Source: http://movimientoampliodemujeres.blogspot.com/2009/
Timestamp: 2017-07-27 14:14:54+00:00

Document:
Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico: 2009
Unidas por la equidad de género miércoles, 2 de diciembre de 2009
El MAMPR en comics
¡Ya llegamos a los comics de crítica social! Vean el "Pepito" de Primera Hora del 25 de noviembre de 2009... Publicado por
MAMPR toma el Capitolio de Puerto Rico y denuncia al gobierno como el principal agresor de las mujeres de la Isla
Fotos por Jaime E. López PagánTambién denuncia a los TRAIDORES a la ConstituciónSan Juan, Puerto Rico, 25 de noviembre de 2009- En una sorpresiva manifestación relámpago celebrada en la mañana de hoy en el Capitolio, integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) tomaron simbólicamente el mismo como parte de sus actividades de conmemoración del Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres.“El preámbulo de nuestra Constitución establece claramente que la fuente del poder de nuestro gobierno es la voluntad del pueblo. Esa voluntad ha sido consistentemente ignorada en detrimento de poblaciones vulnerables, como la de las mujeres. También se ha violentado con total desfachatez la normativa constitucional de separación entre Iglesia y Estado para promover un discurso gubernamental que nos discrimina, nos excluye y nos violenta como seres humanas” expresó la Lcda. Josefina Pantojas Oquendo, portavoz del MAMPR.“Ante esto, el MAMPR ha decidido conmemorar este Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres señalando a nuestro más cruel agresor: el gobierno. Más aún, tenemos que señalarlo y denunciar a los legisladores y funcionarios que con su palabra, acción y omisión traicionan nuestra Constitución y se convierten en personas incapaces de ocupar las posiciones de las cuales se aferran cada cuatro años con tanta vehemencia”, añadió Amárilis Pagán Jiménez, también portavoz del MAMPR.Durante el acto, las manifestantes desplegaron pancartas en tela en las cuales denunciaron los actos de violencia que se promueven desde el gobierno y a la vez reclamaron equidad, acceso a la toma de decisiones y una Procuraduría de las Mujeres íntegra que cumpla con la Ley 20 que la creó. También desplegaron las fotos de los legisladores y funcionarios- como el Gobernador Luis Fortuño- que según el MAMPR traicionan a la Constitución con sus actos.“Cada una de estas fotos nos muestra la cara de un agresor y de un traidor. Hoy afirmamos que ninguno de ellos y ellas estará en el gobierno en el 2012” exclamaron mientras depositaban las fotos rasgadas en un paño que leía: “Traidores a la Constitución/ Fuera en el 2012”.Según Adriana Alonso, otra de las portavoces del MAMPR, es importante que el país reconozca que la violencia hacia las mujeres es una manifestación de su estado de desigualdad y que en la medida en que el gobierno promueva la misma, se convierte en un agresor de todas.El MAMPR reiteró su compromiso con la lucha que el Pueblo Trabajador lleva a cabo para repudiar y revertir las políticas del actual gobierno al amparo de la Ley 7, las alianzas público privadas y el enfoque preferencial hacia el desarrollo desmedido en perjuicio del ambiente y los recursos naturales, todas las cuales violentan los derechos humanos, particularmente de las mujeres. Repudiaron la violencia de estado como, lo hicieron las Hermanas Mirabal, en cuya memoria se conmemora el día Internacional de No Más Violencia Contra las Mujeres.Para ver parte de la cobertura de medios, visite estos sitios:http://www.elnuevodia.com/mujerestomancasadelasleyes-641739.htmlhttp://www.elnuevodia.com/fotogaleria/641756/http://www.vocero.com/noticia.php?id=35281
Para conmemorar el 25 de noviembre...
MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES DE PUERTO RICODECLARACIÓN DE PRINCIPIOSSomos un grupo de feministas en su carácter individual, organizaciones sin fines de lucro, y otras entidades afines que tenemos como misión primordial trabajar desde una perspectiva de género, por el bienestar de las mujeres de nuestro país. Tenemos integrantes de todo Puerto Rico y nos hemos organizado de manera horizontal, democrática e inclusiva.Somos un movimiento autónomo y solidario con otros sectores que también son víctimas de la opresión y vulnerables a la violación de sus derechos humanos.Reconocemos♀ La naturaleza profundamente política del trabajo por los derechos de las mujeres♀ La importancia de la aplicación transversal de una perspectiva de género para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su equidad♀ La necesidad de insertar nuestras voces en las discusiones públicas que atañen a los asuntos gubernamentales y del resto de la sociedad♀ Las diversidades entre las mujeres y sus necesidades, incluidas las que surgen por clase social, niveles de educación formal, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, raza, etnicidad, necesidades especiales, condiciones de salud y edad, entre otras♀ Las luchas de otros sectores sociales que reclaman equidad y justicia, y la importancia de las alianzas con otros movimientos para alcanzar los objetivos del MAMPR, siempre y cuando no pongan en juego el bienestar ni el desarrollo integral de las mujeres♀ La incorporación de los temas de orientación sexual e identidad de género como parte de nuestras agendas de análisis y acciónDenunciamos♀ Los discursos que acentúan la inequidad entre mujeres y hombres y atentan contra nuestra integridad física y emocional al justificar el control y la represión de nuestros cuerpos y libertades fundamentales♀ El incremento en la violencia por razón de género♀ Las prácticas racistas, homo-lesbo-bi-transfóbicas, xenofóbicas, sexistas y machistas♀ La existencia de estructuras y relaciones sociales patriarcales que están interconectadas con otras estructuras opresoras y de explotación que deben ser desafiadas como conjunto♀ La violación del principio fundamental de separación entre Iglesia y Estado y la inserción de agendas fundamentalistas en las estructuras gubernamentales en detrimento de los derechos adquiridos por las mujeres y de los derechos humanos de las mismas y de otros sectores sociales♀ Toda forma de explotación socio-económica y la desigualdad en la distribución de los recursos así como la marginación económica de las mujeres y los efectos de la pobreza en sus vidasProponemos♀ La consideración profunda y seria de las realidades, desigualdades y necesidades de las mujeres en toda su amplitud y diversidad a la hora de tomar decisiones que afecten al país♀ La redefinición del ejercicio de la democracia en nuestro país.♀ Acciones políticas afirmativas para adelantar los derechos de las mujeres de Puerto Rico y su reconocimiento como seres humanas con pleno derecho a la participación en los espacios de poder y en la toma de decisiones que nos afectan diariamente en las diversas facetas de nuestra vida♀ Un trabajo de base y horizontal y la promoción de la participación y el diálogo amplio con las mujeres en nuestro país♀ Garantizar desde los espacios políticos, sociales y gubernamentales igual acceso a las mujeres a oportunidades que permitan su desarrollo humano pleno y construir relaciones sociales y familiares de paz y respetoExigimos♀ El pleno ejercicio de nuestros derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales, y la libertad para alcanzar el bienestar y una vida digna de todas las mujeres♀ Espacios permanentes de discusión política, que nos permitan debatir, promover y adelantar la agenda social y colectiva de las mujeres en Puerto Rico, con el fin de abogar por el pleno ejercicio de nuestros derechos♀ Un estado laico que garantice la libertad y el bienestar de la ciudadanía, en especial de las mujeres, sin importar su clase social, niveles de educación formal, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, raza, etnicidad, necesidades especiales, condiciones de salud y edad, entre otras♀ La permanencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el respeto y compromiso con los principios y valores incluidos en la Ley 20 del 11 de abril del 2001, que creó dicha oficina♀ La garantía de un pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos a través de acciones gubernamentales concretas y el derecho a decidir sobre nuestros cuerposEl Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, incluirá a las mujeres y a los hombres que se comprometan con los principios antes mencionados y tengan un compromiso con la justicia, la equidad, la paz y la solidaridad.En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de septiembre de 2009.
Musas desprovistas: performance desde el MAMPR frente a la OPM
Foto: Jaime E. López Pagán2 de noviembre de 2009Tomado de El Nuevo DíaOcho mujeres se convirtieron hoy en Musas desprovistas que denuncian la violación de sus derechos humanos, al realizar una representación de 15 minutos frente a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en la parada 18 en Santurce, y visibilizaron, con sus cuerpos, a las poblaciones que la administración de Luis Fortuño deja desprovistas al ejecutar el desmantelamiento de esa agencia.Cubiertas de pintura del cuerpo, de la cintura hasta el rostro, y vistiendo faldas blancas que conectan sus cuerpos-escultura con el suelo, las mujeres mantuvieron sus miradas dirigidas a la OPM y en ocasiones, miraron de frente al pueblo que circula por la avenida Ponce de León, a las ocho de la mañana. Realizaron la representación, María Reinat, Johanna Enamuelli, Zulnette García, Maryelys Burgos, Liana Carrasquillo, Magdalin Rodríguez y Marien Morell Y Lourdes Inoa. Ellas son: una abogada, dos sociólogas y una bailarina de danza contemporánea, educadora, dos empresarias y una estudiante.El escenario de expresión se levantó en la acera y solo procuró un paño blanco y flores. Observador@s del Colegio de Abogados establecieron un perímetro en el área pública que permitiera la libertad de expresión de las mujeres, todas miembras del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, organismo que apoyó la representación. El paseo peatonal se mantuvo libre.“Este performance inserta el cuerpo como mecanismo de expresión y de denuncia en un momento donde cada grupo afectado por las acciones de Fortuño, quiere denunciar, quiere advertir su descontento. Esta es la utilización del arte para expresamos en contra de las políticas que se ejecutan desde el gobierno en contra de las mujeres. Cada una de ellas, representa la imagen de una Musa que denuncia que desmantelan la OPM y que la Ley Siete deja desprovistas a miles de mujeres que a partir del viernes pierden su sustento”, dijo la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, portavoz de las Musas.Por su parte, Alana Feldman, otra portavoz, dijo que “estas poblaciones quedan representadas aquí en los cuerpos diversos de cada Musa que juntas, denuncian la agresión a que son sometidas las jefas de familia, las lesbianas, las inmigrantes, las mujeres sin hogar, VIH positivo, las víctimas de violencia doméstica, sobrevivientes de cáncer de seno y las jefas de familia, entre muchas otras”. En la espalda de cada mujer se pudo leer una letra que juntas forman la palabra agresión. En un momento dado, los brazos de las mujeres, en donde están representadas las diferentes poblaciones, se hermanaron para “representar que cada una se conecta para gritar con sus cuerpos que están desprovistas de sus derechos a consecuencia del desmantelamiento de la OPM y de la Ley Siete”.Las artistas a cargo del body painting fueron,Merari Montalvo, Amárilis Pagan Jiménez, Carmen Santiago Buitrago, Awilda Sterling y María Ordoñez. Sterling, reconocida coreógrafa y performera, tuvo a su cargo la dirección del movimiento corporal.
MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EXIGE QUE SE DEFIENDA LA INTEGRIDAD DE LA OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES Y REPUDIA DESPIDOS MASIVOS DE EMPLEADA
San Juan, Puerto Rico, martes, 29 de septiembre de 2009- El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) expresó en la mañana de hoy su más absoluto rechazo a los despidos masivos de empleados y empleadas gubernamentales y exigió que la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) atienda la apelación radicada por la Procuradora de las Mujeres para dejar sin efecto las cesantías notificadas en su agencia. Según sus portavoces, los despidos del personal de la OPM provocarían el virtual desmantelamiento y cierre de la agencia.“La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) es una línea de defensa para los derechos humanos de las mujeres de la Isla y cada una de las plazas de trabajo que tiene cumple con un propósito específico derivado de la Ley 20 que la creó”, expresó la Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, una de las portavoces del MAMPR. Las portavoces denunciaron enérgicamente el dramático impacto negativo que los despidos efectuados al amparo de la Ley 7 han tenido sobre la OPM. “El efecto neto es que ésta quedaría desmantelada en noviembre. Áreas críticas como la división legal- que tiene a su cargo el trabajo de fiscalizar el cumplimiento de leyes y políticas públicas como la no discriminación por razón de género- se han quedado sin un solo recurso. Dicha función de fiscalización de la OPM, es uno de los atributos que la distinguen de otras agencias y una de las razones por las cuales debe mantenerse independiente y libre de presiones político-partidistas o del gobierno central” explicó Rivera Lassén“Lo mismo ocurrió con la División de Desarrollo y Monitoreo a cargo de la distribución de fondos para fortalecer a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que les ofrecen servicios a las mujeres, especialmente a las sobrevivientes de violencia por género,” añadió otra de las portavoces del MAMPR, Alana Feldman, quien fue clara al señalar que otras divisiones de la OPM son igual de importantes para su funcionamiento. Por su parte, la Dra. Vivian Rodríguez del Toro enfatizó el efecto nefasto que un cierre de la OPM tendría sobre el bienestar de las mujeres de la Isla. “La violencia doméstica, la pobreza, el discrimen por razón de género, en fin la desigualdad y sus derivados, son problemas complejos que necesitan ser trabajados de manera integrada y desde diversas disciplinas. En los pasados años la OPM jugó un rol fundamental en ese proceso de integración de esfuerzos. Además, otra de las divisiones de la OPM que quedaría prácticamente sin personal es la de educación. ¿Cómo podemos hablar de erradicar la desigualdad de géneros y la violencia hacia las mujeres sin un fuerte componente educativo que entienda las dinámicas sociales que nos afectan como mujeres y hombres? Nos parece inaudito que el gobierno hable de detener la violencia hacia las mujeres y a la vez inhabilite el trabajo de la OPM” expresó Rodríguez del Toro.“En el día de ayer la Procuradora se comprometió públicamente a defender los puestos de su agencia que son pagados con fondos federales y otros que describió como fundamentales para que la OPM cumpla con sus objetivos establecidos por ley. Nosotras estamos hoy apoyando públicamente esa gestión y a la vez expresando que estaremos atentas a sus próximas gestiones. Cada puesto de la OPM cuenta. Es una agencia pequeña en la cual las empleadas realizan múltiples funciones por lo que cada plaza que se elimine merma su capacidad de trabajo”, expresó Rivera Lassén.“Desde el 2007, el MAMPR ha estado consistentemente defendiendo la integridad de la OPM y en este momento nos sostenemos en su importancia. Al día de hoy nos mantenemos en ese compromiso pero con la conciencia de que estamos ante una nueva Procuradora a quien estamos en pleno proceso de conocer. Esto nos obliga a ser críticas y evaluar cada uno de sus pasos, pues es inevitable que en un clima político y económico como el actual nos preocupe el futuro de la agencia”, añadió Feldman Soler.Las tres portavoces reconocieron que les preocupa la posibilidad de que se intente consolidar la OPM con otra agencia. “Eso afectaría su capacidad de fiscalizar y de promover políticas y leyes a favor de las mujeres”, según la Dra. Rodríguez del Toro.Finalmente, el MAMPR también hizo pública en el día de hoy su Declaración de Principios en la que establece sus valores, principios y misión como grupo. Aunque el MAMPR surgió inicialmente con el objetivo de desempeñar un rol activo en la selección de la Procuradora de las Mujeres que sustituiría a la Lcda. María Dolores Fernós en el 2007, su trabajo evolucionó para constituirse en un ente aglutinador de esfuerzos para beneficio de las mujeres de la Isla.En ese marco, el MAMPR se solidarizó con las miles de personas cesanteadas de sus puestos de trabajo en el gobierno. Señalaron que es importante mantener en perspectiva el hecho de que un gran porcentaje de esas personas son mujeres jefas de familia. “El impacto de todas estas medidas en la vida de las mujeres de la Isla es impresionante y acentúa la desigualdad y con ello la pobreza, la falta de servicios adecuados y sus derechos humanos” expresaron las portavoces.“Nosotras estamos acostumbradas a tomar la calle para exigir lo que en justicia y equidad nos corresponde, incluyendo la defensa de los espacios y derechos que con trabajo, perseverancia y creatividad hemos logrado. Esto incluye la Procuraduría de las Mujeres. Ahora, cuando miles de mujeres han sido arrastradas por la ola de despidos que de forma tan cruel el gobierno de turno ha lanzado contra el sector público, constituido mayoritariamente por féminas; cuando el mismo ente que tiene la responsabilidad de protegernos ha sido víctima de ese mismo atropello, más que nunca estamos en pie de lucha y en alianza con otros sectores sociales. No permaneceremos impávidas ante el abuso”, declararon las portavoces.Explicaron las portavoces que la Declaración de Principios del MAMPR constituye un excelente marco de referencia para enfrentar el desafortunado clima económico, político y social que se vive en Puerto Rico, el cual impacta de forma más adversa a las mujeres. Además de las integrantes activas del MAMPR, que incluyen organizaciones de mujeres, centros de estudios, organizaciones internacionales y feministas en carácter individual, otras entidades han endosado su reclamo a favor de la integridad de la OPM. Entre estas entidades se encuentran el Colegio de Trabajadores/as Sociales de Puerto Rico, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Programa de Prevención de Violencia hacia las Mujeres de la UPR en Humacao, la Cátedra Regional Itinerante de la UNESCO para Problemas de Habitabilidad en Países Hispanoamericanos y Todo Puerto Rico por Puerto Rico.
lunes, 28 de septiembre de 200901:38 p.m.Primera HoraLa Procuradora de las Mujeres, Yvonne Feliciano Acevedo apelará ante la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF) para que se deje sin efecto las cesantías de las plazas pagadas con fondos federales.Feliciano Acevedo anunció que “en la tarde del viernes comenzamos un proceso de reconsideración para hoy mismo solicitar a JREF deje sin efecto las notificaciones de las posiciones que son pagadas con fondos federales”.“Las funciones que ejercen estas empleadas son imprescindibles para garantizar la permanencia de los fondos de Violence Against Women Act (STOP VAWA), así como para evitar que otras agencias como el Departamento de Justicia, Corrección y Rehabilitación y Tribunales se vean igualmente afectadas, ya que reciben fondos que administra nuestra agencia y que son monitoreados por la unidad fiscal de la Procuraduría”, precisó en comunicación escrita.“Para nosotras, como para el resto de las agencias que tuvieron que entregar las cartas de notificación a nuestras empleadas fue y continúan siendo momentos de mucha intensidad emocional”, lamentó. La procuradora de las Mujeres adjudicó la eliminación de las plazas por parte del JEREF, a la falta de dirección que hubo en la agencia durante el periodo en que no había una Procuradora nombrada en propiedad.“El efecto de las cesantías sobre nuestra agencia es un golpe duro. Todo parece indicar que la falta de dirección que tuvo la Oficina durante el periodo en el que se envió la información relacionada a los puestos de trabajo, la fuente de pago de los salarios así como la falta de previsión, provocó que los puestos de trabajo que por la propia Ley 7 están exentas, hayan sido incluidas en la lista de cesantías. No se defendió la permanencia de estos puestos”, señaló.Asimismo enfatizó que “el efecto que puede tener la ausencia de estas posiciones impacta además a las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a las mujeres en situaciones de violencia doméstica y que son subvencionados por los mismos fondos de VAWA.Sobre las alegaciones de que los fondos federales de la OPM serían administrados por otras agencias, la Procuradora advirtió que “los fondos VAWA tienen criterios específicos para su uso. Es complicado transferir los mismos a otra agencia por los criterios de la propia Ley Federal. Existe desconocimiento sobre la ley VAWA, ya que los cambios que se pretenden hacer podrían representar conflictos con las poblaciones que atienden otras agencias”.“La violencia doméstica en Puerto Rico requiere de la unión de esfuerzos y voluntades para garantizar que en un futuro no muy lejano podamos dejar de contar las muertes de mujeres a manos de sus esposos, compañeros, ex-esposos o ex-compañeros. Por ello, estamos concentrando nuestros esfuerzos en estos momentos por los puestos de trabajo de nuestra agencia que son indispensables en esa lucha por mantener y aumentar los servicios que se ofrecen y para la permanencia de los fondos que se reciben, distribuyen y fiscalizan desde la OPM. Ese es el compromiso de la Procuraduría y mi compromiso personal”, sentenció.Feliciano Acevedo se manifestó confiada en prevalecer en la reconsideración que está solicitando al JEREF. “Consideramos que nuestra petición a JREF debe ser exitosa y confiamos en poder retener no sólo a esas plazas de trabajo sino además al resto de las plazas que son fundamentales a las tareas que por Ley debe ejercitar la OPM”.La procuradora de la Mujer aseguró que la OPM continua brindando sus servicios y que se encuentra trabajando en iniciativas dirigidas a crear empleos para las mujeres que han sido cesanteadas tanto en el sector público como el sector privado debido a la crisis económica que enfrenta el país.“Estamos en vía de articular una importante gestión dirigida a las mujeres que ya han recibido su notificación de cesantía para ofrecer apoyo y opciones nuevas de empleo a las mujeres de toda la Isla”, expresó.De esa igual forma, agregó, “pretendemos trabajar sin descanso para conseguir la seguridad de los puestos de trabajo que requiere la Agencia para cumplir con sus funciones y dejarles saber a las mujeres de que son la prioridad en nuestra agenda de trabajo. Lamento profundamente la situación de tensión emocional y angustia que han vivido nuestras empleadas y todas las jefas de familia que hayan sido afectadas por la Ley 7”.
