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Timestamp: 2019-01-24 10:36:54+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 1495/00 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43613996
Expediente: D-2958
Actor: R.A. Lozada de la Cruz.
B.D.C., dos (2) de noviembre de dos mil (2000).
El ciudadano R.A.L. de la Cruz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó la expresión "o de hecho" que hace parte del numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992 que reformó el artículo 154 del Código Civil.
" LEY 25 DE 1992
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años ."
El ciudadado R.A. Lozada De La Cruz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó la expresión "o de hecho" que hace parte del numeral 8° del artículo 154 del Código Civil, tal como quedó reformado por el artículo 6° de la Ley 25 de 1992, porque considera que desconoce los artículos 2º, 4º, 6º, 29 y 42 de la Constitución Política.
Para fundamentar la pretensión incoada el actor sostiene que la separación de cuerpos de hecho se ha entendido como la "interrupción de la vida conyugal, sin que se distingan modalidades ni responsabilidades"; por tanto, afirma que es lo mismo, para efectos de la disposición controvertida, que la interrupción de la vida conyugal se genere por acuerdo de los cónyuges, por la decisión unilateral de quien abandona el hogar conyugal o porque alguno de los consortes resuelve impedir la convivencia. También encuentra equivalente que la interrupción de la vida en común se origine en la imposibidad física de convivir, como en los casos de "secuestro, hospitalización, detención o residencia en otro lugar por razones de estudio o trabajo", de uno de los cónyuges.
Asimismo considera que la expresión "o de hecho", que hace parte del numeral 8° del artículo 6 de la Ley 25 de 1992, quebranta el artículo 29 de la Constitución Política, porque basta que la separación de hecho hubiere perdurado por más de dos años para que el divorcio se decrete, sin que para el efecto importe la defensa esgriminada por el demandado. Que por lo anterior carecen de importancia el ejercicio del derecho de defensa de éste así pueda justificar su ausencia del hogar, por razones de salud, secuestro, pena privativa de la libertad, trabajo o estudio, porque la causal no admite modalidades, no considera imputaciones, ni permite establecer responsabilidades.
Considera que la expresión en estudio quebranta el artículo 42 de la Constitución Política, porque, de conformidad con esta norma, "la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Y que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto reciproco entre todos sus integrantes"; empero, conceptúa que la disposición demandada permite la terminación del matrimonio por la voluntad de uno de los cónyuges, autoriza a cada uno de los esposos para resolver qué obligaciones cumple y cuáles desconoce y confiere, a quien infringió la obligación de convivencia, la posibilidad de invocar, en compensación a su incumplimiento, la disolución del vínculo.
Además arguye que "la norma demandada ha derogado implícitamente todas las demás causales de divorcio consagradas en la ley, puesto que con justa causa o sin ella, lo más sencillo es abandonar el hogar conyugal. Al cabo de dos años instaurar el proceso de divorcio, el cual necesariamente, va a ser decretado y así se evitan problemas probatorios y situaciones engorrosas".
Para concluir solicita que, en el evento de no prosperar la pretensión de inconstitucionalidad, se mantenga la disposición acusada en el ordenamiento, empero que se condicione su constitucionalidad a que la expresión "separación de hecho" se entienda como "interrupción de la vida conyugal por conformidad de las partes, sin que medie instancia judicial, siendo inexequible cualquiera otra interpretación"( Negrilla en el texto).
"1. Que la Constitución Política en su artículo 42 consagró las dos formas posibles de constituir una familia: por matrimonio, civil o religioso, y por la unión libre o unión marital de hecho; (sic)
3. Que en los casos citados en el numeral "2" (sic) antes expuesto, el cónyuge inocente o cumplido, no tiene como defenderse de la demanda interpuesta por el culpable."
El ciudadano J.C.G.S., obrando a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, intervino para defender la disposición acusada. Para el efecto expone los siguientes argumentos:
Estima que si uno de los objetivos del matrimonio es la formación de la familia y que si ésta es considerada núcleo fundamental de la sociedad, "debe ser objeto de la mayor atención, protección y cuidado por parte del Estado."Al respecto recuerda que en la Asamblea Nacional Constituyente se hizo especial énfasis en la necesidad de mantener la armonía y la unidad familiar, como fundamento de la convivencia social y que esta necesidad ha sido reiterada por esta Corporación en numerosas decisiones.
Considera que la causal controvertida debe mantenerse en el ordenamiento, porque de no existir se impediría a los cónyuges rehacer su vida conformando un nuevo hogar, distribuir sus bienes y decidir con respecto de la custodia de los hijos. La anterior afirmación la fundamenta en que, según apreciación de varios tratadistas -cita como ejemplo el libro "El Divorcio en la Legislación Colombiana" de A.M.A., Ediciones Doctrina y Ley, página 207-, se trata de la causal de mayor invocación en las demandas de divorcio que se presentan actualmente en Colombia.
Argumenta que cuando "hay una separación de cuerpos de hecho, la relación matrimonial se rompe de facto, y no hay porqué forzar el mantenimiento de un vínculo jurídico materialmente inexistente, ya que dos años son más que suficientes para continuar esperando el restablecimiento de la unidad de los casados."
Contraría al autor en su afirmación de que se vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, porque "no es posible hacer cambiar el fuero interno de una persona y mucho menos a través de un proceso judicial que es lo que indica el demandante".
La ciudadana J.U.C. interviene para coadyuvar la solicitud del actor. Para el efecto aduce que "en un altísimo porcentaje, por no decir en la totalidad de los casos, quien decide abandonar el hogar conyugal es aquel de los esposos que prevalido de una capacidad económica, profesional y, por qué no decirlo, física, decide en un momento determinado y después de mucho años que su cónyuge no es la persona indicada para compartir su vida, olvidando de un solo tajo la dedicación, luchas y sacrificios de su otro compañero. Debo manifestar que casi siempre, quien decide abandonar el hogar, es el hombre."
Estima que la "separación de hecho que ha perdurado por más de dos años, que no es separación sino un vulgar abandono, al considerar que otra persona es más joven, más bonita, mejor preparada que aquella otra persona que le dedicó su juventud, su belleza, y que en la mayoría de los casos sacrificó su profesión o las posibilidades de un estudio o trabajo por dedicar su tiempo a unos hijos y a un esposo, y para ayudar a este (sic) para que llegue al lugar en el cual se encuentra. No se debe olvidar el reconocido refrán popular que expresa que "detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer" ".
Se detiene en el trámite que se le debe dar a la demanda de divorcio, cuando se alega la causal en estudio y, en especial, a la situación de la parte demandada, para afirmar que se la trata como "un delincuente, como si hubiera cometido alguna falta, puesto que se le da un término perentorio de presentación "so pena de hacerse acreedora a las sanciones legales" no se le permite hablar, ni alegar nada en su favor, pues con el dicho de que "dura es la ley, pero es la ley", abogados, jueces y magistrados proceden sin fórmula de juicio a manifestar que no importan los derechos del inocente, que la ley establece que después de dos años de que uno de los dos haya abandonado el hogar conyugal, el que abandona tiene derecho a que se le conceda el divorcio, y que el otro, el cumplido, quien por quince, veinte o más años a (sic) sido cumplido, quien aún frente al abandono sigue siendo una persona fiel, honesta y dedicada a su hogar, que ha perdonado el abandono de que ha sido objeto, no tiene derecho a nada, ni siquiera a defenderse."
Conceptúa que le asiste razón al actor al afirmar que, en un proceso de divorcio en el que la causal es la separación de hecho por mas de dos años, se desconoce el derecho de defensa del cónyuge inocente, porque se lo cita al proceso para informarle no para ser oído, porque respecto a la solicitud del demandante solo se le permite "tener resignación". Sometimiento que considera violatorio del artículo 29 de la Constitución Política que obliga a las autoridades judiciales y administrativas a respetar el derecho de defensa en todas sus actuaciones.
