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Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3/2004, DE 23 DE NOVIEMBRE, DE MONTES Y ORDENACIÓN FORESTAL (BOPA DE 3 DE DICIEMBRE; BOE DE 8 DE ENERO DE 2005)
Título I. De los montes (Arts. 1 a 101)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 1 a 18)
Sección 1.ª Ámbito de aplicación y principios de la Ley (Arts. 1 a 3)
Art. 2. Principios de la Ley
Art. 3. Potestades administrativas
Sección 2.ª El Consejo Forestal del Principado de Asturias (Art. 4)
Art. 4. Consejo Forestal del Principado de Asturias
Sección 3.ª Concepto y clases de montes (Arts. 5 y 6)
Art. 5. Concepto de monte
Art. 6. Montes públicos y montes privados
Sección 4.ª Montes públicos (Arts. 7 a 12)
Art. 7. Montes de dominio público y montes patrimoniales
Art. 8. Declaración de utilidad pública
Art. 9. Procedimiento de declaración de utilidad pública
Art. 10. Catálogo de Montes de Utilidad Pública
Art. 11. Desafectación de montes demaniales
Art. 12. Montes patrimoniales
Sección 5.ª Montes privados (Arts. 13 a 16)
Art. 13. Montes privados
Art. 14. Declaración de montes privados como montes protectores
Art. 15. Registro de Montes Protectores
Art. 16. Contenido del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y del Registro de Montes Protectores
Sección 6.ª Registro de Derechos Forestales e Inventario Forestal (Arts. 17 y 18)
Art. 17. Registro de Derechos Forestales
Art. 18. Inventario Forestal del Principado de Asturias
Capítulo II. Investigación, recuperación de oficio y deslinde (Arts. 19 a 26)
Art. 19. Principios generales
Art. 20. Investigación de la titularidad
Art. 21. Recuperación de la posesión
Art. 22. Inicio del deslinde
Art. 23. Procedimientos de deslinde
Art. 24. Procedimiento ordinario de deslinde
Art. 25. Acreditación de propiedad o posesión
Art. 26. Efectos de la aprobación del deslinde
Capítulo III. Planificación, gestión y ordenación forestal (Arts. 27 a 38)
Sección 1.ª Planificación forestal (Arts. 27 a 33)
Art. 27. Instrumentos de planificación forestal
Art. 28. Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias
Art. 29. Procedimiento de elaboración
Art. 30. Obligatoriedad del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias
Art. 31. Obras necesarias para la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias
Art. 32. Comarcas forestales
Art. 33. Planes forestales comarcales
Sección 2.ª Gestión y ordenación forestal (Arts. 34 a 38)
Art. 34. Criterios de gestión
Art. 35. Instrumentos de ordenación y gestión forestal
Art. 36. Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos
Art. 37. Plan Anual de Aprovechamientos
Art. 38. Certificación forestal
Capítulo IV. Régimen de aprovechamientos y autorizaciones (Arts. 39 a 50)
Art. 39. Aprovechamientos forestales
Art. 40. Supervisión administrativa
Art. 41. Autorización de aprovechamientos maderables y leñosos
Art. 42. Autorizaciones para cambios de uso y roturaciones del suelo
Art. 43. Aprovechamiento de pastos
Art. 44. Otros aprovechamientos no maderables
Art. 45. Aprovechamientos comunales
Art. 46. Determinación de los aprovechamientos comunales
Art. 47. Otras actividades
Art. 48. Usos prohibidos
Art. 49. Usos autorizables en el dominio público forestal
Art. 50. Medidas de conservación
Capítulo V. Gravámenes, servidumbres y ocupaciones temporales (Arts. 51 a 54)
Art. 51. Declaración de incompatibilidad
Art. 52. Servidumbres y ocupaciones temporales de interés público
Art. 53. Servidumbres y ocupaciones temporales de interés particular
Art. 54. Canon de ocupación
Capítulo VI. Fondo de mejoras (Art. 55)
Art. 55. Mejoras y fondo de mejoras
Capítulo VII. Aumento del patrimonio forestal público y unidades mínimas de actuación forestal (Arts. 56 a 58)
Art. 56. Adquisiciones de montes
Art. 57. Unidad mínima de actuación forestal y límite a la segregación de montes
Art. 58. Agrupación de montes
Capítulo VIII. Incendios forestales (Arts. 59 a 66)
Art. 59. Medidas de prevención y lucha contra incendios
Art. 60. Organización de la extinción de los incendios forestales
Art. 61. Trabajos de extinción
Art. 62. Zonas de alto riesgo de incendio
Art. 63. Obligación de aviso
Art. 64. Uso de fuego y quema de rastrojos
Art. 65. Deberes de restauración
Art. 66. Limitaciones de actividades
Capítulo IX. Plagas y enfermedades forestales (Arts. 67 a 73)
Art. 67. Deber de protección
Art. 68. Funciones de vigilancia y prevención
Art. 69. Deberes de colaboración
Art. 70. Obligación de tratamientos fitosanitarios
Art. 71. Uso de plaguicidas
Art. 72. Controles fitosanitarios
Art. 73. Declaración de zona libre de plagas
Capítulo X. Restauración hidrológico-forestal (Arts. 74 y 75)
Art. 74. La restauración hidrológico-forestal
Art. 75. Solicitud de declaración de interés general de actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico
Capítulo XI. Fomento de la reforestación e industrias forestales (Arts. 76 a 80)
Art. 76. Fomento de la reforestación
Art. 77. Proyecto técnico
Art. 78. Convenios de reforestación
Art. 79. Industrias forestales
Art. 80. Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales
Capítulo XII. Investigación científica y tecnológica, formación y educación forestal (Arts. 81 a 83)
Art. 81. Investigación científica y tecnológica
Art. 82. Formación y divulgación forestal
Art. 83. Educación forestal
Capítulo XIII. Medidas de fomento (Arts. 84 a 88)
Art. 84. Fines preferentes
Art. 85. Ayudas
Art. 86. Seguro de Incendios Forestales
Art. 87. Incentivos por las externalidades ambientales
Art. 88. Fundaciones y asociaciones de carácter forestal
Capítulo XIV. Infracciones y sanciones (Arts. 89 a 101)
Art. 89. Potestad sancionadora
Art. 90. Infracciones muy graves
Art. 91. Infracciones graves
Art. 92. Infracciones leves
Art. 93. Sujetos responsables
Art. 94. Sanciones pecuniarias
Art. 95. Sanciones accesorias
Art. 96. Indemnización de daños y perjuicios
Art. 97. Prescripción de las infracciones y sanciones
Art. 98. Procedimiento sancionador y medidas cautelares
Art. 99. Determinación de las competencias
Art. 100. Reducción de la sanción
Art. 101. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria
Título II. De los montes vecinales en mano común (Arts. 102 a 127)
Capítulo I. Concepto y naturaleza (Arts. 102 a 105)
Art. 102. Concepto
Art. 103. Características
Art. 104. Comunidad privada
Art. 105. Capacidad jurídica
Capítulo II. Clasificación (Arts. 106 a 110)
Art. 106. Clasificación
Art. 107. Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias
Art. 108. Procedimiento de clasificación
Art. 109. Impugnación de las resoluciones del Jurado de Clasificación
Art. 110. Resolución de clasificación
Capítulo III. Régimen jurídico (Arts. 111 a 116)
Art. 111. La Asamblea General de Comuneros
Art. 112. La Junta Rectora
Art. 113. Estatutos de la comunidad
Art. 114. Defensa de los intereses comunales
Art. 115. Acuerdos con mayorías cualificadas
Art. 116. Administración provisional
Capítulo IV. Aprovechamientos y derechos (Arts. 117 a 123)
Art. 117. Aprovechamiento y disfrute
Art. 118. Aprovechamientos mediante lotes y suertes
Art. 119. Reserva de rendimientos
Art. 120. Sometimiento a la Ley de Montes y Ordenación Forestal
Art. 121. Cesiones
Art. 122. Expropiación
Art. 123. Derecho de superficie
Capítulo V. Competencias del Principado de Asturias (Arts. 124 a 127)
Art. 124. Funciones
Art. 125. Registro de Montes Vecinales en Mano Común
Art. 126. Declaración de estado de grave abandono o degradación
Art. 127. Gestión de los montes vecinales en mano común en estado de grave abandono o degradación
Primera. Montes pro indiviso
Segunda. Contratos Territoriales de Explotación
Tercera. Inaplicabilidad a los montes de regulaciones de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural
Cuarta. Modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural
Quinta. Ocupación de dominio público forestal por Defensa Nacional
Primera. Vigencia de actuales Planes Anuales
Segunda. Actual Jurado de Montes Vecinales en Mano Común
Tercera. Planes Técnicos hasta la aprobación de Proyectos de Ordenación
Primera. Derogación expresa
Segunda. Derogación tácita
Primera. Actualización de multas
Segunda. Unidad mínima de actuación forestal y límite a la segregación de montes
Tercera. Aprobación de Planes Forestales Comarcales
Cuarta. Revisión de descripción de montes
Quinta. Adaptación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y del Registro de Montes Protectores
Sexta. Inventario de montes vecinales en mano común
Séptima. Convenios forestales
Octava. Adaptación de ordenanzas municipales
Novena. Adecuación de aprovechamientos de montes privados
Décima. Adecuación de aprovechamientos de montes vecinales en mano común
Undécima. Habilitación reglamentaria
Corrección de errores BOPA de 11 de enero de 2005; BOE de 25 de enero de 2005
1. Pretende con esta Ley el Principado de Asturias conservar, aumentar, restaurar y mejorar la riqueza forestal de la región para hacer realidad el derecho constitucional de los ciudadanos a «disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona» y acatar el «deber de conservarlo», cumpliendo así el mandato que ordena velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva» (artículo 45 de la Constitución).
2. Junto a este principio constitucional, la Ley incorpora los principios de desarrollo sostenible que se han concretado durante los últimos años en numerosos acuerdos internacionales, desde que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo de Río de Janeiro impulsara en 1992 el proceso de sensibilización sobre la relevancia social y económica de una adecuada administración del patrimonio forestal (Programa 21), objeto de atención igualmente preferente por parte también de diversos instrumentos y actuaciones en el marco de la Unión Europea, desde las sucesivas Declaraciones de las Conferencias Ministeriales de la protección de los bosques (Estrasburgo, 1990; Helsinki, 1993; Lisboa, 1998; Viena, 2003), hasta, sin ánimo de exhaustividad, el Reglamento (CE) n.º 2152/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales (Forest Focus). Los criterios de sostenibilidad estarán presentes en la gestión de los recursos forestales que se pretende promover, ya que alguno de ellos, como los madereros, representa un interés innegable para la vida económica regional del siglo XXI.
6. No obstante, la práctica imposibilidad de transporte de las cortas por los torrenciales ríos asturianos y la evidencia de que en aquel tiempo tampoco resultaba posible habilitar en esta tierra una mínima red de carreteras aptas para tráficos tan pesados como los troncos propios de la construcción naval hicieron que aquella esperanza resultara vana. Pero aquella inquietud arbórea que tanto y tan infructuosamente movilizó al almirantazgo hispánico no fue del todo inútil en la medida en que dio lugar a la promulgación de normativa muy variada que expresa bien la utilitaria y bien intencionada preocupación de los ilustrados españoles por la promoción y mantenimiento del bosque. Así, en 1748, se aprobó una Real Ordenanza de Montes y, en 1762, se creó la figura del «visitador de plantío», que son figuras que han dejado huella notoria en nuestra historia forestal.
8. En el siglo XIX la desamortización de los bienes comunales de los pueblos y de los monasterios, especialmente la que se inicia en 1855, supuso un demoledor ataque frontal a la integridad y extensión de los bosques asturianos, provocando la destrucción de grandes masas arbóreas, incentivando, incluso, que entrase en las subastas -hasta ilegalmente - buena parte del patrimonio forestal de los pueblos, muy negativamente afectado, primero, por la intensidad que adquirió el carboneo de las frondas asturianas hasta la irrupción masiva del carbón de piedra, pues con la madera de los bosques se atendieron los ingentes suministros demandados por los Altos Hornos de Trubia, Langreo y de la ribera del Eo, e, inmediatamente después, por el entibamiento de las galerías de las nuevas minas de hulla y la implantación de industrias de curtientes, que exigieron colosales cantidades de madera, contribuyendo también, y de forma muy relevante, a la reducción de la extensión forestal de Asturias el sustancial incremento de la ganadería que por entonces se produjo en el medio campesino asturiano y que, de grado o por el fuego, acondicionó pastizales a costa del bosque.
13. Liquidar esta tradición y las prácticas viciosas más cercanas en el tiempo es objetivo de la presente Ley. Para ello se parte de conceptos amplios pero rigurosos del monte y del bosque, se da nuevo impulso a las categorías tradicionales de montes públicos y privados, garantizando en todos ellos de forma constante la acción tuitiva de la Administración. Y, en tal sentido, debe destacarse la creación de una compleja y ordenada serie de instrumentos de planificación, ordenación y gestión cuya elaboración y aprobación deberá abordar de inmediato la Administración forestal asturiana.
