Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2337
Timestamp: 2018-04-20 00:49:59+00:00

Document:
Sentencia C-559 de 1996 Corte Constitucional
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b) del numeral 1) del artículo 44 de la ley 200 de 1995 "por la cual se adopta el código disciplinario unico).
Integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los Magistrados, Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa
En el proceso de constitucionalidad contra el artículo 66 numeral 1º de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único".
"Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico"
"ARTÍCULO 44. OTRAS INCOMPATIBILIDADES
"1. Los Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y Miembros de las Juntas Administradores Locales desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplace en el ejercicio del mismo, no podrá:
b) Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales" (Se subraya la parte demandada).
1. El Congreso de la República expidió la Ley 200 de 1995 "por la cual se adopta el Código Disciplinario Único", publicado en el Diario Oficial Nº 41.946 de julio 31 de 1995.
1. El artículo 299 de la Carta dispone que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será tan estricto como el establecido para los Congresistas en la misma Constitución. A éstos le está prohibido "gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas", y ser "apoderados ante las mismas" (C.P. art. 180-1). Esta restricción, por las razones anotadas se debe extender a los diputados.
"Así entonces, y a pesar de las restricciones anotadas, la norma acusada no impide el ejercicio de la profesión de abogado ni el derecho al trabajo, como lo afirma el demandante, pues le permite actuar como litigante, como catedrático o ejercer en el ámbito privado, aunque evidentemente y por razón del cargo, encuentra limitada su esfera de actuación. Esta limitación se encuentra justificada en el cumplimiento de los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, que persiguen el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los puedan afectar o poner en peligro (artículos 123 y 133 de la C.P.).
"El derecho a la igualdad, lo ha dicho esta Corporación en forma reiterada, no consiste en igualdad matemática o mecánica que le impida al legislador establecer tratamientos diferentes respecto de aquellos casos que presentan características diversas, producto de las distintas situaciones en que se desenvuelven los sujetos, o de las condiciones particulares que los afectan. La igualdad sólo se vulnera cuando la diferencia no es el resultado de una justa razón, producto de un estudio serio de proporcionalidad entre los medios empleados y la medida considerada (Sentencias Nos. C-040 de 1993 y C-083 de 1996, entre otras).
"En el caso bajo examen, es evidente que la norma acusada no rompe el principio de igualdad, no sólo porque quedó demostrado que los abogados si pueden ejercer su profesión, aunque con las limitaciones establecidas, sino además, porque las incompatibilidades existen en razón del cargo que desempeñan y de la función que se asigna al servidor público, derivado de una especial condición de la que no gozan los particulares y que implica, por ende, unas especiales responsabilidades con el Estado y con la sociedad, que de manera alguna pueden ser desconocidas por la Constitución y la ley.
"Por lo demás, respecto de los otros servidores públicos - gobernadores, diputados y alcaldes - mencionados en el artículo 44, numeral 1º, y que no fueron incluidos en la demanda, debe anotarse que la incompatibilidad descrita en el literal b) sigue vigente, al igual que las demás establecidas en la Constitución y en la ley.
"En este orden de ideas, no encuentra la Corte que la norma acusada vulnere ninguno de los derechos constitucionales invocados por el demandante, razón por la cual se procederá a declararla exequible, bajo el entendido que su interpretación debe adelantarse en relación con las disposiciones legales que se refieran al tema y no le sean contrarias, tal como lo dispone la propia ley demandada en los artículo 42 y 44 numeral 2º, y las reglas sobre interpretación normativa contenidas en las Leyes 87 y 153 de 1887".
"De lo anterior se desprende que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagrado en la Ley 200 de 1995 es aplicable a los diputados desde el momento de su elección y hace parte de su régimen disciplinario con respecto a al conducta de los mismos, y tiene como propósito fundamental asegurar la imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y moralidad que debe guiar la actividad, conducta y acción de quienes integran las Asambleas Departamentales como garantía del cumplimiento de los fines del Estado por parte de dichos servidores públicos.
Igualmente, cumplen la misión de evitar que se utilice su cargo de elección popular para favorecer intereses de terceros o propios en desmedro del interés general y de los principios que rigen la función pública".
La Corte condicionó la exequibilidad de la incompatibilidad para los diputados a que se entienda que "se refiere a las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del Departamento, o aquellas que deban ser decididas por una entidad administrativa del orden departamental".
V. DESICIÓN
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-307 de 1996 en relación con las expresiones "concejales y miembros de las juntas administradoras locales" y el literal b), del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.
Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-426 de 1996, en relación con la expresión "diputados" y el literal b), del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones "gobernadores" y "alcaldes" y el literal b), del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.

References: artículo 44
 artículo 66
 artículo 299
 artículo 209
 artículo 44
 artículo 42
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44