Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/21100
Timestamp: 2020-06-04 02:21:00+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: AUTO 465/2006
AUTO 465/2006, de 19 de diciembre
ECLI:ES:TC:2006:465A
Pleno. Auto 465/2006, de 19 de diciembre de 2006. Cuestión de inconstitucionalidad 1934-2005. Inadmite a trámite por infundada la cuestión de inconstitucionalidad 1934-2005, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en relación con los artículos 298.2 y 212.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Votos particulares.
1. El 17 de marzo de 2005 tuvo entrada en el registro de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, Auto de 25 de febrero de 2005, dictado en el recurso contencioso-administrativo de protección de los derechos fundamentales núm. 106-2004, en el que se acuerda promover ante este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 298.2, 212.2 y concordantes LOPJ por posible vulneración de los arts. 24, 117 y 122 CE.
a) La entidad mercantil La Alcoholera de La Rioja, Ebro y Duero, S.A., interpuso el 12 de marzo de 2004 recurso contencioso-administrativo de procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales contra diversos acuerdos del Decanato de los Juzgados de Logroño, Secretaría de dicho Decanato y Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, en relación con la designación de dos concretos Jueces sustitutos en los Juzgados de Primera Instancia núm. 8 de Logroño y de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Logroño, al considerar que se vulneraba el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) por haber designado Jueces no perteneciente a la carrera judicial. Dicho recurso dio lugar al procedimiento núm. 106-2004 tramitado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
b) La misma entidad mercantil interpuso el 7 de abril de 2004 nuevo recurso contencioso-administrativo de procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales contra el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja de 5 de diciembre de 2003, por el que se ratifica el Acuerdo de su Presidente de designar y llamar a ejercer la potestad jurisdiccional a un determinado Magistrado suplente para formar parte de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, al considerar que se vulneraba el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) por haberse designado un Magistrado no perteneciente a la carrera judicial. Dicho recurso dio lugar al procedimiento núm. 140-2004 tramitado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
c) Ambos recursos fueron admitidos a trámite por sendos Autos de 30 de abril de 2004, y por Auto de 20 de mayo de 2004 se acordó acumular ambos procedimientos. La entidad recurrente en la formalización de su demanda solicitó que se planteara cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 298.2 y concordantes LOPJ, por regularse el ejercicio de funciones judiciales por Jueces y Magistrados no profesionales. La causa continuó su normal tramitación y, por providencia de 30 de septiembre de 2004, se designó ponente y se señaló día para votación y fallo. La Sección Primera de la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dictó providencia de 9 de diciembre de 2004 acordando, de conformidad con lo previsto en el art. 35 LOTC, oír a las partes y al Ministerio Fiscal por término de diez días sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 298.2 LOPJ “... por supuesta vulneración de los arts. 1.1.2, 9.1.3, 10.1, 24.2, 53.1, 117.1.3 y 122.1 de la Constitución española de 1978”.
d) El Abogado del Estado, por escrito de 28 de diciembre de 2004, consideró que no resultaba procedente su planteamiento, argumentando que el precepto cuestionado no arroja la menor sombra de duda sobre su constitucionalidad. La entidad recurrente, por escrito de 3 de enero de 2005, consideró pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, insistiendo en que “[e]n España , sólo existe una Magistratura válida y legítima ex constitutione para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que se identifica con el Cuerpo único de funcionarios de Carrera, tal como prescriben los arts. 117.1 y 122.1, en relación con el art. 24.2 CE y art. 298.1 LOPJ”.
e) Por providencia de 21 de enero de 2005 se acordó conferir nuevo traslado a las partes para que alegaran lo que estimaran pertinente sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad también respecto del art. 212.1 LOPJ y sus concordantes por supuesta vulneración de los mismos preceptos constitucionales. El Abogado del Estado, por escrito de 7 de febrero de 2005, reiteró la improcedencia del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, destacando que la Constitución no impone un cierto sistema de cobertura de plazas de servicio en la judicatura. La entidad recurrente, por escrito de 3 de enero de 2005, consideró pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad también en relación con el art. 212.2 LOPJ. El Ministerio Fiscal no consta que presentara alegaciones.
3. Por Auto de 25 de febrero de 2005 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja acordó plantear ante este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 298.2, 212.2 y concordantes LOPJ por posible vulneración de los arts. 24, 117 y 122 CE. El Auto justifica el planteamiento de la presente cuestión, en lo que se refiere al juicio de relevancia, en que el objeto de impugnación en la vía judicial son actos administrativos de llamamientos para ejercer la jurisdicción efectuados a favor de Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, que derivan y son jurídicamente posibles en virtud de lo dispuesto en los arts. 298.2 y 212.2 LOPJ. En cuanto al fondo de la cuestión, se afirma que los preceptos cuestionados, al posibilitar el ejercicio de funciones jurisdiccionales por Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, sin pertenecer a la carrera judicial, sin carácter de profesionalidad y con inmovilidad temporal, vulneran los arts. 24, 117.1 y 3 y 122.1 CE, toda vez que conforme, a los mismos, la Constitución configura “... el derecho a un juez ordinario de carrera, que forma un cuerpo único independiente e inamovible. Dicho juez integra el derecho a un proceso con todas las garantías y en definitiva la tutela judicial efectiva”. A esos efectos se destaca, por un lado, que la literalidad del art. 122.1 CE evidencia que el juez ordinario garantizado por la Constitución ha de ser un juez de carrera, requisito que no parece concurrir en los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes al no ser jueces profesionales que pertenezcan a la carrera judicial y, por otro, que no concurren en ellos los requisitos relativos a la necesidad de predeterminación legal del juez y de inamovilidad como garantía de independencia judicial, “... puesto que una inamovilidad que lo es temporal, no parece ser la inamovilidad que establece el art. 117.1 de la Constitución de 1978, afectando así a las características de fijeza en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales establecidas en el art. 117.2”.
4. Por providencia de 25 de julio de 2006 la Sección Segunda de este Tribunal acordó oír al Fiscal General del Estado para que, conforme a lo previsto en el art. 37.1 LOTC, expusiera lo que considerara conveniente sobre la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por si fuera notoriamente infundada.
5. El Fiscal General del Estado formuló sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el 19 de septiembre de 2006, interesando su inadmisión por ser notoriamente infundada. En primer lugar, se destaca que en el Auto de planteamiento no se dedica argumentación sustancial en relación con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE), limitándose a engarzarlo con el hecho de que los Jueces sustitutos y los Magistrados suplentes no pertenecen a la carrera judicial y no son inamovibles. En segundo lugar, en relación con la eventual exigencia constitucional de que quienes ejerzan funciones judiciales estén integrados en la carrera judicial (art. 122 CE), se señala que la regulación de los nombramientos de los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes no implica la creación de un nuevo cuerpo de Jueces y Magistrados, pues su integración lo es sólo a los efectos temporales y orgánicas previstos en la LOPJ, destacando que “cuando ejercen sus funciones les son exigibles los mismos deberes y obligaciones y les corresponde el mismo deber de independencia que a los Jueces y Magistrados y por ende ello no supone contradicción con lo prevenido en el art. 122.1 CE”. Y, por último, en relación con la exigencia constitucional de inamovilidad (art. 117 CE), se afirma que el predicar la inamovilidad exclusivamente con carácter temporal para el tiempo en que sirvan destinos jurisdiccionales “tampoco puede entenderse como un olvido inconstitucional de la exigencia de independencia aneja a la inamovilidad, ya que no podría predicarse más allá de unas funciones que ya no desarrollan cuando cesaron en las mismas”.
1. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 298.2, 212.2 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por posible vulneración de los arts. 24, 117 y 122 de la Constitución (CE).
2. El art. 37.1 LOTC establece que podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante Auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando fuera notoriamente infundada la cuestión suscitada. A tales efectos, este Tribunal ha reiterado que el concepto de “cuestión notoriamente infundada” encierra un cierto grado de indefinición, que se traduce procesalmente en otorgar a este Tribunal un margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, de tal modo que existen supuestos en los que un examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta resulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver la cuestión en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables, como la paralización de múltiples procesos en los que resulte aplicable la norma cuestionada (por todos, ATC 136/2006, de 4 de abril, FJ 2). El presente caso, como se argumentará a continuación, es uno de esos supuestos en los que, sin excesivo esfuerzo argumental, es posible concluir que las dudas de inconstitucionalidad están manifiestamente infundadas.
3. En cuanto al primer aspecto, el órgano judicial cuestionante, como ha sido expuesto con anterioridad, plantea como premisa principal de su argumentación que el art. 122.1 CE exige que quienes ejerzan funciones jurisdiccionales necesariamente deben pertenecer a la carrera judicial. A partir de ello, y puesto que el art. 298.2 LOPJ define la figura de los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos por su “no pertenencia a la carrera judicial”, concluye su inconstitucionalidad. Pues bien, el carácter notoriamente infundado de esta argumentación se deriva tanto de la incorrecta premisa de considerar que el art. 122.1 CE exige que quienes ejerzan funciones jurisdiccionales necesariamente deban pertenecer a la carrera judicial, como de que la exigencia constitucional de pertenencia a la carrera judicial, no pudiera resultar sujeta a excepciones en determinados supuestos en los que entrase en colisión con otros intereses constitucionales, como serían los que sirven de fundamento para el nombramiento de Jueces sustitutos y Magistrado suplentes.
