Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/737847397
Timestamp: 2019-05-27 12:59:47+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 347/18 de Corte Constitucional, 28 de Agosto de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 737847397
DERECHO A LA INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA DE POBLACION DESPLAZADA. REQUISITOS La accionante formuló un derecho de petición ante la UARIV solicitando que se le asignara un turno GAC y la priorización de la indemnización administrativa a la que tiene derecho por ser víctima del conflicto armado. La entidad le negó la pretensión argumentando que el reconocimiento y pago de la compensación se otorga únicamente a las víctimas que se han visto afectadas con ocasión del conflicto armado, en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y que, en su caso, la condición de víctima había sido reconocida por hechos de violencia generalizada. La peticionaria adujo que la Unidad previamente le había reconocido su calidad de víctima del desplazamiento forzado conforme a las condiciones de la precitada ley. Se estudian los siguientes temas: 1º. La caracterización del fenómeno del desplazamiento forzado y las acciones concretas del Estado colombiano para su superación. 2º. La jurisprudencia constitucional acerca de los requisitos para que la población en situación de desplazamiento forzado pueda acceder a la indemnización administrativa y, 3º. El derecho al debido proceso administrativo y la motivación de los actos que resuelven solicitudes de entrega de la mencionada indemnización. Se CONCEDE, Recibo Relatoria:
Sentencia T-347/18
Referencia: Expediente T-6.642.168
Acción de tutela formulada por Y.M.R.Á., contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada D.F.R. y los Magistrados C.B.P. y A.R.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento de la Corte Constitucional-, profieren la siguiente:
En el proceso de revisión del trámite de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, el 21 de septiembre de 2017, dentro del proceso de amparo formulado por Y.M.R.Á. contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
1.1. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reconoció, mediante la Resolución No 2014-496486 del 14 de enero de 2014[1], la condición de víctima del conflicto armado[2] a la ciudadana Y.M.R.Á., de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
1.2. Teniendo en cuenta el citado reconocimiento la señora R.Á. radicó el 2 de junio de 2017, en las instalaciones de la UARIV, un derecho de petición por el cual solicitaba que se le asignara el turno GAC y la priorización de la indemnización administrativa por ser víctima del conflicto armado.
Como consecuencia de la respuesta emitida por la UARIV y las inconsistencias que se presentan entre la Resolución No 2014-496486 del 14 de enero de 2014 y la negativa a la solicitud del reconocimiento de la indemnización administrativa y la asignación del turno GAC, la ciudadana Y.M.R.Á. formuló acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con la finalidad de que le fueran amparados sus derechos a la atención humanitaria, dignidad humana, e igualdad.
La accionante sustentó su reclamo constitucional en que a pesar de que la UARIV reconoció su calidad de víctima de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado de acuerdo al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, al momento de solicitar el reconocimiento de la indemnización administrativa y del turno GAC, estas peticiones fueron negadas con el argumento de que la razón de su desplazamiento se debía a violencia generalizada y no al conflicto interno como lo indica la misma Ley.
El 13 de septiembre de 2017, el Juzgado 19 de Civil del Circuito de Medellín admitió la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Y.M.R.Á., contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y ordenó a la parte accionada que se pronunciara sobre los hechos expuestos por la accionante.
3.1. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
La doctora C.J.M.R., en su calidad de Directora Técnica de Reparaciones de Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas (UARIV), dio contestación a la acción de tutela impulsada por la señora R.Á.; manifestó que de conformidad con las pretensiones de la accionante, la entidad a la cual representa, respondió “conforme al marco normativo vigente y a los precedentes verticales decantados por la jurisprudencia de las Altas Cortes, con especial atención aquella emanada de la Corte Constitucional”[3].
Expresó que mediante radicado 201772023739361 del 18 de septiembre de 2017, le informó a la ciudadana Y.M.R.Á. que no era posible reconocerle la entrega de la indemnización administrativa, toda vez que “en su caso particular los hechos declarados por este (sic) y por los cuales se encuentra inscrito en el RUV fueron causados en el marco de VIOLENCIA GENERALIZADA”[4].
Frente a la solicitud de la ciudadana R.Á. de que se le reconociera la respectiva indemnización administrativa o que en su defecto se le asignara el turno GAC, consideró el a-quo que “la asignación de las indemnizaciones es competencia de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, quien luego de analizar, a través de los mecanismos de que dispone, las condiciones particulares de cada hogar y persona, ordena su entrega cronológicamente en consideración a las mismas; en aras de no vulnerar el derecho a la igualdad de las personas u hogares en iguales o similares condiciones a las de la aquí accionante que no han acudido a la acción de tutela para acceder a la indemnización administrativa frente a la accionada”[5].
“(…) en tanto no es del resorte del Juez Constitucional impartir órdenes de carácter administrativo tal como lo es ordenar el pago o reconocimiento de determinada prestación, como quiera que ello atenta contra la autonomía e independencia de la parte accionada”[6].
“PRIMERO.- Denegar el amparo Y.M.R.Á., identificada con cédula de ciudadanía No. 1.039.690.699 contra LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS de acuerdo a lo expuesto en esta providencia”.
Mediante auto del 12 de marzo de 2018, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres, integrada por la Magistrada G.S.O.D. y el Magistrado A.L.C., seleccionó el expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado A.R.R., para proyectar la decisión de su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio de selección subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental[7].
6.1. Resolución No. 2014-496486 del 14 de enero de 2014 “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011”. Cuaderno Nº1, folios 5-8. Dicha resolución afirma que la actora manifestó ser víctima de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2013, en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia), razón por la cual se vio en la obligación de trasladarse a la ciudad de Medellín. De conformidad con lo anterior, y con el artículo 5 de la Ley 1448 de 2011, se concluyó que la ciudadana Y.M.R.Á. fue sujeto pasivo del punible de desplazamiento forzado y ordenó “INCLUIR a la señora Y.M.R.Á. identificada con cédula de ciudadanía No.1039690699 en el Registro Único de Víctimas (RUV) y RECONOCER hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, junto a su grupo familiar, por las rezones señaladas en la parte motiva de la presente resolución”.
6.2. Derecho de petición elevado por la señora R.Á. a la UARIV el 2 de junio de 2017, en el cual solicitó el reconocimiento de la indemnización administrativa por ser víctima de desplazamiento forzado dentro del conflicto armado interno, o la asignación del turno GAC. Cuaderno Nº 1, folios 17-18.
6.3. Oficio No 20176021114702 del 4 de julio de 2017, por el cual la UARIV contestó el derecho de petición radicado por la ciudadana Y.M.R.Á., en el cual le informan que no tiene derecho a la indemnización administrativa, toda vez que su condición de víctima se debe a “violencia generalizada”. Cuaderno Nº 1, folio 16.
La ciudadana Y.M.R.Á., impulsó acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la atención humanitaria, dignidad humana, e igualdad, al no asignarle la indemnización administrativa a pesar de haber sido reconocida como víctima de desplazamiento forzado dentro del marco del conflicto armado interno, conforme con los artículos 3 y 5 de la Ley 1448 de 2011, ni asignarle el turno GAC, toda vez que la accionada afirma que la calidad de víctima tiene su origen en situaciones de violencia generalizada.
A juicio de la accionante, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) vulneró los derechos fundamentales mencionados, comoquiera que dicha entidad se encuentra en la obligación legal de reconocerle la indemnización administrativa, o en su defecto asignarle el turno GAC, debido a que mediante Resolución 2014-496486 se indicó que “el (los) hecho(s) victimizante(s) de Desplazamiento Forzado, declarados por el (la) deponente se enmarcan dentro del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, por lo cual es viable jurídicamente incluir a Y.M.R.Á., en el Registro Único de Víctimas-RUV”[8].
¿La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulnera los derechos fundamentales a la atención humanitaria, dignidad humana, y a la igualdad de la ciudadana Y.M.R.Á., al no hacerle entrega de la indemnización administrativa ni asignarle el turno GAC a pesar de haber sido reconocida como víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, con el argumento que la calidad de víctima se debe a factores de violencia generalizada?
3.1. Caracterización del fenómeno del desplazamiento forzado y acciones concretas del Estado colombiano para su superación
El fenómeno del desplazamiento forzado ha venido cobrando relevancia en la contemporaneidad, debido a la crisis que se ha presentado en diferentes latitudes. Por lo anterior, diferentes organizaciones a nivel mundial han definido este comportamiento masivo. El Banco Mundial expresa que el desplazamiento forzado es “la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos”[9].
Por su parte, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos aclara que el desplazamiento forzado es “una infracción al derecho internacional humanitario (DIH) aplicable a los conflictos armados internos, un crimen de guerra y de lesa humanidad, y un delito en algunas legislaciones nacionales”[10].
En el ámbito regional, la definición presentada por la Consulta Permanente para los Desplazados Internos en las Américas (en adelante CPDIA) señala que esta situación se consuma cuando una persona “se haya visto obligada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o su oficio habitual, debido a que su vida, su integridad física o su libertad se han hecho vulnerables o corren peligro por la existencia de cualquiera de las situaciones causados por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones internas, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias causadas por situaciones anteriores que puedan perturbar o perturben el orden público”[11].
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los desplazados internos pertenecen a uno de los grupos poblacionales más vulnerables del mundo, diferenciando su situación de quienes cruzan las fronteras de su territorio, pues estos reciben especial protección adquiriendo la calidad de refugiados “a diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida”[12].
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expuesto que los Principios Rectores de los desplazamientos internos, proferidos por el R. delS. General de las Naciones Unidas en 1998[13], resultan particularmente relevantes para determinar el alcance y contenido del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales definen que “se entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, [o] de violaciones de los derechos humanos [...], y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
28.1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno, de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte”[14].
Según cifras de la Unidad de Víctimas, más de 7,6 millones personas fueron declaradas como víctimas de desplazamiento forzado en el territorio nacional[15], situación que permite concluir que en Colombia se presenta la más grave y prolongada crisis humanitaria de América, al ocupar el segundo lugar a nivel mundial de personas víctimas de este fenómeno, lo que implica que 1 de cada 10 colombianos ha sufrido de este flagelo.
Aunado a lo anterior, esta población se ve afectada por la ocurrencia de otra clase de delitos como son, la violencia sexual, el reclutamiento forzado, el uso de minas antipersona y armas no convencionales, asesinatos selectivos entre otros[16].
