Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/31147
Timestamp: 2020-04-08 01:49:47+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-SIII-990151-2003
No puede celebrar un contrato para la prestación de un servicio público, cuando las personas naturales o jurídicas no tengan experiencia en su prestación o su objeto social no se relaciona con el servicio públicos domiciliario contratado
PERSONERÍA PUERTO SALGAR VS. MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR y el CONSORCIO TM ASOCIADOS
Una institución universitaria y un Municipio celebraron un convenio interadministrativo para adelantar un proceso de selección para la prestación del servicio público domiciliario de aseo. En el pliego de condiciones se exigió que el oferente debía estar legalmente constituido como Empresa de Servicios Públicos, tener especialidad en la prestación del servicio público para la recolección de basuras y tener el respectivo número de inscripción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Como resultado de dicho proceso de selección, un consorcio y una Alcaldía Municipal celebraron un contrato de operación con el fin de prestar el servicio público. No obstante, dicho consorcio, al momento de la celebración del contrato, no se encontraba inscrito en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con posterioridad a la celebración del contrato, el consorcio procedió a inscribirse como entidad que prestaba el servicio de recolección, transporte y de residuos. Adicionalmente, aunque, en el certificado de existencia y representación legal previó que tenía como fin la prestación de servicios públicos domiciliario, los negocios que inscribió como objeto social eran actividades totalmente ajenas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios que se contrató.
En el pliego de condiciones se previó que el oferente debía estar inscrito en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y tener especialidad en la prestación del servicio público para la recolección de basuras. El consorcio con el que se celebró el contrato procedió a efectuar la respectiva inscripción con posterioridad a la celebración del contrato y, aunque, en el certificado de existencia y representación legal previó que tenía como fin la prestación de servicios públicos domiciliario, los negocios que inscribió como objeto social eran actividades totalmente ajenas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios que se contrató. Bajo estas circunstancias, ¿podía una entidad pública celebrar un contrato de operación para la prestación de un servicio público, sin violar el artículo 15 de la ley 142 de l994 e incurrir en una nulidad del contrato?
«(…) El artículo 15 de la ley 142 de l994, establece que pueden prestar servicios públicos: 1) Las empresas de servicios públicos, 2) “Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos”, 3) Los municipios cuando asuman de manera directa dicha actividad, 4) Las organizaciones autorizadas para prestar el servicio en los municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas y 5) Las entidades autorizadas para prestar el servicio durante el período de transición y las entidades descentralizadas, que al momento de expedirse la ley se ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo 17.
Si bien la ley de servicios públicos domiciliarios no restringió dicha actividad únicamente a las empresas con esos fines, sino a otro tipo de personas, como quedó antes establecido; cabe señalar que el objeto social de las sociedades adjudicatarias en modo alguno se relaciona con la prestación de servicios públicos domiciliarios, que era el fin del contrato cuestionado.
El artículo 15 de la ley 142 de l994, establece que pueden prestar servicios públicos, entre otras, “Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos”
Pero también es evidente, que ese aserto no tiene ninguna validez, en tanto que dentro de los negocios que se inscribieron allí como objeto social, se encuentran actividades que son totalmente ajenas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios contratados, tales como:
“compra y venta, importación y exportación comercialización y distribución de licores, alimentos enlatados, confitería, elementos de caharrería y en general de todos los artículos y accesorios de los anteriores.”
Para la Sala es claro que existe una serie inconsistencias entre la afirmación que se hace en el certificado de existencia y representación legal sobre la actividad desarrollada por la consorciadas como prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a las eminentemente mercantiles que allí se describen.
Con las anteriores exigencias se quería dar a entender que se requería personas que tuvieran esa especialidad del servicio público para la recolección de basuras, para evitar precisamente la improvisación, que el mismo representante legal del consorcio aceptó haber incurrido al no poseer la maquinaria necesaria para ese fin, dentro de la declaración recibida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS. (folio 58 del cuaderno No. 3).
Según el artículo 31 de la ley 142 de l994, los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios públicos se regirán por el parágrafo 1º del artículo 32 de la ley 80 de l993, que indica que dichos negocios jurídicos se regulan por el derecho privado.
El Honorable Consejo de Estado, mediante proveído del 19 de julio de l995, Magistrado ponente Dr. ROBERTO SUÁREZ FRANCO, ha señalado:
“El régimen aplicable en la celebración de contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios por parte de las personas prestadoras de servicios públicos, es el del derecho privado, con las salvedades que dispone la ley 142 de 1994, respecto del contrato de concesión en cuya celebración puede acogerse a lo dispuesto en la ley 80 de 1993 en los términos y condiciones analizados.”
Atendiendo a tal circunstancia, debe aplicarse el artículo 899 del Código de Comercio, que establece que es nulo el contrato “1. Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa;”
Como en el evento sub lite, el negocio jurídico celebrado entre el precitado CONSORCIO Y EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, se hizo contraviniendo el artículo 15 de la ley 142 de l994, procede la declaratoria de nulidad. Aclarando que no hay lugar a dejar sin efectos el acto mediante el cual la ESAP adjudicó el contrato, en razón a que esa causal no se encuentra establecida por el Derecho Privado. Debe precisarse que la declaratoria de la nulidad, aquí adoptada producirá efectos hacia el futuro, de acuerdo a lo normado por el artículo 38 ibídem, que en lo pertinente, prescribe: “ARTÍCULO 38.- Efectos de nulidad sobre actos y contratos relacionados con servicios públicos. La anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro. Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no perjudicar la prestación del servicio público ni los actos o contratos celebrados en buena fe.”(…)»
Una entidad pública no puede celebrar un contrato de operación para la prestación de un servicio público, cuando en el pliego de condiciones se previó que el oferente debía tener especialidad en la prestación del servicio público para la recolección de basuras, pero los negocios que inscribió el consorcio como objeto social son actividades totalmente ajenas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y procedió a efectuar la inscripción en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con posterioridad a la celebración del contrato, sin violar el artículo 15 de la ley 142 de 1994 e incurrir en una nulidad del contrato, porque:
El artículo 15 de la ley 142 de 1994 establece que pueden prestar servicios públicos, entre otras, las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos. No obstante, en el presente caso, el objeto social de la sociedad adjudicataria en modo alguno se relaciona con el servicio público domiciliario contratado.
La necesidad de personas que tuvieran la especialidad en la prestación del servicio público para la recolección de basuras era para evitar la improvisación.
Según el artículo 31 de la ley 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios públicos se regirán por el derecho privado. Por tanto, debe aplicarse el artículo 899 del Código de Comercio, que establece que es nulo el contrato “cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”. En el caso bajo estudio, el negocio jurídico celebrado se hizo contraviniendo el artículo 15 de la ley 142 de 1994, por lo que procede la declaratoria de nulidad.
1.- Declárese la nulidad del contrato de operación para la prestación del servicio público domiciliario de Aseo celebrado entre el Municipio de Puerto Salgar y el CONSORCIO TM ASOCIADOS el 18 de diciembre de l997, con los efectos establecidos por el artículo 38 de la ley 142 de l994.
2º.- Sin costas.
Ley 80 de 1993. Articulo 32. Ley 142 de 1994. Articulo 31.
Documento: TAD-CUN-SIII-990151-2003

References: artículo 15
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 899
 artículo 15
 artículo 38
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 31
 artículo 899
 artículo 15
 artículo 38