Source: http://www.farmaciadelfuturo.net/2011/08/
Timestamp: 2019-02-23 23:24:30+00:00

Document:
La Farmacia del Futuro: agosto 2011
APERTURA DE 34 NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA EN ARAGÓN 2011:Listado definitivo de solicitantes
APERTURA DE 34 OFICINAS DE FARMACIA EN ARAGÓN 2011.
PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES ADMITIDOS.
- Resolución de 5 de julio de 2011, de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento, por la que se acuerda ampliar el plazo de aprobación provisional de las listas de puntuaciones correspondientes al concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia convocado por resolución de 11 de enero de 2011 de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento.
- Ampliación del plazo de aprobación de las listas de puntuaciones correspondientes al concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. Resolución del 5 de julio de 2011, de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento, por la que se acuerda ampliar el plazo de aprobación provisional de las listas de puntuaciones correspondientes al concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia convocado por resolución de 11 de enero de 2011 de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento.
- Resolución de 16 de mayo de 2011, del Director General de Planificación y Aseguramiento, por la que se hacen públicas las listas provisionales de solicitantes admitidos y excluidos en el concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia convocado por resolución de 11 de enero de 2011 de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Salud y Consumo.
-Listado definitivo de solicitantes admitidos en el concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia.
-Listado definitivo de solicitantes excluidos en el concurso para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia.
- Resolución de 11 de enero de 2011 de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Salud y Consumo, por la que se convoca concurso para la adjudicación de nuevas Oficinas de Farmacia de conformidad con la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón.
- Decreto 197/2009, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 4/1999,de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica, en materia de Oficinas de Farmacia y Botiquines.
- Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón.
- Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Huesca, Zaragoza y Teruel sobre la coordinación en la tramitación administrativa en las Oficinas de Farmacia.
DECRETO 197/2009, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
CÓMO SE REDUCE EL GASTO FARMACÉUTICO
El Gobierno aprobó ayer, día 19 de Agosto, una serie de medidas de austeridad con las que pretende reducir el
gasto farmacéutico de las comunidades autónomas en 2.400 millones de euros -800 este año- y en 167 la aportación
de los ciudadanos. La principal medida es que a partir de ahora los facultativos deberán recetar con carácter general
el principio activo o genérico y no la marca comercial del medicamento, y los farmacéuticos tendrán que dispensar el
más barato de los que estén disponibles dentro de su mismo género. Asimismo se reduce un 15 % el precio de
aquellos medicamentos que carezcan de genérico una vez transcurrido un plazo de diez años.
El portavoz del Ejecutivo y ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto que pretende mejorar la gestión del gasto farmacéutico. Según sus palabras, a través varias medidas
de austeridad, se prevé un ahorro para el conjunto del Sistema Nacional de Salud de unos 2.400 millones de euros
anuales y de 167 millones en la aportación de los ciudadanos.
La nueva normativa recoge principalmente las propuestas presentadas en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, que se celebró el pasado 21 de julio:
El Real Decreto Ley también ha establecido cambios en el sistema de establecimiento de precios de referencia. Así,
se agilizará el procedimiento de creación de nuevos conjuntos homogéneos de medicamentos y de fijación de
importe de referencia –se crearán de forma inmediata en lugar de esperar el plazo de un año-.
Según el texto aprobado, se aplicará una reducción del 15% a los medicamentos que carezcan de alternativa
genérica. Eso sí, ese descuento se realizará una vez que la patente haya sobrepasado los 10 años para garantizar
que el laboratorio fabricante pueda amortizar sus inversiones. (Los fármacos que acrediten estar protegidos por patente en toda la Unión Europea quedarán excluidos de esta deducción).
Uno de los objetivos del Gobierno es evitar la "financiación indiscriminada de medicamentos", por lo tanto, a partir de
ahora, la elección de los fármacos sufragados por la seguridad social se hará en función de seis criterios: gravedad, duración y secuelas de las patologías para las que estén indicados; necesidades específicas de ciertos colectivos; valor terapéutico y social del medicamento; racionalización del gasto público; existencia de otras alternativas terapéuticas y grado de innovación del medicamento.
