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Timestamp: 2020-07-14 20:00:44+00:00

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﻿ Sentencia SU-691 de septiembre 21 de 2011
SENTENCIA SU-691 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:REITERACIÓN DE LÍNEA JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA, QUIENES GOZAN DE UNA ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA. CRITERIOS ESTABLECIDOS EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA, EMPLEOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, LÍNEA JURISPRUDENCIAL
REVISTA TUTELA N°:149 DE MAYO DE 2012, PG.721
Sentencia SU-691 de septiembre 21 de 2011
Ref.: Expedientes T-2.729.320; T-2.727.673 y T-2.719.943 (Acumulados)
En el trámite de revisión de las decisiones de amparo adoptadas en los siguientes asuntos: José Ricardo Sarmiento Hoyos contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B (Exp. T-2.729.3209); Luis Arturo Buitrago Torres contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá (Exp. T-2.727.673); y David Norberto Garzón Cometta contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva (Exp. T-2.719.943).
Los anteriores expedientes de tutela fueron acumulados por la Sala de Selección 9, mediante auto del 7 de septiembre de 2010, por presentar unidad de materia.
a. Expediente T-2.729.320.
1. El señor Antonio José Ricardo Sarmiento Hoyos, quien es profesional graduado en administración de empresas, con estudios de especialización, fue vinculado al Servicio Nacional de Aprendiza, SENA, en el cargo de jefe grado 01 de la regional Bogotá, mediante acto administrativo del 17 de mayo de 2000.
b. Expediente T-2.727.673.
3. Posteriormente, mediante Resolución 84 del 30 de mayo de 1995, el peticionario fue trasladado de la dirección seccional del CTI de Valledupar a aquella de Bogotá, “en donde además de las funciones de investigador, fui (sic) de las funciones de jefe de sección de información y análisis”.
5. Agrega que “advertida la persecución laboral por el desmejoramiento de la función, resolví presentar renuncia a mi cargo el día 21 de agosto de 2001, indicando al señor Fiscal General de la Nación el motivo de la misma, recibiendo como única respuesta la Resolución 318 del 29 de agosto de 2001 (notificada el 3 de septiembre), en donde se me comunicó que “en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confiere el artículo 251 de la Constitución Política”, resolvió “declarar insubsistente del nombramiento efectuado al suscrito del cargo de investigador judicial II de la dirección nacional del Cuerpo Técnico de Investigación”.
c. Expediente T-2.719.943.
1. Asegura el peticionario que se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, como auxiliar administrativo I de la dirección seccional administrativa y financiera de Neiva, “nombramiento que se efectuó mediante Resolución 0-0705 del 13 de agosto 1993”.
2. Mediante resolución de julio de 1994 fue nombrado como auxiliar administrativo III de la dirección seccional administrativa y financiera de Neiva. Luego “con Resolución 0-2489 del 17 de noviembre de 1994 se me designó como investigador judicial I de la dirección seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Neiva. Mediante Resolución 0-1194 del 1º de agosto de 1999 me vinculé como profesional universitario I de la misma dirección seccional. La Resolución 0-1537 del 4 de agosto de 2000, me nombra como investigador judicial II de la dirección seccional del CTI de Neiva”.
3. El Fiscal General de la Nación, mediante Resolución 0-0323 del 18 de febrero de 2003, declaró insubsistente del cargo de investigador judicial II al peticionario, acto que no fue motivado.
2. Intervenciones de las autoridades públicas accionadas.
El Consejero de Estado Víctor Hernando Alvarado Ardila, mediante escrito del 27 de abril de 2010, se opuso a la procedencia del amparo solicitado argumentando que (i) la acción de tutela procede solo de manera excepcional contra providencias judiciales; (ii) no es viable acoger la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en materia de necesidad de motivar los actos administrativos mediante los cuales se desvinculan funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera; y (iii) de conformidad con el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley.
Por su parte, Hernando González Rueda, coordinador del grupo de recursos y peticiones de la dirección jurídica de la dirección seccional del SENA, luego de traer a colación la Sentencia C-543 de 1992, insiste en la improcedencia del amparo en el caso concreto por cuanto “que la decisión adoptada por un juez o tribunal disguste o moleste a una de las partes se configura una vía de hecho. Esta, para hacer posible el amparo, debe ser de tal entidad y proporción que signifique protuberante y grave trasgresión de la normatividad que ha debido regir el proceso, ejercicio abusivo de la función judicial y designio personal y caprichoso del juez”.
La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito radicado el 1º de febrero de 2010, se opuso a las pretensiones de la demanda, en esencia, recordando la línea jurisprudencial que ha mantenido el Consejo de Estado en materia de ausencia de necesidad de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declaran insubsistentes los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.
El Juzgado 3º Administrativo de Bogotá se pronunció igualmente recordado lo decidido por el Consejo de Estado en sentencia del 13 de marzo de 2003, sentencia en la cual se sostiene que no es necesario motivar los mencionados actos administrativos.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, decidió rechazar por improcedente el amparo demandado, por cuanto “según la posición reiterada de esta corporación, adoptada mediante auto del 13 de junio de 2006, la Sala Plena determinó que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, en razón de que la acción no fue así establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y, además, porque el artículo 40 del Decreto 2591, reglamentario de la acción de tutela, que la permitía, fue declarado inexequible por la Sentencia C-543 de 1992”.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de providencia del 20 de mayo de 2010, decidió confirmar el fallo impugnado por cuanto “Fundada en estos razonamientos, solo en situaciones especialísimamente excepcionales en las cuales se evidencie de manera superlativa que la providencia judicial padece de un vicio procesal ostensiblemente grave y desproporcionado, que lesiona en grado sumo el derecho fundamental de acceso a la justicia, individualmente considerado o en conexidad con el derecho de defensa y de contradicción, núcleo esencial del derecho al debido proceso, la Sala ha admitido que la acción de tutela constituye el remedio para garantizar estos especiales y concretos derechos amenazados o trasgredidos, procediendo en tales casos a ampararlos”.
