Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-bizkaia-12261-11-11-2009-154971
Timestamp: 2020-08-13 20:15:18+00:00

Document:
Resolución de TEAF Bizkaia, 12261, 11-11-2009 | Iberley
Art. 9 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre.
Arts. 18, 19, 25 y 27 del Texto Refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, y 41/1970, de 22 de diciembre, que establecen y regulan el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aprobado mediante Decreto 2123/1971, de 23 de julio.
Art. 58 del Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aprobado mediante Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre.
Pensión de incapacidad del régimen especial agrario. Exención.
La consultante es una persona física a la que, en su día, se reconoció una pensión ordinaria por incapacidad permanente total del régimen especial agrario. Hasta 2007, la pensión que recibía por este motivo se encontraba exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No obstante, con la entrada en vigor de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se modificó el alcance de la exención correspondiente a las prestaciones públicas por incapacidad, quedando ésta limitada, en lo que se refiere a pensiones de la Seguridad Social, a los supuestos de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada de mayores de 55 años, absoluta, o gran invalidez. Esta modificación supuso, en principio, la obligación de tributar por todas las pensiones de incapacidad permanente total de la Seguridad Social que no puedan ser consideradas como cualificadas. Según afirma, su pensión no es cualificada como consecuencia del régimen especial de la Seguridad Social del que deriva.
Desea saber si se encuentra exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la pensión que recibe del Régimen Especial Agrario.
En relación con la cuestión planteada en el escrito presentado, resulta de aplicación la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en cuyo artículo 9 se regula que: 'Estarán exentas las siguientes rentas: (...) 2. Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social, o por las entidades que la sustituyan, como consecuencia de incapacidad permanente total cualificada de mayores de 55 años, absoluta o gran invalidez. Asímismo, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las mencionadas en el párrafo anterior, estarán exentas: - Las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativa al régimen especial de la Seguridad Social mencionado. - Las prestaciones que sean reconocidas a los socios cooperativistas por las entidades de previsión social voluntaria. En los dos casos previstos en el párrafo anterior, la cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades o entidades de previsión social voluntaria antes citadas, en las prestaciones de éstas últimas. (...)'.
A estos efectos, la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, determina en su artículo 139, relativo al Régimen General, que: '(...) 2. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años. Los declarados afectos de incapacidad permanente total para la profesión habitual percibirán la pensión prevista en el párrafo anterior incrementada en el porcentaje que reglamentariamente se determine, cuando por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior. La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al 55 por 100 de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos anuales, vigente en cada momento. (...)'. Este precepto se encuentra desarrollado en el artículo 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, en virtud del cual: '1. El derecho a incremento de la pensión por incapacidad permanente total previsto en el número 4 del artículo 11 de la Ley 24/1972 se reconocerá, en su caso, a los trabajadores declarados en dicha situación a partir del 1 de julio de 1962, siendo competente, a estos efectos, el mismo Organismo que reconozca o hubiere reconocido la pensión. 2. El requisito de edad exigido en el precepto legal citado será, como mínimo, de cincuenta y cinco años. 3. El incremento a que el presente artículo se refiere consistirá en un 20 por 100 de la base reguladora que se tome para determinar la cuantía de la pensión. 4. El incremento quedará en suspenso durante el período en que el trabajador obtenga un empleo'.
En lo que afecta al Régimen Especial Agrario, el artículo 58 del Reglamento General del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre, en su redacción dada por el Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, recoge que: '1. Las prestaciones por incapacidad permanente, derivada de enfermedad común o accidente no laboral, se concederán a los trabajadores por cuenta propia en las condiciones establecidas para los trabajadores por cuenta ajena. 2. Los trabajadores por cuenta propia a quienes se les reconozca la prestación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, tendrán derecho a un incremento del 20 por 100 de la base reguladora que se tenga en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, cuando se acrediten los siguientes requisitos: a) Que el pensionista tenga una edad igual o superior a los 55 años. En los casos en los que el reconocimiento inicial de la pensión de incapacidad permanente se efectúe a una edad inferior a la señalada, el incremento del 20 por 100 se aplicará desde el día 1º del mes siguiente a aquel en que el trabajador cumpla los 55 años de edad, siempre que a dicha fecha se reúnan los requisitos establecidos en los párrafos siguientes. En los supuestos en que el derecho al incremento del 20 por 100 nazca en un año natural posterior a aquel en que se produjo el reconocimiento inicial de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual, a ésta, incrementada con el mencionado 20 por 100, se le aplicarán las revalorizaciones que, para las pensiones de la misma naturaleza, hubiesen tenido lugar desde la expresada fecha. b) Que el pensionista no ejerza una actividad retribuida por cuenta ajena o por cuenta propia que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. El incremento de la pensión quedará en suspenso durante el período en que el trabajador obtenga un empleo o efectúe una actividad lucrativa por cuenta propia que sea compatible con la pensión de incapacidad permanente total que viniese percibiendo. c) Que el pensionista no ostente la titularidad de una explotación agraria o marítimo-pesquera, o de un establecimiento mercantil o industrial como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo'.
No obstante, este incremento de la pensión correspondiente a los trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial Agrario únicamente es de aplicación a las situaciones de incapacidad permanente declaradas a partir del 1 de enero de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional única del citado Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre reconocimiento del incremento de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los trabajadores por cuenta propia.
Para un supuesto análogo al planteado, esta Dirección General consideró inicialmente, a través de consulta de 8 de junio de 2007, que pensiones de incapacidad permanente total no cualificada no se encuentran exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, independientemente del motivo por el cual no se reconozca el incremento en el derecho a pensión. No obstante, mediante consultas de 7 de abril de 2009, se modificó este criterio, y se entendió que los pensionistas por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de Clases Pasivas pueden aplicar la exención sobre las prestaciones que perciban por este motivo a partir del momento en que cumplan 55 años, siempre y cuando carezcan de cualquier otro empleo y no desarrollen actividad económica alguna por cuenta propia.
Consecuentemente con este último pronunciamiento, y con objeto de evitar que los contribuyentes afectados por la disposición adicional única del ya citado Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, queden en peor posición que los demás, deben quedar exentas las pensiones por incapacidad permanente total cobradas por aquéllos en los mismos supuestos y con iguales condiciones que las establecidas para éstos. De forma que se iguale la situación de los trabajadores a que se refiere la citada disposición adicional única del Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, con la de los demás pensionistas por incapacidad permanente total, y se apliquen a ambos colectivos los mismos beneficios fiscales y en iguales condiciones (tal y como, en su momento, exigió el Tribunal Constitucional en su sentencia de 22 de julio de 1996).
Por todo ello, esta Dirección General considera que deben declararse exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las pensiones por incapacidad permanente total del Régimen Especial Agrario que se perciban a partir del momento en que se cumplan 55 años, siempre y cuando el pensionista no ejerza ninguna actividad económica por cuenta propia o ajena y no ostente la titularidad de ninguna explotación agraria o marítimo pesquera, ni ningún establecimiento mercantil o industrial. Es decir, siempre y cuando carezca de cualquier otro empleo y no desarrolle actividad económica alguna por cuenta propia.
Sentencia Social Nº S/S, TS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 267/1993, 26-02-1994
Orden: Social Fecha: 26/02/1994 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Cachon Villar, Pablo Manuel Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 267/1993
Orden: Social Fecha: 14/04/2005 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Calvo Ibarlucea, Milagros

References: artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 139
 artículo 6
 artículo 11
 artículo 58
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto