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Timestamp: 2020-07-13 13:46:59+00:00

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(1)Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL EN EL PROCESO CIVIL CHILENO PROVISIONAL ENFORCEMENT IN CHILEAN CIVIL PROCEDURE CLAUDIO MENESES PACHECO* RESUMEN: Este es un trabajo destinado a exponer cuál es el estado de la cuestión en Chile en materia de ejecución provisional. Ante la ausencia de un tratamiento expreso en la ley vigente, la escasa doctrina y casi nula jurisprudencia, se formulan algunas apreciaciones críticas acerca de la procedencia de este mecanismo, en especial considerando la forma como se encuentra organizada la primera instancia del proceso civil chileno. Así, el principal propósito es entregar algunos puntos de referencia para determinar en qué medida puede ser necesaria o deseable esta figura, en un ordenamiento como el nuestro que en el tiempo ha sido tan reacio a incorporarla de un modo vigoroso. Palabras clave: Ejecución provisional, Resoluciones que causan ejecutoria, Organización de la primera instancia. ABSTRACT: This paper is intended to present the state of affairs in Chile regarding provisional enforcement. Considering the absence of legal regulation, the slim legal doctrine and the almost nonexistent case law, we formulate some critical assessments regarding the merits of this mechanism, taking especially into account the way in which the first instance is organized in Chilean civil procedure. Our main intention is to give some points of reference to determine to what extent this mechanism may be necessary or desirable in a system like ours that has –throughout time– been so reluctant to incorporate it in a vigorous manner. Key words: Provisional enforcement, Enforceable judgments, First instance organization.. I. APROXIMACIÓN. AL TEMA CENTRAL. La figura de la ejecución provisional, inmediata o anticipada de la sentencia civil no firme carece de expresa regulación en el sistema chileno vigente. De hecho, estas denominaciones solo aparecen mencionadas en algunos trabajos teórico-comparados recientes1, pero no presentan un tratamiento acabado en lo tocante a la normativa nacio*. Este artículo corresponde, con algunos ajustes, a la relatoría elaborada para las XXI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, celebradas en Lima, Perú, en octubre de 2008. El trabajo fue solicitado por los profesores Eduardo Oteíza (Argentina) y Luis María Simón (Uruguay), a quienes el autor agradece. La publicación de este texto fue estimulada por el profesor Alejandro Romero Seguel, a quien el autor manifiesta su gratitud por el constante apoyo. ** Licenciado en Ciencias Jurídicas Universidad Adolfo Ibáñez, Becario del Programa de Doctorado, Universidad de los Andes, Chile. Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Valparaíso. Correo electrónico: claudio.meneses@uv.cl, cmeneses@mbmack.cl. 1 Destacamos, C HOZAS (2007) pp. 401-426; H INOJOSA y P ALOMO (2006) pp. 123-162; P ÉREZ (2006) pp. 500-502.. 21.
(2) 22. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. nal. Tampoco encontramos pronunciamientos jurisprudenciales que aborden sus principales aspectos. Lo que existe en el Derecho nacional es una regulación del aspecto central del cual se ocupa este mecanismo procesal, esto es, la posibilidad de obtener el cumplimiento compulsivo de una sentencia judicial condenatoria que aún no adquiere firmeza y que está o puede estar sometida a recursos procesales2. En nuestro país, esta alternativa se halla contemplada principalmente por el art. 231 inc. 1° del Código de Procedimiento Civil (CPC), cuyo texto transcribiremos más adelante. En él se alude a las llamadas “resoluciones que causan ejecutoria”, que son pronunciamientos judiciales no firmes que admiten ejecución por medios coactivos3. En el ámbito de los trabajos prelegislativos y preparatorios de reforma procesal civil, este sistema de ejecución no ha sido considerado de modo explícito y claro. Ello ha generado un llamado de atención de un sector de la doctrina chilena, en orden a optar por confiar en la administración de justicia civil en primera instancia y potenciarla, estableciendo para ello la posibilidad de ejecutar provisionalmente el fallo de primer grado4. Sobre lo mismo, es pertinente decir que se ha producido una inconsistencia entre la denominadan “Propuesta de bases para redactar un nuevo Código Procesal Civil para la República de Chile” (Propuesta de bases) y el documento llamado “Anteproyecto Código Procesal Civil” (Anteproyecto CPC), pues mientras en la primera se propone la inclusión de la ejecución provisional, en el segundo se prescinde de una regulación particular de la misma. Este punto lo abordaremos en forma separada. Ahora bien, considerando la relación que se puede establecer entre la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la adecuada organización jurídica de la ejecución de las sentencias, comenzaremos haciendo una referencia al marco constitucional dentro del cual cabe ubicar la figura de la ejecución provisional. Luego de ello, analizaremos la legislación imperante en nuestro país, con respecto a la cual haremos una breve referencia histórica que explique el estado de la cuestión en Chile. Por último, comentaremos en forma sintética las propuestas de reforma procesal civil. En lo medular, el asunto es establecer en qué medida puede ser necesaria o deseable esta figura, en un ordenamiento jurídico como el chileno que en el tiempo se ha resistido a incorporarla de un modo vigoroso.. 2. Para una aproximación teórica, véase entre otros, CABALLOL (1993) pp. 23-101, en especial pp. 47-53. Relacionando las materias, ROMERO (2002) pp. 27-29; haciendo, además, una vinculación entre estos conceptos y la tutela procesal anticipada, ROMERO (2006) pp. 42 y 43; una referencia, en NAVARRETE (2004) pp. 22 y 23. 4 NÚÑEZ (2007) pp. 692 y 693. 3.
(3) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. II. MARCO CONSTITUCIONAL DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL 1.. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EJECUCIÓN PROVISIONAL A) Derecho a la ejecución de la sentencia. La ejecución de las sentencias constituye un capítulo importante dentro de la garantía fundamental de tutela judicial efectiva, pues por su intermedio los justiciables pueden obtener una concreta satisfacción de los derechos reclamados en juicio5. Es por ello que en la ciencia procesal se alude al “derecho a la ejecución de la sentencia”, que no es más que aquella dimensión de la tutela jurisdiccional encaminada a obtener que la prestación establecida en una sentencia condenatoria sea en la práctica cumplida, en el menor tiempo posible, y de preferencia en naturaleza y no por equivalencia, para así colmar en términos reales las expectativas de la parte vencedora6. En el mismo sentido, en la doctrina española se habla de la “tutela jurisdiccional ejecutiva”, por virtud de la cual el tribunal ejerce su potestad para producir un cambio físico o material en la realidad social con el fin de acomodarla a lo que establece un título ejecutivo7. En nuestro medio se ha hecho mención al “derecho de la ejecución”, caracterizado por tratarse de una prerrogativa que autoriza una agresión del patrimonio del requerido (deudor), sobre la base de la petición del requirente (acreedor) que pretende la satisfacción de un crédito revestido de certeza en su forma y mérito8.. B) Perspectiva constitucional de la ejecución provisional de la sentencia La ejecución provisional, inmediata o anticipada de la sentencia civil no firme es un mecanismo jurídico que fortifica el régimen de ejecución, puesto que autoriza a llevar adelante el cumplimiento coactivo de una decisión judicial condenatoria inmediatamente después de su notificación, sin que sea necesario esperar que adquiera autoridad de cosa juzgada. Es, pues, una institución procesal de eficacia, por la cual se atribuye fuerza a una resolución judicial que carece de firmeza y que, al pronunciarse sobre una materia sustantiva sobre la cual se debate, reconoce un derecho (crédito) a favor del litigante vencedor, en mérito de lo cual este puede solicitar su cumplimiento9. Desde este punto de vista, la ejecución inmediata del fallo se presenta como una herramienta de la tutela efectiva. En alguno de los estudios publicados en nuestro país, se ha 5. Para una aproximación al concepto de tutela judicial efectiva, RAMOS (2000) pp. 31 ss; C ORDÓN (1998) pp. 113 ss; con una perspectiva teórica amplia relacionada con la noción de Estado Constitucional, MARINONI (2006a), en especial pp. 183 ss.; con una referencia específica al tema de la ejecución de la sentencia, ORTELLS (2005) pp. 37-44. 6 R AMOS (2000) pp. 73-75; C ORDÓN (1998) pp. 124 y 125; M ARINONI (2006a) pp. 227 ss; M ARINONI (2006b) pp. 77-100. 7 En este sentido, O RTELLS (2007) pp. 54-57; relacionándolo con la tutela judicial efectiva, pp. 677-681. Con una explicación general, DE LA OLIVA et al. (2005) pp. 17-29. 8 En este sentido, P ÉREZ (2006) p. 498. 9 C ABALLOL (1993) pp. 47-53.. 23.
