Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25083
Timestamp: 2017-12-16 03:11:14+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 148/2016
SENTENCIA 148/2016, de 19 de septiembre
ECLI:ES:TC:2016:148
a) Con fecha 23 de noviembre de 2012, los ahora recurrentes en amparo interpusieron demanda de juicio ordinario frente a la entidad Catalunya Banc, S.A., ejercitando conjuntamente una acción declarativa de nulidad de una condición general de la contratación y otra de reclamación de cantidad. Se alegaba por los recurrentes que, tras la constitución el día 10 de marzo de 2006 de una hipoteca sobre la vivienda de su propiedad con el fin de garantizar la devolución del préstamo otorgado a su favor por la entidad Caixa D’Estalvis de Manresa, se acordó entre ambas partes una modificación posterior de las condiciones de dicho préstamo mediante escritura pública de 8 de octubre de 2009 (aportada como documento 2 de la demanda). En lo que es aquí de interés, se incluyó entre dichas modificaciones la del tipo de interés aplicable a la vida del préstamo, que consistía en la aplicación, en una primera etapa, de un interés a tipo fijo o “predeterminado” del 3,50 por 100 nominal anual, que abarcaba desde el día de la firma de la escritura hasta el 8 de octubre de 2010 inclusive; y otra segunda etapa, “de interés variable”, comprendida desde el día siguiente al de finalización de la primera etapa hasta el día de vencimiento del préstamo, con la inclusión de una estipulación cuarta, apartado B de la escritura, que tenía el siguiente tenor literal: “se pacta expresamente que el tipo de interés aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior al 15,00 por 100 nominal anual ni inferior al 3,50 por 100 nominal anual”.
b) La demanda “sobre acción declarativa de nulidad de condición general de la contratación y acción de reclamación de cantidad” fue turnada al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona y admitida a trámite en virtud de decreto de su Secretaría de 17 de enero de 2013. Conferido traslado de la misma a la parte demandada, la entidad Catalunya Banc, S.A., su representación procesal presentó contestación en fecha 18 de febrero siguiente interesando, con carácter previo y como primer óbice procesal, la apreciación de la excepción procesal de prejudicialidad civil de los “arts. 43 y 405.3 LEC”, alegando que dicha entidad había sido demandada con anterioridad a este procedimiento por parte de la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE), en el que había instado un proceso para la protección de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. Añadía a lo expuesto que la demanda había sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid (procedimiento ordinario núm. 471-2010) y que la misma contenía en el apartado segundo del suplico la misma petición que la demanda presentada por los actores, de ahí que concluyera solicitando la suspensión de la tramitación del pleito por la concurrencia de un supuesto de prejudicialidad civil hasta que el Juzgado de Madrid dilucidara la controversia allí planteada.
c) Con posterioridad, en el decurso de las actuaciones, tuvo lugar la celebración de vista oral del procedimiento el día 21 de marzo de 2013 y, ulteriormente, mediante providencia de 17 de junio de 2013, en acatamiento “de la doctrina conformada por la STS Pleno Sala de lo Civil de 9 de mayo de 2013”, se acordó citar a las partes a una comparecencia en la sede del Juzgado el día 11 de julio siguiente “a fin y efecto de ‘someter a las partes todos los factores que puedan incidir en la declaración de abusividad de la cláusula o cláusulas eventualmente nulas, a fin de facilitarles la defensa de sus intereses…’ (f. 126 de la citada Sentencia)…”, la que se llevó a efecto en la fecha indicada.
d) Con fecha 24 de julio de 2013, el Juzgado dictó Auto acordando estimar la excepción de prejudicialidad civil planteada por la representación de Catalunya Banc, S.A., y la suspensión del procedimiento hasta que recayera resolución firme en el proceso seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid. En su fundamentación, el Juzgado, luego de reconocer la complejidad de la cuestión que le había sido suscitada por la dificultad de tener que ”compatibilizar los diferentes intereses en juego” y de señalar que, de una parte, el art. 11.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) reconocía legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios para defender los intereses de éstos, pero también, de otra, confería legitimación activa a los consumidores individuales para defender sus propios intereses, permitiendo extender los efectos de la cosa juzgada material a los consumidores no litigantes, destacaba de modo textual en su fundamento jurídico 3 que tal circunstancia “implicaría que promovido un pleito con las misma [sic] pretensiones por una asociación de consumidores no pudieran plantearse acciones individuales o las que se plantearan fueran sobreseídas, art. 421 LEC, mientras que se [sic] la coincidencia no es total sino parcial, el procedimiento tendría que suspenderse por prejudicialidad civil, art. 421.1 y 43 LEC”. Por ello y, según refería la resolución, para evitar “resoluciones contradictorias” y con apoyo, también, en un precedente Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (de 11 de junio de 2013), que, según razonaba el Juzgado, era similar al de autos, estimó procedente la existencia de una prejudicialidad civil, conforme prevé el art. 43 LEC, y acordó la suspensión del procedimiento hasta tanto fuera resuelto el seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
e) Contra el indicado Auto, la parte actora interpuso recurso de apelación en el que, además de alegar en el plano de la legalidad ordinaria la infracción del art. 43 LEC y argumentar que el ejercicio de la acción colectiva por parte de ADICAE no impedía a los interesados ejercitar las acciones individuales que tuvieran por conveniente con base en lo previsto en el art. 11.1 LEC, los recurrentes sostuvieron que la tesis del Juzgado conducía “al absurdo de que una medida legal creada para reforzar la defensa de los consumidores y usuarios, como son las acciones colectivas, son contraproducentes para la defensa individual de esos consumidores … lo que estaría vulnerando un derecho fundamental cual es el de la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE”.
f) La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (rollo de apelación núm. 500-2013) dictó Auto el día 9 de octubre de 2014, en el seno del rollo de apelación 500-2013, por el que desestimó el recurso interpuesto, si bien en su parte dispositiva agregó el siguiente tenor literal: “no obstante lo cual, modificamos de oficio la resolución recurrida apreciando que no concurre prejudicialidad sino litispendencia, de manera que procede el archivo de las actuaciones” sin expresa imposición de costas por apreciar “dudas de derecho”.
g) Notificado el Auto a la parte apelante, se promovió por ésta incidente de nulidad de actuaciones mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2014, en el que alegó que dicha resolución judicial había optado por la interpretación “más gravosa … cual es el archivo de su recurso, prohibiéndole a mi representado acceder a la tutela judicial efectiva”; e insistiendo en el derecho de los consumidores al ejercicio de las acciones individuales ex art. 11.1 LEC. Sin embargo, el 24 de noviembre siguiente el representante procesal de los apelantes presentó otro escrito ante la Audiencia manifestando que dicha parte “procede a desistir del recurso de nulidad de actuaciones interpuesto”; dictando la Secretaría de la Sección Decimoquinta, decreto de 1 de diciembre de 2014 por el que tuvo por desistida a la parte de dicho incidente.