Empero, afirma que "si una pareja decide contraer matrimonio, contrato que como ya se dijo es reconocido por nuestra constitución, debe respetar y someterse a toda la reglamentación que la ley establece para dicho contrato y el estado de derecho (sic) debe proteger a aquel de los esposos que cumple con sus obligaciones y no como ahora, con la norma demandada que protege es a quien incumple con ellas.".
"(..) cuando una relación conyugal se rompe y ese rompimiento se manifiesta por varios años, concretamente por más de cuatro (4) años, no hay razón para forzar al mantenimiento de un vínculo materialmente inexistente. Cuatro años son más que suficientes para continuar esperando el restablecimiento de la unidad de vida de los casados. Además, la separación de hecho es la más numerosa en la realidad colombiana, sobre todo en los sectores medio y bajo y se hace necesario proveer legalmente a estos casos (...)" "Historia de las Leyes". Legislatura 1992, T.V.. Senado de la República, pág. 46.
Corresponde a la Corte determinar si le asiste razón al actor al pretender que la Corporación declare inconstitucional la expresión "o de hecho", contenida en el numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992 que reformó el artículo 154 del Código Civil, porque, a su decir, si se autoriza el ejercicio de la acción de divorcio al cónyuge culpable de la separación de hecho se quebrantan los artículos 2°, 4°, 6° y 42 de la Constitución Política. También deberá analizarse si resulta acorde con dicho ordenamiento declarar la disolución del matrimonio, haciendo caso omiso de la defensa esgrimida por el demandado, porque el actor aduce que esta actuación, vulnera el artículo 29 de la Constitución Política.
Al respecto cabe afirmar que, acorde con el ordenamiento civil, el matrimonio es un contrato en virtud del cual "un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente"- artículo 113 C.C.- y que de conformidad con la Constitución Política es el vínculo que da origen a la familia jurídica -Inc. 1° artículo 42 -, de tal suerte que el matrimonio es la única fuente obligacional que permite que los derechos y las obligaciones generadas recaigan sobre la persona misma de los contratantes, circunstancia que, de por sí, justifica plenamente que la ley separe los efectos de la interrupción de la vida en común de las consecuencias que le siguen al incumplimiento de las obligaciones pactadas en contratos de contenido patrimonial.
Por el contrario, las causales objetivas pueden invocarse conjunta o separadamente por los cónyuges sin que el juez esté autorizado para valorar las conductas, porque éstos no solicitan una sanción sino decretar el divorcio para remedir su situación. En este caso la ley respeta el deseo de uno de los cónyuges, o de ambos, de evitar el desgaste emocional y las repercusiones respecto de los hijos, que implican, tanto para el demandante como para el demandado, la declaración de la culpabilidad del otro y el reconocimiento de la inocencia propia Stilerman-De León. " Divrocio Causales Objetivas" Buenos aieres , Editorial Universidad 1994..
En consecuencia, la expresión en estudio en cuanto permite a uno de los cónyuges invocar la interrupción de la vida conyugal, por más de dos años, para obtener una sentencia de divorcio, no contraría sino que desarrolla debidamente la Constitución Política, porque los cónyuges que no logran convivir demuestran por este solo hecho el resquebrajamiento del vínculo matrimonial y, si además eligen una causal objetiva para acceder al divorcio, están negando al Estado, estando en el derecho de hacerlo, una intervención innecesaria en su intimidad. De tal manera que al parecer de la Corte le asiste razón a la V.F. y al representante del Ministerio de Justicia cuando reclaman la constitucionalidad de la expresión controvertida, porque el artículo 15 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental el impedir la intervención de terceros en los asuntos propios y el artículo 42 del mismo ordenamiento reclama del Estado su intervención para mantener y restablecer la unidad y armonía de la familia. Y, no se logra estabilidad manteniendo obligatoriamente unidos a quienes no lo desean.
Como la convivencia de la pareja que se une en vínculo matrimonial, no puede ser coaccionada C-600/2000 M.P.A.T.G. -como se dijo- resulta constitucional que probada la interrupción de la vida en común se declare el divorcio, así el demandado se oponga, porque su condición de cónyuge inocente no le otorga el derecho a disponer de la vida del otro -artículo 5° C.P.-. De tal manera que cuando uno de los cónyuges demuestra la interrupción de la vida en común procede la declaración de divorcio porque un vínculo que objetivamente ha demostrado su inviabilidad, no puede, invocando el artículo 42 de la Constitución Nacional, mantenerse vigente debido a que es precisamente esta disposición la que promueve el respeto, la unidad y armonía de la familia y estas condiciones solo se presentan cuando a la pareja la une el vínculo estable de afecto mutuo Ibídem .-
De tal manera que si, como lo afirma el actor y lo corrobora la ciudadana coadyuvante, en los asuntos de divorcio cuando media la separación de hecho por mas de dos años, los jueces no se pronuncian respecto de la culpabilidad o inocencia de los cónyuges, estos estarían incumpliendo su obligación constitucional de administrar justicia, si dicho pronunciamiento se requiere para determinar los efectos patrimoniales de la decisión, empero, las falencias en la aplicación de la ley no pueden ser esgrimidas como cargos de constitucionalidad, porque sabido es que a la Corte no le corresponde analizar la aplicación correcta de la ley sino confrontar las disposiciones controvertidas con el ordenamiento constitucional y, así valorada, la expresión "o de hecho" no debe ser retirada del ordenamiento por cuanto permite a uno de los cónyuges, en presencia de una objetiva ruptura de la comunidad de vida, invocar la disolución del vínculo y, conforme con las disposiciones que la complementan -artículos 160, 162 C.C., 427, 433 y 444 del C. de P.C.-, autoriza al demandado, si así lo desea, para intervenir en el asunto y probar la culpa del actor, con miras a obtener una sentencia que lo faculte para revocar las donaciones y disponga a su favor una pensión alimentaria.
3.3. En conclusión, la expresión "o de hecho" contenida en el numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que reformó el artículo 154 del Código Civil, no desconoce los artículos 4° y 6° de la Constitución Política por apartarse de las disposiciones que regulan el incumplimiento en los contratos patrimoniales, porque un contrato en el cual el objeto es la persona misma así lo exige- artículos 1°, 2° y 5° C.P.-, tampoco se quebranta el artículo 42 del ordenamiento constitucional, cuando, ante la evidente ruptura que denota la interrupción de la vida en común, por más de dos años, se faculta a cualquiera de los cónyuges, sin reparar en la mayor o menor participación en el rompimiento, para instaurar la acción de divorcio, porque se vulnerarían los anteriores preceptos constitucionales si, olvidando los derechos inalienables de la persona y su dignidad, se impusieran medidas coactivas para obligar a los cónyuges a mantener, en contra de su voluntad y de la evidencia, un vínculo inexistente.
Declarar EXEQUIBLE la expresión "o de hecho" contenida en el numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992 que reformó el artículo 154 del Código Civil.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 17166 de 7 de Mayo de 2002
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 2012-02440-00 de 21 de Noviembre de 2012
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 28159 de 4 de Mayo de 2010
Sentencia nº 68001-23-33-000-2015-01147-01 de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 28 de Enero de 2016
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - nº 1100131030092007-00456-01 de 8 de Septiembre de 2011

References: artículo 6
 artículo 154
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 artículo 6
 artículo 6
 artículo 29
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 29
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 artículo 6
 artículo 154
 artículo 29
 artículo 113
 artículo 42
 artículo 15
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 6
 artículo 154
 artículo 42
 artículo 6
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