Source: http://www.venezuelaprocesal.net/CriterioSustitucionpatrono.htm
Timestamp: 2018-02-20 10:06:09+00:00

Document:
SCS 19-9-01
SUSTITUCIÓN DE PATRONO
Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº 01-176, sentencia Nº 223:
Ahora bien, esta Sala de Casación Social antes de pronunciarse sobre la procedencia o no de la presente delación, desea en primer término realizar ciertas consideraciones sobre la figura conocida como Sustitución de Patrono.
Efectivamente, el Dr. Rafael Alfonzo Guzmán, en su obra “Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana”, trata el punto en cuestión realizando las siguientes consideraciones:
“Existe sustitución de patrono cuando el propietario o poseedor de una empresa, establecimiento, explotación o faena, trasmite sus derechos a otra persona natural o jurídica, que continúa la misma actividad económica o, al menos, la prosigue sin alteraciones esenciales.
Para que se de la sustitución de patrono –escribe Mario de la Cueva– no basta que los productos de la negociación o parte de la maquinaria, útiles o enseres, se vendan, sino que es preciso que se transmita la empresa misma, como unidad económica-jurídica o una parte de la propia empresa que, a su vez, constituya una unidad económica jurídica; en el primer caso, la sustitución de patronos es total, en el segundo, sólo se opera con relación a los trabajadores que prestan sus servicios en la sucursal o dependencia cedida. (Negrillas de la Sala).
De lo supra transcrito, se evidencia que según lo establece la doctrina mexicana, fuente de inspiración del Derecho Laboral Venezolano, pueden existir dos tipos de sustitución de patrono, las cuales a saber, como lo indica Mario de la Cueva, son, por una parte, la sustitución total, la cual se materializa cuando se trasmite la empresa misma, como unidad económica-jurídica y, por la otra, una parte de la propia empresa que, a su vez, constituya una unidad económica.
Al adminicular el criterio expresado al caso en estudio, podemos determinar que lo que demostró el demandante es que existió una sustitución de patrono, criterio éste que la Sala comparte, pues, tal y como se evidencia de autos, el demandante, al ser trasladado a Venezuela, continuó prestando sus servicios en una sucursal de la empresa domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica, existiendo en tal sentido, la continuidad de la relación laboral.
Es por los motivos expuestos, que la Sala estima que en el presente caso si se materializó la figura de Sustitución de Patrono y que por ese mismo motivo no era necesario proceder a la citación de las demás empresas, tales como, Occidental Petroleum Corporation Inc. (OXY), Occidental Oil and Gas Corporation (OXY) y Occidental Exploration and Producción Company (OXY), pues, las mismas no son las demandadas.
SCS 21-6-00
Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo. Exp. Nº 98-776, sentencia Nº 206:
El Tribunal de alzada decidió que el Instituto Venezolano de Petroquímica tenía el carácter de Instituto Autónomo y por ende el personal de empleados dependiente del mismo tenía y gozaba de las prerrogativas de un funcionario público sujeto al régimen de la Ley de Carrera Administrativa y a partir de su ingreso a la empresa PETROQUÍMICA DE VENEZUELA S.A. (PEQUIVEN) estaba sujeto al régimen establecido en la Ley del Trabajo, motivo por el cual no le es aplicable la figura de sustitución de patrono prevista para las relaciones sujetas a otro ordenamiento jurídico.
Ahora bien del detenido examen realizado por la Sala de la decisión impugnada y del conjunto de normas antes indicadas que tienen relación directa con la solución legal de este caso, se evidencia que el Juez de Alzada estableció como cierto el hecho que el demandante trabajó en el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP) desde el 15 de noviembre de 1967 hasta el 1º de diciembre de 1977 y que le pagaron sus prestaciones sociales.
Ahora bien el Instituto Venezolano de Petroquímica era un Instituto Autónomo, es decir, una persona jurídica de Derecho Público, perteneciente a la Administración Pública Nacional descentralizada funcionalmente, y las personas que allí laboraron eran empleados, funcionarios o servidores públicos vinculados con el Estado por una relación de empleo público, que estuvo regida por las normas sobre Carrera Administrativa Nacional, concretamente por la Ley de Carrera Administrativa en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración y estabilidad y no por la Ley Orgánica del Trabajo, la cual sólo es aplicable al caso de autos en lo relativo a los beneficios acordados por ésta si no están previstos en la Ley de Carrera Administrativa, y en lo relativo a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 8º y 15 de la Ley Orgánica del Trabajo y 1º de la Ley de Carrera Administrativa.
A juicio de esta Sala la relación de empleo público rigió hasta el 1º de diciembre de 1977, a partir de cuya fecha nace una relación de empleo normada por la Ley Orgánica del Trabajo.
Además el actor alegó en su libelo que el Instituto Venezolano de Petroquímica le pagó sus prestaciones sociales correspondientes al período en que desempeñó labores en el Instituto desde el 15 de noviembre de 1967 hasta el 1º de diciembre de 1977, y por tanto, a los efectos de la determinación de sus prestaciones sociales en PEQUIVEN, bajo ninguna circunstancia es computable el tiempo de servicio del funcionario en organismos de los cuales hubiere percibido el pago de sus prestaciones sociales, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en concordancia con lo establecido en el artículo 4º de la Circular Nº 10043 que contiene las Normas sobre el Retiro y Pago de Prestaciones Sociales y Vacaciones no disfrutadas a los Funcionarios Públicos Nacionales.
En relación con la sustitución de patrono en los casos de los empleados públicos, el Profesor OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ expresa:
“De todo lo expuesto puede concluirse que para que exista una sustitución de patronos es necesario que se produzca la transferencia de la titularidad de una empresa sujeta a las normas del Derecho del Trabajo, puesto que es éste el que establece esta peculiar institución, diferente, como se ha dicho, de otras que regulan situaciones de transferencias de derechos en los campos del Derecho Civil o Mercantil.
En el caso de los empleados de empresas que asumieron las actividades de entes públicos privatizados y que con anterioridad sus servicios a éstos entes, no es jurídicamente posible que se haya producido una sustitución de patronos, ya que los mismos pasaron de un régimen de Derecho Administrativo, como el que correspondía a los empleados de dicho ente a un régimen de Derecho del Trabajo, conforme al cual prestan sus servicios a empresas que asumieron sus actividades. Por tanto, no puede haber sustitución de patronos porque el ente público no era patrono, en el sentido del Derecho Laboral, ni los referidos empleados tenían con dicho ente un contrato de trabajo. No habiendo contrato de trabajo y no siendo el ente un patrono, mal pueden los referidos empleados pretender que la compañía que asumió las actividades sustituyó las obligaciones de un patrono inexistente en un contrato de trabajo que tampoco existía.
El artículo 25 de la derogada Ley del Trabajo decía que “la sustitución de patronos no afectará los contratos de trabajo existentes.” El artículo 90 de la Ley vigente dice que “la sustitución de patronos no afectará las relaciones de trabajo existentes.” En uno y otro caso la norma señala un requisito básico para su aplicación: la preexistencia de un contrato o relación de trabajo. Entre el ente público y sus ex-funcionarios que hoy prestan servicios a las empresas privadas que asumieron sus actividades, no existió, ni podía existir por imperativo legal, un contrato o relación de trabajo. Por tanto, no se produce la continuidad en la vinculación jurídica entre las partes requerida para que se produzca la sustitución de patronos y los efectos que de ella emanan de acuerdo con la legislación laboral. No hay la continuidad del trabajador, en el sentido que este concepto tiene en el Derecho Laboral, porque los referidos antiguos funcionarios públicos de los entes públicos privatizados asumieron la condición de “trabajadores” cuando comenzaron a prestar servicios a las nuevas empresas privadas, pero no la tenían cuando trabajaban para el ente público; entonces eran “funcionarios públicos”, vinculados al Estado por una relación de empleo público y no por una relación laboral o contrato de trabajo. Ello significa que no existe continuidad en la relación de los ex-funcionarios del ente público que continuaron trabajando en la empresa privada que asumió sus actividades. Ellos concluyeron su relación con aquél –relación de Derecho Público, sujeta a la Ley de Carrera Administrativa- y, posteriormente, dieron inicio a una relación de Derecho Privado, sujeta a la legislación laboral, con la nueva empresa.
Por otra parte, ha quedado claramente establecido que la sustitución de patronos opera en el ámbito de la empresa y se fundamenta en el concepto de empresa. Para su procedencia, se requiere que el titular de una empresa haya transmitido tal titularidad a otra persona. Y resulta que en el caso de los entes públicos privatizados tal situación no podría producirse, porque el ente público no puede ser considerado como una “empresa”, ya que no reúne las características que conforman el concepto de “empresa” en nuestra legislación laboral, las cuales están establecidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo que dice: “Para los fines de la legislación del Trabajo se entiende por empresa la unidad de producción de bienes o servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro”, siendo obvio que los entes públicos no tienen este tipo de fines”. (HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, O. “La Sustitución de Patronos. Especial consideración a los casos de privatización”, Revista de la Facultad de Derecho UCAB, Caracas).”
