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Timestamp: 2017-12-17 09:49:53+00:00

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Como secretario de la comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios – PAD, Jorge Rojas Córdova no actuó en salvaguarda de los intereses del Gobierno Regional de Lambayeque.
Por haber emitido informe de precalificación con relación a hechos referentes a una presunta falta disciplinaria descritos en el “Examen Especial de Controversia Arbitral” entre la empresa Komatzu Mitsui Maquinarias Perú S.A” y el Gobierno Regional de Lambayeque, el gerente general de la entidad, Francisco Gayoso Zevallos, dispuso iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario contra el abogado Jorge Rojas Córdova, en su condición de ex secretario técnico de Procedimiento Administrativo Disciplinario – PAD, por supuestamente haber dejado prescribir la investigación contra los responsables.
Mediante Resolución N° 119-2017-GR.LAMB/GGR, del 13 de noviembre último, basándose en el Informe N° 34 -2017-GR.LAMB/STPAD, Gayoso Zevallos señala que se ha identificado presunta responsabilidad administrativa atribuible a Rojas Córdova, en el período comprendido del 23 de enero del 2015 al 7 de enero del 2016.
En el documento se relata que en su calidad de Secretario Técnico de Apoyo a los Órganos Instructores del PAD, habría emitido informe de precalificación relacionado con los hechos constitutivos de presunta falta disciplinaria descritos en el Informe N° 006-2013-2-5343 -“Examen Especial de Controversia Arbitral” entre la empresa Komatzu Mitsui Maquinarias Perú S.A y el gobierno regional, del 20 de agosto del 2015, en el cual existe un exceso en el plazo para el inicio de la acción administrativa disciplinaria contra el ingeniero Víctor Augusto Delgado Vélez y el economista Víctor Miranda Monteza.
La investigación vencía el 23 de abril del 2015, originando que la acción administrativa prescriba, y en virtud de lo cual, se expidió la Resolución de Gerencia General Regional N° 150-2016-GR.LAMB/GGR, del 6 de diciembre del 2016, en la que se declara de oficio la prescripción de la acción administrativa a favor de los procesados, quienes ocuparon la gerencia de Administración del gobierno regional.
El Gobierno Regional de Lambayeque convocó el proceso de selección “Adjudicación de Menor Cuantía N° 011-2010-GR.LAMB, derivado del Concurso Público N° 011-2010-GR.LAMB, con el objeto de contratar el servicio de reparación de un tractor oruga modelo D85A21B y una excavadora hidráulica. Para ello suscribió el contrato de servicio N° 039-2010-GR.LAMB, del 9 de julio del 2010, firmado entre la entidad y la contratista Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A, por el monto de 639 mil 796. 23 soles.
Sobre el particular, el Órgano de Control Institucional – OCI, en su Informe N° 06-2013-2-53413, concluye, que la “Oficina de Administración, en el período 2011-2013, no cumplió con el pago oportuno de la prestación del servicio de reparación del tractor; no obstante tampoco se ha recibido la prestación del servicio del contratista”.
A LAUDO ARBITRAL
Según actas suscritas por el área usuaria, no se habrían establecido los procedimientos necesarios para efectuar una eficiente programación de gasto, teniendo que realizar la previsión presupuestal respectiva que hubiera permitido honrar la deuda contraída con el contratista.
Sin embargo, se habría cancelado la totalidad del servicio, lo que ocasionó que el Tribunal Arbitral obligue al Gobierno Regional de Lambayeque al pago de intereses al contratista y gastos de honorarios por concepto de arbitraje por un monto de 38 mil 888.54 soles.
Ante el resultado y en el informe antes descrito entre Komatsu Mitsui Maquinarías Perú S.A y el Gobierno Regional de Lambayeque, al titular de la entidad estatal se le recomendó el inicio de las acciones necesarias para el deslinde de las responsabilidades administrativas disciplinarias que correspondan, contra los funcionarios y servidores comprendidos.
De igual manera, se recomendó la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar a través de la comisión especial permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios -PAD.
El jefe del Órgano de Control Institucional cursó el Oficio N° 553-2013-GR.LAMB/OCI, del 12 de diciembre del 2013, a través del cual remitió el precitado informe al presidente regional para los fines indicados. En dicho documento aparece el sello inserto, sin que haya sido revisado u observado previamente.
Con la finalidad de implementar la recomendación del órgano de control, con fecha 18 de diciembre del 2013, el presidente regional cursó el Oficio N° 1133-2013 –GR.LAMB/PR, dirigido al presidente de la Comisión Especial de Procesos Administrativos a efecto que, conforme a sus atribuciones, proceda a realizar las acciones necesarias para la implementación de la recomendación del OCI; es decir, abrir el Proceso Administrativo Disciplinario a los servidores involucrados antes que los plazos prescribiesen.
RECOMENDACIÓN DE SANCIÓN
El 3 de septiembre del 2014, la Comisión Especial de Procesos Administrativos para Funcionarios emitió el Informe N° 007-2014-GR.LAMB/CEPADF-03, mediante el cual recomendaba al titular de la entidad instaurar Proceso Administrativo Disciplinario a los funcionarios Víctor Hugo Miranda Monteza y a Víctor Augusto Delgado Vélez, por la presunta comisión de falta disciplinaria.
Días después, el 17 de noviembre del 2014, se expidió la Resolución Ejecutiva Regional N° 466-2014 GR.LAMB/PR, en la que se establecía que los hechos constituían presunta falta disciplinaria, por lo que a los mencionados funcionarios se les tenía que someter a las acciones legales correspondientes, tal y como lo dispone el orden jurídico.
Mediante Informe N° 012-2015-GR.LAMB/ST, del 17 de marzo del 2015, el Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, recomendó al titular de la entidad, declarar la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 466-2014-GR.LAMB/PR, que instauraba el proceso administrativo disciplinado, emitiéndose tal contexto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 217-2015-GR.LAMB/PR, de fecha 31 de marzo de 2015, que resuelve conforme a la recomendación del Secretario Técnico del PAD; y, dispone remitir lo actuado al funcionario informante para que efectúe la precalificación de los hechos de presunta falta disciplinaria.
El 16 de diciembre del 2015 – ocho meses después de haberse dispuesto la instalación del PAD- recién se emitió el acto administrativo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra los ex funcionarios Víctor Hugo Miranda Monteza y Víctor Augusto Delgado Vélez, en mérito al Informe N° 050-2016-GR.LAMB/STPAD SR, del 20 de agosto de 2015, y el Informe N° 81-2015-GR.LAMB/STPAD-SR, del 13 de noviembre de 2015, ambos suscritos por Rojas Córdova.
Ante la decisión en su contra, Delgado Vélez presentó su descargo a través del Oficio N° 2015-ADV, del 22 de diciembre del 2015; en virtud del cual solicitaba la absolución deduciendo la prescripción del proceso.
En tanto, Miranda Monteza, mediante descargo de fecha 4 de mayo de 2016, también dedujo la prescripción de la acción administrativa disciplinaria, argumentando para tal propósito que “el titular de la entidad tuvo conocimiento del hecho desde el Informe N° 04-2013, suscrito por el Procurador Público Regional de fecha 20 de marzo de 2013; por tanto, la presunta falta habría prescrito al momento de haber sido notificado”, debido al exceso de tiempo transcurrido.
PRESCRIPCIÓN E INVESTIGACIÓN
En atención a ello, el 6 de diciembre del 2016, el gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, en su condición de órgano instructor del PAD, mediante Resolución N° 150-2016-GR.LAMB/GGR, declaró prescrita la acción administrativa disciplinaria a favor de Augusto Delgado Vélez y Víctor Hugo Miranda Monteza.
La inacción en el trámite del expediente administrativo sobre faltas administrativas atribuidas a Delgado Vélez y Miranda Monteza es imputable a Jorge Rojas Córdova, en su calidad de ex Secretario Técnico de Apoyo a los Órganos Instructores del PAD, al haber emitido el Informe de Precalificación relacionado con los hechos constitutivos de presunta falta disciplinaria descritos en el Informe N° 006-2013-2-5343; ‘Examen Especial a Controversia arbitral entre Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. con el Gobierno Regional Lambayeque.
Se señala que el exfuncionario habría incumplido lo dispuesto en el literal “a” del Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 276.- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
“Son Obligaciones de los servidores: cumplir personal y diligentemente con los deberes que le impone el servicio público, concordante con lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley N° 30057 -Ley del Servicio Civil”, y donde se señala que: “El Secretario Técnico es el encargado de precalificar las presuntas fallas. Además, la Secretaria Técnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinado, y tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del PAD”, señala la disposición.
En el limbo quedó el futuro político del regidor de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Aureliano Castañeda Hernández, luego que integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque escuchara sus alegatos tras haber sido sentenciado por el Quinto Juzgado Penal, en junio pasado, a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, por presuntamente adulterar un documento público con el que habría solicitado la vacancia del exalcalde Raúl Cieza Vásquez.
Conforme consta en el Expediente Judicial N° 7031-2013, la denuncia fue interpuesta por Cieza Vásquez, quien afirmó que con fecha 19 de octubre del 2012, Castañeda Hernández había solicitado su vacancia como alcalde de dicho municipio, argumentado que habría trasgredido el Artículo 22, numeral 7 y 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, referente a la inconcurrencia de cuatro sesiones ordinarias consecutivas en forma injustificada.
Sin embargo, mediante Acuerdo de Concejo N° 059-2012 –MDJLO, del 21 de enero del 2013, por mayoría, los regidores de ese momento declararon improcedente la solicitud de vacancia. Aureliano Castañeda interpuso recurso de apelación contra dicho acuerdo, dando origen al Expediente N° J-2013-0167, el cual fue elevado al Jurado Nacional de Elecciones –JNE.
Refirió ante el Jurado Nacional de Elecciones que Raúl Cieza Vásquez faltó a las sesiones de concejo los días 31 de enero, 21 y 29 de febrero, y 5 de marzo del 2012.
Durante el proceso judicial, Raúl Cieza Vásquez sostuvo que con documentos falsificados se habría pretendido vacarlo. Aureliano Castañeda afirma que lo vertido por la ex autoridad edil carecería de veracidad y argumenta la existencia de una “mano negra” que salvó de la vacancia al exalcalde, generando un proceso judicial en su contra que le ha significado ser sentenciado a tres años de pena suspendida.
En su apelación a la sentencia, presentada el 11 de septiembre pasado, Aureliano Castañeda sustentó, a través de su abogado Walter Torres Vera, que el magistrado del Quinto Juzgado Penal no tuvo una motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta.
Señala que el magistrado no ha tenido una indicación del razonamiento que justifique los principios de unidad en la función de juzgar con debida motivación que garantice una debida resolución judicial, que no contenga arbitrariedad judicial, y que no contengan meros caprichos del magistrado, sino que se base en datos objetivos que deriven a una correcta administración de justicia.
En el presente caso la sentencia fue expedida con manifiesta motivación aparente; es decir, se trata de una motivación aparente porque en cuanto se adentra en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación se descubre que no existe ningún fundamento que muestre que los hechos cargados por Raúl Cieza Vásquez tengan contenido de verdad.
“El juzgador me atribuye la utilización de documento público adulterado, con la finalidad de vacar al ex alcalde de José Leonardo Ortiz, Raúl Cieza Vásquez, y para ello da por cierto que solicité algunos documentos al Congreso de la República. Sin embargo, ningún medio de prueba acredita que haya solicitado dicha documentación”, señaló el fiscalizador a los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el magistrado César Bravo Llaque e integrada por Raúl Solano Chambergo y Edwin Quispe Díaz.
“Es algo inaudito que me hayan sentenciado cuando en los libros de cargo del Congreso de la República se indica claramente que los documentos en mención fueron entregados en copia fedateada a una tercera persona de nombre Guido Gutiérrez, de quien no se sabe quién es”, refiere.
