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Timestamp: 2019-12-06 10:38:11+00:00

Document:
Sentencia nº 810 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 650328577
Número de Expediente: 16-0897
El 21 de septiembre de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio de la misma fecha, suscrito por el ciudadano N.M.M., en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que remite el DECRETO N.° 2.452, MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO, QUE AFECTAN EL ORDEN CONSTITUCIONAL, LA PAZ SOCIAL, LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, A FIN DE QUE EL EJECUTIVO NACIONAL ADOPTE LAS MEDIDAS URGENTES, CONTUNDENTES, EXCEPCIONALES Y NECESARIAS, PARA ASEGURAR A LA POBLACIÓN EL DISFRUTE PLENO DE SUS DERECHOS, PRESERVAR EL ORDEN INTERNO, EL ACCESO OPORTUNO A BIENES, SERVICIOS, ALIMENTOS, MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA VIDA, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Accidental constituida por ausencia justificada del Magistrado Dr. L.F.D.B., pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador S.B. y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del p.v. para su eficaz desarrollo social en el m.d.E.D. y Social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en C.d.M.,
Que la efectividad del Estado de Emergencia Económica decretado a fin de proteger al p.v. ha sido determinante en contra de las acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía y el orden social del País; pero que a pesar de ello ha arreciado el ataque de ciertos sectores de la economía nacional con vista en la toma del control político del país y el sometimiento del p.v. a propósitos particulares con el fin de concentrar, por la vía del chantaje económico, la riqueza producida por la Nación, que solo pertenece al Pueblo,
Que para enfrentar el asedio instaurado en contra de la economía venezolana resulta ineludible, proporcional, pertinente y necesario implementar mecanismos alternos de producción, distribución y abastecimiento de alimentos, bienes y servicios indispensables para la v.d. y el bienestar del pueblo, y de las clases desposeídas,
Que a fin de contrarrestar los efectos del ataque de los factores de oposición y la agresión económica nacional y extranjera contra el P.V., el Ejecutivo Nacional ha implementado importantes medidas, tales como el Plan Integral para la Erradicación de la Pobreza Extrema en comunidades y pueblos Indígenas, la Gran Misión Abastecimiento Soberano, el aumento del cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo nacional mensual obligatorio, el ajuste de la base de cálculo para el pago del Bono de Alimentación Socialista para los Trabajadores y las Trabajadoras y otras medidas excepcionales para favorecer la economía nacional y proteger al P.d.L.S.B., las cuales requieren ser fortalecidas e impulsadas bajo un esquema excepcional que permita la consecución del fin último del buen vivir y la paz social,
Que es deber irrenunciable del Estado venezolano defender y asegurar la v.d.d. sus ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a los bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad,
Que la efectiva garantía de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha llevado al Gobierno Bolivariano a la imperiosa e ineludible necesidad de dictar medidas especiales, excepcionales y temporales para impulsar de manera efectiva la producción, procura, distribución y comercialización de los bienes y servicios estratégicos para la satisfacción de las necesidades del P.v.; medidas éstas que requieren ser fortalecidas e impulsadas en un marco más amplio dado el actual contexto económico venezolano,
Que se ha encomendado a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la tarea de apoyar a través de la unión cívico militar la aplicación de medidas necesarias para atender las necesidades del P.v. y reactivar la economía nacional con un nuevo esquema productivo, para lo cual se requiere aplicar acciones extraordinarias que aseguren la eficacia de este nuevo esquema para que los habitantes de la República vivan de manera digna, logrando así la suprema f.d.p. y la soberanía alimentaria que en definitiva desmonte la guerra económica que asedia a nuestra Patria,
Que la crisis derivada de la guerra económica y sus nefastas consecuencias sobre el p.v., ha sido reconocida por los Poderes Públicos, quienes han unido esfuerzos y diferentes acciones para contrarrestar sus efectos,
6. Ordenar la ejecución de programas de inspección, fiscalización y control que permitan atacar, erradicar y sancionar el acaparamiento, la especulación y el contrabando, con el fin de lograr el libre acceso a bienes y servicios estratégicos y esenciales para el desarrollo de una v.d..
11. Autorizar erogaciones con cargo al T.N. y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto, para optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de recursos ajustarán los correspondientes presupuestos de ingresos.
15. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionados, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el p.v., o vulnerar la seguridad de la nación.
17. Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones de desestabilización del orden económico y la normal satisfacción de las necesidades básicas del p.v., que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales de éste.
Siendo ello así, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del referido Decreto n.° 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, en todo el Territorio Nacional. Así se declara.
Los acápites intitulados como “considerando”, los cuales expresan las condiciones fácticas que han sido observadas por el Ejecutivo Nacional para ejercitar las competencias antes reseñadas, y que justifican la implementación de medidas extraordinarias y excepcionales, en las cuales se hace especial énfasis en la situación de agresión económica, la producción, distribución y abastecimiento de alimentos, bienes y servicios indispensables para la v.d. y el bienestar del pueblo, a través de la implementación de políticas públicas como la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la conformación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y por último, la declaratoria realizada por este Alto Tribunal sobre la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional, por encontrarse este órgano legislativo en desacato y en flagrante violación del orden público constitucional.
Periodista:C.M.
Fotografo:J.R.
La propuesta fue presentada por el diputado O.B. (Unidad /Zulia) quien inició la discusión, e indicó que decretar la Emergencia Económica por parte el presidente Maduro, no tiene justificación alguna y la misma está fundamentada en unos principios que no solucionarán los problemas económicos.
El diputado Barboza, aseguró que el Ejecutivo Nacional, prorrogó por cuarta vez el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional, pretendiendo por sentencias del TSJ prohibirle a la Asamblea Nacional, ejercer el control constitucional que le son atinentes, con el propósito de raspar la olla.
Aseguró el parlamentario zuliano que el Ejecutivo lleva 240 días de prórroga de Estado de Excepción y Emergencia Económica, violentando lo establecido en la Constitución Nacional.
Seguidamente, el diputado S.V. (Unidad/Táchira), manifestó que con este decreto se pretenden burlar las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. “Este decreto lo que representa es el fracaso de un sistema, que no busca soluciones”, destacó.
Lo único que ratifica este decreto de Emergencia Económica es el fracaso de este modelo económico que ha empobrecido al p.v.
Posteriormente tomó la palabra el diputado R.S. (GPP/Táchira), quien expresó que el Acuerdo en rechazo al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, en discusión, representa un “resentimiento por el éxito de la Cumbre del Mnoal, y contra el presidente Nicolás Maduró para invalidar sus acciones,” dijo.
También intervino en el debate el diputado O.G., (Unidad/Anzoátegui) quien consideró que el gobierno no puede catalogar de éxito una Cumbre, en la que se gastaron más de 200 millones de dólares mientras el p.v. muere de hambre y de miseria.
El diputado R.L. (GPP/Mérida) apoyó la decisión tomada por el Ejecutivo Nacional, al prorrogar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, por considerar que las medidas allí adoptadas se enmarcan en la agenda económica bolivariana, y el compromiso e incorporación del empresariado comprometido con el país, para sacarlo de la crisis.
Por su parte, el diputado W.D. (Unidad/Mérida) cuestionó la prórroga por cuarta vez del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, a la cual la catalogó como injustificable “lo que quieren es continuar judicializando la represión y la crisis violando las normas internacionales”.
El debate lo concluyó el diputado A.M. (Unidad/Lara) quien afirmó que la prórroga del Decreto de Emergencia Económica, anunciada por el gobierno es inconstitucional, ya que la norma que la regula y la propia Constitución, establecen que solo se puede aplicar una prórroga, no habla de una segunda o tercera.
En opinión del también presidente de la Comisión Permanente de Finanzas se tienen que tomar medidas de tipo estructural en la economía para corregir la distorsión en el sistema económico.
Para ello, exhortó al gobierno a tomar como base las propuestas realizadas por esta instancia parlamentaria sobre las diez decisiones o pasos que tienen que implementarse para corregir todo este entuerto económico que, a su juicio, ha generado el Gobierno del presidente N.M..
El Gobierno pretende darse una Ley habilitante por un Decreto de Emergencia. ¿De qué sirvió el Decreto de Emergencia Económica si la inflación acumulada es de 400%?
, se preguntó Marquina., quien rechazó la prórroga de este decreto.
(…) Al respecto, debe indicarse que en lo que concierne al control político, deberá ser “aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto” (artículo 27, párrafo primero Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); norma que, por notoriedad comunicacional, advierte esta Sala, no fue cumplida por la Asamblea Nacional, circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho (vid. arts. 2, 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental), viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016.
