Source: https://es.scribd.com/document/161850810/01-2012-El-Ius-Puniendi-en-Manos-de-La-Junta-de-Acreedores-Susan-Ortega-o
Timestamp: 2019-04-26 12:15:12+00:00

Document:
Programa Romano II UCV
Artículos Codigo Penal Federal
Ensayo Sobre El Test de Razonabilidad y La Fijacion de La Reparacion Civil en Una Sentencia Penal
Responsabilidad Profesional Ult (1)
EL IUS PUNIENDI EN MANOS DE LA JUNTA DE ACREEDORES
LOS VACIOS LEGALES EN EL REGIMEN DE INFRACCIONES PARA LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS Y LIQUIDADORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
AUTOR: SUSAN MARGARET ORTEGA OLORTEGUI Sumario: A través del presente trabajo, luego de analizar brevemente la finalidad del derecho concursal y la regulación de los procedimientos concursales, se aborda como punto principal la irregular tipificación por parte del legislador en la Ley General del Sistema Concursal respecto a las infracciones que pueden cometer las entidades administradoras y liquidadoras dentro del marco de un procedimiento concursal y como a través de la jurisprudencia, tanto la Comisión de Procedimientos Concursales como el Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, han venido implementando este vacío normativo que vulnera el principio de tipicidad recogido en nuestro marco constitucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTRODUCCIÓN De acuerdo con nuestra Carta Magna estamos en una economía social de mercado y, a fin de garantizar este modelo económico, se han creado normas especiales con el objeto de alcanzar un creciente bienestar general; no obstante ello, existen etapas de crisis por las que atraviesan tanto personas jurídicas como naturales que mantienen actividad comercial. Es en un intento de salvaguardar los intereses tanto de esta persona que se convierte en deudor, al devenir en la imposibilidad de satisfacer las acreencias a las que se había obligado frente a terceros y los intereses de estos últimos, donde surge el derecho concursal con la finalidad de evitar la canibalización del patrimonio del deudor por parte de un o un grupo de acreedores, lo que impediría la satisfacción - total o parcial - del cobro del adeudo por parte del resto de los acreedores. 1
esto es. Ricardo&Palma Navea. 2 . se busca la protección del crédito. dentro del marco constitucional. tenemos que la Ley General del Sistema Concursal recoge una serie de supuestos con el objeto de alcanzar la recuperación del crédito a través de la asignación eficiente de recursos a fin de maximizar el valor del patrimonio del deudor. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y EL ARTÍCULO 123° DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL.» Es decir.A. ya sea mediante la adopción de un acuerdo de restructuración o una salida ordenada del mercado. siendo. la Ley General del Sistema Concursal recoge en el artículo primero del Título Preliminar: «… la recuperación del crédito mediante la regulación de procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. protegiendo el sistema crediticio en una de las fases excepcionales. El legislador a fin de desincentivar conductas negativas que puedan repercutir de modo desfavorable a la masa concursada. Al respecto. (Primera Edición). teniendo en consideración que la Ley General del Sistema Concursal tiene por objeto la recuperación del crédito. proteger el interés de los acreedores con el objeto de evitar los desincentivos en la iniciativa privada y. Ricardo Beaumont Callirgos1 cita la Exposición de Motivos correspondiente a los artículos 125° a 131 que comprende el Título VII relativo al Régimen de Infracciones y Sanciones: 1 Beaumont Callirgos. el derecho Concursal que coadyuva a la generación de un ambiente idóneo para que los acreedores y el deudor negocien el mecanismo más viable a fin de que la masa de acreedores recuperen las acreencias adeudadas por el concursado. como consecuencia. Comentarios a la Nueva Ley General del Sistema Concursal. Ahora bien. (pp. Régimen de Infracciones y Sanciones. y acorde con ello.365) Lima: Gaceta Jurídica S. regula un Título de la Ley General del Sistema Concursal. José E. En este orden de ideas. en la creación de riqueza.En ese sentido. cuando el deudor ha llegado a una situación en la que su pasivo es mayor al activo y no cuenta con alternativas para mantenerse en el mercado a largo plazo. (2002). dentro de un marco de transparencia y eficiencia que se materializa con la concurrencia de todos los acreedores involucrados en la crisis del deudor.
