Source: https://es.scribd.com/document/353110641/Landa-Debido-Proceso-en-La-Jurisprudencia-Del-TC
Timestamp: 2019-04-21 14:14:33+00:00

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VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA
EL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA DEL
Sumario: Introducción -I. Debido proceso y tutela procesal efectiva -II. Debido proceso:
II.1. Concepto; II.2. Dimensiones: debido proceso formal y sustantivo; II.3. Diferencia con el
Derecho a la Tutela Procesal Efectiva; II.4. Ámbito de Aplicación; II.5. Derechos integrantes
del debido proceso: II.5.1. Derecho de defensa, II.5.2. Derecho a la prueba, II.5.3. Derecho a
la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, II.5.4. Derecho a un juez imparcial,
II.5.5. Proceso preestablecido por la ley, II.5.6. Derecho a la motivación, II.5.7. Derecho
a la presunción de inocencia, II.5.8. Derecho a la pluralidad de instancia, II.5.9. Derecho
de acceso a los recursos, II.5.10. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable,
II.5.11. Derecho a la cosa juzgada; II.6. Principios integrantes del debido proceso: II.6.1.
Principio de legalidad, II.6.2. Principio Ne bis in idem, II.6.3. Principio de congruencia, II.6.4.
Principio de favorabilidad, II.6.5. Principio de publicidad de los procesos, II.6.6. Principio
de prohibición de la analogía in malam parte, II.6.7. Principio acusatorio -III. Derecho a la
Tutela Jurisdiccional Efectiva: III.1. Derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional o de
acceso a la justicia; III.2. Derecho a obtener una decisión fundada en derecho; III.3. Derecho
a la efectividad de las resoluciones -IV. Garantías Judiciales: IV.1. Independencia judicial;
IV.2. Exclusividad de la función judicial; IV.3. Inamovilidad de los magistrados; IV.4. 57
Permanencia de los magistrados en el servicio; IV.5. Igualdad de armas; IV.6. Garantía de
interdicción de la reforma peyorativa de la pena; IV.7. A la legítima defensa -V. Conclusión.
En el marco de la teoría de la garantía procesal de los derechos fundamentales, se puede
señalar que la Constitución de 1993 ha consagrado por vez primera como principios
y derechos de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional (artículo 139, inciso 3, Capítulo VIII, Título IV del Poder Judicial). Sin embargo,
los derechos de justicia siempre han existido en toda sociedad y en toda época.
Modernamente su incorporación como un derecho personal se encuentra, por un lado, en
el debido proceso que tiene su origen en el due process of law anglosajón y se descompone
en el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los
derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales
que aseguran los derechos fundamentales.
Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA
Por su parte, la tutela jurisdiccional tiene su origen en el derecho español y es entendida
como el derecho de toda persona a que se le haga justicia. El derecho a la tutela jurisdiccional
alcanza sus efectos en tres momentos: primero, con el acceso a la justicia; segundo, con el
derecho a la defensa y a la obtención de una sentencia en un plazo oportuno, y; tercero, con
la eficacia de la sentencia.
Por su parte, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el debido
proceso es un derecho fundamental de toda persona -peruana o extranjera, natural o
jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En
esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales:
es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, es un derecho objetivo en
tanto asume una dimensión institucional ejercida por los jueces y tribunales, debido a que
lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia.
En ese entendido el debido proceso, en tanto derecho fundamental con un doble carácter,
es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las personas jurídicas. Por ello, el
debido proceso de origen estrictamente judicial se ha ido extendiendo pacíficamente como
debido procedimiento administrativo ante las entidades estatales -civiles y militares- y
debido proceso parlamentario ante las cámaras legislativas, así como, debido proceso inter
privatos, aplicable al interior de las instituciones privadas.
Ahora bien, no existe en la doctrina ni en la jurisprudencia nacional e interamericana un
criterio uniforme acerca del alcance y significado de los mismos, debido al origen diverso
58 de ambas instituciones de modo que, a continuación, se presentan las dimensiones del
debido proceso y la tutela procesal.
I. DEBIDO PROCESO Y TUTELA PROCESAL EFECTIVA
El artículo 4 del Código Procesal Constitucional define a la tutela procesal efectiva como:
“[…] aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo
sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio
e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada
ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una
resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la
imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente
oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad
procesal penal”54.
Por lo que, el derecho a la tutela procesal efectiva presenta una doble dimensión: formal,
referida a las garantías del procedimiento; y sustantiva o sustancial, referida al análisis
54	Exp. N° 5396-2005-AA/TC, FJ. 8
de razonabilidad y proporcionalidad de la medida impuesta. Se trata, pues, de un derecho
complejo que contiene otros diversos derechos como el derecho de acceso a la justicia y el
En cualquier caso, el derecho a la tutela procesal efectiva y el debido proceso buscan
garantizar que las pretensiones de los justiciables sean atendidas por un órgano jurisdiccional
mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas, las cuales no se limitan
a los derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en la Constitución, sino que
se extienden a aquellos derechos que se funden en la dignidad humana (artículo 3 de la
Constitución), o que sean esenciales para cumplir con la finalidad del proceso.
II. DEBIDO PROCESO
El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances
generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las
autoridades judiciales. Este derecho contiene una doble plano, pues además de responder a
los elementos formales o procedimentales de un proceso (juez natural, derecho de defensa,
plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, instancia plural, etc.),
asegura elementos sustantivos o materiales, lo que supone la preservación de criterios de
justicia que sustenten toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, 59
El concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente judicial, sino que se extiende
a otras dimensiones, de modo que puede hablarse de un debido proceso administrativo, de
un debido proceso corporativo particular, de un debido proceso parlamentario, etc., pues lo
que en esencia asegura el debido proceso es la emisión de una decisión procedimentalmente
correcta con respecto de sus etapas y plazos, y sobre todo, que se haga justicia.
Respecto a las características principales del derecho al debido proceso, el Tribunal
Constitucional ha mencionado las siguientes:
•	Efectividad inmediata. Su contenido no es delimitado arbitrariamente por el
legislador, sino que se encuentra sujeto a mandatos constitucionales; es decir, la
Constitución reconoce el marco sobre el que se define el bien jurídico protegido.
•	Configuración legal. El contenido constitucional protegido debe tomar en
consideración lo establecido por la ley. Pero, los derechos fundamentales que requieren
configuración legal no dejan de ser exigibles a los poderes públicos, solo que utilizan a
la ley como requisito sine qua non para delimitar por completo el contenido del derecho
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que:
“[…] si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter jurídico abierto,
ello no significa que se trate de derechos “en blanco”, sino que la capacidad configuradora
del legislador se encuentra orientada por su contenido esencial, de manera tal que la
voluntad política expresada en la ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas
de los derechos, principios y valores constitucionales”55.
•	Contenido complejo. Quiere decir que el derecho al debido proceso no tiene un único
contenido fácilmente identificable. Para que su contenido sea válido no basta con que
no afecte otros bienes constitucionales.
II.2 Dimensiones: debido proceso formal y sustantivo
Respecto al contenido impugnado, el debido proceso puede descomponerse en debido
proceso formal o adjetivo, el cual alude al trámite y procedimiento utilizado para dictar
una sentencia; y en debido proceso sustantivo o material, el cual cuestiona directamente el
fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su seno se pueda dirimir. El Tribunal
Constitucional sobre esto ha indicado que:
“[…] el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido desde una
perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser reducida al mero
cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta perspectiva
desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los vacía de
contenido. Y es que el debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que
está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales–, sino
también en una dimensión sustantiva –que protege los derechos fundamentales frente a
las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona particular–. En
consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido proceso no se satisface
únicamente cuando se respetan las garantías procesales, sino también cuando los actos
mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios”56.
En definitiva, la justicia constitucional procura que no existan zonas intangibles en las que
la arbitrariedad pueda camuflarse bajo el manto de la justicia procedimental o formal. El
Tribunal Constitucional es competente para analizar cualquiera de dichos aspectos, y para
pronunciarse sobre la tutela del debido proceso formal o por la del debido proceso material.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional no puede tutelar en sede constitucional todas
las garantías de orden procesal que asistan a las partes, sino solo aquellas de rango
55	STC N° 1417-2005-AA, FJ. 12.
56	Exp. N° 3421-2005-HC/TC, FJ. 5.
incluidos los administrativos. Tal es el caso de los denominados procedimientos administrativos internos. Pero la tutela del derecho al debido proceso no se extiende a todo proceso administrativo. reconocido también en el artículo 139. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . entre los cuales se encuentran los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. el derecho de acceso a la justicia asegura que cualquier persona pueda recurrir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer su pretensión. numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444. en los cuales se forjan asuntos relacionados a la gestión ordinaria de los órganos de Administración (en otras palabras. Por un lado. así como de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso. temas de orden estrictamente legal. garantías y normas de orden público que deben encontrarse presentes en todos los procedimientos. sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. pues lo que procura este derecho es el cumplimiento de los requisitos.3 Diferencia con el Derecho a la Tutela Procesal Efectiva Como ya se mencionó. sin que se le obstruya o disuada de manera irrazonable. a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier actuación del 61 Estado que pueda afectarlos […]”57.). por otro lado. inciso 3 de la Constitución. Es decir.4 Ámbito de Aplicación Se ha indicado que la observancia del debido proceso no se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial. supone la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado. FJ. 25. cuya regulación legislativa se encuentra en el artículo IV. II. el derecho al debido proceso: “[…] [E]stá concebido como el cumplimiento de todas las garantías. requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos. Ley del Procedimiento Administrativo General. De modo que no resulta procedente cuestionar mediante los procesos constitucionales de la libertad como el hábeas corpus. incluidos los administrativos. parte de una concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA constitucional. II. a fin de que las personas puedan defender adecuadamente sus derechos ante cualquier actuación u omisión de los órganos estatales. Se trata de un derecho genérico que se descompone en derechos específicos. etc. N° 00005-2006-AI/TC. El derecho al debido proceso. Y es que tal como indica el 57	Exp. la necesidad de comprar determinados bienes. el derecho a la tutela procesal efectiva.
59	Exp. “[…] Este fundamento encuentra su sustento constitucional en el sentido de reconocer a las personas jurídicas.32. sino que es dentro del proceso disciplinario sancionador donde el asociado debe poder ejercer. En el caso de los tribunales militares. el Tribunal Constitucional ha establecido que: “[…] Las garantías procesales de las que gocen los acusados militares en tiempos de paz deben ser más favorables o. FJ. N° 0023-2003-AI/TC. 6. siguen los esfuerzos por adecuar la jurisdicción militar a las garantías propias de la Administración de Justicia. independientemente de su naturaleza pública o privada. no hay razón para que el derecho al debido proceso no sea igualmente exigible dentro de instituciones con personalidad de derecho público. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Como las personas jurídicas de derecho público tienen también la atribución de sancionar a sus integrantes. aquella que dirige el Ministerio Público. N° 2939-2004-AA-TC. En este caso. como mínimo. 37. el respeto al debido proceso constituye una exigencia en los procesos disciplinarios de personas jurídicas privadas. mediante la oportuna comunicación por escrito de los cargos imputados y de sus respectivos sustentos probatorios.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. y que en esa medida puedan solicitar su tutela mediante los procesos constitucionales […]”58. FJ. el asociado sancionado no tiene que probar los cargos que se le imputan en sede judicial. Estas garantías del debido proceso y tutela jurisdiccional: “[…] serán aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines. los mismos que deben ser interpretados de conformidad con el artículo 1 de la Constitución. FJ. su derecho de defensa. “La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo”. que puedan ser titulares de algunos derechos fundamentales. Por el contrario. Así. según el cual ‘la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’”59. es decir. fracción 1. Debido proceso y tutela jurisdiccional El debido proceso se proyecta asimismo en sede de investigación fiscal preliminar de los 62 procesos penales. 60	Exp. N° 06167-2005-HC/TC. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA artículo IV. 58	Exp. iguales a aquellas de las que gozan las personas protegidas por el derecho internacional humanitario en tiempos de guerra”60. en un plazo prudencial.
