Source: https://www.scribd.com/document/20126310/impugnacion-ugolini
Timestamp: 2017-08-22 00:20:19+00:00

Document:
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009 Al Sr. Subsecretario de Justicia Dr.
Daniel Agustín Presti CC: Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ing. Mauricio Macri
Ref: Proceso de selección Juez del Tribunal Superior de Justicia Decreto 1620/03 Candidata Daniela Ugolini-
De nuestra mayor consideración: Las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted a efectos de participar en el proceso de selección para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y presentar una impugnación a la candidatura de Daniela Ugolini, conforme el artículo 3 del Anexo del Decreto 1620/03. De acuerdo con la publicación de la propuesta de la candidata Daniela Ugolini en el Boletín Oficial de la Ciudad del día 20 de agosto de 2009, hacemos esta presentación cumpliendo con los requisitos y los plazos establecidos en el Decreto mencionado. Al mismo tiempo, las organizaciones firmantes, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, declaramos bajo juramento la veracidad de los datos que aportaremos. El decreto 1620/03 hace explícitas las consideraciones constitucionales y valorativas a tener en cuenta para la selección de un magistrado o magistrada para el Tribunal Superior de Justicia. Estos requisitos son, según el decreto, la idoneidad técnico-jurídica y moral, la independencia de criterio y el compromiso con los valores democráticos y de los derechos humanos. Esta norma es la manifestación del compromiso de los órganos políticos encargados de la selección de los jueces para la conformación de una justicia democrática, independiente y de excelencia técnica que cumpla su rol constitucional de proteger los derechos de las personas y de consolidar el sistema democrático. Este proceso de selección está destinado a designar un miembro en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, de modo vitalicio, que tendrá por función —junto con el resto de los integrantes del tribunal— interpretar de manera última la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y constituirse en la última instancia jurisdiccional local de aplicación de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. El o la candidata que resulte de este proceso de selección debe mostrar un compromiso fehaciente con las declaraciones de principios y derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad. Es por ello que, de acuerdo con la relevancia institucional de este proceso de selección, entendemos que el procedimiento debe ser lo más amplio y participativo posible a efectos de otorgar plena legitimidad social y política a la decisión que tome el Poder Ejecutivo.
En este sentido, entendemos que la candidata propuesta debe mostrar una solvencia técnica y el compromiso necesario con estos valores, más allá de la conveniencia o inconveniencia que estas posiciones puedan representar para determinado gobierno. Sin embargo, por las consideraciones que expondremos a continuación, manifestamos que la candidata no cumple con estos criterios, expresados en los requisitos de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los valores democráticos y de derechos humanos, mencionados el decreto 1620/03, del artículo 1 del Anexo. En el presente proceso de selección se está eligiendo un magistrado o magistrada para el máximo tribunal del poder judicial de la Ciudad. El cargo debería recaer en uno o una de los mejores juristas de la Ciudad o del país. De los antecedentes curriculares de la candidata, no se detecta que haya escrito siquiera un libro sobre alguna temática particular, de su especialidad. Tampoco es profesora Titular de alguna Universidad pública. Sin embargo, podría suceder que se haya dedicado a la vida profesional, y de su trabajo se desprenda esta excelencia. Lamentablemente, luego de analizar sus dictámenes, estamos convencidos de que no es el caso. Para conocer sus posiciones jurídicas y analizar su idoneidad técnica, evaluamos los dictámenes elaborados en ejercicio de sus actuales funciones en el Poder Judicial, como fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y las que ha realizado anteriormente como Procuradora General de la Ciudad. Esta trayectoria nos permitió constatar sus inaceptables posiciones jurídicas en relación con la vigencia de la Constitución y los derechos humanos, y su independencia de criterio. En una gran cantidad de casos de indudable interés público la candidata Ugolini convalidó el accionar del Gobierno pese a que éste resultara claramente violatorio de derechos fundamentales de los/as habitantes de la Ciudad, y evidenció un grave desconocimiento de normas y estándares básicos que forman parte de nuestro derecho constitucional y supra-constitucional. Como veremos a continuación, los dictámenes de la candidata Ugolini expresan una concepción inconstitucionalmente restrictiva tanto del alcance de los derechos económicos sociales y culturales reconocidos en nuestra normativa, como de los derechos civiles y políticos, en este caso, el derecho a la libertad de expresión, a peticionar a las autoridades y de reunión. La gravedad de la propuesta que se somete a consideración pública reside en que sus posiciones no resultan ser “una interpretación posible más dentro del marco constitucional”, sino que por el contrario constituyen opiniones que caen por fuera de la esfera de la Constitución de la Ciudad, de la Nación y de los tratados internacionales de derechos humanos. En la medida que este trámite participativo tiene como objetivo generar la mayor cantidad de información posible y ampliar los debates en torno a la justicia para una mejor toma de decisión del Jefe de Gobierno y de la Legislatura, las objeciones, dudas y sospechas fundadas que aquí se exponen deberán ser analizadas y tenidas en cuenta al momento resolver la propuesta. 1. Falta de idoneidad técnica y moral: la ausencia de compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos
1. a Idoneidad moral: A fin de valorar adecuadamente la idoneidad moral de la candidata propuesta resulta indispensable acceder a información completa y detallada sobre distintos aspectos de su ejercicio profesional, que no fue acompañada en su currículum vital ni en su declaración jurada. Así, la candidata Ugolini manifiesta que desde el año 1974 al año 2000 realizó asesoría jurídica a empresas, período durante el cual simultáneamente se desempeñó como abogada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose a cargo de la Procuración General de la Ciudad desde el año 1999. En orden a determinar la existencia de posibles conflictos de intereses es preciso que la candidata propuesta informe completa y detalladamente a qué empresas asesoró durante el tiempo en el que se desempeñó como abogada del Gobierno de la Ciudad. A su vez, pese a que en su currículum vitae sostiene que durante el período 1974-2000 asesoró jurídicamente a empresas, en su declaración jurada la Dra. Ugolini informó que no pertenece ni perteneció a ningún estudio jurídico. En ese sentido, resulta imprescindible que aclare desde dónde desarrolló esa actividad profesional. 1. b La interpretación de la candidata sobre el alcance de los derechos constitucionales La candidata exhibe un criterio severamente restrictivo del derecho a la libertad de expresión y desconoce las normas constitucionales que prohíben la censura previa. En el caso “Asociación Cristo Sacerdote y otros contra/GCBA sobre otros procesos incidentales” (Expte. N° 14194/1), la jueza de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la asociación demandante y ordenó suspender de forma cautelar los actos administrativos que dispusieron la realización de la muestra artística “León Ferrari. Retrospectiva. Obras 1954-2004” en el Centro Cultural Recoleta. El Gobierno apeló la decisión. La candidata Ugolini, en su carácter de fiscal de Cámara, dictaminó en sentido coincidente con la jueza de primera instancia. Finalmente la Cámara revocó el pronunciamiento de la jueza, por considerar que se estaba ante un caso de censura judicial, claramente prohibida en nuestro sistema constitucional. En su dictamen Ugolini sostuvo que “algunas de las obras expuestas en la muestra artística de León Ferrari han podido generar un daño al sentimiento religioso de la comunidad cristiana…la libertad de expresión no es libertad de agresión y, por ello, resultando suficientemente demostrado que se ha generado un daño al sentimiento religioso, no encuentro razones que justifiquen que ese daño no deba evitarse… No basta en mi opinión la advertencia de un cartel indicando que la obra puede afectar el sentimiento religioso, ya que precisamente la ofensa no se evita por ello. Si bien tal cartel puede evitar la entrada de quien pueda sentirse ofendido, la ofensa al sentimiento religioso de la comunidad cristiana está en la propia exhibición pública de expresiones que agreden el sentimiento religioso y que la Ciudad posibilita. En definitiva, no se trata de impedir la exhibición de obras artísticas, sino de impedir la
exhibición de “ofensas”: el artista no tiene inmunidad de agresión. La expresión artística cuestionada es claramente una expresión “anti cristiana”, ya que las obras, tal como pueden interpretarse de la manera más objetiva posible, demuestran desprecio e insulto para los símbolos cristianos y los pone en situaciones cuanto menos ridículas”. El criterio expuesto por la Fiscal resulta claramente violatorio de la Constitución Local1, de la Constitución Nacional2 y de diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen privilegiadamente el derecho a la libertad de expresión. Tal derecho se integra con la facultad del artista de exponer su obra públicamente y con la del público de contemplar la obra. El derecho a la libertad de expresión es un derecho esencial en todo estado democrático. Sin libertad de expresión no puede concebirse un debate público libre y robusto que asegure la adopción autónoma de creencias y planes de vida. Por tal motivo, en mérito a la especial protección que merece este derecho y a su íntima conexión con el sistema democrático, las normas constitucionales y supranacionales vigentes establecen con toda claridad que su ejercicio no puede estar sujeto a censura previa, sino que sólo podrá estar sujeto a responsabilidades ulteriores en ciertos casos precisamente determinados.3 Con su opinión la Fiscal pretendió que se autorice una inaceptable censura estatal –en este caso judicial- sobre la expresión artística, lo cual evidencia un criterio peligrosamente restrictivo del derecho a la libertad de expresión. La función del arte no es simplemente recreativa, es a su vez, vanguardia provocadora, y la mayoría de las
El art.32 establece que “La ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras. Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país; propicia el intercambio; ejerce la defensa activa del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la superación de las barreras comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve la capacitación profesional de los agentes culturales; procura la calidad y jerarquía de las producciones artísticas e incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular; contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones. Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios”. A su vez, en su art. 12 inc. 2 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura. 2 La Constitución Nacional dispone en su artículo 14 que todos los habitantes de la Nación gozan, entre otros, del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa y, a su vez, el artículo 32 establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística” (art. 13). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene una referencia similar a la transcripta del Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 19. 3 Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o la reputación de los demás o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.” (artículo 13.2.).
veces provoca sentimientos encontrados. Eso es, justamente, lo que protege la garantía de la libertad de expresión. La inobservancia de estos preceptos legales pone de manifiesto no solo sus convicciones personales sobre el tema sino la falta de idoneidad técnica jurídica para desempeñarse como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La candidata sostiene un criterio sumamente lesivo del derecho a peticionar a las autoridades y del derecho de reunión de los/as habitantes de la Ciudad. En el caso “Verazay Irma contra GCBA sobre otros procesos incidentales”(Expte 29883/1), la candidata Ugolini se pronunció sobre la instalación de carpas en la Plaza de los Dos Congresos por la agrupación Compromiso K, a raíz del conflicto generado como consecuencia del dictado de la resolución 125/08 del Ministerio de Economía de la Nación. La demandante había comunicado a las autoridades del GCBA la instalación de las carpas, en cuyos ámbitos se darían conferencias explicativas. Ese mismo día funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad se hicieron presentes con la decisión de ordenar el levantamiento de las carpas. La jueza de primera instancia ordenó al Gobierno abstenerse de llevar adelante cualquier acción tendiente a desalojar o levantar de cualquier forma la instalación de las carpas instaladas, identificadas con el logo de “Compromiso K”, y la libre circulación y permanencia de personas en ellas y sus inmediaciones, hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión. Apelado el fallo por el Gobierno, y aunque las carpas ya habían sido retiradas por la agrupación demandante, la fiscal Ugolini decidió pronunciarse sobre el tema debido a que el caso era susceptible de repetición, puntualizando que el interés comprometido en el uso del espacio público imponía a esa Fiscalía efectuar ciertas consideraciones. En su dictamen Ugolini opinó que el otorgamiento de permisos de uso del espacio pertenece al ámbito de la actividad discrecional de la Administración, agregando que el Estado no sólo tiene el derecho sino también, y fundamentalmente, el deber de velar por la conservación del dominio público. El dictamen de la fiscal revela una interpretación inconstitucional del derecho de peticionar a las autoridades, del derecho de reunión y del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía sobre asuntos de indudable interés público. Tales derechos merecen la máxima protección en un Estado democrático y participativo (art.1 CCABA), lo que implica que el criterio de la fiscal en relación con la discrecionalidad estatal en el otorgamiento de permisos de uso del espacio público a los fines de expresarse y protestar resulta constitucionalmente inaceptable. Como resulta obvio, el alcance del derecho a usar el espacio público para ejercer el derecho de reunión, el derecho a protestar y manifestarse sobre asuntos de trascendencia e interés público no puede depender de la voluntad discrecional del Gobierno. Sin embargo, la fiscal no efectuó el menor desarrollo sobre los alcances de los derechos
invocados por los manifestantes, limitándose a sostener la discrecionalidad del Gobierno en el otorgamiento de permisos. Tal limitado entendimiento sobre el derecho a la protesta, a la reunión y a la libertad de expresión resulta contrario a los principios que rigen en una democracia constitucional, que sitúan en un lugar privilegiado el derecho de la ciudadanía a expresarse, máxime cuando se discuten asuntos de interés público y de gran trascendencia institucional. Frente a la entidad de tales derechos no puede sostenerse que el otorgamiento de permisos sea una facultad discrecional, pues ello implica negarles carácter de derechos, y convertirlos en meras concesiones facultativas del poder gubernamental. Pese a la especial trascendencia de los derechos en juego, en su dictamen Ugolini ni siquiera analizó la afectación que el levantamiento de las carpas hubiera ocasionado a los derechos constitucionales de los/as demandantes y de la ciudadanía en general, limitándose a sostener que no contaban con permiso para instalar las carpas. En ese aspecto, el dictamen se encontraba, además, deficientemente fundado. Al mismo tiempo, fueron especialmente preocupantes sus afirmaciones en cuanto al alcance de las facultades gubernamentales. La fiscal sostuvo que “[g]arantizar el uso común conlleva la facultad para actuar por sus propios medios sin necesidad de la intervención judicial para evitar ataques o turbaciones que constituyan obstáculos para la integridad o el fin al que la cosa pública está destinada, debiendo ser dicha acción tan rápida y enérgica como sea posible…” (el resaltado no está en el original). Es decir que a criterio de la fiscal, el Gobierno se encuentra autorizado a desalojar “en forma tan rápida y enérgica como sea posible”, a quienes instalen carpas en espacio públicos a los fines de ejercer su derecho de peticionar a las autoridades sobre asuntos de trascendencia pública, sin requerir intervención judicial. Como resulta evidente, el criterio de Ugolini es inaceptable e incompatible con los estándares constitucionales que se derivan de la forma republicana de Gobierno y de la democracia participativa que sostiene nuestra Constitución local. Si esto no fuera así, el derecho a manifestar sería inexistente. Los dictámenes de la fiscal Ugolini reducen a nada el derecho a la vivienda de niños/as y adultos/as en situación de calle, vulnerando también su derecho a la salud y su derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social.En numerosas causas4 la fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario debió pronunciarse sobre las acciones de amparo interpuestas por personas
Caballero Liliana Beatriz Contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 25619/0; Ibarrola Alvarenga Miriam y otros contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 18305/0; Ortiz Luis y otros Contra Gcba Sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 18174/0; Diaz Chaname Martha Contra Gcba Sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 16517/0; Sanchez Victor Fernando y otros contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 16089/0; Torbellino Hinostroza Silvia y otros contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 13306/0; Gonzalez Maria de los Angeles y otros contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 12948/0; Montenegro Norma Ester contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 11848/0; Vigo Marin Erika Milagritos contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 30315/0; Caponi Carlos y otros contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 30268/0; Quintanilla Espejo Pamela Alizon contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 30186/0; Bernstein Miriam Graciela contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 30188/0; Samudio Bordon Sonia y otros contra Gcba y otros sobre
que solicitaban ser reincorporadas a los planes de emergencia habitacional creados por el Gobierno. Las demandas se basaban en que una vez cumplido el plazo establecido en dichos planes, y pese a que en los casos planteados no habían cesado las causas que dieron lugar al otorgamiento del subsidio —las/os demandantes seguían en situación de calle— la Administración interrumpía las prestaciones, y se negaba a reincorporarlos/as a los planes habitacionales. La fiscal Ugolini negó el derecho de los y las demandantes a ser reincorporados/as a los planes de emergencia habitacional. El argumento central utilizado una y otra vez por Ugolini para dictaminar que los reclamantes no tienen derecho a continuar percibiendo el subsidio habitacional se basa en que “la fijación del plazo por el cual habría de otorgarse el subsidio constituye una facultad propia de la Administración ejercida según un criterio de oportunidad o mérito”5. De ese modo, la fiscal reconoce a la administración una facultad ilimitada para decidir si dará cumplimiento o no al derecho constitucional a la vivienda de los/as habitantes de la Ciudad, derecho claramente reconocido en normas de mayor jerarquía6. El programa
Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 29975/0; Saavedra Castillo Beatriz Liliana y otros contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba); Sotelo Valeria Mariana contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 29283/0; Veron Gloria Azucena contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 29128/0; Doval Amalia Monica Contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 28816/0; Fernandez Roxana Victoria contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 28581/0; Menge Jorge Cesar contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 28340/0. 5 Ibarrola Alvarenga Miriam y otros contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), Exp 18305/0; Ortiz Luis y otros contra Gcba sobre Amparo (Art. 14 Caba), Exp 18174/0. 6 La Constitución Nacional dispone en su artículo 14 bis, tercer párrafo que: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: (...) el acceso a una vivienda digna". Los Tratados internacionales de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional también han consagrado expresamente el derecho a la vivienda. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 25.1 que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial (...) la vivienda...". El artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre expresa que "toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a (...) la vivienda...". En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé en su artículo 11 que "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...". También la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial establecen similares previsiones. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño estipula que los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, "adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda" (art. 27.2). Finalmente, y en lo que respecta al ámbito local, la CCABA establece en su artículo 10 que rigen en el ámbito local "todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Éstos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos".
de entrega de subsidios es la única política estatal destinada a la población en situación de calle. En los casos analizados tal situación persistía, lo que implica que la fiscal Ugolini, al reconocer al Gobierno la facultad de cortar la asistencia habitacional, termina por reducir a una mínima expresión su derecho a la vivienda, desnaturalizando los tratados internacionales y las interpretaciones que realizaron los órganos de aplicación de dichos tratados. Contrariamente a lo afirmado por la fiscal, frente a toda exigencia constitucional o legal, la administración no está facultada, sino obligada a actuar en consecuencia. La discontinuidad de las prestaciones vulnera el principio de no regresividad consagrado en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, esto es, la prohibición de adoptar políticas y medidas que empeoren el estándar de vigencia de los derechos sociales. Sin embargo, la fiscal Ugolini sostiene “respecto del alcance del derecho a una vivienda digna según la interpretación de los Pactos Internacionales, normas constitucionales y legales… que toda necesidad vinculada a la vivienda no puede ser siempre satisfecha sino en el marco del presupuesto exigible y del respeto del derecho de igualdad”7. Al contrario de lo que sostenía Ugolini, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario ha reconocido en forma clara y contundente “la existencia de un derecho a la vivienda en el orden jurídico nacional, que no puede ser desvirtuado (o alterado, en los términos del art. 28, CN y art. 10, CCBA) por la política presupuestaria del Gobierno, pues lo contrario implicaría, para emplear las contundentes palabras de la Corte Suprema "subvertir el estado de derecho" y "dejar de cumplir los principios de la Constitución” 8. La preeminencia del gasto público en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) encuentra su consagración tanto en la Constitución Nacional, como en diversos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, también ha sido receptada por los organismos internacionales jurisdiccionales y consultivos competentes9.
A su vez, el artículo 20 de la Constitución local establece que "se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente". En igual sentido, el artículo 31 dispone que "La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1) Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos; 2) Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva; 3) Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones". 7 Vigo Marin Erika Milagritos contra Gcba y otros sobre Amparo (Art. 14 Ccaba) Exp 30315 /0. 8 Mansilla, María M. c. Ciudad de Buenos Aires, CCAyT , 13/10/2006. 9 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que al consagrar lo que se conoce como “principio de progresividad”, en su artículo 2.1 establece: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
Resulta sorprendente que la Fiscal —que se encuentra desempeñando funciones públicas desde hace mas de tres décadas—, desconozca que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido compromisos constitucionales operativos en relación con los derechos sociales, que comprenden tanto el cumplimiento de contenidos mínimos esenciales en relación con el derecho a la vivienda como la obligación de avanzar progresivamente en su pleno reconocimiento, hasta el máximo de los recursos de que se disponga. Como al respecto bien sostiene la sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA “el deber de asistencia del Estado local no se agota luego de transcurrido el plazo de 6 meses previsto en la mencionada norma, sino que dicha obligación se extiende mientras subsista la situación de precariedad habitacional de sus beneficiarios… Por ello, este Tribunal estableció —en el marco de dichas causas— que la Ciudad no podía suspender la cobertura asistencial brindada si no se encontraba plenamente demostrado el cumplimiento de los objetivos que justificaron la creación del referido plan”10. La situación se torna aún más grave si se tiene en cuenta que en muchos de los casos dictaminados se encontraban afectados/as niños, niñas, personas enfermas o con discapacidades. Pese a lo dramático de las circunstancias que rodearon tales casos y la magnitud de los derechos implicados, ellas no fueron ni siquiera mínimamente analizadas ni tenidas en cuenta en los dictámenes. Según la opinión de Ugolini, el Estado puede dejar en la calle a esas niñas, niños, personas con discapacidad y otras personas en la más extrema situación de vulnerabilidad, y esa conducta no estaría violando derecho alguno. Estas decisiones son claramente violatorias del principio que indica que se debe especial protección a los grupos vulnerables. De esta manera, se ha destacado que “aún en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad”11. Las decisiones de la candidata Ugolini en los distintos casos sometidos a su consideración se han repetido sin tener cuenta, en ninguno de ellos, la especial protección que merecen ciertos grupos de nuestra sociedad. Más aún en un caso donde se reclamaba por la inclusión en un Programa de un nuevo miembro familiar12. La fiscal Ugolini expresaba “En particular el decreto 895 (BO del 13/8/02) en su artículo 19 establece que: “A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto no podrán ingresar nuevos beneficiarios a la modalidad transitoria de alojamiento en hoteles prevista en cualquier otro programa habitacional de este gobierno”. Es por ello que admitir lo pretendido por el actor implicaría desconocer e incumplir lo establecido en la norma. Si bien es posible suponer que quién es beneficiario del programa tenga nuevos hijos, las condiciones y características de la
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” La aplicación de este estandar al derecho a la vivienda fue afirmado por el Comité DESC de las Naciones Unidas, en su Observación General N° 7, numeral 16. 10 Mansilla, María M. c. Ciudad de Buenos Aires, CCAyT , 13/10/2006. 11 Comité DESC, OG Nº 3, cit, párrafo 12. 12 Teyssier D`Alessandro Renee Solange y Otros Contra Gcba Sobre Amparo (Art. 14 Ccaba), ( Expdte 8336 /0)
situación que reconoce el propio coactor Avila, no permiten, en mi opinión, hacer responsable al Estado y a la sociedad en su conjunto de las consecuencias del obrar de quién, antes que nada, debería asumir su propia responsabilidad en la paternidad” (el destacado nos pertenece). Las consideraciones de Ugolini ya no sólo sobre el fondo de la cuestión sino sobre las elecciones de vida de lo amparitas del caso revelan una interpretación de tipo paternalista y un desconocimiento de las obligaciones que pesan sobre el Estado y los derechos que asisten a todas las personas que no pueden quedar en manos de una calificación arbitraria sobre la conducta de esas personas, realizada por el órgano jurisdiccional que tiene precisamente a cargo su protección. Asimismo, en casos donde se demandaba asistencia frente a la desalojos13 la candidata Ugolini no ha tenido en cuenta los estándares básicos establecidos por los principios internacionales de derechos humanos en la materia y reconocidos por una variada jurisprudencia de nuestros tribunales. Así en un caso que involucraba familias de extrema vulnerabilidad que habitaban lindando las vías del tren y estaban amenazadas por una inminente orden de desocupación. En el caso, el juez de primera instancia había ordenado una serie de medidas cautelares tendientes, por una lado, a relevar la situación socio-económicas de la familias y por otro, a encontrar una solución habitacional previa al desalojo de las familias. La Fiscal dictaminó en contra argumentado, entre otros fundamentos, que “(…) cabe recordar que la elaboración e implementación de políticas habitaciones son facultades propias de la Ciudad (conf. art. 31 de la CCABA) e implican decisiones de oportunidad, mérito y conveniencia, en las cuales el juzgador no puede ni debe intervenir, una vez verificada la legalidad del obrar. Por último, debe advertirse que la oportuna intervención de la Ciudad, a instancia de la denuncia de los vecinos permite evitar las usurpaciones de terrenos -en este caso del propio Estado Nacional- que dan origen a asentamientos ilegítimos, con viviendas precarias y condiciones insalubres, que luego se transforman en villas de imposible posterior erradicación, con daño tanto para sus ocupantes como para el resto de la comunidad( …). En este caso la Dra. Ugolini reitera conceptos que se contraponen con los principios establecidos en la Constitución de la Ciudad y en el nivel más alto de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos el que el indica que el Estado tiene una “obligación de respeto”, que en el caso de los derechos sociales significa que debe abstenerse de realizar acciones que lo vulneren, como son los desalojos forzosos. Asimismo, en el caso de que sea necesario que se lleven adelante el Estado debe procurar una solución habitacional para las personas afectadas, cuestión central de debate en el caso señalado. Asimismo, llama la atención las consideraciones de la Fiscal como también el lenguaje utilizado al referirse —de forma genérica y vaga— a los asentamientos y villas calificándolos de ilegítimos y de imposible erradicación, cuestión que constituye una reproducción de un estereotipo y un estigma que sigue a las personas que habitan en barrios informales y que resulta altamente inapropiado en un dictamen de un órgano jurisdiccional, máxime cuando tales calificaciones son innecesarias.
