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Temario_Ordenanzas_Ayto_Murcia_2018.pdf | Constitución | Estado (política)
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TEMARIO DE ORDENANZAS
TEMARIO ORDENANZAS Ayuntamiento de Murcia Ed. 2018
© Beatriz Carballo Martín (coord.)
© Ed. TEMA DIGITAL, S.L.
ISBN: 978-84-942320-3-9 DOCUMENTACIÓN PARA OPOSICIONES (Admón. Local) Depósito Legal según Real Decreto 635/2015
Prohibido su uso fuera de las condiciones de acceso on ‐ line o venta
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Los Principios constitucionales contenidos en el Título Preliminar. Los Derechos y Deberes Fundamentales.
Tema 2.- La Administración local: el Municipio: los elementos del municipio: territorio, población, competencias y la organización de los municipios de gran población.
Tema 1.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título V: El principio de igualdad en el empleo público. Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: TÍtulo II: Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Título III: Tutela institucional.
Tema 2.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo III:
Tema 3.- Organización Municipal del Ayuntamiento de Murcia: Concejales Delegados (Decretos de Delegación de Competencias y organización de Servicios Municipales publicados en Web Municipal).
Tema 4.- El personal al servicio de la administración local: clases de empleados públicos. Derechos y deberes de los empleados públicos. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Tema 5.- Conocimiento del Municipio de Murcia: historia y geografía. Principales fiestas locales del municipio de Murcia: Semana Santa, Fiestas de Primavera y Feria de Septiembre (contenidos web municipal).
Tema 6.- Ubicación de las distintas Concejalías y Servicios municipales del Ayuntamiento de Murcia.
Tema 7.- Ley de Procedimiento Administrativo: Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Obligatoriedad de términos y plazos. Computo de plazos. la notificación: Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. Practica de las notificaciones en papel y a través de los medios electrónicos. La notificación infructuosa.
Tema 8.- Nociones básicas de atención al público: atención personalizada e información al ciudadano.
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TEMA 1. ‐ LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978:
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CONTENIDOS EN EL TÍTULO PRELIMINAR. LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.
Tras las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el art. 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de 1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución.
Una vez elaborada y discutida en el Congreso y Senado, mediante Real Decreto 2550/1978 se convocó el Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución, que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente. Se llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978. El Proyecto fue aprobado por el 87,78% de votantes que representaban el 58,97% del censo electoral.
Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado, celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de 1978. El BOE publicó
la Constitución el 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor con la misma fecha. Ese mismo día se publica-
ron, también, las versiones en las restantes lenguas de España.
A lo largo de su vigencia ha tenido dos reformas:
-En 1992, que consistió en añadir el inciso "y pasivo" en el artículo 13.2, referido al derecho de sufragio en las elecciones municipales.
-En 2011, que consistió en sustituir íntegramente el artículo 135 para establecer constitucionalmente el principio de estabilidad presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica y financiera.
1.‐ LA CONSTITUCIÓN: PRINCIPIOS GENERALES, ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Las múltiples influencias de una Constitución derivada como la española de 1978 -además de las recibidas del constitucionalismo histórico español- hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas corrientes europeas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, y en tal sentido ha recibido claras influencias de otros textos constitucionales europeos, así como de diferentes Tratados de Derecho Internacional:
• De la Constitución italiana de 1947 habría que destacar la configuración del poder judicial y sus órganos de gobierno, o los antecedentes del Estado Regional Italiano.
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• De la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la de mayor influencia, el catálogo de derechos y libertados,
o la calificación del Estado como social y democrático de derecho (aunque de alguna manera ya lo recogía la Constitución española de 1931), y los mecanismos de la moción de censura de carácter constructiva, que debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno
• De la Constitución francesa de 1958 toma influencias en lo referente a los valores constitucionales, la organización estatal y las relaciones entre ambas cámaras legislativas.
• De la Constitución portuguesa de 1976 se recibe influencia también respecto de la regulación de los derechos y libertades fundamentales, notándose en ellos el impacto de los Convenios Internacionales en la materia.
• Lo relativo al Título II, de la Corona, se ve claramente influenciado por lo dispuesto en diferentes
constituciones históricas de monarquías europeas, especialmente por lo recogido en las constituciones
sueca y holandesa, de donde se importa también el reconocimiento a la figura del defensor del pueblo (ombudsman).
• En cuanto a la influencia del Derecho Internacional, el legislador se remite expresamente al mismo en
varios preceptos, especialmente en lo relativo a la interpretación de los derechos fundamentales, en que habrá que estar a cuantos Convenios o Tratados hayan sido suscritos, y a la jurisprudencia de los Orga- nismos Internacionales.
La Constitución Española de 1978 tiene unas características definidas que son las siguientes:
• Se trata de una Constitución escrita, codificada en un solo texto.
• Es extensa, lo que se debe en parte a que hubo que hacer un laborioso consenso entre las diferentes
organizaciones políticas que la elaboraron, y a que incluye no sólo los principios fundamentales del Estado sino también los derechos y deberes, libertades individuales, organización y funcionamiento del Estado, etc.
• Se trata de la Constitución más extensa después de la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812.
Consta de 169 artículos, además de otras disposiciones. No sigue -por tanto- la línea de otras constitucio-
nes occidentales que tienden a ser mucho más breves.
