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Timestamp: 2018-09-22 15:51:31+00:00

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﻿ Sentencia 38086 de febrero 19 de 2014
SENTENCIA 38086 DE 19 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:DESVINCULACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES NO PROCEDE SIN NOTIFICACIÓN AL EMPLEADOR. LA DESAFILIACIÓN AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES PROCEDE ÚNICAMENTE POR EL NO PAGO DE DOS O MÁS COTIZACIONES PERIÓDICAS Y, EN TODO CASO, BAJO LA DEBIDA NOTIFICACIÓN AL EMPLEADOR, ASÍ LO EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE DECRETO 1295 DE 1994. FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE LAS COTIZACIONES, HAY UNO CORRELATIVO DE LA A.R.P. DE UTILIZAR TODAS LAS HERRAMIENTAS PREVISTAS EN LA LEY PARA OBTENER EL RECAUDO E IMPONER LAS SANCIONES PERTINENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE UNO U OTRO NO TIENE POR QUÉ INCIDIR EN EL DERECHO DEL TRABAJADOR. LA SEGURIDAD SOCIAL NO OPERA EN LA MISMA FORMA QUE EN EL DERECHO PRIVADO, PUES SE TRATA DE UN DERECHO IRRENUNCIABLE. POR LO TANTO, LA MORA ESTABLECE UNAS SANCIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR, EN CASO DE AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA POR OMISIONES EN LOS PAGOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, DEBERES EN EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, DEBERES DEL EMPLEADOR, CLASES DE DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES, CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia 38086 de febrero 19 de 2014
SL1898-2014
Rad.: 38086
EXTRACTOS: «III. Los recursos de casación.
Interpuestos por las partes demandante y demandada, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos, comenzando por el propuesto por la entidad accionada dado que controvierte en su integridad el derecho reclamado.
IV. El recurso de casación de la parte demandada.
Solicita en el alcance de la impugnación que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y en, en su lugar, absuelva a la entidad demandada de las pretensiones de la demanda inicial y del escrito que el juzgado del conocimiento, en auto de 9 de marzo de 2006, decidió tomar «como una demanda ad excludendum».
En subsidio solicita se case la decisión recurrida para que la Corte, actuando en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado y, en su reemplazo, condene al Seguro a pagar la pensión de sobrevivientes, de manera provisional y hasta tanto sean declaradas incobrables las cotizaciones en mora.
Para tales efectos, la acusación presenta cuatro cargos, fundados en la causal primera de casación laboral, que no fueron replicados y se estudiarán en el orden propuesto.
V. Primer cargo.
Acusa la sentencia recurrida de quebrantar la ley sustancial por haber infringido directamente los artículos 161 de la Ley 100 de 1993; 1º, 8º, 16, 21 y 23 del Decreto-Ley 1295 de 1994; y 115 del Decreto-Ley 2150 de 1995; y, por haber aplicado indirectamente, el artículo 49 del Decreto-Ley 1295 de 1994.
En la demostración dice el censor que en aquellos eventos en que la controversia se refiere al sistema de seguridad social integral, como aquí ocurre, los principios que deben guiar la interpretación de las normas vigentes son los propios de la Seguridad Social y que son los previstos en el texto original del artículo 48 de la Constitución Política, concretamente los de eficiencia, universalidad y solidaridad, a los cuales se debe agregar el de «la sostenibilidad financiera del sistema pensional», previsto en el Acto Legislativo 1 de 2005; que la Ley 100 de 1993, en cumplimiento del mandato constitucional referido, estableció los «términos» como deben obligatoriamente entenderse esos tres principios y, además, agregó y definió los de integralidad, unidad y participación, de manera que en total son siete principios, que a su modo de ver son los únicos criterios que deben inspirar a los jueces en la resolución de los litigios a su cargo; que el juzgador de segundo grado desconoció la posición doctrinal expuesta por esta Salaen la sentencia de 14 de junio de 2006, habidaconsideración que la cuestión jurídica estudiada en esa providencia se refiere a la obligación que pesa sobre el empleador de hacerse cargo de la pensión de sobrevivientes si ha pagado tardíamente las cotizaciones al fondo de pensiones; que, de haberse tomado en consideración en la sentencia impugnada este criterio de la Corte, el tribunal habría aplicado las disposiciones legales que se denuncian como infringidas directamente, pues no les hizo producir sus efectos en el caso; que en el antecedente citado se determinó que la pensión de sobrevivientes debía quedar en cabeza del empleador, de donde, a juicio del censor, el pago de las cotizaciones y de los intereses por mora no son las únicas sanciones a las que se hace acreedor el empleador que incumple su deber legal de efectuar oportunamente las cotizaciones.
A juicio del censor la infracción directa de las normas denunciadas se demuestra con la sola lectura de los preceptos legales, por cuanto que el artículo 1º del Decreto-Ley 1295 de 1994 establece que el sistema general de riesgos profesionales forma parte del sistema de seguridad social integral creado por la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 161 preceptúa que es deber de los empleadores, como integrantes del sistema de seguridad social integral, «pagar cumplidamente los aportes que le corresponden», de manera que, en cumplimiento a esta exigencia, deben estos efectuar las cotizaciones al sistema, lo que igualmente consagran el artículo 16 del Decreto-Ley 1295 de 1994, en el inciso que no fue declarado inconstitucional, y el artículo 21 de dicho decreto, que de manera clara dispone que el empleador es responsable «del pago de la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio».
Recuerda, así mismo, que una de las características del sistema general de riesgos profesionales es la de trasladar a los empleadores las prestaciones que otorga el Decreto-Ley 1295 de 1994, cuando quiera que estos no afilien a sustrabajadores, por lo que, advierte, se cometió una torpeza al declarar inconstitucional la norma que establecía quea cargo del respectivo empleador quedaba la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales en caso de la mora en el pago de las cotizaciones periódicas, lo que, dice, no significa que haya desaparecido esa consecuencia, pues, al armonizar las normas que continúan vigentes (entre ellas el artículo 115 del Decreto-Ley 2150 de 1995, que subrogó el artículo 91 del Decreto-Ley 1295 de 1994), se impone concluir que solamente «quien cotiza para cubrir el riesgo se exonera y que quien lo incumple no».
En esencia la decisión del tribunal estribó específicamente en que, aparte de que en el presente caso solo se había omitido el pago de una cotización, en el expediente no se había demostrado que a la empleadora y al trabajador se les hubiese enterado previamente de la mora en forma adecuada a fin de que estos dieran las explicaciones pertinentes, formularan objeciones o, en general, adoptaran las medidas tendientes a remediar la situación.
Supuestos fácticos que estimó eran pertinentes para resolver la situación debatida, porque, en primer lugar, no se satisfacía a cabalidad el presupuesto del artículo 16 de Decreto 1295 de 1994, vigente a la muerte del trabajador afiliado, de la falta de pago de dos o más cotizaciones periódicas, para que operara la desafiliación automática de este del sistema de riesgos profesionales; y, en segundo lugar, porque, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, era necesario, además, antes de proceder a la desafiliación, que se notificara tanto al empleador como al trabajador, por parte de la administradora de riesgos, el estado de mora en el pago de las cotizaciones, cosa que no se había hecho.
Bajo estos supuestos no controvertidos en el cargo, toda vez que se encuentra enderezado el ataque por la vía directa, no puede afirmarse que el tribunal hubiere violado las normas a que se refiere la censura, pues además de que no hay sustento legal sobre el cual pueda afincarse la supuesta desafiliación automática del trabajador, por apenas haberse advertido por el ad quem la mora en el pago de una sola cotización, tampoco se advierte que la demandada hubiere hecho algún acto tendiente a notificar a la empleadora y al trabajador sobre su situación respecto al pago de los aportes, de modo que era perfectamente aplicable la tesis expuesta por esta corporación, entre otras, en la sentencia del 5 de marzo de 2003, Radicación 17118, que acogió el tribunal.
Además, no aduce el cargo razones válidas nuevas que permitan una revisión a la posición asumida por la Sala en torno al tema, pues no se encuentra que en este caso esté en juego la sostenibilidad del sistema, ya que la responsabilidad en el pago y recaudo de los ingresos que vienen a financiar las prestaciones derivadas de los riesgos profesionales, es compartida entre los empleadores y las ARP., en la medida que aquéllos tienen la obligación de efectuar las cotizaciones en la forma y los plazos establecidos en la ley y éstas deben adelantar oportunamente las acciones tendientes a que ello se cumpla con celeridad e ingresen oportunamente los dineros necesarios para el pago de las prestaciones. De manera que, frente al incumplimiento del empleador en el pago de las cotizaciones, hay uno correlativo de la ARP de utilizar todas las herramientas previstas en la ley para obtener el recaudo e imponer las sanciones pertinentes. El incumplimiento de uno u otro no tiene por qué incidir en el derecho del trabajador que se encuentra protegido por los mismos principios de la seguridad social que invoca la censura.
Ahora bien, para la falta de cumplimiento oportuno por parte del empleador de sus obligaciones pecuniarias con el sistema, tiene previstas el legislador una serie de sanciones dinerarias encaminadas a cubrir de manera íntegra, el posible detrimento que se ocasione por la mora en el ingreso de los recursos destinados a financiar el sistema, de modo que no es desprotegiendo a los afiliados que se preserva el principio de la sostenibilidad que aduce la censura.
Por último, debe advertirse que en la seguridad social, no operan en la misma forma que en el derecho privado los principios generales de las obligaciones y de los contratos, pues se trata de un derecho irrenunciable que no está sometido al libre albedrío de los contratantes.
Por lo anteriormente expuesto el cargo no prospera.
Acusa la sentencia recurrida de aplicar indebidamente los artículos 161 de la Ley 100 de 1993; 1º, 13, 16, 21, 23 y 49 del Decreto-Ley 1295 de 1994; y 115 del Decreto-Ley 2150 de 1995.
Violación legal que dice se originó en los siguientes, errores manifiestos de hecho, que atribuye al juzgador de segundo grado.
a) No haber dado por probado, estándolo, que Julio Santoya Martínez había sido retirado por su empleadora del sistema general de riesgos profesionales antes del 30 de agosto de 1996, día en el cual falleció como consecuencia directa de un accidente de trabajo; y
b) Haber dado por probado, sin estarlo, que Julio Santoya Martínez se encontraba afiliado al sistema general de riesgos profesionales el día 30 de agosto de 1996, fecha de su muerte.
Indica que los dislates fácticos reseñados se debieron a la apreciación equivocada de «los reportes de historia laboral que obran a folios 46 y 97» (fl. 198) y a la falta de apreciación de la autoliquidación mensual de aportes al sistema de seguridad social elaborado por el empleador que obra al folio 47.
En la demostración señala el censor que las únicas pruebas a que se refirió el tribunal en su decisión, corresponden al documento que corresponde a la autoliquidación mensual de aportes al sistema de seguridad social visible a folio 46, elaborado por Techin Internacional Construcción Corp. Tenco y Cotecol Compañía Técnica de Construcciones, y a la relación de novedades al sistema de autoliquidación de aportes mensual reportada por medio magnético por ese mismo empleador obrante al folio 97.
Dice que la gravedad de los errores de hecho que dieron origen al quebranto normativo reseñado se evidencia con solo leer los documentos mal valorados y el documento citado como dejado de apreciar, pues de estos medios de prueba se sigue que, contrariamente a lo que se dio por establecido por el juez de alzada, en este caso, no se trata de una mora en el pago de las cotizaciones sino del retiro del sistema general de riesgos profesionales de Julio Santoya Martínez, por decisión de la sociedad anónima a cuyo servicio se encontraba éste cuando murió como consecuencia directa del accidente de trabajo que sufrió el 30 de agosto de 1996, conforme se afirmó en el primero de los hechos de la demanda con la que se inició el proceso y lo aceptó el Instituto de Seguros Socialesal contestar la demanda; que el tribunal, aunque modificó lo resuelto por el juez del conocimiento, confirmó la condena a pagar la pensión de sobrevivientes, al encontrar probado que en este asunto se estaba ante una mora en el pago de las cotizaciones y, debido a ello, resultaba procedente resolver el litigio a la luz del criterio jurisprudencial expresado por la Sala de Casación Laboral en sentencia de 5 de marzo de 2002, lo que, a su juicio, es equivocado, pues lo que se debió haber dado por demostradoes que el afiliado Julio Santoya fue retirado del sistema general de riesgos profesionales el 4 de julio de 1996, por lo que, al haber muerto el día 30 de agosto de 1966 como consecuencia directa de un accidente de trabajo, ese riesgo era de cargo exclusivo del empleador y no del Instituto de Seguros Sociales, que, en su calidad de entidad administradora de riesgos profesionales, no podía impedir que el empleador tomara la decisión de retirar o desafiliar a un determinado trabajador.
En conclusión, señala la censura que no es lo mismo que un empleador se encuentre en mora de efectuar sus aportes, que fue el caso estudiado en la sentencia de 5 de marzo de 2002, a una situación como la probada suficientemente en el proceso, referente a que el empleador retiró del sistema general de riesgos profesionales a alguien que continuó siendo su trabajador y que murió como consecuencia de un accidente de trabajo que sufrió el 30 de agosto de 1996, o sea, cuando la persona fallecida no se encontraba afiliada a dicho sistema por decisión del empleador.