Los trabajadores y funcionarios del Congreso de la República, responsables de expedir las copias fedateadas que presuntamente habían sido solicitadas por Aureliano Castañeda, no lo reconocen como la persona que las recepcionó. Es más, los vídeos de las cámaras de seguridad tampoco registran la vista del regidor leonardino en las fechas que los documentos fueron entregados a Guido Gutiérrez.
“La conclusión de sentencia es errada y preocupa más que el juzgador no haya valorado el resultado de una pericia grafotécnica de parte, en la cual el perito hace constar que la firma que aparece en el documento de pedido de vacancia presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones no es del puño y letra de mi patrocinado. Es decir, la firma que aparece en el documento atribuida al recurrente es falsa y, en consecuencia, el documento no puede haber sido presentado por mi patrocinado”, sostiene el abogado defensor.
INFRACCIÓN A LA PRUEBA
En la sentencia se precisa que Aureliano Castañeda utilizó la presunta documentación falsa para solicitar la vacancia del exalcalde Raúl Cieza Vásquez.
El juzgador del Quinto Juzgado Penal habría confundido el desarrollo histórico de los hechos, puesto que respecto a la vacancia, el estado de este pedido era de apelación del Acuerdo de Concejo que la declaró improcedente.
“Esta apelación ya había sido resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución N° 485-2013-JNE, del 23 de mayo del 2013, por lo que no sería lógico tal presentación, lo que denota que ha existido una conspiración para incriminar al regidor apelante”, resalta el letrado defensor.
La defensa concluye que existen evidentes vicios procesales que afectan las garantías mínimas para que en un proceso penal pueda ser válido ya que se evidencian contravenciones relevantes que afectan directamente el debido proceso, por lo que el colegiado superior debería revocar la sentencia, absolviendo de la acusación fiscal o declarar su nulidad del proceso y del juicio oral.
La audiencia de apelación se dio el 28 de noviembre último, quedando al voto de los magistrados la que será leída el próximo 11 de diciembre.
Cieza Vásquez señaló en su denuncia que con el propósito de obtener la vacancia de su cargo, Aureliano Castañeda habría presentado un correo electrónico emitido por el técnico de la Oficina de Prevención y Seguridad de Consejo del Congreso de la República, César Espichán Agurto, en el que se señala que este no reportaría ingreso el día 21 de febrero del 2012 a la sede del edificio José Faustino Sánchez Carrión – Congreso de la República.
De igual manera, señaló que Aureliano Castañeda presentó la Carta N° 079-2013 OM/SR, emitida por Javier Ángeles Illomann, el Oficio 180-2013-OPS-S-OM/CM, emitido por el coronel (r) Estuardo Loyola Machado, y el Informe N° 019-2013-CAEA-OPS-OM/CR, emitido por el técnico administrativo de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso de la República César Espichán Agurto.
La exautoridad refirió que todos los documentos eran adulterados en su contenido, con el objetivo de darle un contenido perjudicial al agraviado y así lograr el propósito de la vacancia.
Cieza Vásquez señaló en su defensa que sí estuvo en la sede congresal el 21 de febrero del año 2012 y que los documentos presentados al Jurado Nacional de Elecciones son adulterados, con el único objetivo de hacer creer al Supremo Magistrado Electoral que el agraviado no asistió a la sede congresal la fecha antes indicada.
Durante el desarrollo del proceso en primera instancia, Aureliano Castañeda solicitó el sobreseimiento de la acusación fiscal, debido a que el Ministerio Público sustenta su acusación en una supuesta comisión del delito de adulteración de documento público, lo que en definitiva la imputación de este delito implica necesariamente que se encuentre debidamente acreditado a través de los elementos de convicción.
“El Ministerio Público debe probar la existencia del delito y la vinculación del imputado con los hechos materia de imputación, de tal manera que sea razonable para poder desarrollar un juicio oral. Es decir, se le juzga y sentencia sobre supuestos y con copias de documentos porque supuestamente los papeles originales han desaparecido o se han perdido”, señala la defensa.
Se agrega que la investigación fiscal se ha desarrollado en virtud al acta de recepción de denuncia de parte presentada por Raúl Cieza Vásquez, refiriendo que con fecha 19 de octubre del 2012 el recurrente había solicitado su vacancia como alcalde de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, debido a la inconcurrencia a cuatro sesiones ordinarias consecutivas en forma injustificada.
