Source: http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/2012-julio.htm
Timestamp: 2013-06-19 00:47:59+00:00

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INFORME PR�CTICO DEL MES DE JULIO DE 2012 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES
www.notariosyregistradores.com INFORME PR�CTICO DEL MES DE JULIO DE 2012
1. Como disposiciones de inter�s general para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de julio destacamos las siguientes:
� La Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Aut�noma de Euskadi.
� La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles. En lo que a nosotros interesa debemos tener en cuanta que pueden ser mediadoras las
personas jur�dicas que se dediquen a la mediaci�n, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jur�dico debiendo designar para su ejercicio a una persona natural que re�na los requisitos previstos en la Ley.
� La Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicaci�n del art�culo 7 del
� El Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
instituciones de inversi�n colectiva. Destacamos del Rto. la eliminaci�n de la obligaci�n de nombrar un experto externo para emitir un informe sobre el proyecto de fusi�n cuando la IIC
resultante sea un fondo de inversi�n. Tambi�n que respecto de la
Administraci�n de la sociedad de inversi�n, cuando as� lo prevean los estatutos sociales, la junta general o, por su delegaci�n, el consejo de administraci�n podr�n acordar que la gesti�n de los activos de la sociedad, bien en su totalidad, bien en una parte determinada, se encomiende a
una o varias SGIIC o a una o varias entidades que est�n habilitadas para realizar en Espa�a el servicio de inversi�n previsto en el art�culo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio. El
eventual acuerdo deber� elevarse a escritura p�blica e inscribirse en el Registro Mercantil y en el registro de la CNMV.(Art. 7.2)
constituci�n de una IIC es preciso obtener previa autorizaci�n y constituir una sociedad an�nima o fondo de inversi�n, seg�n proceda. La inscripci�n de los fondos de inversi�n en el RM es potestativa. (Art. 8) Tambi�n es de gran trascendencia la norma del art. 97.1.6 seg�n el cual las SGIIC que formalicen apoderamientos deber�n inscribirlos en el RM y comunicarlos a la CNMV con car�cter previo a la actuaci�n de los apoderados.
� La de 7/6/2012 seg�n la cual para la inscripci�n de una adjudicaci�n judicial derivada de una hipoteca, es necesario que el deudor haya sido demandado, salvo que est� declarado en concurso y ello se acredite dentro del procedimiento registral.
� La de 8 de junio que confirma la doctrina de la propia DG de no caducidad de las anotaciones prorrogadas antes de la LEC del 2000, sin perjuicio de la aplicaci�n anal�gica del art. 157 de la LH.
� La de 9 de junio que viene a disponer que pese a la existencia de una prohibici�n de enajenar es posible la hipoteca de la finca sujeta a ella siempre que se subordine la futura ejecuci�n de la hipoteca a la desaparici�n de la prohibici�n.
� La de 11 de junio que viene a establecer que si se trata de administrador inscrito en el RM basta con que el notario haga un juicio de capacidad sin que sea preciso un juicio de suficiencia.
� La de 12 de junio que viene a disponer que si consta en el registro la declaraci�n de concurso del deudor no es posible la expedici�n de certificaci�n de cargas a efectos del procedimiento ejecutivo.
� La de 13 de junio seg�n la cual la diligencia del art. 153 del RN es un remedio excepcional y, por tanto, de interpretaci�n restrictiva y limitada a defectos formales del instrumento, nunca a su contenido de fondo, cl�usulas o estipulaciones. Ver cr�tica en resumen.
resoluciones de mercantil de inter�s se han publicado las siguientes:
� La de 5 de junio permitiendo que en la calificaci�n mercantil se puedan tener en cuenta documentos presentados con posterioridad.
� La de 7 de junio sobre la fundamental importancia del orden del d�a en relaci�n a los acuerdos adoptados.
� La de 15 de junio permitiendo que en un aumento con cargo a reservas, la sociedad suscriba las acciones que le correspondan por autocartera.
� La de 13 de junio facilitando la reapertura de hoja por falta de dep�sito de cuentas.
� La muy interesante de 18 de junio sobre prestaciones accesorias.
� La de 20 de junio reiterando su doctrina sobre cierre de hoja por baja en la AEAT y ello aunque el cese del administrador sean anterior a la baja.
� Y la de 21 de junio reiterando que en caso de aumento con aportaci�n de bienes deben asignarse por su numeraci�n las participaciones que corresponde a cada uno de los bienes aportados.
� Se viene hablando, desde hace unos meses, que entre los actos de jurisdicci�n voluntaria relativos a sociedades cuya competencia puede ser atribuida a los RRMM se encuentra el de la convocatoria de juntas generales a petici�n de la minor�a o de socios en determinadas circunstancias.
Por ello vamos a intentar precisar de forma breve en este informe, para el caso de que se haga efectiva dicha atribuci�n, el juego de los dos supuestos que, en la ley de sociedades de capital, la junta puede o debe ser convocada por el juez de lo mercantil.
Su regulaci�n se contiene en la actualidad en los art�culos 168, 169 y 170 de la LSC aprobada por RDL 1/2010.
Respecto de ellos podemos establecer la siguiente doctrina:
1. Su car�cter actos de jurisdicci�n voluntaria est� establecida en la sentencia del TS, sala primera, de 13 de mayo de 1975. Y es acto de jurisdicci�n voluntaria pese a que se debe citar y dar audiencia a los administradores de la sociedad, los cuales podr�n hacer alegaciones pero sin que por ello el acto se transforme en contencioso.
2. Ambos supuestos son aplicables a todas las sociedades de capital, es decir a las an�nimas, y limitadas y comanditarias por acciones.
3. El derecho a pedir convocatoria de la junta es uno de los derechos b�sicos e inderogables de los socios como destinado a proteger a las minor�as.
SUPUESTOS DE CONVOCATORIA JUDICIAL
1. El primer supuesto de convocatoria judicial de la junta es el regulado en el art. 168 de la LSC relativo a la
junta convocada a petici�n de la minor�a.
Seg�n este precepto los socios que representen el 5% del capital social podr�n solicitar de los administradores la convocatoria de junta para tratar de las cuestiones expresadas en la petici�n. Los administradores est�n obligados a convocarla para celebrarla en los dos meses siguientes a la fecha del requerimiento notarial dirigido a los administradores por los socios, incluyendo en el orden del d�a los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud. Ahora bien en su convocatoria, a nuestro juicio, los administradores no tienen porqu� limitarse a dichos asuntos, sino que tambi�n pueden incluir en el orden del d�a otros temas que sean de inter�s para la sociedad. En definitiva se trata de una junta extraordinaria convocada por iniciativa de la minor�a.
Si los administradores no atienden esta solicitud es cuando entra la posibilidad de su convocatoria por el juez sujet�ndose a los tr�mites que veremos m�s adelante.
Por tanto, en este caso, si concurren los requisitos exige norma el juez no tiene m�s remedio que convocar la junta a diferencia de lo que sucede con el supuesto que veremos a continuaci�n. Ahora bien, si falta alguna de las exigencias legales denegar� la solicitud de la minor�a. Estos casos pueden ser los siguientes:
a) Cuando el socio o socios no representen el 5% del capital social.
b) Cuando no acrediten el requerimiento notarial.
c) Cuando no haya transcurrido el plazo de dos meses o, en su caso, y para las limitadas el m�s corto establecido en los estatutos, desde el requerimiento notarial.
d) Cuando no se hayan expresado en la solicitud los asuntos a tratar.
2. El segundo supuesto de posibilidad de convocatoria judicial de la junta es el previsto en el art. 169 de la LSC.
Seg�n este precepto si la junta ordinaria, que por ley debe celebrarse en los seis primeros meses del ejercicio social (cfr. art. 164 LSC), no fuera debidamente convocada por los administradores cualquier socio podr� solicitar judicialmente la convocatoria de la junta. En este caso no se exige ning�n porcentaje en relaci�n al capital de la sociedad. El mismo tratamiento va a recibir cualquier otra junta cuya celebraci�n, as� como su plazo, est� establecida de forma obligatoria por los estatutos de la sociedad. Es decir que si los estatutos prev�n la celebraci�n de juntas peri�dicas y estas no fueren debidamente convocadas por los administradores, el socio tiene tambi�n el derecho de pedir su convocatoria al juez de lo mercantil del domicilio social. Es importante destacar que en estos casos de convocatoria a petici�n de la minor�a no es preciso requerimiento alguno previo a los administradores de la sociedad. Ello se deriva del car�cter obligatorio que tienen las juntas destinadas a la aprobaci�n de las cuentas o, en su caso, las estatutariamente establecidas. Tambi�n es importante destacar que en este caso el juez puede valorar las circunstancias concurrentes en el supuesto y decidir no proceder a la convocatoria de junta pues seg�n dice el precepto la convocatoria �podr� serlo��
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA POR EL JUEZ
1. Las �nicas normas que nos proporciona la LSC son las siguientes:
--- siempre es preciso dar audiencia a los administradores. Esta audiencia debe limitarse a exponerles la petici�n del socio, d�ndoles traslado del escrito presentado. Las �nicas alegaciones que en su caso podr�n ser tenidas en cuenta son las que se refieran a la capacidad o legitimaci�n del solicitantes o solicitantes. Cualesquiera otras alegaciones realizadas les ser�n reservadas en defensa de sus derechos para que las hagan donde y como estimen adecuado. Es decir ser�n de aplicaci�n los art�culos 2109 y siguientes y 2162 y siguientes de la vieja ley procesal. Por tanto la base y el fundamento de este procedimiento debe ser la protecci�n de las minor�as y la celeridad en la convocatoria de la juntas, pues si se admitiera cualquier oposici�n se dar�a lugar a un largo y dilatado proceso declarativo que frustrar�a la pretensi�n de los socios solicitantes.
Si se niega la capacidad o legitimaci�n de los solicitantes de forma fundada, el juez podr� solicitar las pruebas pertinentes de que se trata de un socio o que los solicitantes re�nen el 5% del capital social y han requerido previamente a los administradores para que convoquen la junta.
--- el juez debe resolver en el plazo de un mes desde la solicitud.
--- si accede a la misma puede designar libremente el presidente y secretario de la junta. Al expresar el art. 170 que puede designar libremente al presidente y secretario quiere decir que no tiene porqu� sujetarse a las norma legales o estatutarias existentes sobre dicha designaci�n. Estimamos que si no lo hace, no ser� obst�culo para la celebraci�n de la junta pues en este caso en el momento de constituirla se nombrar� presidente y secretario siguiendo las reglas ordinarias de toda junta general.
--- contra la resoluci�n del juez no cabe recurso alguno.
--- en cuanto al tiempo h�bil para hacer la solicitud debe ser una vez transcurrido los dos meses desde el requerimiento notarial sin que se haya convocado la junta, o una vez transcurrido el plazo para la celebraci�n de la junta ordinaria o el plazo, en su caso, establecido en estatutos. En ambos casos se puede plantear el problema de si los socios pueden
adelantar su petici�n cuando ya no exista antelaci�n suficiente para que los administradores hagan una convocatoria legal de la junta. Es decir si antes de que transcurran los dos meses o antes por ejemplo del 30 de junio, pero siempre que falta menos de un mes o de 15 d�as para la fecha tope de celebraci�n de la junta, los socios pueden hacer su petici�n al juez. Parece que no pues sobre todo en el caso de la junta ordinaria el juez puede valorar perfectamente el que la junta se haya convocado para su celebraci�n fuera de plazo (vid. Art.164.2 LSC).
--- finalmente los gastos de la convocatoria ser�n de cuenta de la sociedad. Aqu� es importante tener en cuenta que pese a la convocatoria judicial de la junta, la materialidad de dicha convocatoria
corresponde a los administradores de la sociedad, y por tanto ser�n ellos los encargados de insertar los anuncios con la antelaci�n necesaria o de cumplir cualesquiera tr�mites que exija la ley o los estatutos para que las juntas se entiendan v�lidamente convocadas (RDGRN de 16-4-2005, 26-7-2005 y 24-1-2006, entre otras).
*SERVICIOS BANCARIOS. Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de Espa�a, a entidades de cr�dito y proveedores de servicios de pago, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesi�n de pr�stamos.
El origen de la normativa sobre esta materia se encuentra en el art�culo 48.2 de la Ley sobre Disciplina e Intervenci�n de las Entidades de Cr�dito, el cual, con la finalidad de proteger los leg�timos intereses de los clientes de las entidades de cr�dito, faculta al ministro de Econom�a y Hacienda para establecer un conjunto de obligaciones espec�ficas aplicables a las relaciones contractuales entre unas y otros y exigir la comunicaci�n de las condiciones de ciertas operaciones a las autoridades administrativas encargadas de su control.
Durante muchos a�os estuvo vigente la Orden de 12 de diciembre de 1989, desarrollada por la Circular del Banco de Espa�a 8/1990, de 7 de septiembre, que formaban el marco regulador b�sico de la actuaci�n de las entidades de cr�dito en su relaci�n con la clientela.
Ahora, la normativa, especialmente tras la Ley de Econom�a Sostenible, es m�s exigente en la protecci�n de los usuarios e impone a las entidades financieras el realizar una evaluaci�n de la solvencia de sus clientes.
Para recoges esta evoluci�n, se promulg� la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protecci�n del cliente de servicios bancarios, que reuni� en un solo texto la normativa b�sica de transparencia y desarroll� el pr�stamo responsable.
Esta Circular desarrolla la nueva Orden, formando en su conjunto un nuevo marco de conducta, orientado a la protecci�n de los clientes de los servicios bancarios, destinado a regir las relaciones entre �stos y las entidades de cr�dito.
Las principales novedades con respecto a la regulaci�n anterior son las siguientes:
Cap�tulo I (objeto y
�mbito de aplicaci�n):
- Su �mbito de protecci�n preferente es el de servicios bancarios dirigidos o prestados en Espa�a por las entidades de cr�dito espa�olas y las sucursales en Espa�a de entidades de cr�dito extranjeras a los clientes, o clientes potenciales,
personas f�sicas. Incluye entidades sin personalidad formadas fundamentalmente por personas f�sicas.
- Cuando el cliente act�e en el
�mbito de su actividad profesional o empresarial, las partes podr�n acordar que no se aplique total o parcialmente lo previsto en la Circular, salvo en lo que se refiere al c�lculo de la TAE, a los tipos de inter�s oficiales y a los �ndices o tipos de referencia aplicables para el c�lculo del valor de mercado en la compensaci�n por riesgo de tipo de inter�s en los pr�stamos hipotecarios.
Cap�tulo II (Informaci�n general al p�blico):
- Recoge la
informaci�n que las entidades deben poner a disposici�n del p�blico sobre tipos de inter�s y comisiones.
- Se crean dos
documentos de formato homog�neo para las operaciones m�s habituales (anejo 1) y otro para los tipos de inter�s y comisiones por descubiertos y excedidos t�citos en cuenta (anexo II)
- Estos documentos podr�n
consultarse en las oficinas bancarias, en las webs de las entidades financieras y en la web del Banco de Espa�a para as� poder comparar.
- Se desarrollan las
explicaciones que deber�n facilitar a los clientes en el caso de operaciones bancarias m�s complejas de lo normal o con riesgos particulares.
compraventa de divisas, se han de publicar los tipos m�nimos de compra y los m�ximos de venta, cuando el importe de la compraventa no exceda de 3.000 euros, lo que se aplicar� tambi�n a cualquier proveedor de servicios de pago.
Cap�tulo III (informaci�n precontractual)
- Sigue los precedentes sobre cr�dito al consumo y de servicios de pago.
- Con car�cter general, antes de prestar cualquier servicio bancario, las entidades indicar�n al cliente el importe de todas las comisiones y gastos que se le adeudar�n y, posteriormente, le ofrecer�n la posibilidad de
desistir de la operaci�n. - Ha de ser
suficiente por antelaci�n y contenido, clara y objetiva para que el posible cliente de un servicio bancario pueda comparar.
- Se extiende tambi�n a los
- Se debe de
resaltar la informaci�n m�s importante (anejo III).
- La �letra peque�a� ha de superar un tama�o m�nimo. Concretamente, la letra min�scula que se emplee no podr� tener una altura inferior a un mil�metro y medio.
Cap�tulo IV (informaci�n contractual y posterior) - Los documentos contractuales
se redactar�n de forma clara y comprensible para el cliente, con un tama�o de la letra min�scula de al menos 1,5 mil�metros, sin tecnicismos y, si ello no es posible, explic�ndolos. - Se extiende a todos los servicios bancarios recibidos la obligaci�n de
entregar al cliente, sin coste, un ejemplar del documento contractual, aunque no lo pida, incluidos los contratos para acceder a los sistemas telef�nicos o electr�nicos que permitan la contrataci�n o utilizaci�n de los servicios bancarios ofrecidos por la entidad.
- Cuando los contratos sean intervenidos por fedatario p�blico, la entidad podr�, en todo caso, enviar por correo el contrato intervenido; en estos casos, el recib� del cliente lo constituir� el correspondiente acuse de recibo del env�o.
- Se regula la entrega documental en caso de contrataci�n electr�nica.
- Tambi�n, en
cada liquidaci�n de intereses o comisiones, han de entregar un documento de liquidaci�n con un contenido m�nimo. El anejo 4 recoge modelos.
- Se desarrollan y sistematizan los contenidos financieros de los documentos contractuales como remuneraci�n, duraci�n, prorroga, comunicaciones, incumplimiento� - En caso de que se haya exigido al cliente la aportaci�n de garant�as reales o personales, se indicar�n los t�rminos en los que quedar�n extinguidas. - Se han de indicar los mecanismos y sistemas de resoluci�n de reclamaciones y quejas a los que, en relaci�n con la interpretaci�n, aplicaci�n, cumplimiento y ejecuci�n del contrato, pueda acceder el cliente, incluyendo la posibilidad de acudir al departamento o servicio de atenci�n al cliente y, en su caso, al defensor del cliente de la entidad.
- Las entidades deber�n comunicar gratuitamente al cliente, como m�nimo mensualmente, el extracto de todos los
movimientos producidos en sus cuentas corrientes, salvo que no haya habido. - Como importante novedad, las entidades de cr�dito deber�n remitir a sus clientes,
durante el mes de enero de cada a�o, una comunicaci�n detallada en la que se recoja la informaci�n prevista en la propia Orden sobre comisiones y gastos devengados y tipos de inter�s efectivamente aplicados a cada servicio bancario prestado al cliente durante el a�o anterior. Ver anejo 5.
Cap�tulo V (pr�stamo responsable)
- Se desarrolla este concepto incluido en la Ley de Econom�a Sostenible y en el art. 18 de la
entidades, al ofrecer y conceder pr�stamos o cr�ditos, deber�n actuar honesta, imparcial y profesionalmente, atendiendo a la situaci�n personal y financiera y a las preferencias y objetivos de sus clientes, debiendo resaltar toda condici�n o caracter�stica de los contratos que no responda a dicho objetivo.
clientes, por su parte, deben de facilitar a las entidades una informaci�n completa y veraz sobre su situaci�n financiera y sobre sus deseos y necesidades en relaci�n con la finalidad, importe y dem�s condiciones del pr�stamo o cr�dito.
- De todos modos, ha de respetarse la libertad de contrataci�n y reconocer la plena validez y eficacia de los contratos, y la plena responsabilidad de los clientes por el incumplimiento de las obligaciones que contractualmente hubieran asumido.
- Las entidades tendr�n una
pol�tica, m�todo y procedimiento de estudio y concesi�n de pr�stamos o cr�ditos, verificable por el Banco de Espa�a y adaptada a unos principios que se recogen en el Anejo 6.
Cap�tulo VI (tipos de inter�s).
- Da diversas indicaciones para el c�lculo de la tasa anual equivalente (TAE) que define como aquella que iguala en cualquier fecha el valor actual de los efectivos entregados y recibidos a lo largo de la operaci�n. Su c�lculo se realizar� de acuerdo con la formulaci�n matem�tica que figura en el anejo 7.
- El coste efectivo remanente (CER) y el rendimiento efectivo remanente (RER) se calcular�n tambi�n con la formulaci�n matem�tica del anejo 7, si bien teniendo en cuenta exclusivamente el plazo pendiente hasta el vencimiento o amortizaci�n y los conceptos de coste o rendimiento que resten por pagar o por cobrar si la operaci�n sigue su curso normal.
- Se establece en el anejo 8 la definici�n y forma de c�lculo de los tipos de inter�s oficiales, entre los que se encuentran los dos nuevos introducidos por la Orden: - el vinculado a los pr�stamos hipotecarios entre uno y cinco a�os, destinados a la adquisici�n de vivienda en la zona del euro, que se tomar� directamente de los publicados por el Banco Central Europeo; - y el de los Interest Rate Swap (IRS) a cinco a�os, que utilizar� los publicados diariamente en las pantallas habitualmente empleadas por los operadores financieros.
- Y se definen los �ndices y tipos de referencia que deben utilizarse en la determinaci�n del valor de mercado de los pr�stamos hipotecarios que se cancelan anticipadamente, a efectos de constatar si ha lugar a la compensaci�n por riesgo de tipo de inter�s prevista en el art�culo 9.2 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre.
- En una disposici�n transitoria se definen los dos tipos de inter�s oficiales que van a desaparecer, mientras eso no ocurra:
a) Tipo medio de los pr�stamos hipotecarios a m�s de tres a�os, para adquisici�n de vivienda libre, concedidos por los bancos.
b) Tipo medio de los pr�stamos hipotecarios a m�s de tres a�os, para adquisici�n de vivienda libre, concedidos por las cajas de ahorros.
Cap�tulo VII (informaci�n al Banco de Espa�a). La Circular
establece las obligaciones formales de las entidades en relaci�n con la informaci�n que deben remitir peri�dicamente al Banco de Espa�a, algunas de las cuales afectan tambi�n a todas las cajas de ahorros, aunque no ejerzan directamente su actividad financiera
Entrada en vigor. Ser� escalonada:
- La regla general es de tres meses, es decir, el 6 de octubre de 2012.
1� de enero de 2013: - informaci�n al p�blico sobre tipos de inter�s y comisiones;
- informaci�n al Banco de Espa�a sobre tipos de inter�s y comisiones;
- explicaciones adecuadas y deber de diligencia:
- informaci�n precontractual;
- pr�stamo responsable.
1� de julio de 2013: contenido de los contratos (norma d�cima)
1� de enero de 2014: comunicaciones anuales al cliente de los servicios prestados el a�o anterior. Mientras, regir� la Circular derogada de 1990.
Ver resumen de la Orden EHA/2899/2011. Se recuerda que
sus normas relativas a los cr�ditos y pr�stamos hipotecarios entran en vigor el 29 de julio de 2012.
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PA�S VASCO. Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Aut�noma
Mediante esta ley se regulan las Cajas de Ahorros en la Comunidad Aut�noma antes citada.
Destacamos los principales cambios frente a la anterior Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Aut�noma de Euskadi: � Nueva regulaci�n para cuando las cajas de ahorros desarrollen su objeto propio como entidad de cr�dito a trav�s de una entidad bancaria a la que aporten todo su negocio financiero. Asimismo, se prev� la participaci�n de una caja en un sistema institucional de protecci�n (SIP).
� Se contempla que el ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de Administraci�n y de vocal de la Comisi�n de Control pueda ser retribuido, correspondiendo a la Asamblea General
su determinaci�n.
� Se establece que el ejercicio del cargo de miembro de los �rganos de gobierno de una caja de ahorros ser� incompatible con el de todo cargo pol�tico electo y con el de alto cargo de las administraciones p�blicas, as� como de las entidades del sector p�blico, de derecho p�blico o privado, vinculadas o dependientes de aquellas.
� Se limita la representaci�n de las instituciones p�blicas al 40 %, frente al 50 % anterior, dando entrada a la representaci�n de las juntas generales y de las entidades representativas de intereses colectivos.
� Se incluye en la ley la regulaci�n precisa para la constituci�n y funcionamiento de la
Comisi�n de Inversiones y de la Comisi�n de Retribuciones y Nombramientos.
� Se establece, asimismo, la regulaci�n sobre
� Por �ltimo, se introduce un cap�tulo VI que traslada la nueva regulaci�n sobre los derechos de representaci�n de los cuotapart�cipes y las cuotapart�cipes.
Por �ltimo, en la disposici�n transitoria cuarta, se establece que la constituci�n de todos los �rganos de gobierno de las cajas se realizar�
dentro de los dos meses siguientes al de la aprobaci�n de los estatutos y reglamentos de las cajas de ahorros.
Entr� en vigor el 23 de junio de 2012. GGB
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CATALU�A: C�DIGO CIVIL.
Ley 7/2012, de 15 de junio, de modificaci�n del libro tercero del C�digo civil de Catalu�a, relativo a las personas jur�dicas.
En la secci�n "FUTURAS NORMAS� ya se rese�� que introduce medidas de simplificaci�n administrativa dirigidas fundamentalmente a incentivar la constituci�n de nuevas fundaciones: reduciendo la dotaci�n inicial; incrementando la autonom�a de gesti�n (compatibilizando la condici�n de patr�n y la prestaci�n de servicios a la fundaci�n); se flexibiliza el r�gimen de autorizaciones para ciertas operaciones del Patronato sustituy�ndola por una declaraci�n responsable; entre otras medidas.
1) El art. 312-3 permite ahora que el cargo de
secretario pueda ejercerse por persona que no tenga la condici�n de
y que interviene en las reuniones con voz pero sin voto, y tiene el deber de advertir de la legalidad de los acuerdos.
2) El art. 315-2-e) suprime la necesidad de inscribir los Poderes Generales en el Registro Auton�mico de Fundaciones. 3) El art. 331-5-1 rebaja (de 60.00) a 30.000 � el valor de la dotaci�n inicial de la fundaci�n, y el
art. 331-8-2� y 3� reduce a 15.000 � la dotaci�n de las fundaciones temporales.
4) El art. 331-6-5 rebaja (del 50% y 4 a�os) al 25% y 5 a�os la posibilidad de desembolsos sucesivos de aportaciones dinerarias.
5) El art.332-2 suprime la obligatoriedad de director-gerente en las fundaciones con m�s de 25 trabajadores.
6) El art. 332-10 generaliza la posibilidad de que los patronos puedan establecer una
relaci�n laboral o profesional retribuida con la fundaci�n siempre que sus tareas sean diferentes de las propias del cargo de patrono.
7) Se a�ade un nuevo art.
332-13 que regula la posibilidad de �declaraciones responsables� que el art. 332-9
exige ahora para los casos de conflicto de intereses y autocontrataci�n.
8) El art. 333-1 modifica el R�gimen de los Actos de Disposici�n: - Restringe la obligatoriedad de que las enajenaciones lo sean a t�tulo oneroso para �los bienes que integran la dotaci�n y los destinados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales� (Y no para cualesquiera bienes integrantes del
patrimonio de la fundaci�n).
- Admite la posibilidad
NO reinvertir el producto de tales bienes si el Patronato presenta previamente al Protectorado, una declaraci�n responsable justificativa, un informe por t�cnicos independientes que acredite la necesidad del acto de disposici�n y las razones que justifican la no-reinversi�n. Tambi�n debe justificar el destino que se d� al producto que no se reinvierta, que debe estar siempre dentro de las finalidades de la fundaci�n.
enajenaci�n o gravamen de inmuebles, establecimientos mercantiles o bienes muebles, con un valor de mercado superior a 15.000 euros, deben comunicarse previamente al Protectorado. Si el valor de mercado
supera los 100.000 euros o el 20% del activo de la fundaci�n seg�n el �ltimo balance, el patronato, antes de la perfecci�n del contrato, debe presentar una declaraci�n responsable al Protectorado y un informe de t�cnicos independientes que acredite que la operaci�n responde a criterios econ�mico-financieros y de mercado. Se except�an los actos de enajenaci�n de bienes negociados en mercados oficiales si la enajenaci�n se efect�a al menos por el precio de cotizaci�n.
- Introduce casos de inscripci�n obligatoria: los representantes de la fundaci�n en un acto de enajenaci�n o gravamen que pueda ser objeto de publicidad registral han de solicitar sin demora su
inscripci�n en el Registro de la Propiedad o en el registro que proceda por raz�n del objeto.
- Mantiene el r�gimen de
autorizaci�n previa del Protectorado (sujeta tambi�n a
silencio administrativo positivo de 2 meses) cuando el donante lo haya exigido expresamente, o lo exijan los estatutos; o cuando los bienes o derechos objeto de disposici�n se han recibido de instituciones p�blicas o se han adquirido con fondos p�blicos.
9) Se deroga el art. 314-5-3 que preve�a el deber de levantar acta del estado en que se hallaba la persona jur�dica en el momento en que se asumen las facultades de liquidaci�n, sin perjuicio de lo que resulte de las operaciones de liquidaci�n. Ir al archivo especial.
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VALENCIA. Ley 2/2012, de 14 de junio, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial
y los Emprendedores, Microempresas y Peque�as y Medianas Empresas de la Comunitat Valenciana.
Esta Ley se vertebra en torno a tres ejes de acci�n fundamentales tendentes a impulsar y facilitar, de acuerdo con lo indicado en la Exposici�n
de Motivos de la ley, la efectiva puesta en marcha de las actividades empresariales o profesionales que pretendan iniciar los emprendedores:
a) La flexibilizaci�n y simplificaci�n de los procedimientos y la reducci�n de tr�mites y cargas administrativas.
b) La exenci�n y bonificaci�n de tasas administrativas.
c) Medidas de apoyo, informaci�n, coordinaci�n y financiaci�n dirigidas a los emprendedores.
Simplificaci�n Administrativa
Se incluyen en la Ley las medidas de simplificaci�n administrativa, destacando el establecimiento del r�gimen de la declaraci�n responsable del emprendedor para la solicitud de inicio de la actividad econ�mica
Asimismo, la norma obliga a la tramitaci�n administrativa conjunta en supuestos en que el inicio de la actividad implique tambi�n la realizaci�n de obras.
Medidas Fiscales, financieras y de Apoyo al emprendimiento
Se establece la exenci�n del pago de las tarifas que se recogen en ella para los sujetos pasivos que inicien sus actividades empresariales o profesionales en 2012 y 2013, siempre que el devengo se produzca en el primer a�o de actividad, previendo la
bonificaci�n del cincuenta por ciento de la cuota para el supuesto de que �ste se produzca en el segundo a�o de actividad de la empresa. Tambi�n se introduce la posibilidad de que las empresas puedan
solicitar la compensaci�n de las deudas que mantengan con la Generalitat con los cr�ditos reconocidos por esta a su favor por actos administrativos, ya tengan origen tributario o no tributario. Se dispone adem�s la creaci�n del Consejo Valenciano del Emprendedor as� como de la Plataforma del Emprendedor.
Entr� en vigor el 21 de junio de 2012. GGB
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**MEDIACI�N. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles.
Para hacer esta rese�a, hemos partido de la publicada en su d�a del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles. Hicimos una comparaci�n de los textos de ambas disposiciones legales, art�culo por art�culo. Fruto de ella, mostramos un esquema con las principales diferencias significativas, que seguidamente, desarrollamos,
poniendo en rojo el nuevo contenido normativo procedente de la Ley 5/2012.
Esquema de diferencias:
- Se aclara la redacci�n sobre prescripci�n y caducidad.
- Las Instituciones de mediaci�n pueden ser espa�olas y extranjeras,
- Se suaviza el r�gimen de responsabilidad de estas Instituciones, pero tendr�n obligaci�n de confidencialidad.
- No podr�n prestar directamente el servicio de mediaci�n y tampoco las C�maras de Comercio.
- Los Colegios Profesionales han de impulsarla y podr�n desempe�ar funciones de arbitraje.
- La responsabilidad del mediador se endurece: puede no ser s�lo por mala fe, temeridad o dolo.
- Las partes podr�n solicitar medidas cautelares incluso judiciales.
- Las personas jur�dicas mediadoras deber�n designar para su ejercicio a una persona natural que re�na los requisitos previstos en esta Ley.
- El mediador ha de tener t�tulo oficial universitario o de formaci�n profesional superior.
- Los cursos de formaci�n valen para todo el territorio espa�ol.
- El expediente deber� ser conservado s�lo cuatro meses (y no seis)
- Si una parte no quiere firmar el acta, el mediador lo har� constar y entregar� copias a los que quieran.
- Contra lo convenido en el contrato de mediaci�n, s�lo podr� ejercitarse la acci�n de nulidad por
las causas que invalidan los contratos.
- Puede ser tambi�n electr�nica la sesi�n constitutiva.
- Puede usarse videoconferencia u otro medio an�logo de transmisi�n de la voz o la imagen con garant�as.
- La mediaci�n para una reclamaci�n de cantidad que
no exceda de 600 euros ahora puede no ser electr�nica.
- En la escritura de formalizaci�n, no es precisa la comparecencia ante notario del mediador para obtener el t�tulo ejecutivo. - Se mantiene la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a�adi�ndose la modificaci�n de tres art�culos m�s relativos al juicio verbal.
- No tendr�n que obtener los t�tulos profesionales (curso y examen) quienes se colegien como Abogados o Procuradores antes de los dos a�os contados desde la terminaci�n de la carrera.
Introducci�n. La mediaci�n representa una alternativa al proceso judicial o a la v�a arbitral, como sistema de resoluci�n de conflictos que puede ayudar a que el Estado ejercite una de sus funciones esenciales: la garant�a de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos, manteniendo los Tribunales de Justicia como �ltimo remedio.
El mediador ha de ser un profesional neutral que facilita la resoluci�n del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa.
Esta materia, en lo aplicable a los diversos asuntos civiles y mercantiles, carec�a de regulaci�n general en Espa�a, con alguna atenci�n por parte de Comunidades Aut�nomas.
En Europa se ha dictado la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, que ahora se incorpora al Derecho interno, aunque con retraso. Pero la Directiva es una regulaci�n de m�nimos pensada para conflictos transfronterizos, siendo este texto m�s amplio en l�nea con su lejano mandante, la disposici�n final tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el C�digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separaci�n y divorcio, en la que se encomendaba al Gobierno la remisi�n a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre mediaci�n basada en los
principios establecidos en las disposiciones de la Uni�n Europea, y en todo caso en los de
voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediaci�n creados por las Comunidades Aut�nomas.
Se acudi� inicialmente a la figura del Real Decreto Ley para reparar cuanto antes el incumplimiento de trasposici�n de la Directiva 2008/52/CEE. Se trata de una regulaci�n estatal en uso de las competencias que le incumben al Estado en materia de legislaci�n mercantil, procesal y civil, con respeto a las disposiciones que dicten las Comunidades Aut�nomas en el ejercicio de sus competencias.
