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JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL JUNIO 2007 | DerechoVenezolano.Com
Publicado: junio 9, 2017 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL
Etiquetas:#Aclaratorias, #AMPARO, #Arbitraje, #Caucion, #CodigoDeProcedimientoCivil, #ContraloriaEstadal, #ControlDifusodelaConstitucionalidad, #DerechoALaDobleInstancia, #jurisprudencia, #LaudoArbitral, #Legitimacion, #LeyDePlanificacion, #LeyOrganica, #LeyOrganicaDelSectorElectrico, #LinderoProvicional, #PRERROGATIVAS, #PrerrogativasProcesal, #RecursoDeNulidad, #RecursoDeRevision, #TSJ
¿¿se impone preliminarmente para la Sala el examen de la institución procesal relativa a la consulta, consagrada en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para verificar que la interpretación dada por los operadores de justicia en el presente sea de tal entidad que proceda la revisión de la sentencia. Dicho precepto dispone a la letra lo que sigue:
¿Artículo 70. Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente¿.
La norma procesal, ubicada en el entramado del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dentro del Título IV intitulado ¿Del Procedimiento Administrativo Previo a las Acciones contra la República y de la Actuación de la Procuraduría General de la República en Juicio¿, en el Capítulo II ¿De la Actuación de la Procuraduría General de la República en Juicio¿, instituye en favor de la República una prerrogativa procesal que opera cuando, contra una decisión definitiva contraria a aquellas pretensiones, excepciones o defensas opuestas por el Procurador General de la República o por aquellos abogados que tengan delegación suficiente para representar a la República en juicio, contra la cual no se hayan ejercitado los medios de impugnación o gravamen que brinda el ordenamiento procesal dentro de los lapsos legalmente establecidos para ello, debe ser consultada ante el Juez de Alzada.
La consulta, como noción procesal, se erige como una fórmula de control judicial en materias donde se encuentra involucrado el orden público, el interés público o el orden constitucional, y el juez que la ejerce debe revisar no sólo la juridicidad del fallo, sino la adecuación del derecho declarado al caso concreto, en los casos de la consulta prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la justificación se centra en el interés general que subyace en todo juicio propuesto contra un órgano o ente público.
En tanto prerrogativa procesal de la República, la consulta opera ante la falta de ejercicio de los medios de impugnación o gravamen dentro de los lapsos establecidos para su interposición, siempre que el pronunciamiento jurisdiccional sea contrario a sus pretensiones, defensas o excepciones, en razón, se insiste, del interés general que subyace en los juicios donde está en juego los intereses patrimoniales de la República o de aquellos entes u órganos públicos a los cuales se extiende su aplicación por expresa regla legal (Vbgr. Administración pública descentralizada funcionalmente, a nivel nacional o estadal).
Consecuencia de lo expuesto, si una decisión judicial en nada afecta las pretensiones, defensas o excepciones esgrimidas por la República o de aquellos titulares de la prerrogativa procesal examinada, no surge la obligación para el juzgador de primera instancia de remitir el expediente a los fines de la consulta, pues la condición de aplicación del artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, exige un agravio calificado por el legislador: una sentencia definitiva que contraríe las pretensiones procesales, defensas o excepciones opuestas por el ente u órgano público, según sea el caso¿¿
Sentencia: N° 1121 de fecha 20 de junio de 2007.
Asunto: Arbitraje. Recurso de nulidad. Suspensión del laudo arbitral. Caución. Sentido y alcance de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Arbitraje Comercial.
¿¿Volviendo al tema central del presente amparo, el mismo se circunscribe a cuestionar la decisión dictada por un juzgado superior que declaró sin lugar el recurso de nulidad intentado contra un laudo arbitral, motivado en la ausencia de consignación de la caución exigida conforme al artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, ello es, para garantizar los posibles perjuicios ocasionados por la impugnación del laudo arbitral.
El artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial prevé, como mecanismo ordinario de impugnación del laudo arbitral, el recurso de nulidad, siendo su contenido el siguiente:
¿Artículo 43. Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Superior competente del lugar donde se hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El expediente sustanciado por el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso interpuesto.
La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral a menos que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene previa constitución por el recurrente de una caución que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere rechazado¿ (Resaltado de la Sala).
En torno al recurso de nulidad, se ha afirmado que la pretensión de ¿nulidad¿ de un Laudo Arbitral se trata de una acción excepcional orientada a enervar la validez del mismo, pero sólo y exclusivamente, por motivos taxativos, previstos en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. En lo absoluto significa una ¿apelación¿ sobre el mérito del fondo, alternativa esta última (apelación) no admisible en arbitraje.
La intención del legislador ha sido la de considerar inapelable el laudo arbitral, como una fórmula de evitar dilaciones indebidas frente a un proceso que ha sido diseñado para ser expedito. Excepcionalmente, la Ley de Arbitraje Comercial venezolana ha consagrado el recurso de nulidad como mecanismo de impugnación, a diferencia de otras legislaciones en las que el laudo arbitral es inimpugnable.
¿El tribunal superior no admitirá el recurso de nulidad cuando sea extemporánea su interposición o cuando las causales no correspondan con las señaladas en esta Ley.
Si no se presta caución o no se sustenta el recurso, el Tribunal lo declarara sin lugar¿. (Resaltado de esta Sala).
Resulta evidente de la norma antes transcrita, que la única opción que tenía el juez en el caso de autos era declarar sin lugar el recurso de nulidad, pues expresamente lo consagra el aparte in fine del artículo 45 de la Ley de Arbitraje Comercial, pues se había intentado un recurso de nulidad contra un laudo arbitral, y no se constituyó la caución exigida para suspender la ejecución del mismo¿¿
Sentencia: N° 1123 de fecha 22 de junio de 2007.
Tema: Control de la Constitucionalidad
Asunto: Consulta de la Constitucionalidad del Carácter Orgánico de la Ley. Supuestos de procedencia. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación.
¿¿Conforme a su ámbito de regulación material, a la luz del artículo 203 de la Constitución de 1999 son materias reservadas a la ley orgánica: (i) las que en casos concretos así haya considerado el propio Texto Constitucional (vale decir, las leyes orgánicas por denominación constitucional), y aquellas relativas (ii) a la organización de los Poderes Públicos, (iii) al desarrollo de derechos constitucionales, y (iv) las que constituyan un marco normativo para otras leyes.
En el presente caso, la Sala juzga que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación es constitucionalmente orgánico, por los motivos siguientes:
En primer lugar, se trata de un Decreto con rango, valor y fuerza de Ley que, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 187, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -delegada al Presidente mediante Ley Habilitante-, estructura las atribuciones y competencias de un órgano del Poder Público Nacional, cual es la Comisión Central de Planificación, creado con el propósito de regular la viabilidad, el perfeccionamiento y unificación de la planificación en los diferentes órganos y entes de la Administración Pública, a través de los lineamientos estratégicos, políticas y planes de alcance nacional, que orientarán las actuaciones de los estados y municipios, así como de los actores del sector privado, en las respectivas áreas y ámbitos de la actividad productiva (En igual sentido, Vid. Sentencia de la Sala N° 2.266 del 13 de noviembre de 2001, caso: ¿Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación¿).
En efecto, como se desprende de su Exposición de Motivos, la Comisión Central de Planificación persigue garantizar la armonización y adecuación de las actividades y actuaciones de los órganos y entes de la Administración Pública, asociadas con el desarrollo nacional, bajo un esquema de administración soberana, independiente y sustentable de los recursos naturales, dentro del marco de cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, los lineamientos estratégicos, políticas y planes a cargo de la Comisión Central de Planificación comprenderán los ámbitos político, social, económico, político-territorial, seguridad y defensa, científico-tecnológico, cultural, educativo, internacional y los demás que fije el Presidente de la República mediante Decreto, cimentados en aquellos principios constitucionales que orientan el desarrollo de la actividad de la Administración Pública, conforme al artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, además, se erige como un mecanismo de control del Estado sobre los institutos autónomos y otras instituciones de Derecho Público conforme al artículo 142 eiusdem.