Es más se señala que no existe el elemento probatorio elemental, que no es más que la pericia grafotécnica que prueba la supuesta adulteración del contenido de los documentos. Además, dichos documentos, los que fueron utilizados para solicitar la vacancia de Raúl Cieza, fueron solicitados por conducto regular a fin de determinar si Raúl Cieza llegó o no al Congreso de la República para sostener una reunión con el exparlamentario Raúl Rivas Texeira, tal como lo había dicho al seno del concejo municipal leonardina para evitar ser vacado.
En su intervención ante los magistrados, Aureliano Castañeda sostuvo que en el orden de ideas existe insuficiencia probatoria para demostrar que fue el responsable de la presunta adulteración de los documentos en cuestión, y que solo se usaron con la finalidad de probar la inasistencia injustificada del ex alcalde Raúl Cieza Vásquez a cuatro sesiones de concejo.
Finalmente, la fiscal superior Lily Díaz sindicó que el regidor habría cometido adulteración de documento, lo cual implica una modificatoria de uno de los elementos esenciales del título, lo que lo convierte en un documento ilícito.
El exgerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Santa Cruz Alarcón, afronta un juicio por el delito de peculado doloso en un caso desacumulado de “Los limpios de la corrupción”, por presuntamente haberse apropiado de dinero de la comuna correspondiente a cuentas sin rendir de actividades desarrolladas mientras ostentaba el cargo público. El caso se judicializó sin que se haya agotado la vía administrativa.
En tanto, en forma extraña y contradictoria, el funcionario público que le autorizó el uso de los fondos públicos como es el exgerente de Administración, Jorge Hugo Matallana Peralta, ha sido librado de culpa por el Ministerio Público pese a la responsabilidad que recae sobre él, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones - MOF del municipio.
Es más, como un hecho anecdótico Matallana Peralta fue llevado como testigo por el Ministerio Público para que declare en contra Santa Cruz Alarcón, cuando debería estar en calidad de imputado.
En su declaración testimonial, Matallana Peralta pretendió sorprender al colegiado al señalar que fue el exgerente de Imagen Institucional quien le dio los lineamientos de cómo debería trabajar en el cargo que ostentaba.
“Cuando llegué a la Gerencia de Administración de la municipalidad de Chiclayo, fue el señor Carlos Santa Cruz quien me recibió en la que habían asignado mi oficina y me señaló todo lo que tenía que hacer”, dijo.
Sobre la responsabilidad del delito de peculado doloso existe vasta jurisprudencia que debería ser aplicada en este proceso, siendo el de mayor relevancia el caso Fujimori, cuya condena de ocho años por los diarios chicha fue declarada nula por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en 2015.
La sala presidida por el juez supremo Javier Villa Stein sostuvo en su sentencia que las pruebas actuadas en el caso “Diarios chicha”, no llevaron a determinar con claridad la responsabilidad del acusado.
Según se precisa el tipo penal de peculado hace referencia a un funcionario público no “in abstracto”, sino contextualizado a un segmento concreto de la función pública «por razón de su cargo».
Es decir, para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar los bienes públicos objeto del delito deben encontrarse en posesión (inmediata o mediata) del sujeto activo y ello en virtud a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta al interior de la administración estatal.
“Debe tener, por tanto, competencia funcional específica. Por lo que, si dicha relación funcionarial de estricta base jurídica entre el sujeto activo y bien público que posee no existe, no se configura el delito de peculado”, se precisa en la sentencia.
CPP Y SU TIPIFICACIÓN
El artículo 387° del Código Penal vigente tipifica el delito de peculado, señalando que: “el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo (…)”.
En la doctrina se ha establecido que el delito de peculado constituye un delito especial de infracción de deber. Es delito especial porque típicamente restringe los contornos de la autoría a determinados sujetos cualificados – en este caso, de funcionarios y servidores públicos -, pero al mismo tiempo, se trata de un delito de infracción de deber, porque el fundamento de la responsabilidad penal a título de autor reside en el quebrantamiento de un deber positivo asegurado institucionalmente.