Más adelante, en el bloque de fundamentos de derecho procesales, en concreto en el epígrafe dedicado al requisito del debido agotamiento de la vía judicial previa al amparo, art. 44.1.a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la demanda explica que dicha parte actora “ha tenido serias dificultades” para su cumplimiento. Que, siendo el Auto de la Audiencia Provincial firme y no caber contra él recurso alguno, “parecía claro que la vía judicial previa al recurso de amparo se agotaba con la interposición del recurso de nulidad de actuaciones ante el órgano que dictó dicha resolución”; incidente que, en efecto, los recurrentes promovieron. Sin embargo, prosigue diciendo la demanda, “dicha interpretación, fue pacífica hasta que el Tribunal Constitucional, en Pleno, dictó la STC 216/2013, de 19 de diciembre”, de la que reproduce su fundamento jurídico 2 d), donde se declara que, para el agotamiento de la vía judicial previa, “basta comprobar que los órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los derechos fundamentales luego invocados en vía de amparo constitucional, para estimar cumplido el mencionado requisito”, por lo que “cuando el objeto del proceso consista en el estudio de la lesión directa del derecho … consecuencia de la revocación de las Sentencias de las instancias previas, no requiere la necesaria interposición del incidente de nulidad”. Añade el escrito que la disyuntiva entre interponer el incidente o no hacerlo “no es baladí, ya que optar por la interposición del recurso sin ser necesario conllevaría una interposición extemporánea del recurso de amparo, y no interponerlo siendo preceptivo conllevaría una inadmisión del recurso por no cumplir el requisito del agotamiento previo de la vía judicial”. Y finaliza en este punto la demanda diciendo que: “En consecuencia, esta parte ha llegado a la conclusión que en este supuesto no es necesaria la interposición del recurso [sic] de nulidad de actuaciones y que, por tanto, debemos interponer directamente el presente recurso de amparo, habida cuenta que el órgano judicial que dictó el Auto, recurrido ahora en amparo, ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la vulneración del derecho fundamental objeto de la presente demanda (art. 24. CE) entendiendo que no existía ‘afectación alguna relevante desde la perspectiva del art. 24 CE’, por ende, ha de concluirse que se han agotado todos los recursos preceptivos de la vía judicial. Esta parte ha procedido a desistir, antes de que la demandada haya presentado alegaciones, del recurso de nulidad de actuaciones que interpuso en su día”.
Ya en cuanto al fondo, tras invocar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con cita de doctrina constitucional sobre la prohibición de llevar a cabo interpretaciones de los requisitos procesales que restrinjan u obstaculicen el acceso al proceso, con aplicación del canon del principio pro actione, la demanda alega que la intervención del consumidor individual en una acción colectiva ya iniciada por una asociación de consumidores y usuarios, aunque sea una posibilidad prevista en el art. 11 LEC, no es una intervención obligatoria. Tesis que sustenta en el propio art. 24 CE, afirmando que “esta interpretación es la que parece más acorde con la dicción literal del precepto que, al reconocer legitimación a las asociaciones para el ejercicio de acciones colectivas lo hace ‘sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados’, mención que permite afirmar la posibilidad del ejercicio simultáneo de acciones colectivas y acciones individuales y, desde ese punto de vista, excluir la procedencia de las excepciones planteadas por la entidad bancaria”. Tras citar la recomendación de 11 de junio de 2013 de la Comisión Europea, defiende que no hay peligro en estos casos de sentencias contradictorias “pues los intereses en juego en cada una de las acciones es distinto y tanto más cuando, como es el caso, mis representados no forman parte del elenco de los concretos intereses defendidos en el otro proceso ni tan siquiera que hayan sido llamados a ese proceso lo que, en todo caso, no puede constituirse ni en una obligación ni una carga procesal con consecuencias negativas frente a su derecho individual a la tutela judicial efectiva. La acción colectiva no permite el análisis individualizado, y menos cuando el concreto consumidor no se ha adherido a la acción colectiva. Por tanto, al no ser idéntico el conjunto de hechos esenciales, pues en la acción individual —tal y como consta planteada en la demanda— hemos de atender a las concretas circunstancias personales del concreto consumidor y la actuación de la entidad financiera, para lo cual podría desplegarse prueba en este sentido, es por ello que no puede afirmarse que exista identidad de causa petendi entre la acción ejercida por esta parte y la acción colectiva interpuesta por ADICAE y que se sustancia en el Juzgado Mercantil núm. 11 de Madrid”. Insiste finalmente en una lectura integrada de los arts. 11.1 LEC y 24.1 CE, para no excluir el ejercicio de las acciones individuales.
