Source: https://es.scribd.com/document/148880405/Trrrrabajo-de-Domicilio
Timestamp: 2019-04-25 22:20:20+00:00

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La evolución del Derecho Internacional Privado en Venezuela se relaciona directamente con los procesos de su codificación: internacional e interna. Desde el comienzo de este siglo, Venezuela ha participado en la elaboración de los tratados internacionales sobre la materia, tales como los Acuerdos Bolivianos de 1911 y, posteriormente, el Tratado de Derecho Internacional Privado, conocido como Código Bustamante, aprobado en la Sexta Conferencia Panamericana, celebrada en La Habana, Cuba, 1928. A partir de 1975, año en que comienza la nueva fase de codificación interamericana, Venezuela es uno de los países más activos en el proceso de codificación en América. Desde la proposición de los temas, pasando por la elaboración y discusión de los proyectos de convenciones, finalizando con la aprobación y ratificación de las mismas, nuestro país juega en este proceso un rol protagónico. Muchos de los proyectos discutidos en las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado han sido elaborados con su participación. A partir del año 1984, Venezuela ha ratificado doce Convenciones Interamericanas y dos Protocolos Adicionales. A estos deben agregarse cinco Convenciones de La Haya y dos de las Naciones Unidas. Este nuevo panorama de tratados vigentes sobre la materia obligó a los juristas venezolanos a detenerse y analizar todo el sistema de su Derecho Internacional Privado. Venezuela también ha demostrado preocupación por la codificación interna en esta materia. En 1912, el prestigioso jurista, Pedro Manuel Arcaya, elaboró el primer proyecto de ley especial denominado "Proyecto de Ley de Aplicación del Derecho Internacional Privado". Este proyecto es precursor, en el continente americano, de una ley autónoma en la materia y, aún cuando no llegó a tener vigencia, constituye un valioso antecedente. A pesar del constante y manifiesto interés de la doctrina venezolana y, especialmente, del Dr. Lorenzo Herrera Mendoza, no fue sino hasta el año 1963 cuando se elaboró el segundo proyecto por una comisión designada ad hoc en 1958, por el entonces Ministro de Justicia, Dr. Andrés Aguilar M. La comisión estaba integrada por los doctores Roberto Goldschmidt, quien la presidió, Joaquín Sánchez-Covisa y Gonzalo Parra-Aranguren. El proyecto fue ligeramente modificado por sus proyectistas en el año 1965. La doctrina patria, entre otros, Tatiana B. de Maekelt, Juan María
para mencionar sólo algunos. se adapta a nuevas leyes vigentes en Venezuela y se recoge en su articulado la evolución de la doctrina y la jurisprudencia. apela frecuentemente a la equidad para la determinación de las soluciones. se manifestaron a favor del proyecto.Rouvier y José Luis Bonnemaison. y están acordes con las modernas corrientes doctrinales y legislativas en el Derecho Comparado. se procede a la revisión y actualización del proyecto de 1965. en las cuales encontramos normas similares. Fritz von Schwind de Austria y Rodolfo de Nova de Italia. Finalmente. Los objetivos primordiales de esta ley son: . en 1995. tales como la sustitución del factor de conexión nacionalidad. profesores de la talla de Werner Goldschmidt de Argentina. Muchas habían sido las razones. Afortunadamente. En efecto. como ocurre en los casos de los hechos ilícitos y la forma de los actos (artículos 32 y 37). amplias y flexibles. pluraliza los factores de conexión que conducen al señalamiento de la Ley aplicable. Llama la atención que el proyecto venezolano fue acogido en el ámbito internacional influyendo en la labor codificadora que se venía desarrollando en los últimos años en el continente americano. la cual se redujo a las aulas universitarias y las corporaciones científicas. las soluciones consagradas en dicho Proyecto han inspirado a los redactores de las Convenciones Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. como tenían que ser. Las soluciones de la Ley responden a las necesidades prácticas. Paul Heinrich Neuhaus de Alemania. dándole cabida al criterio del juzgador para decidir situaciones en las cuales una predeterminada solución puede conducir a resultados injustos. han considerado el Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado como ejemplo de una excelente codificación interna en la materia. Por otra parte. así como la falta de interés por la materia. a medida de lo posible. este excelente proyecto no se convertía en ley vigente. el Congreso de la República no introdujo modificaciones de fondo. vigente en Venezuela. por el factor domicilio. ASPECTOS BÁSICOS Las disposiciones de la nueva Ley son. A iniciativa de todas las cátedras de Derecho Internacional Privado del país. Se mantienen sus disposiciones fundamentales. También. tales como la falta de madurez del foro venezolano para la aplicación práctica del Derecho Internacional Privado. Sin embargo. las dificultades inherentes a su adaptación a la legislación vigente debido a lo novedoso de sus soluciones.
