Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-56513833
Timestamp: 2020-02-27 18:26:03+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 025/09 de Corte Constitucional, 27 de Enero de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 56513833
Sentencia citada en: 100 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 237 (parcial), 242 (parcial), 243, 244 (parcial) y 245 de la Ley 906 de 2004''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal''.
E.S.R. y otro.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, los ciudadanos E.S.R. y J.M.H.E., demandaron los artículos 237 (parcial), 242 (parcial), 243, 244 (parcial) y 245 de la Ley 906 de 2004, ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007.
Mediante Auto del treinta y uno (31) de marzo de dos mil ocho (2008), el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó además comunicar la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia, al Presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Director del Colegio de Defensores Públicos de Bogotá, y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Rosario, J. y Andes, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
ARTÍCULO 242. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de F.ías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.
ARTÍCULO 243. Entrega vigilada. El fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para creer que el indiciado o el imputado dirige, o de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o también cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua, previa autorización del Director Nacional o Seccional de F.ías, podrá ordenar la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados.
Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer su legalidad formal y material.''
En ese sentido, afirman que las normas objeto de reproche constitucional prescinden de la participación de uno de los sujetos procesales esenciales en la dinámica del sistema penal con tendencia acusatoria, cual es, la defensa, pues al no ser tenida en cuenta para efectos del control posterior ante el juez de control garantías frente a diligencias de allanamientos, interceptaciones telefónicas y de correspondencia, y recuperación de información dejada en internet, favorece la posición de la F.ía en lo que guarda relación con el derecho a la defensa, a la contradicción probatoria, a la igualdad de las partes y al debido proceso, en tanto se limita temporalmente el ejercicio de la defensa sólo al momento en que se adquiera la calidad de imputado o en que se es capturado.
Artículo 242. Actuación de agentes encubiertos. Para los demandantes, si bien la orden que expide el F. deviene legítima para utilizar agentes encubiertos, en tanto con ello se fortalece la política criminal del Estado y se dota eficazmente a este último para combatir el delito, lo cierto es que en la diligencia de revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control de garantías, prevista en el citado artículo, se excluye la participación de la defensa, por cuanto como quedó expuesto anteriormente, no ha sido formulada la imputación.
Ahora bien, los demandantes también sostienen que pese a que el artículo 237 de la Ley 906 de 2004 fue modificado por el artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, tal precepto conservó su concepción inicial según la cual, la defensa puede ser efectivamente ejercida una vez se haya adquirido el carácter de parte a través de la formulación de la imputación. En efecto, afirman que durante la fase de diseño del nuevo ordenamiento procesal penal, fue objetivo primordial de la F.ía el que en la etapa de investigación preliminar no se ejerciera el derecho a la defensa ni se notificara a los indiciados, no obstante los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional Los demandantes traen a colación la Sentencia C-799 de 2005, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada del primer inciso del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, en tanto el derecho a la defensa sólo se adquiere a partir del reconocimiento de la condición de imputado. En ese sentido, se consideró que ello no obstaculizaba el pleno ejercicio del derecho a la defensa, incluso, desde antes de la imputación, es decir, durante la etapa de investigación preliminar o previa. en la materia, principalmente orientados a que la investigación preliminar sea notificada.
Sobre esa línea de interpretación, el no permitir que la persona ejerza cabalmente su derecho a la defensa desde que se inicia una investigación en su contra, sea ésta preliminar o no, conlleva a potenciar los poderes investigativos del Estado sin razón o justificación constitucional alguna en desmedro del derecho a la defensa de la persona investigada; lo cual, a su vez, implica la vulneración del derecho a la igualdad de las partes, en atención al desequilibrio que se genera entre la defensa y la F.ía.
Bajo tal consideración, advirtió que no comparte el criterio de los demandantes en relación con el cual se asegura que el control de legalidad es meramente formal y superficial de las facultades judiciales ejercidas por la F.ía, ya que, por el contrario, dada la intervención de la institución del juez de control de garantías dentro de la estructura del proceso penal, éste examina con rigor si el accionar desplegado dentro de las diversas diligencias que se han llevado a cabo se adecua al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De ser ello así, el juez a cargo del control no legitima la actuación que se haya surtido y, mucho menos, admitirá como elemento probatorio a aquel que se haya recaudado sin el cumplimiento de las previsiones legales y constitucionales pertinentes.
En segundo término, indicó que las actuaciones que no requieren de autorización judicial previa para su realización, constituyen herramientas de inteligencia que contrarrestan las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada, por lo que establecer la obligación de notificar cuando materialmente no se ha identificado ni individualizado al presunto infractor, impide que se adelante la legalización de las diligencias previas, sacrificando así un bien jurídico de mayor valor y relevancia: la justicia de la sociedad. En esa medida, encontró que el artículo 237 de la Ley 906 de 2004 es plenamente compatible con la Constitución Política y con la jurisprudencia constitucional en la materia Para el efecto, el interviniente cita la Sentencia C-799 de 2005, M.P.J.A.R.. En ese sentido, señaló que tal como lo ha establecido la Corte Constitucional, no en todos los casos en que se omite información sobre la existencia de una investigación preliminar al imputado conocido, se presenta una vulneración de los derechos a la defensa y a la contradicción, dado que ésta sólo se concretará cuando se impida el ejercicio efectivo de éstos, verbigracia, vedando el derecho a rebatir las pruebas acopiadas, impidiendo la solicitud de nuevas pruebas, negando la procedencia de recursos etc.
Así, el interviniente puso de presente que durante la etapa preprocesal de indagación no se practican pruebas en estricto sentido, ya que lo que se realiza allí es el recaudo de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información que ulteriormente será allegada al proceso para que se surta una controversia pública netamente adversarial. Sobre esa base, manifestó que la defensa puede igualmente desplegar su accionar en este estadio procesal con miras a, entre otras cosas, anticipar la ofensiva probatoria de la F.ía y estructurar la argumentación jurídica que asegure una adecuada defensa técnica en las etapas posteriores del proceso.
Por otro lado, destacó que las actuaciones que son objeto de reproche, esto es, la utilización de agentes encubiertos, la entrega vigilada y la búsqueda selectiva en bases de datos, constituyen valiosas herramientas de política criminal que el legislador, en virtud de un ejercicio de libre configuración legislativa, radicó en cabeza de la F.ía General de la Nación para que, de considerarlo pertinente, acudiera a tales figuras con el objetivo de procurar el aseguramiento de las pruebas y la búsqueda y recopilación de información.
Mediante comunicación de fecha 10 de abril de 2008, el Señor P. y el V. General de la Nación se declararon impedidos para rendir el concepto de rigor dentro del presente proceso, ya que, en razón de sus cargos, los dos participaron en el trámite del proyecto de ley que le dio origen a la Ley 906 de 2004, -nuevo Código de Procedimiento Penal-, de cuyo texto hacen parte las normas demandadas. Así, el Señor P. participó en la comisión redactora del proyecto y el V., estuvo involucrado en la subcomisión redactora del mismo.
