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Timestamp: 2017-04-25 17:01:27+00:00

Document:
Una Política de Estado para el Riachuelo by FARN - issuu
para el Riachuelo
Por Andrés M. Nápoli
Director Área Riachuelo de la FARN. Representante de FARN ante el
Cuerpo Colegiado de Control del Plan de Saneamiento de la CMR
La Cuenca Matanza - Riachuelo constituye el sistema hídrico de mayor
relevancia regional en el Área Metropolitana de Buenos Aires debido a
su intensa imbricación a la trama construida. La falta de políticas públicas
y de control por parte de los gobiernos con jurisdicción en el área, así
como la ausencia de gestiones ambientalmente responsables en los procesos productivos de las industrias que se asientan en la cuenca tienen
como correlato el deterioro de la misma, el cual se ha ido agravando a lo
largo de la años hasta convertirse en un auténtico símbolo de la contaminación en la República Argentina.
La degradación de sus recursos naturales afecta tanto al curso de agua,
como a su lecho, el aire y las napas subterráneas, incidiendo en forma
directa en la salud de millones de habitantes (muchos de los cuales viven
en un estado de precariedad alarmante, con una alta vulnerabilidad y
necesidades básicas insatisfechas, sin contar con servicios básicos como
el acceso a agua potable y el saneamiento cloacal) y repercutiendo en el
potencial productivo de la zona.
No obstante la importancia de la cuenca, su problemática ha estado sistemáticamente fuera de la agenda pública. Dicha situación recién pudo
comenzar a revertirse a partir de una demanda judicial interpuesta por
vecinos de la zona y receptada en forma originaria por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. En la misma, luego de un complejo proceso que
Informe Ambiental Anual 2009 FARN
requirió de la más responsable y activa labor del máximo tribunal, y en
el cual se dio amplia participación a los distintos sectores involucrados
y difusión a la ciudadanía en general, se alcanzó un fallo histórico que
estableció tanto las responsabilidades que competen en la prevención y
recomposición del bien colectivo dañado, como también un programa de
acciones de cumplimiento obligatorio tendientes a tal fin, innovando, asimismo, en un amplio sistema de control en la ejecución de la sentencia.
La Cuenca Matanza - Riachuelo se encuentra actualmente ante una oportunidad histórica, tal vez la última que tenga, de revertir su lastimoso
estado, mejorando así la calidad de vida de millones de habitantes y asentando, por su importante significación, un modelo en lo que respecta al
actuar de los sectores público y privado, de información pública y participación ciudadana, que se proyectará hacia otros casos en toda la república en aras de afianzar un nuevo paradigma de desarrollo sustentable.
El artículo1 que aquí presentamos aborda el tratamiento de la Cuenca
Matanza - Riachuelo (CMR), uno de los problemas de mayor relevancia
socio - ambiental de la Argentina, y que ha merecido el pronunciamiento
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en un fallo que no
hemos dudado en calificar de histórico2.
Los contenidos del presente informe han sido elaborados con el objeto
de servir de base para el conocimiento y el seguimiento de la gestión
relacionada con el Plan de Saneamiento y Recomposición del Daño Ambiental de la CMR. En este sentido, se realiza una evaluación del estado
de situación actual de la cuenca, como así también de aquellos aspectos
que se relacionan más directamente con los mandatos y las obligaciones
impuestas en la sentencia de la Causa Mendoza y la gestión del Estado
El autor agradece la colaboración prestada por Javier García Espil y Federico Sangalli en la elaboración y revisión de este artículo.
María Eugenia Di Paola y Andrés Nápoli.
Ver: http://www.farn.org.ar/prensa/salidas/fallo_riachuelo080708.html
No nos proponemos con ello hacer un análisis del fallo de la CSJN, sobre
el cual ya nos hemos pronunciado3, sino brindar información y observar
cómo se viene desarrollando la ejecución de la sentencia ordenada por
el máximo tribunal en la materia, la cual se ha transformado en la actualidad en el elemento clave de la gestión de la cuenca.
II. La problemática del Riachuelo
Nadie duda en afirmar que la CMR contiene el curso de agua más contaminado de la Argentina que ha sido calificado como uno de los treinta
sitios más contaminados del mundo4.
La grave crisis ambiental de la cuenca no se reduce simplemente a la
polución del curso de agua, sino que implica la degradación en el más
amplio sentido del término, incorporando en él tanto los componentes
del medio biofísico como del socioeconómico5. Ello impacta de manera
directa en más de dos millones de personas que habitan en sus proximidades, quienes además conforman núcleos poblacionales de muy bajos
ingresos y que poseen elevados índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que evidencia la dimensión social que la problemática
El deterioro ambiental que presenta la CMR representa una realidad propia del Siglo XIX, con la cual los argentinos, y los habitantes del Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en particular, nos hemos acostumbrado a convivir.
La contaminación del agua, la ausencia de obras de infraestructura básica, el desarrollo urbano e industrial no planificado, la ausencia absoluta
de control por parte del Estado, la conducta irresponsable de la mayor
Andrés Nápoli y José Alberto Esain, “Riachuelo: “Habemus Sentencia”. Dossier Justicia Ambiental:
Revista de Derecho Ambiental n° 16. Octubre – Diciembre 2008. Abeledo Perrot, Buenos Aires,
Ver http://www.blacksmithinstitute.org/wwpp2007/finalReport2007.pdf
Evaluación Ambiental del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo, realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Capítulo 5. Línea de Base y Diagnóstico
Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo, pág. 8.
parte de sector privado y la apatía generalizada de la población, son
algunos de los problemas que contribuyen a determinar el estado actual
El Matanza - Riachuelo es el sistema hídrico de mayor relevancia regional
en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por su intensa imbricación a
la trama construida. Es un río típico de llanura que ocupa una superficie
de 2.240 km2, con una longitud media de 75 kms y en su recorrido,
antes de desembocar en el Río de la Plata, atraviesa una de las regiones
más densamente pobladas de nuestro continente, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y 14 Municipios del conurbano bonaerense6.
La cuenca está formada por 232 afluentes que descargan sus aguas en
el Río Matanza, pero los que dan origen al sistema son los arroyos Rodríguez o de los Pozos, Morales y Cañuelas.
El caudal medio de agua de la CMR es considerablemente bajo7. Según los datos aportados por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR), el caudal medio mínimo alcanza a 2,89 m3/seg., en tanto en
la desembocadura del Riachuelo al Río de la Plata el mismo crece hasta
alcanzar los 8 m3/seg8. A ello se debe adicionar el conjunto de buques
hundidos y otros elementos tales como basamentos, pilares de viejos
puentes, pontones y muelles derruidos que obstaculizan el escurrimiento
de las aguas y dificultan el perfil hidráulico del curso, contribuyendo a
agravar la contaminación del río.
Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, La Matanza,
Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
El Río Paraná cuenta con un caudal medio de entre 11.500 m³/s. y 15.000 m³/s. a la altura
de la ciudad de Rosario (Pcia. De Santa Fe), al desembocar en el Río de la Plata su caudal asciende a 17.000 m3/s., comparable a la de ríos como el Mississippi (18.000 m³/s.) y el Ganges
(16.000 m³/s.).
Su régimen hidráulico en su nivel bajo, está afectado por las mareas del Río de la Plata que lo
alteran, ya que se producen dos mareas astronómicas por día que elevan las aguas del mismo,
lo que provoca la inversión de la corriente de las aguas en el Riachuelo. Otro fenómeno que
altera la capacidad del Riachuelo corresponde a las llamadas sudestadas, es decir mareas de
origen meteorológico provocadas por vientos del sector sudeste. Las alturas del Río de la Plata
provocadas por las sudestadas superan las que producen las mareas astronómicas, y la inversión
del sentido del movimiento de las aguas en el Riachuelo en esos casos también tiene mayor
duración y genera mayor sobreelevación de las aguas. (ACUMAR. Estudio citado).
Mapa 1. Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo
Cursos de agua en
la Cuenca MatanzaRiachuelo
01.650300 6.600 m
Cuenca Matanza-Raichuelo
Desde el punto de vista de su comportamiento hídrico, la cuenca en
su totalidad puede ser subdividida en tres partes: Cuenca Alta (donde
todavía se mantienen algunas condiciones ambientales satisfactorias),
Cuenca Media (de características periurbana o urbana con fuertes vías
de expansión) y la Cuenca Baja (que es una zona altamente urbanizada
Redes domiciliarias:
donde no hay, en el
y urbanización de
FUENTE: DEFENSORÍa del pueblo de la nación / gobierno nacional
Zona rural: Existen algunas condiciones ambientales normales.
Nivel de oxígeno en el agua: 5 mg por litro
El mínimo para el desarrollo de vida en el río.
Longitud 64 km
Río MatanzaRiachuelo
Proyectos para la Cuenca Matanza-Riachuelo
Contaminación muy alta:
Nivel de oxígeno: 0,5 mg por litro
Aguas residuales, burbujeo de metano, olor.
Zona de alta contaminación:
Producida por residuos industriales
y aguas servidas.
Recupeción
de la ribera:
Enlace vial:
Av. 27 de
Febrero y la
AU Bs. As. La Plata
Ampliación cloacal:
Colocarán un gran caño sobre la margen
de Capital para los desechos de Capital y
Gráfico 1 - Proyectos para la cuenca Matanza Riachuelo
a. Las principales fuentes de contaminación
La cuenca presenta un
alto grado de conta­
minación y deterioro del
medio natural, especialmente del agua, que se
encuentra en directa relación con la cercanía de
los cen­tros industriales
y/o sitios de descargas de
efluentes cloacales9, superándose la capaci­dad diluyente y autodepuradora
Las áreas ambientales
críticas se concentran en
la zona portuaria y las
industrializadas situadas
desde su desembocadura
hasta aproxima­da­mente
Villa Diamante y Fiorito,
y aquellas ocupadas por
villas de emergencia o
asenta­mientos poblacionales precarios, como por ejemplo en el entorno
de los arroyos del Rey y Una­mu­no10.
Los recursos hídricos subterráneos relacio­na­­dos con la cuenca también
se encuentran afectados por esta problemática. En las zonas periféricas
la contaminación suele estar relacionada con el agua de los pozos negros
domiciliarios, que alcanzan la napa freática, y en las zonas urbanizadas
el impacto se debe al volcamiento de residuos industriales.
Los tributarios y el cauce principal del Matanza Riachuelo cuentan con un menor nivel de contaminación en la Cuenca Alta, mientras que el mismo crece fuertemente en la Cuenca Media, para
luego presentar una elevada tasa de contaminación en la Cuenca Baja y zona portuaria, donde
es frecuente la aparición de líquidos cloacales crudos, burbujeo de metano, desprendimiento de
olores, etc.
Estudios y Propuestas para la Planificación del Ordenamiento del Uso del Suelo (AYDET S.A)
El estado de contaminación de las aguas superficiales y de los sedimentos, hace que actualmente no sean aptas para ningún uso, salvo en la
parte más alta de la cuenca, donde los arroyos aún no se ven tan afectados por la urbanización o la descarga de efluentes de industrias. De
hecho, el Matanza-Riachuelo se encuentra actualmente en condiciones
anóxicas desde el Arroyo Chacón al Matanza y hasta la desembocadura
del Riachuelo al Río de la Plata11.
Las principales fuentes de contaminación están constituidas por:
El vertido de efluentes industriales. La mayor parte de los cuales carece de tratamiento adecuado, la ausencia de tecnologías limpias y
buenas prácticas en los procesos productivos.
El vertido de líquidos cloacales sin tratamiento previo, o con alcance
insuficiente, así como la descarga de barros y de desagües cloacales
clandestinos conectados a pluviales y cursos superficiales, sin depuración previa. Asimismo, las fuentes cloacales difusas de origen domiciliario que no cuentan con red de cloacas y utilizan cámaras sépticas o
Los basurales a cielo abierto y la disposición de residuos no controlados sanitariamente.
El Polo Petroquímico de Dock Sud.
a.1. Industrias:
El establecimiento de industrias en los márgenes de la cuenca se encuentra en directa relación con la posibilidad que estas tienen para disponer
en ella de sus efluentes líquidos.
Si bien el sector industrial se encuentra fuertemente concentrado en la
parte baja de la cuenca, donde se ubica el Polo Petroquímico de Dock
Sud, existen industrias radicadas a lo largo de todo el Riachuelo, incluyendo a sus tributarios.
La mayor parte de los informes producidos por la ACUMAR concluyen
que las industrias de la cuenca se caracterizan por un estancamiento
Plan Integral Cuenca Matanza Riachuelo, Componente Calidad de Agua (ACUMAR), disponible
en www.espacioriachuelo.org.ar/documentos/html
Mapa 2. Ubicación de las industrias de la CMR
Lugar de vuelco de
1542 industrias conectadas
a red de AySA.
466 industrias con vertido
a la cuenca MR.
1594 industrias sin información agosto de 2008 sobre
lugar de vertido(1).
Límite de la cuenca MR.
(1) Actualmente las empresas
fiscalización (agosto 08)
Ubicación de 3602
industrias relevadas
tecnológico y una gestión ambiental sumamente deficiente12. El vertido
de las aguas residuales de las industrias es un factor crítico en la contaminación de la cuenca, donde compatibilizados en las fuentes, se estima
que contribuyen con un 70% de la carga orgánica y prácticamente toda
la carga tóxica existente en la CMR13.
