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Timestamp: 2019-09-19 17:58:32+00:00

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﻿ SENTENCIA SL1461-2018/55999 DE MAYO 2 DE 2018
SENTENCIA SL1461-2018 DE 02 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA PENSIÓN SANCIÓN SOLO SE ESTABLECE PARA TRABAJADORES OFICIALES. SE EXPLICA QUE PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN SANCIÓN NO ES POSIBLE LA SUMATORIA DE LOS TIEMPOS LABORADOS COMO TRABAJADOR OFICIAL Y COMO EMPLEADO PÚBLICO, PUES ESE CRÉDITO LABORAL SOLAMENTE EXISTE PARA EL PRIMER TIPO DE SERVIDOR. ASÍ LAS COSAS, CONSIDERÓ QUE LA PENSIÓN SANCIÓN FUE CONTEMPLADA SOLO PARA TRABAJADORES OFICIALES Y NO ES DABLE ACUMULAR EL TIEMPO DE SERVICIOS DE VINCULACIONES DIFERENTES, POR LO QUE LA ÚNICA FORMA VÁLIDA PARA ACCEDER A ESTE RECONOCIMIENTO ES LA VINCULACIÓN CONTRACTUAL LABORAL. FRENTE A ELLO, PARA EL CASO EN CONCRETO SE DECIDIÓ QUE PARA EFECTOS DE LA PENSIÓN SANCIÓN RECLAMADA POR EL CIUDADANO, NO ES POSIBLE LA SUMATORIA DE LOS TIEMPOS TRABAJADOS COMO TRABAJADOR OFICIAL Y COMO EMPLEADO PÚBLICO, PUES ESE CRÉDITO LABORAL SOLAMENTE EXISTE PARA EL PRIMER TIPO DE SERVIDOR PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, PENSIÓN SANCIÓN, TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, INDEMNIZACIÓN POR ANTIGUEDAD, PENSIÓN SANCIÓN DE JUBILACIÓN
Sentencia SL1461-2018/55999 de mayo 2 de 2018
SL1461-2018
Radicación 55999
En la sentencia cuya legalidad se cuestiona a través del recurso extraordinario, el tribunal esencialmente asentó, que el recurrente no tiene derecho a la pensión sanción de jubilación que depreca, pues por el oficio de tapicero que desempeñó para el ente demandado, durante nueve años, once meses y siete días, no está probado que tenga que ver con la construcción y sostenimiento de obras públicas, condición que es necesaria para que se le tenga como trabajador oficial, al tenor de los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968 y 233 del Decreto 1222 de 1986.
La censura disiente del anterior aserto, afirmando que la primera norma no es aplicable a los servidores de entes territoriales, sino a los del orden nacional, y que la segunda tampoco, pues se incorporó al sistema jurídico cinco años después de que cesará el vínculo laboral entre las partes.
Empero, observa la Sala que a pesar de que, en la presentación de la proposición jurídica del cargo, la impugnación acusa al tribunal de “aplicar indebidamente” aquellas normas (fl. 9, cdno. de casación), en la demostración del ataque argumenta que,
(...) no cabe la menor duda de que ante una correcta interpretación de la normativa aplicable, la verdadera condición del demandante al momento de producirse su desvinculación unilateral era aquella que ostentaba antes de que el ejecutivo departamental, procediera a la ilegal reclasificación, esto es la de trabajador oficial, razón por la cual le asistía el derecho a la pensión sanción deprecada y siendo así debe casarse la sentencia y proceder de conformidad con el alcance de la impugnación (fl. 12 ib.).
La Corte tiene adoctrinado, entre otras, en sentencias tales como la CSJ SL1020-2018, que es imposible que de manera simultánea el juez colegiado haya podido incurrir, respecto de la misma norma, en dos modalidades de violación de la ley esencialmente diferentes y excluyentes, en los siguientes términos:
En efecto, es deber del censor identificar cuál es la vía por la que dirige su cuestionamiento, ya que de ello depende la argumentación que debe proponer, y además, plantea dos modalidades que resultan excluyentes entre sí, dado que la aplicación indebida ocurre cuando a pesar del entendimiento correcto de la norma, se aplica a un caso que no se regula por ella o cuando se le da un alcance distinto; mientras que en la interpretación errónea se discute el alcance o entendimiento que se le asignó a la disposición legal que sí se aplica o gobierna el asunto.
Así las cosas, al ser los dos submotivos de violación de la ley referidos por el recurrente, no solo excluyentes, sino contradictorios, e invocarlos en un mismo cargo, coloca a la Corte en el papel de escoger cuál pudo ser la violación en que incurrió el tribunal, esto es, si la aplicación indebida, primero aducida, o la interpretación errónea finalmente alegada, labor que no es dable emprenderla de oficio, dado el carácter dispositivo y extraordinario del recurso de casación laboral, circunstancia que es suficiente para desestimar el ataque por yerro técnico inexcusable.
Adicionalmente, la discusión relativa a la “excepción de constitucionalidad”, tal y como la plantea el recurrente, doliéndose de que el ad quem no echó mano de ese instrumento, debiendo hacerlo, ha debido introducirla en la segunda instancia y solicitar la adición de la decisión al respecto, a través de sentencia complementaria (CPC, art. 311), pero no acudir al recurso extraordinario para ese efecto, como lo ha orientado la Corte, verbigracia, en sentencias CSJ SL13056-2015 y CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 36974.
No obstante, allende lo previo, cumple recordar que frente a la situación que existía antes de la expedición de los decretos 1222 de 1986 y 1333 de 1986, en la Sentencia CSJ SL4440-2017 se precisó lo siguiente:
(...) la Corte Suprema de Justicia venía considerando que el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 aplicaba a unos y otros. Con lo anterior, eliminó las divergencias interpretativas que existían en esa época en torno a si la clasificación contenida en tal disposición solo cobijaba a los servidores del nivel nacional o si, en cambio, también gobernaba la situación de los trabajadores del orden territorial.
Por ejemplo, en fallo CSJ SL 7142, 15 nov. 1979, esta corporación, evocando su criterio sentado desde mediados de la década de los 70’s, sostuvo:
Y no puede pensarse, de otra parte, que la aplicabilidad del dicho artículo 5º hubiese quedado circunscrito a la órbita nacional por virtud de lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, desde luego que este último se refiere tan solo a los preceptos del Decreto-Ley 3135 que consagran prestaciones sociales y ello no acontece con el artículo 5º, además, el artículo 7º no hubiera podido aludir a normas distintas de las que menciona, pues, de haberlo hecho, se habría producido un desbordamiento en el ejercicio de la potestad reglamentaria, con las consecuencias de inconstitucionalidad e ilegalidad que ello acarrea.
Ulteriormente, en Sentencia CSJ SL 309, 17 feb. 1987, expuso:
“Y es que es valedero tanto en el ámbito nacional como en el departamento, el municipio y el de los establecimientos públicos ya que la Ley 65 de 1967 en su artículo 1º, ordinal g) facultó al Presidente de la República para “modificar las normas que regulan la clasificación de los empleos, las condiciones que deben llenarse para poder ejercerlos, los cursos de adiestramiento y el régimen de nombramientos y ascensos dentro de las diferentes categorías, series y clases de empleos”, es decir, lo habilitó para establecer el régimen jurídico de los servidores oficiales en todos los órdenes de la administración, pues la ley no circunscribió la autorización a la esfera nacional, como si(sic) lo hizo expresamente en varias otras de las facultades extraordinarias concedidas por ella”.
Así mismo, en la Sentencia CSJ SL, 30 oct. 2007, rad. 30803 se puntualizó que,
el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, determina que son empleados públicos las personas que prestan servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos; y que tienen la calidad de trabajadores oficiales, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de las obras públicas.
La anterior clasificación fue la que asumió el Decreto 1222 de 1986, en su artículo 233, al consagrar que “los servidores departamentales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de las obras públicas son trabajadores oficiales”. En el mismo sentido lo hizo el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, para los servidores del orden municipal.
Ahora, en aras de la claridad, también cabe agregar, que para efectos de la pensión sanción reclamada por el actor, no es posible la sumatoria de los tiempos trabajados como trabajador oficial y como empleado público, pues ese crédito laboral solamente existe para el primer tipo de servidor público, criterio que ha mantenido la Sala en distintas providencias, tales como la CSJ SL, 3 nov. 2010, rad. 38707, en la que al reiterar otras en el mismo sentido, precisó:
Además, conviene recordar que acorde con lo que de tiempo atrás ha definido esta Sala de la Corte, entre otras, en sentencias de 12 de abril de 2000, reiterada el 25 de febrero de 2004, radicaciones 12757 y 21862 respectivamente, “... no se puede olvidar que el instituto de la pensión sanción fue contemplado inicialmente, y aún continúa así, solo para los trabajadores oficiales, y no es dable acumular para esos efectos el tiempo servido bajo formas de vinculación diferentes...”, y en esa medida, le asiste razón a la censura, en cuanto no es posible computar el tiempo de servicios en que el demandante no tuvo la condición de trabajador oficial.
Sin costas en casación, dado que el recurso no fue replicado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011), en el proceso ordinario laboral que Hernando López Tabares, adelantó contra el departamento de Antioquia.

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 233
 artículo 292