Source: https://es.scribd.com/doc/312323569/Cndh-Informe-Dfi-09-05-2016
Timestamp: 2020-08-06 14:19:43+00:00

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Cndh Informe Dfi 09.05.2016 | Solicitante de asilo | Migración humana
CNDH informe
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ENCUESTA DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL INEGI
CNDH Recomendaciones en Trámite
1. Noción y elementos del DFI
2. Causas del DFI de acuerdo con los Principios Rectores
3. El DFI, el refugio y la migración forzada
4. Estándares y marco jurídico de protección de las personas víctimas de DFI
a) Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
b) Otros instrumentos internacionales de protección de personas víctimas de
c) Criterios del Sistema Interamericano respecto del DFI
d) El DFI en la región: referencia al caso colombiano y a los criterios de su Corte
La seguridad humana y su relación con la presencia del DFI en México
a) Índices de carencias sociales e ingresos económicos en México
b) Índices de violencia y derecho a la seguridad pública
Antecedentes de DFI en México
a) Sucesos de 1994 en Chiapas
b) Violencia generada por temas religiosos
c) Desplazamiento por violaciones a derechos humanos
d) Desplazamiento por desastres naturales
e) Violencia generada por enfrentamientos entre grupos delincuenciales
f) Las autodefensas como causa de DFI
g) El DFI como consecuencia del ejercicio de la actividad periodística en México
h) Desplazamiento por proyectos de desarrollo
1. Análisis del DFI a partir de los testimonios recabados por personal de la CNDH
2. Datos de la situación de violencia como factor del DFI
3. Resultado de las solicitudes de información a diversas autoridades
a) Información proporcionada por autoridades federales
b) Información proporcionada por autoridades estatales
c) Información proporcionada por los OPDH
d) Información proporcionada por autoridades municipales
e) Perspectiva del personal de la CNDH que tuvo contacto con la población
desplazada en diversos puntos de la república mexicana
Resultado de la revisión de normativa mexicana
1. Problemáticas y dificultades de no contar con políticas públicas de atención a
a) El ciclo de violaciones a los derechos humanos y las problemáticas que enfrentan
b) Ausencia de diagnóstico en materia del DFI
c) Necesidad urgente de implementar programas de atención al desplazamiento
d) Política Pública Nacional en materia de Desplazamiento Forzado
e) La importancia de la debida diligencia como prevención del DFI
f) La inscripción en el RENAVI y los obstáculos para recibir las medidas de ayuda
contempladas en la Ley General de Víctimas
La gobernanza y el desarrollo sostenible como contexto en la implementación de
Procesos de implementación de soluciones duraderas
VI. ACCIONES REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL
1. Solicitudes de
2. Revisión de la normatividad mexicana
1. Derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, en el marco
Testimonios relevantes de DFI en México
a) Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos
b) Sistema Interamericano de Derechos Humanos
c) Instituciones Internacionales
a) Marco legislativo
b) Información de autoridades federales
c) Información de gobiernos estatales y municipales
d) Información de organismos públicos de derechos humanos
e) Información del Sistema Estatal DIF
f) Información obtenida en medios de comunicación
g) Otras fuentes
Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la promoción y la Protección de los Derechos Humanos
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de
Expresión Grupos de la delincuencia organizada
Inter-Agency Standing Comitee o Comité Permanente entre Organismos
Internal Displacement Monitoring Centre u Observatorio sobre el
Desplazamiento Interno Institución Nacional de Derechos Humanos
Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral (IFE)
Humanos Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
Organismo Público de Derechos Humanos
Organización para la Unidad de África
Quinta Visitaduría General de la CNDH
Reglas Operativas de Programas Sociales
Alimentación Secretaría de Economía
Organización de las Naciones Unidas para la Educación (siglas en inglés)
UDDH-SEGOB
Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
“Los desplazamientos, consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas.
Los desplazados internos, tanto si se agrupan en campamentos como si huyen al campo para ponerse al abrigo de posibles fuentes de persecución y violencia o se sumergen en comunidades igualmente pobres y desposeídas, cuentan entre las poblaciones más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia.”
Sr. Francis M. Deng, 1998.
(Ex) Representante del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Sobre las Personas Internamente Desplazadas
“Estaba trabajando con mi abuelo, dos tíos y otros tres señores en el monte, cuando de repente nos dimos cuenta que estábamos rodeados por un grupo de hombres armados, eran como unos quince. No sé qué tipo de armas eran porque yo no sé de esas cosas, pero si se veían que estaban bien armados. Nos agarraron, nos amarraron y nos llevaron a una casa ya más alejada, yo escuchaba que ellos decían que eran de (---), pero no puse bien atención porque estaba viendo como le pegaban a mi abuelo, a mis tíos y a los otros tres. Les pegaban con unas tablas en la espalda, o con piedras y también con las manos y a patadas, a mí me soltaron que porque estaba muy chiquito y me dijeron que ya me fuera, pero a los demás les seguían pegando y les hacían preguntas, que quiénes eran los que trabajaban ahí en el pueblo y otras cosas que no entendía, pero pues yo solo escuchaba que mi abuelo decía que él no sabía nada. Cuando me soltaron me fui corriendo a mi casa y le conté a mi abuela lo que estaba pasando, para esto en el pueblo ya se empezaba a salir la gente, todos tenían miedo, dicen que eran como unos cincuenta hombres con armas sacando a la gente de sus casas, pero yo creo que eran más. Al poco rato llego mi abuelo, él intentó hablar con los ganaderos del pueblo, los que nos habían agarrado lo mandaron para decirle a todos que subieran (a la casa donde tenían detenidos a los demás), que los (---) querían llegar a un arreglo con el pueblo, pero nadie quiso subir, a todos les dio miedo. Mi abuelo se tuvo que regresar solo, pues todavía tenían detenidos a mis tíos y a los otros tres, pero los demás de la familia nos salimos así ya sin pensarlo, nos fuimos todos caminando, dejamos las casas y todos los animales amarrados, solo nos juntamos y nos fuimos para (---), eso fue ya desde el lunes pasado (29 de julio). Hicimos como unas seis horas caminando para llegar a (---) donde supuestamente está más seguro, y de ahí tomamos unos camiones que nos dejaron acá en (---), acá nos están dando de comer y la misma gente del pueblo nos está ayudando con cobijas y cosas para que no pasemos frío por las noches…” 1
Testimonio de un niño desplazado, junto con su abuela.
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 6, fracciones I, II, III y 15 fracción VIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 174 de su Reglamento Interno, presenta a la opinión pública, el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. 2
1 CNDH, Acta circunstanciada; Persona del Estado de Guerrero. Testimonio recabado en el mismo Estado, 6 de agosto de 2013.
2 Aunado a las normas antes citadas, este informe retoma los compromisos de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de “mantener y hacer realidad los derechos humanos garantizados por los instrumentos de derechos humanos internacionales y regionales, así como la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, para todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas, y virar la atención de los responsables en la realización de políticas y leyes hacia las medidas de protección para los más vulnerables entre los migrantes y solicitantes de asilo”, expresados en la Declaración de Clausura de la Conferencia Anual del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), celebrada el 23 de marzo de 2016.
6. El DFI en México es una lamentable realidad. Está afectando a personas de diferentes puntos del territorio nacional, modificando drásticamente sus condiciones de vida, dejándolos de la noche a la mañana sin un hogar, sin sus pertenencias, sin sus afectos y arraigos.
7. Es posible interpretar el actual contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos en México como una situación que preocupa y debe ocupar a todas las autoridades mexicanas, pues estas situaciones, así como el DFI por proyectos de desarrollo, entre otras causas que se analizan en este informe, están provocando el surgimiento progresivo de víctimas de DFI en diferentes latitudes del territorio nacional.
8. Las diferentes causas que provocan el DFI no son exclusivas de México. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al finalizar el año 2014 había 13,9 millones de personas en el mundo que se convirtieron en nuevos desplazados como consecuencia de la violencia generalizada, los conflictos o las violaciones de derechos humanos. Lo anterior significa que cada día del 2014, 42,500 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas por esas razones, lo cual implicó un crecimiento acelerado del DFI, alcanzando niveles sin precedentes. 3
9. El DFI de personas en México se ha generado por violencia, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y por la actividad periodística. 4 En los últimos años, es una violencia diferente la que provoca la movilidad de las personas, pues se relaciona con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional; esta violencia no se ha podido frenar por parte de las autoridades, lo que ha provocado desprotección de las víctimas.
3 ACNUR, “Mundo en guerra. Tendencias globales, desplazamiento forzado en 2014”, 18 de junio de 2015, página 2. 4 El único caso de conflicto armado con desplazamiento al que se hace referencia es en relación con los sucesos de 1994 en Chiapas.
10. Esta situación de desprotección surge no solo a raíz de las violaciones a los derechos a la
vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública sino, también, derivado de la
destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas, violentándose los
derechos a la propiedad privada, la vida privada y al domicilio. Es necesario subrayar que
por omisión también se violentan derechos humanos.
“El desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.” 5
11. En la reciente visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CmIDH) a nuestro país, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, ese organismo
internacional evaluó la situación de respeto y garantía de los derechos humanos en México,
y plasmó sus valoraciones en un documento preliminar en el que abordó la situación del
DFI, entre otras violaciones a derechos humanos, de la siguiente manera:
“Otra de las graves violaciones a derechos humanos que han generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México durante los últimos años tiene que ver con el desplazamiento interno forzado. A lo largo de la visita la CIDH recibió abundante información y testimonios acerca de la forma en la que la violencia de grupos del crimen organizado, los cuales en algunos casos se encuentran coludidos con agentes estatales, está conllevando, directa e indirectamente, al desplazamiento interno de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares. Los megaproyectos de desarrollo están conllevando al desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias zonas del país. La violencia ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos tales como pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.” 6
12. Un testimonio recibido por la CmIDH en Guerrero relató el DFI de una comunidad en la
Sierra de Totolapan, en el que se dijo: “Fuimos desplazados por la delincuencia organizada.
Somos 58 familias, y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y 3 desaparecidos. Fuimos atacados a
nuestras casas. Llegaron 5 veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27. Una niña de 8 años
5 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., “Desplazamiento Interno Forzado en México”, Guevara Bermúdez, José Antonio (ed), México, 2014, página 6. 6 CmIDH, “Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México”, octubre de 2015.
vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los
minerales que hay ahí”.
13. La CmIDH recomendó elaborar un diagnóstico nacional sobre DFI en México y adoptar
una política nacional para abordar el DFI conforme a los estándares internacionales en la
14. En el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México que publicó la
CmIDH el 31 de diciembre de 2015, entre otros temas que preocupan, se insiste en la
gravedad del problema del DFI en nuestro país, por la ausencia de cifras oficiales y la falta
de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la existencia de este problema,
lo que provoca su invisibilidad.
“La CIDH también ha tenido conocimiento de situaciones de desplazamiento interno forzado en México a través de la adopción de medidas cautelares urgiendo la protección de grupos de personas que se vieron forzadas a desplazarse internamente. La Comisión observa que a la fecha de la aprobación de presente informe el desplazamiento forzado interno no ha sido documentado y analizado de forma integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno.” 7
15. La CNDH reconoce la existencia de los elementos del DFI señalados en los Principios
Rectores y analizados en este apartado, en diferentes poblados y regiones del país, lo que
conlleva la necesidad de visibilizar el contexto actual de desprotección en el que se
encuentran las personas desplazadas.
16. El desplazamiento cambia la vida. Si bien la experiencia —a menudo traumática— del
desplazamiento es difícil revertir, los desplazados internos necesitan poder retomar una
vida normal mediante una solución duradera. 8
7 CmIDH, Informe de País México. Situación de los Derechos Humanos en México, OEA, 2015.
8 ONU, “Informe del representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, señor Walter Kälin. Adición: Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos”, 9 de febrero de
17. El presente Informe Especial tiene como objetivo visibilizar el DFI, provocar la acción estatal a favor de la prevención, investigación, sanción y reparación del daño a favor de las víctimas e incidir en la sociedad y gobierno en la toma de conciencia, de la necesaria solidaridad y empatía con las víctimas. Con ello la CNDH pretende poner en la agenda pública nacional el tema del DFI.
