Source: http://derechodelacompetencia.blogspot.com/2008/05/
Timestamp: 2017-08-18 20:05:07+00:00

Document:
Derecho de la Competencia: mayo 2008
Publicado por Juan David Gutiérrez Rodríguez en 18:35 1 comentarios
En el marco de la UNCTAD XII, se llevó a cabo una actividad paralela relacionada con el Programa COMPAL. El Programa COMPAL proporciona asistencia en materia de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor a cinco países de América Latina, siendo éstos, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Perú. En el evento paralelo, que se llevó a cabo en Ginebra el pasado 23 de Abril, se expusieron las actividades del COMPAL y se discutió "acerca de las lecciones del Programa y otras iniciativas de capacitación incluyendo una posible aplicación del mismo en otras regiones."
Publicado por Juan David Gutiérrez Rodríguez en 19:51 0 comentarios
Etiquetas: COMPAL, Latinoamérica, UNCTAD
Analizando la vigencia de los artículos de la primera ley de competencia expedida en Colombia, la Ley 155 de 1959, me topé hace unos meses con una norma que poco ha sido estudiada en Colombia: el Decreto 3236 del 10 de diciembre de 1962 "por medio del cual se reglamentan las disposiciones antimonopólicas consagradas por la Ley 155 de 1959".
Esta norma que reglamentó la Ley 155 tuvo una vida muy corta pues fue derogada explícitamente por el artículo 20 del Decreto 1302 de 1964. No obstante lo anterior, algunas de las disposiciones del Decreto 3236 de 1962 dan luces sobre la teleología de la Ley 155 de 1959 y sobre la vigencia de varios de sus artículos.
Por esta razón considero pertinente transcribir el contenido de este decreto, publicado en la el Diario Oficial del 19 de enero de 1963, el cual es tomado direcamente de dicha versión:
Se reglamentan las disposiciones antimonopolistas
DECRETO NÚMERO 3236 DE 1962
Por medio del cual se reglamentan las disposiciones antimonopolistas consagradas por la Ley 155 de 1959.
Artículo 1º. Para efectos de la autorización facultativa que se consagra en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 155 de 1959, en la celebración de acuerdos o convenios limitativos de la libre competencia a través de las concentraciones jurídico-económicas, se consideran sectores básicos de interés para la economía y bienestar social, los siguientes:
a) El procesamiento manufacturero y de artículos destinados a satisfacer la alimentación, vestuario, sanidad, vivienda, combustibles y demás bienes de consumo esencial o frecuente dentro de la estructura del gasto de las familias;
b) Las industrias dedicadas a la prestación de los servicios de transporte, energía eléctrica, acueductos, oleoductos, gasoductos, telecomunicaciones, bancarios, seguros y educacionales, y
c) Todas aquellas actividades económicas que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, tengan o llegaren a tener en lo futuro el carácter de industrias básicas o complementarias a la producción de hierro.
Artículo 2º. El Gobierno no podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios de concentraciones jurídico-económicas cuando tiendan a controlar simultáneamente actividades económicas inherentes a los sectores agropecuarios, industriales y comerciales.
Artículo 3º. Las funciones de vigilancia que se consagran en el artículo 2º de la Ley 155 de 1959, serán ejercidas por la Superintendencia de Regulación Económica o por las entidades gubernamentales delegadas, mediante el estudio de los siguientes documentos que deben suministrar semestralmente las empresas sujetas a la intervención del Estado.
a) Balances contables y sus respectivos anexos demostrativos de las operaciones industriales y del porcentaje de las utilidades obtenidas en proporción al capital invertido.
b) Informes comprobatorios de los costos netos de producción y de las reservas presupuestales diferidas y destinadas a la amortización de las inversiones industriales hechas por la respectiva empresa, al igual que otra clase de reservas.
c) Listas de precios de los productos o artículos manufacturados y sus respectivas escalas para la distribución y venta de los mismos, a niveles mayoristas y minoristas.
d) Muestras de los productos o artículos manufacturados para verificar su calidad, peso y empaque, y la observancia de las normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y artículos manufacturados.
e) Informes sobre existencia, orígenes y costos de las materias primas procesadas y de saldos en disponibilidad.
f) Informe sobre la proporción de las materias primas nacionales y extranjeras incorporadas en el procesamiento industrial, y sobre programas tendientes a fomentar su producción total en el país.