Tiene origen popular, porque está hecha por los representantes del pueblo (de ideologías variadas),
fue ratificada en referéndum. Es por tanto una constitución pactada o de consenso.
Es rígida, sus mecanismos de reforma están descritos en el Título X y establecen que no se puede
modificar por un procedimiento legislativo ordinario, como en el caso de otras constituciones más flexibles, sino que es necesario un proceso mucho más complejo y complicado.
• Establece como forma política del Estado español la monarquía parlamentaria.
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• La amplitud de las materias objeto de la regulación constitucional, pues se redactó quizá con el deseo de garantizar una protección mínima de determinadas instituciones o situaciones frente a posibles cambios futuros.
• La diversa precisión e intensidad de la regulación constitucional de las diferentes materias sobre las
que trata. En las materias que tuvieron mayor consenso fue posible efectuar una regulación más detalla- da; en otras, sin embargo, los contenidos se redujeron a aquellos aspectos sobre los que era posible una coincidencia de opiniones, dejando que posteriormente el legislador abordase en profundidad la cues- tión.
• Ambigüedad del texto, pues existen fórmulas o expresiones que precisan de una integración e interpre- tación detallada para hallar su verdadero sentido, pero que sin embargo eran de presencia ineludible dentro del texto constitucional, como las disposición sobre los territorios forales.
1.3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Incluye los principios básicos en los que se sustenta el Estado Español
TÍTULO I.- De los derechos y deberes fundamentales
Con 46 artículos, éste es el Título más amplio de la Constitución. A lo largo de su articulado se reconocen y garantizan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como la posible suspensión de los mismos. Está dividido en cinco capítulos
Capítulo Primero.- De los españoles y los extranjeros Capítulo Segundo.- Derechos y libertades
Sección 1ª.- De los derechos fundamentales y de las libertades públicas Sección 2ª.- De los derechos y deberes de los ciudadanos
Capítulo Tercero.- De los principios rectores de la política social y económica Capítulo Cuarto.- De las garantías de las libertades y derechos fundamentales Capítulo Quinto.- De la suspensión de los derechos y libertades
TÍTULO II.- De la Corona
Regula la figura del Rey, sus funciones, el juramento, la sucesión de la corona, la regencia, la tutela del Rey, el refrendo a los actos del Rey y el presupuesto y organización de la Casa Real
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TÍTULO III.- De las Cortes Generales
Establece la composición, organización y atribuciones de las Cortes Generales. Regula el procedimiento de elaboración de las leyes, el estatuto de los parlamentarios y el régimen de los tratados internacionales. Está dividido en tres Capítulos
Capítulo Primero.- De las Cámaras Capítulo Segundo.- De la elaboración de las leyes Capítulo Tercero. De los Tratados Internacionales
TÍTULO IV.- Del Gobierno y de la Administración
Regula la composición y funciones del gobierno, el nombramiento y cese del presidente, vicepresidentes y ministros, así como su responsabilidad criminal. Con respecto a la Administración, establece sus principios de actuación y organización, el control jurisdiccional y la responsabilidad patrimonial de la misma. Regula el Consejo de Estado como órgano supremo de carácter consultivo
TÍTULO V.- De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
Establece la responsabilidad del Gobierno ante el Congreso de los Diputados; regula la cuestión de confian ‐ za, la moción de censura, la dimisión del gobierno y la disolución de las cámaras; así mismo, reconoce el derecho de información de las cámaras a través de interpelaciones y preguntas y regula los estados de alarma, excepción y sitio
TÍTULO VI.- Del Poder Judicial
Regula los principios básicos del Poder Judicial: independencia judicial, inamovilidad de jueces y magistra ‐ dos, exclusividad jurisdiccional y unidad jurisdiccional; la colaboración con la justicia; la justicia gratuita; la publicidad y oralidad de las actuaciones judiciales; la indemnización del Estado por error judicial, el consejo general del poder judicial, el Tribunal Supremo, el Ministerio Fiscal, la acción popular
TÍTULO VII.- Economía y Hacienda
Establece el principio de subordinación de la riqueza al interés general, el principio de legalidad en materia tributaria y los principios básicos del régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales. Regula el Tribunal de Cuentas y el régimen de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Recono‐ ce la iniciativa pública en la actividad económica, la participación de los trabajadores en la seguridad social y la actividad de los organismos públicos, así como la posibilidad de planificación de la actividad económica
Regula los principios de organización territorial del Estado, la administración local y las comunidades autónomas. Está dividido en tres capítulos
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Capítulo Primero.- Principios generales Capítulo Segundo.- De la Administración Local Capítulo Tercero.- De las Comunidades Autónomas
Regula la composición, estatuto y nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, las competen‐ cias y funciones del mismo, la legitimación para la interposición de los recursos de inconstitucionalidad y de amparo y la cuestión de inconstitucionalidad
Establece el procedimiento de reforma de la Constitución así como los límites temporales para efectuarla
Las Disposiciones Adicionales y Transitorias se refieren en su mayor parte a problemas de la ordenación territorial, y tan solo las transitorias octava y novena tienen en cuenta verdaderamente la transición del régimen establecido por la Ley para la Reforma Política al nuevo régimen establecido por la Constitución.
Especial interés tiene la Disposición Derogatoria, en cuanto derogó la Ley para la Reforma Política (que había cumplido su misión) y las Leyes Fundamentales (Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, Fuero de los Españoles y Fuero del Trabajo, Ley Constitutiva de las Cortes, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, Ley Orgánica del Estado y Ley del Referéndum nacional). Asimismo, deroga cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución.
