Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2011/as201112118.htm
Timestamp: 2020-03-30 10:09:41+00:00

Document:
201104-Sala Penal Segunda-2-118
Auto Supremo Nº 118 Sucre, 11 de abril de 2011
Expediente: Chuquisaca 59/2008
Partes: Nardi Elizabeth Suxo Iturry c/ Leopoldo Fernández Ferreira, Pedro Gómez Montero, Eldon Ribera Meireles y otros.
Delito: Incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, malversación y otros.
VISTOS: que la proposición acusatoria de Nardi Elizabeth Suxo Iturry, Viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, contra Leopoldo Fernández Ferreira, (Prefecto del Departamento de Pando), Pedro Gómez Montero, Eldon Ribera Meireles, Erick Archondo Calderón de la Barca, Eduardo Shimokawa Toranzo y Marleth Yepes de Carlo, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, conducta antieconómica y malversación, previstos y sancionados por los artículos 154, 146, 150, 224 y 144 del Código Penal.
CONSIDERANDO: que en cumplimiento al proveído de 14 de marzo de 2011, emitido por el Dr. Jorge I. Von Borries M., Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con relación a los casos signados con los Nº 262/2010; 263/2010 y 59/2008, por el que se recomienda resolver con juicio unido, los casos anotados.
Estos casos merecen ser acumulados, toda vez, si los dos primeros, corresponden al último, que por actuaciones imprecisas del Ministerio Público fueron desdobladas. En autos, de una prolija revisión de los casos señalados en el exordio se concluye que en el desarrollo de la investigación, la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, fue encargada de ejercer el "control jurisdiccional", observando el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y las normas del Código de Procedimiento Penal previstos en los artículos 54 inciso 1) y 279, por ello, los involucrados en los casos de investigación referidos tuvieron a su alcance los medios legales, respecto a la garantía de sus derechos fundamentales. La Constitución, por ser norma suprema del Estado Plurinacional a diferencia de las demás normas del ordenamiento jurídico, tiene dos cualidades esenciales, la primera, su operatividad en el tiempo, principio a partir del cual se articula su segunda cualidad, referente a su aplicación inmediata a todas las situaciones existentes y pendientes de resolución, y a partir de estas dos cualidades esenciales de la Ley de Leyes Plurinacional, se establece otro principio fundamental, el de irradiación de esta norma Suprema que informa, integra y sistematiza a todo el cuerpo normativo existente. Vigente, la Constitución Política del Estado del año 2009 y al haber dejado sin efecto en su Disposición Abrogatoria a la Constitución de 1967 y sus posteriores reformas, las cualidades de la nueva norma descrita hacen que la misma sea plenamente aplicable en la especie.
CONSIDERANDO: que la presente causa, principal, caratulado "Chuquisaca 59/2008, al que se acumulan los casos Nº 262/2010 y Nº 263/2010", pendientes de resolución gozaban de privilegio constitucional al haberse iniciado con la Constitución abrogada, sin embargo deberá ser resuelta al abrigo del nuevo orden constitucional vigente, que en su artículo 184-4) reconoce que únicamente gozan de privilegio constitucional la Presidenta o Presidente del Estado y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado y en el marco de los lineamientos normativos establecidos en la Ley Nº 044 de 8 de octubre de 2010, adecuando la presente litis a la Nueva Constitución Política del Estado, que ha cambiado todo el ordenamiento jurídico incluidas las normas constitucionales respecto a la protección de determinadas autoridades, privilegio constitucional que alcanzaba a autoridades como a Prefecto de Departamento.
A mayor abundamiento y bajo las premisas antedichas cabe recordar nuevamente los alcances del artículo 184 numeral 4) de la Nueva Constitución Política del Estado, establece: "Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato". En la misma dirección la Ley Nº 044 de 8 de octubre de 2010 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente. De Altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, en su Disposición Transitoria Primera, permite continuar la prosecución de causas pendientes en casos especiales: "Los juicio de responsabilidades que se encuentran sustanciando la acusación contra Presidentes y/o Vicepresidentes de la República, Ministros y Prefectos de Departamento, por una parte, y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República, por otra, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se sustanciarán y resolverán de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 2445 de 1 de marzo de 2003 y Ley Nº 2623 de 22 de diciembre de 2003. Y, la Disposición Transitoria Segunda, prevé: I. Los juicios de responsabilidad a Altos Dignatarios de Estado, en trámite de aprobación legislativa, serán resueltos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 2445, debiendo la Asamblea Legislativa Plurinacional, asumir las funciones que correspondan del extinto Congreso Nacional, y el Tribunal Supremo de Justicia las funciones de la Corte Suprema de Justicia. II. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, conocerá el requerimiento acusatorio e informará al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectos de autorización legislativa.
CONSIDERANDO: que los datos del proceso investigativo, no dan mérito a que la ex autoridad involucrada, Ex Prefecto de Departamento, sea acogido por el alcance de las normas referidas, por cuanto en el caso de autos: a) el juicio de responsabilidades, aún no fue iniciado y no se esta aún sustanciando la acusación; b) Tampoco se encuentra pendiente de aprobación legislativa; c) Por consiguiente es inviable la aplicación de la Ley Nº 2445 de 1 de marzo de 2003 y la Ley Nº 2623 de 22 de diciembre de 2003, al estar abrogadas por la vigente Constitución Política del Estado Plurinacional, y constar en obrados que la reapertura de la investigación es de diciembre de 2009 cursante a fojas 85 y 96 e informe a Sala Plena, por los Ministros de la Sala Penal Segunda en 18 de agosto de 2010. Teniendo en cuenta lo expuesto y rescatando el mensaje del legislador, existe la certidumbre de que las disposiciones legales aludidas no otorgan competencia alguna al Tribunal Supremo de Justicia para juzgar como tribunal colegiado, ni a sus salas especializadas para ejercer el "CONTROL JURISDICCIONAL DE LA INVESTIGACION", con relación a "PREFECTO DE DEPARTAMENTO". El ciudadano Leopoldo Fernández Ferreira, ex Prefecto del Departamento de Pando, así como a las autoridades de rango inferior involucradas corresponde sean procesadas por Tribunales Jurisdiccionales competentes en la vía ordinaria. Al respecto, la competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos órganos del Estado de una cantidad de jurisdicción respecto de determinadas pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos de su clase, ese órgano especial es llamado tribunal. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional, por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad, dicho de otro modo, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia en relación a cada caso concreto.
En ese sentido, el artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, prevé: "La incompetencia por razón de materia será declarada, aún de oficio, en cualquier estado del proceso. Cuando se la declare, se remitirán las actuaciones al Juez o al Tribunal competente que corresponda, se pondrán los detenidos a su disposición. La inobservancia de las reglas de la competencia por razón de materia producirá la nulidad de los actos", asimismo, el artículo 168 de la misma Ley manda: "Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido".
Que, en la especie, queda claro la existencia de un juez penal competente para el control de la investigación, entre otras cosas, de la legalidad de los actuados investigativos, que constituye uno de los pilares fundamentales de la justicia, valor supremo que se erige para salvaguardar los derechos humanos fundamentales, combinada al mismo tiempo con una sana y correcta administración de justicia, salvaguardando los actos investigativos y procesales efectuados en la presente litis cuyos actuados se mantienen firmes, habida cuenta si corresponde a la justicia penal el conocimiento de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, con la participación de cuyos especie misma Ley mandaia en relacis ejercen su jurisdiccila Presidenta de la Sala Penal Primera Ministra Ana María Forest Cors, de acuerdo a las previsiones y alcances del artículo 184-4) de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Nº 044 de 8 de octubre de 2010, Disposición Transitoria primera y segunda; artículos 46 y 168 del Código de Procedimiento Penal DECLINA COMPETENCIA de los casos acumulados señalados en el primer considerando, y dispone por Secretaría de Cámara se remitan los originales de lo obrado, con nota de atención al Presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, para que dicha autoridad instruya el envió del sublite a conocimiento del Juez de Instrucción en lo Penal competente con asiento en la ciudad de La Paz, toda vez, si el imputado Leopoldo Fernández Ferreira, tiene residencia y es habido en esa jurisdicción, quedando en este despacho fotocopias legalizadas de las partes fundamentales de los casos acumulados signados con los Nº 262/2010; Nº 263/2010 y Nº 59/2008.
Ministra: Ana María Forst Cors

References: resolución 
 artículo 184
 artículo 184
 artículo 46
 artículo 168
 artículo 184