Source: http://pop.corteconstitucional.gov.co/relatoria/SU.php
Timestamp: 2018-06-21 17:50:14+00:00

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Sentencia: SU.654/17
Tema: El actor estuvo vinculado con el Banco Cafetero por un período superior a los 22 años. En 1993 se terminó la relación laboral y a través de un acuerdo con la entidad, se dejó expresamente establecido que se haría acreedor a la pensión de jubilación cuando cumpliera los requisitos legales para esta prestación. A mediados de 1994 se afilió a la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir y obtuvo con esta entidad la pensión anticipada de vejez, bajo la modalidad de retiro programado. En el 2004 se presentó reclamación administrativa ante el Banco Cafetero para el reconocimiento del derecho prestacional acordado, pero este fue denegado porque a la fecha de la solicitud el peticionario se había cambiado voluntariamente del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad. En proceso ordinario laboral adelantado en contra de la entidad bancaria para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, la Sala de Casación demandada concluyó que el traslado voluntario referido traía como consecuencia la pérdida de beneficios del régimen de transición, por no poder regresar al anterior régimen pensional. Se aduce que tal providencia vulnera derechos fundamentales. Se aborda la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 2º. La procedencia de este mecanismo judicial para garantizar el reconocimiento de acreencias pensionales y, 3º. El derecho fundamental a la seguridad social en condiciones dignas y justas, que incluye el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. No obstante concluir la Sala Plena que la providencia cuestionada no riñe de manera abierta con la Constitución y que es compatible con la jurisprudencia trazada por la Corporación y, en virtud de ello, negar el amparo al debido proceso, decide, en atención a las facultades extra y ultra petita del juez constitucional, tutelar los derechos a la seguridad social en condiciones dignas y justas y el de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, ante las evidentes circunstancias de vulnerabilidad del actor y de su cónyuge. Se imparten unas órdenes concretas orientadas a hacer efectivos los derechos amparados.
Sentencia: SU.011/18
Tema: En varias acciones de tutela presentadas de manera independiente se aduce que la Secretaría de Educación de Nariño y otras entidades estatales vulneraron derechos fundamentales, como consecuencia de no efectuar el nombramiento de los actores como docentes etnoeducadores, no obstante haber superado las etapas del concurso de méritos y ser seleccionados para integrar la respectiva lista de elegibles. El cuestionamiento principal se hace a la no expedición del aval de reconocimiento cultural que debe ser otorgado por la autoridad comunitaria competente del territorio afrodescendiente, negro, raizal o palenquero donde decidieron prestar sus servicios. También se cuestionó la decisión de los Consejos Comunitarios que se negaron a otorgar el referido aval argumentando que los demandante no pertenecían a la comunidad y tampoco vivían en el territorio¸ porque no se agotó la consulta previa para realizar la convocatoria de los etnoeducadores y, porque se debían respetar los derechos de los docentes que se encontraban en provisionalidad. Se analizan los siguientes temas: 1º. Los concursos de méritos y el derecho a ocupar cargos públicos. 2º. El concurso de méritos de etnoeducadores. 3º. El derecho a la consulta previa de las comunidades en el precitado concurso y, 4º. El alcance del aval de reconocimiento cultural que comprende el artículo 2.4.1.2.17 del Decreto 1075 de 2015. Se CONCEDE el amparo invocado. Se exhorta al Congreso de la República para que expida un ordenamiento jurídico con fuerza de ley que regule las relaciones entre el Estado y los docentes que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras y en sus territorios. Al Gobierno Nacional también se exhorta para que presente un proyecto al Congreso de la República en el cual se regulen las relaciones precitadas, previo cumplimiento de la consulta previa con dichas comunidades. A la presente providencia se le imparten efectos inter comunis y por ello se extiende a todos los aspirantes a etnoeducadores que participaron en la misma convocatoria de los accionantes, pero con la aplicación de las subreglas jurisprudenciales contenidas en los fundamentos jurídicos 223 y 224 de la presente sentencia.
Sentencia: SU.691/17
Tema: La Corte Constitucional en Sentencia C-101/13 determinó que los empleos de procuradores judiciales de la Procuraduría General de la Nación eran empleos de carrera especial y por tanto debían ser convocados a concurso público y provistos en propiedad. En acatamiento de este fallo el Ministerio Público dispuso la apertura del proceso de selección y, en virtud de él, se expidieron 14 convocatorias para proveer un total de 427 cargos de Procuradores Judiciales II y 317 de Procurador Judicial I. Los accionantes ocupaban en provisionalidad algunos de estos cargos y fueron desvinculados de la entidad como consecuencia del nombramiento en propiedad de las personas que integraron la lista de elegibles del referido concurso. Los peticionarios alegaron que dicha desvinculación vulneró sus derechos fundamentales en virtud de ser personas próximas a pensionarse y/o mujeres cabeza de familia. Con la acción de tutela pretenden que el juez constitucional ordene su reintegro. Con la presente sentencia se unifica su jurisprudencia en relación con el tema de desvinculaciones de servidores públicos que eventualmente podrían resultar protegidos en virtud de determinados mandatos constitucionales y/o legales, con una estabilidad laboral reforzada. Se analiza temática referente a: 1º. La procedencia de la acción de tutela cuando lo que se pretende es el reintegro de servidores públicos desvinculados. 2º. La protección laboral reforzada de madres cabeza de familia y, 3º. Los límites a esta protección que se materializa por medio de la estabilidad laboral reforzada, lo cual implica hacer referencia al ingreso a la carrera administrativa por mérito como eje axial de la Constitución. En los casos en los cuales se invocó la condición de prepensionados se declaró la IMPROCEDENCIA de las acciones de tutela formuladas, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En un asunto se CONCEDIÓ el amparo invocado, porque la accionante demostró su condición de madre cabeza de familia. No obstante ordenar a la entidad que, de ser posible en la actualidad, dé continuidad a la vinculación de esta ciudadana de forma provisional y hasta cuanto todas las plazas sean ocupadas por los integrantes de las listas de elegibles, se precisa que la condición de sujeto de especial protección constitucional no le otorga un derecho indefinido a permanecer en situación de provisionalidad en un empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganaron el concurso público de méritos.
Sentencia: SU.004/18
Tema: El actor atribuye a las autoridades judiciales demandadas la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, como consecuencia de haber revocado la sentencia que lo absolvió del delito de fraude procesal y no atender la solicitud de casación oficiosa del fallo condenatorio. Se aduce un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se concluye que el vicio imputado a las sentencias acusadas no existió, en tanto los operadores jurídicos valoraron de manera suficiente y bajo las reglas de la sana crítica el material probatorio que sirvió como fundamento de sus decisiones. Se confirman los fallos de instancia que DENEGARON el amparo invocado.
Tema: El actor le pidió al juez constitucional dejar sin efectos la resolución que lo declaró insubsistente y ordenar su reintegro en el cargo que desempeñaba en la entidad demandada. Alega que tiene la condición de prepensionable, toda vez que contaba con más de 1300 semanas de cotización cuando fue declarado insubsistente y le restaban menos de 3 años para cumplir con el requisito de edad para el momento de presentar la acción constitucional. La entidad solicitó declarar la improcedencia de la tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por la inexistencia de un perjuicio irremediable y porque la figura de estabilidad laboral basada en la condición de prepensionable no puede ser alegada por una persona que ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción, como el caso del peticionario. Para los fines de unificación de jurisprudencia la Corte analizó los siguientes tópicos: 1º. Alcance de la estabilidad laboral reforzada para los servidores públicos que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción y, 2º. El alcance de la figura de prepensionable. Se establecen los siguientes criterios: 1º. Los empleados públicos de libre nombramiento y remoción por regla general no gozan de estabilidad laboral reforzada, toda vez que la alta calidad y elevadas responsabilidades que demandan los convierte en empleos públicos que exigen el máximo grado de confianza por parte de los nominadores y, por tanto, éstos están revestidos de discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción. 2º. Cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es la edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que una persona sea beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. Es decir, que en estos casos no se frustra el acceso a la referida prestación. Se DENIEGA,
Sentencia: SU.677/17
Tema: El accionante y su esposa son de nacionalidad venezolana y en marzo del 2016 migraron a Colombia a través de un paso informal y cuando ella tenía cuatro meses de embarazo. La conducta que el actor considera violatoria de derechos fundamentales por parte de la entidad hospitalaria accionada, es la negativa de realizar los controles prenatales a su cónyuge y asistirla en el parto de manera gratuita, por su calidad de extranjera con permanencia irregular en el territorio colombiano. se aborda la siguiente temática: 1º. El marco legal migratorio en Colombia. 2º. Los derechos de los extranjeros y su deber de cumplir el ordenamiento jurídico colombiano. 3º. El principio de solidaridad como elemento esencial del Estado Social de Derecho. 4º. El derecho fundamental a la vida digna. Reiteración de jurisprudencia. 5º. La protección de los extranjeros con permanencia irregular en el contexto de una crisis humanitaria causada por una migración masiva. 6º. Los principios de solidaridad y de cubrimiento universal en el Sistema General de Seguridad Social y el deber de las entidades territoriales de proteger el derecho a la vida digna y a la integridad física de los extranjeros con permanencia irregular en situaciones de crisis humanitaria y, 7º. El principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su prevalencia. Reiteración de jurisprudencia. A pesar de declarar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, la Corte hace una advertencia al hospital demandado para que no incurra nuevamente en las acciones que dieron lugar al presente asunto y para que dé estricto cumplimiento a las reglas jurisprudenciales fijadas en esta providencia, en lo relacionado con la atención básica y de urgencias a extranjeros con permanencia irregular en el territorio colombiano. También le hace una advertencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Registraduría Municipal involucrada en el presente asunto, para que no vuelva a incurrir en retraso o denegación del registro civil de nacimiento de los hijos o hijas de extranjeros con permanencia irregular que haya ocurrido en el territorio colombiano.
Sentencia: SU.648/17
Tema: Se demanda la providencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que denegó la restitución de predios ubicados en la vereda Guacamayas, del Corregimiento de Belén de Bajirá, Municipios de Mutatá y Turbo, en el departamento de Antioquia. El fallo cuestionado se adoptó en el contexto de procesos judiciales en los que los accionantes reclamaron la restitución de los predios que tuvieron que dejar o vender con ocasión del conflicto. Se aduce que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, al igual que en una violación directa de la Constitución. Se analizan los siguientes temas: 1º. La restitución de tierras como elemento esencial de la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia y 2º. Las normas legales relevantes para presentar reclamos de restitución de tierras. Para la Corte no resulta razonable que una autoridad judicial aplique un estándar probatorio más alto a las personas reclamantes de tierras en el marco de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que el que se aplica a las personas reclamantes en el marco de la Ley de Tierras o Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) con el fin de dar cumplimiento a la ley, cuando la propia norma expresamente advierte que se debe garantizar un igual nivel de protección en el goce efectivo de los derechos de las víctimas, sin importar cuál de los dos caminos procesales sea el que siga su reclamo de tierras. Se CONCEDE.
Sentencia: SU.655/17
Tema: La vulneración de derechos fundamentales se genera por la negativa del INCODER de remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Magangué, para su inscripción y registro, la resolución que declaró la extinción de dominio de los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. La accionada adujo que no realizó este trámite porque los artículos 50 y 53 de la ley 160 de 1994 señalan expresamente que la orden de inscripción y registro de la extinción de dominio queda suspendida en caso de que la parte interesada formule demanda de revisión ante el Consejo de Estado. Precisó, que como dicha circunstancia se presentó, no resultaba procedente la inscripción hasta que se encontrara en firme el fallo con el que se finalice el proceso. Se aborda temática relacionada con: 1º. El debido proceso. 2º. El derecho de acceso a la propiedad de la tierra por los trabajadores agrarios. 3º. El derecho fundamental al retorno del que son titulares las víctimas del desplazamiento. 4º. Las sentencias T-267/11 que amparó los derechos de los campesinos de la Asociación demandante y la C-623/15, que expulsó de la vida jurídica aquellas expresiones que impedían la inscripción del acto administrativo de extinción de dominio de los predios que conforman la Hacienda las Pavas. La Corte concluye que se dio la violación del derecho fundamental al debido proceso en dos modalidades. Una, por la falta de cumplimiento de la precitada providencia de constitucionalidad y, la otra, por la pérdida de ejecutoria parcial de la Resolución declaratoria de la extinción, como consecuencia de la inexequibilidad referida. Se CONCEDE.
Sentencia: SU.656/17
Tema: La Sociedad accionante considera que el Tribunal de Arbitramento demandado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al asumir competencia para dirimir un conflicto en relación con un inmueble que, en calidad de arrendataria, tenía la sociedad ExxonMobil de Colombia S.A.. Lo anterior por no tener en consideración que en dicho asunto ya existía un acta de conciliación previamente celebrada entre las partes, lo que configuraba el fenómeno de la cosa juzgada. La Corte advierte que la acción de tutela resulta IMPROCEDENTE por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto no se agotó el mecanismo judicial que resultaba idóneo, esto es, el recurso de anulación, al igual que por no acreditarse la existencia de un perjuicio irremediable.
Sentencia: SU.611/17
Tema: La vulneración de derechos fundamentales por parte del Consejo de Estado se atribuye a la negativa de extensión de la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional en relación con el pago de la indemnización integral a favor de las víctimas del desplazamiento forzado a la que, según los actores, tienen derecho porque a causa de la violencia tuvieron que huir de la zona rural del municipio de San José del Guaviare, donde desarrollaban la labor de docentes. La accionada negó el pedimento argumentando que no se cumplió con el requisito de invocar una sentencia de unificación de dicha Corporación. Se analizan los siguientes ejes temáticos: 1º. El desconocimiento del precedente constitucional como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El mecanismo de extensión de la jurisprudencia previsto en el CPAC. 3º. La fuerza vinculante del precedente constitucional y, 4º. Su aplicación en el trámite de extensión de la jurisprudencia. La Corte concluye que, la aplicación de la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado para solicitar la hipotética indemnización integral a la que se refieren los actores pasa por el supuesto que, primero, se invoque una sentencia de unificación del máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa en la que se reconozca un derecho de esa naturaleza y, luego, que se cumpla con los demás requisitos incluidos en los artículos 102 y 269 del CPACA. Se confirman las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo invocado.
Sentencia: SU.585/17
Tema: El accionante considera que la autoridad judicial demandada vulneró derechos fundamentales, al revocar la providencia que había desestimado las pretensiones de una acción popular iniciada en contra del Consejo Nacional Electoral y la Dirección del Partido Liberal Colombiano por la extralimitación de funciones, acciones y omisiones de tales entidades frente a la expedición y trámite de inscripción de los Estatutos de la referida organización política. En el fallo impugnado se adujo que los partidos políticos sí son entidades pasibles del control de moralidad propio de la acción popular. Se analiza la siguiente temática: 1º. El alcance de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, a la luz del principio constitucional de separación entre lo público y lo privado. 2º. El contenido y alcance de la moralidad administrativa y el principio de moralidad de los partidos políticos y, 3º. La falta de competencia del juez de la acción popular para juzgar el respeto de la moralidad administrativa por parte de los partidos políticos. Luego de concluir que la providencia cuestionada incurrió en un defecto orgánico y en violación directa de la Constitución, la Corte CONCEDE el amparo invocado y deja sin efectos la sentencia que resolvió el recurso de apelación en el proceso de acción popular mencionado.
Sentencia: SU.395/17
Tema: En cinco acciones de tutela formuladas de manera independiente se cuestionan providencias judiciales proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa. En todos los casos se aduce la ocurrencia de los defectos material o sustantivo, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. Se alega que dichos fallos desconocieron el alcance del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al igual que los parámetros de interpretación fijados frente a la forma de calcular el promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público y, los factores constitutivos del salario que deben tomarse en consideración para calcular su monto. Se reitera jurisprudencia constitucional en torno a: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El régimen de transición y el concepto de monto aplicable al momento de liquidar las mesadas pensionales y, 3º. El alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo que respecta a la regla para liquidar el IBL. Parámetros constitucionales fijados a partir de las Sentencias C-168/95 y C-279/96. En tres asuntos se CONCEDE el amparo invocado y en los otros dos se DENIEGA el mismo.

References: artículo 2
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 88
 artículo 36
 artículo 36