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Timestamp: 2019-11-12 15:30:49+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 723, de 12/12/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 723
celebrada el martes, 12 de diciembre de 2006
-Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (Número de expediente 121/000092.) ... (Página 2)
-Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (Número de expediente 121/000092.) ... (Página 2)
-RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. (Número de expediente 121/000092.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión con el debate de una importante ley. Permítanme que les diga, señorías, que como mujer me enorgullece profundamente presidir en el día de hoy esta comisión en la que se va a debatir el proyecto de Ley de igualdad entre hombres y mujeres, trabajo que dejaremos a futuras generaciones para conseguir una sociedad más equilibrada entre todos, hombres y mujeres. Tras haber transcurrido setenta y cinco años desde que conseguimos el voto femenino, y veintiocho años desde la aprobación de la Constitución, casi un siglo -un largo camino y una gran esperanza para el futuro- hoy puede ser un buen día para la sociedad y esperemos llevarlo a buen término entre todos y todas.
El primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia.
¿Ratificamos la ponencia por asentimiento? (Asentimiento.) Queda ratificada.
--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. (Número de expediente 121/000092.)
Pasamos al debate del proyecto de Ley orgánica para igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La intervención de los grupos será de menor a mayor para la defensa de las enmiendas y para posicionarse. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Voy a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de Chunta Aragonesista, de Eusko Alkartasuna y, en esta primera tanda, de Nafarroa Bai, turno que compartiré con mi compañera, la señora Fernández Davila. Quisiera detenerme en dos de las enmiendas que presenta mi coalición, Nafarroa Bai, relativas a las pensiones de viudedad. Son dos enmiendas relacionadas entre sí, la número 71, a la exposición de motivos, y la número 81, a las adicionales, ya en el articulado, relativas a la necesidad que encontramos en esta ley -más allá de los debates que sin duda esta mañana van a ser intensos y creo que compartidos por la mayoría de los grupos- de cuestiones como los permisos de paternidad, etcétera.
Quería detenerme muy especialmente en estas dos enmiendas, entendiendo que la ley tiene un gran vacío en el reconocimiento de uno de los principales escollos para la igualdad, en algo absolutamente coyuntural como son las pensiones de viudedad, y explico lo relativo a lo coyuntural de esta situación. Es cierto que el acceso de la mujer al ámbito laboral, un acceso generalizado y mayoritario, corrige de alguna manera esta situación, pero no es menos cierto que cuando analizamos este proyecto de ley en 2006, en el que queremos dar forma y cauce legislativo a la igualdad de hombres y mujeres, también en el ámbito laboral, pero sobre todo en la vida de ambos, en el conjunto del Estado español nos encontramos con una discriminación flagrante, una sima clara en la desigualdad entre hombres y mujeres, en un aspecto tan doloroso, tan importante para muchas mujeres como son las pensiones de viudedad, ya que a la pérdida del marido se añade una pérdida no solo sustancial, sino radical en los emolumentos, en el dinero con que nuestras mujeres mayores deben hacer frente a su vida diaria y cotidiana. Una desigualdad que entendemos se puede corregir con estas dos enmiendas. En la enmienda número 71, enmienda de adición al apartado 2 de la exposición de motivos, añadimos a la violencia de género o a la discriminación salarial también la discriminación en las pensiones de viudedad, como una expresión de la filosofía que esta ley debe llegar a acometer y a superar, no fuera a ser que con la ley que hoy comenzamos a debatir para su aprobación mayoritaria -ojalá sea así-, no vayamos, señorías, a centrarnos en una ley que hace una seria discriminación, por razón de edad y de estatus, de aquellas mujeres que en su día decidieron, optaron o no tuvieron más remedio que acometer el trabajo en familia, y no un trabajo que hoy, en el momento de la percepción de su pensión, se encuentra claramente discriminada cuando desaparece su cónyuge, su pareja, su marido. Por tanto, espero de los grupos parlamentarios, muy especialmente del Grupo Parlamentario Socialista, que atienda todas las enmiendas de Nafarroa Bai y del resto de los partidos que componen el Grupo Mixto, pero sobre todo estas dos enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para defender las enmiendas que presentamos a este proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Cuando estuvimos pensando en los argumentos para defender nuestras enmiendas, vinieron a nuestra memoria unas circunstancias que no hace más de veinte años significaron para nosotras una gran satisfacción, lo cual también justifica que hoy, a pesar de las diferencias que podamos tener con la propuesta que nos hace el Gobierno de esta ley, nos sintamos satisfechas de poder estar participando en un debate de estas características. Me refiero a que no hace más de veinte años -fue en el año 1983- muchas mujeres de mi ciudad, Vigo, recibimos con gran satisfacción una sentencia de la Magistratura de Trabajo donde, con unos argumentos hasta aquel momento no utilizados por ninguna magistratura,
se dictaba sentencia a favor del derecho de las mujeres a cobrar el mismo salario cuando tenían la misma categoría laboral que los varones.
Además de la satisfacción por los argumentos dados por el magistrado en esta sentencia, había otra cuestión en la misma de especial relevancia, y a que la demanda de esas trabajadoras se satisfizo a pesar de tener a todo el comité de empresa de Cordelerías Mar en contra de esa reivindicación. Evidentemente, en el comité de empresa eran todos varones, y no siendo aquel que en nombre de las trabajadoras planteó la demanda, todos los demás estaban en contra de que las mujeres que trabajaban con ellos y hacían el mismo trabajo cobraran el mismo salario; y no es solo que estuvieran en contra, sino que no lo podían entender; no cabía en su cabeza que esto pudiera pasar.
En los años inmediatamente posteriores, el Tribunal Constitucional también creó jurisprudencia con sentencias que iban más allá de esta, en el sentido de que se reconocía el derecho de las mujeres a cobrar, no ya por la misma categoría laboral, sino por el mismo valor del trabajo, independientemente de que la categoría fuera diferente.
Por tanto, señorías, en estos veinte años el trabajo en defensa de los derechos laborales de las mujeres ha sido muy duro, muy lenta la conquista, pero se consiguió incluso la erradicación de categorías laborales, de manera que para la misma labor, para el mismo trabajo, se definía categoría femenina y categoría masculina. Podemos recordar también la Ley de Compatibilidad Laboral que, con todas las diferencias que tuvimos en su momento con ella, no dejamos de reconocer que fuera también un paso adelante.
Por eso, desde nuestro punto de vista, esta ley -y de ahí la satisfacción que he señalado antes- también es un paso adelante en el derecho a la igualdad efectiva de las mujeres y hombres, pero no resuelve todas las diferencias, y no digo todo el problema, porque la resolución del problema va más allá de lo que pueda contener una ley, sino que tiene que ver con que esa ley al final se aplique, por un lado, desde el punto de vista jurídico, en la medida en que haya asunción social de la misma y, por otro lado, que haya entendimiento e ideológicamente estemos de acuerdo también con lo que en la ley se plantea.
Nosotros proponemos una serie de enmiendas -aunque somos conscientes de que queda mucho por aportar para que la ley sea realmente efectiva en esa igualdad-, y estimamos que si no incorporamos a la ley enmiendas como las que presentamos, nuestro grupo no podrá valorar la ley como una ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En concreto vamos a referirnos, además de a las otras, a cuatro enmiendas que presentamos, en la medida en que esas otras podemos compartirlas con otros grupos, y son aportaciones de alguna central sindical como Comisiones Obreras, que entendemos que mejoran incluso la seguridad jurídica de las trabajadoras y también de los trabajadores en algunos de los aspectos que aquí se modifican. Esas cuatro enmiendas que queremos especialmente defender están relacionadas con el derecho de las mujeres trabajadoras que están en el régimen de autónomos a tener también el derecho a disfrutar de la baja por maternidad, y estamos hablando de las mujeres autónomas que en poco tiempo van a ser también todas aquellas que se encuentran en los regímenes especiales del mar y del sector agrario. La modificación que proponemos en el apartado 6, que modifica el artículo 133 ter, es especialmente importante para que en la baja de maternidad la igualdad sea real entre todas las mujeres. También planteamos una enmienda de adición de una nueva disposición adicional vigésimo séptima, y esta es de modificación de la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, porque entendemos que no podemos perder la oportunidad de aprovechar la ley que estamos tramitando para resolver la cuestión de la cotitularidad de las explotaciones agrarias. Este es un tema que hemos debatido en distintas ocasiones, sobre el que el Gobierno, incluso en Pleno, se ha comprometido a presentar alguna iniciativa en este sentido y, sin embargo, a día de hoy no se ha presentado. Por eso, no podemos pasar por una ley que se denomine de efectiva igualdad entre hombres y mujeres si el tema de la cotitularidad de las explotaciones agrarias no queda resuelto.
En cuanto a la baja por maternidad, que es un debate que incluso ya salió en muchos medios de comunicación, y en el que parece que todos los grupos estamos a favor de ampliar la duración de esa baja por maternidad o paternidad, así como sobre el derecho de los padres a disfrutarla, presentamos una enmienda con un matiz probablemente diferente a otras enmiendas presentadas, porque queremos generar un debate en el que quizá no estemos de acuerdo con cómo se formula, aunque estoy convencida de que sí lo estamos en el fondo de la cuestión que planteamos. Vemos con muchísima preocupación que siga recayendo en la mujer lo que puede significar de gravoso para las empresas las bajas por maternidad o paternidad o, mejor dicho -creo que deberíamos habituarnos a expresarlo de esta otra manera-, las bajas por natalidad, teniendo en cuenta que la natalidad es una necesidad social; cada vez lo vemos con más claridad y hablamos de la disminución de la natalidad como un problema social. Por lo tanto, no es un problema de las mujeres y dentro de esa consideración, las alternativas que busquemos para dar atención a las criaturas tendrían que recaer, desde el punto de vista económico, en toda la sociedad, y, en el caso concreto de las empresas, en padres y madres, de tal manera que para una empresa fuera tan preocupante que una mujer tuviera un hijo como que lo tuviera un hombre, en la medida en que el costo económico y social que pudiera tener la empresa fuera el mismo. De ahí que nosotros consideremos necesario repartir entre padres y madres la baja por maternidad o paternidad, siendo corresponsables ambos progenitores, de tal manera que
se cumpliera con la labor de atender al menor y, al mismo tiempo, se garantizara esa igualdad.
Hay otra enmienda que consideramos muy importante y se refiere a lo que se recoge en el proyecto sobre que se amplíen a tres años las excedencias para atención a menores, a mayores, a enfermos, etcétera. Valorando como positiva esta ampliación, también entendemos que el primer año de excedencia debería contar con la garantía de la reserva del puesto de trabajo. Lo defendemos así porque entendemos que con la Ley de la autonomía personal y de la dependencia que se acaba de aprobar la Administración deberá resolver una serie de circunstancias, pero desde que se arregla el papeleo hasta que se obtiene el servicio pasará un tiempo, y en ese tiempo existirá la necesidad de prestar las atenciones correspondientes. Por lo tanto, sería muy positivo recoger que el primer año de estas excedencias fuera con la garantía de la reserva del puesto de trabajo.
Defendemos especialmente estas enmiendas porque, repito, si no hay un acuerdo sobre las mismas nuestro grupo no podrá votar favorablemente esta ley, ya que quedaría coja en muchísimos aspectos que realmente complementarían una igualdad entre hombres y mujeres, porque las propuestas que hacemos van claramente contra la discriminación que en esta cuestión existe entre los dos géneros, y en algunos casos entre las propias mujeres.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señorías, en primer lugar, nuestro grupo parlamentario quiere celebrar, como no podía ser de otra manera, que a través de este proyecto de Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres -seguramente así lo conseguiremos entre todos y todas- la sociedad en su conjunto pueda dar un paso más en los derechos de igualdad y no discriminación por razón de sexo.
No voy a extenderme en lo que una ley de estas características, sin duda, precisaría. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Les ruego que bajen un poco la voz, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: La parte del debate, para entendernos, de puesta de largo la reservaría para el Pleno. Teniendo en cuenta que hoy el tiempo es limitado y que nos tenemos que basar fundamentalmente en las enmiendas, a ellas me referiré para su defensa, máxime teniendo en cuenta que nuestro grupo parlamentario ha presentado un total de 111 enmiendas, que no son pocas, por lo que -no voy a asustar a nadie- no voy a extenderme en todas ellas, pero sí quisiera remarcar las más significativas.
No obstante, antes de eso mi grupo parlamentario también quiere dejar constancia de que quizá una de las cuestiones más importantes que logra esta ley es la incorporación al ordenamiento jurídico español de las dos últimas directivas en materia de igualdad de trato: la 2002/73, de reforma de la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, así como a las condiciones de trabajo; igualmente, la Directiva 2004/113, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y a suministro. Lo resalto, señorías, porque hace ya algunos años que estas dos directivas tendrían que haber estado incorporadas a nuestro ordenamiento; podrían haber sido incorporadas sin necesidad incluso de tener que aprobar esta ley, y podríamos llevar ya un tiempo de avance en algunas cuestiones importantísimas. No obstante, ahora estamos debatiendo este proyecto de ley y bien está lo que bien acaba, pero también queremos dejar constancia de que entendemos que un paquete importante de las cuestiones que se plantean en este proyecto de ley ya vienen dadas por la obligación de incorporar las mencionadas directivas.
Nuestro grupo parlamentario tenía puestas sus expectativas en otras cuestiones más novedosas y que van más allá de la obligación ya marcada por las citadas directivas. Por ello nuestras enmiendas, en primer lugar, han ido dirigidas a definir lo que desde nuestro punto de vista habría de ser un modelo de política de igualdad, y por eso hemos presentado quince enmiendas a la exposición de motivos, algunas de ellas de una amplitud importante y que marcan lo que será después el contenido de las enmiendas al articulado, que para nosotros sería lo que diera sentido a una ley como la que estamos discutiendo.
En la enmienda número 82 a la exposición de motivos -en esta sí me detendré, aunque sea brevemente, para que se comprenda mejor por SS.SS.
el contenido posterior- nos referimos a la necesidad de entender la igualdad como promoción del principio y el derecho en sentido amplio, lo cual implica que la actuación de los poderes públicos debería dirigirse tanto al ámbito de lo público como al de lo privado, ya que la redistribución entre hombres y mujeres, tanto de los tiempos como de los roles como de los trabajos asociados a cada uno de estos ámbitos, es una condición indispensable para posibilitar el libre desarrollo de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. En definitiva, señorías, con esta enmienda y con otras planteamos que no podemos separar los ámbitos privados de los públicos si realmente queremos abordar el fenómeno de la discriminación por razón de género. Estas 15 enmiendas van dirigidas a hacer propuestas concretas para incidir desde los estamentos gubernamentales en estos dos ámbitos importantes.
Otro paquete importante de enmiendas es el que ya se ha mencionado por las portavoces que me han precedido, tanto por la diputada Uxue como por la diputada Olaia. Compartimos en este sentido las enmiendas, y son muy
similares las enmiendas relativas a las mujeres autónomas y a las mujeres en el mundo rural, así como a la cotitularidad en las explotaciones agrarias. También compartimos en este caso, aunque no hemos presentado enmienda, la enmienda número 71, cuya exposición ha realizado la diputada Uxue, en cuanto a las pensiones de viudedad. Queremos resaltar que nuestro grupo parlamentario, aunque no haya hecho enmienda, tiene una proposición de ley presentada desde hace aproximadamente más de año y medio en la que plantea precisamente el problema que aquí se manifestaba.
No hemos hecho enmienda porque en aquel momento consideramos que no era en el marco de esta ley la mejor manera de resolver esta discriminación.
No obstante, nuestro grupo no puede por menos que manifestar su apoyo a esta propuesta.
Nuestro grupo también ha dado un énfasis especial a la modificación de la Ley electoral a través de las enmiendas números 146 y 147. En este sentido nuestro grupo plantea el 50 por ciento de paridad en las listas.
Hemos leído todas las enmiendas de los diferentes grupos y pensamos que en estas y en muchas otras podríamos llegar a acuerdos para encontrar vías de entendimiento equilibradas entre las propuestas de unos y otros grupos.
En cuanto al límite de los 5.000 habitantes planteamos que no haya esta limitación y que, por tanto, haya la misma oportunidad en todas las poblaciones al margen del número de habitantes. Otro bloque importante es el de los planes de igualdad. Nuestro grupo parlamentario entiende que los planes de igualdad no pueden circunscribirse solamente a las empresas de más de 250 trabajadores, porque aproximadamente el 80 por ciento de las empresas de nuestro país tienen menos de 250 trabajadores y, por tanto, la ley, en este sentido, en relación con los planes de igualdad, estaría dejando fuera a un porcentaje elevadísimo de mujeres. Nosotros proponemos a través de dos enmiendas, en concreto las números 134 y 136, que en los planes de igualdad se encuentren vías de negociación más amplias para las empresas de menos de 250 trabajadores.
En cuanto al Consejo estatal de participación de la mujer, planteamos que sea un órgano consultivo independiente de la Administración central, con la participación de las asociaciones de mujeres, de las secretarías de la mujer de los sindicatos y de los consejos autonómicos, y que el desarrollo de este consejo se realice en un plazo máximo de seis meses.
También proponemos modificaciones, como ya hicimos en el debate de la LOE y ahora en el debate de la LOU, que van en la línea de promover la coeducación de manera clara y no como finalmente aprobamos en la LOE recientemente debatida. Asimismo presentamos un paquete de enmiendas realmente importante en cuanto a la vida cotidiana en la organización de los tiempos. También proponemos enmiendas en cuanto a regular la figura de los agentes de igualdad, su impulso y un mayor reconocimiento e, igualmente, enmiendas importantes de mejora relacionadas con el mundo laboral en lo que se refiere a permisos. En concreto proponemos ocho enmiendas que coinciden con otras de otros grupos, en las que, junto con las mejoras de las condiciones de las mujeres autónomas, posiblemente podamos llegar a amplios acuerdos, de lo cual nuestro grupo parlamentario se alegraría enormemente.
Quiero dejar para el final uno de los puntos que sin duda es el más debatido y el que puede generar quizás -al menos por nuestra parte- mayor dificultad para llegar a acuerdos, en este caso con el Gobierno, con el Grupo Socialista. Me estoy refiriendo a los permisos de maternidad y de paternidad. Nuestro grupo parlamentario entiende que el modelo que se impulse en esta ley de permisos de maternidad y de paternidad tiene mucho que ver con el modelo de políticas de igualdad al que me refería al inicio. Nosotros entendemos que no estamos debatiendo ni vamos a aprobar una ley de conciliación de la vida laboral y familiar o una ley de impulso de la maternidad; entendemos -y así lo expresa el título de la ley- que es para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres y que, por tanto, debemos de plantearnos cuáles son aquellos elementos que hoy, todavía, se están utilizando en nuestra sociedad y que distorsionan o impiden la verdadera igualdad, e incluso generan discriminaciones importantes. El modelo de sociedad actual tiene poco que ver con el modelo de sociedad de hace no ya cincuenta años, sino incluso mucho menos, de hace quince o veinte años, y precisamente las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, los jóvenes, todavía van a generar un cambio más importante en la sociedad. Nosotros, en estos momentos, tenemos la obligación de preparar ese futuro para las nuevas generaciones, y así lo esperamos, con una nueva mentalidad. En este sentido comparto en principio, por tanto, el análisis que hacía la diputada Olaia en cuanto a la baja por maternidad y comparto el que se le tendría que llamar más bien baja por natalidad. La sociedad, en general, entendería más el concepto de baja por natalidad, ya sea desde el punto de vista de adopción como desde el punto de vista en el que clásicamente la entendemos. Precisamente estos nuevos modelos de familia son los que nos hacen reflexionar quizás más sobre la necesidad de modificar el planteamiento que hoy se tiene todavía sobre la baja por maternidad. En todo caso existe una coincidencia en muchos grupos -con matices, porque cada grupo lo ha planteado con aportaciones y con propuestas diferentes- y es proponer más semanas de maternidad. Nosotros proponemos 20 semanas de maternidad y quiero aclararlo porque no tengo ningún inconveniente en dejar clara nuestra postura en este sentido. Nosotros proponemos 20 semanas de maternidad y cuatro semanas de paternidad. Incrementamos el número a 20 semanas de maternidad porque queríamos poner el acento hoy, en este debate, y también el pleno, en una cuestión y es que nuestro país es de los que está en la banda baja en cuanto a los permisos de maternidad
estamos en 16 semanas, Portugal en 18 semanas. Cierto que Francia tiene 16 semanas pero tiene muchos otros servicios de impulso de medidas de apoyo a la familia, a la maternidad o a la natalidad. Al margen de Francia, podemos ver que la mayoría de los países del entorno europeo superan con creces las 16 semanas de maternidad. Por tanto, señorías, entendemos que no estamos sobrados, que debemos reflexionar sobre la conveniencia para el conjunto de mujeres que deciden y optan por la maternidad de incrementar ese plazo de 16 semanas. No obstante, nuestro planteamiento y nuestro modelo, en el caso de no poder incrementar maternidad y paternidad, sería en estos momentos el del impulso de las semanas de paternidad y por eso hemos estado intentando llegar a acuerdos. Hay una novedad que creo que ya es sabida porque ha salido en los medios de comunicación y es que parece ser que ya podemos dar por hecho -aunque evidentemente hasta que no se apruebe no va a ser así- que hay acuerdo en pasar de los ocho días, más los dos con que contamos en estos momentos, es decir, los diez días, a quince días de paternidad. Por tanto, ningún grupo se tiene que apuntar esto como algo propio porque es un acuerdo al que se ha llegado a través de las negociaciones, al menos así ha sido en nuestro caso y supongo que se habrá hecho también con algún otro grupo parlamentario. Por consiguiente, podemos dar ya como un acuerdo los quince días de paternidad. Nosotros proponemos las cuatro semanas de paternidad y proponemos incluso -lo digo aquí para intentar llegar a acuerdos- algo que nos parece coherente en todo caso y que podría ser también una alternativa a consensuar entre todos los grupos; me refiero a entender que posiblemente las cuatro semanas de paternidad podrían tener dificultades en la práctica para que realmente fueran asumidas en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista social como cultural y económico -no nos olvidemos tampoco de ello-, pero la ley ha de marcar un camino, una filosofía, una tendencia en todo caso. Por tanto, proponemos que esas cuatro semanas se aprueben en esta ley pero que se desarrollen entre esta legislatura y la próxima. Esta es nuestra propuesta. Lo que se propone, en todo caso, daría una conformidad bastante amplia a nuestros planteamientos y, además, nos permitiría -acabo aquí, señorías, señora presidenta- apoyar esta ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Al igual que usted, comenzaré también por manifestar la importancia que para mí como diputada, por tanto como mujer política, y para el grupo al que pertenezco, el Grupo Vasco, y para el Partido Nacionalista Vasco, en el que milito, tiene la aprobación de esta ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. No soy la portavoz habitual... (Rumores.) Señora presidenta, rogaría su amparo.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que hablen bajito o que, si no, lo hagan fuera, porque no se oye a la persona que está hablando.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta. No soy la portavoz habitual de mi grupo en esta Comisión y debo a la generosidad de mi compañero, Emilio Olabarría, que me haya dejado ser ponente en esta ley, ya que yo le manifesté la ilusión que para mí suponía. Quede, por tanto, en el "Diario de Sesiones" mi agradecimiento, como ya se lo di en su día personalmente.
Señorías, en días pasados, el día 29 de noviembre concretamente, s publicaba en sus páginas de literatura un ensayo del que era autor el consejero de Interior -no se asusten, es hombre polifacético- y que hablaba sobre la igualdad a propósito de una relectura de la novela Las bostonianas de Henry Jones. Él se sorprendía de que tratándose de una novela del siglo xix -como ustedes saben, fue escrita en 1886- todavía hoy continúan irresueltos algunos de los problemas fundamentales del desarrollo humano y de la convivencia entre las personas vinculada, efectivamente, a las mujeres protagonistas de la novela. Dice: Cuando tanto han variado las formas de conocimiento y de expresión de la humanidad, los modos de convivencia y hasta las reglas de educación y urbanidad, que tienen poco o nada que ver con este momento histórico, permanecen sin embargo otras causas innegablemente idénticas y en condiciones fácilmente comparables. Cuando comprobamos una de las situaciones de este estilo se nos hace evidente la humildad que debemos mantener al hablar de progreso social.
Señorías, progreso en el papel de la mujer ha habido -ha aludido a él la presidenta al comienzo de esta sesión-, pero un progreso que todavía tenemos que seguir intentando y manteniendo. A ello creemos que debe obedecer la presentación y tramitación de un proyecto de ley que supone un importante impulso en la dirección que he apuntado. Señorías, en el ámbito en el que mi partido tiene responsabilidades de Gobierno, en Euskadi, existe ya la Ley 4/2005, de 19 de febrero, para la igualdad entre hombres y mujeres porque se consideró que el papel que tradicionalmente han desempeñado mujeres y hombres en la sociedad está experimentando una importante transformación. La mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, su acceso a todos los niveles educativos, su mayor acceso a la formación y a la cultura y, en menor medida, a los ámbitos de toma de decisiones, están generando unos cambios sociales favorables al avance en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, cambios que no hubieran sido posibles sin la aportación fundamental de los movimientos feministas -quiero rendirles tributo- y sin el esfuerzo de todas aquellas mujeres que desde el anonimato han trabajado a favor de los derechos de las mujeres.
Para mi grupo, señorías, la aspiración de esta ley no debe limitarse al cambio individual o al reconocimiento de los derechos de la mujer como persona o a la garantía
de su dignidad, su objetivo debe ser ahora ya colectivo, buscar el acceso a la capacidad de influencia, de decisión en la ordenación social. No estamos solo ante el proyecto del sufragismo originario dirigido a que la mujer alcance el ejercicio de los derechos individuales ya garantizados para el hombre. Creemos que ahora estamos ante la reivindicación expresada como empoderamiento por el que la mujer accede al poder de organización y lo ejerce en la esfera en la que desarrolle su actividad, sea ésta la familiar, la laboral o la política. La meta que debe tener esta ley en el papel de la mujer es el cambio de la función social que le corresponde expresado como meta superior al reconocimiento individual de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva abordamos el estudio del proyecto que fue presentado por el Gobierno y la valoración que se efectuó por el Partido Nacionalista Vasco en términos generales, como se conoce por el trámite de audiencia que se dio a los distintos organismos de igualdad de las comunidades autónomas, fue positiva. Eso sí, determinados aspectos competenciales del proyecto serán objeto de crítica y comentario. Creemos que la igualdad afecta a la misma esencia de los derechos del ser humano y que esta se construye o se caracteriza como un elemento de la justicia, inspirador y fundamento del orden constitucional y del principio democrático. Es evidente que distintas declaraciones universales de derechos, también en el ámbito europeo, consagran la igualdad por razón de sexo como una meta fundamental. Creemos que el proyecto contempla la proclamación de la igualdad entre hombres y mujeres, de una forma autónoma la igualdad genéricamente considerada, otorgándole dimensión propia tanto a nivel declarativo como a nivel de realidad práctica, es decir, a la hora de pergeñar un revulsivo contra la interdicción por razón de sexo.
La parte primera del proyecto -concidimos con el Consejo de Estado en que hay en realidad dos leyes- tiene un valor simbólico, declarativo, difusor de valores y de una cultura en contra de la discriminación por razón de sexo. En ese sentido, no se define el alcance de tales principios ni se contemplan sus garantías. La segunda parte contempla las medidas de acción positiva que deben impregnar las políticas públicas y se garantiza la proscripción de la discriminación. De todo ello surge el concepto de transversalidad como estrategia en la que debe considerarse el principio de igualdad entre sexos, de tal forma que sirva para vertebrar las situaciones de hombres y mujeres en el conjunto de actuaciones públicas.
Este carácter del proyecto -su transversalidad o influencia horizontal en distintos ámbitos materiales de actuación- tiene como consecuencia que los títulos competenciales sobre los que se sustenta el texto sean variados, tanto en lo que concierne a la materia como a la distribución que de estas materias existe en la realidad del Estado autonómico. Sin embargo, la necesidad de que el principio de igualdad y de no discriminación entre hombres y mujeres se integre en la regulación concreta de los derechos fundamentales otorga fundamento a la aparición del título competencial principal que soporta este proyecto, el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye competencia al Estado, como todos ustedes saben, en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Con base en este título, el proyecto determina los principios generales de la norma, las definiciones y conceptos de todos los aspectos diseñados para la constitución de la igualdad entre hombres y mujeres e incluso determinadas actuaciones e iniciativas que se insertan en el marco de la sociedad de la información, del desarrollo rural y de la política de vivienda. Dudosa resulta en estos cambios la invocación del artículo 149.1.1ª en los artículos 25, 26 y 27, habida cuenta de que en estos casos se incide de forma directa sobre lo que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y no se trata de derechos a los que la jurisprudencia haya extendido nunca la protección del artículo 149.1 de la Constitución. Este comentario competencial me evita tener que repetirlo luego pormenorizadamente en cada una de las enmiendas parciales.
A juicio de la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo cierto es que el alcance de este título competencial puede sintetizarse en que constituye un título autónomo positivo o habilitante que permite al Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, pero no al diseño completo y acabado de su régimen jurídico. En este sentido, la fijación por el Estado de unas condiciones básicas, uniformes en el conjunto del territorio estatal no impide el que las comunidades autónomas con competencias en materias que puedan verse afectadas por el carácter transversal del proyecto puedan desarrollar y completar estas normas horizontales, de conformidad con las especificidades inherentes a las distintas realidades de cada comunidad autónoma y, sobre todo, con fundamento en las materias que resulten afectadas sobre las que las comunidades autónomas ostentan competencias de distinto signo.
Señorías, tras esta indicación general paso a referirme a las enmiendas concretas que ha presentado el Grupo Vasco. Comenzaré por la referida al artículo 5 del proyecto, sobre igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo. Forma parte de las que considero técnicas, que solamente buscan en su finalidad trasponer de una forma más adecuada las dos directivas de las que se hace gala en la exposición de motivos y que es propósito de la ley transcribir. Creemos que la mención que se hace al despido es importante por tratarse de un aspecto esencial en el marco de las relaciones de trabajo.
