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Timestamp: 2020-01-26 10:10:33+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 12, de 06/03/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 12
- Resolución de la Comisión Mixta sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM) (2011) 897 final) [2011/0437 (COD)] [SEC (2011) 1588 final] [SEC (2011) 1589 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000082 y número de expediente del Senado 574/000018.) ... (Página2)
- Resolución de la Comisión Mixta sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración (COM) (2011) 751 final) [2011/0366 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000083 y número de expediente del Senado 574/000016.) ... (Página7)
- Resolución de la Comisión Mixta sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de asilo y migración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis (COM) (2011) 752 final) [2011/0367 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000085 y número de expediente del Senado 574/000017.) ... (Página9)
Se abre la sesión a la una y treinta y cinco minutos de la tarde.
- RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) (COM) (2011) 897 FINAL) [2011/0437 (COD)] [SEC (2011) 1588 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000082 y número de expediente del Senado 574/000018.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la tramitación del orden del día, que ya conocen. El primer punto es el debate de la resolución de la Comisión Mixta sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Han presentado dictamen al citado proyecto el Parlamento vasco, las Cortes de Aragón y la Asamblea de Extremadura. Intervendrá, en primer lugar, don José López Garrido, ponente designado por la Mesa y portavoces en la reunión que tuvimos el pasado 15 de febrero de 2012. Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Como rectificar es de sabios, empiezo con una rectificación. En el punto sexto del dictamen donde se cita al Parlamento escocés debería referirse a la Convención de Autoridades Locales Escocesas. Ha sido un lapsus del ponente que les ruego rectifiquen, porque así saldrá ya en el dictamen si es aprobado. Les repito que está en el punto sexto en el último párrafo en la referencia que se hace al Parlamento escocés.
Empiezo ya, señor presidente, con una resumida intervención respecto a la motivación de este informe. Cuando por iniciativa de la Unión Europea se introduce una directiva respecto a la legislación tenemos la obligación de considerarla una situación excepcional. Estamos hablando de una directiva de contratos de concesión que no forma parte de las competencias que le están atribuidas a la Unión en exclusiva. Es una competencia compartida con los Estados miembros y debemos hacer un análisis desde el punto de vista de la excepcionalidad y, por tanto, debemos pedir también que la Unión -es este caso la Comisión- justifique más que sobradamente el porqué de esa intervención en aspectos que, como digo, corresponden a competencias compartidas. Como quiera que la materia de concesiones no está regulada por la Unión, la Comisión Europea en este caso entiende que hay un vacío legal y que existe cierta conflictividad jurídica por la disparidad de regulaciones. Entiende también -y eso justifica la intervención- que en algunos casos se producen graves dificultades de acceso a los recursos. Por ello promueve esta iniciativa de directiva sobre los contratos de concesión.
Quiero recordar a sus señorías que en fecha tan próxima como el 25 de octubre de 2011 se aprobó la resolución del Parlamento Europeo sobre la modernización de la contratación pública y el Parlamento de manera muy categórica subraya en esa resolución que la exclusión de las concesiones de servicios del ámbito de las normas europeas relativas a la contratación pública existe, reitera que ha de tenerse debidamente en cuenta tanto la complejidad de estos procedimientos como las diferencias existentes entre los Estados miembros en materia de cultura y práctica jurídica con respecto a la concesión de servicios, insiste la resolución que una propuesta de acto legislativo procedente de la Unión relativa a la concesión de servicios solo estaría justificada si tiene por objeto corregir posibles distorsiones de funcionamiento del mercado interior y resalta el Parlamento que hasta aquel día -estamos hablando del 25 de octubre de 2011- no se había observado ninguna distorsión de este tipo.
En el análisis de la fundamentación material que plantea la Comisión Europea respecto a la existencia de estas posibles distorsiones del mercado, en el primer apartado que he introducido -que es el de la falta de regulación, la mala definición de este tipo de contratos, que existan vacíos, etcétera- indico que desde el punto de vista de nuestro país no podemos considerar que esto sea así; y añado que tampoco lo consideran otros países en sus correspondientes
ámbitos jurídicos. En nuestro caso la normativa de contratación pública entendemos que está perfectamente homologada y adaptada a la de la Unión Europea. Además, he de añadir que en la investigación que este ponente realiza para informar ante esta Comisión cuando se va al enlace que propone la Comisión Europea para ver los cuestionarios y las respuestas a los cuestionarios por parte de distintas autoridades públicas y también por parte de empresas privadas, desde el punto de vista de las autoridades públicas nos encontramos con que en su mayor parte no se plantean siquiera que exista el problema, mucho menos tener que abordarlo mediante una solución de este calado. Por eso en el inicio de mi intervención me refería al cuestionario remitido por la Convención de Autoridades Locales Escocesas, como me refiero también al del Ministerio de Comercio Exterior de Portugal o al del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Al menos donde hay tradición jurídica de este tipo de contratos de concesión no parece que se pueda hablar de que exista ningún vacío legal. Otra cosa es si hablamos de países que formaban la Europa del Este. Ahí está un breve y escueto informe del Estado eslovaco, en donde se dice que vendría muy bien, pero no parece que allá donde hay tradición pueda ser así. Empresas con profunda experiencia -añado- en este tipo de contratos en el marco europeo, como la española Abertis o como la francesa Suez Environnement, dicen que el estado de cosas actual no les impide funcionar con normalidad dentro del ámbito europeo.
Considera la Comisión que hay una gran dispersión de normas, y yo creo, por eso lo contemplo en mi dictamen, que es obligado recordar de nuevo esta resolución del Parlamento Europeo, del 25 de octubre, cuando señala que ha de tenerse debidamente en cuenta la complejidad de los procedimientos, como las diferencias existentes entre los Estados miembros en materia de cultura y prácticas jurídicas. Además, estoy seguro de que el Parlamento lo recuerda desde la óptica del punto segundo del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, que afirma que la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así como su identidad nacional inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos; también en lo referente a la autonomía local y regional. De manera que me da la impresión, y así lo planteo, que la propuesta lo que identifica como problema no es más que la diversa realidad que existe dentro de los países de la Unión Europea y que no constituye per se una barrera al mercado que exista distinta legislación. Además, no parece que sea un motivo suficiente cuando manifiestamente se ha planteado que se mantenga ese respeto a esta legislación y a esta cultura jurídica de cada uno de los países. Desde mi punto de vista -insisto- la propuesta no está motivada, al menos con la contundencia que merecería poder darle el visto bueno sobre el análisis de subsidiariedad, y por tanto la propuesta que traigo es que se informe desfavorablemente en cuanto al cumplimiento de tal principio.
El señor PRESIDENTE: A continuación, se abre un turno, de querer ser utilizado, de portavoces. (Pausa.) Si no hay otra petición de palabra, se la daría al señor Jáuregui por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Querría empezar por señalar, presidente, a todos los miembros de la Comisión que tenemos un problema de procedimiento que me parece importante. Tenemos que emitir informe sobre una cuestión tan seria como es si el Parlamento español considera que esta directiva y otras muchas que nos llegan habitualmente vulneran el principio de subsidiariedad o no.
Quiero empezar por plantear un problema de procedimiento sobre la manera en la que vamos a actuar en esta materia. Por ejemplo, me pregunto -y esto es algo que tendríamos que tenemos claro- si emitimos informe de subsidiariedad sobre todas las directivas o propuestas de reglamento que nos transmiten la Comisión, el Consejo o el Parlamento, según quien tenga la iniciativa legislativa. Creo que no, más bien de muy pocos. Primer problema. De los que no emitimos información sencillamente no decimos nada, lo que ya devalúa en cierto modo el papel que en esta materia ejerce el Parlamento español respecto a esta nueva facultad que el Tratado de Lisboa proporcionó a los parlamentos nacionales, que es la capacidad de decidir, como muy bien ha dicho el ponente, su punto de vista respecto a si hay una vulneración o no del principio de subsidiariedad. Primera pregunta, presidente. ¿Esto vamos a hacerlo solo con algunas o vamos a hacerlo con todas? Si lo hacemos con todas, mi pregunta es quién hace los informes. Sé que el señor López Garrido fue adjudicado por la Mesa para que emitiera este informe, que hemos recibido ayer por la noche y seguramente así será siempre. Pregunto a las señoras y a los señores diputados y senadores que están aquí presentes si se sienten con capacidad de emitir una opinión respecto a este informe, más allá de la brillante exposición que ha hecho el ponente. Seguramente no lo han podido leer. Yo lo he podido leer esta mañana apresuradamente, y ya anuncio que seré particularmente prudente en mis opiniones porque no cuento con la capacidad de conocimiento que tiene el señor ponente, pero los demás miembros seguramente tampoco han podido verlo con más tiempo, y, sin embargo, vamos a dar una opinión muy importante, y es que España considera que esta directiva vulnera el principio de subsidiariedad.
La siguiente pregunta es si adjudicando todos los temas que nos lleguen a varios ponentes, porque llegan muchos, vamos a tener capacidad nosotros solos de elaborar los informes correspondientes. Es decir, cuáles son los servicios jurídicos de la Cámara para que podamos emitir esos informes con conocimiento, con
capacidad de análisis jurídico, que ciertamente no es fácil. Por eso, yo planteo un problema de método porque me parece interesante que lo hagamos con seriedad al comienzo de la legislatura, ya que esto -repito- va a llegar en cascada. Yo creo que como Comisión tenemos que decidir cómo vamos a tratar este asunto.
