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TRABAJO DE FIN DE GRADO GRADO EN DERECHO
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Josefina Vidal Ortiz de Zárate
1 TRABAJO DE FIN DE GRADO GRADO EN DERECHO DICTAMEN JURÍDICO De los conflictos de competencia existentes en la jurisdicción civil, relativos a materias no concursales, entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil. Universidad Complutense de Madrid Facultad de Derecho Departamento de Derecho Procesal. Convocatoria Ordinaria Junio 2014 Coordinador, Fernando Gascón Inchausti Tutor, Álvaro Gutiérrez Berlinches LAURA MARTÍNEZ DELGADO Calificación de 10 con opción a Matrícula de Honor
2 RESUMEN Desde la creación de los Juzgados de lo Mercantil por la Ley 8/2003, de 7 de julio, para la Reforma Concursal muchos han sido los conflictos de competencia existentes entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, ambos pertenecientes al mismo orden jurisdiccional civil. Dichos conflictos, tanto en su vertiente de derecho procesal como en la de derecho material, han sido ampliamente debatidos por la jurisprudencia y la doctrina, tratando de dar una solución coherente a derecho. En el presente dictamen trata de recogerse de manera práctica y sistemática tales conflictos, realizando un estudio de la jurisprudencia recaída al respecto así como de la doctrina que se ha detenido en su estudio, aportando la solución más conveniente conforme a la voluntad del legislador, y a la realidad económica y social de la época en la que nos encontramos. Palabras clave. Juzgados de lo Mercantil Juzgados de Primera Instancia Conflictos competenciales Conflictos materiales Conflictos procesales Acumulación de acciones. SUMMARY From the creation of Mercantile Courts by the Law 8/2003, July seventh, about the Reform of the Insolvency Law, there have been so many conflicts of jurisdiction between Trial Courts and Mercantile Courts, both of them belonging at the same jurisdictional, the civil one. Those conflicts, both in its procedural law and its substantive law, have been widely debated by jurisprudence and doctrine, trying to provide the most suitable solution according Law. In this dictum is tried to collect such conflict from practice and systematic way, doing a research about the jurisprudence issued about, as well as the doctrine that has stopped in its research. It s also tried to provide with this dictum a convenient solution according to the legislature s intention and considering the economic and social era we are living right now. Key words. Mercantile Courts Trial Courts Conflicts of jurisdiction Substantive conflict Procedural conflict Accumulation actions. 1
3 INDICE Índice de abreviaturas I. Introducción. Objeto del dictamen. A. Antecedentes del conflicto: la creación de los Juzgados de lo Mercantil. B. Competencias atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil. II. De los conflictos relativos a la competencia objetiva en las materias no concursales atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil. A. Alcance material de las competencias atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil por el artículo 86 ter 2 LOPJ. B. De los conflictos relativos a la legislación específica y la legislación común: la especial problemática en materia de contratación. i. Propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. ii. Sociedades mercantiles. iii. Transportes y Derecho Marítimo. iv. Criterios de atribución competencial. v. Conclusión. C. Otros conflictos de Derecho material. i. Competencia desleal. ii. Sociedades irregulares. iii. Condiciones generales de la contratación. III. De los conflictos procesales derivados de la distribución material de competencia. A. De la acumulación inicial de acciones. i. Argumentos a favor de la acumulación. ii. Argumentos en contra de la acumulación. iii. Juzgado competente para conocer de la eventual acumulación. iv. Doctrina del Tribunal Supremo. v. Conclusión. vi. Propuesta de redacción B. Reconvención. i. El problema de la reconvención. ii. Conclusión, la posible solución por prejudicialidad civil. 2
4 iii. Propuesta de redacción. C. Cuestiones prejudiciales. D. Procesos especiales. i. Proceso monitorio. ii. Proceso cambiario. E. Ejecución. F. Otras cuestiones procesales. i. Diligencias preliminares. ii. Medidas cautelares. IV. Conclusión. V. Bibliografía. Anexo. Propuesta de redacción. 3
5 INDICE DE ABREVIATURAS AP. Audiencia Provincial. AAP. Auto Audiencia Provincial. CE. Constitución Española. DGRN. Dirección General de los Registros y del Notariado. EM. Exposición de Motivos. LCCH. Ley Cambiaria y del Cheque. LCD. Ley de Competencia Desleal. LCGC. Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación. LDC. Ley de Defensa de la Competencia. LEC. Ley de Enjuiciamiento Civil. LGDCU. Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. LGP. Ley General de Publicidad. LH. Ley Hipotecaria. LM. Ley de Marcas. LSC. Ley de Sociedades de Capital. LORC. Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal. LOPJ. Ley Orgánica del Poder Judicial. LP. Ley de Patentes. LPI. Ley de Propiedad Industrial. SAP. Sentencia Audiencia Provincial. STS. Sentencia del Tribunal Supremo. TFUE. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. TRLPI. Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. TS. Tribunal Supremo. TSJ. Tribunal Superior de Justicia. 4
