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Timestamp: 2017-03-25 06:59:23+00:00

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1_9788484568339 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
Y DISCIPLINARIO MILITAR
Francisco Javier de Le贸n Villalba
[insertar aqu铆 el logo / marca de Ediciones TIRANT,
o insertarlo como mejor se considere]
DERECHO penal y disciplinario militar / coordinador, Francisco Javier
de León Villalba.−− Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha: Editorial Tirant lo Blanch, 2006
144 p.; 24 cm.−− (Marino Barbero Santos; 6)
DL CU-730/2006 ISBN 978-84-8427-511-4 (UCLM) ISBN 978-848456-833-9 (Tirant)
1. España – Código penal 2. Disciplina militar – España I. León
Villalba, Francisco Javier de II. Universidad de Castilla-La Mancha, ed.
III. Tirant lo Blanch, ed. IV. Serie
355.133(460)
Esta edición es propiedad de EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA y de la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH, y no se puede copiar, fotocopiar,
reproducir, traducir o convertir a cualquier medio impreso, electrónico o legible por máquina,
enteramente o en parte, sin su previo consentimiento.
Edita: Tirant lo Blanch Libros.
Colección MARINO BARBERO SANTOS nº 6.
1ª ed. Tirada: 500 ejemplares.
Diseño de la colección y de la cubierta:
C.I.D.I. (Universidad de Castilla-La Mancha).
I.S.B.N.: 978-84-8427-511-4 (UCLM)
I.S.B.N.: 978-84-8456-833-9 (Tirant)
D.L.: CU-0730/2006
Convivencia del Derecho penal y el Derecho sancionador militar
Profesor titular de Derecho penal ................................................................
Las garantías materiales en el Derecho sancionador militar
Coronel Auditor. Juez Togado Central nº 2..................................................
Garantías materiales en el régimen disciplinario de la guardia civil
Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 5ª).................................................
El proceso penal y los procedimientos administrativos sancionadores:
especial referencia al procedimiento disciplinario militar
La traslación de las garantías procesales al Derecho sancionador militar.
La reforma del régimen disciplinario de la guardia civil:
¿Primer paso hacia la desmilitarización?
Doctora en Derecho .....................................................................................
CONVIVENCIA DEL DERECHO PENAL
Y EL DERECHO SANCIONADOR MILITAR
Facultad de Ciencias Sociales - UCLM
El Derecho sancionador militar constituye un marco de estudio poco desarrollado
en general, especialmente para los penalistas, que ni siquiera dedican unas líneas
para delimitar su campo de actuación. La razón no es otra que la existencia de una
jurisdicción propia, especializada y contorneada a las necesidades del ámbito castrense. Lo cual no deja de ser paradigmático si partimos de la consideración del militar como un profesional más en el ejercicio de sus funciones, independientemente de
la altura cualitativa de las mismas. La cuestión es que la existencia de éste particular
ámbito normativo, supone un conjunto de especialidades que someten a los militares
a un régimen más restrictivo del común y debemos plantearnos si dicha situación se
encuentra plenamente justiﬁcada por los ﬁnes que la inspiran y si, el interés colectivo puede fundamentar determinadas limitaciones en derechos fundamentales de las
personas, en un ámbito normativo tan técnicamente delimitado como el sancionador,
reﬂejo de un Estado garantista pero sobre todo, de un ejército contextualizado funcionalmente en la situación internacional actual.
En este sentido debemos valorar, por un lado, las constantes reformas introducidas en el Código penal (CP) de 1995, dirigidas a trasladar las líneas de política criminal que preocupan al legislador nacional, en gran medida inducidas por las líneas de
trabajo del legislador europeo sobre problemas tanto sociales como delincuenciales.
Por otro, la importante transformación funcional de nuestros ejércitos, hace necesario un rápido juicio crítico sobre la relación de los dos cuerpos normativos que, al
regular las conductas no permitidas mediante la protección garantista de los bienes
jurídicos más importantes, permiten el ejercicio regular de los derechos fundamentales de los sujetos pasivos. Evidentemente, este comentario no es sino un breve
intento de aproximación a algunos de los problemas que plantea la convivencia de
dos ordenamientos penales aplicables a los mismos sujetos, los militares, pero con
importantes diferencias, tanto de fondo como en la forma, basadas en un trasnochado
concepto disciplinario.
El punto de partida no puede ser otro que la existencia de dos códigos penales,
tras un largo período de reforma de las normas punitivas y la aprobación de un texto
constitucional que aglutina los elementos conﬁguradores del sistema sancionador,
que aprueba un cuadro completo de garantías y derechos, sin distinción alguna respecto de los sujetos parte de los diferentes delitos. El resultado no puede ser otra que
una necesaria reﬂexión sobre su legitimidad y funcionalidad.
En el terreno de la relación entre uno y otro sector de actuación del Derecho penal, sin duda, la relación de especialidad que connota la aplicación del Derecho penal
militar respecto del Derecho penal común constituye un poderoso tema de atracción
para el penalista que, ab initio, conﬁgura dicha relación en un marco complejo en su
estructura y conﬁguración, así como en su aplicación práctica, cual es el concurso de
normas y las soluciones que nuestro propio sistema penal ha normativizado tras un
largo período de aplicación judicial efectiva.
