Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Bolivia.14.04.htm
Timestamp: 2017-05-22 17:21:32+00:00

Document:
Bolivia Petición 14/04 - Admisibilidad
PETICIÓN 14-04
1. El 8 de enero de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por el Defensor del Pueblo de la República de Bolivia, (en adelante “el peticionario”), en la cual se alega la violación por parte del Estado de Bolivia (en adelante, “el Estado” o “el Estado boliviano”) de los artículos 1(1), 2, 12, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) en perjuicio de Alfredo Díaz Bustos. 2. El peticionario alega que el señor Alfredo Díaz Bustos es un Testigo de Jehová a quien el Estado le ha violado el derecho a la objeción de conciencia afectando directamente la libertad de conciencia y religión de la presunta víctima, además de incumplir la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana de la cual la República de Bolivia es parte. Adicionalmente, el peticionario alega que el Estado boliviano es responsable por violación del derecho de su representado a una igual protección ante la ley. El peticionario señala que el señor Bustos sufre la discriminación por su condición de Testigo de Jehová dado que antes la propia Ley del Servicio Nacional de Defensa boliviano se establece la desigualdad entre Católicos y fieles de otras confesiones religiosas, siendo que para los primeros la exención del servicio militar es posible, no siendo así para los demás. Finalmente, el peticionario alega que el Estado boliviano ha violado el derecho a la protección judicial de la presunta víctima ya que mediante sentencia definitiva del Tribunal Constitucional, se estableció que los asuntos sobre el derecho a la objeción de conciencia con relación al servicio militar obligatorio no pueden ser sometidos al órgano jurisdiccional o, bien, que las violaciones al derecho a la libertad de conciencia y religión, por razones de objeción de conciencia con relación al servicio militar obligatorio, no pueden ser puestas en conocimiento de la justicia.
4. Tras examinar la posición de las partes a la luz de los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y el articulo 30 del Reglamento de la CIDH, la Comisión decidió declarar admisible el caso en cuanto guarda relación con los artículos 1(1), 2, 12, 13.1, 22, 23, 24 y 25 de la Convención Americana, notificar a las partes, hacer pública esta decisión, e incluirla en su Informe Anual. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
5. La petición original fue recibida en la Comisión el 8 de enero de 2004 y transmitida al Gobierno el 12 de febrero de 2004 con un plazo de dos meses para presentar observaciones. El Estado presentó sus argumentos el 2 de septiembre de 2004 los cuales fueron transmitidos a los peticionarios el 10 de septiembre de 2004. El 26 de abril de 2004 la Comisión se dirigió al Estado, transmitiendo información adicional del peticionario y reiterando la solicitud de información, otorgando un plazo de 30 días para que enviara sus observaciones. III. POSICIONES DE LAS PARTES
6. El peticionario alega que la presunta víctima, el ciudadano boliviano Alfredo Díaz Bustos, fue llamado para el servicio militar el 29 de febrero de 2000. Éste se presentó al centro de reclutamiento XII-A y explicó que por motivos de religión y conciencia no podía cumplir con el referido servicio. Indica el peticionario, que los encargados del servicio militar entregaron a la presunta víctima un Certificado de Extensión de Servicio Militar en el cual, lo declaraban dentro de la categoría de Servicio Auxiliar "A" que corresponde a “aquellos reclutas que tienen deficiencia parcial o relativa y constitución débil, pero que pueden realizar el servicio en cargas compatibles con su estado”[1]
8. El 16 de enero de 2003, la presunta víctima impugnó la nota de 12 de noviembre de 2002 ante el Ministro de Defensa Nacional solicitando que se revoque la decisión adoptada, se le reconociera su condición de objetor de conciencia y se le entregara la libreta de servicio militar por ser un documento indispensable para el ejercicio de otros derechos políticos, económicos, sociales y culturales. El 20 de mayo de 2003, el Ministro de Defensa Nacional declaró que “la impugnación presentada por el Sr. Alfredo Díaz Bustos es improcedente”. En su nota, el Ministro expresó que: [n]uestra economía jurídica no ha legislado sobre la objeción de conciencia ...[a]demás nuestra legislación no tiene concepto alguno que siquiera por analogía pudiera concedernos otra opción que no sea el cumplimiento del artículo 213 de la Constitución Política del Estado. Entretanto esta laguna legal sea llenada por el Congreso Nacional, todos los bolivianos estamos obligados a obedecer dicho artículo, así como la Ley del Servicio Nacional de Defensa.
12. Finalmente, el peticionario señala que la inexistencia de normas que amparen la situación de la presunta víctima configura una violación al artículo 2 de la Convención Americana. B. Posición del Estado
15. Respecto al alegato de los peticionarios de que la Ley del Servicio Nacional de Defensa boliviano establece la desigualdad entre Católicos y fieles de otras confesiones religiosas lesionando así el derecho a la igualdad ante la ley del señor Díaz Bustos, el Estado indica que la “exención prevista por la ley citada, no constituye una aplicación de la objeción de conciencia sino una liberación condicionada del servicio militar obligatorio en el marco de un convenio Castrense con la Santa Sede” que “es aplicable solo en tiempo de paz y está condicionada a que [los beneficiarios] no abandonen sus estudios u ordenamiento hasta una determinada edad”. El Estado concluye que no se le ha lesionado al señor Díaz Bustos la igualdad ante la Ley dado a su entender, no existe analogía alguna entre la situación del señor Bustos y los estudiantes de Teología a quienes se le aplica la exención referida. IV ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
16. El Estado presentó sus argumentos el 2 de septiembre de 2004, es decir seis meses después de plazo estipulado por el artículo 30 del Reglamento de la Comisión.
El articulo 30(3) del Reglamento de la CIDH establece que: “El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prórrogas que excedan de tres meses contados a partir de la fecha del envió de la primera solicitud de información al Estado”. El Estado no controvierte el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, pero considera que no ha habido violación de los artículos de la Convención Americana. B. Competencia ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión
17. El peticionario, Defensor del Pueblo de Bolivia, se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH.
La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quién el Estado boliviano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Bolivia es un Estado parte en la Convención Americana desde 19 de julio de 1979, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
19. La CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. 20. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
29. La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento establecer si hay o no una violación de la Convención Americana. A los fines de la admisibilidad, la CIDH debe decidir si se exponen los hechos que caracterizan una violación, como estipula el artículo 47(b) de la Convención Americana, y si la petición es “manifiestamente infundada” o sea “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo. 30. El estándar de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión, al establecer dos claras etapas de admisibilidad y fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para establecer una violación. 31. Respecto de la presente petición, la Comisión considera que los argumentos presentados por el Estado requieren un análisis del fondo del asunto, para ser resueltos. La CIDH no encuentra que la petición sea “manifiestamente infundada” o que sea “evidente su improcedencia”. Por otro lado, la CIDH considera que, prima facie, los peticionarios han acreditado los extremos requeridos en el artículo 47(b) y (c). 32. La Comisión considera que las alegaciones del peticionario sobre presuntas violaciones al derecho a la libertad de conciencia y religión, incumplimiento del Estado a la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención así como también la presunta violación del derecho a una igual protección ante la ley, podrían caracterizar violaciones a los derechos de la presunta víctima, consagrados en los artículos 1(1), 2, 12, 24 y 25 de la Convención Americana. Adicionalmente, de conformidad con el principio general de la legislación internacional iura novit curia, los organismos internacionales tienen el poder, e incluso el deber, de aplicar todas las disposiciones jurídicas pertinentes, incluso aunque no hayan sido invocadas por las partes.[8] A la luz de este principio, la CIDH considera que los hechos alegados por el peticionario podrían caracterizar violaciones a los artículos 13(1), 22 y 23 (derecho a la libertad de pensamiento, derecho de circulación y de residencia y derechos políticos respectivamente) de la Convención Americana. V. CONCLUSIONES
1. Declarar admisible la petición bajo estudio, en relación con los artículos
1(1), 2, 12, 13(1), 22, 23, 24 y 25 de la Convención Americana.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 13 días del mes de octubre de 2004. (Firmado): Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta; Comisionados Paulo Sérgio Pinheiro y Florentín Meléndez. Los
Comisionados Evelio Fernández Arévalos y Freddy Gutiérrez adoptaron un voto disidente.
Reglamento MD-DGTR-152 de Sanidad Militar para el Reclutamiento, artículo 1(g). Indica el peticionario que para clasificar a Alfredo Díaz Bustos como Auxiliar “A”, los funcionarios militares, aprovechando que la víctima tiene una cicatriz en la extremidad superior derecha, recurrieron al artículo 57(h) del Reglamento de Sanidad Militar para Reclutamiento que dice: “Eximen del servicio militar [quienes tengan] luxación in vértebras de las articulaciones del miembro superior codo envaro”.
[2] La petición hace referencia al informe de admisibilidad de la CIDH
Nº 45/02, ADMISIBILIDAD, PETICIÓN 12.219, CRISTIÁN DANIEL SAHLI VERA Y OTROS CHILE, 9 de octubre de 2002. Publicado en el informe Anual de 2002. [3]
[5] El artículo 42 de la ley del Tribunal Constitucional (Nº 1836 de 1 de abril de 1998) establece que: Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno.

References: artículo 213
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 57
 artículo 42