El fundamento esencial del ataque estriba en que, conforme a los documentos de folios 46 y 97, apreciados indebidamente por el tribunal, y el de folio 47, no estimado por este, el afiliado Julio Santoya había sido retirado del sistema general de riesgos profesionales el 4 de julio de 1996, por lo que al haber muerto el 30 de agosto de ese año, el riesgo por accidente estaba directamente a cargo del empleador.
No obstante, no tiene en cuenta el censor que el tribunal dio por sentado, conforme al documento de folio 54, que el trabajador Julio Santoya Martínez había sido vinculado al sistema de riesgos profesionales administrado por el ISS el 31 de julio de 1996, de manera que, independientemente de que hubiera sido desvinculado el 4 de julio de 1996, como lo demuestra el de folio 97, ello no contradice el sustento de la decisión atacada, pues posteriormente, el 31 de ese mismo mes, fue nuevamente vinculado, por lo que, para la fecha del accidente, la que imperaba era esta última afiliación, de donde se cae por su propio peso el argumento de la acusación.
IX. Tercer cargo.
Acusa la sentencia recurrida de infringir directamente los artículos 161 de la Ley 100 de 1993; 1º, 13, 16, 21 y 23 del Decreto-Ley 1295 de 1994; y 115 del Decreto-Ley 2150 de 1995; y, de aplicar indebidamente, el artículo 49 del Decreto-Ley 1295 de 1994. Quebrantamiento normativo que dice tuvo origen en la infracción directa del artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
En la demostración, señala el censor que, al sustentar el Instituto de Seguros Sociales el recurso de apelación interpuesto, sostuvo que la declaración de inconstitucionalidad parcial del artículo 16 del Decreto-Ley 1295 de 1994, se había producido con posterioridad a la fecha del fallecimiento del trabajador Julio Santoya Martínez; que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 prevé que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, por regla general, «tienen efecto hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario»; que el aparte de la disposición declarada inconstitucional preveía que la mora en el pago de por lo menos dos cotizaciones periódicas para el cubrimiento de los riesgos profesionales acarreaba como consecuencia «la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales» y, a su vez, salvaguardaba el derecho de quien resultaba desafiliado automáticamente, al determinar que la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales quedaba a cargo del respectivo empleador; que la Corte Constitucional, a pesar de haber sidoadvertida por la Procuraduría General de la Nación de las consecuencias desfavorables que implicaría declarar inconstitucional la parte de la norma que dejaba« a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cumplimiento de los riesgos profesionales», esa corporación declaró inconstitucional dicho precepto legal, aun cuando para tratar de contrarrestar los efectos nocivos que su fallo ocasionara, en la parte motiva del mismo que la declaración de inconstitucionalidad anotara que no significaba «…que el empleador moroso quede exento de las acciones que acarrea este hecho (…) Nipuede, mucho menos, entenderse que no quede obligado a asumir el cumplimiento de los riesgos profesionales, pues, la ARP puede repetir contra el empleador morosos (sic) por los gastos que ha pagado al trabajador con ocasión del siniestro …». (El texto entre comillas es del recurso).
Advierte igualmente la censura que el juzgador de segundo grado no tuvo en cuenta que el accidente de trabajo que sufrió Julio Santoya Martínez ocurrió el 30 de agosto de 1996 y que, por consiguiente, la sentencia proferida en desarrollo del control de constitucionalidad no tenía efectosen el caso particular sometido a juicio, pues, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, las sentencias de la Corte Constitucional solamente tienen efecto hacia el futuro, salvo que por esa corporación se resuelva lo contrario; que no hay duda respecto de la infracción directa de la norma exactamente aplicable al caso, pues el accidente de trabajo se produjo antes de la Sentencia C-250 de 2004, y el tribunal si bien mencionó el artículo 16 del Decreto-Ley 1295 de 1994 no le hizo producir efectos, razón por la que se debe quebrar la decisión recurrida en casación; que aún en el supuesto de que la Sala de Casación Laboral no compartiera la tesis jurídica expresada en el primer cargo, las normas de dicho decreto que conservan su vigor, armonizadas con lo preceptuado en la Ley 100 de 1993 y en el artículo 115 del Decreto-Ley 2150 de 1995, que llevan necesariamente a concluir que el empleador que incurre en mora en el pago de las cotizaciones periódicas correspondientes al sistema general de riesgos profesionales no resulta exonerado de su obligación, sino que, por el contrario, tendría a su cargo las prestaciones que se causaren.