De lo expuesto se concluye que la Asamblea Nacional no acató lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, configurando su silencio y ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una aquiescencia con el decreto de emergencia económica. Por lo tanto, habiéndole dado esta Sala su conformidad constitucional al mismo, se ratifica su vigencia por el lapso constitucionalmente establecido (…)
…esta Sala estima pertinente asentar algunas nociones sobre la naturaleza, contenido y alcance de los estados de excepción, como uno de los regímenes del derecho constitucional de excepción que, una vez satisfechos los presupuestos fijados por el constituyente, puede ser declarado de manera facultativa por el Presidente de la República, y en virtud del cual éste queda investido de facultades excepcionales para conjurar los hechos que condujeron a su declaratoria, conforme a los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; configurándolo como un acto con proyección política, reglado por ésta.
‘Artículo 337. El Presidente o Presidenta de la República, en C.d.M., podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles’.
En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., está investido de potestades plenas para declarar tal estado en los términos que contemple en el Decreto respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto Fundamental, pero siempre en la búsqueda de garantizar la independencia y soberanía de la República en todos sus atributos y aspectos.
Para ello, se le otorga al Presidente de la República la excepcionalísima potestad de restringir temporalmente derechos y garantías constitucionales, salvo los denominados derechos humanos intangibles, lo que si bien supone un reforzamiento de las potestades brindadas en condiciones de normalidad al Poder Ejecutivo, encuentra justificación «cuando concurran elementos de necesidad y urgencia derivados de circunstancias fácticas que requieran una pronta intervención normativa que se dicte y aplique con una celeridad que supere al tiempo en que se tarda el riguroso proceso de formulación de las leyes» (stc. n° 1507/2003, caso: M.R.O.). Aunque ello deba siempre efectuarse respetando las restricciones de nuestro ordenamiento constitucional, incluyendo aquellas preceptuadas por los principales instrumentos de derechos humanos suscritos por la República: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.1) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículo 27.1)’.
Ahora bien, para que el acto de gobierno sometido al examen sea controlable constitucionalmente, requiere al menos de un fundamento objetivo, lo cual, en el caso de los estados de excepción o de necesidad, se traduce en la invocación directa de las normas constitucionales y legales -contenidas en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, que habilitan al Presidente de la República para ejercer esa potestad, y el establecimiento de medidas razonables y proporcionales a la situación que se pretende controlar, que justifiquen la injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y garantías constitucionales de sus ciudadanos
Adicionalmente, se aprecia que la medida declarativa del estado de excepción obedece a la meritoria necesidad de proteger al p.v. y a las instituciones, expresión directa del Poder Público, que han sido objeto de amenazas internas y externas, y de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país, siendo ineludible para el restablecimiento de las actividades económicas, esta vez, en el ámbito nacional, como continuación del derecho constitucional de excepción que de forma coherente ha venido ejerciéndose en los últimos meses, en algunos municipios del país, y en todo el territorio nacional, tal como, se evidencia en los decretos números 1.950, 1.969 y 1.989, de 21 de agosto de 2015, 29 de agosto de 2015 y 7 de septiembre de 2015, respectivamente; así como los números 2.013, 2.014, 2.015 y 2.016 del 15 de septiembre de 2015, 2.148 del 14 de enero de 2016, 2.323 del 13 de mayo de 2016, también sometidos a control de este Órgano, cuyo propósito es atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y los delitos conexos, que trasgreden el orden público, la seguridad y defensa, así como la soberanía alimentaria y económica de la zona fronteriza y del resto de la Nación; la situación climática entre otras, respecto de los cuales esta Sala Constitucional declaró su constitucionalidad, mediante sentencias números 1.173 del 28 de agosto de 2015; 1.174 del 8 de septiembre de 2015; 1.176 del 15 de septiembre de 2015; y 1.183, 1.181, 1.182 y 1.184 del 22 de septiembre de 2015, 1.353 del 4 de noviembre de 2015, y, finalmente, 2 del 8 de enero de 2016, respectivamente; así como también la constitucionalidad de los decretos que prorrogan el lapso de duración de los referidos estados de excepción, mediante sentencias números 1.351 del 30 de octubre de 2015; 1.369 del 12 de noviembre de 2015 y 1.465 del 20 de noviembre de 2015; 1.547, 1.545, 1.546 y 1.548 del 27 de noviembre de 2015; 2 del 8 de enero de 2016, 4 del 20 de enero de 2016, 7 del 11 de febrero de 2016, 184 del 11 de marzo de 2016; 411 del 19 de mayo de 2016; y 615 del 19 de julio de 2016, las cuales constituyen claras expresiones de defensa de la soberanía, de la independencia nacional, del orden y de la paz social, de los derechos humanos, así como de otros tantos valores constitucionales.