4. Pruebas relevantes obrantes en cada expediente.
— Fotocopia de la sentencia de 2 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 2003-01349, en el caso de Antonio José Ricardo Sarmiento Hoyos contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
— Fotocopia de la sentencia proferida el 4 de febrero de 2010, expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del mismo expediente.
b. Expediente T- 2.727.673.
— Resolución del 29 de agosto de 2001, proferida por el Fiscal General de la Nación.
— Fotocopia de la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la acción de nulidad adelantada por el señor Luis Arturo Buitrago Torres contra la Fiscalía General de la Nación.
— Fotocopia de la sentencia expedida el 7 de julio de 2008 por el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, la acción de nulidad adelantada por el señor Luis Arturo Buitrago Torres contra la Fiscalía General de la Nación.
c. Expediente T- 2.719.943.
— Fotocopia de la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo del Huila, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor David Norberto Garzón Cometta contra la Fiscalía General de la Nación.
— Fotocopia de la sentencia expedida el 25 de junio de 2008, por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho elevada por el señor David Norberto Garzón Cometta contra la Fiscalía General de la Nación.
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación de los respectivos casos y de sus problemas jurídicos.
Así pues, en el primer caso se trata del señor Sarmiento Hoyos, quien venía laborando en el Servicio Nacional de Aprendiza, SENA, en el cargo de jefe grado 01 de la regional Bogotá, puesto del cual fue desvinculado mediante acto administrativo carente de motivación. Ante tal situación, decidió acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, alegando desviación de poder.
El Juzgado 3º Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 7 de julio de 2008, decidió negar las pretensiones de la demanda. La anterior decisión fue confirmada, el 12 de noviembre de 2009, por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Finalmente, el Expediente T-2.719.943 trata sobre el caso de un investigador judicial II de la Fiscalía General de la Nación, quien mediante Resolución 0-0323 del 18 de febrero de 2003, fue declaró insubsistente, mediante acto administrativo no motivado.
Aunado a lo anterior, en aplicación del segundo inciso del artículo 54ª del Acuerdo 5 de 1992, por tratarse de una acción de tutela instaurada contra una providencia del Consejo de Estado, el Expediente T-2.729.320 fue presentado el día 27 de abril de 2011 por el Magistrado Ponente ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la cual decidió asumir competencia en el presente asunto, de lo cual quedó constancia en el acta de Sala Plena del mismo día.
Así, en el caso del señor Antonio José Sarmiento Hoyos contra el SENA (Exp. T-2.729.320), el director regional (e) del SENA, mediante oficio del 29 de noviembre de 2010, afirmó lo siguiente:
“La vacante del cargo jefe grado 01 de la división de organización y sistemas que ocupaba en calidad de nombramiento en provisionalidad el señor Antonio José Sarmiento Hoyos identificado con C.C. 9.514.811, fue ocupado mediante Resolución 1334 y acta de posesión 206 del 1º de noviembre de 2002 en calidad de encargo por el señor Jorge Albeiro Martínez Pineda identificado con C.C. 79.563.976, exfuncionario de carrera administrativa, hasta el 25 de abril de 2004, fecha en la cual el cargo de jefe 01 fue suprimido de la planta de la regional Distrito Capital”.
Por otra parte, en relación con los funcionarios retirados del CTI, la Dra. Sandra Maritza Giraldo Carmona, jefe de oficina de personal, mediante oficio del 3 de noviembre de 2010, respondió lo siguiente:
“El cargo de investigador judicial II que desempeñaba el señor Luis Arturo Buitrago Torres, identificado con cédula de ciudadanía 79.252.513, fue ocupado por la señora Jacqueline Rodríguez González, identificada con cédula de ciudadanía 51.700.874, en provisionalidad en virtud del traslado a la dirección nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quien en la actualidad se encuentra retirada de la entidad.
El cargo del investigador judicial II que desempeñaba el señor David Norberto Garzón Cometta, identificado con la cédula de ciudadanía 7.685.030 fue ocupado por el señor John William Losada Aguirre, identificado con la cédula de ciudadanía 12.190.578, quien fue nombrado en provisionalidad en la dirección seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Neiva”.
“Por lo anterior, me permito manifestarle que el régimen de carrera administrativa para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se encuentra reglamentado, pero a la fecha no ha sido implementado, motivo por el cual la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Administración de la Carrera, CNAC, viene adelantando los trámites pertinentes para dar inicio al concurso de méritos en esta área”.
En este orden de ideas, la Corte reiterará sus líneas jurisprudenciales, presentes en la Sentencia SU-917 de 2010, referentes a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales proferidas por los jueces y magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en las cuales no se ha considerado que la administración deba motivar el acto de desvinculación de un funcionario nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera, y por ende, han negado las demandas instauradas en tal sentido. Seguidamente, se resolverán los casos concretos.
3. Las líneas jurisprudenciales sentadas en la Sentencia SU-917 de 2010.
La Corte Constitucional, en Sentencia SU-917 de 2010, reiteró y unificó las diversas líneas jurisprudenciales que, a lo largo de los años, ha venido construyendo en relación con (i) la falta de motivación del acto administrativo de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera; (ii) la discrecionalidad relativa y la excepción de motivación de actos administrativos; (iii) el vicio de nulidad por falta de motivación de los actos de retiro de cargos en provisionalidad; (iv) la procedencia de la acción de tutela contra providenciales judiciales que desconocen el inexcusable deber de motivar los actos administrativos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad; (v) la jurisprudencia del Consejo de Estado y su abierta incompatibilidad con la Constitución y jurisprudencia de la Corte en materia de ausencia de motivación de los mencionados actos administrativos; (vi) y los diversos mecanismos de protección judicial.
Ahora bien, dado que existen incontables fallos de control abstracto de constitucionalidad y de amparo referidos a los mencionados temas, y que por ende, carecería de sentido entrar a trascribir numerosos extractos jurisprudenciales en la materia, la Sala de Revisión estima conveniente retomar lo dicho en Sentencia SU-917 de 2010, en relación con dos temas que guardan una estrecha relación con la solución de los casos concretos: (i) el régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación y el deber de motivar los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad; y (ii) las soluciones que debe aplicar el juez de tutela cuando se instaure una acción de tutela contra providencias judiciales que no acataron la jurisprudencia constitucional en la materia.
Así, en cuanto al primer tópico, la Corte en Sentencia SU-917 de 2010, consideró lo siguiente:
“b. El régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación y el deber de motivación de los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad.
El Decreto-Ley 2699 de 1991 consagró el régimen de carrera para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación (art. 65 y ss.), donde el artículo 73 autorizó la vinculación excepcional mediante provisionalidad(1) y el artículo 100-5 el retiro por “insubsistencia discrecional, en los cargos de libre nombramiento y remoción”.
La Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, señaló que la Fiscalía General de la Nación tendría su propio régimen de carrera, sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, “orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman” (art. 159), norma esta declarada exequible por la Corte Constitucional(2).
El Decreto-Ley 261 de 2000 modificó la estructura de la Fiscalía General de la Nación y lo relativo al régimen de carrera de la institución (Título VI), en cuyo artículo 117 consagró la vinculación en provisionalidad(3).
Finalmente, la Ley 938 de 2004, “por la cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, reguló la administración de personal y el régimen especial de carrera. El artículo 70 autorizó el nombramiento excepcional en provisionalidad(4), mientras que el artículo 73 estipuló el retiro de la carrera mediante acto motivado y en los demás casos en ejercicio de la facultad discrecional(5).
Los artículos 70 y 73 de la Ley 938 de 2004 fueron objeto de control constitucional en la Sentencia C-279 de 2007. La Corte declaró la exequibilidad condicionada de dichas normas, “en el entendido de que en el caso de los funcionarios designados en provisionalidad en cargos de carrera, el acto de desvinculación deberá ser motivado por razones del servicio específicas, en los términos del apartado 4 de esta sentencia”. En ese fundamento jurídico la Sala reafirmó su extensa jurisprudencia sobre el deber de motivación de los actos de retiro de servidores vinculados en provisionalidad en cargos de carrera de la Fiscalía General de la Nación y sobre esa base condicionó la validez de las normas objeto de control. Dijo entonces(6):
— El derecho al debido proceso es aplicable a todas las decisiones administrativas, a pesar de las reglas específicas que rigen dichas actuaciones. En la Sentencia T-653 de 2006 se definió este derecho como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) procurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus actuaciones, y (iii) salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados (T-522/2002)”.
— En consonancia con lo anterior, a partir de la Sentencia SU-250 de 1998 la Corte estableció que cuando un servidor público ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad el acto de desvinculación debía ser motivado, “pues solo razones de interés general pueden conducir a la desvinculación” (SU-258/98, T-951/2004). La Corte también ha distinguido entre la desvinculación de los servidores de libre nombramiento y remoción y la de los servidores de carrera, y resaltó que respecto de los primeros no existe el deber de motivación, en razón de la naturaleza del cargo, mientras que para los segundos sí es necesaria dicha motivación (T-951/2004). Así, desde la Sentencia T-800 de 1998 se estableció que (...).
— Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que se decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener las razones del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el nominador cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, esta no puede convertirse en arbitrariedad. Por eso, los motivos de interés público que fundamentan la desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho al debido proceso de la persona desvinculada (T-081/2006, C-031/95). Así, la discrecionalidad del nominador solo puede atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto. Por supuesto, la razón principal consiste en que el cargo va a ser ocupado por un funcionario que ha participado en un concurso de méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace merecedor del cargo (T-1310/2005, T-222/2005, T-800/98, T-884/2002, T-1206/2004 y T-392/2005).
La línea jurisprudencial trazada en relación con el deber de motivación de los actos de retiro de servidores de la Fiscalía General de la Nación vinculados en provisionalidad ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores y recientes de esta corporación(7).