El documento señala que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) trabajará en la adecuación del contenido de los envases de los medicamentos a la duración real de los tratamientos. En este sentido, también señala que, después de dispensar los fármacos, los farmacéuticos podrán facilitar sistemas
personalizados de dosificación a los pacientes que lo soliciten.
En el plazo de seis meses, deberá establecerse un formato único y común de tarjeta sanitaria válido para todo el
Sistema Nacional de Salud. Además, antes del 1 de enero de 2013, las administraciones sanitarias tendrán que
adoptar las medidas necesarias para implantar la historia clínica digital y la receta electrónica con el objetivo de
facilitar el intercambio de datos en todo el Estado.
También en un plazo de seis meses, ha de elaborarse una estrategia de coordinación sociosanitaria, que contará con
la participación del Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas y organizaciones ciudadanas, profesionales y
empresas del sector. El objetivo es mejorar la calidad de la atención al público que recibe servicios sanitarios y sociales.
Por otro lado, y aunque no sea en sí misma una medida de austeridad, la nueva normativa ha elaborado un sistema de
compensación para las farmacias ubicadas en núcleos de población pequeños, aislados o socialmente deprimidos.
Para garantizar la viabilidad de estas oficinas y la prestación del servicio público, se ha establecido un índice corrector
del margen comercial. Estas compensaciones podrán alcanzar un máximo de 10.000 euros al año.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, donde José Blanco estuvo acompañado por la vicepresidenta del
Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el portavoz del Ejecutivo ha dicho que este real decreto ley pretende "ahorrar manteniendo la calidad de la sanidad pública".
"Esto lo hacemos desde el principio de responsabilidad, todos tenemos que tener responsabilidad en el ahorro, tiene
que haber un compromiso colectivo del Gobierno, los médicos, los farmacéuticos y los ciudadanos (...) las casas no pueden estar rebosando de medicamentos sin utilizar o caducados, que pagamos todos con nuestros impuestos", ha
Ha subrayado que se trata de armonizar las acciones de recortes del gasto farmacéutico que se realizan en España y
"que todo el mundo tenga las mismas posibilidades" de acceso a tratamiento en todo el país. En este sentido,
recuerda que este real decreto cuenta "con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas" y, según ha
destacado, "con el apoyo explícito de Madrid y Valencia".
Lo que está claro que hay un antes y un después en la oficina de farmacia con estas medidas de austeridad.
EL IMPAGO A LAS FARMACIAS SE MULTIPLICAN EN DIFERENTES COMUNIDADES
El Consejo General de Colegios de Farmacia de Catalunya prevé problemas de pago de la Conselleria de Salud de la Generalitat a las farmacias en octubre, como consecuencia de las "tensiones de tesorería" que a su juicio desembocarán los estrictos presupuestos del sector, explicó la secretaria del Consejo, Pilar Gascón.
En Catalunya, la Generalitat, las farmacias y el BBVA llegaron a un acuerdo en julio de 2010 por el que los retrasos del pago de la administración no afectan a las boticas.
De esta forma, la entidad bancaria avanza el dinero a las boticas, y lo cobra --en un 70 por ciento-- a los 25 días con intereses a cargo de la administración catalana, mientras que las farmacias ofrecen algunos descuentos especiales al departamento, ha explicado Gascón.
Con todo, los "presupuestos sanitarios imposibles" aprobados por el Parlament y el aumento de las comisiones e intereses bancarios hacen temer problemas de tesosería que eventualmente es probable que repercutan en los pagos.
El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi De Dalmases, ya auguró este lunes un otoño caliente en el sector sanitario catalán, como han manifestado numerosos gerentes hospitalarios y sindicatos.
Gascón ha lamentado la situación que viven los establecimientos catalanes, especialmente preocupados por el decreto ley que el Gobierno central quiere aprobar el 19 de agosto para apuntalar el cumplimiento del objetivo de déficit, después de que en 2010 ya se aprobara una rebajada del 30 por ciento del precio de los genéricos y una reducción del 7,5 por ciento en el resto de fármacos facturados al sistema sanitario público.
