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Timestamp: 2017-09-23 23:37:20+00:00

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LAS PENAS	(10)
EL RÉGIMEN PENITENCIARIO DEBE RESPONDER A NECESIDADES PREVENTIVO-ESPECIALES Y PREVENTIVO-GENERALES
Published in LAS PENAS
Martes, 28 Julio 2015 21:39
EXP. N° 04792-2009-PHC/TC-MOQUEGUA
JAVIER WILBER PIMENTEL FLORES
En Lima, a los 15 días del mes de diciembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Calle Hayen, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Wilber Pimentel Flores contra la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, de fojas 270, su fecha 20 de agosto de 2009, que declaró infundada la demanda de autos.
Con fecha 26 de junio de 2009 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Juzgado Penal Liquidador de Mariscal Nieto, don Alfredo Paz García, y los integrantes de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, vocales Alegre Valdivia, Coahuila Mita y Corrales Araníbar, solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones por las que se revocó el benefi cio de semilibertad del que venía gozando ya que resultan violatorias de sus derechos a la motivación de las resoluciones judiciales, a la excarcelación del condenado cuya libertad ha sido declarada por el Juez y a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple la pena.
Al respecto, señala que en ninguno de los considerandos de las cuestionadas resoluciones se indica respecto al requerimiento previo del cumplimiento de las reglas de conducta que establece la norma a fi n de revocarle la semilibertad. Afi rma que la Sala Superior demandada motiva señalando “con lo demás que contiene” refi riendo con ello a los fundamentos de la resolución apelada en cuanto a que no asistió desde el mes de setiembre a controlarse y del informe que indica alude a su reclusión [en el nuevo proceso al que se encuentra sometido] desde el día 8 de octubre de 2008, cuando lo debido es que motive porque se debe revocar su benefi cio si fue recluido nuevamente el día 8 de octubre de ese año. Agrega que la Sala Superior emplazada ha determinado que ha incumplido con “las reglas” señalando que no se ha controlado a informar de sus actividades, cuando aquella “solo ha sido una”.
Realizada la investigación sumaria el demandante refi ere que cumplió con las reglas impuestas en la semilibertad el primer mes, no pudiendo asistir el segundo mes porque se encontraba recluido por la presunta comisión de un delito, agrega que en el mes de setiembre de 2008 no se registró su fi rma ya que la modalidad de registro había variado. De otro lado, los emplazados señalan que el actor asistió una única vez a informar de sus actividades, resultando que su semilibertad tenía el apercibimiento de ser revocada por el incumplimiento de dicha regla de conducta. Agregan que las resoluciones cuestionadas se encuentran motivadas toda vez que se hizo efectivo el apercibimiento de revocarse el benefi cio penitenciario por incumplimiento de las reglas de conducta, lo que fue requerido al actor por resolución del 22 de octubre de 2008.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Mariscal Nieto, con fecha 20 de julio de 2009, declaró fundada la demanda por considerar que al haberse revocado la semilibertad se vulneró el debido proceso ya que la resolución de requerimiento no fue oportuna y tampoco se notifi có personalmente al recurrente.
La Sala Superior revisora, revocando la resolución apelada, declaró infundada la demanda por considerar que por efectos de la concesión de la semilibertad el recurrente se encontraba vinculado al cumplimiento del control de sus actividades, lo que incumplió y motivó la revocatoria de la semilibertad. Agrega que encontrándose con prisión provisional debió registrar su asistencia ante el INPE.
El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 2 de febrero de 2009, y su confi rmatoria por Resolución de fecha 24 de abril de 2009, expedidas por los órganos judiciales emplazados, por las que en ejecución de sentencia se revocó el benefi cio penitenciario de semilibertad concedida al actor, en la condena refundida que viene cumpliendo por los delitos de robo agravado y hurto agravado [Incidente N° 2000-00312].
Por todo esto se sostiene que la revocatoria de la semilibertad del actor se efectuó por el incumplimiento de la regla de conducta y que sin embargo no se le requirió previamente su cumplimiento de conformidad con lo que establece el artículo 192 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, lo que afecta el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y su derecho a ser excarcelado.
2. En cuanto a la denuncia constitucional de la demanda en cuanto refi ere a la supuesta vulneración al derecho del actor a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple la pena (previsto en el inciso 17 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional) cabe indicar que esta modalidad de hábeas corpus correctivo procede ante actos u omisiones que comporten violación o amenaza de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, a la visita familiar, a la visita íntima y, de manera muy signifi cativa, de los derechos al trato digno y a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena (cfr. Expedientes Nºs 0590-2001-HC/ TC, 2663-2003-HC/TC, 1429-2002-HC/TC y 01575-2007-PHC/TC, entre otros).
Por lo tanto, de manera previa al pronunciamiento de la controversia constitucional planteada en la demanda se debe desestimar la aludida reclamación toda vez que de los hechos denunciados en la demanda se aprecia con suma claridad que los actos que agraviarían el derecho de la libertad personal del actor no atienen a un agravamiento inconstitucional de la forma en que cumple su reclusión sino que se concretan en la presunta ilegalidad en la expedición de las resoluciones judiciales por las que se le revocó el benefi cio penitenciario de la semilibertad que le fue concedido, lo que se establece en la delimitación del petitorio de la presente sentencia.
3. El artículo 139, inciso 22 de la Constitución señala que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, pues el carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al interno en el uso responsable de su libertad. Al respecto, los conceptos de reeducación y rehabilitación del penado suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos [Cfr. STC Exp. Nº 010-2002-AI/TC].
4. Así entonces, el Régimen Penitenciario debe condecirse con la prevención especial de la pena que hace referencia al tratamiento, resocialización del penado (reeducación y rehabilitación) y a cierta fl exibilización de la forma en que se cumple la pena, lo cual es acorde con lo señalado en el artículo 139, numeral 22 de la Constitución. De otro lado, la prevención general de la pena obliga al Estado a proteger a la nación contra daños o amenazas a su seguridad, esto implica a la salvaguarda de la integridad de la sociedad que convive organizada bajo la propia estructura del Estado, lo cual es conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución que señala que es deber del Estado proteger a la población de las amenazas a su seguridad [Cfr. STC Exp. Nº 00033-2007-PI/TC].
5. El Tribunal Constitucional viene señalando en su reiterada y uniforme jurisprudencia que, en estricto, los benefi cios penitenciarios no son derechos fundamentales sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal cuyo fi n es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. Y es que, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos a favor de las personas, sino persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas, de ahí que puedan ser limitadas. Es en este contexto normativo y jurisprudencial que cuando el juzgador ordinario ampara una solicitud de un benefi cio penitenciario en realidad está estimulando a la completa reinserción del penado a la sociedad [Cfr. STC Exp. Nº 2898-2005-PHC/ TC], fi jando para ello las reglas de conducta que este debe cumplir (carácter administrativo de la ejecución penal), manifestando el penado con ello al juzgador, por un lado, que la decisión que dio (de concederle el benefi cio) es acertada y, de otro, que viene adaptándose a la vida en libertad de manera responsable tanto así que viene cumpliendo, entre otros, con el mandato judicial de cumplir con su control en la periodicidad impuesta, pues debemos recordar que el benefi cio penitenciario es un estímulo para la resocialización del penado y no constituye un derecho ni una concesión del juzgador de la ejecución de la pena que no pueda ser revocada.
No obstante, no cabe duda de que aun cuando los benefi cios penitenciarios no constituyen derechos, la denegación, revocatoria o restricción a su acceso debe obedecer a motivos objetivos y razonables.
6. De este modo tiene cobertura dentro de nuestro ordenamiento el benefi cio penitenciario de semilibertad, el cual permite al penado egresar del establecimiento penitenciario antes de haber cumplido la totalidad de la pena privativa de libertad impuesta en caso de que la pena haya cumplido su efecto resocializador a criterio del juzgador de la ejecución de la pena. En atención a ello, el artículo 50 del Código de Ejecución Penal precisa que el benefi cio será concedido en los casos en que la naturaleza del delito cometido, la personalidad del agente y su conducta dentro del establecimiento permitan suponer que no cometerá nuevo delito. No obstante, el mismo cuerpo normativo ha establecido en su artículo 52 que la semilibertad se revoca si el benefi ciado comete un nuevo delito doloso o incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código Penal, en cuanto sean aplicables, precisándose en el artículo 192 del Reglamento del Código de Ejecución Penal que “[e]l juez penal revocará la semilibertad o liberación condicional, de ofi cio o a solicitud debidamente sustentada de la autoridad penitenciaria o del Ministerio Público, cuando se trate de una nueva condena por delito doloso o incumplimiento de las reglas de conducta”.
7. En cuanto a la demanda de autos corresponde a este Colegiado determinar si las resoluciones judiciales que revocaron las semilibertad del actor obedecen a criterios objetivos y razonables, cumpliendo con la exigencia constitucional de una adecuada motivación resolutoria conforme a la Constitución
y a las condiciones legales de la materia o si, por el contrario, resultan inconstitucionales y, por lo tanto, vulneratoria del derecho de la libertad personal. Al respecto, cabe indicar que este Tribunal Constitucional viene señalando de su jurisprudencia que “[l]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión” [véase entre otras la sentencia recaída en el Expediente N° 1230-2002-HC/TC, F. J. 11].
8. En el presente caso, de los actuados y demás instrumentales que corren en los autos, se aprecia que:
a) mediante Resolución de fecha 5 de agosto de 2008 se concedió el benefi cio penitenciario de semilibertad al actor, en la condena refundida que venía cumpliendo por los delitos de robo agravado y hurto agravado, imponiéndosele reglas de conducta como las de “acudir al juzgado cada treinta días a fi n de justifi car sus actividades” y “acudir al Establecimiento Penitenciario que designe el INPE para controlar sus actividades hasta el fi n de su condena”; b) mediante Ofi cio N° 190-2008-INPE-17321/MLPLD.M., de fecha 22 de octubre de 2008, la Ofi cina de Medio Libre y Penas Limitativas de Derechos del Establecimiento Penitenciario de Moquegua informa que el actor fue puesto en libertad con fecha 5 de agosto de 2008 como consecuencia del aludido benefi cio penitenciario, habiendo cumplido con asistir a su control por única vez el día 6 de agosto de 2008, resultando que desde el día 8 de octubre de 2008 se encuentra nuevamente recluido al encontrarse instruido por el delito de robo agravado en el proceso penal N° 2008-597-15-2801-JR-PE-1; y c) mediante Resolución de fecha 22 de octubre de 2008 se resolvió requerir al recurrente a fi n de que cumpla con las reglas de conducta impuestas (fojas 59 del Cuaderno acompañado).
9. Ahora bien, examinadas las resoluciones cuestionadas (fojas 84 y 115 del Cuaderno acompañado) se aprecia que se sustentan la revocatoria de la semilibertad del actor en señalar que solo con fecha 6 de agosto de 2008 asistió a controlar sus actividades, resultando que desde el mes de setiembre de dicho año no acudió a registrase en la Hoja de Control de Asistencia de Liberados del INPE de Samegua, argumentación contenida en las resoluciones cuestionadas que este Colegiado considera válidas en términos constitucionales. En efecto, se tiene que el actor fue excarcelado con fecha 5 de agosto de 2008 en ejecución de la resolución que estimó su solicitud de semilibertad en el Expediente Penal N° 2000-00312, resultando que solo el día 6 de agosto de 2008 asistió a controlar sus actividades –como sostiene el propio actor– registrando su fi rma. Esto quiere decir que a partir del día 8 de setiembre en adelante el recurrente contó con más de 15 días útiles (previos a su reclusión provisoria proveniente de otra instancia judicial en la que era investigado como presunto autor de un nuevo delito) en los cuales este pudo haber recurrido al lugar que le indique la autoridad, contexto por el que tampoco resulta justifi cante y menos válido para sustentar la presunta irrazonabilidad de la medida de la revocatoria el argumento del actor en el que dice que se habría variado la modalidad de registro ya que 15 días útiles son más que sufi cientes para cumplir con el mandato judicial del cumplimiento de la regla de conducta del control del benefi ciario de la semilibertad o en su caso poner en conocimiento del juzgador que le dio la libertad anticipada –bajo apercibimiento de ser revocada– tal imposibilidad.
A ello se debe agregar que considerándose que el recurrente fue nuevamente recluido con fecha 8 de octubre de 2008 en mérito a la detención provisoria emitida en el nuevo proceso penal (Expediente N° 2008-597-15-2801-JR-PE-1), él o su defensa tuvo la necesidad de comunicar tal imposibilidad en el proceso de ejecución materia de autos (esto es la de cumplir con la regla de conducta de su control) y no en su lugar pretender a través del presente hábeas corpus que se convalide su desinterés para con el cumplimiento de las reglas de conducta que estaban sujetas –desde el momento de su concesión– al apercibimiento de la revocación de la semilibertad. En este sentido es pertinente subrayar que conforme a lo señalado en el artículo 38 de la Constitución todo ciudadano peruano tiene el deber de concurrir ante las autoridades competentes las veces requeridas, ello, claro está, atendiendo a los fi nes que deriven del proceso que lo comprende [Cfr. RTC Exp. N° 9700-2006-PHC/TC y RTC Exp.
N° 02553-2007-PHC/TC], máxime si en el caso de la falta de poner en conocimiento de la autoridad judicial la imposibilidad (desde el día 8 de octubre de 2008) de cumplir con su control traerían consigo la inevitable revocatoria por falta de cumplimiento de la regla de conducta de su control mensual. En cuanto a esto último es oportuno indicar que la falta del control de un liberado por la concesión de un benefi cio penitenciario (recurrir mensualmente a dar cuenta de sus actividades), constituye uno de los presupuestos para la revocatoria de la concesión de la libertad anticipada (sea semilibertad o liberación condicional), y no como insinúa el actor en su demanda –basado en la literalidad– que tendría que incumplir con más de una de las reglas de conducta impuesta para que la revocatoria resulte válida.
10. Finalmente, en cuanto a la alegada falta de requerimiento del cumplimiento de las reglas de conducta, se tiene que mediante Resolución de fecha 22 de octubre de 2008 (fojas 59 del Cuaderno acompañado) se cumplió con requerir al actor a fi n de que cumpla con las reglas de conducta impuestas en la resolución que le concedió la semilibertad, esto es previamente a la revocatoria de la semilibertad (24 de abril de 2009). Todo esto quiere decir que el Juez del Juzgado Penal Liquidador de Mariscal Nieto cumplió con el presupuesto legal establecido en el artículo 192 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, que si bien se podría alegar su falta o su tardía notifi cación, ello, como ya se dijo, se debió a la propia conducta del actor quien tiene el deber de concurrir ante el juez que le impuso dicho requerimiento al otorgarle la semilibertad, resultando que ante la imposibilidad física de su cumplimiento tenía la necesidad de comunicar ello por cualquier medio (imposibilidad de esto último que este Colegiado no considera verosímil), lo que no habría acontecido en más de 6 meses de su reclusión y que a su vez comportó la revocatoria de la semilibertad concedida.
11. En consecuencia, y estando a los fundamentos antes expuestos, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado la afectación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad personal.
Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad personal.
SS. CALLE HAYEN / ÁLVAREZ MIRANDA / URVIOLA HANI
CORRESPONDE AL PODER JUDICIAL LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA Y DE LAS REGLAS DE CONDUCTA CUANDO SE OPTA POR SU NO EJECUCIÓN
Martes, 28 Julio 2015 21:42
CORRESPONDE AL PODER JUDICIAL LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA
Y DE LAS REGLAS DE CONDUCTA CUANDO SE OPTA POR SU NO EJECUCIÓN
CASACIÓN N° 120-2010-CUSCO
Lima, cinco de mayo de dos mil once
VISTOS; en audiencia pública; el recurso de casación por inobservancia de la norma procesal interpuesto por el Fiscal Superior Penal del Cusco, contra la sentencia de vista de fecha nueve de setiembre de dos mil diez, de fojas ochenta y seis, que confi rmó la sentencia de primera instancia del veinte de julio de dos mil diez, de fojas veintiocho, gue aprobó el acuerdo de conclusión anticipada del proceso llevado a cabo entre las partes procesales y condenó a Luis Alberto Ramos Flores como autor del delito contra la familia, subtipo incumplimiento de obligación alimentaria en agravio del menor de iniciafes A.R.L., representada por su progenitora Noemí Palomino La Rosa Alzamora y le impone dos años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, imponiéndole determinadas reglas de conducta.
PRIMERO: Que, uno de los extremos de la sentencia de vista de fecha nueve de setiembre de dos mil diez, de fojas ochenta y seis, que confi rmó la sentencia de primera instancia del veinte de julio de dos mil diez, de fojas veintiocho, que dispuso imponer como regla de conducta a Luis Alberto Ramos Flores:
i) que comparezca personal y obligatoriamente al local del Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa de Santiago-Cusco, cada sesenta días y por todo el periodo de prueba, para justifi car sus actividades; y ii) fi rmar el libro respectivo de control; contra los cuales el Fiscal Superior Penal del Cusco interpuso recurso de casación.
SEGUNDO: Que, el Fiscal Superior Penal del Cusco al interponer recurso de casación de fojas ochenta y nueve, fundamentalmente sostiene que el Ministerio Público no puede ejecutar las reglas de conducta que se imponen en una sentencia como lo prescriben los artículos veintinueve y cuatrocientos ochenta y nueve del Código Procesal Penal conforme se ha dispuesto en la resolución recurrida; además, los artículos cincuenta y cincuenta y ocho del Código Penal establecen que el Juez es el encargado de supervisar la ejecución de las reglas de conducta, cuando se suspende la ejecución de la pena, por lo tanto, el cumplimiento de las reglas de conducta es atribución exclusiva de Juez de la Investigación preparatoria.
TERCERO: Que, señaló el Tribunal de Apelación –ver resolución de vista de fojas ochenta y seis, considerando tercero–, que si bien, el Ministerio Público es la institución que vela por el real cumplimiento de las sentencias, tal interpretación ya no tiene cabida en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, porque el Código Penal actual se dio cuando estaba vigente el modelo procesal anterior, empero, ahora el actual modelo procesal ha cambiado estructuralmente las formas y prácticas del proceso penal y es el Ministerio Público el órgano encargado de hacer cumplir las reglas de conducta impuestas.
CUARTO: Que, cumplido el trámite previsto por el apartado uno del artículo cuatrocientos treinta y uno del nuevo código Procesal penal, sin que las partes presenten alegatos ampliatorios, se ha llevado a cabo la audiencia de casación conforme a sus propios términos y según consta en el acta correspondiente.
Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, corresponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en acto público, conforme a la concordancia de los artículos cuatrocientos treinta y uno, apartado cuatro y cuatrocientos veinticinco, apartado cuatro, del código acotado, el día veinticinco de mayo del presente año a las ocho y treinta de la mañana.
PRIMERO: Que, es materia del recurso de casación el extremo de la sentencia de vista que confi rmando la de primera instancia estableció como reglas de conducta al condenado Luis Alberto Ramos Flores comparecer personal y obligatoriamente al local del Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa de Santiago-Cusco, cada sesenta días y por todo el periodo de prueba para justifi car sus actividades, así como fi rmar el libro respectivo de control.
El Tribunal de Apelación sustenta su decisión en el apartado tres del artículo cuatrocientos ochenta y ocho del Código Procesal Penal, que según su interpretación tácita del mismo –al ordenar que el sentenciado comparezca a la Segunda Fiscalía Corporativa de Santiago, Cusco, para justifi car sus actividades y fi rmar el libro de control respectivo– corresponde al Ministerio Público la ejecución de las sanciones penales.
SEGUNDO: Que, el recurso de casación es un medio de impugnación de competencia del Supremo Tribunal, en virtud del cual se pide la anulación de resoluciones defi nitivas de los Tribunales inferiores, no sujetas por sí o no sujetas ya a ninguna otra impugnación, por error de derecho sustantivo o procesal; además, la casación tiene una fi nalidad eminentemente defensora del ius constitutionis, del ordenamiento jurídico, a través de dos vías; i) la función nomofi láctica, que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico; y ii) la función uniformadora de la Jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, así los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica se concretan a través de la fi nalidad de la casación, de garantizar la unidad de la aplicación de la ley y hacer justicia en el caso concreto, instituyéndose de este modo en un medio de protección jurídica contra la arbitrariedad.
TERCERO: Que, establecida la competencia y límites del presente recurso impugnativo corresponde evaluar si ha sido correcta la disposición de la Sala de Apelaciones del Cusco o ha incurrido en inobservancia de norma procesal –artículo cuatroscientos veintinueve, apartado dos del nuevo Código Procesal Penal–, vulnerando el valor de seguridad jurídica y el principio de igualdad.
Que, el proceso penal de ejecución como corresponde a su naturaleza jurisdiccional, está bajo la dirección del órgano jurisdiccional. La ejecución de lo juzgado integra la potestad jurisdiccional, de suerte que, conforme a la garantía de ejecución, que integra el principio de legalidad penal (artículo dos, apartado veinticuatro, literal “d” de la Constitución Política del Estado) “(…) la ejecución de la pena será intervenida judicialmente” –que traduce la idea de control judicial de su cumptimiento– (artículo VI del Título Preliminar del Código Penal). Ello es así en cumplimiento de la garantía judicial de tutela jurisdiccional efectiva (artículo ciento treinta y nueve, apartado tres de la Constitución Política del Estado), que impone la existencia de un control jurisdiccional sobre toda la fase de ejecución en atención a los derechos e intereses legítimos que pueden ser afectados. El Poder Judicial no puede renunciar a este ámbito del proceso penal, destinado precisamente a la realización judicial de las consecuencias jurídicas, civiles y penales, establecidas en la sentencia fi rme que se erige en título de ejecución –dar cumplimiento al mandato establecido en la sentencia–, y la forma como interviene en este tipo de proceso es la trazada por la ley ordinaria.
CUARTO: Que, conforme se ha sostenido en la resolución que declara bien concedido el recurso de casación excepcional interpuesto por el Fiscal al señalar en su considerando sétimo que sobre el particular existe una sentencia casatoria que interpretó y esclareció esta controversia, esto es, ¿quién se encargaba del control y quién de la ejecución de la sentencia?; en tal sentido, se citó como regla general el artículo veintinueve numeral cuatro del nuevo Código Procesal Penal, que dispone “(…) que coresponde al Juez de la Investigación Preparatoria conducir la ejecución de la sentencia”. Esta competencia funcional genérica ha sido ratifi cada por el artículo cuatrocientos ochenta y nueve del citado Código, que impone al Juez la atribución de practicar las diligencias necesarias para la ejecución de las sanciones penales”.
QUINTO: Que, en el mismo sentido, el argumento sostenido por la Sala Penal de Apelaciones del Cusco, referido a que según su criterio emerge una nueva aplicación con el nuevo Código Procesal Penal al surgir un cambio estructural en las formas y prácticas del proceso penal ordinario, que tal apreciación también ha sido dilucidada en la sentencia casatoria número setenta y nueve-dos mil nueve, del diecisiete de setiembre de dos mil diez, emitida por la Sala Penal Permanente, en la que se señaló “(...) el artículo cuatrocientos ochenta y ocho del nuevo Codigo Procesal Penal reconoce derechos y facultades que tienen las partes en el proceso penal de ejecución. Todas ellas están facultadas para plantear al Juez los requerimientos y observaciones que legalmente correspondan a este ámbito (comprende, como es obvio, la sanción penal, la reparación civil y las consecuencias accesorias impuestas en la sentencia). El apartado tres del indicado precepto impone al Fiscal una atribución adicional: controlar la ejecución de las sanciones penales en general; control que se materializa ‘(...) instando las medidas de supervisión y control que correspondan, y formulando al Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos que fueren necesarios para la correcta aplicación de la Ley’. El control a que se refi ere el precepto analizado es de carácter externo. El Fiscal por su condición de guardián de la legalidad y titular de la acción penal, tiene injerencia para instar –pedir imperiosamente– medidas de supervisión y control, así como para formular requerimientos en orden a la correcta aplicación de la ley (…)”.
SEXTO: Que, la diferencia subsistente entre los términos de control y ejecución a que se refi ere el artículo cuatrocientos ochenta y ocho del Código Procesal Penal, debe entenderse, en el primer caso, como comprobar el cumplimiento de las sanciones penales, fi scalizar las mismas e intervenir para exigir su cumplimiento total; contrariamente a ello, cuando se hace referencia a la “ejecución” de la sanción penal, signifi ca llevar a la práctica o realizar una orden, cumplir una orden en virtud del mandato judicial; por lo tanto, es esta y no otra la interpretación que se debe brindar a los términos en comentario, no existiendo ninguna variación en el órgano encargado de la ejecución de sentencia como erróneamente lo menciona la Sala Penal de Apelaciones del Cusco al sostener que ahora, en el nuevo Código Procesal Penal, correspondería al Ministerio Público ser el órgano a donde debería comparecer el sentenciado a justifi car sus actividades y fi rmar el libro respectivo de control.
SÉTIMO: Que, por lo antes acotado, el Tribunal de Apelación inobservó el artículo cuatrocientos ochenta y ocho, apartado tres del nuevo Código Procesal Penal, le dio un alcance interpretativo incorrecto, y no lo concordó debidamente desde una interpretación sistemática con los artículos veintiocho, veintinueve y cuatrocientos noventa y uno del citado Código.
Por lo tanto, debe rescindirse el extremo recurrido de la sentencia de vista y, desde el juicio rescisorio, como no se requiere de un nuevo debate (artículo cuatrocientos treinta apartado uno del nuevo Código Procesal Penal), debe ratifi carse la sentencia casatoria número setenta y nueve-dos mil nueve, de fecha diecisiete de setiembre de dos mil diez, toda vez, que las reglas de conducta corresponde administrarlas al Juez de Investigación Preparatoria.
Declararon FUNDADO el recurso de casación por inobservancia de la norma procesal interpuesto por el Fiscal Superior Penal del Cusco; CASARON la sentencia de vista de fecha nueve de setiembre de dos mil diez, de fojas ochenta y seis, que confi rmó la sentencia de primera instancia del veinte de julio de dos mil diez, de fojas veintiocho, en el extremo que dispuso imponer como regla de conducta a Luis Alberto Ramos Flores: i) que comparezca personal y obligatoriamente al local del Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa de Santiago-Cusco, cada sesenta días y por todo el periodo de prueba, para justifi car sus actividades; y ii) fi rmar el libro respectivo de control.
Actuando en sede de instancia y pronunciándose sobre el fondo: REVOCARON la sentencia de vista ya mencionada, reformando la de primera instancia de fecha veinte de julio de dos mil diez, en el extremo referido a la indicada disposición: ORDENARON que el condenado asista al Juzgado de Investigación Preparatoria cada sesenta días a fi n de informar y justifi car sus actividades, así como fi rmar el libro de control de sentenciados correspondientes.
ESTABLECIERON como criterio jurisprudencial los fundamentos jurídicos cuarto, quinto y sexto de la presente Ejecutoria.
DISPUSIERON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique como corresponde.
SS. VILLA STEIN / RODRÍGUEZ TINEO / PARIONA PASTRANA / NEYRA FLORES / CALDERÓN CASTILLO
DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS
Martes, 28 Julio 2015 21:43
EXP. N° 04059-2010-PHC/TC-AREQUIPA
PEDRO HUMBERTO ARÉVALO HERNÁNDEZ
En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Humberto Arévalo Hernández contra la resolución expedida por la Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 155, su fecha 31 de agosto del 2010, que declaró improcedente la demanda de autos.
Con fecha 19 de marzo del 2010, don Pedro Humberto Arévalo Hernández interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Vega Velarde, Sahuanay Calsín y Gómez Baca; alegando la vulneración de los derechos al debido proceso, a la libertad individual y del principio de tempus regit actum, por lo que solicita la nulidad de la resolución de fecha 21 de enero del 2010, que declaró improcedente su solicitud de liberación condicional.
El recurrente refi ere que el 28 de diciembre del 2005 fue sentenciado en el proceso penal N° 195-92 (acumulado 2002-4195) por el delito de terrorismo a 23 años de pena privativa de la libertad; que habiendo cumplido los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N° 927, presentó su solicitud para la obtención del benefi cio penitenciario de libertad condicional, siendo que tanto la solicitud como los documentos fueron expedidos por el INPE de Socabaya en fecha anterior a la publicación de la Ley N° 29423, por lo que le corresponde que le sea aplicado el Decreto Legislativo N° 927 y se le conceda dicho benefi cio.
A fojas 59 y 60 de autos obra la declaración de los vocales emplazados, quienes manifi estan que la solicitud del recurrente fue declarada improcedente pues recién a partir del conocimiento por parte del órgano jurisdicional se inicia propiamente el procedimiento destinado a obtener el benefi cio penitenciario, conforme al artículo 55 del Código de Ejecución Penal.
El Procurador Público Adjunto ad hoc en procesos judiciales constitucionales del Poder Judicial al contestar la demanda señala que el benefi cio penitenciario para el delito de terrorismo establecido en el Decreto Legislativo N° 927 fue derogado por la Ley N° 29423, vigente desde el 15 de octubre del 2009.
El Primer Juzgado Penal Unipersonal, con fecha 24 de junio del 2010, declara infundada la demanda al considerar que la resolución cuestionada ha sido expedida conforme a ley y a la Constitución Política del Perú, señalando que la aplicación del principio tempus regit actum está dirigida a actos jurisdiccionales y no a los realizados en sede administrativa.
La Sala Penal de Apelación de la Corte Superior de Justicia de Arequipa revoca la apelada y la improcedente al considerar que la fecha que corresponde es la de presentación de la solicitud para obtener el benefi cio penitenciario.
El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 21 de enero del 2010, expedida por la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que declaró improcedente la solicitud de liberación condicional de don Pedro Humberto Arévalo Hernández. El accionante alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la libertad individual y del principio tempus regit actum.
La Constitución Política del Perú señala en su artículo 139, inciso 22, que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, lo cual, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que: “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya fi nalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Al respecto, este Tribunal ha precisado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 010-2002-AI/TC, F. J. 208, que los propósitos de reeducación y rehabilitación del penado “(...) suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justifi cación de las penas privativas de la libertad es, en defi nitiva, proteger a la sociedad contra el delito”.
En cuanto a la supuesta afectación a los principios de irretroactividad de la ley y de la aplicación de la ley más favorable al reo en materia penal (establecidos en el artículo 103 de la Constitución, este Supremo Intérprete de la Constitución ha señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 4786-2004-HC/TC que “pese a que existe un nexo entre la ley penal (que califi ca la conducta antijurídica y establece la pena) y la penitenciaria (que regula las condiciones en las que se ejecutará la pena impuesta), esta última no tiene la naturaleza de una ley penal, cuya duda sobre sus alcances o eventual colisión con otras leyes imponga al juzgador la obligación de aplicar la ley más favorable”. Desde esa perspectiva, atendiendo a que las normas que regulan el acceso a los benefi cios penitenciarios no son normas penales materiales sino normas de Derecho penitenciario, sus disposiciones deben ser consideradas como normas procedimentales, puesto que ellas establecen los presupuestos que fi jan su ámbito de aplicación, la prohibición de acceder a benefi cios penales y la recepción de benefi cios penitenciarios aplicables a los condenados.
