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Timestamp: 2020-08-07 09:13:56+00:00

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Los fundamentos del STJ en el precedente sobre el acceso ciudadano a los sueldos y viáticos de los funcionarios - El Portal Ricardo David
Los fundamentos del STJ en el precedente sobre el acceso ciudadano a los sueldos y viáticos de los funcionarios
4 octubre, 2019 23 octubre, 2019 6573
“La publicidad del destino de los fondos públicos que se exige conocer pueden comprometer la intimidad de ningún entrerriano que haya asumido una función pública. Mucho menos su honor, su imagen o su seguridad”, sostuvo el maximo tribunal al condenar a ENERSA.
En la mañana de este viernes desde este Portal se daba a conocer la resolución de la acción de amparo interpuesta contra la empresa de energía de la provincia (ENERSA) ante la negativa de brindar información sobre sueldos y viáticos de los funcionarios que componen la firma.
En un fallo dividido, es decir, 3 votos a favor y 2 en contra, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso “HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la que se revoca, ADMITIR la acción de amparo y, en consecuencia, condenar a la Empresa Energía de Entre Ríos (ENERSA) a brindar la información requerida sobre los sueldos y viáticos de los funcionarios enumerados en el Capítulo III de la demanda, durante los últimos tres meses.-“
Condena, la de proveer la información pública solicitada, que, lógicamente trae aparejada la condena en costas.
Como dato que quedará de anecdótico era la primera vez que los Tribunales entrerrianos tenían en sus manos un caso como el planteado, es decir, la facultad de que los ciudadanos puedan a acceder a información por parte del Estado hasta aquí vedada como lo son (o eran) los sueldos y viáticos de los funcionarios públicos.
El Portal, accedió a la sentencia integra de lo que ya es considerado un valiosísimo precedente judicial, en el cual reconoce y restablece el derecho de acceder a la información pública en la materia mencionada (sueldos y viáticos).
La fundamentación para dar acogida al amparo provino del voto del Dr. Miguel Giorgio al cual adhirieron sus colegas Dres. Daniel Carubia y German Carlomagno, la cual se transcribe en su parte pertinente, ccotándose que lo resaltado nos pertenece:
“…no encuentro un proceso judicial más apropiado que el presente para satisfacer una inquietud pública -el acceso a información pública- de poca complejidad material y jurídica, cual prescinde por completo de todo despliegue probatorio ya que se trata – sencillamente- de brindar una información resguardada en el ámbito de la esfera pública en respuesta a “…un derecho de raigambre constitucional, considerado así por la doctrina y jurisprudencia, nacional e internacional, con basamento en los principios republicanos de gobierno y de la soberanía popular. En efecto, el principio republicano de gobierno establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional reconoce como aspecto fundamental del mismo la presunción de publicidad de la actividad estatal, de modo tal que la publicidad de los actos de gobierno se presenta como una obligación de las autoridades, o forma parte de la “carta de navegación del país” (“DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” – Rosatti, Horacio Daniel, Funes, Francisco Javier – Cita: RC D 37/2015 Tomo: 2012 2 Empleo público – II – Revista de Derecho Público)”
“A tono con esta relevancia constitucional, nuestra Carta Magna local consagró el acceso a la información pública en el art. 13 al expresar “Se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipios, comunas y universidades.”
“Dicho ello, corresponder ingresar directamente a la cuestión sustancial suscitada señalando inicialmente que el específico objeto pretensional persigue -conforme luce del objeto de demanda a fs. 26 y del petitorio de fs. 37- que se ordene a la demandada a “proveer la información pública sobre los sueldos y viáticos” correspondiente a los funcionarios que enumera, más no que se exhiban los recibos de sueldo de donde pueden surgir los datos sensibles o de carácter personal cuya protección motivó el rechazo del amparo en la instancia de grado (mucho menos persigue la exhibición de las declaraciones juradas)”
“…el derecho de acceso a la información pública consagrado constitucionalmente se encuentra regulado por el reglamento aprobado mediante Decreto Provincial Nº 1169/2005 en cuyos considerandos se destaca como objetivo de la administración el de fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, como también la democracia, en consonancia con el compromiso asumido desde la suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, por el cual no solo se deben sancionar los actos de corrupción sino – fundamentalmente- crear dispositivos que busquen prevenirlos.-
“Se destacan en dicho decreto virtuosas aspiraciones democráticas para su aprobación ponderándose “Que existen distintos mecanismos de participación ciudadana que pueden considerarse vitales para el sistema democrático; Que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales; Que la Constitución Provincial establece la forma de gobierno republicana y representativa y fija en su artículo 5 la vigencia de todos los derechos y garantías declarados en la Constitución Nacional; Que el mismo deriva claramente del principio de publicidad de los actos de gobierno que caracteriza al sistema republicano y que conlleva el poder de los ciudadanos de ejercer un control sobre los actos de gobierno; Que contribuye a reforzar la Democracia pues tiende a lograr una eficaz participación de los ciudadanos en distintos ámbitos mejorando con ello la calidad de las instituciones”.-