La regulaci�n de esta norma conforma un
r�gimen general aplicable a toda mediaci�n que tenga lugar en Espa�a, y pretenda tener un efecto jur�dico
vinculante, si bien circunscrita al �mbito de los
asuntos civiles y mercantiles, como instrumento eficaz para la resoluci�n de controversias cuando el conflicto jur�dico afecta a derechos subjetivos de car�cter disponible. El modelo de mediaci�n es
flexible. Se basa en la
voluntariedad y libre decisi�n de las partes y en la intervenci�n de un mediador, del que se pretende una actuaci�n activa orientada a la soluci�n de la controversia por las propias partes. De hecho, se opta por la
deslegalizaci�n o p�rdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige tambi�n en las relaciones que son objeto del conflicto.
El acuerdo al que se pueda llegar podr� tener la consideraci�n de t�tulo ejecutivo,
si las partes lo desean, mediante su elevaci�n a escritura p�blica, cuya efectividad podr� instarse directamente ante los tribunales
La figura del mediador �uno o varios- es la pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una soluci�n dialogada y voluntariamente querida por las partes.
- La actividad de mediaci�n se despliega en m�ltiples �mbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. - Ha de tener, pues, una
formaci�n general que le permita desempe�ar esa tarea
- Debe ofrecer garant�a inequ�voca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir. - Los
servicios e instituciones de mediaci�n desempe�an una tarea fundamental a la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediaci�n.
Otro eje de la nueva regulaci�n es la llamada
desjuridificaci�n, consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo restaurativo o reparatorio.
Como medidas para favorecer su uso, se procura, por ejemplo:
procedimiento sea de f�cil tramitaci�n, poco costoso y de corta duraci�n en el tiempo. - que
no tenga repercusi�n en costes procesales posteriores - que
no se permita su planteamiento como una estrategia dilatoria del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. - que no interrumpa la prescripci�n, opt�ndose por la suspensi�n de la prescripci�n al iniciarse el procedimiento, con el prop�sito de eliminar posibles desincentivos y evitar que la mediaci�n pueda producir efectos jur�dicos no deseados.
La ley �y antes el real decreto- ley cuenta con
cinco t�tulos.
T�tulo I. Disposiciones generales.
Concepto. Se entiende por mediaci�n aquel medio de soluci�n de controversias, cualquiera que sea su denominaci�n, en que dos o m�s partes intentan voluntariamente alcanzar por s� mismas un acuerdo con la intervenci�n de un mediador.
- Se aplica a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no est�n a disposici�n de las partes.
- No se aplica a:
elementos extranjeros: se aplica si las partes se someten a �l o, en su defecto, cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en Espa�a y la mediaci�n se realice en territorio espa�ol. - Novedad de la Ley 1/2012: Al definir en su art. 3, los conflictos transfronterizos, se a�ade este p�rrafo:
"Tambi�n tendr�n esta consideraci�n los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediaci�n, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto."
Prescripci�n y caducidad. Art. 4. La Ley 1/2912 cambia su redacci�n para dejarla m�s clara.
- La solicitud de inicio de la mediaci�n conforme al art�culo 16 suspender� la prescripci�n o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepci�n de dicha solicitud por el mediador, o el dep�sito ante la instituci�n de mediaci�n en su caso. En el RDL se dec�a que se produc�a la suspensi�n desde el comienzo de la mediaci�n, aunque, seguidamente, concretaba ese comienzo.
- Si en el plazo de quince d�as naturales a contar desde la recepci�n de la solicitud de inicio de la mediaci�n no se firmara el acta de la sesi�n constitutiva prevista en el art�culo 19, se reanudar� el c�mputo de los plazos.
- La suspensi�n se prolongar� hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediaci�n o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminaci�n de la mediaci�n por alguna de las causas previstas en esta Ley.
Instituciones de mediaci�n.
- Son las entidades p�blicas o privadas y las corporaciones de derecho p�blico que tengan entre sus fines el impulso de la mediaci�n, facilitando el acceso y administraci�n de la misma, incluida la designaci�n de mediadores.
Pueden ser espa�olas o extranjeras.
- Deber�n garantizar la
transparencia en la designaci�n de mediadores. Seg�n el RDL, asumir�n subsidiariamente la
responsabilidad derivada de su actuaci�n, pero esta referencia desaparece en la Ley.
- Dar�n
publicidad de los mediadores que act�en en su �mbito, informando, al menos, de su formaci�n, especialidad y experiencia, en el �mbito de la mediaci�n a la que se dediquen.
- Las instituciones o servicios de mediaci�n establecidos o reconocidos por las Administraciones P�blicas son las que podr�n asumir las funciones de mediaci�n previstas en este RDL.
- La instituci�n de mediaci�n
no podr� prestar directamente el servicio de mediaci�n, ni tendr� m�s intervenci�n en la misma que la que prev� esta Ley.
- Estas instituciones podr�n implantar sistemas de mediaci�n por medios electr�nicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.
Ministerio de Justicia tiene una especial responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa.
- El RDLey reform� la Ley B�sica de las C�maras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci�n, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la de la mediaci�n, pero la Ley ya no permite que act�en con funciones de mediaci�n (frente al RDLey), pues ahora dice.
�i) Impulsar y desarrollar la mediaci�n, as� como desempe�ar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislaci�n vigente.� Ver comparativa con antigua D. F. 1�. - La nueva D. F. 1� a�ade esta funci�n a los Colegios Profesionales: ��) Impulsar y desarrollar la mediaci�n, as� como desempe�ar funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislaci�n vigente.� As�, pues, no podr�n prestar directamente servicios de mediaci�n.
T�tulo II: Principios informadores de la mediaci�n:
Voluntariedad y libre disposici�n.
- La mediaci�n es voluntaria, aunque, cuando exista un pacto por escrito de acudir a ella, se deber� intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicci�n o a otra soluci�n extrajudicial. - Nadie est� obligado a mantenerse en el procedimiento de mediaci�n ni a concluir un acuerdo.
Neutralidad. Las actuaciones se desarrollar�n de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por s� mismas un acuerdo de mediaci�n.
Confidencialidad. - est�n obligados a ella, bajo responsabilidad, las partes, las instituciones de mediaci�n y el mediador (que quedar� protegido por el secreto profesional);
- afecta tanto al procedimiento como a la documentaci�n utilizada;
- como regla general, no se puede obligar a presentar los documentos en procedimiento posterior ni a declarar a los intervinientes.
- Como excepciones se encuentran a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen
del deber de confidencialidad.
Principios en la actuaci�n de las partes.
- la mediaci�n se organizar� del modo que las partes
tengan por conveniente;
- actuar�n conforme a los principios de buena fe y respeto mutuo.
- mientras, no podr�n interponer entre s� ninguna acci�n judicial o extrajudicial en relaci�n con su objeto, con excepci�n de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la p�rdida irreversible de bienes y derechos;
- deber�n prestar
colaboraci�n y apoyo permanente a la actuaci�n del mediador.
- Pueden ser mediadores las
personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislaci�n a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesi�n.
personas jur�dicas que se dediquen a la mediaci�n, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jur�dico, deber�n designar para su ejercicio a una persona natural que re�na los requisitos previstos en esta Ley.
- Deber�
estar en posesi�n de t�tulo oficial universitario o de formaci�n profesional superior y contar con formaci�n espec�fica para ejercer la mediaci�n, que se adquirir� mediante la realizaci�n de uno o varios cursos espec�ficos impartidos por instituciones debidamente acreditadas
que tendr�n validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional. - El
contenido de la formaci�n ser� �seg�n el RDLey- te�rico y pr�ctico y estar� formado por conocimientos jur�dicos, psicol�gicos, de t�cnicas de comunicaci�n, de resoluci�n de conflictos y negociaci�n, as� como de �tica de la mediaci�n.
Desaparece esta enumeraci�n de contenido en la Ley.
- El Ministerio de Justicia y las Administraciones p�blicas competentes, en colaboraci�n con las instituciones de mediaci�n, fomentar�n y
requerir�n la adecuada formaci�n inicial y continua.
- Ha de suscribir un
seguro o garant�a equivalente que cubra la responsabilidad civil.
Actuaci�n. Se sigue, al respecto, el modelo del C�digo de conducta europeo para mediadores.
- Facilitar� la comunicaci�n entre las partes y velar� porque dispongan de la
informaci�n y el asesoramiento suficientes.
- Desarrollar� una
conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes.
renunciar, con obligaci�n de entregar un acta a las partes en la que conste aqu�lla.
Imparcialidad. Si no lo es, no puede iniciar la mediaci�n o ha de abandonarla. Tambi�n ha de revelar a las partes una serie de circunstancias que se enumeran. Responsabilidad.
- La aceptaci�n de la mediaci�n obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los da�os y perjuicios que causaren.
Desaparece en la Ley 1/2012 que esos da�os y perjuicios hayan de ser por mala fe, temeridad o dolo, lo que parece ampliar su extensi�n.
- El perjudicado tendr�
acci�n directa contra el mediador y, en su caso, la instituci�n de mediaci�n que corresponda.
responsabilidad de la instituci�n de mediaci�n derivar� de la designaci�n del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben.
- Ser�
pagado por partes iguales, haya concluido o no en acuerdo, por cada parte, salvo pacto en contrario.
- Tanto los mediadores como la instituci�n de mediaci�n podr�n exigir la provisi�n de fondos que estimen necesaria.
- Ver coste de la mediaci�n y del arbitraje seg�n el Colegio de Abogados de Madrid.
Aspectos generales. Seg�n
de Motivos, es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediaci�n los que determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como ense�a la experiencia aplicativa de esta instituci�n, no es extra�o que la mediaci�n persiga simplemente mejorar relaciones, sin intenci�n de alcanzar un acuerdo de contenido concreto.
- Puede ser de com�n acuerdo -designando
el mediador o la instituci�n de mediaci�n- o por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediaci�n.
- Se formular�
ante las instituciones de mediaci�n o ante el mediador propuesto.
- Si est� en curso un
proceso judicial, las partes de com�n acuerdo podr�n solicitar su suspensi�n.
Sesi�n informativa.
- El mediador o la instituci�n de mediaci�n citar� a las partes, salvo pacto en contrario, para la celebraci�n de la sesi�n informativa. - En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes, se entender� que desisten.
- Se enumera el contenido m�nimo del que el mediador informar� a las partes. Sesi�n constitutiva.
- En ella, las partes expresar�n su deseo de desarrollar la mediaci�n y dejar�n constancia de los
aspectos que se enumeran como su identificaci�n, mediador, objeto, programa, duraci�n, lugar�
- Se levantar�
un acta en la que consten estos aspectos, que ser� firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro caso, dicha acta declarar� que la mediaci�n se ha intentado sin efecto.
Desarrollo de las actuaciones de mediaci�n. - Se dan indicaciones sobre el modo de actuar del mediador en sus funciones de convocatoria, direcci�n de sesiones y comunicador.
- El procedimiento ser� lo m�s breve posible.
- Se prev�n actuaciones por medios electr�nicos, que ser�n la regla general para reclamaciones de cantidad que no excedan de 600 euros, salvo imposibilidad.
Terminaci�n del procedimiento.
- Puede ser por acuerdo o
sin �l: por decisi�n de alguna parte, transcurso del plazo, decisi�n del mediador�
- El mediador formar� un
expediente con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, debiendo de ser conservado y custodiado el mediador o por la instituci�n de mediaci�n, durante
cuatro meses (eran seis meses en el RDLey).
- La renuncia o rechazo del mediador s�lo producen la conclusi�n si no se nombra a otro.
acta final determinar� la conclusi�n del procedimiento y, en su caso, reflejar� los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalizaci�n por cualquier otra causa.
- Del acta, firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores, se entregar� un ejemplar original a cada una de ellas.
El acuerdo de mediaci�n.
Extensi�n. Puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas.
Contenido. Identidad y domicilio de las partes; lugar y fecha; obligaciones que cada parte asume; mediador y, en su caso, instituci�n interviniente y que se ha seguido el procedimiento conforme a este RDL.
Firma. Firmar�n las partes o sus representantes.
En caso de que alguna de las partes no quisiera firma el acta, el mediador har� constar en la misma esta circunstancia, entregando un ejemplar a las partes que lo deseen. Desaparece en la Ley referencia a que el acuerdo de mediaci�n lo presentar�n los interesados al mediador, en el plazo m�ximo de diez d�as desde el acta final, para su firma.
Ejemplares. Tendr� uno cada parte, reserv�ndose otro el mediador para su conservaci�n.
Vinculante. El mediador informar� a las partes del
car�cter vinculante del acuerdo alcanzado
Escritura como t�tulo ejecutivo. Tambi�n les informar� de que pueden instar su elevaci�n a escritura p�blica al objeto de configurar su acuerdo como un t�tulo ejecutivo. Sigue igual en la Ley.
Recurso. Contra lo convenido en el acuerdo de mediaci�n s�lo podr� ejercitarse la
acci�n de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
- Posibles actuaciones por medios electr�nicos.
- Las partes podr�n acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediaci�n, incluida la sesi�n constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electr�nicos, por videoconferencia u otro medio an�logo de transmisi�n de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediaci�n.
- La mediaci�n que consista en una reclamaci�n de cantidad que
no exceda de 600 euros se desarrollar� preferentemente por medios electr�nicos, salvo que el empleo de �stos no sea posible para alguna de las partes. As�, pues, ya no se impone este medio, aunque puedan emplearlo las partes.
T�tulo V. Ejecuci�n de los acuerdos.
Formalizaci�n del t�tulo ejecutivo.
- El acuerdo de mediaci�n se presentar� ante un notario acompa�ado de
copia de las actas de la sesi�n constitutiva y final del procedimiento.
No resulta necesaria la presencia del mediador.
notario verificar� el cumplimiento de los requisitos exigidos en este RDL y que su contenido no es contrario a Derecho.
Aranceles. �Para el c�lculo de los honorarios notariales de la escritura p�blica de formalizaci�n de los acuerdos de mediaci�n se aplicar�n los aranceles correspondientes a los �Documentos sin cuant�a� previstos en el n�mero 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios�. La Ley mantiene la misma redacci�n.
- Si el acuerdo ha de ejecutarse en otro Estado, adem�s de la elevaci�n a escritura p�blica, ser� necesario el cumplimiento los requisitos exigidos en Convenios internacionales o por las normas de la Uni�n Europea.
un proceso judicial pendiente, las partes podr�n solicitar del tribunal su homologaci�n.
Acci�n ejecutiva. Seg�n la nueva redacci�n del art. 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la acci�n ejecutiva fundada en sentencia, en resoluci�n del Tribunal o del Secretario judicial que apruebe� un acuerdo alcanzado� en acuerdo de mediaci�n caducar� si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los
cinco a�os siguientes a la firmeza de la sentencia o resoluci�n.
- Si est�
en curso un proceso, la ejecuci�n corresponder� al tribunal que homolog� el acuerdo.
dem�s casos, ser� competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediaci�n.
Acuerdos de mediaci�n transfronterizos.
- Hay que estar a lo previsto en la normativa de la Uni�n Europea
y los convenios internacionales
- En su defecto, si un acuerdo de mediaci�n ya hubiera adquirido fuerza ejecutiva en otro Estado s�lo podr� ser ejecutado en Espa�a cuando tal fuerza ejecutiva derive de la intervenci�n de una autoridad competente que desarrolle
funciones equivalentes a las que desempe�an las autoridades espa�olas.
Si a�n no la hubiera adquirido, s�lo podr� ser ejecutado en Espa�a previa elevaci�n a escritura p�blica por notario espa�ol a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las dem�s.
Excepci�n a la ejecutabilidad. - No podr�n ejecutarse los acuerdos cuyo contenido sea contrario a Derecho, sean espa�oles o extranjeros (orden p�blico espa�ol para �stos). -
Nota: Este mandato est� dirigido, no s�lo al Tribunal, sino tambi�n al Notario requerido, pues �ste ha de verificar
que su contenido no sea contrario a Derecho, para poder autorizar la elevaci�n a escritura p�blica del acuerdo.
Ha desaparecido en la Ley el art. 28, tal vez por obvio. Dec�a: Art�culo 28. Denegaci�n de ejecuci�n de los acuerdos de mediaci�n. No podr�n ejecutarse los acuerdos cuyo contenido sea contrario a Derecho.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las modificaciones tratan de facilitar la aplicaci�n de la mediaci�n dentro del proceso civil. - Se regula la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediaci�n. Arts. 19 y 415.
- Se recoge la posibilidad de que
el Juez invite a las partes a llegar a un acuerdo mediante la mediaci�n. Art. 414
- Se prev� la
declinatoria como remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediaci�n o frente a la presentaci�n una demanda estando en curso la misma. Arts. 39, 63, 65, 66 y 395.
- Se incluye el acuerdo de mediaci�n dentro de los t�tulos que dan derecho al despacho de la ejecuci�n. Arts. 517, 518, 539 (intervenci�n de abogado y procurador desde 2.000 euros), 545 (competente el Juez del lugar de la firma del acuerdo), 548, 550, 556, 559, 576, 580 (no necesidad de requerimiento de pago para embargar)
dictar�n autos cuando se resuelva sobre admisi�n o inadmisi�n de acuerdos de mediaci�n. Art. 206.
