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Timestamp: 2017-10-16 21:55:47+00:00

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Sentencia Penal Nº 203/2010, AP - Jaen, Sec. 1, Rec 72/2010, 29-09-2010 | Iberley
Sentencia Penal Nº 203/2010, Audiencia Provincial de Jaen, Sección 1, Rec 72/2010 de 29 de Septiembre de 2010
Sentencia Penal Nº 132/2016, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 278/2016, 07-03-2016
Órden: Penal Fecha: 07/03/2016 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Rubio Cabrero, Maria Teresa Num. Sentencia: 132/2016 Num. Recurso: 278/2016
Sentencia Penal Nº 79/2014, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 90/2013, 19-03-2014
Órden: Penal Fecha: 19/03/2014 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Hernandez Garcia, Caridad Num. Sentencia: 79/2014 Num. Recurso: 90/2013
Sentencia Penal Nº 226/2015, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 188/2015, 25-03-2015
Órden: Penal Fecha: 25/03/2015 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Esteban Meilan, Maria Del Rosario Num. Sentencia: 226/2015 Num. Recurso: 188/2015
Sentencia Penal Nº 29/2010, AP - Navarra, Sec. 3, Rec 16/2009, 26-02-2010
Órden: Penal Fecha: 26/02/2010 Tribunal: Ap - Navarra Ponente: Vila Dupla, Aurelio Herminio Num. Sentencia: 29/2010 Num. Recurso: 16/2009
Sentencia Penal Nº 60/2017, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 9/2017, 31-01-2017
Órden: Penal Fecha: 31/01/2017 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Lagares Morillo, Jose Antonio Num. Sentencia: 60/2017 Num. Recurso: 9/2017
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 13/12/2011
Núm. Sentencia: 203/2010
Núm. Recurso: 72/2010
Núm. Cendoj: 23050370012010100383
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 265/09
APELACIÓN PENAL Nº 72 DE 2010
ESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN, por los Ilmos Sres. relacionados al margen, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL REY, la siguiente:
SENTENCIA Nº 203
ILTMOS. SRAS.
Dª. Mª Elena Arias Salgado Robsy.
En la ciudad de Jaén, a veintinueve de septiembre de dos diez
VISTA, en grado de apelación, por la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial, la causa seguida ante el Juzgado de lo Penal nº 3, por el Procedimiento Abreviado número 265/09 , por el delito de Contra la Seguridad del Tráfico, procedente del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villacarrillo siendo acusado Eutimio , cuyas circunstancias constan en la recurrida, representado en la instancia por la Procuradora Dª. María del Mar Carazo Calatayud y defendido por el Letrado D. Bernardo Pelegrín Carrillo. Ha sido apelante dicho acusado, parte apelada la acusación particular ejercida por Matías y Adolfina , representados por la Procuradora Dª María Teresa Cátedra Fernández y asistidos de la Letrada Dª Amelia Martínez Delgado, así como el Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. Sra. Dª Elena Jiménez Matías, y Ponente la Ilma Sra. Magistrada Dª. María Esperanza Pérez Espino.
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Jaén, en el Procedimiento Abreviado nº 265/09, se dictó, en fecha 27 de Mayo de 2010, sentencia que contiene los siguientes hechos probados: "Resulta probado y así se declara expresamente que el acusado Eutimio sobre las 17,50 horas del día 11 de agosto de 2006, tras la ingesta de bebidas alcohólicas en cantidad suficiente como para causar una merma en sus facultades para conducir un vehículo a motor con la seguridad necesaria, se puso al volante de su coche matrícula D-....-DY asegurado por la entidad La Estrella, y cuando circulaba por la carretera A-319 (Peal de Becerro-Hornos de Segura), partido judicial de Villacarrillo, a la altura del pk. 48,500, invadió el sentido contrario de la circulación colisionando con el vehículo matrícula .... TYF , conducido y propiedad de Matías , causándole daños materiales.
