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Marco Jurídico - Derecho ambiental
Es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública en las que deberá participar el Estado y los particulares. (Art.2o Ley 23/73)
CONSTITUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables.
(Art. 2o. Ley 23/73)
ELEMENTOS BIOFÍSICOS Y COMPONENTES SOCIALES:
Suelo, agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos
Refiere a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de:
La cultura, la ideología y la economía
DIFERENCIA ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
• Lo Ecológico se relaciona con el estudio científico de los organismos (ej. Las plantas) y sus procesos de interrelación tanto físicos como biológicos.
• El Medio Ambiente, es un conjunto más amplio, más naturalístico, comprende todo lo que nos rodea físicamente tengan o no relación con los organismos que lo componen.
Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones capaces de interferir con el bienestar y salud de las personas, atenta contra la flora y fauna (Art. 4o. Ley 23/73)
Se consideran bienes contaminables:
El aire, el agua y el suelo. (Art. 3o. Ley 23/73)
El Estado: Como consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente.
Los particulares: Por las mismas razones o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.
Art. 1 Forma y caracteres del Estado
Art. 2 Los fines del Estado
Art. 8 Bienes culturales y recursos naturales
Art. 49 Servicio de salud y saneamiento ambiental
Art. 58 Derecho de Propiedad Privada
Art. 67 Servicio público educativo
Art. 79 Derecho a un ambiente sano
Art. 80 Utilización racional de los recursos naturales
Art. 88 Acciones populares para la defensa de intereses colectivos
Art. 95-8 De los deberes y obligaciones Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano
Art. 226 Principios Reguladores. El Estado promoverá la internacionalización
Art. 287-3 Autonomía de las entidades territoriales. Administrar recursos
Art. 334 Intervención del Estado en la economía. Interviene en la explotación de recursos naturales
Art. 366 Prioridad del gasto público social. El bienestar y calidad de vida de la población son fines del Estado.
LEY 23 diciembre 12 de 1973
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.
Finalidad de la ley: prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.
LEY 2811 diciembre 18 de 1974
Código de Recursos Naturales Renovables, con el objetivo de prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.
LEY 99 diciembre 22 de 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. Se consagra la política ambiental del Estado Colombiano por la necesidad de asegurar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, la protección y aprovechamiento de la diversidad y el derecho de todas las personas a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales suscrito por la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York el 16 de diciembre de 1966, mediante la Ley 74 de 1968, art. 12 Se hace relación directa del medio ambiente con el derecho a la vida y la integridad personal, al bienestar y la salud física y mental.
Declaración de Estocolmo en 1972, se dijo: “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y adecuadas condiciones de vida, en un medio ambiente de una calidad que permita una vida de dignidad y bienestar”.
SUSCRITOS POR COLOMBIA
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS POR CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL MAR POR HIDROCARBUROS DE 1969 y su Protocolo de 1976, fue aprobado mediante Ley 55 de noviembre 7 de 1989.
En este convenio los Estados partes conscientes del peligro de contaminación creado por el transporte marítimo Internacional de hidrocarburos a granel, y para garantizar una indemnización a las personas que sufran daños causados por la contaminación resultante de esos derrames de hidrocarburos procedentes de los barcos convinieron lo siguiente:
1. El propietario de un barco será responsable por daños causados por contaminación causados por hidrocarburos derramados.
2. No podrá imputarse responsabilidad alguna al propietario si prueba que los daños por contaminación resultaron de:
Acto de guerra, hostilidad civil o de un fenómeno natural de carácter excepcional inevitable, causada por acción y omisión intencionada de un tercero para causar daños o fue totalmente causada por la negligencia u otro acto lesivo de cualquier gobierno u otra autoridad responsable del mantenimiento de luces u otras ayudas a la navegación en el ejercicio de esa función.
3. Si el propietario prueba que los daños por contaminación resultaron total o parcialmente de una acción y omisión intencionada para causar daños por parte de la persona que sufrió los daños, o de la negligencia de esa persona, el propietario podrá ser exonerado total o parcialmente de su responsabilidad frente a esa persona.
