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Timestamp: 2017-06-28 10:30:17+00:00

Document:
Sentencia Tribunal Supremo 687 num. 2022/2012 17-07-2013
28 de junio de 2017 | 12:30
Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Penal El Supremo anula un juicio por homicidio porque el tribunal dialogó en la sala su fallo con el fiscal y lesionó el principio de igualdad de armas.
El Tribunal Supremo ha anulado un juicio por homicidio de la Audiencia Provincial de Barcelona y ha ordenado repetirlo con un tribunal distinto ya que el tribunal juzgador debatió en la sala de vistas con el fiscal las pruebas presentadas.
Marginal: PROV\2013\261097
Tribunal: Tribunal Supremo, Madrid Sala 2 (Penal)
Recurso de casación núm. 2022/2012
T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal SENTENCIA Sentencia Nº: 687/2013
RECURSO CASACION Nº : 2022/2012 Fallo/Acuerdo: Sentencia Estimatoria Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Sexta.
Fecha Sentencia : 17/07/2013
Ponente Excmo. Sr. D. : Juan Saavedra Ruiz Secretaría de Sala : Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico
Fernández Escrito por : ICR Delito de homicidio en grado de tentativa. Derecho al proceso debido en
su manifestación del principio de igualdad de armas. Vulneración. Se estima el
recurso y se reenvía la causa para la celebración de un nuevo juicio ante un
Tribunal distinto.
Nº: 2022/2012 Ponente Excmo. Sr. D.: Juan Saavedra Ruiz
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rico Fernández TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal SENTENCIA Nº: 687/2013 Excmos. Sres.:
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los
Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil trece.
En el recurso de casación por infracción de ley y de precepto
constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Silvio
, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección Sexta, que condenó al acusado por un delito de homicidio en grado de
tentativa; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo que al margen se expresan se han constituido para la Votación y Fallo
bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz, siendo
parte el Ministerio Fiscal, estando representado el recurrente por la
Procuradora Doña Katiuska Marín Martín, siendo parte recurrida Carlos María representado
por la Procuradora Doña Matilde Sanz Estrada. I. ANTECEDENTES
PRIMERO El Juzgado de Instrucción número 2 Mataró, instruyó Sumario
nº 2/2010 contra Silvio , por delito de homicidio en grado de tentativa y, una
vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Sexta,
que con fecha veinte de julio de dos mil doce, dictó sentencia que contiene los
siguientes Hechos Probados: " PRIMERO.- Se declara probado que alrededor de las
02:30 horas del día 23 de mayo de 2010, el procesado Silvio , mayor de edad y
sin antecedentes penales, que ha permanecido en situación de prisión
provisional a resultas de la presente causa desde el 24 de mayo (privado de
libertad desde el día 23) hasta el 15 de junio de 2010, fecha en la que salió
en libertad tras depositar una fianza de 5.000 euros, se encontraba en el
parking de la discoteca "Activa" de la localidad de Mataró celebrando
un cumpleaños en compañía de un grupo de amigos, momento en el que se produjo
un altercado que derivó en una pelea en la que participaron varios jóvenes que
se encontraban en el lugar, sin que haya resultado acreditado que ni el acusado
ni la víctima participaran activamente en la misma. En un momento dado el
acusado se cruzó con Carlos María al que clavó una navaja que portaba de 9
centímetros de hoja en el lado izquierdo del abdomen.- Como consecuencia de
dicho apuñalamiento Carlos María sufrió lesione consistentes en "herida
penetrante en fosa ilíaca izquierda con lesión de arteria epigrástica y lesión
puntiforme en la cara antimesentérica de arteria yeyunal", causando
emoperitoneo profuso de 2500 ml y shock hemorrágico agudo. Lesiones que
suponían un evidente riesgo vital y que le hubieran causado la muerte de no
haber sido tratado inmediatamente en un centro hospitalario. Las mismas
precisaron de tratamiento médico y quirúrgico consistente en laparatomía media
supra-infraumbilical, ligadura de artería epigrástica, rafia de la lesión
yeyunal, lavado peritoneal con suero y drenaje en fosa ilíaca derecha y
transfusión de 4 concentrados de hematíes por anemia severa, así como
tratamiento farmacológico posterior; y tardaron 60 días en curar, todos ellos
impeditivos para sus ocupaciones habituales de los que, a su vez, 6 fueron de
ingreso hospitalario, quedándole como secuelas "una cicatriz de 2
centímetros de longitud en fosa ilíaca izquierda, cicatriz de 19 centímetros en
la línea media abdominal y cicatriz de 1 centímetro en fosa ilíaca derecha, que
en su conjunto suponen un defecto estético moderado. SEGUNDO.- No ha
resultado acreditado que se produjera agresión o provocación alguna por parte
de la víctima. TERCERO.- En el momento de producirse los hechos el
acusado se encontraba bajo los efectos de previa ingesta alcohólica que
disminuía sus facultades cognitivas y volitivas sin llegar a anularlas ".