En tal sentido, observa la Sala, que el Presidente de la República, ciudadano N.M.M., ha venido atendiendo una situación de emergencia, alarmante y grave, generada por la afectación económica y social que perjudica al p.v., a fin de controlar eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía venezolana, lo que constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta de los hechos que han venido reportando los medios de comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar, entre otras tantas, las siguientes reseñas a título enunciativo:
Producción de Alimentos Polar ha caído un 30% durante el 2016. http://www.eluniversal.com/noticias/economia/produccion-alimentos-polar-caido-durante-2016_525425
El director de Alimentos de Empresas Polar, M.F.L., detalló este lunes durante una rueda de prensa, que desde enero de 2016, la producción de alimentos de dicha empresa ha disminuido un 30% con respecto al año anterior.
Indicó que las asignaciones de materia prima como maíz blanco, arroz padi y trigo duro, han estado ‘muy por debajo’ de los requerimientos necesarios para que la mencionada empresa pueda producir harina de maíz precocida, arroz de mesa y pasta.
Larrazábal mencionó, además, que la fábrica de mayonesa Mavesa se encuentra detenida desde marzo; la de avena Quaker desde junio; la de margarina Mavesa paró el 9 de septiembre y la de pasta Primor se encuentra paralizada actualmente
Inflación de julio en Venezuela cerró en 23,2%. http://www.elcorreodelorinoco.com/inflacion-de-julio-en-venezuela-cerro-232/.
Las cifras de la inflación de julio en Venezuela se conocieron de manera extraoficial por una fuente del BCV. La encuesta de precios realizada por técnicos del Banco Central de Venezuela dio como resultado la cifra de 23,2% de inflación de julio en Venezuela. Estos datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, fueron filtrados por una fuente del BCV, según se publicó en el diario El Nacional. El estudio realizado en conjunto con el Instituto Nacional de estadísticas (INE) arrojó además que la inflación en hasta el mes de julio se ubica en 240%
Recordemos que el BCV no publica cifras oficiales sobre datos de inflación, pues desde el Ejecutivo se considera que dichas cifras pueden alterar la seguridad nacional
Producción agrícola apenas cubre un tercio del consumo. https://www.lapatilla.com/site/2016/09/19/produccion-agricola-apenas-cubre-un-tercio-del-consumo-nacional/
Las reuniones del C.N.d.E.P., que se empezaron a realizar hace nueves meses entre el gobierno y algunos productores agrícolas, no han generado ningún resultado positivo para el sector primario, los retrasos en el despacho de semillas y agroquímicos se mantienen y lo que se está produciendo apenas cubre entre 30% y 40% del consumo nacional, aseguró A.H., vicepresidente de Fedeagro, publica.
R.C., presidente de la Asociación de Cañicultura de Aragua y Carabobo, coincidió con Hopkins. Aseguró que en el caso del azúcar una de las cosas que más ha afectado a los productores es la regulación del precio del rubro. ‘El kilo del azúcar importado de Brasil lo venden de 2.000 a 3.000 bolívares y la nacional solo a 180 bolívares. Así los productores no tienen la oportunidad de obtener préstamos de la banca porque no hay confianza en que puedan pagar’.
La situación de los productores de leche no es muy distinta. E.P., presidente de la Asociación de Productores de Leche, aseguró que con la llegada de las lluvias hubo un aumento en la producción de leche, sin embargo, solo se está cubriendo entre 30% y 40% de la demanda.
Menos carne. Al igual que los productores agrícolas, los ganaderos tampoco han visto avances en lo que va de año. ‘El país solía ser el décimo productor de carne en el mundo. Producíamos toda la carne que necesitaba el mercado y ahora producimos 30% de esa cantidad’, dijo C.A., presidente de la Federación Nacional de Ganaderos.
