Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9200
Timestamp: 2019-07-21 13:11:42+00:00

Document:
Sentencia: CSJ-SPENAL-20420-2003
Un funcionario incurre en el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales al celebrar un contrato verbal para la prestación de servicios con una entidad privada y ordenar el pago de la contraprestación, cuando sólo se recibió una oferta y la entidad privada no se hallaba registrada y carecía de experiencia en el campo de operaciones para el cual iba a ser contratada
CSJ-SPENAL-20420-2003
SIXTO ALFONSO PÁRAMO QUINTERO, DIRECTOR REGIONAL DE CAPRECOM HUILA
Sixto Alfonso Páramo Quintero, Director Regional de “Caprecom” en el Huila, solicitó a la sociedad “Asesorías y Programas A.S.P. Ltda.”, presentar una propuesta para adelantar actividades de promoción, prevención, protección específica y salud oral de sus afiliados.
La propuesta fue recibida el 12 de marzo de 1997. Luego fue aprobada, sin que se hubiera hecho invitación semejante a otras entidades, sin considerar que la sociedad contratante se había constituido apenas en el último mes, carecía de experiencia, no estaba inscrita en el Registro Especial Nacional del Ministerio de Salud, no había acreditado los requisitos para inscribirse como E.P.S. y no se le había exigido garantía de cumplimiento.
Por ese contrato, se le canceló a la entidad la suma de $106.377.133.00 con imputación presupuestal al rubro de servicios médicos, cuando en realidad correspondía al de gastos operativos de inversión.
¿Puede el Director Regional de CAPRECOM -empresa industrial y comercial del Estado, con régimen especial- celebrar un contrato verbal para la prestación de servicios con una entidad privada y ordenar el pago de la contraprestación, cuando sólo se recibió una oferta y la entidad privada no se hallaba registrada y carecía de experiencia en el campo de operaciones para el cual iba a ser contratada, sin incurrir el tipo penal de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales?
Todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las empresas industriales y comerciales del Estado, constituyen contratos estatales y, por lo tanto, deben ceñirse a los principios consagrados en el citado estatuto de contratación administrativa. « (…) “De conformidad con el artículo 2º. (de la Ley 80 de 1993), las empresas industriales y comerciales del Estado, como lo es Caprecom por virtud de la ley 314 de 1996, son consideradas entidades estatales y, de acuerdo con el artículo 32 de la ley 80/93, todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran tales entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, constituyen contratos estatales, y por lo tanto deben ceñirse a los principios consagrados en el citado estatuto de contratación administrativa y en sus decretos reglamentarios, especialmente el 855 de 1994, como son los de transparencia, economía, responsabilidad, y de selección objetiva, los cuales emanan de los principios constitucionales que informan la función administrativa...Es claro, así, que esta preceptiva constitucional tiene que ser acatada y cumplida cuando se labora con la administración y, en concreto, cuando se tramitan, celebran y liquidan contratos, independientemente de la naturaleza de éstos”. (…)» El ordenamiento penal no solamente remite a otras disposiciones normativas que permiten establecer con precisión su alcance, sino que, además, señala las etapas del trámite contractual. «(…) “Así entonces, bajo el entendido de que la contratación estatal corresponde a la idea de proceso complejo que involucra la necesaria realización de etapas previas, concomitantes y posteriores a la celebración del negocio jurídico, el ordenamiento penal no solamente remite a otras disposiciones normativas que permiten establecer con precisión su alcance, sino que además, señala las etapas del trámite contractual que ameritan protección a fin de sancionar especiales comportamientos desconocedores del interés general, o que constituyen atentados a la legalidad contractual del estado, o afectaciones al patrimonio público, sin perjuicio de que conductas no comprendidas en los tipos especiales configuren otro tipo de delitos contra la administración como peculado, concusión, cohecho, o una figura delictiva distinta, como falsedad, por ejemplo”. (…)»
