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Timestamp: 2017-10-21 19:39:40+00:00

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By Eugenio Gómez 08 Ago, 2017 General a, Asturias, Oviedo, plusvalía, reclamación, tributaria
En esta sentencia se observa como el juez valora realmente la situación de indefensión del contribuyente ante un impuesto , que lejos de materializar un hecho en el que se produce una obtención de ganancias patrimoniales, está a todas luces fuera de la realidad social y económica, como así lo ha puesto de manifiesto en este mismo año el Tribunal Constitucional, al exonerar del impuesto de PLUSVALÍA MUNICIPAL cuando no exista obtención de ganancia en la transmisión del inmueble.
El Juzgado anula el pago de la plusvalía por un garaje vendido en pérdidas.
El Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 ha dejado sin efecto una liquidación del impuesto de plusvalía de 190,88 euros, emitida por el Ayuntamiento a partir de la venta de una plaza de garaje a un precio inferior al de su adquisición por parte de un particular. En el fallo, la magistrada que vio el caso aplica una reciente doctrina del Tribunal Constitucional en la que se establece que en aquellos casos en los que “no ha habido incremento alguno en el valor” del bien “no hay razón para el cobro del impuesto”, dado que, en último término, “no existe hecho imponible”.
Además, el Alto Tribunal determina, y así se recoge en esta sentencia, que “la carga de la prueba” para decidir si realmente hay un hecho imponible que justifique el cobro del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) corresponde a la Administración.
Hasta ahora, subraya el fallo, el sistema legal “partía de la base” de que siempre se producía un incremento de valor. Se trataba de una interpretación que, para la magistrada, “no se puede mantener” a la vista de la doctrina del Constitucional.
Así las cosas, y “entre tanto no se defina un nuevo marco legal para el impuesto que nos ocupa”, el fallo apunta que una vez que por el contribuyente “se cuestione con un mínimo fundamento que el incremento de valor no se ha producido”, no le correspondería a él “la prueba de no realización del hecho imponible”, sino que debe ser la Administración tributaria quien pruebe que realmente se produjo. “Todo ello al desaparecer el soporte legal que antes existía para presumir que dicho incremento de valor se produjese siempre”, sostiene la jueza.
Los Juzgados ovetenses ya han dictado, al menos, dos sentencias anulando el cobro de la plusvalía con este argumento. En todo caso, y pese a estimar el recurso, la magistrada no impone el pago de costas, “al no estar asentado todavía un criterio jurisprudencial” al respecto.
La magistrada afirma que, al no haber “incremento de valor”, el Consistorio se queda sin “hecho imponible” para cobrar.
Por tanto todos aquellos contribuyentes que hayáis obtenido pérdidas en la venta de algún inmueble, podéis recurrir en el plazo de 4 años desde la fecha de la transmisión del mismo , sea por venta o por herencia.
Para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición en los diferentes canales de nuestra web.
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LAS RECLAMACIONES /RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
By admin-reclamaciones 01 Mar, 2017 Artículos de interés, Reclamaciones y quejas alzada, Ayuntamiento, contencioso-administrativo, ejedcución, Haciendas, Ley, ley.general, Locales, plazos, plusvalía, prescripción, reclamación, reclamaciones, recurso, recursos, reposición, revisión, TEAC, TEAR, tribunal, tributaria, valor, valor catastral
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS RECLAMACIONES/RECURSOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:
La tutela efectiva del contribuyente es un derecho primordial, y en lo que se refiere a este capítulo, la ley general tributaria pone al alcance los medios para salvaguardarse de resoluciones lesivas para nuestros intereses.
Conviene tener en cuenta algunos aspectos en el inicio de cualquier alegación antes de proceder al recurso de reposición o reclamación económica-administrativa:
Siempre que se reciba una propuesta de liquidación, conviene revisarla detenidamente, y si consideramos que hay motivos de oposición sobre los hechos o formas en el procedimiento que se revisa, se debe presentar alegaciones en un plazo entre los 10 o15 días hábiles (potestativo del órgano, a partir de la notificación del mismo.
En el caso de que la propuesta de liquidación se convierta en liquidación provisional o definitiva (esto es, después del trámite de alegaciones), resultará la deuda tributaria.
Esta podrá ser impugnada, por uno de los medios indicados anteriormente, pero el hecho de recurrirla, no implica la obligación de NO pagar, salvo que exista una suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido:
1.-Suspensión de la ejecución en Recurso de Reposición:
a) haber recurrido la liquidación y prestar garantía suficiente para la cobertura del saldo de la deuda e intereses de demora
b) cuando se aprecie que en el acto recurrido, existen errores aritméticos, de hecho o materiales , apreciados por la administración.
2.-Suspensión de la ejecución en reclamación económica-administrativa:
Para que la solicitud sea admitida, se deberá acompañar de documento acreditativo de garantía como en el apartado a) anterior. Y si se hubiere obtenido en el recurso anterior, se hará mención expresa
En caso que el contribuyente no contase con garantías suficientes, como puede ser garantía hipotecaria o mobiliaria prenda con/sin desplazamiento, derechos de crédito, el órgano competente puede conceder la suspensión de la deuda, verificando la solvencia y suficiencia de las garantías aportadas. Al escrito de solicitud de suspensión, se acompañará algún tipo de certificado o carta bancaria, relativa a la falta de capacidad patrimonial del contribuyente que sirviese como garantía de la deuda tributaria.
3.- Suspensión con dispensa parcial o total de garantías.
Brevemente, a lo anterior habría que añadir la circunstancia que el acto impugnado tuviera como consecuencia daños al recurrente de imposible o muy difícil reparación.
Asimismo, siempre que se aprecien errores en cálculo, de hecho o aritméticos en el acto recurrido.
En cualquier caso, siempre que la suspensión se solicite al Tribunal en escrito aparte, se ha de remitir una copia de dicha solicitud al órgano competente de recaudación a los efectos de la suspensión cautelar
La Ley General Tributaria contempla tres medios o cauces para la revisión de las actuaciones en cualquier procedimiento : verificación de datos, comprobación limitada, comprobación de valores e inspeccion :
I.- Recurso de reposición:
Previo al recurso económico-administrativo. Aconsejable cuando se trata de errores de cálculo o interpretación incorrecta. No se podrá acudir al TEAR, hasta haber agotado esta vía.
El plazo para interponer recurso es de un mes natural, contado a partir del día de notificación.
II.- Reclamación económica-administrativa ante el TEAR (TribunalEconómicoAdministrativo Regional) o Tribunal Económico-administrativo Municipal,si así procediera:
Bien directamente o una vez agotada la vía anterior.
Aconsejable para casos más complejos, donde la Administración ya haya manifestado su disconformidad, cuando se invoque jurisprudencia o bien cuando se solicite dispensa parcial o total a través de solicitud de suspensión de deuda tributaria.
El escrito de interposición se presentará en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a aquel en que se considere rechazado el recurso de reposición, por haber transcurrido sin resolución expresa el plazo máximo de un mes.
Con la resolución en esta instancia, se pone fin al procedimiento administrativo, con dos salvedades que a continuación se señalan, teniendo en cuenta que la duración máxima para resolver el expediente por parte del tribunal será de 1 año desde la interposición. Transcurrido ese período, sin haber recibido contestación, se entenderá desestimada, a efectos de interponer nuevo recurso.
Contra la resolución de la reclamación caben dos recursos “excepcionales” por su propia naturaleza:
Recurso de anulación:
Con el fin de subsanar defectos de la propia resolución del TEAR, y previo al Recurso de Alzada ordinario o al contencioso-administrativo. El plazo es de 15 días, a partir de la notificación de la resolución del Tribunal, y será recurrible sobre las siguientes causas:
1.- Cuando el tribunal no haya contestado de forma manifiesta en su resolución a las cuestiones planteadas por el contribuyente.
2.-Cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas presentadas en forma y tiempo.
3.-Cuando la reclamación sea contemplada inadmisible de forma incorrecta por el tribunal.
Transcurrido 1 mes el tribunal resolverá y en caso de silencio administrativo positivo, se entenderá desestimado, pudiendo el contribuyente iniciar el Recurso de Alzada.
Recurso de Alzada ordinario:
Se iniciará contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económicos-administrativos ante el Tribunal Económico Central en el plazo de un mes , contado desde el día siguiente a la notificación o de la presunta desestimación por el transcurso máximo del plazo establecido; esto es, un año. A partir de este momento, el contribuyente puede entender desestimada el recurso o esperar a la resolución expresamente.
Este recurso se dirigirá al propio Tribunal que hubiera dictado la resolución anterior, aportando las alegaciones anteriores, y únicamente serán admisibles, aquellas que no
hubieran sido admitidas en el procedimiento anterior.
Es decir, en este nivel lo que se dirime, no es el acto administrativo en sí, sino que la resolución del órgano que ha resuelto ha sido incorrecta.
Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.
Cuando no proceda el recurso de alzada contra la resolución del TEAR ( por ser el acto firme en vía administrativa ), la administración podrá interponer este recurso, cuando estimen lesivas las resoluciones emanadas por el TEAC ( Tribunal económico central )
Recurso extraordinario para la unificación de doctrina
Similar al anterior, el TEAC resolverá a través de su sala especial en el plazo de 6 meses, el recurso interpuesto por la administración para establecer una doctrina a futuro.
Procedimiento abreviado ante Organos Unipersonales.
En esta vía económica-administrativa, se pretende ser más rápido cuando se presenten las siguientes reclamaciones:
1.- Falta o defecto de notificación
2.-Insuficiencia o falta de motivación del acto.
3.- Cuando la cuantía sea inferior a 6.000 € o la base o valoración sea inferior a 72.000 € (art. 64 Reglamento de Revisión)
4.- Cuando se reclamen cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.
En todos estos casos, se resolverán en única instancia por los TEAR, mediante los órganos unipersonales que se determinen por el Reglamento.
En este procedimiento, además de la información requerida, es importante formular las alegaciones y pruebas conducentes a su estimación, ya que no hay trámite posterior para realizar posteriormente dichas alegaciones.. El escrito se dirigirá al órgano que resolvió, el cuál lo remitirá al Tribunal junto con el expediente.
El órgano podrá convocar vista oral convocando al contribuyente para fundamentar sus alegaciones.
El plazo máximo para resolver será de 6 meses, considerando desestimado este recurso transcurrido ese plazo.
Contra este recurso no caber recurso de alzada ordinario, debiendo acudir a la vía judicial contencioso-administrativa. Pero si se podrá recurrir a los recursos posteriores administrativos ya visto.
III.- Procedimientos especiales de revisión (art. 216 LGT):
Dentro de los cuales se encuentran entre otros: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS (art. 221 LGT). Este último procedimiento está hoy en pleno auge, dadas las últimas sentencias emanadas de diferentes órganos administrativos o judiciales, que han venido a dar la razón a muchos recursos iniciados por el contribuyente, en lo referente a impuestos de índole tanto autonómico como de ámbito municipal, tales como: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Plusvalía Municipal, I.B.I, etc ….
Agotada el procedimiento administrativo, sólo nos queda acudir a la vía judicial con los siguientes medios:
Cuando se pone fin a la vía económica-administrativa y no procede recurso de alzada ordinario, el contribuyente podrá acceder a este procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma; o la Audiencia Nacional en caso de recurso proveniente del TEAC.
El plazo para interponer recurso será de 2 meses desde que se notificó resolución en vía administrativa.
En este procedimiento es necesario contar con letrado y procurador, con los consiguientes gastos en caso no ser favorable la sentencia y tener que asumir las costas.
Cuando el plazo para impugnar el acto ha transcurrido, sin interponer recurso, se dice que la sentencia adquiere “firmeza”.
En este recurso, se trata de “repescar”, cuando no se hizo en los plazos ordinarios , por haberse dados circunstancias especiales , previstas en el art. 244 de L.G.T.:
Que al dictar el acto o resolución hayan influido esencialmente, documentos o testimonios falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a la resolución, sin ser conocida en el momento de dictar el acto.
Que el acto hubiera sido dictado como consecuencia de prevariación, cohecho, violencia …
Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto posteriores a la resolución anterior, o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidenciaran el error cometido. Por ejemplo, una sentencia del TSJ de Valencia, de hace unos meses, donde echa por tierra una Orden del 2013 en cuanto al valor catastral de los inmuebles, sin tener en cuenta las características individualizadas de los inmuebles: antigüedad, uso, estado de conservación, superficie, etc.….
Este recurso se interpondrá en el plazo de 3 meses desde el conocimiento de los documentos desde que quedó firme la sentencia judicial, y se presentará el recurso siempre ante el TEAC.
La duración de este procedimiento será de un año desde que se interpuso el recurso; transcurrido ese plazo, se entenderá desestimado; no obstante el contribuyente podrá presentar si lo estima oportuno si no hay resolución expresa, recurso al contencioso-administrativo.
Y para finalizar y brevemente, las principales causas por las cuales podemos interponer una alegación o recurso son por su naturaleza:
1.- Por defectos en la tramitación del procedimiento:
a) por duplicidad en la revisión de un mismo hecho que ya finalizó con una liquidación provisional o definitiva.
2.- Por no conformidad en la calificación de los hechos que imputa la administración en el procedimiento.
3.-Por no conformidad en la norma a aplicar: bien por diferencias en la interpretación de la misma, bien por no ajustarse la misma al procedimiento abierto
4.-Por errores en la forma de valorar los hechos, bienes, productos o servicios: en relación con los datos proporcionados por la administración; así como errores de cálculo y métodos de estimación objetiva.
5.-Por errores numéricos, matemáticos o de cálculo en el resultado de la liquidación
6.- No conformidad con liquidaciones de intereses de demora fuera de los plazos que prevé la ley
7.- Por impugnación de un acta:
a) por imputación de liquidaciones definitivas, en lugar de provisionales.
b) por falta de motivación en los hechos que se revisan
8.-Por impugnación de las resoluciones económico-administrativas:
a) falta de apreciación en los argumentos o pruebas presentadas
b) por incompleta contestación a las cuestiones planteadas: “incongruencia
c) por declarar incorrectamente la inadmisión del recurso.
9.- Por la prescripción de la deuda:
a) antes del inicio de la comprobación
b) paralización del procedimiento por más de 6 meses
c) exceso de más de 1 año en el procedimiento de inspección
d) suspensión en la reclamación económica-administrativa durante más de 4 años.
Espero que este contenido sea de vuestro interés, y quedo a vuestra disposición para aclarar y solventar las dudas o incidencias que os podáis encontrar en las comunicaciones o liquidaciones de la administración local, regional o central.

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