Source: https://tc.vlex.es/vid/117-c-sstc-f-24-p-9-as-u-15355746
Timestamp: 2019-09-18 03:30:38+00:00

Document:
STC 203/1994, 11 de Julio de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 15355746
STC 203/1994, 11 de Julio de 1994
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 154/1990
1. Constituye reiterada doctrina constitucional que la selección de las normas aplicables, así como el análisis de su vigencia y derogación, corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria de acuerdo con el art. 117 C.E. El control por parte de este Tribunal de la selección de la norma aplicable sólo podrá producirse, en términos generales, si se ha tratado de una decisión arbitraria, manifiestamente irrazonable, o si ha sido fruto de un error patente (SSTC 233/1991, 55/1993, 245/1993, entre otras) [F.J.3]. 2. El error padecido en este caso por el órgano judicial genera una contradicción entre lo que el Tribunal quiere y, por imperativo del art. 24 C.P. y del art. 9.3 C.E., debe hacer «ex oficio» (aplicar la ley posterior más beneficiosa), y lo que realmente hace: aplicar una normativa derogada en el momento de dictar Sentencia, que además en este caso es claramente desfavorable para el reo. Este error, que constituye la «ratio decidendi» de los tipos aplicados y de la pena impuesta, convierte en irrazonable la elección de la norma aplicable, de tal manera que no puede afirmarse que estemos ante una decisión fundada capaz de satisfacer el derecho a la tutela judicial consagrado en el art. 24.1 C.E. No se trata de revisar la selección de la norma, cuestión que no compete a este Tribunal, sino que el reproche constitucional se centra exclusivamente en la motivación de dicha selección, que al ser producto de un error manifiesto, reflejándolo, carece de la lógica y coherencia que debe revestir toda motivación para poder cumplir los fines que justifican su exigencia, deviniendo, de este modo, arbitraria. Por lo tanto, ha de otorgarse el amparo pedido, lo que implica, única y exclusivamente, la anulación de la Sentencia impugnada a fin de que, una vez depurado el error patente del que adolece, se dicte otra en sentido adecuado [F.J.3].
Sentencia citada en: 77 sentencias, 8 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 154/90, promovido por don Manuel E. G. R. representado por el Procurador don Carlos Zulueta Cebrián y defendido por el Abogado don Andrés Morillo Gotor, contra la Sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Badajoz, de 4 diciembre 1989 (rollo de apelación núm. 163/89), que confirmó la condena del actor por un delito de imprudencia temeraria. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 18 de enero de 1990, se interpuso el presente recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, de 4 de diciembre de 1989 (r. 163/89), que estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por el actor, confirmando la condena que le había sido impuesta por la Sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Mérida, de 12 de mayo de 1989 (a. 22/87), a multa de 30.000 pesetas, privación del permiso de conducir durante seis meses, indemnizaciones y costas, pero rebajando la privación del permiso a tres meses y un día.
a) El 12 de agosto de 1987 se produjo un encontronazo entre dos vehículos, ocasionado porque el señor G. R. se adentró en una carretera sin respetar una señal de «stop». Sólo se produjeron daños materiales, por valor de 328.000 pesetas.
b) El Juzgado de Instrucción dictó condena contra el conductor por imprudencia temeraria, al amparo de los arts. 565, párrafos 2 y 6, y 563 C.P., mediante Sentencia de 12 mayo 1989.
El inculpado interpuso recurso de apelación, fundado en que la Sentencia condenatoria infringía los arts. 565 y 586.3 C.P., en relación con su art. 6 bis b), y art. 1 del mismo Código. En la vista de su recurso de apelación, la defensa del señor G. negó que hubiera existido imprudencia temeraria, solicitando se redujera la privación del permiso al mínimo, dado que la profesión del condenado, viajante de comercio, requería conducir frecuentemente.
c) En el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio de 1989, mientras se tramitaba el recurso de apelación, había sido publicada la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de reforma parcial del Código Penal. En ella se despenalizan diversas conductas, entre otras la de los daños causados por conducción imprudente de vehículos automóviles, de escasa cuantía (nueva redacción del art. 563 C.P.). Su Disposición transitoria segunda, párrafo 2, establece que en los procedimientos en tramitación sobre conductas despenalizadas, «el Juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas».
