Source: http://www.scribd.com/doc/117534087/Fallo-La-Plata
Timestamp: 2015-02-01 14:26:27+00:00

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P. 1Fallo La PlataFallo La PlataRatings: (0)|Views: 376|Likes: 1Published by maclorenaMore info:Published by: maclorena on Dec 20, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/117534087/Fallo-La-Plata11/07/2014pdftextoriginal Poder Judicial de la Nación U S O O F I C I A L
La Plata, 18 de diciembre de 2012.Y VISTOS: Este expediente N° 18.474/12, caratulado “Luzardo,Gustavo Jorge c/ COVIARES SA y otro s/ amparo”, proveniente del JuzgadoFederal de Primera Instancia de Quilmes.Y CONSIDERANDO QUE:I. Llega la causa a esta Alzada en virtud de los recursos de apelacióninterpuestos por las demandadas COVIARES SA a fojas 962/970 y la DirecciónNacional de Vialidad a fojas 971/973 –a cuyo recurso adhirió el Ministerio dePlanificación Federal, Inversión Pública y Servicios en representación del EstadoNacional a fojas 974-, contra la resolución del juez de primera instancia luciente afojas 939/950.II. Dicho decisorio modificó la medida precautoria de fojas 178/183 –que fuera confirmada en su oportunidad por este Tribunal de Alzada, con el alcancetemporal expuesto en la resolución obrante a fojas 114/117 del incidente deapelación que corre agregado por cuerda- y, en consecuencia, dispuso, en lo queaquí interesa, el nombramiento del doctor Humberto Fernando Ferrarini en carácterde
interventor veedor judicial
, en los términos del artículo 224 del Código ProcesalCivil y Comercial de la Nación, por el lapso –prorrogable- de ciento ochenta (180)días, contados desde la aceptación del cargo.En ese sentido, dispuso que el objetivo primordial de la actividad delinterventor designado será la efectiva ejecución de las obras faltantes en el menortiempo posible y de conformidad con los requisitos técnicos de calidad exigidos porla Autoridad de Aplicación.Concretamente, estableció que, en el plazo máximo de diez (10) díascorridos, contados a partir del momento en que el interventor comienceefectivamente a cumplir sus funciones en la empresa COVIARES SA, deberáinformar al Juzgado sobre:1) los activos de la sociedad, incluyendo valuación fiscal de los bienesinmuebles y muebles registrables, créditos e imposiciones bancarias de cualquiertipo.2) ingresos de COVIARES SA en concepto de peajes, detallandocantidad de vehículos que transitan por día y por tramo (Dock Sud, Quilmes,Berazategui y Hudson), así como otros ingresos que pudiera obtener la empresa porotros conceptos.3) gastos financieros de la mencionada empresa concesionaria y losque incurriera en concepto de pago de salarios de los trabajadores, cargas sociales,trabajos de mantenimiento de la autopista y demás gastos operativos.
