Source: http://www.franciscosantana.net/2017/06/accion-de-nulidad-por.html
Timestamp: 2019-02-16 04:27:46+00:00

Document:
Acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad ejercida por el abogado Maurizio Cirrottola Russo contra el Decreto de Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
PRESENTADA EN FECHA 24 DE MAYO DE 2017
PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA POLÌTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
Ref.: ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y PETICIÓN SUBSIDIARIA DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
Yo, MAURIZIO CIRROTTOLA RUSSO, venezolano, mayor de edad, con domicilio en el Municipio Autónomo Sucre del estado Bolivariano de Miranda, titular de la cédula de identidad número V-11.734.740; abogado en libre ejercicio de la profesión e inscrito ante el I.P.S.A. bajo la matrícula 79.375; actuando en esta oportunidad en mi propio nombre, representación y amparado en la legitimidad que más adelante me atribuyo, en el pleno y libre ejercicio de mis derechos y deberes ciudadanos contenidos en los artículos 130, 131 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en lo adelante CRBV); en conformidad con lo previsto en
los artículos 7 y 266.5 de la misma Carta Política, concatenados con el artículo 26.5 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) y en los artículos 9.1 y 23.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA); acudo ante su competente autoridad con la finalidad de incoar la presente ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD DEL DECRETO Nº 2.830, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2017, PUBLICADO EN ESA MISMA FECHA EN LA GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA Nº 6.295, SUSCRITO POR EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR MEDIO DEL CUAL Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN LOS ARTÍCULOS 348, 347, 70, Y 236 NUMERAL 1 EJUSDEM CONVOCA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, CON PETICIÓN SUBSIDIARIA DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
Como recientemente se anunciara, el presente ejercicio judicial impugnatorio se apunta en contra del Decreto Nº 2.830, de fecha 01 de mayo de 2017, publicado en esa misma fecha en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.295, mediante el cual se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio, ciudadano Nicolás Maduro Moros (en lo adelante EL DECRETO). El texto que conforma dicho acto administrativo es del siguiente tenor:
1. La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, el proceso constituyente es una gran convocatoria a un diálogo nacional para contener la escalada de violencia política, mediante el reconocimiento político mutuo y de una reorganización del Estado, que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos, como garantía del pleno funcionamiento del Estado democrático, social, de derecho y de justicia, superando el actual clima de impunidad.
2. El perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela Potencia, concibiendo el nuevo modelo de la economía post petrolera, mixta, productiva, diversificada, integradora, a partir de la creación de nuevos instrumentos que dinamicen el desarrollo de las fuerzas productivas, así como la instauración de un nuevo modelo de distribución transparente que satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población.
3. Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas, desarrollando el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, hacia un Estado de la Suprema Felicidad Social, con el fin de preservar y ampliar el legado del Comandante Hugo Chávez, en materia del pleno goce y ejercicio de los derechos sociales para nuestro pueblo.
4. La ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos, especialmente aquellos que se cometen contra las personas (homicidios, secuestro, extorsión, violaciones, violencia de género y contra niños y niñas); así como de los delitos contra la Patria y la sociedad tales como la corrupción; el contrabando de extracción; la especulación; el terrorismo; el narcotráfico; la promoción del odio social y la injerencia extranjera.
5. Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, entre otras formas de organización de base territorial y social de la población.
6. La defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero, ampliando las competencias del Estado democrático, social, de derecho y de justicia para la preservación de la seguridad ciudadana, la garantía del ejercicio integral de los derechos humanos, la defensa de la independencia, la paz, la inmunidad, y la soberanía política, económica y territorial de Venezuela. Así como la promoción de la consolidación de un mundo pluripolar y multicéntrico que garantice el respeto al derecho y a la seguridad internacional.
7. Reivindicación del carácter pluricultural de la Patria, mediante el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos y venezolanas, en nuestra diversidad étnica y cultural como garantía de convivencia pacífica en el presente y hacia el porvenir, vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.
8. La garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud, tales como el uso libre y consciente de las tecnologías de información; el derecho a un trabajo digno y liberador de sus creatividades, la protección a las madres jóvenes; el acceso a una primera vivienda; y el reconocimiento a la diversidad de sus gustos, estilos y pensamientos, entre otros.
9. La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad.
Artículo 1º. En ejercicio de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 348, 347, 70, y 236 numeral 1 ejusdem CONVOCO UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, ciudadana y de profunda participación popular, para que nuestro Pueblo, como depositario del Poder Constituyente Originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la Patria, reafirmando los principios de independencia, soberanía, igualdad, paz, de democracia participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural.
Artículo 2º. Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y secreto; con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo.
Este es ciudadanos Magistrados el texto íntegro del acto administrativo impugnado.
-Sobre el carácter del acto impugnado de ser de efectos particulares-
Nuestra doctrina ha sido prolija y unánime al momento de definir y diferenciar los tipos de actos administrativos por el efecto que generan o producen, esto es de efectos particulares o generales. En tal sentido, encontramos el marco legal que los prevé se encuentra estipulado en los artículos 13 y 72 de la LOPA en concordancia con lo establecido en el Artículo 21, parágrafo 9no de la LOTSJ.
Puntualizando, tenemos que son características propias de los Actos Administrativos de Efectos Generales, las siguientes:
· Son los llamados “normativos”, crean normas que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico.
· Son fuente de Derecho y deben ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda.
· Según su destinatario, son dirigidos a una pluralidad, es decir, van dirigidos a un número indeterminado de personas, haciendo especial énfasis en la diferencia que se origina entre lo que debe ser interpretado como Acto Administrativo de efecto general, de contenido normativo, y al de Efecto General, el cual aun cuando pueda no contener el efecto normativo, puede interesar a un indeterminado número de personas.
· Crean, declaran, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales.
· Pueden ser tanto de efectos generales como de efectos particulares.
· No tienen un lapso de caducidad para ser impugnados
En contraposición, los denominados Actos Administrativos de Efectos Particulares se caracterizan y diferencias de los anteriores porque:
· Son los llamados “no normativos”, establecen una decisión que no es normativa aplicable a uno o varios sujetos de derecho.
· Tiene por destinatario a un sujeto de derecho.
· Crean, declaran, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares.
· Pueden ser o actos generales, dirigidos a un grupo determinado o determinable de personas, o actos individuales, siempre dirigidos a un solo sujeto de derecho.
· Pueden ser tanto generales como individuales.
· Están sometidos a un lapso de caducidad de ciento ochenta días para su impugnación.
Es del criterio de autores como BREWER, que para no confundir algunas particularidades de estos actos, se debe estar claro que no es lo mismo acto administrativo general que un acto administrativo de efectos generales; como tampoco es lo mismo, el acto administrativo individual o particular que un acto administrativo de efectos particulares.
En el presente caso considera quien recurre que EL DECRETO responde a un Acto Administrativo General de Efectos Particulares, ya que el solo llamado hecho por el Presidente de la República solo interesa a aquellos ciudadanos que cumplen con todos los requisitos y exigencias constitucionales y legales para ejercer el Derecho al Sufragio, que a su vez son quienes podrían participar en los procesos comiciales que se celebren en efecto.
Ese universo de electores habilitados para ejercer el Derecho al Voto se encuentra claramente delimitado en el Registro Electoral que es de la competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con el respeto que merece su altísima investidura, opongo este criterio frente a cualquier otro que pudiera llegar a confundir los efectos de EL DECRETO, con las consecuencias de que se llegara aprobar una nueva Constitución; escenarios que evidentemente son distintos por los efectos –valga la redundancia- que generan.
Aspecto éste que quedará siempre sometido al diagnóstico final de los ilustres Magistrados que integran esta Sala por medio del pronunciamiento que corresponda, siendo el procedimiento aplicable aquél demarcado en los 76 y siguientes de la LOJCA.
Enfocado como quedó en párrafos previos el acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad se solicita, tienen lugar ahora los fundamentos y la legitimación de quien intenta el presente recurso.
El artículo 29 de la LOJCA establece que “están legitimadas para actuar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual”. En virtud de que la nulidad solicitada es la de un acto administrativo de efectos particulares contenido en un texto normativo de carácter sub legal, está claro que poseo el interés reconocido a toda persona plenamente capaz, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, lo que me legitima para esta acción de nulidad contra un acto administrativo de dichas características.
Lo anterior quiere decirnos que cualquier ciudadano o ciudadana en Venezuela, sin la necesidad de acreditar un interés especial o directo, puede interponer en su deber de resguardar la Constitución y las leyes tal como lo orden los artículos 131, 132 y 333 de la CRBV, este tipo de acción para controlar por vía de la nulidad un acto normativo sub legal, contrario a los principios contenidos en la misma CRBV así como en otros textos normativos tales como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).
Destaco, además, que la legitimidad que opongo se consolida, habida cuenta que este ejercicio recursivo lo intento en estricto cumplimiento de los artículos siguientes:
“Artículo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público.”
“Artículo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social.”
Adicionalmente, sin temor a redundar, también soporta la legitimidad con la que actúo el hecho de cumplir con todos los requisitos que la misma CRBV y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) exigen para estar inscrito en el padrón nacional del Registro Electoral llevado por Consejo Nacional Electoral (CNE) y de estar legitimado para participar como elector en los procesos electorales que se convoquen, situación que está revestida de singular importancia para esta acción de nulidad, habida cuenta de que sus eventuales efectos son de eminente naturaleza electoral. Dichos artículos son:
En la CRBV, los siguientes:
“Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.
El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.”
En cuanto a la LOPE, el que se transcribe a continuación:
“Artículo 29. Podrán ser inscritos en el Registro Electoral:
1. Los venezolanos y venezolanas mayores de dieciocho años de edad.
2. Los ciudadanos y las ciudadanas que cumplan los dieciocho años de edad en el lapso que comprende desde el corte del Registro Electoral y el día inclusive de la fecha de la elección, siempre y cuando dicha inscripción se efectúe antes del corte del Registro Electoral.
3. Los extranjeros y las extranjeras mayores de dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país.
A efectos de la inscripción en el Registro Electoral, el único documento requerido y válido es la cédula de identidad.
El Registro Electoral incorporará automáticamente los datos provenientes del Registro Civil”
De manera que, existen sobradas razones y motivaciones para sostener la legitimidad que ostento para iniciar la presente acción e impulsarla hasta la definitiva. Y así respetuosamente solicito sea pronunciado.
COMPETENCIA DE ESTA SALA POLÌTICO ADMINISTRATIVA
Precisado el acto administrativo que imputo como viciado de nulidad absoluta y la legitimidad con la que comparezco ante esta Instancia, destaca la competencia incuestionable de la Sala Político-Administrativa para conocer de la presente acción de nulidad de acto administrativo de efectos particulares.
En principio los artículos 259 y 266.5 y su único aparte, de la CRBV, establecen claramente la competencia de esta Sala para conocer de la presente acción.
En ese mismo sentido, en el artículo 26.5 de la LOTSJ, se afirma la competencia de la Sala Político-Administrativa para conocer las “(…) demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los ministros o ministras del Poder Popular (…)” .
En este orden de ideas, el artículo 23.5 de la LOJCA también contempla la competencia para fundamentar el presente recurso: “…La Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de: 5) Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal”.
En el caso de autos, la presente acción es contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, contenido en EL DECRETO, por lo que expresamente debe esta Sala declararse competente para conocer del presente asunto. Y así respetuosamente solicito sea pronunciado.
DETERMINACIÓN DEL VICIO QUE AFECTA AL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
El eje central del presente ejercicio impugnatorio versa sobre la verificación y comprobación de un vicio en su conformación que lo haga susceptible de NULIDAD ABSOLUTA.
Como se desarrollará de seguidas, quien suscribe considera que en el presente caso el vicio diagnosticado en EL DECRETO, responde a una VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, como medio para vulnerar el PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR INCURRIR EN INMOTIVACIÓN. Veamos:
I. Consideraciones generales sobre el Principio de Razonabilidad del Acto Administrativo.
El resultado de la investigación documental hecha, me lleva a reconocer y citar casi textualmente un excelente trabajo de compilación doctrinaria y jurisprudencial comparado hecho por el paraguayo Federico Silva Duarte, en el año 2014, titulado “El Principio de Razonabilidad como límite al Poder del Estado”. Hago honor profesional a su esfuerzo, rindo respeto a su autoría y me sirvo de ello de manera parcial para ilustrar de forma práctica la situación planteada.
Parafraseando al referido autor latinoamericano, expongo lo siguiente:
Entrando en materia comento que el Derecho constituye una herramienta fundamental para el orden de la vida en sociedad que busca la justicia y el bien común. Exige una base racional (de razón) ya que en sí mismo se trata de un juego entre medios y fines: los fines últimos (justicia, bien común), los fines intermedios o mediatos, y los mismos medios a los que se recurre para alcanzar el objetivo.
El Derecho no pertenece al género de los sentimientos humanos, a las impresiones o a los gustos personales, sino al mundo o realidad del deber ser, de la asignación de valor a las conductas y en tal medida a la razón práctica.
Como su ejercicio por el Poder Público tiene efectos vinculantes, y es capaz de producir importantes consecuencias sobre las personas, su esfera de derechos, sus bienes, por lo que el recurrir o apelar a la razón cobra particular relevancia. Por ello el Principio de Razonabilidad constituye una pieza clave del Estado de Derecho, al actuar como un limitador, con carácter operativo, cuya función va más allá de ser un mero criterio de interpretación.
HUTCHINSON (1998) en su trabajo "Régimen de Procedimientos Administrativos", establece que la motivación del acto administrativo es la explicitación de la causa; esto es la declaración de cuáles son las expresiones de las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto, y se halla contenida dentro de los "Considerandos". Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad de la actuación de los órganos estatales.
Desde el punto de vista del particular responde a una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales. Constituye, en consecuencia, un requisito referido a la razonabilidad.
El Principio de Razonabilidad ofrece una respuesta a la preocupación común referente a la necesidad de asegurar la supremacía del contenido de los actos públicos concernientes a derechos fundamentales frente a la necesaria regulación estatal. Por vía de consecuencia, los poderes del Estado y los funcionarios públicos con capacidad para ejercerlos, se encuentran ante la obligación positiva de que todos los actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones se adecuen al principio de razonabilidad.
El aparato legislativo de un determinado Estado cuando dicta normas generales, el Poder Ejecutivo cuando las reglamenta mediante decretos o dicta Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley; los entes administrativos cuando dictan resoluciones en base a dichas normas, y el Poder Judicial, cuando resuelve conflictos en casos concretos; tienen la obligación de no alterar las declaraciones, derechos y garantías consagrados por la Constitución vigente. Por ende se ha resuelto que el control de constitucionalidad alcanza a la razonabilidad de los actos públicos.
Ahora bien, la conceptualización del principio de razonabilidad es un tanto esquiva, por lo cual suelen presentarse complicaciones a la hora de determinar si un acto público lo transgrede o no.
Doctrinariamente al Principio de Razonabilidad es difícil de definir, o siquiera conceptuar. Se lo ha calificado como un concepto amplio cuyo significado preciso se determina en cada caso, en el momento de su empleo. En líneas claras y llanas, consiste en la exigencia de que el Poder Público adecue sus medidas a la obtención de los fines perseguidos por éstas, a efectos de que los medios no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir no proporcionados a las circunstancias que los motivan y a los fines que se persigue alcanzar con ellos; es una correspondencia entre los medios propuestos y los fines que a través de ellos desea alcanzarse, verbigracia el promulgar el Decreto impugnado pretendiendo que es razonablemente el correcto para alcanzar los fines que desea alcanzar su suscriptor.
El Derecho se realiza en la sociedad cuando es aplicado por la autoridad competente, y por constituir un orden humano, su ejercicio requiere utilizar o apelar a la razón. Desde este punto de vista, la razonabilidad se refiere a una cualidad de razonable. Lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, que significa conforme a la razón, justo, moderado, prudente, todo lo cual puede resumirse en que razonable es aquello que se ajusta a lo que preceptúa el sentido común. En este sentido, el concepto constitucional de constitucionalidad está configurado por las características generales que deben contener los actos públicos para satisfacer el bien común, establecidas en el texto constitucional como sistema armónico. Esas características generales configuran el concepto constitucional de razonabilidad.
Por ende en líneas generales se considera razonable todo acto que no se traduzca en la violación de la Constitución imperante, o en la desnaturalizacion de sus preceptos. Todos los actos públicos deben contar con un fundamento de razonabilidad o justicia, lo cual rige tanto para la actividad reglada como para la discrecional. Ahora, la dinámica jurídica requiere criterios para establecer lo razonable. Esta aserción se intensifica si se considera a la razonabilidad desde la perspectiva que: la aplicación de las normas, y a fortiori la vigencia efectiva de los derechos reconocidos por las mismas requieren interpretación. Esta última no es aplicación mecánica, pues obliga a elecciones valorativas, brindando razones a favor de la elección que se lleve a cabo. Por ello la razonabilidad constituye un estándar valorativo que permite elegir entre varias alternativas, más o menos restrictivas de los derechos, en tanto ella tenga una relación proporcional adecuada entre el fin perseguido por un acto público (ley o resolución administrativa/judicial), y la restricción que este impone a determinados derechos.
La interpretación que llevó a una elección hecha sin haber brindado razones se funda solo en la autoridad, por lo cual no satisface los requerimientos del sistema democrático, pues su concepto íntegro presupone medios para evaluar con un sentido crítico los puntos de vista interpretativos referentes al orden jurídico. En base a ello los conceptos de certeza legal, aceptabilidad racional y justificación se encuentran situados uno junto a otros. El proceso de interpretación constituye la faz normativa del proceso de terminación del Derecho, es decir de concreción de la adecuada solución de una situación mediante un acto del poder público. Este proceso requiere de un cotejo de los distintos argumentos con las razones a favor de una u otra solución, con miras a encontrar una solución razonable para el asunto.
También se ha dicho que la razonabilidad consiste en una valoración axiológica de justicia, que nos muestra lo que se ajusta o es conforme a dicho valor, lo que tiene razón suficiente. Consecuentemente, el principio de razonabilidad constituye un juicio de constitucionalidad sobre la visión o lectura axiológica que el poder público debe dar a la realidad cuando ejerce sus funciones. Como garantía excluye la arbitrariedad, prohíbe la desproporcionalidad y delimita la discrecionalidad. Puede calificársele de "requisito material" de validez de los actos públicos. El principio de razonabilidad se compone de cinco sub principios. En base a ello, todo acto público debe:
1. Ajustarse a la Constitución y la ley vigentes;
2. Estar debidamente fundamentado;
3. Cumplir con un juicio de adecuación;
4. Cumplir con un principio de necesidad; y,
5. Satisfacer un juicio de proporcionalidad, stricto sensu.
En primer lugar, el principio de razonabilidad exige la concordancia de los actos del poder público con el plexo axiológico de la Carta Magna y con las leyes correspondientes. Esto se denomina también razonabilidad normativa. Por ello se considera razonable todo acto que no se traduzca en una violación de la constitución o la ley, o en la desnaturalizacion de sus preceptos. Los actos públicos se presumen constitucionales en tanto y en cuanto, mediante una interpretación razonable de la constitución, puedan ser armonizados con ésta.
En segundo lugar, los actos públicos deben contar con suficiente fundamentación. Como la noción de razonabilidad pertenece a la deontología del derecho, impone un determinado criterio de justificación del mismo. La aplicación de las normas no se agota en la subsunción, sino que exige en gran medida valoración de quienes las aplican. Ello es así pues el derecho en tanto tal no es siempre una razón suficiente. Las leyes mismas, en todas las ramas del derecho, se hallan construidas de modo tal que las autoridades competentes no encuentran y fundamentan sus decisiones mediante la subsunción bajo firmes conceptos jurídicos cuyo contenido se revela con certeza a través de la interpretación, sino que tienen que valorar autónomamente, decidir y disponer.
Consecuentemente el principio de razonabilidad exige que toda decisión de autoridad que crea, reglamenta o aplica normas jurídicas cuente con suficiente fundamentación, en términos conceptualmente claros y consistentes, tanto como que observe al mismo tiempo las reglas de la lógica y las cargas de argumentación, así como las exigencias impuestas por la consistencia y la coherencia.
En tercer lugar, el sub-principio de adecuación, o de idoneidad, exige que todo acto público tenga un fin, tanto como que la medida adoptada por el mismo sea adecuada para alcanzarlo, o en otras palabras, que sea capaz de causar su objetivo. Impone la obligación de que el acto cuente con una debida razonabilidad técnica, al exigir que contenga una apropiada adecuación entre los fines postulados por éste y los medios que planifica para conseguirlos. Además, el fin debe tener relevancia social y ajustarse a la ley. El análisis de la adecuación debe hacerse de manera abstracta, si es que en general los medios no logran el fin, o en el caso concreto, si para tal situación, o para tal sujeto, el acto resulta inadecuado.
La doctrina exige además que toda medida tomada mediante un acto público cumpla con un juicio de necesidad, llamado también de indispensabilidad. Este requiere demostrar que no exista otra medida que, consiguiendo en términos similares el objeto perseguido, resulte menos gravosa o restrictiva. Es necesario que el medio para alcanzar el objeto resulte idóneo y menos gravoso en orden a los derechos y libertades que restringe. Consecuentemente, se recomienda la adopción de la alternativa menos gravosa o restrictiva de los derechos, o al menos aquella igualmente restrictiva que las alternativas.
En Argentina su doctrina le reconoce al Poder Judicial la competencia para revisar y aplicar este sub-principio, bajo el argumento de que la elección de los medios convenientes corresponde a quien ostenta el ejercicio de los poderes constitucionales, y si los mismos son razonables y no desconocen las garantías o las restricciones contenidas en la constitución.
En el caso paraguayo sostiene que los actos públicos deben responder al sub-principio de necesidad. En España también se entiende que los actos públicos deben ser necesarios en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución del propósito perseguido con igual eficacia.
En Alemania también se considera que toda medida del poder público debe ser necesaria o imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de los derechos afectados, es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre todos los posibles.
En Perú se sostiene que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser necesaria, por lo que no debe existir otra medida igualmente efectiva y adecuada para alcanzar el objetivo deseado, que suponga una menor restricción para el derecho fundamental o una menor carga para el titular.
En el caso de Venezuela, nuestros doctrinarios mantienen que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre todas aquéllas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto.
Por último, debe establecerse si la medida tomada por un acto público es proporcionada stricto sensu. Para ello debe determinarse si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar. De modo a establecer que se estima razonable para este objeto, los fallos concretan el juicio en un balance entre las ventajas y desventajas de la medida, considerándola razonable si supone un costo justificado en relación con los beneficios obtenidos. Es necesario cuantificar y calificar, de alguna forma, los medios con respecto a los fines que se persiguen alcanzar de modo a entrever la proporción que debe existir entre los costos y los beneficios, y así brindar razones para ello.
No debe llevarse a cabo un simple análisis cuantitativo, sino considerar todos los factores involucrados, como por ejemplo: costos económicos, sujetos alcanzados y beneficiados, prolongación de la medida en el tiempo y el espacio, y otros. También vale mencionar que se considera que el principio de razonabilidad equivale a la garantía del debido proceso sustantivo (substantive due process of law), del derecho anglosajón. Persigue resguardar el valor justicia en el contenido de todos los actos del poder.
Constituye una garantía constitucional contra la irrazonabilidad y la arbitrariedad en su ejercicio. De allí que todo acto de autoridad requiere para su validez no sólo haber sido promulgado por órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la constitución (formal y material), como orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se constituyen en patrones de razonabilidad.
Es decir, que un acto público, como una ley, resolución administrativa o judicial, es válido cuando, además de su conformidad formal con la constitución, esté razonablemente fundado y justificado según su ideología. De esta forma se procura no sólo que los actos públicos no sean irracionales, arbitrarios o caprichosos, sino además que los medios escogidos tengan una relación real y sustancial con su objeto. La razonabilidad se impone como requisito de su propia validez constitucional.
Por tanto, el concepto del debido proceso, garantizado por el encabezado del artículo 49 de la CRBV, comprende el del principio de razonabilidad, entendido como la concordancia de todos los actos de autoridades públicas con las normas, principios y valores del derecho de la ley fundamental.
II. ¿Cómo se violenta el principio de razonabilidad invalida actos públicos?
El artículo 7 de nuestro Pacto Social establece que él es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico y que todas aquellas personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a sus imperios.
Conforme al artículo 25 de la CRBV, todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe derechos garantizados por esa Constitución y las leyes que la desarrollan, están condenados a la NULIDAD ABSOLUTA.
Por ello se exige que el juicio constitucional de razonabilidad opere solo mediante una disposición jurídica de rango fundamental que le sirva de base, con lo cual constituye un instrumento metodológico para concretar los límites que las propias disposiciones constitucionales imponen al poder público.
Nuestra vigente CRBV no consagra expresamente el principio de razonabilidad como garantía. Sin embargo, es abundante la doctrina y la jurisprudencia de donde se ha determinado que dicho principio tiene como finalidad preservar el valor justicia, incorporado formalmente a la constitución, al determinar el preámbulo que su promulgación tiende entre otras cosas a asegurar la justicia. Idéntica situación se presenta en el caso de Chile.
El referido principio ha tomado tanta importancia en el moderno Estado de Derecho, que ya no es mencionado como parte de la garantía de la defensa en juicio o debido proceso, sino que han tomado entidad propia. De cualquier manera, sea que se los mencione dentro de esta garantía, o como principios autónomos de derecho público, lo esencial es que ellos son de indudable aplicación en el acto y el procedimiento administrativo, constituyendo sus criterios cardinales. Esta última se define como la virtud por la cual las acciones se dirigen hacia el bien común.
Por ello la garantía de justicia determina que todo acto público debe ser justo, o "razonable" en lo que manda y en lo que prohíbe. El artículo 22 de la CRBV, que asegura el reconocimiento de derechos y garantías no enunciados, también permite el reconocimiento de la garantía de razonabilidad de los actos del Poder Público. La doctrina es clara en cuanto a que el pleno de derechos y garantías no enumerados en el texto constitucional que emanan de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno respaldan el principio de razonabilidad.
Además, según el Derecho a la Libertad Individual, como uno de los valores superiores del Estado de Derecho, garantizada en el artículo 44 de la CRBV, reclama la prohibición de exceso respecto de las injerencias o intervenciones estatales, y por ende exige los actos públicos se ajusten a un juicio de razonabilidad.
Como la arbitrariedad es lo opuesto a la razonabilidad, se interpreta que el respeto a la libertad también requiere una ausencia de restricciones irracionales. Además, como señalé previamente el principio de razonabilidad se considera un elemento del debido proceso, garantizado por el artículo 49 de la CRBV.
En el caso de la LOPA, su artículo 18.5 exige que todo acto administrativo deba contener las razones que hubieren sido alegadas, por lo tanto, ya a nivel de desarrollo legal (incluso de vigencia previa a la de la CRBV de 1999), en Venezuela se exige el respeto del Principio aquí comentado.
La doctrina es clara al determinar que los órganos jurisdiccionales deben preservar las garantías del proceso, y aplicar el principio de razonabilidad en cada una de las decisiones que adopten. Por ello tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, tanto los funcionarios administrativos como los integrantes del Poder Judicial, están constitucionalmente obligados a cumplir sus conductas mediante actos razonables, que resistan una estimativa axiológica y capaz de ser compartidos por el hombre común.
A juicio del autor citado, como el principio de razonabilidad cuenta con suficiente respaldo constitucional, la jurisprudencia considera que el control de constitucionalidad alcanza a la razonabilidad de los actos públicos.
Toda actividad estatal para ser constitucional debe ser razonable. Precisamente, el principio de razonabilidad se reconoce por la posibilidad de extinguir por motivos de ilegitimidad actos públicos adoptados de manera irrazonable. El principio de razonabilidad junto con el de legalidad sustenta la estructura de limitación del poder.
III. ¿Cómo se ejerce el Control de Razonabilidad de los Actos Administrativos?
A lo largo de la CRBV se encuentran las diferentes atribuciones que ostenta el Poder Ejecutivo, y en el caso que nos ocupa aquellas del representante del Poder Ejecutivo Nacional. Muy en particular, en cuanto tiene que ver con el acto administrativo que impugno, de acuerdo con el contenido del artículo 348 el Presidente de la República tiene la indiscutible iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual se materializa por medio de un Decreto tal y como lo prevé el artículo 15 de la LOPA.
En líneas generales, la administración constituye la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades de los ciudadanos. En éste marco, actos administrativos son todos los actos dictados por el poder público en el ejercicio de la administración, dentro de las facultades que la ley le confiere, debidamente motivados, respetando las formalidades legales establecidas para el efecto. Aquellos dictados en el ejercicio de la función administrativa, sin interesar que órgano la ejerce, tienen sustancia administrativa, y crean situaciones generales, sean ellas abstractas, impersonales, individuales, subjetivas o concretas.
Los actos administrativos abarcan actuaciones y declaraciones administrativas unilaterales y bilaterales, individuales y generales, con efectos directos e indirectos. Es decir que todo el obrar jurídico administrativo se considera acto administrativo. En un sentido amplio se entiende además que pueden existir actuaciones materiales denominadas actos administrativos, como actuaciones interadministrativas o meros actos, reglamentos y contratos. Ello también se extiende a hechos o acciones materiales que traducen la voluntad de la administración en ejercicio de sus atribuciones. En éste supuesto, los hechos o acciones materiales involucrados se rigen por las mismas reglas que aplican a los actos administrativos, de ser ello posible.
El poder público debe ejercerse de modo que satisfaga las necesidades e intereses de la población, por ser éste el fin de la actividad del Estado. Por eso es que al Derecho le interesa siempre cómo actúa la administración para alcanzar sus fines. Entre las normas legales que disciplinan y regulan todo lo atinente a la actividad de la administración, se encuentran las denominadas normas referentes al contenido del acto.
Estas se refieren y consideran lo relativo a la voluntad administrativa y más precisamente a la correlación requerida entre la voluntad expresada y la finalidad perseguida con el acto emitido. La violación de éste tipo de normas implica para la administración haber excedido los respectivos límites puestos a su actividad. En este sentido, la doctrina es clara en cuanto a que todos los actos administrativos deben contar con un fundamento de legalidad, y a la vez de razonabilidad o justicia, fundamento este último que rige tanto para la actividad reglada como para la discrecional.
En este sentido, la teoría del Estado de Derecho requiere que los actos administrativos, como los decretos del Poder Ejecutivo, y las resoluciones y los actos discrecionales de los entes públicos, sean objeto de control jurisdiccional, de modo a determinar si su contenido se ajusta a los lineamientos del principio de razonabilidad. Este, al exigir que los actos estatales cuenten con un contenido justo, razonable y valioso, completa e integra la legitimidad, dejando la ley formal de ser así el único fundamento de validez de los actos estatales.
Mediante decretos y resoluciones administrativas se ejercen facultades reglamentarias sobre Derechos, conlleva siempre la imposición de límites, bajo forma de obligaciones y prohibiciones, que deben estar establecidas o autorizadas por ley. La administración solo actúa secundum legem, aún en ejercicio de su actividad discrecional. El Presidente de la Republica puede reglamentar leyes mediante decretos. La reglamentación legislativa está condicionada por la necesidad de armonía y orden con el ejercicio de los derechos, de defender y fomentar la salud, la moralidad, la seguridad, la conveniencia publica y el bienestar general. La medida de los intereses y principios de carácter público a tutelar debe determinar la medida de las regulaciones en cada caso. Asimismo, la reglamentación legislativa no debe ser infundada o arbitraria sino razonable, es decir, justificada por los hechos y las circunstancias que le dieron origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido.
Debe tener una adecuada proporción en relación a los fines que se busca alcanzar con ella. En cuanto a la fundamentación legal requerida para los decretos y actos administrativos formales, que constituye un elemento del principio de razonabilidad, el considerando debe exponer las disposiciones legales y constitucionales en los que se basan. Si la cita es obvia, basta una referencia vaga, o incluso puede ser omitida. Los actos administrativos además deben estar motivados. La motivación consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión de un acto, referentes tanto a las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como al interés público que se busca mediante el acto (finalidad).
Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en el obrar público. Desde el punto del administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que las personas puedan conocer de manera efectiva y clara los antecedentes y razones que justifiquen la emisión del acto. En los actos formales debe constar en su propio texto. Dentro del concepto de administración también está comprendida la actividad discrecional. Existen supuestos en los que la ley autoriza a quien debe aplicar concretamente la norma a los casos concretos a llevar a cabo una estimación subjetiva que completa el cuadro legal y condiciona el ejercicio para ese supuesto de la potestad atribuida previamente o de su contenido particular, al no imponerle anticipadamente la conducta que debe seguirse.
La estimación subjetiva o discrecional por parte de la administración sólo puede resultar consecuencia de la ley, que configura una potestad y la atribuye a la administración con ese carácter, presentándose así siempre como libertad de apreciación legal, nunca extralegal o autónoma. Cuando se ejercen facultades discrecionales los actos también deben estar debidamente motivados, es decir, la autoridad debe apreciar aunque sea sucintamente los hechos que le llevan a tomar la medida confiada por ley a su arbitrio, a fin de que las personas afectadas, o en su caso los tribunales, no tengan dudas respecto a la razonabilidad y juridicidad de la medida adoptada.
El principio de razonabilidad delimita la discrecionalidad de los poderes públicos. Consecuentemente: cualquier acto administrativo, como un decreto o una resolución, que carezca de una debida fundamentación o motivación; o, que carezca de una apropiada adecuación entre los fines que persigue y los medios a través de los cuales pretende alcanzarlos; o de existir otra medida capaz de alcanzar el objeto que el acto persigue causando menos gravámenes o restricciones o, si no existe una debida proporción entre las ventajas y desventajas de la medida que un acto adopta, éste puede ser anulado a pedido de la persona afectada ante la transgresión del principio de razonabilidad.
Según se ha visto, el principio de razonabilidad consiste en la exigencia de que el poder público adecue sus actos a la obtención de los fines perseguidos por éstos, de modo a que los medios no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir no proporcionados a las circunstancias que los motivan y a los fines que se persigue alcanzar con ellos.
La razonabilidad equivale a un estándar valorativo, que requiere interpretación fundamentada, y permite escoger entre varias posibilidades, más o menos restrictivas de los derechos, en tanto exista una adecuada proporción entre el objeto de un acto público, como una ley, un decreto o resolución administrativa o judicial, y la restricción que el mismo impone a los derechos involucrados.
Constituye un juicio de constitucionalidad, con suficiente respaldo en varias disposiciones de la Carta Magna, sobre la visión o lectura axiológica que el poder público debe dar a la realidad cuando ejerce sus funciones.
En la práctica, el principio de razonabilidad, dividido en cinco sub principios, opera como un control de constitucionalidad de toda la actuación del Estado sobre la base de la exigencia de razonabilidad que los actos del poder público deben guardar. Se trata no ya de un juicio de competencia o de legitimidad de origen, sino de legitimidad del contenido de los actos públicos. Tiene el efecto de moderar y limitar estos actos, de manera a que sean razonables y justos, pues el poder del Estado no es ilimitado, debiendo respetar la constitución, tanto en los fines buscados como en los medios escogidos, y deben guardar, unos y otros, una relación de razonabilidad.
Consecuentemente, como el principio de razonabilidad cuenta con suficiente respaldo constitucional para sustentar la estructura de limitación de poder, el control de constitucionalidad alcanza a la razonabilidad de los actos públicos, como leyes, decretos y resoluciones administrativas y judiciales, y puede extinguirlos por motivos de ilegitimidad en caso de haber sido dictados en contravención a cualquiera de los elementos que componen el principio.
V. Determinación de la Violación al Principio de Razonabilidad en el Decreto Nº 2.830, de fecha 01 de mayo de 2017, publicado en esa misma fecha en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.295, mediante el cual se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Adentrándome en el análisis propio del caso que nos ocupa, expongo lo siguiente:
Marco jurídico aplicable.
El artículo 348 de la CRBV establece que:
“Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”
En este mismo sentido, conviene traer a colación el contenido del artículo 347 de la misma Constitución.
“Artículo 347…una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.”
Ahora bien, es importante observar para los argumentos que en lo adelante se presentan, que en el mismo Título IX de nuestra Carta Fundamental, dedicado a “LA REFORMA CONSTITUCIONAL”, a la par de la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, también consagra las figuras de la ENMIENDA CONSTITUCIONAL y de la REFORMA CONSTITUCIONAL, cuyo tratamiento es el siguiente:
“Artículo 341. Las enmiendas a esta Constitución se tramitarán en la forma siguiente:
1. La iniciativa podrá partir…del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.”
“Artículo 342. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional.
La iniciativa de la reforma de esta Constitución podrán tomarla…el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…”.
En definitiva nuestra CRBV establece tres mecanismos diferentes, con finalidades diferentes y con dispositivos de activación idénticos. Sobre esto último, el dispositivo de activación, debo manifestar que a mi criterio no existe discrepancia alguna sobre la competencia y legitimidad que posee el Presidente de la República para –insisto- iniciar el procedimiento que conlleva a una Asamblea Nacional Constituyente.
Un paréntesis necesario. ¿Puede el Presidente convocar a un Asamblea Nacional Constituyente?
Este es un tema que está muy en boga con la suscripción del Decreto Nº 2.830. De ahí en adelante se dio pié a una polémica entre bandos políticamente encontrados, con lo cual cada extremo sacó a relucir su artillería de jurisconsultos que lo defienden o impugnan, y el eje central de la polémica es la interpretación del artículo 348 de la CRBV ante transcrito.
La pugna responde a que si el Presidente de la República de turno puede tener la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de que se convoque a un referéndum que apruebe o no dicha convocatoria. Al respecto, mis consideraciones tienden a inclinarse por la posibilidad de que el Presidente si está facultado para hacerlo. Quienes no apoyan esta idea se inclinan por denunciar una sensible violación al contenido del artículo 347 de la misma norma constitucional, según la cual esa facultad sólo le está reservada a la ciudadanía venezolana, que a su vez representa el tan mentado y no menos existente “poder constituyente originario”.
Muchos catedráticos del Derecho que reprueban EL DECRETO, hacen un esfuerzo en trasladar lo sucedido con la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y, con todo respeto, eso un error. Ir al fondo del por qué se llegó al Referendum Consultivo del 24 de abril de 1999 amerita una revisión de los antecedentes constitucionales, legislativos y jurisprudenciales vigentes para ese momento, cuya conclusión –por llana y simple que parezca- es que las normas vigentes para esa época no preveían la figura de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ni de cuál era su tratamiento. Este vacío fue complementado por el constituyente de 1999, al incorporar la figura antes inexistente y un somero desarrollo.
Distinto es el panorama actual, ya que el producto de la ANC del 99 si tiene previsiones de rango constitucional que prevén la figura y escasamente la desarrolla; he aquí el problema. Es necesario decir que luego de 18 años de vigencia de la última Constitución nunca se legisló al respecto y tal vacío legal es el que permite las dudas que se enfrentan. Puede ser que ese vacío legislativo se le pueda reprochar a quienes ocuparon la Asamblea Nacional, o puede ser a nadie le interesó desarrollar el tema.
En todo caso, con una CRBV sin el desarrollo legislativo debido del tema que nos ocupa, cabe entonces sostener –por lo menos de mi parte- que el Presidente de la República en Consejo de Ministros, o la Asamblea Nacional con el voto de sus 2/3 de los diputados, o los Concejos Municipales en cabildos y con el voto de sus 2/3 de concejales, o el 15% de los electores inscritos en el registro electoral, si pueden convocar a una ANC.
Esta situación es un vestigio de una muy repudiada democracia representativa (manifestada a través del Presidente, la Asamblea Nacional y de los Consejos Municipales) que aún sobrevive ante la flamante bandera que los partidarios del gobierno actual ha enarbolado de la democracia participativa y protagónica. Y es que es la misma CRBV le atribuye a esos tres actores del poder público la representatividad de los electores que los eligieron y les faculta para tomar la iniciativa de un proceso constituyente.
A pesar de la observación anterior sobre la democracia representativa, es de destacar que todos los que poseen la legitimiatio ad causa para convocar una ANC según el comentado artículo 348 son funcionarios electos por medio del voto popular, por lo que es evidente que comportan representación del poder constituyente originario que refiere el artículo 347.
Poseer la iniciativa para convocar a una ANC es una clara facultad que le otorga al Presidente de la República el indicado artículo 348. Tener la iniciativa es contar con la posibilidad de iniciar algo y los españoles (la Real Academia de la Lengua Española a través de su Diccionario Jurídico–DJRAE-) indican que es la potestad de iniciar un procedimiento cuando se refieren a la “iniciativa normativa o legislativa”.
Insistir en lo contrario es negar la ocurrencia de un verdadero cambio y transformación del Estado y sus ámbitos en el marco de la Carta Política aprobada luego de la ANC de 1999. Bajo ningún aspecto se vulnera el poder constituyente originario que posee el pueblo, ya que –por lo menos- debe ser consultado en dos oportunidades por medio del voto: la primera para elegir a los constituyentes (nuevamente resalta la democracia representativa) y luego para aprobar o improbar el proyecto de Constitución que se produzca como resultado del trabajo de la nueva ANC.
Por lo tanto, para cerrar este paréntesis, considero que el problema que se presenta no es de falta de legitimidad en el acto de la iniciativa constituyente emanado del Presidente de la República. El cuestionamiento radica en el vicio denunciado en esta acción de nulidad y que me encuentro desarrollando y fundamentando por medio del presente escrito.
-El juicio de razonabilidad al Decreto Nº 2.830-
El punto concreto de la denuncia que elevo ante esta Sala Político Administrativa, implica mi acusación en contra del acto impugnado por ser violatorio del Principio de Razonabilidad, el cual hace eco en el irrespeto al Principio de Legalidad por incurrir en inmotivación.
EL DECRETO adolece del vicio tantas veces comentado, ya que el funcionario público que lo suscribe hace un errado ejercicio de las razones por las cuales se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Esto, en claro mensaje, implica la reprobación inmediata al juicio de adecuación que exige el referido juicio constitucional de razonabilidad. Contestando el cuestionario que se formula con base a los sub principios que integran al Principio denunciado como ultrajado, se observa lo siguiente:
El artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es claro al indicar que una Asamblea Nacional Constituyente se puede convocar “…con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución…”. Esta norma no puede interpretarse de una manera distinta a que el objeto o causa de una ANC es transformar la estructura del Estado, lo que en consecuencia implica la creación de un nuevo ordenamiento jurídico por medio de la redacción de una nueva constitución. En sí mismo se trata de una acción que reporta tres efectos inmediatos e inseparables. Esta norma contiene en sí misma la razonabilidad de todo cuanto incumba la génesis y desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.
Pretender parcelar ese objeto en tres sub objetos que pueden ser apartados y escoger uno o varios de ellos para soportar un llamado a celebrar una ANC es un craso error.
Incluso el principal estratega jurídico de esta iniciativa, HERMANN ESCARRÁ MALAVÉ, en sus más recientes declaraciones a los medios de comunicación social, ha afirmado que el objeto de esta ANC no es crear una nueva constitución sino de reorganizar el Estado y de reformarla. (ver declaraciones del 01/05/2017 recogidas en http://vtv.gob.ve/abogado-hermann-escarra-destaco-que-constituyente-no-trata-de-crear-una-nueva-constitucion-sino-reorganizar-el-estado/)
Por otra parte, del mismo discurso pronunciado por el Presidente de la República el pasado 01/05/2017, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el cual fue distribuido de forma impresa en formato de encarte en la prensa escrita, no se desprende la meridiana intención de llegar con la convocatoria a la ANC a una verdadera transformación del Estado ni a redactar una nueva Constitución. Se ve a límpidas luces que la finalidad única es de constitucionalizar nueve aspectos de la vida y quehacer Nacional, que incluso tienen amparo en cuerpos legales y normativos vigentes.
Insisto entonces, tomando las palabras del colega de oratoria parsimoniosa, no estamos en presencia de una propuesta que haga necesaria una Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto contamina al Decreto firmado por el Presidente Maduro de falta o ausencia de razonabilidad.
Atendiendo ahora a la motivación que utilizó el suscriptor de EL DECRETO, tiene como “…finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional…”.
Además, encontramos que apuntó los denominados objetivos programáticos de la eventual ANC:
2. Ampliar el sistema económico venezolano para dejar un sistema económico post petrolero.
8. Derechos y deberes sociales, educativos y culturales de la juventud venezolana; y,
Todos ellos, desde la motivación general hasta los objetivos programáticos planteados, vistos en su conjunto o en individualidades, no son suficientes para convocar a una ANC, ya que sus eventuales efectos no implican –citando nuevamente al artículo 347- el efecto dominó o reacción en cadena que desata una transformación del Estado y que culmina con la redacción de una nueva Constitución.
Además, cada uno de ellos tienen cabida legal en cuerpos normativos ya vigentes los cuales en su mayoría fueron promulgados en uso de las atribuciones con las que contaba el mismo Presidente Maduro por medio de Leyes Habilitantes previamente otorgadas por la Asamblea Nacional, otrora dominada por sus copartidarios.
Muestra de lo anterior lo es, por ejemplo el caso de las Misiones cuya regulación legal tiene cabida con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones de noviembre de 2014 y con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y no puede faltar el Plan de la Patria 2013-2019, que resume los nueve puntos invocados en el Decreto viciado y fue hecho Ley por medio de la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional en diciembre del año 2013.
Por lo tanto, no solo la convocatoria a la ANC es irrazonable, sino que además luce materialmente innecesaria.
En todo caso, si la finalidad que se persigue es verdaderamente constitucionalizar todas esas figuras y creaciones jurídico-políticas-sociales del proyecto de la Revolución del siglo XXI, cabe suficiente en proponer una ENMIENDA CONSTITUCIONAL O UNA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN. Ambas figuras tienen su consagración en el texto de la Constitución de 1999, en los artículos 340 y 342 antes transcritos.
Siguiendo la ilación lo escrito en el aparte previo, viene ha lugar realizar el juicio constitucional de razonabilidad de forma precisa a EL DECRETO, lo que es igual a escudriñar en los cinco sub principios que componen el violentado Principio de Razonabilidad que se indicaron en páginas previas.
Para emprender el ejercicio axiológico anunciado se debe hacer necesario repaso al texto del acto administrativo impugnado, así como al marco Constitucional y legal que lo ampara, luego de lo cual paso a indicar lo siguiente:
1. ¿El acto impugnado se ajusta a la Constitución y la ley vigentes?
La respuesta a esta interrogante es negativa. No existe concordancia de con los principios fundamentales de la Carta Magna; la iniciativa adoptada por el Presidente de la República (para lo cual si está facultado) violenta el contenido de los artículos 347 de la CRBV cuando es evidente que del contenido de EL DECRETO no se encuentran razones que tiendan a transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Como vimos en párrafos recientes se desaprovecha o malgasta de forma inconstitucional por medio del acto impugnado, un ejercicio destinado a convocar y activar una Asamblea Nacional Constituyente, ya que no se persigue la transformación de Estado, ni la creación de un nuevo marco legal por medio de una nueva Constitución. Se desnaturaliza de esta manera el artículo 347 de la CRBV, ya que como visto resulta irrazonable frente al contenido de la misma Carta Política y están desarmonizados con ésta.
Es tanto así, que tal y como fue señalado en capítulos anteriores, la propia Constitución pone a la disposición de los ciudadanos y actores políticos los instrumentos válidos para su reforma o enmienda, en el entendido que cualquier desapego a lo allí establecido, estará viciado de nulidad absoluta.
2. ¿El Decreto denunciado como viciado está debidamente fundamentado?
La contesta a esta pregunta es negativa, en tanto cuenta con suficiente fundamentación al menos en la forma, empero los términos utilizados por el funcionario suscriptor del acto impugnado no son conceptualmente claros y consistentes a la luz del contenido de los artículos 347 y 348 de la CRBV, ya que el espíritu impuesto a EL DECRETO con respecto a la finalidad que persigue luce inconsistente e incoherente.
A la luz de la razonabilidad, no basta con la invocación del derecho para que una autoridad legítima dicte actos administrativos enmarcados en el principio de la legalidad, si no que adicionalmente, tales actos administrativos, deben responder a un criterio de justificación (social, política y económica). Siendo que EL DECRETO, impugnado, carece de fundamentación, no responde al “Deber Ser”, toda vez, que las razones que pretenden constituirse en la justificación del actuar del Presidente de la República, para el llamado a la ANC, no se corresponden con los efectos que la misma produce: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
3. ¿El acto administrativo cumple con un juicio de adecuación?
Nuevamente la respuesta a esta interrogante es negativa, ya que la medida adoptada de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para lograr los nueve objetivos programáticos que anhela el Presidente de la República es inadecuado para alcanzarlo, ya que cuenta con otros mecanismos de rango constitucionales que otrora han ocupado nuestra atención (enmienda y reforma) y que son capaces de causar su objetivo. Es necesario insistir, que la ANC sólo será posible cuando el fin propuesto sea el de transformar el Estado y con ello iniciar una indetenible reacción en cadena que necesariamente debe culminar con la redacción de una nueva Constitución.
4. ¿También es cabal con el principio de necesidad?
La crítica al Acto Administrativo impugnado con miras a que cumpla con un juicio de necesidad, llamado también de indispensabilidad, hace que la respuesta a esta interrogante sea también negativa. Nuevamente debo exaltar que los objetivos que se propone el convocante de la ANC deben canalizarse por medios y mecanismos distintos al empleado.
No es idónea la figura empleada a la luz de los objetivos programáticos contenido en EL DECRETO colocados en el tamiz del artículo 347 Constitucional. Ratifico que el camino a optarse será el de una enmienda o una reforma parcial de la CRBV vigente.
No es necesaria una ANC para garantizarle la paz de la Nación y asegurarla de ataques externos que amenazan su soberanía. Todo lo que el suscriptor de EL DECRETO invoca y considera un deber histórico ineludible no es más que parte del ejercicio cabal de sus atribuciones constitucionales y legales.
5. Finalmente ¿Satisface un juicio de proporcionalidad, en sentido estricto?
Por último, la línea del razonamiento no se desvía de una respuesta negativa ante la pregunta final del examen, ya que la iniciativa tomada por el Presidente Nicolás Maduro por medio del acto impugnado no guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.
El medio elegido con respecto a los fines que se persiguen alcanzar, insisto, no es el apropiado ya que luce exagerado invocar una Asamblea Nacional Constituyente por la desproporción evidente de las razones invocadas por quien suscribe el acto, cuando la misma CRBV le reserva otros medios para alcanzar los objetivos trazados.
-Colofón-
De manera que, atendiendo a los razonamientos antes colocados a la disposición de esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, resulta total e indiscutiblemente VICIADO DE NULIDAD ABSOLUTA el acto administrativo consistente en el dictado y publicación de EL DECRETO, por transgredir el PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, lo cual desmejora los PRINCIPIOS DE LEGALIDAD y DEBIDO PROCESO, contenidos en los artículos 7, 22, 49 en su encabezado y 347 de la CRBV y en el artículo 18.5 de la LOPA.
El reparo que la Constitución y la Ley le reserva a esta situación es su extinción plena y total del mundo jurídico, es decir la DECLARATORIA DE NULIDAD ABSOLUTA con efectos ex nunc. Esto último refiere a la accesoriedad que caracteriza a los actos administrativos dictados con posterioridad a EL DECRETO y que surjan como consecuencia de aquél, verbigracia el Decreto Nº 2.831 del mismo día 01/05/2017, publicado en la misma Gaceta Oficial Extraordinario Nº 6.295 por medio del cual el ciudadano Presidente de la República crea una Comisión Presidencial que tendrá a cargo la elaboración de la propuesta que ahí se identifica. Y así respetuosamente solicito sea declarado.
SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
Para enfocar y desarrollar este capítulo es necesario detenerse necesariamente para analizar el BIEN JURÍDICO TUTELADO que es objeto constate y paulatino de transgresión legal. En el caso que nos ocupa, el objeto de la tutela cautelar que se peticiona no es más que la mismísima CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en cuanto responde al contenido de sus artículos 347 y 348 tantas veces citados.
La vía del ultraje denunciado por medio de esta querella es el menoscabo del PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, lo cual desmejora los PRINCIPIOS DE LEGALIDAD y DEBIDO PROCESO, contenidos en los artículos 7, 22, 49 en su encabezado y 347 de la CRBV y en el artículo 18.5 de la LOPA, que para evitar tediosas repeticiones y redundancias inoficiosas, sencillamente ratifico en este momento y doy por reproducido en su totalidad el contenido íntegro de la denuncia recién planteada.
Bajo la perspectiva anterior, ahora si me propongo desarrollar en pleno la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos de EL DECRETO. En ese sentido, hago valer los mismísimos criterios desarrollados por esta misma Sala Político Administrativa, por medio de su pacífica y reiterada jurisprudencia. Por lo que les invito a leer lo siguiente:
Al respecto, esta misma Sala ha advertido en su jurisprudencia que la diferencia fundamental que existe entre las medidas cautelares nominadas e innominadas, es que las primeras se encuentran expresamente previstas en el ordenamiento jurídico, mientras que la segundas constituyen un instrumento procesal a través del cual el órgano jurisdiccional adopta las medidas cautelares que en su criterio resultan necesarias y pertinentes para garantizar la efectividad de la sentencia definitiva.
Por ello, el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren y la providencia cautelar sólo se concede cuando se verifiquen concurrentemente los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la LOJCA.
Dichos requerimientos se refieren a la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y en algunos casos, se impone una condición adicional que es el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni).
En el presente caso se llena el extremo antes señalado, habida cuenta de que el presente recurso de nulidad es abundante en argumentación y razonamientos que permiten avizorar –sin que el decisor adelante opinión sobre el fondo de la causa- de que mi pretensión como ciudadano de esta República es total y absolutamente probable y goza de credibilidad, ya que no presenta ribetes de falsedad.
Al respecto, reitero y ratifico como prueba suficiente de que mis argumentos no son una mera especulación el juicio de razonabilidad a que fue sometido EL DECRETO en páginas previas, con resultados absolutamente reprochables. De esta manera queda evidenciado que es cierta y palpable la presunción del daño irreparable que se está causando al orden constitucional y legal, el cual –ratifico- es el bien jurídico a tutelar en definitiva de cuentas.
En cuanto a ello es reiterado el criterio de esta Sala, al considerar que la amenaza de daño irreparable que se alegue debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable que deje en el ánimo del sentenciador la certeza que, de no suspenderse los efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva.
Sobre este tercer y último elemento argumentativo para sostener el pedido cautelar anunciado, nuevamente es menester reiterar que la amenaza de daño que se cierne sobre el orden constitucional y legal vigente en la actualidad no solamente es plausible, palpable y previsible, sino que se está indudablemente mal utilizando la figura de la Asamblea Nacional Constituyente contenida en los artículos 347 y 348 de la CRBV, ya que –como se ha visto a lo pleno de este libelo- la razonabilidad que invoca el suscriptor de EL DECRETO es inconstitucional, ilegal, inapropiada, innecesaria e injustificada, cuando la misma Carta Política prevé otros mecanismo idóneos para ello, verbigracia las mencionadas figuras de la Enmienda y la Reforma.
Prueba de lo anterior resultan los dos eventos promovidos y auspiciados por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, durante los años 2007 y 2009, por medio de los cuales activó la vía de la ENMIENDA CONSTITUCIONAL de acuerdo al artículo 340 de la CRBV, para lograr cambios promovidos de idéntica naturaleza a los que presenta EL DECRETO impugnado, con los consabidos resultados obtenidos y –en el caso del segundo evento- lograr la PRIMERA ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Por las razones antes expuestas, y actuando de conformidad a las pautas previstas en los artículos 103 y siguientes de la LOJCA, es que solicito se DECRETE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS del acto administrativo impugnado. Y así respetuosamente solicito sea declarado.
Por los hechos, las razones y motivaciones expuestos a lo largo del presente escrito, es que quien suscribe actuando con el carácter anunciado y acreditado, solicito que esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declare: PRIMERO: Que previo el examen de los requisitos establecidos en el artículo 33 de la LOJCA y de conformidad con lo previsto en el artículo 77 del mismo texto adjetivo, así como previo a DECLARARSE COMPETENTE para conocer del presente asunto, declare ADMISIBLE el presente recurso referido a la ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD E ILEGALIDAD DEL DECRETO Nº 2.830, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2017, PUBLICADO EN ESA MISMA FECHA EN LA GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA Nº 6.295, SUSCRITO POR EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR MEDIO DEL CUAL Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN LOS ARTÍCULOS 348, 347, 70, Y 236 NUMERAL 1 EJUSDEM CONVOCA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE; y que se sustancie conforme a las normas procesales especialmente previstas para ello; SEGUNDO: Que ordene las notificaciones a que refiere el artículo 78 de la LOJCA; TERCERO: Que declare TOTALMENTE CON LUGAR el presente recurso de nulidad por cuanto EL DECRETO impugnado se encuentra evidentemente VICIADO DE NULIDAD ABSOLUTA, por transgredir el PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, lo cual desmejora los PRINCIPIOS DE LEGALIDAD y DEBIDO PROCESO, contenidos en los artículos 7, 22, 49 en su encabezado y 347 de la CRBV y en el artículo 18.5 de la LOPA; CUARTO: Que de forma subsidiaria, pero con la urgencia que el caso amerita, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la LOJCA, DECRETE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS del acto administrativo impugnado.
En acatamiento con el contenido del artículo 33.2 de la LOJCA, informo a esta Sala que el lugar que servirá como domicilio procesal de quien suscribe es el siguiente: Avenida Principal de Los Cortijos de Lourdes, Edificio Centro Empresarial Senderos, Piso 4, Oficina 404-A. Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Parroquia Leoncio Martínez del Municipio Autónomo Sucre del estado Bolivariano de Miranda. Teléfonos 02122381661 / 04122120781. Correo electrónico: cirrottola@gmail.com.
Son anexos del presente escrito y forman parte inseparable de él los siguientes documentos:
1) Copia simple de la cédula de identidad del accionante. (Anexo A)
2) Copia simple de la credencial emanada del I.P.S.A. (Anexo B)
3) Un ejemplar original del Decreto Nº 2.830, de fecha 01 de mayo de 2017, publicado en esa misma fecha en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.295. (Anexo C)
4) Impresión de la autoconsulta hecha en el portal electrónico del Consejo Nacional Electoral. (Anexo D).
5) Un ejemplar original del “Documento para el estudio. Asamblea Nacional Constituyente. Mayo de 2017. Impreso en el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Complejo Editorial Maneiro. (Anexo E)
Juro no proceder ni falsa ni maliciosamente.
Es Justicia que espero recibir, en la ciudad de Caracas a la fecha de su presentación.
V-11.734.740
I.P.S.A. Nº 79.375
Etiquetas: Acción de nulidad Asamblea Nacional Constituyente 2017

References: artículo 26

Artículo 1

Artículo 2
 Artículo 21
 artículo 29
 artículo 26
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 44
 artículo 49
 artículo 18
 artículo 348
 artículo 15
 resolución 
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 348
 artículo 347
 artículo 347
 artículo 347
 artículo 347
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 340
 artículo 33
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 18
 artículo 33