Source: https://www.scribd.com/doc/106749209/OBSERVATORIO-DE-DERECHO-CIVIL-VOLUMEN-I-EL-CONTRATO-CAP-1-CONCEPTO-Y-FORMACION-DEL-CONTRATO-MARIO-CASTILLO-FREYRE
Timestamp: 2016-09-29 22:45:52+00:00

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Mario Castillo Freyre Aurelia Colombi Ciacchi Yuri Vega Mere Osvaldo R. Burgos Esther Arroyo i Amayuelas Pietro Sirena Pier Giuseppe Monateri
Volumen I: EL CONTRATO
Prólogo de Yuri Vega Mere
Profesor de Derecho Civil Pontificia Universidad Católica del Perú
Motivensa Editora Jurídica 2009
1. CONCEPTO Y FORMACIÓN DEL CONTRATO
SUMARIO: 1. CONCEPTO DE CONTRATO.— 1.1 EL CONTRATO COMO ACTO JURÍDICO.— 1.2. LA RELACIÓN JURÍDICA PATRIMONIAL.— 1.3. CARÁCTER OBLIGACIONAL DE LOS CONTRATOS.— 1.4. PARTES CONTRACTUALES Y SUJETOS INTERVINIENTES.— 1.5. LA CREACIÓN, REGULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES.— 1.6. CONTRATO Y CONVENCIÓN.— 1.7. LA CONTRATACIÓN ENTRE CÓNYUGES.— 1.8. EL CONSENTIMIENTO. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.— 1.9. TEORÍAS
QUE INTENTAN RESOLVER EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.— 1.9.1 TEORÍA SUBJETIVA O DE LA VOLUNTAD.— 1.9.2. TEORÍA OBJETIVA O DE LA DECLARACIÓN.— 1.9.3. TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD.— 1.9.4. TEORÍA DE LA CONFIANZA.— 1.10. DISENTIMIENTO O DISENSO.—
De conformidad a lo establecido por el artículo 1351 del Código Civil Peruano de 1984, «El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial». De la definición contenida en el referido cuerpo sustantivo, debemos extraer diversas consideraciones que resulta indispensable abordar. Sin duda, la ley peruana ha partido de establecer un concepto para el contrato. Más allá de si se trata de la definición más acertada o no, y dentro de la línea de pensamiento que pasa por considerar que los Códigos Civiles, así como ninguna
otra ley pueden aspirar a la perfección, estimamos que el citado concepto es válido en cuanto a que resulta siendo cierto, fuera del hecho de que todo es discutible en el ámbito de las ciencias jurídicas. Antes de iniciar en estricto nuestro análisis, debemos subrayar la enorme y determinante influencia que ha tenido el Código Civil Italiano de 1942 respecto del Libro VII del Código Civil Peruano de 1984, referente a Fuentes de las Obligaciones, y en forma especial, respecto de la Sección Primera que versa sobre los contratos en general. Tal influencia ha sido incluso reconocida en la Exposición de Motivos y Comentarios de la Comisión Reformadora a la Introducción del citado Libro, en la que su ponente, Max Arias-Schreiber afirma lo siguiente: «En el curso de este trabajo veremos cuáles han sido las fuentes del Código en materia contractual. Adelantándome, señalo que si bien permanecimos fieles a nuestra tradición jurídica en todo lo que tenía de rescatable, y por lo que muchas de las disposiciones del nuevo Código repiten en el fondo y, a veces, también en la forma, las normas del Código Civil de 1936, no puedo desconocer la enorme influencia que ha tenido el Código Civil italiano de 1942, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que es el producto de una avanzada cultura y que, en su conjunto, presenta depurada técnica jurídica». En ese sentido debemos también destacar que la definición contenida en el artículo 1351 está tomada de un modo bastante fidedigno de la definición contenida en el artículo 1321 del Código Civil Italiano, precepto que establece lo siguiente: Artículo 1321.- «El contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre sí una relación jurídica patrimonial». Existe, no obstante, una diferencia que Manuel de la Puente1 califica como mínima, pues mientras nuestro Código distingue entre la regulación y la
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. «Influencia del Código Civil Italiano en los libros de obligaciones y contratos en la codificación peruana», En: Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del Código Civil Italiano (1942-2002). Lima: ARA Editores, 2003, p. 60.
modificación de la relación jurídica patrimonial, su par italiano no lo hace. Esta diferencia se explica porque algunos autores italianos, entre los que se encuentra Messineo, piensan que la expresión regular es el equivalente de la expresión modificar, mientras que otros, como Sacco, consideran que regular es un término más amplio que modificar, puesto que se regula una relación no sólo cuando se la modifica, sino también cuando se la asegura, cuando se pacta el traslado de la carga de la prueba, cuando se elimina la reciprocidad de la relación, etc. 1.1. El contrato como acto jurídico2
Según lo dispuesto por el artículo 140 de Código Nacional, el acto jurídico es la
En este punto consideramos conveniente dejar en claro nuestra posición respecto a la problemática que ha surgido en el Derecho, con la introducción del concepto de negocio jurídico. Coincidimos con De la Puente y Lavalle en «que realmente no se percibe una diferencia fundamental alguna entre la noción del acto jurídico según la teoría del acto jurídico y la del negocio jurídico según la teoría del negocio jurídico». En otras palabras, podemos sostener que en ambas concepciones, los elementos importantes son la existencia de una manifestación o declaración (exteriorización) de una o varias voluntades y el propósito de producir mediante ella efectos jurídicos queridos por el ordenamiento jurídico, que pueden consistir en la creación, modificación o extinción de un derecho. La diferencia parecería radicar, más que en los propios conceptos de acto y negocio jurídico, en la elaboración de las construcciones intelectuales hechas para llegar a ellos. El distinto rol que algunos hacen jugar a la declaración con relación a la voluntad en ambas teorías, haciendo primar a aquélla sobre ésta, no es propio, por lo demás, de la teoría del negocio jurídico, ya que existen en el campo de ella destacados defensores de la teoría de la voluntad (Savigny, Ihering, Windscheid, Messineo). Por otro lado, la disparidad entre las expresiones manifestación, a la que se concede un sentido amplio de exteriorización, y declaración, cuyo alcance se pretende limitar por razones formales, constituye, simplemente un matiz que no altera la coincidencia fundamental entre las nociones de acto y negocio jurídico. Como bien indica De la Puente, el factor que podría crear un elemento de confusión es que en la teoría del negocio jurídico se contempla la existencia del acto jurídico (en sentido restringido), entendiéndolo como aquel que produce efectos jurídicos por la actividad del hombre, pero independientemente de su voluntad. Por ello, se dice, con razón, que en la teoría del negocio jurídico el acto jurídico es distinto del negocio jurídico. Empero, tales actos involuntarios no son los actos jurídicos definidos de acuerdo a la teoría del acto jurídico, la cual considera que la voluntariedad (manifestación de voluntad) es un elemento esencial para la configuración del acto jurídico. Lo que la teoría del negocio jurídico define como acto jurídico, viene, en realidad, a representar lo que la teoría del acto jurídico denomina como hecho jurídico. Luego de lo expuesto, podemos concluir en que la noción de acto jurídico tiene, en esencia y dentro de su propia teoría, el mismo contenido que la de negocio jurídico en la teoría de éste. Ahora bien, cabe señalar que nuestro Código Civil de 1984 conserva la tradición de aplicar la teoría del acto jurídico con resultados satisfactorios. Dentro de tal orden de ideas, la noción de acto jurídico estaría contenida en la definición que brinda el artículo 140 del citado cuerpo legal, según el cual el acto jurídico sería la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En virtud de lo expresado, debe tenerse presente que el contrato se enmarcaría dentro de la definición de acto jurídico.
manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En tal sentido, es sabido que los actos jurídicos pueden revestir carácter unilateral o plurilateral. Son actos jurídicos unilaterales aquéllos para cuya celebración solamente se requiere de la manifestación de voluntad de un agente, vale decir de una parte. Ejemplos de actos jurídicos unilaterales tenemos varios. Es el caso del testamento, el mismo que en el Perú sólo puede celebrarse unilateralmente, en la medida de que se encuentran prohibidos los testamentos conjuntos. Otro caso de acto jurídico unilateral sería la promesa unilateral de recompensa, en donde para el nacimiento de la referida promesa solamente es necesaria la concurrencia de la voluntad de aquél que la formula. Los actos jurídicos plurilaterales, sin embargo, son —en la práctica— mucho más numerosos que los unilaterales. Son aquéllos que para su celebración requieren la concurrencia del acuerdo de dos o más voluntades, declaradas por las respectivas partes que les dan nacimiento. Los actos jurídicos plurilaterales, como su nombre lo indica, son aquéllos en cuya celebración intervienen dos o más partes, no obstante lo cual en la práctica suelen denominarse con frecuencia actos jurídicos bilaterales, nombre que indica — de por sí— la presencia celebratoria de sólo dos partes. Lo que ocurre es que, sin lugar a dudas, en su mayoría los actos jurídicos plurilaterales son celebrados únicamente por dos partes, pero ello no significa que deba generalizarse la denominación de bilaterales a todos aquellos actos en los cuales intervengan más de dos agentes. No obstante, se acepta en los hechos la división clasificatoria de unilaterales y bilaterales, siendo conscientes de que los bilaterales en el lenguaje común, comprenden a los plurilaterales, a pesar de que, en estricto sentido jurídico, los actos plurilaterales son el género y los bilaterales la especie.
Actos bilaterales muy comunes y conocidos por todos son, por ejemplo, el matrimonio que, de conformidad a lo dispuesto al artículo 234 del Código Civil, es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de dicho Código, a fin de hacer vida común. Es evidente que el matrimonio, más allá de ser considerado como una institución, es un acto jurídico bilateral. Otro caso es el de los contratos, materia de este estudio, los mismos que pueden ser considerados como los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales por excelencia. Ahora bien, luego de expresar las consideraciones anteriores acerca de los actos jurídicos y los contratos, resulta necesario precisar que los contratos constituyen una especie de los actos jurídicos, en la medida de que, por un lado, si el universo de dichos actos incluye tanto a aquéllos de carácter unilateral como a aquellos otros de carácter plurilateral, los contratos se ubican única y exclusivamente dentro de los actos jurídicos plurilaterales. Y, por otra parte, si tenemos en consideración que algunos actos jurídicos pueden revestir fundamentalmente contenido patrimonial y otros carecer de dicho contenido, los contratos forman parte de ese grupo de actos jurídicos que tienen contenido patrimonial. En tal sentido, los contratos son, doblemente, especies de actos jurídicos. En esta línea de pensamiento, De la Puente3 manifiesta que el contrato es «un acto jurídico plurilateral y patrimonial». Es plurilateral, ya que a diferencia de los actos unilaterales, necesita el concurso de las manifestaciones de voluntad de varias partes para generar la creación, regulación, modificación o extinción de relaciones jurídicas.
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Biblioteca Para leer el Código Civil. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1998, Primera Parte, vol. XI, t. I, p. 48.
Asimismo, el contrato es un acto jurídico patrimonial, ya que la relación jurídica creada (regulada, modificada o extinguida por el acto) versa sobre bienes o intereses que posean una naturaleza económica, o sea que puedan ser objeto de valoración. Esta valoración —como bien lo expresa el citado profesor— no tiene carácter subjetivo, o sea no interesa si determinado bien tiene valor económico para determinada persona, lo cual puede estar influenciado por factores sentimentales, de oportunidad o de necesidad, sino carácter objetivo, esto es considerando si el bien tiene un real valor económico por sus propias características, prescindiéndose de connotaciones personales. Resulta interesante, en este parte, preguntarnos por qué si los contratos son actos jurídicos poseen una teoría general propia. Romero Zavala4 ha contestado esta interrogante señalando que si se considera a los contratos en realidad como actos jurídicos, se llegará por elemental lógica a sostener que la teoría de los actos jurídicos es indiscutiblemente aplicable a los contratos, lo que llevaría a afirmar la inconveniencia de pretender la existencia de una teoría general de los contratos. Por consiguiente, las reglas normativas del acto jurídico resultarían así suficientes para resolver la problemática de los contratos. Entonces —concluye el citado autor— «hablar de una teoría general de los contratos resultaría una lamentable duplicidad conceptual». Mosset Iturraspe,5 por su parte, afirma que sobre el particular existen tres posturas: dos extremas y una intermedia: a. La primera de estas posiciones otorga jerarquía prioritaria a los contratos en general, de manera que todas las apreciaciones sobre ellos y las normas legislativas comprenden también a los actos jurídicos genéricamente considerados, esto es, abarca disposiciones comunes, pero legislando de modo exclusivo sobre los contratos. Ésta es la concepción tradicional consagrada en el Código Civil Francés, seguido por el Suizo y el Italiano, pese a los cambios operados en este último.
ROMERO ZAVALA, Luis. Derecho de los Contratos en el Código Civil Peruano. Teoría General de los Contratos. Libro VII del Código Civil. Lima: Editora FECAT, 1999, sección primera, t. I, p. 19. 5 MOSSET ITURRASPE, Jorge. Contratos. Buenos Aires: EDIAR Sociedad Anónima Editora, 1988, p. 36.
b. La segunda, opuesta radicalmente a la primera, refuerza la jerarquía del acto jurídico, ubicando a los contratos bajo su campo de aplicación, para evitar el riesgo de estampar fórmulas vacías de sentido y sustancia. Dada la importancia que tiene hoy en día el acto jurídico, debe invertirse la fórmula precedentemente expuesta. La doctrina viene adoptando —cada vez con más fuerza— dicha orientación.
c. La tercera teoría es la intermedia, y reconoce por igual la importancia y jerarquía de las dos primeras teorías; por lo tanto, conviene legislar por separado normando las instituciones propias que las distinguen. Nadie duda —expresa el autor citado— ya en el Derecho Moderno de que existen instituciones en los contratos que no pueden ser normadas por las reglas del acto jurídico, así como considerar al campo del acto jurídico mucho más amplio que el de los contratos. Dicho de otra manera — concluye Mosset Iturraspe— las normas del acto jurídico se aplican también a otras ramas del Derecho distintas de la contractual. Tras esta breve revisión de las principales tesis elaboradas sobre la materia, podemos concluir en que existe una teoría general de los contratos que está independizada de la teoría del acto jurídico, a pesar de que no se niega que los contratos son una especie del acto jurídico que, como tal, constituye el género. Asimismo, compartiendo el pensamiento de De la Puente y Lavalle,6 consideramos que el Código Civil Peruano ha adoptado la tercera posición esgrimida sobre el particular por Mosset Iturraspe, pues en su Libro II trata acerca del acto jurídico, regulando las disposiciones generales sobre el mismo, su forma, la representación, la interpretación del acto jurídico, sus modalidades, la simulación, el fraude del acto jurídico, los vicios de la voluntad, la nulidad del acto jurídico y su confirmación, o sea los principios aplicables a todos los actos jurídicos, inclusive los contratos. La Sección Primera del Libro VII, por otro lado, desarrolla la teoría general del contrato, que comprende las disposiciones generales de los contratos, el consentimiento, el objeto del contrato, su forma, los contratos preparatorios, el
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general. Op. cit., pp. 46 y 47.
contrato con prestaciones recíprocas, la cesión de posición contractual, la excesiva onerosidad de la prestación, la lesión, el contrato a favor de tercero, la promesa de la obligación o del hecho de un tercero, el contrato por persona a nombrar, las arras confirmatorias, las arras de retractación y las obligaciones de saneamiento. En buena cuenta, podemos sostener que un contrato particular —por ejemplo, la compraventa— está sujeto tanto a las reglas aplicables a los actos jurídicos como a las aplicables a los contratos en general. Ahora bien, cuando hemos hecho referencia a la patrimonialidad del contrato, no se piense que debe identificarse dicha patrimonialidad con el eventual carácter oneroso del contrato. La patrimonialidad de los contratos tiene directa relación con la patrimonialidad de las obligaciones objeto de los contratos. De acuerdo al concepto de contrato adoptado por el artículo 1351 del Código Civil Peruano, resulta evidente que el objeto de todo contrato será, necesariamente, la creación, modificación, regulación o extinción de obligaciones. En tal sentido, las obligaciones, para ser tales, deben tener por objeto una o más prestaciones de contenido netamente patrimonial. La patrimonialidad de la obligación se refiere específicamente al hecho de que la misma sea susceptible de valorizarse económicamente; es decir, que las leyes o el ordenamiento jurídico de un país, permitan —aunque ello sólo se haga como un ejercicio mental— asignar un valor a las prestaciones. El que una prestación sea susceptible de valorizarse no significa que las partes la hayan valorizado, así como tampoco que hayan pactado la existencia o pago de una contraprestación a cambio de la referida prestación. La patrimonialidad de la obligación se refiere única y exclusivamente al hecho de poder valorizarla, sin contravenir disposición legal alguna, así como tampoco transgredir los valores morales, cívicos, patrióticos, o de otra índole, que imperen en un determinado momento.
En tal sentido, existirán determinados deberes jurídicos cuyo cumplimiento está prescrito por la ley, pero que no resulta posible valorizar. Un ejemplo representativo está constituido por los deberes jurídicos de fidelidad y de cohabitación nacidos del matrimonio. Es evidente que, por establecerlo así la ley, los cónyuges tienen el deber de ser fieles recíprocamente, al igual que vivir juntos. Sin embargo, no creemos que a la mayoría de personas en el Perú de hoy se le ocurra la posibilidad de valorizar el deber de fidelidad, vale decir asignar un valor económico o patrimonial a dicho deber, aunque sea en el plano intelectual o teórico. Tampoco creemos que se pueda hacer lo mismo con el deber de cohabitación. Pero no existe norma legal alguna que impida valorizar dichos deberes; lo que ocurre es que la sociedad en su conjunto, dados los valores imperantes en nuestro tiempo, no podría aceptar la valorización de un deber jurídico de esta naturaleza; ello, simplemente, se consideraría inmoral. Con esto no estamos diciendo que la respuesta a este problema siempre será la misma, pues, sin lugar a dudas, estará latente la posibilidad de que en el futuro cambien los valores éticos y morales de la propia sociedad, la misma que podría llegar a considerar susceptibles de apreciación patrimonial los deberes jurídicos a que hemos hecho referencia. Otro ejemplo terminaría de ilustrar la patrimonialidad sobre la que venimos expresándonos. Se trata del caso de los deberes jurídicos de orden cívico, como es el caso de guardar el debido respeto por los símbolos de la Patria. Es evidente que más allá de tener que cumplir con dicho deber, impuesto por mandato legal, el mismo nunca sería susceptible de valorización, porque a la sociedad en su conjunto le repugnaría valorizar un deber de tal naturaleza. 1.2. La relación jurídica patrimonial
Cuando se celebra un contrato se genera entre las partes la denominada relación jurídica patrimonial.