A su vez, en relación con las soluciones que debe adoptar el juez constitucional cuandoquiera que se instaure una acción de amparo contra una decisión judicial en la cual se consideró que no se requería motivar los actos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, la Corte en Sentencia SU- 917 de 2010, consideró lo siguiente:
“c. Mecanismos de protección constitucional
Cuando la circunstancia descrita se presenta en una decisión judicial — desconocimiento del alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias—, el juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos conculcados, por supuesto siempre y cuando se haya verificado el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Para ello se observan varias alternativas a las cuales podría acudir dependiendo de las circunstancias que plantee el caso(8):
— La primera hipótesis se presenta cuando en el proceso ordinario o ante la jurisdicción contencioso administrativa uno de los fallos de instancia ha sido conforme a la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional. En tal caso, el juez de tutela debe dejar sin efecto la sentencia contraria al precedente y, en su lugar, confirmar el fallo de instancia que se ajusta a la jurisprudencia constitucional(9).
“La Corte ha subrayado la necesidad de expresar las razones con fundamento en las cuales se declara insubsistente a un funcionario o a una funcionaria nombrada en provisionalidad para desempeñar un cargo de carrera porque resulta indispensable para garantizar el derecho constitucional fundamental a la garantía del debido proceso. Ha dicho, en este orden de ideas, que una de las consecuencias del Estado social de derecho se manifiesta, justamente, en la obligación de motivar los actos administrativos pues solo así los jueces, en el instante en que deben realizar su control, pueden verificar si dichos actos se ajustan o no a los preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico. De lo contrario, se presenta la desviación de poder prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y, en tal sentido, se configura una causal autónoma de nulidad del acto administrativo que no contenga la motivación” (resaltado fuera de texto).
En estos eventos el juez de tutela, y particularmente la Corte Constitucional, debe tomar directamente las medidas necesarias, pudiendo incluso dictar sentencia sustitutiva o de reemplazo, pues no quedaría alternativa distinta para garantizar la real y efectiva protección de los derechos fundamentales y con ello el derecho de acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad(10).
Así las cosas, queda clara la procedencia del amparo contra decisiones judiciales que se aparten de los numerosos precedentes sentados por la Corte en materia de falta de motivación de actos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera. Lo importante será entonces verificar en cuál de las tres hipótesis planteadas por esta corporación en Sentencia SU-917 de 2010 se encuentra el caso concreto, a efectos de decidir el contenido de la orden a impartir.
4. Postura jurisprudencial del Consejo de Estado acerca de la desvinculación inmotivada de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera. Fallos recientes.
4.1. Postura tradicional del Consejo de Estado.
En sentencia del 12 de febrero de 2004, el Consejo de Estado consideró que los empleados designados de manera provisional podían ser retirados discrecionalmente, según lo previsto en los decretos reglamentarios 1950 de 1973, artículo 107 y 1572 de 1998, artículo 7º. En efecto, el Decreto 1950 de 1973, en su artículo 107 establecía: “En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados”.
Esta disposición fue declarada ajustada a derecho por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de febrero de 2004. En aquel entonces, el actor solicitó la nulidad de la expresión “o provisional” por considerar que excedía la potestad reglamentaria desconocer lo reglado en el artículo 26 del Decreto-Ley 2400 de 1968 y disponer la discrecionalidad para el retiro del servicio de los empleados provisionales, cuando ella “está reservada únicamente para los empleos de libre nombramiento y remoción”.
“Para el actor, el artículo 26 del Decreto-Ley 2400 de 1968 solo puede interpretarse en el sentido de que la potestad discrecional está referida a los empleos de libre nombramiento y remoción, es decir a los nombramientos ordinarios, ya que la expresión “empleo” que utiliza la norma así lo indica, dejando a un lado la situación del empleado, vocablo este que sí utiliza el inciso segundo, argumento que resulta errado en sentir de la Sala.
Conviene así mismo señalar que, ha sido criterio reiterado de la Sala Segunda del Consejo de Estado el precisar que, la situación del nombrado provisionalmente, aunque no es idéntica, tiene importantes semejanzas con la de los designados para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción, porque en ambos casos, el nombramiento se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional del nominador de escoger, en beneficio del servicio, a quien tenga las condiciones de idoneidad para desempeñar la función, y el retiro a su vez debe estar precedido de razones objetivas plenamente justificadas en el interés general.
Bajo la línea del precedente judicial, la jurisprudencia de la Subsección al estudiar la situación de los provisionales frente a los derechos de estabilidad laboral que reclaman por ocupar un cargo de carrera administrativa respecto del cual no se ha surtido el proceso de selección, ha acogido la tesis expresada en sentencia de 13 de marzo de 2003 en la que con el fin de unificar la posición de las subsecciones sobre el efecto del nombramiento en provisionalidad en cuanto a la estabilidad en el empleo, se precisó:
En este orden de ideas, a juicio de la Sala Segunda del Consejo de Estado, mientras el cargo clasificado como de carrera administrativa no haya sido provisto por el sistema selectivo, el empleado se encuentra en una situación precaria, y admitir el fuero de estabilidad propio de los empleados de carrera administrativa para los nombramientos provisionales, dada la naturaleza del empleo, desatiende el sentido del concurso de méritos y desconoce que la permanencia en los cargos de carrera no se condiciona a la realización del concurso de méritos, sino que opera exclusivamente cuando se ingrese al sistema previa superación de las etapas que comprende el proceso selectivo, y siempre que no se obtenga calificación insatisfactoria en la prestación de los servicios (L. 443/98, arts. 13 y 30; D. 1572/98, art. 120).
