Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/655638469
Timestamp: 2019-12-11 17:32:59+00:00

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Sentencia de Tutela nº 638/16 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 655638469
ESTABILIDAD LABORAL DE PREPENSIONADOS. A mediados del año 2014 el actor solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, pero dicha pretensión fue denegada por contar con 60 años de edad y 1247 semanas de cotización, cuando requería tener 62 años y 1275 semanas. No obstante lo anterior, en octubre de 2015 la empresa empleadora decidió dar por terminado el contrato de trabajo, argumentando motivos estrictamente administrativos. Aduce el peticionario, que se encuentra desprotegido y sin dinero para afrontar la responsabilidad de su hogar y los otros compromisos adquiridos, por lo que requiere que el juez constitucional ampare sus derechos fundamentales y ordene su reintegro. Se aborda temática relacionada con la procedencia de la acción de tutela, los derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo y a la igualdad y; el retén social. En sede de revisión se constató que se puso fin a la vulneración de los derechos del actor, ya que no sólo se le pagaron las sumas ordenadas por el juez constitucional y la seguridad social, sino que se le otorgó la pensión de vejez por parte de Colpensiones. Con base en lo anterior se declara la carencia actual de objeto por haberse configurado un HECHO SUPERADO.
Acción de tutela instaurada por E.G.B. contra la Compañía de Azúcares y Mieles S.A. –CIAMSA- y C. S.A.
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (E), A.R.R. y J.I.P.P., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente:
Mediante escrito radicado en la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura (Valle del Cauca) el 1º de diciembre de 2015, el señor E.G.B., por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA- (posteriormente de oficio se vinculó a C.), invocando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, salud, seguridad social en pensiones, mínimo vital, trabajo, debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la accionada. Lo anterior porque, a pesar de que tiene la calidad de pre-pensionado, se le dio por terminado el contrato de trabajo que tenía con la empresa mencionada.
1.1. El 1º de agosto de 2012 el señor E.G.B. se vinculó laboralmente a la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA-, en oficios varios, mediante contrato de trabajo a término indefinido.
1.2. El 11 de junio de 2014 el actor solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones –C.- la pensión de vejez, pero le fue negada mediante acto administrativo núm. GNR 247602 del 7 de julio de 2014 y confirmada con la resolución núm. GNR 1085 del 5 de enero de 2015, porque para esa fecha tenía 60 años de edad y 1247 semanas cotizadas, debiendo acreditar 62 años y 1275 semanas de cotización.
2.1. El Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Buenaventura (Valle del Cauca) mediante auto del 2 de diciembre de 2015 admitió la demanda y corrió traslado de la misma a la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA- y a C., con el fin de integrar el contradictorio, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones planteados por el accionante.
2.2. El apoderado general de la accionada -CIAMSA-, tras aceptar que el accionante fue trabajador de la empresa por un término de 3 años y 2 meses y que se optó por pagar la indemnización legal mas no invocar las causas justas que existían para el retiro del actor[1], solicitó se negara el amparo. Ello en atención a que respecto del señor G.B. no se advierte causal alguna que le dé derecho a la estabilidad absoluta en el empleo. En ese orden de ideas, consideró que el retiro con o sin justa causa solo conlleva la indemnización, manteniéndose el despido.
Aunado a lo anterior, indicó el apoderado que tampoco se ha demostrado el perjuicio irremediable que se impone en estos eventos y menos aún los presupuestos que predica la ley para la acción de tutela entre particulares; además, el actor tiene otras vías judiciales para hacer valer sus derechos[2].
2.7. C., por intermedio de su Vicepresidente Jurídico y S. General, pidió se desvinculara a la misma por falta de legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior porque solo puede “asumir asuntos relativos a la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en materia pensional, ya que este es el marco de su competencia y en consecuencia, no puede asumir otros temas diferentes, ya que COLPENSIONES no se encuentra legalmente facultado para ello”[3].
En suma, se otorgó el amparo por el juez constitucional de primer grado luego de señalar que “la edad del señor E.G.B., permitía considerar su estado de debilidad manifiesta, más aún cuando le faltan dos años para pensionarse y con menos posibilidades de vincularse laboralmente para seguir cotizando a la seguridad social y, toda vez que la terminación del contrato de trabajo suscrito con el señor E.G.B., quedaba desprotegido del derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida digna, al ser desvinculado de la EPS, y no contar con los recursos para el pago de aportes, y como lo manifiesta el accionante “TENGO PROBLEMAS CON EL BANCO, DEBO LOS SERVICIOS PUBLICOS NO HE PODIDO PAGAR SALUD, Y NO HE PODIDO MATRICULAR LOS NIÑOS AL COLEGIO” (sic) afectando de esta manera su derecho al mínimo vital, y seguridad social. Por cuanto su salario es el único ingreso para los gastos de su núcleo familiar compuesto por su compañera permanente y sus dos hijos menores de edad”[4].
3.2. Impugnada la sentencia, a través de providencia del 18 de abril de 2016, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura (Valle del Cauca) la revocó al considerar que la acción era improcedente por carecer del requisito de subsidiariedad. En efecto, señaló que el asunto giraba en torno a un problema de carácter laboral, toda vez que el actor fue despedido sin justa causa, no obstante, fue indemnizado por la sociedad, “dinero que no fue rechazado por el accionante, pese a que se consignó en su cuenta bancaria, el cual fue utilizado para el pago de acreencias bancarias”[5].
Asimismo, aceptó que si bien la situación del actor “podría encuadrar dentro del denominado “Retén social de prepensionado”, pues sencillamente es sabido que el status de pensionado se alcanza cumpliendo de forma coetánea dos requisitos –la edad y las semanas cotizadas-, y para el caso concreto, no hay duda que el señor E.G.B., está próximo a cumplir 62 años de edad, pero solo cotizó 1247 semanas, siendo necesarias 1275 semanas cotizadas”, no es menos que la sociedad accionada, con base en su autonomía, dio por terminado el contrato de trabajo y le reconoció la indemnización respectiva.
Lo anterior, de acuerdo con los parámetros del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, aunque sin acudir a la autoridad para el pertinente permiso “de ahí que no se pueda coaccionar a dicha empresa a reintegrar al actor, pues se carece de un soporte legal para emitir tal orden, ya que ese acto de despido se constituyó en legal por el hecho de pagar la indemnización, siendo ello sinónimo de una conducta legítima contra la cual no procede la acción de tutela”[6].
4.1. Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación de la sociedad demandada, expedida por la Cámara de comercio de Cali[7].