El siguiente 14 de febrero, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional informó en favor de la estimación del amparo, por vulnerar la resolución recurrida los derechos fundamentales consagrados en los arts. 24.1 y 25.1 C.E. El derecho fundamental a la tutela judicial exige que las resoluciones judiciales estén fundadas en Derecho, siendo presupuesto implícito e inexcusable la necesidad de que los Tribunales juzguen secundum legem, y se atengan al sistema de fuentes establecido (STC 23/1988). La resolución judicial no puede fundarse en una norma inexistente, porque su fundamentación sería irrazonable y arbitraria. En este supuesto, el Tribunal de apelación condenó al actor por un delito de imprudencia temeraria sin tener en cuenta que el supuesto fáctico no podía ser subsumido en el tipo penal, pues, al tener un resultado de daños por importe inferior a la cuantía del seguro obligatorio, había sido despenalizado por la Ley orgánica 3/1989. El supuesto fáctico no tiene trascendencia punitiva, por no reunir los elementos del tipo penal descrito y castigado en el art. 565, en relación con el art. 563, C.P. Existe un error patente, por lo que la resolución carece de fundamento en Derecho, vulnerando así el art. 24.1 C.E.
6. La parte recurrente formuló alegaciones el mismo día 14 de febrero de 1991 a favor de la estimación de su demanda. Tras recordar los antecedentes fácticos de su petición, puntualizando que los daños materiales causados en el accidente de circulación eran de una cuantía inferior al límite de la cobertura por daños con cargo al Seguro Obligatorio de Automóviles, que ascendía a 2,2 millones de pesetas según el Real Decreto de 23 de diciembre de 1988, afirma que la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989, que entró en vigor el día 12 julio 1989, no hace sino confirmar el criterio general que determina el art. 24 del Código Penal. Se ha vulnerado el derecho fundamental a una resolución fundada en Derecho, porque la Sentencia de apelación ha aplicado un precepto penal que estaba fuera de nuestro ordenamiento desde la publicación de la Ley Orgánica; no se pretende la revisión de la motivación de una Sentencia que se estima equivocada, pues lo cierto es que las disposiciones de Derecho transitorio impedían mantener un pronunciamiento penal con base en un precepto derogado o sustituido, sin que la claridad de los preceptos aplicables pudiera dar lugar a interpretaciones diversas.
Asimismo se alega la vulneración del art. 25.1 C.E., al ignorarse la despenalización de los hechos en el fallo condenatorio. Pues, si bien la formulación literal del precepto parece referirse más bien a la retroactividad de la norma penal, dicha garantía debe quedar ampliada a sensu contrario a la retroactividad de la norma penal favorable, como lógico complemento y garantía acorde con las exigencias del Estado de Derecho (ST
1. El recurrente solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y a la legalidad penal (art. 25.1 C.E.) frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de 4 de diciembre de 1989, dictada en apelación de la pronunciada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Mérida, que lo había condenado, como responsable de un delito de imprudencia temeraria, a la pena de 30.000 pesetas de multa y privación temporal del permiso de conducir por seis meses.
2. Alega, en primer lugar, que la Sentencia impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales (art. 24.1 C.E.) al haber inaplicado injustificadamente la legalidad vigente, careciendo así de fundamento en Derecho. En efecto, la Disposición transitoria segunda de la L.O. 3/1989, sobre actualización del Cógido Penal, había dispuesto que «la tramitación de los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan en ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa continuará hasta su normal terminación», añadiendo su párrafo segundo que «si continuare la tramitación, el Juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas». Tal habría debido ser el caso, a juicio del recurrente, de la resolución impugnada, dictada en apelación tras la entrada en vigor de la mencionada ley orgánica; no obstante, la citada resolución, si bien revoca la sentencia apelada en el particular relativo a la duración de la privación del permiso de conducir, mantiene íntegros los restantes pronunciamientos del fallo «tanto de orden penal como civil».
