Source: https://jurisprudencia.cladem.org/el-salvador/Comite_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o_y_la_Ni%C3%B1a_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:42:10+00:00

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El Comité examinó el informe inicial de El Salvador (CRC/C/3/Add.9) en sus sesiones 85ª, 86ª y 87ª (CRC/C/SR.85, 86 y 87), celebradas los días 27 y 28 de septiembre de 1993 y aprobó las siguientes observaciones:
Distribución de servicios de cuidados infantiles en las zonas urbanas y rurales y de la capacitación del personal pertinente.
Es preciso elaborar estrategias y programas educativos junto con la difusión adecuada de la información, para contrarrestar algunos prejuicios que afectan negativamente a los niños, como la discriminación basada en el sexo (conocida como machismo) y la discriminación contra los niños discapacitados (especialmente en las zonas rurales) así como fomentar la participación de los niños, sobre todo dentro de la familia.2
Recomienda que se adopten medidas urgentes para proteger a los niños pertenecientes a los grupos vulnerables en particular a los niños desplazados, refugiados, discapacitados y sin hogar, así como de los que son objeto de abusos o de violencia dentro de la familia.3 Las medidas deberán abarcar programas de asistencia social y de rehabilitación a favor de esos grupos de niños y llevarse a cabo en colaboración y con apoyo de los organismos pertinentes de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, partiendo de lo dispuesto en el apartado b. del párrafo 2 del artículo 45 de la Convención.4
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 4 de junio de 2004.5
El Comité examinó el segundo informe periódico de El Salvador (CRC/C/65/Add.25) en sus sesiones 949ª y 950ª (véanse CRC/C/SR.949 y 950), el 18 de mayo de 2004, y aprobó en su 971ª sesión (véase CRC/C/SR.971), el 4 de junio de 2004, las observaciones finales que siguen.
Insta al Estado Parte a acelerar el proceso de reforma legislativa para que sus leyes se ajusten a la Convención. Lo alienta a velar por que se apruebe con la participación de toda la sociedad civil, en particular los niños, la ley de niños y adolescentes que la Asamblea Legislativa está debatiendo desde mayo de 2002.
Anima al Estado parte a:
Fortalecer, ampliar y continuar su programa de difusión de información sobre la Convención y su cumplimiento a los niños, y sus padres, la sociedad civil y todos los sectores y niveles de la administración;
Elaborar programas sistemáticos y permanentes de sensibilización en materia de derechos humanos, comprendidos los derechos del niño para todo aquel que obra en beneficio de los niños o trabaja con ellos ( jueces, abogados, agentes del orden, servidores públicos, funcionarios locales, pedagogos, trabajadores sociales, personal sanitario) y especialmente para los propios niños;6
Pida asistencia internacional a UNICEF, al Instituto Interamericano del Niño, a las organizaciones no gubernamentales (ONg. o a otras organizaciones internacionales.
Alienta al Estado Parte a cooperar más con las ONG y a incorporarlas más sistemáticamente a ellas y a otros sectores de la sociedad civil que trabajan con niños u obran por ellos en todas las etapas del cumplimiento de la Convención.7
Recomienda que el Estado Parte revise la normativa referente a la posibilidad de casarse antes de la edad mínima general de 18 años para aumentar la edad mínima en este paso únicamente y que sea igual para varones y niñas. Además, habría que realizar campañas de sensibilización y otras medidas que impidan el matrimonio precoz.
A la luz del artículo 2 de la Convención, le recomienda que intensifique sus actividades de prevención y supresión de todas las formas de discriminación de hecho de los niños indígenas, con discapacidad o de sexo femenino.