4) saldo mensual disponible para ejecución de las obras faltantes.5) plazo posible de inicio y estimado de ejecución de las siguientesobras:a) tercer y cuarto carril de los tramos Debenedetti-Quilmes y Hudson-Quilmes.b) distribuidores en calles 520 y 120 y Villa Elisa y enlace al Caminodel Centenario y Fuerza Aérea material Quilmes; en el tramo Hudson-La Plata.c) carpeta asfáltica en puente y rampas de R 19 y de banquina externatramo Hudson-La Plata, salida de autopista avenida 520 de La Plata y defensas pilasen el puente sobre el Riachuelo.d) obras de mantenimiento (repavimentación, señalización, etc.)descriptas a fojas 572 que influyen sobre el estado de conservación de la autovía.6) monto estimado de las obras faltantes y posibilidades definanciación.7) Proyección estimada de los excedentes disponibles según se apliqueel cuadro tarifario previsto en la Resolución OCCOVI N° 344/11 (Anexo IV) o eldispuesto en la Resolución DNV N° 656/12 (Anexo II).Con el fin de efectuar el mentado Informe, el juez dispuso que elinterventor deberá controlar todas las operaciones que realice la empresa demandadapara la contratación de las obras; asistir a las reuniones de directorio y pedir toda lainformación necesaria para llevar a cabo su cometido; informar sobre cualquierirregularidad que advierta; supervisar la ejecución y continuidad de las obras, sinadmitir ningún tipo de interrupción hasta la completa finalización de suconstrucción; determinar si las sumas destinadas por la empresa para las obrasresultan suficientes para su ejecución; presentar los informes que se requieran; y,finalmente, solicitar la asistencia de auxiliares, previa autorización del Juzgado.Recién una vez presentado y evaluado dicho Informe, el juez sostuvoque se considerará el aumento de la tarifa de peaje a los valores previstos en elcuadro tarifario previsto en el Anexo IV de la Resolución OCCOVI N° 344/11,meritándose de acuerdo con el grado de cumplimiento en la ejecución de las obras laaplicación de los sucesivos aumentos tarifarios conforme las disposiciones de laAutoridad de Aplicación al respecto; debiendo aplicarse los fondos excedentesgenerados con el aumento de la tarifa del peaje a la construcción de las obras en unporcentaje que no podrá ser inferior al ochenta (80 %) de aquéllos. A tal fin, el juez
ordenó también la apertura de una cuenta judicial por parte de COVIARESSA con el fin de que se depositen allí los fondos destinados a la ejecución de obras,con el control del interventor designado en autos.
III. Para así decidir, el juez
entendió que la empresaconcesionaria había incumplido la exigencia dispuesta en el apartado a) del punto 2°del resolutorio cautelar obrante a fojas 173/182, en cuanto le ordenaba a aquéllapresentar un plan detallado que contemple la ejecución de las obras deinfraestructura y mantenimiento a las que esta obligada conforme el contrato deconcesión y a la Addenda al Acta Acuerdo de reformulación contractual del 27 deseptiembre de 2009 (art. 2°), aprobado por Decreto N° 85/01; sobre todo cuando esacondición supeditaba el mantenimiento de la suspensión del nuevo cuadro tarifario,conforme el alcance otorgado por este Tribunal de Alzada a la medida cautelardictada (v. resolución del 31 de mayo de 2012 de esta Sala I).Concretamente, el incumplimiento lo sería con relación a la excesivaextensión de los plazos de ejecución de las mencionadas obras por parte deCOVIARES, previéndose su finalización con posterioridad a la conclusión de laconcesión (v. cronograma luciente a fs. 562), intentando por esta vía –segúnentiende el juzgador- forzar a la Autoridad de Aplicación para que acepte laextensión del contrato de concesión por otros diez años. De esta manera, no seencontraría garantizado por la concesionaria la ejecución de las obras requeridas niel mantenimiento de la autopista en condiciones básicas de seguridad para losusuarios.Frente al incumplimiento de la empresa concesionaria, el juez además justificó su decisión en la ausencia de control por parte del Órgano de Control deConcesiones Viales (OCCOVI) y del organismo de control que lo precedió (elOCROBA), según surgiría del informe de la Auditoria General de la Nación N°148/03.IV. La empresa COVIARES SA se agravia de lo resuelto por el juez deprimera instancia por cuanto mantiene la suspensión de la aplicación del nuevocuadro tarifario aprobado por los organismos competentes, ampliando la medidacautelar ya dictada al introducir la figura del interventor veedor, elegidoarbitrariamente en base a la propuesta de una de las partes (los coactores doctoresAtanasof y D’Alessandro), sin intervención de los restantes litigantes, con facultadesexorbitantes a los fines propuestos y superpuestas con otras autoridades de controlya existentes, como son el OCCOVI, el Auditor Interventor designado por laDirección Nacional de Vialidad a través de la Resolución N° 2142/12 y el Veedordesignado por la provincia de Buenos Aires, en el marco del convenio de traspaso delos derechos y obligaciones del contrato de concesión entre la Nación y dichaProvincia, cuya copia luce a fojas 908/913. Sin perjuicio de lo expuesto, no se oponea la designación de un veedor idóneo y con facultades apropiadas.
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