Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0244&language=ES
Timestamp: 2017-09-25 11:34:40+00:00

Document:
INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos - A7-0244/2012
Procedimiento : 2011/0129(COD)
Ciclo relativo al documento : A7-0244/2012
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PE 480.616v02-00 A7-0244/2012
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
Ponentes: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova
(Reuniones conjuntas de comisiones – artículo 51 del Reglamento)
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0275),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0127/2011),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 7 de diciembre de 2011(1),
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de febrero de 2012 (2),
– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 1 de junio de 2012, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0244/2010),
POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO(3)*
DIRECTIVA 2012/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
Visto el dictamen del Comité de las Regiones(5),
(1) La Unión ▌se ha trazado el objetivo de mantener e impulsar un espacio de libertad, seguridad y justicia, cuya piedra angular la constituye el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales en materia civil y penal.
(2) La Unión está comprometida en la protección de las víctimas de delitos y el establecimiento de normas mínimas al respecto, y ha adoptado la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal(7). En el marco del Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano(8), adoptado por el Consejo Europeo en su sesión de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, se solicitó a la Comisión y los Estados miembros que analizasen cómo mejorar la legislación y las medidas prácticas de apoyo para la protección de las víctimas, considerando con carácter prioritario la atención, la asistencia y el reconocimiento de todas las víctimas, incluidas las víctimas del terrorismo.
(2 bis) El artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé el establecimiento de normas mínimas aplicables en los Estados miembros, en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza. En el artículo 82, apartado 2, letra c), del TFUE se mencionan "los derechos de las víctimas de delitos" entre los ámbitos en los que cabría establecer normas mínimas.
(2 ter) En su Resolución de 10 de junio de 2011 sobre un Plan de trabajo para reforzar los derechos y la protección de las víctimas, en particular en los procesos penales(9), el Consejo declaró que deberían tomarse medidas a nivel de la Unión para reforzar los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Para ello, y de acuerdo con dicha Resolución, el objeto de la presente Directiva es revisar y complementar los principios establecidos en la Decisión marco 2001/220/JAI y avanzar de forma significativa en la protección de las víctimas en el conjunto de la Unión, en particular en el marco de los procesos penales.
(3) En la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(10), se insta a los Estados miembros a que mejoren sus legislaciones y políticas nacionales destinadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer y emprendan acciones destinadas a combatir las causas de la violencia contra las mujeres, en particular mediante acciones de prevención, y se pide a la Unión que garantice el derecho de asistencia y ayuda a todas las víctimas de la violencia.
(3 bis) La Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(11) propone una estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la mutilación genital femenina como base para futuros instrumentos legislativos de Derecho penal de lucha contra la violencia de género, incluido un marco para combatir la violencia contra las mujeres (política, prevención, protección, persecución, previsión y asociación) seguido de un plan de acción de la UE. Entre la normativa internacional en este ámbito cabe citar la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, las recomendaciones y decisiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, adoptado el 7 de abril de 2011.
(3 ter) La Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección(12) [y el Reglamento (UE) nº.../2012 [relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil(13)] establecen mecanismos para el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las medidas de protección. La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil(14) y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas(15) abordan las necesidades específicas de las categorías particulares de víctimas de los abusos sexuales, la explotación sexual y la pornografía infantil y la trata de seres humanos.
(3 quater) La Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo reconoce que el terrorismo constituye una de las violaciones más graves de los principios que son el fundamento y la base de la Unión Europea, como los principios del Estado de Derecho y el libre ejercicio de los derechos humanos.
(5) El delito constituye un atentado contra la sociedad y una violación de los derechos individuales de las víctimas. Por ello, las víctimas deben ser reconocidas y tratadas de manera respetuosa, sensible, así como profesional, sin discriminación de ningún tipo por motivos como la raza, el color, la etnia o el origen social, los rasgos genéticos, la lengua, la religión o las creencias, la opinión política o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, la propiedad, el nacimiento, la discapacidad, la edad, el sexo, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual, el estatuto de residente o el estado de salud. En todos los contactos con cualquier autoridad competente que opere en el contexto de procesos penales, y cualquier servicio que entre en contacto con las víctimas, como los servicios de apoyo a las víctimas o los servicios de justicia reparadora se deberán tener en cuenta la situación personal y las necesidades inmediatas, edad, sexo, posible discapacidad y nivel de madurez de las víctimas personal y respetando al mismo tiempo plenamente su integridad física, mental y moral. Deben ser protegidas de una victimización secundaria y reiterada y de la intimidación, recibir el apoyo adecuado para facilitar su recuperación y contar con un acceso suficiente a la justicia.
(5 bis)La presente Directiva no se ocupa de las condiciones de la residencia de las víctimas de delitos en el territorio de los Estados miembros. Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para garantizar que los derechos establecidos en la presente Directiva no se condicionen al estatuto de residencia legal de la víctima o a la ciudadanía o nacionalidad de la víctima. La denuncia de un delito y la participación en procesos judiciales no crea derecho alguno respecto del estatuto de residencia de la víctima.
(6) El objetivo de la presente Directiva es modificar y ampliar las disposiciones de la Directiva Marco 2001/220/JAI. Como las modificaciones que se desea introducir son sustanciales en número y naturaleza, por motivos de claridad debería sustituirse dicha Decisión Marco en su totalidad.
(7) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular aspira a promover el derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad y la seguridad, el derecho a la no discriminación, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la propiedad, ▌ los derechos del menor, de los mayores y de las personas con discapacidad, así como el derecho a un juez imparcial.
(8) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección.
(8 bis) Los derechos que figuran en la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de los derechos del infractor. El uso del término "infractor" se entenderá sin perjuicio de la presunción de inocencia y hará referencia a las personas sospechosas y acusadas, cuando se refiera a las fases anteriores a un posible reconocimiento de la culpabilidad o a la sentencia condenatoria. No obstante, se refiere también a la situación de la persona que ha sido condenada por haber cometido un delito.
(8 ter) La presente Directiva se aplica en relación con los delitos penales cometidos en la Unión Europea y con los procesos penales que tienen lugar en la Unión. Solo confiere derechos a las víctimas de infracciones extraterritoriales en relación con los procesos penales que tienen lugar en la Unión. Las demandas presentadas ante autoridades competentes fuera de la Unión, como por ejemplo las embajadas, no generarán las obligaciones previstas en la presente Directiva.
(8 quater) Al aplicar las disposiciones de la presente Directiva debe ser una consideración primordial el interés superior del menor, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de las Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño. Los menores víctimas de delitos deben ser considerados y tratados como titulares plenos de los derechos establecidos en la presente Directiva y deben tener la posibilidad de ejercer esos derechos en una forma que tenga en cuenta su capacidad de juicio propio.
(8 quinquies) Al aplicar las disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que las víctimas con discapacidad disfruten plenamente de los Derechos previstos en la presente Directiva en pie de igualdad con los demás, lo que incluye la facilitación del acceso a los locales en que tengan lugar los procesos penales, así como el acceso a la información.
(8 sexies) Las víctimas del terrorismo han sufrido atentados cuya intención última era hacer daño a la sociedad. Por ello pueden necesitar especial atención, apoyo y reconocimiento social debido al carácter particular del delito cometido contra ellos. Las víctimas del terrorismo pueden ser objeto de escrutinio público significativo y a menudo necesitan el reconocimiento social y un trato respetuoso por parte de la sociedad. En consecuencia, los Estados miembros deben prestar atención especial a las víctimas del terrorismo y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad.
(8 septies) La violencia dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de género o que afecte a personas de un género en particular de modo desproporcionado se entenderá como violencia por motivos de género. Puede dar lugar a daño físico, sexual, psicológico o económico o al sufrimiento de la víctima. La violencia por motivos de género se entenderá como una forma de discriminación y una violación de las libertades fundamentales de la víctima e incluirá, sin limitarse a ella, la violencia en las relaciones personales, la violencia sexual (incluida la violación, la agresión sexual y el acoso sexual), la trata de personas y la esclavitud, así como las diferentes formas de prácticas nocivas, como los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina y los delitos cometidos en nombre del denominado "honor". Las mujeres víctimas de la violencia por motivos de género y sus hijos requieren con frecuencia especial apoyo y protección debido al elevado riesgo de victimización repetida y de intimidación que existe en relación con este tipo de delito.
(8 octies) Cuando la violencia se comete en una relación personal, la comete una persona que es o ha sido cónyuge o compañera de la víctima, o bien otro miembro de su familia, tanto si el autor de la violencia comparte, o ha compartido, o no, el mismo hogar con la víctima. Dicha violencia puede consistir en violencia física, sexual, psicológica o económica y puede causar lesiones físicas o mentales, daños emocionales o perjuicios económicos. La violencia en relaciones personales constituye un problema grave, a menudo oculto, que puede causar traumatismos psicológicos y físicos sistemáticos de graves consecuencias, debido al hecho de que es cometida por una persona en la que la víctima debería poder confiar. Las víctimas de violencia en relaciones personales pueden, por consiguiente, necesitar medidas de protección específicas. Las mujeres se ven afectadas por esta violencia en grado desproporcionado y la situación puede agravarse aún más cuando la mujer depende del infractor en lo económico, lo social o para su derecho a la residencia.
(9) Una persona debe ser considerada víctima independientemente de si se ha identificado, capturado, encausado o condenado al infractor y con independencia de la relación familiar que exista entre el infractor y esa persona. Los familiares de las víctimas también pueden resultar perjudicados debido al delito. En particular, los familiares de una persona cuya muerte ha sido causada directamente por un delito pueden verse perjudicados a causa del delito. Por consiguiente, las víctimas indirectas también pueden disfrutar de protección en el marco de la presente Directiva. No obstante, los Estados miembros pueden establecer procedimientos para limitar el número de familiares que podrán disfrutar de los derechos que otorga la presente Directiva. En el caso de menores, el propio menor, o el titular de la responsabilidad parental en nombre del menor, debe tener derecho a ejercer los derechos previstos en la presente Directiva, salvo cuando ello sea contrario al interés superior del menor. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de cualesquiera procedimientos o trámites administrativos nacionales que confirmen el estatuto de víctima de una persona.
(9 bis) El estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal y la posibilidad de su participación activa en procesos penales varían de un Estado miembro a otro en función del sistema nacional y está determinado por uno de los criterios siguientes: que el sistema nacional estipule un estatuto jurídico de parte en un proceso penal; que la víctima esté sometida a la obligación legal o a la recomendación de participar activamente en el proceso penal, por ejemplo como testigo; y/o que la víctima tenga legalmente un derecho reconocido en virtud del Derecho nacional a participar en el proceso penal y manifieste su deseo de hacerlo, cuando el sistema nacional no estipule un estatuto jurídico de parte en el proceso penal.
Los Estados miembros deberán determinar cuál de estos criterios será aplicable para determinar el alcance de los derechos estipulados en la parte dispositiva, en los casos en que se haga referencia al estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal correspondiente.
(9 ter) La información y las orientaciones brindadas por las autoridades competentes, los servicios de apoyo a las víctimas y los servicios de justicia reparadora deben ofrecerse, en la medida de lo posible, a través de una diversidad de medios de forma que pueda ser entendida por la víctima. La información y las orientaciones deberán facilitarse en una formulación sencilla y accesible. Asimismo, debe garantizarse que la víctima pueda ser entendida durante las actuaciones. A este respecto, debe tenerse en cuenta el conocimiento que tenga la víctima de la lengua utilizada para facilitar información, su edad, madurez, capacidades intelectuales y emocionales, nivel de alfabetización y cualquier incapacidad mental o física. Deberán tenerse en cuenta en particular las dificultades de comprensión o de comunicación que puedan ser debidas a algún tipo de discapacidad, como las limitaciones auditivas o de expresión oral. Del mismo modo, durante los procesos penales deben tenerse en cuenta las limitaciones de la capacidad de la víctima para comunicar información.
(9 quater) El momento en que se presente una denuncia, a efectos de la presente Directiva se considerará como el momento que entra en el ámbito del proceso penal. Ello incluye asimismo las situaciones en que las autoridades inician de oficio procesos penales a resultas de un delito sufrido por una víctima.
(9 quinquies) La información sobre el reembolso de los gastos podrá facilitarse desde el momento en que se produzca el primer contacto con la autoridad competente, por ejemplo en un folleto que contenga las condiciones básicas. No se exigirá a los Estados miembros que en esta fase inicial decidan si la víctima de que se trate reúne las condiciones para el reembolso de los gastos.
(9 sexies) Cuando denuncien un delito, las víctimas deben recibir un reconocimiento por escrito de la policía en el que consten los elementos básicos del delito, como el tipo de delito, la hora y el lugar, los daños y perjuicios causados por el delito, etc. Este reconocimiento debe incluir un número de expediente, así como la hora y el lugar en que se denuncia el delito, de forma que pueda servir de justificante físico de la denuncia del delito, por ejemplo para reclamaciones de seguros.
(9 septies) Sin perjuicio de las normas sobre prescripción, el retraso en la denuncia de un delito por miedo a represalias, humillación o estigmatización no debe dar lugar a la denegación de reconocimiento de la denuncia presentada por la víctima.