No hay por qué enmendar Ley 54
http://www.primerahora.com/diario/noticia/otras_panorama/noticias/no_hay_por_que_enmendar_ley_54/331999#comentariossábado, 19 de septiembre de 2009Antonio R. Gómez / Primera HoraLa Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica no necesita enmiendas, coincidieron ayer viernes el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) y la Asociación de Psicología de Puerto Rico.Ambas entidades comparecieron ayer a audiencias públicas senatoriales sobre una resolucion de la senadora Evelyn Vázquez para “investigar la efectividad”, con el objetivo de aprobar posibles enmiendas “para atemperarla a la realidad actual”.La portavoz del MAM, Amárilis Pagán, sostuvo que no hacen falta enmiendas “ni mucho menos un cambio en su visión o paradigma. La misma”, afirmó, “ tiene la virtud de reconocer los patrones de violencia por razón de género que ocurren en nuestra isla y logró que se reconociera la violencia en relaciones de pareja como un asunto público que amerita la intervención del Estado”.En iguales términos se expresó Vivian Rodríguez del Toro, que representó a los psicólogos y quien afirmó que “la Ley 54 es una ley de avanzada que ha servido de modelo a varios países”.Las dos organizaciones recomendaron que se acojan las recomendaciones que hizo un estudio realizado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el 2005, que evaluó varios temas relacionados con la aplicación de esta ley.
Cuelgan proyecto para que padres/Madres no custodios reclamen exención de niñas(os) sin autorización de la persona custodia
"Colgado” un proyecto de “El Chuchin”http://www.elnuevodia.com/colgadounproyectodeelchuchin-617112.htmlLa medida beneficiaría a los padres no custodios al momento de someter las planillas Por Javier Colón Dávila/jcolon@elnuevodia.comLa senadora novoprogresista Migdalia Padilla prácticamente le cerró las puertas a un proyecto de su homólogo Antonio “El Chuchin” Soto que busca, entre otras cosas, que padres no custodios pueden reclamar para efectos de la deducción de la planilla de contribución sobre ingresos a sus hijos sin consentimiento del padre custodio.Más aún, de aprobarse la medida, automáticamente reduciría a la mitad la exención que puede reclamar un padre o madre custodio en la planilla siempre que reciba una pensión alimentaria.“Esto no va para ningún lado. No hay manera”, dijo Padilla en un aparte con este diario luego de celebrar una vista pública de su Comisión de Hacienda, en que el Departamento de Hacienda expresó varias inquietudes en torno a la medida.El Departamento de Justicia se excusó de la vista, no así el Departamento de la Familia que, según un ayudante de Padilla, no contestó la citación. Padilla recalcó que redactaría un informe sobre la medida luego de escuchar la posición de estas agencias.En la actualidad, custodios y no custodios pueden llegar a acuerdos para “compartir” la exención contributiva en la planilla. De no llegarse a ese acuerdo, sólo el padre custodio puede reclamar al dependiente.El proyecto de Soto fue descrito como confuso por el representante de Hacienda, Joel Rivera, quien alertó que complicaría los esfuerzos de fiscalización de la agencia para combatir la práctica de que un dependiente sea reclamado en más de una planilla. Ayer no fue posible contactar a Soto.Pero su idea no es nueva. En abril de este año el representante novoprogresista Rolando Crespo presentó un proyecto que facultaría al padre no custodio a reclamar sus hijos en la planilla de contribución sobre ingresos si podía evidenciar que costeaba el 65% de los gastos del menor. A Crespo se unieron como coautores sus correligionarios Angel Rodríguez Miranda y Rafael Rivera Ortega.En aquella ocasión Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria, tronó contra la medida recordando, entre otras cosas, que existe una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que dispone que porque un padre custodio no trabaje no significa que no aporta económicamente al bienestar del menor.Pagán, quien dirige la referida organización que ofrece ayuda a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, citó cifras del Censo 2000 que apuntan a que el 23% de las familias en Puerto Rico están encabezadas por mujeres y que, de ese universo, el 58% se encuentra bajo el nivel de pobreza.
La Ley 54 no necesita ser enmendada
Ponencia del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico ante la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico como parte de los requerimientos de la Resolución del Senado 366 del 24 de abril de 2009 para investigar la efectividad de la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”18 de septiembre de 2009En el año 2005 la Oficina de la Procuradora de las Mujeres publicó los resultados de una extensa investigación sobre la implementación de la Ley 54 para la “Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”. El documento publicado se tituló: “La respuesta institucional del sistema de justicia criminal en el manejo de los casos de violencia doméstica: Evaluación e identificación de necesidades para promover la seguridad de la víctima y la intervención con la persona agresora”. Dicho estudio se realizó con fondos de Departamento de Justicia Federal destinados a identificar las limitaciones que enfrentaban las agencias encargadas de implantar la Ley 54 para garantizar la seguridad de las víctimas y el procesamiento adecuado de las personas agresoras.Los titulares de prensa y las estadísticas de la época no se diferenciaban mucho de los actuales. En la parte introductoria de dicho estudio se aludió a una cruda realidad y es que estadísticamente estábamos en un momento en el cual prácticamente una mujer era asesinada cada 15 días. Sin embargo, más allá de cuestionar de inmediato la efectividad de la Ley 54 en sí misma, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) se preguntó: ¿Está el sistema de justicia implementando adecuadamente la ley? Para encontrar respuestas a esta interrogante, se constituyó un equipo de trabajo amplio compuesto por personal de la OPM, un Consejo Asesor con representantes de las agencias encargadas de implementar la Ley 54, de organizaciones sin fines de lucro y de la comunidad y un equipo investigador multidisciplinario. En total se invirtieron aproximadamente dos años y medio en el proceso de conceptualizar la investigación, realizar la misma en las agencias y comunidad, procesar los datos obtenidos y finalmente analizarlos para elaborar estrategias de respuestas ante los hallazgos encontrados. De hecho, parte de la publicación recoge los planes de mejoramiento e implantación de cada agencia obligada a intervenir en el procesamiento de los casos de violencia doméstica.Hacemos esta introducción por varias razones importantes:· Consideramos que alegar que las muertes y estadísticas de violencia doméstica en la Isla son el producto de una Ley 54 defectuosa es ignorar la historia de la aprobación de la Ley y la existencia de las tendencias y recomendaciones internacionales en cuanto a la prevención e intervención con la violencia doméstica.· Dicha visión denota, además, un desconocimiento de la manera en la cual los patrones sociales y culturales de nuestra Isla fomentan la violencia por razón de género y los feminicidios.· Pretender investigar desde esta comisión y sin un plan serio la efectividad de la Ley, pone de manifiesto la falta de interés real en el tema, más aún cuando una visita a la página web de la OPM le daría acceso a la investigación citada y a sus 449 páginas de hallazgos y recomendaciones.Debemos enfatizar, a manera de premisa central de nuestra ponencia, que el MAMPR coincide con uno de los hallazgos más importantes de esa investigación que apuntó a que las limitaciones en la implantación de la Ley 54 no eran el resultado de una estructura defectuosa sino más bien del hecho de que los y las funcionarias a cargo de su implantación actuaban conforme a sus valores, prejuicios y creencias personales en vez de los datos y hechos relacionados con el tipo de caso que tenían ante sí.Muchos de los hallazgos de la investigación de la OPM mantienen vigencia. Inclusive, podría decirse que las políticas públicas promovidas por el gobierno actual crean un espacio en el cual puede aumentar la problemática identificada en el 2005. Al hablar de las nuevas políticas públicas gubernamentales, nos referimos a la insistencia en promover una visión de la familia tradicional patriarcal, resaltar estereotipos de género según los cuales se adjudica un grado de inferioridad a las mujeres y se justifica la violencia en su contra, la desarticulación de la OPM y la negativa a reconocer la importancia de la educación desde la perspectiva de género como método de prevención de la violencia hacia las mujeres, entre otros. Todas estas políticas promovidas desde una visión religiosa fundamentalista que atenta contra el principio de separación entre Iglesia y Estado, apoyan un clima social de intolerancia hacia las acciones dirigidas a promover la equidad de géneros. Sin equidad, lo que nos queda como sociedad es la desigualdad, la cual ha sido consistentemente señalada como una de las principales causas de la violencia hacia las mujeres.La investigación reveló más de trece puntos que consideramos relevantes, pero destacaremos en esta ponencia los siguientes:n Existían (y aún existen) problemas de actitud y/o desconocimiento de la problemática de la violencia doméstica y cómo debe ser atendida por las instrumentalidades del Estadon Falta de recursos para atender adecuadamente y manejar el volumen de casos de violencia doméstica que a diario son reportados a la Policían Falta de procesos claros y efectivos para procesar los casos y evitar:– la revictimización de las mujeres,– la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores, y– proteger a las víctimas durante el procesoVeamos el detalle de los puntos anteriormente mencionados:Prejuicios:En el informe se recogieron los prejuicios y los supuestos que todavía en aquel momento se utilizaban para atender los casos, como por ejemplo la pobre comunicación entre las parejas y la Ley 54 como una razón para el aumento de la violencia doméstica. Sin embargo, dichos prejuicios y supuestos contrastan con estudios nacionales e internacionales que identifican la falta de equidad entre los géneros como una de las causas principales para este problema. Actualidad: Esta condición prevalece y se acentúa con la implantación de prácticas religiosas en el seno de las agencias que componen el sistema de justicia y permiten que los funcionarios que en el pasado mostraban resistencia a la Ley 54 y juzgaran desde sus prejuicio a las víctimas, continúen haciéndolo, esta vez sintiéndose validados por el propio sistema.Falta de interés de las víctimas:Los/as funcionarios/as identificaron dos razones por las cuales las víctimas manifiestan falta de interés en los casos:– Situaciones personales de la víctima;– las implicaciones sociales y legales de un proceso judicial que no le da garantías de seguridad y empatía a las víctimas.Los/as funcionarios señalaron que hacía falta el tener servicios de apoyo para las víctimas/sobrevivientes. Ignoraron otras necesidades de las víctimas, tales como el ser atendidas con prontitud y respeto, el proveer espacio para que los/as niños/as de éstas estén seguros/as mientras sus madres son atendidas y el que se recopile la evidencia necesaria para sostener los casos en las primeras 24 horas luego de ocurrido el incidente.Actualidad: Las organizaciones no gubernamentales, sin embargo, entendemos que la necesidad real es que las agencias gubernamentales establezcan como política clara la necesidad de que sus funcionarios/as conozcan y utilicen los servicios a víctimas que ofrecen las organizaciones que sí existen y que están distribuidas a través de todas las regiones judiciales de la Isla. Resaltamos en este punto la necesidad de que se distingan las organizaciones y se evalúe si las mismas conocen a fondo el manejo de los casos de violencia doméstica, están acordes con la legislación federal relativa a este manejo y tengan un historial de trabajo con mujeres en el cual las posturas religiosas fundamentalistas estén claramente excluidas.Al momento de