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Timestamp: 2014-08-20 16:34:23+00:00

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Sentencias constitucionales. Proceso de acción popular | Pensamientos de Derecho Constitucional
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4 diciembre, 2010 Nota previa: El proceso de acción popular reviste singular importancia en la medida que su regulación constitucional- artículo 200 inciso 5 Constitución 1993- prevé que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Si bien el proceso de acción popular no es en estricto un proceso de control normativo con las potestades de control concentrado como sucede con los procesos de inconstitucionalidad y competencial, cuya definición está reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional en instancia única, sí podemos afirmar que este proceso representa el control constitucional que hacen los jueces del Poder Judicial de la compatibilidad iusfundamental de las normas reglamentarias que vulneran los principios, valores y directrices contenidos en la Carta Fundamental.
La pregunta de rigor es: ¿ y por qué el Tribunal Constitucional no debería ejercer función revisora en este tipo de procesos? La respuesta es encontrada en el Derecho Comparado( históricamente las Constituciones de Cuba, Honduras, Bolivia, Panamá, El Salvador y Guatemala confieren potestad de conocimiento de esta acción al Poder Judicial). En adición a ello, las Constituciones de Perú de 1933, 1979 y 1993 han regulado que se trata de un proceso que debe ser conocido por el Poder Judicial. Ahora bien ¿debe ser conocido el proceso de acción popular por el supremo intérprete en tanto los jueces del Poder Judicial pueden equivocarse y debe subsanarse este error por parte del Tribunal Constitucional? A juicio nuestro, debe estimarse, bajo las reglas de la razonabilidad, que en un Estado Constitucional deben delimitarse adecuadamente las competencias y éstas son objetivas en nuestro país en cuanto las normas con rango de ley son objeto de control constitucional por parte del supremo intérprete de la Constitución. A su vez, las normas reglamentarias, como hemos referido supra, deben ser constitucionalmente controladas por el Poder Judicial.
Es importante hacer a un lado la desconfianza kelseniana de que el trabajo de los jueces debe ser objeto de múltiples controles. Y en el hipotético caso de que una sentencia de acción popular fuere contraria a la Constitución, queda plenamente habilitado el proceso constitucional de amparo contra resolución judicial. SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE
Primero: El Proceso Constitucional de Acción Popular tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones a su jerarquía normativa, y, procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanan siempre que infrinjan la Constitución o la Ley, según sea el caso; de lo que se infiere que tal pretensión puede sustentarse en consideraciones de forma o de fondo; Segundo: En el presente caso, don Enrique Hebert Gonzáles Pisfil, interpone demanda de Acción Popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú con la finalidad de que el órgano jurisdiccional declare la inconstitucionalidad de la Resolución de Alcaldía N° 057-2008-A/MDM, del veintisiete de marzo de dos mil ocho, que impone el pago de la suma de S/. 70.00 por concepto de “Renovación de Concesión de Servicio Moto Taxi” por período de tres años y S/. 10.00 nuevos soles por derecho de presentación de Solicitud Valorada, por contravenir el artículo 74° de la Constitución del Estado que recoge el principio de reserva de ley en cuyo mérito solo puede crearse tributos por ley expresa; por otro lado, dicho tributo tampoco figura en el TUPA del referido Gobierno Local. En tal sentido, resulta pertinente determinar si los montos que deben pagar quienes se dedican a la actividad que se vería supuestamente afectada con la imposición de los gravámenes constituye o no un tributo que haga necesario su establecimiento mediante ley o norma con rango de ley;
Cuarto: Al respecto, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no Motorizados, autoriza a las Municipalidades Distritales el cobro al transportador por derechos de trámite relacionados a la prestación del referido servicio que serán fijados en su respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), de conformidad con la legislación vigente; Quinto: En consecuencia, el pago de los derechos que la Resolución de Alcaldía objeto de cuestionamiento dispone por Renovación de Concesión de Servicio de Taxi, así como por derecho de presentación de la solicitud respectiva, no constituye un tributo sino un derecho por la concesión de un servicio público establecido en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por otro lado, tal como se puede deducir de la Ordenanza Municipal N° 001-06/MDM, del veinte de enero de dos mil seis, corriente de folios treinta y cuatro a treinta y seis, los referidos pagos han sido dispuestos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad demandada conforme a lo normado por el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776;
b. Apuntes docentes y de capacitación (183)
e. Jueces y Constitución (8)
El Derecho ¿ arte o ciencia? Ponderación constitucional
p. El Título Preliminar en el Código Procesal Constitucional La doctrina constitucional. Artículo
s. El proceso de amparo. Alcances, dilemas y perspectivas. Principios de interpretación constitucional
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References: artículo 200
 resolución 
 Resolución 
 artículo 74
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 70