Source: http://andradeveloz.com/blog.php?idio=esp&idSubCap=286
Timestamp: 2019-05-20 07:21:20+00:00

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El crowdfunding o financiamiento participativo es un método de formación de capital para financiamiento por medio de recaudaciones a través de plataformas de Internet, usualmente páginas web, u otros medios electrónicos como aplicaciones móviles. Los promotores, que pueden ser empresas nuevas, y también personas naturales, promocionan en las plataformas sus proyectos, que pueden ser emprendimientos o la gestión de una causa social.[1] Las plataformas, a su vez, reciben, seleccionan y publican proyectos que requieren de financiamiento participativo, y los promueven por diversos medios. [2]
Siguiendo la tendencia mundial, en el Ecuador un creciente número de proyectos buscan financiamiento, en particular para la ejecución de proyectos de emprendimiento e innovación. Los fondos del financiamiento participativo podrían suplir o complementar la falta de fondos de inversión, y aquellos de capital semilla y de riesgo, que son necesarios para el desarrollo del emprendimiento.
Similar a lo que ha ocurrido en otros países de la región y el mundo, en Ecuador han empezado su funcionamiento plataformas de crowdfunding. La tecnología y el espíritu emprendedor avanzan más rápido que la legislación, a veces a pesar de los riesgos que implica. En Estados Unidos de América y en España, por ejemplo, pasó una década hasta el desarrollo de normativa específica para el uso del financiamiento participativo. En esos casos fue indispensable las reformas debido al significativo surgimiento de plataformas.
Actualmente, en el Ecuador, las plataformas han iniciado sus actividades con las mismas incógnitas que en los referidos países y como en otros también. Por el momento no han existido modificaciones a la legislación para facilitar el uso del crowdfunding. Sin embargo, en el Ecuador es posible la aplicación del crowdfunding con la legislación nacional vigente sin necesidad de reformas para su desarrollo.
Entrando en materia, es necesario conocer que a través de las plataformas los promotores de proyectos solicitan fondos con el objetivo de apoyar o invertir en un emprendimiento, apoyar una causa social u objetivo específico. El financiamiento participativo se realiza mediante cuatro medios: i) donaciones por sí, o ii) a cambio de recompensas a favor de quien realiza la donación; iii) la emisión de valores y participaciones sociales para quien gusta realizar una inversión en un emprendimiento; o, iv) préstamos con o sin interés como medio de crédito. A continuación se analizan cada una de estas formas con un análisis de su viabilidad legal en el Ecuador, desde la perspectiva de las plataformas electrónicas que gestionan el financiamiento participativo.
El crowdfunding se puede realizar a través de donaciones al promotor que lo solicita, sea para el desarrollo de un emprendimiento o el apoyo para una causa social. Es así que a través de la donación no se consolida la figura del inversionista sino del donante. Por tanto, quien realiza una donación a través de la plataforma no lo realiza con el propósito de buscar algo en retorno.
Las donaciones en Ecuador no generan carga tributaria cuando su valor no supera los US $ 71 220,00; cualquier valor en adelante deberá tributar la tarifa establecida para el impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas.[3] Por lo tanto, se podrá realizar donaciones hasta por este valor a través de la plataforma sin pago de tributo. De tal manera, la donación se convierte en el mecanismo de aporte más sencillo, menos costoso, y con ninguna dificultad legal para una plataforma de crowdfunding.
La plataforma podrá recibir los fondos provenientes de donaciones, en una cuenta propia para luego de completar la recaudación remitir los fondos totales, descontando su tarifas y tasas, al promotor mediante una transferencia única. Estas transferencias no recaen en la figura legal de la captación de fondos, ya que la donación es un contrato establecido en la legislación nacional.
El crowdfunding de recompensa, llamado de ‘rewards’, se refiere a la entrega de valores a través de una plataforma para un propósito, emprendimiento o causa social, a cambio de un bien o servicio específico. Usualmente, la recompensa consiste en la entrega o la prueba de un prototipo de producto inédito cuyo valor es menor.
