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Timestamp: 2018-08-15 11:18:35+00:00

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2004 - Versiones taquigráficas 2004
Versiones taquigráficas 2004
Presupuesto general de gastos y recursos para el ejercicio 2005 - 24/11/04
Señor presidente: Más que debatir el proyecto de presupuesto de la Nación para el ejercicio 2005, lo que fundamentalmente estamos haciendo en esta sesión es decidir cuál va a ser el rol del Congreso de la Nación Argentina en los próximos años.
Analicemos la realidad de este tiempo. Por un lado, los aspectos políticos: el oficialismo tiene mayoría propia en ambas Cámaras del Congreso de la Nación; más aún, tiene quórum propio. Incluso, ha logrado reunir los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso para adoptar decisiones que la Constitución requiere que se adopten con una mayoría agravada. Es el caso de la destitución de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la designación de sus reemplazantes. En muy poco tiempo, se ha renovado la mayoría de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se dispone de superávit presupuestario que, en rigor de verdad, es un elemento de poder muy importante y del cual han carecido sucesivos gobiernos nacionales. El miembro informante de la mayoría ha señalado con claridad que desde hace 34 años no teníamos un presupuesto con superávit. ¡Cuánto poder le da al gobierno esa circunstancia!
Pues bien, a esos datos de la realidad política, les podemos sumar otros de la realidad institucional: estamos viendo la frecuencia con la que se dictan decretos de necesidad y urgencia; en realidad, han sido más del doble los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron que los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo nacional a consideración del Congreso. El miembro informante de la mayoría ha dicho que ésta es una facultad constitucional y eso es cierto, por cuanto figura en el artículo 99, inciso 3) de la Constitución Nacional, reformada en 1994. Ese artículo es muy claro: se pueden dictar este tipo de decretos ejercitando facultades legislativas cuando existe una situación de emergencia que debe darse en el terreno de lo fáctico, lo que desde luego no ha acontecido en la inmensa mayoría de los decretos de necesidad y urgencia que se han dictado. Y tampoco se ha reglamentado esa facultad, tal como está establecido en la Constitución Nacional.
A todo ello, también se le puede sumar la aparición de una práctica que, a mi entender, no es buena: la tendencia a aprobar proyectos de ley a libro cerrado, sin introducirles modificaciones y renunciando el Congreso al rol que le corresponde de enriquecer las normas y las iniciativas legislativas, tanto de los diputados y senadores como así también del Poder Ejecutivo nacional.
Existen leyes importantes que han recibido dictamen en cuestión de horas e incluso, en este mismo recinto, se ha llegado a sostener que modificar el texto de un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo significa debilitar la autoridad presidencial. Si uno le suma a todo esto la figura de los "superpoderes" que contiene el proyecto de ley de presupuesto nacional, sin duda, arribará a la conclusión de que estamos frente al gobierno que ha acumulado la mayor cantidad de poder de la historia.
Por esa razón, estamos frente a una disyuntiva: o aceptamos el "hiperpresidencialismo" o ayudamos al Poder Ejecutivo nacional a reencontrarse con el camino de la normalidad institucional, que es, en definitiva, el camino de la Constitución de la Nación.
Con respecto al tema de los superpoderes, se ha manifestado que en proyectos de ley correspondientes a proyectos anteriores de presupuesto ya se ha otorgado ese tipo de facultades. Sin embargo, hay que señalar la enorme diferencia que existe con relación a la situación que imperaba en ese entonces. Muchos de nosotros tratamos en la Cámara de Diputados esos proyectos. Aquellas facultades para el Jefe de Gabinete eran, en verdad, para recortar partidas presupuestarias y no para conceder algo a alguien; el presupuesto se aprobaba consignando una cifra de varios miles de millones de pesos y tenía el mandato para el jefe de Gabinete de que ahorrara una cantidad de dinero, recortando partidas.
Pero esa situación era muy distinta de la actual, ya que hoy tenemos un presupuesto superavitario. De manera que no podemos considerar en igual sentido esas normas, que fueron propias de un período de emergencia, al igual que la delegación de facultades de 2001, cuando todos éramos conscientes de la gravedad de la situación. En aquellas votaciones, algunos votaban a favor de la delegación de facultades y otros lo hacían en contra, con una enorme diligencia, ya que se hacían las cuentas acerca de cómo iba a ser el resultado de la votación para levantar legisladores, porque todos ejercitábamos una responsabilidad acorde a la altura de las circunstancias. Es decir, estábamos absolutamente convencidos de que había que hacer los máximos esfuerzos para evitar la crisis que finalmente se desencadenó en nuestro país.
Entonces, esas situaciones reales de emergencia que hemos vivido en el pasado inmediato no son comparables con el momento actual. Más aún, la delegación de facultades que contiene el proyecto de ley de presupuesto es inconstitucional, porque el artículo 76 de la Constitución Nacional es absolutamente claro: sólo se pueden delegar facultades en materias determinadas de administración —este no es el caso— o en situaciones de emergencia; y hoy no existe emergencia en la realidad fáctica.
A su vez, el artículo 11 del proyecto establece que el Jefe de Gabinete va a poder delegar las facultades delegadas. Esto significa que estamos ante una delegación de la delegación, algo que no está contemplado en el texto constitucional.
También, se establecen excepciones a la ley de administración financiera y a la ley de responsabilidad fiscal, que —como aquí se ha señalado— se ha sancionado hace muy pocos meses por parte de este Congreso. ¿Cómo vamos a ir, después, a pedirle a las provincias que adhieran a esta ley, si la propia Nación se está exceptuando de su cumplimiento?
El artículo 5 establece que el Jefe de Gabinete va a decidir cuál es el nivel de apertura de las cuentas del Presupuesto. Esto es contrario a la ley de administración financiera, que en el artículo 30, establece que esa desagregación tiene que hacerse hasta el último nivel que prevén los clasificadores y categorías de la programación presupuestaria.
Nuevamente, en este Presupuesto, se establece una excepción para constituir el fondo anticíclico fiscal, que es una sana disposición que, en su momento, aprobó este Congreso y que, luego, no se pudo cumplir por la emergencia y la crisis, pero que en este período, que es de alza en el ciclo económico, un período de bonanza en el ciclo de la economía, deberíamos destinar —como una buena señal hacia el futuro, de confianza y previsibilidad para el país— precisamente una parte del superávit a la constitución de ese fondo anticíclico fiscal, que luego podríamos utilizar en situaciones que no sean las actuales.
En orden al cálculo de recursos y de gastos, de acuerdo con nuestras estimaciones, hay una subestimación de recursos del orden de los 3.000.000.000 de pesos y una sobreestimación de gastos del orden de los 3.800.000.000, de tal manera que, en realidad, estas facultades discrecionales otorgadas al jefe de Gabinete, este cheque en blanco que se propicia otorgar, le va a posibilitar —de ser aprobado— al Poder Ejecutivo nacional un margen de distribución de recursos del orden de los 7.000.000.000 de pesos, que se podrían distribuir sin intervención del Congreso. A ello hay que agregar unos 700.000.000 por la prórroga de vencimientos del Impuesto a las Ganancias para el año próximo.
Hay que señalar, también, que hay transferencias no automáticas a las provincias, del orden de los 8.000.000.000, y 4.000.000.000 de pesos, para refinanciar deudas provinciales sin que se fijen parámetros de objetividad y tratamiento equitativo entre los diferentes estados provinciales.
En lo que respecta al Poder Judicial de la Nación, de acuerdo con la ley de autarquía vigente, le corresponde un presupuesto equivalente a sus recursos, que sería el 3,5 por ciento de Rentas Generales, mientras el actual presupuesto sólo autoriza erogaciones por el 1,8 por ciento. Esto va a determinar que existan importantes disponibilidades financieras en el ámbito del Poder Judicial sin crédito presupuestario, cuando se trata de dinero que deberíamos estar utilizando para la mejora del servicio de justicia, para informatizarlo, mejorar la estructura judicial y para sacar a muchos fueros de la situación de colapso en la que se encuentran.
En lo que hace a la educación, se destina solamente el 1 por ciento del producto bruto interno en el Presupuesto nacional, del cual el 0,48 por ciento va a las universidades. Si miramos el total de recursos de todas las jurisdicciones, la nacional y las provinciales, afectados al servicio de educación, nos vamos a encontrar con una afectación de sólo el 3 por ciento del producto bruto interno, cuando la Ley Federal de Educación preveía, ya para el ejercicio 2000, el 6 por ciento del producto bruto interno. Dicho sea de paso, con relación a este tema, creo que el Congreso de la Nación le debe a la República un profundo debate acerca del estado de la educación argentina y de la evaluación de la implementación de la Ley Federal de Educación a más de diez años de su sanción.
En lo que respecta a las obras públicas, en la Cámara de Diputados de la Nación se logró la incorporación de diversas obras en varias provincias, lo que posibilita un mayor criterio de equidad en su asignación.
Y respecto de mi provincia, quiero señalar la importancia de las obras previstas, sobre todo con relación a las rutas 51, 81, 86, 40 y 16. Espero que todas estas obras puedan concretarse en la práctica, y que se haga realidad el crédito del BID para el Norte argentino. En cuanto a este tema realmente tenemos que actuar con mucha diligencia, ya que se aproxima un cambio de autoridades en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Además, nos parece adecuado que se haya incluido el artículo que faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer regímenes de promoción económica en aquellas provincias que han sido afectadas por los procesos de privatización de empresas. Esperamos que esta autorización del Congreso pueda concretarse en este ejercicio.
En cuanto a la ratificación del decreto 214, de pesificación asimétrica, considero que el presupuesto no es el ámbito para debatir la ratificación de un decreto de esta naturaleza, ya que la ley de administración financiera marca con claridad que en el presupuesto nacional no se ratifican ni se consideran normas ajenas a la materia presupuestaria.
Hace un rato, algunos de nosotros nos acercamos hasta la Cámara de Diputados, en donde se rendía homenaje a dos grandes cronistas parlamentarios que pasaron por este Congreso: Marcos Diskin y José Aristóbulo Soria. Ellos trabajaron en este Congreso más de cincuenta años.
Decían que a lo largo de ese medio siglo vieron trabajar a muchos congresos. Vieron congresos muy buenos o excelentes y otros no tan buenos, pero el paso por esta casa les permitía decir que el peor momento que ellos recordaban eran aquellos días en que se cerraron sus puertas, y este edificio dejó de ser la caja de resonancia de lo que acontecía en la sociedad argentina.
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que este Congreso no se cierre. Es nuestra responsabilidad que la Argentina se reencuentre con las instituciones en funcionamiento. Este gobierno tiene el suficiente poder político —que le fue dado por el voto popular—, mayoría en ambas cámaras legislativas, un tiempo de bonanza económica y un ciclo económico ascendente. Se trata de un gobierno que pudo conformar su propia mayoría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entonces, un gobierno que maneja esta magnitud de poder —inédita en la historia argentina— no tiene ningún motivo para cerrar este Congreso al debate de los grandes temas que hacen a la Nación.
¿Qué sentido tiene que digamos que se renegociará la deuda externa, y que luego tendrá que modificarse el presupuesto? El presupuesto puede modificarse todas las veces que sea necesario y en función del interés público, pero tiene que hacerse entre todos y mediante un debate de cara a la sociedad.
También tiene que debatirse el perfil productivo de nuestro país en lo que respecta a estos acuerdos que se han firmado con China, que deben venir al Congreso de la Nación.
No quiero que la Argentina vuelva a cometer los errores de la década del 90, de la desindustrialización del país y de la pérdida de los puestos de trabajo. Por eso entre todos tenemos que ponernos de acuerdo en qué perfil productivo queremos para la Argentina y ¿dónde tenemos que hacerlo? Acá, en esta casa, donde estamos todos.
Señor presidente, el país necesita de un Congreso funcionando. Ayudémosle al Poder Ejecutivo nacional a reencontrarse con el camino de la normalidad institucional. Este es el mayor bien que en esta circunstancia podemos hacerle a la República.
Prórroga de la Ley de Emergencia Pública- 10/11/04
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: la ley 25.561, cuya prórroga propicia el proyecto que
estamos debatiendo en este momento, fue sancionada por este Congreso entre el 5 y 6 de enero de 2002.
Muchos de nosotros fuimos testigos y protagonistas directos de esos días realmente difíciles, de tanta incertidumbre respecto del futuro del país. En la Cámara de Diputados, fue miembro informante el diputado Matzkin, quien trazó un panorama de lo que estaba sucediendo cuando dijo, entre otras cosas, que la crisis social y económica del país avanzaba a la velocidad del sonido. Hizo referencia a la desocupación y a la caída del producto bruto. Dijo que la producción industrial se había venido abajo. Las importaciones habían disminuido un 40 por ciento; el consumo de energía eléctrica, un 6 por ciento; la venta de los supermercados había disminuido un 9 por ciento; la construcción, un 20 por ciento. También dijo que se habían fugado los depósitos y que la recaudación impositiva del último mes, diciembre de 2001, respecto de igual mes del año anterior, había caído nada menos que un 33 por ciento.
En esta Cámara, el miembro informante fue el senador Lamberto —y este episodio queda para la anécdota—, a quien en la Cámara de Diputados le había tocado la responsabilidad de ser miembro informante de la Ley de Convertibilidad. El destino quiso que también fuera miembro informante, pero de la ley que le puso fin al Régimen de Convertibilidad. Lamberto decía que las fábricas estaban cerradas, que no se podía competir y no porque nuestros empresarios no fueran eficientes, nuestros trabajadores diestros o nuestros técnicos capaces; el motivo —decía— es que hay una relación cambiaria que nos impide la relación con el resto del mundo. Así se aprobó la ley 25.561.
En noviembre de 2003, cuando se trata la prórroga, que se aprueba por ley 25.820, el miembro informante de la Cámara de Diputados, el diputado Gutiérrez finalizó su alocución diciendo "ojalá que ésta sea la última prórroga de la ley de emergencia que tengamos que votar y que, a fines del año que viene, podamos dejar vencer esta ley de emergencia y los argentinos transitar el camino de la normalidad y el crecimiento para todos."
Cabe acá preguntarnos cuál es la situación actual. En este sentido, como lo ha hecho el señor senador por Mendoza, nada mejor que remitirnos a las palabras expresadas por quien tiene la responsabilidad más alta en la conducción de la política económica del país, que es el ministro Roberto Lavagna, que hace muy pocos días, el 5 de este mes, dio un mensaje en IDEA, en Mar del Plata, donde hizo referencia a la situación en la que se encuentra el país. Y entre otras cosas, sin simplificar ni ignorar la enorme tarea que hay por delante, dijo que la situación de hoy es radicalmente diferente a la de hace tres años. Hoy podemos hablar seriamente de mediano plazo.
El ministro decía que podemos hablar de asegurar para nosotros y para nuestros hijos un país que esta vez no deje escapar la oportunidad de ser durablemente normal.
Al concluir, dijo que el desafío de este gobierno es de gestión. Textualmente decía: “Este es un momento de paz y de administración”, citando al presidente Roca. También agregaba: “La nuestra debe ser la gesta de la normalidad”.
Entonces, si el ministro de Economía nos dice que la gesta que tenemos por delante los argentinos y el gobierno es la de la normalidad, ¿cómo podemos nosotros hablar de prorrogar una emergencia, de volver a declararnos en emergencia, que es un presupuesto fáctico que hoy no existe en la realidad, y que es el que requiere el artículo 76 de la Constitución Nacional para circunstancias excepcionales, como las que vivimos en aquel principio de 2002, que pudieron haber justificado la delegación de facultades que se hizo en el Poder Ejecutivo nacional?
Por lo tanto, me pregunto cómo podemos hablar de emergencia cambiaria.
¿Sensatamente podemos hablar de que el país está en emergencia cambiaria? Tengamos presente que el Banco Central tiene que intervenir para mantener en 3 pesos el tipo de cambio. ¿O es que alguno de nosotros teme una corrida cambiaria en estos días? Yo no he escuchado a ninguna persona sensata hacer una apreciación de estas características.
¿Cómo podemos hablar de emergencia financiera, si los bancos están desarrollando su actividad en forma totalmente normal? El Estado tiene un superávit único en cincuenta años, que a fines de 2004 será de alrededor de 20 mil millones de pesos.
¿Cómo podemos hablar de emergencia administrativa? ¿Podemos hablar de emergencia económica, cuando este año la economía va a crecer un 7,4 por ciento; y el 24 de este mes votaremos un proyecto de ley de presupuesto que prevé un crecimiento de entre el 4 y el 4,5 por ciento para el año que viene? No hay emergencia económica en un país que crece al 7,4 por ciento.
Alguien podrá decir que en la Argentina hay una cantidad importante de pobres y que vivimos una situación social difícil. Al respecto, diría que esto tal vez tendríamos que haberlo debatido un poco más cuando se produjo la devaluación. En este sentido, cuando sobrevino la devaluación yo era consciente de que era insostenible la convertibilidad. Pero yo voté en contra de la ley 25.561, con el argumento de que primero había que poner sobre la mesa un plan económico, que no se podía construir una casa sin planos, porque abierta la compuerta sin un programa económico iba a dispararse el tipo de cambio, entonces, no íbamos a tener una devaluación del 20, 30 ó 40 por ciento sino una del 200 por ciento como finalmente sucedió.
Acá hubo una gran transferencia de riqueza en la Argentina. Esta es la realidad. Se benefició el sector exportador, el campo, el Estado. Hoy el Estado cobra retenciones. Y se incrementó la recaudación impositiva, entre otras razones, por el aumento de los precios. Hay impuestos como el IVA que se tributan sobre el consumo, entonces, si suben los precios, sube la recaudación del IVA.
