Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421098.html
Timestamp: 2019-03-20 05:09:40+00:00

Document:
as201421098
Auto Supremo: 98/2014
Expediente: LP-124-13-S
Partes: Sociedad VANGUARD Ltda., representada por Juan Hernán
Sánchez Salazar. c/ la H. Alcaldía Municipal de la Ciudad de
El Alto, representada por Fanor Nava Santiesteban, y el H.
Concejo Municipal de la Ciudad de El Alto, representado por su
Presidente Efraín Argani Argani.
Proceso: Reembolso.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 369 a 371, interpuesto por la Sociedad VANGUARD Ltda., representada por Juan Hernán Sánchez Salazar, en contra de la Resolución Nº 087/2013 de 18 de marzo de 2013, Auto de Vista de fs. 361 a 363 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre reembolso seguido por la Sociedad VANGUARD Ltda., representada por Juan Hernán Sánchez Salazar contra la H. Alcaldía Municipal de la Ciudad de El Alto, representada por Fanor Nava Santiesteban, y el H. Concejo Municipal de la Ciudad de El Alto, representado por su Presidente Efraín Argani Argani; la respuesta al recurso de fs. 378 a 379; el Auto de concesión de fs. 380; los antecedentes del proceso, y:
La Sociedad VANGUARD Ltda., representada por Juan Hernán Sánchez Salazar, por memorial de fs. 92 a 95, adjunto las literales de fs. 1 a 86, y memorial de aclaración de fs. 99 a 100, interpone demanda amparado en el art. 311 del Código de Procedimiento Civil, señalando que en septiembre de 2000, el Gobierno Municipal de El Alto convocó a licitación pública para la construcción por iniciativa privada de la Terminal Terrestre de Buses de Transporte Público, la cual fue asumida por VANGUARD Ltda. El 15 de noviembre de 2002, en base a los Informes 046/2002 y 045/2002, el Alcalde Municipal aprobó el Proyecto a Diseño Final mediante Resolución Nº OMDE 583/2002 y certificó el costo de los estudios efectuados por VANGUARD Ltda., en la suma de $us. 77.815,20.- la consiguiente licitación pública para ejecución de la obra civil y concesión de servicios fue declarado desierto en dos oportunidades por el Concejo Municipal y posteriormente fue suspendida indefinidamente. Efectivamente, el 16 de diciembre de 2002, el Gobierno Municipal mediante Cite: DCI 160/2002, aduciendo que el Concejo Municipal se había negado a aprobar, suspendió la licitación pública para la Construcción y Concesión de Servicios de la Terminal Terrestre, situación que fue comunicada a VANGUARD Ltda., mediante Cite 289/2003 de 14 de mayo, en el que se les señalaba que el Ejecutivo Municipal se comprometía a respetar y garantizar todos los derechos que la Ley de Concesiones y su Reglamento le reconocían. Uno de esos derechos es el reembolso del costo de los estudios del proyecto conforme al art. 8 de la Ley Nº 1874 de 22 de junio de 1998 con relación al art. 50 del Decreto Supremo Nº 25253, ya que la pretensión de VANGUARD Ltda., era adjudicarse la obra y la concesión del servicio de la Terminal. En este sentido, indica que la Sentencia Constitucional de 23 de julio de 2003, dispuso que el Concejo Municipal se pronuncie a la brevedad respecto a la aprobación o rechazo de la concesión, sin embargo, esta resolución no fue cumplida y esa omisión le ocasiona graves daños económicos y perjuicios que deben ser resarcidos conforme al art. 984 del Código Civil. Con los antecedentes mencionados, solicita el reembolso de $us.77.815,20 que es el costo de estudios del Proyecto “Terminal de Buses El Alto”, y el reembolso de los Comprobantes de Caja por pago de Derechos a concurrir a Licitación Pública Nº 265889 y 383733 por Bs.3.504.- depositado en el Tesoro Municipal, debiendo ordenarse en ejecución de sentencia el pago de daños, perjuicios y costas.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez de Partido Tercero en Materia Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, mediante Sentencia- Resolución Nº 145/10 de 02 de junio de 2010, cursante de fs. 247 a 253, declaró probada la demanda, disponiendo al Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto pagar a la Empresa VANGUARD Ltda., $us.77.815,20 por concepto de reembolso por la realización de los estudios del Proyecto Terminal de Buses de la ciudad de El Alto, e Improbada con relación al reembolso de comprobantes de caja por derecho a concurrir a Licitación Pública por Bs.3.504.- no susceptibles a devolución; Improbada la demanda reconvencional interpuesta por los codemandados e Improbada la excepción perentoria de prescripción opuesta por los demandados.
Los recursos de apelación interpuestos por los representantes de la Alcaldía Municipal y el H. Concejo Municipal, respectivamente, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el Auto de Vista - Resolución Nº 087/2013 de 18 de marzo de 2013, de fs. 361 a 363 vlta., dispuso la nulidad de obrados hasta fs. 100 vlta., inclusive, señalando que el A quo admitió la demanda indebidamente ya que la Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte Nº 1874 de 22 de junio de 1998 y su Reglamento Orgánico aprobado por Decreto Supremo Nº 25253 de 18 de diciembre de 1998, establecen un trámite especial para la atención de iniciativas privadas de concesiones de obra pública de Transporte, normas que correspondían ser consideradas para admitir una demanda, aspecto que debió tenerse en cuenta de conformidad al art. 333 del Código de Procedimiento Civil y al principio de congruencia; que tramitada la causa y emitido Sentencia, el Juez de la causa omitió pronunciarse respecto a la pretensión demandada de daños y perjuicios por lo que la Sentencia resulta infra petita quebrantando los arts. 190 y 192-3) de precitada norma, además, el reembolso que se declaró probado no ha sido debidamente fundamentado ni motivado en consideración a la Ley Nº 1874 y al Decreto Supremo Nº 25253, arriba señalados.
En contra de esta resolución de segunda instancia, el demandante Sociedad VANGUARD Ltda., recurre de casación en el fondo y en la forma.
El Auto de Vista incurrió en incorrecta e impertinente aplicación de la Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte Nº 1874 de 22 de junio de 1998 y su Reglamento Orgánico aprobado por Decreto Supremo Nº 25253 de 18 de diciembre de 1998.
La citada Ley establece un trámite especial para la atención de iniciativas privadas de concesiones de obras públicas de Transporte, especialmente en el art. 8º, en el que se establecen los recursos de revocatoria, jerárquico y el recurso contencioso administrativo, cuando no se reconozcan los derechos del proponente privado de la propuesta.
Por su parte, el Reglamento Orgánico en el art. 51 señala que en caso de no cumplirse este requisito, el proponente podrá solicitar reconsideración al Viceministro, Prefecto o Alcalde suspendiéndose la licitación mientras se resuelva, además, el proponente podrá ejercer su reclamo ante la Corte Suprema.
La demanda no está referida al reconocimiento de derechos de licitación y concesión de obras de transporte, sino al reembolso de gastos de un proyecto de obra consistente en estudios especializados sobre impacto en el medio ambiente, estudios arquitectónicos, eléctricos, geológicos, etc., de la Terminal terrestre de El Alto, a ejecutarse a futuro según convocatoria y licitación sujetas a la Ley de Concesiones de Obras Públicas de Transporte.
Por negligencia del Órgano Deliberante se archivó el trámite de reembolso de gastos efectuados en el proyecto de inversión por iniciativa privada referida a la construcción y administración de la Terminal Terrestre, e incluso incumpliendo una Sentencia Constitucional.
La resolución de Alzada no se pronunció respecto a la demanda de reembolso vulnerando el derecho a la petición y a la tutela judicial.
Recurso de forma:
El fallo de segunda instancia hace observaciones por supuestos e inexistentes defectos en la demanda, aplicando en forma retroactiva y ultra petita facultades ajenas que corresponden al A quo en virtud del art. 333 del Adjetivo de la materia, incluso contraviene su propio criterio cuando hace cita de la G.J. 597 P.90.
El principio de congruencia citado en el fallo de Alzada, ha sido vulnerado por el propio Ad quem, al anular obrados incluida la admisión a la demanda usurpando funciones del Juez de origen, además de haber quebrantado los principios de:
Especificidad o legalidad, debido a que vulnera la sustanciación regular del procedimiento;
Trascendencia, porque el fallo retrotrae irregularmente la causa a 10 años atrás lesionando la economía procesal;
Conservación y protección, porque vulnera el principio procesal de la necesidad de obtener actos válidos y firmes sobre los cuales pueda consolidarse el derecho;
Preclusión por el cual las etapas del proceso quedan firmes y subsistentes, sin posibilidad de retrotraer el proceso.