“Todo empezó un día en que llegaron los delincuentes y cortaron los alambrados de un corral que estábamos construyendo, así, sólo pa´ molestar. Después empezaron a darse sus vueltas por la casa, preguntando por mi papá, hasta que un día en la noche, le poncharon las cuatro llantas de su camioneta. Al otro día de eso, mi papá se fue pa´ que le arreglaran las llantas, y mientras estaba por allá, llegaron como catorce encapuchados bien armados. Era la tarde. Recuerdo bien que unos se metieron a buscar a la casa mientras otros vigilaban afuera. Entraron y empezaron a gritarnos malas palabras a mi mamá y a mí. Uno de ellos me agarró…Me encañonó. Traía dos pistolas y una escopeta. Los otros buscaron por toda la casa, debajo de las camas y todo. Mi abuelo estaba acostadito, en su hamaca. Ya está viejo, tiene 85. A él lo rodearon apuntándole, como si se les fuera a ir ¡pues cómo! Querían que les entregáramos a mi papá, según qué porque él sabía dónde se escondía 'No sé quién'. Yo no entiendo. No les dijimos nada. Antes de irse nos amenazaron que si no nos íbamos, nos mataban. En cuanto se fueron le hablé a mi papá por el celular, le pedí que no regresara. Al rato mi papá fue con los militares y les dijo lo que estaba pasando. Nos mandó las llantas con un conocido, se las pusimos a la camioneta y nos venimos pa´cá. Mi mamá manejó. Nos escoltaron los militares para poder salir sin que nos hicieran daño… Mi abuelito se quedó, no hubiera aguantado estar amontonado con tanta gente. Lo dejamos en casa de una tía donde a él no le gusta mucho, porque donde estaba contento pues era con nosotros, porque se come sus cuatro tortillas y ya hasta estaba engordando y agarrando color. Ahora que lo fui a visitar se me puso triste de vuelta. Ya vaciaron mi casa y envenenaron a los animales… Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de repente, la casa, la gente, los animales… y al abuelo.” 9
Testimonio de adolescente desplazada, 17 años de edad.
18. El análisis del DFI en México requiere el estudio de diferentes cuestiones generales que permitan entender localmente esta problemática. Por ello, en este apartado se analiza la noción de DFI y los elementos de la misma, a la luz de los Principios Rectores. Posteriormente, se hace un recuento general de los estándares internacionales más sobresalientes en el tema que permiten establecer el marco jurídico de protección para las víctimas de DFI.
19. Se hace una referencia desde la seguridad humana a dos de los múltiples factores que pueden incidir en el surgimiento del DFI, como la pobreza y la violencia. Finalmente, se realiza un breve recuento de algunos DFI ocurridos en México a través de los cuáles podemos advertir las diferentes causas que los han provocado.
9 CNDH, Acta circunstanciada; Persona del Estado de Michoacán, testimonio recabado en el Estado de Colima, 19 de agosto de 2013.
20. A partir de las guerras mundiales, particularmente desde la segunda, el DFI de personas
ha sido un tema de interés internacional. Ante la urgente necesidad de proteger a las
personas de las atrocidades de la guerra, los Estados miembros de la ONU adoptaron la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, reflejando la voluntad global de
encarar el tema del DFI, principalmente a partir de la noción de la figura de refugiado. 10
21. Los Principios Rectores 11 (o “Principios Deng”, en honor a Francis Deng, Ex Representante
Especial del Secretario General de la ONU, sobre los Desplazados Internos, quién elaboró
los principios) guardan la misma finalidad de protección señalada en aquella Convención
de 1951, con la diferencia de que las personas víctimas de DFI buscan protección en otro
lugar pero dentro de su país de residencia. 12
22. De manera concreta estos principios definen a las personas desplazadas internas como:
“… las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. 13
23. Si bien la definición que se aporta en el párrafo segundo de los Principios Rectores no
incorpora de manera expresa a los proyectos de desarrollo como causante de DFI, si lo hace
de manera indirecta en el Principio 6.2. en el que prohíbe los desplazamientos arbitrarios,
entre los que incluye casos de proyectos de desarrollo en gran escala (megaproyectos), que
no estén justificados por un interés público superior o primordial.
10 ACNUR, “Introducción a la protección internacional. Protección de las personas de la competencia del ACNUR, módulo informativo 1”, 1 de agosto de 2005, página 9.
11 ONU, “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.
12 Uprymny, Rodrigo y Sánchez Duque, Luz María, “Artículo 22. Derecho a la Circulación y Residencia” en Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentada, Christian Steiner/Patricia Uribe (Editores) Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, Fundación Konrad Adenauer, 2014, página 540.
13 Véase ONU, “Principios Rectores…”, op. cit., párrafo 2.
A partir de estos principios y de interpretaciones progresivas sobre el tema, se puede identificar cuándo estamos en presencia de DFI.
Esta noción del DFI se articula en tres elementos principales: (i) la condición de urgencia y apremio que obliga a las personas para desplazarse de su lugar o comunidad de origen; (ii) las características de las condiciones contextuales en el lugar de residencia que motivan a las personas a desplazarse; y (iii) el aspecto geográfico que diferencia este fenómeno y a sus víctimas, de los refugiados y de las personas con necesidad de protección internacional.
El primer elemento se refiere a que la movilidad o desplazamiento que realizan las personas de forma individual, familiar o masiva, de un punto a otro, no es opcional, no es planeado, ni producto de una decisión personal o familiar considerada y valorada, sino una decisión tomada por urgencia.
Esa urgencia la provocan diversos factores cuya magnitud sobrepasa los niveles de seguridad y ejercicio “habitual” de derechos humanos para las personas forzadas a movilizarse, por ello se puede afirmar que el segundo elemento está conformado por las causas del DFI. Por tanto, hay causas ajenas a la voluntad de las personas desplazadas que provocan su movilidad, por ello se afirma que se trata de un traslado forzado de personas.
El tercer y último elemento de la definición se refiere al aspecto geográfico. Este tipo de movilidad se ubica dentro del territorio nacional donde también ocurrieron las causas del DFI, por ello se afirma que es interno. Las personas permanecen en su país, no cruzan fronteras internacionales, pues de una u otra manera desean regresar a sus hogares y restablecer su vida. Por tanto, aunque se trasladan lejos de su residencia habitual para salvaguardar su integridad física y su vida, se mantienen en el territorio del país.
29. Las diferentes causas del DFI deben entenderse a la luz del Derecho Internacional Humanitario, que clasifica diversas situaciones que conllevan distintos niveles de violencia, 14 constatando la estrecha vinculación que existe entre el origen y desarrollo de las normas de protección de los desplazados internos con el derecho internacional de los refugiados. 15 Las diferentes causas de DFI señaladas en los Principios Rectores son:
• Conflicto armado;
• Violencia generalizada;
• Violaciones de los derechos humanos;
• Catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y
• Proyectos de desarrollo.
30. Analizaremos en este espacio cada una de las causas que reconocen los Principios Rectores a efecto de tener una visión más clara de los alcances e implicaciones de las mismas.
31. Los conflictos armados están definidos por las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales y son de dos clases: internacionales y no internacionales o internos. Los primeros “incluyen todos los casos de guerra declarada o cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más partes, aun si el estado de guerra no es reconocido por una de ellas”. 16
14 ONU, Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), “Principios y criterios para la protección y asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina”, CIREFCA 89/9, Ciudad de Guatemala, 29 al 31 de mayo de 1989, párrafo 28.
15 Al respecto véase: Murillo González, Juan Carlos, “El derecho de asilo y la protección de refugiados en el continente americano: contribuciones y desarrollos regionales”, OEA, disponible en:
http://www.oas.org/dil/esp/19%20-%20murillo%201.DM.MR.417-438.pdf
16 Véase CIREFCA 89/9, op. cit., párrafo 29.
32. Los no internacionales o internos, son aquéllos que tienen lugar en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y las fuerzas disidentes u otros grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. 17 Según lo anterior, los conflictos armados implican una serie de supuestos para determinar su existencia y en el caso de los DFI serán los conflictos internos los que se consideren una causa de movilidad obligatoria.
33. Los conflictos armados no son la única causa violenta de DFI, ya que los Principios Rectores también incluyen la violencia generalizada como un posible origen del DFI. La Declaración de Cartagena de Indias sobre Refugiados (en adelante, Declaración de Cartagena) hace mención al concepto de violencia generalizada, sin definirla, como una causa para que las personas refugiadas huyan de sus países de residencia. 18
34. La definición de violencia generalizada debe atender no sólo a sus orígenes en el derecho internacional humanitario a la finalidad de proteger a las víctimas de las guerras, los conflictos y de los enfrentamientos violentos masivos, sino que también debe ajustarse al contexto histórico y social de los países y a las transformaciones de la violencia. De esta forma, se cumple con el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos. 19
35. Las causas del DFI no son excluyentes entre sí y pueden presentarse de manera conjunta o separada.
17 CICR, “Protocolo Adicional II a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949., 8 de junio de 1977”, artículo 1.1.
18 ACNUR, “Declaración de Cartagena sobre Refugiados” del 22 de noviembre de 1984, conclusión tercera.
19 Un ejemplo de la evolución de este concepto, se encuentra en el artículo 4 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria de México, según el cual la violencia generalizada implica “enfrentamientos en el país de origen o residencia habitual, cuya naturaleza sea continua, general y sostenida, en los cuales se use la fuerza de manera indiscriminada”.
36. La definición de violencia señalada en los Principios Rectores no debe ser interpretada de forma restrictiva o en perjuicio de los derechos de las personas desplazadas, pues eso sería contrario a la finalidad de los mismos.
37. Las violaciones a derechos humanos por acciones u omisiones en las que incurran las autoridades estatales son consideradas una causa más del DFI. Las violaciones por acción consisten en la ejecución de una conducta que de manera directa incumple con las obligaciones de prevenir, garantizar, proteger o respetar los derechos humanos. Las violaciones por omisión suponen la abstención del Estado frente a una situación en la que inminentemente debió haber actuado.
38. Como causa de DFI, las omisiones del Estado se relacionan con el conocimiento de las autoridades sobre una situación de riesgo razonablemente previsible, que puede generar la movilidad forzada de una comunidad -y la violación múltiple de sus derechos- respecto de la cual no se tomaron las medidas necesarias para prevenirla. 20 Según lo anterior, un riesgo previsible puede ser la existencia de un contexto de fuertes manifestaciones de violencia entre autoridades públicas y grupos de la delincuencia organizada o entre estos últimos, en un determinado territorio, que permite prever que por su seguridad los habitantes de ese lugar tendrán que abandonar sus hogares.
39. Además de la prevención, las omisiones también se pueden expresar en la ausencia de una investigación adecuada sobre las causas del DFI, lo cual implica la violación del deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas desplazadas.
40. Frente a las personas víctimas del DFI el Estado es responsable de su protección y bienestar, atendiendo su particular situación de vulnerabilidad, generada por el abandono repentino de sus bienes, patrimonios, trabajos, vínculos afectivos, sociales y familiares,
20 CrIDH, “Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia”, sentencia de 11 de mayo de 2007, párrafo 78.
aunado a la angustia y zozobra que genera la violencia y la inseguridad latente en el lugar/hogar que abandonaron.
Catástrofes naturales o provocadas por el ser humano
41. Ante el peligro que impone la naturaleza en sus múltiples manifestaciones (huracanes, terremotos, inundaciones, trombas, sequías, maremotos, erupciones volcánicas, entre muchas otras variables) las personas históricamente se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares de residencia para efecto de ponerse a salvo de estos fenómenos.
42. Un desastre natural, de conformidad con el glosario contenido en las Directrices Operacionales del Comité Permanente entre Organismos (IASC por su siglas en inglés), sobre la protección de las personas en Situaciones de Desastres Naturales, consiste en “una severa interrupción del funcionamiento de una sociedad que causa pérdidas humanas, materiales o ambientales generalizadas que sobrepasan la capacidad de la sociedad afectada para afrontarlo usando solamente sus propios recursos”. 21
43. Estos sucesos han puesto en seria crisis a comunidades enteras donde la acción estatal en su labor humanitaria, asistencial y de respeto a los derechos humanos se convierte en un elemento imprescindible para la atención de estos casos. El deber del Estado es primario ante las víctimas de DFI, particularmente por la naturaleza de las afectaciones y la multiplicidad de derechos humanos violentados.
44. No todas las causas del DFI se relacionan con violaciones a los derechos humanos, como es el caso de los desastres naturales que no son el resultado de la intervención del ser humano. Sin embargo, un desastre natural que pudo ser previsible y ante el cuál la autoridad omitió desplegar las acciones preventivas para la protección de la población,
21 IASC, “Guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias. Glosario”, 2012, disponible en:
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/2012_03_09_ops_guidance_spanis
h.pdf.
puede conducir a la probable responsabilidad del Estado por dichas omisiones; lo mismo si con posterioridad al desplazamiento el Estado omitiera prestar la asistencia que requiera el caso. Por tanto, las violaciones a los derechos humanos en el DFI pueden presentarse también con posterioridad a un desastre natural. 22
45. Las catástrofes no sólo son producidas por la naturaleza, el ser humano también puede ser el protagonista principal en este tipo de sucesos. Provocar incendios forestales, detonaciones de bombas nucleares, contaminación de ríos y mares, entre muchos otros riesgos potenciales, son generados por el ser humano ya sea de manera dolosa o culposa, pero las víctimas sufren por igual las consecuencias de dicho actuar.
