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Timestamp: 2020-04-05 16:46:14+00:00

Document:
201200059(30-04-2014) Dosificación en materia de concursos | Observatorio de Jurisprudencia
Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá
Radicado: 110010704005 20120005901
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá
Procesado: Llimis Iván Pinto Lubo
Decisión: Modifica y confirma
Aprobación número: 012
1. OBJETO DE ESTA DECISIÓN
El Tribunal resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Llimis Iván Pinto Lubo, contra la sentencia anticipada del 4 de junio del 2013 proferida por el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá, por medio de la cual declaró penalmente responsable al acusado en comento de los delitos de Testaferrato, Enriquecimiento Ilícito y Concierto para Delinquir.
2. ASPECTO FÁCTICO
Fue relatado en la sentencia de primera instancia de la siguiente manera:
“[Los hechos] Tienen su génesis, entre otros medios probatorios, a partir del informe nro. S-2011-038500/ADESP-GRUES 38.10 de fecha 31 de mayo de 2011, suscrito por el SI. OFER GILDARDO OSORIO FORERO y el PT. FABIÁN NIÑO PRIETO, relacionado con el trámite de beneficios por colaboración eficaz, aducido al diligenciamiento mediante inspección judicial y prueba trasladada, referente a las actividades de verificación de la información suministrada en jurada vertida por CARLOS ALBERTO
Radicado: 110010704005201200059 01
Delito: Testaferrato y otros
RINCÓN DÍAZ dentro de dicho trámite especial adelantado por el ente acusador, quien puso en conocimiento circunstancias al margen de la ley en cabeza de una organización criminal de la cual hizo parte desde el año 2000.
Según el deponente RINCÓN DÍAZ, su jefe LUIS CUESTA trabajaba con alias “Jota” hermano de “el Alemán”; transportaban cocaína a Maicao en caletas y en vehículos, sustancia que debían descargar en dicha ciudad por disposición del propietario CUESTA, con destino a un dominicano, labor por la cual recibía una contraprestación de $ 30 mil pesos por kilo.
Dijo RINCÓN que facilitó su rodante para ejecutar dicha actividad delictual, y que LUIS CUESTA le entregaba dinero en dólares para llevar a Montería y ser entregado a alias “J” hermano de alias el “Alemán”; igualmente, que conoce bienes muebles e inmuebles de propiedad de CUESTA, de los cuales aportó la descripción y ubicación en el territorio nacional.
Ante la información del exponente, se adelantaron labores de inteligencia, como inspecciones, verificación de información, estudio y revisión de documentos, interceptaciones de comunicaciones telefónicas, entre otras, que permitieron determinar la veracidad del aporte testimonial frente a la existencia de eventos relacionados con la participación de integrantes de una organización criminal establecida para el comercio de alucinógenos y conductas conexas.
Con la versión del testigo CARLOS ALBERTO RINCÓN DÍAZ y labores de verificación adelantadas por el grupo de policía judicial fue posible establecer el decomiso de estupefacientes en los siguientes casos:
• 986.400 kilos de cocaína, en la ciudad de Santa Marta, el 24 de mayo de 2002;
• 2.087 kilos de cocaína, en el departamento de Nariño, el 23 de julio de 2004;
• 2.430 kilos de cocaína, en altamar, por guardacostas norteamericanos, el 24 de octubre de 2006; capturados en flagrancia el capitán GERMÁN AVELINO ESTRADA CRUZ y la tripulación comprendida por RAMÓN ANTONIO ÁLVAREZ FIGUEROA, MELVIN FERNANDO TABLADA SOTO, OSCAR GIOVANNI CIGUENZA VÁSQUEZ y CARLOS ENRIQUE CRUZ GALEAS, todos con identidades hondureñas y judicializados por el Fiscal Federal de los Estados Unidos del Distrito Central de la Florida, tal cual se allegó el soporte documental al infolio.
• La retención de un sumergible de fabricación artesanal en el municipio de Uribia, La Guajira, el 8 de agosto de 2007, con capacidad para 10 toneladas, diligencia judicial que fue adelantada por la Fiscalía 304 Seccional Destacada ante el DAS, según se evidencia de las piezas procesales dentro del radicado 1128, y verificado por la policía judicial.
Igualmente, se obtuvo la plena identificación del testigo CARLOS ALBERTO RINCÓN DÍAZ, quien reconoce haberse dedicado a actividades del narcotráfico desde el año 2000, y se halla investigado por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y lavado de activos agravado.
Según el informe nro. S-2012-019-089/ ADESP-GRUES 3810 del 24 de febrero de 2012, signado por los investigadores Pt. Fabián Niño Prieto, Pt. Manuel Ricardo Escobar Agudelo, Si. Ofer Gildardo Osorio Forero y Si. Juan Javier Grass Guiza, y ratificado por éstos bajo juramento, se detallan las actividades investigativas surtidas por el grupo a su cargo, al igual que la recolección de medios probatorios que derivaron en el compromiso de personas que actuaban al margen de la ley y eran pertenecientes a la organización criminal.
Así mismo, se determinó que algunos bienes muebles e inmuebles de propiedad de LUIS FELIPE CUESTA ALFONSO, alias “MARADONA”, aparecen en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de terceros, y que, al parecer, fueron adquiridos mediantes actividades ilícitas propias del colectivo delictual liderado por el antedicho, dedicado a las labores del narcotráfico, según RINCÓN DÍAZ.
Finalmente, del estudio de renta por comparación patrimonial desarrollado por el Teniente OMAR GILBERTO MONCADA VARGAS, adscrito al Grupo Investigativo de Estupefacientes de la DIJÍN, pudo establecerse que los vinculados en el investigativo tienen a su nombre bienes muebles e inmuebles sin que tengan la capacidad económica para adquirirlos, como es el caso del encausado LLIMIS IVÁN PINTO LUBO, a quien se le vinculó legalmente al proceso.”
3.1. Debido a las versiones suministradas bajo la formalidad del juramento por Carlos Alberto Rincón Díaz, quien se constituyó en beneficiario de los programas de colaboración eficaz de la Fiscalía General de la Nación, fueron obtenidos datos que permitieron a funcionarios de policía judicial rendir el informe ejecutivo 021804/ADESP-GRUES 38.10, a través del cual se da parte a la Fiscal 17 Especializada UNAÍM, de la forma en que operaba una red de personas dedicada al Tráfico de Estupefacientes, el Lavado de Activos y el Enriquecimiento Ilícito en la que se encontraban involucrados Luis Caicedo, Luis Cuesta alias “Maradona”, alias J o Germán, hermano del “Alemán” y Alias “El Loco Barrera”; igualmente se determinó
que a esa organización también estaban vinculados algunos socios de Luis Felipe Cuesta Alfonso –Maradona-, dentro de los que figuran Llimis Iván Pinto Lubo y su esposa Rosa Elizabeth Calvache López.
Algunas de las operaciones que relacionan a Maradona y sus amigos consistían en acumular grandes cantidades de cocaína producida en laboratorios dispersos a lo largo y ancho del territorio colombiano, para llevarlo en tracto mulas hasta La Guajira, desde donde se enviaba a Venezuela y centro América, entre otros destinos, y allí a su vez era remitida a los Estados Unidos.
Carlos Alberto Rincón Díaz era el encomendado para conseguir los camiones y conductores, y se encargaría de llevarlos cargados de droga en caletas con destino a Maicao, Tumaco, Turbo, Cartagena y Santa Marta. Relató el informante que una vez en el departamento de La Guajira, hacía los cobros pertinentes en algunos almacenes; allí era recibido por “Yimy”, quien contaba con una bodega y era dueño de una estación de gasolina la cual se ubica en las afueras de Maicao. La droga que se movilizaba hasta esa población del norte del país pertenecía a “Maradona”, quien ordenaba su transporte hacia centro América y Estados Unidos. El rol de Pinto Lubo, consistía en acopiar los estupefacientes, para luego ser enviados a Venezuela1.
En suma, frente a “Yimy”, Carlos Alberto Rincón ofrece información precisa en cuanto a su ubicación y el rol desempeñado en las tareas delictivas; ya en la labor investigativa propiamente, los policiales mencionados ubicaron la estación de servicio KAIWA, cuyo dueño sería “Yimy Pinto”, sin embargo quien figura en cámara de comercio como titular de la misma es Rosa
1 Sobre el papel de Llimis Pinto en la Organización, léase lo pertinente a folio 119 del cuaderno original 52, en resolución de 13 de abril de 2013.
Elizabeth Calvache López, su compañera sentimental; así mismo los investigadores lograron establecer la plena identidad del procesado, así como su filiación con Rosa Calvache y sus hijos2.
3.2. A partir de la información recaudada, gracias al testimonio referenciado, en proveído del 26 de marzo de 2012, la Fiscalía Diecisiete (17) Especializada adscrita a la UNAIM, procedió a abrir investigación previa3, por los delitos de Concierto para Delinquir agravado y Enriquecimiento Ilícito de Particular, ordenando además la captura de Llimis Iván Pinto Lubo.
3.3. El 2 de abril de 20124, compareció el sindicado Llimis Iván Pinto Lubo para rendir indagatoria, asistido por su defensa, la que se amplió el 14 de agosto de 20125, en la primera de las dos oportunidades hizo explicito su deseo de someterse al artículo 40 de la Ley 600 de 2000, esto es, acogerse a sentencia anticipada.
3.4. El 13 de abril de 20126, el despacho 17 UNAIM de la Fiscalía General de la Nación, resuelve la situación jurídica, entre otros de Llimis Pinto, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, por los delitos de Concierto para Delinquir con fines de Narcotráfico en concurso heterogéneo y sucesivo con Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Testaferrato.
3.5. Para el día 24 de agosto de 2012, Pinto Lubo, con las previsiones de ley y con la asistencia de su defensor suscribe acta de aceptación de los cargos mencionados con anterioridad en calidad de coautor. Durante la diligencia se contó con la presencia del Ministerio Público.
2 El informe de policía judicial aludido se encuentra inserto en el cuaderno original 47, folios 192 y siguientes, en lo que se refiere a Llimis Pinto Lubo
3 Resolución visible a folio 186 y siguientes del cuaderno original 48
4 Folios 1 a 26 del cuaderno original 51
5 Folios 276 a 281 del cuaderno original 60
6 Folios 8 a 171 del cuaderno original 52
3.6. Mediante resolución de 27 de agosto de 20127, la Fiscalía instructora decretó la ruptura de la unidad procesal para que siga el trámite en torno a Pinto Lubo en sede de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogotá.
3.7. El 26 de septiembre de 2012 el expediente fue repartido al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, estrado que emitió sentencia condenatoria el 4 de junio de 2013, misma que hoy es motivo de apelación, por parte de la defensa técnica, coadyuvada, como no recurrente por el agente procurador.
3.8. Con pronunciamiento del 15 de julio de 2013, la a quo concede el recurso de alzada oportunamente interpuesto por la defensa, para ante la Sala Penal de esta corporación
4. SENTENCIA APELADA
La a quo comienza sus consideraciones determinando la tipicidad de las conductas de Testaferrato, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Concierto para Delinquir agravado –con fines de narcotráfico, artículos 326, 327 y 340 inciso segundo, respectivamente, sin las modificaciones que ha sufrido el del Código Penal.
Seguidamente refiere que estas diligencias se desprendieron de un radicado matriz surtido en sede de la Fiscalía instructora, esto es, el 75891, del cual emergieron, entre otros el expediente B6072 relacionado a unos beneficios por colaboración eficaz.
A continuación el estudio se concentra en punto de la materialidad de la conducta y la responsabilidad del procesado; se comenzó con la acusación por concierto para
7 Folio 267 del cuaderno original 61
delinquir, basándose en las versiones rendidas por Carlos Alberto Rincón Díaz, quien devela la existencia de una organización ilegal cohonestada para cometer acciones de tráfico de estupefacientes y actividades conexas en el país y fuera de él, esto a partir del año 2000; el testigo refiere cabecillas, integrantes y colaboradores de la corporación ilegítima, lo que permitió obtener resultados a la policía judicial, entre otros, descubrir las acciones de tráfico de estupefacientes en caletas dentro de camiones con capacidad para quinientos kilos, como por ejemplo el suyo, protagonizadas por alias “Maradona” y “Jota”, hermano de “El Alemán”, cuyo destino semanal de operaciones era La Guajira y Maicao, partiendo desde Guateque (Boyacá) y Machetá (Cundinamarca). Uno de los cargamentos de propiedad de los mencionados, fue interceptado en la ciudad de Santa Marta.
También se menciona que “Maradona” y “Jota”, en ocasiones remitían a Maicao la mercancía, con destino a un sujeto de origen dominicano, existiendo una tercera persona, Edwin Hernández Bernal, quien dispuso el envío de la droga a Perú, movimiento que fue interceptado por la Policía Nacional en Ipiales (Nariño).
En las operaciones en las cuales se incautó droga, se retuvieron a personas como Víctor Suárez Quiroz, y Germán Benjamín Reina Granada; el testigo Rincón Díaz, también involucró en su testimonio a personas como Ibeth Yamile Martínez Rodríguez, alias “La Mona”, compañera sentimental de Luis Cuesta, quien a su vez sostenía relación del mismo tipo con Yalile Orozco Escobar, una y otra, son coprocesadas por esos hechos. De las adveraciones del testigo, se evidencia no sólo la existencia de la empresa criminal, sino también los roles y las personas que la integraban, por ejemplo, alias “El Flaco” o “Reyes”, arquitecto, se encargaba de diseñar las caletas en Bogotá y Zipaquirá; los hermanos Nelson y Juan Herrera, tenían la tarea de fabricar el estupefaciente en Santa María (Boyacá), recibiendo la colaboración de “Beto” o “Porremotor”; los transportistas hacia Venezuela eran Nelson Arturo Galindo y Alberto Sánchez, quienes luego de descargar la sustancia en Valencia, Maracaibo o Puerto Ordaz, traían de retorno dólares.
En el vecino país, resultó involucrado por reclamar los camiones incautados con ocasión del envio indebido Jairo Alberto Sánchez, asociado con las empresas Transporte Arimena y Bolivariana de Transporte.
Dentro de los asociados del grupo se puede contar a Luis Agustin Caicedo Zelandia –Lucho- y Daniel Barrera Barrera –El Loco-, y como transportistas de insumos a Danilo y Édgar Bustos Suárez, alias “El Chinche”; también participan de la agrupación Pedro Pablo Cadavid Jiménez, alias “Pica”, los cabecillas Carlos Arturo Guerra Rendón y Leonel González Iguarán, estos últimos encargados del acopio de la droga en Maicao, para ser transportado a “La Finca”, sitio de la zona de Nazareth en el municipio de Uribia, para su posterior embarque en buques pesqueros hacia Estados Unidos y Europa.
Fuera de los implicados mencionados, existen muchos más, todo lo cual fue corroborado por las investigaciones de los miembros del DAS, así como el testimonio de otro testigo, Juan de Jesús Coronado Borda, quien señala a Carlos Alberto Rincón Díaz como persona con trato directo con Luis Cuesta, Daniel Barrera, Luis Caicedo y Danilo Bustos, entre otros.
Gracias a la información compilada en la investigación se realizaron interceptaciones de números telefónicos a través de los cuales se verificó el compromiso de Llimis Iván Pinto Lubo en la banda y su enlace con algunos miembros de la organización. Recuérdese que éste era señalado por Rincón Díaz, como la persona que lo recibía en Maicao, lo que denota la colaboración de Pinto con la estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y su comercio y exportación, colaborando con el colectivo criminal y siendo conocedor de su rol dentro del mismo, aún cuando en sus intervenciones manifestara ser ajeno a tales avatares.
Según lo anotado, el juzgado a quo estableció que se dan los presupuestos para la existencia del concierto para delinquir, en la medida en que varias personas se reúnen con el objeto de planear y perpetrar una serie de delitos y no sólo uno como es el caso de la coparticipación criminal. De esa manera se señala Llimis Pinto como autor del comportamiento de concierto para delinquir con fines de narcotráfico encontrando que se encuentra acreditada la antijuridicidad de la conducta sin que exista causal de ausencia de responsabilidad, lo que sumado a la aceptación de cargos realizada por este, permite proferir en su contra sentencia condenatoria.
En lo atinente al tipo penal de Testaferrato, se dice en el fallo de instancia que se encuentra acreditado que Llimis Pinto adquirió el bien Santa Helena en Orihueca, zona bananera del departamento de Magdalena, con matrícula inmobiliaria 222-18161, con escritura pública 0002849 de 18 de julio de 1997, donde figura como vendedor Édgar Quintero Daza; fueron otorgantes de ese negocio jurídico, entre otros, Ambrosio Plata Navas, quien a su vez, también está involucrado en la red criminal; Rincón Díaz acotó que Ambrosio Plata era un gran transportador en la ciudad de Santa Marta, quien había recibido por su conducto cocaína que le fuera entregada a su empleado, alias “Lucho”, encargado de realizar el desembolso como pago de la sustancia. Otros de los bienes que figuran en cabeza de la esposa de Llimis, señora Rosa Elizabeth Calvache, fueron adquiridos por éste de personas también investigadas por narcotráfico. Todo ello sin perder de vista que por razón de su pertenencia a la etnia wayúu, tradicionalmente los bienes del hombre figuran en cabeza de su compañera.
Otro ejemplo lo constituye la compra del apartamento de la avenida 19 No. 128 B – 66, etapa 3, interior 35, en el conjunto residencial la Herrería de Bogotá, siendo vendedora Claudia del Rocío Medina Luna, quien era esposa de Luis Felipe Cuesta Alfonso –Maradona-, cuyo precio fue de ciento treinta y ocho millones de pesos.
Por lo anterior se tiene que Pinto Lubo prestó su nombre para que con dinero producto del narcotráfico se compraran propiedades donde él o su esposa figuran como propietarios, cuando en realidad el señorío lo ostentan terceros; ocultando de esta manera la ilicitud de su génesis.
Sobre el delito de enriquecimiento ilícito de particulares se dijo que atendiendo los informes de policía judicial, se advierte un crecimiento exorbitante del patrimonio del inculpado, sin que exista causa que justifique tal circunstancia; como soporte de ello se tiene que en los análisis del patrimonio efectuados se estableció que la negociación del predio Santa Helena, se realizó por una suma muy inferior al valor comercial, esto es, mientras Pinto lo compró por cuarenta millones de pesos, se tiene que su avalúo catastral es de más de doscientos siete millones y el comercial de doscientos noventa millones de pesos, lo que implica que el precio de la transacción fue del trece por ciento de su valor real, diferencia que carece de justificación por parte del comprador.
