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BAJA CALIFORNIA SUR: RESUMEN DE NOTICIAS DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2014
RESUMEN DE NOTICIAS DE BAJA CALIFORNIA SUR DEL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2014
PME detiene a un presunto ladrón
Iván Guadalupe Diez Moreno, fue detenido por el delito de robo a casa habitación, uno delincuente menos en la calle de las docenas que andan sueltos. / El Sudcaliforniano
Mulegé, Baja California Sur.- Una gran sorpresa nos da la Policía Ministerial del Estado al detener a un presunto amante de los ajeno, de docenas que andan sueltos en el puerto, por lo menos ya cayó uno, se trata de Iván Guadalupe Diez Moreno, por robo a casa habitación. Según detallan en su informe:
Personal de la Policía Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia en Santa Rosalía, Baja California Sur, ejecutaron orden de aprehensión, girada por el Juez Mixto de Primera Instancia, en contra de la persona de nombre Iván Guadalupe Díaz Moreno, de 21 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado a casa habitación, quedando internado en el Centro de Reinserción Social de esa población, a disposición del juez de la causa que lo reclama.
El día 05 de Junio de 2013, fue interpuesta denuncia ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador, por el delito de robo agravado a casa habitación, consistente en una cartera la cual contenía $1,450.00 (Mil cuatrocientos cincuenta pesos M.N.), tarjetas bancarias y documentación personal, por lo cual elementos de esta Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, se avocaron a las investigaciones, logrando establecer que la probable responsabilidad era la persona de nombre Iván Guadalupe Díaz Moreno. Motivo por el cual se derivó la presente orden de aprehensión.
Dos accidentes tipo choque con motocicleta
Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El día de ayer a las 7:15 de la mañana se suscitó un accidente tipo choque en la avenida Francisco Madero y Gustavo Díaz Ordaz, entre una motocicleta conducida por Javier Leal Hernández, de 33 años, que se dirigía al Tecnológico de esta ciudad, y el otro vehículo un automóvil marca Toyota modelo 1995, conducido en el momento del accidente por Aracely Martínez Osuna de 32 años de edad.
En este accidente resultó lesionado Javier Leal Hernández, quien fue trasladado al hospital general de esta ciudad por una ambulancia del grupo EDI en donde el médico le diagnosticó fractura de tibia; según peritaje por falta de precaución al conducir del motociclista se originó este accidente que afortunadamente no fue de fatales consecuencias.
Otro accidente más reporta la dirección de seguridad pública a través del subdirector Gerardo Gallardo, ocurrido el lunes alrededor de las 18 horas choque entre vehículos por el bulevar Cervantes del Río, siendo otra motocicleta y un automóvil que se dio a la fuga, el lesionado fue trasladado al hospital, pero también al llegar salió corriendo; se desconoce de quién es la moto, la cual está resguardada en Seguridad Pública.
Se blindará área de playa con cámaras de video: Cerecer
Fernando López Cerecer, gerente de seguridad de Casa Dorada y representante del Comité de Seguridad de Colonos del Médano. / El Sudcaliforniano
Los Cabos, Baja California Sur.- Con las videocámaras instaladas aledañas al acceso a la playa de El Médano se blindará el área, para brindar una mejor tranquilidad los turistas y bañistas en general de que están en un lugar seguro.
Fernando López Cerecer, gerente de Seguridad de Casa dorada y representante del Comité de Seguridad de Colonos del Médano, dio a conocer que empezaron el año trabajando en materia de seguridad.
Explicó que están ya en la tercera etapa del proyecto de seguridad de El Médano, "esta etapa consiste en blindar por llamarlo de alguna manera, blindar El Médano en materia de seguridad con un proyecto de video vigilancia en las calles aledañas a esta colonia".
Resaltó que la idea ahorita es colocar 15 cámaras de videovigilancia en una primera etapa, instalar un centro de monitoreo que se denominará Centro de Monitoreo Médano Beach, en Casa Dorada "ya estamos trabajando muy de la mano con la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado, para poder llevar a cabo estas acciones de monitoreo".
Continuó diciendo que están estimando que a mediados del año ya puedan estar instalando, "ahorita ya se están recabando el dinero para las compras, ya tenemos el plano del proyecto del centro de monitoreo, va a estar instalado en Casa Dorada y será operado por el estado, vigilado en coadyuvancia con ellos y por nosotros la Asociación de colonos del Médano, para darle veracidad al trabajo de monitoreo que se estará haciendo, la idea es seguir teniéndo los índices delictivos en cero".
Recordó que se tiene ya desde 2008 a la fecha sin incidencia delictiva, "no hay delitos en el Médano, la playa mas visitada lo conocemos todos, la playa mas concurrida y bueno hay que seguir invirtiendo para que no se nos dispare la situación delincuencial en la zona".
Hasta el momento, indicó, siguen trabajando con el Consejo Ciudadano, "vamos a estar de la mano con los hoteles trabajando para poder bajar programas de seguridad, programas de capacitación empresariales a gerentes y jefes de seguridad, estuve visitando la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública Federal para tratar de bajar recursos también de nivel federal para tratar que apoyen los programas y no nomás estar en El Médano con presencia bien sino poder salir a las colonias aledañas.
Destacó ser un sueño guajiro "el que tengo, si tu quieres, pero me gustaría que el Arenal contara con seguridad que son los más próximos a nosotros, que tuviera video vigilancia, que tuviera también un buen sistema de seguridad y replicar el programa del Médano también ahí", finalizó López Cerecer.
