Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=14
Timestamp: 2019-05-22 03:12:47+00:00

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En el Informe 78/11 fechado el 21 de julio de 2011, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de las violaciones de los Artículos XVII y XXVII de la Declaración Americana. Por consiguiente, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones a Canadá:
1. Adopte medias para identificar a los John Does y verifique su situación y condición, a fin de procesar cualquier pedido pendiente de asilo que éstos deseen tramitar.
2. Haga una total reparación a los John Does por las violaciones establecidas, incluyendo los perjuicios materiales pero no limitándose únicamente a los mismos.
3. Adopte las medidas legislativas necesarias o cambios administrativos para asegurar que los solicitantes de refugio reciben el debido proceso al presentar sus solicitudes de asilo. Si se continúa con la aplicación de la política de devolución directa, esto requerirá que se deberán obtener las garantías necesarias de las autoridades de inmigración del tercer Estado, de que las personas que sean devueltas directamente podrán retornar al Canadá para asistir a sus entrevistas de determinación de la condición de refugiado. A su vez, el Estado deberá realizar análisis individualizados basados en la legislación de inmigración del tercer Estado para determinar si las personas que son devueltas directamente tendrían acceso a solicitar asilo en dicho Estado y que no se enfrentarán con impedimentos legales automáticos. En aquellos casos en que hubiere un impedimento para solicitar asilo, éstos no podrán ser devueltos en forma directa. Finalmente, cualquier política de “devolución directa” deberá incluir un análisis individualizado para determinar si hay un riesgo de una posterior devolución (refoulement) de algún solicitante de asilo que ha sido devuelto al tercer Estado.
4. Adopte las medidas legislativas o de otro tipo, necesarias para asegurar que los solicitantes de asilo tiene acceso a recursos internos adecuados y eficaces para impugnar las devoluciones directas antes que ocurran.
En el Informe No. 61/01 de fecha 16 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado chileno había violado, respecto a Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, los derechos a la libertad personal, a la vida, y a la seguridad personal, consagrados en el artículo I de la Declaración Americana y en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Igualmente, la CIDH concluyó que el Estado chileno violó en perjuicio de los familiares del señor Catalán Lincoleo los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Asimismo, la CIDH reiteró que el Decreto-Ley No. 2.191 de autoamnistía, dictado en 1978 por el pasado régimen militar de Chile, es incompatible con los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana. Lo anterior, como consecuencia de la desaparición forzada de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, de 29 años de edad, quien era un técnico agrícola con vinculaciones al Partido Comunista cuando fue detenido el 27 de agosto de 1974 en su domicilio de la ciudad de Lautaro, Chile, por integrantes de Carabineros, militares y civiles. Los familiares acudieron a la justicia chilena en 1979 con una denuncia de los hechos, pero el trámite fue archivado en octubre de 1981 por aplicación del Decreto-Ley 2.191 de 1978, que dispuso la amnistía por las violaciones cometidas desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 en Chile. En 1992 se intentó una nueva acción judicial, que culminó en noviembre de 1995 con el sobreseimiento definitivo por aplicación del Decreto-Ley de autoamnistía citado. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió un recurso de casación sobre el fondo del Caso con su fallo de 16 de enero de 1997, que declaró la prescripción de la acción legal.
Mediante nota del 13 de marzo de 2009, el Estado chileno informó con respecto a la primera recomendación, que con fecha 29 de enero de 2001, se presentó, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, querella contra el Sr. Augusto Pinochet Ugarte y otros, por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal de personas, entre ellas, Samuel Catalán Lincoleo, cuya causa quedó registrada bajo el rol No. 2182-98. El 25 de agosto de 2003 se sobreseyó total y definitivamente la causa, con el fundamento de que el 4º Juzgado Militar de Valdivia ya había declarado anteriormente la cosa juzgada por esos mismos hechos. El 31 de agosto de 2005, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, aprobó el sobreseimiento definitivo de la causa.
Mediante nota del 30 de diciembre de 2010, el Estado refirió que el Ministro en Visita Extaordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, sustanció la causa Rol N° 113.958 (Catalán Lincoleo), la cual se encontraría en estado procesal de sumario, sin que nadie se encuentre sometido a proceso o en calidad de procesado. A esa fecha, estarían aún pendientes diligencias de investigación a ser realizadas. Aclaró que en dicha causa procesal, el Programa Continuación Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior es parte coadyuvante.
En su comunicación del 30 de diciembre de 2010, el Estado reiteró lo anterior e informó que el proyecto legislativo se encontraba en segundo trámite constitucional en el Senado, al que fue remitido el 6 de mayo de 2009. Informó que se habría presentado otro proyecto de ley tendente a establecer un nuevo canal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos, el cual se encontraría en primer trámite constitucional.
En lo referente a la tercera recomendación, el Estado relacionó cada una de las medidas de reparación específicamente adoptadas a favor de los familiares del señor Samuel Alfonso Catalán Lincoleo: su madre, Sofía Lincoleo Montero; Gabriela Isidoro Bucarey Molinet, madre de la hija de la víctima; Elena del Carmen Catalán Bucarey, hija de la víctima; Adriana del Carmen Albarrán Contres, madre del hijo de la víctima, Samuel Miguel Catalán Albarrán; y los ocho hermanos del señor Catalán Lincoleo. Indicó en particular los montos otorgados a cada uno de los beneficiarios de las reparaciones tanto por concepto de la pensión de reparación de carácter vitalicio establecida por la Ley 19.123, como del bono de reparación de la Ley 19.980. Asimismo, hizo referencia a los beneficios de atención de salud física y mental recibidos por ellos, así como a los beneficios educacionales que percibieron los hijos de la víctima.
El 25 de octubre de 2011, la Comisión solicitó información actualizada a las partes. Mediante nota del 17 de enero de 2012, el Estado reiteró la información suministrada en oportunidades anteriores en el sentido de que la Corte de Apelaciones de Temuco sustancia la causa Rol No. 113.958 que se encuentra en estado procesal de sumario; e indica que a esa fecha existen diligencias de investigación pendientes de realizar. En relación con la segunda recomendación, el Estado no reportó avances en el trámite de los proyectos de ley presentados en el 2009. El referido a la interpretación del artículo 93 del Código Penal continúa en el segundo trámite constitucional en el Senado; y el relativo al nuevo canal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos, en el primer trámite constitucional. Finalmente, en cuanto a la tercera recomendación, recordó que la CIDH ya la había dado por cumplida en su Informe Anual 2010.
El 12 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de la primera y la segunda recomendación formuladas al Estado en su informe No 61/01. Mediante nota de fecha 10 de enero de 2013, el Estado brindó información con respecto a la primera recomendación, haciendo referencia al estado judicial del proceso rol N° 113.958 (Catalán Lincoleo) –indicando que en el mismo es parte el Estado de Chile, siendo representado el Poder Ejecutivo por el Programa Continuación Ley N° 19.123 (o Programa de Derechos Humanos) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública-. Además reiteró que dicho proceso es conocido por el Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Temuco. También reiteró que el caso se encuentra en el estado procesal de sumario o investigación criminal, sin que todavía se haya imputado a persona alguna por el crimen de secuestro calificado cometido en perjuicio de la víctima. Añadió que a diciembre de 2012, se encontrarían pendientes de ejecución diligencias de investigación dirigidas al establecimiento de la identidad de los sujetos que participaron en la comisión del crimen perpetrado en perjuicio de Catalán Lincoleo.
En cuanto a la segunda recomendación, nuevamente el Estado no reportó avances en el trámite de los proyectos de ley presentados en el 2009. El referido a la interpretación del artículo 93 del Código Penal continúa en el segundo trámite constitucional en el Senado; y el relativo al nuevo canal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos, en el primer trámite constitucional.
En vista de lo anterior, la CIDH reitera con preocupación que su recomendación de establecer la responsabilidad por el asesinato de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo no ha sido atendida, y que a pesar del tiempo transcurrido la causa Rol N° 113.958 permanece en la etapa del sumario sin que haya persona alguna procesada. Finalmente, la Comisión reitera que a pesar de los esfuerzos realizados para adecuar su legislación a la Convención Americana, la cual constituye una obligación internacional del Estado pendiente de cumplimiento, durante el 2011 y 2012 no se registraron avances en los tramites constitucionales de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo al Congreso desde 2009. Dado que la adecuación de la legislación interna a la Convención Americana requiere del concurso de todos Poderes Públicos del Estado chileno, se insta al poder legislativo a dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH.
La Comisión concluye que el Estado chileno ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
Posteriormente, el 21 de octubre de 2008, el Estado informó que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, creado por la Ley 19.123, se hizo parte en la causa Rol Nº 7.891-OP “C”, que investiga los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia, que sustancia el Ministro en Visita don Alejandro Madrid, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dando cumplimiento a lo indicado por la CIDH en su Informe No. 133/99. El Estado indicó que la anterior causa se inició el 25 de octubre de 2002, por querella presentada por la señora Carmen Soria González-Vera en contra de 4 miembros de la Dirección de Inteligencia nacional (DINA) y demás que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores de los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita en perjuicio de Carmelo Soria, por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, quien fue sacado del país con destino a Uruguay para evitar que declara en algunos procesos judiciales, entre ellos, el del señor Carmelo Soria.
Mediante comunicación recibida el 8 de junio de 2010, los peticionarios informaron que con fecha 5 de marzo de 2010 los peticionarios y representantes del Programa de Derechos Humanos del Gobierno de Chile, solicitaron en escritos separados a la Corte Suprema la reapertura de la causa sobre el homicidio de don Carmelo Soria. Con fecha 29 de marzo de 2010, el Sr. Ministro Especial de la Corte Suprema don Héctor Carreño Seaman, no dio lugar a dicha solicitud "por encontrarse afinada la causa por sobreseimiento total y definitivo respecto del hecho punible materia del proceso en virtud de resolución ejecutoriada". Agregaron que con fecha 1° de abril de 2010 tanto el programa de Derechos Humanos del Gobierno como los peticionarios, apelaron de dicha resolución. Con fecha 28 de abril de 2010, la Segunda Sala de la Corte Suprema después de oír los alegatos, en que se solicitó que se revocara dicha resolución apelada y se reabriera el sumario de la causa, confirmaron la resolución teniendo únicamente presente que no se especifican las diligencias de manera adecuada y los objetivos que se persiguen en ellas, estimando de esta manera agotada la investigación. Los peticionarios lamentaron que la Corte Suprema se negara a reabrir el sumario dejando en la práctica sin sanción penal a los autores del crimen de Carmelo Soria Espinoza, esto es, en la total y absoluta impunidad.
En noviembre de 2010, la CIDH solicitó información actualizada a las partes. Mediante nota del 30 de diciembre de 2010, el Estado envió su respuesta. Reafirmó lo señalado en el párrafo anterior, en cuanto a las actuaciones y estado actual de la causa seguida por el homicidio de Carmelo Soria. Respecto de la Causa Rol Nº 7.981, seguida por los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en la causa que investigó el homicidio de Carmelo Soria, el Estado indicó que se encontraba en plenario desde el 7 de septiembre de 2009, existiendo 7 sujetos acusados.
En relación a la recomendación segunda del Informe N° 139/99, el Estado manifestó que se encontraba recabando información suficiente que le permitiera dar debido cumplimiento al Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Respecto de la recomendación tercera, el Estado indicó que se habrían estudiado diversas alternativas, siendo la más viable la emisión de una ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, habiéndose buscado armonizar la no aplicación del DL 2191, de Amnistía, con las instituciones de cosa juzgada y el principio non bis in ídem, en virtud de lo cual se habrían presentado dos proyectos de leyes: a) ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, iniciativa legal que en la actualidad se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, b) modificación que establece un nuevo canal de revisión en caso de violaciones de derechos humanos, proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional.
El 25 de octubre de 2011, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 139/99.
Mediante nota del 18 de enero de 2012 el Estado atendió la solicitud de información sobre el cumplimiento de las recomendaciones. En relación con la primera recomendación sobre el establecimiento de la responsabilidad penal por el asesinato de Carmelo Soria como información adicional sobre la causa seguida por el delito de homicidio calificado indica que ante negativa de la Corte Suprema de Justicia de reabrir el sumario, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior se encuentra ejerciendo todas las acciones legales disponibles para dar cumplimiento a la recomendación formulada por la CIDH, sin indicar cuales. En relación con la Causa Rol Nº 7.981, seguida por los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en la causa que investigó el homicidio de Carmelo Soria, el Estado indicó que se encuentra en estado de ser notificada la sentencia definitiva.
En relación con la segunda recomendación, el Estado reitera que se encuentra recabando información para dar cumplimiento al Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Asimismo, reitera la información relativa a la tercera recomendación sobre el proyecto de ley interpretativa del artículo 93 del Código Penal, el cual sigue en trámite parlamentario.
El 3 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No. 139/99. Mediante nota de fecha 10 de enero de 2013, El Estado brindó información, reiterando en cuanto a la primera recomendación, que a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, había instado la reapertura del sumario de la causa seguida por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Carmelo Soria Espinoza, siendo dicha petición rechazada en primera instancia por el Ministro instructor de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, en relación con la Causa Rol Nº 7.981, seguida por los delitos de asociación ilícita y obstrucción de justicia en la causa que investigó el homicidio de Carmelo Soria, el Estado reiteró en su presentación del año 2013, que se encuentra en estado de ser notificada la sentencia definitiva.
Con respecto a la segunda recomendación, el Estado reitera que se encuentra recabando información para dar cumplimiento al Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Asimismo, informó que el Proyecto de Ley referido a la interpretación del artículo 93 del Código Penal continúa en el segundo trámite constitucional en el Senado; y el relativo al nuevo canal de revisión en caso de violaciones a los derechos humanos, en el primer trámite constitucional.
En vista de lo anterior, la Comisión reitera que las recomendaciones dirigidas tanto a la investigación y sanción de los responsables del asesinato de Carmelo Soria, como a la adecuación legislativa a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentran pendientes de cumplimiento.

References: artículo 93
 artículo 93
 resolución 
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