de competencia desleal que afectan en este caso a productores y explotaciones agrícolas y ganaderas ya están reguladas en la legislación vigente. Están reguladas en la legislación vigente en las siguientes leyes: la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, en cuyo artículo 14.2 expone que hay venta a pérdida cuando se vende por debajo del precio de adquisición según factura o por debajo del coste de producción; la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, en la cual expone que la venta a pérdida se considerará desleal si induce a error a los consumidores, desacredita la imagen de un
producto y cuando pretenda eliminar a un competidor; a todo ello debemos añadir la nueva Ley 12/2013, creada durante el Gobierno del Partido Popular, que está en vigor desde el 3 de enero de 2014. Esta ley regula el funcionamiento y vertebración de la cadena alimentaria y constituye un hito histórico para el sector agroalimentario español.
Por primera vez en España se han regulado las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria. La regulación de estas relaciones comerciales entre las empresas está establecida en el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria. Un código que ya ha acordado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o distribución, y cuya adhesión es voluntaria para los operadores de la cadena alimentaria. El código obligará a los operadores a que las relaciones comerciales se ajusten a sus principios y a la utilización de los sistemas de resolución de conflictos establecidos en el mismo. Con el fin de promover un código de aplicación uniforme en toda España, también el Ministerio de Economía y Competitividad y las comunidades autónomas han participado en su elaboración. Además, la Ley 12/2013 contempla adicionalmente un conjunto de principios destinados a mejorar el funcionamiento de la cadena, al prohibir una serie de prácticas por considerarlas desleales. De esta forma, se prohíben las modificaciones unilaterales de contratos, así como la imposición de pagos no previstos. De este modo, se exige que todos los contratos tengan un precio y un plazo de cobro, poniendo de esta forma coto a la llamada venta a resultas o venta a pérdidas. Con la aprobación del Real Decreto 64/2015, por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de la cadena alimentaria se empiezan a realizar las funciones que la ley le encomienda al Observatorio de la cadena alimentaria. Este observatorio tiene como finalidad dotar de mayor transparencia a los mercados y asume, además, las funciones que ya tenía relacionadas con los precios de los alimentos y otras nuevas medidas relacionadas con el seguimiento, el asesoramiento, la consulta, la información y el estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria.
Como bien decía, en la Ley 12/2013 se ha llegado lo más lejos posible estableciendo de forma simultánea un sistema de autorresponsabilidad de los operadores, junto con un sistema público de control que se canaliza a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA. Esta agencia, que en dos años de funcionamiento ha demostrado su gran utilidad y eficacia en beneficio del sector, actúa en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Fíjense, hasta el 31 de diciembre de 2015 se han recibido 95 denuncias por posibles infracciones a la cadena alimentaria y de ellas, 33 han sido por posible venta a pérdidas. En total se han resuelto 72 denuncias, dando lugar a expediente sancionador 16 de ellas. Además, se han realizado también hasta el 31 de diciembre de 2015 un total de 1.207 inspecciones a empresas agroalimentarias, en las que se han comprobado más de 3.900 relaciones comerciales. Asimismo, se han abierto 180 expedientes sancionadores, de los cuales 107 han concluido en propuesta de sanción.
En definitiva, es cierto que conseguir una condena por competencia desleal por venta a pérdidas es una cuestión complicada, pero actualmente existe una amplia y clara legislación que regula de forma contundente las prácticas prohibidas de competencia desleal. Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación que recoge de forma más pormenorizada el sentido de esta proposición no de ley y que esperamos que Esquerra Republicana tenga a bien su inclusión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrero.
Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. ¿Grupo Vasco? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra su portavoz don Antoni Postius.
Aunque es cierto y se ha comentado que el concepto de venta a pérdidas, así como la prohibición de ofertar ni realizar ventas al público con pérdida fuera de los supuestos regulados normativamente están contemplados en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de ordenación del comercio minorista respectivamente es evidente que el resultado final de su aplicación en los últimos años ha sido prácticamente nula. Ha sido nula, en primer lugar, porque la situación de dependencia de muchos proveedores respecto de sus compradores hace inviable que existan denuncias por miedo a represalias y también porque la definición que se encuentra en la Ley de ordenación del comercio minorista solo afecta a la última transacción comercial y no al resto de transacciones comerciales que se producen en la cadena donde el agricultor o ganadero se ve obligado en muchas ocasiones a vender por debajo de su coste de producción. Si a todo ello le añadimos que el poder de negociación de un productor es muy reducido, puesto que tiene
la necesidad imperiosa de vender su producto en un tiempo muy limitado o pierde su producción, está claro que la situación es de indefensión total. Precisamente, esta es la situación que plantea esta proposición no de ley, una situación que no es nueva y que tampoco las distintas leyes que se han aprobado en los últimos años han sido capaces de solucionar. Por tanto, vamos a votar favorablemente a la misma.
Señorías, centenares de ganaderos convocados por las principales organizaciones y sindicatos agrarios se concentraron frente a las superficies comerciales para denunciar las prácticas de fraude y dumpin. La venta a pérdidas pone contra las cuerdas a 24.000 explotaciones no integradas de porcino, provocando unas pérdidas semanales de 4.500 euros. UPA-Andalucía ha presentado nueve denuncias contra Carrefour, Día y Supercor por prácticas anticompetitivas y abusivas por su política de venta a pérdidas en el aceite de oliva. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos volvió a denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios que las grandes distribuidoras utilizan el pollo como producto reclamo vendiéndolo a pérdidas. La Asociación Valenciana de Agricultores y la Unió de Llauradors han solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentario que investigue a nueve supermercados por supuesta venta a pérdidas de cítricos. La UPA exige al Gobierno una política láctea de Estado para salvar el sector de la leche. Denuncian que cerca del 20 % de la leche está a precios incluso de los de intervención.
Señorías, estos son solo algunos de los ejemplos de lo que se puede encontrar en los medios de comunicación en relación con la competencia desleal y a la venta a pérdidas. Aunque en principio pueda parecer que la puesta en marcha de una ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario son positivos en sí mismos, la realidad es que después de varios años de su entrada en vigor no ha conseguido resolver los equilibrios existentes entre productoras y distribuidoras, como se ha podido comprobar en los titulares de prensa anteriormente citados. Algo no está funcionando bien. Las denuncias continuas de los sindicatos agrarios y ganaderos demuestran que uno de los grandes problemas del sector son los precios, que no llegan a cubrir, en muchos casos, los costes de producción. La situación es tan escandalosa que incluso se pueden adquirir en muchos supermercados de nuestro país productos agrícolas y ganaderos a precios de venta al público por debajo del umbral de rentabilidad que marca el propio Ministerio de Agricultura. Pasado este tiempo es necesario analizar la eficacia que ha tenido la aplicación de esta ley que, ya adelanto, el Grupo Socialista votó en su día en contra y estudiar a fondo si la labor que está realizando la Agencia de Información y Control de los Alimentos está sirviendo de verdad para reducir la posición de dominio de las distribuidoras y de las ventas a pérdidas. En esta coyuntura tampoco ha ayudado mucho a buscar una solución a este conflicto la interpretación tan estricta que hace la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el desarrollo de código de buenas prácticas en la cadena alimenticia impulsado por el Ministerio de Agricultura en el marco de la ley de la cadena alimentaria. La comisión de competencia no plantea excesivos inconvenientes a que los distribuidores puedan vender productos a pérdidas, pese a las continuas denuncias de los productores agrícolas y ganaderos. Incluso han llegado a afirmar que esta práctica apoya la competitividad y además da ventaja a los consumidores. Sabemos que la Ley de Competencia Desleal prohíbe la venta a pérdidas en tres casos muy concretos: si induce a error a los consumidores; si desacredita la imagen de otros productos o establecimientos o si está encaminada a eliminar a competidores. Por el contrario sí que lo permite para alcanzar los precios de otros competidores, la liquidación de existencias y productos con fecha de caducidad cercana. En su interpretación de la ley, la Comisión de los Mercados y la Competencia no entra a valorar las consecuencias que esto tiene para los productores en este tipo de prácticas. Si tenemos en cuenta el poder que tienen los grandes y medianos grupos de distribución, la negociación de precios es razonable pensar que al final en esta situación son los agricultores y los ganadores los que acaban asumiendo los costes de estas ventas a pérdidas recibiendo ofertas por su producto por debajo de su coste de producción. Por eso es de vital importancia adaptar la normativa. De tal forma que cuando estemos hablando de venta a pérdidas no se tome como referencia únicamente el coste de adquisición del producto que aparece en una supuesta factura, sino que se tenga en cuenta el coste real que ha sido necesario para producirlo, con la incorporación de los costes
de producción como referencia para evitar la posición de abuso de las comercializadoras, intentando acabar con la venta a pérdida y con el dumpin.
