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Timestamp: 2019-12-11 12:05:28+00:00

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Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Publicado en BOCL núm. 86 de 08 de Mayo de 2002 y BOE núm. 128 de 29 de Mayo de 2002
Vigencia desde 09 de Mayo de 2002. Revisión vigente desde 09 de Mayo de 2002 hasta 31 de Diciembre de 2003
Artículo 1 Creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Artículo 3 Facultades del Instituto
Artículo 6 Patrimonio del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Artículo 7 Presupuesto del Instituto
Artículo 8 Aprobación de gastos
Artículo 9 Libramiento de fondos
Artículo 10 Contabilidad
Artículo 11 Control financiero
Artículo 12 Control de eficacia
Artículo 13 Control por las Cortes de Castilla y León
Artículo 14 Adscripción
Artículo 15 Colaboración entre el Instituto y la Administración de la Comunidad
TÍTULO SEGUNDO. Dirección y personal del Instituto
Artículo 16 Órganos de dirección del Instituto
Artículo 17 Consejo del Instituto
Artículo 18 Director General del Instituto
Artículo 19 Consejo Asesor
Artículo 20 El personal del Instituto
Artículo 1 redactado por la disposición final séptima de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
Artículo 2 redactado por la disposición final séptima de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
Artículo 3 redactado por la disposición final séptima de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas («B.O.C.L.» 6 julio).
Artículo 19 derogado por la letra m) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 5/2014, de 11 septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 19 septiembre).
Guión del número 1 del artículo 2 introducido por el número 1 de la disposición final segunda de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 1/2014, de 19 marzo, Agraria de Castilla y León («B.O.C.L.» 20 marzo). Guión del número 4 del artículo 3 introducido por el número 2 de la disposición final segunda de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 1/2014, de 19 marzo, Agraria de Castilla y León («B.O.C.L.» 20 marzo). Guión del número 4 del artículo 3 introducido por el número 2 de la disposición final segunda de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 1/2014, de 19 marzo, Agraria de Castilla y León («B.O.C.L.» 20 marzo).
Apartado 1.1 del artículo 3 redactado por número 1 de la disposición final cuarta de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 10/2009, 17 diciembre, de Medidas Financieras («B.O.C.L.» 18 diciembre). Número 1 del artículo 17 redactado por número 2 de la disposición final cuarta de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 10/2009, 17 diciembre, de Medidas Financieras («B.O.C.L.» 18 diciembre). Número 2 del artículo 18 redactado por número 3 de la disposición final cuarta de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 10/2009, 17 diciembre, de Medidas Financieras («B.O.C.L.» 18 diciembre).
Artículo 6 redactado por la disposición final tercera de Ley [CASTILLA Y LEÓN] 11/2006, 26 octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 30 octubre).
Artículo 7 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2006, 3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 9 mayo). Artículo 8 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2006, 3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 9 mayo). Artículo 10 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2006, 3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 9 mayo). Artículo 11 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2006, 3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 9 mayo). Artículo 12 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2006, 3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 9 mayo). Número 1 del artículo 13 derogado por el número 2 de la disposición derogatoria de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 2/2006, 3 mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León («B.O.C.L.» 9 mayo).
Número 1 del artículo 14 redactado por el artículo 47 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 13/2003, 23 diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas («B.O.C.L.» 30 diciembre). Número 1 del artículo 17 redactado por el artículo 47 de la Ley [CASTILLA Y LEÓN] 13/2003, 23 diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas («B.O.C.L.» 30 diciembre).
Véase el D [CASTILLA Y LEÓN] 121/2002, 7 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León («B.O.C.L.» 8 noviembre).
La Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece actualmente en su artículo 32.1.1.ª 1a competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno».
El artículo 32.1.7.ª recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía».
El apartado 17.º de este mismo artículo recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de «investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado». Por otra parte el apartado 21.º del artículo señalado recoge idéntico nivel competencial respecto «a la creación y gestión de un sector público regional propio de Castilla y León».
En el marco definido por los preceptos anteriores, es necesario adecuar las fórmulas operativas del ejercicio de las competencias afectadas, al objeto de facilitar los esfuerzos del Sector Agrario y Agroalimentario de Castilla y León para situarse en el nivel de competitividad y calidad obligado por la evolución de la Política Agraria Común de la Unión Europea y las tendencias del comercio mundial de las producciones alimentarias. En ese sentido, las áreas de investigación y difusión de nuevas tecnologías y productos, de promoción de iniciativas vinculadas a nuevos campos de actividad, de certificación de la calidad alimentaria y de la adecuación y modernización de la infraestructura territorial agraria, que adquieren una especial relevancia en orden a asegurar la obligada eficacia del conjunto del sistema productivo regional, exigen fórmulas de gestión específicas y diferenciadas de las habituales de la Administración Pública, por mor de las siguientes componentes básicas de su actividad:
- Alto nivel de especialización tecnológica de las funciones y los empleados públicos afectados.
- Prolongados períodos de maduración y desarrollo de determinados objetivos particulares.
- Notable flexibilidad en las capacidades de actuación para dar respuesta con rapidez y adecuación a la problemática específica de las distintas posibilidades de actuación.
- Implicación o participación destacada de los afectados por los correspondientes procesos de desarrollo, que devienen ineficaces, si aquellos no comparten mayoritariamente los objetivos y los criterios que los orientan.
La modalidad organizativa vigente de las actividades señaladas sometidas íntegramente al Derecho Administrativo y a las pautas de funcionamiento de una Administración General, no se ha mostrado suficientemente apta para gestionar procesos que pueden generar un voluminoso tráfico jurídico y económico con terceros, requiere formas ágiles y especializadas de gestión de personal y exige o puede exigir conciertos con empresas o acudir a fuentes de financiación mixtas en el seno de fórmulas de gestión sometidas al derecho privado.
Tales circunstancias han venido inclinando a las diversas Administraciones Públicas de ámbito estatal competentes en esta materia, a generar Organismos (actual I.N.I.A., o antiguo IRYDA) que al igual que las variadas entidades configuradas en diversas Comunidades Autónomas, tienen en común la de poseer una personalidad jurídica diferenciada de la de su Administración General, acudiendo a distintas fórmulas de personificación vinculadas al Derecho Público o al Derecho Privado.
La presente Ley, al objeto de atender aquellas funciones y objetivos establece el Instituto Tecnológico Agrario como Ente Público de Derecho Privado, teniendo en cuenta por un lado las características técnico-económicas fundamentales de su actividad, bien delimitadas respecto de las de acusado perfil administrativo que caracterizarían a los órganos Autónomos. Por otro, se considera que al ser la Comunidad Autónoma el único titular de la entidad, no alcanzaría su pleno sentido la constitución de una Sociedad Pública. Además el Instituto, aun cuando su actividad estará regida en buena medida por el Derecho Privado, precisará desarrollar determinadas funciones y ejercitar, aunque fuere en forma limitada, potestades públicas a las que les resulta aplicable el Derecho Público.
El Ente que se crea en esta Ley, integrará los distintos Centros Tecnológicos especializados que actualmente existen en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como distintos Servicios y unidades de su actual estructura administrativa. Tiene como objetivos fundamentales impulsar el desarrollo tecnológico y la dinamización de iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas o de adecuación al mercado y a sus exigencias, pudiendo actuar como medio propio de la Administración en áreas básicamente tecnológicas como lo son la investigación, la certificación de la calidad, el desarrollo de infraestructuras o la promoción de iniciativas de desarrollo específicas.
La presente Ley se estructura en dos Títulos, tres Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones Finales.
En el Título Primero se crea el Ente Público, se fijan sus objetivos, fines, facultades, se establece su régimen jurídico, recursos, patrimonio, presupuesto, las fórmulas de aprobación y libramiento de fondos, así como los sistemas de control del mismo, la cooperación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las fórmulas de recurso contra los actos del Instituto.
El Título Segundo trata de la dirección y personal del Instituto. En él se establece además del Consejo del Instituto, un Consejo Asesor que asegura la participación de los afectados.
Las disposiciones adicionales y transitorias establecen las diversas medidas vinculadas a la adecuación de las estructuras administrativas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como del personal afectado por la creación del Ente Público, señalando fórmulas de gestión para los períodos en que el Instituto no disponga de medios.
En las disposiciones finales se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo reglamentario y la entrada en funcionamiento efectivo del Instituto y la Ley.

References: Artículo 1

Artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 19
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 18

Artículo 6

Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 47
 artículo 17
 artículo 47
 artículo 32
 artículo 32