1. mercantil. en el seno de un 61	Exp. no procede lo mismo en un proceso civil. de modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra. a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral. N° 04972-2006-AA/TC. II. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . pues hemos dicho ya que comprende una serie de garantías formales y materiales. carece de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma. renuncia a algunas garantías formales del debido proceso exclusivas de una litis resuelta por un órgano constitucional provisto de potestad jurisdiccional. temas penales. el Tribunal Constitucional ha enfatizados tres situaciones en las cuales procedería la fiscalización del respeto al debido proceso en sede arbitral: “[…] a) Cuando la jurisdicción arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los componentes formales o sustantivos de la tutela procesal efectiva (debido proceso. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando. es preciso resaltar que cuando una persona decide someterse a un tribunal arbitral. Así. c) Cuando. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA Por otro lado. Asimismo. Esta causal sólo puede ser invocada una vez que se haya agotado la vía previa. sin su autorización). la no aplicación por analogía de la ley penal constituye un derecho dentro del debido proceso.5 Derechos integrantes del debido proceso El derecho al debido proceso es un derecho “continente”. donde el juez tiene que darle solución a la controversia incluso ante la ausencia de una normas jurídicas. penal. etc.). inciso 14 de la Constitución. y garantiza que: “[…] [L]os justiciables. cuya titularidad y ejercicio está previsto sólo para quienes se someten al Poder Judicial. sucede que mientras que en un proceso penal. no queden en estado de indefensión. etc. Entre los derechos a los que se renuncia en sede arbitral están el derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley. como fórmula de solución de sus conflictos o de las situaciones que le incumben. Sobre este tema.)”61. en la protección de sus derechos y obligaciones. b) Cuando la jurisdicción arbitral resulta impuesta ilícitamente. y no uno de manera específica. y el derecho a la pluralidad de instancias. cualquiera sea su naturaleza (civil. tutela jurisdiccional efectiva. 63 II.5. 17. FJ.). etc. Como tal. laboral. de modo compulsivo o unilateral sobre una persona (esto es. esta verse sobre materias absolutamente indisponibles (derechos fundamentales. existen límites para la aplicación de los derechos que conforman el debido proceso judicial en diferentes ámbitos. Derecho de defensa Este derecho está reconocido en el artículo 139.
el Estado se encuentra en la obligación de proporcionarle un defensor de oficio. Este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o administrativos sancionatorios. FJ. especialmente dentro de un proceso penal. sea en un proceso o procedimiento. el órgano encargado del proceso debe adoptar otras modalidades de notificación (correo electrónico.). Pero el derecho de defensa se constituye como derecho fundamental y como principio. cualquiera de las partes resulta impedida. y otra formal. 64	Exp. el derecho de defensa. N° 06648-2006-HC/TC. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA proceso judicial. presenta una doble dimensión: una material. suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”62. De ello deriva que. N° 05085-2006-AA/TC. edicto en el Diario Oficial El Peruano. Ello quiere decir que “[…] ninguna norma privada regulatoria de un proceso sancionatorio y ningún acto en el curso del mismo pueden prohibir o restringir el ejercicio de este derecho63”. Pero. 5. A ello debe agregársele la comunicación válida y oportuna de todos los presupuestos que definan 64 los derechos e intereses de los justiciables en un proceso. 7. o en el caso de un tercero con interés”64. etc. telefax. Ahora bien. la defensa letrada implica el asesoramiento de un profesional con formación jurídica. en virtud de la cual el inculpado tiene el derecho de ejercer su propia defensa desde el momento en el que conoce la acusación en su contra. Es de importancia indicar que la satisfacción de este derecho no se da con el mero cumplimiento de dar a conocer al justiciable la existencia de un proceso. en el Código Procesal Civil (artículos 163 y 164) y la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General (artículo 20). FJ. y procura asegurar el principio de igualdad de armas y la realización de contradictorio. se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes. ante la imposibilidad de la notificación por cédula. Es así que resulta inconstitucional que su ejercicio sea delegado a efectivos 62	Exp. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . N° 08280-2006-AA/TC. previstas. cuando un procesado no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los costos de tener un defensor de su elección. por ejemplo. FJ. 63	Exp. de ejercer los medios necesarios. 4. sino en cualquier etapa del proceso y frente a cualquier coyuntura. por actos concretos de los órganos judiciales. En cualquier caso. El Tribunal ha señalado que: “[…] [E]n tanto derecho fundamental. que implica el asesoramiento y patrocinio de un abogado elegido libremente por el justiciable todo el tiempo que dure el proceso. Y es que este derecho no solo puede ser vulnerado en el momento en que se sanciona a una persona sin permitirle ser oído con las debidas garantías.
que a juicio del Tribunal: “[…] ante la formulación de una denuncia. el derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su defensor. contiene un conjunto de garantías mínimas que deben respetarse en todo momento. El primero exige que el imputado conozca de manera clara los hechos precisos que se le imputan. N° 1268-2001-HC/TC. 65 Entre ellas se encuentra. so pretexto de que en determinados lugares no hay letrados. Ahora. Estas serían las implicancias también para aquel caso en el que el imputado renuncie a su derecho de defensa. Y es que la garantía de que los justiciables no queden en estado de indefensión se proyecta a lo largo de todo el proceso. desde su inicio. Aunque el inciso 14) del artículo 139 de la Constitución pareciera reducir el reconocimiento del derecho de defensa al ámbito procesal. 65	Exp. Es decir. versada en el conocimiento del Derecho y de la técnica de los procedimientos legales. que el procesado que tenga la condición de abogado pueda ejercer por sí mismo su derecho de defensa. por ende. situación que. el derecho de defensa contiene dos principios relevantes del derecho penal: el principio de contradicción y el principio acusatorio. el Tribunal determinó que es posible. FJ. además. Respecto a este tema. de una interpretación sistemática de dicho precepto constitucional se entiende que. a juicio del Tribunal: “[…] someterlo a un estado de indefensión por ausencia de una asistencia letrada. Ello implicaría. señaló que no existe dicha posibilidad para un procesado sin formación jurídica. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . tiempo que permita preparar adecuadamente la defensa ante las imputaciones o cargos en contra. el término de la distancia cuando las circunstancias así lo exijan”66. además. N° 01425-2008-HC/TC. el derecho a no ser privado de defensa comprende asimismo la etapa de investigación judicial. considerándose. dentro del ámbito penal. por el contrario. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA militares sin formación en el área del Derecho.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 10. y la necesidad de conceder al inculpado el tiempo razonable y los medios adecuados para la preparación de su defensa de manera plena y eficaz. por otro lado. FJ. como dispone el artículo 8. 66	Exp. Pero. bajo ciertos requisitos. 3. quebranta el principio de igualdad de armas o igualdad procesal de las partes”65. El segundo. debe mediar un tiempo razonable entre la notificación de la citación y la concurrencia de la persona citada.
Finalmente. El derecho de defensa se concretiza en la declaración instructiva o declaración del imputado.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. y que lleve el proceso en observancia de las normas que rigen el proceso penal peruano. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de un sector de la población nicaragüense de origen Mismito. el artículo 8. constituye un medio de defensa que permite al procesado formular. secc.. párr. “[…] [E]stá compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios. Por un lado se trata de un medio de investigación. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “(…) toda declaración de una persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma en el cual ésta le es tomada. Para sancionar ilícitos penales. numeral 2 la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (…)”. 14. los alegatos en su defensa con el objeto de desvirtuar los actos imputados. a que estos sean admitidos. el Tribunal Constitucional ha dispuesto como exigencia que al acusado que no comprenda o hable el idioma empleado en el tribunal se le asigne de manera gratuita un intérprete o traductor. con el asesoramiento de un abogado. 17 d). COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA exige que el órgano encargado de la acusación fiscal sea distinto al juzgador. Una vez indagados los hechos. debe observarse el principio de concordancia entre la acusación y el tipo penal. Parte II. II.5. Por otro lado. que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida. Esta última condición no sería posible si el acusado no entendiese el idioma usado en los tribunales. Ello a fin de respetar tanto las garantías mínimas del procesado como sus derechos culturales. 67	(1983). no puede pronunciarse más allá de los términos de la imputación. el tribunal encargado debe emitir su decisión guardando congruencia entre los términos de la acusación y el pronunciamiento final. entonces. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional .19 de la Constitución Política del Perú. la cual presenta una doble condición. toda vez que no se estaría orientando la defensa del acusado a partir de argumentos específicos. carece de valor”67.2. es decir. De lo contrario sería 66 inevitable afectar los derechos de defensa y al debido proceso.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. D. adecuadamente actuados. Derecho a la prueba Constituye un derecho complejo conformado por otros diversos derechos orientados todos a la defensa del debido proceso. en virtud del cual el juez o el fiscal deben indagar sobre los cargos formulados en contra del procesado. Es así que en base a lo dispuesto en los artículos 2. y 8.
recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos fundamentales o transgredan el orden jurídico. Así. pueden justificarse cuando con ello se persiga proteger derechos fundamentales de gran valor. con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado”68. (4) Pertinencia de la prueba. La segunda. en virtud de la cual la prueba debe reflejar de manera exacta lo acontecido en la realidad. los medios probatorios pertinentes para acreditar su pretensión o defensa. (3) Utilidad de la prueba. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito. Existen. o que traten de desvirtuar una decisión con calidad de cosa juzgada. por otro lado. notorios o de pública evidencia. Ahora. La conducencia o idoneidad implica que el medio probatorio no se encuentre prohibido en cierta vía procedimental o para verificar determinados hechos. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria. Pese a existir estos límites. como el interrogar a quienes elaboran el atestado policial. no serán admitidos medios probatorios que acrediten hechos no controvertidos. la pertinencia exige 67 que los medios probatorios sustenten los hechos relacionados de manera directa con el objeto del proceso. la cual prohíbe la obtención. imposibles. que verifica la utilidad de la prueba siempre que ésta produzca certeza judicial para la resolución del caso. Es preciso destacar que el derecho a que se admitan los medios probatorios no implica que el órgano jurisdiccional tenga que admitirlos todos. Por un lado. según la cual la prueba se reputará pertinente si guarda relación directa con el objeto del procedimiento. En esta línea. que se hayan presentado antes. por otro lado. en un proceso o procedimiento. En este sentido. pues. puede reconocerse una doble dimensión a este derecho: subjetiva y objetiva. La utilidad de la prueba. y de darles mérito jurídico. que sean inadecuados para verificar los hechos que se pretende probar. comporta el deber del juez de causa de solicitar los medios de prueba necesarios. toda prueba para ser valorada en un proceso debe reunir ciertas características: (1) Veracidad objetiva. bajo motivación razonada y objetiva. FJ. se presenta cuando ésta contribuye a dilucidar la verdad de los hechos de manera probable o certera. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. 15. N° 06712-2005-HC/TC. 68	Exp. la licitud prohíbe que los medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico sean admitidos. La primera se relaciona con el derecho fundamental de los justiciables o de un tercero con legítimo interés de presentar. ello para asegurar que el elemento probatorio se ajuste a la verdad y no haya sido manipulado. como la vida y la integridad personal. presupuestos necesarios para que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos. algunos presupuestos prohibidos inicialmente.
N° 2192-2004-AA/TC. ordene la reposición de las cosas al estado anterior o prohíba al emplazado incurrir en los hechos que motivaron la interposición de la demanda. o desestimada la demanda. son las partes del proceso quienes deben aportar y probar los hechos que afirman. la carga de probar los hechos que afirman su pretensión. 13. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . 7. en este caso. pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el procedimiento. permitan al juzgador determinar la inocencia o culpabilidad del procesado. la preclusión o eventualidad exige que los medios probatorios sean presentados en su oportunidad para ser admitidos. 69	Exp. Tenemos así que en un proceso penal. estimada la demanda. El plazo para solicitar dicha admisión es determinado por las normas procesales sobre la materia. presunciones y pruebas circunstanciales. confrontados con otras pruebas. no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia”69. la prueba está orientada a demostrar que “[…] la amenaza de vulneración alegada por el demandante es cierta y de inminente realización. Estos criterios de valoración de la prueba son menos formales en los procesos de hábeas corpus que en los ordinarios. y de ser el caso. N° 04762-2007-AA/TC. mientras que el demandado debe además probar los hechos que contradicen la 68 demanda. en el sentido de que no solo las pruebas directas. En el caso de los procesos constitucionales. De ello derivan dos exigencias para el juez: la no omisión valorativa de pruebas aportadas dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y las leyes que las regulan. De cualquier forma. tanto respecto de los hechos como también de las disposiciones legales que habrían sido infringidas por los recurrentes. sino también los indicios. siempre que de ellos deriven conclusiones consistentes. no puede trasladarse toda la carga de la prueba a quien precisamente soporta la imputación. En este caso se realiza una valoración conjunta de las pruebas en virtud de la cual el valor jurídico de una prueba específica debe ser confirmado por otros elementos probatorios de igual naturaleza y mencionados de manera expresa en la sentencia. FJ. sino lo que el imputado. Ello con la finalidad de que el juez. FJ. imponga al demandante el pago de costas y costos. 70	Exp. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA Y como en todo proceso. o que la vulneración del derecho fundamental alegado ha sido producida de manera real y efectiva. El demandante tiene así. testimoniales o documentales pueden fundamentar la sentencia. o que se ha convertido en irreparable […]”70. y la exigencia de utilizar criterios objetivos y razonables para darle valor jurídico a las mismas. la ley procesal específica exige que los medios probatorios sean presentados durante el juicio oral para que. El Tribunal Constitucional sobre este tema ha indicado que: “[…] Frente a una sanción carente de motivación.
puede adjuntar a su demanda documentos de prueba (boletas de pago de remuneraciones. bajo responsabilidad. Es así que la competencia jurisdiccional se halla sujeta a reserva de ley orgánica.) que el juez luego podrá solicitar a la ONP. para generar una mayor convicción sobre su petitorio. Pero la demanda se considerará infundada si el demandante no cumple con presentar las pruebas requeridas. toda vez que en él no debe encontrarse en discusión la titularidad de un derecho. que dicha predeterminación no impide el establecimiento de sub especializaciones al interior de las especializaciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.28 de la misma Ley Orgánica de Poder Judicial Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . II. máxime si el artículo 82. Tal es el caso que. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA Es decir. el Tribunal Constitucional ha impuesto ciertas reglas referentes a la realización de actividades probatorias que deben ser acatadas por los demandantes y tomadas en cuenta por los jueces al momento de cuestionar la presunta violación del derecho a la pensión. o aplicará de manera supletoria el artículo 282 del Código Procesal Civil. la ONP tiene la carga procesal de adjuntar algún documento que certifique el otorgamiento de pensión a fin de que el juez conozca si la denegación de otorgamiento de un mayor período de aportaciones ha sido justificada o no. restablecer su ejercicio ante una afectación arbitraria. lo cual implica que: “[…] a) [E]l establecimiento en abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional. el juez en un proceso constitucional debe determinar la legitimidad o ilegitimidad del acto reputado como lesivo para. Asimismo.	Derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural	Este derecho garantiza que quien juzgue sea un juez o tribunal de justicia ordinario predeterminado con los procedimientos establecidos legalmente.3. Tenemos así que el demandante. siempre que los medios presentados por éste resulten suficientes para acreditar la afectación al derecho a la pensión. de ser el caso. Asimismo. o cuando con la valoración conjunta de todos los medios probatorios presentados no se logre acreditar la demanda. sino solo su irrazonable o no vulneración. De ahí que el juez no tenga que actuar pruebas en este tipo de proceso. Si la ONP incumple esta 69 carga procesal. ante el aprovechamiento abusivo por parte de los demandantes de la acreditación de periodos de aportaciones a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). certificado de trabajo. y b) la institución de las diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica de su ámbito de conocimiento litigioso. la liquidación de tiempo de servicios. el juez hará prevalente la pretensión del demandante. Pero ello no impide que el juez pueda solicitar a las partes la presentación de pruebas cuando las considere necesarias e indispensables.5. etc.