14. Entre ellos merecen ser citados el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias, los Planes forestales comarcales, los Proyectos de Ordenación, los Planes Técnicos y los Planes Anuales de aprovechamientos, instrumentos todos ellos destinados a garantizar que los montes, independientemente de quiénes sean sus titulares, estén en efecto destinados a esa «utilización racional de todos los recursos naturales» antes evocada. En tal sentido, y ello es importante subrayarlo, la presente Ley es una norma que sirve para definir el marco en el que necesariamente han de moverse los «habitantes del bosque», por lo que presupone y exige la acción comprometida de éstos, ya que sin ella el vigor que el presente texto trata de imprimir a los aprovechamientos y a la gestión forestales se marchitaría de inmediato.
21. El Principado de Asturias tiene competencias para ordenar los «montes, aprovechamientos y servicios forestales» en el marco de la legislación básica del Estado, tal y como resulta de los artículos 11.1 de su Estatuto de Autonomía y 149.1.23 de la Constitución. Es éste justamente el título competencial que sirve de apoyo a la Junta General para la aprobación de la presente Ley.
SECCIÓN 1.ª ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS DE LA LEY
Artículo 1. Ámbito de aplicación.-1. La presente Ley regula los montes situados en el territorio del Principado de Asturias, cualquiera que sea su titularidad, salvo los que porLey estén sujetos a un régimen especial.
Artículo 2. Principios de la Ley.-Esta Ley se inspira en los siguientes principios. a) Proteger, conservar y aumentar los montes en cuanto referencia biológica y cultural, favoreciendo y salvaguardando la fauna y la flora, así como la restauración de la cubierta vegetal, del suelo y de los recursos hídricos.
b) Preservar la diversidad genética y la variedad y singularidad de los montes, defendiéndolos contra los abusos en su explotación, las plagas y los incendios.
c) Conservar y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas forestales.
d) Estimular los tratamientos técnicos más adecuados para facilitar la conservación y la mejora de la rentabilidad económica de los montes de acuerdo con sus valores naturales, sociales, económicos o de protección.
e) Garantizar la integración de los montes en la ordenación territorial y urbanística y, en especial, en la trama de aquellos definidos por la legislación del Principado de Asturias en materia de protección de los espacios naturales.
f) Gestionar de manera sostenible los montes teniendo en cuenta el crecimiento de la masa forestal.
g) Potenciar los aprovechamientos ganaderos y promover el pastoreo de forma ordenada y compatible con la persistencia de los montes.
h) Favorecer el uso recreativo, deportivo y didáctico de estos terrenos, fomentando en la comunidad la importancia de sus valores ecológicos, culturales y económicos mediante la acción educativa y las campañas de orientación y divulgación, fomentando el conocimiento y respeto al árbol.
i) Compatibilizar la mejora de las explotaciones forestales y prácticas silvícolas con la utilización ordenada de los recursos y la garantía de su persistencia, a fin de poder atender las demandas sociales, estableciendo el marco adecuado de relación de los montes con los específicamente destinados a la actividad ganadera.
j) Fomentar la participación de los habitantes del medio rural en el mantenimiento y ampliación de los recursos forestales, interesándoles en sus rendimientos económicos mediante la creación de empleo y asignación directa de beneficios en favor de quienes están ligados a un concreto ámbito forestal, al objeto de contribuir al desarrollo del medio rural.
k) Ayudar a las asociaciones y entidades privadas que se ocupen de la conservación, protección, explotación racional y aumento del patrimonio forestal.
l) Fomentar el asociacionismo y la colaboración entre los sectores y las poblaciones rurales implicados en la producción, transformación y comercialización de los recursos forestales.
m) Promover la investigación y experimentación sobre todas las materias relacionadas con el medio forestal, así como la realización de cursos de formación en especialidades vinculadas con el ámbito forestal.
n) Mejorar los procesos de obtención, transformación y comercialización de los productos económicos de los montes.
ñ) Fomentar las producciones forestales y sus sectores económicos asociados.
Artículo 3. Potestades administrativas.-Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior la Consejería competente en materia forestal del Principado de Asturias contará con los siguientes instrumentos:
a) Los de ordenación y planificación de los recursos forestales, regulando a tal efecto su uso y aprovechamiento, y primando la conservación y mejora de los recursos naturales, a los que estará supeditada toda actuación de cualquier naturaleza que se pretenda realizar en los montes.
b) La declaración de utilidad pública de los montes, así como su inclusión o exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
c) La afectación y desafectación de los montes de dominio público.
d) La gestión de las asignaciones procedentes de los fondos comunitarios y demás recursos que pueda percibir.
e) La regulación de los servicios de vigilancia y guardería establecidos para la defensa de los montes. En el ejercicio de sus funciones, los Guardas Rurales de la Comunidad Autónoma tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
f) El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y demás derechos y acciones destinadas a la ampliación del patrimonio forestal.
g) La instrucción y resolución de los expedientes sancionadores.
h) La gestión en materia de prevención de incendios forestales.
SECCIÓN 2.ª EL CONSEJO FORESTAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Artículo 4. Consejo Forestal del Principado de Asturias.-1. Se constituye el Consejo Forestal del Principado de Asturias como órgano superior de carácter consultivo y de asesoramiento en materia forestal. Reglamentariamente se determinará su composición y funcionamiento, en el que formarán parte entre otros, y en el número y forma que se determine, representantes de la Administración del Principado de Asturias; Corporaciones Locales y otras entidades locales, organizaciones agrarias; propietarios forestales y asociaciones y personas de reconocida cualificación, relacionadas con el ámbito forestal.
a) Conocer, asesorar e informar sobre el desarrollo y cumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias y de los Planes forestales comarcales.
b) Informar sobre cuantos asuntos en materia forestal sean sometidos a su consideración.
c) Las que reglamentariamente se determinen.
SECCIÓN 3.ª CONCEPTO Y CLASES DE MONTES
Artículo 5. Concepto de monte.-1. Se consideran montes:
a) Todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.
b) Los bosques de ribera.
c) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
d) Los terrenos baldíos colindantes con los montes, o enclavados en los mismos, que sean necesarios para su protección, siempre que así se declare expresamente.
e) Los terrenos que se declaren adecuados por las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias para la forestación o reforestación.
f) Los terrenos en los que la actividad agrícola haya sido abandonada durante un plazo igual o superior a diez años y que a juicio de la Consejería competente en materia forestal sean objetivamente recuperables para fines forestales, y así sean declarados mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca.
g) Los bosques o montes arbolados, considerando como tales aquellas superficies ocupadas en su mayor parte por árboles, en cualquier estado de desarrollo, o sean las especies principales las arbóreas, así como los cultivos forestales procedentes de plantaciones de especies productoras de madera.
h) Las infraestructuras y construcciones destinadas al servicio del monte.
a) Los terrenos que, formando parte de una finca fundamentalmente agrícola, presenten árboles aislados o pequeñas superficies cubiertas de especies herbáceas o de matorral, así como las praderas y los prados desprovistos sensiblemente de arbolado propio del cultivo forestal.
b) Los terrenos clasificados por los instrumentos del planeamiento urbanístico como urbanos, urbanizables o incluidos en la categoría de núcleos rurales.
c) Los terrenos que, formando parte de una explotación agrícola, presenten árboles o bosquetes aislados, plantaciones lineales o superficies de pequeña extensión cubiertas por especies de matorral o herbáceas, siempre que no constituyan por sí mismos una explotación forestal.
Artículo 6. Montes públicos y montes privados.-1. Por razón de su titularidad los montesenclavados en el Principado de Asturias pueden ser públicos o privados.
SECCIÓN 4.ª MONTES PÚBLICOS
Artículo 7. Montes de dominio público y montes patrimoniales.-1. Son de dominio público o demaniales, integran el dominio público forestal y, en cuanto tales, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad:
a) Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta Ley, así como los que se incluyan en él de acuerdo con los artículos 8 a 10 de la misma
Artículo 8. Declaración de utilidad pública.-1. Los montes del dominio público forestal podrán ser declarados de utilidad pública cuando estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos:
d) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
e) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los apartados anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados.
f) Los que reúnan las características precisas para la promoción de especies de alta calidad maderera.
g) Los que puedan desempeñar una función importante en la mejora de la calidad de vida o de las condiciones laborales o económicas de la población rural.
Artículo 9. Procedimiento de declaración de utilidad pública.-1. El procedimiento de declaración de utilidad pública de un monte, que se tramitará conforme a lo establecido reglamentariamente, se iniciará a instancia de la entidad propietaria o de oficio por la Consejería competente en materia forestal del Principado de Asturias. En este segundo caso, se garantizarán la intervención y la audiencia de la entidad propietaria y en ambos casos la delos titulares de los derechos de los aprovechamientos.
Artículo 10. Catálogo de Montes de Utilidad Pública.-1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias es un registro público de carácter administrativo en el que quedarán inscritos tanto aquellos montes que, con anterioridad a esta Ley, hubieran sido declarados de utilidad pública como los montes que lo sean en lo sucesivo.Todo ello sin perjuicio de su inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con su legislación específica.
8. Cuando un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se halle afectado por expediente del cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, a excepción de los declarados como de interés general por el Estado, y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer. En el supuesto de discrepancia entre las Administraciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Artículo 11. Desafectación de montes demaniales.-1. La desafectación de los montes del dominio público forestal incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública requerirá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, su previa exclusión de dicho Catálogo.
Artículo 12. Montes patrimoniales.-El régimen de usucapión o prescripción adquisitiva de los montes patrimoniales será el establecido en el artículo 19 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
SECCIÓN 5.ª MONTES PRIVADOS
Artículo 13. Montes privados.-1. Los montes privados se gestionan por su titular.
Artículo 14. Declaración de montes privados como montes protectores.-Los montes privados podrán ser declarados protectores, a instancia del propietario, cuando cumplan alguno de los supuestos que para los montes públicos establece el artículo 8 de esta Ley.
Artículo 15. Registro de Montes Protectores.-1. Se crea el Registro de Montes Protectores, en el que se inscribirán aquellos montes de titularidad privada que, reuniendo las circunstancias establecidas en el artículo 14 de esta Ley hayan sido declarados protectores, tanto con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley como en lo sucesivo.
Artículo 16. Contenido del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y del Registro de Montes Protectores.-1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública y el Registro de Montes Protectores a que se refieren los artículos 10 y 15 deberán expresar con precisión respecto de cada monte su titularidad, datos registrales, planos topográficos y sucesivas vicisitudes que los predios experimenten a partir de la inscripción, así como la delimitación de las zonas de aprovechamiento y los titulares con derecho a los mismos, además de los límites, cabidas y especies principales radicadas en los mismos.