En cuanto al artículo 7 y el acoso sexual y acoso por razón de sexo, pretendíamos, también en este caso, transcribir la literalidad de las expresiones utilizadas en una de las dos directivas cuando hablábamos de comportamiento verbal o físico no deseado, hostil y humillante.
Sé que desde el grupo mayoritario y también desde los equipos del ministerio se considera que el exceso de definición daña a lo que se pretende definir y son más partidarios de la escueta dicción que se contiene en el texto del proyecto. Sin embargo, hoy por hoy -no es que haga causa de la cuestión- a mi formación política le parece que está bien, que es adecuada la especificación y que refuerzan notablemente el contenido del precepto las expresiones que nosotros pretendemos añadir.
En el artículo 12 introducíamos modificaciones en relación con la tutela judicial efectiva, añadiendo en el apartado 1 el inciso: incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación, y hablábamos de que los tribunales adoptarán las medidas necesarias para garantizar la indemnización o la reparación real y efectiva del perjuicio sufrido a causa de la discriminación. Nos parece que también supone incluir una matización del texto de las directivas y que además es acorde con el mandato expreso a los Estados miembros, cuyo tenor literal cito en la fundamentación de la enmienda y que no les leo a todos ustedes para no extenderme en exceso.
La enmienda que pretendemos introducir en el artículo 14 solo quiere incluir tras el número 6 actual un número 7 en el que se contemple como criterio general de actuación de los poderes públicos la puesta en práctica de los medios necesarios para garantizar el respeto a la diversidad y a la diferencia. Creemos que el respeto a la diversidad y a la diferencia es un elemento que puede garantizar una mayor firmeza en la búsqueda de la igualdad de trato entre mujeres y hombres dentro de la perspectiva de las actuaciones de los poderes públicos; nos parece interesante, pero insisto en que tampoco será motivo de una oposición al tenor literal del artículo 14, tal y como está redactado en este momento.
En el artículo 22, referido a la educación, añadíamos también un párrafo breve en el que se hacía alusión a potenciar la igualdad real de hombres y mujeres en todas las dimensiones, la curricular, la organizativa y otras. Se nos ha manifestado que por parte del Gobierno se considera inadecuado volver a hacer mención de cuestiones que ya aparecen debidamente especificadas en las leyes educativas correspondientes. Sin embargo, nos había llevado a esta precisión el carácter integral y transversal de la regulación que ahora se pretende, que nos parecía que no quedaba en absoluto dañado por volver a repetir esta cuestión. Tampoco es algo fundamental ni que vaya a impedir el voto afirmativo al texto del dictamen.
Con la enmienda siguiente, referida al artículo 26, entramos ya en lo que es claramente, desde nuestra perspectiva, el alcance de las competencias posibles del Estado para regular determinadas materias. Con independencia de la razonabilidad, en términos de oportunidad, de lo que se pretende en el artículo 26, entendemos que no ostenta ninguna competencia, que en esta materia es imposible la invocación del 149.1.1.ª y pretendemos su supresión. Se nos ha indicado también que en el dictamen del Consejo de Estado no hay ninguna objeción a aspectos competenciales. Yo me permito sostener que en la práctica de la existencia del Estado autonómico, hace ya 27 años, hay motivos suficientes para pensar que la defensa competencial siempre ha estado en manos de las propias comunidades autónomas, y con todo el respeto que profeso al Consejo de Estado, este no se ha distinguido precisamente por ayudar y ser salvaguarda de las defensas competenciales. Cuanto se ha conseguido en defensa de las competencias ha salido siempre desde la propia periferia, es decir, desde las mismas comunidades autónomas. Me permito, por tanto, discrepar y considerar que al Consejo de Estado se le han pasado por alto estas cuestiones.
Algo parecido ocurre con el artículo 27, porque creemos que el Estado puede regular efectivamente aspectos relacionados con la Seguridad Social en el medio rural -faltaría más, es competencia exclusiva suya conforme al artículo 149.1.17.ª-, pero lo que no puede hacer en cumplimiento de la distribución competencial vigente es establecer la regulación y los compromisos en el ámbito de desarrollo rural, en la consecución de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, puesto que esto les corresponde a las comunidades autónomas. Puede ser muy útil, muy conveniente y oportuno políticamente, pero entendemos que no es competencia y, por tanto, hemos reducido el artículo 27 a la sola competencia del Estado para regular la protección en materia de Seguridad Social. Lo mismo ocurre con el título de vivienda. Creemos que hemos reducido y lo dejamos en lo que creemos que efectivamente le corresponde.
En el artículo 29 introducíamos una mejora de técnica jurídica, puesto que pretendíamos que se adicionase el contenido del artículo 71.2 del proyecto a este artículo 29, relativo a los contratos de las administraciones públicas, y nos parece que, con alguna diferencia en cuanto a cómo quede redactado definitivamente, sí es objeto de aceptación por parte del grupo mayoritario.
Artículo 31, subvenciones públicas. Otra vez nos encontramos con las competencias que corresponden al Estado o a las comunidades autónomas.
Nos parece que resulta inadecuada la invocación que se hace del artículo 149.1.18.ª para sustentar el contenido de este precepto ya que, además, hasta se les quiere dar forma jurídica concreta, puesto que se habla de planes estratégicos de subvenciones. Quiero pensar que las competencias de las comunidades autónomas en sus propios programas de subvenciones llegarán a establecer la forma de las actividades de fomento conforme a ellas les parezca en su capacidad de autoorganización, sin que tengan que ceñirse a lo estrictamente señalado, y menos invocando el artículo 149.1.18.ª en el proyecto de ley.
En el artículo 46, referido al otorgamiento de los distintivos para empresas en materia de igualdad, hacíamos la mención -que podría no establecerse en el texto de la norma- de que también las comunidades autónomas podrán crear sus distintivos propias. No hacemos causa de que lo pueda hacer el Estado, aunque
yo creo que es claro que es mera ejecución de la legislación laboral, pero estamos ya muy habituados a que también en materia de ejecución el Estado se atribuya competencias a sí mismo y no nos parece mal que existan títulos estatales y títulos de comunidades autónomas en reconocimiento de la realización de políticas de igualdad.
La enmienda referida al artículo 69, las acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad, nos parece que es objeto de aceptación, o al menos así se nos manifestó ayer por parte del grupo que apoya al Gobierno, y nos parece bien que así sea, puesto que se echaba en falta en este artículo la fijación de mecanismos de información a los representantes de los trabajadores sobre las acciones de responsabilidad social que puedan adoptar las empresas, puesto que, de conformidad con el contenido del artículo, dichas acciones pueden concertarse con los representantes de los trabajadores, además de con las organizaciones de consumidores y usuarios y asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de igualdad de trato entre hombres y mujeres; garantizar el derecho a la información de estas organizaciones de representación de los trabajadores nos parece un buen añadido y agradecemos al grupo mayoritario su receptividad.
Pretendemos la modificación del artículo 71.2 en el sentido que he indicado antes, en relación con la modificación del artículo 29.
Señorías, con esto llego ya a la enmienda que presentábamos en relación con el apartado primero de la disposición adicional segunda, la referida a las modificaciones electorales para conseguir la igualdad en el ámbito de acceso a los cargos públicos entre hombres y mujeres. Pretendemos salvar que en las elecciones a miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales puedan establecer medidas que favorezcan una mayor paridad en las candidaturas que se presenten a las elecciones de las citadas asambleas legislativas. Mediante nuestra enmienda se trata, por un lado, de ofrecer una cláusula de apertura que permita a la normativa autonómica la regulación concreta de las elecciones autonómicas disponiendo de un margen propio para determinar ese porcentaje de cuota electoral que, por otro lado, no hace sino incrementar la acción positiva en pos de la igualdad, es decir, establecer una medida más favorable a la paridad real y efectiva en los procesos electorales autonómicos para aquellos casos, como el caso vasco, en los que ya existe una ley de igualdad con las modificaciones normativas electorales en el ámbito en el que le ha sido posible.
Pretendemos la supresión de la disposición adicional décima por las mismas razones por las que pretendíamos la desaparición del artículo 26.
Nuevamente nos encontramos con el establecimiento de un cierto monopolio por parte del Estado en relación con determinadas cuestiones y es cuando se establece que solo el Instituto de la Mujer será el órgano competente en el impulso y coordinación de las políticas públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para su actuación en materias concernientes a los respectivos ámbitos en relación con la participación fuera del Estado o en organismos europeos. Se nos decía que el tenor literal de la directiva habla de un órgano encargado; nosotros creemos que no se alude a un órgano de interlocución sino que se habla de designación de uno o más organismos responsables. Puesto que todas las comunidades autónomas tienen órganos de igualdad, no sería malo que también existiese esta salvaguarda en el propio texto de la ley.
Especial interés tiene mi grupo en que sea aceptada la enmienda que plantea introducir una nueva disposición adicional a continuación de la vigésimo sexta, del siguiente tenor. Lo sería de modificación de la Ley 5/1984, modificada por la Ley 9/1994, de derecho de asilo y de condición de refugiado, pretendiendo que a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 3, se reconocerá la condición de refugiada a las mujeres extranjeras cuando huyan de sus países debido a una persecución por motivos de género.
La señora PRESIDENTA: Señora Uría, le ruego que vaya terminando.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señora presidenta.
Parecía excesivamente genérica esta expresión y debo manifestar que intentaré una redacción que pueda satisfacer más al grupo mayoritario porque, insisto, sería especialmente grato para mí, como diputada, que hubiese una modificación referida a la persecución de las mujeres por motivo de género que posibilitase la concesión del derecho de refugiada o de asilada.
En la disposición final primera pretendemos regular de manera más correcta que como lo hace el proyecto el fundamento constitucional. Tiene títulos el Estado, señorías, tiene el 149.1.1.ª, pero conforme a ese solo unos determinados artículos han podido ser regulados; el artículo 149.1.16.ª sirve para otros; el 149.1.27.ª, para otros. En fin, señorías, no les leo la enmienda entera porque es muy larga, pero creemos que sería adecuado que respecto de cada artículo de la ley o de cada apartado se vaya diciendo cuál es el título que lo convierte en legislación básica o en competencia del Estado y no la generalidad con la que se contempla.
Además, creemos que debe añadirse que el resto de los preceptos de la ley no tienen el carácter de básico los que no están debidamente especificados en ninguno de los apartados del artículo 149, y que, por lo tanto, el resto de los apartados de la ley solo han de entenderse de aplicación respecto de la Administración General del Estado.
Señora presidenta, no puedo concluir mi intervención sin hacer alguna referencia a las críticas que, desde distintos sectores, están recibiendo algunos de los aspectos de esta ley, singularmente las que hacen referencia a modificaciones en el ámbito de la empresa privada, cuando todo el mundo entiende y da como bueno el dato
de que solo un 7 por ciento de las grandes empresas europeas tenga una mujer como presidenta o que se utilicen frases como que los hombres son juzgados, en el ámbito de lo privado, por su potencial y las mujeres solo por sus éxitos, y sin embargo se pongan tan grandes trabas a la posibilidad de establecer mecanismos que permitan soluciones como en el caso de Noruega, por ejemplo, donde la ley ha empujado al alza el número de grandes compañías presididas por mujeres, el 29 por ciento, cuatro veces por encima de la media del resto del continente. Señorías, creemos que los preceptos de la Constitución española en el artículo 14 y sobre todo en el artículo 9.2, en las obligaciones que impone a los poderes públicos de promoción y eliminación de los obstáculos que impidan la igualdad real, tienen una virtualidad suficiente para haber sido incluso más audaz de lo que se es en los artículos 38 y 39, sobre fijación de mecanismos o compromisos que desemboquen en la implantación expresa de medidas de acción positiva y de aplicación efectiva del principio de igualdad de trato también en el ámbito laboral, puesto que en caso contrario, insisto, estaríamos desvirtuando las importantísimas potencialidades que contiene el artículo 9.2 de la Constitución. Y en relación con él tampoco puedo dejar de hacer mención, puesto que respecto de la ley vasca ha sido objeto de recurso expreso por parte del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, del amparo que tiene la acción positiva en materia de normativa electoral tanto en el ámbito internacional como en el europeo como en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Creemos que hay bases suficientes para poder sostener que los principios de medidas protectoras de la presencia femenina en las elecciones tienen perfecto encaje en la normativa propia española.
La señora PRESIDENTA: Señora Uría, tiene que terminar ya, por favor.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Concluyo ya, señora presidenta.
Ni siquiera, señorías, debiera el partido mayoritario, ni tampoco el Gobierno, achicarse ante manifestaciones que, en tono bravucón, han dicho en estos días que nos va a pasar como en Francia o como en Italia, donde finalmente tribunales constitucionales en ambos casos declararon inconstitucionales normas que introducían estos elementos de acciones positivas. Debe quedar bien claro que la decisión del Consejo Constitucional francés estaba basada en el texto de una Constitución que entonces no contenía un precepto que tuviera nada que ver con el artículo 9.2 actual, y de igual forma debe también sostenerse que la Corte Constitucional italiana ha utilizado un criterio que viene sosteniendo históricamente una interpretación de la igualdad que es considerablemente distinta de la que realiza la jurisprudencia constitucional española. Me perdonará la señora presidenta pero algo tenía que decir a este respecto, puesto que desde determinados medios se están utilizando en estos días amenazas importantes diciendo: Regulen ustedes lo que quieran, que después nosotros recurriremos y el Tribunal Constitucional pondrá cada cosa en su sitio. Creo que hay sobrados estudios jurídicos, sobrada jurisprudencia, sobrada normativa para entender que en los aspectos concretos a los que me he referido el texto que el Gobierno propone es acorde con lo constitucionalmente posible, y que por lo tanto estamos haciendo algo para levantar obstáculos que impiden la efectiva igualdad de las mujeres en la presencia pública, y también en la privada, que debemos hacer sin miedo y sin vacilaciones.
Las pegas que he puesto al texto en relación con la invasión competencial en determinados apartados no sirven, señora presidenta, para desvirtuar el criterio general de mi grupo, que es el de votar favorablemente el contenido del dictamen.
Muchas gracias, señora presidenta. Le ruego perdone mi extensión y le agradezco su paciencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Mi grupo, Ezquerra Republicana, ha presentado diversas enmiendas en tres líneas distintas: una, de carácter filosófico; otra, de carácter general, mejorando el texto y, finalmente, otras, que para nosotros son las más importantes, que hacen referencia al trabajo y a la conciliación, al permiso de paternidad, a la ley electoral y a los derechos de las nuevas estructuras familiares.