(4) 24. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. sostenido que a no dudarlo la ejecución provisional de las sentencias “favorece el derecho a la tutela judicial efectiva”10. Igualmente se ha dicho que un sistema procesal que aspire a brindar una adecuada tutela jurisdiccional de los derechos, tiene que utilizar mecanismos idóneos para el “acceso expedito” a la tutela ejecutiva, entre los cuales se cuenta esta figura11. Empero, es también posible plantear que se trata más bien de un asunto de política legislativa en torno a la organización del régimen de enjuiciamiento en la primera instancia. Desde este punto de vista, la ejecución provisional no se presenta tanto como una “imposición constitucional” derivada de la tutela judicial efectiva, cuanto como una “opción legal” sobre la mejor forma de impartir justicia en el primer grado jurisdiccional y, dentro de esto, de obtener un oportuno y cabal cumplimiento de lo resuelto en dicha instancia12. De momento, nos parece que la perspectiva de la ejecución provisional de la sentencia pertenece al campo de las opciones político-procesales, y no al de las exigencias constitucionales de tutela efectiva. Estimamos que la vinculación entre estos conceptos exige dar una mirada global al problema del enjuiciamiento de primera instancia, para incluir dentro de este la temática de la ejecución inmediata. Como volveremos a decir, pensamos que la ejecución provisional se presenta como un elemento del debido proceso solo en la medida que la decisión del legislador sea potenciar el primer grado jurisdiccional, con las debidas garantías que ello exige.. 2.. C ONSTITUCIÓN. CHILENA , DEBIDO PROCESO Y EJECUCIÓN DE LA. SENTENCIA. A) Derecho a la ejecución de la sentencia en el sistema chileno En nuestro ordenamiento se emplea la terminología “debido proceso” para hacer mención al conjunto de garantías judiciales del ciudadano. La principal norma está contenida en el art. 19 N° 3 inc. 5° de la Constitución Política de la República de Chile (CPR), bajo dos fórmulas: “proceso previo legalmente tramitado” y, sobre todo, “procedimiento racional y justo”. Hacemos notar que la última parte del precepto impone una exigencia a la ley procesal: “corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de procedimiento y una investigación racionales y justos”. Además, son pertinentes las garantías del art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, y del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) del año 1969, que al encontrarse ratificados por Chile y vigentes, forman parte del denominado “bloque constitucional de derechos”13. 10. Así, HINOJOSA y PALOMO (2006) pp. 133. PÉREZ (2006) p. 515, con el añadido que deben adoptarse los respectivos resguardos del debido proceso. 12 Calificando el asunto como una “opción de política legislativa” y relacionando el punto con la potenciación de la justicia de primer grado, CHOZAS (2007) pp. 401-405. 13 En materia de “tutela judicial efectiva” y “debido proceso” en Chile, destacamos, N OGUEIRA (2007), en especial pp. 9-75; N OGUEIRA (2003); CAROCCA (1997); CAROCCA (2003); BORDALÍ (2003); TAVOLARI (1994a). 11.
(5) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. Tomando en cuenta que el derecho a la ejecución guarda relación con el derecho de acción14, y considerando las exigencias de racionalidad y justicia que impone la Carta15, podemos decir que el capítulo de la tutela jurisdiccional de la ejecución de la sentencia forma parte del debido proceso. En cuanto a lo primero, existe cierta concordancia de pareceres en cuanto al carácter fundamental que presenta el derecho de acción en nuestro ordenamiento 16. De esta manera, cabe proyectar dicho reconocimiento hacia el ámbito de la satisfacción concreta del crédito, pues el derecho de acción se fortalece con adecuadas herramientas que permitan la ejecución de las prestaciones establecidas en el fallo. Sobre lo segundo, hay que destacar que en la Comisión de Estudios de la Constitución chilena se dejó constancia del contenido amplio y flexible de los términos “racionalidad” y “justicia” que emplea el art. 19 N° 3 inc. 5° CPR, sobre los cuales quedó abierta la posibilidad de progresión de ideas en cuanto al régimen procesal 17. Pues bien, entre los avances que permiten estas nociones podemos incluir la ejecución de las sentencias, sobre todo tomando en cuenta que la garantía del debido proceso se inserta dentro de lo que la Carta llama igual protección de la ley en el “ejercicio” de los derechos de las personas; acaso uno de los aspectos más vivos, del ejercicio de los derechos en sede jurisdiccional, esté dado por el cumplimiento efectivo de la condena impuesta por la sentencia18. No conocemos jurisprudencia que haya aludido específicamente al precitado punto, pero de todos modos podemos conectarlo con los términos que emplea el constituyente para definir la jurisdicción de los tribunales, donde se hace expresa mención al tema de la ejecución. El art. 76 inc. 1° CPR indica de modo perentorio que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y “de hacer ejecutar lo juzgado”, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. En la década de los sesenta –bajo el imperio de otra Constitución, aunque con disposiciones similares a la precitada– encontramos pronunciamientos interesantes en torno a la actividad jurisdiccional de ejecución. Se señaló, en efecto, que “la ejecución de una resolución equivale a la conversión de esta en actos”; que si bien puede considerarse que el derecho existe antes del fallo judicial, “solo se transforma en realidad me-. 14. P ÉREZ (2006) pp. 496 y 497. Véanse ACTAS OFICIALES DE LA COMISIÓN CONSTITUYENTE, sesiones 101ª (9 enero 1975) y 103ª (16 enero 1975), en especial esta última, pp. 15-20. 16 Por todos, B ORDALÍ (2000); B ORDALÍ (2003) pp. 255-258. 17 A CTAS O FICIALES DE LA C OMISIÓN C ONSTITUYENTE , sesión 103ª (16 enero 1975) pp. 15-20. 18 Como referencia, podemos citar la reforma introducida a los procesos de familia por la Ley N° 20.152 (D.O. 9 enero 2007), que entre otras finalidades buscó fortalecer el régimen de ejecución de las sentencias de condena de prestaciones alimenticias. Es lo que aparece en la historia del establecimiento de esta modificación legislativa, de la cual destacamos en este lugar lo siguiente: “El objetivo del proyecto es perfeccionar la normativa procesal aplicable a las causas de alimentos, procurando facilitar el ejercicio de los derechos del alimentario y asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del alimentante” (Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 12 septiembre 2006, p.2). Una explicación de esta reforma y de su relación con la tutela judicial efectiva, en MENESES (2008) pp. 221-249. 15. 25.
(6) 26. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. diante el mandato contenido en la sentencia” y que este mandato no puede dejar de llevarse a cabo, “porque de otro modo sería ilusorio y únicamente teórico”19. Así pues, interpretando sistemáticamente el art. 19 N° 3 inc. 5° CPR (debido proceso) y el art. 76 inc. 1° CPR (potestad jurisdiccional ejecutiva), podemos encontrar un soporte constitucional al rubro de la ejecución de las sentencias y al derecho de las personas a recabar las medidas necesarias para que esta se produzca en términos adecuados y satisfactorios.. B) ¿Cuál es la perspectiva constitucional de la ejecución provisional en el sistema procesal chileno? Nos parece que esta cuestión debe abordarse balanceando dos aspectos: de un lado, la necesidad de brindar tutela al derecho a la ejecución antes aludido, y de otro, la exigencia que impone el derecho de los justiciables a obtener una resolución justa de los conflictos civiles. Tan cierto es que las partes requieren de medidas procesales idóneas para satisfacer a tiempo sus pretensiones, como que necesitan que las decisiones se adopten en un marco que garantice al máximo la justicia de la resolución de la disputa. En nuestra opinión, las técnicas de tutela anticipada y de perfeccionamiento de ejecución de las sentencias, no pueden transformarse en instrumentos de iniquidad20. Por todo ello, insistimos en que el nudo gordiano se encuentra en la estructura de la primera instancia, tanto orgánica como funcional21. Pensamos, en consecuencia, que los preceptos constitucionales antes citados no imponen necesariamente el establecimiento de la ejecución provisional de la sentencia no firme. Lo que sí exigen es la eficacia del proceso22, para lo cual deben crearse herramientas adecuadas que permitan al ciudadano acceder al efectivo cumplimiento de lo resuelto, dentro de un “plazo razonable” (art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica). Ahora bien, para que tales mecanismos se ajusten a las exigencias de racionalidad y justicia que señala el art. 19 N° 3 inc. 5° CPR, es menester que la legislación procesal proporcione todo un esquema compacto de enjuiciamiento, por el cual se garantice de la mejor manera posible que las decisiones jurisdiccionales resuelvan adecuadamente los conflictos jurídicos. De ahí requisitos como la oralidad, inmediación, libertad de prueba y otros tantos, que aparecen como condiciones para un debido proceso23.. 19 Dunker con Avilés (1965) p. 57. La doctrina jurisprudencial de este fallo añade lo siguiente: “Es por ello que es inherente a la jurisdicción el poder de coerción; este es presupuesto ineludible de la eficacia del derecho, porque la medida coercitiva impone la restauración del orden violado”; concluye señalando: “Por consiguiente, a la jurisdicción va conexo el imperio, que es la facultad que tienen los jueces de usar la fuerza para hacer ejecutar lo juzgado y decretado”. En similar sentido, Chile Exploration Company (1960) p. 57. 20 Llamando la atención sobre este riesgo, M ARÍN (2004) pp. 53-67. 21 En este sentido, destacamos la exposición del problema de la ejecución provisional que hacen Hinojosa y Palomo, en la que enfatizan cómo dicha institución revaloriza la primera instancia (HINOJOSA y P ALOMO (2006) pp. 124-138). 22 Aludiendo a la eficacia del proceso, T AVOLARI (1994a) pp. 108-111. 23 Para una visión de conjunto, T AVOLARI (2007)..
(7) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. En este cuadro, todo lo atinente a la ejecución anticipada de la sentencia no firme exige un modelo reforzado de administración de justicia en primera instancia. Con ello queremos decir que en nuestra opinión, la técnica de la ejecución provisional únicamente se ajusta al debido proceso y, a la vez, se impone como elemento de este, en la medida que se encuentre instalada en un modelo fortalecido y bien estructurado –orgánica y funcionalmente– de justicia civil de primer grado24. En este mismo orden de ideas, estimamos que en un régimen procesal de primer grado que no cumple con exigencias básicas del debido proceso (v. gr. oralidad, inmediación, libertad de prueba y otras tantas), la ejecución provisional debe tener un campo de acción limitado y mesurado. Sintetizando, consideramos que la perspectiva constitucional de la ejecución provisional se engloba dentro del esquema del proceso civil declarativo de primera instancia. Su intensidad varía en forma directamente proporcional con la fortaleza de dicho grado jurisdiccional. Así, a mayores garantías del enjuiciamiento de primera instancia, más amplio es el campo para este instrumento de ejecución; en tanto que a menores garantías para dicho juzgamiento, más estrecha debe ser la procedencia del mismo.. III. PRINCIPALES REFORMAS AL CPC EN MATERIA DE EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA SENTENCIA NO FIRME 1.. RESOLUCIONES “QUE CAUSAN EJECUTORIA” (ART. 231 INC. 1° CPC) PROCEDIMIENTO “ INCIDENTAL” DE EJECUCIÓN (ARTS. 233-241 CPC). Y. Como expusimos al inicio, la ejecución provisional, inmediata o anticipada de la sentencia no firme solo aparece contemplada en nuestro proceso civil bajo la fórmula de las resoluciones que “causan ejecutoria”. En este rubro, la principal norma está contenida en el art. 231 inc. 1° CPC, cuyo texto es el siguiente: “La ejecución de las resoluciones corresponderá a los tribunales que las hayan pronunciado en primera o en única instancia. Se procederá a ella una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas o causen ejecutoria en conformidad a la ley”. Por su parte, los arts. 233-241 CPC contemplan un procedimiento ejecutivo especial para estos casos, que nuestra doctrina suele denominar “procedimiento incidental” de cumplimento de resoluciones25. Según retomaremos, las sentencias que causan ejecutoria son definidas como resoluciones que pueden ser cumplidas aun cuando se encuentren recurridas o sean recurribles26. En nuestra jurisprudencia se indica que se trata de una resolución “que ha sido impugnada por medio de alguno de los recursos procesales, pero la interposición de estos no impide su cumplimiento”27. En términos generales, esta opción tiene cabida en 24. Refiriéndose al aspecto orgánico del acceso a la tutela judicial ejecutiva, PÉREZ (2006) pp. 510-513. Por todos, MATURANA (1995) pp. 126-131. 26 Véase R OMERO (2002) p. 28. 27 Gálvez con Agrícola Santa Carmen Ltda. (1997) N° 206, p. 88 (considerando 3° ). 25. 27.
(8) 28. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. aquellas hipótesis de recursos no suspensivos, para los cuales la ley permite precisamente llevar adelante el cumplimiento forzado de la sentencia impugnada. Ahora bien, para tener un cuadro más completo de la aludida resolución es necesario hacer mención a dos reformas legales que incluyeron cambios en el Código chileno. Una es del año 1944, a través de la cual se agregó expresamente al art. 231 CPC la figura de las sentencias que causan ejecutoria. Otra es del año 1988, por la que se amplió el número de casos de apelaciones no suspensivas (o, como indica nuestra ley, apelaciones que proceden “solo en el efecto devolutivo”) y, a su vez, se añadió la figura de la “orden de no innovar” en el recurso de apelación.. 2.. REFORMA INTRODUCIDA AL CPC POR LA LEY N° 7.760 DEL AÑO 1944. Uno de los propósitos que tuvo el legislador para dictar esta reforma fue agilizar la administración de justicia en sede civil, para lo cual introdujo una serie de cambios en materias que fueron consideradas como obstáculos para la marcha expedita de los procesos28. En el tema que analizamos, esta modificación buscó dar solución a las dudas interpretativas que originaban los preceptos del Código, en los que se contemplaban recursos no suspensivos, pero no se incluía de modo explícito la alternativa de impetrar la ejecución de una sentencia sometida a impugnación por aquellos. Así pues, la referida ley incorporó en forma expresa al actual art. 231 CPC esta modalidad de resoluciones. En este punto, la reforma fue descrita del siguiente modo: “Se pone así término a un verdadero vacío que existía en nuestro Código Procesal Civil en lo relativo al cumplimiento o ejecución forzada de las resoluciones judiciales que causan ejecutoria, pues si bien por un lado permitía exigir su cumplimiento, a pesar de estar pendientes los recursos interpuestos en su contra, por otro, no enumeraba esta clase de resoluciones judiciales entre los títulos que gozaban de carácter ejecutivo, por lo menos, de modo expreso. Hoy, frente a lo preceptuado en el art. 231, no cabe la menor duda al respecto, o sea, que esta clase de resoluciones judiciales –las que causan ejecutoria– son tan títulos ejecutivos, como las resoluciones judiciales firmes o ejecutoriadas”29. De este modo, a partir del año 1944 ha quedado superada la incertidumbre acerca de la ejecutabilidad de estas resoluciones, para las cuales puede aplicarse el procedimiento especial de cumplimiento de los arts. 231-241 CPC al que aludiremos más adelante.. 3.. REFORMA INTRODUCIDA 194 N° 2 CPC. AL. CPC. POR LA. LEY N° 18.705. DEL AÑO. 1988:. ART.. Esta es otra de las reformas que ha buscado descongestionar las causas civiles en pos de una más eficaz administración de justicia civil. Tanto así que ha llegado a ser calificada como “sucesora” de la precitada ley del año 194430. 28. Con mayores datos, P IEDRABUENA (1989) pp. 643-646. C ASARINO (1993) p. 31. 30 P IEDRABUENA (1999) p. 15. Más antecedentes de esta reforma, en P IEDRABUENA (1989) pp. 658-670; GUZMÁN , Manuel et al. (S/D); O TERO (2000), con explicación general, en pp. 17-35. 29.
