Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDossier.py?idPersona=1333
Timestamp: 2020-01-19 17:10:00+00:00

Document:
Total de participaciones 330
Total sesiones asociadas 193
Participaciones de Carlos Smok Ubeda entre 1965 a 1973
INTEGRACION DE LAS COMISIONES PERMANENTES
Legislatura Extraordinaria número 319
Integración de Carlos Smok Ubeda en Cámara de Diputados el 20 de marzo de 1990
Comisión de Salud: Diputados señores Mario Acuña, Gustavo Alessandri , Francisco Bayo , María Angélica Cristi , Juan Masferrer , Manuel José Matta , Patricio Melero , Jorge Morales, Víctor Reyes , Laura Rodríguez , Roberto Rojo , Carlos Smok y Francisco Tohá .
Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación: Diputados señores Carlos Bombal , Camilo Escalona , Miguel Ángel Fantuzzi , Juan Alfonso Masferrer , Roberto Muñoz , José Miguel Ortiz , señora Marina Prochelle, Hugo Rodríguez , Carlos Smok , Carlos Valcarce , Felipe Valenzuela , Sergio Velasco y Edmundo Villouta .
REEMPLAZO DE LA SESION ORDINARIA DEL MIERCOLES 4 DE ABRIL POR UNA ESPECIAL, DESTINADA A TRATAR LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL. PROYECTO DE ACUERDO.
Proyecto de Acuerdo de Carlos Smok Ubeda en Senado el 27 de marzo de 1990
El señor VIERA-GALLO (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Diputados señores Ramón Elizalde , Carlos Dupré , Jorge Pizarro, Laura Rodríguez , Luis Le blanc , Edmundo Villouta , Guillermo Yunge , Camilo Escalona , Gustavo Ramírez y Carlos Smok , que dice:
"La Cámara de Diputados acuerda reemplazar la sesión ordinaria del día miércoles 28 de abril por una sesión especial, para tratar como única materia el lugar de funcionamiento del Congreso Nacional".
Según lo informado a la Mesa, este proyecto de acuerdo cuenta con el respaldo de los distintos Comités. Por lo tanto, solicitaré el asentimiento de la Sala para darlo por aprobado.
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos .
MODIFICACION DE LA LEY N° 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA.
Intervención de Carlos Smok Ubeda en Cámara de Diputados el 24 de abril de 1990
Corresponde tratar el proyecto que modifica la ley N 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deporte y Recreación es el señor Ortiz, don José Miguel .
- El proyecto, impreso en el Boletín N° 13-04-A, es el siguiente:
"Artículo 1°.- Derógase la ley N° 18.862.
Artículo 2°.- Introdúcense a la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, las modificaciones que a continuación se indican:
1) Deróganse el inciso segundo del artículo 2° transitorio y el artículo 3° transitorio, y
2) Agrégase en el artículo 4° transitorio, en punto seguido, la siguiente frase: "En estos casos, el Ministerio de Educación Pública contará con un plazo de 18 meses para pronunciarse acerca de la solicitud".
El señor SMOK.-
Señor Presidente, hoy en día las sociedades desarrolladas sostienen un intenso debate educacional. En Chile no hemos tenido ese debate por más de tres lustros. Por esa razón, perdimos el acuerdo sobre materia educacional. En el país no ha habido una política nacional frente a la educación. Se le ha impuesto una política sin discusión, como lo ilustra el despacho de una ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en el último día leí Gobierno anterior. Tendrá que ser revisada. Tenemos una larga tradición de diálogos y de entendimientos en materia educacional. Este país no se contenta con el crecimiento material y valora como ninguno la educación para mejorar la calidad de vida, para ascender socialmente, para acceder al trabajo y para ser buen ciudadano.
Asistimos a un surgimiento exponencial de Universidades privadas, las que, por cierto, nacen por el hecho de la menor participación del Estado en el financiamiento de la educación superior, necesidad no satisfecha aún. Existen, hoy día, veinte Universidades que reciben aporte estatal, en crisis de subsistencia o de desarrollo, lo cual trasunta un profundo desorden institucional. En la actualidad, el Estado no garantiza el derecho a la educación superior para las mayorías, ni fomenta eficazmente la calidad de la oferta educativa.
Así, el acceso está discriminado según la capacidad económica de los padres y hay menos estudiantes universitarios que hace dieciséis años, en un país con más habitantes y con mejor promedio de escolaridad.
Resulta urgente mejorar la calidad de la educación. Los beneficios de la educación superior se distribuyen insuficientemente y sin equidad, atentando contra la igualdad de oportunidades, pilar fundamental de una real democracia.
La equidad educacional es tarea de la sociedad en su conjunto. En ella, el Estado tiene un papel especial.
La responsabilidad social en la educación ha sido reemplazada por el ilusionismo del mercado.
Observamos, con recursos limitados, la competencia agresiva donde debiera primar la cooperación. En la educación, se invoca al mercado y se pide que la regule.
Preguntamos: ¿Quiénes acceden a la educación superior privada? ¿Cuáles son sus méritos académicos conocidos? Pero, primordialmente, ¿quién garantiza la fe pública? Me refiero a la fe de los padres que, con la esperanza de construir un futuro mejor para sus hijos, asumen altísimos gastos de colegiatura, sin la suficiente y adecuada información sobre la institución en que se confían; a la fe de los jóvenes estudiantes que, inesperadamente, pueden ver desaparecer su institución y sus esfuerzos, porque la primera cayó en insolvencia: su "alma mater" quebró; a la fe de una sociedad que confía y respeta un "cartón" que acredita un título profesional, creyendo que asegura la formación adecuada del poseedor.
Digámoslo de una vez: este Gobierno, el Estado, reasumió su papel protagónico en la educación, sin perjuicio de la libertad de enseñanza y del pleno desarrollo de la responsabilidad de la sociedad en los asuntos educativos. Lo anterior no debe entenderse en el sentido de recaer en un centralismo burocrático, ni en un libre mercadismo entronizado en el mundo de la educación.