(10) Cuando se facilite información, se debe ofrecer el grado de detalle suficiente para garantizar que se trata a las víctimas de manera respetuosa y permitirles adoptar decisiones con conocimiento de causa sobre su participación en los procesos ▌. A este respecto, es especialmente importante la información que permite a la víctima conocer la situación en que se encuentra cualquier procedimiento ▌. Ello es igualmente importante para la información que permita a la víctima decidir si solicitará la revisión de una decisión de no llevar a cabo el procesamiento. A menos que se solicite específicamente, la información comunicada a la víctima podrá facilitarse verbalmente o por escrito, incluso por medios electrónicos.
(10 bis) La información a la víctima debe enviarse a la última dirección, postal o de correo electrónico, conocida que conste en los datos facilitados a las autoridades competentes por parte de la víctima. En casos excepcionales, por ejemplo un caso con un elevado número de víctimas, la información podrá facilitarse a través de la prensa, la página inicial de un sitio web oficial de la autoridad competente o cualquier canal de comunicación similar.
(10 ter) No deberá obligarse a los Estados miembros a proporcionar información cuando la divulgación de la misma pueda afectar a la correcta tramitación de la causa o ir en detrimento de una causa o una persona determinada, o si el Estado miembro lo considera contrario a los intereses esenciales de su seguridad.
(10 quater) Las autoridades competentes implicadas deben velar por que las víctimas reciban datos de contacto actualizados para la comunicación sobre su caso, a menos que la víctima haya expresado su deseo de no recibir tal información.
(10 quinquies) La referencia a una "decisión" en el contexto del derecho a la información, traducción e interpretación debe entenderse solo como una referencia al fallo de culpabilidad o al hecho de que se ponga término de cualquier otra manera al proceso penal. Las razones de la decisión pueden comunicarse a la víctima mediante una copia de la resolución en que se incluya dicha decisión o mediante un breve resumen de la misma.
(10 sexies) El derecho a la información sobre la hora y el lugar de un juicio resultante de una denuncia de un delito sufrido por la víctima se aplicará también a la información sobre la hora y el lugar de una audiencia relacionada con una apelación contra una sentencia en el caso.
(10 septies) Es preciso facilitar a las víctimas información específica sobre la liberación o la fuga del infractor, si así lo han solicitado, al menos en los casos en que exista un peligro o un riesgo definido de perjuicios para las víctimas, a no ser que exista un riesgo definido de perjuicios para el infractor que pudieran resultar de la notificación. Cuando exista un riesgo definido de perjuicios para el infractor que pudieran resultar de la notificación, la autoridad competente deberá tener en cuenta todos los riesgos a la hora de determinar la acción apropiada. La referencia a "riesgo definido de perjuicios para las víctimas" debe incluir factores como la gravedad o el carácter del delito y el riesgo de represalias. Por tanto, no debe aplicarse a las situaciones de delitos menores en las que la posibilidad de perjuicio para la víctima es escasa.
(10 octies) Se debe informar a las víctimas de todo derecho a recurrir contra una decisión de liberación del infractor, si tal derecho existe en la legislación nacional.
(12) No se puede hacer justicia si no se permite a las víctimas explicar las circunstancias del delito sufrido y aportar elementos de prueba de forma comprensible para las autoridades competentes. Es igualmente importante garantizar que se trata a la víctima con respeto y que pueda ejercer sus derechos. Por lo tanto, siempre deberá proporcionarse a la víctima un servicio de interpretación gratuito, de acuerdo con el estatuto de la víctima en el sistema judicial pertinente, durante el interrogatorio y para su participación activa en las vistas judiciales. Para otros aspectos del proceso penal, la necesidad de interpretación y traducción puede variar en función de cuestiones específicas, del estatuto de la víctima y su implicación en las actuaciones y de los derechos específicos que la asistan. Solo es preciso ofrecer interpretación y traducción para estos otros casos en la medida necesaria para que las víctimas ejerzan sus derechos.
(12 bis) La víctima debe tener derecho a impugnar una decisión en la que se declare que no se necesita traducción o interpretación, de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación nacional. Dicho derecho no conllevará la obligación para los Estados miembros de contemplar un mecanismo o procedimiento de reclamación aparte por el cual se pueda impugnar tal decisión y no deberá prolongar el proceso penal de forma injustificada. Bastará una revisión interna de la decisión.
(12 ter) El hecho de que la víctima solo hable una lengua poco frecuente no deberá en sí mismo constituir un motivo para decidir que la traducción o la interpretación prolongarían el proceso de forma injustificada.
(13) El apoyo ▌ debe estar ▌disponible desde el momento en el que las autoridades tengan constancia de la víctima y durante todo el proceso penal, así como durante el tiempo oportuno tras dicho proceso penal según las necesidades de la víctima y los derechos establecidos por la presente Directiva. El apoyo se debe prestar mediante diversos medios, sin excesivos trámites y mediante una distribución geográfica suficiente de modo que todas las víctimas disfruten de ▌la posibilidad de acceder a tales servicios. Las víctimas que hayan sufrido perjuicios considerables a causa de la gravedad del delito podrán requerir servicios de apoyo especializados ▌.
(13 bis) Las personas más vulnerables o que se encuentran en situaciones particularmente expuestas, como aquellas sujetas a una violencia repetida en las relaciones personales, las víctimas de violencia de género o las víctimas de otros tipos de delitos en un Estado miembro del cual no son nacionales o residentes, necesitan un apoyo especializado y protección jurídica. Los servicios de apoyo especializado deberán basarse en un enfoque integrado y preciso que tenga en cuenta sobre todo las necesidades específicas de las víctimas, la gravedad del perjuicio sufrido como consecuencia de un delito, así como la relación entre las víctimas, los infractores, sus hijos y su entorno social más amplio. Uno de los principales cometidos de estos servicios y de su personal, importante para ayudar a la víctima a recuperarse del perjuicio o traumatismo potencial resultante de un delito y a superarlo, debe consistir en informar a las víctimas de sus derechos cubiertos por el ámbito de aplicación de la presente Directiva y contribuir a que puedan tomar decisiones en un entorno que apoye a la víctima y la trate con dignidad, respeto y tacto. Los tipos de ayuda que estos servicios específicos deben ofrecer pueden consistir, sin limitarse a ello, en facilitar refugio y alojamiento seguros, asistencia médica inmediata, derivación de las víctimas a reconocimiento médico y forense para la obtención de pruebas en caso de violación y agresión sexual, asistencia psicológica a corto y largo plazo, tratamiento de traumas, asesoría jurídica, acceso a la defensa y servicios específicos para menores que sean víctimas directas o indirectas. Los servicios de apoyo a las víctimas por definición no tienen por qué facilitar por sí mismos una larga lista de conocimientos y experiencia profesionales y especializados. En caso necesario, los servicios de apoyo a las víctimas deben ayudar a estas a encontrar el apoyo profesional existente, por ejemplo psicólogos.
(14) Aunque la prestación de apoyo no debe depender de que las víctimas denuncien un delito ante la autoridad competente, como la policía, tal autoridad suele estar en situación óptima para informar a las víctimas de la posibilidad de que se les brinde apoyo. Por lo tanto, se insta a los Estados miembros a que creen las condiciones adecuadas para que se pueda derivar a las víctimas a los servicios de apoyo, garantizando al mismo tiempo que se pueden cumplir y se cumplen las normas en materia de protección de datos. Debe evitarse la repetición de la derivación de víctimas.
(14 bis) Debe considerarse que se ha concedido a las víctimas el derecho a ser oídas cuando estas puedan prestar declaración o presentar explicaciones por escrito.
(14 ter) El derecho de los menores víctimas de delitos a ser oídos en procesos penales no debe excluirse únicamente basándose en que la víctima es menor o en la edad del menor.
(15) El derecho de solicitar la revisión de la decisión de no llegar a cabo un procesamiento se refiere a decisiones adoptadas por los fiscales y jueces de instrucción o autoridades policiales, como los agentes de policía, pero no a las decisiones adoptadas por órganos jurisdiccionales. Toda revisión de una decisión de no proceder al procesamiento debe ser llevada a cabo por una persona o autoridad distinta de la que adoptase la decisión inicial, a no ser que la decisión inicial de no llevar a cabo el procesamiento hubiese sido adoptada por la autoridad instructora de mayor rango, contra cuya decisión no cabe revisión, en cuyo caso la revisión puede ser realizada por la misma autoridad. El derecho a que se revise una decisión de no proceder al procesamiento no se aplica a procedimientos especiales, como aquellos contra parlamentarios o miembros del gobierno en relación con el ejercicio de sus cargos oficiales.
(15 bis) La decisión que ponga término al proceso debería cubrir también las situaciones en que el fiscal decide retirar los cargos o desistir del procedimiento.
(15 ter) Una decisión del fiscal que dé lugar a un arreglo extrajudicial que ponga término al proceso solo debe excluir el derecho de las víctimas a revisión de la decisión del fiscal de proceder al procesamiento si el citado arreglo implica al menos una advertencia o una obligación.
(16) Los servicios de justicia reparadora, incluidos, por ejemplo, la mediación entre víctima e infractor, las conferencias de grupo familiar y los círculos de sentencia, pueden ser de gran ayuda para la víctima, pero requieren garantías para evitar toda victimización adicional. Por tanto, estos servicios deben fijarse como prioridad satisfacer los intereses y necesidades de la víctima, reparar el perjuicio que se le haya ocasionado e impedir cualquier otro perjuicio adicional. A la hora de remitir un asunto o de llevar a cabo un proceso reparador, se deben tomar en consideración factores tales como el tipo, la naturaleza y la gravedad del delito, el nivel de trauma causado, la violación repetida de la integridad física, sexual o psicológica de una víctima, los desequilibrios de poder y la edad, madurez o capacidad intelectual de la víctima, que podrían limitar o reducir su capacidad para realizar una elección con conocimiento de causa o podrían ocasionarle un perjuicio. En general, los procedimientos privados serán confidenciales, a menos que así lo acuerden las partes o que el Derecho nacional lo estipule por razones de interés público superior. Se podrá considerar que factores tales como amenazas proferidas o cualquier forma de violencia que se haya producido durante el proceso requieran la divulgación por razones de interés general.
(16 bis) No conviene que las víctimas incurran en gastos para participar en el proceso penal. No obstante, de hacerlo, no deberán incurrir en gastos innecesarios cuando participen. Los Estados miembros reembolsarán únicamente los gastos necesarios, pero no así los honorarios de abogados de las víctimas. Los Estados miembros pueden imponer condiciones de pago en la legislación nacional, como por ejemplo plazos de reclamación del reembolso, cantidades fijas para gastos de subsistencia y viajes y cantidades máximas diarias de compensación por pérdida de ingresos. El derecho al reembolso de gastos en el proceso penal no deberá estar relacionado con una situación en la que la víctima realice una declaración sobre una infracción penal. Solo es preciso reembolsar los gastos en la medida en que las autoridades competentes exijan o requieran que la víctima esté presente y participe activamente en el proceso.
(16 ter) Los bienes restituibles que hayan sido incautados en el transcurso de procesos penales deben devolverse a las víctimas de los delitos lo antes posible, a menos que se den condiciones excepcionales como una disputa en relación con la propiedad o la posesión del bien, o si dicho bien en sí mismo es ilegal. La devolución de los bienes se hará sin perjuicio de su legítima retención a efectos de otros procesos judiciales.
(16 quater) El derecho a obtener una resolución para recibir indemnización del infractor y el correspondiente procedimiento aplicable se deben aplicar también a las víctimas que residan en un Estado miembro distinto de aquel en el que ha tenido lugar el delito.
(16 quinquies) La obligación prevista en la presente Directiva de remitir las demandas no debe afectar a la competencia de los Estados miembros de emprender acciones y se entiende sin perjuicio de las normas en materia de conflicto de jurisdicción, incluido el intercambio de información, establecidas en la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales(16).
(16 sexies) En caso de que la víctima haya salido del territorio del Estado miembro en el que se hubiera cometido el delito, dicho Estado miembro ya no estará obligado a prestar asistencia, apoyo y protección, salvo en lo directamente relacionado con cualquier proceso penal que esté llevando a cabo respecto del delito del que se trate, como las medidas de protección especial durante los procesos judiciales. El Estado miembro de residencia de la víctima deberá proporcionar la asistencia, el apoyo y la protección requeridos por la necesidad de recuperación de la víctima.
(16 septies) Debe haber medidas que protejan la seguridad y la dignidad de las víctimas y sus familiares de las represalias, la intimidación, la repetición de la victimización o la victimización secundaria, como las medidas cautelares o las órdenes de protección o alejamiento.
(16 octies) El riesgo de victimización secundaria, ya sea por el infractor ya sea como resultado de la participación en un proceso penal, debe limitarse llevando a cabo actuaciones de forma coordinada en las que se trate a las víctimas con respeto y se les permita ganar confianza en las autoridades. Se debe facilitar al máximo la interacción con las autoridades, al tiempo que se limita el número de interacciones innecesarias que la víctima haya de mantener con ellas recurriendo, por ejemplo, a grabar en vídeo las declaraciones y permitiendo su uso en los procesos judiciales. Se debe poner a disposición de los profesionales del Derecho la más amplia gama de medidas posible con objeto de evitar angustia a la víctima en el transcurso del proceso judicial, especialmente como resultado del contacto visual con el delincuente, su familia, sus colaboradores o el público en general. A tal efecto, se anima a los Estados miembros a que introduzcan, especialmente en las dependencias judiciales y las comisarías de policía, medidas prácticas y viables para que las dependencias cuenten con instalaciones como entradas, salas de espera, etc., separadas para las víctimas. Además, los Estados miembros deberán, en la medida de lo posible, planificar los procesos penales evitando el contacto entre el infractor y las víctimas y sus familiares, por ejemplo citando a la víctima y al infractor a audiencias en momentos distintos.
