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Timestamp: 2018-11-21 20:27:38+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2007-00013/45928 DE OCTUBRE 23 DE 2017
SENTENCIA 2007-00013 DE 23 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE QUIEN PARTICIPÓ EN UN SECUESTRO QUE NO SE CONSUMÓ. QUE LA PARTE DEMANDANTE HAYA SIDO ABSUELTA POR LA JUSTICIA PENAL NO QUIERE DECIR, PER SE, QUE SE CONFIGURE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN, YA QUE DEBE REVISARSE LA CULPA DEL PENALMENTE INVESTIGADO. EN EL PLENARIO QUEDÓ PROBADO QUE LA HOY DEMANDANTE PARTICIPÓ EN LA IDEACIÓN DEL SECUESTRO DE LA HIJA DE UN ALCALDE Y ESTUVO PRESENTE EN EL MOMENTO EN QUE LA POLICÍA DE ESA MUNICIPALIDAD INTERVINO PARA EVITAR LA CONSUMACIÓN DEL ILÍCITO, MOMENTO EN EL CUAL FUE CAPTURADA JUNTO CON LOS DEMÁS PARTICIPES DEL HECHO DELICTIVO, CUANDO FUERON INTERCEPTADOS EN UN TAXI, MIENTRAS HACÍAN VIGILANCIA A LA VÍCTIMA DEL FALLIDO SECUESTRO. SI BIEN, LA ACTORA FUE ABSUELTA DEL DELITO DE SECUESTRO PORQUE DENTRO DE LOS PASOS DEL ITER CRIMINIS SÓLO ALCANZÓ LA ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS PERO NO ALCANZÓ LA EJECUCIÓN DEL ACTO CRIMINAL, TODA VEZ QUE LA FRUSTRACIÓN DEL ILÍCITO OBEDECIÓ A LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, DE MODO QUE NO HA QUEDADO DESVIRTUADA LA CULPA DE VÍCTIMA DENTRO DE LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR A LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL Y A LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD. POR TANTO, SE CONFIGURA LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PROBADO QUE LA DEMANDANTE TENÍA TODA LA INTENCIÓN DE COMETER EL DELITO, TANTO ASÍ, QUE REALIZÓ LA TOTALIDAD DE LOS ACTOS PREPARATORIOS, ESTO ES, HABÍA PLANEADO LA COMISIÓN DEL DELITO Y ADEMÁS INICIÓ LA EJECUCIÓN DEL CRIMEN, EL CUAL SE VIO FRUSTRADO POR EL ACTUAR DE LA FUERZA PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CULPA DE LA VÍCTIMA, ACTO PREPARATORIO DEL DELITO, ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, DELITO DE SECUESTRO
Sentencia 2007-00013 de octubre 23 de 2017
Rad.: 520012331000200700013 02 (45928)
Actor: Ana Lucía Taquez Agreda y otros.
Demandados: Nación – Ministerio del Interior y Justicia – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.
Contenido. Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque se configuró el eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: Aspectos procesales —legitimación en la causa— caducidad de la acción. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; El derecho a la libertad individual; Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.
Decide la Sala(1) el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(2) contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión en la que resolvió negar las pretensiones de la demanda(3).
1.1. El 15 de enero de 2007(4) Ana Lucía Taquez Agreda (víctima directa); María Soledad Agredo (madre); Marcelino Arsenio Taquez Pichao (padre); Ernesto Gilberto Taquez Agredo, Diva Teresa Taquez Agreda, Martha Irene Taquez Agreda, María Esperanza Taquez Agredo, Elvira Agredo, José María Taquez Agreda y Ricardo Taquez Agreda (hermanos), por intermedio de apoderado judicial(5) y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio del Interior y Justicia – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación de los perjuicios sufridos por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Ana Lucía Taquez Agreda por el término comprendido entre el 6 de junio de 2003 hasta el 18 de enero de 2005 como presunta autora de los delito de secuestro extorsivo en grado de tentativa y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.
1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó condenar a la Nación – Ministerio del Interior y Justicia – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas de dinero:
1.2.1. Por concepto de perjuicios morales, para Ana Lucía Taquez Agreda (víctima directa) la suma equivalente a 2000 smlmv; para María Soledad Agredo y Arcenio Taquez Pichao (padres) la suma equivalente a 500 smlmv; y para los demás demandantes (hermanos) la suma equivalente a 250 smlmv.
1.2.2. Por concepto de perjuicios materiales a favor de Ana Lucía Taquez Agreda, la suma de $ 73.000.000 equivalentes a la “PÉRDIDA DEL CAPITAL DE TRABAJO EN COMPRAVENTA DE LICORES, ZAPATOS, JOYAS EN ORO, EN PLATA, COMISIONISTAS DE BIENES RAÍCES”, y los honorarios profesionales cancelados a su abogado defensor.
1.2.3.- Por concepto de daño de “LESIÓN FÍSICA”, derivado del “CÁNCER DE SENO, PROCESO NEOPLASTICO ESTIMULADO POR EL ÉSTRES DE LA RECLUSIÓN COMO FACTOR DESENCADENANTE DE INMUNOSUPRESIÓN ENFERMEDAD TERMINAL... $ 2.808.000.00”.
1.3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:
El 6 de junio de 2003 en horas de la noche, fue capturada Ana Lucía Taquez Agreda por miembros de la Policía Nacional de la Sijín de Ipiales, tras haber sido sindicada de la comisión de los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. El 7 de junio del siguiente, fue suscrita el acta de lectura de los derechos de la capturada.
El 3 de julio de la misma anualidad, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, resolvió la situación jurídica de la entonces sindicada e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, al considerar a Ana Lucía Taquez Agreda coautora de los delitos de secuestro extorsivo en el grado de tentativa y de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública.
El 2 de febrero de 2004 la fiscalía delegada profirió resolución de acusación contra la hoy demandante por los punibles antes mencionados, pero, el 14 de enero de 2005 el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto, absolvió a la señora Ana Lucía Taquez Agreda de las acusaciones endilgadas, por considerar que la actuación de aquella era atípica.
El 19 de julio de 2007, el Consejo de Estado admitió la demanda(6), en atención al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño el 9 de febrero de 2007, que resolvía rechazar la demanda(7)-(8).
Devuelto el expediente, el Tribunal Administrativo de Nariño continuó con el trámite administrativo y el 17 de octubre de 2007 ordenó la notificación a todos los demandados(9).
El Ministerio del Interior y de Justicia(10), contestó la demanda mediante escrito del 11 de diciembre de 2007, en la que invocó “la Excepción de Indebida Representación por Pasiva, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, para el asunto objeto de la litis la representación de la Nación se encuentra radicada en la Fiscalía General de la Nación, entidad que por imperativo constitucional y legal dispone de autonomía administrativa y presupuestal, como quiera que los hechos sustentos de las pretensiones incoadas tienen como fundamento la presunta privación ilegal de la demandante en el marco de las decisiones proferidas por un fiscal, con ocasión de la actuación penal adelantada por dicha autoridad jurisdiccional en el marco del ejercicio de la función autónoma de administrar justicia por imperativo constitucional y legal”.
Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación en memorial del 11 de febrero de 2008(11), alegó en la contestación de la demanda “...no se puede o al menos en el presente caso, promover la tesis de la falla en el servicio, error judicial, detención arbitraria e ilegal, en virtud de la captura de que fue objeto la parte actora, bajo supuestos de hecho y de derecho evidentemente contrarios a la filosofía por lo que se pregona su existencia en el campo del derecho administrativo, no pudiéndose tildar su detención como ilegal, por el hecho de que se hubiese exonerado de responsabilidad al presunto infractor, no puede concluirse necesariamente, que la detención ordenada, fuese ilegal o injusta, toda vez que los funcionarios competentes, y en su debida oportunidad, dentro de todas las actuaciones contentivas de la investigación solo se ciñeron al marco legal que les era flexible, y su proceder y apreciación autónoma de las pruebas recaudadas fue la base parta proferir la decisión, lo cual no puede constituirse en falla del servicio”.
Y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional en su escrito de contestación, de fecha 11 de febrero de 2008(12), arguyó que “En los procesos de reparación directa, cuando la parte demandante; [como en el presente caso], fundamento para la causación del daño, está en la obligación de probar en que consistió la falla originaria del daño y para ello es menester que dentro del proceso se establezca cual es el contenido obligacional del ente demandado para que con base en ello se determine en forma clara mediante prueba conducente a la mencionada falla en el servicio en el libelo demandatorio la que puede tener origen en actividad administrativa, en la no actividad; en la actividad deficiente o tardía.