A la luz del artículo 12 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte:
Procure más intensamente promover, en la familia, las escuelas u otras instituciones, el respeto de la opinión del niño, especialmente de las chicas, y facilite su participación en todo lo que se refiera a ellos. Realice campañas nacionales de sensibilización para mudar las actitudes tradicionales y autoritarias;
Realice campañas nacionales de sensibilización para mudar las actitudes tradicionales y autoritarias;
El Comité recomienda que intensifique sus intentos de que se inscriba el nacimiento de los niños y facilite la inscripción de los que no tienen un certificado de nacimiento, superando los obstáculos administrativos y burocráticos a todo nivel, permitiendo que se inscriban sin costo alguno y realizando campañas nacionales para ello. Por otro lado le recomienda que emita un certificado de nacimiento a cada niño.8
Abuso y descuido, malos tratos, violencia
Recomienda que el Estado Parte fortalezca las políticas y programas a todo nivel para evitar la violencia contra los niños, entre otras cosas, en el sistema de enseñanza y con campañas de sensibilización del público.
Recomienda que se redoblen los esfuerzos en marcha para resolver el problema de la violencia intrafamiliar y el abuso de los niños, por ejemplo:
Asegurando que se implemente la Ley contra la violencia intrafamiliar y se suprima el castigo físico;
Con campañas de sensibilización con respecto a las consecuencias adversas del maltrato y programas de prevención, como programas para el desarrollo de la familia, que promuevan formas positivas y no violentas de disciplinar;
Cerciorándose de que todas las víctimas de la violencia tengan asesoramiento y asistencia para su recuperación y reinserción;
Dando la protección del caso a los niños que son maltratados en el hogar.
Recomienda que se tomen todas las disposiciones del caso para:
Abordar toda la problemática de la discriminación como la discriminación social o la de los niños con discapacidad en el campo;
Reunir datos estadísticos exactos sobre los niños con discapacidad;
Velar por que se dé cumplimiento a la Ley y política de equiparación de oportunidades, y tomar en cuenta las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (resolución 48/96 de la Asamblea General);
Ofrecer a los niños discapacitados iguales oportunidades de aprender, por ejemplo dándoles el apoyo que necesiten y cerciorándose de que el personal docente esté capacitado para educarlos en las escuelas regulares.9
Recomienda que el Estado Parte preste mucha atención a la salud de los adolescentes, teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, se le recomienda que intensifique la educación sexual y la enseñanza de la salud reproductiva a esa edad, en especial en la escuela, para reducir la incidencia de las ETS y el embarazo en la adolescencia, y que preste la asistencia correspondiente a las adolescentes embarazadas y les dé acceso a la atención de la salud y la educación.10
Educación, incluidas la formación y orientación profesional
El Comité anima al Estado Parte a que11:
Se cerciore de que haya suficientes fondos para la gratuidad de una buena educación primaria;
Incremente las actividades tendentes a superar la brecha en la cobertura y la calidad de la enseñanza, comprendida la formación profesional, en todo el país, en especial que promueva la educación de las niñas en el campo;
Procure determinar las causas de la alta tasa de deserción en la escuela primaria, en particular en las zonas rurales, e intente remediar la situación;
Fortalezca los programas de enseñanza y formación profesional no escolares para niños que no van a las escuelas regulares o no terminan la enseñanza regular;
Vele por que las adolescentes embarazadas puedan seguir estudiando;
Vele por que los delincuentes juveniles tengan acceso a programas adecuados de enseñanza y de formación profesional en los centros de detención y que se capacite como es debido a quien forma a esos menores;
Amplíe el preescolar con la asistencia de las comunidades locales;
Procure mejorar la calidad de los métodos pedagógicos y se forme como corresponde a los maestros y profesores, hasta para que sepan resolver las dificultades que tienen los niños para aprender;
Ratifique la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1960.
Insta al Estado Parte a seguir intensificando la lucha contra el trabajo infantil. A este respecto, le recomienda que potencie la inspección del trabajo financiera y técnicamente para que se dé cumplimiento a las leyes sobre el trabajo de niños, comprendida la prohibición de su empleo en trabajos nocivos o peligrosos. Lo anima a que priorice la vulnerable situación de los niños empleados domésticos y se plantee la posibilidad de incluir esta forma de trabajo en el plan nacional para la eliminación progresiva de las peores formas del trabajo infantil 2002-2005 y siga solicitando asistencia a OIT/IPEC.12
Explotación sexual y trata13
A la luz de los artículos 34 y 35 y de otros artículos conexos de la Convención, recomienda que el Estado Parte:
Intensifique las medidas contra la explotación sexual de niños y adolescentes y la combata de forma multidisciplinar y multisectorial;
Realice campañas de sensibilización, en particular de los niños, los padres de familia y otras personas que los atienden;
Haga un estudio general de las causas, el carácter y la amplitud de la trata de niños y su explotación sexual comercial;
Vele por que siempre se considere víctimas a los niños objeto de trata o sometidos a explotación sexual;
Se cerciore de que se procese a los autores;
Disponga programas adecuados de asistencia y reinserción de esos niños en conformidad con la Declaración y Programa de Acción y el Compromiso Global aprobados en los Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños de 1996 y 2001;
Colabore con las ONG que se interesan en estos asuntos y pida asistencia técnica, por ejemplo, al Instituto Interamericano del Niño y al UNICEF.
A la luz de los artículos 37 y 40 y otras normas internacionales pertinentes, el Comité recomienda que el Estado Parte:
Instituya un sistema de justicia de menores acorde con la Convención, en particular sus artículos 37, 40 y 39, y con otras normas de las Naciones Unidas en la materia como las Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing., las Directrices para la prevención de la delincuencia de menores (Directrices de Río), las Reglas para la protección de los menores privados de libertad y las Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal;
Destine suficientes recursos humanos y económicos para que se dé cabal cumplimiento a la Ley del menor infractor;
Forme a los encargados de administrar la justicia de menores para que sepan aplicar la Ley del menor infractor;
Considere la privación de libertad como último recurso y por el período más breve que proceda y fomente el uso de otras medidas de privación de la libertad;
Pida asistencia, por ejemplo, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Centro para la Prevención Internacional del Delito, al Instituto Interamericano del Niño o al UNICEF.
Insta al Estado Parte a que revoque de inmediato la segunda Ley contra las pandillas y considere la Ley del menor infractor el único instrumento legislativo en materia de justicia de menores. El Comité reafirma que la obligación del Estado Parte de velar por que se prevenga y combata el delito se ajusta perfectamente a las normas internacionales de derechos humanos y está basada en el principio del interés superior del niño. Le recomienda que adopte estrategias amplias que no se limiten a medidas penales, sino que vayan hasta las profundas raíces de la violencia y de la delincuencia de los adolescentes, en bandas o no, como políticas de integración de los adolescentes marginados, medidas para dar más acceso a la educación, al empleo y a instalaciones de recreo y deporte, y programas de reinserción para menores infractores.
Ratificación de los dos protocolos facultativos
El Comité anima al Estado Parte a ratificar el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía14 además del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados que fue ratificado en mayo de 2002.
3º Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informe presentados por el Estado adoptadas el 29 de enero de 2010.15
El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados de El Salvador (CRC/C/SLV/3-4) en sus sesiones 1479ª y 1481ª (CRC/C/SR.1479 y 1481), celebradas el 21 de enero de 2010, y en la 1501ª sesión, celebrada el 29 de enero de 2010, aprobó las siguientes observaciones finales.
D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones16
1. Medidas generales de aplicación (artículos 4; 42 y 44, párrafo 6, de la Convención)
El Comité indica que la Secretaría de Inclusión Social, recientemente creada en la Presidencia de la República, ha iniciado un proceso consultivo para reunir información y datos estadísticos de ámbitos en los que prácticamente no se dispone de ellos, como los niños indígenas y los niños con discapacidades. Asimismo, señala que el ISNA tendrá también capacidades para realizar investigaciones y estudios, así como la función de reunir datos de esferas que revistan importancia para la Convención. No obstante, sigue preocupando al Comité que actualmente no exista un sistema nacional amplio de reunión de datos relativos a todos los ámbitos de la Convención y sus dos Protocolos facultativos en todo el país.