Este Gobierno aumentará la cobertura educacional pre-básica, ni siquiera mencionada en la ley Orgánica de Enseñanza. Mejorará la calidad y disminuirá la desigualdad en la educación básica. Redefinirá los fines y las orientaciones de la educación media. Incentivará la educación para el trabajo. Capacitará en ese campo a más de 160 mil jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, recuperará la educación para adultos. Impulsará la alfabetización. Expandirá la televisión con carácter educacional. Promoverá la creación artística e intelectual y garantizará el acceso masivo a los bienes culturales y a la expresión popular de la creatividad.
Recuperará el concepto de Universidad, achatado y manoseado en estos años, no sólo mejorando su financiamiento, o terminando con las depuraciones y persecuciones en el seno de la comunidad universitaria, sino también respetando sin excusas su autonomía, tanto en la elección de sus autoridades como en la libertad de cátedra, a fin de que alcance el nivel de calidad que la sociedad tiene derecho a exigirle.
Recuperará -digo- el concepto de Universidad, no sólo como un centro de docencia, sino también, e imprescindiblemente, de investigación y de difusión cultural. Sólo aquellas Universidades debieran llamarse así. Ahora basta con que impartamos algunas de las quince carreras para recibir el respetable nombre de Universidad. Son quince carreras arbitrariamente establecidas. Eran doce. Agregaron tres pedagogías. Faltan, por cierto, muchas otras, a nuestro juicio, esencialmente universitarias como Periodismo, por ejemplo. Los criterios usados son de formación técnica para institutos; no para Universidades.
Chile vivió orgulloso de sus Universidades, de internacional prestigio y de calidad probada. Hoy mira estupefacto tal pérdida de seriedad.
Ya más de cuarenta Universidades privadas han sido autorizadas. Hay casi setenta Universidades en el país.
Chile debe saber que existen treinta y dos escuelas privadas de Ingeniería Comercial, además de once en Universidades estatales.
Cuando, para fundar Universidades privadas, se requería de autorización del Ministerio del Interior, surgieron cinco. Algunas tienen hoy más de seis años de existencia. Las hay con más de cuatro mil estudiantes y con más de medio millar de docentes. Las hay con investigación y difusión cultural en desarrollo. Las hay con prestigio ganado.
¿Aceptan esas Universidades ser apreciadas igual que estas 11 nuevas Universidades privadas, surgidas en los dos últimos años, algunas solamente con cincuenta o con sesenta alumnos, un pizarrón y una caja de tiza?
¡Seriedad! ¡Esa es nuestra demanda!
La ley actual transforma al Ministerio de Educación Pública en una oficina de partes. Si se le lleva un documento que contenga el estatuto de la Universidad por fundar y también el contrato o la promesa de alguna Universidad ya establecida para efectuar sus exámenes, sólo le cabe autorizar su funcionamiento.
¿Sabe el país que algunas Universidades de provincia obtienen recursos para su exiguo presupuesto, examinando carreras que ellas mismas no imparten? Son imperativos del mercado, dirán algunos.
La gravedad real de la situación universitaria implica la necesidad de generar un consenso nacional en tomo al tema. Todos estamos convocados a analizarla.
El proyecto de ley en debate debe entenderse como el primer paso de un camino de ambiciosas metas. Si hoy discutimos sólo esta breve iniciativa, es porque resulta urgente comenzar a regular tan anómala situación. ¡Cómo si no fuera ya excesivo el articulado que debemos derogar, que permite que por dos años más sigan apareciendo más y más Universidades con sólo presentar proyectos de estatutos y de compromisos de examinación! ¿Cuántas más? ¿En qué va a desembocar esta situación ya caótica?
El Consejo Superior de educación, que debe dar la acreditación y la autorización, es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, con 9 miembros, de los cuales el Ejecutivo designa a un solo integrante, que es el Ministro de Educación Pública. También lo integran un representante de las Universidades estatales, uno de las Universidades privadas, uno de los Institutos Profesionales, uno de la Corte Suprema, uno de las Fuerzas Armadas, uno del Consejo Superior de Ciencias y dos del Instituto de Chile.
Sostenemos que la calidad de Universidad debe surgir del reconocimiento de sus pares, y no sólo de un simple tratamiento administrativo, incapaz de opinar y de regular esta materia de manera alguna.
En suma, se pretende que en la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, del 10 de marzo de 1990, rija su articulado permanente, y no su articulado transitorio.
Algunos dirán que se atenta contra el establecimiento de nuevas Universidades, que se cierran oportunidades. ¡No! No descartamos que en el futuro aparezcan proyectos que, por su seriedad, por su originalidad y por su excelencia, merezcan una oportunidad. Sólo pedimos que sean evaluadas, acreditadas y autorizadas por un organismo competente y autónomo, en este caso por el Consejo Superior de Educación.
Apreciamos en su integridad el concepto de libertad.
Señor Presidente, los miembros de esta bancada, algo, o mucho, podemos decir de libertad. Estamos aquí por un mandato popular, que ha reconocido en nosotros una trayectoria de lucha inclaudicable por la libertad. Por eso, la sabemos distinguir del libertinaje.
Señor Presidente, las bancadas del Partido por la Democracia, del Partido Socialista, de la Izquierda Cristiana y del Partido Humanista apoyamos sin reservas, el proyecto presentado por el Ejecutivo.
Apelo a la conciencia de los Honorables señores Diputados para que, de consuno, pongamos coto y restablezcamos el recto proceder en medio de esta ebriedad conceptual, hermana de la chacota en que ha caído un tema de la trascendencia del relativo a la Universidad privada.
Es el primer paso para un extenso y, según espero, elevado debate, que tendremos que enfrentar, para recuperar a la educación del estado en que hoy se encuentra. La brecha que nos separa del mundo desarrollado no se expresa sólo en función de bienes y de servidos, sino también en fundón de los niveles y de la calidad de la educación.
Por eso, la política educacional se confunde con una política de progreso para el país. Por lo tanto, la política educacional es tarea de todos.
Construyamos un nuevo concepto de la eficiencia, que conjugue a la vez calidad y justicia.
ANUNCIO DE PAREO
Parlamentarios que se parean de Carlos Smok Ubeda en Cámara de Diputados el 25 de abril de 1990
El señor DUPRE (Vicepresidente).-
Como no existe ningún otro proyecto de acuerdo, daremos cuenta del último pareo llegado a la Mesa.
El señor VALDES (Secretario).-
Ha llegado a la Mesa el siguiente pareo: de los señores Diputados don Carlos Smok con el señor Diputado don José María Hurtado .
Hablan varios señores Diputados a la vez
Así consta en las tarjetas firmadas por los respectivos Comités, señores Diputados.
Ese pareo es para mañana, señor Secretario.
MENSAJE DE SOLIDARIDAD Y ALIENTO DE LA CORPORACIÓN A LAS AUTORIDADES Y DAMNIFICADOS DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES QUE SUFRIÓ ESA CIUDAD. OFICIO.
Intervención de Carlos Smok Ubeda en Cámara de Diputados el 16 de mayo de 1990
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Smok .
Señor Presidente, vengo de Magallanes, un extenso y lejano territorio, donde 150 mil chilenos hacen un significativo aporte a la Patria con singular tesón, en adversas condiciones.
Somos una isla por imperio de la lejanía y el desmembramiento geográfico del austro. Llegamos hasta el Polo Sur, y nuestra capital regional, Punta Arenas, constituye el exacto centro geográfico de Chile, al quedar equidistante de la Línea de la Concordia y del Polo Sur.
Nos sentimos hijos del esfuerzo. Conservamos el espíritu de los pioneros. Estamos orgullosos de nuestro pasado, esperanzados en el porvenir y comprometidos con la democracia en plenitud.
La representamos dos Diputados y dos Senadores de la Concertación. Así somos en el austro.
Hoy, Punta Arenas está herida. Fuertes precipitaciones y el rápido deshielo de los montes vecinos le han provocado la peor catástrofe en su historia. La mitad de la superficie urbana ha sido inundada. Toneladas y toneladas de lodo han desbordado el río "Las Minas", destruyendo puentes a su paso y arrastrando casas de míseros campamentos instalados en sus márgenes.
Tras recorrer la ciudad, el coronel Héctor Orrego , Director Nacional de ONEMI, ha declarado que "Los daños son comparables a los producidos por un terremoto".
Por fortuna, no hemos tenido pérdidas de vidas; pero hay 1.200 damnificados en albergues instalados en distintos establecimientos educacionales. Hemos perdido captaciones, aducciones y redes de distribución de agua potable; miles de líneas telefónicas; kilómetros de calles y caminos. Un centenar de familias que viven en campamentos han visto cómo la furia del río arrastraba sus medias aguas. Hay centenares de propiedades privadas anegadas, edificios públicos dañados, embarcaciones perdidas, y el puerto corre grave riesgo de embancarse y de no poder operar. Sólo en obras públicas y servicios hemos acusado pérdidas por sobre 1.500 millones de pesos. Las pérdidas del comercio y en habitación son también millonarias. Las parcelas e invernaderos aledaños a la ciudad, dedicados a la horticultura, han sufrido una pérdida total. Las clases escolares están suspendidas.
Hemos enfrentado la emergencia con coraje solidaridad y aunque con dificultades. El régimen anterior, en el marco de su política de repartirse o extinguir bienes del Estado, o apropiarse de ellos, entregó la Intendencia sin fondos de emergencia, ni recursos, como colchones, frazadas o alimentos. No obstante, la ayuda de la ONEMI desde el Ministerio del Interior, y de la OFASA, de la Iglesia Adventista, fue pronta y eficiente. La labor de Carabineros y de la Fuerza Aérea ha resultado particularmente destacable, junto con la de la comunidad, de las empresas del Estado y las privadas en las largas horas de lucha contra la inundación y en el rescate de las víctimas.
Altas autoridades y funcionarios, incluyendo al Ministerio de Obras Públicas, se han constituido en la zona. Ya se han comprometido 300 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la recuperación y reconstrucción de lo perdido. No obstante, y como ya lo he dicho, las pérdidas son cuantiosas, y nuestras urgentes necesidades, y la llegada del invierno en Punta Arenas, son palabras mayores y, para tanto damnificado, no deben significar un nuevo calvario.
Desde esta tribuna, apelo a mis colegas parlamentarios para apoyar los proyectos que permitan destinar fondos del próximo complemento presupuestario a la reconstrucción de las obras mencionadas. Solicito al Ejecutivo que mantenga y profundice el buen ánimo de asistencia que hasta ahora ha mostrado, y apelo a la ciudadanía toda para que se dignifique a sí misma, extendiendo su mano solidaria a sus hermanos del austro.
En lo particular, solicito a Su Señoría, señor Presidente, que en nombre de esta Cámara, se sirva enviar un mensaje de solidaridad y de aliento a las autoridades y damnificados de la ciudad de Punta Arenas.
Solicito el asentimiento de la Sala para enviar, en su nombre, el oficio mencionado por el Diputado señor Smok , relativo a la situación que afecta a la ciudad de Punta Arenas.
PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTÍA A LAS PERSONAS QUE INDICA POR LAS FALTAS Y DELITOS QUE SEÑALA. SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL.
Legislatura Ordinaria número 320
Parlamentarios que se parean de Carlos Smok Ubeda en Cámara de Diputados el 29 de mayo de 1990
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto del Senado que concede amnistía a personas que indica por las faltas y delitos que en él se señalan.
El proyecto de ley, impreso en el boletín N°31-06(S), dice:
Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 126,127,128,138,139 y 12 transitorio de la Ley N°18.700. Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el período comprendido entre el 1° de octubre de 1988 y el 31 de diciembre de 1989."
Tiene la palabra el señor Pérez, don Víctor, Diputado informante.
Señor Presidente, en segundo trámite constitucional informo a la Sala sobre el proyecto, que tuvo su origen en un Mensaje del Ejecutivo, por el cual se concede amnistía a las personas que incurrieron en faltas y delitos que en él se señalan.
Tiene razón el Mensaje al hacer notar que el referido proyecto tiene relación directa con la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que sanciona como delitos y faltas los descritos en el párrafo correspondiente de su título VII.
Para mayor claridad de la Sala, debo reiterar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 18, ordena la constitución de un sistema electoral público, y que una Ley Orgánica Constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales, y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales.