Empero, considero que ene l presente asunto, no se puede desechar favorablemente las pretensiones, también por que los únicos responsables de los supuestos perjuicios fue la Fiscalía General de la Nación.”.
El Tribunal en auto del 27 de mayo de 2008 abrió el proceso a pruebas(13) y el 23 de noviembre de 2009 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión(14), oportunidad que fue aprovechada por el Procurador 35 Judicial II(15), la Fiscalía General de la Nación(16) y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional(17).
Como se anotó ad initio de esta providencia, el 10 de agosto de 2012 el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión negó las súplicas de la demanda por cuanto consideró que en el sub judice operó el eximente de culpa exclusiva de la víctima por los siguientes motivos(18):
“(...) De lo anterior la Sala infiere, que si bien al hoy demandante se le absolvió dentro del proceso penal, dicha determinación obedeció a la atipicidad de la conducta, toda vez que las acciones desplegadas por la señora ANA LUCÍA TAQUEZ AGREDA y los demás procesados, por tratarse de actos preparatorios que no son objeto de sanción penal. Sin embargo, la privación de la libertad de la que fue objeto la mencionada ciudadana, se produjo como consecuencia de su propio actuar y el de EDWIN EFRAÍN BENAVIDES, en tanto planearon el ilícito, mismo que no se ejecutó por la intervención de las autoridades policiales. De esta manera se configura la causal exclusiva exoneración de responsabilidad del Estado conocida como culpa exclusiva de la víctima”.
En este caso y atendiendo a las particulares especificas del asunto puesto a juicio de la Sala y consecuentemente con la jurisprudencia a la que se hizo referencia anteriormente —en virtud de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad a la administración—, resulta evidente, según las pruebas anotadas, la culpa exclusiva de la víctima, pues el comportamiento irregular de ANA LUCÍA TAQUEZ AGREDA y los demás procesados, fue el que puso en movimiento el ordenamiento penal, determinando la necesidad de abrir investigación y el decreto de la medida de aseguramiento en contra de la misma. A juicio de la Sala, resuelta indiscutible que la demandante no actuó en la forma debida, en la que le era jurídicamente exigible, pues su voluntad estaba dirigida a la comisión de un ilícito, obrando intencional y conscientemente, comportamiento a todas luces reprochable.”
En consideración a que en el proceso se ha demostrado que el daño cuya reparación pretenden los actores fue determinado por culpa exclusiva de quien fue privada de la libertad, esto es, la señora ANA LUCÍA TAQUEZ AGREDA, jurídicamente no es imputable a la parte demandada, razón por la cual, se denegaran las pretensiones de los demandantes”.
El 1 de octubre de 2012(19) el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por cuanto, en síntesis, consideró demostrado que a partir de la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Pasto a favor de la señora Taquez Agreda, se puede inferir que la media de aseguramiento consistente en detención preventiva era contraria a la evidencia recopilada, y en virtud de la misma se infería que la conducta era atípica, tal y como lo había alegado el represéntate del Ministerio Publico.
Adicionalmente, la alzada resaltó los apartes de la sentencia que hizo referencia a cada uno de los delitos imputados a la aquí demandante:
1.1 Secuestro extorsivo en grado de tentativa:
“... [S]e tiene que tal accionar corresponde más a los actos preparatorios que a los ejecutivos y como bien es sabido, los actos preparatorios son impunes en nuestra legislación penal: nadie osaría sostener que el plan de los procesados puede ser objeto de premio, loa (sic) o alabanza; por el contrario es una conducta supremamente reprochable y de rechazo social pero si tales actos rebasan el límite de la ejecución a que alude el artículo 27 de nuestra codificación punitiva devienen en impunes por disposición del propio legislador que por razones de política criminal que obedecen sin duda al principio de mínima intervención penal ha decidido no castigar estos actos de preparación del delito.”:
1.2. Porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas
“... [E]l informe de captura en el que señalan que el agente MARTELO LONDOÑO NELSON encontró en su interior dos granadas de fragmentación y señala incluso los sitios”. Posteriormente “...se recibió declaración al agente NELSON MARTELO LONDOÑO folios 47 a 52 del c.c. en el que sostiene categóricamente que participó personalmente en el registro del rodante y encontró las dos granadas” y luego “más adelante cuando recepciona testimonio en la diligencia de inspección judicial declara en forma distinta pues dice que en el momento de la captura no registró el rodante sino al otro día (...) semejante contradicción tan ostensible que surge de la propia boca del agente en cita conduce inexorablemente a dudar de su credibilidad”.