(9) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. Con objetivos muy pragmáticos, la Ley N° 18.705 incorporó al Código diversas soluciones y figuras tendientes a darle mayor agilidad a la tramitación de los procesos. Una de las soluciones consistió en ampliar el ámbito de procedencia de las apelaciones no suspensivas (solo en el efecto devolutivo), lo que repercute de lleno en el tema que analizamos. Por su lado, una de las figuras que agregó al sistema de las apelaciones fue la “orden de no innovar”, a la que nos referiremos en el siguiente epígrafe. En lo tocante a la extensión del número de situaciones de apelaciones no suspensivas (solo en el efecto devolutivo), la disposición más relevante es la del art. 194 N° 2 CPC. Este precepto, en efecto, establece la procedencia del recurso de apelación solamente en el efecto devolutivo cuando las resoluciones impugnadas tengan la naturaleza de sentencias interlocutorias, autos y decretos. En términos prácticos, lo anterior significa que desde el año 1988 la regla general es la apelación no suspensiva, como quiera que tres de los cuatro tipos de resoluciones que se dictan en las causas civiles quedan sometidas a tal régimen por expreso mandato del aludido art. 194 N° 2 CPC. La única excepción está dada por la sentencia definitiva, la que –según veremos– presenta de todos modos casos de apelaciones en el efecto devolutivo31. Como se aprecia, el objetivo de este cambio legal fue dinamizar los procesos en la primera instancia, ya que la totalidad de las resoluciones que se dicten durante el transcurso de la litis no suspenderán su substanciación. A su vez, podemos encontrar un cambio en el tópico que examinamos, pues esta reforma importa una introducción de nuevas posibilidades de ejecución provisional para todos aquellos casos en que sentencias interlocutorias se pronuncien sobre temas sustantivos, como por ejemplo en la hipótesis de la resolución que admite el desistimiento de la demanda con alguna reserva que beneficia pecuniariamente al demandado (art. 149 CPC). Sin perjuicio de volver sobre el último punto, por ahora destacamos la decisión del legislador de dar mayor expedición al primer grado jurisdiccional por la vía que comentamos.. 4.. LA “ORDEN CPC. DE NO INNOVAR” EN LA APELACIÓN: ART.. 192. INCS.. 2°. Y. 3°. La misma Ley N° 18.705 de 1988 incorporó la figura de la “orden de no innovar” en materia de recurso de apelación no suspensivo. Esto significa que junto con ampliar el número de casos de apelación en el efecto devolutivo, añadió explícitamente una potestad judicial para decretar la suspensión del cumplimiento de una resolución sometida a tal régimen recursivo. Para los fines de nuestro trabajo, destacamos el art. 192 inc. 2° CPC, el cual tras señalar en qué consiste la concesión del recurso de apelación solo en el efecto devolutivo, dispone lo siguiente: “No obstante, el tribunal de alzada a petición del apelante y mediante resolución fundada, podrá dictar orden de no innovar. La orden de no innovar. 31. Comentarios en este sentido, en P IEDRABUENA (1999) pp. 90-96.. 29.
(10) 30. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. suspende los efectos de la resolución recurrida o paraliza su cumplimiento, según sea el caso. El tribunal podrá restringir estos efectos por resolución fundada. Los fundamentos de las resoluciones que se dicten de conformidad a este inciso no constituyen causal de inhabilidad”. La finalidad de esta norma fue evitar que los litigantes hicieran uso del recurso de queja (mecanismo de tipo disciplinario) para obtener la suspensión de los efectos de una resolución apelada32. En lo que interesa a nuestro análisis, destacamos la amplitud de atribuciones que se entrega a los tribunales de segunda instancia (Cortes de Apelaciones) para definir el destino de la ejecución de las resoluciones apeladas en el efecto devolutivo. En este sentido, más adelante haremos una relación entre esta figura de nuestro Derecho y la institución que en dogmática se denomina ejecución provisional “mixta”, consistente en una modalidad de ejecución inmediata que es dispuesta por ley pero que puede ser suspendida mediante resolución judicial33.. IV. REGULACIÓN 1.. CONCEPTO. DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL EN LA LEY CHILENA. DE “RESOLUCIONES QUE CAUSAN EJECUTORIA” Y PRINCIPALES. CASOS EN EL. CPC. A) Concepto La temática central de la ejecución provisional, inmediata o anticipada de la sentencia no firme es abordada en la legislación chilena por medio de las llamadas “resoluciones que causan ejecutoria” (art. 231 inc. 1° CPC). Con relación a estas existen, además, otras figuras asociadas, que mencionaremos más adelante. Nuestra doctrina34 y jurisprudencia35 dicen que la resolución que causa ejecutoria es aquella que puede cumplirse coercitivamente no obstante estar impugnada o ser impugnable por medio de recursos procesales. Debe tratarse, por cierto, de una decisión judicial que condene a una parte a cumplir una prestación que consista en dar, hacer o no hacer36.. B) Principales casos Los casos más importantes de resoluciones que causan ejecutoria y que permiten una ejecución provisional, se dan en materia de apelaciones no suspensivas y de recurso de casación en la forma y en el fondo. 32. PIEDRABUENA (1999) pp. 96-105; OTERO (2000) pp. 182-188. Para una aproximación teórica, CABALLOL (1993) pp. 53-55. 34 R OMERO (2002) p. 28; N AVARRETE (2004) p. 22; E SPINOSA (1994) P . 55; O RELLANA (2005) P . 37; COLOMBO (1995) p. 24. 35 a modo ejemplar, Cuneo con Marmolejo (1966) p. 136; Gálvez con Agrícola Santa Carmen Ltda. (1997) p. 88. 36 Aludiendo a las resoluciones mencionadas por los arts. 233, 234 y 235 CPC, Cabián con Barría (1974); refiriéndose a la sentencia como título ejecutivo, TAVOLARI (2000a) pp. 69 y 70. 33.