Estos impedimentos fueron aceptados por esta Corporación, mediante Auto 103, de fecha 23 de abril de 2008, razón por la que el jefe del Ministerio Público procedió a designar a la P.a Auxiliar para Asuntos Constitucionales para que rindiera concepto dentro del presente proceso Frente a dicho Auto el Magistrado J.A.R. salvo el voto, entre otras razones, por considerar que la Corte Constitucional no tiene competencia para decidir los impedimentos del P. o V. General de la Nación..
Afirma que durante la fase de investigación preliminar, la garantía de los derechos fundamentales de todos los intervinientes y de los ciudadanos en general que puedan verse comprometidos en las operaciones de investigación está a cargo del juez de control de garantías, quien deberá constatar tanto la legalidad como la proporcionalidad del acervo probatorio recaudado. En ese sentido, si bien podría arribarse a la conclusión de que no existe desprotección de los derechos de quienes no hayan sido imputados, lo cierto es que el ejercicio de la defensa no puede sustituirse con la función fiscalizadora que la autoridad judicial realiza sobre las actuaciones de que tratan las normas acusadas, pues ésta se limita a evitar arbitrariedades que pueden ser ocasionadas como consecuencia del ejercicio de las funciones de la F.ía, mientras que el objetivo prístino de la defensa se circunscribe a desvirtuar los elementos probatorios que eventualmente vinculen a la persona que se investiga preliminarmente con la comisión de un delito.
Frente a lo anterior, señala la V.F. que el artículo 238 de la Ley 906 de 2004, en aras de garantizar el derecho a la defensa en relación con las actuaciones y pruebas obtenidas en las operaciones que se encuentran contenidas en las normas objeto de reproche, contempla además de la impugnación de la decisión del juez de control de garantías, la posibilidad de que la defensa solicite posteriormente la exclusión de las evidencias obtenidas, en caso de no haber asistido a la audiencia de control de legalidad. Dicho artículo es del siguiente tenor:
''Artículo 238. Impugnabilidad de la decisión. >Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 1142 de 2007<. la="" decisi="" del="" juez="" de="" control="" garant="" ser="" susceptible="" impugnaci="" en="" los="" eventos="" previstos="" esta="" ley.="" si="" defensa="" se="" abstuvo="" intervenir="" audiencia="" podr="" solicitar="" otra="" preliminar="" o="" durante="" preparatoria="" exclusi="" las="" evidencias="" obtenidas.="">
En ese sentido, refiere que tal como lo ha señalado la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia La representante del Ministerio Público trae a colación la Sentencia C-799 de 2005, en cuyo contenido se alude precisamente a la importancia y al alcance del derecho a la defensa en la etapa de investigación previa dentro del proceso penal., el derecho a la defensa no tiene límites temporales, por lo que en cualquier etapa pre o procesal se puede hacer uso del ejercicio constitucional a defenderse.
Por las anteriores razones, la V.F. solicita a este Tribunal que declare la exequibilidad condicionada de los apartes acusados de los artículos 237, 242, 243, 244 y 245 de la Ley 906 de 2004, bajo el entendido que cuando una persona tenga conocimiento de que está siendo investigada por su presunta participación en un hecho delictivo a través de las operaciones realizadas en la etapa de indagación preliminar, esto es, que se haya individualizado preliminarmente al presunto infractor, debe serle autorizada su participación y la de su abogado en la audiencia de control de legalidad de dichas operaciones, si así lo estima pertinente, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
La posición de la demanda es compartida por la V.F., quien en su concepto de rigor coincide en sostener que el derecho a la defensa técnica se debe extender a todas las actuaciones que se surten en los procedimientos sancionatorios, de manera que quien tenga conocimiento de que en su contra se adelanta cualquier tipo de investigación o indagación preliminar tiene derecho a ejercer la defensa desde la misma etapa preprocesal. Conforme con tal posición, el Ministerio Público le solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las normas acusadas, bajo el entendido que, cuando una persona tenga conocimiento de que en las operaciones realizadas en la etapa de indagación preliminar se esté investigando su presunta participación en un hecho delictivo, debe autorizarse su intervención y la de su abogado en la audiencia de control de legalidad de tales operaciones si así lo solicita.
3.1. Como es sabido, el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, haciendo extensiva su aplicación ''a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas''.
La Corte se ha referido a este derecho, señalando que ''lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia''. Sentencia T-068 de 2005.
3.2. Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, ''de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga'' Sentencia C-617 de 1996..
La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca ''impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado'' Sentencia Ibídem.. Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que ''constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico'' Sentencia C-799 de 2005..
3.3. Aun cuando es claro que el derecho a la defensa debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en sostener que éste se proyecta con mayor intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal, en razón de los intereses jurídicos que allí se ven comprometidos, las materias de las que se ocupa y las graves consecuencias que tiene para el procesado la sentencia condenatoria. La circunstancia de que en el proceso penal se resuelvan asuntos de alto impacto para la comunidad y que en él se puedan imponer sanciones que limitan la libertad personal, lo cual no ocurre en ningún otro tipo de controversia judicial, no deja duda sobre la importancia que adquiere la defensa en ese campo del derecho sancionatorio. Así lo entendió el propio Constituyente del 91, al hacer un reconocimiento expreso del derecho a la defensa en materia penal, consagrando en el artículo 29 de la Carta que: ''[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho''.
En el caso del Pacto de Derechos Civiles, el artículo 14, Numeral 3°, Literal d), consagra que: ''[d]urante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo''.
Tratándose de la citada Convención, el Artículo. 8º, Numeral 2°, Literales d) y e), prevé que: ''(...)[d]urante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley''.
En nuestro sistema procesal penal, el derecho a la defensa técnica se materializa, o bien con el nombramiento de un abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública, ''de quienes se exige en todos los casos, en consideración a su habilidad para utilizar con propiedad los medios e instrumentos de defensa previamente instituidos, adelantar una actuación diligente y eficaz, dirigida asegurar no solo el respeto por las garantías del acusado, sino también a que las decisiones proferidas en el curso del proceso se encuentren ajustadas a derecho'' Sentencia T-068 de 2005..
Reiterando lo dicho por esta Corporación, ''la finalidad protectora de las garantías procesales previstas en la Constitución y la ley, que constituyen a su vez el mínimo de requisitos y condiciones que deben tenerse en cuenta en las actuaciones penales para asegurar el respeto a los derechos del implicado, exigen necesariamente que dentro del respectivo trámite judicial éste se encuentre representado por una persona con suficientes conocimientos de derecho, capacitada para afrontar con plena solvencia jurídica el ítem procesal y las vicisitudes que de ordinario se presentan en el mismo'' Sentencia Ibídem..
3.5. Como ya se mencionó, el derecho a la defensa en su doble modalidad, material y técnica, se encuentra claramente garantizado por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, durante la etapa de investigación y el juzgamiento. Al respecto, el artículo 29 de la Carta, ya citado, consagra que: ''[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento''. De la misma manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, a los que también ya se hizo referencia, reconocen de la misma manera el ''derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección''.