5. Con fecha 22 de junio de 2015, la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este Tribunal, dictó providencia admitiendo a trámite la demanda de amparo, “apreciando que ofrece especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), toda vez que, el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]”. Asimismo, se acordó dirigir comunicación a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, y al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, para que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, con emplazamiento a quienes hubiesen sido partes en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, al objeto de poder comparecer en el presente recurso.
7. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el día 14 de julio de 2015, por la que tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador indicado, en nombre y representación de Catalunya Banc S.A., si bien con la condición de que en el plazo de diez días aportase la escritura de poder acreditativa de tal representación, lo que efectuó el día 17 de julio siguiente. Asimismo, en la diligencia de ordenación del día 14 de julio se acordó abrir trámite de audiencia por 20 días a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, a fin de que pudieran presentar alegaciones conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
8. Por escrito registrado el día 31 de julio de 2015, la representante procesal de los recurrentes en amparo presentó sus alegaciones, informando que ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pendía una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de la Directiva 91/13/CEE [sic], del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en la que se plantea “si el art. 7 de dicha Directiva se opone a una normativa procesal nacional según la cual los procedimientos judiciales individuales sobre cláusulas abusivas, entablados paralelamente a procedimientos colectivos, deben suspenderse, por existir prejudicialidad civil, hasta que recaiga sentencia firme en los procedimientos colectivos, quedando también vinculados a lo que se decida en dicha sentencia”. En relación a dicho procedimiento, se aportó informe del Servicio Jurídico de la Comisión Europea en los asuntos acumulados C-381/14 y C-385/14, cuyo criterio “es relevante y debe ser conocido por este Alto Tribunal”, acompañando copia del mismo, y reproduciendo varios de sus apartados así como su conclusión, según la cual una norma nacional que prevea suspender los procedimientos individuales hasta que recaiga sentencia firme en los procesos colectivos, se opone al art. 7 de la Directiva 93/13/CEE.
9. El Ministerio Fiscal formalizó su escrito de alegaciones con fecha 1 de septiembre de 2015, interesando la estimación del amparo “por entender que el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil … y el Auto … de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimando el recurso de apelación contra el anterior han vulnerado el art. 24.1 CE que tutela el acceso al proceso y a obtener una resolución de fondo, restableciendo a los demandantes en amparo en su derecho fundamental”.
10. Con fecha 9 de septiembre de 2015 se formalizó escrito de alegaciones por el representante procesal de la entidad Catalunya Banc, S.A. Así, tras solicitar la suspensión del trámite del presente recurso a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial a la que hacía referencia la parte actora, se sostiene en el escrito en cuanto al fondo de la demanda de amparo, que la crítica de los recurrentes deviene propia de la legalidad ordinaria y que el Auto de la Audiencia abordó “de forma muy razonada y argumentada” la concurrencia de la excepción de litispendencia. Hace, en su apoyo, una extensa cita del fundamento jurídico 3 de la STC 12/2009, de 12 de enero, para considerar conforme con el art. 24.1 CE la preferencia de la acción colectiva sobre la individual; sostiene que el recurrente Sr. Pacheco tuvo la oportunidad de personarse en el proceso colectivo seguido a instancias de ADICAE, y que, en todo caso, la falta de acción individual no le impide acudir a la vía de la ejecución de Sentencia que se dicte en su día en dicha acción colectiva.
11. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el 20 de julio de 2016, requiriendo al Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, a fin de que remitieran a esta Sala, certificación o fotocopia adverada “de los documentos a que se refiere el folio 2 del escrito de contestación a la demanda”. En concreto, se trataba del escrito de demanda presentado por ADICAE ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid en la acción colectiva del procedimiento ordinario 471-2010, y el decreto de admisión a trámite de dicha demanda. El Juzgado a quo contestó a este requerimiento mediante diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de 5 de septiembre de 2016, remitida por fax, donde se indica que una vez comprobadas las actuaciones, “no consta que se haya aportado a la contestación de demanda” aquella documentación. Sí se remitió junto a la diligencia, copia del escrito de interposición del recurso de apelación, enviado originalmente de manera incompleta.