También ha advertido de que una de cada diez farmacias en Catalunya --unas 261-- sufren una situación de viabilidad económica comprometida, ya que sus titulares obtienen un rendimiento neto inferior a los 1.500 euros mensuales.
La presidenta de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), María Dolores Espinosa, ha asegurado que la empresarial farmacéutica y por tanto las farmacias no han recibido ni tienen ninguna propuesta financiera ni documento alguno por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Socialers para dar solución al impago de la facturación farmacéutica.
Igualmente, ha apuntado que la Consejería, a día de hoy, "no nos ha comunicado ni la cuantía ni el plazo de cancelación, información imprescindible para analizar su posible viabilidad" y que todo lo anterior "coincide plenamente" con lo expuesto en las asambleas colegiales por los respectivos presidentes de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real. Según Espinosa, la empresarial farmacéutica está manteniendo una comunicación "fluida" con la Consejería, y confía poder llegar a unos principios de acuerdo en un breve plazo de tiempo.
Por último, ha destacado que su responsabilidad como presidenta de FEFCAM es la representación y defensa de los intereses de aquellos a los que representa, "en mi caso los titulares de las oficinas de farmacia", ha concluido.
Las farmacias de Murcia empezaron a soportar impagos en el año 2010. Las recetas del último trimestre las cobraron gracias a una póliza con Cajamurcia. En enero, el pago volvió a retrasarse doce días. Pero la crisis estalló en mayo, cuando las oficinas se encontraron con una deuda de dos meses (60 millones de euros), y Sanidad les anunció que no tenía liquidez ni para cubrir ese impago ni para pagar las mensualidades siguientes. Los farmacéuticos convocaron entonces un paro en el sector, pero no llegó a materializarse. El Colegio evitó la polémica pública con el Gobierno regional, y se terminó cerrando un acuerdo con varias entidades financieras. Los bancos aceptaron conceder un crédito a la Comunidad Autónoma para pagar las recetas hasta octubre. Eso sí, a cambio de que los farmacéuticos avalasen la póliza con sus propiedades personales. El acuerdo no gustó a todos (más del 30% de los boticarios votaron en contra en una asamblea extraordinaria) aunque fue aceptado por la mayoría como un mal menor.
Pero desde entonces hasta ahora ha llovido mucho, y las farmacias están hoy más molestas que nunca, porque se sienten perjudicadas por los planes de prescripción por principio activo que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad y que el Ministerio extenderá a casi todos los medicamentos con un decreto que aprobará la semana que viene. Los farmacéuticos tendrán que dispensar la marca más barata que tengan de entre todas las que ofrezcan un mismo compuesto (el principio activo). Eso reducirá los beneficios de las farmacias, que se quedan con el 27,9% del precio de venta al público. «Nuestro beneficio real no llega al 8%», asegura Prudencio Rosique, presidente del Colegio de Farmacéuticos. «Nos sentimos discriminados. Las únicas medidas que se están tomando para reducir el gasto son las que se refieren a los medicamentos, y hay cuestiones mucho más importantes», defiende.
«No podemos seguir soportando esta situación. Algunas oficinas están a punto de quebrar», asegura Valentín Torregrosa, farmacéutico que fue candidato a la presidencia del Colegio. Prudencio Rosique, coincide en el diagnóstico: «El modelo actual de farmacia está en peligro».
Cierres patronales para exigir cobros, administraciones autonómicas con severos problemas de liquidez, gobiernos regionales que anuncian una dilatación de los pagos... La zozobra, derivada de la crisis financiera que sufren las comunidades autónomas, se extiende por la red de farmacias de toda España ante los retrasos en el cobro de las facturas de medicamentos que, mes tras mes, han de abonarles las administraciones regionales.
En Asturias, el Colegio de Farmacéuticos afirma que, hasta el momento, no se ha producido «ninguna señal de problemas de cobro», pese a lo cual los profesionales observan con «preocupación» el panorama general, según explicó José Villazón, presidente de los boticarios de la región. Como promedio, el Principado les abona el coste de los fármacos unos 35 días después de que las boticas se los dispensan a los usuarios. Villazón sintetizó el problema: «Las farmacias tienen la resistencia que pueden tener. Si no cobran no pueden pagar a los suministradores, y si no pagan no les sirven los medicamentos necesarios para atender las demandas de los pacientes».
En Castilla y León, el panorama no es tan crítico, pero la incertidumbre crece. Las farmacias castellanoleonesas continúan cobrando puntualmente, pese a las dificultades de tesorería del Gobierno autonómico reconocidas por el propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Según el Consejero, el gasto farmacéutico supone el diez por ciento del presupuesto anual de la comunidad y llega a los 1.000 millones de euros, de los que 740 millones corresponde a los pagos de recetas a las farmacias. Sáez Aguado subrayó que los pagos se realizan puntualmente el día 20 de cada mes.
El presidente regional, Pedro Sanz, ha anunciado una «reprogramación» de algunos pagos», de modo que a las farmacias riojanas se les pagará a 40 días en vez de a 10. Según el Presidente, hasta el momento las farmacias «presentan la factura el 10 de cada mes y se les paga el 20». «De momento se les ha dicho que en lugar de pagar a 10 días se les va a pagar a cuarenta días, que podría incluso reducirse a 30 días en breve plazo y que volveremos a la situación normal cuando llegue el momento».
El presidente da la Federación de Farmacias Gallegas, José Luis Rodríguez Dacal, lamenta el impago del Ayuntamiento de Lugo con las boticas de la ciudad, aunque aclara que "desgraciadamente es una circunstancia que se produce con frecuencia en otros ayuntamientos gallegos". Él mismo regenta una farmacia en Santiago de Compostela y reconoce que "en ocasiones" el pago de los fármacos se retrasó durante más de cien días.
La cifra se ha visto superada en numerosas ocasiones por ayuntamientos y administraciones que han tardado hasta un año entero en hacerse cargo de sus responsabilidades con las farmacias del entorno, un ejemplo que en la ciudad de las Murallas se ha repetido en dos ocasiones en los últimos años, tal y como ha denunciado el Partido Popular municipal.
Rodríguez Dacal considera que los gobiernos "no son buenos pagadores", un hecho que en la mayoría de los casos se justifica por los tiempos de comprobación de las recetas y pedidos, como en el caso del Ayuntamiento de Lugo. La única tranquilidad, expone el presidente de la Federación de Farmacias Gallegas, "es que al final siempre se acaba cobrando".
Los representantes del sector farmacéutico descartan que en Galicia pueda darse una situación similar a la acontecida en Castilla-La Mancha porque los pagos que las administraciones públicas adeudan con las farmacias no son cantidades demasiado elevadas. En la ciudad de las Murallas la deuda contraída con cada una de las boticas asciende a los 5.000 euros, una cantidad que no llegaría a poner en peligro la supervivencia de los establecimientos. Añaden que la situación "sería diferente" si fuera el Sergas el que dejara de saldar sus pagos, puesto que las cantidades sueles ser "mucho más elevadas".
Según la Federación de Farmacias, el concierto entre aseguradoras sanitarias y Ayuntamientos es una fórmula que se utiliza con frecuencia, si bien cada vez son menos los gobiernos que optan por este modelo para financiar los fármacos a sus empleados públicos. Son acuerdos que no sólo rubrican las dos partes sino que son refrendados por los colegios profesionales de farmacéuticos, de manera que todas las boticas del área de influencia municipal forman parte del convenio.
En el caso de Lugo, el acuerdo afecta a 48 farmacias en las que prestan sus servicios más de 150 profesionales. "Los convenios obligan a las farmacias a seguir dando la medicación aunque haya problemas con los cobros", explica Rodríguez Dacal. El presidente del colectivo cree que las farmacias de Lugo no se han manifestado porque al ser un grupo numeroso "la cuenta por farmacia no es demasiado elevada", lo que no exime al Gobierno local de abonar sus deudas "en un plazo razonable".
