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Timestamp: 2019-02-19 19:51:31+00:00

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Boletín de jurisprudencia noviembre 2016 | taxlegal
STSJ Cataluña 03/05/16. Despido objetivo por faltas justificadas intermitentes
Examen de las dos posibilidades de cómputo de las faltas justificadas de asistencia; en la primera, el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, lo serán con carácter intermitente y en la segunda, el 25% en cuatro meses discontinuos, no hay referencia al carácter intermitente o no => cualquiera de las dos situaciones se ajusta al precepto. Superado el número de faltas de asistencia durante un periodo de tres meses discontinuos del previsto por los cuatro meses en la normativa legal, resulta notorio que concurría la causa prevista a la misma. No expresión en la carta de despido del método de cálculo utilizado por la empresa para llegar al porcentaje de inasistencias que no causa indefensión. Carta que contiene una relación detallada de los periodos de ausencia imputados, para que el trabajador pudiera preparar su defensa.
STSJ Madrid 07/07/16. Exención de IRPF de la prestación por maternidad abonada en la S.S.
Hacienda estableció que la prestación por maternidad debe tributar en el IRPF como rendimiento del trabajo, pero, la sentencia del tribunal madrileño contradice ahora esta postura e incluye la renta como uno de los casos exentos de cotización. De aquí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la anulación de la presunta resolución del TEAR por no ser conforme a derecho, declarando al mismo tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su autoloquidación de IRPF del ejercicio 2009 al sentido solicitado y el derecho a percibir la devolución de la cantidad, con sus correspondientes intereses legales.
STSJ Navarra 16/06/16. Despido colectivo no ajustado a derecho
No es discriminatorio, por razón de edad, el criterio de excluir a los trabajadores mayores de 50 años del despido colectivo. También es posible el planteamiento simultáneo de un expediente de despido colectivo con la negociación de un convenio colectivo. Por lo que respecta a la concurrencia de la causa, la amortización puede ser un remedio que mejore una estructura de costes inadecuada, pero para que el remedio sea viable es necesario acreditar una razón productiva y organizativa.
STS 08/06/16. Unidad productiva autónoma en la sucesión legal
Un banco transmite su departamento de gestión y recobro de deudas impagadas a otra sociedad. El banco entrega el estoc de deudas en el contrato de transmisión, mobiliario de oficina, ordenadores, teléfonos y los contratos de servicios que el banco mantenía con despachos de abogados para la gestión de recobros, en los que se subroga la nueva sociedad. Se trata de una sucesión legal de empresa.
STS 20/07/16. Aplicación del incremento de los años de excedencia por cuidado de hijo que se consideran como cotizados
El incremento de la consideración como de cotización efectiva del periodo de excedencia por cuidado de un menor de 1 a 2 años que tuvo lugar en la vigencia de la Ley orgánica 3/2007, es aplicable a las prestaciones causadas a partir de la entrada en vigor de la misma, sin atenerse a la fecha de inicio de la situación de excedencia.
STSJ C. Valenciana 26/04/16. Despido disciplinario por abuso de confianza
Es ajustado el despido de una encargada de tienda que no supervisó el cierre de la caja, tal y como resultaba perceptivo en la normativa interna, aunque la cajera había contabilizado 6 sacos, la supervisora anotó en su check list 7. Proporcionalidad de la sanción. No supone discriminación con las compañeras que intervinieron en los hechos.
STS 14/07/16. Derecho de los fijos discontinuos en IT
Tienen derecho a ser dados de alta con cotización por sus empresas cuando les corresponda la llamada al inicio de campaña o en la reanudación de la misma. La reincorporación efectiva al trabajo se producirá a partir del alta médica.
STS 07/07/16. Despido disciplinario y procedencia de la prueba de videovigilancia
Es válida la utilización por la empresa de cámaras de videovigilancia de las que los trabajadores conocen su existencia en varios sitios y, además, por haberse colocado carteles que indicaban su presencia, siendo una medida adecuada para proteger el patrimonio empresarial ante las múltiples pérdidas que se venían produciendo. La sentencia recurrida declaró la procedencia de la prueba de videovigilancia, atendiendo al caso concreto, en el que se comunicó al comité de empresa la instalación de las cámaras en advertir la empresa que puntualmente se había producido la desaparición de material almacenado, se estima que la colocación de las cámaras de video grabación superan los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
STS 04/10/16. Responsabilidad FOGASA en extinción de contrato temporal
La responsabilidad subsidiaria del FOGASA no comprende el importe indemnizatorio por fin de obra pactado en convenio colectivo. La responsabilidad se limita al máximo legal de 8 días por año de servicio.
