Source: http://derechoshumanosnews.blogspot.com/2010/11/
Timestamp: 2017-05-26 11:18:31+00:00

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El Faro (luz a caso de violaciones a derechos humanos): noviembre 2010
Comiso del gobierno y de diversos organismos del Estado respecto a la protección y promoción de los derechos humanos es puesto en duda en Chile por un informe especial lanzado este jueves 25."Creo que no hay una comprensión cabal por parte de las autoridades, de distintos órganos públicos, de lo que significa la obligación de respetar y promover los derechos humanos, como lo establece la propia Constitución", dijo a IPS Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales (UDP), que realizó el estudio. A modo de ejemplo, Contesse recordó la forma en que el gobierno del derechista presidente Sebastián Piñera, en el poder desde marzo, reaccionó ante la huelga de hambre que mantuvieron por más de 80 días una treintena de presos indígenas mapuches. El académico valora que Piñera haya desarticulado la medida de presión enviando al parlamento dos proyectos de ley largamente esperados, que reforman la justicia militar y la ley antiterrorista. Pero asegura que los textos "no satisfacen cabalmente los estándares internacionales" de derechos humanos. "La modificación a la justicia militar es parcial, ya que con el proyecto de ley que promueve el gobierno todavía existe la posibilidad de que civiles sean sometidos a la jurisdicción militar. Eso, desde el punto de vista internacional, es inadmisible", planteó. Afirmó que si no se perfecciona la norma, Chile se arriesga a ser nuevamente condenado en esa materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos y con sede en San José de Costa Rica. En cuanto al segundo proyecto, Contesse cree que se avanzó en algunos aspectos. No obstante, se incluyó una definición de terrorismo tan "vaga" que hasta un "asesino en serie" podría ser condenado por este delito, aseveró. Estas son algunas de las cuestiones analizadas en el Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2010 de la UDP, presentado este jueves. Respecto a la justicia militar, el texto cuestiona la decisión de los fiscales del Ministerio Público (fiscalía) de derivar a las cortes marciales los casos donde las víctimas son civiles, mostrando un total desconocimiento del fallo de la Corte Interamericana. A comienzos de este mes, diversos Sitios de Memoria, como Londres 38 y Villa Grimaldi, que recuerdan los atropellos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), denunciaron que el gobierno había retirado del proyecto de presupuesto 2011 el financiamiento directo que tenían esos lugares patrimoniales. Tras una campaña pública y el apoyo de parlamentarios opositores, se logró un acuerdo con el Poder Ejecutivo para reincorporar dichas asignaciones. Luego, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) acusó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de "retener" más de 60 querellas por casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos durante la dictadura que dicho organismo debía interponer ante la justicia. La AFDD envió una carta al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y ha solicitado numerosas entrevistas para tratar el tema en el Palacio de La Moneda, sede de gobierno. "Pero no hemos recibido respuestas", dijo a IPS Gabriela Zúñiga, dirigente de la AFDD, organización que actualmente carece de financiamiento, en espera de que el gobierno responda a los proyectos que ha presentado para obtenerlo. La AFDD también ha cuestionado actuaciones de la actual secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama, como que se reúna con militares en retiro. Actualmente hay más de 700 personas procesadas por violaciones a los derechos humanos y casi 300 condenados, según cifras del Programa. Más de 3.000 personas engrosan las listas de personas ejecutadas y detenidas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, mientras 27.000 fueron víctimas de tortura. "Según las cifras entregadas por el Programa en mayo de 2010, hay 350 causas abiertas en Chile por desapariciones, torturas, entierros ilegales o conspiraciones que datan del período dictatorial", indica el informe de la UDP. "Estas causas representan un tercio de la cifra oficial de víctimas reconocidas, lo que quiere decir que la mayoría de ellas aún no han iniciado procesos judiciales", agrega. Un señal auspiciosa fue dada este mismo jueves por el gobierno al anunciar que se querellará contra quienes resulten responsables de la muerte en marzo de 1974 del ex ministro del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), José Tohá, hasta ahora etiquetada como suicidio. Tohá, quien fue titular de Interior y Defensa de Allende, murió en un hospital militar, a donde llegó muy deteriorado y desnutrido tras estar detenido y ser torturado en la Isla Dawson, en el extremo sur del país. Un tribunal de Santiago ordenó el día 15 exhumar sus restos y proseguir las investigaciones sobre la verdadera causa de su muerte. Junto con saludar la iniciativa, la directora del público y autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, llamó "a las autoridades a pronunciarse con la misma fuerza y celeridad respecto de las demandas por casos de ejecutados políticos que se encuentran pendientes en el Programa de Derechos Humanos de la cartera de Interior". La voluntad de la Corte Suprema también ha sido puesta en duda por organizaciones de defensa de los derechos humanos, principalmente por rebajar las sentencias de los antiguos represores, aplicando las figuras de la "prescripción" y "media prescripción". El máximo tribunal además tiene la política de rechazar las demandas civiles contra el Estado que buscan indemnización por estos casos, advierte el informe. El Centro de Derechos Humanos de la UDP también estudió la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que entró en vigor en el país en 2009. "Se aprecia que en las Cortes de Apelaciones la tendencia es a dar lugar a las normas del Convenio, incluso por sobre las normas internas, como obliga el derecho internacional público, en tanto no es posible aducir normas internas para incumplir con lo dispuesto por un tratado internacional", dice el texto. Pero al llegar a la Corte Suprema las argumentaciones basadas en el Convenio 169 se desestiman. "Salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado --una vez más-- en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados", concluye el informe
