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Timestamp: 2020-01-27 14:53:33+00:00

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TÍTULO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ATRIBUIBLE AL CASO DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DONDE SE CONFIGURA EL IN DUBIO PRO REO.docx | Derecho penal | Evidencia (ley)
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TTULO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ATRIBUIBLE AL CASO DE LA PRIVACIN INJUSTA DE LA LIBERTAD DONDE SE CONFIGURA EL IN DUBIO PRO REO
De otro lado, al amparo de la nueva normativa, los artculos 66 a 69 de la ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administracin de Justicia), contienen las hiptesis bajo las cuales el Estado puede resultar responsable, a causa de: i) privacin injusta de la libertad, ii) error jurisdiccional, o iii) defectuoso funcionamiento de la administracin de justicia. Identificado el supuesto de responsabilidad, se deber determinar el ttulo de imputacin aplicable al caso concreto, bien a travs de un sistema subjetivo de falla del servicio, o mediante uno de naturaleza objetivo. En eventos de privacin injusta de la libertad, se deben tener en cuenta algunos aspectos y parmetros que, en los ltimos aos, han sido trazados por la jurisprudencia de esta Corporacin, criterios que podran catalogarse en los siguientes trminos: i) Las hiptesis establecidas en el artculo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700), al margen de la derogatoria de la disposicin, han continuado rigindose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el rgimen aplicable para definir si la privacin de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los trminos precisados por la jurisprudencia de la Corporacin1.
Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gmez.
En consecuencia, la Sala no avala una aplicacin ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que est derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera especfica en el mismo. No quiere significar, entonces, que la Corporacin est modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. No obstante, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institucin donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual depender del fundamento en que se soporte la misma. Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existi, el investigado no lo cometi, o la conducta no constitua hecho punible, el rgimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no ser determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actu o no de manera diligente o cuidadosa. ii) Cuando se absuelva a la persona sindicada, en aplicacin del in dubio pro reo2 -
strictu sensu, de conformidad con los planteamientos contenidos en las
La certeza perseguida por el derecho penal mximo est en que ningn culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que tambin algn inocente pueda ser castigado. La certeza perseguida por el derecho penal mnimo est, al contrario, en que ningn inocente sea castigado, a costa de la incertidumbre de que tambin algn culpable pueda resultar impune. Los dos tipos de certeza y los costes ligados a las incertidumbres correlativas reflejan intereses y opciones polticas contrapuestas: por un lado, la mxima tutela de la certeza pblica respecto de las ofensas ocasionadas por los delitos; por otro lado, la mxima tutela de las libertades individuales respecto de las ofensas ocasionadas por las penas arbitrarias La certeza del derecho penal mnimo de que ningn inocente sea castigado viene garantizada por el principio del in dubio pro reo. Este es el fin al que atienden los procesos regulares y sus garantas. Y expresa el sentido de la presuncin de no culpabilidad del imputado hasta prueba en contrario: es necesaria la prueba es decir, la certidumbre, aunque sea subjetiva no de la inocencia sino de su culpabilidad, sin tolerarse la condena sino exigindose la absolucin en caso de incertidumbre. La incertidumbre es en realidad resuelta por una presuncin legal de inocencia en favor del imputado precisamente porque la nica certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de las condenas y de las penas FERRAJOLI, Luigi Derecho y Razn, Ed. Trotta, Pg. 106.
sentencias proferidas en los procesos nmeros 13.168 (2006)3 y 15.463 (2007)4, el juez de lo contencioso administrativo deber constatar siempre, que el aparato jurisdiccional ordinario penal, s haya aplicado efectivamente esa figura procesal penal que integra el derecho al debido proceso. En otros trminos, la responsabilidad de la administracin pblica derivada de la absolucin o su equivalente, con apoyo en la mxima de que la duda se resuelve
a favor del procesado, se analiza y aplica a travs de un rgimen objetivo, pero
siempre y cuando se logre verificar, fehacientemente, que el juez penal al momento de evaluar el material probatorio que por cierto necesariamente debe existir con pruebas tanto en contra como a favor del sindicado o acusado5, manej una duda razonable que le impidi llegar a la plena certeza sobre la materializacin y autora de la conducta punible. En estos supuestos es lgico que el rgimen de responsabilidad sea objetivo comoquiera que imponerle al demandante la carga de demostrar una falla del servicio sera someterlo a una especie de probatio diabolica, ya que, en estos escenarios el problema es que no se pudo superar la duda razonable que opera como garanta constitucional de la persona, lo que se traduce en la necesidad de reparar el dao que se irrog con la detencin. En efecto, la herramienta del in dubio pro reo stricto sensu opera como bisagra en la tensin que se genera en el poder pblico y, concretamente, la represin
Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, M.P. Mauricio Fajardo Gmez 4 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gmez. 5 Cuando no resultan refutadas ni la hiptesis acusatoria ni las hiptesis en competencia con ella, la duda se resuelve, conforme al principio del in dubio pro reo, contra la primera. FERRAJOLI, Ligi Derecho y Razn, Ed. Trotta, Pg. 151- 152.
