Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=54&tipo=2
Timestamp: 2017-10-23 17:16:51+00:00

Document:
Sinopsis artículo 54 - Constitución Española
Sinopsis artículo 54
La institución del Defensor del Pueblo no tiene precedentes en nuestra historia constitucional. Algunos autores citan como precedentes, naturalmente no constitucionales, a algunas instituciones históricas conceptualmente más o menos próximas a ella, como el Justicia Mayor de Aragón o el Sahid Al Mazalim de la España musulmana. Lo cierto es, sin embargo, que el primer ombudsman español nace con este artículo de la Constitución.
La figura del ombudsman, es decir, una institución encargada de la supervisión de la actuación administrativa, a la que los ciudadanos pueden dirigirse, sin formalidad alguna, para denunciar los casos de "mala administración" que les afecten, tiene su origen en la Constitución sueca de 1809. De ahí, se extiende a Finlandia (1919), Noruega (1952) y Dinamarca (1954). La Constitución de la República Federal de Alemania la recoge en su artículo 45 b).
A partir de la segunda mitad del siglo XX la institución se implanta en muchos estados, regiones y sectores con tal profusión que se ha podido hablar de "ombudsmanía". Al acabar el siglo tenían ombudsman más de 90 estados y, además, había buen número de ellos de carácter sectorial (para las lenguas, para la discriminación de género, para la justicia, los consumidores, el ejército, etc.) y de ámbito inferior al estatal.
Elaboración y desarrollo normativo
El establecimiento de esta institución aparecía ya en el anteproyecto de Constitución. La ponencia constitucional redactó el correspondiente artículo (el 49 de aquel texto) con un contenido similar al que definitivamente le dió la Comisión Mixta Congreso-Senado. En el Congreso pasó sin apenas debate. En el Senado, algunos senadores, preocupados sin duda por lo ajena que resultaba la nueva institución a la tradición jurídico-administrativa española pretendieron precisar los límites de sus competencias con el fin de distinguir nítidamente sus funciones de las jurisdiccionales o de las del Ministerio Fiscal. Con ello se hacían eco, en alguna medida, de las objeciones surgidas en Francia con ocasión de la creación de la figura del "Mediador" que se reflejaban, significativamente, en la expresión de Roland Drago contenida en el prólogo de la obra de André Legrand "L'Ombudman scandinave": el mejor ombudsman es el Consejo de Estado. Dichas enmiendas, sin embargo, no prosperaron.
La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo que constituye el desarrollo fundamental de este precepto, tuvo su origen en una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tomada en consideración el 10 de octubre de 1979, durante el segundo gobierno de Unión de Centro Democrático. Su tramitación parlamentaria puede consultarse en el correspondiente volumen de la serie de trabajos parlamentarios editada por las Cortes Generales. Fue modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo , con la finalidad básica de establecer una Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo que sustituyera a las comisiones correspondientes de cada Cámara existentes hasta entonces. La organización y funcionamiento de dicha Comisión Mixta se llevó a cabo por Resolución de 21 de abril de 1992, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, modificada por la Resolución de 25 de mayo de 2000 . La tramitación ante los Plenos de las Cámaras de los informes anuales o extraordinarios del Defensor se reguló por Resolución de la Presidencia del Congreso de 21 de abril de 1992 y por Resolución de la Presidencia del Senado, de 28 de abril de 1992.
De modo más genérico la relación del Defensor del Pueblo con las Cámaras se regula en el Reglamento del Congreso de los Diputados de 1982 (arts. 49, 200 y 205) y en el Reglamento del Senado de 1994 (arts. 183 y ss.).
A propuesta del propio Defensor su Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por las Mesas de ambas Cámaras en reunión conjunta el 6 de abril de 1983 (BOE de 18 de abril), y modificado por sendas Resoluciones de las Mesas de 21 de abril de 1992 (BOE de 24 de abril) y 26 de septiembre de 2000 (BOE de 31 de octubre).
El artículo 54 de la Constitución y la legislación citada configuran una institución de carácter marcadamente unipersonal, de designación parlamentaria, que requiere sendas mayorÍas de tres quintos de cada Cámara para su elección. Esta auxiliado por dos adjuntos designados por él mismo, si bien, previamente, debe obtener, para su nombramiento, la conformidad de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. Es elegido por un período de cinco años y no se requieren más condiciones que ser español, mayor de edad y estar en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
La primera propuesta de candidatura para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo fue sometida al Pleno del Congreso el 28 de junio de 1982, no alcanzádose la mayoría requerida por la Ley Orgánica 3/1981. Una nueva propuesta, con el mismo candidato, se formuló ante el Pleno del Congreso en diciembre de 1982 y en esta ocasión prosperó pasando al Pleno del Senado donde también obtuvo la mayoría de tres quintos. Esta situación de dificultad para conseguir la mayoría necesaria para el nombramiento se reproduciría posteriormente con candidatos para otros mandatos.