En los últimos doce meses -de julio de 2010 a junio de 2011-, la factura en medicamentos que han debido afrontar las 17 comunidades autónomas españolas asciende a casi 11.500 millones de euros.
Plan de Prevención del FRAUDE FISCAL EN LAS FARMACIAS
El Plan de Prevención del FRAUDE FISCAL en las farmacias está asociado con el fraude en el IVA.
De esta manera, se ha puesto en marcha un plan para prevenir el fraude en las oficinas de farmacia ( verificación de la entrega de tickets por la compra de producto, control facturación venta libre, prevenir la doble contabilidad, solicitar facturas por la reforma de la farmacia o compra de elementos como cruces, cajoneras, mobiliario,...) y realizar inspecciones periódicas a todas aquellas empresas que son cómplices de no realizar facturas relacionadas directamente con el sector:
- empresas de reformas de farmacias,
- empresas de obra civil que trabajan en el sector farmacia,
- empresas que fabrican elementos para las farmacias (mobiliario, cruces, cajoneras, rótulos,...).
Se calcula en millones de euros el fraude fiscal con el IVA no declarado que se produce en este sector.
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan que se presenta pretende mejorar la eficacia en la prevención del fraude fiscal en el sector farmacéutico.
Este objetivo es una necesidad, en la medida en que el fraude distorsiona la actividad de los distintos agentes y condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales, y al tiempo una demanda de la
sociedad, por lo que representa de insolidaridad, tal y como se pone de manifiesto en las encuestas del CIS. Por otra parte, los comportamientos defraudatorios suponen una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores puesto que de otra forma no se podría mantener el gasto público.
Para su cumplimiento, se elabora una estrategia que se estructura en dos niveles.
El primero, global, en el que se plantea la corrección de problemas estructurales y se establecen unos principios básicos de actuación.
El segundo, supone la definición de medidas específicas en función de la problemática de la tipología del fraude.
El Plan parte de una premisa: la gran mayoría de los obligados tributarios cumple con sus obligaciones fiscales, por lo que se les deben prestar servicios de ayuda al cumplimiento voluntario. Además, el Plan se configura como una herramienta estratégica dirigida a los incumplidores, a los insolidarios, que con su comportamiento, no sólo perjudican los intereses de la Hacienda Pública y
con ello los de la mayoría, que cumple sus obligaciones fiscales, sino que también introducen un factor de competencia desleal en el sector en que se
mueven y, en resumen, en la economía española.
Con el objeto de superar las debilidades de anteriores Planes de Prevención del Fraude, que en la práctica no han sido todo lo operativos que sería deseable, este Plan se complementará con una revisión integral del sistema de
objetivos de la Agencia Tributaria, el diseño de un cuadro de mando que permita el seguimiento y la toma de decisiones en cada momento, y la extensión de los objetivos a la organización tomando en consideración el ámbito de actuación concreto.
Con este planteamiento se pretende que el Plan sea operativo para orientar las decisiones y las actuaciones de la Agencia Tributaria. Con esta finalidad, el documento actual se complementará con un calendario de aplicación, la
priorización de las distintas medidas, la designación de responsables concretos para su ejecución y asignación de los recursos implicados en su desarrollo.
En este contexto, se hace imprescindible adecuar la organización a la estrategia que se plantea y se recoge la necesidad de implicar a toda la organización generando una cultura corporativa que permita la unidad de acción.
El Plan se ha confeccionado en base a una serie de principios y criterios, que se pueden concretar en:
Carácter estratégico, porque permite orientar la toma de decisiones, se fundamenta en la experiencia de la Agencia Tributaria, se efectúa un importante trabajo de síntesis y se desarrollará en un horizonte temporal de medio plazo.
Planificación global, se considera la Agencia Tributaria en su conjunto, así como las relaciones de ésta con los distintos ámbitos institucionales, Administración Central y Territorial.
Flexible, es abierto y se irá adaptando a la realidad del fraude en cada momento.
Disuasión del fraude, actuaciones fuera de las oficinas de la Administración, educación ciudadana y profundización en líneas de asistencia al contribuyente, intensificando esta línea de actuación en relación con las nuevas oficinas de farmacia y empresarios del sector.
La investigación como referencia, se lleva a cabo un planteamiento integrador de los diferentes servicios, de puesta en común, para alcanzar una mayor eficacia en las labores de investigación.
Adicionalmente, se apuesta por las nuevas líneas de investigación y su puesta en común a toda la organización.
La información como condicionante de éxito, se pretende aproximar la obtención de información al momento en que se producen los hechos y se hará más operativo y eficaz el acceso a la información dentro de la propia Agencia Tributaria.
Fomento del trabajo en equipo, se establecen mecanismos de coordinación en base a líneas directrices y guías de actuación y extensión de los resultados de la investigación al conjunto de la organización.
Unidad de acción, se fomenta la eficiencia en las actuaciones de comprobación, estableciendo las bases para vertebrar adecuadamente las comprobaciones de gestión con los trabajos de inspección, y con una presencia sistemática de las necesidades para mejorar la eficacia
Implicación de los recursos humanos en la ejecución del Plan, a estos efectos se establece la necesidad de avanzar en el desarrollo de una cultura corporativa, de formación continua y se da valor a la defensa jurídica como respaldo en el compromiso de los funcionarios en la prevención del fraude.
Adecuación de la organización, las medidas operativas se
complementan con reformas organizativas que tienen por objeto lograr una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actuaciones de la Agencia Tributaria.
Este enfoque pone su énfasis, por tanto, en los aspectos disuasorios de la lucha contra el fraude. Cuanto mayor sea la probabilidad de que los defraudadores sean descubiertos y sancionados menor será el fraude. Lo relevante desde este punto de vista es la percepción subjetiva de los contribuyentes: en la medida en que la actuación represora del fraude incremente la percepción subjetiva de riesgo, el fraude disminuirá. Por ello interesa no sólo la eficacia de la actuación represora sino su adecuada comunicación.
La propia presentación pública de un Plan de Prevención del Fraude estructurado y creíble produce, frente a la tentación de incumplir las obligaciones fiscales, un efecto disuasorio a tomar en consideración.
Además, el Plan permitirá optimizar las actuaciones de control, lo que generará un indudable efecto económico directo (la regularización y, en su caso, la
sanción de los incumplimientos), un previsible efecto diferido (el incumplidor regularizado acomodará su comportamiento tributario en el futuro al criterio administrativo ante la evidencia de que, de otra forma, será descubierto) y un
fuerte efecto inducido (la constatación de que los incumplimientos se descubren y corrigen impulsa al conjunto de la sociedad a cumplir sus obligaciones).
Por otra parte, cabe preguntarse si la percepción social está respaldada por datos cuantitativos que revelen la dimensión del fraude fiscal existente. Es ésta, sin embargo, una cuestión donde no hay consenso respecto a los métodos
adecuados para su estimación. Por sus propias características, el fraude se refugia en la ocultación.
La única medición directa del fraude es la que resulta
de las propias actuaciones de la Administración para descubrirlo, pero no se puede afirmar que ésa sea la totalidad del fraude existente. Por tanto es necesario recurrir a métodos indirectos que se basan en supuestos siempre
cuestionables. Metodologías distintas dan lugar a resultados diferentes y en ciertos aspectos contradictorios. Dado el enfoque de este Plan, no parece oportuno desviar la atención hacia una discusión de cifras, sino centrarla en
aquellos aspectos prácticos que permitan mejorar la actuación de la Agencia Tributaria en la prevención del fraude.
Lo que sí es cierto es que el fraude fiscal es un fenómeno que no afecta exclusivamente a los recursos de la Hacienda Pública. El fraude distorsiona los comportamientos, generando efectos económicos negativos. Las empresas
fiscalmente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia desleal de las incumplidoras; de ese modo se puede poner en riesgo la existencia de empresas eficientes, que generan empleo, beneficios a sus titulares y accionistas y que además aportan recursos a la financiación de las actividades
públicas, pero que se ven incapaces de competir ante empresas tal vez menos eficientes, pero que se valen del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para desplazar a las primeras. En consecuencia, desde esta perspectiva, el fraude redunda en una pérdida de riqueza para el conjunto de la sociedad.