46. Los proyectos de desarrollo son aquellas acciones que buscan contribuir al desarrollo planeado de una sociedad, en sí mismas, o como parte de una política más amplia. Una de esas acciones son los llamados “megaproyectos” los cuales tienen dimensiones de tal magnitud que se reflejan en su tamaño físico y en los impactos sociales, ambientales e incluso políticos. 23
47. La construcción de estos proyectos de desarrollo pueden estar en manos de la administración pública y/o de la iniciativa privada. Estos proyectos pueden materializarse en hidroeléctricas, carreteras, minas, construcción de aeropuertos, entre otras grandes acciones.
48. Para efecto de la realización de estas construcciones el Estado debe verificar que no se violenten derechos de las personas a través de desplazamientos arbitrarios. Igualmente, debe cerciorarse que no se afecte a la sociedad ni al medio ambiente.
22 La Corte Interamericana se ha pronunciado en este sentido en las sentencias Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia; Caso Familia Barrio vs. Venezuela y Caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia. 23 Domínguez, Juan Carlos, “Desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo: retos para la cooperación internacional en América Latina”, Cuadernos de cooperación internacional y desarrollo Instituto Mora, Conacyt y Universidad Iberoamericana, México, 2014, página 21.
49. No todos los proyectos de desarrollo ocasionan DFI, pero se han presentado casos en los que dichas obras han propiciado la movilidad forzada de personas cuyos hogares se encontraban en los terrenos en los que se construyeron tales proyectos de desarrollo. En el apartado de “Antecedentes” del presente Informe se señalan algunas de éstas.
50. Para construir infraestructuras de esta naturaleza, en la mayoría de las ocasiones es necesario desplazar comunidades enteras, modificar el medioambiente, y desarrollar toda una infraestructura paralela que incluya, entre otros aspectos, caminos, plantas de tratamiento y manejo de residuos. 24 Ante esto, necesaria se hace la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada a las comunidades étnicas que pueden resultar afectadas por la construcción de tales obras. Estos mecanismos democráticos permiten dar voz a las víctimas y tener una perspectiva global de los contextos y problemáticas que se pueden generar y arribar a soluciones viables, efectivas y consensadas entre población, empresarios y gobierno. 25
51. Del mismo modo, en los proyectos de desarrollo la acción humana puede provocar desastres de diferente naturaleza, como en el caso de las minas cuyos residuos tóxicos pueden ser vertidos en ríos y en el subsuelo causando un daño mayor.
52. Una de las expresiones más visibles de la movilidad humana en nuestros días es la migración y dentro de ésta, la migración forzada. Si bien el término “migración forzada” (o forzosa) podría aplicarse casi a cualquier ámbito de análisis de las migraciones, como el económico, sociológico y antropológico, entre otros, en el contexto del DFI, este concepto, al menos inicialmente, se ha utilizado de manera más específica.
25 Para mayor información, consúltese CrIDH, Caso Pueblo Sarayaku vs Ecuador, sentencia de 27 de junio de
53. Los organismos y órganos internacionales que estudian los fenómenos migratorios desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, han considerado tradicionalmente a la migración forzada como el tipo de movilidad humana provocada por anomalías o conflictos que no tienen que ver directamente con procesos económicos, como en el caso de (i) la violencia desatada por conflictos étnicos, políticos, religiosos o comunitarios; (ii) la violencia generada por las guerras, guerrillas y actividades criminales; y (iii) la irrupción de catástrofes naturales como huracanes, ciclones, tsunamis, inundaciones y sequías. Además, este concepto también refiere al DFI ocasionado por la realización de grandes obras de infraestructura, como pueden ser los fraccionamientos y las presas. 26 En este sentido, quienes se encuentran en contextos de migración forzada están catalogados como desplazados, 27 refugiados, asilados y exiliados.
54. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su glosario sobre migración, define la migración forzosa como “un término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas, (por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo)”. 28
55. Así entonces, -y más allá de los distintos debates disciplinarios sobre qué otros tipos de flujos de población son susceptibles de considerarse dentro de las migraciones forzadas-, podemos resumir gráficamente las categorías conceptuales arriba señaladas como sigue:
26 Humberto Márquez Covarrubias, “Diccionario crítico de migración y desarrollo, Colección Desarrollo y Migración”, México, Miguel Ángel Porrúa, 2012, página 225.
27 Del mismo modo, en este contexto al referirnos a “desplazados”, “desplazados internos”, “personas víctimas de desplazamiento” o “personas internamente desplazadas”, nos estamos refiriendo a la misma categoría de personas definidas por los principios rectores sobre los desplazamientos forzados. 28 Documento no. 17 sobre Derecho Internacional de las Migraciones, 2006.
56. Es importante establecer la relación práctica de las diferencias y similitudes existentes entre los refugiados y las personas víctimas de DFI más allá del cruce de una frontera internacional.
57. Históricamente, y debido a los contextos bélicos principalmente, el abordaje de la protección de las personas víctimas de DFI y refugiados se ha desarrollado de la mano del derecho internacional humanitario y la necesidad de crear marcos de protección de civiles. Ha sido el marco de protección de los refugiados el que se ha desarrollado ampliamente. 29
58. Al respecto, el siguiente cuadro muestra las principales características de dichos marcos de protección:
29 ACNUR, “Introducción a la Protección Internacional. Protección de las personas de la competencia del ACNUR”, módulo auto formativo 1, Agosto de 2005, página 5.
CUADRO 1. Principales características y marcos de protección de los refugiados y de las personas víctimas de DFI.
DESPLAZADOS FORZADOS INTERNOS
Personas a quienes aplican la condición respectiva.
Personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, debido o para evitar los efectos de situaciones graves de violencia en la que su vida, libertad corren peligro.
motivos de:
- religión,
Desplazamiento por:
- violencia generalizada
No han cruzado una frontera internacional.
Instrumentos universales de protección en la materia (principales)
- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 - Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 (Vinculante)
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (No vinculante)
Instrumentos regionales de protección en la materia
Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala) 2009 (Vinculante)
por la que se regulan
refugiados en África de 1969 (Vinculante) - La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984) (No vinculante)
59. El DFI ha sido ampliamente abordado por organismos internacionales jurisdiccionales y
no jurisdiccionales; cuenta con un marco jurídico de protección tanto internacional como
nacional que es necesario conocer para entender la naturaleza del mismo. En las siguientes
páginas analizaremos estos aspectos.
60. La comunidad internacional ha acogido los Principios Rectores como el marco normativo
en el tema. Estos Principios recogen los derechos contenidos en varios instrumentos
internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, muchos de
los cuáles ha suscrito México y por ende constituyen derecho positivo en nuestro país y
deben ser considerados para la interpretación de la legislación relativa a los derechos
humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y
tercero, y 133 constitucionales.
61. “Los Principios Rectores tienen por objeto tratar las necesidades específicas de los desplazados
internos de todo el mundo, determinando los derechos y garantías necesarios para su protección”. 30
Por ello, reconoce los derechos y mecanismos que corresponden a la protección de las
30 ONU, “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, op. cit., párrafo 9.
personas en todas las fases del desplazamiento: prevención contra los desplazamientos
arbitrarios; protección y asistencia durante los desplazamientos; y garantías durante el
regreso o el asentamiento y la reintegración.
62. A continuación se presenta una síntesis de los principios en cuestión:
CUADRO 2. Resumen Principios Rectores
Las personas desplazadas deberán gozar de igualdad jurídica para ejercer sus derechos y libertades y no deberán ser objeto de ninguna discriminación por el hecho de estar en situación de desplazamiento. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y
asistencia humanitaria a las personas desplazadas internas.
Los principios se aplican a cualquier persona desplazada, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, edad o cualquier otro criterio similar.
Las autoridades tendrán la obligación de respetar las disposiciones del derecho internacional para prevenir el desplazamiento. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra el desplazamiento arbitrario. Las autoridades deberán velar para que, en situaciones de desplazamiento, no se violen los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados, y que, además, se facilite alojamiento adecuado, con condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene.
Toda persona desplazada tiene derecho a la vida (protección contra genocidios, ejecuciones, desapariciones forzadas); a no ser objeto de actos violentos (protección contra ataques directos o indiscriminados, privación de alimentos, ataques a sus asentamientos, uso de minas antipersonal); a la dignidad
y a la integridad física, mental o moral (protección contra violaciones, torturas, esclavitud y trabajo forzado); a la seguridad e integridad personal (protección contra la detención o encarcelamiento arbitrarios como resultado de su desplazamiento); libertad de tránsito y libertad para escoger su residencia; a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos; a que se respete su vida familiar, privilegiando la reunificación familiar; a un nivel de vida adecuado; a la atención médica; al reconocimiento de su personalidad jurídica; a no ser privado arbitrariamente de sus propiedades; a la educación; al trabajo; a la libertad de pensamiento y asociación, así como a los derechos políticos.
La responsabilidad de brindar asistencia es obligación de las autoridades nacionales. No obstante, los organismos internacionales tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de las personas en situación de desplazamiento, por
lo que las autoridades competentes facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria a las personas desplazadas, la cual se prestará conforme a los principios de humanidad e imparcialidad, sin discriminación alguna.
Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de otorgar los medios necesarios para garantizar el regreso voluntario, de manera digna y segura al lugar de origen de las personas desplazadas o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Se tratará en especial de garantizar que las víctimas participen plenamente en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y
Las autoridades tienen la obligación de prestar asistencia a las personas desplazadas internos para la recuperación de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos. Si esa recuperación es imposible, las autoridades concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa.
63. Como puede advertirse, los Principios Rectores identifican diversas acciones respecto de
las cuáles los Estados se encuentran obligados ante las víctimas de DFI. Entre éstas se
detectan cinco que son relevantes: a) no discriminación; b) prevención contra el desplazamiento; c) protección durante el desplazamiento; d) asistir humanitariamente, y e) propiciar condiciones de regreso, reasentamiento e integración. Con estas acciones básicas se atenuarían de manera significativa los efectos del DFI.
64. Además de los Principios Rectores, existen otros instrumentos internacionales y regionales que establecen estándares de protección de las personas víctimas de DFI.
65. Dentro de estos instrumentos se encuentran los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de las Personas Refugiadas y Desplazadas, 31 conocidas como los “Principios Pinheiro”, en honor del entonces Relator Especial sobre la restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos, Paulo Sergio Pinheiro, quien redactó esos Principios. 32
66. Los “Principios Pinheiro” sistematizan los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, derecho de los refugiados, derecho humanitario y de las normas conexas, con la finalidad de sentar una base para el tratamiento de las cuestiones jurídicas y técnicas, relativas al derecho a la restitución de viviendas, tierras y patrimonio, en situaciones de desplazamiento, en que las personas afectadas se hayan visto privadas de forma arbitraria o ilegal de sus anteriores hogares, tierras, bienes o lugares de residencia habitual. 33
31 ACNUR, “Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio Pinheiro. Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas”, doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005.
32 Aprobados por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la entonces Comisión de Derechos Humanos, en su 56º periodo de sesiones, mediante la Resolución 2004/2.
33 ACNUR, “Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio Pinheiro…” op. cit., Sección I, Alcance y aplicación, párrafo 1.1.
67. Se aplican por igual a las personas refugiadas, desplazadas internamente y demás personas, que se encuentren en situaciones similares y hayan huido de su país pero que tal vez no estén en la definición jurídica de refugiado. 34 Asimismo, reconocen los derechos a la no discriminación, a la igualdad entre hombres y mujeres; a la protección contra el desplazamiento; a la intimidad y respeto del hogar; al disfrute pacífico de los bienes; a tener una vivienda adecuada; a la libertad de circulación y al regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad, basado en una elección libre, informada e individual.
68. En estos Principios se subraya, además, que el Estado es el responsable de crear mecanismos legales, procesales e institucionales que permitan el acceso de personas desplazadas y refugiadas a procedimientos de reclamación y restitución, consulta, participación en la adopción de decisiones, registro y documentación de viviendas, tierras y patrimonio, así como de indemnización. Aplicar de forma exitosa programas de restitución de viviendas, tierras y patrimonio es fundamental para la justicia restitutiva y contribuye a impedir que se vuelvan a producir situaciones de desplazamiento.
69. Otro de los instrumentos que integran el marco normativo internacional de protección de personas desplazadas es la Declaración de Cartagena, 35 que en su novena conclusión llamó a las autoridades nacionales y a los organismos internacionales competentes a ofrecer protección y asistencia a las personas internamente desplazadas.
70. Por otra parte, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en 2004 una resolución dirigida a los Estados, sobre diversas cuestiones relacionadas con las personas desplazadas. 36 Destaca en este documento el llamado que hace esa Organización a los Estados para que incluyan en sus planes y programas las necesidades de
34 Ibídem, párrafo 1.2.
35 Adoptada por el Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984. 36 OEA, Asamblea General, cuarta sesión plenaria, Resolución AG/RES.2055, Desplazados Internos, AG/RES.2055 XXXIV-04, 8 de junio de 2004.
esta población, y para que consideren el contenido de los Principios Rectores en el diseño de sus políticas públicas.
