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Timestamp: 2013-05-18 23:31:16+00:00

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INFORME PR�CTICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES
www.notariosyregistradores.com INFORME PR�CTICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 PARA PERSONAL DE LOS REGISTROS MERCANTILES.
Pese a la existencia de numerosas normas mercantiles en el mes de Diciembre, muy pocas de ellas tienen una verdadera incidencia en el funcionamiento de los RRMM y de BBMM. Por ello s�lo destacamos las siguientes:
� El Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, sobre Instituciones de Inversi�n Colectiva, que fija como capital social de los Agentes de las Empresas de Servicios de Inversi�n, el que corresponda a la forma social adoptada. Por lo tanto ninguna especialidad en este punto. � Muy interesante sin embargo es la modificaci�n sufrida por la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, por la llamada Ley �mnibus o Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Con la intenci�n, sin duda, de favorecer la constituci�n de estas sociedades, que hasta la fecha no han tenido excesivo �xito, se reducen los porcentajes que los socios profesionales deben tener en las mismas. As� bastar� que tanto el capital como los �rganos de administraci�n sean mayoritariamente (m�s de la mitad) de socios profesionales, sin exigir como antes el 75% y aclar�ndose, igualmente,
la forma de adoptar acuerdos dentro de los posibles �rganos de administraci�n colegiados de estas sociedades profesionales, como consecuencia precisamente de la reducci�n en ellos de socios profesionales. En todo caso, se dice, ser� preciso el voto mayoritario de socios profesionales con independencia del n�mero de miembros concurrentes. Ello puede provocar, en determinados supuestos, que si los consejeros profesionales no se ponen de acuerdo entre ellos, la paralizaci�n del Consejo de Administraci�n. En lo relativo a la participaci�n en el capital social de socios profesionales, no vemos especial inconveniente en que en estatutos se refuerce la participaci�n que en estas sociedades pueden tener los socios profesionales. Ver m�s abajo.
� Finalmente tambi�n es de rese�ar la Ley Org�nica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Org�nica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, de posible aplicaci�n en el RM cuando personas de nacionalidad extranjera constituyen sociedades en Espa�a. Como resoluciones de Propiedad de posible aplicaci�n en los RRMM y de BBMM, rese�amos las siguientes:
� Las de 29 de Julio y 1 de octubre que tratan el espinoso tema del fax como medio de notificaci�n de calificaciones negativas, siendo muy restrictiva la primera y mucho m�s liberal y permisiva la segunda.
� Y la de 19 de octubre estableciendo que si bien un Ayuntamiento no puede embargar bienes fuera de su t�rmino municipal, ello s� lo puede hacer el Servicio de Recaudaci�n de la Diputaci�n cuando el Ayuntamiento le haya encomendado dicho cometido.
De resoluciones de mercantil s�lo merece la pena destacar la de 30 de octubre sobre la no posibilidad de que un administrador caducado pueda convocar v�lidamente la Junta General de una sociedad an�nima. Es decir que en estos casos debe irse a la convocatoria judicial o intentar la celebraci�n de una junta Universal, que por su propia definici�n es una Junta no convocada.
DISPOSICIONES GENERALES: ENTIDADES DE CR�DITO. Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto
1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci�n de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al r�gimen jur�dico de las entidades de cr�dito y el Real Decreto
692/1996, de 26 de abril, sobre el r�gimen jur�dico de los establecimientos financieros de cr�dito. Este Decreto completa la transposici�n al ordenamiento jur�dico nacional de la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 �iniciada por la Ley
5/2009, de 29 de junio-, en lo que ata�e a las normas procedimentales y los criterios de evaluaci�n aplicables en relaci�n con la evaluaci�n cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. La Directiva 2007/44/CE regula los procedimientos y criterios conforme a los cuales se realiza la evaluaci�n de las participaciones significativas, atendiendo a la identidad, honorabilidad y solvencia de los accionistas m�s significativos de las entidades.
Esta Directiva comenz� a transponerse mediante la Ley 5/2009, de 29 de junio, la cual fij� los criterios que la autoridad supervisora deber� observar a la hora de evaluar una modificaci�n de la estructura accionarial que afecte a las participaciones significativas y, por otro, el propio procedimiento de no oposici�n.
Ahora, este real decreto completa la transposici�n de la Directiva regulando, entre otras cuestiones:
- C�mo se habr�n de computar las participaciones en entidades de cr�dito para determinar lo que se considera una participaci�n significativa. - Elaboraci�n y publicaci�n de una lista por parte del Banco de Espa�a en la que se determinar� el contenido de la informaci�n que el mismo podr� exigir para evaluar la adquisici�n de una participaci�n significativa.
PDF (BOE-A-2009-19670 - 9 p�gs. - 221 KB) INSTITUCIONES DE INVERSI�N COLECTIVA.
Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi�n Colectiva, aprobado por el Real Decreto
1309/2005, de 4 de noviembre. La Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi�n Colectiva fue modificada por la Ley
5/2009, de 29 de junio. Ahora, este real decreto desarrolla la modificaci�n.
Se trata de transponer al ordenamiento jur�dico nacional la Directiva
2007/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, en lo que ata�e a las normas procedimentales y los criterios de evaluaci�n aplicables en relaci�n con la evaluaci�n cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. Se trata de un control administrativo previo que tiene por objeto evaluar, a efectos prudenciales, la identidad, honorabilidad y solvencia de los accionistas m�s significativos de las entidades.
La Ley 5/2009, de 29 de junio, incorpora los aspectos esenciales de esta directiva, como son, por un lado, los criterios que la autoridad supervisora deber� observar a la hora de evaluar una modificaci�n de la estructura accionarial que afecte a las participaciones significativas y, por otro, el propio procedimiento de no oposici�n.