g) Informes sobre los sistemas de transportes, distribución y venta de los productos o artículos manufacturados.
h) Informes sobre los mercados y territorios abastecidos por la respectiva producción industrial y sobre el volumen de las ventas realizadas en tales mercados y territorios.
i) Informe sobre el personal de trabajadores ocupados por la respectiva empresa industrial, sobre el monto de los sueldos y salarios y sobre las prestaciones sociales asistenciales dispensadas.
j) Una memoria descriptiva de los equipos industriales, de sus costos de adquisición e instalación, de su capacidad de producción y de las ampliaciones y mejoras programadas.
k) Informes sobre el monto de impuestos nacionales, departamentales y municipales pagados anualmente por la respectiva empresa industrial, y
l) Un esquema sobre los sistemas de distribución ilustrados con información de la empresa y el sector comercial.
Artículo 4º. La Superintendencia de Regulación Económica podrá delegar las funciones de vigilancia y control conferidas por la ley, a los Gobernantes de los Departamentos y a los Alcaldes Municipales de los Distritos que tengan más de veinticinco mil (25.000) habitantes. Los Gobernantes podrán subdelegar estas funciones previa autorización especial de la Superintendencia de Regulación Económica.
Artículo 5º. Para los efectos del parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley, se considera como indebida restricción a la libre competencia:
a) Toda propuesta de concentración jurídico-económica que pretenda la absorción de producción, distribución y venta de bienes de consumo esencial o la prestación de servicios a niveles que sobrepasen los requerimientos de la demanda y consumo en la respectiva zona de operaciones de las empresas industriales, en un cincuenta por ciento (50%).
b) Toda propuesta de concentración jurídico-económica que haya estado precedida por la celebración de convenios privados y en la modalidad conocida con el nombre de “Pactos de Caballeros”, y
c) Toda propuesta de concentración jurídico-económica que haya sido determinada por el bloqueo o desmovilización de las empresas independientes, mediante la venta de bienes o la prestación de servicios por debajo de l precio de costo.
Artículo 6º. Para los efectos de la autorización presuntiva que se establece en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley, el término de treinta (30) días empezará a contarse desde la fecha en que la respectiva solicitud de fusión, consolidación o integración jurídico-económica pase al estudio del Consejo Directivo de la Superintendencia de Regulación Económica. Esta circunstancia deberá hacerse constar en el correspondiente libro de reparto de los negocios sometidos al estudio del citado organismo.
Artículo 7º. Toda solicitud tendiente a lograr la autorización estatal para la celebración de concentraciones jurídico-económicas deberá contener los siguientes informativos:
a) Certificación espedida por la Superintendencia de Regulación Económica sobre la circunstancia de que ninguna de las empresas que pretenden fusionarse ha sido sancionada o reconvenida por la práctica de sistemas o procedimientos restrictivos de la libre competencia;
b) La capacidad de producción , los mercados y territorios abastecidos por las empresas que pretendan fusionarse;
c) Los sistemas de transporte, distribución y venta establecidos por la empresas que pretendan fusionarse, y
d) Certificación de la Superintendencia de Regulación Económica sobre presentación de los documentos exigidos por el artículo 3º del presente Decreto, correspondientes al semestre anterior a la fecha de solicitud.
Artículo 8º. Las autorizaciones que el Gobierno Nacional confiera o haya conferido para la consolidación, fusión o integración de empresas industriales dedicadas a una misma actividad económica, podrán ser suspendidas temporalmente o revocadas, cuando se compruebe la violación de las normas antimonopólicas consagradas por la Ley 155 de 1959 por parte del consorcio industrial integrado por la concentración jurídico-económica de las empresas que operaban independientemente.
Artículo 9º. Los consorcios industriales que existían antes de la vigencia de la Ley 155 de 1959, y las concentraciones jurídico-económicas que se hayan organizado con posterioridad a su vigencia deberán presentar a al Superintendencia de Regulación Económica dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia del presente Decreto reglamentario; los documentos requeridos por el artículo 3º de este estatuto, y necesitarán autorización de la citada entidad para continuar ejerciendo sus actividades económicas.
Artículo 10. Para el control de las incompatibilidades establecidas por el artículo 5º de la Ley 155 de 1959, las empresas industriales sujetas a la intervención del Estado, deberán presentarse semestralmente a al Superintendencia de Regulación Económica las nóminas de la juntas Directivas y de los funcionarios de representación legal, dirección y administración. Tales incompatibilidades extiéndanse a los dependientes de las respectivas empresas industriales que ejerzan funciones distintas a la dirección o administración de las mismas.
Artículo 11. Para efecto de la restricción consagrada por el artículo 6º de la Ley 155 de 1959, se considera como interpuesta persona aquella que configure presuntivamente nexos de dependencia económica o de índole familiar dentro del cuarto grado civil de consaguinidad o segundo de afinidad, con respecto a los funcionarios sujetos e incompatibilidad.
Artículo 12. La distribución y venta que se prohíben por el artículo 6º de la Ley, comprenden la venta mayorista o minorista de los bienes o servicios en establecimientos públicos, en residencias particulares o mediante sistemas ambulantes.
Artículo 13. Para efectos de la restricción establecida por el artículo 7º de la Ley, constituyen competencia desleal por parte de las empresas industriales que distribuyan directamente o por medio de filiales, sus propios bienes de producción, la ausencia de escalas de precios o la promoción de venta a domicilio por sistemas que impliquen incentivos distintos de la libre competencia.
Artículo 14. Para efectos de la restricción establecida por el artículo 8º de la Ley, constituye acaparamiento monopolista toda concentración de bienes que sobrepase los niveles que demanda el consumo en el territorio o mercados abastecidos por la respectiva empresa distribuidora.
Artículo 15. La observancia de los precios de venta al público, establecida por el artículo 9º de la Ley, comprende el precio unitario de los productos y artículos manufacturados y el de sus accesorios o aditamentos complementarios.
Artículo 16. Además de los actos o hechos que por el artículo 11 de la Ley se califican como constitutivos de competencia desleal, se consideran tales como los siguientes.
a) La destrucción de materias primas, de productos agropecuarios e industriales en cualquier grado de elaboración o de producción; o la destrucción de los medios destinados a producirlos o transportarlos, bajo el propósito de provocar alzas en los precios y a suprimir y dificultar la libre concurrencia;
b) El abandono de cosechas, cultivos o plantaciones o de productos agropecuarios, y el cese de su producción sin causa justificada, y
c) La obligación impuesta al comprador, locatario o usuario, para adquirir productos o utilizar servicios no solicitados como condición para atender la solicitud principal.
Artículo 17. Será competente para conocer de la acción indemnizatoria de perjuicios establecida por el parágrafo del artículo 11 de la Ley 155 de 1959, el Juez competente del domicilio del damnificado, y en razón de la cuantía de los daños causados. Esta demanda no estará sujeta a reparto, y deberá ser acogida y sustanciada de plano.
Artículo 18. Las denuncias que se hagan ante el Ministerio de Fomento por violaciones a las normas consagradas en la Ley antimonopólica podrán presentarse oralmente o por escrito, y su motivación consistirá en la enunciación concreta del infractor o infractores, de su domicilio social o comercial y de los actos o hechos configurativos de la violación denunciada. La prueba sumaria requerida por el artículo 12 de la Ley 155 de 1959, en dos declaraciones extrajudiciales o en la información del denunciante, ratificada bajo la gravedad del juramento ante una autoridad judicial en orden a evitar la temeridad de la denuncia.
Articulo 19. Los informes requeridos por el artículo 13 de la Ley 155 de 1959 para adelantar la investigación de los hechos denunciados, deberán ser suministrados dentro de un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que sean solicitados, vencido el cual háyanse o no rendido, se proseguirá la investigación administrativa. Las visitas, inspecciones oculares, revisión de los libros de contabilidad y de la correspondencia y la práctica de las demás pruebas que se consideren conducentes, se llevaran a cabo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que los informes hayan sido suministrados o haya vencido el término para ello.
Artículo 20. Para la formulación de los descargos inherentes a las imputaciones consignadas en el acta de conclusiones de la investigación, las personas naturales o jurídicas denunciadas como infractores dispondrán del término de diez (10) días contados desde el vencimiento del término del traslado establecido por el artículo 13 de la Ley.