La Disposición Final determina la entrada en vigor de la Constitución el mismo día de su publicación en el BOE, y ordena su publicación en las demás lenguas de España.
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2.‐ PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución, norma jurídica fundamental del Estado, establece los principios por los que se rige la organización y funcionamiento de la comunidad política y contiene la regulación de los tres elementos básicos para la organización de un Estado:
-La definición de aquellos valores y principios que impregnan la convivencia política en el seno del Estado, y fundamentan su régimen político.
-El reconocimiento y la garantía de los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos, esencia misma del régimen constitucional.
-La regulación de la composición, organización y funcionamiento de las instituciones básicas del Estado, estableciendo el sistema de relaciones entre ellos. Por otro lado, reconoce el sistema de división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y junto a ellos establece una institución de carácter moderador (la Jefatura del Estado, encarnada en el Rey), y un órgano dedicado a controlar la constitucionalidad de las leyes (Tribunal Constitucional).
Los principios constitucionales son los pilares sobre los que se asienta el sustrato político-ideológico de la misma. Además de fundamentar los propios preceptos constitucionales, estos principios tienen un especial valor interpretativo. Precisamente por esta posición privilegiada dentro de la Constitución los requisitos para su modificación resultan especialmente agravados.
Los principios generales de la Constitución -aunque de una forma general y sin valor normativo- ya vienen reflejados en su Preámbulo, al establecer los objetivos que se pretende alcanzar -tales como la libertad, la justicia, la seguridad, o el bienestar de todos- mediantes mecanismos de convivencia democrática, de consolidación del Estado de derecho, y de protección de todos los españoles y todos los pueblos del España.
Por otra parte, a lo largo de su articulado la Constitución hace mención expresa a una serie de principios, estos sí de carácter claramente normativo, que vinculan directamente a los poderes públicos, como los específicamente recogidos en el art. 9, entre los que se encuentran los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o de seguridad jurídica.
Además de estos principios del art. 9 existen otra serie de principios que podrían denominarse como “constitucionales no básicos”, incluidos también en el Título Preliminar: lenguas oficiales y su especial protección (art.3), bandera (art. 4), capitalidad (art. 5), reconocimiento de partidos políticos como expresión del pluralismo político (art. 6), reconocimiento de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales (art. 7), y el papel de las Fuerzas Armadas (art. 8).
Pero cuando hablamos de principios constitucionales en sentido estricto, solo cabe considerar como tales los consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución:
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (art. 1.1)
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“La soberanía nacional residen en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2)
“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” (art. 1.3)
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (art. 2)
De estos preceptos extrae la doctrina los siguientes principios esenciales:
-Estado social y democrático de derecho -Monarquía parlamentaria -Estado de las Autonomías
2.1.- ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO
El art. 1.1, que prácticamente es una copia de la Constitución alemana (Ley Fundamental de Bonn de 1949), implica la unidad e interdependencia de tres ideas o conceptos de diferentes orígenes históricos, que fusiona:
• Estado social.- La Constitución reconoce el Estado social en el preámbulo y en el art. 1.1 de su título prelimi- nar. Su desarrollo lo realiza a través de lo dispuesto en el capítulo III (De los principios rectores de la política social y económica) del título I, y en el título VII (Economía y Hacienda). Puede definirse como aquel que garantiza a los ciudadanos el ejercicio de derechos sociales irrenunciables, como el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda o la sanidad pública.
No todos los derechos sociales son igualmente exigibles, y en muchos casos se limitan a informar la actuación de los poderes públicos y la actividad judicial. En tal sentido es lo que algunos autores han venido a denominar como “el horizonte utópico de la Constitución”.
No obstante, la consagración de este principio implica que los poderes públicos no solo permiten la igualdad y la libertad, sino que han de intervenir activamente para promover dichos valores y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Junto a una serie de preceptos donde se busca una redistribución de la renta mas justa y equitativa, la Constitución también plantea un Estado intervencio- nista en la protección de determinados bienes (vivienda, salud, trabajo, cultura, etc.).
• Estado democrático.- El Estado democrático tiene una doble vertiente: en primer lugar el art. 1.2 reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español, principio elemental para sostener la convivencia democrática contenida en el Preámbulo, y que es fuente de la legitimidad democrática directa del poder legislativo; en segundo lugar, para conseguir esta democracia se requiere un pluralismo político articula- do en los partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales, de estructuras democráticas.
En lo referente a la participación ciudadana en los asuntos públicos, el art. 23 reconoce el sufragio universal activo y pasivo y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad.
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La participación ciudadana en el Poder Judicial se plasma en el art. 125, que recoge el derecho al ejercicio de la acción pública y mediante la participación en la institución del jurado, en la forma que se determine por las leyes.
-Estado de derecho.- La Constitución establece el imperio de la ley y garantiza la supremacía del Derecho sobre los poderes públicos. Se recoge tal principio consagrando una división de poderes en la que el legislativo goza de legitimidad democrática directa, de donde emanan leyes que gozan de superioridad jerárquica sobre el resto de normas del Estado. Por su parte el poder judicial goza de independencia jerárquica frente a los demás poderes, que garantizan su imparcialidad.