- No se podr� solicitar
dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediaci�n relacionada con el mismo asunto, salvo acuerdo en contrario de las partes. Arts. 335 y 347
La Ley mantiene la redacci�n de los art�culos modificados de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a�ade tres m�s
relativos al juicio verbal:
- Se a�ade una
excepci�n 4.� al apartado 3 del art�culo 438, con la siguiente redacci�n: No se admitir� en los juicios verbales la acumulaci�n objetiva de acciones, salvo las excepciones siguientes:
�4.� En los procedimientos de separaci�n, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesi�sticas, cualquiera de los c�nyuges podr� ejercer simult�neamente la acci�n de divisi�n de la cosa com�n respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en r�gimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los c�nyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.�
- Se modifica el
apartado 1 del art�culo 440 para a�adir que �en la citaci�n se informar� a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociaci�n para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediaci�n, en cuyo caso �stas indicar�n en la audiencia su decisi�n al respecto y las razones de la misma�.
- Al apartado 3 del art�culo 443, dedicado al desarrollo de la Vista, se le a�ade lo siguiente: �En atenci�n al objeto del proceso, el tribunal podr� invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso, a trav�s de un procedimiento de mediaci�n, inst�ndolas a que asistan a una sesi�n informativa. Las partes de com�n acuerdo podr�n tambi�n solicitar la suspensi�n del proceso de conformidad con lo previsto en el art�culo 19.4, para someterse a mediaci�n o arbitraje.�
Una sencilla disposici�n derogatoria termina con la corta vida del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles.
Entrada en vigor: el 27 de julio de 2012.
Ver cuadro comparativo RDLey � Ley.
Ver resumen del RDLey 5/2012.
Referencia al tr�mite parlamentario.
PDF RDLEY DEROGADO (BOE-A-2012-3152 - 17 p�gs. - 278 KB)
PDF LEY ACTUAL (BOE-A-2012-9112 - 19 p�gs. - 298 KB) Otros formatos
CIUDADANOS DE LA UNI�N EUROPEA Y DEL ESPACIO ECON�MICO EUROPEO. Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicaci�n del art�culo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulaci�n y residencia en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
La Directiva 2004/38/CE regula, en su art�culo 7, las condiciones que deben cumplirse en aquellos casos en los que un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea (UE) o de otros Estados parte en el Espacio Econ�mico Europeo (EEE) desee residir en otro Estado miembro, distinto del que es originario, por un
per�odo superior a tres
El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, que trata sobre la misma materia, no incluy� en su momento la totalidad de las exigencias derivadas de dicho art�culo 7 de la Directiva, lo que ha implicado un grave perjuicio econ�mico para Espa�a, en especial en cuanto a la imposibilidad de garantizar el reembolso de los gastos ocasionados por la prestaci�n de servicios sanitarios y sociales a ciudadanos europeos. Por ello, la D. F. 5� del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril complet� la trasposici�n y modific� el RD 240/2007.
Es importante, para aplicar correctamente la normativa, tener en cuenta la STS de 1 de junio de 2010, por lo que el t�rmino familiar de un ciudadano de un Estado miembro de la Uni�n Europea
incluye a los familiares de un ciudadano espa�ol que se re�nan o acompa�en al mismo.
Derecho de residencia superior a tres meses. Los ciudadanos de un Estado miembro de
la UE, EEE y Suiza tienen derecho de residencia en Espa�a por un periodo superior a tres meses si cumplen las condiciones previstas en el art�culo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero: Presentaci�n e inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros.
- Las solicitudes de inscripci�n como residentes se regulan en los apartados 5 y 6 del art�culo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
- Han de presentarse
personalmente en la Oficina de Extranjer�a de la provincia donde pretendan residir o en la Comisar�a
de Polic�a correspondiente.
deficiencias, se le requerir� para que subsane en diez d�as, pues, sino, se le tendr� por desistido, previa resoluci�n motivada que podr� ser objeto de recurso de alzada.
certificado se expedir� de forma inmediata y constar� el nombre, nacionalidad y domicilio, su n�mero de identidad de extranjero y la fecha de registro.
Documentaci�n acreditativa.
- Todas las solicitudes de inscripci�n deber�n ir acompa�adas del pasaporte o DNI, v�lido y en vigor, del solicitante. Si estuvieran caducados, deber� aportarse copia de �stos y de la solicitud de renovaci�n.
- Se enumera
documentaci�n espec�fica para:
a) Los trabajadores por cuenta ajena,
b) los trabajadores por cuenta propia,
c) las personas que no ejerzan una actividad laboral en Espa�a,
d) y los estudiantes, incluidos los que cursen ense�anzas de formaci�n profesional.
Aplicaci�n a los miembros de la familia.
- Define qu� se entiende por miembros de una familia el art. 2 RD 240/2007, de 16 de febrero (c�nyuge, pareja, ascendientes y descendientes directos en los t�rminos all� indicados).
- Deber�n de aportar la documentaci�n espec�fica prevista en esta Orden.
- Los familiares nacionales de otro Estado miembro deber�n solicitar la inscripci�n en el Registro Central de Extranjeros.
- Los familiares que no sean nacionales han de solicitar la expedici�n de una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Uni�n.
Normativa aplicable a los procedimientos. En lo no previsto en esta Orden, se aplicar�n, con car�cter supletorio, la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y la LRJAPPAC y su normativa de desarrollo y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en los Tratados de la Uni�n Europea.
Entrada en vigor. El 11 de julio de 2012, pero la Orden se aplicar� a las solicitudes presentadas a partir del 24 de abril de 2012.
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Resoluci�n de 16 de julio de 2012, de la Direcci�n General
de Tributos, en relaci�n con la limitaci�n en la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades
El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, ha establecido, entre otras medidas, una nueva redacci�n del art�culo 20 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que esta Resoluci�n reproduce.
La nueva redacci�n supone una limitaci�n general en la deducci�n de gastos financieros, que se convierte en la pr�ctica en una regla de imputaci�n temporal espec�fica, permitiendo la deducci�n en ejercicios futuros de manera similar a la compensaci�n de bases imponibles negativas.
Esta Resoluci�n establece criterios interpretativos para proporcionar seguridad jur�dica en la aplicaci�n pr�ctica de la norma se�alada. Enunciemos algunos de los temas tratados:
Concepto de gastos financieros e ingresos procedentes de la cesi�n a terceros de capitales propios.
- Beneficio operativo.
- Aplicaci�n de gastos financieros procedentes de ejercicios anteriores.
- Beneficio operativo que no ha determinado la deducibilidad de gastos financieros en un per�odo impositivo.
- Determinaci�n de la limitaci�n en la deducibilidad de gastos financieros en los grupos de consolidaci�n fiscal.
Tambi�n incluye diversos ejemplos de la aplicaci�n del art�culo 20 del TRLIS en r�gimen individual de tributaci�n y dentro del grupo de consolidaci�n fiscal.
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PA�S VASCO. Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Peque�a Empresa del Pa�s Vasco.
Esta ley se estructura en cinco cap�tulos.
Entre las medidas adoptadas, se establece la creaci�n de instrumentos a favor de la simplificaci�n administrativa, que redundar�n en mayores facilidades para las peque�as empresas vascas. Entre ellos:
- La obligatoriedad de un informe previo a cualquier nueva norma, que estudiar� su impacto en la actividad empresarial.
- La elaboraci�n de herramientas de medici�n de la carga administrativa.
Se incorporan una serie de medidas en beneficio de la eficiencia de las administraciones p�blicas en relaci�n con las empresas y su actividad:
- Instrumentos para evitar la competencia desleal de las administraciones vascas. - Mecanismos de mejora de la coordinaci�n de los recursos p�blicos que destina el Gobierno Vasco a ayudar a las personas emprendedoras.
- Previsi�n de programas y actuaciones de apoyo.
Tambi�n se regulan algunas actuaciones que permitir�n a quienes quieran fundar una empresa tener mayor financiaci�n. Finalmente se regula la figura de las inversoras o inversores privados de car�cter informal �business angels� a trav�s de un directorio que elimina incertidumbres en esta forma de financiaci�n a las empresas. Entr� en vigor el 7 de julio de 2012. (GGB)
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INSTITUCIONES DE INVERSI�N COLECTIVA. Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversi�n colectiva.
La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi�n Colectiva,
reformada por la
Ley 31/2011, de 4 de octubre, supuso un importante hito al establecer un moderno marco jur�dico para regular el sector de la inversi�n colectiva en Espa�a tras casi veinte a�os de vigencia de su antecesora, la Ley 46/1984. Con ella, se dot� al sector de
flexibilidad con el fin de que las instituciones de inversi�n colectiva puedan adaptarse a los sucesivos y continuos cambios que demanda el mercado; se mejor� la
protecci�n de los inversores, y se apost� por la
modernizaci�n del r�gimen administrativo, simplificando procedimientos y reduciendo los plazos de autorizaciones.
La Ley y su reforma de 2011 transpusieron abundante normativa europea sobre la materia, transposici�n que se contin�a con este Reglamento, el cual deroga al anterior de 2005.
El Reglamento introduce una serie de
modificaciones con el objetivo de reforzar la competitividad de nuestra industria y para establecer medidas en aras de una mejora de la supervisi�n de las Instituciones de Inversi�n Colectiva (IIC en adelante) y de las sociedades gestoras de IIC (SGIIC) por parte de la Comisi�n Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). Enumeramos algunas de ellas:
- Incorpora al derecho nacional los preceptos que aseguran el correcto funcionamiento del pasaporte europeo de la sociedad gestora. Este pasaporte, que implica la posibilidad de que las sociedades gestoras espa�olas gestionen IIC domiciliadas en otros Estados Miembros y que IIC espa�olas sean gestionadas por sociedades de otros Estados Miembros, en ejecuci�n de la Directiva 2009/65/CE, de 13 de julio de 2009.
- Intenta garantizar que las sociedades gestoras, dado que pueden actuar en todo el territorio de la Uni�n Europea, est�n sometidas a un r�gimen similar en materia de gesti�n de riesgos y de conflictos de intereses, conforme a la propia Directiva 2009/65/CE, desarrollada por la Directiva 2010/43/UE.
- En cuanto a la introducci�n del
pasaporte de gesti�n, se aproxima la regulaci�n al est�ndar m�nimo determinado por la directiva en materia de recursos propios. De esta manera, las sociedades gestoras operar�n en condiciones similares a las de pa�ses de nuestro entorno sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Por ello, se establece un
nuevo r�gimen de recursos propios de las SGIIC en los art�culos 100 a 103 del reglamento.
- Respecto al
pasaporte de comercializaci�n, que permite que las IIC armonizadas sean comercializadas en cualquier Estado Miembro, independientemente de d�nde est�n domiciliadas, se simplifican los tr�mites entre autoridades competentes y se reducen los plazos. - Incorpora esta nueva regulaci�n sobre estructuras de tipo principal-subordinado, en los art�culos 54 a
70 del reglamento. La IIC
subordinada es aquella que invierte como m�nimo un 85% sus activos en otra IIC, denominada principal. Las IIC subordinadas no pueden invertir en m�s de una IIC (principal). Por su parte, la IIC
principal no podr� ser, a su vez, IIC subordinada, en aras a evitar la existencia de estructuras en cascadas opacas. La armonizaci�n permite que la IIC principal y la subordinada est�n domiciliadas en diferentes Estados Miembros, - Las
IIC puedan fusionarse, con independencia de su forma jur�dica, previa autorizaci�n de las autoridades competentes. Intervendr� un auditor independiente.
- Se elimina la obligaci�n de nombrar un experto externo para emitir un informe sobre el proyecto de fusi�n cuando la IIC resultante sea un fondo de inversi�n. - Cara a la
protecci�n al inversor:
- se ampl�a la informaci�n obligatoria que debe recibir, diferenci�ndola de las comunicaciones publicitarias;
- el �documento de datos fundamentales para el inversor�, que sustituye al anterior folleto simplificado, est� armonizado, para facilitar la comparaci�n y los datos se presentar�n de forma abreviada y f�cilmente comprensible.
- Respecto a los
fondos de inversi�n alternativos, el Reglamento se adapta a la Directiva 2011/61/UE. Ha de tenerse en cuenta que toda aquella IIC que no sea armonizada, es decir, autorizada seg�n la Directiva 2009/65/CE, ser� considerada como IIC alternativa.
- Introduce mejoras t�cnicas para facilitar la supervisi�n de las IIC y de las sociedades gestoras por parte de la CNMV.
Recogemos, a continuaci�n, algunos art�culos que aluden a
actuaciones notariales o registrales:
Art. 7.2. Administraci�n de la sociedad de inversi�n.
2. Cuando as� lo prevean los estatutos sociales, la junta general o, por su delegaci�n, el consejo de administraci�n podr�n acordar que la gesti�n de los activos de la sociedad, bien en su totalidad, bien en una parte determinada, se encomiende a una o varias SGIIC o a una o varias entidades que est�n habilitadas para realizar en Espa�a el servicio de inversi�n previsto en el art�culo 63.1.d) de la Ley 24/1988, de 28 de julio. El
eventual acuerdo deber� elevarse a escritura p�blica e inscribirse en el Registro Mercantil y en el registro de la CNMV.
Art. 8. Disposiciones comunes. Autorizaci�n y registro.
1. Quienes pretendan crear una IIC deber�n:�
b) Constituir, una vez obtenida la autorizaci�n, una
sociedad an�nima o un fondo de inversi�n, seg�n proceda. En el caso de las sociedades de inversi�n, dicha constituci�n se efectuar�, en todo caso, mediante otorgamiento de escritura p�blica e inscripci�n en el Registro Mercantil. Tendr�
car�cter potestativo la constituci�n de los fondos de inversi�n mediante el otorgamiento de escritura p�blica, as� como su consiguiente inscripci�n en el Registro Mercantil.
Art. 79. Fondos de inversi�n cotizados y SICAV �ndice cotizadas.
� La constituci�n de los fondos ante notario y su inscripci�n en el registro mercantil ser� potestativa.
Art. 82. Admisi�n a negociaci�n en bolsa.
1. Las SICAV podr�n solicitar la admisi�n a negociaci�n en bolsa de valores de sus acciones, a la que se aplicar�n las siguientes reglas especiales:
a) Los requisitos recogidos en el art�culo 26.1.a) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, y por referencia, en su art�culo 32, se cumplir�n mediante la presentaci�n de la
correspondiente escritura de constituci�n, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y, en su caso, de certificaci�n literal del correspondiente acuerdo de emisi�n.
Art. 97. R�gimen de la representaci�n.
1. Las SGIIC que otorguen apoderamientos deber�n�
6. La formalizaci�n de los apoderamientos, su inscripci�n en el Registro Mercantil y la comunicaci�n a la CNMV
ser�n requisitos previos para la actuaci�n de los apoderados.
Las cuatro disposiciones transitorias regulan la adaptaci�n de las IIC a la nueva normativa. - Todas las IIC dispondr�n hasta el 1 de julio de 2013 para adaptar su cartera de inversiones a lo se�alado en este reglamento.
- Las IIC cuya pol�tica de inversi�n se basa en un �nico fondo de inversi�n, ya inscritas en el registro administrativo de la CNMV, deber�n adecuarse a lo recogido en los arts 54 a
70 del reglamento en el plazo de un a�o. Una disposici�n final modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para adaptar el requisito del porcentaje m�nimo de inversi�n exigido a las IIC que invierten en un �nico fondo (hasta ahora, el 80%) al nuevo porcentaje m�nimo establecido por la Directiva (85%).
Entr� en vigor el 21 de julio de 2012.
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REGISTRO ELECTR�NICO DE APODERAMIENTOS. Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electr�nico de Apoderamientos.
El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, desarrollando la
Ley de Acceso Electr�nico de los ciudadanos a los servicios p�blicos, cre� el registro electr�nico de apoderamientos para actuar ante la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos dependientes o vinculados. Su creaci�n no supone ninguna modificaci�n de la regulaci�n de la representaci�n existente en nuestro ordenamiento. El art. 32 LRGAPYPAC regula la representaci�n de los ciudadanos ante las Administraciones P�blicas. Y el art. 23 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, establece que las Administraciones P�blicas podr�n habilitar con car�cter general o espec�fico a personas f�sicas o jur�dicas autorizadas para la realizaci�n de determinadas transacciones electr�nicas en representaci�n de los interesados.
El acceso al registro tiene car�cter voluntario para los ciudadanos, que adem�s van a poder determinar los tr�mites y actuaciones, entre los habilitados en el registro, a los que se extiendan los apoderamientos concedidos.
A estos efectos, se considera ciudadano, seg�n anexo de la Ley, a cualesquiera persona f�sica, persona jur�dica y ente sin personalidad que se relacione, o sea susceptible de relacionarse, con las Administraciones P�blicas.
Esta Orden regula los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electr�nico de Apoderamientos. Aunque la dicte el Ministerio de Hacienda, su �mbito es general y no s�lo para Hacienda.
Qu� representaciones: Se pueden hacer constar las representaciones que los ciudadanos otorguen voluntariamente a terceros para actuar en su nombre de forma electr�nica. Queda as� excluida la inscripci�n de las representaciones legales.
Qu� �rganos: relaciones con la Administraci�n General
del Estado y a los organismos p�blicos vinculados o dependientes de la misma. Cabe convenio con otras AAPP. S�lo podr�n comprobar la representaci�n o apoderamiento mediante el acceso al Registro electr�nico de apoderamientos aquellos ministerios u organismos p�blicos que se suscriban al Registro.
Qu� tr�mites: Esta representaci�n s�lo ser� v�lida para los tr�mites y actuaciones por medios electr�nicos de su competencia que, con car�cter previo, haya determinado cada departamento ministerial u organismo p�blico suscrito a aquel, lo que oportunamente ser� comunicado al Registro.