la investigación, existía una falta de entendimiento de los procesos sociales y de los efectos sicológicos de la violencia doméstica en las víctimas/sobrevivientes. Esto afecta de manera directa la investigación y procesamiento de los casos provocando falta de profundidad en la investigación y que no se recopile evidencia física o se haga en forma tardía. Por otro lado, existía falta de claridad en cuanto a los límites de responsabilidad de las agencias investigadoras provocando el que tanto fiscales como policías se responsabilizaran mutuamente por la mala calidad de las investigaciones y la radicación de casos incompletos.La situación anterior se agravaba por la presión que sienten algunos/as funcionarios/as para trabajar lo más rápido posible los casos por temor a que de no proceder ocurra una tragedia o salga en el periódico. Esto revictimiza a las mujeres y hace que se pierda información y evidencia vital para lograr la convicción de los agresores y proteger a las víctimas/sobrevivientes durante el proceso. A nivel de la Policía, cuando los casos son reportados en horas en las cuales las Unidades Especializadas no están en funciones, los policías de servicio en los cuarteles prefieren postergar la investigación para referir el caso a las unidades.Actualidad: Las campañas educativas de la OPM y de organizaciones no gubernamentales han mejorado significativamente el nivel de conocimiento de nuestra sociedad acerca del tema de la violencia doméstica. Sin embargo, ese proceso educativo y preventivo sería mucho más rápido si se insertara en el sistema educativo de la Isla. Ese era uno de los objetivos del currículo de perspectiva de género que la administración actual rechazó. El mismo pretendía crear una cultura de equidad de géneros y a la vez, un sentido profundo de respeto hacia la integridad y seguridad de todo ser humano independiente de su género.Policía de Puerto Rico:La efectividad de esta agencia está limitada por las actitudes de los/as agentes policíacos. Según el estudio, las percepciones de estos/as agentes coinciden con las de los agresores en cuanto a definición, causas y gravedad de la violencia doméstica. Actualidad: Todavía hay policías que identifican como causas principales de la violencia doméstica a los celos, las drogas o el alcohol y los “problemas de comunicación”. A nivel de estructura, la Policía ha fallado en asignar más recursos a este problema a pesar de que estadísticamente representa un alto porcentaje de los casos que manejan. Hay un negociado de vehículos hurtados y no hay un negociado de violencia doméstica.Las políticas de mano dura en asuntos de drogas y de otra índole, reflejan la falta de una política preventiva y convierte a las fuerzas policíacas en un ente represivo carente de la capacidad de proteger y prevenir incidentes violentos hacia la ciudadanía.Departamento de Justicia:Al igual que en la Policía, en el Departamento de Justicia no existía una proporción entre las estadísticas de casos recibidos y los recursos que se asignan para atender los mismos. Aunque tienen Fiscales de las Unidades Especializadas, éstos/as no dan a basto para atender los casos.El problema de actitudes es similar al de los policías a pesar de que los Fiscales consideran que ya han recibido suficientes adiestramientos para el manejo de casos de violencia doméstica. Fiscales y agresores coincidieron en que la violencia doméstica es la consecuencia de “falta de comunicación”.Actualidad: A nivel investigativo, las actitudes o falta de conocimiento del tema provocan investigaciones lentas, poco eficientes y un ejercicio inadecuado de su discreción como fiscales. Esta queja surgió en el 2005 no sólo de los comentarios de las víctimas, sino de los propios policías. Al indagar con los/as policías sus apreciaciones en cuanto al por ciento de consultas en que el Fiscal decide no radicar cargos se observó que el 40% de los policías estima que en un número sustancial de las consultas el Fiscal decide no radicar cargos.Tribunales:En la evaluación del sistema judicial surgió nuevamente el “issue” de actitudes que hemos señalado en las agencias ya estudiadas. En esta instancia fueron los fiscales quienes atribuyeron a los/as jueces falta de sensibilidad y conocimiento del tema de la violencia doméstica, así como actitudes paternalistas o machistas. También surgió de la investigación que existen jueces que se niegan a seguir los criterios establecidos en la Ley 54. Los/as policías manifestaron que un 42% de los/as jueces muestran poco interés en las vistas de causa probable. Por su parte, los/as jueces se dividieron entre los/as que entienden la necesidad de adiestramientos adicionales y los que no ven esto como una necesidad.Actualidad: La situación actual es similar ya que estamos hablando de procesos de cambio que son lentos y que requieren una labor continua de seguimiento y fiscalización. Por otro lado, hemos visto que al estudiar algunas de las muertes de mujeres ocurridas en el 2009, surgió el hecho de que el sistema judicial falló al no concederle órdenes de protección cuando las solicitaron.Departamento de Corrección:Uno de los problemas centrales de dicho Departamento era la falta de estadísticas del tiempo cumplido por tipo de delito por lo que no hay disponible datos que especifiquen la cantidad de confinados por los casos de violencia doméstica. Aún hay limitaciones importantes en el área de evaluación de los confinados, programas de reeducación y notificación adecuada a las víctimas y testigos cuando éstos son liberados o se está considerando el liberarlos.Los programas de desvío no surgen como una alternativa efectiva a la luz del informe estudiado y aunque sería beneficioso que los agresores puedan iniciar procesos de reeducación temprano en el proceso judicial, de ninguna manera este proceso debe ser utilizado para “liberarlos” del procesamiento del delito que han cometido.Falta de recursos económicosEs uno de los ejes temáticos del Informe de OPM. Aunque reconocemos que existen elementos fiscales de carácter general en las agencias sumamos a este dato una falta de interés en el asunto por parte de la alta dirección de las mismas. No existe proporción entre el presupuesto que se asigna a intervenir en casos de violencia doméstica versus otros casos criminales. La falta de recursos no parece ser la causa de que no se procesen adecuadamente los casos de violencia doméstica, es más bien uno de los elementos que evidencia y hace posible diagnosticar los problemas de las actitudes de los/las funcionarios/as del Sistema y la perspectiva institucional existente ante el grave problema de la violencia doméstica en nuestro país.Actitudes de personas que están llamadas a implantar la Ley 54En la investigación y evaluación surgieron comentarios de todos los componentes que juzgan la conducta de las víctimas/sobrevivientes sin comprender que muchas de ellas se encuentran en el ciclo de violencia doméstica aunque haya un proceso criminal por dicho delito y que además, dependen económicamente del agresor.Entre los/las funcionarios/as encargados/as de implementar la Ley 54 existían actitudes negativas basadas en:– prejuicios– visiones machistas– desconocimiento de la dinámica de la violencia doméstica y cómo deben atenderla.Actualidad: El problema aún está en proceso de resolverse y para ello necesita un sistema claro de sanciones y cero tolerancia a acciones de negligencia o de obstaculización de la implantación de la Ley 54-Víctimas/sobrevivientesLas víctimas/sobrevivientes entrevistadas sugirieron:n salas especializadas en violencia doméstica, n que no se favorezca al agresor,n mejorar las investigaciones criminales,n mejorar la orientación y protección que se les provee a las víctimas durante el proceso criminal,n mejorar la sensibilidad y rapidez en los tribunales y en todo el sistema.En el caso de las menores de edad, su edad puede ser un factor que complique el caso al carecer de las herramientas emocionales necesarias para manejar la situación. Su estado legal limita sus opciones e impone al estado la obligación de tramitar sus casos considerando las necesidades de las mismas.Agresores:El perfil de este grupo fue el siguiente según el citado informe:– escuela superior o menos;– 26-40 años;– solteros o no conviven con pareja;– tenían hijos;– no cuentan con recursos económicos propios;– dependían económicamente y para vivienda de la víctima;– han tenido más de dos parejas;– falta de auto-críticaMuchos de ellos no se conceptualizan como agresores y minimizan el problema de violencia definiéndolo como un problema de comunicación. Actualidad: No podemos dejar de señalar que la campaña de Promesa de Hombre de promovida por el actual gobierno profundiza esa autopercepción y acrecienta la situación de violencia hacia las mujeres mientras obstaculiza la posibilidad de que los agresores reconozcan sus acciones, reflexionen sobre ellas y las modifiquen.Procesos interagenciales:Faltaban procesos claros y efectivos para procesar los casos, evitar la revictimización de las mujeres y evitar la pérdida de información o evidencia vital para lograr la convicción de los agresores y proteger a las víctimas/sobrevivientes durante el proceso.Los servicios a víctimas/sobrevivientes se agilizarían y mejorarían utilizando las Oficinas de Víctimas y Testigos (OVT) y el Apoyo de ONGs especializadas en la materia. Sin embargo, todavía hay fiscales que no están refiriendo todos los casos de violencia doméstica a las Oficinas de Víctimas y Testigos a pesar de que es mandatario hacerlo. Tampoco refieren a las ONGs.A pesar de los adiestramientos y del tiempo que lleva la implantación de la ley “subsisten valoraciones desacertadas y actitudes peyorativas hacia las víctimas”. La mejor protección para una víctima de violencia doméstica es:n que su denuncia sea investigada según los principios básicos de investigación criminal (incluyendo el que el caso se investigue en las primeras 24 horas)n que sea tratada con respeto en cada una de las etapas del procesamiento sin prejuzgarla a la luz de las ideas o actitudes personales de los/as funcionarios/as que intervienen en su caso.Recomendaciones hechas por las ONGs en el 2005 y que aún están vigentesEn el año 2005, las organizaciones y personas de la comunidad que participaron en el Consejo Asesor de la investigación hicieron una serie de recomendaciones encaminadas a garantizar la seguridad de las víctimas de violencia doméstica. Dichas recomendaciones se mantienen vigentes por lo cual las reiteramos a continuación:1) Orientar a los/las funcionarios/as y proveerles información escrita sobre todas las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a las mujeres que son víctimas/sobrevivientes de violencia doméstica.2) Diseñar y distribuir un instrumento gráfico que explique el manejo de la solicitud de OP y/o el incidente desde el momento en que se genera hasta su conclusión. Este instrumento debe estar disponible para todos los componentes del sistema, comenzando con la Policía. Podría ser parte de una campaña educativa de la OPM. 3) Desarrollar estrategias básicas de coordinación interagencial que promuevan:· la consolidación e integración de los formularios,· la recopilación de las estadísticas y· la uniformidad de los procesos usando lo más adelantado de la comunicación computadorizada.4) Desarrollar equipos multidisciplinarios que permitan ofrecer una respuesta verdaderamente comunitaria al problema de la VD.5) Instaurar en TODAS las agencias que intervienen en el proceso una política de cero tolerancia a la negligencia o mal manejo de los casos de violencia doméstica.En cuanto al Departamento de la Policía se recomendó:1) La asignación de más agentes a las Unidades Especializadas o que establezca un Negociado que trabaje de manera más efectiva y estructurada la investigación y procesamiento de estos delitos.2) Que se institucionalice el sistema de consultas en etapas tempranas de los casos para poder adjudicar responsabilidades a la hora de evaluar estos serviciosEn cuanto a los Tribunales se recomendó:1) Que se establezcan en todos los tribunales las Salas Especializadas en Violencia Doméstica2) Utilizar efectivamente las guías sobre los requisitos mínimos que deben reunir los programas