Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/11/18/no-ha-logrado-probar-el-actor-que-las-tareas-de-chofer-hubieran-sido-desempenadas-en-relacion-de-dependencia-con-la-demandada/
Timestamp: 2019-10-21 05:41:28+00:00

Document:
No ha logrado probar el actor que las tareas de chofer hubieran sido desempeñadas en relación de dependencia con la demandada – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Vigna Víctor J. c/ Mai Carolina V. s/ cobro laboral
Cita: MJ-JU-M-95242-AR | MJJ95242 | MJJ95242
Rechazo de la demanda laboral al no probar el actor que las tareas de chofer hubieran sido desempeñadas en relación de dependencia con la demandada.
1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda deducida, pues el actor no acreditó que las tareas de chofer hubieran sido desempeñadas en relación de dependencia con la demandada; más aún, ésta ha probado, a través de testigos, que el reclamante alquiló el camión para hacer dos viajes al norte.
3.-Para que opere la presunción legal el trabajador deberá probar que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia, en las condiciones establecidas en los arts 21 y 22 de la LCT.
En la Ciudad de Venado Tuerto, a los 6 días del mes de AGOSTO del año 2015 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López, Carlos Alberto Chasco y Juan Ignacio Prola, de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral para resolver en los autos VIGNA VICTOR JUAN C. MAI CAROLINA VERONICA S. COBRO LABORAL Expte Nro. 316-2014, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat. Hecho el estudio del juicio, se procedió a plantear las siguientes cuestiones:
1°)¿ES NULA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres Chasco, Prola y López.
El recurso autónomo de nulidad intepuesto por la demandada (fs.134) no ha sido fundado en esta instancia, razón por la cual cabe desestimarlo (art. 113 CPL). Además, no se observan vicios o irregularidades procesales que ameriten un control oficioso de este Tribunal, motivo por el cual el recurso debe ser desestimado.
A la misma cuestión los Dres Prola y López, dijeron:
1. La Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Firmat, sentenció el pleito mediante el decisorio N° 528-2014 (fs.130-133), resolviendo rechazar la demanda instaurada, con costas al actor.
La resolución fue apelada por la actora (v.fs. 134), siéndole concedido el recurso en relación y con efecto suspensivo (fs.135).
Se elevaron los auto a este Tribunal de Alzada (fs.151-152) y corrido traslado para que exprese agravios la actora (fs. 156) asi lo hace a fs. 157-167, las que fueron respondidas por la accionada a fs. 169-172. Finalmente, se convocaron los autos a la Sala, proveído consentido por las partes del recurso (fs.178 y 180).
2. Los agravios expresados, son los siguientes: a. Por la grosera desinterpretación del marco fáctico a la luz del derecho laboral. Refiere que, a través del relato que a modo de simple cuento efectúa de modo preliminar, a pesar de ser un relato ciertamente ficticio pero con identidad al sustracto fáctico de este juicio, ha puesto en blanco sobre negro el grado de arbitrariedad extremo de la sentencia dictada en la instancia anterior. Dice que la sentenciante ha concretado una interpretación antojadiza de los hechos y con fundamentación aparente, rechazando la demanda laboral con el argumento que el trabajador “no ha probado la relación laboral” pese a la magnitud de las constancias probatorias que obligaban a tomar una decisión contraria. Sostiene que se interpretó desequilibradamente el art. 23 LCT y se omitió absolutamente el art. 59 del CPL. Expresa que se realizó una valoración puramente dogmática de la prueba; que resulta desacertada la conclusión que desconoce la relación de trabajo y se omitieron las reglas del derecho civil en materia de prueba de los contratos; b. Que la solución brindada en este proceso laboral se exhibe más perjudicial para el trabajador que si se hubiesen aplicado las reglas del proceso civil. Que, en este proceso laboral, con el inconcebible argumento que el actor no demostró que las tareas eran de subordinación, cuando la propia demandada y la a.quo reconocen que era chofer de un camion de propiedad de la accionada y que, ante la apelación descabellada a la figura de la “locación de cosa mueble”, que jamás se probó ni se justificó, rechazó la pretensión de la actora al sostenerse que no se probó la prestación de servicios subordinada; c.Que hace poco tiempo esta alzada tuvo oportunidad de expedirse sobre una demanda laboral en el caso “Arce Julian c. VIDEO CABLE BERABEVU” se acreditó en ese pleito que las tareas que realizaba el actor en el horario que se desempeñaba como inspector de tránsito en una comuna vecina fueron consideradas como vinculación laboral entre actor y demandada; que contrapuesta esa causa con la presente, es posible verificar con enorme claridad que aquella controversia tenia notas discutibles que éste proceso no exhibe. En este juicio está demostrada la prestación de servicios como chofer de larga distancia. El único recurso defensivo, casi caricaturesco- dice- si no fuera temeraria su convalidación, fue decir que habia alquilado el camión, sin acompañar un solo elemento demostrativo de esa defensa. Dice que esa “locación”resulta un avance mucho más allá de la línea de la razonabilidad e implica autorizar una vía de escape que transforma ridículamente el derecho laboral en letra muerta; d. Por la imposición de costas.
Por su parte, la apelada, procedió a rebatir las quejas en base a los argumentos que expresa, reclamando la confirmación de la sentencia alzada.
3. Dando inicio a la tarea funcional del Cuerpo a fin de dar respuesta al recurso que motiva ésta convocatoria, previo al análisis jurídico procesal de los agravios en relación a la sentencia recurrida, posturas de las partes en los escritos iniciales y elementos confirmatorios colectados en autos.
3.1. Conforme al art. 118 CPL, en laexpresión de agravios deberá fundarse concretamente la disconformidad con los puntos de la sentencia que fueron objeto de recurso.
Si bien el curial de la accionada respeta ese canon procedimental, resulta absolutamente innecearia la “pequeña historia para reflexionar” que detalla a fs.157-158, pues esa introducción en nada aporta a la resolución de la causa, ni tiene sustento jurídico para ser evaluada.
No la voy a calificar por el respeto que tengo hacia el letrado de la apelante.
Entiendo que lo correcto es que se hubieran evaluado todas las actuaciones procedimentales de los sujetos del proceso, tomando especial preponderancia para arribarse al resultado contenido en la sentencia como directa consecuencia de lo actuado por la primer gestora procesal del accionante, lo cual quedará debidamente remarcado al ingresar esta Cámara a verificar el análisis probatorio llevado a cabo por la a.quo.
3.2. Luego de un atenta lectura de los escritos de demanda y contestación y las pruebas mediante las cuales se debieron acreditar los hechos afirmados por las partes, comparto con la a.quo que la actora no ha probado las circunstancias fácticas que estaban a su cargo.
En consonancia con ello, recuerdo que la valoración de la prueba debe hacerse con razonabilidad conforme a las reglas de la sana crítica en cuanto importa la síntesis de un examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, sin por ello dejar de apreciar la prueba que influye en la convicción. Tampoco parece razonable fundar la procedencia de ciertos rubros indemnizatorios sobre la base de presunciones y sin otro medio de convicción cuando la propia actividad procesal del reclamante se mostró contraria a sus manifestaciones del escrito inicial (Nestor H. Rivera Rúa, “Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe” Tomo 2, pag. 470-471) El referido autor, agrega:El juez debe apreciar objetivamente lo que resulte del proceso sometido a su conocimiento y pronunciamiento, tanto en lo que refiere a las constancias de la causa en general como a las de la prueba en particular, no pudiendo apartarse de ellas por caprichos o razones meramente subjetivas, so riesgo de incurrir en el vicio de grave carencia de fundamentación si el pronunciamiento emitido no cuenta con apoyo real en los hechos y aparece como producto del arbitrio del juzgador.
3.3. Los hechos expuestos por la actora en su demanda, fueron negados por la demandada, quien sólo admite que en enero y febrero del 2009 el Sr. Victor Vigna transportó mercadería a Bolivia por cuenta de terceros, para cuya finalidad alquiló a la demandada un camión de propiedad de ésta contra el pago de un precio y desconoció la documental adjuntada por la accionante.