Luego de admitido el recurso de apelación(20), la Sala corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión(21) y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor. Oportunidad procesal que fue aprovechada solamente por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional(22).
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Ana Lucía Taquez Agreda, en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, María Soledad Agredo (madre); Marcelino Arsenio Taquez Pichao (padre); Ernesto Gilberto Taquez Agredo, Diva Teresa Taquez Agreda, Martha Irene Taquez Agreda, María Esperanza Taquez Agredo, Elvira Agredo, José María Taquez Agreda y Ricardo Taquez Agreda (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Fiscalía General de la Nación frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Delegadas en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
Ahora bien, en lo que respecta al Ministerio de Justicia como miembro del extremo pasivo de la relación procesal, debe preverse que, como quiera que el centro de imputación contra quien se dirige la demanda es la Nación, de la cual hace parte tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación, y estas cuentan con autonomía presupuestal y administrativa, en consecuencia debe considerarse la falta de representación por pasiva en cabeza del Ministerio de Justicia.
En el caso concreto, la Sala observa que la demandante fue absuelta mediante providencia que quedó ejecutoriada el 26 de enero de 2006 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 15 de enero de 2007, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”.(32)
“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7, C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa
(...)”. (Subraya fuera del texto).
De conformidad con los lineamientos teóricos antes expuestos y los medios probatorios que obran en el plenario, la Sala procede a analizar si en el caso de autos las entidades demandadas son administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue víctima Ana Lucía Taquez Agreda o, por el contrario, si se configura el eximente de responsabilidad-culpa exclusiva y grave de la víctima.
De conformidad con lo expuesto en la sentencia absolutoria emitida el 14 de enero de 2005 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, se puede inferir que la captura de la aquí demandante Ana Lucía Taquez Agreda, junto con los demás procesados, obedeció a “La recopilación probatoria recaudada a raíz de los informes policivos (fls. 1 y 22 y ss.) que dieron origen a la investigación (...) [donde] señalan que los procesados habían ideado, acordado y preparado el plan criminal de secuestrar a la menor JENIFER ALMEIDA, hija del entonces alcalde de la ciudad de Ipiales”(38).
En virtud de la misma providencia, se tiene probado que la actora fue capturada el 6 de junio de 2003(39).
Así mismo, está demostrado que luego de haberse resuelto la situación jurídica a la señora Taquez Agreda, el 2 de febrero de 2004la Fiscalía emitió resolución de acusación en su contra, por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, y ordenó continuara bajo la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva(40).
Sin embargo, mediante sentencia del 14 de enero de 2005 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado(41), determinó absolver a la actora de las acusaciones endilgadas y otorgarle la libertad provisional con fundamento en:
“Los actos desplegados por los procesados (...) ¿a qué concreto estadio del iter criminis corresponden? Sin lugar a dudas que el tipo de secuestro pertenece a los delitos denominados de resultado, es decir aquellos en los cuales es posible fraccionar la acción en sus etapas clásicas (...) que comienzan en la ideación del ilícito, su preparación, su ejecución, su consumación, etc., etapas que en este tipo de delitos se pueden diferenciar nítidamente con fines no solo pedagógicos sino de tratamiento dogmático para efecto punitivos y especialmente para determinar si se trata de un [tipo] completo o de un imperfecto o amplificado como lo estipula el artículo 27 (...) los actos desplegados por los procesados como acordar el plan del plagio, la consecución del rodante para su movilización , el seguimiento a la víctima hasta el barrio y su residencia, la comunicación permanente por el teléfono con el supuesto participe GONZÁLEZ VIRACACHA (...) corresponden más a los actos preparatorios que a los ejecutivos y como bien es sabido los actos preparatorios son impunes en nuestra legislación penal, y además la oportuna actuación de la Policía tuvo la virtualidad de impedir que se diera inicio a los actos ejecutivos, es decir cuando los preparatorios aún no se agotaban y en ese contexto entonces, se reitera a la luz del dispositivo contenido en el art. 27, tales actos son impunes y en consecuencia actos atípicos para el derecho penal y por tanto la decisión tiene que ser absolutoria”(42).
Dicha providencia quedó ejecutoriada el 26 de enero siguiente(43).
Finalmente, también obra dentro del expediente la certificación suscrita el 10 de enero de 2007 por el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales, INPEC(44), en el que acredita que la señora Ana Lucía Taquez Agreda “[i]ngresó a este EPCI el 11 de julio de 2003, por orden de la Fiscalía Veinticinco Seccional Ipiales, boleta N° – 008, sindicada (sic) delito de Secuestro extorsivo (...) Con fecha de enero 18 de 2005 el Juzgado 2 Penal del Circuito de Ipiales en comisión Juzgado 2 Penal Circuito Especializado de Pasto. Notifica libertad boleta Nº 02 por Sentencia Absolutoria P.04-0036”.
Así las cosas, de conformidad con el anterior material probatorio la Sala encuentra demostrado que la señora Ana Lucía Taquez estuvo efectivamente privada de la libertad desde el 6 de julio de 2003, fecha en la que fue capturada “en flagrancia” hasta el 18 de enero de 2005, fecha en la que recobró la libertad, es decir, en total durante el término de 18,04 meses, pero el proceso penal adelantado en su contra, a la postre, fue decidido a su favor por cuanto el Juez de primera consideró que la conducta desplegada por la acusada era atípica, toda vez que los actos por ella desarrollaos dentro del iter criminis no alcanzaron a los actos ejecutorios como lo exige el tipo penal de secuestro.
Al respecto, la Sala encuentra que la demandante incurrió en varias conductas que agravaron su condición ante las autoridades y dieron lugar a la investigación penal adelantada en su contra, dentro de la cual se surtió la privación injusta de la libertad.
En primer lugar, según consta en la sentencia absolutoria, la captura de Ana Lucía Taquez, y otros, tuvo lugar dentro del operativo efectuado por la Policía de Ipiales, en atención a la información suministrada por el señor Víctor Gabriel González Virachacha, quien dio aviso a las autoridades sobre los planes de los capturados para secuestrar a Jenifer Almeida Méndez (hija del alcalde).
El señor Víctor Gabriel González Virachacha, en su calidad de estilista de Jenifer Almeida Méndez, conocía las actividades que ella realizaría y proporcionó esta información a los secuestradores para hacer más factible la ejecución del secuestro(45), pero, previó a la ejecución del ilícito, se arrepintió y se acercó a la Policía de Ipiales para dar aviso del plan delictual, y de esa manera impedir que se ejecutara el secuestro de su clienta(46).
En contraposición, Ana Lucía Taquez Agreda manifestó que Víctor Gabriel González fue el que le propuso, a ella y a su compañero sentimental - Edwin Efraín Benavides, que secuestraran a la joven Jenifer Almeida Méndez, la hija del alcalde de Ipiales(47).
Al respecto, en su diligencia de indagatoria(48) Edwin Efraín Benavides Burgos también afirmó que Víctor Gabriel González, fue quien hizo la propuesta para llevar a cabo el secuestro y suministró la información, dada la cercanía que tenía con Jenifer Almeida Méndez, hija del alcalde de Ipiales(49).
De igual forma, otro de los capturados dentro del operativo policial - Edwin Efraín Benavides, manifestó que el 6 de junio de 2003 efectuaba el seguimiento de Jenifer Almeida Méndez, en un automóvil y por orden telefónica de Víctor Gabriel González, cuando fue capturado por miembros de la policía nacional, sindicado supuestamente de ser integrante de una banda criminal que tenían como fin secuestrar a la hija del alcalde(50).
Por otra parte, el conductor del taxi en que se movilizaban los presuntos secuestradores - Jairo Miguel Cuarán Chamorro, relató que mientras conducía su taxi fue interceptado por miembros de la Policía Nacional, quienes requisaron el automotor y lo aprehendieron a él y a Edwin Efraín Benavides, aparentemente, por ser partícipes de una conspiración para secuestrar a la hija del entonces alcalde de Ipiales(51).
