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Timestamp: 2018-07-22 06:44:06+00:00

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Reciente STC español sobre el matrimonio homosexual
Contraer matrimonio está contemplado como un derecho-institución en ambos lados de nuestro mar Atlántico.
Son varios los Tratados internacionales que lo recogen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su articulo 16, el Pacto Internacional de Nueva York (PIDCyP) la refiere en su artículo 23 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) en su artículo 12 -consultense referencias-. Y todas ellas tratan de la relación entre un hombre y una mujer.
En España su carta constitucional le dedica un artículo, el número 33, entendiéndolo como uno de los derechos que, sin ser fundamentales y consecuentemente careciendo de especial protección, es admitido en el ordenamiento jurídico y regulado por la Ley.
Lo norma, como en todos los países latinoamericanos, el Código Civil que se convierte en elemento vertebrador del mandato iusconstitucional.
Pero, esta relación entre personas de distinto sexo, ¿es la única posible?
Fue a mediados del año 2005 cuando España inició, entre los de nuestra comunidad castellanoparlantes, un cambio trascendental que ahora está siendo retomado por otros países de su entorno cultural.
En julio, la Ley 13/2005 modificó el requisito de heterosexualidad para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo al igual que, para entonces, ya era permitido en los Paises Bajos y Bélgica.
Inmediatamente fue interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por un partido político para aquel entonces en la oposición.
Recurso, el de inconstitucionalidad, que como mecanismo corrector se activa ya por razones de forma (rango normativo o por infracción procedimental) ya de fondo o contenido y, cuya finalidad no es otra que la de corregir aquellas actuaciones legislativas que atenten contra el espíritu constitucional que debe formar todo el cuerpo normativo.
El fallo del pleno de la instancia constitucional española, del pasado mes de noviembre del 2012 siete años después, contó con cuatro votos particulares –opiniones no coincidentes-- de sus once miembros.
Nos permitimos destacar, aunque sea muy someramente dos aspectos concretos, descuidando por razones de espacio muchos otros.
Analizamos por una parte el estatus del matrimonio desde la visión constitucional y, por otra el concepto de Igualdad que subyace en la reclamación.
Quedan satisfechas nuestras pretensiones con divulgar la resolución judicial para que pueda ser estudiada y empleada en lo que fuere preciso, por aportar un resumen de principios y nociones de candente trascendencia en nuestros tiempos y que se pueden extrapolar a situaciones parecidas.
Respecto al primero de los puntos, la familia, dice el juzgador—Fundamento Jurídico 5 in fine --que la protección de la familia, en particular las matrimoniales tal como se desprende del artículo 32 se regula separadamente del matrimonio. Tal como efectivamente constata la realidad social, existen familias no matrimoniales por lo que, expresa el órgano jurisdiccional, no se puede dejar de contemplar a la familia homosexual como una de esas posibilidades.
Más adelante, en el Fundamento Jurídico 6, define el matrimonio como garantía institucional y derecho constitucional cuyo desarrollo jurídico ex art. 32.2 CE “debe respetar su contenido esencial”.
En cuanto garantía institucional, la labor del Tribunal Constitucional es la de proteger al matrimonio de intentos de supresión o desnaturalización que resulten de actuaciones u omisiones de cualquiera de los entes del Estado español.
Téngase en cuenta la amplia cobertura que genera el aspecto objetivo de los Derechos y que obliga a todos los Poderes Públicos.
Al evaluar si efectivamente ocurre una deformación de la institución del matrimonio, la decisión jurisdiccional concluye –en el Fundamento Jurídico 8-- que la modificación realizada en el Código Civil --“el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo” – no atenta en modo alguno su esencia.
Lo justifica haciendo propio el razonamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –STEDH Schalk y Kopf c. Austria-- de que “en los años 50, el matrimonio era, evidentemente, entendido en el sentido tradicional de unión entre dos personas de sexo diferente” y, por otra parte evocando que la voluntad del constituyente era, respecto al matrimonio, dejar sentado la igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio.
En su Fundamento Jurídico 3, el juzgador aborda directamente el motivo principal de la impugnación, esto es, la “vulneración del principio de igualdad ...,la equiparación de derechos ...entre parejas del mismo sexo y parejas de distinto sexo”.
Y razona que no existe tal infracción al Principio de Igualdad –uno de los que sustenta la estructura jurídica nacional-- al apuntar que la doctrina de “discriminación por indiferenciación” faculta al legislador a que trate de manera distinta a los que sean diferentes.
Es así como en nuestro caso concreto el legislador, justifica la Sentencia del Tribunal Constitucional, norma dos escenarios distintos, el de parejas heterosexuales y el de homosexuales pero de manera uniforme en cada uno de los casos.
Esta “discriminación por indiferenciación” debe cumplir dos requisitos, ser razonable y han de ser proporcionales su finalidad y sus consecuencias.
Aspectos éstos que ve el Tribunal totalmente cumplidos.
Se invoca, además, el concepto de “desigualdad por exceso de igualdad” que permite contemplar –y proteger-- casos específicos como el de las uniones homosexuales.
A efectos de explicar la “actualización” de la Constitución, lectura evolutiva le llama, alude al criterio de interpretación evolutiva --que trae de la sentencia Privy Council, en el caso de Edwards c. Attorney General for Canada en 1930—.
Es así como desarrolla la noción de Cultura Jurídica para significar el aggiornamento del Derecho que ha de ser tenido en cuenta por el Tribunal Constitucional al interpretar la Ley.
Para terminar resaltamos por su pertinencia con el concepto de familia y matrimonio que nos interesa, uno de los votos partículares que hace hincapié en el componente sexual de la relación –uno de ellos, obviamente no el único-- con una finalidad de perpetuación de la especie contrario a lo mantenido años atrás por el mismo Tribunal --veáse Fundamento Jurídico 2 del ATC 222/1994--.
Como se podrá extraer de la lectura del documento iusprudencial, queda abierto el camino a las más variadas opiniones e interpretaciones.
→ Declaración Universal de los Derechos Humanos http://www.un.org/es/documents/udhr/
→ PIDCyP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
→ CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/Convention_SPA.pdf
→ STC 198/2012 del 6 de noviembre del 2012
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23106#complete_resolucion&completa
→ CE Constitución española http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=0&p=20110927#a32
→ STEDH en el asunto Schalk y Kopf c. Austria, de 24 de junio de 2010 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22dmdocnumber%22:[%22870457%22],%22itemid%22:[%22001-99605%22]}
→ Auto del Tribunal Constitucional 222/1994, de 11 de julio de 1994
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/16344

References: artículo 23
 artículo 12
 resolución 
in fine
 artículo 32
e contrario