Entrando en el tema que nos trae, señor presidente, solo quisiera hacer dos comentarios, con mucha prudencia, señor López Garrido, porque insisto en que su criterio seguramente está mucho más fundamentado que el que yo pueda exponer aquí, pero déjeme que le indique dos objeciones que vislumbro están en el debate que tenemos y que sirven para otras cosas que pudieran ocurrirnos. En este caso cuando es el Parlamento -más allá de que el Parlamento hubiera dictado en su día una resolución parlamentaria genérica sobre que hay que respetar- el que nos propone esta directiva, por algo será. Si se les ocurre proponer una directiva nada más y nada menos para un tema tan importante como son las concesiones de servicios en cada país es porque han querido aproximar las legislaciones de los Veintisiete y han querido coordinar las disposiciones legales que en esta materia rigen un mercado cada vez más internacional y cada vez más amplio. Por tanto, punto número uno, a mí me parece que hay alguna razón de fondo en la iniciativa y no cabe exponerle por nuestra parte las tradiciones jurídicas o culturales que tengamos en cada país para oponernos a esa voluntad europea de coordinar la legislación de una materia compartida, pero de una materia importante, que probablemente requiere una ordenación de la legislación sobre la manera en la que se conceden en cada país los contratos de servicios. Eso me parece de una lógica aplastante. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo importante que es para Ferrovial o para ACS o para decenas de empresas españolas tener una normativa unificada para acceder a la gestión de los servicios de los aeropuertos europeos, como tiene Ferrovial en Londres, en Heathrow. Es que estamos privándole al Parlamento Europeo de que establezca una normativa común para un mercado interior que debe de ser un mercado ordenado. Luego la pretensión que indica la Unión Europea a mí de entrada me parece muy respetable. Y si lo que tengo que exponer de contrario es que hay que respetar las tradiciones jurídicas y culturales, entonces siempre habrá que respetar las tradiciones y nunca haremos nada. Permítame que se lo diga así, señor López Garrido, como argumento de fondo. Es decir, si hay que respetar las tradiciones jurídicas y culturales en la normativa que España o Francia u otros países tienen para establecer cómo se hacen los contratos de servicios, entonces nunca haremos nada, señorías, nunca avanzaremos en la idea europea. Porque aquí tiene una lógica, es decir, ¿qué vulneración, qué grave principio español se está vulnerando por el hecho de que la Unión Europea establezca una normativa común para los contratos de servicios en Europa? Por cierto, no hay informe del Gobierno y yo querría saber qué piensa el Gobierno español, porque esto lo que pretende es un aumento de la competencia, un valor esencial en la política de este Gobierno y de todos los gobiernos serios en España y en Europa. Se trata de aumentar la competencia para reducir costes y también de mejorar los servicios porque hay más competencia. Me encuentro con que el informe del Parlamento español dice que no porque la tradición cultural y jurídica española va a ser vulnerada, cuando simplemente se trata de unificar nuestra tradición cultural y jurídica en esa materia a una normativa ordenada, que aproxime las disposiciones legales europeas. Y me pregunto por qué no, cuando todas las empresas europeas quieren eso. Ferrovial quiere participar en el concurso de la gestión aeroportuaria de Budapest y otras empresas europeas querrán hacerlo con las españolas, cuando se abra ese mercado. Perdonen que les diga una cosa muy importante. Hay varios países que se oponen a esta directiva. ¿Saben ustedes por qué? Por puro proteccionismo. Francia es uno de ellos. No quiere abrir esta normativa común por proteger a sus empresas en los mercados y así no se avanza en la unidad del mercado interior desde el punto de vista de lo que es el aumento de la competencia, la reducción de costes, la mejora de los servicios. Por cierto, también me sorprende que País Vasco, Aragón y Extremadura, que son las únicas comunidades autónomas que han dado opinión, hayan dicho que no vulnera nada, que a ellas no les parece que vulnere nada.
Por último, creo que tenemos que evitar confundir defensa de la subsidiariedad con proteccionismo. Me parece que esto es un cáncer para Europa. Tengo alguna pequeña experiencia de lo que es el Parlamento Europeo y les diré sinceramente cuánto me preocupa que, cada vez que vas a avanzar a un espacio de unificación legislativa, sale el sacrosanto principio de la soberanía nacional para no avanzar. Les pondré un ejemplo. Desde Schengen está todo el proceso de unificación del espacio de libertad y seguridad. En esa materia hay muchísimo que hacer. Saben ustedes qué ocurre cuando la Comisión, el Consejo o el Parlamento reclaman que hay que hacer una normativa común -pongamos por caso- para unificar el sistema procesal penal en Europa, por ejemplo para que un informe del instituto anatómico forense de Letonia sobre una huella dactilar le valga a un tribunal alemán, si el delito es supracomunitario, y como ese mil ejemplos más. ¿Saben ustedes lo que pasa? Que todos los países dicen, no, es mi soberanía. Y la respuesta es: Perfecto, tu soberanía es el no a Europa. Cuando hablamos de más Europa, ¿qué queremos decir? Que hay que ceder soberanía, señorías, y si el problema que exponemos en este asunto es que no estamos de acuerdo porque vulnera nuestra tradición jurídica, ya les digo que así no hay más Europa.