(16 nonies) Proteger la intimidad de la víctima puede ser un medio importante de evitar la victimización secundaria, y puede lograrse mediante una serie de medidas como la prohibición o la limitación de la difusión de información relativa a la identidad y el paradero de la víctima. Esta protección reviste especial importancia para las víctimas que sean menores, incluida la prohibición de difundir el nombre del menor. Sin embargo, puede haber casos en los que excepcionalmente pueda beneficiar al menor la revelación o incluso la divulgación pública de información, como en los casos de secuestro. Las medidas que puedan adoptarse para proteger la intimidad y la imagen de las víctimas y sus familiares deberán ser siempre coherentes con los artículos 6 y 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sobre el derecho a un juez imparcial y a la libertad de expresión.
(17) Durante los procesos penales, algunas víctimas están especialmente expuestas al riesgo de victimización secundaria y repetida y de intimidación por parte del infractor ▌. Estos riesgos derivan en general ▌de las características personales de la víctima, el tipo o la naturaleza del delito y las circunstancias del mismo. Solo mediante evaluaciones individuales, efectuadas lo antes posible, se podrá determinar con eficacia este riesgo. Estas evaluaciones se deberán efectuar respecto de todas las víctimas a fin de determinar si están expuestas a riesgo de victimización secundaria y las medidas de protección específicas requeridas.
(18) Las evaluaciones individuales deberán ▌ tomar en consideración las características personales de la víctima, como edad, sexo, identidad o expresión de género, etnia, raza, religión, orientación sexual, ▌ estado de salud, discapacidad, estatuto de residente, dificultades de comunicación, relación con el infractor o dependencia del mismo, experiencia anterior de delitos, tipo o naturaleza del delito o circunstancias del mismo, como el delito movido por el odio, por prejuicios o por discriminación, la violencia sexual, la violencia en el marco de relaciones personales, si el infractor estaba en situación de control, si la víctima reside en una zona con una elevada tasa de delincuencia o dominada por bandas o si la víctima es una persona extranjera.
(18 bis) Las víctimas de trata de seres humanos, terrorismo, delincuencia organizada, violencia en el marco de relaciones personales, violencia o explotación sexual, violencia de género, delitos movidos por odio, las víctimas con discapacidad y los menores víctimas de delito tienden a sufrir una elevada tasa de victimización secundaria o repetida o de intimidación. Se deberá poner un cuidado especial a la hora de evaluar si tales víctimas están expuestas a riesgo de victimización secundaria y debe haber motivos sólidos para presumir que dichas víctimas se beneficiarán de medidas de protección especial.
(19) Se debe ofrecer medidas adecuadas a las víctimas que hayan sido consideradas vulnerables a la victimización secundaria o a la intimidación con el fin de protegerlas durante los procesos penales. La naturaleza exacta de ▌tales medidas deben determinarse mediante la evaluación individual, teniendo en cuenta los deseos de la víctima. La magnitud de cualquier medida de este tipo deberá determinarse sin perjuicio de los derechos de la defensa y de conformidad con las normas de discrecionalidad judicial. Las inquietudes y miedos de las víctimas en relación con las actuaciones deben ser un factor esencial a la hora de determinar si necesitan alguna medida específica.
(19 bis) Las necesidades operativas inmediatas y las limitaciones pueden imposibilitar que se pueda asegurar, por ejemplo, que la víctima sea entrevistada sistemáticamente por el mismo agente de policía; las citadas limitaciones pueden ser una baja por enfermedad o un permiso de maternidad o permiso parental. Además, puede que los locales concebidos especialmente para las entrevistas no estén disponibles, por ejemplo por renovación, u otras causas. Cuando se den estas limitaciones de orden operativo o práctico puede que no sea posible en cada caso prever una medida derivada de una evaluación individual.
(23) Cuando, de conformidad con la presente Directiva, se haya de designar un tutor ▌o un representante para un menor, tales funciones podrán ser desempeñadas por la misma persona o por una persona jurídica, una institución o una autoridad.
(24) Todos los funcionarios que intervengan en procesos penales y que puedan entrar en contacto personal con víctimas deben poder acceder a una formación adecuada y seguirla a fin de estar en condiciones de poder identificar ▌ a las víctimas y determinar sus necesidades y ocuparse de ellas con tacto, respeto y profesionalidad, de manera no discriminatoria, mediante formación tanto inicial como permanente y a un nivel acorde con su contacto con las víctimas. Los profesionales con probabilidad de intervenir en la evaluación individual para determinar las necesidades de protección especial de las víctimas, así como su necesidad de medidas de protección especial deberán recibir formación específica sobre la forma de efectuar estas evaluaciones. Los Estados miembros deberán garantizar este requisito de formación para los agentes de policía y el personal que trabaja para las autoridades judiciales. Del mismo modo debe fomentarse la formación destinada a abogados, fiscales y jueces, así como a los profesionales que proporcionen apoyo a las víctimas y los servicios de justicia reparadora. Este requisito debe incluir formación sobre los servicios específicos a los que debe derivarse a las víctimas o formación especializada cuando sus actividades se proyecten sobre víctimas con necesidades específicas al igual que formación psicológica específica, según convenga. Cuando proceda, esta formación deberá tener en cuenta la perspectiva de género. Las acciones de los Estados miembros en materia de formación deberán complementarse con orientaciones, recomendaciones e intercambio de prácticas idóneas, de conformidad con la Resolución del Consejo de 10 de junio de 2011.
(25) Los Estados miembros deben animar a las organizaciones de la sociedad civil y colaborar estrechamente con ellas, incluidas las organizaciones no gubernamentales reconocidas y activas que trabajen con víctimas de delitos, especialmente en iniciativas de desarrollo de políticas, campañas de información y concienciación, programas de investigación y educación, y en acciones de formación, así como en el seguimiento y evaluación del impacto de las medidas de apoyo y protección de las víctimas de delitos. Para que las víctimas de delitos reciban atención, apoyo y protección en un grado adecuado, los servicios públicos deberán trabajar de forma coordinada e intervenir en todos los niveles administrativos - a escala tanto de la Unión como nacional, regional y local. Se deberá prestar asistencia a las víctimas para que averigüen cuáles son los servicios correspondientes y se dirijan a ellos a fin de evitar la repetición de derivaciones. Los Estados miembros deberán considerar la creación de servicios comunes a varios organismos, siguiendo el principio de "punto de acceso único" o de "ventanilla única", que se ocupen de las múltiples necesidades de las víctimas cuando participen en procesos penales, con inclusión de la necesidad de recibir información, apoyo, asistencia, protección e indemnización.
(25 bis) Con el fin de fomentar y facilitar las denuncias, y ofrecer a las víctimas la posibilidad de romper el círculo de la victimización secundaria, es esencial que las víctimas dispongan de servicios de apoyo fiables y que las autoridades competentes estén preparadas para responder a las denuncias de las víctimas de forma respetuosa, considerada, equitativa y profesional. Esto aumentaría la confianza de las víctimas en los sistemas de justicia penal y reduciría el número de delitos no denunciados. Los profesionales con probabilidad de recibir denuncias de víctimas en relación con delitos penales están formados adecuadamente para facilitar las denuncias y se deberán tomar medidas para posibilitar las denuncias de terceros, incluidas las de organizaciones de la sociedad civil. Deberá ser posible hacer uso de las tecnologías de la comunicación, como el correo electrónico, las grabaciones de vídeo o los formularios electrónicos en red para presentar denuncias.
(25 ter) Se reconoce que una recopilación de datos sistemática y adecuada constituye un componente esencial de la formulación efectiva de políticas en materia de derechos de las victimas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Con el fin de facilitar la evaluación de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión la información pertinente en relación con la aplicación de los procedimientos nacionales para las víctimas de delitos, que incluya, como mínimo, el número y el tipo o naturaleza de los delitos denunciados y, en la medida en que se disponga de dichos datos, el número de víctimas y su sexo, edad y nacionalidad. Entre los datos estadísticos correspondientes se podrán incluir datos judiciales registrados por las autoridades judiciales y los cuerpos policiales, y en la medida de lo posible, los datos administrativos compilados por los servicios sanitarios y sociales, las organizaciones públicas y no gubernamentales de apoyo a las víctimas y de justicia reparadora, y los de otras organizaciones que trabajan con víctimas de delitos. Entre los datos judiciales se puede incluir información sobre delitos denunciados, número de casos investigados, en fase de procesamiento o con sentencia condenatoria dictada. Los datos administrativos basados en la actuación de servicios pueden incluir, en la medida de lo posible, datos sobre la manera en que las víctimas utilizan los servicios facilitados por organismos públicos y las organizaciones públicas y privadas de apoyo, así como el número de derivaciones de víctimas por parte de la policía a los servicios de apoyo, el número de víctimas que solicitan apoyo, y que reciben o no reciben apoyo o justicia reparadora.
(26) Puesto que el objetivo de la presente Directiva, es decir, el establecimiento de ▌normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, no puede alcanzarse de forma unilateral por parte de los Estados miembros, ya sea a nivel nacional, regional o local, y en cambio sí podría lograrse, por razones de escala y efectos potenciales, a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.
(27) Los datos de carácter personal tratados en el contexto de la aplicación de la presente Directiva deben estar protegidos conforme a la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal y con arreglo a los principios del Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado por todos los Estados miembros.
(28) La presente Directiva no afectará a las disposiciones de mayor alcance incluidas en otros actos de la Unión que abordan las necesidades específicas de víctimas particulares, como por ejemplo las víctimas de trata de seres humanos y menores víctimas de abusos sexuales, explotación sexual y pornografía infantil, de una manera más específica.
(29) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(30) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva ▌y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
1. La finalidad de la presente Directiva es garantizar que ▌las víctimas de delitos, según se definen en el artículo 2, reciban la protección y el apoyo adecuados ▌y puedan participar en procesos penales ▌.
Los Estados miembros velarán por que las víctimas sean reconocidas y tratadas con tacto, respeto y profesionalidad, de manera individual y no discriminatoria ▌, en todos sus contactos con ▌un servicio de apoyo a las víctimas o un servicio de justicia reparadora o con cualquier autoridad competente que actúe en el contexto de un procedimiento penal. Los derechos contemplados en la presente Directiva se aplicarán a las víctimas de manera no discriminatoria, también en relación con su estatuto de residencia.
2. Los Estados miembros velarán por que en la aplicación de la presente Directiva, cuando la víctima sea un menor de edad, prime el interés superior del menor y sea objeto de una evaluación individual. En todas las interacciones prevalecerá un planteamiento sensible a la condición de menor, que tenga en cuenta la edad del menor, su nivel de madurez y su punto de vista, al igual que sus necesidades y sus inquietudes. El menor y su representante legal, si lo hubiere, serán informados de toda medida o derecho centrado específicamente en los derechos del menor.
– a) "víctima",
1.1.1.1. i) la persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal;
1.1.1.2. ii) ▌los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que hayan sufrido perjuicios como consecuencia de ello;
– b) "familiares", el cónyuge, la persona que vive, y mantiene, con la víctima una relación íntima y comprometida, de manera estable y continua, en un hogar común, los familiares en línea directa, los hermanos y hermanas, y las personas a cargo de la víctima;
– ▌
– e) "servicios de justicia reparadora": cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes del delito con la ayuda de un tercero imparcial;
– f) "menor", cualquier persona menor de 18 años.
2. Los Estados miembros podrán establecer procedimientos
1.1.1.3. a) para limitar el numero de familiares que puedan acogerse a los derechos previstos en la presente Directiva teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso; y además
1.1.1.4. b) en los casos que entren en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), para determinar qué familiares tienen prioridad en relación con el ejercicio de los derechos previstos en la presente Directiva.
1.1.1.5. Capítulo 2
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para ayudar a las víctimas para que entiendan y puedan ser entendidas durante toda interacción necesaria que mantengan con cualquier autoridad competente en el contexto de los procesos penales, incluso en el caso de que sean dichas autoridades las que faciliten la información.
2. Los Estados miembros garantizarán por que las comunicaciones con las víctimas se ofrezcan en lenguaje sencillo y accesible, oralmente o por escrito. Estas comunicaciones tendrán en cuenta las características personales de la víctima, incluida cualquier discapacidad que pueda afectar a su capacidad de comprensión o de comunicación.
3. Salvo que fuera contrario a los intereses de la víctima o perjudicara al curso del proceso, los Estados miembros permitirán que las víctimas vayan acompañadas de una persona de su elección en el primer contacto con las autoridades competentes, en caso de que la víctima requiera asistencia para entender y ser entendida debido al impacto del delito.
1. Los Estados miembros garantizarán que se ofrezca a las víctimas la información que se enuncia a continuación, sin retrasos innecesarios, desde su primer contacto con la autoridad competente a fin de que puedan acceder a sus derechos contemplados en la presente Directiva.
a) el tipo de apoyo que podrán obtener y de quién, incluida, si procede, información básica pertinente sobre el acceso a asistencia médica, cualquier apoyo de especialistas, incluido el apoyo psicológico, y alojamiento alternativo;
1.1.1.6. d) los procedimientos relativos a la interposición de una denuncia relativa a una infracción y su papel en relación con tales procedimientos;
1.1.1.7. e) el modo y las condiciones en que podrá obtener protección, incluidas las medidas de protección;
1.1.1.8. f) el modo y las condiciones para poder acceder a asesoramiento jurídico, asistencia jurídica u otro tipo de orientación;
1.1.1.9. g) el modo y las condiciones para poder acceder a indemnizaciones;
1.1.1.10. g bis) el modo y las condiciones para tener derecho a interpretación y traducción;
1.1.1.11. h) si residen en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ha cometido el delito, las medidas, procedimientos o mecanismos especiales que están disponibles para la ▌defensa de sus intereses en el Estado miembro en el que se establece el contacto;
1.1.1.12. i) cualquier procedimiento para interponer denuncias en caso de que la autoridad competente que actúe en el contexto de un proceso penal no respete sus derechos;
1.1.1.13. j) datos de contacto para las comunicaciones sobre su causa;
1.1.1.14. j bis) los servicios de justicia reparadora disponibles;
1.1.1.15. j ter) el modo y las condiciones para poder obtener el reembolso de los gastos en que hayan incurrido como resultado de su participación en el proceso penal.
2. La extensión o detalle de dicha información podrá variar basándose en las necesidades específicas y las circunstancias personales de la víctima y el tipo o carácter del delito. Podrán facilitarse también detalles adicionales en fases posteriores, en función de las necesidades de la víctima y su pertinencia en cada fase de los procedimientos.
1. Los Estados miembros garantizarán que las víctimas reciban un reconocimiento por escrito en el que consten todos los elementos relacionados con el delito de toda denuncia formal de una infracción penal interpuesta por ellas ante una autoridad competente del Estado miembro.
2. Los Estados miembros garantizarán que las víctimas que deseen interponer la denuncia de un delito y no entiendan o no hablen la lengua de la autoridad competente tengan la posibilidad de interponer la denuncia en una lengua que entienda la víctima o recibiendo la asistencia lingüística necesaria.
3. Los Estados miembros garantizarán que las víctimas que no entiendan o no hablen la lengua de la autoridad competente reciban gratuitamente una traducción del reconocimiento escrito de la denuncia contemplado en el apartado 1, previa solicitud, en una lengua que entiendan las víctimas.
1. Los Estados miembros garantizarán que se notifique a las víctimas sin retrasos innecesarios su derecho a recibir, y que, si lo solicitan, reciban la información siguiente sobre ▌el proceso penal iniciado a raíz de la denuncia de un delito sufrido por la víctima:
1.1.1.16. a) cualquier decisión de no llevar a cabo el procesamiento o de poner término a una investigación o de no procesar al infractor;
1.1.1.17. b) la hora y el lugar del juicio, y la naturaleza de los cargos.
1 bis. Los Estados miembros garantizarán que, en función de su estatuto en el sistema judicial correspondiente, se notifique a las víctimas sin retrasos innecesarios su derecho a recibir, y que, si lo solicitan, reciban la información siguiente sobre el proceso penal iniciado a raíz de la denuncia de un delito sufrido por la víctima:
1.1.1.18. a) cualquier sentencia firme en un juicio ▌;
1.1.1.19. b) información que permita a la víctima conocer en qué situación se encuentra ▌ el proceso penal▌, a menos que, en casos excepcionales, el correcto desarrollo de la causa pueda verse afectado▌;
1.1.1.20. ▌
1 ter. La información facilitada en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, letra -a) y el apartado 1 bis, letra a), incluirá los motivos o un breve resumen de los motivos de la decisión de que se trate, salvo en el caso de una decisión confidencial o de una decisión de un jurado en la que la justificación no se contempla en el ordenamiento jurídico nacional.
1 quater. El deseo de las víctimas de recibir o no información deberá obligar a las autoridades competentes, a menos que sea obligatorio facilitar esta información en virtud del derecho de la víctima a participar de manera activa en el proceso penal. Los Estados miembros permitirán a las víctimas modificar su deseo en cualquier momento, lo que se tendrá en cuenta en consecuencia.
2. Los Estados miembros garantizarán que se brinde a las víctimas la oportunidad de que se les notifique, sin demoras innecesarias, el hecho de que la persona privada de libertad, inculpada o condenada por las infracciones que les afecten haya sido puesta en libertad o se haya fugado. Además se informará a las víctimas de cualquier medida pertinente tomada para su protección en caso de puesta en libertad o de fuga.
3. Las víctimas recibirán la información contemplada en el aparado 2, si lo solicitan, al menos en los casos en que exista peligro o un riesgo definido de perjuicios para las víctimas, y a no ser que exista un riesgo definido de perjuicios para el infractor que pudieran resultar de la notificación.
1. Los Estados miembros velarán por que, de acuerdo con el estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal pertinente, a las víctimas que no entiendan o no hablen la lengua del proceso penal de que se trate se les facilite, si así lo solicitan, interpretación gratuita para su participación en el proceso penal, al menos durante las entrevistas o interrogatorios de las víctimas en los procesos penales ante las autoridades de instrucción y judiciales, incluso durante los interrogatorios policiales, e interpretación durante su participación activa en las vistas orales del juicio y cualquier audiencia intermedia.
3. Sin perjuicio de los derechos de la defensa y de conformidad con las normas de discrecionalidad judicial, se podrán utilizar tecnologías de la comunicación, como videoconferencia, teléfono o Internet, a menos que se requiera la presencia física del intérprete para que la víctima pueda ejercer adecuadamente su derechos o entender los procedimientos.
4. Los Estados miembros velarán por que, de acuerdo con el estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal pertinente, a las víctimas que no entiendan o no hablen la lengua del proceso penal de que se trate se les facilite, si así lo solicitan, traducciones gratuitas, en una lengua que comprendan, de ▌la información esencial para que ejerzan sus derechos en el proceso penal, en la medida en que dicha información se facilite a las víctimas, y como mínimo:
1.1.1.21. b) toda decisión de poner término al proceso penal relativo a la infracción penal sufrida por la víctima, y a petición de ésta, los motivos o un breve resumen de▌ los motivos de dicha decisión, salvo en el caso de una decisión confidencial o una decisión de un jurado en la que la motivación no se contempla en el ordenamiento jurídico nacional.
1.1.1.22. 4 bis. Los Estados miembros garantizarán que las víctimas, que tienen derecho a ser informadas de la hora y el lugar del juicio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y que no entiendan la lengua de la autoridad competente, reciban una traducción de esta información a la que tienen derecho, si así lo solicitan.
4 ter. No será preciso traducir pasajes de documentos esenciales que no resulten pertinentes a efectos de que las víctimas participen activamente en los procesos penales. Las víctimas pueden presentar una solicitud motivada de que se considere esencial un documento.
5. Como excepción a las normas generales establecidas en los apartados 1, 3 y 4, podrá facilitarse, en lugar de una traducción escrita, una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales a que se refiere el presente artículo, siempre y cuando dicha traducción oral o resumen oral no afecte a la equidad del proceso.
6. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes evalúen si las víctimas necesitan traducción y asistencia de un intérprete según lo establecido en los apartados 1 y 4. Las víctimas podrán impugnar una decisión de no facilitar traducción o interpretación. Las normas de procedimiento se determinarán en la legislación nacional.
6 bis. La traducción y la interpretación, así como cualquier consideración de una impugnación de una decisión de no facilitar traducción o interpretación, no prolongarán de modo injustificado los procedimientos penales.
1. Los Estados miembros garantizarán a las víctimas ▌, de acuerdo con sus necesidades▌, el acceso gratuito y confidencial a servicios de apoyo a las víctimas que obren en interés de las víctimas antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal. Los familiares tendrán acceso a los servicios de apoyo a las víctimas en función de sus necesidades y del grado de perjuicios sufridos como resultado del delito cometido contra la víctima.
3. Los Estados miembros deberán tomar medidas para establecer servicios de apoyo especializado gratuito y confidencial adicionales a los servicios generales de apoyo a las víctimas o como parte de ellos, o haciendo posible que las organizaciones de apoyo a las víctimas recurran a las entidades profesionales existentes que prestan este apoyo especializado. Las víctimas, según sus necesidades específicas, tendrán acceso a tales servicios y los familiares tendrán acceso según sus necesidades específicas y el grado de daño sufrido a consecuencia del delito cometido contra la víctima.
3 bis. Los servicios de apoyo a las víctimas y cualquier servicio de apoyo especializado podrán establecerse como organizaciones públicas o no gubernamentales y podrán organizarse con carácter profesional o voluntario.
3 ter. Los Estados miembros garantizarán que el acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no dependa que la víctima presente una denuncia formal por un delito ante la autoridad competente.
Apoyo disponible prestado por servicios de apoyo a las víctimas
1. Los servicios de apoyo a las víctimas, según se contempla en el artículo 7, facilitarán como mínimo:
a) información, orientación y apoyo adecuados en relación con los derechos de las víctimas, también sobre cómo acceder a los sistemas estatales de indemnización por los daños y perjuicios de índole penal, y su papel en el proceso penal, sin olvidar la preparación para asistir al juicio;
b) información sobre cualquier servicio existente de apoyo especializado a las víctimas pertinente o envío directo al mismo▌;
d) orientación sobre cuestiones financieras y de tipo práctico ▌resultantes de la comisión del delito;
e) salvo que sea proporcionado por otros servicios públicos o privados, asesoramiento sobre el riesgo de represalias, intimidación y victimización repetida o secundaria y la forma de prevenirlo o evitarlo.
2. Los Estados miembros animarán a los servicios de apoyo a las víctimas a que presten especial atención a las necesidades específicas de las víctimas que hayan sufrido daños considerables a causa de la severidad y la gravedad del delito.
3. Salvo que sean proporcionados por otros servicios públicos o privados, los servicios de apoyo especializados a que se refiere el artículo 7, apartado 3, desarrollarán y proporcionarán como mínimo:
a) refugios o cualquier otro tipo de alojamiento provisional para las víctimas que necesiten de un lugar seguro debido a un riesgo inminente de represalias, intimidación o victimización repetida o secundaria.
b) apoyo específico e integrado a las víctimas con necesidades especiales, como las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia en relaciones personales, incluidos el apoyo para la superación del trauma y la asesoría.
2. Las normas de procedimiento en virtud de las que las víctimas pueden ser oídas y pueden presentar pruebas durante el proceso penal se determinarán en el Derecho nacional.
Derechos en caso de que se adopte una decisión de no proceder al procesamiento
1. Los Estados miembros garantizarán a las víctimas, de acuerdo con su estatuto en el sistema judicial pertinente, el derecho a una revisión de una decisión de no proceder al procesamiento del delito sufrido por la víctima. Las normas procesales de dicha revisión se determinarán en el Derecho nacional.
1 bis. Cuando, de conformidad con la legislación nacional, el estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal pertinente se establezca solamente después de que se haya tomado la decisión de procesar al infractor, los Estados miembros garantizarán que al menos las víctimas de delitos graves tengan derecho a una revisión de una decisión de no proceder al procesamiento del delito sufrido por la víctima. Las normas procesales de dicha revisión se determinarán en el Derecho nacional.
2. Los Estados miembros garantizarán que se notifique a las víctimas sin retrasos innecesarios su derecho a recibir información suficiente y que, si así lo solicitan, reciban dicha información para decidir si solicitan una revisión de cualquier decisión de no proceder al procesamiento.
2 bis. En caso de que, por decisión inicial de la autoridad competente de máximo rango, contra cuya decisión no exista recurso en la legislación nacional, se haya decidido no proceder al procesamiento, esa misma autoridad podrá efectuar la revisión en virtud de ese derecho.
2 ter. Los apartados 1 y 2 y 2 bis no se aplicarán a la decisión del fiscal de no llevar a cabo el procesamiento si dicha decisión tiene como resultado un arreglo extrajudicial, en la medida en que el Derecho nacional prevea dicha posibilidad.
Derecho a garantías en el contexto de ▌los servicios de justicia reparadora
1. Los Estados miembros adoptarán medidas para proteger a la víctima contra la intimidación o victimización secundaria, que se aplicarán cuando se faciliten ▌servicios de justicia reparadora, si los hubiere. Estas medidas garantizarán que la víctima que opte por participar en procesos de justicia reparadora tenga acceso a servicios de justicia reparadora seguros y competentes y comprenderá como mínimo lo siguiente:
a) ▌ se recurre a los servicios de justicia reparadora si estos redundan en interés de la víctima con sometimiento a cualquier consideración de seguridad y se basarán en el consentimiento libre y con conocimiento de causa de la víctima; dicho consentimiento podrá retirarse en cualquier momento;
b) antes de que acepte participar en el proceso, se ofrecerá a la víctima información exhaustiva e imparcial sobre el mismo y sus posibles resultados, así como sobre los procedimientos para supervisar la aplicación de todo acuerdo;
c) el ▌infractor habrá de haber reconocido los hechos básicos de una causa;
e) las conversaciones en ▌procesos de justicia reparadora que no se desarrollen en público serán confidenciales y no se difundirán posteriormente, salvo con el acuerdo de las partes o si así lo exige el Derecho nacional por razones de interés público superior.