4.2. Fotocopia de la resolución GNR 247602 del 7 de julio de 2014, suscrita por la Gerente Nacional de Reconocimiento de C., por medio de la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al señor E.G.B. por no contar con los requisitos legales[8].
4.3. Fotocopia de la resolución GNR 1085 del 5 de enero de 2015, suscrita por la Gerente Nacional de Reconocimiento de C., por medio de la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo, el cual se confirma porque para esa fecha el actor cuenta con 60 años de edad y 1247 semanas cotizados, cuando precisa de 62 años y 1275 semanas[9].
4.4. Fotocopia del escrito del 9 de octubre de 2015, firmado por el Director de Recursos Humanos de la sociedad C.I. de Azúcares y Mieles S.A., dirigido al accionante, por medio del cual le comunica la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo a partir de esa misma fecha, “por motivos estrictamente administrativos”[10].
4.5. Fotocopia del contrato individual de trabajo suscrito por el actor con la demandada, el 31 de julio de 2012[11].
4.6. Testimonio del señor E.G.B., vertido el 9 de diciembre de 2015, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Buenaventura. Allí expuso el actor, que fue vinculado mediante contrato de trabajo a término indefinido y su oficio era el de conductor de los equipos como elevador, R-D y grúa, entre otros; además, que hacía parte del sindicato de la empresa. Afirmó que no tuvo conflicto alguno y mucho menos incumplió con sus labores. De otro lado, señaló que tiene dos hijos estudiantes de 9 y 11 años y es él quien vela por la subsistencia de su hogar, toda vez que su cónyuge no labora[12].
Conforme con el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte) que faculta a esta Corporación para arrimar elementos de convicción en sede de revisión, mediante auto del 14 de septiembre de 2016 se decretaron las siguientes pruebas:
1.1. A la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A –CIAMSA- remitir las copias de la hoja de vida del señor E.G.B., del (o los) contrato (s) de trabajo suscrito (s) con el mismo, de la constancia de pago de la indemnización y dónde se consignó.
1.2. A C. el envío de copia de la historia laboral del señor E.G.B..
1.3. A la Registraduría Nacional del Estado Civil que remitiera copia de la tarjeta alfabética de la cédula de ciudadanía a nombre del señor E.G.B..
1.4. Al señor E.G.B. que enviara los registros civiles de sus dos hijos y certificado de la entidad bancaria sobre el crédito que posee. Así mismo, que allegara constancia del colegio en la que se informara si sus descendientes se encontraban matriculados o no y cuándo se pagaron las matrículas.
En respuesta a esas solicitudes se allegaron como pruebas relevantes:
2.1. Oficio del 20 de septiembre de 2016 procedente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio del cual se remite copia de la tarjeta alfabética de la cédula de ciudadanía a nombre de E.G.B., con fecha de nacimiento el 11 de junio de 1954.
2.2. La V. de Financiamiento e Inversiones de C. remitió copia de la historia laboral del señor E.G.B., de la cual se desprende que al 31 de mayo de 2016 tenía 1.346.70 semanas cotizadas.
“TERCERA: El señor G.B. ha manifestado personalmente y a través de su apoderado, no desear reintegrarse a la empresa tal como lo afirmó el fallo de tutela y por lo tanto solicita exonerarlo de presentarse a laborar y en consecuencia pagarle la liquidación de las sumas determinadas en la sentencia, en una sola suma…y que equivale a la suma de cuatro millones ciento ochenta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos Mcte ($4.183.677 Mcte), los cuales se entregan en el presente acto con cheque del Banco de Colombia situación que se presentará hasta cuando C. decrete la pensión de vejez, fecha en la cual se dará por terminado el contrato de trabajo que ha ligado a las partes, el cual en todo caso no podrá tener una fecha posterior al 31 de diciembre de 2016…QUINTA: Con el fin de precaver cualquier litigio por la vía judicial o extrajudicial a manera de Transacción, acuerda la Empresa Ciamsa S.A. pagar al señor E.G.B., con el cheque del Banco de Colombia, TRECE MILLONES DOCIENTOS (sic) CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.253.455.oo Mcte), que corresponde al valor de la liquidación adelantada del contrato de trabajo, quedando completamente satisfechas y transigidas las diferencias que pudieran haberse generado entre las partes”.
A través de auto del 10 de octubre de 2016 se ordenó establecer si el citado acuerdo se cumplió y para ello se dispuso oficiar a CIAMSA S.A. y escuchar el testimonio del actor, comisionándose al Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Buenaventura (Valle del Cauca).
En respuesta a esas órdenes, se allegaron:
4.1. Escrito del apoderado del accionante, en el cual solicitó “se tenga por desistido el escrito que dio pie para adelantar la presente revisión”, porque el 4 de octubre de 2016 suscribieron un acuerdo con la empresa. En este, solucionaron “el conflicto suscitado en la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, lo cual se le reconocieron todos los dineros dejados de pagar hasta el día de su desvinculación, y de hecho al mismo ya se le reconoció su pensión de vejez”[13]. Adjuntó copias del (i) acta de transacción y (ii) de la resolución núm. GNR 254921 del 30 de agosto de 2016, por medio de la cual C. le reconoció y ordenó pagar la pensión de vejez al actor, a partir del mes de septiembre de 2016.
4.2. Comunicación, suscrita por el Director de Recursos Humanos de la compañía C.I. de Azúcares y Mieles S.A., a través de la cual hace llegar copias de los soportes de pago realizados al señor G.B. y a la seguridad social por los meses de octubre de 2015 a septiembre de 2016[14].
2.1. El accionante, por intermedio de apoderado, solicitó el amparo constitucional contra la Compañía de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA-– al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, mínimo vital y la salud, al trabajo, al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad y al derecho adquirido, puesto que dio por terminado el contrato de trabajo a término indefinido cuando le faltaban menos de un año para adquirir el status de pensionado.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos”[15].
“ (…) esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”[16]. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz”[17].
3.3. En ese orden de ideas, la Corte ha desarrollado la tesis sobre la carencia actual de objeto, a fin de evitar que los pronunciamientos constitucionales se tornen inocuos. No obstante, se ha indicado que “ese propósito se debe ver con base en una idea sistemática de las decisiones judiciales. Así, es claro que la tarea del juez constitucional no solo es proteger los derechos fundamentales a través de la solución de controversias, sino también, mucho más en un Estado Social y Democrático de Derecho, supone la presencia de injusticias estructurales que deben ser consideradas[18] y a pesar de que no existan situaciones fácticas sobre las cuales dar órdenes, ello no es suficiente para obviar la función simbólica que tienen sus decisiones[19]. De allí que se haya establecido que las sentencias de los jueces de tutela deben procurar por la vigencia subjetiva y objetiva de los derechos, pero también la supremacía, interpretación y eficacia de la Constitución de 1991”[20].
3.4. La carencia actual de objeto puede ocurrir por haberse superado el hecho o por daño consumado. El hecho superado “se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado[21] en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”[22]. En otras palabras, significa que el accionado ha cumplido con las peticiones del actor. Esta Corte también ha señalado que “se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico o sustracción de materia”[23].
En este evento, la Corte ha dispuesto que no es imperioso que en el fallo se realice un estudio sobre el fondo del asunto, excepto que el juez considere necesario hacerlo para “llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[24].
3.5. Por el contrario, el daño consumado se presenta cuando “la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia del obrar negligente de su E.P.S.[25], o cuando quien invocaba el derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso del inmueble que habitaba[26]”[27]. “En casos como los anotados, esta Corporación ha reiterado que si la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción, es deber del juez constitucional pronunciarse sobre el fondo del asunto[28]. Lo anterior, con propósito de evitar que situaciones con iguales características se produzcan en el futuro[29]. Esto último, con el propósito de defender la efectividad de las garantías fundamentales como expresión del sistema de valores y principios que nutren el ordenamiento jurídico[30]”.
4.2. La acción de tutela se caracteriza por ser subsidiaria, esto es, que su procedencia está supeditada a la inexistencia de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como herramienta transitoria para evitar un perjuicio irremediable o cuando los mecanismos resultan inidóneos para afrontar la vulneración o amenaza. Así se desprende del citado precepto constitucional y el artículo 6, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991[31].
Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo”[32].
“la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción[33]. El medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”[34].
“Si bien el accionante podría acudir a la jurisdicción ordinaria para debatir la legalidad de su despido, el proferimiento del fallo definitivo puede tomar un periodo muy prolongado, que haría que la situación de vulnerabilidad que atraviesan él y su familia se extendiera indefinidamente en el tiempo, pues él como único proveedor de recursos, por su avanzada edad, muy probablemente verá limitadas las posibilidades de conseguir un empleo para solventar los gastos de su hogar, hasta que la jurisdicción respectiva atienda de manera definitiva las pretensiones que reclama[35].
Ante tal evento, “la acción constitucional aventaja al mecanismo ordinario de defensa judicial, por resultar eficaz en medida y oportunidad”[36], en tanto se convierte en un medio célere y expedito para dirimir los conflictos en los que el afectado es un sujeto de especial protección constitucional en consideración de su edad y por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta por su situación económica (inciso 3º, del artículo 13)”[37].
“La acción de tutela contra particulares procede en las situaciones en que el solicitante se encuentre en estado de indefensión o de subordinación. Al igual que en el caso del servicio público, esta facultad tiene su fundamento jurídico en el derecho de igualdad, toda vez que quien se encuentra en alguna de las situaciones referidas no cuenta con las mismas posibilidades de defensa que otro particular. Por ello, el Estado debe acudir a su protección -en caso de haberse violado un derecho constitucional fundamental-, la cual no es otra cosa que una compensación entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato del derecho. Con todo, también debe advertirse que las situaciones de indefensión o de subordinación deben apreciarse en cada caso en concreto”[38].
4.7. La subordinación se refiere a “la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen”[39]. Asimismo se ha considerado el caso de los sindicatos con relación a la empresa, de los hijos menores respecto de los padres y los residentes de cara a las Juntas Administradoras de los conjuntos residenciales[40]. Es decir, la subordinación proviene de un vínculo jurídico existente entre las partes, mientras que la indefensión surge de una situación de facto[41].
“i) Si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; ii) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; y iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”[42].
“Así las cosas, la Corte Constitucional ha previsto, que, no obstante lo anterior, hay algunos casos en que no cabe aplicar de manera estricta y rígida el criterio de la inmediatez para interponer la tutela, cuando (i) se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, a pesar de que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la acción, la situación desfavorable del actor, consecuencia del agravio, continúa y es actual, y (ii) cuando la especial situación de la persona afectada hace que sea desproporcionada atribuirle la carga de acudir a un juez en un momento dado, por ejemplo, cuando se trata de personas que se encuentran en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros[43]”.
El derecho fundamental de la Seguridad Social
5.2. La jurisprudencia de esta Colegiatura ha concluido que “el derecho a la seguridad social es un real derecho fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en concordancia con el principio de universalidad. Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la seguridad social no puede ser confundido con su aptitud de hacerse efectivo a través de la acción de tutela. En este sentido, la protección del derecho fundamental a la seguridad social por vía de tutela solo tiene lugar cuando (i) adquiere los rasgos de un derecho subjetivo; (ii) la falta o deficiencia de su regulación normativa vulnera gravemente un derecho fundamental al punto que impide llevar una vida digna; y (iii) cuando la acción satisface los requisitos de procedibilidad exigibles en todos los casos y respecto de todos los derechos fundamentales” [44].
Internacionalmente también existen instrumentos orientados a proteger el derecho fundamental a la seguridad social de las personas, verbi gratia, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9[45]), el Código Iberoamericano de la Seguridad Social (art. 1º[46]), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 22[47]), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 16[48]) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 9[49]). De acuerdo con estas normatividades, la seguridad social salvaguarda a los ciudadanos que se encuentran física y mentalmente impedidos para adquirir los recursos necesarios que le faciliten su manutención y la de su familia, como consecuencia de una enfermedad, la vejez o el desempleo.
5.3. De otra parte, en el inciso tercero del artículo 48 constitucional, se encuentra consagrada la máxima de progresividad de la seguridad social y la prohibición de regresividad. En efecto, la progresividad implica la negativa a reducir o recortar las garantías otorgadas en esta materia, es decir, “no puede existir regresividad en cuanto a las prestaciones concedidas por el Estado, ya que una medida de tal naturaleza, se entendería como no ajustada a la Constitución, pues al contrario, a aquél corresponde garantizar coberturas más amplias que tiendan a la búsqueda de la universalidad en los contenidos mínimos de esos derechos prestacionales”[50].
La progresividad de los derechos sociales, según la jurisprudencia de este Tribunal, hace referencia entonces “al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores de cada uno de éstos derechos e implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección no se puede retroceder frente al nivel de protección al que se ha llegado o conseguido. Igualmente se ha acogido dentro de la jurisprudencia de la Corte la interpretación del principio de no regresividad que han dado los organismos internacionales en el sentido de que el mandato de progresividad de los DESC no excusa al Estado del cumplimiento del deber de que con el máximo de los recursos disponibles se provea por la cobertura universal de los contenidos de éstos derechos[51]”[52].