de desvío a base de una evaluación exhaustiva del funcionamiento de estos programas3) Considerar la multiplicidad de casos civiles y de familia que pueden derivarse de una situación de violencia doméstica y dar una coherencia a dichos procesos para evitar revictimizar a la parte que es víctimaPara todos los componentes del sistema de justicia se recomendaron- y nosotras recomendamos hoy- adiestramientos intensivos y más efectivos para todos los funcionarios y todas las funcionarias que incluyan la presentación de casos reales (como se hace en varias Escuelas de de Derecho), o casos hipotéticos y donde puedan recrear experiencias de trabajo.Estos adiestramientos deben ser sobre asuntos relativos a:– Discreción en el proceso de citación– Cómo manejar situaciones desde una posición de agente interventor/a– Eliminación de la resistencia que tienen para atender adecuadamente los casos de VD– Cómo cultivar elementos de sensibilidad y cambio de actitudes machistas y paternalistas, incluyendo aspectos de desarrollo emocional y aspectos de construcción de la masculinidad, el machismo y la homofobia– El concepto de la violencia hacia las mujeres como crimen, sus causas, las consecuencias y necesidades de las víctimas/sobrevivientes– Violencia física y violencia emocional– Manejo efectivo de InvestigacionesConclusiones:La Ley 54 del 15 de agosto de 1989 para la “Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” no necesita enmiendas en este momento ni mucho menos un cambio en su visión o paradigma. La misma tiene la virtud de reconocer los patrones de violencia por razón de género que ocurren en nuestra Isla y logró que se reconociera la violencia en relaciones de pareja como un asunto público que amerita la intervención del Estado.Recomendamos, sin embargo, que se retomen los hallazgos y recomendaciones contenidos en el informe titulado “La respuesta institucional del sistema de justicia criminal en el manejo de los casos de violencia doméstica: Evaluación e identificación de necesidades para promover la seguridad de la víctima y la intervención con la persona agresora” y publicado en el año 2005 por la OPM y que se dé seguimiento al nivel de implantación de dichas recomendaciones y planes de acción con los cuales se comprometieron las agencias de gobierno.Recomendamos, en adición, que se evalúe de manera rigurosa cualquier enmienda que se proponga a la Ley 54 y que se evite invisibilizar la violencia por razón de género alegando que afecta por igual a hombres y mujeres. Este tipo de aseveración es inaudita en un país en el cual las estadísticas de muerte por violencia doméstica son casi en su totalidad de muertes de mujeres. En el 2007, el 100% de las víctimas fueron mujeres (16 mujeres asesinadas) y en el 2008 ocurrió lo mismo con 26 mujeres asesinadas). En el año 2009, todas las víctimas han sido mujeres.Finalmente, el MAMPR se reitera en la necesidad de que se fomenten las políticas públicas que fomenten la equidad de géneros pues esa es la mejor forma de prevención de la violencia por razón de géneros.
MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES SE OPONE A LA CONFIRMACIÓN DE YVONNE FELICIANO COMO PROCURADORA DE LAS MUJERES
Comunicado de Prensa para publicación inmediataSan Juan, Puerto Rico, 20 de agosto de 2009- Luego de evaluar las respuestas de la Lcda. Yvonne Feliciano en las vistas públicas celebradas ayer como parte de su proceso de confirmación, y de escuchar que se está considerando que su nombramiento se extienda por diez años el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico expresó que ha tomado la decisión de oponerse a que ésta sea confirmada. El MAMPR expresó que la Ley 20 que creó la OPM es clara en cuanto al término de incumbencia de la Procuradora que se nombre. El Artículo 5 de la Ley 20 establece que “cuando el cargo de Procuradora quede vacante de forma permanente, antes de expirar el término de su nombramiento, la sucesora será nombrada por el término no cumplido de la que ocasione tal vacante”. A la luz de dicho artículo, el nombramiento de Feliciano o de cualquier otra procuradora, sería por los dos años que quedan del término que quedó sin cubrir por la Lcda. María D. Fernós, primera Procuradora de las Mujeres.“Como muy bien expresa la Ley 20 que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la persona que dirija dicha agencia debe demostrar independencia de criterio y la capacidad de trabajar desde una perspectiva de género. La Lcda. Feliciano se ha mostrado temerosa y evasiva en sus contestaciones durante las vistas públicas y no pudo demostrar que tiene la capacidad de analizar la situación de las mujeres de la Isla desde la perspectiva que le requiere la ley.”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, portavoz del MAMPR.En el día de ayer Feliciano continuó utilizando en las vistas públicas un estilo de respuesta en el cual aludía al estado de derecho vigente y evitó expresar qué acciones concretas realizará para adelantar los derechos de las mujeres de la Isla y si estaría dispuesta a retar el estado de derecho cuando el mismo atente contra la equidad de éstas.“Por su preparación profesional y experiencia, esperábamos respuestas contundentes en cuanto a temas como el del estado laico. Sin embargo, apoyó los cinco minutos de reflexión y no fue capaz de trazar una línea clara entre lo que es una norma constitucional y una práctica que atenta contra dicha norma”, expresó la Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, otra de las portavoces. De la misma manera, el MAMPR criticó que la nominada expresara que tiene una postura personal en cuanto al tema del aborto y que a pesar de ella defendería el estado de derecho. “A nivel internacional, el derecho al aborto es un derecho reconocido como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su contestación sobre este asunto revela que de verse amenazado ese derecho por un cambio en legislación o por jurisprudencia, ella no lo defendería. ¿Será capaz de defender otros derechos que aún están en riesgo para las mujeres? Hasta ahora no se ha expresado a favor de los derechos de las mujeres lesbianas y no pudimos ver de parte de ella una comprensión de la diversidad de situaciones que pueden enfrentar otras mujeres” añadieron.El MAMPR expresó una gran preocupación que la nominada favorezca la fusión de las procuradurías. “La OPM nació de una necesidad real de crear un espacio de fiscalización y de promoción de legislación y de acciones gubernamentales que garanticen el respeto pleno de los derechos humanos de las mujeres. Nos parece evidente que en Puerto Rico aún queda mucho por hacer, pero para que la oficina sea efectiva, no puede estar supeditada a otras agencias, ni puede abandonar un estilo de análisis en el cual se consideren las situaciones particulares de las mujeres, la manera en la cual nuestra sociedad construye la imagen de éstas y el discrimen latente en muchas de las decisiones y acciones gubernamentales.” dijeron las portavoces, quienes además, llamaron la atención al hecho de que una fusión de las procuradurías limitaría su campo de acción.Por otro lado, las posturas de la nominada en cuanto a la Ley 54 de violencia doméstica, levantaron serias interrogantes y preocupaciones al MAMPR.“Al hablar de la Ley 54 y vincular de inmediato el tema a intervenciones familiares, crea la impresión de que no conoce las dinámicas de poder y control que se desarrollan en el seno de una familia en la cual existe violencia doméstica. La OPM debe velar por la integridad emocional y física de las mujeres que sufren este tipo de situación y dar seguimiento a la implantación de la Ley 54. Más aún, la legislación federal bajo la cual se asignan fondos a esa oficina para intervenir con la violencia doméstica, prohíbe prácticas que pongan en riesgo a las mujeres, y eso incluye una prohibición de sesiones de mediación o terapia familiar” explicaron. Éstas añadieron que es importante que cualquier procuradora sepa distinguir el concepto de violencia intrafamiliar del de violencia en relaciones de pareja, conceptos que la nominada pareció entremezclar al hablar de la Ley 54 y la posibilidad de enmendarla.Finalmente, el MAMPR expresó su frustración porque la Lcda. Feliciano no se reunió nunca con el MAMPR, grupo que había solicitado previamente dicha reunión.### Publicado por
MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES NO COMPARECERÁ A LAS VISTAS DE CONFIRMACIÓN DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES
Comunicado de Prensa para publicación inmediata San Juan, Puerto Rico, 19 de agosto de 2009- Contrario a lo expresado por la senadora Evelyn Vázquez, quien indicó a la prensa que se citaron grupos feministas a las vistas de confirmación de la Procuradora de las Mujeres, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) no fue citado a las mismas. Así lo confirmó el MAMPR en la mañana de hoy al anunciar que no comparecerá a las vistas pautadas para el día de hoy. Las portavoces del MAMPR explicaron a la prensa que, contrario a las Procuradoras nombradas anteriormente, en esta ocasión carecen de la información necesaria para recomendar una confirmación de la actual designada. Las tres Procuradoras de las Mujeres que precedieron a la Lcda. Yvonne Feliciano fueron recomendadas y apoyadas por organizaciones de mujeres que conocían su trabajo, posturas y compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres de la Isla. La Lcda. Feliciano fue nominada por el Gobernador sin consultar al MAMPR y no ha trascendido públicamente el que se haya consultado a otras organizaciones de mujeres.“En mayo pasado denunciamos que los criterios de evaluación utilizados por el Senado para colgar a Johanne Vélez fueron ajenos a los requisitos establecidos en la Ley 20 para el puesto de Procuradora. En una crasa violación al principio constitucional de separación entre Iglesia y Estado, las opiniones religiosas de las y los senadores se utilizaron para rechazar ese nombramiento. En vista de ello, el MAMPR anunció que no nominaría nuevas candidatas pero a la vez expresó que evaluarían a toda mujer nominada al puesto según los requisitos y criterios establecidos por ley.” explicó Adriana Alonso, una de las portavoces del MAMPR.“Al día de hoy, no tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Lcda. Feliciano, por lo que no estamos en posición de opinar sobre su capacidad para ocupar la silla de la Procuraduría. Tampoco podemos decir si cumple con los requisitos de la Ley 20, ya que sus expresiones públicas han sido parcas y no ha abundado en el tratamiento de asuntos que nos permitirían evaluar su independencia de criterio, su compromiso y su capacidad para evaluar la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”, expresó la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez. Ésta explicó que uno de los requisitos expresos de la Ley 20 es que la Procuradora “sea una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión y marginación, por su respeto a las diferencias y la diversidad y que sea conciente de la necesidad de un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género.(Cita directa de la Ley 20 del año 2001)”El MAMPR entiende que la Procuradora designada debe contestar preguntas específicas acerca de la OPM y de sus compromisos en defensa de los derechos de las mujeres para que tanto el Senado como las mujeres de la Isla sepan qué esperar de ella. Algunas de esas interrogantes se relacionan con temas como:1. La defensa y permanencia de la OPM ante las amenazas de consolidación con otras procuradurías.2. La defensa del estado laico ante la insistencia de sectores religiosos fundamentalistas de intervenir en los asuntos de política pública.3. El mantenimiento y desarrollo de trabajos colaborativos entre las agencias gubernamentales y la OPM4. Qué estrategias utilizará para continuar promoviendo de colaboración y apoyo con las organizaciones sin fines de lucro y la subvención económica de proyectos que ofrecen servicios a estas poblaciones5. ¿Cuáles van a ser las poblaciones y focos de atención prioritarias y de apoyo con fondos la provisión de servicios para atender sus necesidades?6. ¿Cómo incluye en su agenda las necesidades de las mujeres lesbianas, transgéneros, transexuales y bisexuales?7. ¿Qué proyectos y servicios va a desarrollar para otras poblaciones de mujeres que son discriminadas y oprimidas por razón de raza, estado migratorio y condición social?8. ¿Cuál es su compromiso ante el caso que resolvió el Tribunal Supremo según el cual la Ley 54 no aplica a la comunidad LGBT y su interpretación de "pareja" en dicha Ley 54?9. ¿Cuál es su compromiso y qué acciones tiene pensadas para la promoción y la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres de Puerto Rico?10. ¿Se compromete a defender el derecho de las mujeres por el acceso libre y gratuito de los métodos anticonceptivos?11. ¿Se compromete a defender el derecho al aborto y que los planes médicos los cubran?12. ¿Cuáles son las estrategias que utilizará para que se viabilice nuevamente la incorporación en las escuelas de PR de una educación de equidad desde una perspectiva de género?Las líderes expresaron que la Ley 20 que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres fue impulsada en el año 2000 por organizaciones de mujeres y creó un precedente importante en el cual se estableció un proceso de consulta con las mismas. En ese mismo ánimo las líderes reiteraron su interés en sostener una reunión con la Procuradora. ###
Declaración de apoyo al movimiento de mujeres de Honduras
El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) es un grupo de feministas en su carácter individual, organizaciones sin fines de lucro, y otras entidades afines que tiene como misión primordial trabajar, desde una perspectiva de género, por el bienestar de las mujeres de nuestro país.Los recientes incidentes provocados en Honduras por las fuerzas armadas nos obligan a expresarnos como parte de la comunidad latinoamericana, caribeña e internacional pero sobre todo porque como mujeres creemos en la equidad, la participación democrática y el derecho de cada persona a vivir en libertad, en paz y perseguir su más alto bienestar.Por eso, denunciamos:♀ Que las fuerzas armadas hondureñas, en abierta violación a su estado de derecho y tratados internacionales, utilizaron su poder para anular por la fuerza el gobierno constitucional de ese país e invalidar los procesos de participación ciudadana que se concretarían en la consulta popular que se realizaría el 28 de junio para modificar o no la Constitución de Honduras.♀ Que ante la resistencia ciudadana, suspendieron las garantías constitucionales del pueblo hondureño poniendo en riesgo la protección y garantías de los derechos humanos del mismo.♀ Que el Congreso hondureño se hizo cómplice de los militares colaborando con la sustitución del presidente Manuel Zelaya y dando la espalda al pueblo y a la democracia.♀ Que las organizaciones de mujeres de Honduras, como parte del movimiento de pueblo que denunció el golpe de estado, están amenazadas y asediadas por las fuerzas militares.Como movimiento de mujeres puertorriqueñas, caribeñas y latinoamericanas, declaramos:♀ Que el trabajo por los derechos de las mujeres es profundamente político y que eso convierte a nuestras compañeras hondureñas en el blanco potencial de las acciones represivas del régimen de violencia que se acaba de instaurar en Honduras.♀ Que este atentado militar afianza la existencia de estructuras y relaciones sociales patriarcales, opresoras y de explotación que deben ser desafiadas como conjunto.♀ Que es imprescindible una aplicación transversal de una perspectiva de género para garantizar los derechos humanos de las mujeres hondureñas en este momento de crisis e inestabilidadComo mujeres defensoras de la equidad y de la integridad humana exigimos:♀ Que la comunidad internacional repudie el golpe militar y colabore en el restablecimiento del orden constitucional de Honduras.♀ Que se garantice la seguridad y la integridad física y emocional de los grupos de mujeres y las comunidades que viven en extrema pobreza y que son los sectores más vulnerables a los estallidos de violencia que se desencadenan cuando se atenta contra la participación democrática.♀ Que se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres hondureñas, incluyendo los económicos, sociales y culturales, y la libertad para alcanzar el bienestar y una vida digna.♀ Que a la luz de las recomendaciones internacionales destinadas a garantizar la equidad de géneros y económica, se abran espacios reales de participación política para las mujeres y los sectores populares que tienen el derecho a ser oídos y considerados a la hora de tomar las decisiones del país.El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico reconoce que la equidad, la justicia y la libertad, como valores humanos supremos, son precisamente los más vulnerables porque retan los sistemas tradicionales de opresión. Admiramos y nos solidarizamos con las compañeras hondureñas y con cada persona de ese país que se ha puesto de pie y ha reclamado el respeto hacia la democracia y los derechos humanos del pueblo hondureño.En Puerto Rico30 de junio de 2009
SUPERINTENDENTE DE LA POLICIA COINCIDE CON MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES Y DESTACA NECESIDAD DE NOMBRAMIENTO DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES
Comunicado de Prensa para publicación inmediataSan Juan, Puerto Rico, 24 de junio de 2009 - La posición del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) sobre la importancia de que se nombre una Procuradora que ejecute política pública a favor de los derechos de las mujeres y fiscalice la eficacia del sistema de justicia en los casos de violencia doméstica, fue avalada por el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, cuando admitió que esa ausencia contribuye al aumento en ese tipo de incidentes.“Sin una Procuradora de las Mujeres nombrada en propiedad, las mujeres de la Isla están a expensas de un sistema de justicia incapaz de protegerlas” expresaron líderes del MAMPR en la hoy al solidarizarse con la familia de Norma Rivera Benítez, la última mujer asesinada en Puerto Rico por quien fue su compañero consensual.Las expresiones del MAMPR se dan a casi dos meses de que el Senado de Puerto Rico se negara a confirmar a la última de las Procuradoras de las Mujeres designada. “En aquél momento insistimos en que con esa acción de rechazo a la Procuradora designada, se estaba poniendo en riesgo la Procuraduría de las Mujeres y los logros alcanzados en la prevención de violencia doméstica y en otras áreas de derechos humanos de las mujeres. Ahora el propio Superintendente de la Policía nos da la razón al expresar que la ausencia de una Procuradora de las Mujeres en propiedad es uno de los elementos que contribuyen a aumentar los incidentes de violencia doméstica”, señaló Alana Feldman, portavoz del MAMPR.“En este caso, la mujer había radicado tres casos de violencia doméstica en contra del asesino y éste aún cumplía probatoria por uno de ellos. ¿Cuán ágil es el sistema de justicia para proteger a las mujeres y cuán ágil puede llegar a ser? Mientras la Procuraduría de las Mujeres contó con Procuradoras en propiedad, las demás agencias del ejecutivo sabían que había una entidad que fiscalizaba y velaba el fiel cumplimiento con los protocolos de intervención en estos casos. Además, había todo un sistema de apoyo desde las organizaciones comunitarias. Al no actuar con diligencia en el nombramiento y confirmación de una nueva Procuradora, se envía un mensaje equivocado a las agencias y a la comunidad en general. Se les está diciendo que el tema de la violencia doméstica no es prioridad para el gobierno, que los casos no serán atendidos con diligencia y que, por lo tanto, existe la posibilidad de que los agresores queden impunes”, añadió Adriana Alonso, portavoz del Movimiento.El MAMPR expresó satisfacción con el hecho de que Figueroa Sancha destaque la falta que hace la labor de la Procuradora de las Mujeres en la prevención de la violencia doméstica. “Insistimos en que se nombre y confirme a una nueva Procuradora de las Mujeres en propiedad y que se lleve a cabo el proceso conforme a la ley, sin interferencia de grupos y personas ajenas al mismo. Puerto Rico es un estado constitucionalmente laico y no es a los moralistas fundamentalistas a quienes les corresponde intervenir en este asunto. Como bien ha señalado el Superintendente, las mujeres puertorriqueñas, los puertorriqueños todos, necesitamos una Procuradora.” concluyeron las portavoces.###
Marcha de Pueblo
Publicado en Prensa ComunitariaLunes, 08 de Junio de 2009 18:08 Moszart Mestey Dávilahttp://www.prensacomunitaria.com/politica/448-marcha-del-pueblo.htmlUna multitud, constituida por distintos sectores religiosos, partidos políticos, sindicalistas, cooperativistas, activistas de derechos humanos, empleados públicos, el colectivo LGBT, feministas, funcionarios electos, ambientalistas, organizaciones de base comunitaria, asociaciones de periodistas, abogados, médicos y artistas y particulares, bajo consignas como "Puerto Rico no se vende / Ni su tierra, ni su gente", marcharon, protestaron y aprobaron un manifiesto en una asamblea de pueblo que tuvo lugar frente a El Capitolio el pasado viernes.De acuerdo con estimados inexactos, de cuarenta a cien mil personas se sumaron en su oposición a las cesantías de empleados públicos, la reducción de la jornada laboral y el proyecto de gobierno de las Alianzas Público Privadas (AAP), entre otras cosas.La asamblea "Todo Puerto Rico Por Puerto Rico" fue convocada por varias organizaciones de la sociedad civil y coordinada por el reverendo Juan Vera, obispo de la Iglesia Metodista.La jornada se caracterizó, sobre todo, por la diversidad y, también, por la sensación de carnaval. Hubo muchos colores, sonidos y ruidos, comida, artesanías, vejigantes, performances y exposiciones. Precisamente, Amárilis Pagán Jiménez, miembra del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y directora ejecutiva del Proyecto Matria, destacó la diversidad de reclamos y grupos que constituyeron la manifestación. "Al gobierno no le queda otra alternativa que participar en un diálogo con los sectores que dieron vida a esta ‘supra-actividad'", observó Pagán.La Junta Comunitaria de Río Piedras fue una de las organizaciones de base comunitaria que añadió propósito en la manifestación. En voz de su presidenta, Carmen Alicia Nebot, además de apoyar al pueblo trabajador, esta organización demostró su oposición a los proyectos legislativos que pretenden transferir la coordinación de CAUCE de la Universidad de Puerto Rico al Municipio de San Juan. "El pueblo se ha manifestado en pleno en apoyo al trabajador y en contra de las tendencias neoliberales del gobierno", declaró Nebot, añadiendo además que si los administradores del gobierno continúan la política pública trazada hasta el momento, el siguiente paso sería paralizar el país.Por su parte, Cristina Rivera, portavoz de La Poza del Obispo, del barrio Islote, en Arecibo, en reacción a la manifestación, indicó que la misma fue un éxito porque "demuestra la indignación del pueblo, un pueblo indignado con el gobierno que (lo) desmenuza"."Diálogo y negociación para encontrar la solución"De una parte, las organizaciones convocaron la participación y coordinaron la asamblea en respuesta a la política pública de índole económica impulsada por el Estado y la negativa de los administradores a dialogar y considerar los planes de trabajo alternativos que promueven los obreros, cooperativistas, ambientalistas y el tercer sector.De otra parte, en el marco de la Asamblea de Pueblo, el MAMPR reclamó, además, de los organizadores un diálogo más amplio y cambio de paradigma. Subrayó, también, que el liderato obrero, comunitario y religioso reconozca las necesidades particulares de las mujeres y el movimiento LGBT. Finalmente, el movimiento feminista lanzó a este liderato el desafío de "asumir la tarea de analizar sus acciones y expresiones desde una perspectiva de género". Con esto quieren llamar la atención de los pormenores que afectan a mujeres y LGBT debido a los despidos, cesantías y reducción de la jornada y "la intromisión de grupos fundamentalistas en los asuntos del gobierno". En este sentido, el MAMPR y Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico, invitaron a propiciar en el diálogo el tono de los derechos humanos.
El MAMPR marchó en la Parada Orgullo LHBTT
¿Por qué marchan las personas? ¿Por qué se exponen al sol, al cansancio, a las largas jornadas en las que se pone a prueba la fuerza de voluntad? Porque la equidad y la justicia son valores universales que alimentan la aspiración de todo ser humano a alcanzar la perfección y con ella la felicidad... Gracias a cada compañera y compañero del MAMPR que marchó el viernes en la Asamblea de Pueblo y gracias a quienes marcharon ayer en la Parada Orgullo LHBTT. El camino es más fácil si se hace acompañada...¡Felicidades a la COA y nuestras compañeras organizadoras de la Parada! Su energía y pasión son ejemplo para las demás.
Sicarios de la intolerancia
Por OLGA LÓPEZ BÁEZVoces, El Nuevo Día05-Junio-2009El doctor George Tiller, un reconocido ginecólogo de Estados Unidos, fue asesinado el domingo 31 de mayo entrando a su iglesia la cual visitaba todos los domingos.El doctor Tiller era uno de los pocos ginecólogos en ese país que hacía terminaciones de embarazo en el segundo y tercer trimestre. Fue blanco de los sectores mal llamados “pro vida” por cerca de dos décadas.Como resultado de ese continuo hostigamiento fue herido de bala en ambos brazos en los años noventa. La mujer que lo tiroteó en aquel entonces todavía cumple su pena de cárcel. ¿Es que acaso existe alguna diferencia entre estos actos y los actos de los talibanes?La presión y el hostigamiento al doctor Tiller también se extendió recientemente a miles de sus pacientes cuando un gran jurado de Kansas intentó obtener expedientes médicos invocando una ley de 1887. Esa acción la instó el grupo extremista antiaborto “Kansas for Life and Operation Rescue”. Las pacientes no solamente les preocupaba la violación a su derecho a la intimidad, sino que temían por su propia seguridad y la de sus familias. Gracias a la intervención del Center for Reproductive Rights ante el Tribunal Supremo de Kansas, fracasó ese otro atentado contra el derecho de la intimidad de esas pacientes.El asesinato del doctor George Tiller a manos de los sicarios de la intolerancia y la ignorancia pone en el tapete la realidad a la que recurren los sectores más recalcitrantes del fundamentalismo. Son las mismas voces que nos dicen a las mujeres el cómo y el cuándo debemos parir porque nos consideran unas meras incubadoras.Y son precisamente esas mismas voces que nos dicen a quiénes tenemos que amar para poder formar una familia.A ver, ¿quiénes son entonces los torcidos y las torcidas?http://www.elnuevodia.com/voces/577425/
Movimiento Amplio de Mujeres exige inclusión de reclamos a favor de las mujeres en la Asamblea de Pueblo
Comunicado de prensaSan Juan, Puerto Rico, 5 de junio de 2009- “La Asamblea de Pueblo se está convocando desde nuestra Constitución. Esa misma Constitución, establece en su Carta de Derechos la separación entre Iglesia y Estado y nosotras, como integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres exigimos que dicho derecho se exija y se valore en esta Asamblea” expresaron líderes del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) en la mañana de hoy mientras reclamaron un espacio para la defensa de otros derechos humanos de las mujeres que están siendo amenazados por las decisiones de la presente administración.Así mismo, las líderes reclamaron que el liderato obrero, comunitario y religioso del país reconozca las necesidades particulares de las mujeres y se atrevan a retar sus propias creencias asumiendo la tarea de analizar sus acciones y expresiones desde una perspectiva de género. “Un movimiento de pueblo inclusivo debe propiciar diálogos amplios que permitan un cambio de pensamiento y que adelanten la equidad para todo ser humano. Debe dar espacio a denuncias o reclamos de derechos humanos y de derechos constitucionales para que cada persona de este país se identifique y se sienta convocada a participar” expresó Ana Irma Rivera Lassén portavoz del MAMPR.El MAMPR ha declarado que se solidarizará con otros movimientos sociales, como el LGBT, pues considera que una democracia no puede construirse y sostenerse sobre la exclusión de ningún grupo. Algunos de los reclamos principales del MAMPR en el marco de la Asamblea de Pueblo son los siguientes:1. Un estado laico que garantice la libertad y bienestar de la ciudadanía, en especial de las mujeres, sin importar su orientación sexual, identidad de género, clase social, raza, nacionalidad, etnia y/o edad2. La consideración profunda y seria de las realidades, desigualdades y necesidades de las mujeres en toda su amplitud y diversidad a la hora de tomar decisiones que afecten al país- Aplicación transversal de una perspectiva de género3. La redefinición de la democracia puertorriqueña y acciones políticas afirmativas para adelantar los derechos de las mujeres de Puerto Rico y su reconocimiento como seres humanas con pleno derecho a la participación en los espacios de poder y toma de decisiones que les afectan diariamente y en las diversas facetas de sus vidas4. La garantía de igual acceso las mujeres a oportunidades que permitan su desarrollo humano pleno y construir relaciones sociales y familiares de paz y respeto5. El pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales y la libertad para alcanzar el bienestar y una vida digna de todas las mujeres6. La permanencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el respeto y compromiso con los principios y valores incluidos en la Ley 20 del 11 de abril del 2001, que creó dicha oficina7. La garantía del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos a través de acciones gubernamentales concretas y el derecho a decidir sobre nuestros cuerposEl MAMPR ha denunciado consistentemente la intromisión de grupos religiosos fundamentalistas en los asuntos de gobierno y ha advertido que dicha práctica afectará adversamente las prácticas y acciones de agencias de gobierno como los Departamentos de la Familia, Justicia, Educación y otros.“Mientras la violencia en contra de las mujeres sigue aumentando, la política gubernamental de despidos y de exclusión de sectores de la toma de decisiones aumentará su vulnerabilidad ante esa violencia. Sólo reconociendo esta realidad y enfrentándola, será posible garantizar una vida digna a las mujeres de nuestro país”, añadió Amárilis Pagán Jiménez otra de las portavoces del MAMPR. Las líderes manifestaron su solidaridad con las miles de mujeres que siguen siendo la principal cara de la pobreza en nuestro país y que son invisibilizadas a la hora de tomar decisiones en el gobierno y en otros sectores sociales y comunitarios.
Vivimos un momento histórico en el cual los derechos de las mujeres y de otrso sectores vulnerables de nuestro país están amenzados. Por eso, el MAMPR se une y apoya la Asamblea de Pueblo convocada para el viernes, 5 junio de 2009 y te exhorta a participar en la Parada Orgullo LGBT del domingo 7 de junio. Los derechos humanos son indivisibles y cuando se vulneran los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBT, de las trabajadoras y de nuestras comunidades, el sentido de solidaridad nos indica un sólo camino: el de estar presentes, despiertas y activas para la defensa de todas/os. El MAMPR tendrá su pancarta en ambas marchas. Queremos que esos días, la pancarta sea el preámbulo a un grupo numeroso, comprometido con la equidad y solidario con la justicia. ¡Busquen nuestra pancarta y marchen con nosotras!