Al celebrarse la audiencia del art. 51 CPL, se recepcionaron las confesionales de ambas partes, ofertando la accionante, prueba testimonial, pericial contable e inspección judicial.
Las absoluciones de posiciones no difieren de las posturas de los escritos inaugurales del proceso.
En cuanto a prueba documental, al haber sido negadas las traídas por la actora, ésta debió producir prueba subsidiaria para lograr demostrar su autenticidad, y no lo hizo. Tampoco ofreció como prueba de ésta índole los registros laborales de su contraria.
En relación a la pericial contable ofertada, a pesar de haberse proveído favorablemente y de haber aceptado el cargo el CPN Miguel Liali, la prueba no se realizó.
Tal como lo resaltó la a.quo, de los testigos que propuso, el único que prestó declaración fue Jorge Oscar Pistachi (fs.69), quien nada aporta para avalar los dichos de la actora. Dijo conocer a Vigna porque coincidieron en trabajar como choferes de camión, que se encontraron una vez en Adelia Maria donde le comentó que trabajaba para una gente de Villada de apellido Cuberas.
Lo que manifestó de modo afirmativo, fue que lo sabía por haberle sido contado por el actor, y no por su percepción directa.Además, dice que el dueño de los camiones era Jose Cuberas y no la demandada Carolina Mai.
Tampoco se formalizó la inspección judicial solicitada y despachada por el juzgado interviniente.
Con lo cual la actora nada ha comprobado de lo que expuso en su demanda.
Por el contrario, los testigos propuestos por la accionada confirmaron la narración fáctica de ésta.
Las pruebas informativas no permiten especificar o establecer la vinculación contractual entre las partes del litigio.
Es por ello, y con el mismo criterio utilizado por la sentenciante, que tambien sostengo que la actora no ha podido demostrar relación laboral c on la accionada.
3.4. En el proceso laboral, rigen las reglas del onus probandi. Es carga de la actora acreditar el presupuesto de su pretensión. Ello no implica someterla injustamente, ni en violación del principio in dubio pro operario ni del orden público laboral. Afirmado un hecho relevante por el pretensor, pesa sobre él la carga de probarlo, lo que no significa imponerle alguna actividad, sino el riesgo de que su pretensión sea desestimada, si el hecho no resulta, de alguna manera acreditado.
En ese sentido, resulta importante destacar que cuando el juez al momento de apreciar y valorar las pruebas en un juicio laboral, se le plantearen dudas, no puede aplicar la regla in dubio pro operario puesto que esta regla no está destinada a compensar la carencia, imposibilidad o insuficiencia de una acción del trabajador, sino a operar como remedio de último recurso para que el juez pueda pronunciarse y administrar justicia.
En ese orden, subrayo que no corresponde aplicar en un proceso laboral la regla in dubio pro operario en materia probatoria, ello es así porque la regla mencionada no puede servir para alterar los hechos objeto de debate ni las reglas de la carga de la prueba, lo que violentaría el principio de defensa en juicio.En el proceso laboral existen reglas de juego que ponen a las partes en un mismo pie de igualdad y con prescindencia de su rol de empleador o empleado no les impiden acreditar los hechos constitutivos, impeditivos o extintivos de sus respectivos créditos y obligaciones de acuerdo con las normas que establecen al efecto la ley de fondo o la ley adjetiva.
4. En relación a la presunción del art. 23 LCT, este Cuerpo tiene adoptada la tesis restringida que pregona que, para que opere la presunción legal el trabajador deberá probar que los servicios prestados lo fueron en relación de dependencia, en las condiciones establecidas en los arts 21 y 22 de la LCT.