Martinez Maria y otros contra GCBA sobre otros Procesos Incidentales, 01/12/2008, Comisión Municipal de la Vivienda contra Donadio Carlos Gualberto Sobre Desalojo ( Expdte 1852 /0).
Las interpretaciones de la candidata en relación con los problemas de vivienda en la Ciudad han desconocido sistemáticamente los derechos constitucionales involucrados en los conflictos, y el desconocimiento de principios como el de la operatividad de los derechos sociales y el de cumplimiento progresivo14. Por todo lo expuesto, concluimos que la candidata Ugolini no advierte que frente a una clara exigencia constitucional, la administración no está facultada sino obligada a actuar en consecuencia y que más allá de los plazos establecidos en las reglamentaciones, el Estado debe hacer efectivos los derechos. A su vez, desconoce los estándares básicos del derecho internacional de los derechos humanos en relación con el cumplimiento del derecho a la vivienda. En consecuencia, estos puntos advierten sobre su capacidad técnico jurídica para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia y ser el último interprete de la Constitución local y de los derechos de los habitantes de la Ciudad. En un caso de enorme trascendencia pública que involucró el derecho constitucional a la vivienda de los/as habitantes de la Villa El Cartón, la candidata Ugolini sostuvo arbitrariamente que “no hay caso judicial”, y se apartó de la solución legal aplicable. El 20 de julio de 2007, Rosalva Medina Benítez, María Ester Martínez, Juan Carlos Díaz, con el patrocinio letrado del Defensor de primera instancia, el Asesor Tutelar de primera instancia y la Asesora General Tutelar interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y el Instituto de la Vivienda, con el objeto de que se obligue al Gobierno a cesar en su omisión de otorgar viviendas sociales definitivas a la totalidad de las familias habitantes del ex Asentamiento AU 7, también denominado Villa “El Cartón”, de conformidad con lo establecido en la Ley 198715. La villa donde vivían las familias se había incendiado el 8 de febrero del 2007 y la ley cuyo cumplimiento se solicitó había sido sancionada más de 6 meses antes del incendio. Su fundamento radicaba en la precaria situación en la que allí se vivía. Luego del incendio muchas familias fueron alojadas en un “Centro de Evacuados” construido por el GCBA que no cumplía con condiciones mínimas de habitabilidad16, en el cual debían esperar la construcción de las viviendas definitivas que el gobierno debía construir.
Como consecuencia de la obligación de progresividad, le está vedado al Estado adoptar políticas y medidas, y por ende, sancionar normas jurídicas o recurrir a vías de hecho, que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien en cada mjora “progresiva”. En palabras del Comité DESC, en la citada Observación General 3, “cualquier medida deliberadamente regresiva al respecto requerirá la más cuidadosa consideración y deberá ser justificada plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se dispone” (Comité DESC, Observación General 3, cit., párrafo 9).
Esta ley, sancionada por la Legislatura el 1 de junio de 2006, establece la declaración de utilidad pública, sujetos a expropiación, de los inmuebles determinados en el artículo 1º. El artículo 2º dispone que los inmuebles deben ser destinados al desarrollo del hábitat popular orientado a satisfacer la demanda de viviendas sociales definitivas. Por su parte, el artículo 3º establece que “Se garantizará en primer término el derecho a la vivienda a la totalidad de las familias habitantes del “Asentamiento AU7” según el censo realizado por el GCABA adjunto en Anexo 1”. 16 Ver medidas cautelares del Expte. 26034/1.
Al momento en que la fiscal Ugolini se pronunció, las familias llevaban más de 1 año y 6 meses viviendo en el centro de evacuados y hacía más de 2 años que la ley se había dictado. Sin embargo, de conformidad con lo informado por el IVC, las viviendas se encontraban avanzadas sólo en un 6% de su construcción. En el expediente judicial obraban constancias sobre los constantes incumplimientos estatales, información sobre la inadecuación a los plazos previstos para la construcción de las viviendas, y las descripciones acerca de las calamitosas circunstancias en las que vivían las familias alojadas en el centro de evacuados. Cuando le tocó intervenir, la Fiscal consideró que “se condenó a la demandada a ´cumplir con la ley´, con prescindencia de toda consideración acerca de la existencia o no de acciones concretas llevadas a cabo por la demandada en el marco de la normativa citada y de los convenios celebrados en su consecuencia; por lo que no se verifica la presencia de un caso o causa que permita la actuación judicial”. Es decir, Ugolini hizo caso omiso de los elementos que probaban tanto el incumplimiento estatal como la dramática realidad que vivían las familias a causa de la situación en la que el propio Gobierno las había colocado — y que demandaban la urgente intervención de la justicia—, y negó la existencia de toda controversia. A su vez, pese a que en el caso había una ley que establecía claramente la obligación de construir las viviendas, se permitió agregar que “[n]o se me escapa que en este juicio se debate el derecho a la vivienda y la extensión de los derechos sociales reconocidos por los Pactos Internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución de la CABA. En varios dictámenes emití mi opinión con relación al alcance del derecho a una vivienda digna según la interpretación de los Pactos Internacionales y normas constitucionales y legales, concluyendo en síntesis que no toda necesidad vinculada a la vivienda puede ser siempre satisfecha sino en el marco del presupuesto exigible y del respeto del derecho de igualdad” (el resaltado no está en el original). Para opinar en el caso, la fiscal desestimó no sólo la normativa internacional, sino también circunstancias relevantes como el hecho de que el Estado mismo había colocado a las familias en esa extrema situación; que existía una ley que ordenaba claramente la construcción de las viviendas; y que el Estado había firmado un convenio por el que se comprometía a finalizar las viviendas en el plazo de un año y, sobre todo, que se trataba de la vulneración de derechos con jerarquía constitucional. Con una opinión contraria, acorde con la Constitución, la Cámara concluyó que “1) Durante el curso del proceso han resultado acreditados los siguientes extremos: a) conforme la ley 1987, el Estado asumió el deber jurídico de garantizar el derecho a la vivienda de la totalidad de las familias que habitaban el asentamiento AU-7; b) al cabo de dos años y medio desde la sanción de la norma citada, el mandato legal permanece incumplido; c) la omisión estatal produce una lesión cierta y actual sobre los derechos de los beneficiarios. El dictado de la ley 1987 comportó el expreso reconocimiento legislativo del derecho a una vivienda adecuada, a favor de los habitantes del asentamiento AU-7 y, a su vez, identificó el lugar donde debían emplazarse las unidades a construir. 2) Ahora bien, con motivo del incendio ocurrido en el asentamiento a principios del año 2007, sus habitantes fueron trasladados a un centro de evacuados donde se reprodujeron las condiciones de indignidad que ya soportaban,
y en la actualidad enfrentan una situación insostenible 3) En resumen, el centro de evacuados presenta actualmente condiciones severas de precariedad, que aparejan un riesgo tangible para la seguridad, la integridad física, la salud y la vida de las personas. Por tanto, el tribunal advierte la necesidad de evitar —por todos los medios disponibles— la continuidad de este estado de cosas, que hace imprescindible la reubicación urgente de los habitantes del asentamiento”. La falta de reconocimiento de la fiscal de la situación de indignidad en la que vivieron las familias por más de dos años y medio en el Centro de Evacuados creado por el propio Gobierno, y la sustitución de la solución legal claramente aplicable al caso17 por su arbitrario e inconstitucional criterio personal sobre el derecho a la vivienda demuestran tanto su obvia falta de idoneidad para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como su nulo compromiso con los derechos humanos más elementales. Los dictámenes de la candidata Ugolini quebrantan el derecho a trabajar de personas en situación de vulnerabilidad social y económica, afectando su derecho a la subsistencia. En diversos casos la justicia resolvió planteos de personas que se dedicaban a la venta ambulante de baratijas, para mera subsistencia, y solicitaron que se ordene al Gobierno que se abstenga de tomar medidas que afecten dicha labor18. En tales casos, la fiscal convalidó la aplicación de la prohibición general establecida en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, sin tener en cuenta el criterio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario que diferenciaba la venta ambulante sin permiso, de aquéllos casos en que la actividad de venta de baratijas constituía una venta de mera subsistencia —que no había sido objeto de regulación—, teniendo en cuenta además que dicha actividad no ponía en riesgo la salud pública. La fiscal opinó que debía restringirse el derecho a trabajar de personas en evidente situación de vulnerabilidad social pese a la falta de regulación de los permisos de venta de baratijas en la vía pública, cuando esa actividad pueda ser calificada como de mera subsistencia. Sus posiciones reflejaron nuevamente un criterio inconstitucional sobre los derechos, en este caso referido al derecho a la vida, a trabajar y a ejercer industria lícita. En forma irrazonable equipara todos los casos de venta ambulante sin permiso, sin distinguir la venta de mera subsistencia de aquélla que no lo es. Esta interpretación afecta también el derecho a subsistir de personas de escasos recursos, que dependen de la venta en la vía pública para atender sus necesidades
Recuérdese que la ley 1987 establecía que debía garantizarse el derecho a la vivienda a la totalidad de las familias habitantes del “Asentamiento AU7”, y que el estado se había comprometido a construir las viviendas en plazos que estaban siendo burdamente incumplidos.