Este real decreto completa la transposici�n de dicha directiva regulando:
- C�mo se habr�n de computar las participaciones en sociedades gestoras de instituciones de inversi�n colectiva para determinar lo que se considera una participaci�n significativa. - La elaboraci�n y publicaci�n de una lista por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores en la que se determinar� el contenido de la informaci�n que esta Comisi�n podr� exigir para evaluar la adquisici�n de una participaci�n significativa y se fijan los aspectos fundamentales de la lista.
- Se desarrolla el procedimiento de no oposici�n de una modificaci�n en la estructura accionarial que afecte a las participaciones significativas. PDF (BOE-A-2009-19671 - 7 p�gs. - 203 KB) MERCADO DE VALORES. Real Decreto 1820/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participaci�n en el capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro, compensaci�n y liquidaci�n de valores y el Real Decreto
217/2008, de 15 de febrero, sobre el r�gimen jur�dico de las empresas de servicios de inversi�n y de las dem�s entidades que prestan servicios de inversi�n y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley
1309/2005, de 4 de noviembre. Este real decreto desarrolla la modificaci�n que la
Ley 5/2009, de 29 de junio ha producido en la Ley del Mercado de Valores. La Ley 5/2009 inicia la transposici�n al ordenamiento jur�dico nacional de la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, que tiene por objetivo mejorar el r�gimen de participaciones significativas, regulando los procedimientos y criterios que han de usarse para evaluar cautelarmente las adquisiciones de participaciones que pueden suponer el ejercicio de una influencia notable en las entidades financieras. Supone, en definitiva, un control administrativo previo que tiene por objeto evaluar, a efectos prudenciales, la identidad, honorabilidad y solvencia de los accionistas m�s significativos de las entidades.
La Ley 5/2009, de 29 de junio, incorpora al ordenamiento jur�dico espa�ol los aspectos esenciales de esta directiva, como son, por un lado, los criterios que la autoridad supervisora deber� observar a la hora de evaluar una modificaci�n de la estructura accionarial que afecte a las participaciones significativas y, por otro, el propio procedimiento de no oposici�n.
Y este real decreto completa la transposici�n en lo que a empresas de servicios de inversi�n se refiere, en t�rminos cercanos a los que acabamos de rese�ar en el apartado anterior (Real Decreto 1818/2009).
PDF (BOE-A-2009-19672 - 10 p�gs. - 233 KB) SEGUROS PRIVADOS. Real Decreto 1821/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de participaciones significativas.
Este real decreto desarrolla la modificaci�n que la referida
Ley 5/2009, de 29 de junio ha producido, en este caso, en la
Ley de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados., tambi�n como consecuencia de la transposici�n de la Directiva 2007/44/CE sobre el r�gimen de participaciones significativas.
Entre su contenido, que completa la transposici�n, es de destacar:
- Regula la informaci�n a aportar junto con la notificaci�n previa de la adquisici�n de una participaci�n significativa. - Determina c�mo se habr�n de computar las participaciones en entidades aseguradoras para determinar lo que se considera una participaci�n significativa.
- Se faculta a la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones para interrumpir el plazo de evaluaci�n por un m�ximo de treinta d�as h�biles en determinados casos.
- Se concreta cu�ndo se presume que puede ejercerse influencia notable. Se entiende que la hay si se tiene posibilidad de nombrar o destituir a alg�n miembro del �rgano de administraci�n de la entidad aseguradora.
PDF (BOE-A-2009-19673 - 7 p�gs. - 209 KB) AUDITORES EXTERNOS. Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, que regula el Informe Anual del Auditor sobre Protecci�n de Activos de Clientes. La presente Circular tiene por objeto fijar el contenido del trabajo a realizar para dar cumplimiento al requerimiento de emisi�n del Informe sobre Protecci�n de Activos de Clientes establecido en el art�culo 43 del Real Decreto
217/2008, de 15 de febrero, sobre el r�gimen jur�dico de las empresas de servicios de inversi�n y de las dem�s entidades que prestan servicios de inversi�n, as� como establecer los medios y plazos para su remisi�n a la CNMV.
PDF (BOE-A-2009-19770 - 20 p�gs. - 393 KB) D�AS INH�BILES. Resoluci�n de 26 de noviembre de 2009, de la Secretar�a de Estado para la Funci�n P�blica, por la que se establece el calendario de d�as inh�biles en el �mbito de la Administraci�n General del Estado para el a�o 2010, a efectos de c�mputo de plazo. Se cumple as� con el art. 48.7 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n
Son d�as inh�biles: a) En todo el territorio nacional: los domingos y los d�as declarados como fiestas de �mbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Aut�nomas no ha ejercido la facultad de sustituci�n. b) En el �mbito territorial de las Comunidades Aut�nomas: aquellos d�as determinados por cada Comunidad Aut�noma como festivos. c) En los �mbitos territoriales de las Entidades que integran la Administraci�n Local: los d�as que establezcan las respectivas Comunidades Aut�nomas en sus correspondientes calendarios de d�as inh�biles. Los d�as inh�biles a que se refieren los puntos a) y b) de este apartado se recogen, especificado por meses y por Comunidades Aut�nomas, en el anexo adjunto. En concreto, son inh�biles en todo el territorio nacional:
- el 1 y el 6 de enero,
- el 2 de abril Viernes Santo,
- el 1� de mayo,
- el 12 de octubre,
- el 1� de noviembre,
- y los d�as 6, 8 y 25 de diciembre.
*EXTRANJEROS. Ley Org�nica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Org�nica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social. Ley Org�nica. Esta Ley s�lo es org�nica en parte. Hay que acudir a la nueva redacci�n de la Disposici�n final cuarta de la Ley 4/2000 y a la Disposici�n final primera de esta misma Ley 2/2009, para averiguar si un precepto en concreto lo es o no.