De acuerdo con la última información disponible existen unos 4100 establecimientos industriales y especiales que se encuentran registrados y
realizan vertidos a la CMR14.
Las jurisdicciones que mayor cantidad de industrias presentan son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza y Lanús. Según los datos
también producidos por ACUMAR, las actividades que mayor impacto
producen en la CMR corresponden a curtiembres (situadas mayoritariamente en Lanús), frigoríficos, carnes y derivados (ubicados principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en La Matanza), como así
Evaluación Ambiental. Op. cit. Cap. 5, pág. 50.
Evaluación Ambiental. Op. cit. Cap. 5, pág. 52.
Informe presentado por la ACUMAR ante el Juzgado Federal de Quilmes, fecha 29.12.2008,
Mapa 3. Ubicación principales descargas industriales – Cuenca MR
I Ir-6
4 r-9
I I -0 -05
Ir-20 -17 I Ir-1r-12 r-107 Ir
Ir--08
Ir- r-16 3
Ir- 19
Ir-31Ir-29
Ir -23
Ir-30 Ir-25 -24
Ir-1r-2
Fuente: Modelación Matemática de la Cuenca Matanza Riachuelo para el Estudio de Alternativas
de Saneamiento – Informe Integrador – Junio de 2008.
también la industria química y petroquímica (situada en el Polo Petroquímico de Dock Sud). Asimismo, las galvanoplastías, las industrias avícolas y de alimentos y bebidas producen también considerables impactos
Muchas de estas industrias utilizan para sus procesos de producción metales pesados tales como arsénico, cromo, mercurio, plomo y zinc, todos
encontrados en el agua del Riachuelo por encima de los niveles permitidos por la normativa pertinente15.
Ley de Residuos Peligrosos nº 24.051, Anexo II Tabla 2 del Decreto N° 831/93.
La situación de los distintos establecimientos mencionados se hace insostenible sin un debido ordenamiento territorial y la posterior reconversión
industrial, que garantice un mejoramiento en la calidad de vida de los
habitantes de la zona y, especialmente, un cambio sobre el recurso hídrico, hoy altamente afectado.
a.2.) Vertidos de origen cloacal:
El 55% de la población asentada en la CMR carece de servicios cloacales16. La ausencia de tales recursos hace que la población deba proveerse
del servicio por sus propios medios, y/o a través de pozos negros o
mediante vertidos directos y sin tratamiento a los múltiples cursos de
agua que descargan finalmente en las aguas del Matanza - Riachuelo,
sumando de esa manera carga orgánica a la escasa capacidad autodepuradora del río.
Cuadro 1. Ausencia de cobertura de infraestructura de agua y saneamiento.
cloacal (%)
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.
Plan de Saneamiento Integral presentado ante la CSJN en autos “Mendoza, Beatriz S. y otros c/
Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del
Río Matanza – Riachuelo)” (M.1569. XL.).
A ello se suman los problemas sanitarios que produce la ausencia de
acceso a agua potable que afecta a más del 35% de la población de la
CMR, porcentaje que crece sensiblemente en los sectores de menores
recursos, quienes deben procurarse la misma a través de la red pública, o
por vía de camiones cisternas o perforaciones, muchas de las cuales producen filtraciones y mezclas con las descargas desechos cloacales, que
afecta al deteriorado manto freático y produce consecuencias negativas
Por otra parte, el tratamiento secundario –con vertido del efluente tratado en la CMR– que realizan las prestadoras del servicios cloacales resulta
insuficiente, máxime cuando el mismo no toma en consideración las particularidades que presenta el curso de agua en relación al volumen de
carga orgánica capaz de diluir.
Mapa 4. Descargas cloacales – Cuenca MR
Descargas domésticas
AV V 2
LAA 1 V 4
LZ LA 42
LZ Z 2
CABA 4 LA 3
Fuente: Fuente: Modelación Matemática de la Cuenca Matanza Riachuelo para el Estudio de Alternativas de Saneamiento – Informe Integrador – Junio de 2008.
En este sentido, una vez conocidos los resultados de la campaña de
muestreo del agua superficial y subterránea de la CMR17; el Defensor
del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino interpuso una denuncia penal
donde solicitó al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de la ejecución de
la sentencia de la Causa Mendoza, que investigue si la empresa AySA,
prestataria del servicio de provisión de agua y cloaca en gran parte de la
CMR, incurrió en los delitos penales previsto por la Ley n° 24.051, atento a que los efluentes volcados al Riachuelo por la Planta Depuradora
Sudoeste perteneciente a la citada empresa, superan ampliamente los
niveles guía para la protección de la vida acuática establecidos por la ley
de Residuos Peligrosos18.
En conclusión, el vertido de líquidos cloacales insuficientemente tratados,
la descarga de barros y de desagües cloacales clandestinos conectados
a pluviales y cursos de agua superficiales sin depuración previa, así como
las descargas cloacales difusas de viviendas que no cuentan con red de
cloacas y utilizan cámaras sépticas o pozos de infiltración, conforman
otra de las fuentes de contaminación de la CMR.
a.3. Basurales a cielo abierto:
La tercera fuente de contaminación que impacta en la CMR lo constituyen los basurales a cielo abierto.
Según datos proporcionados por la ACUMAR, existen en el área de la
cuenca 105 basurales de este tipo, los que ocupan más de 400 hectáreas
y albergan unas 331.000 toneladas de residuos dispersos, que se utilizan para el vertido ilegal de residuos domiciliarios y provenientes de la
construcción y la industria, encontrándose en muchos de ellos residuos
Los municipios cuentan con una gran parte de la responsabilidad en
cuanto a la proliferación de este tipo de basurales, habida cuenta que
El mismo fue realizado por el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio de Hidrografía Naval y
el Instituto de Limnología de la Universidad Nacional de La Plata
Anexo II Tabla 2 del Decreto N° 831/93, reglamentario de la Ley N° 24.051.- Estudios de calidad
del agua superficial de la CMR, presentados por ACUMAR ante el Juzgado Federal de Quilmes.Ver http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/rio01-sp.htm
muchos de ellos son operados y gestionados por las propias administraciones locales19.
Los mismos no solo representan una grave amenaza para la salud humana (suelen propagarse casos de miasis, hantavirus, leptospirosis, pestes,
etc.), sino que también inciden fuertemente en la contaminación de los
suelos, las aguas superficiales y subterráneas, y de la atmósfera (caracterizándose por emanaciones gaseosas y olores nauseabundos)20.
Las zonas identificadas como las más afectadas son los municipios de
Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría, y las Villas 19, 20 y
21 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires21.
Por otra parte, en área de la cuenca existe un solo relleno sanitario,
“González Catan”, ubicado en el municipio de La Matanza y que es operado por el CEAMSE, en el cual se deberían realizar la disposición final
de todos los residuos urbanos de la cuenca (a excepción de los de los
municipios de Marcos Paz, Gral. Las Heras, San Vicente y Cañuelas, que
cuentan con sus propios sistemas de disposición final de residuos).
Asimismo existe un único establecimiento de tratamiento (incineración)
de residuos peligrosos, y no existe ningún relleno especial, ni planta de
tratamiento que permita gestionar adecuadamente los residuos sólidos
industriales22, por lo que parte de este tipo de residuos terminan disponiéndose en basurales clandestinos.
a.4. Polo Petroquímico de Dock Sud
El Polo Petroquímico de Dock Sud es una de las zonas del AMBA y de la
CMR en especial, que presenta uno de los mayores grados de complejidad desde el punto de vista económico y socio-ambiental.
Según el Informe del Defensor del Pueblo, los mismos pueden clasificarse en: a) Basurales de
gestión inmediata: son los que pueden eliminarse rápidamente con el solo uso de maquinaria para
movimiento de suelos y transporte de los residuos, quedando la zona apta para urbanizaciones
ulteriores. b) Basurales de gestión mediata: son aquellos que han sido generados a lo largo de
muchos años y que requieren estudios especializados para su erradicación.
Informe Especial sobre la CMR. Defensor del Pueblo. Op. cit.
SAyDS - ACUMAR. Evaluación Ambiental. Op. cit., pág. 11.
Allí se encuentran instaladas un conjunto de 43 industrias, incluyendo
petroleras y plantas de acopio de productos químicos, cuya actividad
genera el 5% del PBI de la Provincia de Buenos Aires.23
La convivencia de las mismas con la población radicada en Villa Inflamable24 genera un importante riesgo ambiental con potenciales consecuencias para la salud y seguridad de los vecinos de la zona.
El polo se divide en dos zonas diferenciadas por su actividad: el puerto y
el área industrial. En esta última las empresas con instalaciones y operaciones de refinería de petróleo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos representan una capacidad de almacenamiento de alrededor
de 1.500.000 m3. Asimismo, se almacenan diversos productos químicos
entre los cuales predominan los de tipo combustible (con contaminación
atmosférica potencial o efectiva –sea de procesos o de transferencias–),
de hidrocarburos volátiles, y de otros compuestos químicos.
Las actividades industriales y portuarias, han hecho que Dock Sud sea
una de las áreas dentro del Gran Buenos Aires con mayores problemas
de contaminación del aire. Las afectaciones en la salud de la población
incluyen síntomas y enfermedades de tipo respiratorio, alergias, alteraciones en la piel, entre otros.
En el año 2002, un estudio efectuado por el Municipio de Avellaneda y el
gobierno nacional, con el auspicio de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), detectó que en Villa Inflamable, dentro del Polo de Dock Sud,
el 50% de los niños poseía elevados niveles de plomo en sangre.25
b. La salud de la población
Desde el punto de vista sanitario la población asentada en la cuenca padece un alto grado de deterioro, asociado a la vulnerabilidad propia que
deviene de las condiciones sociales existentes en el área.
Foro Ciudadano de Participación por la justicia y los Derechos Humanos. Informe sobre Villa
Inflamable, Dock Sud, provincia de Bs. As. Enero de 2008.
La población allí radicada alcanzó en el año 2001 a más de 23.000 habitantes. V. Foro Ciudadano
de Participación por la justicia y los Derechos Humanos. Op. cit.
Ver http://www.farn.org.ar/riachuelo/index.html y www.espacioriachuelo.org.ar/Documentos
Pese a ello, se ha avanzado muy poco en relación a la atención de la
población en situación de riesgo que, según datos aportados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) a la
Corte Suprema de Justicia, alcanza a dos millones de personas26.
No se han realizado estudios epidemiológicos sobre la población de la
cuenca, tampoco existen datos estadísticos confiables, y los disponibles
en algunos partidos o municipios no cuentan con criterios comunes, por
lo tanto sus resultados son disímiles27.
Por otra parte, tampoco existe información estadística y/o registro de la
mayoría de las enfermedades y, aún aquellas de notificación obligatoria
no suele informarse adecuadamente28.
La información disponible da cuenta de que las patologías bron­co­­
pulmonares, los bronco­espasmos, el asma, las en­fer­me­dades de la piel,
y los problemas intestinales son los trastornos que surgen con más frecuencia en la po­blación de la CMR. También se registran en­fer­medades
transmisibles por el agua y los alimentos, es­tas son las afecciones que se
propagan con el agua que consume la población y aquella que se usa
para preparar los alimentos, como salmonellosis, hepatitis giardiasis y
cryptosporidiosis29.
A ello debe adicionarse la complejidad de las interacciones entre los
distintos factores de riesgos sanitarios. Entre estos debe incluirse no solo
todas las variables ambientales relacionadas con la contaminación y su
sinergia propia, sino las condiciones sociales asociadas con la pobreza:
la desnutrición, el hacinamiento, el acceso limitado a vacunas y medicamentos y la exposición al frío, entre otros30.
Romina Picolotti. Exposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Audiencia
Pública del 06/09/2006. Disponible en http://www.farn.org.ar/riachuelo/index.html y www.
espacioriachuelo.org.ar/Documentos.
Ello ha sido corroborado además por el Cuerpo de Peritos de la UBA que analizó la viabilidad del
Plan de Saneamiento presentado por la SAyDS en la causa “Mendoza”, donde concluyó –entre
otros aspectos– que la salud no es considerada como uno de los “ejes de trabajo” y que el Plan
adolece de la información básica y necesaria para analizar la situación de salud y definir los
objetivos de las intervenciones.
Informe Especial sobre la CMR. Defensor del Pueblo. Op. cit. Capítulo IV. 1.
Informe Especial sobre la CMR. Defensor del Pueblo. Op. cit. Pág. 79.
Informe Especial sobre la CMR. Defensor del Pueblo. Op. cit. Pág. 74.
Por otra parte, la mayoría de la sociedad afectada habita en zonas carentes de infraestructura sanitaria, sin acceso a los servicios básicos de
saneamiento, agua potable y cloacas, además de estar instalados en un
importante porcentaje en viviendas sumamente precarias31.
El breve panorama descripto nos permite tomar nota de la complejidad de
la problemática que presenta la CMR, en donde la contaminación adquiere una notable relevancia social, en tanto la situación de la cuenca impacta gravemente sobre la salud de más de 2 millones de personas, la mayor
parte de los cuales son los sectores más vulnerables de la población.