4. No podrá elevarse contra el propietario ninguna reclamación de indemnización para resarcimiento de daños por contaminación que no se atenga a las disposiciones de este convenio.
5. Ninguna disposición de este convenio limitará el derecho que ampare al propietario para interponer recurso contra terceros.
Por la Ley 12 del 19 de enero de 1981, se aprobó la CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR BUQUES, firmada en Londres el 2 de noviembre de 1973, y el Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973, firmado en Londres el 17 de febrero de 1978 y se autoriza al gobierno nacional para adherir a los mismos.
En 1985, se suscribió por un considerable número de Estados el CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO, al cual Colombia se adhirió el 16 de julio de 1990, previa aprobación del Congreso mediante la Ley 30 de 1990.
En 1987, se celebró El PROTOCOLO DE MONTREAL, relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, al cual Colombia se adhirió y fue aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 29 de 1992, junto con sus enmiendas, aprobadas en Londres el 29 de junio de 1990 y Naiborí el 21 de junio de 1991.
Este fue modificado mediante la Enmienda de Copenhague el 25 de noviembre de 1992, dando su aprobación el Congreso de Colombia por medio de la Ley 306 de 1996, aquí se fijan plazos máximos para la eliminación de la producción y el consumo de las sustancias que agotan y destruyen la capa estratosférica de ozono identificadas hasta la fecha.
En la DECLARACIÓN DE RIO, sobre el medio ambiente y desarrollo de 1992, indica que los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra, ya que han contribuido en distinta medida en la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Mediante Ley 165 de noviembre 9 de 1994, se aprobó el CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. El objetivo es la conservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la participación justa y equilibrada en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante un acceso adecuado a esos recursos y transferencia apropiada de las tecnologías.
Mediante Ley 257 de enero 15 de 1996, se aprobó el CONVENIO INTERNACIONAL DE CONSTITUCIÓN DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS, suscrito en Bruselas en diciembre 18 de 1971 y su Protocolo modificatorio el 19 de noviembre de 1976.
Mediante Ley 356 de 1997, el 21 de enero de 1997, se aprueba el PROTOCOLO RELATIVO A LAS ÁREAS Y FLORA Y FAUNA SILVESTRES especialmente para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe.
Mediante Ley 629 de diciembre 27 de 2000, se aprobó el PROTOCOLO DE KYOTO de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, realizado en Kyoto el 11 de diciembre de 1997. Este convenio busca estabilizar las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, en un ámbito que ya no existan interferencias antropógenas significativas en el sistema climático.
SE LE IMPONE AL ESTADO
• Proteger su diversidad e integridad
• Salvaguardar las riquezas naturales de la nación
• Conservar las áreas de especial importancia ecológica
• Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
• Imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente
• Cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zona fronteriza
CAUSA DE DAÑO A LA HUMANIDAD
Producción de tóxicos de las fábricas.
Tala indiscriminada de bosques.
Fumigaciones con insecticidas.
Contaminación producto de superpoblación de las ciudades.
Explotación de recursos naturales no renovables.
SENTENCIA T-092/1993 MP. SIMÒN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Demandante: ANTONIO MAURICIO MONROY CESPEDES
Violación al Derecho al Ambiente sano e integridad del ambiente, relleno sanitario.
Resuelve. Prescindir de utilizar el lote de terreno de que dan cuenta los hechos de la presente demanda, situado en la Vereda Montecarlo entre Caño Pendejos y Caño Cristales, para el relleno sanitario.
SENTENCIA C-534/1996 MP. FABIO MORÒN DÍAZ.
Demandante: ANDRES VANEGAS MOLLER
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 61 (parcial) de la Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones."
Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 61 de la Ley 99 de 1993
SENTENCIA C-671/2001 MP. JAIME ARAUJO RENTERÌA.
Agotamiento de capa de ozono y efectos por Bromuro de Metilo que agota capa de ozono.