No existe notificación oficial sobre la carretera de cuota
Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor habló sobre la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Todos Santos. / El Sudcaliforniano
Los Cabos, Baja California Sur.- No pueden afirmar que será de cuota la carretera Los Cabos-La Paz, porque al gobierno del estado en Baja California Sur no se le ha enviado ninguna notificación aún al respecto.
Al cuestionar al gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, sobre la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Todos Santos a inaugurar el libramiento carretero que se ha dicho será de cuota, no se corre el riesgo de que Todos Santos deje de ser visitado, señaló que este es un tema que se ha manejado en medios, pero que de manera oficial no se le ha comunicado al gobierno estatal que él encabeza.
Expresó que entonces no puede dar preceptuado, algo que todavía no tiene una comunicación oficial, "entonces en tanto esto no se dé, estará atento si así fuera el caso, obviamente vamos a dar a conocer nuestro punto de vista y la inquietud que hay por parte de la ciudadanía".
Destacó que hasta este momento no hay notificación alguna al Gobierno del Estado en este sentido, por lo tanto va a esperar y no adelantar vísperas de un tema que no se les ha oficializado.
Indicó que lo que pasa es que el presidente del país, Enrique Peña Nieto, ya en tres ocasiones ha tenido la intensión de estar en Baja California Sur, a fin de ver temas como el que están en este momento comentando del libramiento carretero La Paz- Los Cabos.
Otro de los temas de igual prioridad para el destino es entrega de la presa la Higuerilla del municipio de Comondu, "tengo entendido que por parte del gobierno federal estaban proponiendo la inauguración de una planta solar con inversión privada muy interesante que es la más grande en todo Latino América y han habido tres intentos de gira, pero bueno, nosotros entendemos hay veces que se puede, hay veces se tiene las ganas y la voluntad y hay veces que nos van rebasando los tiempos así como le pasa al presidente le pasa al gobierno estatal que tiene la intensión de venir a Cabo, a Mulegé y que desgraciadamente se tiene que suspender por emergencias.
Finalmente el licenciado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, gobernador del estado en Baja California Sur, dio que lo van a esperar con mucho gusto, "y yo creo que aquí los sudcalifornianos estoy seguro lo vamos a recibir con mucho gusto"; agradeciendo a la ciudadanía y señalando que se está preparado para cuando se tenga la presencia el jefe del ejecutivo nacional.
Fue atacado a navajazos y golpeado con palo de golf
Mencionó la víctima que fue por problemas de dinero
San José del Cabo, B.C.S.- Poco antes de las cuatro de la tarde de ayer, oficiales de la Policía Municipal recibieron el llamado vía radio para que se dirigieran a la invasión conocida como Vado Santa Rosa, a la altura de la negociación Mariscos Sandy, donde les estaban reportando una persona lesionada.
Al llegar al sitio en el asentamiento irregular, se entrevistaron con una mujer, quien informó a los oficiales que en el interior de su domicilio se encontraba malherido y sangrando su pareja sentimental al que únicamente se identificó por su nombre de ISAAC alias “El Reno”.
Por ese motivo se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quien al analizar a la víctima se percataron que presentaba una herid cortante profunda en la región occipital de 13 centímetros, otra más en su costado derecho de 3 centímetros de profundiada y golpes contusos en diferentes partes del cuerpo.
Por esa razón se determinó su traslado al Hospital General para recibir atención médica.
En relación a los hechos, EL RENO manifestó que al estar conviviendo en su domiclio llegaron cuatro personas del sexo masculino, de las que únicamente logró identificar a dos por sus apodos de EL ABEL y EL CHUY, que comenzaron a agredirlo a navajazos y con un palo de golf, además con un ladrillo.
Después se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Dijo que los motivos de la agresión fue por motivos “de dinero”.
De las investigaciones ya se hace cargo la Policía Ministerial.
Publicado el febrero 11, 2014| 4 comentarios
Publicado el febrero 11, 2014| 17 comentarios
Busca que se liberen cuentas del ayuntamiento
Se reunió con magistrados del Tribunal Colegiado
La Paz, B.C.S.- Hoy por la mañana la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán acompañada de los asesores jurídicos del Ayuntamiento de La Paz se reunió con los magistrados del Tribunal Colegiado del Consejo de la Judicatura Federal, a pocas horas de que se de el fallo sobre su recurso de queja ante la decisión del juez segundo de distrito de no liberar las 13 cuentas bancarias que fueron embargadas al ayuntamiento de La Paz.
Aunque no se sabe lo que se pactó en ese encuentro, sí es un hecho que mañana se sabrá si su recurso de queja será aceptado o rechazado por el juzgado de distrito en relación al congelamiento que se hizo de los fondos municipales, para garantizar el pago de liquidación de la empleada Rosa Isela Avilés Núñez por un monto de 19 millones 385,052.10 de pesos.
La semana anterior, la alcaldesa paceña ya había sostenido un encuentro con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, lo que fue calificado por la parte demandante como el uso de “tráfico de influencias” en una sentencia que ya fue emitida en firme por el Tribunal de Conciliación de los trabajadores burócratas.
Para mañana miércoles se sabrá si procedió el recurso de queja del ayuntamiento paceño o bien, si fue rechazado.
Mientras tanto, ayer el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor confirmó que se puso a disposición del ayuntamiento de La Paz un fondo de cinco millones de pesos, a fin de que enfrente la contingencia financiera, en este asunto que negó que fuera político, sino meramente jurídico.