Concepto de residencia o residente. En todo caso estos t�rminos deben entenderse referidos a una situaci�n de estancia o residencia legal, esto es, conforme a los requisitos que se establecen y que, por tanto, habilitan a la permanencia del extranjero en nuestro pa�s en cualquiera de las situaciones reguladas. Cuando se omite la alusi�n a la situaci�n de estancia o residencia, como sucede para el ejercicio de los derechos fundamentales, es precisamente porque dicha situaci�n no debe exigirse.
T�tulo Preliminar. Es de destacar en �l la introducci�n de un nuevo art�culo 2 bis en el que se indica el
marco competencial de la pol�tica migratoria. T�tulo I. Las modificaciones perfilan lo que debe ser el marco de derechos y libertades de los extranjeros, junto a las correspondientes obligaciones. - Se reconoce los derechos fundamentales a los extranjeros cualquiera que sea su situaci�n en Espa�a, as� como el establecimiento de un sistema progresivo de acceso a los otros derechos basado en el refuerzo del estatus jur�dico a medida que aumenta el periodo de residencia legal.
- Se regulan de nuevo los derechos de reuni�n y manifestaci�n, asociaci�n, sindicaci�n y huelga, as� como la libertad de circulaci�n y sus limitaciones.
- Tambi�n var�an los preceptos dedicados a los derechos de educaci�n (hasta los 18), as� como el de asistencia jur�dica gratuita.
- La reforma del derecho de
reagrupaci�n familiar centr�ndola en la familia nuclear, pareja afectiva y ascendientes de m�s de 65 a�os. - Derecho a la documentaci�n. Est� en el art. 4. Cambia fundamentalmente su p�rrafo 2, a�adi�ndose lo que aparece en cursiva:
- Derecho de asociaci�n. Todos los extranjeros tienen el derecho de asociaci�n en las mismas condiciones que los espa�oles
- Derecho al trabajo. Los extranjeros residentes que re�nan los requisitos previstos en esta Ley Org�nica y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, as� como a acceder al sistema de la Seguridad Social. Para el empleo p�blico, hay que acudir a la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico del Empleado P�blico
- Derecho a la asistencia sanitaria. La tienen los inscritos en el padr�n del municipio en el que tengan su domicilio habitual, los menores de dieciocho a�os y las embarazadas hasta el posparto. Los dem�s, en caso de urgencia.
- Derechos en materia de vivienda. Los extranjeros residentes de larga duraci�n tienen derecho a ayudas en las mismas condiciones que los espa�oles.
- Derecho a la asistencia jur�dica. Los extranjeros que se hallen en Espa�a tienen derecho a la asistencia jur�dica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicci�n en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos espa�oles. Art.22
T�tulo II. Trata del r�gimen jur�dico de los extranjeros. Entre las reformas introducidas destaquemos:
- El perfeccionamiento del estatuto de los residentes de larga duraci�n;
- la lucha contra la inmigraci�n irregular, con medidas como la creaci�n de un registro para controlar las entradas y salidas;
- la vinculaci�n de la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo, defini�ndose de modo m�s preciso el cat�logo de ocupaciones de dif�cil cobertura, pudiendo limitarse las autorizaciones iniciales a una ocupaci�n y �mbito territorial. - la integraci�n de los menores extranjeros no acompa�ados.
- Tipos de visado.
Los regula el art. 25 bis y se prev� su desarrollo reglamentario. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio espa�ol deber�n estar provistos de visado, v�lidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo normativa europea o convenio internacional. a) De tr�nsito, que habilita a transitar por la zona de tr�nsito internacional de un aeropuerto espa�ol o a atravesar el territorio espa�ol. b) De estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un per�odo o suma de per�odos cuya duraci�n total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.
c) De residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.
d) De residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un per�odo m�ximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deber� producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social. e) De residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un per�odo de doce meses consecutivos.
f) De estudios, que habilita a permanecer en Espa�a para la realizaci�n de cursos, estudios, trabajos de investigaci�n o formaci�n, intercambio de alumnos, pr�cticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.
g) De investigaci�n, que habilita para realizar proyectos de investigaci�n en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigaci�n.
- Modo de acreditar. Las diferentes situaciones de los extranjeros en Espa�a �estancia o residencia- podr�n acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, seg�n corresponda. Art. 29.2
- Tipos de residencia. Puede ser temporal o de larga duraci�n.
- La residencia temporal es la situaci�n que autoriza a permanecer en Espa�a por un per�odo superior a 90 d�as e inferior a cinco a�os. - La residencia de larga duraci�n es la situaci�n que autoriza a residir y trabajar en Espa�a indefinidamente, en las mismas condiciones que los espa�oles. Por la disposici�n adicional primera., todas las referencias a los t�rminos residencia permanente o residente permanente contenidas en el Ordenamiento Jur�dico se entender�n referidas a la residencia o residente de larga duraci�n.
- Autorizaci�n de residencia y trabajo.
- Regla general. Los extranjeros mayores de diecis�is a�os precisar�n, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorizaci�n administrativa previa para residir y trabajar. La autorizaci�n de trabajo se conceder� conjuntamente con la de residencia salvo excepciones. La eficacia de la autorizaci�n inicial se condicionar� al alta del trabajador en la Seguridad Social. Si va a ejercer una profesi�n para la que se exija una titulaci�n especial, ha de tener homologado el t�tulo correspondiente y, si las leyes as� lo exigiesen, ha de colegiarse. La solicitud habr� de presentarse personalmente.
- El empleador deber� solicitar -personalmente o por su representante legal- la autorizaci�n y acompa�ar el contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorizaci�n. Sino puede incurrir en responsabilidades y adem�s esta circunstancia no invalidar� el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero.
- Trabajo por cuenta propia. Ha de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislaci�n vigente exige a los nacionales y, adem�s, los relativos a la suficiencia de la inversi�n y la potencial creaci�n de empleo, entre otros. La autorizaci�n inicial por la Comunidad Aut�noma se limitar� a un �mbito geogr�fico no superior al de una Comunidad Aut�noma, y a un sector de actividad.
