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Timestamp: 2019-02-20 21:12:18+00:00

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LA DEMANDA DE CASACIÓN - Margarita cabello blanco
«En la misma línea, la demanda, hechos sexto y séptimo, señala que ambos compañeros permanentes eran casados con terceros pero habían disuelto sus sociedades conyugales; la actora Nelly Fabiola Quintero Duque frente a su esposo Alonso Penilla Prado, mediante sentencia del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali del 27 de marzo de 1974; el demandado Jorge King Retamozo frente a su esposa, Elvinia Galán Pinilla por escritura pública 1037 del 21 de junio de 2002, Notaría Primera de Bucaramanga» (fl. 22, cuaderno de la Corte).
Se solicitó que la unión marital fuera declarada a partir del 27 de julio de 2000; sin embargo, el Tribunal, confirmando el fallo de primera instancia, la declaró desde junio del mismo año, ‘es decir, la unión marital surge antes de lo manifestado y solicitado en la demanda’. En esa dirección, tal cual lo expuso el casacionista, el fallador ‘debió tener en cuenta los presupuestos fácticos de las Leyes (sic) 54 de 1990 y 979 de 2005 que en el artículo 2° literal b) de la primera (…) exige que además de los dos años de existencia de la unión marital (…)’.
El reseñado vicio comporta una inejecución de los preceptos procesales que establecen los límites dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad del juzgador. Es por ello por lo que la doctrina procesalista ha sostenido que ese error se traduce en un verdadero ‘exceso de poder’ al momento de proferir el fallo, pues el juez está desprovisto del poder de pronunciar más allá de los límites dentro de los cuales está contenido el tema de la controversia´’.1
‘Los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado –tiene dicho esta Corte–, trazan en principio los límites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en él, todo en armonía con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; de ese modo se podrá establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas’.2
Y en igual sentido ha sostenido: ‘El precepto citado fija los límites dentro de los cuales debe el juzgador desarrollar su actividad decisoria, en forma tal que si los desborda, bien porque concede más de lo pedido por los litigantes, o provee sobre pretensiones no deducidas por ellos, u omite la decisión que corresponda sobre alguna de las pretensiones o excepciones en los términos fijados por la norma, incurre en un error de procedimiento, originado en la violación de la regla mencionada, que le impone el deber de asumir un específico comportamiento al momento de fallar, yerro para cuya enmienda está instituida la causal segunda de casación, mediante la cual puede lograrse la simetría que debe existir entre lo decidido en la sentencia y lo solicitado por los contendientes’.3
‘No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta..’
La trasgresión de las anteriores pautas de conducta por parte del fallador significa la incursión en una causal de incongruencia que -como puede advertirse- conlleva un error de procedimiento porque las referidas reglas no señalan al funcionario judicial cuál debe ser el sentido de su decisión sino que, por el contrario, le dictan los parámetros que debe seguir para el proferimiento del fallo.
La aludida causal, en línea de principio, no puede invocarse sobre la base de haberse decidido de manera adversa a los intereses del actor o cuando el resultado del proceso no satisface al impugnante si la decisión –libre de excesos o abstenciones respecto de las pretensiones– recae sobre lo que ha sido materia del pleito. En tales situaciones, naturalmente, mal podría entenderse que se dejó de resolver sobre un extremo de la controversia o que se interpretó equivocadamente la demanda o se condenó más allá de lo que se pretendió (…) (CSJ SC 5 de agosto de 2013, rad. n° 2004-00103-01).
3. En el asunto estudiado, el actor reprocha el trabajo del Tribunal por cuanto que, de un lado, fijó el inicio de la unión marital en una época diferente a la señalada por la demandante; de otro, el nacimiento de la sociedad patrimonial, igualmente, fue definido con desconocimiento de las leyes que rigen tal situación, concretamente, menospreciando la aplicación del literal b) del artículo 2 de las Ley 54 de 1990.
«En virtud de lo expuesto y analizado, tampoco prosperarán las excepciones de (….) propuestas por la demandada DIANA KING GALAN, pues todas las pruebas recaudadas demuestran lo contrario, es decir, la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho que conformaron los compañeros KING-QUINTERO, la primera, desde mediados de junio de 2000 hasta el 3 de abril de 2007 (….)» -La Sala hace notar- (fl. 396, cuaderno principal).