El rápido crecimiento del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación en Uganda es visto con buenos ojos porque permite impulsar el desarrollo del país, pese a que su expansión no considera el aumento de violencia de género que conlleva.Este país tiene uno de los mercados de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de mayor crecimiento en África oriental. El uso de teléfonos móviles aumenta con rapidez. En 2009 había 10,7 millones de clientes y podría llegar a 20,9 millones en 2015, según un informe de Pyramid Research. Se presume que con el aumento de celulares se incremente la conectividad. Por el momento, sólo uno de cada 10 ugandeses tiene acceso a Internet. Con el crecimiento del uso de telefonía móvil se registró una nueva forma de invasión de la privacidad mediante mensajes de texto. La mayoría de los usuarios de las TIC entrevistados para una investigación del departamento de estudios de género y de la mujer, de la Universidad de Makere, había tenido problemas familiares. Cuarenta y seis por ciento de los encuestados dijo haber tenido problemas con su cónyuge por el uso de celulares y 16 por ciento por el de computadoras, señala la investigación de Aramanzan Madanda. Los conflictos se suscitan por cuestiones vinculadas a la libertad y al control. La mayoría de las víctimas de violencia son mujeres, según el estudio realizado en dos distritos de Iganga y Mayuge, entre 2007 y este año. "Las mujeres denunciaron haber sufrido episodios de violencia física, en tanto los hombres, psicológica", indicó Madanda, quien también integra la Red de Mujeres de Uganda (Wougnet, por sus siglas en inglés). "En la localidad de Busoga, las mujeres solían necesitar la aprobación de su marido para ir a cualquier lado, desde visitar a un pariente hasta ir al mercado", explicó Madanda. "Pero ahora se contactan con sus familiares y otras personas sin su consentimiento. La pérdida de control sobre sus esposas en muchos casos derivó en episodios de violencia", añadió. "Como las mujeres suelen ser analfabetas, sólo saben cómo hacer llamadas. La mayoría desconocen las medidas de seguridad de los teléfonos y no saben que sus compañeros pueden ver los números marcados o leer los mensajes. No usan códigos de seguridad", señala el informe. En algunas familias, las mujeres suelen estar obligadas a utilizar el altavoz para que todo el mundo sepa quién las llama o qué hablan. La invasión de la vida privada de las mujeres mediante las TIC se exacerba por la dependencia económica que tienen de los hombres. La mayoría de los compradores de teléfonos móviles son hombres, señala la investigación. "La libertad radica en el poder de compra", indicó Madanda. La Ley de Violencia Doméstica, aprobada en abril en Uganda, reconoce por primera vez la relación entre las TIC y la problemática. El envío repetido de mensajes insultantes y de llamadas a otra persona es un delito que puede ser castigado con dos años de prisión. En cambio, la legislación sobre delitos cibernéticos no le presta mucha atención a cuestiones de género y ninguna a episodios de violencia. "Sólo el proyecto sobre Firmas Electrónicas contiene una referencia directa a las mujeres en el artículo 86, que se refiere a una orden judicial contra los sospechosos", señala un estudio de Wougnet, realizado por Goretti Zavuga Amuriat. La legislación sobre las TIC se concentra en el gobierno y el comercio electrónicos y en la protección de datos, pero omite cuestiones sociales y de género, señala el informe de Amuriat. "La mayoría de los actores en la industria de las TIC se preocupan por la expansión y por aumentar las ganancias sin considerar las consecuencias que implica en materia de violencia de género", explicó Madanda. Wougnet ofrece capacitación sobre las TIC para mujeres y sobre cómo minimizar las consecuencias negativas."Hubo logros", señaló Maureen Agena, de Wougnet. "Las mujeres capacitadas ahora usan teléfonos celulares para denunciar casos de violencia doméstica y de otro tipo", añadió. La organización participa en la campaña "Dominemos la Tecnología", en el marco de la cual difundió el problema de la violencia contra las mujeres en Uganda a través de mensajes de texto. Las TIC contribuyen a la creación de empleo, disminuyen el aislamiento de las mujeres, pero todavía imponen restricciones al empoderamiento de las mujeres, indicó Madanda.
Mujeres expuestas a delitos ciberneticos en el mundo
Cuatro hombres que drogaron y violaron a una adolescente pakistaní y luego trataron de extorsionar a la familia terminaron colocando en Internet un vídeo del horror cuando ésta decidió denunciar el hecho a la policía, una actitud poco común en este país.Pero lo que concentra la atención de activistas de derechos humanos no es la atrocidad de lo ocurrido sino que la familia de la víctima lo haya denunciado. "Preferimos que nos agredan y nos hostiguen a ser ‘deshonradas’ socialmente", señaló Fariha Akhtar, víctima de acoso que se volvió activista. Las mujeres se volvieron un blanco fácil de delitos en los que interviene el uso de tecnología en las sociedades patriarcales de Asia meridional. Pakistán mejoró en los últimos años su conectividad con el resto del mundo, lo que abrió oportunidades de negocios y avivó el intercambio social entre familiares y amigos. Pero también aparecieron nuevas modalidades delictivas, en especial contra las mujeres, víctimas de pornografía mediante el uso de fotografías trucadas colocadas en Internet o enviadas por teléfonos celulares, indicó la fiscal especial Nighat Dad. "La tecnología es considerada un asunto más bien masculino, lo que les abre más oportunidades de jugar con ella, pero también impide que las mujeres aprendan a usarla y protegerse", explicó Akhtar. Hubo 412 casos de delitos mediante algún medio tecnológico entre 2007 y 2009, según el Instituto de Estudios Políticos, con sede en Islamabad. Pero ninguno fue considerado contra las mujeres. "La violencia contra las mujeres e incluso la pornografía no figuran en la lista de delitos cibernéticos en Pakistán", según el grupo de estudio, aunque no hayan sido tan graves como los de la adolescente violada, episodio que saltó a la luz pública en octubre. Hace tres años, Zara creía tenerlo todo. Entonces, una profesional de 27 años, comprometida y que acababa de ser promovida en la empresa de telecomunicaciones en la que trabajaba. Pero cuando un compañero de trabajo colocó en el sitio de Internet de la compañía fotografías en las que ella aparecía desnuda, "su vida se desmoronó", recordó su hermana. Finalmente se encontró al culpable, quien confesó haber trucado fotografías de Zara para darle una lección por "no compartir información" con él. "Su jefe le rogó que no renunciara", señaló la hermana. "Pero no pudo seguir en la empresa sabiendo que sus compañeros habían visto esas fotografías. El rumor se propagó y su novio rompió el compromiso", añadió. Los países en desarrollo como Pakistán son más vulnerables a delitos cibernéticos que otros debido "a la falta de estructuras legales", según Shahzad Ahmad de Bytes For All (B4All). No hay forma de procesar a los responsables de delitos cibernéticos, aun cuando se los identifica, se lamentó Akhtar. "Al menos por el aspecto tecnológico del hecho", apuntó. Además, la justicia es incapaz de apreciar las "complejidades de las infracciones", remarcó Ahmad. Al menos las autoridades comenzaron a atender el acoso a través de teléfonos móviles, indicó Akhtar, quien contó que descubrió cómo era pirateado el sitio de Internet de la agencia estatal a la que derivó a una joven a la que continuamente le creaban perfiles falsos en la red social Facebook. "Me quedé pensando si realmente serían de utilidad", añadió, refiriéndose al Centro Nacional de Respuesta contra Delitos Cibernéticos. La persona que usa la tecnología para acosar a sus víctimas suele conocerlas y haber tenido algún altercado con ellas, explicó Akhtar. En la mayoría de los casos el responsable suele ser hombre, añadió. Akhtar recordó un solo caso de mujeres acosadoras. "Eran jóvenes pudientes de Karachi", indicó. Akhtar escribe "artículos sobre seguridad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en blogs, en la red social Tweeter y en revistas específicas". Además participa en la campaña "Dominemos la tecnología", lanzada en 2009, para ayudar a las víctimas de delitos cibernéticos enseñándoles a usar las TIC. Activistas y autoridades de Pakistán tienen una ardua tarea por delante. Los teléfonos móviles llegaron a las aldeas más alejadas, donde hay 100 millones de clientes, según la Autoridad de Telecomunicaciones. Además, hay 18 millones de usuarios de Internet en este país de 175 millones de habitantes.