- Trabajo por cuenta ajena. Para la concesi�n inicial, se tendr� en cuenta la situaci�n nacional de empleo. Se basar� en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de documentaci�n exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer pa�s. La autorizaci�n inicial se limitar�, salvo excepciones, a un determinado territorio y ocupaci�n. T�tulo III. Se dedica a las infracciones y sanciones
- Para reforzar la lucha contra la inmigraci�n irregular se prev�n nuevas infracciones para evitar actuaciones fraudulentas, tales como los matrimonios de conveniencia, la promoci�n de la inmigraci�n irregular por medios indirectos o el falseamiento de los datos para el empadronamiento. Aumentan tambi�n las sanciones econ�micas para todas las infracciones, que pueden llegar hasta los 100.000 euros. - Se ampl�a el periodo m�ximo de internamiento hasta los 60 d�as (antes eran 40 d�as), determin�ndose los derechos y deberes de los internados. Peque�a reforma de la LPPJ al respecto (art. 87.2). Se anuncia Reglamento.
T�tulo IV. Es el relativo a la coordinaci�n de los poderes p�blicos. - Se exige una actuaci�n coordinada de ambas Administraciones P�blicas, cuando la Comunidad Aut�noma hubiera asumido competencias en materia de autorizaci�n inicial de trabajo.
- Se institucionaliza la participaci�n de las organizaciones sindicales y empresariales m�s representativas.
- Se incorpora la Conferencia Sectorial de Inmigraci�n y la Comisi�n Laboral Tripartita. Modificaci�n de la Ley del Registro Civil. No tiene contenido org�nico. Se a�ade un nuevo p�rrafo al art�culo 63, dedicado a la concesi�n de nacionalidad por residencia. Por el nuevo p�rrafo, el interesado podr� aportar al expediente un informe emitido por la Comunidad Aut�noma a efectos de acreditar su integraci�n en la sociedad espa�ola.
Entrada en vigor: el 13 de diciembre de 2009. Ver referencia al proyecto de Albert Capell.
PDF (BOE-A-2009-19949 - 46 p�gs. - 723 KB) *LEY �MNIBUS. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci�n de diversas leyes para su adaptaci�n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Esta Ley completa la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios, la cual ha incorporado, parcialmente al Derecho espa�ol la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior..
Ahora bien, para lograr los objetivos que dicha Ley establece, no basta con el establecimiento de los principios generales que deben regir la regulaci�n actual y futura de las actividades de servicios, sino que es necesario proceder a evaluar y adecuar toda la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio.
Se modifican 48 leyes en 48 art�culos, que se agrupan en seis t�tulos.
En este resumen haremos una referencia a lo que es de inter�s a la Oficina Mercantil.
- Ley de R�gimen Jur�dico de las AAPP y del
acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos.
- Ley 23/1992, de 30 de julio, de
El T�tulo III ��Servicios energ�ticos�� elimina los reg�menes de autorizaci�n para el ejercicio de las actividades de comercializaci�n y la obligaci�n de inscripci�n en el Registro para los comercializadores y consumidores directos en mercado de electricidad y gas natural. - Ley 22/1973, de 21 de julio, de
- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector El�ctrico.
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
El T�tulo IV ��Servicios de transporte y comunicaciones�� elimina la intervenci�n administrativa en materia de precios en el sector de los transportes, suprime la autorizaci�n administrativa espec�fica para la instalaci�n de estaciones de transporte y de centros de informaci�n y distribuci�n de cargas, as� como para el acceso y ejercicio de las actividades de arrendamiento de veh�culos, que se declara libre.
- Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los
- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Sociedades profesionales. Se modifican cinco preceptos de la Ley 2/2007, de 15 de marzo Ley de
sociedades profesionales. Citamos como de mayor relieve lo siguiente:
- Sociedades multidisciplinares. Las sociedades profesionales podr�n ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempe�o no se haya declarado incompatible por norma de rango legal.
- Capital y voto. Como m�nimo, la mayor�a del capital y de los derechos de voto, o la mayor�a del patrimonio social y del n�mero de socios en las sociedades no capitalistas, habr�n de pertenecer a socios profesionales. Antes, tres cuartas partes.
- �rganos de administraci�n. Igualmente habr�n de ser socios profesionales como m�nimo la mitad m�s uno de los miembros de los �rganos de administraci�n, en su caso, de las sociedades profesionales (antes tres cuartos). Si el �rgano de administraci�n fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habr�n de ser desempe�adas necesariamente por un socio profesional. En todo caso, las decisiones de los �rganos de administraci�n colegiados requerir�n el voto favorable de la mayor�a de socios profesionales, con independencia del n�mero de miembros concurrentes.
- Regularizaci�n. Los requisitos que han de tener los socios deber�n cumplirse a lo largo de toda la vida de la sociedad profesional, constituyendo causa de disoluci�n obligatoria su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situaci�n se regularice en el plazo m�ximo de seis meses (antes tres) contados desde el momento en que se produjo el incumplimiento.
- Sociedades profesionales de pa�ses comunitarios. Ser�n reconocidas en Espa�a como sociedades profesionales las constituidas como tales de conformidad con la legislaci�n de un Estado miembro de la Uni�n Europea y cuya sede social, administraci�n central y centro de actividad principal se encuentre en el territorio de un Estado miembro, siempre que hayan cumplido los requisitos previstos, en su caso, en dicho pa�s comunitario para actuar como sociedades profesionales� Entrada en vigor: el 27 de diciembre de 2009.
Proyecto de Albert Capell.
Ver rese�a del
PDF (BOE-A-2009-20725 - 72 p�gs. - 1244 KB) *PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2010. Disposici�n adicional sexag�sima octava. SOCIMIS.