Esto último es precisamente lo que ocurre en el presente caso. El único y escueto argumento que ofrece la Audiencia Provincial de por qué aplica al supuesto enjuiciado la regulación anterior a la Ley Orgánica 3/1989 y no la introducida por ésta, evidencia un claro error, que hace manifiestamente irrazonable dicha decisión: «Sin embargo -argumenta el Tribunal- la multa no puede rebajarse, por ser la mínima que precisa el art. 565 C.P. en su redacción de cuando aconteció el evento, que en todo caso es más favorable que la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 3/1989 de 21 de junio, pues al existir daños materiales ha de rebajarse y la mínima en este caso es de 30.000 pesetas de multa». Como puede apreciarse, con la finalidad de aplicar la regulación más beneficiosa para el recurrente, el Tribunal incurre en la equivocación de pensar que ésta es la anterior a la mencionada reforma, dado que la Ley Orgánica 3/1989 elevó de 30.000 a 100.000 pesetas el límite mínimo de la pena de multa para hechos constitutivos de delito. Lo que pasa inadvertido al órgano judicial es que, según la regulación vigente en el momento de dictar Sentencia, la pena pecuniaria mínima a imponer en el supuesto enjuiciado no sería la de 100.000 pesetas, sino ninguna, dado que dicho supuesto había quedado despenalizado al tratarse de una imprudencia con resultado de daños cuyo importe no supera la cuantía del Seguro obligatorio (art. 563, párrafo 2., C.P. en su nueva redacción), debiendo haber limitado el Juez el contenido del fallo -según lo establecido en la Disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 3/1989- al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas.
2. Anular la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 4 de diciembre de 1980, núm. 173/1989, retrotrayéndose las actuaciones a fin de que se dicte nueva resolución que tenga en cuenta el anteriormente citado derecho fundamental.
Voto particular que formula el Magistrado don Pedro Cruz Villalón a la Sentencia dictada en el recurso de amparo 154/90
No ha habido vulneración del art. 24.1 C.E. Reitera la Sentencia de la que discrepo que la selección de las normas aplicables corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria, no pudiendo ser controlada dicha selección salvo en los supuestos en los que la misma fuese arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente. A la hora de ilustrar estas expresiones, hemos dicho recientemente (STC 148/1994, fundamento jurídico 4.) que un supuesto tal solo se produce en aquellos casos en que la resolución judicial en cuestión no pueda ser considerada «expresión del ejercicio de la justicia, sino simple apariencia de la misma». Frente al criterio de la Sala, entiendo que la resolución anulada no se sitúa en ese ámbito. La misma puede haber errado en el pasaje de sus fundamentos en el que dice tener en cuenta el carácter más beneficioso de la reforma del Código Penal producida por la Ley Orgánica 3/1989, pero ello, por sí solo, no la convierte en arbitraria, manifiestamente irrazonable, o fruto de error patente, en el sentido que damos a esta última expresión.
Lo que ocurre, más sencillamente, es que se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal al no aplicar la resolución impugnada, retroactivamente, la ley penal más favorable (art. 25.1 C.E.). En este sentido, no comparto la doctrina proclamada por este Tribunal desde la STC 8/1981 según la cual el art. 25.1 C.E. no comprende, como derecho fundamental de los ciudadanos, invocable en amparo, la retroactividad de la ley penal más favorable, con independencia de su asentamiento, según dicha doctrina, en el art. 9.3 C.E. Si dicho principio se encuentra en el art. 9.3 C.E., lo que para mí no es tan claro, la consecuencia inevitable es su incorporación al derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 C.E.). Entiendo, sin embargo, que el mandato interpretativo contenido en el art. 10.2 C.E., en relación con el art. 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España el 13 de abril de 1977, conduce a considerar incluido el principio de retroactividad de la ley penal más favorable en el derecho fundamental a la legalidad penal (art. 25.1 C.E.). Dispone, en efecto, textualmente, el citado precepto: «Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello». El art. 15.1, inciso tercero, del Pacto no es particularmente preciso en lo que se refiere a su alcance temporal, no obstante lo cual, a los efectos del presente recurso de amparo hubiera podido afirmarse sin dificultad que alcanza, cuando menos, hasta el momento en que recae una resolución firme.
La Ley Orgánica 3/1989, de reforma del Código Penal, en efecto, dispone la imposición de una pena más leve en el sentido del art. 15.1 del Pacto. En concreto, los preceptos con arreglo a los cuales el recurrente fue condenado (art. 565, párrafos 2 y 6, en relación con el art. 563 C.P.) fueron modificados por la citada Ley Orgánica en el sentido de una despenalización de la conducta por la que el mismo había sido condenado por el Juzgado de instrucción de Mérida. La Audiencia Provincial de Badajoz, por tanto, al conocer en apelación de la anterior Sentencia debió interpretar el alcance del derecho fundamental a la legalidad penal en el sentido de posibilitar que el recurrente en amparo «se beneficiase» de lo dispuesto en la nueva ley penal. En el caso presente, el citado beneficio, previsto expresa y concretamente en la ley (Disposición transitoria segunda), consistía precisamente en que, si bien el proceso iniciado debía continuar su normal tramitación, el Juez habría de limitar el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas. Es claro que esta disposición legal vinculaba también a la Audiencia Provincial al conocer en apelación de una condena pronunciada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. A pesar de lo cual, la Audiencia, estimando la apelación en el solo extremo relativo a la reducción de la privación del permiso de conducir, mantuvo íntegros los restantes pronunciamiento de la Sentencia apelada, tanto del orden penal como civil.