SEGUNDO La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
" FALLAMOS.- : Que debemos condenar y condenamos a Silvio
como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa,
concurriendo la atenuante simple de embriaguez, a la pena de CINCO AÑOS y SEIS
MESES DE PRISIÓN, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a que indemnice a Carlos
María en la suma de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil, así como
al pago de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación
particular.- Para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta le será
abonado todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa, si no
lo tuviera aplicado en otras ". TERCERO Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de
casación por infracción de ley y de precepto constitucional, por la
representación de Silvio , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala
Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su
sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose el recurso. CUARTO La representación del recurrente, alegó los motivos
siguientes: PRIMERO .- Por infracción de precepto constitucional,
al amparo del artículo 852LEG 1882\16 de
la LECrim ( LEG 1882\16 ) ., y artículo
5.4 de la L.O.P.J . por infracción del derecho constitucional a un
procedimiento con todas las garantías contemplado en el artículo 24.2CE ( RCL 1978\2836 ) y del derecho a la tutela
judicial efectiva de Jueces y Tribunales contemplado en el artículo 24.1CE . SEGUNDO
.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 852LEG 1882\16 de la LECrim . y artículo 5.4 de la
L.O.P.J . en relación con el artículo 24.1 de la C.E . por vulneración del
derecho fundamental a la presunción de inocencia al no haberse producido en el
proceso prueba de cargo que acredite la autoría de los hechos por los que ha
sido condenado el recurrente, así como el derecho a la segunda instancia penal,
parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. TERCERO
.- Infracción de ley, al amparo del artículo 849.1LEG 1882\16LECrim . por indebida aplicación del
artículo 138RCL 1995\3170 de C.Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , en lugar del
artículo 148RCL 1995\3170 del C.Penal . CUARTO
.- Infracción de ley, al amparo del artículo 849.1LEG 1882\16 de la LECrim . por inaplicación del
artículo 20.4RCL 1995\3170 del C.Penal .
QUINTO El Ministerio Fiscal se instruyó del recurso interpuesto, la
Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo,
cuando por turno correspondiera. SEXTO Realizado el señalamiento para Fallo, se celebró la
deliberación y votación prevenida el día 3 de julio de 2013. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª) dictó
sentencia en la que condenó al acusado Silvio como autor de un delito de
homicidio en grado de tentativa ( arts. 138RCL
1995\3170, 16 y 62RCL 1995\3170CP
( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) ),
concurriendo en él la atenuante simple de embriaguez ( arts. 21.1 ª y 20.2ª CP
), a las penas de cinco años y seis meses de prisión, accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena, responsabilidad civil en la cantidad de 6.000 euros y abono de las
costas causadas, incluyendo las devengadas por la acusación particular. SEGUNDO De los cinco motivos formalizados por el penado frente a
dicho pronunciamiento, el primero viene a denunciar, como infracción de
precepto constitucional ( arts. 852LEG 1882\16LECrim
( LEG 1882\16 ) y 5.4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) ), la vulneración de los derechos
a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías ( art.
24.1 y 2RCL 1978\2836CE ( RCL 1978\2836 ) ). Se queja el recurrente de que
el Tribunal de instancia había tomado la decisión de condenarle con
anterioridad a la finalización del juicio oral, que se celebró en tres sesiones
distintas durante los días 12 y 13/06/2012 y 05/07/2012. Argumenta, en apoyo de
su pretensión que, según evidencia la grabación de la sesión correspondiente al
día 13/06/2012, obtenida oficialmente por quien recurre desde el sistema
«arconte», una vez finalizada dicha sesión y mientras permanecían en la Sala
los miembros del Tribunal y la representante del Ministerio Fiscal, entre otras
personas (pero no las demás partes procesales y, en especial, quien recurre),
se produjo una conversación entre los presentes en el seno de la cual
intercambiaron comentarios sobre el contenido de lo hasta entonces celebrado e,
igualmente, sobre las pruebas aún pendientes de celebración, que de hecho
habían motivado la suspensión de la vista. Para el recurrente, dichos
comentarios del Tribunal sesgan su derecho al proceso debido, al afectar a la
imparcialidad judicial y, en última instancia, a la presunción de inocencia.