que es también objeto de la regulación de las misma… el ejercicio de su poder punitivo está determinado por las opciones sociales y políticas que haya adoptado en relación con la organización de la comunidad. que permite a la Comisión investigar los hechos denunciados.” (Negrita y subrayado agregado) En este sentido. que pueden ser cometidas por sujetos vinculados al procedimiento concursal o terceros que actúen en representación de estos y las respectivas sanciones. la política criminal del Estado se halla encuadrada y condicionada por su política social general. coherente y ordenada. por otro. de tal forma que se desalienten estas conductas y se protejan los intereses de aquellos que de hecho se encuentran en imposibilidad de reguardar adecuadamente su crédito. Así. y en general. se ha regulado un procedimiento sancionador. en general. con la ejecución de la pena. De otro lado.». en un Estado Social y Democrático de Derecho implica el diseño general de las políticas criminales las que no se agotan con la descripción típica de estos ilícitos sino también. entre otros. Por lo tanto. la Ley ha visto necesario establecer sanciones para aquellos agentes que actúan en perjuicio de la masa concursal. el mismo que emana del Ius Puniendi que goza el Estado. respetar el derecho a un debido proceso. respetar el derecho de defensa de los investigados. escuchar a las partes involucradas en la denuncia. de forma tal que esta regulación sea integral. tal y como lo expone el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente N° 00033-2007-AI: “«… el ius puniendi del Estado es entendido como la potestad “que se manifiesta en el aspecto coercitivo de las normas y. Así. En este orden de ideas es que se ha desarrollado un título específico para regular el régimen de infracciones. el ius puniendi del Estado funciona con sus limitaciones dentro de un 3 .“Por otro lado. como primer punto de este título es que se han establecido los supuestos o tipos considerados como infracciones y la cuantía de las multas que pueden ser impuestas por la Comisión. dentro del desarrollo del Título VII de la Ley General del Sistema Concursal encontramos la regulación de ciertas conductas. En este sentido la persecución y sanción de conductas delictivas. las cuales deben determinar dentro del marco de un procedimiento administrativo sancionador.
Pamplona: Editorial Aranzadi S. La aplicación de los derechos fundamentales del artículo 24.). bajo los estándares internacionales referidos a la protección de derechos fundamentales y en estricta observancia de los fines de la pena. Debido a que nos encontramos ante un procedimiento que se sigue ante una Autoridad Administrativa y no ante una Autoridad Jurisdiccional. faltas o infracciones. el Estado cuenta con tres momentos respecto a la facultad sancionadora con la que cuenta.marco penal de la Constitución. 4 . 32). y se hacen aún más evidentes cuando se comprueba que las fronteras entre lo que son delitos e infracciones administrativas son borrosas y movibles y que las sanciones 2 Alarcón Sotomayor. así como la pena o sanción a la que va a ser sujeta el sujeto que incurra con su conducta dentro del supuesto recogido en un tipo penal. en un primer momento tenemos a la política criminal. teniendo en cuenta el bien jurídico protegido y el grado de afectación al mismo. las mismas razones que llevan a extender ciertas garantías antes exclusivas del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador son las que conducen a extender parte de las garantías del proceso penal al procedimiento administrativo sancionador. en este momento vemos la materialización de los hechos y como el Estado hace uso concreto del Ius Puniendi a través de la sus autoridades con las que cuentan con dicha facultad. (Primera Edición. Lucía.” En este orden de ideas.A. tenemos una serie de principios en el procedimiento administrativo sancionador.2 de la Constitución en el Procedimiento Administrativo Sancionador. nuestro sistema jurídico ha optado por llevar al campo del procedimiento administrativo ciertas garantías que antes sólo resultaban de aplicación a los procesos judiciales. En un segundo momento tenemos a la tipificación de las conductas – acciones y omisiones – que van a ser consideradas como delitos. Por último tenemos cuando el sujeto realiza la acción u omisión tipificada. resulta necesario precisar que. que en un primer momento sólo eran de aplicación a los procesos penales. El Procedimiento Administrativo Sancionador y los Derechos Fundamentales(pp. (2007). en este sentido. pero tal y como lo expresa Lucía Alarcón Sotomayor2: “En el fondo. a través de la cual se examina un conjunto de estrategias destinadas a poner un coto a las altas tasas de criminalidad y de este modo generar repercusiones positivas en el plano de la realidad social. Las razones son poderosas y convincentes.
