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Timestamp: 2020-05-27 22:48:37+00:00

Document:
STC 11/1984, 2 de Febrero de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034687
STC 11/1984, 2 de Febrero de 1984
Fecha de Resolución: 2 de Febrero de 1984
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 241/1982
1. La indisponibilidad de las competencias hace imposible entender que la tácita aquiescencia de su titular a un acto ajeno que las desconozca o vulnere pueda ser entendida como renuncia, de manera que esa misma competencia puede ser, por tanto, reivindicada en el futuro, en los plazos y en la forma que la LOTC establece, con ocasión de cualquier otro acto que implique su ejercicio, aunque este nuevo acto no sea sino derivación o consecuencia de aquél frente al que no se reaccionó oportunamente. 2. En el conflicto entre entes no resulta indispensable que el ente que plantea el conflicto recabe para sí la competencia ejercida por otro; basta con que entienda que una disposición, resolución o acto emanados de otro ente no respeta el orden de competencias establecido por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las Leyes Orgánicas correspondientes y, en el caso de las Comunidades Autónomas, además, que tal disposición, resolución o acto afecten a su propio ámbito de autonomía. 3. En el conflicto positivo de competencias pueden distinguirse dos aspectos distintos, en cuanto que, a través de él, se pretenden, de una parte, la anulación de la disposición, resolución o acto que se estiman viciados de incompetencia y de la otra una declaración acerca de la existencia o no de la competencia utilizada para producirlos y, eventualmente, acerca de la titularidad de dicha competencia. 4. Es obvio que cada uno de los territorios históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco son entes jurídicamente distintos y autónomos entre sí, dotados cada uno de su correspondiente esfera de intereses y de las competencias necesarias para su gestión, sin perjuicio de las relaciones funcionales existentes entre ellos y entre cada uno de ellos y el Estado. 5. Las fuentes de las que nacen las competencias de los territorios históricos, por un lado, y de las Comunidades Autónomas, por otro, son necesariamente distintas. Los territorios forales son titulares de «derechos históricos» respetados, amparados y sujetos a actualización en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, por lo que la delimitación de sus competencias podrá exigir una investigación histórica acerca de cuáles sean tales «derechos». En cuanto a las Comunidades Autónomas, sus competencias son las que éstas, dentro del marco constitucional, hayan asumido mediante sus respectivos Estatutos de Autonomía, por lo cual habrá que acudir a la Constitución, a estos Estatutos y a otras posibles normas delimitadoras de competencias dictadas en el marco de las anteriores, para saber cuáles son las correspondientes a cada Comunidad. 6. Las competencias de cualesquiera Comunidad Autónoma en materia de emisión de deuda pública deben ser enmarcadas en los principios básicos del orden económico constitutivos o resultantes de la denominada «Constitución económica» y especialmente, por lo que se refiere al ámbito de la actividad financiera pública, deben ajustarse al principio de coordinación de las Haciendas de las Comunidades Autónomas con la Hacienda estatal, enunciado en el art. 156.1 de la C.E. 7. La actualización del régimen foral a que se refiere la disposición adicional primera de la Constitución -actualización que ha de enmarcarse no sólo en el marco del Estatuto de Autonomía, sino también, y principalmente, en el de la Constitución- sólo es aplicable a los derechos históricos de los territorios forales y en modo alguno a las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. 8. La coordinación de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas no se agota en la emisión de informes no vinculantes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que la integración de la diversidad de las partes en un conjunto unitario, perseguida por la actividad de coordinación, exige la adopción de otras medidas, entre las que está, en el presente caso, la de autorizar las emisiones de deuda pública.
Sentencia citada en: 487 sentencias, 38 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas, una noticia
En el conflicto positivo de competencia núm. 241/1982, planteado por el Gobierno vasco, representado por el Abogado don Javier M. Z., frente al Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco para emitir deuda pública por un importe de 5.250 millones de pesetas. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco R. L., quien expresa el parecer del Tribunal.