El nombramiento de Joaquín Ruiz-Jiménez Cortes como primer Defensor del Pueblo se publicó en el BOE de 30 de diciembre de 1982, acreditado por los Presidentes de ambas Cámaras. La designación de sus dos Adjuntos adoptó la forma de Resolución del Defensor del Pueblo. Transcurrido el período de su mandato, la vacante fue declarada por el Presidente del Congreso el 30 de diciembre de 1987.
Los sucesivos nombramientos se realizaron por procedimiento similar. Las Mesas de ambas Cámaras, por Resolución de 25 de Mayo de 2002, modificaron su Resolución anterior, de 21 de abril de 1992 sobre organización y funcionamiento de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, introduciendo la práctica de la comparecencia previa de los candidatos propuestos para los cargos de Defensor y de Adjuntos.
Nada impide que el Defensor del Pueblo sea elegido para un nuevo mandato; sin embargo esta situación no se había dado hasta la reelección de Enrique Múgica Herzog, que tuvo lugar los días 28 y 29 de junio de 2005 en los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado respectivamente. La propuesta de reelección había sido suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular. También fueron designados para un nuevo mandato los dos Adjuntos.
En virtud de lo establecido en el articulo 32 y siguientes de su Ley Orgánica, el Defensor está obligado a dar cuenta a las Cortes Generales de su gestión en un informe anual. Estos informes se someten a un primer debate en la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo y posteriormente pasan a debatirse en los Plenos de las Cámaras. El primer informe anual, correspondiente a 1983, se presentó en mayo del año siguiente.
Desde entonces, año tras año, se han presentado los informes anuales que dan cuenta de la labor desarrollada por la institución con ocasión de las quejas recibidas, de las investigaciones iniciadas de oficio y de las actuaciones de las diversas administraciones públicas en relación con ellas. Se publican en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Sección Cortes Generales, serie A. Además, el informe se publica en forma de libro en una serie especifica de las publicaciones de Cortes Generales añadiéndosele los debates producidos en la Comisión Mixta y en los Plenos de las Cámaras.
Por otra parte el Defensor realiza informes monográficos sobre la actuación de las administraciones públicas en sectores, a su juicio, especialmente sensibles. Comenzó esta práctica con el "Estudio sobre la Situación Penitenciaria en España" que data de 1987 y ha continuado hasta la actualidad. Los informes monográficos han tratado temas como el daño cerebral sobrevenido (2006), la asistencia jurídica a los extranjeros (2005), la contaminación acústica (2005), la escolarización e los alumnos de origen inmigrante (2003), las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (2002), la violencia escolar en la edaucación secundaria obligatoria (2000), la gestión de los residuos urbanos (2001), la violencia doméstica contra las mujeres (1998), etc.
Estos informes, tanto lo anuales como los extraordinarios pueden consultarse en su sitio web.
Resoluciones del Defensor
Comisionados parlamentarios autonómicos
En los Estatutos de algunas Comunidades Autónomas se crearon comisionados parlamentarios para supervisar la actuación de sus respectivas administraciones. Así, el Pais Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y las Illes Balears. En otros casos se introdujo la figura en el momento de la modificación de sus Estatutos (Cantabria, Extremadura y Castilla y Leon) y en otros, por fin se llevó a cabo por Ley de su Asamblea (Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja).
Las respectivas denominaciones responden, con frecuencia, a su propia tradición histórico-política y a la existencia de una lengua propia: Ararteko (Pais Vasco), Diputado del Común (Canarias), Justicia de Aragón, Sindic de Greuges (Cataluña e Illes Balears), Valedor do Pobo (Galicia). Síndico de Agravios (Comunidad Valenciana), Procurador del Común (Castilla y León). En otros casos se han inclinado por añadir el adjetivo a la expresión Defensor del Pueblo, así Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.
Con el fin de regular las relaciones entre estos comisionados y el Defensor del Pueblo, el Parlamento de Cataluña, las Cortes de Aragón y el Parlamento de Andalucía presentaron ante las Cortes Generales tres proposiciones de ley idénticas que el 14 de marzo de 1985 fueron tomadas en consideración (BOCG. Congreso, serie B, núms. 70, 74 y 80 respectivamente). Tras su eleboración parlamentaria se convirtieron en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autonomas.
Conviene señalar que el Parlamento Europeo eligió al primer titular en julio de 1995, comenzando, a partir de entonces, la actividad de esta institución europea. Antecedentes, textos legales, informes al Parlamento Europeo, recomendaciones, etc. pueden consultarse en el sitio web oficial del Defensor del Pueblo Europeo.
Finalmente, puede consultarse bibliografía referente al contenido de este articulo.

References: artículo 54
 artículo 54
 artículo 45
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 54
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución