Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-212247
Timestamp: 2019-04-23 04:49:32+00:00

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STC 73/2004, 22 de Abril de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 212247
STC 73/2004, 22 de Abril de 2004
Número de Recurso: 2283-2002
Recursos de amparo 2283-2002 y 3822-2002 (acumulados). Promovidos por la Organización de Consumidores y Usuarios frente a resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inadmitieron sus recursos sobre el impuesto de la renta liquidado a varios de sus miembros. Vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia): legitimación activa de una asociación de consumidores para defender a sus miembros, en un contencioso tributario que afectaba a sus intereses como consumidores o usuarios.
Sentencia citada en: 486 sentencias, 14 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En los recursos de amparo núms. 2283-2002 y 3822-2002 (acumulados), promovidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), representada por la Procuradora de los Tribunales doña Concepción Hoyos Moliner y asistida por el Letrado don Juan Carlos Cabañas García, contra los Autos de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2001, confirmado en súplica por Auto de 12 de marzo de 2002, y de 5 de marzo de 2002, confirmado en súplica por Auto de 14 de mayo de 2002, por los que se declaró la inadmisibilidad de los recursos contencioso-administrativos núms. 436-2001 y 437-2001, interpuestos contra sendas Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, de 6 de noviembre de 2000, sobre impuestos estatales. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 13 de abril de 2002, doña Concepción Hoyos Moliner, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), interpuso recurso de amparo, registrado con el núm. 2283-2002, contra el Auto de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2001, confirmado en súplica por Auto de 12 de marzo de 2002, por el que se declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo núm. 436-2001, promovido contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, de 6 de noviembre de 2000, sobre impuestos estatales.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), actuando en defensa de su afiliada doña Joaquina O.D., presentó en fecha 6 de marzo de 2001 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, registrado con el núm. 436-2001, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, de 6 de noviembre de 2000, por la que se desestimó la reclamación promovida por doña Joaquina O.D. en relación con la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas practicada por la Administración tributaria de Villaverde-Usera, que desconoció su derecho de exención legal por deducción en la adquisición de su vivienda habitual por un total de 615.679 pesetas.
Al escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se acompañó, entre otros documentos, carta expresa firmada por doña Joaquina O.D., autorizando a la OCU a interponer el mencionado recurso.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por providencia de 17 de abril de 2001, con carácter previo a la admisión a trámite del recurso, acordó requerir a la parte recurrente para que acreditase "la condición de socio de la 'Organización de Consumidores y Usuarios de Dª Joaquina O.D.'".
La Sección, por providencia de 11 de septiembre de 2001, concedió a las partes personadas un plazo de diez días para que formulasen alegaciones "sobre la posible causa de inadmisión de falta de legitimación conforme al artículo 51 LJCA".
Evacuado el trámite de alegaciones conferido, la Sección, por Auto de 4 de diciembre de 2001, declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo con base en la argumentación que a continuación se reproduce:
"El presente recurso se interpone por la Organización de Consumidores y Usuarios frente a la resolución del TEAR de 26 de noviembre de 2000 que desestima la reclamación núm. 28/03682/99 interpuesta por Dª Joaquina O.D., sin que aquélla defienda interés propio ni interés legítimo del colectivo, sin que pueda considerarse como tal el de los consumidores, porque éste no constituye un colectivo, sino que todos los ciudadanos son consumidores, por lo que no está comprendido en ninguno de los supuestos del artículo 19 LJCA y por aplicación del artículo 51 de la misma LJCA procede declarar la inadmisibilidad del recurso".
La entidad ahora demandante de amparo interpuso recurso de súplica contra el anterior Auto, que fue desestimado por Auto de 12 de marzo de 2002.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a las resoluciones judiciales impugnadas, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).
En relación con la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) la recurrente considera que la decisión de inadmisión del recurso contencioso-administrativo no encuentra en los Autos impugnados una justificación objetiva y razonable, rebasando el marco de la legalidad, y revelándose contraria al derecho fundamental invocado.
En este caso la OCU interpuso el recurso contencioso-administrativo en la confianza legítima basada en el directo y expreso antecedente de la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2000, por lo que ofreció a la señora O.D. defender sus derechos con lo que de ventajoso tenía para ella desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta además la dificultad para la imposición de costas a la Administración, incluso si se ganaba el recurso. En definitiva la OCU cumplía por partida doble con sus fines institucionales: defendía los derechos de un consumidor y, con una eventual Sentencia estimatoria, podría beneficiar a otros sujetos en la misma situación.
En segundo lugar la entidad demandante de amparo estima lesionado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).