71. La regulación de los DFI no es exclusiva del continente americano. Por ejemplo, existe la Convención de la Unión Africana sobre la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención de Kampala), que entró en vigor en 2012. Este documento constituye el primer tratado internacional para la protección y asistencia de las personas desplazadas que se aplica a todo un continente, e impone a los Estados del mismo la obligación de proteger y ayudar a las personas desplazadas a raíz de catástrofes naturales y situaciones provocadas por el hombre como los conflictos armados. 37
72. La Convención de Kampala se inspira en gran medida en los Principios Rectores, y desarrolla en particular aquéllos que tratan sobre la responsabilidad principal del Estado y la no discriminación frente a las personas desplazadas. 38
73. En relación con la normativa mexicana, esta CNDH realizó un ejercicio en el que se analizan los derechos de las personas desplazadas, a la luz del marco jurídico nacional (ANEXO 1), por lo que subraya la necesidad de la observancia, por parte del Estado mexicano, tanto de los Principios Rectores sobre los Desplazados Internos como de los Principios Pinheiro.
74. El sistema regional de protección de los derechos humanos ha establecido jurisprudencia en materia de desplazamiento interno, que permite proponer una serie de criterios relativos a la conceptualización del fenómeno, así como a las obligaciones del Estado en la materia.
37 Comité Internacional de la Cruz Roja, Comunicado de prensa 12/234, “Entra en vigor la Convención de Kampala sobre las personas desplazadas, 5 de diciembre de 2012.
38 ACNUR, “Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays: responsabilité et action: Guide a l’usage des parlementaires“ N° 20 – 2013, UNHCR y Union Interparlementaire, Francia, 2013, página 30.
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75. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el tema de DFI por motivos de violencia. Existen dos casos que se consideran emblemáticos en el tema, que son la “Masacre de Mapiripán” 39 y las “Masacres de Ituango”, 40 los dos contra Colombia.
76. Además de los casos colombianos, ese tribunal ha condenado a diversos Estados por omitir cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas víctimas de DFI como son Suriname, 41 Guatemala, 42 El Salvador 43 y Paraguay. 44
77. En relación con la conceptualización del fenómeno, el tribunal interamericano ha señalado que la situación de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran las personas desplazadas puede ser entendida como una condición de facto de desprotección, 45 considerando que la situación de vulnerabilidad de las personas desplazadas resulta del hecho de que se encuentran bajo la jurisdicción de su propio Estado, el cual no ha tomado las medidas suficientes para impedir o evitar la situación de abandono que llevó a las personas a tener que desplazarse. 46
78. Sobre las obligaciones del Estado en materia de DFI, la CrIDH ha establecido que los Estados deben proteger los derechos de las personas desplazadas, lo que implica no sólo el deber de adoptar medidas de prevención y garantía del derecho de libre circulación, 47 sino también de realizar una investigación efectiva de la supuesta violación a estos derechos y
39 Sentencia de 15 septiembre de 2005.
40 Sentencia de 1 de julio de 2006.
41 CrIDH, “Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname”, sentencia se 15 de junio de 2005.
42 CrIDH, “Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala”, sentencia de 25 de mayo de 2010.
43 CrIDH, “Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador”, sentencia del 25 de octubre de
44 CrIDH, “Caso de la comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay”, voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, sentencia del 29 de marzo de 2006.
45 CrIDH, “Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala”, op. cit., párrafo 141.
46 Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade en el caso de la comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, sentencia del 29 de marzo de 2006.
47 En el caso del Pueblo Indígena Sarayaku en Ecuador a través de las medidas provisionales ordenadas el 17 de junio de 2005 y 6 de julio de 2004, la Corte dispuso requerir dicho que garantizara el derecho de libre circulación de los miembros del pueblo Kichwa de Sarayaku.
proveer las condiciones necesarias para un retorno digno 48 y seguro a su lugar de residencia habitual, 49 o su reasentamiento voluntario en otra parte del país, 50 debiéndose garantizar su participación plena en la planificación y gestión de su regreso. 51
79. Para el caso en que no existan las condiciones necesarias para el retorno, la autoridad deberá disponer de los recursos necesarios y suficientes con el fin de que las víctimas de DFI se reasienten, en condiciones similares a las que se encontraban antes de los hechos, en el lugar que ellas, libre y voluntariamente, eligieran. 52
80. La CrIDH también ha considerado que la continuidad del desplazamiento forzado, debido a la falta de adopción de medidas por parte del Estado que permitan a las personas regresar de forma segura y digna a sus tierras, constituye una violación al derecho de circulación y residencia, 53 subrayando que la separación de algunas comunidades de sus tierras ancestrales ocasiona un sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico.
48 Para el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Colombia en las medidas provisionales del 2 de febrero de 2006, 15 de marzo de 2005, 17 de noviembre de 2004, 18 de junio de 2002 y 24 de noviembre de 2000, se requirió al Estado colombiano que asegurara las condiciones necesarias para que las personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que se hubieran visto forzadas a desplazarse a otras zonas del país, pudieran regresar a sus hogares.
49 En el caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbarado en Colombia ese tribunal otorgó las medidas provisionales del 17 de noviembre de 2009, 7 de febrero de 2006, 15 de marzo de 2005, 17 de noviembre de 2004 y 6 de marzo de 2003, mediante las cuales solicitó ese Estado asegurar que las personas beneficiadas pudieran seguir viviendo en su residencia habitual, así como brindar las condiciones necesarias para que las personas desplazadas de dichas comunidades pudieran regresar a sus hogares. 50 En el caso del Pueblo Indígena Kankuamo en Colombia, a través de las medidas provisionales ordenadas por la CrIDH el 30 de enero de 2007 y 5 de julio de 2004, se requirió al Estado colombiano garantizar las condiciones de seguridad necesarias a efecto de respetar el derecho a la libre circulación de las personas del pueblo indígena Kankuamo, así como que quienes se hayan visto forzadas a desplazarse a otras regiones, puedan regresar a sus hogares si lo desean.
51 CrIDH, “Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala”, op. cit., párrafo 149.
52 CrIDH, “Caso de las masacres de Ituango vs Colombia”, sentencia del 1º de julio de 2006, párrafo 404 y Caso de masacres el Mozote…, op. cit., párrafo 345.
53 CrIDH, “Caso Moiwana vs Suriname”, sentencia del 15 de junio de 2005, párrafo 128.
81. La CmIDH también ha estudiado y analizado casos relacionados con el DFI en la región. Uno de esos casos es la masacre de Montes de María, en Colombia, 54 ocurrida en febrero del año 2000, donde integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron a varios poblados ubicados entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Las AUC mantuvieron un cerco alrededor del pueblo, trasladaron a gran parte de sus habitantes a la plaza central y a la cancha de baloncesto donde los clasificaron por sexo y edad y luego ejecutaron a 38 de ellos, mientras consumían licor y tocaban música; entre las víctimas se encontraba una niña de seis años de edad. A causa de los actos de violencia, aproximadamente 1500 familias se desplazaron forzadamente.
82. En este caso, la CmIDH consideró que los hechos podrían caracterizar violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la prohibición de la esclavitud y servidumbre, a la libertad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la protección a la familia, a los derechos del niño, a la propiedad privada, a la circulación y la residencia, a las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 6.2, 7.2, 8.1, 11, 17, 19, 21.1, 22.1 y 25, en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
83. También ha solicitado medidas cautelares relacionadas con el DFI. En el caso de los 135 integrantes del pueblo indígena Triqui de San Juan Copala, en Oaxaca, quienes fueron desplazados a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra por parte de un grupo armado. Asimismo, el 7 de octubre de 2010, esa CmIDH solicitó al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de 135 habitantes de San Juan Copala, México; que concertara las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informara sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares. Los criterios señalados en su momento por la CmIDH han sido retomados y desarrollados ampliamente por la CrIDH.
54 CmIDH, Informe No. 15/09, petición 1-06, admisibilidad, masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María Colombia, 19 de marzo de 2009.
84. A continuación, se sistematizan los criterios ya señalados con algunos otros establecidos
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se consideran más significativos
para la protección de las personas en condición de desplazamiento.
CUADRO 3 Criterios sobresalientes sobre DFI desarrollados en el sistema interamericano de derechos humanos
Para establecer la responsabilidad internacional del Estado es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos […] u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.
Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Párrafo 111; Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia del 31 de enero de 2006. Párrafo 112; Caso Masacres de El Mozote y
lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Párrafo 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Sentencia del 30 de noviembre de 2012. Párrafo 188; Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Párrafo
[En contextos que puedan derivar o ya hayan generado desplazamiento,] es indispensable que los Estados adopten medidas específicas de protección considerando las particularidades propias de los pueblos indígenas.
Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala.
Sentencia del 25 de mayo de 2010. Párrafo 147; Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Párrafo
[En contextos que puedan derivar o ya hayan generado desplazamiento,] en el caso de comunidades indígenas […] la posesión de la tierra debería bastar para que obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el
Caso Moiwana vs. Surinam. Sentencia del 15 de junio de 2005. Párrafo 131; Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia del 29 de marzo de 2006. Párrafo 127.
consiguiente registro.
Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia.
La vulnerabilidad acentuada en las personas desplazadas es reforzada por su proveniencia rural y, en general, afecta con especial fuerza a mujeres[…] niñas y niños, jóvenes y personas de la tercera edad […] en dichos casos, revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños y niñas
Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Párrafos
y 175; Caso de las Masacres de Ituango vs.
Colombia. Sentencia del 1 de julio de 2006.
Párrafos 212 y 244.; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Párrafo 150; Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Párrafos
y 330.
El DFI es un fenómeno complejo que afecta o pone en riesgo una amplia gama de derechos y debe ser atendido como una condición de facto de desprotección, que pone a las víctimas en circunstancias de especial vulnerabilidad
Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Párrafo 177; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia del 1 de julio de 2006. Párrafo 210; Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Sentencia del 25 de mayo de 2010. Párrafo 141; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Sentencia del 24 de noviembre del 2011. Párrafos 162 y 165; Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Sentencia del 4 de septiembre de 2012. Párrafos 180 y 181; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Párrafo 193; Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Párrafo 315.
obligación de garantía para el Estado
conlleva no sólo el deber de adoptar medidas de prevención sino también proveer las condiciones necesarias para facilitar un retorno voluntario, digno y
Caso Moiwana vs. Surinam. Sentencia del 15 de junio de 2005. Párrafo 113; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia del 1 de julio de 2006. Párrafo 404; Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Sentencia del 25 de mayo de 2010. Párrafo 149; Caso Masacres de El Mozote y
seguro a su lugar de residencia habitual
a su reasentamiento voluntario en
otra parte del país y la participación de las víctimas en la gestión de dicho retorno.
lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Párrafo 188; Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Párrafo 220; Defensor de DDHH y otros vs. Guatemala. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Párrafo 167.
La falta de una investigación efectiva sobre los hechos que tuvieron como consecuencia el desplazamiento interno forzado puede perpetuar la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Caso Moiwana vs. Surinam. Sentencia del 15 de junio de 2005. Párrafos 108 y 128; Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Párrafo 186; Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Sentencia del 25 de mayo de 2010. Párrafo 149; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Sentencia del 24 de noviembre del 2011. Párrafo 165; Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Sentencia del 4 de septiembre de 2012. Párrafo 178; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Párrafo 193.
Además de la violación al derecho de circulación y residencia, el desplazamiento forzado puede ser generado por otras violaciones a múltiples derechos o generar violaciones múltiples a otros Derechos Humanos.
Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Párrafo 186; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia del 1 de julio de 2006. Párrafo 234; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia del 25 de octubre de 2012. Párrafo 195; Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Párrafo
Fuente CNDH
d) El DFI en la región: referencia al caso colombiano y a los criterios de su Corte Constitucional
85. Uno de los casos de DFI más relevantes a nivel internacional es el caso colombiano, pues desde la década de los 90 ha sido la consecuencia más visible del conflicto armado interno en sus diferentes manifestaciones y respecto de todos sus actores. En 1995, la Corte Constitucional de Colombia reconoció que tal contexto afectó de manera grave a la población civil, siendo una de sus más claras consecuencias el desplazamiento, para ese momento, de más de medio millón de colombianos. 55
86. Un par de años más tarde, y en concordancia con lo anterior, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe “Derechos humanos y éxodos en masa” 56 reafirmó lo mencionado por ese tribunal constitucional, señalando que en Colombia y Chechenia, entre otros países, los desplazamientos masivos se presentaban en el marco de violaciones en gran escala de los derechos humanos, cometidas en situaciones de conflicto armado, las cuales incluyen los ataques militares indiscriminados contra la población civil en operaciones contra la insurrección, los ataques de grupos armados irregulares y la violencia en la comunidad. 57 A lo anterior debe sumarse que el desplazamiento forzado también genera la vulneración de otros derechos, convirtiéndose en un verdadero ciclo de violaciones.
87. Luego de reconocer que el DFI era una de las peores consecuencias del conflicto armado interno, mediante diferentes sentencias emitidas desde 1997, señaló algunas características del DFI y de las personas en situación de desplazamiento. A continuación se señala resumidamente su contenido, a efecto de tenerlo en cuenta a la hora de analizar localmente el fenómeno del DFI, guardando las debidas proporciones:
• Las personas obligadas a abandonar sus hogares por medio de la violencia son, en
55 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-225/95, 18 de mayo de 1995.
56 ONU,” Éxodos en masa y Personas Desplazadas. Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Derechos Humanos y éxodos en masa”, doc. E/CN.4/1997/42, 14 de enero de 1997.
57 Ibídem, párrafo 15.
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su mayor parte, campesinos pobres, con un bajo nivel de instrucción escolar. Además, la mayoría de las personas desplazadas son menores de edad y mujeres. Ellos se trasladan principalmente a las ciudades, en las cuales tienen pocas posibilidades de acceder a una vivienda digna y a un trabajo estable. Frecuentemente, el resultado de la migración forzosa a la que se ven sometidos es el agravamiento de las ya de por sí precarias condiciones de vida que tenían en el campo. 58
• El desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas personas tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que deriva de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia. 59
• El DFI implica dos elementos fundamentales frente a las víctimas del mismo: (i) la coacción que hace necesario el traslado; y (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si estas dos condiciones se dan, no hay la menor duda de que se está ante una situación de desplazamiento forzado interno. 60
• El desplazamiento forzado comporta obviamente una vulneración del derecho de los nacionales a escoger su lugar de domicilio, al igual que de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos, estas personas ven conculcados sus derechos de expresión y de asociación. 61
58 Corte Constitucional de Colombia, sentencia SU-1150/00, 30 de agosto de 2000.
60 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-227/97, 5 de mayo de 1997.
61 Corte Constitucional de Colombia, sentencia SU-1150/00, op. cit.
• El DFI implica la obligación del Estado de garantizar la libertad de circulación y residencia, la prohibición contra los traslados individuales o masivos arbitrarios y la prohibición de regreso forzoso en condiciones de peligro. Como consecuencia de lo anterior, ninguna autoridad puede calificar a las personas en situación de desplazamiento como agentes perturbadores por el solo hecho de tratar de salvar la vida. 62
• Las personas víctimas de situaciones sociales extremas, como es el caso de quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno, constituyen, entre el espectro de personas en situación de debilidad manifiesta, aquéllas que los sufren en mayor medida, por razón del desarraigo, destrucción de la base material que sustenta su proyecto de vida, así como por la grave afectación del tejido social al cual pertenecen. Estos criterios han de fungir como guía de interpretación para enfrentar, en materia de vivienda, las necesidades de la población en situaciones de debilidad manifiesta, así como en el reparto de los recursos necesarios para atender la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí que junto a los programas de vivienda social y los mecanismos adecuados de financiación a largo plazo, deben existir planes para atender a quienes están en la situación de extrema debilidad: desplazados y víctimas de desastres naturales. 63
• En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, estas personas tienen, en términos generales, el derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del Estado. Este derecho constituye, en términos de la Corte colombiana, el “punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno”, y debe caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de estas personas, ya que “de otra
62 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-227/97, 5 de mayo de 1997. 63 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-958/01, 6 de septiembre de 2001.
manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara”. 64
seguridad humana y su relación con la presencia del DFI en
88. Con independencia de las causas sobre DFI que señalan los Principios Rectores, hay una serie de factores sociales que pueden favorecer este fenómeno. Un acercamiento al análisis de tales factores puede hacerse desde el concepto de seguridad humana que permite un estudio integral de aquéllos.
89. La seguridad humana se ocupa de la amplia gama de condiciones relacionadas con la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y que se ven gravemente amenazadas. Un factor indispensable para la seguridad humana es la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales que, juntos, proporcionen a las personas los elementos básicos para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humanos. 65
90. En términos amplios, la seguridad humana abarca el derecho a una vida libre de temor, el derecho a una vida libre de miseria y el derecho a una vida digna. 66 De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD por sus siglas en inglés) de 1994, la Seguridad Humana incluye siete categorías. El siguiente cuadro las refleja teniendo presente la manera en que se expresan y las inseguridades que generan al no garantizarlas:
64 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-025/04, 22 de enero de 2004.
65 Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y Dependencia de Seguridad Humana. “La Seguridad Humana en las Naciones Unidas”, Nueva York, 2015, página 5.
66 ONU, “Seguridad Humana. Informe del Secretario General”, Doc. A/64/701, 8 de marzo de 2010, párrafo 19.
CUADRO 4. Seguridad humana e inseguridades
LA SEGURIDAD SE EXPRESA EN:
LAS AMENAZAS O INSEGURIDADES SE EXPRESAN EN:
Ingresos mínimos, trabajo y superación de la pobreza.
Justa distribución de los alimentos.
Agua potable y superación de amenazas sanitarias.
Enfermedades infecciosas mortales, alimentos no seguros, desnutrición, falta de acceso a cuidados sanitarios básicos
Respeto a los ecosistemas locales y globales.
Degradación medioambiental, agotamiento de recursos, desastres naturales y contaminación
Seguridad frente a la violencia física.
Violencia física, delitos, terrorismo y diferentes clases de violencia
Fortalecimiento de la familia, las organizaciones y los grupos étnicos y raciales.
Tensiones étnicas, religiosas o causadas por otras identidades y desintegración familiar
Garantía de los derechos humanos básicos para los ciudadanos de un Estado democrático.
Represión policial, abusos de los derechos humanos.
Fuente: Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y Dependencia de Seguridad Humana. “La Seguridad Humana en las Naciones Unidas”.
91. La seguridad humana denota la relación existente entre amenazas y respuestas cuando se
hace frente a estas inseguridades, y cómo las amenazas o inseguridades se refuerzan
mutuamente y están vinculadas de dos formas: (i) mediante un efecto dominó en el sentido
de que cada amenaza alimenta a la otra. Por ejemplo, los conflictos violentos pueden dar
lugar a privaciones y pobreza, que a su vez podrían conllevar una escasez de recursos, la
aparición de enfermedades infecciosas, un déficit de educación, entre otros; y (ii) las
amenazas existentes dentro de un mismo país o zona pueden extenderse y tener repercusiones negativas para la seguridad regional e internacional. 67
92. Según lo anterior, las personas desplazadas también pueden encontrarse en situaciones de pobreza, hambre y violencia reflejando una total desprotección. Las víctimas del DFI son, generalmente, personas que se encontraban en una situación de pobreza anterior a la ocurrencia de las causas del desplazamiento y, por ello, su situación empeora después del mismo.
93. La pobreza es uno de los más graves problemas sociales relacionados con el desarrollo de un país, región o ciudad. Esta es la razón por la que erradicar la pobreza extrema y el hambre sea el primero de los Ocho Objetivos del Milenio. 68 Al respecto, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Chaloka Beyani, destacó ante el Consejo de Derechos Humanos la necesidad de incluir a los desplazados internos en la agenda para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible. Además, reconociendo que las crisis de desplazamiento, especialmente las de larga duración, constituyen un problema no solo humanitario, sino también de desarrollo, puso de relieve que las autoridades nacionales deben incluir a los desplazados internos en sus propias agendas y programas de desarrollo para lograr soluciones duraderas. 69
94. Para que el Estado mexicano pueda abordar la problemática del DFI es necesario considerar las personas, familias y comunidades que tuvieron que desplazarse al no contar con las condiciones mínimas de seguridad humana en sus comunidades de origen.
67 Dependencia de Seguridad Humana, “Teoría y práctica…”, op. cit., página 8. 68 ONU, “Podemos erradicar la pobreza” objetivos de desarrollo del milenio y más allá de 2015. Véase:
http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml. 69 ONU, “Protección y asistencia a los desplazados internos. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos”, doc. A/70/334, 20 de agosto de 2015, párrafo 25.
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a) Índices de carencias sociales e ingresos económicos en México.
95. Algunos de los parámetros para definir la seguridad humana son los índices de acceso a oportunidades sociales, económicas y a la seguridad pública. Los conflictos dañan la estructura de una comunidad y de un país, afectando el desarrollo de los servicios públicos, la atención de la salud, la distribución de alimentos, perjudicando el ámbito laboral y el educativo. El capital social se deteriora por la separación o el desplazamiento de las familias.
96. De acuerdo con el Informe 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en nuestro país “casi la mitad de la población mexicana es pobre”. 70
97. El CONEVAL diseñó un sistema de medición de pobreza basado en dos rubros de indicadores principales:
a. Carencias sociales: se mide mediante seis categorías: (i) rezago educativo, (ii)
acceso a la salud, (iii) seguridad social, (iv) calidad y espacios de vivienda, (v) servicios
básicos y (vi) alimentación.
b. Ingreso económico: consiste en verificar si el ingreso económico es suficiente para
satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. La “línea de bienestar
mínimo” equivale al valor de la canasta alimentaria 71 por persona al mes; y la “línea de bienestar”, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. 72
70 CONEVAL, “Informe de Pobreza en México 2012”, México, 2013, página 10.
71 Véase página oficial de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
72 CONEVAL, “Informe de Pobreza…”, op. cit., página 12.
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98. A partir de estos rubros, el CONEVAL ha identificado a tres grupos principales de mexicanos: 73
a. Población pobre. Aquella con una o más carencias sociales y un ingreso inferior a
la Línea de Bienestar (LBE). Incluye:
 Pobreza extrema. Aquella población con tres o más carencias sociales y un ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM). El promedio de ingresos para la población urbana es de $1,242.61 mensuales y de $868.25 mensuales para la población rural. 74
 Pobreza moderada. El promedio de ingresos para la población urbana es de $2,542.13 mensuales y de $1,614.65 mensuales para la población rural. 75
b. Población en situación de vulnerabilidad. Aquélla que tiene carencias sociales o
económicas. Sus dos subgrupos son:
 Vulnerabilidad por carencias sociales. Aquélla población con una o más carencias sociales y con un ingreso igual o superior a la LBE. El promedio nacional de ingresos de este grupo fue de $4,541.00 mensuales. 76
 Vulnerabilidad por ingresos. Aquella población sin carencia, pero con un ingreso inferior a la LBE. El promedio nacional de ingresos este grupo fue de 1,601.00 pesos. 77
c. Población ni pobre ni en situación de vulnerabilidad. Aquella población sin
carencias sociales y con un ingreso igual o superior a la LBE. El promedio nacional de ingresos de este grupo fue de $6,408.00 pesos. 78
74 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014, México, Julio 2015.
76 CONEVAL, “Informe de Pobreza…”, op. cit., página 94 (gráfica 14). Según el documento “Medición de la pobreza en México y en la entidades federativas 2014” de julio de 2015, en México las personas que son vulnerables por carencia social son 31.5 millones.
77 Ídem. Según el documento “Medición de la pobreza en México y en la entidades federativas 2014” de julio de 2015, en México las personas que son vulnerables por ingreso son 8.5 millones.
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99. De acuerdo con el CONEVAL, en México existen 53.3 millones de pobres (46.2%), de los cuales 43.9 millones son considerados como pobres moderados y 11.4 millones están en la pobreza extrema. 79
100. En nuestro país existen 31.4 millones de personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad por carencias sociales (26.63%), mientras que 8.4 millones de mexicanos padecen vulnerabilidad por ingresos (7.1%). Los 24.5 millones restantes (20.5%) son
catalogados como población no pobre ni en situación de vulnerabilidad. 80
101. Las seis entidades federativas con los porcentajes mayores de pobreza son: Chiapas
(76.2%), Oaxaca (66.8%), Guerrero (66.2%), Puebla (64.5%), Michoacán (59.5%) y Tlaxcala
(58.9%). 81
102. Según las cifras señaladas en 2014 por el CONEVAL, 24.6 millones tuvo un ingreso tan
bajo que aun disponiendo del mismo en su totalidad no podía adquirir la canasta alimentaria. Asimismo, reportó que para ese año más de la mitad de la población (60.6 millones) obtuvo ingresos inferiores a $2,328.00 pesos mensuales en zona urbana y de $1,489.00 pesos en zona rural, lo cual significa que sus ingresos eran insuficientes para adquirir la canasta básica completa. 82
103. Respecto de las carencias sociales, el CONEVAL señaló que tres de cada cuatro
mexicanos tuvieron al menos una carencia social (86.9 millones); a su vez, uno de cada cinco
78 Ídem. Según el documento “Medición de la pobreza en México y en la entidades federativas 2014” de julio de 2015, en México las personas que no son vulnerables y no son pobres son 24.6 millones.
79 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014”, Cuadro 1, Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010- 2014.
80 Ibídem, Cuadro 4B, Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, según entidad federativa, 2010-2014, parte II.
81 CONEVAL, “Medición de la pobreza en México…”, op .cit.
82 Ibídem, página 14.
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mexicanos padecieron tres o más carencias sociales (28.1 millones) 83 , las cuales impidieron que 86.9 millones de mexicanos se desarrollaran de manera integral. 84
104. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en consideración que la pobreza y la
desigualdad social se relacionan en varias formas con la violencia. 85 Por ejemplo, la
presencia de la delincuencia organizada en algunos municipios del país se debe a los recursos que pueden obtener y la ubicación geoestratégica para el trasiego de drogas.