En segundo lugar, se trata de un Decreto Legislativo que satisface las exigencias técnico-formales de la prescripción general sobre la materia que regula, mediante principios normativos válidos para otras leyes que se sancionen en la materia.
Con base en las anteriores consideraciones, este Máximo Tribunal se pronuncia, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 2 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en el sentido de declarar la constitucionalidad del carácter orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación¿¿
Sentencia: N° 1143 de fecha 22 de junio de 2007.
Asunto: Lindero Provisional. Oposición. Derecho a la Doble Instancia. Artículo 725 del Código de Procedimiento Civil.
¿…el artículo 725 del Código de Procedimiento Civil establece:
¿La fijación de lindero provisional es inapelable, pero si se hubiese formulado la oposición a que se refiere la segunda parte del artículo 723, se pasarán los autos al Juez de Primera Instancia en lo Civil ante quien continuará la causa por el procedimiento ordinario, entendiéndose abierta a pruebas al día siguiente del recibo del expediente¿
Observa la Sala que en el presente caso la Juez de Municipio desaplicó esta disposición ante el ejercicio del recurso de apelación por parte de la demandada en el juicio de deslinde contra la decisión que fijó el lindero provisional, al considerar que por no prever el recurso de apelación esta norma vulnera el principio de la doble instancia.
Al respecto estima la Sala, que la Juez erró al desaplicar el artículo 725 del Código de Procedimiento Civil, ya que a pesar de que dicha norma no prevé el recurso de apelación, le otorga a las partes la posibilidad de ejercer la oposición a que se refiere el artículo 723 del Código de Procedimiento Civil.
Considera propicio esta Sala señalar que en el procedimiento de deslinde de propiedades contiguas, el Tribunal de Municipio es el competente para admitir la solicitud de deslinde, el cual emplazará a las partes para que concurran a la operación de deslinde en el día y hora fijados dentro de los cinco días siguientes a la última citación que se practique. Por su parte, el acto se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 723 del Código de Procedimiento Civil, bajo la presencia de los intervinientes en la controversia y del práctico designado, en cuyo acto las partes pueden expresar su disconformidad con el lindero provisional, de manera razonada y el Tribunal ordenará la remisión del expediente al juez de primera instancia competente por la materia, a los fines de la continuación del juicio por el procedimiento ordinario.
¿durante el acto de deslinde, una vez que el juez fije el lindero, le está permitido a los involucrados formular oposición a éste.
Dicha manifestación de disconformidad (la oposición) debe hacerse señalando los puntos en que discrepen de él y las razones en que fundamenten su discrepancia, lo cual quiere decir que, no basta entonces con expresar el simple disentimiento, sino que es necesario indicar de forma motivada los puntos específicos que constituyen el motivo del desacuerdo y además los argumentos que le justifiquen, lo que significa que el legislador prevé una oposición calificada, sin el cumplimiento de lo cual, no deberá tenerse como tal.
Luego, formulada así la referida oposición, lo cual implica que al hacerla el oponente le haya dado cumplimiento a los extremos legales señalados para tal fin, es que el Juez de Municipio pasará el expediente al Juez de Primera Instancia en lo Civil y se continuará la causa por el procedimiento ordinario, entendiéndose la causa abierta a pruebas al día siguiente del recibo del mismo.