Bajo esta perspectiva, se desarrollará dogmáticamente los presupuestos típicos que exige la autoría delictiva del funcionario público para la configuración del delito de peculado, a fin de salvaguardar el principio de legalidad y las reglas contenidas en el Acuerdo Plenario 4-2005/CJ-116, de fecha 30 de setiembre del 2015.
El sujeto activo en el delito de peculado es el funcionario o servidor público que reúne las características de relación funcional exigidas por el tipo penal; es decir, quien por el cargo que desarrolla al interior de la administración pública tiene bajo su poder o ámbito de vigilancia (directo o funcional), en precepción, custodia o administración los caudales o efectos de los que se apropia o utiliza para sí o para otro.
La relación funcional que posee el sujeto activo del delito de peculado con el patrimonio público es el elemento normativo nuclear que vincula la conducta del funcionario público con el sentido de relevancia penal de la tipicidad del delito de peculado.
En esa línea, la vinculación funcional sirve para restringir o limitar el círculo de autores, circunscribiéndolo solo a aquellos que posean los caudales o efectos públicos por razón del cargo que desempeñan, excluyendo la hipótesis de autoría a los que no gozan o no tienen tal relación funcional.
Sobre la conducta típica: la apropiación o la utilización, son los dos supuestos que utiliza la norma penal para definir los comportamientos típicos del sujeto activo del delito de peculado, las mismas que deben contener elementos para su configuración, tales como: Existencia de una relación funcional “por razón de su cargo”; percepción, administración o custodia; apropiación o utilización; destinatario, para sí o para otro y, los caudales o efectos.
Sobre la existencia de una relación funcional “por razón de su cargo”; se indica que no todo funcionario público -por su sola condición – podrá ser sujeto activo del delito de peculado. El tipo normativo de peculado hace referencia claramente a un funcionario público no “in abstracto”, sino contextualizado un segmento concreto de la función pública “por razón de su cargo”, es decir, para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar, los bienes públicos (caudales o efectos) objetos del delito deben encontrarse en posesión (mediata o inmediata) del sujeto activo y ello en virtud de los de a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta al interior de la administración estatal. Por lo que, si dicha relación funcional de estricta base jurídica entre el sujeto activo y bien público que posee no existe, no podrá hablarse del delito de peculado.
Ahora bien, la posesión de los caudales o efectos de la que goza el funcionario o servidor debe basarse en el ámbito de competencia del cargo, determinado o establecido en la ley o norma jurídica de menor jerarquía (reglamento, directivas, entre otros). Dicha posesión puede ser inmediata o mediata; es decir, estar en contacto con los caudales y efectos, o darla por asumida, bastando solamente la facultad de disposición jurídica o disposición funcional.
En esa misma línea, el Acuerdo Plenario 4-2005/cj-116, del 30 de setiembre del 2015, ha dejado en claro que para la existencia del delito de peculado no es necesario que, sobre los bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa.
Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica; es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; debe tener, por tanto, competencia funcional específica.
Sobre la precepción, administración y custodia para configurarse el delito de peculado, resulta necesario que el agente esté en vinculación directa o indirecta con los bienes públicos, cuya precepción, administración o custodia le estén confiadas en razón del cargo que desempeña, conforme se detalla a continuación.
Es decir, la percepción, hace referencia a la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita (del tesoro público, de particulares, donaciones, etc.) y que ingresan o pasan a integrar patrimonio estatal en calidad de bienes públicos.
Mientras que la administración implica la facultad de disponer de los bienes públicos para aplicarlos a las finalidades legalmente determinadas. La administración de los caudales públicos por parte del autor tiene implícita la vinculación funcional, comprendiendo tanto relaciones directas o mediatas con el caudal, por las que, sin necesidad de entrar en contacto con los bienes, puede el funcionario público disponer de ellos en razón de ser el responsable de la unidad administrativa o titular del pliego.
En tanto, la custodio implica la protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los caudales y efectos públicos.