En base a estos antecedentes solicita se CASE en el fondo, y en la forma, se ANULE el Auto de Vista, en virtud del art. 252 del Código de Procedimiento Civil.
Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley. Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo del litigio error "in judicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 253 del adjetivo civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma error "in procedendo", es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el art. 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
De lo manifestado precedentemente, se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes; el de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, en este caso lo que se pretende es que el Auto Supremo "case" la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio, el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados.
En el caso que se analiza, el recurrente al interponer simultáneamente recurso de casación en el fondo y en la forma contra una resolución de alzada anulatoria, no comprendió la naturaleza del fallo y equivocó el medio de impugnación deducido, toda vez que contra una resolución que anula obrados no es posible interponer recurso de casación en el fondo; correspondía en todo caso al recurrente interponer contra el referido Auto de Vista anulatorio, únicamente el recurso de casación en la forma para que este Tribunal Supremo revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos; por si fuera poco, el recurrente tampoco especifica las causales previstas en los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, por las que según él, amerita la procedencia del recurso; por este motivo, se pasará a analizar simplemente el recurso de casación en la forma.
Entre los datos que informan al proceso, se tiene que el Juez Tercero de Partido en lo Civil Comercial de El Alto, mediante Auto de 25 de enero de 2011 (fs. 295), dispuso la consulta de oficio de la Sentencia-Resolución Nº 145/10 de 02 de junio de 2010, remitiéndola ante el superior en grado, paralelamente los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno Municipal de El Alto (fs. 265 a 266 vta.), y por el H. Concejo Municipal (fs. 268 a 269), en previsión del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, al tratarse de un fallo dictado contra una entidad perteneciente al Estado.
En cumplimiento de aquello, los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal de Justicia de La Paz, mediante la emisión del Auto de Vista-Resolución Nº 087/2013 de 18 de marzo de 2013 (fs. 361 a 363 vta.), resolvieron anular obrados hasta el folio 100 vlta., inclusive, es decir, hasta la admisión de la demanda, disponiendo que el Juez A quo regularice el proceso de acuerdo a las normas legales que rigen la materia y los datos del proceso.
Al respecto debemos dejar establecido que la finalidad de la consulta de las Sentencias dictadas contra el Estado o instituciones públicas, es lograr que el Juez o Tribunal que conoce en grado de consulta, realice una revisión integral de todo el proceso en aras de proteger los derechos y la defensa de los intereses del Estado; el Juez o Tribunal de Alzada que conocen en grado de consulta tiene amplias facultades para el conocimiento del proceso pudiendo decretar nulidades de oficio y revocar el fallo de primera instancia e incluso rever cuestiones de procedimiento esenciales; la consulta no participa de la categoría del recurso por cuanto éste es un medio de impugnación ante el agravio que les ocasiona la decisión de la Autoridad jurisdiccional a las partes litigantes; en tanto que la consulta es independiente y no requiere de agravio alguno, el Juez o Tribunal de Alzada que conocen en grado de consulta tiene amplias facultades para el conocimiento del proceso pudiendo decretar nulidades de oficio y revocar el fallo de primera instancia e incluso rever cuestiones de procedimiento esenciales sin que importe la etapa decisoria ya cumplida ni el consentimiento que hayan prestado quienes son parte en el proceso, habida cuenta que la consulta no constituye un recurso procesal, sino el examen oficioso de la Sentencia dictada a fin de asegurar su legalidad.
La consulta le da al Tribunal de Alzada la potestad de revisar cuestiones de procedimiento y de fondo de la resolución, a efectos de que en este último caso, el Tribunal apruebe o revoque total o parcialmente la decisión asumida por el A quo, pero en todo caso, la decisión que provenga de la consulta debe realizarse administrando justicia en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
La expresión de agravios del recurrente se refiere a que el Ad quem habría usurpado funciones que correspondían únicamente al A quo, concretamente las señaladas en el art. 333 del Código de Procedimiento Civil, aplicándolas retroactivamente y de forma ultra petita, transgrediendo los principios de especificidad, trascendencia, conservación y preclusión.