J.A.C., presidente de la Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos de Venezuela coincidió. ‘La ganadería está igual que el resto de la economía: contraída y afectada por la emergencia económica asumida por el presidente N.M.’.
O.C., presidente de la Federación Bolivariana de Ganaderos y Agricultores de Venezuela, sin embargo, aseguró que la producción de carne satisface la demanda nacional puesto que el venezolano no posee los recursos para comprar grandes cantidades del rubro.
Los ganaderos recordaron que los productores carecen de insumos básicos de obligatoria aplicación, como las medicinas veterinarias, las sales minerales, las vacunas, las semillas de pasto y los repuestos para la maquinaria. Y rechazaron la inseguridad, que aseguran ha aumentado y continúa alejando a las personas del campo
Cavidea asegura que producción de alimentos cae un 24,6%. http://noticiero.venevision.net/economia/2016/agosto/31/167503=cavidea-asegura-que-produccion-de-alimentos-cae-un-24,6
A nivel industrial ‘se observa un descenso importante en la fabricación de avena, salsa de tomate, margarina y leche en polvo, entre otros’. El último reporte elaborado por Cavidea, que agrupa a las empresas privadas que elaboran alimentos procesados, registra que la producción continúa en descenso, algo que anticipa la persistencia de la escasez e incrementos de precios por el desbalance entre la oferta y la demanda.
El presidente N.M. dijo que ‘se atacará el bajo rendimiento productivo, el deficiente sistema de distribución y comercialización casi en su totalidad en manos privadas y la vieja cultura de consumo’.
En los primeros 7 meses 2016, la producción de las empresas industriales cayó 24,6% y destacan la fabricación de avena en 74,9%; atún 59%, salsa de tomate 46%, margarina 45,6%, leche en polvo 35,2%, mayonesa 32,1%, aceites 23,1%, harina de trigo 22,6%, arroz 19,1% y harina de maíz 10,9%
Hasta ahora han inspeccionado el 80 % de las empresas productoras de alimentos. http://ultimahoradigital.com/2016/09/hasta-ahora-han-inspeccionado-el-80-de-las-empresas-productoras-de-alimentos/
El M/G I.J.H.T., comandante de la R.L.L., precisó que de las 592 empresas ubicadas en Portuguesa, al menos 512 ya fueron visitadas por una comisión mixta integrada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), la Sundde, Sunagro, así como también comunidades organizadas.
H.T., informó que durante las inspecciones se han detectados irregularidades en algunas empresas. ‘Lo que hacemos es establecer una fecha para que se pongan al día, en ningún momento hemos tenido intención de cerrar alguna empresa’, enfatizó.
Asimismo, manifestó que toda mercancía retenida o decomisada, será distribuida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)
Sundde sanciona 171 panaderías en operativo contra especulación.
Durante las últimas 48 horas fueron sancionadas un total de 171 panaderías en todo el país por comisión de boicot, acaparamiento, insalubridad, restricción de la oferta y condicionamiento de venta, informó W.C., Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Por otro parte, Contreras informó que en Caracas fue detenido un ciudadano por restricción de oferta e insalubridad
Gobierno prepara nuevo sistema de distribución de alimentos. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/140238/gobierno-prepara-nuevo-sistema-de-distribucion-de-alimentos.html
Los ministros R.M.T. y V.P.L. inspeccionaron este miércoles las instalaciones del Centro de Empaquetado de Alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento, desde donde informaron que se prepara un nuevo esquema de distribución que será aplicado en todo el país.
En la información compartida por M.T. a través de su cuenta en Twitter, que en este nuevo sistema se están priorizando siete rubros y que las bolsas con alimentos que se entregrarán —al menos en el Distrito Capital— constarán de 16 kilos de alimentos.
Este esquema ‘garantiza la justa distribución de alimentos’, afirmó el ministro de Alimentación a través de la red de microbloggin. Asimismo, ratificó que dichas bolsas serán expendidas por los Clap.
‘Cosas como esta (el sistema de distribución) vamos a ir replicándolas estado por estado. Vamos a ir priorizando los estados y segyuiremos cumpliendo las instrucciones del presidente de la República", indicó por su parte V.P. López’
Aplicarán nuevo esquema de distribución de alimentos para los Clap de todo el país. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/aplicaran-nuevo-esquema-distribucion-alimentos-los-clap-pais/
El ministro para la Alimentación, R.M.T., anunció que será aplicado un nuevo esquema de distribución de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), de todo el país.
