Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A223-10.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:25:41+00:00

Document:
A223-10
Auto 223/10
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA Y TRIBUNAL SUPERIOR-Reiteración Auto 124/09
CORTE CONSTITUCIONAL-Instar al Consejo Superior de la Judicatura para que expida reglas homogéneas para distribución de acciones de tutela con destino a oficinas de reparto judicial según Decreto 1382/00
ACCION DE TUTELA CONTRA EL ICFES EN CONCURSO DE MERITOS DE DOCENTES ABIERTO POR LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-Competencia de Tribunal Superior para decidir impugnación
Referencia: expediente ICC-1593
Acción de tutela instaurada por María del Tránsito Galeano Velazco contra el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, ICFES.
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil diez (2010)
1. La señora María del Tránsito Galeano Velazco, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca contra el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, ICFES, por considerar que dicha entidad vulnera sus derechos fundamentales “al debido proceso con relación a las condiciones mínimas para acceder al trabajo en condiciones de igualdad jurídica”.
2. Como fundamento de su petición, alega que participó en el concurso de méritos de docentes abierto por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo 030 de marzo 25 de 2009, como aspirante a un cargo en el departamento de Arauca.
3. Considera que la entidad demandada “vulneró el derecho al debido proceso, puesto que no informó a los concursantes y específicamente al accionante que anuló dos preguntas, situación que impidió controvertir esa decisión”. Además, porque a su juicio, no calificó la prueba realizada por ella, de conformidad con los parámetros definidos en la convocatoria.
4. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca, despacho que mediante auto de fecha 20 de abril de 2010 admitió la tutela y ordenó la notificación de la accionada. Posteriormente, en providencia del 30 de abril de 2010, negó el amparo solicitado por la señora Galeano Velazco.
Inconforme con la decisión, la accionante la impugnó dentro del término.
5. Recibido el expediente por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, el Magistrado Ponente mediante auto de fecha 19 de mayo de 2010, decretó la nulidad de lo actuado desde la admisión de la demanda de tutela por considerar que “no fueron respetadas las reglas de reparto de que trata el Decreto 1382 de 2000, con respecto a la libertad del accionante a elegir tanto la jurisdicción que desea conozca del asunto, como la especialidad de los jueces”.
En consecuencia, ordenó la remisión del proceso a la Oficina de Apoyo Judicial para que fuera asignado al Juzgado o Tribunal de la especialidad escogida por el accionante.
6. Efectuado nuevamente el reparto, la Sala Única del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, mediante providencia del 26 de mayo de 2010, no avocó el conocimiento del presente asunto. A su juicio, en el presente caso el Tribunal Superior de Arauca desconoció las pautas señaladas por la Corte Constitucional en el Auto 124 de 2009 y que tienen que ver de forma específica con los conflictos de competencia por razones de tutela y la competencia de dicha Corte para dirimirlos.
Por esta razón, provocó conflicto de competencia negativo, ordenando la remisión del proceso a la Corte Constitucional para que solucionara la colisión negativa de competencia.
1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo.[1]
Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria -, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional.[2]
2. No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común.[3]
3. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales,[4] pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
4. Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”.[5]
5. Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corporación:
6. Por último, sostuvo la Corte que la anterior argumentación no desconocía la validez del Decreto 1382 de 2000, pues se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.
En consecuencia, a partir de las consideraciones precedentes, procede la Sala a decidir sobre el asunto planteado.
Estando establecida la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto, en razón a que los jueces no poseen un superior jerárquico común, esta Corporación procede a dar solución al caso objeto de estudio.
En este evento, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca declaró la nulidad de lo actuado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de dicho municipio por considerar que no se habían respetado las reglas de reparto con relación a la elección hecha por la accionante en cuanto a la especialidad del funcionario que debía tramitar el amparo solicitado. Por su parte, a juicio del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, la decisión del Tribunal Superior desconoce el precedente fijado por la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009.
