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Timestamp: 2018-10-22 16:08:43+00:00

Document:
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Betanzos, por la que se deniega la inscripción de una escritura de protocolización de operaciones de liquidación de sociedad de gananciales y de adjudicación de herencia. - Doctrina Administrativa - VLEX 739487505
Publicado en: BOE, 19 de Septiembre de 2018
Primero. Que la cuestión que se plantea por la calificación es la competencia del notario para apreciar la existencia de la preterición no intencional del supuesto, que es la que da lugar a la invalidez de la disposición que causa la apertura de la sucesión intestada. La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de noviembre de 2015 considera aplicable la actuación del notario ante quien se tramita solicitud de declaración de herederos abintestato tanto bajo la regulación antigua (artículo 209 Reglamento Notarial) como con la nueva (artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado). Además, el artículo 22 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, establece que «la calificación de los Registradores se limitará respecto de los expedientes de Jurisdicción Voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales, a la competencia del Juez o Secretario Judicial, a la congruencia del mandato con el expediente que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro». Lo que también es aplicable a los expedientes ante el notario, por tener la misma naturaleza la actuación del notario y la del juez en los expedientes de declaración de herederos abintestato.
Segundo. Que la nulidad del testamento o de la institución de herederos tiene lugar «ex ipsa re» en aquellos supuestos en los que no cabe otra calificación que la de no intencional, y siendo que el hijo no existía al tiempo del otorgamiento, momento al que ha de referirse la interpretación del testamento (Sentencias del Tribunal Supremo 1 de julio de 1969, 9 de julio de 2002, 22 de junio de 2006 y 31 de mayo de 2010), el efecto es la nulidad de la institución de heredero.
Tercero. El reconocimiento de la validez de la declaración de herederos abintestato sin previa declaración judicial, cuando la nulidad tiene lugar por la preterición no intencional que es obvia, está recogida en el artículo 56 de la Ley del Notariado y también por el artículo 209 bis del Reglamento Notarial. Tampoco exige declaración judicial el artículo 259 de la Ley de derecho civil de Galicia.
Cuarto. Que la Resolución de 11 de marzo de 2003, niega competencia al registrador de la Propiedad sobre el juicio del notario en las actas de declaración de herederos abintestato.
Quinto. En el supuesto que nos ocupa concurre el cumplimiento de todas las exigencias legales:
Sexto. En cuanto a la pretendida defensa irrenunciable del preterido, hay que decir que fue tenida en cuenta. Así, instó el acta la madre del preterido cuando era menor de edad y aceptó él la herencia siendo mayor de edad, así como el procedimiento de los artículos 295 a 308 de la Ley de derecho civil de Galicia, con lo que se cumplen los requisitos de medios de defensa de su derecho.
Séptimo. En cuanto a la alegación en contra de que se no tenga por necesaria la previa declaración judicial de preterición no intencional porque confiere facultades desmesuradas al notario, hay que decir que la apreciación de la nulidad por el notario viene determinada por la ley, los criterios de doctrina legal de interpretación de testamentos, y que este resultado de la invalidez no es consecuencia de un juicio del notario sino de la ley por la existencia de los hechos acreditados como irrefutables por documento público indubitadamente. Como ha dicho la doctrina (Miquel) «se trata de una nulidad ipso iure, apreciable de oficio por jueces y funcionarios dentro de su respectiva competencia. Así el notario podrá declarar herederos abintestato a los hijos preteridos no intencionalmente sin que estos obtengan una sentencia que anule las disposiciones patrimoniales porque ya son nulas».
Octavo. En cuanto a la lesión alegada en virtud del artículo 24 de la Constitución, no tiene fundamento. Ninguno de los interesados en la sucesión se ve privado de la tutela judicial efectiva en ninguna de sus proyecciones por el hecho de que el notario tramite un procedimiento que no limita ninguna instancia judicial, pues que al igual que el seguido ante el juez, el perjudicado puede utilizar la vía judicial que corresponda.
Noveno. Que una cosa es la partición para la que es necesario el consentimiento de todos cuando se transa sobre las cuotas que no estén determinadas en el título sucesorio, y otra es la competencia del notario a la hora de tramitar el expediente de declaración de herederos abintestato para el que no se necesita el consentimiento de todos los que de acuerdo con la ley deban ser declarados herederos. El juicio de notoriedad está fundado en hechos relevantes acreditados, e incluso conforme el artículo 56 de la Ley del Notariado podría basarse en presunciones.
Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de protocolización de operaciones de liquidación de sociedad de gananciales y de adjudicación de herencia, en el que son hechos relevantes:
En primer lugar, en relación con el ámbito de las facultades del registrador para calificar el acta de declaración de herederos abintestato, cuestionadas por la recurrente, hay que recodar conforme a reiteradísima doctrina de este Centro Directivo que el registrador puede y debe calificar las posibles discordancias entre la declaración de herederos realizada en el acta notarial y lo que resulte del correspondiente llamamiento legal, así como la no acreditación de los presupuestos legales para la apertura de la sucesión intestada. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1964 «la declaración judicial de herederos abintestato no es más que algo individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una norma legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitado a justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente «ope legis». De tal manera que todo aquello que las separe de esta finalidad resultará incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado por el registrador. Así lo entendieron ya la Resolución de esta Dirección General de 5 de diciembre de 1945, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de Cataluña de 26 de julio de 1993 y la Resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de Cataluña de 11 de julio de 2007».
En cuanto al fondo de la cuestión planteada en el presente recurso, guarda gran similitud con la que dio lugar a la Resolución de esta Dirección General de 13 de septiembre de 2001, cuya doctrina resulta plenamente aplicable al presente caso. En efecto, dicha Resolución ya se planteó el tema de la necesidad o no, a efectos registrales, de una declaración judicial previa de nulidad del testamento, o de la institución de herederos ordenada en el mismo, por causa de preterición de alguno de los herederos forzosos (en aquel caso de todos ellos) y para la determinación del carácter de la preterición como errónea o intencional.
La conclusión anterior no puede alterarse por consecuencia de la doctrina de este Centro Directivo (Resoluciones de 20 de mayo de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de mayo de 1950, 14 de agosto de 1959) con arreglo a la cual se admite la validez de la partición o de la transacción por los herederos sin necesidad de la previa declaración de nulidad de la institución en el caso de preterición. Así, la Resolución de 4 de mayo de 1999, consideró innecesaria la impugnación y la previa declaración de herederos abintestato, para la validez de una partición efectuada por la viuda y el hijo que había sido omitido en el testamento otorgado antes de que naciese.
Cuestión Vinculante nº V0376-10 de Dirección General de Tributos, Subdirección General de IRPF, 2 de Marzo de 2010

References: Resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 56
 artículo 209
 artículo 259
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 56
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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