Source: http://docplayer.es/16574008-La-obtencion-del-titulo-de-traductor-jurado-en-espana.html
Timestamp: 2018-02-23 03:43:27+00:00

Document:
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TRADUCTOR JURADO EN ESPAÑA - PDF
Download "LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TRADUCTOR JURADO EN ESPAÑA"
Celia Olivares Robles
1 LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TRADUCTOR JURADO EN ESPAÑA Juan F. Capellas Colegio de Abogados de Barcelona, España Dentro del concepto en que se basa este coloquio internacional en relación con la Traducción Jurídica Historia, Teoría y Práctica se ha planteado la presente comunicación desde la óptica práctica y específica dirigida a la obtención del Título de Traductor Jurado en España. A lo largo de esta comunicación intentaré señalar los puntos que, a mi juicio, revisten una mayor transcendencia para la obtención de dicha titulación, ya sea a partir de estudios cursados en la Universidad española, ya sea en virtud de estudios cursados en Universidades extranjeras y dentro de ellas distinguiremos los países que integran la Unión Europea y otros países que no pertenecen a ella. Entrando en el tema, deberemos considerar al traductor como un profesional liberal, con titulación académica que le capacita para dicha función. Dicho profesional puede alcanzar un grado superior en su formación y obtener el Título de Traductor Jurado. Con dicho título su trabajo de traducción obtiene una calificación equivalente a la fe pública, ya que el documento traducido por un Traductor Jurado equivale al propio documento del idioma original sólo que en otro idioma; siendo ello reconocido por todos los países. A la vista de ello, es lógico suponer que los distintos países exijan un grado de formación determinado, tanto para obtener el Título académico de traductor, como posteriormente el de Traductor Jurado. Es evidente que para ejercer simplemente de traductor, es suficiente con conocer un idioma, lo cual puede hallarse al alcance de muchas personas, que han recibido alguna formación cultural en más de un idioma. Sin embargo ello no es garantía de que la traducción llevada a cabo por dicha persona goce del nivel adecuado en sentido profesional. Por ello dicho conocimiento debe venir avalado por un título académico y por la superación de unas pruebas específicas para obtener el título de Traductor Jurado. Además de ello, tal como ocurre normalmente en la actividad de los profesionales liberales, puede existir un mayor grado de especialización en diversas materias que por su complejidad requiera una mayor formación para el traductor. En este contexto existe una particular aceptación, entre los distintos países, respecto a la especialización del traductor en materias jurídicas y económicas; olvidándose muchas veces de la complejidad derivada de otras materias como la medicina y la ingeniería en sus diversas y específicas titulaciones, por citar algunas especialidades, sin perjuicio de otras materias. 1
2 Todo ello nos lleva a la conclusión de que el traductor, en su más amplia acepción, es una persona que, aparte de conocer en profundidad un idioma distinto de su lengua materna, debe poseer una gran cultura general para enfrentarse a los diversos textos objeto de traducción; sin perjuicio de una formación específica que le permita una especialización determinada. Del conjunto de características expuestas, podemos definir al traductor como Un profesional liberal, con titulación académica específica sobre el conocimiento de uno o varios idiomas distintos de su lengua materna, con una amplia cultura general. En su condición de profesional liberal y antes de entrar en las particularidades de la normativa española, debemos hacer una breve referencia al Tratado de Roma y su evolución hasta nuestros días. La normativa comunitaria relativa a la libre circulación de profesionales liberales tiene por objeto asegurar la de personas y servicios, permitiendo que los nacionales de los Estados Miembros, en particular aquellos que tienen la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, puedan hacerlo, ocasional o permanentemente, en aquél Estado Miembro en el que no hayan adquirido sus cualificaciones profesionales. El avance en este terreno se produjo, en un principio, en los años 70, en base a directivas individualizadas que regulan las cualificaciones profesionales y la libertad de establecimiento y prestación de servicios para cada sector profesional. A partir de 1989 se abandonó esta fórmula para, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo, regularse, de forma genérica, un sistema general de reconocimientos de títulos que establecían los requisitos para que los Estados Miembros de acogida admitiesen a los profesionales del resto de Estados Miembros en igualdad de condiciones que a los nacionales. No obstante, las regulaciones específicas, mediante directivas sectoriales, de determinadas profesiones (médicos, odontólogos, arquitectos, farmacéuticos, etc.) se mantienen vigentes. Posteriormente, a partir de los años 90, el sistema se completó con un sistema de reconocimiento de títulos, diplomas y certificados que sancionaban una formación inferior a los tres años de estudios dando cabida con esta fórmula en el sistema a un amplio número de profesiones. La norma general del sistema se basa en que cada Estado Miembro debe reconocer, con objeto de permitir a los interesados acceder a una profesión regulada, los títulos expedidos en los Estados Miembros a los mismos efectos. El objeto de las directivas de sistema general no estriba en armonizar las formaciones y la regulación de las profesiones sino en la obligación de reconocer títulos de formación y, en caso de disparidad notable de éstas, establecer mecanismos de compensación que, a la postre, permitan dicho reconocimiento. La Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DOCE nº L19 de ) concreta el sistema de reconocimiento general de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. Los Estados Miembros que regulan las profesiones deberán reconocer las cualificaciones obtenidas en otros Estados Miembros y permitir a los titulares de las mismas el desempeño de su o de sus actividades en su territorio en igualdad de condiciones con los nacionales. 2
3 En España, el desarrollo de la Directiva 89/48/CEE ha tenido lugar por medio del Real Decreto 1.665/1991, de 25 de octubre (BOE del 22 de noviembre). El referido Real Decreto reconoce, con carácter general, que el titular de cualificaciones profesionales adquiridas en otro Estado Miembro que sean análogas a las que se exigen en nuestro país para ejercer una profesión podrá acceder a ella en las mismas condiciones que quienes hayan obtenido un título español. En definitiva, el reconocimiento de titulaciones por el Ministerio correspondiente permitirá a los nacionales de otros Estados Miembros el ejercicio de la profesión en España en régimen de libertad de establecimiento. En cualquier caso, la posible ausencia de medidas reglamentarias de aplicación respecto de determinadas profesiones no puede suponer un obstáculo para el reconocimiento de aquellos títulos extranjeros que entran dentro del campo de aplicación de la Directiva. El procedimiento administrativo de reconocimiento de títulos tiene un plazo máximo de cuatro meses contados desde la presentación de la documentación y finalizará con resolución motivada. En el caso de no recaer ésta en el plazo fijado se entenderá desestimada la solicitud a efectos de la interposición del recurso procedente. Normativa española en relación con el nombramiento de Intérprete Jurado El Real Decreto 79/1996 de 26 de enero, modificó diversos artículos del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Efectivamente, el nombramiento de Intérpretes Jurados por el Ministerio de Asuntos Exteriores se encontraba regulado por los artículos 13 y ss. del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, y parcialmente modificado por los Reales Decretos 889/1987, de 26 de junio, y 752/1992 de 27 de junio. El citado Real Decreto 79/1996 quiso recoger la realidad de las actividades ejercidas por los Intérpretes Jurados y otorgar carácter oficial no sólo a las traducciones escritas, si no también orales, así como a las traducciones inversas, además de a las directas por ellos realizadas. Al propio tiempo, la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo obligaba a permitir el acceso a los exámenes para nombramiento de Intérprete Jurado a los nacionales de sus Estados Miembros. Ante la existencia del título universitario de Licenciatura en Traducción e Interpretación se otorgó la posibilidad de que los titulares de la citada Licenciatura pudieran solicitar a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores el nombramiento de Intérprete Jurado, sin realización de exámenes, mediante la acreditación de haber superado, dentro de dicha Licenciatura, las asignaturas que otorguen a los titulados una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento. A tal efecto, se dispuso que las personas que se encuentren en posesión del título español de Licenciado en Traducción e Interpretación, o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, y reúnan los demás requisitos expresados en el apartado anterior, podrán solicitar a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de 3
4 Asuntos Exteriores el nombramiento de Intérprete Jurado, sin necesidad de realizar los exámenes previstos en el artículo 14, acreditando mediante la correspondiente certificación académica que han superado las asignaturas de dicha Licenciatura que, conforme a los Planes de Estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los Licenciados una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento. Asimismo, la Orden de 8 de febrero de 1996, por la que se dictan normas sobre los exámenes para nombramiento de Interpretes Jurados, en su artículo 5º dispuso que las personas que se encuentren en posesión del título español de Licenciado en Traducción e Interpretación, o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, y reúnan los demás requisitos señalados en el artículo 1, apartados a) y c), podrán solicitar de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores el nombramiento de Intérprete Jurado, sin necesidad de realizar los exámenes previstos en el artículo anterior, acreditando, mediante la correspondiente certificación académica, que han superado las asignaturas de dicha Licenciatura que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los Licenciados una preparación específica en traducción jurídica y económica e interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento. Las personas que reúnan los anteriores requisitos y deseen recibir el nombramiento de Intérprete Jurado deberán solicitarlo a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con posterioridad al mencionado Real Decreto 79/1996, la Orden de 21 de marzo de 1997 desarrolló el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas, estableciendo los requisitos necesarios para solicitar el nombramiento de Intérpretes Jurados. Dado que el Real Decreto 79/1996, antes citado, no reconocía a los licenciados en Traducción e Interpretación el derecho a acceder automáticamente al nombramiento de intérpretes jurados, sino que les exige que acrediten que han recibido, a lo largo de la licenciatura, una formación suficiente en traducción jurídica y económica e interpretación oral, fue necesario aclarar los criterios para determinar que debía entenderse por preparación específica. Esta Orden pretendió regular los requisitos que debían reunir las personas que hallándose en posesión del título español de licenciado en Traducción e Interpretación, o de un título extranjero que haya sido homologado a éste, solicitaran el nombramiento de Intérprete Jurado, sin necesidad de realizar los exámenes previstos en el art. 14 del citado Real Decreto. Estos requisitos son: a) Poseer la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado Miembro del espacio económico europeo. b) Acreditar, mediante la correspondiente certificación académica, que han superado las asignaturas de la licenciatura en Traducción e Interpretación o titulación extranjera equivalente debidamente homologada, que, conforme a los planes de estudio de las correspondientes Facultades, otorguen a los licenciados una preparación específica en traducción jurídica y económica e 4
5 interpretación oral en la lengua o lenguas para las que se solicite el nombramiento. c) En el supuesto de títulos extranjeros homologados correspondientes a sistemas educativos de países en los que el español no sea la lengua oficial, acreditar que una de las lenguas estudiadas es el español. Además de dichos requisitos esta Orden pretendió regular lo qué debía entenderse por preparación específica en traducción jurídica y económica y dispuso que: se entenderá que los solicitantes poseen una preparación específica en las materias indicadas si han obtenido en los cursos propios de la licenciatura un mínimo de 24 créditos en traducción jurídica y económica y de 16 créditos en interpretación. Estos requisitos se hacían extensivos a los títulos extranjeros y al efecto señala que los solicitantes que estuviesen en posesión de un título extranjero homologado al título español de licenciado en Traducción e Interpretación, deberán presentar un certificado, expedido por la Universidad extranjera en la que hubiesen obtenido el citado título, acreditativo de los créditos obtenidos en las materias exigidas con especificación de los correspondientes a cada asignatura. A la entrada en vigor de dicha Orden, n º79, si no se reunía el número de créditos exigidos y haber finalizado los estudios de la licenciatura en Traducción e Interpretación, sólo podrán obtenerlos cursando, en Universidades públicas o privadas reconocidas, asignaturas de especialización en traducción jurídica y económica. Esta Orden, por su carácter restrictivo, fue recurrida y en fecha 10 de febrero de 1999 el Tribunal Supremo desestimó el recurso refrendando la validez de los requisitos exigidos en dicha Orden, que se halla plenamente vigente. Finalmente después de la enumeración de los requisitos precisos para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado en España, desearíamos hacer una consideración al respecto. Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario evaluar al Traductor de acuerdo con una preparación académica específica para ello, a fin de garantizar el nivel adecuado en su trabajo. Mayormente, deben establecerse los controles suficientes para la expedición del nombramiento de Intérprete Jurado, ya que como hemos dicho al principio, dicho nombramiento reviste el carácter de fedatario público de la traducción, y por ello su nombramiento debe rodearse de las máximas garantías. No comprendemos, sin embargo, la especial insistencia en una preparación específica concretada en la traducción jurídica y económica, cuando a nuestro juicio ello es sólo una especialidad entre muchísimas otras. Por ello, creemos que sería mucho más coherente la acreditación al máximo nivel del conocimiento del idioma del cual se solicita el nombramiento de Intérprete Jurado y que en dicho conocimiento debieran superarse, ya sea durante los estudios de licenciatura, ya sea en exámenes específicos posteriores, una amplia formación especializada en distintas materias que poseen un léxico o lenguaje especifico de ellas. A modo de conclusión deseo aportar mi personal opinión sobre cuanto he puesto de manifiesto y en este sentido debo aclarar que España es un país que continúa apoyando 5
6 un proteccionismo de sus profesionales liberales frente a los de otros países y por ello crea barreras administrativas que impidan la fluidez de la aplicación de las Leyes y Tratados supranacionales, que fomentan la libre circulación de personas y establecimientos en los distintos países. Es justo reconocer que no sólo España extiende su proteccionismo administrativo a los propios ciudadanos, pero a mi juicio este afán proteccionista termina siendo perjudicial para el país que lo practica, que queda aislado de las corrientes de integración mundial que actúan como motor de la evolución de los pueblos. Y para terminar un breve apunte. Observamos, día a día, una globalización mundial de los países, sus políticas y economía, y ello nos lleva a una concepción abierta, sin fronteras, que permita una mayor integración de los pueblos y sus culturas. En este contexto el traductor es cada día más necesario, dada la particular defensa del ser humano de su propia lengua de expresión. A título de ejemplo actual, nos referimos a las dificultades que en este momento afronta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, según palabras de su Presidente, se halla al borde del colapso por la falta de traductores suficientes. La creación del nuevo Espacio Europeo obliga a la defensa de nuevas libertades tales como la libre circulación de personas, capital y mercancías y ello conlleva necesariamente interpretación del derecho social comunitario como garante de la prohibición de discriminación de cualquier índole que afecte a los ciudadanos europeos, siendo competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la resolución de dichos asuntos; resoluciones que se ven deterioradas por el retraso en su tramitación, por falta de traductores que faciliten la labor de conocimiento de los asuntos planteados. Por todo ello es preciso que el Título de Intérprete Jurado, como exponente máximo de la profesión de traductor, se rodee de las máximas garantías de formación profesional, pero que al propio tiempo se reconozca de forma transparente la formación y capacidad contrastada de los profesionales de otros países, evitando la creación de barreras administrativas que protegen intereses partidistas de profesionales locales. 6

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución