Source: http://www.slideshare.net/jpovedasotomontes/policia-nacional-24555906
Timestamp: 2015-04-27 00:42:03+00:00

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ANÁLISIS DEL PODER DE POLICÍA Y POL...
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CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA DECRETO NÚMERO 1355 DE 1970 “Por el cual se dictan normas sobre policía”. El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968 y atendido el concepto de la comisión asesora establecida en ella, DECRETA: TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales ART. 1º—La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho. Conc.: arts. 2º y 3º C.N. ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. C.N. ART. 4º—La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. C.N. ART. 5º—El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. COMENTARIO.—Con relación al concepto de policía la Corte Constitucional ha establecido que dicha noción presenta diversas signficaciones. "De un lado, se refiere a unas formas de la actividad del Estado ligadas con la preservación y restablecimiento del orden público: es el poder, la función y la actividad de la
policía administrativa. De otro lado, se refiere a las autoridades encargadas de desarrollar tales formas de actividad: son las autoridades administrativas de policía. En tercer término, la policía es también un cuerpo civil de funcionarios armados: la Policía Nacional. Finalmente, esta noción se refiere a la colaboración que pueden prestar ciertos cuerpos a las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los delitos: es la policía judicial. Estos fenómenos están a veces ligados entre sí: así la Policía Nacional ejerce funciones de policía judicial, bajo dirección judicial, y ejecuta materialmente actividades de policía administrativa por orden de las autoridades administrativas de policía. Pero es necesario diferenciar esos conceptos para evitar confusiones". (C.Const. Sent. C­024, ene. 27/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero). ART. 2º—A la policía compete la conservación del orden público interno. El orden público que protege la policía resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad públicas. A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación. NOTA: El orden público puede ser entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Conc.: arts. 1°, 4°, 5° y 29 C.N., arts. 5°, 100, 189, 212, 213, 215, 303 y 315. COMENTARIO.—Para la Corte Constitucional el orden público en un Estado Social de Derecho como es el modelo Colombiano debe mirarse como un valor subordinado a la dignidad humana, por lo cual el fin último de la policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos. Por tanto, el fundamento y el límite al poder de policía lo constituyen los derechos fundamentales, los principios contenidos en la Constitución Política y por aquellos que derivan de la finalidad específica de la policía de mantener el orden público como condición para el libre ejercicio de las libertades democráticas. De acuerdo con lo anterior la Corte Constitucional ha señalado unos criterios que sirven de medida al uso de los poderes de policía: "1. Siendo autoridad administrativa (policía administrativa) o que actúa bajo la dirección funcional de las autoridades judiciales (policía judicial), la policía está sometida al principio de legalidad puesto que afecta libertades y derechos. 2. Toda medida de policía debe tender a asegurar el orden público; por tanto, encuentra su limitación allí donde comienzan las relaciones estrictamente privadas. De aquí que la policía tampoco pueda actuar a requerimiento de un particular para proteger sus intereses meramente privados; para esto está la justicia ordinaria. 3. La policía sólo debe adoptar las medidas necesarias y eficaces para la conservación y restablecimiento del orden público. La adopción del remedio más enérgico —de entre los varios posibles—, ha de ser siempre la última ratio de la policía, lo cual muestra que la actividad policial en general está regida por el principio de necesidad, expresamente consagrado en el artículo 3º del “Código de conducta para funcionarios encargados de aplicar la ley”, aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 169/34 del 17 de diciembre de 1979, que establece que las autoridades sólo utilizarán la fuerza en los casos estrictamente necesarios. 4. Igualmente, las medidas de policía deben ser proporcionales y razonables en atención a las circunstancias y al fin perseguido: debe entonces evitarse todo exceso innecesario. Así pues, los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones de la administración pública adquieren particular trascendencia en materia de policía. 5. Directamente ligado a lo anterior, la extensión del poder de policía está en proporción inversa al valor constitucional de las libertades afectadas. Eso explica que en ciertas materias —como la regulación de los sitios públicos— el poder policial sea mucho más importante que en otros ámbitos de la vida social, como el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. 6. El poder de la policía se ejerce para preservar el orden público pero en beneficio del libre ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos. No puede entonces traducirse en una supresión absoluta de las libertades. 7. Así mismo debe recordarse especialmente en esta materia la regla, por otra parte general a toda actividad administrativa, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El ejercicio del poder de policía no puede traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población, puesto que todas las personas “recibirán la misma protección y trato de las autoridades” (C.P. 13). 8. Igualmente opera la máxima de que la policía debe obrar contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejercite legalmente sus derechos". (C.Const. Sent. C­024, ene. 27/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero). ART. 3º—La libertad se define y garantiza en la Constitución y en las convenciones y tratados internacionales y la regulación de su ejercicio corresponde a la ley y a los reglamentos. NOTA: Por libertad personal a nivel constitucional debe entenderse la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona. Conc.: arts. 96 y ss. C.N., arts. 13, 16, 18, 19, 20, 24, 26 y ss. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS L. 74/68. ART. 9º—1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas dentro de un plazo razonable o a ser puestas en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS L.16/72. ART. 7º—Derecho a la libertad personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie puede ser detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios. ART. 4º—En ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios. Conc.: arts. 2° y 5°.
ART. 5º—Las normas y los servicios de policía son medios para prevenir la infracción penal. En el ejercicio de la función punitiva del Estado, la policía es auxiliar técnico. NOTA: Es necesario diferenciar la policía administrativa de la policía judicial; la primera está encargada fundamentalmente de reprimir los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido, y la segunda está encargada de colaborar con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes. La distinción entre ambas policías es importante no sólo por el principio de separación entre autoridades administrativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se fundamenta algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido. Conc.: arts. 2° y 4°. ART. 6º—Ninguna actividad de policía puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él. NOTA: El concepto de actividad de policía es diferente al poder y función de policía. La Corte Constitucional en la Sentencia C­024, de enero 27 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero, determinó que se entiende por cada uno y qué autoridades ejercen cada forma de policía administrativa: El poder de policía es normativo: "Es la facultad de hacer la ley policiva, de dictar reglamentos de policía, de expedir normas generales, impersonales y preexistentes, reguladoras del comportamiento ciudadano, que tienen que ver con el orden público y con la libertad (...). Corresponde a la facultad legítima de regulación de la libertad. En sentido material es de carácter general e impersonal. Conforme al régimen del Estado de derecho es, además, preexistente". Poder de policía principal: 1. El Congreso de la República, en tiempos de normalidad puede establecer límites y regulaciones a las libertades y derechos (C.N. art. 150). 2. El Presidente de la República, en períodos de excepción con la firma de todos los ministros, profiere decretos con fuerza de ley, mediante los cuales comparte con el Congreso la facultad de limitar algunas libertades. Pero las facultades de excepción se rigen por una ley estatutaria de estados de excepción (C.N. art. 152 lit. e). Poder de policía subsidiario: 1. El Presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria, puede por decreto desarrollar la ley, sin excederla ni desconocerla (C.N. art. 189 num. 11). 2. Las asambleas departamentales mediante ordenanzas les corresponde “dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal (C.N. art. 300 num. 8°). 3. A los concejos municipales también se les confirió un cierto poder de policía para materias específicas, como el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (C.P. art. 313 num. 9º). Función de policía
La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía: "Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por éste a las autoridades administrativas de policía. Más repárese en que dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad". Función de policía a nivel nacional: Es exclusiva del Presidente de la República (C.P. art. 189 num. 4) Función de policía a nivel de las entidades territoriales: "Los cuerpos colegiados carecen de la función de policía, pero las autoridades ejecutivas unipersonales sí gozan de ella, por ello los gobernadores (C.P. art. 303) y los alcaldes C.P. art. 315 num. 2) ejercen la función de policía". Actividad de policía La actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente material y no jurídica: "Es la competencia del ejercicio reglado de la fuerza, y está necesariamente subordinada al poder y la función de policía". Actividad de policía a nivel nacional y local: "Son monopolio del órgano unipersonal y primera autoridad política de las respectivas entidades territoriales, existiendo al efecto una unidad de mando en cabeza del Presidente de la República, cuyo poder sobre gobernadores y alcaldes, en sus calidades de agentes del Estado, así como de aquéllos sobre éstos, tiene una clara consagración constitucional (C.P. art. 296)". LIBRO PRIMERO De los medios de policía TÍTULO I De los medios de policía CAPÍTULO I De los reglamentos ART. 7º—Podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público o de modo que trascienda de lo privado. Conc.: arts. 96 y ss. C.N., arts. 13, 16, 18, 19, 20, 24, 28 y ss. ART. 8º—*(El Gobierno Nacional podrá reglamentar el ejercicio de la libertad en aquellas materias de que no se haya ocupado la ley)*. Las asambleas departamentales podrán hacerlo en relación con lo que no haya sido objeto de ley o reglamento nacional. *(Los concejos podrán ocuparse de las materias no reglamentadas por ley, decreto nacional u ordenanza. Es entendido que los reglamentos de policía acordados por el Concejo de Bogotá no están subordinados a las ordenanzas)*.
*NOTAS: 1. El aparte entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, sala plena, sentencia de enero 27 de 1977. M.P. Luis Sarmiento Buitrago. 2. A pesar de que el inciso 3° del artículo 8° del Decreto 1355 de 1970 fue declarado inexequible, por la Corte Suprema de Justicia en el año de 1977, al eliminar la competencia de los consejos para reglamentar aquellos aspectos que no fueran contemplados por la ley, decreto nacional u ordenanza; con la expedición de Constitución de 1991 se otorgó una competencia especial a estas entidades en materia ambiental, para dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Conc.: arts. 1°, 2°, 3° y 9° C.N. arts. 189 y 313 C.N. ART. 300.—Modificado. A.L. 01/96, art. 2º. Corresponde a las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas: 8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal. L.99/93 ART. 83.—Atribuciones de policía. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, además de los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso. ART. 9º—Cuando las disposiciones de las asambleas departamentales *(y de los concejos)* sobre policía necesiten alguna precisión para aplicarlas, los gobernadores y alcaldes podrán dictar reglamentos con ese solo fin. Por tanto no podrán expedir normas de conducta no contenidas en las ordenanzas o en los acuerdos. *NOTA: El aparte entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, sala plena, sentencia de enero 27 de 1977. M.P. Luis Sarmiento Buitrago. Conc.: arts. 7° y 8° C.N. art. 300 ART. 10.—*(Los intendentes y comisarios especiales podrán dictar reglamentos de policía pero sus disposiciones no entrarán a regir mientras el Gobierno Nacional no los apruebe)*. *NOTA: El artículo 10 del Código Nacional de Policía fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de enero 27 de 1977. ART. 11.—En caso de calamidad pública tal como inundación, terremoto, incendio o epidemia que amenace a la población, los gobernadores, intendentes, comisarios especiales, alcaldes, inspectores y corregidores de
policía podrán tomar las siguientes medidas para conjurar la calamidad o para remediar sus consecuencias. 1. Ordenar el inmediato derribo de edificios u obras, cuando sea necesario. 2. Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse. 3. Impedir o reglamentar en forma especial la circulación de vehículos y de personas en la zona afectada o establecer ese tránsito por predios particulares. 4. Ordenar la desocupación de casas, almacenes y tiendas o su sellamiento. 5. Desviar el cauce de las aguas. 6. Ordenar la suspensión de reuniones y espectáculos y la clausura de escuelas y de colegios. 7. Regular el aprovisionamiento y distribución de víveres, drogas y la prestación de servicios médicos, clínicos y hospitalarios. 8. Reglamentar en forma extraordinaria servicios públicos tales como los de energía eléctrica, acueductos, teléfonos y transportes de cualquier clase. 9. Organizar campamentos para la población que carezca de techo. 10. Crear juntas cívicas que se encarguen del socorro de la población damnificada; estos cargos son de forzosa aceptación. Estas facultades no regirán sino mientras dure la calamidad, y el funcionario que las ejerza dará cuenta pormenorizada e inmediata al concejo municipal o a la asamblea, según el caso, en sus inmediatas sesiones ordinarias, de las medidas que hubiere adoptado. NOTA: Las medidas de policía que se adopten para conjurar la calamidad pública o para remediar sus consecuencias, son de carácter transitorio y deben ser proporcionales y razonables en atención a las circunstancias y al fin perseguido, por ello debe entonces evitarse todo exceso innecesario. Conc.: arts. 7°, 8°, 9º, 12, 13, 29 lit. e) y 216. ART. 12.—Según la entidad o el funcionario que los expida, los reglamentos de policía son nacionales o locales. Conc.: arts. 7°, 8°, 9º, 12, 13, 29 lit. e) y 216. ART. 13.—El reglamento de policía se subordinará a los siguientes principios: a) La regulación del ejercicio de ciertas actividades ciudadanas no reservadas por la Constitución y la ley, corresponde al reglamento de policía mientras el legislador no la haga; b) El reglamento no debe ser tan minucioso que haga imposible el ejercicio de la libertad; c) El reglamento debe estatuir prohibiciones y sólo por excepción obligaciones, y d) El reglamento no debe fundarse en motivos de interés privado sino de beneficio público.
Conc.: arts. 12 y 14. COMENTARIO.—Las normas que son expedidas con el objeto de llevar a la práctica unos principios, como es el caso de un reglamento, deben ser instrumentos de realización de los mismos principios, y deben mantener además el hilo conductor con los principios constitucionales. De ningún modo los reglamentos deben desvirtuarlos o destruirlos. CAPÍTULO II De los permisos ART. 14.—Cuando la ley o el reglamento de policía estatuya una prohibición de carácter general, y no obstante admita expresamente excepciones, la actividad exceptuada sólo podrá ejercerse mediante permiso de policía. Se otorgará el permiso cuando se acredite que el ejercicio por parte del solicitante de la actividad exceptuada no acarrea peligro alguno para el orden público. Conc.: arts. 13, 15, 16, 17 y 18. ART. 15.—Cuando la ley o el reglamento de policía subordine el ejercicio de una actividad a ciertas condiciones o al cumplimiento de determinados requisitos, dicha actividad no podrá ejercerse sino mediante el correspondiente permiso otorgado previa la comprobación de aquéllas o el cumplimiento de éstos. Conc.: arts. 14, 16, 17 y 18. ART. 16.—El permiso debe ser escrito y motivado y expresar con claridad las condiciones de su caducidadEs, además, personal e intransferible cuando se otorga en atención a las calidades individuales de su titular. NOTA: Este tipo de permisos son denominados permisos por razón de la persona. Conc.: arts. 14, 15, 17 y 18. ART. 17.—La ley o reglamento señalarán el funcionario que deba conceder un permiso, el término de éste y las causas de su revocación. Conc.: arts. 14, 15, 16 y 18. ART. 18.—la revocación del permiso compete ordinariamente a quien lo concedió, salvo las excepciones establecidas por ley o reglamento, y debe ser escrita y motivada. Conc.: arts. 14, 15, 16 y 17. CAPÍTULO III De las órdenes ART. 19.—Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de policía, las autoridades del ramo pueden dictar órdenes según la competencia que se les atribuya. Conc.: arts. 20 y ss. ART. 20.—La orden debe fundarse en ley o reglamento.