El Comité reitera al Estado parte su recomendación anterior de que redoble los esfuerzos por desarrollar un sistema amplio de reunión de datos sobre la aplicación de la Convención. Dichos datos deberían abarcar a todos los niños menores de 18 años, estar desglosados por sexo, edad, zonas rurales y urbanas, origen étnico, discapacidad, carácter de víctima de la violencia, etapa de la vida (en particular, primera infancia y adolescencia. y otros indicadores pertinentes, y estar fácilmente accesibles y disponibles para el público en general. A tal fin, el Estado parte debería considerar la posibilidad de reforzar la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYc. del Ministerio de Economía, así como de proporcionar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para las actividades de reunión de datos e investigación realizadas por el ISNA y la Secretaría de Inclusión Social.
El Comité observa la distinción formal que hace el Estado parte entre niño (menor de 12 años) y adolescente (entre 12 y 18 años) y reitera su anterior preocupación con respecto a las disposiciones del Código de Familia que todavía permiten que contraigan matrimonio niños incluso de 14 años en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando han alcanzado la pubertad, ya tienen un hijo o la niña está embarazada.
El Comité reitera al Estado parte su recomendación de que fije la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años para ambos sexos.
El Comité lamenta que, pese a los esfuerzos del Estado parte para combatir el racismo y la discriminación, las actitudes discriminatorias y la exclusión social sigan afectando a algunos sectores de la población infantil, y en particular a los adolescentes, los niños con discapacidades, las niñas, los niños que viven en zonas rurales y remotas, los niños indígenas y los niños de familias económicamente excluidas. El Comité también observa la persistencia de una concepción patriarcal tradicional de la familia, a menudo con el resultado de que se encarga a las niñas de trabajos subordinados y peligrosos, como el servicio doméstico, poniéndolas en situación de vulnerabilidad y riesgo de abusos. Además, el Comité también ve con preocupación que con frecuencia en los medios de comunicación y en la sociedad los adolescentes aparezcan erróneamente como la causa principal de la propagación de la violencia que afecta al país.
A la luz del artículo 2 de la Convención, el Comité reitera su recomendación de que el Estado parte:
Garantice la plena aplicación en la práctica de todas las disposiciones jurídicas que prohíben la discriminación;
Luche contra la discriminación, entre otras cosas, asegurando la igualdad de acceso a la educación, los servicios de salud y los programas de reducción de la pobreza y preste especial atención a la situación de las niñas;
Lleve a cabo amplias campañas de educación pública para prevenir y combatir todas las formas de discriminación;
Redoble sus esfuerzos por prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de facto contra los adolescentes, los niños con discapacidades, las niñas, los niños que viven en zonas rurales y remotas, los niños en situación de calle, los niños indígenas y los niños de familias económicamente excluidas;
Tenga en cuenta en estos esfuerzos las recomendaciones aprobadas por el Comité en su Observación general Nº 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, así como el documento final aprobado en la Conferencia de Examen de Durban de 2009.
4. Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17 y 37 a. de la Convención)
Tome todas las medidas necesarias para aplicar las recomendaciones que figuran en el informe del Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, teniendo en cuenta los resultados y las recomendaciones de la consulta regional para América Latina celebrada en la Argentina (30 de mayo a 1º de junio de 2005). En particular, el Comité recomienda al Estado parte que preste particular atención a las siguientes recomendaciones:
Prohibir toda forma de violencia contra los niños, incluidos los castigos corporales, en todos los entornos;
Dar prioridad a la prevención, en particular en los casos de violencia intrafamiliar;
Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad;
Abordar la dimensión de género de la violencia contra los niños; y
Elaborar y aplicar sistemáticamente mecanismos nacionales de reunión de datos e investigación.
Utilice esas recomendaciones como herramienta de acción, en colaboración con la sociedad civil y en particular con la participación de los niños, para garantizar que todos los niños estén protegidos contra cualquier forma de violencia física, sexual y psicológica, así como para impulsar medidas concretas y, cuando corresponda, con plazos definidos, para prevenir y combatir ese tipo de violencia y abusos.
Solicite cooperación técnica a este respecto, entre otros, a la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, el ACNUDH, el UNICEF y la OMS y otros organismos competentes, así como a las organizaciones no gubernamentales (ONg. asociadas)
Si bien valora la propuesta de ley de protección a víctimas de violencia intrafamiliar, el Comité sigue preocupado por el alto grado de violencia existente en la sociedad salvadoreña, con actos violentos y malos tratos que marcan la vida diaria de muchos niños y niñas del país. Preocupa al Comité, en particular, el grado de violencia en el hogar, que continúa siendo muy elevado y aumenta a pesar de las numerosas iniciativas adoptadas por el Estado parte para prevenir la violencia doméstica. El Comité también siente preocupación porque a menudo esos actos violentos no son investigados ni juzgados.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus medidas para combatir el alto grado de violencia existente en la sociedad, que afecta a la vida diaria de los niños y niñas. Se debe atender particularmente a solucionar los problemas de la violencia intrafamiliar y los malos tratos y el descuido de los niños, en particular las niñas. Concretamente, el Estado parte debe:
Intensificar las campañas públicas de educación y concienciación acerca de las consecuencias negativas de la violencia, los malos tratos y el descuido y elaborar programas de prevención, incluidos programas de desarrollo de la familia;
Investigar todos los actos violentos, malos tratos y abusos cometidos contra las niñas y los niños, también en el hogar, y enjuiciar a los responsables;
Garantizar que todas las víctimas de la violencia dispongan de orientación y asistencia a través de los servicios de rehabilitación y reintegración necesarios para evitar la re victimización;
Velar por la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la LEPINA en este sentido y acelerar el procedimiento de aprobación de la propuesta de ley de protección a víctimas y testigos de la violencia intrafamiliar;
Proporcionar una protección adecuada a los niños y niñas víctimas de abusos en sus hogares;
Crear consejos municipales de prevención de la violencia;
6. Salud básica y bienestar (artículos 6; 18, párrafo 3; 23; 24; 26 y 27, párrafos 1 a 3, de la Convención)
El Comité reitera la inquietud que expresó anteriormente, cuando examinó el segundo informe periódico del Estado parte, por el elevado número de embarazos de adolescentes y por la falta de resultados de las medidas preventivas adoptadas por el Estado parte a ese respecto. Preocupa también al Comité que en la legislación penal vigente se criminalice el aborto en todas las circunstancias y que esa prohibición absoluta pueda llevar a las jóvenes a recurrir a métodos de aborto peligrosos y clandestinos, a veces con consecuencias fatales. Además el Comité, aunque acoge con beneplácito el Plan Nacional de Prevención del Tabaquismo, 2002- 2008, así como otros programas destinados a luchar contra el alcoholismo y el consumo de drogas, expresa su preocupación por el alto porcentaje de niños que consumen alcohol y tabaco y que usan drogas en el país.
Continúe promoviendo y asegurando el acceso a los servicios de salud reproductiva para todos los adolescentes, incluyendo la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas, así como servicios confidenciales de orientación y de atención de salud adaptados a los jóvenes, teniendo debidamente en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño;
Suscite mayor conciencia, entre los adolescentes, de la importancia de prevenir los embarazos precoces;
Considere la revisión de las disposiciones del Código Penal que criminalizan la terminación del embarazo en todas las circunstancias;
Solicite, a este respecto, la cooperación técnica de la OMS y del UNICEF, entre otros organismos.
Aun tomando nota de los esfuerzos hechos por el Estado parte para alentar la lactancia materna, en particular la elaboración de un proyecto de ley sobre la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, el Comité reitera su preocupación por la escasa difusión de la lactancia materna exclusiva de los niños de menos de 6 meses de edad.
El Comité recomienda al Estado parte que apruebe y ponga en práctica lo antes posible el proyecto de ley sobre la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna, que está siendo examinado actualmente, y que preste apoyo a las madres a este respecto.
El Comité acoge con beneplácito la reforma de la Ley general de educación (2004), así como el Programa de Oportunidades y el Plan Nacional de Educación 2021. Asimismo toma nota de la próxima iniciación de una política relativa a la primera infancia. No obstante, son motivo de preocupación para el Comité:
Las considerables diferencias existentes en el acceso a la educación entre las zonas urbanas y las rurales, así como entre los niños y las niñas;
El gran número de muchachas y muchachos que abandonan los estudios a causa del embarazo durante la adolescencia, del trabajo infantil o de razones relacionadas con la migración económica.
Redoble sus esfuerzos para que las familias dispongan más fácilmente de centros de atención gratuitos que se ocupen de sus hijos;
Proporcione datos más exactos sobre el acceso a la educación, especialmente con indicadores del género y de la edad y con indicadores geográficos; y
Ratifique la Convención de la UNESCO de 1960 relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
8. Medidas especiales de protección (artículos 22, 30, 38, 39, 40, 37 b. a d. y 32 a 36 de la Convención)
Venta, trata y explotación sexual
El Comité toma nota de la reforma de 2004 del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal para sancionar los delitos relacionados con la explotación sexual comercial de niños, incluida la trata de personas (art. 367-b., así como de la Política Nacional contra la Trata de Personas (2008-
y su Plan de Acción (2008-2012). Sin embargo, el Comité lamenta que la trata con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzoso siga siendo un problema importante en el país y que no existan medidas para reducir la demanda de sexo comercial o trabajo forzoso. También le preocupa el reducido número de enjuiciamientos y condenas por delitos relacionados con la trata en comparación con los casos denunciados.
Adopte medidas apropiadas para garantizar la pronta investigación de los delitos de venta, trata y explotación sexual cometidos contra los niños, y el enjuiciamiento de los autores, cuando proceda;
Siga difundiendo y aplicando el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
El Comité remite también a sus observaciones finales sobre el informe inicial del Estado parte acerca de la aplicación del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/SLV/CO/1), aprobadas en la misma fecha que las presentes.
Protección de los niños víctimas y testigos de delitos
El Comité lamenta la falta de información en el informe del Estado parte sobre disposiciones específicas en el derecho y el procedimiento penales para escuchar las declaraciones de los niños víctimas y testigos de delitos. No obstante, toma nota de la información de que en algunos casos se usan salas especiales (como las cámaras Gessel) para tomar declaración a los niños víctimas, en particular en los casos de explotación sexual y abuso sexual.
El Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que, tanto en la legislación como en la práctica, todos los niños víctimas y/o testigos de delitos, por ejemplo los niños víctimas de abusos, violencia doméstica, conflictos armados, explotación sexual y económica, secuestro y trata, así como los testigos de esos delitos, reciban la protección exigida por la Convención y sus Protocolos Facultativos y que tenga plenamente en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (anexas a la resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social).
CRC/C/15/Add.9, 18 de octubre de 1993↩
El Ministerio de Educación elaboró en 1997 la “Política de acceso a la educación de la población infantil y juvenil con necesidades educativas especiales”. Funciona una Oficina de Educación Especial que desde 1997 al 2000 había atendido 33,900 niños, niñas y jóvenes. Desde el año 1991 funciona el Programa de Educación con participación de la Comunidad EDUCO, en las áreas rurales. También se implementan los Programas “Aula Alternativa” que consiste en la atención de parte del o de la maestra de dos grados simultáneamente y el proyecto Equidad de Género.↩
La Ley contra la Violencia Intrafamiliar fue aprobada por Decreto Legislativo Nº 902 de fecha veintiocho de noviembre de 1996. Uno de sus Considerandos se refiere a la responsabilidad del Estado de “adecuar la legislación interna a los Tratados y Convenciones internacionales referidos a la familia, la mujer y el niño….”↩
En 1993 por Decreto Legislativo Nº 111 se constituyó el Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad (CONAIPd.. Por Decreto Legislativo Nº 888 de 27 de abril de 2000, se aprobó la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. El Código de Familia que entró en vigencia en 1994 en el artículo 64 establece el derecho del niño o la niña discapacitado a recibir educación especial. Se creó el Centro de Rehabilitación Integral de la Niñez y la Adolescencia (CRINa.. En el año 2001 se creó la División de atención a las necesidades educativas especiales, bajo la conducción del Ministerio de Educación.↩
CRC/C/15/Add.232, 30 de junio de 2004↩
Diversos esfuerzos se han realizado entre instituciones no gubernamentales que trabajan por los derechos de las niñas y los niños, entre ellas Olof Palme, OEF, Huellas de Angel, CEMUJER, y el ISNA, la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa, OIT/ IPEC. Entre ellos la elaboración de las propuestas de protección a víctimas de explotación sexual comercial infantil, que desde 2003 se trabajaron. A finales de junio de 2004 realizan un taller para compartir el estudio realizado sobre los vacíos que presenta el Código Procesal Penal en relación con las propuestas aprobadas. Las nuevas propuestas fueron aprobadas en octubre de 2004.↩
En noviembre de 2003 el Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNa., presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma para eximir de multa por el registro tardío del nacimiento de niñas y niños.↩
Implementación de la División de atención a las necesidades educativas especiales a cargo del Ministerio de Educación.↩
El Ministerio de Salud dio a conocer en junio de 2006 un Manual “De adolescentes para Adolescentes: Guía metodológica para el facilitador y Cuaderno de Trabajo para Adolescentes de 15-19 años” que tiene como Objetivo general accesibilizar a los y las adolescentes la información sobre habilidades para la vida, la salud sexual y reproductiva que contribuya al ejercicio de una sexualidad responsable. El contenido básico se refiere a temas de género, derechos, sexualidad, órganos sexuales, embarazo, parto, infecciones de transmisión sexual.↩
El Ministerio de Educación creó el Comité Nacional de la Campaña de Educación para todos y todas, que tiene cobertura en la alfabetización de niñas y niños. La Asamblea Legislativa a finales de 2003 emitió un decreto eliminando las cuotas escolares voluntarias en las escuelas públicas.↩
Desde 1996 hasta finales del 2000 el Ministerio de Trabajo ejecutó un proyecto para atender a más de 5,000 niños y niñas trabajando en sectores de pesca, recolección de café y producción pirotécnica, habiendo elaborado 6 estudios de evaluación rápida sobre las peores formas de trabajo infantil. En 1994 por Decreto Legislativo Nº 82 de 14 de julio, se ratificó el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo y en el año 2000 por Decreto Legislativo Nº 28 de 15 de junio, el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. El 2001 en una acción conjunta Ministerio de Trabajo, OIT y la Dirección General de Estadística y Censos se logró la incorporación de un Módulo de Trabajo Infantil en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. En 2003 el Comité para la eliminación del Trabajo Infantil, implementó el Plan Nacional con 10,000 niñas y niños. Se está implementando el Plan Nacional para la Erradicación de las peores formas de trabajo infantil 2006-2009, habiéndose creado en 2006 un Comité Nacional.↩
En el año 2000 se creó la Política Nacional para el desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia que establece generalidades sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, retomando de la Convención el derecho a la protección especial. Se ha implementado el Plan Nacional contra la explotación sexual comercial 2001-2004. En el Código Penal se introdujo por reformas del 2004, el delito de Trata de Personas ( 367 B ) y Agravantes al delito de trata de personas ( 367C ) en las que se encuentra la número 2- Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o incapaz. Y reformas al Código Procesal Penal.↩
La Asamblea Legislativa ratificó el Protocolo mediante Decreto Nº 280 de 25 de febrero de 2004, publicado en el Diario Oficial Nº 57 Tomo Nº 362 de fecha 23 de marzo de 2004.↩
CRC/C/SLV/CO/3-4, 17 de febrero de 2010↩

References: artículo 45
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 2
 resolución 
 artículo 64