Source: http://www.portaldms.com/2/index.php?option=com_content&view=article&id=5345&catid=290
Timestamp: 2018-01-17 10:46:19+00:00

Document:
- Concepto (c. j.)
- Definición (c. j.)
- Derecho de la personalidad (c. j.)
- Configuración de la afectación (c. j.)
- Derecho proyectivo (c. j.)
- Distinción de la afectación de cada una de las prerrogativas (c. j.)
- Vulneración: las publicaciones en contra del representante a la cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, realizadas por la senadora Claudia Nayibe López Hernández en su cuenta personal de twitter, con las que lo señala de incurrir en actos de corrupción, carecen de una decisión judicial en firme en ese sentido.
- La existencia de investigaciones o sanciones en contra de integrantes de un partido político, no supone el habilitamiento de generalizaciones: aplicación del principio de presunción de inocencia
- El señalamiento en contra del accionante fundado en el parentesco con quien fue investigado y juzgado por delitos conexos a la parapolítica, no sirve como argumento válido para una contienda política
- El señalamiento hecho al accionante no corresponde al ejercicio del control político que predica la accionada
- Prevalencia en caso de tensión con otros derechos (c. j.)
- Límites (c. j.)
- Protección consitucional e internacional reforzada
- La prohibición expresa de la censura no implica que el derecho sea inmune a ciertos límites
- La facultad de la senadora accionada de ejercer control político, debe realizarse evitando hacer juicios de valor que afecte los derechos al buen nombre y a la honra
- Responsabilidad penal: carácter personalísimo, intransferible e intransmisible
- Función del Congreso de la República de ejercer control político sobre el gobierno y la administración: mecanismos de control
- Control político en el nivel departamental: autoridad competente
- Inviolabilidad de opinión de congresista: excluye la responsabilidad en materias civil y penal, no en asuntos de integridad moral (c. j.)
- Inviolabilidad de opinión de congresista: alcance (c. j.)
- Derecho a la rectificación: herramienta de reparación de los derechos fundamentales cuando han sido lesionados por información inexacta o errónea respecto de una persona
- Derecho a la rectificación: debe garantizarse en condiciones de igualdad - requisitos (c. j.)
- Mayor nivel de tolerancia exigible a los funcionarios públicos frente a las críticas
- Negación de extensión de los efectos de la decisión a los integrantes del partido político Centro Democrático
- Deber de denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades planteadas (c. j.)
- Requisitos de procedencia material (c. j.)
- Principios de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial - eficacia de la acción penal
- El juez constitucional no puede calificar si la conducta endilgada a la senadora Claudia Nayibe López Hernández satisface los elementos para adelantar una actuación penal
- Impocedencia de la acción para evitar perjuicios irremediables ante afrentas de derechos fundamentales: omisión del ejercicio de ponderación de los derechos enfrentados
- La Sala ordena a la senadora Claudia Nayibe López Hernández rectificar el comentario publicado en su cuenta personal de twitter, expresando de manera precisa que se retracta de las imputaciones realizadas en contra del representante a la cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por haber afectado sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre
STC18979/17
Magistrado Ponente: LUIS ALONSO RICO PUERTA
STC18979-2017
Radicación n° 15001-22-13-000-2017-00576-01
(Aprobado en sesión del quince de noviembre de dos mil diecisiete)
Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 12 de septiembre de 2017, dentro de la acción de tutela promovida por Ciro Alejandro Ramírez Cortés contra Claudia Nayibe López Hernández, quien funge como Senadora de la República.
1. El solicitante, actuando directamente, reclama el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, presuntamente vulnerados por la accionada, en tanto, a través de su cuenta personal de la red social Twitter, realizó «aseveraciones públicas, sin prueba alguna que corroborara su dicho».
2. En síntesis, expuso que «al parecer, (…) como retaliación contra el partido Centro Democrático, por los serios y fundados cuestionamientos a la contratación adelantada desde la Gobernación de Boyacá (…), a cargo del señor CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ, quien pertenece al Partido Político de la Senadora LOPEZ HERNÁNDEZ», ésta, a través del usuario @ClaudiaLopez de Twitter, el 4 de agosto de 2017 a las 2:18 pm, aseveró: «mentirosos y corruptos del Cdemocrático liderados por el hijo del parapolítico Ciro Ramírez difamando a Carlos. Además de corruptos, cínicos».
Sostuvo que la querellada tiene la «insana costumbre (…) de difamar y vituperar contra distintos personajes de la vida pública, y en general contra servidores públicos que no sean cercanos a sus idearios políticos», entre los cuales nombró al ex Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, quien instauró tutela en su contra y fue fallada «por hechos similares a los que aquí se exponen», y que actualmente cursan contra dicha Senadora «veintiún (21) acciones (…) de tipo penal y constitucional», que denotan «lo habitual de su proceder, al denigrar e irrespetar a sus contradictores».
Dijo que a pesar de las prerrogativas establecidas a favor de los congresistas en el artículo 185 de la Carta Política, la conducta de la accionada «es sancionable según lo dispuesto en el literal A del artículo 9º de la Ley 1828 de 2017 – Código de ética y Disciplinario del Congresista», por incumplir el deber previsto en el literal f del canon 8º de dicha normativa, «al no guardar el debido respeto que se merece el Representante a la Cámara CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, atentando contra su buen nombre y su honra», y agregó que, como en otros casos, «no ha salido a confirmar y sustentar con pruebas sus afirmaciones, tampoco ha cumplido con su obligación de denunciar los hechos imputados…».
3. Pide se ordene a la convocada que proceda a «rectificar y retractarse públicamente por los medios masivos de comunicación del nivel nacional y del Departamento de Boyacá, de las afirmaciones expresadas el día cuatro (4) de agosto de 2017, a través de su cuenta de la red social Twitter, y en su lugar, expresar que no puede poner en duda el buen nombre y la honra del Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, así como la de los demás integrantes del Partido Centro Democrático que están denunciando posibles hechos de corrupción al interior de la Gobernación de Boyacá»; se le conmine para que «cumpla con lo dispuesto en la Ley 1828 del 23 de enero de 2017 y desista de reincidir en sus actos difamatorios», y se compulsen copias a la Comisión de Ética del Congreso de la República, «con el propósito que se tomen las acciones respectivas, en caso de futuras transgresiones» (fls. 4 a 8, cd. 1).
La Senadora López Hernández se opuso a lo pretendido, «toda vez que no se configura la vulneración a los derechos fundamentales», por cuanto «la publicación que realicé en Twitter está protegida por mi derecho a la libertad de expresión, al ejercicio del control político ciudadano y además al control político como congresista, por lo que no procede retractación o rectificación alguna», acotando que el accionante, quien es Representante a la Cámara, «ha tenido plenas garantías para rebatir mis opiniones con las suyas, en múltiples escenarios públicos y medios de comunicación, y que ningún derecho suyo se encuentra en grave peligro de vulneración que amerite ser protegido mediante tutela»; indicó que no es viable la tutela frente a la pretensión encaminada a conminarla para «prevenir hechos futuros», como tampoco para la «compulsa de copias», pues para acudir a la Comisión de Ética del Congreso, «no se necesita ni es pertinente la intervención de ninguna autoridad».
Adujo que «como congresistas me encuentro protegida por la inviolabilidad parlamentaria», la cual no se restringe «al recinto del Congreso»; que las afirmaciones realizadas no afectan los derechos invocados por el actor ya que «encuentran justificación suficiente», y tienen «causa cierta y real», aunado a que «no implican señalamiento personal y directo al actual Representante a la Cámara Ciro Ramírez (hijo) sino que estaban dirigidas al partido Centro Democrático, y que ninguna se refirió a las actuaciones privadas o personales del Representante», y que «tampoco buscaban dañar a una persona sino ejercer el control político» (fls. 26 a 38, cd. 1).
Negó el amparo al considerar que al confrontar el derecho a la libre expresión de la accionada y el de la honra del convocante accionante, «surge una necesaria ponderación (…) que debe realizarse en el contexto social del país», reconociendo «un margen de expresividad mayor de un parlamentario, en relación con el que se le reconocería a un ciudadano común», concluyendo que como «en tratándose de un parlamentario hay mayor tolerancia en el derecho a la crítica (…) no es la tutela el medio ni el escenario para definir este tipo de reclamos, sino el proceso penal, si se considera que hay injuria y calumnia».
Precisó luego que el comentario realizado por la Senadora utilizando «los vocablos “mentirosos y corruptos” se ciñe a una crítica de la actuación oficial y política del partido al que pertenece el funcionario, lo que no constituye una violación a su derecho al buen nombre y la honra», y «respecto al contenido “hijo del parapolítico Ciro Ramírez” tal enjuiciamiento no recae directamente sobre el actor, sino en su padre (…)» (fls. 40 a 49, cd. 1).
La presentó el promotor del amparo para insistir en los argumentos de su queja, al aseverar que él «depende de su honra y de su buen nombre para el ejercicio de la política», y que el ataque «intencional» de la Senadora a sus derechos, lo hizo «no con el propósito de dar un debate, sino por el contrario, con el ánimo de adjetivar y desviar a la opinión pública del interés sobre las denuncias por corrupción presentadas contra funcionario de la Gobernación de Boyacá», por lo que considera que señalarlo «sin prueba, de mentiroso, corrupto, difamador y cínico, no es para nada una manifestación que corresponda a un comportamiento público, de carácter político», y refutó que el Tribunal hubiese estimado que tal señalamiento estaba dirigido contra el partido político y no contra él directamente, pues al emplear la Senadora «los vocablos “liderados” y “difamando”, (…) se refería inequívocamente a mi persona y al diputado boyacense GUILLERMO SANCHEZ, quien fue la persona que presentó denuncias contra la gobernación de “Carlos” (…)» (fls. 52 a 58, ibídem).
1. Acerca de la procedencia de la acción de tutela, el artículo 86 de la Carta Política y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneración o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio idóneo de defensa judicial, prerrogativa que en ese específico evento le será dispensada de manera inmediata.
El reclamo de defensa mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Constitución, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los demás instrumentos de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jurídico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Sobre el derecho fundamental a la honra, a tono con lo contemplado en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculante en nuestro ordenamiento porque integra el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia ha dicho:
«(…) Los artículos 2° y 21 superiores establecen el derecho a la honra y el deber de las autoridades públicas de protegerlo. Al respecto, este Tribunal ha manifestado que alude al valor intrínseco del individuo frente a sí mismo y ante la sociedad, el cual debe ser protegido para lograr una correcta apreciación de este dentro de la colectividad (…). A pesar de la similitud que guarda con el derecho al buen nombre, la honra está referida a “la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan (…). [L]a afectación del derecho a la honra, necesariamente, conlleva la vulneración del buen nombre y la dignidad humana, al difundir información tendenciosa o parcializada encaminada a menguar la integridad del individuo, evento en el cual, el juez de tutela deberá verificar en el caso concreto el contenido de la divulgación y sus efectos sobre la dignidad de la persona (…)» (CC T-634/13, T-015/15 y T-050/16, entre otras.
En cuanto al buen nombre, contenido en el artículo 15 de la Carta Política, la Corte Constitucional lo ha definido «como la reputación que acerca de una persona tienen los demás miembros de la sociedad en el medio en el cual se desenvuelve», para seguidamente precisar que:
«Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo.
Por tanto, se ha establecido que este derecho constitucional es típicamente proyectivo, por lo que supone la constante valoración a través del tiempo de la conducta del individuo, a partir de las acciones realizadas en su esfera de convivencia. El ser humano es social, lo que implica que los demás miembros del conglomerado juzguen, evalúen y califiquen los comportamientos de las personas, en consecuencia, el titular de este derecho es de quien depende proteger su imagen, ya que de acuerdo a su proceder en el medio social o de su actuar en el mundo de lo público, se desprenderá el concepto que el resto de los individuos tengan de él. Entonces, el derecho al buen nombre, es una valoración individual y colectiva que tiene su origen en todos los actos y hechos que una persona realice, para que, a través de ellos, la comunidad realice un juicio de valor sobre su comportamiento, el que implica además la “buena imagen” que genera ante la sociedad. En consecuencia, para alcanzar su protección, es indispensable el mérito, la conducta irreprochable del individuo o el reconocimiento social hacia el comportamiento del mismo.
Esta Corporación ha señalado que las afectaciones del derecho al buen nombre se originan en la difusión de afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad: “se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen”(…)» (CC T-110-2015).
Y en relación con ambas prerrogativas, esa misma Corporación sostiene:
«El buen nombre se quebranta con información falsa sobre la persona y supone un desdoro para la imagen pública del sujeto. En tanto, la honra no solo se ve vulnerada por información desfigurada, sino que, las opiniones sobre el individuo y su conducta privada, tienen la entidad suficiente para violar el derecho referido. No sobra anotar en este punto que en la jurisdicción ordinaria ha tenido lugar una concepción, en la cual, no se deslindan claramente el derecho al buen nombre del derecho a la honra, siendo esta una razón que ratifica la pertinencia de proteger dichos derechos por la vía de la acción de tutela. En lo atinente al derecho a la honra, el Juez de Tutela en sede de revisión, ha considerado que dicho derecho también se vincula al mérito, con lo cual, un elemento a atender cuando se trata de verificar el quebrantamiento o amenaza al derecho, tiene que ver con la conducta del titular del mismo (…)» (CC T-357/15).
3. Bajo las anteriores premisas, correspondiendo a esta Sala establecer si la Senadora Claudia Nayibe López Hernández, vulneró los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del Representante a la Cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, al haber aseverado el 4 de agosto de 2017, a través de su cuenta personal de la red social Twitter: «mentirosos y corruptos del Cdemocrático liderados por el hijo del parapolítico Ciro Ramírez difamando a Carlos. Además de corruptos, cínicos», se advierte que el fallo desestimatorio de primer grado deberá revocarse, para en su lugar conceder el resguardo implorado, por cuanto es evidente la transgresión a las prerrogativas invocadas por el accionante.
3.1. En primer lugar, se precisa que la publicación en cuestión fue dirigida a los siguientes usuarios: @camilorubianobe; @CIROARAMIREZ; @monosanchezdip; @AlvaroUribeVel; @natiibedoya; @JOSEOBDULIO; @fefernandezt; @everthbustamant, y @JaimeAminH; @jarizabaleta1, y surgió del comentario «Estamos a la espera del pronunciamiento de @ClaudiaLopez “líder anticorrupción” sobre corrupción que involucra a un gobernador de su partido», el cual fue realizado, utilizando esa misma red social, por el usuario @camilorubianobe, en relación con el Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien, según el accionante, fue denunciado por el diputado Guillermo Leonardo Sánchez Sánchez, por presuntas irregularidades en la contratación a cargo del representante legal del departamento de Boyacá.
La alusión al partido político Centro Democrático se funda en que a esa colectividad pertenece tanto el denunciante Sánchez Sánchez como el Representante a la Cámara que promueve esta acción, mientras que el Gobernador de Boyacá contra quien se dirigió «la denuncia penal por el presunto delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales…», así como la Senadora acá querellada, hacen parte de otro movimiento político (Alianza Verde).
3.2. Dado el anterior contexto, surge nítida la imputación que la accionada realiza de «corruptos» a quienes señala como integrantes del movimiento político Centro Democrático, con lo que potencialmente podría atribuirles la incursión en tipos penales; también, al indicar que están «difamando» a su copartidario, y además que son «mentirosos».
La Corte precisa que las garantías traídas a modo de defensa por la accionada, están previstas en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cuyo entendimiento y significación han sido precisados por el precedente constitucional, así:
«en casos de conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos, debe prevalecer el primero, situación que se presenta en múltiples ocasiones cuando se enfrenta esta libertad con el derecho al buen nombre, a la intimidad o a la honra, a menos que se logre comprobar que en la información divulgada exista una “intención dañina o una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o inexactos” (T-015/15).
Así, se puede observar que, si bien la libertad de expresión, entendida como aquella garantía que permite al sujeto divulgar sus pensamientos y opiniones sin algún tipo de interferencia y contiene una presunción de prevalencia en nuestro ordenamiento jurídico, dichas manifestaciones deben ir acordes con el respeto, con la convivencia pacífica y con los derechos de los demás, inadmitiéndose de esta manera “expresiones insultantes o irrazonablemente desproporcionadas” (T-550/12).
En efecto, en el ámbito internacional se observa que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado que el hecho de que la libertad de expresión goce de cierto carácter prevalente no significa que esta garantía carezca de límites, por ende, quien ejerce tal derecho está sujeto a las consecuencias que conlleven afectación a terceros, indicando que deben abstenerse de utilizar o “emplear frases injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones” (CIDH, caso Kimel vs. Argentina, Mayo 2 de 2008, párr. 13).
(…) La jurisprudencia constitucional de esta Corporación, ha sostenido presupuestos similares a los antes mencionados, reconociendo que con las divulgación de ciertas opiniones o pensamientos puede identificarse expresiones desproporcionadas en relación con los hechos que se quieren comunicar o cierto grado de insulto que denotan la intención injustificada de dañar, perseguir u ofender a la persona, lo que deriva en una vulneración de los derechos al buen nombre, honra e intimidad, entre otros relacionados. T-213 de 2004 y T-550 de 2012.
No obstante y acorde con los pronunciamientos internacionales reseñados, la Corte también ha indicado que la intención dañina, desproporcionada o insultante no va a depender de la valoración subjetiva que de la manifestación realice el afectado, sino de un análisis objetivo y neutral que de la misma se haga y que arroje como resultado la vulneración del núcleo esencial del derecho al buen nombre, entre otros.
Bajo esa perspectiva, cabe afirmar que lo publicado en redes sociales está amparado por la libertad de expresión, pero también está sujeto a los límites que antes se mencionaron, implicando que las manifestaciones difamatorias, groseras e insultantes, entre otras, no se encuentran bajo la protección señalada en el artículo 20 de la Carta, ni por los instrumentos internacionales que la consagran. También, como se observó, el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites, se aplica a internet y las redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación» (CC T-050/16). Resalta y subraya la Sala.
Conforme a lo expuesto, contrario a lo dicho por la Senadora encartada, tales afirmaciones no pueden ser vistas como simple manifestación del derecho a la libertad de expresión, pues aunque el tema de la corrupción es de interés público, no puede ser utilizado para lanzar ataques contra sus opositores políticos, endilgándoles graves conductas reprobadas legalmente, sin que medie decisión en firme en tal sentido.
Entonces, reconociendo enteramente que la libertad de expresión goza de una reforzada protección tanto en el ámbito nacional como en el internacional, así como su prevalencia sobre otras prerrogativas superiores, y que es irrefutable la prohibición expresa de la censura, ello no implica que sea inmune a ciertos límites, que, como se dijo en el precedente constitucional antes citado, «surgen cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente conlleva una intención dañina, insultante o desproporcionada respecto del hecho que se quiere comunicar».
El lenguaje del debate público debe estar regido por el respeto y la sólida sustentación de las ideas, pues se trata de construir lo colectivo al amparo de los valores y principios constitucionales, de manera que todo ello redunde en la satisfacción de los fines consagrados en la Carta Superior.
Nótese que en este caso, la contestación dada por la Senadora López Hernández, lejos está de ser prudente, razonable y orientada a desvirtuar con argumentos la afirmación según la cual un copartidario suyo pudiera estar involucrado en una presunta corrupción.
3.3. Otra justificación que procede desestimar, es aquella según la cual lo aseverado corresponde a «hechos públicamente conocidos que cuentan con justificación suficiente y causa cierta y real». En efecto, no es de recibo la referida defensa por cuanto, pese a la posible existencia de investigaciones o sanciones contra miembros de un determinado partido político, ello no supone circunstancia habilitante de generalizaciones.
Tampoco podría encontrarse fundada la exculpación de la Senadora en cuanto a que el accionante es «corrupto, difamador, mentiroso y cínico», porque integrantes del partido político en el que está inscrito, cometieron delitos y han sido castigados legalmente por ello, y menos aún porque algunos estén siendo investigados, pues en tal caso, al no mediar decisión judicial en firme, debe regir el principio constitucional y legal de la presunción de inocencia.
De otra parte, no parece razonable que para afirmar que el acá accionante lidera el grupo de «corruptos y mentirosos», se haya acudido al parentesco, máxime que la responsabilidad penal tiene carácter personalísimo y por lo mismo intransferible e intransmisible.