«(…) El señor Sixto Alfonso Páramo, como director seccional de “Caprecom” (Huila), empresa industrial y comercial del Estado, ostentaba la calidad de servidor público, tal como emana del artículo 2º. de la Ley 80 de 1993, que prevé que las empresas industriales y comercial del Estado –como los establecimientos públicos, para aludir a la naturaleza inicial de “Caprecom”-, son entidades estatales. Y quien trabaja al Estado en una de esas instituciones, es obvio, es servidor público. (…) Ciertamente, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos celebrados se pueden guiar por las normas civiles y mercantiles. Pero también lo es que por mandado legal –la misma disposición-, a título de salvedad, las materias particularmente reguladas por esa ley se rigen por su contenido. Y como el supuesto “convenio” celebrado entre “Asesorías y Programas Ltda” y el doctor Páramo Quintero se ciñe formal y aparentemente a las reglas de la Ley 80 de 1993, no hay duda que esta es la norma llamada a colmar el contenido del artículo 146 del Código Penal. (…) Las empresas industriales y comerciales del Estado, por su misma condición, deben regirse por los principios y reglas previstos en la Ley 80 de 1993, y por las disposiciones que la reglamentan. Si bien a estas empresas se les concede la facultad de adoptar modalidades de contratos para racionalizar la demanda por servicios, según reza el artículo 179 de la Ley 100 de 1993, ello no significa que puedan apartarse de los deberes de transparencia, objetividad y honestidad que de manera general imperan en materia de contratación administrativa, cuando la opción escogida es, precisamente, la contratación estatal. (…)
El sentenciado, aparte de haber celebrado la negociación con la empresa “Asesorías y Programas Ltda.” sin estar inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Salud y sin tener en cuenta su falta de experiencia en el desempeño de las actividades constitutivas del objeto del pacto, no la materializó por escrito ni tuvo la precaución de exigir la suscripción de la póliza de garantía. Y más aún: sin aprobación de la garantía, ordenó el pago total de la contraprestación, con lo cual también descompuso el bien jurídico tutelado por los delitos contra la administración pública. En estas condiciones, se hace relevante que el sentenciado no ajustó su conducta a los principios de igualdad, en la medida en que no dio oportunidad a otros potenciales contratistas; de moralidad, dado su afán de favorecer a la firma “Asesorías y Programas Ltda.”.; publicidad, en razón de no haber hecho conocer la oferta al público interesado; y economía y responsabilidad, por haberle cancelado el precio del contrato a una empresa carente de los requisitos de profesionalidad y eficiencia requeridos en materia de salud. (…)»
El Director Regional de CAPRECOM -empresa industrial y comercial del Estado, con régimen especial- no puede celebrar un contrato verbal para la prestación de servicios con una entidad privada y ordenar el pago de la contraprestación, cuando sólo recibió una oferta y la entidad privada no se hallaba registrada y carecía de experiencia en el campo de operaciones para el cual iba a ser contratada, sin incurrir el tipo penal de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, porque:
Las empresas industriales y comerciales del Estado, por su misma condición, deben regirse por los principios y reglas previstos en la Ley 80 de 1993, y por las disposiciones que la reglamentan. Si bien a estas empresas se les concede la facultad de adoptar modalidades de contratos para racionalizar la demanda por servicios, según reza el artículo 179 de la Ley 100 de 1993, ello no significa que puedan apartarse de los deberes de transparencia, objetividad y honestidad que de manera general imperan en materia de contratación administrativa.
Al haber orden el pago total de la contraprestación a una empresa que no estaba inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Salud y que no tenía experiencia en el desempeño de las actividades constitutivas del objeto del pacto y omitiendo la exigencia de la póliza de garantía, descompuso el bien jurídico tutelado por los delitos contra la administración pública.
No ajustó su conducta a los principios de igualdad, en la medida en que no dio oportunidad a otros potenciales contratistas; de moralidad, dado su afán de favorecer a la entidad privada; publicidad, en razón de no haber hecho conocer la oferta al público interesado; y economía y responsabilidad, por haberle cancelado el precio del contrato a una empresa carente de los requisitos de profesionalidad y eficiencia requeridos en materia de salud.
No casar la sentencia.
Ley 80 de 1993 Decreto 100 de 1980 articulo 146
Ficha: Un funcionario incurre en el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos..
Un funcionario incurre en el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos..

References: artículo 2
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 146
 artículo 179
 artículo 179