Source: https://studylib.es/doc/169762/caso-de-pueblo-bello---corte-interamericana-de-derechos-h.
Timestamp: 2018-10-22 03:51:07+00:00

Document:
Caso de Pueblo Bello - Corte Interamericana de Derechos Humanos
He concurrido con mi voto a la adopción de la Sentencia que viene de adoptar la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Pueblo Bello versus
Colombia. Dada la importancia del caso y la complejidad de la materia tratada en la presente
Sentencia, me veo en la obligación de dejar constancia de mis reflexiones sobre la misma,
como fundamento de mi posición sobre sus múltiples aspectos. El eje central de éstos últimos
atañe al derecho de acceso (lato sensu) a la justicia y las garantías del debido proceso legal,
tomados necesariamente en conjunto. Antes de pasar al examen de la parte medular de mis
consideraciones, permítome trazar una breve línea de consideraciones previas sobre el amplio
alcance del deber general de garantía (artículo 1(1) de la Convención Americana) y las
obligaciones erga omnes de protección de los derechos convencionalmente consagrados.
Prolegomena: El Amplio Alcance del Deber General de Garantía
(Artículo 1(1) de la Convención Americana)
y las Obligaciones Erga Omnes de Protección.
Los hechos del presente caso, e incluso algunas carencias de su acervo probatorio, han
puesto de aún mayor relieve la relevancia del deber general de garantía consagrado en el
artículo 1(1) de la Convención Americana, sobre todo en una situación de violencia crónica en
la cual se inserta el presente caso. En la presente Sentencia en el caso de la Masacre de
Pueblo Bello, La Corte ha subrayado el amplio alcance del deber general de garantía del
artículo 1(1) de la Convención Americana, que hace con que "la acción u omisión de cualquier
autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado, que compromete su
responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el
derecho internacional general" (párr. 111)1.
En uno de los peritajes rendidos en el presente caso ante esta Corte, se señaló que
"con el desarrollo del narcotráfico, la guerra irregular encontró una fuente
inagotable de recursos logísticos, por lo que se introdujo otro modelo: el paramilitarismo
crudo, financiado por los narcotraficantes y asesorado por las fuerzas de inteligencia
(...)" (párr. 65(k)).
La generalización del conflicto ha causado el desplazamiento poblacional forzado (párrs. 65(l)
y 66(c)), y la Corte, en la presente Sentencia, ha dado como hecho probado que "entre 1988 y
Cf., sobre este punto específico, recientemente, A.A. Cançado Trindade, "La Convention
Américaine relative aux Droits de l'Homme et le droit international général", in Droit international, droits
de l'homme et juridictions internationales (eds. G. Cohen-Jonathan y J.-F. Flauss), Bruxelles, Bruylant,
2004, pp. 59-71.
1990 hubo más de veinte masacres de campesinos y sindicalistas cometidas por paramilitares"
(párr. 95(27)). En toda la Sentencia la Corte subraya el deber de debida diligencia del Estado,
incluso para que esta situación - una verdadera tragedia, de la mayor complejidad, que flagela
el país, con toda su muy respetable tradición jurídica2, - no hubiera sido siquiera creada.
Una situación como ésta pone en clarísimo relieve el carácter erga omnes de las
obligaciones convencionales de protección de la persona humana. Lo Corte lo ha
expresamente reconocido, con acierto, en la presente Sentencia (párrs. 117, 123 y 151). La
Corte ha además determinado el exacto momento de surgimiento de la responsabilidad
internacional del Estado bajo la Convención Americana:
"(...) La responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la
Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones
generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar - garantizar - las
normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en
toda circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los artículos 1(1) y 2 de
dicho tratado" (párr. 111)3.
La obligación general de garantía (artículo 1(1), al igual que la obligación general de
armonización del derecho interno con la Convención, del artículo 2) abarca todos los derechos
protegidos por la Convención, y revela el carácter erga omnes de protección de las
obligaciones específicas de salvaguardia de cada uno de estos derechos. La obligación general
de garantía del artículo 1(1) de la Convención demuestra, además, que los propios tratados de
derechos humanos como la Convención Americana proveen la base jurídica para la exigibilidad
del cumplimiento de las obligaciones erga omnes, como lo señalé en mi Voto Razonado en el
caso Las Palmeras (Sentencia sobre excepciones preliminares, del 04.02.2000), referente a
Colombia4.
Y, como vengo sosteniendo en el seno de esta Corte hace años, urge promover el
desarrollo doctrinal y jurisprudencial del régimen jurídico de las obligaciones erga omnes de
protección de los derechos de la persona humana5. Como ponderé en mis Votos Concurrentes
Tradición jurídica ésta que, en medio a todos los conflictos que afligen el país, sigue viva en los
estudios que desarrollan las nuevas generaciones de juristas colombianos, que se dedican a cultivar
temas de la mayor relevancia, como, e.g., el de la justicia transicional (incluyendo la memoria colectiva,
reparación, justicia y democracia); cf., e.g., los ensayos al respecto, de varios autores, in: 7 Revista
Estudios Socio-Jurídicos - Universidad del Rosario/Bogotá (agosto de 2005) - número especial, pp. 21-40
y 200-543.
En mi Voto Razonado en el célebre caso de "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y
Otros versus Chile, fondo, Sentencia del 05.02.2001), sostuve que "la responsabilidad internacional de
un Estado Parte en un tratado de derechos humanos surge al momento de la ocurrencia de un hecho acto u omisión - ilícito internacional (tempus commisi delicti), imputable a dicho Estado, en violación del
tratado en cuestión" (párr. 40). Del mismo modo, en mi Voto Disidente en el caso El Amparo
(interpretación de Sentencia, 1997), al sostener la tesis de la responsabilidad internacional objetiva del
Estado, mantuve mi posición en el sentido de que el tempus commisi delicti es el del puro inicio de una
situación de violación de los derechos de la persona humana (párr. 5).
Párrs. 14, 2 y 6-7 del referido Voto.
Cf., e.g., mis Votos Razonados en las Sentencias en cuanto al fondo, del 24.01.1998, párr. 28, y
en las resoluciones sobre medidas provisionales de protección de esta Corte en los casos de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó versus Colombia (del 18.06.2002), y de la Prisión
de Urso Branco versus Brasil (del 07.07.2004), se impone claramente el reconocimiento de los
efectos de la Convención Americana vis-à-vis terceros (el Drittwirkung), sin lo cual las
obligaciones convencionales de protección se reducirían a poco más que letra muerta.
Subsiste, pues, incólume la tesis de la responsabilidad internacional objetiva del
Estado, también en circunstancias del las del presente caso de la Masacre de Pueblo Bello
versus Colombia, y aún más en dichas circunstancias, cuando para la configuración de la
situación crónica (la creación del así-llamado "paramilitarismo") de alto riesgo contribuyó
originalmente el propio Estado. También en mi Voto Concurrente en el caso de las
Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó versus Colombia (resolución sobre medidas
provisionales de protección del 06.03.2003), me permití insistir en la necesidad del
"reconocimiento de los efectos de la Convención Americana vis-à-vis terceros (el
Drittwirkung)"6, y agregué que
"la protección de los derechos humanos determinada por la Convención
Americana, de ser eficaz, abarca no sólo las relaciones entre los individuos y el poder
público, sino también sus relaciones con terceros (grupos clandestinos, paramilitares, u
otros grupos de particulares). Esto revela las nuevas dimensiones de la protección
internacional de los derechos humanos, así como el gran potencial de los mecanismos de
protección existentes, - como el de la Convención Americana, - accionados para proteger
colectivamente los miembros de toda una comunidad, aunque la base de acción sea la
lesión - o la probabilidad o inminencia de lesión - a derechos individuales" (párr. 4).
Cabe recordar que, en su memorable Opinión Consultiva n. 18, de trascendencia
histórica, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (del
17.09.2003), la Corte Interamericana correctamente sostuvo que los derechos protegidos por
la Convención Americana deben ser respetados tanto en las relaciones entre los individuos y el
poder público estatal, como en las relaciones inter-individuales, siendo aquí exigible el deber
de garantía de los Estados Partes (párr. 140) bajo el artículo 1(1) de la Convención. La
normativa convencional de protección tiene, pues, efectos en relación con terceros
(particulares), configurándose así el carácter erga omnes de las obligaciones de protección (el
Drittwirkung). En mi Voto Concurrente en aquella Opinión Consultiva n. 18 de la Corte, me
permití recordar que dichas obligaciones erga omnes, caracterizadas por el jus cogens (del
cual emanan)7 como siendo dotadas de un carácter necesariamente objetivo, abarcan, por lo
tanto, a todos los destinatarios de las normas jurídicas (omnes), tanto a los integrantes de los
órganos del poder público estatal como a los particulares (párr. 76). Y proseguí:
sobre reparaciones, del 22.01.1999, párr. 40, en el caso Blake versus Guatemala; y cf. A.A. Cançado
Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris
Ed., 1999, pp. 412-420.
Cf. párrs. 2-3 del referido Voto.
En este mismo Voto, me permití precisar que "por definición, todas las normas del jus cogens
generan necesariamente obligaciones erga omnes. Mientras el jus cogens es un concepto de derecho
material, las obligaciones erga omnes se refieren a la estructura de su desempeño por parte de todas las
entidades y todos los individuos obligados. A su vez, no todas las obligaciones erga omnes se refieren
necesariamente a normas del jus cogens" (párr. 80).