Estas materias que la Constitución ha asignado a la Ley Orgánica Constitucional del Sistema Electoral Público, han sido regladas y reguladas por diversas leyes, a saber: por la ley N° 18.556, sobre el sistema de inscripciones Electorales y Servicio Electoral propiamente tal; por la ley N°18.583, que fijó la planta del Servicio Electoral, y por la ley N°18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
La iniciativa del Ejecutivo, que origina el Mensaje, se refiere específicamente a la ley N°18.700, que trata de los actos preparatorios de las elecciones; del acto electoral; del escrutinio local; de las reclamaciones electorales; del escrutinio general y de la calificación de las elecciones; del orden público; de las sanciones y procedimientos judiciales; de la independencia e inviolabilidad, de las sedes y apoderados; de los efectos electorales; de las publicaciones y exenciones de derechos e impuestos; de las disposiciones generales y de los distritos electorales y circunscripciones senatoriales para las elecciones de Diputados y Senadores.
Esta ley, al tratar todas y cada una de estas materias, contiene una serie de exigencias, de limitaciones y obligaciones, cuya infracción hace incurrir en faltas o delitos de la más variada índole.
El Mensaje del Ejecutivo señala que muchas de estas normas fueron incumplidas o burladas por la ciudadanía, básicamente por el desconocimiento de las disposiciones de la citada ley, y que son muchos los ciudadanos, miles, los que de buena fe cayeron e incurrieron en infracciones, tanto en el plebiscito de octubre de 1988, en el de julio de 1989, como en la elección presidencial y de Diputados y Senadores, el 14 de diciembre último.
Por lo tanto, estas personas que, por desconocimiento de las disposiciones legales, o de buena fe incurrieron en faltas y delitos, han provocado que el sistema judicial chileno recibiera masivas denuncias por parte del Servicio Electoral, las cuales han terminado en el archivo de antecedentes, o aún sus fallos se encuentran pendientes, debido a la incapacidad material de los tribunales competentes para dar curso progresivo a los autos en forma rápida y eficiente.
Además, la ley N°18.700, en su artículo 150, dice que "sólo procederá el indulto general o la amnistía en favor de los condenados o procesados en virtud de esta ley".
Por esas consideraciones, el Mensaje del Ejecutivo fundamenta las disposiciones que paso a reseñar.
El Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de amnistía que beneficiaba a los responsables de los siguientes delitos y faltas cometidos entre el 1° de octubre de 1988 y el 15 de diciembre de 1989:
a)Suscribir el patrocinio a una candidatura independiente para Presidente de la República, Senador o Diputado, sin tener inscripción electoral vigente en la circunscripción senatorial o distrito respectivo, o patrocinar más de una candidatura
para una misma elección, lo que el artículo 127 sanciona con multa de tres unidades tributarias mensuales.
b)Prestar falso testimonio en el acto de patrocinio de una candidatura independiente, lo que hace merecedor al infractor a pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y a multa de una a tres unidades tributarias mensuales, según el artículo 128.
c)No haber votado siendo ciudadano, infringiendo la obligación impuesta por el artículo 60, lo que el artículo 139 sanciona con multa a beneficio municipal de media a tres unidades tributarias mensuales, salvo que se acredite alguna excusa legítima conforme a esa misma disposición.
A estas causales, el Senado, en el primer trámite constitucional, agregó otras tres: Estableció que también tienen derecho a la amnistía aquéllos que vulneraron las limitaciones a la propaganda electoral callejera, a que se refiere el artículo 32, lo cual, de acuerdo con el artículo 126 de la ley N°18.700, hace incurrir al infractor en una multa de una a 10 unidades tributarias mensuales.
Asimismo, incluyó el Senado en este beneficio a quienes no concurrieron a ejercer las funciones de miembro de una mesa receptora, de delegado de la respectiva Junta Electoral o de miembro de un Colegio Escrutador, contraviniendo los artículos 50, 54 y 83, haciéndose acreedor, el infractor, a una multa de dos a ocho unidades tributarias mensuales.
El Senado agregó a las causales anteriores, beneficiando a los infractores, la siguiente: Actuar como independiente en la organización de grupos ciudadanos para ejercer el derecho de propaganda, a tener sedes y designar apoderados en elecciones, sin tener inscripción electoral vigente en la región, estar afiliado a un partido político constituido o en formación o haber suscrito otra nómina, lo que se sanciona con una multa de tres unidades tributarias mensuales, según el artículo 12 transitorio de la ley N°18.700.
Es decir, tanto por Mensaje del Ejecutivo como por las causales que incorporó el Honorable Senado, seis son las situaciones en virtud de las cuales se beneficia a las personas que cometieron algunos de los delitos o faltas establecidas en la ley 18.700.
Durante la discusión de este proyecto la Comisión contó, permanentemente, con la presencia del Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido, quien dio a conocer los fundamentos que tuvo el Ejecutivo para enviar esta iniciativa. Debo informar que la Comisión, en forma unánime, aceptó los fundamentos que tuvo el Ejecutivo para proponer la aprobación de este proyecto de ley. La realidad indica que muchas personas, tanto por desconocimiento como de buena fe, incurrieron en una serie de delitos y de faltas que la ley sanciona.
Además, en la discusión en particular, hubo una serie de proposiciones para ampliar el beneficio de la amnistía a otras personas que cometieron alguna de las infracciones penadas por la ley 18.700; pero teniendo presente que el señor Ministro de Justicia fundó el Mensaje del Ejecutivo en el hecho de que había desconocimiento de las normas; en que estaba en juego el principio de la buena fe; en que después de 16 años se reanudaba la posibilidad de participar en elecciones directas de Presidentes de la República, de Diputados y Senadores, y en que no existía, por parte de muchos chilenos, una mayor experiencia en esta materia, se estimó que era necesario mantener la certeza de las normas que regulan los actos electorales y mantener, asimismo, una señal concreta de que debían cumplirse, por la generalidad de la ciudadanía, las normas que el Estado se ha dado para llevar a efecto las elecciones periódicas y los plebiscitos establecidos por la Constitución Política.