Respecto al derecho a la defensa técnica, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-507 de 2001, C-131 de 2002, C-228 de 2002, C-040 de 2003, C-328 de 2003 y C-152 de 2004., destacando que el respeto a este derecho de rango constitucional ''obliga al legislador y a los jueces, a tal punto que las deficiencias en la materia ocasionan, como lo expreso esta Corte en Sentencia C-592 del 9 de diciembre de 1993, la anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales y la inconstitucionalidad de la disposición legal o reglamentaria que las permita'' Sentencia C-617 de 1996.
''5. El Constituyente dejó plasmada en la Carta la voluntad de asegurar el respeto pleno al derecho a la defensa técnica en el ámbito penal, mediante una `regulación categórica y expresa de carácter normativo y de rango superior', que `compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces'.
6. Lo anterior significa que `dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la regulación legal o reglamentaria que lo permita'.
''La Corte, en diferentes pronunciamientos, con ocasión del examen de sendas disposiciones del Estatuto del Abogado -en estudio- y de otros preceptos de idéntico o similar contenido, ha declarado acordes con la Constitución Política las normas que desarrollan el principio constitucional de exigir, como regla general, la intervención de un profesional del derecho para litigar en causa propia y ajena, -artículos 25, 28, 29, 31 y 33 D. l. 196 de 1970; 138, 148 inc. 2º, 149 y 150 D. l. 2700 de 1991; 46, 63 y 67 C. de P.C.; y 2º y 3º Ley 270 de 1996-. Y contrarias a dicho principio las disposiciones que desconocen tal previsión -artículos 34 D. l. 196 de 1971; 148 inc.1º, 161 (parcial), 322(parcial) y 355 del D. l. 2700 de 1991; y 374 del Decreto-ley 2550 de 1988'' Sentencia C-507 de 2001
3.6. En relación con esto último, vale la pena reiterar lo dicho por la propia jurisprudencia constitucional, en el sentido de señalar que la importancia de proporcionar una garantía plena del derecho a la defensa, y en particular de una defensa técnica en el proceso penal, es particularmente relevante si se considera también que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales, que se materializa en el derecho a un proceso equitativo, y que en el modelo de tendencia acusatoria es conocido como el principio de ''igualdad de armas''.
En punto al principio de igualdad de armas, ha dicho la Corte que el mismo ''constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección'' Sentencia C-1194 de 2005.
4.1. Aun cuando el artículo 29 de la Constitución Política extiende el derecho al debido proceso ''a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas'', y en materia penal reconoce el derecho de los sindicados a una defensa técnica ''durante la investigación y el juzgamiento'', en nuestro medio ha existido controversia en torno al tema de hasta donde se extiende el ámbito de protección del derecho a la defensa en una actuación penal.
''El principio contradictorio se anticipa en esta etapa, pues frente al interés que anima a la función investigativa y sancionadora del Estado, surge el interés concreto, digno de tutela, del imputado de resultar favorecido con una resolución inhibitoria que descarte la existencia del hecho, su tipicidad, la procedibilidad de la acción, o, en fin que establezca en su caso una causal de antijuridicidad o inculpabilidad (C de P.P. art. 327).
En este contexto, la ilimitada utilización de los medios de que dispone el Estado en la etapa previa - práctica de "todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos" y control por parte del fiscal del momento de cierre de esta etapa - cuyo empleo exalta en grado sumo la función investigativa y punitiva del Estado, puede desvirtuar su conexidad funcional con el cometido institucional de la misma y terminar atrayendo hacía sí la definición y tratamiento de aspectos conflictuales ínsitos en la persecución e investigación del delito que son más propios del proceso''.
''En primer lugar, al sujeto le asiste el derecho a ser oído tan pronto el Estado tiene suficientes elementos para formular en su contra una imputación penal. Los principios de prontitud y oportunidad han sido defendidos reiteradamente por esta Corporación, al indicar, entre otras cosas:
''El derecho al debido proceso contiene en su núcleo esencial el derecho a conocer tan pronto como sea posible la imputación o la existencia de una investigación penal en curso - previa o formal -, a fin de poder tomar oportunamente todas las medidas que consagre el ordenamiento en aras del derecho de defensa. Hay un derecho al proceso y a la intimidad personal y familiar. Pero, antes, inclusive, la dignidad de la persona humana postula la existencia del derecho a ser sujeto del proceso y no simplemente objeto del mismo. (...)
El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una sentencia en firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas Corte Constitucional. Sentencia C-412 de 1993. M.P.E.C.M.''.
Bajo la vigencia del modelo mixto de tendencia inquisitiva, desarrollado como ya se ha dicho por el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, el criterio de la Corte en torno a la invulnerabilidad de derecho a la defensa técnica en la etapa preprocesal, fijado en los fallos arriba citados, fue además reiterado, entre otras, en las Sentencias T-181 de 1999, C-1711 de 2000, C-033 de 2003 y C-096 de 2003. En la Sentencia C-033, al pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 126 de la Ley 600 de 2000, ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', esta Corporación afirmó al respecto:
''7.- Esta fase reviste importancia capital no sólo para el cumplimiento de los fines del Estado, sino también para el imputado, porque dependiendo de las actividades desarrolladas en esta etapa puede luego convertirse en sindicado y desde entonces su libertad personal, al igual que otros derechos, resultar seriamente afectados. Por lo mismo, la actividad estatal en la búsqueda de la verdad debe armonizarse con el ejercicio de sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues de lo contrario probablemente carecerán de eficacia material durante las etapas subsiguientes.
12.- En este orden de ideas, la Corte considera que si bien es cierto que la distinción entre imputado y sindicado es constitucionalmente válida, el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal no puede ser interpretado de tal manera que excluya al imputado de la facultad de ejercer sus derechos como lo pueden hacer los demás sujetos procesales. Por tal motivo declarará la exequibilidad de la norma, pero condicionándola en el entendido en que, aún antes de la vinculación mediante indagatoria o como persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales.''
La primera referencia al tema aparece en la Sentencia C-799 de 2005 M.P.J.A.R., donde se adelantó el estudio de constitucionalidad del artículo 8° de la Ley 906 de 2004, el cual, al consagrar el derecho a la defensa como norma rectora, daba a entender que ese derecho era procesalmente exigible una vez se obtenía la calidad de imputado. Al estudiar dicha norma, esta Corporación manifestó que el derecho a la defensa técnica es intemporal, no tiene límites en el tiempo, de manera que puede ser ejercido por el presunto implicado desde la etapa misma de la indagación, y en todo caso, desde antes de que se inicie formalmente la investigación.
Precisó al respecto que ''la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación'', en las etapas pre y procesal, sin que resulte relevante para el ordenamiento constitucional la denominación jurídica que se le asigne al individuo al interior de todas y cada una de las actuaciones penales, pues lo importante y trascendental es que se le garantice a lo largo de todas ellas el ejercicio del derecho a la defensa sin limitaciones ni dilaciones injustificadas.
Puntualizó el fallo que ni la Constitución ni los tratados de derechos humanos han fijado límites temporales para el ejercicio del derecho de defensa, pues se trata de un derecho general y universal que compromete valores consustanciales al Estado de Derecho como son la dignidad humana y la libertad, y a través del cual se busca que la persona sea sujeto del proceso penal y no objeto del mismo. En este sentido, cuando el artículo 29 de la Carta consagra que ''[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento'', está extendiendo el ámbito de protección del derecho de defensa a toda la actuación penal, incluida la etapa de indagación.
Con base en ello, la Corte precisó en la citada providencia que ''el ejercicio del derecho a la defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso''.
''- La correcta interpretación Constitucional del derecho de defensa implica que este no tiene un límite temporal.
Por el contrario, corresponde al ordenamiento jurídico reforzar el principio de dignidad humana, de raigambre Constitucional, permitiendo que la persona ejerza general y universalmente su derecho de defensa. Lo anterior, para evitar que la persona en realidad sea sujeto del proceso penal y no objeto del mismo''.
''Hipótesis en las que se Activa el Derecho de Defensa antes que se adquiera la Condición de imputado
¿Que pasa si el objeto - arma de fuego - que se pretende hallar no se encuentra en el inmueble allanado sino en la casa vecina ? ¿ Que sucede si la existencia de insumos para el procesamiento de estupefacientes era totalmente ajena a la persona allanada ? Para poder dar respuesta a estos interrogantes hipotéticos, siempre será necesario el ejercicio del derecho de defensa.
La activación del derecho de defensa en un capturado trae consigo un conjunto de derechos y prerrogativas en quien recae dicho acto, precisamente porque se está violentando el derecho a la libertad personal, esencial en un estado de Derecho...''
Con base en lo expuesto, advirtió la Corte que ''la limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004, si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición de imputado, sería violatorio del derecho de defensa''. Bajo esa premisa, en la Sentencia C-799 de 2005 la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la expresión ''una vez adquirida la condición de imputado'', incorporada a la norma en cita, para que se entendiera que el derecho de defensa se ejercía: ''sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.'' La Parte resolutiva de la sentencia señala expresamente lo siguiente: ''3. Declarar EXEQUIBLE la expresión ''una vez adquirida la condición de imputado'' contenida en el inciso 1° del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos examinados, sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.''
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia C-1154 de 2005, en la que sostuvo que el derecho a la defensa ''surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso''. En efecto, al pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 291 de la Ley 906 de 2004, entre otras normas, la Corte reiteró la posición adoptada en la Sentencia C-799 de 2005, señalando:
''El derecho a la defensa es una garantía universal y general que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Como lo estableció la sentencia C-799 de 2005 En la sentencia C-799 de 2005 (MP: J.A.R.) se revisó la constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 906 de 2005 que consagra el principio del derecho a la defensa. El demandante consideraba que la norma era inconstitucional pues ésta consagra el derecho a la defensa como norma rectora y establece que ese derecho solo se adquiere una vez se obtenga la calidad de imputado lo que va en contra del artículo 29 de la Constitución. Uno de los problemas jurídicos que resolvió la Corte en dicha oportunidad fue ''si existe violación al derecho de defensa cuando la norma acusada determina que este derecho se podrá ejercer desde el momento en el cual se adquiera la condición de imputado(...).'' La Corte después de hacer un análisis del derecho a la defensa y de señalar las posibles interpretaciones del artículo demandado consideró que ''En este orden de ideas, la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive antes, cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos. Por ello, la limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004, si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición de imputado, sería violatorio del derecho de defensa.'' De acuerdo a lo anterior, la Corte condicionó la exequibilidad de la expresión acusada ''sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.'' La Parte resolutiva de la sentencia dice: ''3. Declarar EXEQUIBLE la expresión ''una vez adquirida la condición de imputado'' contenida en el inciso 1° del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos examinados, sin perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.'' el derecho a la defensa ''surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso'' de lo que se colige que el derecho a la defensa se ejerce de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley''.
''Una vez formulada la imputación, la defensa está en posibilidad de adelantar el recaudo de la información pertinente y de los elementos fácticos de contenido probatorio necesarios para diseñar la estrategia defensiva. Lo anterior no obsta para que, como recientemente lo precisó la Corte Constitucional, el presunto implicado pueda ejercer su derecho de defensa desde la etapa misma de la indagación preliminar y durante la etapa de investigación anterior a la formulación de la imputación, tal como se desprende del pronunciamiento que se cita, proferido con ocasión del estudio del artículo 108 del C.P.P....''
En similar sentido se pronunció la Corte en al Sentencia C-210 de 2007, al llevar a cabo el análisis de constitucionalidad del artículo 119 del Código de Procedimiento Penal, en el que se dispone que: ''la designación del defensor del imputado deberá hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con éste desde la primera audiencia a la que fuere citado. El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la comunicación que de esa situación le haga la F.ía.'' Ley 906 de 2004. Artículo 119.. En este caso, aun cuando a partir de una interpretación sistemática de la ley la Corte no encontró que la norma violara la Constitución, reiterando lo dicho en la Sentencia C-799 de 2005, afirmó que: ''[l]la Corte Constitucional dijo que el derecho a la defensa se ejerce desde el momento en que se inicia la investigación penal y no solamente cuando se ordena la captura o cuando se adquiere la calidad de imputado''.
''26. El anterior análisis sistemático del tema muestra, entonces, que contrario a lo sostenido por el demandante, el ejercicio de la defensa técnica se inicia desde el primer acto procesal con el que el investigado tiene conocimiento de que la F.ía inició una investigación por la presunta participación en un hecho punible. En consecuencia, resulta equivocado sostener que, por el hecho reprochado en la demanda, el investigado no tuvo tiempo para ejercer su derecho a la defensa, ni que la norma acusada consagra una desigualdad de trato jurídico respecto de la oportunidad para ejercer la defensa. Luego, de la lectura integral de la norma acusada se infiere que el cargo de la demanda no prospera.
Sin embargo, en razón a que el reproche ciudadano contra la expresión demandada y el análisis adelantado por la Sala estuvo limitado al entendimiento literal de las expresiones normativas acusadas y en relación con la supuesta violación del derecho de defensa, se declarará la exequibilidad de la disposición, pero limitada al cargo expresamente estudiado.'' Sentencia C-210 de 2007, M.P.M.G.M.C..
5.3. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las finalidades perseguidas con la introducción del nuevo modelo procesal penal se concretó en: (i) fortalecer la función investigativa y de acusación de la F.ía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba, despojándola en sentido estricto de funciones jurisdiccionales; (ii) la configuración de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado en cabeza del juez de conocimiento; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, buscando garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante la etapa del juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad en cabeza del ente investigador; y (vii) crear la figura del juez de control de garantías, a quien se le asigna la función de ejercer un control previo y posterior de legalidad sobre las actividades y diligencias llevadas a cabo por la F.ía General en el ejercicio de su actividad investigativa. Ver, entre otras, las Sentencia C-873 de 2003, C-591 de 2005 y C-1194 de 2005.
5.4. A diferencia del sistema de tendencia inquisitiva, en el que la F.ía cumplía al mismo tiempo la función acusatoria y funciones jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal la labor del ente de investigación se desarrolla con especial énfasis en la función acusatoria, enfocándose en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. En ese sentido, los actos de la F.ía no son jurisdiccionales sino de investigación, con excepción de aquellos que impliquen restricción de los derechos fundamentales de las personas, los cuales deben ser en todo caso controlados por el juez de garantías, quien los autoriza y convalida en el marco de las garantías constitucionales, ''guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales''.
Dentro de este esquema, el propio Acto Legislativo 03 de 2002 faculta a la F.ía General de la Nación para ejercer el principio de oportunidad e imponer, en el curso de las investigaciones que realice, las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones, las cuales no requieren, en el nuevo texto constitucional, autorización judicial previa para ello, pero sí están sometidas a un control judicial posterior automático, por parte del juez que cumpla la función de control de garantías.
5.5. Según lo dijo la Corte, una de las modificaciones más importantes que introdujo el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema procesal penal, fue la creación del juez de control de garantías, a quien se le asignaron competencias ''para adelantar (i) un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad; (ii) un control posterior sobre las capturas realizadas excepcionalmente por la F.ía General de la Nación; (iii) un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas; (iv) un control sobre la aplicación del principio de oportunidad; (v) decretar medidas cautelares sobre bienes; e (vi) igualmente deberá autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una autorización expresa en la Constitución'' Sentencia C-592 de 2005..
Siguiendo esa estructura, al juez de control de garantías le corresponde examinar ''si las medidas de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales, practicadas por la F.ía General de la Nación, no sólo se adecuan a la ley, sino si además son o no proporcionales, es decir, ( i ) si la medida de intervención en el ejercicio del derecho fundamental es adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; ( ii ) si la medida es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y ( iii ) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la sociedad.'' Ver Sentencia Ibídem.
5.6. Pues bien, el nuevo proceso penal con tendencia acusatoria ha sido desarrollado y regulado por el Legislador mediante la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007. En distintos pronunciamientos sobre la materia Al respecto se consultaron las Sentencias C-873 de 2003, C-591 de 2005 y C-1194 de 2005. , la Corte se ha referido a dicho procedimiento, destacando los aspectos más relevantes de su estructura, que en este caso vale la pena reiterar.
a- La actuación penal sobre los hechos que revisten las características de un delito se inicia desde el momento en que la F.ía General de la Nación tiene información de la notitia criminis, hecho que puede llegar a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo (art. 200 C.P.P.) Ley 906 de 2004. Artículo 200. Órganos. Corresponde a la F.ía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo''..
Sobre este particular, la Corte ha aclarado que la sola ''notitia criminis'' no es suficiente para abrir formalmente el proceso penal y para poner en marcha la función investigativa y punitiva del Estado, siendo necesario para ello, que ésta se acompañe de los presupuestos mínimos que permitan determinar si hay lugar o no a la acción penal. Por eso, cuando la ''notitia criminis'' no se acompaña de la información suficiente para iniciar la acción penal, se requiere llevar a cabo una actuación preliminar, anterior al proceso propiamente dicho, denominada dentro del sistema penal acusatorio como ''indagación'', cuya finalidad es precisamente establecer la necesidad de darle curso a éste, buscando definir si el hecho delictivo se cometió, como ocurrió y quienes participaron en su realización.
b- En ese sentido, en una primera fase, denominada de ''indagación'', la F.ía entra a determinar la existencia del hecho delictivo y las circunstancias en que se presentó, así como también la identificación de los autores o partícipes (art. 200 y sig. del C.P.P.). En la medida en que los hechos fácticos constitutivos del delito no siempre son fácilmente verificables y que las circunstancias que los determinan pueden hacer confusa la identificación de su ilicitud, el fin de la ''indagación'' a cargo de la F.ía, y de las autoridades de policía judicial Ley 906 de 2004. Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial de manera especial dentro de su competencia. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia, los siguientes organismos:
5. Los directores nacional y regional del Inpec, los directores de los establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y C..
P.. Los directores de estas entidades, en coordinación con el F. General de la Nación, determinarán los servidores públicos de su dependencia que integrarán las unidades correspondientes., es definir los contornos jurídicos de la conducta delictiva que va a ser objeto de investigación y juicio, mediante la realización de actividades y diligencias previas, técnicas y científicas. De manera general, las diligencias y actividades practicadas durante la ''indagación'' tienen carácter reservado y el límite para llevarlas a cabo es el término de prescripción de la acción penal.
En los casos en que existe información suficiente sobre la ocurrencia del delito, sobre las circunstancias en que éste fue cometido y sobre sus autores, no se requiere adelantar la ''indagación''.
c- Cumplida la ''indagación'', cuando ella se requiera, la F.ía procede a formular ante el juez de garantías la imputación contra la persona sobre la que existen indicios de ser la responsable del ilícito. Según el artículo 286 del C.P.P., la formulación de imputación es ''el acto a través del cual la F.ía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías''. La F.ía promueve dicha formulación cuando ''de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga''. En la misma audiencia de formulación de imputación, previo cumplimiento de los requisitos de ley, la F.ía podrá solicitarle al juez de control de garantías las medidas de aseguramiento contra el imputado y las medidas cautelares sobre sus bienes.
Con la formulación de imputación el indagado adquiere la condición de imputado (art. 126 C.P.P.), según la identificación que de él haga la F.ía (art. 128 C.P.P.) y tal calidad le confiere a éste las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resulten compatibles con su condición (art. 130 del C.P.P.). Desde ese momento la defensa está en posibilidad de adelantar el recaudo de la información pertinente y de los elementos fácticos de contenido probatorio necesarios para diseñar la estrategia defensiva. En relación con esto último no puede dejarse de destacar que, según se mencionó en el apartado anterior, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que el presunto implicado puede ejercer su derecho de defensa desde la etapa preprocesal de la indagación previa y durante la etapa de investigación anterior a la formulación de imputación.
d- Una vez formulada la imputación se inicia oficialmente la etapa de ''investigación''. En ella deben practicarse las diligencias dirigidas a establecer la forma como ocurrieron los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los mismos se presentaron, los sujetos que aparecen implicados en su condición de autores o partícipes, los daños y perjuicios ocasionados con la conducta y el monto de la indemnización.
En respuesta a la formulación de imputación, el imputado tiene la facultad de aceptar los cargos presentados por el organismo investigativo o de rechazarlos. La aceptación total de los cargos formulados con la imputación permite la protocolización inmediata de la ''acusación'' (art. 293 C.P.P.). En los casos de aceptación de cargos no tiene lugar la etapa de ''investigación'', pues solo hay lugar a ella cuando el imputado rechaza la acusación.
Al igual que la F.ía, en la etapa de la ''investigación'' el imputado o su defensor ''podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia de la F.ía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo'' (art. 268 C.P.P.)