Por estas razones, la jurisprudencia de la Sala ha señalado, que si bien es cierto el nombramiento provisional es válido para los cargos clasificados como de carrera administrativa que no hayan sido provistos por concurso, y que dicho nombramiento no procede como forma de provisión de cargos de libre nombramiento y remoción, sí es posible predicar respecto de tal modalidad de vinculación las reglas de la facultad discrecional, dada la similitud en el ingreso y el retiro que se presenta tanto para los nombramientos provisionales como para los de libre nombramiento y remoción.
4.2. Postura reciente del Consejo de Estado.
En el mencionado fallo, el Consejo de Estado comienza por traer a colación diversas leyes que han regulado el tema de la función pública en Colombia. Al respecto concluye afirmando que antes de la vigencia de la Ley 909 de 2004, el nombramiento en provisionalidad —ante la imposibilidad de realizar encargo—, tenía unos términos específicos señalados en la ley y, de manera general, se producía mientras se surtía el proceso de selección convocado para proveer empleos de carrera (L. 443/98, art. 8º y ss.). Sin embargo, las normas reglamentarias autorizaban separar del empleo a tales servidores de manera discrecional (D. 1950/73, art. 107 y D. 1572/98, art. 7º).
La Ley 909 y su decreto reglamentario, según el Consejo de Estado, le dieron plenos efectos a los términos de duración de los nombramientos provisionales al señalar que estos no pueden superar los seis meses legales de duración, plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso, autorizando la prórroga de los nombramientos provisionales hasta cuando dicha convocatoria pueda ser realizada, de tal manera que, solo mediante acto motivado el nominador podrá darlos por terminados, antes del vencimiento del término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional.
“La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es, dicho retiro es procedente solo y de conformidad con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el acto administrativo que así lo disponga debe ser motivado , de tal manera que, la discrecionalidad del nominador solo se predica respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la cual se efectuará mediante acto no motivado (L. 909/2004, art. 41, par. 2º, inc. 2º).
La motivación del acto de retiro del servicio frente a servidores que estén desempeñando en provisionalidad empleos de carrera administrativa, y que de manera expresa exige el legislador, luego de entrada en vigencia la Ley 909 de 2004, obedece a razones de índole constitucional que ya la Corte había precisado, y se traduce en la obligación para la administración de prodigar un trato igual a quienes desempeñan un empleo de carrera, el que funcionalmente considerado determina su propio régimen, que para los efectos de los empleados provisionales hace parte de sus garantías laborales, entre ellas la estabilidad relativa, en la medida en que su retiro del servicio se produce bajo una competencia reglada del nominador, por causales expresamente previstas (L. 909/2004, art. 41; D. 1227/2005, art. 10), y que justifican la decisión que debe producirse mediante acto motivado.
4.3. A modo de conclusión.
En tal sentido, si bien es cierto que la expansión del principio de supremacía constitucional ha irradiado a toda la jurisdicción en Colombia, y por ende, los fallos de los jueces administrativos consultan igualmente el espíritu de la Constitución, también lo es que, en su quehacer interpretativo y argumentativo la ley sigue ocupando un lugar de primer orden. Por el contrario, el juez constitucional, al no encontrarse atado por el texto de aquella, ni ser tampoco el llamado a interpretarla y aplicarla en casos concretos, suele adelantar una lectura distinta de las cláusulas de derechos fundamentales.
5.1. Expediente T-2.729.320.
5.1.1. Breve recuento del asunto y de las actuaciones judiciales.
El caso concreto versa sobre un señor, quien fue vinculado al Servicio Nacional de Aprendiza, SENA, en el cargo de jefe grado 01 de la regional Bogotá, mediante acto administrativo del 17 de mayo de 2000.
En sede de tutela, el Consejero de Estado Víctor Hernando Alvarado Ardila, se opuso a la procedencia del amparo solicitado argumentando que (i) la acción de tutela procede solo de manera excepcional contra providencias judiciales; (ii) no es viable acoger la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en materia de necesidad de motivar los actos administrativos mediante los cuales se desvinculan funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera; y (iii) de conformidad con el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley.
5.1.2. Resolución del caso concreto.
En efecto, el ciudadano Sarmiento Hoyos decidió demandar el acto de desvinculación del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, alegando lo siguiente:
El nombramiento del demandante podía haber sido declarado insubsistente si existiera el fundamento de mejoramiento del servicio, lo que no ocurrió, toda vez que para proveer el cargo se nombró a un subalterno que no cumplía con los requisitos establecidos en el manual de funciones y requisitos”(11).
“La Sala estima que la causal de nulidad que esgrime la parte demandante proveniente de la falta de motivación del acto acusado, no tiene fundamento jurídico por cuanto, como se indicó, el demandante desempeñaba un cargo de carrera en provisionalidad, calidad que, por sí misma, no otorga ningún fuero de estabilidad...” (resaltados agregados).
La Sección Segunda de esta corporación, sin embargo, se ha apartado del referido precedente, argumentando que, en todo caso, la tesis sostenida por el Consejo de Estado cuenta con un soporte de naturaleza “ius fundamental”. En providencia de 25 de febrero de 2007, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, radicado interno 3090-2005, esta Subsección manifestó (resaltados agregados).
La posición adoptada por esta corporación encuentra asidero en disposiciones tales como la contenida en el artículo 7º del Decreto 1572 de 1998, “Por la cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-Ley 1567 de 1998”.
En el mismo sentido se pronunció nuevamente esta subsección en sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente 6299-2005, C.P. Jesús María Lemos Bustamante”.
