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Timestamp: 2020-02-23 09:19:41+00:00

Document:
Resolución núm. 11950/2015 Dirección General de los Registros y del Notariado Madrid () 13-10-2015
23 de febrero de 2020 | 10:19
Marginal: PROV\2015\252678
núm. 11950/2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD: INSCRIPCION: ACTOS Y DERECHOS INSCRIBIBLES: PPRESUPUESTOS BASICOS DE TODA ACTIVIDAD REGISTRAL: Exigencia de acreditación del N.I.F en los actos y contratos que accedan al Registro; Identidad o coincidencia indubitada entre la finca que aparezca descrita en el título y la que figure inscrita en el Registro: descripción precisa y completa del inmueble que lo individualice e identifique con toda certeza.
En el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el Registrador de la Propiedad de Adeje por la que se suspende la inscripción de una escritura de partición y adjudicación de bienes, la DGRN acuerda estimar parcialmente el recurso revocando parcialmente la nota de calificación impugnada.
Vistos los artículos 1.2 y 84 del Reglamento 650/2012, de 4 julio (LCEur 2012, 1030) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo; 10 y 11 del Código Civil (LEG 1889, 27) ; 4, 9, 21 y 254.1.2 y 4, de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) ; 33 y 110 del Reglamento Hipotecario (RCL 1947, 476, 642) ; la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de marzo (RJ 2010, 1445) y 13 de diciembre de 2010, 9 y 29 de julio y 12 de noviembre de 2011, 18 de enero (RJ 2012, 2857) , 22 de febrero y 13 de marzo de 2012, 17 de abril, 31 de octubre y 11 de noviembre de 2013 y 7 de enero, 28 de julio y 9 (RJ 2014, 6857) y 13 de diciembre de 2014 (RJ 2015, 146) .
De los cinco reproches que hace la nota de calificación del registrador de la Propiedad y que impiden la inscripción, la recurrente no hace referencia alguna al primero relativo a la necesidad de acreditar el pago de los impuestos previstos en las leyes y devengados por el acto cuya inscripción se solicita (artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) ). No siendo objeto de impugnación por la parte recurrente no procede que esta Dirección General haga pronunciamiento alguno al respecto.
En base a dicho precepto, es continua doctrina de esta Dirección General (por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014 (RJ 2015, 853) , basada en el contenido del artículo y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3938) ), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (por todas, Resolución de 19 de enero de 2015 (PROV 2015, 59987) ), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador.
Enlazando con lo anterior, también ha afirmado reiteradamente en base al mismo fundamento legal (por todas, Resolución de 23 de diciembre de 2010 (RJ 2011, 265) ), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación a documentos que no se pusieron a disposición del registrador de la propiedad al tiempo de llevar a cabo su calificación sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un nuevo acuerdo de calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (vid. artículo 108 del Reglamento Hipotecario (RCL 1947, 476, 642) ).
Según el artículo 254.2 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) , adicionado por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre (RCL 2006, 2130 y RCL 2007, 467) , de medidas de prevención del fraude fiscal, «no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen».
Respecto del notario y su organización corporativa, dicha norma impone una serie de obligaciones centradas en la obtención y transmisión por su parte de una más completa y mejor información de trascendencia tributaria. Así, conforme al artículo 24 de la Ley del Notariado (RCL 1938, 201 nota) , «los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice o intervenga, por lo que están sujetos a un deber especial de colaboración con las autoridades judiciales y administrativas».
La exigencia de acreditación del número de identificación fiscal es igualmente predicable de comparecientes de nacionalidad extranjera y debe cumplimentarse mediante su exhibición sin que sea suficiente su mera manifestación al notario autorizante (vid. Resolución de 9 de diciembre de 2014 (RJ 2014, 6857) ).
En el supuesto que da lugar a la presente el documento extranjero presentado a inscripción carece de referencia alguna a los números de identificación fiscal de los adquirentes, si bien se adjunta, como documento complementario y respecto de todos ellos, el original del certificado expedido por la Oficina competente de su respectivo número de identificación fiscal. El registrador considera que la falta de constancia en la escritura pública extranjera exige un nuevo otorgamiento, conforme a la previsión del número 4 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) , según el cual «las escrituras a las que se refieren los números 2 y 3 anteriores se entenderán aquejadas de un defecto subsanable. La falta sólo se entenderá subsanada cuando se presente ante el Registro de la Propiedad una escritura en la que consten todos los números de identificación fiscal y en la que se identifiquen todos los medios de pago empleados».
El defecto debe ser mantenido. La ley del lugar de situación del inmueble (lex rei sitae), en el caso a que se refiere el presente recurso la ley española, se aplicará al modo de constitución o adquisición de los derechos reales, a su contenido, a los derechos subjetivos de su titular, a los bienes sujetos al derecho real, a la posibilidad y a las condiciones de inatacabilidad del derecho real, así como a su publicidad. Así, para el Derecho internacional privado español, se aplica la ley española respecto a los requisitos exigibles para producir la inscripción en el Registro de la Propiedad español (artículo 10.1 del Código Civil (LEG 1889, 27) ). Este es el criterio adoptado en el seno de la Unión Europea según el considerando 18 y el artículo 1.2 del Reglamento 650/2012, de 4 julio (LCEur 2012, 1030) , del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (aunque no se encontrase en vigor a la fecha de presentación de la documentación en el Registro de la Propiedad).
La regla general sobre la forma (auctor regit actum, vid. artículo 11.1 del Código Civil) está subordinada a la ley material aplicable al fondo del asunto y a la forma del acto de que se trate. Si, como ha quedado antes expuesto, se aplica la ley española respecto de los requisitos exigibles para producir la inscripción en el Registro de la Propiedad español, los documentos inscribibles en tal Registro, el modo de practicar la inscripción, la publicidad que ofrece y el acceso a la información registral son cuestiones sujetas a la ley del Estado español y no a las normas de Derecho internacional privado aplicables a las formas y solemnidades de los actos y negocios jurídicos (vid. artículo 11.1 del Código Civil). Y es que en Derecho internacional privado la norma de conflicto que determina la ley aplicable a la forma de los contratos no debe prevalecer sobre la norma de conflicto que fija la ley aplicable a la propiedad y demás derechos reales, a los requisitos exigibles para producir su inscripción en el Registro de la Propiedad español y a su publicidad. El Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio (LCEur 2008, 1070) , sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), en el apartado 1 del artículo 11 establece que «un contrato celebrado entre personas, o sus representantes, que se encuentren en el mismo país en el momento de su celebración será válido en cuanto a la forma si reúne los requisitos de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley del país donde se haya celebrado». Pero no puede desconocerse que en el apartado 5 del mismo artículo se dispone que «no obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, todo contrato que tenga por objeto un derecho real sobre un bien inmueble o el arrendamiento de un bien inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a las normas de la ley del país en que el inmueble esté sito, siempre y cuando, en virtud de dicha ley: a) la aplicación de dichas normas sea independiente del país donde se celebre el contrato y de la ley que rija el contrato, y b) dichas normas no puedan excluirse mediante acuerdo».
Por lo que ahora interesa, el artículo 110 del Reglamento Hipotecario (RCL 1947, 476, 642) permite que las faltas subsanables se subsanen por instancia de los interesados, pero «siempre que no fuere necesario un documento público u otro medio especialmente adecuado». Y en el presente caso, la norma material exige ese medio específico –la constancia de la subsanación en escritura pública– en atención a los intereses de las Administraciones Públicas.
El defecto señalado con el número 4 relativo a la falta de indicación en el título presentado de las menciones relativas a la naturaleza, situación, superficie y linderos de la finca transmitida, debe ser revocado. Tal y como esta formulado el defecto no puede sostenerse. Esta Dirección General ha afirmado en innumerables ocasiones (y muy recientemente, vid. Resolución de 17 de abril de 2015), que la identidad de la finca registral transmitida con la que consta en el Registro es una de las exigencias impuestas por dos principios básicos hipotecarios, como son el de tracto sucesivo y el principio de especialidad.
Más específicamente y siguiendo la Resolución de 11 de octubre de 2011 (RJ 2012, 403) : «siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral –de folio real–, por ser la base sobre la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (cfr. artículos 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) y 44 y 51.6 del Reglamento Hipotecario (RCL 1947, 476, 642) ), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada entre la finca que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el Registro. Por ello, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 2 de septiembre de 1991 (RJ 1991, 6078) , 29 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 10625) , 21 de junio de 2004 y 10 (RJ 2010, 2636) y 14 de junio de 2010 (RJ 2010, 3755) , entre otras), para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener una descripción precisa y completa de los inmuebles a que se refieren, de modo que éstos queden suficientemente individualizados e identificados (artículos 9.1 de la Ley Hipotecaria y 51, reglas 1.ª a 4.ª, del Reglamento Hipotecario). Es cierto que, cuando dichos títulos hacen referencia a inmuebles ya inscritos, la omisión o discrepancia en ellos de algunos de los datos descriptivos con que éstos figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo para la inscripción. Así la Resolución de 21 de abril de 2010 (RJ 2010, 4024) dados los amplios términos en que se expresan los artículos 72, 73 y 75 de la Ley Hipotecaria, unidos a los demás elementos de identificación de las fincas contenidos en el mandamiento judicial, mantuvo que en aquel caso puede ser tomada la anotación de embargo con los datos registrales de las fincas objeto de anotación señalados en aquel –número de finca registral, tomo, folio y libro en que se encuentran–, teniendo en cuenta además que no hay dudas de que el titular registral es el deudor. Pero también debe entenderse que, por el contrario, dicho obstáculo existirá cuando la omisión o discrepancia sea de tal condición que comprometa la correspondencia segura y cierta entre el bien inscrito y el que según el título se transmite. Por tanto, el acceso al Registro de los títulos exige que la descripción que en ellos se contenga de la finca objeto del correspondiente acto o negocio jurídico permita apreciar de modo indubitado la identidad entre el bien inscrito y el transmitido (cfr. Resoluciones de 29 de diciembre de 1992 y 11 de octubre de 2005 (RJ 2005, 7448) ). En suma, como afirmó la Resolución de 7 de enero de 1994 (RJ 1994, 233) «El principio de especialidad y la concreta regulación legal en esta materia (artículos 9 y 30 Ley Hipotecaria y 51 Reglamento Hipotecario) exigen la descripción de la finca en el título que pretenda el acceso al Registro de la Propiedad como medio indispensable para lograr la claridad y certeza que debe presidir la regulación de los derechos reales y el desenvolvimiento de la institución registral».

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 108
 artículo 254
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 254
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 110
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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