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Timestamp: 2017-11-17 17:14:53+00:00

Document:
Nota de Pablo Diana, Director de D.G.M. a Carlos Piñeyro, Cónsul General de la República Argentina en Estambul.
Nota de Pablo Diana, Director de D.G.M. a Carlos Piñeyro, Cónsul General de la República Argentina en Estambul
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo Dirección General de Migraciones, Año 1949, Exp. 295342, Sumario Administrativo
[El 1º de octubre de 1948 Diana responde a la nota del Cónsul Piñeyro. Rechaza sus imputaciones y señala la inexistencia de "irregularidades" en el otorgamiento de permisos de libre desembarco. ] N. del C.
Buenos Aires, octubre 1º de 1948
Tengo el agrado de dirigirme al señor Cónsul General acusando recibo de su nota A.N.Nº 40/48 de fecha 17 del mes pdo., mediante la cual pone en conocimiento de esta Dirección General la existencia de resoluciones contradictorias en varios casos de permisos de libre desembarco en la República.
La explicación es sencilla. Ante todo, examinados cada uno de los expedientes que Vd. cita, he podido constatar que su tramitación ha sido correcta y cuando se ha acordado la autorización de entrada ella ha sido concedida únicamente por el suscripto, aunque aparezcan firmando las comunicaciones de estilo el señor Sub-Director o el Sr. Secretario General de la Repartición.
No debe extrañarle que un pedido cursado por esa oficina que haya sido resuelto negativamente merezca luego reconsideración en virtud de gestiones que se realicen directamente ante la Dirección General de Migraciones.
El Art. 1º del Decreto del P.E. Nº 14882 de mayo 29 de 1947 establece que la Dirección General de Migraciones podrá autorizar el ingreso al país de extranjeros cualesquiera fuera: a)el grado de parentesco con personas residentes en el país, b)el tiempo de permanencia de las mismas y c) el lugar en que se inicien los trámites.
Sobre esta base legal, es que se presentan familiares interponiendo el pedido de reconsideración que puede ser resulto favorablemente o no según las circunstancias y si conviene a los intereses del país.
La existencia de dos resoluciones favorables en un mismo asunto, no reviste gravedad, pero ello se debe a que se han presentado dos pedidos, uno consular y otro aquí, y que por los antecedentes acumulados, favorables desde luego para los interesados, hacen recaer obligatoriamente la resolución que acuerda el permiso.
Más adelante explicaré la razón de esa doble presentación de pedidos que originan otros tantos expedientes.
El caso que puede aparecer como irregular, es cuando por un expediente se acuerda permiso y por el otro se deniega. Sin embargo no hay tal irregularidad y la explicación es esta:
Por vía consular se recibe el pedido de entrada al país de una persona y ya sea por que el interesado no proporciona mayores informes o porque el funcionario consular omite su opinión en el pedido o ella no es lo suficientemente completa la Dirección General niega el permiso.
Por separado un familiar se presenta ante esta Dirección General y gestiona el mismo permiso, aportando suficientes elementos de juicio, acreditando ser persona honorable y de medios o recursos lícitos, demostrando que el que viene es una persona que conviene al país u otras circunstancias, y entonces es cuando la Dirección General acuerda la autorización de entrada.
Ahí está demostrado el por qué de una negativa y la razón de una concesión.
Por qué se inician dos expedientes para un mismo caso?. La razón es la siguiente.
La Dirección General de Migraciones ha despachado más de 350.000 pedidos de libre desembarco, se ha visto literalmente cubierta de pedidos sin tiempo material ni personal disponible para su despacho.
Sin embargo en base a un sacrificio personal de todos sus empleados, trabajando en doble turno, en feriados y domingos, se ha conseguido salir a flote, sin bien con algunos inconvenientes de orden administrativo.
Los ficheros registros no pudieron ser mantenidos totalmente al día, tal era el cúmulo de peticiones recibidas. Por ello al no responder el fichero se registraron algunos pedidos con doble numeración.
Vale la pena destacar que en un total de casi 350.000 expedientes cursados en un año, solamente aparezcan unos pocos en esas condiciones.
Es un mérito del personal de esta Dirección general que lo destaco con mi mejor elogio.
Referente al último párrafo de su nota le hago saber que si algunos datos personales de los viajeros cuya venida al país ha sido autorizada por gestiones directas ante esta Repartición, son erróneos, está en sus manos corregirlos cuando ellos sean de escasa importancia, como ser letras en el nombre o apellido, etc. pero si el error es de importancia, debe Vd. ponerlo en conocimiento de esta Dirección General para que confirme el permiso acordado o lo deje sin efecto.
Debe Vd. partir de la base que el permiso “no obliga” al funcionario consular a otorgar la visación si comprueba la existencia de algún antecedente desfavorable del interesado. Bastará suspender el procedimiento y comunicarlo a la Dirección General de Migraciones para que se proceda a su anulación.
Quiero a ese respecto, dejar expresa constancia que el suscripto jamás ha acordado un permiso de entrada cuando la opinión consular no es favorable, precisamente es respetuoso de ella porque es el funcionario consular quien, con el interesado a la vista y otros medios disponibles puede saber si es o no una persona que interesa al país quien haya merecido una autorización previa de la Dirección General de Migraciones.
El celo que en ese sentido pone esta Dirección General es extremo y la concesión de un permiso de entrada es la resultante del análisis de antecedentes que personalmente hace el suscripto.
No podrá nunca imponerse el procedimiento que Vd. aconseja, porque ello delataría los trámites en una forma por demás excesiva, recargaría la tarea de esta Repartición y no estaría de acuerdo con las reglamentaciones en vigencia.
Saludo al señor Cónsul General con mi mayor consideración.
ES COPIA Pablo Diana
Sobre: Decreto de cesantía del Director General de Migraciones, Pablo Diana.
[El 30 de julio de 1949, el P.E.N. dictó el decreto nº 18.041 por el cual se dejó cesante al director de la D.G.M. Pablo Diana. Esta decisión se sustenta en violaciones a la ley 817, además de otras irregularidades. Los fundamentos del decreto por el que se instruye el sumario precisan que el cesanteado conocía las irregularidades que se estaban llevando a cabo en la repartición. y que las justificó en función de "supuestas ordenes de la superioridad" que no pudo probar.] N. del C.
BUENOS AIRES, 30 DE JULIO DE 1949
Vistas las constancias del expediente Nº 295.342/49, sumario iniciado por irregularidades cometidas en la Dirección General de Migraciones lo propuesto por el Director Nacional de la Repartición, y
Que con prescindencia de las derivaciones que lo actuado pudiera tener en otros órdenes, las constancias acumuladas acreditan suficientemente la responsabilidad administrativa en que se halla incurso el señor Director General de Migraciones don PABLO DIANA;
Que, en efecto, de las propias declaraciones del mencionado funcionario y elementos de juicio corroborantes, resulta comprobado que aquél ha delegado en subalternos, facultades que le eran propias, dando además ingerencia decisiva en la resolución de los asuntos de su incumbencia, a personas totalmente extrañas a la repartición;
Que abundan los expedientes en que se revén providencias y resoluciones denegatorias de permisos de radicación sin que se acompañen pruebas, o razones valederas, como para justificar la rectificación del criterio primeramente sustentado, siendo manifiesta y flagrante la sistemática violación de la Ley 817, en el otorgamiento de tales permisos;
Que para cohonestar [sic] dichas irregularidades autorizaba al Subdirector General para la firma del despacho, nada más que para dar forma administrativa a los proveídos, los que debían ser extendidos en el sentido previamente señalado por el mismo Director, no obstante haber vicios de procedimiento, falta de comprobantes u otras deficiencias graves de documentación;
Que lejos de desconocer las irregularidades cometidas, el imputado intenta escudarse en la existencia de supuestas órdenes de la Superioridad, que por lo demás no concreta, alegando simplemente en forma vaga e imprecisa que ellas habrían sido impartidas verbalmente;
Que la falta de decisión y contralor que debió ejercer el funcionario de que se trata, había creado un clima de indisciplina en el personal y de verdadero desquicio en el mecanismo burocrático, tramitándose expedientes sin la intervención de las correspondientes oficinas, omitiéndose informes y certificaciones reglamentarios, con sistemático olvido, por otra parte, de la aplicación de las disposiciones relacionadas con la reposición de sellado;
Que surge así la comisión de reiteradas transgresiones a las leyes y disposiciones vigentes, como al cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, acusando todo ello marcada arbitrariedad, fruto de la gravitación de la influencia o recomendaciones, en el ejercicio de la alta función que se le había confiado;
Que al margen de ello, la actitud asumida por el Director General de Migraciones al promover querella por calumnias a su superior inmediato, a raíz de haberse dispuesto la instrucción de este sumario y la correspondiente suspensión de aquél en sus funciones como resultado de las primeras comprobaciones practicadas, denota desconocimiento absoluto de las normas administrativas en vigencia, tanto más inexcusable si se atiende a la jerarquía del causante;
Que el Poder Ejecutivo no puede pasar por alto dicha actitud, cuya temeridad ha sido puesta de manifiesto por la propia justicia, rechazando “in limine”, la acción, intentada con el ánimo evidente de restar autoridad y poner en tela de juicio la seriedad de la investigación administrativa ordenada;
ARTICULO 1º.- Déjase cesante al director General de Migraciones Don PABLO DIANA (C.1897 - D.M. 16 - M.834.216 - C.I. 1.195.530 Capital Federal).-
ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Políticos, interinamente a cargo del de Asuntos Técnicos.-
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-
(Fdo.): PERON BRAMUGLIA SUBIZA
DECRETO Nº 18041
Fuente: Archivo General de la Nación, Fondo: Dirección de Migraciones, Año 1949, Exp. 295342, Sumario Administrativo
[El 27 de septiembre de 1949 el Sumariante emite su evaluación final. De su examen concluye que la "inobservancia sistemática de las normas que rigen el procedimiento administrativo”, y en la mayoría de los casos, graves transgresiones a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor "habían conducido a la D.G.M "al límite del desquicio". Señala, a la vez, la "ingerencia de factores extraños a la repartición en el trámite y resolución de expedientes, y ... la sustitución de un criterio, legal, por otro arbitrario, determinado por las circunstancias, a fin de satisfacer los intereses particulares" Por último, señala la "existencia de falsos asientos en los registros de pasajeros". Critica la inobservancia del criterio de "cosa juzgada", permitiendo así que "cambios de personal, de situaciones políticas o influencias accidentales" mediasen para conseguir sucesivos pedidos de reconsideración, sin límites definidos de tiempo. Adjudica especiales responsabilidades a los funcionarios Tortello, H. Magistrali y Bruhn; deslindando de las mismas a los funcionarios que prestaban servicios en la División de Informaciones de la Presidencia de la Nación.] N. del C..
Tengo a honra comunicar al Señor Director Nacional, que he dado término a la misión que se dignó encomendarme, de sumariante administrativo, para investigar las irregularidades de diverso orden, imputadas al ex-Director General de Migraciones, don Pablo Diana, y personal subalterno de la repartición que lo secundaba.
Sobre la base de las denuncias concretas formuladas por el Señor Senador Nacional Mathus Hoyos, que durante su permanencia en Europa recogió la documentación pertinente, y los señores Cónsul General José Ramón Virasoro y ex-Cónsul General Carlos T. Brunel, procedí a llenar mi cometido con el mayor celo posible, sin otra preocupación que llegar al esclarecimiento de la verdad, y sin más anhelo que el servicio del bien público, haciéndome acreedor con ello a la confianza que se sirvió depositar en mí el Señor Director Nacional.
De este modo di principio a las diligencias sumariales, con la prolija revisación de más de cuatro mil expedientes, en cuyo trámite se ha podido establecer como características fundamentales, la inobservancia sistemática de las normas que rigen el procedimiento administrativo, y en la mayoría de los casos, graves transgresiones a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.
A este respecto puede decirse que la repartición a cargo del señor Diana había llegado al límite del desquicio: superiores sin autoridad moral por su implicancia en manejos sospechosos, inferiores sin responsabilidad por carencia de sanciones y abundancia de malos ejemplos.
No se trata de manifestaciones antojadizas, que puedan considerarse fruto de un estado de ánimo prevenido. Lo expuesto es nada más que una expresión fiel y objetiva de la realidad documentada en el sumario y reconocida por los mismos imputados en sus declaraciones calificadas por la amplia libertad de exposición de que éstos disfrutaron y complementada con las facilidades ofrecidas para el descargo.
Así fue como las personas sumariadas dictaron en lo sustancial sus explicaciones y tuvieron en su mano para su examen y estudio toda la documentación de cargo.
El Señor Director General don Pablo Diana, el Señor Subdirector General don Alfredo José Tortello y el Secretario General don Héctor Emilio Magistrali, especialmente, admiten la ingerencia de factores extraños a la repartición en el trámite y resolución de expedientes, y, como consecuencia lógica, la sustitución de un criterio, legal, por el arbitrario, determinado por las circunstancias, a fin de satisfacer los intereses particulares en juego.
Las múltiples probanzas acumuladas permiten establecer, además de flagrantes violaciones de la ley, las más diversas irregularidades: omisión de trámites esenciales, como por ejemplo los dictámenes de asesores técnicos; dualidad de criterio para encarar casos idénticos; carencia de fundamentos en las resoluciones, aún las que importaban reconsideración; sustitución de actuaciones en los expedientes por simples órdenes verbales; delegación injustificada de funciones. Todo ello ha revelado incompetencia en algunos, mala fe en otros y, en conjunto, ausencia absoluta del sentido del deber, de los atributos de la jerarquía y de las condiciones de la disciplina.
Dentro de este cuadro desolador que ofrecía la Dirección General de Migraciones al momento de su intervención por el P.E., he creído conveniente destacar dos aspectos de la anarquía administrativa reinante: uno, el menosprecio por las disposiciones de la ley de sellos, que obliga a todo funcionario a velar por la reposición de las fojas de los expedientes en que interviene; el otro, la existencia de falsos asientos en los registros de pasajeros.
Con relación a las violaciones de la ley de sellos, la designación de dos funcionarios del Impuesto a los Réditos requerida por el suscripto y auspiciada de inmediato por el Señor Director Nacional, ha permitido individualizar entre cerca de mil expedientes revisados hasta la fecha, un número tan considerable de infracciones, que término medio pueden calcularse a razón de tres fojas por expediente, por lo que en los cien mil que tramitan en el año, el perjuicio a la renta fiscal alcanzaría, en ese lapso, a la suma aproximada de cuatrocientos mil pesos moneda nacional.
En cuanto a las alteraciones realizadas en las listas de pasajeros, una investigación más detenida permitiría establecer en su verdadera magnitud las proyecciones de la maniobra que tenía la doble finalidad de encubrir el ingreso clandestino al país y obtener cartas de ciudadanía sin la antigüedad de residencia exigida por la ley de la materia.
Antes de terminar esta síntesis apretada de los hechos principales, objeto de la instrucción sumarial, séame permitida una declaración relativa al pequeño núcleo de funcionarios y empleados que supo mantener incólume sus calidades en el ambiente poco propicio para la corrección y el trabajo que imperaba en esta repartición, antes de que se implantara el respeto a la ley, el culto a la moral ciudadana y el amor a la patria y a las instituciones que constituyen los postulados de la revolución nacional.
COSA JUZGADA.-
Todas las cuestiones judiciales como administrativas deben tener fin, ya que así lo prescriben las leyes tanto en beneficio de la comunidad como de los intereses privados en juego. Extraña, entonces, que los cambios de personal, de situaciones políticas o influencias accidentales puedan hacer que las resoluciones gubernativas sean objeto de la interposición sucesiva de recursos de reconsideración, que mantengan viva e indefinida la discusión de lo ya resulto; ello significaría dar oportunidad a iniciar un procedimiento nuevo en expedientes concluidos y archivados, o en situación de serlo.
Ese cuadro, se constata al través del examen de más de cinco mil expedientes. En forma indefinida se ha recibido y resuelto, recursos de reconsideración. Se advierte así que expedientes originados por un pedido de radicación, han estado en trámite durante cinco años.....!
De todas las declaraciones prestadas ente la instrucción por parte de los inculpados, en ninguna de ellas se hace mención de esta anomalía; es más, no se percibe la iniciativa de ponerle fin para que tal estado de cosas desapareciera del procedimiento administrativo.
Aún cuando la aplicación del reglamento de sumarios ha sido suspendida, la instrucción, con el propósito de facilitar la tarea del funcionario que ha de dictaminar sobre lo actuado y fijar la responsabilidad de los inculpados, procede seguidamente a elevar su informe guiándose por lo establecido en los incisos a) a d) del artículo 40a. del mismo, a cuyo efecto y por separado analizan seguidamente tanto las declaraciones prestadas, como las pruebas acumuladas y los expedientes que corren por cuerda separada.