Fuera de lo anterior, entre el 2005 y 2009, existen incrementos patrimoniales por justificar, situación extensiva a Rosa Elizabeth Calvache y a su hijo Yimmy Iván Pinto Calvache; en ese orden correspondiendo la carga de la prueba al contribuyente, en lo que atañe al origen de sus ganancias, esto no se hizo, quedando por el contrario probado que sus ingresos se desprendieron de actividades del narcotráfico, negociando con miembros de una banda dedicada a ello. Tampoco se puede derivar su riqueza de la actividad como socio de la compañía Fronteriza LTDA, dedicada a la explotación de productos agrícolas, cuando dicha empresa no renovó su inscripción en la cámara de comercio desde el año 2000, de donde se advierte que no tuvo actividad financiera ni comercial de esa gestión.
En suma, el sentenciado cuenta con un patrimonio de quinientos doce millones trescientos noventa y nueve mil pesos procedente de actividades ilícitas del comercio ilegal de estupefacientes. Lo que sumada a los indicios en su contra, por ejemplo el de mala justificación, bajo el entendido de que al no dar una explicación coherente de su
riqueza, es porque su situación no le favorece, lo que aunado a que se hubiera acogido a la figura de la sentencia anticipada da cuenta de la responsabilidad penal que le asiste en calidad de autor del reato de Enriquecimiento Ilícito de Particulares.
En cuanto a la dosimetría punitiva se tiene que, siguiendo las reglas de la Ley 599 de 2000 –art. 61, inc. 3°-, para establecer el ámbito de movilidad se dividió el quantum en cuartos y estableció que se ubicaría en el primero por cuanto en el presente asunto no existen circunstancias agravantes, todo esto considerando que el punible más grave es el de Testaferrato, con una aflicción de 72 a 180 meses de prisión, y multa de 500 a 50000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La a quo estableció los criterios relacionados con el daño social realizado y la afectación a los bienes jurídicos tutelados – orden económico social y seguridad pública-, lo que determina la necesidad de la sanción a imponer, entre tanto opta por su resocialización con miras a servir mejor a la comunidad.
Ahora bien, con fundamento en el artículo 31 del Código Penal, y precisado que la pena a imponer por el Testaferrato se ubica de 72 a 99 meses de prisión, y multa de 500 a 12875 salarios mínimos legales mensuales vigentes, correctivo que se aumenta hasta en otro tanto por el concurso heterogéneo con concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, lo que hace imposible que se parta del mínimo del quantum por el reato de Testaferrato, fijando una pena de prisión de 96 meses, habida cuenta del concurso delictual descrito. La multa se tasó en 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por otro lado, atendiendo el concurso de hechos punibles, se aumentó en 72 meses la prisión y 1500 salarios por el Concierto para Delinquir con fines de narcotráfico y 48 meses de privación de la libertad más, por la infracción de Enriquecimiento Ilícito de Particulares. El correctivo de prisión total a imponer, incluyendo el concurso fue de 216 meses de prisión y multa de 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y por el delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares se impuso una multa de
“$1.024.798.000 millones de pesos, correspondiente al doble del valor del enriquecimiento ilícito injustificado8.”
Vale reseñar que al momento de individualizar las condenas que corresponden a cada delito, la a quo estableció que para el Testaferrato, la pena oscila entre 6 y 15 años de prisión, y multa de 500 a 50000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin consideración a las modificaciones introducidas por la Ley 890 de 2004 –artículo 14-; para el Concierto para Delinquir, art. 340, inciso 2° del Código Penal, modificado por el canon 8° de la Ley 733 de 2002, se precisan de 6 a 12 años de prisión y multa de 2000 a 20000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para el Enriquecimiento Ilícito de Particulares, sin las modificaciones de la Ley 890 de 2004, se establece un lapso entre 6 y 10 años de prisión y multa equivalente al doble del incremento ilícito logrado sin que la misma sea superior a 50000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Como pena accesoria se impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena privativa de la Libertad.
En lo atinente a la rebaja, considerando que el procesado se acogió a la figura de sentencia anticipada, no se atendió lo establecido en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, sino que por el principio de favorabilidad se toma en consideración el postulado del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, según el cual la rebaja puede ser hasta de la mitad de la pena; en ese orden, estimando que la investigación en la que resultó involucrado el sentenciado se adelantó por un espacio de diez años, y que la misma no se desarrolló debido a la “…iniciativa o arrepentimiento del condenado sino a ingentes esfuerzos investigativos del Estado…”, la rebaja a irrogar será del 35% de la pena, esto es, el equivalente a 75.6 meses, por lo que la aflicción con el descuento sería de 140.4 meses de prisión y para los reatos de Testaferrato y Concierto Para
8 Folio 39 del fallo de primer grado, cuaderno original 62
Delinquir, la multa quedaría en 1300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en lo que toca con el punible de Enriquecimiento Ilícito, de $666.118.700 millones de pesos.
No se consideraron peticiones como la de la rebaja contemplada en la Ley 975 de 2005, por cuanto la actividad desarrollada no tiene relación con las políticas de justicia y paz, como tampoco se tuvo en cuenta la condición de miembro de la etnia wayúu, en tanto la actividad se perfeccionó fuera de su territorio y que la conducta se encuentra reglamentada para los jueces con competencia nacional, además del grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura, precisando que en este caso, los comportamientos se encuentran regulados por el ordenamiento nacional, se cometieron fuera del territorio indígena, con consciencia de ello, lo cual tuvo repercusiones a miembros de la sociedad distantes de la comunidad indígena,
No se sustituyó la pena de prisión por la de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta el factor objetivo; tampoco se reconoció la condición de padre cabeza de familia, pues no cumple con las condiciones que le permitirían acceder a la figura. No hubo condena en perjuicios.
La defensa inconforme con lo decidido, interpuso recurso de apelación, misma que fue concedida en auto de 15 de julio de 2013.
5. DE LA ALZADA
Depreca la modificación de la sentencia en lo atinente a la dosificación y la aplicación de la rebaja o descuento punitivo para la pena privativa de la libertad y la de multa. Para ello expuso los siguientes argumentos:
5.1. Expresa su descontento en cuanto a la imposición de 96 meses de prisión a su prohijado, en lo que toca con el delito de Testaferrato, toda vez que en
su sentir la existencia del concurso de delitos no es razón para que no se parta del mínimo del primer cuarto de movilidad, o sea, 72 meses, máxime cuando el tipo penal ya contempla una gravedad ínsita. Si el legislador no previó circunstancias agravantes específicas, no era posible partir de un quantum superior al mínimo.
5.2. Lo mismo que esbozó para el Testaferrato es predicable para el Concierto para Delinquir con fines de narcotráfico y el Enriquecimiento ilícito.
5.3. Sostiene que, en la práctica, la decisión de fijar una pena total de 216 meses de prisión, equivale sentar el mínimo establecido en la ley para cada uno de los delitos en razón del concurso, esto es, imponer para todos 72 meses de prisión. De esa forma al aplicar 96 meses por el Testaferrato, la suma de los mínimos sería de 144 meses, por lo que el gran total no es 216 meses, sino 240.
5.4. La pena irrogada se aparta de las voces del artículo 31 del Código Penal en la medida en que allí se indica que para el concurso de delitos se impondrá la que establezca la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto, por lo que la condena no pudo ser superior a 192 meses en el caso en que se aumentara hasta el doble del quantum básico. De ahí que en su criterio la pena sólo hubiera podido llegar hasta 144 meses, en el peor de los casos, apenas a 120 meses, los cuales, merced del instituto de la sentencia anticipada, situarían la condena en no más de 60 meses.
5.5. La última de las inconformidades que expresa el censor, es que si bien es cierto la sentencia anticipada aplicó el principio de favorabilidad, la rebaja que considera merece su defendido en virtud de la aceptación de cargos, es del cincuenta 50% de conformidad con el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
En su calidad de no recurrente, el Ministerio Publico se apartó de la suma aritmética realizada por el despacho a quo, en tanto no atendió las reglas de los artículos 31, 60 y 61, por lo que solicita la revisión de los criterios empleados por la primera instancia para aducir la sanción correspondiente. En ese sentido la sentencia en su criterio tendrá que ser modificada.
6. PARA DECIDIR SE ESTIMA
6.1. DE LA COMPETENCIA
Por la facultad para conocer del presente asunto que surge de la Constitución Política, artículo 31 y su similar 204 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), la Colegiatura conoce la alzada invocada por la recurrente y procederá al estudio del fallo de primer nivel, en los aspectos materia de impugnación y las circunstancias inherentes a éstos. Lo anterior en consonancia con los Acuerdos PSAA10-6852 del 19 de marzo de 2010, PSAA11-7718 del 16 de febrero y PSAA11-8724 del 12 de octubre de 2011, y PSAA12-9165 de 24 de enero de 2012, emanados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala establecerá si las penas de prisión y multa impuestas según los motivos anotados en el fallo impugnado desbordan el tope fijado para el concurso de delitos en el artículo 61 del Código Penal, evento en el cual le asistiría razón parcial al impugnante, o si por el contrario, los criterios allí empleados se acompasan con la ley y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, caso en el cual las decisiones allí esbozadas deberían ser confirmadas.
Se dilucidará lo relativo a la disminución de la pena por aceptar los cargos, determinando cual debe ser la que merece el acusado, en atención a los criterios establecidos en la ley y la jurisprudencia.
6.2.1. LA DOSIFICACIÓN PUNITIVA
Como quiera que la censura cuestiona la forma y motivos expresados por el a quo en el proceso de individualización de la sanción, la Sala procederá en forma directa a dar contestación a las quejas planteadas por el impugnante.
Sea lo primero advertir, en acatamiento de los preceptos del artículo 31 del Código Penal, que es menester fijar el marco punitivo, observando la pena que corresponde a cada infracción individualmente, para luego precisar cuál de ellas se aplicará, por ser la más severa, respetando el porcentaje que aumentó la a quo en razón del concurso heterogéneo de delitos, sin que se supere la suma aritmética correspondientes a la totalidad de las conductas, esto por cuanto no está en discusión el cuarto de movilidad que escogió la primera instancia para fijar la pena.
En este evento, la forma concursal se presenta entre Testaferrato, Concierto para Delinquir agravado por los fines de narcotráfico, sumando el Enriquecimiento Ilícito de Particulares.
Así, la pena individualmente considerada es, en el caso del delito de Testaferrato, la establecida en el artículo 326 del Código Penal, regla que consagró que a quien incurra en esta conducta se le irrogará pena de prisión entre 6 y 15 años, así como multa entre quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De conformidad con el pliego de cargos presentado por la Fiscalía, no se referencia ninguna circunstancia de intensificación punitiva.
Para el Concierto para Delinquir con fines de narcotráfico, artículo 340, inciso 2° del Código Penal, la pena fluctúa de 6 a 12 años de prisión y multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y para el Enriquecimiento Ilícito de Particulares, canon 327 del estatuto punitivo, sin modificaciones, la sanción privativa de la libertad va de 6 a 10, aparejado con multa del equivalente al doble del valor del incremento ilícito logrado, que no superará el tope de 50.000 salarios mínimos.
Individualizadas las penas para cada delito en particular, el paso a seguir será el establecido en el artículo 61 del Código Penal, mismo que ordena que para lograr fundar el ámbito punitivo es imprescindible deducir cuartos de movilidad. Esto se traduce en lo siguiente:
1. Para el Testaferrato la pena se divide, tal como lo esbozara la a quo, y lo determina el artículo 60 del Código Penal, de la siguiente manera:
72 a 99 meses
99 meses y 1 día a 126 meses
126 meses y 1 día a 153 meses
153 meses y 1 día a 180 meses
La pena de multa, en el sistema de cuartos se divide de la siguiente forma:
500 a 12875 salarios
12875.01 a 25250 salarios
25250.01 a 37625 salarios
37625.01 a 50000 salarios
2. Para el Concierto para Delinquir agravado, los cuartos son los siguientes:
72 a 90 meses
90 meses y 1 día a 108 meses
108 meses y 1 día a 126 meses
126 meses y 1 día a 144 meses
2000 a 6500 salarios
6500.01 a 11000 salarios
11000.01 a 15500 salarios
15500.01 a 20000 salarios
3. Para el Enriquecimiento Ilícito se tiene
Máximo 10 años o lo que es lo mismo 120 meses, menos el mínimo de la pena que es de 6 años o 72 meses, operación que tiene como resultado 4 años o 48 meses; cantidad que se divide por 4, obteniendo 12 meses; los cuartos son:
72 a 84 meses
84 meses y 1 día a 96 meses
96 meses y 1 día a 108 meses
108 meses y 1 día a 120 meses
A continuación, el mismo artículo 61 del Código Penal reglamenta la forma en la cual ha de escogerse el cuarto que sirve como sustento de la sanción. En esta oportunidad, ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad o agravantes, y en presencia de un elemento atenuante a favor de Pinto Lubo, como es la carencia de antecedentes –art. 55 del C.P.-, para los tres delitos se partirá de la sanción establecida para el primer fragmento. Así, en el Testaferrato, se tomarán de 72 a 99 meses de prisión y multa de entre 500 y 12.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes; para el Concierto para Delinquir agravado, el cuarto mínimo abarca de 72 a 90 meses y la multa en este caso va de 2000 a 6500 smlmv; finalmente para el Enriquecimiento Ilícito de Particulares el quantum en la fracción mínima es de 72 a 84 meses de prisión y multa de hasta 50.000 smlmv.
De las tres transgresiones, la que tiene una sanción más severa es el Testaferrato, por lo que la Sala con apego al artículo 31 del Código Penal, encuentra que éste será el delito sobre el cual recae la aflicción a imponer, como lo dedujo la primera instancia de forma acertada; el punto a dilucidar, entonces, es si resulta viable o no, partir del mínimo del primer cuarto. De cara a dicho debate, la sede de origen, ponderó la imposición de un porcentaje mayor del mínimo dentro del primer cuarto9, atendiendo a
9 Para el Testaferrato, el 96.97%; para el
las circunstancias en las cuales se cometió el punible y el daño social causado, como más delante se analizará. Vale precisar, que el legislador para las tres conductas dispuso fijar en 72 meses la pena menor; ahora bien, en esta oportunidad se tendrá especial consideración en el estudio de la sanción pecuniaria conforme fuera dosificada en primera sede.
Como ya se dijo, el juzgado primigenio tomó como punto de partida el delito con correctivo mayor; además, con fundamento en el artículo 60 del Estatuto Penal, determinó los límites mínimo y máximo para encuadrar la individualización de la condena, con atención a los criterios allí indicados; hecho lo anterior, dividió en cuartos de movilidad la pena a imponer. En este caso, la a quo consideró que el cuarto sería el primero, esto es, que la sanción oscilaría de setenta y dos (72) a no más de noventa y nueve (99) meses de prisión, porque no existen circunstancias agravantes mientras que si atenuantes.
Frente a este tema, se debe indicar que las alegaciones de la defensa, no están llamadas a prosperar, toda vez que, con el marco del primer cuarto, no le está vedado al operador judicial ponderar aspectos que le hagan concluir qué penalidad debe ser superior al mínimo previsto en la ley, sin que en todo caso se desborden los límites de movilidad. En este caso la funcionaria estableció todo un contexto que le impedía imponer el extremo mínimo, pues las circunstancias que rodearon el delito, entre otras, que el grupo delictivo en el que se afilia Llimis Pinto, está relacionado con actividades de paramilitarismo y narcotráfico en el norte del país, denotan una afectación grave para la sociedad, pues el accionar de tales asociaciones para delinquir ha dejado miles de víctimas y devastación a su paso, conforme se relató en el informe de policía judicial obrante; esto aunado a que existen variados enjuiciados involucrados en las rupturas de la unidad procesal que ha sufrido el trámite, todo lo cual se acumula al daño del conglomerado, que mereció un reproche mayor con miras a evitar que el flagelo se multiplique.
Así lo hace posible el tercer párrafo del artículo 61 de la codificación mencionada; lo que no se opone al desarrollo jurisprudencial que sobre el punto ha elaborado la Corte suprema de Justicia cuando enseña:
“Por su parte, respecto a la posibilidad de que el juez se aparte del mínimo previsto en cada cuarto por aplicación de los referidos parámetros de dosificación punitiva, la Corte recientemente señaló en un asunto regido por la Ley 906 de 2004, lo siguiente10:
“6.5. Es menester recordar que la jurisprudencia de la Sala ha precisado que ni siquiera ante la concurrencia exclusiva de circunstancias de atenuación el fallador está compelido a imponer el mínimo de la pena, dado que los fundamentos para la individualización de la sanción contenidos en el artículo 61 lo habilita para apartarse de tal límite cuando alguno o algunos de los criterios previstos en el citado precepto hagan presencia.
6.6. El examen de circunstancias tales como la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad y la personalidad del agente, al ser diferentes de las circunstancias específicas o genéricas de agravación y al no coincidir con estas, facultan al juez para, con base en la fundamentación que haga de tales aspectos, infligir un castigo superior al mínimo previsto para la respectiva conducta punible.
6.7. Justamente fue ese el criterio hermenéutico que el fallador tuvo en cuenta para dosificar la pena, porque teniendo en consideración el dolo de la acción, la naturaleza, gravedad y modalidades del hecho punible, más la concurrencia de criterios de prevención general y especial, resolvió no imponer el mínimo de 36 meses previsto para el delito tipificado en el artículo 366 ejusdem, sino 54 meses, cantidad que en todo caso se mantiene dentro de los límites del primer cuarto”.
En el asunto sometido a consideración de la Sala, lo observado a partir de las sentencias de primera y segunda instancia es que los juzgadores atinadamente realizaron el ejercicio dosimétrico respetando los parámetros y fundamentos de individualización de la pena.
Concretamente, una vez establecido el primer cuarto, como espacio temporal en el que se fijaría la pena, el A quo motivó suficientemente las razones por las que la conducta punible imputada era grave, argumentos que fueron respetados y ahondados por el Tribunal en el fallo de segundo grado para determinar que no era posible imponer la pena mínima dentro del primer cuarto11.”
De lo anterior se colige que no se presenta ninguna anomalía en lo que toca con la escogencia de la fracción para irrogar la pena; además se precisa que al juez le está dado moverse dentro de los límites del mismo para la fijación de la sanción, lo cual no
10 Ver auto del 9 de junio de 2008, radicado. 29.250.
11 Proceso 29788. Sentencia de 29 de junio de 2008, magistrado ponente Dr. Augusto Ibañez Guzman
implica la aplicación de una doble sanción como lo sugiere la defensa, en tanto que la decisión leída en su contexto no impone una pena más allá del mínimo del primer cuarto por razón de la forma concursal de los delitos, sino atendiendo a las circunstancias específicas en las cuales se presentó el reato, esto es, la intensidad del dolo y el daño social, por citar sólo algunas variables. En ese sentido no se advierte ninguna vulneración de las garantías constitucionales en contra de Llimis Iván Pinto Lubo.
Itérese, el análisis de la primera instancia, concluyó que en el caso estudiado se presentaban varias de las situaciones que prescribe el inciso tercero del canon 61 del Código Penal, y que permiten atribuir un monto superior al mínimo, pues, se tuvo en cuenta la gravedad del delito, su forma específica de ejecución, la intensidad del dolo con que se cometió la conducta, toda vez, que el procesado se vio involucrado en una organización criminal cuya vigencia en la modalidad delictiva ha producido profundo deterioro social.
Así las cosas, la discrecionalidad de la primera instancia no puede ser catalogada como arbitraria, por cuanto no sobrepasó los parámetros que le impone el segmento mínimo, ya que la sanción discernida después del debido examen, fue de 96 meses de prisión y el límite que correspondía respetar era el de noventa y nueve (99) meses.
Capítulo aparte merece lo atinente a la tasación de la pena de multa en lo que al delito de Testaferrato se refiere; véase, tanto la prisión como la sanción pecuniaria deben encontrarse acompasadas, de tal forma que al igual que la movilidad le permite al juez imponer la privación de la libertad más allá del mínimo del cuarto seleccionado conforme las consideraciones que haya realizado para sustentar su determinación, si la pena de prisión aumenta, la de multa debe acompañarla en la misma proporción, lo cual no sucedió en este proceso, en la medida en que si el mínimo posible para el reato que tipifica préstamo del nombre con miras a encubrir el origen de unos caudales o su verdadero dueño es de 72 meses y se considera que la pena a imponer
es de 96, cotejando que el mínimo de la multa era de 500 y el máximo dentro del cuarto es de 12.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues resulta desafortunado que mientras la pena de prisión casi raya con el máximo, la multa, por el contrario, se haya mantenido en el mínimo cuando una y otra sanción comportan una entidad argumentativa y punitiva; de esa forma no es adecuado haber impuesto el mínimo de la multa en este evento; sin embargo, merced del principio universal de la no reformatio in pejus, resulta imposible variar en contra del apelante este tópico, advirtiendo en todo caso el yerro en el que incurrió la instancia.
6.2.2. DEL CONCURSO DE DELITOS
El censor se queja de la forma en la cual se dosificó la pena en lo atinente al concurso de delitos, pues la fórmula aplicada por la instancia desborda las consideraciones del artículo 31 del Código Penal que recaba en que la carga a imponer en el caso de la infracción de varios tipos penales es la que establezca la mayor gravedad aumentada hasta en otro tanto, sin que al final el resultado sea superior a la suma aritmética de las penas que corresponderían a cada delito.
Adujo además que haber infringido una condena de 216 meses de prisión equivale a haber sumado los mínimos de cada una de las conductas individualmente consideradas.
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia en punto de la dosificación punitiva, en tratándose del concurso de delitos lo siguiente:
Consecuente con los anteriores delineamientos jurídicos, claro es que en el proceso de dosificación de la pena y frente al concurso de conductas punibles, en acatamiento de las exigencias previstas en el artículo 31 del Código Penal, el juzgador no puede superar el doble de la sanción calculada para el delito más grave, constituido como marco de referencia para la adición de las penas relativas a los ilícitos que concursan con el delito base.
Así, entonces, en el caso que ocupa la atención de la Corte, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al desatar los recursos de apelación
interpuestos contra el fallo de primer grado y luego de acceder a los planteamientos de los impugnantes, procedió a dosificar de nuevo la pena a imponer, acudiendo en primer término a individualizar la sanción respecto de cada uno de los delitos, esto es, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y concierto para delinquir, según lo derroteros consagrados en el artículo 61 del Código Penal.
Posteriormente, luego de fijar en diez (10) años la pena a imponer por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concluyendo que se constituía en la sanción más grave y, por lo mismo, en la base sobre la cual se debía realizar la dosificación respecto del concurso de las restantes conductas punibles (cinco ilícitos más de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, un lavado de activos y un concierto para delinquir), procedió de la siguiente manera:
“a. A GONZALO ANTONIO MORENO DÍAZ y JAIRO INFANTE SÁNCHEZ se parte de la base de 10 años por uno de los delitos de narcotráfico, al que se le aumentan 10 años por el concurso homogéneo de este hecho punible y 10 años más por el concurso heterogéneo de lavado de activos y concierto para delinquir, lo cual suma un total de 30 años. Suma a la que se le descuentan 10 años, correspondiente a la tercera parte por haberse acogido a sentencia anticipada, para quedar la pena de prisión en definitiva en veinte (20) años de prisión, como se consignará en la parte resolutiva”.12
Como bien puede observarse, el sentenciador de segundo grado se equivocó al considerar que a la pena de diez (10) años de prisión para el delito más grave podía adicionarle veinte (20) años, es decir, diez (10) años por los cinco (5) delitos de narcotráfico y diez (10) años más por las conductas punibles de lavado de activos y concierto para delinquir, toda vez que en razón del concurso sólo le era permitido incrementar en diez (10) años la pena del delito con sanción mayor, significando que podía llegar hasta veinte (20) y no hasta los treinta (30) años como lo hizo.
Según lo expuesto, si el delito base es el de Testaferrato, cuya pena se tasó en 96 meses de prisión como se ha expuesto, la aflicción por los dos restantes tipos vulnerados en la forma de concurso heterogéneo no podía ser superior al otro tanto del que habla la norma, esto es, otros 96 meses; lo contrario se aparta de la ley y el desarrollo de la jurisprudencia y constituye un quebrantamiento a las garantías de Llimis Iván Pinto Lubo. De esa forma el argumento de la apelación está llamado a prosperar como a continuación se analiza.
Si se estudia la operación realizada en primera instancia de donde el Concierto para Delinquir con fines de narcotráfico recibe una pena de 72 meses de prisión, y por el
12 Páginas 14 a 25 de la sentencia del Tribunal.
Enriquecimiento Ilícito se tienen 48 meses, esto arroja un guarismo de 120 meses de prisión, quantum que supera en 24 meses el máximo posible a aplicar tomando como punto de partida el delito base, o sea, 96 meses por el Testaferrato. Es por lo anotado que la pena debe ser redosificada de la siguiente manera: Llimis Iván Pinto Lubo recibirá una aflicción de cuarenta y ocho (48) meses de prisión por haber infringido el tipo penal previsto en el artículo 340, inciso 2° del Código Penal, con las modificaciones contempladas en el canon 8° de la Ley 733 de 2002.