Asimismo. FJ. no debe confundirse con la de jurisdicciones especializadas. Es en este sentido que le otorga la comunidad jurídica nacional como debe entenderse el nomen iuris “derecho al juez natural”. capacidad. N° 01937-2006-HC/TC. toda vez que forman parte de otras diversas salas. sino que también ejerza su función con la independencia e imparcialidad que corresponde. Es así que las salas especializadas anticorrupción no pueden considerarse “órganos de excepción”. Y es que tal 71	Exp. según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada en el marco de determinadas condiciones orgánicas y funcionales que aseguren la parcialidad del juzgador. cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia”71. Es importante precisar que aunque en el derecho comparado el derecho al juez natural comporte el atributo subjetivo del procesado a ser juzgado por un juez determinado por criterios de competencia territorial. II. 2. Es importante destacar que resultan improcedentes los procesos constitucionales que 70 busquen cuestionar la competencia del órgano jurisdiccional cuando corresponda a aspectos estrictamente legales. estas últimas nacionalmente permitidas. para que se respete el derecho al juez natural no basta con que esté establecido previamente por la ley el tribunal competente. por un lado. actitud. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA autoriza la creación y supresión de Distritos Judiciales. la cual asegura que el juez u órgano llamado a decidir sobre el litigio no tenga ningún tipo de interés personal. etc. La noción de “juez u órgano excepcional”. Pero la predeterminación legal del juez hace referencia exclusivamente al órgano jurisdiccional y no a la creación anticipada de las salas especializadas.5. a las que únicamente se les ha encomendado ciertas materias. El derecho al juez imparcial se identifica con dos vertientes: subjetiva. la creación de salas especializadas mediante resoluciones administrativas no vulnera el derecho a la jurisdicción predeterminada por ley. y objetiva. tratando de delimitar así el contenido protegido del debido proceso.. subyace solo el derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por la ley. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Salas de Cortes Superiores y Juzgados. entonces. presunta mayor especialización. Mientras que la garantía de la independencia.4. ya que éstas solo constituyen subespecialidades que vuelven más rápida y eficaz la administración de justicia. la garantía de la imparcialidad se vincula a la exigencia interna de que el juzgador no tenga ningún tipo de compromiso con alguna de las partes procesales o con el resultado del proceso. el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139. Derecho a un juez imparcial	Ahora bien. asegura que el juez u órgano juzgador se abstenga de influencias externas por parte de poderes públicos o privados. denominado precisamente “derecho al juez natural”.
Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Respecto de este último punto es importante mencionar que la fecha en la que se inicia el procedimiento constituye el momento que marca la legislación aplicable en el caso. su conducta en cada caso y su capacidad profesional expuesta en sus argumentos. Y es que “[…] son las razones de sus decisiones. Las presiones públicas finalmente podrían generar expectativas de resolución y desviar la posición del juzgador como tercero imparcial. del 26 de octubre de 1984. de modo que ello debe estimarse en cada caso concreto. reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA como lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “[…] [D]ebe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad.5. Es así que en lo que atañe a beneficios penitenciarios. pero ello no significa que tengan que respetarse todas y cada una de estas reglas pues. el Tribunal Constitucional ha establecido que esta autonomía del Poder Judicial constituye una garantía de la administración de justicia y un atributo del propio juez. Es mediante la motivación de sus resoluciones. afectan negativamente la garantía de imparcialidad de los jueces encargados de emitir la decisión final. bastaría un mínimo vicio en el proceso para que se produzca la violación de este derecho. de ser así. De las reglas previamente determinadas derivan las exigencias de que una persona no pueda ser juzgada por reglas procesales dictadas en atención a determinados sujetos. el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aclarado que en abstracto no pueden determinarse qué condiciones podrían indicar que el juzgador ha actuado de manera imparcial. y a la defensa de los derechos humanos. en muchas ocasiones. quien debe sentirse sujeto únicamente al imperio de la ley. hechas ante la opinión pública. 71 II. FJ. 73	Exp.5. Pero las opiniones vertidas por los propios miembros del Poder Judicial sobre procesos de gran relevancia social que aún no han adquirido la calidad de cosa juzgada o que aún no se encuentran en la etapa de juicio público. Asimismo. Al respecto. lo que permite a todo juez dar cuenta pública de su real independencia”73. a la Constitución. Proceso preestablecido por ley Este derecho. que los jueces atestiguan la imparcialidad e independencia de su actuación jurisdiccional. 23. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables […]”72. la fecha de presentación de la solicitud 72	Caso De Cubber contra Bélgica. garantiza que una persona sea juzgada bajo reglas procedimentales previamente establecidas. y conforme se desprende de los artículos 50 y 55 del Código de Ejecución Penal. toda vez que tales declaraciones podrían generar una conciencia contraria a lo que podría ser el fallo. ni el proceso pueda ser alterado cuando una norma que se aplicó es modificada con posterioridad. N° 00654-2007-AA/TC.
vigente al momento en el que cometió el delito. incluido el Tribunal Constitucional. este derecho no garantiza una determinada extensión de la motivación. previsto en el artículo 400. si previamente el Congreso no lo ha sometido a una acusación constitucional. la cual debe contar. y de obligatorio cumplimiento. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA para acogerse a los mismos es la que determina las leyes aplicables. Este derecho incluye en su ámbito de protección el derecho a tener una decisión fundada en Derecho. Los actos llevados a cabo al margen de estas disposiciones resultan nulos. constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa. como en leyes y reglamentos vigentes. Ello en base a lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Constitución. y cuando no contesta dichas pretensiones (incongruencia omisiva). por ende. además. Su solicitud de semilibertad fue finalmente acatada en primera y segunda instancia. válidos. Otro importante procedimiento preestablecido por la ley se encuentra presente en el antejuicio de altos funcionarios. existen dos situaciones que vuelven incongruente esta relación: cuando el juez altera o excede las peticiones planteadas (incongruencia activa). la beneficiaria Beltrán Ortega. sobre Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Código Penal. Así. y por otro lado. condenada en un primer momento por el delito de Tráfico de Influencias. y la Ley Nº 27399.5.5 de la Constitución dispone que toda resolución emitida por cualquier instancia judicial.6. Ahora bien. de manera necesaria. objeto de pronunciamiento. en un caso. Derecho a la motivación El artículo 139. Capítulo II. debe manifestarse en los considerandos la radio decidendi que fundamenta la decisión. sino solo aquellas relevantes para resolver el caso. II. Sobre esto. Ello supone que la decisión esté basada en normas compatibles con la Constitución. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . 89 del Reglamento del Congreso de la República. los destinatarios podrán ejercer los 72 actos necesarios para defender su pretensión. en el sentido de que ninguno de ellos puede ser investigado por el Ministerio Público por una presunta comisión delictiva. sino que exista suficiente sustento fáctico y jurídico en la decisión y que. Y es que la exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas. informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional. con los fundamentos de hecho y derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera. haya relación entre lo pedido y lo resuelto. por un lado. solicitó acogerse a los beneficios penales y penitenciarios de la Ley Nº 27770 (para delitos contra la Administración Pública). Pero ello no significa que todas y cada una de las alegaciones de las partes sean. Es decir. debe encontrarse debidamente motivada. Esto último quiere decir que el razonamiento que utilice el juez debe responder a las alegaciones de las partes del proceso. Solo conociendo de manera clara las razones que justifican la decisión.
ocurren dos presupuestos. Esto “[…] resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático. cuando de las premisas previamente establecidas por el juez resulte una inferencia inválida. límite al derecho fundamental a la libertad. Pero la motivación deviene en defectuosa cuando. toda vez que en estos casos “[…] la motivación de la sentencia opera como un doble mandato. es preciso que se haga referencia y tomen en consideración. modificado por la Ley N° 27226. la motivación en el auto de apertura de instrucción no debe limitarse a la puesta en conocimiento del justiciable sobre los cargos que se le imputan. juntamente con las 74	Exp. clara y precisa. 73 describir de manera detallada los hechos que se imputan y los elementos probatorios en que fundamentan los mismos. El juez debe. pues. se refiere al mínimo de argumentos exigible para que una decisión se considere debidamente motivada. lógica y coherente. que vuelva confusa la fundamentación de la decisión. el derecho a la debida motivación: “[…] garantiza que la decisión expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Además. 7. además de carecer de argumentos jurídicos y fácticos sólidos. las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. Primero. Para ello. en el ámbito penal. Tal es así que. Es así que la detención judicial preventiva. porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal”74. FJ. N° 00728-2008-HC/TC. FJ. y segundo. N° 1230-2002-HC/TC. subsidiaria y proporcional de esta medida cautelar. pues. La motivación debe ser. el juez debe razonar atendiendo a las circunstancias de hecho y derecho imprescindibles para asumir la decisión. 76	Exp. cuando exista tal incoherencia narrativa en el discurso. En suma. N° 00728-2008-HC/TC. por otro lado. sino que debe asegurar también que la acusación que se le hace sea cierta. exige una motivación especial que asegure que el juez ha actuado en conformidad con la naturaleza excepcional. FJ. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA La suficiente motivación. 75	Exp. 7. referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”76. la motivación debe ser especial. En el caso de decisiones de rechazo de demanda o que impliquen la afectación a derechos fundamentales. 11. Por ello: “[…] de conformidad con el artículo 135 del Código Procesal Penal. garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver”75.
II.5. por el que comporta valores constitucionales. La relatividad de este derecho implica que se trate de una presunción iuris tántum antes que de una presunción absoluta. por el contrario. En tanto que la inocencia se presume cierta hasta que no se acredite lo contrario. por cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia”78. de modo que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada con la correspondiente actividad probatoria. Ello en tanto que contiene diversos principios como la libre valoración de las pruebas por parte de los jueces u órganos jurisdiccionales dentro de un proceso penal. FJ.7. 7. las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado”77. N° 1260-2002-HC/TC. Incluso nuestro ordenamiento jurídico admite. la sola imputación del procesado no basta para declararlo culpable sino que rige. acrediten la responsabilidad administrativa o 77	Exp. Y es que. y la suficiente actividad probatoria para asegurar la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado. resulta necesaria la investigación sobre su perpetración pero es irrazonable e inconstitucional que una persona sea sometida a una investigación fiscal o judicial permanentes. bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. con certeza. el derecho a la presunción de inocencia no es absoluto. la expedición de una sentencia condenatoria debidamente motivada. Derecho a la presunción de inocencia Se trata de un derecho que posee un doble carácter: subjetivo. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional ha indicado que la detención judicial preventiva o provisional: “[…] [n]o se trata de una medida punitiva. como todo derecho fundamental. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . por el que se constituye en un derecho fundamental. FJ. de modo que mediante ella no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de acusación. En esta misma línea. 78	Exp. sino que corresponde a los acusadores realizar todos los actos probatorios que. N° 03965-2006-HC/TC. 4. ciertas medidas cautelares −como la detención judicial preventiva− 74 necesarias para esclarecer los hechos en cuestión. Y es que ante los indicios de la comisión de un delito. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA características y la gravedad del delito imputado y de la pena que se podrá imponer. el principio de que dicha persona sea considerada inocente hasta que una sentencia demuestre lo contrario. Es decir. y objetivo. la investigación fiscal dirigida por el Ministerio Público no implica un quiebre a la presunción de no culpabilidad. si no existen causas probables ni búsqueda razonable de la comisión del delito. el acusado no puede tener la carga de probarla.
aparte de la resolución que pone fin a la instancia. corresponde al legislador determinar en qué casos. Pero. el derecho a la pluralidad de instancias tiene como finalidad garantizar que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado en instancias superiores a través de los correspondientes medios impugnatorios formulados dentro del plazo legal lo cual no implica. porque el error o falla humana en la interpretación del hecho y derecho es una posibilidad que no puede quedar desprotegida. 79	Exp. ni que cada planteamiento en el medio impugnatorio sea objeto de pronunciamiento. bien por falta de pruebas (presunción de inocencia). en ambos casos. el contenido constitucional protegido en este derecho exige que. las cuales. Es importante notar que mientras la presunción de inocencia protege que a falta de pruebas no se condene a una persona. sin embargo. Derecho a la pluralidad de instancia Es constitutivo del quehacer jurisdiccional que las decisiones judiciales de un juez de primer grado puedan ser revisadas por las cortes o tribunales de segundo grado. Tampoco implica que todas las resoluciones emitidas al interior del proceso puedan ser objeto de impugnación. puede proceder la impugnación. el principio indubio pro reo exige que. el principio indubio pro reo supone la existencia de pruebas. toda persona debe ser considerada inocente antes y durante el proceso. En esta lógica. Sobre esto el Tribunal ha señalado que: “[…] La sentencia. Por ello.genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo). N° 00728-2008-HC/TC. de manera necesaria.5. Aunque el inciso 6) del artículo 139 no precise la cantidad de instancias a las que es posible recurrir. y el reconocimiento constitucional de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1 de la Carta Fundamental). respectivamente”79. 75 II. la lesión del derecho a la presunción de inocencia se realiza tanto cuando se sanciona sin prueba fehaciente como cuando se responsabiliza al investigado por actos u omisiones que no cometió. Es la existencia de una sentencia firme la única que puede determinar si una persona es culpable o si se mantiene en estado de inocencia. el juez resuelva de la manera más favorable para éste. FJ.8. lo que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado. Mientras ello no ocurra. es decir. 37. ante un caso de duda sobre la responsabilidad del imputado. por lo menos. bien porque la insuficiencia de las mismas -desde el punto de vista subjetivo del juez. que todas las pretensiones planteadas por medio de recursos impugnatorios sean amparadas. será absolutoria. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA judicial de las imputaciones. no son suficientes para determinar con plena certeza la culpabilidad o inocencia del imputado. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Este principio se fundamenta en el derecho a la presunción de inocencia. absolviéndolo de todo cargo antes que condenándolo.
2 del CPC. la pluralidad de instancias no es un contenido esencial protegido en el proceso. penal. El número de instancias puede variar en relación a la naturaleza (civil. A diferencia de lo que ocurre en un proceso judicial. Se sabe que esta institución opera en plenario y en comisiones. II. Este derecho exige que toda persona. En el ámbito penal.9. constituye un contenido implícito del 76 derecho al debido proceso y un derecho derivado del principio de pluralidad de instancia. Pero las condiciones de acceso no deben de ningún modo disuadir o entorpecer de manera irrazonable el ejercicio de este derecho.5. las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). y es que no toda resolución puede ser objeto de impugnación en dicha sede. solo podrán ser recurridas a través de un proceso constitucional cuando se trate de resoluciones definitivas que no fueron dictadas en audiencia de los interesados o que carezcan de motivación. y el plenario en segunda. administrativo o constitucional) de las materias que se discuten en el proceso. Resulta necesario. a fin de que el órgano jurisdiccional conozca los fundamentos del recurrente. para que los justiciables puedan cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional”80. y a que su recurso sea elevado. crear al menos una segunda instancia dentro del CNM a fin de controlar su actuación y proteger a los justiciables. como el correspondiente procedimiento que debe seguirse. Por otro lado. la interposición de un recurso impugnatorio delimita la competencia del órgano judicial superior en tanto que no permite que éste modifique de manera arbitraria 80	Exp. En tanto que se trata de un derecho de configuración legal. es tarea del legislador establecer tanto los requisitos para que los recursos impugnatorios sean admitidos. en sede administrativa. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA exista una doble instancia. FJ. Es decir: “[…] [E]l adecuado ejercicio del derecho de acceso a los recursos supone directamente la utilización de los mecanismos que ha diseñado normativamente el legislador. 4. Por ende. Derecho de acceso a los recursos Aunque el derecho a los recursos o medios impugnatorios no se encuentra reconocido de manera expresa en la Constitución Política del Perú. el hecho de que en sede administrativa no se pueda acceder a una instancia administrativa superior no constituye de manera necesaria una violación al derecho a la pluralidad de instancias. entonces. de modo que sería perfectamente permisible que una comisión resuelva en primera instancia. y conforme lo dispone el artículo 5. N° 01243-2008-HC/TC. tenga derecho a recurrir o apelar el fallo ante un juez u órgano jurisdiccional superior. en plena igualdad.
en caso contrario. se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional .5. y que la duración del proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin. Aunque estas exigencias se predican esencialmente en procesos constitucionales de la libertad. 2. salvo que el medio impugnatorio haya sido interpuesto también por el Ministerio Público. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA el delito con el que se venía juzgando al procesado ni que aumente la pena impuesta en un inicio. ‘si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados. II. sino que supone. el cumplimiento. en este sentido. la declaración de su afectación no está vinculada de manera absoluta prima facie a una norma jurídica nacional que la señale sino a un análisis judicial casuístico en el que se debe tomar en consideración varios factores determinantes para condenar su incumplimiento. N° 1231-2002-HC/TC. la sala emplazada tiene la obligación de suministrar gratuitamente copias de los actuados para la interposición del recurso de queja. pueden extenderse perfectamente a cualquier tipo de proceso jurisdiccional. Pero de este derecho no solo deriva la exigencia de obtener un pronunciamiento de fondo en un plazo razonable. la naturaleza del caso. “[…] Como expresa el artículo único de la Ley N° 27454. como la complejidad del asunto. FJ. que modifica el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. en cuyo caso ‘la Corte Suprema podrá modificar la pena impugnada. amenazándolo. la Corte Suprema sólo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación’. aumentándola o disminuyéndola. En este sentido. además. Y es que tiene por finalidad que las personas que tienen una relación procesal no se encuentren 77 indefinidamente en la incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el reconocimiento de su derecho afectado o sobre la responsabilidad o no del denunciado por los hechos materia de la controversia.10. cuando ésta no corresponda a las circunstancias de la comisión del delito’”81. En tanto que el plazo razonable constituye un concepto jurídico indeterminado temporalmente. el derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación implícita del derecho a la libertad y. de la decisión de fondo en una sentencia firme. Respecto de la valoración 81	Exp. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable Aunque no está contemplado de manera expresa en la Constitución. con dejar sin efecto el recurso de queja. Es así que en una resolución. el derecho a un plazo razonable asegura que el trámite de acusación se realice prontamente. Cabe destacar que en sede penal. en tiempo oportuno. el Tribunal Constitucional consideró ilegal la actuación de una sala emplazada que apercibió al recurrente a que asumiera el costo de los actuados solicitados. el comportamiento del recurrente y la actuación de las autoridades administrativas.
sino solo cumplir formalmente con la sustanciación. N° 0618-2005-HC/TC. Derecho a la cosa juzgada Constituye un derecho fundamental de orden procesal el que ninguna autoridad. literal e). por lo que corresponde al juez en cada caso demostrar la conducta obstruccionista de alguna de las partes.11. 83	Exp.5. y a través de la defensa obstruccionista. protege al justiciable de no ser sometido a procesos extremadamente breves o sumarios. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. que la permanencia de una medida cautelar de abstención en el ejercicio del cargo durante un plazo irrazonable constituye una vulneración del derecho a la presunción de inocencia (inciso 24. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA de la complejidad del asunto. necesidad y excepcionalidad. razonabilidad. entre otros. esto es. cuya finalidad no sea resolver la litis o acusación penal en términos justos. Es importante mencionar que existen dos formas en las que los interesados pueden realizar su actividad procesal: a través de medios legales. aquella que por medio de conductas intencionales busca entorpecer la celeridad del proceso. así como impide la excesiva duración de los procesos. además. reviva procesos fenecidos con resolución ejecutoria. los hechos investigados. 12. Esta última se manifiesta con la interposición de recursos que se sabía serían desestimados desde su origen. o algún otro elemento que permita concluir. N° 02589-2007-AA/TC. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . “Debe señalarse. conforme dispone el 82	Exp. Estas dilaciones indebidas no deben interferir en el plazo para emitir el pronunciamiento judicial. FJ. lo que se traduce en que no se puede mantener a una persona privada de su libertad durante un tiempo irrazonable. para ser reconocida como constitucional. 8. que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil”82. el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que: “[…] [E]s menester tomar en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito. 78 Asimismo. dado que ocasiona que el servidor público se encuentre separado de su cargo durante un tiempo prolongado sin que se emita un fallo definitivo en el que se demuestre su culpabilidad o responsabilidad”83. ni siquiera jurisdiccional. con un alto grado de objetividad. debe estar limitada por los principios de proporcionalidad. con las falsas y premeditadas declaraciones destinadas a desviar el curso de las investigaciones. II. los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos. subsidiariedad. La prisión provisional. del artículo 2 de la Constitución). el derecho al plazo razonable es exigible en la aplicación de una medida cautelar. FJ. la pluralidad de agraviados o inculpados.
la cosa juzgada presenta una doble eficacia: positiva. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . el Tribunal Constitucional ha acogido de la doctrina un doble contenido respecto de la cosa juzgada. Por otro lado. o cuando haya prescrito el plazo exigido para su interposición.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por un lado. está impedido de contradecir el contenido de una decisión firme dictada por sí mismo o por cualquier otro órgano. 9. una resolución sin carácter definitivo. b) la imposibilidad de revivir procesos ya decididos por los órganos judiciales. FJ. Y conforme a lo expresado en el artículo 8. ni por la autoridad que la dictó. por la que se excluye la posibilidad de emitir pronunciamientos judiciales con el mismo objeto procesal cuando ya haya sido resuelto 84	Exp. de terceros o. se encuentra también garantizada por este derecho. en consecuencia. En tal sentido. las resoluciones con carácter firme no pueden ser modificadas ni desvirtuadas por medio de una resolución posterior. N° 00579-2008-AA/TC. incluso. de la garantía de la cosa juzgada derivan consecuencias prácticas como: “[…] a) la inmutabilidad de las decisiones judiciales firmes. 86	Exp. su dimensión material garantiza que: “[…] el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado. un antecedente lógico respecto a aquello que nuevamente se pretende someter a juzgamiento”86. “[…] [L]o que corresponde a los órganos jurisdiccionales es ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando tengan que decidir sobre una relación o situación jurídica respecto de la cual existe una sentencia firme. derivada de un proceso seguido entre las mismas partes (perfecta identidad). el contenido formal prohíbe que las resoluciones que hayan puesto fin a un proceso judicial sean cuestionadas mediante medios impugnatorios cuando estos ya hayan sido agotados. 85	Exp. por la que el juez u órgano jurisdiccional. respecto de los mismos hechos y tramitado ante la misma autoridad jurisdiccional. 38. Presenta además. En este sentido. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA inciso 2) del artículo 139 de la Constitución. d) la prohibición de que las autoridades judiciales o cualquier poder externo al Poder Judicial pueda interferir o retardar la ejecución de lo resuelto de manera definitiva por el poder jurisdiccional de los jueces”85. 15. sea por actos de otros poderes públicos. pero que ha puesto fin al proceso. FJ. 79 Así. sobre un proceso seguido a los mismos sujetos. Dicho pronunciamiento constituye. N° 04587-2004-AA/TC. FJ. de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó”84. c) la exigencia de cumplimiento de lo resuelto en forma definitiva. ni por una instancia superior. eficacia negativa. Entonces. N° 03789-2005-HC/TC.
como prevé el artículo 6 del Código Procesal Constitucional. inciso 2. puesto que se entiende que si las partes no han hecho uso de dicha atribución es porque están conformes con lo laudado. ha previsto el mecanismo del amparo para proteger derechos fundamentales. y de una interpretación sistemática de los artículos 139. el pronunciamiento denegatorio que el juez emita sobre dicho asunto no podrá entenderse como generador de la firmeza del referido auto. incluso cuando el presunto vulnerador sea una autoridad judicial. aun cuando se pronuncie sobre el fondo.2. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA de manera firme. 16. esto es. FJ. aun cuando transgredan derechos y libertades.13 y 200. no puede generar cosa juzgada cuando contravenga valores y principios constitucionales. Por ello la propia Constitución. De modo que. Una interpretación aislada de los mencionados artículos llevaría a la inconstitucional conclusión que de ninguna forma podrían controlarse los actos de los órganos jurisdiccionales. 02494-2005-AA/TC. Por otro lado. o cuando vulnere derechos fundamentales o desconozca la interpretación de las normas con rango de ley. y el segundo complementa esta definición señalando que. además. estos medios impugnatorios deben guardar la posibilidad de revertir los efectos de la resolución. Entender lo contrario no hace más que contribuir a un uso negligente de las instituciones jurídicas”87. “[…] Es decir. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . se puede concluir que las resoluciones en las que se han vulnerado derechos fundamentales podrán ser revisadas. la noción 80 de resolución firme tiene un concepto formal y material. incluso cuando tengan la calidad de cosa juzgada. en su artículo 200. puesto que al no haber sido correctamente impugnado se debe entender que el plazo se cuenta desde que fue emitido. vía proceso constitucional de amparo. 139. reglamentos y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Y es que una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional. que si lo que se impugna es un auto y contra este se interpone un recurso de nulidad alegando causales imaginarias. 87	Exp. El primero establece que una sentencia adquiere firmeza simplemente cuando se han agotado todos los recursos impugnatorios que la ley prevé. de los principios de concordancia práctica y unidad de la Constitución. ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos fundamentos (ne bis in ídem). o que exista un pronunciamiento sobre el fondo. y no desde el pronunciamiento judicial que resuelve el supuesto “acto impugnatorio”. Pero el no uso de recursos impugnatorios no vulnera el derecho a la cosa juzgada.2 de la misma. Es preciso aclarar que para que una sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada no basta que estén presentes sus elementos formal y material.