La verdad es que hay conciudadanos nuestros en una situación difícil, pero que no es la del Estado. El Estado actual es rico, solvente y con un superávit de 20 mil millones de pesos. En consecuencia, no se puede hablar de emergencia cambiaria, financiera, administrativa y económica porque no existen esas situaciones.
La semana próxima haremos una asamblea legislativa para recibir al presidente de China, ¿y qué noticia podemos darle? Que el Congreso se reunió la semana pasada y declaró que el país se encuentra en emergencia cambiaria, financiera y económica. Pero eso no es sensato.
Por lo tanto, considero que hay que ayudar al gobierno para que la Argentina se reencuentre con el camino de la normalidad institucional. No nos clausuremos nosotros mismos.
Ayudemos al gobierno con un Congreso en funcionamiento. Si el Congreso funciona, no es necesario el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Además, no existen situacionesexcepcionales que autoricen la implementación de este tipo de instrumentos.
El destino ha querido que el oficialismo tenga una mayoría generosa en ambas cámaraslegislativas, lo que hace que pueda gobernar tranquilo. De hecho, no se le ha negado ninguna de las leyes que necesitó. Por lo tanto, no tiene sentido la delegación de facultades en un contexto de esta naturaleza.
Estamos en condiciones de debatir cualquier tema. En consecuencia, dediquémonos a crear consensos entre nosotros.
El señor senador por Santa Fe puso el ejemplo de nuestros propios vecinos. ¿Por qué no podemos tener una dirigencia política lúcida, como la que tiene Chile que transita caminos de progreso? ¿Por qué no podemos recuperar en la región el protagonismo que hemos perdido? Y miremos el caso del Brasil, gobernado por un presidente de origen obrero pero que entiende al mundo y cómo funciona la globalización. Se trata de un presidente que sale también a construir puentes para buscar el destino de grandeza que considera que su país merece.
Son muchas las cosas que tenemos que recuperar en la Argentina, en estos días en donde tanta difusión ha tenido la visita del presidente chino. Bienvenido sea a nuestro país y ojalá que podamos firmar fructíferos acuerdos. Pero tengamos en claro que el presidente de China nos visitará un día y medio, y en Brasil cinco días. Además, China apoya al Brasil como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reconociéndole un rol de líder regional. Muchas cosas tenemos que hacer los argentinos para volver a recuperar prestigio en el mundo.
Se ha citado también el caso de Uruguay, cuyo candidato a presidente ganó por más del cincuenta por ciento de los votos y sale a la búsqueda de consensos en su sociedad.
Realmente creo que el camino cierto para la Argentina debe ser el del restablecimiento de la confianza, de la credibilidad y de la seguridad jurídica. Sólo ese sendero hará que el mundo nos vuelva a ver como un país confiable y una nación con futuro. Pero para eso necesitamos tener a las instituciones en funcionamiento.
Por lo tanto, considero que el camino de la sensatez y el mejor modo de ayudar al gobierno es con un Congreso en pleno funcionamiento, dando sanción a las leyes de la República y en el que se debatan los grandes temas que hacen al futuro de los argentinos.
Por esta razón, ayudando al gobierno con la mejor de las buenas voluntades, nosotros vamos a votar por la negativa porque creemos que de esta forma hacemos nuestra contribución al futuro de la Argentina.
Unificación de elecciones- 03/11/04
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: vamos a votar en forma favorable el proyecto de ley sobre unificación de los comicios nacionales para las elecciones del año próximo en la convicción de que ha sido totalmente negativa la experiencia del año pasado en la que, a lo largo de sucesivas semanas, hubo diferentes elecciones que desviaron la atención de las cuestiones de fondo que requerían y requieren ser solucionadas.
Sería deseable que cuando se envíen proyectos de ley modificatorios del Código Electoral
Nacional, desde el Ministerio del Interior se genere un diálogo con las fuerzas políticas con
representación parlamentaria a fin de construir consensos, no sólo respecto de la decisión de fondo sino también en orden a la redacción del texto de los proyectos. Esta ha sido una práctica de estilo de los sucesivos gobiernos que, sinceramente, creemos no debe ser abandonada.
Hubiera sido preferible, por ejemplo, que en lugar del cuarto domingo de octubre, la fecha hubiese sido el segundo domingo. Hago esta propuesta porque si se pusiera el segundo domingo, las elecciones del 2007, incluidas las presidenciales, podrían hacerse en una fecha unificada. En cambio, con este esquema, habrá un determinado domingo para las elecciones del 2005; y para las del 2007, de mantenerse el texto propuesto, se tendrá que volver a alterar el calendario porque hay que preveer la eventual realización de una segunda vuelta electoral. Entonces, el cuarto domingo no da tiempo material cuando hay una elección presidencial.
También nos hubiera gustado dejar establecido que cuando las provincias hicieran coincidir las elecciones provinciales y municipales con la nacional, las boletas deberán ser separadas. Ello evitaría el efecto arrastre horizontal de la sábana electoral y permitiría al elector tomar su determinación con una soltura mucho mayor.
En ese sentido, una experiencia que nosotros consideramos muy positiva fue precisamente en 1983, cuando existían tres boletas diferenciadas, para el orden nacional, provincial y municipal, respectivamente.
Por otra parte, compartimos las expresiones aquí vertidas respecto del sistema electoral que surge de la ley de lemas. Afortunadamente, cada día es menor el número de provincias que cuenta con dicho sistema, que verdaderamente es negativo ya que provoca que muchas veces un ciudadano que vota de determinada manera termina con dicho voto beneficiando a otro candidato, al que jamás hubiera pensado en votar.
Entonces, esta cuestión tiene que ver con la necesaria transparencia que debe tener una
reforma política en serio.
Beneficios impositivos por adquisición de bienes de capital y obras de infraestructura - 18/08/04
Señor presidente: en primer lugar, quiero expresar que me parece totalmente adecuada la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo nacional de realizar la obra del gasoducto del Noreste a través del mecanismo de la licitación pública.
En ocasión de la visita del señor jefe de Gabinete de Ministros a este Senado el pasado 30 de junio le expusimos nuestra preocupación al respecto. En esos días se sostenía que era posible ejecutar este gasoducto recurriendo a la figura de la concesión de transporte en el marco de la ley 17.319, de hidrocarburos. Pero esto no es posible, en virtud de la gran cantidad de beneficios que se deben acordar a la empresa que asuma la realización de esta inversión, los cuales requieren precisamente del dictado de una ley que los estipule.
El 8 de julio de este año remitimos al señor jefe de Gabinete una nota haciendo hincapié en esta situación, donde señalamos que para realizar ese gasoducto se prevé la devolución del IVA, un subsidio del Estado para cubrir el costo incremental de la traza, la concesión de derechos exclusivos de inyección de gas en el gasoducto, y un acuerdo con Bolivia para garantizar que ese país no establezca retenciones sobre el gas que exporte. También se explicitó ante la opinión pública que se garantizaría una tasa de retorno del 12 por ciento respecto de la inversión.
Todas esas medidas requieren de una sanción legislativa. Espero que en este caso particular no se dicte un decreto de necesidad y urgencia sino que, realmente, tengamos oportunidad de debatir este tema en el Congreso. Creo que cotidianamente todos estamos demostrando receptividad para tratar aquellos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo nacional, los cuales tienen trámite preferente en nuestra agenda de trabajo.
Por lo tanto, considero que está claro que la concreción de esta obra debe realizarse en el marco que corresponde, o sea, por medio de la respectiva ley del Congreso de la Nación. Digo esto porque esta licitación está anunciada para el próximo mes de octubre, y sería deseable que el proyecto de ley pertinente ingrese en este Congreso a la mayor brevedad posible, a los efectos de considerarlo y efectuar la sanción como corresponde.
Señor presidente: vamos a votar en general a favor de este proyecto, convencidos de que en la situación actual que atraviesa nuestro país es necesario fomentar la inversión. Y este proyecto la fomenta, a través de medidas de promoción impositivas para la incorporación de bienes de capital al proceso industrial y con la realización de obras de infraestructura.
Cuando se termina de utilizar la capacidad instalada de un país, para crecer se necesita expandirla. Esto requiere, obviamente, de inversiones. Por ese motivo, insistimos en la necesidad de generar un marco de confianza, previsibilidad y seguridad jurídica para posibilitar un crecimiento sustentable de la economía.
Nosotros hemos elaborado un dictamen en minoría. Por eso vamos a pedir al señor miembro informante de la comisión que acepte algunas modificaciones en particular, que básicamente están centradas en dos artículos.
En primer lugar, proponemos la incorporación en el artículo 7 de un último inciso, el c), que establezca que cuando se trata de bienes que se producen en el país, será aplicable esta mecánica de estímulo, solo para la producción nacional.
Respecto del artículo 11 del proyecto, proponemos cuantificar el cupo que va a corresponder para la realización de obras de infraestructura. La sanción de la Cámara de Diputados establece que ese cupo será determinado por la autoridad de aplicación para cada proyecto en particular. Pero obviamente, esta es una delegación de una amplitud total. Así como está previsto el cupo para la adquisición de bienes de capital para el proceso industrial, este Congreso también tiene la responsabilidad de fijarlo para obras de infraestructura.
