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Timestamp: 2019-05-25 07:40:44+00:00

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Sentencia de Tutela nº 232/18 de Corte Constitucional, 18 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 729769333
IMPORTANCIA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO Y LA CEDULA DE CIUDADANIA EN EL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En este asunto se tiene que dos hermanos fueron registrados y bautizados por sus padres en la ciudad de Riohacha. De manera posterior, sus abuelos los registraron y bautizaron en el municipio de Turbaco como si fueran sus hijos, para lo cual indicaron información falsa respecto a la fecha de nacimiento de los niños y los apellidos que iban a llevar. Los accionantes solicitaron la cancelación de los segundos registros civiles de nacimiento y la expedición de la cédula de ciudadanía teniendo en cuenta los primeros. Esta pretensión fue denegada por la accionada, argumentando que debían iniciar un proceso ordinario, dado que ella solo podía hacer la cancelación pretendida cuando existían varios registros con identidad en los datos biográficos, situación que no se presentaba en este caso. Los peticionarios iniciaron un proceso de jurisdicción voluntaria, pero la demanda se inadmitió porque el proceso que debía formularse era el de impugnación de la paternidad. Se reitera jurisprudencia relacionada con la importancia del registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía en el ejercicio de derechos fundamentales. También se analiza temática relacionada con los aspectos básicos del derecho al debido proceso administrativo y su incidencia en las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Concluye la Corte que la cancelación de un registro civil de nacimiento procede de oficio cuando se compruebe que la persona que se registra ya había sido registrada, tal y como sucede en el presente asunto. Se CONCEDE el amparo invocado. Recibo Relatoria:
Sentencia T-232/18
Referencia: Expediente T- 6.502.859
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018)
En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela interpuesta por Jorge David Caraballo Méndez en representación de Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez contra la Registraduría Nacional del Estado Civil .
La acción de tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo Oral de Cartagena; y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, fue seleccionada para revisión y repartida a esta Sala[1]. A continuación se exponen los hechos relevantes y las decisiones de los jueces del proceso de tutela.
1.1. El 4 de enero de 1995 Daliz Paola Araujo Pérez fue registrada por sus padres en la Notaría Primera de Riohacha (Guajira) mediante registro civil de nacimiento No. 22110873[2]. En dicho registro se consignaron los siguientes datos:
Estos mismos datos fueron consignados en la partida de bautismo de Daliz Paola Araujo Pérez, expedida por la Parroquia Santisima Trinidad de Riohacha el 21 de diciembre de 1994[3].
El 26 de junio de 1997 Iván Eduardo Araujo Pérez, hermano de Daliz Paola Araujo Pérez, fue registrado por sus padres en la Notaría Primera de Riohacha (Guajira) mediante registro civil de nacimiento No. 26228280[4]. En dicho registro se consignaron los siguientes datos:
Estos mismos datos fueron consignados en la partida de bautismo de Iván Eduardo Araujo Pérez, expedida por la Parroquia Santisima Trinidad de Riohacha el 27 de junio de 2004[5].
1.2. El 1 de febrero de 2002 los hermanos Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez fueron registrados nuevamente por sus abuelos, Idael Pérez y Pilar Guerrero, quienes cuidaban de ellos, como hijos suyos, esta vez en la Registraduría de Turbaco (Bolívar). Lo anterior con el fin de ayudar a sus nietos con unos servicios médicos que necesitaban para su atención en salud, según se explica en la acción de tutela. El registro de Iván Eduardo se realizó a través del registro civil de nacimiento No. 32438192 y NUIP D7M0301570[6], en el que se consignaron los siguientes datos:
El registro de Daliz Paola se realizó a través del registro civil de nacimiento No. 32438191 y NUIP D7M0301569[7], en el que se consignaron los siguientes datos:
1.3. El 5 de julio de 2016 Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez solicitaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil la cancelación de los segundos registros civiles de nacimiento que les habían sido expedidos en la Registraduría de Turbaco, esto es, los Registro No. 32438192 - NUIP D7M0301570 y No. 32438191 - NUIP D7M0301569, además de que se les hiciera entrega de las cédulas de ciudadanía[8]. Explicaron que cuando cumplieron la mayoría de edad realizaron los trámites para que les fuera entregada la cédula de ciudadanía, para lo cual aportaron el “verdadero registro civil de Riohacha”, sin embargo, su solicitud fue rechazada. Por esta razón, Daliz Paola no ha podido continuar con sus estudios universitarios e Iván Eduardo no ha podido iniciarlos, pues requieren de la cédula para los respectivos trámites. Dicha petición fue negada por la accionada en los siguientes términos:
Así las cosas, existiendo dos registros civiles de nacimiento perfectamente válidos y en los cuales se consignó información diferente y la de uno de ellos no corresponde a la verdad, lo procedente es que la interesada acuda a la vía judicial, con el fin que se corrija la fecha de nacimiento del inscrito, de conformidad con las pruebas aportadas” [9].