En ese orden de ideas, la Corte ha determinado que “el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un derecho social existe prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo retroceso y la necesidad de realizar un juicio de constitucionalidad más severo en el caso de que se presenten legislaciones regresivas de éstos derechos[53]”.
“(…) el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. Ahora bien, como los Estados pueden enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social[54]”.
5.4. En desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, el legislador en la Ley 100 de 1993 implementó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual definió en el preámbulo como: “(…) el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”.
“Con base en lo expuesto, la Sala infiere dos conclusiones: La primera, no toda relación de trabajo debe ser tratada por la ley en forma igual porque la Constitución estableció una protección cualificada en favor de la vinculación laboral. La segunda, aunque la fijación de las políticas de empleo, en principio, le corresponde a los órganos políticos señalados en la Constitución y, de acuerdo con el artículo 53 de la Carta, el legislador debe expedir un nuevo Estatuto del Trabajo para garantizar la igualdad de oportunidades entre los trabajadores, la estabilidad en el trabajo y la primacía de la realidad sobre las formalidades, entre otros, eso no significa que el legislador tenga facultades para imponer un modelo preciso de vinculación al trabajo, en tanto que la protección a la relación laboral se impone. Dicho en otros términos, el legislador goza de libertad para configurar diferentes tipos de vinculación laboral, para diseñar fórmulas laborales e instrumentos contractuales que respondan a las necesidades sociales, pero no tiene autonomía para confundir las relaciones de trabajo o para ocultar la realidad de los vínculos laborales”[55] (negrilla fuera de texto).
En sentencia C-546 de 1992 -en la cual se estudió la constitucionalidad de los artículos 8º y 16º de la Ley 38 de 1989- la Corte trajo como referente el informe para el primer debate en la Asamblea Nacional Constituyente, y las normas que en España y Portugal protegen la tercera edad, para reafirmar que el trabajo es un derecho fundamental y principio fundante del Estado colombiano:
No se trata, como pudiera pensarse con ligereza, de un simple retoque cosmético o terminológico. Se pretende señalar un rumbo inequívoco y fundamental para la construcción de una nueva legitimidad para la convivencia democrática, que debe nutrir el espíritu de la estructura toda de la nueva carta. En estas condiciones, el trabajo humano se eleva a rango de postulado ético-político necesario para la interpretación de la acción estatal y de los demás derechos y deberes incluidos en la carta así como factor indispensable de integración social"[56]"[57].
Estabilidad laboral de los prepensionados
7.1. El constituyente de 1991, consagró el trabajo[58] como un derecho fundamental, respecto del cual el Estado tiene la obligación de proteger y, en torno al mismo, en el artículo 53 de la Constitución Política estableció una serie de máximas orientadas a su protección, como la igualdad de oportunidades, estabilidad en el empleo, remuneración mínima vital y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, entre otros.
En ese orden, la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado la tesis de la estabilidad laboral para quienes se encuentran ad portas de adquirir el status de pensionado, la cual tiene su fundamento no solo en las normas anteriormente citadas, sino en los artículos 13, 42, 43, 44 y 48 de la Constitución Política, por lo tanto, debe aplicarse en aquellos eventos donde exista tensión entre los mecanismos que permiten el despido del empleo con los derechos a la igualdad y al mínimo vital de las personas[59].
7.2. Así, la Corte ha establecido que la estabilidad laboral es una “garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido[60], el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo sino que es necesario que se configure una justa causa, en los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales[61]”.
Retén social de los servidores públicos
8.1. Uno de los mecanismos orientados a proteger a los grupos de personas a punto de pensionarse es el retén social, cuyo origen se remonta a la Ley 790 de 2002[62], mediante la cual se pretendió garantizar el empleo a los pre-pensionados que laboraban para las entidades a reestructurarse por parte del Estado. Sobre esta figura la Corte explicó sus reglas que se encuentran sintetizadas en los siguientes términos:
“1. La Corte Constitucional se ha referido en un conjunto amplio de providencias a la estabilidad laboral de grupos vulnerables en procesos de reestructuración institucional del Estado[63]. En esta oportunidad, la Sala reiterará apartes centrales de la sentencia C-795 de 2009, pronunciamiento en el que se encuentran sistematizados los criterios y subreglas aplicables en materia de retén social.
En el fallo mencionado, este Tribunal explicó que los procesos de renovación institucional encuentran sustento en la necesidad de adecuar la estructura orgánica de la administración a las cambiantes exigencias económicas y sociales, con el propósito de lograr una adecuada prestación de los servicios a cargo del estado, y un manejo eficiente de los recursos públicos.
Precisó la Corte, además, que la consecución de esos fines, sin duda legítimos en el estado constitucional, debe realizarse evitando al máximo la restricción de los derechos de los grupos sociales que puedan verse afectados, cuando la reforma institucional implica la modificación de la estructura de las plantas de personal.
“15. En suma, la Constitución autoriza los procesos de reestructuración de la administración central (Arts. 150.7 y 189.14), los cuales deben obedecer al cumplimiento de los fines que inspiran el Estado Social de Derecho (Art. 1°); en el curso de los mismos, resulta admisible la supresión, fusión o creación de empleos, pero las actuaciones de la administración deben ceñirse a los principios que orientan la función pública (Art. 209), y contemplar e implementar mecanismos que preserven los derechos de los trabajadores”[64].
En ese marco, el legislador profirió la ley 790 de 2002 previendo mecanismos especiales de estabilidad para los trabajadores o funcionarios que se verían particularmente afectados en los procesos de reforma institucional, como concreción de los mandatos contenidos en los incisos 3º y 4º del artículo 13 Superior, relativos a la adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que consagran una protección reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las mujeres (art. 43 CP), los niños (art. 44 C.P.), las personas de la tercera edad (art. 46 C.P), y las personas con discapacidad (art. 47 C.P.). Las medidas contenidas en la ley 790 de 2002[65] se conocen como retén social.
En la citada Ley, el Congreso de la República estableció, como ámbito de aplicación del retén social “los programas de renovación o reestructuración de la administración pública del orden nacional”; determinó que su finalidad es la de “garantizar la estabilidad laboral y el respeto a la dignidad humana para las personas que de hecho se encuentren en la situación de cabezas de familia[66], los discapacitados y los servidores públicos próximos a pensionarse.[67]” (C-795 de 2009), prohibiendo su retiro del servicio; y fijó, como límite temporal de la protección, el vencimiento de las facultades extraordinarias conferidas al presidente mediante la citada ley”[68].
8.2. Asimismo ha señalado este Tribunal que, aunque la protección laboral reforzada contenida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002,”se circunscribió en su momento a aquellos trabajadores que eventualmente pudieran verse afectados en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, la Corte Constitucional ha sentenciado que dicha protección, es de origen supralegal, la cual se desprende no solamente de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución que establece la obligación estatal de velar por la igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente discriminados y de proteger a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, sino de los artículos 42, 43, 44 y 48 superiores; se trata en consecuencia de una aplicación concreta de las aludidas garantías constitucionales que están llamadas a producir sus efectos cuando quiera que el ejercicio de los derecho fundamentales de estos sujetos de especial protección pueda llegar a verse conculcado || En suma, la implementación de este tipo de medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13, 42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el Estado Social de Derecho[69].
Los programas de renovación o modernización de la administración pública persiguen una mejora en la eficiencia de las labores adelantadas por las entidades públicas con la finalidad de optimizar la prestación de los servicios necesarios en el cumplimiento de los fines del Estado. Con este objetivo, es posible que la administración decida reorganizar su estructura y, en este proceso, eventualmente racionalizar las plantas de personal de las entidades estatales. No obstante, los derechos de los trabajadores no pueden verse lesionados por la supresión intempestiva de sus cargos, en virtud de una decisión unilateral y discrecional de la administración. Es dentro de esta finalidad en donde se inscribe la protección laboral reforzada que prevé la ley 790 de 2002”[70] (resalto fuera de texto).
De acuerdo con el anterior texto, en la sentencia T-802 de 2012 se concluyó que “el espíritu del legislador al crear la protección especial del “retén social” tendía a salvaguardar los intereses de aquellos sujetos que se encontrasen en condiciones de vulnerabilidad. En aquella oportunidad sólo se estableció el trámite a seguir en las entidades del sector central, sin que se pudiere interpretar como una exclusión explícita de los órganos ajenos al mismo”. En ese orden de ideas, se consideró que “los beneficios surgidos con ocasión de aquellos procesos deben extenderse a los trabajadores de las entidades que sin pertenecer al sector central se encuentren en proceso de reestructuración o liquidación, en cumplimiento de los mandatos Constitucionales, específicamente el derecho de igualdad y los principios fundantes del Estado Social de Derecho[71] (resalto fuera de texto).
(…) En estos eventos, la administración pública está obligada a adoptar medidas de diferenciación positiva a favor del servidor público que pueda llegar a ser considerado como sujeto de especial protección y que resulte afectado con la supresión del cargo del que es titular, independientemente de la naturaleza de su nombramiento”.
8.4. En sentencias T-326, 400 y 824 de 2014 -entre muchas otras- esta Corte concedió los amparos invocados por los actores, al considerar que si bien el Gobierno Nacional en desarrollo de la política de reestructuración de la administración expidió varios decretos orientados a liquidar y extinguir diversas entidades, no es menos que en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, consagró la estabilidad laboral para madres cabeza de familia –posteriormente se extendió a los hombres en esas mismas condiciones-, personas discapacitadas y aquellas que estuvieran a punto de pensionarse.
Ello porque el hecho de que el término de 3 años se cuente a partir de la fecha de promulgación de la Ley 790 de 2002 es una condición claramente modificada por el Plan Nacional de Desarrollo -812 de 2003-, pues ésta última prolongó la vigencia del retén social a todo el plan de renovación de la administración pública, no ya al que fue objeto de regulación transitoria por parte de la Ley 790.
Adicionalmente, admitir que las madres y padres cabeza de familia y las personas discapacitadas sí pueden ser beneficiarios del retén social, pero los próximos a pensionarse no pueden serlo, implica contradecir la jurisprudencia de la Corte que reconoce que estas tres categorías se encuentran en similares condiciones de desprotección y merecen un trato igualitario por parte de las entidades en proceso de reestructuración[72]”.
En cuanto a las causales para terminar la relación laboral, el artículo 61 fija como tales: la muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, expiración del plazo fijado, terminación de la obra, por liquidación o clausura de la sociedad, por la suspensión de actividades por parte del empleador por más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por no regresar el trabajador al empleo luego de superada la suspensión del contrato y en el caso del artículo 6º[73] de la Ley 50 de 1990.
9.3. No obstante lo anterior, tras elaborar un análisis sobre los regímenes de transición, la Corte ha concluido que los derechos adquiridos tienen protección constitucional, lo cual se ha extendido a las expectativas legítimas próximas. En efecto, en torno a las pensiones, diferencia lo que es un derecho adquirido, cuya característica es su inmutabilidad, y las meras expectativas; estas últimas, las ha clasificado en dos grupos: (i) las meras expectativas y (ii) las expectativas legítimas y previsibles de adquisición de un derecho, que gozan de un privilegio especial de la Constitución[74]. Al respecto en sentencia T-009 de 2008 se indicó:
“La doctrina y la jurisprudencia contraponen a los derechos adquiridos las "meras expectativas", que se reducen a la simple posibilidad de alcanzar un derecho y que, por lo mismo, no son más que una intención o una esperanza de obtener un resultado jurídico concreto. Por lo tanto, la ley nueva si puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido o se originaron bajo la vigencia de una ley no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva, como un derecho, bajo la ley antigua.
No obstante, las referidas expectativas pueden ser objeto de alguna consideración protectora por el legislador, con el fin de evitar que los cambios de legislación generen situaciones desiguales e inequitativas o de promover o de asegurar beneficios sociales para ciertos sectores de la población o, en fin, para perseguir cualquier otro objetivo de interés público o social. Es así como la ley nueva puede tomar en cuenta hechos o situaciones sucedidos en vigencia de la ley antigua para efectos de que con arreglo a las disposiciones de aquélla puedan configurarse o consolidarse ciertos derechos (efecto retrospectivo)[75].
“La jurisprudencia de esta Corporación, ha reconocido, que el principal efecto de la “estabilidad laboral reforzada” consiste en que el despido del trabajador amparado resulta ineficaz si la desvinculación del mismo se ocasiona por la condición especial que el mismo tiene[76]. Lo anterior significa que si un trabajador está en un estado de discapacidad o debilidad manifiesta por una disminución de la capacidad física o mental, tiene el derecho de permanecer en su empleo[77]. Por tal motivo, cualquier despido en donde el juez de tutela verifique que la finalización de la relación laboral fue debido a las causales descritas, la misma resulta ineficaz, por lo que es procedente que se ordene el respectivo reintegro del trabajador[78]”.
Aunado a lo expuesto, la igualdad como derecho se encuentra reconocida en los artículos 13, 42, 43, 44, 53, 70, 75, 180, 209 y 227 de la Constitución Política, lo cual significa que la misma “carece de contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su carácter relacional”[79].
10.3. La Corte Constitucional reiteradamente[80] ha señalado que para la efectividad del derecho a la igualdad, se debe recurrir al trato diferencial positivo. De hecho, en sentencia T-330 de 1993, se indicó:
10.4. En el caso de personas en condiciones de debilidad manifiesta, es válido y obligatorio por parte del Estado darles un trato diferente y positivo, toda vez que se les deben brindar las condiciones necesarias que superen las dificultades que se les presenten en la sociedad. De hecho esta Corte ha reiterado que en torno al derecho a la igualdad, “de un lado, existe un mandato de trato igual frente a todas aquellas situaciones fáctica o jurídicamente equiparables siempre que no existan razones suficientes para proveer un trato diferente, y de otro lado, un mandamiento de trato desigual frente a circunstancias diferenciables. Tales contenidos esenciales surgen del artículo 13 constitucional, al tenor del (sic) cuyo inciso primero existe una obligación de igualdad en la protección, el trato y el goce de derechos, libertades y oportunidades, además de una consecuente prohibición de discriminación; mientras los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de tratamiento diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente vulnerables”[81].
“Armoniza este enunciado con el alcance del principio a la igualdad contenido en el artículo 13 superior que determina que dos o más situaciones fácticas comparables sean objeto de un mismo trato jurídico. Esto no impide que exista un trato diferente entre situaciones fácticas similares, pues la discriminación se constituye a partir de la diferenciación que no presenta una justificación objetiva y razonable. Al respecto la Corte ha manifestado[82] que para que el juez de tutela pueda determinar sobre la violación de la igualdad debe verificar no sólo las razones objetivas en que se sustenta el trato diferente sino también la proporcionalidad existente entre finalidad perseguida y los medios empleados para dicho trato”.
10.6. Con la finalidad de establecer si en determinado caso se ha impartido un trato diferencial a las personas y por lo mismo vulnerado el derecho a la igualdad, la Corte ha “elaborado un modelo de análisis que integra el juicio de proporcionalidad y el test de igualdad[83]. Lo que en este modelo se hace, básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test o juicio de proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia estadounidense. Así, se emplean las etapas metodológicas del test europeo, que comprende las siguientes fases de análisis: (i) se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (ii) se analiza si el trato diferente es o no necesario o indispensable; y (iii) se realiza un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial”[84].
11.1. El señor E.G.B. interpuso acción de tutela contra la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA-, al considerar violados sus derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, mínimo vital, al trabajo, debido proceso y a la igualdad, porque terminaron su contrato de trabajo, a término indefinido, sin tener en cuenta que se hallaba próximo a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
11.2. Ahora, revisados los medios de convicción debe advertirse que la presente acción es procedente en la medida que la misma cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. En cuanto al primero, porque fue interpuesta el 1º de diciembre de 2015, es decir, solo 50 días de haberse dado por terminado el contrato de trabajo a término indefinido, lo que demuestra que se presentó en un término razonable. En torno a la subsidiariedad, debe señalarse que si bien el actor cuenta con otro medio de defensa judicial ordinario, no puede desconocerse que en este evento ese mecanismo no resulta idóneo y eficaz, puesto que el señor G.B. tenía 61 años 4 meses de edad[85] -para el momento de retirarlo del empleo- y se encuentra desempleado, por lo tanto, acudir a un proceso de esa naturaleza puede hacer más gravosa su situación, dado el tiempo que demandan esas actuaciones.
Asimismo, con el contrato individual de trabajo suscrito entre la compañía C.I. de Azúcares y Mieles S.A. y el señor E.G.B.[86] el 31 de julio de 2012, se estableció el requisito de la subordinación, necesario en los casos de acciones de tutela contra entidades del sector privado.
11.3. De otro lado, de acuerdo con la documentación arrimada, se estableció que en este evento se presenta el fenómeno de la carencia actual de objeto, por hecho superado. En efecto, conforme con el fallo de primera instancia, el 11 de marzo de 2016 la compañía C.I. Azúcares y Mieles S.A. celebró con el accionante una transacción en la que se dejó constancia de habérsele pagado las sumas ordenadas en la sentencia y la autorización al trabajador para no reintegrarse, ya que así lo solicitó el mismo[87]. Además, en escrito recibido en esta Corte el 24 de octubre de este año, el apoderado del actor aportó copia del acuerdo y de la resolución núm. GNR 2549212 del 30 de agosto de 2016, por medio de la cual C. reconoció el pago de la pensión de vejez, a partir del 1º de septiembre del mismo año. En ese sentido señaló:
“le informo que entre las partes se suscribió un acuerdo con el fin de solucionar el conflicto suscitado en la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, lo cual se le reconocieron todos los dineros dejados de pagar hasta el día de su desvinculación, y de hecho al mismo ya se le reconoció su pensión de vejez, por lo que solicito se tenga por desistido el escrito que dio pie para adelantar la presente revisión”[88].
En ese orden de ideas, se demostró que en el intervalo de la primera y segunda instancia se puso fin a la vulneración de los derechos del señor G.B., ya que no sólo se le pagaron las sumas ordenadas por el juez constitucional de primera instancia y la seguridad social, sino que se le otorgó su pensión de vejez por parte de C.. De esta manera, no habría lugar a dar órdenes orientadas a remediar la vulneración de los derechos fundamentales, por tratarse de un hecho superado. Sin embargo, dada la magnitud de los derechos quebrantados y con el fin de prevenir futuras infracciones, la Sala considera oportuno pronunciarse sobre el fondo del asunto.
11.4. Así las cosas, debe la Sala determinar: ¿si la empresa CIAMSA S.A. vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor E.G.B., al dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido e indemnizarlo, cuando para ese momento tenía la calidad de pre-pensionado? Del acervo probatorio arrimado a la actuación, se desprende lo siguiente:
11.4.1. Que el 1º de agosto de 2012, el señor E.G.B. se vinculó laboralmente, a través de contrato de trabajo indefinido, en oficios varios, a la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA-.
11.4.2. El 9 de octubre de 2015, la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA- decidió dar por terminado el contrato de trabajo “por motivos estrictamente administrativos” y lo indemnizó.