Conc.: arts. 19, 21 y ss. ART. 21.—La orden debe ser clara y precisa y además de posible cumplimiento. Conc.: arts. 19, 20, 22 y ss. L.62/93. ART. 22.—La orden debe impartirse a persona o a grupo individualizado o individualizable de personas. Conc.: arts. 19, 20, 21, 23 y ss. ART. 23.—La orden debe ser motivada y escrita pero en caso de urgencia puede ser verbal. Conc.: arts. 19, 20, 21, 22, 24 y ss. L.62/93. ART. 24.—El que incumpla una orden podrá ser obligado por la fuerza a cumplirla. La orden puede ser impugnada por la vía jerárquica, sin perjuicio de su cumplimiento. Conc.: arts. 19, 20, 21, 22, 23, 25 y ss. L.62/93. ART. 25.—El funcionario de policía que diere orden ilegal incurrirá en sanción disciplinaria que impondrá el superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad penal, si la hubiere. Conc.: arts. 19, 20, 21, 22, 23 y ss. L.62/93. DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DISCIPLINARIA L.200/95 ART. 23.—De la justificación de la conducta. La conducta se justifica cuando se comete: 1. Por fuerza mayor o caso fortuito. 2. En estricto cumplimiento de un deber legal. 3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. 4. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. ART. 26.—Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, el jefe de policía conminará a la persona para que la observe en el plazo que señale, y de no ser atendido podrá imponer las sanciones que correspondan hasta vencer la resistencia, sin perjuicio de realizar el hecho por cuenta del obligado cuando fuere posible la sustitución. Conc.: arts. 19, 20, 21, 22, 23, 25 y ss. L.62/93.
ART. 27.—La orden de policía puede ser revocada por quien la emitió. NOTA: La revocatoria establecida en esta norma no puede ser confundida ni por su naturaleza ni por sus causales con la revocatoria directa de actos administrativos establecida en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. Conc.: arts. 19, 20, 21, 22, 23, 25 y ss. L.62/93. CCA. ART. 69.—Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. ART. 28.—la orden debe comunicarse por cualquier medio idóneo como la prensa, la radio, la televisión, las señales, los avisos, los altavoces. Conc.: arts. 19 y ss. L.62/93. CAPÍTULO IV Del empleo de la fuerza y otros medios coercitivos ART. 29.—Sólo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo. Así, podrán los funcionarios de policía utilizar la fuerza: a) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades; b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía; c) Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad; d) Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente; e) para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública; f) Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y sus bienes, y g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves. Conc.: arts. 11, 24, 56 y ss. C.N. arts. 28 y 30.
ART. 30.—Modificado. D. 522/71, art. 109. Para preservar el orden público la policía empleará sólo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento. Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use para facilitar o proteger la fuga. Conc.: art. 31. D. 2535/93. ART. 31.—El empleo colectivo de armas de fuego y otras más nocivas contra grupos de agresores, estará condicionado a orden previa de la primera autoridad política del lugar. Empero, si por las circunstancias fuere imposible recibirla, el que comande la patrulla podrá darla bajo su responsabilidad. Conc.: arts. 30 y 32. D. 2535/93. ART. 32.—Los funcionarios de policía están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se les pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida, o sus bienes, o la inviolabilidad de su domicilio, o su libertad personal, o su tranquilidad. Conc.: arts. 30 y 31. L. 62/93. arts. 2º y ss. L. 62/93. ART. 1º—Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La actividad de la policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos. ART. 33.—En caso de urgencia, la policía puede exigir la cooperación de los particulares no impedidos para hacerlo. Con tal ocasión podrá utilizar, por la fuerza, transitoriamente, bienes indispensables como vehículos, lugares privados, alimentos o drogas. El particular cuyos bienes hayan sido utilizados deberán ser indemnizado según el daño pecuniario inferido.
Conc.: arts. 29 y ss. CAPÍTULO V Del servicio de policía ART. 34.—La protección del orden público interno corresponde a cuerpos de policía organizados con sujeción a la ley y formados por funcionarios de carrera, instruidos en escuelas especializadas y sujetos a reglas propias de disciplina. Los cuerpos de policía son civiles por la naturaleza de sus funciones. NOTA: El servicio de policía está íntimamente ligado al orden público interno, y únicamente puede estar a cargo del Estado, pues busca garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, así lo establece el artículo 216 del Constitución Nacional, por tanto, en la prestación del servicio público de policía no pueden intervenir los particulares. Conc.: arts. 35 y ss. L. 4ª/91; Leyes 14, 27 de 1992; Leyes 62, 65, 99 de 1993; L. 180/95. C.N. ART. 216.—La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. C.N. ART. 218.—La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. PRINCIPIOS GENERALES L. 62/93 ART. 2º—Principios. El servicio público de policía se presta con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto, el interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. NATURALEZA Y SUBORDINACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL L. 62/93
ART. 5º—Definición. La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana. L.62/93 ART. 6º—Personal policial. La Policía Nacional está integrada por oficiales, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la institución, así como por los servidores públicos no uniformados pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley. L.62/93 ART. 7º—Profesionalismo. La actividad policial es una profesión. Sus servidores deberán recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita una promoción profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la instrucción ética, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario. Todo miembro de la Policía Nacional, de acuerdo con su rango, será capacitado integralmente en academias y centros de formación especializada integral. Su formación técnica y académica abarcará, entre otras, nociones de derecho y entrenamiento en tareas de salvamento y ayuda ciudadana. L.62/93 ART. 8º—Obligatoriedad de intervenir. El personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a casos de policía, de acuerdo con la Constitución Política, el presente estatuto y demás disposiciones legales. ART. 35.—El servicio público de policía es de cargo de la Nación. El cumplimiento de reglamentos especiales de policía tales como los de bosques, caza, pesca, salubridad e higiene puede vigilarse por funcionarios distintos de los que forman los cuerpos de policía. Conc.: arts. 34, 36 y ss. D. 2811/74, L. 99/93 art. 83. COMENTARIO.—Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C­020 de enero 23 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz estableció: "El servicio de policía, por ser esencial, ha de ser ofrecido a toda la comunidad en condiciones de igualdad, porque todas las personas tienen derecho, en la misma medida, a reclamar de las autoridades de la República aquello para lo cual están instituidas, en los términos del artículo 2° de la Carta". ART. 36.—El servicio de extinción de incendios podrá prestarse por organizaciones privadas o de cargo del tesoro local. Conc.: arts. 34, 35, 37 y ss. ART. 37.—A los cuerpos de policía compete la vigilancia y las diligencias de indagación preliminar que le estén confiadas por el Código de Procedimiento Penal.
Conc.: arts. 34, 35, 37 y ss.. ART. 38.—Los oficiales, suboficiales y agentes, después de egresados de la respectiva escuela, deberán prestar un año de servicio guiados por funcionarios de experiencia. Conc.: arts. 37 y ss. L. 62/93. ART. 39.—Los gobernadores, como agentes del Gobierno Nacional, dirigirán y coordinarán en el departamento el servicio nacional de policía y lo relativo a la policía local. Los alcaldes, como agentes del gobernador, son jefes de policía en el municipio. Conc.: arts. 40 y ss. C.N., arts. 303 y 305. DEPARTAMENTOS DE POLICÍA D. 2203/93. ART. 56.—Jurisdicción. Para efectos del servicio policial, cada departamento en que políticamente se divide el territorio nacional y el distrito capital, tendrán un departamento de policía, cuya jurisdicción será la del respectivo departamento o distrito capital. A nivel municipal la unidad policial será la estación de policía. ART. 40.—El comandante de un departamento de policía podrá introducir modificaciones administrativas y funcionales en su comando según las necesidades del mismo y previa consulta con el director general de la Policía Nacional. DEPARTAMENTOS DE POLICÍA D. 2203/93. ART. 57.—Comandantes. Los departamentos de policía estarán comandados por oficiales diplomados en la Academia Superior de Policía, quienes representan al Director General de la Policía Nacional en la jurisdicción a que pertenecen y responden ante el subdirector operativo por la dirección y ejecución de la política, planes y programas relacionados con los servicios y el empleo de los recursos, de acuerdo con las normas que emita el mando superior. D. 2203/93. ART. 59.—Deberes y obligaciones del comandante de departamento de policía con relación a las autoridades político­administrativas del departamento: 1. Reconocer al gobernador una vez elegido y posesionado. 2. Asumir su función ante el gobernador, una vez sea destinado al departamento correspondiente. 3. Presentar a consideración del gobernador el plan de seguridad de la policía en la respectiva jurisdicción, así como los resultados de las operaciones destinadas a combatir la criminalidad en el departamento.
4. Informar diariamente al gobernador sobre las situaciones de alteración del orden público en el departamento y asesorarlo en la solución de los mismos. 5. Informar periódica y oportunamente al gobernador, sobre movimientos del pie de fuerza policial dentro del respectivo departamento. 6. Asistir al consejo de seguridad departamental y ejecutar los planes que en materia de policía disponga el respectivo consejo a través del gobernador. Esta asistencia es indelegable. 7. Prestar el apoyo y asesoramiento al gobernador en la aplicación de las medidas contempladas en los códigos de policía. 8. Por razones excepcionales de seguridad, recomendar al gobernador para su aprobación, las restricciones temporales en la circulación por vías y espacios públicos. 9. Presentar informes al gobernador sobre deficiencias en los servicios públicos. 10. Atender los requerimientos mediante los cuales el gobernador solicite la iniciación de investigaciones de tipo disciplinario contra miembros de la institución, y presentar los resultados definitivos de tales investigaciones. 11. Las demás que le determinen la ley y los reglamentos. ART. 41.—En la provisión de un cargo dentro de la policía se tendrá en cuenta, ante todo, la preparación académica y las capacidades del oficial, suboficial o agente para cumplirlo con eficiencia. Conc.: arts. 40, 42 y ss. D. 2203/93. ART. 42.—La carrera estrictamente policial se hará efectiva, en cuanto las circunstancias lo permitan, mediante el señalamiento de escalafones según las varias especializaciones del servicio. Conc.: arts. 40, 41, 43 y ss. D. 2203/93. ART. 43.—Dentro de tal especialización se organizará el servicio de vigilancia rural con los medios de movilización más adecuados. Conc.: arts. 40, 41, 42, 44 y ss. D. 2203/93. ART. 44.—El personal de la Policía Nacional está formado por oficiales, suboficiales y agentes, de una parte, y de otra, por los funcionarios que prestan servicio de carácter administrativo y los cuales no hacen parte de la jerarquía policial. Conc.: arts. 40, 41, 42, 43, 45 y ss. D. 2203/93. ART. 45.—Los miembros de los cuerpos de policía no pueden intervenir de ninguna manera en actividades políticas, ni ejercer la función del sufragio. Los cuerpos de policía no son deliberantes.
C.N. ART. 219.—La fuerza pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. ART. 46.—Compete a los comandos de policía recibir denuncia sobre la comisión de hecho que pueda configurar delito o contravención. Recibida la denuncia, después del registro estadístico, se notificará a la autoridad competente para hacer la indagación y se le enviará el documento en el que conste aquella denuncia. Conc.: arts. 40, 41, 42, 43, 45,47 y ss. ART. 47.—Por regla general toda orden superior debe ser cumplida por los subalternos. No obstante, podrán los últimos poner de presente, en forma cometida y discreta, la inconveniencia de su cumplimiento. Pero si hubiera insistencia, la orden debe cumplirse sin dilación alguna. Conc.: art. 48. ART. 48.—Si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un delito, los subalternos no están obligados a obedecer. CAPÍTULO VI De la Vigilancia Privada NOTA: El artículo 110 del Decreto 522 de 1971 modificó la denominación del capítulo sexto (VI) del libro I cambiando “Del servicio civil” por "De la vigilancia privada", al respecto ver el suplemento de esta obra. ART. 49.—La Policía Nacional fomentará y orientará las agrupaciones que los moradores organicen voluntariamente para la vigilancia y protección de su vecindad. Conc.: arts. 50 y ss. D. 848/90, D. 1195/90. CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA D. 356/94. ART. 2º—Servicios de vigilancia y seguridad privada. Para efectos del presente decreto, entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin.
SERVICIO COMUNITARIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA D. 356/94. ART. 42.—Definición. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad. PAR. 1º—Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título a personas diferentes a los cooperados o miembros, o fuera del área autorizada. PAR. 2º—El Gobierno Nacional podrá reglamentar esta actividad. ART. 50.—El servicio remunerado de vigilancia en lugar público o abierto al público para proteger vida y bienes de número plural de personas sólo se podrá ofrecer previo permiso de la Dirección General de la Policía Nacional. NOTA: Con la expedición de la Ley 62 de 1993, se creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, otorgándosele competencia a esta entidad para la expedición de licencias o credenciales en todo lo relacionado con vigilancia y seguridad privada a través del Decreto 356 de 1994, por tanto, con la creación de esta Superitendencia, se sustrajo la competencia que tenía la Dirección General de la Policía Nacional, en esta materia. D. 356/94. ART. 3º—Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender o cancelar la licencia o credencial expedida. ART. 51.—El permiso se concederá cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones: a) Que se trate de sociedad regular de comercio cuyo único objeto social sea el servicio de vigilancia; b) Que los vigilantes cumplan con los requisitos de idoneidad y de honestidad señalados en reglamento del gobierno y que durante el servicio usen traje uniforme con diseño previamente aprobado por la Dirección de la Policía Nacional; c) Que los contratos de servicio se celebren según modelo previamente autorizado por la Dirección de la Policía Nacional, y d) Que en sujeción a reglamento del gobierno se otorgue en cada caso caución suficiente para asegurar el cumplimiento normal de las anteriores condiciones, la regularidad de los servicios contratados y la responsabilidad civil ante los contratantes del servicio respecto de los bienes cuya vigilancia se les confía.
Todo permiso de vigilancia privada expirará el 31 de diciembre de cada año y sólo se renovará si su titular ha cumplido satisfactoriamente con las condiciones estatuidas en el mismo permiso. En cualquier tiempo podrá revocarse el permiso por resolución motivada cuando se pruebe incumplimiento de las condiciones de tal permiso. La revocación no empece el ejercicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. Conc.: arts. 50, 52 y ss. L. 62/93. y D. 356/94. ART. 52.—El Director de la Policía Nacional podrá ordenar que se suspenda transitoriamente el servicio de vigilancia privada en determinado sector, si la ejecución de alguna tarea oficial programada así lo aconsejare. Conc.: art. 50, 51, 53 y ss. L. 62/93. y D. 356/94. ART. 53.—La Policía Nacional podrá autorizar a las juntas de defensa civil o de acción comunal que tengan personería jurídica, para que presten servicio de vigilancia en sus respectivos sectores, directamente o por contrato con ella o con una empresa de vigilancia privada. Conc.: art. 51, 52, 54 y ss. L. 62/93. y D. 356/94. ART. 54.—La investigación privada puede encaminarse a coadyuvar al descubrimiento de hechos relativos a infracciones penales siempre que no interfiera la función judicial. Los resultados de las pesquisas podrán ofrecerse al juez correspondiente. Conc.: art. 55. L. 62/93. y D. 356/94. ART. 55.—La vida íntima de persona ajena a sindicación penal no podrá ser objeto de investigación privada o judicial. Sin embargo, podrán realizarse indagaciones privadas con fines laborales o comerciales. Conc.: D. 522/71, L. 62/93. y D. 356/94. CAPÍTULO VII De la captura ART. 56.—Nadie puede ser privado de la libertad sino: a) Previo mandamiento escrito de autoridad competente, y b) En el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de policía. NOTA: Por libertad personal a nivel constitucional debe entenderse la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona. C.N.
ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. C.N. ART. 30.—Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas. ART. 57.—Todo mandamiento de captura debe fundarse en ley *(o en reglamento de policía)*. *NOTA: La expresión entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C­024 de enero 27 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Conc.: art. 56. ART. 58.—Cualquiera puede ser aprehendido por la policía y privado momentáneamente de su libertad mientras se le conduce ante la autoridad que ha ordenado su comparecencia. ART. 59.—La petición de captura no puede hacerse sin el previo mandamiento escrito que conste en resolución, auto o sentencia. Esta petición debe firmarla la misma autoridad que suscribió el mandamiento. Conc.: arts. 56, 57, 58, 60 y ss. ART. 60.—En la petición deberá señalarse el nombre de la persona cuya captura se solicita y, de ser conocida, se expresará la dirección de su vivienda y el lugar donde trabaja o cualesquiera otros datos que sirvan para identificarla o dar con su paradero. También debe mencionarse el mandamiento que motiva la petición y su fecha. Conc.: arts. 56, 57, 58, 59, 61 y ss. ART. 61.—La solicitud de captura se enviará directamente a la policía por intermedio de un empleado del despacho. En ningún caso tal solicitud podrá entregarse a un particular ni a las partes ni a sus apoderados. Conc.: art. 56, 57, 58, 59, 60, y ss. ART. 62.—La policía está obligada a poner al capturado dentro de la siguiente hora hábil a la de la captura a órdenes del funcionario que la hubiere pedido en su despacho o en el respectivo establecimiento carcelario, descontado el tiempo del recorrido o el de cualquier demora debida a circunstancias insuperables.
Cuando se trate de orden administrativa la captura se realizará en hora hábil; si es inhábil se mantendrá al requerido en su casa hasta la primera hora hábil siguiente. Excepcionalmente en materia penal, la policía puede disponer hasta de 24 horas para establecer la plena identificación del aprehendido y comprobar la existencia de otras solicitudes de captura. Cuando ello ocurra, dará inmediatamente aviso a la autoridad que solicitó la captura. ART. 63.—Cumplida la entrega del capturado en el caso del inciso 2º del artículo anterior, el funcionario que libró el exhorto o quien lo reemplace, cumplirá prontamente con el trámite de la diligencia de que se trata. Respecto de los capturados por infracción a la ley penal, se estará a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Penal. Conc.: art. 62. L. 74/68, L. 16/72, L.600/2000. ART. 64.—Para la aprehensión de reo ausente, de condenado o de prófugo se tendrá como suficiente petición de captura el requerimiento público. Conc.: L. 74/68, L. 16/72, L.600/2000 COMENTARIO.—Con relación al estudio de la exequibilidad del artículo 64 del Código Nacional de Policía, la Corte Constitucional en Sentencia C­024 de enero 27 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero, señaló: "En las tres situaciones —persona ausente, condenado o prófugo—, es el funcionario judicial el que dispone sobre la captura mediante orden escrita y solicita su aprehensión a las autoridades de policía. Obsérvese que no es la condición de persona ausente, o de prófugo o condenado lo que faculta la aprehensión de una persona, sino la orden escrita de autoridad judicial competente la que permite a la Policía Nacional colaborar con los funcionarios judiciales para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, o la condena. Luego no se debe confundir la orden —judicial— de captura con la solicitud pública de ejecución de una orden de captura, que es lo que refiere el artículo, lo cual es conforme a la Constitución". ART. 65.—El funcionario de policía atenderá con diligencia toda petición de captura; si rehúsa o retarda indebidamente su cumplimiento incurrirá en la respectiva sanción. Conc.: C.N. art. 28, 29. L. 74/68, L. 16/72. ART. 66.—La persona sorprendida en flagrante delito o contravención penal podrá ser aprehendida por cualquier persona. Si quien realiza la captura no pertenece a la fuerza pública, la policía le prestará apoyo para asegurar la aprehensión y conducir al capturado ante la autoridad respectiva. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer una infracción. Se considera en situación de cuasiflagrancia la persona sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de las cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una
infracción o participado en ella, cuando es perseguido por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pida su captura. Después de practicar cualquiera de las diligencias mencionadas en el inciso anterior, será puesto inmediatamente en libertad y se tomarán las medidas necesarias para evitar que eluda la acción de la justicia. ART. 67.—El funcionario de policía requerido para que capture en sitio público o abierto al público a persona acusada de haber cometido infracción penal, le prestará el apoyo siempre que el solicitante concurra juntamente con el aprehendido al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia. Conc.: L. 74/68, L. 16/72. ART. 68.—Todo capturado tiene derecho a que se le permita dar aviso inmediatamente a sus allegados del lugar en donde se encuentre. Asimismo, si lo pide, a ser visitado por su médico y a recibir alimentos, enseres de cama, utensilios de aseo personal, ropa y obras de lectura. Conc.: L. 74/68, L. 16/72. ART. 69.—La policía podrá capturar a quienes sorprenda en flagrante contravención de policía, cuando el hecho se realice en lugar público o abierto al público y para el solo efecto de conducir al infractor ante el respectivo jefe de policía. En este caso, si el infractor se identifica plenamente y proporciona la dirección de su domicilio, el agente de policía puede dejarlo en libertad y darle orden escrita para que comparezca ante el jefe de policía dentro del término que en ella señale sin que exceda de 48 horas siempre que, a su juicio, tal medida no perjudique el mantenimiento del orden público. Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser capturada. Conc.: L. 74/68, L. 16/72. ART. 70.—En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo inmediatamente ante el jefe de policía, los testigos si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza. ( inexequible: Sentencia C­850/05) Cuando el contraventor no fuere capturado sino citado para que comparezca más tarde, a los testigos se entregará orden de comparendo con el mismo plazo. El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado. Conc.: art. 69. C.N. art. 95, L. 74/68, L. 16/72. ART. 71.—Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público. Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados. Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas.
Conc.: L. 74/68, L. 16/72. CAPÍTULO VIII Del domicilio y su allanamiento ART. 72.—La policía amparará en todo momento la inviolabilidad del domicilio y de sitio no abierto al público, con el fin de garantizar a sus moradores la protección a la intimidad a que tienen derecho. NOTA: El domicilio con la expedición de la constitución de 1991 solo puede ser registrado y allanado a través de orden exclusiva de una autoridad judicial, por tanto la intervención del funcionario de policía es de cooperación en la ejecución de las mismas. Conc.: L. 74/68 y L. 16/72. ART. 73.—El acceso al domicilio o a sitio privado donde se ejerza trabajo o recreación familiar, requiere consentimiento de su dueño o de quien lo ocupe. C.N. ART. 32.—El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador ART. 74.—se entiende para los efectos de este estatuto, por domicilio los establecimientos de educación, los clubes sociales y los círculos deportivos, los lugares de reunión de las corporaciones privadas, las oficinas, los talleres y los demás recintos donde se trabaja; aquella parte de las tiendas y sitios abiertos al público que se reservan para habitación u oficina; los aposentos de los hoteles cuando hubieren sido contratados en arriendo u hospedaje y las casas y edificios de departamentos estén o no divididos por pasajes. Conc.: C.N. art. 28. COMENTARIO.—La Corte Constitucional en Sentencia C­024 de 1994, definió el domicilio de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Nacional. Dicha noción es la que se utiliza en materia policiva, por ello se debe entender por tal, "el respeto a la casa de habitación de las personas, esta noción excede de la noción civilista y comprende, además los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad. La defensa de la inviolabilidad del domicilio protege así más que a un espacio físico en sí mismo al individuo en su seguridad, libertad e intimidad". ART. 75.—No se reputan domicilio los lugares públicos o abiertos al público ni los sitios comunes de los edificios de departamentos y de hoteles, tales como pasajes, pasadizos y vestíbulos. Conc.: art. 76 C.N. art. 28. ART. 76.—Son sitios abiertos al público, entre otros, las tabernas, los restaurantes, las salas de baile y los destinados a espectáculos, aunque para entrar a ellos deban cumplirse condiciones que señale el empresario.
Con todo, cuando en sitio abierto al público se establezca recinto de trabajo o de habitación, éste se reputa lugar privado. Terminado el espectáculo o finalizada la tarea diaria en sitio abierto al público, el lugar se torna en privado. ART. 77.—Cuando por aviso o por destinación especial la entrada a un recinto esté sujeta a condición, el que la viole podrá ser expulsado inmediatamente por la policía a solicitud del morador. Conc.: C.N. art. 28. ART. 78.—La policía y los demás funcionarios a quienes la ley faculte expresamente para allanar domicilios o sitios cerrados donde se ejerzan actividades privadas, podrán hacerlo, pero sólo a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. COMENTARIO.—Con relación al registro de domicilio y de acuerdo con lo señalado el artículo 28 de la Constitución, son tres los requisitos exigidos a las autoridades de policía: a) La existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente; b) El respeto a las formalidades legales, y c) La existencia de un motivo previamente definido en la ley. Es necesario aclarar que bajo el imperio de la Constitución de 1886, el registro domiciliario procedía con ocasión de mandamiento escrito de autoridad competente, quienes en términos generales eran las autoridades judiciales y las autoridades de policía. Con la expedición de la Constitución de 1991, la inviolabilidad del domicilio, se reservó exclusivamente al funcionario judicial. SITUACIONES EXCEPCIONALES QUE FACULTAN AL FUNCIONARIO DE POLICÍA COMO AUTORIDAD ADMINISTRATIVA A PRACTICAR ALLANAMIENTOS O REGISTROS SIN ORDEN JUDICIAL 1. Cuando el delincuente sorprendido en flagrancia se refugia en domicilio o en domicilio ajeno, en este último caso, siempre que medie aceptación del dueño o morador. 2. En los casos determinados en la ley (en relación con el artículo 82 del Código Nacional de Policía), en desarrollo del principio de intervención del Estado en determinadas actividades de los particulares que tienen efectos en la colectividad y que requieren la inspección, vigilancia e intervención, por razones de interés general, de las autoridades en ejercicio de la función de policía administrativa. 3. En los casos en que se presenta un incidente derivado de una detención preventiva en la que han mediado motivos fundados y la persona se resiste a la aprehensión y se refugia en un domicilio. ART. 79.—El mandamiento de registro de domicilio o sitio no abierto al público será la providencia escrita en donde se exprese con la mayor precisión el lugar de que se trate, los fines del registro, el día y la hora para llevarlo a cabo y la facultad de allanar en caso de resistencia. Conc.: C.N. arts. 28 y 30 L. 74/68 y L. 16/72.
ART. 80.—La diligencia de registro de domicilio que deba practicar la policía, se llevará a cabo de ordinario en días hábiles de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan, podrá hacerse en cualquier hora del día o de la noche. Antes de utilizar la fuerza, se requerirá al morador para que permita la entrada. Conc.: C.N. arts. 28 y 32 L. 74/68, L. 16/72 y L. 600/2000. ART. 81.—Modificado. D. 522/71, art. 111. Cuando una persona sea sorprendida en flagrante violación de la ley penal y al ser perseguida por la policía se refugiare en su propio domicilio, los agentes de la autoridad podrán penetrar inmediatamente en él con el fin de aprehenderla. Si se acoge a domicilio ajeno la policía podrá penetrar en él, haciendo uso de la fuerza si fuere necesario, sin exhibir mandamiento escrito y previo requerimiento al morador. Si éste se opone, podrá ser capturado y conducido ante la autoridad competente para que se inicie la investigación penal a que haya lugar. Conc.: C.N. arts. 28 y 32 L. 74/68, L. 16/72. ART. 82.—Los jefes de policía podrán dictar mandamiento escrito para el registro y allanamiento de domicilios o de sitios abiertos al público, en los siguientes casos: a) Para capturar a persona a quien se le haya impuesto por funcionario competente pena privativa de la libertad; b) Para aprehender a enfermo mental peligroso o a enfermo contagioso; c) Para inspeccionar algún lugar por motivo de salubridad pública; d) Para obtener pruebas sobre la existencia de casas de juego o de establecimiento que funcione contra la ley o reglamento; e) Cuando sea necesario indagar sobre maniobras fraudulentas en las instalaciones de acueducto, energía eléctrica, teléfonos y otros servicios públicos; f) Para practicar inspección ocular ordenada en juicio de policía, y g) Para examinar instalaciones de energía eléctrica y de gas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores y máquinas en general y almacenamiento de sustancias inflamables o explosivas con el fin de prevenir accidente o calamidad. NOTA: Las situaciones establecidas en este artículo requieren previamente de una orden de registro dictada por los "jefes de policía" es decir, los alcaldes y gobernadores según sean municipios, distritos o departamentos. Conc.: C.N. arts. 28 y 30 L. 74/68, L. 16/72. ART. 83.—La policía podrá penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito, cuando fuere de imperiosa necesidad: 1. Para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio.
2. Para extinguir incendio o evitar su propagación, o remediar inundación, o conjurar cualquier otra situación similar de peligro. 3. Para dar caza a animal rabioso o feroz. 4. Para proteger los bienes de personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas personas. 5. Cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de éstos. Conc.: C.N. arts. 28 y 30 L. 74/68, L. 16/72. ART. 84.—Si por razón del servicio fuere necesario penetrar en predio rústico cercado, la policía podrá hacerlo, pero procurará contar con la autorización del dueño o administrador o cuidandero del terreno. Conc.: C.N. arts. 28, 32 y 58. L. 74/68, L. 16/72. COMENTARIO.—Es necesario establecer que los predios rústicos cercados, se encuentran incluidos dentro del artículo 58 de la Constitución Nacional, y que de acuerdo con esta norma, los particulares en casos de utilidad pública o interés social deberán ceder sus derechos sobre el interés general o social, por ello, por razones del servicio la policía podrá ingresar a este tipo de predios, y si es posible debe procurar contar con la autorización del dueño o cuidandero. Por el contrario, si el ingreso al predio no se realiza por razones del servicio, sino con fines personales de los agentes, la policía se encuentra en la misma situación de los particulares y en consecuencia no podrá en ningún caso ingresar al predio sin la efectiva autorización del propietario o morador. ART. 85.—El que insista en permanecer en domicilio ajeno contra la voluntad de su morador, aunque hubiere entrado con el consentimiento de éste, será expelido por la policía a petición del mismo morador. Conc.: C.N. arts. 28 y 30 L. 74/68, L. 16/72. COMENTARIO.—Esta norma consagra el denominado proceso policivo de amparo al domicilio, que puede interponerse ante las autoridades de policía competentes. Con este proceso se busca proteger el domicilio de acuerdo con la Constitución Nacional y las normas del Código Nacional de Policía. Nótese que en este proceso no interesa que el ingreso de la persona que insiste en permanecer en domicilio ajeno, hubiere sido con el consentimiento del morador. CAPÍTULO IX De la asistencia militar ART. 86.—Modificado. D. 522/71, art. 112. Cuando la policía no fuere suficiente para contener grave desorden, procede la solicitud de asistencia a las Fuerzas Militares. C.N.
ART. 217.—La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La ley determinará el sistema de remplazos en las fuerzas militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. COMENTARIO.—De acuerdo con lo establecido por el artículo 217 de la Constitución Nacional, las fuerzas militares están encargadas del control de todo aquello que atente contra la seguridad y la paz de todos los asociados, así como, de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Por tanto, es admisible y necesario que las tropas de las fuerzas militares patrullen y recorran el territorio nacional, mucho más cuando se presenten situaciones de conflicto o deba ejercerse la acción preventiva que a ellas corresponde. ART. 87.—Modificado. D. 522/71, art. 113. Los gobernadores, el alcalde de Bogotá, los intendentes y los comisarios especiales podrán requerir el auxilio de las Fuerzas Militares cuando las circunstancias de orden público lo exijan. No obstante, ante peligro súbito y grave, los alcaldes podrán solicitar el auxilio de la fuerza militar, pero avisarán inmediatamente al respectivo gobernador, quien informará al comandante si ratifica o hace cesar tal auxilio. Cuando lo considere necesario, el Presidente de la República ordenará que las Fuerzas Militares colaboren con la policía para el cumplimiento de una tarea de orden público interno”. NOTAS: 1. De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de 1991, las intendencias y comisarías, como entidades territoriales, fueron transformadas en departamentos. 2. La división política de Colombia comprende los siguientes departamentos: Denominación Área KM2 Capital 1. Amazonas 109.665 Leticia 2. Antioquia 63.612 Medellín 3. Atlántico 3.388 Barranquilla 4. Arauca 23.818 Arauca 5. Bolívar 25.978 Cartagena 6. Boyacá 23.189 Tunja 7. Caldas 7.888 Manizales 8. Caquetá 88.965 Florencia 9. Casanare 44.640 Yopal
10. Cauca 29.308 Popayán 11. Cesar 22.905 Valledupar 12. Córdoba 25.020 Montería 13. Cundinamarca 24.210 Bogotá 14. Chocó 46.530 Quibdó 15. Guajira, 20.848 Riohacha 16. Guainía 72.238 Puerto Inírida 17. Guaviare 42.327 San José 18. Huila 19.890 Neiva 19. Magdalena 23.188 Santa Marta 20. Meta 85.635 Villavicencio 21. Nariño 33.268 Pasto 22. Norte de Santader 21.658 Cúcuta 23. Putumayo 24.885 Mocoa 24. Quindío 1.845 Armenia 25. Risaralda 4.140 Pereira 26. San Andrés y Providencia 44 San Andrés 27. Santander 30.537 Bucaramanga 28. Sucre 10.917 Sincelejo 29. Tolima 23.562 Ibagué 30. Valle del Cauca 22.140 Cali 31. Vaupés 65.268 Mitú 32. Vichada 100.242 Puerto Carreño ART. 88.—Además del caso de grave desorden público, procede la solicitud de auxilio frente a catástrofe o calamidad públicas. NOTA: El Decreto 1283 de 1996, sobre seguro de riesgos catastróficos, define las catástrofes de origen natural como "aquellos cambios en el medio ambiente físico identificables en el tiempo y en el espacio, que afectan una comunidad, tales como sismos, maremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones y avalanchas. Conc.: C.N. art. 23. ART. 89.—Modificado. D. 522/71, art. 114. La petición de asistencia militar debe hacerse por escrito, dirigida al comandante de la brigada o unidad operativa más cercana, o al comandante de batallón, grupo o base, o de unidad militar destacada que tenga jurisdicción en el área. En caso de extrema urgencia la solicitud de auxilio podrá hacerse verbalmente, con la obligación de ratificarla por escrito tan pronto como los acontecimientos lo permitan”.
Conc.: arts. 86, 87 y 88. C.N. art. 23. ART. 90.—El jefe militar no podrá rehusar ni retardar el apoyo pedido por autoridad competente y su acción se limitará a colaborar para poner fin al desorden que motivó el requerimiento, salvo instrucciones especiales del gobierno. Conc.: C.N. art. 23. ART. 91.—Modificado. D. 522/71, art. 115. Cuando las Fuerzas Militares presten la asistencia de que trata este capítulo, la ejecución de la tarea, según el plan acordado, será dirigida por quien desempeñe el comando de la unidad operativa encargada de prestar dicha asistencia, bajo cuyo control operacional queda, para esos efectos, todo el personal de los organismos armados que sean requeridos para reprimir el desorden. ART. 92.—Modificado. D. 522/71, art. 116. Cuando los militares intervengan en la disolución de motines, ajustarán sus procedimientos a los reglamentos respectivos. En lo posible se abstendrán de hacer uso de las armas, a menos que se trate de defenderse o defender a otros de una violencia actual e injusta en contra su persona o sus bienes, o cuando no haya modo diferente de restablecer la seguridad pública. Conc.: arts. 30 y 31. ART. 93.—El Gobierno Nacional dispondrá que en las academias militares y en los cuerpos de tropa se dé instrucción sobre las relaciones con la policía y sobre los principios y los procedimientos de la asistencia militar. ART. 94.—La asistencia militar será siempre de carácter temporal. Si hubiere discrepancia sobre su duración, decidirá el gobierno. Cumplida la misión de auxilio, el jefe militar dará cuenta por escrito de su resultado a sus superiores y a quien hizo el requerimiento. Conc.: C.N. arts. 217 y ss. ART. 95.—Aun sin requerimiento formal, el militar debe apoyo a la policía en caso de captura, de auxilio a las personas y para impedir la comisión de delito. Conc.: arts. 56 y ss. C.N. art. 28 y 30. LIBRO SEGUNDO DEL EJERCICIO DE ALGUNAS LIBERTADES PÚBLICAS CAPÍTULO I De la libertad de locomoción ART. 96.—No se necesita permiso de autoridad para transitar dentro del territorio nacional. C.N.
ART. 24.—Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. ART. 97.—Modificado. D. 522/71, art. 117. Los colombianos y los extranjeros podrán salir del país y regresar a él sin más requisito que el documento de identidad internacional o pasaporte, salvo lo estatuido en leyes especiales como las fiscales y las penales. NOTA: El pasaporte es el documento de viaje que identifica a los colombianos en el exterior, los colombianos que viajen fueran del país deben estar provistos de pasaporte válido, esto sin perjuicio de lo que establezcan los tratados y convenios internacionales vigentes. Los pasaportes pueden ser de varias clases: ordinario, fronterizo, provisionales, diplomático, y oficial. Conc: D. 2250/96 y D. 2371/96. ART. 98.—La policía debe proteger la libertad de locomoción y la circulación de vehículos. Conc.: art. 96. C.N. art. 24. COMENTARIO.—Con relación al análisis del artículo 24 de la Constitución, sobre el derecho de locomoción la Corte Constitucional ha establecido: "El derecho que ahora nos ocupa es fundamental en consideración a la libertad — inherente a la condición humana—, cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos. La libre locomoción está consagrada en varios convenios y pactos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), cuyo artículo 13 señala que “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968, que en su artículo 12 indica: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él ...”. Añade esta última declaración que el enunciado derecho y los que con él se relacionan “no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto”. (C. Const. Sent. T­518, sep. 16/92. M.P. José Gregorio Hernández Galindo). ART. 99.—Los reglamentos no pueden estatuir limitación al ejercicio de la libertad de locomoción, en cuanto a tránsito terrestre de vehículos y peatones, sino para garantizar la seguridad y la salubridad públicas. Conc.: C.N. art. 24. ART. 100.—*(La regulación del tránsito aéreo, marítimo y fluvial, de no figurar en la ley, sólo podrá adoptarse por el Gobierno Nacional)*. El tránsito terrestre podrá ser objeto de reglamentos nacionales y locales. *NOTA: el inciso primero del artículo 100 fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, Sentencia de abril 21 de 1982.
CAPÍTULO II De la libertad de residencia ART. 101.—El escogimiento del lugar de residencia permanente o transitoria es libre para todos los habitantes del territorio nacional. La prohibición de residir en determinado lugar y el confinamiento sólo puede imponerse como pena o medida correctiva en los casos previstos por la ley, lo que no afecta el cumplimiento de las limitaciones legales o reglamentarias para la protección de la seguridad, de la tranquilidad y de la salubridad pública. Conc.: arts. 72 a 85. C.N. art. 24. CAPÍTULO III De la libertad de reunión ART. 102.—Toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin lícito. Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado personalmente ante la primera autoridad política del lugar. Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por tres personas. Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación. Cuando se trata de desfiles se indicará el recorrido prospectado. INC. 4°.—Modificado. D. 522/71, art. 118. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del aviso la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, modificar el recorrido del desfile, la fecha, el sitio y la hora de su realización. Si dentro de ese término no se hiciere observación por la respectiva autoridad, se entenderá cumplido el requisito exigido para la reunión o desfile. Conc.: D. 522/71, art. 15. C.N. ART. 37.—Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. COMENTARIO.—El derecho de reunión "ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en las campañas electorales y también de los movimientos cívicos u otras manifestaciones legítimas de apoyo y protesta". (C.Const. Sent. C­024, ene. 27/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero). ART. 103.—Cuando durante la reunión se intercale un espectáculo, para efectuarlo se necesita previo permiso de la autoridad competente. Conc.: arts. 133 a 170.
ART. 104.—Toda reunión o desfile públicos que degenere en tumulto o cause intranquilidad o inseguridad públicas será disuelto. No se adelantará procedimiento alguno contra las personas que acaten las órdenes de la autoridad. En caso contrario serán puestas a disposición de la autoridad competente. Conc: C.N. art. 37. ART. 105.—La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación. Igualmente podrá tomar la misma medida cuando la reunión o desfile no cumplan los objetivos señalados en el aviso. COMENTARIO.—Con relación al derecho de reunión la Corte Constitucional realizando un estudio sobre los cambios que la Constitución de 1991 trae sobre este derecho, ha señalado: “En adelante, sólo el legislador podrá establecer los casos en los cuales puede limitarse el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Aunque la norma aprobada no consagre expresamente las figuras de aviso o notificación previa para las reuniones públicas, como sí lo hacen otras constituciones europeas y latinoamericanas, la facultad otorgada por la Constitución de 1991 al legislador le permitirá reglamentar el derecho y establecer el aviso previo a las autoridades, determinar los casos en que se requiere y la forma como debe presentarse para informar la fecha, hora y lugar de la reunión o la manifestación. Es importante señalar, que la finalidad del aviso previo, a la luz de la Constitución de 1991, no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida. Tiene por objeto informar a las autoridades que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias’’. (C. Const., Sent. T­456, jul. 14/92, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein y Eduardo Cifuentes Muñoz). ART. 106.—Si en el momento de efectuarse reunión o desfile previamente anunciados, se advierte que las personas llevan armas, o cualesquiera otros objetos que puedan utilizar para agredir a otros o para dañar la propiedad pública o privada, se procederá inmediatamente a retirar tales armas u objetos a las personas que los porten o a disolver la reunión o el desfile, según las circunstancias. Conc: C.N. art. 37. ART. 107.—La persona que con ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes penales o de policía, será capturada y puesta a órdenes de la autoridad competente. Conc: C.N. art. 37. CAPÍTULO IV De la libertad de comercio y de industria ART. 108.—Dentro de los límites que la ley establece, la policía protegerá la libertad de comercio e industria. El Presidente de la República, en lo nacional; las asambleas departamentales y los concejos, en lo local, en ausencia de ley, señalarán, en reglamento de
carácter general, las prohibiciones tendientes a evitar toda acción ejercida por particulares y que constituya una maniobra contra esas libertades. Conc.: art. 109. C.N. ART. 333, INC. 4º—El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. ART. 109.—En desarrollo de la facultad de que trata el artículo anterior, podrán acordarse en los reglamentos de policía medidas tendientes a impedir la destrucción intencional de productos alimenticios u otros de interés general, la repartición de zonas, el acaparamiento, el agiotaje, las falsas noticias tendientes a alterar los precios y, en general, los actos que impidan la concurrencia comercial. Conc.: art. 108. D.E. 3644/82 ART. 110.—La publicidad con fines comerciales podrá ser limitada por reglamento con el fin de que por este medio no sean sorprendidos en su buena fe los compradores o consumidores. El anuncio de productos capaces de inducir a vicio, o nocivos de la salud podrá ser materia de reglamentación y aun de prohibición. D.E. 3466/82. ART. 17.—Leyendas y propagandas especiales. Tratándose de bienes o servicios que, por su naturaleza o componentes, sean nocivos para la salud, deberá indicarse claramente y en caracteres perfectamente legibles, bien sea en sus etiquetas, envases o empaques o en un anexo que se incluya dentro de éstos, su nocividad y las condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como las contraindicaciones del caso. En la propaganda comercial que se haga de aquellos bienes o servicios, se advertirá claramente al público acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto así como las contraindicaciones del caso. Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en avisos que se fijen en sitios visibles al público, o en sus etiquetas, envases o empaques, si se trata de productos perecederos procesados o transformados, envasados o empacados. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno podrá prohibir o someter al cumplimiento de requisitos especiales la propaganda comercial de todos o algunos de los bienes y servicios de que trata el presente artículo. ART. 111.—Los reglamentos de policía local podrán señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas. ART. 112.—Derogado. D. 2737/89, nov. 27, art. 353.
NOTA: El artículo anterior establecía: "En ningún establecimiento donde se consumen exclusivamente bebidas alcohólicas, se permitirá la presencia de menores de dieciocho años". ART. 113.—Por motivos de tranquilidad y salubridad públicas, los reglamentos de policía podrán prescribir limitaciones a la venta de artículos, así como señalar zonas para los establecimientos fabriles y para el expendio de ciertos comestibles. Los locales de la industria y el comercio, y los establecimientos para servicio del público, deberán cumplir las condiciones de seguridad e higiene indicadas en los reglamentos de policía local. Conc.: D.E. 3644/82. ART. 114.—No podrá establecerse depósito de explosivos o de materias inflamables, ni industria expuesta a peligro de explosión o de incendio, ni la que produzca emanaciones dañinas para las cosas o peligrosas para la salud de los habitantes, sino de acuerdo con lo que se disponga en los reglamentos de policía local. ART. 115.—Las platerías y joyerías, las tiendas de antigüedades, los expendios de objetos usados y las prenderías, deberán mantener a disposición de las autoridades de policía las facturas de adquisición de esas mercancías y las copias de la factura de venta o reventa de los artículos. Si se trata de objetos elaborados por quien los da a la venta, deberá exhibirse la factura de compra de la materia prima empleada en el proceso de fabricación. Cuando la mercancía proceda del extranjero, podrá exigirse del comerciante la exhibición de los correspondientes documentos de importación y de nacionalización. ART. 116.—Las normas de policía local reglamentarán el ejercicio del oficio de vendedor ambulante. ART. 117.—Derogado. L. 232/94, dic. 26, art. 6º. NOTA: El texto de la norma anterior establecía: "Los establecimientos comerciales requieren permiso para su funcionamiento. El permiso se otorgará, en cada caso, de acuerdo con las prescripciones señaladas en los reglamentos de policía local". ART. 118.—La policía de vigilancia, podrá verificar en cualquier momento la exactitud de las pesas y medidas que se hallen en los establecimientos comerciales. Igualmente, la policía de vigilancia podrá hacer indagaciones para verificar el cumplimiento de los precios, tarifas y tasas asignadas a la prestación de los distintos servicios públicos y de los precios autorizados para la venta de alimentos y otros artículos señalados por la ley como de primera necesidad. ART. 119.—El sistema métrico decimal es el aplicable en las distintas operaciones de comercio. Conc.: 118.
ART. 120.—Corresponde a la policía hacer efectivas las disposiciones sobre circulación de monedas y billetes legítimos, en todo convenio o negocio comercial. En las disposiciones de policía local se señalarán los procedimientos aplicables en esta materia. ART. 121.—La ubicación de fábricas y de comercios estará sujeta a los reglamentos nacionales o locales sobre utilización de terrenos urbanos y rurales. Conc.: L. 388/97. CAPÍTULO V Del derecho de propiedad ART. 122.—La policía no puede intervenir para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, sino por vía de seguridad, salubridad y estética públicas. C.N. ART. 58.—Reformado. A.L. 01/99, art. 1º. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. NOTA: En el Diario Oficial 43.654 de agosto 4 de 1999 se publicó el Acto Legislativo 01 de 1999. Por error de trascripción de los originales se publicó el encabezado erróneamente con el título “Proyecto de Acto Legislativo 01 de 1999” siendo el correcto “Acto Legislativo 01 de 1999”. Por lo anterior se volvió a publicar en su totalidad en el Diario Oficial 43.662 de 10 de agosto de 1999. ART. 123.—Los monumentos históricos y los lugares artísticos de interés general serán protegidos por la policía sin las limitaciones establecidas para las demás propiedades. Conc.: D. 329/97. ART. 124.—A la policía le corresponde de manera especial prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público. Conc.: C.N. art. 58, L. 472/98. C.N.
ART. 63.—Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. BIENES SUSCEPTIBLES DE PRESCRIPCIÓN C.C. ART. 2518.—Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. BIENES IMPRESCRIPTIBLES C.C. ART. 2519.—Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso. COMENTARIO.—El derecho de propiedad de los bienes de uso público, es un derecho especial y particular, pues es la Nación la titular de los bienes de uso público por mandato constitucional y legal. Este derecho real, no puede ser estudiado con ocasión del derecho de propiedad consagrado en el artículo 58 de la Constitución, sino que es otra forma de propiedad, consagrado en el artículo 63 de la Carta Política. En particular, sobre los bienes de uso público, la Corte ha señalado: "al Estado corresponde el derecho y el deber de velar por la integridad de esos bienes de uso público. Si, además, esos bienes se ligan con la recreación (C.N., art. 52) con la función ecológica de la propiedad (C.N., art. 58), con la conservación de las áreas de especial importancia ecológica (C.N., art. 79) con la prevención del deterioro ambiental, protección de ecosistemas y garantía del desarrollo sostenible (C.N., art. 80), ello implica adicionalmente el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso público, el cual prevalece sobre el interés particular (art. 82 ibídem)". (C. Const., Sent. T­572, dic. 9/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero). ART. 125.—La policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación. NOTA: El amparo policivo de perturbación a la posesión o mera tenencia es diferente al proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, para mayor información sobre este último proceso policivo puede consultarse el suplemento de esta obra y especialmente, la Ley 57 de 1905, y demás normas pertinentes. Conc.: 126. DEFINICIÓN C.C.
ART. 762.—La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. MERA TENENCIA C.C. ART. 775.—Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. PERMANENCIA DE LA MERA TENENCIA C.C. ART. 777.—El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión. COMENTARIO.—El amparo policivo de perturbación a la posesión o mera tenencia, se encuentra establecido en el Código Nacional de Policía como un mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de hecho que el poseedor o tenedor ejerce sobre un bien inmueble o mueble, sin que importe en cada caso concreto la valoración jurídica relativa al derecho real o personal que el actor pudiera tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, etc.). En necesario aclarar que en el “amparo policivo” no se discute ni decide sobre la fuente del derecho que protege al actor o a sus contradictores (art. 126), sino que se busca preservar o restablecer la situación de hecho al estado anterior (statu quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el bien. ART. 126.—En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo. Conc.: art. 125. ART. 127.—Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa. Conc.: 125 y 126. COMENTARIO.—La Corte Constitucional sobre la posesión ha señalado lo siguiente: "En materia policiva, la ley consagra el amparo posesorio como instrumento para conservar la posesión, y acciones para recuperarla, como en el evento de su despojo, el lanzamiento por ocupación de hecho. (...) Pero cabría preguntarse, en relación con los otros medios de defensa judicial en cabeza de quien ha sido afectado por una decisión en virtud de la cual ha perdido la posesión "arbitrariamente", tales como la acción reivindicatoria ¿si será justo y jurídico enviar al dueño y poseedor del inmueble a un proceso ordinario reivindicatorio, por haber sido despojado de su predio mediante lanzamiento por ocupación de hecho totalmente arbitrario? Esta Sala, reiterando la doctrina de la corporación, considera que como las decisiones que
ponen término a un proceso civil de policía (el cual se inicia con la querella), no son objeto de recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa por expresa disposición legal (CCA., art. 82), en consecuencia, estas actuaciones administrativas de carácter policivo son susceptibles de control constitucional por vía de la acción de tutela, en especial en el evento de una vulneración de los derechos constitucionales fundamentales". (C. Const., Sent. T­431, oct. 11/93. M.P. Hernando Herrera Vergara). ART. 128.—Al amparar el ejercicio de servidumbre, el jefe de policía tendrá en cuenta los preceptos del código civil. NOTA: La posibilidad de control del juez constitucional por violaciones al debido proceso ha sido reiterado y complementado en otras providencias, en donde la Corte también ha manifestado que “cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales, excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. (Sents. T­149/98 y T­878/99). Conc.: C.C. arts. 880 y ss. D. 2811/74. DEFINICIÓN C.C. ART. 879.—Servidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño. COMENTARIO.—La jurisprudencia en materia de servidumbres ha establecido: "el amparo policivo cobija sin distinción todas las especies de servidumbres (continuas, discontinuas, aparentes e inaparentes), sin excluir aquellas que solamente puedan adquirirse por medio de un título —discontinuas y continuas inaparentes— porque la necesidad o exigencia de la protección no la constituye el virtual derecho real existente sobre el inmueble, sino su ejercicio como simple expresión material de manifestación o efecto externo; por lo tanto, en caso de usurpación, negación o perturbación en el goce de una servidumbre es procedente el amparo policivo con la finalidad de restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del despojo o perturbación por la actividad de un tercero. Es por ello que el artículo 128 del Código de Policía al referirse a la circunstancia de “amparar el ejercicio de una servidumbre”, no advierte nada sobre la protección del derecho real que ella eventualmente conlleva". (C. Const., Sent. T­572, dic. 9/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero). ART. 129.—La protección que la policía preste al poseedor, se dará también al mero tenedor. NOTA: Las diferencias entre la posesión y la mera tenencia radican en el elemento intencional que las diferencia, ya que en la posesión no basta la tenencia material, sino que se requiere el ánimo de señor y dueño. ART. 130.—La policía velará por la conservación y utilización de las aguas de uso público. En consecuencia, el jefe de policía deberá evitar el aprovechamiento de dichas aguas, cuando no se haya obtenido el correspondiente permiso y velará por el cumplimiento de las condiciones impuestas en él y en las mercedes de aguas.
Conc.: D. 2811/74. ART. 131.—Cuando se trate de diligencias tendientes a verificar el estado y la tenencia, de inmuebles frente a actos de perturbación, se practicará siempre una inspección ocular con intervención de peritos, y se oirá dentro de tal inspección a los declarantes que presenten el querellante y el querellado. Conc.: C.C. 762 y 775. ART. 132.—Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición *(y también de apelación para ante el respectivo gobernador)*. *NOTA: El aparte entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, Sentencia C­643, septiembre 01 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Conc: C.N. art. 63. CAPÍTULO VI De los espectáculos ART. 133.—Corresponde a la policía asegurar el orden en los espectáculos. Conc.: arts 134 y ss. ART. 134.—Se entiende por espectáculo la función o representación que se celebra en teatro, circo, estadio, plaza, salón o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlo u oírlo. ART. 135.—Si la función o representación se limita a determinadas personas, las disposiciones de este capítulo no son aplicables. ART. 136.—Son deberes del empresario de espectáculo que se celebre con fines de lucro: a) Presentar el espectáculo ofrecido en el sitio, día, y hora anunciados; b) Asegurar el normal desarrollo de la función o representación; c) Otorgar al público suficientes condiciones de visibilidad, audición y comodidad, y d) Reservar para los asistentes los sitios previamente ofrecidos según lo anotado en el billete de entrada. Conc.: art. 134. ART. 137.—Los espectadores están obligados a guardar la compostura y el decoro debidos. Las expresiones de entusiasmo o de desaprobación son toleradas en cuanto no alteren la tranquilidad o la seguridad de los asistentes. COMENTARIO.—El mantenimiento de la tranquilidad como elemento indispensable del orden público, corresponde, en principio a las autoridades de policía, quienes en ejercicio de las facultades constitucionales pueden, a través
de medidas generales y particulares limitar el ejercicio de algunas libertades, entre otras las relacionadas con el derecho de expresión y reunión. ART. 138.—Quien promueva la presentación de un espectáculo deberá dar aviso escrito o solicitar permiso, según el caso, con cuarenta y ocho horas de anticipación al alcalde, con indicación del lugar en que va a llevarse a cabo, la clase de espectáculo y un cálculo prudencial del número de espectadores, si se trata de función o representación en sitio abierto. Para funciones programadas periódicamente, bastarán los anuncios publicados en la prensa o por otro medio de publicidad. Conc.: art. 134. ART. 139.—El recaudo de impuestos o gravámenes que se causen por la celebración de espectáculos o sobre el precio de las boletas se regirá por las disposiciones nacionales o locales sobre la materia. ART. 140.—La policía intervendrá para garantizar que ninguna persona entre al lugar en donde se celebre un espectáculo sin billete y para que el público respete las indicaciones de porteros y acomodadores. Conc: arts. 134 y 137. ART. 141.—El empresario sólo puede vender o distribuir hasta el número de billetes que correspondan a la capacidad del lugar destinado al espectáculo. Conc: arts. 134 y 136. ART. 142.—La policía de vigilancia impedirá el cobro de derechos de entrada distintos a los autorizados. Conc: art. 140. ART.143.—Los funcionarios de la policía uniformada podrán entrar a los sitios en que se realicen espectáculos en cualquier momento, únicamente para fines del servicio; si lo hacen como espectadores, deberán cumplir con las condiciones exigidas a las demás personas. Conc: art. 134. ART. 144.—El jefe de la policía impedirá la realización de espectáculos en recinto o lugar impropio o que no ofrezca la debida solidez o que no cumpla con los requisitos de la higiene. También podrá impedir los espectáculos que sometan a gran riesgo a los espectadores. Igualmente, se impedirá la ejecución de espectáculos con fines de lucro en los que se exhiban personas con deformaciones o anormalidades. Conc: art. 134. ART. 145.—Por motivos de orden público, la policía podrá aplazar la presentación de un espectáculo o suspender su desarrollo. Conc: art. 134. ART. 146.—La entrada a espectáculos distintos de los deportivos, que se inicien después de las nueve de la noche, queda prohibida para menores de
catorce años, cuando no estén acompañados de sus padres o parientes mayores de edad. Conc: art. 134. ART. 147.—Salvo reglamentación especial en contrario, de carácter local, cuando un espectáculo se suspenda después de iniciado, sin que haya mediado fuerza mayor o cuando no se realice en la fecha y hora señaladas, se reintegrará el valor de lo pagado. Conc: arts. 134 y 212 Num. 4°. ART. 148.—Los espectáculos deportivos, las riñas de gallos y otros similares se rigen por reglamentos especiales en cuanto no se opongan a lo previsto en este capítulo. NOTA: Con relación a las riñas de gallos y su reglamentación, puede consultarse en el suplemento de esta obra la Resolución 682 de abril 4 de 2000, expedida por la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., Ecosalud S.A.. Res. 682/2000 ART. 1º—Definición y descripción del juego. El juego de “riña de gallos” se realiza en un recinto o área cubierta de tierra, arena, o tapete denominado “ruedo” donde se colocan a reñir simultáneamente dos o más gallos con espuelas naturales, de carey, acrílicas, plásticas transparentes y sin alma metálica. Este sitio está rodeado de una valla al cual ingresan los jueces. Se contará con un mínimo de dos (2) jueces que tendrán las mismas atribuciones y funciones, los cuales sentenciarán las peleas. Los gallos deberán ser pesados en presencia de los jueces antes de iniciar la riña con el objeto de verificar que alguno de los gallos no supere al otro en más de una (1) onza de peso; en caso de que alguno de los contendores sea inferior en peso en más de una (1) onza o en talla, se dará aviso a su representante para que éste manifieste si está de acuerdo en la realización de la riña. Acto seguido, se deberá anotar en el tablero la diferencia y comunicar al público dicha circunstancia, para que hagan las apuestas de conformidad con la diferencia. De igual manera se deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos: — Cuando el juez conozca que alguno de los gallos que va a pelear se “corrió” en épocas anteriores, se hará la advertencia al público antes de iniciar la riña. — Los jueces llamarán a riña según el orden establecido en las fichas asignadas por el encargado. — Los jueces harán respetar los turnos asignados en las fichas. — Antes de iniciar la riña, los apostadores deberán concertar sus apuestas. Se permiten también las apuestas abiertas, en el momento de iniciar la riña o durante la realización de la misma. — Los “soltadores” deberán presentar a los jueces los gallos para su revisión y limpieza.