Vazquez Vialard critica la llamada interpretación amplia, puesto que lleva a admitir la presunción de que toda prestación es de carácter laboral (es decir, propia de una relación de esa índole), cuando, en realidad, el sentido de la norma es que el hecho de la ejecución de un acto hace presumir que el mismo responde al cumplimiento de un contrato (que será laboral o no, según la naturaleza de la prestación realizada. Considera inadmisible el criterio sustentado por la tesis amplia, ya que de acuerdo con la hermeneútica que dicha tesis postula, las prestaciones de carácter autónomo estarian, en principio, y de hecho, consideradas como laborales -en cuanto sean realizadas por una persona- salvo que el receptor del trabajo probara que tales prestaciones no tienen tal carácter. Que se presuma la existencia de un contrato no implica, sin más que deba presumirse la existencia de un contrato de trabajo.De modo que no basta que el actor pruebe el corpus (el hecho, la prestación) para que se presuma la existencia de un contrato laboral, para ello se debe acreditar, además, su realidad dentro del encuadre juridico pertinente (es decir, si el dirigido o autónomo).
Para Justo López, la carga de la prueba de la posición de dependencia o subordinación no resulta alterada por la presunción, sino que, por el contrario, de esta prueba depende que la presunción sea activada. Critica la tesis amplia porque en ella se hacen dos presunciones (la de la relación de trabajo y la de la existencia del contrato) cuando la ley solo consagra una (la del contrato de trabajo) (Cf. Pablo Candal en “Ley de contrato de trabajo. Comentada y concordada” Tomo I p. 284/285).
Aún cuando, hipotéticamente se considera la situación a la luz de la tesis amplia, la presunción legal es iuris tantum, por lo que admite prueba en contrario, por lo que, a quien se considera empleador podrá desactivarla acreditando que el hecho de la prestación de servicios está motivado en otras circunstancias, relaciones o causas ajenas a un contrato laboral.
En estos autos, la demandada ha probado, a través de testigos, que el actor alquiló el camión para hacer dos viajes al norte, confirmando sus dichos en la contestación de la demanda.
O sea que comprobó lo que decía y, de tal modo, también destruyó la presunción del art. 23 LCT.
Resalto que, al deponer Mauricio Camiscia (fs.82), Dario Córdoba (fs.83) y Nestor Morales (fs.84), no fueron objeto de tacha, impugnación, ni pregunta por parte de la letrada de la actora, mereciendo, por ende, total credibilidad las manifestaciones de los nombrados.
5. Tampoco resulta de aplicación en la especie la última parte del art.9 LCT.
Resulta erróneo considerar que el trabajador se encuentra eximido de acreditar los hechos en los que funda su pretensión.
Ese no es el sentido de la norma y mucho menos lo es el de afectar las reglas procesales básicas que regulan la carga de la prueba y el principio de congruencia, que es corolario directo de la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional (art. 18 C.N).
Miguel Angel Maza (“Ley de contrato de trabajo. Comentada y concordada” Tomo I, p. 119) indica que el objetivo de la norma es brindar una solución aceptable para los casos de duda insalvable respecto de la veracidad de las afirmaciones de las partes, pero no se aplica ante la falta lisa y llana de prueba.
Sólo se aplica dicho artículo sobre la duda de la suficiencia de la prueba del trabajador que cargaba con el onus probandi.
Por otra parte, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, en autos se ha dado y se dá debido cumplimiento al art. 59 CPL.
Tampoco explica la apelante cuál es la coincidencia con el precedente que señala, en lo que tiene que ver con la apreciación de la prueba y no sólo sobre los hechos fundantes. De mi parte, no advierto semejanzas que permitan sostener que se está fallando en forma distinta a aquél.
Por todo ello propongo el rechazo del recurso de apelación aquí tratado. Ello tambien implica mantener el pronunciamiento sobre costas de la a.quo.
A la misma cuestión los Dres. Prola y López, dijeron.
Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde: a. Desestimar el recurso de nulidad y rechazar el de apelación de la actora, confirmándose la sentencia recurrida; b) Costas de alzada a la apelante perdidosa; c) Se deberan regular honorarios a los profesionales actuantes en el 50% de los que correspondan por las tareas de primera instancia.
Votamos en igual sentido que el Dr. Chasco.
Por todo ello la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, RESUELVE:
II: Costas de alzada a la apelante perdidosa.
III. Se deberán regular honorarios a los profesionales actuantes en esta sede en el 50% de los que correspondan por las tareas de primera instancia.
AUTOS VIGNA VICTOR C. MAI CAROLINA S. COBRO LABORAL 316-14
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in dubio
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