Source: https://es.scribd.com/doc/17082299/Sentencia-del-TSJ-Donde-se-Prohibe-Creditos-Indexados
Timestamp: 2016-05-03 22:27:56+00:00

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Fecha: 22 de enero del 2002 CUENTA N° 13
Se abrió la sesión presidida por el Presidente Magistrado Doctor IVÁN RINCÓN URDANETA, con la asistencia del Vicepresidente, JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO y los Magistrados Doctores, PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, JOSÉ DELGADO OCANDO y ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA Se publicaron las siguientes Sentencias 1.-AA50-T-2001-001274
Escrito presentado ante la Secretaría de la Sala el 12 de junio de 2001, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano CÉSAR ANTONIO BALSARINI SPERANZA, en su carácter de Presidente de la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal" (ASODEVIPRILARA) y los ciudadanos IGOR GARCÍA, JUVENAL RODRÍGUEZ DA SILVA, asistidos de Abogados contra la Superintendencia de Bancos, el Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario (INDECU) y otros. Ponente Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA. Se abrió la sesión presidida por el Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta, Presidente de la Sala; con la asistencia del Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente; y de los Magistrados doctores José Manuel Delgado Ocando, Antonio José García García y Pedro Rafael Rondón Haaz. Constituida la Sala en el Salón de Audiencias correspondiente, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), a los fines de que tuviese lugar la tercera sesión del debate oral fijada por esta Sala en la audiencia del 15 de enero de 2002, en la demanda por derechos e intereses difusos o colectivos ejercida por los ciudadanos César Antonio Balzarini Speranza, Presidente de la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRILARA), Igor García y Juvenal Rodríguez Da Silva, asistidos por los abogados Gastón Miguel Saldivia Dáger, Abraham José Saldivia Paredes y José Manuel Romano, en contra de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU); y, el Consejo Bancario Nacional y la Asociación Bancaria Venezolana, a objeto de finalizar con la evacuación de las pruebas promovidas por los terceros coadyuvantes de los demandantes, la Asociación Bancaria Nacional y el Consejo Bancario Nacional. Se dio apertura al acto y se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano César Antonio Balzarini Speranza, Presidente de la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRILARA), y de sus apoderados judiciales abogados Gastón Miguel Saldivia Dáger, José Manuel Romano y Laura Valls, demandantes; de la comparecencia del abogado Víctor Rafael HernándezMendible apoderado judicial de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, demandado; de la comparecencia del abogado Milton Ladera, apoderado judicial del Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (I.N.D.E.C.U.) demandado; de la comparecencia de los apoderados judiciales del Consejo Bancario Nacional, abogados Justo Oswaldo Páez-Pumar, Manuel Acedo Sucre y Esteban Palacios Lozada; de la comparecencia de los representantes judiciales de la Asociación Bancaria Venezolana, abogados Rafael Gamus Gallego y Oswaldo Padrón Amaré, demandado; de la comparecencia de los representantes de la Defensoría del Pueblo, abogados Judith Valentina Núñez Merchán y Sacha Fernández Cabrera, así como de la comparecencia de los expertos Manuel Gutiérrez, Carlos Jaramillo y Luis A. Lizardi Mccallums. Finalmente, se dejó constancia de la comparecencia de los terceros admitidos en la presente causa, representados en este acto por las doctoras Luisa Mercedes de Legórburu y Luz Haydée Gómez de Reyes. Acto seguido, el Tribunal, llamó al estrado, por separado, a los expertos Manuel Gutiérrez y Carlos Jaramillo, fijados para que rindieran declaración en el día de hoy, para que los respectivos promoventes procedieran a interrogarlos. Al finalizar sus declaraciones, se les concedió el derecho de palabra a las otras partes, para que repreguntaran a los mismos, en el orden en que fueron llamados. Los ciudadanos Magistrados doctores Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero y Pedro Rafael Rondón Haaz, formularon preguntas a los peritos testigos, las cuales fueron debidamente respondidas. A continuación, la Sala llamó al estrado al testigo perito Luis Lizardi Mccallums, para que rindiera declaración en la presente sesión; en este estado, el ciudadano abogado Oswaldo Padrón Amaré, actuando con el carácter expresado, se opuso a la evacuación del referido experto, consignando al terminar de exponer sus alegatos, una cinta de video. Al respecto, la ciudadana abogada Luz Haydée Gómez de Reyes, promovente del testigo perito objetado, dio su opinión, y al concluir ésta, el Magistrado Presidente concedió la palabra al testigo perito Luis Lizardi M., para que aclarara los aspectos planteados en su contra. Al terminar, la Sala ordenó agregar la cinta de video consignada y solicitó a la parte promovente que formulara al testigo perito las preguntas
correspondientes, aclarando que la oposición formulada será resuelta en la definitiva. Habiendo sido preguntado el testigo perito, el Magistrado Presidente, otorgó a las otras partes el derecho a repreguntar. En esta etapa, cuando el abogado Rafael Gamus Gallego, apoderado judicial de la Asociación Bancaria de Venezuela, ejerció el derecho a repreguntar, también se opuso a la evacuación del perito testigo indicado, presentando como fundamento de sus alegatos, un escrito y un ejemplar del diario La Razón, los cuales se ordenaron agregar al expediente. Los ciudadanos Magistrados no formularon preguntas al perito testigo. En este estado, la Sala se retira a deliberar. Finalizada la deliberación, el Magistrado Presidente leyó la decisión, la cual es del siguiente tenor: de las actas del expediente; de las exposiciones de las respectivas representaciones de los demandantes, terceros coadyuvantes, demandados y de la Defensoría del Pueblo, así como de las declaraciones de los expertos, de los testigos peritos promovidos, admitidos, presentados y evacuados, la Sala observa que: las leyes que rigen la asistencia habitacional ha creado el sistema de créditos indexados, por lo que es legal y se aplica a los créditos para las Áreas de Asistencia Habitacional I, II y III. En consecuencia, el anatocismo, prohibido por el artículo 530 del Código de Comercio, ha sido legalmente acogido desde la Ley de Política Habitacional de 1993 hasta la vigente Ley (promulgada en el año 2000) que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional. Más adelante, la Sala se refiere a los casos en que tal permisividad no es aceptada. Igualmente, la Sala apunta que, junto con los créditos indexados, debe resolver sobre los créditos para la compra de vehículos. Considera la Sala que, de las pruebas evacuadas, cursantes en autos y producto de las pericias practicadas, los créditos otorgados dentro de las Normas de Asistencia Habitacional para las Áreas I y II de asistencia habitacional se ajustan a la Ley, y son cumplidas por los deudores; se trata de créditos subsidiados por el Estado -los del Área I- o sujetos a las Regulaciones del CONAVI –los del Área II- por lo que los créditos que presentan problemas son los del Área III, a los cuales se refiere este fallo, junto con las consideraciones generales relativas a otros préstamos, que también se hacen. La Sala recuerda que la presente sentencia se refiere a una demanda por derechos o intereses difusos o colectivos, donde se juzga una situación general y no la particular que nace de cada relación jurídica, relaciones éstas que podrán ser objeto de litigios entre las partes, provenientes de controversias entre ellas. También apunta la Sala que, desecha al perito testigo Luis Lizardi, ya que una vez examinado el video promovido por la Asociación Bancaria de Venezuela y, tomando en cuenta la representación de los accionantes que adujo ante la Asamblea Nacional, y que no fue negada por él, la Sala considera que el deponente tienen interés directo en las resultas de este juicio, y así se declara. Establecido lo anterior procede la Sala a sentenciar sobre lo pedido por los accionantes, teniendo este fallo carácter erga omnes. Los argumentos que sustentan el dispositivo que a continuación se reproducen, se señalarán en el fallo en extenso que, según el artículo 877 del Código de Procedimiento Civil, se publicará dentro de los diez (10) días de despacho a partir de esta fecha. Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por derechos e intereses difusos o colectivos ejercida por los ciudadanos César Antonio Balzarini Speranza, Presidente de la Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (ASODEVIPRILARA), Igor García y Juvenal Rodríguez Da Silva, asistidos por los abogados Gastón Miguel Saldivia Dáger, Abraham José Saldivia Paredes y José Manuel Romano, en contra de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU); y, el Consejo Bancario Nacional y la Asociación Bancaria Venezolana, y en consecuencia: 1.- Se EXONERA de toda responsabilidad al Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor, ya que la Sala considera que ha sido diligente en la atención de las denuncias que recibió de los prestatarios de los llamados préstamos refinanciados, indexados o mexicanos, así como de los de la modalidad cuota balón. La Sala EXHORTA al Indecu a investigar el cumplimiento por parte de los Bancos y de las Entidades de Ahorro y Préstamo de la Resolución Nº 97-12-01 del 4 de diciembre de 1997, emanada del Banco Central de Venezuela en beneficio de los usuarios del sistema bancario. Igualmente, a investigar el sistema de financiamiento de vehículos. 2.- Con relación a la responsabilidad que atribuyen los demandantes a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), la Sala considera que ella no ha sido diligente al permitir que, fuera del Sistema de Política y Asistencia Habitacional, se otorgarán los préstamos indexados o mexicanos con el refinanciamiento de interés. Se EXHORTA a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, conforme al artículo 235.9 de la vigente ley que la rige, a dictar la normativa prudencial necesaria para el “devengo de intereses” y para la “protección de los usuarios de los servicios bancarios”. Dada la situación en que se encuentran los créditos, debe la referida Superintendencia, previa las recomendaciones del Consejo Bancario Nacional, de acuerdo al artículo 212 eiusdem, dictar la normativa prudencial que prohíba hacia el futuro los créditos indexados fuera del Sistema de Ahorro Habitacional, y que permita la reestructuración de los existentes, bajo los parámetros de este fallo. 3.- La Sala en atención a su poder de control difuso de la Constitución, DESAPLICA en cuanto a que se contradicen con el vigente artículo 82 constitucional, concordado con el artículo 2 eiusdem, el parágrafo único del artículo 21 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, en cuanto a su aplicación literal, ya que los intereses del mercado por él contemplados tienen que ser fijados por un ente ajeno a los contratantes, que sea quien los determine. Igualmente, y por la misma
razón, se DESAPLICA el parágrafo único del artículo 22 de la misma ley en lo que atañe a la tasa del mercado, la cual debe entenderse será fijada por un ente especializado, el Banco Central de Venezuela. También, por el mismo control difuso se DESAPLICAN los artículos 3, 4 y 23 de las Normas de Operación sobre las Condiciones de Financiamiento Aplicables a los Préstamos que se otorguen con los Recursos Previstos en el Decreto Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, en cuanto a que ordenan que los intereses del mercado serán fijados por las instituciones financieras. Ahora bien, como durante la vigencia del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicado en la Gaceta Oficial de 5 de noviembre de 1998, hoy derogado, así como durante la vigencia de la Ley de Política Habitacional de 1993, nacieron contratos con refinanciamiento de intereses para la adquisición, mejora o construcción de viviendas, que se adaptaban a las previsiones de esas leyes, los cuales tienen el mismo defecto de que los intereses del mercado lo fijan los prestamistas, por lo que las leyes que rigen dichos contratos chocan en la actualidad con el artículo 82 Constitucional en la forma señalada; la Sala, por control difuso de la Constitución, DESAPLICA PARCIALMENTE los artículos 12 y 35 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, publicado en la Gaceta Oficial de 5 de noviembre de 1998, en el sentido de que la amortización en condiciones del mercado a la que se refiere dicho artículo, debe entenderse en cuanto a los intereses que ellos son los que fije el Banco Central de Venezuela. Igualmente, se DESAPLICA PARCIALMENTE el artículo 35 de la misma Ley, en lo referente a las tasas del mercado, lo cual debe entenderse que la tasa del mercado, en cuanto a intereses, es la que fije el Banco Central de Venezuela. También DESAPLICA PARCIALMENTE el artículo 36 de la Ley de Política Habitacional de 1993. El artículo 36 se desaplica en lo referente a las tasas máximas de interés que según dicha norma serán las que rijan para las instituciones a que se contrae el encabezamiento del artículo, ya que dichas tasas que impondrían los prestamistas, deberán ser fijadas por el Banco Central de Venezuela. Por iguales razones se DESAPLICA PARCIALMENTE el artículo 128 de las Normas de Operación de la Ley de Política Habitacional, en cuanto a que las tasas de interés aplicables serán la del mercado, sin señalar que ellas las fija el Banco Central de Venezuela. Además, la Sala DESAPLICA la Resolución Nº 97-07-02 del Banco Central de Venezuela del 31 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.264 del 7 de agosto de 1997, actualmente vigente, en lo que se refiere a las tasas de interés aplicables a los créditos para la adquisición, mejora o construcción de viviendas, con la modalidad de refinanciamiento. 4.- En consecuencia, se ORDENA al Banco Central de Venezuela que establezca a partir de 1996 la tasa de interés máxima aplicable al mercado hipotecario, utilizando en el establecimiento de las tasas, fórmulas en beneficio del deudor, que equilibren la necesidad de recursos para el sector hipotecario con la capacidad de pago de los deudores, utilizando las recomendaciones de este fallo. El Banco Central de Venezuela debe calcular las tasas mensuales, aplicando los parámetros que considere que equilibren la necesidad de recursos para el sector hipotecario con la capacidad de pago de los deudores del Área de Asistencia Habitacional III, sincerando los costos de operación o de transformación del negocio bancario, evitando la duplicidad del cobro de estos costos bajo el rubro de comisiones que no obedecen a contraprestación alguna, o que se cobran por operaciones propias del negocio que, necesariamente, tienen que realizarse para que la función bancaria o financiera se preste por lo que mal pueden trasladarse a los usuarios del sistema financiero, fijando una ganancia razonable referida al mercado hipotecario. Dichos parámetros se tomarán en cuenta en la fórmula para calcular las tasas de interés, que deberá ser la que favorezca más a los prestatarios. Considera la Sala que el mercado hipotecario es disímil de otros mercados, como el de financiamiento de vehículos, tarjetas de crédito, etc, y que las tasas a regir en dicho mercado, tiene componentes propios que deben ser tomados en cuenta para su determinación, como lo son las tasas que rigen en áreas de interés social, como la agrícola o la relativa a los pasivos laborales. 5.- Con relación a los créditos indexados del Área de Asistencia Habitacional III, o de los otorgados para la adquisición o remodelación de viviendas fuera del sistema de política habitacional, pero en base al ingreso familiar y con la modalidad de refinanciamiento, que actualmente se encuentran vigentes, la Sala ORDENA que los intereses fluctuantes de los primeros cinco (5) años que se toman en cuenta para el refinanciamiento, se ajusten conforme a la tasa de interés que determine el Banco Central de Venezuela, a partir de 1996, conforme al número anterior, y con base en ello se calculen los intereses a pagar en cada cuota financiera, las cuales deben ser refinanciadas. Sobre los capitales refinanciados que así se formen se aplicará la misma tasa de interés mensual que determine el Banco Central de Venezuela. Si, como resultado del ajuste, el deudor ha pagado una suma mayor a la que le corresponde, la misma se imputará al capital debido. Si lo que resultare produjere una suma mayor o igual que la capitalizada, la obligación se mantendrá igual sin que su deuda sea mayor. 6.- Se ORDENA al Banco Central de Venezuela que establezca una tasa ponderada a partir de 1996, y hasta la presente fecha, entre los intereses promedios del mercado, calculados conforme al Nro. 5 retro, y la tasa correspondiente a los mismos años por concepto de pasivos laborales. 7.- Se ORDENA que en todo crédito vigente refinanciado para viviendas, correspondiente al Área de Asistencia Habitacional III que tenga más de cinco (5) años de duración o que llegue a dicho término, a partir del presente fallo la tasa de interés a ser aplicada será la referida en el número anterior.