“Artículo 1º.- Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Igualmente, fue expedido el Decreto 2569 de 2000[17], que adoptó la misma definición presentada en la Ley 387 de 1997, para la caracterización de la población desplazada por la violencia[18]
Con base en lo anterior, la Corte manifestó que “las disposiciones legales estudiadas, permiten concluir que el fenómeno del desplazamiento forzado, además de la migración al interior del país suscitada por la coacción, tiene múltiples escenarios en los cuales es posible su configuración como la violencia generalizada, disturbios y tensiones interiores, violaciones masivas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, conflicto armado interno y cualquier otra manifestación de poder que altere de manera dramática el orden público”[19].
“ARTÍCULO 132. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley.
Parágrafo 1°. El presente artículo surtirá efectos para las indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de expedición de la presente ley, así la solicitud fuese hecha con anterioridad.
Parágrafo 2º. El Comité Ejecutivo de que trata los artículos 164 y 165 de la presente ley será el encargado de revisar, por solicitud debidamente sustentada del Ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, las decisiones que conceden la indemnización por vía administrativa. Esta solicitud de revisión procederá por las causales y en el marco del procedimiento que determine el Gobierno Nacional.
Parágrafo 3º. La indemnización administrativa para la población en situación de desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional:
I.S. integral de tierras;
Permuta de predios;
Adquisición y adjudicación de tierras;
Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada;
Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico, o
Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva.
Parágrafo 4º. El monto de los 40 salarios mínimos legales vigentes del año de ocurrencia del hecho, que hayan sido otorgados en virtud del artículo 15 de la Ley 418 de 1997 por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional con motivo de hechos victimizantes que causan muerte o desaparición forzada, o el monto de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes otorgados por la incapacidad permanente al afectado por la violencia, constituyen indemnización por vía administrativa”.
“La indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo familiar víctima del desplazamiento forzado incluidos en el Registro Único de Víctimas. En virtud de la Sentencia SU-254 de 2013, habrá núcleos familiares que recibirán 27 SMLMV y otros que recibirán 17 SMLMV”[20].
“Artículo 151. Procedimiento para la solicitud de indemnización. Las personas que hayan sido inscritas en el Registro Único de Víctimas podrán solicitarle a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la entrega de la indemnización administrativa a través del formulario que esta disponga para el efecto, sin que se requiera aportar documentación adicional salvo datos de contacto o apertura de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas lo considera pertinente. Desde el momento en que la persona realiza la solicitud de indemnización administrativa se activará el Programa de Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos de que trata el presente decreto.
Parágrafo 1°. En los procedimientos de indemnización cuyo destinatarios o destinatarias sean niños, niñas y adolescentes, habrá acompañamiento permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En los demás casos, habrá un acompañamiento y asesoría por parte del Ministerio Público.
Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá orientar a los destinatarios de la indemnización sobre la opción de entrega de la indemnización que se adecúe a sus necesidades, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de la víctima y las alternativas de inversión adecuada de los recursos en los términos del artículo 134 de la Ley 1448 de 2011. La víctima podrá acogerse al programa de acompañamiento para la inversión adecuada de la indemnización por vía administrativa independientemente del esquema de pago por el que se decida, sin perjuicio de que vincule al programa los demás recursos que perciba por concepto de otras medidas de reparación”.
Esta Corporación, a través de la sentencia SU-254 de 2013[21] unificó los criterios jurídicos a partir de los cuales se efectúa la reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del desplazamiento forzado y de graves violaciones a los derechos humanos. En esa oportunidad, la Corte se pronunció in extenso sobre los siguientes ejes temáticos: (i) los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en el marco del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos; (ii) la jurisprudencia constitucional en sede de control abstracto sobre los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación; (iii) la jurisprudencia constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento sobre reparación a víctimas de desplazamiento forzado; (iv) la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado en el marco de procesos contencioso administrativos; (v) el nuevo marco jurídico institucional para la reparación integral a víctimas, de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios; (vi) los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con la Ley 1448 de 2011.
“La Corte ha sostenido que existen circunstancias en las cuales la protección de los derechos fundamentales de los accionantes debe hacerse extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de tutela o que habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos bajo estudio, pero que sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de derecho similares o análogas a las de los actores. En estos casos, ha establecido esta Corporación que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes y que la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que (i) estas personas se encuentren en condiciones comunes, similares o análogas a las de quienes sí hicieron uso de ella y (ii) cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.”
Con base en la citada jurisprudencia, la sentencia T-236 de 2015[22] señaló que la UARIV no puede desconocer el derecho que tienen las personas que han sido víctimas de desplazamiento de acceder a la indemnización administrativa, después de haber sido incluidas en el registro único de víctimas.
Conforme con lo anterior, se concluye que el ordenamiento jurídico vigente contempla reglas que permiten a las víctimas del conflicto armado obtener la reparación integral para sí y para los miembros de su familia. Entre las medidas de reparación se encuentra la indemnización administrativa, cuyo procedimiento de entrega, criterios de distribución y montos, está encaminado a optimizar la asignación masiva de reparaciones previstas para víctimas del conflicto armado[23].
Así las cosas, la población víctima del delito de desplazamiento forzado tiene derecho a que el Estado garantice la entrega de la respectiva indemnización administrativa sin desmejorar o complejizar la situación de esta población, razón por la cual esta Corte ve con preocupación cómo se le atribuyen mayores cargas administrativas a los desplazados como la necesidad de agotar todos los recursos legales o de acudir a diferentes instituciones estatales para solicitar la ayuda, sin que reciban una respuesta definitiva y eficaz sobre su situación. De hecho, esta Corporación ha expuesto que “por el solo hecho de su situación, las personas sometidas a desarraigo pueden exigir la atención del Estado, sin soportar cargas adicionales a la información de su propia situación, como las que devienen de promover procesos dispendiosos y aguardar su resolución”[24].
3.3. El derecho al debido proceso administrativo y la motivación de los actos que resuelven solicitudes de entrega de indemnizaciones administrativas
La Constitución Política contempla en su artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso que se aplica indistintamente a las actuaciones judiciales y administrativas. La Corte Constitucional reconoció desde sus inicios que esta garantía es una manifestación del Estado Social de Derecho que permite la protección de las personas frente a las actuaciones del Estado en todas sus manifestaciones y cuya finalidad es salvaguardar la seguridad jurídica.[25]
Por su parte, la Corte Constitucional definió el derecho fundamental al debido proceso administrativo como la “regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos”.[26] De la misma manera, este Tribunal determinó que el debido proceso se aplica durante toda la actuación administrativa e involucra los principios de legalidad, competencia, publicidad, y los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria y de impugnación.[27]
La Corte también señaló que el deber enunciado evita posibles abusos o arbitrariedades de la entidad que profiere el acto administrativo y asegura las condiciones sustanciales y procesales para que el administrado ejerza la defensa de sus derechos al controvertir la decisión que le es desfavorable.[28]
Ahora bien, esta Corporación recalcó que el deber de la UARIV de motivar las decisiones que resuelven solicitudes de inclusión en el RUV se reforzó por el artículo 42 del Decreto 4800 de 2011 (artículo 2.2.2.3.16. del Decreto compilador 1084 de 2015) que dispone que dicho acto administrativo deberá contener, entre otras cosas, “[l]a motivación suficiente por la cual se llegó a la decisión de no inclusión”, de manera que el administrado conozca las razones por las cuales se adoptó la determinación y cuente con elementos de juicio suficientes para controvertirla.[29]
Sobre el hecho victimizante de desplazamiento este Tribunal advirtió que “en caso de existir duda sobre las declaraciones de los solicitantes, se entiende que la entidad debe motivar con suficiente material probatorio la negativa a la inscripción en el RUV”[30] y que, por tratarse de un instrumento de carácter fundamental que permite la identificación de los destinatarios de la política pública en materia de desplazamiento, los “pronunciamientos sobre el reconocimiento del registro deben ser responsables y acertados para cada caso en particular.[31]
“Artículo 44. Revocatoria del acto administrativo de registro. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá revocar el acto administrativo de inclusión en el Registro Único de Víctimas de conformidad con las causales y el procedimiento contemplados en el artículo 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o aclare”.
“Artículo 152. Procedimiento de revocatoria por parte del comité ejecutivo para la atención y reparación a las víctimas. Las decisiones que tome la Unidad Administrativa de Atención y Reparación a Víctimas que otorguen indemnización por vía administrativa, podrán ser revocadas por el Comité Ejecutivo, por solicitud debidamente sustentada del Ministro de Defensa Nacional, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, con base en las siguientes causales:
Inscripción en el Registro Único de Víctimas obtenida por medios ilegales, incluso en los casos en que la persona de que trate tenga fácticamente la calidad de víctima.
Inscripción fraudulenta de víctimas, en el caso previsto por el artículo 198 de la Ley 1448 de 2011.
Fraude en el registro de víctimas, en el caso previsto por el artículo 199 de la Ley 1448 de 2011.
Desconocimiento de los criterios objetivos previamente definidos para determinar el monto de la indemnización por vía administrativa.
Parágrafo 1°. En los eventos a los que se refiere el presente artículo, si el pago de indemnización por vía administrativa ya se hubiese efectuado, la persona que lo recibió estará en la obligación de restituir el total del valor recibido a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sin perjuicio del procedimiento para revocar actos administrativos de contenido particular y concreto cuando sea procedente.
Parágrafo 2°. Contra las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo sobre las solicitudes de revisión no procede recurso alguno”.
Esta Corporación ha sido reiterativa sobre la teoría del respeto del acto propio. Sobre el particular, la sentencia T-129 de 2005[32] este principio señala que su finalidad “radica en que un sujeto de derecho que ha producido un acto generador de efectos particulares y concretos a favor de otro, no puede variar de manera unilateral e inconsulta su propio acto, pues de hacerlo, estaría violando los principios de buena fe, confianza legítima y el derecho al debido proceso”.
Con la finalidad de que las personas que acuden a la diferentes entidades cuenten con una estabilidad y se genere una confianza legítima cuando éstas emitan pronunciamientos que produzcan efectos jurídicos, la Corte ha señalado que el respeto por el acto propio “implica la obligación de mantener en el futuro la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto vinculante de los actos”[33].
Esta posición fue reiterada por esta Corporación en la sentencia T-611 de 2005[34], se sostuvo en ella, que el Fondo Nacional de Ahorro desconoció el principio de buena fe y respeto de los actos propios cuando altera unilateralmente los términos contractuales pactados inicialmente con el deudor. Al respecto se dijo:
Así pues, la alteración unilateral de los términos contractuales causada por alguna de las partes, desconoce el principio de buena fe y el respeto a los actos propios, es decir, el desconocimiento de la máxima según la cual a nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos, cuando no obedece a una conducta legítima.”
3.4. Caso en concreto
3.4.1. Examen sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad formal en el asunto sub examine
3.4.1.1. Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, la ciudadana Y.M.R.Á. pretende la defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la atención humanitaria, en virtud de la presunta vulneración de los mismos por parte la UARIV, al no asignarle el respectivo turno GAC para que le sea entregada la indemnización administrativa a que tiene derecho, por haber sido reconocida como víctima del punible de desplazamiento forzado en el marco de conflicto armado, de acuerdo con la Resolución No 2014-496486 del 14 de enero de 2014. Por tal razón, se encuentra legitimada para intervenir en esta causa.
3.4.1.3.1. Subsidiariedad. En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que pese a existir otros medios de defensa judicial para proteger a la población en situación de desplazamiento forzado, los mismos resultan insuficientes para brindar protección eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio que enfrenta esta población[35]. Además, resultaría desproporcionado exigirles el agotamiento previo de los recursos judiciales ordinarios, pues equivaldría a imponer cargas adicionales a las que han tenido que soportar en su condición de víctimas de la violencia.
Además, no es posible exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios, toda vez que tratándose de población desplazada prevalece la necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos que se encuentran comprometidos, como consecuencia de lo dispuesto en los principios rectores del desplazamiento interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la interpretación y definición de las normas jurídicas que se vinculan con las medidas de protección a favor de la población desplazada[36].
Cumplido el requisito establecido, la UARIV deberá asignar el turno GAC[37] con la finalidad de que se haga entrega de la ayuda humanitaria o indemnización administrativa a que tiene derecho la víctima.
En el caso concreto, la ciudadana Y.M.R.Á. fue reconocida como víctima de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto por parte de la UARIV mediante la Resolución No 2014-496486 del 14 de enero de 2014. Dicho pronunciamiento afirma que la accionante ostenta la calidad de víctima de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
Dicha resolución afirma que la actora manifestó ser víctima de desplazamiento forzado, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2013, en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia), por lo que tuvo que trasladarse a la ciudad de Medellín. Por lo anterior, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1448 de 2011, se concluyó que la ciudadana Y.M.R.Á. fue sujeto pasivo del punible de desplazamiento y ordenó “INCLUIR a la señora Y.M.R.Á. identificada con cédula de ciudadanía No.1039690699 en el Registro Único de Víctimas (RUV) y RECONOCER hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, junto a su grupo familiar, por las razones señaladas en la parte motiva de la presente resolución”.
Por lo anterior, la señora R.Á. solicitó a la UARIV la asignación del turno GAC y la priorización de la indemnización administrativa por ser víctima del delito de desplazamiento, como consecuencia del conflicto armado.
Dicha negativa no tuvo un sustento fáctico y jurídico adecuado, toda vez que de acuerdo al artículo 44 de la Ley 1448 de 2011 establece que la UARIV podrá revocar el acto administrativo de inclusión en el Registro Único de Víctimas de conformidad con las causales y el procedimiento contemplados en el artículo 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo[38].
Igualmente, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas trasgredió el artículo 152 del decreto 4800 de 2011, pues no dio cumplimiento al procedimiento estipulado para revocar el reconocimiento hecho a la señora R.Á..
Ante la negativa expresada por la UARIV de asignarle el turno GAC y de hacerle entrega de la indemnización administrativa, la señora R.Á. formuló acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la atención humanitaria, dignidad humana, e igualdad.
Dentro del trámite de tutela el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín negó el amparo de los derechos alegados por la accionante, al considerar que “la asignación de las indemnizaciones es competencia de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, quien luego de analizar, a través de los mecanismos de que dispone, las condiciones particulares de cada hogar y persona, ordena su entrega cronológicamente en consideración a las mismas; en aras de no vulnerar el derecho a la igualdad de las personas y hogares en iguales o similares condiciones a las que de la aquí accionante que no han acudido a la acción de tutela para acceder a la indemnización administrativa frente a la accionada”[39].
“(…) en tanto no es del resorte del Juez Constitucional impartir órdenes de carácter administrativo tal como lo es ordenar el pago o reconocimiento de determinada prestación, como quiera que ello atenta contra la autonomía e independencia de la parte accionada”[40].
“PRIMERO.- Denegar el amparo Y.M.R.Á., identificada con cédula de ciudadanía No. 1.039.690.699 contra LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS de acuerdo a lo expuesto en esta providencia”
No obstante lo anterior, no es de recibo por parte de esta Corte la decisión adoptada por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, comoquiera que la señalada decisión desconoce la realidad fáctica de la accionante. En el caso subexamine se evidencia que la UARIV profirió un acto administrativo por el cual reconoció a la ciudadana Y.M.R.Á. como víctima de desplazamiento forzado dentro del conflicto armado, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
De acuerdo con la Resolución No 2014-496486 del 14 de enero de 2014, la señora R.Á. sufrió una serie de hechos victimizantes, y respecto a sus declaraciones se presume la buena fe y la certeza de las mismas de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 de la precitada Ley[41].
Por lo anterior, no es dado que la UARIV argumente que los hechos que dieron lugar a la inclusión en el Registro Único de Víctimas de la ciudadana Y.M.R.Á. tuvieron su origen en actos de violencia generalizada, y no en actuaciones propias del conflicto armado, cuando la resolución de inclusión reconoce y afirma que la accionante es víctima del punible de desplazamiento forzado de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011[42].