STS 19/07/16. Modificaciones substanciales del contrato de trabajo
La implantación de un nuevo programa informático denominado “gestión de tiempo”, en el que los trabajadores deben introducir una serie de datos relativos a las incidencias que se producen durante el ejercicio del trabajo (ausencias o permisos y licencias, horas sindicales, vacaciones, cambios de turno, etc), sustituyendo el sistema de control de tarjetas personalizadas, no constituye la imposición de un nuevo sistema de trabajo con control de tiempo sino una modificación del existente – uso de tarjetas personalizadas con “escritura en el turno de acceso del código de las incidencias – que entra dentro del ius variandi del empresario sin que esté obligado a informar los órganos representativos en materia de prevención de riesgos”.
STSJ País Vasco 11/10/16. Pensión de jubilación anticipada
Cómputo de los días del Servicio Social efectuado por las mujeres para acreditar el periodo mínimo de cotización.
STC 06/10/2016. Recurso de suplicación interpuesto por empresas en concurso
Las empresas en concurso están obligadas a consignar la cantidad objeto de condena para la interposición de recursos, ya que la simple admisión del concurso no presupone falta de liquidez y no se puede considerar garantía alternativa válida mero certificado de los administradores concursales que las cantidades a las que ha sido condenadas constituyen “créditos contingentes sin cuantía propia con la calificación de ordinarios”. En estas circunstancias la no admisión del recurso de suplicación por no haberse cumplido el requisito de la consignación no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso.
STS 21/09/16. Restricción de la aplicación del convenio colectivo de empresa para compañías con varias delegaciones
El TS ha anulado un convenio colectivo, porqué lo firmó el comité central y la empresa pretendía aplicarlo a todas sus delegaciones. El Alto Tribunal, analiza el ámbito del convenio impugnado poniendo en relieve que, a pesar de su denominación, el mismo se circunscribe a las relaciones laborales de los trabajadores en la Comunidad de Madrid y, ya que la empresa desarrolla actividad y presta servicios en otras zonas del territorio nacional, no puede calificarse de convenio de empresa, sino de ámbito inferior a ésta. En el presente caso, el convenio se negoció entre la empresa y la representación de los trabajadores de Madrid, y la publicación del mismo se llevó a cabo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Además, la empresa extiende su actividad y sus relaciones laborales a otras zonas del territorio nacional, de manera que no puede calificar el convenio colectivo como de empresa, ya que en su ámbito de afectación es inferior al del conjunto de las relaciones laborales de la mercantil demandada. Se restringe la aplicación del convenio colectivo de empresa para compañías con diversas delegaciones.
STS 29/09/16. Competencia de la jurisdicción social y reclamación contra el FOGASA
Es competente la jurisdicción social para conocer de la reclamación efectuada por una trabajadora en el Fondo de Garantía Salarial sobre el pago de intereses legales por demora en el cumplimiento de la obligación de abonar la indemnización y salarios por insolvencia del empresario, aceptada por silencio administrativo.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 21 de septiembre de 2016, Recurso 928/2014, sobre compraventa de viviendas en construcción.
La sentencia que se recurre ante el Tribunal Supremo consideraba que no existe incumplimiento grave del vendedor que justifique la resolución del contrato por el comprador si el retraso no es igual o superior a un año, a no ser que el plazo de entrega se haya fijado en el contrato como esencial.
Este criterio carece de cualquier fundamento legal o jurisprudencial ya que rompe el equilibrio del contrato, al conceder indiscriminadamente a los vendedores un plazo de gracia de duración muy considerable sin ninguna contrapartida equivalente para el comprador, que seguiría obligado a pagar el precio conforme a lo pactado. Asimismo, no valora las posibles vicisitudes en la vida del comprador a lo largo de todo un año, y sitúa injustificadamente al vendedor en una situación de privilegio respecto de aquello a lo que se obligó para con el comprador.
En este sentido, aunque el plazo de entrega no era esencial, no puede compartirse que la resolución instada por el hoy recurrente después de intentar el cumplimiento del contrato conforme a lo pactado, es decir, una vez vencidos tanto el plazo de entrega como su prórroga, se equipare por el tribunal sentenciador a un desistimiento unilateral del comprador que autorice al vendedor a retener la mitad de las cantidades pagadas a cuenta del precio. El contrato no permitía al comprador instar la resolución si la entrega se retrasaba por causas no imputables al vendedor, por lo que sí podía hacerlo si la entrega se retrasaba por causas que fueran imputables al vendedor o que este no probara que no le eran imputables.
En consecuencia, el comprador al resolver el contrato después de exigir su cumplimiento cuando según el contrato tenía pleno derecho a hacerlo, se ajustó tanto a lo pactado como a lo dispuesto en los arts. 1124 y 1100 CC, y no procede, por parte del vendedor, retención de cantidad alguna entregada a cuenta del precio.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 7 de octubre de 2016, Recurso 1134/2014, sobre incumplimiento esencial de la vendedora en una compraventa de vivienda en construcción.
Se ejercita acción resolutoria de los compradores de una vivienda en construcción, por haber incurrido la parte vendedora en varios incumplimientos que se consideraban esenciales, entre los cuales se destacaba la falta de entrega en plazo al carecer las piscinas comunitarias de licencia municipal.