Tres lesionados en choque en SJC
Guillermina de la Toba.-Un aparatoso accidente se registró ayer al filo de las 11:00 de la noche, en la carretera Trasnpeninsular, a la altura del centro comercial Chedraui en la colonia El Zacatal, resultando tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para atención medica.
En el accidente participaron tres vehículos, sin embargo dos de ellos se impactaron de frente, mismos que quedaron en medio de los dos carriles como se muestra en la imagen.
Al lugar del accidente acudieron las diferentes unidades de emergencia de Cruz Roja, Bomberos Protección civil y a policía municipal, así como la policía federal quien deslindara responsabilidades .
Por una deuda lo dejaron como santocristo
Lo golpearon con un palo de golf, un ladrillo y luego lo apuñalaron
San José del Cabo, Baja California Sur.- Desangrándose, postrado en un sillón de su casa, dejaron cuatro sujetos a Isaac “El Reno” a quien le fue cobrada a golpes y puñaladas una añeja deuda.
Los sangrientos hechos se registraron la tarde del lunes cuando 4 sujetos entraron a la brava a la residencia ubicada en la josefina Invasión Santa Rosa, con la firme intención de cobrarse a como diera lugar un adeudo monetario que “El Reno” tenía.
Al no conseguir la cantidad adeudada, los invasores arremetieron contra su Isaac utilizando un palo de golf y un ladrillo, para consumar el ataque asestando 2 puñaladas en la humanidad de su víctima: una en el costado y la otra en la espalda.
Inmediatamente, los agresores se dieron a la fuga, mientras que Mayra, la esposa de Isaac y testigo de la salvaje agresión, dominando los nervios conseguía llamar a las autoridades en demanda de auxilio.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes luego de estabilizar al herido, lo trasladaron al hospital general de la comunidad mientras doña Mayra declaraba ante los agentes del orden, dando una descripción de dos de los atacantes a quienes sólo conoce como “El Chuy” y “El Abel”.
De las investigaciones se hicieron cargo elementos ministeriales del grupo contra homicidios.
A punta de cuchillo le arrebataron el costoso teléfono
La Paz, Baja California Sur.- Con la punta de una navaja rozándole el cuerpo, Jesús decidió que era mejor no discutir con el sujeto que a eso de las 10 de la noche del lunes lo interceptó a la salida del estadio Arturo C. Nahl, así que optó por entregar su valioso celular Galaxy para luego ver impotente, cómo el ratero se alejaba muy orondo por las céntricas calles paceñas.
El adolescente de 16 años de edad no tuvo más remedio que esperar la llegada de los agentes municipales de la unidad SP16 a quienes entregó una descripción de su atacante: un sujeto vestido con pantalón azul, camisa amarilla de manga larga.
Con estos datos, los uniformados procedieron a “peinar” las zonas aledañas al estadio de beisbol con infructuosos resultados, por lo que al final pasaron la estafeta a sus homólogos de la Policía Ministerial.
Entre 4 damas sometieron a ratero
Lo sorprendieron de madrugada dentro de una residencia
Alberto Salvador Mancilla Méndez.
La Paz, Baja California Sur.- Rodeado por cuatro damas y un caballero y sin un resquicio por donde escapar, Alberto Salvador Mancilla Méndez se resignó a esperar la llegada de la patrulla de municipales que al filo de las 2 de la madrugada de este martes arribó a una vivienda de la paceña colonia Esterito, donde reportaban la ilegal intromisión de una rata de dos patas.
Los agentes al arribar a Francisco I Madero entre República y Guerrero encontraron a doña Isabel, quincuagenaria dama liderando a 3 féminas más y un caballero que temerariamente sometieron a Alberto Salvador, paceño de 19 años quien se introdujo en una residencia amparado por el manto de la noche.
Sin embargo, el jovencito no imaginó que le harían montón, y en coordinada acción, los moradores de la vivienda lo someterían para entregarlo en charola de plata a los agentes de la unidad SPM1.
Alberto Salvador, quien se confesó adicto a la marihuana, traía consigo una mochila repleta de diversos objetos de valor, sin embargo doña Isabel aseguró que ninguno de ellos le pertenecía, pues le habían “caído” al presunto ratero antes de que pudiera embolsarse algo.
El detenido fue llevado a la barandilla general de la corporación e ingresado en una celda preventiva en espera de que la valiente dama levante la denuncia ante el representante social.
Con golpes y patadas quiso evadir a los ministeriales
José María era buscado por robo
José María Rocha González.
San José del Cabo, Baja California Sur.- Con un sorpresivo y felino movimiento, José María Rocha González se abrió paso entre los ministeriales que la tarde del lunes lo interrogaban, para emprender una fugaz huída que no duró más que unos pocos metros.
Todo comenzó la tarde del lunes, cuando elementos ministeriales que patrullaban las calles de la josefina colonia Guaymitas tuvieron a la vista a José María de 39 años, un rostro ya conocido en los prontuarios policiales, y que en esta ocasión era sujeto de interés en una averiguación previa, de fecha 7 de febrero del presente año, por el delito de robo en lugar habitado o destinado para habitación.
Al percatarse de que los oficiales ya posaban en él sus ojos, José María no pudo ocultar su nerviosismo, que fue in crescendo conforme la patrulla acortaba la distancia.
Una vez frente a frente con los ministeriales, José María accedió al diálogo, pero en el momento más álgido, lanzó varios golpes y patadas, lo que causó una momentánea distracción que el sospechoso aprovechó para salir corriendo.