11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades An�nimas Cotizadas de Inversi�n en el Mercado Inmobiliario, con efectos para los per�odos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010 y vigencia indefinida:
- El tipo general se establece en el 19%, aunque se exigir� el tipo general en determinados casos que se concretan (art. 9 apartados 3 y 7)
- Se determina el c�lculo de la base imponible y deducciones en la cuota �ntegra cuando el perceptor sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente (art. 10, apartados 1.a y 2.a).
- Obligaciones de informaci�n sobre beneficios aplicados a reservas de cada ejercicio en que ha resultado aplicable el r�gimen fiscal especial establecido en esta Ley (art.11, apartado 1.b).
resumen del Proyecto de Albert Capell.
PDF (BOE-A-2009-20765 - 424 p�gs. - 40748 KB)
Correcci�n RESOLUCIONES PROPIEDAD: *226. NOTIFICACI�N POR TELEFAX Y RECURSO FUERA DE PLAZO. Resoluci�n de 29 de julio de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid don Luis P�rez-Escolar Hernando, contra la negativa de la registradora de la propiedad n� 1 de Alcorc�n, a inscribir una escritura de agrupaci�n de fincas.
Hechos: - El 26 de diciembre de 2008, la Registradora emite una nota de calificaci�n.
- El 30 de diciembre de 2008 se comunica por telefax la nota de calificaci�n, obrando en el expediente el correspondiente �reporter�.
- El 24 de febrero de 2009 (el BOE dice 2008) el Notario recurre, presentando el escrito en el Registro al d�a siguiente. Ha pasado m�s de un mes desde el reporter.
- La DGRN, para mejor proveer, le solicit� al Notorio que informara sobre cu�ndo tuvo conocimiento de la nota de calificaci�n.
- En su respuesta, el Notario no concret� la fecha, pero aleg� defendiendo que el recurso estaba presentado en plazo seg�n la Resoluci�n de
15 de octubre de 2005, por aplicaci�n de los art�culos 58 y 59 LPA y por entender que la notificaci�n telem�tica s�lo surte efectos cuando existe consentimiento del notificado para usar esta v�a, consentimiento que no se ha prestado.
- El contenido de la nota de calificaci�n coincide con el que aparece en el escrito de recurso del Notario.
- En cuanto al modo en que se ha de notificar, el art. 322
de la Ley Hipotecaria remite a los art�culos 58 y 59 de la
- El referido art�culo 59 dispone que las notificaciones se practicar�n por cualquier medio que permita tener constancia:
- de la recepci�n por el interesado o su representante, - de la fecha, - y de la identidad y el contenido del acto notificado.
- A) Recepci�n: el telefax no la garantiza, pues el recibo lo produce el aparato emisor, pero no el receptor (puede faltar papel, no ser recogido�).
- B) Por el interesado o su representante. No hay dato alguno sobre la persona que recoja la comunicaci�n. - C) Fecha. En el telefax no consta la fecha y momento en que la comunicaci�n es recogida. - D) Identidad y el contenido del acto notificado. No la da el telefax.
Por todas las anteriores dificultades el Centro Directivo en reiteradas resoluciones ha puesto de relieve que el telefax no es medio id�neo de notificaci�n de la calificaci�n negativa.
Ahora bien, al analizar el caso concreto, la DGRN salva las imperfecciones del m�todo, porque el hecho de que el Notario haya presentado el recurso -y el contenido del mismo- demuestra que ha tenido conocimiento de la calificaci�n y de su contenido exacto. Rechaza el argumento de que el Notario no haya admitido tal v�a de notificaci�n con los siguientes argumentos:
- La expresi�n del art. 322 de la Ley Hipotecaria sobre la necesidad de constancia fehaciente de que el interesado haya consentido la notificaci�n por v�a telem�tica es un precepto conectado con un p�rrafo del art. 59
LPA actualmente derogado.
- La necesidad de interpretar el art�culo 322 en un marco normativo que busca impulsar entre notarios y registradores el empleo y aplicaci�n de las t�cnicas y medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos.
Comentarios: - El hecho de conocer la nota de calificaci�n y su contenido se deduce de los propios actos. Faltaba la fecha en que lleg� a conocimiento del Notario, de ah� la diligencia para mejor proveer. Si el Notario hubiese contestado que conoci� la nota en fecha posterior al 24 de enero de 2009, intuyo que la DGRN hubiese entrado en el fondo. Pero un conocimiento tan tard�o (24 d�as despu�s de llegado el fax) no parece coherente con la llevanza ordinaria de una notar�a o un registro, salvo un improbable traspapeleo.
- Se echan de menos mayores aclaraciones acerca de c�mo se ha salvado el escollo de la fecha, tema fundamental para determinar el comienzo del plazo para recurrir y, quiz�s, para determinar el inicio de la pr�rroga del asiento de presentaci�n si tal notificaci�n fue la �ltima. Al respecto, en mi opini�n, hubiera sido muy conveniente que en la Resoluci�n se explicitara si, al no haber definido la fecha el Notario -como la DGRN le requiri�-, ello trajo como consecuencia tenerle por confeso de que lo fue antes del 25 de enero. Y en caso de que �sta no fuera la raz�n, cual fue el criterio utilizado para determinar el c�lculo del dies a quo.
- Del texto de la Resoluci�n, se deduce que el telefax es considerado como un medio telem�tico de comunicaci�n. La Real Academia define la telem�tica como �aplicaci�n de las t�cnicas de la telecomunicaci�n y de la inform�tica a la transmisi�n a larga distancia de informaci�n computarizada�. La informaci�n computarizada entiendo que no necesariamente ha de estar generada en un ordenador al uso.
- La Resoluci�n de
15 de octubre de 2005 resuelve que la notificaci�n por medio de telefax deja al Notario la determinaci�n del �dies a quo� del recurso, que correr� a partir del momento en que el recurrente se d� por notificado. Por esa raz�n, la DGRN le pregunt� por tal fecha. (JFME)
PDF (BOE-A-2009-19381 - 4 p�gs. - 177 KB) *228. CALIFICACI�N DE POSIBLE FRAUDE. Resoluci�n de 1 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario don Higinio Pi Guirado, contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad de Berja, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de compraventa.