ALFREDO JOSE TORTELLO
Con respecto a este funcionario cabe, con carácter general, formular las mismas consideraciones que dieron lugar a la cesantía del ex-Director General Señor Pablo Diana.
Así es como, con el pretexto de dar viso de corrección a las decisiones de su superior jerárquico ha violado reiteradamente la ley 817 y los distintos decretos que la reglamentan.
Para demostrarlo, he de hacer seguidamente una breve relación, a fin de evitar repeticiones innecesarias, de las irregularidades a que me he referido precedentemente.
Al contestar la pregunta 39º. -fojas 65/65 vuelta- el Señor Tortello declara que al firmar el despacho lo hacía en base a la revisación del mismo por parte del Secretario General o Jefe de Despacho. De ello se deduce que en este aspecto se limitaba únicamente, por una parte, a suscribir las resoluciones del Director, y por la otra a confiarse ciegamente, en los empleados que tenían a su cargo la revisación de las actuaciones. Esta fundada presunción, que deja de ser tal para convertirse en evidencia, se demuestra al contestar la pregunta 47º. Pretende con ello rehuir la responsabilidad que podría caberle como Sub-director General de una repartición pública.
Esta situación, por otra parte, la pone en evidencia la instrucción al formular al Señor Tortello las preguntas 115, 116, 117 y 118. Las respuestas que el inculpado da a esas preguntas en nada modifica las conclusiones del sumariante.
Al propio tiempo es dable advertir que el Señor Tortello, por error, según así lo confiesa, ha suscrito credenciales en condiciones distintas a las autorizadas por el Director en los siguientes casos:
Expedientes 207.284/48 en el cual a fojas 1 el Director autoriza el ingreso del beneficiario en condiciones reglamentarias; la disposición pertinente de fojas 2 es firmada por el Señor Tortello en esas condiciones, pero el cable motivo de la segunda es suscrito con “documentación deficiente”. Ver constancias de fojas 82.
En el expediente 207.207/48 el funcionario cuya actuación se analiza firma una rectificación que es solicitada por un tercero extraño a las actuaciones. Fojas 69 vuelta.
Un nuevo error sería el que se ha deslizado al firmar la Disposición nº 43.115 corriente a fojas 6 del expediente nº 186.898/48, ya que la autorización de libre ingreso se otorga en distintas condiciones a las que autorizó el Director General. Fojas 70 vuelta.
El Señor Tortello suscribe la última disposición que se dicta en el expediente nº 58.709/46, sin advertir que el Director General de Migraciones era incompetente para pronunciarse sobre la solicitud del interesado, consistente en un recurso interpuesto ante el Ministerio de Trabajo, para ser resuelto, si procediera, por la Suprema Corte de Justicia. Fojas 46 y 47.
Análoga situación vemos en el expediente nº 126429/43 con acumulados 18.453/42; 9810/44 y 28.854/46 -caso de Lazar Kuhnberg- .
Existen omisiones de carácter reglamentario que el Señor Subdirector General no contempla en el expediente nº 156.573/48, limitándose a firmar la disposición pertinente.
Y por último, la Instrucción debe señalar un cargo de especial importancia para el Señor Tortello, que en su escrito de descargo no ha considerado en ninguna forma, tratando así de restarle la verdadera gravedad que reviste.
A fojas 111, al contestar la pregunta 179, reconoce que no obró dentro de las facultades legales y reglamentarias que implícitamente le acordaba el cargo desempeñado, al suscribir la disposición de fojas 20 del expediente nº 76.863/46, ya que con ello “derogaba” el Decreto 4.690/46 del Superior Gobierno de la Nación.
A fojas 108 vuelta el mismo inculpado declara ante la instrucción que en los expedientes 179.230/47; 78.655/47 y 110.774/47 que tramitan acumulados, no existe razón alguna para esa acumulación, y que el trámite de los mismos refleja un desorden administrativo apreciable y constituye una irregularidad.
Demasiado extenso sería el análisis de todas las situaciones parecidas o análogas; agregaré sin embargo una referencia más a la actuación del Señor Tortello; es la relacionada con el informe de la Dirección General Impositiva que corre a fojas 353/362, a cuyas conclusiones se remite el sumariante.
Señala la Instrucción, por otra parte, que el carácter de empleado bancario que el inculpado se atribuye, no tiene la amplitud que la acepción amplia de la palabra determina, pues sus veinte años de servicio en el Banco de la Nación no lo han sido obteniendo ascensos por antigüedad, sino que su ingreso a la institución se produce en 1927, con una remuneración de $ 650 mensuales, en el cargo de Auxiliar de categoría especial, es decir con un sueldo que en ese entonces percibían, poco más o menos, los gerentes de sucursales del interior del país. Fojas 250.
HECTOR EMILIO MAGISTRALI
Casi treinta años de servicios en la Repartición, adonde ingresara con un modesto cargo, hace que la conducta de este funcionario deba juzgarse en forma detenida.
Un empleado de Migraciones, el Señor Ramiro Castro, en su escrito de descargo de fojas 177/178 ha calificado al Señor Magistrali como la “llave” de la Repartición, y al propio tiempo ha manifestado que era el funcionario que tenía mayor autoridad en la casa desde muchos años atrás.
El sumariante, después de analizar detenidamente todas las declaraciones prestadas, la prueba producida para el esclarecimiento total de los hechos y la impresión personal que se ha formado tanto del inculpado como de todo el personal, y del desenvolvimiento de Migraciones, afirma que las expresiones del Señor Castro son exactas.
Héctor Emilio Magistrali ha sido, sí, el colaborar directo que necesariamente han debido utilizar, durante los últimos doce años todos los Directores de Migraciones. Y así ha ocurrido porque su condición de Jefe de Secretaría primero y Secretario después, le ha permitido estar en contacto diario y directo con sus superiores. De alguna cultura, facilidad en la expresión y conocimientos teóricos de todas las reglamentaciones sobre inmigración, se constituyó en el colaborador insustituible de la Dirección.
Cierto es también que lo ha animado siempre un gran espíritu de trabajo; que permanecía en Migraciones casi el doble de tiempo del horario común y que ha tropezado en su trabajo con personal de muy escasa idoneidad para el desenvolvimiento administrativo, pero no es menos cierto que ha hecho un uso discrecional de todas las atribuciones que el cargo le ha dado y que ha mantenido a todas las divisiones de Inmigración sin dotarlas nunca de una reglamentación que permitiera su armónico desenvolvimiento, con el propósito, seguramente, de hacerlas depender veladamente y en forma exclusiva del Jefe de Secretaría y/o del Secretario General.
Esta afirmación tiene como base las propias declaraciones del inculpado por una parte y el estado de cosas real por la otra. Si el Señor Magistrali ha tenido capacidad para proyectar, como lo afirma, la totalidad de los distintos Decretos que reglamentan la Ley 817; la de crear Divisiones como la de Permisos Especiales y Radicaciones, no puede restársela para haber omitido proyectar, asimismo, un régimen interno que permitiera evitar el caos administrativo que la instrucción advierte durante los años 1947 y 1948 en la hoy Dirección General de Migraciones.
Esa omisión se torna inexplicable, y como para juzgar también se puede incursionar en el terreno de la presunción, puedo afirmar que ella ha sido deliberada, con el fin ya expuesto, consistente en retener, para sí , el control y manejo de todo el desenvolvimiento administrativo.
Con referencia a la firma del despacho, cabría enunciar las mismas conclusiones que formuló al juzgar la actuación del Señor Tortello.
Es desde todo punto de vista inadmisible que aún contando con la autorización general del Señor Diana y particular en cada caso, para suscribir disposiciones, hiciera uso de ella conociendo que bajo su firma se violaban terminantes disposiciones legales y reglamentarias.
Que el señor Magistrali es un teórico en las disposiciones que reglan la inmigración, pero que no conoce derecho administrativo, queda evidenciado al contestar la pregunta 18º -fojas 126- cuando sostiene que resolvía directamente aquellos casos que tenían “como base la aplicación fría y llana de la reglamentación vigente que nadie podía hacer variar”. Se refería a las aplicaciones de penalidades a las empresas navieras y a los capitanes de barcos, aplicación que ha efectuado por sí, en la mayoría de los casos, como lo ha advertido la Instrucción, violando reiteradamente el precepto constitucional de que nadie puede ser condenado sin haber sido previamente oído.
La firma del despacho par parte del inculpado
Afirma Magistrali que se encontraba autorizado para hacerlo por Decreto 39.493/39, cuya copia corre a fojas 263. Es así en efecto, pero esa facultad no tiene la amplitud que pretende darle.