Por tal razón, interesa de esta Sala que se declare la completa nulidad del
juicio, en aras de preservar esos derechos constitucionalmente consagrados. El motivo habrá de ser estimado.
1. El derecho a la imparcialidad judicial que postula el recurrente
ha sido analizado en incontables decisiones de esta Sala, como también del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional. El
art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales, reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal
independiente e imparcial establecido por la Ley. En el mismo sentido se
pronuncian el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( RCL 1977\893 ) ( art. 14.1) y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 10). Nuestro Tribunal Constitucional, después de algunas sentencias que situaban
este derecho a un juez imparcial en el marco del derecho al juez legal, ha
establecido que forma parte del derecho fundamental a un proceso con todas las
garantías del art. 24.2 de la Constitución . También este Tribunal de Casación
ha reconocido, en similar sentido, que la primera de todas las garantías del
proceso es la imparcialidad del juzgador, aunque ésta también venga asegurada
por las normas que regulan el derecho al juez ordinario predeterminado por la
ley, en cuanto que impide la designación de jueces «ad hoc» ( STS núm.
812/2007, de 8 de octubre ( RJ 2007\6295
) ). No es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no
se sitúa en una posición de imparcialidad, como tercero no condicionado por
ningún prejuicio, bien sea derivado de su contacto anterior con el objeto del
proceso, bien de su relación con las partes. En cualquier caso, las dudas sobre
la justicia de la decisión pueden estar objetivamente justificadas si se basan
en la apariencia de un prejuicio previo respecto de la culpabilidad del
acusado. Por ello, el Juez ha de ser -y ha de aparecer- como alguien que no
tenga respecto de la cuestión sobre la que ha de resolver y en cuanto a las
personas interesadas en ella ninguna relación que pueda enturbiar su
imparcialidad. Incluso la sola apariencia de imparcialidad puede tener
importancia, pues afecta a la confianza que los Tribunales de una sociedad
democrática deben inspirar a los ciudadanos en general y en particular a
quienes son parte en el proceso. En línea con lo anterior, y dando cuenta de la extensa doctrina
jurisprudencial en esta materia [ SSTEDH recaídas en los casos Piersack, de 1
de octubre de 1982, Duinhof y Duijf, de 22 de mayo de 1984 , De Cubber, de 26
de octubre de 1984, Barberá Messegué y Jabardo, de 6 de diciembre de 1988 ,
Hauschildt, de 24 de mayo de 1989 , Langborger, de 22 de junio de 1989 ,
Kritinsson, de 1 de marzo de 1990 , Oberchlick, de 23 de marzo de 1991 ,
Borgers, de 30 de octubre de 1991, Pfeifer y Plankel, de 25 de febrero de 1992
, Sainte-Marie, de 16 de diciembre de 1992 , Fey, de 24 de febrero de 1993,
Padovani y otros, de 26 de febrero de 1993 , Saraiva de Carvalho, de 12 de
febrero de 1994 o Castillo Algar, de 28 de octubre de 1998 ; así como las SSTC
núm. 145 y 164/1988 , 11 y 106/1989 , 55 y 98/ 1990 , 151/1991 , 85 , 113 y
136/1992 , 170 y 320/1993 , 60/1995 , 98 y 142/1997 , entre otras, y las SSTS
de 24 de septiembre de 1991 , 27 de diciembre de 1994 , 17 y 30 de marzo y 28
de noviembre de 1995 , 20 de enero de 1996 , 11 de mayo y 16 de octubre de 1998
, 17 de marzo de 1999 , 2 de enero , 2 de febrero , 30 de junio y 19 de julio
de 2000 y 13 de julio , 17 de octubre y 22 de noviembre de 2001 , además de la
conocida STS de 17 de abril de 1999 y de los autos de 8 de febrero de 1993
(caso «Presa de Tous») y de 9 de junio de 2000], afirmaba recientemente la STS
núm. 226/2013, de 15 de marzo ( RJ 2013\2731
) , que la imparcialidad del Tribunal debe ser entendida como la ausencia de
prejuicios y parcialidades. Esa imparcialidad esencial del juez, en referencia
al caso concreto sometido a su decisión, habrá de apreciarse desde el punto de
vista tanto subjetivo/personal como objetivo/ funcional. El primero atiende a
la inexistencia de vinculación extraprocesal con el supuesto a resolver, que
impida al Juzgador actuar sin el compromiso de su imparcialidad, que le pudiera
