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Timestamp: 2020-08-08 15:25:48+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 039/04 de Corte Constitucional, 27 de Enero de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 43620971
Sentencia de Constitucionalidad nº 039/04 de Corte Constitucional, 27 de Enero de 2004
Fecha de Resolución: 27 de Enero de 2004
Ley 769 de 2002. Art. 146, inc. 2 (p.). Codigo nacional de transito terrestre. Concepto tecnico sobre responsabilidad civil en choque y cuantia de daños. Indemnizacion de perjuicios. Decreto medidas cautelares. Embargo y secuestro del vehiculo causante del daño en accidente de transito. Prevalencia del derecho sustancial. acceso a la administracion de justicia. Potestad de configuracion legislativa. Unidad normativa. exequible.
Sentencia citada en: 30 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa
Demandante: C.A.C.L.
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil cuatro (2004).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano C.A.C.L. demandó el artículo 146 (parcial) de la Ley 769 de 2002 ''por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones''.
''por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones''
Sostiene además, que la norma demandada ''se ha inscrito en un proyecto cuyo alcance es de naturaleza de Transporte y Tránsito Terrestre y que se orienta a la regulación de procedimientos de tránsito pero que en principio no se orienta a la regulación de aspectos de procedimiento civil o judicial''.
El ciudadano O.D.G.P., actuando como apoderado del Ministerio de Transporte, intervino en este proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad del aparte demandado.
La ciudadana A.L.G.G., actuando como apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en este proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad del aparte demandado.
Considera la interviniente que de acuerdo con la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, la unidad de materia no debe ser entendida como un criterio rígido y formalista. Por el contrario, el concepto de materia, para estos efectos, se toma en una acepción amplia, comprensiva de varios asuntos que tienen en ella su necesario referente. Por lo tanto, indica, sólo las proposiciones normativas que no tiene una conexidad objetiva y razonable con la ley que las contiene serán consideradas inconstitucionales. En su criterio, la norma acusada no desconoce tal principio superior, porque ''... el Código Nacional de Tránsito Terrestre como norma integral que regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito debe consagrar todos los aspectos atinentes a ellos entre los que se destacan el procedimiento a seguir en casos de accidentes de tránsito.''
El señor P. General de la Nación (E), en su concepto solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la norma acusada.
Así mismo, señala que existe coherencia entre el tema general abordado en la Ley 769 de 2002 y el aparte acusado del artículo 146, desde el punto de vista de la finalidad, esto es, ''regular el transporte terrestre, desde la perspectiva preventiva, como la resarcitoria o sancionatoria al facultar a las autoridades de tránsito para imponer sanciones a los infractores, con la consecuente obligación de los involucrados de reparar los daños causados en la colisión de tránsito, con la aclaración que esta última pretensión ha de ventilarse ante las autoridades jurisdiccionales y no frente a las administrativas''.
El problema jurídico que plantea la demanda
Los tres cargos que plantea el demandante, esto es, violación del principio de unidad de materia, desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y de la efectividad de los derechos, y vulneración del derecho de acceso a la Administración de Justicia, parten del presupuesto de que la norma demandada modifica el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, norma conforme a la cual era posible decretar el embargo y secuestro del vehículo con el que se causó un daño en accidente de tránsito, desde la admisión de la demanda en el proceso ordinario de responsabilidad civil. Como quiera que en criterio del señor P. General de la Nación la norma acusada no modifica el mencionado artículo del Código de Procedimiento Civil, sino que regula un supuesto distinto, de manera tal que resultaría posible solicitar el embargo y secuestro del vehículo como medida cautelar desde la presentación de la demanda, al amparo de lo previsto en el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, o en el momento en que se dicte sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 769 de 2002, antes de establecer los problemas jurídicos que se derivan de la presente demanda de inconstitucionalidad, es necesario dilucidar este asunto.
El principio de unidad de materia
Prevalencia del derecho sustancial y acceso a la Administración de Justicia
Sobre este particular, la Corte ha señalado que las medidas cautelares desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (CP arts. 13, 228 y 229). Sentencia C-490 de 2000, M.P.A.M.C.
Por otra parte, también ha señalado la Corte que como las medidas cautelares, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio, ''... el legislador, aunque goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente...'', en atención a que las mismas pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso I... Agregó la Corte que existe una tensión entre la necesidad de que existan mecanismos cautelares que aseguren la efectividad de las decisiones judiciales, y el hecho de que esos mecanismos pueden llegar a afectar los derechos del demandado, razón por la cual ''... la doctrina y los distintos ordenamientos jurídicos han establecido requisitos que deben ser cumplidos para que se pueda decretar una medida cautelar, con lo cual, la ley busca que esos instrumentos cautelares sean razonables y proporcionados.'' I..
''... en algunos ordenamientos, como el español, la ley establece tres exigencias Ver, por ejemplo, I.D.-PicazoG.. ''Medidas Cautelares'' en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, Civitas, 1995, Tomo III, pp 4227 y ss. para que pueda decretarse la medida cautelar, a saber, que (i) haya la apariencia de un buen derecho (''fumus boni iuris''), esto es, que el demandante aporte un principio de prueba de que su pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia; (ii) que haya un peligro en la demora (''periculum in mora''), esto es que exista riesgo de que el derecho pretendido pueda verse afectado por el tiempo transcurrido en el proceso; y, finalmente, que el demandante preste garantías o ''contracautelas'', las cuáles están destinadas a cubrir los eventuales daños y perjuicios ocasionados al demandado por la práctica de las medidas cautelares, si con posterioridad a su adopción, se demuestra que éstas eran infundadas.'' Sentencia C-490 de 2000
Tal disposición significó una importante alteración en el régimen de las medidas cautelares, porque con anterioridad a la misma, como medida especial de protección del perjudicado en un accidente de tránsito, se había previsto de manera expresa el registro de la demanda. El numeral 6 del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, previo a la reforma introducida por el Decreto 2282/89, disponía: ''En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados en cosas muebles o inmuebles por accidente de tránsito, si el demandante lo pide el juez decretará la inscripción de la demanda en el folio de matrícula de vehículos automotores.''
El artículo 146 de la Ley 769 de 2002, modificó nuevamente esa disposición, esta vez de manera implícita, para disponer que ''[e]n los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados por accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de primera instancia, sin importar que ésta sea apelada o no, el juez decretará el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño, siempre y cuando el solicitante preste caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse.''
de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 26 de Mayo de 1992
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50683 de 19 de Octubre de 2010

References: artículo 146
 artículo 146
 artículo 690
 artículo 690
 artículo 146
 artículo 690
 artículo 146