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Timestamp: 2018-06-24 22:24:42+00:00

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Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, DE LA GENERALITAT, DE TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (DOCV NÚM. 7500 DE 8)
Queda lejos en el tiempo la previsión originaria sobre el derecho al acceso a la información pública del artículo 37 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El enfoque, netamente procedimental, y referido a registros y documentos, adoptado por esta ley se ha visto superado en el transcurso de más de veinte años por un nuevo paradigma: la sociedad como coproductora de conocimiento y de políticas públicas, generadora de valor público y legitimada plenamente para acceder, sin más restricciones que las estrictamente necesarias, al conjunto de datos que crea, maneja y gestiona el conjunto de las administraciones públicas y su sector instrumental.
La Constitución española de 1978 (RCL 1978, 2836) garantiza en sus artículos 23 y 105.b el derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos, y al acceso a los archivos y registros administrativos. Una apreciable producción normativa y jurisprudencial ha dado contenido y desarrollado estos derechos.
Los pactos y acuerdos de derecho internacional suscritos por España tampoco son ajenos al reconocimiento activo de estos derechos: en concreto el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara «la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas». Asimismo se recoge el derecho de participación ciudadana en el artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 25.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (RCL 1977, 893).
La Unión Europea, en diferentes momentos, ha adoptado directivas, de alcance sectorial, que han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español mediante la ley 27/2006, de 18 de julio (RCL 2006, 1442), por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y de la ley 37/2007, de 16 de noviembre (RCL 2007, 2081), sobre reutilización de la información del sector público.
El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (RCL 1982, 1821) en su artículo 9.1 ya previó la promulgación de una ley autonómica sobre el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas.
Este marco jurídico ha dado un salto cualitativo con la aprobación por el Estado, y con carácter básico casi en su integridad, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (RCL 2013, 1772), de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Lejos de adoptar una perspectiva procedimentalista, esta ley se convierte en una herramienta efectiva de desarrollo social y de la calidad democrática de las sociedades avanzadas.
Como se ha apuntado ya, al objetivo de desarrollar la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (RCL 2013, 1772), de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se suman contenidos que complementan y perfeccionan el régimen jurídico básico, en materia de transparencia y buen gobierno. El sistema y alcance de la participación ciudadana en las políticas públicas de la Generalitat encuentra aquí un encaje adecuado y complementario.
El derecho de libre acceso a la información pública tiene una configuración diferente por qué se trata de acceder no a la información que la administración ha hecho pública por ella misma o tiene el deber de hacerlo, sino a cualquier otra, siempre que tal acceso no esté limitado; por lo que se regulan con detalle tales supuestos. En ocasiones será necesario realizar un ejercicio de ponderación de los intereses en juego y justificar el interés superior en la publicidad de la información. En ocasiones sólo será posible el acceso parcial a la información y, en otras, la protección de los datos personales impedirá el acceso; por lo que se regulan con detalle todas estas cuestiones, teniendo en cuenta la ponderación de los otros derechos que puedan concurrir.
El capítulo III atañe a lo que se viene denominando de forma habitual como open data o datos abiertos, entendido como la puesta a disposición pública de la información que gestiona el sector público con el objetivo de facilitar la generación de valor añadido. La información y los datos que crean y gestionan las diferentes administraciones son activos que pasan así a estar disponibles para las interacciones ciudadanas, iniciativas empresariales o del tercer sector, o investigaciones académicas, entre otras, en los términos previstos en las directivas 2003/98/CE (LCEur 1998, 4477) y 2013/37/UE (LCEur 2013, 912).
El título III establece y detalla un régimen sancionador necesariamente complejo, para garantizar la aplicación y efectividad de la ley en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Esta regulación amplía la prevista en la legislación básica para las actuaciones en materia de buen gobierno, y distribuye infracciones, sanciones, procedimiento y competencias en un triple ámbito, en función de la clasificación de sujetos prevista en el título preliminar de la ley, y las diferentes obligaciones que a cada uno atañen.
Una sola disposición derogatoria recoge el conjunto de disposiciones que se extinguen, en concreto la Ley 11/2009, de 20 de noviembre (LCV 2009, 499), de la Generalitat, de Ciudadanía Corporativa, la Ley 11/2007, de 20 de marzo (LCV 2007, 149), de la Generalitat, de Comunidades de Valencianos en el Exterior; y la Ley 11/2008, de 3 de julio (LCV 2008, 309), de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana; cuyos contenidos se integran en la nueva ley, asimismo se deroga el Decreto 206/2007, de 19 de octubre (LCV 2007, 442), del Consell, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Participación Ciudadana.
El esquema de entrada en vigor de la ley autonómica, en coherencia con el de la ley básica, se concreta en torno a dos momentos y haciendo valer una lectura restrictiva de tal demora; así, el conjunto de la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, difiriéndose seis meses –un período de tiempo que se considera razonable para acometer las adaptaciones tecnológicas y organizativas necesarias– la entrada en vigor del capítulo I del título I que recoge las obligaciones en publicidad activa, y las disposiciones complementarias relacionadas.
b) El sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015 (LCV 2015, 49) de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:
b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, cualquier persona jurídica privada que perciba, durante el período de un año, ayudas o subvenciones, de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2, por importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat.
3. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas o profesionales para las que hayan percibido, durante el período de un año, ayudas o subvenciones de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2, por importe superior a 10.000 euros, deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad, inversión o actuación objeto de subvención en las condiciones que se establezcan en las bases reguladoras, convenios o instrumentos que regulen la concesión.
e) Principio de participación ciudadana: Se promueve que la ciudadanía, tanto individual como colectivamente, colabore proactivamente en los asuntos públicos.
Artículo 6.1. Con el fin de garantizar la difusión y transparencia de una información pública objetiva, veraz y actualizada, las organizaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley adoptarán políticas de gestión integral de la información, tanto en soporte analógico como electrónico, y diseñarán e implementarán los sistemas y las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la interoperabilidad, seguridad, integridad, conservación y accesibilidad de la información, así como la integración de conjuntos de datos.
La Generalitat y las organizaciones comprendidas en el artículo 2 actuarán con transparencia, y la promoverán mediante la publicidad y difusión de la información y la actividad pública mediante diferentes canales, en especial a través de internet, en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, promoviendo y garantizando el acceso por la ciudadanía a la información, tanto en soporte papel como electrónico.
4. Las entidades que forman la Administración local de la Comunitat Valenciana sujetarán sus obligaciones de publicidad activa a lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), y a las normas y ordenanzas que ellas mismas aprueben en uso de su autonomía.
El régimen sobre los límites de acceso a la información pública será el previsto en el artículo 14 de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El régimen aplicable en el caso de que la información solicitada contuviera datos de carácter personal será el previsto en el artículo 15 de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
1. El régimen sobre las causas de inadmisión de las solicitudes será el previsto en el artículo 18 de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El régimen sobre la formalización del acceso a la información, será el previsto en el artículo 22 de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 19/2003, las exacciones a que pudiera haber lugar se exigirán de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero (LCV 2005, 127), del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat.
En el marco de lo previsto por el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio (RCL 2011, 1030), de la ciencia, la tecnología y la innovación, las organizaciones comprendidas en el artículo 2 de esta ley fomentarán la accesibilidad en formato reutilizable y de forma gratuita de los datos obtenidos en proyectos de investigación financiados mayoritariamente con fondos públicos.
1. Las personas interesadas podrán interponer ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con carácter potestativo, previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso- administrativa, reclamación frente a las resoluciones de las solicitudes de acceso a la información.
2. Esta reclamación se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y por lo previsto en esta ley.
3. Esta reclamación tiene carácter sustitutivo de los recursos administrativos de acuerdo con lo previsto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título se regirán, en el ejercicio de sus funciones, por lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y, en especial, el contenido básico del título II de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772) así como el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
e) Actuarán de acuerdo con criterios de austeridad, con el fin de lograr la consolidación presupuestaria, velando por que los recursos y bienes públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y productiva.
1. Sin perjuicio del régimen sancionador previsto en el título II de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley se sancionará conforme a lo previsto en este título, sin menoscabo de otras responsabilidades que pudieran concurrir.
1. En el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entidades de derecho público, las competencias sancionadoras previstas en materia de buen gobierno en el título II de la Ley 19/2013 (RCL 2013, 1772), quedan atribuidas:
1. Los ciudadanos legitimados para promover la iniciativa legislativa popular de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/1993, de 27 de diciembre (LCV 1994, 2), Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Comunidad Valenciana, tienen derecho a presentar a la Administración de la Generalitat iniciativas de regulación normativa o de mejora de su calidad.
Única. Régimen transitorio en materia de participación ciudadana.
En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario previsto, permanecerán en vigor, en aquello en que no se oponga a esta ley, el Decreto 76/2009, de 5 de junio (LCV 2009, 229), del Consell, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 11/2008 (LCV 2008, 309), de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana; y el Decreto 53/2008, de 18 de abril (LCV 2008, 178), del Consell, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 11/2007, de Comunidades de Valencianos en el Exterior.
A la entrada en vigor de esta ley quedan derogadas la Ley 11/2007, de 20 de marzo (LCV 2007, 149), de la Generalitat, de Comunidades de Valencianos en el Exterior; la Ley 11/2008, de 3 de julio (LCV 2008, 309), de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana; la Ley 11/2009, de 20 de noviembre (LCV 2009, 499), de la Generalitat, de Ciudadanía Corporativa, y el Decreto 206/2007, de 19 de octubre (LCV 2007, 442), del Consell, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Participación Ciudadana.
2. Se modifica el artículo 2 de la Ley 5/1993, de 27 de diciembre (LCV 1994, 2), reguladora de la iniciativa legislativa popular de la Comunitat Valenciana, que queda redactado como sigue:

References: artículo 37
 artículo 10
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 6
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 37
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 2