Anna Grace Nakasi, quien contrajo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), después de haber sido violada varias veces en tres ocasiones diferentes, primero en 1987, luego en 1988 y en 1990 por soldados que tomaron la aldea donde vivía "La primera vez fue en 1987 cuando ocho soldados de una patrulla me violaron hasta que perdí el conocimiento. Me desperté en el hospital", relató. "Los efectivos eran de las fuerzas del gobierno", dijo a IPS. Además del VIH, Nakasi sufrió una fístula obstétrica y fue rechazada por su esposo y su familia. Vivió durante años sola en la selva. Nakasi es candidata a ocupar un lugar el consejo local de la zona de Tubur, en el nororiental distrito de Soroti, en las elecciones que se realizarán en febrero. Ella logró superar el trauma con ayuda de diferentes organizaciones, que también la apoyan en su campaña para independizar económicamente a las mujeres y luchar contra el estigma. Además ofrece asistencia legal a mujeres que sufrieron agresiones sexuales en la zona y las incentiva a afrontar a sus agresores. Nakasi tiene un gran respaldo para su candidatura al consejo por su trabajo con personas con VIH/sida. "Logré seguir un caso que terminó con el encarcelamiento del agresor", señaló. INSUFICIENTE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Pero la historia de Nakasi quien logró superar un gran trauma y convertirse en líder es única. Las dos décadas de guerra civil entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) dejó miles de personas muertas y 1,5 millones desplazadas. Las mujeres fueron violadas en los campamentos por soldados del gobierno y civiles. No hay cifras oficiales de la cantidad de víctimas, pero hay indicios de que fue una práctica generalizada. Es sabido que los rebeldes reclutaron niños para combatir y niñas para convertirlas en esclavas sexuales. Los enfrentamientos ocurrieron en el norte y noreste de Uganda hasta 2007, cuando el LRA fue expulsado a República Democrática del Congo, tras las fallidas conversaciones de paz con el gobierno que fueron propiciadas por Sudán del Sur. El LRA sigue activo en República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sudán del Sur, donde siguen realizando secuestros. El programa de recuperación pos-conflicto, lanzado el año pasado, no contempla las consecuencias de la violencia sexual durante la guerra. Además, nunca se implementaron las recomendaciones que hizo una comisión que investigó las violaciones de derechos humanos ocurridas en Uganda desde la independencia en 1962 hasta el segundo régimen de Milton Obote (1980-1985) de reparar a las víctimas de violencia sexual. PENAS INADECUADAS Muchos casos de agresión sexual no fueron procesados, según un estudio divulgado el 9 de este mes por el Centro de Mujeres en Gobernanza (Cewigo, por sus siglas en inglés), con sede en Kampala, que analizó la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que cumplió 10 años en octubre. La resolución 1325 reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos armados es un crimen de guerra y contra la humanidad. Muchos casos ni siquiera se denuncian. La violación es el delito sexual menos denunciado en Uganda. Además, la legislación no reconoce la violación dentro del matrimonio. Alrededor de la mitad de los casos denunciados son procesados y muy pocos terminan en condena. En 2009 se registraron e investigaron 619 casos de violación, de los cuales 37 por ciento fueron procesados y cinco por ciento terminaron en condena. Hubo más de 7.000 casos de violación infantil y sólo fueron condenados los responsables de 467 de ellos. Además 550 mujeres denunciaron agresiones indecentes, por las cuales sentenciaron a los responsables de 79 por ciento de los casos. INJUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS La mayoría de las familias carecen de fondos para que las víctimas reciban atención médica o para trasladar a la policía a la escena del delito, señaló Maude Mugisha, de Cewigo. Eso hace que opten por negociar con el agresor. La legislación ugandesa prevé que toda víctima de violencia sexual debe realizarse un análisis clínico, del que depende el desarrollo del caso en la justicia. Pero el análisis sólo pueden hacerlo cirujanos de la policía autorizados. Hay pocos profesionales y, además, el examen tiene un costo de entre 15 y 25 dólares. "Es la mayor injusticia que deben soportar los sobrevivientes de agresiones sexuales en Uganda", señaló Judy Kamanyi, consultora en cuestiones de género y desarrollo. "No puede ser que sólo un cirujano de la policía revise a las víctimas. El análisis deberían poder realizarlo las parteras para que las mujeres no tengan que pagar tanto y haya justicia", coincidió Rebecca Kadaga, vicepresidenta del Parlamento. El gobierno debería crear refugios para las mujeres cuya vida está en peligro y diseñar un plan de emergencia que se ocupe de su seguridad así como la de niños y niñas en la misma situación, indicó Kamanyi. Otra dificultad que deben afrontar las víctimas de violencia sexual es que ese tipo de delitos sólo son procesados por altos tribunales y sólo hay en cinco regiones del país. Las mujeres, que suelen desplazarse largas distancias hasta el juzgado correspondiente, se encuentran con que no hay cirujano autorizado. El proceso de los casos de violencia sexual puede llevar años. Uganda todavía debe recorrer un largo camino para cumplir con los estándares regionales e internacionales sobre la protección de mujeres, en especial las que fueron violadas en la guerra, según Cewigo. Las mujeres deben seguir presionando a los gobiernos, en especial en la región de los Grandes Lagos para que implementen la resolución 1325, señaló Miria Matembe, fundador de Cewigo. "Es una resolución extremadamente importante para nosotros. África es un continente infestado de un alto grado de violencia de género", apuntó.
Yussif es farmacéutico, pero no puede ejercer su profesión por la discriminación laboral que sufren los palestinos en este país. No tiene más remedio que trabajar de taxista. Los refugiados palestinos y sus hijos viven en este país desde hace 62 años. Pero a diferencia de sus compatriotas en Jordania y Siria, ellos sufren una nefasta discriminación legal. Líbano no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. Pero sí ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Constitución. "La Convención sobre los Refugiados nos permite acceder al mercado laboral del país anfitrión después de tres años" de residencia, señaló Suhail al-Natour, director el Centro de Desarrollo Humano, una organización con sede en Beirut que defiende los derechos humanos de los palestinos. "Después de excluir a los palestinos del sector público, el gobierno libanés les impidió acceder a empleos privados", indicó. "Los que quedan son los más precarios y duros que no quieren hacer los libaneses", añadió. Unos 250.000 palestinos viven en Líbano desde hace años. Las restricciones laborales toman distintas formas. Hay profesiones que les están vedadas y para ejercer otras necesitan un permiso de trabajo. Además, hay 30 profesiones liberales controladas por las correspondientes agrupaciones que las reúnen. Tampoco pueden tener sus propios comercios ni empresas porque no pueden ser propietarios. Los palestinos sólo tienen dos opciones, indicó Al-Natour. "Pueden trabajar en los campamentos, donde el Estado no tiene autoridad y pueden ejercer empleos prohibidos, o hacerlo de forma ilegal y eludir las inspecciones", explicó. El mercado laboral en los empobrecidos campamentos es restringido. Para los palestinos con estudios no es realmente una alternativa. Al atardecer Mahmoud Aga suele descansar de su jornada laboral en una pequeña huerta que tiene fuera de Tiro, donde cultiva frutas y verduras. Desde hace 15 años, Aga trabaja para una empresa libanesa. "Los palestinos no pueden ser miembros de la agrupación de ingenieros y están obligados a trabajar de forma ilegal", explicó. Él trabaja en la obra y trata con sus superiores libaneses. "Actualmente superviso la construcción de una escuela pública. Por supuesto que las autoridades saben que soy palestino", añadió. Aga disfruta de su trabajo y no le pagan menos aprovechándose de su situación como suele sucederles a los palestinos. "Pero no tengo derechos sociales ni seguro", se lamentó. "Algunas agrupaciones tienen normas específicas que permiten sólo el ingreso a ciudadanos libaneses. Otras aplican una cláusula de reciprocidad. Pero al no haber un estado palestino es imposible aplicar ese principio", explicó Sari Hanafi, profesor de la Universidad Americana de Beirut. El parlamento libanés reformó a mediados de agosto la ley laboral, pero no tocó a las poderosas agrupaciones de profesionales. La legislación está, en teoría, por encima de las normas de ellas, pero "en la práctica no es así", indicó Al Natour. La reforma obliga a los palestinos a obtener permisos de trabajo. Pero "ellos no pedirán los tramitarán porque siguen existiendo un montón de problemas de procedimiento", se lamentó Al Natour. Para obtener un permiso hay que tener un contrato laboral con una empresa libanesa. Pero los empleadores no van a aceptarlo porque tendrán que pagar la seguridad social y declarar el salario, arguyó. "Se benefician de explotar a los palestinos y no quieren cambiar las relaciones laborales", añadió. Ni empleados ni empleadores tienen interés en firmar un contrato, coincidió Sari Hanafi. "Ambos tendrán que pagar la seguridad social a sabiendas de que el empleado no tiene beneficios", explicó. En el verano boreal, el parlamento también enmendó la Ley de Seguridad Social que prevé que los palestinos con empleos legales sean indemnizados al terminarse la relación laboral. Pero siguen sin beneficiarse de prestaciones familiares, seguro por enfermedad o maternidad. El desencanto de los palestinos con lo que fue promocionado como gran reforma en materia de derechos laborales hizo que aumentaran la pesión sobre la comunidad internacional. En la novena sesión del Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, realizado a principios de este mes en Ginebra, la parte dedicada a Líbano mostró que hay una mayor conciencia sobre la difícil situación de los palestinos en este país, en especial de las naciones europeas. La activista Rola Badran, quien participó en la conferencia como integrante de la Organización de Derechos Humanos Palestinos, se mostró satisfecha con la sesión. "La cuestión de los derechos de los palestinos refugiados en Líbano está en la agenda internacional. La delegación libanesa parecía molesta y presionada e insistió en responder directamente a las intervenciones de los estados que criticaron la situación y recomendaron mejorarla", indicó Badran. Las críticas se concentraron en que los palestinos no tienen derecho de propiedad, se los discrimina del mercado laboral y carecen de libertad de movimiento, pues la mayoría de los campamentos están rodeados por efectivos del ejército libanés. Sin embargo, Badran es pesimista sobre las posibilidades de que Líbano cambie su política. En Ginebra, los representantes libaneses "repitieron sus excusas habituales sobre el tamaño del país y la escasez de recursos", apuntó. "La falta de disposición de Líbano para solucionar el asunto se hizo patente con la declaración de la delegación respecto de que la presencia palestina ya duró mucho y que este país sigue esperando que regresen a su hogar."
La oficina es un caos. Bultos gigantescos de camisetas y cajas llenas de bolígrafos ocultan los escritorios en los que hombres y mujeres indígenas empaquetan esos productos, junto con carteles, trípticos y volantes en la sede de su comisión estadística en Ecuador.En unas camisetas se lee "¡Tengo identidad… soy indígena", en otras "¡Tengo identidad… soy afroecuatoriano!" y en unas terceras "Soy montubio (descendiente de indígenas de la costa)". "Familia, identifícate, orgullosamente afroecuatoriano", dice uno de los volantes, mientras una cartilla tipo cómic explica el tema en lengua shuar, de los indígenas amazónicos.La oficina pertenece a la Comisión Nacional de Estadísticas de los Pueblos Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios (Conepia) y la febril actividad es para terminar de despachar todo el material promocional a las 24 provincias de Ecuador, donde el domingo 28 se realizará el séptimo censo de población y sexto de vivienda.En el censo los indígenas se juegan una importante carta.En efecto, mientras las organizaciones indígenas, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sostienen que los indígenas son 40 por ciento de la población del país, en el censo anterior, de 2001, solo 6,8 por ciento de la población se autodefinió como indígena.Desde entonces, los propios indígenas han trabajado para que en la siguiente medición se incluyera una batería más completa de preguntas, en especial dos clave: qué lenguas o idiomas habla la persona censada y qué lenguas o idiomas hablaban su padre y su madre, recogidas como la 14 y 15 de la boleta censal.Las preguntas 16 y 17 también son decisivas. En la 16 se consulta cómo se identifica la persona censada según su cultura y costumbres, si como indígena, afroecuatoriano/ afrodescendiente, negro, mulato, montubio, mestizo, blanco u otro.Si se define como indígena, la 17 le interroga a cuál pueblo o nacionalidad indígena pertenece. Las nacionalidades enlistadas son 15 (achuar, awa, cofan, chachi, epera, waorani, kichwa, secoya, shuar, secoya, siona, tsátchila, shiwiar, zápara y andoa), la mayoría en la región amazónica, y los pueblos 18, de ellos 15 en la sierra y habla quichua y otros tres en la costa.Tras los cuestionados resultados del 2001, Silverio Chisaguano, fue encargado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y las organizaciones afectadas para buscar que las preguntas censales hiciesen un relevamiento más completo para identificar las minorías de este país "intercultual y plurinacional", como lo define la Constitución de 2008.El tema es vital para las organizaciones de las minorías étnicas y para los organismos del Estado que trabajan con ellas, pues les permitirá reclamar mayor apoyo en función de su representatividad."Precisamente para llegar a eso se creó la Conepia en 2007. Asesoramos al INEC, y con las organizaciones, sobre todo las regionales, provinciales y locales, se llevó adelante un proceso de consenso sobre qué preguntas deben constar", dijo Chisaguano, su director, tras encontrar el lugar más alejado posible de la barahúnda de sus oficinas."Hemos realizado las pruebas de campo, se las ha incorporado a la boleta censal y se las ha socializado", detalló este docente quichua, vinculado al INEC desde 1993.Una asamblea nacional en la que participan 50 organizaciones, en especial la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, así como las más activas agrupaciones afroecuatorianas y montubias, dio vida a la Conepia.Para el legislador indígena Gerónimo Yantalema, el censo debe ser realizado por empadronadores que hablen los idiomas nativos. "Solo así se podrá identificar a miles de indígenas que no fueron censados en ocasiones anteriores", aseguró a IPS.En cambio, la también legisladora indígena Lourdes Tibán cree que la difusión alcanzada y el alto porcentaje de bilingüismo, como "consecuencia de un Estado colonial que se prolonga", solventarán el problema de que el censo sea en español."A través de consultorías, talleres y asambleas regionales, se fueron discutiendo los temas de autoidentificación y las formas cómo debería enfrentarse en el censo la cuestión de la identidad", confirmó a IPS Byron Villacís, director del INEC. "Fue un proceso profundo y extenso, que nos ha permitido consensuar cómo medir la cuestión étnica", dijo.Precisó que se equiparó la metodología con la de las Naciones Unidas, que sobresale por su preocupación sobre el tema de los pueblos indígenas y las minorías.Villacís considera que parte del subregistro indígena en el censo de 2001 se debió a que en muchas comunidades "cerraron las puertas" a los empadronadores. "Faltó difusión", comentó.Eso no pasará esta vez. Confirmó que se destinaron "entre tres y cuatro millones de dólares" a la difusión, que es "conceptualmente distinta" al anterior censo. Se está usando la televisión con mensajes generales para toda la población, que el INEC proyecta en 14,2 millones de personas.Hay, además, otros específicos para indígenas, negros y montubios, incluyendo testimoniales con figuras emblemáticas de estas etnias. Para las zonas rurales se ha sumado también a las radios comunitarias, que difunden mensajes en las diferentes lenguas."Pero además hemos hecho conciertos, caravanas artísticas, obras de teatro, publicidad móvil en el transporte público urbano e interprovincial, y desde el domingo 21 a través de mensajes SMS (de texto) a los celulares", dijo Villacís.Pero se crítica que en la zona rural falta una campaña más eficaz. Hay quienes temen que el censo sirva "para ver si quitan o dejan el bono de desarrollo humano", de 35 dólares mensuales que el gobierno aporta a más de un 1,4 millones de personas pobres.Siempre hubo en la zona rural desde el primer censo de la era moderna, en 1950. Incluso en el de 1970 se asesinó a tres empadronadores en una remota localidad."El rechazo al censo tiene raíces coloniales. Para el indígena toda enumeración como se llamaba en la colonia, tenía fines tributarios", dijo a IPS la historiadora Guadalupe Soasti, profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar.Esta vez el proceso es "muy diferente, pues han intervenido las organizaciones y se ha socializado mucho más", confesó a IPS el antropólogo Fernando García, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). "No creo que haya resistencia esta vez", confió."El censo en la zona rural se extenderá desde el 28 hasta el 5 de diciembre. Queremos saber cuántos somos pero también cómo estamos para luchar contra la pobreza, porque los indígenas y los afroecuatorianos tenemos los más altos índices de pobreza del país", concluyó Chisaguano
Samer Hamdan*, un prisionero palestino de 26 años, recuerda haber sido golpeado hasta sangrar, y ver también a otros presos cubiertos de sangre y gritando en las cárceles israelíes.Hamdan cumple una condena de nueve años en la prisión de Ketziot, en el desierto de Néguev, acusado de integrar una "organización ilegal". "Al final terminas por confesar lo que no hiciste sólo para que se acaben los golpes y los abusos", dijo a IPS Hamdan, ex miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina. "Solo tenía 17 años cuando me arrestaron, y estaba muy asustado. No sabía bien cómo enfrentar el interrogatorio", contó. Hamdan indicó que sólo le permiten ver a su padre cada cuatro meses, y a su madre una vez al mes 45 minutos. Pero esta última no siempre puede hacer el largo y cansador viaje hasta la prisión desde su aldea en el norte de Cisjordania en un ómnibus de la Cruz Roja, atravesando muchos puestos de vigilancia israelíes. "A veces, cuando mi familia trae ropa o libros, no me permiten recibirlos. Depende del estado de ánimo de los soldados", dijo Hamdan. "Los soldados también abusan regularmente de los prisioneros, y los enfrentamientos estallan periódicamente". Hamdan habló con IPS a través de un teléfono celular que, dijo, fue contrabandeado a la prisión por un guardia israelí. Varios otros teléfonos han sido ingresados ilegalmente a las cárceles israelíes por los propios uniformados, que los venden a veces hasta 10 veces más caros que en el mercado. "En 2007, la policía israelí y los soldados hicieron una redada en nuestras celdas a medianoche, buscando teléfonos móviles y otros artículos prohibidos", dijo Hamdan. "Hicieron esto a pesar de pasados acuerdos entre representantes de los presos y las autoridades israelíes de que no habría redadas nocturnas", Los enfrentamientos en las cárceles llegaron a los titulares internacionales luego de que reclusos incendiaran colchones y varios de los amotinados fueran abatidos por la policía. La Autoridad Nacional Palestina deposita una suma en la cuenta de cada prisionero todos los meses. Ellos dependen de eso para sobrevivir. "No estamos recibiendo suficiente cantidad de comida, y la calidad de los alimentos es muy mala. Tenemos que usar nuestro propio dinero para comprar comida en la cantina de la prisión", dijo Hamdan. Él comparte celda con otros cinco reclusos. En sus literas generalmente tienen colchones incómodos y sucios. Pero asegura que las condiciones allí son muchísimo mejores que las de la celda donde estuvo mientras era interrogado. "Me interrogaban día y noche, y no me dejaban dormir. Durante el interrogatorio era atado y golpeado. Me pusieron un nauseabundo costal en la cabeza. Entre cada sesión de interrogatorio me llevaban a confinamiento solitario en una celda subterránea con una luz fluorescente encendida las 24 horas. No me permitían cambiarme la ropa ni bañarme. Como retrete tenía solo una cubeta, que cambiaban de vez en cuando". La semana pasada, dos organizaciones israelíes de derechos humanos, B’Tselem y el Centro Hamoked para la Defensa del Individuo, divulgaron un informe con testimonios similares de 121 palestinos retenidos en cárceles israelíes. Los grupos señalaron que los presos eran continuamente atados, privados de sueño, encerrados en soledad, golpeados y sometidos a condiciones higiénicas degradantes, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. "Las violaciones comienzan en el momento del arresto y continúan hasta la transferencia del detenido", indica el informe. Las organizaciones informaron además que, a pesar de cientos de quejas de los detenidos contra las autoridades de las prisiones, no se realizó ninguna investigación penal. Saeed Al Haj, de la Sociedad de Prisioneros Palestinos en la central ciudad cisjordana de Ramallah, dijo a IPS: "El abuso contra presos palestinos en centros de detención de Israel ha sido un problema continuo por décadas". "Algunos presos son destinados a confinamiento solitario durante meses. Tenemos una prisionera, Wafa El Biss, de Gaza, que ha estado atada y aislada por casi dos semanas. Sólo se le permite ir algunas veces al baño cada día y debe esperar que los guardias la desaten. Debe dormir con las luces encendidas", indicó. La mayoría de las celdas están bajo tierra. Las luces fluorescentes permanecen encendidas las 24 horas, lo que desorienta a los prisioneros y les causa dolores en los ojos, problemas de visión y jaqueca, indica el informe. Trece de los 121 detenidos incluidos en el estudio dijeron haber sido sometidos a privaciones de sueño por más de 24 horas, 36 por ciento afirmaron haber sido humillados e insultados, 56 por ciento denunciaron amenazas y nueve por ciento dijeron haber sido tratados violentamente
El primer ministro palestino se aventuró en la ocupada Jerusalén oriental, pasando por encima de autoridades de seguridad de Israel, que intentaron detenerlo.Durante más de cuatro décadas, los palestinos de la ocupada Jerusalén oriental han vivido atrapados entre el argumento de los israelíes, que sostienen que "una Jerusalén unida" es su capital eterna, y los reclamos palestinos de que el este de la ciudad sea la capital de su futuro Estado. Según las leyes israelíes, a los 250.000 palestinos que viven aquí les corresponden todos los mismos servicios que disfrutan los jerosolimitanos israelíes. Sin embargo, Israel ha cumplido esto a medias. El deterioro y abandono estructural son las características generales de la ocupación israelí: calles sin pavimento, falta de aceras, escasa o nula iluminación de vía pública, montículos de basura sin recolectar, desborde de aguas servidas en invierno, escuelas hacinadas y, sobre todo, casi ningún nuevo permiso de construcción otorgado por Israel. Al estancarse las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes recientemente reanudadas, la situación de limbo en que viven los palestinos de Jerusalén oriental solamente se intensificó. En los últimos años, Israel construyó su barrera de separación de ocho metros de altura. El muro atraviesa el corazón del área que Israel define como Jerusalén oriental, que anexó luego de la guerra de 1967. A consecuencia, decenas de miles de palestinos viven ahora más allá de ese muro, que de todos modos está dentro de las fronteras municipales definidas por Israel. Así que, irónicamente, el muro ha ayudado a los palestinos a empezar a salir del laberinto. Hasta ahora, la