Como trasfondo de la reﬂexión, la necesidad de poner de maniﬁesto, en gran medida vinculada al precedente, la proyección de las constantes reformas producidas en
nuestro Código penal común (en adelante CP), al hilo de las transformaciones que
nuestra propia sociedad ha ido viviendo, sobre el Código penal militar (en adelante
CPM), y observar hasta que punto las nuevas líneas de política criminal, al menos
algunas de ellas, han tenido calado en la quietud del ámbito castrense.
Estas reformas, necesariamente, deben proyectarse desde a la ﬁnalidad última
que inspira ambos sectores hasta su proyección en ámbitos concretos como la aplicación y reforma de las sanciones penales, la utilización de la prisión preventiva, la utilización de las medidas alternativas, etcétera. Y todo ello desde un punto de partida
común, la plena constitucionalización, bien plasmada directamente en el proyecto de
Constitución europea (CE), bien por la interpretación que nuestro Tribunal Constitucional ha realizado de aquellos aspectos básicos que conforman la base valorativa
y principial u ontológica del Derecho penal, de la que no puede sustraerse sector
ni ámbito por razón de especialidad alguna en el bien jurídico protegido, lugar de
realización de la conducta prohibida, etcétera, dado que el sujeto ﬁnal sigue siendo
siempre una persona a la que no se le puede privar de sus derechos básicos fundamentales y de su proyección en el campo sancionador.
En este terreno, no me resisto a mencionar y desarrollar brevemente un tema,
probablemente polémico, cual es el de la capacidad sancionadora de un órgano administrativo con la connotación de militar, sobre todo respecto de la potestad para
imponer privaciones de libertad.
En deﬁnitiva, la pregunta latente en toda mi exposición es sencilla ¿la condición
de militar se puede y debe anteponer a la de persona ciudadano de un país que ejerce una determinada profesión, es decir, anula el estatus jurídico constitucional de
persona? y, por tanto, ¿la perpetración de un ilícito lleva implícita la posibilidad de
restricción de algunas de las bases fundamentales de dicho estatus?
Tras sendas reformas de 1985 y 1998, tomando en consideración que el CPM
desarrolla en gran medida las reformas introducidas por el Proyecto de CP de 1980,
la sensación que trasmite las líneas tratadas es agri-dulce por cuanto el ambiente
doctrinal y jurisprudencial era óbice para parangonar el ámbito de la justicia militar
con la penal común. El legislador jugó un papel excesivamente conservador al igual
que lo hiciera en su momento los creadores de la CE, al mantener un sistema parcialmente hermético alrededor de la administración militar y los avatares del mundo de
la criminalidad en el mismo.
En este contexto resulta complicado deducir la necesidad de que exista un Derecho Penal militar material distinto del común, ni si existe justiﬁcación para un modelo formalmente adaptado a las líneas del moderno Derecho penal, pero intrínsecamente anclado en la necesidad de mantener una línea de dureza para con los sujetos
sometidos al régimen castrense.
2. EL PUNTO DE PARTIDA: LA CE DE 1978
El punto de partida no puede ser otro que la propia CE. El artículo 117.51 de la
Carta Magna reconoce, junto a la jurisdicción ordinaria, la existencia de una jurisdicción militar, derivada de las peculiaridades del ámbito castrense. La entrada en vigor
de la Constitución española supuso una profunda reforma también en este ámbito,
1 “El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los
Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y
en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”.
obligando a adaptar la normativa existente y a trasladar a la jurisdicción militar los
principios constitucionales elaborados como garantías para el Derecho penal y el
Derecho sancionador en su conjunto. Pero como señala PARADA, una verdadera adecuación orgánica hubiera requerido la conﬁguración de “la Justicia militar como un
orden judicial más a cargo del cuerpo único de jueces y magistrados e íntegramente
dependiente del Consejo General del Poder Judicial”2.
Este no es sino uno de los problemas que todavía en la actualidad se suscitan alrededor del conﬂicto entre la protección de los derechos fundamentales contemplados en
nuestra Carta Magna y la existencia de un régimen, como el castrense, profundamente
jerarquizado y sometido a los principios de unidad y disciplina. Hasta el punto de que
la propia Constitución refrenda un modelo excepcional respecto del régimen de derechos y libertades de los militares.
Es el artículo 8 el que determina la función de las Fuerzas armadas, así como la
base orgánica de su regulación, que establecerá la organización militar conforme a
los principios constitucionales. Y a partir de esta delimitación funcional establece
toda una serie de restricciones al estatus militar.
En este sentido, podemos establecer como primer parámetro o regla directriz,
que la Constitución española establece excepciones a la aplicación de algunos de
los derechos contenidos en los artículos 14 a 29, capítulo segundo sección primera, del título primero del texto fundamental. La primera referencia la constituye la
excepción del derecho a la vida del artículo 15 al permitir la regulación de la pena
de muerte por leyes militares en tiempos de guerra, lo cual, evidentemente, puede
afectar igualmente a civiles.