La táctica de José María dio resultados sólo por un momento, pues metros adelante se impuso la velocidad de la patrulla ministerial que le cortó el paso.
Una vez en poder de los hombres de la ley, Rocha González fue notificado que con sus hechos había presuntamente incurrido en un delito, motivo por el cual fue trasladado a las oficinas de la Policía Ministerial del Estado para los trámites Legales correspondientes al caso, donde fue puesto a disposición ante el Representante Social Especializado en Detenidos.
Presentarán el jueves dictamen sobre feminicidios
OCTAVO DÍA | 11.02.2014 15:18 hrs.
Legisladores integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado.
La Paz, Baja California Sur (BCS). El próximo jueves se abordará el dictamen sobre feminicidios por parte de los diputados para su aprobación y su publicación, informó la diputada independiente Edith Aguilar Villavicencio, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.
Tras aprobarse en la Diputación Permanente del Congreso del Estado un periodo extraordinario, será el jueves cuando se presente con las correcciones que hizo el Ejecutivo del Estado.
El 21 de enero se publicó que Marcos Covarrubias Villaseñor vetó parcialmente las modificaciones al código penal de Baja California Su, debido a que consideraba que existían "deficiencias" en el rubro de las penalidades, así como un error en la colocación de un artículo.
La propuesta es que quien asesine a una mujer y caiga dentro de lo que se llama feminicidio, enfrente una pena mínima de 25 años y una máxima de 50.
Aguilar Villavicencio, entrevistada el 21 de enero, explicó que el mandatario estatal consideró que la penalidad del feminicidio es superior a otros delitos, como el parricidio y que la sanción no era equitativa.
Ayer la diputada independiente comentó que la penalidad quedará igual.
El Gobernador ha manifestado sensibilidad sobre el tema, dijo, por lo que se espera que tras la aprobación la publicación sea antes de diez días.
No hay fondo político en caso de jueces: Gallo Rodríguez
OCTAVO DÍA | 11.02.2014 14:29 hrs.
Daniel Gallo Rodríguez, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de BCS.
La Paz, Baja California Sur (BCS). La apelación presentada dentro del proceso penal que se le sigue a Narciso Agúndez Montaño (NAM) e interpuesta por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJBCS) aún no tiene resolución, informó Daniel Gallo Rodríguez.
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur explicó que este es un recurso de apelación que presentó la PGJBCS en contra del acuerdo dictado por el juez Sergio Aguilar Navarro en el asunto del monto de la caución señalado para que NAM gozara de su libertad provisional.
“Debe estar muy próxima a resolverse ya por el tiempo que tiene, debe estar muy próxima”, expresó.
En cuanto a la queja administrativa, dijo, tampoco hay resolución, pues sigue en periodo probatorio.
Esta última es una queja que presentó también la PGJBCS en contra de la actuación del juez dentro del proceso penal, precisamente, indicó, en relación al monto de la caución que fijó.
Cuestionado sobre si hay una persecución política contra los jueces Sergio Aguilar Delgado y Gerónimo Chávez, el Presidente Magistrado dijo que son procedimientos legales, instaurados y llevados conforme lo marca la ley.
“Yo creo que si hubiera algún tipo de persecución ya tendríamos algún tipo de resolución o a lo mejor se le hubiera dado un tipo de celeridad nada usual, entonces, realmente, queda claro, que no hay fondo político en los procedimientos, son estrictamente legales”, manifestó.
“Sitian” Palacio Municipal
OCTAVO DÍA | 11.02.2014 13:45 hrs.
Alrededor de 40 agentes policiacos se apostaron durante la mañana en Palacio Municipal.
La Paz, Baja California (BCS). Desde primeras horas decenas de policías se instalaron en varios puntos del Palacio Municipal, lo que llamó la atención de trabajadores y contribuyentes que se preguntaban a qué se debía la presencia de los agentes.
Alfonso Valenzuela Cruz, director operativo de la Policía Municipal, informó que sólo estaban ahí “para proteger el edificio”, pero no declaró que fuera por esperar a alguien o un hecho en particular.
El lunes, al ex oficial Juan Antonio Salgado Burgoin le fue impedido realizar un plantón en la explanada del Palacio.
Valenzuela Cruz señaló que usualmente son alrededor de doce elementos quienes custodian el lugar.
Si llegan manifestantes tienen derecho a hacerlo, pero no tapar el acceso principal, añadió.
Federico Riestra Castro, del Departamento de prensa de la Policía, dijo que los elementos no estaban en el lugar por alguna persona o evento en particular.
Entre pasillos, algunos policías dijeron que no podían decir para qué estaban ahí, mientras que trabajadores y contribuyentes comentaban que tal vez habría alguna manifestación.
Alrededor de las 12 del día los agentes comenzaron a retirarse.
Megaoperativo de protección para Rosario Robles
OCTAVO DÍA | 11.02.2014 18:24 hrs.
Elementos del Estado Mayor Presidencial impidieron que la titular de Sedesol, Rosario Robles, tuviera un mayor contacto con la prensa.
Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La visita de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, se caracterizó por el amplio dispositivo de seguridad coordinado por el Estado Mayor Presidencial.
Algunos de los escoltas impidieron un mayor acercamiento entre la titular de Desarrollo Social y los medios, cuyo contacto fue breve, e incluso intentaron impedir que se le tomaran fotografías.