De este modo, la Sentencia de la Audiencia Provincial vulneró, en mi criterio, el derecho fundamental del recurrente a la legalidad penal, impidiendo que se bene ficiase de la entrada en vigor, con posterioridad a la comisión del delito, de una ley penal más favorable.
Voto particular que formula don Rafael M. A. Magistrado del Tribunal Constitucional, respecto de la Sentencia que pone fin al recurso de amparo núm. 154/90
1. En esta ocasión como en la anterior, ya mencionada, se presta amparo al demandante por un achaque de la Sentencia que no descoloca, sino al contrario, el tema principal, vale decir el principio de la legalidad penal con la delimitación de su contenido esencial, para averiguar si comprende la retroactividad automática de la norma más favorable al acusado, pues en rigor sólo una respuesta afirmativa permitiría calificar como «error patente», en una dimensión constitucional, la lectura de las normas legales pertinentes que, para el caso concreto, hizo la Audiencia Provincial. Tal es el camino recto hacia la solución sea cual fuere, sin circunloquios o circunvalaciones, que no en vano lo recto está semántica y vitalmente en la raíz del Derecho.
2. En ese abordaje del tema principal he de anticipar que, en mi opinión, hubiera hecho bien el Tribunal apartándose de la doctrina constitucional hasta ahora prevalente en sus dos Salas, utilizando al efecto el cauce que señala el art. 13 de nuestra Ley Orgánica. Y ya en tal sendero conviene empezar por algunas reflexiones quizá obvias pero esclarecedoras. El principio de legalidad aludido por su nombre y con alguno de sus elementos (jerarquía normativa y publicidad de las normas) en el art. 9, párrafo tercero, de nuestra Constitución, es inherente al Estado de Derecho como una emanación de ese imperio de la ley que significa la primacía de ésta pero no su exclusividad y por tanto forma parte muy principal, pero parte al fin, del principio más amplio de la juridicidad acogido en aquellos preceptos, muy numerosos, donde se invocan la Ley y el Derecho (art. 106 C.E.) o el ordenamiento jurídico. Sin embargo, este principio de legalidad funciona con su más estricta acepción en el ámbito del ius puniendi del Estado y de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, identificadas materialmente por la jurisprudencia propia y la europea con un diseño que asume implícitamente nuestra Constitución (art. 25.1), cuyo texto roza el laconismo pero con un contenido que va más allá de sus palabras, como ha puesto de relieve nuestra doctrina desde un principio y a lo largo de los años. Es evidente, por una parte, que recoge el principio cardinal en este ámbito, el establecimiento de «una reserva absoluta de ley» (STC 15/1981), a la cual se traduce la palabra «legislación».
Ahora bien, no obstante su parquedad expresiva el texto constitucional analizado hace algo más que asumir como propio el brocardo nullum crimen nulla poena sine praevia lege en su estricta formulación y lo incorpora con su entero significado y su proyección en otras facetas, como ocurre tantas veces cuando la Constitución, cuerpo vivo y documento histórico, incide sobre instituciones o tipos abstractos preexistentes (STC 11/1981) cuyo perfil y cuya sustancia da por sabidos, por estar enraizados en un subsuelo cultural. Por ello, este Tribunal ha ido descubriendo, caso a caso, muchas de tales manifestaciones del principio de legalidad penal. No basta con que respalde formalmente el poder estatal de castigar en cualquiera de sus dos modalidades, sino que va más allá. Exige también la tipicidad, o descripción estereotipada de las acciones o de las omisiones incriminadas, con indicación de las simétricas penas o sanciones (SSTC 2/1981, 37/1982, 62/1982, 182/1990, 102/1994 y 120/1994) que a su vez veda la aplicación analógica de las normas penales y su interpretación extensiva, tan difíciles de distinguir en más de un supuesto (SSTC 89/1983, 75/1984, 133/1987, 119/1992 y 111/1993), analogía y extensión cuya proscripción opera tan sólo para el Derecho Penal «material» y en perjuicio del acusado, in malam partem. Un paso adelante, con un rumbo más sustantivo que formal, nos lleva de la mano a las cualidades predicables de la norma penal, desde una concepción más profunda de la legalidad o «legislación», en su acepción constitucional, que deben ser concretas y precisas, claras e inteligibles, sin proclividad alguna a la incertidumbre, lo que se suele llamar lex certa y también académicamente, «taxatividad» sin que sean admisibles formulaciones tan abiertas, por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador (STC 105/1988). Finalmente, cabe anotar en este inventario del contenido real del principio de legalidad penal, tal y como se configura constitucionalmente, la proscripción de ne bis in idem (STC 2/1981). El denominador común de todas estas manifestaciones se encuentra en la seguridad jurídica, que ha de guiar la actividad de los poderes públicos.