8.- Mientras el Banco Central de Venezuela no efectúe las fijaciones a que se refiere este fallo, los pagos de lo debido por concepto de intereses refinanciados, quedan en suspenso, al menos, durante dos (2) meses. Debe el fallo puntualizar que conforme al artículo 128 de las vigentes Normas de Operación, la posibilidad de pago debe garantizarse dentro de un plazo máximo de veinte (20) años de la fecha del préstamo, por lo que la reestructuración deberá hacerse a partir de la fecha del préstamo, previniendo veinte (20) años y quedando dicho préstamo sujeto a las otras consideraciones de este fallo que serán parte de los ajustes a los mismos. 9.- Se declara INAPLICABLE por control difuso, por ser violatorio de los artículos 114 y 115 constitucionales, cualquier tipo de aumento o cambio de condiciones previsto en las leyes de interés social que permita al prestamista fijar unilateralmente el monto de las cuotas a pagar como resultado del incremento de los ingresos, calculados sólo por el prestamista sin intervención de los órganos estatales. Tal desproporción atenta contra el derecho a la obtención del crédito para la vivienda. De haber ocurrido estas variaciones por decisión unilateral del prestamista, los créditos que las sufrieron deben ser restructurados, en cuanto a ese aumento, según los parámetros que fije el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI). 10.- Se ANULAN, por considerarlas una estipulación desproporcionada dentro del contrato, violatorias del artículo 114 constitucional, las cláusulas que permiten al prestamista modificar unilateralmente los términos, condiciones y coberturas de los montos asegurados y para contratar a su arbitrio, sin autorización explícita del prestatario, las pólizas de seguro que éste debe tomar a favor directo o indirecto del prestamista. 11.- Se ANULA, por carecer de equivalencia con las obligaciones entre los contratantes, la tasa de interés moratoria adicional de cualquier porcentaje, que se sume a las tasas para el cálculo de los intereses moratorios del mercado. Se trata de cláusulas usurarias, contrarias a las buenas costumbres. 12.- Con relación a los préstamos vigentes refinanciados para la adquisición o remodelación de viviendas otorgados fuera del marco de las leyes de Política Habitacional o que regulan el Subsistema de Vivienda y de Política Habitacional, pero siguiendo sus pautas, la Sala DECLARA que la llamada refinanciación de intereses, es decir, el pago de intereses de los intereses vencidos y no satisfechos, constituye anatocismo, y no un nuevo préstamo, por tanto; no se deben los intereses sobre intereses no liquidados previamente. Ahora bien, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) ha permitido, al no prohibirlos, tal modalidad, extendiendo un sistema propio de la política o asistencia habitacional a otros ámbitos crediticios, sin que ello tenga asidero en las leyes que rigen el sector bancario, por lo que a partir de este fallo se PROHIBE tal práctica para este tipo de contratos, y se ORDENA que se reestructuren a partir de esta fecha, de común acuerdo entre las partes, los créditos concedidos y actualmente vigentes. Los intereses no debidos, que se cobraron sobre intereses, se imputarán al pago de capital. 13.- Se declara NULO por violatorio de los artículos 16 de las Normas de Operación sobre las Condiciones de Financiamiento aplicables a los Préstamos que se otorguen con los recursos previstos en el Decreto Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, y del artículo 121 de las Normas de Operación del 21 de junio de 2000, las convenciones que pacten el pago de intereses por el deudor día a día. 14.- Se declaran NULAS las estipulaciones de los contratos de financiamiento de vehículos que violan el artículo 13 de la Ley sobre Ventas con Reserva de Dominio, y que establecen como intereses de mora, puntajes sobre el interés del mercado. 15.- Se ORDENA al Indecu, reestructurar los contratos de compra venta de vehículos a quienes reclamen ante él, restando de la cuota mensual la alícuota correspondiente a gastos de cobranza. 16.- Se ORDENA al Banco Central de Venezuela fijar la tasa máxima de interés para el mercado de venta con reserva de dominio de vehículos, a partir de 1998, a fin que las partes de los contratos vigentes puedan, judicial o extrajudicialmente, reestructurar sus contratos con base en dicha tasa. Lo excesivo sobre la tasa fijada por esta vía, que se haya cancelado, se imputará al capital debido. 17.- Se ORDENA a la Secretaría pasar copia de este fallo al Ministerio Público, a fin que califique si los funcionarios del Banco Central de Venezuela que no respondieron al requerimiento de informar cometieron algún delito con su negativa al servicio solicitado. 18.- Se ORDENA a la Secretaría pasar copia de este fallo al Ministerio Público, a fin que califique si existe el delito de usura, en los hechos a que se refiere este fallo. Se deja constancia, de que el presente debate oral fue grabado en tres (3) cassettes de audio, los cuales se ordenan agregar al expediente. Se declaró terminado.
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 artículo 877
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 artículo 235
 artículo 212
 artículo 82
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 82
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 artículo 36
 artículo 36
 artículo 128
 Resolución 
 artículo 128
 artículo 114
 artículo 121
 artículo 13