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Timestamp: 2018-07-15 21:27:13+00:00

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Aun cuando en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), no prevé un plazo dentro del cual se debe emitir y notificar la resolución final del procedimiento instruido, dicha omisión no representa una violación al derecho de seguridad jurídica.
25 Junio, 2018. Adrián Alfonso Paredes Santana
Todo comienza con el fallo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión del 7 de febrero, donde determinó al resolver el amparo directo en revisión 3827/2017, sobre que aun cuando en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), no prevé un plazo dentro del cual se debe emitir y notificar la resolución final del procedimiento instruido, dicha omisión no representa una violación al derecho de seguridad jurídica. Pues considera que el precepto solo regula cómo ha de practicarse la notificación, pese a no establecer en qué momento ha de emitir la resolución de mérito, no implica que sea inconstitucional.
Considera que el legislador no está obligado a fijar en un solo precepto legal todos los supuestos y consecuencias legales, dado que tales elementos pueden, válidamente, consignarse en diversos numerales, e inclusive en distintos cuerpos normativos, en tanto no exista ninguna disposición que establezca lo contrario. Igualmente reflexiona que es claro que el supuesto normativo previsto en el artículo 69-B del CFF, por su propia naturaleza, debe actualizarse en el ejercicio de facultades de comprobación, pues no existe otra manera en la que se pueda advertir que una persona, física o moral, ha estado expidiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes.
Es aquí donde comienza toda la controversia, pues inicia a asimilarlo a un ejercicio de facultades de comprobación, lo cual en un «simposio» organizado recientemente por la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente (PRODECON) se llega a una conclusión contraria al este pensamiento, abandonando por competo su argumentación y proponiéndolo como algo totalmente distinto a un acto de comprobación. Ahora, siguiendo con el pensamiento de la Primera Sala, al asimilarlo como una facultad de comprobación, considera que ante la ausencia de plazo para la emisión de la determinación se suple con la aplicación de la figura de la caducidad prevista en numeral 67 del CFF, atendiendo al contenido de la contradicción de tesis 362/2010, en el sentido de que por medio de la caducidad referida, las facultades de las autoridades susceptibles de extinción, no son únicamente las de determinación y liquidación de créditos fiscales o las sancionadoras, sino también las de revisión. También de forma equivocada, pues la caducidad corre en su cómputo hacia atrás, y nunca hacia adelante, y además se trata de la sanción legal por la inactividad del estado, de imposibilitarlo a ejercer sus facultades después de un plazo general de 5 años.
Por lo anterior, la Primera Sala llega a la conclusión de que no se deja en estado de incertidumbre al particular a quien se le instruya el procedimiento del 69-B del CFF, en virtud de que sabe con certeza que se debe resolver en el plazo correspondiente del artículo 67, esto es, en un plazo que no excederá a los 5 años, porque de lo contrario caducará.
Después de esta escalofriante determinación, que quedará para seguir discutiendo, el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al mencionado precepto, estableciendo textualmente un plazo conclusivo de 50 días hábiles, terminando con esta discusión, pero insisto, la postura de este criterio jurisprudencia debe ser abandonado pues cambia la percepción de una figura importante del derecho fiscal como la caducidad. Ahora, trascribo el texto reformado para su lectura el cual entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación:

References: artículo 69
 resolución 
 artículo 69
 resolución 
 resolución 
 artículo 69
 artículo 67