en la jurisprudencia y en la doctrina tenemos al principio de tipicidad. se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley. en cambio. resulta altamente explicativo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente No. estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo. 0197-2010-AA: “… el subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo. faltas o infracciones es relativa. a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones. garantizado por el ordinal “d” del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución. un carácter aflictivo igual e incluso superior al de algunas penas. El segundo. constituye la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta. El primero. Dentro de los principios en materia sancionadora recogidos en nuestra legislación. la línea divisoria entre las imputaciones que pueden ser consideradas como delitos. siendo este punto el que enfatiza la importancia de una correcta tipificación de las conductas que resultan ser contrarias al derecho y que ameritan una sanción. en muchos casos.” Complementando este concepto tenemos el pronunciamiento del mismo Tribunal en el expediente Exp. sean éstas penales o administrativas. por tanto. y para los fines de este trabajo.” Efectivamente. y de este modo evitar la materialización de conductas negativas que pueden irse agravando y generando patrones nocivos para la sociedad. 2050-2002-AA/TC: “No debe identificarse el principio de legalidad con el principio de tipicidad.administrativas alcanzan.” 5 . el cual habitualmente es confundido con el principio de legalidad. bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.
el artículo 123º. asimismo. con el previo conocimiento de si estos se encuentran recogidos como infracciones y por tanto ser pasible de una sanción. la misma debe determinar la conducta que se considera proscrita. la autoridad instructora debe subsumir la conducta en aquella falta que contenga claramente descritos los elementos objetivos y subjetivos de la conducta. tenemos que el penúltimo artículo del Título VI. En el Título VII de la Ley General del Sistema Concursal hallamos infracciones que pueden ser imputadas a las personas jurídicas públicas o privadas o personas naturales registradas para desempeñarse como administradores o liquidadores. consideramos que para ser legalmente válida una tipificación de infracción. siendo el punto de partida de la norma jurídica la hipótesis que el legislador formula.En consecuencia. el nexo y la consecuencia. de este modo. el supuesto que puede materializarse mediante un hecho. y que de acuerdo al legislador debe ser regulado por su trascendencia en la sociedad. regula un régimen adicional de infracciones para las mismas: 6 .” Así. para poder determinar si las infracciones descritas en la Ley General del Sistema Concursal se encuentran debidamente tipificadas. ii) Cuando la descripción normativa del ilícito contenga algún elemento objetivo o subjetivo del tipo que no se haya producido en caso concreto. En relación a este punto Juan Carlos Morón Urbina indica que: “En este sentido. Correlativamente no será satisfactorio con el principio de tipicidad que la Autoridad Administrativa subsuma la conducta en cualquiera de los siguientes casos: i) Cuando la descripción normativa del ilícito sea genérica o imprecisa. se salvaguarda la seguridad jurídica al brindar la información necesaria a los administrados a fin de que estos puedan decidir y llevar a cabo actos. teniendo presente que para que una infracción se encuentre debidamente tipificada. es decir. de modo que no pueda apreciarse verosímilmente cuál es la conducta sancionable. resulta necesario recordar que la norma jurídica cuenta con tres elementos que la configuran: el supuesto. acción u omisión.
1 En caso de que las personas jurídicas públicas o privadas o personas naturales registradas para desempeñarse como administradores o liquidadores. sin perjuicio de la responsabilidad penal que les pudiera corresponder. 123. atendiendo a la gravedad del incumplimiento. Incumplir alguna de las obligaciones que les impone la Junta.3 Las sanciones podrán ser aplicadas tanto a la entidad como a sus representantes legales. Y es que. directores. c) Inhabilitación permanente. podrá imponer las sanciones siguientes: a) Multas no menores de una (1) ni mayores de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. apoderados. 123. accionistas. b) Suspensión del registro. la relevancia del mencionado artículo radica en los supuestos regulados. que si bien se prevé dos infracciones y las consecuentes sanciones plausibles. la Comisión.. podemos apreciar que el citado artículo contiene dos supuestos en los que podrían incurrir las entidades administradoras y liquidadoras en el ejercicio de sus funciones: Incumplir alguna de las obligaciones que les impone la Ley. la cual nos remite a dos planos: 7 . gerentes y a todo aquel que hubiera participado directamente en la infracción. de ser el caso. la precisión de las conductas infractoras resulta deficiente al no delinearlas y dejando abiertos los supuestos de la norma ante la etérea información que contiene. Es decir.“Artículo 123º. a criterio de la Comisión. El procedimiento de sanción se sujetará a lo establecido en el Título VII. en el ejercicio de sus funciones incumpliera alguna de las obligaciones que les impone la Ley o la Junta.” Sin perjuicio de que la ubicación en el esquema creado al momento de producir la Ley General del Sistema Concursal del citado artículo resultara errada en cuanto a la concatenación de las nociones que recoge la Ley para mantener un orden y de este modo resulte más accesible.2 La resolución de sanción podrá ser publicada.Incumplimiento de las funciones de las entidades administradoras y liquidadoras 123.
sea por suscripción de Convenio de Liquidación o por designación de la Comisión.. pero la norma no define ni genera un marco respecto a ambas obligaciones. desde la cual deberá manejar todo el flujo de dinero correspondiente a la liquidación.177º y 184º de la Ley General de Sociedades.Atribuciones. facultades y obligaciones del Liquidador 83.Si bien la Ley General del Sistema Concursal precisa que se debe remitir a las obligaciones que la misma norma regula para las entidades administradoras. el Liquidador se encuentra obligado a abrir una cuenta corriente a nombre del deudor en liquidación. sin perjuicio de las facultades que conforme a la Ley corresponden a los acreedores y al deudor.4 Una vez asumido el cargo. Resultando irrelevante si dicho criterio es o no compartido por el liquidador. dicho texto normativo no las regula. de acuerdo a lo pactado por la Junta y las disposiciones legales vigentes. 162º. por las disposiciones de los artículos 161º. siendo el artículo 83º el que recoge de modo expreso las obligaciones del liquidador. b) Representar los intereses generales de los acreedores y del deudor en cuanto puedan interesar a la masa. en cuanto sea aplicable. motivo por el cual son determinadas de acuerdo al criterio que mantenga sobre el caso la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI respecto a si es objeto o no de sanción. en un primer momento. Los fondos de dicha cuenta son inembargables conforme a Ley. LA LEY. dos obligaciones: (i) actuar diligente y (ii) representar los intereses generales de los acreedores y del deudor. las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores se regirán.1 Son obligaciones del Liquidador: a) Realizar con diligencia todos los actos que corresponden a su función. 8 . las prohibiciones legales para su designación. (…) 83. y consecuentemente este no podría saber antes de desempeñar su rol cual sería la conducta o la omisión precisa que no debe incurrir para no ser sancionado. precisando las siguientes: “Artículo 83º.3 Las limitaciones para el nombramiento en el cargo de Liquidador.” De lo expuesto tenemos. 83.. caso contrario ocurre con las entidades liquidadoras.
Como se ha podido apreciar. Cabe precisar que la Ley General del Sistema Concursal da como potestad a la Junta de Acreedores el revocar a la entidad administradora o liquidadora de su cargo cuando lo considere. la cual contiene otras obligaciones que también podrían ser objeto de sanción. regulando sólo obligaciones para el liquidador. Es decir que. por el artículo 123° nos envía a otro cuerpo normativo que es la Ley General de Sociedades.. Siendo sólo una de las obligaciones del liquidador. indirectamente. tenemos que la Ley General del Sistema Concursal. antela naturaleza contractual del Convenio de Liquidación. el Plan de Reestructuración o el Acuerdo Global de Refinanciación. por lo que si dicha entidad incumpliera con las obligaciones dadas por la Junta en el contrato colectivo.  LA JUNTA. por lo que se estaría trasladando el Ius Puniendi del Estado al ciudadano. desde que no precisa la 9 . tenemos que la norma a la que hemos sido remitidos. en este sentido. corresponde al derecho privado. la última citada. las infracciones que emanan del artículo 123° de la Ley General del Sistema Concursal serían tipificaciones en blanco. claramente determinada y que complementaría la ley sancionadora en blanco. sin perjuicio de las acciones legales que pueden promover. ya que de acuerdo con Juan Carlos Morón Urbina: “carece de contenido material. la norma estaría permitiendo que sean los particulares y no el legislador quienes terminen tipificando la infracción. Sin perjuicio de lo expuesto.Por otro lado. la misma puede acordar algún tipo de reparación económica además de revocar a la entidad. a pesar de tener una legislación y principios con tendencia a la restructuración de los deudores. no contiene en ninguno de sus articulados obligaciones para las entidades administradoras.La Ley en lugar de tipificar las infracciones en las que puede incurrir la entidad administradora o liquidadora nos remite a las obligaciones que le pueda imponer la Junta. no obstante que lo acordado por las partes. tendrían como efecto una sanción administrativa. velar por el cumplimiento del contrato colectivo y como actuar en caso de incumplimiento del mismo.