Sin embargo, esta expresión puede ser entendida en un sentido doble. En primer termino, debe recordarse que en sede de Derecho de Obligaciones, la relación jurídica patrimonial es sinónimo de obligación propiamente dicha, empleándose en la referida área del Derecho Civil, con frecuencia, en ese sentido. Dentro de tal orden de ideas, y siendo conscientes de que los contratos son fuente generadora por excelencia de obligaciones, podría decirse que los contratos generalmente crean más de una obligación y, por tanto, generan más de una relación jurídica patrimonial entre las partes. Dentro de la segunda acepción de la expresión relación jurídica, se entiende por ella al conjunto de obligaciones que las partes han contraído entre si. De esta forma, sería susceptible de identificación la expresión relación jurídica con relación contractual, vale decir, con el conjunto de obligaciones nacidas de un contrato. Dentro de las concepciones modernas de la doctrina civilista, cuando se celebra un contrato, éste deja automáticamente de existir, y lo que queda subsistente es la relación jurídica o la relación contractual creada por dicho contrato. 1.3. Carácter obligacional de los contratos
En el Perú, los contratos tienen efectos meramente obligacionales. Esto significa que los contratos no transfieren, por si mismos, ningún derecho real. Si a través de un contrato se generara la obligación de transmitir un derecho real, la transferencia de dicho derecho sería consecuencia directa de la ejecución de las prestaciones nacidas de ese contrato, pero de ninguna manera se tratará de que la propia obligación transfiera —ella misma— derecho real alguno. Tal vez el ejemplo más representativo a este respecto lo encontramos en la obligación de transferir propiedad, sea ésta mueble o inmueble. En el caso de la transferencia de la propiedad mueble, cuando un deudor asume dicha obligación frente a su acreedor, para ejecutarla deberá proceder a
entregar dicho bien al propio acreedor. Así, de conformidad a lo establecido por el artículo 947 del Código Civil, con la entrega se producirá la transferencia de la propiedad de ese bien. Es claro que en el caso de las obligaciones nacidas de contratos que implican el deber de enajenar bienes muebles, el deudor deberá realizar una actividad con el propósito de que se produzca la mencionada transferencia de propiedad del bien. Es así que, salvo disposición distinta de las partes, será posible identificar la obligación de transferir con la transferencia en sí misma. Caso contrario es el de la obligación de transferir la propiedad de bienes inmuebles, supuesto en el cual de acuerdo a lo establecido por el artículo 949 del Código Civil Peruano, la sola obligación de enajenar un bien inmueble determinado hace al acreedor propietario de dicho bien, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. En estos casos, teóricamente podría confundirse a la obligación de transferir la propiedad en sí misma con la ejecución de dicha obligación, por cuanto sería susceptible de sostenerse que la obligación transfiere —ella misma— la propiedad del bien. Sin embargo, estimamos que esta interpretación, asumida por un sector de la doctrina, especialmente la italiana, no resulta acertada, en la medida de que se otorga eficacia real al contrato de compraventa, efectuando una interpretación asistemática y carente de rigor histórico, de las fuentes originarias de la norma, las mismas que no se encuentran en el Derecho Italiano, sino en el propio Derecho Francés, precisamente con la elaboración del Código Napoléon, con sus artículos 1182, 1582 y 1583. La explicación de la norma peruana (el artículo 949 del Código Civil) la encontramos en el hecho de que la propiedad inmueble no se transfiere por el contrato mismo, sino porque el propio Código establece en el artículo 949 cómo opera dicha transferencia de propiedad, sin que resulte necesaria la participación de ninguno de los contratantes.
En buena cuenta, la propiedad inmueble se transfiere de esta forma, porque así lo dispone la ley, constituyendo, junto a la promesa de la obligación o del hecho de un tercero, las únicas obligaciones que el Derecho Nacional da por cumplidas sin necesidad de la intervención del deudor. Con ello se ratifica el carácter meramente obligatorio de los contratos. En el Perú todos los contratos generan, modifican, regulan o extinguen obligaciones, pero por sí mismos no transfieren derechos. Por otra parte, resulta necesario referirnos a lo que ocurre en materia de aquellos contratos en virtud de los cuales una parte se obliga a constituir a favor de otra un derecho real de prenda, hipoteca o anticresis. En estos casos debe tenerse en claro la diferencia existente entre el contrato por el cual alguien se obliga a constituir cualquiera de los mencionados derechos reales de garantía, de lo que significa la constitución en sí misma de los referidos derechos reales. Así, resulta evidente que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1092 del Código Civil, el contrato de anticresis se otorgará por escritura pública, bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte. Sin duda, el artículo mencionado se refiere específicamente al contrato de anticresis, pero no a la constitución del derecho real de anticresis, el mismo que no se constituye de la manera establecida por el artículo 1092, norma que dispone que el contrato se otorgará por escritura pública bajo sanción de nulidad, expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte. El derecho real de anticresis se constituye por la entrega del inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. Entonces, queda clara la distinción entre el contrato por el cual dos partes se obligan a la constitución de un derecho real de garantía y la propia constitución de ese derecho real de garantía.
Similar situación ocurre con la hipoteca, ya que el contrato en virtud del cual una parte se obliga frente a otra a constituir una hipoteca, en estricto no tendría por qué celebrarse por escritura pública, pues de lo que estamos hablando es del contrato para celebrar una hipoteca (obligarse a constituirla) y no del derecho real de hipoteca, que debe constituirse por escritura pública, salvo disposición diferente de la ley, tal como lo establece el artículo 1098 del propio Código Civil. 1.4. Partes contractuales y sujetos intervinientes
En acápite anterior nos hemos referido al hecho de que los contratos pueden ser bilaterales o plurilaterales, entendiendo por bilaterales a aquellos que son celebrados por dos partes, y por plurilaterales a aquellos que son celebrados por un número mayor de partes contratantes. Dentro de tal orden de ideas, resulta necesario precisar que la parte debe ser entendida como el centro de interés, vale decir, como aquella persona o grupo de personas que interactúan en un contrato buscando exactamente los mismos intereses y objetivos. Messineo,7 al respecto sostiene que técnicamente se considera parte contractual un centro de intereses que, por regla general resulta integrado por una sola persona que persigue el interés determinado y frente a la que existe otra con respecto a la cual haya una relación y a la que se le denomina comúnmente contraparte. Empero, como indica Arias-Schreiber,8 es necesario aclarar que alrededor del centro de interés pueden reunirse varios sujetos y que en este caso la parte será siempre una, pero con carácter complejo y no simple. Podemos afirmar entonces que la idea de parte no coincide necesariamente con la idea de persona, en tanto una parte puede estar constituida por una persona o
MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas EuropaAmérica, 1986, tomo I, p. 74. 8 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos: Parte General. Lima: Ediciones Studium, 1986, 1a Ed., tomo I, p. 39.
más. Si hay varios copropietarios, todos ellos son titulares del derecho de propiedad, por lo que si quieren transmitir ese derecho, todos ellos constituirán una parte, pues comparten el interés de enajenar dicho derecho real. La parte es un centro de imputación de intereses; en ese sentido, constituye una unidad, aun cuando se encuentre conformada por varios sujetos. En esta línea de pensamiento, De la Puente9 afirma que el artículo 1351 del Código Civil Peruano, cuando se refiere a que el contrato resulta del acuerdo de dos o más partes, debe entenderse que cada una de estas partes está constituida por una o más personas (unidas por un interés común). En virtud de lo expuesto, el citado profesor precisa que para que varias personas puedan formar una sola parte se requiere que todas ellas tengan el mismo interés. «No es suficiente —dice el autor— que el interés sea igual, es indispensable que sea el mismo, para que la parte pueda ser un centro de interés». Añade De la Puente que para que exista contrato, el centro de interés que da sentido a la concepción de parte puede ser opuesto al centro de interés que ha dado lugar a la constitución de la otra parte, y generalmente lo es, pero no tiene necesariamente que serlo, pues lo único que se requiere es que sea otro (distinto) interés, aunque sea igual. Lo único que no puede ser es el mismo interés, pues entonces no habría dos centros de intereses y, por lo tanto, no habría dos partes. Es posible, por tanto, que los intereses de la parte y la contraparte que se concilian sean opuestos; sin embargo, esta situación no es —en modo alguno— obligatoria y por ello se ha sostenido con acierto que tales intereses en todo caso son distintos, lo que no es lo mismo.10 Teniendo en cuenta lo expuesto, concluye De la Puente en que «existirá contrato cuando los intereses que forman cada centro son simplemente distintos (pudiendo aun ser iguales), siempre que las partes se pongan de acuerdo para crear
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Op. cit., pp. 77 y ss. ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max. Op. cit., p. 39.
entre sí la relación jurídica». Es claro que en los contratos con prestaciones recíprocas, las partes tendrán intereses opuestos, vale decir que cada centro de interés buscará obtener determinados resultados que se contraponen a aquéllos buscados por la parte contraria. Para describir lo dicho, bastaría con referirnos al contrato de compraventa, que es aquél por el cual una parte o centro de interés, denominada vendedor, busca obtener una cantidad de dinero, llamada precio, de la otra parte, denominada comprador. Es obvio que la parte compradora no tiene el mismo interés que la parte vendedora, pues no pretende la obtención del precio, sino la propiedad del bien. De lo expuesto, queda claro que los intereses de las partes que celebran un contrato de compraventa son distintos y, en muchos casos, opuestos. Sin embargo, debe quedar claro también que incluso cuando estemos frente a intereses opuestos, ello no significa que se trate de intereses en conflicto, pues debemos partir del hecho de que al haberse celebrado un contrato, las partes no tienen conflicto alguno entre sí, sino que buscan solucionar a través de dicho acto, sus intereses y necesidades, siendo el contrato el medio idóneo para lograr la consecución de tales intereses. El contrato es, así, un medio de cooperación para que cada una de las partes intervinientes logre la satisfacción de esos intereses. En donde no se aprecia la presencia de intereses opuestos es en el caso de los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas, los mismos que hallan sus ejemplos más representativos en los contratos societarios. En un contrato societario, como podría ser el caso de la constitución de una sociedad anónima, las partes celebrantes no tienen intereses opuestos; por el contrario, sus intereses son coincidentes, en la medida de que todas ellas apuntan al objetivo de la consecución del objeto social de la empresa. Se puede decir que todas las partes contratantes van a contribuir para lograr el fin común.
Lo propio ocurre en el caso de un contrato de constitución de una asociación civil sin fines de lucro, supuesto en el cual los asociados, que son las partes que celebran el contrato, persiguen la obtención de los fines de la propia asociación que han formado, no existiendo, tampoco, intereses opuestos. Sin embargo, tanto en los casos de la sociedad, de la asociación, así como de cualquier otro contrato con prestaciones plurilaterales autónomas (cuyo marco general se encuentra esbozado por el artículo 1434 del Código Civil), existen diversas partes, entendidas ya no como centro de intereses contrapuestos, sino como centro de intereses individuales y confluyentes. Es evidente que una parte puede estar compuesta o integrada por varias personas, así como en Derecho de Obligaciones la calidad de parte de la relación obligatoria (acreedor o deudor), puede estar integrada por más de una persona (supuesto en el cual nos hallaremos ante las obligaciones de sujeto plural, es decir las divisibles, indivisibles, mancomunadas y solidarias). Es claro, sin embargo, que el tema de la pluralidad de sujetos en las obligaciones también podría encontrarse presente en sede contractual, en la medida de que los contratos generen o den nacimiento a obligaciones de estas características. Para que se configure la idea de parte, en ocasiones es necesario un acuerdo entre las personas que —precisamente— van a conformar esa parte. A dicho acuerdo —que es celebrado por todas las personas que tienen interés en convertirse en parte contratante— se le conoce como acto colectivo. Puede ocurrir que el acuerdo se haga a través de la figura de la representación, supuesto en el cual habría, por consiguiente, una parte sustancial y una parte material. En este caso puede suceder también que se requiera de un acuerdo previo entre los representantes nombrados por la parte para celebrar el acto, el mismo que por sus características tiene el nombre de acto complejo. Por último, resulta conveniente acotar que, muchas veces, la persona que va a
conformar la parte contractual es una persona jurídica y, por ende, requiere de procedimientos especiales para formar su voluntad. Deberán reunirse y actuar sus órganos para tomar decisiones, siendo denominados los actos que lleven a cabo como actos colegiales o colegiados. Hasta aquí queda claro que en todo contrato existen partes contratantes. Éstas generalmente son dos, pero nada impide que hayan tres, cuatro o más partes, en la medida de que cada una tenga un centro de intereses relacionado con las otras. Cada parte, a su vez, puede constar de uno o varios sujetos, proyectados sobre el mismo interés. 1.5. La creación, regulación, modificación y extinción de obligaciones
De conformidad a lo establecido por el artículo 1351 del Código Civil Peruano de 1984, a través del contrato se crean, regulan, modifican o extinguen obligaciones. Ahora nos corresponde analizar cuáles son los alcances de estas cuatro funciones que cumplen los contratos. En primer término, cuando se habla de la creación de obligaciones, la ley se está refiriendo al nacimiento de las mismas. Se sabe que los contratos son fuentes generadoras por excelencia de obligaciones, constituyendo —junto con la ley— la fuente más numerosa de las mismas. Cuando hablamos de un contrato creador de obligaciones, estamos haciendo alusión a aquellos actos que generan obligaciones que antes no existían; vale decir, que no versan sobre relaciones jurídicas que preexistan a la celebración de dicho acto. Es evidente que la inmensa mayoría de los contratos típicos son creadores de obligaciones, como es el caso de la compraventa, la permuta, el suministro, la donación, el mutuo, el arrendamiento, el hospedaje, el comodato, la locación de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depósito, el secuestro, la fianza, la renta vitalicia, el juego y la apuesta, sólo por citar los contratos típicos más representativos que se encuentran regulados en el Código Civil de nuestro país.
Por otra parte, cuando hablamos de contratos regulatorios, lo estamos haciendo respecto de aquellos cuyas disposiciones tiendan a llenar un vacío respecto de algún contrato preexistente, vale decir de contratos en los que se especifique o detalle algunos aspectos no contemplados en contratos anteriores. Sin embargo, cabría formularse la interrogante en el sentido de si un contrato regulatorio también es aquél que especifica aquello que previamente no fue regulado por las partes, pero que sí fue materia de aplicación supletoria de normas de carácter dispositivo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1356 del Código Civil, precepto que establece que «Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas». Con respecto a esta interrogante, caben dos interpretaciones. Una primera, en el sentido de que mientras las partes no se hayan pronunciado sobre un punto, y este punto luego sea materia de tratamiento específico en un contrato posterior que ellas mismas celebren, de todas maneras estarán regulando un contrato, en la medida de que no alteran nada sobre lo que hayan manifestado su voluntad, a pesar de que esa materia hubiese sido cubierta en el primer contrato por una norma de carácter dispositivo. Un segundo criterio interpretativo del problema, sería aquél por el cual se considerara que si una norma dispositiva suplió la voluntad de las partes contratantes en un aspecto determinado, y las partes contratantes, a través de un nuevo contrato, se pronuncian de una manera distinta al precepto de carácter dispositivo, definitivamente no estarían regulando la materia, sino que la estarían modificando, pues dentro de este orden de ideas, sólo cabría regulación ahí donde no existe disposición contractual alguna, ya sea que ésta haya emanado de la voluntad de las partes o de la aplicación de una norma de carácter dispositivo. En lo personal, nos inclinamos por este segundo criterio interpretativo. Para ilustrar lo antes mencionado vamos a citar un ejemplo. Dos partes celebran un contrato de compraventa sobre un automóvil,
estableciendo todos los elementos esenciales-especiales, para la celebración y validez de dicho acto. Sin embargo, las partes no señalan cuál será el lugar donde deberá ser entregado el bien. En tal caso, en ausencia de estipulación específica de las partes, sería de aplicación lo dispuesto por el artículo 1553 del Código Civil, en el sentido de que «a falta de estipulación, el bien debe ser entregado en el lugar en que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato». Así, se entendería que si al momento de la celebración del contrato el automóvil se encontraba ubicado en la ciudad de Lima, el bien debería ser entregado en dicha ciudad. Ello significa que a pesar de que las partes no hubieran manifestado nada con respecto al lugar de la entrega del bien, la norma aplicable sería aquélla que establece su entrega en la capital de la República. Si al día siguiente de la celebración del contrato, las partes se percatan de su omisión y acuerdan expresamente que el automóvil deberá ser entregado en la ciudad de Piura, no podría entenderse que están regulando el contrato anterior, sino que lo están modificando, pues ya no hay lugar a precisar algo nuevo ahí donde la ley dispuso la aplicación supletoria de una norma. En conclusión, pensamos que sólo se podría considerar a un contrato como regulatorio en la medida de que la omisión en que incurrieron las partes no hubiera sido suplida por norma legal de carácter dispositivo. De haber sido así, el contrato sería modificatorio y no regulatorio. Al respecto cabe recordar las palabras de De la Puente, cuando afirma que «los contratos pueden precisar los alcances de la relación jurídica creada por una fuente de las obligaciones, especialmente por un contrato previo, bien sea interpretando la fuente de la relación jurídica (pienso que se interpretan los actos generadores y no sus consecuencias) o bien estableciendo reglas de detalle (procedimientos de ejecución, modalidades del ejercicio de los derechos, plazos para el cumplimiento, etc.), que sin constituir una modificación no estaban precisados en la relación jurídica original». En tercer lugar, tenemos a los contratos modificatorios.
Éstos son aquéllos cuya función es la de modificar obligaciones convenidas por las propias partes con anterioridad, comprendiéndose, tanto los casos en que las partes convinieron expresamente algo y aquellos otros casos en los cuales la ausencia de pacto expreso fue cubierto por la aplicación supletoria de una norma de carácter dispositivo. Larenz,11 al estudiar este tema, precisa que «significaría trocar dicha relación parcialmente, esto es, dejando subsistentes determinadas disposiciones contractuales. En otras palabras, la relación obligatoria, a pesar de las modificaciones de su contenido, permanece la misma». Finalmente, tenemos a los contratos de carácter extintivo, cuya finalidad es poner término a obligaciones preexistentes y cuyo cumplimiento se encontraba pendiente. De esta forma, con relación a los contratos extintivos se debe anotar que se produce la extinción de la relación jurídica —como indica De la Puente—12 «cuando las partes deciden ponerle fin, bien sea para desvincularse totalmente o para vincularse nuevamente de manera distinta». Agrega el jurista peruano, que la extinción es conocida técnicamente con el nombre de distracto, que es el contrato cuyo objeto es resolver una relación jurídica patrimonial existente entre las partes, cualquiera que sea la fuente de ella. Señala el profesor citado que emplea la expresión resolver, ya que considera que el distracto tiene por finalidad dejar sin efecto la relación jurídica por una causal sobreviniente al nacimiento de dicha relación. «Esta causal —dice— es la voluntad de las partes de extinguir la relación. Si bien tal relación puede no tener origen contractual, pienso que es aplicable al distracto, por analogía, la regla sobre la resolución de las obligaciones contractuales contenida en el artículo 1371° del Código Civil».
LARENZ, Karl. Derecho de Obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958, tomo I, p. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Op. ccit., pp. 89 y 90.
Pensamos que el caso más representativo de estos contratos sería el mutuo disenso o resolución convencional, por el cual las partes que han celebrado un acto jurídico, acuerdan dejarlo sin efecto (argumento del artículo 1313 del Código Civil Peruano). Es evidente que la transacción también podría constituir un contrato extintivo, si a través de ella las partes se limitaran a dar por extinguidas las obligaciones contraídas y que constituyan materia dudosa o litigiosa (argumento del primer párrafo del artículo 1302 del Código Civil). Sin embargo, la transacción también podría ser un contrato creador, regulador o extintivo de obligaciones, en la medida de que a través de estas vías se busque la finalización del asunto dudoso o litigioso (argumento del segundo párrafo del artículo 1302 del Código Civil Peruano). 1.6. Contrato y convención
Como ha sido expresado oportunamente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1351 del Código Civil Peruano, el contrato es el acuerdo de voluntades destinado a crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Hoy en día es claro que el contrato tiene esa función de carácter múltiple; pero no siempre fue así, ya que en el antiguo Derecho Francés se consideraba al contrato única y exclusivamente como un acto creador de obligaciones, de manera tal que la regulación, modificación o extinción de las mismas no podría producirse a través del contrato, sino a través de una figura distinta denominada convención. Cabe señalar además que la convención también podía ser creadora de obligaciones. De lo que acabamos de mencionar se deduce claramente que el contrato era en el Derecho Francés una especie del género llamado convención. Esta distinción, válida durante muchísimo tiempo, ha perdido toda vigencia, en la medida de que en la actualidad prima la aplicación teórica y práctica del concepto del contrato.