Para terminar, el Grupo Parlamentario Socialista ve con buenos ojos la proposición no de ley de Esquerra Republicana con el objeto de adaptar la normativa y poder cortar de raíz las prácticas abusivas y de competencia desleal que tanto daño están haciendo a nuestro sector agroalimentario. El posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista va a depender de las negociaciones que en estos momentos está teniendo el proponente y fijaremos nuestro voto al final.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antón.
Señor Eritja, le tengo que preguntar si acepta alguna de las enmiendas que le han sido presentadas.
Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, los dos puntos, con alguna modificación. Les pasaremos ahora los puntos exactamente cómo han quedado. También aceptamos la enmienda del Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea con alguna modificación en el texto. En todo caso, tan pronto como lo tengamos se lo pasamos.
El señor PRESIDENTE: Está planteando una transaccional.
El señor ERITJA CIURÓ: Sí.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que el texto íntegro de la transaccional pase a la Mesa para repartirlo entre todos los portavoces.
El señor ERITJA CIURÓ: Exacto, perfecto.
- SOBRE EL DESARROLLO DE UNA NUEVA REGULACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000396).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 13.º del orden del día, que es la proposición no de ley sobre el desarrollo de una nueva regulación para la gestión del ciclo integral del agua en España. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra don Miguel Garaulet.
Señorías, este es un tema que hemos querido traer desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos por la importancia que tiene para el desarrollo de la vida de nuestros ciudadanos, porque el agua, como bien dicen todos ustedes, es un derecho fundamental y tenemos que darle el servicio adecuado al ciudadano para que pueda disponer de ella. La gestión del agua es clave no solamente para el futuro social y económico en España, puesto que, al margen de la transcendencia de la gestión de un recurso escaso y seguramente distribuido en el territorio, es un instrumento de política general y un factor de vertebración social y territorial. (El señor vicepresidente, Campos Arteseros, ocupa la Presidencia). Como hemos dicho es un bien de primera necesidad, pero también es un bien económico clave. Su disponibilidad y calidad son determinantes, tanto para la protección del medioambiente como para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La situación actual que tenemos en España es que sufre muchísimo estrés hídrico, es la tercera nación europea con mayor estrés hídrico después de Malta y Bélgica. Hay una creciente obsolescencia de los activos, tanto de planta de potabilización, como de redes de distribución, como de alcantarillado, como de planta de depuración. Esto supone un aumento creciente de las pérdidas de agua en las redes de distribución. Estamos hablando de un 15,7 % del volumen de agua suministrada. Es una cantidad importante. Es decir, también hay comunidades autónomas que están haciendo una labor importante, es el caso de Madrid, País Vasco, Cataluña, en mi región, donde se están haciendo esfuerzos para intentar reducir ese volumen tan importante de pérdida de agua, volúmenes inferiores al 10 %. España no cumple con una legislación comunitaria en materia de depuración y agua. Estamos recibiendo multas continuamente por parte de la Comisión Europea. Solo el 32 % de los municipios de más de 10.000 habitantes cumplen con la Directiva-marco del Agua, esto supone el 60 % de la población. Todavía faltan muchísimas actuaciones debido a la carencia de presupuestos para poder acometer el Plan de
depuración y saneamiento del año 2007 al año 2015. La fragmentación del mercado -esto es una competencia de los ayuntamientos- supone un marco legal que desincentiva la inversión que se pueda hacer en este tipo de infraestructuras. Estamos proponiendo que haya un marco legal nacional, que no elimine las competencias municipales, pero que establezca una normal nacional de actuación en este sentido.
También he de decir que por motivos de la crisis que hemos tenido, el potencial de poder invertir en la reforma, en la regeneración, en la mejora de las infraestructuras ha bajado casi un 12 % en estos últimos cinco años. El ratio de capex sobre opex en estas inversiones está por debajo de la media europea. Esta situación está clara por parte de todos los partidos políticos porque están dentro de sus programas electorales. Programas electorales que he revisado y he incluido dentro de la propuesta que hemos planteado. Una propuesta que viene a decirnos en el primer punto que establezcamos unos derechos y principios básicos que todo el mundo pueda aceptar, crear un marco común, amplio, dentro del cual los distintos agentes actúen en función de su territorio. En el segundo punto nos tenemos que hacer la pregunta de por qué es necesario una nueva ley de ciclo urbano? Porque el uso del agua urbana es clave para la calidad de vida de los ciudadanos, su salud, su economía, sus necesidades, tanto de adopción, como depuración, como alcantarillado, como la eventual reutilización de las aguas que utilizan para poder introducirlas en otros usos del agua. El uso urbano tiene también otro problema, como ya he relatado, pero se podría modificar con un marco legal específico donde estas necesidades específicas se resuelvan respetando, por supuesto, el papel constitucional que tiene cada Administración pública. En su punto tercero, queremos hacer un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización que está incluido dentro de las 200 propuestas dentro del acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista y nosotros, donde se potencie invertir todo lo que es la depuración y la regeneración para poder conseguir así que esta agua que no estamos utilizando, podamos reutilizarla en otros usos que pueden venir desde el punto de vista económico como en agricultura, como en mantener los cauces medioambientales de los ríos, en poder regar jardines, en poder utilizarlos en los usos industriales. Los beneficios que generaría ese marco nuevo supondrían una reducción de pérdida, gracias a la eficiencia de la mejora de las infraestructuras. Esto daría mayor caudal en los ríos, mayor equilibrio en los ecosistemas. Daríamos medidas en la eficiencia operativa, bajaríamos el consumo eléctrico de las depuradoras, reduciríamos la emisión de CO2, el 85 % de las inversiones se dedicaría al saneamiento, esto mejoraría el agua y se podría utilizar en actividades como agricultura, riego de parques, usos industriales. También podríamos recuperar caudales contaminados. Esto mejoraría la fauna de nuestros ríos y los caudales ecológicos. La mejora de la eficiencia, estaríamos hablando de una reducción de casi el 10 % del consumo energético.
En definitiva, aprobar un plan de este tipo mejoraría no solamente la calidad del agua, no solamente la salud de nuestros ciudadanos, sino que generarían una serie de volumen de inversiones que daría lugar a una mejora de las infraestructuras que tenemos, a un incremento del empleo y, algo que no debemos olvidar, una mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso presentamos una PNL y espero que a partir de que ustedes presenten sus enmiendas podamos debatir un texto único, transaccional, en el que podamos planteárselo al señor presidente después de las presentaciones, ya que estoy a la espera del representante del Grupo Podemos. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Campos Arteseros): Muchas gracias, señor Garaulet.
Pasamos al turno de enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Podemos, señor Arrojo, tiene la palabra.
Señorías, primero dos puntualizaciones críticas, que no quiero ser ofensivo, pero me hacen dudar de que se conozca bien el ámbito de la gestión de aguas en España en la que me muevo ya desde hace varias décadas. Primero, el marco legal regulador de la gestión de aguas ya existe y viene dado por la Ley de Aguas y por la Directiva-marco del Agua europea. Pues bien, señorías, en lo que he leído al menos y luego en la transacción ni se citan. Sin embargo, como afirmamos en nuestras enmiendas, en la primera, hay una clamorosa necesidad de reformar la Ley de Aguas para adaptarla a los principios, objetivos y criterios que establece la directiva europea, garantizando que el eje central de la planificación de aguas en España asuma, de una vez y de forma rigurosa, el objetivo central que de manera rotunda y clara plantea la directiva. Recuérdenlo, señorías, es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de nuestros sistemas acuáticos, tomando en serio el escenario de cambio climático que está en curso. Segunda puntualización, no hay superposición de competencias en materia de servicios urbanos de agua
y saneamiento. La Constitución española es clarísima. Es una competencia estrictamente municipal, local. Otra cosa es que las políticas en curso estén anorexizando las capacidades financieras de nuestros ayuntamientos y debilitando su autonomía y las capacidades en general hasta incluso disolverlos, como ustedes proponen, señorías de Ciudadanos, en pequeños municipios. En todo caso, centrándonos en los servicios urbanos de agua y saneamiento, compartimos con ustedes la necesidad de una legislación específica que lo regule. Pero lógicamente echamos a faltar los objetivos clave que a nuestro entender motivan esa necesidad. Conociendo su fervor por el neoliberalismo privatizador no estaríamos por firmar un cheque en blanco. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Porque esta PNL es aparentemente inocente, aparentemente en blanco, pero que abre puertas perversas a la privatización de los servicios de agua usando el lenguaje bien conocido de AEAS, la organización profesional controlada por las grandes empresas privadas del sector. Por ello, y por si estuviéramos equivocados en nuestras sospechas, en cuyo caso ya les pido disculpas por adelantado, les proponemos dar contenido a la PNL explicitando las razones y objetivos que deberían inspirar o sustanciar la necesidad de esa ley de servicios urbanos de agua y saneamiento.
Sintetizo lo que va en nuestras enmiendas. Uno, garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento, tal como nos demanda Naciones Unidas, que lo estamos olvidando, ni aparece en la PNL, a razón de la decisión que tomó sin votos en contra la Asamblea General de las Naciones Unidas. Segundo, promover un nuevo modelo de gestión pública participativa, reforzando, no debilitando, reforzando la autonomía y las capacidades municipales. Tercero, crear la figura del regulador institucional, no solo la ley, que supervise los concursos de privatización, establezca conceptos tarifarios comunes claros, criterios de transparencia y aceptabilidad social, así como de sostenibilidad económica. De forma, y esto es muy importante, que se pueda organizar un sistema de competencia por transparencia, lo que en términos ingleses, el benchmarking, mediante indicadores que describan la bondad del servicio, tanto desde la perspectiva técnica y social como económica y medioambiental. Por último, muy importante, esa ley debería ilegalizar el canon concesional, como ya ha hecho Francia en su Ley de Transparencia y Anticorrupción. No olvidemos, señorías, que en nuestro país la justicia investiga graves indicios de corrupción en veinticinco ayuntamientos por los contratos de privatización con el canon concesional como cuestión clave. Dentro en concreto de la trama Aquagest. Se me ha pasado hace pocos minutos una transaccional, no sé quién la apoyará, en todo caso para mí esa transaccional sigue dando una PNL blanca que ignora nuestras enmiendas, se rechazan, lo que confirma que tras esa negación subyace una intención perversa que apunta, desde mi punto de vista, a intenciones privatizadoras por más que se haya introducido el término del agua como un bien público, lo que no impide que se diseñen estrategias bien conocidas, por cierto, y sufridas en nuestro país para privatizar su gestión.
Señorías, insisto, si no se acepta lo sustancial de nuestras enmiendas, estando de acuerdo en que es necesario un marco legal nuevo específico, estaremos obligados a votar en contra. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arrojo.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz doña María Jesús Serrano.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista para manifestar nuestra posición sobre los temas planteados en esta proposición no de ley. En primer lugar, solicito al Grupo de Ciudadanos la incorporación de las enmiendas propuestas por nuestro grupo que vienen a complementar la proposición no de ley del Grupo de Ciudadanos y a clarificar el marco competencial de las diferentes administraciones implicadas en la materia. Sabiendo que estamos ante un tema complicado, también espero que el resto de los grupos políticos que componen esta Comisión seamos capaces de llegar a esa transaccional en aras del consenso y de la buena gestión de un tema que es vital para nuestra salud, para nuestra ciudadanía, pero también para las actividades económicas como es el agua. También estamos ante un tema en el que las competencias a veces son exclusivamente municipales según la legislación vigente, pero sabemos que hay competencias que han sido asumidas por la Administración autonómica y por la Administración General del Estado, porque se decidió en aras del auxilio a la administración local, dada la imposibilidad de muchos ayuntamientos de hacer frente a las inversiones que suponen la construcción de estas infraestructuras de depuración, por ejemplo.
Dicho lo anterior, permítanme sus señorías, que continúe mi intervención subrayando la idoneidad de esta proposición no de ley. Aquí, como en tantos otros asuntos, la gestión del Gobierno del Partido Popular
en la legislatura que acaba de terminar ha dejado mucho que desear en lo que se refiere a actividades del ciclo integral del agua. Hay que reconocer que el marco competencial de estos asuntos es amplio, como he dicho anteriormente. Tanto la Administración municipal como la autonómica tienen grandes responsabilidades en materia de infraestructura y normativa. Pero no es menos cierto que en la Administración Central también descansa buena parte de dichas competencias. Me refiero por ejemplo a la obra declarada de interés general del Estado relacionada con el ciclo integral del agua que van desde mejoras en la red de abastecimiento, saneamiento, hasta, cómo no, la famosa y necesitada depuradora. El ritmo de exclusión de estas obras considerado de interés general del Estado ha sido lento. Excesivamente lento, diría yo, a tenor de los plazos fijados por la Directiva-marco del Agua. La realidad es que el Gobierno del señor Rajoy nunca se ha tomado en serio este asunto y sinceramente es una verdadera lástima. No por las sanciones a las que nos enfrentamos o por la solución ambiental que este tipo de obras representa para un recurso más bien escaso como es el agua, que también, sino porque estas inversiones ayudarían a reactivar la economía y a generar empleo, tan necesitado por otra parte en nuestra sociedad. Los beneficios de poner en marcha una gestión sostenible del agua son cuantiosos, por eso, señorías, tenemos la obligación de abordar este asunto desde el diálogo con las entidades locales y autonómicas. De modo que un enfoque común y compartido se imponga en la nueva ley de gestión del ciclo integral de agua que se solicita en esta proposición no de ley. En el Grupo Socialista estamos convencidos de las ventajas que reportan una gestión pública del agua, una gestión moderna, transparente y participativa. Como decía el representante de Podemos, el Grupo socialista llevaba muchos años reivindicando una gestión pública, transparente, moderna y participativa del agua. Sabemos que es la opción que garantiza los derechos ciudadanos de bienestar y cohesión social por encima de criterios de rentabilidad mercantil. La transparencia se ha convertido en la actualidad en una de las demandas más repetidas hacia las administraciones. Por tanto, la participación de los usuarios y del conjunto de la sociedad en la gestión del agua es un argumento esencial a tener en cuenta a la hora de planificar el nuevo marco regulatorio.
Señorías, en definitiva, creemos que la gestión del agua necesita un nuevo impulso por parte del Gobierno de España. El agua es desarrollo económico. Sin agua no hay vida. Aunque pueda sonar a tópico es la realidad. Es esencial para nuestras vidas. Nuestra existencia, así como nuestras actividades económicas, dependen de este preciado recurso. Sin renunciar a la titularidad pública ni a la calidad del agua debemos redoblar el esfuerzo inversor para hacer realidad el mapa de infraestructuras. Apostando por las inversiones hidráulicas obtendríamos empleo y alcanzaríamos objetivos ambientales y desarrollo socioeconómico sostenible. No hay otra alternativa. Es el camino y debe ser el objetivo de todo responsable público que se precie. Muchas gracias. (Aplausos).
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barrios Tejero.