1.4. De acuerdo a lo señalado por la Registraduría Nacional, Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez presentaron demanda de jurisdicción voluntaria para que se cancelaran los respectivos registros civiles de nacimiento. No obstante, mediante providencia de 30 de marzo de 2017 el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco resolvió inadmitir la demanda porque la acción procedente era la de la impugnación de la paternidad[10].
1.5. Los accionantes señalan que debido a la duplicidad de registros civiles de nacimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil les ha negado la expedición de las respectivas cédulas de ciudadanía, lo que les ha impedido ejercer sus derechos. Por eso, el 13 de junio de 2017 interpusieron acción de tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo y se ordenara a la entidad accionada la cancelación de los segundos registros civiles de nacimiento que les fueron expedidos en la Registraduría de Turbaco y se emitieran las respectivas cédulas de ciudadanía con base en los primeros registros civiles de nacimiento, esto es, los que fueron diligenciados en la Notaría Primera de Riohacha[11].
Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
En lo referente a las cédulas de ciudadanía, indicó que presentaron “rechazo definitivo en el proceso de producción debido a la correspondencia por morfología y puntos característicos con las huellas dactilares plasmadas en el trámite de primera vez de la tarjeta de identidad” de los accionantes. Esto es, para el trámite de expedición por primera vez de las tarjetas de identidad, se presentaron como documento base los segundos registros civiles de nacimiento que les fueron expedidos a Iván Eduardo y Daliz Paola en la Registraduría de Turbaco[12].
Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela
El 29 de junio de 2017 el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo Oral de Cartagena profirió sentencia de primera instancia en la que negó el amparo porque no se logró demostrar que los registros civiles de nacimiento de Daliz Paola Araujo Pérez y Dalis Paola Pérez Guerrero pertenecieran a la misma persona, al igual que sucedía con los registros de Iván Eduardo Araujo Pérez e Iván Eduardo Pérez Guerrero. Por lo tanto, concluye que “si en gracia de discusión se hiciera un estudio de fondo del presente asunto, se debe entender que la Registraduría Nacional del Estado Civil, no ha vulnerado los derechos de los accionantes, toda vez que de conformidad con la normatividad aplicable al caso, adelantó el trámite de rigor determinando que de acuerdo con las circunstancias antes planteadas debe acudirse a la vía judicial, pues se trata de registros civiles válidos, con nombres, fechas y lugares de nacimiento diferentes”[13].
“Ciertamente evidencia la Sala que de los registros civiles de nacimiento de los señores IVAN EDUARDO ARAUJO PÉREZ y DALIZ PAOLA ARAUJO PÉREZ, expedidos por la Notaría Primera del Círculo de Riohacha – Guajira y la Registraduría Auxiliar de Turbaco – Bolívar, no goza de identidad parental, esto es, los nombres de padre y madre no corresponden en uno y otro, por lo que le asiste razón al Juez Promiscuo de Familia de Turbaco, al manifestar que la acción correcta era de la impugnación de la paternidad, por consiguiente, se crea la certeza para esta Sala que los tutelantes si cuentan con otro mecanismo de defensa judicial idóneo a través del cual persogan el amparo de sus derechos (SIC)”[14].
Actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional
Mediante Auto del 23 de marzo de 2018 la magistrada sustanciadora solicitó al señor Jorge David Caraballo Méndez, apoderado de los accionantes y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, remitir a este Despacho información sobre el proceso de expedición de las tarjetas de identidad de los accionantes, así como del problema de duplicidad de registros civiles de nacimiento. En respuesta al mencionado Auto el señor Caraballo Méndez allegó un escrito a esta Corporación en el que explicó que los registros civiles de nacimiento que sirvieron para la expedición de las tarjetas de identidad de los accionantes fueron los primeros registros expedidos en la Notaría Primera de Riohacha, y agregó que los hermanos Araujo Pérez no tuvieron ningún problema mientras portaron sus tarjetas de identidad[15].
La Registraduría Nacional del Estado Civil, por su parte, explicó que las tarjetas de identidad de los accionantes fueron expedidas por primera vez con fundamento en los segundos registros civiles de nacimiento, los cuales fueron emitidos en la Registraduría de Turbaco. Así mismo, reiteró que los peticionarios deben acudir a la vía judicial ordinaria para que allí se ordene la cancelación de los respectivos registros[16].
Esta Corte es competente para revisar la decisión judicial descrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 27 de octubre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Diez, que escogió el expediente para revisión.
Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida por Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez a través de apoderado
Jorge David Caraballo Méndez puede interponer la acción de tutela objeto de análisis (legitimación por activa), en representación de Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez, por cuanto sus representados le otorgaron poder judicial para actuar en su nombre en la presente acción de tutela, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales, poder que se adjunta en debida forma en la demanda de tutela[17]. Así mismo, desde el punto de vista de la entidad demandada, la acción de tutela resulta procedente contra esta (legitimación por pasiva), dado que se trata de la Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad pública que según los accionantes vulneró sus derechos fundamentales[18].
2.4.2. En el presente caso podría argumentarse que, tal como lo indicó la Registraduría y los jueces de tutela de instancia, los actores deben acudir a la jurisdicción ordinaria para que se les anule el segundo registro civil de nacimiento. No obstante, esta Sala advierte que, en efecto, los hermanos Araujo Pérez acudieron a la vía judicial ordinaria, tal como se los indicó la Registraduría en la respuesta a la petición que elevaron el 5 de julio de 2016. Sin embargo, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco inadmitió la demanda presentada por los accionantes y les indicó que debían iniciar un proceso de impugnación de paternidad, el cual, estima la Sala, no resulta idóneo para obtener la cancelación de los respectivos registros. En efecto, de conformidad con el artículo 213 y siguientes del Código Civil[19] que regulan la acción de impugnación de paternidad y maternidad, esta tiene por objeto refutar el vínculo paterno o materno de una persona. En el presente caso los accionantes solicitan la anulación de sus segundos registros civiles de nacimiento y la expedición de las cédulas de ciudadanía, pero en ningún momento pretenden impugnar la maternidad o paternidad de sus padres, tan solo que se tengan como válidos los datos del primer registro civil de nacimiento.
2.4.3. Así mismo, sobre el asunto que ocupa la atención de la Sala, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la acción de tutela procede para proteger el derecho fundamental a la personalidad jurídica en los eventos en que una persona no puede acceder a tener la cédula de ciudadanía, pues de esta situación se pueden generar graves consecuencias como la imposibilidad de conseguir un empleo, de estudiar, de ejercer los derechos políticos, etc. Por lo tanto, la Corte ha considerado que estos casos ameritan una respuesta institucional urgente e impostergable, por lo que la acción de tutela resulta procedente[20]. En consecuencia, la Sala asumirá la definición del problema jurídico que a continuación se plantea.