venir dado por concurrencia de intereses o preferencias personales de su parte
hacia alguno de los términos en los que el enjuiciamiento se sustancia. El
segundo, a la exclusión de cualquier duda razonable acerca de esa
imparcialidad, de la que pudieran surgir sospechas intolerables para el
prestigio y la credibilidad de los Tribunales de Justicia. Ello no obstante, la
imparcialidad ha de ser presumida, correspondiendo a quien denuncie su pérdida
acreditar suficientemente o poner de relieve las razones poderosas que la
cuestionen. Para prevenir y remediar la actuación de un Juez con pérdida de esa
imparcialidad, en cualquiera de las dos facetas en que se manifiesta, el
sistema instrumenta los mecanismos correspondientes, bajo la forma de los
institutos procesales de la abstención y la recusación, a través de los cuales
podrá apartase del proceso a aquél en quien concurra con fundamento esa tacha
esencial. Con ello se salvaguarda la imparcialidad de la resolución tanto como
el prestigio de la función judicial. Conviene, no obstante, diferenciar la imparcialidad del llamado principio de
igualdad de armas, que tal y como subraya la STS núm. 526/2011, de 25 de mayo (
RJ 2011\4030 ) , con cita de otras
anteriores, consiste en el cumplimiento de una serie de requisitos y
formalidades que permitan a la parte acusada establecer su defensa en
condiciones paritarias con la acusación, como muestra de un proceso con todas
las garantías. Dicho principio exige, asimismo, que el órgano judicial mantenga
equilibrio y equidistancia respecto de las acusaciones y las defensas,
particularmente importante en el momento del enjuiciamiento, concediendo a
ambas la posibilidad de someter a debate contradictorio sus tesis y
pretensiones probatorias, pues no en vano el derecho fundamental a un proceso
con todas las garantías requiere que no se produzca indefensión, la cual sólo
tiene lugar, en sentido constitucional, cuando se priva al justiciable de
alguno de los instrumentos que el ordenamiento pone a su alcance para la
defensa de sus derechos, con el consiguiente perjuicio. 2. Este Tribunal ha podido constatar exart. 899LEG 1882\16LECrim que, habiéndose dado por
finalizada la sesión del juicio correspondiente al día 13/06/2012 tras tener
que declararse la suspensión de la vista por circunstancias que no vienen al
caso, se produjo, en efecto, la conversación a la que hace alusión el
recurrente. Así lo evidencian los últimos minutos de la grabación audiovisual
aportada y correspondiente a dicha sesión, que, aunque no sin dificultades de
imagen y sonido, permite comprobar los términos en que se desarrolló el
coloquio, en línea con lo expuesto por el recurrente en su escrito impugnativo.
Rebate el Ministerio Fiscal, en su informe de casación, la idoneidad de esta
grabación como instrumento que pueda sustentar tal queja, bajo un doble
argumento: por un lado, porque la única grabación oficial es aquélla que se
registra bajo la fe del Secretario judicial como fedatario público; por otro,
porque el tiempo extra que habría registrado esa grabación, al exceder del
contenido mismo de la vista oral no forma parte del juicio. Han de rechazarse,
sin embargo, ambos argumentos. Como el propio recurrente se encarga de destacar
en su escrito, la grabación a través de la cual conoció de estos hechos es la
que le fue entregada desde el dispositivo existente a tal fin en el órgano
judicial, sin que haya constancia -ni se ha alegado siquiera- de manipulación
alguna de su contenido. La legitimidad de su obtención está, pues, fuera de
duda, y nada impide tenerla por veraz íntegramente. En segundo lugar, es
precisamente esa circunstancia de que la conversación se desarrollara en la
sala de vistas una vez finalizada una de las sesiones del juicio, pero estando
aún pendiente de desarrollo en otras jornadas, lo que para el recurrente
lesiona sus derechos al proceso debido, pues se disertaba entre los presentes
-lo que incluye al Ministerio Fiscal y, al menos, a alguno de los miembros del
Tribunal- sobre el acervo probatorio, tanto del ya practicado como del aún
pendiente de práctica. Y ello en ausencia de otras partes procesales, en
concreto del hoy recurrente y de su representación procesal.