En una primera escritura, ya inscrita, el tutor de un incapaz vende una finca a dos personas. Seis meses despu�s esas dos personas venden la misma finca al citado tutor por el mismo precio. El registrador considera que estamos ante un fraude de ley para eludir la prohibici�n legal de que el tutor adquiera los bienes del tutelado. La DGRN declara que la calificaci�n del fraude de ley no est� vedada al registrador, pero esa calificaci�n tiene que estar fundada exclusivamente en los datos resultantes de la escritura y en los que consten en el Registro. En el presente caso considera que no existen suficientes elementos de prueba para que resulte patente el fraude, que no se puede descartar, pero tampoco afirmarlo. Para ello habr�a que acudir a medios de prueba externos, y por tanto a la v�a judicial. Por otro lado se plantea la cuesti�n formal de que la calificaci�n ha sido notificada por fax al notario, v�a que �ste considera incorrecta; se�ala la DGRN que el art�culo
322 de la Ley Hipotecaria �que exige expresamente que el interesado hubiera prestado su consentimiento previo a esta v�a de notificaci�n telem�tica y que quede constancia fehaciente- ha de interpretarse en el sentido de que es v�lida la notificaci�n por fax al notario ya que �ste tiene un deber de atenci�n activa a la recepci�n de los documentos que por tal v�a reciba del Registro, que no pueden ignorar ni dar por no recibidos, salvo imposibilidad t�cnica. En todo caso, el hecho de interponer recurso indica que, efectivamente, lleg� a conocimiento del notario la calificaci�n y ello sana cualquier defecto. COMENTARIO.- Este criterio sobre la notificaci�n de la calificaci�n de la DGRN es dif�cil de compartir, pues la norma citada claramente exige unos requisitos para que sea v�lida la notificaci�n telem�tica que no se dan en el presente caso de notificaci�n por fax; tampoco se entiende ese supuesto deber del notario de atenci�n activa para notificaci�n de calificaciones registrales, que no viene recogido en ninguna norma, ya que lo que est� regulado �nicamente es la petici�n notarial de notas simples o presentaci�n notarial de documentos por fax y su correspondiente contestaci�n registral. (AFS)
PDF (BOE-A-2009-19383 - 6 p�gs. - 195 KB) 232. EMBARGO POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE GASTOS DE URBANIZACI�N RIGE EL PR. DE TRACTO SUCESIVO. Resoluci�n de 17 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Pedro Mu�oz (Ciudad Real), contra la negativa de la registradora de la propiedad n� 2 de Alc�zar de San Juan, a inscribir una anotaci�n de embargo. Resoluci�n id�ntica a la de 5 de octubre, resumida en el informe de noviembre con el n�mero 223.
El problema planteado en este recurso consiste en determinar si es posible tomar anotaci�n preventiva de embargo por incumplimiento del pago de gastos de urbanizaci�n, en procedimiento administrativo de apremio dirigido contra quien ya no es titular registral.
El Ayuntamiento entiende que es posible, dada la afecci�n real de las fincas al pago de esos gastos de urbanizaci�n, con independencia de quien sea propietario de la finca y por tanto aunque no se haya dirigido el procedimiento al actual titular registral.
En �ste caso no se han inscrito a�n los correspondientes instrumentos de equidistribuci�n, por lo que todav�a no ha nacido la afecci�n real de las fincas. Pero adem�s, el hecho de que existiera una afecci�n real al pago de los gastos de urbanizaci�n �que ya hemos visto aqu� no se produce- no exime de la necesidad de llamar al procedimiento al titular registral en el momento de la anotaci�n, como consecuencia del principio de tracto sucesivo del art. 20 LH, que es una manifestaci�n en sede registral del principio constitucional de tutela judicial efectiva. (MN)
PDF (BOE-A-2009-19387 - 3 p�gs. - 173 KB) *233. EMBARGO A FAVOR DE UN AYUNTAMIENTO FUERA DE SU JURISDICCI�N ORDENADO POR SERVICIO DE RECAUDACI�N DE LA DIPUTACI�N EN VIRTUD DE CONVENIO. Resoluci�n de 19 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Diputaci�n Provincial de Ja�n, contra la negativa del registrador de la propiedad de �beda, a inscribir una anotaci�n de embargo. Se presenta mandamiento de embargo dictado por el Servicio de Recaudaci�n de la Diputaci�n Provincial
con providencia de embargo a favor de un Ayuntamiento sobre un inmueble sito en otro t�rmino municipal. El Registrador deniega la anotaci�n en base al art. 8.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que dispone que las actuaciones en materia de inspecci�n o recaudaci�n ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relaci�n con los ingresos de derecho p�blico propios de �sta deber�n ser practicados por los �rganos competentes de la correspondiente Comunidad Aut�noma o del Estado seg�n los casos, por tanto, que deber�a haber intervenido el �rgano competente de la Comunidad Aut�noma o del Estado.