4. Al margen de lo anterior, además, el carácter notoriamente infundado de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por lo que se refiere al art. 122.1 CE, también se deriva de que la analizada previsión constitucional de pertenencia a la carrera judicial puede excepcionarse o modularse en presencia de otros intereses constitucionales como son los concurrentes en los casos en que son llamados a cumplir funciones judiciales los Jueces sustitutos y los Magistrados suplentes.
5. El órgano judicial cuestionante, como se ha expuesto, también fundamenta la inconstitucionalidad del art. 298.2 LOPJ en que al establecerse la regulación de los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes únicamente se prevé que tendrán inamovilidad temporal, lo que resultaría contrario a la garantía de inamovilidad del art. 117.1 CE.
6. El órgano judicial invoca también, por último, como eventualmente vulnerado por los preceptos cuestionados el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, dicha invocación no trae causa ni en el hecho de que la figura de los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos no esté prevista legalmente ni en que no estén debidamente establecidas y predeterminadas las condiciones y supuestos en que aquéllos puedan ejercer funciones jurisdiccionales, sino, exclusivamente, en que no concurran en los mismos dos requisitos que se afirma vienen exigidos constitucionalmente para el ejercicio de la función jurisdiccional, como son la pertenencia a la carrera judicial (art. 122.1 CE) y la inamovilidad (art. 117.1 CE). Al haberse descartado cualquier fundamento constitucional a las dudas planteadas en relación con estos dos preceptos constitucionales resulta innecesario hacer cualquier otra consideración para concluir que también resultan notoriamente infundadas las dudas en relación con el art. 24.2 CE.
1. Voto particular discrepante que formula el Magistrado don Jorge Rodriguez-Zapata Perez, al que se adhiere el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, respecto del Auto del Pleno de 19 de diciembre de 2006, que inadmite la cuestión de inconstitucionalidad 1934-2005.
1. Desde que entró en vigor la Constitución de 1978 he sostenido que el Poder Judicial es uno e independiente (art. 152.1 in fine CE); que existe el principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) y que, precisamente por ello, el art. 122.1 CE establece que los Jueces y Magistrados profesionales o de carrera forman un cuerpo único.
2. Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, respecto al Auto del Pleno de 19 de diciembre de 2006, dictado en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1934-2005.
1. Estando plenamente conforme con la parte dispositiva del Auto, es decir, entendiendo que la existencia de los Jueces sustitutos y Magistrados suplentes previstos en los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuestionados por el órgano jurisdiccional proponente, no es contraria a la Constitución, sin embargo discrepo de las argumentaciones, no por lo que dicen, sino por lo que omiten o dejan de decir, en cuanto podrían conducir a una interpretación doctrinal —seguramente no deseada por el Pleno— que se apartara del modelo constitucional del Poder Judicial.
2. A mi entender, la Constitución concibe el Judicial como un Poder esencialmente profesional, que se funda en la existencia de una única carrera de Jueces y Magistrados técnicos en derecho, que son los que normalmente ejercen la jurisdicción en todo el territorio nacional y en las diferentes especialidades y grados, sirviendo de garantía institucional de su proclamada independencia, sin que ello impida, conforme a nuestra tradición jurídica y los antecedentes históricos, sin duda tenidos en cuenta por el constituyente, la existencia, constitucionalmente admisible, de jueces legos o no necesariamente técnicos en derecho, para el enjuiciamiento y resolución de cuestiones de ínfima categoría o escasa trascendencia , como son los Jueces de Paz, extendidos por toda España en nuestros miles de municipios, por que ello no priva a la carrera judicial de su carácter de eje del poder del Estado.
3. Tan fundamentales principios, que fluyen naturalmente de la interpretación sistemática de los arts. 117 y 122 de la Constitución (expresamente citados en el Auto) aunque con facilidad pueden entenderse inmanentes en el texto de la resolución a la que he sumado mi voto, a mi entender, debieron expresarse con la claridad que antecede para evitar que ambigüedades o silencios pudieran dar pie a interpretaciones que desvirtúen aquellos principios, en un asunto tan sensible como la estructura y composición del Poder Judicial.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 1934-2005
Inadmite a trámite por infundada la cuestión de inconstitucionalidad 1934-2005, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en relación con los artículos 298.2 y 212.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Votos particulares.
Cuestión de inconstitucionalidad: notoriamente infundada. Derecho al juez legal: respetado. Inamovilidad judicial. Jueces y magistrados: carrera judicial; estatuto jurídico; jueces sustitutos; magistrados suplentes. Potestad jurisdiccional: función jurisdiccional. Votos particulares: formulados dos; voto particular concurrente.
Artículo 212.2
Artículo 298.2
Exposición de motivos, apartado VII
Artículo 200.1
Artículo 201.5
Artículo 298.1
Auto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de septiembre de 2001 (Vázquez Barreño c. España)
Estatuto jurídico de jueces y magistradosEstatuto jurídico de jueces y magistrados
Inamovilidad judicialInamovilidad judicial
Jueces sustitutosJueces sustitutos
Magistrados suplentesMagistrados suplentes

References: in fine
 resolución 
 resolución 

Artículo 212

Artículo 298

Artículo 200

Artículo 201

Artículo 298