La separación entre Iglesia y Estado: principio de la democracia
Opinión libre Lcda. Josefina Pantoja Oquendo/Especial para Claridad http://claridadpuertorico.com/content/view/404038/32/ Una mirada a la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico es suficiente para concluir que se trata de una declaración de avanzada en cuanto a protecciones civiles y humanas se refiere. La Constitución es un documento que entró en vigencia en el 1952, luego de una asamblea constituyente, de que fuera aprobada en consulta hecha al pueblo de Puerto Rico y luego sometida y recortada por el Congreso de Estados Unidos. En ese recorte fue eliminada la sección 20, que establecía el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la protección social y otros derechos humanos reconocidos. Tal parece que fueron considerados demasiado buenos por los legisladores del norte que, en última instancia, tenían el control del proceso. Posiblemente su lenguaje era muy parecido a una disposición socialista. A pesar de la tijera del imperio, sobrevivieron importantes cláusulas que nos sirven de base para exigir reivindicaciones fundamentales para la democracia.El artículo II de la Constitución de Puerto Rico recoge esa Carta de Derechos con protecciones que hemos tenido que defender a veces dentro del sistema de justicia, pero sobre todo mediante la militancia y el activismo en la calle. ¿Cuántos de quienes leen Claridad no han sido parte de la defensa del derecho a la fianza cuando los grupos conservadores han intentado limitarlo, como ocurre ahora que se están proponiendo varios proyectos de ley en esa dirección? Son incontables las protestas a las que hemos asistido en contra de la pena de muerte que está prohibida por la Constitución de Puerto Rico, pero la fiscalía federal no ha cesado en su empeño de traerla por la cocina, en contra de la voluntad del pueblo puertorriqueño. Ese intento ha chocado todas las veces con la negativa de los jurados boricuas que lo han tenido ante su consideración. La sección 7 nos ampara en esa lucha. Con la misma pasión hemos combatido los intentos de darle un carácter privado al derecho a una educación que hasta el nivel secundario tiene que ser pública, gratuita y que propenda al desarrollo de la personalidad del estudiantado y al respeto por los derechos del hombre, y por supuesto, también de las mujeres y de las libertades fundamentales. Es así como lo dispone la sección 5. Recordamos la asignación de becas para estudiantes en escuelas privadas. Ahora ronda el concepto de las llamadas escuelas “Charter” u otras propuestas que puedan surgir bajo las llamadas Alianzas Públicas Privadas (APP).En el movimiento feminista hemos promovido la equidad entre los géneros y la erradicación de la discriminación apoyándonos en la sección 1 de la Carta de Derechos que establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que por lo tanto, no puede haber discrimen por raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosa, entre otras.Protecciones contra registros ilegales, contra la interceptación telefónica, derechos que también son atropellados por la legislación federal que lo permite, la garantía de la igual protección de las leyes, de la libertad de expresión y de asociación, son valores que atesoramos y defendemos. Todos ellos fueron establecidos por los llamados padres de la Constitución y también por su única madre, María Libertad Gómez, siempre olvidada por ser mujer. Con frecuencia nos preguntamos, cómo es posible que tan excelente y humanitario documento haya sido trabajado por las mismas personas que moldearon el estado colonial en que vivimos y que se resume en el llamado Estado Libre Asociado, ente político que también se estructura en la Constitución.Igualmente importante en la Carta de Derechos es la sección 3 que prohíbe la aprobación de legislación relacionada con el establecimiento de cualquier religión, garantiza el libre ejercicio de culto religioso y de que habrá completa separación entre la iglesia y el estado. Más clara que el agua es esta cláusula. Sin embargo, es uno de los derechos más amenazados y que más daño puede causar sobre otras reivindicaciones que la misma Carta contiene. La violación de esa separación es la orden del día en el actual gobierno del Partido Nuevo Progresista. Esta amenaza, ahora convertida en realidad, se veía venir desde la participación del ahora Gobernador en actos donde era ungido por los sectores más conservadores y fundamentalistas dentro de los religiosos. Uno de sus primeros nombramientos fue el del pastor Heredia para dirigir una oficina de enlace con organizaciones comunitarias y de base de fe desde la Fortaleza. De esta forma, las organizaciones no gubernamentales que nada tienen que ver con religión dependen de esta persona para tener acceso al Ejecutivo. Se trata del mismo hombre que torpedeó el nombramiento de la ex procuradora designada, Johane Vélez.Entre otros botones de muestra sobre la injerencia que está teniendo el sector religioso fundamentalista y también la iglesia católica en el actual gobierno, está la legislación que se está proponiendo para echar atrás logros en el área de derechos humanos que ya se habían adelantado. De esta forma se ven amenazados los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, de personas que no profesan ninguna religión, lo cual nada tiene que ver con su calidad humana, con sus capacidades para ocupar puestos en el servicio público, como la judicatura. Sin embargo, ese criterio religioso que atenta crasamente contra la separación entre la iglesia y el estado, además del partidista, prevaleció en la nominación para las plazas que estaban vacantes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.No son pocos los legisladores y legisladoras que se apropian del discurso religioso para tomar decisiones. Éste fue el caso de las senadoras Migdalia Padilla y Evelyn Vázquez, que preside la Comisión de la Mujer del Senado, para escarnio del movimiento feminista. Ésa es la misma Legislatura que comienza las sesiones con invocaciones religiosas, aunque luego se insulten y degraden con sus conductas bochornosas los puestos que ocupan y por los cuales les pagamos con nuestras contribuciones.Tal vez los ejemplos más recientes del atentado contra la separación entre iglesia y estado provienen del flamante Secretario de Educación. Antes de sentarse en su silla el señor Chardón dejó sin efecto la Carta Circular que establecía la política educativa de equidad por género, propuesta que fue impulsada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para trabajar con la educación como una herramienta fundamental para erradicar el discrimen por género, raíz de la violencia y la opresión que sufrimos. Las explicaciones que dio Chardón provocarían risa, si no fuera tan trágico. La realidad es que la administración Fortuño cedió a las presiones de los grupos religiosos. La más reciente hazaña de Chardón es su propuesta de que los llamados cinco minutos de reflexión con que se iniciará el día escolar, se basen en ocho de los diez mandamientos. Habría que adivinar por qué ocho y no diez. Las nubes son el límite para la creatividad de este insigne funcionario que, para desgracia del sistema de educación pública, ha tenido dos turnos al bate.El cuatrienio apenas está comenzando, por lo que podemos esperar más intentos de menoscabar la separación entre la iglesia y el estado cuyo propósito es dirigirnos hacia una agenda conservadora, donde la libertad de pertenecer a alguna religión o a ninguna esté bajo amenaza y el sentido de moral que cada grupo tenga intentará prevalecer en el establecimiento de las políticas públicas. Los estados modernos que progresan en dirección del respeto y la aceptación de la diversidad avanzan en la dirección contraria: el estado laico, las iglesias en un lado, los gobiernos en el suyo. Aquéllas, estableciendo los dogmas que sus seguidores quieran aceptar. El estado, sirviéndoles a sus constituyentes sin importar sus diferencias. En ello consiste la verdadera democracia.Debemos defender el principio de la separación entre la iglesia y el estado con la misma firmeza y convicción con que lo hacemos por otros derechos que también son de primer orden. Estoy segura que eso es lo que haría cualquier persona religiosa si el estado intentara intervenir en su fe. A “santo” de qué, para estar en sintonía con el tema, tiene que ser diferente.
DEBATES, TERGIVERSACIONES, IGNORANCIA
Por Profa. Margarita MergalDebatir es parte de la vida, a la mayoría de los humanos nos gusta el asunto. Los universitarios sabemos que sin debate no hay conocimiento posible, los verdaderos teólogos siempre han practicado las artes del debate. Desde los tiempos de Sócrates y probablemente mucho antes, debatir ha constituido una de las mejores formas de aprender. El asunto es que para aprender hay que saber debatir. Y como evidenció recientemente nuestro señor Secretario de Justicia, se puede tener educación formal, académica y sin embargo, no saber debatir. Es necesario mantener la compostura, para lo cual hay que tener gran respeto al otro, a las diferencias que nos llevan a debatir y entender que aprender es más importante que ganar. No se trata de un jugo de futbol. En segundo lugar, nunca ponerse a hablar de lo que uno no sabe, de lo que no se conoce al menos en alguna medida. Tercero, reconocer que nunca un debate puede ser fructífero si se basa en la tergiversación de lo que se argumenta. La cual puede ser de mala fe, para tratar de imponer una posición, pero también puede ser de buena fe, simplemente resultado de la falta de conocimiento. Por ello, para debatir como es debido hay que tratar de ser muy honesto consigo mismo, hay que estar bien preparado y conocer la materia sobre la cual se debate.Voy a poner un ejemplo. Recientemente leí una opinión sobre el feminismo en un diario nacional. Supongo la buena fe de la persona que escribe pero tergiversa sus datos. En primer lugar desconoce la historia de los feminismos que no son dos como afirma sino múltiples hoy día. No se iniciaron con las democracias representativas sino bajo las monarquías, al menos en Europa de donde se trasladaron poco a poco a las américas. Habla del feminismo radical y no parece haber leído algunas de sus máximas exponentes como Shulamith Firestone. Por demás, la condición socio cultural de las mujeres va mucho más allá de los derechos de familia, o los sexuales y reproductivos. No conozco feminismos serios que postulen binariamente la maldad masculina y la bondad femenina pues las relaciones humanas, incluyendo las éticas, son harto más complejas. En esa vena el autor termina afirmando que la violencia de las mujeres desencandena la violencia contra ellas. Como siempre este tipo de tergiversaciones termina culpando a la víctima de su victimización. En realidad el asunto va mucho más allá de una cuestión de “culpas”. Que las mujeres también hemos internalizado los valores y prácticas del sistema patriarcal, que tenemos personalidades diversas ,pues claro que sí, como los hombres, pero culpables de nuestra propia muerte, pues no. Y ciertamente muchas trabajamos arduamente para construir sociedades más justas para todos como también lo hacen muchos hombres, antes y después de John Stuart Mill o Alejandro Tapia y Rivera. Aconsejo antes de escribir sobre estos asuntos leer un poco de filosofía: las españolas Victoria Sau, Victoria Camps, Cecilia Amorós o Amelia Valcárcel, las francesas Luce Irrigaray, Julia Kristeva, la italiana Rosi Braidotti, los inescapables Michel Foucault y Thomas Laqueur, además de toda una pléyade de teólogas, (recomiendo a Elaine Pagels del Seminario Teológico de Princeton), historiadoras, musicólogas, sociólogas, psicólogas, biólogas, filósofas del arte, críticas de literatura, ecólogas de Asia, Europa y América cuyas obras pueden encontrarse con un breve esfuerzo cibernético. Sobre las puertorriqueñas también hay una extensa bibliografía. Hoy día el acceso a las bibliotecas y librerías no es tan difícil, lo que se necesita es querer y saber buscar, ni siquiera hay que viajar excepto virtualmente.El tema me recuerda una reciente columna de mi queridísimo profesor José Arsenio Torres sobre “las resultas del sarango” (como estudiante y amiga mucho he aprendido con él sobre esto del debate). “Resultas” que según el profesor, pone en entredicho hoy el carácter democrático de nuestra sociedad y la legitimidad de nuestro gobierno. Concurro con su crítica y le pido permiso para añadir un elemento más entre los muchos que estoy segura que podríamos enumerar. Me refiero al aterrador y fulminante golpe que el gobierno le propina a la actividad cultural en nuestro país. A las artes en sus fases de producción como de exposición y representación, así también a la educación que nos conduce a su comprensión y disfrute. ¿Es que no basta con los servicios básicos ineficientes y a menudo inexistentes? No es un mero decir. Todas las semanas en mi barrio nos quedamos sin servicio de agua y a menudo de energía eléctrica. Hoy llevo dos días sin servicio de teléfono. ¿Anticipo de lo que nos espera con la famosa alianza, la privatización en modalidad de eufemismo? En Barcelona se convocó este mes de mayo a un congreso mundial sobre economía y cultura en tiempos de crisis. De acuerdo con El País: “Hasta el Rey Juan Carlos aboga por un esfuerzo para estimular las industrias culturales europeas como instumento para contribuir a recuperar el crecimiento de la economía”. Ángeles González Sinde, la Ministra de Cultura española señaló que: “Tras la codicia de unos pocos, indigna, indecente e insostenible, nunca como ahora es tan necesario el encuentro de economía y cultura, porque ésta aporta beneficios materiales pero sobre todo inmateriales, como los valores y nos lleva a emprender, a innovar y a dialogar...No es una opción, es una emergencia”. Esta relación entre las necesidades materiales y el conocimiento, gozo y placer que nos brindan las artes es tan antigua como la especie homo sapiens misma. Una de las terribles “resultas” de la falta de comprensión de ello por nuestros gobernantes es la continuada banalización de la vida y la violencia cotidiana. Más nos vale luchar contra este bárbaro ataque a la cultura y por ello a nuestra humanidad misma.
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 Resolución 
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 Artículo 5
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