En su lugar, tutelará los derechos al debido proceso, la vida digna, la atención humanitaria y la igualdad de la ciudadana Y.M.R.Á.. Del mismo modo, se ordenará a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que en un término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia asigne el turno GAC a la señora R.Á. con la finalidad de hacerle entrega de la respectiva indemnización administrativa a que tiene derecho por haber sido reconocida como víctima de desplazamiento forzado, con ocasión del conflicto armado.
En el presente caso, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional resuelve la acción de tutela promovida por la ciudadana Y.M.R.Á. contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La accionante invocó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, la entrega de ayuda humanitaria y el debido proceso, toda vez que la entidad accionada se rehusó a asignarle el turno GAC y a hacer entrega la indemnización administrativa a que tiene derecho, por haber sido víctima del punible de desplazamiento forzado, situación que le fue reconocida por la UARIV mediante la Resolución No 2014-496486 del 14 de enero de 2014, argumentando que los hechos victimizantes tuvieron como causa “violencia generalizada” y actuaciones relacionadas con el conflicto armado.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional debió abordar el problema jurídico para resolver el asunto objeto de revisión, respecto a si ¿La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vulnera los derechos fundamentales a la atención humanitaria, dignidad humana, y a la igualdad de la ciudadana Y.M.R.Á., al no entregarle la indemnización administrativa ni asignarle el turno GAC a pesar de haber sido reconocida como víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, argumentando en un acto posterior que dicha calidad, la de víctima, se debe a violencia generalizada?
Al resolver el caso, la Sala Novena de Revisión revocó la decisión proferida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín la cual denegó las pretensiones de la acción de tutela impulsada por la ciudadana Y.M.R.Á..
En el análisis adelantado por la Sala de Revisión se evidenció que en el caso concreto se le estaba vulnerando el derecho al debido proceso, la vida digna y la entrega de ayuda humanitaria, toda vez que estos derechos fueron conculcados por la accionada al momento de desconocer su propio acto administrativo. De esta forma la confianza legítima de la accionante a recibir la indemnización administrativa fue desplazada sin argumentación alguna. Por ello, no es de recibo que la UARIV afirme sin soporte alguno que los hechos que dieron origen a la inclusión de la señora R.Á. al RUV tuvieron su génesis en casos de violencia generalizada, cuando la Resolución afirma que los mismos se soportan en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
Sobre el particular, la Corte ha expresado que “en caso de existir duda sobre las declaraciones de los solicitantes, se entiende que la entidad debe motivar con suficiente material probatorio la negativa a la inscripción en el RUV”[43], esta carga probatoria, en cabeza de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, le obliga a demostrar que los hechos expresados por la víctima no se relacionan con el conflicto armado. En el presente caso, la UARIV al expedir la resolución de inclusión de la accionante en el RUV, reconoció que los hechos que daban origen a dicha decisión estaban relacionados con el conflicto. Aun así, en respuesta al derecho de petición, denegó la asignación del turno GAC y la entrega de la indemnización administrativa.
Igualmente, el derecho fundamental al debido proceso debe ser reconocido indistintamente a las actuaciones judiciales y administrativas, por ello, esta Corporación reconoce que esta garantía es una manifestación del Estado Social de Derecho[44].
Sobre el hecho victimizante de desplazamiento este Tribunal advirtió que “en caso de existir duda sobre las declaraciones de los solicitantes, se entiende que la entidad debe motivar con suficiente material probatorio la negativa a la inscripción en el RUV”[45]. Esta inversión de la carga de la prueba conlleva a que en el caso que la UARIV decida negar la inclusión de una persona en el Registro Único de Víctimas, o niegue la indemnización administrativa, debe adelantar el procedimiento establecido en la Ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de la misma anualidad, sin desconocer los demás procedimientos establecidos.[46]
D. mismo modo, la sentencia SU-254 de 2013, señaló que “los casos análogos o similares a los que se deciden en esta oportunidad y cuyas acciones de tutela no prosperaron, a pesar de tratarse de víctimas de desplazamiento forzado que interpusieron en su momento solicitud de reparación integral e indemnización administrativa ante la entidad responsable, obteniendo respuesta negativa de la misma y que por tanto se vieron compelidos a interponer sin éxito acción tutelar, quedarán igualmente cobijados por los efectos inter comunis de esta sentencia, de manera que la ahora Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas deberá concederles el monto máximo del régimen de transición fijado mediante este fallo”.
Igualmente, esta Corporación señaló que las solicitudes de indemnización administrativa y reparación integral que se presenten después de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, deberán ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4800 de 2011[47]
En el caso particular, es claro que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no respondió de fondo la solicitud elevada por la accionante, por lo que se hace necesario deprecar el amparo de los derechos fundamentales[48].
Lo anterior teniendo en cuenta que “los actos administrativos de la UARIV a través de los cuales se restrinja el acceso a los componentes de la atención humanitaria a la población desplazada, no podrán sustentarse en información general e indeterminada de los integrantes del núcleo familiar. En tal sentido, la UARIV tiene la carga de: (i) precisar cuál o cuáles son los integrantes del grupo familiar de la actora en los que concurren las circunstancias que hacen desvirtuar la extrema vulnerabilidad del hogar; y (ii) explicar detalladamente qué tipo de información se obtuvo en los registros administrativos o instrumentos de caracterización disponibles, a fin de que se garantice el derecho a conocer y controvertir los elementos de convicción que sustentan la decisión”[49].