En virtud a estas formas de posesión que el tipo penal ha establecido, el funcionario o servidor tiene que desarrollar funciones de control, conducción y vigilancia (deber garante), en razón de las obligaciones inherentes a su cargo sobre los bienes públicos.
Sobre la “apropiación o utilización”, no puede haber apropiación o utilización propia de peculado si no hay relación funcional entre el sujeto activo y el patrimonio público. Sobre esta base se articulan las modalidades delictivas de la comisión estipuladas en esta figura penal.
La apropiación consiste en hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolos de la esfera de la función de la administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos- el agente activo realiza actos de disposición como si fuera el dueño del bien, esto es, determinado por el “animus domine”: ejerce sobre él actos de dominio inconfundibles que justifica su tenencia.
Sobre el destinatario “para sí o para otro, el destinatario, en el supuesto “para sí”, actúa por cuenta propia, apropiándose de los caudales o efectos, pero también puede cometer el delito para favorecer a terceros.
El supuesto “para otro” el agente activo realiza un acto de traslado del bien de un dominio parcial y de transito al dominio final del tercero.
FUNCIONES DEL EXGERENTE DE IMAGEN
Según las funciones atribuidas al exgerente de Imagen Institucional de la MPCH, Carlos Alfredo Santa Cruz Alarcon, en razón de su cargo, este se ocupaba de: programar, coordinar y supervisar las actividades de comunicación, información y divulgación en beneficio de la Imagen Institucional; mantener buenas relaciones con los medios de comunicación social a fin de facilitar la información a la ciudadanía sobre los diversos aspectos de la gestión municipal; representar por delegación del alcalde ante organismos públicos y privados; coordinar con las diferentes dependencias municipales a fin de recopilar información sobre las actividades que realizan en beneficio de la comunidad y de la atención que se brinda, y mantener informado al alcalde sobre las diversas opiniones que se vierten en los medios de comunicación sobre aspectos de la gestión municipal proponiendo, si fuera el caso, acciones en beneficio de la imagen institucional.
De igual modo, en el MOF se precisa que su función era informar al alcalde sobre las actividades o eventos en la localidad que puedan ser de interés para la institución; conducir la edición de boletines, folletos, revistas, contenidos de spots publicitarios y otros medios de divulgación sobre la gestión municipal; conducir, coordinar y/o dirigir ceremonias que preside el alcalde; coordinar y revisar las notas de prensa o comunicados a remitirse a los medios de comunicación, entre otros.
En suma, en las 18 funciones asignadas al gerente de Relaciones Públicas de la MPCH en el Manual de Organización y Funciones – MOF, vigente cuando el ex funcionario Carlos Santa Cruz Alarcón ocupó el cargo público ninguna tenía como responsabilidad cautelar los recursos del Estado y, por tanto, no está relacionada a la responsabilidad del tipo penal de peculado.
Debe tener, por tanto, competencia funcional específica. Por lo que, si dicha relación funcionarial de estricta base jurídica entre el sujeto activo y bien público que posee no existe no se configuraría el delito de peculado.
No obstante, pese a que el Ministerio Público obvió incluir en la acusación fiscal al exgerente de Administración y Finanzas, Jorge Hugo Matallana Peralta, el delito de peculado doloso sí se encuentra enmarcado según su cargo.
De acuerdo al MOF, dentro de sus atribuciones se consignaba la función de planificar, organizar, normar, dirigir y controlar los recursos económicos y financieros de la MPCH; programar, ejecutar, dirigir y controlar acciones correspondientes a los sistemas de personal, logística, contabilidad y tesorería; remitir información contable presupuestaria a los organismos públicos correspondientes en las plazas señaladas por ley en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para su aprobación de acuerdo a ley; elaborar informes sobre los estados económicos financieros considerando los aportes diarios del SATCH, etc.
En suma en las 23 funciones encargadas están referidas a los recursos financieros manejados por la institución edil, responsabilidad que no supo cumplir pero que, sin embargo, ningún cargo pesa sobre él no habiéndose definido su situación jurídica en el caso “Los limpios de la corrupción”.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 21
 Artículo 92
 Artículo 22
 resolución 
 Resolución 
 artículo 387