El convoy que llevó de un evento a otro a la funcionaria federal superaba la docena de vehículos y fue escoltado por elementos de la policía municipal a bordo de motocicletas, de igual forma algunas patrullas y camionetas tipo suburban.
En las inmediaciones del hotel donde se efectuó la reunión de evaluación de acciones del Comité Estatal de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se pudo constatar el amplio dispositivo de seguridad coordinado por el Estado Mayor Presidencial en conjunto con la Marina, policía estatal y elementos municipales.
Hoy Robles Berlanga estuvo en Los Cabos presidiendo una serien de eventos donde anunció que la Cruzada contra el Hambre se hará extensiva a todo el estado.
POSTED FEBRERO 11, 2014 12:00 PM BY GERARDO ZUNIGA PACHECO
Trece cuentas del Ayuntamiento de La Paz fueron embargadas luego de más de 11 años de juicio laboral. La orden fue girada por el tribunal el 30 de enero. “¿Quieren culpables? Es muy fácil que revisen el expediente y vean todos los nombres de los actores que participaron de principio a fin en el juicio”, plantea el secretario general de Gobierno
La Paz, Baja California Sur.- Retrasado, y casi como una burla, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, resolvió el caso del finiquito de la ex directora de Asentamiento Humanos del XI Ayuntamiento de La Paz, Juana Rosa Isela Avilés Núñez.
Después de más de once años del juicio laboral, bajo el número de expediente 45/2003, el cuerpo colegiado, integrado por tres árbitros, determinó embargar 13 cuentas bancarias del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, y garantizar el pago de la liquidación de 19 millones 385 mil 052 pesos con 10 centavos por un laudo definitivo decretado en 2006.
El 30 de enero de 2014, desde el tribunal salió la orden de confiscación de las cuentas de inversión y cheques, así como cajas de seguridad y contratos bursátiles, incluyendo cualquier saldo que hubiera a favor del Municipio de La Paz en los bancos Banorte, Banamex, Santander Serfín y Banco Azteca.
Bajo el número de oficio 440/2013, el presidente y la secretaria de Acuerdos del tribunal -Ricardo Alberto Díaz Carrasco y Yeraldí María Eugenia Alonso Burgos- notificaron a cada director o representante bancario que “una vez trabado el embargo, deberán inmovilizar los fondos existentes en las mencionadas cuentas por la cantidad embargada, para que el Ayuntamiento o Municipio de La Paz no haga uso de las mismas, ni disponga de los recursos depositados en ellas, y deberán ponerlos a disposición de la ex trabajadora por conducto de este tribunal”.
Para consolidar la ejecución de la sentencia, “después de ocho años de retraso indebido y evasión maliciosa para proteger al Ayuntamiento de La Paz” -según la defensa jurídica de la ex funcionaria, Salvador Krieb Almeida-, “tuvimos que agotar todas las instancias legales en cuanto al fondo del asunto, y presentar quejas y denuncias penales en contra del ex presidente y actual titular del tribunal burocrático, por la omisión e incumplimiento de la resolución”.
Luego de lograr el laudo firme a su favor, y tras derrotar en los tribunales a los ex alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Guluarte Castro y Víctor Manuel Castro Cosío, la ex directora de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento de La Paz estuvo a la espera de la liquidación, que nunca llegó, porque “el gobierno municipal recurrió a argucias legaloides como interponer recursos de revisión y amparos para alargar el proceso”, hasta que -de acuerdo al representante legal- “perdieron todo y no había nada que hacer en materia jurídica, y aun así, se negaron a pagar el finiquito de todas formas”.
La última vez, durante una diligencia de embargo, el 27 de enero de 2014, el Ayuntamiento de La Paz fue notificado del requerimiento del pago, e inclusive, con base al Artículo 509 del Código de Procedimiento Civiles, fue solicitado que “como primer derecho la autoridad señalara algún bien mueble o inmueble que avalara la cantidad del finiquito, por ser la parte deudora”.
La diligencia comenzó a las 2:25 de la tarde, y estuvieron presentes un actuario del tribunal burocrático, la defensa legal de la ex trabajadora, Salvador Krieb Almeida y el director de Asuntos Jurídicos, Edwin Navarro Muro, además de la abogada Claudia Yadira Ramírez.
Sin embargo, el represente legal del Ayuntamiento se negó y nuevamente aseguró que “no pagaría nada a la ex trabajadora porque -a su juicio- era ilegal e injusto” y también porque “los bienes del gobierno eran imprescriptibles, inalienables e inembargables”, por lo que -según el acta- “el derecho pasó al interesado (defensa de la ex trabajadora) y fue invitado a señalar entonces algún bien mueble o inmueble y proceder al embargo, el cual se abstuvo durante la diligencia y expresó que posteriormente lo haría”.
Al día siguiente, el defensor de la ex funcionaria, Juana Rosa Isela Avilés Núñez, presentó la solicitud de decretar la confiscación de cuentas bancarias, y después del análisis y revisión por parte del cuerpo colegiado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, fue declarado procedente.
El propio presidente del tribunal, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, dijo a ZETA que la decisión fue tomada en base a los siguientes argumentos:
1. La existencia de una laudo condenatorio, el cual no se había ejecutado en tiempo y forma, contraviniendo el Artículo 17 de la Constitución Política de México, que transcribe: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para implementarla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
2. La confirmación del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, en la revisión del juicio de amparo y resuelto el 10 de octubre del 2013, bajo el número de expediente 70/2013, donde fue establecido que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, es la “autoridad responsable” de resolver el procedimiento de ejecución del juicio laboral, cuyas “resoluciones son inapelables y deben cumplirse por las autoridades”, las cuales “no admiten ningún recurso y deberán ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes, dado que se trata de una de las obligaciones, prevista por la propia ley, para las entidades públicas, entre las que se encuentran los municipios”.