Naturaleza. El Registro Electr�nico de Apoderamientos NO participa de la naturaleza jur�dica de los registros electr�nicos regulados en el art�culo 24 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
Organismo responsable. Ser� gestionado por el Ministerio de Hacienda y AAPP, Direcci�n General de Modernizaci�n Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administraci�n Electr�nica.
Acceso al Registro. Se podr� acceder desde https://sede.060.gob.es, donde se mantendr� una relaci�n p�blica de todos los tr�mites y actuaciones por medios electr�nicos de los departamentos ministeriales u organismos p�blicos adheridos al Registro, que pueden ser objeto de apoderamiento.
Incorporaci�n de los apoderamientos al Registro.
- Cuando el poderdante sea una persona f�sica, hay tres procedimientos:
a) Por Internet. Se utilizar� el formulario que figura en el anexo I de esta Orden, a excepci�n de los datos asociados a documento p�blico o privado con firma notarialmente legitimada. Los efectos de la inscripci�n en el Registro electr�nico de apoderamientos ser�n, en este caso, inmediatos.
b) Mediante comparecencia personal del poderdante en las oficinas de atenci�n al ciudadano 060, dependientes del Ministerio de Hacienda y AAPP, en las oficinas consulares o en las oficinas dependientes de los organismos adheridos al Registro, mediante el empleo del formulario del Anexo I. Surtir� efectos a partir de la inscripci�n, que habr� de hacerse en dos d�as h�biles.
c) Poder otorgado mediante documento p�blico o documento privado con firma notarialmente legitimada, presentado en una oficina adherida al Registro. Precisar� informe de la Asesor�a Jur�dica en siete d�as.
- Cuando el poderdante sea una persona jur�dica o ente sin personalidad, tambi�n tres procedimientos:
a) Por comparecencia personal del representante legal de la entidad, en las oficinas de atenci�n al ciudadano 060, en las oficinas consulares o en las oficinas dependientes de los organismos adheridos al Registro, mediante el empleo del formulario del Anexo I. Precisa informe de Asesor�a Jur�dica.
b) Por Internet. Con car�cter previo el representante habr� presentado en una oficina adherida al Registro sus poderes como representante. Precisa informe de Asesor�a Jur�dica.
c) Poder otorgado mediante documento p�blico o documento privado con firma notarialmente legitimada presentado en una oficina adherida al Registro. Precisa informe de Asesor�a Jur�dica.
Confirmaci�n del apoderado. A veces es precisa, como cuando as� lo exija el �rgano u organismo competente, siendo, por ejemplo, inexcusable cuando �ste deba recibir comunicaciones o notificaciones por v�a electr�nica. Se acreditar� por cualquiera de los procedimientos previstos que acabamos de resumir.
Comprobaci�n del contenido del apoderamiento.
- Cuando el poderdante sea una persona f�sica:
a) Si ha comparecido personalmente el poderdante, el funcionario que lo inscriba deber� comprobar el contenido del mismo. b) Si lo hace por Internet, la aplicaci�n inform�tica comprobar� que tiene todos los datos solicitados en el formulario del Anexo I. c) En los apoderamientos otorgados mediante documento p�blico o documento privado con firma notarialmente legitimada, el receptor del documento solicitar�, en su caso, informe a la Asesor�a Jur�dica.
- Cuando el poderdante sea una persona jur�dica o ente sin personalidad, el �rgano competente tambi�n solicitar�, en su caso, informe a su Asesor�a Jur�dica sobre la suficiencia de los poderes y dem�s documentos justificativos de la personalidad o de la representaci�n.
Efectos. Los apoderamientos dados de alta en el Registro s�lo surtir�n efecto respecto de las actuaciones o categor�as a las que expresamente se refiera el apoderamiento otorgado, y hayan sido consignadas en el correspondiente formulario, de entre las que en cada momento se encuentren incorporadas al conjunto de tr�mites y actuaciones por medios electr�nicos del Registro.
Renuncia y revocaci�n del apoderamiento. Podr�n realizarse, utilizando los formularios previstos en los anexos II y III de esta Orden, por los mismos medios antes vistos para la incorporaci�n. Surtir�n efectos desde la comunicaci�n fehaciente al �rgano u organismo competente. Consultas y certificaciones para el interesado. - Este Registro no tiene car�cter p�blico, por lo que el interesado s�lo podr� acceder a la informaci�n de los apoderamientos de los que sea poderdante o apoderado. - Las consultas y certificaciones podr�n obtenerse por medios electr�nicos a trav�s de https://sede.060.gob.es. Ser�n firmadas con un certificado de sello electr�nico e incluir�n un C�digo Seguro de Verificaci�n.
Entrar� en vigor el 25 de septiembre de 2012.
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7. NULIDAD DE RESOLUCION EXTEMPORANEA. Resoluci�n de 11 de junio de 2012, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el art�culo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 20 de septiembre de 2011, que ha devenido firme. Deja sin efecto la R. 15 de Noviembre de 2006 (JUNTA UNIVERSAL DE SOCIEDAD CELEBRADA POR MEDIO DEL OTORGAMIENTO DE LA PROPIA ESCRITURA
P�BLICA PRESENTADA. DISPARIDAD EN CUANTO AL DNI DE UNO DE LOS SOCIOS COMPARECIENTES)
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10. SOCIEDAD PROFESIONAL. CIERRE DEL REGISTRO POR FALTA DE ADAPTACI�N A LA LEY 2/2007. DENOMINACI�N Y OBJETO DE LA SOCIEDAD. Resoluci�n de 14 de junio de 2012, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el art�culo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona, secci�n decimoquinta, de 21 de julio de 2011, que ha devenido firme. Anula la R. 28 de Enero de 2009
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233. ADJUDICACI�N JUDICIAL DENEGADA PORQUE LA DEUDORA HA DE SER DEMANDADA Y REQUERIDA DE PAGO. Resoluci�n de 7 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Sabi��nigo, a la inscripci�n de un auto de adjudicaci�n y un mandamiento de cancelaci�n de cargas, como consecuencia de una ejecuci�n hipotecaria.
Hechos: Se presenta en el Registro testimonio de decreto de adjudicaci�n, junto con mandamiento de cancelaci�n de cargas como consecuencia de una ejecuci�n hipotecaria. La registradora suspende la inscripci�n del primero y, por consecuencia, las cancelaciones ordenadas por el segundo, por el defecto subsanable de no haber sido demandada ni requerida de pago la sociedad deudora.
Como subsanaci�n de dicho defecto, se present� diligencia de constancia de la Secretar�a del Juzgado, en la que expresa que en el Registro Mercantil ha sido notificada de la existencia del procedimiento y requerida de pago la representaci�n procesal de la sociedad deudora. La registradora deniega la pr�ctica de la inscripci�n del auto, pues entiende que de dicha diligencia no resulta que la sociedad deudora haya sido demandada (art. 132-1 LH) sino tan s�lo que se ha practicado una notificaci�n del procedimiento y un requerimiento de pago a la representaci�n procesal de la misma, con posterioridad al procedimiento. Y tambi�n deniega la inscripci�n del mandamiento de cancelaci�n de cargas dada la necesidad (art. 133 LH) de presentaci�n y despacho conjunto de ambos documentos.
Solicitada calificaci�n sustitutoria, el registrador sustituto confirm� la calificaci�n de la registradora sustituida.
Se interpone recurso gubernativo aleg�ndose fundamentalmente que la sociedad deudora estaba declarada en concurso lo que imposibilitaba dirigir contra ella la ejecuci�n.
La DGRN desestima el recurso y confirma la nota de calificaci�n, aunque considera el defecto subsanable.
En definitiva, aun confirmando el defecto se�alado por la nota calificadora, se entiende que puede considerarse subsanable, dadas las especiales circunstancias de este supuesto, mediante la acreditaci�n en el Registro dentro del procedimiento registral de la declaraci�n de concurso del deudor, sin que sea suficiente su alegaci�n en el tr�mite de recurso. (JCC)
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237. CADUCIDAD DE ANOTACI�N PRORROGADA ANTES DE LA LEC. Resoluci�n de 8 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de La Carolina, a practicar la cancelaci�n de una anotaci�n preventiva de embargo.
Supuesto: Se presenta instancia solicitado la cancelaci�n de una anotaci�n de embargo prorrogada en 1995 al haberse dictado sentencia firme, de 20 de noviembre de 1990,
acordando seguir adelante la ejecuci�n hasta hacer trance y remate con los bienes embargados y que en lo sucesivo puedan embargarse a los demandados a la parte ejecutada, y adjuntarse certificaci�n expedida el 21 de noviembre de 2011 por el Secretario judicial acreditativa de que tales fincas no han sido realizadas en forma alguna.
El registrador suspende la cancelaci�n porque ni en la sentencia ni en la certificaci�n referidas consta expresamente que se haya puesto fin de forma definitiva al procedimiento.
confirma la nota de acuerdo con la doctrina del centro directivo y la Instrucci�n de 12 de diciembre de 2000 seg�n la cual para las anotaciones prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de LEC, no era necesario ordenar nuevas pr�rrogas, -art. 199.2 RH-, por lo no cabe su cancelaci�n por caducidad; sin perjuicio del el criterio adoptado por el Centro, desde la R. de 29 de mayo de 1998, en el sentido de aplicar anal�gicamente lo dispuesto en el
art. 157 LH, de manera que se reconoce un plazo de seis meses, contados desde la emisi�n de la resoluci�n judicial firme en el proceso en que la anotaci�n preventiva y su pr�rroga fueron decretadas, para poder proceder a su cancelaci�n. Por tanto habiendo sido prorrogada la Anotaci�n antes de la entrada en vigor de la nueva redacci�n del art. 86 LH no podr� practicarse la cancelaci�n solicitada mientras no se acredite, mediante testimonio de resoluci�n firme, que dicho procedimiento ejecutivo ha concluido o se aporte el correspondiente mandamiento de cancelaci�n de la anotaci�n de embargo (cfr. Art. 83 LH y
173, 174 y 207 del Reglamento) (MN)
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238. HIPOTECA SOBRE FINCAS CON PROHIBICI�N DE ENAJENAR QUE SUPEDITA SU EJECUCI�N A ELLA. Resoluci�n de 9 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad n.� 1 de Lugo, por la que se deniega la inscripci�n de un derecho real de hipoteca.
Supuesto: Se plantea si puede inscribirse una hipoteca sobre una finca en la que consta practicada una anotaci�n de prohibici�n de enajenaci�n. En la propia escritura se advierte expresamente la existencia de la prohibici�n y
convienen acreedor y deudor que, en caso de que no sea satisfecha la deuda a su vencimiento, no podr� ejecutarse la hipoteca mientras no queden resueltas las anotaciones de prohibici�n referidas.
Direcci�n que con car�cter general la anotaci�n de prohibici�n de disponer ordenada judicialmente constituye una medida cautelar que priva del poder de disposici�n al demandado con la finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia o resoluci�n que finalmente recaiga en el. No obstante, el principio de libertad de tr�fico, con amparo en el art. 348 CC, exige que las restricciones leg�timamente impuestas a la propiedad, y en consecuencia, a su facultad dispositiva, sean interpretadas de forma restrictiva; esto unido la enumeraci�n de las medidas cautelares del art.727 LEC no es exhaustiva de modo que, pueden admitirse otras que cumplan de los requisitos del art. 726. As� caben medidas cautelares m�s duras que la prohibici�n de disponer, como ocurre con la prohibici�n de inscribir, que impide el acceso a registro de cualquier acto que se presente con posterioridad; y tambi�n medidas m�s suaves, como la prohibici�n de realizar s�lo determinados actos dispositivos, circunstancia que se produce con la prohibici�n de enajenaci�n. De esta forma, si lo que ha sido objeto de anotaci�n es la prohibici�n de enajenaci�n y no prohibici�n de disponer con car�cter general, debe interpretarse que
s�lo queda vedado el Registro a los actos traslativos del dominio de las fincas afectadas por las mismas, pero no a aquellos actos que, aun siendo dispositivos, no impliquen enajenaci�n, como la constituci�n de derechos reales a favor de terceros, y, por tanto, la hipoteca. La posibilidad de que a trav�s del impago del pr�stamo puede forzarse la venta forzosa de los bienes queda salvada en el presente caso a trav�s del pacto expreso de imposibilidad de proceder a la ejecuci�n de la garant�a en tanto no se resuelvan las prohibiciones vigentes, pacto que debe ser interpretado a modo de �conditio iuris� de su eficacia. (MN)
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247. REPRESENTACI�N ORG�NICA: JUICIO DE SUFICIENCIA Y JUICIO DE CAPACIDAD LEGAL. NOTIFICACI�N DE DEFECTOS POR FAX. Resoluci�n de 11 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Roses n.� 2, a
inscribir una escritura de compraventa.
Supuesto de hecho: Se autoriza escritura p�blica de compraventa en la que el administrador �nico de la sociedad vende un inmueble.
El Notario autorizante hace constar que se le �exhibe la copia autorizada e inscrita de la escritura de constituci�n de sociedad, en la que consta el nombramiento, por plazo indefinido, de don L. M. L. como administrador �nico de la sociedad �Don�t Touch, S. L. U.�; por lo que, acreditado el cargo y las facultades representativas que de �l se derivan, juzgo al se�or L. con la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la escritura que antecede�.
Registradora que califica entiende que �el art�culo 98 de la Ley 24/2001 es aplicable no s�lo a la representaci�n voluntaria, sino tambi�n a la org�nica, y exige un juicio expreso de suficiencia�.
decide �estimar el recurso y revocar la nota de calificaci�n de la registradora
en los t�rminos expresados�.
Comentario: 1. La resoluci�n es incongruente si se examinan �los t�rminos expresados� por el Centro Directivo, que omite cualquier referencia al concreto juicio notarial de suficiencia formulado.
2. El juicio notarial de suficiencia puede estar correcta o incorrectamente formulado, y en eso se debe fundar precisamente la resoluci�n, que, sin embargo, nos deja sin saber qu� consideraci�n le merece la f�rmula empleada, y de ah� la incongruencia denunciada entre el fallo de la resoluci�n y los argumentos esgrimidos por la Direcci�n.
3. En el comentario a la R. 8 de marzo de 2012 (que hice en el Informe del mes de mayo) conclu�a diciendo que
esta incongruencia entre lo discutido y lo resuelto reducen la resoluci�n a una mera opini�n doctrinal de su autor, no contrastable con los documentos y los argumentos expuestos en un recurso en el que no se discut�a sobre lo que la Direcci�n se pronuncia. Algo parecido se puede decir de la que ahora nos ocupa, que peca de un exceso de voluntarismo y se aleja del derecho positivo, limit�ndose a expresar la opini�n del autor o autores del texto, quienes parecen olvidarse de la norma positiva que regula el supuesto concreto y se pierden en disquisiciones de las que parece deducirse lo siguiente:.
a) Para evitar molestias a los usuarios, lo que debe hacerse ante un supuesto como el presente es consultar directamente el Registro Mercantil y obtener los datos necesarios para la inscripci�n. b) Cabe, por tanto, prescindir, o al menos minimizar, la trascendencia del juicio notarial de suficiencia, seg�n parece.
c) �C�mo es posible prescindir o minimizar la trascendencia que la legislaci�n vigente atribuye al juicio notarial de suficiencia? Resulta sencillo para el redactor de la resoluci�n si se tiene en cuenta que, seg�n dice, los datos necesarios, oficiales y p�blicos, que de oficio se pueden recabar son suficientes para enervar o limitar la eficacia entre partes o contra terceros de los t�tulos que se quieren inscribir.
�Quiere decirse entonces que el juicio notarial de suficiencia queda limitado a los contratantes? Si hay que remitirse a los datos oficiales y p�blicos cabe preguntarse �no es la escritura un documento oficial y p�blico? �D�nde queda el art�culo 18 de la Ley Hipotecaria? Es cierto, sin embargo, que en esta �ltima etapa el Centro Directivo propugna una interpretaci�n generosa y creativa del mencionado art�culo.
d) Todo esto se adereza con un nuevo principio de aportaci�n de prueba compatible con el principio de rogaci�n.
e) �En qu� consiste este principio de aportaci�n de prueba? Es un deber del registrador de procurarse aquellas pruebas que est�n
a su alcance con facilidad y que el ciudadano hubiera debido aportar pero no lo ha hecho.
�Estamos en presencia de un nuevo principio hipotecario? De ser as�, el simple esbozo que hacen los redactores de la resoluci�n plantea, en una primera lectura, una serie de interrogantes:
�Qu� pruebas son las que el ciudadano debe aportar en cada caso?
�En el caso de la resoluci�n que nos ocupa, que pruebas hubiera debido aportar el ciudadano?
�Qui�n determina las pruebas que deben ser aportadas?
�Qu� pruebas son las f�ciles de obtener y cu�les no?
�Queda fuera del principio de investigaci�n la prueba que, aun consider�ndose importante, no sea f�cil de obtener?
�Qui�n corre con el gasto de esas pruebas a las que el ciudadano es ajeno?
�No tiene dicho el Centro Directivo (adem�s de ser un principio incuestionable de todo Estado de derecho) que las decisiones deben fundamentarse en normas positivas y no en la mera cita de principios hipotecarios que, en s� mismos, no son derechos positivo? �En qu� normas de derecho positivo fundamenta el Centro Directivo todo lo dicho?
4) Para decir algo sobre la idoneidad del fax como medio para comunicar la calificaci�n negativa: otra incongruencia del Centro Directivo en esta nueva etapa.