En segundo lugar, es el propio artículo 25, pieza clave en la conﬁguración de
nuestro sistema penal al dar por sentado, a sensu contrario, que la Administración
militar puede imponer sanciones que impliquen la pérdida o limitación de la libertad
deambulatoria. Técnica ésta que utiliza igualmente el artículo 26 respecto de los
tribunales de honor que, por tanto, tendrán cabida en el ámbito castrense, no así en
El artículo 28 instituye un límite que puede llegar a la excepción, tal y como ha
ocurrido, del derecho de sindicación a los miembros de las Fuerzas armadas y demás cuerpos sometidos a disciplina militar y el artículo 29, que restringe al ejercicio
individual del derecho de petición a los miembros de dichos cuerpos, conforme a la
legislación especíﬁca.
2 “Toque de silencio por la Justicia Militar”. En Revista de Administración Pública nº 127, 1992,
A estos hay que añadir las severas limitaciones de los derechos de asociación y de
manifestación, si bien con la forzada apertura realizada por nuestro Tribunal Supremo respecto del primero con un buen exponente en la SAN de 14 de enero de 1998 y
la STS (sala 3ª) de 16 de marzo de 2005 que haciéndose eco de la legitimidad de los
ﬁnes perseguidos, reconoció el ejercicio de tal derecho mediante la inscripción de la
Asociación Uniﬁcada de Guardias Civiles.
Debemos entender respecto del resto de derechos que sólo las especialidades que
de los mismos puedan derivarse mediante Ley Orgánica, que en todo caso respetarán sus contenidos esenciales (artículo 53 de la CE), podrán matizar su aplicación
El colofón a este peculiar tratamiento lo constituye la excepción implícita al principio de unidad judicial (artículo 117.5), ya señalado, que en palabras de PARADA
creó “una verdadera reserva o garantía institucional de la Justicia militar”3.
Otro aspecto fundamental y que necesariamente debe tener proyección práctica
en diversas cuestiones relacionadas con la relación de uno y otro sector es la delimitación de la funcionalidad de la Justicia militar y, en concreto, del Derecho penal. En
otras palabras, la determinación del bien jurídico o bienes jurídicos que la Constitución conecta con este sector jurídico.
¿Se puede hablar de un bien jurídico militar? o, en todo caso ¿debemos hablar
de bienes contenidos en cada tipo, en cuyo caso la relación de especialidad se dará
respecto de cada tipo penal y no de forma genérica? Para contestar estas preguntas no
podemos dejar de enfatizar la evolución experimentada en los últimos veinte años por
las Fuerzas armadas (FF.AA.) tanto respecto de su composición con la profesionalización de su personal, como desde el punto de vista funcional, por la naturaleza de las
operaciones que ocupan a nuestro ejército en el contexto nacional e internacional,
básicamente dirigido al desarrollo de operaciones de restablecimiento y mantenimiento de la paz y seguridad internacional, y el necesario reﬂejo que ambos aspectos
deben producir en el estatus jurídico militar, compatibilizados con el mantenimiento
de la jerarquía “manifestada en una especial situación de sujeción enmarcada en
la disciplina, que impone una precisa vinculación descendente para conseguir la
máxima eﬁcacia y el factor de precisa cohesión que obliga a todos por igual” (ATC
375/1983, de 30 de julio). Esta declaración del alto tribunal se realiza al hilo de la
importante misión que el artículo 8.1 CE asigna a las FF.AA.: garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y su ordenamiento
Op. cit., pág. 30.
3. PRINCIPIO DE UNIDAD Y PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DEL
La exposición de motivos de la L.O. 13/1985, de 9 de diciembre, que aprueba el
CPM, maniﬁesta abiertamente la respuesta que este nuevo código castrense da a las
necesidades derivadas de los principios constitucionales y a los avances que desde
la ciencia del Derecho penal ha producido la necesaria aplicación de los mismos, así
como la transformación del Estado autoritario en un Estado social y democrático de
Derecho con la debida proyección en el ámbito de las líneas de política criminal que
han inspirado la últimas reformas en esta materia.
Y si bien no se maniﬁesta abiertamente la unidad conceptual general respecto del
CP, el propio contenido del Título Primero, los reenvíos realizados respecto de las
causas de exención de responsabilidad criminal, las causas de inimputabilidad, la
extinción de la responsabilidad penal e incluso las matizaciones sobre las particularidades propias del ámbito castrense, nos permiten deducir el carácter subsidiario de
las normas penales comunes respecto de las especiales militares. Evidentemente, el
CPM tenía como referencia aplicativa el anterior CP, de forma que la aprobación del
CP de 1995 marca importantes diferencias respecto del vigente en el ámbito castrense. Y un buen ejemplo es la regulación del principio de responsabilidad subjetiva que
establece el artículo 20 del CPM mediante la cláusula de la responsabilidad penal por
la presencia de una conducta dolosa o culpable. Mantiene la regla de que cuando la
pena venga determinada por la producción de un ulterior resultado más grave, sólo
se responderá de éste si se hubiera causado al menos por culpa, recogiendo la redacción que la L.O. 8/1983 daba al artículo primero del reformado código penal4.
Esta idea se encuentra plenamente corroborada por el tenor del artículo 5 del Código penal militar que, no obstante, en los términos en los que se encuentra redactado
requiere una necesaria reﬂexión. Si bien parece asequible determinar los supuestos
en que los preceptos del CP son contrarios a los militares, interpretar la especial naturaleza de estos delitos y observar su grado de compatibilidad requiere un análisis
más profundo. Ésta es la llamada por la doctrina cláusula de salvaguardia.
En este sentido, se constata la idea de unidad del Derecho penal militar con el
común, de forma que aquel sólo recoge las especialidades propias del ámbito militar
y, por tanto, tipiﬁca delitos exclusivamente castrenses por la afección de bienes jurí-
4 La interpretación de esta redacción creó una ardua polémica entre la doctrina que ﬁnalmente
pudo ser reconducida a la inclusión dentro del citado segundo párrafo de las cualiﬁcaciones causadas
culposamente, y no de las dolosas que habrían de resolverse mediante la técnica del concurso. Sobre la
aplicación del principio de culpabilidad en el terreno militar vid. ESCRIBANO TESTAUT, P.: “El principio
de culpabilidad en el Derecho sancionador militar”. REDM, 1990, nº 56-57, págs. 205 a 284.
dicos militares5, con la única exclusión de aquellos que recaen en la Ley del Jurado.
De esta forma, podemos aﬁrmar que el legislador descartó la creación de un único
cuerpo normativo que regulara todos los ámbitos del Derecho penal militar integrados en el penal común.
Al tiempo que esta opción convierte al CPM en una Ley especial respecto del CP,
también abandona la idea de insertar los delitos militares en el cuerpo del CP, regulando
de forma especíﬁca los aspectos concretos que afectan a los mismos. Esto implicaría,
en palabras de JUANES PECES que “la ley especial desplaza a la general en todo aquello,
pero sólo aquello, que es objeto de una regulación especíﬁca, en otras palabras ‘especial’6. Otros autores añaden junto a dicho concepto el carácter de derecho complementario del Código penal común que aparta el carácter integral de códigos anteriores. De
esta forma se crea un derecho especial que complementa al derecho penal común”7.
Pero esta aﬁrmación signiﬁca, que ¿en lo no contemplado por el CPM es de aplicación el CP, especialmente en aquellos aspectos que podríamos denominar de la
teoría general del Derecho penal? JUANES PECES recoge la necesidad de “reinterpretar
el Código penal militar a la luz de los principios que rigen el Código penal común”8,
lo cual genera una cierta disfunción dado el carácter posterior del CP de 1995, sobre
todo, por la profunda reforma que realiza respecto del antiguo CP de 1973 que, a
su vez, se ha visto modiﬁcada en numerosas ocasiones durante su corta vida, con la
consiguiente y necesaria adaptación a los principios que el CPM debe realizar en la
aplicación cotidiana de sus tipos penales.
LAMARCA entiende que no existe diferencias cualitativas entre el Derecho penal
militar y común, de suerte que “nos encontramos ante una ley más del Estado de Derecho, ante una ley que se ha querido articular técnicamente en forma de Código o de
cuerpo separado respecto del conjunto de leyes penales (…): de hecho, si en lugar de
un Código penal militar existiese un capítulo de Delitos militares integrado en el CP
no se derivaría grave quebranto ni para la Justicia ni para el ejercito”9. Ciertamente,
5 JUANES PECES, A.: “Relaciones entre el Código Penal Común y el Código de Justicia Militar”.
La Ley Penal: Revista de derecho penal, procesal y penitenciario, nº 7, 2004, pág. 6.
6 Íbidem, pág. 10.
7 RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L.: “El Derecho militar del siglo XXI: un proyecto de Código penal militar complementario”. REDM nº 77, 2001, págs. 91 ss. Éste recoge posiciones anteriores
que lo caracterizan con los mismos términos, así vid. HIGUERA GUIMERÁ, J. F.: Curso de Derecho penal
militar español. Bosch, 1990, págs. 25 ss.; NÚÑEZ BARBERO, R.: “Derecho penal militar y Derecho penal
común”. ADPCP, 1971-III, pág. 721.
8 Íbidem. pág. 8.
9 Lamarca Pérez, C.: “La competencia de la jurisdicción militar en tiempos de guerra y los delitos contra las leyes y usos de la guerra en el Código Penal Militar”. Revista general de Derecho penal,
nº 1, pág. 2.
no podemos compartir la misma interpretación puesto que, tal y como veremos a
continuación, la práctica pone de maniﬁesto que las implicaciones derivadas de dicha complementariedad, en ningún caso suponen una verdadera y plena aplicación
supletoria del código penal común al ámbito castrense, tal y como se exigiría de tal
razonamiento. En tal sentido, se hace necesario analizar la cláusula del artículo 5 del
CPM en relación con el artículo 9 del CP común, que vino a sustituir y a modiﬁcar
la línea de interpretación del antiguo artículo 7 del CP de 1973.
A. La cláusula de salvaguardia del artículo 5 del CPM
El artículo 7 del antiguo CP disponía que “No quedarán sujetos a las disposiciones de este Código los delitos y las faltas que se hallen penados por leyes especiales.
No obstante, sí le serán de aplicación las disposiciones de este Capítulo”. Este segundo párrafo, introducido por la reforma de la LO 8/83, se requería la aplicación obligatoria de los siete artículos recogidos en el capítulo primero del Libro primero del
Código. El primero, introducido por el CP de 1870 regulaba la aplicación preferente
de la ley especial frente a la general y, lógicamente, la interpretación tanto doctrinal
como jurisprudencial se inclinaban por el carácter supletorio y no obligatorio de los
preceptos comunes, que serían de aplicación siempre que expresamente no estuvieran prohibidos.