Sin embargo, existe otro enfoque de la distinción entre convención y contrato. Se trata de aquél por el cual se considera convención a todo acto jurídico bilateral o plurilateral, tenga o no contenido patrimonial. Dentro de ese orden de ideas, el contrato es también un acto jurídico bilateral o plurilateral, pero de contenido netamente patrimonial. Así, la convención sería el género y el contrato la especie. Un típico ejemplo de convención sería el matrimonio, en tanto que un típico ejemplo de contrato sería la compraventa. 1.7. La contratación entre cónyuges
El Código Civil Peruano establece en su artículo 312 que los cónyuges no pueden celebrar contratos entre si respecto de los bienes de la sociedad. La prohibición establecida por la citada norma, se circunscribe a la contratación entre cónyuges sobre los bienes de la sociedad, lo que pareciera dejar abierta una serie de aristas que permitirían la contratación en otros supuestos. Nos corresponde analizar en qué supuestos sería factible la contratación entre cónyuges sobre sus bienes. Para tal efecto, resultará indispensable establecer la distinción en el sentido de si ellos han contraído matrimonio recurriendo al régimen general de sociedad de gananciales o si lo han hecho pactando con antelación al acto matrimonial, el régimen de separación de patrimonios. Si la pareja se hubiera casado bajo el régimen general de sociedad de gananciales, ello significaría que con prescindencia de los bienes propios que tuviera cada cónyuge (enumerados en el articulo 302 del Código Civil), el resto de bienes de propiedad de la pareja pertenecería a la ficción jurídica denominada sociedad de gananciales o sociedad conyugal.
La sociedad conyugal, jurídicamente hablando, tiene personalidad jurídica distinta de aquélla de los propios cónyuges; y los representantes de dicha sociedad son ambos cónyuges. Incluso, no puede decirse que ambos sean copropietarios de los bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal, sino que ésta tiene la propiedad exclusiva de los mismos. Dentro de tal orden de ideas, no sería factible pensar en la posibilidad de que los cónyuges contraten entre sí sobre bienes de propiedad de la sociedad conyugal, pues en el plano jurídico ello equivaldría a decir que la sociedad estaría contratando consigo misma respecto de bienes que le pertenecen. Lo que sí sería factible pensar es en la posibilidad de que los cónyuges celebren determinados contratos entre sí, con respecto a bienes que sean de propiedad exclusiva de cada uno, vale decir con respecto a bienes propios. Concretamente podríamos pensar en que un cónyuge celebre con el otro un contrato de donación, regalándole un bien de su propiedad. En este caso nos encontraríamos dentro de un supuesto previsto por el artículo 302 inciso 3 del Código Civil Peruano, precepto que considera como propios los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera a título de liberalidad. En tal sentido, sería perfectamente posible que un cónyuge celebre un contrato de donación con el otro con respecto a un bien propio del primero, el mismo que, luego de transferida la propiedad, pasará a ser un bien de propiedad exclusiva del cónyuge donatario. Por otra parte, es claro que no se podría presentar dentro del régimen de sociedad de gananciales, el supuesto en el cual uno de los cónyuges pueda contratar, a título personal, sobre un bien de propiedad de la sociedad conyugal, a menos que la sociedad se lo donara, es decir se lo transfiriera a título gratuito; o si se tratase de un bien de propiedad exclusiva de uno de los cónyuges, que la sociedad adquiriera por contrato celebrado con ese cónyuge. Por otra parte, si el régimen patrimonial fuera el de separación de
patrimonios, entendemos que no habría ningún problema para que los cónyuges celebraran contratos entre sí con respecto a sus bienes, ya que dentro de este régimen cada uno de ellos tiene la libre disposición de sus bienes y no se presenta el problema teórico y práctico de los bienes comunes.
El consentimiento. Consideraciones preliminares
El consentimiento es, junto con el objeto y la causa, un elemento esencial del supuesto de hecho contractual, constituyendo, por tanto, un elemento indispensable para la validez y la existencia del contrato.13 Con relación a este elemento, cabe destacar el pensamiento de Gete-Alonso y Calera,14 profesora española que manifiesta que «el contrato es técnicamente, una estructura consensual: la concordancia de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes (acuerdo consensual)». En este sentido, sostiene que el consentimiento es el más importante de los elementos porque define por sí al contrato y lo conceptualiza como «el acuerdo de dos o más declaraciones de voluntad sobre algo común que van a formar parte del contrato». Estas declaraciones de voluntad —precisa— que forman dicho consentimiento son la oferta y la aceptación. Siguiendo ese mismo criterio argumentativo, Díez Picazo15 explica que en el contrato hay siempre un consentimiento común de dos o más personas. «El contrato
También consideramos importante destacar las palabras de Castañeda, quien respecto a este tema precisa: «El fundamento esencial en que reposa el contrato es el consentimiento de las partes, es el acuerdo de voluntades sobre su objeto. En la infraestructura del contrato se encuentra el consentimiento. Sin consentimiento no hay contrato. Aquel que no ha concurrido manifestando su voluntad en el contrato resulta un tercero ajeno al mismo». Expresa además Castañeda que en algunas hipótesis, las personas pueden quedar vinculadas a pesar de no haber prestado su consentimiento como ocurre con los llamados «contratos colectivos» o aquellos donde priman los intereses de orden social o razones de interés público, el interés de la mayoría debe prevalecer e imponerse sobre el de la minoría. Y es en el Derecho Laboral —concluye— donde se consagra la validez de estos contratos (CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. «Teoría General de los Contratos. Sección Primera. Disposiciones Generales». En: Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la U.N.M. de San Marcos. Año XXVIII, Segundo y Tercer Cuatrimestre de 1964, p. 255. Citado por ROMERO ZAVALA, Luis. Op. cit., p. 26). 14 GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen. «El Contrato». En: LLUÍS PUIG, I. Ferriol. Manual de Derecho Civil. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1998, 2 da edición, vol. II, pp. 537 y 538. 15 DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Madrid: Editorial Tecnos, 1979, tomo I, p. 93.
existe —afirma— desde que varias personas consienten». El consentimiento puede ser definido de muchas formas. Una de ellas podría consistir en señalar que se trata de la declaración conjunta de voluntad común, que engloba a la oferta y a la aceptación, dando lugar a la celebración del contrato. Otra manera de describir al consentimiento sería señalando que se trata, en derivación etimológica de las voces griegas cum sentire, del momento en cual las dos partes contratantes, sienten juntas o sienten lo mismo, vale decir que llegan a un acuerdo en el cual sus voluntades coinciden. Es evidente que no nos estamos refiriendo a que dichas partes tengan los mismos objetivos al momento de la celebración del contrato, sino al hecho de la conciliación o conjunción de intereses opuestos. Lo cierto es que, como hace notar De la Puente,16 tanto el artículo 1351 de nuestro actual Código Civil como el artículo 1321 del Código italiano, definen el contrato como un «acuerdo» de dos o más partes, sin precisar en qué consiste ese acuerdo.17 Dicha imprecisión da lugar a la duda respecto de si se trata de un acuerdo de voluntades o de un acuerdo de declaraciones, pues la doctrina se encuentra dividida, como desarrollaremos más adelante, entre la teoría francesa de la voluntad y la teoría alemana de la declaración, matizadas por las teorías de la responsabilidad y la de la confianza.
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. «Influencia del Código Civil Italiano en los libros de obligaciones y contratos en la codificación peruana». Op. cit., p. 61. 17 Cabe mencionar que Gete-Alonso distingue entre acuerdo contractual y acuerdo causal. Respecto al primero manifiesta que «es la común voluntad (acuerdo consensual) sobre el objeto» e indica que el medio técnico de manifestación del objeto es el consentimiento, el mismo que no puede recaer sobre una «materia»; en definitiva sobre un objeto. De ahí —puntualiza la profesora— que «el desacuerdo sobre él provoca el disenso y la falta absoluta de consentimiento». Con relación al acuerdo causal, señala que es la común voluntad (concurrencia de declaraciones) sobre la causa. A diferencia de la anterior, afirma Gete-Alonso que puede o no coincidir, temporalmente con el acuerdo consensual y puede incluso, no expresarse. «Es decir —manifiesta—, puede estar separado de aquél y no manifestarse claramente».
Romero Zavala,18 al analizar este tema, asevera que «el contrato es el resultado de un acuerdo de voluntades. Las partes intervinientes en la relación contractual deben manifestar su voluntad, o para decirlo en términos más precisos, deben prestar su consentimiento». Este consentimiento —indica— requiere ser concordante o coincidente; por eso, tratándose de la relación contractual se dice que el consentimiento debe ser recíproco. El consentimiento, así, es principio fundamental de toda relación contractual. El citado profesor manifiesta que el acuerdo contractual no puede ser otro que el de las voluntades de los contratantes, pese a que suele decirse que puede también entenderse como acuerdo de expresiones o declaraciones, formulándose así distingo entre voluntades y declaraciones, aludiendo —sin duda— a la vieja pugna entre la voluntad real y la declaración empleada, empero olvidando que los contratos quedarán celebrados cuando se produce la plena coincidencia entre las voluntades de los contratantes, vale decir, oferentes y aceptantes. En todo caso, debe admitirse la identificación entre voluntades y declaraciones, genéricamente, y sólo por excepción su ausencia. Dicho en otras palabras, «habrá acuerdo cuando se llega a la plena coincidencia entre oferente y aceptante y también entre la voluntad y la declaración. Este acuerdo es lo que dará al consentimiento como elemento contractual indispensable, esencial. El acuerdo así entendido es entonces un consenso». Spota,19 por su parte, expresa que el consentimiento contractual lo debemos aprehender como «la declaración o exteriorización de voluntad unilateral que formula cada uno de los contratantes, y es la conjunción de esas declaraciones de voluntad unilaterales lo que da origen a la llamada declaración de voluntad común». Agrega el mencionado autor, conforme a lo expuesto, que si el contrato es de dos partes, entonces existirán dos declaraciones distintas, si es trilateral habrá tres, etc.; pero será la concurrencia de esas declaraciones lo que dará origen a un acuerdo, a una conjunción de voluntades, en una palabra, a una voluntad común que constituye el meollo de la definición de contrato. En otros términos —precisa— «ese elemento esencial de los contratos (sin perjuicio del supuesto del contrato forzoso, necesario o impuesto, así como del contrato en el cual una de las partes
ROMERO ZAVALA, Luis. Op. cit., pp. 25 y 26. SPOTA, Alberto G. Instituciones de Derecho Civil. Contratos. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1984, vol. I, pp. 235 y 236.
concurre a formar la convención sobre la base del principio de mayoría) exige el concurso de dos o más partes que expresan su voluntad jurídica». Enfatiza Spota que esa voluntad jurídica es el consentimiento. «Cuando resulta común —dice—, implica una declaración de voluntad común de las partes contratantes. Esto aún se observa en el contrato de adhesión, no obstante el papel minimizado de la voluntad, ya que media opción entre adherirse o no al esquema contractual preformado por una de las partes (...) También hallamos esa declaración de voluntad común en el autocontrato o contrato consigo mismo, no obstante que sólo se esté ante una persona...». Teniendo en cuenta lo manifestado, destaca Spota que el ordenamiento jurídico valora el contrato como un precepto de autonomía privada porque es una obra voluntaria y libre de las personas. «Esto no significa decir —indica Diez Picazo— que el contrato sea una pura expresión del querer humano. Los contratantes no se limitan a querer algo, sino que implantan entre ellos una reglamentación de intereses». Respecto a esta reglamentación de intereses, sostiene el profesor español que ella es admitida y protegida por el ordenamiento jurídico, en cuanto que ha sido libremente querida. Añade que el ordenamiento jurídico protege la libertad de contratar declarando por lo general ilícitos todos aquellos supuestos en los cuales la voluntad de una de las partes o la de ambas haya sido desconocida o violada. Según las enseñanzas de Manuel de la Puente, el consentimiento está integrado necesariamente por diversos elementos. Uno de ellos es el de la voluntad interna de cada uno de los contratantes, encontrándose constituida dicha voluntad interna por tres elementos. El primero de ellos es el discernimiento o actitud de apreciar; el segundo es la intención o querer lo que se sabe; y el tercero es la libertad, que implica la ausencia de presión externa. Pero la voluntad interna no interesa al Derecho sin su exteriorización; debiendo el medio empleado ser idóneo para expresar dicha voluntad. En tal sentido, la suma de la voluntad interna y la exteriorización de la misma
nos da como resultado un hecho voluntario.20
Ahora bien, luego de lo expuesto, creemos conveniente recoger el pensamiento que plasma De la Puente y Lavalle en el t. I de su obra Estudios sobre el contrato privado. Allí, el maestro identifica y analiza los dos lados del consentimiento: el lado interno y el lado externo. Sobre el lado interno, el citado jurista peruano sostiene que al momento de celebrar el contrato existen dos o más voluntades internas, o sea la voluntad interna de cada parte contratante. Estas dos voluntades internas —afirma— pueden haber sido originalmente distintas entre sí, aunque no han tenido necesariamente que serlo. En realidad se confunde muchas veces respecto al contenido de estas dos voluntades internas de los contratantes. No interesa saber —expresa De la Puente—, para los efectos del consentimiento, qué es lo que las partes desearon individualmente obtener del contrato y que las ha llevado a iniciar las negociaciones, si es que éstas hubieran existido, pues durante esa etapa no estaban consintiendo sino únicamente queriendo. Sólo cuando llega el momento de celebrarse el contrato, cuando surge en la vida del Derecho ese acto jurídico plurilateral —enfatiza el mencionado autor— es que las partes dejan de querer individualmente para ponerse de acuerdo, para unir sus voluntades. Agrega De la Puente que en estas condiciones, cuando se habla de los dos lados del consentimiento, o sea de la voluntad interna y de la declaración, se está hablando de las dos caras de una misma moneda. La voluntad interna de los contratantes, llegado el momento del contrato, es la misma voluntad que va a ser expresada; precisamente, el contrato va a estar constituido —afirma— por la declaración de esas dos voluntades internas que ya se han unido, mediante la aceptación de la oferta, para constituir una voluntad común. En lo que respecta al lado externo, De la Puente manifiesta que cuando las voluntades internas de las partes se encuentran y coinciden por razón de la aceptación de la oferta, dan lugar a una nueva voluntad, que no es distinta en su esencia, o mejor dicho en su contenido, de las voluntades internas coincidentes, pero que tiene una característica nueva que recién aparece y es la de ser una nueva voluntad común, por ser dos voluntades iguales. Para ejemplificar lo señalado, afirma que en el campo del Derecho ocurre algo similar a lo que ocurre en el campo de la Química, en que la unión de dos elementos, doble proporción de hidrógeno con una oxígeno, no da lugar a que haya una suma de hidrógeno y oxígeno, sino que resulta un producto nuevo que no es hidrógeno ni es oxígeno, sino que es agua. Asimismo —refiere De la Puente— «la unión y manifestación de las voluntades internas da lugar al consentimiento, con la diferencia, sin embargo, que los dos elementos que se unen para formar el consentimiento, si bien son distintos por constituir voluntades internas de dos personas diferentes, tienen idéntico contenido, porque cada parte quiere lo mismo, al menos inmediatamente, que es celebrar el contrato, o sea que nazcan las obligaciones que constituyen su objeto aunque mediatamente quieran cosas distintas, como son los efectos que tendrá el contrato para cada una de ellas, esto es la ejecución de las prestaciones respectivas». Ahora bien, para que exista consentimiento es necesario, pues, que las voluntades internas, que ya son coincidentes entre sí, se manifiesten externamente como definitivamente unidas. En virtud de lo expuesto, como enfatiza De la Puente, «las declaraciones de voluntad constituidas por la oferta y la aceptación tienen como única consecuencia contractual la de poner de manifiesto el acuerdo de voluntades, pero no van más allá, esto es no se logra aún el segundo paso que es necesario para la existencia del contrato, o sea el poner de manifiesto que mediante ese acuerdo se pretende una finalidad jurídica querida por ambas partes y amparada por el Derecho». Dentro de tal orden de ideas, el citado profesor expresa que este segundo paso está constituido por asignar a esa fusión de dos declaraciones de voluntad unilaterales, el carácter de una declaración de voluntad común expresada por las dos partes conjuntamente, esto es la conjunción de dos voluntades individuales en forma tal que quieren lo mismo, cuya expresión como declaración conjunta surge con el hecho de la aceptación, o sea cuando el aceptante, hace suya, como si fuera propia, la voluntad del oferente y lo declara así, con lo cual las dos declaraciones así unidas tienen el carácter de una declaración conjunta de voluntad común. Cabe pues decir —como lo hace De la Puente—, «que en la acción de contratar existen dos consentimientos, o mejor dicho, el consentimiento entendido en dos sentidos: a) el consentimiento constituido por la coincidencia de las voluntades internas, que es lo que determina que se acepte la oferta; y b) el consentimiento concebido como la exteriorización de esas dos voluntades coincidentes que cobra el carácter de una manifestación conjunta de voluntad común, ya que no debe olvidarse que para que exista el contrato
Pero será necesario analizar si el hecho voluntario está constituido por una voluntad apta para producir efectos jurídicos. Dentro de tal orden de ideas, la declaración de voluntad debe entenderse en dos sentidos: a. Como acto que requiere de la voluntad. b. Como declaración que necesita, además de la voluntad, tener conciencia de que el acto tiene valor declaratorio. La voluntad es, en principio, un fenómeno interno y, por ende, un fenómeno que la ciencia jurídica no puede conocer; toda vez que es, además, el fundamento de los actos de Derecho. En términos generales, puede conceptualizarse con relación a la facultad de querer. No obstante, es preferible tomar como concepto a la voluntad jurídica, esto es, la voluntad sana y manifestada que genera, modifica, transforma o extingue derechos.21
Como anota José Amado,22 «Puede advertirse que la voluntad del ser humano es para el derecho un supuesto de hecho, consecuencia natural de su libertad. La ciencia jurídica se limita a estudiar sus efectos y es a partir de éstos que puede identificar la existencia de una voluntad jurídicamente relevante».
Siguiendo a Aníbal Torres, podemos afirmar que existe voluntad jurídica cuando concurren los requisitos internos: discernimiento, intención y libertad, y el requisito externo de la declaración. Puesto que el contrato es el resultado de un acuerdo de voluntades declaradas, éstas deben estar sanamente formadas, libres de error o dolo que afecte la intención, o de violencia o intimidación que afecte la
no es suficiente que la aceptación coincida con la oferta, sino que es necesario, además, que ambas partes quieran que mediante la aceptación se forme el contrato, esto es que surja ese ente al cual la ley le otorga el poder de producir efectos jurídicos obligatorios». 21 AMADO V., José Daniel. «Las declaraciones de voluntad impropias en la teoría del acto jurídico». En Thémis, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, n.° 10, 1988, p. 76. 22 ÍDEM.
libertad.23 El error, el dolo, la violencia y la intimidación, denominados tradicionalmente como vicios de la voluntad, determinan la invalidez del contrato, caracterizándose, de esta manera como causales de anulabilidad,24 por cuanto afectan la estructura del contrato.
Como bien sabemos, el contrato que adolece de alguno de estos vicios es provisionalmente eficaz mientras no se declare judicialmente su nulidad. De igual manera, puede conllevar una serie de daños y perjuicios que, dependiendo del caso, supondrá el consecuente nacimiento de una obligación de indemnizar. De esta forma, la voluntad común no solamente es la suma de voluntades coincidentes, sino también de declaraciones coincidentes, ya que tienen que estar encaminadas hacia la celebración del contrato. Dentro de este orden de ideas, podemos definir al consentimiento como la voluntad común o la intención común, es decir, aquella zona donde las dos voluntades, manifestadas a través de las dos declaraciones, coinciden. Es evidente que el contrato supone esa zona de coincidencia, que es precisamente donde tiene su más profunda base, pues si tanto las voluntades como las declaraciones no coincidiesen en un punto o zona, habría disensión o desacuerdo, pero no contrato. Consideramos necesario distinguir en el plano teórico lo que significa esta formación del consentimiento, en donde debe haber coincidencia entre la voluntad interna y su exteriorización, de lo que significa la simulación de los actos jurídicos. La simulación relativa es la situación por la cual las partes que celebran un negocio jurídico ocultan la celebración de un acto real con un acto aparente, dando lugar a la eventual anulación del acto aparente, pudiendo tener validez o no el acto real, si cumple con los requisitos de forma.
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Acto jurídico. Lima: San Marcos, 1998, p. 519. La ausencia de la declaración de voluntad de alguno de los sujetos contratantes determina la nulidad del contrato; mientras que la declaración de una voluntad viciada determina su anulabilidad. Conforme expresa Fernando Vidal, un acto anulable es aquel que padece de nulidad relativa, es decir, que reúne los elementos esenciales o requisitos de validez y, en consecuencia, es inicialmente eficaz, pero por adolecer de un vicio, a pedido de una de las partes, puede devenir en nulo.
Y, de otro lado, tenemos a la simulación absoluta, que es aquella situación por la cual las partes celebran un acto jurídico, que de tal sólo tiene la apariencia, pues en realidad no han celebrado nada. La simulación absoluta acarrea la nulidad de los actos jurídicos. En la eventualidad de que los actos jurídicos a los que estamos haciendo referencia fuesen contratos, podríamos decir que sólo habría contrato en el caso del acto viciado por simulación relativa. En este supuesto, estimamos que el consentimiento se habría formado con respecto al acto oculto, no existiendo tal consentimiento en relación al acto aparente. 1.9. Teorías que intentan resolver el problema de la formación del consentimiento
Según explica Manuel de la Puente, existen cuatro teorías que intentan resolver el problema de la formación del consentimiento. Ellas son: la teoría de la voluntad, la teoría de la declaración, la teoría de la responsabilidad y la teoría de la confianza. 1.9.1. Teoría subjetiva o de la voluntad Esta tesis parte de la premisa de que la voluntad humana es fuente primaria de todo efecto jurídico y, por consiguiente, el contrato supone un encuentro de voluntades. Massimo Bianca25 describe el marco histórico en el que se desarrolló esta teoría, señalando que la idea del contrato como libre manifestación de voluntad fue consecuente con la profunda transformación cultural y económica activada por el evento de la industria y del capitalismo modernos, entre fines de 1700 y 1800, que debía conducir a la afirmación de la nueva sociedad liberal y burguesa. Dentro de este contexto, la libertad de contratar significaba esencialmente libertad de mercado de trabajo y libertad de los cambios, y estas libertades constituían el presupuesto necesario de la revolución industrial. El mismo autor afirma, al describir el rol estatal en esta materia, que «El
BIANCA, Massimo. Diritto Civile. - Il Contratto. Milano : Dott. A. Giuffre Editore, 1984, tomo III, p. 25.
ordenamiento jurídico debía limitarse a garantizar al individuo las condiciones necesarias para el ejercicio de su libertad y, entre éstas, de su libertad de iniciativa económica. El negocio era reconocido como afirmación de la libre voluntad del individuo y como tal era el medio jurídico a través del cual se realizaba una economía liberal confiada exclusivamente a la iniciativa del particular». La teoría subjetiva le da preeminencia a la voluntad sobre lo declarado. Esta corriente de origen francés y que encuentra sus fundamentos en los presupuestos del Derecho Natural, postula que la voluntad individual es el centro de reconocimiento y de valoración del ordenamiento jurídico, y que de hecho se encuentra antes que éste que sólo se limita a reconocer su existencia y su poder. Bajo esta perspectiva, por lo tanto, el eje sobre el cual gira todo el Derecho Privado es la voluntad individual. La causa por la que se le atribuye relevancia jurídica al acto jurídico en general, y al contrato en particular, es la voluntad individual. En esa línea de pensamiento, que encontró expreso reconocimiento en el Código Napoléon y en otras codificaciones europeas, el contrato se presenta como el instrumento para que los sujetos expresen las reglas que creen son las apropiadas según su voluntad individual. La validez del contrato, al ser un instrumento, depende de la voluntad del individuo. Todo depende del sujeto y de lo que realmente quiso. Si se prueba que una regla no se encuentra respaldada por la voluntad individual del sujeto, esa regla es nula o, al menos, anulable. Como el contrato es bilateral, o mejor dicho, plurilateral, interesa el acuerdo de voluntades de las partes contratantes, importando el querer y no el decir. No obstante, esta teoría, si bien otorga mayor consideración a la voluntad, no prescinde de la declaración. Sería absurdo pensar que los contratos se basen sólo en una voluntad interna. Sí importa la revelación. El problema se presenta cuando esa revelación no expresa fielmente la voluntad interna.
Así, si no coincide la voluntad con la declaración, entonces no valdrá la declaración, y por lo tanto no habrá contrato. Esta teoría incurre, por consiguiente, en el error de considerar que el contrato es sólo un acuerdo de voluntades y no un acuerdo de declaraciones de voluntad, supuesto correcto. Para la teoría de la voluntad, también conocida como teoría subjetiva, las consecuencias del contrato deben ser perfectamente concordantes con las representaciones mentales de las partes. El Derecho, dentro de tal orden de ideas, debe reaccionar ante toda imperfección o perturbación del proceso de formación de la voluntad de los contratantes, cancelando una operación al tener ausente o defectuoso su presupuesto psicológico, tendría una falla en su propio fundamento.26 1.9.2. Teoría objetiva o de la declaración El profesor italiano Vincenzo Roppo27 acota que si bien la teoría subjetiva, tal cual la hemos definido, resultaba adecuada para un sistema económico individualista y escasamente dinámico, no puede satisfacer las exigencias de la moderna economía de masa, caracterizada por el extraordinario incremento del volumen de los cambios y por su creciente estandarización e impersonalidad.
El citado autor señala, asimismo, que en un sistema como el descrito, marcado por producción, distribución y consumo en masa, el primer imperativo es el de garantizar la celeridad de las contrataciones, la seguridad y la estabilidad de las relaciones. Dichos objetivos exigen que las transacciones sean asumidas y disciplinadas en su objetividad, en su desarrollo típico, ellos son por tanto incompatibles con el atribuir relevancia decisiva a la voluntad individual, a las particulares y concretas actitudes psíquicas de los sujetos interesados en el cambio, en definitiva, con la teoría de la voluntad.
ROPPO, Vincenzo. Il Contrato. Bologna: Societá Editrice il Mulino, 1977, p. 267. ÍDEM.
De aquí que, como segunda postura, encontremos a la teoría de la declaración o teoría objetiva que representa una reacción contra la teoría de la voluntad y se basa en la dificultad de conocer la voluntad interna de los contratantes. Para quienes propugnan esta tesis de origen alemán, nada de esto existe antes que el ordenamiento jurídico; la raíz de todo es el ordenamiento jurídico, que reconoce la voluntad, no porque sea atributo del sujeto, sino porque es necesario que las partes puedan establecer reglas entre sí para que formen parte de la vida en sociedad. Se sostiene, entonces, que el ordenamiento es el fundamento, toda vez que, en la medida de que el sujeto forma parte de una comunidad, es necesario que se le reconozca la facultad de crear reglas. A partir de esta visión empieza a prevalecer lo que es socialmente reconocible y perceptible, es decir, aquello que el resto puede percibir, más que aquello que el sujeto quiso, porque esto mismo no se podría conocer. Adquieren relevancia jurídica las expresiones. La validez de las reglas reposa en la constatación de lo expresado por el sujeto. Se le imputa al sujeto lo declarado sin importar si ello corresponde o no a su voluntad interna. Se privilegia el decir sobre el querer. De esta forma, el alma del contrato no es la voluntad sino la declaración. Lo relevante para el Derecho es la declaración, tal como ésta puede entenderse de acuerdo a las circunstancias, no es relevante la voluntad psíquica del declarante, pues como hecho psicológico meramente interno es algo de por sí intangible e incontrolable. Sin embargo, no podría decirse que la teoría de la declaración prescinde de la voluntad. Si un acto jurídico no tiene objetivamente el significado de una exteriorización de la voluntad del sujeto, en orden a su esfera jurídica, no vale como declaración. Esta teoría sacrifica la voluntad real y la sustituye por la voluntad que aparece de la declaración.
Su fundamento es evitar la incertidumbre. Sin embargo, Von Tuhr y Enneccerus opinan que los contratos pueden ser impugnables por error. Tanto la teoría subjetiva como la objetiva tienen por finalidad resolver un conflicto de intereses. Cada una favorece que uno prevalezca sobre otro resolviendo de manera distinta. En la primera prevalece quien se equivocó aun cuando el error haya sido por torpeza propia., en la segunda se considera como relevante el interés de quien no se equivocó. La radicalidad de ambas teorías, que desencadenan situaciones y consecuencias opuestas, llevó a postular nuevas tesis que flexibilizan ambas posturas. 1.9.3. Teoría de la responsabilidad En tercer lugar, tenemos a la teoría de la responsabilidad, la misma que suaviza la teoría de la voluntad. A través de ella se considera al declarante como auto responsable de su declaración. El principio de auto responsabilidad atribuye al declarante el riesgo de una declaración no conforme con la voluntad real y, además, de una declaración no querida. El sujeto puede quedar así comprometido por un acto que él realmente no ha querido. La teoría de la responsabilidad presenta dos requisitos fundamentales. El primero de ellos consiste en que la declaración tenga visos de exteriorizar una voluntad; y el segundo, que sea imputable al declarante la divergencia entre la voluntad real y la declaración (aunque el declarante no la haya querido). Así, el declarante sólo será responsable si actúa con dolo o culpa; no siéndolo si lo hace por error. En definitiva, tiene valor el acto imputable al sujeto y objetivamente valorable como acto de autonomía privada, es decir, como acto que implica una decisión del sujeto en orden a su esfera jurídica.
En la teoría subjetiva prevalece la posición de quien se equivocó, perjudicando a su contraparte. Con el fin de no proteger al torpe, la teoría de la responsabilidad establece que en dichos casos se mantendría el contrato. La teoría de la responsabilidad, por ende, pretende aplacar la teoría subjetiva. Si se fue torpe o irresponsable o simplemente no se fue diligente y por ello su voluntad y su declaración no coinciden, no se merece protección por parte del ordenamiento jurídico. 1.9.4. Teoría de la confianza Finalmente, en cuarto lugar tenemos a la teoría de la confianza, la misma que suaviza la teoría de la declaración. Con la teoría objetiva se protege a la contraparte de quien cometió el error, aun cuando éste supiera del mismo o fuera fácil percibirlo. Para matizar estas situaciones surge la teoría de la confianza, que protege la declaración sólo cuando ésta ha generado una razonable confianza. Quien emite una declaración o tiene un comportamiento que tenga significado negocial o se vale de otro para comunicar su declaración, suscita en el destinatario la confianza de que el acto sea serio y conforme a su significado objetivo, según la normal explicación de la actividad negocial. La exigencia de tutela de esta confianza supera la exigencia de tutela del declarante, porque la relevancia, respecto a los terceros, de las diferencias ocultas por las declaraciones negociales perjudicarían la certeza del comercio.28 Por medio de la teoría de la confianza, sólo se protege la declaración cuando su destinatario ha confiado en aquélla; no se protege al destinatario si éste tuvo razones para darse cuenta de que hubo un error en la declaración. Esta teoría sostiene que la declaración discrepante de la voluntad tiene valor cuando el destinatario ha confiado razonablemente en la seriedad y en el significado
BIANCA, Massimo. Op. cit., p. 22.
objetivo de ella. Esta teoría privilegia la confianza y la buena fe. Si la declaración no es confiable, el acto será ineficaz. Es conveniente recordar que De la Puente en un inicio pensaba que la teoría de la voluntad era la mejor de las cuatro, lo que queda en evidencia en su obra Estudios sobre el Contrato Privado, publicada en 1983, pero posteriormente cambió de opinión en su obra El Contrato en General, cuya primera parte fue publicada en 1991. De la Puente consideró posteriormente que la teoría de la voluntad presenta el serio problema de demostrar cuál es el sentido de la voluntad común, dado su carácter interno. Es así que se inclinó por la teoría de la confianza, basándose en diversos argumentos, los mismos que resulta conveniente recordar. El primero de ellos consiste en que voluntad y declaración tienen igual valor, razón por la cual ninguna de ellas debe primar sobre la otra. El segundo argumento estriba en que por no ser fácil inferir la voluntad común, es necesario recurrir a un medio que razonablemente permita inferir la realidad de una voluntad común. En tercer lugar, sostiene que por el principio de la negociación de buena fe, ésta avala una declaración y le da valor vinculatorio. En cuarto lugar, De la Puente sostiene que la teoría de la confianza sustituye la certeza de voluntad común por una creencia de buena fe en dicha existencia. Y, finalmente, señala que el sacrificio de la voluntad se hace en pro de la firmeza en las transacciones de una sociedad. En lo que respecta al Código Peruano de 1984, De la Puente recuerda que el artículo 168 impone una interpretación de buena fe.
Recuerda que Fernando Vidal Ramírez dice que las relaciones entre voluntad y declaración se rigen por lo declarado, sin que la referencia a la buena fe atenúe el criterio objetivista. De otro lado, el artículo 1361 del Código Civil Peruano señala que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos, estableciendo una presunción. Por su parte, De la Puente piensa —junto con Arias-Schreiber— que el artículo 1361, por su segundo párrafo, permite pensar que si se prueba la existencia de discordancia, primará la voluntad, no valiendo la declaración. Queda claro hasta aquí que mientras la declaración de voluntad es el elemento esencial del acto jurídico, el consentimiento es el elemento fundamental del contrato. Nuestro Código Civil, siendo el consentimiento uno solo, lo entiende de dos maneras distintas que, en realidad, son el fondo y la forma de un mismo fenómeno. La primera manera de entender el consentimiento es dándole el carácter de coincidencia de dos o más declaraciones de voluntad o como la declaración conjunta de una voluntad común, lo que responde a su origen etimológico (sentire-cum o cum-sentire). La otra manera es considerándolo como la conformidad de la oferta con la aceptación (de acuerdo con el artículo 1373 del Código Civil Peruano de 1984, precepto que dispone que el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente). Nuestro Código Civil, además, dentro de la tendencia de la objetivación del contrato, no ha acogido la teoría subjetiva; sin embargo, tampoco ha acogido la teoría objetiva en su sentido puro. Ha optado más bien —como se puede apreciar tras una lectura sistemática de las normas que conforman la teoría general del contrato— por la teoría de la confianza.
Por último —tal como lo hace Castán Tobeñas—29 debemos indicar que el consentimiento supone los siguientes elementos: a. Pluralidad de sujetos, desde que el contrato es un acto jurídico plurilateral, esto es que el consentimiento, que como se ha visto es la característica del contrato, debe ser el resultado del acuerdo de las voluntades de dos o más partes. Capacidad, puesto que el contrato, como acto jurídico requiere para su validez la existencia de agentes capaces (artículo 140 del Código Civil Peruano de 1984). Voluntad, ya que el consentimiento es, en esencia, un acuerdo de voluntades. Declaración, por cuanto el lado externo del consentimiento está constituido por la declaración conjunta de voluntad común de las partes contratantes.
La concordancia entre la voluntad interna y la declarada, en el sentido de que la voluntad interna de cada una de las partes al coincidir con la voluntad interna de la otra parte, da lugar a la declaración conjunta de voluntad que debe representar necesariamente el contenido de las partes coincidentes. 1.10. Disentimiento o disenso Manuel de la Puente desarrolla de manera muy prolija el tema del disentimiento o disenso contractual. Para tal efecto, parte de distinguir el disentimiento del error. Recuerda que el acto jurídico es anulable cuando falta la manifestación de
CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho Civil Español, Común y Floral. Madrid: Reus, 1945, t. III, pp. 353. Citado por DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Estudios sobre el contrato privado. Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores. 1983, t. I, pp. 162 y 163.
voluntad del agente, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 219 inciso 1 y 140 inciso 1 del Código Civil. En tal sentido, el error vicio es el error en el motivo, aquél que recae en la formación de la voluntad; en tanto el error obstativo es el que recae en la declaración, teniendo ambos, regímenes jurídicos distintos, como queda establecido en los artículos 201 y 208 del Código Civil. Por otra parte, recuerda De la Puente que el error en el acto jurídico, tiene efectos distintos que en el campo contractual. Así, puede presentarse un primer supuesto en el cual coincidan las declaraciones pero no las voluntades, ya que medie error, caso en el cual habrá consentimiento efectivo (contrato), pero el acto podrá ser anulado por error de ambas partes. Un segundo supuesto será aquél en el cual ambas declaraciones de voluntad no coincidan. En este caso, como no ha habido declaración conjunta de voluntad común, no se ha formado el contrato, razón por la cual el acto jurídico no será anulable, sino nulo, por carecer de manifestación de voluntad (argumento del artículo 219, inciso 1 del Código Civil Peruano). Según expresa De la Puente, el disentimiento es la falta de coincidencia de las declaraciones de voluntad, lo que generalmente se produce por error. Si la falta de coincidencia hubiese sido voluntaria, no habría disentimiento, sino declaraciones de voluntad no encaminadas a la celebración de un contrato. Expresa el citado profesor que el disentimiento se puede producir ya sea por haber interpretado mal la primera declaración, o por haberla interpretado bien, pero haber incurrido en error obstativo. La diferencia entre error y disentimiento estriba en que hay error cuando recae en la oferta; y habrá disentimiento cuando el error recaiga en la aceptación,
que es una declaración conjunta de voluntad común. El primero de dichos errores dará lugar a la anulación del acto; en tanto que el segundo dará lugar a su nulidad. Finalmente, existen dos clases de disentimiento. El primero es el disentimiento manifiesto, en donde las declaraciones son realmente disconformes. Habrá disenso manifiesto cuando las partes contratantes sean conscientes de que sus declaraciones de voluntad no son coincidentes entre sí. El segundo es el disentimiento oculto, existiendo aparentemente conformes, pero que en realidad son disconformes. declaraciones
Habrá disenso oculto, por consiguiente, cuando las partes han creído que sus declaraciones de voluntad coincidían, cuando realmente no eran coincidentes entre sí. Lima, julio de 2009
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