Esto por cuanto en el cuestionado mensaje remitido por Twitter, la Senadora se refirió al demandante como el «hijo del parapolítico Ciro Ramírez», lo cual, independientemente de que dicho ex senador haya sido investigado y juzgado por delitos conexos a esa conducta, tal estigma familiar no puede tenerse como argumento válido para una razonable contienda política.
3.5. En estas condiciones, se halla mérito al dicho del impugnante en el sentido que el concepto de control político se desdibujó en este caso, pues contrario a lo expresado por la accionada y que encontrara eco en el Tribunal a-quo, dicha institución democrática no lo es solo porque provenga de un congresista, sino en la medida en que su conducta corresponda al ejercicio de una veeduría sobre los funcionarios públicos del Gobierno y la Administración (artículo 114 de la Carta Política), en aras a mantener el adecuado balance entre las distintas ramas del Poder Público, empleando los mecanismos de citación, moción de censura y la audiencia pública, previstos en el orden jurídico.
Se hace notar que respecto a la aplicación de dicha figura jurídica a nivel departamental, con las matizaciones propias que correspondan, la norma superior estableció que «habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31», la cual «gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio, y podrá ejercer control político sobre la administración departamental» (precepto 299, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2007).
Empero, más allá de que como congresista esté facultada para realizar cuestionamientos públicos acerca de temas de interés nacional, y de que el escenario para expresar sus opiniones no pueda limitarse a los recintos del órgano legislativo, los mismos han de efectuarse evitando a toda costa hacer juicios de valor que puedan afectar los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
Recuérdese que toda persona, y especialmente aquellas que tienen dentro de sus funciones representar a la sociedad que por lo mismo gozan de un mayor reconocimiento público, están obligadas a denunciar los hechos o actos que puedan constituir ilícitos, y en esa medida, si la Senadora considera que el acá accionante o cualquier otra persona de cuyas actuaciones u omisiones tenga conocimiento, está incurso en la comisión de un potencial delito, está llamada a proceder de conformidad, acudiendo a las autoridades competentes para que se investigue y sancione.
Mientras eso no ocurra, la imputación que se realice y consecuencialmente, la descalificación de la persona como autor, cómplice o partícipe del supuesto ilícito, es una afrenta a las prerrogativas superiores protegidas por el juez constitucional.
3.6. Por último, tampoco resulta satisfactoria la exculpación que expuso la accionada en cuanto a que sus manifestaciones estaban protegidas «por la inviolabilidad parlamentaria». Para ello basta reiterar lo que al respecto resolvió esta Corte en la tutela promovida por el ex Ministro Luis Felipe Henao Cardona contra la misma convocada, en la que para confirmar el amparo, sostuvo:
«es pertinente destacar que la Constitución y la misma jurisprudencia constitucional son enfáticas en señalar que solamente puede implicar una exclusión de responsabilidad en materia civil y penal, más no en asuntos de integridad moral, así lo expresó la sentencia T-322 de 1996, al indicar que: «finalmente, la Corte precisa que la inviolabilidad protege al congresista, en el sentido de que no pueden exigírseles responsabilidades jurídicas por sus votos y opiniones, pero esto no significa que la Carta someta a los ciudadanos a una total desprotección frente a las actuaciones abusivas del parlamento […], los congresistas son servidores públicos por lo cual sus actos, si amenazan o violan derechos fundamentales son en general tutelables (…)».
De otra parte, las afirmaciones hechas por la senadora Claudia López Hernández, tampoco se ajustan a los requisitos destacados por la Corte Constitucional para ser amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, dado que no se hicieron en un debate parlamentario y además se efectuaron un mes antes del debate de control político que se hizo en el Congreso de la República con ocasión del escándalo de Odebrecht; asimismo, dichas apreciaciones emitidas por la senadora resultan carentes de sustento y transgreden el principio de la presunción de inocencia y buena fe de los que goza todo habitante del territorio nacional (…)» (CSJ, STL13238-2017, 23 ago. 2017, rad. 74611).
Ciertamente, acerca de dicha prerrogativa, en la sentencia SU-047/99, la Corte Constitucional recordó que se trata de «una garantía institucional en favor del Congreso y de la democracia, en vez de ser un privilegio personal del senador o del representante como tal», encauzada a asegurarle al congresista que no será perseguido judicialmente «por los votos u opiniones formulados en ejercicio de sus funciones», es decir, en ejercicio del cargo, precisando que:
«(…) una actuación de un senador o representante se encuentra cubierta por la inviolabilidad sólo si cumple con las siguientes dos condiciones: de un lado, que se trate de una opinión o de un voto, por lo cual no quedan amparadas las otras actuaciones de los senadores y representantes, incluso si las desarrollan dentro del propio recinto parlamentario. De otro lado, la opinión debe ser emitida en el ejercicio de sus funciones como congresista, por lo cual no son inviolables aquellas opiniones que un senador o representante formule por fuera de los debates parlamentarios, cuando actúe como un simple ciudadano.
Conforme a lo anterior, es claro que una agresión física hecha por un senador en el Congreso está sujeta a las correspondientes sanciones penales, sin que el representante del pueblo pueda alegar ninguna inviolabilidad, por cuanto no se trata de votos ni de opiniones sino de otras actuaciones. Igualmente, si un Representante, en su campaña para ser reelecto, formula afirmaciones injuriosas contra una determinada persona, podría incurrir en responsabilidad penal o civil, ya que la opinión no fue manifestada en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. (…)»
«Sin embargo, el hecho de que la inviolabilidad impida la configuración de conductas delictivas cuando un congresista emite un voto o una opinión en ejercicio de sus funciones no significa que los senadores y los representantes no puedan cometer otros delitos o incurrir en otras responsabilidades en el desempeño de su cargo. En efecto, como ya se señaló, si la actuación del congresista es en ejercicio del cargo pero no consiste en la emisión de un voto o de una opinión, entonces su conducta cae bajo la órbita del derecho común. La peticionaria se equivoca entonces cuando sostiene que la inviolabilidad implica que los congresistas no pueden cometer nunca delitos en ejercicio de sus funciones. Es obvio que pueden hacerlo, ya que la Constitución no ha consagrado una irresponsabilidad total del parlamentario sino una inviolabilidad absoluta pero específica. Es absoluta pues protege todos los votos y opiniones del congresista en ejercicio de sus funciones, pero es específica, ya que no impide el establecimiento de responsabilidades, incluso penales, por las otras actuaciones de los parlamentarios en desarrollo de sus funciones».
Lo anterior significa que el derecho que el artículo 185 Superior le otorga a los congresistas, no puede servir de excusa para afectar la intimidad, la honra o el buen nombre de las personas, dado que dicha prerrogativa solo está prevista para impedir que la emisión de un voto o una opinión en el ejercicio de sus funciones de lugar a conducta delictiva, pero no para eximir de responsabilidad penal o de otro orden a quien infrinja la ley; en otras palabras, la inviolabilidad no significa que el congresista no pueda potencialmente incurrir en delitos comunes, cuya investigación y juzgamiento se define conforme al fuero especial que consagra la Constitución (artículo 235, ibídem).
4. Así las cosas, el accionante, independientemente de que también sea miembro de un órgano de elección popular, está legitimado para exigir la rectificación de la información publicada por la acusada, comoquiera que esa herramienta jurídica, contemplada en el artículo 20 de la Constitución, fue diseñada para procurar la reparación de los derechos fundamentales, cuando han sido lesionados por la divulgación de una información inexacta o errónea.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha dicho que para considerar que se ha hecho en condiciones de equidad, es necesario que «(i) que la rectificación o aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que se haga públicamente (T-274/93 y T-332/94); (iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada (iv) que la rectificación conlleve para el medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error, tergiversación o falsedad (T-603/92 y T-479/93)» (CC T-218/09).
5. Fluye de lo anterior que no pueda avalarse la decisión de primer grado, la cual será revocada, para disponer en su lugar la concesión del auxilio deprecado, y en consecuencia, se ordenará a la accionada, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, proceda a rectificar el comentario que publicara en su cuenta personal de Twitter, a través del mismo medio inicialmente difundido y que originó la queja constitucional, expresando de manera precisa, que en relación con el mensaje divulgado en dicha red social el 4 de agosto de 2017 a las 12:18 p.m., se retracta de todas y cada una de las imputaciones realizadas contra el Representante a la Cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por cuanto tales aseveraciones, afectaron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.
6. Por último, recordando que los efectos de la tutela son, en principio, inter partes, y que el reclamante no está actuando a nombre y representación del partido Centro Democrático, no se extenderán los efectos del amparo a personas distintas del tutelante. En similar sentido se niega la solicitud de compulsar copias para que se adelante una investigación contra la accionada, ya que además de la eventual activación del control ético y disciplinario prevenido en la Ley 1828 de 2017, si el tutelante considera que sobre el punto la Corte ha dicho que si el interesado en tal actuación «estima que alguno de los intervinientes incurrió en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, está facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haciéndose por supuesto responsable de su gestión y consecuencias» (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, y STC8993-2017, 22 jun. 2017, rad. 00254-01, entre otras).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, se CONCEDE el amparo a los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre invocados por el Representante a la Cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, dentro de la acción de tutela de la referencia.
En consecuencia, se ORDENA a la Senadora Claudia Nayibe López Hernández, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del presente fallo, proceda a rectificar el comentario que publicara en su cuenta personal de Twitter mediante el usuario @ClaudiaLopez, expresando de manera precisa a través de dicho medio de comunicación y en las mismas condiciones de difusión del que motivó la presente tutela, que en relación con el mensaje divulgado en dicha red social el 4 de agosto de 2017 a las 12:18 p.m., se retracta de todas y cada una de las imputaciones realizadas contra el Representante a la Cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por cuanto tales aseveraciones afectaron sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.
Comuníquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Radicación n.° 15001-22-13-000-2017-00576-00
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala, expresamos las razones que nos impiden acompañar la determinación que dirimió en segunda instancia la acción de tutela de la referencia, incoada por el Representante a la Cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés contra la Senadora Claudia Nayibe López Hernández.
1. De entrada, resulta necesario aludir al entorno fáctico en que se produjo la situación objeto del ruego constitucional del epígrafe.
Al efecto, se tiene que con ocasión de las recientes acusaciones sobre corrupción política y judicial en el ámbito nacional, los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia Nayibe López Hernández citaron a debate de control político en el Senado de la República.