El art. 252 del Código de Procedimiento Civil, señala textualmente: "El juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público", disposición legal que autoriza a Jueces y Tribunales de instancia a declarar la nulidad, actuando de oficio, de los procesos pasados a su conocimiento por el incumplimiento de normas que interesan al orden público; entendida la nulidad como la ineficacia del acto cumplido o la imposibilidad de cumplimiento en el futuro.
De conformidad al art. 90 del Código de Procedimiento Civil “I. Las normas procesales son de orden público y por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. II. Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”, por lo que no está permitido convenir renuncias a las reglas del procedimiento.
Establecido la nulidad de los actos procesales y su afectación en las normas procesales, corresponde realizar las siguientes puntualizaciones:
1) En antecedentes de la demanda principal cursante de fs. 92 a 95, y aclaración en fs. 99 a 100, dirigida al Juez de Partido de turno en lo Civil, se evidencia que la Sociedad VANGUARD Ltda., demandó al Gobierno Municipal de El Alto y el H. Concejo Municipal, el reembolso de sumas de dinero y pago de daños y perjuicios por los costos y gastos ejecutados en su proyecto de iniciativa privada para la construcción de la Terminal Metropolitana de Buses en la ciudad de El Alto, licitada públicamente por la mencionada entidad pública, a la cual se adhirió presentando su propuesta, conforme se señala en los términos de la demanda.
2) Del tenor de la demanda se concluye que el proceso de presentación de la mencionada propuesta de iniciativa privada se encuentra regulado por las normas de la Administración Pública, a través de leyes y reglamentos administrativos específicos que rigen la actividad y el procedimiento administrativos mediante resoluciones y actos administrativos, estableciéndose derechos y obligaciones entre la Administración Pública y los administrados.
3) La Ley General de Obras Públicas de Transporte Nº 1874 de 22 de junio de 1998, reguló el régimen legal de las concesiones de obras públicas de transporte y los niveles de servicio a prestar, para preparar, licitar, otorgar, contratar, desarrollar, modificar y terminar dichas concesiones, por la Administración Nacional, las prefecturas y las municipalidades, reconociéndose dentro de ella, a las propuestas de origen privado para licitar obras por concesión en el Capítulo II; entre tanto, el Título IV del Reglamento Orgánico de la Ley Nº 1874, aprobado por Decreto Supremo Nº 25253 de 18 de diciembre de 1998, establece el procedimiento para las propuestas de iniciativa privada para licitar obras públicas por concesión.
4) En ese sentido, los derechos de reembolso de sumas de dinero y el de pago de daños y perjuicios pretendidos por el demandante, así como cualquier otro derecho u obligación emergente de las disposiciones legales precitadas, corresponden ser reclamados por la vía administrativa, de acuerdo a lo previsto en el párrafo in fine del art. 8º de la Ley Nº 1874, y el art. 33 de su Reglamento Orgánico, que reconocen los medios de impugnación de las resoluciones en la vía de los recursos de revocatoria y jerárquico, y el contencioso-administrativo, los cuales, en función de la resolución o acto administrativo definitivo que a criterio del recurrente le haya causado perjuicio o lesionado sus derechos, deberán tramitarse en el marco de la Ley Nº 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, o en su caso, la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 de 23 de abril de 2002.
5) A través de la potestad judicial establecido en el art. 1º del Código de Procedimiento Civil, los Jueces y tribunales están facultados a intervenir en una determinada controversia en el ámbito particular, en cambio, a través de la potestad administrativa, se faculta a la Administración Pública a realizar y cumplir fines de interés general y público, de lo que se colige que las competencias del órgano judicial y del órgano administrativo no son las mismas.
6. Al respecto, el art. 122 de la Constitución Política del Estado, señala que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, por lo que su violación constituye infracción al orden público y entraña la nulidad la cual no puede ser convalidada ni se opera el principio de preclusión.
No obstante, las previsiones advertidas precedentemente, el Juez de la instancia procedió a admitir la demanda por providencia de 9 de enero de 2009 (fs. 100 vta.).
El art. 333 precitado, establece que cuando la demanda no se ajusta a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanan se la tendrá por no presentada. A dicho efecto, es deber del Juez efectuar el examen de admisibilidad de la demanda que comprende no solamente la verificación de cumplimiento del aspecto formal de la demanda establecido en el art. 327 del Adjetivo Civil, sino también los requisitos de admisibilidad intrínsecos e incluso los aspectos de fundabilidad o de procedencia de la pretensión. En ese examen de control de las formas de la demanda, el Juez debe tener en cuenta por ejemplo, si es competente o no para conocer la demanda que se le presenta.
