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Timestamp: 2017-09-24 01:11:22+00:00

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Boletín – 2da Quincena de Junio :: Quantum
Boletín – 2da Quincena de Junio
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de mayo de 2017.
1.- Medidas de control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados
Mediante Ley No. 30584 (15.06.2017) se ha modificado el Decreto Legislativo No. 1126, el cual regula las medidas del control de insumos químicos y productos fiscalizados.
En virtud de la modificación se ha dispuesto que, por Decreto Supremo, se tipificarán las infracciones y sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones previstas en el Decreto Legislativo No. 1126.
La norma bajo comentario se encuentra vigente desde el 16.06.2017.
2.- Aprueban listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV)
A través del Decreto Supremo No. 194-2017-EF, se aprueba el listado de entidades que podrán ser exceptuadas del Régimen de Percepciones del IGV.
El mencionado listado será publicado en el portal del MEF (www.mef.gob.pe) a más tardar, el 30 de junio de 2017.
La norma bajo comentario se encuentra vigente desde el 1.07.2017.
3.- Designan emisores electrónicos del sistema de emisión electrónica y amplían plazos para la vigencia de obligaciones vinculadas a dicho sistema o las suspenden
A través de la Resolución de Superintendencia No. 155-2017/SUNAT, se realiza la designación de nuevos emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica para la emisión de facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de débito, siempre que la SUNAT no les haya asignado dicha calidad a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.
Así, se debe tener en consideración los siguientes plazos:
Desde el 1 de enero de 2018, a los sujetos:
Que al 30 de junio de 2017, tengan la calidad de agentes de retención o agentes de percepción del impuesto general a las ventas.
Que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, tengan la calidad de principales contribuyentes nacionales.
Comprendidos en el anexo I de la presente resolución.
Desde el 1 de mayo de 2018, a los sujetos comprendidos en el anexo II de la presente resolución.
Desde el 1 de agosto de 2018, a los sujetos comprendidos en el anexo III de la presente resolución.
Desde el 1 de noviembre de 2018, a los sujetos comprendidos en el anexo IV de la presente resolución.
Asimismo, se designan nuevos emisores electrónicos a partir del año 2018 y en adelante, conforme a lo siguiente:
a) A los sujetos que, a partir del año 2017, realicen exportaciones anuales por un monto igual o mayor a 75 unidades impositivas tributarias. Para tal efecto:
Se considera la suma de los montos consignados en la casilla 127 del PDT 621 IGV – Renta Mensual o del Formulario Virtual No. 621 IGV – Renta Mensual, según sea el caso, correspondientes a los periodos enero a diciembre del año que se evalúa, incluyendo las declaraciones rectificatorias de dichos periodos que surtan efecto hasta el 30 de abril del año siguiente.
Se utiliza como referencia la unidad impositiva tributaria vigente para el año que se evalúa.
La designación operará desde el 1 de noviembre del año siguiente a aquel en que superen el referido límite.
b) A los sujetos que, a partir del año 2017, obtengan ingresos anuales por un monto igual o mayor a 150 unidades impositivas tributarias.
c) A los sujetos que se inscriban en el RUC a partir del año 2018 y que al primer día calendario del tercer mes siguiente al mes de su inscripción:
Se hayan acogido al Régimen MYPE Tributario o al Régimen Especial del impuesto a la renta o hayan ingresado al Régimen General de dicho impuesto, con ocasión de la presentación de la declaración mensual correspondiente al mes de inicio de actividades declarado en el RUC, conforme a las normas de la materia; o,
De no haber presentado la declaración indicada en el numeral anterior, hayan comunicado al RUC, en el rubro tributos afectos, que optan por alguno de los referidos regímenes.
La designación operará desde el primer día calendario del tercer mes siguiente al mes de su inscripción en el RUC.
Asimismo, se establece la ampliación de plazos para la vigencia de obligaciones del Sistema de Emisión Electrónica.
Conforme a las disposiciones de la mencionada Resolución.
CRITERIO OFICIAL DE SUNAT
1.- En el marco del “Régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas”, previsto en el Decreto Legislativo No. 1264, ¿la titularidad y el importe del dinero depositado en cuentas bancarias tiene que estar sustentado en documento de fecha cierta?
En virtud del INFORME No. 060-2017-SUNAT/5D0000, SUNAT concluye como sigue:
Tratándose de dinero depositado en una o más cuentas bancarias de cualquier empresa del sistema financiero supervisada por la SBS o del extranjero, los documentos emitidos por dichas entidades con los que se pretende acreditar la titularidad y el importe del dinero depositado en estas, no requieren de documento de fecha cierta.
2.- Al venderse un vehículo automóvil inmatriculado que fue adquirido a una persona natural que no realiza actividad empresarial, ¿constituye el “valor de adquisición” de dicho vehículo una “operación no gravada” para fines del IGV?
En virtud del INFORME No. 065-2017-SUNAT/5D0000, SUNAT analiza y concluye como sigue:
-De acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 13º de la Ley del IGV, la base imponible del impuesto está constituida por el valor de venta del bien y que, para el caso de venta de vehículos automóviles inmatriculados que hayan sido adquiridos de personas naturales que no realizan actividad empresarial ni son habituales en la realización de este tipo de operaciones, la base imponible se determina deduciendo del valor de venta del vehículo, el valor de su adquisición, el cual tendrá como sustento el acta de transferencia vehicular suscrita ante Notario.
-La venta de los vehículos automóviles inmatriculados constituye una sola operación, la cual se encuentra gravada con el IGV aun cuando para efectos de la determinación de su base imponible se haya dispuesto una regla especial que permite la deducción del importe correspondiente al valor de adquisición del vehículo.
-A título de conclusión cabe señalar que, tratándose de la venta de vehículos inmatriculados, cuya base imponible se determina deduciendo de su valor de venta el valor de su adquisición, no es posible considerar que el importe de tal deducción corresponde a una “operación no gravada” para efectos de la determinación del crédito fiscal.
3.- Con relación a las comisiones pagadas por cartas fianzas a entidades del exterior, por parte de una empresa domiciliada que debe respaldar directa o indirectamente las obligaciones generadas en el marco de un contrato de financiamiento, ¿les resulta aplicable a las rentas generadas por dichas comisiones la tasa preferencial del impuesto a la renta prevista en el inciso i) del artículo 56º de la Ley del Impuesto a la Renta? El impuesto a la renta asumido por la empresa domiciliada que paga las comisiones de las cartas fianzas, en tanto operaciones de crédito, ¿se encuentra comprendido en lo dispuesto por el artículo 47º de la Ley del Impuesto a la Renta?
En virtud del INFORME No. 046-2017-SUNAT/5D0000, SUNAT analiza y concluye como sigue:
En relación con las comisiones pagadas por cartas fianzas a entidades del exterior, por parte de una empresa domiciliada que debe respaldar, directa o indirectamente, las obligaciones generadas en el marco de un contrato de financiamiento:
– La tasa del 4,99% prevista en el inciso i) del artículo 56° de la LIR no les es aplicable.
– No procede la deducción del impuesto a la renta asumido por la empresa domiciliada que paga tales comisiones, al no encontrarse dicho supuesto dentro de la excepción prevista en el artículo 47° de la LIR.
4.- Al comprarse un terreno, mediante un contrato de compra venta de bien futuro sujeto a condición suspensiva (aún no realizada) de la independización registral de dicho terreno a cargo del vendedor, en el que el comprador (que es persona natural no generadora de rentas de tercera categoría) ha pagado la totalidad del precio y no tiene prestaciones pendientes a su cargo; siendo que, a través de un contrato de cesión de derechos, este cede al cesionario el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación a su favor a cargo del deudor (vendedor), y obtiene una ganancia proveniente del mayor valor recibido respecto del precio que pagó. Para efectos del Impuesto a la Renta ¿esa ganancia es considerada renta gravada o no y, de serlo, de qué categoría es y a qué alícuota o tasa estará sujeta?
En virtud del INFORME No. 055-2017-SUNAT/5D0000, SUNAT analiza y concluye como sigue:
La ganancia se considera renta gravada con el impuesto a la renta.
Dicha ganancia califica como renta de segunda categoría.
El pago por el impuesto a la renta correspondiente se determina aplicando la tasa del 6,25% sobre el importe que resulte de deducir el 20% de la renta bruta; pago que tiene carácter definitivo.
1.- ¿Se encuentra debidamente determinada la obligación tributaria sobre base presunta (Impuesto a la Renta) al aplicarse el procedimiento presuntivo previsto en el numeral 3 del artículo 93º de la Ley del Impuesto a la Renta, a una empresa del sector construcción?
La empresa fiscalizada ejecutó un proyecto inmobiliario (construcción de un Centro Comercial) durante los ejercicios 2006 y 2007. Procedió con la venta de stands durante el ejercicio 2008. Luego SUNAT fiscalizó el Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2008 y durante la fiscalización le requirió información respecto de los ejercicios 2006 y 2007.
La empresa fiscalizada no adjuntó documentación sustentatoria correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007 ni tampoco cumplió con adjuntar la totalidad de la documentación solicitada respecto del ejercicio 2008; de manera que existiendo dudas acerca de la veracidad de las determinaciones efectuadas por la empresa SUNAT se encontró habilitada para determinar la obligación tributaria sobre base presunta. Ello, en aplicación del numeral 2 del artículo 64º del Código Tributario.
Ahora bien, conforme al artículo 91º de la Ley del Impuesto a la Renta, cabe determinar la deuda tributaria en base a la presunción de ventas, ingresos o renta neta por aplicación de promedios, coeficientes y/o porcentajes. Dicha presunción resulta aplicable de configurarse cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 64º del Código Tributario.
Por su parte, el artículo 93º de la LIR establece los procedimientos para determinar los citados promedios, coeficientes y/o porcentajes. SUNAT, en la fiscalización, aplicó el procedimiento recogido en el numeral 3 del artículo 93º de la LIR, esto es, la presunción de renta neta equivalente al promedio de renta neta de empresas similares, correspondiente al ejercicio fiscalizado o, en su defecto, al ejercicio inmediato anterior en concordancia con lo señalado en el inciso d) del artículo 61º del Reglamento de la LIR (RLIR).
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 04115-1-2014 resuelve a favor de la empresa bajo el siguiente razonamiento:
-SUNAT no ha expuesto las razones o fundamentos en cuya virtud concluyó que no se han encontrado empresas similares, conforme estipula en el inciso a) del artículo 61º del RLIR, lo que la habría llevado a emplear como variable para la aplicación de la determinación de la deuda tributaria sobre base presunta la CIIU de 3 empresas que compartan dicha Clasificación (CIIU) con la empresa fiscalizada así como también que compartan la misma Ubicación Geográfica.
-SUNAT no ha precisado si por causas imputables a la empresa fiscalizada no fue posible encontrar empresas similares.
-Conforme a lo anterior, el procedimiento de determinación de la deuda tributaria sobre base presunta no se encuentra arreglado a ley, revocándose la Resolución de Intendencia apelada y dejándose sin efecto la Resolución de Determinación.
2.- La búsqueda de entidades prestamistas en el exterior a cargo de una empresa no domiciliada contratada esta última por una empresa local (Perú), ¿se encuentra gravado con el IGV el servicio prestado por la empresa no domiciliada, bajo el supuesto de hecho de la “utilización de servicios prestado por no domiciliados en el país”?
SUNAT llevó a cabo una fiscalización parcial por concepto de “IGV – No domiciliados” correspondiente a los períodos de enero a diciembre del 2010.
La empresa fiscalizada celebró un contrato con una “empresa no domiciliada” denominado “gestión de fondos” dedicándose ésta a la búsqueda de financiamiento internacional.
SUNAT determinó que los pagos realizados a la empresa no domiciliada, por concepto de comisión de intermediación y gestión en la consecución de fondos se encuentran gravados con el IGV, toda vez que tuvieron como fin ser utilizados y/o consumidos en el Perú, no desvirtuándose la utilización de los servicios así como no cumpliéndose con el pago del impuesto (IGV).