Si se considerasen como compraventas a los intercambios que se realiza por medio de un crowdfunding de recompensa, la entrega de dinero a cambio de una recompensa, éstos serían gravables con el impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, en términos prácticos se podría obviar el pago del impuesto realizando dos donaciones independientes, uno por parte del donante del valor al emprendedor, y otra por parte del emprendedor al donante del bien o servicio. Así, para no gravar IVA las donaciones no deben tener un valor mayor a US $ 71 220,00. Es por tanto viable para una plataforma en el Ecuador el realizar crowdfunding de recompensas a través de una doble donación.
En cuanto al crowdfunding de participación, conocido como ‘equity’, es el de mayor interés por ser aquel para realizar una inversión. En este medio los inversionistas, usualmente con experiencia en el mercado, realizan una compra de acciones o participaciones en una compañía constituida o por constituirse, la cual realiza un emprendimiento. En este tipo de crowdfunding no existe la filantropía, sino la búsqueda exclusiva de un retorno por una inversión.
En el caso del Ecuador este tipo de crowdfunding no está previsto de forma exclusiva y se debe considerar el uso de medios existentes en la legislación para su ejecución por medio del: i) Registro Especial Bursátil (REB)[4], y ii) contrato de promesa de compra venta de acciones o participación.
El Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) crea el REB como un segmento permanente del mercado bursátil en donde se pueden negociar únicamente valores de las empresas pertenecientes al sector Pymes y de las organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS), con miras a cubrir sus necesidades de recursos de corto y largo plazo.
De acuerdo a las Normas del REB[5], por Pymes se entiende las empresas con ventas anuales de US $ 100 mil hasta US $ 1 millón, o aquellas constituidas como sociedades mercantiles anónimas. Así también, para el REB las organizaciones de la EPS serán las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 y 2, y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.
Por lo tanto, se excluye de la posibilidad de emitir valores para financiamiento bajo el REB a las empresas nuevas, conocidas como ‘start ups’, y a las organizaciones del sector real de la EPS[6]. Esta disposición deberá ser revisada oportunamente por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y considerar la posibilidad de incluir a las compañías sin registro de ventas o facturación y a las organizaciones del sector real de la EPS.
Así también, las Normas del REB disponen quien puede participar como inversionista, permitiendo solamente a aquellos que estén calificados o a los institucionales.[7] Las casas de valores determinan su categorización como calificado y deberán los inversionistas suscribir una declaración de haber sido informado de su categoría y de los emisores y valores del REB.[8]
Ahora bien, para el uso del REB solamente las casas de valores podrán realizar intermediación de valores. Por lo tanto, aquellas plataformas de crowdfunding en el Ecuador que busquen realizar ‘equity’ deberán ser casa de valores. De acuerdo al COMF, éstas deben estar constituidas como compañías anónimas ante la Superintendencia de Compañías con objeto de intermediación de valores, con capitales mínimos altos. Las casas de valores, de acuerdo al artículo 58 ibídem, realizan compra y venta de valores a nombre de un tercero o por cuenta propia (intermediarios de valores). Pueden también ofrecer asesoría en negociación y estructuración de portafolios de valores. En este sentido, las casas de valores podrían crear una plataforma de crowdfunding de ‘equity’.
Sin embargo, de considerarse demasiado oneroso el uso del REB, tanto para emisores como para inversionistas, se podrán utilizar mecanismos alternativos para gestionar el otorgamiento de participaciones. Aquella posibilidad práctica podría ser que la plataforma de forma automática y electrónica emita un contrato de promesa de compraventa de acciones[9], mediante la cual se obligue la compañía promotora con el inversionista a entregar participaciones a cambio de la inversión.
El crowdfunding puede realizarse también a través de préstamos, como es el caso de varias plataformas a nivel internacional. Sin embargo, en estos casos se pierde el concepto de financiamiento participativo puesto que los promotores no necesariamente buscan apoyo del ‘crowd’, el público. Más bien, en el ‘crowdlending’ el promotor busca uno o más préstamos a través de una serie de modalidades, con o sin interés.
En el Ecuador la legislación civil dispone la posibilidad que entre privados se suscriban contratos de mutuo, o de préstamo de consumo [10]. Incluso se podrá otorgar préstamos con interés, de acuerdo a los términos que establezca la Ley[11]. Más comúnmente las instituciones del sistema financiero otorgan créditos bajo el interés determinado por la autoridad competente. Surge también la oportunidad que las plataformas en sí se conviertan en prestamistas, o simplemente que realicen la gestión de vincular al promotor y al prestamista.
Es así que el financiamiento participativo, o crowdfunding, es posible en el Ecuador desde la perspectiva de las plataformas que la gestionan sea por sus medios o como intermediarios, y de igual manera para los promotores, donantes e inversionistas que buscan apoyar emprendimientos y causas sociales. Su viabilidad no impide la posibilidad de plantear la expedición de normativa específica mediante reformas a disposiciones existentes o normativa nueva que consolide todo ámbito del crowdfunding. Para este propósito existe a nivel internacional experiencia y se podrá tomar como referencia sus textos y los efectos en la materia.
[1] Comúnmente se busca apoyo para causas sociales, sin embargo en la actualidad se utiliza para objetivos tan variados como una minga barrial o el financiamiento del seguimiento a un proceso judicial específico.
[2]Las plataformas podrán también establecer canales de comunicación para facilitar la búsqueda de financiamiento para los proyectos ingresados a las plataformas de financiación participativa; ofrecer servicios auxiliares, para el propósito principal de lograr el financiamiento participativo. Podrán asesorar en marketing y publicidad para la publicación del proyecto en la plataforma. Ofrecen también canales de comunicación entre inversionistas y promotores, y presentan información respecto a la evolución del proyecto y, de ser el caso, su situación societaria. Sin caer en el asesoramiento financiero analizan los proyectos en base a sus riesgos y variables para los inversionistas, actividades reservadas por empresas de servicios de inversión o entidades de crédito.
[3]Ley de Régimen Tributario Interno y Resolución del SRI 3195. Actualícense los rangos de las tablas establecidas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas, herencias, legados y donaciones para el 2016. Registro Oficial Suplemento 657 de 28-dic.-2015.
[4]Código Orgánico Monetario y Financiero CAPITULO II - REGISTRO ESPECIAL BURSATIL (REB) Nota: Capítulo agregado con sus artículos sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 249 de 20 de Mayo del 2014.
[5]Normas Aplicables al Registro Especial Bursátil - REB. Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera 210. Registro Oficial 724 de 1 abril 2016.
[6]Las organizaciones del sector real de la EPS, tales como las organizaciones comunitarias, asociaciones, y las cooperativas de producción, consumo, vivienda, servicios
[7]Los institucionales son las instituciones del sistema financiero públicas o privadas, las instituciones de seguridad social, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cooperativa de ahorro y crédito, cajas centrales, compañías de seguros y reaseguros, corporaciones de garantía y retrogarantía, y las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos. También la Junta podrá determinar a otras personas jurídicas que tengan como giro principal realizar inversiones en valores u otros bienes con un volumen en transacciones anual o portafolio sobre los $20 millones.
[8]Como calificados se entiende a aquellos que “cuenten con experiencia y/o conocimientos necesarios para comprender, evaluar y administrar de forma adecuada los riesgos que conlleva cualquier decisión de inversión en materia de mercado de valores.”
[9]Ley de Compañías, Artículo 165.
[10]Código Civil, Artículo 2099.
[11]Código Civil, Artículo 2109.

References: artículo 58
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 165
 Artículo 2099
 Artículo 2109