1. La demanda de amparo solicita en su suplico, por los motivos que expone en sus fundamentos y que luego se analizarán, que este Tribunal declare la nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona dictado el 9 de octubre de 2014, por vulnerar el derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) de los recurrentes, al haber estimado la excepción procesal de litispendencia respecto del procedimiento abierto a su instancia contra la entidad Catalunya Banc, S.A., para la nulidad de la cláusula suelo incluida en el contrato de préstamo suscrito entre ambas partes; en favor del procedimiento instado a su vez en el año 2010 por la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) contra diversas entidades financieras —entre ellas la aquí demandada—, en ejercicio de una acción colectiva de cesación de cláusulas abusivas, ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid.
A la vista de esa denuncia, y dado que la demanda en ningún momento afirma que el Auto de la Audiencia hubiere reparado la lesión producida por el Juzgado a quo, ha de entenderse que el recurso de amparo se plantea en realidad contra ambas resoluciones judiciales, siguiendo la doctrina de este Tribunal en cuya virtud, el escrito de demanda de amparo “constituye un todo unitario, cuya lectura ha de acometerse con un criterio flexible y no formalista, importando sobre todo que el escrito permita conocer ‘la vulneración constitucional denunciada y la pretensión deducida’ (por todas, STC 214/2005, de 12 de septiembre, FJ 2 y las que en ella se citan)” (STC 123/2010, de 29 de noviembre, FJ 2).
Sobre el contenido esencial del derecho de acceso a la jurisdicción, hemos recordado recientemente, con cita de otras resoluciones anteriores, que “este Tribunal Constitucional ha mantenido de forma constante que el derecho a la tutela judicial efectiva, ‘que incluye el derecho a obtener una resolución judicial de fondo cuando no existen obstáculos legales para ello’ (STC 107/1993, de 22 de marzo, FJ 2), puede satisfacerse igualmente con ‘una decisión de inadmisión, siempre y cuando esta respuesta sea consecuencia de la aplicación razonada y proporcionada de una causa legal en la que se prevea tal consecuencia’” (STC 49/2016, de 14 de marzo, FJ 3). Para ponderar su posible vulneración judicial, nuestro canon de control aplicable, como precisa la STC 106/2013, de 6 de mayo, FJ 4, no se limita a verificar si la resolución impugnada “incurre en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, sino que también comprende el análisis de si resulta o no desproporcionada por su rigorismo o formalismo excesivos, debiendo ponderarse en ese juicio de proporcionalidad, de una parte, los fines que ha de preservar la resolución cuestionada, y, de otra, los intereses que con ella se sacrifican”. De cualquier modo, también dejamos ahí advertido que “no es función de este Tribunal determinar qué interpretación de la legislación procesal debe llevarse a cabo por los órganos judiciales, puesto que implicaría una invasión del ámbito propio de su jurisdicción en la aplicación de la legalidad ordinaria. Lo que nos compete es analizar si la interpretación que en este caso concreto han realizado los órganos judiciales a través de las resoluciones impugnadas es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia”.
a) Ley de condiciones generales de la contratación: la acción de cesación de cláusulas se configura como instrumento de tutela jurisdiccional para la defensa de intereses colectivos en el ámbito contractual, con una primera regulación que se mantiene con pocos cambios hasta hoy, en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. Como reconoce el preámbulo de la exposición de motivos de esta Ley, se trataba de transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, “sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores”, en la cual sin embargo no se articula un proceso de estas características, si bien el art. 7 de dicha Directiva señala lo siguiente:
“1. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
2. Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.”
“Esta nulidad, al igual que la contravención de cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, podrá ser invocada, en su caso, por los contratantes conforme a las reglas generales de la nulidad contractual, sin que puedan confundirse tales acciones individuales con las acciones colectivas de cesación o retractación reconocidas con carácter general a las entidades o corporaciones legitimadas para ello en el capítulo IV y que tienen un breve plazo de prescripción.” (Exposición de motivos, II)
“EI capítulo IV regula las acciones colectivas encaminadas a impedir la utilización de condiciones generales que sean contrarias a la ley, como son la acción de cesación … la de retractación … y la declarativa. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar las acciones individuales de nulidad conforme a las reglas comunes de la nulidad contractual o la de no incorporación de determinadas cláusulas generales.” (Exposición de motivos, IV)
“12.2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando, cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz.
A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria, la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones a que afecte la sentencia y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de dichas condiciones.”
b) Ley de enjuiciamiento civil: en su tenor original, la Ley 1/2000 no hizo mención a las acciones de cesación de cláusulas contractuales. Con todo, su art. 11 en su apartado 1, señala que: “Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados”, se confiere legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas para “defender en juicio… los intereses generales de los consumidores y usuarios”. En este ámbito cabe enmarcar sin dificultad dialéctica, como hacen los recurrentes y el Ministerio Fiscal, a las acciones de cesación de cláusulas contractuales, y por tanto este art. 11.1 LEC garantiza el ejercicio de las acciones individuales de nulidad.
“Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.”
c) Ley de consumidores y usuarios: En lo que aquí importa destacar, el vigente texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, ha optado por unificar en un único precepto, el art. 53, las dos modalidades de acción de cesación (de nulidad contractual y contra conductas ilícitas) que contemplaba la anterior normativa sobre la materia (Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, que en esta cuestión, había sido modificada por la Ley 39/2002, de 28 de octubre), derogada por aquél.
5. Resta todavía por hacer referencia al tratamiento que recibe la acción de cesación en el ámbito del Derecho comunitario, pues en él tiene su origen este proceso diseñado con una naturaleza y función muy definidos, que el legislador español ha transpuesto a nuestro Derecho interno con el resultado ya examinado. Como recordamos recientemente en la STC 232/2015, de 5 de noviembre, FJ 4: “ni el principio de primacía del Derecho de la Unión que rige las relaciones entre ambos ordenamientos, han dotado a las normas del Derecho de la Unión Europea, originario o derivado, ‘de rango y fuerza constitucionales’ [por todas, STC 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a), con cita de otras]. Ahora bien, ello no significa, obviamente, que este Tribunal deba abstenerse de cualquier valoración sobre un acto de los poderes públicos ante él recurrido cuando el mismo aplica Derecho de la Unión Europea o, al contrario, se plantee su posible contradicción con éste, pues ello implicaría una abdicación de nuestra función señalada en los arts. 53.2 y 161.1 b) CE. Significa, mucho más simplemente, que cuando ello sucede debemos abordar esa denuncia desde la perspectiva que nos es propia, valorando si con ese acto de los poderes públicos recurrido ante la jurisdicción constitucional se ha ocasionado o no alguna vulneración a los derechos fundamentales y libertades públicas cuya tutela tenemos encomendada, de conformidad con los preceptos constitucionales antes citados, que son los únicos que vinculan a este Tribunal como recuerda el art. 1.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). En este sentido, la STC 58/2004, FJ 11, con cita de la STC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a)”. Para alcanzar este propósito debemos atender a lo que disponen los propios instrumentos jurídicos comunitarios sobre el problema que nos ocupa, así como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
a) En primer lugar, la lectura de la normativa comunitaria resulta en este aspecto bastante reveladora: así, la Directiva 98/27/CE relativa a las acciones de cesación, ya citada, aclara en su Consideración 2 que “por intereses colectivos se entiende los intereses que no son una acumulación de intereses de particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción; que esto no obsta a las acciones particulares ejercitadas por particulares que se hayan visto perjudicados por una infracción”.
El enfoque de control abstracto y preventivo de la acción de cesación queda patente en la recomendación de la comisión de 11 de junio de 2013, “sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión” (DOCE L 201/60, de 26 de julio de 2013). Como se desprende de su propio título, la comisión identifica como instrumentos de tutela colectiva distintos, la acción de cesación —prevista en la Directiva 2009/22/CE— y las acciones de indemnización de daños y perjuicios implementadas por los Estados, hasta el punto de que tras unos “principios comunes” a ambos mecanismos, la comisión separa las recomendaciones destinadas a cada uno de ellos (el de cesación, en el epígrafe IV, recs. 19 y 20). En lo que importa destacar aquí, la recomendación reitera la importancia de las acciones individuales, hasta el punto de que la consideración 8 valora su ejercicio por los afectados como el medio “habitual para resolver los conflictos, evitar daños y reclamar una indemnización”; reconociendo más adelante en la consideración 11, que “el procedimiento de cesación introducido por la Directiva no permite obtener una indemnización a las personas que aleguen haber sufrido perjuicio”. Destaca además la recomendación, que la integración del afectado individual en acciones colectivas, iniciativa que debe ser siempre voluntaria (sistema opt-in), se incardina dentro de las acciones colectivas de indemnización (epígrafe V, Recs. 21 a 24), pues es ahí donde sitúa las pretensiones de condena para la adopción de medidas reparadoras del derecho en beneficio de personas concretas.
b) Adquiere además particular relevancia a los efectos del presente amparo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2016, relativa a las cuestiones prejudiciales suscitadas en relación con el art. 7 de la Directiva 93/13/CEE, asuntos acumulados C-381/14 (Jorge Sales Sinués y Caixabank, S.A.) y C-385/14 (Youssouf Drame Ba y Catalunya Caixa, S.A.), planteadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, en torno justamente al problema que aquí nos ocupa, bien que desde la óptica de la infracción del ordenamiento comunitario. A dichas cuestiones prejudiciales se han referido las partes en los escritos del presente recurso, según se ha dejado mención antes, y en todo caso y conforme a nuestra doctrina “corresponde a este Tribunal velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando, como aquí ocurre según hemos avanzado ya, exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos casos, el desconocimiento y preterición de esa norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una ‘selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva [SSTC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6, y 232/2015, FJ 5 c)]”.
“El artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la de los litigios principales, que obliga al juez que conoce de una acción individual de un consumidor, dirigida a que se declare el carácter abusivo de una cláusula de un contrato que le une a un profesional, a suspender automáticamente la tramitación de esa acción en espera de que exista sentencia firme en relación con una acción colectiva que se encuentra pendiente, ejercitada por una asociación de consumidores de conformidad con el apartado segundo del citado artículo con el fin de que cese el uso, en contratos del mismo tipo, de cláusulas análogas a aquella contra la que se dirige dicha acción individual, sin que pueda tomarse en consideración si es pertinente esa suspensión desde la perspectiva de la protección del consumidor que presentó una demanda judicial individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda decidir desvincularse de la acción colectiva.”
La identidad —que no mera similitud— de objeto entre ambos procesos, de otro lado, resulta cuanto menos dudosa. La demanda de cesación se configura por ley como instrumento de control abstracto de cláusulas ilícitas, y lo que se pretende con ella es que el profesional demandado deje de recomendarlas o suscribirlas con sus potenciales clientes. En este caso, la acción de cesación de ADICAE impugnaba, entre otras, la cláusula suelo cuyo contenido coincide con la firmada por los recurrentes años antes con la misma entidad bancaria. Pero lo cierto es que en ese proceso no se conoció de la cláusula suelo de “su” contrato, ni de las circunstancias concurrentes en su celebración (arts. 4.1 de la Directiva 93/13/CEE y 82.3 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios), como por ejemplo el cumplimiento del principio de transparencia. El objeto controvertido por tanto entre ambos procesos es similar, pero no idéntico. Ello no obsta, por supuesto, a que el Juzgado a quo, al dictar Sentencia sobre el fondo, deba de tener en cuenta los pronunciamientos ante todo del Tribunal Supremo, máximo intérprete de la legalidad ordinaria (art. 123 CE), en torno a la validez o nulidad de este tipo de cláusula.
7. En definitiva, empleando palabras de la STC 106/2013 ya citada, FJ 5, del “examen de las resoluciones impugnadas se desprende que los órganos judiciales han realizado una interpretación de la ley procesal, principalmente de los artículos mencionados, que, superando su tenor literal, han impedido a la parte recurrente obtener una resolución de fondo sobre determinadas pretensiones”. En este caso, además, de modo contrario al Derecho comunitario aplicable, conforme con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes examinada.
2º Restablecerlos en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 24 de julio de 2013 (procedimiento ordinario núm. 779-2012); así como la nulidad del Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 9 de octubre de 2014 (rollo de apelación núm. 500-2013).
3º Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de dictarse el Auto de 24 de julio de 2013, para que el Juzgado de lo Mercantil a quo provea a las actuaciones de una manera que resulte respetuosa con el derecho fundamental declarado, en los términos que fijamos en el anterior fundamento jurídico 7.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 7120-2014
Síntesis Descriptiva Promovido por don Jorge Pacheco Cordero y doña Raquel Blanco Ruiz respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario.
Síntesis Analítica Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): archivo de las actuaciones por litispendencia resultante de una interpretación irrazonable de la ley procesal (STC 106/2013) y contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Resumen Los recurrentes en amparo interpusieron una acción de nulidad y otra de reclamación de cantidad en relación con la cláusula suelo de su préstamo hipotecario. En primera instancia se suspendió el procedimiento hasta que recayera resolución firme en el proceso seguido por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE), instado para la protección de derechos e intereses colectivos en referencia a tales cláusulas. Los recurrentes apelaron esta decisión y la Audiencia Provincial desestimó el recurso, archivando, además, las actuaciones de la causa.
Se otorga el amparo. La Sentencia declara que ni la legislación nacional ni la normativa de la Unión Europea imponen la suspensión o el archivo de los procesos de nulidad individual una vez admitida a trámite una demanda colectiva de cesación, en la que se impugne la cláusula de la misma entidad. Por el contrario, se prevé la intervención como parte de los consumidores individuales. Asimismo, la jurisprudencia del TJUE declara que suspender la tramitación de una cláusula individual y supeditarla a la decisión que se tome sobre la acción colectiva impide al consumidor ejercer de manera efectiva su derecho de acceso a la justicia. Se afirma también que los recurrentes no confiaron su caso a ADICAE y que no existe identidad de objeto, pues no es lo mismo controlar la legalidad en abstracto de una cláusula que impugnar la cláusula de un determinado contrato, del que se reclama una cantidad específica. Por todo ello, la Sentencia declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y ordena declarar la nulidad de los autos que lo lesionaron y retrotraer las actuaciones al momento anterior de dictarse el primero de ellos.
Ley 7/1998, de 13 de abril. Condiciones generales de la contratación
Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998. Acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores
Artículo 6.1.7, f. 4
Artículo 11.1, ff. 4, 6
Artículo 11.3, ff. 4, 6
Exposición de motivos, apartado II, f. 4
Artículo 82.3, ff. 5, 6
Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009. Acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2016 (asuntos C-381/14 y C-385/14)
§ 38, f. 5
Cláusulas abusivasCláusulas abusivas, ff. 4 a 7
Créditos hipotecariosCréditos hipotecarios, ff. 4 a 7
Derecho de participación de los consumidoresDerecho de participación de los consumidores, ff. 4 a 6
Archivo de demandaArchivo de demanda, ff. 4, 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 7
 resolución 
 resolución 

Artículo 6

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 82