(11) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. a) Apelaciones no suspensivas (concedidas solo en el efecto devolutivo) El efecto devolutivo aparece tratado por el art. 192 inc. 1° CPC, en los siguientes términos: “Cuando la apelación proceda solo en el efecto devolutivo, seguirá el tribunal inferior conociendo de la causa hasta su terminación, inclusa la ejecución de la sentencia”. A virtud de este precepto, existe concordancia entre los autores en cuanto al carácter ejecutorio de las resoluciones impugnadas por intermedio de un recurso de apelación en este efecto37. Ahora bien, para determinar los casos en que una apelación se concede solo en el efecto devolutivo, es necesario distinguir el tipo de resolución impugnada, pues existen dos estatutos según el caso: uno para las sentencias interlocutorias, autos y decretos, y otro para las sentencias definitivas. En este lugar nos referiremos a las tres primeras. De acuerdo con el art. 194 N° 2 CPC, todas las apelaciones de las sentencias interlocutorias, autos y decretos deben ser concedidas únicamente en el efecto devolutivo. Ello significa que –en principio– las apelaciones no suspenden la tramitación de la primera instancia civil38. La única salvedad está dada por la orden de no innovar que trataremos más adelante. De este modo, la ley chilena admite la ejecución provisional de estas tres clases de resoluciones judiciales, lo cual podría tener alguna trascendencia práctica en ciertos supuestos en los que se reconocen derechos permanentes a favor de las partes. Como precisión general, viene a cuento indicar que estos casos son más bien residuales, pues, por una parte, los decretos son resoluciones de mera substanciación que no reconocen derechos sustantivos para los litigantes (art. 158 inc. final CPC); por otra, los autos se limitan a fallar incidencias pero sin establecer derechos permanentes para las partes (art. 158 inc. 4º CPC) y, por fin, la segunda clase de sentencias interlocutorias únicamente recae sobre trámites que deben servir de base para el pronunciamiento de la sentencia definitiva o de otra sentencia interlocutoria (art. 158 inc. 3º CPC), de manera tal que tampoco se pronuncia sobre alguna prestación. Desde el punto de vista práctico, la hipótesis relevante solo podría producirse con relación a sentencias interlocutorias de la primera clase, vale decir, aquellas que fallan incidentes estableciendo derechos permanentes a favor de los contendores (art. 158 inc. 3º CPC). En efecto, como se ha venido sosteniendo en el último tiempo, los “derechos permanentes” a los que alude la precitada disposición, pueden consistir en facultades sustantivas, que incluso podrían ser equiparables a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto39. Por lo demás, en una de las explicaciones teóricas que existe sobre la materia, se ha indicado que estos derechos son facultades que, una vez adquiridas por las partes al momento de fallarse una incidencia, subsisten en el tiempo, pudiendo “sobrevi-. 37. Por todos, COLOMBO (1995) p. 24; vinculando la materia con la ejecución provisional, ROMERO (2002) pp. 28 y 29; ROMERO (2006) pp. 42 y 43. 38 Según expusimos, la norma comentada fue incorporada el año 1988, y tuvo por finalidad agilizar la administración de justicia en el primer grado jurisdiccional. En este sentido, por todos, PIEDRABUENA (1999) pp. 90-96. 39 R OMERO (2002) pp. 23-25.. 31.
(12) 32. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. vir al juicio en el que son creados”, sin que se agote su existencia por la dictación de sentencia definitiva40. Como se aprecia, la ejecución provisional podría abrirse paso en algunos supuestos de sentencias interlocutorias en las que el derecho declarado consista en un crédito que favorece a un litigante en contra de otro que resulta obligado. Un ejemplo sería el caso de la sentencia interlocutoria que acepta un desistimiento de la demanda, pero que –a la vez y de acuerdo al art. 149 CPC– impone como condición para el demandante una prestación a favor del demandado. Esta condena podría ser ejecutada en primera instancia aun cuando la resolución fuera apelada por el actor, como quiera que el recurso de apelación es no suspensivo y, por tanto, la decisión en cuestión es de aquellas que causa ejecutoria. Otra situación de interés podría darse con motivo de la resolución del incidente de objeción de tasación de costas (arts. 141 y 142 CPC), que presenta el carácter de sentencia interlocutoria. O, en fin, en el caso del fallo de la incidencia de objeción de la liquidación de un crédito contenido en una sentencia definitiva firme en ejecución (arts. 235 N° 3, 510 y 511 CPC), que también tiene dicha naturaleza jurídica.. b) Apelación de la sentencia definitiva. Ejecución provisional “ope iudicis” en el juicio sumario (art. 691 inc. 1° CPC) Para la sentencia definitiva, o sea, aquella resolución que pone fin a la instancia y resuelve la cuestión que ha sido objeto del juicio (art. 158 inc. 1° CPC), la regla es la apelación en el efecto suspensivo, sin que el tribunal pueda cambiar la situación (arts. 191, 194 y 195 CPC). Como dispone el art. 195 CPC, fuera de los casos de recurso de apelación en el efecto devolutivo que determina la ley, “la apelación deberá otorgarse en ambos efectos”. Es por lo mismo que nuestra doctrina ha indicado que para sentencias definitivas “se mantiene la regla general de que la apelación se concede en ambos efectos, salvo disposición legal expresa que limite la apelación al solo efecto devolutivo”41. Por lo tanto, en nuestro sistema el principio consiste en la improcedencia de la ejecución provisional de la sentencia definitiva de primera instancia. Las excepciones están expresamente contempladas por la ley y se refieren a contadas hipótesis, de las cuales destacamos el caso del juicio sumario. Dejamos constancia de la especial situación del juicio ejecutivo, sobre la cual haremos algunas observaciones más adelante. El proceso sumario es un procedimiento declarativo oral, breve y concentrado regulado por los arts. 680-692 CPC42, que tiene normas particulares en materia de recurso de apelación. A partir de tales normas (arts. 194 N° 1 y 691 CPC), podemos decir que la regla general es la improcedencia de la ejecución provisional, salvo que el tribunal la establezca. Vendría a ser algo así como una ejecución provisional “ope iudicis” reglada, ya que puede decretarla el juez únicamente en los términos descritos por la norma legal43. 40. Así en OLIVER (1997) p. 62. PIEDRABUENA (1999) p. 93. 42 R OJAS y V ENEGAS (1963) pp. 141-144. 43 Un concepto de esta figura, en C ABALLOL (1993) p. 55. 41.
(13) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. Sobre el tema de la apelación, existe cierto consenso en doctrina y jurisprudencia en cuanto al carácter suspensivo del recurso en caso que la resolución impugnada sea la sentencia definitiva. El precepto aplicable es el art. 691 inc. 1º CPC, acorde al cual el recurso debe otorgarse con efecto suspensivo 44. Con todo, la misma norma contempla una excepción en su parte final: “salvo que, concedida la apelación en esta forma, hayan de eludirse sus resultados”. Esta es una circunstancia que debe ser ponderada por el juez de primera instancia, el cual queda autorizado para no suspender los efectos de la sentencia apelada, dejando así abierta la posibilidad de enderezar una ejecución provisional. Finalmente, hacemos presente que en este procedimiento se regula una figura llamada “aceptación provisional de la demanda” (art. 684 CPC), que en alguna medida puede ser relacionada con la ejecución inmediata de la sentencia. A ella aludiremos en otro lugar.. c) Recurso de casación en la forma y en el fondo De acuerdo al art. 773 inc. 1° CPC, el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo no suspenden la ejecución de la sentencia. Tomando en cuenta que, salvo situaciones muy puntuales, estos recursos solo proceden en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o impidan su prosecución (arts. 766 y 767 CPC), la impugnación por esta vía se transforma en uno de los casos más claro de ejecución provisional en nuestro sistema45. Además, considerando que –en rigor– el régimen no suspensivo se produce para los recursos de casación entablados en contra de sentencias de segunda instancia (arts. 766, 767 y 770 CPC), podemos afirmar que la ejecución inmediata tiene cabida una vez que el asunto ha sido revisado por el tribunal de alzada. De todos modos, encontramos casos de excepción que veremos por separado más adelante. Una excepción es legal, y se refiere a sentencias cuyo cumplimiento hace imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso (art. 773 inc. 1° CPC). Otra, más discrecional, concierne a la “fianza de resultas” que puede pedir el recurrente, sin la cual no puede cumplirse el fallo (art. 773 incs. 2º , 3º y 4º CPC). Por ahora dejamos planteadas las dos excepciones, y pasamos a ver cuál es el procedimiento para llevar a cabo la ejecución provisional en nuestro sistema.. 2.. N ATURALEZA. DE LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE CAUSAN. EJECUTORIA. A) Opinión predominante La opinión que predomina en nuestro medio es que la resolución que causa ejecutoria tiene la calidad de título ejecutivo que autoriza el inicio de un procedimiento. 44 45. P IEDRABUENA (1999) p. 93; Sociedad Química y Minera S.A. (1993) p. 117. ROMERO (2006) p. 43.. 33.
(14) 34. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. de ejecución ordinario. El art. 434 CPC, en efecto, señala cuáles son los títulos ejecutivos que legitiman a un acreedor para entablar una demanda en un procedimiento de ejecución ordinario que recibe el nombre de “juicio ejecutivo” y que está normado por los Títulos I y II del Libro III CPC, referidos respectivamente al “juicio ejecutivo en las obligaciones de dar” (arts. 434-529) y al “procedimiento ejecutivo en las obligaciones de hacer y no hacer” (arts. 530-544). Pues bien, como el art. 434 N° 7 CPC alude a “cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva”, los autores46 y los tribunales chilenos47 han concluido que por aplicación del art. 231 inc. 1° CPC, las resoluciones que causan ejecutoria quedarían comprendidas dentro del elenco de títulos ejecutivos, de modo tal que perfectamente una parte podría comenzar un procedimiento de ejecución ordinario invocando una prestación contenida en aquella. En tal sentido, la postura mayoritaria sostiene que si bien es cierto el art. 434 N° 1 CPC solo reconoce fuerza ejecutiva a las sentencias definitivas e interlocutorias “firmes”, no es menos cierto que el número 7º contempla la posibilidad de considerar como título a la resolución que causa ejecutoria, por virtud de la interpretación armónica con el art. 231 inc. 1º CPC. Así pues, de seguir estos razonamientos, las sentencias firmes y las resoluciones que causan ejecutoria prácticamente quedarían situadas en un mismo plano, y podrían dar lugar a igual tipo de procedimiento de ejecución. En este sentido, nótese lo que en su día se dijo sobre la reforma incorporada por la Ley N° 7.760 de 1944: “Hoy, frente a lo preceptuado en el art. 231, no cabe la menor duda al respecto, o sea, que esta clase de resoluciones –las que causan ejecutoria– son tan título ejecutivo, como las resoluciones firmes o ejecutoriadas”48. Aún más, ha llegado a sostenerse que este tipo de resolución “otorga acción de cosa juzgada”49. Todo ello significaría, al fin y al cabo, que en nuestro país no es posible trazar diferencia entre el procedimiento de la ejecución ordinaria y el de la provisional.. B) Postura teórica que relaciona las resoluciones que causan ejecutoria con la ejecución provisional No todos comparten los razonamientos precedentes. En fecha más reciente un sector del procesalismo chileno se ha apartado de la explicación tradicional antes aludida, y ha señalado que –en sentido estricto– la sentencia que causa ejecutoria no es un título ejecutivo, sino más bien una forma de tutela judicial anticipada que da lugar a una ejecución provisional50.. 46. Entre otros, ESPINOSA (1994) p. 55; ORELLANA (2005) P. 37; COLOMBO (1995) pp. 24 y 25. Así, Vásquez con Promotora y Constructora Fernando Pérez Yoma y Cía. Ltda. (1999); Cuneo con Marmolejo (1966) p. 136. 48 C ASARINO (1993) p. 31. 49 C OLOMBO (1995) p. 24. 50 R OMERO (1999) pp. 187-191; R OMERO (2006) pp. 42 y 43; R OMERO (2002) pp. 27-29. 47.
(15) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. Por la atinencia, transcribimos lo central de este postulado: “A través de la ejecución provisional se permite cumplir los efectos de la sentencia como si ella estuviera firme, permitiendo que el actor pueda empezar a gozar del contenido total de la pretensión admitida en la sentencia, aunque exista un recurso pendiente”; “Esta singular forma de tutela anticipada se regula a propósito de los efectos de los recursos, específicamente dentro de las sentencias que causan ejecutoria”; “En nuestro derecho, las sentencias que causan ejecutoria no fueron contempladas originalmente en el Código de Procedimiento Civil; su aceptación se debe a la reforma de la Ley N° 7.760, publicada el 5 de febrero de 1944. Con anterioridad, el antiguo art. 236 (actual 231) solo permitía que se pudieran cumplir las resoluciones ejecutoriadas”; “En términos generales, se trata de resoluciones en las que técnicamente no se ha producido aún la cosa juzgada. No obstante lo anterior, por razones de política legislativa y con el objeto de dar celeridad a los juicios, la ley permite que se puedan cumplir los fallos, aunque exista el riesgo que el tribunal ad quem revoque lo decidido en la sentencia cuyo cumplimiento se anticipa”51. Por nuestra parte, nos plegamos a esta doctrina, pues cuadra mejor con la idea básica de lo que significa la ejecución anticipada de la sentencia no firme. El único punto sobre el cual no profundizaremos, por exceder los límites de este trabajo, concierne a la naturaleza ejecutiva que presentan las resoluciones que causan ejecutorias. No discutiremos, pues, si tienen o no calidad de título ejecutivo; simplemente señalaremos que desde un punto de vista técnico-procesal, no pueden asimilarse los procedimientos de ejecución ordinarios cuyo punto de partida es una sentencia firme, con los mecanismos de ejecución provisionales cuyo fundamento es una resolución carente de firmeza. Por lo mismo, a continuación propondremos hacer un distingo en cuanto a la vía para obtener el cumplimiento de estas últimas.. C) Procedimiento “incidental” de ejecución ante el mismo tribunal que dictó la resolución en primera o única instancia, como vía idónea para recabar la ejecución provisional Pensamos que el mecanismo más apto para impetrar el cumplimiento forzado (ejecución provisional) de las resoluciones que causan ejecutoria, es el procedimiento incidental contemplado por los arts. 233-241 CPC. En este sentido, nos parece que el procedimiento ejecutivo ordinario del Libro III del Código al que hicimos referencia más arriba, solo sería procedente para las sentencias firmes. Para tales efectos, es útil considerar ciertos aspectos orgánicos y funcionales de nuestra legislación. En primer término, encontramos un modelo ordinario para la ejecución civil que está dado por las normas de los Títulos I y II del Libro III CPC (arts. 434 y ss.). Constituye una tipología de procedimiento que recibe el nombre de “juicio ejecutivo”, caracterizado –entre otros aspectos– por presentar una fase de cognición bastante amplia. Así lo evidencian los arts. 464-469 CPC que regulan una etapa de discusión al. 51. ROMERO (2006) pp. 42 y 43.. 35.
(16) 36. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. interior del procedimiento de ejecución bastante extensa, con una amplia gama de defensas para el ejecutado (art. 464)52. En segundo lugar, en nuestra ley existe un esquema procesal que usualmente recibe la denominación de procedimiento “incidental” de ejecución, normado por los arts. 233-241 CPC. Es un modelo procesal breve, con un número muy acotado de defensas para el ejecutado (art. 234 CPC), las que deben constar en antecedentes escritos y fundarse en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia de cuyo cumplimiento se trata53. En tercer lugar, existe un aspecto orgánico relevante, referido a los tribunales competentes para conocer de uno y otro procedimiento. Según los arts. 231 y 232 CPC, relacionados a su turno con los arts. 113 y 114 del Código Orgánico de Tribunales (COT), si se trata de ejecutar una sentencia a través del primer modelo de ejecución, existen dos tribunales con igual competencia: el que pronunció la resolución en primera o única instancia, y el tribunal competente de acuerdo a las reglas generales. La elección la podrá hacer la parte que haya obtenido sentencia a su favor (el acreedor de la prestación establecida judicialmente). Si, en cambio, se da tramitación al procedimiento “incidental” de ejecución, habrá un solo tribunal competente: el que haya pronunciado la resolución en primera o única instancia. En este contexto, el punto consiste en determinar cuál podría ser el método procesal de ejecución más idóneo para las resoluciones que causan ejecutoria y, por tanto, para la ejecución provisional. Tomando en cuenta que conceptualmente es necesario distinguir los dos tipos de ejecución, y sobre todo considerando la falta de regulación para la ejecución inmediata de la sentencia no firme, estimamos más adecuado el procedimiento incidental de los arts. 233- 241 CPC que debe impetrarse ante el tribunal que dictó la resolución en primera o única instancia. En nuestra doctrina se ha dado la siguiente razón pragmática: “La ejecución de una sentencia que causa ejecutoria no es propia de otro tribunal que no sea aquel que está conociendo de la causa, puesto que estando ante un título cuya eficacia está sometida a condición resolutoria a verificarse solo dentro de ese procedimiento, su ejecución debe corresponder solo al tribunal que conoce de esa situación”54. Por motivos prácticos y sobre todo de seguridad jurídica, nos quedamos con esta última solución, en especial atendiendo la poca precisión que existe en nuestro sistema en torno a los efectos de la revocación de la sentencia provisionalmente ejecutada. Como medida de resguardo, pensamos que es conveniente dejar sometida esta materia a la. 52. ROMERO (2000) pp. 14 y 15. Una explicación general, en MATURANA (1995) pp. 126-131; un cuadro comparativo entre las etapas de conocimiento de una y otra modalidad de ejecución, en P EREIRA (1995) pp. 39-66; sobre el carácter “simplificado” del procedimiento incidental, Madeco S.A. (1997) p. 156. 54 M ATURANA (1995) p. 132. En cambio, para la ejecución de la sentencia firme pueden utilizarse cualquiera de los dos procedimientos, a elección corresponderá al ejecutante. Por no producirse los inconvenientes que presenta la ejecución de las resoluciones que causan ejecutoria, el sistema puede permitir la aplicación indistinta tanto del juicio ejecutivo como del llamado procedimiento incidental de ejecución, a no ser –por cierto– que exista un mecanismo especial diverso señalado por la ley. 53.