9. a partir de la vigencia de la ley mencionada. mientras que en los casos a que se refiere la letra b). En los casos a que se refiere la letra a) el concepto de domicilio que se aplica es el del artículo 27 del Código Civil. si estén presentes estos elementos.a) Resolver los antiguos problemas del sistema venezolano de Derecho Internacional Privado. existen dos conceptos de domicilio para el Derecho venezolano: a) el que se aplica en todos aquellos casos en que se trate de domicilio en supuestos de hecho donde no hay elementos de extranjería y. El artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado se ocupa de calificar lo que debe entenderse por domicilio a los efectos de la misma y para ello se vale del concepto de residencia habitual. que se han convertido en instrumentos válidos para el armónico desarrollo de las relaciones jurídicas entre los particulares. d) adaptar las soluciones venezolanas al desarrollo universal de la materia y a las legislaciones más recientes. en tales supuestos. La trascendencia de esta norma es considerable puesto que. especialmente las convenciones de La Haya y las convenciones interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. por la dispersión de sus disposiciones en los códigos y en leyes especiales y por el inadecuado factor de conexión personal. el artículo 11 de la Ley no deroga al . 11 y 26).El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. por su carácter estatutario. caracterizado por sus contradicciones entre los artículos contenidos en el Título Preliminar del Código Civil (8. lo cual convierte dichos supuestos en casos de Derecho Internacional Privado. ha sido una de las modificaciones más importantes que ha introducido la Ley de Derecho Internacional Privado. tal concepto está contenido en el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Por tal motivo. El cambio del factor de conexión personal nacionalidad por domicilio. b) el que se aplica cuando. b) ajustar la legislación venezolana de Derecho Internacional Privado a la realidad social del país. 10. DEL DOMICILIO Artículo 11. c) adaptar las soluciones internas a los avances consagrados en la codificación convencional.
sino que ambos tienen vigencia simultánea pero en diferentes ámbitos de aplicación. No tenemos en esta materia ninguna disposición vigente contenida en un tratado o convención internacional. limitándose a proporcionar en su artículo 7 una solución de compromiso que permite. para la determinación del domicilio de la mujer casada se tendrá en cuenta si ella tiene o no una residencia habitual en otro Estado. si lo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. tal y como es el caso del artículo 33 del Código Civil. tal Convención no ha sido ratificada por Venezuela y. sino que se afirma un principio que. fue reservado por Venezuela. cuyo domicilio determina por el domicilio del jefe de la familia. en 1979. por ende. la de la nacionalidad o cualquier otra que haya adoptado o adopte en lo sucesivo su legislación interior. a cada Estado contratante. está orientado en el mismo sentido que lo han estado todas aquellas disposiciones de la legislación venezolana que reconocen a la mujer casada el derecho de tener su propio domicilio. aplicar como ley personal la del domicilio.artículo 27 del Código Civil. no sólo se recogen las modernas orientaciones político sociales relativas a la emancipación de la mujer y a la igualación de los sexos. distinta de la de su marido. Podría también citarse el caso del artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado (Montevideo . . ya que el artículo 24 del Código Bustamante referido al domicilio de la mujer y de los incapaces. Es oportuno recordar que el Código Bustamante no determinó el factor de conexión personal aplicable a las relaciones jurídicas que conforman el denominado Estatuto Personal. Artículo 12. sin embargo. diferente al de su marido. evita frecuentes y graves injusticias humanas" (4).Uruguay). en el cual se reconoce el derecho de los cónyuges de tener domicilios separados.La mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido. En la exposición de motivos de la Ley se justifica tal inclusión al considerarse que: "Con ello. no tiene vigencia en este país. aún cuando deja a salvo lo dispuesto por la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro. El contenido de este artículo que equivale al 9 del Proyecto de Ley de Normas de DIP. Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la misma Ley. en materia de Derecho Internacional Privado.
ya que puede ser satisfecho por el propio sujeto de la relación jurídica. La solución contenida en este artículo responde a la doctrina del llamado estatuto autónomo del incapaz. determinándolo por el domicilio de quienes ejerzan sobre ellos la patria potestad. sin necesidad de valerse del domicilio de otros sujetos cuyo simple paradero puede ser totalmente desconocido. coincidiendo con lo previsto en el artículo 33 del Código Civil. que en sus cinco apartes. estableciendo una excepción en tales casos. lo cual imposibilita que se determine el lugar donde se encuentran sus negocios e intereses. extranjeros o internacionales.EI domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad. tutores o curadores. la guarda o la tutela. al cual corresponde. La norma se refiere al domicilio de los funcionarios de organismos públicos. ya sean menores de edad o los que se encuentren en los supuestos de interdicción o de inhabilitación. Es en este supuesto donde mejor se pone de manifiesto el aspecto fáctico de la residencia habitual como factor de conexión personal. Tal solución tiene su razón de ser en que la permanencia de estas personas en ese Estado no es una elección voluntaria. y cuyos ejemplos más conocidos para nosotros los constituyen algunas Convenciones de La Haya (5) y algunas Convenciones Interamericanas (6). consagra también la fórmula tradicional en materia de domicilio de menores no emancipados e incapaces. tanto en el ámbito universal como regional. a tutela o a curatela. sino que surge como .Cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea resultado exclusivo de funciones conferidas por un organismo público. Artículo 14. determinando el domicilio de los menores e incapaces en general. determinado también por la residencia habitual del incapaz. nacional. pues su residencia habitual en el Estado en el cual desempeña sus funciones no debe interpretarse como domicilio a los efectos de la Ley de Derecho Internacional Privado. se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual. ya que este último consagraba la solución tradicional en la materia. o donde la persona permanece habitualmente. la existencia de un domicilio propio y distinto del de sus respectivos padres. en el cual se han inspirado desde hace algún tiempo las convenciones internacionales que regulan aspectos referidos a menores de edad. extranjero o internacional no producir los efectos previstos en los artículos anteriores.Artículo 13. mediante el de sus representantes legales. respectivamente. En este artículo se reconoce a todos los incapaces. sean nacionales. La solución del artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado difiere de la que contenía el artículo del Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado.
Este artículo tiene por objeto complementar las disposiciones contenidas en el capítulo II de la Ley Derecho Internacional Privado.Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta Ley se refiera al domicilio de una persona física y. sino a los casos de Derecho material. el mismo se refiere a la necesidad de tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 11 al 14 de la Ley de Derecho Internacional Privado en todos aquellos casos en que la indicación del Derecho aplicable a una determinada relación jurídica deba hacerse a través del domicilio. el derecho aplicable a la respectiva relación jurídica será el del domicilio de la persona o personas a las cuales se refiere el supuesto de hecho de la norma. a estas personas se les considera domiciliadas en el Estado que las acreditó para el desempeño de sus cargos en otro Estado. añadiéndose tan solo la condición de habitualidad de la respectiva residencia. Asimismo tal solución está contenida en el artículo 23 del Código Bustamante. de quienes interesará saber si es una mujer casada o si es un incapaz. Por interpretación en contrario. Artículo 15. el cual se refiere al domicilio.consecuencia del desempeño del cargo en cuestión. o bien éste es utilizado como concepto atributivo de jurisdicción. quedando así automáticamente excluido lo que sobre esta materia prevén los artículos 27 y 33 del Código Civil. tal domicilio debe ser entendido como la residencia habitual de dicha persona o personas (artículo 11). estos últimos artículos. cuando una norma de conflicto consagre como factor de conexión el domicilio de una persona física. vigente para Venezuela. En consecuencia. Esto quiere decir que. respectivamente. pero redactada en sentido positivo e incorporando el caso de quienes se encuentran en otro Estado con motivo de realizar estudios científicos o artísticos. ya no deben aplicarse a los casos de Derecho Internacional Privado. casos en los cuales dicho domicilio debe entenderse conforme a lo dispuesto en los artículos 11 al 14 de la propia Ley. referidos al concepto de domicilio y al domicilio de los incapaces. En cuanto al alcance general del artículo. además. según . en general. confiriéndole un alcance específico y uno general. cuando el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o la jurisdicción de los Tribunales. En el primer caso. Este artículo equivale casi textualmente al artículo 11 del Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado. El específico está referido a todos aquellos casos en que se debe tomar en cuenta el domicilio de las personas físicas en el ámbito del Derecho Internacional Privado.
.La existencia. la formula en que quedó redactado el artículo resulta más técnica y evita las innecesarias confusiones a que se podía prestar la expresión empleada en el mencionado Proyecto. El artículo 15 que se comenta corresponde al artículo 12 del Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado. lo cual constituye la cristalización de la propuesta sostenida a lo largo de muchos años por un importante número de brillantes juristas venezolanos. de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado su domicilio no se determinará a través del de su representante legal. En efecto. Lorenzo Herrera Mendoza. extranjero o internacional. En lo que se refiere a si las soluciones contenidas en las convenciones o tratados Internacionales vigentes para Venezuela contrastarán o no con la modificación del factor de conexión personal prevista en el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Mutatis mutandi cabría hacer la misma consideración para aplicar el artículo 14. madre o tutor. la Convención Interamericana sobre . si es incapaz. es necesario afirmar que la misma no tendrá incidencia alguna en tal sentido. sino que se tendrá en cuenta su propia residencia habitual. Esta es una de las normas más importantes de la Ley de Derecho Internacional Privado. estado y capacidad de las personas se rigen por el Derecho de su domicilio. pues la misma consagra la aplicación del domicilio como factor de conexión personal.el artículo 12 de la Ley de Derecho Internacional Privado podrá tener un domicilio propio si su residencia habitual se encuentra en un Estado distinto al de su cónyuge. cuyo texto reproduce casi exactamente. referida a la utilización del domicilio como medio de determinar la jurisdicción de los tribunales. ni de su curador. entre los cuales se destaca de manera especial el Dr. sea padre. nacional. si uno o más de los sujetos de la relación jurídica son funcionarios de algún organismo público. el cual se refería a la determinación de "los Tribunales que tienen competencia internacional". De las personas Artículo 16. con excepción de la última frase. por cuanto del análisis de los únicos instrumentos internacionales vigentes para Venezuela que contienen normas de conflicto en materia de capacidad de las personas físicas que son: el Código Bustamante. si este es el caso. quien dedicó una buena parte de su obra escrita a explicar la necesidad y conveniencia en el Derecho Internacional Privado venezolano de vincular al domicilio las soluciones referidas al régimen personal (7).