El señor BARRIOS TEJERO: Gracias, presidente. La proposición no de ley que presenta Ciudadanos sobre el ciclo integral del agua para el Grupo Parlamentario Popular es un tema importantísimo. Por eso tengo que decir que el Gobierno popular ha desarrollado una política de agua que tiene por objeto garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio y durante todo el año, de manera compatible con la protección del medioambiente. Este Gobierno ha realizado un enorme esfuerzo para poner al día la planificación hidrológica y recuperar el retraso acumulado heredado por el anterior Gobierno socialista. Ahora contamos con una hoja de ruta claramente marcada que fija los objetivos de atención de las demandas y de protección medioambiental hasta el horizonte 2027. En contra de lo que acaba de decir la portavoz socialista, sí nos tomamos en serio el tema del agua y por eso una vez aprobado el segundo ciclo de planificación 2016-2021, el Gobierno no solo está trabajando en la ejecución de las actuaciones comprendidas en sus respectivos programas de medidas, sino que ha dado inicio, asimismo, a la preparación del tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027, según el calendario marcado por la Directiva-marco del Agua. La gestión del ciclo urbano del agua debe ser consistente con la gestión general de los aprovechamientos hídricos y del control de la calidad medioambiental de las masas de agua. Esto explica que los planes hidrológicos aborden de manera coordinada las actuaciones necesarias para atender todos los usos, incluido el urbano, de manera consistente con la gestión de las presiones sobre la calidad de aguas, incluidas las derivadas de la contaminación de origen urbano.
En lo relativo al segundo punto de esta proposición no de ley cabe señalar que la regulación del ciclo urbano está sujeta a una serie de peculiaridades que derivan tanto del régimen constitucional de distribución
de competencias, que asigna la responsabilidad para el abastecimiento urbano y la depuración de las aguas residuales urbanas a las entidades locales, como la relación que desde el punto de vista sistemático existe entre el ciclo urbano del agua y el conjunto del ciclo integral del agua. Ello es así por cuanto resulta imposible hablar de abastecimiento urbano prescindiendo del resto de elementos estructurales del ciclo integral del agua, tanto los referidos al suministro de agua a las ciudades como lo relativo al control de la calidad del medio hídrico y los objetivos ambientales asignados a las masas de agua. Garantía de suministro y control de la calidad de aguas son materias reservadas a la competencia del Estado en las cuencas intercomunitarias o a las comunidades autónomas, a las cuencas intracomunitarias. Desde el punto de vista legislativo, resulta igualmente necesario que la regulación del ciclo urbano sea compatible y esté coordinada con la legislación general, tanto nacional como europea, sobre los usos de agua y su protección ambiental. Aquí radica una de las principales dificultades para establecer un marco normativo regulador del ciclo urbano, pues las competencias, como se ha señalado, están repartidas entre las diferentes administraciones públicas. La tarea a desarrollar pasaría pues por identificar los ámbitos normativos que la Constitución habilita al Estado para fijar un marco normativo amplio que vertebre y dé coherencia a todos los elementos de agua incluyendo aquellos otros de ámbito urbano cuya responsabilidad incumbe a administraciones locales en colaboración con las administraciones autonómicas. A través del Plan de crecimiento competencial y eficiencia, este Gobierno ha priorizado las actuaciones a ejecutar en materia de saneamiento y depuración de todas las comunidades autónomas una vez evaluada la situación real en esta materia. Actuaciones que inciden directamente en el bienestar de los ciudadanos y en el mantenimiento de un buen estado de los ecosistemas, retos prioritarios para este Gobierno.
Por todo lo que acabo de exponer, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Se nos ha pasado un texto para consensuar y estaríamos dispuestos a admitir los dos primeros puntos de la proposición no de ley de Ciudadanos, siempre y cuando se sustituya el tercero por el texto que le hemos pasado a Ciudadanos y que dice: llevar a cabo las inversiones recogidas en el Plan de crecimiento competencial y eficiencia y previstas en su totalidad en los programas de medidas para avanzar en la consecución de los objetivos ambientales y en particular en los objetivos establecidos en la directiva 91/271 de tratamiento de aguas residuales urbanas, quedando el texto que nos han pasado antes para consensuar, con sus dos primeros puntos y este tercer nuestro. De ser así, el Grupo Parlamentario Popular, votaría a favor. De lo contrario, tendríamos que votar en contra. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Barrios.
Pasamos al turno de fijar posición de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra su portavoz el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: No daremos nuestro apoyo a esta propuesta fundamentalmente porque el principio que persigue es diferente al que nosotros hemos defendido desde Ezquerra Republicana y desde otros grupos. Se ha propuesto la regulación de actividades del ciclo integral del agua que son propias del entorno urbano y se plantean temas como la aducción, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. En todo caso, la propuesta obvia que los aprovechamientos sectoriales del agua han de estar regulados por la Ley de Aguas, ley que a su vez se ha de ceñir a las directrices de la Unión Europea de la Directiva-marco del Agua. Por lo tanto, el planteamiento, la base de lo que sería el ciclo integral se tendría que ceñir realmente a la filosofía de la Ley de Aguas y la Directiva-marco del Agua. Y los objetivos de esta directiva son muy claros al respecto. Se habla de una gestión integral y transparente de las masas de agua que garantice la suficiente disponibilidad, calidad y sostenibilidad del recurso; además, hay un marco de gestión, que son los planes de cuenca, se garantiza el buen estado ecológico de las masas de agua y se establece claramente que los caudales ecológicos son previos a los otros usos sectoriales, precisamente a fin de garantizar la sostenibilidad del propio ecosistema, visto como recurso pero también visto como ecosistema hídrico.
De la misma manera que el Grupo Podemos, creemos que no parece pertinente promover un plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua sin antes haber evaluado precisamente el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Aspectos como promover la eficiencia, el ahorro y la reutilización del agua tampoco son exclusivos del ciclo urbano, sino que también afectan a otros usos sectoriales del agua, por lo que parece más oportuno que se desarrolle en la propia Ley de Aguas. Por otro lado, las competencias de distribución y saneamiento serían de competencia municipal, y son aspectos que es importante tener en cuenta.
También hay que recordar que el marco territorial de la aplicación de la Ley de Aguas corresponde a las cuencas hidrológicas, que es donde realmente se puede garantizar el objetivo de la Directiva-marco del Agua de suficiente disponibilidad, calidad y sostenibilidad del recurso. Y en este sentido, también cabe tener en cuenta que las figuras jurídicas del contrato de cesión y de acción de intercambio resultan excepcionales y han de permitir garantizar el agua necesaria para alcanzar el buen estado de los ecosistemas acuáticos, constituyendo una restricción previa del dominio público, con la única excepción de garantizar el abastecimiento urbano, para que nadie pueda apropiarse, y, por tanto, su reserva no comparte compensación económica alguna. ¿Por qué digo esto? Básicamente, porque lo que observamos desde el Grupo de Ezquerra por detrás es una opción velada de lo que serían reservas de agua en referencia a posibles trasvases, justificando en cierta medida los usos de boca, que son los que realmente se acuerda que son tan prioritarios como los usos ecológicos.
Entendemos que están muy claras las líneas de la Directiva-marco del Agua y también de la Ley de Aguas, y en todo caso no se puede pretender establecer una normativa con otros valores que no tengan en cuenta aquellos otros. Precisamente, defendimos hace poco tiempo en Pleno nuestra postura en referencia al Plan Hidrológico Nacional y el plan de la cuenca del Ebro, donde precisamente insistimos en que son necesarios caudales ecológicos suficientes para mantener el ecosistema propio del delta del Ebro. ¿Por qué digo esto? Por un lado, porque no podemos hablar de nuevas infraestructuras y nueva previsión de consumos de agua -sí de boca, pero no de otros- sin haber hecho previamente un análisis de cuáles son realmente las posibilidades, los límites y las presiones que ejercen estas cuencas mediatas. Por tanto, antes de entrar a trabajar con un ciclo integral del agua a nivel urbano, creo que es necesario tener en cuenta todos los trabajos que se están realizando en estos momentos a un nivel más amplio y extenso, como serían los relativos a los planes de cuenca.