Por esos días, según el accionante, el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez (militante del Partido Político Alianza Verde, al que también pertenece la Senadora López), fue denunciado por el diputado Guillermo Leonardo Sánchez (adepto del Partido Político Centro Democrático, al igual que el tutelante), «por presuntas irregularidades en la contratación a cargo del representante legal del departamento de Boyacá», por lo cual, a través de la red social Twitter, el usuario @camilorubianobe emitió un mensaje con el siguiente contenido: «Estamos a la espera del pronunciamiento de @ClaudiaLópez “líder anticorrupción” sobre corrupción que involucra a un gobernador de su partido».
Al parecer, como réplica, la congresista López, en la misma red social, mediante publicación dirigida a los usuarios @camilorubianobe, @CIROARAMIREZ, @monosanchezdip, @AlvaroUribeVel, @natiibedoya, @JOSEOBDULIO, @fefernandezt, @everthbustamant, @JaimeAminH y @jarizabaleta1, registró　el siguiente mensaje: «mentirosos y corruptos del Cdemocrático liderados por el hijo del parapolítico Ciro Ramírez difamando a Carlos. Además de corruptos, cínicos».
Con el fin de obtener rectificación de la anterior publicación, aduciendo vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, el promotor formuló la solicitud de resguardo de la que se ocupó la Sala, evidenciándose el patente «ámbito político» en el que se produjo aquel señalamiento, relievando la filiación partidaria de cada uno de los implicados en tal discusión.
2. Precisado el anterior contexto, debemos señalar que la determinación de la cual nos apartamos es aquella que concedió el amparo constitucional a Ciro Alejandro Ramírez Cortés, ordenando «a la Senadora Claudia Nayibe López Hernández… rectificar el comentario que publicara en su cuenta personal de Twitter mediante el usuario @ClaudiaLopez, expresando de manera precisa a través de dicho medio de comunicación y en las mismas condiciones de difusión del que motivó la presente tutela, que en relación con el mensaje divulgado en dicha red social el 4 de agosto de 2017 a las 12:18 p.m., se retracta de todas y cada una de las imputaciones realizadas contra el Representante a la Cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés, por cuanto rales aseveraciones afectaron sus derechos fundamentales a la honra y al bien nombre».
3．Nos permitimos disentir dela conclusión expuesta, porque la solicitud de resguardo no reúne los presupuestos generales para su procedibilidad, específicamente el relacionado con el agotamiento previo de todos los mecanismos ordinarios que existen al alcance del quejoso para buscar la protección de las garantías esenciales, por lo que debió confirmarse la decisión de primer grado, denegatoria de la súplica incoada.
Lo dicho, pues de forma insistente y uniforme la jurisprudencia ha establecido que, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, por lo que no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha defendido la procedencia excepcional y restringida de la acción de tutela en los casos en los que se acrediten requisitos de forma y de procedencia material. Así, mediante sentencia T-277/15, entre muchas otras, el máximo órgano patrio en lo Constitucional ha señalado que:
…La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos que encuentra consagración directa en la Constitución Política. Goza de un trámite preferente y sumario que permite acceder a un remedio judicial efectivo e impostergable, de encontrarse amenazados derechos fundamentales . Precisamente por el tipo de interés que protege y la celeridad con que opera, la acción de tutela es una alternativa jurídica que ha de ser utilizada de manera subsidiaria, solo en uno de estos escenarios: (i) cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial que permitan al individuo o grupo afectado buscar protección a su derecho; (ii) cuando no existiendo otros medios de defensa, los mismos no sean idóneos o eficaces en el caso concreto para el mismo fin; o (iii), cuando se busque evitar la configuración un perjuicio irremediable.
3.1. En el caso específico, del examen de la demanda, surge patente la falta de vocación de prosperidad del resguardo rogado, pues el quejoso no acreditó　haber agotado los mecanismos de defensa judicial existentes en nuestro ordenamiento jurídico para discutir la vulneración de sus derechos frente al juez natural que es la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria, ya que tenía a su alcance el respectivo proceso, previa querella, a fin de ventilar la incursión de la Senadora López en los delitos de injuria, calumnia o alguna de sus modalidades, contemplados en el Capítulo Único (De la injuria y la Calumnia) del Título V (Delitos contra la Integridad Moral) del Libro Segundo (Parte Especial de los Delitos en Particular) del Código Penal (Ley 599 de 2000).
Nótese que, a través de estos tipos penales, las víctimas pueden obtener la protección de derechos como la honra o el buen nombre, incluso con mecanismos expeditos, siendo el proceso penal un remedio ordinario que previamente debió haberse agotado, como condición para acceder a la tutela.
En ese orden de ideas, se configuraba la causal de improcedencia establecida en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, esto es, «[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales…».
3.2. Ciertamente es posible acudir a la tutela a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, siempre que éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos conculcados, o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Empero, ninguna de estas de situaciones fue acreditada en el caso confutado, en tanto, por un lado, la actuación penal no solo se torna adecuada para definir si la accionada había incurrido en una actuación reprochable transgresora de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones criminales, con la posibilidad de tomar las medidas pertinentes; en adición, ningún daño irreparable se evidenció al gestor, siendo pertinente anotar que, de acreditarse la incursión de la acusada en conducta penal censurable, al interior de la causa respectiva, ante el fallador ordinario, se habría de tomar los correctivos para mitigar y enmendar tal agravio, supuesto que en sí mismo denotaba la inexistencia de afectación irreversible.
Recuérdese que los remedios ordinarios de protección están al servicio de la salvaguarda de las garantías básicas de los ciudadanos, pues el sistema jurídico patrio, en su conjunto, está constitucionalizado, por lo que no deben sustituir aquellos con la pretensión de una justicia rápida a través del dispositivo excepcional de la tutela.
3.3. Aunado a lo anterior, se tiene que el juez constitucional no está llamado a calificar si la conducta endilgada a la Senadora López satisface los elementos típicos para una actuación punitiva, pues tal conclusión sólo puede emanar del juzgador penal, quien deberá determinar si efectivamente se vulneró el honor y el bien nombre del accionante, así como los demás elementos requeridos para la imposición de una condena.
Tampoco es posible que a través del mecanismo de amparo, se anticipe una determinación que naturalmente está en cabeza de otros falladores, quien deberá hacer una evaluación ponderada de los elementos facticos de la conducta y del contexto en que se produjo, para «determinar si la expresión es o no antijurídica y…descartar cierta categoría de imputaciones -por ejemplo los insultos- que se encuentran excluidos de la doctrina de la real malicia… Y si esto es así, desde un punto de vista estrictamente lógico, se impone verificar si existen afirmaciones inexactas y solamente después de atravesar ese umbral es posible entrar al examen… [de] las distinciones entre difamación e insulto, entre opinión y afirmación, que tiene relevancia a la hora de determinar la antijuridicidad como categoría previa para imponer la responsabilidad por afrentas al honor de los funcionarios públicos» .
3.4. De forma anexa, adviértase la improcedencia de una intervención constitucional para evitar perjuicios irremediables ante afrentas evidentes de garantías fundamentales, pues en el caso debía hacerse una labor de ponderación entre los derechos invocados por el representante a la cámara, la libertad de expresión y el principio democrático , bajo la égida de que las manifestaciones de la senadora se realizaron en un ambiente de crítica política, caracterizado porque los intervinientes deben tener una mayor capacidad de resistencia y resiliencia, precisamente porque su función está sometida al escrutinio público y, con mayor razón, al de sus homólogos.
Por ello, si bien le asiste razón a la posición mayoritaria de la Sala al aludir que el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos propugna por la protección de la honra , se echa de menos una revisión ponderada del canon　13　de la misma reglamentación , relativo a la defensa de la libertad de pensamiento y expresión, supuesto que nuevamente evidencia la pugna de principios que, necesariamente, debe ser zanjada por el fallador natural, no siendo dable que el juez constitucional entre a ocuparse de ello, abrogándose funciones que no le corresponden y, lo que es peor, anticipándose a pronunciamientos que se encuentran reservados para el juez de la causa penal.
Frente al particular, también se ha sostenido en la doctrina extranjera que:
El derecho al honor de los funcionarios públicos y el derecho a la expresión del supuesto injuriante deben ser tratados… en un contexto más amplio que contempla la importancia de la libertad de expresión en general (como derecho colectivo a la vez que como derecho individual) y de la función que cumple del ejercicio de esta libertad dentro de un sistema democrático. Se presenta así una situación completa en la que intervienen al menos dos derechos en contraposición (el derecho al honor y la libertad de expresión) relacionados con el valor institucional que se confiere en el sistema democrático a un debate robusto sobre asuntos de gobierno y que va más allá de mero ejercicio individual del derecho a emitir afirmaciones sobre un funcionario público (Se destacó ).
Tampoco se evaluó la condición de los intervinientes de la disputa. Se olvidó que son personas públicamente expuestas, que ejercen actividades discursivas, en las que se emiten opiniones, juicios de valor, etc., siendo procedente la intervención penal, constitucional o civil únicamente cuando se demuestre una afectación sustancial al ordenamiento jurídico.
No se está frente a sujetos privados, donde el estándar de protección de su intimidad y buen nombre es más elevado. Itérese, una persona que libre y democráticamente acepta representar a un electorado en los órganos legislativos, debe estar dispuesto a recibir afrentas verbales o burlas, sin que por este simple hecho se advierta una vulneración de sus derechos fundamentales.
El juez ordinario, como se dijo en precedencia, dentro del ámbito de sus competencias y consciente de la constitucionalización del derecho, es el primer llamado a hacer esta labor de ponderación, a posterioridad de la cual podrá acudirse a la tutela en caso de existir una vulneración grosera del orden jurídico u otra causal de procedencia del amparo contra decisiones judiciales.
3.5. Así, en síntesis, la decisión de la cual nos apartamos no resulta acorde con la característica fundamental de la acción de tutela, referente a que a ésta sólo debe acudirse como último mecanismo de protección, cuando se han agotado todas las herramientas que el ordenamiento jurídico prevé para obtener la protección de las garantías de los coasociados, so pena de infringir el presupuesto de la subsidiariedad que rige su procedencia.
4. En los anteriores términos dejamos consignados los motivos que en esta oportunidad nos llevaron a discrepar de la posición mayoritaria.

References: artículo 185
 artículo 9
 artículo 86
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 3
 artículo 185
 artículo 20
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 11