A consecuencia del accidente, Matías sufrió lesiones consistentes en traumatismo en rodilla derecha, tardando en curar 30 días durante los cuales no estuvo impedido para realizar sus labores habituales, alcanzando la sanidad con secuela de lesiones meniscales valorada en 1 punto.
Y Adolfina , que viajaba como ocupante en el vehículo matrícula .... TYF , a consecuencia de lo anterior, sufrió lesiones consistentes en esguince cervical, TCE y contusión en región torácica derecha con dolor a nivel de esternón, tardando en curar 45 días, de los cuales 21 días estuvo incapacitada para sus tareas habituales, quedándole como secuelas dolor en región esternal al realizar esfuerzos, valorada en 1 punto, y síndrome cervical postraumático leve valorado en 1 punto.
Asimismo Matías y Adolfina , a consecuencia del accidente, sufrieron la rotura de sus gafas y prótesis dentales".
SEGUNDO.- Asimismo la referida sentencia pronuncia el siguiente FALLO: "DEBO CONDENAR Y CONDENO al acusado Eutimio , como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad del tráfico, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad, a la pena de ocho meses de multa con cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año y seis meses, y costas, y en concepto de responsabilidad civil el acusado y la cía. La Estrella deberán indemnizar a Matías en la cantidad de 1.409,34 euros por las lesiones causadas, y en la cantidad de 1.870 euros por la rotura de gafas y prótesis dentales, y a Adolfina en la cantidad de 2.932,08 euros por lesiones y en la cantidad de 1.699 euros por rotura de gafas y prótesis dentales, y ello con expresa imposición a la entidad aseguradora citada de los intereses legales que correspondan con arreglo al artículo 20.4º de la Ley del Contrato de Seguro .
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén".
TERCERO.- Contra la misma sentencia por la defensa del acusado, se formalizó en tiempo y forma el recurso de apelación dándose traslado a las demás partes para impugnación o adhesión, habiéndose presentado por la acusación particular y por el Ministerio Fiscal escritos de alegaciones impugnando el recurso.
Primero.- En la sentencia de instancia se condenó al acusado Eutimio como autor de un delito contra la seguridad del tráfico del artículo 379 del Código Penal , a la pena de Ocho Meses de Multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria caso de impago, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de Un Año y Seis meses, y al pago de las costas procesales causadas, y en concepto de responsabilidad civil a indemnizar junto con la Cía de Seguros La Estrella a Matías en la cantidad de 1.409'34 euros por las lesiones causadas y en la de 1.870'00 euros por la rotura de gafas y prótesis dentales, y a Adolfina en la cantidad de 2.932'08 euros igualmente por las lesiones y en la de 1.699'00 euros por la rotura de gafas y prótesis dentales, imponiendo a la citada Aseguradora los intereses que correspondan con arreglo al artículo 20.4º de la Ley de Contrato de Seguro .
Y frente a dicha sentencia interpuso recurso de apelación la defensa de dicho acusado, alegando como motivos de su recurso de apelación: 1º.- error en la apreciación de las pruebas.
2º.- Infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española.
3º.- Y de forma subsidiaria, la rebaja de la pena impuesta.
Solicitando así la libre absolución del delito por el que ha sido condenado, y de no ser así que se modifique la pena y se le imponga la multa de seis Meses con una cuota diaria de 3 euros, y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de Un Año y Un día; e igualmente, en cuanto a la responsabilidad civil, que se rebajen las indemnizaciones fijadas en la Sentencia de instancia, y particularmente las partidas de prótesis y gafas.
Dicho recurso fue impugnado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, quienes interesaron la desestimación del mismo y la confirmación íntegra de la referida sentencia.
