Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2002/06/registro-oficial-3-de-junio-del-2002
Timestamp: 2019-02-20 03:14:18+00:00

Document:
Registro Oficial. 3 de JUNIO del 2002
2673 Autorízase al Ministro\n de Economía y Finanzas para que suscriba un contrato de\n préstamo con los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)\n y Caja Madrid; y, con el Instituto de Crédito Oficial\n del Reino de España, ICO, que se destinará a financiar\n el costo del Proyecto "Reforzamiento de la Educación\n Técnica Profesional" , más el valor de la\n Prima de Seguro CESCE, a cargo del Ministerio de Educación,\n Cultura y Deportes, en calidad de organismo ejecutor
022 Declárase de utilidad pública\n los terrenos necesarios para la rehabilitación y ampliación\n del puente Rafael Mendoza Avilés y sus conexiones viales\n previstas en los diseños definitivos, ubicados en los\n cantones Guayaquil, Samborondón y Durán
023\n Refórmase\n el Acuerdo Ministerial 002 de 12 de enero del 2001, publicado\n en el Registro Oficial 254 de 29 de los mismos mes y año
DIRECCION\n DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL:
172/02\n Clasificación\n de los buques de bandera ecuatoriana de tráfico nacional
0015 Déjase sin efecto la\n Resolución 0004 de enero 23 del 2002
60 Jorge Eduardo Andrade Arteaga en contra\n del IESS
\n 61 Segundo Plutarco Arteaga Delgado en contra\n del IESS
62 Edison Atahualpa Coloma Verdesoto en\n contra del IESS
63 Teresa de Jesús Portero\n Osorio en contra del IESS
64 Universidad de Cuenca en contra\n del IESS
65 Colón Erny Arteaga\n Saavedra en contra del IESS
66 Arquitecto Carlos Sandoval\n Anda en contra del Gerente de la Empresa Metropolitana de Transportes
67 Walter Geovanny Gómez\n Durán en contra de la Empresa Metropolitana de Servicios\n y Transportes Terrestre y Terminales
68 Rosa Alejandrina Alarcón\n Cedeño en contra del IESS
69 Galo Alfredo Intriago Cobeña\n en contra del IESS
70 Mirian Rosagna Barberán\n Barberán en contra del IESS
71 Washington Antonio Saavedra\n Cedeño en contra del IESS
74 Economista Manuel Dolores\n Padilla Arana en contra del Banco Nacional de Fomento
76 Hilda Lunavictoria Logroño\n en contra del IESS
77 César Hermel Córdova\n Obando en contra del IESS
RJE-2002-DOP-231-498 Expídese el Instructivo para el\n cambio de domicilio electoral
RJK-2002-DOP-232-499 Expídese el Instructivo para el\n funcionamiento de los centros de información electoral\n para efectos de los cambios de domicilio y difusión del\n padrón electoral, previo a las elecciones del año\n 2002
604\n Calificación\n de la aplicación de licencias previas a la importación\n de oleaginosas aplicada por el Gobierno de Ecuador como restricción\n para los efectos del Programa de Liberación
605 Pronunciamiento sobre el cumplimiento\n de normas de origen de " premezclas energéticas"\n de la Subpartida NANDINA 2309.90.20, producidas en Venezuela
606 Modificación de la\n Resolución 580 de la Secretaría General
\n 607 Precios de referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios\n para la primera quincena de abril del 2002, correspondientes\n a la circular No. 169 del 20 de marzo del 2002
Cantón\n Salitre: Que\n reglamenta los procesos de contratación pública
- A\n la publicación de la Ley de Revalorización de Pensiones\n Vitalicias, publicada en el Registro Oficial No. 572 de 9\n de mayo del 2002\n \n
N°\n 2673
Que el Proyecto "Reforzamiento de la Educación\n Técnica fue identificado en la lista inicial de proyectos\n a ejecutarse con cargo al Programa Financiero Hispano-Ecuatoriano,\n suscrito el 29 de septiembre de 1997 y ratificado en la reprogramación\n de febrero de 1999, asignándole para su ejecución\n un monto de US$ 27 millones como crédito con fondos mixtos\n (50% FAD y 50% Comercial);
Que la Secretaría General de Planificación,\n mediante oficio. No. DGRE-94-0000129 de 17 de enero de 1994,\n emitió dictamen de prioridad respecto del Proyecto de\n "Reforzamiento de la Educación Técnica Profesional;
Que mediante comunicación de 13 de noviembre del 2001,\n el Secretario General de Comercio Exterior del Ministerio de\n Economía del Reino de España, comunica al Ministro\n de Economía y Finanzas, que la Comisión Interministerial\n del Fondo de Ayuda al Desarrollo, aprobó el crédito\n en lo que corresponde al 50% de financiamiento FAD;
Que mediante comunicación No. SCP-2001-2485-6700 de\n 14 de noviembre del 2001, el Ministerio, de Economía y\n Finanzas, oficializó ante el Reino dé España\n los proyectos que serían financiados con cargo al saldo\n (US$ 281'620.000), de los recursos provenientes al citado programa\n financiero, dentro del cual consta el programa de la referencia;
Que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría y Caja Madrid,\n entidades financieras del tramo en condiciones OCDE, (Comerciales),\n a través de comunicación de 15 de febrero del 2002.\n remitieron al Ministerio de Economía y Finanzas, el respectivo\n Proyecto de Convenio de Crédito;
Que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante\n oficios Nos. STyCP-2001 2634 7219 y 749 2184 de 5 de diciembre\n del 2001 y de abril del 2002, respectivamente, aceptó\n las condiciones financieras FAD y OCDE establecidas;
Que el Directorio del Banco Central del Ecuador, emitió\n dictamen favorable sobre los aspectos financieros de los contratos\n de préstamo a suscribirse entre la Republica del Ecuador\n y como prestamista: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)\n y Caja Madrid; y, el Instituto de Crédito Oficial del\n Reino de España (ICO), para financiar el costo del Proyecto\n "Reforzamiento de la Educación Técnica Profesional",\n más el valor de la Prima de Seguro CESCE, según\n consta del oficio No. DBCE-0598-2002 02 01387 de 8 de mayo del\n 2002;
Que la Procuraduría General del Estado, emitió\n su dictamen favorable sobre los aspectos legales de los proyectos\n de convenios de préstamo puestos a su consideración,\n según consta del oficio No. 23986 de 8 de mayo del 2002;
Que la Oficina de Planificación de la Presidencia de\n la República, en atención al pedido de ratificación\n de prioridad del Proyecto "Reforzamiento de la Educación\n Técnica Profesional", formulado por el señor\n Ministro de Educación, Cultura y Deportes, contenido en\n el oficio No. 1492 DM2001 de 13 de mayo del 2002, mediante oficio\n No. ODEPLAN-DE-O-2002-432 de 14 de mayo del 2002, señala\n que por disposición del señor Vicepresidente de\n la República, Director General de Planificación,\n aprueba y califica como prioritario al citado proyecto:
Que la Subsecretaria de Crédito Público, de\n conformidad con lo dispuesto en el articulo 125 de la Lev Orgánica\n de Administración Financiera y Control, mediante memorando\n No. SCP-CES-2002-0232 de 14 de mayo del 2002, presentó\n el correspondiente informe:
Que el Ministro de Economía y Finanzas, expidió\n la Resolución No. SCP-2002 039 de 15 de mayo del 2002,\n aprobando la celebración de los respectivos contratos\n de préstamo; y.
En uso de las facultades que le confiere el articulo 171,\n numeral 18 de la Constitución Política de la República\n y 127 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera\n y Control,
Art. 1.- Autorizase al Ministro de Economía x Finanzas,\n para que personalmente o mediante delegación, a nombre\n y en representación de la República del Ecuador,\n en calidad de Prestataria, suscriba con los bancos Bilbao Vizcaya\n Argentaría (BBVA) y Caja Madrid; y, con el Instituto de\n Crédito Oficial del Reino de España, ICO, en calidad\n de Prestamista, sendos contratos de préstamo, por el monto\n de hasta VEINTE Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL\n CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA\n (US$ 27581.168), que se destinará a financiar el costo\n del Proyecto 'Reforzamiento de la Educación Técnica\n Profesional", más el valor de la Prima de Seguro\n CESCE, a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y\n Deportes, en calidad de organismo ejecutor.
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DEL REINO DE ESPAÑA, ICO
\n PRESTAMISTA:	Instituto de Crédito Oficial, del Reino de\n España, ICO.
ORGANISMO	Ministerio de Educación, Cultura
\n EJECUTOR:	y Deportes.
OBJETO DEL	Financiar el 50% del costo del
\n CREDITO:	Proyecto "Reforzamiento de la Educación\n Técnica Profesional', más el valor de la Prima\n de Seguro CESCE.
MONTO DEL	Hasta por US $ 13'790.584 más el
\n FINANCIAMIENTO:	50% del costo de la Prima de Seguros, CESCE.
PLAZO DE GRACIA:	Treinta años, incluyendo diez años\n como periodo de gracia.
INTERES:	1.0% anual fijo.
INTERES DE LIBOR a 180 días.
\n MORA:
COMISION DE	0.10%, calculada sobre los saldos
\n DISPONIBILIDAD:	no utilizados del crédito FAD.
AMORTIZACION:	Semestral (41 cuotas fijas).
\n DISPOSICION:	13 meses.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) Y CAJA MADRID
PRESTAMISTA:	Banco Bilbáo Vizcaya Argentaría\n (BBVA) y Caja Madrid.
\n CREDITO:	Proyecto "Reforzamiento de la Educación\n Técnica Profesional", más el valor de la Prima\n de Seguro CESCE.
PLAZO DE GRACIA:	Plazo máximo de cinco años,\n sin periodo de gracia.
INTERES:	4,14% anual fija. (tasa actual del Consenso de la\n OCDE, para préstamos a cinco años).
INTERES DE	1% más la tasa fija anual del
\n MORA:	crédito.
COMISION DE	0.50%, flat, calculada sobre el
\n GESTION:	importe del crédito en términos OCDE.
AMORTIZACION:	Mediante el pago de 10 cuotas de capital semestrales\n y fijas.
\n DISPONIBILIDAD: 13 meses.
Art. 3.- El servicio de amortización, intereses y demás\n costos financieros de los préstamos que se autoriza celebrar\n por el articulo 1 de este decreto, lo realizará el Estado\n Ecuatoriano durante el año 2002 con cargo a las partidas\n presupuestarias Nos. 1000.0000.36.03.02.109.2 y 1000.0000.36.03.03.029.2\n del Presupuesto General del Estado, para los créditos\n FAD y OCDE, respectivamente; y, en los años subsiguientes\n con aplicación al Presupuesto del Gobierno Central, Capitulo\n Deuda Pública Externa, para lo cual el Ministerio de Economía\n y Finanzas suscribirá el respectivo Contrato de Agencia\n Fiscal con el Banco Central del Ecuador, comprometiendo los recursos\n que fueren necesarios de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro\n Nacional.
Art. 4.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,\n en su calidad de organismo ejecutor, tendrá a su cargo\n los procedimientos y trámites para la ejecución\n del Proyecto "Reforzamiento de la Educación Técnica\n Profesional"; y, será de responsabilidad de sus funcionados,\n en las áreas de sus respectivas intervenciones, velar\n porque los procedimientos y trámites que se lleven a cabo\n para la celebración de los contratos respectivos, se enmarque\n y sujeten a las leyes, reglamentos y más normas que regulan\n la contratación pública en el Ecuador o a la nominativa\n estipulada en el contrato de crédito.
Art. 5.- Al Ministerio de Economía y Finanzas a través\n de la Subsecretaría de Crédito Público,\n le, corresponderá velar por el cumplimiento de las observaciones\n formuladas tanto por la Procuraduría General del Estado,\n como por el Directorio del Banco Central del Ecuador, contenidas\n en sus respectivos dictámenes.
Art. 6.- Suscrito el contrato, se cumplirá con lo dispuesto\n en el Art. 119 de la Ley orgánica de Administración\n Financiera y Control.
Art. 7.- De la ejecución del presente decreto que entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su publicación en\n el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía\n y Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito a, 23 de\n mayo del 2002.
f.) Jorge Morón Centeno, Ministro de Economía\n y Finanzas, Enc.
f.) Marcelo Santo Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.
N0\n 022
Que es imperativo dar una solución a la gran demanda\n de tráfico entre la ciudad de Guayaquil y los cantones\n Durán y Samborondón y el resto del país;\n y dar las seguridades al puente Rafael Mendoza Avilés\n que, en ese sector, permite cruzar los ríos Babahoyo y\n Daule y por tanto es el único puente que presta dicho\n servicio;
Que el Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones\n ha concedido el proyecto de readecuación y ampliación\n del puente Rafael Mendoza Avilés sobre los ríos\n Babahoyo y Daule, para mejorar la única vía directa\n entre Guayaquil, La Puntilla y Durán,
Que con oficio 111-DES de 21 de agosto del 2001, la Dirección\n General de Obras Públicas ha aprobado los estudios definitivos\n del proyecto de rehabilitación y ampliación del\n puente Rafael Mendoza Avilés;
Que la alternativa de readecuación y ampliación\n del puente sobre los ríos Babahoyo y Daule es la más\n conveniente, pues se obtendrían grandes beneficios tanto\n en costos de operación de vehículos como en el\n ahorro de tiempos de viaje que permitirán continuar el\n importante desarrollo de Guayaquil, La Puntilla y Durán\n que se comunican con el resto del país; y,
Art. 1.- Declarar de utilidad pública los terrenos\n necesarios para la rehabilitación y ampliación\n del puente Rafael Mendoza Avilés y sus conexiones viales\n previstas en los diseños definitivos, ubicados en los\n cantones Guayaquil, Samborondón y Durán.
Art. 2.- Fijar el derecho de vía en la dimensión\n de veinte y cinco metros a cada lado del eje de las conexiones\n viales que comprenden las obras de ampliación y rehabilitación\n del puente Rafael Mendoza Avilés, distancia a partir de\n la cual podrán levantarse únicamente cerramientos;\n debiendo observarse un retiro adicional de cinco metros para\n otras construcciones
En consecuencia, prohíbese todo tipo de edificación\n en la zona de derecho de vía.
Art. 3.- En los sectores correspondientes a intercambiadores,\n el borde externo de la franja del derecho de vía estará\n definido por una línea localizada a veinte y cinco metros\n del eje correspondiente a las rampas exteriores; toda el área\n interna del intercambiador se entenderá incorporada a\n la faja de derecho de vía.
Art. 4.- Prohibir la transferencia de dominio o su limitación\n en los terrenos afectados por la rehabilitación y ampliación\n del puente Rafael Mendoza Avilés. Por tanto, los notarios\n del país y los registradores de la Propiedad de los cantones\n Guayaquil, Samborondón y Durán donde se encuentra\n el indicado proyecto, no podrán autorizar la celebración\n de escrituras públicas, los primeros, y la inscripción\n los segundos, hasta cuando se terminen los procesos de expropiación\n y pago de las indemnizaciones correspondientes.
Art. 5.- Las infracciones al presente acuerdo ministerial\n serán sancionadas de conformidad con las disposiciones\n de la Ley de Caminos y sus reglamentos.
Art. 6.- El presente acuerdo entrará en vigencia desde\n su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución\n encárguese el señor Director General de Obras Públicas,\n Juez Nacional de Caminos.
Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 16 de mayo del 2002.
N°\n 023
Que mediante Acuerdo Ministerial 050 de 13 de julio del 2000,\n se expidió el Reglamento Interno que mioma la tramitación\n de los procesos de contratación directa en el MOP;
Que mediante Acuerdo Ministerial 002 de 12 de enero del 2001,\n publicado en el Registro Oficial 254 de 29 de los mismos mes\n y año, se reformó el mencionado reglamento;
Que las necesidades que afrontan las subsecretarías\n y direcciones provinciales de Obras Públicas en el ámbito\n de la vialidad, amerita se incrementen los montos para contratación\n de obras y servicios desconcertados a nivel de dichas jurisdicciones;\n y,
Reformar el Acuerdo Ministerial 002 de 12 de enero del 2001,\n publicado en el Registro Oficial 254 de 29 de los mismos mes\n y año, que reforma' el Reglamento de Contratación\n Directa, en los siguientes términos:
Artículo Unico.- Sustituir en el Art. 6 el texto: "Los\n funcionarios a que se refiere el inciso anterior, quedan facultados\n para contratar la ejecución de obras y prestación\n de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, dentro\n de los siguientes porcentajes: Subsecretarios, hasta el 90%;\n y Directores, hasta el 50% del referido monto de contratación\n directa de conformidad con las normas establecidas en el presente\n reglamento.", por:
"Los funcionarios a que se refiere el inciso anterior,\n quedan facultados para contratar la ejecución de obras\n y prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoria,\n hasta el 1000/o del referido monto de contratación directa,\n de conformidad con las normas establecidas en el presente reglamento"
El presente acuerdo que entrará en vigencia a partir\n de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, póngase en conocimiento del señor
\n Contralor General del Estado, para los fines consiguientes.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de mayo del 2002.
N° 172/02
Que la Dirección General de la Marina Mercante y del\n Litoral (DIGMER), como autoridad marítima ecuatoriana\n es la responsable de velar por la seguridad de la vida humana\n en el mar y la prevención de la contaminación de\n las aguas;
Que el Ecuador es signatario del Acuerdo Latinoamericano sobre\n control de buques por el Estado Rector del Puerto, conocido como\n el Acuerdo de Viña de Mar, mediante el cual los países\n que conforman la Red Operativa de Cooperación Regional\n de Autoridades Marítimas de Sudamérica, México,\n Panamá y Cuba (ROCRAM), se comprometen al control de los\n buques de bandera extranjera que ingresen a sus aguas con el\n objetivo de impedir la operación de buques subestandar\n o deficientes que puedan atentar contra la seguridad marítima\n y el medio acuático;
Que se hace necesario que la DIGMER tome medidas adicionales\n para asegurarse que los buques de bandera ecuatoriana que realizan\n tráfico nacional (de cabotaje) cumplan también\n con todas las disposiciones contenidas en los convenios internacionales\n y acuerdos regionales para impedir la operación de buques\n subestandar o deficientes;
Que las sociedades clasificadoras de buques cumplen un doble\n rol a través de la clasificación, especialmente\n del casco y maquinaria para efecto de los seguros y cuyas inspecciones\n contribuyen a prevenir los accidentes en el mar;
Que el último inciso del Art. 34 del Reglamento a la\n Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transpone\n Acuático también obliga a las empresas navieras\n que sirven en el tráfico interno (nacional), a cumplir\n con las disposiciones del artículo mencionado, entre las\n cuales se exige, que las naves deben contar con la certificación\n vigente expedida por una sociedad clasificadora reconocida internacionalmente;
Que es necesario revisar la Resolución de DIGMER N0\n 132/01 del 4 de septiembre del año 2001, publicada en\n el Registro Oficial N0 420 del 26 de septiembre del mismo año,\n a fin de adecuarla en la mejor forma a la situación real\n de la Flota Mercante Ecuatoriana que sirve en el tráfico\n nacional; y,
Art. 1.- Los buques de bandera ecuatoriana que operan en el\n Tráfico Nacional o de Cabotaje también deberán\n obtener su clasificación (clase) otorgada por una de las\n sociedades clasificadoras de buques reconocidas por DIGMER.
Art. 2.- Para efectos de la aplicación del artículo\n anterior, se considerará únicamente a los buques\n que se mencionan a continuación:
BUQUES DE PASAJEROS: Los que transportan de veinte (20) pasajeros\n en adelante en cabinas o camarotes y los mismos pernoctan a bordo\n (excepto buques con casco de madera).
BUQUES TANQUEROS DE HIDROCARBUROS: Los que tengan de 150 toneladas\n de registro bruto (T.R. B.) en adelante.
BUQUES DE CARGA GENERAL Y PESQUEROS: Los que tengan de 500\n toneladas de registro bruto (T.R.B.) en adelante.
Art. 3.- Se fijan los plazos que mencionan a continuación\n para que los buques que se indican en el articulo 2 obtengan\n su clasificación otorgada por una de las sociedades clasificadoras\n reconocidas por DIGMER:
>	En vigencia desde enero del año 2002 los buques\n de pasajeros que transportan de 36 pasajeros en adelante y buques\n tanqueros de hidrocarburos de 1.000 T.R.B. en adelante.
»	A partir del 20 de febrero del año 2003 para\n los buques de pasajeros que transportan de 20 pasajeros en adelante\n y buques tanqueros de hidrocarburos de 150 T.R.B. en adelante.
>	A partir del 20 de febrero del año 2004 para los\n buques de carga general y pesqueros de 500 T.R.B en adelante.
Art. 4.- Previo a obtener el permiso de tráfico, el\n propietario o armador deberá presentar en DIGMIER el estado\n de clasificación del buque (status) de acuerdo a los plazos\n establecidos en el Art. 3.
Art. 5.- En las inspecciones anuales de seguridad y prevención\n de la contaminación también se verificará\n la vigencia de los certificados de clasificación.
Art. 6.- Derógase la Resolución N0 132/01 del\n 4 de septiembre del año 2001, publicada en el Registro\n Oficial N0 420 del 26 de septiembre del mismo año.
Art. 7.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los veinte días del mes de mayo\n del año dos mil dos.
f.) Héctor Holguín Darquea, Capitán de\n Navío - EMC., Director General de la Marina Mercante.
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO ECUATORIANO\n DE SANIDAD AGROPECUARIA - SESA
Que, mediante Resolución No. 0004 de enero 23 del 2002,\n emitida por la Dirección Ejecutiva del SESA, se determinó\n la suspensión temporal de importación de ganado\n porcino, sus productos, subproductos y derivados de esta especie,\n procedentes de la República de Perú, hasta que\n el SENASA remita la información técnico científica\n para que el SESA realice el correspondiente análisis de\n riesgo que posibilite tomar acciones sanitarias que minimicen\n la posibilidad de transmisión de enfermedades como el\n Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS VIRUS),\n Brucelosis (Brucella suis), Enfermedad de Aujeszky (Herpes virus);
Que, la información sanitaria proporcionada por el\n SENASA de Perú, nos permite considerar la situación\n sanitaria de un sector de la producción porcina tecnificada\n para exportación, la misma que no puede generalizarse\n a todo el territorio nacional;
Que, el criterio de fincas, áreas o regiones libres\n de enfermedades, mitigan el riesgo sanitario y por lo tanto facilitan\n el intercambio comercial;
Que, en el Ecuador es necesario controlar y reforzar las medidas\n de prevención sanitaria, a fin de evitar la introducción\n de enfermedades exóticas al país, a través\n de la comercialización del ganado porcino; y,
Que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto\n Ejecutivo No. 2055 publicado en el Registro Oficial No. 455 del\n 16 de noviembre del 2001, Art. 11 literal d) y la Ley de Sanidad\n Animal y su reglamento general,
Art. 1.- Dejar sin efecto la Resolución 0004 de enero\n 23 del 2002, entrando en vigencia la presente resolución.
Art. 2.- Autorizar la importación de ganado porcino,\n sus productos, subproductos y derivados de esta especie, procedentes\n de explotaciones que hayan sido calificadas por el SESA-Ecuador\n y certificadas por el SENASA-Perú, para exportación,\n bajo el cumplimiento de requisitos sanitarios.
Art. 3.- Las explotaciones para ser calificadas, deberán\n demostrar con el respaldo oficial, su estado sanitario como libres\n del Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS\n VIRUS), Brucelosis (Brucella suis), Enfermedad de Aujeszky (Herpes\n virus).
Art. 4.- Mantener las medidas de vigilancia epidemiológica\n en las provincias fronterizas con el Perú, sobre todo\n en cuanto se relaciona al control de movilización de animales,\n productos y subproductos de origen porcino, y la aplicación\n de las regulaciones sanitarias vigentes.
Art. 5.- Comunicar a la Aduana, Ejército y Policía\n Nacional, a fin de tener el respaldo de la fuerza pública\n para el fiel cumplimiento a la presente resolución.
Dado en Quito, 21 de mayo del 2002.- Comuníquese y\n publíquese.
f.) Dr. Rubén Vinueza Andrade, Director Ejecutivo,\n Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
Quito, a 22 de febrero del 2002; las\n 10h00.
VISTOS (89-01): El Dr. Gustavo Osman Giler Morales interpone\n recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal\n Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo dentro\n del juicio seguido por Jorge Eduardo Andrade Arteaga en contra\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la persona de\n su Director General, Dr. Luis Enrique Plaza Vélez y "también"\n contra el representante legal en la provincia de Manabí,\n Dr. Alfredo Romeo Cedeño Delgado, como Director Regional\n del instituto; sentencia en la cual se acepta la demanda. Sostiene\n el recurrente que en el fallo impugnado se han infringido las\n disposiciones de los artículos 77 y 353 y ss. del Código\n de Procedimiento Civil; 58 literales a), b), c) y f) 60 lit.\n a) y 61 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.\n Funda su recurso en las causales primera y segunda del Art. 3\n de la Ley de Casación por falta de aplicación de\n miomas de derecho que han sido determinantes en la parte dispositiva\n de la sentencia. Habiéndose establecido la competencia\n de esta Sala para conocer y resolver el recurso propuesto, con\n oportunidad de la calificación del mismo, presupuesto\n procesal que no ha variado y una vez agotado el trámite\n establecido por la ley, es procedente que se dicte sentencia,\n a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:\n PRIMERA.- En el escrito contentivo del recurso, se destaca que\n el Dr. Luis Enrique Plaza Vélez, en su calidad de Director\n General del IESS "es el principal demandado en este juicio",\n quien no fue citado, omitiéndose la solemnidad cuarta\n del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDA.-\n Es evidente y por tanto irrefragable que el sistema procedimental\n es de orden público y el juzgador debe acatarlo y no apartarse\n de el, porque no es de carácter opcional o discrecional.\n Eso explica porqué en la sustanciación procesal\n existen reglas específicas, obligatorias y solemnidades\n sustanciales, cuya omisión genera nulidad procesal; tales\n nulidades las consagra taxativamente el Art. 353 del Código\n de Procedimiento Civil, mientras el Art. 358 del mismo cuerpo\n legal, establece que las solemnidades 1ª, 2ª, 3ª,\n 4ª, 6ª, y 7ª, son declarables de oficio, dentro\n del marco que lo circunscribe, esto es "que pueda influir\n en la decisión de la causa", salvo que las partes\n hubieran convenido en prescindir de la nulidad y que no se trate\n de falta de jurisdicción. TERCERA.- Ahora bien, en el\n caso en debate, se establece con vista del proceso: a) Que efectivamente\n se enderezó la demanda al Director General del IESS, quien\n es el representante legal nacional; b) Que, siendo él\n demandado debió ordenarse que fuese citado con la demanda\n legalmente. Cabe señalar que en el caso no se puede aplicar\n lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N0 4016 de 22 de julio de\n 1996, pues el IESS es una entidad autónoma que no integra\n la Función Ejecutiva ni está sujeta a las disposiciones\n del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva; c) Que, no compareció\n este demandado a juicio ni existe convenio para prescindir de\n la nulidad emanante. Mas aún hay expreso reclamo y alegación\n en el recurso de casación del codemandado; y, d) Que,\n es evidente que la falta de citación de la demanda al\n Director General del IESS, determinó que éste no\n pudiese ejercer su legítimo derecho de contestarla y en\n ella, obviamente, oponer las excepciones de las que él,\n no solo el otro demandado, se creía asistido para contrarrestar\n la acción, sabiéndose que solo la acción\n y contradicción ligan la litis. Por lo expuesto, sin que\n sean necesarias otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa\n la sentencia y se declara la nulidad procesal al estado de mandar\n que se cite la demanda al Director General del IESS; nulidad\n que se declara a costa de los ministros que la ocasionaron. Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n A., y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte\n Suprema de Justicia.
Quito, a 22 de febrero del 2002; las\n 10h30.
VISTOS (85-01): El Dr. Gustavo Osman Giler Morales interpone\n recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal\n Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo dentro\n del juicio seguido por Segundo Plutarco Arteaga Delgado en contra\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la persona de\n su Director General, Dr. Luis Enrique Plaza Vélez y "también"\n contra el representante legal en la provincia de Manabí,\n Dr. Alfredo Romeo Cedeño Delgado, como Director Regional\n del instituto; sentencia en la cual se acepta la demanda. Sostiene\n el recurrente que en el fallo impugnado se han infringido las\n disposiciones de los artículos 77 y 353 y ss. del Código\n de Procedimiento Civil; 58 literales a), b), c) y f), 60 lit.\n a) y 61 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.\n Funda su recurso en las casuales primera y segunda del Art. 3\n de la Ley de Casación por falta de aplicación de\n normas de derecho que han sido determinantes en a parte dispositiva\n de la sentencia. Habiéndose establecido la competencia\n de esta Sala para conocer y resolver el recurso propuesto, con\n oportunidad de la calificación del mismo, presupuesto\n procesal que no ha variado y una vez agotado el trámite\n establecido por la ley, es procedente que se dicte sentencia,\n a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:\n PRlMERA: En el escrito contentivo del recurso, se destaca que\n el Dr. Luis Enrique Plaza Vélez en su calidad de Director\n General del IESS "es el principal demandado en este juicio",\n quien no fue citado, omitiéndose la solemnidad cuarta\n del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDA.-\n Es evidente y por tanto irrefragable que el sistema procedimental\n es de orden público y el juzgador debe acatarlo y no apartarse\n de el, porque no es de carácter opcional o discrecional.\n Eso explica porqué en la sustanciación procesal\n existen reglas específicas, obligatorias y solemnidades\n sustanciales, cuya omisión genera nulidad procesal; tales\n nulidades las consagra taxativamente el Art. 353 del Código\n de Procedimiento Civil, mientras el Art. 358 del mismo cuerpo\n legal, establece que las solemnidades 1ª, 2ª, 3ª,\n 4ª, 6ª y 7ª, son declarables de oficio, dentro\n del marco que ¡o circunscribe, esto es "que pueda\n influir en la decisión de la causa", salvo que las\n partes hubieran convenido en prescindir de la nulidad y que no\n se trate de falta de jurisdicción. TERCERA.- Ahora bien,\n en el caso en debate, se establece con vista del proceso: a)\n Que, efectivamente se enderezó la demanda al Director\n General del IESS, quien es el representante legal nacional; b)\n Que, siendo él demandado debió ordenarse que fuese\n citado con la demanda legalmente. Cabe señalar que en\n el caso no se puede aplicar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo\n N0 4016 de 22 de julio de 1996, pues el IESS es una entidad autónoma\n que no integra la Función Ejecutiva ni está sujeta\n a las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva; c) Que, no compareció\n este demandado a juicio ni existe convenio para prescindir de\n la nulidad emanante. Mas aún hay expreso reclamo y alegación\n en el recurso de casación del codemandado; y, d) Que,\n es evidente que la falta de citación de la demanda al\n Director General del IESS, determinó que éste no\n pudiese ejercer su legítimo derecho de contestarla y en\n ella, obviamente, oponer las excepciones de las que él,\n no solo el otro demandado, se creía asistido para contrarrestar\n la acción, sabiéndose que solo la acción\n y contradicción ligan la litis. Por lo expuesto, sin que\n sean necesarias otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa\n la sentencia y se declara la nulidad procesal al estado de mandar\n que se cite la demanda al Director General del IESS; nulidad\n que se declara a costa de los ministros que la ocasionaron. Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.
RAZON: Las dos copias que anteceden son iguales a su original
Quito, a 11 de mano del 2002.
VISTOS (286-99): r)e la sentencia dictada por la Primera Sala\n del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito\n en el juicio iniciado por Edison Atahualpa Coloma Verdesoto contra\n el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por habérsele\n destituido de su cargo de Jefe del Comisariato Regional en Guayaquil,\n interpone recurso de casación la parte demandada, así\n como el actor. Concedido el recurso a la institución demandada,\n no así al demandante, y aceptado a trámite, por\n concluido éste, para sentencia, la Sala considera: PRIMERO.-\n Establecida la competencia para conocer y decidir el caso, ésta\n no se ha alterado por ninguna causa posterior. SEGUNDO.- La sentencia\n impugnada, en su parte resolutiva, acepta parcialmente la demanda,\n declara ilegal el acto administrativo y dispone la restitución\n del actor al cargo que ocupaba. Se funda en que había\n operado la prescripción de la facultad sancionadora de\n la autoridad administrativa, al tenor del Art. 126 de la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa. TERCERO.- El recurso\n de casación se funda en la causal primera del Art. 3 de\n la Ley de Casación y aduce, concretamente, errónea\n interpretación del citado Art. 126 invocado por la Sala\n "a quo". CUARTO.- La Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, efectivamente, en su Art. 126 inciso 2° establece\n de manera precisa e inequívoca que "prescribirán\n en el plazo de sesenta días la acción de la autoridad\n para imponer las sanciones disciplinarias que contempla esta\n Ley y las sanciones impuestas en cada caso", y añade\n luego: "El previsto en el inciso segundo correrá\n desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento de la infracción\n o desde que se decretó la sanción". Ahora\n bien, con propiedad jurídica,, como tiene expresado reiteradamente\n la Sala en varios fallos se trata de caducidad del derecho a\n sancionar en el tiempo prefijado en la ley, no en el arbitrio\n discrecional de la autoridad nominadora. Consiguientemente se\n produce "ipso jure" y es de carácter objetivo,\n sin que mire a cuestiones de orden subjetivo, negligencia, incuria\n falta de información u otro motivo, como justificativos\n del retardo. Este tiempo se cuenta para el caso, desde cuando\n la autoridad administrativa conoció de la infracción\n imputada al administrado, no desde que se decretó la sanción,\n porque esto es aplicable para contar el tiempo que la propia\n ley otorga al servidor público para impugnar la resolución\n que considere le perjudica. QUINTO.- En el caso controvertido,\n conforme determina el fallo de origen el Director General del\n IESS, mediante radiograma N0 01100-777 del 14 de octubre de 1988,\n autoriza a la respectiva autoridad subalterna la iniciación\n del sumario administrativo contra el accionante Edison Coloma\n Verdesoto, y es obvio y elemental que entonces ya conoció\n de las imputaciones contra el servidor público, mientras\n en oficio N0 011001538 del 22 de febrero del año siguiente\n 1989 el propio Director General del IESS, destituye del cargo\n a Coloma Verdesoto, esto es cuando había operado la caducidad\n del derecho de la autoridad administrativa para aplicar válida\n y legalmente la respectiva sanción, si era del caso. Lo\n expuesto, pone de manifiesto la no procedencia del recurso deducido\n y, por tanto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza tal recurso, sin perjuicio\n de la o las acciones de la que se creyere asistido el IESS contra\n quien pesare cargos de carácter económico, mediante\n él cause legal correspondiente. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n Astudillo y Marcelo Icaza Ponce, Ministros Jueces y Conjuez Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
Quito, a 22 de febrero del 2002 las\n 10h45.
VISTOS (194-2000): El economista Patricio Llerena Torres en\n su calidad de Director General (E) del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, interpone recurso de casación contra\n la sentencia dictada el 21 de diciembre de 1999 por la Primera\n Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n de Quito, dentro del juicio seguido por Teresa de Jesús\n Portero Osorio. Sostiene que se han infringido las siguientes\n normas de derecho: Art. 19 numeral 17 lit. ch) de la Constitución\n Política de la República, vigente a la fecha de\n la renuncia voluntaria es decir 29 de julio de 1994; Art. 556\n del Código del Trabajo; la solemnidad sustancial segunda\n del Art. 355 y 358 del Código de Procedimiento Civil;\n Arts. 5 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa; y, Arts. 52 de la Ley de Modernización\n del Estado y 78 de su reglamento. Funda su recurso en la causal\n primera del Art. 3 de la Ley de Casación por aplicación\n indebida de las normas de derecho y en la causal segunda del\n mismo articulo por falta de aplicación de las normas procesales.\n , Radicada la competencia de esta Sala para conocer y resolver\n el presente recurso y habiéndose agotado el trámite\n previsto en la ley, para sentencia se considera: PRIMERO.- Del\n análisis de la sentencia recurrida aparece que el recurrente\n interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo impugnando\n la resolución del Director General del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, mediante la cual se le negaba la compensación\n que establece el artículo 52 de la Ley de Modernización\n del Estado, la que a su criterio tenía derecho a recibirla\n por haber presentado su renuncia voluntaria. En tanto que la\n institución demandada sostiene que lo que ocurrió\n es que el organismo en ejercicio de su autonomía, aprobó\n un estímulo económico a favor de quienes presentaron\n su renuncia para jubilarse, por lo que comunicó de este\n hecho a todos los funcionarios que podían beneficiarse\n con el mismo, para que de creerlo conveniente, presentaran su\n renuncia en el correspondiente formulario, en el que debían\n señalar que lo hacían para acogerse al beneficio\n de la jubilación, sin que, por otra parte la institución\n en ningún momento haya aplicado el plan que conforme el\n articulo 52 debía establecer cada entidad y organismo\n para la separación voluntaria de sus miembros. SEGUNDO.-Conforme\n consta de autos, el Consejo Superior del IESS aprobó conceder\n a los funcionarios que se separen de la institución para\n acceder a la jubilación, un estimulo (bono), de diez millones\n de sucres adicionales a los derechos establecidos en el contrato\n colectivo de la entidad y totalmente independientes de aquél.\n Por otra parte, a la fecha de la renuncia de la demandante, regía\n el Reglamento a la Ley de Modernización del Estado publicada\n el Registro Oficial N0 411 de 31 de marzo de 1994, cuyo Art.\n 78 imponía a todas las entidades del sector público,\n de manera obligatoria, la aprobación de un plan de reducción\n de personal por separación voluntaria. En efecto, dicha\n norma dispone: "Art. 78.- Para efectos de la compensación\n por separación voluntaria, cada entidad u organismo en\n el plazo máximo de sesenta días contados a partir\n de la fecha de expedición del presente reglamento establecerá,\n conforme lo dispone el articulo 52 de la Ley de Modernización,\n un plan de reducción de personal por separación\n voluntaria. El servidor, trabajador o funcionario público\n que desee separarse, presentará por escrito la correspondiente\n solicitud a la autoridad nominadora quien conocerá y calificará\n la misma en consideración al requerimiento institucional.\n De ser aceptada dispondrá su trámite a las unidades\n financiera y de recursos humanos, las cuales en forma inmediata\n cumplirán la disposición...". De donde se\n concluye claramente que no era entonces facultativo para el lESS\n la aprobación de un plan de reducción de personal\n por separación voluntaria, sino un imperativo legal, cuyo\n incumplimiento de ninguna manera podía afectar los derechos\n de los administrados, para el caso de sus servidores, tanto más\n que significa para éstos la privación arbitraria\n de una posibilidad legal de recibir la cantidad señalada\n por ley. En consecuencia, es evidente que dentro de este marco\n jurídico, la aprobación del estímulo de\n diez millones de sucres para quienes se retiren presentando la\n renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación constituía\n un sistema paralelo al legal, que era un claro subterfugio mediante\n el cual se pretendía lograr la reducción de personal\n evitando realizar el pago de la cantidad mayor que establecía\n el artículo 52 de la Ley de Modernización del Estado,\n lo cual constituía un ilegal perjuicio para los funcionarios\n que se acogían a el, tanto más que al igual que\n lo señalado en el programa de reducción de personal,\n se mantenían las características esenciales de\n éste, pues, había la invitación a renunciar\n y luego de la presentación de la renuncia el correspondiente\n acto administrativo mediante el cual se aceptaba la renuncia\n y se ordenaba la liquidación de haberes, tal y conforme\n lo estatuía el articulo 78 del reglamento antes transcrito;\n todo lo cual llevaba a propiciar una intencional equivocación\n por parte del funcionario renunc

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 artículo 52
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