2. En el caso de autos, el Juez de Partido Tercero en lo Civil Comercial de EL Alto, tenía el deber ineludible de efectuar un examen formal de la demanda a tiempo de decidir su admisión, pero al haber admitido sin la observancia que le señala la ley, no ha cumplido con lo previsto en el art. 252 del Código de la materia, que le obliga a revisar y verificar de oficio el proceso.
El recurrente señala que el Ad quem, al haber anulado el proceso quebrantó los principios de especificidad, trascendencia, conservación y preclusión.
El art. 251 del Código del Procedimiento Civil, prescribe: “I. Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviese expresamente determinada por la ley. II Las violaciones que no se acusaren o las que acusadas no implicaren nulidad por disposición expresa de la ley, dará lugar a reprensión, apercibimiento y aún al juzgamiento del juez o tribunal culpable", encontrándose en esta disposición el principio de especificidad o legalidad.
En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Alzada no ingresó al fondo de la controversia ya que en su deber de control y fiscalizador del proceso, evidenció la vulneración de las disposiciones legales descritas anteriormente, al ser normas de orden público y de cumplimiento obligatorio a las que debía regirse el A quo. Debemos tener en cuenta que todo proceso se desarrolla sobre bases formales, de cumplimiento obligatorio y que si bien los elementos formales no pueden ser causa y dar lugar a la nulidad por la nulidad, éstos adquieren relevancia cuando afectan derechos y garantías que al no ser respetados y observados, ponen en riesgo la posibilidad de defensa de una de las partes en el proceso, vulnerando a su vez el principio de igualdad. Ineludiblemente debe sancionarse con nulidad los actos procesales cuando afecten los derechos de los sujetos procesales a la defensa, al debido proceso o a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo previsto por el art. 252 de la norma adjetiva citada, norma que es de orden público y de cumplimiento obligatorio.
De lo precedentemente expuesto, se concluye que:
Que no correspondía admitirse ni tramitarse en la vía judicial la demanda de reembolso de sumas de dinero y el pago de daños y perjuicios reclamados al Gobierno Municipal de El Alto.
Que al haberlo hecho, se han violado normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, por no ser la vía judicial la instancia ni la autoridad competentes para dilucidar el reclamo de reembolso de sumas de dinero y pago de daños y perjuicios.
Que en la vía administrativa, corresponde la impugnación de resoluciones y actos administrativos, por lo que la presente reclamación, al originarse en un procedimiento administrativo, debe efectuarse en dicha vía, y una vez agotada la vía administrativa, corresponderá la impugnación judicial por medio del proceso contencioso administrativo.
Por lo anteriormente señalado, concluiremos indicando que el Tribunal Ad quem, anuló correctamente el proceso hasta la admisión de la demanda, aunque con fundamentación parcialmente distinta a la expuesta en el presente Auto Supremo, sin embargo, cabe hacer notar al Tribunal de Alzada que si su decisión se decanta por la nulidad hasta la admisión de la demanda resulta insustancial e incluso confusa la fundamentación referida a errores o defectos de procedimiento relativos a actuados procesales posteriores a la admisión misma de la demanda, teniendo en cuenta que la nulidad que dispone el Tribunal de Alzada supone que su fundamentación verse en relación al vicio que tiene en cuenta para dicha nulidad, correspondiendo a este Tribunal fallar conforme a los arts. 271 núm. 1) y 2), 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm. 1) de la Ley Nº 025 y en aplicación de los arts. 271 núm. 1) y 2), 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, e INFUNDADO el recurso de casación en la forma, cursante de fs. 369 a 371 de obrados, interpuesto contra el Auto de Vista - Resolución Nº 087/2013 de 18 de marzo de 2013, de fs. 361 a 363 vlta., emitido en el proceso ordinario sobre reembolso seguido por la Sociedad VANGUARD Ltda., representada por Juan Hernán Sánchez Salazar contra la H. Alcaldía Municipal de la Ciudad de El Alto, representada por Fanor Nava Santiesteban, y el H. Concejo Municipal de la Ciudad de El Alto, representado por su Presidente Efraín Argani Argani. Sin costas por ser entidad pública.

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