posición oficial de los palestinos ha sido que, en tanto potencia ocupante, Israel tiene la responsabilidad de brindar todos los servicios. Ahora, Palestina e Israel están comprometidos en un nuevo intento por conquistar las mentes y los corazones de Jerusalén oriental. El primer ministro palestino Salam Fayyad ha tomado la iniciativa. La semana pasada visitó una escuela secundaria en el barrio de Al-Barid, en la parte nororiental de Jerusalén, al terminar de renovarse 15 escuelas en toda la zona palestina de la ciudad. Se trata de proyectos asumidos por su Autoridad Nacional Palestina (ANP). Al plantar un olivo a la entrada de la escuela de Al-Barid, Fayyad dijo que Jerusalén era "el corazón del futuro Estado palestino y su capital eterna". Sin embargo, se abstuvo de visitar otro barrio, Dahyiat Al- Salam, más cercano al centro de la ciudad, luego que el ministro de Seguridad Pública de Israel, Yitzhak Aharonovitch, prohibió "toda actividad de la ANP dentro de territorio israelí". Sin embargo, eso no impidió que el gobierno de Fayyad destinara 350.000 dólares a pavimentar calles y mejorar infraestructura en Dahyiat Al-Salam. "Cada año, los habitantes de aquí pagan millones en impuestos a la municipalidad de Jerusalén", dijo Nasser Jubran, presidente del comité del barrio y activista de la sociedad civil, mientras esperaba en vano recibir al primer ministro. "Sin duda nos corresponde un nivel mínimo de servicios", señaló. Desobedeciendo la prohibición israelí en Al-Barid, Fayyad se comprometió a "continuar asistiendo a las instituciones palestinas en Jerusalén, especialmente en materia de infraestructura educativa". La ANP también ayudará, "donde sea posible", a construir nuevas escuelas y a brindar otros servicios para mejorar las vidas de la población de Jerusalén oriental, dijo. Eso es precisamente lo que los líderes comunales de otros vecindarios palestinos dicen estar haciendo por sí mismos. Naim Aweisat es uno de ellos. "Nos parece bien que la ANP nos ayude como sea. Pero no podemos continuar por siempre haciendo que nuestras esperanzas pendan de un acuerdo político, esperando que la ocupación simplemente se desvanezca", declaró a IPS. A fuerza de ser catalogados como "residentes", a los palestinos de Jerusalén oriental (incluidos quienes viven más allá del muro) les corresponde la misma atención a la salud que disfrutan todos los israelíes. El problema, según Aweisat, "es que en Jerusalén oriental prácticamente no hay clínicas". Eso lo impulsó a abrir una moderna clínica. En el nuevo edificio de tres pisos trabajan médicos palestinos y árabes israelíes. Y Aweisat planea duplicar la cantidad de pacientes --3.500-- que actualmente se atienden allí. La clínica se ubica en el límite entre su barrio, Jabel Mukaber, de 25.000 habitantes, y Silwan, donde viven 50.000 personas. Silwan es un punto álgido, dado que los palestinos intentan, infructuosamente, impedir que cientos de nuevas familias judías se asienten en el corazón de su vecindario. Cuando el mes pasado una delegación de legisladores israelíes derechistas fueron hasta el lugar para mostrar su apoyo a los colonos, jóvenes palestinos indignados apedrearon su convoy blindado. En la tarde del 7 de este mes, el director general del fondo israelí de salud, a través del cual brinda sus servicios la clínica de Aweisat, tenía previsto visitar las nuevas instalaciones. También tenía programado concurrir el alcalde israelí de Jerusalén, Nir Barkat, aparentemente queriendo demostrar su apoyo a la iniciativa, así como conquistar las mentes y los corazones de la población de este barrio habitualmente tranquilo. Tras consultar con sus colegas del comité barrial, Aweisat accedió. Sin embargo, al enterarse apenas una hora antes de esa visita oficial israelí, de que el Ministerio de Seguridad Pública planeaba ofrecerle al alcalde un enorme operativo de seguridad, Aweisat canceló la modesta ceremonia inaugural. "No queremos esa clase de acción provocadora aquí. Esto no es el sur de Líbano ni Gaza. Simplemente queremos brindar servicios a nuestra población", explicó. Un diplomático occidental que intenta promover este tipo de emprendimientos de la sociedad civil palestina en Jerusalén oriental y que estaba por asistir a esa ceremonia, dijo a IPS: "Continuaremos nuestros contactos con estas iniciativas palestinas. Tal vez, sin embargo, sea mejor hacerlo discretamente, sin bombos y platillos, en esta delicada etapa de la construcción de la paz"
Jerusalén oriental,
Multitudinarias manifestaciones se preparan en toda España para el fin de semana, en apoyo al pueblo saharaui y a su derecho a ejercer la soberanía en el territorio del Sahara Occidental, bajo actual dominio de Marruecos.Estos actos se producen como protesta por la muerte de cerca de al menos 19 personas el lunes 8, cuando fuerzas militares marroquíes ingresaron al campamento Gdeim Izik, ubicado en las afueras de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, y lo destruyeron por completo. Las manifestaciones fueron convocadas por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, la Plataforma pro Referéndum en el Sahara y la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara y seguirán a otras espontáneas que se han producido en algunas ciudades esta semana. La reacción de las organizaciones no gubernamentales fue de unánime condena, mientras que el gobierno español se pronunció primero de manera criticada como blanda por sectores opositores, al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, para adoptar después una posición menos benevolente con Rabat. "Lo hecho por el gobierno español es lastimoso y lamentable. Es impresentable que en un país democrático como España, defensor de los derechos humanos y de la legislación internacional, no se haya condenado la acción marroquí, que fue una verdadera masacre", dijo a IPS Sara Ramdan, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España. El día 6 se cumplieron 35 años de la llamada "Marcha Verde" que realizó Marruecos en demanda de la descolonización de 266.000 kilómetros cuadrados de territorio del Sahara, entonces bajo dominio de España, cuando el dictador Francisco Franco (1939-1975) estaba agonizante. Desde entonces y pese a la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marruecos controla la zona, en la que ha levantado una gran muralla que la separa del territorio saharaui ocupado por Argelia. La matanza del lunes fue el último acto represivo contra las protestas en El Aiún, las mayores en varios años, estalladas el 24 de octubre tras la muerte por un disparo de la policía marroquí de un adolescente saharaui de 14 años, cuando viajaba para instalarse en otro asentamiento de los alzados alrededor de El Aiún en las últimas semanas. Los campamentos de protesta surgieron como reivindicación a favor de derechos sociales y económicos por iniciativa de jóvenes saharauis del desierto, a la que se fueron sumando habitantes de El Aiún. En las jaimas (tiendas) de esos campamentos había el martes 9 entre 8.000 y 20.000 personas, según diferentes fuentes. Ante la destrucción del campamento Gdeim Izik , el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, dijo que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no podía hacer nada pues "la admisión en el territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía de un país". Tras las duras críticas a esas palabras, Jáuregui se vio forzado a "aclarar" en el parlamento que no hizo "ningún reconocimiento de soberanía de Marruecos sobre un contencioso que está pendiente" y que está a la espera de "una solución política bajo los auspicios de la ONU". El ministro dijo que "no se trata de que hagamos una carrera sobre quién es más rápido en condenar, sino de lograr una vuelta a la normalidad" en el Sahara, ante la exigencia de la diputada por Iniciativa per Catalunya Verds, Núria Buenaventura, de que el gobierno haga una clara condena por lo sucedido y no se quede en expresar "preocupación". Los activistas a favor del derecho a decidir de los saharauis critican que se hable de "normalidad" sobre lo que acontece en un territorio ocupado y que lleva décadas soportando violencias de todo tipo. Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se diferenció de Jáuregui desde la capital de Ecuador, etapa final de una gira concluida este jueves 11 y que incluyó también a Bolivia. La canciller puntualizó que España no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa. No obstante, pese a los enfrentamientos y a la dura posición de Marruecos, el camino para la negociación está abierto y esta semana se produjo un tercer dialogo informal en las afueras de Nueva York, a instancias de la ONU, entre representantes de Marruecos y del Frente Polisario, el movimiento de liberación saharaui. Pero esa esperanza depende de lo que pueda hacer la ONU para presionar al régimen marroquí, en lo que puede y debería jugar un papel importante España, con acciones paralelas. Pero lo que más reclaman los saharauis es que se cumpla el compromiso marroquí expresado en 1991, cuando el Frente Polisario firmó un alto el fuego a cambio de la promesa de un referéndum de autodeterminación, que no ha llegado a celebrarse. Para presionar al gobierno español, grupos parlamentarios nacionalistas del País Vasco, Cataluña y Galicia, la coalición Izquierda Unida y la Unión, Progreso y Democracia, pidieron en las Cortes (Cámara de Diputados) que Zapatero comparezca para explicar la posición del Ejecutivo frente a la crisis en el Sahara. La diputada Rosa Díez, ex socialista y creadora del centroizquierdista partido Unión Progreso y Democracia, señaló que ante la gravedad del ataque marroquí el ejecutivo debe dar la cara y dejar de lado "los coqueteos políticos" con Marruecos, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Taib Fasi Fihri, visitó Madrid a comienzos de mes. También desde el derechista Partido Popular (PP), que encabeza la oposición, se reclama que el gobierno "rectifique en toda la regla" y que el gobierno emita un comunicado precisando su posición, a lo que no ha obtenido respuesta. El diputado Jorge Moragas, coordinador de internacional del PP, subrayó que "legalmente y aunque al Gobierno le parezca mentira, España sigue siendo la potencia administradora del Sahara y así lo dicen Naciones Unidas y la legalidad internacional". Esa afirmación se basa en que, al no haberse concretado la descolonización, la antigua colonia sigue siendo responsable por el territorio. Aminatu Haidar, una activista que saltó a la escena mundial a fines de 2009 tras realizar una huelga de hambre de 32 días para reclamar su derecho a regresar a Marruecos, de donde la había expulsado el régimen, lamentó que el gobierno español se lave las manos y adopte una posición "de neutralidad frente al derecho de un pueblo en peligro". En una carta remitida desde El Aiún dijo "España no puede hacer de Poncio Pilatos", ante lo que está sucediendo en el Sahara. Además de la manifestación en Madrid se han programado otras en Bilbao, Sevilla, Vitoria-Gasteiz, Huelva, Barcelona, Córdoba, Málaga, Oviedo, Zaragoza, Alicante, Cuenca y otras ciudades españolas
La excesiva influencia de líderes católicos conservadores en las cuestiones de salud pública en África representan un gran obstáculo a la hora de planificar estrategias para evitar que mueran mujeres o queden con secuelas por abortos inseguros.Ese fue uno de los temas discutidos en la conferencia "Mantener la promesa: atender el aborto inseguro en África", organizada por IPAS con apoyo del Ministerio de Salud de Ghana. IPAS es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva. Más de 230 personas, entre ministros, parlamentarios y médicos de 20 países africanos participaron en la conferencia realizada de lunes a jueves en Accra. Trece por ciento de las muertes maternas del mundo ocurren por abortos practicados en condiciones inseguras. En África, una de cada siete mujeres fallecen por esa causa, pero en algunos países, como Kenia y Nigeria, aumenta a entre 30 y 40 por ciento. Más de la mitad de las 67.000 mujeres que mueren todos los años por abortos inseguros viven en África. Pero incluso en países como Ghana y Zambia, donde el aborto es legal en determinadas circunstancias, como violación, incesto o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, las normas no se aplican. Las leyes no se respetan por ignorancia o prejuicio del personal de la salud y de otros funcionarios responsables, pero también por la influencia negativa de algunos líderes religiosos. "Hay una imposición de creencias personales en vez de personas trabajando por el bien de la sociedad", señaló Eunice Brookman-Amissah, vicepresidenta de IPAS para África y ex ministra de Salud de Ghana. Forma parte del "resurgimiento del fundamentalismo religioso", sostuvo. "Los ghaneses suelen confundir la religión con todo. El aborto se considera un pecado. Pero no se puede usar la religión para resolver problemas de salud pública", señaló el director de IPAS en Ghana, Koma Jehu-Appiah. Los intentos de liberalizar los restrictivos códigos penales de la época colonial fueron obstaculizados por iglesias contrarias al aborto que, en algunos países, tienen gran influencia sobre las autoridades, indicó Brookman-Amissah. La vicepresidenta de IPAS contó el caso de un ministro de Salud keniata que anunció la creación de un servicio para atender a mujeres que hubieran abortado. El ataque que sufrió de la Iglesia Católica truncó su carrera política. La Iglesia Católica también se opone al uso de anticonceptivos, lo que deja a las "mujeres totalmente atrapadas", sin más opción que arriesgar sus vidas realizándose abortos inseguros. "Es un problema humano. La Iglesia debe aportar una solución, no sólo decir ‘no, no’", arguyó Brookman- Amissah. En Nigeria ocurrió algo similar hace unos años. La Iglesia Católica impidió la aprobación de una ley que crearía un instituto de investigación en temas de salud reproductiva, señaló Ejike Oji, director de IPAS en Nigeria. La jerarquía eclesiástica tergiversó la iniciativa llamándola "proyecto de aborto", pese a que no hacía ninguna referencia al asunto. Un legislador católico saboteó el proceso en el parlamento para que el proyecto fuera rechazado antes de que sus compañeros pudieran informarse. En el estado nigeriano de Imo fue bloqueado un intento para permitir el aborto en caso de incesto y violación. Las mujeres que promovieron el proyecto no pudieron entrar a la sede legislativa local, dijo Oji a IPS. Además, ahora hay una campaña en ese país para prohibir el aborto hasta en los casos en que corre peligro la vida de la mujer, el único caso en que se permite. El Consejo Conjunto Cristiano Ugandés y la Coalición Cristiana Nigeriana presionan a sus gobiernos contra el Protocolo de Maputo de 2003, que habilita la realización de un aborto en caso de violación, incesto y cuando la salud psíquica y física de la mujer está comprometida. Las dos organizaciones, que promueven los derechos humanos, sostienen que la cláusula del aborto es una "importación de Occidente", pese a que fue redactada por africanos, indicó Njoki Ndungu, director del Centro de Información y Comunicación Legal en Kenia. La mayor parte de la campaña contra la posibilidad de elegir viene de una "iniciativa de Occidente" financiada del exterior y conducida en especial por personas y organizaciones fundamentalistas cristianas de Estados Unidos, indicó Brookman-Amissah. Una de ellas es Human Life International, apuntó. El representante estadounidense del Partido Republicano, Chris Smith, estuvo hace poco en Nigeria y redactó una carta con una organización fundamentalista cristiana atacando el Protocolo de Maputo. "Las que mueren no son estadounidenses. Esa campaña mata mujeres africanas", remarcó Brookman-Amissah. Cuando el gobierno de Etiopía reformó el Código Penal en lo que respecta al aborto, una organización evangélica de Estados Unidos entregó vídeos la práctica a los legisladores, indicó Haile Gebreselassie, investigador vinculado a IPAS en ese país. Los líderes religiosos presionan contra las iniciativas de legislar la práctica del aborto porque se creen "más santos que el Espíritu Santo", señaló Annie Nturubika, coordinadora de SOS Femme et Enfant Catastrophe, con sede en República Democrática del Congo.