y con amplia discrecionalidad. lo cual se traduce en violación del principio de tipicidad. por otro lado. Si bien Sala Concursal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI a través de la Resolución 0144-2004/TDC-INDECOPI. regulado en el artículo 126º del referido cuerpo normativo y al Tribunal del INDECOPI como órgano de segunda instancia. el cual se 10 . son contrarias al principio de tipicidad. las tipificaciones vacías o en blanco. el hecho sancionable”. sino que a través de una fórmula vaga o genérica. LA CASUISTICA Y LA DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA: EL ARTÍCULO 123° DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI Teniendo presente que.hipótesis que define la conducta sancionable. presente o futura). caso por caso. de fecha 09 de marzo de 2004. respetando la autonomía privada en relación a las decisiones que puedan aprobar en un procedimiento concursal. el INDECOPI cuenta con un rol promotor al facilitar y fomentar la negociación entre acreedores y deudores. la misma que cuenta con atribuciones para supervisar. que generen una infracción de acuerdo con lo recogido en el Título VII un Régimen de Infracciones y Sanciones a través de un Procedimiento Administrativo Sancionador. si una determinada conducta es sancionable o no. Por ello. no habrá infracción ni sanción administrativa posible sin una ley que los determine de manera previa…”. la vaguedad y generalidad del hecho que se considera ilícito (violación de cualquier norma legal o reglamentaria. en cada caso. consideran como tales cualquier violación de la totalidad de una Ley o un Reglamento. De este modo. será en verdad la autoridad administrativa a cargo de la aplicación de la sanción quien tipificará. por acción u omisión. las acciones u omisiones prohibidas por el ordenamiento deben estar expresamente previstas como infracciones administrativas. manifiesta que: “Según los principios de legalidad y tipicidad. coloca en la autoridad administrativa la posibilidad de establecer. Este Organismo Público materializa su función a través de la Comisión de Procedimientos Concursales. de acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal – Ley N° 27809 –. fiscalizar y sancionar conductas. ello debido a la naturaleza punitiva contenida en un Procedimiento Administrativo Sancionador. pues. que en lugar de definir de manera cierta la conducta sancionable. el ejercicio de la potestad sancionadora debe estar autorizado legalmente y.
por tanto. como se aprecia en la N° 04552004/TSC-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2004: «Cabe recordar que el principio de tipicidad tiene características especiales cuando se aplica al Derecho Administrativo. siendo la tipificación suficiente "cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción.inspira en alguno de los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionatoria en materia penal. a la parálisis normativa o a las nulidades de buena parte de las disposiciones sancionadoras existentes o por dictar”. puesto que “la descripción rigurosa y perfecta de la infracción es. a fin de que manifieste su posición sobre la posible imputación. en función a que en ambos casos se aprecia el ejercicio del “Ius Puniendi” del Estado. de la sanción y de la correlación entre una y otra”» Dicha posición. como ocurre en materia penal. El detallismo del tipo tiene su límite. la realidad es que el legislador no tomó en cuenta el principio de tipicidad al momento de elaborar el artículo 123° y ante dicha deficiencia el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI – optó por complementar dicha carencia a través de la casuística. Para ello. sino que además ha sido implementada por la misma con el objeto de salvaguardar los derechos constitucionales de los administrados que eventualmente podrían ser vulnerados en los procedimientos administrativos sancionadores que llevan a cabo en virtud al referido artículo. prácticamente imposible. pero se puede iniciar ante una ponderación favorable respecto a una denuncia formulada por un ciudadano) la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales notifica a la entidad administradora o liquidadora que ha tomado conocimiento de la comisión y/u omisión de cierta conducta que resultaría ser parte de sus obligaciones. En materia administrativa no es posible establecer un catálogo de conductas infractoras. desde la etapa indagatoria (la cual en materia concursal se inicia única y exclusivamente de oficio por la autoridad designada en la Ley. salvo excepciones. Las exigencias maximalistas sólo conducen. No obstante ello. ya que podría resultar pasible de sanción. la encontramos no sólo expuesta en la jurisprudencia de este órgano administrativo. defendida por algunos sectores de la doctrina. fundamentando dicha posición en sus resoluciones. siendo 11 .