III. El Riachuelo llega a la Corte
No obstante la gravedad que la cuestión encierra, la temática del Riachuelo ha estado sistemáticamente ausente de la agenda pública, a tal punto
que nunca se pusieron en marcha políticas y planes tendientes a revertir
Al respecto se hace presente que la empresa Aguas Argentinas S.A. en febrero de 1997 suscribió
el Plan de Saneamiento Integral (PSI), cuyo objetivo prioritario era prestar estos servicios en el
área concesionada. De la inversión comprometida, al mes de marzo de 2003 la prestataria solo
había ejecutado un 24% de las obras, esta situación obligó al Estado Nacional en el año 2006 a
rescindir el contrato de concesión por incumplimiento contractual, debiendo hacerse cargo a través de una nueva empresa –hoy estatal– de obligaciones incumplidas por el plazo de 10 años.
o mejorar esta situación, y los que alguna vez fueron anunciados, como el
famoso “Plan de los 1000 días” durante la gestión de la ex Secretaria de
Medio Ambiente María Julia Alsogaray, fracasaron estrepitosamente.
No fue sino en respuesta a la intimación cursada por la CSJN, en el auto
de fecha 20/06/2006, que las autoridades de las tres jurisdicciones con
injerencia en la CMR (Estado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Provincia de Buenos Aires) presentaron un Plan de Saneamiento
Integral, dejando de lado las cuestiones que otrora lo había impedido32.
En julio de 2004 un grupo de vecinos de la CMR (���Villa Inflamable”), ubicada en Dock Sud, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; y
profesionales (médicos; psicólogos; odontólogos; enfermeros) del Hospital
Interzonal de Agudos Pedro Fiorito de la ciudad de Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires, interpusieron la demanda que fue receptada por la CSJN en
instancia originaria y cuyos aspectos salientes se resumen a continuación:
a. Síntesis de la causa ante la C.S.J.N.
“Mendoza Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la Contaminación ambiental del Río Matanza
- Riachuelo” (Expediente M. 1569. XL).
•	17 vecinos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
•	Estado Nacional (al producirse la situación denunciada sobre una vía navegable
e interjurisdiccional, respecto de la cual tiene facultades de regulación y control,
arts. 75 inc. 10 y 13 de la Constitución Nacional.)
•	Provincia de Buenos Aires (por tener el dominio originario sobre los recursos
naturales existentes en su territorio, arts. 121 y 124 de la CN.)
•	Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en su carácter de corribereña del Riachuelo,
el que constituye, en el área de su jurisdicción, un bien de su dominio público.)
Nápoli y Esain, op cit. p.99.
•	Empresas1:
Antivari. S.A.C.I.
Curtiembre Ángel Giordano S.R.L.
Curtiembre Francisco Urciuoli SA
Daimler Chrysler Arg. S.A.C.I.F.I.
Fábrica Justo S.A.I.C.
Frigorífico Gral. Las Heras S.A.
Materia Hermanos S.A.C.I.
Luppi Hnos. Cia Ltda. Curtiduría
Orvol S.A.
Sulfargen S.A.
Tratamientos de Efluentes de
Avellaneda S.A. (TEA)
•	14 Municipios
•	Defensor del Pueblo de la Nación
•	Organizaciones No gubernamentales: Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN), Asociación de Vecinos de La Boca (AVLB), Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Ciudadana por los Derechos
Humanos (ACDH) y Fundación Greenpeace Argentina.
•	Vecinos de Lomas de Zamora
Los actores demandan:
•	Indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la
contaminación de la CMR (a fin de reparar la incapacidad sobreviniente,
los gastos por tratamientos médicos, gastos por nueva radicación, daño
moral, daño psíquico sufrido por madres, padres y sus hijos, el daño futuro
comprensivo de los gastos que habrá que realizar para liberar a los niños de
la contaminación que portan en su organismo, y la pérdida del valor locativo
de los inmuebles que habitan).
•	Cese de la contaminación y recomposición del Daño Ambiental Colectivo
(art. 41 CN y 30 LGA).
a)	la creación de un fondo público, que tenga por fin reparar el daño ocasionado
a las víctimas, y que durante la sustanciación del proceso permita llevar
adelante acciones que busquen modificar la situación denunciada.
b)	el pedido al Poder Ejecutivo Nacional que reanude y continúe hasta su
finalización el Plan de Gestión Ambiental de Manejo de la Cuenca Hídrica
Matanza Riachuelo.
c)	la implementación de medidas en orden a la inmediata atención de la salud
de la población ribereña de la cuenca.
d)	la anotación de litis en la Inspección General de Justicia, en el Registro
Público de Comercio y en los Libros de Accionistas de cada una de las
empresas codemandadas.
RESOLUCIONES PRINCIPALES EN
LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA
Resolución inicial en la que determina el objeto de la causa y dicta
“la presente causa tendrá por objeto exclusivo la tutela del
bien colectivo. En tal sentido, tiene una prioridad absoluta
la prevención del daño futuro, ya que según se alega en el
presente se trata de actos continuados que seguirán produciendo contaminación. En segundo lugar, debe perseguirse
la recomposición de la polución ambiental ya causada conforme a los mecanismos que la ley prevé, y finalmente, para
el supuesto de daños irreversibles, se tratará del resarcimiento.” (Considerando 18)
•	Declara la competencia originaria para entender en los aspectos
vinculados con la prevención, recomposición y el resarcimiento
del daño ambiental colectivo (por tratarse de la contaminación de
recursos interjurisdiccionales y ser partes el Estado Nacional y la
Provincia de Buenos Aires, arts. 7 LGA y 117 C.N)
•	Declara la incompetencia del Tribunal para conocer en su jurisdicción originaria con respecto a la reclamación que tenía por objeto
el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales.
•	Hace uso de las facultades ordenatorias otorgadas por el art. 32
LGA requiriendo:
A las empresas: Información Pública referida a los procesos productivos que realizan, el tratamiento de los residuos generados
en su actividad y la existencia –o inexistencia– de seguros contratados en los términos del art. 22 LGA..
A los gobiernos, más el COFEMA: la presentación de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental, determinando los contenidos
Control de las actividades antrópicas
Estudios de Impacto Ambiental de las empresas demandadas
Programa de Información Ambiental Pública
Inicia un sistema de Audiencias Públicas a fin de dar publicidad y
participación pública al proceso.
•	Intima a la actora por información complementaria a sus pretensiones.
•	Difiere el tratamiento de las medidas cautelares.
Primera Audiencia Pública: Presentación del Plan Integral de
Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo (PSICMR) y exposición
Continuación de la Primera Audiencia Pública: exposición de
las empresas sobre la información requerida y de los terceros
intervinientes en la causa.
Segunda Audiencia Pública: Medidas adoptadas en relación
al PSICMR. La Dra. Picolotti, en representación de los estados
demandados, expuso los avances en la materia, de conformidad a
lo requerido por el máximo tribunal en resolución del 6 de febrero
Haciendo uso nuevamente de las facultades instructorias y ordenatorias
(art. 32 LGA) ordenó la intervención de la Universidad de Buenos Aires
a fin de que con la actuación de sus profesionales, con antecedentes
y conocimientos necesarios y apropiados respecto de las diversas
temáticas involucradas, procediesen a informar sobre la factibilidad
del plan presentado en la causa por las autoridades estatales.
Tercera Audiencia Pública: respecto a los contenidos del PSICMR y en
relación a las observaciones realizadas por el Comité de Expertos de
la UBA. Se solicita documentación complementaria.
•	Corre traslado de la demanda, estableciendo reglas procesales2.
•	Requiere a la ACUMAR y a los estados demandados información
actualizada respecto de:
Estado del agua, aire y napas subterráneas.
Listado de industrias que realicen actividades contaminantes en
Documentos referidos a la actividad de ACUMAR.
Traslados poblacionales y de industrias.
Proyectos sobre el Polo Petroquímico.
Limpieza de Márgenes de Ríos.
28, 29 y
Cuarta Audiencia Pública: Contestación de Demanda.
20 demandadas interponen excepción de Defecto Legal.
SENTENCIA 8/07/2008
La CSJN divide el objeto de la causa, en base a la necesidad de medidas
urgentes utilizando un parámetro temporal, por lo que resuelve:
•	Continuar el trámite del proceso respecto a la atribución de responsabilidades
patrimoniales relativas a la reparación del daño ambiental colectivo
•	Dictar sentencia definitiva respecto a la prevención y recomposición
ambiental. (Futuro).
La misma consiste en un mandato de cumplimiento obligatorio, estableciendo
los objetivos y contenidos de un programa de acciones a cumplir, dejando a
discreción de la autoridad competente los medios para ello.
1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes
2) la recomposición del ambiente
•	Establece como autoridad responsable del cumplimiento del mandato a la
ACUMAR, sin perjuicio de mantener intacta la responsabilidad del Estado Nacional,
la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
	Creación de un sistema de información pública digital vía internet,
accesible para el público en general.
	Informe trimestral del estado del agua y las napas subterráneas,
y de calidad del aire.
	Presentación respecto al avance y estimación de plazos en el
Convenio Marco Subprograma Federal de Urbanización de Villas
y Asentamientos precarios.
•	Inspección de todas las empresas de la cuenca en 30 días.
•	Identificación de las que se considere contaminantes.
•	Intimación para la presentación de un plan de tratamiento de
efluentes en un plazo de 30 días, el que debe ser evaluado
durante otros 60 días por la ACUMAR.
•	Cesar los vertidos, emisiones y disposiciones de sustancias
contaminantes en la cuenca en 180 días.
•	Posibilidad de la Autoridad de Cuenca de ordenar medidas de
clausura y/o traslado de empresas, así como también de prorrogar
los plazos en casos de imposibilidad económica para afrontar los
costos de tratamiento o de situaciones sociales de gravedad.
•	Presentación de un Proyecto de Reconversión Industrial y
relocalización de empresas del Polo Petroquímico Dock Sud. Sin
•	Asegurar medidas para que en 6 meses se impida el vuelco
de residuos en basurales ilegales en el ámbito de la cuenca,
erradicando los mismos en el plazo de un año y previniendo la
formación de nuevos basurales a cielo abierto.
•	Ordenar medidas para la erradicación de asentamientos
poblacionales en los basurales.
•	Concreción de un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
•	Limpieza de Márgenes del río.
•	Información sobre los planes de desratización de la cuenca y la
transformación en área parquizada de la ribera.
Ordena presentar información pública sobre los planes de obras,
las que se encuentren en ejecución y con particular énfasis sobre
las que debían terminarse en el año 2007 –especificándose en cada
caso los plazos y presupuestos involucrados–, respecto de:
•	Expansión de la red de agua potable
•	Saneamiento cloacal
•	un mapa socialdemográfico y encuestas de factores de riesgo,
determinando la población vulnerable y los trastornos de salud
•	un diagnóstico que permita discriminar patologías producidas
por la contaminación del aire, suelo y agua y un sistema de
seguimiento de los casos detectados.
•	un Sistema de Registro y Base de Datos de las patologías
•	medidas de vigilancia epidemiológicas.
•	Elaboración y ejecución en los 60 días subsiguientes a la realización
de lo antedicho de Programas Sanitarios específicos.
A fin de asegurar la correcta ejecución de la misma la corte dispuso de la:
	Delegación del proceso de ejecución en el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes, con competencia exclusiva en la ejecución de la
sentencia y en la revisión judicial de las impugnaciones de la ACUMAR.
Otorga facultades para ordenar la investigación de delitos derivados del
incumplimiento de los mandatos y fijar el valor de las multas. Asimismo
se establece que sus resoluciones serán consideradas como dictadas por
el tribunal superior de la causa, permitiendo su impugnación –en caso de
reunirse los requisitos de admisibilidad– directamente ante la Corte.
	Creación de un Cuerpo Colegiado integrado por los representantes de las
organizaciones no gubernamentales que participaron como terceros en el
proceso (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación de Vecinos
de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación Ciudadana por
los Derechos Humanos y Greenpeace), y el Defensor del Pueblo de la Nación,
quien tendrá a su cargo la coordinación del mismo. La misión del mismo
será canalizar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del
programa establecido en la sentencia.
	Control de la asignación de fondos y ejecución presupuestaria a cargo de la
	Aplicación de Multas diarias a cargo del presidente de la Autoridad de
Cuenca en caso de incumplimiento de los plazos previstos.
IV. ¿Y…después de la Corte qué?
Existe suficiente consenso para afirmar que el juicio por el saneamiento
del Riachuelo se ha convertido en un caso paradigmático, que en muy
poco tiempo ha logrado lo que hasta hace dos años parecía imposible:
que el Riachuelo tenga un lugar en la agenda pública nacional.
Ha sido la Corte en una pieza de enorme trascendencia jurídico-institucional, vestida con ropa de juez ambiental, la que ha marcado una nueva
lógica para este tipo de litigios, y quien ha señalado además el camino
a seguir para iniciar la compleja tarea de recomponer el daño ambiental
existente en la CMR.33
Así como en el punto precedente hemos intentado acercar al lector elementos informativos que puedan resultar de utilidad para conocer la
problemática de la CMR, pretendemos de aquí en más introducir otros
aspectos que permitan evaluar el grado de avance de la gestión del saneamiento, cuestión de la que depende toda la suerte que le pueda
caber a este río.
Debemos recordar que la CSJN estableció –por primera vez– la existencia
una obligación legal de recomponer el daño ambiental, imponiendo a las
autoridades el deber de obtener resultados34, que tiendan a satisfacer los
objetivos fijados en la sentencia, para garantizar, de manera simultánea
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición
del ambiente y la prevención de daños futuros.