No obstante lo anterior, debe subrayarse la falta de operatividad en este
caso del argumento que sirve de base impugnativa, cual es la pérdida de
imparcialidad que dichas manifestaciones habrían de suponer. La imparcialidad
de la Sala de instancia en ningún modo se vio comprometida por el hecho de que
alguno de sus componentes disertara acerca del resultado de ciertas pruebas ya
practicadas. No sólo es lógico que las pruebas hasta entonces desarrolladas
hubieran ido dejando su huella o impronta en los miembros del Tribunal, sino
que precisamente representa la finalidad a la que va dirigida su práctica. Es
decir, la genuina misión de todo desarrollo de prueba estriba en ser el cauce
que sirva al órgano encargado del enjuiciamiento para formar su decisión.
Cuando se trata de un órgano colegiado, como en este caso, cada uno de los
miembros del Tribunal, bajo la inmediación que les es propia, irá impregnándose
de su resultado hasta configurar ese criterio individual que siempre precede a
toda decisión final, necesariamente fruto de una previa deliberación conjunta.
Este proceso de debate interno o íntimo del juez, preliminar insistimos a una
decisión del Tribunal colegiado sobre el conjunto de la prueba, es lo que
habría quedado parcialmente exteriorizado en este caso, según se desprende de
la grabación. Sin perjuicio de lo que luego se dirá, no hay en ello verdadera
pérdida de imparcialidad: ningún contacto con el material probatorio tuvieron
los Jueces que no fuera el resultante de la vista. Tampoco se observa en sus
reflexiones contaminación alguna, objetiva o subjetiva, hacia ninguna de las
partes. Hay que tener particularmente en cuenta que lo verbalizado no afectaba
sino a aspectos muy puntuales de la prueba, y tampoco se constata que quedara
expuesto por todos los integrantes del Tribunal, sino por alguno de ellos,
estando pendiente la deliberación entre el colegio de jueces.
Cuestión distinta es que los componentes del Tribunal deban salvaguardar esa
íntima convicción hasta el momento mismo de la deliberación. Tal y como se
desprende de los arts. 233RCL 1985\1578
y 253RCL 1985\1578LOPJ , la deliberación
ha de tener carácter reservado, por lo que no debe participarse su contenido a
las partes procesales -a título individual o colectivo- sino a través de la
conclusión última que se plasma en la sentencia, adquiera ésta un formato
escrito o «in voce», sin perjuicio de su ulterior documentación. En el caso
examinado, se provocó ese desequilibrio procesal cuando alguno de los
componentes del órgano que había asumido el enjuiciamiento exteriorizó, en
presencia y con participación del Fiscal, ciertos aspectos de esa convicción
que por entonces se encontraba aún en proceso de formación, fraguándose en la
mente de los magistrados, pendiente como seguía no sólo la deliberación del
Tribunal, sino la conclusión misma del juicio. Con semejante proceder se
lesionó, en efecto, el derecho al proceso debido que asiste a quien ahora
recurrente, en su vertiente de derecho a la igualdad de armas. Y tal lesión
debe ser ahora reparada, declarando la nulidad del juicio y ordenando su nueva
celebración ante un Tribunal de diferente composición. La estimación del primer motivo del recurso, con los efectos señalados, hace
innecesario el estudio de los restantes argumentos de queja.
TERCERO Se declaran de oficio las costas causadas ( art. 901 bisLEG 1882\16LECrim ( LEG
1882\16 ) ). III. FALLO
Que debemos declarar HABER LUGAR al recurso de casación por
infracción de precepto constitucional, estimando su primer motivo, dirigido por
Silvio frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Barcelona, Sección Sexta, en fecha 20/07/2012 , en causa seguida al mismo por
delito de homicidio en grado de tentativa, casando y anulando la misma,
acordando el reenvío de la causa al Tribunal de procedencia para la celebración
de nuevo juicio ante Magistrados distintos a los que intervinieron en el
primero, declarando de oficio las costas del recurso. Comuníquese la presente resolución a la Audiencia de procedencia a los
efectos oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió,
interesando acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa
lo pronunciamos, mandamos y firmamos
.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente
Excmo. Sr. D Juan Saavedra Ruiz, estando celebrando audiencia pública en el día
de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario

References: artículo 852
 artículo
5
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 852
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 849

artículo 138

artículo 148
 artículo 849

artículo 20
 resolución 
 resolución