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Timestamp: 2020-08-06 02:08:42+00:00

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Curso de Derecho Civil – Tomo IV – Familia | Parentesco | Compromiso
SalvaSalva Curso de Derecho Civil – Tomo IV – Familia per dopo
Curso de Derecho Civil – Tomo III – Obligaciones II
Reglas Interpretacion CC. Chile
Stein, Peter G. El derecho romano en la historia de Europa : historia de una cultura jurídica. Siglo XXI de España Eds.
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TERCER A~O
SEGUN EL PROGRAMA APROBADO POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO
Explicaciones de la clase de don
Profesor del ramo en la Universidad Católica de Santiago
CUARTA EDICiÓN CORREGIDA Y AUMENTADA
NASCIMf.'NTO
Clt II¡ E
DEL REGIMEN DE LA FAMILIA
CAP1TULO PRIMERO
1. Noci6n de la ramilia.-La condición de las personas en orden a sus relaciones de familia, determina su estado civil, del cuat nacen derechos y obligaciones; de aquí la necesidad de hacer un es-· tudio sobre la familia. Familia es el conjunto de personas unidas entre sí' por los Jazos del matrimonio o del parentesco, ya sea éste de consanguinidad o de afinidad, aunque propiamente la palabra familia indica más bien el conjunto de personas unidas por Jos vínculos de la sangre. También se toma la palabra familia para indicar a las personas que viven bajo
el mismo techo que el padre de familia; yen este sentido la toma el
Código Civil al tratar de los derechos reales de uso y de habitación,
y dice que comprende la mujer, los hijos legítimos y naturales, el
número de sirvientes necesarios para la familia y demás personas que viven a costa del padre de familia, o a quienes éste debe alimenttis (art" 8] 5) En el primer sentido estudiamos actualmente la familia. Sori sus fuentes el matrimonio y la filiación; fuentes que originan tres ú~ tintas relaciones de familia o calidades diversas, a saber: La la calidad
ALF&EOO
BA.lU\OS
ElUlÁZUlUZ
de c6nyuges., calidad que procede del matrimonio; éstos tienen entre sí relaciones especiaUsimas; no son parientes por consanguinidad ni afinidad; pero están unidos por la mayor intimidad -que cabe dentro
de las relaciones de familia, y el Código Civil comprende a los c6n- yuges en la denominación de parientes, tomada esta palabra· en un sentido lato (art. 42). Se dice calidad de c6n~ges y no de esposos, porque el Código da esa denominación al marido y a la mujer, reser- vando la de esposos a los que sólo han celebrado esponsales, es decir. promesa de matrimonio; 2.- La calidad de consanguíneos, que pro- viene de la filiación, o sea, de la comunidad de sangre; y 3.- La de afines, que proviene conjuntamente del matrimonio y de la filiación.
2. Importancia del estudio de la familia.-Basta considerar
que el Estado es una reunión de familias, para comprender cuál es la importancia de este estudio. Si las leyes procuran una organiz a- ci6n cristiana y adecuada' a la familia, lógicamente esa buena orga- nización trascenderá al Estado. Considerada en el Derecho Civil, es fuente de numerosas relaciones de derecho: ya morales, como el derecho de educar y corregir a los hijos y otros que nacen de la auto- ridad paterna; ya pecuniarias, como el derecho de sucesión por causa de muerte, el de pedir alimentos, el de patria potestad, sociedad con- yugal, tutelas y curatelas, privilegios de los créditos de la mujer ca- sada y de 19S hijos de familia, derecho de suceder en el goce de un censo,
El estudio de la familia comprende el matrimonio y el paren- tesco. Nos ocuparemos primeramente de éste.
3. Parentesco de oonsanguinidad.-Parente~ es el vínculo, co-
nexión o enlace que existe entre dos personas, Se divide en natural () de consanguinidad y en legal o de afinidad. Se llama parentesco de consanguinidad el vínculo de sangre que existe entre dos personas que descienden de un tronco común. Este parentesco tiene. su baseen la misma naturaleza humana y reposa en· la filiación Consta de grado y línea. Grado es la distancia que hay de una generación a otra. Línea es la sucesión de personas entre las cuales existe relación de parent~. La línea puede ser recta o colateral:
recta, si descienden unos de otros, la que a su vez puede ser ascendente
b descendente, según que con relación a una persona determinada se
considere a sus a'-!tores, o sea, a las personas de
o a su posteridad, o sea, a los que de ella descienden; colateral o trans~
versal es la formada por parientes que, procediendo de un tronco común, no descienden unos de otros (art. 27). La división en recta y colateral tiene aplicación en el matrimonio, el cual está prohibido en
toda la línea recta (art. 5.° de la ley de matrimonio civil). La línea también puede ser paterna o materna, según se designe a los parientes de una persona por parte del padre o de la madre; a esto obedece la división de los hermanos en carnales y en paternos o maternos, según tengan un mismo padre y una misma madre, o sólo un mismo padre,
o sólo una misma madre (art. 41).
4. Modo de computar los grados. - De distinta manera los computan el Derecho Civil y el Canónico. Según el primero, los gra- dos de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones (art. 27), O lo que es lo mismo, por el número de per- sonas, descontando una de ellas. Para mayor claridad, conviene tener presente que generación es la sucesión de descendientes en línea recta. La computación de los grados es muy fácil en la línea recta porque basta contar el número de generaciones; el cálculo es más complicado en la línea colateral, porque hay que subir desde un pariente hasta
el autor común y bajar después hasta el otro pariente. Se puede fi-
gurar este parentesco por una escala doble que parte del autor co- mún. Cada escalón es un grado. En el Derecho Canónico debemos distinguir la línea recta de la colateral: en la recta se computan los
grados de igual modo que en el Civil; no así en la colateral, en que se cuentan sólo las generaciones del lado o rama más larga.
5. Importancia del parentesco de consangninidad.-Sirve de base
a todo estudio que se refiera a la familia, ya que hablando de pa- rientes, ordinariamente se entiende hablar de consanguíneos. A los consanguíneos se refieren Jos efectos jurídicos más importantes del
parentesco, v. gr., el derecho de sucesión por causa de muerte. Este parentesco, teóricamente, no tiene límite; pero el Código establece como límite para los efectos del derecho de herencia el sexto grado para la línea colateral (art. 992).
quienes descienden,
Consanguinidad legítima e ilegítima.-La consangujnidad se
divide en legítima e ilegítima: la legítima es aquella en que todas las generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley (art. 28); procede únicamente del matrimonio y comprende también a los hijos' legitimados por el matrimonio posterior a la concepción (art. 202), que se llaman legítimos como los que lo son verdaderamente; la consan-' guinidad ilegítima procede de unión no autorizada por la ley (art. 29), es declr, procede de relaciones ilícitas entre dos personas no unidas por el vínculo del matrimonio, que es el único fundamento legal de la filiación legítima. Los hijos que proceden de esta unión ilegí-
tima pueden ser de tres clases: naturales, de dañado ayuntamiento o
~implemente ilegítimos (art. 36).
Hijos naturales son los que han obtenido el reconocimiento de su padre, o madre, o ambos, reconocimiento otorgado por instru- mento público (art. 36). La ley los trata con rigor, exigiéndoles la prueba de su filiaci6n por un instrumento público, a diferencia de los hijos legítimos que por el s610 matrimonio de su padres, seguido del nacimiento en época opor- tuna, son considerados como tales. El parentesco natural es mucho menos extendido que el legítimo; establece relación de parentesco entre el hijo y el padre o madre que lo reconoce, y con los hermanos que fueron hijos legítim~ o l!-atura- les del mismo padre, de la misma madre, o de ambos; pero no con los ascendientes del padre o madre, pues, como decía el señor Bello, el hijo natural, en' concepto de la ley, no tiene abuelos. Asimismo los derechos son mucho menores que los del hijo legítimo, pues aquellos no tienen otros derechos que los expresamente concedidos por las leyes (art. 274). Hijos de dañado ayuntamiento son los adulterinos, incestuosos y sacrílegos (art. 36). No pueden ser recónocidos como naturales; no pueden, por regla generál, legitimarse por matrimonio posterior de los padres, por estar en ciertos casos, prohibidos estos matrimonios por la ley; y por último, están excluidos de todo derecho en la sucesión ah intestato. Unicamente tienen derecho a pedir los alimentos necesa- rios para su precisa subsistencia (arts. 280 y 285), para lo cual s6lo pueden recurrir a la confesión jurada del padre, que declarará si cree serlo (art. 282), salvo que éste lo haya reconocido espontáneamente,
O que se mire como reconocida la paternidad por no haber 'concu- rrido el padre a dos citaciones hechas con este expreso objeto (art. 283). Tendrá derecho el hijo, no sólo a los alimentos precisos para su sub- sistencia, sino también a los que compitan al rango social de la madre, si se probare rapto y hubiere sido posible la concepción mit;ntras estuvo la robada en poder del raptor (art. 287). Hijos simplemente ilegítimos son los no legitimados y que no son de dañado ayuntamiento ni naturales. Están en aptitud de ser reconocidos como naturales, y de ser legitimados por el matrimonio posterior de sus padres. 7. Parentesco del afinidad.-Parente:1co de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre un cónyuge y los parientes consan- guíneos del otro. Es legítimo o ilegítimo, como el consanguíneo. La afinidad legi- tima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer (art. 31); requiere, pues, una doble circunstancia: existencia de matrimonio, y que los consanguíneos del cónyuge sean legítimos. La afinidad ilegítima es la que existe entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra, o entre una de dos personas que están o han estado casadas y los consanguíneos ile- gítimos de la otra (art. 32). El parentesco de afinidad tiene una importancia escasa; en casos muy limitados se le toma en cuenta, v. gr.: como impedimento para el matrimonio. Menor importancia tiene todavía la afinidad ilegítima, por su naturaleza, de ordinario, secreta. En otros Códigos no se re- conoce este parentesco. Como se ha dicho, el parentesco de afinidad es una de las con- sencuencias del matrimonio; pero el término del matrimonio no pone fin a esta afinidad, la cual subsiste posteriormente, sancionando así nuestro Código las costumbres existentes en la sociedad. Conviene advertir que no existe afinidad entre los parientes de un c6nyuge y los del otro. Los grados y líneas se determinan del mismo modo que en el parentesco de consanguinidad (arts. 31 y 33).
8. Esponsales.-Se llama esponsales o desposorios la promesa de matrimonio mutuamente aceptada. Los que los celebran se llaman esposos. La palabra esponsales viene del verbo latino spondeo, que sig-
nifica prometer. En el Derecho Antiguo los esponsales eran una institución ju- rídica de cierta importancia y tenían por objeto que cada uno de los esposos pudiese en el intervalo de tiempo que mediaba entre el contrato de esponsales y el matrimonio, conocer la conducta y costumbres del otro y descubrir cualquier impedimento que pudiera estorbar la cele- bración del matrimonio. Había esponsales de presente y de futuro; los primeros, que im- portaban un consentimiento actual, no se diferenciaban del matri- monio rato, es decir no consumado, en cuanto al vínculo, sino s610
simple promesa Óe celebrar el matrimonio en una época posterior. El Concilio de T rento, que declar6 nulo todo matrimonio que no hubiese sido celebrado solemnemente ante el párroco y testigos, su- primió los matrimonios clandestinos y concluyó también con los esponsales de presente, quedando sólo en vigor los de futuro, que son los de que trata el Código Civil y a que se refiere nuestro estu- dio.
El canon 1017 del nuevo Código de Derecho Canónico dice que la promesa de matrimonio puede ser unilateral o bilateral, y que es nula, sino se otorga por escrito, firmada por la parte o partes que prometen, ante el respectivo párroco u Ordinario del lugar. Otorgada válidamente, produce efecto, porque crea la obligación de justicia
en que no se celebraban ante el párroco y testigos: los otros eran
de celebrar el matrimonio y establece además, el parentesco de pú- blica honestidad entre cada uno de los desposados y los parientes dd primer grado canónico del otro; de modo que los parientes del esposo no pueden casarse con la esposa, ni las de la esposa pueden casarse con el esposo. Nuestro Código Civil, siguiendo la tendencia de la legislación modema, no sanciona civilmente el cumplimiento de la promesa de esponsales, la que en su concepto, es un hecho privado que queda enteramente sometido al honor y conciencia del individuo y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa, ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios. ni para pedirse la multa que por parte de uno de los esposos, se hu- biere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse 10 pro-- metido (arts. 98 y 99) Aunque no pueda exigirse civilmente el cumplimiento de la pro- mesa de matrimonio, la misma ley cuida de advertir que ella obliga en conciencia a un hombre de honor, y por nuestra parte, agregare- mos que su incumpJjmiento sin causa bastante, importa una falta que puede causar funestas consecuencias, El Código no atribuye valor civil a la promesa de matrimonio, o sea, ella no constituye una obligación civil; tampoco constituye propiamente una obligación natural, pues aunque da excepción para no devolver la multa ya pagada, en caso de no cumplirse 10 prome- tido, y esto la asemeja a la clase de las obligaciones naturales, sin embargo, la obligación de los esposales no admite caución ni nova- ción, como las admiten las obligaciones naturales. No es tampoco una obligación desprovista de todo efecto civil, pues en virtud de ella puede retenerse por el esposo burlado la multa pagada por su in- cumplimiento, (art. 99, inciso 2.°), y puede servir el contrato de es- ponsales, una vez probado judicialmente por los medios ordinarios, como circunstancia agravante del crimen de seducción (art. 102). En resumen, el contrato de esponsales, en nuestra legislación, queda entregado a la conciencia de los esposos y en cuanto a sus efectos, es un contrato sui generis. Finalmente. el que fa ley prive de efectos civiles a los esponsa-
9. Matrimonio.-Etimología.-La palabra matrimonio viene del latín matris munium, que significa oficio de madre, porque a la mujer le toca la parte más pesada en él. Se denomina también conyu- gium, porque es yugo o carga común; consortium, porque ambos
esposos corren igual suerte; y connubium y nuptiae por el velo con que se cubría a la mujer al entregarla al marido.
10. Definición del matrimonio. - Sus earacteres.-El Código
Civil lo define diciendo que: ~es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutua- mente:. (art. 102). Es un contrato, porque requiere el concurso de dos voluntades que concurren, a su celebración; pero es un contrato natural, porque está dirigido a un fin exigido por la naturaleza humana, fundado so- bre un derecho concedido por ella y enlazado íntimamente con la mis- ma naturaleza. Es un contrato .sui genéris, que se diferencia esencialmente ·de los otrOs contratos, pues se celebra solo entre dos personas y de distinto sexo. En general, los contratos versan sobre cosas exteriores ·y materiales; y sometidos a la voluntad de los hombres reciben infi- nitas variaciones y limitaciones sujetas al libre arbitrio de los cort- ·trayentes, con respecto al tiempo de su duración, al objeto, al uso y a las obligaciones que contraen, mientras que el matrimonio es un ·contrato especial, en el cual se trata de las personas mismas de los contrayentes y que tiene todo determinado de antemano, por su na--
ALFIlEDO
BAllllOS
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turaleza propia, en el fin, en su duración, en los medios, en las cua- lidades que presupone y en los derechos y deberes que trae consigo. En los otros contratos, puede en ciertos casos, la voluntad ajena suplir el consentimiento; en el matrimonio, el consentimiento debe ser enteramente personal y aun en el caso de matrimonio por poder, se requiere que el poder sea especial para el acto y que se otorgue por escritura pública.
fomaIidades especiales para
su celebración, a causa de la gran importancia que tiene su validez en la constitución de la sociedad, y porque de él emanan derechos de terceras personas, como son los hijos, que no han concurrido a su
celebración. Entre un hombre y una mujer.-En los demás contratos las par- tes pueden o no ser del mismo sexo, mas, en el matrimonio se exige que sea entre personas de distinto sexo, por ser esto absolutamente
necesario para la procreación, que es el fin específico del matrimonio. Al establecer la ley la singularidad de cada una de las partes, excluye la poligamia, tanto la unión de un hombre con varias mujeres, llamada poliginia, como la de una mujer con varios hombres, llamada polian- dria.
Es un contrato solemne, sujeto a
Es una unión actual, es decir, contrato de presente, que no es susceptible de plazo, modo o condición. Se exige el momento presente, pero no que las personas estén necesariamente presentes; el Derecho Civil y el Canónico permiten el matrimonio por procurador especial- mente autorizado y cuyo poder no haya sido revocado antes. En la misma constitución de este mandato, el matrimonio se diferencia de los otros contratos; el mandato ordinario no termina en caso de revo- cación sino desde el día en que el mandatario tiene noticia de ella, mientras que en el matrimonio termina desde el momento mismo de la revocaci6n, y es nulo el matrimonio celebrado por el mandatario, aunque ignore la revocación. Crea un vínculo indisoluble entre las personas que lo celebran, vínculo que se relaja, pero que no se destruye, ni aún en el caso de divorcio perpetuo. S610 se disuelve por la muerte de uno de los cón- yuges. La expresión «por toda la vida» precisa la naturaleza de la
indisolubilidad del matrimonio, que termina por la muerte de cual- quiera de los cónyuges. Esta sociedad exige, por su naturaleza, que las personas que fa forman vivan juntas (art. 133), para cumplir con ciertos deberes propios del estado, como son: la procreación, el auxilio mutuo, la edu- cación de la prole, etc. La procreación es el fin específico del matri- monio, pero no su fin único, desde que los cónyuges tienen otros de- beres, como es auxiliarse moral y materialmente en todas las circuns- tancias de la vida (arts. 131, 134 Y 321); ni tampoco es un efecto obli- gado, pues a menudo se ve que contraen matrimonio personas que no son aptas para la procreación, por encontrarse en edad avanzada o por otras causas.