Finalmente, si no se hubiere formulado la predicha oposición en el acto de deslinde o cuando hecha ésta, incumpla con la forma legalmente prevista para hacerla, quedará firme el lindero señalado por el juez, declarándose así mediante pronunciamiento expreso, en tal sentido, el tribunal ordenará que se expida a los involucrados copia certificada del acta de la operación de deslinde y del referido pronunciamiento que declaró firme el lindero provisional, para que se proceda a su debida protocolización y se estampen las respectivas notas marginales en los títulos de cada colindante¿¿
Sentencia: N°1159 de fecha 22 de junio de 2007.
Asunto: Consulta de la Constitucionalidad del Carácter Orgánico de la Ley. Materia Constitucional. Reorganización del Sector Eléctrico. Prestación de Servicio de Utilidad Pública. Decreto Nº 5.330, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico.
¿¿Se trata, como sin duda lo revela la propia denominación del Decreto Legislativo objeto de este pronunciamiento, de un texto que reorganiza el sector eléctrico, atrayendo hacia el Estado, con exclusividad, las actividades (del sector público y de las empresas privadas que se encuentren en el supuesto del artículo 7 del Decreto) relacionadas con el mismo, desde la generación de energía hasta su comercialización, todo ello -según consideraciones que se extraen de las propias disposiciones del Decreto N° 5.330- con la intención de garantizar la prestación de ese servicio de innegable utilidad pública.
Debe la Sala precisar, en consecuencia, si tal reorganización debe estar contenida en una ley orgánica, para lo cual se hace imprescindible invocar el fallo N° 2542/2001, en el que se declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica del Sector Eléctrico. A los efectos que interesan en esta oportunidad, deben citarse los siguientes párrafos:
¿La Sala considera, sin atender a la materia tratada por la Ley objeto de la consulta, y solamente en razón de su competencia sobre el pronunciamiento que le incumbe conforme al artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico es constitucionalmente orgánica, por las razones siguientes:
a.- Se trata de una Ley dictada en ejercicio de las competencias prescrita por el artículo 187 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 156 numeral 28 eiusdem;
b.- Se trata de una Ley destinada a establecer el régimen de servicio eléctrico, el cual conforme al artículo 302 de la Constitución puede ser objeto de reserva del Estado mediante ley orgánica;
c.- Se trata de una Ley que, dentro del elenco de normas que la componen define los lineamientos generales que regirán las actividades de generación, transmisión, comercialización, distribución y gestión del Sistema Eléctrico Nacional, bajo el desarrollo de principios constitucionales contenidos en los artículos 112 y 113 del Texto Fundamental, aunque su carácter orgánico no dependa exclusivamente de las garantías que ofrece para tales derechos;
d.- Se trata de una Ley que satisface las exigencias técnico-formales requeridas para la calificación solicitada, según lo dispone el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
e.- Se trata de una Ley cuya aprobación, por la Asamblea Nacional, ha cumplido con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de dicha Asamblea antes de iniciarse su discusión, conforme lo dispone el acápite primero del artículo 203 ya citado, según se constata de la copia certificada que cursa en el expediente, y del acta respectiva levantada por la Secretaría de la Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria del 24 de mayo de 2001¿
Las anteriores consideraciones son necesariamente trasladables al caso de autos, toda vez que el Decreto N° 5.330 regula el mismo sector que la Ley Orgánica del Sector Eléctrico, si bien se limita a una reorganización del mismo, estatizándolo en su totalidad, sin incidir en la regulación sobre el ejercicio de las diferentes actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, lo cual sigue siendo objeto de la referida Ley Orgánica del Servicio Eléctrico.
De esa manera, siendo un Decreto-Legislativo que reserva al Estado una actividad, exigiendo no sólo la fusión en la nueva empresa que se constituye (CORPOELEC) de todas las empresas totalmente públicas, sino también de las empresas mixtas e incluso de las privadas que se encuentren en el supuesto del artículo 7 del Decreto, es evidente que su carácter ha de ser orgánico, por disposición expresa del artículo 302 de la Constitución de la República¿¿
Sentencia: N° 1300 de fecha 26 de junio de 2007.
