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Timestamp: 2018-12-11 23:06:42+00:00

Document:
Ley de Defensa de la Competencia Indice de esta Ley
ley 16/1989
#TITULO I De la libre competencia
#TITULO II De los órganos de defensa de la competencia
#Titulo III Del Procedimiento
#DISPOSICION DEROGATORIA
#DISPOSICION FINAL
La competencia, como principio rector de toda economía de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra Sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos que entronca directamente con el artículo 38 de la Constitución.
La Ley se asienta en los sólidos pilares de la experiencia. Por una parte se inspira en las normas comunitarias de política de competencia, que han desempeñado un papel transcendental en la creación y funcionamiento del mercado común. Y, por otra parte, nace con el propósito de superar los defectos que frustraron la plena aplicación de la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia, que ahora se deroga.
Bajo el título primero, «De la libre competencia», se regula en el capítulo primero, «De los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas», un sistema de control flexible de los acuerdos que limitan la competencia en el mercado nacional, y se prohíbe tanto el ejercicio abusivo del poder económico como aquellas conductas unilaterales que por medios desleales sean capaces de falsear sensiblemente la competencia. En el capítulo segundo, «De las concentraciones económicas», se establece un régimen de control de aquellas que, por su importancia y efectos, pudieran alterar la estructura del mercado nacional en forma contraria al interés público. Y en el capítulo tercero, «De las ayudas públicas», se instituye un sistema que permitirá analizar éstas con criterios de competencia y, llegado el caso, prevenir sus efectos indeseables desde la perspectiva de los intereses generales.
La aplicación de la Ley, en cuanto se trata de garantizar el orden económico constitucional en el sector de la economía de mercado, desde la perspectiva de la defensa de los intereses públicos, se encomienda en el título segundo a órganos administrativos: El Tribunal de Defensa de la Competencia, con funciones de resolución, y en su caso, de propuesta, y el Servicio de Defensa de la Competencia, al que se encarga la instrucción de los expedientes. Estos últimos tienen carácter especial, tanto por la esencial complejidad de la materia como por la precisión de dotar al sistema de la independencia necesaria respecto de la Administración activa, todo ello sin perjuicio del control judicial de sus actos.
El procedimiento aplicable que se contempla en el título tercero, acoge los principios de economía, celeridad y eficacia, así como el de garantía de la defensa de los administrados, e incluye aquellos trámites especiales demandados por su propia naturaleza, previéndose la intervención, en determinados supuestos, de las Comunidades Autónomas y del Consejo de las Asociaciones de los Consumidores.
TITULO I De la libre competencia
De los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas
Seccion Primera: De Las Conductas Prohibidas Y De Las Autorizadas
Artículo uno.-Conductas prohibidas
Artículo dos.-Conductas autorizadas por Ley
Artículo tres.-Supuestos de autorización
c) No consientan a las empresas participes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.
Artículo cuatro.-Autorizaciones singulares por el Tribunal
Artículo cinco.-Exenciones por categorías
a) Participen únicamente dos empresas e impongan restricciones en la distribución y/o suministro de determinados productos para su venta o reventa, o en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial o intelectual, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, o
Artículo seis.-Abuso de posición dominante
a) La imposición, de forma directa o indirecta de precios u otras condiciones comerciales o de servicio no equitativos.
d) La aplicación en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
Artículo siete.-Falseamiento de la libre competencia por actos desleales
Artículo ocho.-Por responsabilidad de las empresas controladoras que ejercen influencia dominante
Seccion Segunda: De Las Sanciones
Artículo nueve.-Intimaciones del Tribunal
Artículo diez.-Multas sancionadoras
1. El Tribunal podrá imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllos, que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de hasta 150.000.000 de pesetas, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal.
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.
3. Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica se podrá imponer una multa de hasta 5.000.000 de pesetas a sus representantes legales, o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.
Artículo once.-Multas coercitivas
Artículo doce.-Prescripción de las infracciones y de las sanciones
Artículo trece.-Otras responsabilidades y resarcimiento de daños y perjuicios
Artículo catorce.-Ambito de aplicación
Todo proyecto u operación de concentración de empresas o de toma de control de una o varias empresas por parte de otra persona, empresa o grupo de empresas, siempre que afecte o pueda afectar al mercado español y especialmente mediante la creación o reforzamiento de una posición de dominio, podrá ser remitido por el Ministro de Economía y Hacienda al Tribunal de Defensa de la Competencia para su informe:
a) Cuando se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 25 por 100 del mercado nacional, o de una parte sustancial del mismo, de un determinado producto o servicio, o
b) Cuando la cifra del volumen de ventas global en España del conjunto de los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 20.000.000.000 de pesetas.
Artículo quince.-Notificación voluntaria y autorización tácita
1. Todo proyecto u operación de concentración de empresas o de toma de control podrá ser notificado voluntariamente al Servicio de Defensa de la Competencia por una o varias de las empresas partícipes, previamente o hasta tres meses después de su realización.
La notificación previa no implicará suspensión en la ejecución de la operación antes de su autorización expresa o tácita, aunque en todo caso dicha operación quedará sujeta a lo dispuesto en el artículo 17.
2. Se determinará reglamentariamente la forma y contenido de la notificación, de modo que se garantice la confidencialidad del hecho de su presentación y, en su caso, la de aquella parte de la misma que deba ser reservada.
En la notificación constarán los datos necesarios para poder apreciar la naturaleza y efectos de la operación y, en particular los datos identificativos de los sujetos intervinientes, los balances de la empresa y/o grupos de empresas y sus cuotas respectivas de mercado, la forma y desarrollo de la operación y la situación económica y jurídica resultante de la misma.
3. La notificación de las operaciones de adquisición de acciones admitidas a negociación en una bolsa de valores cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, sea preceptiva la realización de una oferta pública de adquisición, será objeto de procedimiento específico que se determinará reglamentariamente.
4. El Ministro de Economía y Hacienda remitirá al Tribunal los expedientes de aquellos proyectos u operaciones de concentración o de toma de control notificados voluntariamente por los interesados que considere pueden obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, para que aquél, previa audiencia, en su caso, de los interesados dictamine en el plazo de tres meses.
Se entenderá que la Administración no se opone a la operación si transcurrido un mes desde la notificación voluntaria al Servicio, el Tribunal no hubiera tenido conocimiento de la misma, o si éste no hubiera emitido el dictamen previsto en el párrafo anterior en el plazo indicado en el mismo.
El Servicio notificará a los interesados la fecha en que fueren remitidas las actuaciones al Tribunal de Defensa de la Competencia.
Solamente se beneficiarán de las autorizaciones tácitas y plazos señalados en este artículo las operaciones notificadas voluntariamente al Servicio de Defensa de la Competencia.
Artículo dieciséis.-Informe del Tribunal
La apreciación de si un proyecto u operación de concentración o toma de control puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado se basará en un análisis de sus efectos restrictivos, previsibles o constatados, atendiendo principalmente a las siguientes circunstancias:
El Tribunal podrá considerar asimismo la contribución que la concentración o toma de control pueda aportar a la mejora de los sistemas de producción o comercialización, al fomento del progreso técnico o económico, a la competitividad internacional de la industria nacional o a los intereses de los consumidores o usuarios y si esta aportación es suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia.
Artículo diecisiete.-Competencia del Gobierno
El Tribunal de Defensa de la Competencia remitirá su dictamen al Ministro de Economía y Hacienda para que lo eleve al Gobierno, que en el plazo máximo de tres meses podrá decidir:
b) Subordinar su aprobación a la observación de condiciones que aporten al progreso económico y social una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia.
c.1) Ordenar que no se proceda a la misma, en caso de que no se hubiera iniciado.
c.2) Ordenar las medidas apropiadas para el establecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración o la cesación de control.
Artículo dieciocho.-Sanciones
De no cumplirse lo ordenado en aplicación del artículo 17, el Gobierno, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de ejecución previstas en el ordenamiento jurídico, podrá imponer a cada una de las empresas afectadas una multa de hasta el 10 por 100 de su respectivo volumen de ventas en España.
Artículo diecinueve.-Competencia del Tribunal
TITULO II De los órganos de defensa de la competencia
Seccion Primera: De La Organizacion Del Tribunal
Artículo veinte.-Adscripción orgánica del Tribunal; sede y ámbito territorial de su competencia
El Tribunal de Defensa de la Competencia adscrito orgánicamente al Ministerio competente por razón de la materia, ejerce sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.
Artículo veintiuno.-Composición
Artículo veintidós.-Incompatibilidades de sus miembros
Artículo veintitrés.-Causas de cese y suspensión en el ejercicio del cargo
Seccion Segunda: De Las Funciones Y Facultades Del Tribunal
Artículo veinticuatro.-Funcionamiento del Tribunal
Artículo veinticinco.-Competencia
Artículo veintiséis.-Funciones consultivas y de emisión de informes
Artículo veintisiete.-Otras funciones
Corresponde al Tribunal: a) Elaborar su reglamento de régimen interior, en el cual se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus servicios; b) Mantener relaciones con otros Organismos análogos; c) Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones disciplinarias y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus funciones por el Presidente, Vicepresidente y Vocales; d) Nombrar y cesar al Secretario; e) Proponer o, en su caso, informar el proyecto de plantilla del personal al servicio del Tribunal; f) Preparar el anteproyecto de presupuesto general de gastos del Tribunal, y g) Elaborar una Memoria anual.
Artículo veintiocho.-Funciones del Presidente
1. Son funciones del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia: a) Representarlo en las relaciones con otros Organos públicos; b) Convocar el Pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos tres de los Vocales y presidirlo; c) Mantener el buen orden y gobierno del Tribunal; d) Dar cuenta de las vacantes que se produzcan en el Tribunal; e) Conceder licencias y permisos a los Vocales y al personal del Tribunal; f) Ordenar los gastos, y g) Resolver las demás cuestiones no asignadas al Pleno del Tribunal.
Artículo veintinueve.-Sanciones por incumplimiento del deber de suministro de datos
2. El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá imponer multas de hasta 1.000.000 de pesetas a las personas físicas y jurídicas quienes, deliberadamente o por negligencia, no le suministren datos o información o lo hagan de manera incompleta o inexacta.
Seccion Primera: De La Adscripcion Y Funciones Del Servicio
Artículo treinta.-Adscripción orgánica
Artículo treinta y uno.-Funciones
Son funciones del Servicio de Defensa de la Competencia: a) Instruir los expedientes por conductas incluidas en esta Ley; b) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en aplicación de esta Ley; c) Llevar el Registro de Defensa de la Competencia; d) Las de estudio e investigación de los sectores económicos analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos así como la de posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia. Como consecuencia de los estudios e investigaciones efectuadas podrá proponer la adopción de medidas conducentes a la remoción de los obstáculos en que se ampare la restricción; e) Las de información, asesoramiento y propuesta en materia de acuerdos y prácticas restrictivas, concentración y asociación de Empresas, grado de competencia en el mercado interior y exterior en relación con el nacional, y sobre las demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia; f) Las de cooperación, en materias de competencia, con Organismos extranjeros e Instituciones internacionales.
Seccion Segunda: De La Colaboracion De La Administracion Y De Las Facultades Del Servicio De Defensa De La Competencia
Artículo treinta y dos.-Deberes de colaboración e información
1. Toda persona natural o jurídica queda sujeta al deber de colaboración con el Servicio de Defensa de la Competencia y está obligada a proporcionar a requerimiento de este toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley.
Artículo treinta y tres.-Funciones de investigación e inspección
2. Los funcionarios, en el curso de las inspecciones podrán examinar, obtener copias o realizar extractos de los libros, documentos, incluso de carácter contable, y si procediera, retenerlos por un plazo máximo de diez días.
Artículo treinta y cuatro.-Investigación domiciliaria
Seccion Tercera: Del Registro De Defensa De La Competencia
Artículo treinta y cinco.-Carácter público del Registro y actos inscribibles
Titulo III Del Procedimiento
Del Procedimiento En Materia De Acuerdos Y Prácticas Prohibidas Y Autorizadas
SECCION PRIMERA: DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL SERVICIO
Artículo treinta y seis.-Iniciación del procedimiento
Artículo treinta y siete.-Instrucción del expediente sancionador.
Los hechos que pueden ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los presuntos infractores para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes, y cerrado el período probatorio, efectuar en el plazo de diez días su valoración.
Artículo treinta y ocho.-Instrucción del expediente de autorización
1. El procedimiento para autorizar los acuerdos decisiones recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 3 se iniciará a instancia de parte interesada.
2. Iniciado un expediente para la constatación de la existencia de acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas prohibidas en el artículo los interesados podrán pedir que se declaren autorizados de conformidad con el artículo 3.º
Seccion Segunda: Del Procedimiento Ante El Tribunal De Defensa De La Competencia
Artículo treinta y nueve.-Admisión a trámite del expediente
Artículo cuarenta.-Fase probatoria del expediente
Artículo cuarenta y uno.-Vista o escrito de conclusiones
Artículo cuarenta y dos.-Diligencias para mejor proveer
2. La providencia que las acuerde establecerá el plazo en que deban practicarse, siempre que fueran posible fijarlo, y la intervención que los interesados hayan de tener.
Artículo cuarenta y tres.-Audiencia del Instructor y resolución del expediente
Se oirá en todo caso al Instructor cuando el Tribunal, al dictar resolución, estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por el Servicio, al ser susceptible de otra calificación. La nueva calificación se someterá a los interesados para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para resolver.
Artículo cuarenta y cuatro.-Concurrencia con procedimiento ante los Organos comunitarios
1. El Tribunal podrá aplazar la resolución, petición de parte, si se acreditase documentalmente que se está siguiendo un procedimiento por los mismos hechos ante los Organos comunitarios. La suspensión se alzará, cuando se hubiese dictado por aquéllos resolución firme. La parte que hubiese alegado la excepción deberá comunicar al Tribunal la decisión adoptada, en el plazo de un mes a partir del día en que hubiese tenido conocimiento de aquélla.
Seccion Tercera: De Las Medidas Cautelares
Artículo cuarenta y cinco.-Clases y procedimiento para acordarlas
5. El Servicio podrá proponer al Tribunal, de oficio a instancia de parte, en cualquier momento del expediente, la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieran ser conocidas al tiempo de su adopción.
Seccion Cuarta: De Las Resoluciones Del Tribunal
Artículo cuarenta y seis.-Contenido, aclaración y publicidad
Seccion Quinta: De Los Recursos
Artículo cuarenta y siete.-Recurso contra los actos de archivo y de trámite dictados por el Servicio
Artículo cuarenta y ocho.-Trámites y resolución
Artículo cuarenta y nueve.-Recursos contra las resoluciones del Tribunal
Artículo cincuenta.-Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo cincuenta y uno.-Colaboración de las Administraciones Públicas
1. Todas las Administraciones Públicas están obligadas a suministrar información o emitir los informes que se les soliciten.2. El Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia, en cualquier fase del procedimiento, podrán recabar la colaboración de las Comunidades Autónomas. A tal efecto se les dará traslado de las actuaciones integrantes del expediente que sean relevantes para la adecuada prestación de la colaboración recabada.
Artículo cincuenta y dos.-Deber de secreto
Artículo cincuenta y tres.-Tratamiento de información confidencial
Artículo cincuenta y cuatro.-Recaudación en vía ejecutiva
Artículo cincuenta y cinco.-Prejudicialidad del proceso penal
La instrucción de proceso penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la resolución del expediente administrativo que hubiera sido incoado por los mismos hechos
Primera.-1. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas comprendidas en el artículo 1 de esta Ley y existentes a la entrada en vigor de la misma, respecto de los cuales los interesados pretendan obtener la autorización a que se refiere el artículo 4, deberán ser comunicados al Servicio de Defensa de la Competencia a los efectos establecidos en el artículo 38, en el plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
Segunda.-Las inscripciones practicadas en el Registro de Prácticas Restrictivas de la Competencia creado por la Ley 110/1963 pasarán a formar parte del Registro a que se refiere el artículo 35.
Tercera.-Los expedientes ya iniciados antes de la vigencia de esta Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
Cuarta.-La primera renovación de los Vocales, del Tribunal de Defensa de la Competencia se producirá por sorteo a la entrada en vigor de esta Ley.
Quinta.-Hasta que se apruebe la disposición legal oportuna, las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia serán impugnables directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Quedan derogados la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia y, en lo que se opongan a la presente Ley, los Decretos 538/1965, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia, 422/1970, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional y de procedimiento del Servicio de Defensa de la Competencia; 3564/1972 de 23 de diciembre, por el que se modifican y refunden determinados artículos del Reglamento del Servicio de Defensa de la Competencia; la Orden de 28 de septiembre de 1973, por la que se desarrolla el artículo 9 del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia; el artículo 4 del Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas, y los Reales Decretos 2574/1982, de 24 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia, y 1936/1985, de 9 de octubre, por el que se actualiza el Estatuto de los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia.

References: artículo 38
 artículo 4
 resolución 
 artículo 17
 artículo 60
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 38
 artículo 35
 artículo 9
 artículo 4