— Deben carearse hasta (3) veces antes de dar inicio a la riña y el momento de soltarlos el juez colocará el reloj en el que se contabilizará el tiempo de duración de la riña, el cual no deberá exceder de quince (15) minutos. — Durante la riña habrá cambio de espuela cuando ésta se caiga, se parta, despunte, se voltee, gire en su base, se doble hacia abajo o lateralmente se astille, siempre y cuando esto suceda durante los primeros (5) minutos de riña. Cuando esto ocurra, el juez decretará una pausa de tres (3) minutos si se trata de una sola espuela y de cinco (5) minutos si son ambas, para efectuar el reemplazo correspondiente. El tiempo a que se hace referencia será contabilizado por el juez. Mientras esto sucede el gallo contendor permanecerá en una canasta. Una vez transcurrido este lapso, la riña continuará en el estado en que se encuentren las espuelas. — Las riñas de gallos determinan por decisión del juez, declarando ganador, perdedor tabla o empate. ART. 149.—Las exhibiciones o representaciones por televisión se regirán por las normas especiales del estatuto de radio y televisión. Conc: D. 1900/90, L. 182/95 y D. 1446/95. a) De la representación de obras de teatro ART. 150.—La representación de obras de teatro es libre, pero los empresarios son responsables con arreglo a las leyes civiles y penales. El director del grupo de teatro podrá señalar la edad de las personas que estén en capacidad de presenciar el espectáculo. Si la representación de la obra contiene infracción de la ley penal, el jefe de policía a petición de persona ofendida suspenderá su repetición mediante resolución motivada y escrita. La decisión policial podrá mantenerse mientras no sea objeto de pronunciamiento en contrario dictado por el juez del conocimiento. L. 397/97. ART. 48.—Fomento del teatro colombiano. Con el fin de salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio teatral colombiano y las obras maestras del repertorio del arte dramático universal, el Ministerio de Cultura convocará anualmente a directores, dramaturgos, autores y actores profesionales pertenecientes a distintas agrupaciones del país, quienes desarrollarán proyectos teatrales que serán difundidos en los órdenes nacional e internacional. b) Del cine ART. 151.—Modificado. D. 2055/70, art. 1°. Ninguna película podrá pasarse por cinematógrafo, en sala o sitio abierto al público sin autorización previa del comité de clasificación de películas. Se exceptúa de la prohibición anterior la exhibición de noticieros y de películas que se exhiban en cine­clubes en festivales de cine, siempre que los productores, distribuidores u organizadores las registren en el Ministerio de Comunicaciones con un mes de anticipación por lo menos.
NOTA: El Decreto 358 de 2000, reglamentario de la Ley 397 de 1997, por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, desarrolló todo lo relacionado con la conservación, preservación y divulgación de las obras cinematográficas, para mayor información puede consultar el suplemento de esta obra. Conc: D. 2200/91 y D. 358/2000. ART. 152.—Modificado. D. 2055/70, art. 2°. El comité de clasificación de películas estará integrado por cinco miembros, así: Un experto en cine, un abogado, un sicólogo, un representante de la asociación de padres de familia y un representante de la Curia Arquidiocesana de Bogotá. NOTA: El Decreto 358 de 2000, reglamentario de la Ley 397 de 1997, por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, desarrolló todo lo relacionado con la conservación, preservación y divulgación de las obras cinematográficas, para mayor información puede consultar el suplemento de esta obra. ART. 153.—Modificado. D. 2055/70, art. 3°. Los miembros del comité de clasificación serán nombrados directamente por el gobierno, excepto el representante de la Curia, que será designado por el Arzobispado, y el de la asociación de padres de familia, que será escogido por el gobierno de terna que le enviará dicha asociación. El período de los miembros del comité es de dos años, pero podrán ser removidos en caso de incumplimiento de sus funciones. El gobierno fijará la remuneración de los miembros del comité, hará las operaciones presupuestarias indispensables para atender su pago y reglamentará sus funciones. Igualmente, señalará los deberes de los distribuidores y exhibidores de películas en lo relacionado con la materia. D. 358/2000. ART. 25.—Período y remuneración. El período de los miembros del comité de clasificación de películas será de dos (2) años, quienes serán removidos en cualquier tiempo por incumplimiento de sus funciones. La inasistencia a tres (3) sesiones del comité se considera incumplimiento de funciones. Compete al Gobierno Nacional fijar la remuneración de los miembros del comité de clasificación de películas. ART. 154.—Modificado. D. 2055/70, art. 4°. Son funciones del comité de clasificación de películas: a) Preparar un sistema de clasificación de las películas teniendo en cuenta la edad de los espectadores. El Ministerio de Comunicaciones aprobará dicho sistema, pudiendo modificarlo, y b) Decidir sobre la clasificación de cada película. D. 358/2000. ART. 30.—Procedimiento para la clasificación de películas.
1. Para obtener la clasificación de una película, deberán presentarse ante la secretaría del comité los siguientes documentos: a) Solicitud de clasificación suscrita por el productor, distribuidor o exhibidor, o por un representante suyo; b) Ficha técnica de la película, de acuerdo con los formularios elaborados por el Ministerio de Cultura, y c) Recibo de pago de los derechos de clasificación. 2. La secretaría radicará y numerará las solicitudes presentadas en debida forma. 3. El primer día hábil de cada semana, la secretaría expondrá a los miembros la lista de películas en turno para clasificación, el cual será fijado siguiendo de manera estricta el orden cronológico de recibo de solicitudes. La secretaría adjuntará para las sesiones del comité copia de la ficha técnica de cada película, objeto de clasificación. 4. La exhibición de las películas ante el comité de clasificación deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma. Copia de la película en su soporte original deberá entregarse por el solicitante a la secretaría, cuando menos con un día de antelación a la exhibición ante el comité. 5. Una vez exhibida la película y efectuada la deliberación, el comité procederá a otorgar la clasificación. Con este objeto, se suscribirá un acta por los miembros asistentes a la sesión, quienes pueden hacer constar sus salvedades de voto. 6. Suscrita el acta de que trata el numeral anterior, en la misma sesión la secretaría notificará al interesado, si estuviere presente o, de ser el caso, tuviere poder expedido de conformidad con las normas legales para recibir la notificación. En caso contrario se seguirá el procedimiento de notificación dispuesto en el Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo modifiquen o adicionen. 7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5º de este artículo, en caso de estimarlo necesario, el comité podrá clasificar la película en un término no superior a quince (15) días hábiles siguientes a primera exhibición ante él, caso en el cual se continuará con el proceso de notificación. En todo caso, pasados quince (15) días a partir de la exhibición de la película ante el comité, sin que se hubiere otorgado la clasificación, aquélla se considera permitida para personas mayores de doce (12) años y autorizada su exhibición. 8. Contra las decisiones que adopte el comité de clasificación de películas proceden el recurso de reposición ante el mismo órgano y el de apelación ante el Ministro de Cultura, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo modifiquen o adicionen. ART. 155.—Modificado. D. 2055/70, art. 5°. Las películas se clasificarán: 1. Para niños. 2. Permitidas para mayores de doce años.
3. Permitidas para mayores de diez y ocho años. 4. Prohibidas. ART. 156.—Modificado. D. 2055/70, art. 6°. Sólo podrán ser prohibidas las películas que inciten al delito o hagan su apología. ART. 157.—Los exhibidores de películas están obligados a: 1. Abstenerse de exhibir o anunciar públicamente películas que no hayan sido clasificadas por el comité. 2. Abstenerse de exhibir en un mismo espectáculo películas de diferentes clasificaciones o acompañarlas de avances o documentales que no concuerden con la clasificación de las mismas, a menos que el espectáculo se anuncie con la clasificación o la edad mayor correspondiente. 3. Impedir la entrada a los espectáculos cinematográficos de personas menores de la edad indicada en la respectiva clasificación. 4. Abstenerse de emplear medios publicitarios engañosos, tales como anunciar una película con la clasificación diferente a la fijada por el comité o anunciarla sin la respectiva clasificación. 5. Abstenerse de publicar avisos de películas con leyendas o dibujos pornográficos o que inciten al crimen. NOTA: El Decreto 358 de 2000, reglamentario de la Ley 397 de 1997, por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, desarrolló todo lo relacionado con la conservación, preservación y divulgación de las obras cinematográficas, para mayor información puede consultar el suplemento de esta obra. Conc: D. 2200/91. ART. 158.—A los infractores a lo dispuesto en los artículos 151 y 157 se les impondrá, según la mayor o menor gravedad de la infracción, multas de mil a diez mil pesos. En caso de reincidencia se impondrá, además, cierre temporal de la sala por un término hasta de seis meses. Igualmente podrán suspenderse las exhibiciones que violen lo dispuesto en los artículos citados. Conc: arts. 151 y 157. D. 358/2000. ART. 159.—El comité de clasificación de películas no podrá ordenar la supresión de determinadas escenas. Su facultad se limita a prohibir o autorizar su exhibición. Conc: D. 358/2000. c) De las corridas de toros ART. 160.—Los espectáculos taurinos podrán ser: Corridas de toros de primera y segunda categoría: corridas de novillos con picadores; novilladas sin picadores; corridas bufas y festivales.
Conc: L. 427/98. ART. 161.—No podrá anunciarse ningún espectáculo taurino sin previo permiso del alcalde. La solicitud para obtener el permiso de anuncio deberá contener, por lo menos, indicación de la clase de espectáculo, el nombre o nombres de las ganaderías cuyas reses se pretende lidiar y el nombre completo de los espadas o matadores que habrán de actuar. Cuando se trate de una serie de espectáculos, la solicitud de permiso para anunciarlos deberá indicar además las fechas en las que habrán de realizarse las corridas. ART. 162.—La solicitud del permiso para celebrar el espectáculo taurino deberá acompañarse de una copia del permiso concedido para anunciarlo y de las certificaciones del ganadero o ganaderos relativas a la sanidad y edad de las reses que vayan a lidiarse y a las constancias de las cuadrillas de haberles sido satisfechos los honorarios por el empresario. Conc: L. 427/98. L. 427/98. ART. 13.—Programas sanitarios. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la entidad adscrita correspondiente, conjuntamente con el fondo nacional del ganado y Fedequinas, diseñarán y pondrán en marcha planes y programas sanitarios de aplicación inmediata, con el fin de disminuir hasta la erradicación final las enfermedades que afectan el subsector pecuario y equino, para conservar y propagar estas razas puras y así cumplir las exigencias sanitarias internacionales para poder participar en estos mercados con competitividad. ART. 163.—Cuando sea necesario sustituir uno de los matadores anunciados o por lo menos la mitad de las reses que figuren en el cartel, el empresario lo hará conocer por todos los medios a su alcance y cualquier espectador tendrá derecho a que se le devuelva el importe de su localidad hasta una hora antes de la señalada para iniciarse la función. ART. 164.—Iniciada la venta de boletas, no podrá suspenderse ningún espectáculo taurino, debidamente anunciado, sin permiso del alcalde. ART. 165.—Las reses que se destinen para la lidia en corridas de primera categoría deberán tener más de cuatro años y menos de siete y un peso mínimo, en vivo, de 435 kilogramos. Las reses que se destinen para ser corridas en novilladas con picadores, deberán tener un peso mínimo, en vivo, de 375 kilogramos. Para las corridas de toros que se anuncien como de segunda categoría, las reses podrán tener un peso mínimo, en vivo, de 400 kilogramos. ART. 166.—Modificado. D. 522/71, art. 119. En cada municipio en donde exista plaza permanente de toros, habrá una comisión taurina integrada por dos veterinarios y tres aficionados de reconocida competencia designados por el alcalde y por sendos representantes de los criadores de reses de lidia y de las agremiaciones de toreros. ART. 167.—La comisión de que trata el artículo anterior asesorará al alcalde en la concesión de permisos para anunciar y celebrar espectáculos taurinos y será
la encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones anotadas en este capítulo y de las que señalen los reglamentos locales. ART. 168.—Los veterinarios practicarán reconocimiento sanitario de las reses veinticuatro horas antes de la señalada para iniciarse la corrida de toros y podrán rechazar aquellas reses que no cumplan los requisitos de sanidad, intangibilidad de las defensas o el peso señalado en los reglamentos. Igualmente los veterinarios practicarán inspección sanitaria a los caballos destinados a la suerte de varas. ART. 169.—Corresponde al alcalde o a un funcionario de policía designado por aquél, la presidencia de todos los espectáculos taurinos. ART. 170.—La asesoría de la presidencia será ejercida por turnos que señalará la comisión taurina municipal por los tres aficionados que la integran. CAPÍTULO VII De los extranjeros ART. 171.—Los extranjeros pueden ejercer los mismos derechos y están protegidos por las mismas garantías reconocidas a los nacionales colombianos, salvo el ejercicio de los derechos políticos que están reservados a los colombianos. C.N. ART. 100.—Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. ART. 172.—Son derechos políticos vedados al extranjero: 1. Participar en elecciones de votación popular. 2. Ser elegido para Presidente de la República, miembro de cualquiera de las cámaras del Congreso, diputado a las asambleas departamentales y concejal. 3. Desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. 4. Participar en la organización o en el funcionamiento de los partidos políticos, de sus agencias o de sus comités. 5. Participar como orador en reuniones públicas de carácter político. 6. Hacer contribuciones de dinero para el sostenimiento de los partidos políticos o para favorecer campañas políticas de cualquier candidato por elegir para la Presidencia de la República o para las corporaciones públicas que se forman por el voto del pueblo. Conc.: C.N. art. 100.
L. 393/97. ART. 173.—No constituye ejercicio de derecho político el dirigir cátedras de ciencia política o ciencias afines, ni la publicación de estudios sobre las mismas materias o la participación en conferencias o discusiones públicas de análoga naturaleza, ni el de acciones públicas instituidas para proteger la constitucionalidad de las leyes u otros actos de la misma categoría o la legalidad de los actos de la administración pública. Conc.: C.N. art. 100. ART. 174.—La pena de expulsión del país no podrá ejecutarse sino después de transcurridos cinco días a partir de aquél en que se haya ejecutoriado la sentencia o resolución que lo imponga. ART. 175.—No podrá imponerse la pena de expulsión del país sino en sentencia judicial dictada en juicio por infracción penal que la autorice. También podrá imponerse mediante resolución motivada de la autoridad de policía legalmente competente y sólo cuando se han ejercido los derechos políticos que les son vedados o por violar las condiciones del permiso de ingreso al país, siempre que consten por escrito aunque no sea en el pasaporte y en cuanto haya testimonio escrito de que fueron debidamente notificadas al beneficiario del permiso. ART. 176.—Contra las resoluciones dictadas por autoridad de policía mediante las cuales se imponga la pena de expulsión del país, habrá recurso contencioso administrativo ante el Consejo de Estado que podrá ejercitarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del acto que la impuso. ART. 177.—El juez o funcionario que imponga la pena de expulsión o la ejecute sin el cumplimiento de las formalidades de que tratan los artículos anteriores quedará incurso en el delito de abuso de autoridad. CAPÍTULO VIII De la prostitución ART. 178.—Modificado. D. 522/71, art. 120. Ejerce la prostitución la persona que trafica habitualmente con su cuerpo, para satisfacción erótica de otras varias con el fin de asegurar, completar o mejorar la propia subsistencia o la de otro. El Estado utilizará los medios de protección social a su alcance para prevenir la prostitución y para facilitar la rehabilitación de la persona prostituida. NOTA: La prostitución ha sido entendida como el comercio sexual del cuerpo de una persona con fines de lucro, dicha actividad es ejercida tanto por las mujeres como por los hombres. ART. 179.—El solo ejercicio de la prostitución no es punible. ART. 180.—Las asambleas departamentales o los concejos podrán reglamentar lo relativo a la prostitución sujetándose a los preceptos de este estatuto y a los reglamentos que dicte el Gobierno Nacional. ART. 181.—La Nación, los departamentos y los municipios organizarán institutos en donde cualquier persona que ejerza la prostitución encuentre medios gratuitos y eficaces para rehabilitarse.
La rehabilitación se ofrecerá por todos los medios que sean posibles sin que tenga carácter imperativo. ART. 182.—El tratamiento médico de las enfermedades venéreas es obligatorio. El que se preste en establecimiento oficial será gratuito así como las drogas que se suministren. ART. 183.—Las autoridades podrán solicitar informaciones respecto del ejercicio de la prostitución con el fin de hallar los mejores medios de rehabilitación de quienes se dedican a ella. LIBRO TERCERO DE LAS CONTRAVENCIONES NACIONALES DE POLICÍA TÍTULO PRIMERO Disposiciones preliminares ART. 184.—Derogado. D. 522/71, art. 137. NOTA: El texto anterior establecía: "Las contravenciones se dividen en contravenciones penales y contravencionales de policía; aquéllas integrarán el libro tercero del Código Penal, y éstas formarán parte del presente estatuto". De las medidas correctivas ART. 185.—Todo el que haya realizado contravención de policía será responsable, salvo en los casos de fuerza mayor, caso fortuito, orden de autoridad y enajenación mental. Conc.: arts. 186 y ss. C.C. ART. 64.—Subrogado. L. 95/890, art. 1º. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. NOTA: La expresión "autos" debe leerse actos. COMENTARIO.—La doctrina y la jurisprudencia han señalado que los elementos constitutivos de la fuerza mayor como hecho eximente de responsabilidad contractual y extracontractual son: la inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. ART. 186.—Son medidas correctivas: 1. La amonestación en privado. 2. La reprensión en audiencia pública. 3. La expulsión de sitio público o abierto al público. 4. La promesa de buena conducta. 5. La promesa de residir en otra zona o barrio. 6. La prohibición de concurrir a determinados sitios públicos o abiertos al público.
7. La presentación periódica ante el comando de policía. 8. La retención transitoria. 9. La multa. 10. El decomiso. 11. El cierre del establecimiento. 12. La suspensión de permiso o licencia. 13. La suspensión de obra. 14. La demolición de obra. 15. La construcción de obra. 16. El trabajo en obras de interés público. 17. Adicionado. D. 522/71, art. 112. Derogado. 2737/89, art. 353. NOTA: El artículo 112 del Decreto 522 de 1971, sobre arresto supletorio fue derogado por el Decreto 2737 de 1989, artículo 353. Conc.: arts. 187 y ss. ART. 187.—Ninguna autoridad de policía podrá imponer medidas correctivas diversas de las previstas en el artículo anterior. NOTA: Las medidas correctivas señaladas en materia policiva son de carácter taxativo, es decir que la autoridad de policía solo puede dar aplicación a las medidas que se han señalado en el Código Nacional de Policía. Sin embargo, nada impide que en otras disposiciones legales se creen nuevas medidas correctivas. Conc.: art. 186. ART. 188.—Cuando según los artículos 8º y 10, el Gobierno Nacional, las asambleas, los concejos, los intendentes y los comisarios especiales expidieren reglamentos de policía no podrá estatuir medidas correctivas distintas a las descritas en este decreto. NOTA: De acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de 1991, las intendencias y comisarías, fueron transformadas en departamentos. ART. 189.—La amonestación en privado se hará de modo que el infractor recapacite sobre la falta cometida y acepte la conveniencia de no reincidir en ella. La represión en público se hará con fines idénticas pero en audiencia celebrada en sitio a donde tenga libre acceso el público. Conc.: art. 201. ART. 190.—La expulsión de sitio público o abierto al público debe estar seguida de amonestación en privado o en audiencia pública. Conc.: arts. 186 y 209. ART. 191.—El cumplimiento de las medidas correctivas de promesa de buena conducta, promesa de residir en otra zona o barrio, de prohibición de concurrir
a determinados sitios públicos o abiertos al público y de presentación periódica ante el comando de policía se asegurará con juramento o caución prendaria de veinte a dos mil pesos. Conc.: art. 186. ART. 192.—La retención transitoria consiste en mantener al infractor en una estación o subestación de policía hasta por 24 horas. Conc.: art. 207. ART. 193.—La multa consiste en imponer al infractor el pago de una suma de dinero no menor de cincuenta pesos ni mayor de mil. El pago de una multa se hará al correspondiente tesorero municipal. La cuantía de la multa se regulará teniendo en cuenta la capacidad económica del infractor. Al notificarse la resolución, o cuando el multado manifieste que se encuentra en estado de insolvencia, aquélla se convertirá en trabajo, en obras de interés público o en suspensión de permiso o licencia, según el caso. Conc.: arts. 210, 211 y 212. ART. 194.—El decomiso se impondrá mediante resolución motivada y en ella se dispondrá que los bienes se vendan en pública subasta o que se entreguen, previo recibo y demás formalidades de rigor, a un establecimiento de asistencia pública, a menos que pertenezcan a un tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta, en cuyo caso se le entregarán. El producto de la subasta se llevará a la tesorería del correspondiente municipio. Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en mal estado, la policía procederá a destruirlos en presencia del tenedor de esos artículos. Conc.: art. 213. ART. 195.—El cierre del establecimiento consiste en suspender la actividad a que esté dedicado el infractor por término no mayor de siete días. Para asegurar su cumplimiento se fijarán sellos o medios adicionales de seguridad, como candados o nuevas cerraduras, cuyas llaves se conservarán en el comando de policía. Conc.: art. 208. ART. 196.—La suspensión de permiso o licencia, que no excederá de treinta días, inhabilita a su titular para ejercer por el lapso correspondiente la actividad que aquél autorizaba. El documento en el que conste el permiso se retendrá por término igual al señalado en la medida. Conc.: art. 214. ART. 197.—La suspensión de obra se prolongará hasta cuando cesen las causas que la motivaron. Conc.: art. 215.
ART. 198.—La demolición, la construcción o la reparación de la obra se ejecutará dentro del plazo fijado en la orden. Salvo disposición en contrario, en caso de incumplimiento la demolición, la construcción o la reparación, se hará por empleados municipales a costa del infractor. Si éste no paga dentro del término señalado, el reembolso se perseguirá por la vía de la jurisdicción coactiva. En la orden se exigirá otorgamientos de caución para asegurar su cumplimiento. Conc.: art. 216 y 217. L. 9ª/89 y L. 388/97. ART. 199.—Modificado. D. 522/71, art. 122. Cuando deba otorgarse caución, ésta consistirá en depósito en la tesorería municipal, en dinero efectivo, en cédulas hipotecarias o en títulos de deuda pública por su valor nominal, o en fianza bancaria o de compañía de seguros, o de dos personas de solvencia abonada. Cuando la caución exceda de quinientos pesos y no se otorgue dentro del plazo señalado se impondrá arresto supletorio de un día por cada cien pesos. Si la caución es de quinientos pesos o menos se impondrá trabajo en obras de interés público en la misma proporción. ART. 200.—Modificado. D. 522/71, art. 123. El trabajo en obras de interés público consiste en la ejecución de tareas que beneficien al municipio o a la comunidad; su duración no excederá en conjunto de cuarenta y ocho horas y se impondrá teniendo en cuenta el oficio, profesión o habilidad del infractor. La tarea se ejecutará sucesivamente por horas al día y de modo que no interfiera la ocupación habitual del infractor. Cuando el infractor no cumpla con el trabajo en el tiempo fijado y del modo prescrito se le impondrá arresto supletorio por cinco días. TÍTULO SEGUNDO De las contravenciones CAPÍTULO I De las contravenciones que dan lugar a amonestación en privado ART. 201.—Compete a los demandantes de estación y de subestación amonestar en privado: 1. Al que en vía pública riña o amenace a otros. 2. Al que deje vagar ganados por calles, plazas, parques, zonas de los ferrocarriles y otros lugares semejantes. Conc.: arts. 189 y 219. CAPÍTULO II De las contravenciones que dan lugar a reprensión en audiencia pública ART. 202.—Compete a los comandantes de estación y de subestación reprender en audiencia pública:
1. Al que perturbe la tranquilidad en recinto de oficina pública, o durante espectáculos o reuniones públicas. 2. Al tenedor de animal feroz o dañino que lo deje suelto en lugar público, o lo mantenga en lugar privado sin las precauciones necesarias para que no cause daño. 3. Al que de noche permita fiesta o reunión ruidosa, que moleste a los vecinos, o de cualquier modo perturbe la tranquilidad del lugar con gritos, cantos u otros actos semejantes o con aparatos emisores de voces o de notas musicales. 4. Al que use motor sin filtro silenciador o instalación eléctrica que interfiera las recepciones de radio o televisión de los vecinos. 5. A los padres que permitan a sus hijos intranquilizar al vecindario con sus juegos o travesuras. Conc.: arts. 134, 219 y 227. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR ANIMAL FIERO C.C. ART. 2354.—El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga; y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. COMENTARIO.—La Corte Constitucional ha señalado con relación a la tranquilidad en materia policiva lo siguiente: "la tranquilidad; como elemento esencial del orden público implica el mantenimiento de unas condiciones que permitan la habitual convivencia y el desarrollo personal de los miembros de la comunidad. Si bien es cierto que por el hecho de vivir en sociedad los ciudadanos individualmente considerados aceptan algunas restricciones al ejercicio de sus derechos y libertades, las perturbaciones que los terceros causen al ejercicio de sus derechos no pueden sobrepasar los límites de normalidad. En caso de que las condiciones de convivencia social se alteren en forma anormal o extraordinaria corresponde a las autoridades de policía eliminar tales perturbaciones, adoptando las medidas necesarias para restablecer el orden". (C. Const., Sent. T­113, ene. 31/2001. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez). CAPÍTULO III De las contravenciones que dan lugar a exigir promesa de buena conducta ART. 203.—Compete a los demandantes de estación y de subestación exigir promesa de buena conducta: 1. Al que haya sido amonestado en privado o reprendido en audiencia pública. Conc.: art. 219. CAPÍTULO IV De las contravenciones que dan lugar a exigir promesa de residir en otra zona o barrio ART. 204.—Compete a los comandantes de estación y de subestación exigir promesa de residir en otra zona o barrio:
*(1. Al que en cantina, bares u otros sitios de diversión de negocio situados en el barrio donde tenga su residencia, fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas, hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona indeseable)*. *(2. Al que mantenga amenazadas a personas del barrio o zona donde resida. 3. Al que por su conducta depravada perturbe la tranquilidad de los vecinos de la zona o barrio)*. *NOTAS: 1. El numeral primero del artículo 204 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C­110 de febrero 9 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 2. Los numerales 2 y 3 del artículo 204, fueron declarados inexequibles por la Corte Constituional en Sentencia C­046 de enero 24 de 2001.M.P. Álvaro Tafur Galvis. Conc.: D. 522/71, art. 126. COMENTARIO.—La Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del numeral 1° del artículo 204 estableció: "La norma, que fue dictada con anterioridad a la Constitución actual, describe la conducta que da lugar a la imposición de la sanción contravencional en forma vaga y generalizada, dado que alude a quien fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas, sin determinar si dicha conducta puede ser ocasional o si se requiere de actos reiterados, quedando a juicio de las autoridades de policía la interpretación libre de dicha norma, lo cual puede prestarse a la adopción de decisiones arbitrarias. (...) estima la Corte que aun cuando la norma acusada puede resultar adecuada para lograr la finalidad de la conservación del orden público, sin embargo, desde las otras perspectivas analizadas resulta irracional y desproporcionada, porque afecta valores y principios constitucionales, en razón de su vaguedad y generalidad, de la indeterminación en el tiempo de la medida correctiva que ella prohija, y del calificativo que se le da a la persona que incurre en la contravención". (C. Const., Sent. C­110, feb. 9/2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell). CAPÍTULO V De las contravenciones que permiten imponer la prohibición de concurrir a determinados sitios públicos ART. 205.—Inexequible. C.Const. Sent. C­087, feb. 2/2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. NOTA: El texto anterior establecía: "Compete a los comandantes de estación y de subestación prohibir la concurrencia a determinados sitios públicos o abiertos al público: 1. Al que por más de dos veces haya dado lugar a graves hechos perturbadores del orden público en esos sitios. 2. Al que por su edad o estado de salud física o mental le sea perjudicial, según dictamen médico, asistir a tales sitios". Conc.: D. 522/71, art. 126. CAPÍTULO VI
De las contravenciones que permiten imponer la presentación periódica ante el comando ART. 206.—Compete a los comandantes de estación y de subestación imponer la presentación periódica ante el comando de policía: 1. Al que reincida en riña o pelea. 2. Al que sea amonestado en privado o reprendido en audiencia pública cuando se considere conveniente. *(3. Al que de ordinario deambula por las calles en actitud de sospechosa inquisición de bienes o personas)*. *NOTA: El numeral 3 del artículo 206 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C­1444, octubre 25 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Conc.: C.N. art. 218. COMENTARIO.—La Corte Constitucional con ocasión del control de constituionalidad del numeral 3 del artículo 206, establece que la función de la Policía Nacional, consagrada en el artículo 218 de la Constitución, no pueden implicar el desconocimiento de los derechos ciudadanos, ni la imposición arbitraria de medidas correctivas, por ello cuando las disposiciones son normas incompletas, vagas e imprecisas, dejan un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad policiva, y presentan una ausencia de elementos objetivos, para imponer o no una medida correctiva. Esto se ve reflejado en la norma cuando dice, "la mera sospecha", es decir, sin que siquiera se exija la producción de actos externos que justifiquen la imposición de la sanción, por tanto, la disposición abre la puerta a la arbitrariedad. CAPÍTULO VII De las contravenciones que dan motivo a retención transitoria ART. 207.—Compete a los comandantes de estación y de subestación aplicar la medida correctiva de retenimiento en el comando: *(1. Al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la policía en el desempeño de sus tareas)*. 2. Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio. 3. Al que por estado de grave excitación pueda cometer inminente infracción de la ley penal. *NOTA: El numeral 1° del artículo 207 fue declarado inexequible por la Sentencia C­199 de mayo 13 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara, por considerar la Corte que "la norma demandada atribuye a una autoridad administrativa la función de ordenar la privación de la libertad, sin previo mandamiento judicial, en aquellas casos en que se irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la policía, en desarrollo de sus funciones, lo cual resulta atentario de la libertad personal y del mandato constitucional que prohíbe la detención sin orden judicial". Conc.: art. 219.
C.N. art. 218. COMENTARIO.—La Corte Constitucional con ocasión de la retención como medida correctiva ha señalado que dicha medida "es legítima y se justifica, para proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad y del mismo individuo, y en particular para garantizar y defender el interés general. Sin embargo, ello no significa que la Corte acepte cualquier causal como fundamento de la retención, ni reconozca un ámbito de abuso desmedido por parte de las autoridades de policía, pues la constitución consagra también “la proscripción de todo acto de coerción física y moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona, sojuzgándola, sustituyéndola, omitiéndola, o reduciéndola indebidamente” (C. Const. Sent. C­301/93. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). CAPÍTULO VIII De las contravenciones que dan lugar al cierre temporal de establecimientos ART. 208.—Compete a los comandantes de estación y de subestación imponer el cierre temporal de establecimientos abiertos al público: 1. Cuando se quebrante el cumplimiento de horario de servicio señalado en los reglamentos de Policía Nacional o de policía local. 2. Cuando el establecimiento funcione sin permiso de la autoridad o en estado de notorio desaseo o cuando la licencia concedida haya caducado. 3. Cuando se ejerza actividades no incluidas en el permiso. 4. Cuando el dueño o el administrador del establecimiento tolere riñas o escándalos. 5. Adicionado. D. 522/71, art. 124. Cuando el dueño o administrador del establecimiento auspicie o tolere el uso o consumo de marihuana, cocaína, morfina o cualquiera otra droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar. COMENTARIO.—La Corte Constitucional ha señalado que es procedente la acción de tutela en los casos en que las normas legales vigentes contemplan como sanción aplicable a empresas o establecimientos industriales o comerciales, el cierre de las mismas, "pues su ejecución está supeditada no solamente al trámite del proceso administrativo correspondiente, con la plenitud de las garantías procesales, sino a la oportunidad de participación efectiva de los trabajadores que puedan verse perjudicados por la medida. Ellos, que normalmente no son responsables por los descuidos del empresario, por su negligencia o por las deficiencias técnicas o industriales susceptibles de crear el daño o el peligro del que se trate, no deben correr con las contingencias de la actuación iniciada sin posibilidad de intervención o sin su audiencia. A ese respecto, en caso similar al presente, la corporación manifestó: “Al haber ignorado la existencia de un crecido número de trabajadores en la fábrica, y por supuesto, al no haberles otorgado posibilidad de participación en el proceso policivo, se desconoció no sólo su derecho al trabajo (CP., art. 25) —que merece la especial protección del Estado—, sino también el del debido proceso, ya que se los condenó al desempleo, con las graves consecuencias personales y familiares que comporta, sin haberlos oído (CP., art. 29). (...) (C.Const. Sent. T­468, jul. 6/99. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
CAPÍTULO IX De las contravenciones que motivan la expulsión de sitio público o abierto al público ART. 209.—La expulsión de sitio público o abierto al público será impuesta por el oficial, suboficial o agente de policía que se halle en el lugar: 1. Al que contraríe la prohibición de fumar. 2. Al que de alguna manera impida o dificulte a otro presenciar tranquilamente el desarrollo de un espectáculo. 3. Al que en establecimiento abierto al público riña o en cualquier otra forma perturbe la tranquilidad. 4. Al que no guarde la debida compostura en ceremonia religiosa o cultural. 5. Al que yendo en vehículo de servicio público ofenda con su conducta a los demás ocupantes. 6. Al que altere o pretenda alterar el turno de fila hecha para entrar a un espectáculo o para realizar diligencia en oficina pública. 7. Al que haya entrado en sitio público o abierto al público contrariando las instrucciones u órdenes de las autoridades, de los empresarios o de sus empleados. Conc.: arts. 134, 145 y 190. NOTA: Con relación al numeral 4° del artículo 209, y especialmente la regulación de libertad religiosa y de cultos puede consultarse la Ley 133 de 1994 que se encuentra en el suplemento de esta obra. CAPÍTULO X De las contravenciones que dan lugar a imponer medida correctiva de multa ART. 210.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cincuenta a cien pesos: 1. Al que no ize la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados por reglamento o resolución de autoridad. 2. Al que vuelque en vía pública caneca o recipiente con basura o las arroje en lugar público. 3. Al que altere las placas de nomenclatura urbana. Conc.: art. 220. ART. 211.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cien a quinientos pesos: 1. Al que utilice título oficial que no tenga o use públicamente insignia, distintivo o uniforme de autoridad que no le correspondan. 2. Al administrador de edificio que no coloque en lugar visible de los ascensores aviso con indicación de su capacidad máxima. 3. Al ascensorista que transporte un número mayor de personas o un peso superior al aforado para el ascensor.
4. Al que dé falso aviso a la policía o al cuerpo de bomberos sobre inundación, incendio u otra calamidad. 5. Al que dañe los árboles plantados en parques y avenidas o cualquier otro bien de ornato público o de comodidad, si el hecho no constituye infracción penal. 6. Al que por más de dos veces incurra en contravención de que conozcan los comandantes de policía. Conc.: art. 220. ART. 212.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de quinientos a un mil pesos: 1. Al dueño o administrador de edificio con ascensor que durante las horas hábiles de trabajo no mantengan abiertas sus puertas que conducen a las escaleras. 2. Al que dañe cualquier vía de conducción de aguas, o elementos destinados a comunicaciones telegráficas, telefónicas, radiales o televisivas, o implementos que sirvan para la conducción de energía eléctrica o fuerza motriz, si el hecho no constituye infracción penal. 3. Al que sin motivo justificado dispare armas de fuego, si tal hecho no constituye infracción penal. 4. Al empresario de espectáculos que diere a la venta un número mayor de billetes al autorizado, o no cumpla con la función anunciada, o retarde su presentación sin justa causa, o cobre precios superiores a los fijados legalmente. Conc.: art. 220. CAPÍTULO XI De las contravenciones que permiten el decomiso ART. 213.—Compete a los alcaldes o a quien haga sus veces, imponer decomiso: 1. De elementos tales como puñales, cachiporras, manoplas, caucheras, ganzúas y otros similares. 2. De tiquetes o boletas para espectáculos cuando se pretenda venderlos por precio superior al autorizado. 3. De bebidas, comestibles y víveres en mal estado de conservación, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar. Conc.: arts. 134, 186. COMENTARIO.—El Consejo de Estado al analizar el tema de decomiso ha señalado que este puede tener diferentes alcances: "El decomiso puede ser una sanción penal en estricto sentido, es decir, criminal cuando se impone en razón de la comisión de un delito, y por tanto judicial, en cuanto le corresponde imponerla a un juez; o una sanción administrativa cuando se causa por una falta administrativa, es decir, por una conducta reprochable pero que no tiene la entidad de delito, y que por lo mismo su reprensión se le ha asignado a las autoridades administrativas. En la legislación nacional, el decomiso
administrativo está previsto de vieja data, no sólo en el campo del comercio exterior o aduanero, sino en otros, como el policivo (artículo 186­10, en concordancia con el artículo 213 del C.N. de P.) y ecológico (artículo 85, numerales 1e) y 1b), de la Ley 99 de 1993)". (C.E. Sec. Primera. exp. 3165. jul. 10/95. M.P. Miguel González Rodríguez). CAPÍTULO XII De las contravenciones que dan lugar a suspensión de permiso o licencia ART. 214.—Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, retirar o suspender licencias o permisos: 1. Al que reincida en los hechos que hayan dado motivo al cierre temporal de su establecimiento. 2. Al que, habiendo obtenido permiso de la autoridad para ejercer oficio o tarea determinados, viole las condiciones de la licencia. 3. Adicionado. D. 522/ 71, art. 125. Al que suministre, auspicie o tolere en su establecimiento el uso o consumo de marihuana, cocaína, morfina o cualquiera otra droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar. CAPÍTULO XIII De las contravenciones que dan lugar a suspensión, a demolición o a construcción de obra ART. 215.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán suspensión de obra: Al que necesitando de permiso para acometer la ejecución de obra, la inicie sin tal permiso o la haya adelantado con violación o desconocimiento de las condiciones fijadas en el permiso. Conc.: art. 220. L. 232/95, D. 2150/95, L. 388/97. ART. 216.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán demolición de obra: 1. Al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la tranquilidad pública. 2. Para contener incendio o cualquier calamidad pública o para evitar mayores daños en estos casos. Conc.: L. 388/97. ART. 217.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán construcción de obra: 1. Al que mantenga los muros de su antejardín o los frentes de su casa o edificio en mal estado de conservación o de presentación. 2. A los dueños de inmuebles que no hayan instalado canales, tubos o cañerías para la conducción de aguas, o los tengan en mal estado. CAPÍTULO XIV
De las contravenciones que dan lugar a imponer trabajo en obras de interés público ART. 218.—Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán trabajo en obras de interés público: Al que habiendo sido multado por la comisión de hechos constitutivos de contravención de policía, no pueda satisfacer oportunamente el valor de la multa. Conc.: art. 200. TÍTULO TERCERO Del procedimiento ART. 219.—Modificado. D. 522/71, art. 128. Compete a los comandantes de estación o de subestación de policía conocer de las faltas para las que sean aplicables las medidas correccionales de amonestación en privado, reprensión en audiencia pública, promesa de buena conducta, presentación periódica, retención y cierre de establecimientos. Conc.: arts. 201, 206 a 208. ART. 220.—Modificado. D. 522/71, art. 129. De las faltas por las que sean aplicables medidas correctivas de promesa de residir en otra zona o barrio, prohibición de concurrir a determinados sitios públicos, multa, decomiso, suspensión de permiso o licencia, suspensión de obra, demolición de obra, construcción de obra y trabajos en obras de interés público, conocerán los alcaldes o quienes hagan sus veces. Conc.: arts. 204, 205, 213 a 215. ART. 221.—Derogado. D. 2737, nov. 27/89, art. 353. NOTA: El texto anterior establecía: "Cuando el infractor sea menor de 16 años, sólo podrá aplicársele una de las siguientes medidas: amonestación en privado, preferencialmente en presencia de sus padres, expulsión del sitio público o abierto al público y prohibición de concurrir a determinados sitios". ART. 222.—El funcionario de policía que haya impuesto medida correctiva podrá en cualquier tiempo hacerla cesar si a su juicio tal determinación no perjudica el orden público. ART. 223.—Cuando se aplique medida correctiva se tendrán en cuenta sus mayores o menores implicaciones con el orden público, la personalidad del transgresor simplemente apreciada, el grado de su educación y las circunstancias de la acción u omisión. ART. 224.—El contraventor deberá ser oído previamente. La presentación de contraventor y testigos ante la autoridad de policía que corresponda, se hará en la forma señalada por los artículos 69 y 70 de este estatuto. Conc.: arts. 69 y 70. C.N. art. 29. ART. 225.—La medida correctiva se aplicará en caso de flagrancia ante la autoridad o en presencia de cualquier otra prueba estimada en conciencia.
Conc.: L. 74/68,art. 17 y C.N. art. 32. ART. 226.—La medida correctiva aplicable será, en cada caso, la indicada en la ley (o en el reglamento) 1 . ART. 227.—La medida a cargo de los comandantes de estación o subestación no requiere de resolución escrita, pero deberá levantarse acta en la que se consignen suscintamente los hechos, se identifiquen al contraventor y se indique la medida correctiva aplicada. Cuando se trate simplemente de amonestación en privado, reprensión en audiencia pública y expulsión, bastará con hacer las anotaciones respectivas en el libro que al efecto se lleve en el comando. La anotación deberá llevar la firma del comandante y del contraventor. Conc.: C.N. art. 29. ART. 228.—La imposición de las medidas correctivas a cargo de los alcaldes o inspectores de policía debe hacerse mediante resolución escrita y motivada la que se pronunciará después de oír los descargos del contraventor y examinar las pruebas que éste quisiere aducir durante el interrogatorio celebrado en el despacho del alcalde o el inspector. Conc.: C.N. art. 29. ART. 229.—Contra las medidas correctivas impuestas por los comandantes de estación o subestación no habrá ningún recurso. Contra las impuestas por los alcaldes e inspectores, procede el de reposición. ART. 230.—Si se diere el caso de poderse aplicar, indistintamente, una u otra medida correctiva, se preferirá la que se tenga por más conveniente habida consideración de las circunstancias del hecho y de las condiciones personales del contraventor. NOTA: El Decreto 1355 de 1970, fue publicado en el diario oficial 33139 del 4 de septiembre de 1970. 1 Sentencia C 593 Expediente D 5505 de 2005. Se declara inexequible la expresión “o en el reglamento”, contenida en el artículo 226 del Decreto 1355 de 1970.
ANÁLISIS DEL PODER DE POLICÍA Y POLICÍA EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN A LA LEY Nº……
Cap 11 17
Cyberbulling expo informatica terminada
Acuerdo no 26_modificado_por_el_acuerdo_n_33_de_2012

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 69
 artículo 216
 artículo 2
 artículo 110
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 artículo 64
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 82
 artículo 58
 artículo 217
 artículo 24
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 artículo 12
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 artículo 63
 artículo 128
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 artículo 353
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 artículo 204
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 218
 artículo 207
 artículo 209
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 artículo 213
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 artículo 226