C) El representante del Gobierno vasco se refiere a continuación a la competencia de los territorios históricos para emitir deuda pública. Tras aludir al régimen jurídico general aplicable a los territorios históricos -el mismo que el de los órganos e instituciones de las provincias, con las modulaciones introducidas por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Concierto Económico, así como otras normas de distinta importancia- al régimen de las emisiones de deuda pública por parte de las Corporaciones Locales -las que no precisan de autorización para concertar préstamos cuando se dan determinados requisitos, aunque sí precisan de autorización de la Dirección General de Política Financiera en lo referente a las fechas y folletos de emisiones de deuda pública- expone dicho representante el régimen especial de los territorios históricos en materia de emisión de deuda pública. Parte para ello de la evolución histórica iniciada por el artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, regulador de un concierto económico, el cual dispuso que «las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continuaran investidas, así en el orden administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo». Tales facultades fueron declaradas subsistentes en el concierto económico contenido en el Real Decreto-ley de 24 de diciembre de 1926, así como en el concierto económico de Alava aprobado por Decreto de 29 de febrero de 1952; mientras que el concierto con Alava aprobado por el Real Decreto de 26 de noviembre de 1976 no hace mención expresa de las facultades indicadas, aunque determinada expresión de la exposición dé motivos de dicho Real Decreto obliga a pensar -a juicio del representante del Gobierno vasco- en una voluntad de respeto de las mismas. Posteriormente, por Reales Decretos 122, 123 y 124/1979, de 26 de enero, se atribuyó a las Juntas Generales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, respectivamente, la competencia para aprobar definitivamente determinadas operaciones financieras y de crédito. Por último, la Ley 12/1981, de 13 de mayo, aprobadora del concierto económico con el País Vasco en su disposición adicional tercera , en virtud de la actualización prevista en la disposición adicional primera de la C.E., declara subsistentes las facultades reconocidas a las Diputaciones Forales de Alava, Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya en el orden económico y administrativo por el art. 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, «sin perjuicio de las bases a que hace referencia el art. 149.1.19 de la Constitución». Con respecto a la extensión del contenido del art. 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, manifiesta el propio representante del Gobierno vasco que la escasez de bibliografía sobre emisiones de deuda u otro tipo de endeudamiento y sobre la autonomía financiera de las Diputaciones vascas con anterioridad a 1906 dejan sin la necesaria respuesta las cuestiones referentes a cuáles eran las facultades reconocidas en el indicado art. 15 y si incluían también las referentes a aspectos financieros y de endeudamiento, por lo que considera significativa la trayectoria de Alava al respecto. Tras sostener -a pesar de lo dispuesto por el art. 41 del Estatuto de Autonomía y de que el régimen de concierto en cuanto tal sólo regulaba cuestiones tributarias- que el art. 37.2 de tal Estatuto permite afirmar que el contenido del concierto económico puede extenderse a aspectos financieros, y tras referirse a un intercambio de notas e informes -cuyas copias se acompañan- entre la Diputación Foral de Alava y la Junta de Inversiones del Ministerio de Hacienda en relación con la deuda emitida por la primera en 1976, así como el alcance y legalidad de los Reales Decretos de 26 de enero de 1979, concluye el representante del Gobierno vasco señalando la posibilidad de afirmar que los territorios históricos tienen competencia plena en materia de endeudamiento.
10. El Abogado del Estado, mediante escrito de 27 de octubre de 1982, alegó que la documentación aportada permite concluir que la utilización del «argumento foral» en pro de la exoneración de la Diputación alavesa de la autorización estatal en sus apelaciones al crédito público es reciente : se produce a partir de dos informes de la Dirección Técnica de Servicios Forales en 1976-1977. La documentación correspondiente a las emisiones de 1911, 1929 y 1935 nada prueba, a juicio del Abogado del Estado, sobre el problema de tal «exención foral». Mientras que en el expediente relativo a la emisión de 1958 se encuentra una Orden Ministerial a la que parece atribuirse un significado de autorización. Terminó insistiendo en que, cualquiera que fuese la solución sobre el régimen de las emisiones de la Diputación alavesa, de ello no cabe inferir la inaplicación del art. 14.3 de la L.O.F.C.A. a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma vasca, sus competencias en materia de emisión de su propia deuda pública son las que expresamente se deriven de los arts. 42 e) y 45 de su Estatuto, así como de los preceptos de la Constitución y de la L.O.F.C.A. aplicables en tal materia. Es, pues, ocioso pretender basar tales competencias en los derechos históricos de unos entes distintos, los territorios forales. La competencia de las Comunidades Autónomas para emitir deuda pública fue ya reconocida implícitamente por la Constitución en favor de todas las Comunidades Autónomas, al dotarlas mediante su art. 156 de autonomía financiera y al prever en su art. 157.1 e), como uno de sus recursos financieros, los constituidos por «el producto de las operaciones de crédito». También la L.O.F.C.A. en sus arts. 4.1 f)y 14, ha reconocido tal competencia con carácter general a las Comunidades Autónomas. Por lo que puede afirmarse que, en principio, las competencias de la Comunidad Autónoma vasca en tal materia no difieren -salvo posibles peculiaridades derivadas de sus respectivos Estatutos de Autonomía- de las atribuidas a cualesquiera de otras Comunidades Autónomas.
SAN, 15 de Julio de 2010
ATC 14/1991, 15 de Enero de 1991
SAP Murcia 343/2006, 12 de Septiembre de 2006

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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