SECCIÓN 6.ª REGISTRO DE DERECHOS FORESTALES E INVENTARIO FORESTAL
Artículo 17. Registro de Derechos Forestales.-La Consejería competente en materia forestal llevará un registro administrativo en el que deberán figurar la descripción básica del contenido y período de duración de los derechos y aprovechamientos forestales adquiridos a favor de la Administración del Principado de Asturias o que deriven de lafirma de convenios con lospropietarios.
Artículo 18. Inventario Forestal del Principado de Asturias.-Sin perjuicio de la coordinación con la Administración General del Estado para la elaboración de la Estadística Forestal Española, la Consejería competente en materia forestal elaborará y mantendrá actualizado el Inventario Forestal del Principado de Asturias, que aportará la información básica para la elaboración de los instrumentos de planificación forestal y se estructurará en los siguientes bloques:
a) Inventario estadístico, descriptivo y sintético referido a superficies, existencias, crecimiento, calidad y estado de conservación.
b) Caracterización del territorio forestal asturiano considerando sus atributos físicos y ecológicos, con especial atención a la Red Natura 2000 y la Red regional de espacios naturales protegidos.
c) Seguimiento y evolución de los montes con especial atención a los incendios forestales.
d) Aspectos jurídico-administrativos: Titularidad, montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, mancomunidades, agrupaciones de propietarios, Proyectos de Ordenación, instrumentos de gestión o planificación vigentes.
e) Actividades: Repoblaciones, aprovechamientos, actividades industriales forestales y otras actividades forestales.
f) Análisis de la productividad de cada monte sobre la base de sus características ecológicas.
g) Inventario de erosión de suelos que incluirá los montes susceptibles de ser regenerados o reforestados.
h) Cualquier otro que se determine reglamentariamente.
Investigación, recuperación de oficio y deslinde
Artículo 19. Principios generales.-La Consejería competente en materia forestal está facultada para ejercer las potestades de investigación, recuperación de oficio y deslinde en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Principado deAsturias y en losmontes públicos de su titularidad.
Artículo 20. Investigación de la titularidad.-1. Mediante el ejercicio de la potestad investigadora, la Consejería competente en materia forestal tomará constancia documental sobre la titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente o sea deficiente, fijando provisionalmente los límites, aforo de su extensión y linderos de los montes.
Artículo 21. Recuperación de la posesión.-1. La recuperación de la posesión de los montes a que se refiere el artículo 19 de esta Ley que se hallen indebidamente poseídos se producirá una vez adoptado el correspondiente acuerdo por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia forestal, previa audiencia de la entidad titular en el caso de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
Artículo 22. Inicio del deslinde.-1. El deslinde podrá iniciarse de oficio por la Consejería competente en materia forestal o a petición de las entidades titulares o de los propietarios colindantes con ellos.
Artículo 23. Procedimientos de deslinde.-1. El deslinde se podrá realizar mediante un procedimiento abreviado y por el procedimiento ordinario.
Artículo 24. Procedimiento ordinario de deslinde.-1. El procedimiento de deslinde sólo podrá referirse a aquellos montes cuya titularidad conste a la Administración.
Artículo 25. Acreditación de propiedad o posesión.-1. Sólo tendrán valor y eficacia en el trámite de apeo aquellos títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad y aquellos documentos que acrediten la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida durante más de treinta años de los terrenos pretendidos.
Artículo 26. Efectos de la aprobación del deslinde.-1. La aprobación del deslinde supone la delimitación del monte afectado y la declaración administrativa de su posesión a favor de la Administración titular del mismo.
Planificación, gestión y ordenación forestal
SECCIÓN 1.ª PLANIFICACIÓN FORESTAL
Artículo 27. Instrumentos de planificación forestal.-En el marco de la planificación forestal española y de acuerdo con los criterios de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, son instrumentos de planificación forestal: el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias y los Planes forestales comarcales.
Artículo 28. Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias.-1. El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias constituye el instrumento para el diseño y ejecución de la política forestal autonómica, correspondiéndole establecer las directrices, programas, medios, inversiones, fuentes de financiación y fases de ejecución de la política forestal, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para su cumplimiento.
a) La conservación de la biodiversidad.
b) El aumento, la conservación, mejora y reconstrucción de la cubierta vegetal.
c) La defensa de los recursos hídricos y del suelo contra la erosión.
d) El aprovechamiento ordenado de los montes y la racional explotación económica de sus recursos, atendiendo a criterios de sostenibilidad.
e) La protección de la cubierta vegetal contra incendios, plagas, enfermedades y otros agentes nocivos.
f) El uso de los montes como entorno cultural y recreativo.
g) La mejora de la economía rural y el fomento del empleo.
h) El fomento de los aprovechamientos ganaderos.
i) La compatibilidad de los diversos aprovechamientos.
a) La forestación y restauración de las cubiertas vegetales.
b) La protección hidrológico-forestal.
c) La defensa de los montes contra incendios y plagas forestales.
d) El uso público recreativo y la educación ambiental.
e) La investigación ecológico-forestal.
f) La industrialización y adecuada comercialización de los productos forestales.
g) La financiación de los costes previsibles de las acciones programadas.
Artículo 29. Procedimiento de elaboración.-1. La Consejería competente en materia forestal elaborará el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias propiciando la máxima participación social.
Artículo 30. Obligatoriedad del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias.-1. Aprobado por el Consejo de Gobierno el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias, será de obligado cumplimiento para los particulares y entidades locales afectadas, en sus propios términos, plazos y formas, sin perjuicio de que la Consejería competente en materia forestal arbitre líneas de ayuda técnica y económica para el cumplimiento de los fines del Plan.
Artículo 31. Obras necesarias para la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias.-Se declararán de utilidad pública o interés social, a efectos de expropiación forzosa de los terrenos, las obras necesarias para la ejecución del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias, incluidas las de plantación, vías de saca y servicios, puntos de agua y embalses.
Artículo 32. Comarcas forestales.-1. El territorio del Principado de Asturias se dividirá en comarcas forestales, delimitadas por los parámetros geográficos, biológicos, dasocráticos, económicos y sociales o administrativos que resulten más apropiados para el desarrollo y adecuado cumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias.
Artículo 33. Planes forestales comarcales.-1. Atendiendo a las prescripciones generales del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias, a las condiciones naturales y características de cada zona y al objeto de garantizar una utilización sostenible de los recursos que le son propios, los Planes forestales comarcales fijarán las especies y la determinación del territorio para su plantación, su cambio o su sustitución y contendrán, como mínimo, los siguientes aspectos:
b) Descripción y análisis de los montes y los paisajes existentes en ese territorio, sus usos y aprovechamientos actuales, en particular los usos tradicionales, así como las figuras de protección existentes.
c) Aspectos jurídico-administrativos y características socioeconómicas.
d) Zonificación por usos y vocación del territorio. Objetivos, compatibilidades y prioridades.
e) Criterios básicos para el control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del Plan.
SECCIÓN 2.ª GESTIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL
Artículo 34. Criterios de gestión.-1. Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural.
Artículo 35. Instrumentos de ordenación y gestión forestal.-En el marco de la planificación forestal española y de acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, son instrumentos de ordenación y gestión forestal: los Proyectos de Ordenación, los Planes Técnicos y el Plan Anual de Aprovechamientos.
Artículo 36. Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos.-1. Con la finalidad de lograr unidades razonables de gestión los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores deberán contar con Proyectos de Ordenación aprobados por la Consejería competente en materia forestal, que serán específicos para cada monte o para grupos de montes cuando así se considere preciso.
a) La delimitación de su ámbito territorial y la caracterización del medio físico, biológico, forestal y legal, con especial referencia a especies de flora y fauna catalogadas.
b) El inventario de los recursos existentes, la zonificación si procede, los límites de utilización de los recursos para garantizar su persistencia y conservación.
c) La compatibilidad de las técnicas forestales con la preservación de los valores naturales, procesos ecológicos esenciales, con el paisaje, con los usos tradicionales y los recreativos.
d) Las funciones prevalecientes del monte y las directrices, a largo y medio plazo, del uso integrado y múltiple de los recursos.
e) Los objetivos temporales de producción y frecuencia de los aprovechamientos.
f) Las medidas contra los incendios y plagas.
g) Los medios de financiación.
a) El inventario de los recursos existentes, la zonificación si procede, los límites de utilización de los recursos para garantizar su persistencia y conservación.
b) Las existencias realizables y su distribución superficial como base para un sistema de aprovechamiento, conservación y mejora del monte.
c) Las medidas a adoptar para la reforestación de las superficies aprovechadas, pudiendo utilizar métodos naturales o artificiales, especificando los plazos en que se va a lograr la regeneración.
Artículo 37. Plan Anual de Aprovechamientos.-1. El goce efectivo de los aprovechamientos en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores se subordinará a su inclusión en el correspondiente Plan Anual de Aprovechamientos y al otorgamiento de la correspondiente autorización por la Consejería competente en materia forestal.
Artículo 38. Certificación forestal.-La Consejería competente en materia forestal promoverá la difusión de los sistemas de certificación forestal y velará por que todos ellos cumplan las condiciones de transparencia, voluntariedad, ausencia de discriminación y libre competencia.
Régimen de aprovechamientos y autorizaciones
Artículo 39. Aprovechamientos forestales.- 1. A los efectos de la presente Ley se denomina aprovechamiento forestal a toda utilización de los recursos del monte, comprendiendo tanto a los renovables como a los no renovables, así como los usos recreativos, educativos, culturales y, en general, todos aquellos que potencialmente puedan generar ingresos para el propietario.
a) Siempre que se contemplare en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, quien resultare adjudicatario del aprovechamiento podrá fraccionar el pago del precio hasta un máximo de tres plazos y previa garantía o afianzamiento que resulte de aplicación.
b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares señalarán el importe de la garantía provisional que resulte exigible a los licitadores y que en ningún caso podrá resultar superior al 4% del precio de licitación de enajenación del aprovechamiento.
c) En aquellos supuestos en que fenómenos meteorológicos u otros, ya sean de carácter natural o derivados de la acción del hombre, pongan en riesgo elementos a proteger del monte y que se puedan evitar con la extracción de la madera, previa justificación en el expediente, la Consejería competente en materia forestal podrá proceder a la enajenación directa del aprovechamiento, previa petición de oferta a tres empresarios del sector que pudieran hacerse cargo de las labores en el menor plazo posible. El valor de mercado de la madera así adjudicada no podrá superar, en ningún caso, los 50.000 euros, sin que quepa el fraccionamiento en lotes o división de los aprovechamientos para acudir a este procedimiento extraordinario.
Este apartado 4 ha sido redactado por la Ley 6/2010, de 29 de octubre (BOPA de 10 de noviembre).
a) Los aprovechamientos de recursos no renovables, derivados de la explotación de canteras, áridos o cualquier otra actividad extractiva a cielo abierto o subterránea. Cuando se trate de montes de utilidad pública o que ostenten la categoría de protectores, cualquier autorización que otorgue la autoridad administrativa competente exigirá informe previo vinculante de la Consejería competente en materia forestal y fianza suficiente al interesado, que se establecerá reglamentariamente, para garantizar la íntegra restauración de los terrenos afectados.
b) Los aprovechamientos derivados de la caza o de la pesca.
VIGENTE DE 3 DE MAYO DE 2005 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2010.
Artículo 39. Aprovechamientos forestales.-1. A los efectos de la presente Ley se denomina aprovechamiento forestal a toda utilización de los recursos del monte, comprendiendo tanto a los renovables como a los no renovables, así como los usos recreativos, educativos, culturales y, en general, todos aquellos que potencialmente puedan generar ingresos para el propietario.
4. Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en el artículo 49 de la presente Ley así como de lo previsto en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación.
Artículo 40. Supervisión administrativa.-1. La Consejería competente en materia forestal controla y supervisa el uso de las autorizaciones de aprovechamientos a través de inspecciones, reconocimientos y comprobaciones.
Artículo 41. Autorización de aprovechamientos maderables y leñosos.-1. Para la realización de aprovechamientos maderables y leñosos será precisa autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal, de conformidad con los siguientes requisitos, y sin perjuicio de su desarrollo reglamentario:
a) En el caso de estar aprobado el instrumento de ordenación del monte, el titular que pretenda efectuar un aprovechamiento maderable o leñoso lo comunicará previamente a la Consejería competente en materia forestal, al objeto de que por la misma se compruebe su conformidad con lo previsto en dicho instrumento de gestión. La Consejería deberá resolver motivadamente sobre la solicitud dentro de los quince días siguientes al del registro de la solicitud, que se entenderá estimada si no se dicta resolución expresa en el referido plazo.
b) En el caso de que no esté aprobado el instrumento de ordenación del monte, el titular que pretenda efectuar un aprovechamiento maderable o leñoso solicitará previa autorización de la Consejería competente en materia forestal, la cual resolverá motivadamente dentro de los quince días siguientes al del registro de la solicitud, que se entenderá estimada si no se dicta resolución expresa en el referido plazo.
c) Los aprovechamientos maderables y leñosos que no tengan finalidad comercial o sean para destino doméstico no podrán en ningún caso superar los 10 m3 anuales por propietario y no precisarán autorización alguna. El titular del monte que vaya a efectuar el aprovechamiento lo pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia forestal con una antelación mínima de dos días a aquel en el que se realice el aprovechamiento. La comunicación deberá indicar como mínimo la situación de la finca y el número de árboles, especie y volumen aproximado objeto del aprovechamiento.
Artículo 42. Autorizaciones para cambios de uso y roturaciones del suelo.-1. Requerirán en todos los casos autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal los cambios de uso de los montes para cultivos agrícolas, u otros usos forestales, incluida la sustitución de las especies o el incremento en más del doble del número de individuos de alguna de ellas, así como la roturación de los suelos y cualquier otra actuación que suponga alteración de sus perfiles.
Artículo 43. Aprovechamiento de pastos.-1. El aprovechamiento de los pastos incluidos en los montes se efectuará, atendiendo preferentemente las necesidades de los vecinos con derecho a aprovechamiento en caso de que los hubiese, con el cuidado preciso para no dañar el medio forestal o la capa vegetal ni degradar el suelo. Los pastos comunales deberán estar registrados, disponer de ordenanzas de aprovechamiento y todos los animales que aprovechen dichos pastos serán de explotaciones con la misma calificación sanitaria.
Artículo 44. Otros aprovechamientos no maderables.-Reglamentariamente, la Consejería competente en materia forestal regulará los términos en los que pueden autorizarse y regularse otros aprovechamientos no maderables.
Artículo 45. Aprovechamientos comunales.-1. Los rendimientos de los montes cuyo aprovechamiento consuetudinariamente tenga carácter comunal serán distribuidos directamente entre los vecinos con derecho a los mismos. La distribución se hará directamente por la entidad titular.
Artículo 46. Determinación de los aprovechamientos comunales.-1. De acuerdo con las previsiones contenidas en los instrumentos a que hacen referencia los artículos 27 a 37 de esta Ley en los montes objeto de convenio a que se refiere el artículo 78 y en función de las posibilidades económicas y presupuestarias, la Consejería competente en materia forestal podrá establecer el procedimiento y las condiciones que permitan adelantar a cuenta y periódicamente a los vecinos con derecho a los aprovechamientos comunales un porcentaje de los previsibles ingresos a obtener en la venta de los aprovechamientos forestales.
Artículo 47. Otras actividades.-1. La Consejería competente en materia forestal regulará la actividad recreativa, educativa y deportiva en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública atendiendo a los principios de conservación y sostenibilidad. Cuando tales actividades se ubiquen en espacios naturales protegidos se estará a lo dispuesto en el Plan rector de uso y gestión.
Artículo 48. Usos prohibidos.-Quedan prohibidos, salvo expresa autorización de la Consejería competente en materia forestal y sin perjuicio de otras autorizaciones necesarias según la legislación sectorial aplicable en cada caso:
a) Las acciones que impidan o limiten el normal comportamiento de las especies protegidas.
b) La recogida de productos sometidos a autorización y de material vegetal, mineral o de ejemplares de la fauna de los montes, salvo que se trate de muestras con fines científicos.
c) El abandono de escombros, residuos o desechos de cualquier tipo o naturaleza.
d) El uso de aquellos elementos productores de ruido, ajenos a la actividad agraria, que puedan alterar los hábitos del ganado o de la fauna silvestre.
e) Las actividades motorizadas, ajenas a la actividad agroforestal, excepto en los circuitos o viales expresamente autorizados.
f) Las acampadas, excepto en los lugares expresamente previstos.
g) La publicidad estática.
h) La actividad comercial ambulante.
Artículo 49. Usos autorizables en el dominio público forestal.-1. La Consejería competente en materia forestal podrá dar carácter público, respecto de los montes demaniales, a aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 37, 39, y 40 de esta Ley.
Artículo 50. Medidas de conservación.-1. Los instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística o en la relativa a la ordenación territorial incorporarán las medidas que resulten necesarias para la conservación en sus ámbitos territoriales de los montes, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos de planificación forestal.
Gravámenes, servidumbres y ocupaciones temporales
Artículo 51. Declaración de incompatibilidad.-1. La Consejería competente en materia forestal está facultada para declarar la incompatibilidad de un gravamen establecido en un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores.
Artículo 52. Servidumbres y ocupaciones temporales de interés público.-1. Por razones de interés público, y en los casos de concesiones administrativas, se podrán autorizar servidumbres y ocupaciones temporales en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y en los gestionados por la Consejería competente en materia forestal.
Artículo 53. Servidumbres y ocupaciones temporales de interés particular.-1. En función del interés particular la Consejería competente en materia forestal, de acuerdo con los criterios de preferencia establecidos en los instrumentos de planificación, podrá autorizar, mediante acto administrativo suficientemente motivado, el establecimiento de servidumbres u ocupaciones temporales en montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública cuando se justifique su compatibilidad con su utilidad y con los instrumentos que los ordenan, y siempre que medie consentimiento del titular que figure en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
3. En el caso de que la ocupación o servidumbre se pretenda localizar en espacio de bosque, el promotor deberá justificar, además de la citada compatibilidad, la imposibilidad de localizarla sobre otro terreno que no ostente tal calificación. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 de esta Ley.
Artículo 54. Canon de ocupación.-1. Toda ocupación o servidumbre supondrá el abono a la entidad propietaria del monte de un canon actualizable acorde con los perjuicios que aquéllas ocasionen o con los ingresos que puedan proporcionar a su promotor, y que será fijado por la Consejería competente en materia forestal. Se considerará uno u otro criterio en atención al mayor beneficio que obtenga el titular del monte.
Artículo 55. Mejoras y fondo de mejoras.-1. Previo informe de las entidades propietarias, las cuales darán audiencia a los titulares de los derechos de aprovechamientos, la Consejería competente en materia forestal podrá aprobar Planes de mejoras para los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores y los gestionados por ella.
Aumento del patrimonio forestal público y unidades mínimas de actuación forestal
Artículo 56. Adquisiciones de montes.-1. El Principado de Asturias procurará incrementar su propiedad forestal adquiriendo los montes o los derechos sobre los mismos que más adecuadamente puedan servir al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, utilizando a tal fin, y según lo demanden las circunstancias, la compraventa, permuta, expropiación, donación, herencia o legado, así como el ejercicio de los derechos de tanteo o retracto, los convenios urbanísticos o cualquier otro medio admitido en derecho.
a) De montes de superficie superior a diez hectáreas.
b) De montes clasificados como protectores conforme a lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
Artículo 57. Unidad mínima de actuación forestal y límite a la segregación de montes.-1. La unidad mínima de actuación forestal es de diez hectáreas, sin perjuicio de lo previsto en la Segunda de esta Ley.
Artículo 58. Agrupación de montes.-La Consejería competente en materia forestal fomentará la agrupación de montes, públicos o privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión integrada mediante instrumentos de gestión forestal que asocien a pequeños propietarios.
Artículo 59. Medidas de prevención y lucha contra incendios.-1. Corresponden a la Consejería competente en materia forestal la planificación, coordinación y ejecución de las medidas y acciones necesarias para la prevención contra los incendios forestales en colaboración con las demás Administraciones Públicas y los particulares, y sin perjuicio y en el marco de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 9/2001, de 15 de octubre, de creación de la entidad pública «Bomberos del Principado de Asturias».
3. Reglamentariamente se regulará en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, y se establecerán normas de seguridad aplicables a las urbanizaciones, otras edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus inmediaciones, que puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por éstos. Asimismo, se podrán establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lo haga necesario.
Artículo 60. Organización de la extinción de los incendios forestales.-1. Para la extinción de cada incendio, salvo en aquellos que se juzgue innecesario por su pequeña entidad, se establecerá un mando unificado y estructurado por funciones, basado en los objetivos de eficacia y seguridad. El director técnico de la extinción será un profesional que haya recibido formación acreditada específica sobre comportamiento del fuego forestal y técnicas adecuadas para su extinción.
