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título Conclusiones Seminario Celebrado el 27 de Junio de 2007
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Resultados Objetivo Operacional 2.2
II Plan estratégico REBIUN 2007-2010
Buenas prácticas en materia de gestión de derechos de autor para bibliotecas universitarias
Conclusiones Seminario Celebrado el 27 de Junio de 2007 4
Asistentes 4
Documento guión debate 4
Temas posibles para el debate 7
a) Servicios de obtención de documentos 7
b) Suministro de copia de obras al profesorado para que las pongan a disposición de sus alumnos. 12
c) Creación de repositorios institucionales o consorciados 14
Dentro del II Plan estratégico de REBIUN 2007-2010, y en concreto, en la línea estratégica 2 “REBIUN en el ámbito de la Investigación”, se planteó como segundo objetivo operacional la elaboración de “2.2. Definir recomendaciones para la gestión de los derechos de autor de obras que se producen en el marco de las universidades”
En el desarrollo y consecución de este objetivo participaron las siguientes universidades:
Coordinador: Universitat Oberta de Catalunya
Para la realización del objetivo 2.2, se decidió organizar un seminario con reputados expertos en materia de derechos de autor que pudieran ayudarnos a definir recomendaciones básicas en esta materia.
Para la realización de este seminario, se contó con la colaboración de la profesora Raquel Xalabarder de los Estudios de Derechos de la Universitat Oberta de Catalunya.
La profesora Xalabarder no sólo puso a nuestra disposición sus amplios y reconocidos conocimientos en la materia sino que también colaboró en la organización, a través del programa de investigación “Propiedad Intelectual e Internet” que ella misma dirige, del seminario de expertos.
Para la realización del seminario, se elaboró un documento de trabajo que sirviera de guión para las cuestiones a debatir (el documento se remitió previamente a los invitados del seminario).
A continuación se presentan las conclusiones de dicho seminario, celebrado el 27 de junio de 2007 en la sede de la Universitat Oberta de Catalunya.
No podemos finalizar esta introducción sin aprovechar para agradecer a los asistentes, no sólo su predisposición a colaborar en este evento sino también su interés e importante aportación en los temas planteados.
José Carlos Erdozain (Asesor jurídico AISGE)
Fernando Carbajo (Universidad de Salamanca)
Ramón Casas (Universidad de Barcelona)
Ignasi Labastida (Creative Commons España, UB)
Santiago Orós (Jefe Registro de Propiedad Intelectual de Catalunya)
Patricia Riera Barsallo (Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya)
Raquel Xalabarder (Universitat Oberta de Catalunya)
Excusan su asistencia (posterior participación vía correo)
Sonia Pais (Universitat Oberta de Catalunya)
Nazareth Pérez de Castro (Universidad de Alcalá de Henares)
Rafael Sánchez Aristi (Universidad Rey Juan Carlos)
Documento guión debate
En nuestras universidades se están llevando a cabo la digitalización y posterior puesta a disposición de partes de obras protegidas por derechos de autor.
Estos usos responden habitualmente a la necesidad de poner a disposición de los miembros de la comunidad universitaria – principalmente, estudiantes, profesorado y personal investigador – la documentación que necesitan para poder desarrollar sus actividades.
Este tipo de actividades se realizan tanto por parte de las bibliotecas universitarias (vía servicios como el de obtención de documentos), como por parte del profesorado (por ejemplo, cuando crean su dossier de lecturas o materiales complementarios / recomendados / obligatorios asociados a sus asignaturas) e incluso por parte de los propios estudiantes – por ejemplo, estudiantes que intercambian documentos (artículos, capítulos de libros, etc.) a través de espacios virtuales comunes que la universidad pone a su disposición o bien a través de espacios ajenos a la universidad (tipo el Rincón del vago)-
Si nos centramos en el caso concreto de las bibliotecas universitarias, podríamos clasificar las situaciones en las que las bibliotecas realizan digitalización de obras y posterior puesta a disposición en tres grandes grupos:
a) Servicios de obtención de documentos
A petición de los usuarios, las bibliotecas universitarias localizan y ponen a su disposición (en el sentido coloquial, que no jurídico, de la expresión) aquellos documentos – artículos, libros, audiovisuales, etc. – que solicitan.
Si hasta ahora este tipo de servicios, sobre todo cuando se trataba de la localización y puesta a disposición de artículos de revista o capítulos de libros, consistía en el fotocopiado (reproducción) y entrega de la fotocopia (distribución), en estos momentos lo habitual es realizar una digitalización de la obra solicitada y posteriormente envío vía correo electrónico de dicha obra digitalizada.
Habitualmente, son servicios gratuitos para los usuarios aunque en ocasiones van sujetos a una tarifas que cubren el coste básico del servicio – no se apreciaría por tanto existencia de ánimo de lucro por parte de las bibliotecas–
b) Suministro de copia de obras al profesorado para que las pongan a disposición de sus alumnos.
Las bibliotecas universitarias actúan en muchas ocasiones como suministradoras de documentos que el profesorado solicita para crear las lecturas complementarias u obligatorias de las asignaturas que recomiendan a sus estudiantes.
De nuevo aquí, si antes lo habitual era proporcionar una copia (sobre todo de artículos o capítulos de libros) al profesor y éste posteriormente la incluía en un dossier en formato papel que el estudiante fotocopiaba (o adquiría en los servicios de copistería de la universidad), en la actualidad lo habitual es que la biblioteca (o en ocasiones, el propio personal docente) digitalice las obras y posteriormente las ponga a disposición de los alumnos vía los espacios de intranet educativa que la universidad pone a su disposición.
c) Creación de repositorios institucionales o consorciados
En los últimos años, las bibliotecas universitarias han iniciado la creación de repositorios – bases de datos – con contenidos generados en el seno de la propia universidad.
Estos contenidos se digitalizan (aunque cada vez más ya nacen de origen en formato digital) y a continuación se indexan en bases de datos a las que se da acceso a los miembros de la comunidad y, en ocasiones, a personas externas a la propia comunidad universitaria.
En general, se están incluyendo en estos repositorios:
trabajos fin de carrera, tesinas y tesis
resultados de investigación de personal docente o investigador de la propia universidad
material docente elaborado por el personal docente de la universidad
material del archivo de la universidad (grabaciones de conferencias, archivo fotográfico, lecciones inaugurales, discursos de honoris causa, etc.)
obras editadas por la propia universidad (generalmente, revistas)
En Cataluña, algunos de estos repositorios se están construyendo de forma consorciada a través del CBUC (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña)
Temas posibles para el debate
Siguiendo el esquema iniciado más arriba en relación a las actividades de digitalización que realizan las bibliotecas, se plantearon algunas cuestiones para el debate.
Como se ha indicado anteriormente, en el momento en que a través de este servicio se suministran artículos o partes de libros las bibliotecas realizan:
una digitalización
un envío por correo electrónico al usuario que ha solicitado la digitalización
Sobre la digitalización, parece claro que aquellos actos de reproducción que puedan justificarse con fines de investigación quedarían cubiertos por el artículo 37.1 del TRLPI
¿Cómo puede la biblioteca universitaria definir / determinar los fines de investigación de sus usuarios?
¿Podría hacerse una calificación genérica de dichos fines en función del usuario que solicite la copia – por ejemplo, considerar que si lo solicita personal docente, o doctorandos, tendrá dicha consideración -?
Se destacan tres criterios que combinados pueden ayudar a definir la finalidad de investigación:
el tipo de material objeto de la reproducción: por sí solo, este criterio puede ser complejo (destacándose además que en ciertos casos la indagación podría violar aspectos de privacidad del usuario)
el perfil del usuario que solicita la reproducción
la persona que realiza la reproducción o el lugar en que se encuentre la fotocopiadora (es decir, si la máquina está accesible al público en general o sólo es accesible al personal de la biblioteca)
En relación a la ubicación de las máquinas fotocopiadoras, se destaca lo siguiente:
máquinas fotocopiadoras que están ubicadas dentro de la biblioteca pero que dependen de una empresa de copistería (generalmente, la propia empresa contratada por la universidad): estas copias están sujetas a la licencia que tenga la empresa de copistería y por tanto no son responsabilidad de la biblioteca. Evidentemente, es más que probable que mediante estas máquinas se estén realizando reproducciones con fines de investigación que no se están beneficiando del límite del 37.1 al quedar al amparo de la licencia que la empresa de copistería haya firmado con una entidad de gestión (lo cual evidentemente, es perjudicial para los usuarios que dejan de beneficiarse de ese límite legal). En todo caso, se entendería que este tipo de máquinas no son responsabilidad de la biblioteca.
