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Timestamp: 2018-10-16 21:12:27+00:00

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Proceso penal contra el español Ángel Francisco Carromero Barrios, estrategia política del gobierno cubano
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 4 octubre, 2012
El Tribunal Provincial Popular de Granma, con sede en Bayamo, fijó para el 5 de octubre próximo, la celebración de la vista oral del proceso seguido contra el ciudadano español Angel Carromero, Vicesecretario General del Proyecto Nuevas Generaciones del Partido Popular Español, NNGG, el que conducía el auto accidentado, donde fallecieron los ciudadanos cubanos Oswaldo Paya Sardinas, Presidente del Movimiento Cristiano de Liberación, y su asistente el joven Harold Cepero, el ciudadano sueco Jens Aron Modig resultó ileso.
El Sr. Aron Modig no aporto elementos de peso en el inicial proceso investigativo, fue retenido por las autoridades cubanas del territorio a cargo de las investigaciones extremo que fue impugnado por la representación diplomática de Suecia en Cuba. al plantear que dicha categoría-retenido, no consta en la Ley de procedimiento Penal, por tanto al disponer la Dirección de Investigaciones Criminales y la Dirección de Seguridad del Estado, ambas del Ministerio del Interior su libertad sin restricciones, pudo viajar de regreso a Suecia.
En el proceso el ciudadano sueco fue objeto de interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado Cubano, a fin de conocer los motivos del viaje a las provincias orientales, la relación entre ambos extranjeros español-sueco y sus vínculos con el destacado líder de la oposición Oswaldo Paya y su asistente. Como resultado de esta investigación, el gobierno cubano dispuso la publicación en la televisión y la radio nacional, así otros medios de difusión masiva, y la prensa internacional acreditada, la conferencia de prensa, preparada por especialistas de la Seguridad del Estado y del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, para reconocer los vínculos profesionales con la disidencia cubana, la que fue denunciada por el gobierno como injerencia en sus asuntos internos, agotada la agenda de instrucción, el sueco en cuestión no representaba ningún otro elemento importante en el proceso penal. Al arribar a su país declaró que no haría pronunciamientos para no afectar el proceso investigativo en cuestión que se sigue en La Habana contra el Sr. Carromero.
Los familiares de los dos cubanos fallecidos en el accidente no han sido llamados al proceso penal como perjudicados, en Cuba está vigente el precepto constitucional que la Fiscalía General de la República representa los intereses de los ciudadanos como parte de la desgastada concepción de la Legalidad Socialista, los objetos personales de ambos fallecidos no han sido entregados a sus familiares, aun cuando fueron reclamados, lo que se presume que en su momento estos objetos serán utilizados como elementos de prueba en las denuncias de carácter político que sustentan el vínculo entre los dos extranjeros y los dos cubanos.
Familiares del Sr. Paya solicitaron a las autoridades cubanas tener acceso a los dos extranjeros, para conocer de primera mano y en un gesto de humanidad, los últimos momentos en la vida de sus allegados familiares, la Ley de Procedimiento Penal no permite este tipo de acciones, máxime cuando inicialmente los jóvenes extranjeros estaban incomunicados, por tal motivo, los familiares de Paya Sardinas declararon que no quedarán sujetos a indemnización alguna, y que no sostienen como ciertos los hechos como son expuestos por las autoridades, se desconoce si han sido citados para que asistan a la vista oral, aún cuando no son parte de la causa, se espera que una vez concluida la vista y notificada a las partes la sentencia, se pronunciarán públicamente ante la prensa extranjera sobre el tema que nos ocupa. La indemnización por los daños causados a la Compañía RENCAD será dispuesta como responsabilidad civil, según la sentencia que será dictada en su momento.
Desde el exterior se promovieron solicitudes al gobierno de Cuba a que accediera a la reiterada realización de una investigación independiente, extremo no previsto en la legislación, aún cuando la vista del juicio oral es público, en estos casos solo tienen acceso las personas autorizadas por el alto mando del Ministerio del Interior, en Cuba el poder judicial se subordina constitucionalmente en la ejecutoria de sus funciones a las determinaciones gubernamentales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Colaboración , reconoció que por intermedio de la Embajada española en Cuba, contrataron los servicios de representación letrada, a cargo del Bufete Especializado que dirige la Dra. Niurys Piñero, Asesora Legal en el proceso seguido en Estados Unidos contra los cinco espías cubanos que cumplen sentencia en aquel país. La legislación cubana no permite la representación letrada de abogados extranjeros, aunque los mismos pueden integrar un equipo de asesoría legal, a cargo de la defensa, recaerá la personería en un letrado cubano, inscripto en el Registro de Abogados del Ministerio de Justicia y miembro de un Bufete o Consultoría Jurídica cubana.