Para completar este abanico el art. 9.1 establece el principio de legalidad administrativa, según la cual la actuación de la administración pública se rige por el derecho, sin que pueda existir acto que no esté amparado por cobertura normativa. Por otra parte, hay que añadir la interdicción (= prohibición) de la arbitrariedad de los poderes a que hace referencia el art. 9.3, que a su vez proclama el principio de publicidad de las normas y el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favora- bles o restrictivas de derechos individuales.
2.2.- MONARQUÍA PARLAMENTARIA
El art. 1.3 de la Constitución proclama que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamenta‐ ría”. La forma de gobierno que se establece supone que la Jefatura del Estado es ocupada por un Rey, que está sometido al control parlamentario, que no controla al poder ejecutivo, y que es hereditaria.
El Rey, por tanto, simboliza la unidad del Estado, asume la más alta representación del mismo y tiene encomendada una labor de arbitraje y moderación entre el resto de poderes del Estado. Se configura así una monarquía con un poder eminentemente simbólico y que no concede al Monarca una capacidad efectiva de decisión, donde habría que concluir que “el Rey reina pero no gobierna”.
La Constitución dedica a la figura de la Corona el Título II, donde se regula no solo su valor simbólico sino sus funciones, la sucesión al Trono, la Regencia, la tutela durante la minoría de edad del Rey y el refrendo de sus decisiones.
2.3.- ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y UNIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
La Constitución, según se declara en su art. 2, “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero al mismo tiempo reconoce y garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas”.
Frente a las dos concepciones clásicas de la organización territorial de un Estado, unitario o federal, la Constitución Española opta por una tercera vía: el Estado de las Autonomías.
Este principio de autonomía, que no se contrapone con el principio de unidad de la Nación española, preside todo el desarrollo de la configuración territorial del Estado que se recoge en el Título VIII (De la Organización Territorial del Estado).
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Los principios generales de este Título establecen que el Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, a quienes se les garantiza autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. No obstante, hay que distinguir la autonomía local (de municipios y provincias), de carácter marcadamente administrativo, del amplio régimen de autonomía de las nacionalidades y regiones, de mayor calado políti- co-administrativo, que incluye la transferencia de importantes competencias (art. 148), la formulación de órganos de gobierno propios (art. 147) y la potestad de aprobar normas legislativas propias (art. 150).
No obstante, se refuerza de nuevo el principio de solidaridad recogido en el art. 2, garantizando su realiza- ción efectiva y remarcando que “Todos los españoles tienen loas mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio Español” (art. 139).
2.4.- LOS VALORES SUPERIORES
El art. 1.1, tras proclamar que España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Estos valores -o notas definitorias del propio Estado y que evidentemente son guía para los legisladores y para los jueces a la hora de crear e interpretar el Derecho- encierran un ancho margen de actuación ya que se trata de conceptos abiertos, que pueden tener diversas lecturas y donde la evolución social puede modular su interpretación a lo largo de la historia.
El propio Tribunal Constitucional, que en numerosas sentencias se ha referido a la Constitución como orden de valores a los que los poderes públicos deben dirigir toda su actuación, ha venido a estimar que la enume- ración de valores superiores que contiene este artículo no son un numerus clausus, y de hecho ha concedido este rango al derecho a la vida.
LA LIBERTAD.- En cuanto a valor superior del ordenamiento jurídico tiene su plasmación más específica en el Capítulo II del Título I, bajo la denominación de “Derechos y libertades”.
Al proclamar el valor superior de la libertad la Constitución está consagrando el reconocimiento de la autonomía del individuo para elegir, y la proclama además como valor anterior al propio ordenamiento constitucional y vinculado a la propia naturaleza humana.
Así se reconoce expresamente el derecho a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión, a la seguridad, a la residencia, y a la libre circulación, y “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sean reales y efectivas” (art. 9.2).
El valor libertad tiene por tanto dos grandes dimensiones: una organizativa, que se refleja en la propia organización de las instituciones del Estado, y otra directamente vinculada al status de las personas en esa organización social.
El Tribunal Constitucional ha conectado este valor superior con el antiguo principio liberal de que a un ciudadano le está permitido todo lo que no está expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico,
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cuando ha afirmado que “este principio general de libertad autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio subordine a requisitos o condiciones determina‐ das”.
Estas reglas profundas, que siguen siendo la base estructural de cualquier construcción de un Estado de Derecho, quedaron plasmadas en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en su art. 4 establecía que “la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, los derechos naturales de cada hombre no tienen otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la Ley”.
LA JUSTICIA.- El valor justicia no es un valor claramente identificable en abstracto, para muchos se asimila
al derecho natural y puede entenderse -en cierto sentido- como un contrapunto imposible al derecho
positivo, pero también como el valor o fin ideal a que debe tender el ordenamiento jurídico. De hecho,
algunos autores identifican el valor justicia con los contenidos de libertad del sistema democrático.
La Constitución proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, por jueces
y magistrados, y reconoce que todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de jueces y tribuna- les, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Dedica el Título VI al Poder Judicial y el Título
IX al Tribunal Constitucional.
LA IGUALDAD.- Al incluir la igualdad junto con la libertad como valor superior, la Constitución opta por entender que ambos valores -lejos de ser contrapuestos- han de ser necesariamente armonizados de forma conjunta. Y ello sin que el valor de la igualdad pueda ser perseguida en detrimento del valor superior de la libertad, por tratarse ambos parte inherente de la condición humana.
El valor igualdad tiene dos grandes dimensiones:
-La igualdad formal se plasma en la igualdad ante la ley que recoge el art. 14, cuando afirma que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
-La igualdad material, por su parte, pretende remediar la situación de escasez existente en la sociedad mediante una justa distribución de los bienes, respecto al mayor número posible de personas. El Estado debe permitir el ejercicio de sus derechos y libertades por los ciudadanos, pero tutelando que no se produzcan explotaciones de los más débiles ni la potenciación de las desigualdades existentes. Por imperativo del art. 9.2, los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Además, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado (art. 139).
EL PLURALISMO POLÍTICO.- El pluralismo político es un concepto acuñado por el pensamiento liberal e
incompatible con el régimen de partido único. No se trata de un valor de alcance tan general como los anteriores, si bien su inclusión en la Constitución se explica por el momento histórico en que la misma
se redacta, y por el deseo de poner punto y final al régimen político de la dictadura franquista.
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Su reflejo más claro dentro del texto constitucional está en el art. 6, donde se afirma que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”. Sin embargo, en sentido más amplio, también se reconoce el pluralismo en general al regular el derecho
la autonomía de las nacionalidades y regiones, el pluralismo lingüístico, los sindicatos de trabajadores
las asociaciones empresariales, y por último el derecho de asociación.
El Tribunal Constitucional ha asumido como función propia “fijar los límites dentro de los cuales pueden plantearse legítimamente las distintas opciones políticas pues, en términos generales, resulta claro que la existencia de una sola opción es la negación del pluralismo”.
2.5.- TÍTULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS POLÍTICOS.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
LENGUAS.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
BANDERA Y ESCUDO.- La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
CAPITALIDAD.- La capital del Estado es la villa de Madrid.
PARTIDOS POLÍTICOS.- Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estruc- tura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
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SINDICATOS.- Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
FUERZAS ARMADAS.- Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución.
PAPEL DE LA CONSTITUCIÓN.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individua- les, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
3.‐ DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES
Están regulados en el Título I de la Constitución, en los términos siguientes.
PRINCIPIOS GENERALES.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
3.1.- LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS
NACIONALIDAD.- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo estableci- do por la ley.
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MAYORÍA DE EDAD.- Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
EXTRANJERÍA.- Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I de la Constitución en los términos que establezcan los tratados y la ley.
Solamente los españoles serán titulares de los derechos a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3.2.- DERECHOS Y LIBERTADES
PRINCIPIO DE IGUALDAD.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Sección 1ª.- Derechos fundamentales y libertades públicas
DERECHO A LA VIDA.- Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA.- Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los indivi- duos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el manteni- miento del orden público protegido por la ley.
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religio- sas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
LIBERTAD Y SEGURIDAD.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en la Constitución [artículo 17] y en los casos y en la forma previstos en la ley.
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HONOR E INTIMIDAD.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
RESIDENCIA Y MOVILIDAD.- Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas liberta- des.
La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social depen- dientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
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Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad,
a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
DERECHO DE REUNIÓN.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa
a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
DERECHO DE ASOCIACIÓN.- Se reconoce el derecho de asociación.
DERECHO DE PARTICIPACIÓN.- Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
TUTELA JUDICIAL.- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefen- sión.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado
a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
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PRINCIPIOS PENALES.- Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el mo- mento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo 2º (Título I) de la Constitución, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condena- torio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen priva- ción de libertad.
TRIBUNALES DE HONOR.- Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
DERECHO A LA EDUCACIÓN.- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los princi- pios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la forma- ción religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimien- to de las leyes.
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DERECHO DE SINDICACIÓN.- Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disci- plina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
DERECHO DE PETICIÓN.- Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
Sección 2ª.- De los derechos y deberes de los ciudadanos
DEFENSA DE ESPAÑA.- Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
SISTEMA TRIBUTARIO.- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
MATRIMONIO.- El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
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PROPIEDAD PRIVADA Y HERENCIA.- Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
FUNDACIÓN.- Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
Las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
Las fundaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
TRABAJO.- Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
COLEGIOS PROFESIONALES.- La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los repre- sentantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
LIBERTAD DE EMPRESA.- Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
3.3.- PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA
PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA.- Los poderes públicos aseguran la protección social, econó- mica y jurídica de la familia.
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REDISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. PLENO EMPLEO.- Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo.
FORMACIÓN PROFESIONAL. JORNADA Y DESCANSO LABORAL.- Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
SEGURIDAD SOCIAL.- Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesi- dad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
EMIGRANTES.- El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
PROTECCIÓN A LA SALUD.- Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
FOMENTO DEL DEPORTE.- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
ACCESO A LA CULTURA.- Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DE VIDA.- Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO.- Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
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DERECHO A LA VIVIENDA. UTILIZACIÓN DEL SUELO.- Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD.- Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
ATENCIÓN A LOS DISMINUIDOS FÍSICOS.- Los poderes públicos realizarán una política de previsión, trata- miento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que presta- rán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
TERCERA EDAD.- Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con indepen- dencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES.- Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomen- tarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.
ORGANIZACIONES PROFESIONALES.- La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
3.4.- GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) [recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley].
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera [derechos fundamentales y libertades públicas] del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través
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del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero [Principios rectores de la política social y económica] informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Por último, una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo (esta norma ha sido la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo), como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervi- sar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
3.5.- SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitu- ción, podrán ser suspendidos los siguientes derechos:
-Derecho a la libertad y a la seguridad
-Inviolabilidad del domicilio
-Secreto de las comunicaciones
-Derecho a libre elección de residencia, a circular por el territorio nacional, y a entrar y salir libremente de España
-Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
-Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión
-Secuestro de publicaciones
-Derecho de reunión pacífica y sin armas
-Derecho a la huelga
-Derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo
No puede ser suspendido en el supuesto de declaración de estado de excepción el derecho de toda persona detenida a ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, así como la garantía de la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
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Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidos para personas determina- das, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas los siguientes derechos:
-Duración máxima de la detención preventiva -Inviolabilidad del domicilio -Secreto de las comunicaciones
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsa- bilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
ENLACE al texto completo y actualizado de la Constitución
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TEMA 2. ‐ LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL MUNICIPIO. LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO: TERRITORIO, POBLACIÓN, COMPETENCIAS Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN.
1.‐ LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dentro de las instancias con autonomía política que componen el Estado, las Entidades Locales constituyen el último escalón en los niveles de autogobierno que se reconocen en la organización territorial por debajo de las CC.AA.
La Constitución Española, en el diseño de la organización territorial del Estado que se dispone en SU Título VIII, reconoce la autonomía de los municipios y provincias para la gestión de sus respectivos intereses, en los mismos términos que a las Comunidades Autónomas (art. 137 CE), si bien el alcance de una y otra difieren al concretarse a lo largo de los Capítulos II y III de dicho Título.
Se reconoce así a las entidades públicas que cuenta con una mayor tradición histórica en nuestra organiza- ción del poder público, ya que se remontan a los fueros municipales que comenzaron a otorgarse en la Alta Edad Media. Su evolución a partir del régimen constitucional se ha caracterizado por la progresiva intensifi- cación de la autonomía y del carácter democrático de sus instituciones que se inició con el reconocimiento en la Constitución de 1812 de las Diputaciones y los Ayuntamientos como entidades territoriales a nivel local, con algunas de las características que se han mantenido hasta la actualidad –en concreto, un cierto nivel de autoadministración y una organización basada en una asamblea electiva presidida por un Jefe o Alcalde–, pero sin una verdadera autonomía al encontrarse bajo la dependencia del Estado.
Su evolución a lo largo del siglo XIX osciló entre períodos de mayor o menor autonomía, así como de elección o designación de sus titulares, que no contribuyeron a aportar estabilidad a estas instituciones que sufrieron, además, un progresivo desgaste en sus recursos a favor del Estado al que, en última instancia, se encontraban sometidos.
Ya en el siglo XX comenzó un período de reforma al que contribuyó el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924 –que pretendió democratizar la vida local, aumentar sus competencia y mejorar su Hacienda–, y que culminó con el reconocimiento pleno de su autonomía y del carácter electivo de sus representantes por sufragio popular bajo la Constitución Republicana de 1931.
Estos logros desaparecieron bajo la dictadura franquista, que sometió a las Administraciones locales estable- ciendo la designación gubernativa de los Alcaldes y Presidentes, así como la fiscalización y tutela de todos sus actos.
La Constitución Española de 1978 culmina la evolución de la Administración Local situándola en la base de la organización territorial del Estado con plena autonomía, bajo una organización democrática y con autosu-
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ficiencia financiera. Dicho ello, ni la legislación ni siquiera la doctrina ofrecen un concepto unitario del término Administración Local, sino que una y otra se limitan a enumerar las entidades que la integran y a definir cada una de éstas por separado. No obstante, puede definirse a la Administración Local como el conjunto de Entes territoriales e institucionales que tienen un ámbito de actuación limitada a una parte del territorio nacional, inferior al del Estado y al de las Comunidades Autónomas.
Municipio, Provincia e Isla, pero no para otro tipo de Entidades Locales, como son las Mancomunidades
de Municipios, las Áreas Metropolitanas, las Comarcas, etc, que son creados para el cumplimiento de uno
o varios fines concretos).
1.2.- REGULACIÓN JURÍDICA
La legislación vigente en materia de Régimen Local parte de la Constitución, en especial sus arts. 137 a 142, reguladores de la Administración Local.
El desarrollo de la Constitución en materia de Régimen Local se ha realizado principalmente a través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
La LBRL, entre otros aspectos, define el contenido de la Administración Local, las entidades que comprende y sus elementos, regula su régimen de funcionamiento y sus competencias, establece sus bienes, las activida- des en que pueden intervenir y la forma de prestación de sus servicios, dicta las normas estatuarias específi- cas de los empleados públicos locales y regula el sistema de financiación de las Haciendas Locales.
Por su parte el Texto Refundido recoge la normativa anterior a la Ley 7/1985, que se dejó en vigor, y regula los mismos aspectos que la LBRL, incluso con mayores concreciones.
En cuanto a la materia financiera y presupuestaria, es de destacar el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se realiza una profunda regulación de los ingresos locales, tributos, impuestos, tasas, precios públicos, contribu- ciones especiales, etc.
Se han dictado además varios Reglamentos sectoriales de Régimen Local:
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986)
• Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales (Real Decreto 1690/1986)
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986)
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También en el ámbito de la función pública local se han dictado normas específicas:
• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local
• Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funciona- rios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
• Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración local
Además de la normativa específica en materia de Régimen Local, existes otras Leyes estatales generales con incidencia en el mismo:
• En materia funcionarial: Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)
• En materia electoral: Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General
• En materia de contratación pública: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
• En materia de bienes: Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
• En materia urbanística: Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo
2.‐ EL MUNICIPIO
2.1.- CONCEPTO Y ELEMENTOS
CONCEPTO.- El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personali- dad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. De esta definición se desprenden las siguientes notas:
-Es un Ente público, es decir, con personalidad y potestades públicas, aunque las mismas sean de carácter derivado y no originario.
-Es territorial, puesto que sus órganos de gobierno tienen su competencia establecida sobre un territorio concreto, que es el término municipal.
-Es primario, por cuanto es el primer Ente público territorial en el que los ciudadanos se organizan para la realización de sus fines y la consecución de sus intereses comunes.
ELEMENTOS.- Son elementos del Municipio:
-El territorio. El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias, y estará formado por territorios continuos, aunque se pueden mantener las situaciones de discontinuidad reconocidas en la actualidad, siendo competencia del Ayuntamiento su división en distritos y en barrios, y las variaciones de los mismos.
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-La población. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio y, en cuanto tales, son los vecinos del mismo.
-La organización. Está constituida por una serie de medios personales e institucionales (los órganos de gobierno propiamente dichos) o administrativos (el personal al servicio de cada Corporación) que desarrollan las actividades propias del Municipio para que éste cumpla los fines que le son propios.
2.2.- EL TÉRMINO MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL.- El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competen- cias. Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
CREACIÓN O SUPRESIÓN.- La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos munici- pales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provincia- les. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existie- re, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorial- mente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la norma- tiva autonómica. El nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. La fusión conllevará:
a) La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios, incluyendo los
medios personales, materiales y económicos, del municipio fusionado. A estos efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los municipios afectados.
suma de los concejales de los municipios fusionados en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.
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c) Si se acordara en el Convenio de fusión, cada uno de los municipios fusionados, o alguno de ellos
podrá funcionar como forma de organización desconcentrada.
d) El nuevo municipio se subrogará en todos los derechos y obligaciones de los anteriores municipios,
sin perjuicio de lo previsto en la letra e).
Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión.
El convenio de fusión deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los munici- pios fusionados.
ALTERACIÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES.- La alteración de términos municipales podrá producirse:
a) Por incorporación de uno o más Municipios a otro u otros limítrofes.
b) Por fusión de dos o más Municipios limítrofes.
c) Por segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro indepen-
d) Por segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe.
En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer modificación de los límites provin- ciales.
INCORPORACIÓN DE MUNICIPIOS.- La incorporación de uno o más Municipios a otro u otros limítrofes solamente podrá acordarse cuando se den notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.
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FUSIÓN DE MUNICIPIOS.- La fusión de Municipios limítrofes a fin de constituir uno solo podrá realizarse:
a) Cuando separadamente carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos
exigidos por la Ley.
SEGREGACIÓN DE MUNICIPIOS.- La segregación de parte del territorio de uno o varios Municipios para constituir otro independiente podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público, relacionados con la colonización interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas u otras análogas.
La segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro limítrofe, podrá realizarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en los apartados b) y c) referidos para la fusión de municipios.
No podrá segregarse parte de un Municipio si con ello se privara a éste de las condiciones legales.
En los supuestos de segregación parcial de un término municipal, conjuntamente con la división del territorio se hará la de los bienes, derechos y acciones, así como la de las deudas y cargas, en función del número de habitantes y de la riqueza imponible del núcleo que se trate de segregar.
DESLINDE DE TÉRMINOS.- Las cuestiones que se susciten entre Municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.
ALTERACIONES DE DENOMINACIÓN Y CAPITALIDAD.- La alteración del nombre y capitalidad de los Munici- pios podrá llevarse a efecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial respectiva.
El acuerdo corporativo deberá ser adoptado por mayoría absoluta.
De la resolución que adopte el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá darse traslado a la Administración del Estado para publicación en el BOE.
Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las Entida- des a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el BOE.
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La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
CUESTIONES SOBRE DESLINDE.- Las cuestiones que se susciten entre Municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.
2.3.- LA POBLACIÓN
POBLACIÓN.- Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.
PADRÓN MUNICIPAL.- El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.
La inscripción en el Padrón Municipal sólo surtirá efecto por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
El transcurso del plazo señalado en el párrafo anterior será causa para acordar la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado.
CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN.- La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos:
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-Número de la tarjeta de residencia en vigor, expedida por las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados Miem- bros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados.
-Número de identificación de extranjero que conste en documento, en vigor, expedido por las autoridades españolas o, en su defecto, por no ser titulares de éstos, el número del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, tratándose de ciudadanos nacionales de Estados no comprendidos en el inciso anterior de este párrafo, salvo que, por virtud de Tratado o Acuerdo Internacional, disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento, en cuyo caso, se exigirá el correspondiente visado.
h) Cuantos otros datos puedan ser necesarios para la elaboración del Censo Electoral, siempre que
CESIONES DE DATOS DEL PADRÓN.- Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales someti- das al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia.
GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL.- La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. Las Diputa- ciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán la gestión informatizada de los Padrones de los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma automatizada.
Los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad.
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Si un ayuntamiento no llevara a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad,
y si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, podrá acudir a la ejecución sustitutoria.
Los Ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos Padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, a fin de que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los Padrones de todos los municipios.
El Instituto Nacional de Estadística, en aras a subsanar posibles errores y evitar duplicidades, realizará las comprobaciones oportunas, y comunicará a los Ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesa- rias para que los datos padronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población
nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales,
Corresponderá al Presidente del Instituto Nacional de Estadística la resolución de las discrepancias que, en materia de empadronamiento, surjan entre los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos
y Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, así como elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determinan al Ayuntamiento interesado.
El Instituto Nacional de Estadística remitirá trimestralmente a los Institutos estadísticos de las comuni- dades autónomas u órganos competentes en la materia, y en su caso, a otras Administraciones públicas
los datos relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial en los que se produzcan altas
o bajas de extranjeros.
CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO.- Adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General del Estado
y los Entes Locales en materia padronal, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
resolución de las discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística.
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PADRÓN DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.- La Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas confeccionará un Padrón de españoles residentes en el extranjero, al que será de aplicación las normas de esta Ley que regulan el Padrón municipal.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS VECINOS.- Son derechos y deberes de los vecinos:
la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.
c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprove-
chamientos comunales, conforme a las normas aplicables.
d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realiza-
ción de las competencias municipales.
relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo
105 de la Constitución.
h) Ejercer la iniciativa popular.
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3.‐ COMPETENCIAS MUNICIPALES
3.1.- REGULACIÓN JURÍDICA
Las competencias municipales están reguladas en el art. 25 y siguientes de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según redacción otorgada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En todo caso, las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas.
3.2.- COMPETENCIAS PROPIAS
El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover activida- des y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comuni- dad vecinal en los términos previstos en este artículo.
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patri-
monio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad
financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
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n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Adminis-
traciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sosteni-
ble de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de
Las competencias municipales en las materias anteriores se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficien- cia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y Administracio- nes Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.
La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.
3.3.- COMPETENCIAS COMPARTIDAS
Respecto de las competencias de las Diputaciones Provinciales en relación con las que corresponden a los municipios, aquéllas aprueban anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad
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equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales.
3.4.- COMPETENCIAS DELEGADAS
El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades admi- nistrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos.
Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:
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c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la
d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado.
La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante.
La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.
La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Adminis- tración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.
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La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local.
Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autóno- mas.
3.5.- SERVICIOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abaste-
cimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación
de las vías públicas.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación
e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano
de viajeros y medio ambiente urbano.
En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equiva- lente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los munici- pios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de
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consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. [Téngase en cuenta que se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados por Sentencia del TC 111/2016, de 9 de junio]
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los munici- pios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.
La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.
4.‐ RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN
La organización de los municipios de gran población ha sido establecido por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, que ha introducido un nuevo Título X en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre el régimen de organización de los municipios de gran población.
4.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las normas específicas sobre municipios de gran población serán de aplicación:
c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones
d) Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias
económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
Cuando un municipio, de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal aprobadas por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior al del inicio de cada mandato de su ayuntamiento, alcance la población requerida para la aplicación del régimen previsto en este
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título, la nueva corporación dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones de este Título.
A estos efectos, se tendrá en cuenta exclusivamente la población resultante de la indicada revisión del
padrón, y no las correspondientes a otros años de cada mandato.
Los municipios a los que resulte de aplicación el régimen previsto en este título, continuarán rigiéndose por
el mismo aun cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite estableci-
do en la LBRL.
4.2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES NECESARIOS
Organización del Pleno. El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima represen- tación política de los ciudadanos en el gobierno municipal.
El Pleno será convocado y presidido por el Alcalde, salvo en los supuestos previstos en la LBRL y en la legislación electoral general, al que corresponde decidir los empates con voto de calidad. El Alcalde podrá delegar exclusivamente la convocatoria y la presidencia del Pleno, cuando lo estime oportuno, en uno de los concejales.
El Pleno se dotará de su propio reglamento, que tendrá la naturaleza de orgánico. No obstante, la regulación de su organización y funcionamiento podrá contenerse también en el reglamento orgánico municipal.
En todo caso, el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de Comisiones, que estarán forma- das por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.
Corresponderán a las comisiones las siguientes funciones:
b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior
control y fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno.
c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en la LBRL.
Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones:
a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el
visto bueno del Presidente del Pleno.
b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y
acuerdos que se adopten.
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c) La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los
debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones.
1.º Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antela- ción suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.
Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo la misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de la LBRL, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas que regulen el Pleno.
Atribuciones del Pleno.- Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:
b) La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste, que
será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general.
c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo caso
naturaleza orgánica:
• La regulación del Pleno.
• La regulación del Consejo Social de la ciudad.
• La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
• La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudada- na.
• La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los
distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de
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las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las competencias de su administra- ción ejecutiva.
• La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales
las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direccio- nes Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del
Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complemen- tarios inferiores.
• La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal; la creación o supresión
de las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio; la alteración de la capitalidad del munici-
pio y el cambio de denominación de éste o de aquellas Entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
h) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos
en las materias de su competencia. Asimismo, aprobará la cuenta general del ejercicio correspondien- te.
i) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
j) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la acepta-
ción de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 135
 resolución 
 artículo 161
 artículo 14
 artículo 30
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 artículo
105
 artículo 130
 resolución