La importancia del registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía en el ejercicio de derechos fundamentales
4.1 La Corte Constitucional se ha referido en múltiples oportunidades a la importancia que tiene la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento en el ejercicio de los derechos fundamentales de cualquier persona. Respecto a la cédula de ciudadanía, la jurisprudencia ha señalado que sólo con este documento se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad. Además, en el ámbito nacional, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona. En la sentencia C-511 de 1999[21] se indicó lo siguiente sobre las finalidades y la función de la cédula de ciudadanía:
De otra parte, la cédula juega papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años y que, en los términos del artículo 99 de la Constitución, es la ‘...condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción’.
Pero, además de lo señalado, la cédula de ciudadanía constituye también un medio idóneo para acreditar la "mayoría de edad", o sea, el estado en que se alcanza la capacidad civil total, circunstancia en que se asume por el legislador que la persona ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles”[22].
4.2. Posteriormente, en sentencia T-532 de 2001[23], la Corte afirmó que la cédula de ciudadanía también se encuentra vinculada al principio democrático de derecho y, por esa vía, a la legitimidad del Estado contemporáneo, toda vez que, al constituirse en un requisito para el ejercicio de los derechos políticos, se vincula directamente con la realización de la democracia, y por ende con la legitimidad del ejercicio del poder. Por lo tanto, se precisó que “la cedulación constituya un servicio público que debe prestarse con especial interés pues no se trata sólo de la expedición de un documento público cualquiera sino de la concreción, para el ciudadano, de sus posibilidades de acceso a los derechos civiles y políticos reconocidos por el ordenamiento”.
4.3. Por su parte, en cuanto al registro civil de nacimiento, en sentencia T-090 de 1995[24], la Corte estudió el caso de una joven a quien no le entregaban el diploma de bachiller después de haber culminado sus estudios porque en la copia del registro civil de nacimiento que solicitó para graduarse, la Registraduría Municipal de Buenavista, Córdoba, anotó que tal registro carecería de la firma del funcionario de la época, por lo que era inexistente. La razón de tal anotación consistía en que el acta, por medio de la cual el padre de la accionante la reconoció como su hija extramatrimonial, no fue firmada por el alcalde, quien era el funcionario competente para ello en esa época, sino por su secretario. La Corte explicó que la Registraduría había vulnerado el derecho a la personalidad jurídica de la demandante, y explicó:
4.4. Ahora bien, en relación con las funciones y características del registro civil de nacimiento, esta Corte estableció lo siguiente en sentencia T-963 de 2001[25]:
Igualmente, el decreto 1260 de 1970 artículo 1, señala que el estado civil de una persona es su situación juridica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible. Por tanto, cada acto o hecho debe ser inscrito en el correspondiente registro”[26].
4.5. Por todo lo anterior, se ha indicado que la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento están estrechamente vinculados con la garantía del derecho a la personalidad jurídica. En efecto, el artículo 14 de la Constitución Política establece el derecho que tiene toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo que ha dicho la Corte que este derecho, además de permitir a la persona natural ser titular de derechos y ser sujeto de obligaciones, comprende ciertos atributos que constituyen su esencia e individualización, tales como, el ejercicio de derechos civiles y políticos, la acreditación de la ciudadanía, la determinación de la identidad personal, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil, entre otros. Al respecto, en sentencia T-308 de 2012,[27] este Tribunal explicó los elementos que derivan del reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica:
“En relación al nombre, este comprende el nombre, los apellidos, y en su caso el seudónimo[28], y sirve para identificar e individualizar a cada persona en relación con los demás y con el Estado[29].
Respecto a la nacionalidad este tribunal ha señalado que es el vínculo que une a una persona con un Estado y que permite “participar en la conformación y control de los poderes públicos y genera derechos y deberes correlativos. De ese modo, el elemento humano del Estado son sus nacionales”[30].
Por último, en lo referente al estado civil de las personas, este Tribunal en sentencia T-861 de 2003 lo describió como “la expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo, la edad, estado mental, si son hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, casados o solteros, etc. También se relaciona con el reconocimiento de derechos subjetivos tanto públicos como privados, situándose dentro de los primeros los propios de quien es reconocido por la Constitución y la ley como ciudadano, esto es, el derecho político al voto, el ejercicio del derecho de protección jurídica y las correlativas obligaciones concretas para las personas como la de pagar impuestos, cumplir el servicio militar obligatorio etc”[31].