Ahora bien, en principio, el término de investigación es de 30 días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se celebra la audiencia de imputación. En ese lapso, la F.ía puede optar por tomar una de las siguientes decisiones: (i) formular la acusación contra el imputado; (ii) solicitar la preclusión de la investigación; o (iii) hacer uso del principio de oportunidad que le confiere el nuevo modelo penal acusatorio. Transcurridos los 30 días iniciales de la instrucción, si el fiscal no adopta ninguna de las referidas decisiones, el proceso deberá ser asignado a un segundo fiscal, que contará con el mismo término de 30 días para tomar la decisión correspondiente.
En la etapa de ''investigación'', la F.ía, con la participación de los organismos de Policía Judicial, debe investigar y recoger los elementos materiales, las evidencias físicas y las informaciones que sean favorables o desfavorables al imputado y a los demás intervinientes en el proceso, actuando con criterios objetivos y transparentes en su recolección y con respeto de los derechos fundamentales, siendo responsable además de la cadena de custodia.
Si durante la ''investigación'' realizada se encuentra que ''de los elementos materiales probatorios'' y de la ''evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe'', la F.ía debe presentar acusación formal contra el imputado, mediante escrito de acusación (Art. 336 C.P.P). El escrito de acusación es entonces el instrumento procesal remitido por la F.ía al juez competente en el que el ente investigador acusa a un individuo al que considera responsable penalmente por su autoría o participación en la comisión de un delito, para que se adelante en su contra el juicio oral.
Cabe precisar en este punto, como ya lo había hecho la Corte en anterior pronunciamiento Ver Sentencia C-1194 de 2005., que el material probatorio que tanto la F.ía como la defensa recaudan en el proceso de investigación, no adquieren la condición de prueba sino desde el momento en que son decretadas por el juez de conocimiento. En el sistema penal anterior, de tendencia inquisitiva, la F.ía ejercía la función principal de recaudar y practicar las pruebas que haría valer en el juicio, lo que implicaba que la resolución de acusación que presentaba ante el juez iba ya acompañada de las pruebas del proceso, constituyéndose éstas en el fundamento probatorio de la sentencia. Bajo el nuevo modelo acusatorio, la F.ía, en su condición de ente investigador, despojada de funciones jurisdiccionales, carece de competencia para recaudar lo que técnicamente se conoce como prueba procesal. Por eso, los elementos de convicción recaudados durante la investigación tienen simplemente carácter de evidencias, elemento material de prueba o material probatorio, y no constituyen fundamento probatorio de la sentencia, sino en la medida en que el juez de conocimiento decide decretarlos, valorarlos y reconocerlos en la etapa de juicio.
e- Formalmente, la presentación del escrito acusatorio, con los elementos de convicción recaudados, pone fin a la etapa de ''investigación'' y da inicio a una etapa de transición entre aquella y el juicio oral, conocida como de ''acusación''. En esta fase de transición, se busca delimitar los temas que serán debatidos en el juicio oral y la fijación de los elementos de convicción que podrán practicarse como pruebas en el juicio. El objetivo general de la etapa de ''acusación'' es entonces depurar el debate que será llevado a instancias del juez de conocimiento en el juicio, de manera que allí sólo se discuta lo relacionado con la responsabilidad penal del imputado.
El escrito de acusación es un instrumento procesal de especial trascendencia y, como tal, está sometido al cumplimiento de los siguientes requisitos formales: 1) la individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones; 2) una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible; 3) el nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública; 4) la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso, y 5) el descubrimiento de las pruebas (art. 337 C.P.P.). El descubrimiento de pruebas debe acompañarse a su vez de un documento anexo que deberá contener: a) los hechos que no requieren prueba; b) la trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo; c) el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio; d) los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación; e) el señalamiento de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales; f) los demás elementos favorables al acusado en poder de la F.ía y g) las declaraciones o deposiciones (art.337 C.P.P.).
Recibido el escrito de acusación, dentro de los 3 días siguientes, el juez competente debe convocar a una audiencia de formulación de acusación (art. 338 C.P.P.). Dicha audiencia es la oportunidad procesal prevista para que la F.ía exponga los elementos de juicio, las evidencias y el material fáctico que pretende aducir como pruebas en el juicio a fin de desvirtuar la presunción de inocencia del imputado. En la audiencia, el juez competente da traslado del escrito de acusación a las partes y debe conceder el uso de la palabra a la F.ía, al Ministerio Público y a la defensa, con el fin de que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Seguidamente el juez dará la palabra al fiscal para que éste formule la correspondiente acusación (Art. 339 C.P.P). Antes de finalizar la audiencia de acusación, el juez de conocimiento incorporará las correcciones a la acusación leída, aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes y suspenderá condicionalmente el procedimiento, cuando ello corresponda (art. 343 C.P.P.).
En la audiencia acusatoria se determinará la calidad de víctima. Igualmente se concretarán los autores del ilícito y se le otorgará una calificación provisional a los delitos, lo cual orientará la acusación que formulará la F.ía en el juicio oral. Ello significa que el acusado solo puede ser juzgado por los delitos definidos en la etapa ''acusatoria'', de manera que la sentencia que se profiera en el juicio oral no podrá pronunciarse sobre delito o persona que no haya sido mencionada en el escrito de acusación o en la audiencia del mismo nombre.
f- Concluida la audiencia de formulación de acusación, en un término no inferior a 15 días ni superior a 30, el juez de conocimiento deberá convocar a una segunda audiencia, denominada ''audiencia preparatoria'', que tiene como fin último la fijación de las pruebas que se harán valer en el juicio oral y el señalamiento de la fecha de iniciación del juicio.
En la audiencia preparatoria, que cuenta con la presencia del fiscal, del defensor, del acusado, del Ministerio Público y del representante de las víctimas (art. 355 C.P.P.), el juez dispondrá, entre otras cosas, que las partes manifiesten sus observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de los elementos probatorios. Adicionalmente, ordenará que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física y ordenará que la F.ía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.
Durante la audiencia preparatoria, la F.ía y la defensa podrán solicitar las pruebas que requieran para sustentar su pretensión, el juez decretará las que considere pertinente y admisibles. Excepcionalmente, el Ministerio Público puede solicitar la práctica de las pruebas que no lo hayan sido pedidas por las partes y que pudieran tener influencia relevante en los resultados del juicio (art. 357 C.P.P.).
g- Tramitada la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento fijará la fecha y la hora de inicio del ''juicio oral'', que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la audiencia preparatoria (Art. 365 C.P.P). En el ''juicio oral'', el juez escucha la presentación del caso por parte de la F.ía y la defensa, los alegatos finales de los intervinientes y practica las pruebas que se ordenaron en la audiencia preparatoria. Finalmente, decide sobre la responsabilidad del acusado, decisión que habrá de reflejarse en la sentencia.