Segundo.- Con relación al primer motivo basado en la errónea valoración de la prueba, hemos de tener en cuenta que según reiterada doctrina jurisprudencial, la valoración de la prueba realizada por el Juzgador a quo sobre la base de las pruebas de cargo producidas en el plenario con las garantías de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, y en uso de las facultades que al efecto le confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en forma que no aparezca como irracional o ilógico, debe mantenerse en la segunda instancia, porque en definitiva es el único que dispone de inmediación y quien por tanto puede apreciar y valorar en su exacta dimensión las pruebas practicadas a su directa presencia.
En el caso enjuiciado quedó suficientemente acreditado que el día 11-8-06 el acusado conducía el vehículo teniendo sus facultades influenciadas por la ingesta de bebidas alcohólicas, de tal forma que ello determinó sin duda alguna la invasión del carril contrario por donde circulaba correctamente otro vehículo que resultó con daños y su conductor y ocupante con lesiones.
El propio acusado reconoció haber tomado tres tercios de cerveza, manifestando los Guardias Civiles que no estaba en condiciones para conducir, que tenía síntomas y acudieron dos horas después del accidente. Síntomas que quedaron reflejados en la diligencia obrante al folio 4 del atestado instruido, en el que aparece: Rostro sudoroso, ojos brillantes, habla pastosa, halitosis alcohólica muy fuerte de cerca, repetición de frases. Y así mismo, en el resultado de las pruebas realizadas con etilómetro aparece una tasa de alcohol de 0,83 mg/l a las 20:39 horas y 0,79 mg/l a las 20:55 horas.
En consecuencia, podemos concluir que la ingesta de alcohol por parte del acusado alteró sus facultades en la conducción del vehículo, provocando además tal conducta la invasión del carril contrario y la colisión con otro turismo que circulaba correctamente. Y esa conducta integra la figura delictiva prevista en el artículo 379 del Código Penal por el que ha sido condenado dicho acusado.
En efecto, este tipo de infracciones que se consuman, no en virtud de que exista daño o lesión, sino por la puesta en peligro de un bien jurídico, cometiéndose así con la producción de un estado de riesgo o probabilidad de daño para ese bien protegido jurídicamente, que no es otro que la seguridad en la circulación.
El Tribunal Supremo declaró en la Sentencia de 11-6-03 que "... para poder apreciar la existencia de delito no resulta suficiente que se haya acreditado una determinada ingesta de alcohol o drogas, sino que requiere además la verificación de que la ingestión ha supuesto, efectivamente, influencia en el conducir, como exige el propio artículo 379 del Código Penal. En ese sentido se ha pronunciado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que en Sentencia de 9 de diciembre de 1.999 expresa que para la comisión del delito previsto en el artículo 379 del Código Penal no basta con conducir con una determinada tasa de alcoholemia, sino que es menester que el conductor lo haga bajo la influencia del alcohol, o de cualquier otra de las sustancias legalmente previstas en el citado artículo, con indudable alteración de sus facultades psíquicas y físicas, en relación con sus niveles de percepción y reacción. No obstante, los Tribunales entienden que a partir de determinada impregnación alcohólica en la sangre queda superado el límite penalmente permisible en cuanto cualquier persona vería disminuida su capacidad de percepción, reflejos y en definitiva, sus facultades para la conducción, y así se han pronunciado cuando se superan 1'20 gramos de alcohol por 1.000 cc de sangre. Distintas son las cifras cuando se trata de aparatos que miden la concentración de alcohol en el aire espirado -etilómetros- considerándose suficiente la mitad de la mencionada, es decir, cuando se superan 0'60 miligramos por litro".
En el presente caso, aparte de haberse acreditado técnicamente un significativo nivel de alcoholemia consta también la realización por parte del acusado de una conducción claramente irregular, consistente en la invasión del carril de circulación contrario; actuación ésta que tiene, precisamente, en la ingestión de bebidas alcohólicas acreditada la explicación más racional, puesto que es sabido que uno de los efectos del alcohol es la eficaz atenuación de la capacidad de valorar los riesgos generados por la propia conducta.
Por todo lo expuesto, y considerando que ningún error se cometió por la Juzgadora de instancia al valorar la prueba practicada, se desestima el motivo invocado.
Tercero.- E igual suerte desestimatoria debe correr el siguiente basado en la infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española relativo a la presunción de inocencia.
Como con reiteración ha establecido el Tribunal Supremo (Sentencia de 27-9-02 ), y cuya doctrina ha sido aplicada por esta propia Sala, haciendo mención de ello la parte apelada al impugnar el recurso, "Efectivamente, el derecho a la presunción de inocencia consagrado con rango fundamental en el citado precepto, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley. Su alegación en el proceso penal obliga al Tribunal a comprobar que el de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo; que esa prueba es de contenido suficientemente incriminatorio respecto de los hechos imputados; que ha sido obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con sus circunstancias relevantes jurídico-penalmente, y la participación o intervención del acusado en los mismos, y también debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparta de las reglas de la lógica y no es, por lo tanto, irracional o arbitraria".
De igual modo, en la Sentencia de 28-3-01 declaró el Tribunal Supremo que "El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza sólo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales ( Sentencias 7-4-92 y 21-12-99 )".
Ni el derecho a la presunción de inocencia quedó aquí vulnerado, ni tampoco concurren elementos o circunstancias que determinen la aplicación del principio "in dubio pro reo" y la consiguiente absolución del acusado, pues ninguna duda razonable se alberga respecto a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, constituyendo tal hecho el tipo delictivo por el que aquél fue condenado; pronunciamiento condenatorio que aquí debe ser confirmado.
Cuarto.- Y por último, en cuanto a la petición subsidiaria de que rebaje la pena impuesta en la sentencia de instancia, por entender la defensa del acusado que han transcurrido cuatro años desde la fecha del accidente (11-8-06), lo que determina la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, hemos de tener en cuenta lo siguiente.
Ciertamente el Tribunal Supremo en Sentencia 622/2001, de 26 de noviembre , vino a establecer que debido a un giro jurisprudencial, se ha admitido nuevamente la posibilidad de una atenuante analógica, al amparo del artículo 21.6ª del Código Penal de 1.995 , para compensar la vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones a través de una reducción de la pena análoga a la contemplada en los artículos 58 y 59 del Código Penal de 1.995 . La aplicabilidad de una atenuante analógica a los supuestos de dilaciones indebidas fue reconocida en el Pleno del tribunal Supremo de 21 de Mayo de 1.999 y en la Sentencia de 8 de junio de 1.999, aceptándose la nueva doctrina en las Sentencias de 25-6-99 , 13-3-00 , 24-1-01 y 24-6-01 , en las que se acordó que la atenuante analógica, para compensar las dilaciones indebidas, habría de imponerse como muy cualificada, para obtener un efecto reductor de la pena.
La dilación indebida es un concepto abierto o indeterminado que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, es el mismo injustificado y constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Por tanto, debe tratarse de dilaciones excesivas e indebidas, no reprochables al propio acusado ni a su actuación procesal, dando con ello cumplida eficacia al mandato constitucional que alude al derecho de todos a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la Constitución Española).
La circunstancia que ahora invoca el apelante en su recurso la deduce por primera vez y por ello nada se pudo resolver al respecto en la sentencia de instancia.
No obstante, tal circunstancia no puede aplicarse porque del examen de las actuaciones no se aprecian esas dilaciones ni excesivas ni indebidas.
En efecto, los hechos objeto de enjuiciamiento tuvieron lugar el 11-8-06. Inmediatamente por auto de 25-8-06 se acordó incoar diligencias previas. Por providencia de 6-11-06 se acordó librar exhortos al Juzgado de Parla para que los lesionados fueran reconocidos por el Sr. Médico Forense, y remitir oficio a la Guardia Civil de Cazorla, para que informara sobre el actual paradero de Eutimio (el acusado). El 12-12-06 se personan en autos los perjudicados.
Por otro auto de 25-1-07 se acuerda recibir declaración al imputado, a los perjudicados y que fueran éstos reconocidos por el Sr. Médico Forense, emitiéndose los correspondientes informes de evolución de los lesionados en distintas fechas, hasta que tienen lugar los informes de sanidad el 23-1-07 y el 24-10-07 (folios 122 y 154).
El 9-5-08 se le recibe declaración al imputado, y el 1-8-08 se dicta auto por el que se acuerda continuar la tramitación de las diligencias por las normas del Procedimiento Abreviado.
El 10-10-08 se presenta escrito de acusación por los perjudicados, y el 10-11-08 por el Ministerio Fiscal; dictándose auto el 13-3-09 de apertura de juicio oral, y presentándose escritos de defensa el 3-4-09 y el 2-6-09, por lo que mediante providencia de 10-6-09 se acuerda la remisión de las actuaciones al Juzgado de lo Penal, quien por auto de 10-8-09 señala para la celebración del juicio oral el día 24-5-10 en el que tuvo lugar.
Por tanto, como vemos, no se cometieron dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, llevándose a cabo las actuaciones en un período de tiempo razonable, si bien pudo sufrir algún retraso leve por el hecho de tenerse que librar exhortos a otros Juzgados.
En consecuencia, al no concurrir la atenuante invocada por la defensa del acusado en esta alzada, no procede rebajar la pena impuesta en la sentencia de instancia, pena que se considera ajustada a derecho, por cuanto que el artículo 379 del Código Penal de 1995, vigente a la fecha de los hechos (11-8-06 ), y por tanto distinto al vigente en su redacción dada por la LO 15/2007, de 30 de noviembre, castigaba con las penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, y en su caso, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
La pena impuesta en la sentencia de 8 meses de multa está más cerca de la mitad inferior, además de que la Juzgadora ha optado por una pena pecuniaria que constituye sin duda una pena menos grave que una privativa de libertad, caso de haber elegido la de prisión que también se prevee en el artículo 379 del Código Penal .
E igual podemos decir respecto a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, cuya pena se impuso con una duración de Un año y Seis meses, la cual también se encuentra más próxima del mínimo legal (1 año y 1 día) que del máximo (4 años).
Y en cuanto a la responsabilidad civil, por la que solicita el apelante una rebaja de la indemnización fijada en la sentencia de instancia, y particularmente, respecto de las partidas de prótesis y gafas, no puede ser acogida, ya que en contra de lo alegado sí que quedaron acreditados dichos conceptos en las actuaciones a través de las facturas aportadas, remitiéndonos al respecto a lo declarado por la Juzgadora a quo en su sentencia en el Fundamento de Derecho Sexto, párrafos cuarto y quinto, que este Tribunal acepta en su integridad, sin que por ello sea necesario efectuar otras consideraciones que sólo implicarían incurrir en repeticiones inútiles e innecesarias.
En base a lo expuesto y considerando que la sentencia de instancia es ajustada a derecho, procede su íntegra confirmación, previa la desestimación del recurso de apelación promovido.
Quinto.- Por aplicación de los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se declaran de oficio las costas procesales de esta alzada.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia con fecha 27 de Mayo de 2010, por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Jaén en Diligencias de Procedimiento Abreviado número 265 del año 2009, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, declarando de oficio las costas procesales de esta alzada.
Devuélvanse al Juzgado de lo Penal nº 3 de Jaén los autos originales con testimonio de esta resolución para su cumplimiento, previa notificación a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilma. Sra. Magistrada Ponente que la dictó, estándose celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha. Doy fe.

References: artículo 20
 resolución 
 artículo 379
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 741
 artículo 379
 artículo 379
 artículo 379
 artículo 24
in dubio
 artículo 21
 artículo 379
 artículo 379
 resolución