Empezaré por las que yo creo más importantes, que son sobre todo las relativas al trabajo. Desde Esquerra les damos mucha importancia debido a que creemos que la suficiencia económica de las mujeres es la que evita su dependencia de otras personas, especialmente los hombres, y por lo tanto es el antídoto a posteriores situaciones de malos tratos, dependencias emocionales, etcétera, que acaban cortando de raíz la dignidad y la libertad de las mujeres. A la vez, creemos también que es precisamente este ámbito, el laboral, el que recoge mayores índices de desigualdad y discriminaciones contra las mujeres. Hemos presentado una serie de enmiendas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al mercado de trabajo, como en el desarrollo de las tareas, con el fin de conciliar la vida familiar, laboral y personal de las mujeres. Por un lado, hemos propuesto un paquete de medidas dirigidas a la mejora de la conciliación y, sobre todo, a profundizar en los derechos de las mujeres. En primer lugar, proponemos que la reducción de jornada por motivos de cuidado a hijos e hijas y a otros familiares no suponga una reducción de las condiciones de cotización previas a la modificación de la jornada laboral, con el claro propósito de ayudar a las mujeres a no perder derechos laborales mientras sean ellas las que mayoritariamente se ocupen
de estas tareas. En segundo lugar, proponemos extender el permiso de maternidad a todas las madres trabajadoras ampliando el periodo de carencia en diez años, es decir, que se exijan 180 días cotizados en diez años, ya que por todos y todas son conocidas las dificultades que persisten aún por lo que respecta a la introducción de las mujeres en el mercado laboral. Finalmente, con el objetivo de ayudar a todas las mujeres proponemos una bonificación por maternidad de 1.200 euros anuales, 100 euros mensuales, entendida ésta como una ayuda universal a todas las madres. Se trata, pues, de universalizar la ayuda que en su momento se estableció para las madres trabajadoras, pasando a reconocerla de forma general a todas las madres. Con el vigente sistema de bonificación la ayuda es solo para las trabajadoras y siempre y cuando estén cotizando a la Seguridad Social. Por otro lado, creemos imprescindible no olvidar una parte muy importante de las mujeres trabajadoras autónomas en regímenes de cooperativas, ya que su protección laboral, especialmente en el caso de la maternidad y el cuidado a otros familiares, está muy desamparada. Así pues, aparte de proponer que puedan acceder a este tipo de ayuda universal, pedimos también que puedan reducir su jornada de trabajo en las mismas condiciones que las trabajadoras del régimen general si es por motivos de maternidad y atención a otras personas dependientes, y sobre todo hacemos la propuesta de que durante el permiso de maternidad no tengan que pagar sus cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
Por lo que respecta al ámbito del trabajo también hemos pensado en las pymes, ya que consideramos necesario el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para el buen funcionamiento de la sociedad. En primer lugar, con referencia a la implementación de los planes de igualdad de oportunidades, proponemos que el Gobierno no solo se limite a velar por su obligado cumplimiento, especialmente en las empresas, sino que dé apoyo técnico y económico en forma de subvenciones con el fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas en esta implementación, a la vez que la Administración tiene la obligación de impulsar la formación de los llamados agentes de igualdad como una de las vertientes de este apoyo de carácter técnico que propone la ley y con el que estamos totalmente de acuerdo. Por otro lado, queremos que los planes de igualdad se cumplan de verdad, y por este motivo hemos propuesto que se actualicen cada dos años las condiciones por las que se otorga el distintivo en igualdad a las empresas para evitar que cumplan requisitos pero, una vez logrado dicho distintivo, se olviden de ellos.
Otro tema al que damos mucha importancia es el de la paternidad. Aquí quiero hacer un inciso. Nosotros habíamos presentado una enmienda a la totalidad, que luego explicaré por qué la retiramos, y uno de los motivos era el permiso de la paternidad. Estamos de acuerdo en que hace falta introducir esta medida en nuestro sistema, pero no deja de ser paradoxal que en una ley para las mujeres la medida estrella sea una medida para ellos. Creo que sería mucho más coherente en una ley de conciliación que en una ley de igualdad. Está en la Ley de Igualdad, lo celebramos, pero queremos nuestro sistema de paternidad, que en este caso creo que es sabido por todos que proponemos que sean las cuatro semanas intransferibles, que solo las pueda disfrutar el padre, y en todo caso alternas, no tienen por qué ser ininterrumpidas. En la línea que comentaba mi compañera de Iniciativa, estamos en predisposición de llegar a acuerdos con el Grupo Socialista en el sentido de que esta implementación de las cuatro semanas no tenga que hacerse ahora, que se pueda hacer en el tiempo, pero en todo caso que sean cuatro semanas para hacer efectiva esta medida.
Referente a la modificación de la Ley Electoral, celebramos que se adopten medidas desde el Gobierno para visualizar a las mujeres en uno de los ámbitos donde tradicionalmente hemos estado más discriminadas, el de la política, pero creemos que este primer paso, que parte de cero, no debería darse hacia la paridad sino hacia la motivación de la participación de las mujeres en las listas electorales y hacia el respeto por aquellas listas electorales que propongan a mujeres de forma mayoritaria. Así pues, proponemos una medida de paridad pero con un punto de discriminación positiva, ya que creemos que sería preferible que la ley hiciese referencia a la obligatoriedad de como mínimo un 40 por ciento de mujeres en las listas electorales, de manera que coincidimos con la ley en garantizar esta presencia de mujeres. Sin embargo, respetamos aquellas listas que estén integradas por mujeres en un porcentaje mayor del 60 por ciento, aplicando en este caso una medida de acción positiva para corregir las discriminaciones que llevamos arrastrando en este ámbito.
Otra cuestión que echamos en falta en esta ley es acabar con las discriminaciones de las parejas y de las personas homosexuales y lesbianas. Creemos que aún hay muchas discriminaciones, incluso jurídicas, y que una ley de estas características no ha aprovechado la oportunidad. En primer lugar, proponemos la modificación de la Ley sobre el Registro Civil, que es preconstitucional, para sustituir los términos padre y madre por progenitores para que todas las formas de filiación estén reconocidas, en coherencia con otras leyes modificadas recientemente en este sentido, como la que permite los matrimonios homosexuales o la Ley de Reproducción Asistida. En consecuencia, proponemos añadir a los conceptos de filiación materna o paterna la filiación comaterna para extender el derecho a las parejas lesbianas. Con esta iniciativa ahorramos a las mujeres emparejadas con otras mujeres el paso por un proceso de adopción para constar en el registro como dos madres de un único hijo o hija. En segundo lugar, proponemos otra modificación de dicha ley para que las madres solteras no deban obligatoriamente reconocer el padre del hijo o hija que inscriban en el Registro Civil si la filiación no es reconocida, para acabar de esta manera con
la situación paradoxal, ridícula e insultante para las mujeres que deciden tener un hijo ellas solas.
Pasando al texto, hemos introducido un grupo de enmiendas para mejorarlo.
Por ejemplo, cuando se habla del acoso sexual queremos que se incluya la palabra atentado no solo a la dignidad sino a la libertad individual, ya que este tipo de discriminación no solo atenta a la dignidad de las personas sino también a su propia libertad, valor que desde el republicanismo no podemos dejar que se menosprecie. En el título II, políticas públicas para la igualdad, nuestras enmiendas han querido, por un lado, dejar clara la obligatoriedad de dar ejemplo por parte de las instituciones públicas de la aplicación de los preceptos de esta ley, remarcando la necesidad del acompañamiento de las medidas que propone de acciones de discriminación positiva allá donde haga falta, pero sobre todo la necesidad de dotar presupuestariamente esta ley y todas y cada una de las acciones que se desprendan de ella. Creemos que esta ley debiera poner más énfasis en los presupuestos, ya que no solo es imprescindible destinar los recursos económicos necesarios para la erradicación de las discriminaciones contra las mujeres y para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sino que también lo es la introducción de los llamados presupuestos de género -otro concepto que la ley no recoge pero que desde el movimiento feminista hace tiempo que nos reclaman-, que no suponen más dinero ni una asignación diferenciada por sexos, únicamente suponen el impacto de género en los presupuestos que acompañan a todas las políticas públicas, porque no siempre una medida pretendida neutral acaba siéndolo. Por otro lado, proponemos que las estadísticas públicas no solo deban contener sus datos segregados por sexos, sino que deben ir más allá y contemplar indicadores de género, es decir, indicadores que tengan en cuenta las actitudes diferenciadas entre mujeres y hombres, con el fin de recoger con mayor exactitud y veracidad la realidad de las mujeres vivida de distinta manera a los hombres.
Ponemos énfasis también en que se mencione la educación y la introducción de la perspectiva de género en los itinerarios curriculares. En cuanto al apartado de la sociedad de la información, queremos que la ley recoja determinados colectivos como las mujeres de los medios rurales y pesqueros, o aquellas en riesgo de exclusión social, como prioritarios en el acceso a estas nuevas tecnologías de la comunicación y la información para evitar lo que se llama la fractura digital. Al título del desarrollo rural también hemos presentado muchas enmiendas, sobre todo para incluir a las mujeres del ámbito pesquero dentro del ámbito rural, para dejar clara la necesaria inversión en educación y en capacitación técnica de estas mujeres, para garantizarles unos puestos de trabajo adecuados a sus medios y para impulsar centros educativos en los medios rurales y pesqueros con el fin de evitar que las mujeres tengan que emigrar por motivos formativos. Por lo que respecta al acceso a la vivienda, creemos que esta ley tendría que hacer una mención explícita a los colectivos de especial vulnerabilidad, como son las familias monoparentales, porque no queda recogido del todo.
Para terminar, valoramos la necesidad -y en este sentido felicitamos al Gobierno- de una ley de estas características, es decir, de una ley para las mujeres, pero creemos que es una ley cobarde. No quiero que se malinterpreten mis palabras. Creo que se ha dejado pasar una oportunidad muy buena para hacer un cambio radical en el paradigma patriarcal que aún impera en esta sociedad y para dar un paso más adelante y reconocer otro tipo de feminismo, el feminismo adecuado al siglo xxi, que no solo busque la paridad y la equidad sino también la igualdad de oportunidades y sobre todo el reconocimiento a la diferencia. Nosotros estamos por la igualdad en el reconocimiento de la diferencia. Por eso hemos presentado muchas enmiendas que quieren visualizar las distintas experiencias y aportaciones de los hombres y de las mujeres, y sobre todo el reconocimiento a la diversidad de las mujeres. En este sentido, no estamos de acuerdo con algunas enmiendas y transaccionales presentadas por otros grupos que, cuando quieren hablar del colectivo de las mujeres, citan a las que pertenecen a minorías étnicas, inmigrantes o discapacitadas y dejan fuera a las prostitutas, las jóvenes, las lesbianas, las viudas, las monoparentales y las víctimas de la violencia de género. Por tanto, si se habla de diversidad de mujeres pueden quedar recogidas todas estas problemáticas y si solo se citan unas cuantas corremos el riesgo de que otras queden fuera de la ley y no les afecte.
Como decía antes, nosotros presentamos en principio una enmienda a la totalidad por no estar de acuerdo con esta filosofía en la que se basa, o aun estando de acuerdo creemos que hemos perdido una oportunidad para hacer un planteamiento más radical y porque no se ha pensado en la mujer como portadora de derechos, en el día a día, en el desarrollo profesional y personal, sino que se ha ido a buscar únicamente la igualdad y la paridad en los órganos de decisión, en las grandes ejecutivas y en las leyes electorales y, como he dicho antes, solo en el caso de la paternidad. Una ley de igualdad no tiene que basarse solo en esto sino sobre todo en las mujeres. Por eso, aunque hay buenos acuerdos en algunas materias sobre las personas autónomas, de momento nuestro voto no puede ser favorable, aunque nos gustaría mucho.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió, desde el compromiso político con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, comparte la finalidad y los objetivos del proyecto de ley que estamos dictaminando porque es evidente que, a pesar de la igualdad formal reconocida en las leyes, la realidad tozudamente nos pone ante los ojos la existencia de violencia, la discriminación salarial, la dificultad en el acceso y la promoción
laboral, la asunción casi en exclusiva por parte de las mujeres de las responsabilidades familiares y la todavía escasa presencia de mujeres en lugares de toma de decisiones, así como la falta de consolidación de liderazgos femeninos. Esta realidad cotidiana exige la adopción de nuevos instrumentos si queremos -y desde Convergència i Unió queremos- que la igualdad sea, además de un ideal de justicia, una completa realidad.
Porque compartimos objetivos hemos presentado al proyecto de ley un paquete de enmiendas numéricamente importante para intentar mejorar el texto inicial, un texto que reconocemos que supone un paso adelante en diversos aspectos, por ejemplo, en la implementación al derecho interno singularmente de la Directiva 2002/73/CE, relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la formación profesional y a las condiciones de trabajo, que si bien es un paso de obligado cumplimiento, puesto que la implementación al derecho interno de las directivas comunitarias es obligatoria, supondrá un avance importante para combatir todas las situaciones de discriminación directa o indirecta aún subsistentes; un paso adelante también en la consolidación normativa de aquello -bastante- que los tribunales de Justicia han venido dictando en materia laboral y de conciliación. Pero -y esta es la parte a la que ponemos objeciones y a la que especialmente formulamos enmiendas-, es un proyecto que se muestra más tímido en medidas auténticamente innovadoras, seguramente costosas pero igualmente necesarias, porque no podemos olvidar que más allá de aspectos emblemáticos, como la presencia de mujeres en consejos de administración de grandes empresas o en listas electorales, lo que realmente afecta al mayor número de ciudadanas son todos los aspectos relacionados con la conciliación, desde la necesidad de implicar a los hombres en ella hasta aquellas otras medidas necesarias para que hombres y mujeres puedan tener hijos -si los quieren tener-, y además los puedan atender, avanzando en la implementación de medidas que se aplican ya en países de nuestro entorno. Hay una objeción cierta y real que es el coste, es verdad, pero creo que nadie pensaba que la igualdad iba a ser gratis, que no iba a tener coste. Tendrá un coste material y económico, pero también un coste inmaterial, porque debe pasar por un nuevo pacto entre las parejas y las familias y también por la asunción de una nueva mentalidad por parte de las empresas. Desde los poderes públicos creemos que no solo debe prohibirse la discriminación, que es el efecto más palpable de la desigualdad -solo faltaría que no se prohibiera-, sino que se debe facilitar que la igualdad sea una situación cotidiana.
Desde esta perspectiva voy a defender las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario y no voy a hacerlo una a una, evidentemente porque no dispongo de tiempo, sino aludiendo a aquellos aspectos que me parecen más relevantes. En primer lugar, hemos presentado un paquete de enmiendas para impulsar la implicación de los hombres en la conciliación. Esto nos parece el auténtico meollo de la cuestión. El futuro de la igualdad entre hombres y mujeres -quizá las mujeres de mi generación ya hemos llegado tarde- pasará sin duda alguna por que no sean las mujeres las que asuman en exclusiva las tareas familiares y que a los ojos de los empleadores los hombres dedican a la familia el tiempo que les queda después del trabajo y las mujeres dedican al trabajo el tiempo que les queda después de atender todas las responsabilidades familiares. La implicación de los hombres es una carencia muchas veces reconocida por el grupo que hoy sustenta al Gobierno, por la generalidad de los grupos y, por ello, su superación se viene demandando en esta Cámara por todas las fuerzas políticas desde hace muchos años. Nosotros proponemos un permiso de paternidad, aunque el proyecto de ley también lo propone. El propio proyecto de ley dice que es la medida más innovadora porque conjuga conciliación e igualdad, pero francamente se queda en un permiso muy justo, casi anecdótico, porque propone un permiso de ocho días. No hace falta hacer análisis muy rigurosos para concluir que en este plazo de tiempo ni se puede hablar de corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares, ni tampoco de renocimiento del derecho de los hombres que se quieren implicar en el cuidado de los hijos.