La Direcci�n admite el recurso y revoca la nota porque en este caso no act�a el Ayuntamiento por s�, sino el Servicio de Recaudaci�n de la Diputaci�n Provincial en base a un convenio de delegaci�n pactado de conformidad con el art. 7 de la misma Ley (�las entidades locales podr�n delegar en la comunidad aut�noma o en otras entidades locales en cuyo territorio est�n integradas, las facultades de gesti�n, liquidaci�n, inspecci�n y recaudaci�n tributarias que esta Ley les atribuye. Asimismo, las entidades locales podr�n delegar en la comunidad aut�noma o en otras entidades locales en cuyo territorio est�n integradas, las facultades de gesti�n, liquidaci�n, inspecci�n y recaudaci�n de los restantes ingresos de Derecho p�blico que les correspondan) y por ello no resulta aplicable el art.8.3 invocado por el Registrador, sino el apdo. 4 del art. 7, que dispone que Las entidades que al amparo de lo previsto en este art�culo hayan asumido por delegaci�n de una entidad local todas o algunas de las facultades de gesti�n, liquidaci�n, inspecci�n y recaudaci�n de todos o algunos de los tributos o recursos de derecho p�blico de dicha entidad local, podr�n ejercer tales facultades delegadas en todo su �mbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades. Y as� lo reconoci� tambi�n el Tribunal Supremo al admitir la posibilidad de que las Diputaciones Provinciales ejercieran competencias delegadas de los Ayuntamientos en territorios diferentes del municipio delegante pero incluido en su jurisdicci�n provincial (STS de 28 de noviembre de 1995). (MN)
PDF (BOE-A-2009-19388 - 3 p�gs. - 173 KB) RESOLUCIONES MERCANTIL: 234. REELECCION DE ADMINISTRADOR CON SIMULT�NEA PRESENTACI�N DE CUENTAS ANUALES. CIERRE DEL REGISTRO. Resoluci�n de 21 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Cl�nica de Asma y Alergia Doctores Ojeda, S.L., contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles XVI de Madrid, a inscribir una escritura de elevaci�n a p�blico de acuerdos sobre reelecci�n de administrador.
Hechos: Se trata de una escritura de reelecci�n de administrador, con simult�nea presentaci�n de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Se suspende la inscripci�n precisamente por estar cerrado el registro por falta de dep�sito de las cuentas anuales de la sociedad. Se recurre alegando que se da un c�rculo vicioso, pues no se depositan las cuentas por caducidad del cargo de administrador y no se inscribe la reelecci�n del administrador por falta del dep�sito de cuentas. En la tramitaci�n del recurso sale a relucir que tambi�n faltan las cuentas de los ejercicios 2006 y 2007.
Doctrina: La DG, reiterando su doctrina, confirma la nota de calificaci�n, a�adiendo que se trata de un defecto f�cil de remover con la presentaci�n y despacho de las cuentas de dichos dos ejercicios ulteriores.
Aprovecha la DG para resumir su doctrina en esta materia estableciendo estas reglas que resumimos por su inter�s:
1. El cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposici�n legal, mientras persista dicho incumplimiento. 2. Para enervar el cierre registral �nicamente es necesario depositar las cuentas (o acreditar la falta de su aprobaci�n en la forma prevista en el art�culo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil) correspondientes a los tres �ltimos ejercicios. 3. El levantamiento del cierre registral no queda impedido por el hecho de que certificara sobre las aprobaci�n de las cuentas quien no hubiera podido inscribir su nombramiento como administrador precisamente por haberse producido dicho cierre (cfr. las Resoluciones de 21 de marzo de 2000 y 11 de abril de 2001).
Comentario: Clarificadora resoluci�n acerca de que si se produce una presentaci�n simult�nea de cuentas suspendidas por caducidad del administrador y el documento de donde resulta la reelecci�n del mismo administrador, la calificaci�n y despacho de dichos documentos debe ser coordinado para evitar que se produzca un encadenamiento de defectos de forma que el defecto de uno de los documentos se erija en obst�culo para la inscripci�n del documento que subsana dicho defecto.
No obstante debemos tener muy presente que si la presentaci�n simult�nea, como suele ser habitual, se produce una vez cerrado el Registro, no basta con dicha presentaci�n para la reapertura del registro, sino que es preciso la pr�ctica del dep�sito (Cfr. Art. 378.1) para lo que ser� necesario la previa calificaci�n favorable del Registrador y el despacho conjunto de ambos documentos. Es decir que la presentaci�n de las cuentas a que alude el art. 378.2 del RRM, s�lo reabre el Registro durante la vigencia del asiento de presentaci�n, si la presentaci�n ha sido realizada antes del cierre. Ser� el caso, por ejemplo, de una presentaci�n de cuentas en el mes de Diciembre, en cuyo supuesto, y dada la vigencia de cinco meses del asiento de presentaci�n de las cuentas anuales, el cierre no se producir� hasta mayo del a�o siguiente. (JAGV)
PDF (BOE-A-2009-19389 - 3 p�gs. - 171 KB) 235. AUMENTO DE CAPITAL: SUMA DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES. REDONDEO A DOS DECIMALES DEL CAPITAL RESULTANTE. Resoluci�n de 28 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto por el notario de Ond�rroa, don Manuel Sarobe Oyarzun, contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Vizcaya, a inscribir una escritura de aumento de capital de una sociedad de responsabilidad limitada. Hechos: Se trata de una escritura de aumento de capital de una sociedad en la que se dan las siguientes circunstancias:
2. Aumento de 10.000,84 euros mediante la creaci�n de 1664 participaciones de 6,01012 euros.
El Registrador considera que el capital resultante de la suma del valor nominal de las participaciones no es 10.000,84 euros, sino 10.000,83968 euros, no coincidiendo tampoco el capital total. El Notario recurre alegando diversas resoluciones que ya hab�an tratado la cuesti�n y poniendo adem�s de relieve su nimiedad cuantitativa.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n reiterando su doctrina, ya fijada en otras resoluciones (10-10-2001, 15-11-2002, 23-1, 3-3- y 7-11-2003), y seg�n las cuales.
a) El n�mero de decimales del valor nominal de las participaciones en que se divide el capital social no est� limitado. Entendemos no obstante que por razones pr�cticas debe limitarse a seis decimales. b) S� est� limitado a dos decimales la cifra del total capital social.
c) No hay inconveniente en que vigente el euro haya una discordancia aritm�tica entre el montante de una ampliaci�n de capital y la suma de los valores nominales de la participaciones creadas.
d) Lo importante es que se respete la posici�n del socio que representa la parte al�cuota del valor nominal de las participaciones sociales creadas.