105. Esta CNDH propuso en su Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, 86 la necesidad
de promover el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluya los derechos a la alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda digna, al agua potable y al vestido, así como impulsar la existencia de programas de desarrollo social para el cumplimiento del derecho al mínimo vital, que estén orientados a asegurar la vida digna de las personas a través del crecimiento y el fomento de empleos, así como fortalecer los programas de desarrollo humano existentes, garantizando que su operación y los procedimientos de otorgamiento e inclusión se apeguen a la legalidad en beneficio de las
106. De acuerdo con el Diagnóstico de las “Bases del Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial”, 87
83 Ibídem, página 23.
84 CONEVAL, “Informe de Pobreza…”, op. cit., página 58. 85 Según el Consejo Económico para América Latina y el Caribe “la violencia y la desigualdad son causa y consecuencia de la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo, a la vez que limitan la democracia, la libertad y reducen la calidad de vida de los habitantes de américa latina y el caribe”. Cepal, comunicado de prensa violencia y desigualdad limitan la democracia y son causa de pobreza y subdesarrollo, 29 de abril de 2012, disponible en: http://www.cepal.org/es/comunicados/violencia-y-desigualdad-limitan-la-democracia-y-son-causa- de-pobreza-y-subdesarrollo. 86 CNDH, “Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013”, Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/conocenos/Agenda_2013_1.pdf
87 SEGOB, “Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial”, Febrero de 2013.
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publicado en febrero de 2013, el fenómeno de la violencia en México se ha posicionado como un tema prioritario tanto en la agenda pública como en la percepción de la
ciudadanía. Durante el periodo 2001-2011, aun con el incremento al presupuesto destinado
a la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus órganos administrativos
desconcentrados en un 538% (de $6.3 mmdp a $40.5 mmdp), la incidencia delictiva en el
fuero federal aumentó en un 83% (de 78,309 a 142,971 casos). 88
107. El gobierno federal reconoció que entre los factores que más han influido en el incremento de la violencia en nuestro país destacan las disputas en y entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. 89
108. Al respecto, en el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el
Estado de Guerrero, publicado en 2013, así como en el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa del Estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos Relacionadas con el Conflicto, publicado en 2015 por esta CNDH, se reiteró que las autoridades de los tres
órdenes de gobierno están obligadas a garantizar la integridad física, los bienes y los
derechos de las personas, a preservar la libertad, el orden y la paz públicos. La seguridad pública es un derecho humano que se brinda a las personas a través de medidas preventivas
o de seguridad, que deben ser oportuna y eficazmente aplicadas. Además, este derecho
constituye un factor fundamental para la consolidación del sistema de libertades y la garantía del respeto irrestricto en el ejercicio, protección y promoción de los derechos humanos, lo que conlleva la exigencia de protección del orden público.
109. El ejercicio efectivo de ese derecho consiste en elevar la calidad del servicio público, de acuerdo con las necesidades y exigencias de la realidad y de la sociedad, como un elemento fundamental orientado a evitar las conductas indebidas en la función pública, eliminar
88 Consúltese VI Informe de Gobierno y SNSP, 2012.
89 Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la
http://qacontent.edomex.gob.mx/idc/groups/public/documents/edomex_archivo/ipd_pdf_progrman
al_archivo.pdf
espacios de abandono e impunidad a través de condiciones que garanticen la eficacia del
quehacer gubernamental y permitan crear una cultura basada en el respeto a los derechos
humanos. Este Organismo Nacional ha subrayado que la seguridad pública está
directamente relacionada con el concepto de Estado de Derecho y paz pública, por lo que es
imperativo que se garantice de manera efectiva.
6. Antecedentes de DFI en México
110. El DFI no es un suceso reciente en la república mexicana, la diversidad de causas que lo
provocan se han presentado en diferentes épocas y puntos del territorio nacional. En el
presente apartado se abordan algunas de las causas más conocidas que han provocado
desplazamiento en los últimos 50 años, como es el caso del DFI por temas religiosos,
violaciones a derechos humanos, desastres naturales, enfrentamientos entre grupos de la
delincuencia organizada, grupos de autodefensa, actividad periodística en México y
111. El primero de enero de 1994 tuvo lugar en el Estado de Chiapas un levantamiento armado
del denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este movimiento
armado afectó de manera sensible la situación sociopolítica en Chiapas y la violencia vivida
generó, a su vez, el desplazamiento forzado de personas hacia distintas regiones del Estado.
112. El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas, señaló en el Informe sobre Desplazados por el Conflicto
Armado en Chiapas, lo siguiente:
“La ofensiva militar implementada por el Ejército Mexicano generó graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas el desplazamiento de población de diferentes comunidades indígenas y campesinas aledañas al Municipio de San Cristóbal de las Casas, durante los 12 días que se mantuvieron las hostilidades. Si bien es cierto que con el conflicto armado se genera entre otras situaciones múltiples violaciones a los derechos humanos como han sido, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones, casos de Página 42 de 232
tortura, ejecuciones extrajudiciales, faltas al debido proceso, etc., sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en el estado de Chiapas, ha habido comunidades desplazadas por la situación de violencia estructural que ha prevalecido frente a las políticas implementadas por los diversos gobiernos en turno, teniéndose una de las principales causas, la falta de atención y solución de la situación agraria; problemática que sigue siendo un factor de contradicción y conflicto, no solo por lo que representa la tierra en cuanto medio de producción sino también como el espacio de desarrollo de los diferentes proyectos de autonomía implementados por diferentes organizaciones campesinas e indígenas en el estado de Chiapas.” 90
113. En el mismo sentido la investigadora Laura Rubio Díaz-Leal en su obra “Desplazamiento
interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”,
mencionó que “ante el llamado de guerra zapatista, el gobierno federal reaccionó enviando al ejército
mexicano para acabar con los rebeldes. Decenas de miles de chiapanecos pertenecientes, en su
mayoría, a los municipios de Chenalhó, Tila, Sabanilla y Palenque, huyeron de sus lugares de
origen…”. 91
114. Estos sucesos han sido la causa principal de los desplazamientos forzados internos que
hasta la fecha mantienen a miles de personas indígenas de la zona fuera de sus lugares de
origen y en condiciones de precariedad.
115. De acuerdo con el Programa Conjunto por una Cultura de Paz (2012), “En Chiapas existen
actualmente alrededor de 25,000 desplazados, de los cuales aproximadamente 70% (unos 19,000) es
resultado directo o indirecto del conflicto armado derivado del levantamiento zapatista iniciado el
primero de enero de 1994.” 92
116. Los siguientes dos desplazamientos forzados a gran escala relacionados con los sucesos
en Chiapas ocurrieron entre 1995 y 1997, como consecuencia de la violencia provocada por
grupos civiles armados, de corte paramilitar, en las zonas Norte y Altos de Chiapas, que
90 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12 de junio de 2003. 91 Rubio Díaz-Leal, Laura, “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana Instituto Tecnológico Autónomo de México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México, 2014, página 125.
92 Arana Cedeño, Marcos y María Teresa del Riego, “Estudio sobre los desplazados por el conflicto armado en Chiapas”, México, FIODM, Programa Conjunto por una cultura de Paz, ONU, 2012, página 79.
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tuvo como punto culminante la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, cuando 45 indígenas (entre ellos 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, y 15 niños) fueron asesinados por civiles fuertemente armados. 93
117. El DFI de la población chiapaneca por conflictos religiosos no es un fenómeno nuevo.
Baste recordar la tragedia de más de 30,000 indígenas tzotziles que fueron expulsados del municipio de San Juan Chamula, en los años setenta, por abrazar religiones distintas a la católica tradicionalista.
118. La CNDH documentó el DFI de personas por conflictos religiosos en esa entidad
federativa. De esta forma, en la Recomendación 58/1994 se acreditaron expulsiones de personas de distintos parajes del Municipio de San Juan Chamula, Chiapas.
119. El 27 de agosto de 1990, 23 familias evangélicas del paraje Yaaltem, acusadas de no
profesar la religión católica, fueron expulsadas por las autoridades municipales. Los quejosos señalaron que antes de ser expulsadas las familias, fueron encerradas durante tres días en la escuela del lugar.
120. El 20 de octubre de 1990 otras dieciocho personas evangélicas del paraje Yaaltem fueron
expulsadas por las autoridades municipales. Los quejosos señalaron que, días antes, habían
sido violadas tres mujeres y otras trece personas habían sido encerradas durante nueve horas en la escuela del lugar.
121. El 8 de diciembre de 1990, nueve mujeres y dos hombres adultos de los parajes de Alamul
y Canaluntic, a pesar de que se declararon católicos", fueron encarcelados junto con sus hijos en la cabecera municipal. Los quejosos señalaron como responsables al Presidente, al Síndico y al Juez del Municipio.
93 Consúltese CNDH, Recomendación 1/1998.
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122. Estos casos fueron acumulados, investigados, acreditados y resueltos por esta CNDH, a
través de la Recomendación 58/1994, en las que se recomienda a diversas autoridades del Estado de Chiapas investigar y procesar a los responsables, solucionar el problema de las expulsiones, garantizar el regreso de los expulsados a sus comunidades, la pacífica convivencia y el respeto irrestricto a la libertad de profesar la creencia religiosa que más les agrade, investigar si las expulsiones de que fueron objeto los afectados violaron preceptos de la Constitución y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y, de ser procedente, suspender el mandato de los miembros del Ayuntamiento de San Juan Chamula que
resultaren responsables, entre otras.
123. El 9 de agosto de 2002, esta CNDH recibió el escrito de queja suscrito por un pastor
apoderado legal de la “Vid Verdadera, A. R.”, quien solicitó la intervención de esta CNDH a fin de evitar la expulsión y comisión de ilícitos en perjuicio de la feligresía de la comunidad
de Pedernales de Santa Catarina, municipio de Mezquitic, Jalisco, ya que el 2 de agosto del mismo año se había realizado una Asamblea Comunal en esa comunidad y las autoridades huicholes tradicionales acordaron otorgar a todos los feligreses de la congregación el término de 10 días para que abandonaran la comunidad, ya que, de lo contrario, serían expulsados con uso de violencia y quemarían sus casas, en virtud de sus creencias religiosas. Por esa razón, el 12 de agosto de 2002 se vieron obligados a abandonar la comunidad por las agresiones de que fueron objeto, y ante el temor de ser expulsados violentamente, se establecieron en la comunidad de Tenzompa, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. 94
124. En el año 2005, esta CNDH tuvo conocimiento que en una reunión de personas indígenas
huicholes, celebrada el 26 de mayo de ese mismo año, los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, del municipio de Mezquitic, Jalisco, comunicaron a las personas integrantes de la comunidad que aquéllos que cambiaron de
94 Después de las investigaciones correspondientes, este Organismo Nacional emitió la Recomendación 62/2004 en la cual se acreditaron violaciones a los Derechos Humanos de los agraviados, que implicaron, por parte del gobierno estatal, dilación en la procuración de justicia e indebido ejercicio de la función pública, y, por parte del Presidente municipal de Mezquitic, Jalisco, indebido ejercicio de la función pública, que derivó en que se afectara el derecho a la libertad de creencia y culto.
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religión, debían retornar a la tradicional huichol o de lo contrario tendrían que abandonar su comunidad y, por ende, sus tierras y los derechos que les correspondían como miembros de la misma. A dicha reunión asistieron representantes del Gobierno de Jalisco, de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB y de la CDI.
125. Ante la amenaza de expulsión, este Organismo Nacional solicitó el 9 de agosto de 2005 al
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB y al Gobernador del Estado de Jalisco su intervención a efecto de que se adoptaran las medidas cautelares necesarias tendentes a evitar violaciones a los Derechos Humanos de difícil reparación, las
cuales fueron aceptadas. No obstante, como consecuencia del trato de que eran objeto las personas indígenas wixarikas disidentes, y ante el temor de ser agredidos y expulsados, en agosto de 2005 abandonaron sus casas y bienes materiales para trasladarse a un albergue en la ciudad de Tepic, Nayarit. 95
126. Esta CNDH emitió también la Recomendación 71/2010 “Sobre el caso de intolerancia
religiosa en el Ejido de los Llanos, San Cristóbal de las Casas”, en la cual se analizaron los actos
de violencia que se cometieron en contra de los miembros de la comunidad evangélica, por las agresiones que sufrió el pastor del templo y por las constantes amenazas que sufrían por parte de un grupo de la comunidad del Ejido de los Llanos, motivo por el cual tuvieron que abandonar su comunidad, perdieron sus bienes y sus derechos transgredidos.
127. Esta Recomendación fue dirigida al Gobernador Constitucional, al Presidente de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado y a los miembros del Ayuntamiento Constitucional de
San Cristóbal de las Casas, del Estado de Chiapas. Se recomendó que se implementaran las medidas necesarias para garantizar el retorno de las personas que salieron de sus comunidades, que se brindara asistencia humanitaria a los agraviados que se encontraban alojados en el templo evangélico y se implementaran acciones tendentes a solucionar el conflicto religioso.
95 De este caso derivó la Recomendación 07/2008, pues se acreditaron acciones y omisiones de las autoridades estatales en la diligente atención de estos conflictos.
128. Actualmente se tiene conocimiento de actos de probable DFI en el municipio de San
Pedro Chenalhó, Chiapas, en el que el tema religioso se ha hecho presente. 96
129. La CNDH emitió la Recomendación 197/1992 dirigida al Secretario de la Reforma Agraria
en la que se da cuenta de una serie de violaciones a derechos humanos perpetrados entre
particulares y autoridades contra familias campesinas de diversos poblados de Chiapa de
Corzo, Chiapas, a quienes despojaron de sus tierras, detuvieron ilegalmente a personas y las
privaron de su libertad, todo ello a causa de serias omisiones por parte de la Secretaría de la
Reforma Agraria en la solución del conflicto.
“El 12 de abril de 1991, elementos de las policías de seguridad pública y judiciales y
pistoleros a sueldo (sic), encabezados por terratenientes desalojaron a familias campesinas
quejoso consideró inexplicable el segundo desalojo, en virtud de que desde el 7 de mayo de 1990 las autoridades competentes entregaron esas tierras a los campesinos. Además, en el escrito de queja se señalaba que se desconocía el paradero del señor Florentino Torres Pérez y de varias personas más. Sobre el particular, y como parte del Programa de
de los poblados 'Emiliano Zapata' y 'Paso Achiote', Municipio de Chiapa de Corzo
Presuntos Desaparecidos, esta Comisión Nacional encontró vivos y en libertad a seis personas, mientras otras cinco fueron encontradas recluidas en el Centro de Readaptación Social de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.” Esta CNDH recomendó a la Secretaría de Reforma Agraria la solución rápida de la
130. En la Recomendación 001/1993 sobre el caso de personas Indígenas Tepehuanos de
Baborigame, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en el que se documentó que en
1992 miembros del Ejército mexicano iniciaron en ese lugar “una investigación” para
localizar al presunto homicida de un subteniente de Infantería y en el desarrollo de ésta
incendiaron ocho casas de población indígena, agredieron a sus moradores y cometieron
96 “Un agente rural municipal de la Comunidad nuevo Cánolal de Chanalhó, denunció que existen 167 desplazados católicos y pastores golpeados, que fueron la semana pasada privados de su libertad, encarcelados y torturados, por lo que en las próximas horas realizarán las denuncias correspondientes ante la fiscalía de justicia indígena de esta ciudad.” Nota “Indígenas realizan marcha para apoyar alcaldesa” publicada en el Portal “Reporte Ciudadano. Las noticias de Chiapas al minuto” el día 04 de mayo de 2016. Disponible en:
http://www.reporteciudadanochiapas.com/?p=117149
una serie de ilícitos consistentes en daños en propiedad ajena, robos, lesiones, privaciones de la libertad y amenazas.
131. Estas conductas violentas y contrarias a los derechos humanos forzaron a las familias
afectadas a desplazarse de su comunidad. Por esta razón se recomendó que se procesaran penalmente a los responsables y se les reparara el daño ocasionado a las familias en su patrimonio.
132. En fechas más recientes, octubre de 2015, se dio a conocer a través de diversos medios de
comunicación 97 del DFI de aproximadamente 253 familias de diversas comunidades del municipio de Tamazula, Durango, quienes presuntamente ante el arribo y ataque contra la población civil por parte de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), se vieron en la imperiosa necesidad de salir huyendo de sus comunidades de origen. La población desplazada se encaminó con rumbo a Cosalá, municipio de Sinaloa, a efecto de guarecerse y buscar protección.
133. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 98 informó que, en cuanto tuvo
conocimiento del operativo de la Marina, dio aviso a esta CNDH para su conocimiento. Realizó diversas visitas en las que entrevistaron a jefes y jefas de familia de diferentes comunidades, los cuáles manifestaron acciones intimidatorias por parte de elementos de la SEMAR y resultado de ello se recepcionaron, de manera inicial, cinco quejas y con fecha 15 de octubre de 2015 se levantaron siete más. Todas fueron remitidas a la CNDH. La Comisión de Durango hace también de conocimiento de esta CNDH diferentes acciones que las instancias de gobierno tanto del Estado de Sinaloa como de Durango realizaron en favor
97 La noticia puede constatarse en los siguientes medios de comunicación: a) Velasco, Fernando, “Requieren desplazados atención humanitaria”, Periódico Noroeste, publicada el 16 de octubre de 2015; b) Redacción, “La búsqueda del Chapo provoca desplazamientos en Sinaloa y Durango”, CNN México, publicada el de 18 de octubre de 2015; c) Bustamante, Jesús, “Más de mil desplazados en Durango por operativos contra el Chapo”, Periódico Excélsior, publicada el 19 de octubre de 2015; y d) Maldonado, Saúl, “Desplazados ya quieren regresarse”, El Siglo de Durango, publicada el 21 de octubre de 2015. 98 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Oficio No. CEDHD/003/16, 15 de enero de 2016.
134. En cuanto esta CNDH tuvo conocimiento de los hechos, envió a personal de la Institución
a Cosalá, Sinaloa, con el propósito de obtener de manera directa información por parte de las personas afectadas y las quejas que se desearan plantear por tales hechos.
135. El gobierno municipal de Cosalá recibió a las personas desplazadas y les ha brindado la
ayuda asistencial básica que requieren como es el caso de alimentos, cobijas y albergue para aquellos que carecen de familiares o amigos en dicho municipio que pudieran recibirlos. La CNDH se encuentra integrando un expediente de investigación para efecto de determinar
probables responsabilidades por violaciones a derechos humanos.
136. Actualmente se encuentra en integración una queja relacionada con presuntas violaciones
a los derechos humanos de población del Estado de Michoacán, en los que se investiga el presunto desplazamiento de personas causados por hechos violentos en los que pudieron participar algunos agentes estatales. 99
137. México se ha visto afectado en innumerables ocasiones por una diversidad de fenómenos
naturales como inundaciones, trombas, incendios forestales, sismos, huracanes, ciclones que han dejado tras de sí serias afectaciones a los asentamientos humanos que les ha tocado padecerlos, aunado a fallas humanas que han potencializado los efectos destructivos de estos fenómenos, como lo es la concentración desordenada de grupos y asentamientos humanos, falta de mecanismos de prevención de desastres, zonas riesgosas con población en condiciones de vulnerabilidad, entre otros. En México existen diversos tipos de planes de
acción contra desastres naturales, realizados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
138. En la investigación de campo realizada recientemente en algunas comunidades,
principalmente del Estado de Veracruz, por visitadores adjuntos de esta CNDH, se
99 Expediente CNDH/5/2013/6709/Q
levantaron diversas actas en las cuales quedó asentado el fenómeno de desplazamiento interno forzado, pero no como consecuencia de una ola de violencia, a causa del narcotráfico o por temas religiosos; la razón fue el Huracán “Ingrid” el cual en el año 2013 afectó gran parte de la población de Veracruz, la cual recibió el apoyo por parte de las autoridades del Estado para trasladarlos a albergues temporales en los que fueron atendidos y se les brindó la protección humanitaria correspondiente.
139. En el Estado de Puebla, de acuerdo con la Dirección General de Protección Civil del Estado, 100 se informó que se reubicaron a 134 familias a causa de deslizamientos gravitacionales de ladera por la inestabilidad del subsuelo en la comunidad de Huixtla en el Municipio de Tlaola, Puebla.
140. Los casos que se informan no son todos los existentes en la materia, sino sólo constituyen una muestra de lo que ha ocurrido con estos fenómenos.
141. Esta CNDH reconoce que en México la violencia, expresada en diferentes formas y
provocada por diversos actores, así como las violaciones a los derechos humanos, es una de las principales causas de DFI en varios espacios del país, impactando a un exponencial
número de víctimas. 101
142. Un gran problema de carácter nacional son las disputas entre grupos criminales. Estos
conflictos repercuten en comunidades enteras que, ante la amenaza de agresiones o ante el
reclutamiento forzado de adolescentes, jóvenes y adultos, estas personas optan por
100 Oficio DGPC/4089/15, 04 de julio de 2015.
101 Según el “Diagnóstico: Desplazamiento forzado y necesidades de protección, generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica”, elaborado por el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, realizado a solicitud de ACNUR en 2012, que el desplazamiento forzado de personas se da por nuevas formas de violencia y criminalidad, entre las que se encuentra el crimen organizado.
abandonar sus lugares de origen o residencia y trasladarse a espacios donde puedan
sobrevivir en paz.
143. Cuando los grupos criminales llegan a una nueva comunidad tienen como objetivo
instalarse y empezar a reclutar de manera forzada, principalmente a los jóvenes y adultos,
utilizando como medio de enrolamiento las amenazas en contra de sus familias, la
destrucción de sus propiedades y actos de extrema violencia que llegan a privar de la vida
cuando estos se niegan a “trabajar” con ellos.
144. Entre esos grupos criminales se encuentran aquellos dedicados al tráfico de drogas,
mismos que están provocando el DFI. Por tanto, no sólo es necesario implementar acciones
contra el consumo de las drogas y el tratamiento de las personas con adicciones, sino
también volver la mirada a las víctimas de la violencia sistémica y de DFI a causa de los
grupos que manejan drogas ilegales. 102
145. Por omisión también se violentan derechos humanos. Ante el arribo de un grupo criminal
a una comunidad, la autoridad debe realizar acciones a efecto de aprehender a estas
personas conforme lo marca la ley y resguardar de esa manera la tranquilidad social. Los
DFI han estado ocurriendo por la ausencia de autoridad y ante la negativa de acudir a
ciertas zonas por el riesgo que ello representa. Al dejar desprotegida a la población en
riesgo de DFI, las autoridades de Seguridad Pública están generando impunidad y un
aliciente a esos grupos para continuar afectando a la población.
146. En el Informe Especial sobre los grupos de autodefensas y seguridad pública en el Estado de
Guerrero ya citado, se da cuenta de este tipo de circunstancias:
“Además, en la visita realizada el 6 de agosto de 2013 a (---), una servidora pública municipal informó que hasta ese momento el número de desplazados oscilaba entre las 700
prohibición: Poblaciones desplazadas internamente en Colombia y México’, en “Acabando con la guerra
contra las drogas”, Informe del grupo de expertos de LSE en economía de las Políticas sobre Drogas,
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/EndingDrugWars.aspx
‘Abordando
y 900 personas. En esa misma localidad se visitó un albergue temporal para personas refugiadas, de las comunidades de (---). Alrededor de 40 personas fueron entrevistadas en esa visita, quienes coincidieron en señalar que en julio de 2013, alrededor de 200 personas pertenecientes al crimen organizado habían tomado sus comunidades y los habían amenazado, razón por la cual tuvieron que dejar sus lugares de residencia.”
147. A lo largo del presente informe se da cuenta de testimonios recabados en los Estados de
Sinaloa, Michoacán y Guerrero en torno a desplazamientos forzados por enfrentamientos
entre grupos criminales.
148. En 2015 la CNDH emitió el “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa en el Estado de
Michoacán y las violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con el conflicto”, mediante el
cual se dio a conocer el impacto negativo que ha tenido la ausencia de autoridad en el
Estado y la existencia de grupos de la delincuencia organizada en el Estado de Michoacán:
“El Estado de Michoacán ha vivido durante años el debilitamiento del Estado de Derecho. Esta situación fue aprovechada por la “delincuencia organizada”, que actuó de forma desenfrenada e impune, por la incapacidad del gobierno estatal y gobiernos municipales de garantizar la seguridad pública y el acceso a la justicia.
Ese estado de cosas devino en la comisión de delitos (homicidios, extorsiones, desapariciones, robo de propiedades, etc.) que no fueron sancionados, así como en violaciones a diversos derechos humanos de la población michoacana: protección a la vida, la libertad, la integridad personal y familiar, el trabajo, la propiedad y posesiones, el acceso a la justicia y a la seguridad pública.”
149. En el Informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
para el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas de 12 de junio de 2003, se relata que el desplazamiento en
el Estado de Chiapas ha sido provocado por la violencia generada por grupos paramilitares:
“Parte de la situación de violencia que viven las comunidades indígenas en Chiapas se debe a las secuelas de la actuación durante los años noventa de grupos paramilitares vinculados a las estructuras del poder local y estatal y que intervinieron violentamente en los conflictos políticos y sociales de la región, con saldo de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y desplazadas. Aunque durante la administración actual su perfil ha disminuido se denuncia que no han sido desmantelados ni desarmados.” 103
103 Centro Fray Bartolomé de las Casas […] “Informe para Relator Especial…”, op. cit.
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150. A través del Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, “Misión a México”, del
23 de diciembre de 2003, se emitieron diversas recomendaciones al estado mexicano
relacionadas, entre otras cuestiones, con el desplazamiento de la población indígena:
“El Relator Especial recomienda que el Gobierno de México preste atención urgente a la prevención y solución de los conflictos sociales en regiones indígenas, que se revise a fondo el sistema de justicia indígena, que se desarrolle una política económica y social integral en beneficio de las regiones indígenas con participación activa de los pueblos indígenas y con especial atención a los migrantes, los desplazados, las mujeres y los niños, y que se revise la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos.”
151. Por su parte, Refugees International, en su Reporte sobre “Las víctimas ocultas en México”,
asegura que México atraviesa una crisis humanitaria encubierta:
“Comunidades enteras han sido vilmente expulsadas por violentos cárteles de la droga, los cuáles buscan apoderarse de sus tierras y recursos naturales. Los residentes han escapado a ciudades y estados donde las fuerzas armadas mexicanas están sumamente involucradas en un conflicto armado contra los grupos del crimen organizado. Como resultado de los asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones, familias mexicanas se han visto forzadas a escapar abandonando sus hogares y medios de subsistencia”. 104
152. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) reconoce también la existencia de DFI
originado por la violencia que provoca el crimen organizado en México; en este sentido
“En el periodo que se reporta se avanzó en la elaboración de un documento en el que se desarrolla el marco conceptual del fenómeno a través de la revisión y recopilación sobre los desplazados internos en nuestro país. Asimismo, se formuló un instrumento cualitativo (entrevista a profundidad) que dé cuenta del fenómeno entre la población desplazada por violencia generada por crimen organizado.” 105
153. Actualmente la CNDH se encuentra integrando un expediente por actos de violencia
perpetrados presuntamente por grupos armados en el municipio de San Miguel, Totolapan,
Guerrero, quienes haciendo uso de la violencia sacaron de sus casas y dañaron propiedades
104 Reynolds, Sarnata, “Las víctimas ocultas de México. Estudio de Campo”, Refugees International, Washington D.C, 2 de julio de 2014. 105 CONAPO, Secretaría General, “Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012”, México, 2013.
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de personas, las cuales se vieron obligadas a desplazarse por el Estado, buscando salvaguardar su vida y sus derechos. 106
154. Hemos visto que el DFI en México no es un suceso nuevo ni reciente, se ha dado de manera constante y por causas diversas. Ante ello es necesario insistir en las pocas acciones gubernamentales que se advierten en materia de prevención y control de este tema.
155. La CNDH ha resaltado 107 que la seguridad pública es una función estatal indelegable, ya
que únicamente las autoridades de los tres órdenes de gobierno son quienes están obligadas a garantizar la integridad física, los bienes y los derechos de las personas, así como a preservar la libertad, el orden y la paz públicos. Esto debe interpretarse en conjunto con el artículo 17, primer párrafo, de la Constitución, que prohíbe la justicia por propia mano y el ejercicio de la violencia para reclamar los derechos.
156. Esta CNDH ha documentado la creación de grupos de civiles que se proveen de armas, a
efecto de contrarrestar las afectaciones que sufren de parte de grupos de la delincuencia organizada, especialmente en los Estados de Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz y Michoacán.
157. Con el inicio de la lucha contra el narcotráfico en México, la reacción de los grupos criminales fue la violencia contra la ciudadanía, cobrando “cuotas”, secuestrando, extorsionando, desapareciendo personas, asesinando. Como reacción social ante la omisión del Estado en materia de seguridad pública, se conformaron grupos de civiles que se autodenominaron “autodefensas” para efecto de protegerse a sí mismos, sus familias, sus propiedades y posesiones del ataque contra estos bienes jurídicos de parte de grupos de la delincuencia organizada.
106 Expediente CNDH/5/2013/6352/Q 107 CNDH, “Informe Especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero”, México, 2013.
158. En este rubro se tiene el caso de las autodefensas en Michoacán que el Gobierno Federal
declaró, el 10 de mayo de 2014, a una parte de éstas como policía rural, les asignó uniformes
y legalizó las armas que portaban. Tres días después, el 13 de mayo de 2014, mediante
decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, se les denominó “Unidad de Fuerza Rural” perteneciente a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esta CNDH tiene registro de testimonios sobre
cómo las autodefensas han causado graves afectaciones y desplazamientos a la población en
“Una mujer originaria de (---) y que se encontraba residiendo debido al DFI sufrido en (----), quien no proporcionó su nombre por miedo a represalias, expresó que se dedica al corte de limón, que salió de esa ciudad por miedo a morir por amenazas de los “comunitarios” quienes pedían que sus dos hijos se unieran a ellos. Comentó que en el pueblo se elevó el negocio de los seguros funerarios, ya que pasan a sus hogares a ofrecerlos…” 108
159. Otro testimonio recabado también en (---) por otra mujer desplazada de manera forzada de (---),
que no quiso proporcionar su nombre, expresó que las autodefensas cuando acuden a un pueblo, la
población tiene que unirse a ellos y si no lo hacen corren peligro, la mayoría que se une es gente
indigente y drogadictos… 109
160. Se cuenta con el testimonio de un padre de familia que salió de una comunidad indígena:
“Pues el (---) primero se apoderó de la Presidencia, el día ese que llegó con su gente desarmaron a los policías, los encueraron y los metieron a la cárcel, les dejaban el ventilador puesto todo el tiempo para que se murieran de frio. Después agarraron las patrullas de los municipales y empezaron a dar rondines, iban a las casas donde sabían que estaban algunos de los líderes de la comunidad y los sacaban a golpes y los treparon a las patrullas, no les importaba que estuvieran con sus familias. Se los llevaban a la presidencia y ahí los golpeaban y los torturaban para que estuvieran con él, que se fueran a trabajar con él. No sé bien, pero ya decía mucha gente del pueblo que el (---) había comprado a los federales, dicen que les había pagado por seis meses. Como el (---) primero estaba trabajando con los que controlaban la plaza acá, pero luego se pelearon, intentaba reclutar gente para pelear contra los otros por el control de Aquila, y al que no se le quisiera unir lo amenazaban y lo golpeaban, a muchos les envenenaron sus animales o les vaciaron las casa, yo por eso me salí con mi familia. Como los (---) estaban peleando con (-
108 CNDH, Acta circunstanciada; testimonio de persona del Estado de Michoacán, testimonio recabado en el Estado de Baja California, 06 de febrero de 2014. 109 CNDH, Acta circunstanciada; testimonio de persona desplazada, 06 de febrero de 2014.
--) por el control del pueblo, él (---) disfrazó a su gente de “policía comunitaria” como eso es lo que estaban haciendo algunas comunidades en (---) para defenderse de los grupos del crimen, pues él quiso disfrazarlo de esa manera. Nosotros mejor nos vinimos pa’ aca’. Perdimos todas nuestras cosas, pero mejor perder lo material a perder la vida.” 110
161. Un testimonio más relacionado con el anterior lo provee una persona de otra comunidad,
quien refirió lo siguiente:
“Que el motivo por el cual tuvieron que salir de la comunidad es por haber sido amenazados de muerte, en virtud de que pretenden obligarlos a unirse a un grupo comunitario, el cual se encuentra armado, encapuchado y su objetivo es controlar las regalías que se otorgan a los comuneros, situación que se pactó a través de la firma de un convenio para la explotación de una mina. Que el referido acuerdo fue celebrado con la empresa (---), ocasión en la que estuvo presente ---------------------------------------------. Para la firma del convenio, se notificó a la comunidad a una asamblea, sin embargo existieron personas que no resultaron beneficiarias, provocando inconformidad, sobre todo a los excomuneros, quienes organizaron un grupo armado para recuperar el control del lugar y así recibir los beneficios de la mina. Agregó que se realizaron acciones para resolver el problema suscitado, incluso la autoridad judicial tiene conocimiento del asunto, el cual se encuentra en trámite y están en espera de la sentencia, no obstante, el conflicto se agravó debido a los intereses del líder del grupo armado y responde al nombre de (---), quien ha utilizado la violencia física y verbal para controlar a los comuneros que reciben las regalías de la mencionada empresa, incluso esta organización cuenta con el apoyo de elementos de la policía federal. Esta situación ha ocasionado que desde hace 2 meses a la fecha, aproximadamente 100 familias, esto es entre 500 y 600 personas se desplacen de la comunidad de (---), a diversos municipios del Estado de (---)… 111
162. El personal de la CNDH que conformó el equipo de investigación de los datos que
sustentan el “Informe Especial sobre los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán y las
violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto” de 2015, documentó el caso de
483 personas en el Estado de Michoacán que fueron desplazadas a causa de la violencia
propiciada por las autodefensas y los grupos de la delincuencia organizada en ese Estado de
la república. “Entre las comunidades expulsoras se encuentra San Miguel de Aquila en el municipio
de Aquila, Nueva Italia en el municipio de Múgica, el municipio de Coahuayutla de José María
Izazaga, así como los municipios de Aguililla, Apatzingán y Tepalcatepec.” 112
110 CNDH, testimonio de persona del Estado de Michoacán, testimonio recabado en el Estado de Colima, 15 de agosto de 2013 111 CNDH, Acta circunstanciada; Persona del Estado de Michoacán, testimonio recabado en Colima, 15 de agosto de 2013. 112 CNDH, México, 2015, párrafo 824.
163. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos más emblemáticos y necesarios
en un Estado democrático de derecho. Implica la posibilidad de toda persona de externar lo que siente, cree y piensa del mundo y sus actores, es un derecho necesario para construir redes, adeptos, impulsar ideologías y, en general, impulsar la cultura.
164. El derecho a la libertad de expresión caracteriza al Estado democrático y es uno de los
derechos humanos que ha sido ampliamente reconocido por los diversos órdenes jurídicos del mundo. Este derecho, como todos los reconocidos, tienen límites. El mayor es atentar con su ejercicio, contra los derechos de los demás.
165. Una manera de ejercer este derecho es a través de la práctica del periodismo. El periodista
es la persona que transmite la información que ocurre en lugares determinados. Para realizar esto investiga, se documenta, analiza, cuestiona, valora y, finalmente, transmite sus conclusiones a través de diversos medios.
166. El periodismo está comprometido con la verdad, en identificar la necesidad de transmitir
la información tal como ocurre en los hechos, circunstancia ésta que puede incomodar a personas vinculadas directa o indirectamente con los sucesos que se comunican. Ello ha acarreado agresiones de diversa naturaleza a quienes ejercen esta actividad en México, que van desde amenazas hasta asesinatos, dejando tras esto un serio clima de inseguridad social
y miedo al ejercicio periodístico. 113
113 Para mayor información consúltese el documental “El Paso”, dirigido por el mexicano Everardo González, trabajo galardonado por el Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migraciones y Exilios CEME-DOC, Información disponible en: http://cemeuned.org/CEMEDOC2015/
167. A este respecto, la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló
al gobierno mexicano, a través de una carta que hizo pública, 114 los lamentables casos de
agresiones sufridas por periodistas del país en diferentes contextos. 115
168. Según la Recomendación General 24 publicada por esta CNDH el 8 de febrero de 2016, 116
en 25 de las 32 entidades federativas se registraron las desapariciones de 20 periodistas (en
el periodo 2005 – 2015) y 48 atentados en contra de medios de comunicación (en el periodo
2006 a 2015). 117 También señaló que
“Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran la mayor cantidad de homicidios. De 2000 al 31 de enero de 2016, casi seis de cada diez homicidios de periodistas en el país han sucedido en estas cinco entidades federativas”; 118 “Los altos índices de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en estos cinco Estados se inscribe en el clima general de inseguridad pública que viven dichas entidades donde también tienen un alto índice de violencia reflejado en la comisión de delitos de alto impacto, como los secuestros y las extorsiones.” 119
169. En Veracruz, por ejemplo, se cometieron en 2014 más de tres homicidios en promedio cada
día, y es el Estado en el que más periodistas fueron asesinados, con 16 homicidios
contabilizados desde 2005. Es también la tercera entidad con más secuestros, con 239 casos
del 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015.5 Los altos índices de delincuencia y una
114 Reporteros Sin Fronteras, “Carta Abierta de alerta sobre la violencia que viven los periodistas en México. Entregada al Presidente de la república mexicana en París, Francia”, 10 de julio de 2015.
115 En la carta se menciona, entre otras cuestiones, lo siguiente: El asesinato violento de seis periodistas en los Estado de Veracruz, Oaxaca y Guanajuato, sin que a la fecha los responsables de estos crímenes hayan sido identificados por las autoridades policíacas; (ii) el secuestro de un periodista en el Estado de Guerrero, el cual estuvo en manos de sus captores por veinte días en el presente año. El periodista fue liberado porque su familia pagó un rescate. Las autoridades policíacas no han identificado a los responsables de su secuestro; (iii) las numerosas agresiones físicas a periodistas al margen de la campaña electoral a inicios de junio en México. RSF contabilizó al menos una decena de casos en los que la única culpa de los periodistas fue cubrir la información; y (iv) se identif

References: artículo 1
 artículo 4
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 17