5.1.3. La orden a impartir.
Así pues, en el caso concreto, la Sala deberá seguir el precedente sentado en la Sentencia SU-917 de 2010, y por ende, adoptar las siguientes decisiones: (i) revocar los fallos de tutela que negaron el amparo solicitado; (ii) dejar sin efectos los fallos de instancias, proferidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (iii) dictar una sentencia sustitutiva o de reemplazo; (iv) no conceder el reintegro del trabajador, por cuanto el cargo que venía desempeñando fue suprimido; y (v) ordenar el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta la fecha de supresión del cargo, sin solución de continuidad, con las actualizaciones pertinentes, y en atención a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
5.2. Expediente T-2.727.673.
5.2.1. Breve recuento del asunto y de las actuaciones judiciales.
Posteriormente, el accionante demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la mencionada resolución. El Juzgado 3º Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 7 de julio de 2008, decidió negar las pretensiones de la demanda. La anterior decisión fue confirmada, el 12 de noviembre de 2009, por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En sede de amparo, la Fiscalía General de la Nación, mediante escrito radicado el 1º de febrero de 2010, se opuso a las pretensiones de la demanda, en esencia, recordando la línea jurisprudencial que ha mantenido el Consejo de Estado en materia de ausencia de necesidad de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declaran insubsistentes los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.
5.2.2. Resolución del caso concreto.
En cuanto a los requisitos generales, la Corte encuentra que (i) el asunto presenta relevancia constitucional, por cuanto la ausencia de motivación de los actos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, configura una vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; (ii) el accionante agotó todos los medios disponibles de defensa; (iii) la acción de tutela fue interpuesta en un plazo razonable, si tomamos en cuenta que la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en sede de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, data del 12 de noviembre de 2009, habiendo sido interpuesto el respectivo amparo el 14 de enero de 2010; (iv) no se trata de una simple irregularidad procesal; (v) el afectado identificó los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales violados; y (vi) no se trata de una sentencia de tutela.
“Falta de motivación del acto administrativo de insubsistencia. El acto de insubsistencia carece de motivación directa o indirecta, y el acto discrecional laboral debe ser motivado indirectamente, en nuestro caso, conforme al artículo 26 del DL 2400 de 1968 mediante constancia de la hoja de vida, donde se indiquen las circunstancias de hecho y las causas que ocasionan la insubsistencia. Cita al efecto el artículo 35 y 36 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 25, 29, 53, 113 y 237 numeral 1 y 237 de la Constitución Política”(12).
“Por resultar aplicables al caso concreto y particular, esta (sic) despacho acoge ahora los argumentos expuestos en dichas providencias, y simplemente dirá, con base en ellos, que dada la condición del nombramiento del demandante no existe violación de normas sobre provisionalidad, ni ausencia de causa legal alguna para proceder a su desvinculación, pues es claro que, para estos asuntos, resulta procedente la facultad de libre nombramiento y remoción sin necesidad de motivación alguna, aun tratándose de un cargo de carrera”.
En igual sentido se pronunció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 12 de noviembre de 2009, cuando al resolver la apelación presentada contra la sentencia del Juzgado 3º Administrativo de Bogotá, sostuvo lo siguiente:
En este orden de ideas, la Corte advierte que el Juzgado 3º Administrativo de Bogotá, al igual que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, inaplicaron el precedente sentado por esta corporación en materia de motivación del acto administrativo de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, lo cual constituye, como se ha explicado, un defecto que hace procedente la excepcional acción de tutela contra providencias judiciales.
5.2.3. Contenido de la orden a impartir.
Constatada la procedencia del amparo contra sentencias, la Sala debe tomar en consideración dos aspectos, a efectos de impartir las correspondientes órdenes de amparo: (i) el cargo que venía desempeñando el funcionario no ha sido provisto por un funcionario que haya superado un concurso de méritos; (ii) ambas instancias fallaron sin acatar la jurisprudencia constante de la Corte en materia de motivación de los actos de desvinculación; y (iii) en la Sentencia SU-917 de 2010, la Corte decidió, en casos semejantes, que procedía el reintegro y el correspondiente pago de salarios y prestaciones actualizado.
Así pues, en el caso concreto, la Sala deberá seguir el precedente sentado en la Sentencia SU-917 de 2010, y por ende, adoptar las siguientes decisiones: (i) revocar los fallos de tutela que negaron el amparo solicitado; (ii) dejar sin efectos los fallos proferidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, (iii) dejar sin efectos el acto administrativo de desvinculación del cargo; (iv) ordenar el reintegro del accionante al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrado, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes y en atención a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
5.3. Expediente T-2.719.943.
5.3.1. Breve recuento del asunto y de las actuaciones judiciales.
5.3.2. Resolución del caso concreto.
En cuanto a los requisitos generales, la Corte encuentra que (i) el asunto presenta relevancia constitucional, por cuanto la ausencia de motivación de los actos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, configura una vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; (ii) el accionante agotó todos los medios disponibles de defensa; (iii) la acción de tutela fue interpuesta en un plazo razonable, si tomamos en cuenta que la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en sede de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, data del 8 de septiembre de 2009, habiendo sido interpuesto el respectivo amparo el 11 de diciembre del mismo año; (iv) no se trata de una simple irregularidad procesal; (v) el afectado identificó los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales violados; y (vi) no se trata de una sentencia de tutela.
La discrecionalidad no se puede identificar con la facultad absoluta de obrar, por ello, el acto de insubsistencia debe ser motivado, para que no resulte violatorio del principio de igualdad, de la estabilidad laboral y demás supuestos que puedan ir en detrimento de los intereses de los trabajadores”(13).
El Juzgado 2º Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 25 de junio, decidió negar las pretensiones de la demanda, por cuanto no se logró demostrarla desviación de poder, y porque además “el acto administrativo atacado, por ser producto del ejercicio de la facultad discrecional, no contiene motivación, se descarta la posibilidad de que se encuentre por otro lado, afectado por falsa motivación”(14).
“Como ya se dijo, los actos que declaran la insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad, por ser consecuencia de la aplicación de la facultad discrecional, no requieren ser motivados, de allí que, por sustracción de materia, no habría lugar a analizar el cargo denominado falsa motivación. De las pruebas tampoco es posible tener certeza, que el objetivo de la declaratoria de insubsistencia, hubiesen sido los que en la demanda se deprecan, precisamente que el retiro haya sido por el conflicto que existía entre el empleado y el superior jerárquico”(15).
Así las cosas, la Corte advierte que el Juzgado 2º Administrativo de Neiva, al igual que el Tribunal Administrativo del Huila, inaplicaron el precedente sentado por esta corporación en materia de motivación del acto administrativo de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, lo cual constituye, como se ha explicado, un defecto que hace procedente la excepcional acción de tutela contra providencias judiciales.
5.3.3. Órdenes a impartir.
Constatada la procedencia del amparo contra sentencias, la Sala debe tomar en consideración tres aspectos, a efectos de impartir las correspondientes órdenes de amparo: (i) el cargo que venía desempeñando el funcionario no ha sido provisto por un funcionario que haya superado un concurso de méritos; (ii) ambas instancias fallaron sin acatar la jurisprudencia constante de la Corte en materia de motivación de los actos de desvinculación; y (iii) en la Sentencia SU-917 de 2010, la Corte decidió, en casos semejantes, que procedía el reintegro y el correspondiente pago de salarios y prestaciones actualizado.
6. Cumplimiento del fallo.
6.1. La ejecutoria de fallo y expedición de copias auténticas.
Esta corporación estima pertinente reiterar lo decidido mediante Auto del 1º de agosto de 2011, en relación con el cumplimiento de la Sentencia SU-917 de 2010. Lo anterior, a efectos de evitar que en este caso se presente una situación semejante.
6.2. Casos en los cuales los trabajadores desvinculados sin motivación siguieron vinculados con el Estado.
6.3. Otras decisiones.
Mediante escrito de fecha siete (7) de julio de 2011, según constancia emitida por la secretaría general de esta corporación el ocho (8) de julio de 2011, el doctor Luis Yesid Villarraga Flórez, apoderado del señor Antonio José Ricardo Sarmiento Hoyos, informó que este falleció el día 19 de mayo de 2011 y en consecuencia solicitó que en virtud de ello antes que se decidiera definitivamente el litigio en sede de revisión con relación a la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la desvinculación del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y en consecuencia se aplique al caso la figura de la sucesión procesal en cabeza de la señora Arsenia María de Guadalupe Saco de Sarmiento, en su calidad de cónyuge de sobreviviente.
Al respecto, la Sala advierte que el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 22. establece que “Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador. (...)”.
Si bien la acción de tutela es de carácter unipersonal, esta corporación mediante Sentencia T-550 de 1995 ha dicho que tratándose de derechos litigiosos “bajo ciertos presupuestos es posible suceder al causante, verbi gratia, el cesionario de un crédito que ocupa el puesto del cedente, quien lo cobra en proceso ejecutivo y el de los herederos que representan al de cujus en sus derechos y obligaciones transmisibles”.
Examinada la petición presentada por el solicitante se observa que aportó el registro civil de defunción 7102344 de la Notaría 26 del Circuito de Bogotá, D.C., el cual registra que el señor Antonio José Ricardo Hoyos Sarmiento efectivamente falleció el 19 de mayo de 2011 y el registro civil de matrimonio, debidamente registrado en fecha 3 de junio de 2011 en la Notaría Primera del Circuito de Bogotá, D.C., que acredita que la señora Arsenia María de Guadalupe Saco de Sarmiento, en fecha 4 de julio de 1975, contrajo matrimonio católico en la República del Perú, departamento de Lima con el de cujus.
Así entonces, atendiendo que la señora Arsenia María de Guadalupe Saco de Sarmiento figura en calidad de heredera como cónyuge sobreviviente del fallecido Antonio José Ricardo Hoyos Sarmiento, quien en vida se constituyó en parte demandante dentro del proceso de la referencia y a las normas esbozadas dentro del plenario, esta corporación procederá a conceder la sucesión procesal a favor de la primera.
2. REVOCAR en el Expediente T-2.729.320 (asunto José Ricardo Sarmiento Hoyos contra el SENA), la sentencia de amparo proferida por el 6 de mayo de 2010 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, mediante la cual se negó la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Por lo tanto, DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia fallado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 2 de agosto de 2007, así como el fallo del 4 de febrero de 2010 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia. En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 1329 de fecha 1º de noviembre de 2002, expedida por el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, mediante la cual se ordenó desvincular al señor Antonio José Ricardo Sarmiento, del cargo de jefe grado 01 de la regional Bogotá. En consecuencia, ORDENAR, a favor del accionante, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta la fecha de supresión del cargo, sin solución de continuidad, con las actualizaciones pertinentes, y en atención a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
3. REVOCAR en el Expediente T-2.272.673 (asunto Luis Arturo Buitrago Torres contra la Fiscalía General de la Nación), las sentencias de amparo proferidas el 18 de febrero de 2010 por la Sección Primera del Consejo de Estado y el 12 de mayo de 2010 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante las cuales se negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Por lo tanto, DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia fallado el 7 de julio de 2008 por el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 12 noviembre de 2009, mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia. En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 1318 del 29 de agosto de 2001, expedida por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se ordenó desvincular al señor Luis Arturo Buitrago Torres, del cargo de investigador judicial II de la dirección nacional del CTI. A título de restablecimiento del derecho ordenar REINTEGRAR al señor Luis Arturo Buitrago Torres al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrado, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes y en atención a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
4. REVOCAR en el Expediente T-2.719.943 (asunto David Norberto Garzón Cometta contra la Fiscalía General de la Nación), las sentencias de amparo proferidas el 4 de febrero de 2010 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el 20 de mayo de 2010 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante las cuales se negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Por lo tanto, DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia fallado el 25 de junio de 2008 por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, el 8 de septiembre de 2009, mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia. En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 0-0323 del 18 de febrero de 2003, expedida por el Fiscal General de la Nación, mediante la cual se ordenó desvincular al señor David Norberto Garzón Cometta, del cargo de investigador judicial II de la dirección seccional del CTI de Neiva. A título de restablecimiento del derecho ordenar REINTEGRAR al señor David Norberto Garzón Cometta al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrado, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes y en atención a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
5. ADVERTIR a las entidades accionadas que deben dar inmediato cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, sin hacer las exigencias del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
6. ORDENAR a las respectivas entidades accionadas que descuenten las sumas que hubieren devengado los peticionarios, provenientes del tesoro público entre el momento de la desvinculación hasta su reintegro efectivo o hasta la fecha de supresión del cargo, según el caso.
Magistrados: Juan Carlos Henao Pérez—María Victoria Calle Correa, impedimento aceptado—Mauricio González Cuervo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con aclaración de voto—Jorge Iván Palacio Palacio, ausente con excusa—Nilson Elías Pinilla Pinilla, con salvamento parcial de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) “ART. 73.—Al iniciar el período de prueba, la Fiscalía General deberá adelantar programas de inducción que garanticen al nuevo funcionario el adecuado conocimiento de la institución y de la rama del poder público a la cual ingresa y los derechos, deberes y garantías que adquiere. // Por excepción, de acuerdo con el reglamento, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente cargos vacantes temporal o definitivamente, con personal no seleccionado mediante concurso.
(2)Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.
(3) “ART. 117.—La provisión de un empleo de carrera se efectuará mediante proceso de selección no obstante, en caso de vacancia definitiva de este y hasta tanto se efectúe la provisión definitiva mediante proceso de selección, podrá efectuarse nombramiento provisional, el cual no podrá exceder el término de ciento ochenta (180) días, en cada caso a partir del momento de la convocatoria. // Igualmente procede la provisionalidad en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo o la misma sea superior a un (1) mes”.
(4) “ART. 70.—Nombramientos. La provisión de un cargo de carrera se efectuará mediante nombramiento en propiedad, una vez superado el período de prueba. Cuando ello no fuere posible, se procederá al nombramiento mediante la figura de encargo, atendiendo al lleno de los requisitos y al perfil del cargo respectivo. Excepcionalmente, cuando no fuere posible proveer dicho cargo en la forma anteriormente descrita, se procederá al nombramiento en provisionalidad, el cual en ningún caso generará derechos de carrera.
(5) “ART. 76.—Retiro. Es una situación de carácter administrativo, que pone fin a la inscripción en el régimen de carrera y desvincula al servidor de la entidad en los eventos previstos como causales para tal efecto. // Los demás servidores serán objeto de la facultad discrecional del nominador. // El retiro de la carrera tendrá lugar mediante acto motivado, contra el cual procederán los recursos de la vía gubernativa”.
(6) Por razones de orden metodológico la Corte omite algunas citas de la Sentencia C-279 de 2007.
(7) Cfr. sentencias T-410 de 2007, T-464 de 2007, T-793 de 2007, T-157 de 2008, T-1112 de 2008, T-109 de 2009, T-186 de 2009 y T-736 de 2009.
(8) Esto con independencia de las medidas que el juez de tutela pueda adoptar más adelante para asegurar el cumplimiento de sus fallos en el marco de lo previsto en el Decreto 2591 de 1991.
(9) En este sentido puede verse, por ejemplo, la Sentencia SU-1158 de 2003.
(10) En general pueden consultarse las siguientes decisiones de la Corte Constitucional: Sentencias SU-1158 de 2003, T-951 de 2003, Autos 235 de 2003, 149A de 2003, 010 de 2004, 127 de 2004, 141B de 2004, 085 de 2005, 96B de 2005, 184 de 2006, 249 de 2006, 045 de 2007 y 235 de 2008, entre otros.
(11) Visible a folio 370 del cuaderno principal.
(12) Visible a folio 57 del cuaderno principal.
(13) Ver cuaderno principal, folio 108.
(14) Ver cuaderno principal, folio 115.
(15) Cuaderno principal, folio 132.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 251
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 230
 artículo 86
 artículo 40
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 54
 Resolución 
 artículo 73
 artículo 100
 artículo 117
 artículo 70
 artículo 73
 artículo 84
 artículo 107
 artículo 7
 artículo 107
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 41
 artículo 230
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 60
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 115