"A mi modo de ver, podemos considerar tales obligaciones erga omnes desde
dos dimensiones, una horizontal y otra vertical, que se complementan. Así, las
obligaciones erga omnes de protección, en una dimensión horizontal, son obligaciones
atinentes a la protección de los seres humanos debidas a la comunidad internacional
como un todo8. En el marco del derecho internacional convencional, vinculan ellas todos
los Estados Partes en los tratados de derechos humanos (obligaciones erga omnes
partes), y, en el ámbito del derecho internacional general, vinculan todos los Estados
que componen la comunidad internacional organizada, sean o no Partes en aquellos
tratados (obligaciones erga omnes lato sensu). En una dimensión vertical, las
obligaciones erga omnes de protección vinculan tanto los órganos y agentes del poder
público (estatal), como los simples particulares (en las relaciones inter-individuales).
Para la conformación de esta dimensión vertical han contribuido decisivamente
el advenimiento y la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero
es sorprendente que, hasta la fecha, estas dimensiones horizontal y vertical de las
obligaciones erga omnes de protección hayan pasado enteramente desapercibidas de la
doctrina jurídica contemporánea. Sin embargo, las veo claramente configuradas en el
propio régimen jurídico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, por
ejemplo, en cuanto a la dimensión vertical, la obligación general, consagrada en el
artículo 1(1) de la Convención Americana, de respetar y garantizar el libre ejercicio de
los derechos por ella protegidos, genera efectos erga omnes, alcanzando las relaciones
del individuo tanto con el poder público (estatal) cuanto con otros particulares9" (párrs.
No es mi intención reiterar aquí todo lo que ya he escrito en mis numerosos Votos en el
seno de esta Corte sobre la materia, sino dejar bien clara mi posición al respecto, en cuanto al
amplio alcance del deber general de garantía del artículo 1(1) de la Convención. Quisiera
concluir estos prolegómenos refiriéndome a dos aspectos adicionales muy concretos. El primer
se refiere a lo que denomino el sentido amplio y autónomo de los deberes generales de los
artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, que se suman a los deberes convencionales
específicos atinentes a cada uno de los derechos por ella protegidos. En mi referido Voto
Razonado en el caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia (Sentencia del 15.09.2005),
señalé, sobre este punto específico, que
"El deber general del artículo 1(1) de la Convención - de respetar y hacer
respetar, sin discriminación alguna, los derechos por ella protegidos - no es un
`accesorio' de las disposiciones atinentes a los derechos convencionalmente
consagrados, tomados uno a uno, individualmente. No se viola la Convención Americana
solamente y en la medida en que se violó un derecho específico por ella protegido, sino
también cuando se deja de cumplir uno de los deberes generales (artículos 1(1) y 2) en
ella estipulados.
El artículo 1(1) de la Convención Americana es mucho más que un simple
`accesorio', es un deber general que se impone a los Estados Partes y que abarca el
conjunto de los derechos protegidos por la Convención. Su violación continuada puede
CtIADH, caso Blake versus Guatemala (Fondo), Sentencia del 24.01.1998, Voto Razonado del
Juez A.A. Cançado Trindade, párr. 26, y cf. párrs. 27-30.
Cf., al respecto, en general, la resolución adoptada por el Institut de Droit International (I.D.I.)
en la sesión de Santiago de Compostela de 1989 (artículo 1), in: I.D.I., 63 Annuaire de l'Institut de Droit
International (1989)-II, pp. 286 y 288-289.
acarrear violaciones adicionales de la misma, que se suman a las violaciones originales.
El artículo 1(1) es, de ese modo, dotado de un amplio alcance. Refiérase a un deber
permanente de los Estados, cuyo incumplimiento puede acarrear nuevas víctimas,
generando per se violaciones adicionales, sin que sea necesario relacionarlas con los
derechos originalmente vulnerados. En mi hermenéutica del artículo 1(1) - así como del
artículo 2 - de la Convención, que maximiza la protección de los derechos humanos bajo
la Convención, vengo insistiendo, en el seno de esta Corte, desde mi Voto Disidente en
el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones, Sentencia del
29.01.1997). (...)
Negar el amplio alcance de los deberes de protección bajo los artículos 1(1) y 2
de la Convención - o minimizarlos mediante una interpretación atomizada y
desagregadora de dichos deberes - equivaldría a privar la Convención de su effect utile.
La Corte Interamericana no puede apartarse de su jurisprudence constante al respecto, y
tiene el deber de velar por la preservación de los altos estándares de protección
construidos a lo largo de los años en su jurisprudencia. No se puede frenar su notable
construcción jurisprudencial10 al respecto, y cualquier intento con este propósito contaría
con mi más firme oposición. Tal construcción da expresión a un Derecho en evolución,
que no admite retrocesos" (párrs. 2-3 y 5).
Entiendo que, en cuanto al artículo 1(1) de la Convención, el presente caso de la
Masacre de Pueblo Bello versus Colombia da testimonio elocuente de ese señalamiento que me
permití formular en el anterior caso supracitado, en lo que atañe al sentido amplio y autónomo
de aquel deber general. En suma, la responsabilidad internacional objetiva del Estado se
configura de igual modo en casos, como los de la Masacre de Pueblo Bello, en que se impone
el necesario reconocimiento del Drittwirkung, poniendo en claro relieve el carácter erga omnes
de las obligaciones convencionales de protección.
El segundo aspecto atañe a un otro argumento del Estado demandado - en el sentido
de que "las estructuras de imputación de responsabilidad" al Estado constituirían numerus
clausus (cf. párr. 103(c) de la presente Sentencia) - que me parece insostenible. La Corte lo
ha correctamente desestimado (párr. 116). A mi juicio, lo que es numerus clausus es el elenco
taxativo de las modalidades de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana (siendo inadmisibles restricciones adicionales no previstas en el artículo 62 de
la Convención)11, y no la operación de atribución de responsabilidad internacional al Estado
Dicha atribución debe tener presentes las circunstancias factuales, que varían de caso
a caso. No es, pues, una operación mecánica, que pueda regirse por numerus clausus. Sobre
la cuestión, me permití ponderar, en mi supracitado Voto Razonado en el caso de la Masacre
de Mapiripán (2005), que
"La atribución de responsabilidad internacional a un Estado se efectúa mediante
Que he buscado sintetizar recientemente; cf., v.g., A.A. Cançado Trindade, "The Case-Law of the
Inter-American Court of Human Rights: An Overview", in Studi di Diritto Internazionale in Onore di G.
Arangio-Ruiz, vol. III, Napoli, Edit. Scientifica, 2004, pp. 1873-1898.
Cf. CtIADH, Sentencias sobre los casos Hilaire, Benjamin y Otros, y Constantine y Otros versus
Trinidad y Tobago (del 01.09.2001), Votos Razonados del Juez A.A. Cançado Trindade, párrs. 21-33 (en
los tres Votos).
una operación mental juiciosa de los integrantes del órgano judicial internacional
competente, después de la cuidadosa determinación de los hechos del caso concreto; no
se trata de una simple aplicación mecánica de determinadas formulaciones de preceptos
que, de todos modos, se revisten de carácter supletivo" (párr. 10).
Con estas breves consideraciones previas en mente, paso a la parte medular de mis
reflexiones en el presente Voto Razonado, relativas a la correcta decisión tomada por la Corte
en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello de haber determinado conjuntamente las
violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, de conformidad con su
jurisprudence constante. Mis reflexiones al respecto abordan los siguientes aspectos de la
materia: a) los artículos 25 y 8 de la Convención en los planos ontológico y hermenéutico; b)
génesis del derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales en el corpus juris del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos; c) la irrelevancia de la alegación de
dificultades de derecho interno; d) el derecho a un recurso efectivo en la construcción
jurisprudencial de la Corte Interamericana; e) la indisociabilidad entre el acceso a la justicia
(derecho a un recurso efectivo) y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la
Convención Americana); f) la indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención
Americana en la jurisprudence constante de la Corte Interamericana; g) la indisociabilidad
entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana como un avance jurisprudencial
intangible; h) la superación de las vicisitudes en cuanto al derecho a un recurso efectivo en la
construcción jurisprudencial de la Corte Europea; i) el derecho de acceso a la justicia lato
sensu; y j) el derecho al Derecho como un imperativo del jus cogens.
Los Artículos 25 y 8 de la Convención Americana,
en los Planos Ontológico y Hermenéutico.
Es axiomático que los derechos protegidos bajo los tratados de derechos humanos
tienen, cada uno de ellos, contenido material propio, del cual naturalmente advienen sus
distintas formulaciones, - como es el caso de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
Estamos aquí en un plano esencialmente ontológico. A pesar de que son dotados de contenido
material propio, algunos de dichos derechos han tenido que pasar por una larga evolución
jurisprudencial hasta alcanzar su autonomía. Ese es el caso, por ejemplo, del derecho a un
recurso efectivo, bajo el artículo 25 de la Convención Americana y el artículo 13 de la
Convención Europea de Derechos Humanos (cf. infra). Es igualmente el caso del artículo 8 de
la Convención Americana y el artículo 6 de la Convención Europea.
El sentido de que hoy se revisten estas disposiciones convencionales es fruto de una
construcción jurisprudencial, y hoy son entendidas, y deben ser apreciadas, a la luz de dicha
construcción, de conformidad con el principio del derecho intertemporal, - y no de manera
estática, ateniéndose tan sólo a lo que motivó, hace varios años, su formulación original. El
hecho de que los derechos protegidos son dotados de contenido material propio y de
autonomía no significa que no puedan, o no deban, ser relacionados unos con los demás, en
razón de las circunstancias del cas d'espèce; todo lo contrario, dicha interrelación es, a mi
juicio, la que proporciona, a la luz de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, una
protección más eficaz. Pasamos aquí del plano ontológico al plano hermenéutico. Formulada
esta precisión, paso a la trayectoria del derecho a un recurso efectivo en el tiempo.
Génesis del Derecho a un Recurso Efectivo ante los
Tribunales Nacionales en el Corpus Juris del Derecho Internacional
Los travaux préparatoires de la Declaración Universal de Derechos Humanos siguieron
etapas distintas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió por la
elaboración de un proyecto en abril/mayo de 1946, cuando designó una "comisión nuclear"
para los estudios iniciales. Paralelamente, la UNESCO condujo consultas (en 1947) a
pensadores de la época sobre las bases de una futura Declaración Universal12. El proyecto de
Declaración propiamente dicho fue preparado en el ámbito de la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, por un Grupo de Trabajo que lo elaboró entre mayo de 1947 y
junio de 1948. A partir de septiembre de 1948, el proyecto de Declaración pasó al examen de
la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, para en fin ser aprobado en 10 de
diciembre de aquel año por la propia Asamblea13. Una de las disposiciones más relevantes de
la Declaración Universal de 1948 encuéntrase en su artículo 8, según el cual toda persona
tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra los
actos violatorios de los derechos fundamentales que le son otorgados por la Constitución o por
El referido artículo 8 de la Declaración Universal consagra, en último análisis, el
derecho de acceso a la justicia (en el plano del derecho interno), elemento esencial en toda
sociedad democrática. El proyecto de artículo que se transformó en el mencionado artículo 8
de la Declaración Universal, a pesar de su relevancia, sólo fue insertado en el texto en la etapa
final de los travaux préparatoires de la Declaración Universal, cuando la materia ya se
encontraba bajo examen en la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin
embargo, significativamente no encontró objeción alguna, habiendo sido aprobado en la III
Comisión por 46 votos a cero y tres abstenciones, y en el plenario de la Asamblea General por
unanimidad. La iniciativa, tardía pero tan exitosa, provino de Delegaciones de los Estados
latinoamericanos. Se puede incluso considerar que el artículo 8 (sobre el derecho a un recurso
efectivo) representa la contribución latinoamericana par excellence a la Declaración Universal.
La disposición del artículo 8 de la Declaración Universal de 1948 se inspiró, en efecto,
en la disposición equivalente del artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre de ocho meses antes (abril de 1948)14. El argumento básico que conllevó
a la inserción de esta disposición en las Declaraciones Americana y Universal de 1948 consistió
en el reconocimiento de la necesidad de llenar una laguna en ambas: proteger los derechos
del individuo contra los abusos del poder público, someter todo y cualquier abuso de todos los
UNESCO, Los Derechos del Hombre - Estudios y Comentarios en torno a la Nueva Declaración
Universal, México/ Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1949, pp. 233-246.
Para un relato, cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos
Humanos, vol. I, 2a. ed., Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 2003, capítulo I, pp. 51-77.
Dicha iniciativa latinoamericana se influenció fuertemente en los principios que rigen el recurso
de amparo, ya entonces consagrado en las legislaciones nacionales de muchos países de la región. Tanto
fue así que, en la Conferencia de Bogotá de abril de 1948, la referida Declaración Americana tuvo su
artículo XVIII adoptado por unanimidad de las 21 Delegaciones presentes. Sobre el legado de la
Declaración Americana de 1948, cf. A.A. Cançado Trindade, "O Legado da Declaração Universal de 1948
e o Futuro da Proteção Internacional dos Direitos Humanos", 14 Anuario Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional (1999) pp. 197-238.
derechos individuales al juicio del Poder Judicial en el plano do derecho interno15.
En suma, la consagración original del derecho a un recurso efectivo ante los jueces o
tribunales nacionales competentes en la Declaración Americana (artículo XVIII) fue
transplantada para la Declaración Universal (artículo 8), y, de esta última, para las
Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25,
respectivamente), así como para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas (artículo 2(3)). El artículo 8 de la Declaración Universal, y las disposiciones
correspondientes en los tratados de derechos humanos vigentes, como el artículo 25 de la
Convención Americana, establecen el deber del Estado de proveer recursos internos adecuados
y eficaces; siempre he sostenido que dicho deber constituye efectivamente un pilar básico no
sólo de tales tratados como del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, y su
aplicación correcta tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia (material y
no sólo formal) en nivel nacional.
Además, esta disposición-clave encuéntrase íntimamente vinculada a la obligación
general de los Estados, consagrada igualmente en los tratados de derechos humanos, de
respetar los derechos en éstos consagrados, y asegurar el libre y pleno ejercicio de los mismos
a todas las personas bajo sus respectivas jurisdicciones16. Encuéntrase además vinculada a las
garantías del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención Americana)17, en la medida en
que asegura el acceso a la justicia. De ese modo, mediante la consagración del derecho a un
recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, de las garantías del
debido proceso, y de la obligación general de garantía de los derechos protegidos, la
Convención Americana (artículos 25, 8 y 1(1)), y otros tratados de derechos humanos,
atribuyen funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.
Es importante que los avances jurisprudenciales en este sentido, alcanzados por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el presente, sean preservados y aún más
desarrollados en el futuro, - y jamás frenados mediante una hermenéutica desagregadora, en beneficio de las personas protegidas. La relevancia del deber de los Estados de proveer
recursos internos adecuados y eficaces no hay jamás que ser minimizada. El derecho a un
recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes en el ámbito de la
protección judicial - al cual la Declaración Universal 1948 dio proyección mundial - es mucho
Cf. A. Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
Louvain, Nauwelaerts, [1963], pp. 116-119; A. Eide et alii, The Universal Declaration of Human Rights A Commentary, Oslo, Scandinavian University Press, 1992, pp. 124-126 e 143-144; R. Cassin, "Quelques
souvenirs sur la Déclaration Universelle de 1948", 15 Revue de droit contemporain (1968) n. 1, p. 10; R.
Cassin, "La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre des droits de l'homme", 79 Recueil des Cours de
l'Académie de Droit International de La Haye (1951) pp. 328-329.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1(1); Convención Europea de
Derechos Humanos, artículo 1; Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo 2(1).
Sobre la protección judicial y las garantías del debido proceso legal bajo la Convención
Americana, cf. A. A. Cançado Trindade, "The Right to a Fair Trial under the American Convention on
Human Rights", in The Right to Fair Trial in International and Comparative Perspective (ed. A. Byrnes),
Hong Kong, University of Hong Kong, 1997, pp. 4-11; A.A. Cançado Trindade, "Judicial Protection and
Guarantees in the Recent Case-Law of the Inter-American Court of Human Rights", in Liber Amicorum in
Memoriam of Judge J.M. Ruda, The Hague, Kluwer, 2000, pp. 527-535.
más relevante de lo que hasta recién se supuso. El deber de los Estados Partes de proveer
aquellos recursos en el ámbito de su derecho interno y de asegurar a todas las personas bajo
sus jurisdicciones la garantía del libre y pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en
los tratados de derechos humanos, así como todas las garantías del debido proceso legal,
asumen una especial importancia aún mayor, en un continente como el nuestro
(comprendiendo las tres Américas), marcado por casuismos que no raramente privan los
individuos de la protección del Derecho.
La Irrelevancia de la Alegación de Dificultades de Derecho Interno.
Cabe tener siempre presente que, al ratificar los tratados de derechos humanos, los
Estados Partes contraen, a la par de las obligaciones específicas relativas a cada uno de los
derechos protegidos, la obligación general de adecuar su ordenamiento jurídico interno a las
normas internacionales de protección. Las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los
Tratados (de 1969 y 1986, respectivamente) prohíben que una Parte invoque disposiciones de
su derecho interno para intentar justificar el incumplimiento de un tratado (artículo 27). Este
es un precepto, más de que del derecho de los tratados, del derecho de la responsabilidad
internacional del Estado, firmemente cristalizado en la jurisprudencia internacional. Según
esta última, las supuestas o alegadas dificultades de orden interno son un simple hecho, y no
eximen los Estados Partes en tratados de derechos humanos de la responsabilidad
internacional por el no-cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas18. Este
principio básico, judicialmente reconocido, encuéntrase debidamente codificado precisamente
en el artículo 27 de las dos Convenciones de Viena supracitadas.
De ese modo, no pueden los Estados en cuestión invocar supuestas dificultades o
lagunas de derecho interno, por cuanto están obligados a armonizar este último con la
normativa de los tratados de derechos humanos en que son Partes (Convención Americana
sobre Derechos Humanos, artículo 2; Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas,
artículo 2(2); entre otros). Siendo así, si invocan supuestas dificultades o lagunas de derecho
interno, para dejar de proveer recursos internos simples y rápidos y eficaces para dar
aplicación efectiva a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, están
incurriendo en una violación adicional de los tratados de derechos humanos en que son Partes.
El Derecho a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
Hace casi una década, en mi Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua
A jurisprudência tanto da antiga Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI) como da Corte
Internacional de Justiça (CIJ) assinala que as obrigações internacionais devem ser cumpridas de boa fé,
não podendo os Estados invocar, como justificativa para seu descumprimento, disposições de direito
constitucional ou interno. CPJI, caso das Comunidades Greco-Búlgaras (1930), Série B, n. 17, p. 32;
CPJI, caso dos Nacionais Polacos de Danzig (1931), Série A/B, n. 44, p. 24; CPJI, caso das Zonas Livres
(1932), Série A/B, n. 46, p. 167; CIJ, caso da Aplicabilidade da Obrigação de Arbitrar sob o Convênio de
Sede das Nações Unidas (caso da Missão da OLP), ICJ Reports (1988) pp. 31-32, par. 47.
(Solicitud de Revisión de Sentencia, Resolución del 13.09.1997)19, procedí a un análisis del
contenido material y el alcance del artículo 25 (derecho a un recurso efectivo) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 8(1) (debido
proceso legal) de la Convención, así como con los deberes generales (de garantía del ejercicio
de los derechos protegidos y de armonización del derecho interno con el derecho convencional
internacional) consagrados, respectivamente, en los artículos 1(1) y 2 de la Convención
(párrs. 18-23 del referido Voto). Al contrario de lo establecido por la Corte en aquel caso, - la
cual abordara estas disposiciones convencionales bajo la óptica de la justicia formal y no
material, - concluí por la ocurrencia de una violación, por el Estado demandado, de los
artículos 25, 8(1), 1(1) y 2 de la Convención "tomados en conjunto" (párr. 28).
En la misma línea de razonamiento, también en mi anterior Voto Disidente en el caso
Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones, Sentencia del 29.01.1997)20,
desarrollé una hermenéutica integradora de los artículos 8, 25, 1(1) y 2 de la Convención
Americana, de nuevo tomándolos en conjunto (párrs. 2-4 y 7-9 del referido Voto), y
sosteniendo, al contrario de la Corte, la violación por el Estado demandado de estas cuatro
disposiciones convencionales relacionadas inter se. Sobre el derecho a un recurso efectivo bajo
el artículo 25 de la Convención, en particular, me permití formular, en mi supracitado Voto
Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua, el siguiente señalamiento:
"El derecho a un recurso sencillo y rápido y efectivo ante los jueces o tribunales
nacionales competentes, consagrado en el artículo 25 de la Convención, es una garantía
judicial fundamental mucho más importante de lo que uno pueda prima facie suponer21,
y que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los pilares
básicos no sólo de la Convención Americana, como del propio Estado de Derecho en una
sociedad democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta aplicación tiene el
sentido de perfeccionar la administración de la justicia a nivel nacional, con los cambios
legislativos necesarios a la consecución de este propósito.
El origen - poco conocido - de ésta garantía judicial es latinoamericano: de su
consagración originalmente en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes
del Hombre (de abril de 1948)22, fue transplantada a la Declaración Universal de los
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Serie C, n. 45, Solicitud de Revisión de la
Sentencia del 29.01.1997, Resolución del 13.09.1997, pp. 3-25.
CtIADH, Sentencia del 29.01.1997 (reparaciones), Serie C, n. 31, pp. 3-43.
Su importancia fue señalada, por ejemplo, en el Informe de la Comisión de Juristas de la OEA
para Nicaragua, de 04.02.1994, pp. 100 y 106-107, párrs. 143 y 160, publicado seis años después; cf.
A.A. Cançado Trindade, E. Ferrero Costa y A. Gómez-Robledo, "Gobernabilidad Democrática y
Consolidación Institucional: El Control Internacional y Constitucional de los Interna Corporis - Informe de
la Comisión de Juristas de la OEA para Nicaragua (04.02.1994)", 67 Boletín de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales (2000) n. 137, pp. 603-669.
Al momento en que, paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
todavía preparaba el Proyecto de Declaración Universal (de mayo de 1947 hasta junio de 1948), como
relatado, en un fragmento de memoria, por el rapporteur de la Comisión (René Cassin); la inserción de la
disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante las jurisdicciones nacionales en la Declaración
Universal (artículo 8), inspirado en la disposición correspondiente de la Declaración Americana (artículo
XVIII), se efectuó en los debates subsiguientes (de 1948) de la III Comisión de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Cf. R. Cassin, "Quelques souvenirs sur la Déclaration Universelle de 1948", 15 Revue de
Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí a las Convenciones Europea y
Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como al
Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 2(3)). Bajo la
Convención Europea de Derechos Humanos, en particular, ha generado un considerable
jurisprudencia23, a la par de un denso debate doctrinal.
Se podría argumentar que, para que el artículo 25 de la Convención Americana
pueda tener efectos vis-à-vis actos del Poder Legislativo, por ejemplo, se requiere la
incorporación de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes.
Tal incorporación es indudablemente deseable y necesaria, pero, por el hecho de no
haberla efectuado, un Estado Parte no estaría por eso eximido de aplicar siempre la
garantía judicial estipulada en el artículo 25. Encuéntrase éste íntimamente ligado a la
obligación general del artículo 1(1) de la Convención Americana, el cual, a su vez,
atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.
Los artículos 25 y 1(1) de la Convención se refuerzan mutuamente, en el sentido
de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho interno. Los
artículos 25 y 1(1) requieren, conjuntamente, la aplicación directa de la Convención
Americana en el derecho interno de los Estados Partes. En la hipótesis de supuestos
obstáculos de derecho interno, entra en operación el artículo 2 de la Convención, que
armonización con ésta del derecho interno de los Estados Partes. Éstos
últimos se encuentran obligados, por los artículos 25 y 1(1) de la Convención, a
establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, y a dar aplicación efectiva
a los mismos24. Si de facto no lo hacen, debido a supuestas lagunas o insuficiencias del
derecho interno, incurren en violación de los artículos 25, 1(1) y 2 de la Convención"
(párrs. 18-21).
Poco después de los mencionados casos Genie Lacayo y Caballero Delgado y Santana,
la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Castillo Páez versus Perú (Sentencia sobre
el fondo, del 03.11.1997), precisó el contenido material y el alcance del artículo 25 de la
Convención, que concluyó haber sido violado, en combinación con el artículo 1(1) de la
misma, por el Estado demandado. En las palabras de la propia Corte, la disposición del artículo
25 sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes
"constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio
Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención" (párr. 82)25.
Desde entonces ha sido esta la posición de la Corte al respecto, reiterada en sus
decisiones de fondo en los casos Suárez Rosero versus Ecuador (Sentencia del 12.11.1997,
párr. 65), Blake versus Guatemala (Sentencia del 24.01.1998, párr. 102), Paniagua Morales y
Otros versus Guatemala (Sentencia del 08.03.1998, párr. 164), Castillo Petruzzi y Otros
versus Perú (Sentencia del 30.05.1999, párr. 184), Cesti Hurtado versus Perú (Sentencia del
29.09.1999, párr. 121), "Niños de la Calle" (Villagrán y Otros versus Guatemala, Sentencia del
19.11.1999, párr. 234), Durand y Ugarte versus Perú, Sentencia del 16.98.2000, párr. 101),
droit contemporain (1968) n. 1, p. 10.
La cuestión de la eficacia de los recursos internos se encuentra íntimamente ligada a la propia
administración de justicia y a la operación de los órganos nacionales competentes para reparar las
violaciones de los derechos protegidos.
Énfasis acrecentado.
Cantoral Benavides versus Perú (Sentencia del 18.08.2000, párr. 163), Bámaca Velásquez
versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2000, párr. 191), Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni versus Nicaragua (Sentencia del 31.08.2001, párr. 112), Hilaire, Constantine y
Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002, párr. 150), Cantos
versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002, párr. 52), Juan Humberto Sánchez versus
Honduras (Sentencia del 07.06.2003), Maritza Urrutia versus Guatemala (Sentencia del
27.11.2003, párr. 117), 19 Comerciantes versus Colombia (Sentencia del 05.07.2004, párr.
193), Tibi versus Ecuador (Sentencia del 07.09.2004, párr. 131), Hermanas Serrano Cruz
versus El Salvador (Sentencia del 01.03.2005, párr. 75), Yatama versus Nicaragua (Sentencia
del 23.06.2005, párr. 169), Acosta Calderón versus Ecuador (Sentencia del 24.06.2005, párr.
93), y Palamara Iribarne versus Chile (Sentencia del 22.11.2005, párr. 184).
La Indisociabilidad entre el Acceso a la Justicia
(Derecho a un Recurso Efectivo)
y las Garantías del Debido Proceso Legal
(Artículos 25 y 8 de la Convención Americana).