Dadas las probanzas anteriores, la Sala debe anotar que no importa quién obró como determinador del ilícito, pues lo importante dentro del juicio de responsabilidad civil que aquí se efectúa es que Ana Lucía Taquez Agreda participó en el diseño del plan criminal de secuestro por el que fue investigada y privada de la libertad.
En este sentido, la sentencia absolutoria describe que el 6 de junio de 2003 las Unidades de la Policía Nacional de Ipiales capturaron a la señora Ana Lucía Taquez, junto con los demás procesados, quienes fueron interceptados cuando se encontraban al interior de un automóvil y se dirigían a consumar el secuestro de la joven Jenifer Almeida Méndez(52).
Nótese, entonces, que en el plenario ha quedado probado que la hoy demandante - Ana Lucía Taquez participó en la ideación del secuestro de la hija del entonces alcalde de Ipiales y estuvo presente en el momento en que la Policía de esa municipalidad intervino para evitar la consumación del ilícito, momento en el cual fue capturada junto con los demás participes del hecho delictivo, cuando fueron interceptados en el taxi de propiedad de Jairo Chamarro, mientras hacían vigilancia a la víctima del fallido secuestro.
Ahora bien, es importante resaltar que Ana Lucía Taquez fue absuelta del delito de secuestro porque dentro de los pasos del iter criminis sólo alcanzó la etapa de actos preparatorios pero no alcanzó la ejecución del acto criminal, toda vez que la Policía municipal intervino eficientemente para evitar el hecho. No obstante, nótese que la frustración del ilícito obedeció a la intervención de las autoridades públicas, que tuvo lugar en atención a la denuncia efectuada por Víctor Gabriel González, de modo que no ha quedado desvirtuada la culpa de víctima dentro de los hechos que dieron lugar a la apertura de la investigación penal y a la privación de su libertad.
Dicho de otra manera, la Sala encuentra demostrado que Ana Lucía Taquez (hoy demandante) tenía la intención de secuestrar a Jenifer Almeida Méndez, al punto que dio inicio a los actos preparatorios del delito y, aunque la intensión y la etapa preparatoria son insuficientes para configurar el tipo penal de secuestro por el que fue sindicada la demandante, ello no quiere decir que, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la participación de Ana Lucía Taquez en la ideación del Iter Criminis, y el seguimiento frustrado de la víctima de secuestro, todo lo cual queda acreditado con la sola sentencia absolutoria en donde se dijo:
“no hay duda que los dos procesados (EDWIN EFRAIN BENAVIDES y ANA LUCÍA TAQUEZ) idearon, acordaron y comunicaron esta decisión [el secuestro de Jenifer Almeida Méndez] a JAIRO MIGUEL MÉNDEZ CUARAN CHAMORRO y entre los tres planearon y prepararon el secuestro extorsivo de JENIFER ALMEIDA MÉNDEZ y para ello propusieron el testigo estilista, que era muy amigo de la hija del Alcalde por sus condiciones de oficio, para que les diera los detalles y facilitara el secuestro de la menor, nunca pensaron que este se mantendría fiel a la amistad que profesaba por la familia Almeida Méndez y optaría por dar aviso a la Policía de los planes criminales de los mencionados, como en efecto sucede y gracias a ello la Policía en coordinación con la Fiscalía, en uso de las herramientas legales que la legislación procesal contempla, iniciaron la investigación previa y frustraron el secuestro(53)”.
En este orden de ideas, debe preverse que en el caso de autos se vislumbra, más que una actuación culposa de la demandante, una clara intención dolosa - maliciosa, infractora e ilegal de quebrantar el ordenamiento penal y secuestrar a la hija del entonces alcalde de Ipiales, para la consecución de un interés económico ilegal.
En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la exclusiva de la víctima por su actuar doloso, toda vez que se reitera, se encuentra probado que la demandante tenía toda la intención de cometer el delito, tanto así, que realizó la totalidad de los actos preparatorios, esto es, había planeado la comisión del delito y además inició la ejecución del crimen, el cual se vio frustrado por el actuar de la fuerza pública
Por lo tanto, al momento de restringírsele la libertad al aquí demandante el ente acusador contaba con indicios racionales que le indicaban que podía estar incurso en los delitos investigados, pues fue el proceder de la propia investigada el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra, conforme se explicó en los párrafos anteriores.
Así las cosas, para la Sala es claro que la detención de que fue objeto la demandante no es imputable al Estado, por cuanto fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.