El sábado 28 de julio, el periódico Granma, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó una Nota Oficial del Ministerio del Interior, informando preliminarmente en detalles lo sucedido, basándose en el informe de testigos y peritos con una larga experiencia en la actividad, la que ha sido cuestionada por relacionar años de experiencia profesional a los pocos accidentes que se suceden en un territorio tan poco transitado como el oriental, desde un inicio los elementos expuestos carecieron de objetividad, como el exceso de velocidad, no atender a la conducción del vehículo, manipulaciones erróneas, no se han publicado otros elementos de la fase de investigación. Según la Ley Procesal los dictámenes y conclusiones preliminares de un proceso no son públicos, en la vista oral, los abogados de la defensa pueden cuestionar los elementos probatorios propuestos en las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal.
Los gobiernos de Cuba y España mantienen vigentes protocolos de repatriación de sancionados, por lo que en virtud de lo dispuesto por el Código Penal y la Instrucción Especial No. 9-2009, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, mediante sentencia firme, se deben iniciar los trámites de repatriación. En su momento, el Sr.Carromero accedió a declarar ante la presenta nacional e internacional sobre los vínculos con la disidencia cubana, la que teniendo en cuenta el proyecto que dirige en su país, lo vinculan de promover la oposición al régimen oficialista, resultando dicha comparecencia elemento de denuncia del gobierno cubano por atentar contra su integridad nacional y demás fundamentos que se utilizan para este tipo de ocasión.
Desde el momento de producirse el accidente en cuestión, la asistencia consular, integrada por un Cónsul Honorario y el Cónsul General de España en Cuba, puso de manifiesto la prioridad de su gobierno, manteniendo un monitoreo discreto que permitió conocer las formalidades del proceso investigativo y de instrucción, fruto de esa representación para hacer valer los derechos del ciudadano español sujeto al proceso, el acusado fue trasladado al Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, situado en la intersección de las calles 100 y Aldabó, municipio Boyeros, en La Habana, fue recluido en una zona preferencial, hasta el mismo Ministro español tuvo frases de elogio por el trato dispensado, en un momento la celebración de la vista oral fue pospuesta por inclemencias atmosféricas en las provincias orientales. El Sr. Carromero no ha conocido las infrahumanas condiciones de las cárceles cubanas.
En el marco de la celebración del actual periodo de sesiones de la Organizaciones de Naciones Unidas, se tiene previsto un encuentro entre los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla y su homologo español José Manuel García-Margallo, entre los temas tratar pudiera estar el proceso penal seguido contra el Sr. Carromero, por lo que prueba el marcado interés del gobierno español en la solución del proceso penal, justificando tratándose de un ciudadano español, especialmente por estar tan cercano a la Presidencia del Partido Popular en el poder.
Teniendo en cuenta el proceso con las características del acusado y de la causas, efectos y demás elementos sujetos al proceso investigativo y de instrucción, con una marcada relación con la prensa, con fuertes elementos llamados de atención por destacados políticos, gobernantes, dignatarios religiosos y de organizaciones sociales, otros a título personal o en representación de organizaciones opositoras al régimen castrista, a lo que se le une la sociedad civil ilegalizada en Cuba, todas ellas expusieron sus denuncias o preocupaciones sobre la presunción premeditada de elementos planificados por las autoridades cubanas para interrumpir el viaje en cuestión, aún con todos estos indicios, el Ministerio Fiscal pudo haber dispuesto una fianza económica o que la representación diplomática en Cuba se convirtiera en fiadora moral, afín de que el detenido se presentara ante los requerimientos y emplazamientos legales, y no continuara en condición de detenido en prisión preventiva. A toda luz, los Órganos del Ministerio del Interior -Seguridad del Estado, Inmigración y Extranjería, Orden Interior y otras tantas Direcciones afines-, tenían la orden de impedir la salida del país del procesado.
La Fiscalía solicita la sanción de siete años de privación de libertad, fundamentándose en falta de acción en la conducción del automóvil, exceso de velocidad, incorrecta manipulaciones de los sistemas de freno en una superficie deteriorada, a esto se le suma la información publicada en su país, haciendo referencia a que la licencia de conducción había sido retenida por puntos como resultado de notificaciones por violación de la legislación de conducción vial.
Se presume por tanto, el próximo viernes el Tribunal Provincial Popular de Granma al dictar sentencia, dispondrá una sanción contra el Sr. Carromero, la que no debe ser recurrida en proceso de Casación ante la correspondiente Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, para lograr ventaja en el tiempo, iniciándose el proceso de repatriación del español a su país, después se conocerán en detalles la verdadera historia del accidente, el fallecimiento de dos cubanos y la participación de dos jóvenes amantes de la democracia.