6 I. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DICTAMEN. La dualidad competencial existente en la justicia española dentro del orden jurisdiccional civil, distribuido principalmente entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, hace que el conocimiento de determinados asuntos plantee problemas en la práctica diaria de dichos juzgados. Los conflictos de competencia tanto positivos como negativos- que se producen entre ambos juzgados, se derivan de la atribución de competencia objetiva que cada uno ostenta, haciendo que de manera correlativa se produzcan problemas relativos al proceso, que dificultan y dilatan la tramitación de los asuntos. Se hace necesario por ese motivo plantear un análisis de tales conflictos competenciales, para de ese modo conseguir una mejora de la justicia en el ámbito civil, e incluso planteándose una posible nueva redacción de los preceptos normativos que doten de mayor claridad legislativa al sistema de reparto de competencias. Objeto. El presente dictamen pretende presentar de la manera más sistemática posible los conflictos materiales y, especialmente, procesales, existentes entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, realizando un estudio de la jurisprudencia recaída al respecto así como de la doctrina que se ha detenido en su estudio, y aportando la solución más conveniente conforme a la voluntad del legislador y la realidad económica y social de la época en la que nos encontramos. Del mismo modo es preciso reseñar que el estudio llevado a cabo se centra de manera principal en aquellas materias que no son concernientes al ámbito concursal, pues tal estudio en la materia ha sido más frecuentemente llevado a cabo, resultando necesario el ahondamiento en aquellas otras cuestiones no concursales y que igualmente producen problemas en la práctica diaria de nuestros juzgados y tribunales. A) Antecedentes del conflicto: la creación de los Juzgados de lo Mercantil. Se hace necesario comenzar el presente estudio de los conflictos competenciales existentes entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, haciendo una breve reseña al motivo de la creación de estos últimos, y todo ello debido a que, para la correcta resolución de los conflictos que se plantean entre ambos órganos, es precisa una correcta interpretación de las normas que los regulan y la voluntad del legislador. El elemento causante de la creación de los Juzgados de lo Mercantil lo 5
7 encontramos en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia del año 2001, época en la que se acometía una modernización de la justicia española que se ajustase a las nuevas exigencias de la sociedad y al aumento de la litigiosidad. Así se perseguía que la Justicia actuase con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y menos complicados para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales contenidos en el artículo 24 CE, motivo por el cual se determinó avanzar en el diseño de juzgados especializados en materia mercantil. Fue en el año 2003, con la promulgación de la LORC para la reforma de la LOPJ, cuando se llevó a cabo la creación de los Juzgados de lo Mercantil como juzgados especializados 1 dentro del orden jurisdiccional civil. De la Exposición de Motivos de la mencionada ley observamos que la creación de los Juzgados de lo Mercantil obedece, prima facie, a tres motivos: que la totalidad de las materias que se susciten dentro de su jurisdicción sean resueltas por titulares con conocimiento específico y profundo de la materia en un ámbito de indudable complejidad técnica; que las resoluciones sean dictadas con una mayor celeridad debido a la mejor preparación de los jueces en las materias objeto de su competencia; y, por último, que haya una mayor coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas, con criterios más homogéneos, evitando así resoluciones contradictorias y reforzando la seguridad jurídica. De este modo, y bajo tales premisas, se introducen en la LOPJ dos nuevos preceptos entre otros- reguladores de tales juzgados, los artículos 86 bis y 86 ter. A los Juzgados de lo Mercantil se les atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional mediante la modificación del artículo 26 de la LOPJ, y es el artículo 86 bis apartado primero el que determina su creación y el ámbito territorial al que se extiende tal jurisdicción, al establecer que con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil 2. 1 Para BANACLOCHE PALAO la calificación dada por el legislador a los juzgados de lo mercantil como tribunales especializados no es la correcta, pues deben ser catalogados como tribunales especiales. Y esto es así porque a los tribunales especiales -aun perteneciendo a la jurisdicción ordinaria- se les confiere el conocimiento de unas materias determinadas con carácter exclusivo y permanente, y están integrados por jueces y magistrados a los que se les exige un conocimiento específico en la materia. (Los juzgados de lo mercantil: régimen jurídico y problemas que plantea su actual regulación. Julio Banacloche Palao. Ed. Thomson Civitas, Madrid 2005, págs. 54 y ss). 2 Actualmente hay un total de 64 juzgados de lo mercantil constituidos, y 24 pendientes de constituir. (Anexo XII de la Demarcación y Planta Judicial elaborado por el Consejo General del Poder Judicial a 1 de enero de 2014). 6