Proponemos un permiso de cuatro semanas en las enmiendas números 415 y 432, en coherencia con lo que hemos venido solicitando para ir paulatinamente a un derecho individualizado, de igual duración para uno y otro progenitor. Hoy la madre tiene seis semanas y proponemos que el padre tenga inicialmente cuatro, porque el resto del permiso de natalidad ya se puede compartir entre hombres y mujeres. También lo proponemos en coherencia con lo aprobado por el Parlamento de Cataluña en la Ley 8/2006, de 5 de julio, de conciliación, que evidentemente afecta a los funcionarios, que ha sido votado por todos los partidos políticos y propuesto por el Gobierno tripartito y también en coherencia con la proposición de ley votada por todos los grupos políticos -el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya- y que se ha enviado a esta Cámara para que esta medida de cuatro semanas de permiso para los progenitores varones se extendiera a todos los trabajadores. Convergència i Unió votó que sí en el Parlament de Catalunya y votará también que sí en esta Cámara. La señora García en su intervención nos hace una propuesta de transaccional en el sentido de que se aprobara el permiso y que, debido a las objeciones económicas y de mentalidad, su implementación fuera haciéndose paulatinamente en un periodo razonable de tiempo. Nosotros no pretendemos defender una postura maximalista. Siempre y cuando quede claro que el derecho es a cuatro semanas y la implementación se prevea en la ley de manera gradual, estaríamos dispuestos a un acercamiento en esta materia.
Hay más medidas para impulsar la implicación de los hombres en la conciliación. Nosotros proponemos en las enmiendas números 405 y 430 que las excedencias para
el cuidado de familiares se den por consanguinidad, es decir, la obligación es de cuidar a tus padres y no a tus suegros, y que excepcionalmente se dieran por afinidad. Aquí el coste es el mismo, la excedencia es la misma, solamente es un problema de mentalidad y, por tanto, para avanzar en esta igualdad entendemos que estas enmiendas podrían aprobarse perfectamente. Hay más propuestas en este sentido. En la enmienda 400 proponemos que el permiso de lactancia lo disfruten padre y madre, es decir, los trabajadores y no únicamente las trabajadoras. En la enmienda 412 proponemos extender la posibilidad de que el permiso de maternidad pueda ser disfrutado por el padre, si este está dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social y la madre se encuentra en un régimen de cotización social que no reconoce el derecho de suspensión.
Actualmente, como el derecho es de la madre, si ella no lo tiene, no lo puede derivar al padre, aunque este sí esté en el régimen general de la Seguridad Social. Esto ya se hacía para el supuesto de fallecimiento de la madre, y nosotros proponemos que se extienda a estos supuestos en los que la madre no tiene un derecho genuino o un derecho primigenio.
Pasamos al grupo de enmiendas para avanzar en la conciliación respecto a medidas que pueden ser tomadas por los padres y las madres. Proponemos ampliar la suspensión por parto. Dentro de esta acuñación del permiso de natalidad que ha propuesto la diputada del Bloque Nacionalista Galego y que ha hecho fortuna, en nuestras enmiendas 409 y 434 proponemos ampliar el permiso parental -actualmente de dieciséis semanas- a veinticuatro semanas. Son muchos otros los grupos que también proponen esta ampliación de acuerdo con lo que se está haciendo ya en los países de nuestro entorno. Proponemos también suprimir el requisito de exigir un periodo previo de cotización de 180 días para obtener el permiso de maternidad -enmiendas 424, 425 y 426-, en consonancia con lo dispuesto en el Convenio 183/2000, de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, señorías, una de cada tres madres trabajadoras precarias -empleadas de hogar, agrarias- no pueden acceder a él. El proyecto supone ya un avance porque propone un subsidio no contributivo y la modificación del periodo de carencia. Además, nos acaban de pasar una propuesta de transacción que plantea la posibilidad de suprimir este requisito para las madres jóvenes y muy jóvenes. Por ello creo que aquí puede haber un acercamiento importante. Proponemos también introducir para hombres y mujeres un permiso flexible para incidencias familiares, es decir para aquellos días que son laborables pero festivos en la escuela, para esas enfermedades puntuales o leves de los hijos, etcétera. Para estas situaciones proponemos una bolsa de horas a tomar en igualdad entre el padre y la madre. Proponemos también ampliar los permisos retribuidos de dos días a las intervenciones quirúrgicas sin hospitalización que precisan reposo domiciliario. Proponemos que la suspensión del contrato por maternidad sea causa de suspensión de vistas judiciales, que actualmente no lo es, y proponemos también que se desarrolle la proposición no de ley aprobada por el Pleno de la Cámara para prever las sustituciones de la baja por maternidad o paternidad de los cargos electos. Finalmente quiero referirme a un tema importante que se recoge en muchas de nuestras enmiendas. Proponemos ampliar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a suspender el contrato de trabajo por maternidad o paternidad en todas las modalidades de acogimiento. El derecho civil catalán prevé modalidades de acogimiento, por ejemplo el acogimiento simple, que no están previstos en la legislación estatal porque no existen en ella. Lo que proponemos es que cuando se hable de acogimiento alcance a todas sus modalidades, tanto si están reguladas por la ley estatal como si lo están por la ley autonómica, en función de las competencias de la comunidad, en este caso de Cataluña.
Proponemos enmiendas para paliar la pobreza futura que supone una menor cotización debido a la reducción de horario o salida del mundo laboral de las mujeres para asumir el cuidado de familiares. En definitiva, proponemos traducir al sistema de la Seguridad Social las aportaciones que las madres hacen a la sociedad a través de la familia. En este sentido, en la enmienda 431 proponemos considerar cotizados dos años por cada hijo que se haya tenido. Esta enmienda recoge una propuesta de resolución aprobada en el debate sobre el estado de la Nación. Proponemos también que se establezca que las cotizaciones que se realicen durante los periodos de reducción de jornada se consideren incrementadas hasta el cien por cien de la cuantía a jornada completa durante los tres primeros años del hijo, es decir, trabajo a tiempo parcial, cotización como si se trabajara toda la jornada. El Grupo Socialista nos ha hecho llegar una transacción que plantea que no sea durante los tres primeros años, pero sí durante los dos primeros, y nos parece un acercamiento importante.
Proponemos también que el subsidio de protección por riesgo durante el embarazo sea del cien por cien de la base reguladora y no del 75 por ciento, como propone el proyecto. He leído en una enmienda transaccional que se accedería a esta propuesta de Convergència i Unió. Finalmente, en este capítulo, proponemos la posibilidad de cesión de hasta la mitad de las prestaciones de jubilación para paliar la pobreza de las mujeres que se han dedicado a la familia y, a pesar de estar casadas en régimen de gananciales, carecen del derecho propio a pensión. Nafarroa Bai ha introducido enmiendas para paliar no ya la pobreza futura sino la pobreza presente incrementando las pensiones de viudedad. Convergència i Unió va a apoyar estas enmiendas de Nafarroa Bai.
Por lo que se refiere a servicios, que es un pilar importante de la igualdad, es cierto que la competencia es de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero también es cierto que hay un Plan nacional de la infancia aprobado hace unos meses en el que se garantizan plazas de guardería. Proponemos que, en función de las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos, en los Presupuestos Generales del Estado anuales se
proceda a una territorialización del gasto del Estado en estos servicios.
Con respecto a los instrumentos, el proyecto de ley señala que el informe de impacto de género es un instrumento básico en la ordenación general de las políticas públicas. Convergència i Unió no puede más que estar muy de acuerdo con esa afirmación, pues no en vano fue el grupo parlamentario que impulsó la aprobación de los informes de impacto de género, pero ha de manifestar -y creo que estaremos todos de acuerdo- que no en la manera en la que se hacen ahora. El propio informe del Consejo de Estado señala tanto en esta ley como en otras muchas leyes que la hojita que dice que no tiene impacto de género no obedece a la finalidad, a los objetivos ni a la virtualidad que se esperaba del informe de impacto de género.
Nosotros proponemos que se elabore un reglamento en el que se establezca sobre la base de qué parámetros o de qué indicadores debe medirse el impacto de género y la metodología para hacerlo.
Una de las novedades de esta ley es que se pasa de una visión informadora de la igualdad como principio a un derecho exigible a la igualdad. Por tanto, proponemos en diversas enmiendas que donde se habla de principio de igualdad se hable de derecho, porque el proyecto de ley se refiere al principio de igualdad y al derecho de igualdad de forma indistinta en muchas ocasiones, no dejando claras las diferencias, mientras que la Constitución diferencia claramente la igualdad como valor superior que ha de inspirar todo el ordenamiento jurídico, en el artículo 1; la igualdad como principio general que ha de inspirar la actuación de los poderes públicos, en el artículo 9, y la igualdad como derecho fundamental, en el artículo 14, con las garantías del artículo 53.2. Entendemos que el proyecto de ley ha de regular el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y por tanto el objeto de la ley debe hacer efectivo dicho derecho. Este sería un paso muy importante porque pasaría de esta visión informadora o interpretadora como principio a un derecho claramente exigible. Proponemos también introducir -voy acabando, señora presidenta- la perspectiva de las personas con discapacidad, para que a lo largo del texto se haga visible que estas personas deben superar escollos en muchos aspectos y por tanto sufren lo que se llama una múltiple discriminación.
También proponemos algunas enmiendas técnicas para adaptar el texto a las directivas comunitarias.
En cuanto a la paridad, proponemos poner en imperativo que el Gobierno debe cumplir el principio de presencia equilibrada en el nombramiento de las y los titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado. Proponemos también que cuando se exige a las sociedades obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias, que procuren en ocho años tener una presencia equilibrada, sea en igualdad de capacitación y competencia. Es decir en igualdad de mérito y capacidad se puede dar una acción positiva al sexo infrarrepresentado; lo contrario sería incurrir en discriminación inversa, sin justificación, que está vedada en la Unión Europea. Respecto a las listas electorales, proponemos sustituir la expresión "conjunto a que se refiera" por "ámbito concreto a que se refiera". La infrarrepresentación, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, no puede valorarse de forma general sino en relación con el contexto particular en el que se adopte la medida.
Hemos presentado estas enmiendas después de escuchar atentamente a los comparecientes, a las asociaciones de mujeres y a los diversos sectores, enmiendas que quizá por ello coinciden con las de otros grupos parlamentarios que han presentado textos muy parecidos. Nos gustan muchas de las enmiendas que han presentado los otros grupos parlamentarios y valoramos muy positivamente las del Grupo Vasco en lo que hace referencia al ámbito competencial. Todos los grupos han presentado enmiendas de nuestro agrado que vamos a apoyar. Hace unas semanas hubo un acercamiento con el Gobierno, con el ministro y con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para exponer posibilidades de aceptación o transacción de nuestras enmiendas. Se ha quedado en seguir hablando, pero desgraciadamente hasta el día de hoy no hemos conocido cuáles eran las enmiendas transaccionales. Por tanto, señora presidenta, finalizo mi intervención diciendo que no puedo anunciar el voto de mi formación política hasta ver cómo, de la posibilidad de acercamiento de las diversas enmiendas transaccionales, va a quedar el mapa definitivo de este importante proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular van a compartir el tiempo la señora Camarero y la señora Martín Mendizábal. En primer lugar, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado un total de 73 enmiendas que tienen como objetivo mejorar un proyecto de ley que hemos calificado, en reiteradas ocasiones, como una declaración de intenciones que concreta de forma escasa e insuficiente las mejoras de derechos que dice perseguir su exposición de motivos, acción dirigida a combatir de forma eficaz las situaciones de discriminación que aún persisten en nuestra sociedad a pesar de los numerosos avances producidos en los últimos años. Consideramos que estas enmiendas, junto con muchas de las presentadas por el resto de los grupos parlamentarios de la oposición, conseguirán mejorar el texto y, entre todos, hacer una buena ley, la mejor ley para las mujeres españolas; una ley que consiga esa igualdad real que todos defendemos y por la que todos trabajamos. Desde que este proyecto de ley vio la luz hemos manifestado que sus medidas estrellas, esas que el ministro calificó en la Comisión de intocables, tienen una incidencia poco efectiva en la igualdad entre hombres y mujeres y la convierte en una ley dirigida a las élites que no resuelve los problemas reales de las mujeres que, como todos sabemos, son la falta de armonización de los
horarios, la conciliación, la corresponsabilidad, la falta de escuelas infantiles, etcétera. Para corregir esta situación, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado estas 73 enmiendas que se pueden concretar en varios aspectos que vamos a intentar explicar en bloques, destacando las más importantes.
Un primer bloque va dirigido a la supresión de la obligatoriedad. Como principio general quiero manifestar que al Grupo Popular no nos gustan las imposiciones, por lo que a través de nuestras enmiendas hemos intentado transformar las obligaciones por incentivos. Cada formación política, cada Gobierno decide cómo gobernar y desde el Partido Popular defendemos los incentivos, las promociones, las bonificaciones y los beneficios fiscales para alcanzar los objetivos deseados, especialmente cuando estos tienen que ver con la mejora de los derechos laborales de las mujeres, mientras que el Gobierno del Partido Socialista defiende la imposición para alcanzar la igualdad, algo que nosotros consideramos contraproducente. Nuestras enmiendas más importantes van dirigidas a eliminar la obligación de las empresas de más de 250 trabajadores de realizar planes de igualdad. Las enmiendas 258, 259 y 260 pretenden la sustitución por un impulso a la elaboración y la aprobación de estos planes a través del convenio colectivo, en el seno de la negociación colectiva, sin imposición a las empresas pero con impulso y motivación, ampliando además las ayudas y el asesoramiento a todas las empresas, no solo a las Pymes, poniendo especial atención a las de dimensiones más reducidas y recogiendo con ello las observaciones del CES para la realización de dicho planes. Al Grupo Popular le parece correcto que las empresas realicen planes de igualdad, que sigan realizándose, porque muchas de nuestras empresas ya los venían desarrollando, pero mantiene la autonomía y la libertad de las partes. Tampoco entendemos la limitación del número de empresas que podrán realizarlo anualmente, ya que si leemos la memoria económica del proyecto, la realización de estos planes tendrá un coste de 12.000 euros que podrán ser financiados en un 50 por ciento por el Instituto de la Mujer, con un límite de cien empresas al año. Me gustaría que alguien nos aclarase qué pasa con el resto de las empresas que deban o quieran establecer planes de igualdad. Al final creemos que esta medida va a tener poca efectividad. Respecto al artículo 71, nuestra enmienda 273 promueve la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas sin estar sujeta a plazo temporal determinado, pero ampliándolo a todos los órganos de dirección, es decir, tanto a los consejos de administración como a los de dirección, porque sin duda la política de cada una de las empresas se realiza en los consejo de dirección, mientras que los consejos de administración se limitan a representar a los accionistas de las grandes empresas, y es complicado que los accionistas busquen otro propósito o fin que mejorar el rendimiento de sus acciones. Esta enmienda también pretende que esta representación equilibrada se amplíe a los órganos de gobierno de las asociaciones, de las ONG, de los sindicatos y de las fundaciones. No nos podemos quedar limitados a buscar este equilibrio en las grandes empresas, sino que es positivo fomentar que se generalice a todos los estamentos. Además, se observa en este proyecto de ley un distinto trato del Gobierno a las empresas privadas donde insisten en la imposición, en la obligación, mientras que cuando se trata de la Administración General del Estado se utiliza un tono más suave y se habla de promover y de procurar. Para el Grupo Popular no pueden existir estas diferencias y en nuestras enmiendas se intenta igualar el trato dado a la Administración General del Estado y a las empresas privadas. También se observa a lo largo del proyecto de ley una diferencia de derechos entre los trabajadores y los funcionarios, por lo que nos parecen acertadas y adecuadas las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que intentan corregirlas entre unos y otros trabajadores.