Asunto: Autonomía Funcional y Organizativa de las Contralorías Estadales. Reestructuración. Artículo 163 de la Constitución. Artículo 19 de Ley de la Contraloría General de la República.
¿¿el artículo 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone:
¿Artículo 163. Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Dicho órgano actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e independencia; así como la neutralidad en su designación, que será mediante concurso público.¿
De otro lado, el artículo 44 de la Ley de la Contraloría General de la República, dispone:
¿Artículo 44. Las Contralorías de los estados, de los distritos, distritos metropolitanos y de los municipios, ejercerán el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos y entidades centralizados y descentralizados sujetos a su control, de conformidad con la Ley, y a tales fines gozarán de autonomía orgánica, funcional y administrativa¿
No cabe duda pues, la intención del constituyente de otorgar a las Contralorías Estadales autonomía funcional y organizativa, que abarca una libertad de funcionamiento y de no adscripción con respecto a las demás ramas del Poder Público, pues resulta evidente la necesidad de que los órganos contralores (como las contralorías estadales) sean independientes de las demás ramas, entes y órganos que se encuentran enmarcados dentro del control fiscal, lo cual implica entre otras cosas que sus decisiones no están sujetas de ser aprobadas -en este caso- por órganos que no están insertos dentro de su estructura organizativa.
Ahora bien, la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, fue el producto de haber concluido que en el proceso de Reestructuración de la Contraloría del Estado Monagas, debía aplicarse el procedimiento contenido en el Estatuto de la Función Pública; sin embargo tal afirmación no resulta cierta, toda vez que las contralorías estadales ¿como entes contralores- se encuentran sustraídos del ámbito de la Administración Pública y sujetos al Sistema Nacional de Control Fiscal; por tanto se deben observar las disposiciones que sobre el particular establece la propia Ley de la Contraloría General de la República, que en su artículo 19 establece:
¿Artículo 19. La administración de personal de la Contraloría General de la República se regirá por esta Ley, por el Estatuto de Personal y por las demás normas que a tal efecto dicte el Contralor General de la República.
En el Estatuto de Personal se establecerán los derechos y obligaciones de los funcionarios de la Contraloría General de la República, incluyendo lo relativo al ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos, capacitación, sistemas de evaluación y de remuneraciones, compensaciones y ascensos sobre la base de méritos, asistencia, traslados, licencias y régimen disciplinario, cese de funciones, estabilidad laboral, previsión y seguridad social. En ningún caso podrán desmejorarse los derechos y beneficios de que disfrutan los funcionarios de la Contraloría.¿
Pero, aún en el caso (negado) de que el procedimiento aplicar fuera el contenido en el Estatuto de la Función Pública, tal requisito (aprobación de la solicitud de reducción de personal por el Consejo Legislativo Estadal) debía obviarse a los fines de armonizar el procedimiento al texto constitucional, pues ello haría letra muerta la autonomía de la que éstos gozan por disposición constitucional¿¿
Sentencia: N° 1345 de fecha 27 de junio de 2007.
Asunto: Los Jueces carecen de legitimación para solicitar aclaratorias o ampliaciones de las decisiones, de acuerdo con el contenido del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que estatuye que sólo las partes del proceso pueden solicitarlas.
¿¿Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, en el tenor siguiente:
¿Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente¿.
Sobre el alcance de la disposición normativa citada, esta Sala señaló, en la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, S. R. L.), ¿…que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar…¿.
En el caso de autos, se observa que la decisión proferida por esta Sala fue publicada el 15 de diciembre de 2006, cuyo expediente fue remitido el 22 de enero de 2007, al Presidente de la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante oficio N° 07-060, y la presente solicitud de aclaratoria se realizó el 3 de mayo de 2007, transcurrido con creces el lapso previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, por lo que esta Sala observa que dicha solicitud fue interpuesta intempestivamente. Así se declara.
Además, cabe acotar que la abogada Luisa Rojas de Isea, en su carácter de Jueza de la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, carece de legitimación para intentar la presente solicitud de aclaratoria. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sólo las partes del proceso pueden solicitar aclaratorias o ampliaciones de las decisiones. Esa facultad, no se encuentra prevista para los jueces de la República, por lo que, en el caso de que la Sala califique una conducta desplegada por un Juez como un error inexcusable, sólo le queda a los afectados por esa decisión acudir a la instancia disciplinaria para hacer valer su derecho a la defensa (ver sentencia N° 3543, del 17 de noviembre de 2005, caso: Ana Teresa García de Cornet).
En consecuencia, esta Sala, declara inadmisible la solicitud de aclaratoria interpuesta por la abogada Luisa Rojas de Isea, en su carácter de Jueza de la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia¿¿
Sentencia: N° 1351 de fecha 27 de junio de 2007.
Asunto: Relaciones de Empleo Público. Artículo 94 del Estatuto de la Función Pública y artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.
¿el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece: ¿(¿) Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto (¿)¿.
Y por su parte, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo sostiene: ¿(¿) Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios (¿)¿.
De la lectura comparada efectuada de los artículos supra transcritos observa esta Sala, que no existe colisión entre las referidas normas, por cuanto no regulan de manera diferente un mismo supuesto.
En efecto, el referido artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prevé como supuesto de hecho legal la oportunidad que tiene el sujeto objeto de dicha Ley para ejercer válidamente un recurso. Siendo creada ésta con la finalidad de regir las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende: 1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas. 2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para el retiro. (Ver artículo 1 de la Ley).
Mientras, que el referido artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé como supuesto de hecho legal, el año que tiene todo trabajador para ejercer todas las acciones provenientes de la relación de trabajo. Normativa creada para regir las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho social. (Ver artículo 1 de la Ley).
Precisa la Sala, que al separar los elementos que componen la situación jurídica regulada en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, encontramos presente un lapso de tres meses para ejercer todo recurso contado desde 1) el hecho que dio lugar a él o 2) desde la notificación efectuado en el interesado.
Por su parte, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que la situación jurídica regulada comprende 1) todas las acciones, 2) al término de un año contados a partir 3) de la terminación de la prestación de servicios.
De conformidad con lo anterior, concluye esta Sala, que son distintas las hipótesis que regulan las normas señaladas, pues mientras una está comprendida por un lapso de tiempo, prevé un recurso y desde que ocurre el hecho o la notificación del interesado, la otra comprende toda acción en el término de un año desde la terminación de la prestación del servicio.
Apunta esta Sala entonces, que los supuestos de hecho que prevén las normas denunciadas en presunta contradicción en ningún momento entran en colisión, pues cada una de ella está dirigida a regular sujetos de derecho sometidos a relaciones jurídicas de distinta índole, que por tanto merecen tratamientos diferentes sin que implique con ello discriminación alguna.
Por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto y luego de revisar el contenido en el libelo, esta Sala observa que en el presente caso no estamos en presencia de una colisión de normas como lo ha entendido la Sala Constitucional y en consecuencia, esta Sala se ve obligada a declarar que no existe colisión entre el artículo 94 del Estatuto de la Función Pública y el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo¿¿

References: artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 45
 artículo 43
 artículo 44
in fine
 artículo 45
 artículo 203
 artículo 187
 artículo 141
 artículo 142
 artículo 203
 artículo 2
 Artículo 725
 artículo 725
 artículo 723
 artículo 725
 artículo 723
 artículo 723
 artículo 7
 artículo 203
 artículo 187
 artículo 156
 artículo 302
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 7
 artículo 302
 Artículo 163
 Artículo 19
 artículo 163
 artículo 44
 artículo 19
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 252
 artículo 252
 Artículo 94
 artículo 61
 artículo 94
 artículo 61
 artículo 94
 artículo 1
 artículo 61
 artículo 1
 artículo 94
 artículo 61
 artículo 94
 artículo 61