«Ahora bien, no cabe reparo a la circunstancia de que el ad quem, siguiendo al juzgado del conocimiento, hubiese mantenido como fecha de inicio de la unión marital de hecho en cuestión, el 26 de octubre de 1994, pese a que en la demanda se indicó como tal el día 13 de los mismos mes y año, pues en tanto que del conjunto de las pruebas se infiere que el principio de la mencionada relación acaeció en el referido mes, aquella, por ser posterior, era la más favorable a la parte demandada» -hace notar la Sala- (CSJ SC 19 de diciembre de 2008, rad. n°., 1999-02950-01).
3.2. Lo propio acontece con el segundo de los puntos cuestionados, es decir, se escogió una vía ajena a la naturaleza del reproche exteriorizado. Cuando el censor alude a que ‘el Tribunal debió tener en cuenta los presupuestos fácticos de las Leyes 54 de 1990 y 979 de 2005’, para fijar la época a partir de la cual debía considerarse existente la sociedad patrimonial reclamada, dado que los compañeros tenían impedimento para contraer matrimonio, al no hacerlo, desconoció el marco normativo pertinente, pues ‘no pudiendo tener arranque la sociedad patrimonial derivada de la unión marital antes de un año de la fecha en que se inició la unión marital de hecho’ (folio 22, demanda de casación). Dicha descripción no evidencia un error de incongruencia; en verdad, el sentenciador no desdeñó los extremos de la contienda propuestos por las partes. Lo que hizo, nada más ni nada menos, según la denuncia formulada, fue desatender aquellos preceptos que gobiernan la unión marital y la sociedad patrimonial; hubo desacato, según los términos del cargo, por las reglas jurídicas que regentan dicha entidad.
1. Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció que la sentencia recurrida resultó violatoria, en forma recta, del inciso primero del artículo 2°de la Ley 54 de 1990 y de la parte inicial del literal b), del artículo 1° de la Ley 979 de 2005, así como de los artículos 25, 26 y 27 del Código Civil.
«Este yerro in judicando lleva al Tribunal a considerar que ya no debe tomarse en cuenta la exigencia legal del artículo 2 literal b) de la Ley 54 de 1990, atinente al año de haber transcurrido la disolución de la sociedad conyugal del matrimonio que constituye el impedimento legal, para asumir que tan solo concierne el requisito de existencia de los dos años de unión marital y la mera disolución de la sociedad conyugal sin consideración al tiempo transcurrido desde cuando surge esta situación jurídica; es decir, que llevándose dos años de comunidad de vida permanente y singular ‘se presume la sociedad patrimonial’ a pesar del impedimento legal para contraer matrimonio, y disuelta la sociedad conyugal anterior, surge ipso facto, desde ese mismo instancia, la sociedad patrimonial» (folio 25, cuaderno de la Corte).
«Así pues, si el actor busca la aplicación de la presunción debe ceñirse al inciso primero del artículo 2° de la Ley 54 de 1990 y a su literal b), sin perjuicio de alternativamente desechar la utilización de la presunción legal y buscar la declaratoria de la sociedad patrimonial basado en medios de prueba distintos de esa presunción» (folio 26 de la misma encuadernación).
En definitiva, para el censor, si el fallador pretendía declarar la existencia de la sociedad patrimonial, validando la presunción regulada en el literal b) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, como así lo hizo, los dos años a que allí se alude, debió realizar la siguiente operación: i) en primer lugar, constatar la disolución de la sociedad conyugal del compañero impedido; ii) dejar pasar un año luego de ese suceso; y, iii) posteriormente, proceder a contabilizar el tiempo exigido por dichas normas (dos años). Al no hacerlo, incurrió en la violación denunciada.
»(…) se puede extraer, como lo hizo la juez a-quo, la fecha de inicio de la convivencia de la pareja Quintero-King a mediados del 2000, así como su finalización con el fallecimiento del señor King» (fl. 78, cuaderno del Tribunal). En la parte resolutiva, confirmó, plenamente, lo analizado y decidido por su inferior funcional.
Obsérvese, en defecto de una regulación legal explícita (art. 28 C.C.), que según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, página 1344, una de las acepciones de ‘mediado’, es: ‘dícese de lo que solo contiene la mitad’. Por tanto, si uno y otro funcionario adujo que el nacimiento de dicha unión fue a mediados de junio de 2000, debe inferirse que aludían a la mitad del mes, por tanto, sí se señaló un día de partida de la relación de los precitados señores, que no es otro que el día quince (15), mitad del mes de junio.
3. Referente al segundo aspecto, propicio resulta memorar que el artículo 2o., de la Ley 54 de 1990, luego de la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005, contiene la siguiente hipótesis:
b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas (….) por lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la unión marital de hecho» (La Sala hace notar).