Un segundo bloque de enmiendas va dirigido a la eliminación de la modificación de la Ley Electoral y del porcentaje del 40 y 60 por ciento.
Coherentes con nuestra política de oposición a las cuotas, ahora nos oponemos a esta modificación por ley de la Ley Electoral para establecer porcentajes. Los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en la promoción de la participación equilibrada de hombres y mujeres en todo el proceso de toma de decisiones en el ámbito político y público y, por ello, tienen una especial responsabilidad. Desde el Partido Popular defendemos la necesidad de esta presencia equilibrada de hombres y mujeres en las listas electorales, pero nunca de manera impuesta. A estas alturas no necesitamos justificar nuestra voluntad y nuestro compromiso con la incorporación de las mujeres en las distintas candidaturas y también en los órganos de dirección de los partidos, pero insisto en que voluntariamente y nunca por una imposición legal. Además, hay aspectos que nos preocupan más que imponer un determinado porcentaje, y es evitar la rotación, fomentar el liderazgo de las mujeres, no solo que las mujeres seamos una cuota sino que tengamos un poder real y aseguremos la visibilidad de las mujeres. Nuestras enmiendas van dirigidas al incremento de las subvenciones electorales para aquellos escaños obtenidos por las mujeres, así como la ampliación del tiempo gratuito de espacios publicitarios en los medios de comunicación de titularidad pública para aquellos partidos políticos o agrupaciones electorales que propongan en sus candidaturas una presencia equilibra entre hombres y mujeres. Con estas medidas pretendemos más que pagar por el mismo escaño, como se ha dicho, establecer medidas de acción positiva dirigidas a favorecer la presencia de las mujeres en las candidaturas, dirigidas a bonificar a aquellos partidos que decidan desde su libertad incluir a mujeres en sus listas. De esta forma, sin romper con ningún precepto constitucional, se fomentará la participación política de las mujeres.
Insisto, son medidas de acción positiva similares a las
que estamos aprobando para el caso de las empresas. Si es bueno para favorecer a las empresas, también puede serlo para favorecer la participación política de las mujeres. Creemos que la paridad impulsada o vendida por el Partido Socialista se queda en pura propaganda. No solo no se cumplen los segundos y terceros escalones del Gobierno, y solo en la fachada del Consejo de Ministros, sino que el Gobierno catalán pone en cuestión esta ley. El ministro Caldera mantuvo en su comparecencia que las cuotas en la Ley Electoral son intocables. Sin embargo, tras el fracaso del Gobierno catalán ya han quedado más que tocadas, cuestionadas y desestimadas. Dejando claro que no estamos de acuerdo con estos porcentajes, cuotas y modificaciones de la Ley Electoral que pretende este proyecto de ley, queremos manifestar que estamos de acuerdo con la filosofía de los grupos parlamentarios que destacan la incongruencia de excluir a los municipios menores de 5.000 habitantes, porque es algo conocido, y además nos lo han manifestado los expertos que han comparecido para explicar esta ley, que es precisamente en estos municipios donde más dificultades tienen las mujeres no solo de incorporarse a una lista electoral, sino incluso de participar en el mundo asociativo, en la política, etcétera. Por eso son precisamente estas mujeres las que más ayudas necesitan y ahí van encaminadas nuestras enmiendas 251 y 252, que pretenden la mejora del artículo 26 del proyecto de ley y con ello la vida de las mujeres en el mundo rural, no solo facilitando el acceso a las nuevas tecnologías en la sociedad de la información sino desarrollando una red de servicios sociales para atender a menores, a mayores, a discapacitados, para que estas mujeres puedan compaginar su vida familiar y personal, porque, sin duda, es sobre ellas sobre quien recae el peso de los cuidados. Creemos que con todas estas medidas se favorecerá la participación política de las mujeres que vivan en el mundo rural.
Hemos creado también un título nuevo, que hemos llamado de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Fieles a nuestro compromiso con la conciliación, desde el Grupo Popular hemos presentado un conjunto de enmiendas dirigidas a proporcionar medidas a las mujeres y a los hombres paras mejorar su conciliación. El proyecto de ley limitaba la conciliación a un artículo y a unas pocas disposiciones adicionales que no resuelven los numerosos problemas que tienen las familias y especialmente las mujeres que pretenden conciliar su vida familiar y laboral sin renunciar a su vida personal. Nosotros lo transformamos en un nuevo título, noveno, con 16 artículos. Coincidimos con la señora García, que también elimina el capítulo segundo y lo transforma en un título, manifestando que la conciliación no puede estar incluida en un título de derechos al trabajo en igualdad, sino en uno específico para el reparto de tiempos, de trabajo, cuidados, formación, etcétera. Las medidas que pretendemos incluir en la ley a través de estas enmiendas inciden no solamente en la conciliación sino especialmente en la corresponsabilidad, otorgando los mismos derechos a los padres que a las madres cuando hablamos de permisos de lactancia, excedencia, flexibilización de horarios o construcción de guarderías, y muy especialmente creando un permiso de paternidad serio y amplio, porque, siendo una de las medidas más importantes que recoge esta ley, la limitación de tiempo autoimpuesta por el Partido Socialista lo convierte en una mera declaración de intenciones que no resuelve el problema de base, que no es otro que todavía hoy solo el 1,7 por ciento de los hombres se acoge al permiso de maternidad/paternidad actual, esa baja por natalidad de la que hablaban el BNG y otros grupos.
No podemos ir a medidas raquíticas ni a cantos de sirena sino que debemos adoptar medidas rigurosas y estas pasan por aumentar el permiso de paternidad a cuatros semanas, siendo un permiso independiente e intransferible. Además, creemos importante la realización de campañas que impulsen a los hombres a participar del permiso de maternidad actual. En este sentido nos parece oportuna la enmienda 446, de Izquierda Unida, que propone la realización de campañas de información y sensibilización para hacer efectivo el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, conciliación y utilización del permiso de paternidad.
Recordemos que este permiso cumple una doble función: no solo permite la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, sino que también hace que a los empresarios no les resulte más gravoso contratar mujeres. Como decía la señora Pigem, el futuro de la igualdad pasa por la corresponsabilidad, por que el hombre asuma responsabilidades en las labores familiares. Casi todos los grupos de la oposición -Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, CiU, Nafarroa Bai, BNG, Esquerra Republicana y nosotros mismos- hemos querido la ampliación a cuatro semanas de este permiso. Casi todos hemos considerado imprescindible esta medida. Nos lo proponemos como la medida más importante de esta ley y no creemos que los quince días que ofrece el Gobierno sean suficientes, entre otras cosas porque estos quince días -ya se ha comentado- es lo que siempre ha pedido el Partido Socialista desde la oposición, con lo que no están concediendo ninguna mejora sobre lo anunciado. Les recuerdo que este permiso de cuatro semanas ya ha sido debatido en siete ocasiones en este Parlamento, cinco de ellas en la legislatura pasada. Además, consideramos que el coste económico de esta medida es perfectamente asumible sin olvidar que todo avance en los derechos tiene un coste económico, como decía la señora Pigem; que aquí hay dos posibilidades: o hacemos leyes poco ambiciosas y que no nos cuesten dinero o hacemos leyes que supongan avances sociales, que mejoren o creen derechos nuevos, y estos no pueden quedarse en una mera declaración de intenciones, no puede quedar en propaganda, sino que se tienen que traducir en medidas adecuadas, eficaces, y comprometidas. Y esto, cómo no, va a conllevar un gasto económico. Así que, desde el Grupo Popular queremos pedir al Gobierno y al Grupo Socialista que se decidan y que se retraten, que aclaren
si quieren que aprobemos una buena ley con medidas importantes aunque tengan un coste o si nos quedamos en una ley de propaganda poco eficaz y poco eficiente. Ya conocemos la experiencia de la Ley integral contra la violencia que, ante la falta de compromiso presupuestario, no está dando los resultados pretendidos.
Hemos presentado otras enmiendas sobre la conciliación, que ya explicará mi compañera. Solamente quiero destacar la creación de una bolsa de horas que también presenta Convergència i Unió. Insisto en que algunas de estas medidas pueden parecer costosas para los empresarios. Sin embargo, no solo se trata de mejoras para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino que al final esto se traduce en una mejora de la empleabilidad y en una mejora de los resultados, porque el trabajador y la trabajadora no solo muestran más satisfacción sino que se consigue mejorar la productividad y reducir el absentismo. Otras medidas para la igualdad son el distintivo para las empresas en materia de igualdad y conciliación. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de favorecer a las empresas que cumplan con planes de igualdad, por eso de la bondad de este distintivo que incorporamos a las enmiendas, pero no estamos de acuerdo con que en los pliegos de las cláusulas administrativas, la preferencia de la adjudicación esté sujeta a la representación en los consejos de administración. No es tan importante para nosotros que exista la obligación de que las grandes empresas españolas cuenten con un 40 por ciento de mujeres en sus consejos de administración como que todas las empresas españolas, todas ellas, introduzcan planes de igualdad o medidas y acciones para la igualdad, porque esto último sí logra favorecer el acceso y sobre todo la permanencia de la mujer en el mercado laboral. Nuestra enmienda 274, la enmienda 65 del Grupo Parlamentario Vasco, pretende la supresión del apartado dos del artículo 71. Otras medidas presentadas por el Grupo Popular van dirigidas a eliminar el lenguaje sexista. Las prisas en la realización de este proyecto de ley llevan a que esté plagado de un lenguaje sexista y nos preguntamos cómo es posible realizar una ley de igualdad, una ley dirigida a mujeres, que ni en las formas ni en el lenguaje respeta esta igualdad.
Hay otro bloque de enmiendas dirigidas a las mujeres que sufren discapacidad. Desde el artículo primero pretendemos que en el texto de la ley quede reflejado específicamente la diversidad que presentan las mujeres, ya que no existe un modelo único y todas las mujeres -las inmigrantes, las discapacitadas, las que viven en el ámbito rural- tienen distintas necesidades y especificidades para alcanzar esta igualdad de oportunidades y derechos. También queremos que en el artículo 14, que establece los criterios generales de actuación de los poderes públicos, se prevea la concreción de estos colectivos, y nos parece importante que la transversalidad del principio de igualdad de trato atienda a estas situaciones especiales, que las estadísticas públicas reflejen estas para lograr visibilizar, detectar y corregir las discriminaciones; también debe incorporarse en la educación.
La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, la ruego que vaya terminando.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Termino, señoría, porque, si no, no voy a dejar tiempo para que intervenga mi compañera.
Hemos introducido también otros bloques de enmiendas para mejorar el consejo de participación estatal, para los medios de comunicación, etcétera. Como he manifestado ya durante mi intervención, desde el Grupo Popular hemos presentado un conjunto de enmiendas que pretenden dar soluciones a los problemas reales de las mujeres, que pretenden dar soluciones que el proyecto de ley no recoge, que pretenden corregir las deficiencias de este proyecto de ley. Además, vamos a apoyar todas las enmiendas del resto de los grupos que mejoren este proyecto. Sin embargo, no entendemos la actitud del Gobierno y del Partido Socialista, porque, a pesar de las palabras del ministro, que manifestaba su mejor predisposición para el consenso, para mejorar esta ley y que todo lo que no fuera rebajar el contenido de la ley sino mejorarlo podríamos discutirlo y avanzar, a pesar de que el Grupo Popular ha manifestado su voluntad de llegar a acuerdos y de tender al mano al Gobierno, no vemos esta predisposición por ningún sitio. Parece que esta ley de hondo calado y contenido social no interesa tanto al Gobierno, porque no está existiendo este ánimo de acuerdo, porque no hay voluntad de aunar las partes. Yo entiendo que el Gobierno haya querido disfrutar del pasado puente, pero cuando hablamos de leyes tan importantes hay que hacer un esfuerzo y ser más serios. No me parece razonable que hasta esta mañana, hasta hace poco más de una hora, no hayamos recibido ni una propuesta de acuerdo, de negociación, de intento del consenso, ni de parte del Gobierno ni del grupo que le sustenta. Que esperen hasta el último momento para traernos deprisa y corriendo unas transaccionales al Grupo Parlamentario Popular no nos parece adecuado. No son correctas estas formas de trabajar ni esta falta de seriedad. Señores del Grupo Socialista, la tramitación parlamentaria va corriendo; cada vez les quedan menos oportunidades para alcanzar acuerdos. Así que me gustaría que valorasen y que decidiesen si quieren mantener al margen a los grupos de la oposición o al menos al grupo mayoritario de la oposición o si quieren aprobar esta ley, como ha sucedido con la Ley de Violencia o con la Ley de Dependencia, con la unanimidad de todos. Nuestra voluntad la representan nuestras enmiendas, solo esperamos ver la suya.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Martín Mendizábal.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Voy a presentar en nombre del Grupo Popular una serie de
enmiendas que van dirigidas básicamente a lograr esa conciliación y, como decía la compañera de Convergència i Unió, esa igualdad en casa y también a mejorar unas prestaciones que, en definitiva, más que a mejorarlas yo diría que van a actualizarlas, en el sentido de que sean útiles en el año 2006. Una de nuestras enmiendas propone ampliar la prestación por maternidad, ampliar el tiempo de 16 semanas -que es el que está establecido actualmente- a 20 semanas para el segundo hijo y a 24 semanas para el tercer hijo. Es una medida que va a favorecer nuestra natalidad, una medida de apoyo a la familia y una medida que todas las mujeres trabajadoras reclaman. Desde luego yo he tenido el correo inundado con esta petición. Tengo que decir también que tiene que haber un compromiso por parte del Gobierno en facilitar y en proponer incentivos. Me parece que hay demasiados imperativos y en pocas ocasiones facilidades. Otra enmienda es la que se refiere al permiso por lactancia. Nosotros proponemos que actualmente se pase de la hora actual a dos horas de permiso por lactancia o reducción en una hora. En definitiva, como digo, queremos dar contenido a este permiso, que no sea considerado como hoy día parece que se ve, como un premio por la maternidad; queremos que se enfoque a su destino y a su finalidad, que es que pueda tener esa reducción de la jornada para realizar la lactancia. Igualmente, lo ha dicho mi compañera también, hay una serie de enmiendas dirigidas a la distribución irregular de la jornada laboral, a la organización flexible del tiempo de trabajo, a la existencia de una bolsa de horas y al incentivo de la retribución por objetivos. ¿Qué se pretende con ello? Lo que pretendemos precisamente es la ausencia de rigidez en el tiempo de trabajo, que sea beneficiosa para todos y que además permita la conciliación de los horarios laborales y escolares, las incidencias en el cuidado de un menor y de un familiar dependiente y también para que lo pueda utilizar en el momento en que lo necesite. Todo ello, como es nuestro espíritu, a través de la conciliación del acuerdo, bien sea en convenio colectivo, bien sea con pacto con el empresario. También proponemos que la excedencia para el cuidado de los hijos se cuente a partir de la conclusión del permiso de maternidad o de paternidad y no desde el parto, no solo por interpretación jurisprudencial, que yo creo que ya es abundante, sino por lógica, porque son dos permisos diferentes y no deben superponerse. Apoyaremos asimismo una enmienda de varios grupos que propone dos días de permiso por intervención quirúrgica pero sin ingreso hospitalario y sí con reposo domiciliario. Relacionado con ello el Grupo Popular ha presentado una enmienda para la posibilidad de acompañar a los hijos menores y familiares dependientes a consulta médica. Igualmente todo ello se promoverá y se incluirá en convenios colectivos.
