Source: http://www.envio.org.ni/articulo/560
Timestamp: 2018-08-18 04:50:18+00:00

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Revista Envío - Las alternativas en la coyuntura actual
Los acuerdos de Sapoá abrieron la posibilidad de una paz en muy corto plazo. Después de varios rondas de conversaciones, las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y las contrarrevolucionarios no han avanzado. En cambio han estallado importantes pugnas dentro de las filas contras y persisten los desacuerdos entre demócratas y republicanos
Sapoá: nuevo punto de partida. El 23 de marzo de 1988, en el marco de los acuerdos de Esquipulas II, se firmó un acuerdo entre el Gobierno Constitucional de Nicaragua y las fuerzas contrarrevolucionarias en Sapoá, pequeño poblado ubicado en la frontera sur nicaragüense. Los acuerdos de Sapoá son la máxima expresión, en Nicaragua y Centroamérica, de cumplimiento con el objetivo central de los acuerdos de Esquipulas II: transformar los actuales medios militares de lucha en métodos pacíficos, trasladando la actual confrontación armada a la arena estrictamente política.
Por esa razón el Gobierno y la contrarrevolución acordaron, en primer lugar, cesar las operaciones militares ofensivas por un período de 60 días a partir del 1 de abril, como paso previo a la concertación de un cese al fuego definitivo. En ese período las fuerzas irregulares se ubicarían en determinadas zonas de la geografía nicaragüense cuya localización, tamaño y modus operandi, serían objeto de mutuo acuerdo. Las fuerzas contrarrevolucionarias podrían entonces tener acceso a ayuda exclusivamente humanitaria canalizada a través de organizaciones neutrales.
Como contrapartida a este cese de hostilidades, la contrarrevolución enviaría sus delegados al diálogo político nacional (que incluye a los partidos de oposición tanto parlamentarios como extraparlamentarios), para discutir asuntos relacionados con el proceso de democratización nicaragüense en el marco de Esquipulas II. Esto abocaría a la discusión sobre procesos electorales municipales y para el Parlamento Centroamericano en el corto plazo, y a elecciones presidenciales en 1990, de acuerdo a la Constitución de Nicaragua.
De manera paralela a este proceso, el Gobierno de Nicaragua emitiría decretos de amnistía. El primer decreto liberaría a cien prisioneros y se ejecutaría el 27 de marzo. Posteriormente se libraría al 50 por ciento de los prisioneros contras cuando las fuerzas irregulares ingresaran en las zonas de cese al fuego, y al otro 50 por ciento tras la firma del cese al fuego definitivo. La liberación de cada persona entre los ex-guardias estaría sujeta al dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El calendario general para el cumplimiento de esos acuerdos quedó establecido así: 28 de marzo en Sapoá, determinación, por medio de comisiones especiales, de las zonas, localización, tamaño y modus operandi, necesarias para proceder a la reconcentración de tropas contrarrevolucionarias; 1 al 15 de abril, reconcentración en las zonas acordadas; 6 de abril en Managua, continuación y eventual final de negociaciones sobre cese al fuego definitivo. La Comisión Verificadora de los acuerdos estaría formada por Joao Clemente Baena Soares, Secretario General de la OEA y el Cardenal Miguel Obando.
¿Por qué fueron posibles los acuerdos de Sapoá?
Los acuerdos de Sapoá fueron posibles por cuatro factores posibles por cuatro factores interrelacionados:
-	el constante declive militar a que se ha visto sometida la contrarrevolución desde 1985 y que culminó, en marzo/88, con la "Operación Danto" en territorio fronterizo honduro-nicaragüense;
-	el ambiente centroamericano e internacional, dominado por los acuerdos de Esquipulas II, conseguido en gran parte por el esfuerzo constante de los gobiernos latinoamericanos del Grupo de Contadora y de Apoyo en favor de una solución política;
-	el próximo fin del segundo período presidencial de Ronald Reagan y el surgimiento de una nueva alternativa hacia Nicaragua en el Partido Demócrata;
-	las divergencias en el seno de la contrarrevolución surgidas como efecto de la política de maquillaje estadounidense, que incluyó en sus filas a ciertos empresarios, para encubrir la esencia dictatorial y somocista de la contrarrevolución.
El acuerdo de Sapoá fue sin duda una de las mayores pruebas de la coherencia política sandinista tras el compromiso asumido en Esquipulas II y una nueva palabra, dicha desde Nicaragua, a un complejo diálogo indirecto que se ha venido dando entre republicanos, demócratas y el Gobierno de Nicaragua, tras la Cumbre presidencial centroamericana de agosto/87. Los hechos remitían por tanto a la palabra que, desde Estados Unidos, deberían pronunciar demócratas y republicanos para continuar el diálogo.
El diálogo demócratas- republicanos en Estados Unidos
Esta respuesta fue dada cuatro días después. El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron por amplia mayoría, el 28 y 29 de marzo, una resolución de "ayuda humanitaria" para la contrarrevolución. 17.7 millones fueron destinados a la llamada "Resistencia Democrática Nicaragüense" y 2.1 al grupo mískito Yatama. Se aprobaron también 17.7 millones en ayuda a niños víctimas de una guerra que el mismo Congreso impulsó y 10 millones para la Comisión Verificadora de los acuerdos de Sapoá. La ley fue aprobada por 87 votos contra 7 en el Senado y por 345 contra 70 en la Cámara de Representantes.
La resolución fue una iniciativa demócrata a la que tuvieron que plegarse los republicanos. Como se recordará el 3 de febrero/88, en una votación crucial, la política militarista de Ronald Reagan había sido derrotada en el Congreso de su país por la posición de la mayoría demócrata tendiente a una solución política del conflicto nicaragüense. Un mes después, en marzo/88, un paquete de ayuda humanitaria impulsado por el demócrata Jim Wright, fue sorpresivamente derrotado al producirse una inesperada alianza entre aquellos demócratas opuestos actualmente a cualquier tipo de ayuda y aquellos republicanos opuestos a cualquier apoyo que no tuviera un componente militar. Tras los acuerdos de Sapoá los republicanos se vieron obligados a descartar, al menos temporalmente, al paquete belicista. Al mismo tiempo los demócratas buscaron ajustar esta nueva ayuda al marco establecido entre el Gobierno de Nicaragua y las fuerzas contrarrevolucionarias.
La resolución del Congreso norteamericano busca, según el texto aprobado, "preservar y proteger sus intereses de seguridad en la región" pero "de una manera compatible con el Acuerdo de paz de Guatemala del 7 de agosto de 1987, la Declaración de los presidentes de las naciones de América Central de San José, Costa Rica, del 16 de enero de 1988, (y) el Acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense firmado el 23 de marzo de 1988 en Sapoá, Nicaragua". Por esa razón el Congreso señala que su finalidad es "reforzar el proceso de paz" en Nicaragua con el fin de que, las actuales negociaciones, culminen en "un cese al fuego definitivo".
Pese a esas declaraciones pacifistas no pueden pasarse por alto tres hechos que tienden a oscurecer esas intensiones. Uno de ellos es que la "Agencia Internacional para el Desarrollo" (AID), quedó designada para canalizar la "ayuda humanitaria" a la contrarrevolución. Los acuerdos de Sapoá señalan que esa ayuda sólo puede ser "canalizada a través de organizaciones neutrales". La AID, organismo de un gobierno agresor de Nicaragua, tal y como fue dictaminado por la Corte de Justicia de La Haya, no puede ser considerado neutral. Una designación parcializada deja además la puerta abierta para manejos de la "ayuda" inconsistentes con los acuerdos contras-Gobierno.
Un segundo hecho significativo de la ley aprobada por el Congreso es que dentro de lo que se considera "ayuda humanitaria" se incluyeron compras de equipos de comunicaciones para los contras. A diferencia de comida, ropa y servicios médicos, el mejoramiento en las comunicaciones de un ejército irregular, disperso por la geografía nacional, es necesariamente parte del equipamiento bélico.
En tercer lugar, la resolución del Congreso supuso un arreglo previo entre demócratas y republicanos que fortalece aún mas los márgenes de actuación militarista. El Partido Republicano solicitó un procedimiento rápido para examinar en el Congreso una petición de ayuda militar a solicitud del presidente Reagan, en caso de que fracasaran las negociaciones de cese al fuego iniciadas en Sapoá. Por razones de procedimiento jurídico, Reagan se encontraba muy limitado a nuevas iniciativas tras su derrota en la votación del 3 de febrero/88. La petición republicana despertó controversias pero finalmente el liberal Robert C. Byrd, líder de la mayoría demócrata en el Senado, accedió a la petición. Se abría así una vía para que, tras entorpecer el proceso de paz y culpar al Gobierno de Nicaragua, los contras pudieran acceder a nuevos fondos militares suministrados por el Congreso en una nueva votación. Esta respuesta global del Congreso a las conversaciones de Sapoá, en el contexto del diálogo indirecto con el Gobierno de Nicaragua, se alejaba bastante de la posición nicaragüense que exigía un diálogo bilateral entre ambos países para solucionar, con decisión, los asuntos de seguridad nacional mutuo y, con ellos, los acuerdos de Sapoá.
La ley aprobada por el Congreso a finales de marzo contiene por tanto elementos que propician la paz pero también fisuras que posibilitan maniobras militaristas. Tras el olivo de paz de un sector, se esconde el acero de guerra de otro. Este desacuerdo de fondo entre los propios norteamericanos, relativamente silencioso en este momento, estalló clamorosamente, por el contrario, en las filas de los contrarrevolucionarios.
Terremoto político entre los contras
Sapoá fue un "terremoto político" declaró Alfredo César, miembro del directorio contrarrevolucionario. Ese terremoto afectó no solamente a las posiciones de la Administración Reagan sino, principalmente, a la propia contrarrevolución. Los contras quedaron atravesados por cinco tipos de contradicciones interrelacionadas.
Una de ellas, la primera en aparecer tras los acuerdos de Sapoá, tuvo su expresión en su propia base social residente en Miami. El 27 y 28 de marzo, mientras sesionaba la "Asamblea contrarrevolucionaria" (importante organismo en la estructura interna de las fuerzas irregulares), se manifestaron en las afueras del local diversos grupos en favor y en contra de los acuerdos firmados. Los ánimos se caldearon y degeneraron en una trifulca callejera que dejó varios heridos y golpeados. La mayoría de los exiliados nicaragüenses en Miami, alrededor de cien mil, temen que los acuerdos de Sapoá pongan en peligro su estatus legal en Estados Unidos pues no tienen intenciones de regresar a Nicaragua.
En la "Asamblea contrarrevolucionaria" se manifestaron también las posiciones que se enfrentaban en las calles. Los que firmaron los acuerdos de Sapoá fueron calificados como "traidores". Se decidió formar un grupo que fiscalizara las actividades del Directorio y de los delegados en las reuniones con el Gobierno nicaragüense. Silvio Argüello, vice presidente de Nicaragua en la época de la dictadura militar somocista y miembro de la "Asamblea contrarrevolucionaria", explicó que el objetivo de esa fiscalización era asegurarse que "los intereses de los exiliados estén bien protegidos".
Una segunda contradicción se manifestó entre la dirección civil y la dirección militar de los contras. Por la parte civil aparecieron Adolfo Calero y Alfredo César como principales figuras y por la militar el Coronel somocista Enrique Bermúdez. Bermúdez, principal jefe militar de los contras, declaró el 27 de marzo a Radio Impacto de Costa rica que "las fuerzas bajo su mando continuarían combatiendo hasta la victoria total", en franco rechazo a los acuerdos de paz. La pugna se fue ahondando hasta que, a finales de abril, Bermúdez pareció imponerse, al menos de momento, a Adolfo Calero. César pasó a jugar un papel mediador. Bermúdez emitió un pronunciamiento de aparente respaldo a las pláticas de paz para sostener "la unidad". Pero al conflicto seguía sin resolverse. Calero contaba con el respaldo de jefes más jóvenes de la contra pero no pudo lograr; al momento, la victoria sobre Bermúdez quien recibió el apoyo de los más viejos dirigentes militares, sus compañeros de armas bajo el mando de Anastacio Somoza antes de 1979. En el transcurso de esta lucha fue asesinado en Honduras, Gustavo Herdocia, dirigente civil contrarrevolucionario favorable a los acuerdos de Sapoá.
Una tercera contradicción es la existente entre los mismos militares. Estas divergencias, conocidas como "guerra de los comandantes", comenzaron a manifestarse cuando Diógenes Hernández Membreño ("Fernando") y Walter Calderón López ("Toño"), militares bajo las órdenes de Bermúdez y firmantes en Sapoá, fueron retirados posteriormente de su rol de negociadores. Se desconoció su paradero por casi tres semanas. Posteriormente se supo que "Fernando" y "Toño" rompieron con Bermúdez y arrastraron tras de sí, con el apoyo de Calero, a un importante sector de comandantes jóvenes. Bermúdez se impuso temporalmente basándose en guardias somocistas.
Destituyó a Enrique Sánchez como Coordinador del Consejo de Comandantes, suplantó a "Fernando" y a "Toño" de sus cargos en el Estado Mayor, envió a militares de su línea a las diversas conversaciones que se realizaron en abril con el Gobierno de Nicaragua, y realizó otra serie de cambios en una actividad virtualmente calificable como "golpe de estado". La respuesta fue casi inmediata: Tirso Ramón Moreno ("Rigoberto") se puso a la cabeza de 27 comandantes que están por la opción negociada y pidió la renuncia de Bermúdez. "Rigoberto" tiene el mando real sobre el terreno del "Comando Jorge Salazar", principal núcleo militar de la contrarrevolución. Independientemente del futuro que tenga este conflicto, la extensión y profundidad del mismo hace difícil prever una unificación suficientemente sólida de estos sectores en caso de que la guerra continuara.
Contra: contradicciones políticas y ambiciones personales
Sobre estas contradicciones se superponen ambiciones personales por dinero o por poder político. Militares contrarrevolucionarios han acusado a civiles de sus filas por "aspirar a la presidencia". Muchos ven difícil que la cúpula, civil o militar, alejada de los riesgos en los campos de batalla, renuncie a los aproximadamente 6 mil dólares mensuales de sueldo y otras regalías. Como es sabido la "ayuda" del Congreso norteamericano ha provocado en muchas ocasiones conflictos personales y grupales por el reparto de los fondos e incluso, de manera cada vez más clara, se van presentando indicios sólidos de que se ha combinado el transporte aéreo de armas, con el negocio de la droga. El ex-coronel Bermúdez ha sido uno de los principales dirigentes contras acusado de desvío de fondos para sí o para sus allegados.
Una quinta y última contradicción, que se encuentra en el trasfondo de las cuatro anteriores y que caracteriza en mayor medida que ninguna otra las actuales divergencias, es la oposición entre la fracción estrictamente somocista y la fracción de la "burguesía opositora criolla", tal y como se las calificaba antes del triunfo revolucionario en julio de 1979. Más allá de las posiciones de ciertas personas o grupos, ésta es la contradicción que se ha reabierto al profundizarse, en términos políticos, el declive militar de la contrarrevolución.
Como es sabido, una de las características específicas de la Dictadura Militar Somocista, en sus 45 años de existencia, fue ir creando dos fracciones fundamentales al interior de la burguesía nicaragüense. Una de ellas, la somocista, era la dominante y se caracterizaba por el uso rapaz del aparato estatal como fuente principal de acumulación de capital. La otra fracción criolla, subalterna, realizaba su acumulación bajo formas tradicionales y con el apoyo de la dictadura, pero de forma periódica entraba en contradicciones con el somocismo.
La causa de estos conflictos era la "competencia económica desleal" que ejercía la fracción somocista pues podía utilizar, en su propio beneficio, las ventajas derivadas del manejo directo del aparato estatal. La dinastía somocista siempre pudo manejar estas contradicciones mediante un sistema de pactos y componendas. Tres grandes pactos atravesaron la época somocista realizados en 1948, 1950 y 1971. Llegada la hora del cuarto pacto, en 1978 y 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional supo romper con fuerza propia esa posibilidad y evitó la componenda. Para ese tiempo, las varias décadas de dictadura había imprimido rasgos específicos a las dos fracciones burguesas. Una era predominantemente militar, otra civil; una utilizaba el aparato estatal como fuente de enriquecimiento disminuyendo en esa medida su habilidad empresarial, con la otra sucedía lo contrario.
Tras el triunfo revolucionario la fracción somocista fue desplazada del poder e impulsada por Reagan como fuerza armada contrarrevolucionaria. Con la profundización de la revolución y el correr de los años, muchos elementos de la otra fracción de la burguesía pasaron también a oponerse al proceso nicaragüense por la vía armada (a estos últimos se les unieron desertores de las filas sandinistas como Edén Pastora en lo militar y Alfredo César en lo político). Pero la división histórica entre ambas fracciones de la burguesía se siguió manifestando. Unos pusieron su cuartel general en Honduras e impulsaron las "Fuerzas Democráticas Nicaragüenses" (FDN) y otros se ubicaron en Costa Rica al mando de la "Alianza Revolucionaria Democrática" (ARDE). La Administración Reagan realizó grandes esfuerzos por unirlos consiguiendo modestos resultados. Especialmente buscó depositar el poder militar en la guardia somocista, añadiéndole una cúpula civil como fachada democrática proveniente de la otra fracción burguesa. El último de estos ensayos es la actual organización llamada "Resistencia Nicaragüense". Conforme la estrategia de Reagan fue siendo derrotada, aparecieron con más fuerza las contradicciones entre ambas fracciones.
Tras el declive estratégico contrarrevolucionario en el campo militar, la actual opción por una lucha política (combinada con la manutención de los ingresos económicos en un régimen de economía mixta), es una vía tentadora para la antigua fracción subalterna de la burguesía. En cambio, la fracción somocista ve cerradas sus posibilidades: dedicados al apoyo militar de la dictadura, carecen de posibilidades políticas; sus bienes han sido confiscados desde el triunfo revolucionario y limitadas sus perspectivas de participar en el régimen de economía mixta.
Desde esta perspectiva pueden comprenderse, en gran medida, las reacciones entre los exiliados de Miami, las contradicciones al interior de la "Asamblea contrarrevolucionaria", los choques entre mandos civiles y militares, las pugnas personales y, hasta cierto punto, los conflictos dentro del aparato militar. En este último caso la confrontación de fondo parece presentarse entre la dirigencia somocista y los "comandantes" más jóvenes, de origen campesino, fogueados militarmente tras el derrocamiento de la dictadura somocista. Por el origen campesino y no somocista de estos últimos, las negociaciones de paz representan la posibilidad de retornar a sus tierras en condiciones aceptables.
En esa medida, sus intereses tienen un punto de convergencia con la fracción civil de Directorio contrarrevolucionario. Las divergencias entre el partido Demócrata y el Republicano ahondan estas contradicciones. Reagan y los republicanos apoyan a la fracción somocista; los demócratas a la antigua fracción burguesa subalterna. Y el Congreso norteamericano a la burguesía nicaragüense como conjunto, tratando por tanto de que no se rompa esa "unidad".
El "terremoto político" producido en la contrarrevolución por los acuerdos de Sapoá está haciendo difícil mantener esa precaria unidad. Sin embargo, hasta el momento va siendo lograda con un mayor predominio de los somocistas. "Ahora tenemos una especie de unidad -dijo un miembro del directorio contrarrevolucionario al New York Times a finales de abril-, pero ésta es para nosotros una cuestión de sobrevivencia. Nadie sabe cuánto tiempo más podremos permanecer unidos y mantener la moral de nuestras tropas". Queda por tanto abierta la pregunta sobre cuál fracción logrará imponerse finalmente sobre la otra sin romper la unidad o si por el contrario se producirá una división orgánica. Desde esta perspectiva puede comprenderse el resultado de las negociaciones contras-Gobierno en el mes de abril.
Las negociaciones Gobierno - Contras
Dos tipos de negociaciones se han realizado tras el acuerdo inicial de Sapoá. Una de ellas, la de "comisiones especiales", estuvo a cargo de militares del Ejército Popular Sandinista (EPS) y de las fuerzas armadas contrarrevolucionarias. Su objetivo fue ubicar la localización, tamaño y modus operandi de las zonas de cese al fuego, en donde se ubicarían las fuerzas irregulares para su posterior incorporación a la vida civil. La otra, de "alto nivel", negociaría las condiciones del cese al fuego definitivo.
Las "comisiones especiales" sostuvieron tres rondas de negociaciones el 28 de marzo, 5 y 14 de abril respectivamente. En ellas se llegó a un acuerdo sobre localización y tamaño de las zonas de cese al fuego pero, al fracasar las discusiones sobre el modus operandi, no se logró firmar ningún acuerdo. El consenso sobre la localización y tamaño de las zonas fue alcanzado arduas discusiones por Joaquín Cuadra, jefe del Estado Mayor del EPS, en negociaciones con "Fernando" y "Toño", militares contrarrevolucionarios firmantes de Sapoá. En el transcurso de las rondas éstos fueron sustituidos por José Benito Bravo (Mack) y Juan Ramón Rivas (Quiché) con quienes no se pudo llegar a acuerdo. "Mack" se incorporó a la guardia somocista desde 1956, "Quiché" desde 1976. Ambos llegaron a pertenecer a la "Escuela de Entrenamiento Básica de Infantería (EEBI), batallón élite de la dinastía dirigido por el propio hijo de Anastasio Somoza Debayle. Al fracasar estas rondas, sus temas se transfirieron a las reuniones "de alto nivel".
La primera ronda de alto nivel estaba programada para el 6 de abril en Managua. La encabezarían Humberto Ortega, Ministro de Defensa, en representación del Gobierno y Adolfo Calero, jefe del Directorio, por la contrarrevolución. Debido a la desunión en los contras y a su necesidad de llegar a negociar con un mínimo de unidad, bajo diversos pretextos pospusieron el encuentro para los días 15, 16 y 17 de abril. Le siguió una nueva ronda el 28, 29 y 30 de abril. Actualmente está convocada una reunión para mediados de mayo.
No se avanzó mucho en las dos reuniones de alto nivel. Sobresalieron dos grandes temas de debate, uno sobre el modus operandi y otro sobre la democratización en Nicaragua. sobre el modus operandi en las zonas de cese al fuego llamó la atención que la contrarrevolución, en el transcurso del debate, hiciera planteamientos que le permitirían rearmarse, reabastecerse y tomar un control absoluto de las zonas definidas como enclaves de paz. La propuesta fue rechazada por el gobierno de Nicaragua porque no cedería en las negociaciones lo que los contras no habían ganado en el campo de batalla pero, sobre todo, porque la propuesta implicaba una lógica guerrerista que solo buscaría ganar tiempo y no una tendencia hacia el desarme y la paz.
En el tema de democratización se retrocedió en relación a lo pactado en Sapoá. Allí había quedado definido que, una vez que las fuerzas irregulares se introdujeran en las zonas de guerra, la dirigencia contrarrevolucionaria pasaría a debatir ese tema en el "diálogo nacional" junto con los otros partidos políticos del país, con la perspectiva de elecciones municipales y para el Parlamento Centroamericano en el corto plazo y para la presidencia de 1990. Los contras insistían en discutir los temas propios de ese diálogo nacional. Sin embargo, hubo algunos avances. De 32 puntos que contiene la propuesta del Gobierno (véase cuadro adjunto) se alcanzó acuerdos en 16 de ellos. Sin embargo, ni siquiera esto ha podido ser consignado por escrito ante el desacuerdo surgido en algunos de los puntos restantes.
Razones que impiden el avance de las negociaciones
Las verdaderas razones que han impedido el avance de las negociaciones no son esas, u otras de menor importancia, que han sido objeto de discusión en las diversas rondas. El principal obstáculo ha sido la profunda división en las filas contrarrevolucionarias y el deseo, de las dos fracciones en pugna, de no romper su precaria unidad para no debilitarse, más aún, ante el Gobierno de Nicaragua. Eso implicaba que, cualquier avance significativo que se pudiera dar en las negociaciones, ahondaría la división con la fracción encabezada por Bermúdez; podría llegarse a divergencias sin posibilidad de retorno.
Por tanto, no se podía firmar ningún avance. Además, las pugnas no zanjadas dentro de los contras han tendido a favorecer, provisionalmente al menos, a la tendencia de Bermúdez. Este ha logrado mantener el poder militar, rearticular el Estado Mayor e imponer sus delegados en las negociaciones con el Gobierno. Esto no es extraño si se considera que el poder real de la contrarrevolución siempre ha estado en manos de los guardias de la dictadura somocista. Las posibilidades de la fracción civil subalterna han mejorado notablemente por el poder que derivan de las nuevas posiciones del Partido Demócrata. Esto remite al segundo obstáculo en las negociaciones: las pugnas entre demócratas y republicanos. Con ello retornamos de nuevo a la continuación del diálogo tripartito e indirecto de Nicaragua con los dos partidos estadounidenses.
La ley de "ayuda humanitaria" aprobada por el Congreso norteamericano a finales de marzo ha sido un segundo factor que ha dificultado el proceso de paz. Las fisuras que habíamos señalado en la ley, producto de puntos de vista contrapuestos, posibilitaron que la contrarrevolución comenzara a recibir esa ayuda sintiéndose, en consecuencia, menos presionada para lograr acuerdos definitivos. Y por esa vía se ha llegado a violar la propia ley.
Róger Noriega, vocero de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), confirmó el 19 de abril que se había comenzado a entregar alimentos a contrarrevolucionarios por medio de Honduras. El Gobierno de Nicaragua protestó por esa entrega ante Estados Unidos y la misma Honduras, calificándola de ilegal y opuesta de los acuerdos de Esquipulas II, Sapoá y la misma ley norteamericana.
Ante esta situación, el propio Secretario General de la OEA, Baena Soares, protestó ante el Secretario de Estado norteamericano el 25 de abril. Baena, además de miembro de la Comisión Verificadora es, según los acuerdos de Sapoá, el responsable de "la asistencia técnica y los servicios necesarios..." que permitan y expediten el cumplimiento, seguimiento y verificación de (ese) Acuerdo". En su protesta a Shultz, Baena le recordó que en la resolución del Congreso sobre "ayuda humanitaria" se dice textualmente: "Ninguna autorización contenida en esta resolución conjunta está destinada a que la misma sea ejercida de cualquier manera que pudiese ser considerada por la Comisión de Verificación, establecida por el acuerdo de Sapoá, como inconsistente con dicho acuerdo".
Síntesis de la Propuesta del Gobierno Constitucional de Nicaragua
"El objetivo es poner fin a la guerra de manera total y definitiva en favor de la paz, la unidad y la reconciliación nacional. Para tal efecto se prórroga hasta el 1 de julio/88 el cese de todas las operaciones militares ofensivas.
Zonas de cese al fuego:
a) Las zonas acordadas son: Quilalí (500 km2), San José de Bocay (4.000km2), Kuskawas (1.050km2), La Piñuela (3.800km2), La Fonseca (4.783km2), Bilwaskarma (3.500km2) y Alambikamba (1.500km2).
b) El Gobierno respetará la libertad, seguridad e integridad física y moral de las fuerzas de la Resistencia que se hallen en las zonas. Los servicios básicos dados por el Gobierno en tales zonas seguirán funcionando.
c) El personal militar del gobierno, los vehículos, naves y aeronaves, se abstendrán de penetrar en las zonas y de situar piezas de artillería a una distancia menor que su alcance máximo.
d) Las fuerzas irregulares ingresarán en las zonas acordadas con su dotación completa de armas, municiones y equipos de comunicaciones.
Suministro de asistencia humanitaria
Luego de la ubicación en las zonas, se darán las facilidades para el suministro de asistencia humanitaria, el que estará a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Gobierno garantizará el flujo expedito de los suministros.
Facilidades de comunicación y acceso
El Gobierno no perturbará ni interferirá en forma alguna las comunicaciones radiales de la Resistencia.
Garantías a la población civil
a) Los pobladores implicados con la Resistencia Nicaragüense (RN), no serán juzgados ni perseguidos.
b) El Gobierno garantizará el acceso hacia las zonas a los familiares, al personal médico, comerciantes (...) y la Prensa nacional e internacional.
c) El Gobierno facilitará el suministro, libertad de movimiento, trabajo, comercio y facilidades bancarias a la población civil que se halle en las zonas.
Luego de la ubicación en las zonas, se emitirá el decreto de amnistía para el 50% de los prisioneros; y luego de su reincorporación a la vida civil, se promulgará el decreto de amnistía para el 50 % restante. En el caso de los ex-guardias la amnistía se emitirá de acuerdo con el dictamen de la CIDH de la OEA.
Integración al Diálogo Nacional
Constatada la ubicación en las zonas por parte de la Comisión Verificadora, sus representantes políticos se incorporarán al Diálogo Nacional.
Proceso de reintegración a la vida civil
El material bélico de la RN será entregado a la Comisión Verificadora. Su destino será definido en el marco de Contadora (Esquipulas II). Dado este paso, gozarán plenamente de los Derechos y Garantías de la Constitución y demás leyes del país".
Las opiniones de Baena Soares
Baena señala que el artículo 4 del acuerdo Gobierno nicaragüense-contras está consagrado al asunto de la asistencia humanitaria y dice: "Con el fin de garantizar los alimentos y suministros básicos para las fuerzas irregulares, se gestionará y aceptará exclusivamente ayuda humanitaria, de conformidad con el numeral 5 de los acuerdos de Esquipulas II, la que será canalizada a través de organizaciones neutrales".
El numeral 5 del acuerdo de Esquipulas II dice: "Los Gobiernos de los cinco Estados Centroamericanos solicitarán a los Gobiernos de la región y a los Gobiernos extrarregionales que, abierta o veladamente proporcionan ayuda militar, logística, financiera, propagandística, en efectivos humanos, armamentos, municiones y equipo a fuerzas irregulares, o movimientos insurreccionales, que cesen esa ayuda, como un elemento indispensable para lograr la paz estable y duradera en la región. No queda comprendida en lo anterior la ayuda que se destine a repatriación o, en su defecto, reubicación y asistencia necesaria para la reintegración a la vida normal de aquellas personas que hayan pertenecido a dichos grupos o fuerzas".
Dejando claro que una ayuda entregada sin garantías suficientes de que servirá para la reintegración a la vida normal de los contras armados es violatoria de la letra y espíritu de Esquipulas II y Sapoá, Baena concluye: "Hay una vinculación explícita entre la legislación adoptada por el Congreso de los Estados Unidos de América, el Acuerdo de Sapoá, las disposiciones de Esquipulas II y cualquier otro acuerdo subsiguiente entre las partes signatarias del Acuerdo de Sapoá. Cualquier acción que se desvíe de esos textos es inconsistente con las precedentes disposiciones legales y las condiciones estipuladas por las partes. Cualquier modificación de estos textos deberá emanar únicamente de las autoridades que los adoptaron o de las que los acordaron.
Comprendo muy bien el problema humano que esta situación representa a los integrantes de las fuerzas irregulares en el campo durante el proceso de paz y esta circunstancia me preocupa. Sin embargo, no puedo compartir el punto de vista de que la acción tomada por AID se condiga con los mandatos que rigen esta materia. Como miembro de la Comisión de Verificación que es la única creada por las partes en el Acuerdo de Sapoá, no puedo responsabilizarme por verificar acciones incongruentes con los objetivos y motivos subyacentes en su concepción. Por lo mismo, debo expresarle mi profunda preocupación sobre toda esta situación".
Lo anterior explica la dinámica y las causas que, al menos hasta ahora, han evitado avances significativos en las diversas rondas negociadoras entre el Gobierno y los contras. Sin embargo, no pueden pasarse por alto otro tipo de encuentros, no oficiales, entre tropas del Ejército Popular Sandinista y de las fuerzas irregulares contrarrevolucionarias en diversas zonas del país.
El cese al fuego acordado en Sapoá, que se ha cumplido en gran medida, ha permitido un acercamiento en el terreno entre ambas fuerzas militares. Debido a la desinformación generalizada de la tropa contra sobre la dinámica política del país, muchos de ellos buscan explicación sobre las razones del cese al fuego. Se producen entonces diálogos sobre ese tema. Las fuerzas de la contra han oscilado entre la desconfianza al Gobierno y el deseo de paz.
En algunos lugares se han producido desalzamientos de pequeños grupos. En casos específicos el Ejército sandinista ha proporcionado comida y medicinas a los contras. Bermúdez y la cúpula dirigente de estas fuerzas han visto con preocupación la dinámica que se podría desencadenar sobre la moral de sus tropas, si continúan estos contactos en el marco de un agudo conflicto entre sus propios mandos militares. El temor ha llevado a Bermúdez a dar órdenes de que se dispare contra gente que se les acerque a dialogar sobre esta nueva situación aunque se trate de civiles desarmados. Sin embargo, en muchas ocasiones son los propios familiares quienes les buscan, instándoles a regresar a sus hogares. De prolongarse el cese al fuego esta dinámica en las bases seguramente irá rindiendo, poco a poco, frutos de paz.
Con Sapoá como nuevo punto de partida, las divisiones entre los contras han irrumpido con fuerza siendo reforzadas por las divisiones entre demócratas y republicanos. Al mismo tiempo han buscado reforzar su precaria unidad de cara al Gobierno Sandinista. Esta dinámica real, cuyas expresiones son las distintas rondas de negociación, aboca a la pregunta sobre cuáles son las alternativas para la contrarrevolución de la presente coyuntura.
Los somocistas: ¿atrapados sin salida?
La tendencia del proceso nicaragüense muestra una situación sumamente difícil para la fracción somocista de los contras (y por tanto para el presidente Reagan), pese a que hasta el momento han podido retener su poder real e incluso pudieran eventualmente reforzarlo en lo inmediato. Pero aún en ese caso parecen, hasta cierto punto, atrapados sin salida. Veamos las alternativas de la coyuntura desde esta perspectiva.
Una posibilidad es que, pese a los esfuerzos que se realizan actualmente en sentido contrario, la actual división madure y explote definitivamente. Las formas podrían ser múltiples. En ese caso una fracción buscaría incorporarse a la vía política y la fracción estrictamente somocista continuaría la guerra. Esa alternativa incrementaría aún más las dificultades militares de los contras. Perderían un sector de sus tropas por deserciones, se debilitaría sustancialmente su fuerza política ante el Congreso norteamericano y la comunidad internacional, se les haría más difícil soportar el contra ataque del Ejército Sandinista, etc. Los factores que los han llevado al declive estratégico avanzarían muy aceleradamente. Por tanto esta opción, que es posible, buscará ser evitada.
La segunda opción debe desarrollarse por tanto en el marco de la unidad entre los contras. Pero si, como producto de esa frágil y necesaria unidad la fracción de Alfredo César resultara triunfadora en el debate interno con el apoyo de los demócratas, los acuerdos de paz podrían estar firmándose en el corto plazo. Por esta vía también quedarían derrotados los objetivos militaristas de la fracción encabezada por Bermúdez. Esta opción, por tanto, también buscará ser evitada.
Una tercera alternativa sería que la fracción de Bermúdez impusiera sus objetivos sin romper la unidad contrarrevolucionaria. Esto llevaría a la ruptura de las negociaciones y al reinicio de la guerra. Esta opción es posible pero enfrentaría problemas importantes. Salvo un craso error de los negociadores sandinistas, la ruptura de las rondas de negociación tendría que ser unilateral. Los contras tendrían que renunciar tajantemente a seguir buscando la paz despreciando una tras otra las propuestas que el Gobierno nicaragüense seguramente les hará. Una ruptura de ese tipo difícilmente convencería a los legisladores demócratas a cambiar su actual opción tendiente a una salida política.
Pese a que se buscaría culpar a los sandinistas sería difícil que, en el marco electoral estadounidense, los demócratas se plegaran a los republicanos. Sin el apoyo del Congreso y ante una implacable contra-ofensiva militar sandinista que seguramente se desataría buscando rematar a los contras antes de noviembre/88, las perspectivas se les tornarían difíciles. Pudieran quedar en una situación tal que ningún presidente norteamericano considerara rentable la resurrección de los contras.
La cuarta opción consistiría en prolongar de tal manera las negociaciones que éstas se transformaran en una tregua sostenida pero no en un cese al fuego definitivo. El objetivo sería tender un período puente que pudiera enlazar con un eventual triunfo republicano en los comicios de finales de año. Debido a lo prolongado que sería ese período (ocho meses) y a las múltiples presiones internas y externas que tendrían que soportar, esta perspectiva solo sería viable si recibe un refuerzo cualitativo en esa dirección.
Este podría ser el inicio de un diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua en el marco centroamericano o en el plano bilateral. Los republicanos podrían quitar así argumentos a los demócratas sobre los errores de la Administración Reagan hacia Nicaragua en el marco de la campaña electoral. No sería la primera vez que sucedería; el diálogo de Manzanillo en 1984 buscó ese mismo objetivo y lo consiguió. La actual situación centroamericana también aconsejaría hacerlo. En El Salvador, las últimas elecciones muestran que se desmorona el proyecto norteamericano basado en Duarte y el partido Demócrata Cristiano; en Panamá, los militares al mando de Noriega han resistido más de lo previsto; en Honduras la población ha dado muestras de un creciente sentimiento antinorteamericano que se plasmó en la quema del consulado estadounidense y otras acciones paralelas.
Esta cuarta opción parece ser la que más ventajas ofrece a la fracción somocista y al presidente Reagan. Queda por ver si son capaces de implementarla sin que les estalle antes alguna de las anteriores. Ahora bien, aún en este caso, surgen algunos interrogantes. Primero, ¿lograrán las tropas de la contra (especialmente los de origen campesino) sostenerse cohesionadas con ocho meses sin acciones combativas? ¿serán fundados los temores de Bermúdez a los diálogos en el terreno del EPS y los contras? Si con el correr de los meses se producen deserciones importantes, la derrota estratégica de los contras continuará profundizandose. Segundo, en caso de que Bush triunfe en las elecciones de noviembre, ¿considerará rentable políticamente revivir a plenitud la obra de Reagan o buscará la negociación? En esta última opción, la solución solo se habría retrasado. Tercero, ¿y si Bush no triunfa? ¿deben ponerse todas las esperanzas en la misma canasta?
Una quinta opción serían las posibles combinaciones de diversos elementos de las cuatro anteriores. Por ejemplo, continuidad de la guerra contra y negociaciones paralelas Estados Unidos-Nicaragua; ruptura de negociaciones, período de guerra y regreso a las negociaciones, etc. La quinta opción, planificada o no por las fuerzas en contienda, presentarían los inconvenientes y ventajas propias de las combinaciones.
El despliegue de las alternativas en la coyuntura muestra que los contras y especialmente la fracción estrictamente somocista no está totalmente atrapada sin salida. Pero sí entre la espada y la pared. La puerta por la que tiene que pasar es muy angosta... y no parece llevarla al cielo.

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 artículo 4