EXP 25945 /0, EXP 15934/0. La actividad era la única fuente de ingresos de la familia, compuesta por esposa y dos hijos. El grupo familiar se alojaba en una habitación de un hotel de condiciones precarias. El amparista había realizado dicha actividad por más de 33 años y no poseía alternativas laborales). EXP. N° 16362/0. El amparista en este caso padecía un enfermedad de tipo crónica que exigía tratamiento médico y no contaba con obra social. Además, era sostén de 4 hijos menores en edad escolar.
básicas, lo que contraviene directamente los claros mandatos contenidos en los artículos 1719, 1820 y 4321 de la Constitución local. Cabe señalar que en sus dictámenes la fiscal ni siquiera efectuó la menor consideración sobre la enorme afectación que la prohibición de la venta de mera subsistencia ocasionaba a quien desarrollaba tal actividad y a los niños y niñas que dependían de esos ingresos. Es decir que sus dictámenes sobre el tema no sólo restringen inconstitucionalmente derechos fundamentales básicos sino que además se encuentran deficientemente fundados, toda vez que en ellos ni siquiera se efectúa una mínima consideración y balance de los derechos e intereses en juego, a los que nuestras normas constitucionales confieren reconocimiento prioritario. La candidata Ugolini desconoce el derecho constitucional a la educación de los niños y niñas de la Ciudad y evidencia un criterio restrictivo sobre el rol del Poder Judicial como garante de los derechos de las personas. En la causa “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra/GCBA s/amparo” (Expte. N° 23360/0), la fiscal dictaminó en un caso iniciado en representación de las niñas y niños de entre 45 días y cinco años que cada año se ven excluidos/as de la posibilidad de acceder a la educación inicial debido a la falta de vacantes en establecimientos públicos de gestión estatal. Problema que se registra desde el año 2002 de acuerdo con información proporcionada por el propio Gobierno. El juez de grado resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, ordenó al GCBA que cese en su omisión de asegurar y garantizar el acceso a la educación inicial de los niños y niñas de cuarenta y cinco días a cinco años. El Gobierno apeló la decisión y el caso llegó a la Cámara. En su dictamen la fiscal Ugolini opinó que debía revocarse la decisión del juez de primera instancia, ya que “definir los parámetros y prioridades en la satisfacción de las necesidades educativas, se enrola dentro de las facultades que la Constitución de la Ciudad ha reservado expresamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo”. Sus afirmaciones para rechazar la demanda basadas en una supuesta violación al principio de división de poderes son insostenibles. No puede hablarse de exceso de jurisdicción ni de violación a la división de poderes cuando el Poder Judicial interviene para restablecer derechos fundamentales precisamente reconocidos y garantizados en la Constitución y en otras normas legales. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de
19 Art. 17: “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades.” 20 Art. 18: “La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio.” 21 Art. 9: “La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas….”.
administrar justicia y decidir las controversias… Las políticas tienen un marco constitucional que no pueden exceder, que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la Nación; es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero sólo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial. Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad”” (CSJN, “Verbisky, Horacio”, 03/05/05, Fallos: 328:1146, el resaltado no está en el original). En dicho precedente, el máximo Tribunal, interpretando cabalmente su rol constitucional, como último custodio de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, impulsó la realización por parte del Estado de las acciones necesarias para evitar que continuara la lesión de derechos constitucionales de los demandantes. El derecho a la educación ha recibido expresa recepción en nuestro ordenamiento constitucional nacional y local, en tanto se trata de una de las tantas manifestaciones del derecho a la autonomía personal. A su vez, el derecho a la educación inicial desde los 45 días se encuentra claramente determinado y asegurado en la Constitución local22 cuyo texto es preciso y contundente. Pese a la claridad de la normativa constitucional y legal, la fiscal consideró que los poderes políticos son libres de asegurar o no la educación inicial de los niños y niñas, lo que equivale a negar toda vigencia y fuerza normativa al propio texto constitucional. Como resulta evidente, el criterio de la fiscal carece de todo sustento ya que garantizar el derecho a la educación no es una facultad del Poder Ejecutivo sino un deber constitucional, y ante su incumplimiento es deber del Poder Judicial restablecer su efectiva vigencia. En ese aspecto, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el art. 1023 de la Constitución Local los derechos son operativos, lo que implica que todos los derechos constitucionales tienen fuerza normativa y deben ser asegurados por el Estado. Precisamente, asegurar el respeto de los derechos fundamentales constituye la función esencial del Poder Judicial. A su vez, la omisión estatal de garantizar el derecho a la educación inicial que la Constitución reconoce viola el derecho a la autonomía y a la igualdad de oportunidades de los miles de niños y niñas que resultan arbitrariamente excluidos/as de acceder a una vacante, y perjudica en mayor medida a las niñas y niños pobres, cuyas familias no cuentan con recursos que les permitan asistir a establecimientos educativos privados24. No obstante, el dictamen de la fiscal no realizó el menor desarrollo sobre tales derechos, lo que evidencia una vez más las serias deficiencias que afectan la fundamentación de sus opiniones.
Art. 24: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine…” (el resaltado nos pertenece). 23 Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y esta no puede cercenarlos. 24 Cabe señalar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la decisión del juez de primera instancia.
En suma, en contraste con el criterio de la candidata Ugolini, hace a la esencia del rol constitucional del Poder Judicial restablecer los derechos constitucionales vulnerados. Ante una acción u omisión estatal violatoria de derechos, corresponderá al Poder Judicial ordenar a los poderes políticos la realización de conductas positivas que hagan efectivo el reconocimiento de derechos constitucionales. Este criterio constitucional básico, desconocido por Ugolini en numerosos dictámenes, es el único compatible con el reconocimiento de derechos, y es aceptado por nuestra comunidad jurídica y por la más autorizada doctrina y jurisprudencia. La candidata Ugolini convierte el derecho humano al agua reconocido en tratados internacionales de Derechos Humanos en una mera facultad discrecional del Gobierno, y exhibe un alarmante desconocimiento del esquema constitucional federal establecido en el art. 31 de la Constitución Nacional. En el caso “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/GCBA s/amparo”, Expte. N°20898, un juez del fuero contencioso administrativo y tributario ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice en forma urgente y por los mecanismos que correspondan, el acceso al agua potable de las manzanas 11 a 14 de la Villa 31 bis por medio de los camiones cisternas que proveyeron dicho fluido hasta el 17 de junio de 2006. El suministro de agua a dichas manzanas había sido interrumpido y tras el dictado de la medida cautelar que ordenó su restablecimiento, el servicio sólo se había reanudado con interrupciones. En su dictamen, la fiscal de Cámara consideró que debía revocarse el pronunciamiento apelado, debido a que “la demandada aduce cumplir con el suministro ordenado”. A su vez, sostuvo que la sentencia apelada viola facultades discrecionales del Poder Ejecutivo al disponer la forma en que el suministro de agua debe ser efectuado25. En primer lugar, el criterio utilizado por la fiscal para considerar que el Gobierno cumplía efectivamente con el suministro ordenado resulta a todas luces inadmisible, en tanto se sustentó exclusivamente en meras afirmaciones del Gobierno, omitiendo toda valoración sobre la prueba que demostraba que el suministro de agua era parcialmente cumplido, y que su continuidad estaba amenazada26. La carencia de argumentos y pruebas que permitieran arribar a la conclusión sostenida por la fiscal revela nuevamente una seria deficiencia en la fundamentación de su postura. Por otra parte, la fiscal volvió a sostener su criterio inconstitucional en cuanto a la intervención del Poder Judicial y una alarmante posición en relación con la validez de los tratados internacionales y su aplicación por los tribunales locales. Al respecto, sostuvo que los jueces sólo pueden ordenar el cumplimiento de facultades regladas, — no de facultades discrecionales—; y que ello "vale, asimismo, para el hipotético, aunque menos probable, otorgamiento de semejante atribución mediante un tratado
El magistrado ordenó a la Ciudad garantizar el suministro de agua potable a las manzanas 11 a 14 de la Villa 31 Bis, estableciendo como requisitos mínimos del suministro que “tres camiones cisterna deberán concurrir la cantidad de veces que resulte necesario hacerlo, en el horario de 8 a 22 horas, inclusive los días domingos, sin soslayar el llenado de los tanques de reserva”. 26 En la sentencia de Cámara que confirmó la orden del juez de primera instancia se concluyó en base a la prueba obrante en la causa que “existe actualmente no sólo una situación de riesgo inminente de que se corte el suministro de agua potable en ese barrio, sino, además, un cumplimiento parcial de las obligaciones estatales impuestas por mandato judicial”.