6.1. De acuerdo con lo explicado en el punto anterior, es importante destacar que los artículos 237, 242, 243, 244 y 245 del Código de Procedimiento Penal, parcialmente acusados en esta causa, hacen parte del Libro II, que trata sobre las ''técnicas de indagación e investigación de la prueba y el sistema probatorio'', de su Título I que regula el tema de la ''la Indagación y la Investigación'' y, dentro de éste, del Capítulo II que consagra las ''Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización''.
En ese contexto, dichas disposiciones regulan aspectos relacionados con la práctica de ciertas diligencias por parte de la F.ía General de la Nación y los órganos de Policía Judicial, que no requieren de autorización judicial previa para su realización, pero que sí están sometidas a control posterior, y que se pueden llevar a cabo, o bien durante la indagación previa, o bien durante la etapa de investigación. Concretamente, en lo que hace relación a los apartes acusados, las mismas prevén lo referente a la audiencia de control o revisión de legalidad posterior que se cumple por parte del Juez de Garantías sobre las medidas de: (i) registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares (art. 237); (ii) actuación de agentes en cubierta (art.242); (iii) entrega vigilada de objetos (art. 243); (iv) búsqueda selectiva en base de datos (art.244) y (v) práctica de exámenes de ADN (art.245).
- El artículo 237 precisa que dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares, el fiscal debe comparecer ante el juez de control de garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado, incluida la orden. La misma norma precisa que ''[d]urante el trámite de la audiencia sólo podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la diligencia''. Sobre esto último aclara igualmente que: ''[s]i el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la imputación, se deberá citar a la audiencia de control de legalidad al imputado y a su defensor para que, si lo desean, puedan realizar el contradictorio. En este último evento, se aplicarán analógicamente, de acuerdo con la naturaleza del acto, las reglas previstas para la audiencia preliminar''.
- En lo que hace al artículo 242, éste establece que cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de F.ías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. Precisa la misma preceptiva que ''se deberá adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos''.
- Por su parte, el artículo 243 consagra la posibilidad de que el fiscal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de F.ías, ordene la realización de entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida, cuando aquél tuviere motivos razonablemente fundados para creer que el indiciado o el imputado dirige, o de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o también cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la existencia de una actividad criminal continua. La norma aclara que, ''[e]n todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados de la misma y, en especial, los elementos materiales probatorios y evidencia física, deberán ser objeto de revisión por parte del juez de control de garantías, lo cual cumplirá dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes con el fin de establecer su legalidad formal y material''.
- En punto al artículo 244, el mismo dispone que la policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, puede realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público. Aclara que cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente, ''las disposiciones relativas a los registros y allanamientos''. En los términos de las normas anteriores, también prevé el precepto el control posterior de legalidad sobre las diligencias de búsqueda en bases de datos, señalando que, ''estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información''.
- Finalmente, el artículo 245 faculta a la F.ía para autorizar la práctica de exámenes de ADN en los casos en que la policía judicial los requiera en virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, la huella dactilar genética. Destaca la norma que si ''se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer su legalidad formal y material''.
Tratándose de las diligencias de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares, contenidas en el artículo 237 del C.P.P, tal interpretación surge al disponer dicha norma que a la audiencia de revisión de legalidad posterior ''solo podrán asistir'', además del fiscal, los funcionarios de policía judicial y los testigos o peritos que declararon para obtener la orden o que intervinieron en la diligencia; aclarando además que si el cumplimiento de la medida se ejecutó luego de formulada la imputación, se deberá citar a la audiencia al imputado y a su defensor para que, si lo desean, puedan realizar el contradictorio. De este modo, puede considerarse que el precepto garantiza la participación de la defensa en la audiencia de control de legalidad posterior, sólo cuando las diligencias se ejecutan después de formulada la imputación, durante la etapa de investigación formal, y no cuando las mismas tienen lugar en la indagación.
Respecto de las diligencias referidas a la actuación de agentes en cubiertos y búsqueda selectiva en base de datos, consagradas en los artículos 242 y 244 del C.P.P., aun cuando las normas que las regulan no prevén el procedimiento a seguir durante la audiencia de control posterior de legalidad, tales disposiciones ordenan aplicar para esos efectos ''las reglas previstas para los registros y allanamientos''. De ello se deduce que estas diligencias están sometidas también al procedimiento previsto en el artículo 237 del mismo ordenamiento y, por tanto, una lectura posible de las mismas es que tampoco en ellas se permite la presencia del indagado y su defensor durante la audiencia de control de legalidad posterior cuando ésta tiene lugar en la etapa de indagación.
En el caso de las diligencias de entrega vigilada de objetos y realización de exámenes de ADN, los artículos 243 y 245 C.P.P. guardan absoluto silencio sobre el procedimiento aplicable a la audiencia de revisión de legalidad posterior a la práctica de las mismas. No obstante, en la medida que se trata de diligencias que guardan semejanza y correspondencia lógica con las previstas en los artículos 237, 242 y 244, una interpretación analógica y sistemática puede llevar a concluir que también cabe aplicarles ''las reglas previstas para los registros y allanamientos'', en el sentido de que en ellas esta descartada la participación de la defensa en la audiencia cuando las diligencias se practican en la etapa de indagación. En efecto, en la medida que no existe regulación especial en punto al procedimiento que debe surtirse en la audiencia de control de legalidad de las diligencias de entrega vigilada de objetos y realización de exámenes de ADN, una interpretación posible es la de recurrir a las normas que regulan materias similares para llenar el vacío, en este caso, a las normas que prevén dicho procedimiento para el caso de las diligencias de registro y allanamientos previstas en el artículo 237 del C.P.P..
6.6. Ahora bien, conforme quedo explicado en el apartado anterior, mediante Sentencia C-799 de 2005, la Corte adelantó el estudio de constitucionalidad del inciso 1° del artículo 8° de la Ley 906 de 2004, el cual, al consagrar el derecho a la defensa como principio rector del proceso acusatorio, permitía interpretar que el ejercicio del mismo por parte del infractor sólo era posible ''una vez adquirida la condición de imputado''. En dicho fallo, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la citada expresión, para que se entienda que las garantías procesales del derecho de defensa allí contenidas pueden ser ejercidas por el presunto implicado o indiciado ''en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación''.
En concordancia con el alcance fijado al artículo 8° de la Ley 906 de 2004 (actual Código de Procedimiento Penal), el mismo ordenamiento contiene disposiciones que consagran la posibilidad de activar el derecho a la defensa en favor del implicado en una actuación penal, antes de que éste adquiera la condición de imputado. Concretamente, el artículo 267 de la Ley 906 regula lo referente a las facultades ''de quien no es imputado''. Dicha norma autoriza a la persona que sea informada o advierta que se adelanta investigación en su contra, para asesorarse de abogado y para recaudar elementos materiales probatorios que podrá utilizar en su defensa ante las autoridades jurisdiccionales. De igual manera, el citado precepto dispone que quien no es imputado ''podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales''.
6.11. No es cierto, como lo afirma uno de los intervinientes en el proceso, que la garantía del derecho a la defensa en el presente caso se encuentre satisfecha en la indagación con el control que ejerce el juez de garantías sobre la evidencia o material probatorio recaudado por la F.ía en las diligencias de que tratan las normas acusadas. Compartiendo la posición fijada por el Ministerio Público, considera esta Corporación que la defensa de los derechos de los implicados no puede ser sustituida o reemplazada por la labor fiscalizadora del juez de garantías, pues su función está concentrada en evitar las posibles arbitrariedades en el proceder del organismo investigador, en tanto el objetivo de la defensa va más allá, en el sentido de buscar también desde el comienzo de la actuación, desvirtuar la validez de la evidencia o material probatorio que preliminarmente compromete al individuo con la comisión del delito que se investiga.
6.12. Se ha mencionado en este fallo que con la introducción del sistema de tendencia acusatorio se fortaleció la función investigativa y de acusación de la F.ía General de la Nación, en el sentido de concentrar en ella los esfuerzos del recaudo de la prueba. Como consecuencia de ello, se le reconocieron al ente investigador amplios e importantes poderes que no en pocos casos pueden definir radicalmente el curso del proceso. Puede ocurrir por ejemplo, como ya lo ha puesto de presente la Corte, que gran parte de la evidencia o material probatorio sea recopilado durante la indagación previa sin la posibilidad de haber sido controvertido oportunamente por el implicado o su defensor. En estos casos, es claro que el ''derecho de defensa difícilmente podrá consolidarse durante el sumario y menos aún en la etapa del juicio, por cuanto durante la fase preprocesal aquel no revistió las suficientes garantías y solamente fue satisfecho de manera precaria'' Sentencia C-033 de 2003..
Por eso, permitir la participación del indagado y su apoderado en la audiencia de revisión de legalidad de las medidas de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, actuación de agentes en cubierta, entrega vigilada de objetos, búsqueda selectiva en base de datos y práctica de exámenes de ADN , cuando éstas se practican en la indagación previa, coadyuva en el propósito de no excluir al indiciado de la facultad legítima de ejercer en toda su dimensión sus derechos de defensa y contradicción, pues una restricción de esa naturaleza podría incidir negativamente en el desarrollo de las etapas subsiguientes del proceso, en desmedro claro de los intereses del procesado.
También busca garantizar el derecho de igualdad de armas, pues siendo el modelo de tendencia acusatoria un proceso adversial, facilitar la participación de la defensa en la audiencia de control de legalidad, la coloca en condiciones de igualdad frente al ente investigador, no solo por el hecho de que éste sí está expresamente autorizado por la ley para hacer presencia en dicha audiencia, sino además, porque le permite al investigado controvertir la legitimidad de la medida practicada. La jurisprudencia ha dejado dicho que si desde el inicio de la investigación no existe proporcionalidad frente al ejercicio del derecho a la defensa, ''fácilmente la persona puede pasar de investigada, a imputada, a acusada y a condenada; sin haber actuado en equilibrio de fuerzas con quien lo investiga, (...) razón por la cual, existiría una clara violación al derecho de igualdad y al derecho de defensa'' Sentencia C-799 de 2005..
6.15. Precisa la Corte, que hacer prevalecer la interpretación incluyente en este caso, no compromete en modo alguno la facultad reconocida por las disposiciones acusadas a la F.ía General de la Nación para ordenar la práctica de las diligencias en ellas previstas y para llevarlas a cabo a través de los organismos de policía judicial, durante las etapas de indagación e investigación. Tampoco cuestiona el carácter reservado que pesa sobre tales diligencias, pues entiende la Corte que por razones de política criminal y eficacia judicial, éste debe contar con los recursos técnicos necesarios, adecuados y suficientes para combatir y luchar de manera pronta y eficaz contra el delito. Lo que en realidad pretende garantizar la interpretación más favorable, es el derecho a la defensa del indagado en la audiencia donde se lleva a cabo la revisión formal y material de las diligencias previstas en las normas acusadas, cuando ésta se realiza en la etapa de indagación, para efectos de permitirle participar en ella al inculpado y facilitar su derecho de contradecir ente el juez de garantías la constitucionalidad y legalidad de la medida, cuando tiene noticia que se adelanta una investigación penal en su contra.
6.16. De esta forma, para garantizar el derecho de defensa, y por esa vía los derechos de contradicción e igualdad de armas, en la parte resolutiva de esta sentencia, la Corte declarará inexequible la expresión ''sólo'' contenida en el inciso segundo del artículo 237 de la Ley 906 de 2004, y exequible por los cargos propuestos y analizados, los demás apartes demandados del citado artículo 237 y los apartes demandados de los artículos 242, 243, 244 y 245 de la citada Ley 906 de 2004, siempre que se entienda, dentro del respeto a la naturaleza de cada una de las etapas estructurales del procedimiento penal acusatorio, que cuando el indiciado o indagado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión ''sólo'' contenida en el inciso segundo del artículo 237 de la Ley 906 de 2004, ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', y EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión ''Durante el trámite de la audiencia [...] podrán asistir, además del fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la diligencia'', contenida en la misma disposición, siempre que se entienda, dentro del respeto a la naturaleza de cada una de las etapas estructurales del procedimiento penal acusatorio, que cuando el indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión ''para lo cual se aplicarán, en lo pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos'', contenida en el inciso cuarto del artículo 242 de la ley 906 de 2004, ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', siempre que se entienda que cuando el indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión ''En todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados de la misma y, en especial, los elementos materiales probatorios y evidencia física, deberán ser objeto de revisión por parte del juez de control de garantías, lo cual cumplirá dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes con el fin de establecer su legalidad formal y material'', contenida en el inciso quinto del artículo 243 de la Ley 906 de 2004, ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', siempre que se entienda que cuando el indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión ''se aplicarán, en lo pertinente, las reglas relativas a los registros y allanamientos'' , contenida en el inciso segundo del artículo 244 de la Ley 906 de 2004, ''Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', siempre que se entienda que cuando el indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.
Quinto.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión ''Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer su legalidad formal y material'', contenida en el inciso segundo del artículo 245 de la ley 906 de 2004, ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', siempre que se entienda que cuando el indiciado tenga noticia de que en las diligencias practicadas en la etapa de indagación anterior a la formulación de la imputación, se está investigando su participación en la comisión de un hecho punible, el juez de control de garantías debe autorizarle su participación y la de su abogado en la audiencia posterior de control de legalidad de tales diligencias, si así lo solicita.
Auto nº 179/05 de Corte Constitucional, 30 de Agosto de 2005
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 66757 de 4 de Junio de 2013

References: ARTÍCULO 242

ARTÍCULO 243

Artículo 242
 artículo 237
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 237
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 artículo 17
 artículo 29
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 artículo 14
 artículo 29
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 resolución 
 artículo 126
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 artículo 8
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 291
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 108
 artículo 119
 Artículo 119
e contrario
 Artículo 200
 Artículo 202
 artículo 286
 resolución 
 artículo 337
 artículo 237
 artículo 242
 artículo 243
 artículo 244
 artículo 245
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 267
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 242
 artículo 243
 artículo 244
 artículo 245