Es en este contexto que este Tribunal ha precisado en la sentencia recaída en el caso Carlos Saldaña Saldaña(Expediente N° 2196-2002-HC/TC, FF. JJ. 8 y 10) que “[e]n el caso de las normas procesales penales rige el principio tempus regis actum, que establece que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. [No obstante, se considera asimismo que] la legislación aplicable para resolver un determinado acto procedimental, como el que atañe a los benefi cios penitenciarios, está representada por la fecha en la cual se inicia el procedimiento destinado a obtener el benefi cio penitenciario, esto es, el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a este”.
El recurrente alega que le correspondería que se le aplique el Decreto Legislativo N° 927, pues este estaba vigente a la fecha de presentación de su solicitud para la concesión del benefi cio de liberación condicional; sin embargo, la solicitud a que se refi ere son los diversos documentos solicitados ante la autoridad administrativa; es así que solicita certifi cado de conducta, el 17 de setiembre del 2009; certifi cado de no tener proceso pendiente con mandato de detención, 7 de octubre del 2009; cómputo educativo, 16 de setiembre del 2009; constancia de trabajo, 11 de setiembre del 2009 (fojas 3 de autos).
Al respecto, la ley aplicable es la que que se encontraba vigente al momento de presentarse la petición ante el juez y no como erróneamente considera el recurrente la fecha en que recurre a la autoridad administrativa para organizar su expediente para la obtención del benefi cio de libertad condicional; por consiguiente, al haber presentado el recurrente su solicitud ante el juzgado el 5 de noviembre del 2009 (fojas 10 vuelta), cuando ya se encontraba en vigor la Ley N° 29423, correspondía que sea esta ley y no el decreto legislativo invocado la que se aplique para resolver su solicitud.
El Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia recaída en el Expediente N° 2700-2006-PHC/TC, caso Víctor Alfredo Polay Campos, que, en estricto, los benefi cios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fi n es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. En efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas. Por otro lado, no cabe duda de que aun cuando los benefi cios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción del acceso a los mismos debe obedecer a motivos objetivos y razonables, por lo que la resolución judicial que se pronuncia al respecto debe cumplir con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales.
Del análisis de la resolución de fecha 21 de enero del 2010, a fojas 8 de autos, se aprecia que esta se encuentra debidamente motivada respecto a la aplicación de la Ley N° 29423, que determinó que se confi rme el auto que declaró improcedente su solicitud de liberación condicional. Por consiguiente es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 2 del Código Procesal Constitucional.
SS. ÁLVAREZ MIRANDA / BEAUMONT CALLIRGOS / CALLE HAYEN
REVOCATORIA DIRECTA DE LA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA POR NO CONCURRIR A FIRMAR EL REGISTRO DE CONTROL
Martes, 28 Julio 2015 21:45
EXP. N° 01770-2010-PHC/TC-JUNÍN
MARCIAL OROYA TICLLAS
En Lima, a los 30 días del mes de setiembre de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Marcial Oroya Ticllas contra la sentencia expedida por la Sala de Vacaciones - Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 217, su fecha 15 de febrero de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.
Con fecha 21 de diciembre de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Primer Juzgado Penal de Huancavelica, señor Edwin Mario Espinoza Oré, y contra los integrantes de la Sala Penal de Huancavelica, señores José Ramiro Chunga Purizaca, Jorge Armando Bonifaz Mere y Julio Alfonso Gutiérrez Sandoval, con la fi nalidad de que se declare la nulidad de la Resolución N° 81, de fecha 3 de setiembre de 2009, y su confi rmatoria, Resolución N° 3, de fecha 10 de noviembre de 2009, y que en consecuencia, se dejen sin efecto las órdenes de captura dictados en su contra, puesto que con ello se le está afectando su derecho a la libertad individual.
Refi ere que en el proceso penal seguido en su contra por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas fue condenado a 4 años de pena privativa de la libertad, con carácter de suspendida, fi jándose en dos años el periodo de prueba e imponiéndosele determinadas reglas de conducta y el pago de una reparación civil. Señala que los emplazados han emitido las resoluciones cuestionadas, revocando la suspensión de la pena privativa de libertad y disponiendo su inmediata ubicación y captura, bajo el argumento de que no ha cumplido con registrar su fi rma cada 30 días. Asimismo, expresa que los emplazados debieron de revocar la suspensión de la pena solo como última ratio¸ puesto que existen otras alternativas menos gravosas a su derecho, pese a lo cual se optó por la medida más severa. Finalmente, refi ere que el Juez emplazado solo se ha limitado a expresar que el demandante ha incumplido las reglas de conducta mediante Resolución N° 80, la cual no se le entregó personalmente, lo que ha afectado su derecho de defensa.
El Sexto Juzgado Penal de Huancayo declara fundada la demanda, considerando que los emplazados inobservaron el artículo 59 del Código Penal, puesto que no aplicaron las dos primeras sanciones establecidas antes de la revocatoria.
La Sala Superior revisora, revocando la apelada, declara infundada la demanda, considerando que los emplazados, para revocar la pena suspendida, no solo se centraron en la inconcurrencia del actor a fi rmar mensualmente, sino en el incumplimiento del pago de la reparación civil.
El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la Resolución N° 81, de fecha 3 de setiembre de 2009, y su confi rmatoria, que revocó la suspensión de la pena privativa de libertad y en consecuencia dispuso la captura y detención del actor. Se aduce que se le está afectando su derecho a la libertad individual, en la medida que solo es admisible la medida adoptada cuando se han impuesto sanciones más leves.
Al respecto, el artículo 59 del Código Penal establece lo siguiente:
Artículo 59.- Si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, según los casos:
Prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fi jado. En ningún caso la prórroga acumulada excederá de tres años.
Revocar la suspensión de la pena.
En tal sentido, se advierte que el órgano jurisdiccional penal puede optar por diversos mecanismos ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas en una condena, sin que pueda exigírsele la aplicación de las dos primeras antes de imponer la revocatoria, es decir, dicha norma no obliga al juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, sino que ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas.
En el presente caso, de las resoluciones cuestionadas –que revocaron la suspensión de la pena– se observa que su fundamentación principal radica en el hecho de que el actor no ha cumplido con asistir mensualmente a fi rmar el registro respectivo, pese haber sido requerido por el juzgado. Así, a fojas 42 se tiene el Registro de las fi rmas realizadas por el actor, observándose que, efectivamente, solo concurrió a fi rmar en 4 meses desde que fue sentenciado, sin expresar de manera alguna la existencia de determinada situación que lo haya imposibilitado a concurrir.
Por ello, es evidente que ante la conducta del actor, los emplazados se encontraban facultados para válidamente revocar la suspensión de la pena privativa de libertad, sin que pueda exigírsele la imposición de las dos primeras sanciones.
Debe precisarse que si bien la revocación de la suspensión de la pena no requiere ningún requisito de procedibilidad previo, conforme lo ha expresado este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N° 3165-2006-PHC/TC (Caso Edwin Quispe Huamán, fundamento 2), al señalar que: “(...) ante el referido incumplimiento de las reglas de conducta, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente se notifi quen las amonestaciones”, por lo que bastaría que se confi guraran los hechos previstos en la norma (es decir, la falta del cumplimiento de las reglas de conducta o la condena por la comisión de otro delito) para proceder a la revocación, en el presente caso el Juez emplazado requirió al recurrente en el domicilio que él mismo señaló en el proceso penal, pese a lo cual mantuvo su conducta de inconcurrencia (fojas 73).
Por lo expuesto, la demanda debe ser desestimada, al no haberse acreditado la vulneración del derecho invocado por el actor.
Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus, al no haberse acreditado la vulneración del derecho invocado. Publíquese y notifíquese.
SS. MESÍA RAMÍREZ / BEAUMONT CALLIRGOS / ETO CRUZ
LA REVOCATORIA DE LA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA SOLO PUEDE TENER LUGAR DENTRO DEL PERIODO DE PRUEBA O DE SUSPENSIÓN
Martes, 28 Julio 2015 21:50
LA REVOCATORIA DE LA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA SOLO
PUEDE TENER LUGAR DENTRO DEL PERIODO DE PRUEBA O DE SUSPENSIÓN
EXP. N° 01474-2010-PHC/TC-PIURA
NICANOR LARA ELÍAS
En Lima, a los 3 días del mes de setiembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicanor Lara Elías contra la sentencia expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 165, su fecha 25 de marzo de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos.
Con fecha 4 de marzo de 2010, don Nicanor Lara Elías interpone demanda de hábeas corpus traslativo contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Piura, don Víctor Alberto Corante Morales, don Luciano Castillo Gutiérrez y don Tulio Villacorta Calderón, invocando graves violaciones del debido proceso o a la tutela judicial efectiva al sometérsele a un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto a la forma y las condiciones en que se le ha revocado la condicionalidad de la pena impuesta en la sentencia de primera instancia por la pena efectiva, por igual periodo de tiempo impuesto, lo que, a criterio del actor, afecta su derecho a la libertad.
Refi ere que mediante sentencia de fecha 18 de marzo de 2009, el Juzgado Penal Liquidador de Chulucanas en el proceso N° 2008-0452 lo condenó por el delito de usurpación a dos años de pena privativa de la libertad suspendida bajo el cumplimiento de ciertas reglas de conducta, entre las que se consideró la entrega por parte del recurrente de la posesión del inmueble al agraviado dentro del plazo de ocho días, bajo apercibimiento de revocársele dicha condicionalidad por la pena efectiva, sentencia que al ser apelada, fue confi rmada por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura. Considera que con la citada decisión se violó el derecho a su libertad y a la del agraviado, porque conforme al acta de entrega de la posesión del 19 de enero 2010, ambos acuerdan la entrega de la posesión del inmueble, otorgándole el primero al segundo un nuevo plazo de quince días para que haga la entrega física del predio, siendo que el agraviado acudió al juez de la causa para que garantice la entrega de la posesión y ante dicha entrega el recurrente solicitó al juez que cambiara la pena privativa de la libertad por la de trabajos comunitarios, pedidos que fueron declarados improcedentes por resolución del 21 de enero de 2010, expedida por el Juzgado Liquidador del Módulo Básico de Justicia de Chulucanas, sin fundamentar dicha decisión, ante lo cual se interpuso recurso de apelación, por lo que el superior jerárquico confi rmó la resolución emitida por el a quo.
Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados, mediante escrito de fojas 25, sostienen que el invocado hàbeas corpus traslativo deviene en improcedente toda vez que ante la efectivización del apercibimiento de la revocatoria de la condicionalidad de la pena impuesta al actor no resulta amparable su pedido de conversión de la pena, porque ello solo es procedente al momento de la emisión de la pena mas no posteriormente; que el colegiado ha emitido pronunciamiento dentro del plazo de ley; que no se ha violentado el debido proceso o la tutela judicial efectiva del recurrente, quien en todo momento ha hecho uso de la pluralidad de las instancias, y que las resoluciones emitidas se han hecho en estricto cumplimiento de la normatividad procesal, así como con respeto a los derechos y principios contenidos en la Constitución.
El Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Piura, con fecha 16 de marzo de 2010, declaró improcedente la demanda por considerar que, como consecuencia de un proceso penal regular donde se han respetado los derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, de defensa, a la prueba, a la doble instancia, y a la motivación de resoluciones judiciales, se expidió la sentencia condenatoria contra el recurrente, bajo reglas de conducta, entre otras, la de devolver el terreno usurpado, sentencia que fue apelada por el actor, por lo que por resolución de vista debidamente motivada confi rmó la sentencia en todos sus extremos; que ante su conducta renuente de cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia, se le revocó la suspensión de la condicionalidad de la pena por una efectiva, siendo que con posterioridad a dicha revocatoria entregó el terreno cuando estaba purgando pena efectiva. La Sala Superior competente confi rma la apelada, por los mismos fundamentos.
El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la resolución de fecha 30 de octubre de 2009, que revocó la suspensión de la pena impuesta contra el favorecido por el incumplimiento de la regla de conducta referida a la devolución materia del proceso de usurpación convirtiéndola en efectiva, lo que, a criterio del actor, vulnera el derecho a la libertad personal. Este Tribunal considera que la resolución en cuestión, en términos generales, es una resolución fi rme, toda vez que el pedido que solicitaba su nulidad ha sido declarado infundado y luego confi rmado por la Sala Superior Penal.
La revocatoria de la suspensión en la ejecución de la pena privativa de la libertad
2. La Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que el hábeas corpus procede cuando se amenace o viole el derecho a la libertad personal o sus derechos constitucionales conexos. A su vez, el artículo 2 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus (...) proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona.
3. Este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino relativo. Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretende limitar su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad, mediante una resolución judicial motivada.
4. Sobre esta base, según la normatividad penal vigente, el juez puede suspender la ejecución de la pena por un periodo de uno a tres años siempre que se cumplan determinados requisitos, pero que en cualquier caso, su vigencia estará condicionada al cumplimiento de la reglas de conducta que necesariamente habrán de estar expresamente establecidas en la sentencia condenatoria.
5. Sin embargo, el artículo 59 del Código Penal señala que si durante el periodo de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, según los casos: 1) Amonestar al infractor; 2) Prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fi jado, o 3) Revocar la suspensión de la pena.
Sobre el particular, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que dicha norma no obliga al juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, sino que ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas (Exp. N° 2517-2005-PHC; Exp. N° 3165-2006-PHC; Exp. N° 3883-2007-PHC, entre otras).
6. Desde tal perspectiva, de la disposición legal citada (artículo 59, CP) se desprende que en caso de procederse a la revocatoria de la suspensión de la pena, esta en principio debe tener lugar mientras dure el periodo de la suspensión o periodo de prueba mediante resolución debidamente motivada, previo requerimiento al interesado de que, en caso de incumplimiento procederá la revocatoria de la suspensión de la pena; sostener lo contrario equivale a señalar que la revocatoria de la suspensión de la pena por incumplimiento de las reglas de conducta procede en todos los casos una vez que ha vencido el periodo de prueba, lo cual resultaría un contrasentido.
Análisis del caso materia
7. A fojas 34 obra la sentencia de fecha 18 de marzo de 2009, que condenó al favorecido por el delito de usurpación a 2 años de pena privativa de la libertad, suspendida por igual periodo de prueba condición de que, entre otras reglas de conducta, cumpla con devolver el terreno usurpado en el plazo de ocho días, bajo apercibimiento de aplicársele las reglas contenidas en el artículo 59 del Código Penal.
8. Asimismo, se advierte que con fecha 30 de octubre de 2009, se revoca la condicionalidad de la pena por una pena efectiva por igual periodo de tiempo impuesto (fojas 56). El recurrente pidió que se deje sin efecto esta decisión, pedido que fue declarado improcedente por el Juzgado Penal Liquidador de Morropón Chulucanas, por resolución de fecha 21 de enero de 2010 (fojas 65). Apelada esta decisión, fue confi rmada mediante resolución de vista de fecha 22 de febrero de 2010 (fojas 124), de lo que se evidencia que el juez de la causa no revocó la condicionalidad de la pena de manera arbitraria e irrazonable, sino luego de haberse aplicado en forma sucesiva las medidas que establece el artículo 59 del Código Penal, y siendo que, además, en su motivación, se describe de manera objetiva los hechos antes indicados.
9. Que por lo demás, este Tribunal considera que si mediante un proceso penal se determinó la responsabilidad penal del benefi ciario respecto del delito de usurpación, siendo condenado a pena privativa de libertad suspendida bajo ciertas reglas de conducta, resulta un imperativo que estas deben ser cumplidas bajo apercibimiento de revocársele dicha condicionalidad conforme lo establece la ley penal sustantiva Mal haría este Colegiado al pretender evaluar la pertinencia o no de las reglas impuestas y/o de la revocatoria de la suspensión de la pena ante el no cumplimiento por parte del sentenciado dentro del periodo de prueba o ante el cumplimiento posterior a la revocatoria de la suspensión de la pena, opción que además no se encuentra entre las facultades asignadas a este Tribunal, dado que no es una suprainstancia jurisdiccional, de lo que se colige que no se ha violado el derecho a la libertad personal, por lo que la demanda debe ser desestimada.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú
Declarar INFUNDADA la demanda de autos porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos fundamentales de la libertad, del debido proceso y de la tutela procesal y judicial efectivas.
SS. BEAUMONT CALLIRGOS / ÁLVAREZ MIRANDA / URVIOLA HANI
LA REVOCATORIA DE UN BENEFICIO PENITENCIARIO ANTERIOR COMO CONSECUENCIA DEL JUZGAMIENTO REQUIERE DE DEBATE PROBATORIO AL RESPECTO
Martes, 28 Julio 2015 21:52
EXPEDIENTE : Nº 01569-2010-40-1308-JR-PE-02 RELATORA : DURAND DURAND, DEYSI ANAHÍ
ABOGADO DEFENSOR : GAVINO LINDO, JULIO
MINISTERIO PÚBLICO : 3º DESPACHO DE INVESTIGACIÓN DE HUAURA
IMPUTADOS : LINDO GAVINO, JOSÉ MARTÍN
ESQUIVEL LEYVA, RODOLFO MANUEL
AGRAVIADO : SOTO MENDOZA, LUIS ÁNGEL
Huacho, seis de mayo del dos mil once
VISTOS Y OÍDOS: Viene en apelación la sentencia de fecha primero de marzo del año en curso, en el extremo que resuelve CONDENAR a los acusados Rodolfo Manuel Esquivel Leyva a DIEZ AÑOS de Pena Privativa de Libertad Efectiva y a José Martín Lindo Gavino a OCHO AÑOS de Pena Privativa de Libertad Efectiva por la comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Luis Ángel Soto Mendoza; el Colegiado Superior está integrado por los Jueces Superiores Reyes Alvarado, Caballero García (Directora de Debates) y Riveros Jurado.- Y;
Hechos imputados al acusado:
Que, se le imputa a los acusados que aproximadamente a las 17.20 horas del día 10 de julio del 2010 a la altura del Sector “La Colmena” en el Distrito de Santa María, en los precisos instantes en que el agraviado Luis Ángel Mendoza se disponía a retirarse de su vehículo de placa de Rodaje AGV-7, luego de haber cancelado a un comerciante por la compra de un producto lácteo, sorprendieron a este de manera violenta quienes con palabras soeces e insultos lo amenazaron e hicieron subir al vehículo, tomando el volante y conduciendo uno de los sujetos que se encontraba provisto de un arma de fuego(revolver) mientras que el otro le exigía al agraviado que le entregue el dinero procediendo a rebuscarle en sus bolsillos, con resultado negativo; pero como quiera que algunos transeúntes habían observado el hecho delictuoso, avisan a la comisaría, por lo que un patrullero interviene, lo que provoca que los acusados decidan dejar abandonado al agraviado por un cerro aledaño al restaurante conocido como “Chinchay”, dándose a la fuga los acusados al borde del vehículo, sin embargo, la policía logra posteriormente la captura de los acusados; encontrándole a José Martín Lindo Gavino un revólver marca Trade Mark, color plateado, cañón largo, abastecida con 5 municiones y a Rodolfo Manuel Esquivel Leyva un pasamontañas de color negro.
Califi cación Jurídica:
Los hechos han sido tipifi cados por el Representante del Ministerio Público como delito Contra El Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, previsto en los artículos 188 y 189 inciso 3 y 4 del Código Penal. Pena solicitada:
El Ministerio Público solicita se le imponga a los acusados 12 años de pena privativa de libertad y además al pago de la reparación civil de S/. 500.00 nuevos soles por cada uno de los acusados a favor del agraviado Luis Ángel Soto Mendoza.
PETITORIO DE LA PARTE APELANTE:
Que, la Fiscalía ha apelado la sentencia condenatoria solo en el extremo de la pena impuesta al imputado Rodolfo Manuel Esquivel Leyva, señalando que ha sido condenado a 10 años de pena privativa de la libertad, cuando solicito la pena de 12 años; señala que en el presente caso no se trata de un habitual sino un reincidente conforme lo señala el artículo 46 inciso b) del Código Penal por cuanto este tiene tres procesos: a) El Expediente 645-2010, en el 2005 que fue condenado ha 4 años suspendida por 3 años, b) El Expediente 1119-2005 donde se le impuso 4 años como pena, el cual vence este año 2011 y hubo una refundición, asimismo c) El Expediente 77-2007 de fecha 17 julio del 2007, en la que fue condenado a 6 años de pena, el cual vencería en el 2013 y, por lo que se supone que estaría con benefi cio penitenciario. Por lo tanto se precisa que en este caso la pena debió ser mas de lo fi jado por ley, por lo que el Fiscal Superior desconoce porque el Fiscal Provincial solicito 12 años, ya que se trata de un hecho grave por lo que pide se revoque la venida en grado y que se le imponga la pena de 12 años.
III. PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO ESQUIVEL LEYVA
La defensa del imputado precisa que deja a criterio de la Sala el mejor resolver, al señalar que en este caso solo ha querido colaborar con su patrocinado, ya que si no se interpuso recurso de apelación alguna, es porque el mismo se encontraba conforme con la sentencia expedida en primera instancia.
IV. PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO LINDO GAVINO
Que, en cuanto a la apelación de José Martín Lindo Gavino, el abogado defensor ha señalado que no es proporcional que se le haya impuesto la pena privativa de la libertad de 8 años, toda vez que se trata de un robo cometido en grado de tentativa, ya que se encontraba en estado alcohólico, conforme lo ha reconocido el propio agraviado como se señala en el punto nueve de la sentencia de primera instancia; asimismo que admitió los hechos cometidos y que dado sus condiciones personales se trata de un mototaxista que tiene domicilio, ha trabajado en el servicio militar, tiene constancia de abandono de hogar por parte de su esposa, tiene las partidas de sus hijos, y que es la primera vez que viene cometiendo un hecho delictuoso y, si bien cometió un hecho delictuoso merece se le dé una oportunidad, por lo cual solicita que la pena de ocho años sea rebajada.
Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que todo eso ha sido valorado por el Juez de primera instancia al momento de imponerle ocho años de pena privativa de la libertad al acusado Martín Lindo Gavino.
V. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DECISIÓN:
5.1. Que, la Fiscalía en este acto ha solicitado se revoque la pena de diez años efectiva impuesta a Rodolfo Manuel Esquivel Leyva, pidiendo que esta sea de doce años, asimismo ha precisado que desconoce que se trata de un hecho grave y que el Fiscal Provincial debió solicitar una pena mayor y que incluso la pena debió ser superior al máximo señalado por el tipo penal.
5.2. Que, es de precisar que en el Expediente N° 77-2007 el acusado Esquives Leyva ha sido condenado a seis años de pena privativa de la libertad efectiva, por lo que el Ministerio Público supone que estaría con benefi cio penitenciario, toda vez que esta sentencia vencería en el 2013, sin embargo no hay ningún medio de prueba que acredite que efectivamente se encontraría con benefi cio penitenciario, por lo que en este caso lo que debió corresponder es que en primera instancia la Fiscalía haga de conocimiento de los Jueces de Juzgamiento este hecho, conforme lo señala el artículo 399.2 del Código Procesal Penal y someter a debate esta situación, es más en la etapa de investigación debió acopiar los medios de prueba a efectos de que sometido a debate pueda solicitar incluso se revoque el benefi cio penitenciario concedido, y al no haberlo hecho el Juez de Juzgamiento se encontraba en este aspecto sin los medios de pruebas sufi cientes para proceder conforme lo señala el artículo 399.3 del Código Procesal Penal, por lo que en este extremo este Órgano Jurisdiccional considera que se debe remitir copias al Órgano de Control del Ministerio Público a efectos de que se deslinde su responsabilidad por no haber puesto en conocimiento y no haber investigado este supuesto, dado que se trata de un robo agravado a efectos de que luego del debate el Juez tome una decisión correcta. Si coincidimos en lo que ha expresado el persecutor del delito de que no se trata de un habitual sino de un reincidente, dado que ya tiene tres sentencias y con esta sería la cuarta, no existiendo mayor argumentación al respecto porque la misma Fiscalía Provincial no lo puso en debate en primera instancia y de hacerlo en esta instancia se estaría afectando el principio de la doble instancia y la afectación del derecho de defensa de la parte sentenciada; por dichos fundamentos en este extremo se confi rma la sentencia venida en grado.
5.3. En cuanto al extremo solicitado por la defensa técnica de que la sentencia de ocho años impuesta a Lindo Galindo debe ser menor, toda vez que como indica la defensa es primario y dada sus condiciones personales la pena debió ser menor, sin embargo también lo es que lo expuesto por la defensa fue evaluado por el juzgado de primera instancia, ya que se tuvo en cuenta el estado de ebriedad, sus condiciones personales, el hecho de ser primario, pero hay que precisar que de acuerdo a los hechos imputados se tiene que fue Lindo Gabino, quien si bien no tenía antecedentes penales fue él que el día de los hechos tenía un revólver y fue precisamente el que amenazó al agraviado siendo diferente la conducta atribuible en este caso al sentenciado Esquivel Leyva, por lo que este Órgano Jurisdiccional considera también que en este extremo la sentencia ha respetado el principio de proporcionalidad y racionabilidad entre el hecho imputado y la pena impuesta, toda vez que la pena mínima es de doce años y se le ha impuesto ocho años de pena privativa de la libertad, por lo que en este efecto también este órgano jurisdiccional confi rma la sentencia venida en grado.
VI. SOBRE EL SEÑALAMIENTO DE COSTAS
Con respecto a las costas se tiene que, el artículo 499 del Código Procesal penal, referido a Personas e Instituciones exentas, en su inciso 1 señala que –entre otros– se encuentra exentos del pago de costas los Representantes del Ministerio Público.
Asimismo, al imputado recurrente Lindo Gavino se le exonera de su pago, pues si bien no habría tenido motivos atendibles también lo es que solo cuestionó la pena privativa de la libertad.
VII. SOBRE LECTURA INTEGRAL DE LA SENTENCIA ESCRITA
7.1. El artículo 425. 4) del Código Procesal Penal, establece que la sentencia de segunda instancia se pronunciara siempre en audiencia pública. Pues bien en el presente caso se ha cumplido con este requisito debido a que en la misma fecha que se realizó la audiencia después de haberse deliberado inmediatamente se hizo conocer en resumen los fundamentos de la decisión. Por lo tanto, el contenido integral de la sentencia escrita debe ser notifi cado a los domicilios procesales de las partes, a fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 425.6) del código acotado, que prescribe sobre la notifi cación de la sentencia de segunda instancia en el caso de que esta sea recurrida.
7.2. Consideramos que la interpretación de la anotada norma está acorde con la oralidad para la aplicación del sistema procesal penal acusatorio vigente en nuestro país, es que cuando la norma procesal antes indicada se refi ere a que la sentencia de segunda instancia se pronunciara siempre en audiencia pública. Estimamos que dicho pronunciamiento se cumple al hacer conocer los argumentos y la decisión oralmente, a los justiciables presentes y público concurrente. En caso contrario cuando el tribunal no hace conocer oralmente las razones, argumentos o fundamentos y la decisión de la sentencia de segunda instancia. Entonces se encuentra obligado a señalar fecha y hora para una próxima sesión pública para dar lectura integral a la sentencia escrita. Cuando se hace conocer oralmente en acto público en resumen los argumentos y la decisión,–la sentencia integral escrita solamente debe notifi carse a las partes procesales, careciendo de objeto dar lectura a la sentencia escrita posteriormente porque bastará su notifi cación a los domicilios procesales. Puesto que además la sentencia ya fue dictada oralmente con anterioridad.
7.3. Consideramos un error y una práctica negativa para la efi cacia y efi ciencia del sistema procesal penal acusatorio, que con anterioridad –pese a que se hacia conocer oralmente los argumentos, fundamentos o razones y la decisión de la sentencia de segunda instancia–, el Tribunal Superior decidía fi jar fecha y hora para posteriormente dar lectura a la sentencia escrita, lo cual signifi caba innecesariamente ocupar salas de audiencias y asistentes de audiencias, que muy bien pueden servir para la realización de otras audiencias donde exista debate. El plazo que se fi jaba para leer la sentencia escrita era no mayor de diez días. En la mayoría de estos casos las partes procesales no se hacían presente a dicho acto porque ya conocían los fundamentos y la decisión respectiva que se les hizo conocer oralmente. Y, los Jueces con las asistencias de audiencias, sin asistencia de las partes ni público tenían que leer sentencias escritas por media hora, una hora o más –dependiendo de la cantidad de hojas de papel que contenía la sentencia escrita–, que muy puede ser aprovechado para realizar otras labores.
7.4. El artículo 425.1) del Código Procesal Penal, establece que el plazo para dictar sentencia de segunda instancia no podrá exceder de diez días. En ninguna parte del contenido de la norma indicada dice que se debe dar lectura a la sentencia escrita en el plazo de diez días. Por lo tanto a partir de la fecha la interpretación de las normas antes indicadas, variando de criterio es la que corresponde a los fundamentos precedentes. Debiendo tener presente que en caso de haberse hecho conocer oralmente los fundamentos y la decisión de la sentencia de segunda instancia, el plazo para notifi car la sentencia integral escrita de la misma será de 10 diez conforme a la norma antes descrita.
Por dichos fundamentos, los miembros de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Resuelve:
01. Por Unanimidad, CONFIRMAR la sentencia de fecha primero de marzo del año en curso, en el extremo que resuelve CONDENAR a los acusados RODOLFO MANUEL ESQUIVES LEYVA a DIEZ AÑOS de Pena Privativa de Libertad Efectiva y a JOSÉ MARTÍN LINDO GAVINO a OCHO AÑOS de Pena Privativa de Libertad Efectiva, por la comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado en grado de tentativa, en agravio de Luis Ángel Soto Mendoza.
02. SIN COSTAS: conforme al considerando VI de la presente resolución.
03. REMITIR COPIAS al Órgano de Control Interno del Ministerio Público, conforme al considerando 5.2.
05. MANDARON: Que, cumplido estos trámites se devuelvan los autos al Juzgado de origen.
INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADO EL PEDIDO DE LIBERACIÓN CONDICIONAL
Martes, 28 Julio 2015 21:53
CASACIÓN N° 20-2010-HUAURA
Lima, quince de junio de dos mil diez
VISTOS; el recurso de casación interpuesto por el sentenciado JULIO CÉSAR TOSCANO SILVESTRE contra el auto superior de fojas setenta y nueve, del doce de febrero de dos mil diez, que confi rmando la resolución de primera instancia de fojas cincuenta y cinco, del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, declaró infundado el pedido de liberación condicional del recurrente.
