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Timestamp: 2019-04-25 01:50:46+00:00

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STC 61/2002, 11 de Marzo de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 145868
STC 61/2002, 11 de Marzo de 2002
Número de Recurso: 111/1999
Recurso de amparo 111/99. Promovido por don Martín Ramiro C. C. frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, estimando el recurso del INSS, desestimó su demanda sobre pensión de jubilación. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías: imposibilidad de acreditar las cotizaciones a la Seguridad Social (STC 227/1991).
Sentencia citada en: 157 sentencias, 3 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 111/99, promovido por don Martín Ramiro C.C., representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García San Miguel y Orueta y asistido por el Letrado don Manuel Álvarez de la Rosa, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1998, recaído en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 255/98, y contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Santa Cruz de Tenerife), de 20 de octubre de 1997, estimatoria del recurso de suplicación en proceso sobre pensión de jubilación. Han sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y asistido por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social doña María Luisa Dorranzo Fábregas, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 12 de enero de 1999, don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Martín Ramiro C.C., interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1998 que declara la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 20 de octubre de 1997, en el recurso de suplicación núm. 437/97, interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife de 12 de febrero de 1997 en el procedimiento núm. 368/96.
El recurrente estuvo afiliado a la Seguridad Social y en alta en su Régimen General durante el período de 1 de octubre de 1955 a 19 de enero de 1982 y en el Régimen Especial de Autónomos desde el 1 de noviembre de 1992 al 30 de noviembre de 1995.
En fecha 12 de octubre de 1995 solicitó pensión de jubilación. Al no reunir los requisitos necesarios en ninguno de los dos regímenes independientemente considerados, y por aplicación del cómputo recíproco de cotizaciones, le fue reconocida la pensión por el Régimen General, al ser en éste donde había efectuado un mayor número de cotizaciones (Resolución de la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, de 4 de enero de 1996). La base reguladora de la pensión ascendía a 66.970 pesetas y fue calculada computando las cotizaciones correspondientes a los ocho años inmediatamente anteriores al hecho causante, esto es, al 30 de noviembre de 1995, por las bases por las que cotizó al RETA durante los tres años y 30 días de afiliación al mismo y las mínimas del Régimen General, con integración de lagunas para el período restante anterior.
Contra dicha Resolución el recurrente interpuso reclamación previa alegando que el cálculo efectuado debía ser realizado sobre la base reguladora de las cotizaciones al Régimen General, aplicando las revalorizaciones correspondientes. Dicha pretensión fue estimada parcialmente por Resolución de 26 de marzo de 1996, si bien al realizarse sobre las "únicas" cotizaciones que constaban en el Régimen General, el resultado de la pensión resultaba inferior a la que el actor venía percibiendo, ya que el porcentaje del 100 por 100 quedaba calculado sobre una base reguladora de 64.521 pesetas.
Contra esta nueva Resolución el ahora recurrente interpuso demanda reclamando una pensión de jubilación en cuantía de 104.959 pesetas, resultantes de tomar como correctas las bases por las que el actor decía que había cotizado la última empresa para la que trabajó cuando estaba en el Régimen General ("Guanche, S.A."). A tal fin, solicitó como prueba anticipada que se requiriera al INSS para que aportase certificación de las cotizaciones efectuadas por dicha empresa con respecto a la parte actora.
El día del juicio la entidad gestora aportó la certificación solicitada, en la que constaban las cotizaciones relativas al año 1981 y a los cinco últimos meses de 1980, pero sin que se reflejara cotización alguna en el periodo anterior. Constituye un hecho probado (hecho probado sexto de la Sentencia de instancia) que el INSS no disponía de información de las bases de cotización del actor referidas al período de enero de 1974 a julio de 1980, por lo que el cálculo de la base de cotización se efectuó por la entidad gestora teniendo en cuenta la mínima para su categoría.
La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife estimó la demanda condenando al INSS a abonar al actor la pensión de jubilación solicitada y en la cuantía propuesta por éste. En particular, pese a reconocer expresamente que el organismo demandado no se había negado a aportar la documental requerida y que tan sólo había aportado aquélla que obraba en su poder, la Sentencia declaró aplicable el art. 94.2 LPL y la ficta probatio en él contenida, habida cuenta de la dificultad que para el actor suponía acreditar las cotizaciones realizadas por su empresa y del grave perjuicio que generaba su falta de aportación al resultar prácticamente imposible de corregir por mucha eficacia probatoria que el actor desplegase.
Contra esta Sentencia recurrió el INSS alegando vulneración de los arts. 94.2 y 97.2 LPL por no existir en ningún hecho o fundamento de derecho, ni constar en los autos, ni en documento alguno, dato del que inferir la base reguladora concedida por la Sentencia de instancia, así como porque el art. 94.2 LPL tiene como presupuesto que, sin causa justificada, una de las partes no aporte al proceso los medios de prueba propuestos por la parte contraria, lo que, en el presente caso, sin embargo, no se produjo. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó Sentencia el 20 de octubre de 1997 estimando el recurso interpuesto por no poder considerarse existente la cotización declarada entre enero de 1974 a julio de 1980 sobre la base del art. 94.2 LPL cuando el organismo demandado no sólo no se negó a aportar la documental solicitada, sino que "aportó el expediente de jubilación del actor donde constaban todas las cotizaciones efectuadas por el actor al Régimen de Autónomos", pero no así las correspondientes al Régimen General del periodo controvertido "por no tener en su poder tales datos", pues, "sobre tales cotizaciones no existe ni constancia, ni soporte documental de las mismas".
Contra la Sentencia de suplicación el ahora recurrente interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue inadmitido por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y de esta misma por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1998.
El solicitante de amparo alega que las resoluciones judiciales antedichas vulneran el derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
El 17 de enero de 2000, la Sección Segunda de este Tribunal dictó providencia por la que acordó admitir a trámite la demanda presentada por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de don Martín Ramiro C.C., y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de los autos núm. 368/96, recurso de suplicación núm. 437/97 y recurso de casación núm. 255/98, respectivamente. Al propio tiempo se interesó que se emplazara a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, a excepción de la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
El 14 de septiembre de 2000 compareció ante este Tribunal don Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, solicitando que se le tuviera personado como parte recurrida.
Por diligencia de ordenación de 19 de septiembre de 2000, la Sala Primera de este Tribunal tuvo por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidas por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, las de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y las de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, acusando recibo de los mismos. En este mismo acto se tuvo por personado y parte al Procurador don Eduardo Morales Price, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Igualmente, y en cumplimiento del art. 52.1 LOTC, se acordó al mismo tiempo dar vista de las actuaciones recibidas a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, a fin de que pudieran presentar las alegaciones que, en su caso, estimaran pertinentes.
El 25 de octubre de 2000, don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, Procurador de los Tribunales y de don Martín Ramiro C.C., se ratificó en su demanda de amparo y dio por reproducidas todas las alegaciones y fundamentos de derecho. En este escrito, no obstante, alega que aportó al acto del juicio todos los medios de prueba de que pudo valerse y que, en cambio, fue el organismo demandado quien no aportó las cotizaciones correspondientes al período controvertido por no disponer de datos informáticos sobre el mismo y que no lo hizo pese a haber sido requerido para ello, primero de modo directo y, más tarde, a través del Juzgado de lo Social como prueba anticipada. Asimismo, esgrime que la no utilización de la facultad que concede al órgano judicial el art. 94.2 LPL lesiona su derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, pues el hecho de que la prueba de informes se encontrara en poder de una de las partes, unido a la obligación constitucional de colaboración con los Jueces en el curso del proceso (art. 118 CE), determinaba que, en materia probatoria, la parte emisora del informe estuviera especialmente obligada a aportar al proceso con fidelidad, exactitud y exhaustividad, la totalidad de los datos requeridos; por lo que, al no hacerlo así, la resolución impugnada vulneró el principio de igualdad de armas.
El 27 de octubre de 2000, don Eduardo Morales Price, Procurador de los Tribunales, presentó alegaciones en este Tribunal, en representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para oponerse al otorgamiento del amparo solicitado por el recurrente.
En primer lugar, niega que se haya producido una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, ya que,en ningún momento se ha acreditado que se hayan inadmitido pruebas propuestas por el actor o se le haya limitado la facultad de utilizar los medios de prueba de los que hubiera podido valerse.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 27 de octubre de 2000, interesa que se otorgue el amparo solicitado.
Por providencia de 21 de febrero de 2002 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año, fecha en que se inició el trámite que ha finalizado el día de la fecha.
La cuestión litigiosa que se dirime en el presente recurso de amparo es la de si vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías y con igualdad de armas (art. 24.2 CE) una resolución judicial que deniega la aplicación de la ficta confessio en relación con la concreta cuantía de unas cotizaciones cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social certifica su inexistencia en el periodo litigioso (1974-1980) en que el recurrente estuvo dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Antes de examinar el fondo de la cuestión debatida resulta pertinente delimitar con precisión el objeto del recurso de amparo sometido a nuestra consideración.
La correcta resolución del presente supuesto exige partir de la doctrina establecida y mantenida en las SSTC 227/1991, de 28 de noviembre, 116/1995, de 17 de julio, y 140/1994, de 16 de septiembre, en casos parecidos al que aquí se debate.
En las citadas Sentencias declaramos que en el proceso laboral "los órganos judiciales han de estar especialmente comprometidos en el descubrimiento de la totalidad de la relación jurídico-material debatida, a cuyo fin deben ser también exhaustivos en la introducción del material probatorio ... a fin de obtener dicha plenitud del material instructorio sobre los hechos controvertidos en el proceso" (STC 227/1991, de 28 de noviembre, FJ 4). De ahí que, ante situaciones en las que "las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes, la obligación constitucional de colaboración con los Jueces y Tribunales en el curso del proceso (art. 118 de la Constitución)" determine como lógica consecuencia que, en materia probatoria, "la parte emisora del informe esté especialmente obligada a aportar al proceso con fidelidad, exactitud y exhaustividad la totalidad de los datos requeridos, a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad, pues en otro caso se vulneraría el principio de igualdad de armas en la administración o ejecución de la prueba", sin que "las deficiencias y carencias en el funcionamiento de un órgano administrativo" puedan "repercutir en perjuicio del solicitante de amparo, porque a nadie es lícito beneficiarse de la propia torpeza" (STC 227/1991, de 28 de noviembre, FJ 3, y STC 116/1995, de 17 de julio, FJ 1).
Aunque con soluciones diversas, la doctrina contenida en las Sentencias citadas se articula sobre dos elementos combinados entre sí. De un lado, la diligencia del recurrente no sólo respecto a la obtención de la prueba frustrada (certificado de cotizaciones) y en la aportación de la prueba que razonablemente le pueda ser exigible a la vista de las circunstancias concurrentes; de otro, el examen de las razones por las que el INSS justifica la no aportación de la prueba requerida o de las cotizaciones discutidas.
La proyección de esta doctrina a la controversia de la que trae su causa el presente recurso de amparo aboca a estimar el mismo.
Otorgar el amparo solicitado por don Martín Ramiro C.C. y, en consecuencia:
Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Declarar la nulidad del Auto del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1998 dictado en el recurso de casación en unificación de doctrina núm. 255/98, así como de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 20 de octubre de 1997 y la consiguiente firmeza de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife de 12 de febrero de 1997.
STSJ Comunidad de Madrid 584/2009, 21 de Septiembre de 2009
STSJ Canarias , 28 de Marzo de 2005
STSJ País Vasco , 2 de Febrero de 2001

References: Resolución 
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