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 11786-3-2016 resuelve la controversia a favor de la empresa fiscalizada bajo el siguiente razonamiento:
-Siguiendo el criterio jurisprudencial vertido en la RTF 13829-3-2009, para determinar si un servicio es utilizado en el país, vale decir, si es consumido o empleado en territorio nacional se debe considerar el lugar donde el usuario del servicio realiza el primer acto de disposición. Por su parte, en la RTF 2330-2-2005 se indicó que la utilización de servicios como supuesto gravado con el IGV no está determinada por el beneficio que obtiene el sujeto domiciliado (en Perú) y por el cual cumple con el pago de la respectiva contraprestación por dicho servicio al sujeto no domiciliado, sino por el lugar en el que ocurre el primer acto de aprovechamiento o disposición del servicio.
Finalmente, siguiendo el criterio vertido en la RTF 04255-8-2016, en el caso de un servicio de búsqueda de prestamistas en el extranjero y su negociación con éstos, la obtención de un préstamo en el exterior constituye “el primer acto de aprovechamiento o disposición del servicio”, por lo que al ocurrir dicho otorgamiento de préstamo fuera del Perú, no se encuentra gravado con el IGV.
–En el caso materia de controversia, las actividades desarrolladas por la empresa no domiciliada se materializan en la búsqueda de entidades financieras extranjeras o proveedores extranjeros que puedan otorgar préstamos los cuales se darían en el exterior, toda vez que el primer acto de aprovechamiento o disposición del servicio prestado se realizaría fuera del Perú en la medida que es en el exterior que se obtiene el préstamo. En consecuencia, el servicio prestado por la empresa no domiciliada no se encuentra gravado con el IGV.
SECCIÓN LEGAL LABORAL
1.- Aprueban Reglamento sobre licencias a los trabajadores que integran el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú (CGBVP)
Mediante Decreto Supremo No. 019-2017-IN, publicado con fecha 17 de junio de 2017, se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1260, el cual fortalece el CGBVP.
En materia laboral, se han precisado aspectos relacionados con el otorgamiento de permisos y licencias a los trabajadores que realizan actividad de bomberos voluntarios. En ese sentido, se ha establecido que:
– Los permisos y licencias laborales a los bomberos voluntarios se regulan por el D.S. 001-2017-TR.
– Las Compañías de Bomberos o el CGBVP emitirán, de acuerdo al formato y procedimiento establecido por la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), las constancias que acrediten el acto de servicio, así como el tiempo de descanso, recuperación y desintoxicación del bombero voluntario.
– Las constancias podrán ser presentadas por el empleador a la INBP para la certificación de su validez. La INBP deberá certificar la validez legal de las constancias en lo que respecta a la idoneidad de quienes las emiten, así como la producción del incidente.
– La INBP deberá incluir en su página web institucional la relación de los incidentes ocurridos y los bomberos participantes en los mismos por un periodo de seis (06) meses de ocurrido el hecho. Dicha relación podrá ser revisada por los interesados sin costo alguno.
2.- Modifican TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Mediante Resolución Ministerial No. 107-2017-TR, publicada con fecha 16 de junio de 2017, se aprobó la modificación del TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con la finalidad de agilizar y simplificar los trámites que se lleven a cabo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Así, se dispuso la eliminación de diversos procedimientos, su fusión, la modificación de algunas de sus denominaciones, así como la reducción de plazos y requisitos.
Se han eliminado, entre otros, los procedimientos de reinscripción de sindicatos, de autorización y cierre de planillas de pago en libros u hojas sueltas, el registro de contratos sujetos a modalidad de personas que desarrollan actividad de cultivo o crianza y de intermediación laboral, el recurso de apelación contra la resolución que deniega y declara la perdida de fraccionamiento o aplazamiento de la deuda, la inscripción de certificados ocupacionales y la comunicación de remanente de utilidades. Asimismo, se han eliminado 55 requisitos en 31 procedimientos, así como determinados servicios que presta el Ministerio de Trabajo (test de orientación y de evaluación de personal).
