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Timestamp: 2019-05-25 17:06:00+00:00

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SuperContable.com - La intervención del FOGASA tras la Reforma Laboral.
La intervención del FOGASA tras la Reforma Laboral
Como muchos de nuestros lectores sabrán, especialmente aquellos que se dedican a la materia laboral en su día a día, la Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, ha llevado a cabo algunas modificaciones en cuanto al papel, y a las coberturas, del FOGASA.
Así, y como ya hemos dicho en varias ocasiones, la Ley de Reforma Laboral encomienda al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) el reconocimiento de una nueva prestación, al establecer, en su Disposición Transitoria Tercera, que el FOGASA abonará a las empresas una parte de la indemnización devengada como consecuencia de la extinción de los contratos indefinidos celebrados a partir del 18 de Junio de 2010 por las causas previstas en los artículos 51 o 52 del Estatuto de los Trabajadores o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, es decir, en los supuestos de extinción de contratos por causas objetivas.
Y, como es lógico, la Ley solo enuncia dicha prestación, pero es necesario una normativa de desarrollo que aclare y facilite la gestión de esta nueva prestación. Es por ello que el FOGASA ha dictado una Resolución, de fecha 3 de Junio de 2011, para la aplicación de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Y en esta Resolución se señala que el FOGASA abonará una parte de la indemnización devengada como consecuencia de la extinción de los contratos indefinidos, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
La extinción del contrato debe haberse producido por alguna de las causas previstas en los artículos 51 o 52 del Estatuto de los Trabajadores o 64 de la Ley 22/2003, Concursal, siendo indiferente el número de trabajadores empleados por la empresa.
En cuanto al pago de la indemnización, el FOGASA resarcirá al empresario un importe equivalente a 8 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año, sin que sea de aplicación el límite previsto para la base del cálculo de la indemnización del artículo 33.2 del ET.
Además, señala la Resolución que, tratándose de un resarcimiento a favor del empresario, este debe haber satisfecho con anterioridad al trabajador la totalidad del importe de la indemnización legal y ser firme la decisión extintiva; porque si no ha abonado la indemnización legal en su totalidad, el empresario no podrá percibir esta prestación, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del FOGASA respecto a la misma en virtud de lo establecido en el en el apartado 2.º del artículo 33 del ET.
Por lo que se refiere al procedimiento para solicitar esta prestación, el mismo se iniciará siempre a instancia de la empresa o empresario/a y ante la Unidad Administrativa del FOGASA competente, que corresponderá a la de la provincia donde se ubique la sede social de la empresa o el domicilio del empresario individual.
Además, el interesado deberá acompañar, a la solicitud formulada en modelo oficial, o presentada a través del registro electrónico, la siguiente documentación:
Documento que acredite la identidad del solicitante: DNI, NIE, o documento equivalente; y si el interesado actúa mediante representante, deberá aportar documento que acredite su identidad y el documento por el que se acredite la representación (poder notarial, documento privado con firma legitimada...), o mediante declaración en comparecencia personal ante funcionario público.
En caso de tratarse de una persona jurídica o un ente sin personalidad jurídica, escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica o entidad de que se trate, además de la documentación justificativa de la capacidad para actuar en su nombre del representante. Además, para poder percibir las prestaciones a través del representante, deberá constar claramente en el documento de representación la facultad del mismo para poder cobrar del FOGASA.
Carta de Despido o comunicación por escrito al trabajador por la que se procede a su despido y donde necesariamente debe figurar la identidad del trabajador, el salario diario que haya servido para el cálculo de la indemnización a cargo de la empresa y la fecha de efectos del despido. En el caso de que se hubiera formulado demanda, o recurso, por despido nulo o improcedente frente a la decisión extintiva del empresario, será necesario aportar copia testimoniada con la resolución dictada en el proceso, con diligencia de firmeza.
Resolución de ERE o Auto del Juzgado Mercantil. Cuando se trate de un despido colectivo conforme a los artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores o 64 de la Ley 22/2003, Concursal, se aportará la Resolución de la autoridad laboral que autorice la extinción de los contratos o el Auto dictado por el Juez de lo Mercantil referida a esa extinción colectiva. En ambos casos con diligencia de firmeza.
Documento acreditativo o justificativo de que el trabajador efectivamente ha percibido la indemnización legalmente establecida: documento bancario o contable que acredite la transferencia o el cargo realizado, o documento equivalente.
Una vez presentada la solicitud por la empresa, deberá darse traslado de la misma a los trabajadores a fin de que manifiesten lo procedente, y en concreto para que manifiesten si han formulado demanda, e incluso recurso, por despido nulo o improcedente frente a la decisión extintiva del empresario.
Transcurridos diez días sin recibirse contestación, se presumirá su conformidad con el contenido íntegro de la solicitud y continuará la tramitación del expediente.
Durante la tramitación, El FOGASA recabará de la Tesorería General de la Seguridad Social las fechas de alta y baja del trabajador en la empresa, así como sus bases de cotización a la Seguridad Social. Asimismo, podrá recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información necesaria a fin de contrastar los datos referidos a la retribución de los trabajadores.
De existir discrepancias entre los datos extraídos de estas entidades y los que figuran en la carta de despido, se conferirá un trámite de audiencia a los interesados, por 10 días, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, salvo que el interesado al formular la solicitud, o en un momento posterior, haya acreditado documentalmente los motivos de la discrepancia con los datos de la TGSS a través de sentencia firme, acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, nomina/s o documento similar que recoja el salario diario del trabajador, y las fechas de alta y baja en la empresa. De no admitirse las alegaciones efectuadas, o de no aportarse documentación justificativa suficiente, se resolverá el expediente administrativo en virtud de los datos obtenidos de la información obrante en poder de la Administración.
Con este comentario esperamos haber aclarado un poco más cómo va a llevarse a la práctica la nueva prestación económica que la Reforma Laboral ha encomendado al FOGASA.

References: artículo 64
 Resolución 
 artículo 33
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 artículo 33
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