11.4.3. Inconforme el accionante con el anterior acto administrativo, solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales y se ordenara a la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles S.A. -CIAMSA- su reintegro al cargo que venía desempeñando, reconocer y pagar los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta su reintegro, al considerar que tiene derecho a permanecer en su empleo, dado que se encuentra ad portas de pensionarse. Decisión ésta que se cumplió por el empleador, tal como lo demuestra el acta de transacción celebrada entre accionante y accionada[89].
11.4.4. Revisada la historia laboral del actor, aportada por C., se advierte que los empleadores de éste cotizaron en pensiones para el mismo entre enero de 1975 y junio de 2016, sumando 1.345,70 semanas. Lo anterior indica que para el momento en que fue despedido -9 de octubre de 2015- tenía 61 años, 4 meses, y le habían cotizado 1.301,55 semanas.
11.4.5. De lo anterior, se infiere que el señor G.B. tenía la condición de pre-pensionado, ya que se hallaba a menos de los tres años, para ser acreedor a la estabilidad laboral reforzada, según se expuso en la parte dogmática.
11.4.6. Procede entonces resolver el asunto en torno a la terminación del contrato indefinido de trabajo por parte de la compañía CIAMSA S.A. respecto del señor E.G.B. cuando se hallaba a escasos 8 meses de cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez, y determinar si se desconocieron sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, trabajo, debido proceso y a la igualdad.
11.4.7. De acuerdo con todo lo argumentado, si bien las disposiciones en que se apoyó la empresa para dar por terminado el contrato y su respectiva indemnización, no se encuentran prohibidas constitucionalmente, sí afectan al señor G.B., dada la condición de debilidad manifiesta en que se encuentra el mismo, con más de 60 años de edad, afectar su mínimo vital y el de las personas que de él dependen.
11.4.9. Para terminar, observa la Sala que a quien labora en calidad de servidor público y es retirado del servicio cuando se halla a menos de tres años de cumplir con las exigencias para beneficiarse de la pensión de vejez, es posible que se le ampare su derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse ad portas de adquirir la pensión, mientras que si se trata de un trabajador al servicio del sector privado, simplemente se le termina el contrato de trabajo con la respectiva indemnización sin consideración a ese mismo estatus, así tenga la condición de pre-pensionado. Es decir, se presenta un desequilibrio entre dos personas que si bien pertenecen a sectores diferentes –público y privado- constitucionalmente se encuentran en la misma situación y, por lo tanto, debe dárseles el mismo trato.
Por lo anterior la decisión de la empresa de terminar el contrato de trabajo del señor E.G.B., no resulta ser adecuada por desconocer los derechos fundamentales al trabajo, la seguridad social, el mínimo vital y la estabilidad laboral, teniendo en cuenta que nos hallamos de cara a un sujeto de especial protección, como lo es un pre-pensionado, cuya edad es indicativa de la pérdida de fuerza laboral productiva y, por lo mismo, de la dificultad para proveerse sus propios recursos. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que su desvinculación afectaba su mínimo vital y el de su esposa, quien depende directamente del mismo.
11.4.10 En otras palabras, la terminación del contrato de trabajo por la empresa CIAMSA se produjo no obstante que el accionante se encontraba cobijado por la estabilidad laboral reforzada, figura que imposibilitaba la desvinculación hasta tanto se le otorgara la pensión de vejez, sacrificándose con ello derechos fundamentales como el mínimo vital. Lo anterior, porque, se reitera, para el momento de los hechos el actor contaba con 61 años y 4 meses de edad, es decir, tenía la condición de prepensionado y su salario era el único ingreso para su subsistencia, además, como lo manifestó en la demanda, “su familia también se encuentra pasando esta precaria situación, ya que este era la persona que subía los alimentos y respondía por todos los gastos del hogar”[90].
PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme con lo expuesto.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura (Valle del Cauca) el dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016) dentro del proceso de la referencia, en consecuencia se CONFIRMA el fallo del 26 de febrero de 2016 emitido por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Buenaventura (Valle del Cauca) en tanto protegió como correspondía los derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, trabajo, mínimo vital e igualdad del señor E.G.B..
[1] Aunque no las indicaron.
[2] Fls. 39 a 43 cuaderno original.
[3] Fls. 37 y 38, cuaderno principal.
[4] Fl. 160 idem.
[5] Fl. 185 idem.
[6] Fl. 186 idem.
[7] Fls. 2 a 6, cuaderno principal.
[8] Fls.7 a 9.
[9] Fls.10 a 13.
[10] Fl. 14.
[11] Fls. 15 a 19.
[12] Fls. 27 y 28.
[13] Fl. 55 cuaderno de revisión.
[14] Fls. 68 a 89 ibidem.
[15] Sentencia T-308 de 2003.
[17] Sentencia T-970 de 2014. También pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.
[18] R.G.C. y D.R.F.. Cortes y cambio social: cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia / R.G.C. y D.R.F.. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2010.
[19] G.V., M.. La eficacia simbólica del derecho: examen de situaciones colombianas, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1993.
[20] Sentencia T-011 de 2016.
[21] Así, por ejemplo, en la sentencia T-082 de 2006, en la que una señora solicitaba la entrega de unos medicamentos, los cuales, según pudo verificar la Sala Octava de Revisión, le estaban siendo entregados al momento de la revisión del fallo, la Corte consideró que al desaparecer los hechos que generaron la vulneración, la acción de tutela perdía su eficacia e inmediatez y, por ende su justificación constitucional, al haberse configurado un hecho superado que conducía entonces a la carencia actual de objeto, la cual fue declarada por esa razón en la parte resolutiva de la sentencia. Así mismo, en la sentencia T-630 de 2005[21], en un caso en el cual se pretendía que se ordenara a una entidad la prestación de ciertos servicios médicos que fueron efectivamente proporcionados, la Corte sostuvo que “si durante el trámite de la acción de tutela, la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que evitar.” Igual posición se adoptó en la sentencia SU-975 de 2003[21], en uno de los casos allí estudiados, pues se profirió el acto administrativo que dejó sin fundamento la tutela del actor, por lo que la Corte estimó, sin juzgar el mérito de dicho acto, que se encontraba ante un hecho superado.
[22] Sentencia SU-540 de 2007.
[23] Entre otras, sentencias T-1207 de 2001, T-923 de 2002, T-935 de 2002, T-539 de 2003, T-936 de 2002, T-414 de 2005, T-1038 de 2005, T-1072 de 2003, T-428 de 1998
[24] Sentencia T-685 de 2010.