En relación con la sustitución de patrono en las relaciones de empleo público, RAFAEL ALFONZO GÚZMAN señala:
“Una frecuente confusión entre los dos órdenes de deberes que han quedado señalados explica el error de pretender que la asunción por la C.V.P., S.A., de la carga económica de pagar el pasivo de su predecesora (nos referimos al Instituto Autónomo Corporación Venezolana del Petróleo, ente de derecho público cuya organización y funcionamiento se reguló por las normas legales dictadas por el Estado para regir su actividad, y cuyas relaciones con los miembros de su personal quedaron sujetas a las disposiciones del Reglamento de Administración de Personal para los Servidores del Gobierno Nacional –Decreto 394, del 14-11-60- y, desde el 09-09-70, a los preceptos de la Ley de Carrera Administrativa), equivale al deber jurídico de mantener y ejecutar los contratos de trabajo…”.
La confusión a que hemos aludido antes proviene, con seguridad, de una apariencia con poder de convicción, pero carente de una sólida fundamentación técnica: la sustitución de patronos se verificó al producirse la transformación del instituto autónomo en sociedad mercantil de idéntico objeto -que prosiguió desarrollándose normalmente-, y respetarse la continuidad de los servicios del antiguo personal. Sin embargo, más de cerca observada, puede advertirse una marcada diferencia, pues si en el caso en estudio hubo continuidad de los servicios, no hubo en cambio continuidad de contratos ni continuidad de la legislación aplicable”. (ALFONZO GUZMAN, R. “Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana”, Tomo I, Contemporánea de Ediciones, 2ª Edición, Caracas, 1985, pp. 543-544.)”
En relación con la sustitución de patrono en las relaciones de empleo público, la Sala de Casación Civil en auto de 20 de enero de 1998 estableció:
“Del estudio de las actas que conforman el expediente, evidencia esta Sala que el caso de autos trata de una demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos, contra el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), dado que el actor se desempeñó como profesor de contabilidad general desde 1975 hasta 1992, sin embargo, en los dos últimos años prestó sus servicios para la Asociación Civil Ince Miranda A.C., la cual está regida por el Reglamento de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa.”
Ahora bien, la Sala en reciente decisión estableció lo siguiente:
En virtud de las razones expuestas, esta Sala abandona el criterio sustentado hasta la presente fecha, y considera que no opera la sustitución de patronos en el presente caso, en el cual el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), se transformó, en el Estado Carabobo, en el INCE-Carabobo, A.C., modificando sustancialmente su regulación jurídica y la naturaleza de las relaciones laborales con sus empleados. Así se decide.
En el caso bajo estudio, el ente demandado lo es el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), y aun cuando el accionante prestó sus servicios para la Asociación Civil Ince Miranda A.C., no es contra este último que se dirige su acción.
Aunado a ello, cabe destacar que el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) es un Instituto Autónomo cuyos trabajadores se encuentran tutelados por la Ley de Carrera Administrativa, estableciéndose por tanto con el organismo demandado, una relación de empleo público.
Siendo ello así, los trabajadores de este ente tienen el carácter de funcionarios públicos, de lo que se infiere que dichos trabajadores se rigen por la Ley de Carrera Administrativa”.
En el presente juicio y como ha quedado establecido, el actor trabajó para el Instituto Autónomo, y por lo tanto era un empleado público regido por la Ley de Carrera Administrativa, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 15 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 1º de la Ley de Carrera Administrativa, razón por la cual al estar regulado por un régimen laboral distinto, no son aplicables al caso de autos las normas sobre sustitución de patrono contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo.