A continuación se afirma en la demanda que se cumplen los requisitos exigidos para la invocación del mencionado derecho fundamental, pues no se aduce cuando el proceso ya ha terminado, dado que precisamente estamos todavía en la fase de admisión del recurso, y se ha intentado subsanar el retraso judicial en el momento de la presentación del recurso de súplica contra el Auto que declaró la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, ya que, aunque no se hablaba en el mismo directamente de la vulneración del art. 24.2 CE, se indicaba que habían transcurrido nueve meses desde la fecha de interposición del recurso, lo que representaba una onerosa carga añadida tanto para la OCU como para doña Joaquina O.D..
Concluye el escrito de demanda, suplicando del Tribunal Constitucional que, tras los trámites oportunos, dicte Sentencia, en la que se otorgue el amparo solicitado y se declare la nulidad de los Autos de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2001 y 12 de marzo de 2002.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de octubre de 2003, acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación del art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que en plazo que no excediera de diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 436-2001, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la demandante de amparo, para que, si lo deseasen, pudieran comparecer en el plazo de diez días en este proceso de amparo.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre de 2003 se acordó tener por personado y parte al Abogado del Estado y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, para que pudieran formular las alegaciones que tuvieran por conveniente.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 30 de diciembre de 2003, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
En primer término considera improcedente, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional (STC 97/2003, de 2 de junio, FJ 4; 186/2003, de 27 de octubre, FJ 2), el examen de la denunciada lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), al haber concluido el procedimiento judicial. En efecto, frente a lo que se afirma en la demanda de amparo, el procedimiento contencioso-administrativo quedó ultimado precisamente mediante el Auto de 12 de marzo de 2002, confirmatorio del Auto de 4 de diciembre de 2001, y por ello carece de sentido cualquier medida para hacer cesar las dilaciones, no siendo propio de esta jurisdicción de amparo hacer admoniciones sobre las dilaciones pasadas o advertir contra las que pudieran darse en el futuro. Además la imprecisa mención con ocasión del recurso de súplica de un posible retraso en la tramitación no puede bastar para dar por cumplida la exigencia del art. 44.1 c) LOTC (STC 186/2003, de 27 de octubre, FJ 2).
En relación con la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva el Abogado del Estado entiende que la organización recurrente, no sin causa, se queja de la motivación expresada en los Autos recurridos, y lleva también razón en el planteamiento general de la demanda, pues el art. 20.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, reconoce a las organizaciones de consumidores y usuarios legitimación para "ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos [sus asociados, a los que 'representa'], de la asociación o de los intereses generales de los consumidores". Son tres tipos de legitimación diversos, y así los recoge el art. 11.1 LEC: en defensa de sus asociados, es decir, de sus intereses concretos e individuales en cuanto consumidores y usuarios (no importa ahora su construcción dogmática como sustitución procesal o genuina representación); en defensa de un interés propio de la asociación tomada en sí misma; y en defensa de los intereses colectivos o de categoría ("intereses generales de los consumidores y usuarios"). El art. 16.1 del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, insiste en la legitimación de las asociaciones registradas en el Ministerio de Sanidad y Consumo para ejercer acciones en defensa de sus asociados "en lo referente a derechos e intereses reconocidos en el artículo 2 de la Ley".
Ha de reconocerse, por tanto, que algunas de las expresiones utilizadas en los Autos recurridos son, por equívocas o imprecisas, poco aceptables, pero no así otras, que justifican sobradamente la inadmisión acordada. En el recurso contencioso-administrativo se recurría la desestimación de una reclamación económico-administrativa promovida por doña Joaquina O.D., en la que se había impugnado una liquidación por IRPF practicada por la Administración tributaria de Villaverde-Usera. Como es bien sabido, la legitimación reconocida a una asociación de consumidores y usuarios para defender a sus asociados está limitada, como dice el art. 16.1 del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, a los derechos e intereses "reconocidos en el artículo 2 de la Ley", es decir, en cuanto sus asociados puedan verse envueltos en un litigio por su condición de consumidores o usuarios. Así pues la pregunta que corresponde hacer es la de, si una asociación de consumidores está legitimada para combatir en vía contencioso-administrativa una liquidación tributaria de IRPF girada a uno de sus asociados. La respuesta será positiva, si, y sólo si, se acepta que el sujeto pasivo de un impuesto o, en general, cualquier obligado tributario, puede ser conceptuado -al menos en algunas ocasiones- como "consumidor" o "usuario" de un bien o servicio que "adquiere, utiliza o disfruta" en el seno de la relación jurídica tributaria (art. 1.2 de la Ley 26/1984). Pero si se concluye que la actividad liquidatoria de la Agencia tributaria está fuera de los arts. 1.2 y 2.2 de la Ley 26/1984, la respuesta ha de ser negativa, porque entonces no podrá decirse que la asociación actúa en defensa de un asociado en su condición de consumidor o usuario.
Por lo tanto el órgano judicial no violó con su decisión el derecho de acceso a la justicia (art. 24.1 CE) de la OCU, cuando le negó legitimación activa para defender a su asociada doña Joaquina O.D., pues en realidad negó tal legitimación a la OCU, no por actuar en defensa de un asociado, sino por pretender defenderlo en su calidad de obligado en una relación jurídica tributaria, en la que nunca podía ostentar la condición de consumidor o usuario de bienes y servicios. La actividad liquidatoria de los tributos no tiene por finalidad producir un bien o servicio para un mercado, sino aplicar las leyes que se dicten en el ejercicio del poder tributario (art. 133. 1 y 2 CE), para dar cumplimiento al deber constitucional del art. 31.1 CE. En el presente caso, pues, la defensa de la asociada doña Joaquina O.D. quedaba fuera del círculo propio de la asociación, la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Las circunstancias peculiares de este asunto refuerzan la conclusión general hasta aquí indicada. En el caso que nos ocupa, según resulta de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid se discutían tres puntos: si la acción de la Administración para liquidar estaba o no prescrita; si la liquidación reclamada estaba bien motivada; y, en fin, si el acto dispositivo efectuado con los fondos de una cuenta de ahorro-vivienda determinaba o no la pérdida del beneficio tributario. La demandante de amparo no expone qué otros fundamentos sustantivos podía tener su recurso contencioso-administrativo. En todo caso ninguno de estos tres puntos que se plantearon ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional tiene que ver con la condición de consumidora o usuaria que en otras relaciones jurídicas pueda ostentar la reclamante doña Joaquina O.D.. La prescripción de la acción de la Administración Tributaria para liquidar y la suficiente o insuficiente motivación de la liquidación son cuestiones que afectan estrictamente a la validez del acto administrativo de liquidación, con absoluta independencia y abstracción respecto a cualquier acto de adquisición, uso o disfrute típico de un consumidor o usuario. En el cambio de un tipo de cuenta a otro efectuado por doña Joaquina O.D. es cierto que nos encontramos ante un supuesto de contratación bancaria, y esta señora podrá ser considerada consumidora o usuaria frente a tal entidad de crédito. Pero desde la perspectiva de la Agencia ejecutora de las leyes tributarias es irrelevante que los servicios bancarios prestados a doña Joaquina O.D. merezcan tal o cual juicio o consideración desde la perspectiva del derecho de los consumidores. Lo único que interesa a la Agencia tributaria es si el instrumento financiero utilizado se acomodaba o no a los requisitos que impone la norma tributaria y, en consecuencia, si la deducción se mantenía o perdía. La cualidad relevante es sin duda la de contribuyente, no la de consumidor.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 7 de enero de 2004, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
Entiende, en primer término, que ha de ser desestimada la denunciada vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), dado que ya ha concluido el proceso al que se achacan (SSTC 180/1996, 167/2002; AATC 120/2003, 159/2003), pues al mismo dio término la Sala, al acordar la inadmisión a trámite del recurso contencioso-administrativo y, en consecuencia, el archivo de las actuaciones. A mayor abundamiento, añade el Ministerio Fiscal, antes de que se formalizara la presente demanda de amparo el órgano judicial dio efectiva respuesta a la reclamación formulada por la actora, dictando la resolución de 5 de marzo de 2002 por la que se acordó la inadmisibilidad del recurso interpuesto.
El Ministerio Fiscal considera, por el contrario, que debe ser acogida la queja relativa a la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). En este sentido recuerda la doctrina constitucional sobre la noción general de legitimación procesal (STC 252/2000), conforme a la cual hay que concluir que, para que exista interés legítimo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución impugnada "debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso, siendo por ello inconstitucionales las decisiones jurisdiccionales de inadmisión de recursos en los que se pueda cabalmente apreciar tal interés". Más concretamente, en lo que atañe a la legitimación de las asociaciones y demás organizaciones colectivas, en la citada Sentencia, cuya doctrina reproduce la STC 7/2001, se pone de manifiesto que "cuando exista este interés profesional o económico existirá a su vez el vínculo o conexión entre la organización o asociación actora y la pretensión ejercitada, vínculo en el cual, como ya se ha explicado, se encarna el interés legítimo constitucionalmente protegido".
Concluye su escrito, solicitando de este Tribunal que dicte Sentencia, en la que se estime el recurso de amparo y se declare la nulidad de los Autos impugnados. Por otrosí interesó la acumulación de este recurso de amparo con el registrado con el núm. 3822-2202, sustanciado ante la Sala Primera, dada la identidad de los recurrentes, la del órgano judicial cuyas resoluciones se impugnan y la de los motivos en los que se fundamentan ambas demandas de amparo.
Mediante escrito registrado en fecha 8 de enero de 2004 la recurrente en amparo se ratificó íntegramente en su demanda, e interesó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 83 LOTC, que se acumulase al presente recurso de amparo el recurso de amparo núm. 3822-2002, turnado a la Sala Primera, dado que ambos guardan una total identidad de situación de hecho, así como de vulneración de los derechos fundamentales aducidos e, incluso, de coincidencia de las mismas partes, por lo que existe una total conexión objetiva entre ambos recursos de amparo.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 20 de junio de 2002 doña Concepción Hoyos Moliner, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), interpuso recurso de amparo, registrado con el núm. 3822-2002, contra el Auto de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de marzo de 2002, confirmado en súplica por Auto de 14 de mayo de 2002, por el que se declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo núm. 437-2001, promovido contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 6 de noviembre de 2000 sobre impuestos estatales.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), actuando en defensa de su afiliado don José María Múgica Flores, presentó en fecha 6 de marzo de 2001 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, registrado con el núm. 437-2001, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 6 de noviembre de 2000, por la que se desestimó la reclamación promovida por don José María Múgica Flores en relación con la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, practicada por la Administración tributaria de Villaverde-Usera, que desconoció su derecho de exención legal por deducción en la adquisición de su vivienda habitual por un total de 626.056 pesetas.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por providencia de 17 de abril de 2001, tuvo por interpuesto el recurso contencioso-administrativo y ordenó la prosecución del procedimiento, requiriendo a la Administración para el preceptivo envío del expediente administrativo.
La Sección, por providencia de 18 de diciembre de 2001, concedió a las partes personadas un plazo de diez días para que formulasen alegaciones sobre la concurrencia de la posible causa de inadmisibilidad por falta de legitimación de la parte recurrente.
La entidad ahora demandante de amparo interpuso recurso de súplica contra el anterior Auto, que fue desestimado por Auto de 14 de mayo de 2002.
En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca en ésta, frente a las resoluciones judiciales impugnadas, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), con base en idénticos argumentos que los expuestos en el recurso de amparo núm. 2283-2002, de los que se ha dejado constancia en el apartado 3 de los antecedentes de esta Sentencia, y que ahora se dan por reproducidos, a fin de evitar innecesarias reiteraciones.
Concluye el escrito de demanda, suplicando del Tribunal Constitucional que, tras los trámites oportunos, dicte Sentencia, en la que se otorgue el amparo solicitado y se declare la nulidad de los Autos de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de marzo y 14 de mayo de 2002.
La Sección Primera del Tribunal Constitucional, por providencia de 25 de julio de 2003, acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación del art. 51 LOTC, dirigir atentas comunicaciones a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, a fin de que en plazo que diez días remitieran, respectivamente, testimonio del recurso núm. 437-2001 y expediente sobre la reclamación núm. 3683/99, interesando al propio tiempo que se emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2003 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones solicitadas y el escrito del Abogado del Estado, a quien se tuvo por personado y parte en nombre y representación de la Administración General del Estado, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se dio vista de todas las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a la Procuradora de los Tribunales doña Concepción Hoyos Moliner, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.
El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 19 de noviembre de 2003, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
El Abogado del Estado distingue y examina las razones que la entidad actora esgrime para justificar su legitimación para interponer el recurso contencioso-administrativo, comenzando por la relativa a que el Sr. Múgica Flores se lo había autorizado por carta. Aduce al respecto que el Sr. Múgica Flores ha dado poderes a los Procuradores como representante de la OCU, no a título personal, de modo que, si hubiera manifestado de manera suficiente su deseo de que la Asociación le representase en juicio para el ejercicio de los derechos que le competen de una manera personal y directa, es evidente que no habría razón para denegarle el reconocimiento de la legitimación, pues cualquier persona puede disponer libremente sobre el modo de ejercicio de sus derechos, bien por sí mismo, bien por terceros. La circunstancia de coincidir la persona del sujeto pasivo del gravamen cuestionado y la del poderdante y apoderado de la Asociación demandante hace verdaderamente difícil desconocer esa voluntad de que la Asociación ejercite acciones propias de su apoderado. No es concebible que una misma persona y en un mismo acto de manifestación de voluntad quiera dos cosas distintas según intervenga como titular de un derecho o como mero ejerciente del mismo. No es posible que como apoderado quiera la relación de representación y como representado la rechace. Ello sería suficiente, en opinión del Abogado del Estado, para acceder a la estimación de la demanda.
