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Timestamp: 2015-04-18 07:15:08+00:00

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ajudicuba | Asociación Jurídica Cubana
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Publicado en 15 de octubre de 2014 por ajudicuba	| 2 Respuestas
Publicado en 15 de agosto de 2014 por ajudicuba	3	Estamos en obras, construyendo un sitio nuevo, disculpen la espera, trabajamos por mejorar nuestra imagen y brindar una información más profesional
Publicado en Ojeada a la legislación	| 3 Respuestas
Publicado en 11 de agosto de 2014 por ajudicuba	2	Lic. Yureisy Ceballos
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, Cuba, evasión, fisco, impuesto, legalidad, multa, ONAT	| 2 Respuestas
La detención y el hábeas corpus
Publicado en 8 de agosto de 2014 por ajudicuba	1	Ms.Cs.Dayanara Vega
Tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos.
El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido tiene como objeto el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumario (urgente) y potencialmente eventual, en tanto se autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos para evitar que la violación se torne en irreparable. De tornarse irreparable, la acción de garantía pierde su objeto.
La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, salvo en caso de un delito flagrante. La detención se caracteriza por existir privación de libertad.
Su finalidad se refiere a la puesta a disposición de una persona ante el juez competente. Esto puede ocurrir por haber cometido un delito (o ser sospechoso de ello), quebrantado su condena, fugarse estando detenido o en prisión preventiva, o porque de otra manera su comparecencia judicial se pudiere ver demorada o dificultada. Habitualmente existen límites y requisitos legales, como plazos y formas, que es necesario cumplir.
Al no haber decisión judicial, no ha habido tampoco posibilidad de que el detenido ejerza su derecho a la defensa. Si la situación de detención se prolongase indefinidamente, se conculcan derechos fundamentales sin que exista control judicial (como ocurre en estados no democráticos, o en situaciones de guerra o de vacío legal).
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, Cuba, detención arbitraria, detención ilegal, habeas corpus, secuestro	| 1 Respuesta
Publicado en 6 de agosto de 2014 por ajudicuba	2	Lic. Juan Álvarez del Rio.
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado agua, AJC, contaminación, Cuba, disciplina social, medio ambiente	| 2 Respuestas
¿Protección de la propiedad personal?
Publicado en 4 de agosto de 2014 por ajudicuba	Responder	Lic. Dayamí Pestano Lazo
La Constitución de la República en su artículo 21 refrenda la propiedad personal sobre la vivienda siempre que se posea con justo título de dominio, es apreciable en este artículo la palabra dominio pues el dominio encierra el más completo conjunto de derechos que se pueda tener sobre una cosa.
Luego viene la Ley General de la Vivienda en su artículo 64 a establecer que los propietarios de las viviendas determinarán libremente quiénes convivirán con ellos y están facultados para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requieren declaración administrativa ni judicial, siempre y cuando no sean de los especialmente protegidos por la ley: ascendientes y descendientes del propietario; madre de uno o más hijos con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia; madre con uno o más hijos menores con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; ancianos con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.
El propio artículo en el tercer párrafo deja la vía administrativa para lograr ese deseo del propietario si el conviviente pretendiera permanecer en la vivienda contra la voluntad de su propietario, a través del llamado proceso de Cese de Convivencia. La Dirección Municipal de la Vivienda interviene, a solicitud del propietario y dicta resolución, si procediere, conminando al conviviente a abandonar la vivienda en un plazo determinado.
Llama la atención como un acto antagónico por naturaleza sea llevado por la vía administrativa sin que ningún tribunal intervenga. Como coerción, la Administración resuelve que, si transcurrido dicho plazo sin que el conviviente abandone la vivienda, comunicará a las entidades de donde reciben sus ingresos todos los integrantes del núcleo del conviviente, la obligación de reconocer un descuento mensual, por concepto de uso no autorizado del inmueble, ascendente al treinta por ciento (30%) de cada ingreso. De mantenerse esa situación por tres meses, las retenciones se elevarán al cincuenta por ciento (50%) mientras dure la ocupación de la vivienda.
No hay que analizar mucho para darse cuenta que el conviviente no deseado se ríe de esa medida y hasta le resulta conveniente pues estaría prácticamente en un arrendamiento económico, porque como ya es conocido, con la situación crítica de la vivienda en Cuba, que alguien tenga que pagar la mitad de un salario, que de hecho es nada, por tener un lugar donde vivir, es una ventaja muy lejana del objetivo de la norma de beneficiar al sujeto de derecho.
Imagínese entonces qué odisea burocrático-jurídica-administrativa atraviesa el propietario en estos casos. Para poder ser “extraída” la persona indeseada tiene que tener clara conducta antisocial sin vínculo laboral.
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La Obligación y la práctica contractual en Cuba
Publicado en 1 de agosto de 2014 por ajudicuba	Responder	Lic. Andrea López
La obligación en Derecho, es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posibles, lícitos y dentro del comercio. Los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables. Doctrinalmente hablando, cuestiones como esta resultan sencillas de delimitar lo que no ocurre de la misma forma en la práctica jurídica y en el tráfico comercial de nuestro sistema, pues el efecto principal de una obligación ha de ser colocar al deudor en la necesidad de cumplir con la prestación debida y en otorgar al acreedor los medios legales para procurar que el deudor lo haga.
Cabe valorar una serie de cuestiones en las que nuestras empresas no son el mejor ejemplo, si se tiene en cuenta que la economía, la estructura contractual y el tráfico jurídico-comercial cubano está basado en las deudas constantes y perpetuas entre empresas, cuyos mecanismos para hacer cumplir las obligaciones contractuales preceptuadas son deficientes o nulos; téngase en cuenta además la notable diferencia entre los términos DEUDA y RESPONSABILIDAD. La primera constituye la prestación del deudor hacia el acreedor para cumplir el compromiso y la responsabilidad. Es la consecuencia jurídica, que debiera consistir en el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor para que éste pueda procurarse, el cumplimiento de la obligación o la reparación por el incumplimiento. Son cada vez más frecuentes las inconformidades y los pocos medios con que cuenta la economía cubana para hacer efectiva y respetada la responsabilidad contractual. En unas ocasiones la propia ley es omisa y en otras se puede hablar de la irrentabilidad y la poca flexibilidad comercial de nuestras empresas. Es una necesidad económica para nuestra economía valorar estas cuestiones; punto de inicio para una economía de desarrollo.
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Publicado en 21 de julio de 2014 por ajudicuba	1	Wilfredo Vallín Almeida
En la Asociación Jurídica Cubana, nos hemos detenido muchas veces en la consideración de que no debe ser la Fiscalía (a la que se adjudica la responsabilidad de mantener la legalidad socialista) la que garantice los derechos ciudadanos por la sencilla razón de que ella no es independiente de los poderes del Estado, sino que los representa y vela por ellos. En el mundo moderno no se acepta el doble papel de juez y parte en un proceso penal. Y ese es el caso de la Fiscalía.
Publicado en Ojeada a la legislación, opiniones	| Etiquetado AJC, Cuba, Estado, fiscalía, legalidad, ley de policía, Tribunal de Garantías Constitucionales	| 1 Respuesta
Publicado en 18 de julio de 2014 por ajudicuba	Responder	Lic. Amado Calixto Gammalame.
En un trabajo anterior referíamos la impronta causada en los ciudadanos que poseen cartas de autorización para adquirir automóviles, y la afectación recibida por las nuevas regulaciones promulgadas.
El Decreto No.320 de 18 de diciembre de 2013, que según su DISPOSICION SEPTIMA entró en vigor a partir del 3 de enero de 2014, le limito la vida al recién promulgado Decreto 292 de 20 de septiembre de 2011 que establecía las “Regulaciones para la trasmisión de la propiedad de vehículos de motor”.
Este decreto 320 en su Artículo 6. 1 titulado, DE LA COMPRAVENTA DE VEHICULOS DE MOTOR EN ENTIDADES COMERCIALIZADORAS, expresa textualmente.
“Las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional, extranjeras residentes permanentes, temporales y de inmobiliaria, las personas jurídicas cubanas y extranjeras, las misiones diplomáticas, oficinas consulares y los organismos internacionales acreditados en Cuba, así como su personal, pueden adquirir en las entidades comercializadoras, ciclomotores de combustión interna, motocicletas, autos, autos rurales, paneles, camionetas y microbuses”.
De hecho dejó sin efecto la supuesta autorización que le daba la carta al selecto grupo de ciudadanos para la compra de automóviles.
Dentro del grupo de personas afectadas se encuentran médicos y otros trabajadores de la salud, marinos, trabajadores de la cultura, del servicio diplomático, del deporte y deportistas, entre otros.
¿Cuál es la afectación en concreto? Los precios para los vehículos de uso puestos a la venta, no tienen absolutamente nada que ver con la cantidad depositada en el banco, por ser estos en extremo elevados, y en el caso de los vehículos nuevos, los precios son inalcanzables.
Se espera un análisis y reacción por parte de los funcionarios estatales que tienen que ver con el asunto, luego de la paupérrima cifra de carros vendidos en el semestre, pudieran tomar una decisión correcta al respecto.
Publicado en Ojeada a la legislación, opiniones	| Etiquetado AJC, autos, Cuba, venta	| Deja un comentario
Presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico cubano
Publicado en 16 de julio de 2014 por ajudicuba	1	Lic. Andrea López
Muchos son los textos y documentos dedicados al estudio de la presunción de inocencia del acusado como principio y derecho del ordenamiento penal. La consideración de que todo acusado es inocente hasta tanto se determine lo contrario mediante fallo condenatorio por parte del tribunal competente es lo que constituye el concepto de presunción de inocencia.
En nuestra actuación judicial, muchas acciones en el proceso penal invaden el contenido de este principio, pues la polémica en torno a la presunción de inocencia se deriva de limitaciones, tanto en el contenido de la norma, como en el actuar de los sujetos intervinientes en el proceso, si con su comportamiento limitan derechos y garantías de los procesados; así pretender que el acusado confiese a toda costa en cualquier fase del proceso, ratifique su culpabilidad en el acto del juicio oral, aunque lo hubiera aceptado en la fase investigativa y la insistencia sobre su derecho a guardar silencio constituyen infracciones que de forma más o menos trascendente afectan la situación procesal del acusado durante el proceso.
Consecuentemente, la utilización de la terminología presunción de inocencia ha sido identificada por unos como derecho, por otros como un principio y algunos como una garantía, lo cual, da lugar a diversas interpretaciones de consecuencia práctica, lo que unido a la ausencia de regulación expresa en nuestra Constitución de la República, genera que en ocasiones se produzcan posiciones distintas.
La Constitución de la República de Cuba no regula de forma expresa el derecho a la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales, por esta razón, es imprescindible su formulación a fin de considerarlo como un auténtico derecho de todo acusado a un proceso justo y humano, además de que la Ley de Procedimiento Penal presenta limitaciones al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia por lo regulado en los siguientes artículos:
Se concede la posibilidad de designar abogado desde el momento en que se decreta la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Procedimiento Penal.
El juez puede decidir sobre la modificación de medida cautelar o imponer la de prisión provisional, lo cual está establecido en los artículos 251 y 254 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal toma una participación activa ordenando la práctica de nuevas diligencias de pruebas o de subsanación de alguna diligencia omitida, mediante el artículo 263 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal asume la acción penal mediante el uso de la formula, de conformidad con lo previsto en el artículo 350 de la citada ley.
El Tribunal dispone la realización de nuevas diligencias de pruebas o de algunas sumarias instrucción suplementaria, asumiendo así la posición de parte, amparado en el artículo 351 de la Ley Procesal Penal.
Eliminar estas trabas y hacer de nuestro sistema de enjuiciamiento un baluarte de justicia es todavía un camino a seguir.
Publicado en Ojeada a la legislación	| Etiquetado AJC, Cuba, Ley de Procedimiento Penal, presunción de inocencia	| 1 Respuesta
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References: artículo 21
 artículo 64
 Artículo 6
 artículo 249
 artículo 263
 artículo 350
 artículo 351