Así las cosas, se observa que después de haberse visto en la obligación de abandonar su lugar de residencia en el municipio de Puerto Berrío-Antioquia y radicarse en la ciudad de Medellín, Y.M.R.Á. acudió ante el Ministerio Público para poner en conocimiento de las entidades competentes los hechos por los cuales fue víctima de desplazamiento forzado.
Por lo anterior, no es dado que la UARIV desconozca la Resolución No 2014-496486 del 14 de enero de 2014, por la cual reconoció la condición de víctima de desplazamiento forzado de la ciudadana Y.M.R.Á. como consecuencia del conflicto armado y, ordenará a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, asigne el turno GAC a la señora R.Á., con la finalidad que esta última reciba la indemnización administrativa a que tiene derecho como víctima del conflicto.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 21 de septiembre de 2017, emitida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, que negó el amparo de los derechos al debido proceso, la vida digna y la entrega de la indemnización administrativa invocada por la accionante. En su lugar TUTELAR los derechos al debido proceso, la vida digna y la entrega de la indemnización administrativa de la ciudadana Y.M.R.Á..
SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que en un término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, asigne el turno GAC a la ciudadana Y.M.R.Á., con la finalidad de que sea entregada la respectiva indemnización administrativa a que tiene derecho por haber sido reconocida como víctima del punible de desplazamiento forzado e incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV).
A LA SENTENCIA T-347/18
Expediente: T-6.642.168
En atención a la decisión adoptada por la Sala Octava de Revisión de Tutela en la sentencia dictada dentro del expediente de la referencia, me permito presentar Salvamento de Voto, con fundamento en las siguientes consideraciones.
Estoy en desacuerdo con que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, la vida digna y la entrega de la indemnización administrativa a la tutelante, toda vez que aun cuando a la tutelante le fue reconocida la condición de víctima, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1448[50], lo cierto es que fue considerada como tal debido a la situación de violencia generalizada en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, y, NO con ocasión del conflicto armado, requisito sine qua non para que se pueda acceder al reconocimiento de la indemnización administrativa, como expresamente lo dispone la citada disposición.
A propósito de lo anterior, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-781 de 2012, al pronunciarse sobre la exequibilidad de la mencionada norma, precisó que las víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011, son aquellas que han sufrido un daño originado en las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por actores armados, como consecuencia de acciones que guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado[51].
Es más, en el Auto de Seguimiento 119 de 2013, esta Corporación señaló que las condiciones de desplazamiento forzado >, NO se limitan a situaciones de conflicto armado, sino que también[52] corresponden a circunstancias de violencia generalizada[53].
En ese orden de ideas, se tiene que el asunto materia de revisión está referido al reconocimiento de una ciudadana como víctima de desplazamiento forzado con ocasión de la violencia generalizada, circunstancia que, lleva a concluir que se trata de unos supuestos fácticos que no guardan relación con el conflicto armado interno y, en esa medida, no era posible ordenarle a la UARIV la asignación del turno GAC, pues resultaba improcedente el reconocimiento de la indemnización administrativa.
[1] “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011”
[2] Fue reconocida como víctima del punible de desplazamiento forzado.
[3] Cuaderno principal, folio 23.
[5] Ibídem, folio 31.
[7] Cuaderno Corte Constitucional. Folio 8.
[8] Cuaderno principal, folio 7.
[9] http://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement-a-growing-global-crisis-faqs. Consulta del 3 de mayo de 2018.
[10] Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Las víctimas del desplazamiento forzado. Consultar http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/experiencias/5/1.pdf
[11] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Ulterior promoción y fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión de la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la comisión derechos humanos, éxodos en masa y personas desplazadas. Los desplazados internos I. delR. delS. General, Sr. F.D., presentado en cumplimiento de la resolución 1993/95 de la Comisión de Derechos Humanos Adición. Estudio de casos de desplazamiento: Colombia*/GENERAL E/CN.4/1995/50/Add.1. 3 de octubre de 1994. español. Original: inglés.
[12] http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/desplazados-internos/. Consulta del 3 de mayo de 2018.
[13] http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022. Consulta del 3 de mayo de 2018.
[14] http://www.nrc.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Principios_rectores_desplazamiento_NRC.pdf. Consulta del 3 de mayo de 2018.
[15] https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento.
[16] Ver sentencia T-689 de 2014. Este fallo analizó los expedientes T-4.343.361 y T-4.344.826, cuyos hechos se relacionaban con personas que fueron desplazadas como consecuencia del conflicto armado.
[17] “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones”.
[18] Artículo 2: Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público
[19] Ver Sentencia T-689 de 2014.
[20] http://www.unidadvictimas.gov.co/es/indemnizaci%C3%B3n/8920. Consulta del 5 de mayo de 2018.
[21] Analizó los casos en los cuales procede la indemnización para la población víctima de desplazamiento forzado, reconociendo el derecho fundamental de ellas a reparación integral.
[22] La sentencia analizó la procedencia de la reparación administrativa para las víctimas del conflicto armado.
[23] Ver sentencia T-142 de 2017. En esta sentencia se resolvieron varios expedientes de tutela acumulados y dirigidos contra la UARIV, al considerar los accionantes vulnerados los derechos fundamentales la dignidad humana, mínimo vital y petición, ya que, en su criterio dichas entidades no contestaron de fondo los derechos de petición interpuestos para obtener la indemnización administrativa, a la que consideraban tener derecho. En la decisión se otorga el amparo de los derechos conculcados.