Revisión de constitucionalidad de la ley 618 de 2000 por medio de la cual se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la 9ª reunión de las partes.
Resuelve: EXCEQUIBLE la ley 618/2000 por la cual se aprueba la citada enmienda.
DERECHO DE PROPIEDAD - Art. 58 CP
SENTENCIA C-006/1993 MP. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Demandante: ALBERTO HERNANDEZ MORA Y HERNAN GUILLERMO ALDANA
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 296 del Decreto Ley 2655 de 1988, Código de Minas y artículo 1º, numerales 4 y 10 de la Ley 57 de 1987 que otorgó facultades extraordinarias para expedir el Código de Minas.
Declarar Constitucionales el Artículo 296 del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Artículo 1º, Ordinales 4 y 10 de la Ley 57 de 1987. Titularidad y gestión de los bienes.
SENTENCIA C-595/1999 MP. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Demandante: JUAN PABLO QUINTERO
Demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 669 del Código Civil
Resuelve: EXEQUIBLE expresión “no siendo contra ley o contra derecho ajeno” e INEXEQUIBLE el adverbio “arbitrariamente”.
LÍMITES CONSTITUCIONALES
La propiedad es una función social que implica obligaciones, por lo tanto le es inherente una función ecológica.
De conformidad con el Art. 669 del Cód. Civil “el dominio (llamado también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella ARBITRARIAMENTE no siendo contra ley o contra derecho ajeno”. (Declarado INEXEQUIBLE C-595/99)
Desde la reforma de 1936 de la Constitución Política de 1886, en el ordenamiento colombiano se ha considerado que la propiedad, si bien es de derecho privado por excelencia, tiene límites por los derechos de otros sujetos como por el orden público o el interés social donde tiene gran trascendencia la función ecológica.
En la Constitución Política de 1991, reconstituyó a Colombia como un Estado Social de Derecho, agregó además el constituyente que al derecho de propiedad le es inherente una función ecológica y creó, con el mandato de que sean protegidas, y promovidas formas asociativas y solidarias de propiedad. La responsabilidad civil derivada de daño ambiental, como consecuencia de una degradación del medio ambiente, afecta o lesiona tanto a intereses subjetivos como a intereses colectivos o supra individuales, al presentarse una lesión en las condiciones de vida de los sujetos que alteran tanto el patrimonio como los derechos de la personalidad y el entorno en que se desarrollen.
INTERCIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Por consiguiente el derecho ambiental y su debida protección al trascender las fronteras nacionales exigen de compromisos universales adecuados tendientes a la adopción de mecanismos idóneos, al ser el factor ecológico de interés esencial tanto para los habitantes nacionales como para el resto de la humanidad.
SENTENCIA C-379/1993 MP. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Remitido: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Revisión de Constitucionalidad a ley 29 de 1992 por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotan la capa de ozono.
Resuelve. EXEQUIBLE, el Protocolo de Montreal.
SENTENCIA C-359/1996 MP. ANTONIO BARRERA CARBONELL. indemnizar
Revisión de constitucionalidad de la ley 257 de 1996 por medio del cual se aprueba el Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de daños causados por contaminación de Hidrocarburos.
Resuelve. EXEQUIBLE, el convenio y EXEQUIBLE la ley 257/96 por medio de la cual se aprueba convenio y protocolo
 Art. 226 CP. “El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”
• Polución terrestre, aérea y marina
• Agotamiento de la capa de Ozono
• Calentamiento global.
• Extinción de especies de fauna y flora.
• Degradación del hábitat y deforestación.
En Bhopal, India en fábrica de la propiedad de Unión Caribe, una presión muy alta en cubas de almacenamiento de isocianato de metilo y fallas en sistema de seguridad dieron lugar a fuga de gas hacia la atmósfera, la nube tóxica se extendió a mas de 50 km 2, 3 mil murieron y fibrosis pulmonar
El 25 abril/86, exploción en reactor de la central térmica de Chernobyl afectó a países alejados en ese entonces Unión Soviética, entre otros Francia, las víctimas de estos daños fueron compensadas a través de Fondos públicos, pero el Gobierno Francés nunca ha considerado ejercer una acción de rembolso contra las autoridades Soviéticas.
El 24 de marzo/89, se produjo contaminación producida por el Buque Exxon Valdez por vertir 24 mil barriles de crudo de petróleo en alta mar, se afectaron el Gobierno de Canadá, límites con Estados Unidos y otras naciones en la pesca causando muerte de 2.500 nutrias y 17 mil aves.
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO AMBIENTAL QUE AFECTA INTERESES INDIVUDUALES
FUNDAMENTOS Y EVOLUCIÓN DE ESTA RESPONSABILIDAD
Se ha abordado por parte de la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, la responsabilidad que surge como consecuencia de factores que perturban el entorno y las condiciones de vida en que una persona desarrolla su convivencia social y se fundamenta según la época y su análisis ha dependido del papel que se le asigna la culpa, bien para sustentar la responsabilidad o para desecharla
La doctrina clásica civilista dentro del derecho de propiedad se encuentran las denominadas relaciones de vecindad.
Según ARTURO ALESSANDRI RODRÍGUEZ, “La vecindad engendra una serie de interferencias entre los fundos. El derecho que nos compete sobre un predio trae muchas veces, como consecuencia, una especie de invasión directa o indirecta de la propiedad contigua o cercana”. La ley, al imponer restricciones al ejercicio del derecho de dominio, trata de que las consecuencias de ese ejercicio no se propaguen o repercutan en la propiedad de otro.
Según Alessandri y Somarriva, recuerdan que el derecho Romano no formuló ningún criterio general; pero la casuística de sus jurisconsultos trata diversos casos de vecindad por ejemplo:
ULPIANO: decide que no es lícito al propietario de una taberna casiaria (establecimiento destinado a elaborar o ahumar quesos) invadir con el humo que de ella proviene el edificio superior, pero acepta como lícita la propagación al dominio ajeno del humo poco molesto, como el del fuego de las cocinas. (Digesto, libro 8, título 5, Ley 8, párrafos 5 y 6). En general el derecho sanciona la invasión de la esfera interna de otro.
Arrojar o vertir directamente materias en el fundo ajeno
INVASIÓN INDIRECTA
Es efectuada en el fundo propio, pero que repercute en la propiedad de otro, ejemplo: el humo que sale de mi casa y entra en propiedad del vecino
En el Código Civil Alemán HEDEMANN, indica que en las relaciones de vecindad, juega un importante papel en el uso local de los fundos las llamadas inmisiones o la “introducción de gases, vapores, ruidos, humo, hollín, calor, conmociones e influencias análogas procedentes de otra finca.
La ubicación y destino de los inmuebles también han sido considerados factores dignos de tenerse en cuenta a la hora de determinar si las inmisiones deben ser soportadas o por el contrario su afectación amerita una indemnización por sobrepasar los límites de la normal tolerancia.
Aunque en los comienzos del Derecho Romano, solo se consideraba el resultado del acto, sin atender a la intencionalidad del mismo, elaboración propia por lo demás de los principios que se hacían derivar de la ley Aquilia, fue en la Edad Media en donde se produjo un cambio de orientación para fijarse en la intención del propietario para molestar al vecino.
LEX AQUILIA en el derecho Romano, establecía una indemnización a los propietarios de los bienes lesionados por culpa de alguien.
El principio ANIMO ALTERIUS NOCENDI, fue aceptado de manera general, así lo anota la profesora MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ, esta teoría incluía un elemento subjetivo, que no había tenido en cuenta el derecho romano y presentaba dificultad al tener que probar el perjudicado el ANIMUS NOCENDI con el que el vecino había ejercido su derecho.
Para obviar esta dificultad se promulgó la inversión del ONUS PROBANDI, de forma que se presumía el ANIMUS NOCENDI, debiendo probar el propietario que causó el daño la utilidad de sus actos.