El actual artículo 9 cambia la dicción del mismo y si bien mantiene la aplicación directa de los preceptos contenidos en el título preliminar del Código de 1995,
declara supletorias el resto de disposiciones del Código que regulen cuestiones no
previstas en las normas especiales. Es decir, no deja al criterio de los tribunales la decisión sobre la aplicación o no de los institutos no previstos en la legislación general
sino que exige su cumplimiento en aquellos aspectos, situaciones o instituciones no
reguladas en los cuerpos especíﬁcos. Ello conlleva la aplicación directa del principio de legalidad en sus diferentes modalidades respecto de las penas y medidas de
seguridad, el procedimiento de aplicación y ejecución de las mismas, los efectos del
principio en cuanto a la retroactividad de las normas penales, aplicación analógica,
solicitud de indulto, el principio de responsabilidad subjetiva, la aceptación de las
medidas postdelictuales, el criterio de determinación del momento de ejecución del
ilícito y, lo que es más importante, a los efectos de interpretación de la especialidad
del derecho militar, los criterios de solución del concurso de normas.
Necesariamente, esta cláusula habrá de ser integrada con la aplicación de la de
salvaguardia contenida en el artículo 5 del CPM, tomando en consideración que el
carácter orgánico de ambas normas otorgaría preferencia a la norma posterior, que
en este caso sería la contenida en el artículo 9 del CP que, además de mantener la
aplicación directa respecto de las leyes especiales del título preliminar, mantiene
la supletoria del resto de disposiciones del Código penal. Estos efectos derivan del
llamado principio de unitariedad, por el cual el CPM sólo recoge en su texto “las
especialidades penales especíﬁcas militares, remitiéndose para el resto, que es prácticamente todo, al Código Penal Común”10.
Vista la situación, se hace necesario el análisis previo de la citada cláusula de
salvaguardia. En este sentido, la redacción del artículo 5 del CPM resulta tremendamente indeterminada en sus términos, si bien clara en su ﬁnalidad. El problema es
que la presencia del principio de legalidad hubiera requerido una mayor taxatividad
en su redacción, así como una mayor determinación respecto de las normas aplicables que, en ningún caso, y tratándose de materia penal, debiera dejarse a la interpretación judicial del bien jurídico afectado y su compatibilidad con la norma prevista
en el Derecho penal común.
En deﬁnitiva, la pregunta a la que debemos responder es si existe realmente una
relación de especialidad o, por el contrario, la llamada cláusula de salvaguardia constituye realmente una norma penal en blanco que permite a la jurisdicción militar
completar las necesidades aplicativas de los delitos militares en función de las necesidades de protección de los bienes jurídicos en juego. La adopción de una u otra vía
de interpretación tiene consecuencias bien distintas. En todo caso, parece claro que
la abrogación de los principios penales habrá de estar perfectamente fundamentada
más allá de la simple consideración de la especiﬁcidad propia del Derecho penal militar, puesto que la mayoría de ellos se derivan del texto constitucional, que no prevé
excepciones, o han sido constitucionalizados, como ya dijimos, por el TC. En último
extremo el artículo 14 CE en combinación con la efectividad de los principios de
culpabilidad y presunción de inocencia, dan suﬁciente respuesta a la cuestión.
Señala HIGUERA GUIMERÁ, con gran acierto, que “para poder ﬁjar la especialidad
o incluso la autonomía del DPM, es preciso partir de la regulación concreta del Derecho penal común y del Derecho penal militar de un país, en un período histórico
concreto y determinado, y observar sus relaciones recíprocas”11. Son muchos los
institutos que, no estando regulados en el CPM, encuentran aplicación mediante su
regulación en el CP, verbigracia, circunstancias agravantes, error de prohibición,
autoría y participación, etcétera.
RODRÍGUEZ-VILLASANTE señala la bondad del artículo 5 “en cuanto establece el
principio de especialidad del texto punitivo castrense y declara la aplicabilidad sub-
10 Higuera Guimerá: op. cit., pág. 35.
11 Curso de Derecho penal militar español, pág. 30.
sidiaria del Código penal”12, al tiempo que señala la relación de alternatividad entre
los delitos comunes recogidos en el CP de 1995 y los delitos militares13, como una
deﬁciencia del mismo por cuanto se produce un solapamiento entre ambos. Este autor explica el concepto de especialidad en base a los siguientes criterios:
– Es complementaria de la ley penal común.
– La mayoría de sus normas regulan la conducta de una determinada categoría
de personas (los militares).
– Muchas de sus normas contienen elementos especiales respecto de los comunes. Y ello se deriva el hecho de que la Ley penal militar tiene como ﬁnalidad
la tutela de intereses jurídicos especiales. Y como secuela necesaria, recogiendo la postura de E. CALDERÓN, señala que “si el concepto de complementariedad de las leyes penales militares signiﬁca que sólo deben contener (además
de los tipos delictivos castrenses) las reglas que se separan del Derecho penal
común, la idea de la complementariedad es secuela necesaria del principio de
especialidad”14, estableciendo una escala de complementariedad en base a la
cual caliﬁca el CPM español como parcialmente no complementario o complementario no riguroso15.