En cuanto a la prestación de riesgo durante el embarazo, proponíamos, dada la configuración que se la estaba dando en esta ley, que se la considerara como una contingencia profesional que la base reguladora hacía de las contingencias profesionales; parece ser que en las enmiendas que nos han pasado así se recogió y no voy a insistir. Sí quiero que me aclaren dos cosas. Una es que la enmienda número 499, del Grupo Socialista, que se refiere a la prestación por maternidad sin carencia, por una parte dice que es de supresión y por otra parece que hay un texto alternativo de modificación. Me gustaría, primero, saber de qué es, y, segundo, esta prestación nueva que estamos creando, en la cual no se exige periodo previo de cotización y por lo tanto es no contributiva, con qué se va a pagar, si con impuestos o con cotizaciones.
Indico asimismo que hay varias enmiendas de diversos grupos relativas a la prestación de viudedad y manifiesto que en este momento nosotros no votaremos a favor, entre otras cosas, porque en uno de los temas en el acuerdo social que ha realizado el Gobierno con los agentes sociales en desarrollo del último Pacto de Toledo y tendremos ocasión de debatirlo más profundamente en esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Mendizábal, por su brevedad.
Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Señora presidenta, vamos a repartir el tiempo -intentaré ajustarme también- entre el compañero Membrado y yo.
Para el Grupo Parlamentario Socialista este proyecto de ley es sin duda muy importante, no solo porque es un cumplimiento una vez más de un compromiso electoral, sino porque pensamos, y trabajaremos para ello que cuando esta ley sea aprobada y avancemos en su recorrido habremos dado un paso definitivo para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, como muy bien expresa el título de la propia ley. También creemos, no tenemos ninguna duda de ello, que esta aspiración no es solo del Grupo Parlamentario Socialista. Yo diría que, de diferentes modos y con distintos grados, todos y todas las aquí presentes, los que representamos a la ciudadanía en este Parlamento, participamos de la misma aspiración de conseguir vivir en una sociedad en la que hombres y mujeres seamos iguales de hecho y de derecho y que no suframos especiales trabas laborales, económicas, sociales, políticas, para desarrollar nuestra autonomía plena como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad libre y democrática por el hecho de ser o de pertenecer a uno u otro sexo, y que además ello no signifique y no conlleve una dificultad añadida en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida personal, social, cultural o política de cada uno de los sexos. Por eso, con dificultades de tiempo, sin duda -lo reconozco-, hemos hecho un esfuerzo en asumir propuestas de los diferentes grupos políticos que entendemos que mejoran el proyecto y que avanzan pasos sobre las medidas que recogía el propio proyecto de ley. Es voluntad del Grupo Parlamentario Socialista hacer ese esfuerzo en esta
misma mañana para que la ley concite el máximo acuerdo parlamentario. Por ello traemos a esta Comisión más de 20 enmiendas transaccionales que afectan a propuestas de casi todos los grupos políticos, especialmente, y tengo que reconocerlo, de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, enmiendas que recogen aportaciones en aquellas cuestiones en las que es posible llegar a una aproximación porque implementan el fondo de la ley y no contradicen aspectos fundamentales de la misma o aquellos que se han acordado o que se han dialogado en la Mesa de diálogo con los agentes sociales, sindicatos y empresarios.
En la exposición de motivos hay enmiendas que van desde la necesidad de que se sientan incluidas en esta ley las mujeres que sufren doble discriminación por pertenecer a colectivos con discriminación propia, se introducen pautas favorecedoras de igualdad en políticas que el proyecto no había contemplado, aportaciones de Izquierda Unida en materia de deportes, de cultura, de ordenación del territorio o de política internacional y de cooperación al desarrollo. También al hilo de una enmienda de este mismo grupo, para avanzar en el reparto equitativo de los tiempos, se introduce una transaccional para que las corporaciones locales puedan establecer planes municipales de organización del tiempo con apoyo de la Administración central; se implementa el artículo 24 bis con una ampliación de aquellas cuestiones que tienen que ver con la creación artística y cultural; se transacciona prácticamente con todos los grupos el artículo 26, que tiene que ver con la sociedad de la información, tema muy importante para reducir discriminaciones en todo lo que son las nuevas tecnologías, la sociedad de la información; se rehace el artículo 27 en todo lo que se considera la situación de las mujeres en el medio rural, recogiendo aportaciones también del Bloque Nacionalista Galego y de casi todo los grupos; se incorpora el artículo 28 bis para dar respuesta a las necesidades de fijar las directrices de cooperación internacional de nuestra política exterior, teniendo en cuenta la situación de las mujeres de los países menos desarrollados o en vías de desarrollo y el potencial de desarrollo que tienen esas mujeres, y se recoge también una propuesta del Partido Nacionalista Vasco incorporando al último párrafo del artículo 30 "de clarificación de los órganos de contratación para los pliegos administrativos con las empresas que cumplan compromisos de igualdad.
Por último, en la parte que a mí me toca, en lo que se refiere al articulado y a la disposición adicional primera, junto con una propuesta de Izquierda Unida, se reduce el número de habitantes de municipios de 5.000 a 3.000 para que sus candidaturas queden afectadas por la modificación de la Loreg. Estas modificaciones, pero sobre todo las que explicará a continuación mi compañero ponente, Jesús Membrado, dan muestra de que ha existido una voluntad de acuerdo y sobre todo de que el deseo del Grupo Socialista es que todos los grupos políticos nos sintamos partícipes de este proyecto. Ello no significa que el Grupo Socialista no se sienta también, por qué no decirlo, satisfecho y orgulloso del proyecto de ley que el Gobierno elevó a este Congreso. El Gobierno, en primer lugar, nos presentó un proyecto de ley orgánica, dando un rango superior a las medidas que recogía el propio programa electoral con el que se presentó a las elecciones; medidas que ordena en una ley orgánica optando por implementarlas, yendo más allá de trasponer las directivas europeas y haciendo un ejercicio de rastreo por todos aquellos escenarios de posible discriminación o desigualdad que existían en nuestro ordenamiento jurídico, corrigiéndolos o introduciendo principios, derechos, medidas transversales o medidas de acción positiva o que garanticen la representación equilibrada de ambos sexos en las diferentes candidaturas electorales. Con ello también lanza un mensaje social muy potente, que esto de la igualdad va en serio, que nos afecta a todos y a todas y que cada uno, estemos donde estemos, tendremos que hacer frente, después de disponer de este instrumento legal, a los diferentes retos que plantea la ley. Lo tendrán que hacer los empresarios, con políticas de recursos humanos diferentes, los sindicatos haciendo esfuerzos en la negociación de los planes de igualdad en las empresas; lo tendrán que hacer los padres de familia, las mujeres, los políticos abriendo sus candidaturas a representaciones equilibradas y lo tendrán que hacer los partidos políticos.
En definitiva, la ley plantea un reto a toda la sociedad porque nos afecta a toda la sociedad. No es una ley que vaya dirigida a ninguna élite, va dirigida a toda la sociedad y especialmente a las mujeres trabajadoras, a aquellas que queremos que tengan más fácil su vida laboral, que encuentren una vía en su vida laboral y que desde ahí tengan una autonomía personal y un proyecto de vida propio, por tanto, a la inmensa mayoría de ciudadanas. También es una ley que crea nuevos retos y nuevos derechos, de eso se ha hablado largo y tendido aquí esta mañana y yo no voy a obviar ese debate. El nuevo derecho del permiso de paternidad es un derecho importante, se reconoce por primera vez en nuestra legislación, también se cumple el compromiso electoral del Partido Socialista a través de la enmienda que nosotros presentemos, que es de 15 días. Cuando se establece un nuevo derecho, que todavía no está instalado en la sociedad, lo importante no es el tiempo de ese nuevo derecho, no es el tamaño del derecho, sino que ese derecho sea viable en la práctica y que sea realista. Nosotros creemos que con 15 días ese derecho es viable, es realista y es asumible también por los costes que genera para el Estado.
Incluso estaríamos dispuestos a estudiar fórmulas para que, analizando la evaluación en la práctica de esos 15 días en un tiempo determinado, cuatro o cinco años, se pueda llegar al compromiso de implementarlo a las cuatro semanas, como pide la inmensa mayoría de los grupos. Entiendo que el nudo gordiano de esta ley no puede estar ahí y en ese sentido no entiendo la intervención de la portavoz del PP. La diferencia de que esta ley se convierta de propaganda en
una ley de sustancia real, de cambio, en materia de igualdad, no puede estar en los 15 días de paternidad; me niego a creer una cosa así, porque no sería razonable.
A lo largo de toda la mañana creemos que podremos establecer líneas de acuerdo en esa materia, estamos abiertos a esa posibilidad. Pensamos que esta ley cambia muchísimas cuestiones, que va a la raíz de la estructura de desigualdad de nuestro país, que plantea retos a toda la sociedad, también a la Administración pública, con nuevos instrumentos, desde las nuevas unidades en materia de igualdad a los informes de impacto de género, la comisión interministerial, etcétera -no me quiero extender en todas las medidas que ya conocemos-, que va a la raíz del problema, a la desigualdad estructural que históricamente hemos vivido las mujeres. Y las mujeres que hemos contribuido a la revolución social desde el siglo xx y en los inicios del siglo xxi sabemos que las cosas no se hacen en un día; somos pacientes, somos conscientes de que todos los pasos que hemos dado históricamente siempre han ido poco a poco pero muy afianzados, sin dar pasos atrás. Eso es lo que nos parece muy importante, también a la hora de contemplar el permiso de paternidad.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, intentando ampliar lo que ha dicho mi compañera, la señora Monteserín, en la parte más estrictamente laboral y de prestaciones de carácter social, me gustaría empezar diciendo que esta es una ley que tiene la virtud de hacer frente a los problemas y de promover soluciones, debatiendo, al mismo tiempo, sobre los mismos, pero la propia ley en sí misma no va a resolver el problema.
La ley es un instrumento que va a generar en estos momento sinergias y actuaciones que pueden permitir transformaciones, pero es el conjunto de la sociedad, desde un punto de vista cultural, el que debe asumir socialmente los retos que la propia ley lleva, el sistema con el que vamos a solucionar un problema de desigualdades que estamos arrastrando desde hace muchos años o muchos siglos. Por tanto, desde mi punto de vista la ley es un buen instrumento, es un instrumento que tiene además una amplitud enorme y que tiene que ir evaluándose paulatinamente. En el mundo del trabajo no hay norma que resuelva un problema de forma inmediata, solamente la sanción, y esta ley no está planteando sanciones.
Estamos hablando de una ley programática que tiene una serie de medidas de impulso de carácter activo para resolver diferentes problemas que ocurren en el conjunto de la sociedad. Ese impulso de políticas activas, ese impulso de actuaciones concretas es lo que da a la ley el valor que tiene. Porque no estamos hablando aquí en estos momentos de burbujas, estamos hablando de realidades, de actuaciones en el terreno de lo social, de lo laboral y de las prestaciones.
Estamos hablando de cosas concretas porque creemos que uno de los elementos fundamentales de la igualdad pasa por la conciliación de la vida laboral y familiar. Si el 70 por ciento de las actuaciones concretas son del ámbito laboral es porque una parte fundamental de la discriminación que existe se da en el ámbito de la empresa y sabemos también, por lo tanto, que en el ámbito de la empresa corregir esas desigualdades es harto complicado. De ahí que la ley tenga una serie de instrumentos que son elementos realmente positivos y que tenga también una metodología e incluso una filosofía que lo impregna. Los instrumentos que nos da son la negociación colectiva para resolver en el ámbito laboral una parte importante de los problemas de desigualdad y la metodología que se utiliza es hacer un seguimiento y una evaluación permanente de lo conseguido y de los objetivos cumplidos o no cumplidos.
Eso es una apuesta clara por que la ley se desarrolle, porque difícilmente si no supondría en estos momentos un compromiso de estas características. De ahí nacen fundamentalmente los planes de igualdad, que son planes de igualdad en las empresas que tienen como objetivo fundamental que las empresas, fruto de la negociación con los representantes de los trabajadores, tengan planes de igualdad para resolver los problemas de formación, información, cualificación, promoción, discriminación o acoso sexual que se estén produciendo en esa empresa y se coge un tramo determinado, que son las empresas de más de 250 trabajadores. 4.753 empresas, que son pocas, sí, porque hay un millón y pico de empresas en nuestro país, pero que son un componente importante de lo que es el marco de las relaciones laborales. Se plantea una evaluación a los cuatro años. ¿Por qué? Porque se quiere saber qué es lo que se consigue, porque la evolución de esos planes de igualdad va a depender no solamente de la correlación de fuerzas sino también de las personas, de los hombres y mujeres que están en este momento realizando esa actividad empresarial. Es ahí donde está el núcleo fundamental de la ley; hay que hacer un seguimiento de la aplicación y hay que ver si el legislador acierta o se equivoca, porque aquí estamos hablando de temas enormemente serios y concretos.
La lucha contra las desigualdades -como se ha dicho anteriormente- se construye paso a paso, pero muchas veces una zancadilla puede llevarte a un traspiés y, como a mí me ha ocurrido, a estar setenta días con muletas; ese el problema. (Risas.) Por tanto, desde mi punto de vista, la ley es mejorable y la hemos mejorado sustancialmente fruto de las más de quinientas enmiendas que todos los grupos hemos aportado, también el Grupo Parlamentario Socialista. Esa ley, que es mejorable, va a mejorarse todavía más con las transaccionales que estamos planteando en estos momentos en distintos ámbitos, porque hay que tener en cuenta que la ley recoge temas que hasta ahora han sido tabúes en las empresas y que no se han aplicado. Por ejemplo, el derecho a la lactancia, a pesar de ser un derecho, ha tenido dificultades; también ha habido problemas con
las excedencias y las mujeres han tenido dificultades a la hora de volver al puesto de trabajo. Estamos poniendo elementos correctores para que la nulidad de un despido se contemple jurídicamente después de una excedencia, por tanto, estamos protegiendo a las mujeres trabajadoras.
¿Para qué? Para que puedan hacer uso de sus derechos con el mayor grado de cobertura posible, sabiendo que siempre hay unos límites a los que no se puede llegar, pero el ejercicio del derecho lo preservamos con iniciativas que para algunos serán cortas y para otros serán excesivas.
Para la mayoría de los grupos presenten en esta Cámara parece ser que son cortas en la mayoría de los casos, pero a la patronal de nuestro país no solamente le parecen excesivas, sino que se hizo un exabrupto por el presidente de la misma sobre que esto era una especie de retro, Satanás: ¿Qué están ustedes haciendo aquí? Se van a cargar las empresas. Pues ni una cosa ni la otra; son medidas que sin duda son enormemente aceptables.
En el terreno de la Seguridad Social es indudable que hay elementos muy positivos. Se crea el subsidio -al que se refería anteriormente la representante del Grupo Parlamentario Popular- por maternidad para las trabajadoras que no reúnen el período de cotización mínima para acceder a la prestación por maternidad. Respecto a ese subsidio, que hasta en la propia ley nosotros habíamos recogido que debería cubrir el 80 por ciento del Iprem, hoy presentamos una enmienda transaccional por la cual decimos que tiene que ser el cien por cien del Iprem y decimos aún más, el período de cómputo lo relativizamos y lo transformamos en una escala en función de la edad de la mujer afectada por la maternidad, de manera que si es menor de 21 años, sea cero días cotizados; si tiene entre 21 y 25 años, sea 90 días, y si es mayor de 25 años, sean 180 días dentro de los ocho años anteriores. Por tanto, estamos buscando elementos que permitan hacer uso del derecho que se tiene. Ese subsidio, que afecta a las mujeres que están en paro, a las que tienen en este momento alguna situación de marginalidad y que afecta también a las trabajadoras autónomas, permite en estos momentos tener resuelta también una cobertura de aquellas mujeres trabajadoras autónomas que ante la maternidad renuncian a su negocio o a su actividad profesional y que por tanto quedaban exclusivamente cubiertas por el seguro de baja por enfermedad.
Es más, con las medidas y modificaciones que estamos introduciendo estamos consiguiendo para las mujeres trabajadoras, por ejemplo con la transaccional 14 que estamos planteando, que aquellas que continúan en su actividad profesional tengan una bonificación del cien por cien de las cuotas empresariales de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para facilitarles que continúen su actividad, para evitar que la maternidad para las trabajadoras autónomas sea una losa, desde el punto de vista profesional, y una carga, desde el punto de vista económico. Hemos tenido en consideración unas enmiendas perfectamente asumibles y que en concreto son: la enmienda número 181, de Izquierda Unida; la 286, 305 y 306, del Partido Popular; las números 424, 425 y 429 de Convergència i Unió, de forma que las mujeres trabajadoras que antes, en la maternidad o en la lactancia, tienen un puesto de trabajo de dificultad puedan pedir el traslado y que sea un derecho el traslado de ese puesto de trabajo a otra actividad de su propia empresa. De igual manera, en la transaccional número 15, que presentamos en función de la enmienda número 181 de Izquierda Unida, 286, 305 y 306 del Grupo Popular, y 424, 425 y 429 de Convergència i Unió, decimos que para aquellas mujeres que, por problemas derivados de la maternidad o de la lactancia, hayan tenido que hacer una reducción de jornada, la cotización de esa reducción de jornada no sea por el tiempo reducido, sino por el cien por cien de la misma. ¿Qué estamos haciendo entonces? Lo que les decía anteriormente, señorías, estamos creando derechos, pero también estamos creando salvaguardias para que puedan utilizarse esos derechos, porque puedes crear un derecho y sin embargo puedes dejar a una familia en la ruina; eso no es un derecho, eso es otra cosa. Lo mismo ocurre con la transaccional número 16, que afecta a la enmienda número 182 de Izquierda Unida, a la 367 de Esquerra y a la 431 de Convergència i Unió.
Hay dos transaccionales nuevas. Una de ellas, que he citado anteriormente, la número 17, hace referencia al período de cómputo en el caso de maternidad de las madres menores de 21 años, entre 21 y 26 años o de más de 26 años; la hemos presentado y anteriormente no la teníamos elaborada.
Otra es la transaccional número 18, que hace referencia a las enmiendas 178 y 179 de Izquierda Unida y a las números 366 y 372 de Esquerra Republicana; pedimos que en el Iprem, que es la cuantía de prestación, el objetivo del subsidio, en vez de ser del 80 por ciento, como estaba recogido anteriormente, en este caso sea del cien por cien.
Las transaccionales que presentamos mejoran y recogen en gran parte muchas de las enmiendas que los distintos grupos hemos hecho. ¿Por qué? Porque todos queremos que esta sea una ley potentemente apoyada, socialmente asumida y políticamente eficaz. Aquí no estamos hablando de quién es el que vende más y quién es el que cobra más. Si estamos hablando de resolver un problema de igualdad, estamos hablando no solamente de política, sino que estamos hablando de construir sociedad. Nosotros queremos construir esa sociedad; sabemos que no estamos solo en esa búsqueda, pero lógicamente tenemos que construirla con los bártulos y con los mimbres que tenemos, y no tenemos más mimbres que los que nos dan nuestro marco jurídico y nuestros recursos económicos. Hay que tener en cuenta que el que más pide hoy algún día tendrá que gobernar y no por tener hoy uno más, el día de mañana tiene que tener diez menos. Nosotros hacemos un llamamiento para buscar elementos que puedan resolver un problema fundamental y que esta ley sea consensuada y apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate, dos cuestiones.
Les ruego que aporten esas dos transaccionales que acaba de mencionar, la 17 y la 18, que no constan a la Mesa.
Vamos a suspender la sesión durante diez o quince minutos para ordenar el debate y a continuación, las votaciones.
Se reanuda la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la votación.
Rogamos que nos disculpen, porque es una votación complicada. También pido paciencia a SS.SS. y si alguna votación no se cita y la quieren pedir, me lo indican y lo tendremos en cuenta. Por eso les pido esa comprensión.
Iniciamos la votación. Vamos a votar primero las enmiendas transaccionales que se han repartido y que todos ustedes conocen. En primer lugar, las transaccionales números 1, 2, 3, 4... (La señora García Suárez pide la palabra.) Tiene la palabra señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señora presidenta, recuerden que la primera transaccional, la número 1, es del Grupo Socialista a mi grupo y no la aceptamos. Por tanto, pedimos votación separada. Mantendré mi enmienda 82.
La señora PRESIDENTA: Votamos entonces las enmiendas 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 25.
Votación separada de la transaccional número 1. (La señora García Suárez pide la palabra.)
La señora GARCÍA SUÁREZ: No la aceptamos.
La señora PRESIDENTA: Señora García, está presentada. ¿La retira?
La señora GARCÍA SUÁREZ: Es una transaccional que hace el Grupo Socialista a mi grupo.
La señora PRESIDENTA: La votamos de todos modos.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Yo no la acepto. Mantengo mi enmienda 82.
La señora PRESIDENTA: Bien, pero sabe que la votación en Comisión se puede hacer, en Pleno no. Por tanto, votamos separadamente la transaccional número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno; abstenciones, dos.
Votamos la transaccional número 5.
Bloque 3, compuesto por las transaccionales 6, 9, 21, 22, 23 y 26. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.)
La señora CAMARERO BENÍTEZ: El Grupo Popular pide la votación separada de la enmienda 26.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Votamos las transaccionales 6, 9, 21, 22 y 23.
Votamos separadamente la transaccional número 26.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.)
La señora PIGEM I PALMÉS: En la que se ha votado como transaccional 26, en mi texto pone: Transaccional 20, que sustituye a la 26. Por tanto, yo no tengo la 26.
La señora PRESIDENTA: Queda aclarado. Es el mismo texto. El texto que se votó como 26 es el de la número 20. Es la 20, no la 26.
La señora PIGEM I PALMÉS: Pero que conste.
La señora PRESIDENTA: Ya consta.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta, en este último bloque pedimos la votación separada de la transaccional número 11.
La señora PRESIDENTA: Votación separada de la transaccional número 11.
Pasamos a votar las enmiendas de los grupos.
Enmiendas del Grupo Mixto. Enmienda número 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra 18.
Enmienda 80.
Enmiendas 72 y 79.
Enmiendas 73 y 76.
Enmienda 74.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una
Enmienda 77.
Enmiendas del señor Labordeta. Bloque primero, enmiendas 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 40, 42 y 48.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Al haber empate se ha hallado el voto ponderado.
Efectuada la votación, por voto ponderado, dio el siguiente resultado: votos a favor, 168; en contra, 164; abstenciones, 15.
Segundo bloque, enmiendas números 5, 6, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 47, 50 y 51.
Efectuada la votación por voto ponderado, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.
Tercer bloque, enmiendas números 2, 12, 13, 20, 26,33, 34, 46 y 52.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 16.
Resto de enmiendas del señor Labordeta.
Enmiendas de la señora Fernández Davila. Enmienda 198.
Enmienda 214. (La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
¿Sí, señora Barkos?
La señora BARKOS BERRUEZO: Si no entiendo mal, la enmienda 214 está transaccionada. La hemos aprobado ya en la número 25. Está retirada.
La señora PRESIDENTA: La tiene que retirar la señora Fernández.
La señora BARKOS BERRUEZO: Queda retirada en nombre de la señora Fernández Davila.
La señora PRESIDENTA: Enmienda 215.
Seguimos con las enmiendas de la señora Fernández Davila. Enmienda 216.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 16.
Enmiendas 195, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 209, 211, 213 y 217.
Bloque de las enmiendas 196 y 197. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.)
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Presidenta, querríamos votación separada de la enmienda 197.
La señora PRESIDENTA: Bien, la votamos al final.
Enmienda 196.
Bloque de las enmiendas 194, 199, 207, 210 y 212.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Enmiendas 218 a 226, 228, 231, 234 y 235.
Bloque de enmiendas que comprende las 227, 230, 232 y 233.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 36; abstenciones, dos.
Enmiendas 223 y 229.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 22; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (La señora Monteserín Rodríguez pide la palabra.)
Dígame, señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Mi compañero, el señor Membrado, tiene que ausentarse. Le sustituye la señora Casaus.
La señora PRESIDENTA: Votamos las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Enmiendas 91 y 145.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.)
Sí, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Quería pedir votación separada de las enmiendas 120 y 190.
Votamos ahora la 137.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.)
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Pido votación separada de la enmienda 172.
La señora PRESIDENTA: Votación de la enmienda 172.
Vamos a votar el bloque de enmiendas número 82, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 108, 110 a 115, 122, 131, 133, 135, 141, 144, 154, 160, 163, 164, 171, 167 a 170, 180 a 185, 188, 192, 193, 445 y 446.
Siguiente bloque. Enmiendas número 83, 90, 91, 93, 102, 118 a 121, excepto la enmienda número 120 que se ha pedido votación separada, 134, 136, 142, 146, 147, 150, 151, 186 y187.
Votamos ahora las enmiendas números 120 y 190.
Enmiendas números 95, 96, 116, 117, 138, 162, 189 y 191.
Enmienda número 159.
La señora PRESIDENTA: Al haberse producido un empate, vamos a ponderar.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señora presidenta, es conveniente que diga que he informado al letrado que retiraba las enmiendas números 159 y 161, la de paternidad y maternidad por la transaccional que después vamos a votar.
La señora PRESIDENTA: Efectivamente, habían sido retiradas. Por tanto, declaramos nula la votación.
La señora PRESIDENTA: Vamos a calcular el voto ponderado.
Efectuada la votación por voto ponderado, dio el siguiente resultado: votos a favor, 178; en contra, 171.
Enmienda número 149.
Enmienda número 143.
Enmienda número 145.
Enmienda número 153.
Se ha presentado otro bloque de enmiendas para votación separada.
Enmiendas número 123, 130, 140, 148, 152, 155, 156, 157, 158, 165, 166, 173 y 183.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (La señora Uría Etxebarría pide la palabra.) Dígame, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Entiendo que están ya aprobadas por transacción las enmiendas 61 y 65, así como la 66 y 69, por tanto, las retiro.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Quedan retiradas.
Votamos en primer lugar las enmiendas número 53 a 55.
La señora PRESIDENTA: Se ha producido otro empate.Vamos a ponderar.
Efectuada la votación por voto ponderado dio el siguiente resultado: a favor, 178; en contra, 169.
Enmiendas números 56, 57, 62 y 68.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Como se ha producido un empate, procedemos al voto ponderado.
Efectuada la votación por voto ponderado dio el siguiente resultado: a favor, 168; en contra, 164; abstenciones, 10.
Resto de enmiendas del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
Vamos a votar las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya.
La señora OLIVA I PEÑA: Señora presidenta, tenía entendido que las enmiendas números 366 y 367 estaban retiradas.
La señora PRESIDENTA: Sí, están retiradas. Gracias.
Votamos el primer bloque, que son las enmiendas número 309 a 311, 314 a 319, 322 a 324, 326 a 328, 330 a 332, 334, 338, 339, 341 a 353, 355, 356, 359 y 363.
Votamos las enmiendas números 312, 313, 321, 325,354, 358, 360 a 362, 364 y 373.
Votamos las enmiendas números 329, 335, 368 a 370 y 326.
Votamos el resto de enmiendas.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, entiendo que están aprobadas por transacción y, por tanto, procedo a retirar las enmiendas números 408, 413, 414, 424, 425, 429, 431 y 426.
La señora PRESIDENTA: Votamos las enmiendas números 382 y 383.
Se ha pedido votación separada de la enmienda número 393.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta, también queremos votación separada de la enmienda número 388.
La señora PRESIDENTA: Pues entonces votamos la enmienda número 386.
Efectuada la votación por voto ponderado, dio el siguiente resultado: votos a favor, 178; en contra, 164.
Votamos la enmienda número 388.
Votamos la enmienda número 393.
Votamos la enmienda número 380.
Grupo Popular. Votamos el bloque de las enmiendas número 247, 254, 255, 257, 265, 268, 269 y 272.
Siguiente bloque. Enmiendas números 281, 275, 278, 285 y 288.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,15; en contra, 22; abstenciones, una.
Votamos las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista. (La señora Camarero Benítez pide la palabra.)
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Por favor, díganos cuáles son las enmiendas vivas.
La señora PRESIDENTA: Quedan vivas todas las enmiendas que no se hayan incorporado a las transacciones y las que no se habían incorporado a la ponencia.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Nosotros queremos la votación separada de algunas, que a lo mejor luego están incorporadas.
La señora PRESIDENTA: Dígame qué enmiendas son.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Son las enmiendas 453, 483, 485 y 499.
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar las enmiendas, entendiendo que si estuvieran incorporadas en ponencia o transaccionadas quedarían retiradas. Que conste en el "Diario de Sesiones".
¿Quiere votación en conjunto de estas enmiendas o separada?
La señora CAMARERO BENÍTEZ: En conjunto.
La señora PRESIDENTA: Votamos las enmiendas 453, 483, 485 y 499.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 15; abstenciones, tres.
Resto de las enmiendas vivas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 18.
A continuación votamos el texto de la ponencia, que con las modificaciones resultantes del debate pasará a ser dictamen de la Comisión.
Señorías, quiero recordarles que el artículo 117 exige que se presenten por escrito en el plazo de 48 horas las enmiendas y votos particulares que deseen mantener en el Pleno.
Muchas gracias por su comprensión. Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.

References: resolución 
 artículo 133
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 22
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 149
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 71
 artículo 29

Artículo 31
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 46
 artículo 69
 artículo 71
 artículo 29
 artículo 26
 artículo 3
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 14
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 resolución 
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 53
 artículo 71
 artículo 26
 artículo 71
 artículo 14
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 117