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Timestamp: 2018-08-19 04:06:01+00:00

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﻿ Sentencia 2002-00696 de marzo 14 de 2013
SENTENCIA 2002-00696 DE 14 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR NO ENTREGAR EL BIEN A ÉL ADJUDICADO. EN EL CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESTÁN COMPRENDIDAS TODAS LAS ACCIONES U OMISIONES QUE SE PRESENTEN CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA EN QUE INCURRAN NO SÓLO LOS FUNCIONARIOS SINO TAMBIÉN LOS PARTICULARES INVESTIDOS DE FACULTADES JURISDICCIONALES, LOS EMPLEADOS JUDICIALES, LOS AGENTES Y LOS AUXILIARES JUDICIALES. LAS OMISIONES DE UN JUZGADO AL NO EXIGIRLE AL SECUESTRE LA CAUCIÓN DE BUEN MANEJO QUE PREVÉ LA LEY Y, AL NO HABER ORDENADO MEDIDAS EFICACES Y OPORTUNAS CUANDO FUE INFORMADO POR EL EJECUTANTE DE QUE EL BIEN SE ENCONTRABA EN PELIGRO POR EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DEL SECUESTRE, SON MUESTRA CLARA DE QUE LE FALTÓ DILIGENCIA Y CUIDADO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL AL AUXILIAR JUDICIAL QUE FUE DESIGNADO EN EL PROCESO EJECUTIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, SECUESTRE, PERITO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 2002-00696 de marzo 14 de 2013
Rad.: 25000-23-26-000-2002-00696-01 (26577)
Actor: Jorge Orlando Jiménez Rueda
Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Consejo Superior de la Judicatura
La Sala es competente desde el punto de vista funcional(15) para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada en contra de la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2003, por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación.
En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por la actora con ocasión de la pérdida de una máquina cortadora de espuma que le había sido adjudicada en diligencia de remate, situación de la cual tuvo conocimiento el 22 de agosto de 2001(17), lo que significa que tenía hasta el día 23 de agosto de 2003 para presentarla y, como ello se hizo el 17 de mayo de 2002, resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto por la ley.
En el presente caso —ya se dijo y lo reitera la Sala— se tiene que la parte actora pretende derivar su pretensión indemnizatoria de los perjuicios que le fueron causados con ocasión de la pérdida de una máquina cortadora de espuma, hecho que habría ocurrido cuando tal elemento se encontraba bajo la custodia de un secuestre, designado en el curso de un proceso ejecutivo con el fin de concretar la medida cautelar impuesta dentro de él.
Para la época en la cual se adelantó el proceso ejecutivo, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le fueran imputables, estaba regulada en la Ley 270 de 1996, norma que desarrolló el artículo 90 de la Constitución Nacional.
La jurisprudencia de la Sala, elaborada antes de la vigencia de la Constitución de 1991, distinguió entre la actividad propiamente judicial y las actuaciones administrativas de la jurisdicción. En esa oportunidad se admitió, bajo el régimen de falla del servicio(18), la responsabilidad por los daños que se causaran en ejercicio de actuaciones administrativas y, en relación con la actividad jurisdiccional, se consideró que no era posible deducir responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica; de manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que este hubiera actuado con error inexcusable.
Ahora bien, en la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la administración de justicia(19).
Aún después de la entrada en vigencia del artículo 90 constitucional, se mantuvo la diferencia entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efectivo el derecho subjetivo, y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar el derecho(20). Así, se declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas(21), o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados por el depositario, o que no eran de propiedad del demandado(22).
También la Sala aclaró que el error que podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reducía a la “vía de hecho”, ni se identifica con las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”, por el contrario esto es, un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución, porque el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Además, que el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial que de manera normal o anormal ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales(23).
Por su parte el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reguló la responsabilidad del estado y de sus funcionarios y empleados judiciales en estos términos: “El Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.
El error jurisdiccional fue definido en el artículo 66 de la misma normativa como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.
Al declarar la exequibilidad de este artículo, la Corte Constitucional precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica. En tal sentido condicionó la decisión de exequibilidad de la norma(24).
En relación con el indebido funcionamiento de la administración de justicia, concretamente con las dilaciones injustificadas, el artículo 29 de la Constitución de 1991 estableció como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y el 228 ibídem consagró los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.
De otro lado, el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la garantía de ser juzgado sin dilaciones como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales(25) y aunque en el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue reconocido concretamente el derecho del acusado de delito “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole(26).
En la Ley 270 de 1996 se estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos a consecuencia de la función jurisdiccional que no constituyan error jurisdiccional o privación injusta de la libertad por no provenir de una decisión judicial.
Según la doctrina, el funcionamiento anormal de la administración de justicia está referido a unos estándares de lo que se considera como un funcionamiento normal. Así se ha expresado:
“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la administración de justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en estas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación”(27).
Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre al interpretar el artículo 6º, número 1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ha considerado que el “carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta fundamentalmente ´la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales’(28). También ha precisado que no existe dilación indebida por el mero incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, esto es, que no se ha constitucionalizado el derecho a los plazos sino que la Constitución consagra el derecho de toda persona a que su causa se resuelva en un tiempo razonable(29).
Ya en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por el retardo injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes o a terceros(30).
En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(31).
De conformidad con la copia auténtica del expediente, contentivo del proceso ejecutivo adelantado por Jorge Orlando Jiménez Rueda en contra de Germán Reinaldo Cárdenas Vega y Orlando Rodríguez Martínez, remitida por el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, se encuentran debidamente acreditados los siguientes hechos que interesan al presente asunto(32):
Que el señor Jorge Orlando Jiménez Rueda, instauró demanda ejecutiva de menor cuantía, en contra de los señores Germán Reinaldo Cárdenas Vega y Orlando Rodríguez Martínez, en la que solicitó se librara mandamiento de pago por la suma de $ 1.3000.000, por concepto de capital, más la sanción que impone el artículo 731 del Código de comercio y los intereses desde el momento en que se hizo exigible la obligación reclamada y hasta el día de su pago a favor del ejecutante(33).
Que el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia de 7 de mayo de 1998, libró el mandamiento de pago en los términos solicitados por la parte ejecutante(34) y el 12 de mayo siguiente decretó el embargo de todos los muebles, joyas y demás bienes embargables de propiedad del demandado Orlando Rodríguez Martínez, existentes en la dirección previamente reportada por el ejecutante; para llevar a cabo dicha diligencia fue comisionado el inspector de policía de la zona respectiva(35).
Que en cumplimiento de la comisión decretada, la Inspección 18F Distrital de Policía el 9 de julio de 1998, nombró secuestre en atención a que el designado por el juzgado no se había hecho presente y, con su acompañamiento, llevó a cabo la diligencia de embargo de “una máquina cortadora vertical de espuma en hierro y madera hechiza de 2.50 de largo por 75 (sic) de alto, de ancho 2.60, con motor eléctrico marca Siemmens (sic) 1695, brazo en hierro color azul de aproximadamente 2 mese (sic), corrige 2.50 de alto aproximadamente, sin comprobar su estado de funcionamiento”, máquina de la que le hizo entrega al secuestre en su condición de auxiliar de la justicia , quien, a solicitud del ejecutante la dejó en depósito provisional y gratuito al ejecutado, señor Orlando Rodríguez(36), porque dicho bien formaba parte de una microempresa.
Que el ejecutado, a quien se le había entregado el bien embargado en depósito, el 28 de julio de 1998 le informó al Juzgado el traslado de la máquina a una nueva dirección(37).
Que el Juzgado 23 Civil Municipal, mediante providencia del 14 de agosto de 1998(38) le ordenó al secuestre prestar caución por valor de $ 200.000 con el fin de garantizar el adecuado desempeño de su cargo, requerimiento que no fue cumplido por el auxiliar de la justicia.
Que el 4 de febrero de 1999 la parte ejecutante puso en conocimiento del despacho judicial que el secuestre no había dado cumplimiento al anterior auto, por lo que solicitó que, en cumplimiento del inciso tercero del artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, se removiera al secuestre de su cargo y que, si se consideraba pertinente y ante el hecho de que la máquina no se podía retirar por formar parte de una pequeña industria, se le designara como secuestre, comprometiéndose a cumplir fielmente con las funciones asignadas y a prestar caución(39).
Que el 9 de febrero de 1999 el Juzgado 23 Civil Municipal requirió al secuestre para que diera cumplimiento a lo ordenado en providencia del 14 de agosto de 1998 —prestara la caución impuesta—.
Que a través de sentencia proferida el 28 de septiembre de 1998(40), el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, ordenó seguir adelante con la ejecución, practicar la liquidación del crédito y el remate de los bienes embargados, secuestrados y avaluados en el proceso.
Que el 9 de noviembre de 1998 el Secretario del Juzgado 23 Civil Municipal procedió a efectuar la liquidación del crédito(41), que fue aprobada el 20 de noviembre siguiente.
Que el Juzgado 23 Civil Municipal fijó tres fechas para llevar a cabo diligencia de remate del bien embargado y secuestrado y, que en atención a que las dos primeras fueron declaradas desiertas en la tercera, ante la ausencia de otros postores, el juez le adjudicó el bien objeto del remate al ejecutante por la suma de $ 1.400.000(42).
Que el 25 de agosto de 1999 la parte demandante hizo entrega al despacho judicial del título judicial mediante el cual había pagado el impuesto de que trata el artículo 70 de la Ley 11 de 1997 y solicitó se ordenara al secuestre la entrega del bien(43).
Que mediante providencia del 7 de septiembre de 1999 el Juzgado 23 Civil Municipal aprobó el remate, ordenó la cancelación de los embargos y requirió al secuestre para que hiciera entrega real y material de la máquina(44), en vista de que el secuestre no dio cumplimiento a la orden de entrega, el 23 de febrero de 2001, lo conminó para que en un término de 5 días hiciera entrega del bien so pena de iniciar incidente de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia(45).
Que, finalmente, el 25 de agosto de 2001, el secuestre puso de presente que no le era posible hacer entrega de la máquina rematada porque había sido trasladada del lugar donde se había dejado en depósito y que, por ese motivo, había presentado denuncia penal en contra del señor Orlando Rodríguez Martínez(46).
Con fundamento en los hechos que viene de señalarse se encuentran probados en el proceso, que la parte demandante pretende derivar su pretensión indemnizatoria por la presunta falla en el servicio en la que habría incurrido la administración de justicia por no entrega del bien a él adjudicado.
Resulta procedente recordar que en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.
En efecto, se encuentra demostrado que en cumplimiento de orden judicial se embargó y secuestró la máquina a que se refieren los hechos de la demanda, situación que quedó plasmada en el acta de diligencia de embargo y secuestro llevada a cabo el día 9 de julio de 1998 que obra a folio 44 del cuaderno 2, oportunidad en la que también se dejó constancia de haberse nombrado como secuestre al señor Pablo Emilio Ángel, quien hacía parte de “la lista de los auxiliares de la justicia”.
También se encuentra suficientemente probado que el secuestre no cumplió con los deberes que le asistían como auxiliar de la justicia pues, tal y como lo advirtió el ejecutante durante el trámite del proceso(47), aun cuando el juez ordenó que prestara la caución contemplada en el inciso 3º del artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de garantizar el adecuado desempeño de su cargo, nunca cumplió con dicho requerimiento, así como tampoco presentó los informes correspondientes a su administración.
Las omisiones en que incurrió el Juzgado 23 Civil Municipal al no exigirle al secuestre la caución de buen manejo que prevé la ley y, al no haber ordenado medidas eficaces y oportunas cuando fue informado por el ejecutante de que el bien se encontraba en peligro por el incumplimiento reiterado del secuestre, son muestra clara de que le faltó diligencia y cuidado en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control al auxiliar judicial que fue designado en el proceso ejecutivo iniciado por el ahora demandante.
Tales irregularidades resultan particularmente graves, si se tiene en cuenta que se produjeron en torno al decreto, práctica y efectividad de las medidas cautelares ordenadas legalmente dentro de un proceso ejecutivo; máxime si se tiene en cuenta que estas aseguran la efectividad del cobro ejecutivo, cumplen una función inmediata de protección frente a las contingencias que afectan el proceso y sirven para contrarrestar los riesgos derivados de su imperfección, es así como cualquier defecto en su trámite tiene implicaciones particularmente relevantes que conducen a la ineficacia de un derecho subjetivo, previamente demostrado, cierto y exigible.