Artículo 21. Para la evacuación del concepto previo que debe rendir el Consejo de Política Económica y Planeación para la imposición de las sanciones correspondientes, la Superintendencia de Regulación Económica señalará un plazo prudencial que no podrá exceder de treinta (30) días.
Artículo 22. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, háyase o no rendido el concepto del Consejo de Política Económica y Planeación se dictará la providencia respectiva.
Artículo 23. La intervención del Estado en la fijación de los precios, consagrada por el artículo 32 de la Constitución Nacional y por el artículo 17 de la Ley que se reglamenta, comprende no sólo los precios de los artículos de primera necesidad, sino también los de los demás artículos que se anuncian en el ordinal a), y los de los artículos producidos por las industrias a que se refiere el ordinal c) del artículo 1º de este Decreto y de los servicios enunciados en el ordinal b) ibídem.
Artículo 24. Además de las sanciones establecidas por el artículo 14 de la Ley, la Superintendencia de Regulación Económica o las entidades gubernamentales delegadas podrán imponer las siguientes:
a) Cancelación de la personería jurídica y de la inscripción en el Registro Público de Comercio;
b) Pérdida de las concesiones, privilegios o prerrogativas de que gozan las personas naturales o jurídicas sancionadas;
c) Inhabilitación de tres a diez años para ejercer el comercio y las actividades económicas de las personas naturales o jurídicas infractoras o incursas, y
d) Inhabilitación para ejercer el comercio durante un lapso de tres a diez años para los funcionarios de empresas por la participación punible que les resulte.
Artículo 25. En caso de reincidencia por violación de normas restrictivas consagradas por la Ley, el Gobierno propiciará la importación y producción de materias primas o mercancías similares mediante estímulos cambiarios arancelarios, fiscales y crediticios, como medida tendiente a normalizar el mercado en forma competitiva.
Artículo 26. Las empresas industriales que en alguna forma se beneficien de las medidas de protección económica que dicte el Gobierno, no podrán establecer sistemas comerciales de distribución y venta que en alguna forma tiendan a configurar un monopolio de las distribución, al desplazamiento de las empresas comerciales independientes o a derivar, al amparo de la protección industrial, utilidades de índole puramente comercial.
Artículo 27. Los revisores fiscales, auditores e interventores de las empresas, además de ejercer la vigilancia establecida por el artículo 18 de la Ley, se harán penalmente responsables sino denuncian oportunamente los hechos calificados como violatorios a las normas antimonopólicas consagradas por la Ley 155 de 1959.
Artículo 28. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición.
Dado en Bogotá, D.E., a 10 de diciembre de 1962.
Marco Alzate Avendaño"
Publicado por Juan David Gutiérrez Rodríguez en 19:04 0 comentarios
El profesor Roger van den Bergh de la Universidad Erasmus Rotterdam (Holanda) es uno de los académicos que ha sido comisionado para el estudio de la regulación actual, específicamente, las normas sobre el ejercicio de la abogacía. Recientemente ha publicado "Towards Better Regulation of the Legal Professions in the European Union" (December 30, 2007) un documento que presenta el estado del arte sobre la materia y confronta diferentes perspectivas de análisis (public interest theory vs private interest theory).
Publicado por Juan David Gutiérrez Rodríguez en 8:58 0 comentarios
Etiquetas: Profesiones liberales
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de EEUU en el caso Leegin Creative Leather Products, Inc v. PSKS, Inc., que cambió el precedente sobre el análisis de la fijación de precios verticales (retail price maintenance), sigue produciendo polémica en la academia. En esta ocasión ASHLEY DOTY (University of California, Berkeley - School of Law) publica en el Berkley Technology Law Journal, Vol. 23, No. 1, 2008 un documento titulado "Leegin v. PSKS: New Standard, New Challenges" en el que argumenta que el nuevo precedente de la Corte, a pesar de ser "correcto", crea nuevos problemas tanto para los agentes económicos y posibles incongruencias con otras normas.
A continuación trascribo el resumen y palabras claves del documento:
Abstract: In Leegin Creative Leather Products, Inc v. PSKS, Inc., the Supreme Court, taking heed of years of economic research identifying procompetitive benefits of vertical resale price maintenance (RPM), declared that the practice shall be evaluated under the rule of reason analysis. In a 5-4 split, the Court explicitly overruled Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., in which ninety-six years ago, the Court pronounced RPM to be per se illegal. This paper argues that the Court's decision was correct, but notes that the new standard creates a whole host of new problems, from uncertainty for market players, to a potential adverse interaction with the First Sale Doctrine in patent law.
Keywords: Leegin, Antitrust, First Sale Doctrine, Exhaustion, Quanta v. LG
Publicado por Juan David Gutiérrez Rodríguez en 8:32 0 comentarios
Etiquetas: Acuerdos verticales
- Forma: En Colombia ha sido tradicional el uso de la expresión “promoción” de la competencia antes que “protección”. Esta última expresión es usada por otras normativas como la Venezolana, Costaricense, Nicaraguense y de la CAN[3]. No obstante, las legislaciones de otros países de América Latina[4], se refiere a esta como “defensa de la competencia” como es el caso de Argentina, Chile y Panamá[5].
- Forma: La palabra “normatividad” no es castiza, la expresión correcta es “normativa”.
- Fondo: Según la teoría económica es posible clasificar tres tipos diferentes de “eficiencia” que en ocasiones pueden ser contrapuestos: eficiencia de producicón, eficiencia de asignación y eficiencia de innovación. ¿cuál prevalecería en este caso? Este es un punto muy importante que debe definirse de manera más clara.
- Fondo: Si el bienestar del consumidor es la finalidad de la norma, posición que prevalece en las autoridades de la competencia de EEUU y de la UE, entonces el resto de la normativa debe ser consecuente. Por ejemplo, en ese caso la “excepción de eficiencia” del artículo 51 del Decreto 2153 de 1992 debe incluir la condición de que el ente integrado redujera precios de venta como consecuencia de la reducción de costos. Lo anterior, en la medida en que según la norma se privilegia el “bienestar del consumidor·” por encima del bienestar del productor”.
- Forma: El concepto “libertad de concurrencia” es un término más preciso que la expresión “libre participación”.
- Forma: No es este el artículo indicado para exponer las finalidades de la normativa, en la medida en que el artículo se refiere al ámbito de aplicación subjetivo y territorial de la norma. Como se mencionó anteriormente, esta parte deberìa estar en el artículo titulado “Objeto”.
- Fondo: Esta disposición acabacría con las interminables discusiones sobre la aplicación del “régimen general” y de los “regímenes especiales” a los casos en sectores económicos regulados por normas especiales.
- Fondo: Las jurisdicciones de EEUU, el Reino Unido,. Israel y la UE cuentan con regulaciones que exceptúan a los mercados agropecuarios de la aplicación de la normativa de comptencia y que están directamente relacionadas con la política económica de cada país. Sin embargo, se debe precisar que dichas normas no cubren a todos los mercados agropecuarios ni cualquier tipo de condcuta (por ejemplo, véase Regulación 26/1962 de la UE). Asímismo, por la naturaleza y estructura de los mercados agropecuarios estos pueden tender a favorecer prácticas abiertamente anticompetivas. En Colombia existen al menos quince investigaciones en mercados agropecuarios, que en muchos casos terminaron en sanciones para agentes que restringían indebidamente la competencia. En esa medida, este punto debe analizarse con mayor detalle y no abrir una ventana para que los mercados agropecuarios no sean protegidos por las normas de competencia. Sobre todo teniendo en cuenta que en mercados oligopsónicos, quienes se ven afectados directamente por estas condcutas de los compradores de bienes prmarios son los pequeños cultivadores.
- Fondo: Además de las funciones mencionadas, se debería incluir la función conocida como “abogacía de la competencia” y que tienen la mayoría de las jurisdicciones Latinamericanas y la Unión Europea. La función puede resumirse en dos aspectos: 1) realizar actividad preventiva (persuasiva) que consista en programas educativos dirigidos a los empresarios de promoción de una “cultura de la competencia”. Aún hoy se ven situaciones en las cuales los agentes incurren en violaciones abiertas de la normativa bajo aparente “ignorancia” de las normas. 2) La función más importante, en relación a la abogacía de la competencia, en realidad consiste en que la autoridad realice un monitoreo de los mercados, hacer estudios sectoriales, conceptuar sobre proyectos de ley regulación estatal que pueda afectar la “libre competencia” en los mercados.