Al iniciarse la discusión en particular, en la Comisión hubo disparidad de criterios, especialmente en cuanto al contenido mismo del proyecto aprobado por el Senado. Varios miembros de la Comisión consideraron que ciertas normas incorporadas por esa Corporación no tenían el fundamento que el Ejecutivo adujo en el sentido del desconocimiento de normas y de la buena fe.
Por lo tanto, entre otras cosas, por mayoría de votos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó la amnistía en favor del Delegado de la Junta Electoral y del miembro de una Mesa Receptora de sufragios o de un colegio Escrutador que no concurriere a sus funciones, situación que está sancionada por el artículo 138 de la ley 18.700.
Se votaron, en forma separada, cada una de las proposiciones del Ejecutivo. Después de sucesivas votaciones, la Comisión acogió, por unanimidad, la amnistía a favor de las personas que hubieran incurrido en infracción a los artículos 127,139 y 12 transitorio; o sea, aquellos que suscribieron el patrocinio de candidaturas independientes, sin tener inscripción electoral vigente, o lo hicieron por más en una candidatura en una misma elección.
También se aprobó, en forma unánime, la amnistía para aquellas personas que, siendo ciudadanos, no votaron; así como también para quienes infringieron lo establecido en el artículo 12 transitorio de la ley N°18.700; aquellas personas que actuaron como independientes en la organización de grupos de ciudadanos para ejercer el derecho de propaganda, tener sedes y designar apoderados en elecciones, sin tener, inscripción electoral vigente en la Región.
Por simple mayoría, se aprobó la amnistía para aquellas personas que incurrieron en las faltas establecidas en el artículo 128; es decir, prestar falso testimonio en el acto de patrocinio de una candidatura independiente. La opinión de la minoría fue que prestar falso testimonio, sin duda, no podía atribuirse a buena fe y que, por lo tanto, no estaba incluida dentro de las ideas matrices del mensaje del Ejecutivo.
También, por simple mayoría se aprobó la amnistía para los infractores del artículo 126, relativo a la vulneración de las normas sobre propaganda electoral, o sea rayados de calles, de veredas y de muros.
Por lo tanto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente proyecto de ley:
"Artículo único.- Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 126, 127, 128, 139 y 12 transitorio de la ley N°18.700,Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 1988 y el 31 de diciembre de 1989."
Antes de ofrecer la palabra sobre el proyecto de ley que tan brillantemente ha informado el Diputado señor Víctor Pérez, solicito el asentimiento unánime de la Sala para tratarlo en general y en particular, por cuanto suponemos que es de simple despacho.
Tiene la palabra el señor Urrutia.
Señor Presidente, en nombre de la Sala de Diputados de Renovación Nacional, quiero señalar la posición de nuestro Partido en relación con este proyecto de ley que hoy día debemos votar.
Seré muy breve en mi exposición. La ley N°18.700, sobre Votaciones y Escrutinios, estableció un sinnúmero de normas. Además, su título VII determinó las sanciones para aquellas personas que incurrieran en faltas por infringir sus disposiciones, y el procedimiento judicial a seguir.
El artículo 126 ahora se somete a consideración de esta Honorable Cámara conceder amnistía a sus infractores establece sanciones para quienes cometieron infracciones referidas, básica y fundamentalmente, al hecho de ensuciar las ciudades del país con propaganda electoral.
Pensamos que dichas personas incurrieron en esa falta por desconocimiento de la ley, como lo señala el Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
En consecuencia, daremos nuestra aprobación a la amnistía respecto del artículo 126, en el entendido de que no se puede sentar el precedente, para futuras elecciones, de que los chilenos tendrán la posibilidad absoluta de ensuciar todas y cada una de las ciudades, y las plazas y los monumentos que existen en ellas.
En relación con esta norma en el momento oportuno se hará la presentación correspondiente es importante establecer disposiciones que impidan la repetición de hechos como aquellos de los cuales todos fuimos durante la pasada campaña presidencial y de parlamentarios, en las que las ciudades quedaron completamente sucias.
En segundo lugar, en cuanto al artículo 127 en esta materia también se solicita amnistía debo informar que Renovación Nacional dará su aprobación porque muchas personas suscribieron candidaturas sin saber cómo lo hacían, y sin saber tampoco que, en algunos casos, estaban violando normas legales que existen en este sentido.
En tercer lugar, y en relación con la amnistía que se pide respecto del artículo 128 de la ley N°18.700, para aquellas personas que en el acto de patrocinio de una candidatura independiente prestaren falso testimonio se señalan las penas, creemos que es necesario aprobarla, por cuanto muchos chilenos concurrieron a prestar dichas declaraciones sin tener conocimiento efectivo de las infracciones que estaban cometiendo a la Ley General de Elecciones y Votaciones Populares.
Con referencia a la amnistía por infracción al artículo 138 de la ley N°18.700, la Sala de Diputados de Renovación Nacional la rechaza, por cuanto, respecto de las personas que han sido designadas delegados de las Juntas Electorales, miembros de Mesas Receptoras de Sufragios o de un Colegio Escrutador, y no concurren a cumplir sus funciones, la propia ley establece los mecanismos para dar las excusas respectivas. Por lo tanto, al estar obligadas legalmente a cumplir este acto cívico, tan importante y tan trascendental para el futuro de la democracia en Chile, es indudable que esas personas deben ser efectivamente sancionadas, como expresamente lo señala la legislación vigente. En consecuencia, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó, por mayoría de votos, la amnistía solicitada en este caso por el Ejecutivo y por el Honorable Senado.
La bancada de Renovación Nacional también votará en contra de ella.
En cuanto al artículo 139, materia sobre la cual también se solicita amnistía, los Diputados de Renovación Nacional también se oponen a ella, por cuanto consideramos que es sentar un precedente para el futuro, ya que, indudablemente, los chilenos se sentirán con el suficiente respaldo como para no concurrir a votar en futuras elecciones. Estimamos que esto le hace mucho daño a la democracia. Siempre hemos escuchado críticas, sobre todo en aquellos grandes países del mundo donde la abstención es de tal magnitud que, incluso, se puede señalar que algunos parlamentarios, o Presidentes de la República, no son representativos de la ciudadanía por haberse producido una gran abstención ciudadana.
Por ello, vamos a votar en contra de esta amnistía que propone el proyecto de ley.