«Y si el presupuesto es que la sociedad anterior haya sido disuelta, no hay diferencia importante entre las hipótesis a) y b) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, pues así como hay personas sin impedimento legal para contraer matrimonio, pero con la sociedad disuelta, también hay personas con impedimento legal para contraer matrimonio, igualmente con la sociedad conyugal disuelta. Por tanto, unos y otros cumplen con el ideario de la ley “porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la concurrencia de sociedades, suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su término, para lo cual basta simplemente la disolución...”. Por consiguiente, si lo fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen el vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás no se exige.
«Sentado ya que la condición de partida aplicable en este preciso caso es que la sociedad conyugal se halle disuelta, según la jurisprudencia que se ha citado, es imposible negar que la disolución tiene un carácter instantáneo, claramente distinguible en un momento determinado, es decir por virtud de un solo acto la sociedad conyugal pasa el umbral que separa la existencia de la disolución. Y si ello es así, no hay lugar para indagar qué función puede cumplir algún plazo de espera antes de iniciar una nueva convivencia» (CSJ SC 4 de septiembre de 2006, Rad. n° 1998 00696 01).
«Puestas así las cosas, claramente se advierte que el Tribunal no incurrió en los errores iuris in judicando que se le imputan, al dejar establecida la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes dentro de los extremos temporales dichos, de una parte, porque la consolidación de la convivencia marital por un término no inferior a dos años, únicamente se entronca con dicha sociedad, y de otra, porque existiendo impedimento legal para contraer matrimonio, la nueva relación patrimonial surge a partir de la disolución de la sociedad conyugal anterior, que no un año después de su liquidación – La Sala hace notar- (CSJ SC 22 de marzo de 2011, rad., n° 2007 00091 01).
Procede agregar, con el propósito de ilustrar y fortalecer lo expuesto que el veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016), la Corte Constitucional, declaró inexequible el aparte analizado (Sentencia C-193/16, expediente D-10985), pronunciamiento que si bien no aplica el caso analizado, sí contribuye a brindar claridad sobre el punto.
«Esta diferencia de trato no encuentra justificación alguna, como también lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil en su jurisprudencia en la cual ha inaplicado por vía de excepción de inconstitucional la exigencia temporal, pues como se explicó, el legislador al fijar el tiempo de espera de ‘por lo menos un año’, no fundamentó la finalidad que persigue ese término, situación que lo convierte en un tiempo muerto que causa perjuicio a la familia natural que conforman los compañeros permanentes del literal b) parcialmente acusado y genera un trato desigual que debe ser corregido por esta Corporación».
1. En esta oportunidad, el actor, invocando la causal primera de casación regulada en el artículo 368 del C. de .C., denuncia que el sentenciador de segundo grado violó, vía indirecta, los artículos 1°; literal b), del 2° y 4°, de la Ley 54 de 1990, y 42 de la Constitución Política, debido al error de hecho en que incurrió ‘por falso juicio de existencia de pruebas obrantes en el proceso’.
«Original de la certificación expedida por la Dra. Ligia Judith González Carreño, Defensora de Familia, Coordinadora Regional de Protección del ICBF, Regional Santander, expedida el 22 de junio de 2000, donde da cuenta de la idoneidad física, mental, moral y social de la pareja para acoger en adopción a la menor Diana María Sánchez, hoy Diana María King Galán (folio 172 cd principal)».
«Original del poder suscrito por Jorge King Retamozo con reconocimiento de su firma ante el Notario Primero de Barrancabermeja el 5 de julio de 2000 otorgado al abogado Oscar León Gamarra y dirigido al Juez de Familia de Barrancabermeja, Reparto, a fin de tramitar el proceso de adopción de la menor Diana María Sánchez, hoy Diana María King Galán (folio 165 cd. Principal)».
«Fotocopia auténtica tomada del original del registro civil de
nacimiento de la menor Diana King Galán, indicativo serial
30145424 sentado por Jorge King Retamozo el 19 de septiembre 2000 (folio 202 cd. Principal)».
«Original de la Resolución No. 68-081-0255-2001 del 5 de diciembre de 2001 del Instituto Agustín Codazzi, Oficina Delegada de Catastro de Barrancabermeja, por medio de la cual se decide una reclamación interpuesta por Jorge King Retamozo por avalúo de un inmueble de su propiedad y de la cual se notificó personalmente en Barrancabermeja el 13 de diciembre de 2001 (folio 104 cd. Principal)».
«Original de la promesa de compraventa suscrita por Jorge King en su propio nombre y en nombre de su señora Elvinia Galán Pinilla el 29 de mayo de 2002 con reconocimiento y autenticación de firma ante notario público de esa misma fecha en la ciudad de Barrancabermeja, en la que manifiesta ser vecino de dicha localidad (folio 101 cd. Principal)».
«Extractos originales del Banco Santander a nombre de Jorge King Retamozo con corte a junio, agosto y octubre de 2002 cuya dirección de correspondencia es Calle 48 No. 14-35 Barrio Buenos Aires de Barrancabermeja, de los cuales no solo se evidencia que el domicilio del causante para el año 2002 era dicha localidad, sino además su lugar de residencia pues era de allí de donde hacía los retiros bancarios así: En el mes de junio de 2002, los días 4, 11, 18 y 28; en el mes de octubre de 2002, el día 15 (folios 92 a 97 cd. Principal)».
«Extracto original de Avianca Plus del señor Jorge King Retamozo, cuya dirección de correspondencia es la calle 48 No. 14-35 Barrancabermeja, periodo junio 1 a julio 31 de 2002 (folio 99 cd. Principal)».
«Fotocopia auténtica de la escritura pública 953 del 11 de junio de 2002 Notaría Primera de Barrancabermeja por medio de la cual Jorge King Retamozo en su propio nombre y el de Elvinia Galán Pinilla vendió unos inmuebles de propiedad de los cónyuges, instrumento público en el cual manifestó ser vecino de Barrancabermeja (folios 145 a 148 cd. Principal)».
«Escritura pública 1037 del 21 de junio de 2002 Notaría Primera de Barrancabermeja que contiene la liquidación de la sociedad conyugal (folios 14 a 22 del cuaderno de pruebas de oficio)».
«2 fotografías y diploma de graduación escolar de Diana María King Galán de fecha 19 de noviembre de 2002 en cuya primera fotografía se observa a la familia King Galán (Jorge, Elvinia y Diana) y en la segunda que el diploma aportado hace consonancia con la foto tomada en dicha fecha (folios 204 y 205 cd. Principal)».
«Fotocopia auténtica de la escritura pública 233 del 21 de febrero de 2003 Notaría Segunda de Barrancabermeja por medio de la cual Jorge King vende un inmueble y en la que manifiesta ser vecino de dicha ciudad (folios 149 a 154 cd. Principal)».
«Original de la fórmula médica expedida por Ecopetrol, en Barrancabermeja, el 17 de marzo de 2003 (folio 100 cd. Principal)».
«Certificación original expedida el 4 de junio de 2007 por la señora Janeth Cerón Téllez, administradora del Conjunto Multifamiliar Cavipetrol II de la ciudad de Barrancabermeja, donde da cuenta que el señor Jorge King Retamozo y la señora Elvinia Galán Pinilla vivieron en dicho conjunto desde el mes de febrero de 2000 hasta el mes de marzo de 2003 (Folio 175 cd. Principal)».
«La sentencia del Tribunal no podía sostenerse ni se sostiene con la prueba testimonial y la prueba documental no omitida (sic) en el momento en que hubiese considerado y evaluado todo el cúmulo de documentos que en este cargo se añoran, pues de los mismos surge el cuestionamiento que el Tribunal no hizo al dicho de los testigos ni tuvo en cuenta al evaluar los documentos admitidos para situar la génesis de la unión marital y de la sociedad patrimonial en la época en que lo determinó» -la Corte hace notar- (fl. 46 ib.).
‘«por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado repetidamente que ‘los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (Se subraya; cas. civ. 23 de junio de 1989, Exp. 5189, reiterada en cas. civ. 15 de diciembre de 2003, Exp. 7565)” y que “cuando la sentencia acusada se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada’» -hace notar la Sala- (Cas. Civ., sentencia del 19 de diciembre de 2005, expediente No. 1989-01859-01).
«A este respecto, ‘dado el carácter dispositivo de la impugnación y la imposibilidad que de allí se deriva para completar oficiosamente la acusación, iteradamente (…) ha señalado que ‘por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan sólo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (Sent. cas. civ. No. 027 de 27 de julio de 1999; subrayas de ahora), de donde resulta que la prosperidad del reproche dependerá de ‘que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia’ (Sent. cas. civ. No. 002 de 25 de enero de 2008) y ‘exista completa ‘armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución’ (Auto 034 de 12 de marzo de 2008, expediente 00271)’ (Auto de 15 de enero de 2010)’ (auto de 29 de julio de 2010, exp. 00366)».