EN EL DERECHO COLOMBIANO
Esta orientación de las relaciones de vecindad están plasmadas en el Art. 1002 del Código Civil, según el cual “Cualquiera puede cavar en suelo propio un pozo, aunque de ello resulte menos-
Cabarse el agua de que se alimente otro pozo; pero si de ello no reportase utilidad alguna o no tanta que pueda compararse con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo”.
Además de la Responsabilidad Civil, basada en el ANIMUS NOCENDI, en general, la responsabilidad civil derivada de las relaciones de vecindad, ha encontrado fundamento igualmente en los denominados:
ACTOS DE EMULACIÓN, LAS INMISIONES NOCIVAS Y EL USO NORMAL.
Formulaciones de las Teorías
Luis Diéz-Picazo y Antonio Gullón parte de no considerar el principio clásico “El que usa de su derecho no causa daño a nadie”. Estos actos son realizados en ejercicio de un derecho para causar daño a otro.
INMISIONES NOCIVAS
Se apoya en texto del Digesto,”establece que cada uno puede hacer lo que quiera si no se inmiscuye en el fundo ajeno”.
Tiene su principio en la prohibición de todo acto o hecho que se salga de lo normal. Eugenet Gaudemet, “el riesgo no debe imponerse a la actividad individual, si no cuando tiene carácter de anormal”.
En el Derecho Colombiano, no existe como ocurre en otras legislaciones un estatuto general de relaciones de vecindad. Sin embargo algunas disposiciones, relacionadas con acciones posesorias especiales, servidumbres naturales y legales, permiten establecer restricciones al derecho de dominio con el alcance del artículo 669 del Código Civil.
ARTÍCULO 993 CC. “Si se hicieren estacadas, paredes u otras labores que tuerzan las direcciones de las aguas corrientes de manera que se derramen sobre el suelo ajeno o estancándose lo humedezcan, o priven de su beneficio a los predios que tienen derecho de aprovecharse de ellas, mandará el Juez, a petición de los interesados, que las tales obras se deshagan o modifiquen y se resarzan los perjuicios”
ARTICULO 994 DEL CC. Inciso 2o. “Ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el Aire y lo hagan conocidamente dañoso”.
ARTICULO 996 DEL CC. “Si corriendo el agua por una heredad se estancare o torciere su curso, embarazada por el cieno, piedras, palos otras materias que acarrea y deposita, los dueños de las heredades en que esta alteración del curso del agua perjuicio, tendrán derecho para obligar al dueño de la heredad en que ha sobrevenido el embarazo, a removerlo, o les permita a ellos hacerlo, de manera que se restituyan las cosas al estado anterior.
ARTICULO 997 DEL CC. “Siempre que de las aguas de que se sirve un predio, por negligencia del dueño en darles salida sin daño de sus vecinos, se derramen sobre otro predio, el dueño de este Tendrá derecho para que se le resarza el perjuicio sufrido, y para que en caso de reincidencia se le pague el doble de lo que el perjuicio le Importare.
ARTICULO 998 DEL CC. “El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes haya depósitos o corrientes de agua o materias húmedas Que puedan dañarla”.
3.3 EL ACTO EXCESIVO
La doctrina y la jurisprudencia han elaborado en esta materia de responsabilidad por contaminación ambiental la Teoría del Acto Excesivo Culposo.
Para MAZEAUD-TUNC, “los daños causados a los vecinos por establecimientos industriales son el Humo, malos olores, emanaciones tóxicas que minan la vida de las plantas y de los hombres, son el precio del progreso.
Para estos efectos se debe aplicar cierta tolerancia entre vecinos, que es la condición misma de la vida en sociedad.
En la Teoría de la OCUPACIÓN PREVIA, el autor Francés afirma “que el que sea propietario de terrenos en el momento de la instalación de la fábrica puede pedir el abono de daños y perjuicios. Pero el que los compra después no puede quejarse de nada. Se ha debido tener en cuenta por las partes el inconveniente causado por la vecindad de la fábrica de modo que el comprador no podrá invocar ningún perjuicio que ya no esté compensado”.
En el derecho español, el art. 1908 del Código Civil indica que los propietarios responden por los siguientes daños causados:
 Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia y la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado.
 Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades.
 Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionado por fuerza mayor.
 Por las emanaciones de cloacas o de depósitos de materias infectantes, construidos sin las precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen.
Para JOSSERAND, precursor de la responsabilidad objetiva, son actos excesivos, aquellos que “realizados en virtud de un derecho cierto y con un fin legítimo, causan al prójimo un daño anormal, como si un industrial compromete las cosechas de los predios vecinos con los humos y el gas que se desprenden de las chimeneas de sus fábricas.
En la Ley Alemana de responsabilidad medioambiental de diciembre 10 de 1990, se señalan criterios de responsabilidad objetiva y de presunción de causalidad.
En relación con la presunción de causalidad dice la ley:
“si una instalación, dadas las circunstancias del caso particular, es apropiada para originar el daño y producido este, se presume que el daño ha sido ocasionado por esa instalación.
3.4 EL ACTO ABUSIVO
En el campo del derecho civil, nadie puede, salvo muy contadas excepciones expresamente previstas en la ley, ejercitar una actividad cualquiera, por lícita que sea, dañando a los demás amparándose en el pretexto de que, a pesar de suponer normalmente un daño colectivo a corto o largo plazo, es útil o necesario para el desarrollo industrial del país. Si alguien señala haber sufrido daño a causa de ella y señala al agente que la ejerce, tiene derecho a ser indemnizado del perjuicio sufrido.
Para JAIME SANTOS BRIZ, la teoría del abuso del derecho se aplica en aquellas situaciones de inmisiones originadas en el ruido.
Sitúa el problema del ruido dentro de las relaciones de vecindad y el problema de los ruidos es quizás el que más ha resaltado de los que plantean las relaciones de vecindad entre los fundos urbanos. Es decir que el ruido viola derechos de carácter personal en sentido estricto.
Para LUIS JOSSERAND, rechaza, a toda idea de culpa para sustentar esta responsabilidad, afirmar “que es preciso renunciar a hacer intervenir la idea de culpa; el propietario o el director del establecimiento son responsables aun cuando su actitud sea irreprochable, aun cuando no hayan cometido ninguna culpa y aún cuando se trate de un servicio público organizado en interés de la colectividad.
4. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A INTERESES COLECTIVOS POR CONTAMINACIÓN
4.1 CARACTERES GENERALES DEL DAÑO ECOLÓGICO COLECTIVO
Según la doctrinante MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ, a la vista de la jurisprudencia española, cuando esta ha emprendido el análisis de los daños ambientales, lo ha hecho con referencia al derecho de propiedad, “daños que son causados por gases, humos, por ruidos o instalaciones industriales, pero en ninguna de las sentencias aparece el daño ecológico.
La tendencia en la doctrina hoy es día es formular y estructurar un concepto de daño ecológico, acorde con los eventos contaminantes actuales.
Según RICARDO DE ANGEL YAGUEZ, “puede ser calificados de despersonalizados o anónimos porque no pocas veces son consecuencia de la circulación de productos industriales. Hay que tener en cuenta la contaminación por sinergia, que es la causada por vertidos sólidos, líquidos o gaseosos que aisladamente no afectarán de forma sensible al medio ambiente, pero en cambio concurriendo unos con otros, ocasionan un resultado de más o menos considerables dimensiones.
Según GABRIEL A. STIGLITZ, “una cantidad creciente por número e importancia de relaciones y actividades, convoca no solo a sujetos singularmente considerados, sino a grupos, clases o categoría de personas”. Surgen intereses típicos de esa nueva configuración social, que no pertenecen a particulares individuos, como tales, sino como integrantes de la colectividad.