3. La admisión del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito de que “la relación existente entre la quejosa y el municipio reviste un plano de igualdad en el que el vínculo jurídico es de índole laboral, no de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio y vestidura pública y un particular, cuyo juicio derivó de una relación de igualdad, porque nació de un acto de coordinación”.
4. Aunque el Artículo 40 de la Ley de Deudo Pública especifica que son los bienes del Municipio son inembargables en caso de bienes del dominio público, el Artículo 164 de la Ley Orgánica Municipal de Baja California Sur, establece claramente que “en caso de laudo laboral que condene al ayuntamiento al pago de prestaciones a favor de los trabajadores los bienes del dominio privado (relacionado al dinero) del municipio, podrán ser embargados para efecto de garantizar los derechos laborales”.
El 6 de noviembre de 2003, la ex directora de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento de La Paz, Juana Rosa Isela Avilés Núñez, presentó una demanda en la vía ordinaria laboral en contra del gobierno municipal, tras haber sido despedida por el ex alcalde perredista Víctor Manuel Guluarte Castro.
En el expediente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipio -cuya copia obra en manos de ZETA- quedó asentado que la ex funcionaria solicitaba lo siguiente:
* El pago de tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, a razón de un salario diario integrado de 340 pesos con 85 centavos.}
* El pago de los salarios caídos o vencidos, desde la fecha del despido injustificado, hasta aquella en que se cumpliere el laudo definitivo que se dicte en este juicio.
* El pago de la prima de antigüedad, a razón del goce de 12 días de salario por cada año de servicios prestados.
* El pago de vacaciones proporcionales y prima vacacional por el periodo del primero de diciembre de 2002 al 17 de julio de 2033, a razón de 340 pesos con 85 centavos, más la prima adicional del 50 por ciento correspondiente al mismo periodo.
* El pago de la parte proporcional del aguinaldo, que comprende del 1 de enero al 17 de julio de 2003.
* El pago de días festivos y prima vacacional por concepto de 180 días de descanso obligatorio laborados por la demandante, más una prima adicional del 25% del salario integrado, siendo estos dos domingos de cada mes, desde el año 1996 a junio de 2003.
* El pago de aportaciones y actualizaciones de cotizaciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) a su favor, durante el tiempo que laboró, el cual comprende del 1 de diciembre de 1983 al 17 de julio de 2003, a razón de un salario diario de 340 pesos con 85 centavos.
* El pago de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y FOVISSSTE, de la cantidad que resulte del 7% del salario de la demandante, y que debió depositarse en la cuenta individual por el periodo comprendido del 1 de diciembre de 1983, al 17 de julio de 2003.
Después de iniciar el juicio laboral, y tras terminar el periodo de entrega de pruebas y alegatos, el 10 de octubre de 2006, el tribunal condenó al Ayuntamiento de La Paz a pagar una indemnización de 15 millones de pesos a favor de la ex funcionaria.
Por una defensa legal que dejó mucho que desear -según el representante legal de la ex directora de Asentamientos Humanos-, el gobierno del ex alcalde Víctor Manuel Guluarte Castro presentó un solo amparo directo en todo el juicio, y prácticamente heredó el conflicto laboral a su sucesor, Víctor Manuel Castro Cosío.
A falta de un buen equipo de abogados, el estrenado alcalde perdió el juicio en el segundo año de gobierno, y tras argucias legaloides, fue llevando el caso a través de amparos indirectos hasta lograr sucederlo a su predecesora y también edil del PRD, Rosa Delia Cota Montaño, cuando entró en 2008.
Durante el gobierno de la ex alcaldesa, y con una defensa encabezada por su hijo Gabriel Cota Montaño y un grupo de allegados, no supieron cómo resolver, y el 28 de octubre de 2010 sobrevino la resolución final del tribunal burocrático, el cual decretó la firmeza del laudo, al haberse determinado en cantidad líquida lo que debía pagar la parte demandada.
De 2003 a 2011 -cuando salió la ex alcaldesa, Rosa Delia Cota Montaño-, la deuda creció y se fue actualizando hasta quedar -en 2012- en 19 millones 385 mil 052 pesos con 10 centavos.
En los gobiernos del PRD, unos a otros se echaron la papa caliente y se heredaron entre sí el problema, donde mucho tuvo que ver la complicidad de los presidentes del tribunal burocrático.
Uno de ellos, el ex décimo segundo regidor del gobierno de Víctor Manuel Guluarte Castro, Luis Fernando Salgado Miranda, quien como presidente del tribunal archivó el caso y fue omiso, se presentaron las siguientes denuncias penales y quejas en su contra:
* El 20 de junio de 2012 fue denunciado penalmente en la Agencia del Ministerio del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y lo que resulte. Bajo el número de Averiguación Previa LPZ/073/SPB/12, el funcionario fue acusado de negarse a ejecutar un laudo condenatorio en contra del Ayuntamiento de La Paz por la parte afectada en el juicio laboral 45/2003.
* El 5 de octubre de 2012 fue denunciado penalmente en la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR), por la comisión de los posibles delitos de omisiones, al estar retardando indebidamente y evadiendo maliciosamente la ejecutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito, dentro del juicio de amparo 1039/09 sobre el juicio laboral 45/2003, quedando registrada bajo el número de Averiguación Previa PGR/BCS/LP-1/158/2012.
