Source: http://www.libertadidioma.com/2010/20100701.htm
Timestamp: 2020-04-06 12:44:51+00:00

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Recortes de Prensa Jueves 1 Julio 2010
César Vidal La Razón 1 Julio 2010
Por fin hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña y creo que a pocos sorprenderé si digo que pocas veces en mi vida he sentido tanta vergüenza ajena. Sí, ya sé que los nacionalistas catalanes andan diciendo que es una estocada constitucionalista y que van a echarse a la calle y tampoco se me oculta que el PP proclama que es una victoria siquiera parcial. Tinglado de la antigua farsa. En realidad, ese fallo no es un ápice menos que la voladura del orden constitucional. No voy a referirme a las razones jurídicas para esa afirmación aunque salta a la vista que España ha dejado de ser una nación de ciudadanos libres e iguales. Voy a detenerme más bien en las económicas.
A día de hoy, España está obligada, entre otras cuestiones, a llevar a cabo la reforma fiscal más drástica de todo el mundo desarrollado, a eliminar un déficit que es más del triple del alemán y a enfrentarse con el problema que significan cinco millones de parados. La aprobación del estatuto es una batería de torpedos contra la línea de flotación de esos objetivos. En primer lugar, implica un gasto salvaje que queda en manos de personas tan manirrotos y derrochones como los nacionalistas catalanes. El disparate de las veguerías es declarado como no inconstitucional igual que el pagar a Cataluña inversiones durante siete años mientras se paralizan las del resto de España.
Además, el resto de España se compromete a inyectar dinero en Cataluña eternamente de manera tal que una región que cada vez está peor gestionada no descienda en el listado de las CC AA y, como guinda del pastel, se entrega al gobierno catalán el montante de una serie de impuestos precisamente cuando el poder central debería recuperarlos siquiera porque los está subiendo. Todo ello cuando hace apenas unos días Montilla no ha conseguido que la banca internacional preste a Cataluña ni un euro porque no confían en ella.
¿Qué significa todo esto? Significa que en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas, el fallo del Tribunal Constitucional consagra vaciar los bolsillos de todos los españoles para sostener los carísimos delirios de grandeza de gente que insiste en que son una nación distinta de España. Esa simple circunstancia se traduce en que el nacionalismo catalán nos va a mantener sumergidos en la recesión durante décadas. Por desgracia, es sólo el principio. Durante los próximos años nos veremos empantanados en centenares de procesos – ¡justo lo que necesita la administración de justicia! – entre un nacionalismo que sabe que ha ganado y un agónico poder central que pretenderá sobrevivir siquiera a ratos. Y a eso se sumará el pistoletazo de algunas CCAA – ya lo ha anunciado Valencia– por no quedarse atrás en la rebatiña localista de los recursos de todos.
Quisiera equivocarme, pero después de que el Tribunal Constitucional haya accedido a dinamitar el orden constitucional de 1978 tan sólo vendrá el sálvese quién pueda en medio de un empobrecimiento nacional generalizado. Hubo quien dijo que ZP impulsó el estatuto de Cataluña convencido de que sería una baza ideal para ofrecérsela a una ETA dispuesta a pactar. Se quedaron cortos. Ni la ETA más entusiasmada hubiera podido jamás pensar en una España más aniquilada que la que surge después del fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto.
Joaquín Leguina www.gaceta.es 1 Julio 2010
La sentencia no librará a los comerciantes de pagar multas por rotular “Casa Pepe”.
El largo tiempo que se ha tomado el Tribunal Constitucional (TC) para dictar sentencia sobre el Estatuto catalán resulta incomprensible, y más a la vista de los resultados, pero esa demora no justifica las descalificaciones sin medida y sin cuento que el TC ha recibido por parte de los grupos nacionalistas (nacionalistas de vieja data y nacionalistas sobrevenidos, como es el PSC), porque el asunto no tiene vuelta de hoja: cuando hay dudas (y aquí las había, y muchas) acerca de si una ley o parte de ella encaja en la Constitución, quienes estén legitimados para hacerlo pueden recurrir al TC para que éste dirima el contencioso y eso –y sólo eso– es lo que ha ocurrido con el Estatuto.
Por otro lado, cualquier persona medianamente informada sabe que las sentencias del TC vienen siendo muy condescendientes con los intereses nacionalistas. Y ésta del 28-VI-2010 no es una excepción. En efecto, el TC ha resultado ser un actor decisivo a la hora de tutelar los derechos fundamentales, para adecuar el derecho procesal y la legalidad punitiva (el Código Penal); también el Derecho laboral e incluso el Derecho parlamentario; pero su labor en lo tocante a la articulación territorial del Estado ha sido muy discutible. El TC también eliminó la supletoriedad del Derecho estatal alterando el sentido federal del Estado (sentencia 118 de 1996 y 61 de 1997) y en su sentencia 247 de 2007 dejó escrito que si un Estatuto de Autonomía invade materias reservadas a una ley orgánica, el atropello no lo invalida, simplemente, lo hace ineficaz.
Es bajo estos antecedentes como hay que leer la sentencia actual. Volvamos, pues, a ella, al parto de la burra, es decir, al fallo que se difundió el lunes 28 de junio y veamos si el TC ha desactivado todos los torpedos anticonstitucionales que contenía el Estatuto catalán.
El TC ha declarado inconstitucionales 14 artículos (uno en su totalidad, el 97) y otros 27 sólo pueden usarse interpretándolos como señala el TC. El concepto de nación (Preámbulo) y el uso del catalán (artículo 6) son puestos en su sitio en el fallo. Asimismo quedan eliminados el apartado 4 del artículo 76 (Consejo de Garantías estatutarias), el apartado 1 del artículo 78 (Síndic de Greuges), el artículo 97 y buena parte de los artículos 98, 99, 100 y 101 (Consejo de Justicia de Cataluña), el 111 respecto a las competencias compartidas, el 120 sobre Cajas de Ahorros y el 206 sobre fiscalidad. Sería largo detallar aquí las interpretaciones de los otros 27 artículos del Estatuto cuestionados (interpretados) por el TC, pero digámoslo de una vez, estamos ante una sentencia light que a nadie satisface y a todos molesta. Lo cual puede ser una virtud, pero no dejará tranquilo al gallinero nacionalista.
Montilla, nada más conocer el fallo, declaró estar indignado con la sentencia (“acatamos, pero no compartimos ni renunciamos”), lo cual no le impide considerar que la sentencia significa “una derrota para el PP”. Nada nuevo bajo el sol: ya estamos acostumbrados a ver a los políticos catalanes caminando con una mano por el cielo y otra por el suelo.
Jordi Pujol, el gran timonel de la política catalana, padre y tutor de la endogamia hoy reinante, facedor de sospechosas unanimidades, ha dicho que “esta sentencia es una derrota de magnitud histórica que supone una humillación colectiva a Cataluña y que rompe el consenso constitucional”. Así, como suena, sin ponerse colorao.
Siguiendo al boss, la dirección de CiU ha calificado de “gravísima” la situación. Y mayor indignación si cabe han mostrado los de ERC en defensa de un texto al que, entonces, se opusieron tanto en las Cortes como en el referéndum en el que participó –conviene recordarlo– poco más de un tercio de los censados.
Queda claro que esta sentencia –como todo lo que ocurre en el ancho mundo– servirá para incrementar (¿hasta qué cotas?) el victimismo del que se nutre (casi exclusivamente) el cuerpo místico del nacionalcatalanismo.
A su vez, las fiebres pre-electorales servirán para poner a hervir el puchero con esa butifarra dentro. “Una derrota de magnitud histórica” no se merece menos, pero todos sabemos que aquello –como en el bolero– “es puro teatro”. Ni la sentencia servirá para detener la persecución del castellano ni los comerciantes se verán libres de pagar multas por rotular “Casa Pepe”… y lo que es más grave, estas bravatas de ahora servirán para seguir haciendo lo que les viene en gana sin que nadie en el Estado pruebe a plantarles cara y verles cumplir con los versos cervantinos: “Y luego, en continente/caló el chapeo, requirió la espada,/miró al soslayo, fuese y no hubo nada”. Porque eso harían, de ello estoy convencido.
Por otro lado, sabemos ya que los políticos catalanes, miembros en el fondo de una sola cofradía, hacen como los teros “que en un lao pegan los gritos y en otro ponen los huevos”. Así que hablemos de eso, de los huevos, por ejemplo, de los de Millet y su expolio del Palau de la Música o de los muy variados huevos pretorianos, dedicados –en buen amor y mutua compañía juntos y revueltos (CiU y PSC)– a saquear las arcas públicas de municipios varios.
Hablemos de los huevos que tiene la endogamia política, ella sí, preocupante.
IGNACIO CAMACHO ABC 1 Julio 2010
La consumación de un golpe de estado (II): Pueblos de primera y de segunda
Luis del Pino Libertad Digital 1 Julio 2010
Si algo bueno tienen los nacionalistas es que se les entiende todo. De Pujol o de Maragall se podrá decir cualquier cosa, menos que no hayan sido claros en sus manifestaciones acerca de las intenciones reales de los nacionalistas y la prevista evolución del "problema territorial" español. Recientemente, Pujol recordaba una obviedad, que él aplica, por supuesto, a Cataluña: "Un gobierno debe tener proyecto de país y, si no lo tiene, es un mal gobierno". Esa actitud impregna, desde la Transición, la política de los sucesivos gobiernos catalanes, independientemente del partido al que pertenezcan. Impregna, de hecho, las actuaciones de todos y cada uno de los miembros de esa oligarquía política, mediática, financiera y empresarial que detenta el poder en Cataluña.
Pasqual Maragall, debido a sus circunstancias, ha sido quizá el más verborreico, dejándonos perlas como la de que el nuevo Estatuto catalán resolvía el problema territorial para otros veinticinco años (pero no más, por supuesto) o como aquello de que las selecciones deportivas "del resto de España" deberían buscarse un nombre nuevo. Pasqual Maragall, por cierto, ya nos vaticinó cuál sería la resolución de Tribunal Constitucional en su carta de despedida, publicada en La Vanguardia el 30 de mayo de 2007: "El Estatut lo tocarán, pero poco". Clarividente pronóstico, aunque en realidad no resulta extraño: el final del proceso estaba previsto desde que se puso en marcha.
Pero las declaraciones que me interesa comentar son otras. Esta semana hemos tenido otro ejemplo de meridiana claridad nacionalista, con las palabras del republicano Ernest Benach, presidente del Parlamento de Cataluña. Después de conocida la sentencia del Estatuto, ha descrito el problema de fondo de una forma, a mi juicio, imposible de mejorar.
El Estatuto, ha declarado Benach, "era un pacto entre los representantes del pueblo de Cataluña en el Parlament y los de los pueblos de España a través las Cortes", un pacto que había sido "refrendado por los ciudadanos".
No se puede expresar mejor la esencia del problema. Efectivamente, el Estatuto es un pacto alcanzado por la clase política catalana y la clase política española. Con una importante asimetría: el resultado de ese pacto fue sometido a ratificación por parte "de los ciudadanos"... de Cataluña. Pero nadie ha consultado en ningún momento a los ciudadanos españoles, para conocer su opinión al respecto. Hay pueblos de primera, a los que se consulta o cuyo refrendo se busca, y pueblos de segunda, cuya opinión es irrelevante o incluso indeseada.
El resultado ha sido, por supuesto, la puesta en marcha de un auténtico "proceso constituyente " de la Nación catalana, sometido a consulta popular, al mismo tiempo que se "deconstruía" esa otra Nación llamada España, sin que la clase política española se haya dignado a preguntarnos a los españoles si estábamos de acuerdo o no con esa deconstrucción. Una secesión encubierta, decidida y autorizada por nuestros representantes políticos al margen de los procedimientos legales y de espaldas a esos ciudadanos a los que se supone que representan.
Poco importa si la participación de los catalanes en ese "proceso constituyente" fue mínima (sólo 1 de cada 3 electores censados dieron su aprobación al nuevo Estatuto), como también importa poco que el Partido Popular recogiera en su día 5 millones de firmas en contra del nuevo Estatuto, una muestra de rechazo difícilmente superable y que apunta a que jamás se habría autorizado esa reforma constitucional encubierta si se la hubiera sometido a referéndum en toda España.
Lo importante, al final, es que el marco legal resultante de la culminación de ese proceso de reforma estatutaria acaba con la Constitución del 78 por acuerdo interno de la clase política, sin que se hayan respetado los procedimientos de reforma marcados en la propia Constitución. La clase política española ha usurpado así, de forma directa, esa soberanía nacional que, según el artículo 2 de nuestra Carta Magna, "reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado."
El proceso que ha terminado desembocando en el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional representa así, se mire como se mire, un auténtico autogolpe de estado, destinado a preservar los delicados equilibrios de poder en que se asienta la política española desde hace 30 años. Un golpe de estado palaciego, ejecutado desde el poder, pero golpe de estado a la postre. Porque no se puede definir de otra manera una serie de actuaciones tendentes a subvertir la legalidad constitucional mediante el recurso a la política de los hechos consumados.
El Editorial La Razón 1 Julio 2010
Sería muy deseable que los gobernantes y cuantos desempeñan funciones institucionales actuaran con responsabilidad y moderaran sus ímpetus partidistas ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El espectáculo protagonizado durante las últimas horas por dirigentes nacionalistas, altos cargos de la Generalitat y del Parlamento catalán, así como por algunos ministros es impropio del puesto que ocupan: como representantes que son del Estado, cada cual en su medida, deberían servir con sus intervenciones públicas a los intereses de ese Estado, que no son otros que la legalidad constitucional y el respeto a las reglas de juego democráticas.
Lamentablemente, no está siendo así y se ha llegado a decir, incluso, que la sentencia supone nada menos que una ruptura del «pacto» entre Cataluña y España, como si ambas fueran realidades separadas y como si hubiera pactos más relevantes y superiores al de la Constitución. No ha estado acertado el primer representante del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalitat, en su declaración institucional, que tenía expresiones que son tan prescindibles como impropias, y no lo es tampoco que haya convocado a una «masiva manifestación» de repulsa el próximo 10 de julio. La sentencia del Tribunal Constitucional podrá gustar más o menos, podrá parecerle insuficiente a unos y rigurosa a otros, pero nadie está legitimado para burlarla mediante atajos populistas. Además de una irresponsabilidad, resulta inaceptable la actitud de confrontar al «pueblo catalán» con el Tribunal Constitucional y a la «voluntad popular expresada en referéndum» con la sentencia.
Nada de esto sucede ni puede suceder porque el único pueblo soberano, creador de la arquitectura constitucional, es el español, al que pertenecen los catalanes, y la única ley de leyes de nuestra nación es la Constitución, la cual regula y delimita todos los procesos electorales y estatutarios, así como la función primordial que reserva al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la norma. Por tanto, no hay ni puede haber choque de legitimidades. Sí hay, y en demasía, demagogia, sectarismo político y nacionalismo que confían en pescar en aguas revueltas. Lo que de verdad necesita Cataluña ahora no son radicalismos ni enfrentamientos, sino madurez y congruencia para aplicar la sentencia, para revisar a su luz las 45 leyes promulgadas desde hace cuatro años y para plantear, desde la lealtad, los problemas que puedan subsistir. No hay que perder de vista que lo que preocupa a los catalanes es la crisis económica y la eficacia en la gestión para salir de ella.
En contra de lo que propaga la voracidad nacionalista, el Estatuto no es ahora peor que hace 24 horas; por el contrario, es mejor en la medida en que es más constitucional y, por tanto, más ajustado a derecho y menos causa de discriminación. La sentencia era relevante no sólo para Cataluña, sino porque también afecta al resto de los españoles. El árbitro ha dictado su veredicto y la única actitud democrática admisible es acatarlo, aplicarlo y poner punto final al experimento que ha causado más daño que beneficio.
La verdad sobre la democracia robada
(lección básica que debería enseñarse en Educación para la Ciudadanía)
Francisco Rubiales Periodista Digital 1 Julio 2010
El robo de la democracia es uno de los más sucios y vergonzosos episodios de la historia de la delincuencia mundial. Es un capítulo abierto en la Historia de la ignominia que algún día, cuando la Justicia vuelva a reinar, tendrá que ser castigado con todo rigor.
Cuando el empleado de una empresa hace mal su trabajo y causa daños a la organización, es despedido sin contemplaciones porque ha fracasado. Nuestros políticos han fracasado y hecho tan mal su trabajo que han arruinado la empresa (España), pero ellos no dimiten porque se han apropiado de la empresa y la gestionan sin ética ni decencia.
Ha tenido que llegar la crisis y la ruina para que muchos descubran la gran traición de la casta política a los ciudadanos, el gran robo de esa empresa común, creada por los ciudadanos, que es el Estado democrático.
•Los ciudadanos decidieron organizar la democracia en el Estado, que es la empresa común, con el fin de cuidar el bien común y garantizar la convivencia, la justicia y el orden. Sabedores del peligro que encierra el entregar poder a unos administradores, los ciudadanos establecieron numerosos controles y cautelas para evitar que los grandes objetivos dejaran de cumplirse.
•La primera regla y la principal es que la empresa común, el Estado, es propiedad de los ciudadanos, que son los "soberanos (dueños de la soberanía y de las acciones), a los que los administradores, como en cualquier empresa, deben rendir cuentas con lealtad y obediencia.
La agencia Moody's rebaja la calificación de cinco comunidades autónomas
Las afectadas debido a un "deterioro duradero" son Madrid, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha
Ep www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
Xavier Pericay recibe el Premio de la Asociación por la Tolerancia por su defensa de la libertad
De su carrera se pueden recopilar obras en castellano y en catalán
www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
Madrid.- La Asociación por la Tolerancia ha celebrado la XVI edición de los premios que la organización celebra cada año. El Premio a la Tolerancia ha recaído en esta ocasión en en filólogo Xavier Pericay. Los miembros del jurado han destacado su fuerte compromiso con la defensa de la libertad. Un hecho que le ha tenido siempre en el punto de mira de los nacionalistas, que le consideran un disidente. Esto quedó bien reflejado en su libro de memorias 'Filología Catalana'.
El catalán Xavier Pericay es, además de filólogo, escritor y periodista. Los libros y artículos que ha escrito a lo largo de su carrera se caracterizan por su honestidad intelectual, así como por ofrecer el análisis, reflexión y críticas a los más variados asuntos sobre política, sociedad y cultura. Un librepensador que forjó sus ideas con los estudios de la época de la Ilustración.
En su carrera se pueden recopilar obras en castellano y en catalán. Domina ambos idiomas hasta tal punto que ha traducido libros en las dos direcciones. Al catalán ha llevado obras de Stendhal, Gide y Balzac. Mientras que al castellano ha traducido obra de Josep Pla. Ahora, podrá añadir a su currículum este premio por la tolerancia.
Xavier Pericay fue elegido entre un jurado compuesto por personalidades como Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional), Elvira Fuentes (ex presidenta de Asociación por la Tolerancia) o Ildefonso Falcones (Abogado y escritor). El flamante ganador se suma al palmarés de Iván Tubau, Fernando Savater, Francesc de Carreras y Gregorio Peces-Barba, últimos premiados.
María San Gil ve pistas de una nueva negociación con ETA
Madrid - Efe La Razón 1 Julio 2010
La ex presidenta del PP vasco María San Gil ha dicho hoy que hay una "serie de pistas" que llevan a pensar que existe una "clara voluntad" de que se genere un nuevo proceso de negociación con ETA y con los "batasunos", sumándose así a la tesis del eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja.
San Gil, que lleva más de dos años apartada de la política, ha hecho estas reflexiones en un almuerzo informativo en el que ha apuntado que el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, sigue siendo el "ariete que va marcando", al igual que hizo en la anterior negociación con la banda, "el camino que hay que seguir".
Ha dicho que le "sorprende sobremanera" que Eguiguren sea todavía presidente del PSE y que siga ejerciendo el papel político que tiene cuando "habla clarísimamente de contactos y de puestas en común" con la banda y de que "no se arrepiente" de aquella negociación.
En este sentido, San Gil ha emplazado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a cesar a Eguiguren de su cargo si es que le parece "de pena" que el presidente del PSE quiera negociar con ETA.
"No me creo que (Alfredo Pérez) Rubalcaba esté tan enfadado con Eguiguren y que siga en su sitio", ha sentenciado, antes de apuntar que, al final, ha llegado a la conclusión de que "pruebas son amores" y de que "aquí hay poca prueba".
La ex presidenta del PP, que ha roto su silencio por primera vez desde hace tiempo para hablar sobre el terrorismo de ETA, ha rechazado de esta forma cualquier negociación con los terroristas durante un coloquio en el que ha insistido en que con ellos de lo único que hay que hablar "es dónde y cuándo entregan las armas".
"Tenemos la responsabilidad moral de no volver a equivocarnos", ha subrayado San Gil, antes de expresar su convencimiento de que "ETA no tiene voluntad de dejar las armas", sino "de intentar conseguir un proyecto político mediante una tregua, mediante asesinatos o mediante lo que sea".
Por ello, la ex dirigente vasca, que no tiene tan claro que el fin de ETA "sea tan inmediato" como auguran algunos políticos, ha advertido de que "hay que estar vigilantes" y ser "muy precavidos" para "no volver a caer en el mismo error" de negociar con la banda terrorista.
Según San Gil, se ve claramente la "necesidad imperiosa" que tienen los terroristas de volver a las instituciones para gobernar y mandar, así como para tener el aporte económico que les hace falta para seguir subsistiendo.
En cuanto a pistas que le llevan a pensar en una futura negociación con ETA, la ex dirigente del PP vasco ha citado el que se mantenga a ANV en los ayuntamientos y la liberación de los terroristas Iñaki de Juana Chaos y de Rafael Díez Usabiaga.
San Gil ha hecho estas reflexiones en un almuerzo con motivo de la presentación del libro "El Zapatazo. La negociación: el fin de ETA", escrito por los periodistas Fernando Jaúregui y Manuel Ángel Menéndez y publicado por ediciones "Península", a la que han asistido numerosas personas, entre ellas varias víctimas del terrorismo.
La chapuza y el Estatut
Esther Esteban www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
En mi tierra cuando ocurre algo como lo sucedido con el Estatut se dice que "para este viaje no había hecho falta alforjas". Cuatro años de espera, el prestigio del Tribunal Constitucional por los suelos, la evidencia de una descarada polinización de la justicia y el bochorno generalizado de la ciudadanía viendo como una de las más importantes instituciones del país estaba enferma del peor de los males: el sectarismo, son algunas de las consecuencias de esta larga espera que ha concluido con una gran chapuza, una componenda, un apaño para salir del paso.
Que el gran argumento sea que ¡Por fin! hay una sentencia, aunque gracias a su indefinición dibuje un horizonte plagado de pleitos para interpretarla, da una idea del calibre del despropósito. Es verdad que gracias al empeño de uno de los magistrados, Manuel Aragón, tanto la definición de "Nación" -que está incluida en el preámbulo- como las referencias a la "realidad nacional catalana" carecen de eficacia jurídica, pero también lo es que deja en el limbo nada menos que 27 preceptos referidos a los derechos históricos y mantiene los artículos referidos a la bilateralidad entre Cataluña y el Estado lo cual no es moco de pavo.
Es verdad que entre los artículos declarados inconstitucionales se señala claramente que el catalán no será, tal como se afirmaba, la lengua preferente en Cataluña pero permite mantener la ley de normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en castellano. En resumen que con esta sentencia y, en sus artículos más conflictivos, se puede interpretar una cosa o la contraria, ver la botella medio llena o medio vacía según convenga y eso significa, ni más ni menos, que las relaciones entre España y Cataluña estarán sometidas a una enorme tensión ya que cada cual contará la feria según le va y al final se tendrá que dirimir casi todo lo fundamental en los tribunales.
En cuanto a la reacción política, mal asunto si la cosa se plantea entre vencedores y vencidos. Aquí no gana nadie porque pierden los ciudadanos de Cataluña, que tienen motivos para sentirse indignados porque sus gobernantes, en plena crisis económica, en vez de ocuparse de sus problemas reales llevan cuatro años agazapados tras los debates identitarios. Resulta llamativa, y mucho, la reacción del Gobierno hablando de derrota del PP, cuando solamente con que uno de los artículos hubiera resultado inconstitucional ya podrían argumentar que mereció la pena presentar el recurso y nadie puede quitarle razones cuando el retoque puede afectar a más de 40. Lo más peculiar de las primeras reacciones ha sido el fuego amigo entre el PSC y el PSOE, entre Montilla y Zapatero. El presidente de la Generalitat no se cortó un pelo a la hora de lanzarle sus dardos envenenados a Zapatero que, finalmente, es el responsable último del desaguisado. Fue él quien por ganar un puñado de votos dijo en Cataluña que aceptaría el Estatut que saliera de allí sin tocarle una coma, y no cumplió. El fue quien puso la mano en el fuego sobre la constitucionalidad del texto y ahora ha quedado en evidencia y también fue el quien ha permitido en su inconsciencia que se abran en canal todos los estatutos de autonomía. Ahora todos en su pecado, tendremos la penitencia.
Pío Moa Libertad Digital 1 Julio 2010
El 'molt' impresentable
Román Cendoya www.gaceta.es 1 Julio 2010
Montilla, como todos sus predecesores, está siendo otro insolidario 'Molt Finansable'.
La sentencia del Constitucional impide que la casta política nazionalista catalana disponga de los órganos judiciales que necesitaba para, entre otras cosas, tapar la incuantificable cantidad de choriceo económico, que han perpetrado a las arcas públicas bajo la omertá del seny catalán. Antes que la nación les importa la pasta. Montilla, como todos sus predecesores, está siendo otro insolidario Molt Finansable. Cataluña, por mucho que lo repitan, no es una nación. Cataluña, por mucho que parte de su población se eche a la calle, seguirá siendo una región más de la nación española. Es más, todo lo que son políticamente los Montillas, Carod, Más y compañía emana de la decisión soberana del pueblo español recogida en la Constitución Española de 1978.
La actitud de Montilla respecto a la sentencia del Constitucional es impropia de alguien que recibe el trato de Molt Honorable. De eso no tiene nada. El cordobés sobrevenido en catalán es Molt Impresentable. Un tramposo que exige que, si las leyes no le dan la razón, se cambien acomodándose a su voluntad para poder continuar en el poder. Utiliza a la ciudadanía, excitando sus peores instintos, para poder seguir en política. Ese sitio en el que la norma es que una panda de personajes, que nunca debieron llegar allí, se sirvan de lo público diciendo que sirven al público. Montilla es un pésimo ejemplo para la ciudadanía. El cordobés catalán es tan nazionalista como los que lo son por irracionalidad de origen. Los nazionalistas son unos brutos intelectuales que hacen del sentimiento ideología. Unos primitivos que creen que por nacer en un sitio son diferentes a los demás. Y por supuesto mejores. Los nazionalistas catalanes son unos insolidarios totalitarios que quieren imponer sus normas por razones de origen. Montilla es un acomplejado social que ha abrazado el peor nazionalismo catalán, radicalizado por su acomplejante origen en Iznájar. Los conversos siempre son los peores.
Maria Luisa García Franco www.gaceta.es 1 Julio 2010
El entorno de la banda terrorista lleva tres décadas manejando fondos públicos.
A pesar de que hay partidos, como EA, que ofrecen el prestigio democrático de sus siglas a quienes pretenden representar a los terroristas en las instituciones, y de que también hay dirigentes políticos, como el socialista Jesús Eguiguren, que proponen tratar a la izquierda abertzale como si no fuera el brazo político de los asesinos, 2011 podría ser el año a partir del cual el entorno de ETA dejara de manejar fondos públicos. Desde la Transición, la izquierda abertzale ha tenido siempre algún pie en las instituciones. Cuando los proetarras no pudieron mantenerse en los ayuntamientos en 2003, seguían estando en el Parlamento vasco, y cuando les fue imposible volver a la Cámara de Vitoria en 2009, ya se habían vuelto a colar en los ayuntamientos.
En 2003 se aplicó la Ley de Partidos, pero en 2005 el Gobierno de Zapatero miró para otro lado cuando los proetarras cambiaron de careta para burlar la legalidad. En ese momento, el Ejecutivo socialista exploraba la posibilidad de una salida dialogada para ETA. Fracasada esa vía, en las elecciones autonómicas de 2009 los proetarras desaparecieron del Parlamento vasco.
Ahora no se sabe bien cuáles son los intereses del Gobierno, pero el discurso oficial del ministro del Interior coincide con la estrategia de acoso a ETA que defiende el Partido Popular. Por eso, socialistas y populares están de acuerdo en reformar la Ley Electoral para impedir que los proetarras utilicen alguna de las múltiples argucias que han puesto en práctica para burlar la ley u otras nuevas. Pérez Rubalcaba ha apuntado a la posibilidad de que se presenten listas “sucias” de EA y ha advertido que esta vez no habrá “puerta de atrás” para entrar en las instituciones. Si ese fuera el único mensaje que transmitieran los socialistas, nos lo creeríamos, pero como no lo es, será mejor que esperemos a ver qué pasa.
El ex presidente de EE UU asegura que da igual lo que sentencie el Tribunal Constitucional
Carter agradece los 100.000 euros de la Generalitat: «La cultura catalana perdurará mil años»
Barcelona - Efe La Razón 1 Julio 2010
El ex presidente de EE UU Jimmy Carter recibirá esta noche un premio de 100.000 euros de la Generalitat, un buen motivo para hablar del "carácter único" de la cultura, la sociedad y la lengua catalanas. Según el premio Nobel de la Paz 2002, este carácter se perpetuará y será "admirado" durante mil años más "con independencia de lo que sentencie el Tribunal Constitucional (TC)" sobre el Estatut de Cataluña.
Carter, que se encuentra en Barcelona para recibir el Premio Internacional Catalunya 2010 que otorga anualmente la Generalitat, ha aconsejado en rueda de prensa a los ciudadanos catalanes que sean "pacientes" y acepten la decisión del TC pese a la "angustia que ha causado, especialmente entre los dirigentes políticos".
El ex presidente demócrata ha establecido un paralelismo entre el fallo del tribunal español y las "decisiones muy erróneas que ha tomado en el último año el Tribunal Supremo" de los Estados Unidos respecto a la financiación de campañas políticas y la tenencia de armas.
El premio nobel de la paz en 2002 ha señalado que "de ninguna manera un tribunal puede modificar de forma dramática la cultura básica, el compromiso, la herencia y el patrimonio del pueblo catalán", y ha recomendado "paciencia y confianza" a los ciudadanos ante el recorte del Estatut.
Preguntado por si el Centro Carter -una organización sin ánimo de lucro impulsada por el ex presidente- estaría dispuesto a enviar observadores internacionales para velar por la transparencia de un hipotético referéndum por la independencia de Cataluña, el ex mandatario norteamericano ha asegurado que "sí, si fuera preciso".
Quiere ayudar para "que la voluntad del pueblo catalán se exprese"
El nobel ha precisado que si las "autoridades convenientes" lo solicitaran su fundación "estaría dispuesta a venir aquí para ayudar a asegurarse de que la voluntad del pueblo catalán se expresa de manera adecuada".
Carter también se ha referido a la situación política internacional para argumentar que "Israel debería retirarse de los territorios ocupados. No sólo de Palestina, sino también de Líbano y Siria, y vivir en paz con sus vecinos".
Sobre la situación en Irán, el ex presidente de EE UU ha recomendado mantener "las máximas relaciones diplomáticas posibles" con el gobierno de Teherán, así como continuar ejerciendo presión internacional para que el régimen iraní no continúe el desarrollo de su arsenal militar.
Carter recibirá esta tarde de manos del presidente de la Generalitat, José Montilla, el Premio Internacional Cataluña, dotado con 100.000 euros y una escultura cedida por el artista Antoni Tàpies, y que distingue cada año a personas que impulsan valores culturales, científicos o humanos en todo el mundo.
El galardón fue impulsado en 1989 por el escritor Baltasar Porcell, de quien hoy se cumple un año desde su fallecimiento, y ha recaído en ediciones anteriores en personalidades destacadas como el filósofo inglés Karl Popper, el oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau y el videoartista norteamericano Bill Viola.
Zapatero se guarda un as bajo la manga para el Estatut
Efe www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
Con el Estatut, Zapatero se guarda un as bajo la manga Zapatero se guarda un as bajo la manga para el Estatut
M. F. VALLEJO | VITORIA. El Correo 1 Julio 2010
La Generalitat consuma su desafío lingüístico
Barcelona - Marcos Pardeiro La Razón 1 Julio 2010
Vota el Código de Consumo y la ley del cine / Al menos ocho de las normas de la Generalitat, en el aire
Con 117 votos a favor y 17 en contra, la Ley del Cine Catalán fue aprobada ayer en el Parlament de Cataluña. Los votos favorables del tripartito y de CiU hicieron posible que saliera a delante una ley marcada por la polémica. Pese al barniz cultural que se quiso dar a la nueva legislación, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, aseguró en su intervención en el pleno que éste es el momento de «las decisiones valientes para construir el futuro. Hay que tomar actitudes valientes después de la sentencia del Tribunal Constitucional».
Precisamente la decisión del TC estuvo planeando durante el debate previo a la votación. En este sentido el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, puntualizó que la ley forma parte del «despliegue del Estatut». En ese «despliegue» entran, entre otros aspectos, el propiciado por el muy discutido artículo 18: la obligación de que la mitad de las películas extranjeras que se exhiban en Cataluña estén dobladas o subtituladas en catalán. También se incluye la creación de fondos de fomento a la producción y a la distribución independiente.
Tresserras remarcó que la ley cumple todas las recomendaciones del Consejo de Garantías Estatutarias por lo que no es anticonstitucional ni antiestatutaria. El consejero ve en todo esto «un acceso democrático a la cultura» y «una corrección de una anomalía».
Pese a las críticas de CiU –tildando al tripartito de «electoralista»– y del PP –que recordó los problemas que puede generar el artículo 18 tras la sentencia del Constitucional–, para la consejería la ley era una prioridad. Puigcercós recordó que «vivir en catalán no es fácil y me he llegado a sentir forastero en mi propio país por una situación de indiscriminación». El sector perjudicado, el de los empresarios de las salas de cine, se pronunciará hoy en rueda de prensa sobre la ley.
La Ley del Cine fue aprobada justo antes de que el Parlament sacara adelante el Código de Consumo de Cataluña, el cual se inspira en parte en el artículo 34 del Estatut (sobre los derechos lingüísticos de los consumidores), que el TC ha sometido a intepretación en su fallo, lo que levantó críticas por «desacato». El Código fija el derecho a ser atendido en catalán en los comercios.

References: artículo 76
 artículo 78
 artículo 97
 resolución 
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 34