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Timestamp: 2019-04-18 12:37:35+00:00

Document:
Provincia del Chaco c. Estado nacional
Buenos Aires, noviembre 24 de 1998.
Considerando: 1. Que el gobernador de la Provincia del Chaco promueve acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del art. 322 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la resolución del Senado de la Nación Argentina DR-1083/98, de fecha 21 de octubre de 1998, que hizo lugar a la impugnación formulada por el Partido Justicialista --Distrito Chaco-, desestimando en consecuencia los pliegos de los ciudadanos Carlos A. Pavicich y Olinda Montenegro como senadores por la provincia mencionada --titular y suplente, respectivamente-, por no cumplir con las condiciones exigidas en la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional, y disponiendo la incorporación de Hugo A. Sager como senador nacional por dicha provincia y de Lidia B. Ayala como senadora nacional suplente, para el período 1998-2001.
A pedido de la actora, se convocó a audiencia por ante este Tribunal, en las condiciones dispuestas en el auto de fs. 225, y de cuyas circunstancias da cuenta el acta de fs. 311.
2. Que la presente demanda encuadra, en principio dentro del ámbito de la competencia originaria de este Tribunal, por las razones expresadas por el Procurador General de la Nación en el dictamen de fs. 25 bis, que este tribunal comparte y a las que cabe remitirse por razones de brevedad. Desde esa perspectiva corresponde determinar, en primer término, si las pretensiones deducidas presentan una cuestión que pueda ser objeto de debate y decisión en sede judicial, en tanto se refieren a las facultades que la Constitución Nacional atribuye, en forma privativa, a cada una de las cámaras que componen el Congreso Nacional y al concreto ejercicio que de ellas ha hecho, en el caso, la Cámara de Senadores de la Nación.
3. Que el demandante afirma que el Senado de la Nación, en la resolución cuya constitucionalidad impugna, ha vulnerado lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Fundamental, pues --según alega- no ha actuado en calidad de juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, sino que se ha constituido en su elector, extralimitando de tal modo sus facultades constitucionales, en perjuicio de la provincia a quien corresponde tal designación. Agrega que se ha incorporado al Senado, en representación de la Provincia del Chaco, a personas que carecen del "sustento de legitimación federal imprescindible cual es la designación (...) por la Legislatura Provincial". Añade que esa Cámara ha incurrido en contradicción, al haber adoptado, en el presente caso, un criterio opuesto al seguido en decisiones anteriores. Solicita también que se disponga una medida cautelar "de no innovar o innovativa", destinada a que "no se hagan efectivas las indicadas incorporaciones, hasta tanto recaiga sentencia en las presentes actuaciones".
4. Que la cuestión propuesta a este tribunal se encuentra regida, en lo sustancial, por la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional, que establece un régimen de transición entre el que disponía la elección indirecta de los senadores nacionales y el que prevé su elección directa y conjunta (art. 54, Constitución Nacional, según la reforma efectuada en el año 1994).
5. Que el régimen transitoriamente vigente para la designación de senadores nacionales modifica el margen de participación de las legislaturas provinciales, en tanto introduce una novedosa intervención de los partidos políticos que tienen representación en ellas. Dispone la mencionada cláusula transitoria, en ese aspecto, que: "En todos los casos, los candidatos a senadores serán propuestos por los partidos políticos o alianzas electorales". Esa norma debe ser armonizada con la que, en la misma cláusula, persigue que el conjunto de los senadores por cada distrito se integre --en lo posible- "de modo que correspondan dos bancas al partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la Legislatura, y la restante al partido político o alianza electoral que le siga en número de miembros de ella". Se añade, con referencia a los senadores que reemplacen a aquellos cuyo mandato vence en 1998 que "...el partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la Legislatura al tiempo de la elección del senador, tendrá derecho a que sea elegido su candidato, con la sola limitación de que no resulten los tres senadores de un mismo partido político o alianza electoral".
6. Que, en esos términos, la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional incorpora un elemento susceptible de ponderación por las legislaturas provinciales, referente a la identificación del partido político o alianza electoral que, por su carácter mayoritario o de primera minoría, propondrá el candidato a ser designado senador nacional. Es precisamente la decisión que en ese aspecto adoptó el órgano provincial, la que --en el caso- fue objeto de impugnación ante el Senado nacional por el partido político que entendió que tenía derecho a que fuera elegido su candidato, cuestión que, al ser resuelta en forma favorable a este último, provocó la acción declarativa cuya virtualidad se examina.
7. Que, según surge de las constancias aportadas a la causa por la demandante, el Senado de la Nación celebró al menos una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales a la que acudieron el gobernador de la Provincia del Chaco, el presidente de la Cámara de Diputados de esa provincia, legisladores de la Alianza Frente de Todos, constituida en ese ámbito local y, entre otros legisladores, una diputada por la misma provincia, que es a la vez ex convencional. Resulta de esas constancias que todos los convocados expusieron sus argumentos ante la mencionada comisión del Senado de la Nación, quien finalmente se expidió en los términos que resultan del dictamen agregado a la causa.
8. Que el referido dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales hace detallada mención de los numerosos antecedentes considerados para resolver la impugnación formulada por el Partido Justicialista --Distrito Chaco- a la designación efectuada por la legislatura local y la petición de que sea otorgada la banca senatorial al candidato propuesto por ese partido político. A continuación, efectúa un concreto examen de las normas aplicables al caso y de sus circunstancias fácticas, ponderando para ello la documentación que obra en su poder, así como los argumentos expuestos por las partes en favor de sus respectivas posturas. Como consecuencia de un razonamiento lógico claramente expuesto, arriba a la conclusión de que la impugnación debe ser admitida y, con expresa consideración de que los ciudadanos Hugo A. Sager y Lidia B. Ayala han sido nominados por el Partido Justicialista y han obtenido la certificación de la justicia nacional electoral, oportunamente comunicada a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, e invocando los principios establecidos en el art. 38 de la Constitución Nacional y las facultades previstas en su art. 64, aconseja al Senado de la Nación aprobar un proyecto de resolución por el que se hace lugar a la impugnación referida y se incorpora como senadores nacionales --titular y suplente- a las personas antes mencionadas.
9. Que consta también en la causa la versión provisoria del debate suscitado en la Cámara de Senadores de la Nación relativo a la cuestión "sub examine", así como su resultado y la consiguiente aprobación de la resolución que se impugna.
10. Que, si bien la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional establece el mecanismo de designación de senadores a que se hizo referencia supra, no contiene disposición alguna que prevea el modo de resolver los conflictos que suscite su aplicación, ya sea en el ámbito de las legislaturas locales, o en el del Senado de la Nación.
Por consiguiente, en ausencia de normas expresas que regulen tales hipótesis de conflicto, la solución que se adopte deberá ser razonablemente compatible con las disposiciones constitucionales de cuya aplicación se trata.
11. Que la cuestión puesta a consideración del Senado de la Nación concierne a su funcionamiento en el cumplimiento de sus funciones privativas (art. 64, Constitución Nacional), cuyo modo de ejercicio fue reglamentado por ese órgano en uso de la facultad que la Ley Fundamental le confiere en su art. 66.
En esos términos, dio curso a la impugnación formulada por el partido que se creyó con derecho a que su candidato fuera elegido senador, mediante la aplicación del procedimiento reglamentariamente previsto a tales efectos (arts. 2º, 61, 117, 122, Reglamento del Senado de la Nación).
Así, en ejercicio de esa atribución exclusiva y con apego a sus normas reglamentarias, dirimió el conflicto planteado, adoptando la resolución que es impugnada por la actora bajo la tacha de inconstitucionalidad.
12. Que, dentro del marco precedentemente descripto, la decisión del Senado de la Nación se encuentra fundada en el pormenorizado dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de ese órgano, que no desatendió aspecto alguno de los propuestos por el aquí demandante, aunque se pronunció en sentido adverso a sus expetactivas.
De tal modo, examinó la composición partidaria de la legislatura provincial a los efectos previstos en la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional, estableciendo para ello un criterio compatible con el texto de la norma interpretada, pues consideró que asistía razón al partido político impugnante "habida cuenta de que es el partido que, conservando su representación original, posee el mayor número de miembros en la Legislatura al tiempo de la elección del senador, sin haber sufrido mengua alguna en su integración", a la vez que expresó los motivos por los que desechaba la conclusión expuesta por los apoderados de la Alianza Frente de Todos, con relación a la existencia de su bloque como único órgano aglutinante.
Esa interpretación armoniza, además, con lo dispuesto en los arts. 165 y 166 de la ley 24.444, particularmente en lo prescripto por esta última norma, cuando, a los fines de la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Nacional establece que: "...el o los senadores en ejercicio deberán computarse al partido político o alianza electoral al cual pertenecían al momento de su elección". Añade dicha norma que las disposiciones de los arts. 165 y 166 "...al mencionar a alianzas o partidos políticos se refieren a las alianzas o partidos que participaron en la última elección provincial para renovar cargos legislativos provinciales excluyendo el proceso electoral de 1995".
Cabe agregar que, durante la sesión parlamentaria en que se adoptó la resolución cuestionada, esos temas fueron objeto de largo debate y examen, por lo que resulta manifiesta la consideración que merecieron por parte del Senado de la Nación.
Por otra parte, tanto en el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales como en la mencionada sesión parlamentaria, se examinó el alcance de la reforma constitucional con referencia a las potestades de las legislaturas provinciales y, en particular, el modo en que esa modificación fue recogida en la Constitución de la Provincia del Chaco, inclusive en la falta de una norma transitoria local que supliera un eventual vacío legal durante la vigencia de la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional. Ello permite descartar un eventual desconocimiento de las autonomías provinciales, y traduce, en cambio, la adopción de un criterio dirigido a adecuar el ejercicio de esas facultades estaduales, esenciales para el funcionamiento del sistema federal, a la situación transitoriamente configurada por el constituyente, en la que resulta vinculada la decisión de la asamblea legislativa local, a la postulación de candidatos por los partidos políticos.
Sobre la base de esos fundamentos, aconsejó la comisión en su dictamen y resolvió el Senado de la Nación después del debate pertinente, que debían desestimarse los pliegos aprobados por la legislatura local, por no cumplir con las condiciones exigidas por la cláusula transitoria que rige el caso, e incorporar a los candidatos propuestos por el partido político impugnante, al que calificó de mayoritario, en calidad de senador nacional titular y suplente por esa misma provincia, todo ello en virtud del respeto a los principios establecidos en el art. 38 de la Constitución Nacional --que reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático- y de las facultades conferidas por el art. 64 de esa Ley Fundamental.
13. Que resulta de lo expuesto que, en el marco de una cuestión constitucional novedosa, suscitada por la aplicación de normas de vigencia transitoria, que no contienen previsiones expresas que contemplen el modo de solucionar el conflicto planteado, el Senado de la Nación ha actuado en el ámbito de sus facultades privativas, de modo que no revela el apartamiento de las normas constitucionales que las definen, ni de aquéllas de las que ha hecho aplicación para resolver el caso.
14. Que, en efecto, más allá de la consideración que merecen las expectativas de la demandante de obtener una decisión favorable en un tema que es nítidamente de su incumbencia, el Senado de la Nación ha superado la compleja situación institucional planteada, frente al vacío normativo en que ésta se ha insertado, sin irrazonabilidad ni notorio apartamiento de las normas constitucionales que consagran sus atribuciones, hallando para un conflicto político un cauce razonable, en el que no se advierte alteración de la forma republicana de gobierno o afectación de las competencias del Estado provincial (Fallos 317:1162 --"Seco, Luis A. y otros"--, voto del juez Nazareno --La Ley, 1995-C, 44--).
15. Que, desde esa perspectiva, las objeciones que sobre ese accionar del Senado de la Nación pudieran formularse, remiten al modo en que ha ejercitado sus facultades constitucionales privativas, ámbito pacíficamente excluido del control jurisdiccional. Se trata, en definitiva, de un espacio propio y exclusivo de ese órgano que compone uno de los poderes políticos del Estado, en el que goza de amplia discrecionalidad funcional.
16. Que no hay en esa limitación desmedro alguno del orden constitucional sino, por el contrario, preservación del principio de separación de poderes, base de su subsistencia. Así fue reconocido desde antiguo por este tribunal, en una corriente jurisprudencial iniciada en Fallos 2:253, del 14 de noviembre de 1865, sentencia dictada 28 años antes que la emitida en el conocido caso "Cullen", (Fallos 53:420), y en la que votaron dos convencionales constituyentes de 1853, los doctores Salvador María del Carril y José B. Gorostiaga. Desde entonces, sin variaciones hasta el presente, la Corte ha considerado que el ejercicio de las atribuciones de las cámaras legislativas como jueces de las elecciones de sus integrantes, constituye una cuestión no revisable por el Poder Judicial. Así lo dijo también Joaquín V. González, al considerar que la Constitución creó, en el art. 56 (actual art. 64) "el tribunal de última resolución en las elecciones populares para representantes...", pues "No era posible confiar a otro poder la decisión última de las elecciones del pueblo, porque, careciendo cualquier otro de la soberanía del Congreso y de su representación popular, habría sido poner en peligro su independencia, conservación y funcionamiento; aparte de que importaría dar a un poder extraño superioridad sobre él, destruyendo la armonía y el equilibrio entre los que componen el gobierno". ("Manual de la Constitución Argentina", Nº 373, Ed. Estrada, 1971).
17. Que este tribunal ha reiterado recientemente esa doctrina al recordar que, en las causas en que se impugnan actos cumplidos por otros poderes, en el ámbito de las facultades que le son privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, pues ello importaría un avance en las funciones de los demás poderes, de la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público. En cambio, puntualizó esta Corte que es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que confieren dichas potestades para determinar su alcance, sin que tal tema constituya una "cuestión política" inmune al ejercicio de la jurisdicción, ya que esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permitirá definir en qué medida --si es que existe alguna- el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial (Fallos 311:2580 y sus citas; 317:335, voto del juez Moliné O'Connor y sus citas; P.475.XXXIII "Prodelco c. Poder Ejecutivo nacional s/ amparo", sentencia del 7 de mayo de 1998 y sus citas --La Ley, 1998-C, 574--).
18. Que, en el caso, efectuado el examen de constitucionalidad pertinente frente al ejercicio de las facultades privativas del Senado de la Nación, según lo expresado en los considerandos que anteceden, resulta que ese órgano ha actuado de modo que no excede el marco fijado por el art. 64 de la Constitución Nacional ni se aparta en forma evidente de lo previsto en la cláusula transitoria cuarta de la Ley Fundamental ni de las leyes que reglamentan su ejercicio, por lo que no resulta susceptible de revisión judicial el modo en que ese poder ha sido ejercido. Tal conclusión impone la desestimación liminar de la demanda y torna abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones propuestas.
Por ello, se desestima la presente demanda. -- Julio S. Nazareno. -- Eduardo Moliné O'Connor. -- Carlos S. Fayt (en disidencia). -- Augusto C. Belluscio (en disidencia). -- Enrique S. Petracchi (en disidencia). -- Antonio Boggiano (según su voto). -- Guillermo A. F. López. -- Gustavo A. Bossert (en disidencia). -- Adolfo R. Vázquez (según su voto).
Considerando: 1. Que la presente demanda corresponde a la competencia originaria de esta Corte, como lo sostiene el señor Procurador general en el dictamen que antecede, a cuyos fundamentos el tribunal se remite para evitar repeticiones innecesarias.
2. Que, Angel Rozas, invocando su condición de gobernador de la Provincia del Chaco, promueve la presente acción declarativa de inconstitucionalidad, de conformidad con el art. 322 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la resolución del Senado de la Nación DR 1083/98 del 21 de octubre de 1998 por la cual se dispuso hacer lugar a la impugnación deducida por el Partido Justicialista --Distrito Chaco- contra la designación de los senadores por dicha provincia, Carlos A. Pavicich y Olinda Montenegro, titular y suplente, respectivamente e incorporar en dichos cargos a Hugo A. Sager y Lidia B. Ayala.
Manifiesta que el 25 de setiembre de 1998 se realizó la sesión especial de la Cámara de Diputados del Chaco en la cual se resolvió por el voto de los dieciséis diputados de la Alianza Frente de Todos, más la adhesión de un diputado del partido Acción Chaqueña, designar a los señores Carlos Angel Pavicich y Olinda Montenegro, quienes contaban con la certificación electoral nacional respectiva, por haber obtenido en dicha sesión especial diecisiete votos afirmativos.