En relación con el segundo de los presupuestos en los que la parte actora basa la existencia de legitimación, esto es, la cualidad de asociado del Sr. Múgica Flores, el Abogado del Estado señala que acaso esta simple cualidad no sería suficiente y habría que sumar a la misma la previsión estatutaria de que la OCU pudiera asumir la representación o defensa de los intereses tributarios de sus asociados o pudiera inferirse por una interpretación razonable de acuerdos o convenios entre la asociación y sus socios. Este segundo presupuesto sería también una fuente justificada de legitimación, aunque la demandante de amparo no haya intentado la prueba de sus premisas, de modo que, si tales presupuestos se estimaran acreditados, nada se podría oponer a la estimación del recurso de amparo.
A lo que se opone el Abogado del Estado es a que se reconozca sin más la legitimación de la asociación para recurrir liquidaciones tributarias de cualquier ciudadano por la simple conexión entre el gravamen y el consumo, o, más exactamente, por la condición de consumidor o usuario del sujeto pasivo. Al examinar este tercer presupuesto de la legitimación procesal, el Abogado del Estado señala que se ha de prescindir, no sin cierta violencia conceptual, del hecho de ser el sujeto pasivo del impuesto un directivo o miembro de la Asociación, de haber pactado con ésta el ejercicio de la acción, o simplemente de haberlo querido. En estos casos habría que dar la razón a la asociación demandante, reconociendo su legitimación, aunque no por mérito propio, sino por efecto de los actos indubitados de disposición del derecho por parte del verdadero legitimado.
La representación procesal del recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 28 de noviembre de 2003, en el que se ratificó íntegramente en su demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 28 de noviembre de 2003, en el que reiteró las efectuadas en el mismo trámite con ocasión del recurso de amparo núm. 2283-2002, de las que se ha dejado constancia en el apartado 7 de los antecedentes de esta Sentencia, y que ahora se dan por reproducidas, a fin de evitar innecesarias reiteraciones.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda de 17 de febrero de 2004 se acordó conceder un plazo común de diez días al Abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y a la Procuradora de los Tribunales doña María Concepción Hoyos Moliner para que, de conformidad con el art. 83 LOTC, alegasen lo que estimaren pertinente en relación con la acumulación de los recursos de amparo núms. 2283-2002 y 3822-2002.
Por providencia de 19 de abril de 2004, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 22 de abril siguiente.
Las presentes demandas de amparo acumuladas tienen por objeto la impugnación de los Autos de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de diciembre de 2001 y 5 de marzo de 2002, confirmados en súplica por Autos de 12 de marzo y 14 de mayo de 2002, respectivamente, por los que se inadmitieron a trámite dos recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- en defensa de dos de sus asociados -doña Joaquina O.D. y don José María Múgica Flores- contra sendas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, de 6 de noviembre de 2000, que desestimaron las reclamaciones formuladas por aquéllos en relación con las liquidaciones tributarias por el impuesto sobre la renta de las personas físicas -IRPF- practicadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Villaverde-Usera, denegándoles el derecho a la deducción legal por adquisición de vivienda habitual.
La Organización de Consumidores y Usuarios considera que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran, en primer término, su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). Aduce al respecto, en síntesis, que la decisión de inadmisión de los recursos contencioso-administrativos no encuentra en los Autos impugnados una justificación objetiva y razonable y que hace tabla rasa de las normas legales que conceden legitimación procesal a las asociaciones de consumidores y usuarios para ejercer acciones judiciales, tanto en defensa de los consumidores afiliados, como incluso de quienes no lo son (arts. 20 Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios -en adelante, LCU-; 16 Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, por el que se regula el derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones; 11.1 Ley de enjuiciamiento civil, LEC; 19.1 b) Ley de la jurisdicción contencnioso-administrativa, LJCA; 7.3 Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ). Además la OCU ha actuado en este caso indudablemente para obtener una Sentencia que pudiera beneficiar a dos de sus afiliados, pero también en defensa de los intereses colectivos del resto de sus asociados y en general de los consumidores y usuarios, a fin de que la Sentencia estimatoria pudiera servir de testimonio para que personas afectadas por el mismo problema pudieran aducir como material convincente el pronunciamiento judicial favorable obtenido en el proceso. En segundo lugar la entidad demandante de amparo estima que las resoluciones judiciales recurridas han lesionado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), dado que el plazo empleado por el órgano judicial para decidir sobre la legitimación de la actora ha rebasado cualquier previsión temporal razonable, careciendo de toda justificación que se hubiera tardado más de un año en decidir sobre la admisión o no de los recursos contencioso-administrativos.
Invirtiendo para su examen el orden en que en la demanda se exponen los motivos en los que la entidad actora sustenta su pretensión de amparo, resulta conveniente comenzar nuestro enjuiciamiento, a fin de centrarnos a continuación en lo que constituye la queja principal de los presentes recursos, por la denunciada vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), dado el plazo empleado por el órgano judicial para pronunciarse sobre la legitimación de la Organización de Consumidores y Usuarios para interponer los recursos contencioso-administrativos, careciendo de cualquier justificación, a juicio de la demandante de amparo, que se haya tardado más de un año en ambos casos en decidir su inadmisión por falta de legitimación activa de la entidad actora.
Desestimada la anterior queja, la cuestión central que suscitan las presentes demandas consiste en determinar si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado o no el derecho a la tutela judicial efectiva de la organización recurrente en amparo, en su vertiente de derecho a acceder a la jurisdicción (art. 24.1 CE), al haber inadmitido por falta de legitimación activa los recursos contencioso-administrativos que interpuso en defensa de dos de sus afiliados contra sendas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, que desestimaron las reclamaciones formuladas por éstos contra las liquidaciones tributarias por el IRPF que les fueron practicadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Villaverde-Usera. El examen de la vulneración constitucional denunciada hace preciso traer a colación, de modo sumario y en lo pertinente, la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, y dentro de ella, de modo más concreto, la alusiva a la posible apreciación jurisdiccional de la falta de legitimación activa, recogida más recientemente en la STC 164/2003, de 29 de septiembre (FJ 4), con cita expresa de la STC 311/2000, de 18 de diciembre (FJ 3).
Este Tribunal ha declarado de manera constante y reiterada que el primer contenido, en un orden lógico y cronológico, del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales que reconoce el art. 24.1 CE es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (STC 220/1993, de 30 de junio, FJ 3). No se trata, sin embargo, de un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, ni tampoco de un derecho absoluto e incondicionado a la prestación jurisdiccional, sino de un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujeción a una concreta ordenación legal. En cuanto derecho prestacional es conformado por las normas legales que determinan su alcance y contenido y establecen los presupuestos y requisitos para su ejercicio, las cuales pueden establecer límites al pleno acceso a la jurisdicción, siempre que obedezcan a razonables finalidades de protección de bienes e intereses constitucionalmente protegidos (SSTC 140/1993, de 19 de abril, FJ 6; 12/1998, de 15 de enero, FJ 4, entre otras). De este modo el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, FJ 5; 141/1988, de 29 de junio, FJ 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, FJ 4 y las en él citadas).
Más concretamente, a propósito de la falta de legitimación activa, este Tribunal Constitucional tiene declarado que, al conceder el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, está imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (SSTC 24/1987, de 25 de febrero, FJ 2; 93/1990, de 23 de mayo, FJ 2; 195/1992, de 16 de noviembre, FJ 2), circunscribiéndose la función de este Tribunal Constitucional a constatar que las limitaciones establecidas, en su caso, por el legislador en la determinación de los activamente legitimados para hacer valer una pretensión respetan el contenido del derecho a acceder a la jurisdicción y resultan proporcionadas a la consecución de finalidades constitucionalmente lícitas (SSTC 10/1996, de 29 de enero, FJ 3; 12/1996, de 20 de enero, FJ 3), así como a censurar aquellas apreciaciones judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del derecho fundamental (SSTC 285/1993, de 4 de octubre, FJ 2; 34/1994, de 31 de enero, FJ 3, entre otras muchas; AATC 136/1991, de 30 de abril; 250/1993, de 19 de julio; 252/1993, de 19 de julio).
A la luz de la doctrina constitucional expuesta ha de ser examinada la queja de la organización recurrente en amparo, lo que requiere traer a colación los términos exactos de los Autos, idénticos en su contenido, que declararon la inadmisión de los recursos contencioso-administrativos por aquélla interpuestos.