1.- Proyecto de Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes
En el portal web del Congreso de la República, se publicó el Proyecto de Ley No. 1104/2016-PEdenominado “Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes”. El proyecto tiene por objeto fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal.
En cuanto a los principales aspectos del mencionado proyecto debemos mencionar lo siguiente:
Ámbito de aplicación: El régimen regula la contratación de trabajadores entre los 18 y 29 años de edad que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
Que el trabajador se incorpore por primera vez al mercado laboral formal.
Que antes del inicio de la prestación de labores, el trabajador haya estado en situación de desempleo por más de seis meses consecutivos.
Que el trabajador antes de su contratación se haya encontrado en situación de informalidad laboral.
Beneficio para el empleador: Los empleadores que contraten trabajadores bajo este régimen obtendrán un crédito del 100% respecto de las aportaciones regulares al Seguro Social de Salud (EsSalud) correspondientes a dichos trabajadores.
Plazo del beneficio: El beneficio (crédito) se aplica por un máximo de tres años por cada trabajador contratado.
Supuesto en que no procede utilizar el beneficio: El empleador no podrá utilizar el beneficio (crédito) si el trabajador fue contratado para reemplazar a personal contratado con anterioridad.
Modalidades de contratación que pueden utilizarse para aplicar el crédito: El crédito podrá aplicarse para los trabajadores que sean contratados a plazo indeterminado o mediante contratos sujetos a modalidad. También será aplicable a los trabajadores del régimen del Decreto Ley No. 22342 (Exportaciones no tradicionales).
La contratación a plazo fijo debe asegurar al trabajador un tiempo de permanencia mínimo de 6 meses.
Beneficios de los trabajadores contratados: Los trabajadores contratados bajo los alcances del régimen tienen derecho a las mismas prestaciones que los asegurados regulares de EsSalud, así como a los beneficios que correspondan al régimen laboral que les resulte aplicable.
Condición para el acceso y conservación del beneficio: Para acceder y conservar el beneficio el empleador deberá mantener o incrementar de forma anual el número y valor de su planilla. Ello quiere decir que al 31 de diciembre de cada año calendario, deberá acreditar que el número y valor de su planilla de trabajadores contratados bajo el régimen se incrementó respecto del 31 de diciembre del año anterior. Caso contrario, el beneficio se perderá, debiendo el empleador proceder al reintegro de los aportes de los trabajadores desde la fecha en que se produjo el incumplimiento.
1.- Mención genérica de causa objetiva de contratación laboral, desnaturaliza contrato de trabajo
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) reiteró la posición que viene asumiendo respecto del contenido de la causa objetiva de contratación en los contratos sujetos a modalidad, precisando que la misma debe señalar en forma clara y precisa el motivo que origina la contratación modal.
Así se pronunció el TC en la sentencia de fecha 24 de agosto de 2016 (publicada en su página web el 19 de junio de 2017), Expediente No. 926-2014-PA/TC, al resolver el caso de la ciudadana Wendy Roxana Urbina, quien vía proceso constitucional de amparo reputó de arbitrario su desvinculación laboral, pretendiendo su reposición, afirmando que ingresó a trabajar para la empresa América Móvil Perú S.A.C., en calidad de asesora de servicios desde el 02 de febrero de 2010 hasta el 31 de octubre de 2011, fecha esta última en que venció el plazo de su contrato de trabajo.
En sus argumentos de defensa la demandante afirmó que fue víctima de despido incausado (sin expresión de causa) en tanto el contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividades que habilitó su contratación se encontraba desnaturalizado y por tanto se había vulnerado su derecho constitucional al trabajo. Por su parte, la empresa demandada afirmó que el contrato sujeto a modalidad suscrito con la demandante no se encontraba desnaturalizado en tanto se había cumplido con señalar la causa objetiva de contratación.
La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda por considerar que no se había especificado con detalle la causa objetiva de contratación en el contrato sujeto a modalidad por incremento de actividad. Impugnada dicha sentencia por parte de la empresa demandada, la sentencia de segunda instancia (de vista) declaró infundada la demanda al estimar que si se había cumplido con la exigencia legal de consignar la causa objetiva de contratación temporal.
