Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/100/1
Timestamp: 2018-06-23 09:54:00+00:00

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El artículo 39 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos e hijas cualquiera que fuese su filiación.
A su vez, el Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza en su artículo 17 la protección social, jurídica y económica de la familia, y en su artículo 61.4 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución. Por su parte, el artículo 150 de dicha norma fundacional determina que la Junta de Andalucía podrá establecer los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia.
En ejercicio de tales competencias se aprobó la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar de Andalucía, configurando a la mediación como un procedimiento de gestión de conflictos en el que las partes enfrentadas acuerdan voluntariamente que una tercera persona cualificada, imparcial y neutral les ayude a alcanzar por sí mismas un acuerdo, que les permita resolver el conflicto que las enfrenta, sin necesidad de someterlo a una autoridad judicial.
La citada Ley 1/2009, de 27 de febrero, incluye no sólo supuestos derivados de situaciones de separación, ruptura de pareja o divorcio, sino que contiene también otras situaciones generadoras de conflicto en el seno de la familia y a las que se puede dar respuesta con la mediación familiar, tales como los conflictos intergeneracionales y los conflictos relacionados con la persona acogida o adoptada.
Asimismo, debe destacarse el papel preponderante que dicha Ley otorgaba a la persona mediadora, cuyo perfil profesional y requisitos viene a definir, así como su actuación, que ha de quedar sujeta a principios de imparcialidad, neutralidad y confidencialidad.
De otro lado, el proceso de mediación se inspira en el principio de voluntariedad de las partes para acceder a la mediación, el respeto al interés superior de las personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia, la buena fe en todas las partes, los intervinientes y la flexibilidad del procedimiento.
Destaca también la creación y puesta en funcionamiento del Registro de Mediación Familiar como pieza clave de todo el sistema de mediación, mediante el que se dota de seguridad jurídica al reconocimiento de la condición profesional de persona mediadora, ofrece información de las personas inscritas y sirve de cauce para la gestión del sistema de turnos, indispensable para la mediación familiar incluida en el beneficio de la mediación familiar gratuita.
En desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, se aprueba el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, que regula de forma detallada la organización y funcionamiento del Registro de Mediación Familiar de Andalucía, el procedimiento de inscripción y las causas de cancelación, el régimen de acceso, la publicidad de su contenido, la formación que deben poseer las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, así como las condiciones y requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar, aprobándose, en desarrollo de lo establecido en el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, la Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen los contenidos mínimos de la formación específica de las personas mediadoras; la Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se regulan las tarifas aplicables en los procedimientos de mediación familiar gratuita y el sistema de turnos, y la Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se aprueban los modelos de solicitud de inscripción básica, modificación, prórroga y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, de designación de persona mediadora y de mediación familiar gratuita y el documento de aceptación del proceso de mediación.
De otra parte, la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, lleva a cabo en su Título I las reformas legislativas necesarias para la adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, incluyendo, entre otros, los regímenes de autorización que, estando regulados mediante normas con rango de ley, pasan a simplificarse mediante su sustitución por los instrumentos de declaración responsable, comunicación o libre acceso, tal como ocurre con la Ley 1/2009, de 27 de febrero.
Las modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico por las Leyes 20/2013, de 9 de diciembre, y 3/2014, de 1 de octubre, que han implicado igualmente la modificación de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, hacen que ya no sea obligatoria la inscripción de las personas mediadoras en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, por lo que cualquier profesional que quiera desarrollar dicha actividad puede ejercerla sin la necesidad de solicitar su inscripción en el mismo, de acuerdo con los principios de transparencia y no discriminación.
Además de las modificaciones operadas por las citadas leyes y también de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y demás disposiciones en desarrollo de la misma, ha quedado afectado tanto el carácter y naturaleza del Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que pasa a tener un carácter declarativo, como a las titulaciones requeridas para acceder a dicho registro público, ampliándose a cualquier tipo de titulación oficial universitaria, título de licenciatura, diplomatura, grado, o de formación profesional superior.
Se ha considerado, por lo demás, la conveniencia de exigir una formación más amplia para aquellos supuestos de personas mediadoras que soliciten su inscripción en el registro de mediación familiar no sólo a los efectos declarativos sino para adscribirse también al sistema de turnos, y ello porque al considerar el mismo como un servicio público se estima pertinente elevar las condiciones que garanticen una formación específica, adecuada y profesional de aquellas personas que deseen prestar dicho servicio.
Razones de urgencia, basadas en la resolución del conflicto familiar, aconsejan una reducción del plazo general para que la persona mediadora propuesta manifieste si puede o no iniciar el procedimiento de designación, que queda concretado en el nuevo artículo 13.3 en un plazo que pasa de diez a cinco días hábiles, contados desde la recepción de la comunicación de designación.
Por tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, el presente Decreto se atiene a la modificación producida por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, al variar de forma sustancial el marco legal de la mediación familiar, con la consiguiente inclusión de una nueva disposición adicional respecto a la trascendencia y ejecutividad de los acuerdos de mediación, una modificación del ámbito subjetivo de aplicación, así como de la formación de las personas mediadoras, de las solicitudes de inscripción y de los requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 4 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la disposición final primera de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de mayo de 2017,
Artículo único. Modificación del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, a los efectos de publicidad, información y, en su caso, de adscripción al sistema de turnos para la mediación familiar, podrán solicitar la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía quienes reúnan los requisitos establecidos en este Reglamento.»
Dos. Se modifica el título del Capítulo II del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«Formación de las personas mediadoras para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.»
Tres. Se modifica el artículo 5 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5. Formación de las personas mediadoras para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
8. En el dorso del certificado acreditativo de la formación que se expida deberá constar el programa formativo con la distribución de horas lectivas y prácticas, indicando su correspondencia, en su caso, con los créditos, así como una reseña de la metodología teórico-práctica, especificando, si así fuere, la realización de prácticas tutorizadas, simulaciones o casos prácticos.»
Cuatro. Se modifica el artículo 8 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8. Organización y funcionamiento del Registro de Mediación Familiar.
6. La información contenida en el Registro tiene la consideración de datos de carácter personal y en consecuencia, serán recogidos, tratados y custodiados conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.»
Cinco. Se modifica el artículo 10 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10. Solicitudes de inscripción o prórroga.
4. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se aprobará el modelo de solicitud de inscripción o prórroga en el Registro de Mediación Familiar, regulándose la documentación que deberá acompañarse a la solicitud.»
Seis. Se modifica el artículo 11 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 11. Modificación y cancelación registral.
6. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se aprobarán los modelos de solicitudes de modificación y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, regulándose la documentación a aportar en el momento de presentación de la solicitud.»
Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«3. El plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido el plazo mencionado sin que hubiera recaído y se hubiera notificado la resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse estimadas, sin perjuicio del deber de resolución expresa que corresponde a la Administración.»
Ocho. Se modifica el artículo 13 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 13. Sistema de turnos para la mediación familiar.
5. Contra las resoluciones dictadas en esta materia por la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de dicha Consejería conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
Nueve. Se modifica el artículo 18 del Reglamento que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 18. Requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar.
5. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando la persona solicitante acredite la existencia de intereses contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.»
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Una vez efectuada la propuesta de designación y antes de dictar la resolución, dicha propuesta se pondrá de manifiesto a las partes y a la persona mediadora a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes. Por razones de urgencia, basadas en la resolución del conflicto familiar, el plazo que se concederá será por término de cinco días hábiles.»
Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 24 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. El acta inicial será firmada por todas las partes en conflicto y por la persona mediadora como prueba de conformidad, la cual entregará copia de la misma a cada una de las partes. Asimismo, la persona mediadora remitirá una copia a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias en un plazo no superior a diez días.»
Trece. Se suprime la letra k) del artículo 31 del Reglamento.
Catorce. Se modifica el artículo 32 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 32. Régimen general de remisión a la normativa en materia sancionadora.
En cuanto al régimen sancionador, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y en lo no previsto en esta Ley, se estará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en las demás normas reglamentarias de aplicación.»
Quince. Se añade una nueva disposición adicional tercera al Decreto, que tendrá el siguiente contenido:
«Disposición adicional tercera. Trascendencia procesal de la mediación.
Para su trascendencia procesal y ejecutividad, el proceso de mediación deberá ajustarse a las disposiciones y requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.»
Disposición transitoria única. Procedimiento de mediación familiar en curso.
1. Las solicitudes de los procedimientos de mediación familiar, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su presentación.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior a las personas mediadoras ya inscritas a la entrada en vigor de este Decreto se les aplicará el plazo de cinco años para acreditar su formación continua, según lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento, a contar desde la fecha de su inscripción en el registro de mediación familiar o de la última de sus prórrogas.
Se faculta a la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales para que, en el ámbito de sus competencias, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

References: artículo 39
 artículo 17
 artículo 61
 artículo 150
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 20
 resolución 
 artículo 24
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 5