[25] Sentencias T-478 de 2014 y T-877 de 2013.
[26] Sentencia T-637 de 2013.
[27] Sentencia T-970 de 2014.
[28] Sentencia SU-540 de 2007, oportunidad en la que la Corte unificó su posición en cuanto a emitir un pronunciamiento de fondo, aunque se constate que el daño ya está consumado.
[29] En la sentencia T-576 de 2008, en la cual se conoció de la muerte de un niño como consecuencia de la falta de atención médica, se resolvió proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, dado que no resultaba posible amparar su dimensión subjetiva debido a la configuración de la carencia actual de objeto por daño consumado. En consecuencia, la Sala ordenó a la E.P.S. accionada “que en reconocimiento de su responsabilidad por la no protección de los derechos constitucionales fundamentales de los niños”, emprendiera acciones como colgar una placa en lugar destacado y visible a la entrada de todas sus clínicas en las que se resaltara la obligación en cabeza de las personas que prestan atención en salud de proteger en todo momento los derechos fundamentales de los niños a la salud y a la vida en condiciones de calidad y de dignidad.
[30] Sentencia T-011 de 2016.
[31] “La acción de tutela no procederá:
[32] Sentencia T-480 de 2011.
[33] Ver, entre otras, las sentencias T-580 de 2006, T-972 de 2005, T-068 de 2006 y SU-961 de 1999.
[34] Sentencia T-211 de 2009.
[35] Sentencia T-009 de 2008.
[36] Sentencia T-663 de 2011.
[37] Sentencia T-824 de 2014.
[38] Sentencia C-134 de 1994.
[39] Sentencias T-290 de 1993, T-495 de 2010 y T-176A de 2014.
[40] Sentencia T-083 de 2010.
[41] “La situación de indefensión es una circunstancia empírica, no normativa, que coloca a la persona en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su voluntad. Pese a que, in abstracto el ordenamiento jurídico dispone de medios de defensa judicial para la protección de los derechos e intereses, en la práctica, diversos factores de hecho, entre ellos la inacción de las autoridades públicas, pueden dar lugar a la desprotección y consecuente indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular”. Sentencia T-210 de 1994.
[42] Sentencia T-743 de 2008.
[43] Ver entre otras, las sentencias T-158 de 2006 y T-792 de 2007.
[44] Sentencias T-414 de 2009 y T-164 de 2013.
[45] “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
[46] “El Código reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable del ser humano.
[47] “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
[48] “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, a la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
[49] “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
[50] Sentencia T-710 de 2009.
[51] En la sentencia C-671 de 2002 se dijo que, “La progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de esos derecho…”. En el mismo sentido las sentencias C-251 de 1997, SU- 225 de 1998, SU-624 de 1999, C-1165 y C-1489 de 2000.
[52] Sentencia C-228 de 2011.
[53] Sentencia C-251 de 1997, SU- 624 de 1999, C-1165 y 1489 de 2000, C-671 de 2002 y C-228 de 2011-
[54] Al respecto, ver entre otras, las sentencias C-251 de 1997, SU-624 de 1999, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000 y C-671 de 2002.
[55] Sentencia C-614 de 2009.
[56] P.G.. S.H. y V.E.. El trabajo como valor fundamental. Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No 63 pag.2
[57] Sentencia T-222 de 1992.
[58] Artículo 25 de la Constitución Política.
[59] Al respecto ver sentencias T-768 de 2005, T-587 de 2008 y C-795 de 2009, ente otras.
[60] Ver, entre otros, A.P.R.. Curso de derecho laboral. Montevideo, 1978, T.I., V.I., pp. 250 y ss. Igualmente O.E.U.. La Estabilidad del Trabajador en la Empresa. ¿Protección real o ficticia? Montenvideo: Acali Editorial, 1983, pp 15 y ss.
[61] Sentencia C-470 de 1997.
[62] “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República”.
[63] Sentencias T-128 de 2009, T-206 de 2006, T-338 de 2008, T-486 de 2006, T-556 de 2006, T-570 de 2006, T-538 de 2006, T-646 de 2006, T-971 de 2006, T-873 de 2009, SU-388 y SU-389 de 2005, entre otras.
[64] Sentencia C-795 de 2009.
[65] Posteriormente complementada y modificada por la ley 812 de 2003, y los decretos 190 y 396 de 2003, conjunto normativo que suele agruparse bajo el nombre de retén social.
[66] En la sentencia C-964 de 2003, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de algunas disposiciones de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”, en el entendido, que los beneficios establecidos en dichos artículos a favor de las personas dependientes de la mujer cabeza de familia se harán extensivos a los hijos menores y a los hijos impedidos dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia, en los términos y bajo el requerimiento del artículo 2 de la misma Ley.
[67] Sentencias C-1039 de 2003 y T-587 de 2008.
[68] Sentencia T-729 de 2010.
[69] Sentencia T-768 de 2005.
[70] Sentencia T-768 de 2005.
[71] Sentencia T-768 de 2005 y T-034 de 2010.
[72] Sentencia T-009 de 2008.
[73] “El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 8o del Decreto-ley 2351 de 1965 quedará así:
En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente”.
[74] Sentencia T-009 de 2008.
[75] Sentencia C-147 de 1997.
[76] Sentencia T-098 de 2015.
[77] Sentencia T-098 de 2015.
[78] Sentencia T-098 de 2015.
[79] Sentencia C-818 de 2010.
[80] Sentencias T-554 de 1992, C-040 de 1993, T-273 de 1993, entre otras.
[81] Sentencia C-445 de 2011.
[82] Sentencia T-375 de 1998.
[83] Para una exposición completa de las dos metodologías puede consultarse C.A.R. “El test de razonabilidad y el derecho a la igualdad” en Observatorio de Justicia Constitucional, Universidad de los Andes, Bogotá, 1996, pp. 257 y ss.
[84] Sentencia T-577 de 2005.
[85] Nació el 11 de junio de 1954, según copia de la tarjeta alfabética enviada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
[86] Folios 15 y ss. del cuaderno principal.
[87] Fl. 1 del cuaderno de anexos.
[88] Fl. 55.
[89] Fls. 56 cuaderno de revisión y 1 del cuaderno anexo
[90] Fl. 16 cuaderno de primera instancia.
Sentencia nº 2013-0097 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 10 de Julio de 2014
Sentencia nº 11001-33-35-018-2012-00057-01 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 27 de Febrero de 2015

References: resolución 
 artículo 64
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 resolución 
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 61
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 Artículo 25
 artículo 2
 artículo 64
 artículo 8