En el día de la adopción por la Corte de la Sentencia de fondo (del 03.11.1997) en el
caso Castillo Páez, - punto de partida de esta lúcida jurisprudence constante de la Corte
Interamericana, - experimenté con satisfacción un sentimiento de realización de un
significativo avance en la jurisprudencia de la Corte, que pasó a situar el derecho a un recurso
efectivo en la posición de destaque que le corresponde, como expresión del propio derecho de
acceso a la justicia, - en su sentido lato sensu, entendido como el derecho a la prestación
jurisdiccional, abarcando pues, ineludiblemente, las garantías del debido proceso legal, así
como la fiel ejecución de la sentencia. Cómo, entonces, dejar de relacionar el artículo 25 con el
artículo 8 de la Convención? Al fin y al cabo, cual sería la eficacia de las garantías del due
process (artículo 8) si el individuo no contara con el derecho a un recurso efectivo (artículo
25)? Y cual sería la eficacia de este último sin las garantías del debido proceso legal?
Lo cierto es que uno y otras se complementan, se completan, en el marco jurídico del
Estado de Derecho en una sociedad democrática. Es esta la sana hermenéutica de estas dos
disposiciones convencionales. Además, el día de la adopción por la Corte de la Sentencia de
fondo en el trágico caso Castillo Páez, me sentí gratificado al constatar que el mencionado
avance jurisprudencial de la Corte Interamericana había liberado el artículo 25 - en la tradición
del más lúcido pensamiento jurídico latinoamericano26 - de la Convención Americana de las
vicisitudes experimentadas por el correspondiente artículo 13 de la Convención Europea (cf.
infra). Con acierto la Corte Interamericana subrayó la vinculación indeleble entre los artículos
25 y 8 de la Convención Americana, al ponderar, en su Sentencia (del 15.09.2005), en el caso
de la Masacre de Mapiripán, atinente a Colombia, que, como hace tiempo ha venido
"según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a
suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las
reglas del debido proceso legal (artículo 8(1)), todo ello dentro de la obligación general,
a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción
Cf. nota (4) supra.
(artículo 1(1)" (párr. 195).
30. Recientemente, en la audiencia pública del 01.12.2005 ante esta Corte en el caso Ximenes
Lopes versus Brasil, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los
Representantes de la presunta víctima y sus familiares sostuvieran una interpretación
integradora de los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, a ser tomados, en su
entender, necesariamente en conjunto. La CIDH sostuvo27 que
"No puede desligarse el artículo 8(1) del 25 ni viceversa, dado que responden
definitivamente a un mismo esquema de responsabilidad en el ámbito judicial (...)".
Según la CIDH, - recordando para esto la jurisprudencia "firme" y hoy convergente en este
particular de las Cortes Interamericana y Europea, - el "plazo razonable" contemplado en el
artículo 8 de la Convención Americana está íntimamente ligado con el recurso efectivo, sencillo
y rápido contemplado en su artículo 25. Los Representantes de la presunta víctima y sus
familiares, a su vez, expresaron su respeto por la jurisprudencia constante de la Corte
Interamericana en ese particular hasta la fecha, y su respaldo a la misma, que están
determinados a seguir externando, por cuanto "la lectura más clara de esa normativa dentro
del sistema interamericano sería la de que los dos artículos [artículos 8 y 25 de la Convención]
deberían ser analizados en conjunto". Es éste el punto de vista de los propios beneficiarios del
sistema interamericano de protección, tal como lo expresaron claramente, al igual que la
CIDH, en el procedimiento contencioso del caso Ximenes Lopes ante esta Corte.
En un estudio que presenté en un Seminario Internacional del Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) sobre el Debido Proceso Legal, realizado hace pocos años en Hong Kong,
China, me permití recordar lo señalado en la Opinión Consultiva n. 9 de la Corte
Interamericana28, del 06.10.1987, en el sentido de que recursos efectivos ante jueces o
tribunales nacionales competentes (artículo 25(1) de la Convención) como el habeas corpus y
el amparo, y cualesquiera otros recursos que sean indispensables para asegurar el respeto de
derechos inderogables (no sujetos a derogación bajo el artículo 27(2) de la Convención), son
garantías judiciales "esenciales", que deben ser ejercidas en el marco y a la luz de los
principios del debido proceso legal (bajo el artículo 8 de la Convención Americana)29. Así, en
su novena Opinión Consultiva, la Corte consideró como un todo indisociable lo dispuesto en los
artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
En el mismo Seminario en China, me permití agregar referencias a la jurisprudencia
desarrollada por la Corte (a partir de fines de 1997 y inicio de 1998), particularmente a partir
de los casos Loayza Tamayo versus Perú, Blake versus Guatemala y Suárez Rosero versus
Ecuador, en cuanto a relevantes aspectos del debido proceso legal y del derecho a un recurso
efectivo (artículos 25 y 8 de la Convención Americana), que, en la "segunda generación" de
casos sometidos al conocimiento de la Corte (después de los casos iniciales sobre el derecho
fundamental a la vida), pasaron a ocupar una posición central en la consideración de las
demandas presentadas al Tribunal Interamericano30.
Como consta de la transcripción de la referida audiencia, depositada en los archivos de la Corte y
enviada a las partes en el cas d'espèce.
I.-A. Court H.R., Series A, n. 9, 1987, pp. 23-41.
Cf. A.A. Cançado Trindade, "The Right to a Fair Trial under the American Convention on Human
Considero esta evolución jurisprudencial un patrimonio jurídico del sistema
interamericano de protección y de los pueblos de nuestra región, y me opongo firmemente a
cualquier intento de desconstruirlo. La Corte ha sido fiel a su posición de vanguardia hasta la
fecha. En su ya célebre Opinión Consultiva n. 16, sobre El Derecho a la Información sobre la
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (del 01.10.1999),
que ha servido de inspiración a la jurisprudencia internacional in statu nascendi sobre la
materia (como ampliamente reconocido en la bibliografía especializada), la Corte una vez más
tomó en conjunto el derecho a un recurso efectivo y las garantías del debido proceso legal
(artículos 25 y 8 de la Convención). Después de destacar la necesidad de interpretar la
Convención en el sentido de que "el régimen de protección de derechos humanos tenga todos
sus efectos propios (effet utile)" (párr. 58), - de conformidad con la interpretación
necesariamente evolutiva de todo el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (párrs. 114-115), la Corte afirmó de forma clarísima y categórica:
"En opinión de esta Corte, para que exista 'debido proceso legal' es preciso que
un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva
y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables" (párr. 117).
O sea, en el entender de la Corte, - en una luminosa Opinión Consultiva que hoy
constituye un marco en su jurisprudencia y en toda su historia (juntamente con la Opinión
Consultiva n. 18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de
2003), - simplemente no hay debido proceso sin el recurso efectivo ante los jueces o
tribunales nacionales competentes, y lo dispuesto en los artículos 25 y 8 de la Corte
encuéntrase ineluctablemente vinculado, no sólo en el plano conceptual, sino también - y
sobre todo - en el hermenéutico. La Corte agregó, en la referida Opinión Consultiva n. 16
sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del
Debido Proceso Legal (de 1999), que hay que estar atento para asegurar y para que se pueda
constatar que todos los justiciables
"disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido
proceso legal (...)" (párr. 119).
VII. La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8 de la
Convención Americana en la Jurisprudence Constante
En su jurisprudence constante, la Corte Interamericana ha consistentemente unido, con
el debido razonamiento, la consideración de las alegadas violaciones de los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana, como lo ejemplifican debidamente sus Sentencias sobre los casos
Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y Otros) versus Perú (del 14.03.2001, párrs. 47-49), Las
Palmeras versus Colombia (del 06.12.2001, párrs. 48-66), Baena Ricardo y Otros versus
Panamá (del 02.02.2001, párrs. 119-143), Myrna Mack Chang versus Guatemala (del
25.11.2003, párrs. 162-218), Maritza Urrutia versus Guatemala (del 27.11.2003, párrs. 107130, 19 Comerciantes versus Colombia (del 05.07.2004, párrs. 159-206, Hermanos Gómez
Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004, párrs. 137-156), Hermanas Serrano Cruz versus El
Rights", in The Right to Fair Trial in International and Comparative Perspective (ed. A. Byrnes), Hong
Kong/China, University of Hong Kong, 1997, pp. 4-11.
Salvador (del 01.03.2005, párrs. 52-107), Caesar versus Trinidad y Tobago (del 11.03.2005,
párrs. 103-117), Comunidad Moiwana versus Suriname (del 15.06.2005, párrs. 139-167),
Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay (del 17.06.2005, párrs. 55-119), Fermín
Ramírez versus Guatemala (del 20.06.2005, párrs. 58-83), Yatama versus Nicaragua (del
23.06.2005, párrs. 145-177), Masacre de Mapiripán versus Colombia (del 15.09.2005, párrs.
193-241), y Gómez Palomino versus Perú (del 22.11.2005, párrs. 72-86)31.
Además de estas Sentencias, en otras la Corte ha sido particularmente enfática en la
necesidad de seguir una hermenéutica integradora (y jamás desagregadora) de los artículos 8
y 25 de la Convención Americana, tomándolos en conjunto. Por ejemplo, en el caso Cantos
versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002), la Corte destacó la importancia del derecho de
acceso a la justicia, consagrado a un tiempo, lato sensu, tanto en el artículo 25 como en el
artículo 8(1) de la Convención, y agregó prontamente que
"cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de
cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, (...) debe entenderse
contraria al precitado artículo 8(1) de la Convención"32.
El artículo 8(1) encuéntrase, pues, en el correcto entendimiento de la Corte,
entrañablemente ligado al derecho a un recursos efectivo bajo el artículo 25 de la Convención.
En esta misma línea de razonamiento, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros
versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002) la Corte evocó su obiter dictum en la
Opinión Consultiva n. 16 (1999) en el sentido de que no hay "debido proceso legal" si un
justiciable no puede hacer valer sus derechos "en forma efectiva" (i.e., si no tiene verdadero
acceso a la justicia), y agregó que, "para que en un proceso existan verdaderas garantías
judiciales", se impone la observancia de "todos los requisitos" que sirvan para "asegurar o
hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho" (párrs. 146-147).
Es ésta la gran jurisprudencia constante de la Corte, construida pacientemente en los
últimos años, emancipadora del ser humano. Y es por eso que la defiendo firmemente (pues
me ha tomado un largo tiempo de reflexión y ha beneficiado numerosos justiciables), del
mismo modo que firmemente me opongo a los actuales intentos en el seno de la Corte de
desconstruirla, disociando los artículos 8 del 25, aparentemente por puro diletantismo o
cualquier otra razón que escapa a mi comprensión. La jurisprudencia de la Corte en la línea de
la posición que sostengo no se agota ahí. En el célebre caso Bámaca Velásquez versus
Guatemala (Sentencia del 25.11.2000), la Corte tomó expresamente en conjunto "las
garantías consagradas en el artículo 8 y la protección judicial establecida en el artículo 25 de
la Convención" para analizar las alegadas violaciones de derechos en el cas d'espèce (párr.
187). Y, en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), la Corte
afirmó muy significativamente:
"(...) La Corte debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones
judiciales internas para obtener una percepción integral de las mismas y establecer si
dichas actuaciones contravienen los estándares sobre las garantías y protección
judiciales y el derecho a un recurso efectivo, que emergen de los artículos 8 y 25 de la
Y cf. also, en el mismo sentido, sus Sentencias sobre los casos Niñas Yean y Bosico versus
República Domicana (del 08.09.2005, párr. 201), y Palamara Iribarne versus Chile (del 22.11.2005,
párrs. 120-189.
Párrs. 50 y 52 de la referida Sentencia.
Convención"33.
Solamente una hermenéutica integradora, como la que vengo sosteniendo y
construyendo en el seno de esta Corte hace más de una década, puede proporcionar una
visión necesariamente integral de la violación de uno o más derechos protegidos bajo la
Convención, con consecuencias directas para la determinación adecuada de las reparaciones.
Es ese un punto adicional que no hay que pasar aquí desapercibido. También en otro caso
célebre de esta Corte, que ya forma objeto de algunos libros a él específicamente dedicados 34,
el de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y Otros versus Guatemala, Sentencia del
19.11.1999), la Corte una vez más sostuvo que
"debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas
para obtener una percepción integral de tales actuaciones, y establecer si resulta o no
evidente que dichas actuaciones contravienen los estándares sobre deber de investigar y
derecho a ser oído y a un recurso efectivo que emergen de los artículos 1(1), 8 y 25 de
la Convención"35.
En la misma Sentencia en el histórico caso de los "Niños de la Calle", la Corte agregó
"Los artículos 25 y 8 de la Convención concretan, con referencia a las
actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del (...) principio
de generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos del Estado" (párr.
Es decir, las disposiciones de los artículos 25 y 8 de la Convención, tomadas en conjunto, son
fundamentales para la propia determinación del alcance del surgimiento de la responsabilidad
del Estado, inclusive por actos u omisiones del Poder Judicial (o de cualquier otro poder o
agente del Estado.
En el caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras (Sentencia del 07.06.2003), la
Corte advirtió que no pueden considerarse "efectivos" los recursos que, por las "condiciones
generales del país" en cuestión, o incluso por las "circunstancias particulares" de un
determinado caso, "resulten ilusorios" (párr. 121). O sea, el acceso a la justicia y el ejercicio
efectivo del derecho (con la fiel observancia de las garantías judiciales) encuéntranse
ineluctablemente vinculados. Y agregó la Corte en aquel caso:
"(...) En el caso en estudio ha quedado demostrado que la muerte del Sr. Juan
Humberto Sánchez se encuadró dentro de un patrón de ejecuciones extrajudiciales (...),
las cuales se caracterizan por ir acompañadas a su vez de impunidad (...), en la cual los
recursos judiciales no son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias
y el transcurso del tiempo juega un papel fundamental en borrar todos los rastros del
Párr. 201 de la referida Sentencia (énfasis agregado).
Cf., sobre el referido caso de los "Niños de la Calle", e.g.: CEJIL, Crianças e Adolescentes Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, CEJIL/Brasil, 2003, pp. 7237; Casa Alianza, Los Pequeños Mártires..., San José de Costa Rica, Casa Alianza/A.L., 2004, pp. 13196; entre varias otras publicaciones sobre el caso en aprecio.
Párr. 224 de la referida Sentencia (énfasis agregado), y cf. párr. 225.
delito, haciéndose de esta manera ilusorio el derecho a la defensa y protección judicial
en los términos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana" (párr.
Asimismo, en el caso Durand y Ugarte versus Perú (Sentencia del 16.08.2000), la
Corte tuvo presente el alegato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en el sentido de que "el fuero privativo militar no ofrecía las garantías mínimas de
independencia e imparcialidad requeridas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8(1) de la
Convención, y que, por lo tanto, no constituía un recurso efectivo para proteger los derechos
de las víctimas y sus familiares y remediar los daños causados, violando también lo dispuesto
en el artículo 25 de la misma" (párr. 120). Así, al determinar la violación conjunta de los
artículos 8(1) y 25(1) de la Convención, la Corte concluyó, sobre este punto, en el caso
Durand y Ugarte:
"En consecuencia, el artículo 8(1) de la Convención Americana, en conexión con
el artículo 25(1) de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la
desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las
autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en
su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios
que dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el
presente caso a los familiares de los Srs. Durand Ugarte y Ugarte Rivera" (párr. 130).
En la Sentencia que viene de adoptar la Corte Interamericana en el presente caso de la
Masacre de Pueblo Bello, el Tribunal ha sido fiel a su mejor jurisprudencia, al tratar
conjuntamente las alegadas - y comprobadas - violaciones de los artículos 25 y 8(1), en
relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana (párrs. 206 y 212). Efectivamente, el
acceso a la justicia y las garantías del debido proceso legal encuéntranse ineluctablemente
interligados. Es lo que claramente se desprende, inter alia, de la ponderación de la Corte de
que, en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello,
"la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han
representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de
acceso a la justicia de los familiares de las víctimas con plena observancia de las
garantías judiciales" (párr. 188).
VIII. La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8
de la Convención Americana
como un Avance Jurisprudencial Intangible.
Sin embargo, no hay que presuponer un progreso linear, constante e inevitable en la
jurisprudencia internacional al respecto, pues las instituciones son las personas que están por
detrás de ellas, y oscilan, pues, como las nubes o las olas, como es propio de la condición
humana. Hoy constato con nitidez que laborar en la protección internacional de los derechos
humanos es como el mito de Sísifo, una tarea que no tiene fin. Es como estar constantemente
empujando una roca hacia el alto de una montaña, la cual vuelve a caer y vuelve a ser
empujada hacia arriba. Entre avances y retrocesos, se desarrolla la labor de protección.
Al bajar la montaña para volver a empujar la roca hacia arriba, uno toma conciencia de
la condición humana, y de la tragedia que la circunda. Pero hay que seguir luchando: en
realidad, no hay otra alternativa:
"Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui
devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa
mort. (...) Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui (...) soulève les rochers. (...) La
lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d'homme. Il faut imaginer
Sisyphe heureux"36.
A mis ojos, frenar los avances logrados por la hermenéutica integradora de la Corte
Interamericana, sobre la cuestión en aprecio, esposada por la Corte a partir de la Sentencia
Castillo Páez, sería como dejar caer la roca montaña abajo. En cuanto a la materia en examen,
hay que partir del todo para llegar a los detalles, y no vice-versa, pues, de lo contrario, se
incurre en el grave riesgo de divisar tan sólo unos pocos árboles más cercanos, y perder de
vista la floresta como un todo.
Afortunadamente, en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello, hubo consenso
general en el seño de esta Corte en tratar conjuntamente, como debe ser, los artículos 8(1) y
25 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1(1). En ningún momento se
cuestionó el razonamiento de la Corte en este sentido. Poco después del avance anteriormente
analizado, en este sentido de una hermenéutica integradora en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, escribí, en mi Tratado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(tomo II, 1999), en tono casi premonitorio, que
"É importante que este avanço na jurisprudência da Corte Interamericana seja
preservado e desenvolvido ainda mais no futuro. (...) No sistema interamericano de
proteção, a jurisprudência sobre a matéria encontra-se em sua infância, e deve
continuar a ser cuidadosamente construída. O direito a um recurso efetivo ante os
tribunais nacionais competentes no âmbito da proteção judicial (artigos 25 e 8 da
Convenção Americana) é muito mais relevante do que até recentemente se supôs, em
um continente, como o nosso, marcado por casuísmos que muito freqüentemente
privam os indivíduos da proteção do direito. Requer considerável desenvolvimento
jurisprudencial nos próximos anos"37.
Aún así, pensé que no tenía que volver a entrar en detalles sobre esta materia (y en
particular la íntima relación entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana), para mí
pacífica en la más lúcida doctrina jusinternacionalista, - incluso por haber a ella - a la
interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos - dedicado un capítulo de no
menos de 177 páginas en mi Tratado38. Hoy, al inicio de 2006, veo que no es así, ni siquiera
en el seno de esta Corte. Hay que volver a empujar la roca montaña arriba, aún sabiendo que
mañana puede ella volver a caer.
Efectivamente, la protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8)
forman conceptualmente un todo orgánico, y conforman el rule of law en una sociedad
democrática. Los recursos efectivos ante las instancias judiciales nacionales competentes (el
habeas corpus, el amparo en la mayoría de los países latinoamericanos, el mandado de
A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 168.
A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo II, Porto
Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 1999, p. 67, párr. 70.
Cf. ibid., cap. XI, pp. 23-200.
segurança en Brasil, entre otros, todos ellos en el sentido del artículo 25 de la Convención
Americana) deben ejercerse en el marco, y según los principios, del debido proceso legal
(consignados en el artículo 8 de la Convención)39.
Puede ocurrir que, en un determinado caso, se configure una violación de tan sólo uno
de los elementos constitutivos de ese cuadro de protección y garantías judiciales, - pero esto
en nada disminuye la fuerza de la hermenéutica integradora que sostengo, en el sentido de,
en principio, tomar necesariamente en conjunto lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, - que conforman, me permito insistir, el rule of law en una sociedad
democrática, - en relación con los deberes generales estipulados en los artículos 1(1) y 2 de la
Convención. Cualquier afirmación en contrario requeriría, a mi modo de ver, una
fundamentación que, en lo que me consta, simplemente no existe, y tampoco sería
mínimamente convincente.
Los órganos de supervisión internacional de los derechos humanos, sin apartarse de los
cánones de la regla general de interpretación de los tratados (artículo 31(1) de las dos
Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados, 1969 y 1986), han desarrollado una
interpretación teleológica, con énfasis en la realización del objeto y fin de los tratados de
derechos humanos, como la más apropiada para asegurar una protección eficaz de dichos
derechos. Al fin y al cabo, subyacente a la mencionada regla general de interpretación
estipulada en las dos Convenciones de Viena (artículo 31(1)), encuéntrase el principio, con
amplio respaldo en la jurisprudencia, según el cual hay que asegurar a las disposiciones
convencionales sus efectos propios (el llamado effet utile). Este principio - ut res magis valeat
quam pereat, - mediante el cual la interpretación hay que propiciar efectos apropiados a un
tratado, ha, en materia de derechos humanos, asumido particular importancia en la
determinación del amplio alcance de las obligaciones convencionales de protección40.
Tal interpretación es, en efecto, la que más fielmente refleja la naturaleza especial de
los tratados de derechos humanos, el carácter objetivo de las obligaciones que estipulan, y el
sentido autónomo de los conceptos en ellos consagrados (distintos de los conceptos
correspondientes en el marco de los sistemas jurídicos nacionales). Como los tratados de
derechos humanos incorporan conceptos con sentido autónomo, fruto de evolución
jurisprudencial, y como el objeto y fin de los tratados de derechos humanos son distintos de
los tratados clásicos (por cuanto son atinentes a las relaciones entre el Estado y las personas
bajo su jurisdicción), los postulados clásicos de interpretación de los tratados en general se
ajustan a esta nueva realidad41.
Además, el artículo 29(b) de la Convención Americana prohíbe expresamente la
interpretación que limite el ejercicio de los derechos protegidos. Así, cualquier reorientación en
Cf., en ese sentido, la novena Opinión Consultiva de la CtIADH, sobre Garantías Judiciales en
Estados de Emergencia (1987).
A.A. Cançado Trindade, Tratado..., tomo II, op. cit. supra n. (11), pp. 32-33 y 192.
Ibid., pp. 32-34; y cf. también R. Bernhardt, "Thoughts on the Interpretation of Human Rights
Treaties", in Protecting Human Rights: The European Dimension - Studies in Honour of G.J. Wiarda (eds.
F. Matscher y H. Petzold), Köln, C. Heymanns, 1988, pp. 66-67 y 70;71; Erik Suy, "Droit des traités et
droits de l'homme", in Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte Festschrift für H. Mosler (eds. R. Bernhardt et alii), Berlin, Springer-Verlag, 1983, pp. 935-947; J. Velu y
R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 51.
la jurisprudence constante de la Corte, integradora de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana, sólo se justificaría en la medida en que proporcionara una mayor protección de los
derechos consagrados, lo que no es el caso. Hasta la fecha, nunca oí, en los debates para mí
preocupantes que hoy día se producen en el seno de la Corte al respecto (que
afortunadamente no se produjeron en el presente caso), cualquier demostración en el sentido
de que desvincular o "separar" el artículo 8 del 25 conllevaría a una protección más eficaz de
los derechos consagrados en la Convención Americana. Todo lo contrario, este entendimiento
conllevaría a un lamentable retroceso en la jurisprudencia de esta Corte, además de
injustificable, aún más ante la tendencia actual, en sentido contrario, de la jurisprudencia
internacional en general sobre la materia.
La Superación de las Vicisitudes en cuanto al Derecho
a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
de la Corte Europea.
Si otros órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos han incurrido
en las incertidumbres de una interpretación fragmentadora, por que tendría la Corte
Interamericana que seguir este camino, abdicando de su jurisprudencia de vanguardia, que le
ha valido el respeto de los beneficiarios de nuestro sistema de protección así como de la
comunidad académica internacional, y asumir una postura distinta, que, incluso, ya ha sido
abandonada por otros órganos que antes la seguían, equivocadamente? Esto no me parece
tener el menor sentido.
Permítome ilustrar este punto con un ejemplo, extraído de la experiencia, de ensayo y
error, del sistema europeo de protección de los derechos humanos. En sus primordios,
sostenía la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos el carácter "accesorio"
del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) de la Convención Europea de Derechos
Humanos, entendido - a partir de los años ochentas - como garantizando un derecho
sustantivo individual subjetivo. Gradualmente, en sus sentencias en los casos Klass versus
Alemania (1978), Silver y Otros versus Reino Unido (1983), y Abdulaziz, Cabales y Balkandali
versus Reino Unido (1985), la Corte Europea empezó a reconocer el carácter autónomo del
artículo 13. Finalmente, después de años de hesitación y oscilaciones, la Corte Europea, en su
sentencia del 18.12.1996 en el caso Aksoy versus Turquía (párrafos 95-100), determinó la
ocurrencia de una violación "autónoma" del artículo 13 de la Convención Europea.
En un estudio pionero sobre la materia publicado en 1973, Pierre Mertens criticó la
"pobreza" de la jurisprudencia inicial de la Corte Europea, así como el carácter vago de la
doctrina europea de entonces sobre la materia, - distintas de la doctrina y práctica
latinoamericana más avanzadas, a partir de la adopción de la Declaración Americana de 1948,
primer instrumento internacional a consagrar el derecho a un recurso efectivo42. Siendo así, P.
Mertens advirtió, hace más de tres décadas, que había que abrir camino para que el derecho a
un recurso efectivo (artículo 13 de la Convención Europea) generase todos sus efectos en
derecho interno de los Estados Partes. En realidad, la "efectividad" de aquel derecho se mide a
la luz de los criterios de las garantías del debido proceso legal (artículo 6 de la Convención
Europea); de ahí la conclusión de P. Mertens, en el sentido de que los artículos 6 y 13 de la
Convención Europea - que corresponden a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 42.
P. Mertens, Le droit de recours effectif devant les instances nationales en cas de violation d'un
droit de l'homme, Bruxelles, Éd. de l'Univ. de Bruxelles, 1973, pp. 19-20, 24-25 y 27-29, y cf. pp. 37-39.
deban ser frecuentemente "invocados en conjunto" ("invoqués ensemble")43.
En efecto, con el pasar de los años, la atención pasó a volverse a las relaciones entre
los artículos 13 y 6(1) de la Convención Europea, este último (derecho a un fair trial)
formando objeto de una vastísima jurisprudencia de la Corte Europea, a la par de un denso
debate doctrinal44. En un enfático pronunciamiento en el caso Kudla versus Polonia (Sentencia
del 18.10.2000), la Corte Europea de Derechos Humanos afirmó que había llegado el
momento de poner fin a las incertidumbres del pasado y admitir la directa vinculación entre
los artículos 6(1) y 13 de la Convención Europea (cf. párrs. 146-149 y 151). Y, en un
significativo obiter dictum, la Corte Europea afirmó que
"(...) Article 13, giving direct expression to the State's obligation to protect
human rights first and foremost within their own legal system, establishes an additional
guarantee for an individual in order to ensure that he or she effectively enjoys those
rights. The object of Article 13, as emerges from the travaux préparatoires [of the
European Convencion on Human Rights], is to provide a means whereby individuals can
obtain relief at national level for violations of their Convention rights before having to set
in motion the international machinery of complaint before the Court. From this
perspective, the right of an individual to trial within a reasonable time will be less
effective if there exists no opportunity to submit the Convention claim first to a national
authority; and the requirements of Article 13 are to be seen as reinforcing those of
Article 6(1), rather than being absorbed by the general obligation imposed by that Article
not to subject individuals to inordinate delays in legal proceedings" (párr. 152).
Y la Corte Europea concluyó, al respecto, en el referido caso Kudla versus Polonia, que
"the correct interpretation of Article 13 is that that provision guarantees an effective remedy
before a national authority for an alleged breach of the requirement under Article 6(1) to hear
a case within a reasonable time" (párr. 156). Por consiguiente, la Corte determinó que en el
caso concreto "there has been a violation of Article 13 of the Convention in that the applicant
had no domestic remedy whereby he could enforce his right to a 'hearing within a reasonable
time' as guaranteed by Article 6(1) of the Convention" (párr. 160).
En realidad, en los últimos años (desde fines de los años setenta hasta la fecha), la
Corte Europea ha, en casos sucesivos, tomado en cuenta las exigencias del debido proceso
legal (artículo 6 de la Convención Europea) en correlación directa con las del derecho a un
recurso efectivo (artículo 13 de la Convención)45. El derecho a un recurso efectivo, en la
jurisprudencia europea en evolución, integra el Estado de Derecho, no puede ser disociado del
L.-E. Pettiti, E. Decaux y P.-H. Imbert, La Convention Européenne des droits de l'homme, Paris,
Economica, 1995, pp. 455-474.
Para ejemplos, cf. M. de Salvia, Compendium de la CEDH - Les principes directeurs de la
jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme, Kehl/Strasbourg, Éd. Engel,
1998, p. 280. - Desde el inicio, la Corte Europea ha rechazada una interpretación restrictiva del artículo 6
de la Convención europea, dada su posición "central" y "prominente" en la misma, y por estar vinculado
a los propios principios generales del derecho, entre los cuales "el principio fundamental del rule of law";
A. Grotrian, Article 6 of the European Convention on Human Rights - The Right to a Fair Trial,
Strasbourg, C.E., 1994, p. 6.
rule of law en una sociedad democrática46. Su contenido material, como un derecho subjetivo
y autónomo, lo caracteriza como "un outil fondamental de la mise-en-oeuvre de la protection
des droits de l'homme"47.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha afortunadamente prescindido de estas
vicisitudes de la jurisprudencia de su homóloga europea, cuya posición actual, sobre la
materia en examen, es, como visto, similar a la de la Corte Interamericana. Intentar disociar
los artículos 25 y 8 de la Convención Americana sería, también por esta razón, a mi juicio
inadmisible, y constituiría un retroceso a la prehistoria de la jurisprudencia de nuestra Corte.
Es lamentable que, en lugar de seguir en la jurisprudencia avant garde de la Corte
Interamericana al respecto, me vea en la obligación de, en el seno de la Corte, seguir
luchando para evitar un grave retroceso jurisprudencial.
El Derecho de Acceso a la Justicia Lato Sensu.
En un Coloquio realizado en 1996 por la Universidad de Estrasburgo y la Cour de
Cassation sobre "Les nouveaux développements du procès équitable" en el sentido de la
Convención Europea de Derechos Humanos, J.-F. Flauss subrayó con acierto la íntima relación
del acceso a un tribunal (mediante un recurso efectivo) y el procès équitable, y agregó que el
derecho a la prestación jurisdiccional abarca incluso la fiel ejecución de la Sentencia en favor
de la víctima48. Sobre el particular, el Coloquio concluyó reconociendo expresamente "l'intimité
profonde" entre el acceso a la justicia (mediante un recurso efectivo, sencillo y rápido) y el
derecho a un procès équitable (las garantías del debido proceso legal), en el marco del Estado
de Derecho en una sociedad democrática49.
En los Informes que presenté, como entonces Presidente de la Corte Interamericana, a
los órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), e.g., los días
19.04.2002 y 16.10.2002, sostuve mi entendimiento en el sentido del amplio alcance del
derecho de acceso a la justicia a nivel internacional, del derecho de acceso a la justicia lato
sensu50. Tal derecho no se reduce al acceso formal, stricto sensu, a la instancia judicial (tanto
D.J. Harris, M. O'Boyle y C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights,
London, Butterworths, 1995, p. 461.
A. Drzemczewski y C. Giakoumopoulos, "Article 13", in La Convention européenne des droits de
l'Homme - Commentaire article par article (eds. L.-E. Pettiti, E. Decaux y P.-H. Imbert), Paris,
Economica, 1995, pp. 474.
J.-F. Flauss, "Les nouvelles frontières du procès équitable", in Les nouveaux développements du
procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Actes du Colloque du 22
mars 1996), Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 88-89.
G. Cohen-Jonathan, "Conclusions générales des nouveaux développements du procès équitable
au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme", in ibid., p. 172.
Cf. también A.A. Cançado Trindade, "El Derecho de Acceso a la Justicia Internacional y las
Condiciones para Su Realización en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos",
37 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003) pp. 53-83; A.A. Cançado Trindade,
"Hacia la Consolidación de la Capacidad Jurídica Internacional de los Peticionarios en el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", 37 Revista del Instituto Interamericano de
interna como internacional), sino comprende, además, el derecho a la prestación
jurisdiccional, y encuéntrase subyacente a disposiciones interrelacionadas de la Convención
Americana (como los artículos 25 y 8), además de permear el derecho interno de los Estados
Partes51. El derecho de acceso a la justicia, dotado de contenido jurídico propio, significa, lato
sensu, el derecho a obtener justicia. Configúrase, así, en suma, como el derecho a la propia
Uno de los componentes principales de ese derecho es precisamente el acceso directo a
un tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido, y el derecho a ser
prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparcial, a niveles tanto nacional como
internacional (artículos 25 y 8 de la Convención Americana). Como me permití señalar en una
obra reciente, podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a
un ordenamiento jurídico - a niveles tanto nacional como internacional - que efectivamente
salvaguarde los derechos fundamentales de la persona humana52.
Epílogo: El Derecho al Derecho como un Imperativo del Jus Cogens.
En su supracitada Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados (del 17.09.2003), la Corte Interamericana advirtió con acierto
que "el Estado debe garantizar que el acceso a la justicia sea no sólo formal sino real" (párr.
126), lo que, a mi juicio, abarca el citado acceso mediante un recurso efectivo, todas las
garantías del debido proceso legal, hasta el cumplimiento fiel y final de la sentencia. La misma
Opinión Consultiva n. 18 sostuvo con lucidez que el principio de la igualdad y nodiscriminación integra hoy día el dominio del jus cogens (párrs. 111-127).
La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana
(supra) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia
entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus
cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8
tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, comunes
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario53,
tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman
un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de
protección54.
Posteriormente a su histórica Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y
Derechos Humanos (2003) pp. 13-52.
En ese sentido, cf. E.A. Alkema, "Access to Justice under the ECHR and Judicial Policy - A
Netherlands View", in Afmaelisrit pór Vilhjálmsson, Reykjavík, Bókaútgafa Orators, 2000, pp. 21-37.
A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo III, Porto
Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 2002, cap. XX, p. 524, párr. 187.
E.g., artículo 75 del Protocolo I (de 1977) a las Convenciones de Ginebra (de 1949) sobre
Cf., también en ese sentido, e.g., M. El Kouhene, Les garanties fondamentales de la personne en
Droit humanitaire et droits de l'homme, Dordrecht, Nijhoff, 1986, pp. 97, 145, 148, 161 y 241.
Derechos de los Migrantes Indocumentados, de 2003, la Corte ya podía y debía haber dado
este otro salto cualitativo adelante en su jurisprudencia. Me atrevo a alimentar la esperanza
de que la Corte lo hará lo más pronto posible, si realmente sigue adelante en su jurisprudencia
de vanguardia, - en lugar de intentar frenarla, - y amplíe el avance logrado con
fundamentación y coraje por su referida Opinión Consultiva n. 18 en la línea de la contínua
expansión del contenido material del jus cogens.
Seguridad nacional • Bien común • Servicios públicos • Moralidad • Articulado • Normas • Instituciones • Derecho Privado colombiano
ÉTICA DEL NIÑO Y ÉTICA DE LA INFANCIA
Convención internacional • Normas básicas para el bienestar del niño • Protección del menor
Historia • Declaración Universal • Historia de los Derechos Humanos • Tratados Internacionales • Jefferson • Rousseau
Primera prueba escrita para alumos de DIP I en régimen de
Declaración Universal • Derechos del niño • Derecho a la educación • Derechos étnicos • Declaración americana de derechos y deberes
Texto Original del Proyecto de Ley
ANEXO-N°20 Derechos del niño
medidas • Convención de los Derechos del niño • Ciencias sociales
Trabajo • Convención europea • Persona • Historia • Declaración Universal • Principios éticos

References: artículo 1

artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1

artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
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artículo 2
 artículo 1
 artículo 62
 artículo 25
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 2

artículo 2
 Resolución 
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 artículo 8
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 Resolución 
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 artículo 1
 artículo 2
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 artículo 1
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artículo 8
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 artículo 13
 artículo 8

artículo 8
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 artículo 27
 artículo 8
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artículo 8
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 artículo 8
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 13

artículo 13
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 75