constituye un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. como el auto de apertura de instrucción. de la Constitución. además de configurarse como un principio. y las consecuencias jurídicas de sus actos. y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en una norma jurídica”88. causal de extinción de la posibilidad de investigar un hecho delictivo. Pero este principio no se refiere de manera estricta al ámbito penal. como derecho subjetivo. y por ende de la responsabilidad penal del presunto autor. y son además vinculantes para todos. informa y limita la actuación del Poder Legislativo al momento de delimitar las conductas prohibidas y sus respectivas sanciones. FJ. la analogía (lex stricta) y la aplicación de cláusulas legales indeterminadas (lex certa). una vez decretado el derecho de amnistía de conformidad con sus límites.1 Principio de legalidad	El principio de legalidad penal. las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una norma. calidad de cosa juzgada. inciso 24d de la Constitución. los beneficiarios adquieren la titularidad del mismo. produce los efectos de la cosa juzgada. Es decir. cuáles deben ser sus correspondientes sanciones. Con ello 81 no queda a la completa discrecionalidad del juez el establecer qué conductas deben ser punibles. tienen fuerza de ley. que permite que los ciudadanos conozcan los contenidos de las disposiciones con carácter sancionador. “[…] garantiza a toda persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto en una norma previa. restrictivas o limitativas de derechos. que de ningún modo gozan del carácter de cosa juzgada. De modo que. Y es que la aplicación de la norma previamente establecida y vigente al momento de la comisión del delito constituye una exigencia del Estado de Derecho (artículo 43 de la Constitución). cuáles podrían ser las circunstancias agravantes o atenuantes del hecho punible.6. inciso 13. pero existen resoluciones judiciales. conforme lo dispone el artículo 139. expreso en el artículo 2. el derecho a la cosa juzgada se predica también de resoluciones judiciales dictadas en aplicación de una ley de amnistía válida y constitucionalmente legítima. Toda vez que dicho principio: 88	Exp. II. sino que se extiende a las sanciones administrativas. toda vez que de ellas derivan situaciones jurídicas que carecen de firmeza e intangibilidad.6 Principios integrantes del debido proceso II. 2. entre otros. Como principio. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA Ahora bien. la retroactividad de la ley penal (lex praevia). N° 05815-2005-HC/TC. estricta y escrita. Del mismo modo. la prescripción. prohíbe la aplicación de una norma que no se encuentra previamente escrita (lex scripta). Asimismo. Y. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional .
nuestro ordenamiento jurídico 82 ha acogido de la doctrina y la jurisprudencia comparada el criterio de diferenciación entre una disposición del derecho penal material. antes [de] que el hecho sea cometido. “[…] La penalidad tiene que estar expresamente determinada.F. la ley penal aplicable no será de manera necesaria aquella que estuvo vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos. el 09 de junio de 1994. 18-19. a los fundamentos de la penalidad. Allgemeine Strafrechtslehre. Berlín-New York. Cabe destacar que. y una del derecho procesal penal. es decir. 8.. la regla por la cual está prohibida la retroactividad de la ley rige en las normas del derecho penal material. que este delito será considerado permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. C. 89	Exp. Tal es el caso del delito de desaparición forzosa de personas que. La prohibición de la retroactividad tiene que ver con todos los presupuestos materiales de la pena. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA “[…] refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes. pero no con las normas procesales [. N° 2050-2002-AA/TC. 90	Harro. y Beulke. Strafrecht Allgemeiner Teil. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . es la fecha en la que se presentó la solicitud para acogerse a alguno de estos. (2000). se aplica en los casos de delitos instantáneos. en caso de conflicto en el tiempo de normas penales. 18-19. Walter de Gruyter. pp. a pesar de no haber estado vigente siempre. salvo cuando favorezca al reo. se aplicará la más favorable al reo. el momento que marca la legislación aplicable en lo que atañe a los beneficios penitenciarios. Otto. Sobre esto. Heidelberg. la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción (…)”89. Grundkur Strafrecht. la Convención Interamericana ha dispuesto en su artículo III sobre Desaparición Forzada de Personas. FJ. derivada del principio de legalidad penal. W. Müller Verlag.. sin embargo. la regla que rige en el derecho procesal penal es la prohibición de la retroactividad. Para resolver el problema de la ley aplicable en el tiempo. Según este. sin que ello signifique una aplicación retroactiva de la ley. no guarda impedimento para que siga el correspondiente proceso penal y se sancione a los responsables. pp. J. Así.]”90. (año). La garantía de la ley previa. en similares terminus ver Wessels. el artículo 6 del Código Penal dispone que se aplicará la norma vigente al momento de la comisión del hecho punible y. La retroactividad de la ley penal hace referencia a la penalidad. A diferencia de lo que ocurre en el derecho penal material. cuando se trata de delitos de naturaleza permanente. aprobada en Belem do Pará. sino que pueden aplicarse normas penales que surgieron con posterioridad a la ejecución del delito.
o cuando las pautas interpretativas para imponer determinada sanción resultan irrazonables o incompatibles con el ordenamiento jurídico. de manera que cualquier modificación realizada con posterioridad al inicio de un procedimiento. específicamente en lo que al otorgamiento de beneficios penales y penitenciarios se refiere. cierto e inequívoco previsto en la ley. no debe aplicarse […]”91. No debe confundirse el principio de legalidad con el principio de tipicidad. toda vez que el primero se satisface con la mera previsión en la ley de las infracciones y sanciones. 9. La lex certa. 83 Ahora bien. Hasta aquí lo que respecta a la lex previa. deben estar redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano con formación básica comprender la conducta proscrita. ya que estos están encomendados a proteger derechos fundamentales y no a pronunciarse sobre aspectos de mera legalidad. cuando el juez se aparte del precepto que corresponde. N° 2196-2002-HC/TC. proclamado en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución. cuando en realidad solo se sustenta en una razonable sospecha sobre la comisión del delito. Este es el llamado subprincipio de tipicidad o taxatividad. concreción del principio de legalidad. sin embargo. el principio de tempus regit actum siempre es aplicable en las normas procesales penales. que vela porque la norma con la que se inició un determinado procedimiento no sea alterada o modificada con posterioridad por otra. excepcionalmente puede efectuarse un control constitucional de una resolución por afectación del principio de legalidad penal. Pero. el artículo 2. como la de solicitar un beneficio penitenciario. inciso 24. por otro lado. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA En este sentido. la correcta tipificación penal de las conductas ilícitas no es ni debería ser objeto de revisión en los procesos constitucionales. en ningún caso puede ser impugnado con el argumento de que la conducta atribuida no se subsume en el tipo penal previo. por el que todas las sanciones. FJ. es aplicable la excepción de la irretroactividad. mientras que en las normas de ejecución penal. El Tribunal Constitucional ha establecido que: “[…] el principio tempus regis actum debe encontrarse morigerado por la garantía normativa que proscribe el sometimiento a un procedimiento distinto de los previamente establecidos en la ley. Es competencia exclusiva de los jueces y tribunales interpretar los hechos y precisar sus consecuencias jurídicas. De lo contrario se estaría suponiendo que dicho auto pretende establecer la responsabilidad penal del imputado. exige que las conductas prohibidas se encuentren claramente delimitadas en la ley. Así. mientras que el segundo exige además una precisa definición de las conductas prohibidas. literal d) de la Constitución prescribe que la tipificación de la ilicitud penal debe ser “expresa e inequívoca”. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . 91	Exp. sean administrativas o penales. El auto de apertura.
N° 00286-2008-HC/TC. Como ha sido mencionado. es decir. ante una conducta delictiva. el ne bis in idem es un derecho implícito del derecho a la cosa juzgada.6. FJ. FJ. Por el primero. y por otro. debe constatarse la presencia conjunta de tres distintos elementos: la identidad de la persona perseguida. Así se garantiza a los justiciables que las resoluciones que le han puesto fin al proceso judicial no sean recurridas ante la interposición 92	Exp. N° 00286-2008-HC/TC. 93	Exp. los órganos jurisdiccionales. FJ. 19. Por otro lado. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional .2. el principio de ne bis in ídem opera respecto a resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada. sino que corresponde verificar si en alguno de los procesos ya se dictó una decisión con autoridad de cosa juzgada. Por el segundo. solo tienen una oportunidad de persecución. de lo contrario se haría un uso excesivo del poder sancionador. el órgano administrativo queda inexorablemente 84 vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o improbado”93. el aludido principio presupone la interdicción de un doble proceso penal por la misma conducta (hechos)”92. no se pueden iniciar dos o más procesos con el mismo objeto. no pueden recaer sobre un mismo sujeto dos o más sanciones por un mismo delito. 94	Exp. b) La condena o absolución debe sustentarse en una resolución judicial firme. 7. por el cual una misma persona no puede ser juzgada por los mismos fundamentos. Desde esta vertiente. Pero no puede afirmarse que con la sola existencia de dos juzgamientos en sede penal o administrativa o de dos investigaciones preliminares contra una misma persona se afecte el principio de ne bis in ídem. “[…] Con ello se impide. El Tribunal Constitucional ha señalado los siguientes elementos constitutivos de la dimensión formal del ne bis in ídem: “[…] a) El procesado debe haber sido condenado o absuelto. c) La nueva persecución penal debe sustentarse en la infracción del mismo bien jurídico que motivó la primera resolución de absolución o condena”94. 8. Ahora bien. Principio Ne bis in idem En tanto que no está señalado de manera expresa en la Constitución. la identidad del objeto de persecución y la identidad de la causa de persecución. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA II. por un lado. la dualidad de procesos (dos procedimientos administrativos o dos procesos penales con el mismo objeto). “[…] en el supuesto de existencia de una dualidad de procedimientos. el inicio de un nuevo proceso. para verificar la vulneración a este principio. Pueden identificarse dos contenidos esenciales constitucionalmente protegidos en este principio: uno material y otro procesal. N° 2050-2002-AA/TC.
y por ende las sanciones diferenciadas. no es cosa juzgada. Pero ello no es óbice para que este principio sea asimismo aplicable en todos los autos que ponen fin a un proceso penal. en la que se afirma que no hay mérito para formalizar denuncia. e incluso denunciado por los mismos hechos. y fue también sometido a una medida disciplinaria impuesta por el Tribunal de Honor por haber afectado los fines que promueve dicha institución. con sujeción al principio de legalidad. ni sean modificadas. Principio de congruencia El principio de congruencia forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las decisiones judiciales. en la motivación de las 95	Exp. se complemente una sanción que. toda vez que las puniciones se fundamentan en distintos contenidos injustos. FJ. 5 y 48 del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú. no se ha vulnerado el principio non bis in ídem. y en los artículos 1. mientras que la segunda se sustentó en los artículos 50 y 77 de los Estatutos del Tribunal de Honor. como por ejemplo las resoluciones que importen el sobreseimiento definitivo de una causa. 3. 2.6. Cabe destacar que una resolución fiscal emitida por el Ministerio Público. La primera sanción se hizo en aplicación del inciso 2) del artículo 31 de la Ley Orgánica del CNM. N° 2050-2002-AA/TC. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . genera un estatus inamovible. Sobre esto el Tribunal Constitucional ha señalado que: “[…] una cosa es aplicar una doble sanción por la lesión de un mismo bien jurídico. el deber de pronunciarse sobre las pretensiones postuladas por las partes. Pero cuando la declaración fiscal indica que el hecho no constituye un ilícito penal. en un caso judicial. por lo que el acusado puede ser posteriormente investigado. Ello quiere decir que. y otra muy distinta es que. no es proporcional respecto a los bienes jurídicos que se hayan podido afectar. y mucho menos dejadas sin efecto. impuesta una sanción que aún no se ha ejecutado. a juicio de las autoridades competentes. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA de medios impugnatorios. 23. II. toda vez que impone al órgano encargado de resolver un determinado conflicto. De igual forma no es inconstitucional que. Así. por la gravedad que la falta pueda revestir. ella pueda ser revisada y complementada[…]”95. Importa señalar que no se vulnera el principio del ne bis in idem cuando no existe identidad de fundamento entre las sanciones impuestas.3. un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura fue destituido por admitir o formular recomendaciones en procesos judiciales (responsabilidad funcional). Tampoco se viola el principio del ne bis in ídem cuando la persecución penal que se le 85 hace por segunda vez a una persona es consecuencia de haberse declarado la nulidad del primer proceso. En tanto que los bienes jurídicos resguardados son distintos en ambos casos.
Ahora bien. 96	Exp. el Tribunal Constitucional considera que no se vulnera el principio de congruencia cuando el juez constitucional se pronuncia por un derecho subjetivo no alegado por la demandante. además. un juez que base su decisión en hechos que no se encuentran acreditados. y con mayor razón. En el marco de un proceso penal. Pero. 374. las partes no pueden presentar nuevos argumentos o pruebas. o se refiera a alegaciones no formuladas por las partes. estará actuando de manera arbitraria”96. estará realizando una motivación aparente (inexistente en términos formales) y. otros derechos constitucionalmente protegidos como el derecho de defensa. FJ. en la aplicación de medidas cautelares que por su naturaleza se caracterizan por ser temporales y variables. y como consecuencia de la afectación del principio dispositivo al cual se encuentra sumergido este tipo de proceso. N° 03151-2006-AA/TC. el órgano judicial no puede sustentar su decisión en hechos y pruebas que no han sido alegados por las partes. “[…] [P]ues una de las particularidades de la aplicación del principio iura novit curia en el proceso constitucional es que la obligación del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra. 6. la calificación jurídica solicitada debe ser respetada al momento de emitirse la sentencia. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA resoluciones judiciales. y el derecho a 86 ser juzgado por un juez imparcial. De modo que. un juez no puede subrogar el papel de la parte y basar sus decisiones en hechos o pruebas que no hayan sido presentadas por las partes cuando correspondía. Con el no respeto al principio de congruencia no solo puede verse afectado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales sino que pueden. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . FJ. concretamente en el ámbito del proceso civil. y en virtud de lo dispuesto en los artículos 302. y de ser el caso. la correcta adecuación del derecho subjetivo reconocido en aquel”97. 4. resultar lesionados. De lo contrario. Además. Es decir. con la excusa de que la otra parte no tuvo la oportunidad de contradecir los mismos. “[…] En este sentido. simultáneamente. dentro de un proceso civil. por tanto. y además el derecho de defensa de las partes. 97	Exp. el juez estaría violando su deber de congruencia. el respeto al principio de congruencia es exigible en la relación entre la acusación señalada por el Ministerio Público y la condena emitida por el órgano jurisdiccional competente. ordenar otra más adecuada a los fines del proceso. queda a criterio del juez evaluar si la medida solicitada resulta pertinente. N° 0905-2001-AA/TC. 429 y 440 del Código Procesal Civil. ni resolver sobre pretensiones que no han sido solicitadas.
de manera retroactiva las normas que con posterioridad al hecho delictivo hubieran entrado en vigencia. las normas que entraron en vigencia con posterioridad a la comisión de un delito serán aplicables siempre que resulten más favorables para el procesado que las vigentes al momento de la comisión del ilícito penal (retroactividad benigna). se han postulado dos teorías: la principio de unidad de aplicación de la Ley y el principio de combinación de Leyes. Principio de favorabilidad Este principio tiene su base en la aplicación conjunta del principio de legalidad penal y de la retroactividad favorable de la ley penal. de modo que resultaría inconstitucional que se dicten medidas contrarias a los derechos fundamentales de los procesados o condenados. inciso 11 de la Constitución. salvo que exista disposición contraria de la ley. […]”98. el órgano jurisdiccional puede escoger distintas leyes penales favorables para el reo. ello no resulta contrario a considerar. En cambio. 10. “[…] [S]iendo la favorabilidad en materia penal el resultado de aplicar. a cada una de ellas como una unidad. por un lado. de cuya combinación debe surgir una nueva ley (tercera ley o lex tertia). 98	Exp. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . II. FJ. la norma aplicable debe ser la más favorable al reo. y resulta una salvedad del principio de legalidad penal. Nuestro ordenamiento jurídico ha acogido esta última. Según este último. Es más. el artículo 73 del Código de Procedimientos Penales establece que la “instrucción tiene carácter reservado”. en caso de duda o conflicto de leyes penales. en la comparación de las diversas normas. y si resultase más favorable.6. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA II. Por este. Principio de publicidad de los procesos El inciso 4) del artículo 139 de la Constitución exige la publicidad de todo proceso judicial. Pero esta regla sólo es aplicable en el derecho penal sustantivo.5. Esta exigencia está reconocida en el artículo 139. pues es allí donde se presenta el conflicto de normas en el tiempo.6.4. pero tal reserva no se extiende a toda actuación procesal sino solo a las pruebas ofrecidas entre el auto de apertura de instrucción y el auto en virtud del cual se pone la instrucción a disposición del defensor durante tres días en el juzgado. el principio de unidad de aplicación de la ley plantea que cada ley debe ser analizada de manera independiente. la ley 87 vigente al momento de la comisión del hecho delictivo. Frente al debate por la determinación de lo que resulta más favorable para la persona. para así aplicar aquella que resulte más favorable. Así. y sucesivas en el tiempo. N° 01955-2008-HC/TC. Una consecuencia que deriva de este principio es que toda ley que constituye una política criminal del Estado debe preservar los fines de la pena dentro de un Estado social y democrático de derecho.
El Tribunal Constitucional ha señalado además que: “(…) Las cláusulas de interpretación analógica no vulneran el principio de lex certa cuando el legislador establece supuestos ejemplificativos que puedan servir de parámetros a los que el intérprete debe referir otros supuestos análogos. en principio. 99	Exp. Evidentemente. el artículo 8. en cuyos supuestos si se vulneraría el debido proceso”99. 100	Exp. y de manera especial cuando el Estado actúe con una medida limitativa de derechos. pero no expresos”101. N° 08696-2005-HC/TC. salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Código de Procedimientos Penales). las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad y las normas que restringen derechos están vedadas de ser interpretadas de manera analógica o in malam partem. es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en una ley y que no puede ser obligado a hacer aquello que la ley no manda. pero también un derecho subjetivo constitucional de los justiciables ‘El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos’ (subrayado agregado)”100. 71. inciso 9) de la Constitución. N° 2235-2004-AA/TC.	II. FJ. FJ. ha indicado también que estos postulados no pueden entenderse de manera absoluta.6.5 de la Convención Americana señala que: “El proceso penal debe ser público. 8. 101	Exp. Así. El Tribunal Constitucional ha señalado que: 88 “Ese es el sentido general con el que debe entenderse el artículo 139. Sobre esto. N° 00010-2002-AA/TC. Principio de prohibición de la analogía in malam parte Si bien el Tribunal Constitucional ha sostenido en diversas oportunidades que el ser humano. según el cual constituye uno de los principios que informan el ejercicio de la función jurisdiccional. esta facultad está sometida a un control de constitucionalidad bajo el canon del principio de proporcionalidad. y en general en la aplicación de medidas que limitan derechos. el Tribunal Constitucional ha señalado que: “[…] [E]n nuestro ordenamiento jurídico el juez puede disponer que una actuación se mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando considere que su conocimiento puede entorpecer el éxito de las investigaciones (artículo 73. 8. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . su uso es legítimo como razonamiento de interpretación. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA El secreto sumarial es también un límite constitucionalmente válido del principio de publicidad. Este principio no debe entenderse perteneciente sólo al ámbito del derecho penal y procesal penal. público o privado. Si bien la analogía está proscrita en el Derecho Penal. FJ. Sobre esto.6. sino que puede extenderse a un procedimiento administrativo. lo cual implica que el juez no podrá establecer dicha reserva si es que no existen elementos objetivos que lo justifiquen o si es que se establece un período irrazonable de reserva.
cuando por el contrario su aplicación debe ser in bonam parte”102. por el cual el órgano jurisdiccional debe pronunciarse guardando observancia de la acusación fiscal y las normas rigen el proceso penal peruano. FJ. A falta de acusación. FJ. está prohibida la emisión de cualquier sentencia condenatoria. II. N° 02005-2006-HC/TC. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . el proceso penal debe llegar a su fin”104. 17 y 18. 104	Exp. Si bien la Constitución pareciera decir que el plazo de prescripción se duplica para todos los delitos cometidos en agravio del Estado. en el contexto de todo el capítulo. [D] uplicar el plazo de prescripción en todos los delitos cometidos en agravio del Estado. tal como lo reconoce el artículo 159 de la Constitución. sería atentar contra el principio de legalidad. 7. El Tribunal Constitucional. debe mencionarse que el ejercitar la acción penal y acusar es una exclusiva atribución del Ministerio Público. al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación. que trata exclusivamente de los funcionarios y servidores públicos[…]. de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado. mejor aún. Principio acusatorio Se trata de un principio derivado del derecho de defensa. sobre las características que imprime este principio en el sistema de enjuiciamiento ha señalado: 89 “[…] a) Que no puede existir juicio sin acusación. b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada.6. debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA El Supremo Colegiado tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la prohibición del uso de analogía en una sentencia sobre el plazo de prescripción de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. 5. N° 1805-2005-HC/TC. de cuya interpretación pro homine se infiere que aplicarlo a todos los imputados a los que se procese es extender in malam parte lo que pudiera afectar a este. c) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad”103. el proceso debe ser sobreseído necesariamente. 103	Exp. N° 02005-2006-HC/TC. Respecto de la primera característica. y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso sumario).7. “[…] En caso el fiscal decida no acusar. debe entenderse tal plazo de prescripción en el contexto de todo el artículo y. FFJJ. 102	Exp. el Tribunal ha aclarado que: “[…] [P]or el principio de legalidad y seguridad jurídica.
.. mientras que el segundo custodia que el acusado pueda alegar y/o presentar todas las pruebas que estime necesarias para su interés. otorga más de una opción al órgano jurisdiccional frente a la no acusación por parte del fiscal: a) Disponer el archivamiento del expediente. Además. toda vez que no implica una subrogación indebida de las atribuciones del Ministerio Público como titular de la acción penal. al no tener el acusado la ocasión de defenderse de todas y cada una de las imputaciones en su contra. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA Ahora bien. el artículo 292. 14. está proscrita la indefensión”105. los delitos tipificados por el fiscal encargado y lo establecido en la sentencia. pues ello sería vulnerar el principio acusatorio por el que debe haber congruencia entre los hechos instruidos. tal modificación implicaría la variación de la estrategia de defensa –si esta no se encuentra implícita en la nueva disposición. el Ministerio Público está prohibido de variar los términos de la acusación. inciso c) del Código de Procedimientos Penales establece que: “Procede el recurso de nulidad: (. III. toda vez que el primero identifica los elementos necesarios para individualizar la pretensión penal e individualizar al procesado. b) Ordenar la ampliación de la instrucción. c) Elevar directamente la instrucción al Fiscal Supremo. en virtud de la cual el juez puede dar al hecho imputado una definición jurídica diferente. a consecuencia de lo anterior. de modo que resulta permisible impugnar el auto que declara el sobreseimiento del proceso. entre los cuales destacan el 105	Exp. el Tribunal ha recordado que: “[…] [S]e integran y complementan. cuya máxima expresión garantista es la inmutabilidad de la acusación.. FJ. Contra los autos que (. DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Se trata de un derecho genérico o complejo que se descompone en otros diversos derechos enumerados dentro de él. pero no puede modificarlo. y algunos otros implícitos. sino que permite a las partes del proceso cuestionar los fundamentos de lo resuelto en sede jurisdiccional. tuviera que acudir a otro tipo penal. en el artículo 220 del Código de Procedimientos Penales. Empero. Sobre la relación entre los principios acusatorio y contradictorio.. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional .que su vez exige el conocimiento previo del imputado para garantizar su defensa y el contradictorio. constitucionalmente. Nuestra propia legislación. De ahí que el derecho del procesado de conocer la acusación tiene como correlato el principio contradictorio. Además. tanto más si.) C.) extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la instancia”. N° 00402-2006-HC/TC. Importa señalar que el revocar una resolución que dispone el sobreseimiento no atenta 90 contra el principio acusatorio. cuando. se estaría afectando su derecho a la defensa.
de manera directa o a través de un representante. El órgano jurisdiccional solo tiene la obligación de acoger la pretensión. pues. derecho fundamental de todo ciudadano. Contra ellas no procede recurso alguno. para que con un proceso respetuoso de garantías mínimas. se sustente una pretensión de orden penal. Estas exigencias tienen que ver con presupuestos procesales y condiciones de la acción como la competencia 106	Exp. laboral. incluso en materia penal. sino también la existencia de un proceso rodeado de ciertas garantías de efectividad e idoneidad para la solución de las controversias”106. este presupuesto no es absoluto. mediante el cual se asegura a todas las personas el acceso a un tribunal de justicia. fiscal o de cualquier otro carácter. entonces se estaría vulnerando el derecho de acceso a la justicia. sus resoluciones son dictadas en instancia final. N° 010-2001-AI/TC. III. no proceden los procesos constitucionales para revisar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. En materias electorales. el juez debe limitarse a verificar la satisfacción de los requisitos formales de admisibilidad señalados en la ley procesal. Para la admisión del trámite de la demanda. decidir sobre su procedencia. 91 “[…] [S]u contenido constitucionalmente protegido no puede interpretarse de manera aislada respecto del derecho a la tutela jurisdiccional ‘efectiva’. Pero este derecho no implica que la judicatura deba admitir a trámite toda demanda. 10. como lo especifica el artículo 25.	Derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional o de acceso a la justicia Se trata de un derecho implícito del derecho a la tutela procesal efectiva. debe garantizarse el derecho de acceder a un ‘recurso efectivo’. resuelve en arreglo a ley y a los principios generales del derecho. y no son revisables.1. Si por el contrario. definitiva. Sin embargo. FJ. En esta línea. y bajo un razonable análisis. y mucho menos que deba estimar de manera favorable y necesaria toda pretensión formulada. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA derecho de toda persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado y el derecho a la efectividad de las resoluciones. puesto que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. lo que supone no sólo la posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un procedimiento dentro del cual se pueda dirimir un determinado tipo de pretensiones.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cabe mencionar que conforme al artículo 142 de la Constitución. la judicatura desestima de plano y sin previa merituación una petición. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . pueden ser revisables cuando se viole el derecho a la tutela procesal efectiva. el artículo 181 de la Constitución señala que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. civil. de referéndum o de otro tipo de consultas populares.
el Tribunal señaló que a los asegurados y beneficiarios del SCT se les había vulnerado sus derechos de acceso a la justicia y al juez natural al imponérseles obligatoriamente el arbitraje. el derecho de acceso a la justicia no es absoluto. FJ. se incurre en una dilación indebida y en un plazo irrazonable que afecta. obstaculizar o disuadir el 107	Exp. la falta de legitimidad de las partes para obrar. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . N° 02637-2006-AA/TC. el Tribunal Constitucional ha establecido que: “[…] [E]l establecimiento de un plazo de prescripción o caducidad para la iniciación de una acción judicial en materia laboral no repercute sobre el ámbito constitucionalmente garantizado del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. […] [L]a protección contra la ‘autorrenuncia’ de un derecho reconocido por la Constitución o la ley tiene por finalidad impedir que la condición de desigualdad material en la relación laboral pueda ser utilizada por el empleador con el objeto de forzar un pacto cuyas condiciones contravengan los derechos reconocidos por normas inderogables del derecho laboral. hasta que la anterior apelación interpuesta sea resuelta. reconocido en el 92 inciso 2) del artículo 26 de la Constitución Política del Perú. de orden laboral. Como todo derecho fundamental. la capacidad procesal del demandante o de su representante. literal a) de la Constitución. Sus límites están constituidos por los requisitos procesales o las condiciones legales necesarias para acceder a la justicia. Así. dejaría en absoluta indefensión al afectado por un acto legislativo arbitrario. una norma cuya aplicabilidad no requiera acto posterior o reglamentación legislativa. inciso 24. en la STC N° 10063-2006-PA/TC (caso Padilla Mango). sino en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia para la determinación de los derechos y obligaciones. Pasado el plazo. el derecho de acceso a la justicia constitucional. […]”107. Por otro lado. Teniendo el arbitraje como fundamento el principio de autonomía de la voluntad. toda vez que se estaría vulnerando los derechos a la autonomía individual y a la tutela judicial efectiva. en este caso. pero está claro que no constituyen límites justificados a este derecho aquellos requisitos procesales que busquen impedir. Cabe mencionar que el plazo máximo que tienen las Cortes Superiores para resolver un auto es de tres meses. es decir. sobre el amparo contra leyes. una interpretación literal del inciso 2 del artículo 200 de la Constitución. previsto en el artículo 2. y no habiéndose resuelto el conflicto. entre otros derechos. en su vertiente de acceso a la justicia y al juez natural. etc. 3. resulta inconstitucional el sometimiento obligatorio al mismo. por lo que el Tribunal Constitucional ha supeditado su admisibilidad a la existencia una norma legal operativa o de eficacia inmediata que agravie de manera directa un derecho fundamental. En materia laboral. ya que el demandante no podrá acudir a la justicia constitucional en amparo de su pretensión. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA del juez.
2. Cabe mencionar que el derecho a la ejecución de la decisión de fondo contenida en una sentencia firme guarda relación con el derecho al plazo razonable. FJ. inciso 2 de la Constitución. “De ahí que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a obtener un pronunciamiento que dé por concluido el conflicto de intereses en un plazo razonable. rápido y efectivo esencialmente está referido a los procesos constitucionales de la libertad. Al respecto. En 108	Exp. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA acceso al órgano judicial. por parte del órgano jurisdiccional encargado de la resolución del conflicto. N° 10490-2006-AA/TC. 14. ello no implica que el juez esté obligado a pronunciarse sobre el fondo de la demanda. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional .3. estas exigencias deben considerarse extensivas a los denominados procesos judiciales ordinarios. De esto se infiere que no todos los requisitos procesales. sea repuesta en su derecho y compensada. 11. no puede llevarse al extremo de pretender que todo tipo de pretensiones deban siempre ser resueltas bajo la lógica de lo fundado o lo infundado en ellas”108. reconocido en el artículo 139. Derecho a obtener una resolución fundada en derecho Es el derecho de toda persona de obtener. Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales Una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional se da a través del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada. y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela. el Tribunal Constitucional ha señalado que: “[…] El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla. III. Si bien el derecho al recurso sencillo. III. si hubiere lugar a ello. Empero. 109	Exp. Si bien nuestra Carta Fundamental no hace referencia al derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”. a través de la sentencia favorable. por el daño sufrido”109. FJ. en tanto que resulta indispensable alcanzar la efectividad del pronunciamiento judicial en un plazo que no exceda lo que la naturaleza del caso y sus naturales complicaciones ameriten. un proceso solo puede 93 considerarse realmente correcto y justo cuando alcance sus resultados de manera oportuna y efectiva. por el hecho de estar previstos en una ley. N° 0015-2001-AI. una respuesta cuya motivación se funde en el derecho vigente. son restricciones plenamente justificadas.
en la medida que este sistema se rige por el gobierno de las leyes y no por el gobierno de los hombres. “[…] Y es que la pronta y debida ejecución de las sentencias permite […] dar efectividad al Estado democrático de Derecho. 7. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA consecuencia. y es que la medida cautelar garantiza. corresponde al juez verificar su cumplimiento. voluntaria o forzosamente […]”111. Así pues será inconstitucional todo aquel acto que prorrogue en forma indebida e indefinida el cumplimiento de las sentencias”110. se otorgue sin efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto contra una resolución que concede una medida cautelar. derivado directamente de la Norma Suprema. el Tribunal ha señalado que: 110	STC Nº 4909-2007-PHC. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . N° 0015-2001-AI/TC y acumulados. las dilaciones indebidas que retarden el cumplimiento de lo ordenado en una sentencia firme constituyen vulneraciones al derecho a la efectividad de las resoluciones. es decir. cuando el vencido en un juicio sea el Estado. no sólo juzgando sino también ejecutando lo juzgado. en la medida que exista alguna justificación constitucional: “[…] Uno de esos límites. lo cual exige al Estado Constitucional de Derecho asegurar que la impartición de justicia se haga de forma independiente de los poderes públicos y privados. En este sentido. lo constituye el mandato constitucional de que ciertos bienes del Estado. la sujeción de los ciudadanos y de la Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción. como los de dominio público. Así. y de ser el caso. desde la fecha en que se comunicada de ella al emplazado. la sentencia estimatoria de primera instancia sea ejecutada de forma inmediata. adoptar las medidas pertinentes y oportunas para su estricta ejecución. 94 Sin embargo. mediante un medio idóneo. 111	Exp. se puede hacer la salvedad de no ejecutar la resolución firme de manera inmediata. la misma también se debe aplicar de igual forma para todos. IV. no pueden ser afectados. de ser necesario. 16. en un proceso constitucional. De modo que. FJ.1 Independencia judicial La independencia judicial es una característica esencial del Estado de Derecho. Esto quiere decir que al ser todos iguales ante la ley. Por ello el artículo 15 del Código Procesal Constitucional permite que. el derecho a la tutela cautelar constituye una manifestación implícita del derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”. entre otras cosas. que implica. la efectiva tutela de la pretensión principal. en tanto que permite el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión recaída en sentencia firme. FJ. El artículo 22 del Código Procesal Constitucional exige que. GARANTÍAS JUDICIALES	IV.
ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. en el desarrollo de la función jurisdiccional. FJ. la autoridad judicial. Sobre esta fundamental garantía se asienta el servicio público de administración de justicia. Del principio de la independencia judicial se desprenden dos institutos: Uno. partidos políticos. sino tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta. 28. En puridad. el Tribunal Constitucional ha indicado que: “[…] [D]eben realizarse teniendo en cuenta que la finalidad última a la que sirven está directamente relacionada con el fortalecimiento de la institución de la independencia judicial y la necesidad de contar con una magistratura responsable. 113	Exp. N° 0023-2003-AI/TC. ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad constitucional. en gran medida por la falta de convicción y energía para hacer cumplir la garantía de independencia que desde la primera Constitución republicana se consagra y reconoce”113. el Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de independencia judicial debe entenderse desde tres perspectivas: “[…] a) Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica). FJ. no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto. 18. por ejemplo). penal militar. 3361-2004-AA/TC. 00004-2006-AI/TC. no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo. FJ. entre otras. 112	Exp. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . 31. medios de comunicación o particulares en general. honesta. juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. penal. (…)”115. Cabe precisar que en este ámbito radica uno de los mayores males de la justicia ordinaria nacional. b) Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia funcional). De manera específica. económico o mediático. por sujeción al respeto al principio de separación de poderes. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA “La independencia judicial debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la declaración del derecho. la regla según la cual los justiciables gozan de un derecho subjetivo a que la impartición de justicia que hacen los jueces y tribunales no esté sujeta al poder político. laboral. Así. 114	Exp. Según esta dimensión. sino al imperio de la Constitución y de las leyes. el Tribunal ha señalado que: “[…] a) Independencia externa. por conexión con los principios de reserva y exclusividad de la jurisdicción. Sobre los procesos judiciales. Las decisiones de la autoridad judicial. civil. c) Como capacidad subjetiva. 14 115	Exp. dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley. se trata de una condición de albedrío funcional”112. FJ. calificada y 95 con una clara y contrastable vocación a favor de los valores de un Estado Constitucional”114. con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender dicha independencia. N° 00004-2006-AI/TC.
dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial. que. N° 00004-2006-AI/TC. dada la especialización de las funciones de los poderes. y en un sentido interpretativo intermedio –distinguish-. 18. del principio de independencia judicial se desprende un segundo instituto según el cual. la independencia judicial implica. a no desarrollar 116	Exp. como de las autoridades administrativas del gobierno judicial. dada su especialización profesional. jurisprudencia vinculante para los jueces y las Cortes. a desempeñar otros cargos públicos. salvo el de la docencia. el Tribunal ha establecido que: “[…] en virtud de la cual las diversas funciones jurídicas del Estado deben estar distribuidas en órganos estatales disímiles y diferenciados. Esto quiere decir que. N° 0017-2003-AI/TC. De acuerdo con esta dimensión. el quehacer judicial es una técnica a ser desempeñada por jueces letrados. 117	Exp. el ejercicio de la función jurisdiccional es incompatible con el desempeño de tareas o funciones distintas a la del Poder Judicial. uno referido al derecho a la crítica de las resoluciones judiciales. de manera abstracta. En cualquier caso. se pueden precisar dos asuntos importantes al quehacer de la independencia judicial. que son legítimos. […]”116. salvo que medie un medio impugnatorio. No obstante lo señalado. la potestad del Tribunal Constitucional de expedir sentencias en calidad de precedentes vinculantes. la potestad que tiene la Corte Suprema de Justicia de establecer en sus Acuerdo Plenarios. Es cierto que cierta doctrina ha denominado a este segundo instituto como el derecho a la autonomía judicial. no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización judicial.2 Exclusividad de la función judicial El principio de exclusividad judicial se basa en la necesidad que el servicio público de la administración de justicia sea desarrollado por jueces a dedicación exclusiva. en un sentido normativo fuerte -stare decisis-. Por ello. también. 116. según reconoce el artículo 139. no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales. en el desempeño de la función jurisdiccional. 2) que la autoridad judicial. así como. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA Asimismo. FJ. 96 IV. Segundo. entre otros aspectos. esto. Primero. siendo también distintos los funcionarios jurisdiccionales a quienes se ha confiado su ejercicio”117. el Tribunal ha establecido lo siguiente: “b) Independencia interna. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . FJ. De conformidad con la premisa señalada. la impartición de justicia también debe quedar inmune a cualquier requerimiento ilegítimo de las autoridades supremas judiciales. Pero. y. en el ejercicio de la función jurisdiccional. numeral 20 de la Constitución.
es decir a la justicia ordinaria. el Tribunal ha señalado que: “[…] La justicia castrense no constituye un ‘fuero personal’ conferido a los militares o policías. en tanto que en el caso del Poder Judicial. FFJJ. no pertenecen al mismo y. Asimismo. salvo la educativa. De ser el caso. 119	Exp. por cuanto. Al respecto. mantienen relaciones funcionales. Fuero Militar. entonces. corresponde a la Corte Suprema del Poder Judicial. sólo los ilícitos penales castrenses pueden ser objeto de juzgamiento en el Fuero Militar y Policial. Por eso. N° 0017-2003-AI/TC. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . En ese sentido. éste debe ser materia de juzgamiento en el Poder Judicial. 97 Este es el caso del artículo 173 de la Constitución que establece como competencia de la jurisdicción militar las infracciones en materias castrenses que cometen los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. dada su condición de miembros de dichos institutos. las jurisdicciones especializadas no son incompatibles con el principio de exclusividad y unidad del Poder Judicial. debe precisarse que el ámbito de funcionamiento de los órganos que imparten justicia especializada se encuentra determinado por estrictos criterios materiales. N° 0017-2003-AI/TC. que puedan afectar la exclusividad y también independencia de su función judicial. 124 y 125. en todo caso. el ámbito de la jurisdicción ordinaria es de naturaleza global o totalizadora. este es competente para conocer de todas aquellas controversias de índole jurídica que no sean susceptibles de ser conocidas y resueltas por los órganos que ejercen jurisdicción especializada. sino un ‘fuero privativo’ centrado en el conocimiento de las infracciones cometidas por estos a los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”119. si el delito cometido por un militar o un policía en actividad es de carácter ordinario o común previsto en el Código Penal. y. con la salvedad que la propia Constitución ha reconocido al Tribunal Constitucional. Jurado Nacional de Elecciones. en unos casos de cooperación. de control jurisdiccional. según el cual los civiles no pueden ser sometidos al juzgamiento del Fuero Militar y Policial. Arbitraje y a las comunidades campesinas y nativas. resolver 118	Exp. FJ. La exclusividad de la función judicial se predica en un sentido de exclusión de otros órganos públicos que pueden atribuirse funciones jurisdiccionales. mientras que el que corresponde a las jurisdicciones especializadas es de naturaleza restringida. En este entendido. para ejercer formal o materialmente funciones jurisdiccionales en las materias de su competencia. Desde esta perspectiva. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA labores privadas. “[…] Al respecto. en otros. determinable a partir de la competencia que la Constitución les ha asignado”118. existe mandato constitucional expreso en el artículo 173. 129.