Así las cosas se procederá a confirmar la providencia apelada, en lo relativo a la responsabilidad de la administración.
Solicita el actor modificar la sentencia impugnada en el sentido de que se tenga como base para actualizar no el valor por el cual le fue adjudicada la máquina cortadora de espuma ($ 1.400.000) sino por el valor del avalúo de la misma ($ 3.500.000), suma sobre la cual se reconocerán intereses legales.
La Sala encuentra que el 17 de febrero de 1999(48) el perito legalmente designado por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal presentó dictamen pericial en el que avaluó la máquina cortadora de espuma en la suma de $ 3.500.000, experticia que quedó en firme después de haber sido puesta a disposición de las partes.
Se tiene entonces que el ahora demandante está solicitando que se le indemnicen los perjuicios por la pérdida de la máquina que le fue adjudicada y que debía serle entregada para el uso que tuviera a bien darle, por lo que considera la Sala que el suma perdida por este fue de $ 3.500.000, valor en que fue avaluada la máquina cortadora de espuma y no la suma por la que le fue adjudicada.
Así las cosas la suma de $ 3.500.000 será indexada a la fecha de esta sentencia, teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor fijados por el DANE. Al valor histórico se le aplicará un interés del 6% anual desde la fecha en la cual debió realizarse la entrega de la máquina hasta la fecha de esta sentencia, porque el incumplimiento en la entrega de la máquina al demandante le ha causado el perjuicio de no poder lucrarse con las ganancias que dicho bien le hubiera podido reportar si lo hubiese percibido oportunamente al momento de ser exigible la obligación de entrega, pues dicho interés busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso de la máquina y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación(49).
Vp = $ 6.980.082
Vp = $ 3.070.025
Total perjuicio material: 6.980.082 + 3.070.025 = 10.050.107
5.2. Indemnización de perjuicios morales.
En el escrito de apelación solicita el actor se modifique la sentencia impugnada y en su lugar se reconozca la suma de $ 5.000.0000 como perjuicio moral, sustenta dicha solicitud en el entendido de que debe ser concedido como una forma de ponderar “su sacrificio, su lucha, su persistencia en demostrar que a él sí se le había causado un perjuicio”.
A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que estos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(50).
No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso.
Es así como en sentencia del cinco de octubre de 1989, esta sección dispuso que era posible dicho reconocimiento tratándose de la pérdida o daño de cosas materiales:
“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(51).
Planeamiento que fue reiterado en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en providencia del 7 de junio de 2006(52):
“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(53)”(54).
“la especial naturaleza de este perjuicio implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente —y en consecuencia, para considerarlo indemnizable— con probar la titularidad del derecho y la antijurídica lesión del mismo imputable a una autoridad pública”(55) (se resalta).
Se tiene entonces que frente al caso concreto, la parte actora no probó que por la pérdida de la máquina cortadora de espuma que le había sido adjudicada, había resultado moralmente afectado, pues de las pruebas obrantes en el expediente, no es posible establecer certeza sobre la existencia y justificación de tal perjuicio.
Además de lo anterior el planteamiento hecho por la parte actora no corresponde a la naturaleza que atañe a los perjuicios inmateriales, pues solicita el reconocimiento de dicho rubro por el sacrificio, lucha y persistencia en la demostración del daño que le fue causado por la demandada y no por el dolor y la tristeza que el daño le puso ocasionar.
Por lo anterior se confirmará en este aspecto la sentencia de primera instancia.
La parte actora, solicitó se condenara en costas a la demandada, por el solo hecho de haber sido vencida en el proceso.
Lo anterior significa que no basta que la parte sea vencida, sino que se requiere valorar la conducta asumida por ella en el proceso. Como en el presente asunto no se vislumbra temeridad, ni mala fe de la parte demandada, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en la norma antes citada.
MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, la cual quedará así:
1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, dirección ejecutiva de administración judicial por las perjuicios ocasionados al señor Jorge Orlando Jiménez Rueda.