11. Doctrina
matrimonio.-En
de León XIII Arcanumdivinae de lOde Febrero de 1880, se expone con toda claridad la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Fué instituido por Dios al principio del mundo, cuando después de formado el hombre del barro de la tierra, quiso darle una compa- ñera, que sacó del costado del varón mientras éste dormía. Esa unión primera presentó dos nobles propiedades impresas y como grabadas en ella, la unidad y la perpetuidad, que son los caracteres propios del matrimonio. Esta forma primitiva del matrimonio se corrompió entre los genti- les y se obscureció y adulteró entre los mismos hebreos, viéndose obli- gado Moisés, atendida la dureza de su corazón, a permitirles la po- testad del repudio, abriendo la puerta al divorcio. Borrada la verdadera noción del matrimonio, se hacían leyes que sólo llevaban en vista la utilidad del Estado, pero no su confor- midad con la naturaleza del matrimonio; las mujeres llevaban el nom- bre honesto de esposas o el deshonesto de conC1!binas; la autoridad pública se arrogaba la facultad de permitir o no el matrimonio, según los casos; la poligamia y el divorcio relajaron el vínculo matrimonial; se desconocían los verdaderos derechos de los cónyuges, adquiriendo el varón dominio sobre la mujer y disponiendo de ella como cosa que se vendía y compraba, llegándose hasta conceder al marido la facultad de hacer sufrir a la mujer el último suplicio. Esto duró hasta la venida de Nuestro Señor Jesucristo, que
Al.FREDO
perfeccionando la ley mosaica, restableci6la dignidad del matrimonio; ennobleci6 con su propia presencia las bodas de Caná; reprendió las costumbres de los hebreos por sus abusos en la multitud de mu- jeres, devolvió al matrimonio sus primitivos caracteres de unidad y perpetuidad, restituyéndolo así a su primitiva perfecci6n, y finalmente, lo elevó a la dignidad de sacramento, que llam6 Sacramento Grande, fijándde como modelo la unión mística de Cristo con la Iglesia. El matrimonio cristiano no s610 tiene por fin la propagación del género humano, sino la formación y educación de los hijos en el culto del verdadero Dios; define los deberes y derechos de los cónyu- ges, que deben amarse con una fidelidad constante y una ayuda mu- tua y perpetua, hace al marido príncipe de la familia y cabeza de la mujer, pero debiendo estarle ésta sujeta, no como sierva, sino como compañera; los hijos deben estar sujetos y honrar a sus padres, y los padres deben cuidar de sus hijos y educarlos en la virtud. Teniendo el matrimonio a Dios por autor, reviste carácter sa- grado por su misma naturaleza, su disciplina está confiada y enco- mendada a la Iglesia, a la que corresponde legislar sobre los Sacra- mentos, y aun los pueblos paganos han reconocido al matrimonio como cosa religiosa y santa, haciendo intervenir en su celebración
a sus pontífices y sacerdotes. En todo tiempo la Iglesia ejerci6 sobre el matrimonio cristiano su potestad legislativa y judicial con entera libertad. aún contra la voluntad de los príncipes, y los emperadores cristianos declararon
y reconocieron este derecho de la Iglesia, en muchas ocasiones. Según la doctrina de la Iglesia, entre los cristianos el contrato es inseparable del Sacramento, de modo que si celebran verdadero contrato, hay Sacramento, y si no hay Sacramento, tampoco existe verdadero contrato. El ministro del Sacramento del matrimonio no es el Párroco o sacerdote que lo bendice, sino los mismos contra- yentes, puesto que son ellos los que hacen el contrato-sacramento. La materia del sacramento' es el cuerpo mismo de ambos espo- sos y la forma, la constituyen las palabras con que se expresa la entrega que los contrayentes se hacen recíprocamente de sí mismn'J. No es, pues, el Sacramento un simple ornato o propiedad extrín-
seca del matrimonio, que pueda separarse del contrato; es el con-
trato mismo. En consecuencia, no puede separarse el contrato del Sacramento, reservando a la Iglesia 10 concerniente al Sacramento y al poder civil lo relativo al contrato. Pero, dirigiéndose también el Sacramento del matrimonio a la conservac~ón e incremento de la sociedad civil, y teniendo afini- dad con cosas que son del resorte de la autoridad civil, la Iglesia no desconoce el derecho del Estado para legislar en todo lo referente
a los efectos civiles del matrimonio, como sociedad de bienes entre los
cónyuges, alimentos, etc., reservándose ella la potestad legislativa y judicial sobre el matrimonio cristiano mismo, es decir, la facultad de fijar los requisitos e impedimentos, y en general, todo 10 relativo
a su celebración, a la facultad de fallar sobre su validez o nulidad y
sobre los juicios de divorcio, conforme a las definiciones dogmáticas
contenidas en los cánones 3, 4, 8 Y 12 de la sesión 24 del Concilio de T rento, y las censuras impues~as por la Iglesia. Siendo el matrimonio, indisoluble, el divorcio en cuanto di- suelv'e el vínculo matrimonial, es contrario al Derecho Divino y al Derecho Natural, y sus efectos han sido siempre perjudiciales para la familia y para el Estado', En c~sos graves, la Igksia -permite y aun prescribe la separa· ción temparal o perpetua de los cónyuges, pero sin disolver jamás el vínculo del matrimonio cristiano ya consumado. La doctrina anterior ha sido confirmada en todas sus partes por la última Encíclica de Su Santidad Pío XI, de 31 de Diciembre de 1930, sobre el matrimonio cristiano, que es un tratado completo so. bre la materia y sobre todos los problemas modernos que se relacio- nan con el matrimonio. Estudia ordenadamente esos problemas en lo referente a los hijos,
a la fidelidad conyugal y al carácter de sacramento. Encarece la nece-
sidad social de la restauración cristiana del matrimonio, condena el divorcio y presenta como un ejemplo digno de ser imitado por los gobiernos el tratado de Letran, que en su artículo 34 establece que el Estado Italiano, queriendo devolver a la institución del matrimo-
nio, que es la base de la familia, la dignidad que le corresponde
ALFJlEDO
BAIlllOS
ElUI.ÁZUIlIZ
conforme a las tradiciones católicas de-~su pue~lo, reconoce los efec-
tos civiles al
matrimonio, celebrado con
i 1··
arreglo al
definición del Digesto acredita que los rorriarios, aunque no compren- dían toda la importanciay"vetdadera' naturaleza del matrimonio, . tenían de él, sin embargo, una idea elevada. Definían el matrimonio tomó 'la unión' de un hombre y una mu- jer, consorcio de toda la vida y partiéipaeión del Derecho Divino
y Humano.' , " ' ,,' El matrimonio era solemne y menos .srilemne. El solemne se veri- ficaba de tres modos: por confarreación, por coempción y por uso. La ceremonia de la confarreaciónconsistía en un sacrificio de (rutos en presencia de testigos; las partes contratantes se sentaban en un mismo vellón, tomaban sal y arroz, y esta confarreación, que denotaba el antiguo alimento de 1talia, servía como emblema de su mística unión de alma y cuerpo. La coempción consistía en la compra que el marido hacía de la mujer, por el rito solemne de la mancipación, como justa introducción a su casa y a sus lares. El matrimonio por uso se contraía permaneciendo la mujer un año consecutivo bajo la potestad del marido, que la adquiría en virtud de la usucapción del dominio quiritario. Contraído el matrimonio con alguna de estas solemnidades, entraba la mujer bajo la potestad del m81O.ido como si fuese hija suya, adquiría el marido el derecho de vida o muerte sobre ella, se apode- raba de todos sus bienes a título de dote y se hacía dueño de cuanto ella adquiría. Por Derecho nuevo, se suavizaron esas disposiciones, pudiendo el marido sólo corregirla y castigarla moderadamente. El matrimonio menos solemne se contraía por el mero consenti- miento y no producía ninguno de los efectos del solemne. De cualquier modo que se verificase el matrimonio, se otor- gaban instrumentos dotales y se trasladaba la novia a casa del marido con numerosos acompañamientos y cubierta con un velo, nubere. Solo podían contraer matrimonio los ciudadanos romanos, que- dando excluídos los extranjeros; y en los primeros tiempos de Roma
só1'lre' el
matrimonio. -
DER.ECHO
no podían los plebeyos contraer matrimonio con los patricios, pero -el ' tribuno Canuleyo abolió esta prohibición, También existía en Roma, como institución permitida por la, ley, el concubinato, que se contraía por mero consentimiento y en el:
cual no se otorgaba instrumento dotal, ni se conducía la mujer a casa' del varón, ni servía para legitimar a los hijos; y la mujer llevaba el, nombre deshonesto de concubina,
El ,cristiani~movino a cambiar la faz de la legislación; resti~
tuy6 el matrimonio a su pureza primitiva y 10 ennobleció, elevándolo, a la categoría de Sacramento, volvió por la dignidad y el honor de la mujer, prohibió tanto el adulterio del uno como del otro cónyuge, igualándolos a este respecto, y confió su celebración a la autoridad de la Iglesia, por tratarse de un Sacramento. A medida que la IgleSia tuvo influencia en el gobierno de los pue- blos, rué prevaleciendo su doctrina sobre el matrimonio; la legislación
canónica fué consagrada por la legislación civil, y la celebración del matrimonio dependió de la autoridad de la Iglesia, conforme a los cá- nones.
A la época de nuestra independencia nacional, estábamos',SO-
metidos a las leyes civiles españolas, que habían incorporado CQmo legislación temporal el Derecho Canónico, y en especial, las disposicio- nes dictadas sobre el matrimonio por el Concilio de Trento en IS~. Esas leyes continuaron rigiendo después de 1810. La primera ley patría relacionada con el matrimonio, fué el Senado Consulto o pragmática sanción de 9 de Septiembre de 1820. Dicho senado consulto exigía para la celebración del matrimonio el consentimiento del padre, o de la madre, o del abuelo, a los hom- bres menores de 24 años y a las mujeres menores de 22. En caso de negarse el permiso a un hombre menor de 18 años o a una mujer menor de 16, el juez, a petición del interesado, convocaba un consejo de familia, compuesto de los cinco parientes más inmediatos del hijo de familia, por ambas líneas, mayores de edad, y a falta de parientes
en número suficiente, se integraba con capitulares del Ayuntamiento. elegidos a la suerte. Ante este consejo se exponían verbalmente las razones de la solicitud y del disenso, y oídas ambas partes, el Consejo
resolvía por mayoría de votos si se permitía o no el matrimonio y no procedía recurso alguno contra la determinación del Consejo. Los hombres mayores de 24 años y las mujeres mayores de 22 no necesitaban permiso para el matrimonio, pero antes de celebrarlo debían pedir a sus padres o abuelos un con$ejo respetuoso, Y justifi- car esta circunstancia antes de contraer matrimonio. Los padres o abuelos que negaban su consejo, tenían el derecho de pedir al juez que suspendiera el matrimonio por el término de cuatro meses. :11 Con fecha 24 de Agosto del año 1844. se dictó una ley patria para los matrimonios de los no católicos, en virtud de la ctIal podían éstos contraer válidamente matrimonio en territorio chileno,' suje- tándose a lo prevenido en nuestras leyes sobre impedimentos, permiso de padres, abuelos o tutores, proclamas y demás requisitos; y en lugar del rito católico para la celebración de estos matrimonios, bas- t,aba la presencia que a pedimento de las partes, debería prestar el párroco, u otro sacerdote competentemente autorizado, hallándose además presentes dos testigos, y declarando los contrayentes ante el dicho párroco y testigos, que su ánimo era contraer matrimonio y que se reconocían el uno al otro como marido y mujer. El matrimonio así contraído producía los mismos efectos civiles que el católico, y los hijos habidos en: él, o legitimados por él, gozaban de los mismos derechos que los hijos de padres casados conforme al r.itm católico. El Código Civil dictado el 14 de Diciembre de 1855 y que entró en vigencia el 1'0 de Enero de 1857, reconoció expresamente la doc- trina -católica en el título IV del libro 1, atribuyendo a la Iglesia Ca- tólica la facultad de establecer los impedimentos, de conceder dis- pensa de ellos, de ordenar su celebración y de conocer de las causas de nulidad y de divorcio: en una palabra, le reconoció su potestad kgislativa y judicial' sobre el matrimonio de los católicos. Don Andrés Bello, el ilustre redactor del proyecto de Código Civil, explicando la disposición del proyecto que reconocía la po- testad de la Iglesia sobre el matrimonio, dice en una de. sus notas:
.:No nos hallamos en el Caso de rechazar la disposición del Co~cili~ Tridentino. Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad ju- dices ecclesiasticos, anathema sito En este orden de cosas, la ley civil
no puede menos de estar al juicio de la autoridad eclesiástica, sobre la validez del matrimonio.» En general, el Código Civil se mostró profundamente respetuoso de los derechos de la Iglesia sobre el matrimonio, como lo demuestra lo dicho anteriormente; pero hubo algunos artículos que merecieron justas observaciones al Episcopado chileno, que elevó una presenta~ ción colectiva al Senado de la República el 24 de Septiembre de Í856, antes de la aprobación del proyecto, firmada por el Iltmo. y Rvrno. Arzobispo de Santiago señor Rafael Valentín Valdivieso y 'por los Htmos. Obispos de La Serena y Concepción, señores Justo Donoso y José Hipólito Salas. Observaban los litmos. Obispos la disposición del artículo 104, por considerarla como un principio de intromisión del Estado en ma~ teria de matrimonio; por ser innecesaria, porque la Iglesia no 'ha dispemado jamás el impedimento de afinidad lícita de primer grado en la línea recta y por no ser conveniente hacerlo extensivo a la afi- nidad ¡lícita, tan difícil de probar; y la de los artículos 126 y 128 por sus graves inconvenientes de aplicación para los contrayentes pobres, en cuyo caso ni objeto tenía siquiera esa disposición. Apesar de las fundadas observaciones de los Iltmos. Obispos, el proyecto de Código Civil fué aprobado en los mismos términos en que fué presentado por el Gobierno. La ley Orgánica de Tribunales, de 15 de Octubre de 1875, no innovó en lo relativo a la jurisdicción eclesiástica sobre el matrimonio de los católicos, limitándose en el N.O 7 del artículo 5.° a atríbuir
a la competencia de los tribunales civiles el conocimiento de las causas
que versaren sobre validez o nulidad de un matrimonio no católico,
o sobre divorcio temporal o perpetuo entre cónyuges casados conforme
a ritos no católicos. Habiéndose suscitado algunas dificultades con motivo de la apli- cación del artículo 118 del Código Civil, relativo a los matrimonios de los no católicos, se cambiaron notas entre el Gobierno y la Auto- ridad Eclesiástica; y esta última manifestó que al referirse el artículo 118 a los que profesan una religión diferente de la católica, comprende
a todos los que no son católicos, sin excluir a aquellos que pretenden
no creer en dogma alguno positivo. En estos casos, consideradas las
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circunstancias y para evitar los daños que se seguirían, podía el pá- rroco pasivamente presenciar el matrimonio como testigo calificado, para cuyo efecto decía el Rvrno. Arzobispo, había pasado una circular
a los párrocos de las Arquidiócesis. De esa manera nadie quedaba excluido de celebrar matrimonio válidamente ante la ley civil; los católicos, conforme a sus creencias; los de otra religión, o simplemente incrédulos, en la otra forma indi- cada por la ley. 13. Ley de matrimonio civil.-En las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del año 1883, después del rechazo por parte de la; Santa Sede; del candidato señor T Moró, propuesto por el Go- bierno para el Arzobispado de Santiago, en medio de la agitación antirreligiosa que con ese motivo se produjo en los partidos liberales,
y como venganza contra la Iglesia Católica, se desenterró del archivo
de la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre matrimonio civil, presentado por el Diputado por Talca D. Ricardo Letelier el 3 de Junio de 1875, y que hasta ese momento no había sido estudiado siquiera por la Comisión respectiva. El 20 de Julio de 1883 se presentó a la Cámara el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Dicho informe tomó como base el proyecto del señor Letelier y no consideró el pro- yecto presentado por D. Julio Zegers en 1876, que establecía el matri- monio civil, pero dejando a los contrayentes la libertad de optar entre el matrimonio religioso y el civil, y concediendo a ambos, efectos civiles. La discusión del proyecto informado por la Comisión se inició en la Cámara de Diputados e! 31 de Julio de 1883 y termin6 el 27 de Septiembre del mismo año. El señor Zegers presentó un contra-proyecto en la sesión de 9 de Agosto, sobre la misma base de su proyecto de 1876, por el cual reconocía efectos civiles al matrimonio que se celebrara ante el oficial de! Registro Civil en la forma que establecía esta ley; y al matrimonio católico, siempre que la respectiva partida fuere inscrita en el Re- gistro Civil. En concepto del señor Zegers, una ley sobre matrimonio debía respetar las creencias y costumbres de la sociedad; el matrimo-
DERF,CHO
nío civil obligatorio importaba además una agravación de molestias
y de gastos que la ley debía evitar. La idea dominante del proyecto
de la Comisión, a juicio del mismo señor Zegers, tendía a debilitar la idea cristiana, fundamento de nuestra sociedad y el mejor auxilio de nuestras instituciones republicanas, sin fundar en cambio ni una filosofía, ni una ciencia, ni una religión. En la sesión del 28 de Agosto, el señor Zegers llamó la atención de la Cámara a la circunstancia de que todos los discursos en favor del proyecto terminaban con un redoble de tambores. con una especie de marcha guerrera, de llamamiento a la lucha contra la Iglesia; lamentó las circunstancias de la agitación antirreligiosa producida por la provisión de! Arzobispado de Santiago en que se dictaba esta ley, después de haber pasado sin discutirla tantos años, desde 1876, cuando no teníamos ni guerra eXterior, ni lucha interior entre la Igle- sia y el Estado. El contra-proyecto del señor Zegers fué rechazado por 65 votos contra 16, y aprobado el proyecto de la Comisión, apesar de que en la discusión se comprobó que esta ley, además de injusta y atenta- toria de los derechos de la Iglesia, garantidos por la Constitución del Estado, era innecesaria, por cuanto los no católicos tenían dispo- siciones especiales para la celebración de su matrimonio, sin violentar sus conciencias; se demostró la proporción en que se encontraba el número de matrimonios católicos, que alcanzaban a 18,000 al año,
y los de no católicos, que ascendían a 26 al año, y e! gasto enorme que esta ley iba a imponer, ascendente a muchos cientos de miles de pe- sos.
Aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, en Septiembre de 1883, y éste inició su discusión el 24 de Di- ciembre de ese mismo año. La sociedad de Santiago, profundamente católica, se alarmó por la aprobación dada al proyecto de ley de matrimonio civil en la Cámara de Diputados, y reunida en una solemne asamblea, protestó contra esa ley, designando una comisión para dar unidad a la acción de los católicos en todo el país y consiguiendo la adhesión de la tota- lidad de las provincias. Fruto de esa asamblea fueron las presentaciones
EllRÁZURIZ
hechas al Senado de la República por 17,236 señoras de Santiago' y de provincias, que pedían el rechazo del proyecto de ley de matri- monio civiL Al iniciarse la discusión en el Senado, se dió cuenta de esas pre- sentaciones. Terminó la discusión en la sesión de 4 de Enero de 1884, y la ley fué aprobada por el Senado en los mismos términos en que lo había sido por la Cámara de Diputados y promulgada por el Presidente de la República el 10 de Enero de 1884. 14. Ley de 10 de Febrero de 1930.-Dictada la ley de matri- trimonio civil, los católicos continuaron como antes celebrando el ma- trimonio religioso, único que estimaban válido ante su conciencia y reconocido como tal por la sociedad. Muchos celebraban al mismo tiem- po el acto civil; pero algunos, por dejación o por la dificultad de los
trámites exigidos por la ley civil, no celebraban el acto civil, privando
a sus hijos de los derechos de la legitimidad y demás consecuencias de ella. Otros, por el contrario, celebraban el acto civil y no el religioso. La coexistencia de este doble matrimonio producía gravÍsimas dificultades. La circunstancia de que se anulara el matrimonio civil
y no el religioso o vice-versa, creaba un conflicto sin solución para los católicos, que se veían colocados entre los deberes de su conciencia
y las obligaciones que les imponía la ley civil, que se podían hacer efec- tivas, aun con el auxilio de la fuerza pública.
Por otra parte, suprimidos 100 efectos civiles del matrimonio religioso, y desconocida su importancia por la ley civil, este acto fun- damental en la vida perdió buena parte de su prestigio.
primeramente una considerable disminución
de los matrimonios religiosos y después de los matrimonios civiles; porque muchos encontraron más cómoda la simple unión ilegitima, que no les exigía trámite alguno. Para remediar los conflictos creados por la coexistencia del doble matrimonio, algunos insinuaron la idea de establecer la precedencia obligatoria del matrimonio civil; pero esto importaba legislar sobre
aquí provino
un sacramento, y además no se armonizaba con el espíritu de la ley de matrimonio civil, que desconocía la existencia del matrimonio reJigiow como acto que produjera efectos civiles.
La solución más sencilla habría sido dar efectos civiles al ma- trimonio religioso, como existe en Italia, Austria, Inglaterra, Dina- marca, Polonia, España, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Colom- bia, Yugo-Eslavia, etc.; pero se llegó a la transacción de hacer obli- gatoria la celebración del matrimonio civil para todos los que cele- braren el matrimonio religioso. El artículo 43, de la Ley N." 4808, de 10 de Febrero de 1930,
«Si se celebrare un matrimonio religioso sin que le haya precedido el matrimonio ante el Oficial del Registro Civil correspondiente, deberán los esposos contraer este último, antes de expirar los ocho días siguientes a la celebración del primero, salvo el caso de impedimentos
o prohibiciones legales.> «Si no se cumpliere la obligación impuesta por el inciso anterior, el responsable será castigado con multa, a beneficio fiscal, de ciento
a mil pesos. Si el matrimonio civil se efectuare después de los ocho días
a que se refiere el inciso primero, pero antes de iniciarse el procedi-
miento criminal, el juez regulará prudencialmente la pena y hasta podrá remitirla.:' «El juez no aplicará pena cuando el procedimiento se inicie por denuncia de uno de los esposos, y el matrimonio se celebrare antes de dictarse sentencia.:' «Si dentro del plazo de diez días, contados desde aquel en que quede ejecutoriada la sentencia que imponga la multa en conformi- dad a este artículo, los esposos no celebraren el matrimonio civil, no existiendo impedimentos o prohibiciones legales, aquel por cuya oposici6n no pudiere celebrarse, será castigado con la pena de presidia menor en cualquiera de sus grados.» <En todo caso se pondrá término aJ juicio o se remitirá la pena, si los esposos contrajeren matrimonio civil.»
cEstos matrimonios podrán celebrarse ante cualquier oficial del
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Registro Civil, dejándose testimonio de esta circunstancia en la ins- cripción correspondiente.;> cEn la misma pena de presidio menor en cualquiera de sus gra- dos incurrirán los que a sabiendas o sin justa causa de error, hayan contraído matrimonio religioso y no puedan celebrar el civil por tener impedimentos o prohibiciones legales:
«Las acciones que nacen de este artículo sólo pueden ser ejerci tadas por el contrayente ofendido, por su representante legal, por los oficiales del Registro Civil y por el Ministerio Público. La acción penal prescribirá en cinco años.:' Será competente para conocer de estos juicios el juez de Letras en lo Criminal del departamento en que el infractor responsable tuvo su domicilio en la fecha de su matrimonio religioso.» Pero esta ley del año 1930 no ha solucionado completamente el problema. Entre otros graves inconvenientes que se derivan de la aplica- ción de la ley de matrimonio civil podemos citar los que a conti- nuación se expresan, que, por lo general, ocurren entre las clases menesterosas:
1. o Es inconveniente la edad de 25 años que se exige en los con- trayentes para poder celebrar libremente matrimonio. Las diligen- cias para suplir el consentimiento paterno son largas, engorrosas y demandan gastos y hay que practicarlas en el juzgado de letras, quien reside en la cabecera del departamento, lo que exige a veces un lar- go viaje. 2. o Más grave se hace el inconveniente anterior cuando se trata de hijos ilegítimos. No reconocidos por su padre y por la sociedad, se les exige el consentimiento de un curador ad hoc, que debe ser nombrado por la justicia ordinaria. 3.° Para el matrimonio de los viudos se exige facción de inven- tario solemne, nombramiento de curador para los hijos menores, etc.; el viudo que quiere contraer segundas nupcias, se aterra ante tanto gasto y diligencia y concluye por hacer simplemente vida marital, engolfándose en una situación que en la mayoría de los casos es irremediable. 4. o Los oficiales del Registro Civil deben dar más facilidades
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a Jos pobres, sobre todo en los campos, y mantener abiertas sus ofi- cinas lo,~ sábados hasta las 9- p. m. y algunas horas del domingo, días en que ellos pueden hacer preferentemente estas diligencias.
15. Importancia jurídica del matrimonio.-Sus efectos civiles,
-El matrimonio es una institución jurídica de la mayor importancia, desde el punto de vista de sus efectos civiles, Estos efectos se producen, ya con relación a los cónyuges, ya respecto de los hijos. Señalaremos los principales de esos efectos:
J. O) Obligaciones y derechos entre los cónyuges .-Estas obligaciones
y derechos son muchos y de variada naturaleza, y en su estudio se ocupa el Títülo VI del Libro 1; los unos son comunes a ambos cón- yuges, :r los otros, especiales de uno de ellos. Son comunes a ambos los deberes de fidelidad, socorro, auxilio mutuo y el de prestarse alimentos, que tiene reglas especiales, tra-
tándose de cónyuges. Por lo que hace a los derechos particulares de c~da cónyuge, ellos se refieren casi únicamente al marido, el cual goza de la potestad marital, que es el conjunto de derechos que la ley concede al marido respecto a la persona y bienes de la mujer. Respecto de la mujer, el matrimonio produce su incapacidad legal: una mujer mayor de edad que sea soltera, es plenamente capaz; pero por el hecho de contraer matrimonio, queda en la categoría de
como lo establece el inciso J. O)
las per:>onas relativamente incapaces,
del artículo 1447. Como la mujer debe obediencia al marido, en conformidad al artículo 131, si ella tuviera, dentro de! matrimonio, plena capacidad
civil, la vida conyugal se vería frecuentemente perturbada, con lo que se resentiría el orden social. Obligación particular de la mujer es, seguir e! domicilio del mari- do; pero tiene por su parte derecho a que el marido la reciba en su casa (art. 71 y 153). Para defender sus intereses patrimoniales, la ley le concede el beneficio de pedir separación de bienes, en ciertos casos, y este de- recho es irrenunciable (art. 153).
2." Sociedad conyugal.-«Por el hecho del matrimonio-dice el
ERRÁzuRa
artículo 135, en su inciso l.°-se 'contrae sociedad de bienes entre los c6nyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el Título De la ~ociedad conyu-
Cada vez que el Código habla de sociedad conyugal, se refiere
a esta sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges. La regla anterior sufre una excepción importante en el 'casó de que los esposos en las capitulaciones matrimoniales acuerden la se- paración de bienes; en este caso se aplicarán las reglas ctelparrafo 3. o del título VI de! libro I de! Código Civil. Antes e! Código Civil sólo permitía estipular en las capitulacio- nes que la mujer administrara una parte de sus bienes propios con
virtud del arto 8. o
del Decreto-ley de 12 de Marzo de 1925, pueden los esposos acordar una separación total.
3.° Legitimidad de los hijos.-Como tercer efecto Civil de! matri-
monio, podemos señalar el hecho de que el matrimonio produzca la le- gitimidad de los hijos concebidos durante él. ' El artículo 35 incluye entre los hijos legítimos a «los coOcebidos durante el matrimonio verdadero o putativo de sus padres, que' pro- duzca efectos civiles»; el artículo 179 reitera la disposición an~erior cuando dice: «El hijo concebido durante el matrimonio de su padres, eS hijo legítimo"; y finalmente, e! artículo 180 facilita la aplicación de los anteriores preceptos, estableciendo la regla de que «el hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matri- monio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al marido, (in- ciso 1.0), salvo que el marido pruebe que él estuvo en absoluta íft.tpo- sibilidad de tener acceso a la mujer, durante todo e! tiempo en que legalmente pudiera presumirse la concepción. El matrimonio, pues, no sólo produce la legitimidad de los hijos concebidos en él, sino que, con arreglo a las disposiciones citadas, sirve también de prueba de ella.
los hijos.-El único medio autorizado por
nuestra legislación para producir la legitimación de los hijos con-
cebidos fuera de matrimonio, es' el matrimonio de sus padres,
independencia del marido (art. 1720): hoy día en
4.° Legitimación de
posterior a la concepción. Los así legitimados entran en la ca~egorfa delos hijos legítimos, según lo establece el artículo 35 . . «Los legitimados por matrimonio posterior son iguales en todo
a los legítimos concebidos en matrimonio~, repite el artículo 214, en su -inciso L0'- 5.'" Autoridad paterna.-Otro efecto del matrimonio es dar. pri- gen a la autoridad paterna, que es el conjunto de derechos que tiene
el padre legítimo sobre sus hijos legítimos, relativamente a la persona
de éstos. El título IX del Libro 1 se ocupa de esta materia. Estos.derechos que constituyen la autoridad paterna son dis- tintos de la patria potestad y ordinariamente pasan a la madre, en defecto del padre (artículos 219, 222, 224, 229, 232, 234 Y 235). 6. <> Patria potestad.-Como consecuencia también del matri- monio, se origina la patria potestad, que, según el artículo 240, «es el conjunto de derechos que la ley da al padre legítimo sobre sus hij9S no emancipados». La patria potestad se refiere especialmente al pa- triI:not)io del hijo. La patria potestad (que se halla tratada en el Título X de este Libro 1) .comprende principalmente estos tres objetos: 1.0 usufrucw de los bienes del hijo (artículo 243); 2. 0 representación judicial y extrajudicial del mismo hijo (artículos 253 y 258); y 3. o administra-
ción de los bienes del hijo (artículo 247). En conformidad al Decreto-Iey de 12 de Marzo de 1925 la patria potestad corresponde a la madre en las mismas condiciones que .al padre, cuando éste muriere, estuviere ausente, en interdicción. o de- clarado inhábil. Igualmente en caso de divorcio, por culpa del marido, tiene la madre la patria potestad sobre los hijos que estén a su cargo. Pierde la patria potestad la muj er que contrae nuevomatri- monio. 7.° Emancipación.- «La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad,~ dice el artículo 264. Pues bien, el matrimonio del hUo (sin distinción de edad) pro- duce su emancipación legal. (Art. 266).
8. o Sucesión por causa de muerte.-En esta materia los efectos
civiles del matrimonio asumen especial importancia.
EIlRÁZUllIZ
La sucesión-como sabemos-puede ser testada o infe3lada. En la primera, el cónyuge sobreviviente tiene derecho ca la «por- ción conyugal>, en caso de que carezca de lo necesario para su congrua sustentación (artículo 1172). Esta asignación es la cuarta parte de los bienes del' difunto, excepto si hay descendientes legítimos, en el cual ca.c;o el viudo o viuda recibirá la legítima rigurosa de un hijo (artícu- lo 1178). En la sucesión intes~ada, el cOnY1Jge sobre;viYiente esUamado por la ley como heredero ab inte$tato (artículo <)89). 9.° Capitulaciones matrimoniales.-cSe conocen con el noml'I~de capitulaciones matrimoniales.-dice el artículo 1715-1as convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro>. Respecto de las capitulaciones, el matrimonio produce el siguiente efecto: antes del matrimonio, el contrato de capitulaciones está como en suspenso; pero por el hecho de celebrarse el matrimonio, se con- firman, o como dice el artículo 1722, «desde el día de la celebración del matrimonio se entenderán irrevocablemente otorgadas.» 10. Donaciones por causa de matrimonio.-En esta materia, el matrimonio produce el mismo efecto que respecto de las capitula- ciones. Dice el artículo 1789: cLas donaciones por causa de matri- monio, sea que se califiquen de dote, arras o con cualquiera otra denominación, admiten plazos, condiciones y cualesquiera otras esti- pulaciones lícitas, y están sujetas a las reglas generales de las dona- ciones, en todo lo que no se oponga a las disposiciones especiales de este título. En todas ellas se entiende la condición de celebrarse o ha- berse celebrado el matrimonio". /1. Créditos privilegiados.-EI Título XLI del Libro IV, que se ocupa del estudio de la «prelación de créditos>, reconoce privile- gio a varias especies de créditos, para ser pagados preferentemente en caso de cesión de bienes o de concurso por parte del deudor. En esta materia también produce algún efecto el matrimonio;. los créditos de las mujeres casadas, por los bienes de su propiedad que administra el marido, y los de los hijos de familia, por los bienes desli propiedad que fueren administrados por el padre, figuran en
DEllECHO
la cuarta clase de créditos privilegiados, para ser pagados de preferen- cia, sobre los bienes del marido o padre (números 3.1) y 4.1) del artícu- lo 2481). 12. Parentesco de afinidad.-Otro efecto del matrimonio es el de originar d parentesco llamado ede afinidad», y con más propiedad, el de afinidad legítima. «Afinidad legítima-dice el inciso 1.° del artículo 3I-es la que existe entre una persona que está o ha estado casada; y. los consan~¡~ neos legítimos de su marido o mujer». En cuanto a la afinidad ilegítima, observaremos que el Código en su artículo 32, contempla dos especies de afinidad de esta cIase. El estado de matrimonio tiene influencia sólo en la que define la úl~ .tima parte de' dicho artículo, que es la que existe <entre una de dos personas que están o han estado casadas, y los consanguíneos ilegí- timos de la otra».
para contraer matrimonio.-Son de dos cla--
ses: internos y externos. Los primeros miran al consentimiento y a la capacidad de los contrayentes; y los segundos, a las solemnidades de su celebración. Estudiaremos primeramente los requisitos internos. 17. Requisitos internos.-Consentimiento libre y espontáneo.-En
el matrimonio, como en todo contrato, es requisito esencial para su validez el consentimiento de las partes, de modo que sin él es nulo el matrimonio. cEs también nulo el matrimonio para cuya cele- bración no ha habido, por parte de alguno de los contrayentes libre y espontáneo consentimiento» (artículo 32 de la Ley de Matrimo- nio Civil). Falta el consentimiento libre y espontáneo en los tres casos siguientes:
l." Si ha habido error en cuanto a la identidad de la persona del otro contrayente; 2.° Si ha habido fuerza, según los términos de los artículos l456 y 1457 del Código Civil.
, 3.° Si ha habido rapto, y al tiempo de celebrarse el matrimonio no ha recobrado la mujer su libertad. (Art. 33 de la Ley de Matri- monio Civil). En el primer caso, el error debe ser en cuanto a la identidad de la persona, y no en cuanto a cualidades, aunque sean esenciales,
BAlUlOS
EllRÁZUlUZ
de la mism~; esto último sería causa de graves perturbaciones para la sociedad. Este es el único error que vicia el consentimiento y se t::qui- para al error sobre la identidad de la cosa específica en los demás contratos (art. 1453). Sólo puede alegar esta acción de nulidad el cón- yuge que ha sufrido el error, y para que produzca su efecto debe ser declarada por el juez. El segundo caso se refiere a la fuer~a ejercida por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento; fuerza física o moral que sea capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascen- dientes o desc~ndientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. (Art. 1456). Además, debe ser una fuerza injusta, adversus bonos mores, pues la violencia legal o justa para obtener un matrimonio, como en el caso del arto 369 del Código Penal, no anula el matrimonio. El consen- timiento, en el caso de fuerza, está viciado con relación al cónyuge
que ha sufrido la fuerza, y corresponde a éste ejercer la nulidad.
Pasemos al tercer caso. Rapto es «el robo de una mujer, sacán- dola de su casa para corromperla o casarse:> (Escriche). Si ha sido con la voluntad de la robada, y ésta es menor de edad, se llama rapto de seducción; en el caso contrario, es el rapto propia- mente dicho o rapto de violencia Sólo este último vicia el consenti- miento, según el Derecho Canónico. En el caso de rapto, corresponde la acción de nulidad a los pre suntos cónyuges, a sus ascendientes, al ministerio público y a las per- sonas que tengan actual interés en ello, y no podrá intentarse si no
ambos cónyuges. (Inc. 1. 0 del arto 34 de la Ley de Matrimonio
Civil). En el caso de matrimonio celebrado en artículo de muerte, co- rresponde la acción de nulidad a los herederos del cónyuge difunto. (lnc. 3.° del arto 34 de la Ley de Matrimonio Civil).
CIVIL TERCER
Del estudio anterior se desprende que hay reglas especiales acerca elel consentimiento en el contrato ele matrimonio, distintas de las generales de los demás contratos. Según el artÍCulo 1451 del Código Civil, los vicios de que puede adolecer el consentimiento en los actos jurídicos son: error, fuerza y
Las reglas que acabamos de estudiar, relativas al error, son diver- sas de las contempladas en los artÍCulos 1453 y siguientes, pues en el matrimonio el único error que vicia el consentimiento es el error en cuanto a la identidad de la persona. El dolo, que vicia el consentimiento de los demás contratos, no 10 vida en el matrimonio, por consideraciones propias de la natura- leza especial de este contrato, y por graves razones de moralidad y conveniencia social. Finalmente, en lo relativo al vicio de fuerza, no hay diferencia entre este contrato y los demás. 18. Capacidad.-Es capaz de contraer matrimonio toda persona que la ley no declare incapaz. Las incapacidades para el matrimonio toman el nombre especial de impedimentos. El Derecho Canónico los divide en dirimentes e impedientes: los primeros producen la nulidad del acto; los segundos no lo anulan, pero lo hacen ilícito. l'\uestra legislación no hace expresamente esta di.stinción, pero en el fondo, las disposiciones de la ley de matrimonio civil corresponden a los im- pedimentos dirimentes, y las del Código Civil, a los impedientes. 19. Impedimentos dirimentes.-Hasta la promulgación de la ley de matrimonio civil, de 10 de Enero de 1884, regían los impedi- mentos dirimentes canónicos, que respetó expresamente el artículo 103 del Código Civil, al decir: «La ley civil reconoce como impe- dimento para el matrimonio los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica~. La ley de matrimonio civil se creyó autorizada para legislar sobre esta materia y estableció impedimentos dirimentes o causales de nulidad, tomadas, más o menos, del Derecho Canónico pero eliminando algunos, entre otros, el voto y el orden sagrado. Sin embargo, el Código Penal, en su artículo 382, castiga con reclu- sión menor en su grado máximo al que se casare estando ordenado
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in sacr.is o ligado con voto solemne de castidad; y esa disposición
no ha sido derogada hasta el presente. Los impedimentos dirimentes pueden ser absolutos o relativos, según que anulen el matrimonio respecto de cualquiera persona o de persona determinada. Son inpedimentos dirimentes absolutos los siguientes: (art. 4." de la ley de matrimonio civil). 1. o Vínculo matrimonial no disuelto;
2. 0 Impubertad;
3. o Impotencia perpetua e incurable;
4. o Imposibilidad para expresar su voluntad claramente, de pa-
labra o por escrito, y
5. o Demencia.
20. Vínculo matrimonial no disnelto.-Consiste en que uno de los que pretenden contraer matrimonio se encuentra ligado por otro anterior válido y no disuelto. Las causas de la disolución, se-
gún la ley de matrimonio civil, son la muene natural de uno de los cónyuges, la declaración de nulidad y la muerte presunta (arts. 37 y 38 de la ley). El artículo 37 de la ley de matrimonio civil incurre en la impro- piedad de decir que el matrimonio se disuelve por la declaración de nulidad. Si hay nulidad, no ha existido vínculo válido en ningún momento, y no cabe disoluci6n. La disoluci6n supone un vínculo válido. El Código Penal castiga cal que contrajere matrimonio estando
casado válidamente»
La disolución de un matrimonio, aunque éste haya sido celebrado en un país extranjero, no puede hacerse en Chile sino según las leyes chilenas, cualesquiera que sean las disposiciones de la legislación bajo la cual el matrimonio se contrajo (art. 121 del Código Civil). Si el vínculo se ha disuelto en país extranjero y según leyes ex- tranjeras, no tendrá valor en Chile y no se podrá pasar a segundas nupcias, si la disolución no procede según las leyes chilenas (art. 120 del Código Civil), de rntldo que una persona divorciada en Francia
v. gr., donde el divorcio importa disolución del vínculo, no puede contraer un segundo matrimonio en Chile, en vida del otro cónyuge.
(art. 382, inc.
1. o).
21. Falta de pubertad.-Nuestro Código fija la edad de la pubertad en catorce años para el varón y en doce para la mujer (art. 26). Esta edad varía naturalmente de una persona a otra, de mo- do que el legislador ha fij ado un término medio aproximado. _ Las diferentes legislaciones fijan diversos términos medios para la edad de la pubertad; ya que en cada país, según el clima, costum- bres, etc., varía en una misma edad el desarrollo físico, y con él las aptitudes para llenar uno de los principales fines del. matrimonio, cual es la procreación. Fijan la misma edad que nuestra legislación, que ha seguido al Derecho Canónico y al Romano, las legislaciones española, ita- liana y británica. El Código Civil francés fija dieciocho años para el hombre y quince para la mujer; las legislaciones de Noruega y Di- namarca, veinte y dieciséis; y la sueca, veintiuno y catorce años. Con excepción del Código Ruso, anterior a la Revolución, que prohibía el matrimonio al que hubiera cumplido los noventa años, las demás legislaciones no fijan el máximo de edad para el matrimo- nio.
Las legisladores tampoco ran creído necesario marcar una pro- porción a la edad de los contrayentes. En el Derecho Canónico existe este impedimento de la impu- bertad, pero es susceptible de dispensa en ciertos casos, en virtud del principio nisi malitia .s.uppleat aetatem. La ley de matrimonio civil suprimió las dispensas, pero en cuanto a la edad, estableció la prescripción de un año con que se valida el matrimonio del impúber, contado ese año desde que se cumple la edad de la pubertad (art. 35). 22. Impotencia.-Consiste en la incapacidad para la procrea- ción, y obedece, como el impedimento anterior, a la imposibilidad de llenar el fin específico del matrimonio. Debe ser perpetua e incurable, y existir al tiempo de la celebra-
ción del matrimonio (arts.
La impotencia puede ser antecedente o consiguiente al matri- monio, perpetua o temporal. Sólo la impotencia antecedente y per- petua dirime el matrimonio.
El término «incurable» que emplea la ley, no indica en realidad
30 de la ley).
.BAltROS-
ERRÁZURIZ'
un nuevo requisito, desde que siendo perpetua se entiende que tiene que ser incurable. En. este impedimento no cabe prescripción, y se puede alegar en cualquier tiempo. (Art. 35) .
' ·23.
Imposibilidad para expresar claramente su voluntad de
palabra o por eserito.-Este impedimento nace de la incapacidad
en que se encuentran los afectados por él, de llenar cumplidamente la misión del matrimonio, y de manifestar su consentimiento, que es la esencia del acto. En el Derecho Canónico se admite la manifes-- tación. de la voluntad por medio de signos.
. Hay nulidad absoluta .en los actos y contratos de las personas
absolutamente incapaces; y son tales, entre otros, los dementes y 1'\5 sordomudos que no pueden darse a etltender por escrito (art. 1447), es decir, los comprendidos en los dos últimos números del arto 4.° de la Ley de Matrimonio Civil; de modo que esta ley viene a aplicar a~ matrimonio las reglas generales de la nulidad. La prescripción, en este caso,. es de un año, contado desde que ha desaparecido el hecho que origina el impedimento. (Art. 35 de la Ley de Matrimonio Civil). 24. Demencia.-Las personas a quienes falta la razón son incapa- ces de manifestar su voluntad. Al considerar la ley como impedimento la demencia, no distingue entre los declarados en interdicción y los que no lo han sido; sólo atiende a la circunstancia de la demencia. El Derecho Canónico admite, y también lo admitía el proyecto de ley del señor Letelier. como válido, el matrimonio del que está en interdicción y lo celebra en momento lúcido. Si bien es cierto que el Código declara nulos los actos posteriores a la declaración de inter- dicción, aun cuando se pruebe haberse celebrado en momento lúcido (art. 465), esta regla es aplicable en nuestro concepto sólo a los actos patrimoniales y no al matrimonio, que está sujeto a reglas especiales muy diversas de las que rigen a los demás contratos. Si antes de la ley de 1884 podían efectuarse matrimonios en esas condiciones, sin que obstara a ello el arto 465 del Código Civil, creemos que ahora sub- siste la misma situación. Confirma nuestro raciocinio la dispo~ici{¡n dd arto 30 de la ley
de matrimonio civil, según la cual la demencia debe existir al tiempo
. los que impiden· el
de cclebrnrse el matrimonio.
25. Impedimentos dirimentes relativos.-Son
matrimonio con relación a personas determinadas, y pueden reducirse a tres: parentesco, homicidio y adulterio.
ascendientes y descendientes por consanguinidad y afinidad, y entre colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado inclUSive. «La prohibición de los matrimonios entre parientes cercanos, está fundada en razones poderosas. El matrimonio entre consanguí- neos en línea recta pugna al orden de la naturaleza. En todos los pue- blos y en todas las épocas, semej antes uniones· han sido severamente prohibidas y declaradas incestuosas. Entre hermanos el matrimonio no es más aceptable: la pureza del hogar doméstico y la moralidad qe las familias, estarían singularmente comprometidas si la ley auto- rizara tales uniones. Además, la ciencia médica demuestra que los matrimonios entre parientes cercanos, son causa de degeneración física e intelectual de la especie humana.> (Glasson, Elements de Droit Francais, 1, p. 38). La Iglesia jamás autoriza e! matrimonio entre· consangu'tneos en línea recta ni entre hermanos, es decir, entre las personas respecto de las cuales lo prohibe e! arto 5. G de la ley de matrimonio civil. Las reglas para la computación de los grados de parentesco han sido dadas oportunamente; pero cabe aquí observar que el arto 34 del Código, que exceptúa de estas reglas a los impedimentos cané- nicos para el matrimonio no tiene hoy dia aplicaci6n, porque. los impedimentos canónicos no están reconocidos por la ley de matrimonio civil, sino los que ella misma establece. También queda sin aplicaci6n el art. 104 de! Código Civil que era procedente cuando existían las dispensas canónicas. El citado arto 5." no se armoniza con el arto 38 del C6digo, pues la ley de matrimonio civil no prohibe el matrimonio entre personas de las cuales una es hermano de un ascendiente de la otra, ni entre personas que se hallan en el segundo grado transversal de afinidad, no obstante que el Código Civil declara irn:cstuosos a los hijos de esas uniones.
PARENTESCO. El arto 5. 0 de la ley prohibe el matrimonio
BJUlllOS
EllllÁZUlllZ
Pero no hay verdadera contradicci6n entre esos artículos, pues la disposici6n del arto 38 tiene aplicaci6n en el caso de hijos nacidos de uniones ilícitas de personas ligadas por esos parentescos y no en caso de existir matrimonio. El parentesco espiritual, causado por el bautismo y la confirma- ci6n, y el de adopci6n, que en ciertos grados es impedimento diri- mente canónico, no es considerado como tal por nuestra legisla-
Los que, hallándose ligados por los parentescos y en los grados enumerados en el. arto 5. o citado, se uniesen carnalmente, están pe-
nadas por el artículo 364 del Código Penal, con presidio menor en cualquiera de sus grados. 27. Homicidio.-Es impedimento dirimente relativo, o sea, prohibe la ley, so pena de nulidad, el matrimonio del c6nyuge sobre-
viviente con el asesino o c6mplice en el asesinato de su marido o mujer. Este impedimento corresponde al llamado en Derecho Can6nico . «crimen» . Es un impedimento necesario, destinado a frustrar las criminales maquinaciones de que podría valerse un cónyuge para romper los lazos de un matrimonio desgraciado, con la esperanza de contraer uno nuevo con el ejecutor o c6mplice en el crimen de homicidio. Para que exista este impedimento, se requiere que se haya pro- nunciado sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que declare al cónyuge sobreviviente asesino o cómplice en el delito, pero no es necesario que haya mediado adulterio. 28. Adulterio.-La mujer no podrá contraer matrimonio con su co-reo en el delito de adulterio. Este impedimento tiene la injusta
e inmoraI
de referirse s610 a la mujer y no al marido, ano-
malía que también existe en la disposición del N.o 11 del arto 10 y en la del arto 375 del C6c1igo Penal. La .ley se refiere en este caso al delito de adulterio, y por tanto,
se requiere para que haya impedimento, que exista sentencia de tér-
mino que establezca la responsabilidad criminal de la mujer y de su
CQ:-reo en el delito. El Dert;cho Can6nico extiende el impedimento de adulterio tanto
a la mujer como al marido, siempre que concurra la promesa de ma-
trimonio en vida del otro cónyuge. Para terminar lo relativo a los impedimentos dirimentes, téngase presente que el Código Penal castiga con reclusión menor en sus gra- dos medio a máximo al que contrajere matrimonio sabiendo que un impedimento dirimente se lo impedía (art. 383 inc. 1.<». 29. Impedimentos impedientes.-EI Código Civil exige, ade- más, para el matrimonio, requisitos cuya omisión no anula el matri- monio, pero que acarrea sanciones especiales, distintas de la nulidad,
y que el mismo Código fija en cada caso. Estos requisitos corresponden
a los que el Derecho Canónico llama impediente. La ley de matrimonio civil, en su arto 8.°, se remite al Código Civil en lo tocante a algunos de estos impedimentos, y como, además,
el artículo final de la ley de matrimonio civil declaró de un modo ex- preso que quedaban vigentes las disposiciones del Código Civil en
lo que no fueren contrarias a esa ley, resulta que todas las disposicio-
nes del Código Civil relativas a estos impedimentos impedientes es- tán en vigencia, por ser materia no tratada en la ley de matrimonio civil.
Estos impedimentos se refieren a diligencias previas para la ce- 1ebración del matrimonio, relacionadas ya con el permiso para con- traerlo, ya con el caso de ser el esposo guardador de la esposa, ya con el caso de las segundas nupcias. 30. Permiso para contner matrimonio.-No podrá procederse
a la celebración del matrimonio sin el ascenso o licencia de la per-
sona cuyo consentimiento sea necesario, o sin que conste que el respec- tivo contrayente no ha menester para casarse el consentimiento de Qtra persona, o que ha obtenido el de la justicia en subsidio (art.
La ley fija para el matrimonio, como edad mínima, la de la pu- bertad; pero, como la pubertad no da el discernimiento suficiente para resolver con acierto en cuestión tan importante como la elección de estado, exige, además, que se solicite la autorización correspondiente para el matrimonio de un menor de edad. Los que hayan cumplido veinticinco años no necesitan para casarse, del permiso de otra per- sona (art. 106), pues tienen la plenitud de la capacidad civil; pero los
ERRÁZUruZ
menores de veinticinco años, aun los habilitados de edad, necesitan
de autorización, y varían las reglas según la calidad de los hijos:
legítimos, naturales o simplementes ilegítimos. El hijo legítimo necesita el consentimiento expreso de su padre legítimo, o a falta de padre legítimo, el de la madre legítima, o a falta de ambos, el del ascendiente o ascendientes legítimos de grado más próximo, prefiriéndose, en este último caso, la opinión favorable al matrimonio, en igualdad de votos contrarios (art. 107). Faltando el padre, madre o ascendientes legítimos, dará el permiso el curador general, o en su defecto, un curador especial (art. 111). Se entiende faltar el padre, madre o ascendientes, en caso de im- posibilidad física o moral. Hay imposibilidad física, en caso de muerte; en caso de hallarse ausente del territorio de la República, y no es- perarse su pronto regreso, aun cuando se tenga noticias de su para- dero y esté en comunicación con los suyos; y en caso de ignorarse el lugar de su residencia. Hay imposibilidad moral, en caso de demencia; de privación de la patria potestad por decreto judicial (art. 267);
y respecto de la madre que por su mala conducta ha sido inhabili- tada para intervenir en la educación de sus hijos (arts. 109 y 110). El hijo natural, necesita para casarse el permiso del padre o madre que lo haya reconocido con las formalidades legales, y si am- bos le han reconocido y viven, el del padre (art. 108); a falta de tales padre y madre, el de su curador general, y en su defecto, el de un curador especial (art. 111). El hijo ilegítimo debe obtener el permiso de sU curador general.
y faltando éste, el de un curador especial (art. 111). El curador especial lo nombra el juez libremente; si lo propusiera el interesado, quedaría la autorización entregada a la voluntad del menor, ya que buscaría para su curador a una persona que le cons- tara, de antemano, que había de consentir en el matrimonio. El consentimiento debe ser expreso (art. 107) y prestarse ver- balmente ante el oficial del Registro Civil, por escrito, acompañando a la manifestación constancia fehaciente de él. dada por quien corres- ponda; debe ser coetáneo a la celebración del matrimonio. y no vale
si transcurren más de 90 días después de rendida la infc-rmación,
CrvlL
. en el cual casO deberá procederse nuevamente a comprobar el consenti- miento (art. 13 de la ley). Disenso.-La persona que, según la ley, debe otorgar e! permiso, puede negarlo o concederlo. Si lo niega a un menor de veintiún años, el matrimonio no podrá verificarse aun cuando no exprese el funda- mento de su negativa. El curador debe siempre expresarlo. Si niega el permiso a un mayor de veintiún años, puede éste pedir que se ex- prese [a causa del disenso y que el~a se calinque por el juez letrado competente (art. 112). El juez, si califica de infundada la negativa, puede autorizar al mayor de veintiún años para casarse (art.105). En la legislación española no hubo hasta 1776, recurso contra
celebración. del matrimonio. En esa fecha, una
Pragmática de CarIas 1II concedió a los jueces la facultad de de- clarar irracional el disenso, pero se modificó esa Pragmática en 1803, facultando a los padres para no expresar la causa de! disenso. Una
ley patria de 1820 concedió recurso contra el disenso, por la apelación
el disenso opuesto a la
a un .:consejo de familia~. Las razones que justifican el disenso son las siguientes:
l. a La existencia de cualquier impedimento legal, incluso los señalados en los artículos 104 y 116; 2." El no haberse practicado alguna de las diligencias prescritas en el título «De las segundas nupcias», en su caso; 3." Grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia, o de la prole; 4.· Vida licenciosa, pasión inmoderada de! juego, embriaguez habitual de la persona con quien el menor desea casarse; 5.' Haber sido condenada esa persona a cualquiera de las penas indicadas en el artículo 268, número 4. 0 ; 6. a No tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio (arto
Las razones de los números l.0 y 2.° se basan en el respeto a las disposiciones legales; las de los números 3. o, 4. o 5. 0 persiguen el bien moral y físico del menor contrayente, y la del número 6. 0 se refiere ti la subsistencia congrua actual, no a la futura. El juez de letras respectivo calificará la causa del disenso, en
EllllÁzUlUZ
vista de las alegaciones y pruebas que por ambas partes se produz- can.
Sanci6n.-Estos impedimentos impedientes no anulan el ma-
trimonio, sino que tienen otra sanción civil, indicada, en. cada caso, por la misma ley. Esta sanción civil tiene lugar cuando no se solicita
el consentimiento del padre, madre o ascendiente, pero no el del cu-
rador, en e! cual caso sólo hay sanción penal (art. 385 del Código Penal). También hay sanción penal para e! funcionario que autoriza un matrimonio prohibido por la ley (art. 388 de! Código Penal). El menor de veinticinco años que se casare sin e! consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, o sin que e! com- petente juzgado haya declarado irracional el disenso, podrá ser des- heredado por todos sus ascendientes, y perderá el derecho a la mitad de los bienes que le habrían correspondido en la sucesión intestada de ellos; o sea, tiene una pena facultiva respecto del ascendiente,y otra legal (artículo 114). Además, e! ascendiente, sin cuyo necesario consentimiento, o el de la justicia, en subsidio, se casó e! descendiente, podrá revocar las donaciones que hizo a éste antes del matrimonio. No perderá, sin embargo, e! menor e! derecho de alimentos (art. 115). Respecto al desheredamiento de un descendiente, debemos te- ner presente que entre las causales en que puede fundarse, se incluye la de haberse éste casado sin el consentimiento de un ascendiente o sin el de la justicia, en subsidio, (!Stando obligado a obtenerlo. (Art. 1208, n.O 4.°). Esta causal, como las demás, no valdrá si no se expresa específicamente en el testamento, y si, además, no se hubiere probado
judicialmente en vida del testador, o las personas a quienes intere- sare el desheredamiento no la probaren después de su muerte. Sin em- bargo, no será necesaria la prueba cuando el desheredado no reclamare su legítima en los cuatro años siguientes a la apertura de la sucesión;
o dentro de los cuatro años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar, si era incapaz al tiempo de abrirse la sucesión (art. 1209).' El artículo 1428 del Código dispone que las donaciones entre vi- vos pueden· revocarse por ingratitud, teniéndose por tal, cualquier
hecho ofensivo del donatario, que le hiciere indigno de heredar al
donante. El artículo 115 faculta expresamente al ascendiente para re- vocar las donaciones que antes del matrimonio haya hecho al des-
cendiente que se hubiere casado sin su necesario consentimiento
de la justicia, en subsidio. Con relación a los alimentos, cuyo derecho no pierde el menor, debemos advertir que ellos se dividen en congruos y necesarios: los primeros proveen a la modesta subsistencia de! alimentario, de un modo correspondiente a su posición social; y los segundos sólo a lo que basta para sustentar su vida (art. 323). En el caso presente, no se priva de los alimentos necesarios, pero sí de los congruos. La ley niega los alimentos congruos, generalmente en los casos en que el alimentario se ha hecho culpat.le de injuria grave contra la 'Persona que le debía alimentos (art. 324); Y al no pedir la autorización necesaria para contraer matrimonio, e! descendiente se hace culpable de injuria grave, y no de injuria atroz, ya que ésta haría cesar enteramente la obligación de prestar alimentos (art. 324). Finalmente, los militares, necesitan el permiso del Gobierno para
, contraer' matrimonio. 31. Guarda.-Mientras que una mujer, aun habilitada de edad,
no hubiere cumplido veinticinco años, no será lícito al tutor o curador ,que haya administrado o administrase sus bienes, casarse con ella, sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del defensor de menores. Igual, inhabilidad, se extiende a los descendientes del tutor o
, curador para el matrimonio con el pupilo o pupila; aunque el pupilo
, o. pupila haya obtenido habilitación de edad. Como sanción de las disposiciones anteriores, el tutor o curador que haya contraído o permitido, este matrimonio, perderá toda re- muneración que por su cargo le corresponda, sin perjuicio de las otras
, penas que las leyes le impongan, como ser la del artículo 387 del C6-
, digo Penal. No. habrá lugar a estas disposiciones, si el matrimonio es auto- rizado por el ascendiente o ascendientes; cuyo consentimiento fuere necesario para contra~rlo (art. 116). Nuestro CódigG, siguiendo a otras legislaciones, ha procumd:¡
resguardar los intereses de las personas sujetas a tutela o curatelá, dictando prescripciones que aseguren la verdadera y correcta rendi- ción de cuentas de la administración. 32. Segundas nupcias.-Las reglas que van a darse son apli- cables a todas las nuevas nupcias que contraigan los viudos, aunque no sean estrictamente las segundas. Empezaremos por distinguir dos casos: segundas nupcias del varón y segundas nupcias de la mujer. Segundas nupcias del var6n.--El varón viudo que, teniendo hijos de precedente matrimonio, es decir, hijos legítimos bajo su patria potestad o bajo tutela o curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder previamente, a la confección de inventario solemne de los bienes que está administrando y pertenezcan a los hijos como here- deros de su mujer difunta o a cualquier otro título. Para la confecci6n de este inventario, se dará a dichos hijos un curador especial (art. 124). Este curador se nombrará aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre, debiendo en este caso, testifi- carlo así el curador especial (art. 125). El objeto del inventario es evitar la confusión de los bienes de la nueva sociedad conyugal con los de la comunidad recién disuelta por lamuerte de la primera mujer; y decimos sólo por la muerte, porque la ley no contemp1a el caso de declaración de nulidad de un matrimonio anterior, en que hay las mismas razones para la confección del inventario. El viudo deberá exhibir el nombramiento del curador, o acre- ditar por medio de una información sumaria, que no tiene hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad o bajo su tutela o cu- raduría; pero la ley no lo exige que presente el inventario, ni tampoco fija plazo para ello. La ley confía en que el curador nombrado exigirá la pronta con- fección del inventario y vigilará por los bienes del menor. Las dispo- siciones anteriores tienen la sanción de que el viudo perderá en caso de incumplimiento, el derecho de suceder como legitimario o como heredero ab-intestatoal hijo cuyos bienes ha administrado (art. 127); sin embargo, el hijo puede condonar esta pena en su testamento, como también las que imponen los artículo 384 y 388 del Código Penal.
Segundas nupcias de la mujer.-.Debemos considerar dos casos diversos: uno, aplicable a toda muj er, en caso de disolución o declara- ción de nulidad, para evitar incertidumbre acerca de la paternidad; el otro es el caso de una viuda que. sea tutora o curadora de sus .rujos de precedente matrimonio. El primero es un impedimento peculiar al sexo femenino y tiene por objeto evitar la incertidumbre de la paternidad. Según él, la mu- jer que está embarazada al tiempo de disolverse o declararse nulo el matrimonio, no podrá pasar a otras nupcias antes del parto, o, no habiendo señales de preñez, antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes. De este plazo de 270 días se podrán rebajar todos los que hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración y en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer (artículo 128). La mujer debe justificar no estar comprendida en este impedi- mento, para que la autoridad civil permita su matrimonio (arts. 129 del Código y 8.° de la ley). El Código Penal castiga a laviuda que, habiendo quedado en cinta, se casare antes del part.o o antes de los 270 días contados desde la muerte del marido. Y en los mismos casos, a la mujer cuyo matri- monio se haya declarado nulo (art. 386). Por otra parte, si hubiere incertidumbre, acerca de la paternidad por haberse transgredido estas disposiciones, y se invocare una de- cisión judicial, el juez decidirá tomando en consideración las circuns- tancias, y oyendo, además, el dictamen de facultativos, si lo creyere conveniente (art. 200). También, en este caso la ley hace solidaria- mente responsable de los perjuicios y costas, a la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias, y a su nuevo ma- rido (alt. 201). En el segundo caso, la viuda que, teniendo hijos de precedente matrimonio que se hallen bajo su tutela o curaduría, tratare de volver a casarse, deberá sujetarse, según lo ordena el artículo 130, a lo pre- venido en el artículo 511, que exige la denuncia previa del deseo de casarse, al magistrado, para que se nombre a la persona que ha de
Elll\.ÁZUlllZ
suceder en el cargo. La regla de este artículo 511 es aplicable no sólo
a la madre legítima, sino también al padre natural. Esta guarda de la viuda tiene ahora menos aplicación, porque muerto el padre le corresponde a ella la patria potestad, conforme al
Decreto-Iey de
discierna la guarda legítima de sus hijos. 33. Requisitos externos o soIemnidades.-Se refieren a dos puntos: I. Diligencias preliminares a la celebración del matrimonio, contenidas en los artículos 9 a 14 de la ley de matrimonio civil; y 11. Solemnidades del momento mismo de la celebración, contenidas en los artículos 16 y 18 de la ley citada.
34. Diligencias preliminares.--Consisten en la manife.stación
y en la información tle testigos.
y no nece~ita pedir que se
35. Manifestaci6n.-Tiene por objeto dar a conocer la inten- ción de los esposos, de contraer matrimonio; en consecuencia, debe ser hecha por ambos. (Art. 9.° de la ley de matrimonio civil, y arts 28 y 29 del Reglamento respectivo) . . Puede ser escrita o verbal (art. 9.°). La escrita será firmada por ambos contrayentes (art. 28 del Reglamento). La verbal obliga al oficial del Registro Civil a levantar acta, que firmará con los intere- sados, si supieren y pudie.ren (art. 10). En la manifestación deberá constar el nombre y apellido paterno
y materno de los esposos; el lugar de su nacimiento; su estado de sol- tería o de viudez, yen el último caso, el nombre del cónyuge y ellu- gar y fecha de su muerte; profesión u oficio de los contrayentes o los nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos; y el hecho de no tener impedimento o prohibición legal para contraer matri- monio (art. 9.°). El Reglamento de esta ley, en su artículo 28, agregó las exigencias del lugar y de la fecha en que se haga. La manifestación debe hacerse ante el oficial civil competente,. que según la ley de 31 de Enero del 1930 es el de la comuna o sección en que cualquiera de los contrayentes tenga su domicilio o haya vi- vido los tres últimos meses anteriores a la fecha del matrimcnio; pero los matrimonios en artículo de muerte pueden celebrarse ante cualquier oficial dél registro civil y respecto a las personas asiladas. en hospitales, pensionados, casas de beneficencia; cárceles, etc., se
entiende que tienen al1í la residencia de tres meses que exige la !ey. También podrán celebrarse ante cualquier oficial del registro civil los matrimonios en. caso de juicio, provocado para obligar a la cele- bración del matrimonio civil a los que sólo hubieren celebrado el reli- gioso. 36. Información.-Ha de versar sobre el hecho de no tener los contrayentes, impedimentos ni prohibiciones para contraer matri- monio (art. 12), y se hará sumariamente ante el oficial civil. La ley, en su artículo 12, parece exigir que la información se rinda en el momento mismo de la manifestación; pero los artículos 30 y 31 del Reglamento aclaran la duda, estableciendo que se haga después de recibida la manifestación. Debe ser de dos testigos, por lo menos, número requerido por el Derecho para que haya prueba (art. 12). Pueden ser testigos todos Io~ que no exceptúe la ley, y en este caso, se excluye por el artículo 14, tomado del artículo 1012 del Código, a las siguientes personas:
1.0 Los menores de diez y ocho años; 2. o Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;
4. 0 Los
ciegos, los sordos y los mudos;
5. o Los que estuvieren declarados culpables de crimen o delito a que se aplique la pena de más de cuatro años de reclusión o presidio, y los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos; y 6.<> Los extranjeros no domiciliados en Chile, ni las personas que no entiendan el idioma español. Estas diligencias preliminares prescriben en noventa días, con- tados desde la fecha de la información (artículo 13); para ello la ley ha tomado en cuenta que las circunstancias varían con el tiempo:
de modo que, pasado el plazo, es necesario repetir las diligencias. La ley de matrimonio civil suprimió las proclamas y denuncias del Derecho Canónico; lo que constituye una grave innovación en la legislación del matrimonio. El proyecto del año 1875 establecía los edictos y oposiciones; pero, para evitar dificultades en la aplica-
ción de la nueva ley, se suprimieron a indicación del Presidente de
la Cámara de Diputados, en sesión de 25 de Septiembre de 1883,
BARROS .ERRÁZURIZ
37. Solemnidades
celebración.-
Son dos las solemnidades esenciales, cuya inobsetvancia está sancio- nada con la nulidad absoluta: a) que se celebre el matrimonio ante el oficial civil correspondiente; y b) que se celebre ante dos testigos hábiles, parientes o extraños (arts. 16 y 31). Las demás solemnidades no tienen esta sanción.
Veamos las reglas relativas a la celebración del acto civil después de las m:Jdificaciones introducidas por la ley de 31 de Enero de 1930.
a) El lugar de la celebración puede ser el local de la Oficina del
Registro Civil; o la casa de alguno de los contrayentes; o cualquiera otra casa que, de común acuerdo, indicaren los contrayentes, siempre que se hallare ubicada dentro de la jurisdicción del Oficial del Regis-
tro Civil competente. En artículo de muerte, puede celebrarse en cual- quier lugar, y respecto de las personas asiladas en hospitales, pensio- nados, etc., puede celebrarse en el local del hospital o asilo.
b) Respecto al dia de la celebración, la ley exige que sea dentro
de los n::>venta días subsiguientes a la información y en caso de haberse
celebrado previamente el matrimonio religioso, la celebración del acto civil debe tener lugar antes de expirar los ocho días siguientes a la celebración del primero, salvo el caso de impedimentos o prohibicio- nes legales.
e) Respecto a la legitimación de los hijos, el oficial civil mani-
festará privadamente a los contrayentes que pueden legitimar los hijos comunes nacidos antes del matrimonio, que no hubieren sido reconocidos como naturales y en el acto del matrimonio pueden los contrayentes hacer esa declaración de legitimación y la inscripción que la contenga, producirá los efectos señalados en el artículo 208
a) A.tes de proceder a la inscripción, el Oficial Civil leerá los
del Código Civil sobre los deberes de los
cónyuges, preguntará si consienten en recibirse como marido y mu- jer, y si respondieren afirmativamente los declarará casados en nom- bre de la ley. e) Después de esa diligencia, extenderá la inscriPción en el re- gisto de matrimonios. Son requisitos esenciales de la inscripéión:
1.0 el lugar, día, mes y año en que se hace; 2. 0 el nombre y apellidos
artículos 131, 13 3 y 134
CIVIL. TERCER
A~p,
<4-9
de los contrayentes; 3. 0 los nOmPres y apellidos .de, los testigos y su t~timQnio b1:ljo juramento s()J;:!re el hecho. de no existir impedimentDs ni prohibiciones y sobre el lugar de! domicilio o residencia de los contrayentes; y 4.° la firma de los contrayentes, testigos y oficial ci-
j) El matrimonio puede celebrarse por medio de apoderado; pero para la validez del matrimonio por poder se requiere un poder especial constituído por escritura pública, en el cual se exprese el nom- bre, apellido, edad, profesión y domicilio de los contrayentes.
38. Registro de matrimonios.-La ley de 31 de Enero de. 1930
ha dado mucha importancia a las inscripciones en el Registro Civil.
Por lo qlle toca a los matrimonios, deben inscribirse en el libro corres- pondiente:
territorio de cada
l. o Los matrimonios que se ce!ebrenen comuna;
2. o Los. celebrados en artículo de muerte, en la comuna corres-
,pondíente al lugar en que este acto se verifique;
celebrados fuera del país por un chileno con un extran-
jero, o entre dos chilenos, se inscribirán en e! Registro de la primera sección de, la comuna de Santiago.
Los documentos debidamente legalizados se enviarán por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que los mandará al Conser- vador del Registro Civil para que disponga la inscripción.
4. o Las sentencias ejecutoriadas en que se declare la nulidad
de un matrimonio o se decrete el divorcio perpetuo o temporal; o la simple separación de bienes de los cónyuges; los instrumentos en que se
estipulen capitulaciones matrimoniales y las sentencias ejecutoriadas que concedan a la mujer o a un curador la administración extraordina- ria de la sociedad conyugal y las que declaren la interdicción de! ma- rido.
Estas inscripciones que ordena la ley tienen gran importancia porque la misma ley dispone que: <los instrumentos que en confor- midad a esta ley, deben ser inscritos en los registros, no podrán ha- cerse valer en juicio sin que haya precedido la inscripción que corres- ponda>.
J. o Los
a9.-Matrimonios
eelebrados
extranjero.-Dividiremos
BAIUIOS
Elll'.ÁZUJUz,
este estudio en doS partes: 1.0 Matrimonios de extranjeros, y 2."
con extranjero.
de chilenos, o de un chileno o
40. Matrimonio de extranjeros. - La ley es obligatoria para
todos los habitantes de laRepública, incluso los extranjeros (art. 14),
de modo que en Chile los extranjeros deben someterse a la ley chi1ena~ por el contrario, el matrirm>nio que celebren en país extranjero deberá someterse a las leyes· de ese país, según ·.el principio de Derecho In. ternacional Privado, universab;nente aceptado clocus .tegit actum» , reconocido expresamerit~.en nuestro."asdigoCivil (arts. 16 y 17). Por su parte, la ley de matrimonio civil reconoce la validez del matrimonio celebrado en país extranjero en conformidad a las leyes del mismo país, en el artículo 15, que es reproducci6n del artículo 11~ del Código Civil, suprimiendo la frase co a las leyes chilenas», frase que tenía aplicaci6n cuando en Chile existía el matrimonio can6nico, que en todos los países es igual. La anterior por 10 que toca a la celebración de los matrimonios de extranjeros; pero nuestro C6digo contiene ademásuna regla muy importante, que se refiere a su disolución. cEI matrimonio disuelto en territorio extranjero, dice el artículo 120, en conformidad a las leyes del mismo país, pero que no hubiere podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los dos c6nyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro cónyuge». Es decir, un extranjero divorciado no puede casarse en Chile, mientras viva su primera mujer. 41. Matrimonio de clülenos.-Según el ~rtículo 15 del Código Civil, los chilenos, no obstante su domicilio en país extranjero, per- manecerán sujetos a las leyes patrias: 1.0 En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile; 2.° En las obligaciones y derechos que na- cen de las relaciones de familia; pero sólo respectoc!e sus cónyuges
y parientes chilenos. Este principio del estatuto personal de los chi- lenos,que les sigue aún en territorio extranjero, lo reconoce la ley de matrimonio civil en el mismo artículo 15. que acabamos de citar
y que modifica al artículo 119 del Código; pues la ley de matrimonio
civil prohibe a los chilenos domiciliados en el extranjero la contra- vención a lo dispuesto en los artículos 4. 8 , 5.°, 6. 8 Y 7. 8 de la misma
ley, que fijan los impedimentos dirimentes, y el Código prohibía contravenir "de algún modo a las leyes chilenas>. Esto no quiere decir ql.le un chileno en el extranjero no quede obligado a los impe- dimentos impedientes: le ohligan tanto como los dirimentes; pero, por la importancia de éstos, la ley se refirió especialmente a lósPrl- meros, que se relacionan con la validez o nulidad del acto. Por la regla del estatuto personal' que acaba' de recordarse; quedan sometidos lOs chilenos a los impedimentos impedíente~; y su inobservancia les acarrearía la sanción civil correspondiente. Deberá, pues, el chileno someterse a los requisitos de fondo que exige la ley chilena, para contraer matrimonio en territorio extranjero; en cuanto a Jos de forma, queda sometido a las leyes del país en que el matrimonio se celebra, según el citado principio de Derecho Inter- nacional. Debemos recordar además que según la ley de 31 de Enero 4é 1930 el matrimonio celebrado fuera del país por un chileno c01l~Q
registro de la primera sección de la comuna de Santiago y que ,\
este requisito no se puede hacer valer en juicio.
¿Puede un chileno o chilena casarse en otro país con una pCfS9ll3 divorciada, cuando en ese país el divorcio disuelve el vínculomatri- monial? No. Ya hemos dicho que las leyes sobre capacidad de las;per- sonas, que son parte del estatuto personal, siguen a los chilenos al extranjero; y como nuestra ley no admite la disolución del vínculo por divorcio, sino sólo por la muerte de uno de los cónyuges, resulta que, en el caso propuesto, en concepto de la ley chilena existiría vín- culo que impediría contraer matrimonio válido (artículo 4,° de la ley). 42. Divorcio.-La palabra divorcio se deriva del latín divertU o divortit, que significa salir de la casa, yéndose cada uno por su lado quia in ¡diversa abeunt, e indica también la diversidad de voluntades a diversitate mentium. Se toma en dos acepciones distintas, a saber
debe inscribirse en Chile,
en~ ,-
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"~? l. \~ .;",/
~:.:;/
a) en el sentido de disolución del
vínculo matrimonial, de modo que
los divorciados pueden pasar a nuevas nupcias; b) en sentido de sim-
ple separación de pers0'las, quo ad thorum et
cohabitatíonem. En
último sentido, el vínculo no se destruye; sólo se relaja,
divordo.-Por· Decrecho
EUÁZmuz
tural y por Derecho Divino, el matrimonio es indisoluble durante la .vida de los cónyuges. Lo es por Derecho Natural, porque la diso-
lución contraría los fines del matrimonio, haciendo peligrar el cuidado y. la educación de los hijos, alienta la infidelidad conyugal, perturba l~ p~: qe las familias y disuelve las costumQres, como lo enseña la historia al recordarnos los tiempos del Imperio Romano, lo sucedido en muchos países protestantes, en Francia durante la Revolución,
es por Derecho Divino, pues fué im¡tituído al principio
del mundo para que los cónyuges formaran una sola carne; y si Moi- ~.suspendió esta.1ey, con autorización divina, Jesucristo la restable- ció en el. Evangelio, prohibiendo al divorciado casarse con o~ra per- sona, aún en el caso de adulterio de la mujer. . La Iglesia sólo admite la disolución del vínculo conyugal en caso de matimonio de infieles, cuando uno de ellos se ha convertido a la fe y existe peligro para él en la cohabitación; en el caso de matrimonio de fieles. no consumado, por profesión religiosa solemne de uno de los cónyuges, pero con ciertas exigencias respecto del otro; y. por dis- pensa del papa. Pero el matrimonio consumado de los fieles no puede disolverse jamás. .Permite la Iglesia, en casos graves, la separación de las personas, pero sin ruptura del vínculo matrimonial. 44. Historia de la legislaci6n del divorcio.-Los romanos permitieron e! divorcio con disolución de! vínculo, aun por e! sólo consentimiento mutuo, divortium bona gratia. Durante el Imperio se generalizó tanto el divorcio, que las matronas romanas contaban los años, no por la sucesión de los cónsules, sino por el número de sus maridos. El Derecho Romano posterior, de la época de los Empera- dores. cristianos, restringió el divorcio.
y,hoydía
A medida que fué creciendo la influencia de la Iglesia, fué preva- leciendo la influencia canónica de la indisolubilidad del vínculo,. aún en e! caso de adulterio. En Francia, la legislación sobre esta materia ha sufrido continuas variaciones. .El divorcio se estableció durante la Revolución Francesa, por
1792, permitiéndose a(1O por la mera
ley de 20 de Septiembre de
'TEllc:EK
El Código de Napoleón mantuvo el divorcia con disolución' del vínculo y aún por la voluntad de los cónyúges; pero modificó, en parte, los principios de la Revolución.
vínculo, estableció la
Al lado del divorciO con disolución
cseparaci6n de cuerpos:>, para los que profesaban la doctrma de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Durante la Restauración, por ley de 8 de Mayo de 1816, se vol- vió a la doctrina católica, suprimiendo el divorcio con disolución del vínculo y dejando subsistente sólo la separación de cuerpos, quo ad thorum ei cohabitatiónem.· .
Por ley de 27 de Julio de 1884 se derogó la ley del año 1816, y se restablecieron las disposiciones del Código de Napoleón, excepto en lo tocante al divorcio por mutuo consentimiento, que quedó pro- hibido; pero hoy día, desgraciadamente, las fa~ilidades para obte- ner el divorcio han aumentado el número de ellos en forma que alarma a los estadistas de ese país. Sancionan también el divorcio con disolución del vínculo: Ale- mania, Holanda, los cantones protestantes de la Suiza, Uruguay, Costa Rica, Rusia, Méjico y otros países. En Inglaterra se disuelve el vínculo sólo por el adulterio, y del juicio de divorcio no conoce ya el Parlamento, como acontecía antes, sino una Corte de Altos Dignatarios. También se admite paralela- mente la separación de cuerpos. No reconocen el divorcio con el ca- rácter de disolución del vínculo: España, It8Jia, Portugal, Baviera, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina. En Estados Unidos la legislación es varia. Nuestra legislación, aun después de la vigencia de la ley de niatri- monio civil, sanciona la indisolubilidad del vínculo matrimonial, y sólo acepta el divorcio como suspensión de la vida común. cEl divorcio no disuelve el matrimonio, sino que suspende la vida común de Jos cónyuges:> (art. 19 de la ley de matrimonio civil). Exige, además, sentencia del juez que lo declare, previa com- probación de existir una causa legal, y no acepta el divorcio por el mutuo consentimiento de los cónyuges. El divorcio es temporal o perpetuo, según la mayor 'o menor gravedad de las causales que lo provoquen,
La duración del divorcio temporal la fija el juez, pero no podrá p3S&r de cillC9 años (arts. 20 y 23 de la ley).
45. Efettos del divordo.-El divorcio temporal y el perpetuo
prodt¡cen efectos diversos. El divorcio perpetuo disuelve la sociedad conyugal-- (art. 176, número 3.° del C6dig?): el temporal no. El divor- cio perpetuo da, en algunos casos, derecho. al cónyuge inocente para revocar las donaciones que hubiere hecho al culpable (art. 172 del Código); el temporal no (a~. 177). El divorcio perpetuo modifica la condici6n jurídica de los cónyuges en lo tocante a la administra- ción y goce de sus bienes (párrafo 4.°, título 6.", libro 1.0 del C6digo); .el tempOral no produce este efecto. En lo tocante a loS derechos y obligaciones respecto a los hijos, ambos divorcios admiten reglas comunes (arts. 190 y siguientes, 223
y 224); Y ocurre lo mismo en la herencia ab intestato, a la cual no tendrá derecho el cónyuge divorciado, si 10 fuere por su culpa (art.
Otro efecto del divorcio se relaciona con la patria potestad. El artículo 4 del Decreto-Ley sobre capacidad civil de la mujer, dispone:
«La mujer divorciada por culpa del marido, tiene la patria potestad sobre los hijos que estén a su cargo, según las reglas generales lJ • No exige este artículo que el divorcio sea perpetuo; de modo que este efecto se produce tanto en los casos de divorcio perpetuo, como temporal, siempre que el divorcio se haya decretado por culpa del marido El divorcio temporal procede por las causales de los números 5.°,6.°,7.°,8.° y 12 del artículo 21 de la ley. El perpetuo procede por las causales de los números Lo, 2. Cl , 3.°,4.°,9.°, 10, II Y 13 del mismo artículo. El juez pronunciará su fallo según los términos en que esté con- cebida la demanda; de modo que si se le pide divorcio perpetuo, no puede conceder el temporal. Y al conceder éste, fijará su duración, que no podrá exceder de cinco años, atendida la naturaleza de las causales probadas y el mérito del proceso (art. 23). 46. Causales del divorcio (art. 21):
1;" Adulterio de la mujer o del marido.-La palabra adulterio
viene del verbo latino adulterare. que significa falsificar, corromper.
D:ERliCHO
TEltC:ER
porque confunde la descendencia de las personas; según otros, viene de al!eriu3 thorus, que significa otro lecho; y para muchos también, de las palabras ad alter. Es causal de divorcio perpetuo el adulterio de cualquiera de los c6nyuges, los cuales a este respecto quedan en igual condición. No ocurre lo mismo para los efectos de la sanción penal, pues, como vimos anteriormente, el Código Penal castiga a la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y al que yace con ella sabiendo que es casada; y al marido adúltero, sólo cuando tiene concubina en su casa o fuera de ella, con escándalo: disposición desigual e injusta, porque el deber de fidelidad obliga por igual a ambos cón- yuges; porque no hay razón para aplicar diferentes doctrinas mo- rales al hombre y a la mujer, pues si el adulterio de la mujer di- suelve la familia, el del hombre, en cambio, roba a la mujer y a sus hijos la dignidad del matrimonio, el cariño, la salud y hasta la fortuna, que se invierte en el mantenimiento de un hogar ilegítimo. La legislación francesa sólo reconocía como causal del divorcio el adulterio de la mujer, y el adulterio ¿el marido únicamente cuando tenía en su propia casa a la concubina; pero innovó en esta materia, y por la ley de 1884 igualó a este respecto a la mujer y al marido. La declaración del divorcio por adulterio, pronunciada en juicio civil, no basta para la aplicación de la pena que corresponde a este delito: es necesario seguir juicio crimina1. Sin embargo, si en el juicio civil se absuelve al presunto culpable, queda extinguida la acción penal, es decir, la sentencia ejecutoria en lo civil, produce pleno efecto en lo penal (art. 80 del Código Penal). Tampoco puede establecerse acci6n penal por adulterio ocurrido después de la sentencia ejecutoria en lo civil. que declara el divorcio perpetuo, y mientras este subsista (art. 378 del Código Penal).
. Cuando la mujer hubiere dado causa al divorcio por adulterio,
perderá todo derecho a los gananciales, y el marido tendrá la adminis-
tración de los bienes de ella (arto 171). Esta regla tiene algunas ex- cepciones, que se estudiarán oportunamente.
2." Malo~ tratamientos graves y
repetidos, de obra o de palabra.
Esta causal de divorcio perpetuo corresponde a lo que el dere- cho Canónico llama sevicia, es decir, crueldad excesiva. Propiamente.
BÁ1ltOS
EallÁZUJUZ
la sevicia se refiere a los malos tratamientos habituales de obra; los de palabra son injurias graves. Para hacer la apreciación debida de esta causal, debe atenderse a la posición social de los cónyuges, al sexo y a su edad.
3." Ser uno de los c6nyuges autor, i~igador o c6mplic8 en laper- petraci6n o preparaci6n de un delito contra los bienes. la honra o la vida del otro c6nyuge.
El Código Civil también ha tratado con rigor estos delitos. Así, en el artículo 968 considera indignos de suceder al difunto como he- rederos o legatari6s, a los que han cometido aten,tad~ grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia eje- cutoria. Esta indignidad la hace extensiva a los alimentos, de los cuales quedan esas personas privadas en absoluto. (Ar. 979). Naturalmente esta causal de divorcio perpetuo no será tal mien- tras no se pruebe por sentencia ejecutoria.
4." Tentativa del marido para prostituir a su muler.-Esta ten-
tativa constituye una injuria gravísima al honor y virtud de la mu- jer y es causal de divorcio perpetuo. Según el Código Penal, hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos; pero faltan uno o más para su cumplimiento (inciso 3.·, arto 7.·). A diferencia de las demás causales de divorcio, la presente, una vez declarada, no hace cesar el divorcio y sus efectos, aun cuando los cónyuges consintieren en volver a reunirse. (Art. 28 de la ley de ma- trimonio civil).
5." Avaricia del marido, 3i llega hasta privar necesario para la vida, atendidas su~ facultades.
Es avaro el marido que tiene bienes, pero los guarda; f esta circunstancia da lugar al divorcio, porque falta el marido a una de las obligaciones del matrimonio, cual es, suministrar a la mujer fa nece":' sario, según sus facultades (art. 134 del Código). Además, la ley da derecho de alimentos al cónyuge (art. 321 del Código). Est061 alimen- tos deben ser congruos, es decir que habiliten al otro cónYUie para subsistir modestamente, según su posici6n social.
Esta causal es suficiente para el para el perpetuo (art. 22 de la ley).
6. a Negarse. la mujer, sin causa legal, a seguir a su marido.-.
Esta es otra causal sólo de divorcio temporal (art. 22), y se funda en la obligación que tiene la mujer de seguir al marido donde quiera que tr.aslade. su residencia, salvo que ello le acarree peligro inminente de
la vida (art. 133). Esta obligación es conforme a la naturaleza del ma-
trimonio, y la excepción es una consecuencia del derecho de conser- .vación de la vida.
7,& Abandono del hogar común, o resÍ9tencia a cumplir las obliga- ciones conyugales, sin causa justificada.
También esta causal es de divorcio temporal únicamente (art. 12). El abandono a que se refiere la ley, debe ser con intención dañada, que necesita acreditarse. El cumplimiento de las obligaciones conyugales comprende 108 fines esenciales del matrimonio: vivir juntos, procrear y auxilíarse mutuamente (art. 102). Sin embargo, parece que la ley ha querido
referirse, de un modo especial, a la obligación del débito conyugal.•
o sea, a la recíproca obligación de los cónyuges para la propagación de la especie. No obstante, la expresión cobligaciones conyugales. es demasiado vaga y comprende a todas. sin excepción.
8. a Ausencia, sin justa cau~a, por má.! de tres años.-Es causal
de divorcio temporal, como las tres anteriores (art. 22). La ley no detennina el alcance que debe darse en este caso a la palabra ausencia, la cual tiene en el Derecho Civil diversas acep- dones: para el efecto de nombramiento de curador de bienes es ausente caquel cuyo paradero se ignora ci que, por 10 menos, ha dejado de e$tar en comunicación con los suyos» (art. 473); para los efectos de la prescripción, se entienden ausentes elos que residen en país extran- jero' (art. 2508); para los efectos de la declaración de muerte pre~ sunta, el Código exige la comprobación del desaparecimiento, igno- rándose si el desaparecido vive, y verificándose otras condiciones (arts. 80 y siguientes); y todavía, el Código distingue el desapareci- miento, de la mera ausencia (art. 83); Y finalmente, hay otros casos en que la palabra ausencia significa la simple no presencia de la persona en su domicilio habituaL
Debe tenerse presente que esta ausencia requiere la falta de justa causa, condici6n que apreciará el juez según las circunstan- cias.
9.· Vicio arraigado de juego, embriaguez o dis,ipación.-El legis-
lador procura mantener la moralidad de la familia y evitar las desas- trosas consecuencias que acarrearía el matrimonio en estas condicio- nes; y no s610 permite el divorcio, sino que, en virtud de estas mismas causales, impide el matrimonio al menor de 25 años, dándole Eacultad
a la persona que debe autorizarlo, para negar su consentimiento (art.
113, núm. 4. ,,) La ley exige que estos vicios sean arraigado,s,
habituales, pet'manentes. Esta es causal de divorcio perpetuo.
10. a Enfermedad
incurable. y contagiosa.~En este caso
se requiere la concurrencia de las tres condiciones, copulativamerite,
y para establecerlas en juicio, es menester recurrir al informe médico. El Derecho Can6nico admite el divorcio por esta causal, cuando, a juicio de los médicos, existe peligro de infecci6n en la cohabitaci6n, y siempre que la enfermedad sobrevenga después del matrimonio. (Donoso. Instit. Pág. 420). Es causal de divorcio perpetuo.
11.· Condenación de uno de los c6nyuges por crimen o simple delito.
-Se trata de personas condenadas como responsables de crim'én o simple delito, por sentencia que cause ejecutoria; aun más, la ley habla de condenaci6n de uno de los cónyuges, o sea, de condenaci6n posterior al matrimonio, no quedando comprendida la condenación anterior. La ley se refiere a cualquier delito, puesto que no hace distinción alguna; aun de aquellos que no son deshonrosos, como los delitos po- líticos. Habiendo sentencia de término, existe la causal, aunque se ot>. tenga más tarde; indulto, porque por él se perdona la pena, pero sub- siste siempre el hecho de la delincuencia. Esta es causal de divor- cio perpetuo.
12. a Malos tratamientos de obra inferido~ a los hijos, si pusieren
en peligro ~ vída.-Esta es sólo causal de divorcio temporal. (Art. 22). Las causales de los ,números no comprendidos en el arto 22, dan de- recho a pedir el divorcio perpetuo o temporal. Hemos visto que puede solicitarse el divorcio por malos trata~
mientas de obra o de palabra, entre los cónyuges. El caso en cuestión es semejante con relación a los hijos; pero con la diferencia de que sólo procede el divorcio por malos tratamientos de obra, y no por los de palabra, como en el caso recordado. Es condición de esta causal que esos malos tratamientos pongan en peligro la vida de los hijos; pero ella n? obsta a la facultad del pa- dre, de corregir y castigar a sus hijos, y a la facultad, sancionada por
la ley, de demandar la detención en un establecimiento, correccional,
cuando no bastaren las correcciones y castigos (art. 233). Por lo mismo que la ley sanciona ese derecho de los padres, en la forma dicha, no se justifica en manera alguna la crueldad para con ellos; y por eso, se consideran como causal de divorcio los malos tra- tamientos inferidos a los hijos. Ellos hieren los más caros afectos del padre o madre, y la vida marital se hace casi imposible. La ley obliga así al cónyuge que se deja arrebatar con actos de crueldad para con los hijos, a moderar el ímpetu de. sus pasiones.
13.- Tentativa para corromper a los hijos, corrupción.
complicidad en su
Causal de divorcio perpetuo análoga a la del N.O 4.°, a la cual
nos remitimos, en lo que sea aplicable. Según el Código Penal (art.
16), es cómplice de un delito el que no
es autor y coopera a la eje-
cuci6n del hecho por actos anteriores o simultáneos.
procedimiento en el juicio de
divorcio.-.Estudiamos
a continuación las reglas especiales que rigen la acción y el juicio de
divorcio. l."' La acción corresponde únicamente al cónyuge inocente contra el culpable, pues aquel es el agraviado. El cónyuge culpable no puede prevalerse de su culpa para demandar el divorcio; esto sería inmoral. Si ambos cónyuges tienen mutuamente causales, toca la acción a los dos, pues con respecto a los motivos que cada uno alega, ninguno puede estimarse inocente. 2." La acción es personal de los cónyuges; no pasa a los herederos ni puede ir en contra de ellos; no puede entablarse por parientes. Sólo los cónyuges son dueños de apreciar sus agravios y la convenien- cia de su vindicación (art. 24).
ALFtl.EDO
UllÁZUIllZ
3. a La acción es irrenunciable anticipadamente'.' La ley prohibe la renuncia, vigilando por el mismo interés delo~ cónyuges, que al celebrar matrimonio pudieran contraer un compromiso preciPitado que después los colocaría en situación muy difícil. De igual manera' pro- hibe a la mujer (art, 153 d~l Código Civil) renunciaren las capitula- ciones matrimoniales a la facultad de pedir la separación de bienéS a que le dan derecho lás leyes. Por causa conocida y existente puede renUl1ciarse, y se entiende renunciada la acción de divorcio cuando ha' seguido cohabitación'; presuneión' r~cOnocida por tod~s lalegislacio- nes y que se extiende aún al caso de existir juicio pendiente, pues la cohabitación indica reconciliación. Pero la renuncia no se opone a que se aduzcan nuevamente los hechos, en caso de intentarse nueva demanda por causas sobrevenidas después de la reconciliación~ . 4.& La acción del divorcio prescribe en un año, contado desde que se tuvo conocimiento del hecho en que se funda (art. 26). Disposici6n análoga a la del artíéulo 377 del CódigQ Penal, según la cual la acci6n de adulterio prescribe en un año, contado desde el día en que el ofen- dido tuvo noticia del delito. En este caso corre la prescripci6n entre c6nyuges, excepción a la regla del inciso final del artículo 2509 del Código Civil, que dice que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. 5.° El juez oirá el dictamen del mini.!terio público (art. 27). Se oye al ministerio público en estos juicios, porque ellos interesan al orden social. Esta disposición concuerda con el artículo 263 N.- 5. 0 de la ley Org{mica de T riQunales, que manda oír al ministerio público en los juicios sobre el estado civil de alguna persona. Con arreglo al artículo' 266 de la misma ley. basta que antéS de la sentenCia el ministerio público examine el proceso y exponga las conclusiones que crea procedentes. 6." Para entablar el juicio de divorcio, la mujer no mce«ita la autorización del marido (art. 136). En cuanto a gastos judiciales, el marido debe suministrarle los recursos necesarios (arts. 136 ., 1(8), que: reglará y decidirá el juez. La habitación y alimento~ de la mujer durante el juicio se reglarán y decretarán también por el jricr; (art.
7. a Las declaraciones acordes del marido y de la mujer,. bastan
CIVIL'I'EIlCEll
para probar el motivo de la separación; se necesitan otras pruebas, pues nuestra legislación no reconoce el divorcio producido por mutuo consentimiento de los cónyuges. En esta clase de juicios, atendida su naturaleza, se admite el testimonio de los domésticos y. demás dependientes, pues a menudo son las únicas personas ·impuestas de los hechos pertinentes. 8." La sentencia que decrete el divorcio temporal o perpetuo, debe imcribirse en el Registro Civil (art. 4. 0 de la ley de 10 de Febrero de 1930 sobre Registro Civil). 9." Los efectos del divorcio ces,an cuando los cónyuges consienten en volver a reunirse (art. 28), exceptuándose los casos en que el di- vorcio ha sido sentenciado por causa de la tentativa del marido para prostituir a su mujer, o por la tentativa de cualquiera de los cónyuges para corromper a los hijos, aunque sólo sea cómplice en la corrupción (art. 28). Fúndase la regla anterior, en que el divorcio no disuelve el yínculo .matrimonial, y, por lo tanto, la voluntad de los cónyuges ha de acatarse antes que la sentencia. Respecto a los casos de .excep- ción, podemos decir que no son justificados, porque el cónyuge que, en resguardo de su honor, pidió el divorcio, si se reconcilia, lo hará teniendo' seguridades de la conducta e intenciones del otro cónyuge y tomará, en todo caso, sus medidas, ya que no es posible pensar que querrá prostituirse ni que aceptará la corrupción de sus hUos. En otras legislaciones no existen estas excepciones. 48. Nulidad del matrimonio.-La nulidad del matrimonio civil se rige también por reglas propias, contenidas en el párrafo 6.· de la ley de matrimonio civil, distintas de las reglas generales de nu- lidad de los actos civiles.
49. Reglas de la nulidad.-l." La nulidad procede:
a) Por algún impedimento dirimehte (art. 29 de la Ley). Los impedimentos dirimentes se fundan en razones graves· de conveniencia social. El impedimento debe existir al tiempo de la celebración del ma- trimonio (art. 30); si sobreviene después, no puede alegarse nulidad. b) Por no haberse llenado las ~olemnidades esenciales del act;.9. que son: la celebración del matrimonio ante el oficial civil correspon-
ALl'llEDO
El\1ÁZUlUZ
diente y Ja presencia de dos testigos hábiles (art<31).~ solemnidades que tienen por bbjeto dar publicidad ál matrimonio.
e) Por falta de consentimiento libre y espontáneo (art. 32),
Ya han sido estudiadas oportunamente ll'ls reglas especiales del consentimiento pata el matrimonio, 2.- La acci6n corresponde a los presuntos cónyuges, a sus as- cendientes, al ministerio público y a las personas que. tengan. actual interés en ella (art. 34). Puede instaurarla aÚfÍel c6nyuge que ha ocultado al otro la existencia de su impedimento, porque no 0010 hay de por medio su interés particular, sino un objeto de honestidad pú- blica. La enumeraci6n del artículo 34 es taxativa y prevalece ro~ las reglas·generales de la nulidad, conteriidas en los artículos 1683 y 1685. Es taxativa, pero amplia, desde que corresponde la acci6n a cualquiera persona que tenga actual interés en ella, v. gr.: en el caso de la 8egunda mujer abandonada, qu.e intentara la nulidad del-primer matrimonio, para que quedara válÍdo el celebrado con ella. En los casos en que se pida la nulidad por haber habido error en cuanto a la identidad de la persona del otro contrayente, o por haber habido fuerza capaz de viciar el consentimiento, 0010 el cónyuge perjudicado por el error. o la fuerza podrá instaurar la acción (inciso 2. o arto 34); porque se trata de causales de nulidad relativa, que 0010 pueden alegarse por aquellos en cuyo beneficio las han establecido las leyes. En la acción de nulidad, el ministerio público será siempre oído (inciso final del arto 34); pero no está obligado a hacer investigacio- nes de oficio, sino a proceder en los casos de escándalo público. 3.& La acci6n no puede intentarse si no viven ambos cónyuges (art. 34). Excepci6n a la regla general sobre nulidad de los contratos, que faculta a los herederos para entablar dicha acción de nulidad. El legislador reput6 que era más digno de tomarse en cuenta el interés social de mantener la validez de un vín.culo respetado por los contrayentes en vida, que los intereses hereditarios de los parientes. A los herederos del c6nyuge difunto s610 corresponde la acción, en el ~aso de matrimonio celebrado in articulo mort(s, para impedir los matrimonios simulados o fraudulentos (art. 34).
TEllCEl\.
3.- La acción de nulidad del matr.imoniono.prescri~l/qJOr.tiempo (art. 35). Otra excepción a las reglas generales de la nulidad y de la
Existe un interés social tan grande en que e! matrimonio sea celebrado sin impedimentos dirimentes, que la acci6n no prescribe casi nunca, en resguardo de la moralidad del matrimonio. Sin embargo, hay algunos casos de excepción. Prescriben en un año:.el ilppedimi~nto de falta de edad, contándose e! ;año desdé que los contraymtes negaron a la edad de la pubertad; el de lc)s que no pue- den expresar su voluntad claramente y el de los dementes, contándose el plazo desde que haya desaparecido el hecho que origine esos impe- dime~tos (números 2, 4 Y 5 del arto 4.°), por ser éstos impedimentos reparables que quedan subsanados, alejada la causa; y también los relativos a los vicios de error y d~ fuerza (números 1 y 2 del art,33), pues una vez desparecido el error y terminada la fuerza, es faculta- tivo de las partes ratificar el contrato. La acción de nulidad del matrimonio celebrado en artículo de muerte prescribe también en un año, contado desde la fecha de la muerte del cónyuge enfermo (art. 35). 5.- En caso de que se diga d~ nulidad de dos matrimonios, se resuelve primero la validez o nulidad de! primer matrimonio (art. 36); pues de la validez o nulidad de! primero depende la suerte del segundo,
50. Matrimonio putativo.-Toda nulidad, una Vez declarada
judicialmente, produce el efecto de volver las cosas al estado anterior,
como si el acto nulo no hubiera existidq. Dada la naturaleza del ma- trimonio y las consecuencias que de él se. originan, traería graves perjuicios para e! orden social, aplicarle las reglas generales sobre la nulidad de los actos jurídicos. De aquí la necesidad del estudio sobre el matrimonio puta-
51. Definición.-Se llama matrimonio putativo el que, siendo
nulo por causa de algún impedimento dirimente, esto es, por existir alguna causal de nulidad de las contempladas en los artículos 4.°. 5.°, 6.- Y 7." de la ley de matrimonio civil, es tenido, no obstante, por verdadero matrimonio, en razón de haberse contraído de buena fe y con justa causa de error, por lo menos respecto de uno de los c6n-
yugeS, Y de háberse celebrado con las solemnidades que la ley requiere (art. 122).' Llárnase putativo del verbo latino putare, creer o juzgar, porque se juzga o se cree válido. . La quena fe se presume siempre, y el que qUiera impedir los efec- tos civiles del matrimonio putativo, debe probar que no la ha habido. El artículo 122 agrega al requisito de la buena fe la circunstancia de que haya jus~a ca~stI de error, esto es, no basta que el cónyuge o los c6nyuges hayan ignorado, de buena fe, el impedimento que tenían para contraer matrimonio, sino que- es necesario que esa ignorancia sea excusable, como 10 exigía en el Derecho Español la ley 2.", título
15 de la partida 4. a
No basta que la buena fe exista al tiempo de la celebraci6n del matrimonio; es menester que ella subsista, por lo menos, respecto de uno' de los .c6nyuges, para que el matrimonio nulo produzca efec- tos civiles. Y luego que ella cesa respecto de ambos, cesan también los efectos civiles. Por esta raz6n, los hijos concebidos durante la bue- na fe, aunque sea s610 de uno de los c6nyuges: serán hijos legítimos; pero los hijos concebidos después que haya cesado la buena fe, no podtánreclamar esa calidad." 52. Efectos civiles.-No obstante la nulidad del acto, el ma- trimonio putativo produce los mismos efectos civiles que el válido, respecto del c6nyuge que de buena fe y con justa causa de error lo contrajo; yesos efectos se producen mientras subsista la buena fe, siquiera por parte de uno de los c6nyuges.' Esta regla que, como ya lo dijimos, constituye una excepci6n a los principios generales sobre la nulidad, es la que da toda su importancia al matrimonio putativo, y tiende a salvar los inconvenientes que para el orden doméstico y so- cial traería la declaraci6n de nulidad del matrimonio, si no existiera esta instituéi6n del matrimonio putativo. Cuando la buena fe existe de parte de ambos c6nyuges, no se presenta dificultad en el estudio de los efectos civiles del matri- monio putativo; pero sí la hay cuando la buena fe s610 existe respecto de uno de ellos. En este caso, el matrimonio s610 produce sus efectos civiles res- pectos del c6nyuge inocente y respecto de los hijos nacidos del matrj
DEll~CHO ClVIL
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monio, los cuales son legítimos, .aunque uno de sus padres haya es- tado de mala fe al tiempo de la concepción; porque el estado civil es, por su naturaleza, indivisible. Oculta un hombre, por ejemplo, su primer matrimonio, y se casa con otra mujer que lo ignora; pero luego se declara nulo este último enlace. La mujer que tenía buena fe gozará de los derechos civiles de mujer legítima, tanto con respecto a sus hijos como con respecto a su marido; y los hijos gozarán también de los derechos de legítimos, así con respecto a su padre como cón respecto a su madre; pero el marido de mala fe no tendrá sobre la mujer ni sobre los hijos riinguno de los derechos civiles que son consecuencia del matrimonio, porque a nadie debe favorecer su fraude. (Leyes 50 y 51, tít. 14, parto 5,a) Consecuente con lo que acabamos de decir, el arto 37 dice que no es adulterino el hijo habido entre dos personas que hayan con- traído matrimonio putativo, que produzca efectos civiles, aun cuando una, a lo menos, de dichas personas, al tiempo de la concepción, estu- viése casada con otra. Finalmente, las donaciones o promesas que por causa de ma- trimonio se hayan hecho por el otro cónyuge al que casó de buena fe, subsistirán, no obstante la declaración de la nulidad del matri- monio (art. 122). Las donaciones hechas por extraños, por causa del matrimonio también subsisten respecto del cónyuge de buena fe, según los tér- minos del arto 1790.
53. Disolución del matrimonio.-EI matrimonio se disuelve:
1." Por la muerte natural de uno de los cónyuges (inciso final del art. 37 de l~ Ley). Según el Código Civil (art. 123), se disolvía por la muerte de uno de los cónyuges, o sea, ese artÍCulo comprendía la muerte natural y ¡ a civil. Ahora sólo se disuelve por la natural. El inciso 2." del citado artículo 123 quedó derogado: daba fa- cultad a la autoridad eclesiástica para juzgar de las demás causas de disolución del matrimonio, dando a esas otras formas de disolu. ción los mismos efectos que produce la disolución por causa de muerte-
BAlUl~
EallÁzUlUZ
2. o Por la dedaraci6n qe nulidad pronunciada por autoridad com- petente (art. 37). Esta disposición de la leyes impropia, pues se disuel- ve lo que ha existido válidamente; no lo que jamás ha existido. Son conceptos diversos, según ya hemos visto, el de ,nt:llidad y el de diso-
luci6n.
'3.° Por 'la' muerte presunta (art. 38). Según el DereCho Ca~6- nico, no pueden contraerse nuevas nupcias, sino cuando conste feha- cientemente la muerte del anteriorc6nyuge. La ley exige para la disolución del' rrratrimonio, además del de- creto de muerte presunta, que se acredite que han transcurrido diez
años desde las últimas noticias
desaparecido y setenta desde su nacimiento, o que han,transcu- rrido treinta años desde la fecha, de las últimas noticias, cualquiera que fuere a la expiración de dichos treinta años, la edad del desapare- cido, si viviese (art. 38).
que se tuvieron de la
la "derartfculo 82 del Código
Civil para decretar la posesión
cido, excepto en cuanto a la edad, fijada en este caso en 70 años, en lugar de 80.
definitiva' de'los bienes del desapare-
Estas exigencias coinciden con
-T'. ,~::
54. Reglas espeeiales para la disolnti6if' del matrimonio eelebrado
en pais extranjero.-Deben considernrse dos casos: la disoluci6n efectuada en el extranjero, y la efectUada en Chile. a) En el extranjero puede disolverse el matrimonio con ¡;¡rreglo
a la ley del país en que residen los cónyuges, conforme al principio
IocuB regit actum; pero si esa disoluci6n no hubiere podido hacerse según la ley chilena, no queda habilitado ninguno de los cónyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro (art. 120 del Código). El Código Civil mantiene su principio de la indisolubilidad del vínculo, y no admite el efecto de los divorcios decretados con arreglo
a la ley de otro país. b) En Chile sólo se disuelven los matrimonios con arreglo a la ley chilena, aunque los extranjeros hubieren sido casados bajo la ley de un país que autorice la disolución por el divorcio (art. 121). Esto es una aplicación del artículo 14 del Código, según el cual la leyes obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los ex-
EFECTOS DEL MATRIMONIO EN CUANTO A LAS PERSONAS DE LOS CONYUGES, O SEA, OBLIGACIONES Y DERF:- CHOS ENTRE LOS CONYUGES.
(TÍTULO VI DEL CóDlCO OVIL)
55. Generalidades.-EI título VI del C6digo trata oe Jo~fefec-
tos del matrimonio en cuanto a las personas y también en cuanto
a los bienes de los cónyuges. Nos ocuparemos en el' estudio .OO'}O& efectos en cuanto a las personas. El matrimonio es un contrato que produce entre los cónyuges
no sólo obligaciones morales, sino también obligaciones civiles, cuyo cumplimiento puede reclamarse de la justicia. Pero, atendida ]a na- turaleza del matrimonio, la diversidad de sexo y de condiciones ~tre marido y mujer, y la superioridad del primero sobre la segunda, hay deberes comunes a ambos y deberes especiales de cada uno de ellos.
56. Deberes eomunes.-Los deberes comunes a ambos córiyu-'
ges son tres, a saber: a) Fidelidad; b) Socorro; y e) Asistencia mutua.
(Inciso 1. o del arto 131).
57. Fidelidad.-EI marido pertenece a su mujer y la mujer
su marido y solamente el uno para el otro; lo contrario es violar
deber de fidelidad y cometer adulterio, cuya sanción civil es el di":
vorcio con todas sus consecuencias.
58. Soeorro.-Consiste en la obligación de darse las' cosas nece-
sarias para la vida: el marido a la mujer, según sus facultades, y la
mujer al marido, cuando éste careciere de bienes (art. 134). ' ' Esta obligación existe aun respecto del cónyuge divorciado por su culpa (arts. 175 y 176), pues las reglas generales sobre aHmentos
BAIUl.OS
EltWUlUZ
no prevalecen sobre las reglas especiales que existen en el caso de los cónyuges (artículo 322). En el régimen ordinario del matrimonio, el marido, como admi- nistrador de la sociedad conyugal y de los bienes de la mujer, atenderá los gastos del hogar y las cargas de la sociedad conyugal. En los casos de divorcio, separaci6n de bienes o separaci6n de hecho, el juez reglará la contribuci6n alimenticia, atendiendo a las dispoSicioneS' generales del título De los' alimentos y a las especiales qtle :reglan los alimentos entre cónyuges. . Si la separaci6n de hecho proviene de la negativa' de la mujer
a vivir con su marido, sin causa justificada, el marido no tendrá la obligaci6n de darle alimentos sin que ella cumpla, por su parte, con sus deberes. Si, 'por el contrario, el marido se niega a recibirla en su casa, puede la mujer obligarlo a ello, y si la mujer se ve forzada a abandonar la"casa del marJdo por malos tratamientos, tendI:á derecho a los ali- mentos, aunque no medie divorcio ni separaci6n de bienes., 59. Asistencia mntna.-COnsiste en los cuidados personales
constantes de un cónyuge al ()tro. En este caso, tiene poca cabida
'~i6n, por tratarse más bien de deberes morales que de obliga~
cmes civiles.
.60. Deberes especiales de los c6nyuges:
a) El marido debe protección a la mujer. La mujer' debe obedien-
cia al marido. Toda sociedad debe tener una autoridad; en la socie- dad doméstica, esa autoridad reside en el marido, porque así lo dice la na«:Iraleza y porque así 10 estableci6 Dios; pero es una autoridad benévola., pues la mujer es una compañera y no una sierva. Al marido tocan los trabajos que son propios del hombre, como son el cuidado de los negocios, la determinaci6n del domicilio, la re- presentaci6n legal, etc.; a la mujer corresponden la di~ecci6n inme- diata de la casa, la crianza de los hijos, etc., (art. 131). b) El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y a seguirle a donde quiera que traslade su residencia, y correlati- vamente, el deber de recibirla en su casa.
La mujer, por'su parte, tiene derecho a que el marido la reciba
DERE.CHO
TEllCEll.
en su casa, pero no en casa ajena, y también correlativamente, el deber de vivir con· él y seguirle a donde quiera que vaya. El derecho del marido para que su mujer lo siga a donde quiera
que traslade su refUJencia, importa, de parte del marido, la fijaci6n
o permanencia en algún lugar, no pudiendo obligarla a vagar cons- tantemente; pero puede obligarla a seguirle aún al extranjero. La regla anterior está sujeta a un caso de excepci6n: cesa este
der~ho, dice la ley, cuando su ejecuci6n acarrea peligro inminente.
la; vida de la mujer. La violaci6n de esas obligaciones es causa} de divorcio; confiere derecho 'para' rehusar·lá prestación de los alimentos qu~.~~deben, mientras ella~ no se cumplan, y para exigir su currlpliípíento, aún con la fuerza pública.
OE.!-;I4 PQTESTAD MARITAL, Y DE LA INCAPACID~ DE LA MUJER CASADA
61. Generalidades.-Entre los más importantes .efectOS óel matrimonio, debemos estudiar 10 que se relaciona con la potestad marital y consiguiente incapacidad de la mujer casada. La potestad marital, definida en el arto 132 del Código Civil, es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. La mujer queda colocada bajo la protección del marido, el cual, como jefe de la familia, asume la repre.sentaci6n legal de aquella la cual por el hecho del matrimonio' pasa a ser incapaz relativa y nece- sita, por regla general, de la autorizaci6n del marido para todos los actos de la vida civil. El marido tiene, además, la administraci6n y el usufructo de los bienes de la mujer, en provecho propio y de la sociedad conyugal, con las excepciones que luego veremos. Estudiaremos en primer lugar los principios generales relativos a la incapacidad de la mujer casada. Haremos ante"todo una observaci6n previa. La mayor o menor capacidad civil de': la 'mujer casada está íntimamente ligada con el
régimen matrim<?nial b~.jo el
observaciones se referirán a la mujer, casada bajo el régimen de comu-
nidad, que es el que la ley impone, a falta de estipulaci6n. Si en 'las capitulaciones matrimoniales, los esposos eligen el t'é- gimen de separaci6n ~e bienes, entonces casi desaparecen la pOtestad marital y la incapacidad de la mujer casada. En efecto, bajo ese régimen la mujer administra sus biene').
.cual se case; pero en general: nuestras
sin necesidad de autorizaci6n del marido; dispone lihremente de los bienes muebles; responde a sus acreedores cOn sus bienes; 'puede dar mandato a su marido; puede estar en juicio sin necesidad de auto-
rizaci6n; puede dedicarse libremente a cualquiera profési6n o industria y sí colabora con el marido en una industria, forma con éste una socie- dad colectiva adininistrada por el marido, y en que los beneficios
, a) Se funda esta incapacidad en la naturaleza del matrimonio, que somete a. Ía' mujer a la potestad 'del marido, el cual es qabeza de la familia. No se cOncibe sociedad sin autoridad; y en ;la sociedad do- rnéstica, la autoridad reside en el marido, La potestad marital man- tiene la autoridad del marido, que no existiría si la mujer pudiese celebrar válidamente cualquier acto civil; y protege, además los inte- reses motale;s y pecuniarios de toda la familia. Esta incapacidad no mira exdusivamente al sexo; pues la I\lujer soltera ~ayor de edad '
b) Co~i&te la incapacidad en que, por regla general, no puede la mujer casada celebrar válidamente loS' actos de 'la' vida civil, sin autoriiaci6n del marido, o del juez, en su caso. e) Diversos siste11Uls hay en orden a la capacidad de la mujer casada. Algunas legislaciones, como 'la de Austria y la de Noruega, reconocen a la ~ujer casada capacidad jurídica en orden asus intereses personales, durante el matrimonio, como si fuera soltera, pudiendo contratar, vender, etc. Otras' como la de los Estados Unidos y la de Inglaterra, rehusan a la mujer toda capacidad personal; ella no tiene individualidad propia, y su personalidad se confunde con la del marido, fonnandouna sola persona jurídica: este sistema de' Common law tiende a desaparecer. Y finalmente, hay un sistema intermedio, como el de nuestra legislaci6n, de la francesa, de la de Italia, España y de- más países que siguen la legislaci6n francesa, que no anula com- pletamente la personalidad de la mujer ni le da plena capacidad, sino que la de cierta capacidad limitada por Ja potestad del marido, que la representa y la autoriza en la generalidad de los actos. Esta capacidad lim'itada equivale a la incapacidad relativa. el) La incapacidad de la mujer casada no puede suprimirse por conmmCÍón de los esposos, contraria a' ella.
se reparten conforme
a ,las reglas generales.
es plenamente capaz,
Las capitulaciones matrimoniales no pueden ir en detrimento de los derechos del marido ni de los mandatos de la ley (art. 1717). Por exce¡:ici6n pem'litía· antes el artículo .1720, del Código Civil estipular en las capitulaciones matrimoniales que.la mújer -adminis-- trara una parte de sus bienes propios con independ~ncia del marido,
y en este caso se siguen las reglas del párrafo 3 del dtulo 6. 0 dellibro
primero. Ahora, en virtud del artículo 8.° del Decreto-Iey de 12 de Marzo de 1925: «En las capitulaciones matrimoniales pueden acordar los esposos la separaci6n de bienes. Se aplict'irá en tales casos lo precep- tuado en el párrafo 3. 0 del título VI del libro primero del Código Civil.»
Dentro de este régimen de separaci6n, convenido en las capitu- laciones matrimoniales, la mujer administra sus bienes; puede dedi-
carse libremente al ejercicio de cualquier oficio, profesi6n, industria
comercio, a menos que el juez se lo prohiba a petición del marido.
puede estar en juicio en causas concernientes a su administraci6n
separada. (Decreto-ley de 1925). e) La incapacidad de la mujer casada no es absoluta. Sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes (arto 1446). Así. v. gr.: la mujer casada puede testar. libremente (art. 139). puede lseguir jpicio con el ma- rido (art. 136)., me. 2.°). Sus actos verificadossin'frut6r~a¿¡6l:t del
marido son, por lo general,nulos, de nulidad relativa, por lo cuardan lugar a la acci6n rescisoria, la cual prescribe en cuatro años, contados
desde el día en que cese la incapacidad, o
trimonio (art. 1691); dicha nulidad puede sanearse por la ratificaci6n
sea, en que termine el ma,.
del marido (art. 142), y por el lapso de tiempo; y no puede ser decla- rada de oficio, ni pedirse su declaraci6n por el ministerio público, /) La incapacidad de la mujer casada que ha obrado sin autori~ zaci6n del marido, o del juez en subsidio, habiendo debido obtenerla, se entiende establecida en beneficio de la misma mujer y del marido (art. 1684), De modo qué esta nulidad puede alegarse por la mujer
y por el marido, y por los herederos y los cesionarios de ambos. La incapacidad de la mujer casada se refiere tanto a los actos judiciales como a los extrajudiciales que celebre.
DElI.ECHO

References: sui generis
 artículo 34
 artículo 104
 artículo 5
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 43
 artículo 1447
 artículo 131

artículo 135
 artículo 35
 artículo 179
 artículo 180
 artículo 35
 artículo 214
 artículo 240
 artículo 264
 artículo 1715
 artículo 1722
 artículo 1789
 artículo 3
 artículo 32
 artÍCulo 1451
 artículo 103
 artículo 382
 artículo 37
 artículo 364
 artículo 268
 artículo 1428
 artículo 115
 artículo 387
 artículo 384
 artículo 130
 artículo 511
 artículo 511
 artículo 28
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 1012
 artículo 208
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 120
 artículo 15
 artículo 119
 artículo 4
 artículo 21
 artículo 968
 artículo 2509
 artículo 263
 artículo 34
 artículo 122
 artículo 123
 artículo 14
 artículo 8