2. Los Estados miembros facilitarán la derivación de casos que se adapten a tales medidas a ▌los servicios de justicia reparadora, incluso mediante el establecimiento de procedimientos u orientaciones sobre las condiciones de la derivación.
Los Estados miembros garantizarán a las víctimas el acceso ▌a asistencia jurídica gratuita, cuando tengan el estatuto de parte en el proceso penal. Las condiciones o normas procesales en virtud de las cuales las víctimas tendrán acceso a la asistencia jurídica gratuita se determinarán en el Derecho nacional.
Los Estados miembros ▌brindarán a las víctimas que participen en procesos penales la posibilidad de que se les reembolsen los gastos que hayan afrontado por su participación activa en dichos procesos penales, en función de su estatuto en el sistema de justicia penal pertinente. Las condiciones o normas procesales en virtud de las cuales las víctimas pueden recibir reembolso se determinarán en el Derecho nacional.
Los Estados miembros garantizarán que, previa decisión de una autoridad competente, se devuelvan sin demora a las víctimas los bienes restituibles ▌que les hayan sido incautados en el transcurso de procesos penales, salvo en caso de necesidad impuesta por el proceso penal. Las condiciones o normas procesales en virtud de las cuales se restituyan tales bienes se determinarán en el Derecho nacional.
Derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractoren el curso del proceso penal
1. Los Estados miembros garantizarán que, en el curso del proceso penal, las víctimas tengan derecho a obtener una resolución relativa a la indemnización por parte del infractor en un plazo razonable, excepto cuando el Derecho nacional estipule que dicha resolución se adopte en otro procedimiento judicial.
1. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes puedan tomar las medidas necesarias para paliar las dificultades derivadas del hecho de que la víctima resida en un Estado miembro distinto de aquel en que se cometa la infracción, en especial en lo que se refiere al desarrollo de las actuaciones. A tal efecto, las autoridades del Estado miembro en el que se cometiera el delito estarán, entre otras cosas, en condiciones de:
b) recurrir en la medida de lo posible, para la audición de las víctimas residentes en el extranjero, a las disposiciones sobre videoconferencia y conferencia telefónica previstas en el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000 (17).
2. Los Estados miembros velarán por que las víctimas de infracciones penales cometidas en Estados miembros distintos de aquel en el que residan dispongan de la posibilidad de presentar la denuncia ante las autoridades competentes del Estado miembro de residencia, si no pudieran hacerlo en el Estado miembro en el que se haya cometido el delito o, en el caso de un delito grave determinado por el Derecho de dicho Estado, si no desearan hacerlo.
3. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente ante la que se presente la denuncia la transmita inmediatamente a la autoridad competente del territorio en el que se haya cometido la infracción en caso de que no se haya ejercido la competencia.
▌ PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMASCON NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Sin perjuicio de los derechos de la defensa, los Estados miembros velarán por que se dispongan medidas para proteger la seguridad de las víctimas y sus familiares respecto de represalias, intimidación, victimización repetida o secundaria, incluido el riesgo de daños psicológicos o emocionales y para proteger la dignidad de las víctimas durante el interrogatorio y cuando testifiquen. Cuando sea necesario, el derecho a la protección podrá incluir también procedimientos establecidos en el Derecho nacional para la protección física de las víctimas y sus familiares.
1. Los Estados miembros establecerán las condiciones necesarias para evitar el contacto entre la víctima y sus familiares, cuando sea necesario, y el infractor en las dependencias donde se celebre el proceso penal, salvo que el proceso penal lo requiera.
2. Los Estados miembros garantizarán que las nuevas dependencias de los tribunales cuenten con salas de espera separadas para las víctimas.
Sin perjuicio de los derechos de la defensa y de conformidad con las normas de discrecionalidad judicial, los Estados miembros velarán por que durante las investigaciones penales:
a) cuando las víctimas hayan de prestar declaración, esta se lleve a cabo sin demora injustificada una vez que se haya presentado ante las autoridades competentes la denuncia de la comisión de una infracción penal;
b) el número de tomas de declaración a las víctimas sea el menor posible y solo se celebren cuando sea estrictamente necesario para los fines de las investigaciones penales;
c) las víctimas puedan ir acompañadas de su representante legal y de una persona de su elección, a menos que se haya adoptado una resolución motivada en contrario con respecto a una de dichas personas;
d) el reconocimiento médico para los fines del proceso penal se reduzca al mínimo y se efectúe únicamente si es necesario para dichos fines.
1. Los Estados miembros velarán por que, durante el proceso penal, las autoridades competentes puedan adoptar medidas para proteger la intimidad, incluidas las características personales tenidas en cuenta en la evaluación individual contemplada en el artículo 18, así como las imágenes de las víctimas y de sus familiares. Además, los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes puedan tomar todas las medidas legales para impedir la difusión de cualquier información que pudiera llevar a la identificación de las víctimas menores de edad.
2. Respetando la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, los Estados miembros instarán a los medios a aplicar medidas de autorregulación con el fin de proteger la intimidad, la integridad personal y los datos personales de las víctimas.
Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades deprotección específica
1. Los Estados miembros velarán por que las víctimas reciban una evaluación puntual e individual, con arreglo a los procedimientos nacionales, para determinar las necesidades de protección específica y si, y en qué medida, se beneficiarían de medidas especiales durante el proceso penal, según se establece en el artículo 21, por el hecho de que sean particularmente vulnerables a victimización secundaria y repetida o a intimidación.
2. La evaluación tendrá especialmente en cuenta:
b) el tipo o la naturaleza del delito; y
b bis) las circunstancias del delito.
2 bis. En el contexto de la evaluación individual, se prestará especial atención a las víctimas que hayan sufrido un daño considerable debido a la seriedad y la gravedad del delito, las víctimas que hayan sufrido un delito motivado por prejuicios o discriminación, relacionado en particular con sus características personales, y las víctimas cuya relación con el infractor o su dependencia del mismo las haga especialmente vulnerables. A este respecto, serán objeto de debida consideración las víctimas de terrorismo, delincuencia organizada, trata de personas, violencia de género, violencia en relaciones personales, violencia o explotación sexual y delitos movidos por el odio, así como las víctimas con discapacidad.
3. A efectos de la presente Directiva, se dará por supuesto que las víctimas menores de edad tienen necesidades de protección específica en razón de su vulnerabilidad a la victimización secundaria y repetida o a la intimidación. A fin de determinar si deben beneficiarse de medidas especiales conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 y en qué medida, se someterán a una evaluación individual conforme a lo establecido en el apartado 1.
5. La magnitud de la evaluación podrá adaptarse en función de la gravedad del delito y del grado de perjuicio aparente sufrido por la víctima.
5 bis. La evaluación individual se efectuará con la estrecha participación de las víctimas y deberá tener en cuenta sus deseos, incluso cuando no deseen beneficiarse de medidas especiales.
5 ter. Si los elementos de la evaluación individual han cambiado de modo significativo, los Estados miembros velarán por que la evaluación individual contemplada en el apartado 1 sea actualizada a lo largo de todo el proceso penal.
Derecho a la protección de ▌las víctimas con necesidades de protección específica
durante el proceso penal
1. Sin perjuicio de los derechos de la defensa y con arreglo a las normas de discrecionalidad judicial, los Estados miembros garantizarán que ▌las víctimas que se beneficien de medidas específicas determinadas a raíz de una evaluación individual puedan disponer de las medidas establecidas en los apartados 2 y 3. Las medidas especiales previstas a raíz de evaluaciones individuales podrán no ofrecerse si se dan limitaciones operativas o prácticas que lo hacen imposible o si existe una necesidad urgente de interrogar a la víctima y si, de no procederse a este interrogatorio, la víctima, u otra persona, podría resultar perjudicada.
2. Durante las investigaciones penales las víctimas determinadas de conformidad con lo establecido en el artículo 18 tendrán a su disposición las siguientes medidas:
a) se interrogará a la víctima en dependencias concebidas o adaptadas a tal fin;
b) los interrogatorios a la víctima serán realizados por profesionales con formación adecuada a tal efecto o con su ayuda;
c) todos los interrogatorios a la víctima serán realizados por las mismas personas a menos que sea contrario a la buena administración de justicia;
d) todas las tomas de declaración a las víctimas de violencia sexual, violencia de género o violencia en el marco de relaciones personales, a menos que sean realizadas por un fiscal o un juez, serán realizadas por una persona del mismo sexo, si la víctima así lo desea y si ello no va en detrimento del desarrollo del proceso;
3. Durante el proceso penal las víctimas determinadas de conformidad con lo establecido en el artículo 18 tendrán a su disposición las siguientes medidas:
b) medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de audiencia, especialmente mediante la utilización de las tecnologías de la comunicación adecuadas;
c) medidas para evitar que se formulen preguntas innecesarias en relación con la vida privada de la víctima sin relación con la infracción penal; y
1. Además de las medidas establecidas en el artículo 21, los Estados miembros garantizarán que, cuando las víctimas sean menores:
a) en las investigaciones penales, todas las tomas de declaración a las víctimas menores de edad puedan ser grabadas por medios audiovisuales y ▌ estas declaraciones grabadas puedan utilizarse ▌ como elementos de prueba en procesos judiciales penales. Las normas procesales de estas grabaciones y el uso de las mismas se determinarán en el Derecho nacional;
b) en las investigaciones y en los procesos judiciales, de acuerdo con el estatuto de la víctima en el sistema judicial penal pertinente, las autoridades competentes designen a un representante especial para la víctima menor de edad en caso de que, de conformidad con el Derecho nacional, se imposibilite a los titulares de responsabilidad parental para representar a la víctima menor de edad de resultas de un conflicto de intereses entre ellos y la víctima menor de edad, o cuando se trate de una víctima menor de edad no acompañada o que esté separada de la familia;
c) cuando la víctima menor de edad tenga derecho a asistencia de letrado, el menor tendrá derecho a su propio letrado y representante, en su propio nombre, en los procesos en los exista, o pudiera existir, un conflicto de intereses entre el menor y sus padres u otras partes implicadas.
2. Cuando no se conozca con certeza la edad de una víctima y haya motivos para pensar que la víctima es menor de edad, se dará por supuesto, a efectos de la presente Directiva, que dicha víctima es menor de edad.
1. Los Estados miembros garantizarán que los funcionarios que puedan entrar en contacto con las víctimas, como los agentes de policía y el personal al servicio de la administración de justicia, reciban formación general y especializada a un nivel adecuado al contacto que mantengan con las víctimas con el fin de que se sensibilicen con sus necesidades y de que las traten de manera imparcial, respetuosa y profesional.
2. Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización de los sistemas judiciales en la Unión, los Estados miembros solicitarán a los responsables de la formación de los jueces y fiscales que participen en procesos penales que velen por que se imparta formación, tanto general como especializada, con el fin de aumentar la sensibilización de los jueces y fiscales respecto de las necesidades de las víctimas.
2 bis. Respetando debidamente la independencia de la profesión jurídica, los Estados miembros recomendarán que los responsables de la formación de los abogados faciliten formación general y especializada a fin de aumentar la sensibilización de los jueces y fiscales respecto de las necesidades de las víctimas.
3. Los Estados miembros, a través de sus servicios públicos o mediante la financiación de las organizaciones de apoyo a las víctimas, fomentarán las iniciativas que permitan que las personas que prestan servicios de apoyo y servicios de justicia reparadora a las víctimas reciban la formación adecuada de un nivel apropiado al contacto que mantengan con las víctimas y observen normas profesionales para garantizar que tales servicios se prestan de manera imparcial, respetuosa y profesional.
4. En función de las tareas que han de desempeñar y la naturaleza y el grado de contacto que esos profesionales mantengan con las víctimas, la formación tratará de capacitar al profesional para reconocer y tratar las víctimas de manera respetuosa, profesional y no discriminatoria.
1. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para facilitar la cooperación entre Estados miembros para mejorar el acceso de las víctimas a sus derechos como se contemplan en la presente Directiva y en el Derecho nacional. Dicha cooperación se destinará al menos a lo siguiente:
a) el intercambio de las prácticas idóneas;
b) la consulta en casos individuales; y
2. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas, incluso a través de Internet, encaminadas a concienciar sobre los derechos establecidos en la presente Directiva, reducir el riesgo de victimización y minimizar la incidencia negativa de ▌la delincuencia y los riesgos de victimización secundaria y repetida ▌, centrándose en particular en los grupos de riesgo como los menores de edad y las víctimas de violencia de género y de violencia en el marco de relaciones personales. Estas acciones pueden consistir en campañas de información y concienciación, programas de investigación y educación, en su caso en cooperación con organizaciones de la sociedad civil pertinentes y otros interesados.
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva ▌ a más tardar tres años después de la fecha de adopción.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión Europea a más tardar el … (18)* y cada tres años en lo sucesivo los datos de que dispongan y que muestren las modalidades en que las víctimas han accedido a los derechos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
A más tardar el… (19)**, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, incluida una descripción de las medidas adoptadas en virtud del artículo 7, el artículo 7 bis y el artículo 21, acompañado, si es necesario, de propuestas legislativas.
En lo relativo a los Estados miembros que participan en la adopción de la presente Directiva, las referencias a la Decisión marco derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.
La presente Directiva entrará en vigor el ▌ día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en▌…
DO C 43 de 15.2.2012, p. 39.
Posición del Parlamento Europeo de ... (aún no publicada en el Diario Oficial)] y Decisión del Consejo de ... .
DO L 82 de 22.3.2001, p. 1.
DO C 285E de 21.10.2010, p. 53.
DO L 388 de 21.12.2011, p. 2.
DO L 101 de 14.4.2011, p. 1.
DO L 328 de 15.12.2009, p. 42.
DO C 197 de 12.7.2000, p. 3.
* DO: insértese la fecha: cinco años después de la fecha de adopción de la presente Directiva.
** DO: insértese la fecha: dos años después de la fecha de adopción de la presente Directiva.
Las ponentes acogen favorablemente la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos en la UE, como parte de un paquete legislativo destinado a reforzar los derechos de las víctimas en la UE que también incluye una propuesta de Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil y una Comunicación relativa al reforzamiento de los derechos de las víctimas en la UE. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 y las directrices hacia un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia como las previstas por el Programa de Estocolmo, la protección de las víctimas de delitos en la UE ha sido una de las máximas prioridades de la UE.
La propuesta de la Comisión refuerza la necesidad de adoptar un marco jurídico global europeo que ofrezca a todas las víctimas de delitos, con independencia de su estatuto jurídico, el reconocimiento y la máximo protección en el territorio de la Unión. La propuesta procede en parte de la Decisión marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. La Comisión ha ampliado los derechos de todas las víctimas de cualquier tipo de delito al establecer normas mínimas en toda la UE, que garantizan a todas las víctimas (con independencia de su nacionalidad o del lugar donde se haya cometido el delito) el derecho a la información, el derecho a comprender y ser comprendidas, el derecho a la interpretación y la traducción, el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a tener acceso a los servicios de apoyo a las víctimas, el derecho a ser escuchadas, el derecho a una justicias de reparación, el derecho, incluso en caso de una resolución, a no ser perseguidas, el derecho a evitar el contacto entre las víctimas y los delincuentes, o el derecho a la protección de las víctimas durante los interrogatorios en las investigaciones, entre otros. También es de vital importancia que la Directiva establezca una definición unificada de «víctima», que garantiza el estatuto de víctima no solo a las personas perjudicadas por el delito sino también a sus familiares próximos.
Las ponentes acogen favorablemente muchas de las propuestas de la Directiva.
La confianza en la justicia es una prioridad para todos los ciudadanos, y en particular para las víctimas que se sienten como si sus derechos se ignoran y están fuera de su alcance. Es urgente establecer un sistema de justicia transparente y aplicable en todos los Estados miembros de la UE para que la UE cumpla el Programa de Estocolmo. La presente Directiva no se limita a defender los derechos de las víctimas y a darles apoyo y protección, sino que también contribuirá a que los ciudadanos adquieran confianza en sus sistemas judiciales nacionales y los de sus vecinos de la UE al armonizar estas normas mínimas.
De acuerdo con los procedimientos derivados de la aplicación del Tratado de Lisboa, el artículo 51 del Reglamento del Parlamento Europeo permite la transversalidad en la elaboración de informes. El presente informe ha tenido la oportunidad de recoger las aportaciones de los debates de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como la cooperación entre las dos ponentes.
Enfoque general - Refuerzo de los derechos de las víctimas
A pesar de las disposiciones incluidas en la propuesta de la Comisión, puede hacerse más para proteger los derechos de las víctimas en cada Estado miembro. Todas las víctimas, cualesquiera que sean sus antecedentes y el grado de daño que hayan sufrido, deben estar contempladas en la presente Directiva. Tanto la investigación como los datos disponibles demuestran que con demasiada frecuencia las víctimas no denuncian el delito debido al miedo, la inseguridad, o la falta de confianza o de información. Las víctimas, debido a su vulnerabilidad, se ven asfixiadas por una dura experiencia que les hace difícil enfrentarse a procedimientos judiciales. Por lo tanto, es importante prestar apoyo a las víctimas desde el momento en que el daño se produzca. A través de todas las fases de los procesos judiciales, se debe tratar a las víctimas con respeto, dignidad, y, en términos prácticos, en una lengua que comprendan.
Las ponentes consideran que se deben destacar y detallar algunos aspectos. Por ello, se ha ampliado y profundizado el derecho a recibir información desde el primer contacto con la autoridad competente para las víctimas que hayan sufrido un traume grave. El derecho a recibir información sobre su caso incluye el deber de los Estados miembros de prestar asistencia cuando se informe a la víctima sobre la liberación del delincuente. La víctima debe tener el derecho a negarse a recibir cierta información, y a revocar en todo momento esta negativa, debido a la posible presión psicológica y por razones de tranquilidad de la persona que haya sufrido violencia.
Se debe ofrecer a la víctima apoyo gratuito a partir del momento en que hay sufrido el daño. En este apoyo se incluyen los hijos y los familiares. El apoyo a las víctimas también debe convertirse en programas o iniciativas basados en las comunidades y promovidos por los Estados miembros. Es importante para las víctimas conseguir un reconocimiento social más amplio de la victimización en general, pues la recuperación de la víctima está relacionada con la sensación de que recibe reacciones positivas de la sociedad, que reconoce la situación única de la víctima y reconoce la dificultad de la situación por la que atraviesa. Las ponentes consideran que los medios de comunicación tienen un importante papel que jugar para estimular el reconocimiento de la victimización por la sociedad, tomando al mismo tiempo medidas para garantizar la protección de la vida privada y familiar de las víctimas y de los miembros de su familia en el marco de sus actividades informativas.
Las ponentes son conscientes de que las medidas adicionales que recomiendan para los Estados miembros pueden suponer, en algunos casos, una reasignación o un aumento de la movilización de recursos por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, es de la máxima importancia recordar que, en estimaciones de la Comisión Europea, el coste total de los delitos (no solo para las víctimas, sino también para los empleadores, el Estado y la sociedad en su conjunto) se eleva a 233 000 millones de euros anuales en la Unión Europea. Estos costes no se deben solo al delito como tal, sino de la falta de un apoyo adecuado a las víctimas para ayudarles en su recuperación y a enfrentarse a los procesos penales. Por lo tanto, todo esfuerzo para reforzar los derechos de las víctimas y facilitarles servicios de apoyo adecuados debe considerase como una medida rentable, que contribuirá de forma positiva a facilitar la denuncia de los delitos y a mantener la sostenibilidad de los sistemas nacionales de justicia y de salud.
Mayor protección de las víctimas con necesidades específicas
Las ponentes apoyan el enfoque general de la Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, pero considera imperativo prestar mayor atención a los servicios de apoyo para las víctimas que se encuentran en un riesgo especialmente elevado de sufrir nuevos daños, intimidación o nueva victimización durante los procesos penales.
Las ponentes comparten la propuesta de la Comisión de hacer referencia a las víctimas vulnerables pero prefieren la expresión «víctimas con necesidades específicas». El término que se utiliza en la propuesta de la Comisión, al definir esta categoría de víctimas como «víctimas vulnerables» podría considerarse como inintencionadamente discriminatorio. A muchas víctimas, incluidas las víctimas de la violencia de género, no les gusta verse asociadas con la vulnerabilidad. No obstante, una víctima de la violencia de género puede tener necesidades específicas sin que se la considere vulnerable. La propuesta de la Comisión cita acertadamente a los niños y a las personas con discapacidad como víctimas vulnerables debido a sus características personales. En efecto, parece lógico definir como víctima vulnerable a una persona con discapacidad, a una mujer víctima de violencia sexual o a un niño, pero las características personales de las víctimas antes de que se haya cometido el delito no deben considerarse como el único criterio para definirlas. Por lo tanto, las ponentes prefieren referirse a este grupo como «víctimas con necesidades específicas» y proponen medidas específicas de protección para estas víctimas.
Entre estas medidas se encuentran, pero no únicamente, la oferta de refugio, apoyo médico, pruebas médico-forenses, consejo psicológico y asistencia jurídica. Estos servicios de apoyo deben estar suficientemente extendido en todo el país y ser accesibles para todas las víctimas.
Con el fin de evaluar mejor las circunstancias y características de las víctimas, las ponentes introducen definiciones adicionales, las de «violencia de género» y «violencia en el marco de relaciones próximas». El término «violencia de género» hace referencia a la violencia que se ejerce contra una persona debido a su género. La violencia en el marco de las relaciones próximas incluye la violencia que ejercen las parejas o ex-parejas, u otros miembros de la familia, y es causa de discriminación y de violaciones de los derechos fundamentales de las víctimas.
Al tratar de las víctimas con necesidades específicas sobre la base del tipo de delito, también debemos ofrecer ayuda a otros tipos de víctimas, no solo a las víctimas de la trata de seres humanos o de violencia sexual (redacción del texto de la Comisión).
Las víctimas del terrorismo, las víctimas de la delincuencia organizada, las víctimas de la violencia en el marco de relaciones próximas y las víctimas de la violencia de género también deben incluirse en la categoría de víctimas con necesidades específicas. Como estos delitos se producen en formas diferentes, las necesidades de las víctimas también difieren. La mención de las necesidades específicas es tan esencial como lo delicado de su carácter. Por ejemplo, las víctimas del terrorismo: la principal diferencia con otras víctimas reside en el contexto en el que se produce la victimización terrorista, y en su audiencia. Las víctimas del terrorismo, por definición, son atacadas como representantes de un grupo más amplio. El reconocimiento de su victimización implica el reconocimiento de este hecho. Los grupos de apoyo a las víctimas del terrorismo resumen las necesidades de las víctimas, dentro de su apoyo jurídico, en cuatro: el derecho a la justicia, la dignidad, la verdad y la memoria; este último aspecto representa el rechazo al terrorismo y la victimización que produce y la necesidad de conservar la memoria para las futuras generaciones.
Evaluación individual y formación
Además del apoyo convencional a las víctimas, no debe subestimarse una atención especial inicial para las víctimas que han sufrido una experiencia especialmente horrible: es muy importante tener en cuenta factores como la grave exposición al riesgo y la destrucción o pérdida traumática; la experiencia de sucesos traumáticos o un historial presente o pasado de problemas de salud mental o tratamiento psiquiátrico o la falta de apoyo social, al no contar con amigos ni familia. Deben hacerse esfuerzos para determinar los miembros de la comunidad social que están solos, ya que para ellos el apoyo social o la ayuda de seguimiento puede tener especial importancia.
Por lo tanto, las ponentes consideran que la evaluación individual es una medida importante desde que se produce el daño. Esta evaluación permite identificar las necesidades de la víctima antes, durante y después del proceso penal. En los procesos penales, es frecuente que las autoridades no sean conscientes de las necesidades de la víctima, lo que dificulta la cooperación. La policía, los fiscales y otro personal deben recibir formación sobre la forma de tratar a la víctima, en función del tipo de delito. En concreto, con el fin de responder mejor a las necesidades de las víctimas de la violencia de género y de la violencia en el marco de relaciones próximas, las ponentes piden que los profesionales de la justicia, los funcionarios de policía y los miembros de los servicios de apoyo a las víctimas reciban formación que les permita adoptar una perspectiva de género e identificar rápidamente a las víctimas y sus necesidades de apoyo. De acuerdo con el espíritu de cooperación, las ponentes consideran pertinente que esta formación se realice en estrecha consulta con organizaciones no gubernamentales y proveedores de servicios para las víctimas de violencia de género, y esté institucionalizada y normalizada en todos los Estados miembros.
Comprender la dinámica de género de los derechos de las víctimas
La violencia de género es una forma de violencia que afecta de forma desproporcionada a las mujeres, y que puede estar relacionada con, pero no se limita a, los casos de violencia en el contexto de relaciones próximas. La investigación muestra que en Europa entre una quinta y una cuarta parte de las mujeres ha sufrido actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta, y que más de una décima parte ha sufrido violencia sexual con uso de la fuerza. En este contexto, las ponentes consideran de vital importancia que se tipifique como delito toda forma de violencia de género y que las víctimas cuenten con medidas específicas de prevención y protección, así como con medios de compensación.
Por ello, las ponentes establecen una clara obligación de que el apoyo a las víctimas con necesidades específicas reconozca la dinámica de género y funciones en un contexto de igualdad de género y respeto de los derechos humanos. Las ponentes creen que este enfoque también es vital para evitar la victimización secundaria de las víctimas de la violencia de género.
La intención de las ponentes es asegurar que se adopte una definición completa de «víctima» a nivel europeo y que se tenga en cuenta la situación especial de las víctimas con necesidades específicas en la concepción de servicios de apoyo adecuados o en la formación de los profesionales que tienen contacto directo con las víctimas. A este fin, la Directiva incluye una serie de derechos que se les deben garantizar a las víctimas, con lo que se colma una importante laguna en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de las víctimas de delitos. Las ponentes también sitúan la violencia de género en el marco de la desigualdad de género y la violación de los derechos humanos, lo que supone un paso importante para reconocer la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación contra la que hay que luchar.
Mayor cooperación y coordinación para proteger a las víctimas
También se aconseja a los Estados miembros que desarrollen un enfoque general interinstitucional que garantice una coordinación eficaz entre las autoridades que ofrecen apoyo a las víctimas. A este respecto, la Directiva prevé la creación de estructuras formales e informales que permitan a los profesionales del poder judicial, los cuerpos policiales y las ONG cooperar de forma normalizada. Las ponentes consideran que una respuesta coordinada a todas las víctimas minimizaría el impacto negativo del delito y los riesgos de victimización secundaria y repetida, así como la estigmatización y la carga que la víctima ha de soportar como consecuencia de las repetidas interacciones que se producen entre la víctima y las instituciones judiciales penales.
Garantizar la protección de la privacidad de la víctima
Las ponentes establecen claramente la obligación de proteger la vida privada y familiar de las víctimas a lo largo y después de todos los procesos penales. La protección de la privacidad de la víctima, cualquiera que sea la naturaleza del daño, debe estar garantizada por todos lo medios, ya que es parte de las necesidades de la víctima para hacer frente al proceso penal en concreto, y en general para su recuperación psicológica. Por ejemplo, con frecuencia los medios de comunicación pueden infligir una mayor victimización a las víctimas de delitos o a los supervivientes, al exacerbar los sentimientos de violación, desorientación y pérdida de control de las víctimas. Por tanto, las ponentes también exigen a los medios de comunicación que apliquen «medidas de autorregulación» para proteger la integridad personal de las víctimas frente a una atención intrusiva de los medios de comunicación.
Red europea y estadísticas
Las víctimas necesitan ser conscientes de que sus derechos se normalizarán en el conjunto de la UE. Deben organizarse campañas de información y sensibilización, programas de investigación y educación así como la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil a través de campañas bien orquestadas entre los Estados miembros. Además, para luchar en último término contra la delincuencia, es necesaria la recopilación e intercambio de información sobre todos los tipos de víctimas. Por ello, las ponentes piden la creación, a través de las organizaciones europeas de apoyo a las víctimas existentes, de una red europea de observación y ayuda a las víctimas que cree una base de datos cuyas estadísticas incluyan el número, la edad, el sexo y la nacionalidad de las víctimas. Esta red podría sentar las bases para futuras Directivas para seguir reforzando el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Las ponentes agradecen las explicaciones facilitadas por la Comisión a través de la DG Justicia, así como el provechoso intercambio de puntos de puntos de vista con el ponente alternativo y la Presidencia danesa de la UE. Las ponentes también desean agradecer las posiciones y conocimientos aportados por las organizaciones, asociaciones y ONG en relación con los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (26.3.2012)
Ponente de opinión: Antonio López-Istúriz White
En un caso ejemplar del Tribunal de Justicia se examina la brutal agresión de que fue objeto un ciudadano británico, Ian Cowan, a la salida de una estación de metro durante una breve estancia en París. No fue posible identificar a los agresores. Por consiguiente, la víctima pidió a las autoridades francesas que le indemnizaran por los daños derivados de esa agresión.
Como pudo comprobarse, Francia supeditaba la concesión de una indemnización pública por los daños sufridos en Francia por una víctima de agresión física a que ésta fuera titular de un permiso de residencia o nacional de un país con acuerdos de reciprocidad con Francia. El Sr. Cowan no formaba parte de ninguna de esas categorías y, por consiguiente, se le denegó la indemnización. El Tribunal consideró, a la luz de la respuesta del órgano de compensación, que tal limitación era contraria al principio de no discriminación por motivo de nacionalidad consagrado en el Tratado.
Este caso muestra en qué medida las lagunas o las disposiciones discriminatorias existentes en materia de protección de las víctimas en el mercado interior y en el espacio de libertad, seguridad y justicia pueden menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, en particular de quienes optan por ejercer su libertad de circulación. Según ha señalado acertadamente el Tribunal de Justicia, la protección de las víctimas «constituye el corolario de esta libertad de circulación»(1). La Unión garantiza la libre circulación de personas y, por lo tanto, debe prever normas y disposiciones adecuadas para cuando las cosas se tuerzan.
La comisión se congratula en gran medida, por consiguiente, de la propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en particular a la luz de las deficiencias tanto de contenido como de aplicación de los instrumentos de la UE aprobados anteriormente(2). Considera esencial, pues es algo que debería haberse hecho hace ya mucho tiempo, reforzar y promover esos derechos para velar por un equilibrio adecuado entre las diferentes iniciativas de la UE actualmente en curso sobre los derechos de los sospechosos y los detenidos. En líneas generales, los sistemas judiciales penales se centran en el infractor y el público, en ocasiones en detrimento de la víctima y los efectos traumáticos del delito. Las víctimas no deben quedar excluidas de esos procedimientos.
A la comisión le gustaría apuntalar y hacer más eficaces determinados aspectos de la propuesta, sin perder de vista la relación coste eficiencia ni la sostenibilidad financiera.
La comisión respalda el enfoque de la Comisión de establecer normas mínimas, lo que permitirá a los Estados miembros proteger mejor a las víctimas si así lo desean. Con este enfoque se instaurará un nivel básico de apoyo a las víctimas en los Estados miembros que no cuentan con organizaciones experimentadas de apoyo a las víctimas.
En ciertos casos, a consecuencia de delitos de grandes dimensiones, las víctimas pueden quedar particularmente traumatizadas. Éste es generalmente el caso de las víctimas de delitos terroristas, pero también de las víctimas de la delincuencia organizada. Ello obedece a que tales actos delictivos, debido a sus dimensiones y a su modo de ejecución, arrancan a las víctimas de su vida cotidiana y les hacen perder su sentido de la normalidad. La confianza de una víctima de una bomba terrorista o de la trata de seres humanos, por ejemplo, puede quedar irremediablemente hecha añicos de manera similar. Tales víctimas deben reconstruir sus vidas. El ponente considera, por tal motivo, que las víctimas de esos tipos de delitos deben ser tratadas como víctimas vulnerables.
Independientemente de que sea fundamental prever unos derechos mínimos, lo que más necesitan las víctimas es una atención individual y respetuosa por parte del sistema judicial competente.
Finalmente, la comisión considera que los sistemas judiciales penales de los Estados miembros deben orientarse más hacia la protección de las víctimas y no centrarse únicamente en el demandado. Este cambio de perspectiva no puede alcanzarse solo mediante medidas legislativas, pues requiere formación continua e iniciativas educativas, orientación concreta e intercambio de mejores prácticas. La Unión ocupa una situación privilegiada para abanderar cuestiones como una mejor sensibilización sobre los derechos de las víctimas, una mejor aplicación de esos derechos y una formación adecuada y específica del personal judicial y los profesionales del Derecho.
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, competentes para el fondo, que incorporen en su informe las siguientes enmiendas:
(8) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva, en particular para dar a las víctimas pleno estatuto de parte en los procesos penales, incluido el derecho a recibir asistencia letrada y a acceder al sumario, con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección.
(10) Cuando se facilite información, se debe ofrecer el grado de detalle suficiente para garantizar que se trata a las víctimas de manera respetuosa y permitirles adoptar decisiones informadas sobre su participación en las actuaciones y cómo ejercer sus derechos. A este respecto, es especialmente importante la información que permita a la víctima conocer la situación en que se encuentre cualquier procedimiento y su evolución. Ello es igualmente importante para que la información permita a la víctima decidir si solicita una revisión de una decisión de no llevar a cabo el procesamiento.
(10) Cuando se facilite información, se debe ofrecer a las víctimas acceso a los documentos relevantes y el grado de detalle suficiente para garantizar que se trata a las víctimas de manera respetuosa y permitirles adoptar decisiones informadas sobre su participación en el las actuaciones y cómo ejercer sus derechos. A este respecto, es especialmente importante la información que permita a la víctima conocer la situación en que se encuentre cualquier procedimiento y su evolución. Ello es igualmente importante para que la información permita a la víctima decidir si solicita una revisión de una decisión de no llevar a cabo el procesamiento.
(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, desde el momento en que se comete un delito, a lo largo del proceso penal y una vez finalizado el mismo, con arreglo a las necesidades de la víctima. El apoyo se debe prestar mediante diversos medios, sin excesivos trámites y mediante una distribución geográfica suficiente, de modo que todas las víctimas disfruten de la posibilidad de acceder a tales servicios. Cabe la posibilidad de que determinados grupos de víctimas, como las víctimas de violencia sexual, odio racial o de género u otros delitos motivados por prejuicios, o las víctimas del terrorismo, necesiten servicios de apoyo especializados como consecuencia de las peculiaridades de los delitos de los que han sido objeto.
(13) Se debe ofrecer apoyo, facilitado por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que estén registradas y sometidas a control con arreglo a la legislación nacional, desde el momento en que se comete un delito, a lo largo del proceso penal y una vez finalizado el mismo, con arreglo a las necesidades de la víctima. El apoyo se debe prestar mediante diversos medios, sin excesivos trámites y mediante una distribución geográfica suficiente, de modo que todas las víctimas disfruten de la posibilidad de acceder a tales servicios. Cabe la posibilidad de que determinados grupos de víctimas, como las víctimas de violencia sexual, odio racial o de género u otros delitos motivados por prejuicios, y las víctimas del terrorismo o de la delincuencia organizada, necesiten servicios de apoyo especializados como consecuencia de las peculiaridades de los delitos de los que han sido objeto.
Las víctimas de la delincuencia organizada forman parte del grupo de las víctimas particularmente vulnerables, ya que están especialmente expuestas a intimidaciones y a la amenaza de nuevas violencias por quienes practican esta clase de delincuencia. Por esta razón necesitan que se les apliquen medidas particulares, no solo de protección durante las causas criminales, sino también de apoyo prestado por servicios especializados.
(17) Durante los procesos penales, algunas víctimas son especialmente vulnerables a victimización secundaria y repetida e intimidación por parte del delincuente y sus colaboradores Esta vulnerabilidad puede deducirse en términos generales a partir de las características personales de la víctima y del tipo o naturaleza del delito. Sobre esta base, algunas víctimas, como los menores, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia sexual y las víctimas de trata de seres humanos, son en su mayor parte vulnerables a victimización adicional por lo que necesitan medidas especiales de protección. Solo en circunstancias excepcionales, como en el caso de que se busque el equilibrio en los derechos fundamentales de la persona acusada o sospechosa, o cuando la víctima así lo desee, se debe limitar el acceso a tales medidas de protección. La presente Directiva no aborda los casos de víctimas de trata de seres humanos y abusos sexuales a menores, de explotación sexual y pornografía infantil, en relación con los cuales ya se incluyen disposiciones más detalladas en otros instrumentos adoptados o en fase de negociación.).
(17) Durante los procesos penales, algunas víctimas son especialmente vulnerables a victimización secundaria y repetida e intimidación por parte del delincuente y sus colaboradores Esta vulnerabilidad puede deducirse en términos generales a partir de las características personales de la víctima y del tipo o naturaleza del delito. Sobre esta base, algunas víctimas, como los menores, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia sexual, las víctimas de la delincuencia organizada y las víctimas de trata de seres humanos, son en su mayor parte vulnerables a victimización adicional por lo que necesitan medidas especiales de protección. Solo en circunstancias excepcionales, como en el caso de que se busque el equilibrio en los derechos fundamentales de la persona acusada o sospechosa, o cuando la víctima así lo desee, se debe limitar el acceso a tales medidas de protección. La presente Directiva no aborda los casos de víctimas de trata de seres humanos o de la delincuencia organizada y abusos sexuales a menores, de explotación sexual y pornografía infantil, en relación con los cuales ya se incluyen disposiciones más detalladas en otros instrumentos adoptados o en fase de negociación.
Las víctimas de la delincuencia organizada son una de las categorías específicas de víctimas definidas en la Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 18 de mayo de 2005, sobre el refuerzo de los derechos de las víctimas en la UE (COM(2011)0274). Habida cuenta de que las víctimas de la delincuencia organizada son particularmente vulnerables a la intimidación y a la amenaza de repetición de la violencia por parte de quienes perpetran tales delitos, necesitan medidas especiales de protección.
(24) Se debe formar a todos los funcionarios que intervengan en procesos penales y puedan entrar en contacto con víctimas para que determinen y satisfagan sus necesidades, mediante formación inicial y permanente y a un nivel acorde con su contacto con las víctimas. Ello debe incluir formación especializada cuando proceda.
(24) Se debe formar a todos los profesionales que intervengan en procesos penales y puedan entrar en contacto con víctimas para que identifiquen y satisfagan sus necesidades mediante formación inicial y permanente y a un nivel acorde con su contacto con las víctimas. Ello debe incluir formación especializada, por ejemplo con respecto a las víctimas de delitos sexuales, las familias que han perdido a seres queridos por asesinato, las víctimas de delitos jóvenes o las víctimas de delitos transfronterizos.
(26 bis) De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Con respecto a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de estos documentos está justificada1.
1 La Comisión envió al Consejo una justificación por escrito el X(X).
Los Estados miembros garantizarán que se ofrezca a las víctimas la información siguiente, sin retrasos innecesarios, desde su primer contacto con la autoridad competente para recibir una denuncia relativa a una infracción penal:
Los Estados miembros garantizarán que se ofrezca a todas las víctimas la información siguiente, sin retrasos indebidos y en una lengua que comprendan, utilizando, si procede, técnicas de comunicación adaptadas a los niños, desde su primer contacto con una autoridad pública a raíz de una denuncia relativa a una infracción penal:
f) en qué medida y en qué condiciones les asiste el derecho a recibir asistencia letrada, asistencia jurídica gratuita u otro tipo de orientación;
f) en qué condiciones les asiste el derecho a recibir asistencia letrada, asistencia jurídica gratuita u otro tipo de orientación independiente y experta;
Artículo 3 – letra f bis (nueva)
f bis) que en todo caso tienen derecho a interpretación y traducción gratuitas;
La información prevista en el apartado 1 se proporcionará, verbalmente y por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas vulnerables.
No basta con dar a las autoridades la opción de proporcionar únicamente de palabra la información prevista en el apartado 1.
1. Los Estados miembros garantizarán que se notifique a las víctimas su derecho a recibir la información siguiente sobre su caso y que reciban dicha información cuando hayan manifestado este deseo:
1. Los Estados miembros garantizarán que se notifique a las víctimas su derecho a recibir información sobre su caso y a acceder a la documentación relevante cuando hayan manifestado este deseo y que, en consecuencia, reciban la información siguiente:
2. Los Estados miembros garantizarán que se brinde a las víctimas la oportunidad de que se les notifique cuándo queda en libertad la persona inculpada o condenada por las infracciones que les afecten. Las víctimas recibirán esta información cuando hayan expresado el deseo de que así sea.
2. Los Estados miembros garantizarán que se brinde a las víctimas la oportunidad de que se les notifique cuándo queda en libertad la persona inculpada o condenada por las infracciones que les afecten o si esa persona se ha fugado del centro de reclusión. Las víctimas recibirán esta información inmediatamente en todos los casos.
2 bis. Los Estados miembros velarán por que la notificación y la información previstas en los apartados 1 y 2 se proporcionen en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las víctimas que sean personas vulnerables.
3 bis. Los Estados miembros garantizarán el derecho de las víctimas a modificar en todo momento su decisión sobre si desean recibir o no la información mencionada en los apartados 1 y 2.
a) la denuncia de la infracción penal ante la autoridad competente;
a) la denuncia relativa a la infracción penal ante la autoridad competente;
1. Los Estados miembros garantizarán a las víctimas y sus familiares, de acuerdo con sus necesidades, el acceso gratuito y confidencial a los servicios de apoyo a las víctimas.
1. Los Estados miembros garantizarán a las víctimas y a sus familiares, de acuerdo con sus necesidades, el acceso gratuito y confidencial a los servicios de apoyo a las víctimas antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la conclusión de los procesos penales.
Es necesario especificar que debe haber un nivel constante y garantizado de apoyo en todos los Estados miembros y que tal apoyo no debe limitarse a las secuelas inmediatas del delito, ya que los procesos penales pueden ser prolongados, complejos y traumáticos, en particular para las víctimas de delitos con violencia o sexuales.
4 bis. Los Estados miembros respetarán la voluntad de la víctima de renunciar al apoyo del Estado.
4 bis. Los Estados miembros permitirán que las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que tengan un interés legítimo y estén registradas y sometidas a control con arreglo a la legislación nacional intervengan en los procesos penales en apoyo o en nombre de las víctimas.
Los Estados miembros garantizarán que las víctimas reciban reconocimiento por escrito de toda denuncia interpuesta por ellas ante una autoridad competente del Estado miembro.
Los Estados miembros garantizarán que las víctimas reciban reconocimiento por escrito en una lengua que comprendan de toda denuncia interpuesta por ellas ante una autoridad competente del Estado miembro.
La enmienda pone el texto en consonancia con los derechos otorgados a las personas acusadas de cometer delitos fuera de su país.
Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba.
Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de intervenir en los procesos penales y el derecho a ser oída durante las actuaciones y a facilitar elementos de prueba.
c) la persona sospechosa o acusada o el infractor habrá de haber reconocido su responsabilidad por su actuación;
c) la persona sospechosa o acusada o el infractor habrá de haber reconocido su responsabilidad por su actuación y deberá ofrecer una explicación a la víctima;
2. Los Estados miembros facilitarán la remisión de casos a los servicios de mediación u otros servicios de justicia reparadora, incluso mediante el establecimiento de protocolos sobre las condiciones de la remisión.
2. Los Estados miembros facilitarán la remisión de casos a los servicios de mediación u otros servicios de justicia reparadora, incluso mediante el establecimiento de procedimientos sobre las condiciones de la remisión.
2 bis. Los Estados miembros velarán por que cuando la mediación u otros servicios de justicia reparadora sean ofrecidos por organizaciones no gubernamentales, estas estén registradas y sometidas a control periódico con arreglo a la legislación nacional.
Los Estados miembros garantizarán que se devuelvan sin demora a las víctimas los objetos restituibles que les hayan sido incautados en el transcurso de procesos penales, salvo en caso de necesidad impuesta por el proceso penal.
Los Estados miembros garantizarán que se devuelvan sin demora a las víctimas los objetos que les hayan sido incautados en el transcurso de procesos penales, salvo en caso de necesidad impuesta por el proceso penal.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas para propiciar que el autor de la infracción indemnice a la víctima adecuadamente.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas para propiciar que el autor de la infracción indemnice a la víctima adecuadamente y ayudarán a las víctimas en relación con la ejecución puntual de las órdenes de indemnización.
Este apartado debe reforzarse haciendo hincapié en que los Estados miembros han de tener la responsabilidad de garantizar que las órdenes de indemnización se ejecuten con rapidez.
3 bis. Los Estados miembros velarán por que se establezcan procedimientos comunes sencillos que permitan a las víctimas de delitos que residan en otro Estado miembro solicitar indemnización con facilidad y por que las órdenes de indemnización transfronteriza se ejecuten sin retrasos indebidos.
Las víctimas de delitos cometidos fuera de sus países de residencia no deben ser inducidas por la complicación de los procedimientos a renunciar a la indemnización a la que tiene derecho. Los Estados miembros deben garantizar que existe un procedimiento sencillo y único para la reclamación de indemnización por los no nacionales y que las órdenes de indemnización se ejecuten con puntualidad.
1. A efectos de la presente Directiva, se consideran vulnerables por sus características personales las siguientes categorías de víctimas:
1. A efectos de la presente Directiva, se consideran vulnerables por sus características o situaciones personales las siguientes categorías de víctimas:
a) los menores;
a) los menores y las personas de edad avanzada;
Artículo 18 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
b bis) las personas expuestas al riesgo de represalias o de intimidación;
Artículo 18 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
a bis) las víctimas de violencia doméstica;
Artículo 18 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)
b bis) las víctimas de ataques terroristas, de la delincuencia organizada, de pederastia y de ciberdelitos.
Los Estados miembros establecerán progresivamente las condiciones necesarias para evitar el contacto entre víctimas y acusados o sospechosos en cualquier dependencia en la que las víctimas puedan tener contacto personal con autoridades públicas por el hecho de ser víctimas y en particular en dependencias en las que se celebren procesos penales.
Los Estados miembros establecerán las condiciones necesarias para evitar el contacto entre víctimas y acusados o sospechosos en cualquier dependencia en la que las víctimas puedan tener contacto personal con autoridades públicas por el hecho de ser víctimas y en particular en dependencias en las que se celebren procesos penales.
Artículo 20 – apartado 1 – letra a
a) se interrogue a las víctimas sin demora injustificada una vez que se haya presentado ante las autoridades competentes la denuncia de la comisión de una infracción penal;
a) se interrogue a las víctimas sin demora indebida una vez que se haya presentado ante las autoridades competentes la denuncia relativa a la comisión de una infracción penal;
1 bis. Los Estados miembros propiciarán las visitas a los juzgados antes de la celebración de la vista para que las víctimas se familiaricen con ese entorno.
La comisión considera que las víctimas deben poder beneficiar de visitas a los juzgados antes de la celebración de la vista para familiarizarse con ese entorno.
c) todos los interrogatorios a la víctima serán realizados por las mismas personas a menos que sea contrario a la buena administración de justicia y a menos que la víctima se manifieste en sentido contrario durante las investigaciones penales;
d) todos los interrogatorios a las víctimas de violencia sexual serán realizados por una persona del mismo sexo.
d) todos los interrogatorios a las víctimas de violencia sexual serán realizados por una persona del mismo sexo, a no ser que la víctima solicite lo contrario.
1. Los Estados miembros garantizarán que, durante los procesos penales, las autoridades judiciales puedan adoptar medidas para proteger la intimidad y las imágenes fotográficas de las víctimas y sus familiares.
1. Los Estados miembros garantizarán la adopción de medidas adecuadas, en particular durante la investigación, la persecución y los procesos penales, para proteger la intimidad y las imágenes fotográficas de las víctimas y sus familiares.
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis. Los Estados miembros garantizarán que todas las instituciones en contacto con las víctimas adopten normas claras en las que se prevea que sólo podrán desvelar a terceros la información relativa a una víctima o recibida de ésta cuando la propia víctima haya accedido a ello o exista una disposición o autorización jurídica que así lo exija.
1. Los Estados miembros garantizarán que la policía, los fiscales y el personal de los juzgados reciban formación general y especializada a un nivel adecuado al contacto que mantengan con las víctimas con el fin de que se sensibilicen con sus necesidades y de que las traten de manera imparcial, respetuosa y profesional.
1. Los Estados miembros garantizarán que la policía, los fiscales y el personal de los juzgados reciban siempre formación general y especializada a un nivel acorde con el contacto que mantengan con las víctimas con el fin de que se sensibilicen con sus necesidades y de que las traten de manera imparcial, respetuosa y profesional.
2. Los Estados miembros garantizarán que los miembros de la judicatura tengan acceso a formación general y especializada con el fin de que se sensibilicen con las necesidades de las víctimas y de que las traten de manera imparcial, respetuosa y profesional
2. Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias de organización de la judicatura en el conjunto de la Unión, los Estados miembros garantizarán que los miembros de la judicatura tengan acceso a formación general y especializada con el fin de que sean conscientes de las necesidades de las víctimas y de que debe tratárselas de manera imparcial, respetuosa y profesional, así como que se les aliente a recibir tal formación, incluida, en su caso, formación avanzada.
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis. Los Estados miembros garantizarán siempre que los abogados tengan acceso a formación general y especializada para que sean conscientes de las necesidades de las víctimas, de manera que ello contribuya a que las traten de manera imparcial, respetuosa y profesional.
3. Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que quienes presten servicios de apoyo y servicios de justicia reparadora a las víctimas reciban la formación adecuada a un nivel apropiado al contacto que mantengan con las víctimas y observen normas profesionales para garantizar que tales servicios se prestan de manera imparcial, respetuosa y profesional.
3. Los Estados miembros adoptarán siempre medidas para garantizar que quienes presten servicios de apoyo y servicios de justicia reparadora a las víctimas reciban la formación adecuada a un nivel acorde con el contacto que mantengan con las víctimas y observen normas profesionales para garantizar que tales servicios se prestan de manera imparcial, respetuosa y profesional.
Artículo 25 – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter. Los Estados miembros velarán por que sus embajadas y consulados cuenten con mecanismos de contacto bien establecidos con los proveedores de servicios a las víctimas y con los organismos oficiales de los Estados miembros en los que estén situadas dichas representaciones diplomáticas, con el fin de garantizar la rápida remisión de las víctimas.
Esta sugerencia la han hecho varios electores a propósito de casos en los que ellos o familiares suyos han sido víctimas de delitos en territorio extranjero. Se trata de una omisión que debería corregirse en los textos legislativos.
Artículo 25 – apartado 2 quater (nuevo)
2 quater. Los Estados miembros velarán por que en sus legislaciones nacionales en materia de repatriación de restos mortales se apliquen un procedimiento y un plazo comunes con los que se tengan en cuenta los deseos de la familia y sus tradiciones religiosas y culturales.
Se trata de un problema recurrente y persistente para las familias de víctimas de delitos.
Artículo 27 bis (nuevo)
1. La Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva como muy tarde antes de que hayan transcurrido cinco años desde su entrada en vigor.
2. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de modificación de la presente Directiva.
COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD)
Artículo 51 – Reuniones conjuntas de comisiones
Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström
Sentencia de 2 de febrero de 1989 en el asunto C-186/87 Ian William Cowan contra Trésor public, apartado 17.
Decisión marco del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2011/220/JHA), DO L 82 de 22.3.2011, p.1; Informe de la Comisión de 20.4.2009 (COM(2009)0166); Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, DO L 261 de 6.8.2004, p. 15; Informe de la Comisión (COM(2009)0170).
Artículo 51 - Reuniones conjuntas de comisiones
Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Regina Bastos, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Edite Estrela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Constance Le Grip, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Claude Moraes, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Antonyia Parvanova, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Renate Sommer, Rui Tavares, Britta Thomsen, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Anna Záborská, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra
Alexander Alvaro, Minodora Cliveti, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Mojca Kleva, Ádám Kósa, Marek Henryk Migalski, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Michèle Striffler
Nadja Hirsch, Elisabeth Morin-Chartier

References: artículo 51
 artículo 294
 artículo 82
 artículo 294
 artículo 51
 artículo 82
 artículo 82
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 7
 resolución 
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 resolución 
 artículo 18
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 51

Artículo 3

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 27

Artículo 51

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