2. Condenar a la Nación, dirección ejecutiva de administración judicial, a título de perjuicios materiales a pagar la suma de diez millones cincuenta mil ciento siete pesos m/cte. ($ 10.050.107).
(15) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
(16) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
(17) fecha en la que el secuestre puso de presente al Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá que no le era posible hacer la entrega del bien que se encontraba bajo su custodia porque a quien se le había dejado en depósito había cambiado de dirección y no tenía conocimiento de la actual.
(18) En este supuesto se encuentra los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo la custodia de las autoridades judiciales. Sentencias del 10 de noviembre de 1967, Expediente 868; 31 de julio de 1976, Expediente 1808 y del 24 de mayo de 1990, Expediente 5451.
(19) En sentencia de 13 de diciembre de 2001, Expediente 12.915, dijo la Sala: “La Carta Política de 1991 indicó que el Estado responderá patrimonialmente de los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas (art. 90). Esa norma, de contenido abierto, no restringió la responsabilidad estatal a una función del Estado; es extensiva a todo escenario de la función pública, independientemente del contenido y la forma que adopte, por lo tanto comprende, entre otros, los daños antijurídicos que se causen en desarrollo de la función judicial... De ese texto constitucional se infiere que siempre que se ocasione daño antijurídico por una actuación de autoridad pública, por acción o por omisión, en principio puede haber responsabilidad, porque la Carta Política no hizo distingos. Por tanto la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causa, puede surgir también cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. En sentencia de 5 de agosto de 2004, Expediente 14.358, reiteró: “Pero, como es bien sabido, el fundamento y alcance de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general, sufrió una sustancial modificación con la expedición de la Constitución de 1991, ya que a partir de esta, hoy en día la fuente primaria y directa de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontractual, está contenida en el inciso 1º del artículo 90 de la Carta, conforme con el cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. De tal manera que, en el caso concreto de la responsabilidad de naturaleza extracontractual, el Estado tiene la obligación de indemnizar todo daño antijurídico que produzca con su actuación, lícita o ilícitamente, voluntaria o involuntariamente, ya sea por hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas de cualquiera de sus autoridades, o de particulares especialmente autorizados para ejercer función pública, pero que la víctima del mismo no está en el deber jurídico de soportar, cuya deducción puede ser establecida a través de distintos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo, la ocupación temporal o permanente de inmuebles, el error judicial, el indebido funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad, entre otros”.
(20) En relación con el tema en sentencia del 22 de noviembre de 2001 Expediente 13.164, se dijo: “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales...”.
(21) En sentencia de 25 de noviembre de 2004, Expediente 13.539, se declaró la responsabilidad del Estado por dilación injustificada del proceso. Dijo la Sala: “... en el caso concreto, la duración del proceso penal por más de cinco años, sin que hubiera quedado ejecutoriada la resolución de acusación, constituyó una dilación injustificada, que da lugar a la reparación de los perjuicios sufridos por el demandante, porque, además de esa falla de la administración de justicia, están acreditados en el expediente la probabilidad de que la decisión hubiera sido adversa al sindicado Pedro Antonio Corredor Forero y consecuencialmente, favorable a la parte civil y que la reparación del perjuicio hubiera sido posible, en consideración a la capacidad económica del responsable de los daños, si se tiene en cuenta que para tal fin le fue embargado y decomisado un vehículo de su propiedad”.
(22) Sentencia de 3 de junio de 1993, Expediente 7859, dijo la Sala: “La abundante prueba aportada al proceso permite concluir que este es un caso más, de otros similares de que ha conocido la Sala, en que se condena a la administración, no con apoyo en la filosofía jurídica que informe el llamado “error judicial”, sino por un “mal servicio administrativo de la justicia”, pues no otra cosa cabe predicar de la conducta del Juez Primero Superior, que en providencia calendada el día 15 de noviembre de 1985 ordena el depósito bajo comiso del vehículo objeto del presente conflicto de intereses, nombra depositario del mismo al señor Sergio Luis Córdoba, pero no lleva a cabo la diligencia correspondiente, limitándose a remitirlo al cuerpo de Bomberos, donde queda abandonado, al sol y al agua, realidad que determinó el deterioro con el cual fue entregado posteriormente a su dueño. Esa conducta negligente de la juez lesionó un bien del demandante, causando un daño antijurídico, por omisión de la autoridad, que el actor no tiene por qué soportar. Así las cosas la administración debe indemnizar los perjuicios causados con apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional. La misma posición jurisprudencial se adoptó en relación con la demanda de reparación formulada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, Expediente 12.791.
(23) Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Expediente 15.128: “La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro solo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues solo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.
(24) Sentencia C-037 de 1996. Para declarar la exequibilidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, razonó así la Corte: “... debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (C.N., art. 228). Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas —según los criterios que establezca la ley—, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”.
(25) Esa norma dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
(26) CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho internacional de los derechos humanos. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442.
(27) Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El poder judicial, Madrid, Edit. Tecnos, 1986, p. 358.
(28) Citada por Luis Martín Rebollo, Jueces y Responsabilidad del Estado, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, págs. 164 y 165.
(29) No obstante, sobre este criterio existe controversia en la doctrina. Por ejemplo, Montero Aroca considera que “Todo incumplimiento de los plazos debe dar lugar a declarar la existencia de un funcionamiento anormal de la administración de justicia, sin que ello signifique sin más el derecho a la indemnización, pero por la razón distinta de que puede o no puede haber existido daño o perjuicio”. Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la actuación del poder judicial. Madrid, Edit. Tecnos, 1988, p. 35.
(30) Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se entregó al secuestre sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie por un período prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, Expediente 7859; el embargo de un vehículo, que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, y que permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, Expediente 12.791.
(31) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, Expediente 9940.
(32) Prueba decretada a petición de la parte actora, remitida en copia auténtica al Tribunal a quo por el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, D.C. Folios 1 a 122 del cuaderno 2.
(33) Documento obrante de folios 5 a 7 del cuaderno 2.
(34) Folio 11 del cuaderno 2.
(35) Folio 32 del cuaderno 2.
(36) Folio 44 del cuaderno 2.
(37) Folio 46 del cuaderno 2.
(38) Folio 45 del cuaderno 2.
(39) Folio 54 del cuaderno 2.
(40) Folios 17 y 18 del cuaderno 2.
(41) Folio 19 del cuaderno 2.
(42) Mediante providencias del 6 de abril, 21 de mayo y 2 de julio de 1999 se fijaron fechas para llevar a cabo diligencia de remate del bien embargado. Autos visibles a folios 61, 69 y 83.
(43) Folio 93 del cuaderno 2.
(44) Folio 95 del cuaderno 2.
(45) Folio 111 del cuaderno 2.
(46) Folios 116 y 117 del cuaderno 2.
(47) Mediante memorial radicado el 4 de febrero de 1999 el ejecutante le puso de presente al Juez 23 Civil Municipal que el secuestre no había pagado la caución impuesta, ni había presentado informes sobre su gestión. Folio 54 del cuaderno 2.
(48) El Juzgado Veintitrés Civil Municipal, mediante providencia del 15 de enero de 1999, nombró perito avaluador, quien se posesionó el 11 de febrero de 1999, auto visible a folio 52 vto., acta de posesión visible a folio 56 y dictamen pericial visible a folios 57 y 58 del cuaderno 2.
(49) En sentencia del 7 de marzo de 1990, Expediente 5322, dijo la Sala: “Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.
(50) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.
(51) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco de octubre de 1989, Expediente 5.320, actora: Martha Cecilia Klinker de Jaramillo. C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.
(52) Expediente AG-001. C.P. Alier E. Hernández Enríquez. Criterio reiterado en la sentencia del 5 de junio de 2008, Expediente 14.526.
(53) Sentencias del 5 de octubre de 1989, Expediente 5320, del 9 de noviembre de 1994, Expediente 9367 C.P. Carlos Betancur Jaramillo y del 11 de noviembre de 1999, Expediente 12.652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
(54) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente 11.892. C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(55) Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 15.351.

References: artículo 90
 artículo 40
 artículo 90
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 731
 artículo 683
 artículo 70
 artículo 683
 artículo 308
 artículo 90
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 artículo 90
 artículo 66
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