Señor Garaulet, le pregunto si va a admitir alguna de las enmiendas presentadas.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Vamos a presentar un texto. La parte que nos traslada el Grupo Popular la hemos incluido en el tercer punto. Ellos no están en la parte de garantizar el agua como bien público y las prioridades para completar las actuaciones pendientes del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. No lo entiendo, pero presentaremos ese texto.
El señor PRESIDENTE: ¿Nos va a presentar un texto transaccional? (Asentimiento). Muchas gracias.
- SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LA LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL, ACTUALIZÁNDOLA Y DOTÁNDOLA DE PRESUPUESTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000314).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10.º del orden del día, que había sido antes pospuesto. Se trata de una proposición no de ley sobre la reactivación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, actualizándola y dotándola de presupuesto, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Mónica Lafuente.
La señora LAFUENTE DE LA TORRE: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, España es diversa, plural y la conforman territorios heterogéneos, territorios urbanos y territorios rurales, y ambas realidades deben buscar sinergias. Los posibles desequilibrios existentes hacen que seamos un país menos competitivo, y para conseguir este reto debemos tener claro el papel fundamental y capital que desarrolla el mundo rural a la aportación del conjunto de España, que no es otro que ser el garante de la sostenibilidad de nuestro país. No debemos ser tímidos, tenemos que valientes a la hora de defender el mundo rural y su gente y, sobre todo, lo más importante es dotarles de instrumentos para que ellos puedan generar sus propias oportunidades, sin tener que abandonar el lugar de nacimiento.
Los socialistas defendemos la igualdad en el medio rural, la cohesión social y el reequilibrio territorial, persiguiendo un objetivo claro: el bienestar de toda la ciudadanía, viva donde viva. El medio rural no puede ser una estampa bucólica de los fines de semana. Su gente tiene derecho a una actividad económica estable, sostenible, diversificada. No son ciudadanos de segunda, son ciudadanos de pleno derecho y, por ello, tienen derecho a temer calidad de vida, y en condiciones óptimas: buena salud, educación,
servicios públicos, cultura, infraestructuras, transporte... Para conseguir este importante objetivo -que imagino que compartimos- los socialistas, cuando estuvimos en el Gobierno, creamos y consensuamos la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, un gran instrumento que tenía como finalidad dar valor a las zonas rurales y a sus gentes y, sobre todo, como he dicho, dotarles de instrumentos para poder remediar, en especial antes de que sea demasiado tarde, esos factores que tanto les dañan, que son la despoblación, el envejecimiento y la masculinización.
Pero ¿qué hemos podido comprobar? Que ante la crisis los territorios que más sufren son estos, el mundo rural, los pequeños municipios, las zonas de montaña. Y si a ello sumamos además que al frente del Gobierno está la derecha, está el Partido Popular, esta crisis se agrava doblemente. ¿Por qué? Por la insensibilidad absoluta del Partido Popular hacia esos territorios y sus gentes. El Partido Popular llega al Gobierno y recorta, recorta servicios públicos y recorta prestaciones. Pero donde más se enfatiza es en los territorios rurales. No tienen en cuenta que el bienestar debe llegar a toda la ciudadanía, independientemente del lugar y del número de personas que allí vivan. Con el Partido Popular, el balance es que gran parte de nuestro territorio y su población han caído en la más absoluta invisibilidad, lo que queda patente en muchísimas de las acciones y políticas que llevan a cabo, pero especialmente en una, que es la paralización de esta Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aludiendo nada más y nada menos a que era un fiasco. Así fue, el día 16 de abril de 2012, cuando compareció en esta Cámara la directora general que en su momento estaba en el Ministerio y dijo que esta ley se paralizaba porque era un fiasco, aludiendo además a la falta de ejecución por parte de las comunidades autónomas. Volvemos otra vez a lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, que es responsabilizar a las comunidades autónomas, es decir, recentralizar.
¿Qué hace que esta ley sea tan particular, necesaria y de primer orden? Es la primera vez que un Gobierno pone en marcha una política de Estado para el medio rural, y, sobre todo, para las zonas más desfavorecidas. ¿Qué es importante? Su carácter transversal. ¿Qué es importante? Que está al servicio de las personas, para la mejora de la situación socioeconómica de la población en las zonas rurales y el acceso a unos servicios suficientes y de calidad, teniendo sobre todo en cuenta y como objeto de preferente atención a las mujeres y a los jóvenes, que no olvidemos que de ellos depende en gran medida el futuro del medio rural. ¿Qué es también importante, y no se ha conseguido con ninguna otra ley? El consenso, el consenso transversal entre todo tipo de administraciones públicas, municipios, agentes sociales, medioambientales, agrarios, fueran del color que fueran. Se realizó en su momento lo más complejo y lo más laborioso. ¿Y qué fue? La redacción de la ley con este consenso amplio, el programa de desarrollo rural y más de 200 planes de zona, en los que, como hemos dicho, participaron instituciones y agentes de todo tipo.
Por tanto, si tenemos la ley, si tenemos el programa, si tenemos los planes de zona y, sobre todo, tenemos un mundo rural que necesita del apoyo de las administraciones con planes rigurosos, serios y óptimos que permitan a los ciudadanos ser más iguales y con las mismas oportunidades en todo el país, señorías, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta lo más importante, sin lugar a dudas: voluntad política, responsabilidad y sensibilidad por parte del Gobierno del Partido Popular hacia estos territorios y sus gentes. Por eso, ¿a qué insta el Grupo Socialista en esta Cámara al Gobierno y, sobre todo, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente? A que reactive y desarrolle esta ley, garantizando una dotación presupuestaria suficiente y adecuada. Le pedimos que reconsidere su decisión, que enmiende su enorme error, que saque del cajón esta necesaria ley y devuelva a la ciudadanía del medio rural esa nueva oportunidad que el Gobierno socialista le brindó, sin duda, con ese amplio consenso del que hemos hablado, porque de la supervivencia de este territorio depende también esta ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lafuente.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias.
En efecto, como supongo que luego debatiremos, también nosotros presentamos una proposición no de ley en este mismo sentido. En este punto, será motivo de una transaccional, de mutuo acuerdo con el Partido Socialista, pero nosotros añadimos unas enmiendas complementarias simplemente para instar al Gobierno en funciones a que haga lo que tendría que estar hecho ya y que como Gobierno en funciones aún así tendría que hacer. Está previsto por ley, es decir, son exigencias de la ley: el informe del seguimiento
y evaluación actualizado de las actuaciones que estaban previstas en el primer programa de desarrollo sostenible del medio rural, por ejemplo, y esa es una cuestión que tendría que ser para información y conocimiento de este Parlamento; presentar el informe de evaluación del impacto en las zonas rurales más sensibles identificadas en ese primer programa de desarrollo rural sostenible; presentar un informe de seguimiento de la ejecución de las actuaciones de la Administración General del Estado que se prorrogaron durante el año 2015. Son cuestiones que, en definitiva, nos darían los datos precisos y permitirían al futuro Gobierno, sea cual sea, afrontar la siguiente fase, la segunda fase; siempre que el Gobierno entienda que esta ley tiene que reactivarse, claro está. Por tanto, va en ese sentido y está consensuado con el Grupo Socialista para una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arrojo.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de desarrollo rural, creo que es importante decir lo que significa ese desarrollo rural y no olvidar algunas cuestiones, porque a veces nos encontramos con el olvido de un grupo que fue mayoritario en la Cámara en el año 2007, el del Gobierno socialista. Señorías, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural nació en España en el año 2007, en el contexto en el que se debatía y se trabajaba en Europa sobre la política agraria comunitaria y el Gobierno socialista nos anunciaba que perdía 500 millones de euros, en favor de otros países, para el desarrollo rural de los pueblos. Y no les habla una persona que solo hoy habla de desarrollo rural, llevo 35 años de mi vida hablando del liderazgo de las mujeres, de los jóvenes y de los pueblos de España en el desarrollo sostenible y en el desarrollo rural. Pero quiero recordar cómo el Gobierno Zapatero se olvida del mundo rural y pierde 500 millones de euros en la negociación de la política agraria comunitaria.
Además, cuando nace la Ley 45/2007 -estudiada por esta portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, nos encontramos con una ley sin dotación presupuestaria, nos encontramos con una ley en una época de crisis económica respecto de la que el presidente del Gobierno de aquel entonces -lo hemos olvidado-, el señor Rodríguez Zapatero, hablaba del PlanE y hablaba de grandes presupuestos, cuando no se consignaban, y, si se consignaban, era para llevarnos a la quiebra económica, como nos llevó el Partido Socialista cuando estuvo en el Gobierno. Por tanto, estamos hablando de desarrollo sostenible con una ley de difícil aplicación. Nace en un entramado burocrático, con un presupuesto sin consignar y comprometiendo, como también sucedía con otras leyes, como la ley de la dependencia, a las comunidades autónomas, porque poner en marcha esta Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural no solamente suponía una transversalidad -es cierto, señora portavoz del Grupo Socialista- con otros ministerios, sino que se establecía para las comunidades autónomas un 50 % del presupuesto con el que se que tendría que dotar el desarrollo de esta ley. Pero, como había buena fe -insisto, como había buena fe-, nos encontramos con dos comunidades autónomas gobernadas precisamente por el Partido Popular, La Rioja y Galicia, que, efectivamente, firman con el Gobierno de España, en aquel momento Gobierno socialista, los convenios para poner en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible a través de los que establecía la propia ley. Y qué casualidad, no pudieron cumplir, como consecuencia -vuelvo a repetir- del entramado burocrático y económico, por la complejidad que tenía esta ley.
Desde luego, yo sí creo en el desarrollo rural, yo sí creo y mi grupo parlamentario cree en el desarrollo sostenible. Por eso, el Gobierno, hoy en funciones, potenció en la pasada legislatura como base fundamental del desarrollo rural el sector agroalimentario. Además, ¿sabe usted que este sector, el más importante de España, ha sido capaz de salir adelante en una crisis económica sin precedentes, y ha sido el de mayor exportación de España? Y no solamente potenciamos ese sector agroalimentario, columna vertebral del desarrollo rural, columna vertebral de los pueblos de España, sino que en la política agraria comunitaria que tuvo que negociar este Gobierno en el sexenio que nos tocó trabajar en ella conseguimos 8.000 millones de euros para el desarrollo rural. Y hoy, que ya se está trabajando sobre los planes del desarrollo rural, no solamente hay 8.000 millones de euros, sino 13.000 millones, como consecuencia de los acuerdos con las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo Rural del que usted hablaba tiene hoy una dotación económica de 430 millones de euros para impulsar actuaciones estratégicas de carácter suprautonómico y de desarrollo rural para los pueblos de España. Y no olvide que el nuevo marco de financiación del reglamento de la Unión Europea establece
ayuda al desarrollo rural y por primera vez permite que los Estados miembros tengan un programa nacional y un conjunto de programas regionales.
Por tanto, yo, que soy en este momento portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno en funciones, tengo que decir tanto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como al portavoz del Grupo Parlamentario Podemos que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha apostado por el desarrollo rural, ha apostado por el desarrollo rural no solamente con una ley, sino con hechos: 1.000 millones de euros para la modernización y transformación de los regadíos en España, ayudas fiscales para compensar a los regantes por el cambio de tarificación eléctrica en el año 2013, al tiempo que hemos puesto en marcha la licencia única para la pesca y la caza - termino en medio segundo, señoría, no se preocupe-, que además han firmado comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista: Asturias, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón, porque se trata de una importante medida que hace posible una mayor movilidad de los cazadores y pescadores, pieza fundamental también del desarrollo rural, del ocio y del turismo rural.
Dicho esto, señorías, tengo que añadir que ustedes son conscientes de que la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural nació con graves dificultades, con un entramado burocrático tremendo y con falta de presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, debe ir terminando.
La señora QUINTANILLA BARBA: Termino, señor presidente.
Por tanto, nosotros hemos presentado una enmienda con la que queremos seguir fomentando el desarrollo rural de los pueblos de España. Pero, señorías, el pasado 20 de diciembre los ciudadanos nos dieron un mensaje...
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, debe terminar, por favor.
La señora QUINTANILLA BARBA: Termino. Nos dieron un mensaje, que fuéramos capaces de pactar, de hacer un gran pacto. Hoy tenemos sobre la mesa una propuesta de dos pactos para los grupos parlamentarios de esta Cámara, el pacto de Estado por la educación y el pacto de Estado contra la violencia de género: hagamos un pacto de Estado por la sociedad rural, por el desarrollo sostenible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Quintanilla.
Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muy brevemente, para decir que nos parece evidentemente necesario el desarrollo -valga la redundancia- del desarrollo rural. De todas formas, me da la sensación de que aquí cada uno apela al otro cuando no está en el Gobierno, y entonces es una especie de toma y daca según en la posición en que se esté. Yo, que he conocido el Gobierno del Partido Socialista y el PP en la oposición y he conocido al Partido Popular gobernando y el Partido Socialista en la oposición, diré que se repiten casi en las mismas cosas, con una diferencia de cuatro años. Pero, en este sentido, creo que en el tema del desarrollo rural es algo que se les ha olvidado a la mayoría de las personas que han intervenido que, por ejemplo, en el caso de Euskadi es competencia de la comunidad autónoma elaborar y desarrollar planes y leyes de desarrollo rural, sin que ello sea óbice con respecto a los programas de desarrollo rural que vengan de Europa, porque, al fin y al cabo, también estamos hablando del reparto de subvenciones o de dinero que viene de Europa, es decir, de quién lo debe hacer y cómo lo debe hacer. Nosotros hemos defendido desde el principio que en esa materia somos soberanos, que no necesitamos que se active nada desde el Estado, porque ello, al fin y al cabo, dota al Ministerio de una potestad que no tiene, aunque algunos están empeñados en que la vuelva a tener. Por tanto, no creemos que sea necesario que tenga que hacerse nada desde Madrid. Dejen que las comunidades autónomas hagan sus planes de desarrollo rural, que desarrollen sus leyes, que en algunos casos, por lo menos, lo hacen muy bien.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra don Antoni Postius.
Desde el Grupo Catalán ya dijimos cuando se aprobó la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que invadía claramente las competencias de la Generalitat de Cataluña en este ámbito, que suponía un dirigismo encubierto por parte del Estado hacia las políticas agrarias de las diferentes autonomías y que tuvo poca sensibilidad respecto a las acciones de desarrollo rural ya existentes en algunas comunidades y que ya estaban funcionando. Por ese motivo, precisamente nos opusimos a la aprobación de esta ley y, en consecuencia, por idénticos motivos, nos oponemos hoy a la proposición que nos plantea el Grupo Socialista.
Por el Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana no va a intervenir su portavoz.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Marcial Gómez.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para anunciar, como no podía ser de otra manera, el voto favorable del Grupo Ciudadanos a esta iniciativa, que pretende reactivar las políticas de desarrollo del medio rural, y hacemos nuestro su compromiso con la política rural. Leo textualmente su exposición de motivos: Por la igualdad de oportunidades, obligaciones y derechos entre los ciudadanos en el medio rural, con independencia de su lugar de residencia. Señorías, no podíamos estar más de acuerdo. Para Ciudadanos es una prioridad esencial que los españoles tengamos acceso a un mismo catálogo de derechos y servicios públicos, con independencia de nuestro lugar de residencia. Y, en efecto, en España podemos encontrar más diferencias entre los habitantes de las urbes y los pueblos que las rodean que entre habitantes de urbes de diferentes comunidades autónomas. Por eso insistimos tanto en que los sujetos de derecho son las personas, y no los territorios.