En cuanto a la amnistía para todas las personas que hayan incurrido en infracción al artículo 12 transitorio de la ley 18.700, Renovación Nacional la aprobará por las razones expuestas.
Señor Presidente, para los efectos señalados anteriormente, solicito que la votación del artículo único se haga en forma separada, es decir considerando para tales efectos cada una de las disposiciones de la ley N° 18.700, en que incide la amnistía, para permitir, de esa manera, que los Diputados puedan expresar su posición en la Sala.
Señor Presidente, colegas parlamentarios, creo que esta situación, que se relaciona con el proyecto de ley en discusión, se debe principalmente a que los tres actos eleccionarios incluidos los plebiscitos, por supuesto se desarrollaron después de un largo período en que no hubo elecciones.
Es sabido que el mayor porcentaje de votantes era de jóvenes que no habían sufragado nunca; por lo tanto, desconocían todos los sistemas anteriores y, naturalmente, el vigente en ese momento. Entonces se produjo el problema que aquí se ha comentado. En todo caso, el espíritu cívico de los electores fue bastante bueno y satisfactorio, y hubo preocupación, tanto en los antiguos electores como en los nuevos inscritos, para ir a los locales de votación.
Es bueno recordar, especialmente para quienes somos representantes de distritos con alta votación de sectores campesinos, que las dificultades de traslado fueron bastante notorias; no tanto en el plebiscito de octubre de 1988, porque las municipalidades se preocuparon de que hubiera la locomoción necesaria hasta en los lugares más apartados, para que nadie dejara de votar. Indudablemente, en esa oportunidad les interesaba bastante que la votación fuera favorable, y trataron de aprovechar todo lo que representa la presión de 16 años de trabajo para conseguir que el pueblo estimara que estaba de acuerdo con las actividades y las actitudes del Gobierno. Nosotros sólo nos dedicamos a mirar, porque no teníamos los medios económicos para compensar todo lo que el Gobierno hizo en materia de movilización, especialmente a través de los alcaldes.
Curiosamente, en julio de 1988, no hubo de parte de las municipalidades ni de las autoridades de Gobierno la misma preocupación para proporcionar locomoción sin costo alguno a los mapuches, campesinos y parceleros, cuyas dificultades de tránsito por los caminos son bastante grandes. No hubo esa posibilidad y la gente llegó hasta nosotros clamando por locomoción, la que, en gran medida, no le pudimos proporcionar.
En mi zona, en mi distrito, en mi provincia y creo que en otras provincias de la Región, también confabuló en contra de la asistencia de los electores a los lugares de votación, una lluvia persistente, la cual, en algunas partes, alcanzó el grado de tormenta. De tal manera que vimos que mucha gente tuvo que pagar multas subidas, porque el juez correspondiente simplemente no aceptó las disculpas de que, a causa del mal tiempo y de la distancia, esos electores modestos no pudieron llegar a tiempo para sufragar. Muchos conocemos a electores que debieron salir de sus casas a las 4 o 5 de la mañana, a pie, para poder sufragar a las 12 del día, y muchas veces más tarde.
Por eso, considero totalmente justificada la presentación de este proyecto de ley, y anuncio que vamos a votar a favor de la totalidad de los artículos propuestos.
A quienes hemos tenido alguna actividad municipal o alcaldicia, en su oportunidad nos preocupa el aseo y la presentación de las ciudades; pero también debemos legislar en favor de quienes incurrieron en el delito de ensuciar la ciudad por una situación lógica: no había medios económicos para hacer presente al resto de la ciudadanía cuál era la intención del voto.
Entendemos que este proyecto no creará un precedente para futuras votaciones. Incluso, consideramos que en un plazo determinado, más corto que largo, deberemos modificar el articulado de la Ley de Elecciones, en lo que se refiere a la propaganda electoral. Comprobamos que ella adolece de muchas fallas, y tenemos que dar la posibilidad para que las candidaturas, que no disponen de medios económicos, puedan hacer llegar sus mensajes a los electores, con facilidad.
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.
Señor Presidente, como no hay ningún Diputado del Partido Radical que integre la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me hago el deber de expresar a la Sala que los Diputados radicales vamos a votar favorablemente el proyecto de ley, en los mismos términos en que viene aprobado por la Comisión, aun cuando no participamos reitero en su discusión particular. Lo hacemos por dos motivos.
En primer lugar, porque compartimos las razones expresadas por el Ejecutivo en el mensaje de fundamentación del proyecto.
En segundo término, por cuanto discrepamos de la penalización de varios de los hechos que están tipificados como delitos en la actual Ley de Votaciones y Escrutinios.
Abogamos, porque en un futuro cercano tengamos la oportunidad de discutir íntegramente una nueva ley de votaciones y escrutinios.
Por esas razones, señalo que votaremos por la aprobación de este proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Hernán Rojo.
El señor ROJO.-
Señor Presidente, era una tradición en Chile que cada vez que se realizaban elecciones, el Honorable Congreso, con posterioridad, dictara una ley de amnistía. Siguiendo esa tradición, y por las razones en que se fundamenta este proyecto de ley, el Ejecutivo ha propuesto un proyecto diferente del aprobado por la Comisión.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha entregado a la consideración de la Sala un proyecto que beneficia a todos aquellos que incurrieron en infracciones a los artículos 126,127, 128, 139 y 12 transitorio. El Ejecutivo había enviado un texto que contemplaba tres clases de infracciones: las de los artículos 127,128 y 139; pero el Senado agregó tres disposiciones, que se refieren a los artículos 126,138 y 12 transitorio.
Por su parte, la Comisión aprobó dos de estas agregaciones, la del artículo 126 y del 12 transitorio, y rechazó, por mayoría de votos, la disposición relativa al artículo 138. Este artículo dispone que el delegado de la Junta Electoral, o el miembro de una Mesa Receptora de Sufragios o de un Colegio Escrutador que no concurriere a sus funciones, sufrirá tales y cuales penas.
Frente a esta situación de hecho, me he permitido presentar una indicación para reponer esta disposición, que fue suprimida en la Comisión, para, de esta manera, despachar el proyecto en la misma forma en que lo había aprobado el Honorable Senado.
He fundamentado esta petición en el siguiente hecho. No existe una sola razón para entrar a discriminar entre los diversos infractores. Antiguamente, el Congreso despachaba leyes de amnistía que decían, por ejemplo: "Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones de la Ley Electoral". En este caso, se ha optado por el sistema de amnistiar sólo la comisión de determinadas infracciones. Creo que las razones esgrimidas tanto en la Comisión como en la Sala fundan la concesión de una amnistía general, atendiendo al principio de que lo que se da a uno se debe dar a todos o no se da a nadie. Ello, porque estamos en una situación especial, como es la vuelta de la democracia.
En esta etapa, no ha habido un conocimiento exacto de la ley electoral, por cuanto se despachó sin conocimiento de la opinión pública. En seguida, su aplicación no fue pareja. Eso lo recordamos perfectamente. Para algunos, se aplicaba en toda su estrictez; para otros, no. Algunos tenían derecho a colocar toda clase de propaganda en las calles, a inundar las ciudades con "afiches" incluso en lugares prohibidos. En cambio, otros, como nosotros, que lográbamos colocar algunos de ellos, éramos denunciados y sancionados en los juzgados de policía local. Esa situación cambiará ahora en democracia. La ley será pareja para todos. Por eso, cuando estamos legislando para una situación de excepción, adquiere pleno fundamento el texto aprobado por el Senado de la República.
Señor Presidente, si la Ley Electoral dispone que es un acto voluntario del ciudadano inscribirse en los registros electorales, no se justifica sancionar a los que incurrieron en determinadas infracciones de sus normas, sobre todo si se considera que quienes no se inscribieron no sufrirán sanción alguna. Frente a esta realidad y en virtud de estos antecedentes, he formulado una proposición que, en el fondo, significa aprobar el proyecto despachado por el Senado.
El señor COLOMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.
Señor Presidente, los Diputados de la Unión Demócrata Independiente aprobaremos, en general, el proyecto contenido en el mensaje del Ejecutivo. Su texto, al establecer la posibilidad de amnistiar sólo contadas y precisas faltas, está reconociendo, implícitamente, como también todo el país, que los actos electorales realizados bajo el imperio de la ley actual han contado con la aprobación de toda la ciudadanía. El sistema electoral chileno, cuyo fundamento es la certeza, ha dado oportunidades a todos y a cada uno de los sectores que han intervenido democráticamente en los actos electorales; ha permitido a los diversos partidos políticos competir en igualdad de condiciones, y ha resguardado tanto los derechos de los ciudadanos, como de los partidos mismos y de los candidatos. Eso hace que nosotros valoremos con especial énfasis la seriedad de nuestros actos electorales y la obligatoriedad de las normas de nuestro sistema electoral. El reinicio de la democracia en Chile implica el reconocimiento de los derechos de las personas y de sus deberes, especialmente en materias electorales. Todos los chilenos tenemos el derecho de participar en los actos electorales; pero, también, la obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa legal existente sobre la materia, que asegura los derechos de todos y cada uno de los sectores que intervienen en ellos. Y así ha ocurrido en todas las elecciones, especialmente en el último acto electoral, como lo han reconocido todas las colectividades políticas.
Por ello, no somos partidarios de una ley de amnistía general. De lo contrario, estaríamos, sin duda, sentando un muy mal precedente, en especial para todos los jóvenes que se incorporan a los actos electorales.
Una elección presidencial, una elección parlamentaria, un plebiscito constitucional requieren gran responsabilidad de todos los chilenos, porque en cada uno de esos actos se fija el rumbo y el destino de la Nación toda. Por eso, las obligaciones que imponen las normas electorales deben ser cumplidas por todos y cada uno de los ciudadanos.
Nuestro apoyo al proyecto obedece, asimismo, al hecho de que el Ejecutivo lo fundamenta en la buena fe de los que contravinieron la Ley de Elecciones. Como se ha dicho, creo que todos los chilenos, participaron lealmente en los actos electorales realizados durante el lapso que menciona el proyecto. En atención a la buena fe de los que incurrieron en faltas o delitos, es necesario dictar una ley de amnistía.
No obstante, como en algunas disposiciones de la ley vigente no concurre este elemento de la buena fe, compartimos el criterio de la bancada de Renovación Nacional, de votar separadamente cada una de las referencias del artículo único del proyecto.
También hacemos presente nuestra opinión contraria a la causal incorporada por el Honorable Senado relativa a la no concurrencia a ejercer las funciones de miembros de una mesa receptora, de delegado de la respectiva junta electoral o de miembro de un colegio escrutador, porque creemos que esas personas no sólo estaban en conocimiento de sus obligaciones y fueron notificadas oportunamente, sino que asumieron la gran responsabilidad de ministros de fe en un acto de gran trascendencia, como es una elección presidencial, una de diputados, una de senadores o un plebiscito.
El reconocimiento de estos antecedentes, especialmente del hecho de que tenemos un sistema electoral o una ley electoral que da garantías a todos y a cada uno de los ciudadanos, a todos y a cada uno de los sectores políticos, debe ser el fundamento de nuestra decisión en esta oportunidad. Por lo tanto, en el caso de la amnistía, somos partidarios de que se conceda en casos muy puntuales y no en general. De lo contrario, estaríamos dando una señal equivocada en el reinicio de las elecciones de nuestro país.
Por las razones expuestas, en nombre de los Diputados de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que aprobaremos en general este proyecto, y solicitamos de la Mesa que someta a votación separada las distintas referencias que hace su texto.
Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.-
Señor Presidente, los Diputados de estos bancos vamos a votar favorablemente este proyecto, en la forma despachada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.
Como se ha dicho, el texto aprobado en este trámite por la Comisión difiere del sancionado en el Senado, donde se modificó la iniciativa del Ejecutivo, con el objeto de extender este beneficio, entre otros, al delegado de la junta electoral o miembro de una mesa receptora de sufragios o de un colegio escrutador que no hubiese concurrido a cumplir con su deber. Nos parece que esto es excesivo, y, en consecuencia, acogiendo la petición formulada por un señor Diputado, en la votación separada del proyecto haremos uso del derecho de rechazar esa parte del proyecto del Senado.
Por otra parte, estimo que la concurrencia a votar no debe ser una obligación penada por la ley. Es un derecho, y el ciudadano ha de tener entera libertad para ejercerlo o no ejercerlo. Me parece que nuestros tribunales tienen mejores cosas que hacer que verse atosigados con denuncias, en una cantidad siempre importante, de personas que, por una u otra razón, no concurren a votar o, simplemente, porque no tienen interés en hacerlo. Desde mi punto de vista, el votar es naturalmente un derecho; pero el no tener interés en participar es también un derecho que merece igual protección. Personalmente, favoreceré cualquier iniciativa que termine con la obligatoriedad de concurrir a votar, o, a lo menos, que la considere una obligación sólo de carácter moral, fundada en el interés de la sociedad en promover la participación; en definitiva, que esa obligación no esté acompañada de una sanción. Como bien dijo el Diputado Rojo, en la práctica el incumplimiento se ve favorecido con leyes de amnistía que solamente debilitan la fuerza que deben tener las normas.
Por estas razones, votaremos este proyecto en la forma señalada.
Corresponde votar el proyecto.
Los Diputados señores Urrutia, de Renovación Nacional, y don Víctor Pérez, de la Unión Demócrata Independiente, han propuesto votar separadamente cada una de las referencias que contiene el artículo único. El Secretario informará respecto de esta proposición.
La proposición es para votar separadamente cada uno de los artículos de la ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios a que hace referencia el proyecto.
Antes de la votación, se dará cuenta de los pareos.
Han llegado a la Mesa los siguientes pareos: entre la señora María Angélica Cristi y don Baldemar Carrasco; y entre el señor Carlos Bombal y el señor Carlos Smok.
En definitiva, la proposición consiste en votar en forma separada la referencia que el artículo único del proyecto hace a disposiciones de la ley N° 18.700. La otra proposición es para votar el proyecto en su integridad, con la indicación que presentó el Diputado señor Rojo.
Señor Presidente, no veo por qué vamos a votar sobre una proposición de un señor Diputado que está ejerciendo un derecho reglamentario. Cada Diputado tiene perfecto derecho a pedir la división de la votación, en el sentido de votar artículo por artículo. No es necesaria una votación para proceder de esa manera, a menos que haya alguien que se oponga. Me parece que primero habría que preguntar eso.
}Si nadie se opone, procederemos en la forma indicada.
El señor CARRASCO.-
¿Se opone el señor Carrasco?
No me opongo, señor Presidente. Lo que planteo es que primero el proyecto sea votado en general y, posteriormente, artículo por artículo.
Tengo entendido que, en la reunión de los Comités, se acordó votar en general y en particular el proyecto.
A continuación, se procederá a desglosar el artículo para la votación en particular que han propuesto los señores Urrutia y Pérez.
Señor Presidente, sólo una moción de orden.
No puede votarse artículo por artículo, si previamente no se vota la indicación, porque ésta incide en un artículo que no figura en el proyecto. La referencia al artículo 138, que aprobó el Senado, no fue acogida por nuestra Comisión. Luego, debe votarse primero tal referencia. Si es rechazada, se entra, entonces, a tratar el proyecto de la Comisión; y si no, debe volver a ella.
Ofrezco la palabra al respecto.
Tiene la razón el Diputado señor Rojo. Debe aprobarse primero la indicación presentada previamente por el señor Diputado, y, después, votarse en forma separada la mención de cada uno de los artículos señalados en el artículo único.
En votación, entonces, el artículo con la indicación del señor Rojo. Posteriormente, dividiremos la votación para considerar lo que plantea el señor Urrutia.
Que se lea la indicación, señor Presidente.
Se va a dar lectura a la indicación.
Indicación de los Diputados señores Rojo, don Hernán; Rodríguez, don Hugo; Reyes, don Víctor; Leblanc, don Luis, que dice como sigue:
"Para incluir en el proyecto de ley sobre amnistía, el artículo 138 de la ley N°18.700."
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 47 votos.
Corresponde votar en la forma indicada por el señor Urrutia, es decir, separadamente cada referencia.
En consecuencia, ¿lo hacemos artículo por artículo?
Vamos a votar artículo por artículo, tal como fue solicitado.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Estamos en votación, señor Diputado.
Una moción de orden, señor Presidente. Un artículo no se puede votar artículo por artículo.
Explicamos anteriormente, señor parlamentario, que se iba a votar la referencia a los artículos. Obviamente, se trata de un artículo único. Eso lo tenemos claro. El señor Urrutia solicitó votar las referencias en forma separada, lo que se acordó así después de la intervención del señor Schaulsohn.
Por lo tanto, se votará por cada uno de los números de los artículos.
En primer lugar, el artículo 126 de la ley N°18.700.
señor Presidente, como no soy miembro de la Comisión, por favor, pido que se lea el artículo.
El señor COLOMA (Vicepresidente).- Señor Secretario, ¿cómo quedaría?
El artículo dice como sigue:
Concédese amnistía a todas las personas que hayan incurrido en infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 126,127,128,139 y 12 transitorio de la ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el período comprendido entre 1° de octubre de 1988 y el 31 de diciembre de 1989."
Señor Presidente, le rogaría al Diputado informante que nos diga a qué se refiere el artículo 126. No soy miembro de la Comisión y quiero saber qué voy a votar.
El Diputado informante ya dio cuenta de ello, de manera que no procede una reiteración de la explicación sobre el artículo que se vota.
En votación la referencia al artículo 126.
Si le parece a la sala, la aprobaremos por unanimidad.
En votación la referencia al artículo 127.
En votación la referencia al artículo 128.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 13 votos.
Aprobada la referencia al artículo 128.
En votación la referencia al artículo 139.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 54 votos; por la negativa, 18 votos.
Aprobada la referencia.
Finalmente, en votación la referencia al artículo 12 transitorio.
Despachado el proyecto de ley.

References: Artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 18
 artículo 150
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 60
 artículo 139
 artículo 32
 artículo 126
 artículo 12
 artículo 138
 artículo 12
 artículo 128
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 12
 artículo 126
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 139
 artículo 12