internacional. Ello así, porque los tratados no pueden modificar la Constitución Nacional y, como resulta de ello, tampoco las de los estados locales en los aspectos que no quedan autorizados por el dispositivo del art. 31 de la Constitución Nacional...”. Como ya dijimos, resulta inaceptable sostener que la fijación de estándares mínimos para el Gobierno (en este caso, en relación con el suministro de agua potable a población vulnerable que carece de acceso a la red) constituya una extralimitación en las funciones del poder judicial. El suministro de agua potable en las condiciones señaladas es la mínima prestación que el Estado está obligado a brindar a las personas afectadas. La medida ordenada en la sentencia se limita a establecer estándares básicos para asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales del derecho al agua, del derecho a la salud y del derecho a la vida, derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En este sentido, contrariamente a lo sostenido por Ugolini, los Tratados Internacionales no establecen meras facultades discrecionales sino verdaderas obligaciones exigibles de satisfacer (al menos en niveles esenciales) de cada uno de los derechos. Párrafo aparte merece la completa subversión del sistema federal realizada por la candidata Ugolini, en tanto intenta situar a la Constitución de la Ciudad (que además contiene disposiciones que reafirman el derecho al agua y el correlativo deber estatal de asegurarla27) por encima de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país y algunos de los cuales gozan de jerarquía constitucional. Tales afirmaciones revelan un profundo desconocimiento de aspectos básicos de nuestro sistema constitucional federal, establecido claramente en el art. 31 de la Constitución Nacional, el que afirma que “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los Tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales”. Estas posturas, reflejan su ignorancia respecto de características y principios básicos de nuestro esquema constitucional federal, que no sólo coloca a los tratados internacionales por encima de la normativa local, sino que además reconoce jerarquía constitucional a una serie de Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La fiscal Ugolini expone una visión inconstitucional del derecho a la salud reproductiva, en contradicción con los principios constitucionales que lo reconocen claramente, y aplica arbitrariamente el principio de igualdad a fin de negar el acceso a ese derecho. En un caso en el que una pareja promovió acción de amparo contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que esta les otorgue la cobertura del tratamiento de fertilización asistida a causa de una enfermedad que les impedía lograr el embarazo (Expte. N° 20324/0, y el caso similar que tramitó bajo el Expediente N°
Por ejemplo, Arts. 10,17, 20, y 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
30.843/1), la fiscal Ugolini dictaminó que debía revocarse la sentencia que hizo lugar al reclamo, con fundamentos que ponen en evidencia su desconocimiento del orden jurídico aplicable y de principios básicos como el de jerarquía de las normas y la operatividad de los derechos garantizados constitucionalmente. En el caso opinó que no existía vulneración del derecho a la “salud integral” (art. 20 CCABA) o a los “derechos reproductivos” (art. 21 CCABA) de los peticionantes, en tanto el tratamiento prescripto por el médico no estaba incluido en la reglamentación correspondiente. Así, no mostró reparos en supeditar a la letra de disposiciones reglamentarias el ejercicio de prerrogativas constitucionales como el derecho a la salud, el derecho a la vida, a la libre determinación, a la intimidad, al desarrollo de la persona en la máxima medida posible y a la protección integral de la familia. Aún más, entendió que “reconocer tal amplitud en las obligaciones prestacionales asumidas por los agentes del servicio de salud, impediría reconocer los límites entre el cumplimiento y el incumplimiento, sujetando el sistema al álea que significan las ‘particularidades de cada caso’, y afectando también el derecho de igualdad de otros no beneficiados” (el subrayado nos pertenece). De su extravagante interpretación del derecho a la igualdad, diametralmente opuesta a la naturaleza misma del principio, se desprende que los tribunales no deberían garantizar los derechos fundamentales de quienes exigen su cumplimiento, pues eso generaría una situación de desigualdad frente a quienes no se ven “beneficiados/as” por lo que parecería ser un privilegio, concesión o ventaja otorgada por el juez. La perspectiva de Ugolini nos pone frente al absurdo de considerar que la función de los jueces no sería la de asegurar el efectivo goce de los derechos constitucionales cuando sean vulnerados, sino la de verificar que semejantes ventajas no sean concedidas a nadie, a fin de garantizar el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. El alcance que en su dictamen atribuye al derecho a la salud, es claramente contrario a la conceptualización de la salud promovida desde hace décadas por la Organización Mundial de la Salud. Las circunstancias por las cuales la peticionante se veía impedida de procrear representan un deterioro en su salud, que implica el correlativo deber estatal de asegurar su restablecimiento. Al respecto debe recordarse que la OMS es una organización que nuclea a los Estados bajo un plan de compromiso de propender a la realización de este derecho, por lo que la definición de salud que propicia, además de significar un ideal de vida de los individuos, importa la medida de las obligaciones estatales en la materia. La posición de la fiscal reviste particular gravedad al tenerse en cuenta que es la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires la que garantiza de manera amplísima el derecho a la salud, incluyendo los derechos reproductivos y la promoción de la maternidad responsable. Y, sin embargo, la interpretación que Ugolini ensaya sobre el alcance del derecho a la salud resulta aniquiladora del derecho. Esto evidencia una preocupante indiferencia frente a los estándares internacionales mínimos en materia de derecho a la salud, y un llano desconocimiento del texto constitucional y de un principio rector en la aplicación
de derechos fundamentales, el principio pro-homine que, frente a dos interpretaciones posibles, obliga a adoptar la que garantice de manera más amplia el derecho de que se trate. La candidata Ugolini vacía de todo contenido el derecho a la diversidad cultural reconocido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (art. 32). En el caso “Martínez Gutiérrez Néstor Diego y otros contra CGBA y otros s/otros procesos incidentales”, Expte. N° 32546/1, la fiscal dictaminó en una acción de amparo iniciada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por integrantes del Movimiento Afrocultural Bonga, con el objeto de que se les garantice un lugar idóneo donde continuar el desarrollo normal de sus actividades28. El Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al GCBA que en el plazo de quince (15) días ponga a disposición de los demandantes (a través del mecanismo que estime pertinente —vgr. alquiler, expropiación, cesión, subsidio, etc.) un inmueble que se adecue a las características de la labor cultural que desarrolla el movimiento. La Dra. Ugolini consideró que debía revocarse la medida cautelar, en tanto a su criterio de las normas invocadas por los demandantes no surgía la obligación del Gobierno de la Ciudad de proveer un inmueble para que funcione un centro cultural. Contrariamente al criterio expuesto por la fiscal, el art. 32 de la Constitución local establece que “La Ciudad distingue y promueve todas las actividades creadoras. Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del país; propicia el intercambio; ejerce la defensa activa del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la superación de las barreras comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve la capacitación profesional de los agentes culturales; procura la calidad y jerarquía de las producciones artísticas e incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular; contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las políticas; protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones” . El movimiento afrocultural bonga es un movimiento cultural ampliamente reconocido y de larga data, minoritario, declarado de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad; que, además, reúne a personas en condiciones de vulnerabilidad social. La ausencia en el dictamen de la fiscal de un mínimo desarrollo en relación con los alcances del derecho a la diversidad cultural y el deber estatal de asegurarlo constituyen una demostración más sobre la falta de idoneidad técnico jurídica de la Dra. Ugolini para ser jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad..
En el año 2008 se les comunicó la existencia de una condena de desalojo del predio en el cual desarrollan las actividades del movimiento. A raíz de ello, solicitaron al GCBA que les garantice un lugar donde desarrollar sus actividades culturales, sin recibir respuesta.
A su vez, como resulta evidente, el derecho a la diversidad cultural resulta aniquilado frente a la falta de un mínimo reconocimiento del derecho de acceder a un espacio físico que permita preservar y desarrollar las expresiones culturales minoritarias. Ello fue reconocido en la decisión Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario que, en contra de lo dictaminado por Ugolini, resolvió confirmar la medida cautelar; con fundamento en lo establecido en la Constitución de la Ciudad y en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, tendientes a la protección de este tipo de manifestaciones culturales que son significativas, minoritarias y están en riesgo de desaparición. La candidata Ugolini exhibe un criterio inaceptablemente débil en relación con la garantía de independencia judicial. En la causa “Devoto Pablo Miguel c/CGBA sobre Recusación”, la Dra. Ugolini debió dictaminar acerca de la procedencia o improcedencia de la recusación que el GCBA, a través de la Procuración General realizó contra el Juez de 1ª Instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Dr. Andrés Gallardo. En dicha recusación, el Gobierno solicitaba que dicho juez dejara de intervenir en todas las causas en las que el GCBA era parte, dado que éste último había iniciado en su contra un juicio por daños y perjuicios. La fiscal Ugolini adoptó un criterio excesivamente formalista para interpretar el funcionamiento de la causal de recusación, según el cual la sola promoción de una demanda formalmente bien escrita contra un juez, tal que no fuera “meramente artificial”, bastaba para habilitar que dicho juez perdiera competencia en todas las causas en las que el demandante en cuestión fuera parte. Por otro lado, Ugolini omitió toda consideración respecto de las implicancias constitucionales de la relación entre la administración y los jueces en lo contencioso administrativo, que por definición actúan en causas en que el Estado es parte, y tienen como misión constitucional el control de sus actos. En los hechos, la posición adoptada por la fiscal en su dictamen abría el camino para que la Procuración General eligiera prácticamente con qué jueces litigar y apartara a magistrados que no le simpatizaran, mediante el simple recurso de demandar a alguno/a de ellos/as por sentencias que a su juicio perjudicaron el patrimonio de la Ciudad. En su dictamen, Ugolini incluyó manifestaciones ciertamente sorprendentes al decir, por ejemplo, que “el señor juez [recusado]…expresa una acotada visión de su función jurisdiccional al decir que actúa en defensa de los derechos sociales y al denunciar también, públicamente un ataque a su independencia en la conferencia de prensa del día 5 de septiembre de 2008 convocada en la Legislatura de la Ciudad…Todo indica que se persigue llevar la discusión fuera del ámbito judicial, a un ámbito político…”. En el cierre de sus argumentos sostuvo que “también son públicas las críticas del Gobierno de la Ciudad al juez Gallardo por pretender invadir las esferas de actuación del poder ejecutivo [citando un artículo de un diario como aval a su manifestación]”, para cerrar su consideración afirmando que “el principio de división de los poderes debe respetarse no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también por parte del Poder Judicial…”.
En el contexto de lo que tenía que dictaminar —a saber, si la recusación era procedente o si en realidad era un atentado a la independencia del Juez— resulta sorprendente que la candidata Ugolini omitiera considerar las críticas que públicamente realizaba el Gobierno hacia la manera de trabajar del juez como un dato acerca de las motivaciones que podrían guiar la intención de apartar al Juez de todas las causas en las que intervenía. Todo ello, junto con los juicios evaluatorios personales negativos que Ugolini realizó sobre el juez en cuestión, revelan que su actuación no expresó ningún tipo de compromiso con la independencia del poder judicial frente a prácticas hostiles por parte de los poderes políticos, también garantizada por instrumentos internacionales Por el contrario, la candidata propuesta convalidó una burda intromisión del poder político, lo que revela una concepción preocupante sobre el alcance de la garantía de independencia judicial. Los tres jueces de la Cámara de Apelaciones que revisaron la recusación, y los cinco miembros del Tribunal Superior de la Ciudad que intervinieron en última instancia rechazaron la recusación, estimaron que ella era improcedente, y que el criterio interpretativo de Ugolini era inaceptable. En tal sentido se expresó en el fallo de la Cámara que “[h]acer lugar a la recusación planteada redundaría en desmedro de la regla del juez natural, y afectaría la debida administración de justicia y la independencia judicial…”. Por su parte el Tribunal Superior expresó que “[e]l apartamiento de un magistrado no puede quedar sometido al libre arbitrio de un funcionario o, incluso de un abogado de la Administración. En nuestro caso, admitir que el solo hecho de existir una causa pendiente entre el Gobierno y el juez es suficiente para que se conceda una recusación, implica, en la práctica, brindar al GCBA la posibilidad de elegir cuáles expedientes está dispuesto a que tramiten en el juzgado en cuestión y cuáles no….ello no resulta acorde con la garantía del juez natural ni tampoco parece perseguir la imparcialidad del juzgador (o su apariencia)” (cfme voto del juez Lozano, al que adhirieron los Jueces Conde y Casás). La intervención de la Dra. Ugolini en este caso revela un compromiso tan débil hacia uno de los núcleos del ideal republicano de la división de poderes en que se funda nuestro pacto constitucional que arroja serias dudas sobre su idoneidad para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La fiscal Ugolini desconoció la exigibilidad judicial de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de una causa iniciada para asegurar el derecho a la salud de los niños y niñas con adicción al consumo de pasta base de cocaína (paco). En el caso “Asesoría Tutelar c. CCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA), Expte. N° 23262/0, se demandó al Gobierno de la Ciudad a fin de que cese en su omisión de asistir adecuadamente a las personas menores de edad con adicción a las drogas, especialmente
con relación al consumo de pasta base de cocaína (paco), que requieren internación voluntaria o coactiva; y se solicitó que se ordene al GCBA que proceda a presentar y ejecutar un programa específico de atención a la salud para las personas menores de edad con adicción a las drogas, que implique poner a disposición de los menores lugares de internación destinados a su tratamiento. La candidata Ugolini dictaminó sobre la procedencia de la medida cautelar otorgada por un juez de primera instancia tras una audiencia realizada en el marco del proceso, en la que se había ordenado “fijar el plazo de cuarenta días a fin de que se proceda a la suscripción del proyecto de Decreto por parte del Sr. Jefe de Gobierno en base al instrumento consensuado ya agregado en autos. Asimismo dentro de igual plazo se deberán dictar las normas complementarias que exija la implementación del Decreto que se suscriba. Resuelto ello, las partes se comprometen a que una vez presentadas las normas mencionadas, se pondrá fin al presente litigio mediante la correspondiente sentencia homologatoria”. En su dictamen, la fiscal sostuvo que la decisión debía ser revocada, debido a que a su criterio, el sentenciante había desbordado sus atribuciones constitucionales, invadiendo las propias del Poder Ejecutivo al imponerle al Jefe de Gobierno la obligación de suscribir un determinado proyecto de decreto. A su vez, sostuvo que las órdenes judiciales no pueden ser utilizadas para controlar un deber para cuyo cumplimiento el Poder Ejecutivo tiene acordado un margen de discreción. Al respecto, cabe señalar que Ugolini omite tener en cuenta el hecho determinante de que el propio Gobierno se había comprometido a adoptar las medidas contenidas en el proyecto de decreto cuya suscripción fue ordenada por el juez, en el marco de la causa iniciada por la Asesoría Tutelar. Es decir que la Fiscal pretende sostener que los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de un proceso judicial en el que es demandado por el incumplimiento del derecho fundamental a la salud de los niños y niñas no resulta exigible judicialmente, y puede legítimamente ser incumplido por el Gobierno, pues ello estaría comprendido en la esfera de sus facultades discrecionales. Como resulta evidente, el criterio resulta insostenible. Una vez asumido un compromiso por el Gobierno, el que había sido propuesto a la Justicia por la propia Administración a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de asegurar los derechos de los niños y niñas afectados/as, dicho compromiso es exigible, y no puede razonablemente afirmarse que los actos destinados a ordenar su efectiva implementación constituyan un exceso en las facultades jurisdiccionales. Admitir esa postura equivale a sostener que el cumplimiento de cualquier compromiso asumido claramente por el propio Estado constituye una facultad discrecional, privando por completo de atribuciones al poder judicial, y reduciendo a la nada los derechos de las personas afectadas por dicho incumplimiento. Tal criterio resulta aún más grave al ser utilizado, como en el presente caso, para sustentar una supuesta facultad discrecional del poder ejecutivo de cumplir con el compromiso adoptado a fin de asegurar el derecho fundamental a la salud de los niños y niñas.
Lo absurdo de la opinión de la fiscal pone nuevamente de manifiesto su alarmante falta de idoneidad y evidencia su nulo compromiso con la efectiva vigencia de los derechos constitucionales. La candidata Ugolini, en ejercicio de su anterior cargo de Procuradora General de la Ciudad de Buenos Aires, evidenció un criterio gravemente restrictivo del derecho a la salud, del derecho a la autonomía y del derecho a la igualdad de las mujeres que solicitaban ser intervenidas quirúrgicamente a fin de que les sea realizada una ligadura de trompas de Falopio. El 19 de enero del año 2000 (Expediente N° 5421/2000), Ugolini dictaminó en su carácter de Procuradora General de la Ciudad, sobre el protocolo a seguir en los casos en los cuales se requería la intervención quirúrgica de ligadura de trompas de Falopio en hospitales de la Ciudad. La entonces Procuradora opinó que para autorizar dicha operación las autoridades sanitarias debían seguir un procedimiento evidentemente violatorio de derechos: por un lado, debían obtener el dictamen de una comisión de tres médicos que determine si los casos puestos a su consideración ameritan la indicación terapéutica que haga necesaria la intervención quirúrgica; y, a su vez, que para el caso de que la paciente estuviera casada, se debía solicitar el consentimiento de su cónyuge. Tales condiciones establecidas por la entonces Procuradora no surgían de norma legal alguna, y constituían una manifiesta violación del derecho a la salud, del derecho a la autonomía personal y del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres, derechos claramente reconocidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad y en diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En este mismo sentido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitió una recomendación al Gobierno de la Ciudad para que se abstenga de implementar el procedimiento propuesto por la Procuradora General, en tanto implicaba una reglamentación inconstitucional. (Resolución 223/00 del 6 de marzo de 2000). Una mujer que recibe información adecuada sobre la operación quirúrgica indicada por su médico y toma una decisión sobre su cuerpo, presta el consentimiento necesario y suficiente para llevarla a cabo. Tanto el dictamen previo de la junta médica como el consentimiento del cónyuge, requisitos propuestos por la Procuradora, afectan gravemente el derecho a la autodeterminación y a la no discriminación de las mujeres, y restringen arbitrariamente el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo. En tal sentido, en el año 1994 el Comité de Derechos Humanos emitió la recomendación general N° 2129 relativa a las graves consecuencias que tienen para las mujeres las prácticas coercitivas, en donde expresó que las decisiones de tener hijos o no, bajo ninguna circunstancia pueden ser limitadas por el esposo o la pareja, familiares o el Gobierno.
Al analizar el art. 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
A través de su dictamen, la Dra. Ugolini otorgó arbitrariamente un estatus especial a las intervenciones quirúrgicas de ligadura de trompas30 desconociendo derechos fundamentales de las mujeres. 2. El perfil de la candidata para acceder al máximo tribunal de la Ciudad y su cuestionada independencia de criterio Tal como sostuvimos, sus posiciones como Fiscal de Cámara de la Ciudad, además de reflejar su falta de compromiso con la vigencia de los valores democráticos y los derechos humanos, ponen fuertemente en duda que pueda garantizar independencia de criterio. Por un lado, sus expresiones reflejan una preocupante postura que confunde el interés público o general con el interés de la Administración pública.31 Los casos relatados dan cuenta de su convicción por resolver los casos que se le presentan minimizando la función judicial de control de constitucionalidad y de control de la Administración para la efectiva vigencia de los derechos, al nivel de ampliar el ámbito de discrecionalidad del Poder Ejecutivo a expresiones irrazonables y fundamentalmente ilegales. Esta formación de la candidata (expresada en sus largos años de función pública) pone en tela de juicio, en forma determinante, su perfil como candidata a ocupar el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del decreto 1602/03. Asimismo, la elección del nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad reflejará la concepción que el sistema político local tiene en relación con la función de los tribunales, fundamentalmente respecto de la protección de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, el desarrollo crítico de las posiciones jurídicas que ha venido sosteniendo la candidata, muestra que no se trata de una impugnación arbitraria o meramente ideológica sino que se apoya en sólidas razones jurídicas que exigen y definen un tipo de función judicial que garantice un remedio allí donde exista un derecho afectado, en la ya histórica fórmula de los fallos de la Corte Suprema de la Nación, “Siri” y “Kot”. Concretamente, la Corte Suprema señaló que “donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido…” (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492). En fórmulas más recientes, además, la Corte Suprema consideró que también la acción colectiva estaba habilitada cuando “pese a tratarse de derechos individuales, existe un fuerte interés estatal en su protección, sea por la trascendencia
Cabe señalar que con posterioridad, en agosto del año 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 26130, que reconoce expresamente el derecho de toda persona mayor de edad de acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud, sin más requisitos que el consentimiento informado de las y los pacientes. 31 Esta confusión ya fue advertida al momento de seleccionar a la candidata como Fiscal de Cámara en la audiencia pública realizada el 27 de julio de 2000. Ver en particular, su respuesta a las preguntas del Legislador Fleitas Ortiz de Rosas. Sostuvo Ugolini en esa oportunidad “… en ese caso, estaba tratando de defender el interés general; nunca fue mi preocupación defender al gobierno; siempre sentí que, defendiendo al Estado, defendía el interés público…”.
social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados” (Caso Halabi). Por lo tanto, la Corte extendió las afirmaciones de Siri y Kot a la situación de afectación de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Este desarrollo teórico y jurisprudencial referido a la garantía de un recurso judicial resulta particularmente relevante en relación con la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, el derecho internacional de los derechos humanos, en la formulación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano de aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en su Observación General Nro. 3132, dedicó varios comentarios: “15. El Artículo 2, inciso 3 requiere que, además de la efectiva protección de los derechos del Pacto, los Estados parte aseguren que los individuos también tengan recursos accesibles y efectivos para defender esos derechos. Dichos recursos deben estar adaptados apropiadamente, de modo de tener en consideración la especial vulnerabilidad de ciertas categorías de personas, incluyendo en particular a los niños. El Comité asigna importancia al hecho de que los Estados parte establezcan mecanismos judiciales y administrativos adecuados para efectuar denuncias sobre la violación de derechos en el derecho interno. El Comité nota que el goce de los derechos reconocidos por el Pacto puede ser efectivamente asegurado por el Poder Judicial a través de una multiplicidad de maneras, que incluyen la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de disposiciones de la Constitución o de otras leyes comparables a las del Pacto, o el efecto interpretativo del Pacto en la aplicación del derecho doméstico...” (El destacado es propio). También señaló con preocupación aquellas situaciones en las que la eficacia de esos recursos judiciales puede afectarse en ocasión de su implementación práctica: Para el Comité, un recurso será efectivo siempre y cuando se adecue a la situación de las víctimas, en especial cuando pudieran pertenecer a grupos en situación de vulnerabilidad; la adecuación del cuerpo judicial o administrativo que recibe y procesa la denuncia, y la adecuación del remedio para, entre otras: a) hacer cesar la violación, si esta continúa...; b) e impedir que la violación se repita. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en la Opinión Consultiva 16, que: “Para alcanzar sus objetivos (se refiere al proceso judicial), el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician
Comité de Derechos Humanos la Observación General Nº 31, del 26 de mayo de 2004. Observación General citada en Courtis, C., “El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos”, antes citado.
de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas”33. Como vimos, las posiciones sostenidas por la candidata Ugolini en varios de los antecedentes descriptos, desconocen en forma absoluta la vigencia de esta garantía judicial, con los alcances sentados en los precedentes de la Corte Suprema, así como de los órganos de aplicación de los tratados internacionales. A su vez, el desarrollo efectuado pone en evidencia su concepción absolutamente restringida y anacrónica respecto los avances de los estándares constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos respecto de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por todos, citamos como ejemplo, la Observación General Nº 9 del Comité de DESC que sostiene que “del compromiso asumido de dar efectividad al PIDESC se desprende la obligación de los Estados de asegurar la justiciabilidad de los derechos allí contenidos brindando mecanismos adecuados para exigir su aplicación ante los tribunales de justicia, así como la obligación de reconocer las normas del Pacto en el ordenamiento jurídico interno a través de medios adecuados (Comité de DESC, Observación general Nº 9: La aplicación interna del Pacto, 1999). El Poder Ejecutivo tiene la obligación de proponer para el cargo un candidato que asegure que mantendrá una posición de fuerte resguardo de la Constitución local, de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales. A su vez, con su selección estará dando cuenta del rol que espera del Superior Tribunal de Justicia y de la función judicial en general. De acuerdo con lo expresado, esta candidata ha dado muestras de que no responderá al perfil que una justicia democrática e independiente requiere. Esperando que estas observaciones sean tenidas en cuenta al momento de evaluar el envío de la candidatura a la Legislatura de la Ciudad, lo saludamos atentamente.
Gastón Chillier - Director Ejecutivo CELS Maria E. Di Paola - Directora Ejecutiva FARN Luciana Sánchez – Presidente COPADI Martín Sigal – Presidente ACIJ Sebastián Tedeschi - COHRE
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99“El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, del 1 de octubre de 1999, párr. 120. Completó la Corte con relación a las garantías del debido proceso específicas que deben reconocerse a las personas extranjeras que están sometidas a procesos penales que “Por ello se provee de traductor a quien desconoce el idioma en que se desarrolla el procedimiento, y también por eso mismo se atribuye al extranjero el derecho a ser informado oportunamente de que puede contar con la asistencia consular. Estos son medios para que los inculpados puedan hacer pleno uso de otros derechos que la ley reconoce a todas las personas. Aquéllos y éstos, indisolublemente vinculados entre sí, forman el conjunto de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal”; ibídem, párr. 120.
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AADM_01-2017

References: artículo 3
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 32
 artículo 19
 resolución 
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
e contrario
 artículo 1
 Artículo 2