Asimismo, reconoció la existencia de un derecho colectivo vulnerado,
cuya atención inmediata no resulta discrecional de los poderes públicos,
y cuya decisión no puede quedar librada a criterios de oportunidad y conveniencia de la propia administración, sino que requiere una intervención
obligatoria por parte de las autoridades35.
Si bien el máximo tribunal mediante la sentencia del 8/07/2008 estableció una serie de metas y plazos orientados a dar cumplimiento a los ob33
Nápoli y Esaín. Op. cit. pg.100.
Néstor Cafferatta. Sentencia Colectiva Ambiental en el Caso Riachuelo, disponible en http://
www.espacioriachuelo.org.ar/documentos/articulo_cafferatta_jul08.pdf
Carolina Fairstein y Diego Morales. En busca de la soluciones judiciales para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la cuenca Matanza - Riachuelo. Derechos Humanos en Argentina,
Informe 2009, CELS, Siglo XXI, Bs.AS. 2009, pág. 339.
jetivos referidos, señaló además los responsables de llevarlos a cabo, dejando librado a las autoridades el modo de alcanzarlos. Como lo explica
Néstor Caferatta, la CSJN “después de dar por presupuesto lo evidente,
respecto del ¿qué tenemos?, que conlleva un diagnóstico de la situación
de extrema degradación ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, y a
la luz de este cuadro patético decide sobre el ¿qué queremos?, es decir,
fija los fines o metas que llevan necesariamente a la recomposición y
prevención del bien jurídico tutelado ambiente; lo que no dice, para no
incurrir en excesos jurisdiccionales, es el ¿cómo lo queremos?”36.
En síntesis, fijó resultados concretos que el Estado debe alcanzar, junto
con un estricto cronograma de cumplimiento. Asimismo estableció un sistema múltiple de contralor de de la sentencia para lo cual, y siguiendo
la teoría esbozada por Ricardo Lorenzetti37, construyó un micro sistema
institucional que obra como una red de seguridad y garantías para el acatamiento de lo resuelto en la sentencia por el máximo tribunal de justicia
de la nación38.
Este sistema se vale de un reparto de competencias y atribuciones de control de cumplimiento de naturaleza “mixto”, a cargo de autoridades pertenecientes a la administración pública y del poder judicial federal, en concurrencia con la participación de organizaciones no gubernamentales39.
El esquema de control ideado por el máximo tribunal parte de reconocer
las dificultades que frecuentemente impiden el cumplimiento efectivo
de las obligaciones ordenadas a los poderes públicos en las sentencias,
y que terminan por convertir a los mandatos de los tribunales en meras
expresiones de voluntad.
En otras palabras, el fallo de la CSJN ha establecido un sistema tutelado de gestión para el saneamiento y la recomposición de la CMR, con
una múltiple interacción microinstitucional que deberá operarse entre un
conjunto de actores sumamente diversos, entre los que se encuentran
el Estado, el juez de ejecución, los órganos de contralor especialmente
establecidos para el caso (Cuerpo Colegiado y Auditoría General de la
Néstor Cafferatta. Op. cit.
Ricardo Luis Lorenzetti, Teoría del Derecho Ambiental. Ed. La Ley Bs. As. 2008. Pg. 153
Néstor Caferatta. Op.cit.
Ricardo Lorenzetti. Op. cit. Pág. 153.
Nación) y a los que se le deberá adicionar la interacción de carácter
institucional –interjurisdiccional– de los distintos niveles de gobierno integrados en la ACUMAR.
Nos proponemos de aquí en más aportar nuestra opinión sobre la marcha de la gestión del Matanza - Riachuelo, todo ello a la luz de lo ordenado por la CSJN en su fallo. Al seguimiento de este proceso dedicamos
Por ello, en la ejecución de la sentencia se encuentra la clave de bóveda
de todo el proceso ideado por la CSJN, que ha dado origen a una gestión tutelada cuyo objetivo central es lograr el saneamiento y la recomposición del daño ambiental existente en la CMR, y que como afirman
Fairstein y Morales le confieren al mismo una dinámica y complejidad
muy particular, cuyas virtudes e inconvenientes se irán evaluando sobre
la marcha, y demandarán ajustes y reformulaciones constantes de parte
de todos los actores involucrados40.
a. Algunos apuntes sobre la marcha de la ejecución de la sentencia
La ejecución de la sentencia de los autos Mendoza se inició pocos días
después de publicado el fallo de la CSJN, en el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella41.
El día 23 de julio se celebró la primera audiencia a la que concurrieron
los representantes de la ACUMAR y las jurisdicciones demandadas, funcionarios de organismos del Estado Nacional con incumbencia en el Plan
de Saneamiento, y los órganos dispuestos por la Corte Suprema para
controlar la ejecución de la sentencia.
Dicha audiencia sirvió para establecer algunos de los criterios que habrían de regir el proceso de ejecución, entre ellos:
Se dispuso la conformación de una Secretaría especial en el ámbito del
juzgado, que tendrá a su cargo la tramitación de las actuaciones.42
Fairstein - Morales. Op cit. Pág. 341.
La Corte destacó que uno de los motivos por los cuales confirió la competencia para entender en la
ejecución de la sentencia al mencionado Juzgado Federal, se basó en la disponibilidad de recursos
humanos y la relativa capacidad ociosa, habida cuenta su reciente creación. (Considerando n° 20).
El Secretario a cargo de la misma es el Dr. Pablo Wilk quien concentra todas la actuaciones que
se relacionan con la ejecución de la Causa Mendoza.
En base a las facultades otorgadas por el art. 32 de la Ley n° 25.675 y
el Art. 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, a efectos de preservar la bilateralidad del proceso, el Juez estableció que las
partes del mismo serían la ACUMAR y el Defensor del Pueblo43.
Se ordenó a la ACUMAR informar al Juzgado sobre todas las sesiones
que realice dicho cuerpo con tres días de anticipación, junto con el
Respecto de cada uno de los vencimientos señalados en el fallo de
la CSJN, se estableció la obligación del ACUMAR de informar al Juzgado, el grado de avance de los mismos con 15 días de antelación al
El siguiente cuadro explica las obligaciones y los plazos más inmediatos
fijados por el máximo tribunal en su sentencia y que deberán ser atendidos de manera prioritaria por la autoridad de cuenca.
Realizar inspección a todas las empresas existentes en la
Presentar los resultados del monitoreo del estado del agua y
las napas subterráneas, y de la calidad del aire de la cuenca.
Adoptar un sistema de información pública digital vía internet para el público en general, con datos completos y
actualizados de los problemas relevados, las acciones a
realizar, sus cronogramas y costos
Confección de un mapa sociodemográfico y encuestas de
factores ambientales de riesgo para determinar la población en situación de riesgo.
Elaborar un diagnóstico de base para todas las enfermedades que permita discriminar patologías producidas por
la contaminación de otras patologías no dependientes de
aquellos factores y verificar la prevalencia y supervivencia
de tales patologías y especifique medidas de vigilancia epidemiológica para la zona de emergencia.
El Dr. Armella no considera como parte en la ejecución de la sentencia a las ONGs que integran el
Cuerpo Colegiado, concentrando dicha actividad en la figura del Defensor del Pueblo de la Nación.
Adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición que se encuentran disponibles para verificar el cumplimiento de los resultados que la Corte manda alcanzar.
Uno de los aspectos que más preocupó a las autoridades, desde el mismo momento en que se conoció el fallo de la CSJN, es el relativo a los
plazos fijados en la sentencia, los que una y otra vez consideraron exiguos y de difícil cumplimiento. Ello fue hecho público por la ex Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y Presidenta de la
ACUMAR, Dra. Romina Picolotti durante la audiencia mencionada, quien
solicitó expresamente ante el Juez de ejecución la necesidad de flexibilizar los plazos fijados por el máximo tribunal.
Sobre el particular, el juez de ejecución manifestó que los plazos dispuestos por la CSJN no pueden modificarse, y que la decisión de hacerlo
deberá ser evaluada con la participación de todos los involucrados, en
Este es un aspecto de suma importancia, ya que los plazos establecidos
por el máximo tribunal forman parte de un engranaje, donde cada uno
de los mismos corresponde a una secuencia de acciones orientadas a
lograr la recomposición del daño ambiental existente en la CMR. Volveremos sobre este punto más adelante, cuando analicemos la evolución de
algunos de los mandatos específicos ordenados por el máximo tribunal.
A esta dinámica del proceso dada por los mandatos y plazos estipulados
por el fallo, se suman las audiencias de partes que el juez ha decidido
convocar para establecer plazos no fijados en la sentencia y conocer
el avance de ciertas actividades. En tal sentido se realizaron audiencias
para que las autoridades informaran sobre los avances de obra en materia de saneamiento cloacal y para que se diera cuenta del proyecto de
relocalización de industrias del cuero44.
Fairstein - Morales. Op. cit. Pág. 344.
b. La actuación del Cuerpo Colegiado
En paralelo al inicio de las actuaciones judiciales, y tal como fuese ordenado por la CSJN, el Defensor del Pueblo y las ONGs admitidas como
terceros en la Causa Mendoza45, conformaron el Cuerpo Colegiado de
Control del Plan de Saneamiento, e iniciaron su actuación luego de aprobar un reglamento interno de funcionamiento46.
Dicho organismo cuenta con una finalidad muy específica que es la de
fortalecer y promover la participación de la ciudadanía en el control del
cumplimiento de la sentencia, mandato que se ejerce mediante dos funciones principales que cumple el Cuerpo:
Promover acciones destinadas a expandir y generar conciencia ciudadana respecto de la grave problemática de la CMR.47
Representar el interés público en el marco del trámite de la ejecución
de la sentencia, y controlar el cumplimiento de los objetivos, metas,
obligaciones y plazos dispuesto por la Corte.
Durante el transcurso de los primeros meses de trabajo el Cuerpo Colegiado se abocó principalmente al análisis y evaluación de las presentaciones efectuadas por la ACUMAR ante el Juzgado de ejecución, emitiendo
su opinión respecto de la pertinencia, calidad y suficiencia de las medidas planteadas48.
En tal sentido, el Cuerpo Colegiado ha emitido opinión sobre la actividad
desarrollada por la ACUMAR respecto de las inspecciones realizadas a las
industrias, los estudios sobre la calidad de agua superficial y subterránea
y de la calidad del aire, el sistema de información ambiental, la documentación presentada respecto a la adopción de un sistema internacional de
Las ONGs son: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación Vecinos de
La Boca, (AVLB) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) y Greenpeace.
Disponible en http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/r-reglamento.pdf
En este punto se inscriben las Jornadas organizadas por el Defensor del Pueblo de la Nación:
“Nuestro Ambiente Vale”, desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires los días 2 y 3 de Diciembre
Fairstein - Morales. Op.cit. Pág. 343.
medición de los objetivos, la realización de un mapa sociodemográfico y
encuestas de factores ambientales de riesgo sanitario49.
Se exponen en el siguiente cuadro una síntesis de los temas y las opiniones expresadas por el Cuerpo ante el Juzgado Federal del Quilmes50.
OBSERVACIONES DEL CUERPO COLEGIADO
•	ACUMAR no inspeccionó la totalidad de las industrias
ni estableció un claro plan para hacerlo.
•	Los registros estatales incluyen 4103 industrias, sin
embargo otras fuentes estiman que en la cuenca
existen entre 12.000 y 15.000 establecimientos
•	A la fecha solo una parte de esas 4103 industrias
registradas han sido inspeccionadas.
Reglamento de Agente Contaminante:
•	El Reglamento aprobado por ACUMAR, que determina
las industrias que deberán ser incluidas dentro de la
categoría de Agente contaminante, no es idóneo
para alcanzar los objetivos de recomposición de
ambiente exigidos por la Corte, en tanto carece de
bases ambientales sólidas, no contempla el control
de un importante grupo de metales pesados que hoy
contaminan la cuenca y exime del control a la empresa
AySA, a pesar de que es la mayor aportante de vertidos
•	ACUMAR no presentó en tiempo y forma los estudios
trimestrales sobre
•	ACUMAR no realizó hasta la fecha ninguna medición
sobre la calidad del aire. Por este incumplimiento el
agua superficial y
Cuerpo Colegiado solicitó la aplicación de multas
desde el 25 de septiembre de 2008.
Ver: http://www.farn.org.ar/riachuelo/index.html y http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/
Cuerpo Colegiado de Control del Plan de Saneamiento de la CMR. “A nueve meses del fallo de la
Corte y en el día mundial del agua.” 22/03/2009. Disponible en http://www.farn.org.ar/prensa/
gacetillas2009/riachuelo230309.html y http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/riachuelo
•	No se ha conformado un “sistema de información
•	La información pública de ACUMAR se reduce a la
página web de cada jurisdicción, en forma separada 3.
•	A la fecha ACUMAR no desarrolló el sistema destinado
a medir los avances en el cumplimiento de lo exigido
permita controlar
por la Corte. Este incumplimiento dificulta el control
de las obligaciones por parte del Juez, de la sociedad
y del propio Cuerpo.
•	No se implementaron los programas destinados a
prevenir la formación de nuevos basurales.
Basurales a cielo
•	ACUMAR presentó un relevamiento de basurales y un
programa de trabajo que prevé acciones hasta el año
2015, que resulta contradictorio con el ordenado por
•	ACUMAR tampoco ha realizado acciones para
relocalizar a las personas que viven sobre basurales. Esta
constituye una situación de emergencia, no atendida.