“…tanto la precisión del objeto específico como la modalidad para proveer ésta información, es lo que a mi criterio, llevó al juez a quo a una conclusión errada, ya que del modo en que se interpretó la pretensión procesal (es decir, bajo el mecanismos de exhibir los recibos de sueldo con declaración jurada de bienes) se extrajo la conclusión de que, a la luz del art. 16 del Dec. 1169, se estaría mostrando documentación que vulnera el honor, la intimidad personal y familiar (inc. A del art. 16 del Dec. 1169) en el entendimiento de que los recibos de sueldo contienen otros datos que no son de acceso público pues son de la intimidad de la persona: datos referidos al consumo, a obligaciones alimentarias, a la inclinación sindical, a embargos, etc..-“
“…no es ésta la información que persigue la amparista, sino que en definitiva busca mediante este proceso es tomar conocimiento del destino del erario públicoen la orbita de la empresa accionada, más precisamente, de las remuneraciones que se le han asignado a los cargos enumerados y los viáticos asignados.-“
“Nótese que el dictamen del Ministerio Público Fiscal -más allá de propiciar la confirmación del fallo en crisis- comparte lo sostenido por el sentenciante en cuanto a que considera legítimo dar a conocer cual es el emolumento asignado por ley o contrato para los distintos cargos de la Administración, pero no considera legítimo la exhibición de los recibos de haberes y la declaración jurada de bienes -cfr. fs. 205 vta..-“
“Una vez mas: ni la exhibición de tales recibos, ni la de las declaraciones juradas forman parte del específico objeto pretensional, sino que se exige tan solo que se provea la información pública sobre los sueldos y viáticos.-“
”Pues bien, retomando el reglamento que regula el acceso a la información, destaco que el art. 2 delinea el ámbito de aplicación del siguiente modo: “El presente reglamento general es de aplicación en el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades con participación estatal y todo ente público con participación estatal y/o que tenga como fuente de recursos el aporte del Estado Provincial”, surgiendo con nitidez que la nota distintiva de la información pública “solicitable” según el Decreto, está dada por el origen de los recursos. Es decir, información relacionada con el erario público. Ni mas ni menos.- “
“Así las cosas, encuentro que la información requerida por la amparista relacionada con los sueldos y viáticos del funcionariado que enumera, constituye una información alcanzada por el ámbito de aplicación del art. 2 más no por las casuales de excepción del art. 16 ya que en modo alguno la publicidad del destino de los fondos públicos que en autos se exige conocer pueden comprometer la intimidad de ningún entrerriano que haya asumido una función pública. Mucho menos su honor, su imagen o su seguridad.-“
Luego citó el fallo de la CSJN “Asociación Derechos Civiles el EN PAMI (dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, y sostuvo mas adelante “…Como consecuencia del precedente citado, el acceso a la información pública tuvo su consagración legislativa a nivel nacional (ya que hasta entonces la materia era reglamentada por Dec. Nacional nº 1172/03, tal como sucede en autos donde el orden local lo reglamenta por decreto provincial) mediante el dictado de la Ley 27275 del 14.09.2016, llamada ley de “Derecho de Acceso a la Información Pública” que si bien delimita su ámbito de aplicación a la órbita nacional (art. 7) establece en su artículo primero una serie de principios rectores que rigen la materia desmembrada de la Constitución Nacional, como ser: Presunción de publicidad; Transparencia y máxima divulgación; Informalismo; Máximo acceso; Apertura; Disociación; No discriminación; Máxima premura; Gratuidad;
Control; Responsabilidad; Alcance limitado de las excepciones; Facilitación; y Buena fe.-“
“Todos estos principios resultan, habiendo sido desprendidos de la Constitución Nacional y en función de los lineamientos trazados por la Corte Nacional, de aplicación local, dentro de los cuales se destaca, en lo que aquí interesa, el In dubio pro petitor que establece expresamente que “la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información”.-“
“Mucho se ha dicho en jurisprudencia y doctrina respecto al “derecho de acceso de información pública”, pero lo hasta aquí reseñado me exime de mayores precisiones siendo evidente que en el caso concreto, el derecho de acceso a la información pública que se persigue merece ser tutelado, condenando a la accionada a brindar la información requerida, sin que ello importe incurrir en una de las circunstancias excepcionantes del art. 16 del Dec. 1169 provincial.-“
“La accionada acompañó en su contestación de demanda la opinión consultiva requerida a la Fiscalía de Estado por parte de ENERSA para responder la petición administrativa (ver dictamen 130-19 de fs. 126/133), donde se concluyó que no existe deber legal de brindar la información solicitada, a lo que debo destacar una vez mas, que esta opinión consultiva sí se encontraba encomendada por la petición realizada en sede administrativa la cual estaba relacionada con las declaraciones juradas y la exhibición de los recibos de sueldo, lo que no sucede en autos.-“
“Por lo expuesto, habiéndose rechazado la acción, como consecuencia de haberse considerado que la exhibición de los recibos de sueldo y declaraciones juradas expondría información relacionada con datos personales, siendo que ni los recibos ni las declaraciones juradas fueron solicitadas en ésta instancia judicial, el veredicto no resulta una aplicación razonada del derecho vigente y las constancias de la causa, en especial teniendo en cuenta la trascendencia constitucional que la CSJN le ha otorgado al tema en estudio, por lo que propongo hacer lugar al recurso articulado y condenar a la accionada a brindar la información requerida, esto es, sobre los sueldos y viáticos de los funcionarios enumerados en el Capítulo III de la demanda, durante los últimos tres meses.-“
Vicente Lorenzon 4 octubre, 2019 at 10:21 pm
IMPECABLE…!!!!!! Felicitaciones Dres q dieron cátedra con este fallo a favor del pueblo!
CONDE 5 octubre, 2019 at 10:41 am
SECRETRIO GRAL. DE LUZ Y FUERZA SERGIO MENENDEZ CON SULEDO MILLONARIO, TRABAJADORES DE ENERSA CLASE MEDIA SINDICALISTAS MILLONARIOS.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 75
 artículo 5
In dubio