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Timestamp: 2020-01-26 20:20:41+00:00

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STC 96/2006, 27 de Marzo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 23864569
STC 96/2006, 27 de Marzo de 2006
Número de Recurso: 6411-2003
Recurso de amparo 6411-2003. Promovido por don F.J. frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirmó la desestimación de su demanda sobre invalidez en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: sentencia social con un fallo diferente a otra dictada el mismo día en un supuesto idéntico sin justificación (STC 150/2001).
Sentencia citada en: 68 sentencias, 4 artículos doctrinales
STC 96/2006, de 27 de marzo de 2006
En el recurso de amparo núm. 6411-2003, promovido por don F.J., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribes Calle y asistido por el Abogado don Juan Carlos Migoya Arana, contra la Sentencia de 5 de marzo de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el recurso de suplicación núm. 339-2002, interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de los de Vizcaya de 17 de octubre de 2001. Ha sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), representado y asistido por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 29 de octubre de 2003, la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribes Calle, actuando en nombre y representación de don F.J., interpuso recurso de amparo constitucional contra la resolución citada en el encabezamiento.
Los hechos de los que trae causa la demanda, relevantes para la resolución del asunto, son, en síntesis, los siguientes:
El demandante de amparo, Sr. Zabarte Goitia, sufrió un infarto agudo de miocardio el día 17 de enero de 2000, a consecuencia del cual presentó las siguientes secuelas y limitaciones funcionales: cardiopatía isquémica, IAM antero-lateral extenso, fibrinolisis RTPA, ángor postinfarto, enfermedad arterial coronaria de 3 vasos (CS, DA y CD), angioplastia de DA con colocación de STENT con criterios de efectividad, hipcinesia sepro-proximal y medial, acinesia apical; y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes: SF disnea II/IV. FE 49-50 por 100.
El actor estaba afiliado tanto al régimen general de la Seguridad Social como al régimen especial de trabajadores autónomos, pues trabajaba tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
Considerando que sus secuelas post-infarto afectaban gravemente a su capacidad laboral, el demandante inició una actuación de reconocimiento de invalidez permanente en cada uno de los regímenes citados.
Desestimadas las dos solicitudes en vía administrativa y presentadas las correspondientes demandas, los Juzgados de lo Social núms. 4 y 6 de Vizcaya, después de celebrar los juicios respectivos, desestimaron ambas demandas mediante Sentencias de 29 de septiembre de 2001 y 17 de octubre de 2001, respectivamente.
Disconforme con dichas Sentencias, el demandante interpuso sendos recursos de suplicación contra las mismas. En el correspondiente a la solicitud relativa al régimen general, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó Sentencia el 5 de marzo de 2002 estimando el recurso y declarando la existencia de una invalidez permanente y absoluta para todo trabajo con derecho a la prestación legal. En el correspondiente a la solicitud relativa al régimen especial de trabajadores autónomos, la misma Sala en Sentencia de la misma fecha (5 de marzo de 2002) y en base a las mismas lesiones y secuelas desestimó el recurso y confirmó la Sentencia de instancia, declarando al trabajador apto para el trabajo. Aun tratándose de la misma Sala y de la misma fecha, ésta se formó con una composición parcialmente diferente entre ambas Sentencias, aun cuando uno de los tres Magistrados, que fue precisamente el Ponente de la segunda de ellas, formó también Sala en la primera.
Contra la Sentencia de 5 de marzo de 2002, que había denegado la incapacidad en el régimen de autónomos, interpuso el demandante recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando, entre otras razones, la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El recurso, que fue admitido a trámite, resultó desestimado, por falta de contradicción, por Sentencia de 28 de julio de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
En ejecución de la Sentencia relativa al Régimen General, el INSS notificó al actor que “para tramitar la pensión de incapacidad permanente absoluta que por sentencia firme ... tiene Vd. reconocida, debe enviarnos el cese en la actividad de autónomos, ya que la situación de pensionista de incapacidad permanente absoluta es la que inhabilita para toda profesión u oficio”.
El demandante de amparo aduce la vulneración por parte de la segunda de las Sentencias, la denegatoria de la invalidez en el régimen especial de trabajadores autónomos, de sus derechos fundamentales a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Advierte, en relación con ello, que el recurso no es meramente formal sino que existe una lesión con contenido material evidente, al resultar que la base reguladora de la pensión de invalidez en el régimen de autónomos es superior en 90.000 pesetas/mes a la reconocida en el régimen general.
Por providencia de 3 de diciembre de 2004 la Sección Segunda acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo formulada por don F.J., sin perjuicio de lo que resultara de los antecedentes. En la misma providencia se acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC), requerir atentamente al Juzgado de lo Social núm. 6 de Bilbao, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio de los autos núm. 411-2001, recurso de suplicación núm. 339-2002 y recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1630-2002, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Mediante escrito registrado el día 1 de febrero de 2005, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), solicitó que se le tuviera por personado y parte en el procedimiento.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de 17 de mayo de 2005 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Bilbao, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y Sala de lo Social del Tribunal Supremo, así como el escrito del Letrado de la Administración de la Seguridad Social, a quien se tuvo por personado y parte en el procedimiento en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), acordándose, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, a la Procuradora doña Rosa Sorribes Calle y al Letrado de la Administración de la Seguridad Social para que, dentro de dicho término, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieren
Mediante escrito registrado el día 3 de junio de 2005, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional solicitó el otorgamiento del amparo.
Mediante escrito registrado el día 23 de junio de 2005, la Letrada de la Administración de la Seguridad Social presentó sus alegaciones, interesando la inadmisión del recurso de amparo o, en su defecto, su desestimación, al no infringir la Sentencia recurrida los preceptos constitucionales invocados, y señalando al respecto que el recurso debe entenderse circunscrito al examen del derecho fundamental del art. 24 CE, único invocado en el recurso de casación para la unificación de doctrina con el lacónico argumento de que “las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo”.
Mediante escrito registrado el día 23 de junio, la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribe Calle, actuando en nombre y representación del demandante de amparo, presentó sus alegaciones, ratificándose en el contenido del escrito de interposición del recurso.
Por providencia de 23 de marzo de 2006 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
La cuestión que plantea la presente demanda de amparo radica en determinar si la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 5 de marzo de 2002 recurrida ha vulnerado los derechos a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (24.1 CE) del demandante, al declarar al actor apto para el trabajo, siendo así que en otra Sentencia del mismo día y de la misma Sala, aunque referida a distinto régimen de Seguridad Social, se había declarado al actor en situación de invalidez permanente absoluta para todo trabajo. A juicio del demandante de amparo, ello supone la existencia de un cambio de criterio inmotivado e irrazonable por el órgano judicial, que infringe su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, e implica un resultado arbitrario, que vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Antes de entrar a analizar la cuestión de fondo a la que se acaba de hacer referencia, conviene precisar que la demanda se dirige únicamente contra la Sentencia de 5 de marzo de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que es a la que se imputa la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Igualmente, hemos de resolver con carácter previo el óbice procesal planteado por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, que señala que, en lo que se refiere a la alegada vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, la demanda de amparo resultaría inadmisible por falta de invocación previa en el proceso del derecho fundamental vulnerado, toda vez que, según se indica, en el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de suplicación ahora recurrida en amparo sólo se invocó el derecho a la tutela judicial efectiva, pero no el derecho a la igualdad.
Señalado lo anterior, debemos empezar por descartar, no obstante, que en el presente caso pueda plantearse la existencia de una vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), al faltar, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en su informe, el requisito de la “alteridad”. En efecto, es doctrina reiterada de este Tribunal que para que pueda estimarse la existencia de una vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley debe darse un “elemento de alteridad” en el término de comparación que se aporte por el demandante de amparo (por todas, SSTC 229/2001, de 26 de noviembre, FJ 2, y 74/2002, de 8 de abril, FJ 3), lo que no concurre en este caso. El recurrente alega que en la Sentencia ahora impugnada el órgano judicial ha resuelto el recurso conforme a un criterio distinto al utilizado en otro recurso interpuesto por él mismo ante hechos idénticos en relación con otro régimen de Seguridad Social. Es evidente, por tanto, que el recurrente no denuncia un trato desigual respecto de otra u otras personas, sino respecto de sí mismo en otro recurso anterior sobre pretensiones y presupuestos fácticos sustancialmente idénticos, por lo que su queja incumple el requisito de alteridad —la referencia al “otro”— exigible en todo alegato relativo a la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que conduce a rechazar la existencia de lesión del art. 14 CE, de conformidad con nuestra doctrina (STC 229/2001, de 26 de noviembre, FJ 2). El derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la ley garantiza que la decisión judicial no sea “fruto de un mero voluntarismo selectivo” frente a decisiones adoptadas conforme a otro criterio en casos anteriores, ni constituya una “respuesta ad personam” (STC 74/2002, de 8 de abril, FJ 3). Por definición, ni voluntarismo selectivo ni de respuesta ad personam pueden concurrir cuando quien fue el actor en los dos procesos resueltos de forma distinta es el mismo sujeto.
La imposibilidad de apreciar una vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley no implica, sin embargo, que una situación como la denunciada en la presente demanda de amparo no pueda ser analizada desde la perspectiva de otros derechos fundamentales del recurrente y, en concreto, desde la de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Así lo hemos declarado en diversas ocasiones en los últimos años al examinar la posibilidad de analizar desde las exigencias del art. 24.1 CE la queja de un cambio inmotivado del criterio judicial de aplicación de la ley respecto de una misma persona, por considerar que ha de tenerse por arbitrario el resultado que supone que una persona, sobre idénticos asuntos litigiosos, obtenga inmotivadamente respuestas distintas del mismo órgano judicial (SSTC 150/2001, de 2 de julio; 74/2002, de 8 de abril; 46/2003, de 3 de marzo; y 91/2004, de 19 de mayo).
Centrada, por tanto, la demanda de amparo en el examen de la queja del recurrente de vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), debemos recordar la reiterada doctrina de este Tribunal según la cual el art. 24.1 CE, que no garantiza el acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación del Derecho, sí exige, sin embargo, que la respuesta judicial a las pretensiones de las partes, o, en su caso, a la decisión de inadmisión de las mismas, esté motivada con un razonamiento congruente fundado en Derecho. Y para entender que una resolución judicial está razonada es preciso que el razonamiento que en ella se contiene no sea arbitrario, ni irrazonable, ni incurra en error patente. Ahora bien, en rigor, cuando lo que se debate en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, como sucede en este caso, “no afecta a los contenidos típicos del art. 24.1 CE o a otros derechos fundamentales, tan sólo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento” (SSTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 82/2002, de 22 de abril, FJ 7; 224/2003, de 15 de diciembre, FJ 2; y 29/2005, de 14 de febrero, FJ 4).
A fin de restablecer al demandante en la plenitud de su derecho bastará con disponer la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia, a fin de que por la propia Sala se dicte, con plenitud jurisdiccional, nueva resolución en el recurso de suplicación mediante la que se elimine el resultado disconforme con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de tal forma que la fundamentación de la nueva Sentencia explicite las razones por las que se resuelve de modo diferente a como se hizo en el caso anterior, a menos que decida de modo idéntico.
Otorgar el amparo solicitado por don F.J. y, en consecuencia:
Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva.
Anular la Sentencia de 5 de marzo de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el recurso de suplicación núm. 339-2002, interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de los de Vizcaya de 17 de octubre de 2001.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia, a fin de que la Sala dicte nueva resolución conforme con el contenido declarado del derecho fundamental, en los términos recogidos en el fundamento jurídico 7.
STSJ Galicia 1017/2011, 24 de Febrero de 2011
SAP Barcelona 246/2005, 27 de Mayo de 2005

References: resolución 
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