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STC 69/2000, 13 de Marzo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 144279
STC 69/2000, 13 de Marzo de 2000
Número de Recurso: 2000/1997
RA 2000/97. Promovido por don José Luis M. B. y otros frente al Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza que aclaró la Sentencia dictada en grado de apelación, dimanante de un juicio de menor cuantía en el que se les había condenado al pago de una cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial (intangibilidad de las resoluciones firmes): aclaración sobre las partidas de la contabilidad de una empresa litigante que da lugar a desestimar un recurso de apelación, previamente estimado.
Sentencia citada en: 550 sentencias, 14 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2000/97, promovido por don José Luis M. B. , don Ignacio María S. M. , don José Luis I. M. , don José Antonio F. A. , don Jon-Mikel I. Z. , don Juan José G. G. , don Alejandro H. A. , y don Ignacio Francisco E. M. , representados por el Procurador de los Tribunales don Fernando Aragón Martín, y asistidos por el Letrado don Antonio Longás Pellicena, contra el Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 22 de abril de 1997, de aclaración de la Sentencia dictada en apelación por la misma Sala, con fecha 15 de abril de 1997, en el juicio de menor cuantía 712/95-C. Han intervenido la entidad CINTASA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez Fernández Novoa y asistida por el Letrado don Juan Luis Bel Arbunies. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de mayo de 1997, el Procurador don Fernando Aragón Martín, en nombre y representación de don José Luis M. B. y otros interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza citado en el encabezamiento, por lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), en su manifestación de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.
Con fecha 24 de abril de 1996 el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Zaragoza dictó Sentencia en el juicio de menor cuantía 712/95, en la que estimó en parte la demanda planteada por CINTASA, S.A., contra DIMAK LABORAL, S.A.L., don José Luis M. y otros, recurrentes en el presente amparo, administradores de esta última, absolviendo de los pedimentos a la entidad demandada, pero condenando a sus administradores, también demandados, al pago de 1.641.652 pesetas, entre otros pronunciamientos, sin hacer condena en costas.
Contra la anterior resolución interpusieron recurso de apelación tanto CINTASA, S.A., como don José Luis M. B. y otros, demandante y demandados (y condenados), respectivamente, siendo estimado parcialmente el recurso de la primera (condenando a la entidad demandada y elevando a 3.269.941 pesetas la cuantía de la condena) y totalmente el de los segundos (que pedían su absolución), por lo que la Audiencia Provincial revocó la Sentencia de instancia, desestimó la demanda en cuanto a don José Luis M. B. y otros, a los que absolvió, y condenó a DIMAK LABORAL, S.A.L., al pago de la suma de 3.269.941 más sus intereses legales.
Habiendo solicitado CINTASA, S.A., aclaración de la anterior Sentencia, se procedió a la misma por Auto de 22 de abril de 1997. En dicho Auto se rectificó el fallo de la Sentencia, en el sentido de estimar el recurso de apelación formulado por la entidad actora y desestimar el presentado por los administradores demandados, ahora recurrentes de amparo, revocando la Sentencia de instancia en el solo extremo de elevar la suma por la que se estimaba la demanda en la totalidad de los 3.269.441 pesetas.
Contra dicho Auto presentaron los administradores demandados un escrito fechado el 29 de abril de 1997, en el que se solicitaba la aclaración del Auto de aclaración o bien la declaración de nulidad del mismo. Se anunciaba además la formulación de un recurso de amparo por vulneración del art. 24.1 CE, y se solicitaba la suspensión de la ejecución de la Sentencia hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por providencia de 5 de mayo de 1997, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza declaró no haber lugar a acceder a las peticiones contenidas en el suplico de dicho escrito, ni por tanto a la suspensión de la Sentencia.
Sostienen los recurrentes en su demanda de amparo que el Auto aclaratorio dictado por la Audiencia Provincial vulnera su derecho fundamental a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, garantizado en el art. 24.1 CE, pues, aducen los demandantes de amparo, la mentada Sentencia de apelación no pudo cometer ningún error aritmético, ya que el citado fundamento de Derecho de dicha resolución no contiene operación aritmética alguna, ni cabe apreciar incoherencia o desajuste alguno ente los fundamentos de la mentada Sentencia de apelación y su fallo. En realidad se trata, dicen los recurrentes, de un error jurídico que la Audiencia trató de corregir mediante la aclaración, dando aplicación al art. 260 del Real Decreto Legislativo núm. 564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el sentido que pretendía la actora civil.
Por providencia de 3 de julio de 1998, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza testimonio del rollo de apelación núm. 449/96 y al Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Zaragoza el de las actuaciones del juicio de menor cuantía núm. 712/95, debiendo emplazar previamente a quienes hubiesen sido parte en dicho procedimiento, a excepción de los recurrentes en amparo, para que pudieran comparecer si lo estimaban conveniente en este proceso constitucional.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 de julio de 1998, interesó su personación en el presente recurso de amparo la entidad CINTASA, S.A.
La Sección Cuarta acordó mediante providencia de 28 de septiembre de 1998 tener por personada y parte en el procedimiento a la entidad CINTASA, S.A., y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, a tenor de lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, pudieran presentar cuantas alegaciones estimaran pertinentes.
Por escrito registrado en este Tribunal el 31 de octubre de 1998, los recurrentes en amparo elevaron sus alegaciones, reiterando las aducidas en su demanda de amparo. Abundan en que, a pesar de lo discutible que pueda ser la fundamentación vertida en la Sentencia de apelación por la Audiencia Provincial, ésta resultaba razonable y coherente, recayendo un fallo congruente con dicha motivación, sin que se pusieran de manifiesto errores aritméticos o materiales que justificaran la posterior aclaración y su resultado revocatorio. La Sentencia no fundó su juicio sobre la eventual responsabilidad de los recurrentes en la situación de insolvencia en la que se encontraba la sociedad demandada en la incidencia que pudieran tener sus pérdidas en el capital social, sino a partir de la comparación entre los elementos patrimoniales de la entidad y sus deudas sociales. De esa comparación, lo que la Audiencia coligió era la "no muy feliz marcha de la sociedad", pero no "el desequilibrio patrimonial reflejado en la Sentencia" de instancia, revocada inicialmente en la apelación, constituyendo la ratio decidendi de la Sentencia de apelación la falta de acreditación de que los administradores de dicha sociedad actuaron tardíamente ante su insolvencia. Criterio que mudó con ocasión del recurso de aclaración, solapando la alteración del fallo absolutorio en la corrección de un inexistente error aritmético.
El 4 de noviembre de 1998 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal, remitido por el Juzgado de guardia, el escrito en el que la entidad CINTASA, S.A., elevó sus alegaciones interesando la desestimación del amparo solicitado. Después de señalar que el trámite de aclaración de Sentencias constituye un cauce legalmente previsto para la alteración de resoluciones judiciales firmes con el propósito de evitar que una parte en el proceso se beneficie de palmarias oscuridades, omisiones o errores materiales en los que incurriese la resolución judicial, entre los que deben contarse los errores materiales manifiestos y los aritméticos, la parte razona que en el caso de autos la Audiencia había incurrido en un evidente error de cálculo sobre las pérdidas sufridas por la sociedad demandada que corrigió en trámite de aclaración con la consecuencia ineluctable de que el fallo en apelación debía ser objeto también de modificación.
Por escrito registrado en este Tribunal el 5 de noviembre de 1998, elevó sus alegaciones el Ministerio Fiscal interesando la estimación del presente recurso de amparo. A su juicio, y a la vista de la doctrina de este Tribunal sobre el particular (con cita de las SSTC 23/1994, 19/1995 y 122/1996), el Auto aclaratorio no contiene ni expresa razón alguna que dé cuenta del cambio tan radical de criterio, pasando de la inicial absolución a la condena de los recurrentes, toda vez que no se acompaña a la operación aritmética efectuada en dicho Auto de argumentación a partir de la cual resulte que una diferencia negativa de 200.000 pesetas debía conducir a una estimación de las pretensiones de la actora civil y a la condena de los demandantes de amparo. Sin que se deje de advertir que el supuesto error aritmético que venía a corregir el controvertido Auto de la Audiencia Provincial no resulta en modo alguno del texto de la Sentencia de apelación, lo que abunda aún más en la arbitrariedad del cambio de criterio en la que incurre el órgano judicial.
Por providencia de 9 de marzo de 2000, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
La demanda de amparo se dirige contra el Auto aclaratorio de Sentencia dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, al entender los recurrentes que en él se ha alterado el fallo inicialmente absolutorio que les era favorable, por uno nuevo condenatorio, fundado en razones distintas de las que sirvieron de base al anterior fallo, conculcando de este modo el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), en su manifestación de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.
Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes en relación con el empleo del recurso de aclaración del art. 267 LOPJ. El derecho a la tutela judicial efectiva impone un límite a que los órganos judiciales puedan modificar o revisar sus resoluciones firmes al margen de los supuestos y cauces procesales taxativamente previstos en la ley. Esta intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes no es un fin en sí misma, sino un instrumento para la mejor garantía de aquella tutela judicial efectiva, en conexión con la observancia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), pues de tolerarse la modificabilidad sin trabas de las resoluciones judiciales firmes, se vaciaría de contenido el instituto de la firmeza, dejando al albur de las partes o del propio órgano judicial el resultado final de los procesos judiciales.
La aplicación de esos criterios al caso de autos, conduce derechamente a la estimación del presente recurso de amparo, puesto que el Auto de la Audiencia Provincial impugnado no se limitó a corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, sino que modificó sustancialmente la Sentencia de apelación que pretendía aclarar a través de una vía procesal inadecuada, vulnerando, por ello, el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes que garantiza el derecho a la tutela judicial reconocido en el art. 24.1 CE.
Como señalábamos en el fundamento jurídico 2, los errores materiales o aritméticos pueden ser corregidos por los órganos judiciales por medido del trámite de la aclaración de sus resoluciones (art. 267 LOPJ), hasta el punto de ser posible la sustitución del fallo de la resolución aclarada por otro de signo distinto y opuesto, siempre excepcionalmente claro está, si aquel error resultaba evidente, como también debe serlo el desajuste entre las razones jurídicas contenidas en el cuerpo de la resolución y lo acordado en su parte dispositiva provocado por dicho error, y cuya corrección hacía inexcusable la alteración del fallo de la resolución aclarada, siempre, desde luego, y esto es lo que ahora importa, que ese resultado se alcanzara sin necesidad de una nueva valoración o reinterpretación de las circunstancias del caso o de la calificación jurídica que las mismas merecieron inicialmente.
Declarar que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE), en su manifestación de derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.
Restablecerles en el disfrute de ese derecho y, a tal fin, anular el Auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 22 de abril de 1997, de aclaración de la Sentencia dictada en apelación por la misma Sala, con fecha 15 de abril de 1997, en el juicio de menor cuantía 712/95, en lo relativo a la condena de los demandantes de amparo.
STSJ Castilla y León , 7 de Febrero de 2001

References: resolución 
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 Real Decreto 
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