Artículo 61. Trabajos de extinción.-1. En los trabajos de extinción de incendios forestales, el director técnico de la operación tiene la condición de agente de la autoridad y podrá movilizar medios públicos y privados para actuar en la extinción de acuerdo con un Plan de operaciones. Asimismo, podrá disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los propietarios respectivos, la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas, la circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros o cercas, la utilización de aguas, la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema anticipada mediante la aplicación de contrafuegos, en zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, pueden ser consumidas por el incendio. La autoridad local podrá movilizar medios públicos o privados adicionales para actuar en la extinción, según el Plan de operación del director técnico.
Artículo 62. Zonas de alto riesgo de incendio.-1. Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente.
Artículo 63. Obligación de aviso.-Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio.
Artículo 64. Uso de fuego y quema de rastrojos.-1. Como medida de precaución se prohíbe el uso del fuego en los montes a que se refiere esta Ley, salvo para las actividades y en las condiciones, períodos o zonas autorizadas por la Consejería competente en materia forestal de acuerdo con lo que establezca el desarrollo reglamentario de esta Ley.
Artículo 65. Deberes de restauración.-1. Es obligación de los propietarios de montes la ejecución de las medidas tendentes a la restauración de la cubierta vegetal que resulte dañada por los incendios forestales, incluida la reforestación cuando la regeneración natural no sea posible a corto plazo. En caso de incumplimiento, la Consejería competente en materia forestal podrá actuar de forma subsidiaria, ejecutando la restauración a costa del obligado.
Artículo 66. Limitaciones de actividades.-1. No podrán cortarse ni enajenarse maderas resultantes de incendios forestales sin expresa autorización de la Consejería competente en materia forestal.
Artículo 67. Deber de protección.-En el marco de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, los montes deberán ser protegidos contra las plagas y enfermedades que pongan en peligro la supervivencia, el buen estado de conservación de las masas forestales o el cumplimiento de sus funciones protectoras, productoras o recreativas.
Artículo 68. Funciones de vigilancia y prevención.-1. La Consejería competente en materia forestal ejercerá funciones de vigilancia, prevención y estudio de las plagas y, en general, de las enfermedades forestales, en especial respecto de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y los montes incluidos en el Registro de Montes Protectores. A tal efecto, prestará a las entidades públicas o sujetos particulares el asesoramiento técnico preciso, pudiendo formalizarse además los convenios o acuerdos que se estimen pertinentes.
Artículo 69. Deberes de colaboración.-1. Los propietarios, públicos o privados, de montes quedan obligados a poner en conocimiento de la Consejería competente en materia forestal la aparición de enfermedades o plagas, así como a poner en práctica las medidas fitosanitarias obligatorias que se establezcan como consecuencia de la declaración de existencia de una plaga, incluida la destrucción de productos forestales por corta, arranque, quema o cualquier otro método, debiendo estarse a lo que sobre indemnizaciones en la lucha obligatoria contra plagas establece el artículo 21 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, cuando las medidas establecidas para la lucha contra una plaga supongan la destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas.
Artículo 70. Obligación de tratamientos fitosanitarios.-1. La Consejería competente en materia forestal, previa delimitación de la zona afectada y del agente nocivo, podrá declarar obligatoria la puesta en práctica de los tratamientos fitosanitarios que estime adecuados contra la enfermedad o plaga.
2. Los propietarios, públicos o privados, de los espacios afectados efectuarán los trabajos ordenados, acogiéndose, en su caso, a las ayudas que pudieran al efecto establecerse. En caso contrario, la Consejería competente en materia forestal actuará subsidiariamente por cuenta y a costa del obligado.
Artículo 71. Uso de plaguicidas.-1. La Consejería competente en materia forestal, con el fin de evitar los efectos de los plaguicidas, promoverá su uso selectivo y, en todo caso, acordará las oportunas medidas preventivas de defensa fitosanitaria.
Artículo 72. Controles fitosanitarios.-1. Con el fin de evitar la propagación de plagas o enfermedades, los viveros o aquellas instalaciones destinadas a la producción o comercialización de plantas con destino forestal u ornamental quedarán sometidos a control fitosanitario por la Consejería competente en materia forestal, constituyendo obligación de sus propietarios la adopción de aquellas medidas imprescindibles para el mantenimiento del adecuado estado fitosanitario del material vegetal.
Artículo 73. Declaración de zona libre de plagas.-Cuando en un monte de los incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, y respecto a una o varias plagas de cuarentena, se conozca que no son endémicas ni están establecidas, la Consejería competente en materia forestal podrá instar de la Administración General del Estado que proponga a la Unión Europea la declaración de dicha zona como libre de estas plagas en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.
Artículo 74. La restauración hidrológico-forestal.-1. Sin perjuicio de las competencias concurrentes de otras Administraciones Públicas, así como de las estipulaciones del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal previsto en el artículo 41 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, corresponde a la Consejería competente en materia forestal la restauración hidrológico-forestal.
a) La restauración de la cubierta vegetal y, en su caso, las actuaciones de defensa y mejora de la cubierta vegetal existente.
b) La realización de obras de hidrología para la consolidación de cauces y laderas, regulación de escorrentías y contención de sedimentos.
Artículo 75. Solicitud de declaración de interés general de actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico.-En los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Administración del Principado de Asturias podrá solicitar del Ministerio de Medio Ambiente la declaración de interés general para actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico.
Fomento de la reforestación e industrias forestales
Artículo 76. Fomento de la reforestación.-1. Sin perjuicio de las competencias concurrentes de otras Administraciones Públicas, la Consejería competente en materia forestal del Principado de Asturias fomentará la reforestación de espacios desarbolados, considerándose prioritarias las zonas que hayan sufrido incendios. La reforestación podrá ser declarada obligatoria en los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Gobierno.
2. Antes de proceder a la repoblación parcial o total de un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o de los que se refiere el artículo 78 el territorio que éste ocupe habrá de clasificarse según sus aprovechamientos, que, como mínimo, serán los forestales y ganaderos. Tal clasificación deberá contar con la aprobación del propietario del monte y en su caso con la de los titulares del derecho de aprovechamiento.
Artículo 77. Proyecto técnico.-Los trabajos de reforestación que realicen los titulares públicos o privados de los montes cualquiera que sea su titularidad o naturaleza, así como los de los terrenos agrícolas que se reforesten, en superficies superiores a diez hectáreas, requerirán la aprobación de un proyecto técnico, cuya ejecución quedará sujeta a la inspección de la Consejería competente en materia forestal.
Artículo 78. Convenios de reforestación.-1. Los propietarios, públicos o privados, de montes podrán formalizar convenios de reforestación, mejora y conservación con la Consejería competente en materia forestal, pudiendo constituirse a tal efecto un derecho real a favor de la Administración sobre las cubiertas vegetales creadas o a conservar y cuyo clausulado le facultaría para actuar en el espacio y realizar en él los aprovechamientos pertinentes. Dicho convenio no podrá afectar a las forestaciones con especies con turnos inferiores a quince años.
c) Aquellas otras que reglamentariamente fije la Comunidad Autónoma.
Artículo 79. Industrias forestales.-La Administración del Principado de Asturias podrá promover, a propuesta de las Consejerías competentes:
a) La instalación, mejora y reestructuración de las industrias de primera y segunda transformación de los productos forestales.
b) El estímulo de las relaciones interprofesionales entre los sectores de producción forestal y la industria transformadora.
c) La apertura de líneas de crédito y de ayudas para la mejora de las industrias transformadoras y de comercialización de productos de origen forestal.
Artículo 80. Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales.-1. La Consejería competente en materia forestal llevará, en los términos que reglamentariamente se establezcan, un Registro de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales, tanto de las empresas que realizan trabajos forestales en los montes como de las industrias forestales, incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel y corcho, manteniendo informada a la Administración General del Estado sobre dicho registro.
Investigación científica y tecnológica, formación y educación forestal
Artículo 81. Investigación científica y tecnológica.-1. Sin perjuicio de lo establecido en los
Art. 56. Redes temáticas, parcelas de seguimiento y áreas de reserva
Art. 55. Investigación forestal
artículos 55 y 56 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la Consejería competente en materia forestal promoverá el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en materia forestal y fomentará la realización de estudios experimentales y de investigación tendentes a un mejor conocimiento de las técnicas a aplicar en materia forestal.
Artículo 82. Formación y divulgación forestal.-1. Con el fin de contribuir al desarrollo y promoción de los aspectos sociolaborales del sector forestal y al fomento del empleo, con especial atención a las poblaciones rurales, el Principado de Asturias, en colaboración con otras Administraciones Públicas y con los agentes sociales representativos, promoverá la elaboración de Planes de formación y empleo del sector forestal, incluyendo medidas relativas a la prevención de riesgos laborales.
2. Asimismo, el Principado de Asturias, en colaboración con otras Administraciones Públicas y con los agentes sociales representativos, promoverá el establecimiento de programas de divulgación orientados a concienciar al conjunto de la sociedad de la importancia de la existencia de los montes y de sus productos como recursos naturales renovables, así como de su gestión sostenible.
Artículo 83. Educación forestal.-El Principado de Asturias promoverá programas de educación, divulgación y sensibilización relativos a los objetivos de esta Ley, que estarán dirigidos a los integrantes del sistema educativo.
Artículo 84. Fines preferentes.-1. Serán objeto de atención preferente por parte de la Consejería competente en materia forestal:
a) El aumento de la superficie forestal y la restauración de los bosques afectados por incendios u otras catástrofes, así como la construcción de infraestructuras de defensa contra las mismas.
b) Los trabajos de corrección hidrológico-forestal.
c) La defensa contra plagas y enfermedades forestales.
d) La producción maderera, la investigación forestal y la comercialización y transformación de los productos de los montes.
e) Los trabajos de mejora silvícola, de los pastos o de las condiciones cinegéticas.
f) Las actuaciones destinadas a ampliar y mejorar el uso recreativo de los montes.
g) La elaboración de los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos previstos en el artículo 36 de esta Ley.
h) Las actuaciones en materia de formación y educación forestal.
i) La mejora genética y la conservación de los recursos genéticos forestales.
j) La cooperación entre los propietarios forestales a fin de lograr unidades de gestión suficientemente amplias.
a) Las que se ajusten a las directrices del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias o en él sean consideradas preferentes.
b) Las que recaigan sobre propietarios de montes sometidos a limitaciones específicas o en los que exista peligro de incendios.
c) Las que tiendan a la creación de empleo en el medio rural.
Artículo 85. Ayudas.-1. Las ayudas podrán adoptar algunas de las modalidades siguientes:
c) Exenciones fiscales de los tributos propios de la Administración del Principado de Asturias.
d) Asesoramiento, ayuda técnica o ejecución de los trabajos a cargo, total o parcial, de la Consejería competente en materia forestal.
e) Cualesquiera otros establecidos por las normas vigentes.
f) De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, la Consejería competente en materia forestal fomentará la creación de líneas de crédito bonificadas para financiar las inversiones forestales. Estos créditos podrán ser compatibles con las subvenciones e incentivos.
a) Los propietarios de montes, sean públicos o privados.
b) Los titulares de derechos de uso y disfrute.
c) Quienes sean parte de los convenios o acuerdos a que se refiere la presente Ley.
Artículo 86. Seguro de Incendios Forestales.-Los propietarios que suscriban el Seguro de Incendios Forestales en el marco de lo previsto en la legislación estatal, tendrán prioridad para acogerse a las ayudas previstas en el artículo 85 de esta Ley.
Artículo 87. Incentivos por las externalidades ambientales.-1. Reglamentariamente se regularán los procedimientos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados.
Artículo 88. Fundaciones y asociaciones de carácter forestal.-El Principado de Asturias promoverá las fundaciones, asociaciones y cooperativas de iniciativa social, existentes o de nueva creación, que tengan por objeto las materias que se tratan en esta Ley y, en particular, la gestión sostenible y multifuncional de los montes, y que puedan colaborar con la Administración en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 89. Potestad sancionadora.-1. La Consejería competente en materia forestal inspeccionará el ejercicio y desarrollo de las actividades sometidas a la presente Ley y ejercerá la potestad sancionadora, en los términos en ella establecidos.
a) Infracciones muy graves.
c) Infracciones leves.
Artículo 90. Infracciones muy graves.-1. Son infracciones muy graves:
a) La variación no autorizada de uso o cultivo de los montes o la roturación de los mismos, así como la plantación de especies no autorizadas cuando se vieran afectados terrenos poblados de especies protegidas.
b) El uso de plaguicidas no permitidos y la aplicación excesiva o inadecuada de los admitidos, cuando la superficie afectada sea igual o superior a cinco hectáreas.
c) La utilización de montes de forma tan intensiva o inconveniente que provoque o acelere la degradación del suelo o de la capa vegetal, cuando tal uso afecte a una superficie igual o superior a diez hectáreas.
d) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal, realizadas sin autorización o fuera de la época hábil, así como la inutilización de especies forestales arbóreas o arbustivas, realizadas en terrenos de propiedad de particulares y cuando la cuantía de lo aprovechado sea igual o superior a mil quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido o de quinientos metros cúbicos en el caso de las de crecimiento lento. En el supuesto de que se trate de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el párrafo anterior tendrán la consideración de infracciones muy graves cuando la cuantía de lo aprovechado sea igual o superior a quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de crecimiento rápido o lento.
e) Las cortas, talas, desenraizamiento, venta de madera quemada procedente de incendio forestal o inutilización de especies forestales protegidas cuando el número de las afectadas sea superior a cien unidades de porte arbóreo o cuatrocientas de porte arbustivo.
f) Los aprovechamientos sin autorización, en montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública o que hayan sido objeto de convenio, de piedras, zahorra, grava, arena, turba u otros productos análogos superiores a dos mil quinientos metros cúbicos.
g) La quema efectuada con infracción de su normativa reguladora, o sin autorización de la Consejería competente en materia forestal, dentro del perímetro del monte arbolado.
h) La alteración de hitos, señales o mojones que sirvan para delimitar los montes públicos cuando se impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.
a) El incumplimiento de las medidas cautelares obligatorias destinadas a la conservación de los montes.
b) La inobservancia de las reglas destinadas a la prevención o extinción de incendios forestales, así como de lucha contra la erosión, las plagas y las enfermedades forestales.
c) El cercado, rompimiento de cercas establecidas y cualquier otra forma de ocupación temporal o permanente sin contar con autorización.
d) El incumplimiento del deber de repoblar o restaurar los montes incendiados dentro del plazo establecido o su adscripción a fines o actividades distintas a las que hubieren tenido con anterioridad a la producción del incendio forestal.
e) El incumplimiento de las condiciones específicas señaladas en los aprovechamientos.
f) La realización sin autorización de vertidos sólidos o líquidos, así como el abandono de material y residuos en los montes.
g) El pastoreo o permanencia de reses en montes sin autorización cuando tal requisito fuera preceptivo o realizado en zonas o épocas acotadas o en contravención de los Planes de aprovechamiento o de las ordenanzas.
h) La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente concesión o autorización para aquellos usos que la requieran.
i) El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, lugares o para actividades no autorizadas.
j) La forestación o reforestación con materiales de reproducción expresamente prohibidos.
k) La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su caso, notificación del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.
l) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra cuando no esté prevista en los correspondientes Proyectos de Ordenación o, en su caso, en el Plan de Ordenación de Recursos Forestales del Principado de Asturias, o sin estar expresamente autorizada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma.
m) El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición expresa en tal sentido.
n) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de los particulares.
ñ) El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley.
Artículo 91. Infracciones graves.-1. Son infracciones graves:
a) La variación no autorizada de uso o cultivo de montes, así como la plantación de especies no autorizadas que afecten a más de diez hectáreas y con independencia de la superficie afectada cuando se roturen los terrenos.
b) El uso de plaguicidas no permitidos o la aplicación extensiva o inadecuada de los permitidos en montes cuando la superficie afectada sea inferior a cinco hectáreas.
c) La utilización de montes en forma que provoque la degradación del suelo o de la capa vegetal, cuando el uso afecte a una superficie inferior a diez hectáreas.
d) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal realizados sin autorización o fuera del período hábil, así como la inutilización de especies forestales, arbóreas o arbustivas, realizadas en propiedades particulares y cuando el volumen de los productos forestales afectados sea igual o superior a quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido y cien metros cúbicos en especies de crecimiento lento, y no exceda de mil quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido y de quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento lento. En montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el apartado anterior, cuando afecten a productos forestales cuyo volumen sea igual o superior a cien metros cúbicos y no exceda de quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de crecimiento rápido o lento.
e) Las cortas, talas, desenraizamientos, venta de madera quemada procedente de incendio forestal o inutilización de especies forestales protegidas, cuando el número de las afectadas sea inferior a cien unidades y superior a diez, tratándose de especies de porte arbóreo. En el caso de especies de porte arbustivo, cuando afecte a un número inferior a cuatrocientas unidades y superior a cuarenta.
f) Los aprovechamientos sin autorización en montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública u objeto de convenio de piedras, zahorra, grava, arena, turba u otros productos análogos que afecten a un volumen superior a cien metros cúbicos y no exceda de dos mil quinientos metros cúbicos, así como el aprovechamiento de leñas que excedan de cien metros cúbicos o estéreos.
g) El pastoreo o permanencia de ganado en las zonas acotadas al mismo por causa de un incendio.
h) El pastoreo o permanencia de ganado carente de saneamiento, o sin identificar, en montes cualquiera que sea su titularidad o naturaleza.
i) La obstrucción de la actividad inspectora, de investigación y de control de la Consejería competente en materia forestal, así como la resistencia a su autoridad.
j) La quema efectuada con infracción de su normativa reguladora, o sin autorización de la Consejería competente en materia forestal, dentro del terreno de monte no arbolado.
k) La alteración de hitos, señales o mojones que sirvan para delimitar los montes públicos cuando no se impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.
a) La inhibición por parte de los obligados en la ejecución de las acciones o inversiones previstas en la presente Ley.
b) El incumplimiento de las disposiciones dictadas para la prevención o extinción de incendios forestales, así como de lucha contra la erosión, las plagas y las enfermedades forestales.
c) El cercado, rompimiento de cercas establecidas por el titular del monte y cualquier otra forma de ocupación temporal o permanente no autorizada.
d) El incumplimiento del deber de repoblar o restaurar los montes que hubiesen sido objeto de incendio dentro de los plazos al efecto establecidos, así como su adscripción a fines o actividades distintas a las que hubieren tenido con anterioridad a la producción del incendio.
e) El incumplimiento de las condiciones específicas establecidas en los aprovechamientos.
l) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra cuando no esté prevista en los correspondientes Proyectos de Ordenación o Planes dasocráticos de montes o, en su caso, PORF, o sin estar expresamente autorizada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma.
Artículo 92. Infracciones leves.-1. Son infracciones leves:
a) La variación no autorizada de uso o cultivo de los montes, así como la plantación de especies no autorizadas que afecten a una superficie inferior a diez hectáreas siempre que no se produzca la roturación del terreno.
b) La corta, tala, desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal realizados sin autorización o fuera del período hábil, así como la inutilización de especies forestales, arbóreas o arbustivas, realizadas en propiedad de particulares, cuando el volumen de los productos forestales aprovechados sea inferior a quinientos metros cúbicos tratándose de especies de crecimiento rápido y en el caso de especies de crecimiento lento el volumen de productos afectados sea inferior a cien metros cúbicos. En montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas a que se refiere el apartado anterior, cuando afecten a productos forestales cuyo volumen sea inferior a cien metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de crecimiento rápido o lento.
c) Las cortas, talas, desenraizamientos, venta de madera quemada procedente de incendio forestal o inutilización de especies forestales protegidas, cuando el número de las afectadas sea inferior a diez unidades tratándose de especies de porte arbóreo o de cuarenta unidades de porte arbustivo.
d) La poda de especies forestales, el desbroce u otras tareas silvícolas incluidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, realizadas sin autorización o contraviniendo los Planes Anuales de aprovechamiento.
e) Los aprovechamientos sin autorización en montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública u objeto de convenio de piedras, zahorra, grava, arena, turba u otros productos análogos que afecten a un volumen de los mismos que no exceda de cien metros cúbicos, así como el aprovechamiento de leñas que no excedan de cien metros cúbicos o estéreos.
f) Cualquier incumplimiento de las condiciones señaladas en las autorizaciones de aprovechamiento no descritas en los artículos anteriores, así como los aprovechamientos forestales realizados por personas que no reúnan los requisitos legales.
g) La ausencia de comunicación o la negligencia de los propietarios en denunciar a la Consejería competente en materia forestal la existencia de plagas o enfermedades que afecten a los montes.
h) Las quemas con infracción de su normativa reguladora, o sin autorización de la Consejería competente en materia forestal, en la franja de cien metros colindante con el perímetro del monte.
i) El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de los particulares.
a) La inhibición por parte de los obligados en la ejecución de las acciones o inversiones previstas en esta Ley.
b) El cercado, rompimiento de las cercas establecidas por el titular del espacio y cualquier otra forma de ocupación temporal o permanente de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, sin contar con autorización.
c) El incumplimiento del deber de repoblar o restaurar los montes que hubiesen sido objeto de incendio dentro de los plazos al efecto establecidos, así como su adscripción a fines o actividades distintas a las que hubieren tenido con anterioridad a la producción del incendio.
Artículo 93. Sujetos responsables.-1. Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas siguientes:
a) Las que directamente realicen la actividad infractora o las que ordenen dicha actividad cuando el ejecutor tenga con aquéllas una relación laboral, estatutaria o cualquier otra de hecho o de derecho, siempre que se demuestre su dependencia del ordenante.
b) Con carácter subsidiario las personas que, de acuerdo con los estatutos o escritura social, sean titulares, promotores o explotadores de la actividad o proyecto del que se derive la infracción.
c) Los concesionarios del dominio público o servicio público en los términos de los apartados anteriores.
Artículo 94. Sanciones pecuniarias.-1. Las infracciones leves serán castigadas con multas de cuantía comprendida entre 100 a 1.000 euros. Las infracciones graves con multas de cuantía comprendida entre 1.001 a 100.000 euros. Las muy graves con multas de cuantía comprendida entre 100.001 a 1.000.000 de euros.
Artículo 95. Sanciones accesorias.-En función de la gravedad o trascendencia de la infracción se podrán aplicar las siguientes sanciones con carácter accesorio:
a) Suspensión temporal de actividades o instalaciones causantes del daño hasta la puesta en práctica de las medidas correctoras.
b) Clausura definitiva total o parcial de las actividades o instalaciones.
c) Revocación de licencia o caducidad del título habilitante para el ejercicio de actividades causantes de la infracción.
d) Decomiso de los productos obtenidos y aprehensión del ganado, así como de los instrumentos y medios utilizados en la comisión de la infracción.
e) Pérdida de las ayudas y subvenciones de que se haya beneficiado el infractor, así como devolución de las cantidades que hubiera percibido.
Artículo 96. Indemnización de daños y perjuicios.-1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público forestal.
Artículo 97. Prescripción de las infracciones y sanciones.-1. Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las graves a los tres y las leves al año.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere cometido. En el caso de infracciones de tracto continuo, comenzará a contarse desde el momento que hubieran concluido los actos constitutivos de la misma o hubiesen sido autorizados.
Artículo 98. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.-1. El procedimiento administrativo sancionador se acomodará al régimen sancionador general establecido para la Administración del Principado de Asturias.
2. La Consejería competente en materia forestal podrá adoptar las medidas de carácter provisional que estime necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar la continuidad del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora. Al inicio del procedimiento y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, la Consejería competente en materia forestal deberá ratificar tales medidas. Asimismo, podrá imponer nuevas medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Artículo 99. Determinación de las competencias.-La competencia para el inicio de los procedimientos sancionadores corresponde al titular de la Dirección General competente en materia de montes. La competencia para la resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones que se califiquen como leves o graves corresponderá al titular de la Dirección General competente en materia de montes, y las muy graves al titular de la Consejería competente en materia forestal.
Artículo 100. Reducción de la sanción.-Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando el infractor haya procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
Artículo 101. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.-1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de esta Ley y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, la Administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.
Artículo 102. Concepto.-Son montes vecinales en mano común los que, con independencia de su origen, sus posibilidades productivas y su vocación agraria, pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas, y se vengan aprovechando consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación de cuotas por los miembros de aquéllas en su condición de vecinos.
Artículo 103. Características.-Los montes vecinales en mano común son bienes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables, no estando sujetos a ninguna contribución de base territorial ni a la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria.
Artículo 104. Comunidad privada.-1. La propiedad de los montes vecinales en mano común es de naturaleza privada, correspondiendo su titularidad dominical y aprovechamiento, sin asignación de cuotas, al conjunto de los vecinos titulares de unidades económicas, con «casa abierta con humos» o residencia habitual en las entidades de población a las que tradicionalmente hubiese estado adscrito su aprovechamiento.
2. Los estatutos, en la forma prevista en el artículo 113 de esta Ley regularán quién ha de representar a cada «casa abierta con humos» en todo lo concerniente al monte, así como la forma de acreditar esa representación. En su defecto, la comunidad vecinal se entenderá válidamente con quien designen expresamente los miembros mayores de edad de cada familia o, si no lo hicieren, con quien asuma de hecho la dirección de la explotación familiar en cada casa.
Artículo 105. Capacidad jurídica.-1. La comunidad de vecinos propietaria de un monte vecinal en mano común tendrá plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y la defensa de sus derechos, sobre el monte y sus aprovechamientos, así como sobre su administración y disposición, en los términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 106. Clasificación.-La clasificación como monte vecinal en mano común de los terrenos a que se refiere el artículo 102 de esta Ley se llevará a cabo por el Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias, en la forma prevista en esta Ley y normativa que la desarrolle.
Artículo 107. Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias.-1. El Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias tendrá la siguiente composición:
a) Presidente: El titular de la Consejería competente en materia forestal.
b) Vicepresidente: El titular de la Dirección General competente en materia de montes.
c) Vocales: Un letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, un abogado designado por el Colegio Profesional, un técnico de la Consejería competente en materia forestal designado por su titular, un representante de las comunidades de montes vecinales en mano común elegido por las mismas y dos representantes de la comunidad propietaria en cada caso implicada.
d) Secretario: Un funcionario de la Consejería competente en materia forestal, designado por su titular.
Artículo 108. Procedimiento de clasificación.-1. Los expedientes de clasificación de montes vecinales en mano común se iniciarán de oficio por el Jurado de Clasificación o a instancia de cualquier vecino, de la Consejería competente en materia forestal, de las comunidades vecinales afectadas o del Ayuntamiento donde esté comprendido el monte.
Artículo 109. Impugnación de las resoluciones del Jurado de Clasificación.-Las resoluciones del Jurado de Clasificación, que agotan la vía administrativa, podrán ser, con carácter potestativo, objeto de recurso de reposición ante el propio Jurado, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley reguladora de esta jurisdicción.
Artículo 110. Resolución de clasificación.-1. La resolución firme de clasificación de un monte como vecinal en mano común habrá de contener los requisitos necesarios para su inmatriculación en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria y vendrá acompañada de planimetría suficiente que permita la identificación del monte.
a) Atribuir la propiedad a la comunidad vecinal correspondiente en tanto no exista sentencia firme en contra, dictada por el orden jurisdiccional civil.
b) Servir de título inmatriculador suficiente para la inscripción del monte en el Registro de la Propiedad y para excluirlo del Catálogo de Montes de Utilidad Pública o del Inventario de Bienes Municipales si figurase en ellos, así como para resolver sobre las inscripciones total o parcialmente contradictorias que resulten afectadas. Si la certificación para la inmatriculación del monte estuviese en contradicción con algún asiento no cancelado, se procederá en la forma prevista en la legislación hipotecaria.
Artículo 111. La Asamblea General de Comuneros.-1. La Asamblea General, de la que forman parte todos los comuneros, es el órgano supremo de expresión de la voluntad de la comunidad vecinal.
Artículo 112. La Junta Rectora.-1. La Junta Rectora es el órgano de gobierno, gestión y representación de la comunidad. Estará compuesta por un presidente y el número de vocales que señalen los estatutos, sin que en ningún caso puedan ser menos de dos. La Junta Rectora será elegida por la Asamblea General por un período máximo de cuatro años.
Artículo 113. Estatutos de la comunidad.-1. La comunidad de vecinos propietaria redactará y aprobará los estatutos, que habrán de recoger los usos y costumbres por los que se venía rigiendo la comunidad y las previsiones de esta Ley y contendrán como mínimo los siguientes extremos:
a) La atribución de la condición de comunero.
b) La representación por casa, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley y la delegación entre comuneros.
e) Las obligaciones de los comuneros en cuanto a custodia, defensa y conservación del monte.
g) El porcentaje de reserva en rendimientos económicos para inversiones en mejoras y protección del monte.
Artículo 114. Defensa de los intereses comunales.-Cualquier comunero podrá defender los intereses de la comunidad debiendo serle reintegrados los gastos que le ocasione tal defensa, siempre que prosperen sus pretensiones o los mismos sean aprobados ulteriormente por la Asamblea General.
Artículo 115. Acuerdos con mayorías cualificadas.-1. La aprobación, reforma o revocación de los estatutos, así como los acuerdos referidos a actos de disposición corresponden a la Asamblea General, requiriendo la convocatoria expresa y el voto favorable de la mayoría de los presentes que represente al menos el cincuenta por ciento del censo de comuneros en primera convocatoria y el treinta por ciento en segunda.
Artículo 116. Administración provisional.-1. Mientras no existan órganos de gobierno, ejercerá las facultades que a éstos correspondan una Junta provisional compuesta, como mínimo, por un presidente y dos vocales, elegidos de entre los comuneros y por éstos, dando cuenta de su composición al Registro General de Montes Vecinales en Mano Común.
Aprovechamientos y derechos
Artículo 117. Aprovechamiento y disfrute.-1. El aprovechamiento y disfrute de los montes vecinales en mano común corresponde exclusivamente a la comunidad titular y se hará según las normas recogidas en sus estatutos, en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen, y en la normativa del Principado de Asturias reguladora de la ordenación agraria y del desarrollo rural.
Artículo 118. Aprovechamientos mediante lotes y suertes.-1. La comunidad de vecinos propietaria podrá acordar para usos ganaderos, agrícolas o forestales que parte del monte se pueda aprovechar de forma individual mediante la distribución entre los vecinos comuneros de lotes, suertes o parcelas cedidos temporalmente a título oneroso o gratuito y por períodos no superiores a los once años o para usos forestales por un plazo máximo de un turno de corta. En la asignación de lotes se procurará que comuneros que trabajen conjuntamente bajo la fórmula de explotación comunitaria de la tierra tengan los lotes contiguos.
Artículo 119. Reserva de rendimientos.-De todos los rendimientos económicos que se puedan derivar de los aprovechamientos se reservará una cantidad, a fijar en los estatutos, y en todo caso nunca inferior al quince por ciento de aquéllos, para inversiones en mejora, protección, acceso y servicios del monte.
Artículo 120. Sometimiento a la Ley de Montes y Ordenación Forestal.-1. La comunidad titular gestionará el monte vecinal de acuerdo con las previsiones de la presente Ley para el resto de los montes.