Lo anterior, no riñe con el hecho de que la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión, en ejercicio de sus funciones y en aplicación su valoración probatoria considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para acusar penalmente al sindicado por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, pues como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la jurisprudencia de esta Subsección, el análisis que se hace en este tipo de casos es única y exclusivamente con el propósito de estudiar la conducta del administrado frente a sus deberes con la administración.
En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa exclusiva de la víctima por su actuar doloso en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.
En conclusión, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.
En cuanto a la condena en costas, la Sala observa que la Ley 446 de 1998 indica, en el artículo 55, que sólo hay lugar a su imposición cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente.
Ahora bien, en el caso de autos, la Sala evidenció que la actuación de Ana Lucía Taquez Agreda es temeraria, por cuanto como ya se dejó establecido anteriormente pretendía por medio de la presente acción de reparación directa obtener un reconocimiento económico por parte del Estado en provecho de su propia actitud dolosa.
En consecuencia, está demostrado que la demandante con su actuar doloso representado en la intención e inicio de la ejecución del delito de secuestro, dio lugar a la privación de la libertad de la que fue objeto, no obstante en una actitud absoluta y evidentemente temeraria acude a la jurisdicción para obtener una reparación por parte del Estado a la que no tiene derecho.
Así las cosas, teniendo en cuenta que no es posible demandar al Estado por una privación a la libertad a la que la demandante dio lugar con su actuar doloso, la Sala procede a condenar en costas a la actora.
En consecuencia, la Sala condenará en costas a la parte actora, las cuales se liquidarán en el 5% sobre el total de las pretensiones de la demanda.
MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión, por las razones aquí expuestas y en su lugar:
1. DECLARAR la falta de representación del MINISTERIO DE JUSTICIA.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda
TERCERO: CONDENAR en costas a Ana Lucía Taquez Agreda, liquidadas sobre el 5% de las pretensiones de la demanda.
Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente, aclaración de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto.
1 En aplicación del acta Nº 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado
2 Fls. 430-433, cdno. ppal.
3 Fls. 409-428, cdno. ppal.
4 Fls. 1-14, cdno. 1.
5 Fls. 14, cdno. 1.
6 Fls. 46-50, cdno. 1.
7 Fls. 34-35, cdno. 1.
8 Fls. 36-37, cdno. 1.
9 Fiscalía General de la Nación (fl. 63, cdno. 1).
Ministerio del Interior y de Justicia (fl. 65, cdno. 1).
Policía Nacional (fl. 67, cdno. 1).
10 Fls. 70-76-79, cdno. 1.
11 Fls. 87-104, cdno. 1.
12 Fls. 118-122, cdno. 1.
13 Fls. 155-156, cdno. 1.
14 Fl. 332, cdno. 1.
15 Fls. 361-378, cdno. 1.
16 Fls. 335-341, cdno. 1.
17 Fls. 355-35, cdno. 1.
18 Fls.425-427, cdno. ppal.
19 Fls. 430-433, cdno. ppal.
20 Fls. 439, cdno. ppal.
21 Fls.441, cdno. ppal.
22 Fls. 442445, cdno. ppal.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.
24 ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).
29 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992, Exp. 10923.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 200, Exp. 15989.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, Exp. 8666.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Exp. 10056.
36 Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014, Exp. 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017, Exp. 41.326
38 Fl. 389, cdno. 1.
39 Fl. 388, cdno. 1.
40 Fl. 389, cdno. 1.
41 Fls. 388-401, cdno. 1.
42 Fls. 398 – 399, cdno. 1.
43 Fl. 402, cdno. 1.
44 Fl. 22, cdno. 1.
45 Fl. 396, cdno. 1.
46 Fl. 396, cdno. 1.
47 Fl. 390, cdno. 1.
48 En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (...). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, Exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016, Exp. 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación.
49 Fl. 390, cdno. 1.
50 Fl. 390, cdno. 1.
51 Fl. 389, cdno. 1.
52 Fl. 388, cdno. 1.
53 Fl. 397, cdno. 1.

References: artículo 86
 resolución 
 artículo 149
 artículo 49
e contrario
 artículo 27
 artículo 136
 resolución 
 artículo 27
 artículo 70
 artículo 63
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 33
 resolución