Comentario: Aunque llevamos ya casi siete a�os de vigencia del euro, todav�a surgen problemas con la redenominaci�n y la interpretaci�n de la Ley 46/1998. No obstante dichos problemas, en la mayor�a de los casos de nimia cuant�a econ�mica, tienen f�cil soluci�n aplicando las mismas reglas de redondeo establecidas en la propia Ley. En el caso de la resoluci�n, si en lugar de 5 decimales para expresar el valor de las participaciones se hubieran utilizado los seis decimales que permit�a la Ley citada, y se hubiera redondeado el capital resultante, el problema no hubiera surgido. (JAGV)
PDF (BOE-A-2009-19390 - 4 p�gs. - 177 KB) *236. CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIEDAD AN�NIMA: NO ES ADMISIBLE LA REALIZADA POR ADMINISTRADOR CON CARGO VENCIDO Y CADUCADO. Resoluci�n de 30 de octubre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II de Tenerife, a inscribir determinados acuerdos sociales de cese y el nombramiento de administradores de Eurotenerife, S.A. Hechos: La cuesti�n planteada se centra en si es posible inscribir un acta notarial de celebraci�n de Junta general de Sociedad An�nima, en la que se procede al cese de un administrador solidario y nombramiento de dos administradores, con asistencia del 50% del capital social, Junta que hab�a sido convocada por uno de los administradores cuyo cargo estaba vencido por transcurso del plazo y caducado
por transcurso del plazo para la celebraci�n de la Junta aprobatoria de las cuentas anuales del ejercicio anterior (Cfr. Art. 145.1 RRM). El Registrador deniega la inscripci�n por estimar que no es admisible la convocatoria de Junta por Administrador caducado. Sus fundamentos de derecho se centran en los art�culos 145.1 y 3 del RRM y art�culo 45 y 60.2 de la LSRL(sic). Previa calificaci�n sustitutoria con confirmaci�n del acuerdo calificatorio, se recurre por la sociedad alegando las dificultades para la celebraci�n de Junta y una serie de sentencias del TS y de Audiencias Provinciales que se muestran favorables, en determinadas circunstancias, a la admisibilidad de convocar una Junta por administradores con cargo vencido. Tambi�n se alega la RDGRN de 24 de Enero de 2001.
Doctrina: La DG confirma el acuerdo de calificaci�n pues la validez de la convocatoria de Junta por administrador con cargo caducado, al amparo de la doctrina del administrador de hecho, debe limitarse a supuestos de caducidad (sic) reciente tal y como se establece en el art. 145.1 del RRM y en el art. 60.2 de la LSRL.
Comentarios: Llama la atenci�n en esta resoluci�n que trat�ndose de Junta General de una Sociedad An�nima, seg�n el encabezamiento de la resoluci�n, tanto el registrador en su acuerdo de calificaci�n, como la DG en sus Fundamentos de Derecho, se refieran con exclusividad a art�culos de la LSRL y los pertinentes del RRM. No obstante ello es un mero problema de forma pues, en cuanto al fondo, la soluci�n debe ser id�ntica se trate de sociedad an�nima que de sociedad limitada (Cfr. Arts. 93, 94 y 126 de la LSA. El 145.1 del RRM se aplica a ambos tipos de sociedad).
Por lo dem�s de esta resoluci�n podemos extraer las siguientes conclusiones.
1. La v�lida constituci�n de la Junta depende de la regularidad de su convocatoria.
2. La falta de competencia de quienes hayan realizado la convocatoria determina la invalidez de la reuni�n y la ineficacia de sus acuerdos.
3. La convocatoria de la Junta debe ser hecha por los administradores con cargo vigente y no caducado en los t�rminos previstos en el art. 145.1 del RRM. Es decir que no es admisible la realizada por administrador cuyo plazo de nombramiento haya superado los plazos de pr�rroga t�cita establecidos en el citado art�culo reglamentario. A esto efectos estimamos necesario que si el plazo de vigencia del administrador est� vencido, se manifieste por el mismo que no ha sido celebrada Junta alguna desde el plazo de vencimiento, hasta la adopci�n de acuerdo de que se trate.(JAGV)
PDF (BOE-A-2009-19391 - 4 p�gs. - 176 KB) 239. RECURSO PREVENTIVO. CUENTAS ANUALES SIN CALIFICAR. Resoluci�n de 6 de noviembre de 2009, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre dep�sito de las cuentas anuales de "INOXGUER, S.L.". Hechos: Un solicitante de nombramiento de auditor conforme al art. 205.2 de la LSA, cuya solicitud ha sido rechazada y est� pendiente de recurso, se entera por internet de que las cuentas anuales de la sociedad han sido presentadas. Ante ello interpone recurso preventivo para evitar el dep�sito de las cuentas alegando que no han sido debidamente aprobadas.
Doctrina: La DG rechaza el recurso dado que las cuentas a�n no han sido objeto de calificaci�n, si bien hace constar que el registrador debe esperar a la resoluci�n del recurso pendiente ante la DG sobre nombramiento de auditor para �poder calificar el dep�sito de las cuentas instado por la sociedad�.
Comentario: Como no pod�a ser de otro modo, la DG se muestra contraria al que hemos llamado recurso preventivo. Todo recurso es contra un acuerdo de calificaci�n y por tanto no es admisible el que se interpone sin que el documento haya sido debidamente calificado. No obstante hacemos notar que aunque la DG dice que el registrador no debe calificar hasta que se resuelva el recurso relativo al auditor, nosotros no vemos inconveniente en que se califiquen las cuentas en su globalidad, siendo uno de los defectos el de estar pendiente el indicado recurso, haciendo saber al presentante las distintas posibilidades que se abrir�n cuando sea resuelto. (JAGV)
PDF (BOE-A-2009-19718 - 2 p�gs. - 161 KB) Granada, a 11 de enero de 2010. IR A LA SECCI�N
Visita n� desde el 12 de enero de 2010

References: Real Decreto 
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