Aspectos básicos del derecho al debido proceso administrativo y su incidencia en las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil
5.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado, con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, que el derecho fundamental al debido proceso no se limita a las actuaciones judiciales, sino que también se hace extensivo a las actuaciones que adelanta la Administración. En ese sentido, se ha definido el debido proceso como “el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción”[32]
5.2. Así entonces, puede señalarse que el derecho al debido proceso se desprende del principio de legalidad, e implica, en el caso del derecho al debido proceso administrativo, que la Administración se ciña estrictamente en sus actuaciones a los procedimientos establecidos en la ley para garantizar los derechos de los administrados. En sentencia T-455 de 2005,[33] se estableció que del derecho al debido proceso administrativo lleva aparejado las siguientes garantías:
5.3. Ahora bien, en lo que se refiere al debido proceso administrativo en actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta Corte se ha referido en múltiples oportunidades sobre el particular. Por ejemplo, en la sentencia T-308 de 2012[34], la Corte estudió el caso de una persona a quien la Registraduría Nacional del Estado Civil había cancelado su cédula de ciudadanía por haber sido reportada como fallecida. Esta Corporación concluyó que la peticionaria no debía soportar la carga de restablecer los atributos de la personalidad jurídica ante las fallas y deficiencias de la administración, quién aduciendo su fallecimiento había cancelado erróneamente su documento de identidad, y precisó:
En igual sentido, en sentencia T-678 de 2012[35], la Corte también constató la violación al debido proceso administrativo en un caso en el que la Registraduría Nacional del Estado Civil no había procedido a cancelar un registro civil de nacimiento expedido irregularmente. La Corte indicó que los administrados no tenían que soportar las actuaciones desordenadas o ineficaces de la Administración que conllevaran a la violación de derechos fundamentales, y señaló: “como una de las facetas del derecho al debido proceso administrativo consiste en que la actuación administrativa se surta de conformidad con el procedimiento previamente definido en las normas, y teniendo en cuenta la relevancia jurídica que tiene el registro civil, pues en él se definen todos los aspectos del estado civil de las personas, resulta imperioso que las autoridades públicas se ajusten a las formas establecidas en la ley para consignar o modificar datos de este documento”[36].
Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez tienen derecho a que la Registraduría Nacional del Estado Civil les cancele los segundos registros civiles de nacimiento y les expida sin dilaciones las cédulas de ciudadanía
6.2. Del anterior recuento fáctico es claro entonces que el problema con la identidad de los accionantes se generó el 1 de febrero de 2002 cuando fueron registrados por segunda vez en la Registraduría de Turbaco por sus abuelos. En estos registros se consignaron datos diferentes a los que se habían fijado en los primeros, expedidos en la Notaría Primera de Riohacha. No obstante esta situación, la Registraduría no advirtió esta irregularidad, así como tampoco se percató de que, tal como lo señalan los demandantes, los segundos registros civiles de nacimiento fueron expedidos en un municipio distinto a donde tuvo lugar el nacimiento de Iván Eduardo y Daliz Paola Araujo Pérez, contrariando lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1260 de 1970, “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”, el cual dispone: “Los nacimientos ocurridos en el territorio nacional se inscribirán en la oficina correspondiente a la circunscripción territorial en que hayan tenido lugar”. En efecto, tal como lo prueban las partidas de bautismo expedidas por la Parroquia Santisima Trinidad de Riohacha[37], el lugar de nacimiento de los hermanos Araujo Pérez es el municipio de Riohacha, Guajira, por lo que es allí donde se tenía que realizar la inscripción de los accionantes, tal como aconteció con los primeros registros civiles de nacimiento efectuados en la Notaría Primera de dicho Municipio, y no en la Registraduría de Turbaco, donde se formalizaron los segundos registros. Por ende, dicha autoridad carecía de competencia para estos efectos debido a que el lugar de nacimiento de las personas registradas no correspondía a su circunscripción territorial.
“Artículo 2º. Duda razonable. Cuando las circunstancias en que se pretende hacer el registro generen duda razonable sobre las personas, los hechos o circunstancias que los sustenten, la autoridad competente se abstendrá de autorizar la inscripción.
6.4. Más llamativo aún resulta el hecho de que la Registraduría Nacional del Estado Civil no haya procedido de oficio a cancelar los segundos registros civiles de nacimiento de los accionantes, expedidos en Turbaco, a pesar de que en el frustrado trámite de expedición de las cédulas de ciudadanía de los hermanos Araujo Pérez, esta entidad advirtió que se presentaba una correspondencia por morfología y puntos característicos con las huellas dactilares plasmadas en el trámite efectuado en la expedición de las tarjetas de identidad de los actores, para el que se aportó un registro civil diferente al que se allegó para tramitar las cédulas de ciudadanía. Es decir, de acuerdo a lo señalado por la propia Registraduría, cuando se tramitó por primera vez la tarjeta de identidad de los hermanos Araujo Perez se presentaron los segundos registros civiles de nacimiento que les fueron expedidos irregularmente en Turbaco, mientras que para la expedición de sus cédulas de ciudadanía aportaron los primeros registros, expedidos en Riohacha.
Si bien lo señalado por la Registraduría difiere de lo dicho por el apoderado de los accionantes en escrito allegado a esta Sala en respuesta al Auto de pruebas del 23 de marzo de 2018, en el que se afirma que los registros civiles que se usaron para la expedición de las tarjetas de identidad de los hermanos Araujo Perez fueron los primeros registros, expedidos en Riohacha, lo cierto es que la Registraduría pudo comprobar que los dos registros civiles de nacimiento que tenían los accionantes pertenecían a la misma persona, pues existía una correspondencia en las huellas dactilares de ambos registros. Ante esta evidencia la entidad accionada debió proceder a realizar de oficio la cancelación de los segundos registros civiles de nacimiento de los accionantes, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 65 del Decreto 1260 de 1970, el cual señala: “La oficina central dispondrá la cancelación de la inscripción, cuando compruebe que la persona objeto de ella ya se encontraba registrada”. Por lo tanto, no le asiste razón a la Registraduría cuando en la contestación de la tutela indica que la cancelación sólo procede “cuando se trata de inscripciones que cuentan con los mismos datos biográficos”, por lo que los actores deberían acudir a un proceso judicial, pues la norma citada es clara en determinar que la cancelación de un registro civil de nacimiento procede de oficio cuando se compruebe que la persona que se registra ya había sido registrada, tal como sucede en el presente caso.
6.5. En este punto es importante traer a colación la sentencia T-678 de 2012[38], en la que se estudió un caso similar al presente. En dicha oportunidad la demandante también tenía un problema de duplicidad de registros civiles de nacimiento, debido a fallas de la propia Registraduría. Además, le habían expedido varias cédulas de ciudadanía con el mismo número, pero con diferentes apellidos, la última de las cuales había sido expedida con fundamento en el segundo registro civil de nacimiento, en el cual se alteraban sus apellidos, razón por la cual los apellidos consignados en su actual cédula no coincidían con los verdaderos. Por ende, la tutelante solicitó a la Registraduría la cancelación del segundo registro civil de nacimiento y la expedición de una nueva cédula de ciudadanía en la que se tuvieran como válidos los datos del primer registro. Al igual que en el caso que ahora se estudia, en aquella oportunidad la Registraduría también le indicó a la accionante que debía iniciar un proceso judicial para anular cualquiera de los dos registros válidos que tenía, ya que no estaba demostrado que se tratara del mismo hecho registrado dos veces, sin embargo, sus pretensiones fueron negadas en la instancia judicial, en donde se le indicó que debía iniciar una acción de impugnación de la paternidad. En dicha providencia la Corte indicó:
Por lo tanto, esta Sala, fundamentándose en los derechos al debido proceso administrativo y a la personalidad jurídica, considera que no resulta acorde con el ordenamiento constitucional que los administrados tengan que soportar la actuación desordenada o ineficaz de la administración que traiga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales originadas por causas que no le son imputables y que recaen en actuaciones indebidas de las autoridades administrativas”[39].
6.6. Por lo anterior, en la citada sentencia la Corte ordenó la anulación del segundo registro civil de nacimiento de la actora y la rectificación de los apellidos consignados en la cédula de ciudadanía, para que en adelante figurara con el nombre fijado en el primer registro civil de nacimiento. Como se observa, en aquella oportunidad la Corte concedió el amparo, incluso a pesar de que la Registraduría no había determinado que los dos registros civiles de la demandante pertenecían a la misma persona, pues dicha entidad tenía la posibilidad de probar esa circunstancia a través de las huellas plantares y dactilares consignadas en los registros. En el presente caso la Registraduría sí constató, a través de las huellas dactilares, que los dos registros que tiene cada uno de los hermanos Araujo Perez pertenecen a la misma persona, esto es, Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez. Por ende, con mayor razón la entidad accionada debió proceder, tan pronto evidenció este hecho, a la cancelación de los segundos registros de los accionantes, con fundamento en el inciso 2º del artículo 65 del Decreto 1260 de 1970.
6.7. Para la Corte no resulta aceptable que la Registraduría Nacional del Estado Civil haya remitido a los accionantes a un proceso judicial para obtener la cancelación de los segundos registros civiles de nacimiento, cuando estaba facultada para solucionar el problema de duplicidad de registros que presentaban los hermanos Araujo Perez, tal como ya se explicó. Tampoco puede avalarse la respuesta otorgada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco al inadmitir la demanda presentada por los peticionarios mediante la cual pretendían se les cancelaran los segundos registros, esto es, indicarles que debían iniciar un proceso de impugnación de paternidad, que, tal como se señaló en el acápite 2.4. de esta sentencia, no es el proceso idóneo para que los actores superen el problema de duplicidad de registros civiles de nacimiento y puedan obtener las respectivas cédulas de ciudadanía.
6.8. Así entonces, para esta Sala es claro que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo de Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez, al negar la cancelación de los segundos registros civiles de nacimiento que les fueron expedidos irregularmente en el municipio de Turbaco, a pesar de haber constatado que se presentaba una duplicidad de registros de la misma persona. Por lo tanto, a fin de solucionar de manera definitiva los problemas que desde hace varios años padecen los accionantes, atinentes a su identidad y estado civil, se concederá el amparo y se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a anular los registros civiles de nacimiento No. 32438192 - NUIP D7M0301570 y No. 32438191 - NUIP D7M0301569, expedidos en la Registraduría de Turbaco, y en consecuencia, expida las cédulas de ciudadanía de Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez con fundamento en los datos consignados en los registros civiles de nacimiento No. 26228280 y No. 22110873, respectivamente, expedidos en la Notaría Primera de Riohacha.
Primero.- Por las razones y en los términos de esta providencia, REVOCAR las sentencias proferidas el 29 de junio de 2017 el Juzgado Décimo Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, y el 14 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso administrativo de Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez.
Segundo.- ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en caso de que aún no lo hubiere hecho, que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a anular los registros civiles de nacimiento No. 32438192 - NUIP D7M0301570 y No. 32438191 - NUIP D7M0301569, expedidos en la Registraduría de Turbaco, y en consecuencia, expida las cédulas de ciudadanía de Iván Eduardo Araujo Pérez y Daliz Paola Araujo Pérez con fundamento en los datos consignados en los registros civiles de nacimiento No. 26228280 y No. 22110873, respectivamente, expedidos en la Notaría Primera de Riohacha.
Tercero.- LÍBRESE por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
[1] La Corte Constitucional, mediante Auto del 15 de diciembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Doce, conformada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, seleccionó para revisión el expediente T-6.502.859, con base en el criterio subjetivo “urgencia de proteger un derecho fundamental.”
[2] Folio 32, cuaderno 2.
[3] Folio 32, cuaderno 2.
[4] Folio 37, cuaderno 2.
[5] Folio 36, cuaderno 2.
[6] Folio 34, cuaderno 2.
[7] Folio 31, cuaderno 2.
[8] Folios 14 y 15, cuaderno 2.
[9] Folios 16 y 17, cuaderno 2.
[10] Folios 43 a 45, cuaderno 2.
[11] Folios 1 a 9, cuaderno 2.
[12] Folios 50 a 58, cuaderno 2.
[13] Folios 64 a 72, cuaderno 2.
[14] Folios 6 a 12, cuaderno 3.
[15] Folios 36, cuaderno 1.
[16] Folios 44 a 47, cuaderno 1.
[17] El artículo 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona tiene la facultad de incoar el amparo constitucional, por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
[18] De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública que amenace o vulnere derechos fundamentales.
[19] Código Civil. Artículo 213. “El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”.
[20] La Corte Constitucional ha considerado procedente la acción de tutela en casos en los que la Registraduría Nacional del Estado Civil demora o niega la entrega de la cédula de ciudadanía o procede a cancelar dicho documento, entre otras, en las siguientes sentencias: T-964 de 2001. MP. Alfredo Beltrán Sierra; T-050 de 2002. MP. Jaime Araujo Rentería; T-497 de 2006. MP. Jaime Córdoba Triviño; T-042 de 2008. MP. Clara Inés Vargas Hernández; T-006 de 2011. MP. María Victoria Calle Correa; T-678 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa; T-623 de 2014. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-662 de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[21] M.P. Antonio Barrera Carbonell. SV. Vladimiro Naranjo Mesa.
[22] Sentencia C-511 de 1999. MP. Antonio Barrera Carbonell. SV. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia se analizó la constitucionalidad de un costo que la ley les imponía a los ciudadanos que pretendieran “renovar” sus cédulas. La Corte consideró que dada la importancia de la cédula un gravamen de esa naturaleza resultaba inconstitucional.
[23] MP. Jaime Córdoba Triviño. En esta sentencia se analizaron las tutelas interpuestas por tres ciudadanos contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la demora en la expedición de la cédula de ciudadanía. La Corte exhortó a la entidad demandada a implementar una política que permitiera la oportuna prestación del servicio público de cedulación.
[24] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[26] Sentencia T-963 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En esta sentencia se estudió la situación presentada en el municipio de Sucre, Cauca, en donde desde hacía varios meses no se hacía presente el Registrador Municipal, por lo que los nacimientos y demás actos propios de identificación de las personas, como el registro civil de nacimiento, no se estaban cumpliendo. La Corte ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciar las diligencias necesarias para la inscripción en el registro civil de los niños nacidos desde el momento en que se presentó la ausencia del Registrador.
[27] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[28] Artículo 3º del Decreto 1260 de 1970.
[29] “El nombre tiene por finalidad fijar la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado”. Sentencia T-594 de 1993.
[30] Sentencia C-1259 de 2001.
[31] Sentencia T-308 de 2012. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta sentencia la Corte protegió los derechos fundamentales de una mujer a quien la Registraduría Nacional le había cancelado su cédula de ciudadanía porque había sido reportada como persona fallecida.
[32] Sentencia C-214 de 1994. MP. Antonio Barrera Carbonell.
[33] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[34] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[35] MP. María Victoria Calle Correa.
[36] Sobre el debido proceso administrativo en actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, también pueden consultarse, entre otras sentencias: T-042 de 2008. MP. Clara Inés Vargas Hernández; T-929 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa; T-623 de 2014. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-063 de 2016. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37] Folios 36 y 37, cuaderno 2.
[38] MP. María Victoria Calle Correa.
[39] Sentencia T-308 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 5000122140002016-00448-01 de 19 de Enero de 2017

References: artículo 213
 artículo 99
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 29
 artículo 46
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 36
 artículo 86
 Artículo 213
 Artículo 3