Quedarán en el recuerdo el destacado político Oswaldo Payá, con su Proyecto Varela y posteriormente el Heredia, con la pretensión de hacer valer los derechos civiles en la lucha por la democracia, Harold, el joven que con su sonrisa y espíritu fuerte supo llegar a otros jóvenes para inculcarles la posibilidad de un cambio democrático en Cuba, para lograr sueños y hacerlos realidad.
Como resultado de este proceso, el gobierno cubano logró denunciar con pruebas aportadas por los ciudadanos español y sueco, respectivamente, la injerencia externa en política interna, en relación con el gobierno de España, utilizó el proceso penal para lograr un acercamiento político-económico, prueba de ello es que las expectativas de mano dura del gobierno del Presidente Rajoy en relación con Cuba se disiparon.
El pasado 27 de septiembre se inauguró en La Habana el XVIII Encuentro del Comité de Cooperación Empresarial Cubano – Español , después de dos años sin sesionar, ahora presentan perspectivas de recuperación. Son fuertes los lazos que unen a estos dos países, Cuba adeuda a España una suma millonaria, el futuro del pago de créditos, inversiones, préstamos y otras iniciativas financieras quedan en la incertidumbre. La crisis de impagos a España se inicio desde los primeros años de poder revolucionario, cuando Cuba intervino, confisco, nacionalizó las propiedades de españoles residentes en el país, para alcanzar un entendimiento, las partes lograron el pago simbólico de la deuda y la efectividad de acuerdos migratorios o de repatriación de los naturales afectados por la ofensiva revolucionaria contra la propiedad privada.
En la actualidad el gobierno cubano está promoviendo modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera, para lograr actualizar conceptos de intereses mutuos, el gobierno de Cuba adeuda a empresarios españoles por concepto de retenciones de sus finanzas en bancos cubanos, como resultado del corralito, dispuesto como estrategia para depurar en aquel momento el estado de sus cuentas y lograr refinanciamiento para compras impostergables, esto afectó sustancialmente la imagen de Cuba en el sector de las inversiones extranjeras.
El Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España declaró que las relaciones entre Cuba y España se han caracterizado por ser inmunes a cambios y coyunturas, superando siempre problemas y obstáculos que pueden presentarse.
Código Civil, Código Penal
Detenciones arbitrarias contra la sociedad civil independiente. Consideraciones legales según la Ley de Procedimiento Penal
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 25 abril, 2012
La Habana.- Reiteradamente la Sociedad Civil Independiente denuncia acciones del gobierno, por intermedio de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, con el apoyo de tropas paramilitares, denominadas de acción y respuesta rápida.
Movimientos y partidos ilegales demandan el respeto a los derechos humanos y la democracia en Cuba, con una marcada represión en los últimos meses, como fuente de información que prueba lo anterior, el compendio de las denuncias publicadas por la Agencia de Prensa Hablemos Press.
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Las acciones de los órganos encargados de la represión ciudadana están destinadas a detenciones domiciliarias, en Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria previa citación con obligación de personarse, secuestros en la vía pública y posteriormente ser abandonados en lugares distantes a su domicilio sin acceso al transporte que permite su regreso al hogar, esas acciones por un término de horas-días, con el resultado de imposibilitar la asistencia a eventos o actos sociales convocados por organizaciones contestatarias al régimen.
Los procedimientos antes señalados son ilegales. No están amparados en lo dispuesto por la vigente Ley No. 5, de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151.
El precepto constitucional, referido al Capítulo III, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, en su artículo 58 dispone que “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional, nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.
La Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151, en su Título IV “De la Detención y Aseguramiento del Imputado”, Capítulo I, “de la Detención” establece que ningún ciudadano puede ser detenido, sino en los casos y con las formalidades que las Leyes prescriben.
La autoridad o agente de la policía, tiene a obligación de detener:
A cualquier detenido por haber cometido una acción delictiva y fuera conducido a la autoridad policial y entregado a esta, además el que se haya fugado encontrándose detenido o en prisión provisional, o exista contra él orden de detención.
Acusado por un delito de atentar contra la seguridad del estado:
Acusado de un delito cuya sanción imponible sea superior a seis años de privación de libertad.
Acusado de haber cometido delito, siempre que las circunstancias concurrentes sean:
Que los hechos hayan producido alarma o sean de los que se cometen con frecuencia en el territorio del municipio.
Que existan elementos bastantes para estimar fundamentalmente que el acusado trata de evadir la acción de la justicia.
A los efectos de la detención, se extenderá de inmediato un acta en que se consigne la fecha, hora, motivo de la detención, así como cualquier otro particular que resulte de interés.
El acta será firmada por el oficial actuante y el detenido. A instancia del detenido o de sus familiares, la Policía o la autoridad que lo tenga a su disposición informarán la detención, así como facilitará la comunicación entre ellos en los plazos y en la forma establecida en las correspondientes disposiciones.
Estos requisitos iníciales de la detención se violan, teniendo en cuenta que los detenidos se someten a un régimen de incomunicación. La autoridad policial o de otro órgano de investigación o instrucción no ofrece la posibilidad de comunicarse con los familiares o amigos, a fin de poder lograr en un corto plazo la representación letrada.
El Capítulo II, Aseguramiento del Acusado, establece procedimientos procesales que justifiquen la detención del ciudadano. La Policía no podrá mantener a una persona por más de veinticuatro horas, dentro de este término estará obligada a adoptar alguna de las determinaciones siguientes.
Poner en libertad al detenido:
Imponerle alguna de las medidas cautelares previstas en la Ley, excepto la de prisión provisional, que solo podrá aplicarse por el Fiscal que corresponda.
Dar cuenta al Instructor con el detenido y las actuaciones:
La medida cautelar impuesta al acusado, le será notificada de inmediato por la Policía, mediante la propia resolución que la dispuso, teniendo por ejecutada dicha notificación, con la consignación de la fecha y firmas del oficial actuante y el acusado.
El Instructor, una vez recibida las actuaciones que le remite la Policía, o conocido directamente el hecho, adoptará en un término que no excedan las setenta y dos horas, alguna de las decisiones siguientes.
Dejar sin efecto la detención:
Imponer alguna de las medidas cautelares no retentivas, o revocar o modificar las que haya impuesto la policía.
Proponer al Fiscal la imposición de una medida cautelar de prisión provisional.
El Fiscal, recibida la propuesta del Instructor respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, adoptará, dentro del término de setenta y dos horas, la decisión que corresponda, mediante auto fundado, estando facultado para aplicar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley o disponer la libertad del acusado.
Para adoptar su decisión, el Fiscal podrá entrevistar al acusado y practicar cualquier otra diligencia necesaria.
El Fiscal comunicará su decisión, de inmediato, al instructor a los efectos de su notificación al acusado.
La prisión provisional se cumple en establecimiento distinto al destinado a la extinción de sanciones privativas de libertad.
Si en fase preparatoria surgen elementos que aconsejen la adopción de una medida cautelar de las previstas en la Ley, el Instructor o el Fiscal, según los casos.
Desde el momento en que se dicte la resolución decretando cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley Procesal Penal, el acusado será parte en el proceso y podrá proponer pruebas a su favor.
El defensor, a partir del momento procesal en que se pronuncie el Fiscal.
Establecer comunicación con su representado y entrevistarse con el mismo con la debida privacidad, si se hallare detenido.
Examinar las actuaciones correspondientes al expediente de fase preparatoria, excepto en los casos en que se reservan elementos para las conclusiones definitivas.
Proponer pruebas y presentar documentos a favor de su representado.
Solicitar la revocación o modificación de la medida cautelar impuesta a su representado:
Si el Instructor deniega la práctica de alguna prueba por el defensor o la solicitud de revocación o modificación de la medida cautelar, se le notificara a este, en el término de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud del defensor, quien podrá recurrir en queja ante el fiscal.
El Defensor tiene las facultades legales necesarias para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad material y para ello está obligado a proponer o presentar todas las pruebas a su alcance que favorezcan a su defendido.
El Defensor vendrá obligado a comunicar a la brevedad posible a su representado, el contenido de aquellas notificaciones que reciba.
Cuando se trate de sentencias definitivas, si el acusado se encuentra en prisión provisional por cualquier proceso y a su Defensor le resulta materialmente imposible comunicarle lo resuelto antes de que decurse el termino para establecer el recurso correspondiente, podrá el Abogado comunicárselo a un familiar allegado o a una persona de la confianza del sancionado, mayores de edad, previamente indicados por este.
El defensor firmará las diligencias en que participe, como constancia de su intervención en ellas.
Los Abogados que representan a los acusados podrán delegar, mediante escrito, en u técnico auxiliar la práctica de las diligencias de presentación de escritos, asimismo aceptar notificaciones, recibir despachos y cualquier otra de mero trámite, las que surtirán los mismos efectos que si se realizan por el Abogado.
La prisión provisional o cualquier otra medida cautelar solo puede mantenerse mientras subsistan los motivos que la originaron. Durante la tramitación del expediente en fase preparatoria la modificación de la medida se decreta por el Fiscal o el Instructor, según los casos, y abierto el proceso a juicio oral, se dispone por el tribunal.
El acusado o su defensor podrán solicitar en cualquier momento la modificación de la medida cautelar aplicad. Durante la sustanciación de la fase preparatoria la solicitud se presentará a la autoridad que la haya dispuesto o que este conociendo el proceso, según corresponda.
La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no exceda de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud. En caso de que se deniegue la notificación de la medida cautelar de prisión provisional dispuesta por el Fiscal se notificará inmediatamente al acusado o su Defensor, pudiendo el solicitante establecer el recurso correspondiente.
Procede la prisión provisional, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
Que conste en las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito.
Que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado, independientemente de la extensión y calidad de la prueba que se requiere para que el tribunal pueda conformar su convicción en el acto de dictar sentencias.
No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, puede decretarse cualquier otra de las medidas cautelares que establece la Ley, de apreciarse en la persona del acusado buenos antecedentes personales y de conducta, y siempre que:
El delito que se le imputa no haya producido alarma.
El delito no sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia o municipio.
No existan elementos suficientes para estimular fundamentalmente que el acusado tratara de evadir la acción de la justicia.
Cuando el fiscal formule conclusiones provisionales contra una persona que no haya sido objeto de medida cautelar alguna y existan motivos suficientes para presumir que tratará de evadir la acción de la justicia, el tribunal puede disponer la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley.
Si el que fue objeto de medida cautelar se halla en libertad y existen en cuanto al motivo suficientes para presumir que tratará de eludir la acción de la justicia, el Tribunal puede sustituir la medida dispuesta por otra más adecuada que la de prisión provisional.
Las medidas cautelares a aplicar pudieran ser:
Fianza en efectivo.
Fianza moral por la empresa o entidad donde trabaje el acusado o el sindicato u otra organización social o de masas a la que pertenezca.
Obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale.
En los casos en que se dispongan cualquiera de las medidas cautelares señaladas, el acusado tendrá la obligación de comunicar sus cambios de domicilio al Instructor o al Tribunal, en su caso.
La reclusión domiciliaria consiste en la obligación del acusado de no salir de su domicilio sin la autorización del Instructor o del Tribunal, según, a fase en que se halle el proceso, a no ser para asistir de su centro de trabajo o de estudio, en el horario habitual, o para atender su salud.
Mientras el acusado no constituya la fianza que se le haya fijado para gozar de libertad provisional sufrirá prisión provisional.
Están excluidos del beneficio de gozar de la libertad provisional bajo fianza los acusados,
En delitos contra la seguridad del Estado,
En los delitos para los cuales la ley establece sanción de muerte o la máxima de privación de libertad,
Quien preste fianza moral se compromete a asegurar la comparecencia del acusado y asume también la obligación de presentarlo a requerimiento del Instructor o del tribunal, según sea la fase en que se encuentre el proceso, o de ofrecer dato suficiente que permitan su detención.
Si el acusado a quien se haya impuesto alguna medida cautelar la quebrantada, se sustituye por una más severa, si la medida quebrantada es de fianza en efectivo, esta, además se incauta.
Cuando el quebrantamiento se produce en la fase preparatoria, la modificación de la medida la dispone el Fiscal, con la aprobación del Tribunal. En caso de ocurrir después de la apertura a juicio oral, la modifica el Tribunal.
Decreto-Ley No. 151, de 10 de junio de 1994
Decreto-Ley No. 128, de 18 de junio de 1991
Decreto-Ley No. 87, de 22 de julio de 1985, Sobre Procedimiento de Revisión en materia penal.
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 11 abril, 2012
Regulaciones de control monetario, dispuestas por el Banco Central de Cuba
El Control Monetario por parte del gobierno, fue analizado en la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros, celebrada en el mes de 27 de febrero pasado. Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar el tema en cuestión, se recomendó al Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, dictar normas de procedimiento al respecto:
a.- Mediante la Resolución No. 17-2012, dictada con fecha 1ero. de marzo del 2012, deroga su Resolución No. 235 de 3 de octubre de 1994 y establece que la importación de moneda libremente convertible, en lo adelante MLC, por personas naturales es libre, en efectivo, cheques u otros medios de pago utilizados en la práctica bancaria internacional.
b.- Las personas naturales que a su entrada al territorio nacional porten una cantidad superior a los cinco mil dólares estadounidenses, $5000.USD, o su equivalente en MLC, en efectivo , quedan obligados a declararlo ante los funcionarios de la Aduana General de la República.
c.- Las personas naturales a su salida del país pueden exportar libremente hasta cinco mil dólares estadounidenses, $5000USD, o su equivalente en otras MLC en efectivo o mediante cheques u otros medios de pago utilizados en la práctica bancaria internacional.
d.- El Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, podrá autorizar a las personas naturales que soliciten exportar sumas superiores a la establecida, previa la presentación por el interesado de documentos que acrediten su lícita adquisición. Las personas naturales que exporten a su salida del país sumas superiores a la establecida en el acápite c, deben proceder a declararlo ante el funcionario de la Aduana General de la República, mediante la prueba que acredite lo lícito.
e.- Las personas naturales extranjeras residentes en Cuba, con permiso de trabajo y que perciban ingresos en MLC, podrán remesar, vía bancaria MLC al exterior, y para exportar en efectivo cantidades superiores a su equivalente a los cinco mil dólares estadounidenses, $5000USD, o su equivalente en otras MLC, deberán presentar ante los funcionarios de la Aduana General de la República, la prueba de lo lícito de la importación, o la autorización expedida por el Banco Central de Cuba, según proceda.
f.- La Secretaría del Banco Central de Cuba, tramitará en un término de de siete, 7, días hábiles, las solicitudes de exportación de MLC, mediante Resolución, notificada al promovente y a la Aduana General de la República, el otorgamiento o la denegación de autorización.
La Resolución No. 18-2012, de 1ero. de marzo del 2012, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, deroga su Resolución No. 75, de 2 de septiembre de 1999, y establece,
a.- Los ciudadanos cubanos y extranjeros resientes en Cuba, pueden exportar e importar a su salida o entrada, sumas que no excedan de dos mil pesos cubanos (CUP) de curso legal, en efectivo y en cualquier denominación,
b.- Queda prohibida la exportación del medio de pago denominado pesos convertibles de curso legal (CUC) en cualquiera de sus denominaciones, así como la exportación de pesos cubanos mediante envíos sin carácter comercial.
c.- La exportación e importación de piezas desmonetizadas y especímenes de pesos cubanos o pesos convertibles, con carácter numismático o patrimonial, serán sometidas a las regulaciones actuales específicas dictadas al efecto.
d.- La Aduana General de la República queda obligada al cumplimiento de lo dispuesto para su ejecución en frontera,
Otras regulaciones e interpretaciones en materia de control monetario,
Nuevas Regulaciones del Servicio Bancario, no se publican en la Gaceta Oficial de la República. Los Bancos Metropolitanos y Popular de Ahorro, que brindan servicio a la población, ciudadanos cubanos y extranjeros residentes en Cuba, titulares de cuentas bancarias de cualquier denominación (de ahorro, a plazos fijos, etc., están siendo controlados con formularios enmascarados en “conocer al cliente” con una serie de datos personales y financieros, a fin de dominar la fuente de sus ingresos legales, como fuente de información primaria para procesos de investigación e instrucción al amparo de lo que establece el Decreto-Ley No. 149, Sobre Enriquecimiento Indebido.
Resolución No. 19, de 1ero,. de marzo del 2012, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, deroga su Resolución No. 51’de 8 de marzo del 2003 y dispone que el Banco Central, atendiendo a los niveles de corrupción administrativa, relacionados con recursos monetarios en entidades estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, como respuesta a las críticas de la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, dispuso “que trimestralmente (primera quincena de los meses de enero, abril, julio, octubre de cada ano) estas entidades vienen obligadas a presentar una conciliación-certificada , según la pro-forma de certificación aprobada, por el Jefe de la entidad y el Contador. Los bancos conservaran esta documentación por el término de tres anos a partir de su emisión, en caso de incumplimiento, los bancos se reservan el derecho de interrumpir el servicio hasta que se cumpla lo indicado, ante incumplimientos reiterados, los bancos podrán cerrar las cuentas operacionales, acreditando su saldo favor del Presupuesto Nacional, en casos de los CUP, en efectivo en CUC o moneda libremente convertible, se transfiere a la cuenta de Financiamiento Central. Adjunto a la conciliación trimestral, se adjuntará copia certificada del Balance que se presenta ante la Oficina de Administración Tributaria, así como al Organismo de la Administración Central del Estado al que está subordinado.
Actualmente el Banco Central de Cuba, en coordinación con órganos especializados del Ministerio del Interior y la Aduana General de la República, depuran el modus-operandi de falsificaciones de efectivo y otros soportes dispuestos para la práctica de la banca internacional.
Legislación a su disposición, Disposiciones dictadas por el Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba.
Resolución No. 107, de 1ero. de marzo del 2012
Resolución No. 108, de 1ero. de marzo del 2012
Resolución No. 109, de 1ero. de marzo del 2012.
1 comentario Publicado por referenciajuridica en 20 junio, 2011
Los hechos se desarrollaron en lo fundamental después de la determinación del gobierno cubano de disponer el llamado “Corralito” como resultado de la escasez de divisas, lo que trajo consigo la inamobilidad de pagos, afectándose sustancialmente la ejecución del cumplimiento de los contratos económicos concertados, por lo que los inversionistas extranjeros y los funcionarios cubanos, al margen de lo dispuesto comenzaron a promover iniciativas propias para lograr ganancias, que no eran recogidas en los controles contables, en este caso, la Embajada de Chile en Cuba recibió a sus ciudadanos pidiendo resguardo a sus inversiones afectadas, teniendo en cuenta que el gobierno cubano había priorizado $800 millones USD para compra de alimentos a Estados Unidos. Es cuando en enero del 2010 la embajada chilena en La Habana tiene conocimiento extraoficial de una profunda investigación fiscal a la entidad mixta Río Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, se realizan contactos con el gerente Roberto Braudrand, de esta investigación-fiscal se relacionan otras en la Empresa Mixta Sol y Son, inversionista de la Empresa Estatal ”Cubana de Aviación” también copropiedad del antes mencionado Sr. Marambio. Desde un principio se definieron las acciones como violaciones de lo preceptuado por la Ley No. 62, Código Penal que se consideraban como constitutivas de delitos de corrupción administrativa.
Avanzada la investigación, el General de División ® Rogelio Acevedo solicitó vacaciones o licencia para ser atendido por sus dolencias de enfermedad cardiovascular, la esposa de este Sra. Ofelia
se desempenaba como una de las principales funcionarias de la entidad mixta Sol y Son, vinculada a la empresa estatal Cubana de Aviación, manteniendo estrechos vínculos con la tambíen entidad mixta Rio Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, la referida esposa se mantuvo con limitación de libertad desde el mismo início de la investigación hasta la celebración del juicio, donde resultó sancionada, El hecho de acceder al pedido de vacaciones al General Acevedo, se le mantuvo un total control de sus acciones, fundamentalmente por el hecho de tomar medidas para impedir una salida ilegal del país, luego de haberse producido la salida ilegal del país del empresario Pedro Alvarez, Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sujeto a proceso penal, sin que hasta la fecha se tenga por esclarecida la forma utilizada en que burló a la seguridad cubana para lograr ingresar en Estados Unidos, extremo objeto de análisis y determinaciones para la sustitución de los altos mandos de la Seguridad del Estado, lo que ha sido utilizado por el General-Presidente para promover a otros oficiales de su entera confianza e intereses..
En un informe denominado “El reino de los come candelas millonarios” en relación a altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno, así como de empresarios cubanos, texto que el gobierno cubano desmintió, hace relación a las millonarias cuentas bancarias que altos funcionarios y empresarios estatales cubanos mantienen en el exterior, entre ellos el General de División Acevedo y el exministro del Ministerio de la Industria Alimenticia Alejandro Roca, lo que en este proceso ha resultado probado lo detallado en la información señalada, la pretensión de mantener un caudal en el exterior se fundamenta el respaldo para cuando llegue el momento del final del actual sistema gubernamental cubano.
Como resultado de estas procesos investigativos, se dispuso la instrucción penal de directivos y funcionarios cubanos y de los hermanos Max y Marcell Marambio, inversionistas chilenos. El Teniente Coronel Francisco Miguel Estrada Portales, Instructor Penal del Organo de Instrucción del Ministerio del Interior envió los requerimientos por intermedio de la Fiscalía General de la República de Chile, al decursar el término establecidos, ambos ciudadanos no respondieron ni se personaron a los requerimientos del proceso, fueron declarados en rebeldía. El Sr. Max Marambio promovió una demanda ante la Organización Mundial de Comercio en contra del Gobierno de Cuba por afectaciones a su patrimonio.
Todo indica que el Sr. Marambio fue separando sus intereses personales como inversionista extranjero afectado de la política del gobierno cubano, realmente el referido Max fue catalogado como “el hombre de confianza de Fidel Castro” desde finales de la década del 60 a principios del 70, cuando la jefatura de la seguridad personal del expresidente chileno Salvador Allende, una vez radicado en cuba, llegó a ocupar importantes cargos en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, con una marcada participación en la firma comercial Cimex del Ministerio del Interior y de su Departamento MC, vinculado a los dramáticos hechos probados de narcotráfico, donde fueron sancionados y ejecutados varios altos militares, entre ellos el General Ochoa y el Coronel Tony La Guardia, este último muy vinculado a Max, después de la sustanciación del juicio manipulado por Fidel Castro. Un gran escándalo relacionado con la comercialización del oro y la plata a ciudadanos cubanos en los anos 1987-1989 por la financiera Cimex-MC-MININT, con destino de las valiosas joyas a altos dirigentes y militares cubanos y para el financiamiento de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Ahora la situación creada, con un interés marcado por la izquierda y la derecha, el gobierno y los organos de la Fiscalía y los Tribunales chilenos en esclarecer los hechos concurrentes del fallecimiento de Salvador Allende, desmintiendo de hecho la versión del gobierno de Cuba, con la posibilidad real de una ejecución de crimen político por parte de oficiales de la inteligencia cubana siguiendo instrucciones directas de Fidel Castro.
Celebrada la vista del juicio oral, público pero controlada la asistencia a los intereses de la Seguridad del Estado, la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana dictó sentencia contra el ex-ministro del Ministerio de la Industria Alimentícia Alejandro Roca Iglesias y el empresario chileno Max Marambio Rodríguez. sancionados a quince y veinte anos de privación de libertad, respectivamente, por delitos asociados a corrupción administrativa, en el caso del inversionista extranjero el proceso continúo en su contra al declararse en rebeldía, al incumplir los requerimientos de personaría del investigador-instructor y del propio tribunal.
Con fecha del 2011, la precitada Sala Segunda dictó sentencia contra los directivos y funcionarios de la empresa estatal Cubana de Aviación y de la empresa mixta Sol y Son, por delitos asociados a corrupción administrativa, atentando contra la economía nacional y los valores que establece el Código de Etica Profesional que debe primar en el desempeno de sus funciones, como sigue:
Oscar Pau leyva y Miguel Angel Almaguer, a diez anos de privación de libertad,
Ramón Valdivia Acosta, Oscar González Rodríguez y Reinaldo Torres Hernández a ocho anos de privación de libertad,
Roberto Hernández Iglesia a siete anos de privación de libertad
Lucy Hortensia Leal Díaz a seis anos de privación de libertad,
Francisco Lázaro Márquez Granda y Javier Sánchez Egozcue a cinco anos de privación de libertad,
Lourdes Esmeralda Fernández Díaz, Elio Hildo Mora Despaigne, Dagoberto Guerrero Cabrera y Sonia Alpizar López a cinco anos de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad,
Eugenio Serapio Civille Mejías a cuatro anos de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad
Y a Bárbara Alina Barrios Cabdevila a tres anos de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional sin internamiento
Al ciudadano chileno-inversionista extranjero en Cuba Marcell Marambio Rodríguez a quince anos de privación de libertad
Con fecha 9 de junio del 2011 la antes nombrada Sala de lo Penal dictó sentencia contra exdirectivos y exfuncionarios del Ministerio de la Industria Alimenticia y la empresa mixta Rio Zaza, sancionando a los mismos como sigue, por delitos relacionados con la corrupción administrativa como sigue:
Cecilio Hernández Rodríguez, exviceministro del Ministerio de la Industria Alimenticia, Maritza Ramos Hernández, Ofelia Grisell Lipak Rubí y a Rtafael Alonso Gutierrez, a cinco anos de privación de libertad,
Natividad Gisela Sánchez González, Alvadio Rafael Ruíz Vaquero y Jorge Luis Galván Pérez a cuatro anos de privación de libertad
Y a Lucy Hortensia Leal Díaz a tres anos de privación de libertad.
Asimismo resultaron sancionados Jorge Cabrera Torres a cinco anos de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional con internamiento,
Jesús Ignacio Montes Oliva y Juan Clemente Morgado Cancio a cuatro anos de privación de libertad, subsidiado por limitación de libertad.
En los tres procesos relacionados con la corrupción administrativa, quedan probados, según el Tribunal Provincial delitos de soborno en efectivo y otras dádivas ilegales, desviaron o permitieron la desviación de recursos de la economía nacional, falsificación de documentos públicos, privados, bancarios y de comercio, informacionales o documentos estatales, abuso de atribuciones y el ejercicio de los contenidos propios de los cargos que ocupaban para beneficios de intereses lucrativos, etc
En el proceso investigativo-instrucción y en el propiamente penal seguido contra los inculpados, no constan acciones contra el General de División ® Rogelio Acevedo expresidente del Instituto de Aeronáutica Civil, el que fue liberado de sus funciones mediante Acuerdo del Consejo de Estado, a propuesta del General-Presidente Raúl Castro.
Lo anterior es el resultado del curriculum del General Acevedo con más de cincuenta y tantos anos como alto oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fue liberado de sus funciones militares para desempeñar el cargo de Presidente del Instituto de Aeronática Civil, un cargo de confianza y seguridad al régimen. Los dos hermanos Rogelio y Enrique Acevedo fueron dignos de la confianza de Fidel y de Raúl hasta este momento .
En los últimos días se presenta con marcada atención la ejecución de los contratos concertados entre los Gobiernos de Cuba y de Brasil del expresidente Lula, para el desarrollo del Puerto de El Mariel, hay informes que llaman la atención a que el origen de estos vínculos contractuales están fundamentado en intereses y acciones personales del expresidente Lula y de la familia Castro-Callejas, este ultimo condominio salta a la luz, con los traspasos de todo lo eficiente y con eficacia de resultados empresariales de entidades de la economía nacional al Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que dirige el Coronel Luis Alberto López Callejas y que su ejecutivo antecesor fue el General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, actual Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hombre de confianza del General-Presidente

References: artículo 58
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