- Fondo: Siguiendo el modelo de las principales jurisdicciones del mundo, la existencia de una autoridad única y especializada es deseable. Especialmente, porque no es deseable que una autoridad sea simultáneamente reguladora y adjudicadora en un mercado, especialmente por la alta probabilidad de “captura” de la entidad. No obstante lo anterior, si se establece a la SIC como autoridad única esto debe estar acompañado de un significativo aumentos en los recursos humanos y económicos. De lo contrario, el efecto podría ser contrario al esperado pues la tarea podría desbordar la capacidad de la autoridad.
- Fondo: Colombia es una de las pocas jurisidcciones cuya máxima autoridad en la agencia de la competencia no sea un órgano colegiado (por ejemplo: Chile, Tribunal; Argentina, Comisión; Brazil, Comisión) que además es elegido por periódos fijos. Lo anterior hace que la figura del Superintendente pueda estar sujeta a grandes presiones políticas. Asimismo, el hecho de ser un funcionario de libre nombramiento y remoción le resta independencia para la toma de decisiones.
- Fondo: La política –en el sentido amplio de la palabra- es un elemento presente en toda decisión sobre las normas de competencia. A pesar de que las decisiones de la autoridad deben ser eminentemente técnicas, no se puede desconocer que estas tienen efectos políticos y que se deben sopesar otros derechos (incluso fundamentales) que pueden primar sobre el derecho a la libre competencia económica. Lo anterior puede justificar que la dimensión politica de los casos se discuta “sobre la mesa”, en una instancia como la que se propone. Sin embago, la figura tiene riesgos especialmente porque la naturaleza de la SIC es la de ser un órgano de control y cuyo diseño institucional debe protegerlo frente a los intereses de grupos de presión o intereses sectoriales que pueden ser contrarios al “bienestar del consumidor”.
- Fondo: Aplica el comentario anterior.
- Fondo: Las funciones 1º y 3º del CSPC no riñen con la naturaleza de las funciones de la SIC; incluso la tercera está en línea con lo comentado anteriorment sobre la función de “autoridad de la competencia”.
- Fondo: La norma establece de manera más clara, en comparación con la redacción actual, que el deber de informar no solo aplica para concentraciones horizontales sino también para concentraciones verticales.
- Fondo: En la medida en que el artículo mencoina las formas jurídicas “fusionarse, consolidarse o integrarse” sería relevante incoporar dos formas jurídicas mencionadas explícítamente por otras normas: i) la adquisición de control (Dec. 2153/92, art. 45(5)) y ii) la escisión que implique integración (Ley 222 de 1995, art. 227).
- Fondo: Uno de los puntos débiles en el diseño de este procedimeinto para la información de un proyecto de integración es la definición de cuándo se entiende que la información ha sido allegada de manera “completa”. Lo anterior, le da un margen de discreción demasiado amplio a la SIC que puede prolongar los procedimientos que por la naturaleza del acto estudiado deberían tener la mayor celeridad.
- Fondo: Es un avance importante que la normativa regule expresamente la figuar de los condicionamientos. Sin embargo, este punto también debe ser deserrallado de manera más detallada en la Guías que expediría la autoridad para recoger los criterios sobre cuàles condicionamientos son suficientes para garantizar que la competencia no se verá restringida de manera indebida por una integración.
- Fondo: La norma debería establecer de manera explícita cuál(es) es/son los efecto(s) del incumplimiento de dichos condicionamientos.
- Fondo: Es importante la mención explicita que hace el artículo a “estudios” que sustenten las eficiencias que las empresas intervinientes aleguen.
- Fondo: El término “efectos benéficos … para el mercado” debría ser delimitado de la manera como lo establece la redacción actual del Decreto 2153/92: i) que se demuestre un ahorro de costos significativo y ii) que dicho ahorro no sea posible por otros medios.
- Fondo: Las condiciones para la aplicación de la excepción conocida como de “empresa en crisis” o de “industria fallida” -que ha sido desarrollada doctrinalmente por la SIC- debería regularse igualmente en este artículo.
- Fondo: En la medida en que el impacto económico de una “desinversión” es tan grande, es importante que el artículo mismo fije el procedimiento por medio del cual se invesitgará y decidirá en estos casos (así sea, remitiendo al mismo tipo de proceso aplicado a las prácticas restrictivas de la competencia).
- Fondo: La experiencia de Brasil (desde 2000) y recientemente de México[6] en este tipo de programas de “clemencia” o de “delación” debe ser tenida en cuenta para nuestro caso. Especialmente porque de acuerdo al diseño del programa y la efectividad de la autoridad al aplicar la ley este puede ser poco efectivo, como ocurre hasta la fecha en México, o una importante herramienta para el investigador. Este es el caso de Brasil donde hoy en día el 80% de los casos sobre carteles se han iniciado gracias a la delación por parte de uno de sus miembros.
- Fondo: Los casos de beneficios por denuncia para terceros, en cambio, pueden producir efectos contraproducentes por el incentivo que tienen los terceros para actuar. Requiere de mayor regulación este punto para evitar la temeridad en las denuncias que no solo pueda afectar a empresas que compitan de manera legítima y que congestionen a la SIC.
- Fondo: Es relevante que la norma haga una remisión a la ley 57 de 1985 que regula la publicidad de los documentos públicos y en manos de autoridades públicas. La calificación de “información reservadad” debe responder a parámetros predeterminados.
- Fondo: Es adecuado que se regule el ofrecimiento de garantías o compromisos. Sin embargo, sería más completa la disposición si esta definiera expresamente cuál es la consecuencia del incumplimiento de una garantía.
- Fondo: Es importante que se incluya esta dispoción que le permite a las empresas ineresadas conocer los aportes de terceros y tener la posibilidad de que se pronuncien sobre los mismos, pues estos elementos generalmente afectan la decisión de la SIC.
- Fondo: En consonancia con lo expuesto con el Dr. A. Miranda, es claro que el acto por medio del cual la SIC niega pruebas solicitadas por la partes o empresas interesante no es de trámite y debe existir la posibilidad de interponer los repsectivos recursos.
- Fondo: No encuentro justificación razonable para que los vicios se saneen ipso jure teniendo en cuenta que la finalidad todo proceso es la bùsqueda de la verdad a través de un proceso que garantice el debido proceso y el derecho de defensa.
- Fondo: Está claro que el “seguimiento” del cumplimiento de las garantías y de los condicionamientos es una tarea que consume recursos económicos y humanos de la SIC. No obstante, lo anterior existen dos puntos que deben ser evaluados: i) los incentivos contraproducentes que puede producir a la SIC en la medida en que dicha contribución sea a su favor, sin que se establezca para qué deben ser usados y ii) que no todos los condicionamientos o garantias aceptadas requieren seguimiento pues estos pueden tener una naturaleza “conductual” o “estructural”.
- Fondo: Nuevaemnte el hecho de que las multas debe ser pagadas “a favor de la SIC” puede generar efectos contraproducentes por los incentivos que generá para la autoridad. Se sugiere que parte de los fondos vayan al erario público y otra parte a un fondo común para la defensa de derechos “difusos” (como existe hoy en día en Brasil).
- Fondo: Es conveniente, como lo hace la disposición, que se fijen los parámetros para la graduación de la pena, así como factores de atenuación o de agravación.
- Fondo: El momento a partir del cual se cuenta la caducidad está determinado exclusivamente por la conducta de la autoridad, lo cual no es congruente con la finalidad de la institución. Como ocurre de manera general en otros procedimientos administrativos, la caducidad debería correr desde la ocurrencia del hecho.
- Fondo: Debe revisarse la necesidad de que la presente norma regule íntegramente la materia y derogue las anteriores normas.
Publicado por Juan David Gutiérrez Rodríguez en 6:00 0 comentarios
"New Economics Papers: Industrial Competition" (2008 - 04 - 29)
A continuación transcribo el índice de contenido de la última edición del "New Economics Papers" de"Industrial Competition" (2008-04-29) editado por Russell Pittman (US Department of Justice).
Publicado por Juan David Gutiérrez Rodríguez en 5:57 0 comentarios

References: artículo 20

Artículo 1
 artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 4

Artículo 6
 artículo 4

Artículo 7
 artículo 3

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 3

Artículo 10
 artículo 5

Artículo 11
 artículo 6

Artículo 12
 artículo 6

Artículo 13
 artículo 7

Artículo 14
 artículo 8

Artículo 15
 artículo 9

Artículo 16
 artículo 11

Artículo 17
 artículo 11

Artículo 18
 artículo 12
 artículo 13

Artículo 20
 artículo 13

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 32
 artículo 17
 artículo 1

Artículo 24
 artículo 14

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 18

Artículo 28
 artículo 51