Al respecto, es necesario reiterar que el Decreto 1382 de 2000 no establece reglas para determinar la competencia de un funcionario judicial frente a una acción de tutela, sino que contempla disposiciones para el reparto de la misma. En consecuencia, la jurisprudencia constitucional no admite que el juez a quien le corresponde conocer o tramitar la impugnación, decrete la nulidad de lo actuado y se abstenga de resolver el amparo constitucional, con base en la aplicación de las normas señaladas en el citado decreto.
Bajo ese entendido, ante el desconocimiento de la jurisprudencia y los numerosos conflictos invocados por los funcionarios judiciales como consecuencia de la no aplicación de las normas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporación se pronunció en el auto 124 de 2009, llamando la atención de los funcionarios cuyo proceder resultaba contrario a los fines y principios que gobiernan la acción constitucional, como la informalidad, sumariedad y celeridad, toda vez que un proceso que debía resolverse en diez días, se solucionaba mucho tiempo después.
Sobre el particular, esta Corporación sostuvo lo siguiente:
“Esta situación contradice abiertamente la finalidad de la acción de tutela y puede llegar a generar graves violaciones a los derechos fundamentales debido a la urgencia de las cuestiones que a menudo se debaten en esta clase de proceso, por ejemplo, la necesidad imperiosa de un procedimiento médico o un medicamento so pena de perder la vida o de sufrir una grave e irreversible afectación a la integridad o a la salud.[6]”
En virtud de lo anterior, se ha insistido en que la observancia del Decreto 1382 de 2000 no autoriza al funcionario judicial para declarar su incompetencia ni para decretar la nulidad de lo actuado. En estos eventos – se reitera – el juez a quien le correspondió por reparto el conocimiento de la demanda, debe tramitar la acción o decidir la impugnación, según sea el caso.
De otro lado, en el presente evento se advierte que el demandante pretendió que su tutela fuera tramitada ante la jurisdicción contencioso administrativa, en razón de que la dirigió para que la conocieran los magistrados de un Tribunal Contencioso Administrativo, pero la misma fue repartida a un funcionario de la jurisdicción ordinaria. Lo anterior, podría considerarse un desconocimiento de las reglas del Decreto 1382 de 2000, artículo 1, que prescribe que “(…) conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la vulneración o amenaza que motivare la presentación de su solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)”. Esto, si bien no origina un conflicto de competencia que de lugar a una nulidad de conformidad con lo expresado en el Auto 124 de 2009, sí constituye una trasgresión a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000 el cual, según el mismo auto, debe ser respetado por las oficinas judiciales de reparto.
En este sentido, con el objetivo de que no existan repartos arbitrarios o caprichosos de las acciones de tutela, se instará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, expida unas reglas homogéneas para la distribución de las acciones de tutela con destino a las oficinas de reparto judicial con base en el Decreto 1382 de 2000, que contemple situaciones como la examinada.
Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios y para que la decisión no sufra más retardos, se dejará sin efectos el auto proferido por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, de fecha 19 de mayo de 2010, mediante el cual, en lugar de resolver la impugnación, decretó la nulidad de lo actuado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca. En tal virtud, se remitirá el expediente de la referencia nuevamente a dicha Sala, a quien le correspondió por reparto.
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha 19 de mayo de 2010 proferido por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca.
Segundo.- REMITIR a la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, el expediente de la referencia para que de forma inmediata, profiera decisión de fondo respecto de la impugnación presentada dentro de la acción de tutela iniciada por María del Tránsito Galeano Velazco contra el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, ICFES, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- INSTAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, expida unas reglas homogéneas para la distribución de las acciones de tutela con destino a las oficinas de reparto judicial con base en el Decreto 1382 de 2000, que contemple situaciones como la examinada.
Cuarto.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.

References: artículo 86
 artículo 37
 artículo 86
 resolución 
 artículo 1
 artículo 86