máquinas fotocopiadoras que están ubicadas fuera de la biblioteca y que dependen de una empresa de copistería: mismo comentario que en el caso anterior
máquinas fotocopiadoras ubicadas en dependencias internas de la biblioteca y a la que no tienen acceso los usuarios o bien máquinas que la biblioteca pone a disposición del investigador para que éste se realice la copia: las reproducciones realizadas con estas máquinas, de material protegido y a petición de los usuarios, serían las que podrían justificarse con fines de investigación y por tanto entrarían dentro del límite del 37.1
En relación al envío por correo electrónico,
¿Qué calificación jurídica podríamos darle a dicho acto? ¿es una acto de puesta a disposición el envío a un único usuario?
En relación al envío por correo electrónico de documentos que nos han solicitado los usuarios vía el servicio de obtención de documentos, algunos de los asistentes consideran que dicho acto podría calificarse como un acto de comunicación público.
Ahora bien, también se sostiene la tesis de que el envío por correo electrónico, al ser personalizado – es decir, a un solo usuario – no supondría comunicación pública sino privada. Distinto sería si estuviéramos ante un caso de envíos de correo electrónico masivos y del uso de listas de distribución.
Hay consenso en determinar que no se trataría de un acto de puesta a disposición pública dado que carecería del aspecto de interactividad que caracteriza a esta modalidad de comunicación pública.
Si fuera así, ¿deberíamos entender que el artículo 37.1 tiene aplicación sólo en el entorno de servicios analógicos?
Sobre este punto, la cuestión a determinar era si podía aceptarse una interpretación del artículo 37.1 que permitiera extender el efecto del límite de forma que quedara cubierta tanto la reproducción con fines de investigación como la comunicación pública (en caso de que se considere que enviar por correo electrónico lo es) que se realiza para enviar el documento digitalizado con tal fin al usuario que lo hubiese solicitado (no parece que se haya cuestionado hasta la fecha que cuando la reproducción suponía realizar una fotocopia, dicha fotocopia debía entregarse al usuario y por tanto el artículo 37.1 cubría también el acto de distribución posterior que se realizaba).
Si bien, en un primer momento el debate se decantó a favor de una respuesta positiva – partiendo de una lectura finalista de los límites - lo cierto es que en una segunda vuelta de reflexiones se llegó a la conclusión contraria.
La razón de peso que se esgrime para considerar que el artículo 37.1 no podría extender sus efectos al acto de comunicación pública que realiza la biblioteca se encuentra en la interpretación sistemática de los artículos 37.1 y 37.3 del TRLPI.
La actual estructura del artículo 37 es la siguiente:
un límite a la reproducción (apartado 1)
un límite a la distribución (apartado 2)
un límite a la comunicación pública (apartado 3)
De esta forma de estructurar el artículo 37 se desprende que los actos de comunicación pública que el legislador ha querido permitir a las bibliotecas deben restringirse a los que se realizan a través de terminales especializados instalados en los locales de dichos establecimientos.
La conclusión a la que se llegaría a partir de esta interpretación es que el actual artículo 37.1, y pensando en el servicio de obtención de documentos que realizan las bibliotecas, quedaría restringido al ámbito analógico (fotocopia y entrega de fotocopia de la obra protegida realizada con fines de investigación) pero no sería de aplicación en aquellos casos en los que dicho servicio implique el envío al usuario por correo electrónico de la copia de la obra protegida.
La principal consecuencia de esta interpretación sería que un servicio de obtención de documentos que remita la copia digitalizada al usuario mediante correo electrónico debería contar con la autorización de los titulares aunque la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación. No, en cambio, si le facilitará la información en un soporte, incluso del propio interesado (p.e. un “lápiz de memoria”) cosa que, desde luego, no deja de ser extraña.
De todas formas, cabe recordar que también algunos de los asistentes defienden la postura contraria. No hay un acto de comunicación pública en la acción de remitir por correo electrónico un documento a un usuario (falta el concepto de público). Si ese usuario solicita o realiza1 la copia con fines de investigación, puede ampararse su petición en el artículo 37.1.
¿Qué responsabilidad tiene la biblioteca en relación a los usos posteriores que el usuario realice de la copia digital que se le haya remitido?
o dicho de otra forma, ¿cómo puede indicar la biblioteca al usuario qué tipo de uso – respetuoso con el derecho de autor - debe realizar de la copia digital que se le remite 2?
Sobre este punto, lo primero que se destaca es que la biblioteca no puede imponer condiciones de uso del material. Es la ley la que marca este aspecto.
Por otro lado, también se destaca que la biblioteca está exenta de responsabilidad en tanto en cuanto su actuación se limite a lo que marcan los límites de la ley de PI.
En caso de que el material esté sujeto a una licencia, los usos que el usuario podrá realizar serán los que se establezcan en ésta. Sería conveniente por tanto, dar a conocer a los usuarios las condiciones de las licencias que tengamos.
En caso de que el material no esté sujeto a una licencia, la biblioteca debería limitarse a indicar lo que marca la ley: que la reproducción se realiza con fines exclusivos de investigación, fines a los que deberá atenerse el usuario, y, en su caso, a tareas de divulgación y estímulo en cuanto al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
Como se ha indicado anteriormente, en estos momentos muchas bibliotecas universitarias proporcionan al profesorado artículos o capítulos de libros para que ellos los pongan a disposición de sus estudiantes a través de espacios virtuales.
¿Hasta qué punto este tipo de actos estaría cubierto por el límite a favor de la ilustración de la enseñanza del artículo 32.2 del TRLPI?
Se constata que la actual redacción del artículo 32.2 es del todo insuficiente para las necesidades propias de cualquier actividad educativa.
El primer escollo, está en determinar si cuando la ley habla de aula se puede englobar tanto el aula física como el aula virtual (el Consejo de Estado, en su dictamen al Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual – expediente número 187/2007 – ya manifestada su opinión de que la redacción del artículo 32.2 no incluía las aulas virtuales)
A partir de la redacción del artículo:
“2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.”
Se especula con la siguiente interpretación: la actividad educativa es la que se debe realizar en las aulas (físicas) pero la ilustración de dichas actividades puede realizar tanto dentro como fuera de éstas – y por tanto, se podrían entender comprendidos espacios virtuales de relación entre profesorado y alumnos –. O dicho de otro modo, cabrían situaciones en las que la docencia presencial se complementara con docencia on-line, pero no para aquellas situaciones en las cuales la docencia es íntegramente no presencial.
De todas formas, se constata que éste no es el único problema del artículo. Cuando se indica “pequeños fragmentos de obras” hay consenso en destacar que no se está haciendo referencia a, por ejemplo, un artículo.
Ante esta redacción, la recomendación que se realiza es la solicitud de licencias para la confección por parte del profesorado de dossiers de materiales protegidos, pero dejando muy claro en las condiciones de la licencia que bajo ningún concepto ésta afectará o se aplicará a los usos que se puedan realizar al amparo del límite de cita del artículo 32.1
Cuando un profesor solicita la reproducción de una obra descatalogada, ¿podría la biblioteca justificar la digitalización y puesta a disposición posterior de la copia con el límite del 37.1 del TRLPI – fines de conservación?
Se considera que la biblioteca puede realizar una reproducción íntegra de una obra descatalogada (entendiendo como tal, y en sentido estricto, aquella obra que ya no está disponible en mercado – y habiendo comprobado con diligencia dicha situación -) con fines de conservación.
Se indica así mismo un importante matiz: para poder justificar dicha reproducción la obra debe pertenecer al fondo de la biblioteca que realiza el acto de conservación. No se entenderían por tanto comprendidas aquellas obras que la biblioteca obtienen de otro centro (ya que es al centro suministrador al que le correspondería realizar la conservación)
Se especula, no obstante, con el recurso, en estos casos, en el Art. 37.1 (reproducción con fines de investigación)
De nuevo se remarca que, si bien la reproducción con fines de conservación puede ampararse en el artículo 37.1, la comunicación pública posterior que deseemos realizar con dicha reproducción debería sujetarse a los criterios que marca el artículo 37.3
De nuevo en este caso nos encontramos que las bibliotecas realizan actos de reproducción y puesta a disposición de contenidos generados en el seno de la institución.
Para organizar el debate, deberíamos distinguir entre:
obras creadas por los estudiantes
obras creadas por personal docente o investigador de la universidad
obras creadas por personal de gestión PAS de la universidad
obras creadas por personal externo a la universidad (por ejemplo, artículos publicados en revistas que publica la universidad)
Además, en los casos 2 y 3, podemos estar ante situaciones en las que el personal sea funcionario o laboral. Y en el caso 1 – estudiantes – situaciones en las que éstos hayan realizado de forma autónoma el trabajo o bien con el asesoramiento de personal docente de la universidad (caso por ejemplo de tesis y ciertos trabajos de fin de carrera)
En el caso de trabajos fin de carrera, tesis, tesinas y trabajos académicos de los estudiantes:
¿Cuándo podemos afirmar que son obras divulgados y cuándo inéditas?
En cada caso, y en ausencia de pactos de cesión de derechos a terceros, ¿se puede presumir que los derechos de autor corresponden a la persona que aparece como tal en el trabajo?
¿Cuál es la incidencia de las licencias tipo creative commons en este tipo de obras?
En el caso de revistas editadas por la universidad:
Partiendo de una situación de ausencia de contratos entre autores y la universidad para la publicación en revistas que esta edita, ¿cuándo podría la biblioteca digitalizar e introducir en un repositorio las revistas de la universidad?
Si el autor no firma nada con la universidad ¿puede la universidad publicar los contenidos de la revista bajo licencias creative commons?; ¿qué implicación tendría para el autor?
Las bibliotecas están empezando a digitalizar los fondos más antiguos; la situación habitual con la que se encuentran es que no hay constancia de autorización alguna del autor para explotar su obra y además es difícil (y en ocasiones ciertamente imposible) localizar al autor.
Ante esta situación de obras huérfanas, ¿qué características debería tener la solución que ofreciera el ordenamiento jurídico? 3
El debate acerca de las tesis y su condición o no de obras divulgadas ha sido intenso y aunque no se ha llegado a un consenso unitario al respecto, finalmente han sido más los expertos que se han decantado a favor de considerar este tipo de obras como divulgadas.
La importancia de determinar si la tesis es una obra o no divulgada radicaba en saber si les eran aplicables los límites de la ley de PI o si por el contrario han de ser materiales que, a falta de una autorización expresa del titular del derecho, deben permanecer en las universidades bajo mera custodia.
A favor de la consideración de las tesis como obras divulgadas se esgrimió como argumento que la divulgación de este tipo de obras se produce desde el momento en que se pone a disposición de la comunidad académica para su consulta y evaluación. Por otro lado, se destaca que justamente el objetivo de una tesis no es otro que permitir una evaluación de tus conocimientos sobre una disciplina concreta por parte de los miembros de dicha disciplina (y poder entrar a formar parte así de una comunidad de reconocidos expertos sobre la misma)
En contra de la consideración de las tesis como obras divulgadas se esgrimió como argumento el considerar que su puesta a disposición de los miembros de la comunidad académica es en realidad una obligación derivada de una norma administrativa. Una norma de este estilo no puede forzar al autor a divulgar su obra (derecho moral del autor). Ahora bien, se apunta – como contra argumento a éste – que la decisión de divulgar no deja de ser en último extremo - decisión de quien realiza la tesis. Su derecho moral está salvaguardado pese a que la decisión de no divulgar tenga consecuencias negativas para él en el plano académico.
Respecto a la presunción de autoría, y salvo prueba en contrario, se considera que efectivamente ésta puede presumirse a favor de la persona que aparezca como tal en la tesis.
En todo caso, se recomienda que las universidades desarrollen contratos de cesión de derechos que vinculen a los autores de las futuras tesis con la institución y en los que se solicite autorización para todos los actos que se deseen realizar. Sobre este punto, se llama la atención sobre las posibles consecuencias que este tipo de acuerdos pueden tener en el futuro para el autor que desee publicar sus tesis vía editores comerciales externos a la universidad.
En relación al uso de licencias creative commons, se llama la atención sobre ciertos errores que se están cometiendo en el mundo académico y que consiste en publicar bajo dicho tipo de licencias contenidos ajenos (previamente licenciados también con este tipo de acuerdos) y arrogarse unos derechos que previamente el autor no ha cedido (por ejemplo, el derecho a autorizar o prohibir transformaciones de las obras)
Se aconseja tomar como modelo la política de PLOS (www.plos.org)
Sobre este tema de las licencias cc, también se destacan los siguientes aspectos:
respecto a la cesión de derechos: si bien esta no puede tener carácter de indefinida, surgen dudas acerca de si se tendrían que aplicar, en defecto de pacto en contrario, los 15 años que marca la ley de PI para el contrato de edición
también se destaca que es importante que las revistas informen a los autores de que sus artículos van a publicarse bajo este tipo de licencias y en qué condiciones. La forma de informar debe ser suficientemente explícita por parte de la revista (proporcionarle la información al autor o asegurarse que éste tiene que consultarlas necesariamente para poder publicar en la revista)
Sobre las obras huérfanas: hay consenso en considerar que la solución que la ley de PI da en estos momentos aconseja a los interesados no hacer uso de este tipo de obras.
Las recomendaciones que se perfilan:
una primera, y que es aplicable al resto de puntos: hacer una buena valoración del riesgo en el que incurre la biblioteca
se apunta como posible mecanismos para demostrar diligencia por parte de la biblioteca en su comprobación de que está ante una obra huérfana la expedición por parte del Registro de PI de certificados negativos de registro (si bien el registro de una obra no es obligatorio, sí que puede ser una buena fuente en el momento de querer demostrar que se ha hecho todo lo posible para localizar al titular de la obra pero que éste no está localizable)
si se ha realizado un acto de explotación de una obra huérfana (y entendiendo que dicho acto no puede ampararse en un límite de la ley de PI) indicar de forma visible junto a la obra todas las gestiones que se han realizado para localizar al titular de los derechos junto con las instrucciones necesarias para que, en caso de que dicho titular aparezca, pueda ponerse en contacto con los responsables del acto de explotación (serviría como forma de minimizar la posible demanda por daños y perjuicios)
Finalmente, se resalta sobre este tema que la licencia para reprografía que actualmente concede CEDRO ya está actuando como una solución en el caso de obras huérfanas (se puede reproducir cualquier obra dentro de los límites de la licencia sin necesidad, por parte del usuario, de comprobar su estado)
1 En este punto se destaca que la atribución de la condición de copista a la biblioteca o al usuario final no es relevante; el límite habla de reproducciones realizadas “por” museos, bibliotecas, etc. aunque dicha reproducción (en el caso de los fines de investigación) no sean “para” ellos, sino para el personal investigador. Si la reproducción es encargada por un determinado investigador podía interpretarse que era él quién jurídicamente realizaba la copia (aunque no la confeccionaría materialmente).
2 Generalmente, las bibliotecas están utilizando una redacción “libre” del artículo 31.2 del TRLPI para indicarles a sus usuarios que no compartan la información que se les remite. En concreto, la frase habitual sería del tipo: “Te recordamos que esta copia es para tu uso privado y no puedes utilizarla de forma colectiva ni lucrativa”
3 Se anexa el informe realizado por High Level Expert Group – Copyright Subgroup sobre preservación digital, obras huérfanas y obras descatalogadas
Las retamas floridas en El Teide. Junio de 2007
Y desde Junio 11 de 2007 se emitió por la emisora ondas e la montañA,...
Tesis o teoría científica (conclusiones)
Tabla de contenido introduccion: 3 conclusiones: 5 (11Se)Bibliografía 6
Texto de conclusiones finales grupo de trabajo 3: derechos de la madre tierra
Solución el Razonamiento lógico se establece cuando bajo premisas...

References: artículo 37
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 artículo 32
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 artículo 37
 artículo 31