SEGUNDO.- Que se ha recurrido un auto superior que confi rmando el de primera instancia declaró infundado el pedido de liberación condicional del sentenciado JULIO CÉSAR TOSCANO SILVESTRE.
TERCERO.- Que, sin embargo, el inciso uno del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal establece restricciones de carácter objetivo que solo se circunscribe a: (i) sentencias defi nitivas, (ii) los autos se sobreseimiento, (iii) los autos que ponen fi n al procedimiento o extingan la acción penal o la pena –la nota característica de estas resoluciones es el efecto de poner término al proceso–, y (iv) los autos que deniegan la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena; que en todos estos casos la resoluciones deben haber sido expedidas en apelación por la Sala Penal Superior.
CUARTO.- Que, en consecuencia, la resolución que declaró infundado el pedido de liberación condicional es ajena a esos supuestos señalados –númerus clausus– en la norma procesal como objeto impugnable, por no revestir el carácter de decisión defi nitiva y tampoco comprende el otro aspecto de esta vía de impugnación –el referente a los autos que ponen fi n, deniegan la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena–, en cuanto se trata de un solicitud de benefi cio penitenciario. Por lo tanto, en principio, escapa a la competencia casacional de este Tribunal Supremo.
SEXTO.- Que si bien el sentenciado JULIO CÉSAR TOSCANO SILVESTRE invocó la casación excepcional, sin embargo no especifi có a este Tribunal Supremo el motivo por el que sería necesario que se desarrolle la doctrina jurisprudencial para enmendar problemas surgidos en cuanto a: la unifi cación de posiciones encontradas, la actualización de la doctrina imperante sobre un tema concreto o un pronunciamiento sobre un tema aún no desarrollado, y se conozca del presente recurso pese a su inadmisibilidad –constituye el aspecto central y nuclear de la admisión de esta modalidad del recurso–.
SÉTIMO.- Que el recurrente promovió el recurso de casación excepcional, a pesar de que no expresó razones serias y fundadas para hacerlo con arreglo al inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete e inciso tres del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal. Por lo tanto, es pertinente condenarlo al pago de costas de conformidad con el inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y siete del citado Código.
Declararon INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el sentenciado JULIO CÉSAR TOSCANO SILVESTRE contra el auto superior de fojas setenta y nueve, del doce de febrero de dos mil diez, que confi rmando la resolución de primera instancia de fojas cincuenta y cinco, del veintiséis de noviembre de dos mil nueve, declaró infundado el pedido de liberación condicional del recurrente.
CONDENARON al pago de las costas de la tramitación del recurso de casación al sentenciado Julio Cesar Toscano Silvestre, y ordenaron que el Juez de origen cumpla con su liquidación y pago, conforme al artículo cuatrocientos diecinueve del Código Procesal Civil.
MANDARON se notifi que a las partes la presente Ejecutoria.
DISPUSIERON se devuelvan los actuados al Tribunal de origen; interviniendo el señor Neyra Flores por licencia del señor Prado Saldarriaga. Hágase saber
SS. SAN MARTÍN CASTRO / LECAROS CORNEJO / PRÍNCIPE TRUJILLO / NEYRA FLORES / SANTA MARÍA MORILLO
EL PLAZO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA ES IGUAL AL MÁXIMO DE LA SANCIÓN FIJADA EN LA LEY EL PLAZO EXTRAORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA ES IGUAL AL MÁXIMO DE LA SANCIÓN FIJADA EN LA LEY MÁS SU MITAD
Martes, 28 Julio 2015 21:54
EL PLAZO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA ES IGUAL AL MÁXIMO DE LA SANCIÓN FIJADA EN LA LEY
EL PLAZO EXTRAORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA ES IGUAL AL MÁXIMO DE LA SANCIÓN FIJADA EN LA LEY MÁS SU MITAD
EXP. N° 03722-2010-PHC/TC-LIMA
JULIO CÉSAR PUCHULAN QUILCATE
En Lima, a los 15 días del mes de noviembre de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Puchulan Quilcate contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 132, su fecha 2 de agosto de 2010, que declaró infundada la demanda de autos.
Con fecha 2 de junio de 2010, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Jueza del Décimo Primer Juzgado Penal de Lima, señora Ayacahua Riojas, con la fi nalidad de que se disponga su inmediata excarcelación por haber prescrito la acción penal y la pena, puesto que se está afectando su derecho a la libertad individual.
Refi ere que en el proceso que se le siguió por el delito contra el patrimonio –estafa– se le condenó a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en tres años, sujeta a cumplimiento de reglas de conducta. Señala que ha sido detenido el 27 de mayo de 2010 por disposición de la emplazada pese a que desde la comisión de los hechos –junio de 1999– hasta la fecha han transcurrido más de 10 años y 11 meses, por lo que debe ser liberado al haber cumplido en exceso la condena impuesta, esto es, más de cuatro años y cinco meses.
Realizada la investigación sumaria, el recurrente se ratifi ca en el contenido de su demanda. Por otro lado, la demandada expresó que el recurrente fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente bajo las reglas de conducta. Asimismo, señala que con fecha 26 de octubre de 2005 se le revocó la condicionalidad de la pena, siendo detenido 27 de mayo de 2010. Finalmente, refi ere que conforme al tercer párrafo del artículo 87 del Código Penal, en los casos de la revocación de la condena condicional, el plazo de prescripción comienza a correr desde el día siguiente de la referida revocación, no habiéndose excedido dicho plazo a la fecha de la detención del demandante.
El Cuadragésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, con fecha 18 de junio de 2010, declara infundada la demanda considerando que el plazo de prescripción no ha vencido, por lo que no se acredita la vulneración del derecho invocado por el recurrente. La Sala Superior revisora confi rma la apelada por similares argumentos.
El objeto de la presente demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del recurrente argumentándose para ello que a la fecha de su detención –esto es el 27 de mayo de 2010– el plazo de prescripción de la pena privativa de libertad impuesta por sentencia de fecha 14 de agosto del 2003 ya había vencido, motivo por el que considera que se está afectando su derecho a la libertad individual.
Conforme lo ha expuesto este Colegiado en reiteradas oportunidades, la interpretación de la ley penal es una atribución del juez penal y solo podrá revisarse las decisiones que este emita siempre que como consecuencia de ellas, se afecten derechos fundamentales de modo arbitrario o irrazonable. Justamente, conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional este Tribunal puede ingresar el análisis de fondo de la materia controvertida en atención a los términos de la demanda, en cuanto la pretensión acusa vulneración, en forma manifi esta, de la libertad individual del recurrente.
El recurrente señala que ha sido detenido el 27 de mayo de 2010 por disposición de la Jueza emplazada pese a que el plazo de prescripción de la pena impuesta ya ha vencido, por lo que se evidencia –conforme a los términos de la demanda– la necesidad de que este Colegiado evalúe la existencia de una situación arbitraria.
El artículo 86 del Código Penal dispone que el plazo de prescripción de la pena es el mismo que establece el artículo 80 de dicho Código para la prescripción de la acción penal, es decir, igual al máximo de la pena fi jada por la ley para el delito por el que fue condenada la persona.
A fojas 26 de autos obra la sentencia de fecha 14 de agosto de 2003, en la que se condena al recurrente a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en tres años por el delito contra el patrimonio –estafa–, delito que conforme a lo dispuesto por el artículo 196 del Código Penal tiene una pena máxima de 6 años. En consecuencia, el plazo ordinario de prescripción de la pena que se le impuso era de 6 años.
Dicho plazo comenzó a correr desde el día en que la sentencia condenatoria quedó fi rme, es decir, desde el 22 de noviembre de 2004 (fojas 31), siendo interrumpido el 26 de octubre de 2005, fecha en que se revocó la condicionalidad de la pena por no haber cumplido las reglas de conducta fi jadas en la sentencia.
Conforme al tercer párrafo del artículo 87 del Código Penal, a partir del 26 de octubre de 2005 –fecha en que se revocó la condicionalidad de la pena– comenzó a correr un nuevo plazo de prescripción, que de acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del mismo artículo, concordante con el último párrafo del artículo 83 del mismo Código, no podía superar en una mitad al plazo ordinario de prescripción, es decir, en el caso del recurrente, no podía sobrepasar los 9 años contados desde la fecha en que la sentencia condenatoria quedó fi rme –22 de noviembre de 2004–.
Cabe precisar que el 27 de mayo de 2010, fecha en que el recurrente fue detenido, aún no había vencido el plazo de prescripción de la pena privativa de libertad impuesta, como afi rma el demandante.
Por consiguiente, no habiéndose acreditado la vulneración del derecho a la libertad individual invocado por el recurrente, la demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,
Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración del derecho a la libertad individual invocado por el recurrente.
SS. BEAUMONT CALLIRGOS / CALLE HAYEN / URVIOLA HANI
CASOS EN QUE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL PUEDE ADECUAR LA PENA
Martes, 28 Julio 2015 21:55
EXP. N° 03914-2010-PHC/TC-LIMA
REYNALDO MOISÉS CABRERA ARCE
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reynaldo Moisés Cabrera Arce, contra la resolución expedida por la Sexta Sala Penal de reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima de fojas 180, su fecha 1 de julio de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
Que con fecha 23 de enero de 2009 don Reynaldo Moisés Cabrera Arce interpone demanda de hábeas corpus y la dirige contra los Jueces integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, señores Durán Huaringa, Santillán Salazar y Mac Pherson Molina. Alega vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la motivación de resoluciones judiciales y a la libertad individual.
Refi ere que en el proceso que se le siguió por la comisión de delito de tráfi co ilícito de drogas (Expediente N° 766-98) se le impuso una pena privativa de libertad de 18 años y que posteriormente mediante recuso de nulidad fue reformada a 25 años, la misma que posteriormente fue adecuada 18 años. Asimismo señala que ante el pedido de sustitución de la pena se varió esta a 15 años de pena privativa de libertad, sin tener en consideración que era reo primario, que no tenía antecedentes judiciales y penales y que un coprocesado, don David López Malpartida, fue quien aceptó, conforme se señala en la sentencia, ser el propietario de la droga decomisada, y además registra otras sentencias por la misma naturaleza del delito, no obstante lo cual le sustituyeron la pena a 12 años de pena de privativa de libertad; esto es, 3 años menos que él, por lo que considera que no es un criterio aceptable.
2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus.