* El 5 de abril de 2013 fue presentada una queja en la Contraloría General del Estado por la negativa del entonces presidente del tribunal burocrático de ejecutar la sentencia ordenada a favor de la ex directora de Asentamientos Humanos, desplegando una conducta que se encuentra tipificada por el Artículo 46 Fracción I y XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que no ha querido cumplir una diligencia de sentencia que es obligatoria en asuntos de su competencia.
Obviamente, con un laudo firme, agotadas las instancias legales y perdidos todos los amparos y juicios de revisión, el Ayuntamiento de La Paz prácticamente estaba condenado a pagar el finiquito, de una u otra manera.
Desde que la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, asumió el poder -según el defensor legal de la ex funcionaria, Salvador Krieb Almeida-, “tuvieron acercamiento para llegar a un acuerdo, inclusive fue presentada la propuesta de resolver el finiquito con el pago de 15 millones; cinco millones a la firma de un contrato y un millón mensual hasta liquidar la deuda”.
Sin embargo, el director de Asuntos Jurídicos, Edwin Navarro Muro, “ilusamente” -de acuerdo a la defensa de la ex trabajadora- “pensó que por ser gobierno no iba a pasar nada y que iban a seguir heredando la sentencia hasta que terminara la administración de la alcaldesa de La Paz, a través de amparos y revisiones de juicios de amparos, dando una interpretación errónea a la Ley”.
Inclusive, el último día de la notificación todavía se río -refiere el abogado Krieb-, y minimizando al tribunal burocrático, expuso que no pasaría “nada”.
El propio presidente del tribunal, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, argumentó que “el embargo es una decisión legal en contra del ayuntamiento, y los representantes no quisieron llegar a ningún acuerdo con el demandante o resolver la controversia laboral, desde que iniciaron, a pesar de que tenían conocimiento de que era un asunto muy viejo y que prácticamente era cosa juzgada, llegamos al punto que desgraciadamente ya no había nada qué hacer más que ejecutar la sentencia”.
Como era de esperarse, el caso reventó en las manos de la alcaldesa emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Esthela Ponce Beltrán, y representó un fuerte descalabro político en la víspera del proceso electoral hacia 2015.
El embargo de las cuentas bancarias no únicamente golpeó el sueño de convertirse en candidata a gobernadora del tricolor, sino que exhibió de tajo la ineptitud de sus colaboradores, quienes -según el presidente del tribunal burocrático- “son los responsables de haber generado ese grave problema”.
— El secretario general del Ayuntamiento, Guillermo Beltrán Rochín, comentó que presentarían denuncias penales contra los responsables de la situación que están viviendo…
“¿Quieren culpables? Es muy fácil que revisen el expediente y vean todos los nombres de los actores que participaron de principio a fin en el juicio laboral, ahí van encontrar muchos nombres de quienes son los responsables de lo que actualmente sucede en el gobierno municipal”.
Los mil 250 empleados sindicalizados y 2 mil 400 del resto de las categorías del ayuntamiento paceño, prácticamente se quedaron sin cobrar en la última quincena de enero, mientras proveedores, patrullas y camiones de basura empezaban -al cierre de esta edición- a resentir los estragos por la falta de dinero en la comuna.
Peor aún, según el presidente del tribunal, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, “la alcaldesa está recibiendo mucha información incompleta e interpretaciones erróneas de sus asesores”, porque “creen que el término ‘inalienables’ significa que todos los bienes son inembargables”, y “están en un grave error”, porque la Ley Orgánica Municipal establece que “los bienes del dominio privado, donde aparece el dinero, es embargable en caso un laudo laboral”, de lo contrario, habría una total impunidad del no pago de los ayuntamientos.
“¿Dónde quedaría entonces el derecho y la garantía fundamental de todos? No debemos perder de vista que sería muy grave caer en un estado de simulación de justicia, o incompleta y no pareja”, expresó, para agregar: “¿Qué caso tendría la existencia de este tribunal para impartir justicia laboral, si cuando el trabajador viene y demanda y sigue todo un procedimiento, al final de cuentas gana o el juicio es a su favor? Resulta que no puede cobrar su finiquito porque es incobrable, y no hay forma de cómo ejecutar el cobro a ninguna autoridad, entonces, ¿dónde queda el derecho del ciudadano? O sea, ¿nadie puede actuar contra las autoridades? Así nunca iban a responder por las deudas de quienes fueron sus trabajadores, porque no quiero y soy inembargable, y punto”.
Para Díaz Carrasco, “sinceramente es preocupante ese tipo de interpretaciones a la Ley, porque puedan aplicarla a proveedores o personas que expropien la tierra, y van a querer vivir en un estado de absoluta impunidad del no pago, porque nadie puede obligarlos, porque son inembargables”.
Luego del embargo de las cuentas, el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Guillermo Beltrán Rochín, anunció el lunes 3 de febrero que solicitaría la protección de la justicia federal y presentaron un amparo para que el congelamiento de las cuentas bancarias fuera levantado.
No obstante, el gobierno municipal no entregó los juegos de copias completos -según datos publicados en los estrados del Poder Judicial de la Federal-, por lo que “el embargo seguía firme hasta que sean entregadas las copias, y entonces el Juzgado de Distrito acuerde si se admite o no el juicio de amparo, y se concede o no la suspensión provisional”.
