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Timestamp: 2019-11-12 08:47:02+00:00

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MOTIVO SEGUNDO - A la sala segunda del tribunal supremo
MOTIVO QUINTO Y SEXTO
El amparo del art. 5.4 LOPJ por vulneración del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías.
El recurrente en su Motivo se extiende en una serie de consideraciones de carácter general, complementadas con citas jurisprudenciales también generales, sobre las garantías que corresponden al procesado, pero sin especificar cual garantía concreta se ha vulnerado y que perjuicio concreto se ha producido al justiciable.
Por tanto, siendo doctrina consolidada de esa Excma. Sala y del Tribunal Constitucional que, la denuncia de vulneraciones constitucionales abstractas sin determinación del perjuicio real causado no son atendibles, el Motivo debe ser desestimado.
Al amparo del art. 5.4 LOPJ por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El derecho a la tutela judicial efectiva no es el derecho a obtener una sentencia favorable sino fundada en derecho, producida en un procedimiento respetuoso con las normas que lo regulan. El recurrente, que en este punto anuncia posibles adhesiones a otros Recursos de las defensas, no señala cual ha sido la merma constitucional sufrida, limitándose a expresar opiniones subjetivas no contrastadas, tales como construcciones contra reo o inaplicación del principio “ in dubio pro reo”, incompatible, por otra parte con el Fto. de Derecho Apdo. IV.27 de la Sentencia.
Al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho de defensa.
Significa el recurrente cuales son a su juicio aquellas situaciones producidas en el tramitación de la causa, centradas en la duración del secreto del sumario, en la pretendida igualdad de armas entre las partes y el Fiscal, los problemas derivados de la incomunicación, la necesidad de traducción, etc., que han vulnerado el derecho invocado.
A esta queja casacional debe responderse diciendo que, el derecho de defensa (art. 24.2 de la CE) se conculca, produciéndose indefensión cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos, con menoscabo real y efectivo de los mismos.
No existe, sin embargo, en la denuncia del recurrente, indicación alguna de privación de cualquier elemento defensivo previsto en la ley y sin ello la vulneración del art. 24.2 resulta inatendible y el motivo debe desestimarse.
Al amparo del art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de los arts. 515-2º y 516-2º del CP.
La articulación del Motivo obliga a someterse inexcusablemente al factum. Este, por lo que al recurrente se refiere, deja sentado que Mohamed Bouharrat es miembro de una célula terrorista de tipo Yihadista que mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones pretende derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un estado islámico bajo el imperio de la Sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria.
En relación con el propio recurrente y su implicación en la célula terrorista el Hecho Probado 15 relata la ocupación en el desescombro del piso de Leganés de efectos (un libro con su huella, un papel manuscrito de su propia mano y 6 fotografías) que indican su íntima conexión con el grupo duro que acabó suicidándose.
Igualmente, el factum significa el empleo de 2 vehículos, el M-0136-OV, comprado por Mohamed Afallah con la documentación del procesado Bouchar y el 2825 CJX previamente sustraído, utilizados ambos en las actividades del grupo.
Es evidente que este relato en particular de la actuación del acusado completado con los restantes datos fácticos del relato histórico colman los requisitos jurisprudencialmente establecidos para el art. 515-2º y del art. 516-2º.
Así, 1º) Existencia de una banda. Su existencia se desprende del minucioso relato histórico donde se recoge desde su permanencia en el tiempo, al señalarse que en Octubre de 2003 Jamal Ahmidan acordó con Suárez Trashorras el suministro de dinamita, la organización jerarquizada, con un papel director del propio Jamal Ahmidan, y una serie de personas subordinadas con diversas funciones que van desde la captación de otros posibles miembros de la banda, caso de Almallah Dabas, Fonad El Moralit y Basel Ghalyoun (Hecho Probado 13) a labores de apoyo y búsqueda de objetivos, como el propio recurrente.
2º) La finalidad de la banda era la destrucción del orden constitucional vigente, evidenciado en la documentación ocupada en Leganés.
3º) La adscripción permanente a la banda, en comunión con sus objetivos, lo que lleva a participar en sus proyectos y actividades.
4º) La posibilidad de llevar a cabo actos de colaboración que contribuyan a alcanzar la finalidad que la banda persigue. En el caso concreto del recurrente la fijación de objetivos según se desprende de la documentación ocupada en Leganés. (Sts. 22-2-06; 26-7-07; 2-11-07).
Todo lo dicho supone que la indudable integración del acusado en una banda o grupo terrorista, permite considerar correctamente aplicado el art. 516-2º en relación con el art. 515-2º, debiendo por ello desestimarse el motivo.
Al amparo del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la valoración de la prueba.
Alega el recurrente que existe error en la valoración de la prueba producida respecto a 1) la pericial lofoscópica de la huella del dedo índice de la mano izquierda del recurrente existente en un libro escrito en árabe recogido en el desescombro de Leganés; 2) autoría de una nota escrita encontrada en el Piso de Leganés.
Según doctrina consolidada de esa Excma. Sala, los informes periciales pueden ser considerados documentos casacionales aptos para demostrar el error del Juzgador cuando siendo un único informe o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre los mismos hechos, se incorporara al factum de modo incompleto o fragmentados o se llega a conclusiones distintas de las del informe, sin explicar las razones del apartamiento de la pericia.
No es esto sin embargo lo que ocurre con las pericias citadas, seguidas fielmente y de las que extrae conclusiones valorativas conforme al art. 741.
Frente a esto es el recurrente el que pretende, con apoyo exclusivo en su particular interpretación de las pruebas, llegar a conclusiones divergentes con la Sala a quo, lo que no tiene cabida en el supuesto del art. 849-2º.
Igualmente pretende el recurrente demostrar el error de la Audiencia mediante unas fotografías, que en ningún caso, según constante doctrina de esa Excma. Sala, son documentos casacionales. Siendo la interpretación que de su presencia en el piso de Leganés hace la Sala de Instancia, una facultad concedida por el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
21.- RECURSO DE SAED EL HARRAK
Si indicar el artículo que lo autoriza, se denuncia infracción de ley por vulneración de precepto penal sustantivo y por error de hecho en la apreciación de la prueba.
APARTADO PRIMERO.- Por aplicación indebida de los artículos 515 y 516 en relación con los artículos 28, 30 y 66, todos los preceptos del Código Penal.
El recurrente niega el elemento objetivo del tipo, concretado en la existencia de banda armada u organización o grupo terrorista, con el argumento de que el relato de hechos no determina la función de cada uno de los partícipes ni identifica a los responsables o dirigentes. Además cuestiona la pena impuesta en el máximo legal establecido.
El relato de hechos estableció que el recurrente era miembro de la célula de Leganés, grupo terrorista, de tipo yihadista que, mediante el uso de violencia, pretende derrocar los regímenes democráticos occidentales para sustituirlos por estados islamistas, al que pertenecían ocho ocupantes del piso de Leganés, quienes colocaron los explosivos en los trenes y, después, se suicidaron ante la inminencia de ser detenidos por la Policía. Entre otros personas pertenecientes al grupo, en el factum se relacionó a MOHAMED OULAD AKCHA, RACHID OULAD AKCHA, ABDENNABI KOUNJAA y a ASRIH RIFAAT ANOUAR.
A continuación, se indicó que el recurrente era depositario del testamento o carta de despedida de ABDENNABI KOUNJAA, con el que mantuvo más de 65 contactos telefónicos durante el mes inmediatamente anterior a los atentados. Con MOHAMED OULAD AKCHA mantuvo 12 contactos telefónicos en los diez días anteriores a los atentados. También tuvo contactos con RACHID OULAD AKCHA y ASRIH RIFAAT ANOUAR. Además se expresó que el día anterior a los atentados recibió llamadas de MOHAMED OULAD y de ABDENNABI KOUNJAA, con quien se reunió en la zona de Mocejón el día 7 de marzo. Finalmente se indicó que en el desescombro del piso de Leganés apareció la documentación de un coche de su propiedad y un papel con su número de teléfono.
En el fundamento de derecho IV, sobre la autoría, con valor complementario, se expresó que en Mocejón, lugar de la reunión antes mencionada, “se colocó otro artilugio explosivo por los terroristas”(página 692) y, más adelante, sobre el testamento hallado se añadió que “el contenido del propio documento demuestra hasta qué punto Saed EL HARRAK estaba comprometido con la actividad terrorista, puesto que en él se expresa de forma clara y terminante la actividad y propósito suicida de su autor, lo que, constituye lógicamente algo que debe se conocido por un reducido círculo de personas – secreto- tanto por elementales medidas de seguridad cuanto para el aseguramiento de los delitos e impunidad. O sea, sólo se entrega a quien es también partícipe e integrante del grupo y no se deja en poder de quien no lo es”(página 693). A continuación, se reproducen dos fragmentos del testamento y se dice que “Estos fragmentos dejan claro el pensamiento de Kounjaa que baraja como posibilidad el ser detenido e ingresar en prisión, aunque prefiere morir a ser apresado, lo que define claramente el pensamiento de los que ocuparon el piso de Leganés el día 3 de abril de 2004.
Por lo tanto, sólo a aquel que esté también comprometido con la causa puede entregársele un documento tan comprometedor” (página 694).
La sentencia, en el apartado II sobre calificación jurídica, y también el recurso, reflejan la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre los elementos que conforman el tipo aplicado y los estrechos perfiles que lo separan del delito de colaboración con banda armada. Desde estos consolidados criterios, se afirma el acierto de la sentencia al calificar la conducta del recurrente como delito de integración en banda armada o grupo terrorista. Pues, de un lado, en los hechos preestablecidos, se advierte la presencia del presupuesto objetivo necesario, concretado en la existencia de una célula o grupo terrorista, de corte islamista e ideología radical y extremista, que utiliza la violencia para lograr sus objetivos, estable y organizado, en cuanto que cuenta con medios humanos, puntualmente coordinados, y recursos materiales suficientes para ejecutar los atentados en la forma que el factum ha descrito y, por ello, con capacidad demostrada para provocar el terror entre los ciudadanos.
Que no se haya logrado identificar a los dirigentes no implica la inexistencia del grupo o célula terrorista afirmado en los hechos que, además, atribuyen a algunos de sus integrantes la ejecución de misiones concretas. Basta considerar las conductas atribuidas a HAMID ADMIDAN, RACHID AGLIF, BASEL GHALYOUN, MOHAMED BOUHARRAT, MOHAMED LARBI Y MOUHANNAD ALMALLAH.
Por otro lado, se comparte la concurrencia del elemento normativo de la pertenencia del recurrente a la célula terrorista, apoyado en los datos indiciarios antes indicados y consignados en los hechos, que demuestran su disponibilidad permanente para con el resto de los integrantes, de especial significación alguno de ellos (tenencia y custodia del testamento, contactos telefónicos continuos en las fechas próximas a la colocación de los explosivos y explosión del piso de Leganés, presencia en la zona de Mocejón donde se colocaron explosivos, en fechas próximas y junto a otros dos integrantes de la célula, aparición del documento relativo a su vehículo y su número de teléfono) respecto a la participación de los objetivos y asunción de la actividad terrorista del grupo. Por tanto la convicción de la Audiencia se sustento en hechos indiciarios, plurales que se refuerzan entre si y convergen en la conclusión adoptada que se ajustó a las reglas de la lógica y máximas de conocimiento y experiencia comunes.
El cauce utilizado determina la no vulneración de la norma aplicable para la determinación de la pena fijada en el máximo legal permitido, ante la no concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, en atención a la gravedad de los hechos, reflejada en el relato histórico, que implica la pertenencia a una organización terrorista de máximo potencial delictivo y que practica extrema violencia para conseguir sus objetivos.
APARTADO SEGUNDO.- Sin especificar el precepto que lo autoriza se denuncia error en la apreciación de la prueba.
El recurrente, para acreditar el error de hecho, relaciona una serie de folios del sumario y cita dos informes periciales, sin designar los particulares de los documentos y sin concretar, los elementos fácticos erróneos ni los términos de la rectificación del relato histórico con relevancia en el fallo.
Los folios del sumario citados se refieren a la resolución que acordó la libertad provisional del procesado, y a la relación de llamadas desde el teléfono del que es titular el recurrente y los de los integrantes de la célula de Leganés y el de la mujer de Jamal Ahmidan. Sostiene que esos documentos acreditan la realidad de las llamadas entre las terminales telefónicas, pero no el contenido de las conversaciones ni tampoco la identidad de los interlocutores porque entre ellos se intercambiaban los teléfonos. Argumenta que la ubicación espacio-temporal de Saed y los otros integrantes de la célula de Leganés, a través de las antenas de telefonía BTS, no es fiable, según informaron los técnicos de telecomunicación.
La fundamentación del reproche revela una personal valoración de la prueba documental citada, pero en ningún modo la existencia de error de elementos fácticos, acreditado por documentos literosuficientes. Por el contrario, la Audiencia valoró la información contenida en los documentos y, con respeto a los criterios de la lógica y común experiencia, concluyó que los teléfonos se utilizaron por quienes figuraban como titulares y usuario habituales, puesto que ninguna actividad probatoria determinó lo contrario.
El recurrente sostiene que los informes periciales sobre la autenticidad del testamento acreditan que no pertenece a Abdenabí Kounjaa. Se incurre en igual defecto que anteriormente, ya que, de un lado, el motivo revela divergencia sobre la fiabilidad y valoración de las periciales y, de otro, no demuestran error alguno, sino sintonía con la convicción de la Sala, en cuanto que atribuyeron la autoría de la firma a éste, e identificaron sobre el documento varias huellas dactilares del mismo.
También se aduce ausencia de valoración de la documental acreditativa de trabajo estable, compraventa de vivienda mediante hipoteca y de un coche. No obstante, son extremos admitidos a los que se hace alusión en algún pasaje de la sentencia y que no determinan error ni tienen virtualidad para producir modificación relevante.
Se denuncia quebrantamiento de forma por defectos en el procedimiento y en la sentencia.
APARTADO PRIMERO.- Al amparo de los números 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por defectos en el procedimiento.
El recurrente cuestiona la denegación de dos preguntas, formuladas, la primera a un testigo funcionario policial, y la segunda a “los peritos” autorizantes de los informes en los que figura la fecha de su detención.
La primera pregunta, formulada al testigo funcionario de la policía (que no identifica), fue la siguiente: si era razonable detener a una persona por el simple hecho de haber recibido llamadas.
La segunda pregunta, formulada a los peritos que autorizaron informes periciales (que tampoco identifica) fue, por qué en sus informes figuraba como fecha de la detención el día 10 de mayo cuando en otros documentos figuraba el día 6, y en otros el 5. Fue denegada por impertinente.
La pregunta sobre la valoración de la procedencia de la detención del recurrente carece de relevancia. La respuesta afirmativa es indudable si el testigo interrogado fue quien tomó la decisión, si fue otro funcionario policial la respuesta pertenece al ámbito de lo opinable y, en cualquiera de los casos, no afecta al objeto del proceso. Lo mismo ocurre con las discordancias sobre la fecha de la detención. En consecuencia estuvo justificada la denegación de sendas preguntas por impertinentes e innecesarias.
Además se desliza la existencia de indefensión por falta de tiempo de la defensa para instruirse de la causa. La cuestión fue analizada detalladamente y se resolvió, con acierto, para rechazar la indefensión, en el apartado I de los fundamentos jurídicos de la sentencia (página 465) que reproducimos: “ … el plazo máximo legal son 20 días hábiles.
El Tribunal dictó providencia el 25 de Septiembre concediéndose ese máximo a partir del día 29 de septiembre, día que no se escogió por azar, sino porque siendo viernes no comenzaba en realidad a contar el plazo hasta el día 2 de octubre, de modo que, en la práctica, tuvieron para instrucción más de un mes.
Es más, a las partes se les entregó físicamente la causa el día 25 de septiembre en formato digital (DVD) que permitía todas las posibilidades de edición –imprimir, cortar, copiar, pegar, etc.-, y que contenía un motor de búsqueda por palabras o números interno, compatible con cualquier ordenador, que mejoraba extraordinariamente la gestión y estudio de la causa respecto al traslado mediante fotocopia.
Así pues, al margen de la instrucción formal del art. 627 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las defensas dispusieron de una nueva copia del sumario desde el 25 de septiembre hasta el 16 de noviembre en que se les dio traslado para calificación provisional. El plazo concedido para este segundo trámite lo fue por término de 20 días, aun cuando la previsión legal es que lo sea por término de 5 -arts 651 en relación con el 649 Ley de Enjuiciamiento Criminal.- No obstante, el día 30 de noviembre, tras diversos escritos de las defensas, se acordó por providencia ampliar el plazo para calificar hasta las 11 horas del día 8 de enero de 2007 -f.4982del rollo-.
Finalmente, tres defensas presentaron sus escritos manifiestamente fuera de este segundo plazo los días 12, 16 y 18 de enero, siéndoles admitidos y el juicio oral no comenzó hasta el 15 de febrero de 2007, cinco meses después de comenzar la fase intermedia.
No hay indefensión”.
Se alega que el defensor, inicialmente designado, renunció a la defensa, sin especificar fase procesal, ni fecha de la renuncia, y que, el nuevamente designado “tuvo menos de cinco días” para instruirse de la causa. Añade que firmó que se daba por instruido “sin haber abierto siquiera ninguno de aquellos DVD’s en los que se recogía los miles y miles de folios que formaban el compendio sumarial”.
Se advierte que la defensa que ahora articula la queja aceptó ese plazo para instruirse de las actuaciones. En consecuencia, parece quebrantar la buena fe procesal quien asumió la defensa y aceptó instruirse en el plazo indicado y ahora en el ámbito de casación hace valer la vulneración del derecho de defensa.
APARTADO SEGUNDO,- Al amparo del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (sin indicar el apartado) se denuncian defectos en la sentencia.
Se alega falta de claridad, contradicción entre los hechos probados, y predeterminación del fallo. También se aduce fallo corto por falta de resolución de las cuestiones de nulidad planteadas.
En primer término advertimos que, en el desarrollo del motivo, el recurrente, en apoyo de sus alegaciones, sin otras consideraciones relevantes, afirma que se produjo un vacío en los hechos probados. No indica los elementos fácticos contradictorios y tampoco los términos que determinarían la predeterminación del fallo.
Basta leer el relato de hechos preestablecidos para constatar que no se incurrió en el vicio de falta de claridad. Las otras dos alegaciones carecen del más mínimo fundamento.
En relación a la falta de resolución de las cuestiones planteadas, el recurrente aduce que invocó cuatro causas de nulidad: Detención ilegal, falta de notificación formal, vulneración del deber de custodia de los objetos aprehendidos y falta de notificación del hallazgo de efectos personales.
En el apartado I.2.10 (página 476) de la sentencia, sobre nulidad instada por la defensa de Saed El Harrad por haberse excedido el plazo máximo de prisión provisional sin que se hubiera prorrogado, se expresó lo siguiente: “Baste recordar a la parte, como se dijo al inicio, que sólo la vulneración de derechos causante de indefensión material tiene como consecuencia la nulidad de actuaciones, sin que del exceso de tiempo de privación de libertad se derive indefensión alguna”. A continuación, en el siguiente apartado, sobre otros motivos de nulidad y, en concreto, sobre la planteada por el recurrente, en el escrito de conclusiones definitivas, por infracción de los artículos 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por falta de notificación, o del artículo 333 de la misma ley por falta de notificación del hallazgo de efectos personales, se resolvió que “no se deriva indefensión material, constituyendo, en caso de ser ciertas, meras irregularidades con efectos procesales más limitados”. Más adelante se afirmó lo siguiente: “La Sala desconoce a qué notificación se refiere y cuales son esos efectos hallados tras el procesamiento”. En efecto, los objetos personales del recurrente se hallaron, antes del procesamiento, en la taquilla de su lugar de trabajo, la empresa “Encofrados Román”; había constancia en el procedimiento, en la acusación del Ministerio Público, y por tanto, conocimiento y posibilidad de defensa.
Se aduce vulneración del deber de custodia de los objetos hallados, en concreto del testamento de Kounjaa, con el argumento de que no apareció, tras el registro inicial de la bolsa de trabajo efectuado por funcionarios de la policía de Leganés, hasta que se remitió a la Policía científica central. No obstante, consta en la sentencia (página 693) que el hallazgo del documento está acreditado por la testifical de D. Félix Román Hidalgo, dueño de la empresa “Encofrados Román” que, en la sesión del juicio oral del día 27 de marzo, explicó cómo tras enterarse de la detención se puso en contacto con la Policía. Lo que ocurre es que el contenido del documento, manuscrito en árabe, no se conoció hasta que fue analizado por los peritos de la Brigada Especial de Policía Científica. No hay duda, por tanto, que el documento fue el hallado en la bolsa encontrada en la taquilla del lugar de trabajo del recurrente.
Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración de los artículos 9, 10, 14, 17,18, y 24 de la Constitución Española.
El recurrente, de manera confusa y axiomática, comienza por afirmar que no se han respetado los principios de legalidad, de jerarquía normativa, y de seguridad jurídica en las investigaciones e inspecciones y, en concreto, en relación a la mencionada bolsa de trabajo. Seguidamente sostiene que no se ha respetado el derecho a la dignidad personal y, tras denunciar la infracción del artículo 18 de la Constitución, sugiere la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, y afirma que, la investigación, a través de las Compañías Telefónicas, de las llamadas entrantes y salientes de una terminal de teléfono exige autorización de la “autoridad competente”. Termina diciendo que “la ruptura del principio de presunción de inocencia no es tan sencilla” y que “no es bastante con enunciar unos indicios”.
Inicialmente, se observa el enunciado de una serie de vulneraciones de principios y derechos constitucionales sin expresar las razones o argumentos que las sustenten.
En relación con el reproche relacionado con la bolsa hallada en el lugar de trabajo, reiteramos las alegaciones expresadas en el anterior motivo.
Respecto a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, advertimos, en primer término, que es una cuestión que se suscita por vez primera en este recurso, pudiendo y debiendo haberse planteado en la instancia. En segundo término, se realiza una denuncia genérica, pues el desarrollo del recurso no concreta el titular ni el número de teléfono determinantes de la vulneración del derecho. Por tanto, la generalidad e imprecisión de esta alegación sólo puede determinar su desestimación.
Por último, debemos destacar que el desarrollo del motivo aparece huérfano de la más mínima argumentación que lo sustente. Por ello, basta afirmar que la pertenencia y vinculación del recurrente a la célula u organización terrorista se basó en hechos indiciarios que resultaron acreditados por la actividad probatoria que se relacionó en el apartado IV (página 691) de la sentencia. Destacamos la siguiente: la comunicación permanente vía telefónica con los demás integrantes del grupo en las fechas próximas e inmediatas a los atentados, por la información de la compañía telefónica correspondiente; la posesión y custodia del testamento de ABDENNABI KOUNJAA, (miembro del grupo que se suicidó en el piso de Leganés) por el testimonio de Félix Román Hidalgo; la autenticidad y traducción del testamento por las pruebas periciales correspondientes; la estancia en la zona de Mocejón, el mismo día y a la misma hora, del recurrente junto a otros dos miembros de la célula, por la información facilitada por los registros en las antenas BTS, que dan cobertura a la zona, que fue analizada y explicada, en el juicio oral, según admite el recurrente, por los peritos, técnicos en telecomunicaciones; la aparición de un documento del vehículo del recurrente y una nota con su número de teléfono entre los escombros del piso de Leganés se acreditó por los funcionarios policiales que realizaron la inspección del lugar y, finalmente, la aparición, en el registro del domicilio del recurrente, de una agenda manuscrita con el número de otro de los que murieron en el piso de Leganés. Sólo añadir que la valoración de los elementos indiciarios se ajustó a las reglas de la lógica y experiencia común, como hemos expresado en las alegaciones del motivo primero.
22.- RECURSO DE RAÚL GONZÁLEZ PELAEZ

References: in dubio
 resolución 
 artículo 850
 artículo 851
 resolución 
 resolución 
 artículo 333
 artículo 5
 artículo 18