3. Que tal como ya lo ha señalado este Tribunal la determinación de la responsabilidad penal es competencia exclusiva de la justicia ordinaria, aspecto que también involucra la graduación de la pena impuesta en sede penal atendiendo a la conducta de cada imputado en concreto. En este sentido, no cabe sino recalcar que la asignación de la pena obedece a una declaración previa de culpabilidad realizada por el juez ordinario, el que en virtud de la actuación probatoria realizada al interior del proceso penal llega a la convicción sobre la comisión de los hechos investigados, la autoría de ellos, así como el grado de participación de los inculpados. Así, el quantum de la pena obedece a un análisis que realiza el juez penal sobre la base de los criterios mencionados para consecuentemente fi jar una pena proporcional a la conducta ilícita de cada imputado en concreto.
4. Que en este sentido se debe subrayar que no puede acudirse ante la justicia constitucional para solicitar la sustitución de la pena ya que dicha pretensión entrañaría que este Tribunal se constituya en una tercera instancia, lo que sin duda excedería el objeto de los procesos constitucionales de la libertad y el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. Otra sería la situación si se advirtiese una negativa injustifi cada por parte del órgano jurisdiccional de absolver la solicitud de sustitución de la pena pretendida por el condenado con legítimo derecho, lo que implica un desconocimiento de la retroactividad benigna de las leyes penales consagrada en
el artículo 103 de la Constitución, o que se haya atendido la solicitud de adecuación de la pena y esta, sin embargo, hubiera sido graduada fuera del nuevo marco legal que atañe al ilícito por el que se cumple la condena, en cuyo caso la justicia constitucional se encuentra habilitada para realizar el examen de aquella resolución judicial [fi rme] con una sustentación del fondo de la controversia constitucional planteada en la demanda; lo que no ha sucedido en el caso de autos pues al recurrente se le sustituyó la pena conforme al nuevo marco legal. A mayor abundamiento cabe señalar que la resolución que le sustituyó la pena al recurrente a 15 años de pena privativa de libertad, se justifi có al señalar que en la sentencia originaría de fecha 18 de febrero de 2000 no se advirtieron factores y circunstancias de carácter sustantivo o procesal que hayan permitido al Colegiado que sentenció disminuir la pena a límites inferiores al límite legal y que les permita atender la solicitud del interno recurrente (fojas 20).
5. Que en consecuencia la demanda debe ser desestimada en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, toda vez que lo que en realidad pretende el actor es que el juzgador constitucional se instituya como una tercera instancia de la vía ordinaria a fi n de atender la pretensión que contiene su demanda, esto es, que la pena que le fue adecuada a su codenunciado David López Malpartida debió ser alzada, o en defecto de lo interpretado, que la pena que le fue adecuada al recurrente debió de ser menor. Tal cuestión no está referida en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal.
SS. MESÍA RAMÍREZ / ÁLVAREZ MIRANDA / VERGARA GOTELLI / BEAUMONT CALLIRGOS / CALLE HAYEN / ETO CRUZ / URVIOLA HANI
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 297-2011-P-PJ CIRCULAR SOBRE LA DEBIDA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS (17/08/2011)
Martes, 28 Julio 2015 22:01
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 297-2011-P-PJ
CIRCULAR SOBRE LA DEBIDA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS (17/08/2011)
Los informes solicitados por la Presidencia del Poder Judicial y la comunicación cursada por la Ofi cina de Control de la Magistratura, acerca de la debida comprensión de la naturaleza y alcances de los benefi cios penitenciarios en el ordenamiento jurídico nacional.
PRIMERO.- Que, de acuerdo a la naturaleza jurídica reconocida a los benefi cios penitenciarios, estos constituyen incentivos que desde el Estado se conceden a internos(as) para facilitar su readaptación social. Tal como señala el artículo 165 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. “(…) son estímulos que se otorgan a los internos como parte del tratamiento progresivo aplicado por nuestra legislación responder a las exigencias de individualización de la pena, y a la concurrencia de factores positivos en la evolución coadyuvantes a su reeducación y reinserción social”, sin perjuicio de valores obvios componentes preventivo generales asociados a la entidad y naturaleza del injusto perpetrado.
SEGUNDO.- Que, en este sentido, como ha venido sosteniendo reiteradamente las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, la institución de los benefi cios penitenciarios no se concibe como derechos del penando, cuyo reconocimiento debiera ser obligatorio. Más bien importa el ejercicio de potestades discrecionales, regladas jurídicamente y entendidas como garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuya fi nalidad es el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas, las cuales no implican, en caso alguno, un otorgamiento automático, independientemente de que se hubiese cumplido los presupuestos formales legalmente establecidos.
El Juez o jueza, a fi nal de cuentas, ha de tener la razonable certeza de una positiva evolución del penado en el proceso de reinserción.
TERCERO.- Que la actuación del Juez en este incidente de ejecución penal resulta fundamental como consecuencia del principio de control judicial de la ejecución de lo juzgado, reconocido en el artículo VI del Título Preliminar del Código Penal. Su función primordial consiste no solo en verifi car el cumplimiento escrupuloso de los presupuestos formales que determinan la admisibilidad y, en su caso, la procedencia en sede jurisdiccional del propio incidente de benefi cios penitenciarios.
El Juez también, y con mayor rigor jurídico, desde la perspectiva de la fundabilidad del benefi cio penitenciario solicitado, debe examinar, en primer lugar, la “naturaleza del delito cometido”; en rigor, la gravedad objetiva y la transcendencia social del hecho punible.
En segundo término, la “personalidad del agente”, esto es, sus características individuales, en atención al delito cometido; su nivel de inserción en el mundo criminal, y los valores que lo rigen; su conducta en el Establecimiento Penitenciario; y, su actitud ante el delito perpetrado y la víctima, incluyendo las acciones realizadas para reparar el daño generado –en sus diversos planos, no solo material o económico– según la perspectiva más relevante en atención a las circunstancias específi cas de su situación personal.
Por último, es imperativo apreciar en sus adecuados alcances la “peligrosidad del agente” –predisposición al delito, ingresos carcelarios, condenas dictadas, actividades previstas a su ingreso al Establecimiento Penitenciario, vida laboral y familiar, domicilio, etcétera–, así como –desde la perspectiva del Código Penal– la reincidencia y/o habitualidad.
El órgano jurisdiccional ha de tener presente que la concurrencia de laguna de estas circunstancias negativas, entre otras de nivel o jerarquía similar, excluye toda posibilidad de concesión del benefi cio penitenciario.
CUARTO.- Que, por otro lado, si bien es presupuesto para el juicio de admisibilidad y procedencia en su caso que el cuaderno de benefi cio penitenciario se forme con el “(…) informe sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario” [artículo 49 y 54 del Código de Ejecución Penal], este ha de ser, por su obvio carácter documental-pericial, razonado y razonable, explicando convincentemente sus conclusiones.
Pero, además, tal Informe no solo no es vinculante para el juez de la ejecución, quien muy bien, en ejercicio de sus implícitas potestades jurisdiccionales, de ofi cio y en aras de la garantía genérica de tutela jurisdiccional y del valor justicia material, puede ordenar se amplíe o complete. Asimismo, puede disponer, con el carácter de mejor resolver: la realización de una pericia; la elaboración de los informes necesarios por las autoridades o personas jurídicas, siempre que fueran pertinentes al caso; o la actuación de las diligencias que resulten indispensables para la justa decisión del benefi cio penitenciario solicitado.
QUINTO.- Que, sin perjuicio de que mediante una norma con rango de ley se regule convenientemente, tomando en cuenta la realidad del país y el estado de los Establecimientos Penales, la institución de los benefi cios penitenciarios, es imperativo que en sede judicial se establezca una racional, adecuada y unifi cada comprensión de los mismos. Es lamentable constatar que, debido a algunas erróneas comprensiones actualmente utilizadas por ciertos jueces y juezas, muchos peligrosos delincuentes han obtenido libertad anticipada sin haberse garantizado su readaptación social, con lo que se propicia un clima de inseguridad ciudadana, la consiguiente generación de nuevos delitos y la pérdida de la credibilidad de nuestra población en el Poder Judicial.
Por estos fundamentos, el Presidente del Poder Judicial, de conformidad con las atribuciones que le concede el artículo 73 y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27465.
ARTÍCULO 1.- Precisar que, como la naturaleza jurídica de los benefi cios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional es la de un estímulo o incentivo y no la de un derecho, el cumplimiento de los presupuestos formales previstos en los artículos 49 y 54, respectivamente, del Código de Ejecución Penal no asegura su otorgamiento.
ARTÍCULO 2.- Establecer que la concesión de uno de estos benefi cios constituye una actividad discrecional del Juez o Jueza –aunque jurídicamente vinculada–, quien solamente puede otorgarlos si se cumplen las presupuestos materiales puntualizados en el fundamento jurídico tercero (artículo 50, segundo párrafo, y 55, última frase del primer párrafo, del Código de Ejecución Penal), siempre que permitan razonablemente una prognosis positiva de readaptación social del interno(a).
El órgano jurisdiccional ha justifi cado, mediante la motivación pertinente con absoluta claridad y rigor jurídico, la estimación o desestimación del benefi cio penitenciario solicitado.
ARTÍCULO 3.- Instalar a los Jueces y Juezas que están constitucionalmente autorizados a examinar críticamente el Informe sobre el grado de readaptación del Interno que acompaña la Administración Penitencia, el cual no es vinculante. En tal virtud, pueden ordenar, dentro de plazos breves, se amplíe y compete el referido Informe, así como disponer la realización de una pericia, la elaboración de informes por las autoridades o personas jurídicas o la actuación de las diligencias que resulten indispensables para la justa decisión del benefi cio penitenciario solicitado.
ARTÍCULO 4.- Transcribir la presente Resolución-Circular a todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, la Ofi cina de Control de la Magistratura, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Jefatura de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial y la Gerencia General del Poder Judicial.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 192
 artículo 25
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 44
 artículo 50
 artículo 52
 artículo 58
 artículo 192
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 38
 Resolución 
 resolución 
 artículo 192
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 artículo 10
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 59
 Resolución 
 artículo 59

Artículo 59
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 200
 artículo 2
 resolución 
 artículo 59
 resolución 
 artículo 59
 resolución 
 resolución 
 artículo 59
 artículo 46
 artículo 399
 artículo 399
 artículo 499
 artículo 425
 artículo 425
 artículo 425
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 87
 artículo 4
 artículo 86
 artículo 80
 artículo 196
 artículo 87
 artículo 83
 resolución 
 artículo 200
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 artículo 5

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 165
 artículo 73

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4