penal frente al principio de libertad, para darle prevalencia a este ltimo en aquellos casos en que la duda deviene insuperable. Es decir, con la citada herramienta en su vertiente estricta se hace prevalecer el bien esencial de la libertad6, razn por la que en estos eventos no se desprende una falla del servicio, sino una responsabilidad de naturaleza objetiva fundamentada en el rompimiento de las cargas, toda vez que el Estado somete al ciudadano a una situacin restrictiva en la que le limita sus garantas pblicas para garantizar su comparecencia al proceso, razn por la que se impone el deber resarcitorio sin consideraciones subjetivas. Como lo precis el excelso profesor Norberto Bobbio, frente a la gran anttesis
entre libertad y poder que domina toda la historia humana por la que en las relaciones entre individuos y grupos cuanto mayor es la libertad tanto menor es el poder y viceversa, es buena y por consiguiente deseable y defendible la solucin que ampla la esfera de la libertad y restringe la del poder, o, con otras palabras, aquella para la cual el poder debe ser limitado a fin de permitir a cada uno gozar de la mxima libertad compatible con la igual libertad de todos los dems.7
iii) La absolucin o preclusin de la investigacin que emana de falencias probatorias en la instruccin o juicio penal, traducira en verdad una falla del
Lo cito slo para destacar la distincin fundamental entre la definicin de libertad como slo la inexistencia de obstculos que se opongan a que yo haga lo que quiera (lo cual, presumiblemente, sera compatible con una vida muy estrecha, estrechada por la influencia que ejerceran sobre m fuerzas personales e impersonales, la educacin o las leyes, el amigo o el enemigo, el maestro y el pariente, o inclusive estrechada conscientemente por s mismo), y la libertad como una gama de posibilidades objetivamente presentes, independientemente de que se les desee o no, aun cuando sea difcil o imposible dar reglas para medir o comparar grados de la misma, o para estimar diferentes situaciones respecto de ella. BERLIN, Isaiah De la esperanza y el miedo liberado en El estudio adecuado de la humanidad coleccin de ensayos, Ed. Fondo de Cultura Econmica, 2009, pg. 131.
BOBBIO, Norberto en el prlogo del libro Derecho y Razn de Luigi Ferrajoli, Ed. Trotta, 20 01, pg. 14.
servicio que no puede considerarse como una conclusin establecida a partir de la aplicacin del mencionado principio del in dubio pro reo. Por consiguiente, en estos eventos, es necesario que la parte demandante en el proceso contencioso administrativo de reparacin, demuestre, de manera clara, que la privacin de la libertad se produjo a partir del error del funcionario, o del sistema, derivado ste de una ausencia probatoria que sustentara la detencin preventiva. Sobre el particular, la Sala sostuvo:
Una de las razones por las cuales no se logr dentro de la investigacin penal una prueba adecuada de la responsabilidad de los implicados, fue en palabras del propio juez, la pasividad por parte de la fiscala en dicha labor, circunstancia que justifica an ms la condena que habr de imponerse, habida consideracin de que la accin punitiva del Estado cuya titularidad ostenta impele a ste a adelantar las labores convenientes en materia probatoria que permitan el esclarecimiento de la verdad real. Lo que no puede aceptarse de ninguna manera es que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha funcin, depende el buen xito de la investigacin, y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad se repite, era procedente la imposicin de la medida de aseguramiento. Ya se observ que para proferir la medida de aseguramiento de detencin la norma procesal penal exige el acreditamiento del indicio grave de responsabilidad, As las cosas, para la Sala resulta claro que en el presente asunto se configura una privacin injusta de la libertad, y as habr de declararse. () En lo que hace a la aplicacin en el proceso penal que origin el presente asunto del principio In dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolucin es consecuencia de dicha aplicacin, cree la Sala que, no se trat de duda sino ms bien de falta de prueba incriminatoria, sin embargo aun que se trtase de dicha hiptesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicacin de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuacin estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneracin del Estado por la privacin injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normativa penal, estn los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y
mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria. La duda, en materia penal, se traduce en absolucin y es sta precisamente a la luz del art. 414 del C.P.P. la base para el derecho a la reparacin.8