‘A través de este esquema se atenderán 22 parroquias del Distrito Capital, beneficiando a más de 520.000 familias’, expresó a través de su cuenta en Twitter
Nueva violación al espacio aéreo venezolano por aeronave militar de EEUU durante Cumbre del Mnoal. http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/nueva-violacion-espacio-aereo-venezolano-por-aeronave-militar-eeuu-durante-cumbre-mnoal/.
Una vez más, aeronaves militares de Estados Unidos violan el espacio aéreo venezolano. En esta oportunidad fue durante los días de XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, según el reporte presentado por el ministro del Poder Popular para la Defensa, V.P.L..
De acuerdo a la información, la aeronave incursionó en el espacio aéreo venezolano el viernes 16 de septiembre, sin notificarlo al centro de inspección y control del país suramericano. En horas de la noche del 17 fue detectada a 130 millas náuticas de la i.M., con patrones de vigilancia.
ÉXITO EN LA CUMBRE Durante la rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, el ministro Padrino López destacó el éxito en materia de seguridad y despliegue de la Fanb durante la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en la i.d.M., estado Nueva Esparta.
‘La cumbre fue un hecho histórico porque no se presentó ningún incidente’, dijo a la vez que destacó la conducta cívica del p.v. y especialmente del p.d.M., ratificando que Venezuela es territorio de paz
Así pues, observa esta Sala Constitucional que el Decreto mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica en todo el Territorio Nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de índole económico, político y social, especialmente a lo concerniente a la producción, distribución y abastecimiento de alimentos, medicinas, y demás bienes y servicios indispensables para la v.d. y cotidiana del p.v. que actualmente se encuentran afectadas gravemente, y que no solo ocurren en Venezuela, sino, además en el contexto económico latinoamericano y global actual, por lo cual resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección económica, social y de seguridad de la Nación, por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, así como para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, aplicar estas medidas excepcionales.
Asimismo, debe señalarse que el Decreto n.° 2.452, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental (sobre las consecuencias del control jurídico y el control político, así como de otros temas vinculados al presente asunto, ver sentencias dictadas por esta Sala bajo los nros. 7 del 11 de febrero de 2016; 9 del 1 de marzo de 2016 y 808 del 2 de septiembre de 2016). Este pronunciamiento no prejuzga sobre la constitucionalidad de las actuaciones que se desplieguen en el contexto del decreto sub examine (vid. Sentencia n° 184 del 17 de marzo de 2016, entre otras).
“Lo anterior no significa que se esté haciendo nugatorio o impidiendo el ejercicio de las competencias y atribuciones que detenta la Asamblea Nacional, sino que las mismas deben ser ejercidas dentro del marco del ordenamiento constitucional, lo cual significa, en relación al caso que nos ocupa, que la Asamblea Nacional asuma una conducta acorde con los principios y valores constitucionales y democráticos, y proceda ajustada a derecho, cumpliendo las decisiones judiciales emanadas de los distintos órganos jurisdiccionales del país, y en el presente caso, con las decisiones emanadas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, suspendiendo temporalmente la incorporación de los ciudadanos N.G., J.H.Y. y R.G. como diputados de dicha Asamblea Nacional y, por tanto, de los actos que a la misma le competen, y ejercer sin tales ciudadanos sus competencias y atribuciones, como en efecto lo vino realizando la Asamblea Nacional durante un tiempo, hasta que en fecha 28 de julio del año en curso, procedió nuevamente a la inconstitucional y nula incorporación de los prenombrados ciudadanos, como diputados de la misma.
En razón de ello, es deber de esta Sala anular la convocatoria y la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 14 de julio de 2016, junto a los actos producidos en ella, y ordenar a la Junta Directiva, al resto de diputados incursos en las irregularidades señaladas en esta sentencia y, en fin, a esa institución en general, que respete cabalmente el orden dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya vigencia y eficacia, ante estos actos que constituyen en definitiva evidentes desviaciones de poder y fraudes constitucionales, será protegida de manera irrestricta por este M.T. de la República, en tutela del P.v. y de los intereses de la Nación. Así se decide.
…No obstante el anterior pronunciamiento, esta Sala Constitucional no puede dejar de advertir que, para sancionar la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, la Asamblea Nacional, una vez más, obvió el cumplimiento de los parámetros exigidos en el procedimiento de formación de leyes, especialmente, los previstos en su Reglamento Interior y de Debates, a la luz de lo señalado en la sentencia n° 269, dictada por esta Sala el 21 de abril de 2016, en la cual acordó: “(…) que el informe sobre el impacto e incidencia presupuestaria y económica, o en todo caso, el informe de la Dirección de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional que debe acompañar a todo proyecto de ley, a que se refiere el numeral 3 del artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, son requisitos esenciales y obligatorios sin los cuales no se puede discutir un proyecto de ley, y que los mismos, en previsión de los artículos 208, 311, 312, 313 y 314 de la Constitución, deben consultarse con carácter obligatorio por la Asamblea Nacional –a través de su Directiva- al Ejecutivo Nacional- por vía del Vicepresidente Ejecutivo- a los fines de determinar su viabilidad económica, aun los sancionados para la fecha de publicación del presente fallo, en aras de preservar los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal del régimen fiscal de la República, tomando en consideración las limitaciones financieras del país, el nivel prudente del tamaño de la economía y la condición de excepcionalidad económica decretada por el Ejecutivo Nacional (…)”. Esta exigencia fue ratificada por la Sala en su fallo número 327 de fecha 28 de abril de 2016, para motivar la nulidad parcial de la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados.
Así las cosas, el Texto Constitucional es claro al señalar que al Presidente de la República, como Jefe del Estado, le corresponde dirigir las relaciones exteriores de la República. En ese mismo sentido, esta Sala, en sentencia N° 967/2012, caso P.P.R. e I.P.W., al determinar el contenido y alcance del artículo 153 de la Constitución, estableció lo siguiente:
Considera esta Sala importante indicar, que la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refiriéndose en particular a la Sección Quinta, intitulada ‘De las Relaciones Internacionales
; del Capítulo I, “ De las Disposiciones Fundamentales,’ señala que:
‘En la Constitución las relaciones internacionales de la República responden a los f.d.E. en el ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. En esta sección se establecen los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos, solidaridad entre los pueblos. Además de la defensa de estos principios, la Constitución impone a la República la práctica democrática en la participación y toma de decisiones en el seno de organismos e instituciones internacionales.
Artículo 152. Las relaciones internacionales de la República responden a los f.d.E. en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales.
Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra A.L.. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.
Como se desarrolló líneas arriba, las relaciones internacionales son cambiantes y dependen de factores internos de cada país y exógenos a ellos, por lo que la cooperación internacional debe establecerse de acuerdo a las razones de oportunidad y conveniencia para los altos intereses de la nación y no es papel del legislador petrificar en un ley las modalidades que ésta asume, de acuerdo a variables que mutan conforme a cómo se comportan los sujetos de derecho internacional; para ello debe asumirse un criterio diferenciado en el marco de una política que, en el caso de nuestro país, se encuentra en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 (Plan de la Patria), que establece como gran objetivo histórico “Contribuir al Desarrollo de Una Nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un m.M. y Pluripolar que permita lograr el Equilibrio del Universo y Garantizar la Paz Planetaria”.
En tal sentido, este M.T. de la República debe advertir que la participación o intervención directa o indirecta en las actuaciones desplegadas por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional, en contravención al ordenamiento constitucional y en contumacia a las decisiones emanadas por los órganos jurisdiccionales del país, generará las correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales en general necesarias para salvaguardar la eficacia del Texto Fundamental que se ha dado democráticamente el p.v., a través del proceso constituyente, para procurar su convivencia pacífica y promover su bienestar”.
- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n°. 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, en todo el territorio nacional.
- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 2.452 remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual fue dictado en cumplimiento de los parámetros que prevé el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene incólume conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ EL ACUERDO EN RECHAZO AL DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA, adoptado por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 20 de septiembre.
-Se REITERA lo declarado por esta Sala en la sentencia N° 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”.
F.S. FUENMAYOR GALLO

References: artículo 31
 artículo 226
 artículo 236
 artículo 49
 artículo 27
 artículo 103
 artículo 153

Artículo 152

Artículo 153
 artículo 339