Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Responsabilidad-Ley-sociedades-capital-obligacion-disolucion_12_1043685001.html
Timestamp: 2018-04-24 01:01:06+00:00

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El artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805- (LSC) recoge la responsabilidad de los administradores en caso de no disolución por pérdidas cualificadas; texto que procede de los artículos 262.5 TRLSA y 105 LSL. Hasta el año 2005 estos preceptos establecían la responsabilidad solidaria de los administradores que incumplen con su obligación de convocar la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, respecto a las obligaciones de la sociedad. En el año 2005 el legislador modificó los citados preceptos y matizó que la responsabilidad de los administradores se limitaría a las “obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución”. Esta modificación ha supuesto que, en numerosas ocasiones, nuestros tribunales se han tenido que plantear cuándo se produce el nacimiento de una determinada obligación, a fin de poder determinar si se ha producido antes o después de que se produjera la causa de disolución (normalmente, las pérdidas cualificadas).
Como decíamos antes, sin embargo, cuando estamos ante contratos de tracto sucesivo no siempre las resoluciones judiciales se refieren a la fecha de celebración del contrato. Eso ocurre especialmente cuando hablamos de contratos de larga duración. Así, la Sentencia de la AP de Valencia (sección 9ª) de 30 de abril de 2015, rechaza acudir, como hizo el magistrado a quo, a la fecha de celebración del contrato, sino que se refiere al incumplimiento que se produce durante la vigencia del mismo. En el mismo sentido la Sentencia de la AP de Málaga de 13 de mayo de 2015 -EDJ 2015/221459- en la que se explica “la doctrina está dividida respecto a si la data a tener en cuenta, a tales efectos, es la de la fecha en que se celebra el acto o negocio jurídico, o, en cambio, lo relevante es la exigibilidad en aquellos casos en los que los contratos son de tracto sucesivo, o existe instrumentos de pago con distintos plazos, cuando vencen y no se atienden. Hay quienes consideran que hay que estar a la fecha del acto o negocio jurídico, pues lo pretendido por el legislador es evitar que se sigan concertando obligaciones por una sociedad que debe equilibrar su patrimonio, (…) en tanto que hay quienes consideran que lo relevante es el vencimiento o impago”. La Audiencia se decanta por la segunda de estas posturas y lo justifica indicando que “lo contrario sería tanto como ofrecer trato discriminatorio a obligaciones iguales, posibilitándose el que se dejen sin abonar vencimientos posteriores derivados de obligaciones contraídas con anterioridad a la causa de disolución, y, en cambio, incentivar el pago de aquellas obligaciones o deudas nuevas contraídas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución”.
Sin embargo, otras sentencias siguen optando, también en este caso, por el momento en el que se contrajo la obligación. Así la Sentencia de la AP de Lérida de 28 de enero de 2016 (se trataba de la resolución de un contrato por incumplimiento y la audiencia niega que la deuda nazca del laudo arbitral que declara la resolución, sino del contrato en el que se generaban las obligaciones recíprocas) o la Sentencia de la AP de Pontevedra de 27 de mayo de 2014 -EDJ 2011/290380- o de la misma Audiencia de 29 de abril de 2015 -EDJ 2015/71190- o de la AP de La Coruña de 5 de diciembre de 2014 -EDJ 2014/260048-. Si bien en estas dos últimas nos encontramos en contratos de tracto único, en que lo cierto es que el incumplimiento de la obligación se produce respecto a la obligación principal o esencial derivada del mismo. Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2014 -EDJ 2014/176200- rechaza tener en cuenta la fecha de celebración del contrato, porque el mismo está sujeto a una condición suspensiva – dado que el contrato no era eficaz si la condición no se cumplía – considera que la obligación de pago de devolver las cantidades recibidas a cuenta debe entenderse producido en ese momento (cuando se cumple la condición).
La posición mayoritaria es la primera. Así, la sentencia de la AP de La Coruña de 5 de diciembre de 2014 -EDJ 2014/260048- nos señala que la obligación por costas es autónoma (no accesoria a la obligación principal, como ocurre con los intereses). La sentencia de la AP de Barcelona (sección 15ª) de 17 de julio de 2013 -EDJ 2013/209058- considera que es la fecha de inicio del procedimiento (o mejor dicho, de sus instancias, porque distingue de los administradores que responden de las costas de la primera instancia y de la apelación) – confirmada por la STS de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/20750-. Sin embargo, la Sentencia de la AP de La Coruña de 9 de diciembre de 2011 -EDJ 2011/302264- opta por la tercera posibilidad, pues entiende que la deuda por costas nace cuando son tasadas.
La Ley de Sociedades de Capital prevé en su artículo 367 -EDL 2010/112805- la responsabilidad solidaria de los administradores por su inactividad en el supuesto, entre otros, de que por la existencia de pérdidas, el patrimonio neto de la sociedad se reduzca por debajo de la mitad de su capital social (artículo 363.1.d) LSC).
Para que pueda prosperar dicha acción de responsabilidad contra los administradores se exige en primer lugar que se den alguna de las circunstancias tipificadas en el artículo 363 LSC como causas de disolución y la omisión por parte de sus administradores, una vez transcurridos los plazos señalados en la Ley, de proceder a convocar la junta general para que esta acuerde la disolución o, en caso contrario, la obligación de solicitar la disolución judicial, o bien, si procede, el concurso (SSTS de 22 de marzo de 2005 -EDL 2005/33584-; 23 de junio de 2006 -EDJ 2006/94043- o 12 de junio de 2009).
En cuanto a la exigencia de otros requisitos como pueda ser la existencia de un daño a la sociedad o a tercero y una posible relación de causalidad, aunque la jurisprudencia no es totalmente uniforme, puede afirmarse que en una gran mayoría de sentencias consideran que en el supuesto contemplado en el artículo 367 LSC -EDL 2010/112805- actúa una responsabilidad objetiva (SSTS de 28 de abril de 2006 -EDJ 2006/65276-; de 5 de octubre de 2006 -EDJ 2006/275368- o de 5 de diciembre de 2007).
La STS, Sala 1ª, de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/20750- justifica este criterio al manifestar que “la función de la norma es incentivar la disolución o la solicitud de concurso de las sociedades cuando concurra causa legal para una u otra solución porque, de no adoptar las medidas pertinentes para conseguir la disolución y liquidación de la sociedad o su declaración en concurso, según los casos, si la sociedad sigue desenvolviendo su actividad social con un patrimonio sustancialmente menor a su capital social y que se presume insuficiente para atender sus obligaciones sociales, los administradores deberán responder solidariamente de cuantas obligaciones sociales se originen con posterioridad, tanto las de naturaleza contractual como las que tengan otro origen. Dentro de ese ámbito general, como concreción de esta función, tiene efectivamente un efecto desincentivador de la asunción de nuevas obligaciones contractuales por parte de la sociedad, pero no es su función única”.
Según el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805- (“LSC” o “Ley de Sociedades de Capital”), los administradores “responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución”. El artículo 367.2 LSC precisa que las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior. La responsabilidad se aplica tanto a los administradores de derecho como a los administradores de hecho.
Así las cosas, puede comprobarse con facilidad la relevancia que en el régimen de responsabilidad de administradores del artículo 367 LSC -EDL 2010/112805- tiene la determinación del momento de nacimiento de las obligaciones sociales respecto de las que se plantea la posible responsabilidad solidaria de los administradores. Teniendo en cuenta los distintos hitos temporales considerados, puede decirse que los administradores responden de las obligaciones sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución, que no responden de las obligaciones sociales surgidas después del cumplimiento tardío de sus obligaciones relativas a la disolución o declaración de concurso y, en fin, que no responden tampoco de las nacidas tras su cese.
La limitación de la extensión de la responsabilidad de los administradores a las obligaciones sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución se remonta a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea -EDL 2005/165466- (“Ley 19/2005”), que introdujo esa limitación en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas (“LSA”). La redacción se mantuvo en el artículo 367 de la vigente Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805-.
Puede, así, comprenderse la importancia que tuvo la reforma introducida por la Ley 19/2005 -EDL 2005/165466- en este singular régimen de responsabilidad de los administradores. Desde entonces, ha sido clave la fijación del momento de concurrencia de la causa de disolución y del momento de nacimiento de las obligaciones sociales respecto de las que se ha analizado la posible responsabilidad de los administradores. En este segundo punto se advierte la existencia de una muy abundante práctica judicial que viene adoptando distintas soluciones a los efectos de fijar el momento de nacimiento de la obligación social, muchas de ellas muy pegadas a las circunstancias concretas del caso. Las soluciones son, además, distintas según el órgano judicial del que dimanan, lo que dificulta el establecimiento de reglas o principios generales.
A través de distintas resoluciones, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha establecido ese principio general, que puede servir de base para el análisis del caso concreto. Su formulación puede encontrarse en resoluciones como la Sentencia de 22 de diciembre de 2011 -EDJ 2011/305298-: “en punto a la determinación del momento relevante para considerar nacida la obligación hemos considerado que deberá atenderse a la teoría general sobre el nacimiento de las obligaciones, sin que haya lugar para predicar especialidad alguna cuando se trata de indagar sobre la responsabilidad de los administradores sociales. Las obligaciones nacen cuando nacen, conforme a la normativa general. Ni puede defenderse que nacen a su vencimiento, ni nacen en el momento en que se declare judicialmente su existencia, a salvo de excepcionales supuestos de pronunciamientos constitutivos. Los tribunales, normalmente, declaran una responsabilidad que nace de una obligación preexistente, surgida de cualquiera de las fuentes del artículo 1091 del Código Civil -EDL 1889/1- [vid. por todas, Sentencias de la Sección 8ª AP Alicante de 11 de noviembre de 2009 y SAP Castellón de 1 de julio de 2008 -EDJ 2008/235703-]... Tales obligaciones sociales pueden ser de diferente naturaleza (legal, contractual, extracontractual o cuasicontractual), pero no cabe duda alguna que su naturaleza no viene determinada por su reconocimiento en sentencia después de un proceso judicial. En este proceso judicial se reconoce la obligación social que en su día fue asumida y concertada por la sociedad”.
Esta última resolución es de singular relevancia por varias razones. Primero, porque contiene importantes razonamientos a los que cabe atribuir alcance general sobre la naturaleza y finalidad de la responsabilidad de los administradores del artículo 367 LSC -EDL 2010/112805- y de la limitación introducida en ese régimen de responsabilidad en la Ley 19/2005 -EDL 2005/165466-. Y segundo, porque también realiza pronunciamientos respecto de algunas de las situaciones concretas que serán objeto de posterior análisis en este comentario, entre las que están la obligación de restitución de prestaciones derivada de la resolución de una relación contractual, la obligación de pago de intereses devengados sobre el principal o la obligación de pago de las costas resultante de la condena impuesta en resolución judicial.
Similares razonamientos pueden encontrarse en muchas resoluciones de Audiencias Provinciales. Pero este planteamiento suscita no pocas reservas. Sólo se podría aplicar a los casos en que la obligación social surge de una decisión de los administradores de asunción por la sociedad de nuevas obligaciones (esto es, a las de carácter contractual), lo que dejaría fuera un buen número de situaciones. Además, resultaría de difícil aplicación a causas legales de disolución distinta de la existencia de pérdidas cualificadas, pues no todas esas causas tienen que ver con una situación de desequilibrio patrimonial que pueda dificultar el cumplimiento de las obligaciones sociales. Dicho planteamiento supondría, en la práctica, el establecimiento de una suerte de regla especial sobre el nacimiento de la obligación que no resultaría de atender a las normas o principios del Derecho de obligaciones, sino de atender a la supuesta finalidad buscada con la extensión de la responsabilidad sólo a las obligaciones posteriores a la causa de disolución. Lo que es más, introduciría una suerte de “limitación a la limitación” del artículo 367.1 LSC -EDL 2010/112805- que no está prevista en la letra de la norma, ya que ésta se refiere, sin distinción, a todas las obligaciones sociales “posteriores” a la causa de disolución, sin restricciones adicionales o reglas especiales sobre qué ha de entenderse por obligación posterior a la causa de disolución en función de si es o no imputable a una decisión de los administradores de seguir asumiendo nuevas obligaciones pese a la concurrencia de causa legal de disolución.
El examen de los supuestos concretos se comienza con el caso de la obligación de restitución de prestaciones que resulta de la resolución de un contrato por incumplimiento de una de las partes. Se empieza por aquí porque se trata precisamente de la situación analizada en las ya citadas Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/20750- y de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de julio de 2013 -EDJ 2013/207088- y porque, además, resulta muy reveladora de las cuestiones a que se acaba de hacer referencia.