Artículo 121. Cesiones.-1. Los montes vecinales en mano común podrán ser objeto de cesión temporal, por un máximo de treinta años en todo o en parte, a título oneroso o gratuito, para obras, instalaciones, explotaciones de diversa índole, servicios u otros fines que redunden de modo principal en el beneficio directo de la comunidad de vecinos. En su caso, la cesión temporal a título gratuito será sólo para los aprovechamientos ganaderos o forestales que realicen los comuneros. En el supuesto de cesión a título oneroso, el canon o renta no podrá ser inferior al tres por ciento del valor de los productos obtenidos.
Artículo 122. Expropiación.-1. Los montes vecinales sólo podrán ser objeto de expropiación forzosa o de servidumbres por causa de utilidad pública o por interés social, ambos prevalentes a los de los propios montes vecinales.
Artículo 123. Derecho de superficie.-1. La comunidad de vecinos podrá constituir derechos de superficie con destino a instalaciones o edificaciones hasta el plazo máximo de treinta años, o a cultivos agrícolas de diez años, pasando a ella, sin indemnización alguna, al caducar el derecho, la propiedad de todo lo instalado, edificado o plantado. En caso de aprovechamientos forestales de arbolado, la comunidad no podrá concertar plazos superiores a los correspondientes a un único turno de la especie plantada, o en su caso de la especie de mayor turno, ni para otra clase de aprovechamientos que el de la corta del arbolado plantado.
4. La contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada por la concesión, en el de un canon periódico, en la adjudicación de parte del vuelo en varias de estas modalidades a la vez, o en otras diferentes. En todo caso, la comunidad titular del monte hará suya, a la extinción del derecho de superficie, la propiedad de todo lo edificado, instalado o plantado, sin que deba satisfacer indemnización alguna, cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiese constituido aquel derecho.
Artículo 124. Funciones.-La Consejería competente en materia forestal dará a los montes vecinales en mano común carácter preferente en sus actuaciones de fomento y mejora de la producción agraria y en la concesión de ayudas económicas para las mismas finalidades. Además, desempeñará las siguientes funciones:
a) Procederá al deslinde, amojonamiento y señalización de los mismos.
b) Velará por su conservación e integridad.
c) Asesorará técnicamente a las comunidades vecinales.
d) Impulsará y promoverá el aprovechamiento cooperativo del monte.
e) Labores de guardería.
Artículo 125. Registro de Montes Vecinales en Mano Común.-1. En la Consejería competente en materia forestal se creará un Registro de Montes Vecinales en Mano Común, que será público.
Artículo 126. Declaración de estado de grave abandono o degradación.-1. Se entenderá por monte vecinal en mano común en estado de grave abandono o degradación aquel que, de modo manifiesto, sufriese un grave deterioro ecológico, no sea gestionado de acuerdo con los instrumentos de planificación, ordenación y gestión o sufra una extracción abusiva de sus recursos.
3. La Consejería competente en materia forestal establecerá periódicamente los indicadores objetivos que sirvan para la determinación del estado de grave abandono o degradación de los montes. Servirán, a tal efecto, los siguientes criterios:
El grado de aprovechamiento de la extensión superficial; el grado de manifiesto desuso; el grado de acomodación a los aprovechamientos establecidos en los instrumentos de planificación; el carácter depredador de las actividades extractivas de los recursos, y el peligro manifiesto de degradación de las tierras.
Artículo 127. Gestión de los montes vecinales en mano común en estado de grave abandono o degradación.-1. Declarado un monte vecinal en mano común en estado de grave abandono o degradación, la Consejería competente en materia forestal tomará a su cargo de forma directa la gestión del monte durante un plazo mínimo de tres años, gestionándolo como si se tratara de un monte de la pertenencia del Ayuntamiento incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
Disposición adicional primera. Montes pro indiviso.-Para la gestión de los montes pro indiviso se estará a lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Disposición adicional segunda. Contratos Territoriales de Explotación.-Los Contratos Territoriales de Explotación, como instrumentos de mejora de las rentas de la población rural, que se implementen mediante la correspondiente norma legal, incluirán actividades de mejora y conservación de los recursos forestales, desarrolladas por personas físicas o jurídicas integradas por los vecinos de los concejos o comarcas afectadas, con la doble finalidad de lograr la sostenibilidad del recurso y contribuir a la fijación de la población rural.
Disposición adicional tercera. Inaplicabilidad a los montes de regulaciones de la Ley del Principado de Asturias4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.-Lo dispuesto en los
Ley 4/1989, de 21 de julio. Ordenación agraria y desarrollo rural (Asturias)
artículos 85 a 90 de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, no será de aplicación en el ámbito comprendido dentro de la presente Ley.
Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, deOrdenación Agraria y Desarrollo Rural.-Se modifica el apartado 1 del artículo 98 de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, que queda redactado como sigue:
«1. Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de agricultura, oídas las asociaciones agrarias legalmente constituidas, se determinará y revisará, en su caso, la extensión de la unidad mínima de cultivo agrícola en cada zona del territorio del Principado, en atención a sus propias características técnicas, de costumbre del lugar, clima y prioridades de las producciones.»
Disposición adicional quinta. Ocupación de dominio público forestal por Defensa Nacional.-Cuando por razones de la Defensa Nacional hayan de ocuparse montes de dominio público forestal se estará a lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Disposición transitoria primera. Vigencia de actuales Planes Anuales.-En tanto no se aprueben los instrumentos de planificación forestal a que hacen referencia los artículos 27 y siguientes de esta Ley seguirán en vigor los actualmente existentes y que se recojan en los Planes Anuales.
Disposición transitoria segunda. Actual Jurado de Montes Vecinales en Mano Común.-En tanto no se constituya el Jurado de Clasificación de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias, seguirá vigente el Decreto del Principado de Asturias 25/1993, de 13 de mayo, por el que se crea el Jurado de Montes Vecinales en Mano Común del Principado de Asturias y se regula su composición.
Disposición transitoria tercera. Planes Técnicos hasta la aprobación de Proyectos de Ordenación.-Los montes que tengan la obligación en función de lo dispuesto en el artículo 36.1 de esta Leyde disponer de un Proyecto de Ordenación dispondrán de un plazo de quince años desde la entrada en vigor de la presente Ley para dotarse del mismo. En tanto no dispongan de dicho Proyecto de Ordenación se requerirá un Plan Técnico con los contenidos y en los términos previstos en el artículo 36.5de esta Ley.
Disposición derogatoria primera.-Quedan derogados el capítulo VIII, «De los aprovechamientos de montes comunales y vecinales en mano común», del título II de la Ley del Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, así como los artículos 92, 93, 94 y 95 de la misma.
Disposición derogatoria segunda.-Quedan derogadas cuantas Leyes y disposiciones de igual o inferior rango, del Principado de Asturias, se opongan a lo previsto en la misma.
Disposición final primera. Actualización de multas.-El Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podrá actualizar anualmente la cuantía de las multas previstas en esta Ley atendiendo a la variación que experimente el índice de precios al consumo.
Disposición final segunda. Unidad mínima de actuación forestal y límite a la segregación de montes.-Se autoriza al Consejo de Gobierno para modificar por Decreto la unidad mínima de actuación forestal y el límite a la segregación de montes establecidos en el artículo 57.1 de esta Ley.
Disposición final tercera. Aprobación de Planes Forestales Comarcales.-En el plazo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán quedar aprobados los Planes Forestales Comarcales.
Disposición final cuarta. Revisión de descripción de montes.-La Consejería competente en materia forestal deberá revisar en el plazo de cuatro años las descripciones de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública e incorporar a los folios del Catálogo y del Registro de Montes Protectores el plano topográfico de los montes inscritos.
Disposición final quinta. Adaptación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y del Registro de Montes Protectores.-En el plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se adaptarán el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y el Registro de Montes Protectores a lo previsto en el artículo 16 de la misma
Disposición final sexta. Inventario de montes vecinales en mano común.-La Consejería competente en materia forestal confeccionará, en el plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, un Inventario general de los montes vecinales en mano común en el que consten individualizados los datos que permitan la perfecta identificación de los mismos, tales como situación geográfica, superficie, lindes, estado económico de aprovechamiento, usos, concesiones, convenios, consorcios y arrendamientos establecidos sobre los mismos.
Disposición final séptima. Convenios forestales.-En el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Consejería competente en materia forestal aprobará el pliego de condiciones generales de los convenios forestales y acomodará al mismo los actualmente existentes.
Disposición final octava. Adaptación de ordenanzas municipales.-En el plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las ordenanzas municipales se acomodarán a las previsiones contenidas en los instrumentos de planificación previstos en la misma.
Disposición final novena. Adecuación de aprovechamientos de montes privados.-Los propietarios y titulares de montes privados deberán adecuar sus aprovechamientos y su gestión a los instrumentos de planificación previstos en la presente Ley de acuerdo con las directrices que reciban de la Consejería competente en materia forestal.
Disposición final décima. Adecuación de aprovechamientos de montes vecinales en mano común.-Las comunidades propietarias de montes vecinales en mano común deberán adecuar sus aprovechamientos y su gestión a los instrumentos de planificación previstos en la presente Ley de acuerdo con el calendario y las directrices que reciban de la Consejería competente en materia forestal.
Disposición final décima. Habilitación reglamentaria.-Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente Ley.
Disposición final duodécima. Entrada en vigor.-La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

References: Resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 resolución 

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 18

Artículo 11
 artículo 18

Artículo 12
 artículo 19

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 8

Artículo 15
 artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 19

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 39
 artículo 49

Artículo 40

Artículo 41
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Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 78

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 50

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56
 artículo 14

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69
 artículo 21

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73
 artículo 8

Artículo 74
 artículo 41

Artículo 75
 artículo 42

Artículo 76
 artículo 78

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84
 artículo 36

Artículo 85

Artículo 86
 artículo 85

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98
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Artículo 99
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Artículo 100

Artículo 101
 artículo 96

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104
 artículo 113

Artículo 105

Artículo 106
 artículo 102

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110
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Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113
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Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127
 artículo 98
 artículo 36
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 artículo 57
 artículo 16