[24] Sentencia T-882 de 2005.
[25] Ver sentencias T-347 de 1993 y T-404 de 1993.
[26] Sentencia T-467 de 1995.
[27] Sentencia T-559 de 2015. En esta sentencia se resolvió la acción de tutela impulsada el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, al considerar los accionantes vulnerados los derechos fundamentales igualdad, debido proceso y protección de los derechos adquiridos. En la decisión se tutelan los derechos conculcados, teniendo en cuenta ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley.
[28] Sentencia T-707 de 2015. Esta acción de tutela revisó el caso del ciudadano W.A.B.D. contra la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, entidades que redujeron su esquema de seguridad a pesar de los conceptos desfavorables de la UNP, y sin motivar el respectivo acto administrativo. En el citado fallo se confirmó la orden de restablecer el esquema de seguridad a su estado inicial.
[29] Sentencia T-991 de 2012. Acción de tutela instaurada por L.S.S.B. contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, toda vez que no fue reconocida como víctima dentro del conflicto armado. En esa oportunidad la Sala Primera de Decisión concedió el amparo deprecado por la accionante, toda vez que no se desvirtuó la presunción de buena fe con que cuenta la víctima.
[30] Ver sentencias T-692 de 2014 y T-556 de 2015.
[31] Sentencia T-692 de 2014. En esta sentencia se resolvieron varios expedientes de tutela acumulados y dirigidos contra la UARIV, al considerar los accionantes vulnerados sus derechos fundamentales. En la decisión se tutelar los derechos conculcados a los ciudadanos dentro de los expedientes T-4.347.601 (a la unidad familiar, al habeas data y a la vida digna) y T-4.349.077 (al debido proceso, a la petición, a la buena fe y a la igualdad).
[32] Acción de tutela instaurada por E.J.G.H. contra Granahorrar y D., al considerar conculcados sus derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, al habeas data y a la igualdad. En esa oportunidad la Sala Novena de Decisión concedió el amparo deprecado por la accionante, toda vez que se le informó en tres ocasiones diferentes que se encontraba a paz y salvo por parte de la entidad financiera, pero al momento de intentar acceder a un crédito de libre inversión encontró que estaba reportado en la central de crédito.
[33] Sentencia T-384 de 2014.
[34] La Corte estudió la acción de tutela interpuesta por tres deudores del FNA contra dicha entidad, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y vivienda digna, debido a la modificación efectuada de forma unilateral por el FNA.
[35] Ver sentencias T-1635 de 2000, T-098 de 2002, T-038 de 2009, T-042 de 2009, T-234 de 2009, T-299 de 2009, T-840 de 2009, T-106 de 2010, T-946 de 2011, T-218 de 2014, T-832 de 2014 y T-626 de 2016.
[36] Sentencia T-142 de 2017.
[37] El turno GAC se le entrega a las personas a las cuales les será reconocida la indemnización administrativa, con la finalidad de establecer un orden determinado para cumplir con esta obligación por parte de la UARIV. El señalado turno puede ser priorizado si se cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011.
[38] En la actualidad Ley 143 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[39] Cuaderno principal, folio 31.
[41] “ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba.
[42] “ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
[43] Ver sentencias T-692 de 2014 y T-556 de 2015.
[44] Sentencia T-120 de 1993.
[45] Ver sentencias T-692 de 2014 y T-556 de 2015.
[46] Sentencia T-692 de 2014.
[47] Sentencia SU-254 de 2013.
[48] Ver sentencia T-142 de 2017.
[50] Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011: VÍCTIMAS: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (Negrillas adicionales fuera del texto original).
[51] Corte Constitucional. Sentencia C-781 de 2012.
[53]“A partir de las consideraciones de la sección anterior y de los casos concretos que se acaban de exponer, es posible concluir lo siguiente en relación con la condición de persona desplazada por la violencia que se adquiere con ocasión de la violencia generalizada. (i) La condición de desplazamiento forzado no se limita a situaciones de conflicto armado; (ii) es independiente de los motivos de la violencia, de la calidad del actor (política, ideológica, común o legítima), o de su modo de operar; (iii) la violencia generalizada puede tener lugar a nivel rural o urbano, en una localidad, un municipio, o una región; (iv) para que una persona adquiera la condición de desplazada por la violencia basta un temor fundado, aunque es usual que la violencia generalizada se acompañe de amenazas, hostigamientos o ataques tanto a la población civil como a la fuerza pública; en este último caso con repercusiones en la primera. // Bajo estos parámetros es claro que, a manera de ejemplo, las personas que se vieron obligadas a desplazarse como resultado del accionar de las BACRIM en Medellín, Segovia y Buenaventura, como se expuso en la sección 2 de este pronunciamiento, son personas que adquieren la calidad de población desplazada debido a la situación de violencia generalizada que afecta su localidad o municipio, y que las obliga a desplazarse para salvar su vida o su integridad personal, o para proteger otros derechos fundamentales, teniendo que abandonar su sitio habitual de residencia o trabajo”[53] (Negrillas adicionales fuera del texto original).

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 241
 Resolución 
 artículo 156
 artículo 37
 resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 15
 artículo 134
 artículo 29
 artículo 42
 artículo 69
 artículo 198
 artículo 199
 artículo 86
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 5
 artículo 44
 artículo 69
 artículo 152
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 156
 artículo 37
 resolución 
 Artículo 2
 Artículo 3