Aduce que estas designaciones fueron notificadas debidamente al Presidente del Senado de la Nación y que en la sesión del 21 de octubre de 1998 dicho cuerpo resolvió por la mayoría de los miembros que la integran hacer lugar a la impugnación a la que se ha hecho referencia y designar a Hugo A. Sager y a Lidia B. Ayala, como senador nacional titular y suplente, respectivamente.
El demandante cuestiona la decisión del Senado de la Nación en cuanto, a su entender, menoscaba la autonomía provincial puesto que los nominados a ocupar las bancas que corresponden a la Provincia del Chaco no son los candidatos elegidos por decisión de ese Estado local a través de su legislatura, sino otros designados por el propio Senado, quien se arrogó funciones que no le competen, violándose así el sistema federal de gobierno. Funda su pretensión en los arts. 1º, 5º, 43, 54, 62, 75, incs. 22, 121 a 128 de la Constitución Nacional, en el art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 4º del Reglamento interno del Senado de la Nación.
Finalmente solicita al tribunal que se decrete medida cautelar de no innovar y se ordene al Senado de la Nación que se abstenga de incorporar a quienes no han sido elegidos por la legislatura provincial.
3. Que la invasión que un poder del Estado pudiera hacer de la zona de reserva de actuación de otro, importa siempre por sí misma, una cuestión institucional de suma gravedad que, independientemente que trasunte un conflicto jurisdiccional o un conflicto de poderes en sentido estricto, debe ser resuelta por esta Corte, pues es claro que problemas de tal naturaleza no pueden quedar sin solución.
4. Que desde antiguo se ha sostenido que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el Judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos 155:248; 311:2580), por tal motivo, en las causas en que --como en el "sub lite"-- se impugnan actos cumplidos por otros poderes en el ámbito de las facultades que les son privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación (Fallos 137:247; 210:1095; 254:43 --La Ley, 51-91; 110-2--).
5. Que esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones exige interpretar la Constitución, lo que permite definir en qué medida --si es que existe alguna- el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial ("Powel vs. Mc Cormack" 395 U.S., 486, 1969), facultad esta última que sólo puede ser ejercida cuando haya mediado alguna violación normativa que ubique los actos de los otros poderes fuera de las atribuciones que la Constitución les confiere o del modo en que ésta autoriza a ponerlos en práctica (Fallos 318:1967, causa R.420.XXXIII "Rodríguez, Jorge --Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación- s/ plantea cuestión de competencia", sentencia del 17 de diciembre de 1997).
6. Que, en ese contexto, corresponde examinar si tales facultades han sido ejercidas dentro de los alcances de la competencia del Poder Legislativo y de acuerdo con las formalidades a que están sometidas.
7. Que el art. 64 de la Constitución Nacional establece que cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Esta corte al fijar los alcances del art. 94 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, redactada en idénticos términos que el artículo antes citado de la Ley Fundamental, estableció que puede sostenerse sin arbitrariedad que aquella norma consagra, como regla, un ámbito de actuación inmune a la revisión judicial, y que dentro de ese ámbito no sólo se inscriben las decisiones vinculadas con la validez del título o derecho al cargo electivo, sino también las medidas disciplinarias que impongan la exclusión del algún miembro de la Cámara. Tal contralor queda circunscripto al examen del cumplimiento de los ineludibles recaudos constitucionales que delimitan las atribuciones del órgano legislativo (Fallos 317:1162, disidencia del juez Boggiano). Es pues, en ese marco, que debe dilucidarse la cuestión "sub examine".
8. Que la cuestión propuesta a este tribunal se encuentra regida en lo sustancial por la cláusula transitoria cuarta de la Constitución Nacional, que establece un régimen de transición entre el que disponía la elección indirecta de los senadores nacionales y el que prevé su elección directa y conjunta (art. 54, Constitución Nacional según la reforma efectuada en el año 1994).
9. Que el régimen transitoriamente vigente para la designación de senadores nacionales modifica el margen de participación de las legislaturas provinciales, en tanto introduce una novedosa intervención de los partidos políticos que tienen representación en ellas. Dispone la mencionada cláusula que "En todos los casos, los candidatos a senadores serán propuestos por los partidos políticos o alianzas electorales". Esa norma debe ser armonizada con la que en la misma cláusula persigue que el conjunto de los senadores por cada distrito se integre --en lo posible- "de modo que correspondan dos bancas al partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la legislatura y la restante al partido político o alianza electoral que le siga en número de miembros de ella". Se añade con referencia a los senadores que reemplacen a aquellos cuyo mandato vence en 1998 que "...el partido político o alianza electoral que tenga el mayor número de miembros en la legislatura al tiempo de la elección del senador, tendrá derecho a que sea elegido su candidato, con la sola limitación de que no resulten los tres senadores de un mismo partido político o alianza electoral".
10. Que la Comisión de Asuntos Constitucionales no ha efectuado una irrazonable ponderación de los elementos normativos y fácticos a tener en cuenta para la decisión del caso. En efecto, el referido dictamen de la Comisión hace detallada mención de los numerosos antecedentes considerados para resolver la impugnación formulada por el Partido Justicialista --Distrito Chaco-. Ponderó, asimismo, los argumentos expuestos por las partes en favor de sus respectivas posturas, examinando la composición partidaria de la legislatura provincial, a los efectos previstos en la cláusula cuarta de la Constitución Nacional. A ese fin tuvo en cuenta que al momento de efectuarse la elección del senador, la legislatura contaba con trece diputados del Partido Justicialista, diez de la Alianza Frente de Todos, cinco del Partido Unión Cívica Radical y cuatro del Partido Acción Chaqueña. Ante la divergencia interpretativa referente a cuál era el partido político o alianza electoral con mayor número de miembros en la legislatura, entendió que asistía razón al partido político impugnante, habida cuenta que conservaba "su representación original".
11. Que tal interpretación no resulta manifiestamente arbitraria por cuanto el mencionado partido mantuvo su composición original mientras que la Unión Cívica Radical contaba con diputados elegidos en comicios anteriores a los que concurrió en forma individual y participó en la elección posterior integrando la Alianza Frente de Todos. En tales condiciones el carácter mayoritario que asignó el Senado de la Nación al Partido Justicialista no se encuentra reñido con la cláusula constitucional en examen, habida cuenta de que el referido partido mantuvo su individualidad como tal.
12. Que, por otra parte, tal interpretación se adecua a la solución adoptada anteriormente por la Cámara de Senadores en la resolución DR 4/96 --expresamente citada en el dictamen de la comisión- por la que se incorporó al senador Javier R. Meneghini --perteneciente a la Unión Cívica Radical- pese a que en esa ocasión la Legislatura de la Provincia de Santiago del Estero había elegido al doctor Virgilio Castiglione. Dicha decisión se fundó, precisamente, en que la legislatura local había vulnerado la cláusula transitoria cuarta.
13. Que, resulta de lo expuesto que, en el marco de una cuestión constitucional novedosa, suscitada por normas de vigencia transitoria que no contienen previsiones expresas que contemplen el modo de solucionar el conflicto planteado, el Senado de la Nación ha actuado en el ámbito de sus facultades privativas, de modo que no revela apartamiento de las normas constitucionales que las definen, ni de aquéllas de las que se ha hecho aplicación para resolver el caso.
14. Que, en las condiciones señaladas, no se advierte, en el "sub lite", circunstancias que, de acuerdo con la doctrina de Fallos 317:335 (disidencia del juez Boggiano), permitan considerar que el Senado de la Nación haya violado los recaudos constitucionales a los que se subordina el ejercicio de sus atribuciones.
Por ello, se desestima la presente demanda. -- Antonio Boggiano.
Voto del doctor Vázquez
Considerando: 1. Que la presente acción declarativa de inconstitucionalidad fundada en el art. 322 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, con medida de no innovar, fue iniciada por S.E. el gobernador de la Provincia del Chaco, invocando su carácter de mandatario legal en los términos del art. 141 de su constitución provincial, contra la resolución del Senado de la Nación Argentina DR 1083/98 del 21 de octubre de 1998 por la cual se dispuso hacer lugar a la impugnación de los senadores designados por la Provincia del Chaco, doctores Carlos A. Pavicich y Olinda Montenegro (titular y suplente respectivamente) a la vez que incorporó como senadores (titular y suplente) a Hugo A. Sager y Lidia B. Ayala para el período 1998/2001.

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