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Timestamp: 2018-01-22 23:43:47+00:00

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Ley 1/1996, de 10 de enero (BOE núm. 11 del 12 de Enero) – ICAHuelva
Ley 1/1996, de 10 de enero (BOE núm. 11 del 12 de Enero)
RCL 1996\89 Legislación (Norma Vigente)
BOE 12 enero 1996, núm. 11/1996 [pág. 793]
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. LEY REGULADORA
En efecto, frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, el nuevo sistema configura un derecho más completo y por tanto más garantizador de la igualdad de las partes en el proceso, eliminando onerosidades excesivas que no son sino negaciones prácticas de aquélla; así pues, a los beneficios ya consagrados por nuestro ordenamiento jurídico como propios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Ley añade nuevas prestaciones tales como el asesoramiento y la orientación previos a la iniciación del proceso –lo cual ha de evitar en numerosas ocasiones litigios artificiales tan costosos en todos los sentidos para la Justicia–, la asistencia pericial en el mismo y la reducción sustancial del coste para la obtención de escrituras y documentos notariales y de aquellos documentos emanados de los Registros Públicos, que puedan ser precisos para las partes en el proceso.
Bajo la amplia libertad de configuración legal que se deriva del artículo 119 de la Constitución Española –libertad que nuestro Tribunal Constitucional ya reconoció expresamente–, la presente Ley llega más lejos que el sistema anterior al adoptar los criterios para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita, estableciendo un doble mecanismo: por un lado, un criterio objetivo para el reconocimiento del derecho, basado en la situación económica de los solicitantes, y complementado por un mecanismo flexible de apreciación subjetiva acorde con nuestra jurisprudencia constitucional, que posibilita efectuar el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuya situación económica excede del módulo legal pero que, sin embargo, afrontan unas circunstancias de una u otra índole que deben ser ponderadas y que hacen conveniente ese reconocimiento. En estos segundos supuestos excepcionales, y he aquí precisamente la diferencia con el régimen que la Ley de Enjuiciamiento Civil tenía establecido hasta hoy, la extensión del derecho puede llegar a ser total, incluyendo todas las prestaciones que lo integran.
La ley resulta, en fin, respetuosa con la ordenación competencial que deriva de nuestra Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonomía, explicitando los títulos competenciales que, de conformidad con las reglas 3ª, 5ª, 6ª y 18ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, habilitan al Estado para establecer la nueva regulación, y permitiendo que ésta pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias estatutarias.
CAPÍTULO 1. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1º Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, Reguladora de las Asociaciones.
En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excep-cionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional.
No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respecti-vamente.
Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la primera, deberán acreditar ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella. La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para interponer o seguir el recurso de casación respecto de la segunda instancia.
CAPÍTULO 2. Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita
ARTÍCULO 10. Composición de las Comisiones de Asitencia Jurídica Gratuita.
ARTÍCULO 15. Designaciones provisiones y traslados.
Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2 de esta Ley, el Colegio de Abogados, subsanados los defectos advertidos, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado, comunicándolo inme-diatamente al Colegio de Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de tres días, se designe procurador que asuma la representación.
Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados, se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución. En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, la designación provisional de abogado y procurador, si éste fuera preceptivo, y seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 17 de esta Ley.
La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas y se comunicará al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado. Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado ninguna resolución, el silencio de la Comisión será positivo, procediendo a petición del interesado el Juez o Tribunal que conozca del proceso o si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciación del mismo el Juez Decano competente, a declarar el derecho en su integridad y a requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de abogado y procurador, en su caso. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta.
CAPÍTULO 3. Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas
Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita, a los que se refiere esta Ley, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que dis-ciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.
Los Colegios de Abogados, salvo aquellos en los que por la reducida dimensión de la actividad no sea necesario, constituirán turnos de guardia permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido.
CAPÍTULO IV. Designación de abogado y de procurador de oficios
La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser retribuida con cargo a los fondos públicos contemplados en el artículo 37, cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efec-tuado en los términos contemplados en esta Ley.
Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha docu-mentación, la Comisión archivará la solicitud.
CAPÍTULO 5. Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita
ARTÍCULO 37. Conceptos subvencionables.
CAPÍTULO 7. Aplicación en España de tratados y convenios internacionales sobre asistencia jurídica gratuita
Primera. 1. El Capítulo I, los artículos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del Capítulo II, los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del Capítulo IV, el Capítulo VII, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y la disposición derogatoria, se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.3ª, 5ª y 6ª de la Constitución Española, sobre «Relaciones Internacionales», «Administración de Justicia» y «Legislación procesal», respectivamente.
Segunda. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, la Cruz Roja Española tendrá reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar.
Tercera. Los artículos que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrán la siguiente redacción:
Cuarta. Los artículos y rúbricas que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tendrán la siguiente redacción:
Quinta. El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, tendrá la siguiente redacción:
Unica. Las solicitudes de justicia gratuita, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Unica. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley, y en particular:
-El inciso primero del número 4º del artículo 4, cuando dice «justicia gratuita».
-Los artículos 13 a 50, ambos inclusive.
-Las reglas 3ª, 4ª y 5ª del artículo 1708.
-El artículo 1719.
-El artículo 119.
-El artículo 120.
-Los artículos 123 a 140, ambos inclusive.
-Los apartados 2, 4 y 5 del artículo 788.
-El último párrafo del artículo 874.
-Los tres primeros párrafos del artículo 876.
-Los artículos 25 y 26.
-El artículo 132.
Primera. En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley, el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará el Reglamento General de desarrollo de la misma, en el que se contendrán necesariamente los siguientes extremos:
Segunda. La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

References: artículo 119
 artículo 149
 artículo 4
 resolución 
 artículo 3

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 15
 artículo 2
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 37

ARTÍCULO 37
 artículo 149
 artículo 2
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 1708
 artículo 1719
 artículo 119
 artículo 120
 artículo 788
 artículo 874
 artículo 876
 artículo 132