X. Consideraciones de la Corte.
En este cargo, igual que los anteriores, el censor desatiende los verdaderos motivos que tuvo el tribunal para tomar su decisión.
Efectivamente, no aparece que dentro de los fundamentos de la decisión recurrida estuviere la de que el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, no resultare aplicable al caso controvertido por haber sido parcialmente declarado inexequible en la parte que reclama para el asunto debatido la censura.
Lo anterior porque el verdadero sustento de la decisión fue fáctico, como se dijo al despachar el primer cargo, en donde se señaló que uno de los supuestos fue el de que solo se había omitido el pago de una cotización, lo que de por sí descarta la aplicación del artículo 16 en su redacción inicial, pues para que opere la desafiliación automática del sistema de riesgos profesionales, que es lo que persigue el censor, como ya también tuvo oportunidad de decirse, se requería que se diera «El no pago de dos o más cotizaciones periódicas...», de modo que sobre este supuesto fáctico de la decisión resultan inanes los argumentos en cuanto a sí estaba vigente o no el texto completo del artículo 16 mencionado, al momento de la muerte del afiliado, pues de todas maneras esa norma no es la llamada a regular el caso, porque precisamente no se da la situación por ella regulada.
Acusa la sentencia recurrida de haber interpretado erróneamente los artículos 1º, 2º, 13 y 16 del Decreto-Ley 1295 de 1994. Lo que, condujo a la infracción directa de los artículos 23 del Decreto-Ley 1295 de 1994 y 21 del Decreto 656 de 1994, así como a la aplicación indebida del artículo 49 del Decreto-Ley 1295 de 1994.
En el desarrollo del cargo, aduce la censura que en sentencia de 19 de mayo de 2009, proferida en un proceso en el que también fue recurrente el Instituto de Seguros Sociales, esta Sala no casó la sentencia fundada en que la entidad no había formulado «un alcance de la impugnación subsidiario, para que la condena al pago de la pensión de vejez le hubiera sido impuesta en forma provisional». Antecedente que lleva a que en este asunto se formule un alcance de impugnación subsidiario, mediante el cual se pide la anulación del fallo del tribunal, para que, en sede de instancia, la Corte revoque la decisión del juzgado y, en su lugar, condene a pagar la pensión de sobrevivientes de manera provisionaly hasta tanto sean declaradas incobrables las cotizaciones en mora.
En punto a la violación denunciada anota que en la sentencia del 19 de mayo de 2009, se estimó que hasta tanto no se hubiera declarado incobrable una deuda, las cotizaciones que no hayan sido efectivamente pagadassiguen gravitando en la contabilidad de las cotizaciones del afiliado, pero de diferente manera según el riesgo o la prestación de que se trate, especialmente, en el caso de la pensión de vejezse dijo que «las cotizaciones existentes no pagadas se han de contar provisionalmente, hasta tanto no haya declaración sobre su existencia»; que cambiando lo que haya de modificarse de la jurisprudencia sobre las consecuencias de la falta de diligencia de las administradoras de pensiones en el recaudo de los aportes, debe tomarse en cuenta como un criterio jurisprudencial igualmente válido, en el caso de las pensiones de sobrevivientes, el expuesto, pues resulta procedente y es dable aplicar analógicamente la figura prevista en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994 cuando la prestación reclamada es la pensión de vejez, pues no existe ninguna razón de orden lógico ni legal para no acudir analógicamente a la figura de la pensión provisional cuando alguno de los miembros del grupo familiar del asegurado o pensionado fallecido reclama el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes; que de acuerdo a lo expresado en la sentencia de 19 de mayo de 2009, lo que motivó que la Sala de Casación Laboral precisara los alcances de su jurisprudencia respecto de los efectos y consecuencias de la falta de diligencia de la administradora de pensiones en el cobro de cotizaciones fue lograr «la efectiva realización del equilibrio financiero del sistema», admitiendo así que el reconocimiento de la pensión de vejez se haga de manera provisional, con invocación analógica de la figura prevista en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994; que conforme a la ley, el empleador es el exclusivo responsable del pago de los aportes, tratándose incluso de los aportes en que el trabajador debe cotizar, de modo que es a su cargo que debe quedar el cubrimiento de los riesgos profesionales cuando él no paga las correspondientes cotizaciones, según lo previsto en el artículo 23 del Decreto-Ley 1295 de 1994.
XII. Consideraciones de la Corte.
Resulta a todas luces improcedente, en este caso, el alcance subsidiario que pretende la censura con el cargo, pues, según se dejó dicho, conforme a los fundamentos del fallo, el afiliado no se encontraba, al momento de su muerte, desafiliado del sistema general de riesgos profesionales, porque, según lo dio por demostrado el tribunal, fue vinculado el 31 de julio de 1996 de modo que al 30 de agosto siguiente cuando falleció apenas llevaba un período de afiliación y, dada la fecha de su deceso, tampoco podía decirse que estuviera en mora en el pago de ese período, pues conforme al artículo 9º del Decreto 1406 de 1999 el empleador debe pagar los aportes a su cargo dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a su causación.
De modo que, para la fecha del fallecimiento del trabajador, este se encontraba afiliado a la ARP y no se encontraba su empleador en mora en el pago de los aportes correspondientes, de donde quien debía asumir necesariamente el pago de la pensión sin condicionamientos era el Instituto de Seguros Sociales.
No sobra reiterar, que lo anterior no quiere decir que el empleador esté liberado del pago del aporte correspondiente y que la Administradora de Riesgos Profesionales quede relevada de adelantar todas acciones correspondientes para obtener el recaudo, pues estas son obligaciones independientes al derecho que se causó en favor de los familiares del afiliado fallecido.
XIII. El recurso de casación de la parte demandante.
Persigue la casación parcial de la sentencia acusada, en cuanto modificó parcialmente la proferida por el juez del conocimiento, en lo referente al monto de la mesada pensional, a fin de que en sede de instancia, confirme la de primer grado.
Para tal efecto formula dos cargos por la causal primera de casación que fueron replicados y enseguida se estudian.
XIV. Primer cargo.
Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, el artículo 20 del Decreto-Ley 1295, al partir del entendido de fijar el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de sobrevivientes, con base en el último Ingreso Base de Cotización declarado por el empleador. Exégesis, en la que, dice, influyó la interpretación que se asignó al artículo 4º del Decreto-Ley 1295 de 1994 en los literales c) y d), en los que contempla la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales.
Cita textualmente el artículo 20 del Decreto-Ley 1295 de 1994, para aseverar que resulta equivocada la interpretación dada por la juzgador de segundo grado a esta norma, al entender que la pensión de sobrevivientes a cargo de la Aseguradora de Riesgos Profesionales, se calcula con base en la última cotización declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos profesionales, sin tomar en cuenta que el artículo contempla dos supuestos presentados incluso en forma disyuntiva, que no se diferencian en la sentencia.
Resalta que en el primer supuesto se define que el ingreso base de liquidación corresponde al promedio de los seis meses anteriores, esto es, los seis meses anteriores a la ocurrencia del siniestro y que fueron los laborados por el trabajador para la empresa en la cual sufrió el accidente; que la base para calcular las cotizaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, es el salario mensual, tal como lo dispuso el artículo 17 del Decreto 1295 de 1994; que el artículo 20 del Decreto 1295 de 1994 determina la forma de calcular el ingreso base de liquidación para aquellos eventos en que el tiempo laborado por el trabajador, que sufrió el siniestro, fuere inferior a la base de cotización declarada, en cuyo caso el cálculo se hará sobre el promedio de los salarios correspondientes a la fracción de meses, efectivamente laborados; que el Decreto Reglamentario 1772 de 1994, en sus artículos 15 y 19 establece qué se entiende por novedades, y entre otras señala como tal el ingreso de un trabajador, pero que en este caso el tribunal confundió la afiliación con el reporte de novedades y por ello,con una interpretación errada del artículo 20 del Decreto-Ley 1295, no tuvo en cuenta que el trabajador se encontraba laborando para la Sociedad Techin Internacional Construcción Corp. Tenco y Cotecol Compañía Técnica de Construcciones S.A. por más de seis meses anteriores al accidente de trabajo que le costara la vida y solo tuvo en cuenta, para efectos de fijar el Ingreso Base de Liquidación, el salario reportado en el formulario de novedad que aparece e folio54; que se abstuvo de promediar los salarios reportados en el tiempo efectivamente laborado, limitándose a dar como Ingreso Base de Liquidación el último salario reportado, antes de la fecha del siniestro; que los hechos acreditados permiten entender, sin lugar a dudas, que el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de sobrevivientes demandada, si se hace adecuada interpretación de la norma aludida, es decir, del artículo 20 del Decreto 1295 de 1994, se debe calcular teniendo en cuenta que la vinculación del trabajador a la ARP, data de más de seis meses anteriores al hecho o siniestro.
XV. La réplica.
Se remite a lo expuesto por el tribunal sobre el punto que controvierte el ataque para poner de presente que el tribunal no obtuvo el ingreso base de la pensión de sobrevivientes del artículo 20 del Decreto-Ley 1295 de 1994, sino del examen de las pruebas obrantes en el proceso, de manera que no pudo haber interpretado erróneamente el texto legal que se limitó a reproducir de manera fragmentaria pero al pie de la letra.
Respecto al ingreso base de liquidación de la pensión reconocida, como lo dice la réplica, el tribunal apenas se limitó a transcribir los artículos 20 y 50 del Decreto 1295 de 1994, para luego advertir lo siguiente:
De acuerdo a la solicitud de vinculación visible a folios 54 del expediente, ingreso mensual del trabajador Julio Santoya Martínez era de $480.966. Y como después de la afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales (ocurrida el 31 de julio de 1996) no se declaró un ingreso base de cotización diferente si se tiene en cuenta que la información contenida en el documento de folios 97 respecto del ciclo 199608 fue radicada el 9 de septiembre de 1996, o sea, después de ocurrido el siniestro, se concluye que el ingreso base de liquidación de la pensión de sobrevivientes en este proceso es de $480.966. Y como la pensión por muerte del afiliado equivale al 75% de dicho ingreso, su valor a partir del 1 de septiembre de 1996 es de $360.724.50, sin perjuicio de los aumentos autorizados por la Ley y del pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año”.
Ahora bien, lo que cuestiona en esencia la acusación, no es la interpretación que hizo el tribunal de las mencionadas normas que establecen el ingreso base de liquidación, sino que hubiere confundido la afiliación con el reporte de novedades y por ello no hubiere tenido en cuenta que el afiliado venía trabajando desde hacía seis meses con la empleadora.
En estos términos no es posible estudiar la acusación, pues la vía directa por la cual se plantea supone la conformidad de la censura con todos los supuestos de hecho que sirvieron de base para proferir el fallo y, en este caso, lo que hace el recurrente es mezclar reproches de índole jurídica y fáctica, señalando no solo lo que a su juicio es el verdadero sentido de las normas cuya violación se acusa y criticando lo deducido por el tribunal acerca de la afiliación del trabajador fallecido, es decir, toda base fáctica sobre la cual se edificó el sentido del fallo.
Ahora bien, en lo estrictamente jurídico que se acusa en el cargo no se observa que el tribunal hubiera extraviado el sentido de las normas incluidas en la proposición jurídica, además que en lo que tiene que ver con el artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, no lo mencionó ni le dio soporte a la decisión, por lo que mal pudo haberlo interpretado.
XVI. Segundo cargo.
Indica que en la sentencia recurrida se «…violó en forma directa los artículos 4º, 20, 21 y 50 del Decreto-Ley 1295 de 1994», como consecuencia de haber dejado de apreciar la prueba documental obrante a folios 42 a 45, en la que se fundó el Juez a quo, para dar por acreditada, no solo la afiliación del causante durante los meses de mayo,junio, julio y agosto de 1996, sino también la cotización durante ese período.
En la demostración refiere el censor que la infracción directa de las normas citadas se originó al dejar de estimar la prueba documental aportada al proceso relacionada con los actos administrativos expedidos por el Instituto de Seguros Sociales, en virtud de los cuales negó las prestaciones reclamadas, esto es, la Resolución 54 de mayo 9 de 2001, emanada de la Gerencia Nacional de la Aseguradora ATEP, donde el Instituto en forma contradictoria pero contundente niega la pretensión aduciendo que el trabajador fallecido no se encontraba vinculado al sistema de riesgos profesionales, por mora en el pago de los ciclos febrero de 1996 a mayo del mismo año.
Por otra parte, apunta que en la sentencia acusada se estimó equivocadamente la prueba documental que aparece a folio 97, con la que se acredita el pago efectivo de la cotización del ciclo 1996-08, al negarle valor probatorio a ese documento por haber sido radicado el 9 de septiembre de 1996, después de ocurrida la contingencia sufrida por el causante; pasando por alto que la Ley contempla que las cotizaciones se efectúan, dentro de los diez días siguientes al mes que se cancela, de manera que el pago del mes de agosto se efectuaba en septiembre y que en dicha cotización se reportaba el salario efectivamente percibido por el trabajador.
También aduce que el juzgador de segundo grado concluyó equivocadamente que el documento obrante a folio 54 del expediente es la única declaración de ingreso base de cotización, por cuanto después de la afiliación ocurrida el 31 de julio de 1996, no se declarTribunal el valor probatorioa folio 97, con la que se acredita el pagop es ciclos febrero de 1996 a mayo del mismo añó un ingreso base de cotización diferente.
Insiste en que fue apreciada equivocadamente en la decisión el documento que milita a folio 54 del cuaderno de instancia, al atribuirle la calidad de prueba única del Ingreso Base de Cotización, para determinar el salario mensual reportado del trabajador fallecido en la suma de $480.966, lo que en su sentir constituye un error manifiesto de hecho, toda vez que para arribar a tal conclusión, interpreta en forma desacertada las planillas de autoliquidación que aparecen a folio 42 a 45 y 97, donde se da cuenta de unas cotizaciones efectivamente realizadas sobre un ingreso salarial de $1.900.000. Documentos que se observa no fueron objetados o tachados por la demandada.
XVII. La réplica.
Sostiene que en una acusación por la vía directa de la ley no le está permitido al recurrente referirse a las pruebas del proceso para reprochar al juzgador su falta de apreciación o estimación equivocada y agrega que sólo es procedente examinar las pruebas del proceso en el recurso extraordinario cuando se aduzca como motivo de casación la comisión de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas.
XVIII. Consideraciones de la Corte.
El estimarse en la decisión recurrida en casación que el salario base de liquidación a tomar en cuenta para establecer el monto de la pensión de sobrevivientes reclamada era el informado en el formulario de vinculación presentado por la empleadora el 31 de julio de 1996, partió de los hechos concretos, que encontró demostrados, según los cuales la afiliación del trabajador para efectos de la cobertura del Sistema General de Riesgos Profesionales surtió efectos a partir del día siguiente, esto es del 1º de agosto de 1996, y que el fallecimiento del causante tuvo ocurrencia ese mismo mes, el día 30, sin que se hubiera cancelado la primera cotización, de manera que no era dable tomar lo indicado con posterioridad al fallecimiento del trabajador en la planilla de pagos y novedades. Luego, no queda duda que para el tribunal la relación laboral del demandante transcurrió durante el mes de agosto de 1996, de manera que si la acusación estimaba algo distinto, pues solicitó que se tuvieran en cuenta los aportes por un período distinto debió haber controvertido esas apreciaciones, pero como no lo hizo así, se tiene entonces que las conclusiones fácticas de la sentencia de segundo grado permanecen inmodificables y por tanto continúan dando soporte suficiente a la decisión impugnada, pues sobre ellas obra la presunción de acierto y legalidad que en casación laboral opera respecto de la sentencia recurrida.
También se encuentra que la acusación orienta el cargo por la vía directa, pues denuncia la infracción directa de las normas que estima quebrantadas, sin embargo en el desarrollo del ataque alude a tópicos fácticos, y no es dable entender que en realidad quiso dirigir el cargo por la vía indirecta, pues en su desarrollo no indica cuales son los eventuales errores de hecho que puede contener la sentencia acusada, lo que de todas maneras hace insuficiente su acusación. Deficiencias que no puede tratar de corregir la Corte, dado el carácter dispositivo del recurso de casación, tratando de explorar si la decisión del juzgador de segundo grado en realidad presenta dislates fácticos o jurídicos.
El cargo, conforme a lo expuesto, se desestima.
Sin costas en los recursos interpuestos, dado que las partes en el proceso recurrieron, sin que ninguna de ellas tuviera éxito.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 25 de agosto de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ángela María Pabón Zapata, actuando en nombre propio y de sus menores hijos Julio Enrique y Verónica Santoya Pabóncontra el Instituto de Seguros Sociales; con intervención ad excludendum de Juana Julio Macott, Indira del Carmen, Tatiana y Yulian Minerva Santoya Julio, la primera como esposa y los demás como hijos suyos y del causante.

References: ARTÍCULO 16
 artículo 49
 artículo 48
 resolución 
 artículo 1
 artículo 161
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 115
 artículo 91
 artículo 16
 artículo 49
 artículo 45
 artículo 16
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 artículo 49
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 20
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