actúa válidamente si la considera capaz el Derecho que rija el contenido del acto. Es frente a este supuesto que el artículo que se comenta dispone que la persona conserve la capacidad que había adquirido conforme al Derecho de su anterior domicilio. Lorenzo Herrera Mendoza (8). al establecerse en otro país.Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio.La persona que es incapaz de acuerdo con las disposiciones anteriores. a lo que se añade que "no es presumible que la persona. Artículo 18. el Dr. de acuerdo con el Derecho aplicable a su nuevo domicilio. entre otros. en la cual no tiene antecedentes. dicha persona resulta incapaz. Pagarés y Facturas (1975) y la El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. No obstante. la cual constituye una excepción a la aplicación de la correspondiente ley personal . No obstante. que pueden presentarse cuando la persona física cambia de domicilio y. a lo que se añade que "no es presumible que la persona. Dicha solución constituye una de las alternativas para los casos de conflictos móviles. Es frente a este supuesto que el artículo que se comenta dispone que la persona conserve la capacidad que había adquirido conforme al Derecho de su anterior domicilio. quiera empeorar de condición al punto de perder su capacidad" (9). que pueden presentarse cuando la persona física cambia de domicilio y. El fundamento de esta solución parece encontrarse en la figura de los derechos adquiridos. dicha persona resulta incapaz. entre otros. Esta disposición es completamente novedosa en la legislación venezolana. El fundamento de esta solución parece encontrarse en la figura de los derechos adquiridos. conforme el Derecho domiciliar anterior era capaz. la doctrina patria se había manifestado desde hace muchos años a favor de la solución en ella contenida. a pesar de que. de acuerdo con el Derecho aplicable a su nuevo domicilio. artículo 17- Esta disposición es completamente novedosa en la legislación venezolana. quiera empeorar de condición al punto de perder su capacidad" (9). a pesar de que.El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. conforme el Derecho domiciliar anterior era capaz. el Dr. al establecerse en otro país. En esta disposición se consagra la institución denominada "lex in favore negotii" o "cláusula del interés nacional". en la cual no tiene antecedentes. Dicha solución constituye una de las alternativas para los casos de conflictos móviles. la doctrina patria se había manifestado desde hace muchos años a favor de la solución en ella contenida. Artículo 17. Lorenzo Herrera Mendoza (8).
De esta manera se desestimula la realización de actos por quienes. Artículo 19. En la solución adoptada en el artículo 18 que se comenta.No producirán efectos en Venezuela las limitaciones a la capacidad establecidas en el Derecho del domicilio. nacionalidad. Desde su origen. sustituyéndose tan solo el término "ley" por "Derecho". en sus respectivos artículos 1. Esta disposición concreta un supuesto de orden público internacional que recoge un principio fundamental que ha informado. sustituyéndose la aplicación de dicha ley personal por otra ley vinculada al acto que se realiza. disposición esta que forma parte de un capítulo referido a los Derechos individuales. debemos señalar que el Código Bustamante nada dispone al respecto. con lo cual resultan protegidos tales intereses. En efecto. el sexo. es sustituido por el Derecho que rige el contenido del acto. ambos inclusive. y las Convenciones Interamericanas sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio. el Derecho del domicilio de la persona física aplicable conforme a lo previsto en las disposiciones generales contenidas en los artículos 11 al 14. el ordenamiento jurídico venezolano. la institución tiene como fundamento científico el orden público (11). Pagarés y Facturas. religión o rango. con el objeto de asegurar la validez de las actuaciones realizadas por una persona incapaz conforme a su ley personal. la segunda parte de dichos artículos contiene una solución claramente inspirada en el deseo de preservar la validez del acto. la del lugar donde la obligación ha sido contraída. No obstante. a sabiendas de su incapacidad.que rige la capacidad. obvian el problema al consagrar como ley aplicable a la capacidad de quien se obliga mediante uno de estos instrumentos negociables. con afectación de los intereses de la otra parte que ignora la existencia de tal incapacidad. siempre que este último Derecho considere capaz a la persona. En materia de Derecho Internacional Privado. En cuanto a las soluciones sobre esta materia que están contenidas en los instrumentos internacionales vigentes para Venezuela. y en materia de Cheques. desde hace muchos años. la Constitución de 1961 prevé en su artículo 61 que: "No se permitirá discriminaciones fundadas en la raza. el credo o la condición social". el Código Civil concretó dicho principio en el artículo 105 referido a los impedimentos para contraer matrimonio. que se basen en diferencias de raza. y que se sintetiza en la expresión "todos somos iguales ante la ley". cuyo contenido reproduce. El artículo 18 de la Ley de Derecho Internacional Privado corresponde al artículo 15 del Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado. negando el reconocimiento . pretenden obtener algún beneficio.
rango. Esta última circunstancia no se había tenido en cuenta hasta la fecha en las disposiciones que regulan la materia. deben mencionarse los artículos 382 al 387 del Código Bustamante. el cual normalmente coincidirá con la ley local. ya que. la posición internacionalmente admitida es la de eliminar toda discriminación basada en la nacionalidad de las personas. cuyos requerimientos en cuanto a la capacidad para celebrar dicho acto. concretamente en lo que se refiere a la condición del extranjero ante el proceso.La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fondo del matrimonio se rigen. evitando la injerencia de una ley extranjera. quedó derogado el mencionado artículo 105 del Código Civil. para cada uno de los contrayentes. para todos los aspectos relativos a la capacidad para celebrar el matrimonio y a los requisitos de fondo del mismo y facilitará el conocimiento de tales requisitos y su oportuno cumplimiento. por el Derecho de su respectivo domicilio. . DE LA FAMILIA Artículo 21. a titulo de Derecho del domicilio. religión o nacionalidad.en Venezuela a los impedimentos de este tipo que establezca la ley nacional del extranjero que pretenda contraer matrimonio en este país. por cuanto a partir de la vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado la nacionalidad dejó de ser el factor de conexión aplicable en materia de capacidad de las personas físicas. La solución contenida en esta norma responde adecuadamente a las exigencias prácticas que se presentan en la materia. y si conforme al artículo 11 de la Ley se localiza el domicilio de las personas físicas de una manera general en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual. El artículo 19 de la Ley utiliza un supuesto de hecho mucho más amplio al disponer la inaplicabilidad en Venezuela de cualquier norma que. es oportuno recordar que en el Derecho Procesal Civil Internacional. sin embargo. sobre la base de diferencias de raza. establezca limitaciones a la capacidad en general. todos vigentes para Venezuela. rango o religión. Ahora bien. en la mayor parte de los casos las personas contraen matrimonio en el Estado donde tienen su residencia habitual. podría ocasionar la intervención del orden público internacional. cuando se fundaren en diferencias de raza. En tal sentido. la aplicación del Derecho del domicilio de los contrayentes.
pues además de referirse a la capacidad para celebrar el matrimonio. por una parte. para regir los efectos patrimoniales. la del primer domicilio matrimonial. en forma distributiva.La previsión contenida en el artículo 21 mantiene la fórmula distributiva de aplicación del nuevo factor de conexión personal y resuelve los problemas que acarreaba la aplicación de la ley nacional de los contrayentes. declara aplicable la ley personal común y. tanto positiva como negativamente. Artículo 22. a los impedimentos y a su dispensa. Con relación al supuesto de hecho contenido en esta norma deben tenerse presentes los artículos 36. solución que contrasta con la contenida en el articulado del Código Bustamante. Si tuvieren domicilios distintos. 38 y 40 del Código Bustamante. para todo lo cual prevé la aplicación. 37. el cual resultará siempre más fácil de determinar que el de la nacionalidad de éstos. el cual. en su defecto. Ello simplifica considerablemente su regulación. permite la aplicación del Derecho del domicilio común de los cónyuges. sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República. la alusión a la ley personal permite que cada Estado parte del Código aplique la que corresponda según su legislación interior (artículo 7 del Código Bustamante). asimismo evita la incertidumbre que existe de acuerdo a la regulación anterior. se aplicará el Derecho del último domicilio común. En cuanto a la solución contenida en la segunda parte del artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado. menciona también. al consentimiento o consejo paternos. cuando se pretenda que produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe. Como se sabe. pues. la cual era delimitada por la ley local. dentro de su supuesto de hecho. ya que no será necesario seguir la interpretación doctrinaria que le da injerencia al orden público internacional en lo que concierne a los efectos personales del matrimonio.Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen por el Derecho del domicilio común de los cónyuges. la misma está dirigida a resolver aquellos casos en que los cónyuges han . Las capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un Derecho extranjero competente podrán ser inscritas en cualquier momento en la respectiva Oficina Principal de Registro venezolana. La solución contenida en la primera parte del artículo constituye una fórmula unitaria para regir tanto para los efectos personales. de la ley personal de los contrayentes. como los efectos patrimoniales del matrimonio. El primero de estos artículos resulta descriptivo.
mediante el traslado intencionado del domicilio de la parte demandante. Lo previsto en la primera parte del artículo unifica la solución y evita la contradicción que existe en el derecho anterior. además de terminar con el mencionado "hibridismo". sobre bienes inmuebles situados en Venezuela. lo cual denominó con mucho acierto. Tal inclusión se debe a frecuentes planteamientos prácticos que.celebrado capitulaciones matrimoniales validamente."14 En cuanto al Código Bustamante los artículos 45 y 46. en lo referido a bienes inmuebles ubicados en Venezuela. de conformidad con el derecho extranjero. A tal fin. regulan los efectos patrimoniales. sólo en aquellos casos en que se pretenda que produzcan efectos respecto de terceras personas de buena fe. ambos inclusive. el cual. teniendo con posterioridad interés en que dichas capitulaciones surtan efectos frente a terceras personas de buena fe. debido a que el Derecho aplicable sería el del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. el primer aparte de la norma. y la "marcha evolutiva hacia la territorialidad del derecho" en este país. en el cual se dejaba de aplicar la ley nacional. regulan lo relativo a los efectos personales y los artículos 187 a 193. "hibridismo antagónico".EI divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. El cambio de domicilio del cónyuge demandante salo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual. Artículo 23. pero no las registran oportunamente en nuestro país. no habían podido ser solucionados con base a la normativa anterior. hasta ahora. Tal circunstancia fue especialmente comentada por Lorenzo Herrera Mendoza para ilustrar la contradicción que existía en el Derecho Internacional Privado venezolano entre el factor de conexión personal "nacionalidad". tiene por finalidad evitar que la solución contenida en la norma se preste a fraudes. resulta suficientemente explícito el párrafo correspondiente de la respectiva Exposición de Motivos. a fin de permitir su registro en cualquier momento. A tal fin. el mismo artículo dispone que el cambio de domicilio sólo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el objeto de fijar en él la residencia . como ley que regía el estatuto personal en Venezuela. luego de considerarse la solución como una de las más novedosas.15 La solución de la Ley de Derecho Internacional Privado. Por otra parte. resulta más apropiada para este país debido a los numerosos matrimonios mixtos que en él se encuentran. añade que: "El aspecto registral de las capitulaciones validamente celebradas en el extranjero (artículo 22). para permitir que el divorcio se rigiese por la ley del domicilio conyugal.
no alude la Ley en su parte general. que puede conducir a indeseables complicaciones". La misma norma añade. una vez más. no tanto el objeto de la autoridad paternal o el medio de la continuación generacional. que en las soluciones venezolanas referidas al Derecho de familia ha tenido una gran injerencia el orden público internacional. debido a que los otros cinco están reservados por Venezuela. 54. 55 y 56.17 Se advierte.El establecimiento de la filiación. 61. Artículo 24. cuando los niños tienen distintos domicilios (por ejemplo. a menos que se quiera remitir exclusivamente al estatuto personal del padre. 60.habitual. sino que lo hace de acuerdo a las más modernas tendencias de la legislación en materia de familia. sin embargo. respectivamente. se rigen por el Derecho del domicilio del hijo. de los cuales debemos tener presentes los artículos 59. que ven en el niño. sino más bien un sujeto independiente". que el mencionado derecho no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos la personal de ambos cónyuges. pues. El supuesto tiene en cuenta la conexión fraudulenta a la que. Pero esto siempre sucedería. de los cinco artículos vigentes para Venezuela. además. para regir. La solución contenida en el primero de estos artículos resulta excepcional. éste regula lo relativo a la separación de cuerpos y al divorcio en sus artículos 52. o el derecho de quien ejerce la patria potestad. los cuales forman parte de las relaciones jurídicas que integran el estatuto personal. dos de ellos consagran la aplicación del Derecho territorial. la investigación de la paternidad y de la maternidad y su prohibición (artículo 63) y la forma y circunstancias del . este peligro es más llevadero que la simultánea aplicación de distintos ordenamientos jurídicos al mismo niño. Esta previsión se considera radical y totalmente novedosa. En efecto. que "…por esta vía podríamos llegar a la aplicación de ordenamientos jurídicos distintos a los diversos hijos de los mismos padres y a sus relaciones con sus padres. En todo caso. se procede a indicar la aplicación de la ley del domicilio conyugal para regular el derecho a la separación de cuerpos y al divorcio. 63 y 66.18 El Código Bustamante regula lo concerniente a la filiación en los artículos 57 al 66. sin embargo. después del divorcio de sus padres).16 En cuanto al Código Bustamante. así como las relaciones entre padres e hijos. ya que en lugar de aludirse a la ley personal para regir los supuestos allí previstos. que conceden al Derecho del hijo una importancia decisiva para regir aquellas relaciones jurídicas que le conciernen directamente. ambos inclusive. En esta materia se pone de manifiesto. inclusive si se prefiere el último derecho común del niño y uno de los padres. Esta conexión general a la persona del hijo responde a la concepción de nuestro siglo. 53. no sólo llena un enorme vacío legal.
La aplicación del Derecho del domicilio del adoptado. cuya consecución constituye uno de los objetivos fundamentales de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.reconocimiento de los hijos ilegítimos (artículo 66). se enmarca dentro de la tendencia que se manifestó en la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores. de estos artículos. es la que regula la capacidad para legitimar y para ser legitimado. así como los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo (artículo 3). estableciendo la aplicación de la ley personal de cada uno de los interesados para regir la capacidad para adoptar y ser adoptado. Bolivia. de 1989. representa la posición más moderna en la materia. para regir su capacidad. . aprobada en La Paz. Artículo 25. La única norma que contiene una solución que permite aplicar un Derecho distinto al del foro. que aun cuando consagran la aplicación de la ley personal del niño en materia de adopción. en caso que éste sea requerido por el Derecho aplicable a la adopción. en 1984. consentimiento y demás requisitos para ser adoptado. Asimismo. a cuyos efectos se prevé la aplicación distributiva de la ley personal del padre y del hijo. a la regla que da al hijo el derecho a alimentos (artículo 59) y la prohibición de legitimar hijos no simplemente naturales (artículo 61). La Convención dispone. en el sentido de considerar aplicable la ley de la residencia habitual del candidato a adopción. el cual como antes se dijo se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. también respectivamente. los cuales están referidos. La solución contenida en esta norma.Al adoptante y al adoptado se les aplicará el Derecho de su respectivo domicilio en todo lo concerniente a los requisitos de fondo necesarios para la validez de la adopción. es conveniente destacar que esta solución va más allá de muchas de las legislaciones vigentes. afianzada especialmente en el principio del "interés superior del niño". la aplicación de la ley del domicilio del adoptante para regir su capacidad y demás requisitos para ser adoptante (artículo 4). dos contienen una previsión de orden público internacional. ambos inclusive. Sin embargo. El Código Bustamante contiene cinco disposiciones en materia de adopción. asimismo. la limitan a lo que se refiere al consentimiento del mismo. y las condiciones y limitaciones de la adopción. requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas leyes (artículo 60). que son los artículos 73 al 77. conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley que se comenta. sólo el artículo 73 se refiere a los requisitos de fondo de la adopción.
referida sólo a los bienes muebles e inmuebles situados en Venezuela. sin decir nada acerca de la ley aplicable a los bienes ubicados fuera del país. Artículo 26. la cual sólo se reservó los artículos 87 y 88. y en general cualquier otra institución de protección de incapaces que pueda existir o que exista en el futuro.La constitución. dentro de las cuales está llamada a jugar un importante papel. la denominada "colocación en hogares de guarda o en familia sustituta". de 1993. la figura de la prodigalidad en sus artículos 98. sin embargo. La mayor parte de dichos artículos están vigentes para Venezuela. ambos inclusive.Es oportuno señalar que aun cuando en Venezuela se encuentra vigente la Convención de La Haya sobre Protección de Niños y Cooperación en materia de Adopción Internacional.La tutela y demás instituciones de protección de incapaces se rigen por el Derecho del domicilio del incapaz. Por cuanto la redacción del mencionado artículo provenía del Código de 1896.3. permite apreciar las ventajas de una solución unificada como la que prevé este artículo de la Ley de Derecho Internacional Privado. resultando comunes muchas de estas disposiciones para la curatela. La solución contenida en esta norma no resulta ajena a la legislación venezolana. establecía como principio general para regir toda clase de bienes. en cuyo supuesto quedan comprendidas la tutela. no habiéndose adoptado otra metodología para redactar dicha norma. a la cual se refiere la Convención sobre los Derechos del Niño. el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes. 99 y 100. El mismo instrumento reguló. en su artículo 20. correspondió a la doctrina y a la . para definir la adopción Internacional a la cual se refiere dicha Convención. DE LOS BIENES Artículo 27. ya que el artículo 10 del Código Civil. la curatela. se rigen por el Derecho del lugar de la situación. en esa ocasión el legislador venezolano utilizó una norma unilateral. sin embargo. debe tenerse en cuenta que. ésta acoge el criterio de la residencia habitual de las partes. que está derogado. En el Código Bustamante se encuentra regulada la tutela en los artículos 84 al 97. de manera separada. la prodigalidad. La diversidad de soluciones que contiene la única regulación que estaba vigente para Venezuela a través de lo dispuesto en el Código Bustamante. la misma no contiene normas de conflicto. la aplicación de la ley de la situación de los mismos.
se afirmó que: "Nuestro Código Civil al decidir que los bienes muebles e inmuebles situados en Venezuela. pues todos los sistemas están acordes en reconocer que la extensión del derecho de propiedad se regula por la ley territorial. No obstante. para ser aplicada como fórmula general de solución en materia de bienes.21 La disposición se refiere exclusivamente a problemas de sucesión en el espacio de leyes diversas."19 El Código Bustamante regula lo referente a los bienes en sus artículos 105 al 113. El contenido de este artículo concuerda con lo previsto en el artículo de la misma Ley.El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los derechos que hubieren sido válidamente constituidos bajo el imperio del Derecho anterior. las previsiones de carácter general están contenidas en los artículos 105. que éste es un caso especial del principio general del respeto a los derechos bien adquiridos recogidos en la Parte General del Proyecto. después de cumplidos los requisitos que establezca al respecto. Las obligaciones . Cada legislación puede someter el derecho de propiedad a las restricciones que juzgue convenientes. ya que las demás disposiciones tienen por objeto determinar el lugar de ubicación de una serie de bienes de naturaleza especial. OBLIGACIONES En la regulación de las obligaciones contractuales se siguen los lineamientos de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales Autonomía de las partes. Artículo 28. sin que esto ocasione conflictos en las relaciones internacionales. aunque estén poseídos por extranjeros. ambos inclusive. aplicación de la lex mercatoria (artículos 29 a 31). por cuanto dicho artículo se refiere a los derechos adquiridos. En tal sentido. tales derechos salo pueden ser opuestos a terceros. En tal sentido comentó Werner Goldschmidt. reconoce implícitamente que los bienes poseídos en país extranjero por venezolanos. deben regirse por la ley extranjera. 112 y 113. considerándose aplicable el Derecho de la nueva situación para regir aquellas formalidades que deben cumplirse para hacer oponibles a terceros los derechos adquiridos conforme a otra legislación. Sin embargo. el Derecho de la nueva situación. vínculos más estrechos. se regirán por las leyes venezolanas.jurisprudencia patria la bilateralización de la misma. respecto de la disposición correspondiente del Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado (artículo 28 ).
debía hacerse en las leyes especiales siguiendo los principios generales establecidos en la ley. El artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado consagra las excepciones al señalado principio (locus regit actum) referidas éstas a la Ley que rige el contenido del acto. Además. SUCESIONES A los efectos sucesorales y conforme al Derecho Internacional Privado el domicilio del causante es el domicilio del de cujus al momento de su fallecimiento. Aquí es notoria la influencia de la jurisprudencia alemana. De manera general la Ley de DIP omite regular de manera independiente lo relativo al derecho mercantil internacional aun cuando deroga algunas de sus disposiciones. Ello responde a una presunta tendencia a la unificación del derecho privado y a la circunstancia de que las reglas de Derecho Internacional Privado en materia civil. el orden de la sucesión y la proporción en la que son llamados a recibir el activo hereditario. Se abandona así la rigidez de la regla locus regit formam actus recogida en el artículo 11 del Código Civil. se consideró que las normas relativas a temas muy especiales. La gestión de negocios. y. En consecuencia con fundamento a esa ley debe determinarse quienes son los herederos llamados a suceder. y la que in surge de hechos que hagan presumir cual es el domicilio personal. la del domicilio del otorgante o del domicilio común de los otorgantes como factores de conexión facultativos. sino por la ley referida al estado y la familia del lugar del domicilio del de cujus. El parentesco. Siguiendo una pauta generalizada se dice (Artículo 11) que el domicilio del causante es el lugar de su residencia habitual. la que permanentemente declara como su domicilio. la . donde generalmente hace negocios. seguros. generalmente. Este mismo principio aplica para determinar la capacidad del testador para disponer de sus bienes. son las mismas que en la mercantil o se derivan lógicamente de aquellas. títulos valores o sociedades mercantiles.derivadas de hechos ilícitos se regulan a elección de la víctima por el derecho del lugar donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito o se han producido sus efectos (artículo 32).Al determinarse el domicilio del causante se conoce cual es la ley aplicable a cada caso. sus grados frente al causante no se determinan por la Ley sucesoral. el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa se rigen por el derecho de lugar en el cual se realiza el hecho originario de la obligación (artículo 33) La forma de los actos se regula en forma flexible y alternativa por el derecho que rige el contenido del acto o el del domicilio de su otorgante o el domicilio común de sus otorgantes (artículo 37). ni siquiera por la Ley de Derecho Internacional Privado. quiebras.
para que éstos surjan efectos en Venezuela. se rigen por las leyes del lugar donde se hacen. (locus regit actum) estaba consagrada en el Artículo 11 del Código Civil. Cuando el acto se otorga ante el funcionario competente de la República. Esta regla. el cual disponía lo siguiente: " La forma y solemnidades de los actos jurídicos que se otorguen en el extranjero.opción de un domicilio alternativo. . aun las esenciales a su existencia. tal requisito deberá cumplirse. convertida en principio. deberá someterse a las leyes venezolanas". Si la Ley venezolana exige instrumento público o privado para su prueba.
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