así como. En el caso de las presuntas infracciones a la Ley General del Sistema Concursal. nos remite a lo estipulado en el Convenio de Liquidación y a lo dispuesto por la Ley.” Y de acuerdo a lo ya desarrollado. el artículo 83º de la Ley General del Sistema Concursal establece las atribuciones. de acuerdo a lo pactado por la Junta y las disposiciones legales vigentes. en consecuencia. que la obligación de la entidad liquidadora no sólo es la de cumplir con todos aquéllos encargos que le corresponden sino. las imputaciones exactas que se hacen en su contra para que pueda ejercer oportunamente su derecho de defensa. Tal y como se afirma en la Resolución N° 2265-2007/TDC-INDECOPI del 15 de noviembre de 2007 "No obstante lo anteriormente expuesto. debe aclararse que en el acto que da inicio al procedimiento sancionador. facultades y obligaciones del liquidador. resulta evidente que las infracciones que podrían cometer las entidades administradoras y liquidadoras en el ejercicio de sus funciones terminan siendo tipificadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales en el inicio 12 . que debe cumplirlos de manera diligente. las posibles infracciones que podrían configurar dichos hechos para que el administrado pueda estar en posibilidad de discutirlos.” Por tanto. tenemos que la Secretaría Técnica toma como sustento el artículo 83° para la imputación de los hechos (Resolución N° 0555-2003/TDCINDECOPI del 27 de junio de 2003) “Así. Ello implica.cuando se decide iniciar el procedimiento administrativo sancionador que la referida autoridad notifica la imputación de los hechos constitutivos de infracción que serán objeto del procedimiento. la Comisión debe poner en conocimiento del investigado los hechos objeto del procedimiento.” Dicha norma establece la obligación genérica de “realizar con diligencia los actos que corresponden a su función” sin precisar éstos. Para dicho fin. es imprescindible que la Comisión ponga en conocimiento del investigado. disponiendo en su numeral 1) que es obligación del liquidador “realizar con diligencia todos los actos que corresponden a su función.
recurrir a la vía arbitral o judicial. Por otro lado. como incluir cláusulas especiales. tal y como lo expresa la Ley General del Sistema Concursal. resulta necesario que la conducta del administrado se encuentre debidamente tipificada.formal del procedimiento. e incluso revocarla. sino que además se da 13 . y por tanto. contrario a un correcto desarrollo del procedimiento concursal. en virtud al análisis del desarrollo de su función en el procedimiento concursal por parte de dicha autoridad administrativa o un tercero vinculado al procedimiento. resulta necesaria una modificación en la Ley General del Sistema Concursal respecto al régimen de infracciones y sanciones para las entidades administradoras y liquidadores. sino que además la remisión de la misma es altamente subjetiva no sólo por lo volátil de las dos obligaciones del liquidador que se encuentran reguladas e incluso a la remisión a la Ley General de Sociedades. para que se lleve a cabo un debido procedimiento sancionador en aplicación al artículo 126º referido en líneas superiores. CONCLUSIONES Tal y como se ha podido apreciar en el desarrollo de estas líneas. Sin embargo. resulta evidente la vulneración al principio de tipicidad en la que incurrió el legislador en la Ley General del Sistema Concursal al momento de generar desincentivos a las entidades administradoras y liquidadoras de tener conductas que sean contrarias a los intereses de la masa concursada. si bien es cierto que los particulares cuenta con mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a las que se adhieren las entidades administradoras o liquidadoras de las deudoras concursadas. Por tanto. debido que en la normativa vigente no solo nos encontramos ante una norma sancionadora en blanco. ello en función a que esa correcta tipificación actúa como un límite para el Ius Puniendi del Estado Social y Democrático de Derecho. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual ha estado desarrollando una labor elogiable a través de sus distintos órganos administrativos en la creación de jurisprudencia sobre materia administrativa sancionadora aplicable en un procedimiento concursal mediante la valoración de los hechos a fin de subsanar la deficiencia incidida por el legislador.
como lo hemos visto en el desarrollo de este trabajo. se estaría trasladando el Ius Puniendi del Estado a los ciudadanos.la potestad a la Junta de Acreedores de tipificar cuales van a ser las obligaciones del administrador (en el caso de los administradores podemos decir que sólo vienen a ser las que le pueda imponer la Junta de Acreedores) y del liquidador por las que van a ser objeto de sanción. 14 . En consecuencia. lo cual. contraviene nuestra Constitución Política y genera la vulneración de derechos constitucionales de los posibles denunciados administradores o liquidadores.
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Guía nº17

References: ARTÍCULO 123
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 123
 resolución 
 artículo 83
 artículo 123
 artículo 123
 Resolución 
 artículo 126
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 artículo 123
 artículo 83
 Resolución 
 artículo 83
 artículo 126