Si la razón decisoria de la sentencia recurrida se funda en una determinada interpretación del contrato para afirmar el carácter esencial del incumplimiento y, por tanto, de su trascendencia resolutoria, no es posible que el Tribunal Supremo revoque dicha decisión en casación a través de la formulación de un recurso que se sustente en una interpretación diferente, pues la doctrina de la Sala declara que la interpretación del contrato es función que corresponde al tribunal de instancia.
En este sentido, la sentencia recurrida se funda en el contenido del contrato y en su interpretación, y constata que la mención de las dos piscinas comunitarias fue expresamente incluida en la memoria de calidades, en el anexo de características constructivas y en el apartado de exteriores y zonas comunes, lo que implica que su existencia y disfrute fue para los compradores determinante a la hora de manifestar su voluntad y, consecuentemente, que la falta de licencia municipal de la que dependía su uso constituía un verdadero incumplimiento resolutorio y no un mero retraso, habida cuenta de que no se trató de una situación temporal, pues la falta de licencia se mantuvo mucho tiempo después incluso de que las viviendas estuvieran acabadas y subsistía cuando se presentó la demanda. En consecuencia, tal omisión supuso un incumplimiento del contrato que justificaba su resolución por parte de los compradores.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 6 de octubre de 2016, Recurso 2307/2014, sobre el momento del devengo de la pensión de alimentos en el divorcio contencioso.
Para determinar el momento desde el que se han de prestar los alimentos fijados a los hijos menores deben distinguirse dos supuestos: en primer lugar, cuando la pensión se instaura por primera vez y, en segundo lugar, cuando existe una pensión ya declarada y lo que se discute es la modificación de su cuantía.
En el primer supuesto, los alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde la interposición de la demanda, sin perjuicio de que acreditado por el obligado haber hecho frente a las cargas del matrimonio, incluidos los alimentos, hasta un momento determinado, los efectos habrían de retrotraerse a un momento distinto, y así evitar la duplicidad del pago.
En el segundo supuesto, la resolución que modifica la cuantía de los alimentos es la que despliega su eficacia desde la fecha en que se dicta, momento en que sustituye a la resolución que los fijó anteriormente. Es decir, solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos será la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación. En el presente caso, se está ante el primer supuesto, pues no hay constancia de que fueran fijados alimentos a los hijos menores en auto anterior de medidas provisionales.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 05 de octubre de 2016, Recurso 282/2015 sobre reconocimiento del derecho de pensión compensatoria en caso de divorcio.
La pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y, para ello, habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; El régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación.
En el presente caso, la recurrente ha sufrido un perjuicio indudable por el hecho de haber contraído matrimonio, ya que su capacidad de trabajo no se ha mantenido a lo largo del mismo. El régimen económico matrimonial que ha regido las relaciones patrimoniales entre los cónyuges ha sido el de separación de bienes, lo que no ha permitido que tuvieran lugar las transferencias económicas equilibradoras consiguientes entre los patrimonios de los esposos, ni va a permitir participar de los bienes adquiridos por su esposo durante el matrimonio.
Asimismo, el divorcio le ha ocasionado una indudable pérdida en su capacidad laboral puesto que no se encuentra en la misma situación en que se hallaba durante el matrimonio.
Por otra parte, el recurso a la pensión temporal que se interesa de forma subsidiaria se compadece mal con la edad, los recursos económicos y con la dificultad de la esposa de rehacer su vida laboral.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 14 de noviembre de 2016, Recurso 2637/2014, sobre la inexistencia del retracto arrendaticio en la división de inmueble por naturaleza hereditaria.
El Alto Tribunal entiende que la inquilina recurrente no goza de derecho alguno de adquisición preferente, ya que la preferencia de retracto debe corresponder a los miembros de la comunidad hereditaria, en tanto en cuanto, la división y adjudicación de cosa común adquirida por herencia está exceptuada de la acción de retracto.
Respecto a las alegaciones de la recurrente, estas son rechazadas, habida cuenta de que toda la jurisprudencia aducida hace referencia a supuestos de venta, no de adquisición hereditaria, como sucede aquí, donde las operaciones analizadas quedan incluidas dentro del marco de división y adjudicación de herencia.
Se determina que las partes únicamente se han limitado a mantener la comunidad hereditaria entre cuatro herederos, en base a diversas cuotas porcentuales.
Por todo ello, se establece que en el presente caso, no se trata de una comunidad preconstituida para defraudar al arrendatario, sino de una comunidad hereditaria, en la que se produce una liquidación parcial para la extinción de la proindivisión, mediante agregación de cuotas, produciéndose las transmisiones dentro del ámbito de la comunidad hereditaria, sin introducción de terceros ajenos.
Así pues, como la finca heredada indivisa sigue perteneciendo exclusivamente a alguno de los coherederos, el Tribunal Supremo concluye que no es posible ejercitar la acción de retracto cuando concurre división de inmueble común de naturaleza hereditaria puesto que el retracto de comuneros es preferente al arrendaticio.

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