Esta estrategia debe tener como elemento fundamental una política de comunicación externa que potencie los efectos de las actuaciones de control y que permita ganar aliados entre los ciudadanos, empresas y entidades afectadas por el fenómeno del fraude.
La apertura del Plan a la sociedad se materializa también en la puesta a disposición de un buzón de sugerencias en la página web de la Agencia:
BUZÓN SUGERENCIAS AGENCIA TRIBUTARIA
que permitirá a los ciudadanos formular propuestas y observaciones en este ámbito que serán analizadas
permanentemente por la Agencia Tributaria.
CONDENAS POR FRAUDE FISCAL
Para que Hacienda pueda denunciar esto ante un Juez penal será necesario que quién incumpla, lo haga intencionadamente y se exceda de 120.000 euros por tributo y por año. Esto significa que no pueden sumarse las cuotas de varios ejercicios impositivos para superar los 120.000€, sino que se requiere que se supere la cuantía en cada año.
Por debajo de 120.000 euros defraudados, Hacienda nos puede poner una multa que oscila entre el 50% y el 150% de lo defraudado.
Castilla-La Mancha está al borde de la quiebra
El sistema farmacéutico en Castilla-La Mancha está al borde de la quiebra. Con 125 millones de euros sin cobrar, están en el aire 1.300 empleos y la supervivencia de un servicio sanitario fundamental.
Este panorama solo puede cambiar si la administración paga lo que debe.
Así lo aseguraron ayer los farmacéuticos de Castilla-La Mancha, quienes advirtieron de que se enfrentan a una situación «tremendamente peligrosa y grave». Aseguraron que si no reciben al menos una paga en agosto, el sistema está abocado a la quiebra, ya que la Junta les debe las recetas de mayo, junio y julio.
Mientras, los partidos políticos prosiguieron con sus cruces de acusaciones. El Gobierno del PP responsabilizó al del PSOE de haber dejado las facturas impagadas, mientras que los socialistas aseguraron haber pagado «religiosamente» las facturas hasta que dejaron el Gobierno.
Ante la gravedad de la situación, los farmacéuticos han pedido una reunión urgente a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, según indicó ayer la presidenta del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam), Rosa López-Torres, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de los presidentes de los colegios provinciales de la Región.
López-Torres explicó que en estos momentos se les debe el pago completo de los meses de junio y julio y la mitad del mes de mayo, por lo que la Administración autonómica les adeuda unos 125 millones de euros.
Apuntó que se ha hablado de que la Consejería de Sanidad hará un segundo pago en el mes de agosto, pero desconocen la fecha y la cuantía, lo que está impidiendo que los bancos den crédito a los farmacéuticos cuando van a solicitarlo.
En este sentido, López-Torres dijo que estarían satisfechos con que se establezca una regularización de pagos y reclamó «entendiendo que es una situación tremendamente peligrosa y grave para nosotros, que se den una fechas que permitan que las entidades financieras puedan hablar con la Administración».
Aseguró que no se puede hablar con las entidades financieras «si no hay una respuesta escrita, un calendario de pagos». Los farmacéuticos abogaron por buscar una solución urgente, porque según aseveró el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, Julián Creis: «de seguir consumiendo un tiempo precioso vamos a llegar a una quiebra del sistema», que podría producirse este mismo mes si no se remedia.
Creis reclamó que sobre todo se den «certidumbres en las fechas de los pagos y en las cuantías suficientes». «Estamos al extremo», aseveró López-Torres, quien advirtió «alguien tendrá que hipotecar los bienes, si los tiene, otros no tendrán bienes que hipotecar, otros no tienen garantías de ninguna entidad bancaria, otros despedirán a su personal y otros llegarán a un concurso de acreedores».
Según la presidenta del Cofcam, si durante 2010 ya se dijo que la viabilidad de muchas oficinas de farmacia estaba en entredicho, «ahora está claro que están subsistiendo gracias al patrimonio personal, gracias al patrimonio de su cónyuge o gracias a otros temas, pero no porque la farmacia esté rindiendo».