�C�mo es posible argumentar la eficacia del fax como medio telem�tico olvidando la firma electr�nica que garantiza la emisi�n y la recepci�n por quienes son los funcionarios responsables del sistema de seguridad jur�dica preventiva, o sea, notarios y registradores?
Conclusi�n: la sorpresa que causan las �ltimas resoluciones disminuye (por la reiteraci�n) en igual proporci�n que aumenta la preocupaci�n por su contenido, ayuno de derecho positivo y sobrado de voluntarismo. (JAR)
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249. EJECUCI�N DE HIPOTECA CON DEUDOR EN CONCURSO. SUSPENSION DE LA EXPEDICION DE CERTIFICACION DE CARGAS Y SU NOTA MARGINAL.
Resoluci�n de 12 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida la registradora de la propiedad de Manresa n.� 4, por la que se suspende la expedici�n de la certificaci�n de dominio y cargas, en un procedimiento de ejecuci�n hipotecaria.
Supuesto: Se plantea la posibilidad de expedici�n de la certificaci�n de cargas, y la pr�ctica de la correspondiente nota marginal en un expediente de ejecuci�n directa sobre bienes hipotecados cuando en el Registro consta inscrita la declaraci�n de concurso del deudor hipotecante.
confirma la calificaci�n. La Ley Concursal, no obstante la proclamaci�n del principio de que el procedimiento de concurso es competencia exclusiva y excluyente del juez de lo mercantil, ha establecido algunos supuestos de excepci�n entre los que se encuentran las ejecuciones de cr�ditos asegurados con garant�a real; pero no siempre, se restringe a aquellos casos en que los bienes afectados no revisten especial importancia concursal por no ser imprescindibles para el mantenimiento o la continuidad de la actividad del concursado (art. 44.1 LC). En consecuencia s�lo ser� posible la ejecuci�n separada de garant�as reales respecto de bienes o derechos que no est�n afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. La reciente reforma concursal (introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar �siguiendo las pautas de la jurisprudencia sobre el particular� que la competencia para esa declaraci�n de no afecci�n corresponde exclusivamente al juez del concurso. Este Centro Directivo declar� (RR.6/6/09,
28/11/07,
7/6/10) que era posible la ejecuci�n hipotecaria al margen del juez del concurso cuando (adem�s de haberse publicado los anuncios para la subasta �requisito exigido en la anterior redacci�n de la norma) no conste registralmente la afecci�n de los bienes a la actividad profesional del concursado. Pero entend�a la citada resoluci�n que dicha circunstancia
es una cuesti�n de apreciaci�n judicial, a la que no se extiende la calificaci�n registral cuando no consta registralmente tal afecci�n del bien a las actividades profesionales o empresariales del deudor. Precisamente la falta de competencia del registrador para apreciar si los bienes concretos est�n o no afectos a las actividades del deudor concursado implicaba la necesidad de un pronunciamiento judicial expreso pues su falta no puede ser interpretado en un sentido o en otro. La existencia o inexistencia de indicios en los pronunciamientos registrales de la afecci�n a la actividad profesional o empresarial no permiten suplir aquella declaraci�n expresa del juez competente. Con la entrada en vigor de la Ley 38/2011 de modificaci�n de la Ley Concursal que da nueva redacci�n al art. 56 queda consagrado con rango de ley que la declaraci�n de concurso supone la suspensi�n y la paralizaci�n desde luego de todo procedimiento de ejecuci�n hipotecaria hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resoluci�n del juez competente, que los bienes concernidos no est�n afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.
Sin entrar en la cuesti�n de si tras la declaraci�n de concurso toda ejecuci�n de garant�as reales ha de sustanciarse ante el juez que conoce del concurso, o si es posible, respecto de aqu�llas que no alcancen a bienes afectos o necesarios para la actividad empresarial del concursado, la ejecuci�n judicial ante otra autoridad, toda vez que no ha sido objeto del expediente, lo cierto es que ha de concluirse que desde la declaraci�n de concurso no puede llevarse a cabo ninguna actuaci�n ejecutiva singular, en tanto no se aporte aquella declaraci�n judicial de no afecci�n de los bienes objeto de ejecuci�n (o de que ha transcurrido m�s de un a�o desde aquella declaraci�n sin que se hubiese producido la apertura de la liquidaci�n, o de que exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por la ejecuci�n). Procede en consecuencia concluir que en tanto no se ponga de manifiesto ante el registrador un pronunciamiento expreso del juez competente para conocer del concurso sobre el car�cter del bien hipotecado no procede la expedici�n de la certificaci�n solicitada ni la pr�ctica de la nota marginal al margen del asiento de hipoteca. (MN)
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*252. SUBSANACION DE ERROR SIN CONSENTIMIENTO DE LOS INTERESADOS. ART. 153 RN. Resoluci�n de 13 de junio de 2012, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.� 53, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de venta a la que se incorpora una diligencia del art�culo 153 del Reglamento Notarial.
Hechos: Se otorga
escritura compraventa en que los compradores son solteros (seg�n consta en la comparecencia, en la que en cambio no consta si constituyen o no una �pareja de hecho�) si bien por
error, en el
otorgamiento se dice que
�adquieren con
car�cter ganancial�.
1) El registrador, suspende la inscripci�n por tal defecto. 2) El notario lo subsana,
por s� y ante s� mediante
diligencia autorizada conforme al
art. 153 R.Not., se�alando que en realidad los compradores (al ser solteros) adquir�an
por mitad y en pro indiviso.
3) El registrador,
califica negativamente la diligencia de subsanaci�n por entender que �sta s�lo cabe para errores que resulten
del contexto de la escritura o de otras autorizadas inmediatamente antes o despu�s
pero no puede suplir el consentimiento contractual de las partes, pues ello excede del �mbito propio de los juicios del notario o de los hechos por �l presenciados, por lo que no puede acudirse a ella para modificar el contenido de una escritura anterior sin el
consentimiento de los interesados. La proporci�n en que adquieren es algo sustancial, no meramente material. Debe tenerse en cuenta tambi�n la importancia que a estos efectos tiene la
4) El notario recurre y alega que el error resultaba:
a) de la propia escritura (comparecencia);
b) de lo manifestado ante el notario por los interesados;
c) de la propia
diligencia de subsanaci�n amparada por la fe p�blica notarial;
d) e incluso de los medios de pago, pues se hizo con cargo a una cuenta abierta a nombre de la parte compradora, debiendo presumirse que los fondos existentes en la misma son propiedad de los titulares por mitades indivisas, seg�n la legislaci�n fiscal.
5) La DGRN confirma la calificaci�n del Registrador y
desestima el recurso por entender:
diligencia de subsanaci�n es un remedio
excepcional y, por tanto, de interpretaci�n restrictiva y limitada a defectos formales del instrumento, nunca a su contenido de fondo, cl�usulas o estipulaciones.
- Y que por tanto
s�lo cabe (requisitos cumulativos):
defectos formales que� constituyan
errores materiales;
b) que puedan comprobarse con claridad meridiana ;
c) y del documento autorizado, a los inmediatamente anteriores y siguientes, y otros documentos p�blicos o que prueben fehacientemente el error;
- Y concluye se�alando la RES (sin decir por qu�, n. ACM) que del contexto de la escritura no resulta fehacientemente que la voluntad de los interesados fue adquirir por mitad, ni tampoco puede considerarse un hecho percibido en el acto del otorgamiento.
Comentario ACM.- En mi opini�n tanto la calificaci�n del registrador (al que tengo un gran aprecio personal) como la resoluci�n de la DGRN son excesivamente rigurosas y especialmente ante el caso concreto planteado. Estoy de acuerdo en que la diligencia de subsanaci�n del art. 153 R.Not. no puede ser un medio para que el notario rectifique por s� toda clase de errores, pero en el caso concreto, el error (que es meramente material) s� ha quedado, a mi juicio acreditado fehacientemente, precisamente con la propia diligencia que el notario autoriza bajo su responsabilidad y bajo su fe p�blica notarial. Se basa no s�lo en la propia escritura y documentos presentados, sino en las
percepciones personales que el notario tuvo en el acto del otorgamiento; y el citado art. 153 R.Not., admite que el notario atienda
�adem�s� a
�los juicios por �l formulados�
y a los �hechos por �l percibidos en el acto del otorgamiento�� Esa percepci�n, es personal�sima del notario, y
la Res prescinde sin m�s de ella, y de la Fe P�blica notarial. a) En el caso el error se constata en la escritura y en las percepciones del propio notario autorizante:
1) en la escritura se dec�a que los compradores adquir�an con
�car�cter ganancial� significaba que adquir�an por iguales partes entre ellos: no por partes indivisas, ajenas a la comunidad germ�nica, pero s� por partes idealmente iguales; que es lo que fundamentalmente significa (y entiende la gente) por �adquirir con car�cter ganancial�. Si los compradores solteros
�consintieron� en comprar con �car�cter ganancial� es que consent�an en
�comprar a medias�, es decir por partes iguales entre ellos.
2) Adem�s, el art. 153 R.Not., no restringe su �mbito a
defectos formales sino tambi�n a
�omisiones� en sentido amplio y a errores materiales. No se trata de un �nico supuesto con requisitos acumulativos; sino
tres supuestos distintos y aut�nomos entre s�. Tampoco los medios de constataci�n se restringen a los que se�ala la Res: Escritura autorizada, otras inmediatamente anteriores o posteriores o documentos fehacientes. El precepto emplea expresamente el adverbio �adem�s� y la conjunci�n �y�; por lo que junto a tales documentos, deben a�adirse los
�juicios formulados� por el notario
y los �hechos por �l percibidos�.
Tambi�n cabr�a acudir a la presunci�n
del art. 393-2 CC, que no cabe para suplir la falta de expresi�n de las cuotas indivisas para inscribir estas
(art. 54 RH), pero s� cabr�a para que el notario la tuviera en cuenta, y junto con sus percepciones personal�simas,
constatar el error y subsanarlo. c) Pero en definitiva deber�a bastar para la subsanaci�n con la propia diligencia, autorizada por el notario, que forma parte de la escritura y est� amparada por la fe p�blica. Si el notario constata, bajo su fe p�blica y responsabilidad personal, un hecho por �l percibido, y este es rechazado y puesto en duda, podr�a tambi�n rechazarse y dudarse del contenido de toda la escritura, que es redactada por el propio notario en funci�n de la voluntad pretendida por las partes, seg�n lo manifestado por ellas al preparar el instrumento y consentir luego en su autorizaci�n. (ACM)
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*D230. REGISTRO MERCANTIL: PRINCIPIO DE PRIORIDAD. PARA LA CALIFICACION SE
PUEDEN TENER EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD AL T�TULO CALIFICADO. Resoluci�n de 5 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles II de Girona, a inscribir una escritura de elevaci�n a p�blico de determinado acuerdo social de dicha entidad.
Hechos: El recurso se plantea con ocasi�n de la presentaci�n al Registro de una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos de
Junta General convocada, con asistencia del 50% del capital social, en la que se cesa un administrador solidario y se nombra otro. La junta aparece celebrada en el domicilio social seg�n el registro. Existe otra escritura presentada con posterioridad y de fecha de otorgamiento anterior, de la que resulta que en Junta Universal, tambi�n de fecha anterior a la de la junta de cese y nombramiento, el domicilio fue
cambiado a otra provincia.
El registrador califica negativamente por el siguiente motivo: �Conforme al Art�culo 175 de la LSC, la Junta General debe celebrarse en el t�rmino municipal donde la sociedad tenga su domicilio, o en su caso en el domicilio social. La Junta General a que hace referencia� la escritura tuvo lugar en el antiguo domicilio social, el cual ha sido trasladado a Barcelona, seg�n acuerdo un�nime de la Junta General
Universal celebrada con anterioridad a le fecha de la junta y elevado a p�blico mediante escritura tambi�n de fecha anterior a la presentada. Tanto el recurrente, como el notario autorizante, basan su rechazo de la calificaci�n en la aplicaci�n estricta del principio de prioridad registral establecido en el art. 10 del RRM de forma que el t�tulo presentado con posterioridad en nada debe obstar para la inscripci�n del t�tulo previamente presentado.
Doctrina: La DG confirma la nota de calificaci�n.
La DG, sobre el problema planteado, hace las siguientes interesantes declaraciones,
cambiando su m�s reciente doctrina sobre la calificaci�n de t�tulos cuando existe presentado en el registro con posterioridad otro incompatible:
1�. Comienza aclarando lo que debe entenderse por
t�tulos incompatibles: Son los que �documentan hechos inscribibles referentes a un mismo empresario inscrito pero cuya inscripci�n conjunta en el Registro Mercantil no fuese posible, bien por
incompatibilidad unilateral (inscrito que fuese el t�tulo �A� deber�a
quedar cerrado el Registro a la inscripci�n del t�tulo �B�) o incompatibilidad rec�proca (�A� expulsa a �B� del Registro y a la inversa)�. 2�. Despu�s reconoce valientemente que �ha tenido
una posici�n vacilante existiendo Resoluciones que parecen primar el principio de legalidad (y el de legitimaci�n) sobre el de prioridad y otras en que resuelve el problema en favor del t�tulo primeramente presentado en el Registro como si se tratara de un registro de bienes y no de personas�.
3�. Despu�s sigue afirmando que, pese a ello, �en ning�n caso se niega que el registrador, para el mayor acierto en su calificaci�n, deba de tener en cuenta los t�tulos, incluso posteriormente presentados, pendientes de despacho. Es decir que �el registrador en su calificaci�n deber� tener en cuenta no s�lo los documentos inicialmente presentados, sino tambi�n los aut�nticos y relacionados con �stos, aunque fuese presentados despu�s, con el objeto de que,
al examinarse en calificaci�n conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificaci�n, as� como evitar inscripciones in�tiles e ineficaces�.
4�. Por ello en estos casos �para evitar la desnaturalizaci�n del Registro Mercantil en cuanto instituci�n encaminada a la publicidad legal de situaciones jur�dicas ciertas, ante la insalvable incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripci�n de sendos (o de todos y sus conexos) t�tulos incompatibles y remitir la cuesti�n relativa a la determinaci�n de cu�l sea el aut�ntico
a la decisi�n de juez competente, cuya funci�n el registrador no puede suplir en un procedimiento, como es el registral, sin la necesaria contradicci�n y la admisi�n de prueba plena como ha de tener lugar en el ordinario declarativo en que se ventile la contienda�.
5�. �Debe recuperarse la doctrina tradicional porque no cabe una traslaci�n mec�nica de los principios registrales que juegan en el registro de bienes protot�pico como es el Registro de la Propiedad
en el registro de personas que es nuestro Registro Mercantil�, lo que se hab�a hecho en otras ocasiones de presentaci�n de t�tulos incompatibles.
6�. �En un registro de personas como es el Registro Mercantil,
el llamado principio de prioridad no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son incompatibles o gozan entre s� de preferencia en raz�n del momento de su acceso al registro�.
7� Por todo ello �aunque el art�culo 10 del Reglamento del Registro Mercantil haga una formulaci�n del principio de prioridad�,
su aplicaci�n ha de ser objeto de una interpretaci�n restrictiva, atendida la naturaleza y funci�n del Registro Mercantil y el alcance de la calificaci�n donde los principios de legalidad y de legitimaci�n tienen su fuente en la Ley�. Comentario: Importante resoluci�n en cuanto
recupera la doctrina tradicional de la DGRN para el Registro Mercantil de que el registrador, para el mayor acierto de su calificaci�n, puede tener en cuenta los t�tulos presentados con posterioridad. En el caso de la resoluci�n resultaba claramente, por el orden de las fechas de las juntas generales y de las escrituras otorgadas, que
el cambio de domicilio hab�a sido previo al acuerdo de la junta que pretend�a inscribirse. Por tanto la junta celebrada en el antiguo domicilio infring�a un claro precepto legal que pod�a acarrear la nulidad de dicha junta. Por ello, y con independencia de la posible nulidad de la junta que acord� el cambio de domicilio, lo que alega el recurrente, el registrador no puede desconocer dicho cambio. No obstante creemos que la cuesti�n planteada en este recurso no puede extrapolarse sin m�s a todos los casos de presentaci�n de t�tulos incompatibles, sino que en cada caso concreto el registrador debe ponderar, ante los hechos que se sometan a su calificaci�n, si el segundo t�tulo cierra o no el registro al t�tulo primeramente presentado. Ser�a el caso por ejemplo de que el cambio de domicilio, en lugar de ser a otra provincia, hubiera sido a un t�rmino municipal contiguo y pr�ximo al del antiguo domicilio, en cuyo caso pudiera tenerse en cuenta que la doctrina de los Tribunales de Justicia es favorable en estos casos a declarar la validez de la Junta. Y por otra parte tambi�n puede ser admisible que, para tener en cuenta en la calificaci�n t�tulos presentados con posterioridad, no es estrictamente necesario que sean incompatibles sino que tambi�n se pueden tener en cuenta, y calificar positiva o negativamente un t�tulo, teniendo en cuenta lo que resulte de otro presentado con posterioridad, aunque no sea estrictamente subsanatorio del primeramente presentado. (JAGV)
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*234. ORDEN DEL D�A DE LA JUNTA: DEBE ESTARSE AL MISMO A LA HORA DE INSCRIBIR O NO UN AUMENTO DE CAPITAL DE DOS CLASES, SOLO EJECUTADO EN CUANTO A LA PRIMERA. Resoluci�n de 7 de junio de 2012, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de Madrid, a inscribir una escritura de aumento del capital de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Los
complejos hechos de esta resoluci�n los podemos resumir en los siguientes puntos:
1�. Junta General, no universal, con el siguiente orden del d�a: �1.Aumento del capital social por una cifra m�xima de 440.000,00 � (cuatrocientos cuarenta mil euros). 2. Suscripci�n. 3. Desembolso. 4.
Modificaci�n del art�culo 5.o de los estatutos sociales�. Y se a�ade que �el aumento tendr� lugar en la cifra m�xima de 440.000,00 � mediante aportaciones dinerarias, en su caso, de un m�ximo de 40.000,00 � (cuarenta mil euros) y compensaci�n de los cr�ditos l�quidos, vencidos y exigibles por un valor m�ximo de 400.000,00 � (cuatrocientos mil euros)� dicha suscripci�n se realizar� por los actuales socios en proporci�n al valor nominal de las participaciones que posean��. 2�. Del orden del d�a expresado s�lo se ejecuta y eleva a p�blico el acuerdo de aumento de capital de la sociedad por cuatrocientos mil euros mediante compensaci�n de cr�ditos. 3�. De los cuatro socios existentes asistieron los tres �nicos que ostentan la titularidad de cr�ditos contra la sociedad.
4�. A la escritura se incorpora informe del administrador �nico de la sociedad en el que se expresa que �Este aumento de Capital Social que se pretende proponer a los se�ores socios, se plantea que sea suscrito mediante la compensaci�n de cr�ditos que tres de los socios poseen contra la sociedad y en met�lico por parte del socio que no posee cr�ditos contra la sociedad�
El registrador suspende la inscripci�n por el siguiente defecto: Deben indicarse �las circunstancias exigidas por el art�culo 198.2-2 y 4 RRM, esto es: �las condiciones acordadas para el ejercicio del derecho de asunci�n preferente por parte de los socios y la cuant�a y las condiciones del desembolso� y �que a los efectos del ejercicio del derecho de preferencia fue realizada por los administradores una comunicaci�n escrita a cada uno de los socios y, en su caso, a los usufructuarios inscritos en el Libro- Registro de socios. En otro caso deber� protocolizarse en la escritura el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil en el que, con tal finalidad, se hubiera publicado el anunci� de la oferta de asunci�n de las nuevas participaciones�.
El notario, ante dicha calificaci�n, acompa�a la siguiente diligencia explicativa: La �Junta hab�a adoptado
dos acuerdos por los que se realizaban dos aumentos de capital social independientes uno de otro. En virtud del primer acuerdo se elev� el capital social en cuatrocientos mil euros mediante compensaci�n de cr�ditos. El capital social qued� suscrito y desembolsado en su totalidad y este aumento es el que se ejecuta en la escritura que precede. Realiz�ndose el aumento de capital social mediante compensaci�n de cr�ditos y siendo los socios suscriptores los �nicos titulares de cr�ditos con la sociedad no proceden derechos de suscripci�n preferente�. Respecto del segundo acuerdo se indica que fue �debidamente notificado a la socia ausente, (y) no era objeto de ejecuci�n por no haber manifestado a�n la socia en cuesti�n su decisi�n de suscribir o no�.
Ante ello el registrador emite una nueva calificaci�n en el siguiente sentido: �Presentado nuevamente con testimonio de una nueva diligencia�, en la que se rese�a que se adoptaron dos acuerdos distintos de aumento de capital, con las circunstancias que se indican,
dicha afirmaci�n no se corresponde con el contenido de la convocatoria de la junta, en la que claramente se contempla un solo aumento de capital, a desembolsar mediante aportaciones dinerarias de un m�ximo de 40.000 � y mediante compensaci�n de cr�ditos por un valor m�ximo de 400.000 �. Se trata, por tanto, de un solo aumento de capital, del que solo se rese�a su ejecuci�n en cuanto a la parte a desembolsar por compensaci�n de cr�ditos, faltando completar el proceso de ejecuci�n de dicho aumento en cuanta al resto, a desembolsar por aportaci�n dineraria, pendiente, en la fecha de la diligencia expresada, del derecho de suscripci�n preferente del socio al que se refiere dicha parte del aumento. No es posible, por tanto, la inscripci�n hasta la conclusi�n definitiva de la ejecuci�n del acuerdo, conforme a lo previsto en el art�culo 315.1 de la LSC, que exige la inscripci�n simult�nea del acuerdo de aumenta y su ejecuci�n. Es defecto subsanable�.
El notario autorizante interpone recurso: Aparte de alegar insuficiente motivaci�n jur�dica estima que �la convocatoria se refer�a, como primer punto del orden del d�a, a aumento del capital por una cifra m�xima de cuatrocientos cuarenta mil euros, cuatrocientos mil euros mediante compensaci�n de cr�ditos y cuarenta mil mediante aportaciones dinerarias. Siendo muy diferente el tratamiento jur�dico del aumento, y el procedimiento a seguir para su ejecuci�n, en funci�n de los diferentes desembolsos, la Junta General, por decidirlo as� todos los asistentes, opt� por tratarlos por separado y adoptar dos acuerdos distintos�. A�ade que la Junta General, ha actuado con pleno respeto de los derechos de la socia ausente destinataria del segundo aumento de capital en met�lico. Realiz�ndose el aumento de capital social mediante compensaci�n de cr�ditos y siendo los socios suscriptores los �nicos titulares de cr�ditos con la sociedad no proceden derechos de suscripci�n preferente�.
Doctrina: La DG, en una muy documentada y fundamentada resoluci�n, confirma la nota de calificaci�n.
Tras indicar que en derecho de sociedades comparado existen dos sistemas de inscripci�n de los aumento de capital, el que permite
el desdoblamiento entre el acuerdo y su ejecuci�n y el que impone una �nica inscripci�n del aumento de capital social debidamente ejecutado, en todas las sociedades de capital, con la �nica excepci�n de la posibilidad de inscripci�n separada en casos especiales previstos para sociedades cotizadas, y aclarar que en el caso contemplado pod�a haberse optado por dos soluciones, un �nico aumento de capital social, de los llamados �mixtos�, con fraccionamiento de la operaci�n en dos tramos con arreglo a su propio r�gimen jur�dico, o acordar dos sucesivos aumentos de capital social: un primer aumento de capital social por compensaci�n de cr�ditos en que, seg�n reconoce este Centro Directivo en reciente Resoluci�n no se precisa el reconocimiento del derecho de preferencia en interpretaci�n de lo que se dice ahora en el art�culo 304 de la LSC Ley y otro subsiguiente aumento de capital social que tiene por contrapartida las aportaciones dinerarias del socio ausente y reservado al mismo socio ausente, concluye que �tanto el anuncio de convocatoria, como el propio informe de los administradores, como el tenor del acuerdo social adoptado en la junta no dejan dudas acerca de cu�l sea la voluntad social y qu� pasa por adoptar un �nico aumento de capital social en dos �tramos� de ejecuci�n parcial�. Por ello termina razonando que �la �nica soluci�n razonable es suspender la inscripci�n como se hizo y hasta que se acredite la ejecuci�n completa del acuerdo�.
Comentario: Tres son las conclusiones que podemos extraer de esta interesante resoluci�n de la DG:
1�. La primera, la importancia que tiene el orden del d�a en relaci�n a los acuerdos adoptados por la Junta. No
es posible que la Junta
se separe del orden del d�a pues el mismo es el que han tenido en cuenta los socios a la hora de decidir su asistencia o no a la junta y por tanto, si el orden el d�a se expresa de forma clara y contundente, la junta en su acuerdo debe ajustarse escrupulosamente al mismo.
2�. La segunda que pese a que en la LSC se suprimi�, tambi�n para la SL, el derecho de suscripci�n referente en los aumento no dinerarios, incluyendo por tanto los que son por compensaci�n de cr�ditos, la DG muestra su prevenci�n ante los mismos indicando que �los aumentos de capital social �puros� por compensaci�n de ciertos cr�ditos concedidos exclusivamente por algunos, no todos, los socios no siempre est�n libres del reproche judicial de nulidad o anulabilidad por presunta violaci�n del principio configurador de igualdad de trato ex art�culos 97 y 514 de la Ley de Sociedades de Capital, por infracci�n del inter�s social etc� o porque �exista una burla fraudulenta del derecho de preferencia imposible de ignorar por el calificador ex art�culo 7.2 del C�digo Civil (por ejemplo, en el caso de que los cr�ditos fueron concedidos por algunos de los socios en un momento inmediatamente anterior al acuerdo, etc�. De ello deducimos que ante todo aumento de capital, no s�lo de sociedades limitadas, sino tambi�n de an�nimas, mediante aportaciones no dinerarias y suscripci�n por extra�os o s�lo por parte de los socios, se deber�n calificar muy cuidadosamente todos los elementos del acuerdo en evitaci�n del ingreso en el registro de acuerdos que no pretenden favorecer a la sociedad, sino s�lo a una parte de los socios, y pudieran ser declarados nulos.
3� Finalmente declara la DG
que el Registrador Mercantil no est� vinculado en su calificaci�n por la
opini�n jur�dica emitida por el fedatario en una posterior diligencia y en la que pronuncia su �opinio iuris� en favor de la existencia de dos aumentos contra lo que se infiere del t�tulo por �l intervenido. Es decir que esa opini�n es precisamente eso, una opini�n que puede o no ser compartida por el registrador calificante y que si no lo es, puede calificar negativamente pese a la misma. (JAGV)
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SOCIEDAD AN�NIMA: AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS: ES POSIBLE LA SUSCRIPCI�N POR LA PROPIA SOCIEDAD
COMO CONSECUENCIA DE LA PREEEXISTENCIA DE ACCIONES PROPIAS. Resoluci�n de 15 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XII de Barcelona a inscribir una escritura de aumento del capital de una sociedad an�nima con cargo a reservas. Hechos: Se trata de �un aumento del capital de una sociedad an�nima con cargo a reservas con la circunstancia de que determinadas acciones se asignan a la propia sociedad como consecuencia de la preexistente titularidad de acciones propias�.
Calificaci�n: El registrador deniega la inscripci�n por el defecto, calificado de insubsanable, de que el art�culo 134 de la LSC, coincidente con el antiguo Art�culo 74 de la LSA, establece una prohibici�n absoluta de autosuscripci�n originaria de las propias acciones. Reconoce no obstante el registrador que la sanci�n no es la nulidad absoluta pero estima que no se puede inscribir un aumento que incurre en una autosuscripci�n evidente
El notario alega que la calificaci�n registral en relaci�n al supuesto planteado
ignora la excepci�n legal prevista en nuestro ordenamiento jur�dico. Efectivamente, el registrador se limita en su nota a sancionar la adquisici�n originaria producida por la sociedad sin tener en cuenta lo previsto en el art�culo 148, apartado a), de la LSC que
sanciona el estatuto que hay que aplicar a la autocartera durante su r�gimen. Literalmente dice que �los derechos econ�micos inherentes a las acciones propias, excepci�n hecha del derecho de asignaci�n gratuita de nuevas acciones, ser�n atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones�.
Aparte de ello la sociedad podr�a haber optado por la alternativa de aumentar el valor nominal de las acciones en circulaci�n con eficacia tambi�n respecto a las acciones que posea la sociedad y esta opci�n parece perfectamente posible.
revoca la nota de calificaci�n.
Parte de la antinomia existente entre lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital acerca de la prohibici�n, sin distingos, de la adquisici�n originaria de acciones propias contenida en su art�culo 134 (autosuscripci�n de acciones por la propia sociedad) y la aparente licitud de la autosuscripci�n de acciones propias liberadas que en ejercicio del derecho de asignaci�n gratuita parece permitir, en sede de r�gimen de las acciones propias, su art�culo 148 a) in fine de la Ley de Sociedades de Capital (el derecho de asignaci�n gratuita inherente a las acciones en autocartera no acrece a los otros accionistas como excepci�n a la regla general).
Parte de la doctrina considera dicha operaci�n como no permitida pero para la DG
la tesis anterior no puede compartirse.
A�ade que �el reconocimiento por la Ley de Sociedades An�nimas de 1989, en su art�culo
fine de la licitud de ejercicio por la propia sociedad del derecho de asignaci�n gratuita supuso en su d�a la recepci�n legal en nuestro Derecho positivo de una soluci�n que reclamaba una doctrina muy mayoritaria. La adquisici�n originaria de acciones liberadas por la propia sociedad es leg�tima por cuanto inocua desde el punto de vista de la necesaria composici�n de los intereses en juego que subyacen al r�gimen restrictivo de la autocartera. El aumento �simplemente� contable (traslado del saldo de la cuenta de reservas a la del capital social) no compromete los derechos de socios o de terceros que la normativa de �negocios sobre las propias acciones� est� destinada a tutelar toda vez que el aumento liberado deja en principio inalterado el �statu quo� societario y patrimonial�. Adem�s, �ser�a asistem�tico permitir un aumento de capital social con elevaci�n del valor nominal de las acciones en autocartera y, por el contrario, prohibir la autosuscripci�n de acciones liberadas� con lo que acoge la tesis notarial expresada en su recurso.
Comentario: Muy interesante resoluci�n que deja bien claro que es posible la autosuscripci�n de acciones propias por la sociedad siempre que no exija en contrapartida un desembolso dinerario o no dinerario, sino que se trate de una
mera derivaci�n gratuita de las acciones pose�das por la propia sociedad, como en el caso de que el aumento sea con cargo a reservas pues lo �nico que se produce en este caso es un mero traspaso contable de la cuenta de reservas a la de capital. Por lo dem�s la DG no entra, por no haber sido objeto del recurso y tambi�n, a nuestro juicio, por no corresponder competencialmente al registrador decidir sobre ello, acerca de �cu�l es el r�gimen jur�dico de las acciones l�citamente suscritas en autocartera: si el m�s benigno previsto para las adquisiciones permitidas (por aplicaci�n anal�gica de lo previsto en el art�culo 140.1 de la Ley de Sociedades de Capital y en particular lo dispuesto para las adquisiciones gratuitas en su apartado a) o el m�s gravoso del art�culo 139 de la Ley de Sociedades de Capital�.
Tampoco entra la DG en el problema de si �siendo l�cita y conforme a Derecho de sociedades la autosuscripci�n de acciones liberadas ex art�culo 148.a) in fine de la Ley de Sociedades de Capital� sobre el proceder correcto del registrador Mercantil �en el caso de que, despu�s de su calificaci�n, le conste a aqu�l que existe infracci�n de la prohibici�n de autosuscripci�n de acciones ex art�culos 134 y 136 de la Ley de Sociedades de Capital, si debe inscribir �haciendo constar en el t�tulo y en el asiento las oportunas reservas y cautelas expresivas de una irregularidad jur�dica no invalidante del acuerdo social inscribible o, como parece m�s conforme con la funci�n calificadora del registrador como controlador de la legalidad (el registrador como �gatekeeper�), y como dice nuestra doctrina, denegar la inscripci�n y cerrar el Registro a la autosuscripci�n il�cita ex art�culos 134 y 136 de la Ley de Sociedades de Capital por m�s que la Ley de Sociedades de Capital no aplique a estos casos de adquisici�n originaria prohibida de acciones la sanci�n de nulidad de pleno derecho (confr�ntese el art�culo 135 de la Ley de Sociedades de Capital con lo dispuesto en el art�culo 136 de la Ley de Sociedades de Capital). Es decir que si la autosuscripci�n originaria de acciones no es por asignaci�n gratuita de las mismas, parece que lo procedente, para el Centro Directivo, ser� denegar la inscripci�n por infracci�n de los art�culos 134 y 136 de la LSC. Lo
que no nos parece admisible en ning�n caso es que si se inscribe el aumento con autosuscripci�n, por estimar el registrador que dicha inscripci�n es posible, dado que no es nula si de sociedades an�nimas se trata (cfr. art. 136.1), el hacer advertencia alguna sobre las consecuencias de la autosuscripci�n pues dichas consecuencias ya est�n establecidas legalmente y por tanto la actuaci�n del registrador ser�a oficiosa pues la ley se presume conocida por todos. (JAGV)
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251. CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEP�SITO DE CUENTAS: REQUISITOS DE LA CERTIFICACI�N DEL
�RGANO DE ADMINISTRACI�N PARA LA APERTURA DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD.
Resoluci�n de 13 de junio de 2012, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles IX de Madrid, al levantamiento del cierre de la hoja registral de dicha sociedad. Hechos: El supuesto de hecho de esta resoluci�n es muy simple: Certificaci�n expedida por el administrador de una sociedad en la que manifiesta que determinadas cuentas anuales no fueron aprobadas por haber votado en contra todas las participaciones sociales, que representan el 100% del capital social; y que tampoco fueron aprobadas en otras juntas generales de 2010 y 2011, por haber votado en contra participaciones sociales que representaban un 30% del capital social, sin existir ning�n voto a favor.
El registrador suspende la apertura de la hoja de la sociedad pues estima que:
1�. No se manifiesta que las cuentas anuales �que no se han aprobado� hayan sido debidamente formuladas por el �rgano de administraci�n conforme al art�culo 253 de la Ley de Sociedades de Capital. 2�. No resultan de la certificaci�n las circunstancias exigidas en los art�culos 97 y 112 del RRM.
3�. Respecto de las juntas generales celebradas en 2010 y 2011, dado el capital social asistente, las juntas no pudieron darse por v�lidamente constituidas.
4�. Se�ala una contradicci�n en cuanto a la imposibilidad de aprobar las cuentas, dada la concurrencia en el certificante de la condici�n de socio y de administrador �nico.
Se pide calificaci�n sustitutoria siendo confirmada la calificaci�n por el registrador sustituto.
Se interpone recurso alegando que las cuentas no han sido aprobadas y que otras certificaciones similares han sido favorablemente calificadas en el mismo registro y en otros a los que fueron presentadas y que respecto de la causa de la no aprobaci�n, ya la RDGRN de 8 de febrero de 2012 consider� que no era necesario expresarla en la certificaci�n.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n.
Aunque es un tema ya tratado en otras resoluciones de la DG, aprovecha esta para hacer las siguientes aclaraciones:
1�. El cierre del Registro �nicamente procede para el caso de incumplimiento de una obligaci�n, la de depositar las cuentas anuales, y no por el hecho de que no hayan sido aprobadas o porque los administradores no las hayan formulado.
2�. Las normas que establecen el cierre del registro, por su car�cter sancionador, han de ser objeto de interpretaci�n estricta, y atendiendo adem�s a los principios de legalidad y tipicidad a que est�n sujetas las infracciones administrativas y su r�gimen sancionador, con base en la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional.
3�. Dado que el art. 378.5 del RRM establece como uno de medios de apertura del cierre registral por falta de dep�sito de cuentas la certificaci�n del �rgano de administraci�n con expresi�n de la causa de la falta de aprobaci�n, sin distinguir cu�l sea dicha causa, excede del �mbito de la calificaci�n del registrador determinar si la expresada resulta o no suficiente
4�. En estos casos, el administrador no est� certificando de unos acuerdos sociales, sino de un hecho: que no han sido aprobadas las cuentas anuales para ciertos ejercicios de una determinada compa��a y por ello no le es aplicable a estas certificaciones las exigencias de los arts. 97 y 112 del RRM.
5�. La no aprobaci�n de las cuentas es independiente de que las cuentas anuales hayan sido o no formuladas. 6�. Es suficiente, a los efectos de la apertura de la hoja de la sociedad, con la certificaci�n expedida por el �rgano de administraci�n de que las cuentas no han sido aprobadas en las sucesivas juntas generales.
7�. Como ya ha se�al� la Resoluci�n de este Centro Directivo de 8 de febrero de 2012,
es irrelevante, a efectos de su constancia en el folio registral, cu�l sea la causa de la falta de aprobaci�n.
Comentario: La doctrina de la DG
en este tema es clara: Basta para la apertura de la hoja de la sociedad por falta de dep�sito de cuentas, con que se certifique que las mismas no han sido aprobadas por la junta general, siendo esta causa suficiente en s� misma pues al no haber sido aprobadas es imposible que sean depositadas. Ahora bien esa no aprobaci�n a su vez puede tener m�ltiples causas, como las de no haber sido formuladas, no haberse celebrado la junta, no contar con el qu�rum m�nimo de asistencia, defectos de convocatoria de la junta, por carecer la sociedad de actividad, etc. Pero lo esencial es la no aprobaci�n y con ello debe bastar para la reapertura de la hoja, eso s� de forma temporal durante el plazo de seis meses seg�n resulta del mismo art. 378.5 del RRM.
la DG que quiz�s ser�a conveniente una nueva regulaci�n de la materia pero mientras esta no se produzca la situaci�n es la descrita debiendo tenerse en cuenta que en todo caso la sociedad incumplidora puede sufrir las sanciones pecuniarias establecidas en la LSC.
Por ello la falta de dep�sito de cuentas en ning�n caso le es indiferente a la sociedad de que se trate, debiendo esta, por todos los medios, procurar llevarla a cabo, siendo la apertura de la hoja conforme al art. 378.5 del RRM un remedio excepcional para casos de urgencia inaplazable en que sea necesario practicar una inscripci�n en la hoja de la sociedad. (JAGV)
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255. MODIFICACION DE ESTATUTOS REFERENTES A PRESTACIONES ACCESORIAS. Resoluci�n de 18 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n de la registradora mercantil de C�diz, por la que se deniega la inscripci�n de una escritura de modificaci�n de estatutos referente a prestaciones accesorias. Hechos: Se trata de una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sociales en los que se establece a cargo de los socios la siguiente prestaci�n accesoria: �Con objeto de atender a necesidades coyunturales de tesorer�a y por durante el plazo de diez a�os contados a partir de la fecha de adopci�n de este acuerdo� todas las participaciones est�n sujetas a prestaci�n accesoria consistente en que su titular deber� aportar cantidades en met�lico, distintas del capital, que no se integrar�n en �ste y que no podr�n exceder en conjunto, durante el expresado plazo de duraci�n de esta obligaci�n, de la cuant�a de treinta euros por participaci�n, mediante ingreso en la caja social en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que fuera al efecto requerido por el �rgano de administraci�n, previa adopci�n del acuerdo de exigencia de aportaci�n por la junta general, que s�lo podr� serlo respetando los l�mites de tiempo y de cuant�a que han quedado establecidos. Las prestaciones accesorias tendr�n car�cter gratuito, sin perjuicio de la restituci�n de las cantidades aportadas, que s�lo podr� llevarse a cabo con cargo a beneficios o reservas libres�. Dicha prestaci�n accesoria es objeto de la siguiente calificaci�n, resumida por la DG:
Existe una indeterminaci�n del objeto de la prestaci�n por cuanto �nicamente se ha fijado un plazo m�ximo de diez a�os y una cuant�a m�xima de treinta euros por participaci�n, quedando su exacta determinaci�n al acuerdo de la junta general; igualmente se�ala que seg�n el art�culo 108.3 y 4 de la Ley de Sociedades de Capital s�lo cabe impedir la transmisi�n y el derecho de separaci�n por cinco a�os y esta cl�usula supondr�a una vinculaci�n, durante diez a�os, del socio con la sociedad, dada la necesidad de la autorizaci�n de �sta para transmitir las participaciones que llevan aneja la prestaci�n
El notario autorizante recurre: Tras explicar someramente el iter seguido por la redacci�n de la cl�usula debatida y tras la cita de varias resoluciones de la DG sobre prestaciones accesorias, considera que la exigencia fundamental de toda prestaci�n accesoria debe referirse a los elementos esenciales de tiempo y cuant�a de las aportaciones a realizar y ello se cumple en la cl�usula debatida.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n. Hace las siguientes declaraciones que nos pueden ser de utilidad a la hora de la calificaci�n de prestaciones accesorias impuestas en los estatutos de la sociedad.
1�. Lo esencial de la prestaci�n accesoria es que se exprese su �contenido concreto y determinado�. De ello deduce la DG que debe ponerse un especial cuidado en la determinaci�n de ese contenido, del que son elementos esenciales el tiempo y cuant�a de las prestaciones a realizar.
2�. No debe excluirse la posibilidad de establecer una prestaci�n de contenido determinable, pero en este caso ser� necesario que se establezcan
las bases o criterios que permitan hacerlo de suerte que otorguen la debida claridad y seguridad a las relaciones entre los interesados. 3�. Las prestaciones accesorias, aunque tengan naturaleza societaria, son obligaciones fruto de una relaci�n jur�dica entre partes, la sociedad y los socios obligados, lo que impone acudir supletoriamente al r�gimen general del derecho de obligaciones en orden a su existencia y validez.
4�. Una cl�usula estatutaria como la analizada, no es contraria al art�culo 86 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuanto habi�ndose adoptado por junta universal, ha sido aceptada por todos los socios, excepto por uno que ha ejercido su derecho de separaci�n.
5�. Finalmente en cuanto el defecto relativo a la posible prohibici�n de enajenar que pudiera suponer la cl�usula debatida, dice la DG que el art�culo 88, regula la transmisi�n de participaciones sujetas a prestaciones accesorias, sujetando dicha transmisi�n a la autorizaci�n de la sociedad, mediante acuerdo de la junta general, salvo que los estatutos atribuyan dicha competencia al �rgano de administraci�n. Ciertamente dicho precepto no incluye obligaci�n alguna a la sociedad de explicitar las causas que permiten a la sociedad denegar dicha autorizaci�n, pero la negativa no puede ser abusiva. Por eso si el objeto de la prestaci�n accesoria es fungible, como el dinero, de forma que cualquier tercero podr�a realizarla, debe considerarse que la negativa de la sociedad a la transmisi�n, debe estar suficientemente motivada.
Comentario: Aunque no muy frecuentes, a veces se imponen en los estatutos primitivos o en una modificaci�n posterior, prestaciones accesorias a cargo de todos o algunos de los socios o vinculadas a la titularidad de determinadas participaciones sociales. �ltimamente sin embargo, quiz�s por los especiales condicionamientos econ�micos por los que atravesamos, se ven algunas prestaciones de naturaleza similar a la analizada, dadas las dificultades de financiaci�n por la que a traviesa la econom�a espa�ola. Dentro de este contexto es en el que debe valorarse esta resoluci�n pues aparte de establecer unos criterios generales aplicables a todas ellas, al considerar inscribible esta especial cl�usula, abre la puerta a que la misma sea utilizada por las sociedades que se encuentren en situaci�n similar a la descrita en la misma. Y desde este punto de vista se trata de una resoluci�n acertada en cuanto puede servir para aliviar el peso financiero de las sociedades y para fidelizar a los socios con el objetivo perseguido por la sociedad, flexibilizando las exigencias que una interpretaci�n estricta y excesivamente formal de los preceptos de la LSC llevar�a consigo.(JAGV)
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261. BAJA EN EL INDICE DE ENTIDADES AEAT: NO ES POSIBLE LA INSCRIPCION DEL
CESE DE ADMINISTRADOR AUNQUE SEA ANTERIOR A LA NOTA DE BAJA. Resoluci�n de 20 de junio de 2012, de la Direcci�n General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles IX de Madrid, a la inscripci�n de una escritura por la que se elevan a p�blico acuerdos sociales relativos al cese y nombramiento de administrador �nico. Hechos: Se trata de una escritura de cese y nombramiento de administrador �nico por junta general universal de 30 de diciembre de 2004, habiendo sido expedida la certificaci�n el 16 de octubre de 2006, d�ndose la circunstancia de que de que la hoja de la sociedad en la actualidad aparece cerrada por un doble motivo: Por falta del dep�sito de las cuentas anuales de la sociedad y por baja en el �ndice de Entidades de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria. El registrador suspende la inscripci�n por dichos motivos a�adiendo, respecto de la falta de dep�sito de cuentas, que no se trata de uno de los acuerdos exceptuados.
Se recurre por el interesado alegando que ces� como administrador en el a�o 2004, antes de la baja de Hacienda, y que ahora la Agencia Tributaria
le exige que haga constar su cese para eximirle de responsabilidad por la falta de presentaci�n de determinadas obligaciones tributarias.
El registrador en su informe reconoce que la falta de dep�sito de cuentas no ser�a obst�culo alguno para la inscripci�n del cese en el caso de que se hubiere solicitado en el t�tulo de conformidad con el art�culo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, lo que no sucede en el t�tulo presentado, pero que la baja en el �ndice de Entidades se lo impide.
Doctrina: La DG, limitando el recurso al segundo de los defectos, lo confirma pues, vigente la nota marginal de cierre por falta de cumplimiento de obligaciones fiscales, no podr� practicar ning�n asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo los ordenados por la autorizada judicial. La DG, pese a la simplicidad y claridad del supuesto, sobre la cuesti�n planteada por el recurrente acerca de que su cese fue anterior a la constancia de la baja en el registro y de su falta de responsabilidad en la no inscripci�n del nuevo administrador que tantos quebraderos de la cabeza le ha tra�do, hace las siguientes importantes declaraciones:
1�. La
calificaci�n se produce en el momento de la presentaci�n de la escritura a inscripci�n, momento en el cual
ya existe la situaci�n de baja en el tantas veces citado �ndice de Entidades, lo que no puede ser desconocido por el registrador.
2�. El nombramiento de administradores, lo que conlleva e implica el cese del anterior, debe ser presentado a inscripci�n en el Registro Mercantil dentro de los diez d�as siguientes a la aceptaci�n (cfr. art. 215.2 de la LSC).
3�. La persona que tiene la facultad o el deber de solicitar la inscripci�n en el caso de cese y nombramiento de administradores debe ser
tanto el administrador cesado como el administrador nombrado, pues ambos est�n interesados en asegurar el acto societario que debe ser inscrito (cfr. art�culo 6 de la Ley Hipotecaria)
4�. De conformidad con el art�culo 26.3 del C�digo de Comercio los administradores, sin distinguir si son los salientes o entrantes, est�n obligados a presentar en el Registro Mercantil, dentro de los ocho d�as siguientes a la aprobaci�n del acta, testimonio notarial de los acuerdos inscribibles, estableciendo el mismo precepto la posibilidad de que los asistentes a la junta general de la sociedad puedan obtener una certificaci�n de los acuerdos y de las actas de las juntas generales.
Comentario: Dada la claridad del supuesto s�lo puntualizaremos la siguiente cuesti�n: El registrador en su informe condiciona la inscripci�n del cese a que se le solicite expresamente de conformidad con el art�culo 63 del Reglamento del Registro Mercantil. A nuestro juicio, y respetando plenamente la distinta opini�n del registrador calificante, el citado art�culo 63 no es aplicable a este supuesto, sino que el precepto que debe aplicarse es
el art�culo 62.2 del mismo Reglamento en virtud del cual si el t�tulo comprende varios actos, hechos o negocios inscribibles, independientes uno de los otros, como son el cese y nombramiento de administradores, el defecto que el registrador apreciare en alguno de ellos, en este caso el cierre del registro por falta de dep�sito de cuentas para la inscripci�n del nombramiento,
no impedir� la inscripci�n de los dem�s debiendo practicarse, respecto de estos, los asientos solicitados. Es decir que la forma de proceder en caso de cese y nombramiento de administradores de sociedad cuya hoja aparezca cerrada por falta de dep�sito de las cuentas anuales debe ser la de practicar la inscripci�n del cese
suspendiendo el nombramiento del nuevo o nuevos administradores por el cierre derivado de la falta de dep�sito de las cuentas anuales de la sociedad. Con ello se facilita la desvinculaci�n del anterior administrador o administradores de la sociedad, cuando los nuevos no cumplen con sus m�s elementales obligaciones, evitando posibles perjuicios para el administrador cesado, causados tambi�n por su falta de actividad, por no inscribirse su cese que quiz�s pudiera haberse hecho conforme al precepto citado, en la especial interpretaci�n que le damos. (JAGV)
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263. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SL: APORTACI�N DE BIENES Y ASIGNACION DE PARTICIPACIONES A LOS SOCIOS.
Resoluci�n de 21 de junio de 2012, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificaci�n extendida por el registrador mercantil de Le�n, por la que se resuelve no practicar la inscripci�n de un aumento de capital. Hechos: El recurso trata de un
aumento de capital social suscrito por tres socios a los que se le asignan por su numeraci�n determinadas participaciones y desembolsadas por la aportaci�n de dos fincas que les pertenecen por
terceras partes indivisas, asign�ndoles a las fincas tambi�n determinadas participaciones que
no son coincidentes con las participaciones suscritas por los socios pues por ejemplo respecto de la tercera finca se le asignan participaciones s�lo suscritas por uno de los socios y parcialmente por otro. En definitiva que
no hay correlaci�n entre aportaci�n y asignaci�n de participaciones a los socios y a las fincas.
El registrador suspende la inscripci�n por dicho motivo.
Se pide calificaci�n sustitutoria y es confirmada la nota de calificaci�n. Se interpone recurso en el que se insiste que la asignaci�n es la correcta.
La DG confirma la nota de calificaci�n.
Reiterando sus argumentos de otras resoluciones, y en especial la de
25/9/2003, afirma que la
asignaci�n por su numeraci�n de participaciones por cada uno de los bienes aportados �obedece al r�gimen de
responsabilidad por la realidad y valoraci�n que establece el antiguo art�culo 21 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, hoy art�culo 73 de la Ley de Sociedades de Capital� que �impone que la identificaci�n de las participaciones adjudicadas en contraprestaci�n de una aportaci�n no dineraria se lleve a cabo por cada uno de los bienes aportados y no en globo, por el conjunto de ellos (y a salvo la excepci�n de aportaci�n de empresa o establecimiento mercantil o industrial) y por ello sigue insistiendo �la correlaci�n entre bien aportado y participaciones atribuidas en pago se refiere a cada uno de los bienes aportados y no a su conjunto, pues de otro modo ser�a imposible establecer la responsabilidad adquirida en caso de que se plantease acci�n sobre el t�tulo o valoraci�n de uno s�lo de los bienes aportados�.
Comentario: Clara resoluci�n en la que la DG
vuelve a insistir en la importancia fundamental de la adecuada correlaci�n entre participaciones, su asignaci�n a los socios, y bienes aportados en pago por estos. No obstante, como ya hemos apuntado en alguna otra ocasi�n, es una norma que no debe llevarse a extremos incompatibles con la naturaleza de los bienes aportados y que debe ser aplicada con flexibilidad cuando los bienes aportados son de escasa cuant�a en relaci�n con la total aportaci�n o muy numerosos de an�loga naturaleza y escaso valor individual cada uno de ellos, pues en estos casos, aunque no se trate de un establecimiento mercantil o industrial, puede estimarse que se est�n aportando como un conjunto de bienes. Es decir que debe examinarse cada caso en concreto sin llevar la norma a extremos incompatibles con su verdadera finalidad. En el caso de esta resoluci�n estaba plenamente justificada la exigencia del registrador. (JAGV)
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Granada, a 28 de agosto de 2012
desde el 29 de agosto de 2012

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