(17) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. forma procesal simplificada de los arts. 233-241 CPC, y entregar el conocimiento de la misma al propio órgano que pronunció la resolución en primera o única instancia.. 3.. EXCEPCIONES AL RÉGIMEN DESCRITO A) Orden de no innovar en el recurso de apelación no suspensivo. Relación con la “ejecución provisional mixta”. El art. 192 incs. 2º y 3º CPC contempla la figura denominada “orden de no innovar”, que se traduce en la facultad que tienen las Cortes de Apelaciones para decretar la suspensión de los efectos de la resolución apelada en el efecto devolutivo u ordenar la paralización del cumplimiento forzado de la misma. Como dijimos, esta potestad judicial fue incorporada al Código por medio de la reforma del año 1988, la que junto con ampliar los casos de apelaciones en el efecto devolutivo, autorizó a las Cortes establecer la suspensión de los efectos de la resolución recurrida. Empero, aun cuando la figura tiene veinte años de vida en nuestro régimen, carece de un tratamiento adecuado en cuanto a sus fundamentos, fines y límites. La verdad es que estos aspectos han quedado entregados al prudente saber y entender de las Cortes, sin que se haya desarrollado un precedente sobre los mismos. En este escenario no es mucho lo que podemos informar. Aludiremos a tres ideas centrales y daremos una opinión personal. Lo primero que destacamos es que desde un comienzo la recepción de esta reforma fue bastante negativa. Se dijo, en efecto, que la orden de no innovar “rompe el sistema”; que los problemas de aplicación práctica son “terribles” y, por fin, que “ojalá que los tribunales no concedan ni una orden de no innovar”55. Asimismo, nos parece importante subrayar que las Cortes han sido bastantes restrictivas a la hora de conceder órdenes de no innovar, por lo que carece de aplicación práctica56. Por último, es necesario decir que lo único que se ha esbozado en cuanto su fundamento, es que se trataría de una especie de medida cautelar encaminada a evitar la producción de graves daños en caso de llevarse adelante la ejecución de una sentencia apelada en el efecto devolutivo57. En nuestra opinión, la orden de no innovar debe insertarse dentro de lo que algunos llaman “ejecución provisional mixta”, que consiste en un sistema de ejecución inmediata de la sentencia no firme establecida por la ley en forma general, pero que puede ser modificada por medio de una resolución judicial que ordene la suspensión del cumplimiento del fallo58. En ese sentido, pensamos que la orden de no innovar presenta un símil con la norma del art. 230.2 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (Código Modelo), según la cual la parte en contra de quien se solicita el cumplimiento puede pedir la suspensión de la ejecución provisoria “por causarle perjuicio”. 55. MOSQUERA, Mario (S/D) pp. 46 y 47. P IEDRABUENA (1999) p. 99. 57 Así puede verse, en P IEDRABUENA (1999) P p. 102-104; O TERO (2000) pp. 182-188. 58 C ABALLOL (1993) pp. 55 y 56. 56. 37.
(18) 38. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. Por lo mismo, nos parece que un criterio como el precitado es el que debiera aplicarse a la hora de resolver solicitudes de órdenes de no innovar, puesto que más que una naturaleza cautelar, estas se ajustan a las nociones propias de la ejecución provisional.. B) Excepción legal al efecto no suspensivo del recurso de casación El art. 773 inc. 1° CPC fija como primera excepción al carácter no suspensivo del recurso de casación, una regla legal según la cual no podrá ejecutarse la sentencia impugnada “cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso”. La misma norma entrega un ejemplo: “como sería si se tratare de una sentencia que declare la nulidad de un matrimonio o permita el de un menor”. Este ejemplo permite decir que la excepción que establece el legislador atañe más bien a sentencias constitutivas, de modo que no afecta el régimen de ejecución provisional de sentencias de condena. Por ello, compartimos la precisión formulada por alguna doctrina, según la cual “no se divisa motivo por el cual no haya de cumplirse y, más tarde, dejarse sin efecto lo ejecutado, en torno a los efectos patrimoniales de una nulidad declarada”59.. C) Fianza de resultas en el recurso de casación El mismo art. 773 regula en sus incisos 2º , 3º y 4º una excepción al modelo no suspensivo del recurso de casación. Se trata de la fianza de resultas que puede pedir el recurrente de casación y que ha sido condenado por la sentencia impugnada. El inc. 2° señala que “la parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto la sentencia mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas”. Los incs. 3º y 4º indican la oportunidad y la forma para ejercitar este derecho: al mismo momento de interponer el recurso, en escrito separado y ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida. Así pues, nuestra ley se preocupa de balancear los derechos de los litigantes a través de esta caución, que solo podrá imponerse en la medida que el vencido lo haya solicitado en tiempo y forma. De todos modos, el Código se encarga de excluir de modo expreso a cierto tipo de litigantes, privándoles del derecho a pedir esta fianza: son los demandados que recurren en contra de la sentencia definitiva dictada en los juicios ejecutivos, posesorios, de desahucio y de alimentos. Nuestros autores explican esta exclusión preferentemente en razón de la facultad que el ordenamiento reconoce a estos demandados, para impugnar el fallo por vía de un juicio ordinario posterior60.. 59 60. TAVOLARI (1996) p. 67. TAVOLARI (1996) p. 68..
(19) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. 4.. A LGUNOS. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. CASOS ESPECIALES , DUDOSOS O POCO TRATADOS EN EL. ORDENAMIENTO CHILENO. A) Situación de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento ordinario de ejecución Como expusimos, en este procedimiento de ejecución es posible abrir una etapa de conocimiento, donde el tribunal de primera instancia tiene que dictar una sentencia definitiva por la cual resuelva si acoge o rechaza la oposición a la ejecución formulada por el ejecutado. De conformidad con lo dispuesto por los arts. 475, 481, 509, 510, 511 y 512 CPC, relacionados a su vez con el art. 194 N° 1 CPC, la apelación que deduzca el ejecutado en contra de dicha sentencia es, en principio, no suspensiva. Por consiguiente, la regla es que en este tipo de procedimiento ejecutivo se admita la ejecución provisional de la sentencia no firme, aunque con ciertas particularidades. Por exceder los propósitos de este trabajo, nos limitaremos a decir que si la sentencia definitiva desestima la oposición del ejecutado, la ley chilena autoriza el cumplimento de la misma, sin que –en principio– la apelación tenga un efecto suspensivo. Ahora bien, si el fallo ordena llevar adelante la realización de bienes (o sea, se trata de la llamada “sentencia de remate”), la ejecución puede avanzar hasta la consignación de los fondos obtenidos por esta vía. Según el art. 509 CPC, si el ejecutado deduce recurso de apelación en contra de dicha sentencia, el ejecutante únicamente podrá obtener el pago en la medida que caucione las resultas del recurso. Vale decir, se trata de una ejecución provisional “ope legis”, que en la parte final (pago) exige caución. Si, por el contrario, la resolución que falla la oposición del ejecutado ordena entregar la cosa que se debe (la denominada “sentencia de pago”), la apelación tiene efecto suspensivo y el art. 475 CPC solo permite llevar a cabo el cumplimiento de la resolución en caso que el ejecutante caucione las resultas del recurso. Con todo, el art. 512 CPC exige que la mencionada resolución se encuentre firme para proceder a la entrega al ejecutante de la especie que se debe y que está embargada. Por consiguiente, podríamos afirmar que estamos ante una suerte de ejecución provisional “ope legis” con caución, que únicamente puede llegar hasta el embargo de la cosa que se debe.. B) Efectos de la revocación o invalidación de las resoluciones que causan ejecutoria Este es un aspecto inexplorado en nuestro país, sobre el cual hay laguna legal, ausencia de jurisprudencia y muy poca doctrina. Los autores han hecho algunas calificaciones jurídicas del problema, acudiendo a los conceptos de condición resolutoria o nulidad procesal de pleno derecho. Es así como se ha dicho que en estos casos existe una condición resolutoria consistente en la revocación o invalidación del fallo61. En la misma línea, algunos sostienen que esta sentencia sería un “típico acto jurídico condicional”62. Otros, en fin, postulan que en el evento de 61 62. Así, MATURANA (1995) p. 132. C OLOMBO (1997) p. 48.. 39.