Según resulta del examen de las actuaciones judiciales doña Joaquina O.D. y su esposo don José María Múgica Flores, afiliados ambos a la Organización de Consumidores y Usuarios, interpusieron sendas reclamaciones económico-administrativas contra las liquidaciones provisionales del impuesto sobre la renta de las personas físicas que a cada uno de ellos les habían sido practicadas por la Administración Estatal de la Agencia Tributaria de Villaverde-Usera, que les denegaron el derecho a deducir las cantidades invertidas en la adquisición de su vivienda habitual. En concreto la cuestión de fondo objeto de las referidas reclamaciones económico-administrativas consistía en determinar, a tenor de lo dispuesto en el art. 33 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, qué tipo de cuentas bancarias podían considerarse afectas al derecho de la deducción por adquisición de vivienda habitual, o, más concretamente, si el cambio de las cantidades depositadas en una cuenta vivienda de una entidad bancaria a un fondo de inversión de la misma entidad bancaria a fin de obtener una mayor rentabilidad, pero sin destinar dichas cantidades a un fin distinto que el de la adquisición de la vivienda habitual, implicaba, como sostenía la Administración tributaria, o no, como entendían doña Joaquina O.D. y don José María Múgica Flores, la pérdida del derecho a la referida deducción fiscal.
Desestimadas ambas reclamaciones por sendas resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 6 de noviembre de 2000, la Organización de Consumidores y Usuarios interpuso sendos recursos contencioso-administrativos, registrados con los núms. 436-2001 y 437-2001, respectivamente, en defensa de sus afiliados. En los escritos de interposición de los recursos contencioso-administrativos la entidad recurrente invocó en apoyo de su legitimación activa, con cita expresa de los arts. 19.1.b LJCA, 7.3 LOPJ, 20.1 LCU, 18 Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, el estar legalmente habilitada para la defensa de los derechos e intereses de sus asociados y los colectivos de los consumidores y usuarios en general, así como que, al tratarse de la deducibilidad a efectos del IRPF de las cantidades depositadas en la cuenta de una entidad bancaria y destinadas a la adquisición de vivienda habitual, el tema controvertido quedaba incluido en el ámbito del derecho de consumo [art. 1.2 LCU y anexo I C) y I B) Real Decreto 287/1991, de 8 de marzo].
Admitidos a trámite ambos recursos, una vez acreditada la condición de socios de la Organización de Consumidores y Usuarios de doña Joaquina O.D. y de don José María Múgica Flores, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia acordó oír a las partes personadas sobre la posible causa de inadmisión por falta de legitimación activa de la entidad recurrente. Evacuado el trámite de alegaciones conferido, en el que la ahora demandante de amparo volvió a reproducir, aunque más detalladamente, los argumentos expuestos en el escrito de interposición de los recursos contencioso-administrativos, la Sección por sendos Autos de 4 de diciembre de 2001 y de 5 de marzo de 2002 declaró la inadmisibilidad de ambos recursos. En los citados Autos, cuyo contenido ha quedado reproducido en los antecedentes de esta Sentencia, la Sección funda la decisión de inadmisión, al estimar que la Organización recurrente no "defiende un interés propio", ni "interés legítimo del colectivo, sin que pueda considerarse como tal el de los consumidores, porque éste no constituye un colectivo, sino que todos los ciudadanos son consumidores", por lo que concluye que no está comprendida en ninguno de los supuestos del art. 19 LJCA.
La primera de las razones en las que el órgano judicial funda la decisión de inadmisión de los recursos contencioso-administrativos por falta de legitimación activa de la organización actora en el proceso a quo y ahora recurrente en amparo estriba en que no defendía un "interés propio", sino de "tercero", afectando los actos administrativos que se pretendían recurrir "a una persona particular". La expresada y lacónica motivación de los Autos impugnados, a la que en principio debemos atenernos en nuestra labor fiscalizadora de las resoluciones judiciales impugnadas, cuya deficiencia no corresponde en ningún caso suplir a este Tribunal, ha de conducir necesariamente a estimar la queja de la recurrente en amparo, como en sus escritos de alegaciones señalan el Ministerio Fiscal y también el Abogado del Estado a tenor de la literalidad de la motivación de los Autos recurridos, pues por expresa previsión legal las asociaciones de consumidores y usuarios están legitimadas "para representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos", esto es, para representar y defender los derechos e intereses de sus asociados como intereses distintos de los de la propia asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios (arts. 20.1 LCU; 16.1 Real Decreto 825/1990, de 22 de junio). Así pues, la Organización de Consumidores y Usuarios, en la medida en que interpuso los recursos contencioso-administrativos en defensa de los derechos e intereses de dos de sus asociados, inadmitidos por las resoluciones judiciales impugnadas, estaba en este caso legalmente legitimada para promoverlos, por lo que, al negarle los Autos recurridos una legitimación de tan evidente fundamento legal con base en que no defendía "un interés propio", sino de "tercero", sin más argumentación ni razonamiento, hay que concluir que le han denegado indebidamente el acceso a la justicia, y en consecuencia han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En esta línea argumental no puede dejar de señalarse que este Tribunal en relación con el art. 7.3 LOPJ, que en su inciso final recoge una previsión similar a la del art. 19.1 b) LJCA, ha declarado que la circunstancia de que la recurrente sea una asociación y que por lo tanto no ostente la titularidad del derecho a accionar en el proceso singular no es obstáculo para reconocerle legitimación activa, "toda vez que dicha asociación -con base en lo dispuesto en el art. 7.3 LOPJ- podría defender en el proceso los derechos e intereses de cada uno de los asociados" (STC 90/2001, de 2 de abril, FJ 4).
Ahora bien, en este supuesto nuestra tarea fiscalizadora no se puede quedar en el tenor literal de los Autos impugnados, a la vista de las alegaciones formuladas en relación con el primero de los recursos de amparo por el Abogado del Estado. Sostiene éste una posible interpretación de los que el mismo califica como erróneos y equívocos términos y expresiones de los Autos recurridos, que le lleva a concluir que las decisiones de inadmisión de los recursos contencioso-administrativos no han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo. El Abogado del Estado argumenta al respecto que la legitimación reconocida a las asociaciones de consumidores y usuarios para defender a sus asociados debe entenderse referida y circunscrita a aquellos supuestos en los que éstos puedan verse envueltos en un litigio por su condición de consumidores o usuarios, de modo que las asociaciones de consumidores y usuarios y, por lo tanto, la organización recurrente en amparo no están legitimadas para impugnar en vía contencioso-administrativa una liquidación tributaria por impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya que el sujeto pasivo de un impuesto o, en general, cualquier obligado tributario, no puede ser conceptuado, al menos en algunas ocasiones, como consumidor o usuario de un bien o servicio que "adquiere, utiliza o disfruta" en el seno de la relación jurídica tributaria (art. 1.2 LCU). En consecuencia el Abogado del Estado sostiene, a partir de la interpretación que propone de los términos y expresiones empleados en los Autos impugnados, que cuando en éstos se califica el interés invocado de "particular" y "de tercero", lo que en realidad se está queriendo decir es que se niega legitimación a la organización recurrente, no por actuar en defensa de dos de sus asociados, sino por pretender defenderlos en su calidad de obligados en una relación jurídica tributaria, en la que no ostentan la condición de consumidores o usuarios de bienes y servicios.
Mas, como el propio Abogado del Estado admite en sus alegaciones, no cabe excluir que en determinados supuestos en el marco de una relación jurídica tributaria resulten afectados los derechos e intereses del sujeto pasivo del impuesto en su condición de consumidor o usuario y, por tanto, que con ocasión de la impugnación de una liquidación tributaria practicada por la Administración se produzca dicha afectación. Y ello es precisamente lo que puede acontecer en este caso en atención a la controversia de fondo suscitada con ocasión de la impugnación de las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración, que repercuten de una manera clara y suficiente en los intereses como consumidor y usuario del sujeto pasivo del impuesto, intereses legítimos cuya tutela judicial garantiza el art. 24.1 CE. La repercusión e incidencia directa es evidente y resulta, no sólo de que el tratamiento fiscal discutido versa sobre actividades y operaciones -contratación de cuentas o fondos bancarios y adquisición de vivienda- llevadas a cabo por el sujeto obligado tributario en su condición de consumidor y usuario, sino también porque dicho tratamiento fiscal, en definitiva la aplicación que de esa regulación tributaria efectúe la Administración, determina y condiciona de manera relevante los comportamientos y las decisiones del sujeto pasivo del impuesto, en este caso, como consumidor, en la adquisición y financiación de la vivienda.
Declarar que se ha vulnerado a la organización demandante de amparo su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).
Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular los Autos de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2001 y 5 de marzo de 2002, confirmados en súplica por Autos de 12 de marzo y 14 de mayo de 2002, recaídos, respectivamente, en los recursos contencioso-administrativos núms. 436-2001 y 437-2001, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse los referidos Autos para que por la Sala, reconocida la legitimación activa de la Organización de Consumidores y Usuarios, se dicten las resoluciones que proceda.
STS 1648/2002, 14 de Octubre de 2002
SAP Madrid 72/2007, 29 de Enero de 2007
STSJ La Rioja 239/2010, 23 de Septiembre de 2010
SAP Valencia 351/2000, 30 de Noviembre de 2000

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 artículo 19
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
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 Real Decreto 
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