La reivindicación de lo popular y la búsqueda de caminos efectivos para lograr una participación social consciente guían al millar de personas que aplican en Cuba la Educación Popular, una perspectiva pedagógica creada por el brasileño Paulo Freire en la década del 60."El nivel más profundo de la participación es cuando las personas se integran desde su pensamiento y sentimiento, con un sentido de compromiso fuerte y conciencia plena de lo que están haciendo", explicó a IPS José Ramón Vidal, director del Programa de Comunicación Popular del Centro Memorial Martin Luther King Jr. Entre místicas autóctonas y formas de organización horizontales, que buscan integrar la opinión de cada quien, se desarrolló en la Habana el IV Encuentro Nacional de Educación Popular, que finalizó este viernes tras cuatro días de debates. La apropiación cubana a esta corriente pedagógica fraguó en 1995 con la realización del llamado "taller cero". La crisis económica que afectó a la población de esta isla caribeña en la década del 90 marcó la entrada de esta filosofía crítica al espacio social cubano. "La dureza de la vida que hemos tenido durante tantos años crea desesperanzas y decepción", analizó Vidal, sobre una realidad aún latente. Para este psicólogo, las personas iniciadas en esta metodología educativa viven un "re-encantamiento" hacia valores y sentimientos lastrados por la cultura competitiva e individualista de las sociedades de mercado. "Se vuelven a enamorar de un proyecto social, de las cosas que hacen, del servicio, la solidaridad y el compartir", abundó. A 15 años de los acercamientos inaugurales a esta corriente crítica y del nacimiento de la Red Nacional de Educadoras y Educadores Populares, que cuenta con alrededor de 1.500 integrantes, los preceptos de Freire (1921-1997) han tocado espacios comunitarios e institucionales del país. En la sudoriental provincia de Granma, "las estructuras a nivel de Consejo Popular se están apropiando, aunque no con gran intensidad todavía, de este modo de hacer, aprender y organizarse", explicó a IPS Yordenis Monge, coordinadora del Proyecto de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Local en la ciudad de Bayamo. La iniciativa, promovida por organizaciones no gubernamentales cubanas y españolas en tres provincias cubanas, implica directa e indirectamente a más de 60 instituciones. "Los líderes, con su grupo de trabajo comunitario, están hoy transitando por un proceso de aprendizaje en Educación Popular", dijo Monge. A pesar de no ser una filosofía de trabajo mayoritaria, algunas autoridades reconocen sus beneficios. Según Mario Cruz Díaz, miembro de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Holguín (gobierno local), vecina de Granma, este método "ayuda fuertemente a la labor de dirigir, planificar, prever y coordinar". En el territorio de Holguín, con más de 300.000 habitantes, la distribución de los pocos recursos se dificulta y deben aprovecharse al máximo. "Cuando usted ayuda a alguien de forma asistencial, sin participar conscientemente, no es capaz de valorar realmente el costo de eso que ha logrado", explicó Cruz. La propuesta del pedagogo brasileño persigue la formación de sujetos críticos y capaces de solucionar colectivamente sus problemas para la gestión de la vida y transformación del entorno. Experiencias comunitarias, ambientales y en barrios con dificultades como pobreza y altos índices de violencia, entre otras, siguen la Educación Popular. Los Talleres de Transformación del Barrio en La Habana, el Centro de Promoción y Educación para el Desarrollo Sostenible (Ceprodeso) de la occidental ciudad de Pinar del Río, el proyecto sociocultural La Marina, localidad de la occidental provincia de Matanzas; y algunas cooperativas campesinas abrazan esta metodología. En la actualidad, el Centro Memorial Martin Luther King Jr acompaña procesos de la Red Nacional de Educadoras y Educadores Populares en 17 territorios cubanos, tanto municipios como provincias. Las mujeres constituyen mayoría en la red, según María Isabel Romero, coordinadora del Programa de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales, del Centro. La mencionada asociación cubana también se conecta con homólogas de otras latitudes, sobre todo en América Latina y sus movimientos sociales. El Centro capacita y propone en Cuba la perspectiva de Freire para el trabajo de grupos ciudadanos en el continente, especificó José Ramón Vidal. El teólogo brasileño Frei Betto contribuyó a la llegada de esta corriente pedagógica a tierras cubanas y ha seguido su desarrollo. Betto recordó en el encuentro concluido este viernes en La Habana que trajo "esta contribución a la Revolución (Cubana), porque estaba convencido de la importancia política de la metodología de la Educación Popular". A esta cita acudieron activistas como Messilene Gorete, del brasileño Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Salvador Zúñiga, uno de los líderes de la resistencia al golpe de Estado de 2009 en Honduras desde su Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, y Dolores Iveth Velasco, del salvadoreño Equipo Formación Política Maíz. Velasco integra una experiencia educativa que trabaja con amplios sectores en El Salvador. Para la activista, "la Educación Popular es ese conocimiento que tenemos y se construye, pero lo vamos ordenando y nos libera de las ataduras creadas por la sociedad de consumo". A través de la capacitación en esta metodología emancipadora, "la persona toma las riendas de su vida", indicó. Según su experiencia en el trabajo social, acerca a las mujeres a la enseñanza liberadora resulta vital para que "tomemos la batuta sobre nuestro cuerpo, aquello que nos compete y no decidan por nosotras"

References: artículo 86
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in fine