Al respecto, el TC, resolviendo el recurso de agravio constitucional presentado por la demandante, analizó la causa objetiva descrita en la cláusula primera del contrato de trabajo respectivo, la cual se cita:
“[…] Por lo que está trabajando en el desarrollo de nuevos Proyectos y Promociones comerciales que han implicado un incremento de sus actividades actuales. EL TRABAJADOR por su parte, tiene el perfil y experiencia necesaria para apoyar y desempeñar cualquiera de las actividades requeridas por América Móvil para el desarrollo de dichos proyectos”.
A partir de la lectura de dicha descripción, el TC concluyó que no se consignó debidamente la causa objetiva de contratación temporal de la demandante, pues no se señaló en forma clara y precisa qué actividad de la empresa demandada se incrementó que justifique la contratación temporal invocada. Agregó el TC que la referencia consignada en el citado texto es genérica y solo hace alusión a que “está trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos y promociones comerciales que han implicado un incremento de sus actividades actuales”, sin proporcionar información relevante que permita establecer que, en efecto, existió una causa objetiva que justificara la contratación modal.
Es clara la posición del TC. La causa objetiva de contratación modal que se señale en los contratos de trabajo debe estar exenta de fórmulas genéricas, vagas o abstractas, debiendo la descripción ser clara y precisa; lo que sugiere una adecuada gestión de los contratos sujetos a modalidad por parte de los empleadores al momento de contratar personal.
En el caso concreto, el TC concluyó que se había producido la afectación del derecho constitucional al trabajo y consecuentemente declaró NULO el despido arbitrario del que fuera víctima la demandante, ordenando a la empresa América Móvil Perú S.A.C. que reponga a la trabajadora a plazo indeterminado en su mismo puesto de trabajo, o en otro de igual o similar nivel.
2.- Responsabilidad del empleador por no capacitar al trabajador en labores relacionadas con su cargo
Mediante sentencia de Casación No. 17638-2015 – Arequipa, publicada con fecha 31 de mayo del 2017, se da cuenta del caso donde un trabajador con el cargo de chofer sufrió un accidente mientras reparaba el vehículo (ómnibus) que conducía; por lo que solicitó el pago de la indemnización por daños y perjuicios a su empleador. Asimismo, argumentó que el daño sufrido (incapacidad parcial permanente) tenía relación con el hecho de que el empleador no lo había inscrito en planillas, en el Seguro Social ni en la ONP. Las instancias de mérito desestimaron la demanda, argumentando que no existía relación de causa-efecto entre el incumplimiento de las obligaciones del empleador y el daño sufrido como consecuencia del accidente. Así, en su recurso de casación, el trabajador denunció la inaplicación de los arts. 1321º y 1322º del Código Civil.
La sentencia casatoria señaló que resultaba incuestionable que el accidente del trabajador se generó durante el desempeño de sus labores y que, además, se produjo porque no se adoptaron las medidas de prevención, seguridad y diligencia (charlas de capacitación e inducción en caso de desperfectos mecánicos de los ómnibus que conducía, por ejemplo). En consecuencia, el accidente de trabajo sufrido por el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de su ex empleador, constituye un accidente de trabajo que debe ser indemnizado.
Se declaró fundado en parte el recurso y se ordenó el pago de la indemnización por concepto de lucro cesante y daño moral.
La Corte Suprema sustentó su fallo en las razones siguientes:
– El factor de atribución viene a ser la culpa inexcusable, toda vez que es el empleador el obligado a garantizar la seguridad e higiene dentro del centro de labores, respetando las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, a fin de que el prestador de servicios pueda desenvolverse de manera adecuada.
– Respecto del daño emergente previsto en el artículo 1321° del Código Civil, el trabajador no acreditó en modo alguno y con ningún medio probatorio los presuntos daños emergentes, como lo exige el citado artículo, motivo por el cual corresponde declarar infundada dicha causal.
– Con relación al lucro cesante, se verifica que el trabajador lo determinó en función del monto de la pensión de invalidez que habría percibido si es que el empleador hubiera cumplido con pagar el seguro. Atendiendo a que la invalidez del trabajador fue de carácter permanente, procede reconocerle la indemnización respectiva a título de lucro cesante, estimándose como periodo de percepción la remuneración correspondiente hasta los 60 años de edad.
– Procede el pago de una indemnización por daño moral, pues dicha indemnización deriva del incumplimiento de las disposiciones legales y laborales por parte del empleador.
3.- Precisan nuevo criterio para pago de horas extras a trabajador
Mediante sentencia de Casación No. 1196-2016-Lima se declaró procedente el recurso por la causal de Inaplicación del artículo 7° del Decreto Supremo No. 004-2006-TR que señala: “Si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso y/o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo por todo el tiempo de permanencia del trabajador, salvo prueba en contrario, objetiva y razonable”.
El fallo señala que los empleadores deben adoptar las medidas suficientes que faciliten el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido el horario de trabajo. Salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 9° de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo No. 007-2002-TR, en caso el trabajador, a pesar de su negativa, se le imponga la realización de trabajo en sobretiempo, se configurará una situación de trabajo impuesto sancionado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto por dicha norma”.
El recurrente denunció como causales de su recurso las siguientes:
i) Interpretación errónea de lo establecido por el Pleno Jurisdiccional Laboral del año 2000 respecto del artículo 9° del Decreto Legislativo No. 854, modificado por el artículo 1° de la Ley No. 26671; señala que el Colegiado Superior interpreta de manera errónea lo establecido en el pleno jurisdiccional, en el segundo acuerdo respecto a las horas extras.
ii) Contradicción con lo establecido mediante Resolución recaída en el Expediente No. 32325-2012-0-1801-JR-LA-14; precisa que se resuelve un caso objetivamente similar al de autos.
iii) Inaplicación del artículo 7° del Decreto Supremo No. 004-2006-TR.
A fin de determinar si es necesario que el empleador autorice la realización del trabajo en sobretiempo y si dicha autorización solo debe ser expresa, se debe tener presente el último párrafo del artículo 9° del Decreto Supremo No. 007-2002- TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, establece lo siguiente: “(…) No obstante, en caso de acreditarse una prestación de servicios en calidad de sobretiempo aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, se entenderá que ésta ha sido otorgada tácitamente, por lo que procede el pago de la remuneración correspondiente por el sobretiempo trabajado”.
Este dispositivo, a su vez, encuentra su desarrollo reglamentario en el primer párrafo del artículo 22° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado mediante Decreto Supremo No. 008-2002-TR, que señala: “Artículo 22.- En el caso del último párrafo del Artículo 9° de la Ley, la prestación de servicios en sobretiempo que no cuente con disposición expresa del empleador se entenderá prestada con su autorización tácita y en forma voluntaria por el trabajador”.
Sobre la base de la normativa antes señalada, es claro que el trabajo en sobretiempo se puede realizar con la autorización expresa o tácita del empleador. Sin embargo, si la autorización es tácita, el solo hecho de que el trabajador acredite haberse quedado a laborar más allá de la hora de salida del centro de labores, genera la presunción de que ha realizado trabajo sobretiempo con autorización del empleador, correspondiendo a este último la carga probatoria de demostrar que el trabajador permaneció en las instalaciones de la empresa por cualquier otra razón distinta a la de ejecutar trabajo adicional.
La Corte señaló que corresponde a los empleadores fiscalizar que sus trabajadores no permanezcan en el centro laboral luego de su hora de salida, pues de ocurrir ello, se presumirá que dicha permanencia ha sido acordada con el empleador y que, por ende, debe ser remunerada como trabajo en sobretiempo.
En el caso concreto, el actor ha cumplido con aportar pruebas suficientes de que laboró fuera de la jornada laboral establecida por la demandada, constituyendo prueba idónea los registros de entradas y salidas de los trabajadores; no habiendo enervado tales pruebas la demandada con otras que le resten valor probatorio.

References: Resolución 
 artículo 13
 artículo 56
 artículo 47
 artículo 56
 artículo 47
 artículo 93
 artículo 64
 artículo 91
 artículo 64
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 61
 artículo 61
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1321
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 22
 Artículo 9