8 B) Competencias atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil. La diferenciación entre materias concursales y no concursales. Es en el artículo 86 ter de la LOPJ donde se determina la competencia objetiva a la que extienden su jurisdicción los Juzgados de lo Mercantil, la cual puede determinarse de manera genérica en una doble vertiente: las referidas a la materia concursal, y las materias no concursales. Se obtiene de la lectura del apartado primero del artículo 86 ter LOPJ las concretas competencias en materia concursal que son atribuidas de manera exclusiva y excluyente a los Juzgados de lo Mercantil. La necesidad de reformar la anterior regulación legislativa de suspensión de pagos y quiebras, hizo que se llevase a cabo la redacción de la vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal dotando a tales situaciones de crisis económicas de los empresarios y profesionales de un carácter universal, denominado concurso de acreedores. Dicho carácter universal del concurso justificó el que se concentrasen en un solo órgano judicial los Juzgados de lo Mercantil- las materias que se consideran especialmente trascendentes para el patrimonio del deudor, atribuyendo al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en el conocimiento de materias que pertenecían a distintas disciplinas jurídicas y que estaban asignadas a diferentes órdenes jurisdiccionales. Es por ese motivo que se requería de una preparación especializada en la materia tanto del titular del órgano jurisdiccional como del personal al servicio del mismo. Así, comienza la redacción del precepto estableciendo que los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal según lo previsto en su ley reguladora 3, y que, en todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente de las siguientes materias: De las acciones civiles con transcendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado (exceptuando las que se ejerciten en procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores), así como de las medidas cautelares para asegurar el patrimonio del deudor o que afecten al patrimonio del concursado. 3 La regulación competencial en materia concursal contenida en el artículo 86 ter 1 de la LOPJ se completa, tal y como ordena el precepto, con el artículo 8 de la Ley Concursal. 7
9 De las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectiva de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado. De toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, independientemente del órgano que los hubiera ordenado. Las actuaciones que deban adoptarse en el proceso concursal relativo a la asistencia jurídica gratuita. Las acciones tendentes a exigir la responsabilidad civil de los administradores sociales, auditores o liquidadores por los perjuicios causados en el patrimonio del concursado durante el procedimiento. Por otro lado, en el apartado segundo del artículo 86 ter LOPJ se recogen una serie de materias que han sido atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil, y sobre las cuales versa el presente dictamen. Esta atribución de materias no responde a un criterio dogmático preestablecido, sino a y cito textualmente la Exposición de Motivos de la LORC- un contraste pragmático de las experiencias que ya se habían adelantado en nuestra práctica judicial a este proceso de especialización (la cursiva es mía). De este modo, los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean del orden jurisdiccional civil respecto de: Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro del orden jurisdiccional civil se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas. Las pretensiones al amparo de la normativa en materia de transportes (nacional e internacional). Las pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo. Las acciones relativas a las condiciones generales de la contratación, en los casos previstos en la legislación sobre la materia. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil (atendiendo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para el procedimiento). 8
10 Los procedimientos en los que sea de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (y su derecho derivado), así como los procedimientos de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Como se puede comprobar de la lista de materias no hay una identificación plena con la disciplina o la legislación mercantil, siendo así que ni se atribuyen a los Juzgados de lo Mercantil todas las materias mercantiles, ni todas las materias sobre las que extienden su competencia son exclusivamente mercantiles, sino algunas de ellas puramente civiles (como las condiciones generales de la contratación). La denominación de los juzgados como mercantiles simplemente alude por ello a la naturaleza predominante en las materias que se les han atribuido, pero sin significar por ello que los Juzgados de Primera Instancia no tengan competencia mercantil pues, a estos efectos, continúan siendo los tribunales propios tales materias (ya que, todas las materias relativas a contratación mercantil las cuales supones un importante volumen de pleitos, siguen siendo competencia de éstos). Por último, en el apartado tercero del artículo 86 ter LOPJ se recoge una disposición de Derecho Internacional Privado, atribuyendo competencia a los Juzgados de lo Mercantil para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, siempre y cuando versen sobre las materias que son objeto de su competencia (y siempre, claro está, que de acuerdo con los tratados y otras normas internacionales no corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal). De lo expuesto se desprende que nos encontramos ante unos órganos ordinarios con una determinada atribución competencial que deriva de la materia, siendo irrelevante el sujeto o sujetos que son parte del litigio o la cuantía de la reclamación. Por ese motivo los Juzgados de lo Mercantil desplegarán su jurisdicción en aquellos procesos en los que se diluciden una de las materias contenidas en el artículo 86 ter LOPJ (siendo competentes de manera exclusiva y excluyente en las atribuidas en materia concursal), y los Juzgados de Primera Instancia seguirán conociendo de todas aquellas cuestiones civiles y mercantiles que no hayan sido expresamente atribuidas a los primeros. No obstante, la complejidad que presenta el Derecho en la mayoría de ocasiones, hace que el tratar de deslindar las competencias propias de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil, siendo ambos juzgados propios del 9
11 mismo orden jurisdiccional, no se prevea como una tarea sencilla aunque a primera vista pudiera parecerlo. Y ello es así incluso aunque el legislador tratase de contemplar con la mayor precisión posible -si es que esa fue su verdadera intención- el catálogo de las materias que iban a ser objeto de conocimiento por los Juzgados de lo Mercantil. Así las cosas, habiendo transcurrido más de una década desde que los Juzgados de lo Mercantil entraron en funcionamiento, los conflictos entre éstos y los Juzgados de Primera Instancia siguen produciéndose con asiduidad en nuestro sistema de justicia. Las cuestiones competenciales que con cierta frecuencia se dilucidan se pueden encuadrar en dos vertientes que, irremediablemente, una es correlativa de la otra: por un lado, se suscitan controversias en cuanto al reparto competencial en lo que se refiere a las materias sustantivas que establece el artículo 86 ter y concretamente las del apartado segundo- debiendo precisarse el alcance que dicho artículo encomienda a los Juzgados de lo Mercantil para su conocimiento, ya que lo no comprendido en tales materias es competencia de los Juzgados de Primera Instancia. Y por otro lado, los problemas se suscitan en el ámbito procesal, y precisamente porque las acciones y actuaciones que antes de la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil se sustanciaban en los Juzgados de Primera Instancia, ahora encuentran en numerosas ocasiones una división que hace que la interrelación de las actuaciones se lleve a cabo en distintos juzgados, suponiendo por ello conflictos de competencia en cuanto a aspectos puramente procesales (sobre todo respecto de la acumulación de acciones). Por todo ello, se emite el presente dictamen, siendo relevante para el mismo el destacar que en la propia Exposición de Motivos de la LORC se determinó, a la hora de crear los Juzgados de lo Mercantil y atribuir la lista de materias objeto de su competencia, que se parte así de unas bases iniciales prudentes que habrán de desarrollarse progresivamente en los años venideros, de acuerdo con la experiencia que se vaya acumulando. II. DE LOS CONFLICTOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA OBJETIVA EN LAS MATERIAS NO CONCURSALES ATRIBUIDAS A LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL. Es necesario, en primer lugar, delimitar de manera correcta la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, puesto que aunque el propio artículo 86 ter.2 10
12 LOPJ determine el listado de materias atribuidas a dichos juzgados para su conocimiento, en numerosas ocasiones no se plantea de manera perfectamente clara. Habrá que plantearse qué concretas pretensiones pueden conocer los Juzgados de lo Mercantil, en tanto en cuanto el conocer de una materia no comprendida entre su competencia objetiva conllevaría un vicio de nulidad de pleno Derecho sancionado por los artículos 238.1º LOPJ y 225.1º de la LEC; y del mismo modo, se procede a su vez a delimitar la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, ya que, aquello que ha sido atribuido en exclusiva al conocimiento de los Juzgados de lo Mercantil no podrá ser sustanciado en aquéllos, so pena de la misma nulidad de pleno Derecho de lo actuado. En este segundo epígrafe únicamente se va a determinar la competencia objetiva para conocer de las pretensiones que se invoquen por los justiciables, estableciendo qué concretas acciones deben sustanciarse en los Juzgados de lo Mercantil y cuáles no dejando por ello para el epígrafe tercero, los conflictos procesales que se derivan de tal atribución material de competencia objetiva-. A) Alcance material de las competencias atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil por el artículo 86 ter 2 LOPJ. Interesa conocer en primer lugar qué alcance tienen las materias determinadas en el artículo 86 ter.2 LOPJ a los Juzgados de los Mercantil, es decir, la normativa que entra en juego en cada una de las atribuciones enunciadas en el epígrafe anterior, entrando posteriormente a conocer las controversias que se suscitan respecto de ellas. Respecto de las acciones relativas a competencia desleal, debemos acudir para ello a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En su artículo 32 encontramos las acciones que se prevén para la tutela de los derechos para los posibles actos que se reputen desleales, entre las que encontramos la acción declarativa de deslealtad, acción de cesación o de prohibición, acción de remoción, acción de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto, entre otras, a lo largo del texto legal. Por otro lado, las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a propiedad industrial podrán venir amparadas por diversas normas, pues en nuestro ordenamiento jurídico, la propiedad industrial viene integrada por tres modalidades, a 11
13 saber: las invenciones industriales (patentes), los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las formas estéticas aplicadas a la industria (diseño industrial). Es por tal motivo que deberemos acudir a diversos textos legales para encontrar las concretas acciones que se prevén. De este modo, la regulación en nuestro ordenamiento de los signos distintivos la encontramos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (junto con el Real Decreto 687/2002 que la desarrolla), que prevé de manera general como la acción reivindicatoria, acción de nulidad, acción de caducidad, acción de violación del derecho de marca, acción indemnizatoria, entre otras, respecto del derecho de marca (se hace preciso destacar que en la LM se regula el contrato de licencia de marca). Por otro lado, las invenciones industriales quedan reguladas en nuestro ordenamiento por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (desarrollada por el Real Decreto2245/1986, de 10 de octubre), que prevé expresamente en el texto acciones para la tutela del derecho de patente como la de nulidad, caducidad, relativas a la violación del derecho de patente (cesación, remoción, embargo, destrucción, indemnizatoria), acción declarativa del derecho, reivindicatoria, entre otras, todas ellas relativas específicamente al derecho de patente. Y por último, relativo al diseño industrial, su regulación se encuentra contenida en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del derecho industrial (desarrollada por el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre) que prevé de manera similar a la LP, acciones de nulidad, caducidad, relativas a la violación del derecho de diseño industrial, reivindicatoria, entre otras. En tercer lugar, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a propiedad intelectual, materia regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Acciones concretas que prevé el texto son la acción de cesación (que comprende varias, como la de suspensión o prohibición de reanudar la explotación o actividad infractora), acción de indemnización de daños y perjuicios, acción de difusión, entre otras. Es altamente relevante para el presente dictamen el tener en cuenta que el TRLPI regula ciertos tipos de contratos relativos a la propiedad intelectual, como el de edición, representación teatral, ejecución musical, etc. Respecto de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a la publicidad, habrá que acudir a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 12
14 Publicidad. La LGP protege esencialmente a los ciudadanos contra la publicidad ilícita, regulado en su artículo 11, y remitiendo para el ejercicio de las acciones a la Ley de Competencia Desleal. No obstante, es relevante tener presente que la LGP regula al mismo tiempo cuatro tipo de contratos publicitarios, a saber, el contrato de publicidad, de difusión publicitaria, de creación publicitaria y de patrocinio. En quinto lugar, es competencia de los Juzgados de lo Mercantil todas aquellas cuestiones que se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles. En primer lugar, y aunque parezca algo bastante obvio, debe determinarse que quedan fuera de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil todas aquellas sociedades que no tengan la consideración de mercantiles (asociaciones, fundaciones, sociedades civiles en general, sociedades agrarias en transformación, entre otras). Realizada tal precisión, la normativa reguladora de las sociedades mercantiles es ciertamente más extensa que las enunciadas anteriormente, debiendo acudirse a la normativa reguladora de cada tipo de sociedad mercantil: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles; Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca; etc. Pero además, debe tenerse en cuenta las regulaciones contenidas en el Código de Comercio que afecten a este tipo de sociedades mercantiles y su tráfico jurídico. A modo de vista gráfica, la LSC contiene como ámbito objetivo las cuestiones concernientes al ámbito interno de la sociedad (constitución, acuerdos, funcionamiento, etc.), y de manera específica se prevén acciones que estén relacionadas con las actuaciones propias de la estructura interna de la sociedad que desempeñan las personas físicas que la integran, como acción de impugnación del acuerdo de constitución, acciones de responsabilidad de los socios por deudas sociales, acciones de responsabilidad contra fundadores, promotores, administradores, liquidadores, acción de impugnación de acuerdos sociales, y un largo etcétera. Como se puede observar son acciones relativas al ámbito interno de la sociedad. Correlativo al apartado anterior, son competentes los Juzgados de lo Mercantil para conocer de aquellas cuestiones que se promuevan al amparo de la normativa reguladora de cooperativas. Quedan reguladas en el ámbito estatal por la Ley 13
15 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y acciones que quedan comprendidas dentro del texto normativo, entre otras, son las acciones de impugnación de acuerdos de los diferentes órganos que la integran. Es competencia también de los Juzgados de lo Mercantil las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional. La normativa de transportes es realmente amplia, y responde a todas sus modalidades, es decir, aérea, por carretera, por ferrocarril, marítima o multimodal 4. Respecto del ejercicio de aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo cabe decir que, de manera originaria, el Derecho Marítimo tenía por objeto la regulación del comercio por mar, pero actualmente sufre un cierto aislamiento en nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto abarca toda la regulación del transporte marítimo, tenga o no finalidad comercial 5. Se puede definir el Derecho Marítimo como la parte del derecho mercantil aplicable a quienes explotan un buque para el transporte, a los contratos mediante los que el buque se utiliza, a las instituciones auxiliares que lo posibilitan, así como a los riesgos, daños y accidentes relativos a la navegación marítima 6. 4 Normativa en de transportes, en sus modalidades aérea, por carretera, por ferrocarril, marítimo o multimodal, la cual consiste en una compleja y muy diversa regulación tanto nacional (Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres y su Reglamento, y Código de Comercio) como internacional (el Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas el transporte aéreo internacional, de 12 de octubre de que ha sido sucesivamente modificado por diversos protocolos-, el Convenio de Montreal para la unificación de ciertas reglas relativas el transporte aéreo internacional, de 28 de mayo de 1999, los Reglamentos Comunitarios relativos al transporte aéreo -estando ahora en vigor los 2004/261, sobre compensaciones y asistencia a pasajeros en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y 2002/889 sobre responsabilidades en caso de accidentes-, el Convenio de 19 de mayo de 1956, hecho en Ginebra, relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera - CMR, el Convenio internacional relativo a los transportes internacionales por ferrocarril - COTIF, el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque firmado en Bruselas 25 de agosto de 1924 y su Protocolo de 21 de diciembre de 1979, etc.). 5 El 24 de julio de 2013 se aprobó el anteproyecto de Ley de Navegación Marítima, que constaría de quinientos veintitrés artículos. Supondría una amplia reforma del Derecho marítimo español, coordinando el Derecho Marítimo Internacional y adecuándolo a la práctica actual del transporte marítimo, superando las contradicciones entre los distintos convenios internacionales vigentes en España y la dispersa regulación existente en esta materia. (BOE, CE-D ). 6 Cuestiones prácticas de competencia entre los Juzgados Mercantiles y de Primera Instancia. Cristina Fernández Gil. Ed. Tecnos, Madrid 2013, pág
16 Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de las acciones relativas a las condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, lo cual exige acudir a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. Las acciones previstas en la LCGC comprenden, por un lado, la colectivas y por el otro, las individuales. Como acciones colectivas previstas en la ley encontramos la acción de cesación, de retractación y declarativa; mientras que, como acciones individuales se contemplan la acción de no incorporación y de nulidad. Especial mención merece esta última acción, pues el artículo 8 de la LCGC establece que se reputarán nulas de pleno Derecho aquellas condiciones generales que contradigan lo dispuesto en la propia ley, o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, por lo que de manera indirecta obtenemos una remisión a cualquier ley que afecte a la contratación para constatar si la condición general se estima nula o no 7. Además, deberán conocer de los recursos contra las resoluciones de la Dirección General del Registro y de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento. Es decir, tal y como dispone el artículo 238 de la LH, deberán conocer de los recursos contra las resoluciones expresas y presuntas de la DGRN en materia del recurso contra la calificación negativa que haya sido dada por el Registrador Mercantil. Por último, conocerán de los procedimientos en los que sea de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado- así como de los procedimientos en los que sean de aplicación los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia. Los artículos referidos en el artículo 86 ter.2 LOPJ al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, son los que actualmente quedan recogidos en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a las normas comunes de competencia de aplicación únicamente a las empresas. Ambos preceptos recogen aquellas prácticas 7 Particularmente el artículo 8 de la LCGC estima nulas las clausulas abusivas cuando se contrate con un consumidor, remitiendo al artículo 10 bis de y Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (que deberá entenderse hecha a los artículos 82 y ss del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias). 15
17 que quedan prohibidas por el ordenamiento comunitario (y consecuentemente por el ordenamiento español) por tratarse de conductas impeditivas de la libre competencia y, concretamente, regula las conductas colusorias y el abuso de posición dominante en el mercado. El inciso final hace especial mención a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, poniendo énfasis en que será competente el Juzgado de lo Mercantil para conocer de los procedimientos en los que sean de aplicación los artículos 1 y 2 de la ley, que efectivamente (y casi con una igual redacción a los preceptos del TFUE) regulan las conductas colusorias y el abuso de posición dominante, prohibidas por el ordenamiento (Disposición Adicional 1º de la LDC) 8. Después de la enunciación de cada una de las normativas reguladoras de las materias catalogadas en el artículo 86 ter.2 LOPJ, es importante tener en cuenta, en cada caso, qué concreto ámbito objetivo de aplicación tiene cada una de las leyes, para de ese modo poder conocer qué derechos son exactamente los que ampara. Por ello, debido al objeto del presente dictamen, y por no tratarse de un estudio de cada una de las concretas normativas sustantivas, simplemente se ha procedido a la enunciación de las mismas. No obstante el conocimiento de tal legislación especial, así como de la normativa general de obligaciones del Código Civil, se estima indispensable para el entendimiento del presente dictamen jurídico. B) De los conflictos relativos a la legislación específica y la legislación común: la especial problemática en materia de contratación. Los conflictos competenciales entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil que han suscitado un mayor problema, respecto del concreto 8 La anterior Ley de Defensa de la Competencia (Ley 16/1989, de 17 de julio) contenía las mismas prácticas prohibidas en los artículos 1 y 6, pero el problema estribaba en que la redacción no regulaba qué concretos Juzgados eran los competentes para conocer de las pretensiones relativas a tales conductas, y sumado a ello, la redacción original de la letra f) del artículo 86 ter.2 LOPJ no preveía el inciso final que hace mención a los procedimientos en que sean de aplicación los artículos que determina la Ley de Defensa de la Competencia. Esto conllevó a que, si el demandante fundaba su pretensión en los preceptos comunitarios, el juzgado que conocía del asunto era el mercantil, mientras que si se había invocado la legislación interna, conocía el de primera instancia. Situación nada deseable, ya que en supuestos idénticos se sucedían situaciones distintas, y únicamente dependiendo de qué concretos preceptos se habían invocado en la demanda (y, reitero, la legislación comunitaria y la interna regulan las conductas impeditivas de la competencia de una manera idéntica). El problema persistió durante tres años, hasta que se promulgó en 2007 la actual LDC, introduciendo la DA1º que otorgaba la competencia a los Juzgados de lo Mercantil, hasta que meses después finalmente se modificó la LOPJ introduciendo el inciso final del artículo 86 ter.2 f). 16
18 alcance sustantivo que tienen las materias atribuidas por el artículo 86 ter.2 LOPJ a los mercantiles, es relativo, sobre todo y en términos generales, a la contratación. Es obvio que todas las acciones especialmente contenidas en cada una de las normativas enunciadas en el apartado anterior -y que surgen precisamente de dicha legislación especial-, son competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Pero no todas las acciones que pueden ejercitarse están contenidas en dichos textos legales, debiendo en multitud de ocasiones acudirse a la legislación general. Además, el hecho de que el legislador, a la hora de redactar el precepto, haya utilizado una amplia variedad de expresiones, tales como demandas, pretensiones, acciones, procedimientos, o al amparo de la normativa de, hace que las interpretaciones sean cuanto menos dispares. Se dilucida, por ello, si toda acción surgida de un contrato en el que se clausulan materias que son competencia de los Juzgados de lo Mercantil (propiedad industrial, propiedad intelectual, sociedades mercantiles, transportes, etc.) es competencia de dichos juzgados o por el contrario no. Es decir, si al versar tales contratos sobre materias específicas atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil, correlativamente se les atribuye el conocimiento de todas las demandas que se interpongan al amparo del incumplimiento de dichos contratos o relacionados con ellos. Es importante destacar en primer lugar que, el problema competencial se acentúa en aquellos casos en que en la normativa especial se recogen disposiciones específicas en materia de contratación (así, por ejemplo, en la normativa especial de publicidad se regulan varios aspectos de diversos contratos relativos a la materia), pero supletoriamente también les son de aplicación las disposiciones generales de obligaciones y contratos del Código Civil, y las acciones que se ejercitan son al amparo de este Código bien por no estar específicamente contenidas en la legislación especial, bien por no regularse el contrato en la legislación especial-. i. Propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad. En primer lugar, se hará la reseña respecto de las acciones relativas a propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, contenidas en el primer apartado del artículo 86 ter.2 LOPJ. Relativo a Propiedad Industrial, se extrae del AAP de Madrid núm. 229/2008, de 14 de noviembre (Sección 28ª), en el que se planteaba conflicto negativo de competencia con respecto a la acción ejercitada por los demandantes de reclamación de pago de las comisiones que se derivaban de un contrato de agencia para la 17
19 comercialización de productos marcados con algunas marcas del Real Madrid, la Audiencia determina que la competencia recae en los Juzgados de Primera Instancia, ya que es necesario examinar la demanda y dilucidar si la acción ejercitada se funda en el Derecho regulador de la propiedad industrial, pues solo en ese caso sería competencia del Juzgado de lo Mercantil (FJ2º). El que haya relaciones jurídicas en las cuales, de modo directo o indirecto, existe referencia a una marca, no determina que la competencia vaya a recaer directamente sobre los Juzgados de lo Mercantil. Es preciso determinar la naturaleza jurídica de la acción que se ejercita, y esto se lleva a cabo mediante el título jurídico en que se funda tal acción (que en el caso del auto, era del contrato de agencia competente el Juzgado de Primera Instancia- y de las obligaciones que de él se derivan), y no mediante otras circunstancias, como lo pudiera ser el tipo de objeto. Sin embargo en el citado auto se hace la precisión, de cito textualmente- que las acciones que se deriven de los contratos de licencia de marca (contrato regulado en la LM, pero no sus acciones específicas) sí serán acciones relativas a propiedad industrial, y competentes para ello los Juzgados de lo Mercantil. Por lo que, partiendo de esta última afirmación, cualquier acción que se traiga su causa en un contrato regulado por la legislación de propiedad industrial, debería ejercitarse ante el Juzgado de lo Mercantil. No obstante no es tan sencillo, ya que la misma Audiencia Provincial de Madrid 9, ante un recurso de apelación interpuesto contra el Auto por el que el Juzgado de Primera Instancia se declaraba incompetente para conocer de la acción ejercitada (derivada un contrato de licencia de explotación de patente), declaró la procedencia del recurso y competente para el conocimiento de la acción al Juzgado de Primera Instancia. Determina la Audiencia que no era preciso aplicar figuras o instituciones propias de la rama especializada del Derecho, sino solo la teoría general de obligaciones y contratos, al versar la pretensión únicamente en reclamación de cantidad por falta de pago del precio pactado. Por lo que, aunque el fundamento último pueda quedar regulado en la legislación de propiedad intelectual (recuérdese, que los aspectos relativos al contrato de licencia de explotación de patente quedan recogidos en la LP), al no ser precisa su aplicación por la pretensión que se ejercita, no serían competentes los juzgados mercantiles. 9 AAP Madrid (Sección 20ª) núm. 57/2012, de 15 de marzo, FJ2º 18
20 Del mismo modo, y de nuevo la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª), en su auto núm. 154/2012, de 7 de junio, se pronuncia a favor de esta postura al atribuir la competencia a los Juzgados de Primera Instancia para conocer de una demanda relativa a al pago de cantidad, derivado del incumplimiento de un contrato publicitario contrato regulado en la LGP- fundándolo en que en la demanda no se ejercitan acciones específicas relativas a publicidad de las que vienen reguladas en los artículos 25 y siguientes de la LGP, y atribuidas su conocimiento a los juzgados mercantiles, ya que la acción personal de condena pecuniaria derivada del incumplimiento de la obligación de pago derivada de una campaña publicitaria no se sustenta en la legislación especial reguladora de la actividad de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad (FJ 2º). Por otro lado y no obstante todo lo dicho, en un mismo caso de incumplimiento contractual y reclamación de cantidad como los anteriores, en donde la acción ejercitada únicamente se basaba en las disposiciones del Código Civil -esta vez con base en un contrato de merchandising 10, en el que se autorizaba a la reproducción de obras de Picasso en determinadas vajillas- la misma Audiencia Provincial de Madrid 11 declaró la improcedencia del recurso de apelación contra el auto por el que el Juzgado de Primera Instancia se declaraba incompetente, y otorgando la competencia a los Juzgados de lo Mercantil. La argumentación dada se basaba en que, a pesar de que la acción deducida lo era en base al incumplimiento contractual y reclamación de cantidad, no se podía escindir del contrato lo regulado en él respecto de la explotación de derechos de propiedad intelectual. Todo ello en virtud de la expresión que se recoge en el artículo 86 ter.2, en la que se establece que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de competencia del orden jurisdiccional civil, fundamentando la Audiencia que la expresión no puede ser interpretada aisladamente de la relación que después de introduce [ ] la finalidad de la expresión es dar exhaustividad a la competencia de los Juzgados de lo Mercantil respecto de las materias que después se citan; y lo que quiere decir el precepto es que los Juzgados de lo Mercantil asumirán el conocimiento de todos los asuntos respecto de las materias que se relacionan a 10 El contrato de merchandising, figura contractual atípica, en el que una de las prestaciones del servicio está constituida por la cesión de derechos de autor, y es encuadrable por su naturaleza en el derecho mercantil. No obstante el conocimiento de tales contratos, en principio, (al igual que el resto de contratos mercantiles) no está encomendado a los Juzgados de lo Mercantil. 11 AAP Madrid (Sección 11ª) núm. 51/2010, de 16 de febrero, FJ2º. 19

References: artículo 86
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 artículo 24
 artículo 26
 artículo 86
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 artículo 8
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 artículo 32
 Real Decreto 
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 artículo 11
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 artículo 8
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 artículo 86
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 artículo 10
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