Es claro, por lo expuesto, que el párrafo primero del art. 25 C.E. comprende mucho más de lo que dice, aun cuando el punto de partida haya de ser siempre ese y, en tal aspecto, no puede soslayarse el dato de que introduce en el principio de legalidad un elemento cronológico o temporal. Efectivamente, que nadie pueda ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyeran delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente entonces, proscribe la ley ex post facto, la Ley Van der Lubbe, pero no se detiene ahí por su propio dinamismo interno y por razones poderosas que determinan la naturaleza intrínseca y la función de la norma penal, como luego se dirá. La exigencia de la lex praevia ha llevado siempre consigo la peculiar configuración del juego de retroactividad e irretroactividad en este ámbito, muy distinto del que tiene en el resto del ordenamiento. En todos sus sectores, las leyes se dictan para el futuro, con una vocación conformadora de la realidad presente y de la venidera, aun cuando se permita su eficacia retrospectiva cuando ellas mismas lo dispongan así, como advierte el Código Civil (art. 2.3). En el ámbito del ius puniendi no ocurre lo mismo y la irretroactividad de la norma penal en cuanto tenga de «odiosa» en terminología obsoleta, o de perjudicial, se impone con carácter absoluto, no dispensable por el Legislador. A tal conclusión nos conduce la Constitución por una doble vía, la configuración del principio de legalidad penal como derecho fundamental, derecho subjetivo, pues, protegido con la máxima intensidad (art. 25.1) y la proclamación de la seguridad jurídica como mandato a los poderes públicos, especialmente el legislativo y el judicial, con la proscripción de que las disposiciones sancionadoras no favorables produzcan efectos retroactivos (art. 9.3).
Pues bien, aquí encaja como reverso complementario de la irretroactividad de las normas penales cuando consisten en prohibir y reprimir, contenido negativo en suma, in malam partem, la retroactividad obligada de aquellas otras que operen en el sentido opuesto y por tanto en favor y al aire de la libertad en su acepción más plena por eliminar ciertas conductas del catálogo de las infracciones punibles o castigarlas con menor severidad o dureza. A este mismo resultado hermenéutico, aun cuando fragmentario, había llegado este Tribunal Constitucional desde una de sus primeras Sentencias, la 8/1981, donde se admite que, interpretado a contrario sensu, el art. 9.3 puede entenderse en el sentido de que la Constitución garantiza también la retroactividad de la ley penal más favorable, aun cuando se niegue tal virtud al art. 25.1. Esta es la tendencia jurisprudencial dominante a lo largo de estos años y aceptada hasta hoy mismo en la vía del amparo constitucional por las dos Salas (SSTC 15/1981, 62/1982, 131/1986, 22/1990, entre otras y los AATC 471/1984, 876/1986, 226/1990 y 339/1992). Sin embargo, no parece que el elemento cronológico del principio de legalidad penal pueda trocearse no sólo en sus manifestaciones sino incluso en la sede constitucional que lo alberga. En definitiva, la lógica intrínseca de la institución, tal y como ha sido moldeada históricamente por la jurisprudencia, la legislación y la oppinio iuris académica, concordes en este punto ahora polémico, tienen cabida en la Constitución, que no quiso disminuir las garantías ya existentes sino lo contrario. Se impone así la interpretación conjunta de sus arts. 9.3 y 25.1 ya que de no hacerlo podría llegarse a la conclusión paradójica de que uno de ellos es inconstitucional por antinomia.
3. El fundamento profundo de tal conclusión hinca sus raíces en la misma entraña del Derecho Penal y de su doble función, que constituye el mínimo ético indispensable para la convivencia en sociedad por llevar aparejado el máximo reproche social tanto en su faceta retributiva como en la pedagógica, así como las más duras consecuencias a través de la pena, cuyo carácter infamante y su repercusión en el futuro, por obra de los antecedentes, la hacen especialmente gravosa y temible. Hoy en día, esta ya vieja concepción se ha traducido en un principio, el de intervención mínima, uno de aquellos sobre los cuales «descansa el Derecho Penal moderno», según comienza su preámbulo o exposición de motivos la Ley Orgánica 3/1989. En ella se añade que «en mérito suyo el aparato punitivo reserva su actuación para aquellos comportamientos o conflictos cuya importancia o trascendencia no puede ser tratada adecuadamente más que con el recurso a la pena; tan grave decisión se funda a su vez en la importancia de los bienes jurídicos en juego y en la entidad objetiva y subjetiva de las conductas que los ofenden». Ello viene a justificar genéricamente la eliminación de la falta consistente en el maltrato de obra que contenía el antiguo texto del Código Penal (art. 581.1).
4. A lo dicho conviene, finalmente, añadir el criterio hermenéutico que suministra la propia Constitución para la lectura de sus normas sobre derechos fundamentales, que han de interpretarse a la luz de los Tratados y Acuerdos ratificados por España (art. 10.2 C.E. y STC 245/1991, entre otras). Pues bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por instrumento de 13 de abril de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de tales mes y año), proclama conjuntamente estas dos vertientes del principio de legalidad penal en el tiempo. Por un lado, consagra el derecho a no ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, añadiendo a la vez que «si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve el delincuente se beneficiará de ello» (art. 15.1). Este mandato incorporado a nuestro Derecho interno conforme al art. 96.1 C.E., pone de manifiesto que en el haz de garantías del principio de legalidad penal figura el derecho a la retroactividad de las normas penales más benignas y que en consecuencia, deben de ser interpretadas de tal guisa, retroactivamente in bonam partem, tanto las normas constitucionales como el resto de las normas de nuestro ordenamiento (SSTC 42/1982 y 76/1982). A este Tribunal le corresponde -como garante último de los derechos fundamentales protegidos mediante el recurso de amparo- evitar que así suceda, teniendo en cuenta que, es la propia jurisdicción nacional quien está llamada en primer término a reparar en el orden interno cualquier vulneración de los derechos protegido en el Pacto, como advierte el Protocolo Facultativo del mismo, suscrito y ratificado en 1985 [art. 5.3 b)].
5. La Ley Orgánica 3/1989 excluyó del ámbito penal los daños de escasa cuantía causados por conducción imprudente de vehículos automóviles, dando nueva redacción al art. 563 C.P., por cuya virtud había sido condenado el hoy demandante en Sentencia de un Juez de Instrucción de Mérida antes de promulgarse la nueva norma, que sin embargo estaba ya vigente cuando conoció del caso en apelación la Audiencia Provincial de Badajoz. A tenor de la Disposición transitoria segunda de aquella ley, en consonancia con lo dicho por el art. 24 de Código Penal, hubiera debido limitarse «el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas». No haciéndolo así, la Sentencia impugnada desconoció paladinamente el claro y tajante mandato legal, que había sido recordado en el acto de la vista por el defensor del acusado y simultáneamente vulneró su derecho fundamental a la legalidad penal, contenido en el art. 25.1 C.E., por negar el efecto beneficioso -la absolución- que conllevaba la despenalización de la conducta incriminada con posterioridad a su comisión.
En suma, la Sentencia de la cual discrepo hubiera debido, a mi entender, amparar al demandante y reconocerle el derecho a que le fuera aplicada retroactivamente la Ley Orgánica 3/1989, por estar comprendida tal retroactividad en el principio de legalidad penal proclamado en el art. 25.1 C.E., anulando la Sentencia de la Audiencia Provincial y reponiendo las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la vista para que se dictare otra nueva.
STC 55/2010, 4 de Octubre de 2010
STSJ Cataluña , 20 de Octubre de 2000
SAP Pontevedra 601/2006, 15 de Noviembre de 2006
ATS 1192/2015, 16 de Julio de 2015
STSJ Cataluña 59/2012, 15 de Octubre de 2012
STS, 8 de Octubre de 1986
STS 917/1994, 21 de Octubre de 1994
STS 248/2019, 26 de Febrero de 2019
SAP Santa Cruz de Tenerife 193/2008, 18 de Abril de 2008

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 Real Decreto 
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