Esto significa, en el caso de los contratos de arrendamiento (y similares), que las rentas devengadas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución han de considerarse obligaciones posteriores y, por tanto, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de los administradores ex artículo 367 LSC -EDL 2010/112805-. El criterio parece razonable y coherente con la finalidad de la norma, en los términos explicados antes. Se trata de hacer responsables a los administradores que, existiendo una causa de disolución, no cumplen sus deberes y permiten que la sociedad siga operando y adquiriendo deudas frente a terceros. Como dice la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de febrero de 2016, en “los supuestos de relaciones de tracto continuado (vg el arrendamiento)… podría distinguirse, como consecuencia de una misma relación, entre una diversidad de deudas generadas con anterioridad y con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución (según el momento de devengo de rentas que correspondiese a utilizaciones del bien arrendado antes o después)”. Similar criterio se mantiene respecto de un contrato de arrendamiento por la Audiencia Provincial de Málaga en Sentencia de 13 de mayo de 2015 -EDJ 2015/221459- y respecto de un contrato de renting por la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de diciembre de 2013 -EDJ 2013/266307-, según la cual “tratándose de un contrato de tracto sucesivo como el de renting… las obligaciones sociales que se reclaman se originaron en el momento en que se dejaron de abonar las cuotas correspondientes… En ese momento, en el que aconteció el incumplimiento que generó las obligaciones sociales ahora reclamadas, la sociedad deudora se hallaba ya incursa e la causa de pérdidas patrimoniales graves”. El entendimiento es que, en estos casos, cada período de utilización o disfrute del bien dado en arrendamiento (u objeto de una relación similar) genera una obligación de pago independiente y con autonomía suficiente como para considerar que ese período marca el nacimiento de la obligación al objeto de establecer si se puede hacer o no responsables solidarios de su cumplimiento a los administradores en aplicación del artículo 367 LSC -EDL 2010/112805-. Es, además, un criterio coherente con el que se aplica en los casos de declaración de concurso respecto de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, al establecerse en el artículo 61.2 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- que las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa, es decir, generarán créditos contra la masa, con independencia de que el origen de la relación se sitúe en un momento anterior a la declaración de concurso.
Un caso similar es resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 9 de abril de 2015 -EDJ 2015/294478-. Como se explica en esa resolución, los vicios constructivos “se evidenciaron ‘transcurridos aproximadamente seis-siete años desde la entrega de las viviendas’”. En ese caso se entiende que la obligación de la sociedad (reparación de los defectos o pago de su coste) “nace en el momento en que los defectos constructivos se exteriorizan y permiten a los afectados reclamar el cumplimiento debido de sus contratos con la promotora; las obligaciones nacen cuando lo establece la Ley y tratándose del incumplimiento de un contrato, ese momento se identifica con aquél en el que el mismo se manifiesta”. Se trata de un criterio que parece ajustarse a la regla legal sobre determinación del dies a quo para el cómputo de los plazos de prescripción del ejercicio de acciones de responsabilidad contra agentes de la construcción dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación, según el cual “las acciones para exigir la responsabilidad… por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos daños”. Regla que no es más que reconocimiento del criterio jurisprudencial establecido a lo largo de los años sobre el artículo 1591 del Código Civil -EDL 1889/1- y que coincide con el criterio general de la actio nata del artículo 1969 del Código Civil. El día de comienzo del cómputo del plazo de prescripción y el de nacimiento de la obligación son cosas distintas, pero parece razonable también situar este último en el momento de producción o exteriorización de los daños.
Pese a la abundancia de práctica judicial sobre el artículo 367 LSC -EDL 2010/112805- y la cuestión aquí debatida, no ha sido fácil identificar precedentes sobre el criterio que se ha de seguir para establecer el momento de inicio de la obligación social en el caso de las obligaciones de naturaleza extracontractual, entre las que figura en destacado lugar (aunque evidentemente no es la única) la resultante del principio naeminem laedere del artículo 1902 del Código Civil -EDL 1889/1-. La respuesta ha de encontrarse, de nuevo, en el régimen general del Derecho de obligaciones.
El fundamento de este planteamiento es que la obligación de pago de costas tiene autonomía propia respecto de la relación jurídica debatida en el litigio, de manera que sólo surge tras su imposición a una de las partes por el órgano judicial. Este criterio es el mantenido, entre muchas otras, en la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de julio de 2013 -EDJ 2013/209058-, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 9 de abril de 2015, ya citadas, o en la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 5 de diciembre de 2014 -EDJ 2014/260048- y las que ésta reproduce.
La única duda que refleja la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de julio de 2013 -EDJ 2013/209058- es “si su fecha [la de nacimiento de la obligación de pago de las costas] debe situarse en el momento de dictarse la sentencia que las impone o bien en el momento en el que se iniciara el proceso o cada una de las instancias”. De entre las distintas alternativas enunciadas, parece que la determinante del nacimiento de la obligación es la de la resolución judicial concreta que impone la condena en costas. Antes, la obligación no existe.
En relación a ello, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/20750- afirma literalmente que “...el precepto también hace responsable a los administradores sociales de las demás obligaciones de la sociedad posteriores a ese momento, tanto las nacidas ex lege como las derivadas de la responsabilidad extracontractual o de la responsabilidad por hecho ajeno...”, y establece un criterio muy concreto, rebatiendo el utilizado en la Sentencia objeto de recurso, a partir de la finalidad de la norma que impone la responsabilidad a los administradores sociales.
Por tanto, atendido el criterio fijado en la Sentencia expuesta debemos entender que la obligación no nace con la relación jurídica base de la misma sino con el ejercicio de acción que dimana de la estructura del derecho que se infringe por la contraparte en el cumplimiento, conforme a su contenido, de la relación jurídica base, criterio que sin embargo entendemos extraordinariamente forzado dado que, primero, no se compagina adecuadamente con el jurídico nacimiento de la obligación, que a lo más podría retrasarse al momento del incumplimiento en el caso de las obligaciones contractuales y, en el caso de las extracontractuales, conforme al criterio de la actio non nata, al conocimiento del evento dañoso en su perspetiva tanto objetiva –daño- como subjetiva –autor-, comprendiendo en ambos elementos el causal y, segundo, porque puede ser fuente de abuso de derecho pues siempre sería dable haber intervenir la voluntad para fijar el momento de nacimiento de la obligación al momento más conveniente a los intereses del acreedor, por más que son casos que pudieran solventarse por la vía del art.7.2 CC -EDL 1889/1-.
Y en cuanto a las costas. Las costas procesales constituyen un crédito que nace del pronunciamiento judicial dado con ocasión de la resolución de un litigio. No solo nace al mundo jurídico con el pronunciamiento judicial sino que nace en la titularidad del crédito mismo pues es el pronunciamiento judicial quien lo subjetiva, como por otro lado se desprende del art. 242-1 in fine y 2 LEC -EDL 2000/77463- cuando habla de la parte y ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Supremo –STS 17 de diciembre de 2003 y 23 de febrero de 2004- que además define las costas procesales –STS 17 de noviembre de 1993- como aquellos gastos que obligatoriamente han de satisfacer los litigantes o, más ampliamente, las partes en el procedimiento o procoeso, a la otra, cuando se ha decidido pro el Juez o Tribunal competente la condena en costas a favor de la otra. Por tanto, las costas procesales son los créditos que nacen de forma original e inmediata en el proceso y que se configuran jurídicamente, dice la STC de 1 de diciembre de 1988, como una contraprestación por los gastos que derivan de un litigio.
En suma, si las costas procesales es un crédito que deriva de una determinada declaración judicial en relación a un concreto litigio, resulta evidente que su origen es posterior a la pretensión que se dilucida en el proceso judicial, encontrándose en el pronunciamiento judicial. En consecuencia, no hay en las costas accesoriedad –como en los intereses- sino autonomía, y trayendo a colación la finalidad de la norma según la interpretación que hemos reseñado del Tribunal Supremo, la conclusión que se alcanza es que es la fecha de la declaración judicial de costas la que constituye el momento de nacimiento de la obligación.
La reforma del régimen de responsabilidad de los administradores sociales por no promoción tempestiva de la disolución de las sociedades de capital operada en 2005 (llevada a cabo a través de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España -EDL 2005/165466 -, cuyas disposiciones finales primera y segunda modificaron, respectivamente, los arts. 262.5 de la Ley de sociedades anónimas y 105.5 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, posteriormente integrados en el vigente artículo 367 de la Ley de sociedades de capital -EDL 2010/112805- (en adelante, LSC), limitó el ámbito objetivo de la responsabilidad de los administradores por dicha causa a las obligaciones sociales «posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución», frente a la responsabilidad por la totalidad de las obligaciones sociales que se establecía con anterioridad. La nueva fórmula legal, cuya previsión desde luego no resultaba idónea para cumplir las funciones que justificaron su adopción (sobre la finalidad de la reforma y su inidoneidad para alcanzar los objetivos perseguidos puede verse, entre otros, nuestro anterior trabajo «Reforma en curso del régimen de responsabilidad de los administradores sociales por no promoción tempestiva de la disolución o el concurso de la sociedad», Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 3, 2005, págs. 485 a 490), planteó un relevante problema de interpretación desde el mismo momento de su entrada vigor referido, precisamente, a la determinación del momento en el cual habría de entenderse «acaecida» la causa legal de disolución para identificar las obligaciones sociales a cuyo cumplimiento pueden ser condenados los administradores sociales. Las cuestiones que se plantean en la presente edición del Foro se refieren justamente a este mismo problema de interpretación que deriva de la falta de precisión de la norma contenida en el vigente art. 367.1 LSC.
La responsabilidad de los administradores sociales se extiende a las obligaciones sociales «posteriores» al acaecimiento de la causa de disolución. Más allá de las dificultades que plantea la determinación de fecha en la que ha de entenderse acaecida la causa de disolución (sobre todo para los acreedores sociales), la norma se refiere a obligaciones sociales, cualquiera que sea su naturaleza, nacidas con posterioridad a dicho momento. En relación con ello juega también la presunción contenida en el art. 367.2 LSC -EDL 2010/112805- en cuya virtud «las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior», lo que se interpreta como inversión de la carga de la prueba de la fecha de acaecimiento de la causa de disolución (por todos, BELTRÁN SÁNCHEZ, E., «La responsabilidad de los administradores…», cit., pág. 343). Ello quiere decir, por tanto, que el acreedor no debe acreditar la fecha de concurrencia de la causa de disolución sino que habrán de ser los administradores sociales quienes, desvirtuando la presunción señalada, deberán acreditar que, en el momento de nacimiento de la obligación social no había acaecido la causa de disolución o, en su caso, no era ni podía ser conocida por ellos.
La cuestión, sin embargo, es más compleja. Y ello porque las obligaciones pueden incorporar distintos deberes de prestación (deuda) lo que plantea inmediatamente la duda de si el momento relevante ha de ser el de asunción de la obligación o, por el contrario, el del nacimiento de cada uno de los deberes de prestación en los que se desdobla la obligación. Este es el fondo del debate sobre si el término «obligación» contenido en el art. 367 LSC -EDL 2010/112805- se utiliza en sentido técnico-jurídico o, más ampliamente, como equivalente a «deuda» (anteriormente, el art. 105.5 LSRL establecía la responsabilidad de los administradores «por todas las deudas sociales», en tanto que el 262.5 LSA se refería a la responsabilidad por «las obligaciones sociales»; posteriormente, la reforma operada a través de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España -EDL 2005/165466-, extendió la redacción del art. 262.5 LSA al art. 105.5 LSRL, limitando el conjunto de obligaciones sociales incluidas en el ámbito objetivo de la responsabilidad de los administradores, lo que no necesariamente debe interpretarse como un cambio de criterio en relación con el sentido de la utilización de los términos «obligación» o «deuda»). En general entendemos que, atendiendo a la finalidad perseguida por la norma y al propio sentido de la reforma operada en 2005, ha de entenderse que se refiere a obligación en el sentido de deber de prestación por lo que, en orden a la determinación del ámbito de aplicación de la responsabilidad de los administradores sociales por no promoción tempestiva de la disolución, habrá que atender, no tanto al momento en el que fue contraída la obligación por la sociedad, cuanto al momento de asunción por la sociedad de cada uno de los concretos deberes de prestación en los que se desdoble dicha obligación. Es precisamente la asunción de un concreto deber de prestación por la sociedad el que origina el derecho de crédito del acreedor frente a la sociedad a cuya tutela se dirige la previsión de un régimen de responsabilidad de los administradores sociales por no promoción de la disolución.
En particular, el supuesto contemplado en el art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación -EDL 1999/63355- se refiere a la responsabilidad extracontractual por vicios constructivos de quienes intervienen en el proceso de edificación. La responsabilidad se extiende a los daños originados en el edificio que se manifiesten durante un período determinado de tiempo y que sean originados por «vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio», «vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3» o por «vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año».
• El artículo 1124 CC -EDL 1889/1- determina que, en supuestos de incumplimiento de obligaciones recíprocas, el acreedor podrá optar entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de los daños y el abono de intereses en ambos casos. La cuestión que se plantea es si los administradores sociales deberían responder en caso de que, incumplida una obligación por la sociedad con anterioridad al acaecimiento de una causa de disolución, con posterioridad a dicho momento el acreedor instase la resolución de la obligación (o exigiese su cumplimiento) con reclamación de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. En este supuesto entendemos que, al igual que anteriormente señalábamos en relación con la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones extracontractuales, la responsabilidad se origina por el incumplimiento del deber de prestación con independencia del momento en que éste se reclame. Por ello, en nuestra opinión, para delimitar si la deuda quedaría comprendida dentro del ámbito de responsabilidad de los administradores sociales por no promoción tempestiva de la disolución, habría que tomar en consideración el momento en que surja el deber de prestación y no la fecha en la que se interponga la reclamación por su incumplimiento.
Dando por supuesto que la fecha de la causa de disolución sea, en cada caso, cierta –puesto que no es una cuestión que sea objeto del presente análisis- se constituye en el quid de la cuestión determinar en qué momento debe considerarse que una obligación es “posterior” al acaecimiento de la causa legal de solución.
Sin embargo, esta respuesta deja algunos flecos sueltos, máxime en los casos de relaciones contractuales que se prolongan en el tiempo o cuyos efectos económicos -o algunos de ellos- se producen con posterioridad al nacimiento de la obligación.
A tales efectos, inicialmente pudiera parecer razonable la conclusión alcanzada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 28ª) de 9 de febrero de 2016 -EDJ 2016/17981-, según la cual “se pretende con ello el prevenir que la sociedad siguiese adquiriendo nuevos compromisos que le obligasen, que con toda probabilidad no podría atender, estando ya incursa en causa de disolución, cuando lo que debería haberse hecho es no seguir operando en el tráfico mercantil sino emprender los trámites legales para hacer efectiva su definitiva liquidación (o hacer lo necesario para remover la concurrencia del motivo que hacía exigible la disolución)…". Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 10 de marzo de 2016 -EDJ 2016/20750- considera que “la función de la norma es incentivar la disolución o la solicitud de concurso de las sociedades cuando concurra causa legal para una u otra solución porque, de no adoptar las medidas pertinentes para conseguir la disolución y liquidación de la sociedad o su declaración en concurso, según los casos, si la sociedad sigue desenvolviendo su actividad social con un patrimonio sustancialmente menor a su capital social y que se presume insuficiente para atender sus obligaciones sociales, los administradores deberán responder solidariamente de cuantas obligaciones sociales se originen con posterioridad, tanto las de naturaleza contractual como las que tengan otro origen. Dentro de ese ámbito general, como concreción de esta función, tiene efectivamente un efecto desincentivador de la asunción de nuevas obligaciones contractuales por parte de la sociedad, pero no es su función única”.
Volviendo a las obligaciones contractuales -respecto de las que, probablemente, la problemática sea más variada- a la luz de la jurisprudencia citada, una respuesta plausible a cuándo debe considerarse "contraída" una deuda a los efectos de la responsabilidad por deudas exigible a los administradores sociales, exigiría tomar en consideración no sólo el momento en que se contrae la deuda, sino también si los administradores podían evitar nuevos compromisos económicos surgidos después de la presencia de la causa de disolución, aunque deriven de obligaciones originariamente nacidas con anterioridad a la misma.

References: artículo 367
 resolución 
 artículo 367
 artículo 363
 artículo 367
 artículo 367
 artículo 367
 artículo 367
 artículo 262
 artículo 367
 artículo 1091
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 artículo 367
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 artículo 367
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 artículo 367
 artículo 367
 artículo 61
 artículo 18
 artículo 1591
 artículo 1969
 artículo 367
 artículo 1902
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in fine
 artículo 367
 artículo 3
 artículo 1124
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