(20) 40. Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] M ENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. cumplirse dicha condición, el efecto que se produciría es la anulación de pleno de derecho de todo lo ejecutado63. Sin embargo, no queda claro cuál es el conjunto de consecuencias jurídicas derivadas de la revocación o invalidación de la sentencia ejecutada provisionalmente, ya que a falta de norma expresa en la ley procesal, habría que aplicar los preceptos del Derecho civil, conforme a los cuales la situación varía según se trate de una condición resolutoria cumplida o de una declaración de nulidad. Hay, en efecto, diferencias en cuestiones no menores, como la devolución de los frutos o el pago de las mejoras (arts. 1486, 1487, 1488 y 1689 del Código Civil, entre otros). En cualquier caso, a modo meramente referencial podemos citar dos preceptos procesales que pueden servir de base a futuros análisis. Uno es el art. 206 CPC, que regula los efectos de la resolución del tribunal de alzada en materia de recurso de hecho, en aquellos casos que declare admisible una apelación que había sido denegada por el juez a quo. La norma señala que en esta hipótesis, “quedarán sin efecto” las gestiones posteriores a la negativa del recurso y que sean una “consecuencia inmediata y directa” del fallo apelado. Con base en este texto legal, nuestra jurisprudencia ha señalado que la consecuencia es la “nulidad” de las actuaciones posteriores a la resolución del tribunal de primera instancia que negó la concesión de una apelación en ambos efectos64, criterio que podríamos trasladar al tema que analizamos. El otro precepto es el art. 339 inc. final CPC, que regula los efectos de la resolución de segunda instancia que falla una apelación de la resolución que recibe la causa a prueba. En la parte final se indica lo siguiente: “La prueba ya producida y que no esté afectada por la resolución del tribunal de alzada tendrá pleno valor”. A contrario sensu, si la decisión de segunda instancia afecta la prueba rendida ante el tribunal de primer grado (como ocurriría, por ejemplo, en caso que elimine un hecho de la sentencia interlocutoria de prueba), las probanzas pierden todo su valor, lo que también proporciona un antecedente de interés para el tópico que examinamos. A no dudarlo, esta es una materia que urge abordar en profundidad, pues parte importante de la ejecución provisional se concentra en este delicadísimo punto. Como se ha señalado en trabajos comparativos publicados en nuestro país, corresponde al “mal necesario” de la ejecución inmediata del fallo no firme, que debe asumir el legislador en pos de una más eficaz administración de justicia en primera instancia y para el cual no queda otro remedio que proceder a la restitución o a la compensación íntegra de lo ejecutado65.. C) Medidas cautelares No tenemos doctrina y jurisprudencia que proporcionen luces sobre la compatibilidad que puede existir entre la ejecución provisional y la tutela cautelar. Frente a ello, únicamente podemos formular algunas apreciaciones sobre las distinciones que notamos entre una y otra figura. 63. En este sentido, TAVOLARI (2000b) p. 269. Así, Canessa y otros con Ovalle (1928) p. 369; Del Villar con Smith (1952) p. 50. 65 C HOZAS (2007) p. 414. 64.
(21) Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N 0 1, pp. 21 - 50 [2009] MENESES PACHECO , Claudio. “La ejecución provisional en el proceso civil chileno”. Como hemos sostenido en otro trabajo66, nos parece que ambas instituciones procesales deben diferenciarse. La tutela anticipada consiste en la satisfacción de un derecho antes de la dictación de la sentencia definitiva, cuando en casos graves y urgentes la demora en la respuesta jurisdiccional puede provocar un perjuicio irreparable al actor. Es, por ende, una herramienta procesal que busca resolver el problema que genera el transcurso del tiempo en el proceso, del cual puede resultar un daño irremediable para el justiciable que formula la pretensión67. Se llama anticipada, precisamente porque importa un adelantamiento de la satisfacción de la pretensión del demandante, que en términos ordinarios debería quedar reservado para el momento de la dictación de la sentencia firme, e incluso más, para el instante del cumplimiento definitivo de lo resuelto. La anticipación consiste, pues, en apresurar la satisfacción predicha, a momentos procesales anteriores al fallo, los que de hecho pueden encontrarse en el mismo inicio de la causa. Es por lo mismo que seguimos pensando que no cabe confundir dicha tutela con la cautela procesal, que por definición debiera estar encaminada a asegurar, garantizar o proteger la eficacia de la pretensión y del fallo, más que adelantar los resultados de este68. De ahí que estimemos que los casos de ejecución provisional que se contemplan en nuestra ley, no podrían ser solucionados por la vía de medidas cautelares, las que –reiteramos– no están ideadas para colmar las expectativas finales del demandante, sino para resguardar la acción entablada a través de una vía sucedánea u homogénea a la ejecución, pero no idéntica a ella69.. D) Aceptación provisional de la demanda en el juicio sumario La aceptación provisional de la demanda es un mecanismo que recoge el art. 684 CPC y que ha sido calificado por una parte de la doctrina chilena como una modalidad de tutela anticipada70. El inciso 1° de la norma dispone lo siguiente: “En rebeldía del demandado, se recibirá a prueba la causa o, si el actor lo solicita con fundamento plausible, se accederá provisionalmente a lo pedido en la demanda”. A su vez, el inc. 2° indica: “En este segundo caso, podrá el demandado formular oposición, dentro del término de cinco días, contados desde la notificación; y una vez formulada, se citará a nueva audiencia, procediéndose como se dispone en el artículo anterior, pero sin que se suspenda el cumplimiento provisional de lo decretado con esta calidad, ni se altere la condición jurídica de las partes”. 66. MENESES (2008) pp.231-235. Para un cuadro conceptual, ROMERO (2001) Pp. 35-39, 62-67; ROMERO (2006) pp. 41-51; DE LOS SANTOS (1999) pp. 23-24. 68 en nuestra doctrina, en este sentido, P EREIRA (1992) P p. 81-98; en contra, aludiendo a la “finalidad anticipativa” de la tutela cautelar, MARÍN (2004) Pp. 237 ss.; aceptando excepcionalmente la finalidad anticipativa de la tutela cautelar en casos relacionados con protección de derechos fundamentales, ROMERO (2001) P p. 48 y 49; R OMERO (2006) pp. 44-46. 69 Sobre el requisito de la “homogeneidad”, T AVOLARI (1994b) pp. 144 y 145. 70 Así, R OMERO (2006) p. 46; calificándola como figura “sui generis”, R OJAS y V ENEGAS (1963) p. 153. 67. 41.
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sui generis
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