Adviértase que el mismo se origina en una solicitud del Director para que el inculpado, en ese entonces Oficial 7º (Jefe de Secretaría), se haga cargo de la Subdirección mientras durara la ausencia del titular que se encontraba enfermo y que en su parte dispositiva (Art.1º) establece que en los casos de ausencia o no concurrencia del Subdirector, éste será reemplazado pro el Oficial 7º, cargo que en ese entonces desempeñaba el Señor Magistrali.
Es decir entonces que únicamente pudo firmar en el supuesto que el señor Alfredo José Tortello hubiera estado ausente o no hubiera concurrido a su despacho.
A fojas 56 el Señor Tortello afirma que “no ha faltado un solo día a sus tareas”. No pudo, entonces, firmar el inculpado con excepción del término de diez días -que el Subdirector General concurrió a su despacho por haber tenido que trasladarse a San Juan, en comisión - (fojas 314).
La actuación de los Comités u Organizaciones de protección al inmigrante
Su reconocimiento oficial había tenido lugar en forma verbal o ante la presentación de sendas notas, cuyo contenido y resolución recaída, la Instrucción no ha podido individualizar, con excepción de los casos referentes a “Obra San Rafael” y “Caritas Internacionales”. El informe corriente a fojas 402 del Señor Director General de Inmigración, lo establece.
Tampoco el inculpado ha tenido iniciativas para remediar, encauzar o reglar las actividades de estas organizaciones; por el contrario, directa o indirectamente ha facilitado el desarrollo de sus actividades, atendiéndolos preferentemente en sus solicitudes, con el grave perjuicio que para la Nación significa la llegada de numerosos grupos de inmigrantes cuyo ingreso gestionó la Iglesia Ortodoxa Rusa, inmigración que el Señor Tortello a fojas 76/77 califica de “benéfica”, aunque inútil para el país y que “impresionaba muy pobremente en cuanto a sus aptitudes físicas y morales”.
La solicitud de fojas 7 del expediente nº 189.808/48 no se registró en Mesa de Entradas; la misma no está extendida en el sellado de ley y las actuaciones tramitaron por Secretaría General. Para así afirmarlo, me remito a la declaración del Señor Diana sobre el particular. Fojas 89 vuelta.
En la disposición de fojas 5 del expediente nº 123.528/47 que proyecta el Señor Magistrali, se omite incluir entre los requisitos a llenar, el de trámite de Servicio Sanitario. Su descargo para tratar de desvirtuar esa seria omisión no tiene asidero alguno, pues si bien es cierto, que los pasajeros habían arribado pocos días antes sin que el Servicio Médico hiciera observaciones, es también exacto que los interesados venían en tránsito a un país vecino y que en el supuesto de haber padecido defectos físicos, no se hubieran formulado observaciones, por la clasificación de “tránsito” de los referidos pasajeros. La exclusión de este trámite no tiene justificativo.
Se ha dado curso y resuelto por Secretaría General el expediente nº 159.572/48, originado por una solicitud de Monseñor Izrastzoff en la cual, en lugar de advertirse su firma, solo existe un sello facsímil de la misma.
Señalo la poca o ninguna importancia que a esta clase de expedientes se le daba en cuanto a la exigencia de elementales normas reglamentarias a cumplir por los interesados, máxime tratándose de solicitudes “listados”, es decir, que comprendían gran número de beneficiados.
Tampoco parece haber notado el inculpado que en los permisos que gestionó la Iglesia Ortodoxa Rusa, se atribuye a la gran mayoría de los beneficiados una única profesión: la de agricultores; que no todos son de nacionalidad rusa, bastando para así afirmarlo, leer la ciudad de su nacimiento y no su país, pues éste, sistemáticamente, no se consigna, y que esos permisos incluían numerosos inmigrantes de avanzada edad.
Tanto en sus declaraciones, como en sus escritos de descargo de fojas 143/149 y fojas 313/319 el Secretario General, ha querido dejar sentado en forma indubitable que el Director General resolvía, sin su asesoramiento, todo el despacho que le era sometido. Sin embargo, el señor José María A. Bruhn, a fojas 245 vuelta declara que el señor Diana trabajaba en su gabinete privado y allí le elevaban a la firma y consulta los expedientes, únicamente él y Héctor E. Magistrali, con exclusión de otro funcionario.
El sumariante entiende que es suficiente claro el punto como para pretender desarrollarlo, a fin de demostrar lo que a su juicio constituye una evidencia.
La nota del Cónsul Argentino en Estambul
Ofreció el inculpado, como prueba de descargo, que se obtuviera del bibliorato de Secretaría general -reservado- copia de la comunicación que se dirigiera al Jefe de la División Informaciones de la Presidencia, a raíz de la nota que cursara oportunamente el Cónsul Argentino en Estambul y en la cual puntualizaba diversos conceptos relacionados con resoluciones distintas y contradictorias dictadas en pedidos de libre ingreso al país. Ello no ha sido posible pues la copia buscada no ha sido encontrada, presumiéndose que ha sido retirada y entregada con otra documentación al señor Pablo Diana, atento las constancias de fojas 315, 376 vuelta y 377, pero si se ha obtenido la nota original del cónsul, copia de la respuesta que se le dirigió y memorándum que se preparó en Secretaría General para información del Director Diana. Estos antecedentes corren de fojas 388 a fojas 396.
De todo ello, se observa la razón que le asistió al Cónsul en cursar la nota referida, pues puntualiza numerosos casos en los cuales es dable advertir un criterio dispar entre el Director General, y Subdirector General y Secretario General en el otorgamiento de permisos, cambios de edades y religión que profesan los interesados y otorgamientos de credenciales en condiciones reglamentarias, con documentación deficiente y “Laiser Passer” para un mismo interesado pero en distintas fechas.
Ese cúmulo de irregularidades que no son desvirtuadas, por la nota -respuesta- que se dirige al Señor Cónsul, constituye el caos administrativo a que me he referido y que denuncian el Senador Nacional D. Alejandro Mathus Hoyos y los Cónsules Virasoro y Brunet.
Sostengo que no son desvirtuadas, pues no obstante calificarse de “sencilla” la explicación que quiere dársele, se recurre al procedimiento de relatar en cuatro páginas el régimen interno de Migraciones, que como ya se ha visto, no tienen su origen en reglamentación alguna y con la cual pretende justificarse los dobles permisos otorgados.
Reposición del Sellado de Ley
Por Secretaría General se entregaron la mayoría de los permisos de ingreso que han gestionado las diversas organizaciones que actuaban en Migraciones.
La Dirección General Impositiva, en su informe de fojas 353, puntualiza numerosos casos de incumplimiento a la ley 11.290 y Decreto 9432 en actuaciones originadas por esas mismas organizaciones.
Es evidente entonces, la responsabilidad que en este cargo recae sobre el Secretario General, Señor Héctor Emilio Magistrali.
Expedientes acumulados 110.774/47; 78.655/47; 179.230/47.
Ya se ha visto la calificación que de estas actuaciones han hecho los señores Diana y Tortello. Han reconocido que se trata de un serio desorden administrativo y señalado una pésima compaginación de las actuaciones.
El inculpado ha sido sometido a un detenido interrogatorio sobre estos tres expedientes, que abarca las preguntas 72 a 80 inclusive.
De las declaraciones prestadas por los funcionarios mencionados y de los empleados Castro y Mansilla Derqui -fojas 174/175; fojas 183/185- y de las constancias de fojas 201/208, se desprende:
Que el señor Héctor E. Magistrali agregó a la inicial del Director General corriente a fojas 4 del tercer expediente relacionado las palabras “doc.defte.”, otorgando así a los interesados una franquicia que éstos no habían solicitado, ni su superior había concedido.
Pretender justificar esa actitud, haciéndola aparecer como una omisión del Director General, -fojas 142 vuelta- es inadmisible.
El Señor Diana, a fojas 94 sostiene que el empleado firmó la disposición de fojas 24 del expediente 110.774/47 sin contar con su autorización. El Señor Tortello sostiene, asimismo, que el inculpado debió ser autorizado por él o el Señor Diana, indistintamente, para proceder como lo hizo.
JOSE MARIA ALEJANDRO BRUHN.
Se ha desempeñado sucesivamente como Jefe de Despacho de la Secretaría General, secretario del Instituto Etnico Nacional y Jefe de la Secretaría Privada del Director General Señor Pablo Diana.
Como Jefe de la Secretaría Privada, en la cual ha tenido bajo sus órdenes cuatro empleados, lo que da una idea del movimiento registrado en la misma, creó un fichero en el cual se registraban todos los expedientes que denominaban “de Presidencia”, siguiendo igual procedimiento para aquellos que se les dispensaba trámite preferencial, que tenían su origen en pedidos de legisladores, funcionarios y amigos personales del ex-Director Señor Pablo Diana.
Estos expedientes los sometía a consideración del Director directamente (fojas 237 - contestación a la pregunta 4a.).
Asimismo, determinados expedientes pasaban por Mesa de Entradas al solo efecto de darles carátula, pues después de haber cumplido con ese trámite y cursado por la División que correspondiera, los permisos que resultaban de los mismos, eran entregados a los interesados por Secretaría Privada (fojas 238 -contestación a la pregunta 9a.).
También se conservaban en Secretaría Privada copiadores especiales que forman parte de la documentación que corre por cuerda separada y que estaban destinados a registrar las credenciales y sus correspondientes disposiciones, de los llamados “permisos de Presidencia”.
En razón de que el señor Diana no concurría diariamente a su despacho oficial, sino que permanecía en su gabinete privado, el Señor Bruhn era quien atendía la mayoría del público que se hacía presente para entrevistar al Señor Director; contestaba la correspondencia que venía destinada a su superior; recibía las comunicaciones reservadas de distintos organismos, etc.
Su antigüedad en la Repartición, su condición de educacionista y la impresión que ha recibido el sumariante, al prestar declaración el inculpado, hace que pueda informar que el Señor Bruhn conoce perfectamente el desenvolvimiento de la casa. Por ello también afirma que conocía las irregularidades que se han cometido, no obstante que en sus declaraciones para nada se ha referido a ellas.
Pocas le son imputables directamente, pues no aparece, en ningún caso, suscribiendo resoluciones u ordenando trámites antireglamentarios.
Así vemos que el permiso otorgado por Secretaría Privada en el expediente nº 187.277/48, ello tiene lugar a un tercero no autorizado para hacerlo que en las mismas actuaciones, a una petición -fojas 4- formulada por una persona también extraña al expediente, le da curso girándola a la División Permisos, en lugar de someterla a la consulta de su superior como correspondía.
Que las dos situaciones enunciadas precedentemente se repiten en el caso del expediente nº 203.647/48.
Que, según resulta de la declaración del Señor Diana -fojas 87 vuelta- y de las constancias existentes en el expediente nº 207.823/48, el trámite del servicio Sanitario habría tenido lugar cuatro días antes que el expediente tuviera entrada oficial en la Repartición.
Ello surge de la inscripción “Secretaría Privada” que se observa en las referidas actuaciones.
En resumen, el Señor Bruhn, que ha sido testigo presencial diario de todo el desenvolvimiento de la Repartición, también, al igual que el secretario General, ha guardado silencio ante el cuadro caótico que presentó Migraciones y que queda revelado en este informe.
Esa sola actitud, es por sí sola, suficiente, para que el Señor Director Nacional pueda sostener, fundadamente, que el inculpado ha dejado de merecer la confianza del Poder Ejecutivo.
CARLOS MAGISTRALI
Funcionario que cuenta con más de 30 años de servicio, su conducta, al igual que la de su hermano Héctor Emilio, debe ser analizada con detenimiento.
Durante los primeros 28 años de servicios actúa en la hoy llamada División de Contralor de Entrada, a la cual llega a Jefe. Tócale juzgar a la instrucción su trabajo como Jefe de Mesa de Entradas, función que desempeñó durante un lapso de 2 años y medio, pues su trabajo en contralor de Entradas, no merece observaciones.
Desempeña el Señor Carlos Magistrali la Jefatura de Mesa de Entradas a raíz de la rotación de Jefes que dispuso el ex-Director señor Santiago Peralta, y la encuentra en lastimoso estado de organización y disciplina. Muchas son las constancias acumuladas en las actuaciones sumariales para que sea necesario afirmar que esa División era un caos.
Puso manos a la obra y con limitados recursos de muebles, espacio y personal consiguió ponerla en condiciones aceptables.
Todas las deficiencias que observó al momento de hacerse cargo y durante el desempeño de sus tareas, las puso en conocimiento de sus superiores, ante quienes recurrió en repetidas oportunidades, pidiendo los elementos necesarios para mejorar los servicios. Ver constancias de fojas 328/338 y fojas 379/386.
Sus reclamos encontraron eco y así es como la Instrucción puede comprobar que las cifras totales que reflejan el movimiento de Mesa de Entradas y que suministra el inculpado a fojas 322, en su escrito de descargo, con pequeñas diferencias son confirmados por el actual Jefe de la misma División por medio de su informe de fojas 378.
Resumiendo: El Señor Carlos Magistrali ha demostrado una gran capacidad de trabajo y ha estado alentado del deseo de mejorar el desenvolvimiento de una División que se encontraba en un estado lamentable de desorganización y atraso.
Pero cabe -asimismo- formularle un cargo.
Es el que se relaciona con el incumplimiento de la ley de sellos por parte del personal subalterno que tenía como misión la entrega de credenciales.
En este aspecto no ha ejercido la vigilancia necesaria como para haber evitado en gran parte la realidad del informe de la Dirección General de Impositiva.
La actuación de los señores Carlos Fuldner, Luis María Orliac, Dalmiro Ignacio O. Amaya, Bernardo Amaya, Eduardo Hartkopp y L. de Roover.
Es indudable que ella estaba circunscripta a las órdenes que recibían de sus superiores.
Si se ha cometido alguna irregularidad, ella no podría serles imputada directamente, por esa misma causal.
Por otra parte, con excepción del Señor Fuldner que si bien revistaba en el presupuesto de Migraciones, prestaba servicios en la División de Informaciones de la Presidencia de la Nación, los restantes no eran empleados de la Dirección General de Inmigración.
Las distintas probanzas acumuladas permiten afirmar que el carácter de estrictamente reservado de la tarea del Señor Fuldner lo había hecho aparecer en un principio, como autor de violaciones reglamentarias, pero esa duda queda disipada con solo tener como referencia el carácter de enviado oficial por parte de la Presidencia de la Nación y Dirección General de Fabricaciones Militares a Europa que tuvo el mencionado funcionario.
Por ello estimo que correspondería declarar que los funcionarios mencionados son ajenos a las irregularidades comprobadas en estas actuaciones sumariales.
EMILIO SCRIGNA
Desempeñó el cargo de 2º Jefe de Mesa de Entradas, siendo el colaborador inmediato del Señor Carlos Magistrali.
En cuanto a la tarea que desarrollaba, sus declaraciones concuerdan con las de su Jefe, no así en lo relacionado con la responsabilidad de quien de los dos tenía a su cargo, en forma exclusiva, vigilar la exposición del sellado en las actuaciones. Mientras Carlos Magistrali sostiene que ello era tarea exclusiva de Scrigna, éste declara que no había tal cosa; sino que esa responsabilidad era conjunta.
Con ello no disminuye la propia ni aumenta la de su superior.
Sobre el particular, cabía, en consecuencia, formular análogas conclusiones que en el caso del Señor Carlos Magistrali.
También debe destacarse que el inculpado no ha aportado elementos de juicio como para determinar que lo ha animado un gran espíritu de trabajo; que ha sido el autor de iniciativas tendientes a mejorar el servicio, etc. Sobre este aspecto ha guardado silencio, razón por la cual no es posible llegar a las mismas conclusiones que con respecto a su Jefe.
Para evitar repeticiones innecesarias y con referencia a los papeles sellados que se agregan en el Anexo nº 1, estimo que con las explicaciones dadas por los Señores Carlos Magistrali y Scrigna, debe declararse que no cabe formularles cargo alguno. Restaría por considerar, únicamente, el destino que deben tener esos valores fiscales.
SEÑORES RAMIRO CASTRO Y EDUARDO MANSILLA DERQUI.
El primero de los mencionados ha colaborado con el suscripto, al proporcionar a la instrucción antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados, entre los cuales se cuentan los expedientes 110.774/47; 129.230/47 y 78.665/48, que tramitan acumulados.
Por ello, al aparecer en esas actuaciones conformando credenciales que no han sido extendidas en las condiciones que ha fijado el permiso, -actuaciones que él mismo ha suministrado a la investigación- debe llegarse a la conclusión que solamente se ha deslizado un error atribuible, sin duda, al exceso de trabajo que tenían a su cargo en la División Permisos los dos empleados encargados de control.
El Señor Eduardo Mansilla Derqui, repite el error del empleado Castro y aún cuando su posición ante el sumariante no es la misma que la del primero, considero que debe declarársele exento de responsabilidad.
En el desempeño del cargo de 2º Jefe de Radicaciones, se le atribuye el haber dejado constancia a fojas 13 del expediente 127.838/47 que debía eximirse a los interesados del trámite de servicio Sanitario por orden del Señor Director, orden que este desconoce al ser interrogado sobre el particular.
El inculpado no puede precisar que el funcionario le impartió esa orden, pues era común recibir a diario instrucciones de esa naturaleza, y formula en su escrito de descargo de fojas 341, una reflexión muy atinada. Si esa orden no fue impartida, ¿cómo es que se firma la disposición posterior y ningún superior observa nada de anormal?.
Asimismo destaca que a fojas 7 vuelta el Director ha escrito de su puño y letra la leyenda “sin exigir ningún recaudo”. Pudo haber entendido, en consecuencia, que al faltar aún el cumplimiento de un trámite, esa constancia podría referirse a que ese requisito no se cumpliera.
Los Señores Tortello y Daguerre que declaran sobre el particular, en calidad de testigos ofrecidos por el inculpado, a fojas 366 y 377 vuelta, manifiestan que era común recibir esa clase de órdenes y que el Señor Bravo les merecen el mejor de los conceptos como empleado.
Frente a todo lo actuado se crea la duda sobre si la orden ha existido o no.
Queda reservado al elevado criterio del Señor Director Nacional, la situación del Señor Bravo.
FRANCISCO FELIX DAGUERRE
Este funcionario desempeña el cargo de Jefe de la División Radicaciones desde el mes de Diciembre de 1946 (fojas 150).
Debía “exigir el cumplimiento par parte de los interesados, de todos los requisitos reglamentarios y disposiciones legales en vigencia; una vez cumplido ello, el deponente, personalmente sometía y lo hace en la actualidad a sus superiores, la actuaciones que estaban en condiciones de ser resueltas...” (fojas 150 vuelta).
Ese objetivo de la División no se cumplía íntegramente en la práctica, pues de lo contrario la Instrucción no hubiera advertido las irregularidades cometidas, que han tenido su origen en la División Radicaciones.
Radicaciones no advierte que en el expediente 207823/48, cuatro día antes de tener entrada oficial el mismo en la Repartición, ya se había efectuado el trámite de Servicio Sanitario;
Que en la disposición de fojas 51 del expediente nº 93.722/47 se hace aparecer como católicos a los interesados, cuando existen constancias en el expediente acumulado 94.087/47 que profesan la religión mosaica;
Que en el expediente nº 210.773/48 se constata que el interesado tiene una antigüedad en su empleo en el país de un año y nueve meses y la División Estadística informa que su ingreso a la República se había producido con posterioridad a esa fecha. Esa anomalía se pasa por alto, no haciéndose observaciones de ninguna naturaleza;
Que en el expediente nº 02946/44 se ha omitido solicitar dictamen a Asesoría Letrada con relación a los antecedentes de fojas 41;
Que en el expediente nº 19974/45 se ha omitido constatar la autenticidad del certificado de trabajo acompañado y no se ha observado la falta del certificado de buena conducta;
Que en el expediente nº 19.548/45 la solicitud de fojas 47 no está firmada por los interesados sino por autoridades de O.I.A.;
Que, en resumen, el Jefe de Radicaciones ha sometido a la firma de sus superiores miles de expedientes en los cuales ha sido dable observar que se ha dictado resolución no obstante existir vicios de procedimiento, deficiencias de documentación e incumplimiento de trámites reglamentarios.
Las condiciones en que se ha desenvuelto esta División en cuanto a comodidad, personal y falta de una reglamentación adecuada, son factores atenuantes de las irregularidades apuntadas, pero no eximentes de la responsabilidad que le cabe al Jefe de la misma.
Este empleado, Jefe de la Oficina de Intendencia, omitió, en el caso de la familia Gromann, formular el cargo correspondiente para que la División Contaduría percibiera la suma resultante, por gastos de racionamiento. Expediente nº 128.528/47.
Su descargo ha consistido en traer, aunque en forma tardía, el comprobante que acredita haberse percibido la suma de $ 30.00 m/n. por ese concepto.
Estimo que solo ha existido un descuido de su parte, que ha quedado subsanado con su diligencia posterior.
CRUZ ARTURO BULACIO
Prácticamente, este funcionario se ha formado en la División Permisos, pues ha permanecido en ella como empleado, 2º Jefe y Jefe, durante más de quince años.
El cuadro general de esta División es semejante al puesto en evidencia al tratar la actuación de Radicaciones, con la diferencia de que cuenta con comodidades y personal triplicados con respecto a aquella.
Es así como el propio inculpado a fojas 154 vuelta declara que su trabajo consiste en “supervisar los pedidos de libre ingreso al país... a fin de que sean redactadas las disposiciones de acuerdo a la resolución que corresponda a cada caso”.
Es elevado el número de expediente en que la Instrucción ha comprobado que el Señor Bulacio no ha realizado esa tarea -que le era propia- de supervisar los pedidos de libre ingreso al país, como también de que ha permanecido ajeno a errores que se han cometido en la tramitación de expedientes en su División.
Así vemos que en el expediente 117.463/47, al pedirse antecedentes policiales del interesado, se comete el error de cambiarse el primer nombre, lo cual trae como consecuencia que el informe pertinente no consigue ningún antecedente desfavorable para que pueda operarse el reingreso al país del Señor Luters, pero con posterioridad, como resultante de este cambio de nombre, podemos advertir que si se hubiera consignado, como correspondía, el nombre completo en forma correcta, no hubiera sido posible otorgar el permiso de ingreso, por los antecedentes desfavorables del causante.
Al ser interrogado sobre el trámite de los expediente nros. 110.774/47, 78.655/47 y 179.230/48, que corren acumulados, sus explicaciones de fojas 157 vuelta, 158 y 158 vuelta no resultan satisfactorias y reconoce que al extenderse algunas credenciales se han deslizado errores, por cuanto ellas no se ajustan a las disposiciones correspondientes.
También se advierte que se incurre en error en el caso del permiso telegráfico de fojas 3 del expediente nº 207.284/48, que no se ajusta a la disposición de fojas 2.
Situaciones análogas podría continuar enumerando, pero estimo que solo la mención de algunas concretas son suficientes para determinar la responsabilidad del inculpado y formarse una idea acabada de su idoneidad y corrección.
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En cinco anexos numerados correlativamente adjunto actuaciones diversas relacionadas directamente con el cuerpo principal habiendo adoptado este procedimiento para facilitar el estudio de las actuaciones sumariales.
Pongo fin así a la tarea encomendada por el Señor Director Nacional, creyendo haber interpretado con fidelidad los motivos que dieron origen a la Resolución nº 2 y razón a estas actuaciones, que me han dado oportunidad de prestar una modesta colaboración a la obra patriótica de moral administrativa que el Señor Director Nacional ha instaurado en la Repartición a su cargo.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 1949
[Rubricado con aclaración de firma]
ANGEL SATURNINO TABOADA
Resolución de Enrique P. González, Director de la D.N.M.
[El 30 de diciembre de 1949 el Director Cnel. González aprueba la actuación, el informe del Instructor sumariante y el dictamen de la Dirección General de Asuntos Legales, aplicando diferentes sanciones a funcionarios y empleados de la D.G.M. En los considerandos retoma, además, los conceptos de los denunciantes que originaron el sumario. Así destaca "graves irregularidades, llegándose a admitir la existencia no comprobada de una organización que actuaría en Buenos Aires y cuyo objeto sería la gestión de permisos de libre desembarco, al margen de las reglamentaciones existentes". Acerca del perfil de los "indeseables" a los que se favorecía repite las caracterizaciones realizadas por el Senador Nacional Alejandro Mathus Hoyos, Cónsul General Argentino en Viena, José R.Virasoro, y por el ex-Cónsul General Argentino en Estambul, Carlos T. Brunel; subrayando, a su vez, las dificultades creadas a los diplomáticos argentinos y a "otros funcionarios de elevada jerarquía, destacados por nuestro Gobierno en el extranjero", y "el desprestigio que rodeaba todo lo relativo a la política inmigratoria argentina".] N. del C.
RESOLUCION Nº 560
Vistas las constancias del presente sumario, instruido de conformidad a lo ordenado en la Resolución Nº 2 del 14 de marzo del año en curso, expediente Nº 295.342/49; y
Que a fs.12 y siguientes corren agregadas las denuncias hechas ante esta Dirección Nacional de Migraciones por el Señor Senador Nacional Dr. Alejandro Mathus Hoyos; por el Señor Cónsul General Argentino en Viena, don José R.Virasoro, y por el ex-Cónsul General Argentino en Estambul, Señor Carlos T. Brunel, dando cuenta de la seria situación creada a los agentes del servicio exterior de la Nación y otros funcionarios de elevada jerarquía, destacados por nuestro Gobierno en el extranjero, como consecuencia de graves irregularidades cometidas en el otorgamiento de permisos de libre ingreso e instrucciones a los Cónsules, por parte de las autoridades directivas de la ex-Dirección General de Migraciones.
Que según el primero de los nombrados informantes, tales hechos consistían principalmente, en facilitar el libre ingreso al país de delincuentes, vagos, enfermos y amorales, sin que pudiesen obtener éxito los esfuerzos de nuestros representantes para detener tal afluencia de indeseables.
Que, por el contrario, por parte de quienes dirigían la citada ex-Dirección, se denegaba sistemáticamente los permisos a personas honestas y sanas deseosas de emigrar y que hubieran constituido un aporte estimable, de valor para el país.
Que los permisos concedidos eran en muchos casos válidos para grupos numerosos de personas, y que como medio utilizado para eximir a los beneficiarios de las obligaciones impuestas por la ley 817 y sus decretos reglamentarios y complementarios, se recurría al arbitrio de consignar en los permisos que éstos debían ser visados “con documentación deficiente”.
Que este estado de cosas, aunque producido en nuestro país, se revelaba en aquellos países por la insolencia de los postulantes y el desprestigio que rodeaba todo lo relativo a la política inmigratoria argentina.
Que consideraciones similares reproduce el señor Cónsul Virasoro al describir el procedimiento de las listas, presentadas en nuestro país por personas ajenas a nuestros legítimos intereses, mediante el cual debía visar a más de veinticinco mil personas aprobadas por la Dirección General de Migraciones, sin ninguna discriminación y sin guardar las formas más elementales del contralor, colocando un sello y una firma sobre solicitudes colectivas; estimando que para remediar tal situación es indispensable que la inmigración sea reglada por funcionarios honestos y capaces.
Que el tercero de los denunciantes reitera estas apreciaciones, refiriendo que en su desempeño pudo constatar contradicciones de tal magnitud, que daban lugar a que se dudase de la regularidad de las gestiones de ingreso al país, efectuadas por los interesados. Que no obstante el informe negativo producido por el Consulado a su cargo, respecto a numerosos postulantes constitutivos de núcleos evidentemente indeseable, en forma sistemática la ex-Dirección General de Migraciones procedía a extender los premisos respectivos; en tanto que se denegaban a los que eran favorablemente informados por el Cónsul.
Que según las opiniones coincidentes de los antes nombrados, como así también de un calificado núcleo de argentinos, residentes en Europa por razón de sus cargos, cabría responsabilizar de estas anomalías a las autoridades que entonces se hallaban al frente de la ex-Dirección General de Inmigración, llegándose a admitir la existencia no comprobada de una organización que actuaría en Buenos Aires y cuyo objeto sería la gestión de permisos de libre desembarco, al margen de las reglamentaciones existentes.
Que la Instrucción abocóse de inmediato a la realización de numerosas diligencias, tendientes a la comprobación de las irregularidades presumidas, llegándose, como se consigna a fs.405, a revisar prolijamente más de cuatro mil expedientes, en cuya tramitación se ha podido constatar como características fundamentales, la inobservancia del procedimiento administrativo, y transgresiones a las disposiciones legales y reglamentarias; dualidad de criterio para resolver casos idénticos; carencia de fundamento de las disposiciones, aún en aquellas que importaban reconsideración; sustitución de actuaciones, delegación injustificada de funciones, etc., todo lo cual, al mismo tiempo que creaba el caos y la anarquía en el orden administrativo, introducía la arbitrariedad en los actos de los dirigentes y acarreaba como consecuencia el desprestigio de la Repartición.
Que paralelamente a esta clase de constancia, comprobase la evasión del impuesto de la ley de sellos, por falta de reposición de las fojas útiles de los expedientes, que en elevado número se tramitaron durante los últimos años, comprobación que resulta acreditada por el informe producido a fs.353/362 por los Inspectores de la Dirección General Impositiva, destacados a tal efecto.
Que promediando las actuaciones sumariales, túvose a la vista tal abundancia de pruebas, demostrativas de las graves irregularidades cometidas con la anuencia del entonces Director General de Migraciones don Pablo Diana, y la incurrencia de este mismo en omisiones y delegación de funciones consideradas incompatibles con su cargo, que el Poder Ejecutivo, por Decreto 18.041 de fecha 30 de julio último, dispuso la cesantía del nombrado funcionario.
Que, continuados los procedimientos evidenciáronse numerosos casos en los que en forma indefinida se han recibido y resuelto pedidos de reconsideración, manteniéndose esta situación anómala sin conclusión de la instancia, lo que ha dado lugar a trámites que han durado varios años.
Que, asimismo, se han concedido exenciones de comprobación de parentesco, en solicitudes de personas oriundas de países que, por no haber intervenido en las últimas contiendas, poseen sus registros de filiación en condiciones normales, lo que arroja serias dudas acerca de los motivos a que han obedecido tales liberalidades.
Que las diligencias llevadas a cabo, aunque no constituyeron una investigación suficientemente detenida, que estableciera fehacientemente el alcance y proyección de las alteraciones observadas en las listas de pasajeros conservadas en la Repartición, mediante cuya adulteración logróse ocultar la clandestinidad de ciertos ingresos, y falta de antigüedad en la residencia en otros casos, son sin embargo bastantes, a juicio del suscripto, para evidenciar la importancia y gravedad de tales irregularidades.
Que tanto por propio reconocimiento de los imputados, como por las constancias de los expedientes respectivos, se ha probado la concesión de permisos por “listas “ de personas auspiciadas por diversos “comités”, “obras” y “organizaciones”, carentes de toda solvencia moral y legal, dictándose al efecto disposiciones de redacción sucinta, aplicable a las listas en sí y no a sus beneficiarios, lo que permitía introducir en ellas con posterioridad nuevos nombres sin limitación alguna, pues dichas nóminas no ocupaban la totalidad del espacio disponible en los pliegos sin que por parte de los funcionarios intervinientes se tomase a su respecto la elemental precaución de anular lo restante; todo lo cual no era óbice para la concesión de los permisos en las singulares condiciones descriptas.
Que por todas estas verificaciones y otras que se omiten consignar por cuanto ellas se encuentran ampliamente documentadas y demostradas en el presente sumario, considerándose inoficioso reproducirlas en este acto, corresponde declarar probada la veracidad de las denuncias en sus aspectos principales, relativos al funcionamiento irregular de la ex-Dirección General de Migraciones y el lógico perjuicio infligido a los intereses bien entendidos del país, al eludirse el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 817 y los decretos dictados en su consecuencia, tendientes a la selección de los inmigrantes según sus mejores características, y no de acuerdo al criterio discrecional y cambiante de quienes se creyeron con facultad de sustituir la ley por su arbitrio, con menoscabo de aquellos intereses.
Que luego de numerosas y minuciosas diligencias realizadas en cumplimiento del cometido asignado a la instrucción, esta da cuenta de su resultado en el informe de fs. 405/430 y su complementario de fs.447/448, en los que se formulan cargos concretos por las irregularidades comprobadas.
Que de todo ello cabe responsabilizar a los funcionarios indicados por la instrucción, dada la jerarquía de sus cargos y su personal intervención en los hechos que se les imputan.
Que se sindican al señor Sub-Director General, don ALFREDO JOSE TORTELLO; al señor Secretario general, don HECTOR EMILIO MAGISTRALI; al señor Jefe de la Secretaría Privada del ex-Director General, don JOSE MARIA ALEJANDRO BRUHN; al señor Jefe de la División Permisos, don CRUZ ARTURO BULACIO; al señor Jefe de la División Radicaciones, don FRANCISCO FELIX DAGUERRE; al señor Jefe de Mesa de Entradas, don CARLOS MAGISTRALI; al señor 2º Jefe de Mesa de Entradas, don EMILIO SCRIGNA, al señor 2º Jefe de la División Radicaciones, don JOSE BRAVO y a los empleados de la División Permisos, don RAMIRO CASTRO y don EDUARDO MANSILLA DERQUI.
Que según la opinión del señor Instructor no cabe responsabilizar a otros empleados, aún cuando aparecen implicados en el sumario, dada la escasa importancia de su intervención y no aparecer como autores directos de los hechos investigados.
Que esta opinión es parcialmente compartida por la Dirección General de Asuntos Legales en su dictamen de fs. 450/469.
Que los sumariados han gozado de la más amplia libertad para defenderse en estos actuados, como lo acreditan sus propios dichos de fs.105 y 142 vta., donde reconocen que han dictado de viva voz sus declaraciones y agradecen al instructor el trato correcto que les ha sido dispensado; y como resulta de sus escritos de fs. 143/149, 177/178, 271, 309/311, 313/319, 320/327, 340, 341/344, 345, 346/349, y de los documentos y testimonios ofrecidos por los interesados en calidad de pruebas, que se han producido en su totalidad y obran en estas actuaciones, habiéndose incluso agregado los expedientes 80.425/47 y 230.851/48, por ser sus constancias útiles para sus descargos.
Que asimismo se han obtenido probanzas complementarias, solicitadas por los sumariados y que tuvieron el auspicio de la Dirección General de Asuntos Legales, en su dictamen de fs.435.
Que, pedida definitiva opinión a la Dirección General de Asuntos Legales, ésta se expide a fs.450/469, reseñando las actuaciones, destacando las comprobaciones y aconsejando las medidas que a su juicio corresponden.
Que para las conclusiones a que llega el suscripto, se ha tenido muy en cuenta las constancias de las fojas de servicios de los sumariados, que de no registrar antecedentes en general favorables, otras habrían sido las sanciones a aplicarse, dada la gravedad de los hechos cometidos.
Por todo ello, visto el presente sumario, los cargos y descargos formulados y las pruebas producidas; oído el señor Instructor sumariante, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales y de acuerdo a lo establecido en los arts. 28 y 34 del Decreto 33.827/44,
1º Aprobar la actuación y el informe del señor Instructor sumariante.
2º Aprobar el dictamen Nº 3.051/49, de la Dirección General de Asuntos Legales
3º Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la cesantía de los funcionarios de esta Dirección Nacional, señores ALFREDO JOSE TORTELLO, HECTOR EMILIO MAGISTRALI y JOSE MARIA ALEJANDRO BRUHN.
4º Aplicar a los empleados de esta Dirección Nacional, señores FRANCISCO FELIX DAGUERRE y CRUZ ARTURO BULACIO, quince días de suspensión con prestación de servicios y sin percepción de haberes, máxima sanción que esta Dirección Nacional puede aplicar, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, la ampliación de la misma a treinta días, con prestación de servicios y sin percepción de haberes.
5º Apercibir a los empleados señores CARLOS MAGISTRALI, EMILIO SCRIGNA, JOSE BRAVO, RAMIRO CASTRO y EDUARDO MANSILLA DERQUI.
6º Trasladar al Instituto Etnológico Nacional a los señores EMILIO SCRIGNA Y JOSE BRAVO.
7º Trasladar a la Dirección de Protección al Aborigen a los señores CARLOS MAGISTRALI, RAMIRO CASTRO Y EDUARDO MANSILLA DERQUI.
8º Déjase constancia en sus respectivos legajos personales.
9º Por Secretaría General, regístrese, comuníquese, fecho y archívese.
ENRIQUE P. GONZALEZ
Sobre: Decreto en el que se aprueba la resolución nº 560 del 30 de diciembre de 1949.
Firmado por Juan Domingo Perón y
[El 29 de mayo de 1950 el P.E.N. aprueba por el decreto nº 10.651 la resolución nº 560 "en todas sus partes". Por esta vía se deja cesante a los funcionarios de la D.G.M. Alfredo Tortello, Héctor Emilio Magistrali y José María Bruhn. Además se sanciona con 30 días de trabajo sin percibir haberes, a los funcionarios Francisco Felix Daguerre y Cruz Arturo Bulacio.
Estas sanciones surgieron como consecuencia del sumario administrativo en el que se comprobó la "inobservancia del procedimiento administrativo y transgresiones a disposiciones legales y reglamentarias". Se sostuvo en los considerandos del decreto que las irregularidades cometidas desprestigiaron la imagen de la repartición dentro y fuera del país y se comprometió "la salud física y moral de la población a la par que su tranquilidad social, por la introducción irregular al país de elementos inadecuados o legalmente ineptos.] N. del C.
Buenos Aires, 29 de Mayo de 1950
VISTO lo solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones y las actuaciones producidas en el sumario instruido por expediente nº 295.342/49 de la misma; y,
Que ha sido probada en sus aspectos principales la veracidad de las denuncias que, con relación al funcionamiento irregular de la ex-Dirección General de Migraciones, fueran oportunamente formuladas por el señor Senador Nacional Doctor Don ALEJANDRO MATHUS HOYOS; por el señor Cónsul General de la República en Estambul Don CARLOS T. BRUNEL;
Que del estudio de más de cuatro mil expedientes surge, suficientemente constatada inobservancia del procedimiento administrativo y transgresiones a disposiciones legales y reglamentarias;
Que se ha comprobado, en dicho estudio, dualidad de criterio para resolver casos idénticos;
Que igualmente se ha establecido la carencia de fundamentos en las disposiciones aún en aquellas que importaban reconsideración;
Que asimismo se ha aprobado la sustitución de actuaciones y la delegación injustificada e ilegal de funciones;
Que todo aquello creaba el caos y la anarquía en el orden administrativo y facilitaba la arbitrariedad en los actos de los dirigentes;
Que se explica así el desprestigio a que había llegado dentro y fuera del país la ex-Dirección General de Migraciones;
Que, paralelamente, comprobóse la reiterada evasión del impuesto de la Ley de sellos, de lo que resulta que la Nación ha sido perjudicada en sumas cuantiosas;
Que ello surge del informe producido por la Dirección General Impositiva y solicitado por la Instrucción;
Que es mayor el perjucio causado a los bien entendidos intereses del país, al haberse eludido el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la selección de los inmigrantes según sus mejores características;
Que no sin profunda duda que se constata toda sustitución de la Ley por el arbitrio o discrecionalidad del o los funcionarios que debían aplicarla;
Que las irregularidades comprobadas llevan a la conclusión de que los ingentes sacrificios efectuados por la Nación en materia de inmigración han sido parcialmente defraudados;
Que se ha comprometido la salud física y moral de la población a la par que su tranquilidad social, por la introducción irregular al país de elementos inadecuados o legalmente ineptos;
Que las constancias acumuladas permiten constatar el incumplimiento de las claras directivas del Gobierno de la Nación, tendientes a procurar el encauzamiento de masas laboriosas y útiles hacia nuestro país;
Que por el contrario, se percibe la influencia en numerosas resoluciones, de factores ajenos a las necesidades y conveniencias de la nacionalidad;
Que de las graves irregularidades que se sintetizan, cabe responsabilizar a los funcionarios indicados por la instrucción y mencionados en la Resolución del Director Nacional de Migraciones;
Que ello es de justicia dada la jerarquía de sus cargos y su personal intervención en los hechos que se le imputan;
Que ninguna consideración de orden personal es valedera cuando se trata de los superiores intereses de la nacionalidad;
Que dar término a hechos irregulares en la administración pública y sancionar a los responsables, implica paralelamente, estimular y apoyar a los funcionarios honestos y correctos que cumplen con su deber;
Que en definitiva es un homenaje a la verdad y a la justicia que consolida el orden institucional y procura la satisfacción del deber cumplido al gobernante que lo produce;
ARTICULO 1º.- Apruébase en todas sus partes la Resolución nº 560 del señor Director Nacional de Migraciones de fecha 30 de diciembre de 1949.-
ARTICULO 2º.- Déjese cesante a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones señores ALFREDO TORTELLO (Clase 1904-D.M.51-M.I.3.289.202-), HECTOR EMILIO MAGISTRALI (Clase 1903-M.I.173.379-D.M. 2º) y JOSE MARIA ALEJANDRO BRUHN (Clase 1904-M.I. 35.851- D.M. 1º).
ARTICULO 3º.- Amplíase a 30 días con obligación de prestación de servicios y sin percibir sus haberes, las suspenciones impuestas a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, señores FRANCISCO FELIX DAGUERRE (Clase 1906-M.I. 175.198-D.M. 2º) y CRUZ ARTURO BULACIO (Clase 1905- M.I. 32.347- D.M. 1º).
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Asuntos Técnicos.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-
DECRETO Nº 10.651 PERON
R.A. MENDE.
ES COPIA A.S.
[Firma] RAFAEL A. GONZALEZ
Secretario General de la Dirección Nacional de Migraciones
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 artículo 40
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