Source: https://ru.scribd.com/doc/93227229/El-protocolo-oficial
Timestamp: 2019-08-19 10:00:48+00:00

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Blanca Cid Villagrasa *
Ms batallas se han ganado con la sonrisa que con la espada.
Sumario: I. CONCEPTO DE PROTOCOLO. 1.1. Evolucin histrica. 1.2. Regulacin actual.1.2.1. Los smbolos del Estado.1.2.2. Tratamientos honorficos.1.2.3. Precedencias y ordenacin de autoridades.II. EL PROTOCOLO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.III. EL PROTOCOLO EN LA INSTITUCIN PARLAMENTARIA.IV. EL PROTOCOLO EN LA ASAMBLEA DE MADRID.V. RELACIONES DEL PARLAMENTO CON EL CIUDADANO U OPINION PBLICA.5.1. La participacin ciudadana.5.2. El principio de publicidad parlamentaria.VI. LA POLTICA COMUNICATIVA DE UN PARLAMENTO.
I. CONCEPTO DE PROTOCOLO El estudio del protocolo exige, como en cualquier otra disciplina, el anlisis del concepto general de este trmino, para diferenciar lo que se considera protocolo de aquello que no lo es. El principal objetivo de este estudio es aclarar lo que se entiende por el protocolo oficial o protocolo de Estado. El trmino protocolo tiene un origen latino, proviene del vocablo protocollum, que a su vez proviene del griego protokollom, y que se refiere a la primera hoja encolada o pegada al principio de un manuscrito importante, lugar donde se realizan anotaciones referentes a su contenido y que lo autentifican. Origen que conserva una estrecha relacin con la definicin actual de protocolo oficial, que gira en torno a la precedencia que se establece a partir de la primera autoridad o smbolo. El prefijo proto significa primero, preeminencia o superioridad.
Directora de Gestin Parlamentaria de la Asamblea de Madrid.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola define protocolo como la regla ceremonial diplomtica o palatina establecida por decreto o costumbre y, a su vez, ceremonial como perteneciente o relativo al uso de ceremonias. Serie o conjunto de formalidades para cualquier acto pblico o solemne. El protocolo as entendido abarcara su ms amplia aceptacin, esto es, segn Felio Vilarrubias 1, una ciencia y un arte, la quintaesencia de la sociedad que puede compararse a una pirmide, a la composicin pictrica del Escorial y a la solemnidad de la tocata y fuga de Juan Sebastin Bach. O segn Jos Pablo Arvalo Garca-Galn 2, la concrecin de principios para el encabezamiento resolutorio a travs de organizaciones, derivado de orgenes naturales, dirigido al desarrollo comunitario a travs de manifestaciones colectivas, con ordenado afn integrador. Por su parte Francisco Lpez Nieto 3 lo define como la actividad, un quehacer, un acto o sucesin de actos, y que stos pueden estar sujetos a las normas de protocolo que dicte el poder pblico o que se d a s mismo la entidad organizadora. Si aceptamos estas definiciones de protocolo, dentro de este trmino se englobaran actividades tan heterogneas como las precedencias de altos cargos, la colocacin de invitados en una ceremonia privada, la disposicin de los cubiertos y el servicio de mesa, el vestuario o indumentaria correctos, la forma de saludar, de cursar invitaciones, el tratamiento a conceder a otra persona, etc. Pautas algunas que no constituyen protocolo sino lo que denominamos como urbanidad, actos sociales, educacin o buenas maneras, en suma usos sociales. Protocolo lato sensu podra traducirse como organizacin, organizacin que recibe diferentes denominaciones segn la actividad o entramado social al que se aplique: educacin, buenas maneras, urbanidad o protocolo oficial. Centrndonos en el protocolo del Estado, para diferenciarlo de los usos sociales cabra definirlo como aquellos actos oficiales cuya realizacin viene determinada por la necesidad de aplicar unas disposiciones legales de obligado cumplimiento, que es lo que se conoce como la puesta en prctica de una disciplina que llamamos protocolo oficial. Ahora bien, la existencia cada vez ms prolija de actos de carcter mixto, la globalizacin y el desarrollo de las nuevas tecnologas han hecho que en muy pocos aos la evolucin del concepto de protocolo oficial haya sido vertiginosa, tanto que incluso los ms puristas que vinculaban esta disciplina a lo estrictamente oficial 4 hoy ofrecen una definicin ms abierta y extendida a
1 Vid. Felio A.Vilarrubias, El protocolo en los actos de la Administracin, de las Corporaciones y de las empresas, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1992, p. 22. 2 Vid. Jos Pablo Arvalo Garca-Galn, Ciencia del protocolo, Ediciones Protocolo, Burgos, 2001, p. 50. 3 Vid. Francisco Lpez Nieto, Honores y Protocolo, El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, Madrid, 2000, p. 20. 4 Vid. Carlos Fuente Lafuente, Protocolo Oficial: Las instituciones espaolas del Estado y su ceremonial, Ediciones Protocolo, 3. edicin, Madrid, 2006. En la pgina 41 nos recuerda cmo en el Congreso I
otros campos no estrictamente oficiales. Pocos niegan ya hoy que el protocolo es una realidad presente en todos los sectores de la sociedad y que se ha extendido a los usos sociales hasta el punto de que la importancia de stos puede llegar a ser similar, e incluso el oficial cada da est ms influido por las tcnicas organizativas de los otros protocolos, especialmente el empresarial, y por las tcnicas de comunicacin. Y es que, como dice Carlos Fuente Lafuente 5, frente al protocolo de ayer, aquel que pretenda reflejar el poder de las autoridades, su fortaleza frente al mundo y la sociedad mediante un pomposo ceremonial y una rgida etiqueta, surge hoy un nuevo protocolo que pretende llegar ms alla del mero foro de invitados presentes. La existencia de los medios de comunicacin, sus nuevas y sofisticadas tecnologas, su capacidad de inmediatez y registro de los ms pequeos detalles ha obligado a concebir las tcnicas de protocolo y ceremonial de forma muy diferente. Se ha llegado incluso a decir que lo que no sale en la televisin o en el peridico no tiene importancia. Esto ha supuesto que el protocolo oficial de hoy sea horizontal y transparente, trata de romper las barreras entre los de arriba y los de abajo. Hoy se busca el acercamiento a travs de frmulas ceremoniosas sencillas y sobrias. Estamos, en definitiva, ante un nuevo concepto aplicado de protocolo que premia la organizacin como aspecto esencial en la consecucin de los buenos resultados, que flexibiliza las precedencias y las normativas vigentes, as como los usos y costumbres tradicionales y que valora singularmente la comunicacin. La produccin, la organizacin y la comunicacin, junto con la seguridad, son los vrtices del nuevo protocolo del siglo XXI. Como dijo Jos Pumar 6, el protocolo debe de ser fiel reflejo del orden que debe presidir todo acto para que de una imagen de prestigio de la propia Corporacin. Todo acto protocolario debe de transmitir sus fines, esto es, debe ser un acto comunicativo. El protocolo oficial es el que afecta a los actos que promueven las instituciones del Estado y sus autoridades, y ha de ser fiel al cumplimiento de las normas vigentes, a los usos y costumbres, pero tambin ha de incluir en su preparacin y ejecucin las tcnicas de comunicacin y las propias derivadas de la seguridad integral, todo ello con una organizacin basada en la gestin continuada, con el objetivo de proyeccin de la imagen adecuada y mediante las acciones que faciliten el acercamiento y la proximidad, lo que se centrara en las relaciones pblicas. Hoy en da no cabe entender el ceremonial y protocolo si no va acompaado de una fuerte labor de relaciones pblicas, de ah que sea imprescinde Protocolo, celebrado en septiembre de 2005 en Oviedo, se produjo una fuerte polmica a propsito de la defensa ardua que un nutrido grupo de responsables de protocolo de instituciones pblicas hacan de la existencia de un nico protocolo: el oficial, refirindose a los no oficiales como eventos empresariales o urbanidad. 5 Vid. Carlos Fuente Lafuente, Las instituciones espaolas del Estado y su ceremonia, pp. 41 y 42. 6 Teora seguida por algunos autores como Jos Pumar, Garca-Galn, Jorge Blanco Villalta..., de la Escuela de Protocolo y Comunicacin.
dible que nos refiramos al concepto de relaciones pblicas y a su proyeccin en los Parlamentos. Centrndonos en el caso que nos ocupa, hay que recordar que en la Espaa de las autonomas estamos viviendo una paz protocolaria, como consecuencia del Ordenamiento General de Precedencias en el Estado de 1983 que acta como colofn de una serie de reglamentaciones que se han ido plasmando en nuestro pas a lo largo de todo el siglo XX y XXI. Pero la cosa no se resume tan sencillamente como aparenta, si consideramos las vicisitudes histricas por las que los temas de protocolo y ceremonial han ido pasando a lo largo de los ltimos quinientos aos. 1.1. Evolucin histrica En los tiempos de la monarqua visigtica el ceremonial tena una impronta fundamentalmente religiosa, derivada del carcter que la monarqua visigtica tena al final del Imperio de la dominacin romana. El II Concilio de Toledo (589) supone la adopcin del catolicismo como religin oficial, tras la reconversin de Recaredo (587), y a partir de ese momento la identificacin absoluta entre Iglesia Catlica y el poder del Estado: todo poder es emanado directamente de Dios y los reyes son coronados por el arzobispo de Toledo, realizndose la consagracin de la uncin una vez elegidos. sta es la primera manifestacin ceremonial de carcter pblico que encontramos en nuestro pas, con la que se inicia la prcticamente imperecedera alianza trono-altar 7. Con la conquista de la pennsula y la creacin del Estado hispanomusulmn se implant durante ms de ocho siglos la cultura musulmana,lo que produjo la ruptura total con la tradicin visigtica y romana, que no se recuperar hasta la formacin de una serie de reinos cristianos durante la reconquista, poca que los historiadores denominan de la restauracin de Espaa. En esta poca hay que fijarse, fundamentalmente, en la monarqua castellano-leonesa y la monarqua aragonesa. En Castilla el protocolo no estaba legislado, por lo que se acogieron al ceremonial imperial que se usaba en el sur de Francia: el ordo imperial XI, es decir, el anillo, la espada, el cetro y la corona, ante la Iglesia.Aunque luego se consolid el rito de la autoinvestidura, en el que el monarca tomaba para s la espada del altar y se la cea l mismo. Por su parte el ceremonial aragons estaba ms reglamentado, sobre todo a partir de Pedro IV, al que por algo se le llam el ceremonioso. Este Rey utiliz un ordo borgon que aadi a sus Ordinacions.
7 Vid. Domnguez Casas, Arte y Etiqueta de los Reyes Catlicos, Ediciones Alpuerto, Madrid, 1993. Segn este autor, ste es el origen de casi todos los ceremoniales, incluido el propio de los Trastmara que tanto protagonismo tomara en la Edad Media en nuestro pas. Segn lvaro Fernndez de Crdoba Miralles, La Corte de Isabel I. Ritos y Ceremonias de una Reina (1474-1504), Ediciones Dykinson, Madrid, 2002.Todo este protocolo y ceremonial hunde sus races en el ceremonial imperial romano, cuya huella pervivi en los reinos brbaros alto-medievales.
Son clave para entender el ceremonial existente en la Edad Media las Siete Partida de Alfonso X el Sabio, primera compilacin escrita que afecta a los usos, costumbres y ceremonias, no slo de la Corte castellana sino de la sociedad en general. Sern, sin embargo, los Reyes Catlicos los primeros en hacer un gran ceremonial procedente de los primeros Trastmaras y que utilizaran como medio para hacer ms presente y ostensible el poder regio ante las otras ramas del cuerpo social. El gesto de saludo y acatamiento a los Reyes de Castilla era el besamanos. Era costumbre tambin el utilizar y mantener abierta la corona real y las varas de justicia, como smbolo de justicia real.As como el cetro de la Reina frente a la espada del Rey. Ceremonial ste que entroncar con el fasto que los Austrias mayores desplegaron en el siglo XVI, que lleg a nuestro pas a raz de los casamientos de los hijos de los Reyes de Castilla y Aragn con los Austrias. En efecto, el nieto de los Reyes Catlicos que reinar en nuestro pas bajo el nombre de Carlos I y V de Alemania introdujo en Espaa lo que se llam el uso de Borgoa, es decir, el protocolo que estaba vigente en el Ducado de Borgoa desde mediados del siglo XIV. Este uso de Borgoa fue introducido en nuestro pas en 1548 cuando se recibi la orden de ensear al Prncipe de Espaa, Don Felipe, ante el largo viaje que iba a emprender a los Pases Bajos, donde se encontraba el Emperador, que quera que los sbditos de aqullos conociesen a su hijo y heredero, el protocolo a observar en su Casa, a la manera de Borgoa. A partir de entonces este ceremonial fue conocido en toda Europa con el nombre de etiqueta espaola, la cual con bastantes cambios sobrevivi en Austria hasta 1918 y en Espaa hasta 1930. Las caractersticas del protocolo borgon eran de una gran complejidad, debido a los dos grandes problemas que tena el Imperio espaol, el mantener su podero y unificar tan basto territorio. La primera finalidad del ceremonial iba dirigido a contrarrestar e imponer la soberana espaola y sus efectos ante las otras potencias europeas, as como a elevar la figura del soberano hasta lmites semidivinos para convertirlo en un monarca por encima de sus sbditos, obligndoles a creer en el mito. La segunda, y no por ello menos importante, era el intentar que los dominios del monarca, que no estaban unidos territorialmente entre s, tuviesen las mismas costumbres y temas de protocolo, lo que a su vez ocasionaba establecer un orden riguroso en los numerosos palacios que existan, ante los constantes cambios de sede de la Corte. Ser precisamente Felipe II cuando reine en nuestro pas quien, en el ao 1568, al dictar una serie de disposiciones sobre lo que deba hacerse en distintas capillas reales, ordena que se organicen de tal manera que recojan los elementos de las antiguas capillas reales castellanas y los que figuraban en las capillas borgoas, y puede decirse, casi con toda seguridad, que es en esta fecha de 1568 cuando nace el protocolo espaol. La etiqueta espaola (fruto de la unin de los ceremoniales tradicionales castellanos, el protocolo de Borgoa, con influencias vaticanas, italianas y de otros pases, y los propios que caen sobre el podero del Imperio) se manten-
dr a juicio de los especialistas hasta la Segunda Repblica espaola, aunque desde 1700, en que llegar la dinasta Borbnica con Felipe V, son muchos los cambios que se introducen, fruto de las aportaciones de los distintos Reyes, de la evolucin de los tiempos y de la creciente prdida de poder de los monarcas y su Corte en beneficio de la sociedad civil. Con todo, habr que esperar al Reinado de Isabel II para encontrarnos con la primera disposicin legal que aparece con carcter general: El Real Decreto de 17 de mayo de 1856, en el que se va aclarar y determinar el lugar que corresponde a las autoridades y corporaciones en los actos pblicos y en el acto de recibir corte. En este Decreto se ordenan las autoridades civiles y militares, segn presida sta o aqulla los distintos actos. Bajo el mismo reinado de Isabel II aparece la Real Orden de 27 de noviembre de 1861, sobre los besamanos generales, y la Orden de precedencia en las recepciones oficiales que se celebren en el Saln del Trono del Palacio de Madrid. El 19 de octubre de 1880, bajo el reinado de Alfonso XII, aparece una nueva Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros en la que se recuerda la validez de la Real Orden de 1861 y ordena, al mismo tiempo, el lugar donde han de celebrarse las audiencias reales, tales como audiencias pblicas, audiencias particulares y audiencias privadas. En 1908, bajo el reinado de Alfonso XIII, se publica una Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 15 de enero, denominada Orden que para la entrada en el Saln del Trono y desfile ante su Majestad debe regir en todas las recepciones generales. Lo que se reitera en una Real Orden, de 15 de noviembre de 1916, para aquellas recepciones que no sean presididas por Su Majestad. En esta Real Orden se establecen siete categoras distintas de autoridades que son las que van a regir en Espaa hasta el ao 1931. Ser tambin en esta poca donde nace la normativa sobre la bandera y el himno nacional y se dicta otra Real Orden importante, la de 19 de enero de 1926, para los besamanos donde no residan Sus Majestades, esto es, en las Capitanas generales y, donde no las haya, en los Gobiernos civiles. Durante la Segunda Repblica se suprimen todas las normativas de precedencias anteriores, la prctica totalidad de las rdenes, Grandezas y Ttulos y se crean al mismo tiempo otras disposiciones referentes a la nueva bandera (el 27 de abril de 1931), al ceremonial a seguir para la toma de posesin del nuevo Presidente y para la presentacin de Cartas Credenciales. En suma, por Decreto de 29 de abril de 1931 se suprime todo el protocolo y ceremonial anterior, salvo la Orden de Isabel la Catlica, que en el Decreto de 24 de julio de 1931 as se dispone y cuyo Reglamento se aprueba el 10 de octubre del mismo ao, y las rdenes del Mrito Civil y del Mrito Naval, crendose al mismo tiempo la Orden de la Repblica el 21 de julio de 1932. Igualmente se crea la Medalla del Mrito del Trabajo, por Decreto de 6 de octubre de 1931, y la Medalla Conmemorativa de Campaa, con la que se pretenda unificar todas las Medallas militares, por Decreto de 17 de noviembre de 1931. Durante el Gobierno del General Franco se restablecen de facto las disposiciones vigentes en la ltima poca de la monarqua alfonsina. Se repiti el protocolo tradicional adaptandolo a las nuevas circunstancias del rgimen nacien-
te. Fue una transmisin oral de dichas prcticas, sin disposiciones escritas, que no aparecen hasta el final de la etapa franquista. Entonces se publica el Reglamento de Precedencias y Ordenacin de Autoridades y Corporaciones, de 27 de junio de 1968, que es el primer intento normativo que se hace en Espaa de sistematizar con criterios generales y uniformes los lugares que corresponden a todo tipo de autoridades. Este Decreto fue modificado en 1970, con algunas inclusiones importantes, como fue la del Heredero a la Corona, el Tribunal de Cuentas del Reino y el Consejo de Economa Nacional. Se trataba de un Reglamento que giraba fundamentalmente alrededor de autoridades civiles y militares. Para clasificar los actos se estableca que slo los de consideracin oficial deban ser regulados, y se tomaban como oficiales los que celebraban festividades, conmemoraciones o acontecimientos nacionales, provinciales o locales organizados por las autoridades competentes. Con respecto a la presidencia se decret que fuese nica, determinndose su correspondencia segn los actos oficiales fuesen nacionales, provinciales o locales. La historia del protocolo se cierra con el regreso de la monarqua en la figura del actual Rey, Don Juan Carlos I, y la aprobacin de la Constitucin espaola de 1978, que fija para Espaa el rgimen de la monarqua parlamentaria. Ambas situaciones originan una amplia normativa en materia de protocolo y ceremonial que tienen sus mximos exponentes en los smbolos del Estado, los tratamientos y honores y el rgimen de precedencias. 1.2. Regulacin actual 1.2.1. Los smbolos del Estado En el protocolo y ceremonial juegan un papel fundamental. Escudo, bandera e himnos constituyen aspectos claves en la organizacin de actos, por ello hemos de hacer una breve referencia a los mismos: 1. El escudo nacional est regulado por la Ley 33/1981, de 5 de octubre, que describe el escudo de Espaa, y por los Reales Decretos 2964/1981, de 18 de diciembre, y 2267/1982, de 3 de septiembre, por el que se establece el modelo oficial del mismo y hace la especificacin tcnica de sus colores. La Ley previ un plazo de tres aos a los distintos organismos pblicos para su sustitucin por el anteriormente utilizado, aunque permiti que se mantuviesen los anteriores escudos existentes en aquellos edificios declarados monumentos histrico-artsticos o aquellos otros monumentos, edificios o construcciones de cuya ornamentacin formen parte sustancial o cuya estructura pudiera quedar daada al separar los escudos. El escudo nacional puede ir o no puesto sobre la bandera. Debe ponerse en las banderas que ondeen o se exhiban en el interior de
todos los edificios e instituciones oficiales civiles y militares y en acuartelamientos, buques, aeronaves y cualquier otro establecimiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado y tambin en los locales de las misiones diplomticas y de las oficinas consulares, en las residencias de sus jefes y en sus medios de transporte oficial. Junto con el escudo espaol coexisten los escudos autonmicos, provinciales y locales, cuya aplicacin ser de conformidad con su respectiva normativa. 2. La bandera, segn establece el artculo 4 de la Constitucin espaola, est formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de Espaa y el de otras banderas y enseas, pone de manifiesto que la nuestra simboliza la Nacin; es smbolo de la soberana, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitucin. De ah que la Ley prohba taxativamente la utilizacin en la bandera de Espaa de cualesquiera smbolos o emblemas de partdos polticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas y establezca que sea obligatorio que ondee en los edificios de las distintas administraciones pblicas, acuartelamientos, misiones diplomticas y en los buques. La bandera espaola deber necesariamente ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administracin General, autonmica, provincial, insular y municipal del Estado. Ser la nica que ondee y se exhiba en los rganos constitucionales del Estado y en los dems rganos de la Administracin General del Estado. Slo ella ondear en el asta de los edificios pblicos militares y en los acuartelamientos, buques, aeronaves y cualesquiera otros establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tambin en los locales de las misiones diplomticas y de las oficinas consulares, en las residencias de sus jefes y en sus medios de transporte oficial. La bandera de Espaa ondear siempre en el mstil de honor, en el centro cuando se trate de un nmero impar, y en la derecha de las dos centrales cuando se trate de nmero par o la primera en una ordenacin lineal. Las banderas autonmicas y las de los ayuntamientos debern ondear obligatoriamente cuando se utilicen junto con la espaola. Cuando sta deba ondear con otras enseas nacionales lo har de acuerdo con las normas y usos internacionales que rigen esta materia en las relaciones entre Estados. En relacin a esto ltimo, la ensea espaola en nuestro territorio ondea normalmente la primera frente a la de otros pases, a excepcin de que se trate de un acto promovido por una organizacin internacional o pas extranjero, en cuyo caso ir bien a continuacin
de la bandera supranacional o en el lugar que le corresponda segn el criterio de ordenacin de esta institucin. En el marco oficial, junto a la bandera de Espaa hay que hacer referencia a banderas tambin oficiales, tales como las autonmicas y locales.Aqullas toman precedencia sobre estas ltimas, ambas a continuacin de la bandera nacional. Las diecisiete Comunidades Autnomas y Ceuta y Melilla tienen banderas propias definidas en sus correspondientes Estatutos y en muchas Comunidades desarrolladas posteriormente mediante leyes aprobadas por sus respectivos parlamentos. La bandera de la Comunidad debe ondear en los actos celebrados en su territorio junto con la bandera espaola,ocupando la segunda posicin de los mstiles correspondientes. Cuando las banderas autonmicas ondeen juntas lo harn de acuerdo al criterio de la fecha de publicacin de sus respectivos Estatutos en el Boletn Oficial del Estado, comenzando por la Comunidad donde se celebre el acto y a continuacin de la de Espaa. 3. Respecto al himno nacional espaol es conocido tradicionalmente por Marcha Granadera o Marcha Real Espaola,aunque hay quien dice que tiene origen eclesistico, y que las dos letras que tuvo, una en tiempo de Isabel II y otra durante el rgimen anterior, no tuvieron xito. Una nica convocatoria que se hizo para dotarle de letra, bajo el reinado de Amadeo de Saboya, se declar desierta. Su regulacin se encuentra en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula el himno nacional, que permite su interpretacin en versin completa o reducida y en versiones para banda, orquesta y rgano. En versin completa se interpretar en los actos de homenaje a la bandera en los que asistan Sus Majestades o sus respectivos consortes y en todos aquellos recogidos en el Reglamento de Honores Militares. La versin breve o reducida se interpretar en los actos oficiales a los que asista el Prncipe de Asturias, los Infantes de Espaa, el Presidente del Gobierno, actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una representacin de Espaa y en los casos previstos en el Reglamento de Honores Militares. En los actos organizados por las Comunidades Autnomas o Corporaciones locales en las que sea necesario interpretar el himno se har de la siguiente manera: si en el acto est previsto la interpretacin de los himnos oficiales de las Comunidades o de las Corporaciones locales, el himno nacional sonar en primer lugar. En los casos en que el himno se deba interpretar al finalizar el acto, el himno nacional sonar al final. En los actos y visitas oficiales de carcter internacional celebrados en territorio espaol, cuando deban ejecutarse himnos nacionales sonar en primer lugar el himno extranjero y despus el nacional. En las despedidas se interpretar en orden inverso.
1.2.2. Tratamientos honorficos Conforme a la tradicin protocolaria es necesario tambin referirse a los tratamientos honorficos utilizados en la actualidad, a saber: Excelencia, Ilustrsima y Seora, a los que habra que aadir los que corresponden a las familias reales y los nobiliarios. Los tratamientos pueden ser personales, los que corresponden a personas por sus propios mritos o en razn del cargo, as como impersonales (los que corresponden a organismos, entidades o corporaciones). En este ltimo caso los tratamientos son aquellos que histricamente hayan sido concedidos por la Autoridad Real o por los poderes del Estado. Actualmente los tratamientos han perdido fuerza, hasta el punto de que en el Cdigo del Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2005, expresamente se seala que los altos cargos de la Administracin no usarn ms tratamiento que el de seor, renunciando a los excelentsimos e ilustrsimos. En el punto octavo del apartado tercero se dice textualmente: el tratamiento oficial de carcter protocolario de los miembros del Gobierno y de los altos cargos ser el de Seor/Seora seguido de la denominacin del cargo, empleo o rango correspondiente. En misiones oficiales en el extranjero les corresponder el tratamiento que establezca la normativa del pas u organizacin internacional correspondiente. Esta disposicin no se aplica al resto de las Administraciones pblicas ni al poder legislativo y judicial, aunque su efecto domin ya se ha extendido a varias Comunidades Autnomas y Ayuntamientos, lo que ha originado situaciones cuanto menos extraas, tales como: Majestad. Seor Presidente. Excelentsimo Seor Presidente del Congreso o del Senado y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas. Seora Ministra. Excelentsimo Seor Alcalde. Excelentsimas e Ilustrsimas autoridades. Seoras y Seores. 1.2.3. Precedencias y ordenacin de autoridades Finalmente hemos de referirnos al rgimen de precedencias y ordenacin de autoridades y corporaciones, que es quiz la cuestin que ms afecta al protocolo oficial. Tras la aprobacin de la Constitucin espaola, el Decreto 1483/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Precedencias de Ordenacin de Autoridades y Corporaciones, estuvo vigente hasta el ao 1983, donde se aprob el Real Decreto actualmente en vigor. No obstante, y a pesar de su vigencia, este Reglamento, tras la reinstauracin de la monarqua
y la aprobacin de la Constitucin, dej de tener sentido y no fue otra cosa que mera referencia, pues la realidad institucional de Espaa comenzaba a cambiar a gran velocidad y su encaje era prcticamente imposible. Se vivi as un perodo de transicin no exento de numerosas interpretaciones y enfrentamientos, hasta que el 3 agosto de 1983 se aprob el Real Decreto 2099/1983, por el que se establece el Ordenamiento General de Precedencias del Estado, una normativa que vendra a poner cierto orden, principalmente en la relacin protocolaria de las autoridades y sus instituciones y que Joaqun Martnez Correcher ha denominado en numerosas ocasiones como el Real Decreto que consigui la paz protocolaria. El Ordenamiento General de Precedencias consta de una Introduccin general, cinco Ttulos, con un Ttulo preliminar, 21 artculos y una Disposicin Final, en la que por primera vez se dan no slo normas de carcter general en el tema de las precedencias de las autoridades, sino que se crea una nueva filosofa poltica del protocolo y del ceremonial del Estado que refleja el contenido constitucional. La simple lectura de la Introduccin del Real Decreto permite conocer los principios generales que van a fijar su impronta a lo largo de todo su ordenamiento.As el primer prrafo dice: el advenimiento de un Estado social y democrtico de derecho, instituido y sancionado por la vigente Constitucin, establece la forma poltica de la Monarqua parlamentaria que ha determinado necesariamente la implantacin de una nueva estructura de poderes e instituciones, unipersonales o colegiadas, cuya presencia y vigencia articulan la imagen poltica y administrativa de la Nacin. En el segundo prrafo se dice: Singular relieve entraa adems la constitucional organizacin del Estado en cuyo seno y sin mengua de su unidad, nacieron y se integran en proceso normativo ya concluido las diecisiete Autonomas. Por su parte el tercer prrafo manifiesta: la proyeccin del signo democrtico y social en el Estado supone una distinta graduacin en la presencia de la autoridad o cargo pblico por corresponder mejor valencia a las investiduras electivas y de representacin que a las definidas por designacin, resultando asimismo indeclinable un mayor reconocimiento a las instituciones del mundo de la cultura. Esto es, los principios bsicos sobre los que se asienta el Ordenamiento de 1983 son los previstos en la Constitucin, a saber, la monarqua parlamentaria, la distribucin territorial del poder y el hacer primar a las autoridades elegidas sobre las autoridades nombradas, y esto se ve a lo largo de todos los artculos del Ordenamiento, en el que se establece un orden homogneo y unitario que culmina con la Corona. En todo el territorio espaol el protocolo de la vida oficial del Estado y la Corona, a efectos de ordenacin de autoridades, se rige por el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, y para los actos promovidas por las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales por los decretos o reglamentos de las mismas, pero respetando la normativa oficial. Luego aqulla es la norma nacional bsica a la que en ltima instancia se atendrn todos los actos oficiales.
Las normas generales del protocolo oficial segn el Real Decreto cabra resumirlas en las siguientes: El cargo priva sobre la categora personal. La precedencia en un acto no modifica el rango. La persona que representa a una autoridad superior ocupa el lugar que a ella misma le corresponde por su rango y no el de la autoridad que representa, salvo que ostente expresamente la representacin del Rey o del Presidente del Gobierno. La preeminencia en el cargo tiene mbito jurisdiccional. Si concurren varias personas del mismo rango y orden de precedencia prevalece el de la propia residencia. Entre iguales priva la antigedad en el nombramiento. En caso de ser de la misma antigedad, la fecha de publicacin del nombramiento en el Boletn Oficial. En caso de igual fecha, la del orden de la disposicin que les nombra. Bsicamente, con estas ideas queda establecido el marco general en el que se mueve la actuacin de protocolo del Estado en Espaa, en aplicacin del rgimen general de precedencias. Ahora bien, este Real Decreto, que en su da fue calificado como el Decreto que aport la paz protocolaria 8, en lo ltimo aos no ha sido objeto de actualizacin y ello est originando tensiones organizativas y enfrentamientos institucionales. Lo que se agudiza an ms porque de la lectura y aplicacin del Real Decreto ya no se obtienen las precedencias correctas, teniendo que recurrirse a otras disposiciones normativas que modifican parcialmente el documento. La realidad del actual Real Decreto es que muchas veces tropieza con la normativa de las Comunidades Autnomas y con los procesos de reforma de los Estatutos de Autonoma que conllevarn un cambio mayor del actual sistema protocolario. No obstante, y con independencia de que la reforma del Real Decreto sea necesaria, no hay que olvidar que el artculo 2 de este Reglamento establece claramente que el alcance de sus normas queda limitado a los actos estrictamente oficiales, por lo que slo ser de aplicacin a los actos originados por las autoridades o institucionales organizados por la Corona, el Gobierno y la Administracin del Estado,Comunidades Autnomas o Corporaciones locales. Estos actos oficiales pueden ser de dos tipos distintos: A) De carcter general El artculo 3 del Reglamento seala que son todos aquellos que se organizan por la Corona, Gobierno o Administracin del Estado, Comunidades Autnomas o Corporaciones locales con ocasin de conmemoraciones o acontecimientos nacionales, de las autonomas, provinciales o locales.
8 Palabras de Joaqun Martnez-Correcher, redactor de esa norma y primer Jefe de protocolo del Estado en 1983, pronunciadas en el I Congreso Internacional de Protocolo, celebrado en Oviedo, lo que vuelve a decir en el diario La Nueva Espaa de esta ciudad en agosto de 2006, con ocasin de un curso de verano organizado por la Universidad de Oviedo.
En estos actos, y siempre que sean organizados por la Corona, el Gobierno o la Administracin del Estado, la precedencia se ajustar estrictamente a las prescripciones del Real Decreto, salvo (segn el art. 5.2) que, por tradicin inveterada del lugar, hubiera asignacin o reserva en favor de determinados entes o personalidades. A su vez, de conformidad con el artculo 8, el rgimen general de precedencias se distribuye en tres rangos de ordenacin: El individual o personal, que regula el orden singular de las autoridades, titulares de cargos pblicos o personalidades. Las autoridades, de forma individual, en los actos celebrados en la Villa de Madrid, en su condicin de capital del Estado y sede de las instituciones generales, se ordenar de la siguiente forma (art. 10): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rey. Reina Consorte. Prncipe de Asturias y Princesa Consorte. Infantes de Espaa. Presidente del Gobierno. Presidente del Congreso de los Diputados. Presidente del Senado. Presidente del Tribunal Constitucional. Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Vicepresidentes del Gobierno, segn su orden. Ministros del Gobierno, segn su orden. Decano del cuerpo diplomtico y embajadores extranjeros acreditados en Espaa. Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas segn el orden de antigedad de las autonomas, tomando como referencia la fecha de la publicacin del primer Estatuto de Autonoma en el Boletn Oficial del Estado, y si son del misma da por la fecha de su ltima toma posesin. Ex Presidentes del Gobierno 9. Jefe de la Oposicin 10. Alcalde de Madrid.
9 Actualmente los ex Presidentes del Gobierno se sitan detrs de los Presidentes de las Comunidades Autnomas, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1986, que en su Fundamento Jurdico quinto establece lo siguiente: Los Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas, en cuanto ostentan la suprema representacin de la Comunidad y la ordinaria del Estado en aqulla art. 152.1 de la Constitucin deben ocupar el puesto nmero 13, y no el 14, en el orden de precedencia regulado en el artculo 10 de dicho Ordenamiento General, situando en el puesto que dichos presidentes del Consejo de Gobierno ocupaban en el aludido precepto, a los ex presidentes del Gobierno, al carecer estos ltimos de la representacin institucional que los antes mencionados tienen. 10 En este puesto se sitan lo portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado por el resultado de las elecciones, aunque no est claro que se siten lo portavoces del Grupo Parlamentario Mixto.
Jefe de la Casa Real de Su Majestad el Rey. Presidente del Consejo de Estado. Presidente del Tribunal de Cuentas. Fiscal General del Estado. Defensor del Pueblo. Secretarios de Estado, segn el orden ministerial vigente en cada momento, Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Jefes del Estado Mayor de los Ejrcitos de Tierra, Mar y Aire. Vicepresidentes de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, segn su orden. Delegado del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Madrid 11. General Jefe del Mando Areo General con sede en Madrid 12. Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey 13 y Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey. Subsecretarios y asimilados segn el orden vigente de los ministerios. Secretarios de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, segn su orden. Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid. Encargados de Negocios Extranjeros acreditados en Espaa. Presidente del Instituto de Espaa. Directores Generales y asimilados segn el orden de vigencia de los Ministerios 14. Consejeros de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid. Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Diputados y Senadores por Madrid. Rectores de las Universidades con sede en Madrid, segn la antigedad de la Universidad.
11 En el Decreto original, tras los Vicepresidentes de las Mesas vena el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, cargo en la actualidad suprimido. 12 Aunque en el Decreto original se guardaba este puesto para el Capitn General de la Primera Regin Militar por el Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, sobre la Representacin institucional de las Fuerzas Armadas, ocupar este puesto la autoridad militar que ostente la representacin institucional de las Fuerzas Armadas en la zona o regin militar. 13 Por reestructuracin interna de la Casa de Su Majestad el Rey, hoy el Secretario General va por delante del Jefe del Cuarto Militar. 14 En el Real Decreto originario en este puesto iba el Jefe de Protocolo del Estado. Cuando se suprimi su figura y sus competencias se trasladaron al Director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno, nada se estableci sobre la permanencia de ese puesto en el orden general de precedencias.
38. Delegado de la Defensa en Madrid 15. 39. Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, la ordenacin de autoridades en los actos celebrados en el territorio de una Comunidad Autnoma (incluida la Comunidad de Madrid) ser, segn el artculo 12, como sigue: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Rey. Reina Consorte o Consorte de la Reina. Prncipe de Asturias y Princesa Consorte de Asturias. Infantes de Espaa, segn su orden de sucesin a la Corona. Presidente del Gobierno. Presidente del Congreso de los Diputados. Presidente del Senado. Presidente del Tribunal Constitucional. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma donde se celebra el acto 16. Vicepresidentes del Gobierno, segn su orden. Ministros del Gobierno, segn su orden. Decano del Cuerpo diplomtico y embajadores extranjeros acreditados en Espaa.
15 Anteriormente en este puesto figuraba el hoy ya desaparecido Gobernador Militar. Figura suprimida por el Real Decreto 2206/1993, por el que se crea la figura del Delegado de Defensa. 16 En el Real Decreto original iban por delante de los presidentes de la Comunidades Autnomas los Vicepresidentes del Gobierno, pero por la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada de 2 de diciembre de 1986 se modific el orden. Sentencia que fue motivada por la interposicin de un recurso por la Generalitat de Catalua que quera colocar a los Presidentes de las Comunidades Autnomas justo detrs de Su Majestad el Rey y su Familia. El Tribunal Supremo respondi lo que sigue: Evidente parece que no puede accederse a la pretensin del recurrente, en cuanto entiende que el puesto que deben ocupar los ya aludidos Presidentes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma de que se trate debe ser el siguiente a los ocupados por Su Majestad el Rey y su Familia, que ocupan los cuatro primeros, o como mximo despus del correspondiente al Presidente del Gobierno de la Nacin, lo que no es admisible, ya que en los puestos 6, 7, 8, y 9 se encuentran situados los representantes mximos a nivel de todo el Estado de los poderes Legislativo y Judicial, igual que en el puesto nmero 5, se sita tambin el Jefe del Ejecutivo, y es indudable que dichas mximas representaciones de las ms altas instituciones de la Nacin, deben figurar siempre con antelacin a los Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas. El anterior razonamiento conduce, sin embargo, a estimar contrario a Derecho, por ser disconforme con lo manifestado en la Exposicin de Motivos del cuestionado Real Decreto, la antelacin en el puesto 10 de los Vicepresidentes del Gobierno, segn su orden, situndolos en el lugar anterior al del mencionado Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma en la que se efecte el acto oficial, ya que, teniendo en cuenta que lo que se pretende con el Ordenamiento General de precedencias en el Estado, es la representacin de las instituciones, como ya dejamos sentado anteriormente, esta finalidad se cumple, en cuanto al Ejecutivo, mediante la presencia de su Presidente en el nmero 5, por ello no parece jurdicamente correcto, en el esquema constitucional, intercalar otro u otros representantes del Gobierno de la Nacin con precedencia del Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma en la que se realice el acto oficial, lo cual significara duplicar inmotivadamente la representatividad otorgada al Gobierno de la Nacin.
14. Presidentes de los Consejos de Gobierno de otras Comunidades Autnomas, por el orden de antigedad de sus Estatutos de Autonoma. 15. Ex Presidentes de Gobierno 17. 16. Jefe de la Oposicin. 17. Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma. 18. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autnoma. 19. Alcalde del Municipio del lugar. 20. Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 21. Presidente del Consejo de Estado. 22. Presidente del Tribunal de Cuentas. 23. Fiscal General del Estado. 24. Defensor del Pueblo. 25. Secretarios de Estado, segn su orden, y Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Jefe del Estado Mayor de los Ejrcitos de Tierra, Mar y Aire. 26. Vicepresidentes de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, segn su orden. 27. Representantes institucionales de las Fuerzas Armadas en la Regin o Zona 18. 28. Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey y Jefe del Cuarto Militar 19. 29. Consejeros de Gobierno de la Comunidad Autnoma, segn el orden de las Consejeras que estipule en cada Comunidad Autnoma su propio Gobierno regional. 30. Miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma, segn su orden. 31. Presidente y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma. 32. Subsecretarios y asimilados, segn su orden. 33. Secretarios de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. 34. Encargados de los Negocios Extranjeros acreditados en Espaa. 35. Presidente del Instituto de Espaa 20.
17 Que por la Sentencia del Tribunal Supremo citada se sitan por detrs de los Presidentes de las Comunidades Autnomas por los motivos ya dichos. 18 Antes en este puesto iba el Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, cargo hoy da suprimido por la Disposicin Derogatoria de la Ley Orgnica 4/1987, de 15 de julio, por la que se regula la competencia y organizacin de la Jurisdiccin Militar. 19 Cambiados de posicin con respecto al Real Decreto original por las razones ya apuntadas. 20 Tras este cargo se situaba el Jefe del Protocolo del Estado, cargo actualmente suprimido, como ya se ha explicado anteriormente. Lo mismo ocurre con el Gobernador Civil, cargo actualmente suprimido por la Disposicin Derogatoria nica del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, por el que se
36. Presidente de la Diputacin Provincial, Mancomunidad o Cabildo insular. 37. Directores Generales y asimilados, segn su orden. 38. Diputados y senadores por la provincia donde se celebre el acto. 39. Subdelegados del Gobierno 21. 40. Rectores de Universidad, en cuyo distrito tenga lugar el acto, segn la antigedad de la Universidad. 41. Presidente de la Audiencia Provincial 22. 42. Delegado de la Defensa y Jefe de los Sectores Naval y Areo por orden de empleo o antigedad 23. 43. Director Insular 24. 44. Tenientes de Alcalde del ayuntamiento del lugar. 45. Subdelegado de la Defensa, Comandante militar de la plaza, Comandante o ayudante militar de marina y autoridad area local, por orden de empleo o antigedad. 46. Representantes consulares extranjeros. El departamental, que regula la ordenacin de los ministerios. En el citado Real Decreto se establece el orden ministerial o departamental, teniendo en cuenta que la presidencia del Gobierno ocupar el primer lugar y a continuacin los Ministerios. Pero la ordenacin original ha cambiado en funcin de las diferentes reestructuraciones de Gobierno habidas desde el ao 1983 hasta el momento. La ltima vigente se encuentra en el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril. El colegiado, que regula la prelacin entre las Instituciones y Corporaciones cuando asistan a los actos oficiales con dicha presencia institucional o corporativa, teniendo as carcter colectivo y sin extenderse a sus respectivos miembros en particular. En los actos oficiales de carcter general celebrados en la Villa de Madrid, en su condicin de capital del Estado, la ordenacin colegiada ser la siguiente, de conformidad con el artculo 14 del Reglamento: 1. Gobierno de la Nacin. 2. Cuerpo Diplomtico acreditado.
regula los Subdelegados del Gobierno en las provincias y Directores Insulares de la Administracin General del Estado. 21 En la Disposicin Transitoria Segunda del Real Decreto 617/1997 se le asigna el puesto inmediatamente anterior al previsto para los Rectores de Universidad. 22 En el Real Decreto originario se inclua la Audiencia Territorial, pero actualmente no existen. 23 El cargo de Gobernador Militar no existe en la actualidad, sustituyndolo el Delegado de la Defensa, por el artculo vigsimo noveno.1 de la Orden 220/1997, de 12 de noviembre, y la Disposicin Transitoria Segunda del Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, por el que se crean las Delegaciones de Defensa. 24 En lugar del Delegado insular del Gobierno actualmente existe el Director insular, al que la Disposicin Transitoria Segunda del Real Decreto 617/1997 le asigna el puesto inmediatamente anterior al previsto para los tenientes de alcalde.
Mesa del Congreso de los Diputados. Mesa del Senado. Tribunal Constitucional. Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Supremo. Consejo de Estado. Tribunal de Cuentas. Presidencia del Gobierno. Ministerios, segn su orden. Instituto de Espaa y Reales Academias. Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma de Madrid. Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma de Madrid. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Claustro Universitario.
Segn el artculo 16 de este Reglamento, en los actos en el territorio de una Comunidad Autnoma regirn las precedencias siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Gobierno de la Nacin. Cuerpo Diplomtico acreditado en Espaa. Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma. Mesa del Congreso de los Diputados. Mesa del Senado. Tribunal Constitucional. Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Supremo de Justicia. Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma. Consejo de Estado. Tribunal de Cuentas. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma. Ayuntamiento de la localidad. Presidencia del Gobierno. Ministerios, segn su orden. Consejera de Gobierno de la Comunidad Autnoma, segn su orden. Instituto de Espaa y Reales Academias. Delegacin del Gobierno en la Comunidad Autnoma y Subdelegaciones del Gobierno en la provincia 25. Diputacin Provincial, Mancomunidad o Cabildo Insular. Audiencia provincial.
Aunque el Real Decreto originario estableca Gobernacin Civil de la provincia.
21. Claustro Universitario. 22. Representaciones consulares extranjeras. La institucin o corporacin se situar conforme a las precedencias antes citadas, siendo el primero de cada una la ms alta autoridad de la institucin, siguiendo, conforme a su orden interno, el resto de los integrantes. El mixto, es aquel previsto en el artculo 17 del Reglamento en el que se establece que cuando sean convocadas conjuntamente autoridades y Colegios de Instituciones o Corporaciones a los actos de carcter general, cada uno de estos ltimos se situar a continuacin de la autoridad de que depende, y segn el orden establecido en los artculos 10 a 14 y 12 a 16, segn tenga lugar el acto en Madrid o en el territorio de una Comunidad Autnoma, salvo que la autoridad organizadora determinase la precedencia solamente por el orden de las autoridades, en cuyo caso las Instituciones y Corporaciones se situarn a continuacin de la ltima de aqullas y por el orden establecido en los artculos 10 y 12, respectivamente, segn el lugar del acto. B) De carcter especial Son aquellos actos que se celebran por determinados instituciones, autoridades u organismos con ocasin de conmemoraciones o acontecimientos propios del mbito especfico de sus respectivos servicios, funciones y actividades. Las autoridades se ordenarn en este caso segn el criterio del anfitrin, pero de acuerdo a su normativa especfica, sus costumbres y tradiciones y, en su caso, con los criterios establecidos en este Real Decreto. Estos actos de carcter especial son, entre otros, los organizados por las Comunidades Autnomas y la Administracin local.Ahora bien, aunque en este Real Decreto se tenga en cuenta la constitucional organizacin territorial del Estado, en cuyo seno y, sin mengua de su unidad, se integran las Comunidades Autnomas, la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional (Sentencias 38/1982, de 22 de junio, y 12/1985, de 30 de enero) como del Tribunal Supremo (Sentencias como la de 2 de diciembre de 1986 o de 5 de octubre de 2004) atribuyen, incluso en el respectivo marco de su territorio, la competencia normativa bsica en materia protocolaria al Estado, ya que afecta a la imagen y representacin externa de autoridades y entes entre s y ante los ciudadanos todos. Es decir, a todos los efectos la ordenacin de autoridades en los actos convocados por las Comunidades Autnomas debe respetar el Real Decreto 2099/1983, sobre Ordenacin General de Precedencias del Estado. En resumen, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo vienen a confirmar que la materia regulada en el Real Decreto es competencia que, con carcter general, corresponde al Estado, porque nos hallamos frente a una materia, cual la de la ordenacin de las precedencias de los cargos y entes
pblicos en los actos oficiales, que en algn aspecto excede de lo que pudiera denominarse vida social, o simple protocolo, y que merece una cuidadosa atencin en tanto en cuanto afecta desde luego a la imagen, a la representacin externa de autoridades y entes entre s y ante los ciudadanos todos, y, en el fondo, al establecimiento de una adecuada jerarquizacin que en lo visible fsicamente puede mostrarse ni ms ni menos que por el lugar en que cada uno de aqullos deba situarse cuando concurran otros.Y de acuerdo tambin que a la hora de establecer la repetida ordenacin no se podr prescindir de los mandatos de la Constitucin. Por ello el que el rango sea reglamentario no puede ser objeto de infravaloracin de la norma, ni de conflicto, ni de su infraccin, slo cuando se reduzcan las garantas constitucionales establecidas para la proteccin de las competencias autonmicas. El modesto ropaje de la norma en cuestin no significa que no deba ser considerada normativa bsica a respetar por todas las Comunidades Autnomas y dems Entidades Locales. Pero el que la normativa bsica corresponda al Estado no significa que la Comunidades Autnomas no puedan regular esta materia porque el artculo 5.2 establece que respetando este Real Decreto tienen competencia para elaborar su propia norma interna o para regirse por la costumbre inveterada del lugar. En la actualidad, solamente Andaluca, Catalua, Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, La Rioja, Islas Baleares, Canarias y La Ciudad de Melilla tienen normativa propia 26. En el caso de Catalua su aplicacin resulta compleja, ya que tal norma fue elaborada con anterioridad al Decreto nacional y se contradice en puntos esenciales. Andaluca tena el mismo problema, pero en el ao 2002 lo modific y actualiz sin que presente hoy especiales problemas de contradiccin con el nacional. No puede decirse lo mismo de los Decretos de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Canarias, totalmente contradictorios con el nacional y que actualmente estn recurridos por el Ejecutivo y alguno de ellos en suspensin cautelar por los Tribunales.Tampoco ofrece problema alguno los Decretos de Navarra, Murcia y La Rioja.
26 La normativa de estas Comunidades Autnomas es la siguientes: Decreto 77/2002, de 26 de febrero, por el que se regula el rgimen de precedencias en el mbito de la Junta de Andaluca; Decreto 189/1981, de 2 de julio, estableciendo las normas de protocolo y ceremonial en el mbito de la Generalitat de Catalua; Decreto 235/1999, de 23 de diciembre, del Gobierno valenciano, por el que se regula el rgimen de precedencias en el mbito de la Comunidad Valenciana; Decreto foral 81/1986, de 14 de marzo, por el que se regula el rgimen de precedencias de la Comunidad Foral de Navarra; Decreto 37/1992, de 23 de abril, por el que se establece el rgimen de precedencias de autoridades e instituciones de la Comunidad Autnoma de Murcia; Ley 1/2001, de 16 de marzo, reguladora de los Honores, Distinciones y Protocolo de la Comunidad Autnoma de La Rioja; Decreto 256/1999, de 24 de diciembre, por el que se regula el rgimen de precedencias de los cargos e instituciones pblicas de la Comunidad Autnoma de las Islas Baleares en los actos oficiales; Decreto 202/1997, de 7 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Precedencias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias; Reglamento de 30 de junio de 2006, por el que se aprueba el Protocolo y Ceremonial de la Ciudad Autnoma de Melilla.
En todo caso, desde una Comunidad Autnoma entendemos que este Real Decreto no se est aplicando con detenimiento y ello porque aun respetndolo no se encuadran todas la Instituciones, autoridades o Corporaciones de la correspondiente Autonoma, lo que en muchas ocasiones supone el tener que acudir a la imaginacin, educacin, tolerancia y trato corts con todos: tal es el caso de actos colectivos con presencia de Sus Majestades, o sin ellas, y otros mandatarios extranjeros, da de la Comunidad, etc. II. EL PROTOCOLO EN LA COMUNIDAD DE MADRID En relacin con la Comunidad de Madrid, su protocolo y ceremonial no es muy diferente al resto de las autonomas, con todo vamos a hacer una pequea referencia al mismo: Los smbolos de la Comunidad de Madrid sern conforme exige el artculo 4 del Estatuto de Autonoma de la Comunidad aprobado por la Ley Orgnica 3/1983, de 25 de febrero, esto es:
1. La bandera de la Comunidad de Madrid es roja carmes, con siete estrellas en blanco, de cinco puntas, colocadas cuatro y tres en el centro del lienzo. 2. El escudo de la Comunidad de Madrid se establece por ley de la Asamblea de Madrid. 3. La Comunidad de Madrid tiene himno propio, siendo ste establecido por ley de la Asamblea de Madrid.
Estos smbolos a su vez han sido desarrollados en la Ley 2/1983, de 23 de diciembre, de la bandera, escudo e himno de la Comunidad de Madrid, y en el Decreto 2/1984, de 19 de enero, que desarrolla el contenido de la Disposicin Adicional de la Ley 2/1983. La bandera, siguiendo lo previsto en el Estatuto de Autonoma y el artculo 1 de la Ley, es roja carmes, por haber sido Madrid un pueblo castellano y castellana su historia, con siete estrellas en plata, de cinco puntas, colocadas cuatro y tres, en el centro del lienzo, que proceden del escudo de la Villa de Madrid y se han extendido al resto de la Comunidad. Esta bandera se utilizar de acuerdo con lo dispuesto en los artculos 4 y 6 de la Ley 39/1981, sobre la bandera nacional, y los artculos 3, 4 y 5 de la Ley de la Comunidad, lo que significa que deber ondear en el exterior y ocupar lugar preferente, junto a la de Espaa, en el interior de todos los edificios de la Administracin autonmica y de las Administraciones municipales situadas en el territorio de la Comunidad. Cuando se utilice la bandera de la Comunidad conjuntamente con la de Espaa y con la del Municipio u otras Corporaciones corresponder el lugar preeminente y de mximo honor a la de Espaa. Si el nmero de banderas que ondean juntas fuera impar, el lugar de la autonmica ser el de la izquierda de la de Espaa para el observador, si el
nmero de banderas que ondean juntas fuera par, el lugar de la autonmica ser el de la derecha de la de Espaa para el observador. Se prohbe la utilizacin en la bandera y escudo de la Comunidad de Madrid de cualquier smbolo o sigla de partidos polticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas. El escudo de la Comunidad de Madrid, segn el artculo 2 de la Ley, consta de un solo cuartel de gules y en l, de oro, dos castillos pareados, almenados, donjanados, aclarados de azur y manpostados de sable, surmontados en el jefe por siete estrellas de plata, colocadas cuatro y tres. Al timbre corona real, cerrada, que es un crculo de oro engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azur, con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules. Los castillos de oro sobre gules son el caracterstico smbolo castellano. Las dos Comunidades limtrofes los lucen como emblemas. El hecho de estar pareados simboliza la pretensin de la Comunidad de Madrid de ser lazo entre las dos Castillas, fundiendo el smbolo fundamental de una y otra, al tiempo que viene a proyectar su propia complexin extensiva hasta los lmites precisos de las cinco provincias que la abrazan: Toledo, Guadalajara y Cuenca, pertenecientes a Castilla-La Mancha; Segovia y vila integrantes de Castilla y Len. La corona real de Espaa, como remate del escudo de la Comunidad, hunde su tradicin en la historia madrilea y enlaza con el hecho de haber sido Madrid, por largo tiempo, sede de la Corona, quedando en el marco de la antigua provincia y actual Comunidad la huella histrico-arquitectnica de los Reales sitios. La Autonoma tiene por capital la misma que es de la Nacin, al tiempo que es residencia oficial del Rey, smbolo de la unidad y permanencia del Estado en su forma poltica de monarqua parlamentaria. El escudo, segn establece el artculo 4 del Decreto 2/1984, habr de figurar en: Las placas de las fachadas de los edificios dependientes de la Comunidad. Los ttulos acreditativos de condecoraciones. Las publicaciones oficiales. Los documentos impresos, sellos y membretes de uso oficial de la Comunidad. Los distintivos usados por las autoridades de la Comunidad. Los edificios pblicos y los objetos de uso oficial en los que por su carcter representativo deban figurar los smbolos de la Comunidad. En relacin con el himno, el artculo 6 de la Ley establece que el himno de la Comunidad de Madrid se compone del poema de tres estrofas y la correspondiente partitura musical que figuran como Anexo a la presente Ley. A su vez la Comunidad de Madrid dispone de una versin abreviada del himno exclusivamente musical.
El himno podr utilizarse en sus dos versiones, la larga para coro mixto y banda y la abreviada para banda sola. En los actos oficiales de la Comunidad de Madrid se utilizar la versin abreviada para banda.A tal efecto, se consideran actos oficiales de la Comunidad de Madrid todos aquellos organizados por la Comunidad u Organismos Pblicos dependientes de ella y todos aquellos organizados por Municipios del territorio de la Comunidad a los que asista con carcter oficial cualquier miembro del Consejo de Gobierno o de la Asamblea de la Comunidad. Los tratamientos, honores y distinciones de las autoridades e instituciones de la Comunidad aparecen regulados de forma dispersa en distintas normas. Cabe, sin embargo, destacar la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administracin de la Comunidad de Madrid, en concreto el Ttulo I, Del Presidente, Captulo I, Elecciones y Estatuto de Personal, artculo 5, que establece: El Presidente por razn de su cargo tiene derecho a: 1. Recibir el tratamiento de Excelencia. 2. Utilizar la bandera de la Comunidad como guin... 4. Recibir los honores que en razn de la dignidad de su cargo le deban ser rendidos, con arreglo a lo que establecen las normas vigentes en la materia o que en su da se acuerden en la Comunidad de Madrid.Y el Ttulo II, Captulo IV, De la Vicepresidencia y de los Consejeros, artculo 30, que dice: Los Consejeros tendrn derecho a recibir el tratamiento de excelencia.... Finalmente hemos de referirnos al rgimen de precedencias de las autoridades, instituciones y dems entidades de la Comunidad de Madrid, que en los actos oficiales de carcter general se sometern igual que el resto de las Comunidades Autnomas al Real Decreto nacional y en los de carcter especial, al carecer de normativa propia, se regirn tambin por lo previsto en el Real Decreto nacional, sin perjuicio de las especialidades que en funcin el acto de que se trate se puedan ocasionar. III. EL PROTOCOLO EN LA INSTITUCIN PARLAMENTARIA Dentro de los actos de carcter especial estaran tambin los actos celebrados por las instituciones parlamentarias, cuyas autoridades se ordenarn, segn su normativa especfica, costumbres y tradiciones, pero respetando el carcter subsidiario del Decreto nacional. Centrndonos en el protocolo de la institucin parlamentaria debemos partir de una premisa bsica: la importancia que esta disciplina tiene en el desarrollo de su actividad parlamentaria. En efecto, los Parlamentos utilizan ms que otras instituciones cierto nmero de conductas rituales. Las razones son, entre otras, las siguientes: Los Parlamentos son rganos colectivos de gran tradicin que tienen un rango predominante en la Nacin y estn compuestos de un fuerte espritu corporativo: se considera que el protocolo y el ceremonial les
permite mantener su rango y poder hacer frente a otros rganos del Estado. Si consideramos que las normas de protocolo sirven para regular las dificultades que puedan surgir entre personas que ocupan un determinado rango, hay que recordar que los parlamentos son instituciones formadas por muchos individuos por definicin y que, a su vez, estos individuos son plurales, ya que oponen sus ambiciones y opiniones, por ello es imprescindible que existan reglas que fijen cada una de las posibles situaciones y que se regulen las modalidades de funcionamiento susceptibles de evitar los conflictos o de acallarlos si surgen. Las normas de protocolo del Estado no son suficientes porque, adems de existir el principio de autonoma parlamentaria, la funcin de prevencin de conflictos que tiene el protocolo no debe provocar la desaparicin del choque de ideas (que es su razn de ser), lo que supone que ha de gozar de un protocolo y ceremonial particularmente dinmico que facilite con inmediatez la buena organizacin de una confrontacin que en otras instituciones no existe. Razn por la cual no puede estar sujeta a las normas protocolarias del Estado. La necesidad de un orden de precedencias incontestable es particularmente importante en un parlamento que est formado por una pluralidad de sujetos con idnticos derechos e igualdad de funciones pero de distintas ideologas polticas, y donde es imprescindible evitar toda situacin que pueda tacharse de parcial polticamente (por ejemplo, en la manera en que son tratados dentro de su actividad parlamentaria), es decir, la susceptibilidad es extrema debido al choque de ideologas. Adems, si el protocolo del Estado tiende a clasificar los cuerpos y personalidades o precedencias principalmente por sus funciones, no cabe aplicarlo a una institucin cuyos miembros tienen todos ellos funciones muy similares, por ello el protocolo parlamentario acude en muchas ocasiones a la historia y tradicin. En definitiva, la dificultad del protocolo parlamentario radica en que hay que clasificar a una serie de individuos con funciones muy similares que se conocen personalmente pero que se oponen en sus opiniones. En los Parlamentos ms que en ninguna otra institucin el ceremonial traduce la realidad constitucional de un pas y as se identifica el lugar y el papel de las Asambleas en el contexto nacional, adems de prevenir y regular los eventuales conflictos que puedan surgir entre las distintas instituciones o dentro del mismo Parlamento.Ahora bien, esta funcin de traducir su importancia y dignidad debe hacerse respetando su originalidad e independencia. Originalidad que se centra principalmente en el respeto de su tradicin e historia e independencia conseguida por su autonoma parlamentaria. Aunque el lugar del Parlamento entre las instituciones nacionales y sus relaciones con otros rganos del Estado est por lo general establecido en las normas constitucionales o estatutarias, aun as las reglas que determinan el rango de los poderes pblicos y las prcticas del ceremonial
parlamentario permiten comprender mejor la realidad de estas relaciones y su evolucin histrica. Una hbil utilizacin del protocolo puede ser un medio para que las Asambleas demuestren con qu espritu ejercen el poder. Es importante y significativo la posicin que ocupan los poderes del Estado para ver ante qu sistema estamos, las democracias parlamentarias puras (las de los pases nrdicos) tienden a dar preeminencia al Presidente del Parlamento sobre el del Ejecutivo 27, las democracias del parlamentarismo racionalizado o semipresidencialistas (como es el caso de Francia 28) dan preeminencia al Presidente del Gobierno sobre el del Parlamento, e incluso en la celebracin de determinados actos, como son el de coronacin o el de apertura de una legislatura, se refleja que tipo de relacin existe entre el Jefe del Estado y la institucin parlamentaria (lo que ocurre con mayor claridad en el Reino Unido por el carcter cuasilitrgico de su ceremonial). Pero es que tambin las normas de protocolo indican cul es la posicin de cada Cmara dentro de los sistemas bicamerales, as, a excepcin del Reino Unido que por razones histricas se da preeminencia protocolaria a la Cmara de los Loores, la posicin que ocupa los Presidentes de cada Cmara refleja ya cul de stas tiene mayor importancia o peso poltico, y por ello en un sistema de bicameralismo perfecto (como es el italiano 29) se determina por la edad del Presidente. En sistemas como el de Estados Unidos, sin embargo, la preeminencia corresponde al Senado, y especial es el caso francs, porque se da preeminencia al Presidente del Senado por ser el sustituto interino del Presidente de la Repblica, pero cuando no est involucrado ste y en el acto coinciden diputados y senadores tiene preeminencia el Presidente de la
27 Tal es el caso de Finlandia, que en el primer escaln se sita el Presidente de la Cmara, con prioridad sobre el Primer Ministro, y los Vicepresidentes ocupan ellos solos el segundo nivel. En los Pases Bajos, despus de la Reina, tambin figura el Presidente de la Cmara Baja e inmediatamente despus, o sea en tercer lugar, el de la Segunda Cmara. Por su parte, en Suecia figura el Presidente del Parlamento en el primer escaln, inmediatamente detrs de los miembros de la Familia Real, e inmediatamente antes del Primer Ministro.Tal es tambin el caso de Alemania, donde el Presidente del Parlamento se sita por delante del Presidente del Gobierno, y ms recientemente Portugal, en cuya normativa aprobada en agosto de 2006 se establece el siguiente orden: Presidente de la Repblica, Presidente de la Asamblea Nacional y Primer Ministro. 28 En Francia, los Presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional ocupan respectivamente el tercer y cuarto puesto, inmediatamente despus del Presidente de la Repblica y del Primer Ministro. Lo mismo ocurre en Grecia, que figuran en primer y segundo lugar el Presidente de la Repblica y el Primer Ministro y en tercer lugar el Presidente de la Cmara nica. 29 En Italia, siguiendo un modelo parecido al escandinavo, la jerarqua no es por cargo individual, sino por niveles o categoras, en el caso italiano las categoras son cuatro, ordenadas por nmeros romanos. En la categora I aparecen mencionados los Presidentes de ambas Cmaras, teniendo prioridad el de ms edad (los dems integrantes de esta categora son el Presidente del Consejo de Ministros, los Ministros y el Presidente del Tribunal Constitucional). En la categora II aparecen citados los primeros, los Vicepresidentes de una y otra Cmara (junto con los Ministros-Secretarios de Estado), seguidos de los miembros de las Mesas de las Cmaras, o sea, los Secretarios y los Cuestores, si bien citados en ltimo trmino detrs de los Subsecretarios de Estado y de los Altos Comisarios en general y del Comisario para el Turismo, e inmediatamente delante, por otra parte, de los Presidentes de las Regiones y de las Asambleas Regionales.
Asamblea Nacional. En Espaa, la preeminencia corresponde al Presidente del Congreso de los Diputados, porque adems de ser Presidente de esta Cmara lo es de las Cortes Generales. El protocolo y ceremonial parlamentario es por tanto el resultado de una situacin histrica y una teora poltica determinada, donde el mantener cierto ceremonial, suprimirlo o recuperarlo tiene una enorme significacin poltica; un claro ejemplo se dio en 1960 en Canad, Quebec, aprovechando que desapareca su sistema bicameral, abandon el ceremonial britnico. En definitiva, tambin en materia protocolaria rige el principio de autonoma parlamentaria, ste que inicialmente se configur como una prerrogativa del Parlamento en su lucha frente al monarca por determinar quin era el poder soberano, y posteriormente se justific en la consideracin del Parlamento como titular de la soberana nacional, se justifica ahora en criterios puramente funcionales, es decir, las Cmaras tienen autonoma en su reglamentacin y organizacin administrativa al objeto de que sus funciones, especiales y de enorme importancia en el Estado democrtico, sean desarrolladas con plenitud e independencia de otros rganos del Estado. Por todo ello para las ceremonias que se organizan por otras instituciones el Parlamento se somete a las normas protocolarias del Estado o de las Comunidades Autnomas; en los actos organizados en su seno tiene libertad total, si bien tanto en uno como en otro supuesto estas afirmaciones vienen siempre matizadas. En el primero de los casos porque en el mismo Decreto nacional hay muchas precedencias y autoridades parlamentarias que no se contemplan (como por ejemplo la ordenacin de los miembros de las Mesas que deja a cada Cmara su determinacin), y en el segundo supuesto porque recordemos que el protocolo est para evitar conflictos, el establecer normas protocolarias que se alejen de las costumbres generalmente conocidas produce en ocasiones numerosos problemas. Ahora bien, la importancia del protocolo parlamentario no es igual en todos los sistemas, as el ceremonial parlamentario en Gran Bretaa es de vital importancia, cuna de las democracias modernas, sin embargo en Francia o en Espaa, quiz por lo joven de nuestra democracia, hay una tendencia a minusvalorar o rechazar el ejercicio del protocolo en el Parlamento 30.
30 En efecto, el ceremonial britnico se aproxima mucho a una liturgia, ya que est anclado en la tradicin religiosa (las primeras asambleas se reunan en capillas) junto con la regia (su claro origen del Consejo del Rey) y su oposicin al poder monrquico.Todo ello hace que en el actuar del da a da del Parlamento britnico tenga una enorme importancia: el lugar de las reuniones (los comunes se renen siempre en Westminster), determinados objetos (como la maza del speaker o la silla del trono y del speaker), los actores del rito (principalmente el speaker, que si no ha sido nombrado primero y confirmado despus por la Reina no puede ejercer todas sus funciones, o los ujieres y funcionarios, el Sargento de armas, el Gentilhombre como sujetos pasivos de la ceremonia), la jura de los diputados (que no es igual para todos), el cultivo del individualismo (por no existir la Mesa y no considerar a los diputados como grupo, sino que cada uno tiene su puesto y el speaker es el nico que representa a la Cmara), etc. En suma, en un pas donde no existen los conceptos de ciudadano y de soberana nacional o popular el ceremonial parlamentario constituye una de las mejores garantas de la democracia britni-
Con todo esto vemos que el principio de autonoma parlamentaria en materia de protocolo se refleja ora en las tradiciones, ora en la normativa vigente. En este sentido vamos analizar la regulacin de precedencias en Espaa. Cuando estamos ante actos oficiales de carcter general, el Real Decreto de Ordenacin General de Precedencias del Estado contempla: En lo individual o personal, para los actos promovidos por el Estado y celebrados en Madrid en su condicin de capital, el artculo 10 establece los siguientes cargos parlamentarios: Presidente del Congreso de los Diputados (puesto 6), Presidente del Senado (7),Vicepresidentes y Secretarios de las Mesas del Congreso y del Senado, segn su orden (23 y 28 respectivamente), Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid (29), Miembros de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid (34) y diputados y senadores por Madrid (38). No se contemplan en ningn caso los diputados y senadores que no sean de la provincia de Madrid o de otras Comunidades Autnomas. El artculo 12 establece que en los actos celebrados en el territorio de una Comunidad Autnoma, el orden ser el que sigue: Presidente del Congreso de los Diputados (6), Presidente del Senado (7), Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma (17),Vicepresidentes del Congreso de los Diputados y del Senado (26), Miembros de la Mesa de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma (30), Secretarios de las Mesas del Congreso y del Senado (33) y diputados y senadores por la provincia de donde se celebre el acto (38). En los actos organizados por otras instituciones, si se trata de una ordenacin individual, habrn de colocar a las citadas autoridades parlamentarias de acuerdo a estos criterios. Dado que el cargo de jefe de la oposicin no existe en nuestro pas y que el Real Decreto de precedencias prev un puesto para l, se ha entendido que en este lugar han de ubicarse los presidentes y portavoces de los diferentes grupos polticos con representacin parlamentaria, de acuerdo con los resultados electorales, sin que quede claro qu ocurre con los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto.
ca, pues aquellos que aceptan estos usos estn al mismo tiempo manifestando su voluntad de vivir y de defender una serie de valores comunes. La importancia de los smbolos es mucho menor en los sistemas continentales, donde el sistema democrtico es fruto de un pensamiento racional y no tanto de la evolucin histrica, tal es el caso de Francia, donde hay menos espacio para el ritual y ciertas solemnidades en el desarrollo diario de la actividad parlamentaria han desaparecido (los Presidentes no se cubren con un sombrero de copa para restablecer el orden, no utilizan la campana, no usan chaqu desde 1981, etc.). No faltan sin embargo pases que pretenden volver a recoger ciertas tradiciones o smbolos, tal es el caso de Suiza con Guillermo Tell, Portugal con las pinturas de los que participaron en la Constitucin de 1822, el bajorrelieve en bronce de la Casa de los Saboya en Italia, o el Corpus Iuris en Hungra como smbolo de la continuidad nacional, etc.
Si en cambio la ordenacin fuera colegiada, todos los representantes parlamentarios se colocarn de acuerdo con lo previsto en los artculos 14 y 16 del Real Decreto de Precedencias. A saber: Actos en Madrid, segn el artculo 14: Mesa del Congreso de los Diputados (3), Mesa del Senado (4) y Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma de Madrid (14).Actos en una Comunidad Autnoma, segn el artculo 16: Mesa del Congreso de los Diputados (4), Mesa del Senado (5) y Asamblea Legislativa de la Comunidad Autnoma (9). En los actos especiales promovidos por las propias Comunidades Autnomas, recordemos que slo algunas de ellas (Andaluca, Catalua, Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, La Rioja, Islas Baleares, Canarias y la Ciudad Autnoma de Melilla) han regulado la ordenacin de precedencias y en estos casos el orden ser como sigue: En todos los Decretos lo dos primeros puestos los ocupan el Presidente del Gobierno regional, seguido del Presidente del Parlamento, a excepcin de Isla Baleares, en cuya segunda posicin, incluso por encima del Presidente del Parlamento, se encuentra el Presidente del Consejo Insular donde se celebre el acto. En el tercer puesto tambin hay una coincidencia en la mayora de los casos, al adjudicarlo a los Vicepresidentes o Consejeros del Gobierno regional, salvo Andaluca y La Rioja, que con intencin de hacer un Decreto que no difiera en demasa del nacional, reservan el tercer puesto al Alcalde del municipio donde se celebre el acto. Respecto a las Mesas y parlamentarios no hay criterio unnime en los diferentes Decretos. En Catalua, los miembros de la Mesa se sitan entre los ex Presidentes de Gobierno y los ex Consejeros. No hace referencia a los portavoces de los grupos parlamentarios y sita a los diputados tras el Sndico de Cuentas y antes de los miembros del Consejo Consultivo, aadiendo en su artculo 6 que cuando a los actos oficiales asistan diputados al parlamento de Catalua y representantes de las Corporaciones locales de Catalua, ser la autoridad organizadora del acto quien determinar su prelacin dentro de cada categora. El Decreto cataln tambin reserva sitio para el Oficial Mayor del Parlamento, que lo coloca tras los Secretarios generales tcnicos y antes de los Directores generales. En Andaluca, la Mesa sigue a los Consejeros y se anticipa a los portavoces de los grupos parlamentarios. Los Diputados tras el Consejero de Cuentas y antes del Presidente de la Diputacin. En Murcia, la Mesa va detrs de los Consejeros y los diputados regionales despus de los Directores de organismos autnomos con categora de Secretario General y antes de los Directores generales. Navarra coloca a la Mesa tras el Defensor del Pueblo y los parlamentarios forales tras los tenientes de alcalde. Contempla esta Comunidad un puesto para el Letrado Mayor del Parlamento, que lo sita tras los Directores generales. Canarias posiciona a los miembros de la Mesa tras el alcalde y los ex Presidentes y antes del Presidente del Consejo Consultivo. Los portavoces de los grupos parlamentarios tras el Presidente de la Audiencia de Cuentas y antes del Rector y los diputados a continuacin del Presidente del Consejo Econmico y Social y
antes de los Presidentes de otros cabildos insulares. En la Comunidad Valenciana los miembros de la Mesa van muy por debajo, quedando por detrs del Presidente de la Academia Valenciana de la Llengua, seguidos de los portavoces de los grupos parlamentarios y antes del rector. Los diputados se van al puesto 19, tras los delegados territoriales del Gobierno valenciano y antes de los ex Presidentes de las Cortes Valencianas, por el orden de obtencin de escaos. En La Rioja, la Mesa va tras los Consejeros y antes que los ex Presidentes. Seguidos a estos ltimos se colocan los diputados del Parlamento. En Islas Baleares, la Mesa se sita tras los ex Presidentes, seguidos de los portavoces de los grupos parlamentarios. Los diputados tras el Rector. Entre los diputados se da preferencia a los diputados de la circunscripcin electoral en la que se celebre el acto, observndose el orden de los escaos obtenidos en el Parlamento por cada uno de los partidos a los cuales pertenecen. El resto de las Comunidades Autnomas al no tener normativa protocolaria, en los actos promovidos por las Asambleas Legislativas se sigue un esquema muy similar al de las Cortes Generales, con un protocolo muy propio, en el que sobresale sobre todo el principio esencial de que salvo presencia de los Reyes de Espaa o Prncipe de Asturias, en momento alguno el Presidente del Parlamento cede el puesto de precedencia, aunque al mismo acuda el Presidente del Gobierno regional o el del Gobierno de la Nacin, situndose junto a ellos las respectivas Mesas y los Presidentes o portavoces de los grupos parlamentarios por resultados electorales, los Presidentes de las Comisiones segn el orden de los reglamentos o fecha de creacin de las mismas y finalmente los diputados o senadores. Normalmente a la izquierda se sitan los internos, segn su propio orden, y a la derecha los externos. En el Congreso de los Diputados y en el Senado cuando se trata de actos conjuntos, la precedencia entre estos cargos iguales de estas dos instituciones superiores las marca el lugar donde se celebra, de tal forma que si el acto es en el Congreso el Presidente de ste va por delante del Presidente del Senado, y lo mismo para el resto de la Mesa, siendo primero los Vicepresidentes del Congreso frente a los del Senado, e igual para los Secretarios, portavoces, presidentes de comisiones y diputados y senadores. Los diputados entre ellos no tienen un orden, al menos en el Congreso de los Diputados, nunca se ha dado la ocasin de tener que colocar a los 350 diputados por riguroso orden, como tampoco en el Senado o en la mayora de las Asambleas Legislativas autonmicas 31.
31 Recordemos que la colocacin de los mismos en el Hemiciclo no responde a criterios protocolarios sino al acuerdo de los grupos parlamentarios, procurando distribuir de tal manera que el Presidente y portavoz del grupo mayoritario de la oposicin quede en el extremo contrario al silln azul correspondiente al Presidente del Gobierno.
IV. EL PROTOCOLO EN LA ASAMBLEA DE MADRID Centrndonos en el protocolo y ceremonial de la Asamblea de Madrid en los actos de carcter especial celebrados en su sede parlamentaria, cabra decir que no difiere mucho de la actuacin protocolaria de otras instituciones parlamentarias. Es necesario recordar que, junto con la costumbre que se ha generado a lo largo de sus aos de andadura, tambin tiene cierta normativa aplicable al caso. Nos referimos a los artculos 7 y 22 del Reglamento de la Asamblea, de 30 de enero de 1997 32, y a la Ley 8/1986, de 23 de julio, del Estatuto del Diputado. Como smbolos de la Asamblea el artculo 7 del Reglamento dice que la Mesa establecer el diseo y rgimen de uso del Escudo de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Escudo de la Comunidad. Por tanto, el escudo de la Asamblea no es el escudo de la Comunidad. En el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 20 de diciembre de 1999, en el Captulo Primero, artculos 1 a 4, se especifica que: El escudo de la Asamblea de Madrid ser ovalado, constar de un solo cuartel de gules, y en l, de oro, dos castillos pareados, almenados, donjonados, aclarados en azur y mampostados de sable, surmontados en el jefe por siete estrellas de plata colocadas cuatro y tres. Al timbre, corona real, cerrada, que es un crculo de oro engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azur, con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules. Rodearn al escudo dos ramas de laurel entrelazadas con cinta de gules. En lo alto, listel de plata con leyenda Asamblea de Madrid en letra de sable. El Escudo de la Asamblea de Madrid ser de uso exclusivo de esta Institucin y deber figurar en la sede de la Asamblea (tanto en reproducciones de piedra u otros materiales de construccin como en los reposteros y en las placas de la fachada del edificio y de sus dependencias); las muestras externas de la condicin y dignidad del Diputado; las publicaciones oficiales de la Asamblea; los documentos, impresos sellos y membretes de uso oficial de la Asamblea; y los objetos de uso oficial en los que por su carcter representativo, deba figurar el smbolo de la Asamblea de Madrid. Respecto a la condicin y dignidad de los diputados, el artculo 22.1.2 y 3 del Reglamento de la Asamblea establece que:
1. La condicin y dignidad de diputado se corresponde con la de representante del pueblo de la Comunidad de Madrid.
32 No hay que olvidar que los Reglamentos parlamentarios son fuertemente protocolarios, debido a la necesidad de que en el Parlamento no se hiera la susceptibilidad de ninguna fuerza poltica, a la que ya nos hemos referido con anterioridad. De ah que estos Reglamentos aludan de forma continuada a la cortesa parlamentaria.
2. Todas las autoridades y sus agentes debern guardar el respeto debido a los Diputados y facilitarles el ejercicio de su funcin. 3. Los Diputados en los actos oficiales de la Comunidad de Madrid y de sus Ayuntamientos, gozarn de la precedencia debida a su condicin y dignidad.
Lo que a su vez se desarrolla en este mismo artculo en sus apartados siguientes y en la Ley del Estatuto del Diputado y se concreta en lo siguiente: Los tratamientos y honores que deben recibir los diputados (art. 22.4 del Reglamento y 4 de la Ley) sern los siguientes: a) El Presidente tendr tratamiento de Excelencia. b) Los restantes diputados tendrn tratamiento de Ilustrsimas. En los actos parlamentarios, los diputados emplearn el tratamiento de Seora. Los smbolos externos que acreditan la condicin y dignidad del diputado son: El carn de diputado, en el que figurar el Escudo de la Asamblea de Madrid y que, firmado por el Presidente, har constar el nombre y el Documento Nacional de Identidad del diputado, con especificacin de la Legislatura a la que extiende su vigencia, figurando asimismo la fotografa y la firma del diputado. El modelo oficial del carn del diputado ser establecido por la Mesa. Los diputados podrn utilizar el carn de diputado en cualquier momento y circunstancia mientras ostenten dicha condicin y para acreditar la misma. La medalla de diputado, que ser una medalla ovalada de 45 milmetros de altura y 35 milmetros de anchura, con anilla y asa. Llevar en su anverso el escudo de la Asamblea de Madrid en su diseo herldico sobre campo de oro. En el borde inferior del valo, una cintura de esmalte blanco con leyenda Asamblea de Madrid en letra capital romana. El resto del cerco lo forma un bisel esmaltado en rojo. En el reverso, el nombre del diputado y la Legislatura a la que corresponda. El diseo se corresponde con el aprobado por la Ley 3/1985, de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid 33. Los diputados podrn hacer uso de la medalla del diputado en los actos oficiales a los que asistan mientras ostenten dicha condicin. La insignia del diputado se confeccionar de acuerdo con el modelo previsto por la Asamblea de Madrid. El Presidente har entrega al diputado electo de los smbolos externos de la condicin y dignidad de diputado una vez haya adquirido la condicin
33 Recordemos que el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 20 de diciembre de 1999 regula en su Captulo Segundo la medalla de la Asamblea de Madrid, lo que no puede confundirse con la medalla del diputado. La medalla de la Asamblea est concebida para el reconocimiento pblico de la Asamblea a las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, que, por su especial relacin o vnculo con la Institucin o por motivos de reciprocidad o cortesa, se hicieran merecedoras de ella.
plena de tal.Y los diputados que hayan formado parte de la Primera Legislatura mantendrn de forma vitalicia el tratamiento y podrn usar la medalla e insignia de la Asamblea de Madrid en todo momento y lugar. La precedencia de los diputados en los actos oficiales de la Comunidad de Madrid se regula de forma muy genrica en el artculo 3 de la citada Ley, que dice que en los actos oficiales de la Comunidad de Madrid, los diputados se colocarn tras el Presidente de la Comunidad, Presidente de la Asamblea, Consejeros, los Vicepresidentes y Secretarios de la Mesa y los Portavoces. Aunque en relacin con esta colocacin merece especial atencin el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid de 28 de septiembre de 1984, que regula el asunto relativo a las posibles normas de precedencias para las autoridades de la Asamblea, sus rganos unipersonales y colectivos: La Mesa, en la citada reunin, acord aprobar las siguientes normas: Primera: Las presentes normas de protocolo establecen las precedencias de los cargos y rganos colegiados en los actos oficiales en el interior de la Asamblea. Segunda: Los Servicios de Informacin y Relaciones Pblicas 34, en colaboracin con la Jefatura del Gabinete de la Presidencia, se encargarn de aplicar las presentes normas. Tercera: Los actos oficiales se clasifican en: a) Actos de carcter general, que son todos aquellos que se organicen por la Comunidad de Madrid, con ocasin de conmemoraciones o acontecimientos de la Autonoma de la Regin. b) Actos de carcter especial, que son los organizados por la Asamblea de Madrid con ocasin de conmemoraciones o acontecimientos propios del mbito especfico de sus respectivos servicios, funciones y actividades. Cuarta: Los actos sern presididos por la autoridad que los organice. En caso de que dicha autoridad no ostente la presidencia, ocupar el lugar inmediato a la misma. Quinta: La precedencia en los actos oficiales de carcter general organizados por la Comunidad de Madrid, se determinar de acuerdo con lo dispuesto en esta Resolucin. En ningn supuesto podr alterarse el orden establecido para las instituciones, autoridades y corporaciones del Estado espaol en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto. Sexta: La precedencia en los actos oficiales de carcter especial se determinar de acuerdo con la presente Resolucin.
34 Actualmente, tras el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 17 de diciembre de 2001, sobre redistribucin de efectivos de carcter global, estas funciones corresponderan al Jefe del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Direccin de Gabinete de la Presidencia.
Sptima: El Rgimen general de precedencias se distribuye en dos rangos de ordenacin: el individual o personal y el colegiado. 1. El individual regula el orden singular de autoridades de la Asamblea. 2. El colegiado regula la prelacin de los rganos de la Asamblea cuando asistan a los actos oficiales con dicha presencia institucional o corporativa, sin extenderse a sus respectivos miembros en particular. Octava: La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozar de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupar el lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representacin de Su Majestad el Rey o del Presidente del Gobierno. Novena: La Presidencia de la Comunidad de Madrid tendr precedencia en los actos oficiales de carcter general organizados por la Comunidad de Madrid. Dcima: La Presidencia de la Asamblea de Madrid tendr precedencia en los actos oficiales de carcter especial organizados por la Cmara. Undcima: La Mesa de la Asamblea como rgano rector de la misma se situar junto a la Presidencia distribuyndose los puestos y alterndose a derecha e izquierda del lugar ocupado por la Presidencia y por este orden:Vicepresidente Primero,Vicepresidente Segundo,Vicepresidente Tercero, Secretario Primero, Secretario Segundo y Secretario Tercero. Duodcima: La Junta de portavoces se colocar a derecha e izquierda, en su caso, de los miembros de la Mesa, distribuyndose los puestos segn la proporcionalidad de los Grupos con representacin parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Decimotercera: Los Presidentes de las Comisiones Legislativas Permanentes se colocarn a la izquierda de la Mesa. La precedencia de los mismos ser la establecida en el Real Decreto 1620/1983, de 14 de junio 35: 1. Presidencia y Gobernacin. 2. Presupuestos, Economa y Hacienda.
35 No entendemos muy bien el que la precedencia autonmica de los Presidentes de las Comisiones se establezca en funcin del Real Decreto por el que se establece la estructura y denominacin de los Ministerios. En nuestra opinin, la colocacin de estas autoridades debera ser o de conformidad con lo previsto en el Decreto 61/2003, de 21 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el nmero y denominacin de las Consejeras de la Comunidad, o de conformidad con lo previsto en el artculo 72 del Reglamento de la Asamblea, que a su vez establece que las Comisiones Legislativas Permanentes sern: la Comisin del Estatuto de Autonoma, Reglamento y Estatuto del Diputado; la Comisin de Presupuestos; la Comisin de Mujer; la Comisin de Juventud y las que se constituyan de acuerdo con la estructura orgnica departamental del Consejo de Gobierno; la Comisin de Presupuestos acomodar su denominacin al mbito funcional propio de la Consejera competente en materia presupuestaria. Artculo ste del Reglamento que no hace sino mezclar ambos criterios porque basa la constitucin de las Comisiones en el Decreto de la Presidencia de la Comunidad por el que se establece la estructura orgnica del Consejo de Gobierno.
Urbanismo,Vivienda y Obras Pblicas. Salud y Bienestar Social. Trabajo, Industria y Comercio. Educacin y Cultura. Agricultura y Ganadera. Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones. Derechos Humanos 36.
Decimocuarta: Para lo no previsto en la presente Resolucin se estar a lo dispuesto en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias del Estado. V. RELACIONES DEL PARLAMENTO CON EL CIUDADANO U OPININ PBLICA Las relaciones pblicas se configuran como un sistema de comunicacin cuyo origen se encuentra en el sector privado, frente al origen pblico del protocolo, y cuya confusin se produce en la fase de ejecucin de las relaciones pblicas en las que es posible necesitar el protocolo para su puesta en prctica. Si nos centramos en el protocolo parlamentario, la diferencia de ese concepto con el de relaciones pblicas del Parlamento es evidente, pues el protocolo, como ya hemos apuntado en los epgrafes anteriores, en su acepcin ms ajustada se refiere a normas que regulan el desarrollo de un determinado acto que exige determinado ceremonial, mientras que si hablamos de relaciones pblicas de un Parlamento debemos observar o analizar lo que son las relaciones entre las Asambleas Legislativas y la opinin pblica. Cuando hablamos de las relaciones del Parlamento con el ciudadano debemos, como ya sealara Bagehot en el siglo pasado, analizarlas desde una doble perspectiva: La primera, desde la perspectiva de la influencia de la opinin pblica en la composicin y en el funcionamiento de la institucin parlamentaria, lo que se centrara en la participacin ciudadano y, en concreto, en la teora de la representacin. La segunda, desde la perspectiva de la capacidad de las Asambleas para hacer llegar sus mensajes a la opinin pblica, es decir, en el estudio del principio de publicidad y sus distintas manifestaciones.
36 Si se sigue el Reglamento de la Asamblea primero y el Decreto Presidencial despus el orden sera el siguiente: 1. Estatuto de Autonoma, Reglamento y Estatuto del Diputado; 2. Mujer; 3. Juventud; 4. Presidencia; 5. Justicia e Interior; 6. Hacienda; 7. Economa e Innovacin Tecnolgica; 8.Transportes e Infraestructuras; 9. Educacin; 10. Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio; 11. Sanidad y Consumo; 12. Cultura y Deportes; 13. Familia y Asuntos Sociales; 14. Empleo; 15. Inmigracin.
5.1. La participacin ciudadana Sin entrar en el fondo de la cuestin cabe decir que participar es tomar parte en algn tipo de actividad, lo que aplicado a los asuntos pblicos supone el acto de intervenir en los procesos de tomas de decisin en aquel tipo de cuestiones. Pero sin olvidar que la intervencin en los procesos de tomas de decisin no comprende el acto de integracin personal en el rgano o estructura jurdica llamada a resolver. La Constitucin espaola en su artculo 23.1 consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos pblicos bien directamente o bien a travs de sus representantes. Este derecho constitucional es, pues, un derecho a participar de modo formal y explcito en los procesos de decisin de los poderes pblicos o en la estructura del Estado. En todo caso en la medida que la Carta Constitucional lleva a cabo una pormenorizada estructuracin de tales poderes pblicos este derecho aqu genricamente enunciado encuentra su plasmacin en la articulacin concreta de los poderes pblicos. Nos referimos esencialmente a la participacin en la funcin de direccin poltica que se ejercita fundamentalmente a travs del derecho de sufragio para la eleccin de las Cmaras, lo que supone indirectamente concurrir a la designacin del Gobierno 37, es decir, a la participacin a travs de los representantes. El hablar de representacin supone el estructurar una teora sobre cmo se ejerce el poder y cmo se puede conseguir, teniendo en cuenta que la poblacin es la titular legtima de la soberana y que quienes ejercen el poder lo hacen sustituyendo a quienes les seleccionan. Es decir, la voluntad del orden poltico procede de los ciudadanos que dejan de ser sbditos y que, como poder originario, aceptan someterse al mismo que se ha creado con su consentimiento. El pueblo es al mismo tiempo sujeto y objeto del poder. Se ha recordado muchas veces por los tratadistas que realmente el origen de la teora de la representacin est en una institucin de Derecho privado romano. Los romanos, que fueron los grandes creadores del Derecho, previeron que, ante la imposibilidad de la asistencia o la presencia de una persona, sta pudiera ser sustituida por otra, de manera que lo que haga ese sustituto dentro de los lmites del mandato pudiera tener la misma validez o imputacin que si lo realizara la persona sustituida. La operatividad de la representacin del Derecho civil ha llegado hasta nuestros das. Sin embargo, el problema que se plantea al extrapolar esta representacin al mbito pblico es que en la teora civilista se admite la revocabilidad en cualquier momento del apoderamiento por el mandatario. La necesidad de la representacin surge ante la imposibilidad material de que la totalidad de los ciudadanos que forman parte de una Comunidad puedan participar de forma directa en la adopcin de las decisiones ms bsicas para el funcionamiento de una comuni37 Vid. M. Snchez Morn, El principio de participacin en la Constitucin Espaola, en Revista de las Administraciones Pblicas, nm. 89, 1979, p. 192.
dad 38. Para superar la dificultad se seleccionan y eligen a unos sustitutos cuyas actuaciones tienen el mismo valor jurdico que si fueran realizadas por aquellas personas a las que representan. Pero todo ello para su vlida operatividad requiere que la representacin venga acompaada por una serie de caractersticas. En primer lugar, que no sea privada u oculta, tal como puede operar la representacin en Derecho privado. Por tanto, en el mbito poltico ha de ser pblica y notoria. En segundo lugar, que ha de actualizarse, pues la representacin, aunque en principio se concede por tiempo indefinido, en el mbito poltico se la considera sometida a un perodo de tiempo de razonable extensin temporal para el ejercicio del cometido que se encomienda, que suele ajustarse a la duracin de las legislaturas parlamentarias. Finalmente, que sea realmente sustitutoria, es decir, de manera que el representante sustituya plenamente, sin limitaciones o instrucciones. Centrndonos en esta ltima cuestin, el ciudadano no se siente realmente representado y cada vez se ve ms alejado del Parlamento.Y ello por distintas causas, la primera y quiz fundamental, porque en la democracia representativa combinada, como es el caso de Espaa, con un sistema de representacin proporcional, hay una ausencia en muchos casos de interrelacin directa entre elegidos y electores. Esto determina que en los distritos pequeos haya mucha ms relacin entre diputados y electores que en las circunscripciones grandes. Pero quiz la causa ms importante de este alejamiento se deba a que los partidos polticos monopolizan la estructuracin de la representacin poltica. Las decisiones polticas bsicas son normalmente adoptadas por los Comits Ejecutivos de los partidos, que es donde se toman las grandes decisiones que luego si son normativas se tramitan a travs de las Cmaras Parlamentarias ante la crtica de la ciudadana a los partidos polticos por ejercer una gran disciplina sobre sus propios miembros, pudiendo aparecer la imagen del parlamentario como autmata, casi mecnico, para conseguir la eficaz coherencia del partido. Ahora bien, aunque esta afirmacin es cierta y adems se ve reforzada por la existencia de listas cerradas y bloqueadas, no es menos cierto que con la generalizacin del sufragio universal sin el activismo de los partidos polticos sera muy difcil que funcionasen las instituciones del Estado, ya que partimos de una sociedad invertebrada, formada por un colectivo de individuos, por muy notorios que sean, desorganizados y carentes de disciplina, y, por tanto, imposibilitados para crear una oferta electoral con una mnima imagen de coherencia.A los grupos de notables, aunque escogiramos las personas ms sabias y ms valiosas del pas, resultara muy difcil ponerles de acuerdo para que elaboraran un programa coherente. Las demandas de los ciudadanos encuentran respuesta en el poder poltico, lo que no sera posible ni imaginable sin la existencia de los partidos polticos y, por lo tanto, la interrelacin entre el sistema poltico estatal y el siste38
Recordemos que la democracia puede ser directa, semidirecta o representativa.
ma de partidos es de tal naturaleza que realmente la propia organizacin dota de legitimidad al funcionamiento del sistema poltico estatal a travs de la representacin que en las elecciones asumen aquellos elegidos o representantes que se integran en las instituciones del Estado para su operatividad. Sin entrar ahora en la discusin de este tema, s debemos recordar, en todo caso, las palabras de Leibholz: el estatus jurdico constitucional del pueblo es el estatus de los partidos, por eso cada pueblo tiene los partidos que se merece. Si analizamos cmo opera la democracia de partidos sobre la adopcin de decisiones en los Parlamentos, veremos que el Parlamento es hoy da una institucin que tiene como esencial funcin la de legislar, controlar al Gobierno, aprobar las principales operaciones financieras, econmicas e impositivas y el examen y aprobacin de los presupuestos anuales. Se parte de la idea de que el Parlamento dispone por su composicin de una estructura organizativa que le permite desarrollar estas tareas. Pero cuando se produce electoralmente una mayora absoluta de la que dispone un grupo parlamentario el resultado es que la mayora de las leyes que se aprueban proceden de proyectos del Gobierno y no de la oposicin. La pregunta que surge es: quin legisla realmente,el Parlamento o el Gobierno? Hoy en da en los modelos parlamentarios buena parte de las tareas legislativas le corresponde al Gobierno. Ante el control del Parlamento por los grupos mayoritarios cabe preguntarse qu hace el Parlamento en materia legislativa. Se puede contestar que, en todo caso, le pertenece el debate pblico de los proyectos legislativos, la publicidad que permite a los ciudadanos enterarse de qu se trata y de la existencia de otras ofertas de contenido u opciones distintas. La realidad y experiencia acredita que el debate pblico en el Parlamento tiene importancia y tambin su formalizacin, pues el Parlamento se ha venido trasformando en una Cmara de formalizacin o de legitimacin de las leyes, aunque el autor material de las leyes suele ser el Gobierno. Respecto a su funcin de control, no cabe la menor duda que se ha transformado en la funcin ms importante del Parlamento, ya que es la funcin que permite que la democracia siga funcionando, en cuanto que la opinin pblica establece sus valoraciones, que un da se transformarn en votos. Efectivamente, el control parlamentario se lleva a cabo a travs de las preguntas, de las interpelaciones, proposiciones no de ley, mociones, comparecencias, etc. Estos debates van conformando la opinin pblica. Por lo que si bien muchas veces estas medidas de control no tienen efectos jurdicos, s los producen polticos a medio plazo. Se justifica la preocupacin de que haya mecanismos que permitan que el electorado pueda conocer o de alguna manera informarse de cmo van los debates parlamentarios, lo que se centrara en la segunda cuestin a la que nos hemos referido antes, esto es, la publicidad de la actividad parlamentaria.
5.2. El principio de publicidad parlamentaria De conformidad con el artculo 80 de la Constitucin y su homlogo en los distintos Estatutos de Autonoma, los Parlamentos se rigen por el principio de publicidad. Principio ste que no debera ni siquiera reconocerse, porque la publicidad de la actividad parlamentaria es inherente al concepto moderno de democracia representativa, su reconocimiento a nivel constitucional resulta, en cierto modo, innecesario.Aun cuando los textos constitucionales guarden silencio al respecto, como suceda en la Constitucin espaola de 1931, el principio de publicidad debera presuponerse como un corolario o una consecuencia lgica del sistema. Ahora bien, aunque este principio, en expresin de Carl Schmitt, es el espritu del parlamentarismo 39, fue rigurosamente desconocido en la prctica parlamentaria anterior a los procesos revolucionarios burgueses. En la historia poltica y constitucional inglesa rigi el principio contrario, el de guardar secreto, en el sentido de, por un lado, impedir al pblico el acceso a los lugares de sesiones y, por otro, prohibiendo a los diputados, o personas ajenas al Parlamento, publicar o dar noticias de los contenidos o debates parlamentarios, en aras a proteger a los diputados de las posibles venganzas y arbitrariedades de los monarcas, as como de las presiones y veleidades de las masas de Londres. Pero conforme la prerrogativa regia se hace cada vez ms restringida y el Parlamento adquiere autonoma frente los dems poderes estatales, el secreto de las deliberaciones comienza a perder su razn de ser. Careca de sentido seguir hablando, en nombre de la independencia del Parlamento, de la necesidad de proteger a sus miembros de injerencias extraas a travs del secreto cuando el Parlamento es ya social y polticamente la auctoritas mxima. Sin embargo, legalmente en Inglaterra se mantuvo el rgimen legal del secreto, lo que gener tensiones entre la sociedad y el Parlamento. En efecto, a pesar de las prohibiciones reglamentarias, nadie pudo impedir que en el mbito social aparecieran las hojas de noticias, New Letters, dando cuenta de los debates de las Cmaras. Precisamente, para evitar los relatos imprecisos de las hojas de noticias, la Cmara de los Comunes se vio obligada a publicar oficialmente los Votes and proceedings, bajo la vigilancia del speaker, de tal suerte que durante un cierto tiempo se cre una situacin ambigua determinada por la existencia de editores y reportes privados de la actividad parlamentaria, frente a unas publicaciones oficiales sin difusin ni incidencia social alguna. La Cmara de los Comunes procedi contra los transgresores del secreto parlamentario y los editores privados, lo que dio como resultado una serie de incidentes notables, como el protagonizado por el presidente de la Asociacin de la City de Londres, que a pesar de ser diputado, fue conducido a la Torre por defender la causa de los reporters priva39
Vid. Carl Schmitt, Die geistesgesichichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Mnchen-Leipzig,
dos 40. Defender la publicidad de los actos del Parlamento significaba, por un lado, romper con el carcter secreto de la poltica, propio de las concepciones dictatoriales y absolutistas, y, por otro lado, eliminar el distanciamiento entre representantes y representados. En suma, como dijo Sir Francis Winnington, diputado de la Cmara de los Comunes, en 1681, no es natural ni racional que el pueblo que nos ha elegido no est informado de nuestras acciones. Sobre estas mismas pautas un siglo ms tarde Burke proclamara la conveniencia de la publicacin oficial de todos los actos de las Cmaras. Pero sera Bentham, en su obra Essays on Politicals Tactics, quien asumira la defensa profunda del principio de publicidad. La lucha en favor de la publicidad que tiene lugar en Inglaterra no se produce, sin embargo, en el continente europeo, porque cuando se volvi a instaurar la institucin parlamentaria, despus de dos siglos de absolutismo, lo hizo proclamando los principios del parlamentarismo moderno. Para los revolucionarios franceses era claro, como afirma Esmein, que el principio de publicidad constituye una garanta esencial para la libertad poltica 41. Fiel a esta idea, la Constitucin de 1791 establecera en su Ttulo III, Captulo III, Seccin 2, artculo 1, que las deliberaciones del cuerpo legislativo sern pblicas y las actas de sus sesiones sern siempre impresas. Se constitucionalizaban as las dos formas de publicidad: presencia del pblico en las sesiones y publicacin de los debates. Sobre estas pautas se desarrollar todo el constitucionalismo europeo despus de la Revolucin.Y, siguiendo tambin este modelo, las Constituciones histricas espaolas, excepcin hecha de la Constitucin republicana de 1931, insertarn expresamente en su articulado el principio de publicidad parlamentaria 42. Las revoluciones burguesas dejan de considerar al Parlamento como un rgano de Estado para entenderlo como un rgano de sociedad; como deca Von Stein, es el rgano mediante el cual la sociedad domina al Estado, el Parlamento es pieza fundamental del sistema poltico, pero slo encontrar su razn de ser si se incardina en la estructura de la opinin pblica y de la publicidad, su finalidad es la de dar traduccin poltica a la discusin y opinin pblica forjada por los particulares. Este principio de publicidad es el que realmente ha hecho evolucionar al Parlamento, acercndolo al ciudadano, a travs de una poltica comunicativa acorde con la modernidad de su poca, y que actualmente la que nos ha tocado vivir es la de las nuevas tecnologas.
Vid. L. Hanson, Government and the press (1695-1763), Londres, 1936, pp. 81 y ss. Vid.A. Esmein, op. cit., p. 370. 42 Vid. Pedro de Vega Garca, Artculo 80 de la Constitucin: las sesiones plenarias de las Cmaras, en scar Alzaga (dir.), Comentarios a la Constitucin Espaola, tomo VI, artculos 66 a 80, pp. 800 a 815.
VI. LA POLTICA COMUNICATIVA DE UN PARLAMENTO La poltica comunicativa del Parlamento actual parte de la necesidad fundamental de acercar el Parlamento a la sociedad, a los ciudadanos, pues son ellos los que han depositado su voto y su confianza en los miembros del Parlamento que ostentan su representacin por imperativo constitucional. Los ciudadanos de toda democracia deben y tienen que sentirse involucrados en las decisiones que adoptan en su Parlamento, para ello esta institucin tiene que ser conocida, comprendida y respetada. En nuestra opinin los Parlamentos son poco conocidos, siendo muchas veces el Hemiciclo, a lo sumo, el nico reflejo ante la sociedad de lo que es un Parlamento.Dato del que se deduce que el Parlamento es una institucin cerrada sobre s misma, a pesar de ser la dependencia pblica ms abierta de todas las instituciones de nuestro pas. No existe ningn mbito de la actividad parlamentaria que no sea objeto de conocimiento por parte de los medios de comunicacin. Esto debera traducirse en un conocimiento por parte de los ciudadanos de toda la actividad parlamentaria, lo que es, a todas luces, incierto. La imagen que llega a los ciudadanos queda habitualmente distorsionada, alterada, omitida, en lo que es su funcin institucional nuclear. Ello se debe a que la prensa moderna obedece a una lgica mercantil, prima lo que vende, y la venta de un producto en un peridico, telediario, informativo radiofnico, etc., conduce a privilegiar lo anecdtico, lo sorpresivo, lo sensacional, lo novedoso, la exclusiva y a desdear lo que se considera aburrido o ms o menos pesado. El Consejo de Europa, en su Recomendacin 1215 y Resolucin 1003, en 1993, estableci que las empresas editoras no deban de tratar a la informacin como una mera mercanca que les pertenece, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos a recibir informacin veraz, y que en consecuencia el sentido de la actividad informativa no debiera ser orientado o explotado con la finalidad de aumentar el nmero de lectores o la audiencia, y, por lo tanto, los ingresos publicitarios. Los medios de comunicacin deben asumir frente a los ciudadanos y la sociedad la responsabilidad moral de defender los valores de la democracia, el prestigio de las instituciones, la actitud de tolerancia, el respeto a la dignidad humana y oponerse al lenguaje del odio y del enfrentamiento. Estas recomendaciones fueron consideradas inaceptables por los editores, quienes argumentaron que esta Resolucin atentaba y restringa la libertad de expresin. Hoy ms que nunca el cuarto poder del Estado se ha convertido en el primero, hasta el punto de poder afirmarse que el podero de los medios de comunicacin es tal, en concreto la televisin y la radio por su inmediatez, que incluso se erigen, mediante su juego, en autnticas instituciones polticas. En efecto, a travs de sus emisiones se presentan ante los ciudadanos como lugar solemne de arbitraje de los debates polticos dramatizados segn las reglas de sus espectculos 43.
Vid. Roland Caynol, Medias e Democratie la Derive, Presses de Sciences Po, Pars, 1997.
El surgimiento de nuevos gneros periodsticos, como el hacer primar palabras altisonantes y sacadas de contexto, imgenes novedosas y a poder ser fuertes y con violencia, o escenificaciones sugestivas, catastrofistas, etc., ha llegado a significar que lo que no rene ese atractivo tiende a no existir, a ser ignorado. Dentro de este nuevo gnero periodstico hay que sealar los debates por su relacin directa con el Parlamento. Estos debates y su nueva escenificacin tienden a suplantar al Parlamento y aunque los teleoyentes saben que es un programa son los nicos debates polticos que llegan a la poblacin. Los debates parlamentarios, su actividad institucional, se encuentra entre esas realidades que por ser consideradas aburridas se decide que no venden o que no tienen audiencia y, en consecuencia, son obviadas por lo general, salvo en circunstancias muy sealadas, como los debates de investidura, comisiones de investigacin, etc.Y ello es debido a que los parlamentarios deben tratar de resolver los problemas de la ciudadana,lo que supone estudiar materias tan complejas como la educacin, sanidad, justicia, seguridad, etc., y ello lleva aparejado, necesariamente, largos y tediosos debates con procedimientos complejos y dilatados en el tiempo. El problema radica en estas dos cuestiones contrarias entre s, que sin embargo estn abocadas a convivir: por un lado, el conseguir un debate poltico gil y ameno, que interese al ciudadano y le permita conocer la opinin de sus representantes en aquellos asuntos que le preocupa, para despus establecer sus valoraciones y transformarlo en voto, y, por otro, la necesidad de que el Parlamento ponga a disposicin de todos sus representantes los medios materiales y formales para el conocimiento, estudio y control exhaustivo de los problemas que preocupan a estos ciudadanos. La solucin es muy difcil y la nica plausible sera que el Parlamento debe venderse mejor, terminologa inapropiada a la dignidad de aqul, pero expresiva de la realidad, porque un pas democrtico no tiene mejor producto que su Parlamento, pues es cabalmente lo que constituye su esencia: sin Parlamento no hay democracia. Es por tanto necesario dar a conocer el producto para que la gente lo compre, a sabiendas de que en esa compra nos va mucho a todos, est siempre en juego la libertad. Hablamos por tanto del producto ms importante del pas. Par dar a conocer el Parlamento hay que adecuarse a las necesidades del mercado, sin olvidar nunca qu es lo que se ofrece. Una forma habitual de que lo debatido en un Parlamento trascienda a la ciudadana puede ser a travs del espontneo y nada formal comentario sobre la marcha, en los pasillos o la rueda de prensa buscada por poltico y periodista. Se tratara de que los ciudadanos asociasen la actividad poltica con la actividad parlamentaria para que entiendan que el Parlamento es el centro neurlgico de la vida colectiva, que sigue manteniendo las virtudes de foro pblico como en la sociedad ateniense o romana. Sin embargo, la noticia no se asoma con tanta facilidad en las actividades formales del Parlamento, tales como la aprobacin de una ley y los actos de
control.Y es esta actividad la que verdaderamente demanda la elaboracin de una estrategia comunicativa. Lo primero es tomar conciencia clara de la gran diversidad de materias que estn debatindose al mismo tiempo. Es difcil para un medio de comunicacin hacer un seguimiento de todo lo que ocurre en un da con suficiente atencin.Ahora bien, aqu lo importante sera lograr que los medios trasmitieran justo eso: que en un da las Cmaras estn estudiando muchos asuntos donde el inters general est involucrado. A tal efecto los Parlamentos llevan a cabo distintas iniciativas, como las campaas institucionales, los vdeos de distribucin gratuita, organizacin de eventos, visitas de estudiantes, conmemoracin de acontecimientos, libros divulgativos o institucionales, organizacin de jornadas, debates, pginas web, etc. Ahora bien, justo porque es la materia diversa y compleja, el Parlamento debe acercarse a los ciudadanos a travs de los medios de comunicacin, ordenar la informacin hacindola comprensible y destacando incluso aquellos asuntos que ms inters pueden despertar en los lectores, oyentes y/o videntes. Desde los departamentos de prensa de la institucin se debe facilitar a los medios de comunicacin la informacin sobre las actividades de la Cmara y las decisiones adoptadas por sus rganos rectores; las convocatorias y rdenes del da de las actividades de las semanas siguientes de modo que los medios puedan ver los temas que les sean de inters y difundirlos; enviar a los medios que no han estado presentes fsicamente todas las notas de prensa sobre la tramitacin parlamentaria; recoger cualquier demanda de informacin que se realice por internet; que los informadores puedan seguir el trabajo tanto en comisin como en pleno mediante monitores de televisin y audio; que los informadores puedan enviar a sus respectivos centros en directo, con la calidad profesional, toda la informacin; instalacin de cmaras de televisin en las Comisiones y en el Hemiciclo; la difusin de la informacin de los grupos parlamentarios; la organizacin de ruedas de prensa, etc. En suma, el Departamento de Prensa de un parlamento debe intentar adoptar todas las medidas necesarias para poner en conocimiento de los medios de comunicacin, los grupos parlamentarios y organismos oficiales la actividad realizada por la institucin. Por su parte, las diferentes direcciones de una Cmara tienen que contribuir a esta difusin mediante distinto mtodos, como, por ejemplo, el poner a disposicin los Diarios de Sesiones inmediatamente despus de la celebracin de una sesin plenaria o una comisin, elaborar videografas de las sesiones, actualizando el contenido de la pgina web, para que cualquier cibernauta pueda acceder a la mxima informacin parlamentaria (desde las intervenciones de los diputados, en pleno o en comisin, hasta el texto del reglamento de la Cmara, estructura organizativa, biografa de aqullos con su correo e-mail, los datos electorales, las publicaciones, iniciativas, etc.) o incluso mediante la tenencia del propio canal parlamentario en televisin.
Es bastante evidente que las posibilidades que brindan las nuevas tecnologa son enormes, al hacer posible que cualquier ciudadano interesado pueda consultar por s mismo la informacin parlamentaria con gran inmediatez y a veces en tiempo real. Puede que por esta va se d un giro al modo de informar sobre lo parlamentario, de manera que no ofrezca ya el carcter de fuente de noticias en s mismo, sino que pase a ser un elemento ms, entre otros, que influye en temas y situaciones donde interviene otras fuentes y actores. Porque, cuando se sabe que la informacin puede ser obtenida directamente por todos los interesados con la facilidad e inmediatez apuntadas, merced a las nuevas tecnologas, pierde mucho sentido la labor de intermediacin que los medios de comunicacin ahora brindan y conducir a stos, de modo imperceptible, a variar su enfoque profesional. La Asamblea de Madrid, en lnea con el resto de las instituciones parlamentarias, tambin ha adoptado distintos medios y tcnicas para darse a conocer por el ciudadano y la sociedad madrilea intentando captar su atencin y que despus se materialice en el voto. En relacin con la actividad parlamentaria puede decirse que no hay ningn mbito de la misma que no sea objeto de conocimiento por parte de los medios de comunicacin y en consecuencia de los ciudadanos. En la actualidad existen aproximadamente 20 30 medios de comunicacin acreditados en la Cmara de forma permanente con sus 46 informadores respectivamente. Pero la poltica comunicativa de la Cmara es la no prohibicin de entrada en la sede de ningn medio de comunicacin que tenga informativos, aunque formalmente slo estn acreditados 20 30. Estas cifras significan en el da a da de la Asamblea que, cuando no hay prevista ninguna actividad parlamentaria, puede haber en la Cmara entre 20 30 informadores para las actuaciones institucionales o de los diferentes grupos parlamentarios. Los das que se celebran sesiones plenarias o de comisiones se duplican y cuando se trata de grandes debates la presencia de los representantes de los medios de comunicacin se cuadruplica 44. En la Asamblea de Madrid hay productos muy diferentes, unos formalizados totalmente en procedimientos varios; otros espontneos, y por consiguientes nada formales, como el comentario sobre la marcha o la rueda de prensa buscada por el diputado y el periodista. Normalmente es este ltimo el que trasciende a los medios de comunicacin, porque es el que se adapta a su ritmo, es el que hace la noticia. En relacin con l, la Asamblea de Madrid ha creado una imagen corporativa, que permita identificar visualmente el producto de pasillos para que el ciudadano sea consciente de que es en el Parlamento donde se estn debatiendo sus problemas, esto es, que el Parlamento sigue manteniendo las virtudes de foro pblico y siendo el centro neurlgico de su actividad poltica. Es decir, se trata de que todo el que vea las imgenes pueda inmediatamente relacionar esa actividad con el Parlamento.
44 Recurdese que en la VI Legislatura en la Comisin de Investigacin lleg a haber en la Asamblea hasta 650 medios de comunicacin espaoles e incluso europeos.
Respecto al producto formalizado, porque la materia es diversa y compleja, la Asamblea, a travs de su Departamento de Prensa, pone a disposicin de los medios de comunicacin para el ejercicio de sus funciones: Toda la informacin sobre la actividad de la Cmara y las decisiones adoptadas por sus rganos rectores. Cada lunes y martes se ponen a disposicin de los medios de comunicacin las convocatorias y rdenes del da de las actividades parlamentarias de la semana siguiente, de modo que los medios puedan ver con antelacin suficiente los temas que pueden ser de su inters. Esta informacin se mantiene actualizada durante toda la semana y se completa con aquellos documentos oficiales que permitan a los representantes de los medios de comunicacin realizar un mejor seguimiento de las sesiones. Se enva a los medios que no han podido estar presentes, por correo electrnico, todas las notas de prensa sobre la tramitacin parlamentaria, as como cualquier otra documentacin que se solicite por esta va. Adems, la direccin de correo electrnico del Departamento de Prensa recoge cualquier demanda de informacin que se realice por internet. Por otra parte, los informadores cuentan con todos los medios materiales necesarios para acceder a esta informacin.A travs de la sala de prensa y de las catorce cabinas instaladas alrededor del Hemiciclo, adaptadas incluso para minusvlidos, con seales RDSI para poder conectar con su medio de radio y televisin directamente sin ruido alguno. Las cabinas destinadas a las emisoras de televisin reciben adems la seal institucional del Hemiciclo con calidad profesional y pueden enviar directamente a sus respectivos centros en directo mediante fibra ptica toda la informacin que se genere en la Asamblea. Existen tambin cmaras por control remoto en las salas de las Comisiones y en el Hemiciclo. La poltica comunicativa de la Asamblea muestra a la Institucin como un rgano pluripartidista donde todos los ciudadanos se sienten representados. Para ello el Departamento de Prensa mantiene una estrecha relacin con los grupos parlamentarios en la difusin de su propia informacin y en la organizacin de las conferencias de prensa de cada uno de ellos. Por su parte la Mesa y la Junta de Portavoces mantiene un encuentro con los medios de comunicacin al trmino de cada reunin. El Departamento de Prensa elabora un resumen de los acuerdos adoptados por al Mesa y los facilita a los medios.As como organiza una rueda de prensa al finalizar la Junta para los distintos portavoces. Los medios de comunicacin, grupos parlamentarios y organismos oficiales pueden obtener, inmediatamente despus del trmino de una reunin, copias de las actas taquigrficas de las sesiones del Pleno y Comisiones. Asimismo, los diputados y miembros del Gobierno pueden obtener copias videogrficas de las sesiones plenarias que son gravadas por los servicios audiovisuales de la Asamblea.
Finalmente, y para concluir, podemos decir que como parte de esta realidad de comunicacin en la que la Asamblea est inmersa hay que resaltar de nuevo la idea de institucin abierta y que se plasma no slo con la presencia de los medios de comunicacin profesionales, sino tambin por las visitas a la Cmara, por la pgina web, Jornadas de Puertas Abiertas, retransmisin de los plenos por internet, por el programa de Telemadrid los domingos por la maana, el canal parlamentario, publicaciones de libros, exposiciones, conferencias, foros y dems actividades, como aniversarios o actos solemnes que permitan al Parlamento de Madrid acercarse a todos los ciudadanos de su Comunidad.
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