No hay por qué dejar para la reglamentación algo que corresponde a la tarea del Congreso y a la de este Senado, como Cámara federal. Me refiero a la fijación de criterios de regionalización en la asignación de estos beneficios. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos en la modificación al artículo 11 es que se adopten los porcentajes de la coparticipación secundaria, que prevé la ley 23.548 y sus modificatorias.
También solicitamos que con un cupo especial de 30 millones de pesos se considere la situación de aquellos departamentos provinciales que están incluidos en el artículo 79 de la ley 25.827, de presupuesto. Este artículo 79 es el que facultó al Poder Ejecutivo nacional a dictar medidas tributarias especiales con relación a aquellos departamentos provinciales que se encuentren en crisis económica o social derivada de los procesos de privatización o de cierre de empresas públicas. Creemos que esta es una buena oportunidad para contemplar la situación de esas regiones del país, que desde hace varios años vienen atravesando una situación extremadamente crítica.
En lo que hace a la aplicación de mecanismos de transparencia, contemplamos la herramienta del concurso, tanto para la adquisición de bienes de capital como para la realización de obras de infraestructura.
En este sentido, nos parece que el concurso nos protege de la discrecionalidad con que a veces se han manejado estos regímenes de promoción, que en algún momento llevaron al descrédito de este tipo de herramientas. De ahí la conveniencia de dotar a este mecanismo de la mayor objetividad y transparencia posibles.
Finalmente, como corresponde, proponemos que lo que hemos dicho todos lo dejemos escrito en la ley. Es decir que sólo podrán ser beneficiadas con el régimen establecido en la presente ley las inversiones en obras de infraestructura que se realicen en el marco de concesiones que otorgue el Estado o en virtud de contratos con este, siempre y cuando dichos contratos se hayan adjudicado mediante licitación. Digo esto porque está claro que se va a recurrir a un mecanismo transparente para el caso del gasoducto del Noreste, pero en el futuro puede haber otro tipo de situaciones u obras de características similares. Entonces, dejemos previsto el requisito de transparencia y objetividad para cualquier otro caso que pudiera presentarse.
Estas son las modificaciones que proponemos desde el Interbloque Federal, que en resumidas cuentas tienden a asegurar estos beneficios para la producción de bienes de nuestro país; a defender las atribuciones del Congreso fijando el cupo para las obras de infraestructura; a establecer un criterio regional objetivo, contemplando el caso de aquellas regiones del país que están en una situación difícil como consecuencia de procesos de privatización; a disponer para todos los casos el mecanismo del concurso; y a utilizar la herramienta de la licitación pública para las concesiones que otorgue el Estado. Nosotros pedimos que se consideren estas modificaciones.
Con respecto al tema del gasoducto del Noreste nuestro deseo es poder contar lo antes posible con el proyecto de ley que debe enviar el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación y que no nos encontremos con la sorpresa de que no podamos tratarlo en virtud del dictado de un decreto de necesidad y urgencia, lo que sería realmente lamentable. Digo esto porque se ha hecho abuso de los decretos de necesidad y urgencia, más allá de que la Constitución establece la facultad del Poder Ejecutivo para su dictado, salvo en los temas de carácter tributario, que es el tenor que poseen los proyectos en tratamiento en la presente sesión.
No vaya a pasar que se apruebe el proyecto en consideración y que, en los próximos días, se dicte un decreto de necesidad y urgencia para el resto de las cuestiones en danza.
Creación de ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) - 11/08/04
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: Argentina necesita definir una política energética "post- crisis".
Una sociedad con participación estatal es sólo una herramienta, un instrumento en el marco de una política, es la parte de un todo mayor. Por lo tanto, mal se puede legislar acerca de la herramienta si no se precisa cuál será la política.
Para introducirnos en el tema, veamos primero el diagnóstico. ¿Cuál es la situación por la que atraviesa el sector energético? Al respecto, son ilustrativas diversas normas que el propio Gobierno nacional ha ido dictando a lo largo de los últimos meses.
La resolución 712, del 12 de julio de este año, emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, es muy gráfica en cuanto al diagnóstico. Esta Secretaría es el ámbito técnico del gobierno nacional en la materia.
En sus considerandos se reconoce que existe "el riesgo potencial de incapacidad de satisfacer la demanda de energía eléctrica creciente si la infraestructura en la que se funda la oferta de energía eléctrica se mantiene estancada ".
Dicha resolución habla luego acerca de "la necesidad de incrementar la infraestructura disponible a los efectos de asegurar el abastecimiento de gas natural a centrales de generación eléctrica, a más tardar en el invierno del año 2006, y equipamiento para generación y/o transporte de energía eléctrica a partir del año 2007".
En lenguaje simple, la situación es la siguiente: Por el momento, nos arreglamos importando fuel oil de Venezuela, electricidad del Brasil y gas de Bolivia, pero falta capacidad de transporte de gas ineludiblemente para el año 2006 y capacidad de generación eléctrica y de distribución para el año 2007.
Esta resolución 712 en su parte introductoria establece, además, que "atento la situación imperante en el mercado eléctrico mayorista no es previsible la concurrencia en el corto plazo de capitales de riesgo que realicen las inversiones necesarias".
Se crea luego el "Fondo para inversiones que permitan incrementar la oferta de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista ", el que se constituye con acreencias de las cuales es deudor...
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). — Senador: le está pidiendo una interrupción la senadora Fernández de Kirchner. ¿Se la concede?
Sr. Gómez Diez. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: voy a ser breve.
He solicitado una interrupción para pedir a los distintos bloques que los senadores ocupen sus bancas, precisamente para cerrar la lista de oradores y de esa manera tener una aproximación de cuándo se va a votar.
Concretamente, solicito un esfuerzo a los asistentes para que los senadores vengan a ocupar sus bancas a efectos de cerrar la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará, si no hay oposición.
Continúa en el uso de la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Continúo, señor presidente.
Decía que el fondo se constituye con acreencias de las cuales es deudor el propio mercado eléctrico mayorista.
Otra disposición es el decreto número 180, del 13 de febrero de 2004, por el cual se creó el "Fondo Fiduciario para atender inversiones en transporte y distribución de gas", integrado fundamentalmente por cargos tarifarios a pagar por los usuarios y créditos que pudieran obtenerse.
Otra norma es el decreto de necesidad y urgencia N° 906, del 20 de julio, también de este año por el cual se contempla el rastrillaje de recursos de 19 fondos fiduciarios hacia la financiación de obras de infraestructura que, evidentemente, en lo fundamental son las energéticas, a través de la captación de instrumentos financieros emitidos por entidades públicas o privadas, como dice el decreto de necesidad y urgencia.
A todo ello se suma, además, el proyecto de ley actualmente en consideración por este Senado, por el cual se establecen estímulos impositivos para la construcción de obras de infraestructura; disposición claramente orientada a la concreción del denominado "Gasoducto del Noreste". Además, es preciso decir que en este caso por la compleja ingeniería financiera y legal que la obra requiere se va a necesitar sin duda una ley expresa, que yo espero que no sea un decreto de necesidad y urgencia.
En el diario Clarín de ayer, martes 10 de agosto, podemos ver la noticia que da cuenta de la reunión del Presidente de la Nación con el canciller brasileño. Dice la crónica periodística que “ante un Amorim bastante sorprendido, el Presidente habría señalado que a su modo de ver Petrobras es ‘irresponsable en la liquidación de stocks sin hacer inversiones en prospección' y que había tenido ‘nulo liderazgo en la tarea de ampliar la red de transporte de gas del sur'.” Concretamente, el problema es que Petrobras es remisa a invertir en el Gasoducto del Sur y se necesita imperiosamente ampliarlo para el año próximo, de igual manera que hay que ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto del Norte.
Todo lo expuesto pone en evidencia que el problema del sector es la falta de inversión y que los capitales de riesgo se muestran remisos a invertir, tal vez porque no ven reglas de juego claras; es decir, una política definida.
En definitiva, el diagnóstico es preciso y está hecho por el propio gobierno a través de los instrumentos que ha dictado reconociendo la situación. Lo que no existe es una política energética "post-crisis" que posibilite las inversiones de riesgo que son absolutamente necesarias para el país.
¿La falta de inversión se soluciona con el simple expediente de crear una sociedad del Estado? Evidentemente no, porque el sector público carece de los recursos suficientes para atender los requerimientos de un sector que se caracteriza, precisamente, por ser demandante intensivo de capital.
En consecuencia, nuestra posición es la de debatir y definir la política energética "post-crisis" y luego, dentro de ese marco, las herramientas a utilizar para asegurar el abastecimiento energético de nuestro país.
El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi ha definido el proyecto de ley en análisis como un instrumento "confuso", y ha expresado que el mismo aparece "aislado", "poco fundado" y que "falta un Plan Energético Nacional a Mediano y Largo plazo".
Coincidimos con esa visión y no descartamos absolutamente ninguna herramienta pero, primero, queremos definir ese plan energético por una razón muy simple: “no se puede poner el carro delante del caballo”.
No se ha definido una política dentro de la cual vaya a utilizarse la herramienta que se propone. Por otra parte, se debe señalar que la herramienta en sí misma presenta graves fallas de diseño. Si se constituye una sociedad, hay que respetar las normas en cuanto al tipo social de que se trata, designar el objeto —que debe ser preciso y determinado— , cumplir las leyes que regulan la actividad y fijar el monto del capital.
¿Se cumplen estas reglas en el proyecto de ley de creación de ENARSA? Examinemos la cuestión. En lo que hace al tipo societario, se trata de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, conforme la definición del artículo 308, contenido en el Capítulo II, Sección Sexta, de la ley 19.550, de sociedades comerciales. El proyecto declara aplicables las reglas de la Sección Quinta...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador: tenemos quórum suficiente, por lo cual, si hay asentimiento, procederemos a cerrar la lista de oradores.
— Asentimiento .
Sr. Presidente (Guinle). — Se encuentran anotados los señores senadores Paz, Negre de Alonso, Jaque, Terragno, Escudero, Giustiniani, Massoni, Salvatori, Sanz, Losada y Pichetto.
Sra. Avelín. — Solicito me incluya en la lista, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — La anoto antes de los señores presidentes de los bloques y, obviamente, los señores miembros informantes tendrán la posibilidad de hacer uso de la palabra para cerrar.
Sra. Avelín. — No hay inconveniente, señor presidente; simplemente le solicito que me anote.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda cerrada la lista de oradores.
La Presidencia estima en dos horas más el momento de la votación, dado que, conforme lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque, los autores de proyectos y los miembros informantes de dictámenes cuentan con veinte minutos, y con diez el resto de los señores senadores. Vamos a tratar de respetar esos tiempos.
Sra. Fernández de Kirchner. — De acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: decía que el proyecto declara aplicables las reglas de la Sección Quinta, que versan sobre las sociedades anónimas simples. Ahora bien, ¿cuál es la razón de la diferencia? Evidentemente, no sujetar a ENARSA al control que establece la ley 24.156 de administración financiera, en su artículo 8°, inciso d).
En cuanto al objeto de la sociedad, no se respetan las leyes 24.076, sobre marco regulatorio del gas, ni tampoco la ley 24.065, de marco regulatorio de la energía eléctrica.
Como señala el Instituto Mosconi, la sociedad que se proyecta crear se parece más a una "Agencia Gubernamental multipropósito, que a una moderna empresa comercial".
Por el artículo 2°, todas las áreas propiedad del Estado nacional se transfieren al capital privado en un 35 por ciento y a las provincias en un 12 por ciento. Se altera así el sistema de la ley 17.319, la cual establece estrictos mecanismos para el otorgamiento de permisos y concesiones.
Por otra parte, la ley de hidrocarburos es la que establece, además, la obligación de efectuar dentro de plazos razonables inversiones para la ejecución de trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión. Es mucho más prolijo y responde al principio de la seguridad jurídica respetar la ley 17.319 en lo atinente a los permisos y las concesiones. En tal sentido, requisitos tales como programas de inversión, pago de regalías, autoridad de aplicación, etcétera, se cumplirían así acabadamente, en una sociedad en la que participa el capital privado.
El artículo 8 también confunde al Estado con una sociedad comercial en la que interviene el capital privado. Dicho artículo atribuye a ENARSA la función de crear, administrar, gestionar, operar y gerenciar una base de datos integral de los hidrocarburos, siendo obligación de los concesionarios y permisionarios suministrar la información que obtengan. Esta es otra función que corresponde específicamente al Estado.
Por otra parte, no puede perderse de vista que los datos relacionados con la existencia de hidrocarburos y sus condiciones y posibilidades de extracción constituyen información sensible que las empresas adquieren mediante inversiones muy importantes de fondos propios. En consecuencia, este artículo representa una virtual expropiación de estudios e investigaciones que cuestan dinero.
En lo que respecta al capital social, éste no se precisa, limitándose a expresar el artículo 9 lo siguiente: “Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el Capital Social”. Creemos que esta delegación absolutamente abierta no corresponde. Si se van a reasignar recursos de otras finalidades, sin duda el Congreso debe intervenir.
Debemos recordar que en esta materia ya tuvimos una ingrata experiencia, cuando desde la ANSeS se transfirieron al Ministerio de Infraestructura 800 millones de pesos para atender gastos relacionados con la crisis energética, entre otros aspectos, abonar el fuel oil venezolano que se iba a pagar originariamente con productos argentinos.
En síntesis, señor presidente, el proyecto de ley de creación de ENARSA no respeta las disposiciones de la ley 19.550, de sociedades, ni las leyes 24.065 y 25.790, que fijan los marcos regulatorios del sector. Tampoco la ley de hidrocarburos 17.319.
No se precisa, además, el capital social, y se confunde al Estado con una sociedad en la que participan particulares.
Todas estas razones, sumadas a la falta de una política energética, fundamentan nuestra postura negativa con relación a este proyecto, para posibilitar en definitiva una definición de la cuestión de fondo que debería ocuparnos, que es la de precisar de un Plan Energético Nacional..
Citación al ex ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos - 04/08/04
Sr. Presidente.- Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el proyecto de resolución del señor senador Gómez Diez por el que se encomienda a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que cite al doctor Gustavo Béliz en los términos del artículo 33, inciso 6), de la ley 25.520. (S. 2.206/04).
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: el ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación —el doctor Gustavo Beliz—, en declaraciones que tuvieron amplísima repercusión en toda la sociedad a través de los medios de comunicación social, ha formulado graves denuncias.
El ex ministro habló de la existencia de una policía secreta —calificando de esa manera al organismo de inteligencia del Estado; es decir, la SIDE—, de la utilización de fondos públicos por parte de dicho organismo con finalidades no autorizadas por la ley —entre otros aspectos, el financiamiento de campañas políticas—, y de que los presuntos sobornos que se habrían pagado en el viejo Senado provenían de fondos de la SIDE.
Por lo tanto, considero que si un ex ministro de la Nación formula consideraciones de esta naturaleza, lo menos que se puede hacer en lo que respecta al Congreso —ante la existencia de una Comisión Bicameral creada por ley en 2001 con el objetivo de fiscalizar la tarea de los organismos de inteligencia del Estado— es citar al denunciante y pedirle los medios de prueba existentes respecto de sus manifestaciones, o sea, cuáles son los elementos de juicio que obran en su poder para haber formulado semejantes afirmaciones.
En este caso, considero que la citación al denunciante es necesario que se cumpla, a los efectos de que la comisión bicameral —a su vez— cumpla con la obligación legal que la ley 25.520 en su artículo 33, inciso 6 establece; es decir, la de recibir denuncias y realizar las investigaciones pertinentes. Se trata de una comisión creada con un objeto específico y concreto, y que tiene además presupuesto propio.
Efectúo estas manifestaciones porque estas declaraciones de un ex ministro de la Nación no sólo se difundieron en el país, sino que también salieron en todos los diarios del mundo, por ejemplo, el New York Times de hoy hace referencia a las declaraciones del doctor Beliz.
En consecuencia, creo que cuando alguien formula consideraciones de esta naturaleza, evidentemente se tiene que hacer cargo de ellas, presentarse ante los órganos pertinentes y explicar el motivo de las afirmaciones. Esto hace a la seriedad institucional con la que debemos manejar situaciones de esta naturaleza, sobre todo considerando que hasta hace muy pocos días esta persona integraba nada menos que el gabinete de la Nación.
Estos fueron los motivos que nos llevaron a presentar este proyecto de resolución, que no tiene otro objetivo más que el de dar cumplimiento a una ley sancionada por el Congreso, y a través de la cual se crea una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que en este caso han sido objeto de una denuncia concreta. En consecuencia, cabe recabar las pruebas existentes y realizar la pertinente investigación a los efectos de lograr las respectivas conclusiones.
Sr. Gómez Diez. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Gómez Diez. — En el caso específico de la Comisión Bicameral, debo decir que están representados el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical exclusivamente. En realidad, debería haber habido también una representación que no perteneciera a alguno de estos dos bloques mayoritarios dentro del Senado.
Simplemente, quiero señalar —como bien se ha dicho— que más allá de cualquier juicio de valor que pueda merecernos el ex ministro, lo cierto es que ha sido, hasta hace muy pocos días, un integrante calificado —diría— del gabinete nacional. Sus expresiones han sido realmente muy graves, en orden a las consideraciones formuladas. Por lo tanto, si se quiere hacer realmente una investigación, resulta elemental citar al denunciante, para que exponga las pruebas que tiene para formular tales afirmaciones.
Si no existe voluntad o vocación de citar al denunciante para que detalle las pruebas de que disponga, entonces, tampoco existe vocación de investigar estos sucesos, lo cual sería lamentable.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta formulada por el señor senador Pichetto, a efectos de remitir el proyecto a la Comisión Bicameral.
Responsabilidad Fiscal - 07/07/04
Informe del Señor Jefe de Gabinete de Ministros - 30/06/04
Señor presidente: en primer lugar, agradezco al señor jefe de Gabinete que haya comenzado su informe tocando el tema de las organizaciones piqueteras, porque, en verdad, se trata de una cuestión que a todos nos preocupa, tanto al Congreso como a la sociedad en su conjunto.
La Argentina viene de una de las crisis más graves de su historia. Estamos en un momento en el que se necesita del diálogo, de la construcción de consensos y de la definición de políticas de Estado para poder superar definitivamente la crisis.
En estas circunstancias, las actitudes violentas no ayudan para nada a la recuperación del país. Al respecto, debo decir que hay vastos sectores de la sociedad que tenemos la sensación de que estamos frente a una escalada de violencia. Se comenzó con cortes de rutas, puentes y accesos; luego hemos tenido bombas incendiarias contra edificios de empresas, ocupación de negocios para extorsionar a sus propietarios; enmascarados ingresaron al predio de una unidad militar, como es el Edificio Libertador; y ahora tenemos la ocupación de comisarías.
¿Cuál es la política del gobierno frente a esa situación? Yo diría que en función de lo que aquí se ha planteado y de lo que ha sido enunciado en reiteradas oportunidades por los más altos voceros del Poder Ejecutivo nacional, se advierte una suerte de pasividad respecto del cumplimiento de la ley. Es decir, hay una actitud de omisión, por un lado y, por el otro, yo diría que también hay una responsabilidad por acción, en el sentido de que —como lo ha señalado otro señor senador— el señor Luis D'Elía se presenta a sí mismo como aliado político del gobierno nacional, como una de las fuerzas que sostienen y apoyan la actual gestión gubernativa. Esto ocurre mientras la sociedad ve, además, que prominentes ministros del Poder Ejecutivo nacional asisten a actos de esta organización piquetera y el señor Luis D'Elia tiene acceso a los más altos despachos del gobierno nacional.
Esta persona, frente a una situación sin duda difícil, en lugar de buscar encauzar la cuestión conforme a la ley y de hacer uso de sus posibilidades de acceso a los altos niveles gubernativos para corregir esta situación irregular, no encuentra nada mejor que tomar una comisaría y destrozar todo lo que hay adentro de ella.
Evidentemente, esto produce en la sociedad una situación de desconcierto total. Nadie quiere enfrentamientos pero, sin duda, estas actitudes violentas perjudican a todos. Perjudican a los propios piqueteros, porque representan una traba o un obstáculo para la recuperación del país que todos queremos. Y perjudican al gobierno y a la sociedad en su conjunto porque, cuando el país necesita recrear un clima de confianza y previsibilidad propicio para las inversiones y el desarrollo de su economía, nos encontramos con noticias tales como bombas incendiarias, toma de puentes y ocupación de comisarías, a las cuales, en un mundo globalizado, pueden acceder vía Internet personas desde los más distantes puntos del planeta.
Evidentemente, esto requiere una solución. Reitero: ninguno de nosotros quiere enfrentamientos; todos apostamos a la vía del diálogo y de la persuasión. Pero también es cierto que cada día somos más quienes tenemos la sensación de que las políticas de la pasividad frente a un rol fundamental del Estado, como es el de hacer cumplir la Constitución y la ley, están agotadas.
El señor jefe de Gabinete también lo ha dicho con claridad: hay sectores que descreen del modelo democrático. Tienen todo el derecho de hacerlo mientras no ejerciten la violencia. A partir del momento en que ejerciten la violencia, deben ser responsables de las consecuencias de esos actos violentos. Y el mensaje de la pasividad es una señal que, además, funciona muy mal porque hace que la policía termine no actuando, y que los jueces y los fiscales tampoco lo hagan. Finalmente, terminamos con algo que también he visto en mi provincia al producirse el incendio de las instalaciones de Tecpetrol.
He hablado con las víctimas de ese episodio. Las instalaciones de la empresa Tecpetrol en General Mosconi, provincia de Salta, terminaron rodeadas por grupos piqueteros. Quienes estaban a cargo de esas instalaciones, en una actitud muy atinada, evacuaron el edificio por los fondos y llamaron a la Gendarmería Nacional. La respuesta del comandante de la Gendarmería fue que la empresa estaba ubicada en un área en la que no existe responsabilidad de la autoridad federal porque no se trata de la ruta. Trataron entonces de buscar al juez, pero no apareció por ningún lado —lógicamente no es agradable hacerse cargo de una situación de esta naturaleza—. Por su parte, la policía provincial nunca apareció. El final de la historia es que estos grupos rompieron los accesos e incendiaron todo.
Entonces, esto es lo que muchos de nosotros queremos transmitirle a usted y, por su intermedio, al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, la necesidad de definir una política en ese sentido, porque tenemos la sensación de que la política de "dejar hacer" está agotada. Por supuesto, nadie quiere enfrentamientos, puesto que todos queremos el diálogo, pero consideramos que en algún momento se necesita firmeza para asegurar el respeto a la Constitución y a la ley. Porque si a cualquiera se le ocurre tomar una comisaría porque no le gusta el comisario, ¿quién nos garantiza que el día de mañana a alguien, que no esté de acuerdo con el Poder Ejecutivo nacional, no se le ocurra tomar la Casa de Gobierno o resuelva ocupar el Congreso porque no está de acuerdo con una decisión adoptada conforme a los mecanismos constitucionales? La vía de los hechos y de la violencia no son las que señala la Constitución ni son las reglas de juego de la democracia.
Queremos que usted se lleve de aquí esta sensación de preocupación que tenemos y nuestra vocación de ayuda en este tema, porque esto se ha convertido en una cuestión de la más trascendental importancia. Por eso creo que en la resolución de ella no sólo está la responsabilidad del gobierno nacional, sino de todos nosotros.
Aunque sea de manera telegráfica, quiero exponer algunas inquietudes más. Usted ha hecho referencia a la crisis energética. Mucho podríamos debatir entre nosotros. Creo que es un debate que nos debemos, acerca de la política energética que necesita nuestro país. Paso a transmitirle una inquietud: el Poder Ejecutivo nacional ha transferido fondos de la ANSeS por casi 800 millones de pesos para pagar gastos derivados de la crisis energética; entre ellos, la compra de fuel oil a la República de Venezuela, a pesar de que inicialmente se había manifestado que se iba a pagar con productos argentinos.
Esta crisis, que es consecuencia de la imprevisión y de los errores que sin duda...
Sr. Presidente (Guinle). - Señor senador: le pido que vaya redondeando porque ha finalizado su tiempo.
Sr. Gómez Diez. - De acuerdo
Resulta muy difícil aceptar que esta crisis, que es consecuencia de la imprevisión y de los errores que seguramente se han cometido, la paguen los sectores más desprotegidos. Con este dinero —que en el presupuesto estaba destinado para los jubilados y pensionados— se pudo, por ejemplo, haber aumentado un 10 por ciento la jubilación mínima de dos millones de personas.
En lo que se refiere al tema del gasoducto del Noreste argentino, quiero pedirle, señor jefe de Gabinete de Ministros, que esta obra se haga pero como corresponde, es decir, con transparencia y por licitación pública...
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. - Perdón, ¿a qué obra se refiere?
Sr. Gómez Diez. - Al gasoducto del Noreste.
Le pido que esa obra se haga por licitación pública. Los beneficios que en este caso se van a acordar al adjudicatario son muy grandes. Se trata de una inversión de 790 millones de dólares y acá se están previendo exenciones impositivas tales como el 21 por ciento del impuesto al valor agregado, el 3 por ciento de impuestos provinciales, un subsidio por cambio de traza de alrededor de 150 ó 160 millones de dólares, etcétera. Es decir, si se suman todos los beneficios se llega a más de la mitad de la inversión. Entonces, la forma de hacer esto transparentemente es por licitación pública.
Con respecto al tema de la coparticipación federal, nosotros compartimos lo que acá se ha expresado. Este no es un año electoral y es un buen momento para las finanzas públicas por el aumento de la recaudación. O sea, es una circunstancia propicia para que, en definitiva, podamos llevar adelante un diálogo maduro y podamos saldar esta deuda de muchos años, como es la falta de la ley de coparticipación federal.
Voy a terminar con un tema que en el día de ayer estuvimos tratando los senadores de las provincias del Norte del país con el secretario de Transportes de la Nación: me refiero al ferrocarril Belgrano. Nos alegra que se pueda volver a licitar la concesión de ese ferrocarril. Ojalá haya buenos inversores con algún plan interesante, pero queremos que las provincias dispongan de la posibilidad de tener alguna participación en el capital accionario. Lógicamente, sería una participación minoritaria pero con derecho de voz de los Estados provinciales.
Eso es muy importante, sobre todo para garantizar la igualdad del acceso al derecho a cargar de todos nuestros productores.
Autorización para el ingreso y egreso de tropas / Designación de Carlos Bettini como Embajador en España - 23/06/04
Autorización para el ingreso y egreso de tropas
Sr. Presidente (Guinle). - De conformidad con lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, corresponde la consideración sobre tablas del dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la entrada al territorio nacional de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios previstos para el curso del corriente año, denominados Unitas XLV 2004 —Fase Pacífico— Panamax 2004 y Viekaren VI 2004 (CD. 20/04).
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: simplemente, quiero señalar que nosotros votaremos a favor de este proyecto de ley, en virtud de la urgencia de los tiempos. Pero no podemos dejar de señalar que este tipo de proyectos tienen que ser enviados al Parlamento con la antelación suficiente, a fin de que se puedan estudiar, dictaminar, imprimir los órdenes del día y seguirse el trámite parlamentario regular. No es la primera vez que tratamos de urgencia la realización de operativos militares.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario en España del señor Carlos Bettini.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que la Comisión de Acuerdos de este Senado ha escuchado con amplitud de criterio a diferentes impugnantes, quienes han tenido la oportunidad de expresarse y de entregar documentación que ha sido debidamente analizada.
Esa amplitud ha sido sin duda muy positiva y responde a la necesaria transparencia que en todo momento debe observar este cuerpo en su proceso de toma de decisiones.
A la reunión de la comisión ha asistido también el señor ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, acompañado por diversos colaboradores.
Los ministros del Poder Ejecutivo nacional siempre son bienvenidos a las diferentes comisiones de este Senado. Ojalá también tuviéramos la oportunidad de contar con su presencia en el plenario de este cuerpo, porque sin duda enriquecerían el debate al poder expresar los puntos de vista del gobierno.
Ahora bien, quiero señalar que no me ha parecido adecuado que el señor ministro contestara preguntas que estaban dirigidas al doctor Bettini o que glosara sus respuestas. Pienso que quienes han sido propuestos por el Poder Ejecutivo nacional para ocupar cargos de esta envergadura deben gozar de la suficiente capacidad y autonomía como para contestar por sí solos las preguntas y no deberían necesitar tutorías de esta naturaleza, que creo que no son para nada positivas.
La Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación prevé en su artículo 5° la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional proponga al Senado la designación de embajadores que no pertenezcan al Servicio Exterior de la Nación, pero según dicha norma en forma excepcional y siempre y cuando los candidatos posean condiciones relevantes.
No advertimos que en este caso existan esas condiciones relevantes. Más aún, pensamos que las impugnaciones efectuadas fundamentan debidamente la inconveniencia para los intereses de la República de que el doctor Bettini sea designado embajador en España.
Prestar acuerdo significa considerar que una persona es digna de la confianza de este Senado. Esa declaración de confianza la prestamos nosotros en representación de nuestras provincias y de sus pueblos y, en este caso, no están dadas las condiciones para ejercitar precisamente ese acto de confianza. En el caso del doctor Bettini, hay claramente un conflicto de intereses entre los de la Nación y los que representa el candidato propuesto.
En la reunión de comisión el ministro dijo que no puede haber conflicto de intereses en el caso de un embajador, porque el mismo no resuelve; pero esta apreciación evidentemente no tiene sustento. No se puede ignorar lo que es el tráfico de influencia y la envergadura de un representante de la Nación acreditado como embajador ante un país de la importancia de España.
El conflicto de intereses se expresa, básicamente, en lo siguiente. En primer lugar, la doble nacionalidad. Me tocó preguntar al doctor Bettini si él renunciaría a la ciudadanía española en el caso de tener el honor de ser designado embajador de la República. Nos contestó que no, que se amparaba en el convenio de doble nacionalidad. El convenio de doble nacionalidad es para un ciudadano común, para un ciudadano de a pie, pero no para un funcionario de la República; no para alguien que va a ser acreditado como embajador, máxime cuando la múltiple ciudadanía se da con referencia al propio Estado ante el cual se va a acreditar para cumplir su misión diplomática. Hay acá un claro conflicto, dos lealtades diferentes. El licenciado Bettini ha jurado fidelidad al rey y a la Constitución española. Si así lo ha hecho y se niega a renunciar a esa nacionalidad, mal puede al mismo tiempo actuar como gestor de los intereses de la Nación ante la propia corona española a la cual le debe fidelidad.
Debo decir que me ha causado una profunda pena la respuesta del doctor Bettini, porque demuestra también lo mal que estamos como país. Es lamentable que alguien que tiene la posibilidad de acceder al honor de ser embajador ante una potencia de primera línea para un país como la Argentina se niegue a renunciar a la nacionalidad española. Qué contraste con la actitud de Héctor Timerman, quien con mucha dignidad se presentó ante la Comisión de Acuerdos habiendo renunciado a su doble ciudadanía, con la convicción de que al acceder al honor de ser embajador de la Nación Argentina no podía retener esa doble calidad.
En segundo lugar quiero señalar que el doctor Bettini ha reconocido ante la revista
“Veintidós” su carácter de “lobbysta” de los intereses españoles. Dijo textualmente a ese medio de prensa: “Soy lobbysta institucional y político de los españoles, en representación de intereses empresarios.”. Luego, en la audiencia llevada a cabo en la Comisión de Acuerdos, él negó esas declaraciones que hasta ese momento nunca habían sido desmentidas. Les tengo que decir que en verdad yo no creo en las desmentidas, y fundamento esa apreciación en que obra en poder de la Comisión la nota que el doctor Bettini remitió al procurador general de la Nación con fecha 10 de marzo del 2000, en virtud de una denuncia que se le había efectuado, donde dice textualmente: “Pasé a transmitirle la inquietud que tenía el sector español, vinculado en este caso a los asuntos penitenciarios, respecto de cuales serían las nuevas pautas que se fijarían para los futuros procesos licitatorios que habían quedado inconclusos por la finalización del mandato del gobierno anterior. Mis manifestaciones -dice textualmente- se basan en la larga relación que me une con el gobierno de España, testimonio suficiente de la cual es que poseo la nacionalidad española.”. A confesión de parte, relevo de prueba. Evidentemente, estaba actuando como “lobbysta”, como gestor de los intereses de empresas españolas.
Cuando él se entrevista con la licenciada Patricia Bullrich, actuando como gestor de los intereses de la empresa Dicasa, adjudicataria de la construcción de la cárcel de Marcos Paz, hay que señalar que se desempeñaba como funcionario público. Era asesor de la Procuración General de la Nación. Es muy poco ético que quien es funcionario público realice ante la propia administración gestiones de empresas determinadas en ciertos procesos licitatorios que además —hay que señalar como agravante— se tramitaron y adjudicaron cuando el licenciado Bettini
se desempeñaba como asesor del ministro de Justicia.
A todo esto hay que agregarle que entre la documentación que presenta el impugnante Monner Sans figuran siete facturas — acá las tengo— que son de dos agencias de turismo, que corresponden a pasajes a Madrid, tanto para el licenciado Bettini como para su esposa, que fueron adquiridos por la firma Casinos de Buenos Aires, que pertenece al grupo español Cirsa.
Hay que señalar que cuando el licenciado Bettini recibió estas gratificaciones era funcionario público; era asesor del procurador general de la Nación. ¿Cómo puede un funcionario público recibir gratificaciones de una empresa que es concesionaria del propio Estado, en este caso del juego, considerando además —como lo ha puntualizado el miembro informante— que la Procuración General tuvo que dictaminar en un conflicto de competencia entre la Nación y la ciudad sobre el tema del juego. Es absolutamente inaceptable que alguien que se desempeña en la función pública reciba pasajes de una empresa concesionaria del Estado.
El licenciado Bettini se ha desempeñado también como director de Aerolíneas Argentinas, obviamente en representación de los intereses españoles, que en ese momento tenían la propiedad de Aerolíneas Argentinas; en un tiempo durante el cual se ejercitó una gestión totalmente desafortunada que terminó en la venta de numerosos inmuebles propiedad de esta compañía y también la venta de aeronaves, lo que lleva a que se hable del vaciamiento de la empresa en ese período. A esto hay que agregar el desinterés del licenciado Bettini por la vida pública argentina. Hay un hecho que llama verdaderamente la atención: en el documento de identidad figura que cambia su domicilio al país en el año 1994.
Cuando se le pregunta si participó en las elecciones presidenciales del año 1995 manifiesta que no figuraba en el padrón. Cuando se le pregunta si votó en las elecciones legislativas de 1997, también manifiesta que no figuraba en el padrón. Tampoco votó en las elecciones presidenciales del '99. Tampoco en las legislativas del 2001. Tampoco en las presidenciales del año 2003. Más aún, cuando el pliego ingresa en el Senado, la persona propuesta no reunía los requisitos para el cargo, con lo cual deberíamos haber devuelto el pliego, porque la ley del Servicio Exterior de la Nación puntualiza que para ser funcionario del Servicio Exterior, en este caso de la máxima categoría, embajador, dice tener pleno goce de los derechos civiles y los derechos políticos.
Como el licenciado Bettini poseía una doble nacionalidad, tenía suspendidos los derechos políticos. Cuando vuelve al país en 1994 nunca se ocupó en hacer el trámite para que se le restablecieran los mismos. Recién hace esa gestión luego de que fuera propuesto ante este Senado. Ingresa el pliego y allí advierte la situación de que no estaba reuniendo los requisitos necesarios para su designación. Lo cierto es que todo esto demuestra, en definitiva, una falta de apego y de compromiso con el Estado argentino.
Todo lo expuesto constituye, nuestro juicio, una prueba suficiente de la inconveniencia de la designación del licenciado Bettini para los intereses de la República.
En su presentación ante la comisión, ha dicho también que va a actuar como gestor de los intereses de la República ante las empresas españolas. Mal puede representarnos quien, en definitiva, es precisamente "lobbysta" de esos intereses. Por eso es que también no podemos menos que expresar nuestra sorpresa por la insistencia en esta designación que a todas luces es inconveniente y perjudicial para la República, razón por la cual hemos suscripto el despacho por la negativa a conceder el acuerdo solicitado.
Designación del Dr. Righi como Procurador General de la Nación y de la Dra. Highton de Nolasco como Juez de la Corte Suprema de Justicia - 09/06/04
Designación del Doctor Esteban Righi
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: como bien lo ha señalado el señor presidente de la Comisión de Acuerdos, ha habido total coincidencia —incluso por parte de los impugnantes— respecto de la capacidad profesional acreditada por el doctor Righi, la que pone en evidencia su currículum, que demuestra cabalmente que cumple con todos los requisitos de idoneidad técnica que es dable requerir para la cobertura de este cargo.
Las impugnaciones a las cuales se ha hecho referencia básicamente han girado sobre tres cuestiones: su condición de beneficiario de una jubilación especial, su situación impositiva y su actuación como ministro del Interior del doctor Cámpora en 1973.
En cuanto a su condición de beneficiario del sistema previsional, he de señalar que la jubilación que obtuvo en su momento fue otorgada con sujeción a la norma vigente, por lo que no cabe efectuar una descalificación acerca de un derecho que acuerda la propia ley, aun cuando se pueda discrepar con él.
En lo que hace a la situación impositiva del doctor Righi, en ámbitos del Poder Ejecutivo se omitió requerirle las declaraciones juradas pertinentes de bienes personales y de ganancias.
Pero esta omisión fue subsanada por la Comisión y el doctor Righi presentó las declaraciones juradas correspondientes a los tres últimos ejercicios, documentación que se sumó a una certificación expedida por la AFIP en el sentido de que el postulante no reúne incumplimientos ante ese organismo. Por lo expuesto, la inquietud manifestada por algún impugnante quedó también satisfecha.
En lo que hace a la participación del doctor Righi como ministro del Interior del doctor Cámpora, las impugnaciones básicamente fueron de carácter político, y giraron en torno a que durante esa gestión de gobierno se auspiciaron los indultos y la ley de amnistía, sancionada en 1973. Además, se hizo referencia a la disolución de la Cámara Federal en lo Penal, que se había creado a los efectos de combatir el accionar delictivo de ciertas organizaciones.
En lo que hace a la ley de amnistía, hay que consignar que fue aprobada por unanimidad por este Congreso y los indultos constituyen una facultad que la Constitución le reconoce al
presidente de la República. Se trata, pues, de decisiones políticas tomadas en ambos casos en ejercicio de atribuciones constitucionales. Desde luego que respecto de ellas alguien puede plantear una discrepancia desde la perspectiva histórica, digámoslo así, en el sentido de que como medidas de pacificación que buscaban restablecer la concordia en aquellos días, en definitiva, no fueron útiles. Pero esta es una apreciación que no invalida para nada las decisiones que se tomaron en ejercicio de facultades constitucionales.
Con relación a la disolución de la Cámara Federal en lo Penal y la legislación especial dictada para combatir el fenómeno de la violencia con la ley, quiero expresar que conceptualmente coincido con el planteo efectuado por los impugnantes. Los vicios de origen, incluso constitucionales, en orden a la única instancia, pudieron haberse solucionado con una reforma de la legislación que sancionara este Congreso. Creo que esto hubiera sido útil para tratar el fenómeno de la violencia al amparo de la Constitución y de la ley.
Cabe consignar que esta Cámara Federal y la legislación que se dictó en aquellos días en la presidencia de facto del general Lanusse, es una legislación que se dictó con la dirección de hombre de la política argentina, como fue el doctor Arturo Mor Roig, ministro del Interior asesinado luego, en 1974. Lo concreto es que entre junio de 1971 y mayo de 1973 la Cámara Federal en lo Penal dictó numerosas sentencias condenatorias y también numerosas absoluciones.
Luis Moreno Ocampo, quien actuó como fiscal en el juicio de las juntas, en su libro Cuando el poder perdió el juicio , tiene una cita del doctor Vergara, que en ese momento integraba esa Cámara, en la que hace referencia a la tarea que en definitiva cumplió la misma y las críticas que tenía desde uno y otro sector de la sociedad. Dice concretamente Vergara que por esas sentencias los simpatizantes de la guerrilla nos odiaban por duros y la derecha nos criticaba por blandos.
Lo concreto es que es tiempo sin duda, más allá de estas consideraciones efectuadas por algunos impugnantes, de mirar hacia el futuro, hacia adelante. El juicio de lo que aconteció hace tres décadas, en una década sin duda turbulenta y de violencia para nuestra sociedad, es un juicio que deberá realizar la historia.
Con ese espíritu de superación, y reconociendo la idoneidad técnica del doctor Righi, es que voy a votar de manera favorable su acuerdo para ser designado como procurador general de la Nación.
Designación de la Doctora Elena Highton de Nolasco como Juez de la Corte Suprema de la Nación
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: anuncio nuestro voto favorable a la nominación de la doctora Highton de Nolasco, que tiene una trayectoria de más de treinta años en la Justicia argentina. Ha desarrollado una excelente tarea en el ámbito académico. Introdujo en el país el instituto de la mediación para la resolución de conflictos y se especializó también en temas que hacen al mejoramiento de la administración de justicia, integrando la Mesa del Diálogo Argentino en el capítulo referido a la Justicia.
En este último sentido, va a ser muy importante su aporte en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que ser uno de los actores principales de la reconstrucción que es necesario realizar de nuestro sistema de justicia con la participación de la Corte Suprema, de este Congreso, del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo nacional.
Lo que de verdad necesitamos es un verdadero pacto de Estado para la reforma de la justicia, similar al que se implementara en España en el año 2001.
Las impugnaciones que se han realizado han sido señaladas por el presidente de la comisión. La impugnación referida al caso “Di Gioia” fue desestimada por el Consejo de la Magistratura. La que se realiza en el caso Holgado no tiene consistencia. Y la otra impugnación está referida al artículo que escribió la doctora Highton de Nolasco en 1993 y que publicó en la revista de derecho privado. Es un artículo que hay que leer con detenimiento porque la verdad es que trata situaciones difíciles, yo diría situaciones límites. Respecto de este tema, además de las consideraciones que pueda haber realizado la doctora Highton de Nolasco de manera verbal en el transcurso de la audiencia pública, presentó también un escrito en el cual textualmente dice refiriéndose a este artículo: "Básicamente es un análisis descriptivo de la jurisprudencia de Estados Unidos y al compararla con la argentina digo expresamente que no llega a las mismas conclusiones ni podría hacerlo porque nuestra legislación es opuesta y prohibitiva del aborto.
De manera tal que yo creo que queda perfectamente esclarecida su postura respecto de este punto.
En cuanto a la actuación de la doctora Highton de Nolasco como jueza de primera
instancia durante el gobierno de facto, es una cuestión que también fue abordada por la doctora en el transcurso de la audiencia pública. Ella señaló on claridad que entre irse del país y quedarse había optado por quedarse, que había ejercitado la judicatura aplicando la Constitución y su conciencia, como lo hicieron otros juristas, como en el caso del doctor Zaffaroni, a quien le prestamos acuerdo en este Senado, y los doctores Arslanián y Gil Lavedra, por mencionar juristas destacados en este país.
Se trata también de la primera mujer que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un período democrático. Es la primera mujer a la cual este Senado le presta acuerdo, con lo cual se cumple el requisito de la diversidad de género que se señaló en el decreto de autolimitación de facultades.
En este ámbito federal que es el Senado, quiero señalar que nos queda pendiente el requisito de la diversidad regional, sin duda, también muy importante. Puesto que en la Corte el único miembro del interior es el doctor Maqueda, que tiene como origen la provincia de Córdoba. Y en este cuerpo plural que es la Corte, es interesante avanzar en una representación y en una diversificación de diferentes regiones de nuestro país, donde existen juristas muy importantes que pueden hacer su aporte a nuestro más alto Tribunal de Justicia.
Por todas las razones expuestas, anunciamos nuestro voto favorable.

References: artículo 99
 artículo 76
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 30
 artículo 76
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 79
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 resolución 
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 artículo 308
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 9
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 artículo 33
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 artículo 5
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