La pena de multa en este caso no recibe el tratamiento concursal pues aunque pudiera pensarse que al igual que la pena de prisión no podría superar la suma aritmética de la pena principal y las que se le adicionan con ocasión del concurso; en una hipótesis como esa, si la multa del delito base se tasó en 500 salarios mínimos con la salvedad anotada, entonces la sanción pecuniaria tampoco podría exceder lo ya postulado, por lo tanto, en el caso del concierto para delinquir, la carga no podría ir más allá de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, empero, el artículo 39, numeral 4° del Código Penal predica que “En caso de concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en este artículo para cada clase de multa.”, de donde la multa de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes se aviene como lo ajustado a derecho, por lo que en esa parte la sanción será confirmada.
La pena establecida para el delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares se mantiene incólume por parte de esta Corporación en sus dos variables, esto es cuarenta y ocho (48) meses de prisión, y la multa allí dispuesta, es decir, $1’024.798.000; a tal raciocinio arriba la Sala acotando que la multa a que se refiere el artículo 327 del Código Penal no se tasa por el sistema de cuartos, en la medida en que el criterio allí establecido se presenta como una excepción a la regla en el sentido en que ese correctivo será igual al doble de lo apropiado ilegalmente, pero sin que ello supere el equivalente a 50.000 salarios, de donde se infiere que no existe un mínimo
desde el cual se advierta un punto de partida que marque el rasero de la pena, simplemente la misma no puede ser superior a esa cantidad expresada en términos de salarios mínimos. De ahí que se confirma la determinación de primera instancia en ese sentido.
En conclusión, por el Testaferrato y el Enriquecimiento Ilícito de Particulares se ratifica lo decidido, esto es, noventa y seis (96) y cuarenta y ocho (48) meses de prisión respectivamente, con sendas penas de multa iguales a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y mil veinticuatro millones setecientos noventa y ocho mil pesos ($1’024.798.000.oo), que es el doble del valor del incremento ilícito injustificado; mientas tanto, la pena privativa de la libertad para el concierto para delinquir será modificadas quedando finalmente en cuarenta y ocho (48) meses de prisión y multa de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En total la pena privativa de la libertad es igual a ciento noventa y dos (192) meses de prisión y multa de dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y mil veinticuatro millones setecientos noventa y ocho mil de pesos ($1’024.798.000.oo).
6.2.3. LA REBAJA POR SENTENCIA ANTICIPADA
Finalmente la defensa argumenta que por la fase del procedimiento en la cual su cliente se allanó a los cargos merece una rebaja del 50% del quantum, en contraste con el 35% que determinó la judicatura de primer nivel, situación que se determinó aplicando por favorabilidad el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. La norma en comento señala: “ARTÍCULO 351. MODALIDADES. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.”, según esto, considerando las variables en las que se cometió el concurso de delitos, al juez le era dable, como en efecto ocurre, ponderar si otorga una rebaja inferior al tope previsto en el articulado en cuestión; como la tesis defensiva no esgrime razones a partir de las cuales se pueda inferir que en realidad su pupilo se haría
merecedor a un trato más benigno sino que simplemente acota que en su criterio la rebaja debió ser del 50%, la Sala no puede estudiar un cargo sin el sustento argumentativo correspondiente, se avalará el monto establecido para la rebaja, es decir, el treinta y cinco por ciento (35%).
Sin perjuicio de lo anotado, no puede dejar de mencionarse que para establecer el porcentaje de reducción de la pena, deben tenerse en cuenta circunstancias como la efectiva colaboración a la justicia, la dificultad probatoria y el ahorro en el esfuerzo investigativo, aspectos que fueron apreciados en el presente asunto, razón de más, para confirmar, en este aspecto, la sentencia confutada.
Se concluye este estudio anotando que de la pena a imponer, esto es, ciento noventa y dos meses (192) de prisión, se descuentan sesenta y siete punto dos (67.2) equivalentes al treinta y cinco por ciento (35%) de esta, lo que arroja en definitiva una aflicción de ciento veinticuatro punto ocho (124.8) meses de prisión y multa de mil trescientos (1300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es el total de salarios, menos el porcentaje indicado en precedencia, más la multa de mil veinticuatro millones, setecientos noventa y ocho mil pesos ($1’024.798.000.oo), menos el treinta y cinco por ciento (35%), lo que es igual a un total de seiscientos sesenta y seis millones, ciento dieciocho mil setecientos pesos ($666’118.700.oo), con ocasión de la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito.
Con lo dicho se atienden las disertaciones planteadas tanto por la defensa técnica como por el Ministerio Público, interviniente a quien le asistió razón en su planteamiento.
Así las cosas, la Sala cuenta con elementos de juicio suficientes para concluir que la dosimetría elaborada por la primera instancia, con la presición esbozada, se ajusta a lo prescrito por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se confirmará la sentencia proferida con la variación tratada a lo largo de esta sede.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Extinción de Dominio, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
PRIMERO: Modificar la sentencia de origen y naturaleza reseñados, indicando que la pena a la cual se hace merecedor Llimis Iván Pinto Lubo, identificado con cédula de ciudadanía 84’046.189 de Maicao, Guajira, es de de ciento veinticuatro punto ocho (124.8) meses de prisión y multa de mil trescientos (1300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor material de los delitos de Testaferrato en concurso heterogéneo con Concierto para Delinquir agravado y Enriquecimiento Ilícito de Particulares; por este último reato adicionalmente se confirma la pena de multa impuesta seiscientos sesenta y seis millones, ciento dieciocho mil setecientos pesos ($666’118.700.oo), según las razones consignadas en la parte motiva de este pronunciamiento.
SEGUNDO: Confirmar, en lo demás, la sentencia referenciada en lo que fue motivo de la impugnación
TERCERO: Contra esta sentencia procede la Casación.
WILLIAM SALAMACA DAZA
MARIA IDALÍ MOLINA GUERRERO

References: resolución 
 artículo 40
 Resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 40
 artículo 351
 artículo 31
 artículo 351
 artículo 31
 artículo 61
 artículo 31
 artículo 326
 artículo 340
 artículo 61
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 31
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 366
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 61
 artículo 340
 artículo 39
 artículo 327
 artículo 351