«Tratándose del recurso extraordinario de casación, ‘la actividad ‘ex officio’ de esta Corporación, en lo que se refiere a la demanda interpuesta, es harto restringida, habida cuenta de que le impide auscultar ‘…defectos de la sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el recurrente y decidir la invalidación del fallo por errores no invocados en la demanda de casación’ (G.J., t. LXXXI, p. 426)’, ni ‘‘le es permitido (…), sin resquebrajar caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atención a que -en línea de principio- debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegación para todo Tribunal de casación’, al punto que ‘le está vedado recrear el cargo o enmendar por su cuenta los defectos que éste contiene’ (…)’ (cas. civ., sentencia del 23 de marzo de 2000, expediente No. 5259)» (CSJ SC 21 de septiembre de 2011, rad. n° 2001 01105 01).
« (….) y el hecho de que hiciera viajes a Barrancabermeja o a Bucaramanga, no tiene nada de raro ni desvirtúa la unión marital de hecho que sostenía con la señora NELLY FABIOLA, pues además que se trataba de su lugar de origen donde trabajó, se caso (sic) y se jubiló había dejado una niña pequeña adoptada con su anterior pareja, lo cual le acarreaba una responsabilidad, esta la razón que quizá lo vieran algunas personas allá en oportunidades, sin que ello implique una continuidad en su vida conyugal con su esposa ELVINIA GALAN, con quien ya estaba separado de bienes, pues su permanencia y residencia en Cali, la corroboran además los CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (….)» (fl. 394, cuaderno del Tribunal).
«Según se desprende de las demás pruebas documentales que no fueron excluidas, según se concluye de lo antes dicho, y que realmente son trascendentes para lo que se ha de decidir, de esas pruebas documentales oportuna y legalmente aportadas, se probó lo siguiente: (….)» (fl. 75, sentencia del Tribunal).
4.1. En primer lugar, debe advertirse que a diferencia de lo afirmado por el recurrente (folio 45, demanda de casación), la Escritura Pública 1037 de 21 de junio de 2002, contentiva de la liquidación de la sociedad conyugal King-Galán, sí fue tenida en cuenta por el Tribunal (folio 75, sentencia acusada).
4.2. Y, respecto de aquellos elementos que, según el casacionista, indicaban que el occiso tenía su domicilio o era vecino de la ciudad de Barrancabermeja, vr. gr., el documento obrante en folio 101 del cuaderno principal, relativo a la promesa de compraventa suscrito el 29 de mayo de 2002, cuya firma y contenido fueron autenticados ante notario de esa localidad; los extractos del Banco Santander; el extracto de Avianca Plus; la Escritura Pública No. 953 del 11 de junio de 2202, a través de la cual el difunto enajenó algunos inmuebles de la sociedad King-Galán; o, la copia de la Escritura No. 233 de 21 de febrero de 2003, no tienen la contundencia para, de ahí, contrarrestar la singularidad de la unión del señor King Retamozo y la señora Fabiola Quintero.
« [u]n panorama como ese, sentencia a las claras que ni por modo hubo un tribunal salido de razón. Su decisión, pues, mal puede tacharse de insostenible. Y cuando eso sucede, bien se sabe, no ha lugar a la casación del fallo, porque el error que en la contemplación de pruebas le abre paso es únicamente el ‘que desafía en forma estridente el contenido de la evidencia que aquellas irradian, ya que solamente así el parecer del sentenciador, que, en el entretanto viene amparado por la presunción de acierto y de legalidad, puede tornarse permeable’ (Cas. Civ. Sent. de 13 de diciembre de 2001, exp. 6775)» (CSJ SC., 29 de marzo de 2006, rad. n°. 1996-5471).
En pretérita oportunidad, anejo a la incidencia del planteamiento del recurrente en torno a una determinada hipótesis o teoría, la Corte dijo que la sentencia cuestionada, “no se puede socavar mediante una argumentación que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial” (CSJ SC 5 de febrero de 2001, Exp. n° 5811).
« ‘allí donde se... enseñoree la dubitación, no puede salir airoso el recurso extraordinario de casación, cuya procedencia privativamente finca en la certeza, en sí misma ajena a la hesitación’» (CSJ SC 31 de marzo de 2003, Exp. n° 7141 –La Corte hace notar-). Y, luego ratificó su postura, al afirmar; « ‘sólo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible es procedente abrirle paso al recurso’» (CSJ SC 31 de enero de 2005, Exp. n° 7872 –La Sala hace notar-).
AROLDO WILSON QUIRÓZ MONSALVO
1 CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. Pág. 266.
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia de 6 de julio de 2005. Exp.: 5214-01.
3 Sentencia de Casación Nº 042 de 26 de marzo de 2001. Exp.: 5562.

References: artículo 2
 artículo 305
 artículo 2
 artículo 368
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 368
 Resolución