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Timestamp: 2019-02-23 04:28:34+00:00

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Cambios significativos realizados en la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. | Gregorio Labatut Serer
Como sabemos ayer día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposiciónde directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cuanto a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, hay que decir que este Real Decreto-ley adapta la ley española la Directiva 2015/849/UE. De acuerdo con su artículo 67, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella a más tardar el 26 de junio de 2017.
Los principales comentarios que podemos hacer al mismo, son los siguientes:
1. En primer lugar, se adapta la Ley 10/2010 a la Directiva 2015/849/UE (Cuarta Directiva), cuando actualmente está en vigor la DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 (quinta Directiva). Aunque hay de tiempo para adaptarse hasta el 10 de enero de 2020, luego habrá que volver a modificar la Ley 10/2010 antes de 2020.
2. Se modifica (COMO SUJETOS OBLIGADOS) a personas físicas o jurídicas que comercialicen profesionalmente con bienes, respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen por personas físicas no residentes con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta ley y por importe superior a 10.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.
Recordar que son medios de pago en efectivo:
c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador”.
3. Conservación de documentos. Los sujetos obligados conservarán durante un período de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, procediendo tras el mismo a su eliminación. Transcurridos cinco años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los órganos de control interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades técnicas de prevención, y, en su caso, aquellos encargados de su defensa legal.
4. se incrementan los importes máximos de las sanciones y se mantienen las mínimas.
Constituirán infracciones graves de la presente ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 a 14 y 16 del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006.»
1. Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo ascenderá hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse o 10.000.000 euros. (antes 1.500.000 euros)
a) Multa cuyo importe mínimo será de 60.000 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 10 por ciento del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50 por ciento, el triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o 5.000.000 euros. (antes 150.000 euros).
5. Publicidad de las sanciones: La sanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía administrativa, será ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo en todo caso publicada en el “Boletín Oficial del Estado” y en la página web de la Comisión, donde permanecerá disponible durante el plazo de cinco años. En el supuesto en que la sanción publicada haya sido recurrida en vía jurisdiccional, se publicará, sin demora, información sobre el estado de tramitación del recurso y el resultado del mismo.
6. establecimiento de los canales de denuncias, «Artículo 26 bis. Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos. “1. Los sujetos obligados establecerán procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto obligado”.
Estos canales de denuncia anónimos ya fueron introducidos por la reforma de la normativa penal, impulsando el desarrollo de programas y modelos de prevención penal en la empresa. Según artículo 31 bis. 5 del Código Penal “informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención” (requisito 4º del artículo 31 bis.5. del Código Penal).
No sustituyen no sustituye a los mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas por parte de empleados contemplados en el articulo 63.
Deben tener las siguientes características según art. 26 bis:
– Es un nuevo sistema de denuncia interno de comunicación en la empresa.
– Integrarlos en los sistemas de comunicación del sujeto obligado.
– Deberán cumplir con la normativa de protección de datos.
– Garantizar el anonimato para preservar a los empleados, directivos o agentes de posibles represalias y discriminaciones.
– Este es un nuevo sistema de comunicación anónimo y no sustituye al ya existente según artículo 18 de la Ley de comunicación por indicio al SEPBLAC, sino que se trata de un nuevo sistema de denuncia anónimo interno del sujeto obligado.
– Reglamentariamente puede haber excepciones. Supongo sujetos obligados muy pequeños. Habrá que esperar.
La no implementación del canal de denuncias sería considerada como una infracción leve sancionado con hasta 60.000 €.
5. Además, también en el nuevo artículo 63, contempla que los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados podrán comunicar directamente al SEPBLAC las infracciones de la Ley que conozcan: “1. Los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones contempladas en esta ley, los podrán poner en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
6. Protección de las personas. Nuevo artículo 65. De este modo, 1. Las comunicaciones realizadas al amparo del artículo 63:
a) no constituirán violación o incumplimiento de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa que pudieran afectar a la persona comunicante
7. revisa el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública. considerando a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras, merecedoras de la aplicación de las medidas de diligencia reforzada, en cualquier caso.
8. «Artículo 48 bis. Cooperación internacional.
“1. La Secretaría de la Comisión, el Servicio Ejecutivo de la Comisión o los órganos supervisores a que se refiere el artículo 44, cooperarán por propia iniciativa o previa solicitud, con otras autoridades competentes de la Unión Europea siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en esta ley, haciendo uso, a tal fin, de todas las facultades que la misma les atribuye. En el marco de esta cooperación se facilitará a las Autoridades Europeas de Supervisión la información necesaria para permitirles llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.”
9. «Disposición adicional única. Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos. La obligación de registrarse se extiende a todos los profesionales personas físicas que prestan profesionalmente servicios a sociedades o fideicomisos.
El incumplimiento será una tendrá la consideración de infracción leve (de hasta 6.000 euros de sanción)
10. Será infracción grave, además de las contempladas anteriormente (art. 57): “2. Además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infracciones graves, se podrán imponer las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en el mismo cargos de administración o dirección, o la función de experto externo, fueran responsables de la infracción” (máximo hasta 5.000.000 euros.
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Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC.
– Jornada sobre Aplicación práctica de la valoración de empresas con hoja de cálculo. Día 28 de septiembre de 2018. Homologada por el ICAC con 8 horas de formación para auditores del ROAC. https://congresos.adeituv.es/valoracionempresa/ficha.es.html
– Webinar dia 17 de septiembre de 2018. Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales. Homologada por el ICAC con 4 horas de formación para auditores del ROAC. http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/jornadas-webinars/
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« El Gobierno aprueba un Real Decreto- Ley por el que se transponen diversas directivas de la UE, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.
Contabilidad de las reducciones de capital social en la contabilidad del socio. »

References: artículo 67
 artículo 34
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 18
 artículo 63
 artículo 65
 artículo 63
 artículo 44