La razón anterior por sí misma sería suficiente para declarar improcedente la denuncia de falta de aplicación de las normas en cuestión, pero la Sala considera importante agregar que a los funcionarios públicos no le son aplicables las normas sobre sustitución de patrono, en ningún caso, porque para que obre una sustitución de patrono deben darse dos requisitos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica del Trabajo, a saber: 1º La enajenación de la empresa, por su titular, mediante un negocio jurídico, a otra persona natural o jurídica distinta; y, 2º Que el nuevo patrono continúe el ejercicio de la actividad anterior con el mismo personal e instalaciones materiales, supuestos estos que no se cumplen en el caso de autos, porque se trata de una relación de empleo público que no admite la sustitución de patrono, y además, porque no se trasmitió la propiedad, titularidad o explotación de una empresa o establecimiento de una persona natural o jurídica a otra distinta, pues lo que ocurrió en realidad fue que en cumplimiento de la Ley de Conversión del Instituto Venezolano de Petroquímica en Sociedad Anónima, el Instituto Autónomo para el cual trabajaba el actor se transformó en Sociedad Anónima, por lo cual no hubo ningún negocio jurídico: gratuito u oneroso; inter vivos o mortis causa, mediante el cual se transfiriera la propiedad o titularidad de una empresa, establecimiento, explotación o faena, en los términos establecidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo, de una persona natural o jurídica a otra persona distinta, pues sólo convirtió el Instituto Autónomo en Sociedad Mercantil.
Además el ente público no es un patrono en el sentido del Derecho Laboral; el empleado no tenía con dicho ente un contrato de trabajo, en los términos de la Ley Orgánica del Trabajo, pues antes era un empleado público y después pasó a ser un trabajador y por ello, en el caso de autos, no hay continuidad en la vinculación jurídica entre las partes, requerida para que se produzca la sustitución de patrono, todo lo cual indica que el supuesto de hecho de las normas sobre sustitución de patrono y el del caso concreto, son distintos y por lo tanto no pueden ser aplicadas las referidas normas al caso de autos. No obstante lo anterior, la situación en que no se aplicará lo expresado, será en la excepcional circunstancia en la que pueda concluirse que hay continuidad en el vínculo de dependencia, por cuanto las funciones del trabajador, en esta situación fueron y continuaron siendo dirigidas y determinadas por las políticas que en el área establezca el Ejecutivo Nacional. Es decir, la situación en la cual las nuevas labores se sigan prestando bajo la dependencia y subordinación a las directrices del Ejecutivo Nacional, impartidas al órgano competente en el cual presta el servicio el trabajador.
Por último, tal como ya fue señalado, el Tribunal de alzada estableció que el actor recibió el pago de las prestaciones sociales que le correspondían por el período laborado en el Instituto Venezolano de Petroquímica y por cuanto no está configurada la sustitución de patrono alegada, le es aplicable lo previsto en los artículos 37 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en concordancia con el artículo 4º de las Normas sobre el Retiro y Pago de Prestaciones Sociales y Vacaciones no disfrutadas a los Funcionarios Públicos Nacionales.
SCS 29-6-00
Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Exp. Nº 00-085, sentencia Nº 212:
Se evidencia de autos, que el patrono accionado pretende eximir su responsabilidad frente al auto de ejecución de sentencia de fecha 19 de julio de 1999, en virtud de que no tiene cualidad pasiva para ser susceptible de una medida ejecutiva forzosa, ya que nunca participó del presente proceso, y por lo tanto es un tercero sin interés jurídico.
A la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando un patrono es sustituido por otro, a éste le subsiste la responsabilidad del patrono anterior, entre otras cosas, por los juicios laborales pendientes, caso en el cual, podrán ejecutarse las sentencias definitivas contra el patrono sustituido o el patrono sustituto.
Estableció el sentenciador de alzada en su fallo de fecha 14 de diciembre de 1999 que:
“(...) se evidencia que las actividades desarrolladas por la empresa demandada Di-Mamusa de Occidente S.A. fueron integradas a la sociedad mercantil MANUFACTURAS MÚLTIPLES S.A., asumiendo ésta los convenios, acuerdos y contratos actuales, constatándose de la instrumental consignada que ambas empresas tienen los mismos accionistas y aun cuando poseen personalidad jurídica distinta, no obstante al ser integrada una a la otra, absorbiendo Manufacturas Múltiples S.A. las actividades de aquélla, es posible concluir que se ha producido una sustitución de patrono, la cual ha debido ser notificada al trabajador por escrito conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que de lo contrario no surte efecto en perjuicio del mismo, pudiendo ser ejecutada la Sentencia Definitiva indistintamente contra el patrono sustituido o contra el sustituto a tenor de lo previsto en el artículo 90 ejusdem.“
En el caso sub iudice, se verifica la procedencia del artículo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual es indiscutible la pretendida falta de procedencia de la ejecución de sentencia contra la empresa Manufacturas Múltiples (MAMUSA), la cual absorbió las actividades de la empresa Di-Mamusa de Occidente S.A.. Así se declara.
De la decisión proferida por el sentenciador de alzada, se hace evidente que dicho fallo contra el cual se anunció el extraordinario recurso de casación y fue admitido en dicha instancia, constituye un auto dictado en ejecución de sentencia, el cual no resuelve puntos esenciales no controvertidos en el proceso, ni provee contra lo ejecutoriado o lo modifica de manera sustancial, así como tampoco contra ella se han agotado todos los recursos ordinarios, en razón a ello, la naturaleza del fallo no se subsume dentro del supuesto previsto en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establecen los requisitos de admisibilidad del recurso de casación contra los autos dictados en ejecución de sentencia.
En sentencia de fecha 12 de abril de 2000, ha señalado esta Sala de Casación Social, con respecto a casos como el de marras, lo siguiente:
“(...) los únicos autos o sentencias que pueden ser recurribles en casación, son aquellos que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, siempre y cuando contra ellos se hubieren agotado todos los recursos ordinarios, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, pues resulta evidente que el espíritu y razón de esta norma, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, ya que se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que se ejecuta, incurra en el error de alterar, modificar o contrariar los efectos de aquélla.”
Así pues, esta Sala de Casación, al verificar la admisibilidad del presente recurso de casación, ha constatado que el mismo no se sumerge dentro de los diversos supuestos establecidos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de lo cual deberá declararlo inadmisible. Así se establece.
SConstitucional 31-5-00
Ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero. Exp. Nº 00-0436, sentencia Nº 499:
Observa esta Sala que, en el caso de autos, la sentencia contra la cual se interpuso la presente acción, ha sido dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando como alzada del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio relativo a la demanda incoada por el ciudadano ALFONSO RIVERA SUAREZ contra la empresa HOTELES DORAL C.A.
En la decisión accionada, el mencionado Juzgado Superior revocó el auto de fecha 23 de febrero de 1999 dictado por el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y en consecuencia, ordenó al prenombrado Juzgado “...que dicte un nuevo mandamiento de ejecución que comprenda tanto al patrono sustituido como al patrono sustituto, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Trabajo”, fundándose en las siguientes consideraciones:
“...el término pasivo en la representación financiera comercial, está constituida por una disminución cierta o eventual del activo y por lo tanto en esa Cláusula diecisiete (17), se incluyó a los trabajadores que para la fecha en la cual fue suscrito el Contrato de Concesión tenían litigios pendientes con el patrón sustituido y ello lo conocían con certeza, la concesionaria, pues los términos de redacción de la Cláusula tantas veces mencionada, no dejan ninguna duda por despejar en este sentido y no puede obligarse al trabajador con una carga distinta a la establecida por la Ley, revirtiéndole en su contra las consecuencias sutiles que pudieran perjudicarlo contenidas en un contrato en el cual él no participó y que de hacerlas valer en su perjuicio constituiría una violación de la normativa de orden público contenido en la Legislación Laboral, la cual es protectora de los trabajadores.
...este Tribunal Superior considera que, en el presente caso si están dados los requisitos de sustitución y solidaridad exigidos por los artículos 88 y 89 de la misma Ley.
...para la fecha en la cual fue firmado el contrato de concesión entre la empresa sustituta y el patrono sustituido, ya cursaba por ante los Tribunales competentes del Trabajo, la acción intentada por el ciudadano Dr. ALFONSO RIVERA SUAREZ y tal como se evidencia del contrato que cursa a los autos, el sustituto tuvo conocimiento cierto y oportuno de que ante la jurisdicción laboral cursaba acciones de igual naturaleza, constitutivas de pasivos que élla (sic) se comprometió a pagar, por lo tanto pudo comparecer a juicio y hacer valer sus derechos, ejerciendo todas aquéllas defensas y recursos que la Ley le concede y no mantener una conducta remisa y negligente para alegar, en la fase de ejecución, que ella no tiene la obligación de pagar porque no contrató con el trabajador...”.
Observa esta Sala que los apoderados judiciales de la empresa CORPORACIÓN L’ HOTELS C.A. fundamentaron la acción de amparo en el hecho de que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al ordenar que se dictara un nuevo mandamiento de ejecución, en el cual se decretara medida de embargo sobre los bienes de su representada, violó los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la propiedad, consagrados en los artículos 68 y 99 de la Constitución de 1961 y actualmente previstos en los artículos 49 y 115 de la Constitución de 1999, al estimar que el contrato de concesión suscrito con la empresa HOTELES DORAL es “…un contrato mercantil que no daña ni aprovecha a terceros y sólo tiene efectos y consecuencias jurídicas y obligacionales entre las partes que lo suscribieron...”.
Al respecto, esta Sala considera necesario referirse a los artículos 88, 89 y 90 de la Ley Orgánica del Trabajo que regulan lo referente a la sustitución del patrono, y que disponen lo siguiente:
“Artículo 88: Existirá sustitución del patrono cuando se trasmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen realizándose las labores de la empresa.
Artículo 89: Cuando el nuevo patrono continúe el ejercicio de la actividad anterior con el mismo personal e instalaciones materiales, independientemente del cambio de titularidad de la empresa, se considerará que hay sustitución del patrono.
Artículo 90: La sustitución del patrono no afectará las relaciones de trabajo existentes. El patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de la Ley o de los contratos, nacidas antes de la sustitución, hasta por el término de prescripción previsto en el artículo 61 de esta Ley.
Concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono, salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o contra el sustituto. La responsabilidad del patrono sustituido sólo subsistirá, en este caso, por el término de un (1) año contado a partir de la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme”.
Observa también la Sala que a los folios 97 al 116 del presente expediente cursa el contrato de concesión de fecha 2 de enero de 1995, suscrito por las empresas HOTELES DORAL, C.A. y CORPORACIÓN L’ HOTELS, C.A., en cuyas cláusulas Nros. 3, 11, 15, 17 y 22 se dispuso lo siguiente:
“CLAUSULA N° 3.- DEL CARÁCTER DE SERVICIO PUBLICO
‘LA CONCESIONARIA’ reconoce y acepta que el objeto de este contrato es la prestación de un servicio público y que su interrupción, suspensión, falta de continuidad o alteración de su frecuencia, puede ocasionar perjuicios a ‘LA PROPIETARIA’ como también a la comunidad servida...”.
“CLAUSULA N° 11.- DE LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS
Las operaciones que deben realizarse para la prestación de los servicios deben ser continuas, con la frecuencia establecida en el ‘Plan Operativo’ destinado a mantener la clasificación cuatro (4) estrellas que tiene el hotel actualmente...”.
“CLAUSULA N° 15.- DURACIÓN DEL CONTRATO
Este contrato de Concesión tendrá una duración de veinte (20) años contados a partir del primero (1) Junio de 1995...”.
“CLAUSULA N° 17.- DEL PAGO DE LA CONCESIÓN
’LA CONCESIONARIA’ en cumplimiento de lo pautado en el Numeral 20 de las Condiciones Generales de Licitación y lo manifestado en su oferta y en la comunicación de fecha (01) de Diciembre de 1.994, pagará por cuenta de ‘LA PROPIETARIA’ los siguientes pasivos:
1) Todos los pasivos laborales, entendiéndose como tales los salarios pendientes, las prestaciones sociales reclamadas por vía amistosa o contenciosa, incluyendo los costos y costas si las hubiese...”
“CLAUSULA N° 22.- DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS
‘LA CONCESIONARIA’ reconocerá y respetará a los propietarios el uso exclusivo de su apartamento por cuatro (4) semanas del año natural, de las cuales, el propietario elegirá dos (2) en la temporada que decida y dos (2) en temporada baja. Estas cuatro (4) semanas que elija, serán sus semanas y como tales serán reservadas durante el lapso de concesión por ‘LA CONCESIONARIA’...”.
Del texto de las cláusulas antes transcritas, se constata que en el presente caso están dados los supuestos para que se considere configurada la sustitución de patrono prevista en las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo transcritas supra, por lo que habiendo sido incoada y decidida la demanda interpuesta por el ciudadano ALFONSO RIVERA SUAREZ contra la empresa HOTELES DORAL (patrón sustituido) en una fecha anterior a la oportunidad en que se produjo la sustitución, la sentencia definitiva podía ejecutarse contra la empresa accionante en virtud de su condición de patrón sustituto.
Siendo ello así, esta Sala considera que la sentencia aquí accionada se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que la cosa juzgada podía recaer sobre la empresa CORPORACIÓN HOTELS, C.A., aun cuando ella hubiese sido o no parte en el referido juicio laboral, y por tanto, contrariamente a lo afirmado por la accionante, la medida de embargo decretada en su contra en el fallo accionado no es violatoria de los derechos constitucionales por ella invocado, debiendo por tanto declarar sin lugar la acción de amparo ejercida, y así se decide.

References: artículo 37
 artículo 4
 artículo 25
 artículo 90
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 312
 artículo 312
 artículo 312

Artículo 89

Artículo 90
 artículo 61