Un abogado consultado por ZETA afirmó que “una vez consumado el embargo, era muy difícil que legalmente el Juzgado de Distrito pueda levantar el embargo a favor del ayuntamiento, sobre todo porque ha perdido prácticamente todos los amparos y hay de por medio un laudo laboral, lo que significa que la única salida de destrabar las cuentas, es pagar el finiquito, de lo contrario, a lo máximo que pueden aspirar los jueces federales, es que orden que las cosas sigan como están, es decir, el embargo”.
La única vez en todo el proceso legal que el ayuntamiento local logró echar abajo un asunto de la ex trabajadora, fue cuando en la revisión del juicio de amparo número 70/2013, logró que fuera revocada la sentencia donde había decretado que “el Municipio no era autoridad responsable para efectos del amparo”, después de que el secretario general del Ayuntamiento, Guillermo Beltrán Rochín, y el director de Asuntos Jurídicos, Edwin Navarro Muro, fueron a visitar al magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, Alejandro Gracia Gómez.
Sin embargo, según el expediente, la decisión se revirtió porque los jueces resolvieron que “el ayuntamiento y la ex trabajadora estaban en igualdad de circunstancia, porque nació de una relación de coordinación”, lo que dio la pauta para consumar el embargo.
En un pésimo manejo de crisis, y ante la evidente falta de asesores, la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, dio muestra de intolerancia al declarar que la decisión del tribunal burocrático era “tramposa y amañada”, inclusive, expuso que el embargo de cuentas era “una revancha política”, a pesar de que tenía muy clara la película de los antecedentes del juicio laboral.
Públicamente y sin cuidar las formas, la edil priista llevó el caso ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, quienes -presumió- “me han mostrado su total respaldo”, como una estrategia de amagar a la autoridad.
Peor aún, muy seguro de sí mismo, el secretario general del ayuntamiento paceño, Guillermo Beltrán Rochín, externó que “el caso se iba a resolver si había voluntad política”, lo que de inmediato fue atajado por el presidente del tribunal burocrático, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, al afirmar que “el juicio no era político, sino jurídico”, y “ni el presidente, ni el gobernador y los secretarios de despacho, tenían nada que hacer en las decisiones de un órgano autónomo”.
Y remató: “Las decisiones se combaten desde los tribunales, no desde una oficina de gobierno”.
Al cierre de esta edición, los bancos no habían remitido la información requerida por el tribunal burocrático sobre las cantidades que se tenían en cada una de las cuentas, y que representan el segundo paso para iniciar la liquidación de la ex trabajadora; por lo que la tardanza indebida estaba siendo tomada como desacato a una autoridad, lo que podría desencadenar acciones legales y quejas en contra de los directivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conductas contrarias a la Ley.
POSTED FEBRERO 11, 2014 12:01 PM BY ALEJANDRO ACUÑA
POSTED FEBRERO 11, 2014 12:00 PM BY ALEJANDRO ACUÑA
Decretan veda permanente de tiburón blanco
La delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dio a conocer la veda permanente para la especie de tiburón blanco, después de que la resolución fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación.
El subdelegado de Pesca, Marco Antonio Muratalla Olivas, explicó a ZETA que la veda entró en vigor en el Océano Pacífico y el Golfo de México, en virtud de que “el tiburón blanco ha sido una de las especies más atacadas por la pesca, a tal grado que la población fue disminuyendo a punto de casi extinguirse.
“La veda es única y exclusivamente para la especie de tiburón blanco, porque como sabemos, son varias especies de tiburón, y específicamente estamos protegiendo al blanco, que vive una situación crítica”, comentó.
No obstante, durante más de una década, grupos conservacionistas habían luchado por regular la pesca de esta especie, la cual, la mayoría de las veces, solo es perseguida y capturada por sus aletas.
“Lo que más produce en el mundo (y), lo que más ingreso deja, es el aleteo, es decir, aprovechar la aleta, en México se aprovecha todo el tiburón, actualmente un tiburón vivo llega a valer hasta 1.9 millones de dólares, y un tiburón muerto genera unos cientos de dólares”, expuso la bióloga marina Estrella Navarro.
Por esta razón, la SAGARPA estableció que “todo aquel que no siga los lineamientos de pesca y pesque tiburón blanco, será acreedor a una fuerte multa, ya que biológicamente es una especie que tarda en reproducirse y ya se lo estaban acabando”.
Muratalla Olivas recordó que “el proceso reproductivo del tiburón blanco es lento, y se requiere de cuando menos de 14 años para poder duplicar el número de especímenes que actualmente existen en los litorales. Por eso es la preocupación del gobierno mexicano, porque se nos puede extinguir”.
Por su parte, investigadores como el biólogo Juan Manuel Silva, consideran que “sí se respeta esta veda y las autoridades vigilan correctamente, el tiburón iniciará su próxima recuperación en el número de poblaciones en los litorales mexicanos”.
El investigador del CET del Mar en La Paz concluyó que “el tiburón en general ha sido una de las especies más azotadas por la sobrepesca y la pesca incidental, ha sido una especie muy impactada, de hecho cuando se hacen censos, hay especies que ya no se les encuentran tan fácil, y ahí es que cuando se dan cuenta que ha mermado. Creo que estamos en foco amarillo, hay que ponerle atención y controlar más las pescas a través de las autoridades que les toca esta responsabilidad”.
Publicado por SERGIO en 7:01

References: resolución 
 Artículo 509
 Artículo 17
 Artículo 40
 Artículo 164
 resolución 
 Artículo 46
 resolución