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voselsoberano.com | Domingo 24 de Enero de 2010 10:29
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voselsoberano.com | Lunes 25 de Enero de 2010 08:57
Juicio a Militares Se Queda Corto
Por El Abogado Carlos Hernández, Ampliado por el Sr. Melvin López Herrera
Recientemente el Fiscal General del Estado introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra la plana mayor de las Fuerzas Armadas, por la expatriación de que fue objeto el presidente de la república el 28 de junio recién pasado, y que dio lugar al rompimiento del orden constitucional en nuestro país mediante un golpe de Estado. Tal requerimiento está promovido contra seis oficiales de aquella institución, encabezados por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, integrantes todos de lo que se conoce como Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras.
El requerimiento en su formulación sostiene los delitos de “abuso de autoridad” y “expatriación” en perjuicio del Estado, ningún otro más; y los hechos que señala son por quebrantamiento de una orden judicial al no haber entregado al presidente depuesto ante las autoridades judiciales y por haberlo extrañado del país; hechos que han sido del conocimiento público nacional e internacional; mismos con los que se facilitó que desde el Congreso Nacional aquel día se separara inconstitucionalmente al presidente depuesto.
Entendemos que al plantearse en tal requerimiento que esos delitos de abuso de autoridad y expatriación, contra los seis imputados, se cometieron en perjuicio del Estado, ha sido porque están relacionados con hechos contra la persona del presidente de la república que en fecha 28 de junio de 2009, tras el allanamiento a su morada, fue capturado y puesto en una aeronave que lo llevó a Costa Rica, en lugar de ponerlo a la orden de las autoridades judiciales. Es pues precisamente su calidad de presidente de la república, reconocida por el Fiscal General, que hace que los delitos perseguidos por el Ministerio Público (MP) se califiquen como cometidos en perjuicio del Estado; precisamente por los efectos derivados de su comisión, como ha sido el golpe de Estado real ya manifestado.
Consideramos que el requerimiento fiscal se quedó inconcluso en su conformación ya que, más allá de los dos delitos sostenidos, se dieron muchos otros de igual o mayor gravedad y que han sido omitidos sin justificación alguna. A continuación mencionamos los delitos omitidos:
Traición a la patria: Este delito está tipificado en el artículo 2 del la Constitución de la República, y sancionado en el artículo 310-A del Código Penal. Los efectos del delito de expatriación, que persigue el MP en su requerimiento, se dieron con la usurpación de uno de los poderes constituidos del Estado, en la titularidad del Ejecutivo. El decreto 141-2009 del Congreso Nacional en donde inconstitucionalmente separa al presidente depuesto; mal fundamenta en su parte resolutiva la ausencia del destituido; ya que tal ausencia, todos sabemos que, es un hecho forzado por la expatriación misma de que fue objeto el presidente depuesto. Igualmente todos sabemos quienes materializaron la expatriación. Es por el efecto comentado que se incurrió en el delito de traición a la patria; mismo que debió considerar el requerimiento fiscal.
Secuestro: Tal como lo establece el Código Penal en su artículo 192, este delito es imputable a quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con fines políticos entre otros. Bien es sabido que el presidente depuesto, fue sustraído, retenido y desplazado, cuando al sacarle de su morada se le mantuvo retenido en Palmerola y posteriormente desplazado a Costa Rica sin su consentimiento; facilitando con ello la alteración de la conformación política del Estado de Honduras, según lo establece nuestra constitución. El propio artículo 194.4 del Código Penal penaliza en forma agravante el delito consignado en el artículo 192 cuando el secuestro: es realizado por persona que es o haya sido miembro de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional u organismo de investigación del Estado.
Delitos contra la libertad política: De conformidad con los que establece el Código Penal en su artículo 216, quien bajo violencia o amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político también tiene sanción penal. El presidente depuesto estuvo ejercitando, hasta antes de su captura y secuestro, el derecho político que constitucionalmente le había otorgado el soberano pueblo hondureño por medio de las elecciones de 2005, al ser ungido como presidente y titular de uno de los poderes del Estado por un período de cuatro años que habrían concluido el 27 de enero de 2010. El secuestro de que fue objeto el 28 de junio de 2009 hace incurrir en la comisión del “delito contra la libertad política” a los responsables de su ejecución (autores intelectuales y materiales); pues con ello se le coartó su derecho político a continuar desempeñándose como presidente de la república. Esto independientemente del requerimiento que contra él haya introducido el 25 y el 26 de junio el MP; pues mientras no haya sido condenado por el órgano jurisdiccional del Estado, o no se le haya impuesto una medida cautelar (en este caso de suspensión en su cargo); lo que se operó en él fue sin lugar a dudas, el haberle coartado su derecho político otorgado por el pueblo soberano.
Delitos contra la forma de gobierno: El artículo 328 del Código Penal establece pena contra quienes delinquen contra la forma de gobierno, ejecutando actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, entre otros: 2) alterar la constitución de cualquiera de los poderes del Estado, Ejecutivo o Judicial, o atacar su independencia y, 4) variar el orden legítimo de suceder la Presidencia….- Con los hechos del 28 de junio de 2009 es indiscutible que se alteró la constitución del poder Ejecutivo; pues fueron el secuestro y la expatriación, de que fue objeto el presidente en ese momento, las acciones facilitadoras de alterar la conformación constitucional del Estado, mediante la usurpación que hubo de la presidencia de la república derivada de la separación inconstitucional dispuesta por el Congreso Nacional. Ello trajo consigo la variación del el orden legítimo de suceder al presidente depuesto sancionada con el artículo 328 acá comentado; ya que la única forma legítima de suceder la presidencia es: haberse completado el mandato constitucional de cuatro años, haber renunciado el presidente, haber fallecido, estar inhabilitado física o mentalmente, haber recaído sobre él sentencia firme condenatoria, habérsele aplicado la medida cautelar de suspensión de su cargo dictada por el órgano jurisdiccional del Estado. Todas estas situaciones, con excepción de la primera y la última, habrían dado lugar a una ausencia definitiva que permitiera aplicar el 242 constitucional; considerándose la última como una ausencia inicialmente temporal. La ausencia involuntaria y forzada que se le provocó con el secuestro y la expatriación no legitimaron en ninguna forma la mal llamada “sucesión constitucional”, con la que se ha venido disfrazando el golpe de Estado real. Estos actos que se dieron en la persona del presidente depuesto fueron indudablemente forzados e ilegales que desembocaron en la alteración constitucional del poder Ejecutivo y en una “sucesión” ilegítima; ambos penados por el artículo 328 que hemos revisado.
Algunas consideraciones adicionales al requerimiento fiscal
No debemos olvidar que este requerimiento fue presentado y firmado por el Fiscal General; por lo que se espera que, como autoridad superior del MP, no pudo haberse encontrado forzado jerárquicamente a omitir la más mínima consideración necesaria y válida en el planteamiento y presentación de dicho requerimiento. Por tal razón resulta inconcebible al entendimiento humano el hecho de haber ignorado las calificaciones penales omitidas en el mismo.
Del análisis al que hemos sometido tal requerimiento podemos extraer lo siguiente:
Primero: Al establecer que esos delitos (los únicos dos que consigna el requerimiento: abuso de autoridad y expatriación) fueron cometidos en perjuicio del Estado de Honduras, encontramos que el señor Fiscal General reconoce que tal perjuicio al Estado se dio con la alteración que hubo al orden constitucional; en otras palabras reconoce que efectivamente lo que se dio el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado real. Esto, aunque ya muestra que la Fiscalía empieza a aclarar su pensamiento jurídico, evidencia un alto sentido contradictorio si recordamos que en su opinión dada recientemente al Congreso Nacional con motivo de la decisión tomada en diciembre de 2009 sobre la posible restitución del presidente depuesto, el MP mostró oposición al restablecimiento del orden constitucional, sosteniendo indebidamente la mal fundamentada “sustitución constitucional” con la que se disfrazó el golpe de Estado real.
Segundo: El mismo perjuicio sostenido en el requerimiento fiscal que ha sido causado al Estado (como sujeto pasivo o receptor de los delitos perseguidos), no deja duda alguna que efectivamente se consumaron los delitos omitidos en tal requerimiento, y que ya hemos analizado en sus manifestaciones y consecuencias.
Tercero: Siendo que el Fiscal General debe estar necesariamente impuesto de la secuencia del expediente judicial originado con los requerimientos del 25 y 26 de junio de 2009; a raíz de los cuales se capturó y expatrío al presidente depuesto, resulta incomprensible porqué entre los imputados en el requerimiento contra miembros de las Fuerzas Armadas, no está incluido el oficial de esa institución al cual fue dirigida una de las órdenes de captura con instrucciones precisas de poner al capturado a la orden de la autoridad competente, y quien se responsabilizó con su firma en el expediente judicial, del levantamiento del acta de allanamiento a la morada del presidente depuesto y de la captura del mismo. Es obvio que este oficial también debió ser incluido como imputado en el requerimiento, y que habría servido de utilidad para el juzgador en la búsqueda de la verdad durante el juicio, que le permitiera emitir un fallo objetivo y apegado a derecho al momento de dictar resolución o sentencia.
Cuarto: Por desconocer el material investigativo previo en este caso, no sabemos si el MP investigó porque el 26 de junio de 2009 se emitieron dos ordenes de captura: una dirigida a quien materializó la captura y el allanamiento con instrucciones de poner al capturado a las ordenes de la autoridad competente; y otra dirigida a uno de los imputados actuales en donde se omitía esa instrucción dada al primero. Siendo que esas dos órdenes de captura fueron emitidas por el juez natural de aquella ocasión, mereció una investigación profunda por parte del MP sobre el accionar del juez natural en lo siguiente: 1) porqué emitió dos ordenes de captura contra la misma persona?, 2) porqué la primera iba lo suficientemente instruida y en la segunda se omite la instrucción precisa dada en la anterior (poner al imputado a la orden de la autoridad competente)?
La conducción del juicio en el actual requerimiento fiscal.
De todos es sabido que contra la nominación del actual juez natural se presentaron escritos ante la CSJ pidiendo la recusación de la persona nominada, sosteniendo el fundamento jurídico contenido en el artículo 83.10 del Código Procesal Penal, el que establece como causa legítima de recusación el: haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente de alguna manera su opinión sobre la causa. Igualmente se conoce que las recusaciones promovidas fueron desestimadas por el pleno de la Corte.
El juez natural en el presente juicio, de manera colegiada participó en el comunicado de la CSJ dado a conocer con fecha 28 de junio de 2009 “con motivo de los acontecimientos que se han ejecutado este día domingo 28 de junio del 2009”.- Este comunicado en sus últimos dos párrafos dice textualmente lo siguiente:
“Por su parte el Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce, las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna.” (las inobservancias de redacción existen en el comunicado)
“Finalmente el Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día está basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley”
Es claro que los acontecimientos del domingo 28 de junio de 2009 a que hace alusión el comunicado son los que se dieron con la captura y expatriación del presidente depuesto. El penúltimo párrafo del comunicado aclara lo anterior al manifestar que “las Fuerzas Armadas como defensores del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del Estado de Derecho obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna”. Y el último párrafo, por su parte, dice que “las acciones del día está basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales”
Es muy claro pues que, no solo el actual juez natural sino toda la CSJ ya se pronunció, con el comunicado colegiado, que lo sucedido con el presidente depuesto su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales y basada en una orden judicial; en consecuencia, la recusación que en su momento se pidió respecto al juez natural de este juicio tiene fundamento válido, inclusive contra los 14 restantes magistrados y no sólo contra el juez natural nominado.
Sabemos de antemano que la defensa en el presente juicio argumentará “el estado de necesidad” tema que ha sido ampliamente debatido desde el golpe de Estado real; y que muchos han querido sorprender con esta tesis. El “estado de necesidad” no es un capricho antojadizo, no es un camuflaje, no es una artimaña, no es un argumento de defensa espuria. El “estado de necesidad” es doctrina filosófica jurídica y científica que analiza y define contundentemente una materia o tema concreto; constituyendo una fuerza de convicción para el legislador y para el sentenciador, en este último caso para aplicar normas a casos concretos.
Un “estado de necesidad” para apreciarse y valorarse como tal debe estar revestido de requisitos esencialísimos mínimos para alcanzar su validez al momento de resolver un juicio con la sentencia respectiva; entre ellos: a) que exista un peligro inminente y real, y jamás un supuesto; no admite acciones preventivas sino yuxtapuestas b) no descansa en creencias sino en hechos concretos, c) dentro de la inminencia y realidad del peligro debe darse la situación que un bien determinado se habrá de salvar sacrificando otro de menor valor (en este caso que nos ocupa, el orden constitucional sacrificado jamás en modo alguno podrá considerarse un bien menor). Al respecto de los hechos acaecidos el 28 de junio de 2009, el doctor don Edmundo Orellana, en diario La Tribuna, hizo una exposición completa del “estado de necesidad” confrontando esa doctrina con aquellos hechos; demostrando ilustrativamente que las acciones del secuestro y la expatriación del presidente depuesto jamás pueden justificarse como “estado de necesidad” en un juicio. Es por eso que los fiscales asignados en el presente requerimiento, deberán estar muy preparados y muy instruidos para destruir el argumento del “estado de necesidad” que se pretenda indebidamente introducir al juicio.
Nos queda esperar a estas alturas, sobre la forma en que se comportará la justicia en Honduras, durante el presente juicio.
Alfonso Lacayo, uno de los psicólogos de la brigada médica de la Resistencia en Honduras, uno de los muchos “obreros de la salud” que actúan en el Frente Nacional de Resistencia Popular.
Ida Garberi | Para Kaos en la Red | Hoy a las 17:41
“La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad” por Francisco Morazán
* la autora es la responsable de la página italia

References: artículo 2
 artículo 310
 artículo 192
 artículo 194
 artículo 192
 artículo 216
 artículo 328
 artículo 328
 artículo 328
 resolución 
 artículo 83