Se pidió la aplicación de multas por incumplimiento.
•	ACUMAR dio cumplimiento a los dos requerimientos
puntuales establecidos en la sentencia de la Corte
(elaboración de un mapa sociodemográfico y una
encuesta de factores ambientales de riesgos)
•	El Cuerpo Colegiado evaluó que los mismos no son
concluyentes para establecer la población en situación
de riesgo por lo que solicitó su mejora.
•	El juez ordenó
•	Aun no se observan avances en lo que hace a la
determinación de la población en riesgo y realización
de un diagnóstico de enfermedades de la CMR.
Pese a la actividad mencionada, que tuvo como epicentro el control de cumplimiento de la sentencia, el Cuerpo Colegiado no pudo efectuar una actividad significativa en los aspectos vinculados a promover la participación y el
involucramiento de los ciudadanos, y a establecer mecanismos para recibir
denuncias y sugerencias sobre las distintas problemáticas de la CMR, cuestión que se anota como parte de la tarea pendiente de concreción.
No obstante ello, no podemos dejar de señalar que la tarea que realiza el
Cuerpo Colegiado no cuenta con recursos que hayan sido específicamente dispuestos para el cumplimiento de la misma, habida cuenta que la
CSJN ordenó su conformación sin dotarlo de los recursos necesarios para
solventar su adecuado funcionamiento, motivo por el cual sus miembros
desarrollan su actividad “ad honorem”51.
Fuera de toda interpretación sobre el punto en cuestión, los integrantes
del Cuerpo Colegiado han aceptado la tarea encomendada por la CSJN
sin reparo alguno, con gran entusiasmo y vocación, y como parte de la
responsabilidad que implica ser parte de esta causa. No obstante lo cual no
podemos dejar de señalar que la carencia de recursos, más temprano que
tarde atentará contra el desarrollo de la tarea de contralor encomendada.
V. El Plan de Saneamiento
A partir de la requisitoria efectuada por la CSJN en el auto de fecha
20/06/200652, la SAyDS elaboró y presentó el Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca Matanza – Riachuelo (PSICMR).53
Dicho plan recibió numerosas críticas de la mayor parte de los involucrados en la causa, lo que generó que el máximo tribunal convocara a un
Cuerpo Especializado Interdisciplinario de Peritos de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) para que analizara la viabilidad del mismo, señalan51
Alfredo Alberti, Presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca manifiesta que lo ordenado
por la Corte a los integrantes del Cuerpo Colegiado constituye una suerte de “probation” pero
agravada, dado que la misma cuenta con fecha de inicio pero no se sabe a ciencia cierta cuándo
habrá de concluir.
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo). (M. 1569. XL.) Auto
de fecha 20/06/2006. Disponible en http://www.farn.org.ar/riachuelo/index.html y www.
Ver http://www.farn.org.ar/riachuelo/index.html y www.espacioriachuelo.org.ar/documentos,
do entre sus conclusiones que el PSICMR adolecía de serias deficiencias
que hacían inviable su aplicación54.
Por nuestra parte, y en coincidencia con varios de los puntos planteados
por el Cuerpo Pericial, señalamos que el PSICMR adolecía de un conjunto
de problemas que ponían en riesgo su aplicación y lo invalidaban como
instrumento técnico para la gestión, habida cuenta que:
El Plan carece de un abordaje integral. Su estructura se asimila a un
compendio y reorganización de documentos y propuestas, algunas
de las cuales ya se encontraban previstas con anterioridad o en curso
de ejecución en los distintos niveles de gobierno.
No existe un planteo de escenarios futuros, ni visiones de la cuenca
a consensuar en el marco de un Plan, salvo que se explique cómo se
podría proyectar ese escenario al futuro.
Se presentaron diferentes versiones y no se ha definido una estructura consolidada del mismo, al tiempo que carece de una clasificación
o jerarquización de los problemas existentes en la CMR.
No se han definido indicadores que permitan verificar objetivamente
el grado de avance de las acciones propuestas.
No se identifican los responsables de implementar las acciones de
cada componente/programa.
La salud no es considerada como uno de los ejes de trabajo. No existe
un diagnóstico de situación sanitaria, ni estudios epidemiológicos,
que permitan discriminar patologías producidas por la contaminación
de aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de éstos
Ver: www.acumar.gov.ar ; http://www.farn.org.ar/riachuelo/index.html y www.espacioriachuelo.
org.ar/documentos.
No se especifica el monto dinerario destinado a la Salud, así como
tampoco el cronograma de inversiones.
La información presentada en relación a la composición de los establecimientos industriales en la cuenca se presenta como provisoria, y
no hay citas de fuente estadística confiable.
Las fuentes consultadas para la elaboración del plan corresponden
a estudios, cifras y estimaciones no reflejan el estado de situación
vigente en la CMR.
El plan de Saneamiento es una herramienta de fundamental importancia para la gestión de una cuenca, que involucra a una multiplicidad de
actores gubernamentales de distintos poderes del Estado y niveles de
gobierno, organismos de control, sector privado, sociedad civil y fundamentalmente a la ciudadanía.
En este sentido, planteamos la necesidad de que el Estado presentara
un plan técnicamente sólido y que pudiese contar con el más amplio
consenso social, constituyéndose así en el eje de una política de Estado
para el Riachuelo.
Asimismo, estimamos que el PSICMR debía ser formulado de manera
clara y comprensible desde el punto de vista técnico, de modo tal que
pueda ser comprendido por la ciudadanía en general. La claridad del
diseño y la comunicación constituyen la manera de garantizar que la
sociedad toda se apropie del Plan, y contribuya al control de la efectiva
realización de cada una de las acciones por parte de las diferentes autoridades obligadas.
En este contexto cabe enfatizar la necesidad de que ACUMAR revise
el plan aprobado, a fin de clarificar su estructura, definiendo con precisión y fundamento los principios de protección del ambiente y de los
derechos humanos, afirmando los criterios para establecer prioridades
de intervención, y compatibilice sus programas y componentes con el
cumplimiento de los objetivos fijados por la sentencia y las tareas que la
CSJN expresamente a ordenado ejecutar.55
Fairstein - Morales. Op cit. Pág. 347.
VI.	El rol de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR)
Uno de los rasgos que ha distinguido a la CMR, además de su alto grado
de contaminación, es su fragmentación institucional, en tanto en ella
coexisten 17 jurisdicciones56, mientras que 29 organismos resultan competentes en razón de la materia, mientras que sobre su territorio resultan
aplicables más de medio centenar de normas.57
En la práctica ello ha configurado una suerte de “mamarracho jurídico”
que produjo serias dificultades y limitaciones en el ejercicio del poder de
policía que corresponde a cada una de las jurisdicciones, en la medida en
que nunca surgieron instancias de coordinación que permitieran superar
las dificultades institucionales mencionadas58.
En el año 2003, junto con el Defensor del Pueblo de la Nación59, reclamamos la conformación de un organismo de Cuenca, con facultades de
coordinación y ejecución.
Hacia finales del año 2006 y en respuesta a la intervención de la CSJN, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley n° 26.168 que crea la ACUMAR,
como un ente interjurisdiccional de derecho público, en el ámbito de la
SAyDS, la cual contó con la adhesión de la Provincia de Buenos Aires 60 y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires61.
Dicho organismo se encuentra integrado por ocho representantes: tres
por el Estado nacional, dos por la Provincia de Buenos Aires y dos por la
Ciudad de Buenos Aires, a ellos se le suma el Secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, quien ejerce su presidencia.
Los municipios fueron incorporados originariamente en un Consejo Municipal con carácter meramente consultivo, mientras que también se dis56
Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 14 municipios
que conforman la Cuenca.
Para un estudio más pormenorizado del tema remitimos al Informe Especial sobre la CMR
realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Op. cit.
Daniel Alberto Sabsay. Declaraciones al Diario Pagina 12. 05/12/2003.
Informe Especial del Defensor del Pueblo de la Nación. Op. Cit.
La Provincia de Buenos Aires adhirió mediante la Ley n° 13.642.
La CABA prestó su adhesión a través de la Ley n° 2217.
puso la creación de una Comisión de Participación Social integrada por
representantes de organizaciones con intereses en el área. Más adelante
volveremos sobre ambos temas.
La ACUMAR fue creada con la idea de superar la gran fragmentación
jurisdiccional existente en la CMR, generar una mayor coordinación entre
las distintas autoridades competentes, fortalecer el ejercicio del poder de
policía sobre las actividades contaminantes y para corregir los problemas
de superposición y contradicción entre las normativas y regulaciones aplicables62.
A diferencia de lo que sucedió con otros organismos y programas creados
anteriormente para el saneamiento de la CMR, como lo fue el Comité Ejecutor para la CRM, a la ACUMAR se le otorgaron facultades para regular, controlar e intervenir en materia de prevención, saneamiento, recomposición
y manejo racional de los recursos naturales. La norma también la faculta a
disponer medidas preventivas, cuando tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de peligro para el ambiente
o la integridad física de los habitantes en el ámbito de la cuenca.
Asimismo, la ley le otorga –respecto de actividades con incidencia ambiental en la cuenca–, facultades de:
Coordinación: entre los distintos ámbitos estaduales, con preeminencia sobre las competencias locales.
Ejecución: pudiendo adoptar cualquier medida necesaria o conveniente para el saneamiento de la cuenca y gestionando los fondos y
Regulación y Control a fin de:
•	Unificar regímenes en materia de efluentes líquidos y emisiones gaseosas.
•	Planificar el ordenamiento ambiental del territorio
•	Establecer y percibir tasas por servicios
•	Dictar sus reglamentos de organización interna
•	Establecer un procedimiento administrativo especial
•	Aplicar medidas preventivas
•	Intervenir en habilitaciones, auditorias, monitoreos, EIAs, sanciones
Fairstein - Morales. Op. Cit. Pág. 349.
•	Efectuar apercibimientos, intimaciones e inspecciones
•	Ordenar clausuras, decomisos y ceses de actividades dañosas.
En relación con los aspectos precedentemente nombrados, el organismo
unificó el régimen de límites admisibles para descargas de efluentes líquidos en todo el ámbito de la cuenca y el de parámetros y concentraciones
en materia de calidad de aire,63 a la vez que dispuso medidas y clausuras
preventivas sobre diversos establecimientos industriales.
La constitución de una autoridad de cuenca, con carácter interjurisdiccional es un requisito indispensable para la ejecución de una política
que procure el saneamiento y la recomposición de la CMR, cuestión que
además ha sido reconocida por la propia Corte Suprema, al atribuir al
ACUMAR responsabilidad directa en el cumplimiento efectivo de las obligaciones estipuladas en el fallo.
Podemos destacar algunos logros en la actuación de la ACUMAR, entre
El inicio de la actividad de contralor de las industrias existentes en la
CMR.64
El fortalecimiento del poder de policía, mediante la incorporación de
un grupo de inspectores afectados directamente a la CMR y la provisión de recursos materiales, principalmente automotores.
La aprobación de un Documento de convergencia entre el Plan Director a cargo de AySA y el “Plan Integral de Saneamiento Ambiental
aprobado por ACUMAR”, por lo cual la empresa prestataria del servicio de agua y cloacas en el AMBA debió revisar y modificar dicho
Plan Director, para adaptarlo a las necesidades de recuperación de la
CMR, cuando en su concepción originaria no contemplaba como un
factor determinante la disminución de los niveles de contaminación
del Riachuelo65.
Resoluciones ACUMAR Nro. 1/07 y 2/07 publicadas los días 13 y 14 de septiembre de
Según información extraída de la pagina web de ACUMAR, se han dictado 780 medidas
preventivas, aplicándose 653 sanciones y 122 clausuras preventivas. Asimismo, se ha creado
el registro de Industrias y Medidas Preventivas. http://www.acumar.gov.ar/PlanIntegral.
aspx?Codigo=CON . No obstante ello, la actuación relacionada con el control industrial resulta
aún sumamente deficitaria, ya que carece de una seguimiento sistematizado de la actividad
industrial de la cuenca, y un plan de destinado a lograr el control de los vertidos al Riachuelo.
Fairstein - Morales. Op. cit. Pág. 350.
No obstante ello, el diseño institucional elegido para la creación del ACUMAR no fue –según nuestra opinión– el más adecuado para cumplir con
la finalidad de coordinación y control entre las jurisdicciones. Ya en oportunidad del tratamiento legislativo de la Ley n° 26.168 manifestamos
mediante una presentación que elevamos al Congreso de la Nación que
la creación del organismo de cuenca debía realizarse mediante un tratado interjurisdiccional, de conformidad con lo que establece el primer
párrafo del Art. 124 de la Constitución Nacional, respetando el reparto
de competencias y no por la vía de la ley convenio finalmente elegida.
Manifestamos además que el gran número de facultades, inherentes a
las jurisdicciones locales que se concentraban en manos del Estado nacional y en cabeza del presidente del organismo, lejos de promover una
mayor eficacia y operatividad en su funcionamiento, iba a conspirar contra la necesaria coordinación interjurisdiccional y terminaría por avasallar
a las propias jurisdicciones locales.66
Lamentablemente nuestro diagnóstico no resultó equivocado en este
aspecto, habida cuenta que la ACUMAR no ha podido erigirse en los hechos en el órgano de coordinación interjurisdiccional para el que ha sido
creado. Ello tuvo su punto de máxima tensión cuando en Julio de 2007,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó públicamente que dicho
organismo no lo representaba, cuestión que además hizo saber en una
presentación formal realizadas ante la CSJN.67
En este sentido, advertimos que ACUMAR continúa realizando sus acciones competentes en forma separada, independiente y por momentos sin
coordinación con el resto de las jurisdicciones que integran el mentado
organismo. Por otra parte, mantiene una actitud errática en la materia
de obras y acciones de saneamiento, donde las promesas y anuncios
varían constantemente desde que comenzó el proceso.
Asimismo, advertimos que dicha situación continúa manifestándose, tal
como se desprende de las constancias del expediente de ejecución de
FARN, Fundación Metropolitana y AVLB. Dictamen disponible en http://www.farn.org.ar/
riachuelo/index.html y http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/riachuelo-sp.htm
“Vemos con preocupación que la presidente del ACUMAR haya avanzado unilateralmente en el
trazo de las políticas ambientales así como también en su implementación” afirmó el Subsecretario
de Asuntos Políticos y Legislativos de la CABA, Horacio Lenz. Ver http://www.noticiasurbanas.
com.ar/info_item.shtml?sh_itm=a8e107b3526b2dbd54d80858e12fe578
sentencia, en donde se observa que cada jurisdicción prosigue realizando sus acciones competentes en forma separada, independiente y por
momentos sin coordinación con el resto.68
Aun cuando no ha transcurrido un tiempo lo suficientemente prolongado como para efectuar un balance de la gestión del saneamiento de
la CMR, podemos sin embargo extraer algunas conclusiones sobre la
actuación de la ACUMAR en relación con los mandatos establecidos por
la CSJN. En tal sentido observamos que:
Si bien se advierte que el organismo interjurisdiccional ha realizado
esfuerzos por respetar el programa fijado en la sentencia, aún no ha
dado cabal cumplimento a ninguna de las obligaciones dispuestas en
la sentencia.69
Se realiza una interpretación limitada y/o sesgada de los mandatos
ordenados en el fallo de la CSJN, que termina por desvirtuar el alcance de las mismas.
Se intenta hacer que se tengan por cumplidos los plazos procesales
establecidos en la sentencia, queriendo hacer valer acciones que no
son las indicadas por el máximo tribunal.70
Se pretende que se tengan por implementadas actividades con la
sola demostración de que se encuentran en marcha los procesos
licitatorios, o estableciendo lineamientos generales necesarios para
ejecutarlas.71
Se brindan datos técnicos de manera desordenada, sin especificar
los procesos y cálculos a partir de los cuales se llegó a su elaboración,
lo cual torna imposible la tarea de control de la actividad administrativa.72
Esto surge evidente si se constatan las actuaciones en materia de control de industrias, sistema
de información, control de calidad de aire –entre otros– y que fueran informados por el Cuerpo
Colegiado al Juez Federal de Quilmes.
Es lo que sucede con el control de la calidad del aire de la cuenca por ejemplo.
Es lo que sucede con el control de las industrias existentes en la CMR. Ver punto correspondiente.
Es lo que sucede con el mandato que ordena implementar un sistema de control de la contaminación de aire de la CMR.
Esto sucede con los estudios trimestrales de calidad de agua.
Otro de los aspectos sobre los cuales la ACUMAR no ha evidenciado
resultados positivos ha sido la integración de los municipios, los que
constituyen una unidad política y territorial de fundamental importancia
para gobernar y administrar los destinos de una cuenca.
La realidad de la CMR se construye con las decisiones que día a día se toman en los territorios locales. En este sentido los municipios cuentan con
una gran responsabilidad en lo que sucede por caso con la gestión de los
basurales a cielo abierto, que como lo hemos afirmado constituyen una
de las tres principales fuentes de contaminación de la CMR.
Creemos que será muy difícil que pueda garantizarse el cumplimiento de
medidas tales como la remoción de basurales, la atención de la salud, la
extensión de redes de agua, la participación ciudadana sin un rol activo
de los municipios73. Tales aspectos hacen que los municipios sean actores centrales de una gestión que pretenda tener como horizonte lograr
la recomposición y el saneamiento de la CMR.
Ello fue señalado por el Juez de la Ejecución, el Dr. Armella, en diversos
encuentros celebrados con la ACUMAR, donde puso de manifiesto su
intención de conocer el grado de compromiso y participación de los
intendentes municipales en la implementación del Plan de Saneamiento,
manifestando además su preocupación al notar que parecían ajenos al
proceso74.
Por ello, es necesario integrar a los municipios a los procesos de toma
de decisiones de la ACUMAR, cuestión que ha estado prácticamente
relegada desde la creación del organismo de cuenca.
Sin embargo es necesario tener en cuenta que el actual Presidente de
la ACUMAR se desempeñó como abogado de los 14 municipios demandados en la causa “Mendoza”. Allí puso de manifiesto que los mismos
carecen de todo tipo de responsabilidad en relación con el grave estado
de deterioro que presenta la CMR.
Aun cuando somos contestes que este tipo de manifestaciones forman
parte del legítimo ejercicio del derecho de defensa, llama poderosamen73
Eduardo Reese. Estrategias para el Desarrollo de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Julio 2007.
Disponible en www.espacioriachuelo.org.ar/documentos.
Fairstein y Morales. Op cit. Pág. 352.
te la atención que este mismo criterio sea sostenido actualmente por el
ahora titular de la SAyDS,75 lo cual abre un gran interrogante respecto de
lo que sucederá de aquí en más con la gestión de la ACUMAR, habida
cuenta que su propio presidente considera que los municipios carecen de
todo tipo de responsabilidad ante la situación de degradación existente
a. La cuestión presupuestaria
Otro de los aspectos que se deberá seguir con mucha atención es el
relacionado con la gestión y el control del presupuesto asignado para el
saneamiento de la CMR, lo cual cobra notoria importancia habida cuenta
que algunas de las obras proyectadas ascienden a sumas varias veces
millonarias76.
En este sentido, el fallo de la CSJN dispuso que la Auditoria General de la
Nación (AGN), tendrá a su cargo la responsabilidad del control financiero
y presupuestario del Plan de Saneamiento.
Precisamente, en un informe elaborado en agosto de 2008 por dicho
organismo de control se advierte que la SAyDS ha sub-ejecutado notablemente los créditos presupuestarios asignados al Programa Integral
Cuenca Matanza Riachuelo (Programa 33) y el Programa Gestión Ambiental Matanza Riachuelo BID 1059/OC–AR (Programa 34).
El informe de la AGN muestra que en el año 2007 el Programa 33 sólo
alcanzó una ejecución de un 15,8%, y el Programa 34 un 35,7%, mientras que al 12 de agosto de 2008 ambos programas apenas llegaron a
gastar el 13,1% de los recursos previstos. La investigación también pone
de manifiesto que durante 2007 hubo un nivel muy bajo en el alcance
de las metas propuestas77.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1093307.
Los montos de inversión estimados para llevar adelante las obras incluidas en el PSICMR alcanzarían los 5.607 millones de pesos, según el informe presentado por la ex Secretaria de Medio
Ambiente, Dra. Romina Picolotti ante la CSJN. Audiencia Pública. 05/09/2006.
Faierstein y Morales. Op. cit. Pág. 347.
Finalmente hacia finales del año 2008, el Jefe de Gabinete Sergio Massa,
mediante disposición administrativa n° 719/08 de la Jefatura de Gabinete de Ministros reasignó la suma de 4,6 millones de pesos, originariamente destinados a la SAyDS (Programa 34 cuya mayor parte estaba
destinada a la realización de obras que forman parte del PSICMR), a la
difusión de los actos de gobierno. La medida se basó precisamente en
la sub-ejecución presupuestaria detectada y a la que hacíamos mención
En otro orden de cosas, el fiscal federal Guillermo Marijuan promovió a
mediados del año 2007 una denuncia para que se investiguen presuntos
desvíos de fondos destinados al saneamiento del Riachuelo. Así, según
la investigación penal en curso, se habrían destinado a la Municipalidad
de la Ciudad de Córdoba, la suma de 650 mil pesos pertenecientes a la
cuenta presupuestaria del Matanza – Riachuelo.78
Como puede verse, en el corto lapso de tiempo en el que se asignaron
por vía presupuestaria fondos destinados a la CMR, el mismo vivió diferentes episodios que van desde la sub-ejecución presupuestaria, pasando
por la reasignación de fondos y podrían llegar incluso a la comisión del
delito de malversación de fondos públicos.
Por otra parte, hay que recordar que hace ya una década el país contrató un préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la
suma de 250 millones de dólares, destinado a implementar el “Programa
de gestión de los recursos naturales de la Cuenca Matanza-Riachuelo”79.
Dicho crédito fue sub-ejecutado, por lo que en el año 2002 el mismo fue
parcialmente discontinuado y se dispuso una reasignación parcial de los
fondos de u$s 150.000.000 para solventar planes sociales.80
Esta es una de las cuestiones sobre las cuales queremos llamar la atención y plantear una alerta temprana, habida cuenta la historia que arras78
Ver. http://www.clarin.com/diario/2008/12/04/elpais/p-01815574.htm . La investigación se encuentra en trámite.
El Programa permitiría financiar cuatro subprogramas: i) reducción de la contaminación industrial;
ii) obras de control de inundaciones; iii) manejo de residuos sólidos, y iv) rehabilitación urbana.
Los montos ejecutados correspondieron a: Estudio y consultoría 57%, Actividades de recolección
de residuos en las márgenes y espejo de agua (20%), Proyectos ejecutados (17%), Obras concretas
de saneamiento (5,32 %). En la actualidad una parte de dicho crédito continúa utilizándose para
financiar obras de agua y cloaca en la Pcia, de Buenos Aires, Ver: www.espacioriachuelo.org.ar/
tra el Riachuelo en la materia y a que actualmente y tal como se detalla
más adelante, el Estado Nacional se encuentra negociando un préstamo
con el Banco Mundial destinado a las obras de saneamiento del Riachuelo cuyo monto superan los 600 millones de dólares.
VII. Participación e información
La participación pública se presenta como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por el ambiente y el desarrollo. Numerosos
acuerdos internacionales, declaraciones, planes de acción han subrayado
la importancia y necesidad de avanzar hacia el desarrollo sustentable a
través de una mayor participación ciudadana. Así, se puede mencionar
la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), la que en su
Principio 10 establece que “... el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados en el nivel
que corresponda… y que toda persona debe tener derecho al acceso a la
información que se encuentre en poder de las autoridades...”81.
La ley 26.168 dispuso en su Art. 4° la creación, en el ámbito de la ACUMAR, de una Comisión de Participación Social, integrada por organizaciones con intereses en el área y con funciones consultivas.
La CSJN complementa esta instancia asignándole al Cuerpo Colegiado
el rol de promover la participación ciudadana en el control del cumplimiento de la sentencia82. Una vez sancionada la mencionada norma la
ACUMAR convocó, de conformidad con lo dispuesto en Anexo V del
Dto. 1172/03, a un proceso de Elaboración Participada para la redacción
del “Reglamento Operativo de Comisión de Participación Social”, el cual
se prolongó por casi un año y culminó con la aprobación del citado instrumento mediante la Res 5/2007 de ACUMAR83.
Daniel Ryan. Democracia participativa, ambiente y sustentabilidad. “Ecología de la Información:
escenarios y actores para la participación en asuntos ambientales”; Flacso/Chile - Nueva Sociedad;
Fairstein y Morales. Op. cit. Pág. 353.
El mismo dispone que las organizaciones interesadas en participar debían registrarse ante la
autoridad de cuenca, y que se integraría su visión en relación al Plan de Saneamiento de la
Cuenca Matanza Riachuelo con funciones consultivas.
En términos generales el reglamento dispone la creación de un registro
de organizaciones a cargo de la Secretaría General de ACUMAR, definiéndose el modo de operar de la Comisión, la que participa al mero
efecto consultivo a través de un sistema de reuniones ordinarias y extraordinarias. Las primeras tienen como objetivo la promoción, consulta,
formación, intercambio y fortalecimiento del Plan de Saneamiento, mientras que las segundas se convocan para el tratamiento de cuestiones
puntuales. Asimismo se definieron tres ámbitos en los que se convocará
la participación de las organizaciones registradas: el municipal, el transversal y el interjurisdiccional.
Más allá de la sanción del mencionado reglamento, la ACUMAR no ha
realizado prácticamente ningún tipo de actividad destinada a integrar
la participación de la ciudadanía en el Plan de Saneamiento. En tal sentido, y como se informa en su página web84, desde agosto de 2006 se
realizaron sólo dos encuentros abiertos con organizaciones sociales que
trabajan en la cuenca. Por otro lado, a partir del dictado del reglamento operativo la Comisión de Participación Social ha realizado una única reunión en el ámbito municipal, con vecinos y organizaciones de La
Matanza en septiembre de 2008. Asimismo, se había convocado a una
segunda reunión de este tipo para el mes de diciembre de 2008 en el
municipio de Almirante Brown pero fue suspendida por las autoridades
sin establecerse una nueva fecha para su realización85.
Por otra parte, la participación prevista en la ley que regula el funcionamiento de la ACUMAR tampoco puede ser suplida por ninguna otra instancia, como podría ser el Cuerpo Colegiado creado por la CSJN, habida
cuenta que éste tiene como finalidad promover la participación ciudadana para fortalecer los mecanismos de control de la sentencia, mientras
que aquella se orienta a introducir la visión de los ciudadanos, vecinos y
afectados en las decisiones que en definitiva conformarán la gestión del
La realidad no nos permite albergar grandes expectativas de cambio en
este sentido, toda vez que el nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha manifestado públicamente que las ONGs, uno de los actores que más activamente participan en este tipo de procesos, carecen
Ver: http://www.acumar.gov.ar/PlanIntegral.aspx?Codigo=PAR
Fairstein y Morales. Op. Cit. Pág. 354.
de legitimidad para defender los intereses de los habitantes de la CMR86,
y que además difícilmente se puedan poner en práctica los sistemas de
acceso a la información y participación que estas organizaciones reclaman, por cuanto ello sería contradictorio con la necesidad de implementar las medidas urgentes para paliar la grave situación que padecen los
habitantes de la CMR87.
Tampoco podemos evitar ser críticos en los temas relacionados con la información. La posibilidad de acceder a información pública es un recurso
esencial con que cuentan los ciudadanos para poder ejercer los derechos
fundamentales, y resulta además un requisito “sine qua non” para participar de manera adecuada en todos los procesos de toma de decisiones.
Por ello la sentencia estableció una serie de medidas dirigidas a que el
Estado produzca y difunda información, las que están claramente orientadas a expandir la participación ciudadana. En tal sentido ordena que
se adopte un sistema de información pública que presente datos actualizados y detallados de manera concentrada, clara y accesible para el
La ACUMAR no ha efectuado grandes avances en este campo. En una
primera instancia pretendió tener por cumplida la obligación de instaurar un sistema de información con una simple página de Internet con
información fragmentada, desorganizada e imposible de entrecruzar. Sin
embargo en una reciente presentación efectuada ante el Juzgado Federal de Quilmes, ha dado cuenta de que está trabajando en un “marco
conceptual y una propuesta para la configuración de un sistema de información para la cuenca” que, si en efecto se implementa, posiblemente
mejore la situación existente. Este sistema podría contribuir para entender con más claridad y precisión cuáles son, y cómo se prevén implementar, las acciones que emprenderán las autoridades en pos de alcanzar los
objetivos fijados por la CSJN, todo lo cual resulta asimismo esencial para
su control y seguimiento por parte de las propias autoridades, las partes,
la Justicia y la sociedad en su conjunto88.
Homero Bibiloni. El caso “Mendoza”, analizado desde una perspectiva pública. Jurisprudencia
Argentina. Número Especial. Abeledo Perrot. 2008. IV. Pg. 19
Escrito de contestación de demanda de los 14 municipios demandados en la causa Mendoza
suscirpto por Homero Bibiloni en su carácter de apoderado general.
VIII. Las obras de saneamiento cloacal
La falta de cloacas y de tratamiento adecuado de los efluentes cloacales
constituye una de las más importantes fuentes de contaminación del
En virtud de ello, tanto en las audiencias celebradas ante la Corte,
como en documentos oficiales, las autoridades de la ACUMAR y de
AySA han explicado que la solución del problema de los efluentes cloacales que hoy se vierten de manera inadecuada e indiscriminada al
Riachuelo y sus afluentes, requiere de la realización de un complejo
sistema de obras89.
La ex Secretaria de Ambiente Romina Picolotti manifestó, ante la CSJN
que a través de las obras proyectadas en el PSICMR se beneficiará al
100% (la totalidad) de los habitantes de la Cuenca, y que se solucionará
de manera definitiva el problema de la contaminación orgánica, que es
una de los mayores cargas contaminantes que impactan en la CMR90.
Para ello el gobierno nacional solicitó el financiamiento del Banco Mundial, cuya gestión fue encabezada por la SAyDS. Dicha información también puede verse corroborada mediante el informe cursado por ACUMAR
a la CSJN el 09/11/2007 91, donde manifiesta que ha iniciado gestiones
con el Banco Mundial para lograr el financiamiento de las obras destinadas al Plan de Saneamiento, habiendo emitido la Jefatura de Gabinete
de Ministros la nota 89/07, dirigida al Director del Banco solicitando
inicialmente un crédito de U$S 640 millones92.
http://www.acumar.gov.ar/Default.aspx
contenido=629&id_seccion=247
http://www.aysa.com.ar/index.php?id_
Romina Picolotti. CSJN Audiencia Pública 6/9/2006.
ACUMAR. Informe correspondiente al Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca
Matanza - Riachuelo conforme requerimiento de la CSJN. 9/11/2007.
En agosto de 2007, la SAyDS presentó el documento “Proyecto de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza – Riachuelo”. El Gobierno nacional solicita al Banco Mundial (BIRF) que financie
dicho proyecto. En el documento de Ayuda Memoria de la 1° Misión del BIRF, de noviembre
de 2007, se define el alcance del financiamiento por un total de 640 millones de dólares, con
una relación de 80/20, que incluye la construcción del Colector Márgen Izquierda del Riachuelo
(CMI), la Planta de Pre-tratamiento Capital, la Estación de Bombeo Capital y el Emisario Submarino
Capital. El 15 de mayo de 2008, mediante la Resolución N° 14, el Agencia de Planificación del
Ministerio de Planificación (APLA) presta conformidad al Plan Director elevado por AySA, el cual no
contiene el CMD. El 1° de julio de 2008 se firma el Acta de Convergencia entre ACuMaR y AySA
donde se identifica a las obras de Saneamiento del Riachuelo como parte del Plan de Saneamiento
Integral (PISA), como medio para eliminar las descargas de las plantas de tratamiento.
Según la información provista por el Banco Mundial, las obras previstas
se dividirían en dos fases93.
La construcción del interceptor “Colector Margen Izquierda”, que receptaría la mayor parte de los efluentes cloacales provenientes de la
CABA, lo cual aliviaría la Planta de Berazategui, permitiendo que se
extiendan las redes de cloacas a la zona sur (los municipios de Lanús,
Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown).
La construcción de una Planta de Tratamiento primario y Estación
Elevadora de efluentes situada en la zona del Dock Sud.
Un Emisario submarino en el Río de la Plata, que tendrá por función
generar la descarga final de todo el líquido colectado.
3. Planta de
Componente: Fase I
4. Emisario
Cuenca M-R
Obras incluidas en la primera solicitud de financiamiento del Gobierno
Ver www.espacioriachuelo.org.ar/newsletters - http://www.acumar.gov.ar/Default.aspx y http://
www.aysa.com.ar/index.php?id_contenido=629&id_seccion=247.
Construcción de un sistema colector de efluentes sobre margen derecha del Riachuelo94.
Instalación de una estación de bombeo y emisario Berazategui.
Construcción de un colector costanero desde la Boca hasta San Isidro.
Sistema completo (Fases I y II)
8. Colector Costanero
6.	Estación
5.	Red de
(números 1 a 4).
Obras incluidas en la lista de “financiamiento adicional” del Gobierno
(números 5 a 8).
No incluido en la infografía. Posteriormente y partir de la firma de un documento de Convergencia
entre la ACUMAR y AYSA en el año 2008, se propuso la construcción de un Colector Margen
Derecho para que todas las descargas que actualmente recibe el Riachuelo de las plantas
Sudoeste y Jaguel fueran conducidas a la planta de tratamiento Capital. Sin embargo a la fecha
de cierre del presente informe dicha obra no ha sido confirmada, ya que se han propuesto otras
En relación con las obras mencionadas, hasta el mes de Marzo de 2009,
el Banco Mundial no ha aprobado el desembolso del crédito mencionado y las obras no han comenzado a ejecutarse
Las únicas obras que cuentan con un grado de avance son aquellas relacionadas con la ampliación de la planta sudoeste y el colector cloacal
que permitiría extender los servicios a La Matanza. El contrato para la
ampliación de la planta sudoeste fue firmado en el mes de octubre de
2007, sin embargo las obras comenzaron a ejecutarse en mayo de 2008
y al mes de marzo del 2009 su ejecución apenas alcanza el 17%95.
Observamos que ACUMAR mantiene una actitud errática en la materia donde las promesas y anuncios varían constantemente desde que
comenzó el proceso. La falta de ejecución de obras prometidas y/o su
atraso se da en un contexto en el que el plan de obras presenta una
notable informalidad, y en el que no existen mecanismos para exigir
su ejecución y cumplimiento en fecha. Tampoco se han garantizado los
recursos económicos96.
Aunque se firmó un documento entre AySA y ACUMAR para acordar las
obras a realizarse, aún no se definió el diseño de un sistema que permita, al mismo tiempo, la extensión de las redes y el adecuado tratamiento
de los efluentes de modo de evitar un mayor daño ambiental al Riachuelo o trasladar la contaminación Río de la Plata.
Asimismo, se desconoce a la fecha un programa de saneamiento cloacal
que sea compatible con los objetivos de recomposición ambiental que
fijó la CSJN.
Finalmente cabe destacar que, de acuerdo a la Ley 26.221 que aprueba
el marco regulatorio de AySA y su decreto reglamentario 763/07, la
empresa debía ser incorporada a dicho contrato. No obstante ello el
contrato nunca fue firmado y se ha avanzado en la planificación de las
obras sin haberse dado participación a la sociedad civil, ni siquiera se han
constituido los órganos que legalmente deben intervenir en la elaboración de dicho plan97.
Fairstein y Morales. Op. cit.
Cuerpo Colegiado. Informe cit.
IX. Control de las industrias de la CMR
Tal como lo hemos descripto en la parte inicial, la contaminación industrial representa otra de las principales fuentes de contaminación que
impactan sobre la CMR. La CSJN hizo especial hincapié en este aspecto y
estableció un conjunto de obligaciones en cabeza de la ACUMAR, cuyo
objetivo final se orienta a lograr el cese de vertidos contaminantes.
Como puede observarse en el cuadro siguiente, el mandato dispuesto
por la CSJN se traduce en un cronograma muy preciso de obligaciones,
en donde cada una de las mismas conforma una etapa, la que una vez
cumplida da lugar a la subsiguiente.
1)	Inspección de la totalidad de las empresas ubicadas en la cuenca.
2)	Determinación, mediante un acto administrativo,
de aquellas que resultan ser “agentes contami-
nantes” del ambiente de la Cuenca .
3)	Puesta en marcha de un programa de reconversión para aquellas empresas así identificadas, cuyo
fin es evitar que continúen degradando el ambi-
ente de la cuenca.
4)	Ordenar el cese de vertidos y clausura de los agentes contaminantes que no realicen la reconversión
Más allá de toda especulación que pueda realizarse respecto de los plazos fijados en la sentencia, es evidente que los mismos no son elementos
aleatorios que pueden modificarse a criterio y conveniencia de la administración, sino que sirven para delimitar el tiempo con que ésta cuenta,
para llevar a cabo las tareas encomendadas para cumplir con las metas
establecidas y dar paso a las etapas siguientes.
El primero de los mandatos previamente señalados, que estipulaba la
realización de inspecciones a la totalidad de las industrias radicadas en
la cuenca venció el 05/09/2008, tiempo en el cual la ACUMAR presentó
ante el Juez de Ejecución la documentación con la que, según su interpretación, acreditaba haber dado por cumplido lo ordenado por el máximo tribunal. En su informe manifestó haber “inspeccionado la totalidad
de industrias generadoras de efluentes líquidos existentes en la CMR”,
que según su interpretación conforman el universo total de las industrias
que la Corte ordenó inspeccionar.98
La realidad de los hechos es muy diferente a la que presenta ACUMAR,
Porque el organismo no cumplió con el mandato de inspeccionar a
las industrias, sino que se limitó a realizar un relevamiento de las mismas.99
Tampoco respetó el mandato de hacerlo sobre la totalidad de las
industrias radicadas en la cuenca, sino que sólo lo hizo respecto de
aquellas generadoras de efluentes líquidos.
Más allá de estos aspectos que resultan determinantes a la hora de evaluar el cumplimiento de los mandatos dispuestos en la sentencia, lo cierto es que todavía continua sin conocerse cuál es el universo de los establecimientos que conforman la base de industrias existentes en la CMR.
Hemos manifestado desde el Cuerpo Colegiado que este incumplimiento es aún más inaceptable
si se recuerda que nos encontramos dentro de un proceso judicial que inició su actuación en Junio
de 2006, por lo cual se entiende que la ACUMAR ha tenido tiempo suficiente para llevar a cabo
las tareas de inspección, que en su momento la propia autoridad se comprometió a efectuar.
La definición del término “inspección” utilizada por la ACUMAR, aún en sentido estricto, no
es ni siquiera coincidente con la ampliamente aceptada en el ámbito nacional e internacional.
Tradicionalmente se ha identificado el concepto de inspección administrativa con el de policía
administrativa, o mejor dicho, como una modalidad de esta última, definiéndose como un
instrumento o técnica a través de la cual el Estado interviene en las relaciones particulares para
verificar que, efectivamente, se ajustan a la legalidad .Por inspección administrativa nos referimos
a una actividad ejercitada por los órganos competentes de la administración, consistentes,
básicamente en “actuaciones de investigación y de contraste, o evaluación del grado de
conformidad de las actividades objeto de control con la norma de carácter predominantemente
técnico - condiciones, requisitos, estándares, especificaciones, etc.” (S. FERNÁNDEZ RAMOS, La
actividad Administrativa de Inspección, ed. Comares, Granada, 2002, pags 54 y 55). Ver escrito
de contestación de traslado elaborado por el Cuerpo Colegiado, en autos Mendoza, Beatriz c/
Estado Nacional y Otros s/Daños y Perjuicios derivados de la Contaminación del Río Matanza –
Riachuelo s/Proceso de Ejecución de Sentencia”. http://www.farn.org.ar/riachuelo/index.html y
http://www.defensor.gov.ar/riachuelo/riachuelo
La ACUMAR señala que el número de industrias y establecimientos pasibles de inspección en la CMR alcanza a 4103100, mientras que la Autoridad del Agua de la Pcia. de Buenos Aires, encargada de otorgar los
permisos de vertidos en esta jurisdicción, expresa que el Universo de
industrias registradas en la CMR alcanza a 10.161. El Censo Nacional
Económico de 2005 identifica, en las jurisdicciones pertenecientes a la
CMR la totalidad de 12.181 establecimientos industriales, de los cuales
10.732 corresponden a la Provincia de Buenos Aires, mientras que 1.449
pertenecen a la CABA101.
El Cuerpo Colegiado estimó que la obligación de inspeccionar las empresas, cuyo plazo venció en el mes de setiembre de 2008, se encontraba
incumplido, por lo cual demandó al Juez Federal de Quilmes la imposición de la multa diaria prevista para los casos de incumplimiento en la
sentencia de la CSJN, y la intimación a ese mismo organismo para que
subsanara las falencias detectadas.102 El magistrado, mediante auto de
fecha 22/10/08, no consideró procedente la aplicación de multas, no
obstante lo cual tuvo en cuenta la mayor parte de las observaciones
efectuadas por el Cuerpo Colegiado,103 y ordenó además a la ACUMAR
continuar con las inspecciones de las industrias hasta completar la totalidad de las empresas ubicadas en la Cuenca.
Los mandatos y los plazos previstos en la sentencia forman parte de un
conjunto de obligaciones que no pueden ser tomadas ni valoradas de
manera individual o escindida unas de otras, habida cuenta que, en la
mayor parte de los casos, forman secuencias o etapas, las que una vez
cumplidas dan lugar al inicio de la siguiente104. Por ello, nos permitimos
Escrito presentado por ACUMAR ante el Juzgado Federal de Quilmes. 05/09/2008.
Escrito presentado por ACUMAR ante el Juzgado Federal de Quilmes. 05/09/2008
Defensor del Pueblo de la Nación. Documento cit.
El escrito presentado por el Cuerpo Colegiado ante el Juez de Ejecución se pronunció además
sobre los estudios del estado del agua superficial y subterránea de la CMR, expresando que
el mismo presenta importantes falencias metodológicas que dificultan su validación. Asimismo
manifiesta que no se acompañan copias de los protocolos de laboratorio, por lo cual no se
tiene conocimiento del responsable directo de los análisis y del procesamiento de las muestras;
no se explica el criterio tenido en cuenta para determinar los sitios de muestreo, ni el alcance
geográfico de los elegidos; respecto del agua subterránea las profundidades de toma de muestra
presentadas en las planillas no coinciden con la profundidad real de los acuíferos señalados.
En el caso de las industrias surge muy claramente ya que primero se ordena llevar a cabo las
inspecciones a la totalidad de las radicadas en la Cuenca, luego la determinación de aquellas que
disentir con el criterio adoptado por el Juez de la Ejecución, en cuanto a
la no imposición de multas al titular del ACUMAR, habida cuenta que el
fundamento de la imposición este tipo de penalidades en el fallo de la
CSJN no obra como un castigo ante el incumplimiento, sino como un elemento de disuasión, destinado a romper las resistencias estatales que no
aceptan la intervención de la justicia en temas que consideran propios de
la gestión, y que con su accionar transforman a las sentencias judiciales
en meras expresiones de voluntad.
Otro de los aspectos que se encuentra pendiente de definición por parte
de la ACUMAR, y que ha sido medular en el fallo de la CSJN, es el que se
refiere a la definición del concepto de recomposición ambiental.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “el daño ambiental genera, prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley”. El término recomposición hace referencia a la necesaria reparación al status quo ante o in natura del ambiente dañado105, y
cuenta con implicancias jurídicas diferentes de otros vocablos, como por
ejemplo el de resarcimiento utilizado en el 1083 del Código Civil.
La ley N° 25.675 agrega contenido específico al significado objeto de la
presente pretensión en su artículo 28: “El que cause el daño ambiental
será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción”.
Es importante volver a remarcar que la cuenca padece un estado de deterioro tal que no será fácil volver a una buena situación ecológica, que
permita ser disfrutada por sus habitantes y que recupere el equilibrio
entre el ambiente y la población que allí habita.
La Corte Suprema determinó los aspectos centrales a implementarse
para iniciar el camino de la recomposición ambiental, mediante las obligaciones que surgen del Considerando 17 del fallo. Cada uno de estos
puntos impone a la Autoridad de Aplicación el establecimiento de objese consideren como las más contaminantes. Una vez cumplidos los dos pasos anteriores se dará
inicio a los Planes de Reconversión Industrial para luego efectuar las correspondientes órdenes
de cese de vertidos contaminantes.
Daniel Alberto Sabsay y María Eugenia Di Paola. “El daño ambiental colectivo y la nueva ley
general del ambiente”. Anales de Legislación Argentina, (ADLA). Boletín Informativo nº 17, Ed.
tivos y planes específicos para llevar adelante la recomposición del daño
ambiental de la cuenca.
En este sentido la situación de las industrias requiere una especial atención, toda vez que, tal como lo afirman los documentos que forman
parte del PSICMR, “la mayoría de éstas utiliza para su proceso de producción metales pesados tales como arsénico, cromo, mercurio y plomo,
todos encontrados en el agua del Riachuelo por encima de los niveles
permitidos por la normativa pertinente”106.
En lo que respecta a la contaminación derivada de la presencia de sustancias peligrosas, la única manera de permitir que el ambiente de la
cuenca pueda recomponerse –sin trasladar los problemas ambientales
hacia otras áreas– es elaborando planes que establezcan la reducción
progresiva de las sustancias peligrosas que hoy se vierten a la cuenca, o
bien planes de sustitución donde se culmine con el vertido, las descargas, las emisiones y las pérdidas de este tipo de sustancias107.
Esto deberá realizarse bajo la premisa del principio de progresividad consagrado en el Art. 4° de la Ley 25.675, el que implica que “los objetivos
ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas
interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite
la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos
Ahora bien, para que ello sea posible, es necesario que la ACUMAR defina y desarrolle un cronograma que apunte a la reducción de vertidos,
que cuente con plazos concretos que permitan conocer los siguientes
pasos en la progresión. Por otra parte también se deberán establecer los
instrumentos de carácter normativo que contengan los volúmenes de
la carga másica de contaminantes que puede soportar el río, como así
también la definición de los usos del cuerpo receptor, herramientas que
resultan de fundamental importancia para la gestión de recomposición
de la cuenca108.
Resolución ACUMAR 8/2007, Anexo I: Resumen Ejecutivo PSI págs. 7/11.
Cuerpo Colegiado. Escrito presentado ante el Juzgado Federal de Quilmes.
Plan de Rescate del Riachuelo. Greenpeace. Pág. 45.
El objetivo de calidad que debería guiar este cronograma es el de alcanzar concentraciones en el ambiente de la cuenca similares a los niveles
de fondo para las sustancias peligrosas que existen en la naturaleza,
y cercanos a cero para las sustancias y compuestos producidos por el
hombre109.
Entendemos que no será posible recomponer, especialmente si no se
deja de contaminar. En el caso de las sustancias químicas tóxicas y peligrosas, eso significa, dejar de emitir, tanto al agua, como al aire y al suelo, los compuestos más peligrosos desde el punto de vista de la salud y
el medio ambiente110. Los países europeos, por ejemplo, ya han tomado
compromisos de reducción progresiva de vertidos de este tipo de sustancias peligrosas como único camino para lograr la calidad de las cuencas
marítimas o fluviales111.
El camino por recorrer debe iniciarse con la inmediata adopción de un
cronograma de eliminación progresiva de los vertidos y emisiones al ambiente de la cuenca de sustancias peligrosas. Para lograrlo es necesario
poner en marcha una batería de medidas que incluyan la mejora en los
procesos productivos, en las operaciones y en el mantenimiento, pero
principalmente se requiere sustituir las sustancias peligrosas por otras
que no lo sean o por procesos que no las requieran112.
De no ser posible la sustitución, en el corto plazo, hay algunas sustancias
que pueden ser destruidas a través de tratamientos actualmente disponibles para llevar a cero sus emisiones al ambiente. Los metales pesados
como el plomo, el cromo, el cadmio y el mercurio son ejemplos de los
químicos que no se pueden degradar en las plantas de tratamiento y se
Greenpeace. Doc. cit. Pág. 46.
Los compuestos peligrosos que no pueden ser destruidos en las plantas de tratamiento deberán
ser directamente sustituidos de los procesos de producción, reemplazándolas por otras menos
peligrosas. A menudo la reducción de la carga de un contaminante en un medio determinado se
traduce en el aumento de su presencia en otro medio. Por ejemplo, las plantas de tratamiento
convencionales, en el caso de los compuestos que no pueden destruirse allí, acaban pasando los
contaminantes del medio líquido al sólido, reduciendo los vertidos directos pero aumentando el
problema de contaminación de los barros de las plantas. Greenpeace. Riachuelo. Documento
Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea. Cuarta Declaración Ministerial para la Protección
del Mar del Norte, 9 de junio de 1995, Declaración de Sintra, firmada en Portugal en julio de
Cuerpo Colegiado … Doc. Cit.
encuentran en concentraciones preocupantes en diversos puntos de la
cuenca, según distintos estudios113.
Estos metales, presentes en el ambiente de la cuenca, son elementos
que tienen un conocido impacto ambiental y sanitario, y conforman apenas la punta del iceberg de un problema mucho mayor que involucra a
otros cientos de compuestos con propiedades similares, cuyos vertidos y
emisiones al ambiente de la CMR también deben ser sujeto de reducción
progresiva hasta llegar a cero, cuestión que estimamos debería establecerse para el año 2020114.
Para ello será necesario poner en marcha planes de sustitución que permitan reducir sus vertidos y emisiones de manera escalonada, fijando
metas y porcentajes de reducción en fechas intermedias que deberán ser
cumplidas por todos los involucrados.
La puesta en marcha de un proceso como el que han recorrido otros
países, y que resulta imprescindible impulsar para reducir fuertemente la
contaminación de origen industrial en la CMR, requiere de la presencia
fundamental de un estado con suficiente jerarquía institucional y técnica
como para liderar un proceso de esta magnitud, y que deberá necesariamente involucrar al sector privado, que hasta el momento se ha mostrado prácticamente ausente de todo tipo de iniciativas.
La CMR se encuentra actualmente ante una oportunidad histórica, tal
vez la última que tenga para revertir el lastimoso estado en que se encuentra, e impulsar acciones que apunten a mejorar las condiciones de
vida de millones de habitantes que hoy sufren de manera directa las
La intervención de la Corte Suprema, en una pieza de enorme trascendencia jurídico-institucional, ha permitido romper la inercia que históricamente acompaño a la cuestión del Matanza – Riachuelo, donde nunca se
pusieron en marcha planes y/o acciones tendientes a revertir su crítico es113
tado, sino que además ha señalado el camino que se deberá seguir para
iniciar la compleja tarea de recomponer el daño ambiental existente.
No obstante ello, el saneamiento de la Cuenca requiere necesariamente
de la realización de un conjunto de obras de infraestructura de gran envergadura y además una transformación de todo el modelo productivo
existente, cuyo sostenimiento necesita de una férrea voluntad política y
hasta un cambio paradigmático hacia el interior de la administración del
Estado, cuestión que hasta el presente no parece vislumbrase, al menos
con la claridad y la rapidez que las obligaciones pendientes reclaman.
Por otra parte, las soluciones que el Riachuelo reclama no son únicamente de carácter técnico, en la medida en que, como ya lo hemos
expuesto, estamos en presencia de una problemática de neto carácter
socio-ambiental que reclama fundamentalmente la participación y el involucramiento de toda la sociedad.
Asimismo, llama poderosamente la atención la falta de involucramiento
que en todo este tiempo ha manifestado el sector privado, quienes son
una parte del problema que no parece sentirse parte de la solución.
De allí que el camino a recorrer hacia ese objetivo requiere de un gran
esfuerzo de todos los sectores involucrados. Tal como lo hemos afirmado a lo largo de todo el proceso judicial abierto en la Corte Suprema,
estamos convencidos de que el caso riachuelo nos ha colocado ante
una gran oportunidad para comenzar a saldar la mayor deuda interna
ambiental de la Argentina y hacer efectiva la vigencia de los derechos
humanos fundamentales de aquellos que sufren las consecuencias de la
Pero eso no será posible hasta tanto no pongamos en marcha una política de Estado, y eso es algo que hoy reclama su presencia.
Autor: Andrés Nápoli Publicación: Informe Ambiental FARN 2009

References: artículo1

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 Resolución 
 artículo 41
 artículo 28

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