En deﬁnitiva, para analizar el artículo 5 debemos distinguir dos parámetros que
van a determinar la aplicación de las normas penales comunes al ámbito castrense:
1. Que no exista una norma especíﬁca aplicable al caso en el CPM. En este sentido, resulta evidente que si el legislador optó por regular especíﬁcamente un
aspecto concreto con las matizaciones propias del derecho militar, la norma
común habrá de quedar relegada dada su generalidad y, en consecuencia, por
la falta de cobertura al hecho concreto. Si mantenemos el criterio de especialidad unánimemente acogido por doctrina y jurisprudencia este se constituye
en un elemento pacíﬁco que únicamente requiere su determinación.
2. Que la norma sea compatible con la naturaleza de los delitos militares y, acumulativamente, no se oponga a los preceptos del Código militar. Al margen
12 Íbidem. pág. 98.
13 Destaca como ejemplos: delitos contra la seguridad y defensa nacional (traición, espionaje y
revelación de secretos), delitos contra las leyes y usos de guerra (en relación con los delitos contra las
personas y bienes protegidos en caso de conﬂicto armado) los delitos contra la Administración de la
Justicia Militar y contra la Hacienda en dicho ámbito. Íbidem. pág. 97.
14 Íbidem, pág. 99.
15 Íbidem, pág. 101.
de la diﬁcultad interpretativa que conlleva su redacción y que ahora analizaremos, se enfrenta en sus propios términos a la obligatoriedad aplicativa del
texto penal común en su conjunto, una vez constatada la presencia del primer
requisito. En otras palabras, si no existe norma penal militar aplicable al caso
el código común resultaría aplicable en todos sus extremos con los matices
propios del ámbito militar, que en nada han de limitar aquellos preceptos que
directamente expresan el texto o la voluntad constitucional, como ya hemos
señalado. Pero ¿qué normas son compatibles con la naturaleza de los delitos
militares? o mejor ¿qué normas son incompatibles con los delitos militares?
o ¿quizás sea más correcto hablar de compatibilidad con los bienes jurídicos
protegidos por el Derecho penal militar?
Al margen de la terrible indeterminación que esta cláusula conlleva y que deja
al criterio del aplicador su interpretación, debemos tomar en consideración las palabras iniciales del preámbulo del CPM que cita los principios constitucionales y
el progreso experimentado por la ciencia del Derecho penal como inductores de la
creación del nuevo código en el que tienen acogida las más depuradas técnicas sobre
la materia, entiendo penal material.
Según esa misma exposición, se niega a los militares los beneﬁcios de la suspensión condicional de la condena por razones de ejemplaridad directamente vinculadas
a la disciplina. Y así lo recoge a sensu contrario el artículo 44. En semejante situación se encuentran las circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad de miedo
insuperable o la de embriaguez.
4. ASPECTOS CONCRETOS. CONSECUENCIAS APLICATIVAS
Evidentemente, son muchos los aspectos que deberíamos someter a contradicción
a la hora de evaluar el grado de complementariedad de ambos cuerpos jurídicos, si
bien ello extralimitaría el objeto de este breve estudio, por lo que nos restringiremos
a constatar aquellos aspectos que por su trascendencia merecen una especial atención. Así, respecto de la circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad criminal,
si bien la aplicación subsidiaria del CP de 1995 debiera cubrir los espacios dejados
por la falta de regulación del miedo insuperable o del estado de necesidad, la aplicación de ambas eximentes en el ámbito castrense, y a tenor de la jurisprudencia de
la Sala 5ª, parece plantear algunas dudas importantes. La STS de 9 de junio de 1986
señala que las circunstancias que atenúen la responsabilidad han de tenerse en cuenta
en el Derecho sancionador mientras la normativa no lo prohíba expresamente, en
virtud de una aplicación favorable al reo. ¿Por qué entonces la jurisprudencia militar
no aplica la atenuante de embriaguez?
Surgen, igualmente, cuestiones relacionadas con los principios de proporcionalidad y ne bis in idem. Abrogada la pena de muerte por la LO 11/1995, de 27 de
noviembre, establecida por el artículo 24 del CPM como pena principal para varios
delitos en tiempo de guerra y su proyección, a sensu contrario, de lo establecido por
el artículo 15 de la CE, el centro de atención gira sobre la adecuación de las consecuencias jurídicas aplicadas a las diferentes ﬁguras delictivas.
En este sentido, la línea de comentario de los escasos tratadistas del tema, viene
deﬁnida por la evidencia de la necesidad de demostración y aﬁanzamiento de la
disciplina castrense16, lo que refuerza la búsqueda de prevención general negativa y
el aplacamiento de cualquier ímpetu indisciplinario, al tiempo que el reforzamiento,
según estos autores, mucho más necesario en este ámbito de la norma militar. Este
hecho permite explicar el mantenimiento de instituciones como la pena de muerte
hasta 1995 y prácticas legales como la aplicación de sanciones privativas de libertad
para ilícitos leves, la mutilación de las alternativas a dichas penas y la relajación en
la utilización de las circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad criminal.
La pregunta de nuevo es si dichas prácticas son compatibles en función de la
ﬁnalidad última que las justiﬁca con el sistema penal común actual, ¿no estaremos
confundiendo prevención general con la búsqueda de penas desproporcionadas y
ejemplarizantes que extralimitan la afección de bienes fundamentales de los imputados? La STS (sala 5ª) de 1 de julio de 1991 apoya una reducción de la pena por el
largo transcurso del tiempo desde la perpetración del ilícito que ha borrado gran parte de la alarma que el delito pudo provocar y, tomando en consideración la utilidad
de la pena desde el punto de vista de la ejemplaridad, pueda considerarse mermada.
Un elemento fundamental que introdujo ya la teoría retributiva de la pena fue la
necesidad de que la respuesta estatal fuera proporcionada al mal causado. Las teorías
preventivas añaden un elemento más, al requerir que el castigo cumpla una función
externa que se proyecte tanto hacía el contexto social donde se aplica, como sobre el
sujeto que la recibe.
Sorprende que el comentario generalizado acepte plenamente la aplicación del
meritado principio tanto en el terreno penal como disciplinario, con una clara proyección en éste último tendente a garantizar la presencia de criterios graduadores de
la sanción y de límite a la actuación discrecional de la Administración militar17. Pero
lo cierto es que muchas de las consecuencias previstas para la realización de conductas infractoras superan, sin parangón alguno, las sanciones penales comunes sin que
16 A modo de ejemplo vid. Escribano Testaut: op. cit., pág. 258 y ss.
17 Martínez Mico, J. G.: “El principio de proporcionalidad y graduación dosimétrica en la sanción
de las infracciones disciplinarias penales”. Revista española de Derecho militar, nº 74, 1999, págs. 55
los ﬁnes buscados lo justiﬁquen. Entiendo que la necesaria salvaguardia de la disciplina y el mantenimiento de la escala de mando no dan suﬁciente cobertura a la
adopción de algunas de las medidas citadas e incumplen el principio de adecuación
por cuanto llevan la intervención penal más allá del criterio de necesidad pudiendo
utilizar otras técnicas menos dañinas para la consecución de los ﬁnes buscados, en
deﬁnitiva, la vulneración del principio de proporcionalidad como necesidad de adecuación y necesidad respecto del tipo de sanción utilizada18. En sentido contrario, se
quiere ver en la jerarquización cuantitativa de ilícitos entre el ámbito disciplinario
y penal militar una clara proyección del principio de intervención mínima19, cuando
de lo que se trata en este caso, es de la adecuación y proporcionalidad, en sentido estricto de las sanciones, especialmente respecto de las privativas de libertad y algunos
derechos relacionados con el ejercicio profesional.
Tanto el artículo 35 del CPM20 como el artículo 6 de la L.O. de Régimen disciplinario de las Fuerzas armadas21, recogen de forma expresa el mandato de proporcionalidad o prohibición de exceso de las sanciones a imponer, estableciendo los criterios
que habrán de ser tomados en consideración a la hora de individualizar la pena y que
permiten igualmente considerar la existencia de una motivación fundada tanto en las
sentencias como en las decisiones disciplinarias. Y la jurisprudencia ha puesto de
maniﬁesto este importante paso, así la STS (sala 5ª) de 21 de enero de 1991, que destacaba la línea marcada por la reforma en aras a posibilitar la aplicación del principio
18 Juanes Peces señala en un voto particular realizado a la STS de 21 de septiembre de 1988, que
“la disciplina es un valor fundamental en el ejército y como tal lo protegen las leyes, pues sin disciplina no pueden existir los mismos; pero a la hora de exigir responsabilidades para tales desobediencias
también han de tenerse en cuenta otros valores que están en la esencia del Derecho penal y de la Constitución, como son el principio de intervención mínima y el de proporcionalidad”.
19 Escribano Testaut: op. cit., pág. 259.
20 “En los delitos militares, y salvo lo dispuesto en los artículos siguientes, se impondrá la pena
señalada por la ley en la extensión que se estime adecuada, teniendo en cuenta, además de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, la personalidad del culpable, su graduación, función
militar, la naturaleza de los móviles que le impulsaron, la gravedad y trascendencia del hecho en sí y en
su relación con el servicio o el lugar de su perpetración. Especialmente se tendrá en cuenta la condición
de no profesional del culpable para imponer la pena en menor extensión. La individualización penal que
se efectúe deberá ser razonada en la sentencia”.
21 “Las sanciones que se impongan en el ejercicio de la potestad disciplinaria militar guardarán
proporción con los hechos que las motiven y se individualizarán atendiendo a las circunstancias que
concurran en los autores y a las que afecten o puedan afectar al interés del servicio. Especialmente se
tendrá en cuenta la condición de militar de reemplazo para graduar las sanciones con menor rigor. La
condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros docentes militares de formación y
en otras Unidades, centros u organismos donde se encuentren completando la misma, serán tenidos
especialmente en consideración en la aplicación a los mismos de los preceptos de esta Ley”.
de proporcionalidad mediante la introducción de criterios de individualización de la
pena, que doten a los jueces de criterios para llevar a cabo su juicio de razonabilidad en
la determinación de la pena (STC de 26 de noviembre de 1984). Criterios, entre los que
destaca la función militar, conforme al art. 35 del CPM, concepto deﬁnido en la STS
(sala 5) de 22 de diciembre de 1989 en el sentido de distinguir entre función militar de
carácter ordinario, habitual o normal y otra de tipo extraordinario, excepcional o especial. En deﬁnitiva, se trata de destacar la relevancia de la actuación, la posibilidad de
sustituir al sujeto que la realiza o, por el contrario, si se trata de una actuación que el
sujeto ha de realizar por sus especiales características o conocimientos, que la hacen
El problema, entiendo, que ha sido la utilización de un criterio excesivamente
conservador por el legislador a la hora de dotar de un arsenal moderno y adecuado
de sanciones a éste orden. El mero hecho de considerar el estatus militar no justiﬁca
per se la adopción de medidas más duras que las contenidas en el régimen común.
No me resisto a citar en este caso la STS (sala 5ª) de 21 de septiembre de 1988, siendo ponente Jiménez Villarejo, en el que al margen de la adopción de una solución
contradictoria del principio de legalidad, llama la atención el razonamiento para el
mantenimiento de una sanción disciplinaria por comportamientos homosexuales tras
la destipiﬁcación de tal conducta en el artículo 352 del Código de Justicia militar,
puesto de maniﬁesto por un voto particular. Dice la citada sentencia, y con ello quiero resaltar la necesidad de justiﬁcar en las sentencias el cómo y de qué manera afecta
un determinado comportamiento, con penas de hasta dos meses de arresto, al buen
orden de los ejércitos:
“Aun no siendo legítimo deﬁnir el Derecho penal militar como un Derecho
pura y simplemente disciplinario, es evidente la presencia de un ingrediente
de esta naturaleza en buena parte de sus normas, que describen tipos delictivos
cuya ratio no es otra que el reforzamiento de deberes inherentes a la profesión militar, deberes con los que se pretende fundamentalmente imponer con
todo el vigor necesario la disciplina, garantizar la cohesión de los ejércitos y
asegurar, en deﬁnitiva, el mantenimiento de las condiciones que permitan el
puntual cumplimiento de las misiones que aquéllos tienen encomendadas por
la Constitución” (f. j. 2º).
Queda al criterio de los tribunales la aplicación del segundo escalón, el de la individualización, que permita de alguna forma minorar el exceso punitivo de los tipos especiales militares. A efectos de constatar lo llamativo de su omisión, debo remarcar la
ausencia de la ﬁgura de la falta como un grado de ilícito en el que la antijuridicidad del
hecho muestra un escalón inferior al penal y superior al contravencional o, en este caso
disciplinario. En deﬁnitiva, una forma más de graduar la respuesta estatal sancionadora
equilibrando la protección del bien jurídico relevante penalmente con la afección o
puesta en peligro mínima producida. Su ausencia, a mi juicio, muestra de nuevo la falta
de respuestas adecuadas a las conductas sometidas al régimen militar.
La búsqueda de proporcionalidad y, en sentido estricto, una coherente coordinación de los diversos sectores sancionadores estatales nos introduce en el campo de
acción del denominado ne bis in idem que da buena muestra del calado institucional
de los principios constitucionalizados en el derecho sancionador, por cuanto que
como principio axiológico se conﬁgura como instrumento de precisión respecto del
funcionamiento de los órganos sancionadores y de la opción legislativa en cuanto al
sector en cuestión, en este caso el castrense.
El desarrollo de este principio se haya fuertemente vinculado con el modelo de
derecho sancionador que se ha ido desarrollando en nuestra historia más reciente y
que ha determinado las respuestas, tanto legislativas como jurisprudenciales, a la
Respecto de la efectividad del principio ne bis in idem, en estrecha relación con
el de proporcionalidad, el artículo 4 de la Ley disciplinaria reclama la vinculación
de la actuación disciplinaria militar a los hechos probados en el proceso penal, recogiendo algunos de los criterios introducidos en la conﬁguración que el Alto Tribunal
ha realizado del constitucionalizado axioma jurídico, si bien la redacción otorgada al
mismo rompe con las exigencias que el propio TC ha marcado respecto de la vigencia del principio ne bis in idem, al permitir la dualidad de procesos y, por tanto, someter al sujeto a una doble respuesta estatal en el ámbito del proceso sancionador22.
Algo similar ocurre con la regulación que el régimen disciplinario de la guardia civil,
como cuerpo militarizado, recibe respecto del citado problema.
Otro apartado, tremendamente importante, y que requiere algún comentario es la
privación de libertad en el Derecho sancionador militar. De forma mucho más elocuente, señala PARADA que la Justicia militar es una justicia penal aplicada por una
Administración pública, bien anteriormente inserta en el operativo de las Fuerzas armadas, bien en la actualidad entre las competencias del Ministerio de Defensa “que
administra unos Tribunales militares y un Cuerpo de jueces, los Jurídicos militares,
que, además, son también, a veces, Asesores en Derecho y, otras, meros funcionarios
del ministerio”23. Resulta tremendamente expositiva la STC de 15 de junio de 1981
que, en los albores del constitucionalismo, constata una necesaria transición entre la
22 Cárceles Nieto resalta la “general oposición a la redacción del art. cuarto de la Ley al considerar los grupos parlamentarios vulnerado el ya referido principio non bis in idem”. Op. cit., pág. 24.
23 “Toque de silencio por la Justicia militar”. En Revista de Administración Pública, nº 127, 1992,
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Valencia, 2006 Francisco Javier de León Villalba Coordinador: [insertar aquí el logo / marca de Ediciones T IRANT , o insertarlo como mejor se considere] Published on issuu

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