No es que se site, por capricho, a la persona en un grado mayor de exigencia probatoria, sino que en estos eventos en los cuales la decisin no se refiere a la aplicacin del principio de la duda razonable porque materialmente no hay incertidumbre, en tanto no existen medios probatorios en ninguno de los extremos de la relacin procesal, es necesario demostrar que la medida de aseguramiento fue arbitraria9. El anterior planteamiento, lejos de desconocer el principio y valor supremo de la libertad, supone la importancia de decretar la responsabilidad de la entidad pblica bajo la perspectiva subjetiva, lo que permitir eventualmente mejorar las polticas pblicas sobre la materia y, de paso, abrir en la medida de las posibilidades la viabilidad a la accin de repeticin en contra del funcionario que eventualmente al actuar con dolo o culpa grave desencaden el dao. Adems, no se sita con esta hermenutica a la parte afectada con la privacin de la libertad en una situacin probatoria en extremo difcil; por el contrario, si la detencin fue arbitraria e ilegal, ser fcil acreditar esa circunstancia lo que
Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754, M.P. Daniel Surez Hernndez. 9 Los historiadores de las ideas atribuyen fcilmente a los filsofos y juristas del siglo XVIII el sueo de una sociedad perfecta; pero ha habido tambin un sueo militar de la sociedad; su referencia fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza, sino en los engranajes cuidadosamente subordinados de una mquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en los derechos fundamentales, sino en la educacin y formacin indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino en la docilidad automtica. FOUCAULT, Michel Vigilar y Castigar, Ed. Siglo Veintiuno, 27 ed., pg. 173. Como l o muestran los objetos anteriores, la prioridad de la libertad significa que la libertad solamente puede ser restringida en favor de la libertad en s misma. RAWLS, John Teora de la Justicia, Ed. Fondo de Cultura Econmica, Pg. 273.
permitir que el Juez de lo Contencioso Administrativo valore el grado de subjetividad con que se actu en el caso concreto. iv) Como se aprecia, en cada evento especfico de reparacin por privacin injusta de la libertad, corresponde determinar a las partes y al operador jurdico en qu supuesto se enmarc dicha privacin, a efectos de tener claridad sobre el ttulo de imputacin aplicable al caso, comoquiera que no toda absolucin, preclusin de la investigacin, o cesacin del procedimiento penal, se deriva de la aplicacin del instrumento del in dubio pro reo, motivo por el cual, no siempre se deducir la responsabilidad de la organizacin pblica a travs de un rgimen de naturaleza objetiva. v) En conclusin, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privacin injusta de la libertad, existen eventos precisos y especficos en los cuales la jurisprudencia con fundamento en el principio iura novit curia, ha aceptado la definicin de la controversia a travs de la aplicacin de ttulos de imputacin de carcter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administracin pblica no juega un papel determinante para la atribucin del resultado. Por el contrario, las dems hiptesis que desborden ese concreto y particular marco conceptual, debern ser definidas y desatadas a partir de la verificacin de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal. De otro lado, es necesario precisar que an cuando en la providencia que se decrete la medida de aseguramiento de detencin preventiva, se considere que existan suficientes pruebas o indicios graves para imponerla, esta circunstancia, por s sola, no es suficiente para eximir al Estado de responsabilidad, toda vez que, el anlisis que debe realizar el juez de lo contencioso administrativo se debe concentrar, en la existencia o no del dao para posteriormente determinar si es
imputable al Estado, en virtud de que esa privacin de la libertad devino o no en injusta. En esta instancia, se insiste, slo se entrara a considerar si existieron los requisitos formales y materiales para que se profiriera la medida de aseguramiento, cuando quiera que sea necesario establecer una falla del servicio, pues de otra forma se estara haciendo un anlisis que ya fue realizado por el juez penal por ser de su competencia exclusiva, de all que, al juez de lo contencioso no le es dable realizar ese examen nuevamente, comoquiera que se estara involucrando as en el estudio de fondo de las decisiones penales e invadira los efectos de la cosa juzgada de esas providencias. Adicional a lo anterior, si el dao antijurdico en los casos de privacin injusta de la libertad es imputable al Estado, deviene no slo de la providencia que decret la medida de aseguramiento, sino del proceso penal en su conjunto, incluyendo las dems decisiones adoptadas al interior del mismo, especialmente, la que revoca la medida de aseguramiento impuesta. Por lo anterior, no es relevante si la decisin de restringir la libertad cumpli los requisitos para proferirla o si existan indicios suficientes para hacerlo, toda vez que la labor del juez consiste en verificar cul fue la causal de absolucin en el proceso penal, para determinar si la privacin de la libertad es injusta, y este requisito es suficiente para fundamentar la responsabilidad patrimonial en un rgimen objetivo de dao especial, cuyo anlisis es importante en la medida en que se configura una detencin arbitraria o ilegal.
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