López-Torres dijo que tras diez años de recortes continuos 2010 fue «un año especialmente gravoso», de forma que el año pasado la rentabilidad bajó un 50% en algunas farmacias.
A esta situación se ha añadido el dinero que les adeuda la Administración autonómica y el hecho de que no pueden hablar con las entidades financieras «si no hay una respuesta escrita, un calendario de pagos», reiteró López-Torres.
«Hemos llegado al límite», manifestó la presidenta del Cofcam, quien lamentó que «no puede ser que los farmacéuticos tengan que hipotecar sus propios bienes para hacer frente a las facturas» por el dinero que les adeuda la Administración. Recordó que las oficinas de farmacias financian medicamentos, dispensándolos incluso 50 días antes de que la Administración le pague las facturas, a los cuales se ha sumado otro mes y medio, por lo que no saben como van a hacer frente a sus pagos y obligaciones.
Ya hay desabastecimiento.
Por otra parte, López-Torres señaló que comienza a haber desabastecimiento de algunos medicamentos, aunque no hay datos oficiales, en especial de los que tienen precios más caros.
Entre tanto, los responsables políticos siguieron entre cruces de acusaciones sobre de quién era la responsabilidad del impago de las facturas.
Así, el portavoz del Gobierno regional y consejero de Empleo, Leandro Esteban , manifestó que el Ejecutivo «está consiguiendo pagar el gasto farmacéutico « y que tiene el compromiso de presentar un calendario de pagos «para cumplir con las obligaciones».
Esteban señaló que se está intentando «que todo el mundo vea satisfecho su derecho de que la Junta le pague lo que le debe, que es uno de los principales problemas que el Gobierno de José María Barreda dejó encima de la mesa».
«Los ciudadanos deben saber que esto es una consecuencia heredada y que Castilla-La Mancha atraviesa una situación muy dura», añadió aseverando que «el Gobierno está haciendo esfuerzos para atender todos los pagos a proveedores».
«El anterior gobierno de Castilla-La Mancha no ha dejado ni las telarañas en la tesorería de la Junta y la crisis de los farmacéuticos obedece a una estrategia articulada y calculada milimétricamente para que se produjera cuando María Dolores de Cospedal accediera a la Presidencia», refrendó la diputada de PP Carmen Casero.
Pero mientras, el diputado regional del PSOE Fernando Mora aseguró que el anterior Gobierno regional presidido por José María Barreda pagó «religiosamente» la factura farmacéutica todos los meses.
Mora insistió en que los socialistas pagaron la factura farmacéutica todos los meses desde que asumieron las competencias en materia de sanidad porque consideran que las medicinas son «indispensables» para la ciudadanía.
Las farmacias pequeñas tendrán más problemas
Muchos farmacéuticos de pequeñas oficinas de farmacia, comentan: "En este establecimiento estamos muy mal, como todo. Como no podía ser de otra manera, se ha abierto la veda y a nosotros nos deben los pagos de junio y mitad de mayo. El problema es muy grave. Nosotros tenemos la obligación de seguir sirviendo a los ciudadanos y de momento lo hacemos porque no se han producido desabastecimiento."
La Junta de Castilla- La Mancha y el Colegio de Farmacéutico están trabajando conjuntamente en la línea de la colaboración; y hay voluntad por ambas partes para que esto se solucione, por lo que a priori creo que esta situación se solucionará. O se llega a acuerdos con los bancos para que adelanten el dinero, pero siempre contando con el respaldo de la Administración, o nuestros proveedores no aguantarán más de un mes o dos, como mucho.
El mayor problema lo tendrán las farmacias de las ciudades pequeñas y de los pueblos porque es ahora cuando hacen su agosto.
APERTURA DE 34 NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA EN ARAG...
EL IMPAGO A LAS FARMACIAS SE MULTIPLICAN EN DIFERE...
Plan de Prevención del FRAUDE FISCAL EN LAS FARMAC...

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto