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Timestamp: 2019-10-21 20:14:05+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-656_2003]
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano Carlos Jácome Solano solicitó a la Corte declarar inexequible el artículo 157 de la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
4.1.	Auditoría General de la República
4.2.	Ministerio de Justicia y del Derecho[2]
4.3.	Universidad del Rosario.
4.4.	Universidad Nacional
4.5.	Ciudadanas Soraya S. Howell Molina, Hilma Yanet Aguirre B, Mery A. Mantilla García, Cynthia M. López Rivera y Mónica A. Barrios González
4.6.	Ciudadana Audrín Bermúdez Zea
6.1.	Competencia
6.2.	Problemas jurídicos planteados
si el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, al consagrar la medida de suspensión provisional en la investigación disciplinaria, desconoce los derechos al trabajo y al debido proceso, consagrados en los artículos 25 y 29 de la Constitución, respectivamente y
si el contenido del artículo 157 de la Ley 734 de 2002 desconoce los principios de supremacía constitucional, primacía de los derechos inalienables de la persona humana y el amparo de la familia como institución básica de la sociedad, así como el principio de igualdad, consagrados en los artículos 4, 5 y 13 de la Constitución, respectivamente.
6.3.	El fenómeno de la cosa juzgada relativa y la constitucionalidad condicionada
Así las cosas, en la referida sentencia se decidió: "Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados, el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, en el entendido de que el acto que ordene la prórroga debe reunir también los requisitos establecidos en este artículo para la suspensión inicial y la segunda prórroga sólo procede si el fallo de primera o única instancia fue sancionatorio."
El artículo 243 de la Constitución establece que "los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional" y que en consecuencia, "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución."
Así mismo ocurre, en principio, en los casos en los cuales la decisión adoptada en el fallo es de exequibilidad y la Corte no ha limitado el alcance de su decisión, por cuanto debe suponerse que en el estudio realizado se efectuó una confrontación de la norma demandada con todo el texto constitucional, salvo que con posterioridad la Corte manifieste lo contrario.[4] En relación con la cosa juzgada absoluta en los casos de declaratoria de exequibilidad, la Corte precisó:
"(...)También puede ocurrir que cuando la Corte pese ha haber analizado en el texto de la providencia los cargos propuestos en una demanda no ha señalado expresamente el alcance limitado de sus efectos a esos determinados aspectos, debe entenderse que la adopción de la decisión ha estado precedida por un análisis de la norma impugnada frente a la totalidad de las normas superiores, dando lugar a que la providencia también esté amparada por la cosa juzgada absoluta, configurándose en tal hipótesis una suerte de “presunción de control integral”. [5]
En relación con la constitucionalidad condicionada, la Corte ha señalado que “esta medida de preservación jurídica, auspiciada por el principio de conservación del derecho y desplegada en torno a la interpretación armónica de la ley, evita la supresión graciosa de normas jurídicas, el consiguiente empobrecimiento de la normatividad así como propende al fortalecimiento del espíritu democrático mediante el respeto por la voluntad del legislador”.[8]
"(...) la constitucionalidad condicionada consiste en que la Corte delimita el contenido de la disposición acusada para, en desarrollo del principio de conservación del derecho, poder preservarla en el ordenamiento. Así, la sentencia condicionada puede señalar que sólo son válidas algunas interpretaciones de la misma, estableciéndose de esta manera cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuales no son legítimos constitucionalmente. Pero si la Corte no limita el alcance de la cosa juzgada, entonces ese pronunciamiento material de constitucionalidad condicionada tiene efectos jurídicos definitivos y erga omnes.”
Aplicando los anteriores criterios, en el caso presente el actor manifiesta que la suspensión provisional contenida en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002 desconoce el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 Superior, pues, en su sentir, se trata de una sanción o pena impuesta sin el lleno de los requisitos constitucionales, "con fundamento en una prueba con precariedad demostrativa que no ha permitido establecer hasta ese momento la culpabilidad del investigado, esto es, sin habérsele dado siquiera la oportunidad de defenderse".
"Primero, la interpretación según la cual el acto que ordena una prórroga es discrecional del funcionario representa un riesgo de arbitrariedad y discriminación constitucionalmente intolerable y comporta para el suspendido el deber de soportar una carga excesiva – la suspensión sin derecho a remuneración hasta por nueve meses a voluntad del funcionario disciplinario competente – de la cual no podría defenderse. Ello representaría una afectación desproporcionada de su derecho de defensa así como del derecho al mínimo vital. El suspendido tiene constitucionalmente el derecho a que cada prórroga de la medida cautelar reúna los requisitos que debe llenar el auto que decreta la suspensión provisional porque, de lo contrario, las cargas que recaen sobre el suspendido deberían ser soportadas irremediablemente por éste a voluntad del funcionario competente, lo cual es contrario al Estado Social de Derecho y al principio de proporcionalidad consustancial a éste.
Segundo, la interpretación según la cual aún después de dictarse fallo absolutorio de primera o única instancia procede una segunda prórroga también resulta contraria la Carta. La Constitución prohibe que quien no ha incurrido en ninguna falta según la autoridad competente para determinar su responsabilidad disciplinaria, sea tratado como si subsistieran “serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere”. En efecto, dictado el fallo absolutorio los fines que justifican la medida provisional han sido desvirtuados por la propia autoridad disciplinaria que ya culminó la investigación, juzgó y falló, y que concluyó que no había falta que pudiera continuar siendo cometida o reiterada. La proporcionalidad de la medida provisional depende de que ésta propenda por los fines que la justifican, lo cual deja de ser posible después de proferido el fallo absolutorio. Además, extender después de seis meses de suspensión la duración de la medida por tres meses más, cuando el fallo ha sido absolutorio, representa una carga desproporcionada para quien el propio Estado ha declarado exento de responsabilidad disciplinaria.
El cumplimiento de este último requisito supone que las razones expuestas por el demandante sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”[12].
“En reciente oportunidad, esta Corte señaló que sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda “sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte”.
“Los cargos que se formulen por un ciudadano contra una norma integrante del orden jurídico, para pedir a esta Corte que la declare inconstitucional, no pueden fundarse, entonces, en sus desarrollos específicos, ni referirse a su ejecución práctica o a los abusos que puedan cometerse por los operadores jurídicos en casos concretos. Puesto que el juicio de constitucionalidad implica la confrontación en abstracto entre el contenido de la disposición acusada y la preceptiva fundamental, las demandas que busquen su inexequibilidad deben aludir a ella en los mismos términos. La Corte, entonces, se declarará inhibida para resolver de fondo sobre las pretensiones de la demanda”.[13]
En el presente caso, el actor manifiesta que el artículo 157 acusado vulnera los principios de supremacía constitucional, primacía de los derechos inalienables de la persona humana y el amparo de la familia como institución básica de la sociedad, contenidos en los artículos 4 y 5 Superiores respectivamente, así como el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
Sobre la posible vulneración del artículo 13 Superior, el actor adujo que la disposición acusada discrimina al trabajador investigado y a su familia frente a otros servidores públicos investigados por hechos similares. A su juicio, la aplicación del artículo 157 de la Ley 734 queda sometida a un criterio "netamente subjetivo", que permitiría que en el caso de que se investigaran dos o más servidores públicos por idénticas faltas, pero por funcionarios diferentes, se podría ordenar la suspensión para unos y para otros no. En efecto plantea que "la norma demandada rompería el plano de igualdad que debe existir entre los investigados por la autoridad disciplinaria. Qué tal que al servidor público suspendido en una investigación disciplinaria, se le absolviera posteriormente de los cargos? En qué quedaría el daño que se le ocasionó físico y moral?"
[1] Actualmente Ministerior del Interior y de Justicia
[2] Actualmente, Ministerio de Justicia y del Interior.
[3] Sentencia C-310 de 2002,. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[4] Pueden presentarse situaciones en las cuales a pesar de que la Corte no limitó el alcance de su declaratoria de exequibilidad, con posterioridad se prueba que el estudio de constitucionalidad no se efectuó mediante la confrontación de la norma acusada con la totalidad de la Constitución. Esto es lo que jurisprudencialmente se ha conocido como "cosa juzgada aparente".
[5] Sentencia C-153 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernandez
[6] " " " " " " " "
[7] Ver, entre otras, las sentencias C-478 de 1998, C-153 y C-774 de 2001y C-310 de 2002.
[8] Ver Auto 014 de 1999
[9] Sobre la distinción entre cosa juzgada condicionada y relativa, pueden consultarse los Autos 283, 289ª y 290 de 2001.
[10] Decreto 2067 de 1991: Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:
[11] Ver entre otras, las sentencias C-142, C-898 y 1052 de 2001 y C-788 de 2002
[12] Ver Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Sentencia C-357 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo

References: artículo 157
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 243
 artículo 157
 artículo 29
 artículo 157
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 157
 Artículo 2