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Timestamp: 2018-03-20 02:16:30+00:00

Document:
Ley CABA Nº: 3 / 1998
Publicado en el B.O. CABA Nº 394 el 27-07-1998
Defensoría del Pueblo. Creación.
Artículo 8º.- El Defensor o Defensora del Pueblo percibe igual remuneración que los diputados o diputadas de la Ciudad. Le corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo y a sus Adjuntos/as los adicionales que la ley establece para los jueces y juezas de la ciudad.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.371, BOCBA Nº 3345 del 21/01/2010)
b. Por vencimiento del plazo de su mandato;
c. Por renuncia presentada y aceptada por la Legislatura.
d. Por remoción, a través de juicio político, fundado en las causales que prevé el Artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
a. Políticas sociales en general, y en particular destinadas a personas mayores, personas con necesidades especiales, trabajo, seguridad social, turismo y mediación comunitaria.
b. Administración Pública y prestación de servicios públicos de la Ciudad en general y en particular políticas de salud, cultura, educación, ciencia y tecnología, juventud, deporte, consumidores, usuarios, economía, finanzas y presupuesto.
c. Seguridad y derechos humanos, fuerzas policiales y de seguridad, institutos carcelarios, igualdad entre varones y mujeres, derechos de los niños y adolescentes, derechos de las minorías y derecho a la libertad de expresión.
d. Ambiente, hábitat y urbanismo (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.090, BOCBA Nº 2555 del 31/10/2006)
e. Defensa y protección de los intereses y derechos de los clientes bancarios, de entidades financieras, mutuales y cooperativas.
f. Comunicaciones en general, y en particular telefonía fija, telefonía celular, comunicación e datos, Internet y correo postal y telegráfico. (Incorporado por Art. 2 º de la Ley Nº 2.090, BOCBA Nº 2555 del 31/10/2006)
a. Comprobar el respeto de los derechos de los clientes de los servicios bancarios, financieros, mutuales y cooperativas en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Solicitar al Defensor del Pueblo la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido denegada.
c. Proponer la modificación o sustitución de normas y procedimientos bancarios, financieros, mutuales y cooperativas.
d. Realizar toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones.
a. Impulsión e instrucción de oficio;
b. Informalidad;
c. Gratuidad;
d. Celeridad;
e. Imparcialidad;
f. Inmediatez;
g. Accesibilidad;
j. Pronunciamiento obligatorio.
a. Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial.
b. Asuntos ya juzgados.
Que la misión de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como la define el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y la mencionada Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local;
Que el constituyente de la Ciudad ha seguido la línea iniciada en el derecho público provincial y luego adoptada por el constituyente federal en la reforma de 1994, al otorgar rango constitucional a este órgano y definirlo como defensor de los derechos humanos. Y que tal como se ha sostenido, "(I) a institución se vincula con dos de los principios que inspiran la Constitución en comentario: la participación y el control. Para concretar la democracia participativa proclamada en el artículo 1º, el Defensor del Pueblo es un órgano que permite una defensa activa del ciudadano respecto de sus derechos e intereses legítimos. Respecto del control, resulta una herramienta eficiente para determinar la responsabilidad de los actos de gobierno y sancionar las infracciones a la legalidad, como así también para sancionar los excesos de poder y otorgar al administrado una defensa idónea frente a tal fenómeno". (Sabsay, Daniel A. y Onaindia, José M., "La Constitución de los Porteños. Análisis y Comentario", editorial Errepar, Bs. As. 1997, pág. 272);
Que por lo demás el inciso n) del artículo 13 de la Ley Nº 3 (Ley Orgánica de la Defensoría) operativiza el mandato constitucional, al facultar al Defensor del Pueblo a dictar el Reglamento Interno, nombrar y remover a sus empleados y proyectar y ejecutar su presupuesto. En igual sentido, el inciso ñ) de igual precepto brinda al Defensor del Pueblo la potestad de determinar la estructura orgánico-funcional, la dotación de personal permanente y transitorio, el nivel de sus remuneraciones y el régimen de concurso público abierto por la cual se selecciona al personal permanente;
Artículo 2° — Funciones: Las funciones del Defensor o Defensora del Pueblo son las que le asigna el Artículo 13 de la Ley Nº 3 y tienen carácter de indelegables. En ejercicio de sus funciones rectoras y administrativas, le corresponde especialmente:
Encomendar a los/as Defensores/as Adjuntos/as la tramitación e investigación de casos, sea que se hubieren iniciado por denuncia o de oficio, debiendo atender a la especialización de cada uno de ellos/as. Esta decisión será revocable por excusación de los/as Defensores/as Adjuntos/as, o con indicación de causa por el/la Defensor/a del Pueblo.
En el supuesto de que el/la Defensor/a del Pueblo no pueda proceder a la designación para su reemplazo se realizará un sorteo a tal efecto. El/la Defensor/a Adjunto/a que se desempeñe en reemplazo del Defensor o Defensora del Pueblo no podrá permanecer en esa función por más de un (1) mes en forma consecutiva, en cuyo caso se deberá proceder a la designación rotativa de los otros Defensores/as Adjuntos/as por igual período.
Artículo 7º — Area de Contabilidad y Servicios: El Area de Contabilidad y Servicios entiende en la planificación, ejecución, registro y contralor de la gestión financiera y patrimonial de la Defensoría del Pueblo, coordinando las acciones correspondientes a los aspectos presupuestarios y al movimiento de fondos y valores de las demás áreas, a fin de propender a una eficaz y efectiva prestación de los servicios. En particular le corresponde:
Artículo 8º — Area de Despacho: El Area de Despacho entiende en todo lo concerniente al diligenciamiento de la documentación, orientación y control de su trámite. Entiende en las actividades de sistematización de datos y procesamiento electrónico de la información. En particular le corresponde:
Artículo 9º — Area de Atención de Quejas e Interés del Ciudadano: El Area de Atención de Quejas e Interés del Ciudadano entiende en todo lo concerniente a las denuncias en las que se encuentren afectados derechos e intereses legítimos y difusos de los habitantes de la Ciudad conforme a la distribución interna de competencia que establezca la Secretaría General. En particular le corresponde:
Artículo 10 — Area de Asuntos Jurídicos: El Area de Asuntos Jurídicos entiende en todo lo concerniente a las denuncias en las que se encuentren afectados derechos e intereses legítimos y difusos de los habitantes de la Ciudad conforme a la distribución interna de competencia que establezca la Secretaría General. En particular le corresponde:
Artículo 11 — Area de Comunicación y Relaciones Institucionales: El Area de Comunicación y Relaciones Institucionales entiende en todo lo concerniente a la elaboración de políticas de comunicación, imagen y relaciones públicas de la Defensoría del Pueblo. En particular le corresponde:
Artículo 13 — Excusación: El/la Defensor/a del Pueblo y los/as Defensores/as Adjuntos/as deberán excusarse en los casos previstos en los Arts. 9 y 17 de la Ley Nº 3.
Artículo 16 — Identificación y forma de las actuaciones: La identificación inicial de las actuaciones será conservada durante todo el trámite, salvo lo previsto en materia de acumulación. Las mismas deberán foliarse por orden correlativo de incorporación. Cuando se incorpore documentación voluminosa se agregará como anexo. En caso de desglose se dejará constancia escrita en la actuación.
Artículo 17 — Forma de las denuncias: Las quejas o denuncias podrán ser realizadas personalmente en forma verbal o por escrito, mediante correo electrónico, fax o cualquier otro medio telegráfico o electrónico. En el supuesto que se realice una denuncia telefónica la misma deberá ser ratificada personalmente, sin embargo cuando la urgencia del caso lo justifique, el/la Defensor/a del Pueblo dispondrá las medidas que estime pertinentes.
Cuando la denuncia se realice en forma verbal, deberá labrarse un acta en la que constará la fecha, los datos personales del/de la denunciante (nombre y apellido, tipo y número de documento, domicilio, teléfono y todo otro dato de utilidad a los fines de la tramitación de la denuncia), el motivo de la denuncia, la firma del interesado o interesada, su apoderado/a o representante legal quienes deberán acreditar la personería invocada. Si el/la denunciante o quejoso no supiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello en el acta. Asimismo, suscribirá el acta el/la funcionario/a actuante.
Artículo 19 — Denuncias recibidas a través de otros medios: Cuando la denuncia fuere recibida mediante cualquier otro medio se remitirá a la Secretaría General a fin de que disponga el trámite a seguir conforme lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley Nº 3. Si se dispusiera su inicio el/la funcionario/a actuante deberá verificar sumariamente la autenticidad de los datos personales contenidos en la queja previo a adoptar cualquier medida. La mera ausencia de algunos de los datos enunciados en el Artículo 18 no obstará a que se dé trámite a la denuncia.
Artículo 21 — Denuncia con identidad reservada: Cuando del contenido de la denuncia se pudiera derivar algún peligro o perjuicio para la persona del/de la denunciante o para terceros, se le hará saber la posibilidad de efectuar la misma bajo identidad reservada. En tal caso, los datos personales del/de la denunciante no figurarán en la actuación, y serán reservados en la caja fuerte de la Secretaría General.
Artículo 23 — Acumulación de las actuaciones: Podrán unificarse en un mismo expediente todas las presentaciones en que se trataren asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente, siempre que no resulte un grave retardo para alguno de ellos
Artículo 27 — Radicación de actuaciones: Una vez iniciadas las actuaciones las mismas quedarán radicadas, de acuerdo a la temática de que se trate, en alguna de las siguientes áreas: Area de Atención de Quejas e Interés del Ciudadano, Area de Asuntos Jurídicos o Area de Contabilidad y Servicios. Esta asignación la efectuará el Area de Despacho previa consulta con los/as jefes/as de las respectivas áreas. En los casos en que el/la Defensor/a del Pueblo lo disponga las actuaciones también podrán ser radicadas para su trámite en la Secretaría General.
Artículo 30 — Solicitud de informes o colaboración: La solicitud de informes, documentación o colaboración con entidades públicas o privadas se realizará mediante oficio suscripto por el/la Defensor/a del Pueblo, los/as Defensores/as Adjuntos/as o el/la Secretario/a General, por disposición de aquéllos, según a quién se lo dirija conforme a las normas de estilo. En todos los casos se dejará constancia en la actuación de la medida adoptada y la copia del oficio con la constancia de su recepción deberá ser agregada a la actuación correspondiente.
Artículo 33 — Notificaciones: Las notificaciones podrán efectuarse personalmente, dejando en la actuación debida constancia de ello, o por cualquier medio que acredite su recepción. Siempre deberá notificarse la decisión que dé por concluido el trámite, salvo en el caso de desistimiento.
Artículo 35 — Recursos: Las resoluciones del Defensor o Defensora del Pueblo son irrecurribles. Sin perjuicio de ello, de oficio o a petición de parte, el/la Defensor/a del Pueblo podrá revocarlas cuando por vicios en el procedimiento o defectos en la resolución se hayan afectado derechos o garantías constitucionales.
Artículo 38 — Términos: Si no se estableciere un plazo distinto las disposiciones y resoluciones del Defensor o Defensora del Pueblo deberán cumplirse en el plazo de diez (10) días. Los plazos se contarán por días hábiles administrativos.

References: Artículo 8
 Artículo 92
 artículo 137
 artículo 1
 artículo 13

Artículo 2
 Artículo 13

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19
 Artículo 28
 Artículo 18

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 27

Artículo 30

Artículo 33

Artículo 35
 resolución 

Artículo 38