Por otra parte, señorías, hay algunos datos que debemos tomar muy en serio, ya que anuncian proyecciones pesimistas para el futuro de nuestros pueblos, para el futuro del medio rural. En 22 de nuestras provincias el 30 % de la población tiene más de 65 años, un tercio, al tiempo que en España existe una amplia zona, una zona situada entre Teruel, Cuenca y Guadalajara, en la que la densidad poblacional es inferior a la de Laponia; nuestros demógrafos la llaman la Laponia del sur. Son datos preocupantes, mucho más porque la importancia del medio rural es clave para nuestro sector agroalimentario y para los empleos que de él dependen. Vemos cómo sectores muy importantes para la economía del medio rural y, en consecuencia, para el asentamiento de las familias y para que estas puedan tener un proyecto de vida, como pueden ser el sector lechero y el porcino, se encuentran en situaciones preocupantes, sin llegar a cubrir los costes de la explotación.
En esta iniciativa se solicita la actualización de la Ley 45/2007 para afrontar los nuevos retos y problemas que tiene el medio rural. A nuestro juicio, las soluciones frente a los problemas derivados de la pérdida de población y el consiguiente aumento de la desigualdad pasan, como recogíamos en nuestro programa electoral, por el fomento del empleo, de la agricultura de valor añadido, de la formación a los jóvenes agricultores, el turismo rural y los programas de recuperación, por lo que llegado el momento trabajaremos para que nuestras iniciativas sean contempladas, y ya anuncio que votaremos a favor de la presente proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Señora Lafuente, ¿acepta alguna de las enmiendas que han sido presentadas a esta proposición no de ley?
La señora LAFUENTE DE LA TORRE: De las enmiendas presentadas, aceptamos la número 4, de Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero no la del PP.
Antes de pasar al debate del último punto del orden del día que resta, ruego a los portavoces, sobre todo de los grupos mayoritarios, que vayan convocando a todos los diputados, para proceder a la votación en cuanto termine. Por otra parte, de las proposiciones no de ley debatidas solo me han pasado texto transaccional de dos de ellas. Con el fin de hacer fotocopias y facilitárselas a los grupos parlamentarios, les ruego que me hagan llegar cuanto antes los textos de las enmiendas transaccionales que han anunciado.
- RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000360).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11.º del orden del día, proposición no de ley relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra el señor Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como es bien sabido, vivimos en una sociedad crecientemente urbana, en la que la lógica de la economía de mercado tiende a valorizar la vida urbana, al tiempo que relega y degrada la vida rural. Sin embargo, es este nuestro medio rural el que, en definitiva, nos proporciona la alimentación de nuestras familias, especialmente si aspiramos a disponer de alimentación de calidad, de alimentación y de suministros de cercanía. Nuestros recursos naturales y los ecosistemas que sustentan nuestras vidas también en las ciudades están en el medio rural, pero también nuestras raíces, nuestras raíces culturales, nuestros paisajes, en suma, señorías, las diversas identidades de nuestros pueblos están en el medio rural. Por ello, es necesario para el conjunto de nuestra sociedad mirar y entender lo que está pasando con nuestras raíces, con nuestro medio rural, porque una sociedad que pierde sus raíces es una sociedad que muere poco a poco. Por ello entiendo imperativo que, como representantes de esta sociedad, abordemos el reto de promover la recuperación y el desarrollo sostenible integrado de nuestro medio rural. La Ley de desarrollo sostenible del medio rural que se aprobó, como se ha dicho, a finales del año 2007, durante esta pasada legislatura, quedó paralizada, desprovista de fondos, de financiación y prácticamente olvidada. Entendemos, señorías, que esta ley merece ser reactivada urgentemente, porque es una buena ley -en contra de lo que he escuchado hace un momento- para el medio rural y, por tanto, para todo el país, por encima de ideologías partidarias y, por tanto, más allá de que fuera una ley promovida por un Gobierno socialista, cuestión que, desde mi punto de vista, sin duda honra al Partido Socialista, y no me duelen prendas en reconocerlo.
La ley se aplica y beneficia potencialmente a un total de 10,5 millones de habitantes, nada más y nada menos, a un 84 % del territorio, a 7.869 municipios, entre los cuales se identifican en torno a 3.000 -con arreglo a los criterios de la ley- considerados municipios rurales prioritarios, vulnerables, degradados. Vengo de Aragón -les aseguro que Teruel existe-, donde decenas de pueblos de Huesca y Zaragoza han sido abandonados. Una característica clave de la ley es que promueve un desarrollo rural participativo -no sé si esa es la complejidad a la que se refería la portavoz del Grupo Popular, pero es la gran característica-, buscando el consenso y la implicación de todos los agentes sociales y económicos del territorio y de las administraciones públicas en sus diversos niveles. El Plan de zona, en unas 105 zonas rurales, es el instrumento que elabora el conjunto de actores y que establece las prioridades de desarrollo en un periodo de cinco años. Es la propia gente del territorio la que decide cómo se hacen las cosas. Esto representa una nueva forma de construir y planificar el desarrollo de abajo hacia arriba aplicada a los territorios rurales.
La otra gran virtud de la ley es que por primera vez se promueve un enfoque integrado del desarrollo rural. La ley asume la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas para atender a territorios y poblaciones con una visión fundamentalmente territorial e integral. En este sentido, la ley establece las bases de una política rural como una política de Estado, pero buscando, obviamente, adaptarla a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares de las distintas zonas rurales, desde la participación de quienes viven en ese medio. En suma, una política de Estado territorializada que permite complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas y de las políticas sectoriales convencionales para promover un desarrollo rural sostenible.
Es importante entender -de nuevo hago un llamamiento al Grupo Popular para que lo entienda- que el medio rural no es solo producción agropecuaria, sino que es y debe ser un tejido rural complejo, igual que una ciudad no es un polígono industrial; no es solo producción, es todo un tejido social. Por ello, superando enfoques agraristas, simplistas, basados en lógicas de mercado en las que se prioriza el agronegocio y se olvida a las personas, se olvidan los territorios, los patrimonios naturales y los ecosistemas, esta ley ofrece un enfoque integral y participativo; no en balde ha suscitado entusiasmo, al tiempo que su bloqueo ha supuesto una tremenda frustración entre las gentes que sostienen día a día
nuestro medio rural. Ofrece un enfoque integral en el que la mujer, los jóvenes, los jubilados, los servicios son esenciales junto a un apoyo integrado a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y demás actividades del sector primario, pero vinculadas a la gente, a los agricultores que articulan el territorio, y no al agronegocio que alimenta beneficios de gente que no suele vivir siquiera en el medio rural. Ofrece una visión integrada que recoge el reto de defender y promover la agricultura campesina, es decir, la agricultura mirando a la gente que la hace y no simplemente al negocio agrario.
A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señor presidente, seré muy breve, porque creo que ya he contestado en parte al portavoz de Podemos.
Coincido con usted. Somos nuestras raíces. Somos de pueblo y hemos puesto de moda, afortunadamente, los pueblos de España. Hubo una época en la que ser de pueblo era ser distinto, y no me atrevo a calificarlo. Hoy hablar de mundo rural es hablar de desarrollo, de una sociedad que apuesta por su futuro.
El pasado 17 de abril precisamente su grupo parlamentario convocó una jornada tremendamente interesante, con una persona que conozco bien, que es el ex director general de Desarrollo Rural, don Jesús Casas, que hoy es el director general de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Asturias. Ustedes invitaron a esa jornada a una organización sindical que se desgaja de la COAG, que es la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. En el marco de esta jornada, precisamente aquí, en sede parlamentaria, en esta misma sala, Juan Manuel Palomares, miembro de la ejecutiva de la Unión de Uniones dijo en su intervención: Quiero destacar la complejidad de la Ley 45/2007, la duplicidad de competencias entre las distintas administraciones implicadas y la confusión del amplio abanico de políticas que pretendieron abordarse. Unido a todo ello, la Ley tuvo problemas para entrar en funcionamiento, y una crisis económica la condujo a la vía muerta. Esto no lo dice la portavoz del Grupo Popular, sino el portavoz de una organización sindical como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.
¿Por qué digo esto? Porque por supuesto que el mundo rural no es solamente la política agraria y ganadera o la caza y la pesca. El mundo rural es diversificación de las actividades complementarias a la agricultura y a la ganadería: el turismo rural, el senderismo, el ocio, la gastronomía, nuestros hoteles rurales, etcétera. Tenemos una gran diversidad para poner en funcionamiento ese desarrollo rural sostenible, pero desde la claridad de ideas, desde la realidad de nuestro territorio, desde la posición de hacer una ley que se mantenga en el tiempo y que este dotada de presupuesto para que pueda ser ejecutada. Esta ley no fue dotada de presupuesto y pasó lo mismo que con otras leyes en la legislatura del señor Zapatero, que todas nacían de forma transversal y el presupuesto lo tenían que poner las comunidades autónomas. Por eso esta ley no tuvo la luz que tuvo que tener y que hubiera dado futuro a nuestro desarrollo rural.
Termino, señor presidente, porque como me he pasado de tiempo en la anterior intervención, voy a ser breve. Señor portavoz de Podemos, no vamos a hablar solamente de agricultura y de ganadería, vamos a hablar también de ese mundo rural en el que las mujeres son pieza clave para su desarrollo, en el que no habrá desarrollo si no se cuenta con ellas. No habrá futuro en los pueblos de España si no contamos con la feminización de las políticas agrarias, ganaderas y del desarrollo rural. Está claro que eso tenemos que hacerlo. Lo vamos a hacer porque creemos en ello, porque en esta legislatura el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha el Plan de promoción de las mujeres rurales 2015-2018, dotado con 23 millones de euros. Es verdad que no es mucho dinero, pero es dinero en un momento de crisis económica sin precedentes como el que hemos vivido.
Señor portavoz, al Grupo Parlamentario Podemos le digo lo mismo que al Grupo Parlamentario Socialista, es el momento de los grandes pactos. Hablamos del pacto contra la violencia de género, del pacto por la educación, y yo les ofrezco que hagamos una transaccional que nos lleve a un pacto de Estado por el desarrollo rural y el desarrollo sostenible de los pueblos de España.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: He intervenido antes y nuestra posición es la misma.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
En cuanto a la proposición del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, por no ser reiterativo en los argumentos que expusimos en nuestra anterior intervención solamente señalaré que coincidimos con ella en la importancia de hacer hincapié en la mejora de los mecanismos de evaluación y seguimiento de las políticas públicas. En el acuerdo que hemos suscrito con el Partido Socialista -ese que al grupo proponente de esta iniciativa no le ha parecido bien apoyar- se recoge como medida potenciar la evaluación de los programas de gasto público, para lo que se reforzarán la independencia y los recursos de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad, Aeval.
Contestando también al señor Arrojo, le diré que en Ciudadanos no estamos por disolver ayuntamientos como si habláramos de azucarillos. Nosotros hablamos de fusión voluntaria de ayuntamientos para optimizar servicios y para ahorrar gasto público. Esto vuelve a evidenciar que ustedes no se han leído bien el acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y Ciudadanos.
Apoyaremos su iniciativa y nos alegramos de que propongan los mecanismos de evaluación y seguimiento de las políticas públicas en el medio rural.
Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora Lafuente.
Diputados, diputadas, evidentemente estamos de acuerdo y votaremos a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Como bien se ha explicado, lo que solicitan en su iniciativa es poner en marcha instrumentos que, como dice la proposición, son de obligado cumplimiento por una ley con la que evidentemente estamos de acuerdo, porque la hizo el Partido Socialista.
Me llaman un poco la atención ciertos argumentos que se han esgrimido por el Grupo Popular para rechazar tanto esta como la anterior proposición no de ley. Mi grupo piensa que hablan de la PAC por no tener que hablar de la nefasta gestión que han hecho del desarrollo rural; hablan del PlanE. -lo sacan a relucir en estas proposiciones no de ley- para no aceptar que han recortado 2.000 millones de euros en el programa del desarrollo rural 2014-2020 si lo comparamos con el anterior 2007-2013, cuando estaba el Gobierno socialista; hablan de que esta ley nació de un entramado burocrático, y creo que a lo que el Partido Popular está acostumbrado es a navegar entre burocracia y a aprobar las cosas a golpe de decreto. A eso está acostumbrado el Partido Popular y a eso nos tienen acostumbrados. Nosotros no lo hemos hecho así, porque esta ley, lo hemos mencionado en varias ocasiones, se hizo mediante el consenso y la planificación de 17 comunidades autónomas, 16 ministerios, la Federación Española de Municipios y Provincias, agentes económicos, sociales, territoriales, nacionales, agrícolas y medioambientales. Nunca ha habido una ley, ni del mundo rural ni de otro ámbito, que haya tenido este consenso. No se puede hablar de que se ha aprobado en un ámbito burocrático. Insisto en que es a lo que está acostumbrado el PP. Por otro lado, hablar de las mujeres cuando tienen la Ley de titularidad compartida en un cajón me parece que es una falacia.
Termino. Dice el Grupo Popular que lleva treinta y cinco años hablando de mujeres, de jóvenes y de desarrollo rural. Perdonen, yo soy joven, mujer y vivo en el mundo rural, y le aseguro que con sus políticas el mundo rural desaparece.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lafuente.
En estas dos últimas proposiciones no de ley existía el deseo de llegar a un texto transaccional. Pregunto a los portavoces de los grupos si han llegado a ese texto transaccional.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, finalmente hemos considerado no hacer esa enmienda transaccional, sino que cada PNL, tal y como se ha debatido, tiene sus enmiendas correspondientes. El Grupo Socialista aceptará la enmienda número 4 y votaremos a favor la PNL en los términos en los que la presenta el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por tanto, no habrá texto conjunto.
El señor PRESIDENTE: Señor Arrojo, tengo que preguntarle si acepta o no la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ARROJO AGUDO: No la acepto. Como en principio es un equivalente a la transaccional -soy bisoño en estas lides parlamentarias-, entiendo que en la medida en la que vamos a votar una y otra, quedará el texto de las proposiciones, de una y de otra, como un texto transaccional de facto.
El señor PRESIDENTE: No es un solo texto. Se van a votar las dos proposiciones no de ley, la del Grupo Socialista aceptando exclusivamente la enmienda número 4 de las presentadas por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la PNL de Podemos en sus términos, porque no se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a esperar un minuto para preparar las votaciones. (Pausa).
Comenzamos las votaciones.
En primer lugar votamos la proposición no de ley relativa a la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no documentada. Se vota el texto de una enmienda transaccional que han pasado a la Mesa, que pregunto si es conocida por todos los grupos parlamentarios. (Asentimiento).
Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre el desarrollo estratégico del sector agroalimentario. El texto que se va a votar es fruto de una transaccional que también me ha sido remitida y que pregunto si es conocida por todos los grupos. (Asentimiento).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 2; abstenciones,1.
A continuación, punto número 9 del orden del día, proposición no de ley sobre prospecciones de hidrocarburos y la declaración, por ley, del mar Mediterráneo como zona libre de prospecciones. Como no se ha presentado ninguna enmienda, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, 5.
Votamos la proposición no de ley sobre la reactivación de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, actualizándola y dotándola de presupuesto. Se va a votar el texto aceptando únicamente la enmienda número 4 de Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y rechazando la del Grupo Popular. La enmienda número 4 es de adición de un punto 6 que supongo que es conocido por todos los grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 17; abstenciones, 1.
Votamos el punto 11, proposición no de ley relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. No ha sido aceptada la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 15; abstenciones, 1.
Votamos el punto número 12, proposición no de ley sobre la prohibición de prácticas de competencia desleal de las grandes distribuidoras e industrias transformadoras hacia las explotaciones agrícolas y
ganaderas. Se vota con un texto transaccional que ha sido presentado y que conocen todos los grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, ha habido 28 votos a favor y 15 en contra.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, si no he visto mal, el Grupo Popular y el Grupo Socialista hemos votado en contra.
El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación.
Votamos el punto número 12, con la transaccional que ha sido presentada a la Mesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 26.
Votamos la proposición no de ley sobre el desarrollo de una nueva regulación para la gestión del ciclo integral del agua en España. Se vota en los términos de la transaccional entregada a la Mesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 27.

References: artículo 108
 artículo 72
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 14
 resolución 
 Real Decreto