y mucho más cuando provengan de un órgano distinto. conservando la debida especialidad y conocimiento que amerita el cargo. distintos al judicial.4 Permanencia de los magistrados en el servicio El inciso 3 del artículo 146 de la Constitución reconoce el derecho a todos aquellos quienes tienen la condición de jueces y miembros del Ministerio Público. N° 0017-2003-AI/TC. en la STC N° 0010-2001-AI/TC. FJ. 121	Exp. 35. En este sentido. que tales reglas procesales sean compatibles con los derechos constitucionales de orden procesal”120. A partir de ello. es necesario que se trate de una garantía permanente. “[…] Con ello. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA la contienda de competencia que se pueda formular entre ambas jurisdicciones militar y civil. IV. los jueces no pueden ser separados sin proceso sancionatorio o cuando no sean ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura o las Cortes competentes. Con lo cual queda cuestionado el principio de la inamovilidad judicial. “[…] En ese sentido. N° 0023-2003-AI/TC. de permanecer en el 120	Exp. para preservar la real vigencia de la independencia judicial a la cual se vincula. y. siempre que la ley respectiva así lo determine. Por ello no cabe aceptar la existencia de garantías ‘temporales’ de inamovilidad pues.130. tampoco pueden ser trasladados forzosamente a otro puesto judicial. desde luego. IV. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . así estos hayan cometido los delitos de traición a la patria o terrorismo. FJ. debe considerarse que ejercer un puesto de manera interina acarrea la inseguridad jurídica y la inestabilidad profesional. muchas veces. constituye una garantía para que los jueces puedan desarrollarse dentro de una carrera judicial. los jueces del fuero son personal en servicio activo con lo cual. Los jueces. quedan sujetos a las disposiciones de sus comandos militares o policiales en materia de rotación a otros servicios castrenses. En particular. se estableció que los civiles no pueden ser sometidos al fuero militar. se busca la estabilidad del juez en el cargo y que la carrera judicial esté exenta 98 de cualquier influencia política. en la jurisdicción militar y policial. finalidad que no podría verificarse con las separaciones o traslados no justificados ni establecidos en norma alguna. lo cual les otorga a los magistrados estabilidad laboral en el desempeño regular de sus funciones. afectando el correcto desempeño de las labores encomendadas”121. Además. en principio. como el Poder Ejecutivo.3 Inamovilidad de los magistrados La inamovilidad de los jueces es una garantía de la independencia del Poder Judicial. pues de la interpretación de la segunda parte del artículo 173 de la Norma Suprema sólo se desprende la posibilidad de que en su juzgamiento se apliquen las disposiciones del Código de Justicia Militar.
FJ. no puede ser removido del cargo sino en virtud de causas razonables. Siendo ello así. Por otro lado. FJ. por otro lado. 4.5 Igualdad de armas Este derecho deriva de la interpretación sistemática de los artículos 2. pues inamovilidad significa que nombrado o designado un juez o magistrado conforme a su estatuto legal y. una función de carácter transitorio. Aunque la Constitución no precise un límite de edad para ejercer la función jurisdiccional. inciso 2 (igualdad) y 138. IV. N° 3361-2004-AA/TC. de manera interina. En consecuencia. de las reales motivaciones de tales decisiones”122. en sede constitucional. menos aún. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . Pero no se trata de una garantía absoluta. Esta función es competencia del Consejo Nacional de la Magistratura. como tal. “[…]Sin estabilidad en la función. la protección de derechos que no corresponden a quien no ha sido nombrado conforme a lo establecido en los artículos 150 y 154 de la Constitución. 123	Exp. sin dar cuenta ni a los propios magistrados no ratificados y. Tiene como finalidad garantizar que las 122	Exp. pues tiene dos límites constitucionales de carácter interno y temporal. razón por la cual. y previamente determinadas. de acuerdo a la estabilidad laboral absoluta obtenida gracias a su nombramiento. sino que ejerce. El primero se refiere a la conducta e idoneidad con la que se ejerza el cargo como condición para permanecer en el mismo. […] [R]esultará disfuncional a tales propósitos el hecho de que en los procesos de ratificación. el juez no tendría seguridad para ejercer su cometido de modo imparcial. tasadas o limitadas. no puede pretenderse. se vincula a la ratificación necesaria del magistrado. de la Constitución. la demanda no puede ser estimada”123. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA servicio (judicial) mientras observen conducta e idoneidad propia de la función. constituye una situación que no genera más derechos que los inherentes al cargo que ‘provisionalmente’ ejerce quien no tiene titularidad alguna. N° 06349-2005-AA/TC. 99 ya que esta garantía es permanente hasta la jubilación forzosa por edad. el Tribunal Constitucional ha indicado que: “[…] [L]a suplencia o provisionalidad. ello no significa que los magistrados judiciales puedan ejercer el cargo de manera vitalicia. so pretexto de estar cumpliendo funciones discrecionales o exentas de control. está proscrita la separación inmotivada de la carrera judicial y del puesto de trabajo. transcurridos siete años de ejercicio del cargo. se atente de modo flagrante la garantía de la independencia institucional del Poder Judicial retirando de sus cargos a jueces honestos y comprometidos con la defensa de la Constitución y sus valores. 12. a la ciudadanía. El segundo. inciso 2 (debido proceso).
pues de lo contrario podría imponérsele una carga excesiva. de difícil acreditación e incluso imposible a la otra parte. el demandado o denunciado podría encontrarse en una posición de desventaja respecto de la contraparte en relación a la posibilidad de probar y. Por eso. inciso 2 de la Constitución impediría que frente a un desacato a los precedentes vinculantes del máximo intérprete constitucional éste pueda intervenir a través del recurso natural establecido con tal propósito. c) En tercer lugar. tratándose de una estimatoria de segundo grado. desconociendo los precedentes del Tribunal Constitucional. el Estado tiene la obligación de proporcionar un abogado de oficio.). COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA partes del proceso tengan las mismas oportunidades de alegar. defenderse o probar a fin de que no haya desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra. que puede ser vencido arbitrariamente en segunda instancia. a la posibilidad de defenderse de manera efectiva. sin embargo. esta situación resulta especialmente relevante puesto que una interpretación literal del artículo 202 inciso 2 solo permite acceso al demandante vencedor en segunda instancia. la interpretación propuesta al no optar por un nuevo proceso para reivindicar el carácter de intérprete supremo y Tribunal de Precedentes que ostenta este Colegiado (artículo 1 de su Ley Orgánica y artículo VII del C. Los fundamentos de esta posibilidad son: “[…] a) En primer lugar. Una interpretación literal y restrictiva del artículo 202.P. con ello. como es el recurso de agravio. siempre que esté debidamente capacitado y habilitado. en igualdad de condiciones. la igualdad de armas se manifiesta en tanto el imputado pueda ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento del hecho delictivo que se le imputa. ha optado por la vía Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . es que el imputado se encuentre en estado de indefensión. la defensa del principio de igualdad. impugnar la decisión que podría eventualmente ser lesiva de sus derechos constitucionales y que. Incluso el procesado puede ejercer su propia defensa. Siendo tal el caso. ante la falta de recursos económicos. no tendría acceso a ‘la última y definitiva instancia’. ante el desacato de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional. Tratándose de un proceso de amparo entre particulares. En materia penal. ratione materiae que corresponde al Tribunal Constitucional en los procesos constitucionales de tutela de derechos. de no aceptarse el recurso de agravio. Lo que se busca evitar. b) En segundo lugar. Const. en definitiva. puede proceder un recurso de agravio. Es preciso mencionar que la carga de la prueba corresponde a la parte demandante o denunciante. la posición del Tribunal Constitucional como supremo intérprete y 100 guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales. Esto en la medida en que la interpretación propuesta permite que la parte vencida pueda también. mas nunca al emplazado. intolerable. Ahora bien. y en tanto goce del asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el proceso. y además.
4. “La exigencia de esta naturaleza es atendible desde que resulta indudable que no habiendo interpuesto medio impugnatorio el titular de la acción penal. con autonomía e independencia para hacer cumplir sus precedentes como parte indispensable del orden jurídico constitucional”124. a través de un recurso impugnatorio. por la cual el órgano jurisdiccional que en segunda instancia conoce de un proceso. además. IV. sería tanto como autorizar que el recurrente pueda ser penalizado por el hecho mismo de interponer su recurso. 125	Exp. en su calidad de máximo intérprete constitucional. la Ley N. cuando la impugnación sólo ha sido efectuada por algunas de las partes. N° 00932-2006-HC/TC. El Tribunal actúa de este modo. 124	Exp. el juez de segunda instancia tiene la facultad de aumentar la pena. siempre que ésta guarde relación con la materia de acusación. aumentar el cuántum de la pena. como lo manda la propia Constitución (artículo 201). N° 4853-2004-AA. de ser el caso.el hecho de interponer un medio impugnatorio determina la competencia y alcances de la absolución por el órgano jurisdiccional superior en aplicación del principio de limitación que determina que no puede aumentar la pena que ha sido impuesta si el condenado es el único que ha impugnado la sentencia condenatoria. 37. 126	Exp. dispone que solo cuando un sentenciado solicite la nulidad de la sentencia condenatoria. a la reparación civil. VOLUMEN 1: EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA más efectiva para la ejecución y vigencia de sus propios precedentes.(…)”126. lo que supone introducir un elemento disuasivo del ejercicio del derecho a los recursos legalmente previstos”125. Ello porque -en materia penal. caso en el cual. no puede empeorar la situación del recurrente que ha sido decidida en primera instancia. FJ. Distinto será cuando el propio Estado se encuentre disconforme con la pena impuesta. N° 1918-2002-HC/TC. la sentencia íntegramente aceptada por la parte recurrida. FJ. la instancia decisoria no podrá. la demanda debe ser desestimada. condenar a una persona por un ilícito que no haya sido materia de acusación constituye un agravio a este derecho. 5. en perjuicio y sin audiencia del recurrente. FJ. el Tribunal ha señalado que: “[…] [A]dmitir que el Tribunal que decide el recurso tiene facultad para modificar de oficio. la decisión judicial evacuada debe entenderse como consentida. esto es el Ministerio Público. En relación con el derecho de imponer recursos impugnatorios.6 Garantía de interdicción de la reforma peyorativa de la pena La interdicción de la reformatio in peius o reforma peyorativa de la pena es una garantía del debido proceso implícita. La prohibición de la reformatio in peius se extiende.° 27454 que modifica el artículo 300° del Código de Procedimientos 101 Penales. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . En esta línea. Es decir. En este sentido.
CONCLUSION La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. el derecho a la ejecución de las resoluciones. Ello ha sido así en la medida que el principio/derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional del artículo 139. la permanencia de los magistrados en el servicio. inciso 23 de la Constitución. en materia de los derechos de justicia. Capítulo II: El debido proceso en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional . derecho a la pluralidad de instancias. derecho a la cosa juzgada. militares o electorales. contiene un haz de derechos. derecho a ser juzgado en un plazo razonable. en tanto principio/derecho. inciso 14 de la Carta Fundamental y de naturaleza procesal. la jurisprudencia del TC ha ido desarrollando no solo los derechos al debido proceso y la tutea jurisdiccional. V. publicidad de los procesos. derechos que también son exigibles prima facie en todo proceso. entre otros. Sin perjuicio de lo señalado. así el debido proceso protege el derecho de defensa. prohibición de analogía in malam parte y el acusatorio. consagrado en el artículo 2. con el con el derecho de defensa. Así. otorgando progresivamente nuevos contenidos al debido proceso. derecho al acceso a los recursos. congruencia. mientras que la tutela jurisdiccional protege el derecho al acceso a la justicia. en la medida que el debido proceso ha pasado a formar parte del contenido esencial de los derechos fundamentales. favorabilidad. la igualdad de armas de las partes. conjuntamente con las garantías judiciales que aseguren la independencia judicial. como la exclusividad de la función judicial. COLECCIÓN CUADERNOS DE ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA IV. constituyen el plexo de principios. inciso 3 de la Constitución. pero ello no significa que el juez u órgano jurisdiccional tenga que estimar de manera necesaria toda solicitud interpuesta. entre otros. El derecho a la legítima defensa coadyuva la no puesta en indefensión de los justiciables en la defensa o tutela de sus intereses. la interdicción de la reforma peyorativa de un fallo condenatorio.7 A la legítima defensa El Tribunal Constitucional ha advertido que no debe confundirse este derecho. sino también los principios y las garantías judiciales que la hacen efectiva. derecho a la presunción de inocencia. el derecho a probar. el derecho a la motivación de las resoluciones. básicamente. esto es. el derecho a recurrir de las resoluciones. se ha caracterizado por su desarrollo progresivo. incluidos los procedimientos arbitrales o administrativos. según ha dispuesto la pacífica jurisprudencia del Tribunal Constitucional. previsto en el artículo 139. tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa. los principios de legalidad de ne bis in idem. el derecho a un 102 juez imparcial y predeterminado por la ley. así como de un uso regular del mismo. la inamovilidad de los jueces. garantías y derechos que buscan asegurar que la impartición de justicia asegure la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.
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 artículo 82
 artículo 282
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 artículo 6
 artículo 139
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 artículo 139
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 artículo 139
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 artículo 25
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 artículo 200
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