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Tutela rad. 28007 A:/juan cristóbal romero
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TUTELA Rad. 28007
A:/JUAN CRISTÓBAL ROMERO
Bogotá. D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil seis (2.006)
Se apresta la Sala a resolver la acción de tutela invocada por JUAN CRISTÓBAL ROMERO, a través de apoderado, contra el ex Vicefiscal General de la Nación, doctor JORGE ARMANDO OTALORA, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
1. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
1.1. El accionante JUAN CRISTOBAL ROMERO actuando como representante legal de la sociedad Portgas formuló denuncia penal el día 26 de marzo de 2004 por la presunta conducta punible de utilización indebida de información privilegiada, diligenciamiento a cargo, en principio, de la Fiscalía 225 Delegada ante los Jueces Penales Municipales y Promiscuos Municipales de Bogotá.
1.2. El 30 de septiembre de 2005 la fiscalía instructora ordenó la apertura de instrucción en contra de ARMANDO LLOREDA ZAMORANO, sin que hiciera mención del delito que se le imputaba y dispuso su vinculación mediante indagatoria, previo reconocimiento que se efectuó del doctor JAIME LOMBANA VILLALBA como apoderado de la parte civil.
1.3. Mediante resolución número 0-3880 de fecha noviembre 8 de 2005 el Fiscal General de la Nación varió el conocimiento de la investigación a cargo de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Municipales por la conducta punible de utilización indebida de información privilegiada y se la asignó a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la segunda instancia a cargo del Vicefiscal General de la Nación.
1.4. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con interlocutorio adiado 8 de marzo de 2006 asumió el conocimiento al tiempo que ordenó en su numeral segundo precluir la investigación que se adelantó en contra de ARMANDO LLOREDA ZAMORANA por ausencia de querellante legítimo. Dispuso de igual manera la compulsa de copias para la Fiscalía 55 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá para que defina lo relacionado a la denuncia que formulara simultáneamente LUIS CARLOS VALENZUELA DELGADO y otros por el presunto delito de calumnia.
1.5. El señor apoderado de la parte civil (doctor JAIME LOMBANA VILLALBA) el día 21 de marzo del año en curso al no ser de recibo el proveído preclusivo interpone recurso de apelación contra el mismo.
1.6. El denunciante confiere un nuevo poder al doctor YESID REYES ALVARADO, revocatoria tácita del anterior mandato y es así como el reciente representante sustenta el recurso incoado por su antecesor.
1.7. Con resolución junio 15 de la anualidad la fiscalía instructora reconoce personería al doctor YESID REYES ALVARADO.
1.8. Con interlocutorio de fecha julio 28 de 2006 el despacho del Vicefiscal General de la Nación resolvió el recurso de apelación interpuesto y confirmó la decisión de primera instancia.
1.9 Considera el tutelante que la actuación del Vicefiscal General de la Nación se estructura en una vía de hecho por defecto sustantivo, bajo la siguiente tesis: (i) el para ese entonces Vicefiscal General de la Nación, doctor JORGE ARMANDO OTALORA GOMEZ al avocar conocimiento y desatar la alzada desconoció el alcance del artículo 110 numeral 4 del C.P.P, al hacer caso omiso de la causal de impedimento que recaía sobre él, (ii) acota que su situación de impedido procesal de que se trata este asunto se encuentra plenamente soportada con proveído emanado de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que aceptó tal circunstancia1; enemistad que se ha tornado evidente entre el funcionario que conoció del recurso en segunda instancia JORGE ARMANDO OTALORA y el abogado JAIME LOMBANA, que ha trascendido a los distintos medios de comunicación.
Por estas razones solicita que le sea concedido el amparo protector de los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso y por consiguiente, que se declare la nulidad de la resolución proferida el 28 de julio de 2006 a cargo del Despacho del Vicefiscal General de la Nación dentro de sumario 9777 y que nuevamente y ante el cambio de la persona del funcionario se le de nuevamente el trámite al recurso.
Oportunamente tanto el despacho del Vicefical General de la Nación como la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia informaron de todas las etapas que se han surtido dentro del trámite del proceso penal que concita la atención de la Sala, y a su turno, la primera de las nombradas, de manera conclusiva señaló:
“Significa lo anterior que cuanto el asunto llegó a conocimiento del entonces Vicefiscal, doctor JORGE ARMANDO OTALORA GOMEZ, ya no figuraba como apoderado de la parte civil el doctor JAIME LOMBANA VILLALBA, sino el doctor YESID REYES ALVARADO, quien lo había desplazado, razón por la cual el escrito de sustentación del recurso que había presentado el mencionado doctor LOMBANA se tuvo como no presentado...”2
La demanda de acción de tutela invocada será negada, porque se trata de acción contra una decisión judicial y la misma lejos está de constituir una vía de hecho que torne viable la injerencia del juez de tutela.
La jurisprudencia de la Sala ha sido constante en señalar que en principio no se torna viable el amparo frente a actuaciones y providencias judiciales, salvo que estas constituyan violación de derechos fundamentales al ser el producto de la arbitrariedad, capricho o el descuido absoluto del servidor judicial.
Una mirada detenida a la documentación aportada al paginario asiente en señalar que realmente refractaria a la existencia de vías de hecho se ofrece el proveído interlocutorio de segunda instancia proferido por el entonces Vicefiscal General de la Nación cuando avocó conocimiento y desató el recurso de apelación interpuesto a la resolución de fecha 8 de marzo de 2006 proferida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 9777-11 seguido contra ARMANDO LLOREDA ZAMORANO, toda vez que ninguna circunstancia impediente –lo que constituye el clamor en sede de tutela- se circunscribía sobre su persona que le forzase a declararse impedido del conocimiento del asunto que en segunda instancia llegaba a su Despacho.
Un primer aspecto que se impone señalar –aun cuando es situación que no le merece reparo al demandante- es que debidamente prevalido de competencia se encontraba para el conocimiento del asunto por expresa delegación que había efectuado el Fiscal General de la Nación.3
Ahora bien, que si existía o no enemistad grave con el doctor JAIME LOMBANA VILLALBA, quien fungió como apoderado de la parte civil en el proceso penal en ciernes, el demandante se preocupó por soportarla debidamente con decisión de la Sala Plena de esta corporación que en trámite distinto lo separó del cargo, empero, ello en juicio de la Sala resulta intrascendente a la hora de resolver el problema jurídico planteado.
Basta decir, de la mano de lo señalado por el Señor Vicefiscal General de la Nación en su respuesta, que ningún impedimento le asistía al funcionario de segunda instancia para desatar el recurso de alzada, como que el apoderado de la parte civil de quien se predica dicha enemistad había sido retirado de su encargo.
En otras palabras, al momento mismo en que el señor Vicefiscal General de la Nación acomete el estudio del proceso en aras de resolver el recurso impetrado, quien de antaño se alega era su contraparte ya había sido retirado del mandato, tan es así, que es el propio funcionario de primera instancia cuando concedió el recurso de apelación refirió:
“...en relación con la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el doctor Jaime Lombana Villalba, contra la misma decisión, téngase como no presentada, por cuanto desde el 30 de marzo de 2006, cuando se recibió en secretaría de la unidad (sic) delegada ante la Corte Suprema de Justicia, poder conferido al doctor Reyes Alvarado, suscrito por el querellante y parte civil en estas diligencias, se dio por terminada su representación como lo señala el inciso 1 del artículo 69 del código de procedimiento civil...”4
Y si ello resultara insuficiente y toda vez que como con suficiencia la jurisprudencia ha señalado que entratándose de la causal de impedimento por amistad o enemistad grave tiene dicho la Corte:
“...por tratarse de aspectos que tienen que ver exclusivamente con el fuero interno de las personas, su apreciación es eminentemente subjetiva, por tanto, su reconocimiento solo requerirá la expresión clara por parte del funcionario judicial de los elementos de juicio que torne en admisible su prédica...”5
Bajo esa comprensión de la causal invocada e instituido el mecanismo de los impedimentos y recusaciones para guarecer a la administración de justicia de la susceptibilidad del conglomerado social, otorgarle transparencia al ejercicio de la función, garantía para la sociedad de que el funcionario es ajeno a cualquier interés distinto al de la recta administración de justicia y teniendo como norte el subjetivismo propio de la causal implorada, nótese cómo el funcionario de segunda instancia al momento mismo de desatar el recurso se refiere al recurso interpuesto por el doctor YESID REYES ALVARADO, apoderado de la parte civil, situación cierta para ese momento y que soporta aún más la prédica efectuada, en cuanto a que ningún motivo de impedimento recaía en dicho funcionario al momento de conocer del recurso toda vez que aquel en su fuero interno -a términos de lo plasmado- resolvía el recurso del doctor Reyes Alvarado.
Dígase igual, que se ofrece inconsistente –por demás- el clamor del actor cuando pretende ahora –tardíamente- y utilizando la ruta procesal equivocada censurar dicha actuación –una vez resuelta desfavorablemente a sus intereses- cuando lo propio hubiera sido desde el momento mismo en que se interpone el recurso de alzada y conocedor del funcionario asignado en segunda instancia utilizar el mecanismo procesal idóneo, que no era otro distinto a la recusación, con los palmarios argumentos que ahora exhibe en sede de tutela.
Entonces, la réplica se torna tardía, bajo una ruta procesal equivocada, no siéndole dable revivir actuaciones, so pretexto de vulneración de derechos fundamentales que ya fenecieron, motivo adicional que a juicio de la Sala se ofrece para desestimar las pretensiones del demandante en sede de tutela.
Para la Sala, la decisión atacada no contiene los vicios que constituyen la denominada “vía de hecho”, sino que obedecen a un análisis juicioso, ponderado de los presupuestos fácticos y jurídicos, de modo que se muestran por completo razonables y ajustadas al ordenamiento a más que desprovistos de causales de impedimento que impidieran su conocimiento.
Primero.- Negar por improcedente la acción de tutela invocada por JUAN CRISTOBAL ROMERO, a través de apoderado.
Segundo.- Notifíquese en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1.991.
Tercero.- De no ser recurrida esta providencia ante la Sala de Casación Civil de la Corporación, enviar el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
1 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, radicación 11-001-02-30-002-2005-00009, noviembre 24 de 2005
2 Despacho del Vicefiscal General de la Nación, oficio de respuesta, página 7
3 Cfr. Resolución número 0-3880 de noviembre 8 de 2005, expedida por el Fiscal General de la Nación.
4 Cita efectuada por el Despacho del Vicefiscal General de la Nación al dar respuesta al libelo de la acción, cuya transcripción corresponde a la resolución de fecha junio 20 de 2006
5 Corte Suprema de Justicia, radicación 18557, diciembre 13 de 2002

References: resolución 
 resolución 
 artículo 110
 resolución 
 resolución 
 artículo 69
 Resolución 
 resolución