Es necesario también superar la concepción individualista del derecho reparador de daños para evitar que el análisis costo-beneficio, sea conveniente al empresario ocasionar perjuicios a toda una colectividad a sabiendas que solo alaguno de sus integrantes reclamará la indemnización correspondiente.
Afirma MATILDE M. ZAVALA DE GONZALEZ, “en la actualidad se ha avizorado que el elemento colectivo en el derecho de daños no es propiamente una realidad numérica o cuantitativa, sino cualitativa. Lo colectivo tiene sustancia propia y autónoma.
Afirma GABRIEL A. STIGLITZ que, “la atribución sin culpa es un mecanismo determinante en el sistema de tutela civil del ambiente. Ocurre que la responsabilidad civil clásica fundada en la culpabilidad subjetiva, importó durante una etapa histórica un obstáculo para que los damnificados accedan a la indemnización.
La existencia del daño colectivo que afecta intereses difusos plantea la necesidad de precisar el concepto de legitimación en causa activa para determinar quién puede accionar en estos eventos “para obtener la reparación de todo el daño globalmente producido, es menester entonces ampliar la legitimación para el ejercicio de las acciones preventivas y resarcitorias en favor de los adecuados representantes, (entidades intermedias) de los grupos o categorías damnificados y extender a todos sus miembros los efectos subjetivos de la cosa juzgada.
4.2. LAS ACCIONES POPULARES DERIVADAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DERECHO COLOMBIANO
La Constitución Política en su art. 88, elevó a la categoría constitucional las acciones populares al perpetuar que “la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica.
Así mismo definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.
En desarrollo de este precepto constitucional se creó la Ley 472 de 1998, que en su art. 2º. Indica que, las acciones populares, “son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Estas acciones se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos.
En el art. 9 de esta ley, señala que las acciones populares proceden “ contra toda acción y omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos o intereses colectivos”.
Según el profesor colombiano ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ, en los daños ecológicos o ambientales, se da una verdadera reparación in natura: “en estos casos se procura que la sentencia que reconozca el deber de reparar el daño causado ordene, en lo posible, la restauración del medio ambiente afectado por el hecho dañoso”.
Según el art. 4, se entiende por
Derechos e Intereses colectivos, aquellos relacionados con:
• El goce de ambiente sano
• La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de recursos naturales
• El goce del espacio público y utilización de los
• Bienes de uso público
• La defensa del patrimonio público
• La defensa del patrimonio cultural de la nación
• La seguridad y salubridad pública
• El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
• La libre competencia económica
• El acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna
• La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares
• El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
• La realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
• Los derechos de consumidores y usuarios
Para el Consejo de Estado Colombiano, el derecho colectivo “ no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos. El derecho colectivo es el que recae sobre una persona determinada.
En el art. 11, la acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo. Están legitimados para promoverla, según el art. 12, toda persona natural o jurídica, Las organizaciones no gubernamentales, organizaciones populares o cívicas.
Están legitimados para promoverla, según el art. 12
 Toda persona natural o jurídica.
 Las organizaciones no gubernamentales.
 Organizaciones populares o cívicas.
 Entidades públicas que cumplan funciones de control. Intervención o vigilancia.
 El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y Municipales.
 Los Alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.
Sujetos contra quienes se dirige la acción, en el art. 14
“La acción popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación y omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al Juez determinarlos”.
Clases y medios de prueba, en el art. 29
“Para estas acciones son procedentes los medios de prueba establecidos en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que respecto de ellos se disponga en la presente ley”.
Según art. 34, la sentencia que acoja las pretensiones de una acción popular, “podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias
Sentencia dentro de acción popular, en el art. 35
“Tiene efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del público en general”.
Según art. 41, “La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) SMMLV, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.
Las Acciones de Grupo se ejercerán exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios. El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas.
Frente a la caducidad, según el art. 47, “sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.

References: artículo 61
 artículo 61
 artículo 296
 artículo 1
 Artículo 296
 Artículo 1
 artículo 669
 artículo 669

ARTÍCULO 993