De manera que yo también quiero exponerles -y termino- una posición europeísta de verdad en este tema, pero además una posición a favor de la competencia,
del mercado interior, y a favor también de los intereses de muchísimas empresas españolas que quieren un sistema ordenado para que la concesión de servicios, autopistas, aeropuertos y mil cosas más estén ordenada en un sistema de competencia europeo.
Por eso y termino ya -esta vez sí, señor presidente-, como no queremos oponernos, por respetar su trabajo, señor López Garrido y porque nos hemos aproximado a este asunto de manera muy precipitada, vamos a proponer la abstención, porque sabemos que no podemos pedir un aplazamiento porque si no emitimos la opinión no existimos en este debate. Nos vamos a abstener por respeto a su informe, señor López Garrido, pero no quería votar sin exponerles estas consideraciones jurídicas y políticas que me parecen imprescindibles en un debate tan importante de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor López Garrido pide la palabra? (Asentimiento.) Para réplica, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Muchísimas gracias al señor Jáuregui por el tono de su intervención y por los elogios que ha dedicado a mi trabajo. Yo lo que quisiera es convencerle, no me bastaría con su abstención por ese respeto que le causa mi trabajo. Evidentemente he tenido un poquito más de tiempo que su señoría para analizar el tema, aunque para evacuar un informe de cinco páginas -como su señoría sin duda comprende-, me ha llevado a leer más de quinientas. Le aseguro que mi vocación europeísta es equiparable a la de su señoría, sin ninguna duda. No tengo ninguna pretensión de establecer barreras en el mercado. Se lo aseguro, usted no me conoce desde hace tiempo... (El señor Jáuregui Atondo: Pero le creo.), pero me cree, estoy convencido de que me cree. Y ya que me da la oportunidad con su intervención de profundizar más en el contenido, en los razonamientos, en la reflexión que me lleva a emitir este dictamen, voy a poner en común con su señoría y con el resto de componentes de la Comisión algunas de las reflexiones.
En primer lugar, evidentemente tiene que haber razones, la Comisión Europea no se saca de la manga la directiva sin razón alguna, evidentemente tiene que haberlas. La cuestión es si las razones son suficientes, y la cuestión es si -y ya entraríamos en otro análisis, que es el de proporcionalidad- esas razones, siendo suficientes, fundamentan una acción de este nivel. Esa sería la segunda parte. Insisto en que no vamos a entrar en una competencia de europeísmo pero vamos a los aspectos más concretos de la directiva, si le parece a su señoría.
La semana pasada salía en prensa la adjudicación -me voy a mi tierra, a Alicante, de donde procedo- del parquin más pequeño y más antiguo de nuestra ciudad, el parquin de la plaza de La Muntanyeta, con 178 plazas, un contrato de concesión que después de cuarenta años sale a concurso en estas próximas fechas, de 12 millones de euros, y la directiva afecta a todos los contratos por encima de 5 millones de euros. Es decir, en la concesión de un contrato para el parking más pequeño de una ciudad media de nuestro país el ayuntamiento se ve forzado a someter el proceso a una directiva europea que, como usted conoce de sobra y muchísimo mejor que yo, conlleva complejidades en materia de publicación, de plazos, etcétera. Esa es una realidad, la realidad de una directiva que tiene un límite de 5 millones de euros, un límite que, insisto, va a suponer complejidades al menos para aquellos países que tienen verdadera tradición de acometer ese tipo de contratos, porque hay otros que no la tienen. En el caso de Eslovaquia, el ministerio eslovaco en cuestión -discúlpeme que no recuerde ahora qué ministerio era- dice que ha adjudicado dos contratos de concesión de 2 y 3 millones de euros. Y resulta que porque hay una laguna jurídica evidente en donde no existe esa tradición, parece ser que tenemos que regular todo con una carga burocrática quizá mayor. No discuto los argumentos de su señoría; los contrasto, si cabe. Eso desde la óptica de la Administración local. Cuando me voy a la óptica de las empresas y estudio los informes y las respuestas de las empresas al cuestionario que la Comisión Europea les plantea, señoría, nos encontramos con ejemplos como el siguiente. Traduzco literalmente del inglés: Cuestionario de Abertis. Pregunta la Comisión: ¿Considera que la diversidad de las normas nacionales y las prácticas relacionadas con la adjudicación de concesiones son un obstáculo para la provisión de servicios transfronterizos? Y contesta una multinacional española que, como saben de sobra sus señorías, trabaja en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Alemania, etcétera: Hasta donde estamos concernidos por la actual diversidad de normas nacionales y prácticas relacionadas con la adjudicación de concesiones, no crean un obstáculo relevante a la provisión de servicios transfronterizos. De manera que si desde el punto de vista de la Administración local -y son muchas las administraciones locales o las asociaciones que las representan- nos dicen que esto es una complicación o tenemos en cuenta lo que dicen las grandes empresas -ni siquiera las españolas, ¡ojo!, porque podríamos pensar que esto favorece o protege a las francesas, no lo sé-, lo que para mí está claro desde un punto de vista nacional, en este caso siendo proteccionista, es que tendré que pensar qué dicen las grandes empresas españolas a la hora de salir fuera, porque a lo mejor podrían estar diciendo: Necesitamos una regulación idéntica. Pues no es el caso, señoría.
Con esta intervención, que ya acabo, y con estas consideraciones me gustaría insistir en que seguramente no he dedicado el tiempo suficiente sino el que he podido en el plazo que se me ha concedido, y he buscado precisamente los cuestionarios ad hoc en donde se me diera la razón, pero me he encontrado en esas respuestas desde
las administraciones y desde el sector privado con que nos dicen que o no hay problema o que desde luego si lo hubiere no merece una actuación de este nivel.
De verdad desearía, ya que nos estrenamos en este periodo de sesiones con esta Comisión, que mantuviéramos la tradición de alcanzar un consenso. No obstante, en tanto en cuanto yo pueda continuar informando a su señoría o convenciéndole, lo intentaré, pero hasta aquí puedo llegar.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, tiene la palabra.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Intervendré brevemente, presidente. Solo haré tres comentarios.
Yo creo que el ejemplo de Alicante es un buen ejemplo de lo que yo digo. Será más burocrática la adjudicación, pero si se presentan treinta empresas para gestionar ese parking en vez de cuatro locales -de Alicante, de Valencia-, es mejor, porque igual el Ayuntamiento de Alicante lo adjudica por más dinero o por menos, porque no sé muy bien cómo es el contrato.
Segundo, las empresas dicen que no tienen obstáculos insalvables -o relevantes, creo que decía usted-, lo cual no quiere decir que las empresas españolas no deseen, como así me consta, una normativa europea en esta materia.
Y, tercero, solo quiero dimensionar la importancia de nuestra decisión, porque si un tercio de países de la Unión dice no porque consideran que vulnera el principio de subsidiariedad, la iniciativa queda anulada, y creo que tiene una trascendencia. Por eso, le agradezco su tono y su amabilidad en la oferta, pero ya somos bastante generosos absteniéndonos porque nuestra posición política era decir que no.
El señor PRESIDENTE: Señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Yo quisiera intervenir, no sé si en nombre de toda la Comisión pero al menos en nombre de mi grupo, y decir que no hace falta que el señor Jáuregui esté aquí presente para que esta Comisión trabaje con seriedad. Parece ser que su llegada es la que ha generado que tengamos seriedad en cómo distribuir estos informes y cómo elaborarlos. Yo le digo que no era necesaria su presencia para mantener la seriedad que tenía esta Comisión en la legislatura pasada, en la que ya hicimos muchos informes al respecto y creo que todos con mesura.
Quiero decirle también, ya a título personal, que cuando oigo que alguien es europeísta me echo a temblar, porque los europeístas matarán a Europa. Si tenemos que evitar todo tipo de diferencias y de justificaciones, los parlamentos nacionales estamos completamente anulados, no tenemos nada que decir, porque siempre habrá que ir a la unificación de todo tipo de legislación que haya y seremos una cosa uniforme, algo con lo que definitivamente no estoy de acuerdo. Ya le digo de antemano que me parece muy bien que se abstengan o que voten en contra, lo que quieran, pero la argumentación que ha hecho sobre este informe es la argumentación que vale para cualquier otro informe sobre subsidiariedad y, en consecuencia, no haría falta hacerlos porque los parlamentos nacionales no tendríamos nada que decir a favor de la normativa europea.
Con respecto al tema de los informes, no se hace sobre todos, porque uno de los problemas que tiene la Unión Europea es el exceso de reglamentación y de burocracia. Por eso lo hacemos sobre aquellos que consideramos que podrían afectar de alguna manera a esa diferenciación y a esa unidad en la diversidad de que habla Europa en el propio tratado, lo que parece ser que usted no tiene en consideración. La Comisión seguirá trabajando seriamente, incluso en su ausencia.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que estamos en el turno de portavoces. Con esto acabaría este turno y no creo que sea necesario entrar en un debate de réplicas y contrarréplicas.
Permítanme unas consideraciones que quería hacer al final. En parte las ha hecho el señor Soravilla, pero creo que las hago en nombre de todos los miembros de esta Comisión, conocido cuál es el cauce para este tipo de debates. En primer lugar, corresponde a Mesa y portavoces la decisión de cuántos dictámenes se emitirán sobre la normativa de la Unión Europea. Así se hacía y así se hace, y además es así como está dispuesto. A su vez, es la propia Mesa, junto con los portavoces, la que determina quiénes serán los señores ponentes miembros de esta Comisión que emitan los dictámenes que se haya decidido que tienen que producirse, porque es difícil, al menos materialmente -yo no era miembro de esta Comisión la legislatura pasada-, llegar a emitir dictamen sobre todos ellos.
Aquí se puede mejorar algo, si me permiten sus señorías, y se lo he trasladado al señor letrado. El índice de materias, que incluye aquellas normas que pueden ser objeto de dictámenes con relación a la aplicación o no del principio de vulneración o de subsidiariedad, es conocido por Mesa y portavoces. No hay ningún inconveniente en que lo conozcan todos los miembros de esta Comisión, que todos los diputados y senadores sean conocedores y por tanto puedan trasladar a los portavoces de sus grupos, antes de que se reúna la Mesa y portavoces, qué normas, a su juicio, pueden ser objeto de un dictamen de este tipo, entendiendo que es el propio portavoz de cada grupo el que lo determine porque el diputado o senador intenta ser ponente de ese dictamen que se tiene que producir. Creo que somos la Comisión que más se ha reunido ya en esta legislatura y que más Mesa y portavoces ha celebrado, pero permítanme que les diga que hay cierta carencia de diputados y senadores a la hora de ser ponentes.
Una última consideración es el carácter excepcional que ha tenido la emisión de los que estamos tratando en
el día de hoy, porque ha sido la constitución de las Cortes Generales la que ha traído consigo que los plazos hayan corrido, razón por la que los que han sido ponentes han tenido muy pocos días para poder realizar su trabajo, y por eso ha llegado con tan poco tiempo a los señores parlamentarios. Cuando ya estemos en una dinámica con una velocidad de crucero determinada habrá más tiempo para que sus señorías conozcan los dictámenes que se emitan por parte de quienes hayan sido nombrados ponentes, reitero que entendiendo que se puede mejorar algo el trámite o el procedimiento con el conocimiento por todas sus señorías del índice de aquellas cuestiones que puedan estar sujetas al mismo. Continuarán siendo la Mesa y los portavoces los que decidan qué normas tienen que ser objeto de dictamen y quiénes serán los ponentes encargados de ello.
Pasamos a la votación de esta ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la ponencia objeto de examen.
- RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE ASILO Y MIGRACIÓN (COM) (2011) 751 FINAL) [2011/0366 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000083 y número de expediente del Senado 574/000016).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la resolución de la Comisión Mixta sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el fondo de asilo y migración. Han presentado dictamen al citado proyecto el Parlamento Vasco, las Cortes de Aragón y el Parlamento de Cataluña. Intervendrá en primer lugar la señora Parera Escrichs, ponente designada por la Mesa y portavoces a la que he hecho referencia con anterioridad.
La señora PARERA ESCRICHS: En primer lugar quiero pedir disculpas por el retraso, me he incorporado tarde; parece que estamos haciendo del retraso en los vuelos una norma, desgraciadamente.
Antes de pasar a mi informe, que por suerte no va a ser tan problemático como el primero, quisiera hacer una breve puntualización a lo que se ha comentado hasta ahora. Yo era portavoz de esta misma Comisión en la legislatura pasada y creo que el reparto de estos informes siempre se ha hecho con muchísima sensibilidad y respeto a intereses de distintos grupos. Quiero también que conste en acta que el asesoramiento que he recibido en la elaboración de estos informes no solo por parte de mis letrados o mis técnicos en la Generalitat, sino también por parte tanto del letrado de esta Comisión como del presidente en su día, han sido exhaustivos y con muy buena predisposición. Incluso recuerdo que como el primer informe de esta Comisión era contrario y nunca había pasado, este tema se llegó a tratar un fin de semana. Por tanto, quiero que quede muy claro que el letrado de la Comisión siempre ha estado a nuestra disposición para asesorarnos sobre cualquier duda que tuviéramos.
Una vez hecho este breve comentario, paso al informe en concreto. Como digo, intervendré brevemente porque ya avanzo que la conclusión es positiva. Como muy bien saben ustedes, el Tratado de la Unión Europea establece un espacio sin fronteras internas, así como toda una serie de medidas para el control de fronteras exteriores, asilo, inmigración, prevención y lucha contra la delincuencia. En esta línea, el Consejo Europeo estableció en su día la creación de un fondo específico al efecto de llevar a cabo estas políticas con una finalidad exclusiva de desarrollar esta política común en materia de asilo y migración en puntos muy concretos, como el de dar apoyo a los Estados miembros en distintas medidas de cooperación, de traslado de beneficiarios de protección internacional de un Estado miembro a otro, reforzar las actividades de la oficina europea de apoyo y asilo, etcétera. Nosotros entendemos que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la creación de este fondo de asilo y migración respeta totalmente el principio de subsidiariedad establecido en los tratados. No obstante, quisiéramos hacer una pequeña puntualización puesto que, como muy bien sabrán, la Ley del Estado español 12/2009, de 30 de octubre, que regula el derecho de asilo y protección subsidiaria, establece que las comunidades autónomas, de acuerdo con las competencias que tienen en los ámbitos sanitario, educativo y social, gestionan los servicios y programas específicamente destinados a las personas que soliciten asilo, obviamente en coordinación con la Administración General del Estado. Por tanto, a pesar de que el informe es favorable, sí que entendemos que debemos puntualizar que todas aquellas administraciones regionales con competencias deben poder acceder al futuro fondo de asilo e inmigración.
El señor PRESIDENTE: Se abre un turno de portavoces. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Moscoso por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Quiero aprovechar el turno de intervención para hacer una matización sobre la cuestión de procedimiento que ha expuesto antes el diputado don Ramón Jáuregui destacando dos cuestiones. La primera es que es evidente que el anterior dictamen es el primer dictamen de no conformidad conforme al principio que se aprueba desde que se puso en marcha el procedimiento. (El señor Soravilla, Fernández: No, no es así.) Luego
me matiza. Es verdad que el procedimiento que hemos venido siguiendo por la inercia de las circunstancias -y que yo desde luego defiendo- estaba en cierto modo más afinado hacia la aprobación de dictámenes de conformidad; es normal que estas cuestiones sucedan y yo creo que lo justo es que lo meditemos. Es verdad que en la anterior legislatura, los que estábamos ya en esta Comisión en la anterior legislatura, mantuvimos un largo e intenso debate y también una negociación prolongada con la Mesa de esta Cámara y con la Mesa del Senado, puesto que esta es una Comisión Mixta -y creo que es a lo que hacía referencia el señor Jáuregui, que en la anterior legislatura no era miembro de esta Comisión-, relativa a la cuantía de los recursos técnicos y jurídicos de que disponemos para realizar esta labor que de por sí podría tener un fondo infinito, como ha expuesto el ponente. Son informes sesudos, complicados, con mucha información, que se hacen en un periodo de tiempo muy limitado y que cuando realmente se encuentran razones que recomienden la opinión de que no se contemple el principio, exigen un trabajo complicado. Entonces se habló de la posibilidad de crear una oficina adjunta a esta Comisión o que algún letrado o técnico se dedicase casi en exclusiva a hacer un peinado previo de los documentos para poder elaborarlo, al igual que hacen otras Cámaras. De hecho, contamos con menos recursos dedicados a esta cuestión que otras Cámaras legislativas de los veintisiete, como bien saben los letrados aquí presentes y otros que ya no están en esta Comisión y que elaboraron informes comparativos de mucha calidad, incluso también con respecto al personal que esta Cámara o las Cortes podrían tener en Bruselas, etcétera. De manera que esta cuestión, que quizá sea un tema más de Mesa que de Comisión, la deberíamos retomar. Es verdad que la situación financiera y presupuestaria cada año es peor que el anterior, de manera que los argumentos que en su día se expusieron probablemente sean de nuevo utilizados. Quiero también hacer un llamamiento para que mantengamos el buen tono que siempre ha habido en esta Comisión, porque creo que no es necesario decir algunas cosas.
Con respecto al dictamen que ahora estamos debatiendo, estamos de acuerdo con el informe que ha presentado la diputada Parera. Es verdad que hace una valoración técnica sobre una cuestión siguiendo la tradición que hemos creado nosotros mismos, aunque sea un dictamen favorable y eso nos llevará a enviarlo puesto que hay una afirmación. Yo quería explicar que este fondo nuevo sobre inmigración concentra tres fondos ya existentes: el fondo de apoyo a las políticas de refugio, el fondo de apoyo a las políticas de integración y el fondo de apoyo a las políticas de retorno y en particular de retorno forzoso de inmigrantes. Es verdad, como ya ha citado, que la ley que se aprobó en 2009 sobre materia de asilo y refugiados en este país -yo fui ponente de aquella ley- obviamente establecía un reparto con las comunidades autónomas de aquellas competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, como asistencia social, sanidad, educación, porque estas cuestiones exigen otro tipo de medidas; pero es evidente también que una cuestión como la reintegración forzosa es competencia clara de los Estados. De hecho, este nuevo fondo que integra estas tres cuestiones es un fondo que se está debatiendo en el Consejo JAI y que prevé para el nuevo periodo presupuestario casi 4.000 millones de euros; es un fondo muy importante en el que España realmente tiene muchos intereses directos y es un fondo en el que técnicamente la cuestión de las partidas que van a financiar el retorno forzoso individual tiene mucho interés para nuestro Gobierno y nuestro país. Quiero aclararlo para que conste en el "Diario de Sesiones", complementando la especificación que hemos introducido en el dictamen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Sobre el informe no diré nada porque creo que la portavoz de Convergència i Unió ha hecho una exposición extremadamente clara y no tenemos nada que argüir y además votaremos favorablemente. Sobre lo que se ha dicho previamente por el portavoz del Grupo Socialista diré que en la pasada legislatura hubo un informe previo que fue a Bruselas, que tuvo toda una tramitación y que fue hecho por mí sobre el tema de Frontex, sobre un asunto de proporcionalidad. (El señor Moscoso del Prado Hernández: De proporcionalidad.) De proporcionalidad, pero estamos hablando de subsidiariedad y de proporcionalidad, es decir, que tanto monta. (El señor Moscoso del Prado Hernández: Hubo una respuesta del comisario. Pero tiene usted razón.) Hubo una serie de trámites, no llegaron a buen fin, pero esa es otra cuestión; pero haberlo, hubo, hay precedente. La llegada de informes es infinita, porque más Europa es más burocracia, y cada vez hay más informes y más historias que contar y más historias que referir. No podemos verlo todo porque es materialmente imposible; pero además, aplicando la teoría del señor Jáuregui, no haría falta verlo todo porque estaríamos siempre a favor. El Tratado de Lisboa incorpora los parlamentos nacionales precisamente para que preserven sus competencias y las diversidades que hay en los distintos países, y ahora nosotros venimos aquí y nos cargamos el Tratado de Lisboa alegremente porque hay que ser más europeísta que los propios europeístas. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo con eso y votaré a favor o en contra de aquello que me parezca más oportuno dentro de una Europa que sea diversa, aunque esté siempre unida.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la votación, emplazo a todos los representantes en esta Comisión en la próxima reunión de Mesa y portavoces a que
resolvamos estas cuestiones, si en algo hay que mejorar, aparte de la que ya he mencionado con anterioridad, a que no debatamos profusamente a lo largo de esta Comisión y nos ciñamos en la medida de lo posible, sin cercenar la libertad de expresión de sus señorías, a los asuntos que figuran en el orden del día.
Procedemos a la votación.
- RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL FONDO DE ASILO Y MIGRACIÓN Y SOBRE EL INSTRUMENTO DE APOYO FINANCIERO A LA COOPERACIÓN POLICIAL, LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, Y LA GESTIÓN DE CRISIS (COM) (2011) 752 FINAL) [2011/0367 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000085 y número de expediente del Senado 574/000017).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la resolución de la Comisión Mixta sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el fondo de asilo y migración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis. En este caso han presentado dictamen al citado proyecto las Cortes de Aragón e interviene la ponente, la señora Parera Escrichs.
La señora PARERA ESCRICHS: Retomando la línea del informe anterior, estamos en la misma posición de dar por válido nuestro informe sobre el respeto al principio de subsidiariedad. Cuando entra en vigor el marco financiero plurianual 2014-2020 ya se establece el fondo que hemos mencionado en el informe anterior, que es el de asilo y migración, y el fondo para la seguridad interior para cuestiones como la trata de seres humanos, cooperación judicial en materia penal, prevención de delincuencia, lucha contra la delincuencia, terrorismo, corrupción, delincuencia organizada, etcétera. El fondo de asilo y migración ya lo hemos mencionado antes, así que no me voy a extender en este punto. El fondo para la seguridad interior está pensado para proporcionar asistencia financiera a aquellas iniciativas que se desarrollen en el ámbito de fronteras exteriores y seguridad interior. Entendemos que en esta materia la Unión Europea está en mejor disposición que los Estados miembros para proporcionar el marco financiero adecuado y, por tanto, sometemos a votación un informe favorable al respeto del principio de subsidiariedad en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces no se solicita la palabra. Pasamos directamente a la votación.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 7 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, sesión número 2, celebrada el jueves 23 de febrero de 2012, en el Palacio del Congreso de los Diputados, en la portada, al finalizar el punto relativo a la Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, se debe añadir: (Número de expediente del Congreso 042/000001 y número de expediente del Senado 574/000014.) Asimismo, en el "Diario de Sesiones" número 9 de la misma Comisión Mixta para la Unión Europea, sesión número 3, celebrada el miércoles 29 de febrero de 2012, en el Palacio del Congreso de los Diputados, en la portada, a continuación de: "Elección de la Secretaría segunda de la Comisión", debe figurar: (Número de expediente del Congreso 041/000038 y números de expedientes del Senado 570/000002 y 571/000002.)

References: Resolución 
 Resolución 
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 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
e contrario
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 44
 resolución