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Timestamp: 2018-09-19 19:22:25+00:00

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El Sistema Financiero español: de la crisis a una normalización gradual | Economistas Frente a la Crisis
Por Julio Rodríguez Lopez | septiembre 18, 2017 | 1
Después de 2007 se produjo asimismo un crecimiento importante de la morosidad bancaria, en especial en los créditos a promotor inmobiliario, y resultaban evidentes los problemas de solvencia y de liquidez en amplios segmentos del sistema bancario español. Tales problemas se habían acentuado más en las cajas, pero no se habían limitado en exclusiva a dichas entidades. Las cajas también acusaron su presencia en la financiación de proyectos no susceptibles de impulso mediante préstamos bancarios, circunstancia derivada de la presión de las comunidades autónomas, que habían asumido la tutela de estas entidades tras la aprobación de la Constitución de 1978 y de los respectivos Estatutos de Autonomía.
Además de las fusiones, se realizó desde el Banco de España, de acuerdo con el Frob (órgano creado en 2009 para facilitar la concentración o resolución de las entidades bancarias), un proceso de bancarización, a través de la figura de los SIP (sistema institucional de protección) y de las mayores exigencias de capital a las cajas de ahorros, todo o cual condujo a la transformación en bancos de dichas entidades.
Se forzó por las autoridades europeas la creación de un “banco malo”, Sareb, que adquirió activos inmobiliarios deteriorados, por un importe superior a los 50.000 millones de euros, a los bancos que habían recibido algún tipo de ayuda pública para subsistir. El Frob suscribió el 45% de los recursos propios de Sareb, y el resto del capital se distribuyó entre otras entidades bancarias y no bancarias, correspondiendo la mayor participación, tras el Frob, al Banco de Santander. La creación y la actuación inicial de Sareb tuvieron lugar al final de 2012 y primeros meses de 2013.Sareb está desempeñando un papel significativo en la reactivación del mercado de vivienda, aunque no está lejos de la necesidad de ampliar sus recursos propios.
Como consecuencia del proceso de saneamiento y de las inyecciones de capital público el gobierno español llegó a controlar una parte relevante del sistema bancario, en torno al 18% del conjunto de la cartera bancaria de préstamos. Diez instituciones habían sido “resueltas” y el número de cajas de ahorros se redujo a ocho, cuando eran 45 al inicio de la crisis.
En junio de 2017 el Banco Popular ha sido adquirido a un precio simbólico por el Banco de Santander, tras el acuerdo de la Junta Única de Resolución de la Unión Bancaria. También está prevista (se ha aprobado en junio de 2017 la fusión por parte de los respectivos consejos de administración) la absorción de la entidad BMN por parte de Bankia a fines del año 2017. Las antes citadas 14 instituciones significativas quedarán así reducidas a doce a fines de 2017.
Previamente, en noviembre de 2012, gobierno, comisión y entidades de crédito habían pactado el ajuste a aplicar a los tenedores de deuda subordinada. Las pérdidas asignadas a las participaciones preferentes y a las obligaciones subordinadas redujeron el coste del ajuste para el contribuyente. Esta actuación afectó a los inversores minoristas y provocó un amplio malestar social, puesto que dichos valores se habían vendido con engaño como sustitutos de depósitos a plazo. Se ha estimado que los poseedores de preferentes y otros títulos equivalentes capitalizaron la banca por una cuantía aproximada de 15.000 millones de euros.
Se ha apreciado una evidente disparidad entre la resolución del Banco Popular (bail-in) y su adquisición por el Santander y la práctica seguida en el caso de los bancos italianos Veneto Banca y Banca Populare de Vicenza (bail-out). La resolución del Popular y su venta se decidieron a nivel europeo. Sin embargo, en el caso italiano no se aplicaron las mismas reglas. El gobierno italiano inyectará unos 17.000 millones de euros para impedir que los bonistas senior, una especie de preferentistas, lo pierdan todo, además de ceder al mayor banco italiano, Intesa San Paolo, solo los activos “buenos” de ambos bancos.
En este caso no ha habido una aplicación efectiva del mecanismo único de resolución del BCE. A dicho mecanismo le esperan retos mayores a falta de bancos potentes que asuman los riesgos, se podría decir que no existe todavía un mecanismo único de resolución consolidado en la Unión Bancaria.
La transición posterior a la crisis no ha terminado en el sistema bancario español. Desde el gobierno debería de impedirse una mayor concentración bancaria, en especial en los cinco grupos bancarios de mayor dimensión. También resulta conveniente la presencia de un segmento público del sistema bancario para apoyar actuaciones precisas para la economía española. Debe de impedirse la desaparición de las Cajas Rurales. En las reclamaciones de los clientes bancarios, las resoluciones del Banco de España deben de tener carácter obligatorio para los bancos. La política, desde el gobierno y el Congreso de los Diputados, tiene que mejorar numerosos aspectos del sistema bancario, necesitados de una mayor transparencia e información en general, como se ha puesto de manifiesto en la crisis del Banco Popular.
juan el septiembre 18, 2017 a las 2:16 pm
Aunque pequeñas Caixa Ontinyent y Colonya Pollensa siguen siendo cajas de ahorro como tales, rentables, e invirtiendo en sus territorios lo cual desmentiría aquello que alegaban Rato y Narcís Serra de que la crisis era imprevisible. No todos hincharon la burbuja y no a todos les explotó pues.

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