Source: https://issuu.com/grainpublications/docs/biodiversidad69w
Timestamp: 2017-03-29 19:44:00+00:00

Document:
Biodiversidad, sustento y culturas N° 69 by GRAIN - issuu
Semillas: las llaves del futuro
Âżen manos de quiĂŠn?
Acabemos con el acaparamiento
de tierras en todo el mundo
Número 69, julio de 2011
La inconstitucionalidad de UPOV 91
La voz de los pueblos contra UPOV 91
No hay justificación para el acaparamiento de tierras Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras,
no de darle una fachada de “responsabilidad”	10
Legalizar el despojo 17
de un vistazo y muchas aristas	19	Semillas ancestrales
Las llaves del futuro: en manos de quién
La verdadera riqueza y la verdadera pobreza
en el ámbito campesino andino ecuatoriano
ataques, políticas, resistencia, relatos	29
el relator especial de la ONU para la alimentación propone moratoria contra los transgénicos en
México | balance de la RALLT al 21 de junio de 2011 | Costa Rica: Talamanca libre de transgénicos | Colombia: triunfo de la cadena láctea popular en la sanidad alimentaria | minería: espeluznante actualización | la Vía Campesina se movilizó en Francia para denunciar la incompetencia del G-20: saquen las manos | Azuay, Ecuador: el gobierno le declara la guerra por el agua
a las comunidades | Ecuador: para favorecer a empresa china, Senagua presiona sin escrúpulo alguno en Río Grande | Argentina: comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena: nuestro repudio a los acuerdos y declaraciones sobre la crisis alimentaria del G-20 | minería y resistencia en Argentina: el proyecto Navidad
El grueso de las fotografías de este número fueron tomadas en Chiapas México, por Jerónimo Palomares, en
un reportaje que documenta las granjas o fincas agroecológicas campesinas en Chiapas, tanto en la zona de
San Cristóbal de las Casas, como en Esquipulas y cerca de Comitán. El reportaje da cuenta de los trabajos
que implican dichas granjas y del cuidado de las mismas.
La serie de fotos que acompañan los testimonios sobre la restauración de una agricultura ecológica en la
zona andina de Ecuador fueron tomadas por Edwin Chancusig en las chacras de Segundo Álvarez y Fanny
Atupaña, y de Fabiola Caiza, en Sabloc Chico, Cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo.
Las fotos de las cabritas pertenecientes a integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía
Campesina fueron tomadas por Carlos Vicente en una reunión reciente.
Los dibujos son diseños textiles, arquitectónicos y de alfarería y cestería que provienen de los pueblos de
Egipto, que ahora está en el centro de los ojos del mundo. Sirva ésta muestra como una celebración para el
pueblo de Egipto y de toda la región. Fueron tomados del libro Diseños islámicos de Egipto, The Pepin Press/
Agile Rabbit Editions, Amsterdam, 2007.
Dirigirse a Lucía Vicente sitiobiodla@gmail.com Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores.
El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente. Por
favor envíennos una copia para nuestro conocimiento.
Agradecemos la colaboración de la Fundación Siemenpuu y de CNCD 11.11.11. Agraim el suport de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. La publicación en México
recibió apoyo de la Fundación Heinrich Böll; la publicación en Ecuador recibió apoyo de la Fundación
Heifer; la publicación en Argentina recibió apoyo del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
a foto de la portada nos muestra la entrada
a una finca agroecológica. Este tipo de fincas
van aumentando conforme la gente que cultiva
la tierra para comer (o para vender sus productos y
así poder comer), va dándose cuenta del enorme engaño que significó la Revolución Verde y sus paquetes
de tecnología ajena e inútil, unos paquetes que iban
acompañados de la arrogancia del experto: “lo que
ustedes han hecho durante siglos no sirve, tienen que
hacer lo que les decimos nosotros, porque fuimos a la
Lo más tremendo de este ejemplo, que ocurrió y ocurre en todo el mundo, es
que los llamados expertos, en realidad bien a bien no saben qué significado tiene
la tecnología que recomiendan, porque a su vez fueron adoctrinados y enseñados
así, porque obedecen normas establecidas por las dependencias, en los programas
y proyectos, porque los lineamientos generales del país así lo especifican a partir
de estándares internacionales que fueron definidos y decididos en otros lugares,
en otros tiempos, que no son los de los campesinos, ni son de ningún modo los
tiempos de la ancestral y profunda agricultura, sino los tiempos del libre comercio, de la homologación, de la certificación, de la industrialización de quehaceres
y conceptos —los tiempos y los espacios de la sumisión.
Y así va el mundo, obedeciendo a quién sabe quién, por qué sabe qué criterio,
ideología, componenda o tendencia general que en el fondo sirve muy bien a las
corporaciones que quisieran barrer con toda la agricultura independiente, con
todo el pensamiento independiente.
a finca que muestra la portada está en Chiapas, lugar famoso en México
porque ahí, entreverada en pueblos, comunidades, cañadas, selva y montaña, vive una resistencia expresada de muchas maneras, incluido el repensar su
trabajo de cultivadores, de cuidadores de semillas, suelos, agua: su cuidado en
la limpieza de los alimentos que producen para sí mismos y para otros. Mucha
gente en esas comunidades (e igual ocurre en otros lugares de nuestra América
como Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) está consciente de que hay muchos
modos de tener alimentos sanos (sin plaguicidas ni fertilizantes químicos, con
semillas nativas) que no están certificados por la institución internacional de la
agricultura orgánica, mediante una agricultura campesina tradicional y moderna,
limpia, cuidadosa, independiente.
Como muchas buenas fotos, la foto que está en nuestra portada (tomada por
nuestro asiduo colaborador, Jerónimo Palomares), puede leerse de otras maneras.
Una de ellas es ver la puerta de la finca como un umbral abierto que tenemos que
trasponer para acceder a un futuro mejor que está ahí, al alcance, simbolizado por
un niño, como tantos, y por eso único: un futuro de justicia, dignidad, y viabilidad
de la vida de todas y todos en el mundo. Un futuro de viabilidad para el planeta.
Esa puerta es nuestra, ese futuro puede ser el nuestro, aunque todo nos diga
que no, aunque abiertamente haya fuerzas que nos nieguen el acceso, que quieren
que entremos a otro futuro, innoble, incierto, y que entremos formados de dos en
fondo, despojados pero contentos, porque según las corporaciones y sus defensores hay leyes que nos protegerán despojándonos de la variabilidad, de la diversidad, de la probabilidad. Despojándonos de la infinita transformación de la vida.
sí es el futuro que creen que nos van a imponer robándonos las semillas.
Para eso están las patentes, los certificados de obtentor, los registros, los
catálogos, las definiciones mentirosas de algo indefinible porque su transformación continua lo impide. Para eso también está toda la argumentación de proteger
(siempre en el fondo se invoca la protección como chantaje último e “intachable”) las variedades, su material genético, mediante reservas o colecciones ex situ,
es decir fuera de donde se ocupan, fuera de donde sirven, fuera del flujo que las
produjo y las refuerza, fuera del flujo del que son parte fundamental porque sin
estas semillas, sin estos cultivos, ese todo ya no es el mismo.
Se trata entonces de quién tiene acceso a estos materiales, y a fin de cuentas, de
quién tiene el control de las semillas.
Esta avidez de control es finalmente algo generalizado: no nos cansaremos de
decir que su fin último es erradicar la producción independiente de alimentos.
Para eso hay que privatizar todos los pasos de la cadena alimentaria como sea
posible, empezando por las semillas, mediante leyes, normas, estándares de calidad, lo que está llevando al absurdo de proponer por todas partes nuevas “leyes
de protección del maíz”: leyes que dicen poner obstáculos a la siembra de maíces
transgénicos (es decir a la contaminación transgénica de los cultivos ancestrales);
“obstáculos” que implican el escrutinio de todo el universo de la biodiversidad, en
este caso del maíz. Así, tales leyes imponen la catalogación de las semillas, su homologación, la reducción de su universo a lo registrado y certificado. Esto lleva a que le
pongan cuotas (por no decirle precios) a su utilización, que se impongan candados
técnicos a su utilización (por ejemplo la tecnología terminator recién revivida).
Lo peor es que en el fondo todos estos controles suponen una criminalización
del acto mismo de poseer, guardar, custodiar, intercambiar, y por supuesto sembrar las semillas libres que durante milenios nos han cuidado y nos han servido
de talismanes para nuestro futuro.
ensándolo bien, ese niño de la foto es también un símbolo de lo que son
las semillas: un concentrado de futuro, un concentrado del sentido que ese
futuro puede contener y hacer florecer si nos organizamos para defender nuestra
existencia y la vida que nos dio y dará más vida. Bien mirado, ese niño, pese a su
corta edad, no está disperso, está enfocado y labora e investiga en su entorno. Si
esto es cierto, la foto nos dice que debemos insistir en lo que pensamos es correcto. Debemos insistir en nuestro cuidado de milenios. Insistir en que, para defender
el maíz, el trigo, el arroz, todas las semillas y cultivos nativos en su integridad
—y no sólo contra la contaminación genética— “hay que restaurar activamente
los sistemas, procesos y dinámicas que crearon y mantuvieron en su diversidad
a muchísimos cultivos y semillas durante siglos, junto con los saberes que unas
personas y otras, unos colectivos y otros, fueron intercambiando con cariño y
respeto mutuo. Ninguno de esos procesos es posible sin la permanencia de los
pueblos indígenas y campesinos que los pusieron en marcha”, como dijera un
documento de GRAIN de 2003.
Si esto es así, debemos ponerle fin al acaparamiento de tierras a nivel local,
nacional y mundial. Debemos defender nuestros territorios como quizá la más
crucial tarea que nos debemos, porque sin un territorio propio, el cuidado de los
saberes y de los cultivos es imposible. Debemos defender el sustrato de vida que
implica la misma idea del territorio, que no sólo es la tierra sino los saberes que lo
hacen posible. Si las semillas son las llaves del futuro, los territorios propios son
la cerradura misma que tales semillas necesitan abrir. l
“En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para monopolizar
las semillas, llave de todas las redes alimentarias. En mayo 2011, Chile
aprobó en un albazo parlamentario, la incorporación de ese país a la versión
1991 del tratado UPOV (Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales).
Ese tratado es marco de los llamados ‘derechos de obtentor’, que son una
forma de registro para privatizar las semillas, prácticamente tan restrictivo
como las patentes. En ambos casos (patentes y derechos de obtentor), se trata
de impedir legalmente que las semillas sean de libre circulación, para obligar
a comprarlas a las transnacionales y, sobre todo, que no se puedan replantar,
criminalizando el acto esencial de la agricultura: producir, reproducir y usar
semillas para la próxima siembra”.
(Ver Silvia Ribeiro, La Jornada, México, 16 de julio.)
La ola de protestas de movimientos y organizaciones chilenas (entre otras
ANAMURI, Vía Campesina Chile, la Confederación Ranquil, la Asamblea
Mapuche de Izquierda, la Coordinadora de Estudiantes por la Agroecología,
la Marcha Mundial de Mujeres-Chile, TERRAM, CENDA, CEDEM, RAPAL,
OLCA), apoyadas por organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y
sociales de toda América Latina, como la Confederación Latinoamericana de
Organizaciones del Campo, la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas y otras, no se hizo esperar.
El 20 de junio 2011, organizaciones campesinas y sociales chilenas
presentaron argumentos sobre la inconstitucionalidad de UPOV 91 en una
audiencia pública frente al Tribunal Constitucional de Chile.
Aquí presentamos dos testimonios cruciales.
de UPOV 91
Presentación de Camila Montecinos en
Audiencia Pública ante el Excelentísimo
Tribunal Constitucional, el día 20 de junio
de 2011, donde se reiteran los argumentos
presentados por escrito el día 15 acerca de la
inconstitucionalidad del Convenio UPOV 91.
1. El Convenio UPOV permite la apropiación de un
bien común por naturaleza, y por tanto vulnera lo
prescrito por el artículo 19, número 23, de la Constitución política del Estado. Dicha norma establece
el derecho para adquirir el dominio sobre toda clase
de bienes, excepto “aquéllos que la naturaleza ha
hecho comunes a todos los hombres”.
Instalaciones restringidas de almacenamiento de maíz industrial, híbrido y tal vez ¿transgénico?.
Instalaciones restringidas de almacenamiento de maíz industrial, híbrido y tal vez ¿transgénico?. Foto: Jerónimo Palomares
Toda variedad vegetal es una obra humana de carácter colectivo, comparable a una pintura o una escultura en cuanto a la creatividad involucrada, y asimilable a un lenguaje en cuanto al carácter colectivo
de su creación. Las variedades comerciales modernas
no son una excepción a este carácter de obra común.
El trabajo genético hecho por pueblos, comunidades
y familias agricultoras a través de siglos y milenios
es incomparablemente mayor al trabajo hecho por
obtentores comerciales. Por lo mismo, incluso las llamadas variedades modernas o comerciales son por
naturaleza un bien común y no deben se privatizadas.
2. Sin perjuicio de lo expuesto, debo señalar al Excelentísimo Tribunal que el Convenio UPOV 91 permite, además, la apropiación de un bien que es fruto
del trabajo ajeno y por tanto contraviene el artículo
19, número 24 de la Constitución del Estado, norma que garantiza el derecho de propiedad.
El artículo 1 del Convenio UPOV 91 define como
“obtentor” a “La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”. Cuando
alguien “descubre” una variedad en realidad está
“descubriendo” el fruto del trabajo de otros. A
través de su definición de “obtentor” el Convenio
UPOV 91 hace posible apropiarse de todas las variedades campesinas e indígenas actualmente existentes, puesto que todas ellas pueden ser “descubiertas” por un obtentor no campesino o su empleador,
vulnerando así el derecho a propiedad y fomentando la apropiación del trabajo ajeno.
Quienes promueven el Convenio UPOV 91 argumentan que la apropiación de las variedades campesinas e indígenas no será posible, porque sólo se
otorgará propiedad sobre variedades nuevas, distintas y homogéneas. Tal aseveración no puede estar
En relación a la novedad, el artículo 6 del Convenio UPOV 91 indica que “La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de
la solicitud de derecho de obtentor, el material de
reproducción o de multiplicación vegetativa o un
producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros de otra manera, por el
obtentor o con su consentimiento, a los fines de la
explotación de la variedad”.
Es decir, se considera nuevo todo aquello que los
obtentores no hayan reclamado y comercializado
como propio, por lo que cualquier variedad campesina podrá ser reclamada como propia por un
obtentor no campesino o su empleador, con el solo
requisito de que tal variedad no haya sido ya reclamada como propia por algún otro obtentor. El que
una variedad haya estado en manos campesinas por
generaciones es irrelevante para UPOV 91.
En cuanto al requisito de distinción, UPOV 91 lo
existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida”.
El documento de UPOV TGP/3, denominado Introducción general al examen de la distinción, la
homogeneidad y la estabilidad y a la elaboración de
descripciones armonizadas de las obtenciones vegetales —documento que fue adoptado por el Consejo
de la UPOV y por tanto tiene el carácter de interpretación oficial del Convenio UPOV 91— entrega
las siguientes indicaciones para determinar si una
variedad es o no “notoriamente conocida”:
5.2.2.1 “Los aspectos concretos que deberán considerarse para establecer la notoriedad son, entre otros:
a) La comercialización de material de multiplicación vegetativa o de material cosechado de la
variedad o la publicación de una descripción
b) La presentación, en cualquier país, de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para
otra variedad o de inscripción de otra variedad
en un registro oficial de variedades, se considerará que hace a esta otra variedad notoriamente
conocida a partir de la fecha de la solicitud, si
ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en
el registro oficial de variedades, según sea el caso.
c) La existencia de material biológico en colecciones vegetales públicamente accesibles”.
Las variedades campesinas no forman parte de
registros oficiales y no todas ellas están en colecciones públicas, por los siguientes motivos:
a) No es del interés de campesinos y pueblos indígenas que sus variedades estén registradas o formen
parte de colecciones.
b) Porque es imposible capturar en cualquiera de los
dos casos la inmensa diversidad de variedades vegetales en manos campesinas e indígenas
c) Porque las variedades campesinas están en permanente proceso de selección y cambio y las que pasaron a formar parte de colecciones públicas años
atrás ya han dado origen a nuevas variedades.
Por lo mismo, las variedades vegetales campesinas
y de pueblos indígenas no serán consideradas “notoriamente conocidas” y podrán ser apropiadas por los
obtentores o sus empleadores a través de UPOV 91.
En cuanto a la homogeneidad, UPOV 91 incorpora una definición subjetiva de homogeneidad
(“suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes”) lo que permitiría que mediante interpretaciones se considere que cualquier variedad obtenida
directamente de variedades campesinas e indígenas
o mediante un mero trabajo de selección, cuenta
con suficiente homogeneidad fenotípica como para
cumplir con los requisitos de UPOV 91. Baso esta
aseveración en que la experiencia concreta muestra
que las interpretaciones jurídicas de las normas de
propiedad intelectual —dentro de las que se encuentra el Convenio UPOV 91— en las últimas décadas
han favorecido creciente y consistentemente a las
empresas y entes privados en desmedro de los derechos de campesinos y pueblos indígenas.
Por todo lo anterior, es posible asegurar que los
contenidos del Convenio UPOV 91 permiten y promueven que personas naturales o jurídicas se apoderen de las semillas y variedades vegetales que legítimamente pertenecen a comunidades, familias y personas campesinas e indígenas, porque tales semillas y
variedades han sido el producto de un trabajo colectivo paciente y efectivo a través de siglos o décadas.
3. El Convenio UPOV 91 imposibilitará la agricultura campesina, vulnerando así el derecho a desarrollar libremente una actividad económica, esta-
blecido en el número 21, del artículo 19, de nuestra
Una vez que un obtentor o su empleador se apropien de una o más variedades campesinas o indígenas, podrán exigir que las variedades originarias, no
sean cultivadas porque han pasado a ser de su propiedad, bajo la amenaza de confiscar sus semillas, sus
cultivos, sus cosechas e incluso lo producido con la
cosecha, de acuerdo al artículo 14 del Convenio. Las
familias y comunidades campesinas e indígenas no
podrán utilizar e intercambiar libremente las semillas propias y se verán obligados a comprar semillas
comerciales en cada estación. Esto tendrá el doble
efecto de disminuir severamente las posibilidades de
adaptación a las condiciones cambiantes del mercado y el clima, y la de encarecer de manera igualmente
severa los costos de producción, atentando así contra
la viabilidad de la agricultura campesina.
4. El Convenio UPOV 91 no provoca un bien común
superior a los perjuicios que causará su aplicación o
Quienes defienden el Convenio UPOV 91 argumentan que su aplicación permitirá fomentar el desarrollo
de variedades en Chile, y garantizará que los agricultores del país tengan acceso a semillas de mejor calidad y
a un mayor número de variedades. Una vez más, está
aseveración es falsa o está alejada de la realidad.
En relación a los programas de mejoramiento de semillas, Chile fue hasta los inicios de la década de 1990
un país que se caracterizaba por programas nacionales
de mejoramiento que eran de calidad y eficiencia reconocida. La aplicación del Convenio UPOV 78 permitió su debilitamiento y actualmente nos encontramos
siendo un país que depende de variedades desarrolladas en el extranjero —no necesariamente adaptadas
al país— en cerca de un 90%, con los programas nacionales siendo cada vez más marginales. El Convenio
UPOV 91 marcará aún más las ventajas a favor de las
empresas extranjeras y dificultará aún más la mantención de iniciativas de mejoramiento nacional.
En cuanto a la calidad de las semillas, el Convenio UPOV 91 en ningún momento exige calidad
para otorgar los derechos de obtentor, sólo exige
novedad, distinción, estabilidad y homogeneidad
(artículos 6 a 9 del Convenio). Tampoco lo hace el
proyecto de ley que permitiría ratificar la adhesión
al Convenio. Al no exigir calidad, UPOV 91 hace posible que se registren variedades de calidad inferior
a todas las conocidas. Los agricultores sufrirán los
efectos de la calidad inferior durante varias temporadas antes de darse cuenta de la situación.
En relación al acceso a mayor cantidad de variedades, UPOV 91 en realidad permite que ocurra
justamente lo contrario, toda vez que el artículo 14
confiere un monopolio absoluto a los dueños de las
variedades para importarlas o exportarlas del país.
Si por alguna razón comercial, alguna empresa ve
como inconveniente que se cultiven algunas de sus
variedades nuevas en Chile, sólo tendrá que registrarlas como propias y luego impedir que se importen. UPOV 91 no da garantías de mayor acceso, sino
que entrega a los dueños de las variedades un poder
sin restricciones para impedir y manipular el acceso.
Por todo lo anterior y por las muchas otras razones indicadas por 17 Senadores de la República
y muchos de lo que participan en esta audiencia
pública, queda probado que el Convenio UPOV 91
atenta contra garantías constitucionales vigentes y
no provoca un bien común que justifique restricción
alguna a tales garantías. Por lo mismo, apoyo respetuosamente la petición de que el Convenio UPOV
91 sea declarado inconstitucional y la adhesión a él
por parte de Chile sea derogada. l
contra UPOV 91
Presentación de la compañera Francisca
Rodríguez de la Comisión Política de la CLOC- VC
frente al Tribunal Constitucional de Chile en
relación a UPOV 91
En primer lugar qeremos saludar y agradecer la
dispo­sición de este Tribunal de dar acogida a la presentación y solicitud de audiencia de las organizaciones del campo en representación de las mujeres
rurales e indígenas, de los productores campesinos,
los trabajadores del agro y de pueblos originarios,
Anamuri, Ranquil, CEPA y la Asamblea Mapuche de
Izquierda —quienes somos integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones
del Campo CLOC y a nivel mundial de La Vía Campesina.
Saludamos también vuestra disposición de escuchar y recibir las diversas opiniones de los y las
ciudadanas de este país, situación que debería de
haberse realizado con la máxima rigurosidad por
ambas cámaras del Congreso Nacional, tal como
lo solicitamos en junio del 2009 cuando concurrimos por primera vez ante la comisión de agricultura
del parlamento, para hacer presentes las dimensiones que implicaba para el país y para la agricultura
campesina esta ley. Hoy día, de manera específica,
queremos reiterar los planteamientos expresados en
nuestra presentación por escrito y hacer notar nuestra profunda preocupación ante este Tribunal Constitucional, respecto a las graves consecuencias que
nos provocará el referido Convenio Internacional.
Nosotras y nosotros sus dirigentes hemos suscrito la inconstitucionalidad de la medida aprobada por ambas cámaras frente la disposición para
la adscripción de Chile al Convenio Internacional
para la Protección de Obtenciones Vegetales definido como UPOV 91.
Tal como lo expresamos en nuestra presentación,
las modificaciones introducidas al Convenio Internacional que están contenidas en el Acta Modificatoria del 19 de marzo de 1991, aumentan y exacerban al límite la desigualdad ante los beneficios
y derechos de los entes obtentores, de las semillas
vegetales comerciales, tanto para los individuales
como para los corporativos, que hoy se definen
como “creadores de variedades” reconocidas.
Todo esto va en perjuicio de las comunidades
rurales de todo el país, de nuestros antecesores
nuestros ancestros, hombres y mujeres de la tierra;
de ellos heredamos el oficio y con ellos las semillas.
A través de la historia, las hemos cuidado, reproducido, intercambiado y conservado para las futuras generaciones. Por eso decimos que las semillas
son un patrimonio de nuestros pueblos indígenas y
campesinos —los verdaderos y únicos creadores del
germoplasma originario, hoy apropiado y utilizado
por las grandes empresas semilleras. Por eso venimos a reiterar que “el Convenio UPOV
91 que permite la apropiación de un bien común,
por su naturaleza, está en conflicto con el artículo
19, inciso 23 de la Constitución. Que el Acta Modificatoria del 19 de marzo de 1991, a dicho Convenio Internacional, aumenta y exacerba al límite, la
desigualdad de los beneficios y derechos de los entes
obtentores, sean éstos individuales o corporativos de
las semillas vegetales comerciales. La modificación
introducida con el Convenio UPOV 91 permite la
apropiación ilegítima del fruto del trabajo de otros,
ya que en el artículo 1 define como obtentor a quien
descubra una variedad. Para reclamarlas como propias, las empresas no necesitarán más que un trabajo
marginal que las muestre homogéneas.
Como bien ustedes comprenderán, toda variedad es fruto del trabajo humano, éstas no existen
de manera natural. Toda variedad ha sido creada y
se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, producto del trabajo de muchas y muchos. El carácter
de “nueva” que exige UPOV 91 es definida en los documentos de la Convención, como aquélla que no
es “manifiestamente conocida”. Ello no es garantía
alguna para nosotras y nosotros los campesinos, de
que las empresas no se apropiarán de nuestras variedades, ya que nuestras variedades circulan principalmente a través de canales locales e informales y
por supuesto que éstos no se consideran “manifiestamente conocidos”.
ante la ausencia de consulta a las organizaciones de
los pueblos originarios, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). El Convenio establece que deberá consultarse
de buena fe a los pueblos indígenas cuando se proyecten leyes que los afecten. Precisamente es en los
territorios y comunidades de los pueblos originarios
donde se ha producido el mayor despojo histórico
del patrimonio fitogenéticos. El Convenio 169 establece que deberán protegerse los recursos naturales
existentes en tierras indígenas. O sea al momento de
ratificar el Convenio, Chile tiene el deber de tomar
Es lamentable escuchar a los señores “expertos” que nos han indicado como ignorantes, omitiendo nuestros saberes y desconociendo nuestra
ciencia que es la que ha generado por milenios las
semillas que alimentan el mundo. Al parecer sólo
les preocupan los aspectos de mercado y en nada
se han referido al tema de la alimentación. En estas circunstancias, es lógico preguntarse: por qué
las autoridades se obstinan en hacer aprobar en el
parlamento la adhesión a un convenio internacional
que amarra y obliga al país al cumplimiento de sus
normas. Este proyecto de ley, a futuro regulará en
el país los derechos de propiedad intelectual sobre
obtenciones vegetales. Por lo que vale preguntarse:
por qué otros países como Argentina, Brasil, México, Colombia, se han negado a adherirse a UPOV 91.
¿Cuáles son los intereses de fondo que están generando este absurdo proceso? Queremos también hacer presente ante este Tribunal Constitucional la grave circunstancia que implica
la aprobación de UPOV 91 en el Congreso Nacional,
las medidas que resulten necesarias para aplicar sus
disposiciones; de ahí que también resulta inconstitucional no haber realizado las consultas suficientes e
informadas a los pueblos originarios del país. Por todo lo expuesto y por las mismas razones
indicadas por los 17 Senadores de la República (y
las muchas otras que sin duda han sido formuladas
por la ciudadanía y las organizaciones sociales, sumadas a las que están siendo expresadas por representantes de diversas organizaciones y regiones del
país hoy día en esta audiencia pública), esperamos
que se compruebe que el Convenio UPOV 91 atenta
contra las garantías constitucionales establecidas y a
la vez provoca un daño irreparable a nuestra soberanía alimentaria, los sistemas alimentarios locales y a
nuestra cultura, amenazando la existencia misma del
campesinado. Por lo mismo reiteramos nuestra solicitud y apoyamos respetuosamente todas las otras
peticiones para que la resolución frente a la adscripción de Chile al Convenio UPOV 91 sea declararlo
inconstitucional y su adhesión a él sea derogada. l
“No hay justificaciones para
el acaparamiento de tierras”
n febrero de 2011, el Foro Social Mundial en
Dakar retomó la inquietud que desde hace
años expresan las comunidades, las organizaciones y diferentes grupos de investigación y organismos de la sociedad civil en relación al acaparamiento de tierras, una tendencia mundial de compra,
renta y asociación entre gobiernos, o entre empresas
privadas y gobiernos, para apoderarse de tierras en
diferentes países con el fin de producir alimentos a
nivel comercial y obtener enormes ganancias. Esto
socava la soberanía nacional de los países que aceptan este tipo de arreglos comerciales.
Por otra parte, desde el 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, prominentes
organizaciones campesinas, de pastores, de pescadores artesanales, de derechos humanos y de investigación cuestionaron al Banco Mundial, a tres
agencias de Naciones Unidas y a varios gobiernos,
por promover inversiones agrícolas que tienen
como resultado acaparamientos de tierra en escala
masiva, mediante el documento: Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no de darle una
fachada de “responsabilidad”.
Entre el 18 y el 20 de abril, inversionistas, funcionarios de gobierno y personal de los organismos internacionales se reunieron en Washington
DC para la Conferencia Anual del Banco Mundial
sobre Tierra y Pobreza. Discutieron cómo operacionalizar un marco de trabajo conocido como
(IAR). Formulados por el Banco Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de
Agricultura y Alimentación (FAO), los principios de
“inversión agrícola responsable” son siete principios que los inversionistas pueden decidir obedecer
o no cuando realicen adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala.
Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras...
fustigó los “principios de inversión agrícola responsable” y llamó a prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras.
egún Henry Saragih, de la Vía Campesina, “La
crisis en los precios alimentarios ocurrió por
la mercantilización de los alimentos. Los principios
de ‘inversión agrícola responsable’ legitimarán el
acaparamiento de tierras de una manera peor que
en la era colonial. Las transnacionales van a tomar
la tierra de todos los tipos y tamaños. No habrá lugar para que vivan los campesinos, los pueblos y las
comunidades. Este tipo de producción agrícola está
provocando un modo de vida muy dependiente de
unas pocas transnacionales”.
“Las adquisiciones de tierra en gran escala están diseñadas para abrirle nuevos espacios a la
agricultura industrial, de plantación, orientada
a las exportaciones”, dijo Henk Hobbelink, de
GRAIN. “No tenemos por qué legitimarlas meEl niño Melesio Antonio Solís y un niño mayor, en el rancho agroecológico Las Golondrinas,
Teopisca, Chiapas, México. Foto: Jerónimo Palomares
diante ningunos ‘principios’ o ‘códigos de conducta’ para inversionistas. No es ésta una agricultura que le dé de comer a la gente en formas justas
y sustentables”.
Las narraciones que llegan de Asia, África y
América Latina revelan que las comunidades locales están siendo despojadas como nunca antes
de su única fuente de seguridad de vida y alimentación. Los informes indican que por lo menos 50
millones de hectáreas de buenas tierras agrícolas
—suficientes para darle de comer a 50 millones
de familias en India— fueron transferidas de los
campesinos a las corporaciones tan sólo en los
últimos años. Los agentes de inversión calculan
que ya se han comprometido unos 25 mil millones de dólares a nivel global, y alardean que la
cifra se triplicará en un futuro muy próximo. Los
principios de “inversión agrícola responsable” le
ofrecerán una careta de respetabilidad a estos inmensos negocios de tierras.
“Los principios de IAR son peligrosamente engañosos”, dijo Shalmali Guttal, de Focus on Global
South. “Las corporaciones y los gobiernos ganarán,
pero las comunidades locales, los ecosistemas y las
futuras generaciones habrán de perder; la apropiación de las tierras rurales de los pueblos es completamente inaceptable, no importa qué lineamientos
se sigan”.
“La violación de las leyes internacionales de
derechos humanos es una parte intrínseca del acaparamiento de tierras”, afirmó Sofía Monsalve, de
FIAN International. “Son violaciones a los derechos humanos las expulsiones por la fuerza, los
cierres de vastas extensiones de tierra que ya no
podrán utilizar ni ahora ni el futuro los pueblos
rurales, la introducción de modelos de agricultura y uso del suelo que destruyen los ambientes
naturales, la tajante negativa a dar información
y el impedir una participación local significativa
en las decisiones políticas que afectan las vidas de
Según Ibrahim Coubaly de CNOP-Vía Campesina en Mali, “el acaparamiento de tierras es bandolerismo de Estado; tiene que ver con arrebatar o
tomar el único recurso que le queda a la gente para
dárselo a quienes ya tienen demasiado, a aquéllos
que ya son extremadamente ricos. Eso es inaceptable”.
llama en cambio a impulsar una renovada y genuina
reforma agraria y una inversión agrícola que apoyen
a los campesinos y productores en pequeña escala
a que produzcan en sus propias tierras por medios
En el marco de la reunión sobre agricultura del G20,
celebrada en París el 21 y 22 de junio, cientos de organizaciones de la sociedad civil incluyendo movimientos campesinos y ganaderos, grupos de mujeres
y organizaciones no gubernamentales, hicieron suyo
el Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento
de tierras, que surgió del Foro Social Mundial.
Mientras los ministros de agricultura de los 20
países más ricos del mundo discutían qué hacer con
la volatilidad de los precios de los alimentos y la
creciente crisis alimentaria, millones de hectáreas
de tierra fértil, junto con sus respectivos recursos
de agua, son acaparados. Se despoja a millones de
familias campesinas y otros pueblos rurales e indígenas que son expulsados de sus tierras quedando
privados de su sustento.
En el Llamamiento de Dakar, entregado al gobierno francés que preside el G20, se urge a los gobiernos a detener de inmediato los acaparamientos
de tierras y a devolverle a las comunidades las tierras robadas. Por el momento, el G20 favorece el
acaparamiento de tierras y respalda los “principios
de inversión agrícola responsables”.
Las organizaciones instaron al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas
a rechazar definitivamente los mencionados principios, que son ilegítimos, y que no pueden aportar
equidad a ningún acaparamiento de tierras. Que no
son directrices obligatorias y efectivas sobre la tenencia de tierra y que no respetan ni protegen los
derechos de los pueblos ni las personas, especialmente el derecho a la alimentación.
resentamos en la página siguiente el documento Es hora de prohibir el acaparamiento de tierras, no darle una fachada de “respetabilidad”, que
se hizo público en abril con motivo de la reunión
del Banco Mundial con un grupo de cerca de 200
inversionistas en tierras de cultivo, funcionarios de
gobierno y servidores públicos internacionales.
Este documento fue suscrito en un primer
momento por FIAN International, Focus on the
Global South, Amigos de la Tierra Internacional,
Global Campaign on Agrarian Reform, GRAIN, La
Vía Campesina, Plateforme Régionale Paysanne de
l’Afrique Centrale, Rede Social de Justiça e Direitos
Humanos, Réseau des Organisations Paysannes et
des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest,
World Alliance of Mobile Indigenous Peoples y
World Forum of Fisher Peoples.
¿Por qué las agencias de Naciones Unidas y
algunos gobiernos muy involucrados insisten en
intentar que estos negocios con tierras funcionen
mediante “inversiones agrícolas responsables”?
Es hora de prohibir el
no de darle una fachada de
 n 2010, el Banco
Mundial informó que tan
sólo en 2009, 47 millones
de hectáreas se habían
arrendado o vendido en
todo el mundo. El Global
Land Project calculó que
63 millones de hectáreas
cambiaron de manos
únicamente en 27 países
de África. Ver “New
World Bank report sees
for farmland”, Banco
Mundial, Washington DC,
7 de septiembre, 2010,
http://farmlandgrab.
org/post/view/15309, y
Cecilie Friis & Anette
Reenberg, “Land grab
in Africa: Emerging
land system drivers in a
teleconnected world”,
GLP Report núm. 1, The
Denmark, agosto de 2010,
org/post/view/14816,
 er High Quest Partners,
“Private financial
farmland and agricultural
infrastructure”, OCDE,
París, agosto de 2010,
post/view/16060
 os cuatro organismos
internacionales crearon
también una plataforma
IAR. Ver http://www.
sponsibleagroinvestment.
 ttp://farmlandgrab.
org/post/view/12256;
http://www.landaction.
org/spip/spip.
php?article554&lang=es
os acaparamientos de tierra de
hoy se pactan a gran velocidad. Se
están firmando contratos, ya roturan
los suelos, la tierra está siendo cercada para mantener a la gente fuera y
las poblaciones locales están siendo
expulsadas de sus territorios con devastadoras consecuencias. Aunque los
detalles precisos son difíciles de conseguir, es claro que por lo menos 50
millones de hectáreas de buena tierra
de cultivo —cantidad suficiente para
alimentar a 50 millones de familias
en la India— se le han transferido de
los agricultores a las corporaciones en
los últimos años, y a diario se unen a
esta carrera más inversionistas.1 Algunos de estos negocios son presentados
como una forma novedosa de cumplir con las necesidades de seguridad
alimentaria de países que son dependientes de los mercados externos para
lograr alimentar a sus poblaciones,
tales como Qatar, Arabia Saudita,
Corea del Sur o China. Otros se desnudan como lo que son: acuerdos de
negocios y nuevas oportunidades de
hacer ganancias rápidas. Pese al involucramiento de los Estados, la mayor
parte de estas transacciones son pactadas entre los gobiernos anfitriones y
las corporaciones privadas. Las firmas
implicadas calculan que hasta el momento ya se han comprometido a nivel
global unos 25 mil millones de dólares, y hacen alarde de que la cifra se
triplicará en un futuro muy cercano.2
¿Qué son los Principios de Inversión
Agrícola Responsable? Con gran ner-
viosismo y preocupación ante las potenciales reacciones políticas negativas
provocadas por la fase actual del acaparamiento de tierras, algunos gobiernos
y organismos internacionales, de Japón
al G-8, decidieron sugerir criterios que
pudieran hacer aceptables estos negocios. El más prominente de éstos es el
documento promovido por el Banco
Mundial (BM), conocido como Principios de Inversión Agrícola Responsable
que Respeten los Derechos, los Medios
de Sustento y los Recursos (conocido
por las siglas IAR). Los principios de
“inversión agrícola responsable” fueron formulados y promovidos conjuntamente desde enero de 2010 por el
Banco Mundial, el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la
Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO).3 Son siete principios
que los inversionistas pueden suscribir
voluntariamente al emprender adquisiciones de tierras agrícolas en gran escala (véase recuadro). Es notable que los
principios de inversión agrícola responsable nunca fueron sometido a la aprobación de los órganos de gobierno de
las cuatro instituciones promotoras.
En abril de 2010, 130 organizaciones y redes de todo el mundo, incluidas algunas de las más representativas
alianzas de campesinos, pastores y pescadores artesanales denunciaron la iniciativa que pugna por estos principios
de “inversión agrícola responsable”. Su
declaración dejó en evidencia que los
principios IAR son una maniobra para
legitimar el acaparamiento de tierras,
y afirmó que facilitarle el control a las
corporaciones (extranjeras o nacionales) de las tierras agrícolas de los pueblos es algo totalmente inaceptable sin
importar qué lineamientos se sigan.4
Tras la publicación de esta declaración, la respaldaron muchos más gru-
pos y movimientos sociales de todo el
mundo. Poco después, el Relator Especial para el Derecho a la Alimentación
de Naciones Unidas criticó públicamente los principios de IAR por ser “peligrosamente inadecuados” y declaró: “Es
lamentable que, en vez de ponernos a la
altura del desafío que implica desarrollar la agricultura de modo que sea más
sustentable social y ambientalmente,
actuemos como si acelerar la destrucción del campesinado global pudiera
conseguirse de manera responsable”.5
En septiembre de 2010, el Banco
Mundial publicó su muy esperado informe en torno a las adquisiciones de
tierras a gran escala. Tras dos años de
investigación, el Banco no pudo hallar
ejemplos convincentes de “provecho”
para las comunidades o los países pobres, únicamente una larga lista de pérdidas. De hecho, las compañías y los
gobiernos involucrados en estos negocios agrarios se rehusaron a compartir
información con el Banco Mundial
acerca de sus inversiones en tierras de
cultivo, por lo que éste tuvo que con-
fiar como fuente de información en el
sitio electrónico (farmlandgrab.org), pu­
blicado por la organización de la sociedad civil GRAIN. Y sin embargo, como
conclusión de su informe, el BM promueve los principios de IAR.	Pese a los serios problemas de legitimidad de los principios de IAR, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CFS por sus siglas en inglés) en octubre
de 2010 debatió si respaldar o no dicha
iniciativa. Algunos gobiernos, como
Estados Unidos y Japón, estuvieron en
favor de ella. Otros, incluida Sudáfrica,
y Egipto en nombre del grupo de Medio Oriente y China, expresaron una
fuerte oposición debido a la ausencia
de un proceso adecuado de consulta.
Una coalición de movimientos sociales
y organizaciones publicaron una crítica
detallada del marco de operación de los
principios IAR antes de la reunión del
CFS.6 Esto catalizó a los movimientos
sociales rurales, en particular a los afiliados al Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) y a otras organizaciones de la
“ Responsibly Destroying
the World’s Peasantry”
Brussels, 2010-0604, http://www.
org/commentary/
deschutter1/English
Ver Por qué nos oponemos
Responsable (IAR) http://
www.landaction.org/spip/
spip.php?article574 and
content/why-we-opposeprinciples-responsibleagricultural-investment-rai
Finca agroecológica en Teopisca, Chiapas, México. Foto: Jerónimo Palomares
Los principios de “inversión agrícola responsable”
(siete principios para un acaparamiento
de tierras donde “todos ganen”):
1. Derechos a la tierra y a los recursos: deben reconocerse y respetarse los
derechos existentes en cuanto a la tierra y a los recursos naturales.
2. Seguridad alimentaria: las inversiones no pondrán en riesgo la seguridad
alimentaria; al contrario, la fortalecerán.
3. Transparencia, y un ambiente propicio: los procesos para acceder a la tierra
y para realizar las inversiones relacionadas serán transparentes, contarán
con supervisión y garantizarán la rendición de cuentas.
4. Consulta y participación: aquéllos que sean afectados en lo material serán
consultados y los acuerdos de tales consultas se registrarán y pondrán en
5. Viabilidad económica e inversión responsable en las agroempresas: los
proyectos serán viables en todos sentidos, serán respetuosos del imperio de
la ley, reflejarán las mejores prácticas de la industria y tendrán por resultado
valores compartidos duraderos.
6. Sustentabilidad social: las inversiones generarán impactos sociales y de
distribución deseables, y no incrementarán la vulnerabilidad.
7. Sustentabilidad ambiental: se cuantificarán los impactos ambientales y
se tomarán medidas para impulsar el uso sustentable de los recursos, al
tiempo de minimizar y mitigar los impactos negativos.
Los principales promotores de los PIAR
(desde 2009):
FAO, G8, G20, FIDA
 er Llamamiento de Dakar
de tierras, abierto a que
las organizaciones lo
respalden con su firma
hasta junio de 2011 http://
dakar/petition.html
 er http://cso4cfs.files.
wordpress.com/2010/11/
proposal-for-consultationprocess-on-rai-principles.
 er http://go.worldbank.
org/YJM5ENXKI0
 ara ubicar el
contexto ver John
Lamb, “Sustainable
(SCALE) management
initiative: Achieving
on good policy and
practices”, Banco
Mundial, julio 2009,
post/view/7649
sociedad civil, que hicieron un llamado
al CFS para que rechazara el documento
de principios de IAR. Al final, el CFS no
respaldó el citado documento y acordó
únicamente comenzar un proceso incluyente para considerar los principios de
A fines del 2010, parecía que la presión de alto nivel en pos de los principios de un acaparamiento de tierras
socialmente responsable donde “todos
ganen” estaba a punto de naufragar.
Entretanto, los movimientos sociales
civil continuaron fortaleciendo la oposición popular a los citados principios.
En el Foro Social Mundial de Dakar,
celebrado en febrero de 2011, los movimientos campesinos y las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de justicia social, se reunieron
a compartir experiencias y consolidar
sus luchas contra el acaparamiento de
tierras, sin la distracción de este código de conducta sin sentido. Lanzaron
un llamado público —que continúa
ganando apoyo— a rechazar los principios de “inversión agrícola responsable” y a resistir el acaparamiento.7
Actualmente, la dirección del CFS
prepara una propuesta de cómo se debería conducir un proceso incluyente
de consulta en torno de las IAR.8 El
borrador inicial que circula para recibir comentarios ya desató agudas críticas de los movimientos sociales y de
la sociedad civil. El Comité Internacional de Planeación (CIP) afirmó que
se opondrá a un proceso cuyo foco
principal sea intentar aligerar los impactos negativos de las adquisiciones
de tierras en gran escala. En cambio,
argumentó, el CFS debe primero analizar si los principios de “inversión
agrícola responsable” son la respuesta
a los problemas en el terreno y luego
reorientar la discusión hacia la cuestión de qué clase de inversión en la
agricultura se necesita para remontar
el hambre y apoyar a los agricultores
en pequeña escala, en particular a las
mujeres. El CIP recomendó que el CFS
dejara de utilizar el nombre actual
(IAR), porque está demasiado asociado con el acaparamiento de tierras,
no con las inversiones. Pero las cuatro
agencias que promueven los principios
de IAR siguen presionando.	Al mismo tiempo, el BM ha publicado el programa para su conferencia
anual en torno a tierras y pobreza en su
sede de Washington DC.9 Los principios
de IAR están en el centro de la discusión.
Su objetivo central ahora es comenzar
a operacionalizar las IAR a partir de
experiencias de otros mecanismos de
“responsabilidad social corporativa”
(RSC), como las Mesas Redondas sobre
Soya Sustentable y Biocombustibles, o
la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva.10	Entretanto, los gobiernos nacionales
luchan por contener la creciente oposición a esta nueva fiebre de tierras. Cuando toda esta charla sobre resultados en
que “ambas partes ganan” comienza a
sonar hueca al contrastarla con la realidad de lo que en verdad significan estos
acaparamientos de tierra, algunos gobiernos como los de Argentina, Brasil y
Nueva Zelanda comienzan a responder
con promesas de legislación que restrinjan o disciplinen las posibilidades
de los extranjeros para adquirir tierras
de cultivo nacionales. Otros, como
Camboya, Etiopía y Ghana, están utilizando la fuerza legal y la fuerza bruta
para suprimir la oposición local. En la
campaña por las elecciones presidenciales en Mali, el partido de oposición,
Le Parti pour la Renaissance Nationale
(Parena), solicitó que el presidente de la
república, Touré, revelara por completo los detalles de rentas de tierras que
suman varios cientos de miles de hectáreas de irrigación que se concedieron
en la región conocida como Office du
Niger. En Sudán, el país que ha permitido el mayor acaparamiento de tierras
en África, los pobladores de las comunidades se están levantando contra el
gobierno de Khartoum por haberles
arrebatado sus tierras.
captura todos los recursos de agua
que existan ahí, en el suelo, en el subsuelo o circundando dichas tierras, lo
que de facto es una privatización del
agua. La violación de las leyes internacionales de derechos humanos es una
parte intrínseca del acaparamiento de
tierras, debido a que se llevan a cabo
expulsiones por la fuerza, se silencia y
se reprime a los críticos, se introducen
modelos no sustentables de agricultura
y del uso del suelo que destruyen los
ambientes naturales y agotan los recursos naturales, se niega información de
modo rotundo y se evita una participación local significativa en las decisiones que afectan la vida de las personas.
agrario impide que
de tierra puedan ser
utilizadas ahora
y en el futuro por
indígenas campesinos,
pastores, pescadores
artesanales y nómadas,
seriamente sus derechos
y al sustento seguro.
Qué está mal con los principios de
“Inversión Agrícola Responsable”.
Las IAR no tienen que ver con facilitar
inversiones en agricultura. Los principios de IAR intentan crear la ilusión de
que el acaparamiento de tierras puede
continuar sin consecuencias desastrosas para los pueblos, las comunidades,
los ecosistemas y el clima. Esta ilusión
es falsa y engañosa. Las IAR son un intento por encubrir las desigualdades
con el fin de que los acaparadores de
tierra y las autoridades gubernamentales que realizan estos negocios obtengan lo que buscan. Después de todo, ni
los campesinos, ni los pastores o pescadores artesanales están solicitando
vender o arrendar sus tierras.	El acaparamiento agrario impide
que vastas extensiones de tierra puedan ser utilizadas ahora y en el futuro
por indígenas campesinos, pastores,
pescadores artesanales y nómadas, lo
que amenaza seriamente sus derechos
a la alimentación y al sustento seguro.
El acaparamiento de tierras también
sociales han estado
“inversión agrícola
responsable” revertirán
cualquier progreso
logrado hasta la fecha
en pos de un reforma
agraria, en pos de
Ningún conjunto de principios voluntarios puede remediar estos hechos y
estas realidades. No pueden tampoco
adaptarse para ser presentados como
políticas públicas o regulación estatal.
El acaparamiento de tierras que tiene
por objetivo darle a los inversionistas
una tasa de ganancia del 20% es, lisa
y llanamente, una especulación financiera. Es por eso que el acaparamiento
de tierras es totalmente incompatible
con la seguridad alimentaria: la pro-
tierra, bosques, áreas costeras y fuentes
de agua a grupos de inversionistas, de
todas formas va a privar a los campesinos, a los pastores, a los pescadores
artesanales y a otras comunidades locales de los recursos y el sustento cruciales
para las generaciones venideras. En muchos países, hay una necesidad urgente
de proteger la tenencia de la tierra de
los campesinos y otros productores en
pequeña escala, y muchos movimientos
sociales han estado luchando por el re-
ducción alimentaria únicamente arroja
ganancias de entre 3 y 5%. Lo único
que logra el acaparamiento de tierras es
enfatizar la mercantilización de la agricultura con el solo propósito de remunerar en exceso al capital especulativo.
Hay quienes creen que promoviendo
transparencia en los negocios de adquisición de tierras se puede, de algún
modo, conducir a resultados donde
“ambas partes ganen”. Sin embargo, incluso si se hiciera con “transparencia”,
la transferencia de vastas porciones de
conocimiento de sus derechos agrarios
durante muchos años. Los principios de
“inversión agrícola responsable” revertirán cualquier progreso logrado hasta
la fecha en pos de un reforma agraria,
en pos de derechos territoriales.
Y en cuanto a los grandes jugadores, las IAR podrán ser tan sólo otro
de sus triunfos de sus mecanismos de
“responsabilidad social corporativa”,
un acto de relaciones públicas que pueden traer a cuento cada vez que les convenga. En el mundo real, continuarán
confiando en tratados comerciales y
de protección de inversionistas, en los
resquicios legales y en los Estados complacientes, en los esquemas de seguros
de riesgo político (proporcionados por
promueven los principios de IAR), que
los salven de cualquier penuria o responsabilidad financiera.
El problema es obvio. Estos proyectos de agronegocios —de las 10 mil
hectáreas del acuerdo de Malibya en
el Office du Niger en Mali, a las 320
mil hectáreas que el Grupo Beidahuang
pactó en Río Negro, Argentina— hacen un daño enorme y son profundamente ilegítimos. Intentar compensar
la ausencia de legitimidad haciendo
que los inversionistas se adhieran a
unos cuantos principios es una estafa.
Invirtamos en soberanía alimentaria.
Los principios de inversión agrícola “responsable” no sintonizan con los tiempos. Todo el enfoque del llamado desarrollo agrícola que representan —elevar
los gases con efecto de invernadero,
el derroche de combustibles fósiles,
la destrucción de la biodiversidad, la
privatización de los recursos hídricos,
la erosión de los suelos, el empobrecimiento de las comunidades, el sistema
de producción dependiente de semillas
genéticamente modificadas— pertenece al montón de desechos del desarrollo destructivo, antisustentable, propio
del siglo veinte. Así como nuestras hermanas y hermanos en los países árabes
están rompiendo las cadenas de viejos
regímenes para recuperar su dignidad
y el espacio de la autodeterminación,
necesitamos romper las cadenas del sistema alimentario corporativo. Debemos detener y prohibir de inmediato el acaparamiento de tierras;
no legitimarlo otorgándole una fachada moral. Esto significa que los parlamentos y los gobiernos nacionales
deben suspender de inmediato todos
los acaparamientos de tierra actuales
y futuros;11 rescindir los contratos ya
firmados, devolver la tierra saqueada e
ilegalizar el acaparamiento de tierras.
Los gobiernos deben también dejar de
deben suspender
los acaparamientos de
tierra actuales y futuros;
ya firmados, devolver
la tierra saqueada
e ilegalizar el
 os referimos a
los actos mediante
los cuales alguien
se apodera de una
o controlarla, con
agroindustrial, que
sea desproporcionada
en tamaño si la
comparamos con las
porciones de tierra
 ste consenso se refleja
en el trabajo del Relator
Especial de Naciones
a la Alimentación,
Olivier de Chtter. Su
informe de marzo de
2011 sobre agroecología
alimentación captura
gran parte de la opinión
pública sobre cómo
avanzar al respecto.
Vease http://www.
srfood.org/index.
php/en/component/
content/article/1-latestnews/1174-reportagroecology-and-theright-to-food.
oprimir y de criminalizar a quienes defienden sus tierras, y poner en libertad
a los activistas detenidos.
Reiteramos las exigencias que han
hecho una y otra vez los movimientos
sociales, las organizaciones de la sociedad civil y numerosos académicos, para
que de inmediato se implementen acciones acordes con la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo
Rural, de 2006 —el referente multilateral consensado y de mayor autoridad en
relación a la tierra y los recursos naturales—, así como las conclusiones de la
Evaluación Internacional del papel del
Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD),
de 2008. De igual modo llamamos al
CFS a que adopte los Lineamientos de
la FAO en relación a la Gobernanza de
la Tenencia de la Tierra y los Recursos
Naturales que tienen fuertes raíces en
las leyes de derechos humanos, con el
fin de que se utilicen efectivamente para
proteger y cumplir con los derechos a la
tierra y a los recursos naturales de todas
las poblaciones rurales y urbanas a nivel
Es obvio para nosotros que a lo largo de los últimos años ha ido creciendo
un amplio consenso en relación con las
soluciones reales para el hambre, la cri-
sis alimentaria y el caos climático. Algunas de estas soluciones son:
* la agricultura campesina, la agricultura
familiar, la pesca artesanal y los sistemas
alimentarios de los pueblos indígenas
que se basan en métodos ecológicos, y en
mercados de circuitos cortos, son maneras de avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, sanos, y que refuerzan
los medios de garantizar el sustento.
* los sistemas de producción, distribución y consumo deben cambiar radicalmente para ajustarse a la capacidad
de carga de la tierra.
* reemplazar los regímenes neoliberales,
verticales, encabezados por las corporaciones, con nuevas políticas agrícolas
que respondan a las necesidades, propuestas y control directo de los productores de alimentos en pequeña escala.
* deben llevarse a cabo genuinos programas de reforma agraria y acuática, con
el fin de regresarle la tierra y los ecosistemas a las comunidades locales.12
Éste es el sendero de la soberanía alimentaria y la justicia, totalmente opuesto a los acaparamientos de tierra “responsables”. Y continuaremos luchando
y pugnando por este camino junto con
muchos aliados por todo el mundo. l
José Julia Llaguno Thomas
n la actualidad las tierras cultivables en manos del Estado se administran por medio del
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), sucesor del antiguo Itco (Instituto de Tierra y Colonización), este último responsable de institucionalizar
las luchas por la tierra y calmar las movilizaciones
de campesinos y campesinas entre los años sesenta y
ochenta. Con financiamiento estadounidense, el IDA
se convirtió en la principal herramienta del Estado
costarricense para disfrazar los conflictos por tenencia de la tierra con políticas públicas del “Estado
benefactor” durante el periodo de lucha armada en
Centro América. Se buscaba evitar la expansión del
comunismo en Centro América y hacer de Costa
Rica una vitrina publicitaria de un capitalismo exitoso creando una burguesía local artificial.
Entre 1990 y 2000 se implementaron los “Certificados de Abono Tributario” (CAT), subsidios a
la exportación (que le costaron al Estado unos 200
mil dolares por millón exportado). Impulsaban el
modelo agroexportador y desmantelaron la producción de granos básicos: arroz, frijol y maíz que
abastecían el consumo nacional. Estos incentivos
promovieron la pérdida de soberanía alimentaria,
la extensión de monocultivos, la homogenización y
la pérdida de agrobiodiversidad. La mayoría de los
incentivos fueron aprovechados por transnacionales agrícolas y no por campesinos.
Nueva inseguridad jurídica. Mientras la explota-
ción de tierras cultivables enfrentan grandes procesos de concentración y acaparamiento por parte
de multinacionales productoras de frutas como Del
Monte y Dole, el gobierno (acatando disposiciones
del Banco Mundial), propone no ofrecer más títulos
de propiedad a pequeños agricultores de forma directa. El proyecto de Ley 17218 “Transformación
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Instituto
de Desarrollo Rural (Inder)” va más allá del cambio
de nombre. Por otro lado el IDA no goza de buena
reputación entre el campesinado costarricense, ya
que se caracterizó por alentar el uso de paquetes
tecnológicos con agrotóxicos y semillas certificadas
dentro de los asentamientos campesinos. Se le ha
denunciado por discriminación e incluso se le imputa a algunos de sus funcionarios acoso sexual hacia
La señora Reyna Villatoro en su finca agroecológica en Teopisca,
Chiapas, México. Foto Jerónimo Palomares
—parlamento costarricense— se
tramita un proyecto de ley que
cambiará radicalmente la forma de
administrar las tierras cultivables que
se encuentran aún en manos del
Estado. La propuesta de creación del
generará mecanismos para adjudicar y
arrendar tierras, con principios y
controles inspirados en la visión
mercantilista y agroexportadora. El
cambio lo justifican con la
competitividad, eufemismo para los
procesos de apertura comercial y
Con este proyecto se plantea cambiar la forma
de adjudicar las parcelas a las personas que deseen
tierra para trabajarla. Hasta el momento, se le otorgaban tierras a campesinos y campesinas mediante
un mecanismo de selección, o en el peor de los casos por medio de actos clientelistas derivados de los
comicios electorales locales o nacionales (cosa que
no se plantea cambiar en la nueva legislación). Pero
los campesinos gozaban de seguridad, ya que se les
otorgaban derechos sobre un determinado trozo de
tierra que luego de 15 años pasaba a ser un bien del
productor o productora. Ahora se plantea otorgar
contratos de arriendos por periodos de 5 años donde las familias campesinas quedan sujetas a más regulaciones. Esto porque el arriendo significa no dar
derecho a titulo de propiedad ni poder construir ni
siquiera un lugar para vivir, ya que no estará seguro de que el Estado reconozca este inmueble como
“una mejora útil” —única forma de ser indemnizado al termino de los 5 años.
Con esto los nuevos asentamientos campesinos
quedan marcados por una inseguridad jurídica ya
que el gobierno podrá sacar a los campesinos y campesinas de estas tierras en el momento que lo desee,
amparado en parámetros del Plan de Desarrollo
Rural, y basado en indicadores de “competitividad”
y “aprovechamiento de las ventajas comparativas”,
que por lo general no son compatibles con la agricultura campesina, que se basa en la biodiversidad,
el cuidado de los suelos y el manejo de bosques y
no pueden ser medidos por parámetros ligados al
ner al servicio de empresas del monocultivo y no en
manos de campesinos y campesinas. En 2010, el IDA
designó (de forma ilegal) parcelas de asentamientos
campesinos para la producción de piña a una empresa agroexportadora. Esto lo denunciaron vecinos y
vecinas de Guatuso, zona norte del país, colindantes
con el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro.
Costa Rica se viene conociendo en los últimos
años por ser el más grande exportador mundial de
piña, donde el principal mercado se encuentra en
Europa, con un crecimiento de más del 600% en la
pasada década, más de 60 mil hectáreas cultivadas y
graves consecuencias para las comunidades vecinas
al monocultivo.
Tampoco quedan claras las alianzas de inversión
público-privadas. Este proyecto de ley (que cuenta
con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas en el congreso), menciona que uno de sus fines
será “Promover las alianzas público-privadas necesarias y facilitando los esquemas de coinversión”.
Sin aclarar la forma de operación de esta ley, queda
otro portillo abierto para el gran capital financiero
que invierte grandes sumas de dinero en América
Latina y que viene generando un clima de especulación y acaparamiento en los mercados de tierras y
Foto Jerónimo Palomares
Propiedad Intelectual. La discusión sobre Propie-
Otro asalto a los bienes comunes. Un cambio im-
portante viene a ser el enfoque conceptual hacia el
sector empresarial. En esta línea el proyecto de ley
menciona: “Fortalecer el sistema institucional rural
y su articulación en la ejecución de los planes de
desarrollo rural territorial, diseñados con la participación del sector privado”. No sólo representa una
nueva forma de concebir las políticas públicas para
el sector agrícola, sino que plantea una gran incertidumbre sobre el manejo de tierras de dominio público, poniéndolas al servicio del sector privado.
La ley no aclara de ninguna forma cómo se darán este tipo de adjudicaciones, sólo abre un portillo
legal para justificar lo que ya se viene dando desde
hace años con las tierras del Estado: se prefiere po-
dad Intelectual en Costa Rica nunca es un tema de
debate nacional, debido a que el gobierno intenta
ocultarlo siempre que puede. Así, se implementaron
los tratados internacionales de UPOV91 y Budapest,
como parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana. Estas leyes de implementación complementarias del TLC chocaban con la Ley de Biodiversidad
(Ley 8877) que fue modificada de facto por medio de
decretos ejecutivos en 2008, en el gobierno de Oscar
Arias, para garantizar la bioprospeción y el patentamiendo de la biodivesidad.
No es gratuito que el proyecto de ley 17218 que
hemos reseñado abogue por “Facilitar a los pobladores rurales, el registro y la protección de su conocimiento ancestral, denominaciones de origen,
indicaciones geográficas y de las innovaciones”.
Estos mecanismos ponen en riesgo a quienes utilizan y comparten semillas campesinas y los saberes
asociados a ellas, ya que el país esta sujeto a legislaciones que facilitan el patentamiento de la vida.
En general, este cambio en la institucionalidad del
sector agropecuario costarricense apunta hacia un
modelo ya excluyente e insustentable con más obstáculos a las comunidades campesinas, lo que agravará la crisis del agro costarricense. l
Ante la embestida mundial (eso sí, muy legal) contra la posesión, custodia y
libre intercambio de semillas ancestrales y, por ende, de los saberes que las
han acompañado por lo menos unos 12 mil años, no tenemos sino insistir
en que esta posesión, esta custodia y este libre intercambio (junto con sus
saberes), son cruciales para el futuro de la humanidad. En esta ocasión, de
un vistazo y con muchas aristas presentamos múltiples voces que defienden
las semillas o que alertan contra los ataques a las mismas.
ean técnicas de cacería, métodos de siembra, limpieza, recolección, pesca, hilado, alfarería, cocción, herrería, costura, selección
de semillas o su cuidado ancestral, los saberes no son
cosas. Son tramados muy complejos de relaciones,
muchas de ellas ancestrales, y se entreveran con la
comunidad, el colectivo, la región, la circunstancia,
la experiencia de donde surgen y donde se les celebra
como parte de un todo que pulsa porque está vivo.
Pueden asumir formas más abstractas como cosechar
agua, equilibrar torrentes, convocar lluvias, recuperar manantiales, curar los suelos, desviar los vientos,
curar nostalgias, pérdidas, malos sueños, dar a luz o
restañar heridas, pero no podemos cosificarlos, son
un proceso vivo en condiciones particulares.
A ese todo los pueblos indígenas del mundo le
llaman territorio: ahí es donde los saberes encarnan,
crecen y se reproducen mediante la crianza mutua,
porque son pertinentes al entorno social, natural y
sagrado que los creó y sigue creando.
Tratar los saberes como mercancía es hacerlos
cosas y tornarlos vacíos y ajenos. Es despojarlos
del impulso creativo —y comunitario— de donde
surgieron. Los saberes mercantilizados se tornan
“conocimientos” enseñados por los “profesores”,
certificados grado a grado por los “expertos” en el
sistema oficial “educativo”, “económico”, “científico” o “asistencial”, hasta quedar desligados de la
comunidad de donde surgieron. Entonces los controladores de empresas y gobiernos a nivel local, nacional y mundial pueden condicionarlos a su antojo
y hasta utilizarlos contra la gente que antes les iba
dando forma libre.
Finca agroecológica en Teopisca, Chiapas, México. Foto Jerónimo Palomares
Que sean una mercancía los hace propensos de
compra-venta. Estar certificados, usarlos como cosas, los pone a jugar como “propiedad”, en este
caso “propiedad intelectual”, patentable. Al patentarse, son secuestrados del todo, y no pueden ya
fluir en su eterna transformación creativa. El patentamiento es destruirlos como bienes comunes, es
destruir la creatividad social. Porque es absurdo patentar todo el quehacer de una comunidad o adueñarse de los elementos que hacen la vida de toda
una comunidad, un pueblo, una región. ¿Cómo es
posible patentar la cultura de un pueblo? Pero se
hace. Y cuando no se patentan, se menosprecian.
La arrogancia académico-técnica puede considerar
esos saberes “superstición, subjetividad, sentido común, ignorancia”. “El sorprendente tejido saberes
de cada lugar”. Editorial de Biodiversidad, sustento
y cultura, número 59, enero de 2009.
Es indispensable detenernos un momento en el
escenario de la manipulación genética para pro-
ducir alimentos y hacer una breve comparación con
la “manipulación” cultural e ideológica. Ambas son
estrategias de colonización del ser humano y de los
seres de la naturaleza en tanto las dos responden
a la lógica de la homogenización de la identidad.
La homogeneización cultural responde a la imposición de la cultura occidental para romper con la
diversidad de culturas y lograr una monocultura
globalizada que permita una más fácil dominación
cultural. La homogenización de los alimentos (y de
la biodiversidad) responde a la lógica del monocultivo que hace que un tipo o un número reducido
de semillas implica la desaparición de la virtuosa
variedad de semillas pre-existentes. La diversidad
agrícola genética de tipos de maíz, de papa y de
otros vegetales está desapareciendo. Si bien antes
cada población tenía una cultura específica y ciertas variedades de alimentos, que eran intercambiadas con otras culturas que ofrecían otras diversidades y variedades de alimentos, ahora la cultura
y los alimentos son prácticamente homogéneos en
el mundo entero. Así, la biodiversidad desaparece
por la incorporación de nuevas tecnologías abocadas a proveer a las élites sociales nuevos modelos
de opresión y lucro, y la especie humana pierde
su diversidad de identidades. Y considerando que
“uno es lo que come” la biotecnología utilizada
para abrir mercado no es más que un mecanismo
que da mayor viabilidad al proyecto colonizador
de mono-cultura y mono-identidad. Maya Rivera
Mazorco y Sergio Arispe Barrientos, “Los transgénicos: manipulación genética ¿y manipulación cultural? Rebelión, 5 de julio, 2011
Hasta hace cien años, miles de variedades de
maíz, arroz, calabaza, tomate, patata, abundaban
en comunidades campesinas. A lo largo de 12 mil
años de agricultura, se manejaron unas 7 mil especies de plantas y varios miles de animales para la
alimentación, pero hoy, según datos del Convenio
de Diversidad Biológica, sólo quince variedades de
cultivos y ocho de animales representan el 90% de
La agricultura industrial e intensiva, a partir de
la Revolución Verde, en los años sesenta, apostó por
unos pocos cultivos comerciales, variedades uniformes, con una estrecha base genética y adaptadas a
las necesidades del mercado (cosechas con maquinaria pesada, preservación artificial y transporte de
largas distancias, uniformización en el sabor y en la
apariencia): unas políticas que impusieron semillas
industriales con el pretexto de aumentar su rentabilidad y producción, desacreditando las semillas
campesinas y privatizando su uso.
De este modo, y con el paso del tiempo, se han
ido emitiendo patentes sobre una gran diversidad de
semillas, plantas, animales, etcétera, erosionando el
derecho campesino de mantener sus propias semillas y amenazando sus medios de subsistencia y sus
tradiciones. Mediante estos sistemas [de propiedad
intelectual], las empresas se han adueñado de organismos vivos y, a través de la firma de contratos, el
campesinado depende de la compra anual de semillas, sin posibilidad de poder guardarlas después de
la cosecha, plantarlas y/o venderlas la siguiente temporada. Las semillas, que representaban un bien común, patrimonio de la humanidad, han sido privatizadas, patentadas y, en definitiva, “secuestradas”.
La generalización de variedades híbridas, que no
pueden ser reproducidas, y los transgénicos, fueron
otros de los mecanismos utilizados para controlar
su comercialización. Estas variedades contaminan
las semillas tradicionales, condenándolas a su extinción e imponiendo un modelo dependiente de la
agroindustria. El mercado mundial de semillas está
extremadamente monopolizado y sólo diez empresas controlan el 70% del mismo.
Como señala La Vía Campesina, la mayor red
internacional de organizaciones campesinas, “somos víctimas de una guerra por el control de las
semillas. Nuestras agriculturas están amenazadas
por industrias que intentan controlar nuestras semillas por todos los medios posibles. El resultado
de esta guerra será determinante para el futuro de
la humanidad, porque de las semillas dependemos
todos y todas para nuestra alimentación cotidiana”.
Esther Vivas, “Semillas secuestradas”, Público, 11
La señora Reyna Villatoro en su finca agroecológica en Teopisca, Chiapas, México. Foto Jerónimo Palomares
Casi con horror, las redes africanas y mundiales
han comenzado a levantar voces de alerta ante la
posibilidad cercana de que se instrumenten reglamentaciones de todo tipo para las semillas en todo
el continente africano, en el marco de los nuevos
programas impositivos de intensificación agrícola,
asociados con la “nueva” Revolución Verde.
Por eso, varias organizaciones e individuos reproducen la siguiente comunicación donde se afirma
que: “La Unión Africana y la Red Africana de Semillas establecieron, con la colaboración de la FAO, una
red panafricana de laboratorios para el análisis de
semillas a fin de acelerar la armonización del mercado de semillas en todo el continente, para los cultivos
tradicionales y no tradicionales. Con base inicial en
Nairobi, el Foro para el Análisis de Semillas en África
(FAST) agilizará la aplicación de leyes para armonizar
el sector y promover el análisis de semillas y el control de calidad, lo que comprenderá la elaboración de
protocolos para el análisis de semillas de los principales cultivos para las empresas públicas y privadas.
‘El problema de la baja calidad de las semillas asuela
la agricultura africana desde hace años y ha contribuido, en parte, a frustrar la Revolución Verde en
África’, explica Robert G. Guei, Oficial superior del
Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, de la FAO, ‘Un suministro inadecuado de
semillas de buena calidad, para producir alimentos y
cultivos comerciales, es uno de los máximos cuellos
de botella en la producción de alimentos en el continente, que contribuye a la inseguridad alimentaria,
impide el crecimiento económico y reduce el comercio de semillas entre los países, además de fomentar
la dependencia de las semillas y los alimentos’, añadió”. Preocupa también que “FAST proporcionará,
por vez primera, un marco de reglamentación para
una serie de importantes cultivos alimentarios africanos, como el solano negro (Solanum nigrum), una
planta medicinal que también se utiliza como hortaliza en Etiopía y en otros países del oriente de África,
especialmente durante la temporada de escasez, así
como la Cleome gynandra, o col africana”. GRAIN,
con información de El Mercurio digital, 28 de abril,
2011, “Crean una red de análisis de semillas para
Otro proyecto que puede levantar muchísimas
sospechas porque se parece tanto a lo que está
ocurriendo en África es el Proyecto Semillas Andi-
nas, lanzado por el Ministerio de Agricultura (Minag) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), que “facilitaría el acceso y uso de semillas de calidad en zonas
alto-andinas de Perú, Bolivia y Ecuador. El Minag
señaló que el objetivo del proyecto es capacitar a
5 mil pequeños agricultores con una inversión de
más de cinco millones de dólares. El programa de
apoyo a la agricultura familiar campesina fue lanzado por el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo
y fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La intervención en Perú se realizará en las zonas de
Ayacucho, Huánuco y Puno. ‘Este proyecto regional contribuirá a que agricultores del Perú, Bolivia y
Ecuador puedan disponer de semillas de calidad, generar un incremento en su producción de tubérculos
y granos, así como aumentar su seguridad alimentaria y sus ingresos económicos’, indicó Quevedo”. Biodiversidad con información de La República.pe,
7 de mayo, 2011“FAO y Minag lanzan proyecto de
semillas en Perú, Bolivia y Ecuador”
En México, los derechos de obtentor y patentes
sobre el maíz, además de ser activamente promovidos por las trasnacionales semilleras y de
transgénicos y por las leyes nacionales de semillas,
se promueven en las leyes estatales mal llamadas de
“fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario”. Esas leyes, que curiosamente
llaman criollo al maíz que en México siempre es
nativo (criollo quiere decir que vino de otro lado y
fue criado aquí), establecen también la instauración
de registros de variedades campesinas y directorios
de productores, abriendo a las autoridades nuevas
oportunidades de intervenir en la autonomía y la
vida campesina, coadyuvando para que este control
pueda ser utilizado, en conjunto con otras normativas, para criminalizar el libre intercambio y las formas tradicionales campesinas de cuidar las semillas.
[...] Lo que en ningún caso se explica es por qué
además estas leyes defienden las patentes sobre la
vida, los derechos de obtentor para el maíz campesino y las denominaciones de origen, todos mecanismos que sólo favorecen a las transnacionales
semilleras y de transgénicos, diciendo además que
es “parte de la protección y el fomento del maíz
criollo”. Salvo que en ese caso el término criollo
esté usado literalmente y se refieran a proteger el
maíz de Monsanto.
La iniciativa de ley presentada en Oaxaca replica
los mecanismos de control contra las comunidades y
semillas campesinas e introduce otros elementos perversos, como la necesidad de “validar las razas”, para
comprobar “su autenticidad”. Un nuevo ejemplo de
que quienes promueven estas leyes, en el mejor caso,
no entienden lo que de verdad hay que defender. Silvia Ribeiro, “Los criollos y el maíz: más leyes para
privatizar las semillas, La Jornada, 16 de julio, 2011
Entre cuatro paredes, sin consultar con la ciudadanía, senadores chilenos aprobaron vender todas
las semillas chilenas a la empresa estadounidense Monsanto. Ni la televisión ni las radios ni menos
la prensa escrita informaron sobre esta decisión que
dejó a muchos estupefactos pues en la práctica significa una fuerte pérdida de soberanía.
En palabras simples, con el “acuerdo” de los senadores, la empresa estadounidense Monsanto, conocida en todo el mundo por su elaboración de semillas transgénicas, será la dueña de todos nuestros
vegetales, hortalizas, frutas y verduras, de aquí a un
corto plazo. Esto, porque la empresa poseerá las patentes de todos los tipos de semilla que existan en el
país, por lo tanto, como dueña de la marca “tomate
chileno” podrá cobrar derechos a todos quienes cultiven tomate pues usaron sus semillas para hacerlo.
El asunto parece grave y es muy grave. No se entiende cómo un grupo de senadores que supuestamente
trabajan para el país, entregan a la venta algo tan
sensible como las semillas: el inicio de toda la cadena alimenticia, de todo el ciclo, algo ancestral, que
está en la tierra, y donde al menos culturalmente,
reside gran parte de la escasa identidad que tenemos
los chilenos como pueblo.
Si lo pensamos en términos de soberanía, claramente el asunto constituye un mordisco importante
a la bandera, el escudo y todo lo que se entiende
por “Patria”. Cuando Chile aprobó su Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el poeta Armando Uribe señaló tajante en una entrevista:
“nuestro país desaparece como tal y pasa a ser una
colonia norteamericana”. Lo acusaron de alarmista, de loco, pero jurídicamente, Uribe —abogado de
amplia trayectoria, experto en derecho minero— tenía toda la razón.
Una de las cláusulas más importantes del TLC es
que Chile no puede cambiar las “reglas del juego”,
entiéndase, el capitalismo desrregulado o neoliberalismo. Por lo tanto, las autoridades políticas chilenas están obligadas a responder a los requerimientos de las empresas estadounidenses, que llegan a
“invertir” acompañadas de su embajador y el TLC
No hay forma de impedirlo, y eso significa que
un país ya no es soberano, ya no se manda solo: es
una colonia dependiente.
En este caso de las semillas, también, justamente,
los defensores del proyecto aludieron a los Tratados
de Libre Comercio suscritos por Chile con Estados
Unidos, Japón y la Unión Europea, argumentando
que estábamos obligados a firmar el convenio citado. ¿Para quién trabajan esos senadores? “Adiós a
las semillas”, Cavila, 13 de mayo, 2011
Chile adhirió al Convenio
78 en el año 1996.
Con ello, entregó a las empresas semilleras un conjunto de privilegios y limitó severamente el derecho
de las y los agricultores a reproducir las semillas. En
los quince años desde entonces, la disponibilidad de
variedades vegetales chilenas ha disminuido y hemos pasado a ser un país más y más dependiente
de variedades y empresas extranjeras. De este modo
al aprobar el Senado la adhesión de Chile al Convenio UPOV 91, se abren así las puertas a que Chile
entregue aún más privilegios a las grandes empresas semilleras y deje fuera de la ley a los sistemas
campesinos y de los pueblos originarios para guardar, reproducir, compartir y mejorar sus semillas.
Lo que veremos en los próximos meses es una serie
de iniciativas legales para permitir la privatización
de todo tipo de semillas, incluidas las semillas campesinas y de plantas silvestres. Por el futuro de la
agricultura y la alimentación en Chile y por el bienestar de las comunidades indígenas y campesinas
en el país, las organizaciones firmantes llamamos a
impulsar un proceso de oposición social amplio que
impida que tales leyes se hagan realidad.
La adhesión a UPOV 91 está directamente relacionada con los tratados de libre comercio y es sólo un
ejemplo de cómo la firma de los tratados comerciales busca imponer determinadas agendas legislativas
en contra de principios básicos de funcionamiento
democrático y ejercicio de la soberanía nacional.
[...] La privatización de las semillas y de la capacidad reproductiva de las plantas es uno de los
pilares del neoliberalismo en la agricultura. No por
casualidad UPOV es un tipo de legislación que se im-
pulsa desde la Organización del Comercio y que la
International Seed Federation —la mayor organización de las empresas semilleras a nivel global— define como la “legislación base”. Decir que UPOV no
tiene que ver con el neoliberalismo, porque UPOV
fue fundado en 1961 “cuando no había nada de
eso” es equivalente a decir que el Banco Mundial
tampoco tiene que ver con el neoliberalismo porque
fue fundado en 1945.
[...] La adhesión a UPOV 91 y el proyecto de ley
de obtenciones vegetales están íntimamente relacionados con la introducción de cultivos transgénicos
al país. UPOV 91 y el proyecto de ley de obtenciones
vegetales (semillas) que hoy se encuentra en el parlamento son parte de las medidas que las empresas
semilleras necesitan para asegurar sus ganancias y
que el país sea abierto a los cultivos transgénicos.
Las transnacionales de las semillas transgénicas
no quieren que pase en Chile lo que ha pasado en
Argentina, donde a pesar de cultivarse millones de
hectáreas de soya y maíz transgénico, las ganancias
de las transnacionales no han sido las que ellas quisieran justamente porque Argentina no se ha adherido a UPOV 91 y por lo tanto, no pueden obligar a
los agricultores a pagar regalías por la reproducción
de las semillas transgénicas. Con UPOV 91, las empresas semilleras pueden prohibir la reproducción
de variedades que ellos reclaman como propias y
confiscar la producción e incluso las exportaciones
de quienes no paguen los royalties que ellos exigen.
Las y los campesinos no deseamos privatizar nuestras semillas y no aceptamos que se privatice semilla
alguna. Las semillas son un producto colectivo, so-
cial, cultural, histórico y en permanente evolución. El
trabajo de mejoramiento que han hecho las empresas
semilleras es insignificante en comparación al que
hemos hecho los pueblos originarios y campesinos
del mundo entero desde hace más de diez mil años.
Ha sido nuestro trabajo de mejoramiento el que hizo
posible la agricultura y el que ha producido la inmensa diversidad que hoy sustenta nuestra alimentación.
Sin nuestras semillas, ni Monsanto ni Von Baer, ni
el INIA, ni ninguna otra empresa hubiesen podido
producir semilla alguna así como tampoco podrían
producir en el futuro. Las empresas y los centros de
investigación tuvieron libre acceso e hicieron libre
uso de nuestras semillas, aprovechando nuestra buena fe para tomar las semillas de nuestros campos y
encerrarlas en los bancos y laboratorios; no entendemos qué tipo de excusa puede llevar a pensar que
ahora debemos pagarles por algo que hacen en base
a nuestro trabajo de siglos. Hoy nosotros exigimos
mantener un derecho histórico y presente en todas
las culturas del mundo a seguir reproduciendo y cuidando las semillas sin condicionamiento alguno. Y
nuestra posición no depende de si quien pretende privatizar es una empresa nacional o transnacional, un
instituto de investigación o alguien de origen campesino. Fragmentos del pronunciamiento de AnamuriRanquil-Asamblea Mapuche de Izquierda-CLOC-Vía
Campesina-Chile, 3 de junio, 2011
Hallan cultivos transgénicos en Laterza Cué,
Paraguay. La fiscalía del medio ambiente del de-
partamento de Caaguazú, a cargo de Alejandrino
Rodríguez, confirmó el cultivo de maíz transgéni-
co en el asentamiento Laterza Cué, de este distrito.
Las semillas OGM —para soportar aplicaciones de
un herbicida fabricado en base a glifosato— fueron
sembradas en unas 2 mil hectáreas, pese a que están
prohibidas por leyes nacionales.
El fiscal Rodríguez manifestó que funcionarios
de la fiscalía del medio ambiente y técnicos especializados del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal
(Senave) recorrieron la zona y constataron el cultivo
ilegal del grano. Dijo que los principales productores serían de nacionalidad brasileña que alquilan las
tierras de campesinos paraguayos.
“Mediante el análisis de laboratorio realizado
se pudo constatar que el maíz cultivado en la zona
es transgénico y está prohibido en nuestro país”,
Resaltó que se constató que no se cumple ninguna de las normativas. Las casas están a escasos
cinco metros de las plantaciones, sus pozos carecen
de brocal y en el mismo sitio manipulan los envases
de herbicidas y otras sustancias que podrían dañar
el ecosistema y la salud de las personas.
Añadió que se pudo observar que los arroyos están contaminados y que en el lugar no se encontraron peces, ni otro tipo de animales o insectos. Los
investigadores recogieron envases de herbicidas de
la vera del cauce donde aparentemente limpiaban
los recipientes, según dijo Rodríguez.
“En Laterza Cué los controles son escasos, es
prácticamente una zona liberada, lo que favorece
la realización de cualquier hecho al margen de la
ley”, acotó. Mariscal López (Ramona Marecos, redacción regional) abc digital, 20 de julio, 2011. l
y la verdadera pobreza
en el ámbito campesino andino
Edwin Chancusig y Fernanda Vallejo
(Fundación Heifer-Ecuador)
Segundo Álvarez podando árboles de yagual en su finca agroecológica. Foto: Edwin Chancusig
La agricultura moderna, a pesar de sus pretensiones y
arrogancia, no es sino un proceso de ensayo y error-acierto,
como tantas otras formas que existen y han existido en
nuestra larga historia humana. Tiene, no obstante, dos
defectos gravísimos: el primero es desconocer el enorme
acumulado de experiencias probadas durante miles de años;
el segundo es que no produce saberes, ni siquiera
conocimientos, tan sólo mercancías que comercializa
antes de evaluar los terribles daños que pueden provocar
En la región andina del Ecuador, los indígenas de las
comunidades han optado por afirmar sus saberes y
recuperar los que estaban perdiendo por la fuerza de tanta
colonización espiritual. En ese proceso, se juntan con
frecuencia para compartir reflexiones sobre lo que van
logrando, cómo lo están haciendo, a qué abuelos
preguntaron para entender mejor lo que se debe hacer y en
qué momento es apropiado. Pero además, se propusieron
medir los cambios que consiguen. De ese proceso tan rico,
de muchos comuneros y comuneras, quisiéramos compartir
lo que Segundo Álvarez, de la Comunidad Sablog Chico en
Guamote-Chimborazo, Bernardo Guzñay de la comuna
Achullay San Agustín, y Piedad Guamán de la comuna San
Martín Alto, han contado y medido en su parcela, desde que
optaron por vivir con dignidad y no abandonar su chakra.
Son fragmentos de encuentros con las tres comunidades y de
reflexiones con miembros de la organización de segundo
grado Jatun Ayllu de Guamote (FOIJAG) que aglutina a 16
comunidades, a partir del trabajo que Heifer-Ecuador tiene
La responsabilidad de quienes figuramos como autores, en
realidad fue la de sistematizar y darle forma final al texto
“Kevincito”: La Chakra de la familia
Álvarez. Sabloc Chico, pertenece al
Fanny Atupaña, esposa de Segundo Álvarez, podando árboles de yagual en su finca agroecológica. Foto: Edwin Chancusig
Cantón Guamote, provincia Chimborazo, en los Andes del Ecuador. Está
ubicada entre los 3300 y 3500 msnm.
El tiempo de lluvias inicia en septiembre, se intensifica en enero, febrero y diciembre, y disminuye en mayo y junio.
Para julio empiezan los meses secos y se
prolongan hasta agosto. Aquí viven120
familias, en su mayoría se dedican a la
agricultura y crianza de animales, además del comercio y el trabajo temporal
En la chakra se encuentran cultivos
de papas, melloco, oca, mashua, zanahoria blanca, habas, quinua, maíz, fréjol, hortalizas, frutales, pastos y forrajes, sembrados en terrazas para evitar
la erosión. Además, la familia cría una
vaca, dos cerdos, cinco borregos, cuyes
Hasta hace unos años, Segundo había renunciado a toda la tradición agrícola con que contaba. Dejó de creer
que la chakra es como la familia, que
los cultivos se casan para estar bien,
para no estar solos; también olvidó que
la “ashpa mamita” siente frío, que no
hay que dejarla desnuda y con hambre.
Así, entre olvido y olvido, se olvidó que
el fruto de su trabajo era primero para
su familia, su comunidad y su tierra.
Poco a poco, se dedicó a sembrar
sólo papas, comprando la semilla, la
fertilidad y los “remedios” en el almacén de insumos. Esto le permitió salir a
trabajar para otros, y con lo que vendía
y trabajaba fuera, compraba la comida
que ya no producía; cada vez pasaba
más tiempo lejos de su familia y su
comuna. Segundo confiesa que sufría
mucho, para que alcanzara la plata se
trataba muy mal y extrañaba a sus hijos, su esposa y su comuna.
Durante una asamblea comunal
donde se hablaba de la crianza de la
chakra, de la fuerza de los saberes propios, de lo importante que era mantenerlos para recuperar una vida digna,
descubrió que afortunadamente no lo
había perdido todo. Que su esposa seguía, aunque sea poquito, criando la
chakra. Desde entonces, se interesó,
participó, aprendió y probó. Ahora,
comparte sus logros con otras familias.
Hace 5 años, la chakra de la familia
Álvarez tenía el suelo desprotegido y
en franca erosión, apenas si había una
docena de plantas, no tenía frutales ni
hierbas medicinales, casi todo lo ocupaba el cultivo de papa, al que debía
aplicar cada vez más agroquímicos;
habían desaparecido las lombrices y no
producía materia orgánica. De a poco,
fue llenando su chakra de árboles y arbustos nativos, el suelo ya no se erosiona y mantiene humedad; las lombrices
Como algunas personas creen que
este esfuerzo es bonito, pero no muy realista “porque no da para vivir”, Segundo
y su esposa, sacaron algunas cuentas:
1. Sus animales les proporcionan 28
quintales de estiércol al mes, cada
quintal cuesta dos dólares, de modo
que se ahorran 56 dólares mensuales.
2. Ahora ya no sólo producen papa comercial, tienen 30 especies diferentes de cultivos y además han recuperado 28 variedades de papas. Antes
cosechaban 10 quintales de papa
por cada quintal de semilla; ahora,
3. Las 700 plantas que ahora tienen en
cercas y linderos, producen:
* 21 quintales de materia orgánica
al año, es decir, 42 dólares más de
ahorro en abonos.
* 87.5 cargas de leña, que le abastecen por tres meses y se venden a 3
dólares cada una, de modo que se
ahorran 263 dólares en leña.
* Con la poda obtienen 10 mil esquejes/año, que se venden 0.5
centavos cada uno. Generalmente
venden la mitad, así que obtienen
2mil 500 dólares al año.
Contaron también lo que les produce la venta de sus cuyes, sus frutales, su
quínoa y sus plantas medicinales. Con
eso costean los estudios de sus hijos y
Para esta familia, todo eso es muy
bueno, pero hay cosas mejores: están
juntos, están sanos y bien alimenta-
Retornando al camino de las semillas.
La semilla es el corazón de la vida en la
comunidad de Sablog Chico, por ello
cuando ocurre la cosecha y posteriormente la selección, la semilla es escogida con mucho cuidado y paciencia. Se
escogen los mejores ejemplares para la
siguiente siembra (que sean bonitas, sin
gusanos, sin heridas, de varios colores
o variedades y de tamaño mediano).
De generación en generación ha
caminado la semilla entre los comuneros de este lugar. Es herencia de los
abuelos, quienes han encomendado el
cuidado y crianza a sus hijos y nietos.
Así, se mantiene la semilla año tras
año en la familia, y cuando por alguna razón (sequías, heladas, daños) se
pierden, entonces se recurre a los vecinos y comunidades aledañas como
Sablog San Francisco y Sablog San
José para intercambiar las semillas de
varios cultivos.
Para asemillarse, en el caso de
querer incrementar la diversidad en
la chakra (especialmente en las siembras grandes), los comuneros de Sablog Chico acuden a la feria semanal
de Cajabamba los domingos y a la
feria de Guamote los días jueves. No
hace mucho acudían a la parroquia
Licto a cambiar papas por maíz, y a
la feria de Tzalarón, en donde prevalece el trueque. La familia de Segundo Álvarez pudo intercambiar, compartir y recibir semillas de cultivos
nativos, con más de diez familias en
comunidades de varias provincias de
la región interandina.
Formas de almacenamiento de las
semillas. Las semillas no son sólo re-
cursos, son saberes y sabidurías, que en
torno suyo han sido puestos a circular.
En Sablog Chico y otras comunidades,
recuperar el camino de las semillas, ha
significado también recuperar los modos de escogerla, guardarla y garantizar el alimento. Ahora es un saber nuevamente vivo.
La papa destinada para semilla
debe madurar en la tierra y su cáscara no debe desprenderse. Para conservar buena la semilla y hacerla brotar,
se expone al sol durante un día, luego
se hace un lecho con paja de páramo o
“piguil” y se le coloca encima, se le cubre con ceniza y nuevamente se coloca
una capa de paja. Sólo de esta forma
brotará a los 8 o 15 días. De lo contrario se pudre y no brota. Para este procedimiento se escoge una esquina de la
casa en donde haya muy poco viento.
El mismo tratamiento se puede aplicar
para otros tubérculos como oca, mashua o melloco. En cambio, los granos
de maíz, fréjol, arveja, deben ser secados al sol y almacenados en sacos, para
posteriormente se colocados en un lugar seco y seguro.
Compartir la semilla, compartir de la
esperanza. Así como Segundo Alva-
rez, Bernardo Guzñay es un comunero
que siempre está dispuesto a compartir
sus saberes y es lo que le ha dado fuerza y argumentos en su comunidad para
impulsar una forma de vida autónoma
y soberana en Achullay San Agustín,
Bernardo Guzñay recibió de su organización, medio saco de semillas
nativas de diferentes especies y variedades locales, que fueron establecidas en
su chakra y luego puestas circular en su
comunidad y en otras comunidades. El
compromiso inicial fue devolver el triple
de lo recibido y compartirlo a otras familias. La familia Gusñay ha entregado
el doble (medio saco que recibió y medio
saco de lo comprometido), con la firme
decisión de continuar compartiendo las
semillas, pero también con la esperanza
de que un cambio de vida es posible.
Foto: Edwin Chancusig
dos, ya no se exponen a productos
tóxicos; las heladas y sequías ya no
los devastan como antes, su chakra es
más abrigada; las aves han regresado:
2 colores de colibrí, gorriones, jilgueros, tórtolas, mirlos, que además de
alegrarles la vida, les ayudan con las
plagas. Han recuperado las semillas
nativas, saberes, cultura, tradiciones,
costumbres, fiestas, rituales, señas, comidas y recetas. Ahora reciben visitas
de comunidades cercanas y de otras
provincias, aquí se comparte los saberes y conocimientos.
Recuperando la localidad de la economía. Piedad Guamán, por su parte,
además de haber mantenido su forma
ancestral de crianza de la diversidad,
decidió participar de la feria local de
productos, que le pone en contacto
directo con consumidores de sectores
populares urbanos. Para salir a la feria
los días jueves en el Cantón Guamote,
tuesta y muele habas, maíz, quínoa,
cebada y trigo el día anterior, con la
ayuda de su hija mayor y en algunos
casos su esposo (Pedro Yupanqui). A
Piedad le gusta vender, cada semana
va adquiriendo más clientes, no tiene que estar gritando. Ahora ya tiene
clientes, porque conocen la calidad y
el sabor de las harinas y granos. Según
comenta obtiene 242 dólares semanales, muchísimo más que un salario
Estas historias, son parte de la comprobación de resultados y efectos en la
vida de las familias, que han compartido en las asambleas y con ello se ha
ido generando una valoración y una
conciencia, un sentido de seguridad y
autoestima, y crea una necesidad de réplica y ampliación hacia nuevas familias en miras a lograr el desarrollo de
una economía solidaria sostenida en la
Agroquímicos en la producción: dónde está la verdadera pobreza. Guamo-
Segundo Álvarez regando hojas de los árboles de yagual
como abono para la papa nativa.
te presenta los indicadores de pobreza
más dramáticos de la Sierra ecuatoriana. Durante décadas, tanto el Estado
como las agencias de cooperación, realizaron una cruzada de inserción de los
indígenas al mercado y de incremento
de la productividad para mejorar sus
condiciones de vida. Los resultados
fueron menos que modestos en relación a los indicadores, pero escalofriantes respecto a lo que implantaron
en el territorio. Reflexionando sobre
esto en la organización, algunos comuneros se pusieron a sacar cuentas. No
son exactas pero pudieron dimensionar
cuánta riqueza salía de sus empobrecidos bolsillos:
En Guamote, las familias disponen de
un promedio de 2.5 hectáreas de terre-
no. Para la producción de papas dedican
una hectárea y utilizan, en la medida de
sus presupuestos, las recomendaciones
Agropecuarias, que suponen un costo
promedio de 636 dólares.
El Cantón tiene 150 comunidades,
considerando que cada comunidad tiene un promedio de 50 familias, se estimaría que existen 7 mil 500 familias y
como cada familia dedica una hectárea
a la producción de papas, son 7 mil 500
hectáreas, exclusivas para esta producción. ¡Según sus cuentas, en Guamote
se gastan anualmente 4 millones 770
mil 300 dólares!
Compañeros de la organización comentaron que el presupuesto de inversión del gobierno local es de 300 mil
dólares, de modo que lo que se gasta
en agroquímicos serviría para 15 años
Historias que construyen resistencia
y subvierten el orden. De este y mu-
chos modos las comunidades persisten
y continúan a contrapelo de políticas
de Estado, decisiones de desarrollo ajenas, extorsiones y despojos permanentes. Se asientan en el cotidiano, tejen y
retejen identidades, hablan de cómo,
para qué y para quién se hace la agricultura, y con ello diseñan modos distintos de vida.
Desde lo cotidiano trastocan el orden único de una “agricultura” y de un
modelo de desarrollo. Se insubordinan
frente al aislamiento, los conocimientos
monopolizados, la individualización,
la producción de mercancías en lugar
de alimento, la dependencia energética,
la dependencia tecnológica; frente al
trabajo y consumo enajenados.
Ocurre la progresiva restitución de
las decisiones que garantizan la vida.
Qué producir, cómo producir y para
quién producir. Organizan la agenda
de lucha y la reivindicación de campesinos e indígenas y se restituyen a sí
mismos un protagonismo histórico en
la transformación de la realidad. Para
ello no necesitan sino mirar lo que ocurre con sus familias, las hacedoras del
cambio. l
orge Enrique Adoum
escribió en 1970 El
Sol bajo las patas de los
caballos donde trata sobre la conquista española en los Andes. El libro
hace referencia al fin de
una civilización solar: a
una sociedad agrícola, derrotada por el poderío europeo con una tecnología
de guerra que los pueblos
andinos no conocían: las
Ahora el sol está a punto de volver a caer bajo los
cascos de nuevas tecnologías, desconocidas para la
mayoría de la humanidad:
la geoingeniería.
La mayoría de la vida
en la tierra depende de la capacidad que tienen las plantas, las
algas y las cianobacterias de usar
la energía del sol para transformar el CO2 atmosférico en alimentos (hidratos de carbono) y
oxígeno, a través del proceso de
la fotosíntesis. Éstos son lo únicos organismos capaces de elaborar su propio alimento; todos
los otros seres vivos dependen
de los alimentos elaborados por
los organismos fotosintéticos. La
respiración de todos los seres vivos, junto con la descomposición
orgánica (hecha por bacterias y
hongos), permite que el carbono
biológico vuelva a la atmósfera,
aunque una porción quede fijada
en los tejidos de los seres vivos y
Se estima que en ausencia de
la interferencia humana, cada 20
años hay una renovación total
del carbono atmosférico. El carbono se almacena en tres grandes
depósitos: terrestre (20 mil Gt),
atmósfera (750 Gt) y océanos
(40 mil Gt). A pesar de que el reservorio atmosférico de carbono
es el menor de los tres, éste es el
que determina el clima terrestre.
Ahora, debido a las actividades
de la civilización petrolera, existe
demasiado CO2 (fósil) en la atmósfera, lo que ha conducido al calentamiento global. Para enfriar al
globo planetario, la geoingeniería
propone reducir la cantidad de luz
solar que entra al planeta.
Alterar el ciclo del carbono. Los
océanos representan el mayor depósito de carbono, y a través de
procesos químicos hay un traspaso de CO2 a la atmósfera, estableciéndose un delicado equilibrio
entre las capas superficiales del
océano y el aire superficial. La
cantidad de CO2 que el océano absorbe depende de la temperatura
(siendo mayor la absorción cuan-
do la temperatura es más baja) y
El fitoplancton absorbe grandes cantidades de CO2, y éste es
consumido por el zooplancton en
sólo algunos días. Un porcentaje
del carbono es acumulado en el
fondo del mar, cuando las conchas
del zooplancton, compuestas de
carbonato de calcio, se depositan
en el fondo tras su muerte. Otro
porcentaje, generado en los procesos biológicos de los organismos
marinos, sube a la atmósfera.
Ahora se quiere alterar este
balance por medio de limitar el
ingreso de energía solar a la Tierra para enfriarla, pero al mismo
tiempo, se limitaría el proceso de
la fotosíntesis. Hay al menos dos
Una de las propuestas en experimentación, es el llamado “blanqueo de las nubes” (o modificación
de la reflectividad de las nubes) que
tiene como objetivo incrementar el
albedo, es decir la reflectividad de
la superficie terrestre; la energía reflejada desde la Tierra al universo.
Entre mayor es el albedo, mayor es
el retorno de energía de la Tierra
al universo y menor la cantidad de
energía radiante solar disponible
para la consecución de la vida en
Ésta es una propuesta absurda,
pues mientras que por un lado el
planeta se enfriaría por la menor
incidencia de energía solar, por
otro lado, se calentaría porque
habría menor posibilidad que las
plantas y las algas hagan fotosíntesis y capturen el CO2 atmosférico, pero es sobre todo peligroso
porque afecta el albedo.
El multimillonario Bill Gates es
uno de los que apoya esta iniciativa
a través de un financiamiento a un
grupo de investigación en San Francisco llamado Silver Lining. El principio a través del cual funciona este
proyecto es que las nubes se forman
a través de partículas (aerosoles) lo
suficientemente pequeñas como
para mantenerse en suspensión en
el aire llamadas “núcleos de condensación de nubes”. Silver Lining
está desarrollando máquinas que
conviertan el agua del mar en partículas microscópicas capaces de ser
lanzadas a mil metros. Esto aumentaría los núcleos de condensación
de nubes, la formación de nubes y
por lo tanto el albedo.
Un primer “ensayo” supondría poner en el mar diez barcos
que afectarán 10 mil kilómetros
cuadrados de océano. La máquina puede extraer diez toneladas
de agua marina por segundo. De
acuerdo a información proporcionada por el Grupo ETC, uno de los
lugares donde se haría las primeras
pruebas sería en el Pacífico, frente a
Ecuador (el país de los derechos de
la naturaleza), Perú y Chile.
Otra propuesta en la misma
línea consiste en bombardear la
estratósfera con millones de aerosoles de sulfato para incrementar
la formación de nubes. La introducción de grandes cantidades de
sulfato en el aire pretende replicar
de manera artificial las erupciones
volcánicas: generar gran cantidad
de substancias contaminantes que
hagan opaco el cielo, propicien la
creación del nubes, y enfríen un
lugar, al menos regionalmente. La
intensión es crear este ambiente
volcánico a nivel más generalizado, para que tenga un impacto en
el clima planetario.
En los océanos, el dimetil sulfuro es la más importante fuente
de formación de núcleos de formación de nubes. Esta molécula
es producida por el fitoplancton
oceánico, pero puede llegar a ser
muy contaminante en condiciones de desequilibrio ecológico.
Por ejemplo, es responsable de las
lluvias ácidas en zonas altamente
industrializadas en las que se generan contaminantes con base en
el sulfuro. La presencia de grandes
cantidades de sulfuro, más allá de
la capacidad biológica de reciclarlo, afectará la vida en los océanos.
Y constituiría una flagrante violación a los derechos de la Naturaleza, pues la vida sobre la Tierra depende del flujo de energía
procedente del Sol. Aunque sólo
una pequeña fracción de la energía solar que alcanza a la Tierra
se transforma en la energía que
impulsa todos los procesos vitales,
es la cantidad suficiente para que
continúe la vida en el Planeta.
James Fleming describe esta tecnología como una declaración de
guerra a la estratósfera. Se necesitará un bombardeo constante de partículas para poder regular el clima a
largo plazo y a nivel planetario.
Los científicos que están jugando con el clima no pueden
predecir los impactos que estos
cambios pueden generar en los
procesos biológicos, la estructura
de los ecosistemas y sus funciones
(que también están “protegidos”
por la Constitución del Ecuador).
¿Cuál es la motivación que
está atrás de estos peligrosos experimentos? En su obra sobre la
conquista española Adoum hace
que uno de sus personajes le pregunte a un soldado:
Por qué está usted en esta guerra a miles de kilómetros de su
Porque me pagan mejor que en
Hoy hay miles de millones de dólares atrás del negocio del cambio
Geoingeniería y derechos de la
Naturaleza. Estas nuevas tecno-
logías surgen con fuerza casi en
paralelo con uno de los principales aportes que hace el Ecuador a
la historia de la humanidad: el reconocimiento de los derechos de
¿Qué relación hay entre estos
dos eventos?, pues que la geoingeniería viola los derechos de la
Naturaleza, tal como están estipulados en la Constitución ecuatoriana. Veamos lo que dice el
La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derechos a que se respete
sus ciclos vitales.
En los casos que hemos visto,
estas tecnologías estarían atentando contra el ciclo del carbono.
Y dado que los experimentos
que se están haciendo rebasan los
límites nacionales, los derechos
de la Naturaleza deberían ser universales. l
Constitución de Ecuador, 2008
http://www.handsoffmotherearth.
org/2010/05/bill-gates-funds-field-trialglobal-coalition-urges-immediate-haltto-geoengineering/
James Fleming. “The Climate
Engineers”, The Wilson Quarterly,
El relator especial de la ONU para
la Alimentación propone moratoria
contra los transgénicos en México
Biodiversidad, México DF, junio. A mediados de junio, un
conjunto de comunidades indígenas, organizaciones campesinas y de la sociedad civil se reunieron en las oficinas de
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de
Naciones Unidas, en México, con el Relator Especial para
la Alimentación, Olivier de Schutter y su equipo.
Los grupos presentes le insistieron al Relator en las muchas causas relacionadas con
la crisis alimentaria que se vive en México, y dieron testimonio de concretos de
dicha crisis.
En la reunión estuvieron presentes la
Red en Defensa del Maíz, la Asamblea
de Afectados Ambientales, el Centro de
Estudios para el Cambio en el Campo
Mexicano (Ceccam), el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular
(Casifop), el Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami), El Colectivo Salto de Vida, la Coordinadora
de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, el Colectivo Flor y
Canto, La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata,
algunas autoridades del municipio autónomo de San Juan
Copala (famoso por sus esfuerzos por sobrevivir al cerco
tendido por grupos paramilitares que tienen aislada la comunidad desde hace más de un año y medio y que han asesinado a los habitantes y a personas que han querido romper
el cerco mediante caravanas). También asistió una representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), del estado de Guerrero, que están sufriendo
la amenaza de proyectos mineros a cielo abierto, el Comité
de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental,
y la Organización de Agricultores Biológicos de Oaxaca, el
Grupo ETC y GRAIN. Cada una de estas instancias intervino
siete minutos, de un modo sistemático y ordenado que arrojó un diagnóstico muy acabado de las múltiples condiciones
que dificultan u obstaculizan una seguridad alimentaria, un
“derecho a la alimentación”, por no hablar de algo más
complejo como la soberanía alimentaria.
La causa principal señalada por todos fue el Estado
mismo, coludido con las corporaciones, los megaproyectos que invaden y acaparan sus tierras de cultivo y sus
territorios, que privatizan el agua y construyen presas e
hidroeléctricas, que perforan pozos petroleros, que hacen
minería a cielo abierto, que contaminan los ríos con sus
industrias y sus monocultivos adosados con agrotóxicos,
Todo esto afecta profundamente la producción de alimentos, en particular si ésta es independiente.
De un modo muy fuerte, se enfatizó que siendo México la cuna del maíz, su centro de origen, era y es crucial
prohibir todos los transgénicos, no sólo por los mexicanos sino en bien de toda la humanidad.
De Schutter se fue sorprendiendo conforme las piezas del
rompecabezas cayeron en su lugar, y comenzó a hacer
ciertas preguntas, una de ellas con respecto al derecho
a la consulta, algo que le habían dicho que estaba recién
aprobado como ley en el país, y que le habían dicho que
beneficaría en mucho a los pueblos indígenas de
México. Otra pregunta de De Schutter fue
si el gobierno estaba cumpliendo con las
recomendaciones de la OIT. Alguien del
público le contestó que la famosa ley
de consulta era una mera fachada en
tanto que ni siquiera había sido consultada ni en los términos ni con la
metodología de operación planteadas
por dicha ley, y que, pese a las recomendaciones de la OIT, en México los pueblos
indios ni siquiera estaban reconocidos en la
Constitución, porque sólo les reconocían ser “sujetos de interés público” (es decir se les concedía la posibilidad de recibir asistencia). No eran reconocidos “sujetos
de derecho público”.
El Relator habló un poco de las enormes posibilidades
de la agroecología en el escenario del cambio climático,
alabó con vehemencia el sistema de custodia e intercambio de semillas nativas, la variedad e incluso los rendimientos que la agricultura tradicional puede lograr sin
plaguicidas ni fertilizantes químicos.
El Relator llegó a preguntarse si sería necesario reforzar este modo ancestral en lugar de los caminos de la
Días más tarde, en conferencia de prensa y en su informe final, recomendó a México “decretar una moratoria
en el uso de transgénicos y promover el uso de semillas de
variedades de maíz desarrolladas en el país”.
Esto contrasta con su visita anterior (hace un año y medio), en la cual dijo que podría ser posible una coexistencia
entre los sistemas de semillas y alimentación ancestrales y
los modernos avances de la biotecnología, toda vez que cubrían diferentes ámbitos de producción y servicio.
Es verdad que en su informe final de esta visita, alabó el “derecho a la alimentación”, los programas como
Oportunidades —un programa de apoyos en efectivo, condicionales a colaborar con la educación de los hijos, visitas
ginecológicas de planeación familiar y otros—, pero insistió, sorpresivamente, en que el 40 por ciento de Progresa,
un programa de apoyos al campo, se los llevaba el 10 por
ciento de los agricultores más ricos de la población. l
Balance de la RALLT
al 21 de junio, 2011
l 21 de junio fue declarado
como el día por una América
Latina libre de transgénicos, para
recordar al inicio del Inti Raymi
andino, que es cuando se inicia la
Lo celebramos con sentimientos
mezclados. Por un lado tenemos la
declaratoria de una moratoria por 10
años a la liberación de transgénicos
en Perú, que fue un logro de las organizaciones sociales peruanas.
Por otro está la posible aprobación
de una ley en Bolivia que legalizaría
los cultivos transgénicos, país donde
se lanzó a nivel internacional los derechos de la naturaleza. La ley de Bolivia además estaría limitando el libre
flujo de semillas, pues sólo podrán
circular las semillas certificadas, y a
través de medidas sanitarias, se limi-
taría también la crianza tradicional de
animales. Esta ley puede tener serios
impactos en la biodiversidad boliviana, una de las más ricas del mundo.
Este año recordamos además con
preocupación la liberación hecha
en Brasil de mosquitos transgénicos para el control del dengue, y la
aprobación de nuevas variedades de
semillas transgénicas en ese país que
incluyen variedades resistentes a herbicidas más fuertes como el Dicamba, lo que significará mayor uso de
plaguicidas y mayores impactos en la
salud y el ambiente (hasta el momento hay más de 20 diferentes tipos de
transgénicos aprobados en Brasil).
Tenemos además la adopción de
un nuevo tipo de soya transgénica en
Argentina a través de la cual se consolida el poder de Monsanto en ese
país; la aprobación de la soya transgénica en Colombia y la adhesión de
Chile al Tratado UPOV 91.
Talamanca Libre de Transgénicos
Henry Picado Cerdas, Talamanca, Costa Rica. El 10 de
junio el Programa Kioscos Ambientales de la Vice-rectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica facilitó un intercambio de información sobre transgénicos en
las comunidades de Talamanca, cuyo Consejo Municipal
declaró en 2008 una moratoria como “Cantón Ecológico
y Libre de Transgénicos”, que se suma a otras siete declaratorias en el país.
Se contó con la participación de docentes de escuelas
del circuito de Sixaola que trabajan Educación Ambiental,
junto con la Escuela de Salud Ambiental de la Universidad
de Costa Rica. Asistieron campesinas y campesinos del valle del Río Sixaola con experiencia en agricultura ecológica. Uno de los proyectos es la Finca Loroco localizada
en Volio, a 2 kilómetros del centro de la comunidad de
Bribrí Talamanca. Este proyecto familiar contribuye a la
construcción de soberanía alimentaria, ya que es un modelo de finca integrada con más de 30 cultivos diferentes en
tan sólo 2 hectáreas; demostrando de esta manera que la
agricultura campesina es una respuesta efectiva a la crisis
Tenemos frente a nosotr@s un largo camino, pero no por ello desistiremos. La conciencia sobre los peligros
que producen los transgénicos sigue
aumentando, por eso en Argentina
las poblaciones se han organizado en
torno a la problemática de las fumigaciones asociadas a los cultivos de soya
con resistencia a glifosato, los médicos
han formado sus redes propias para
enfrentar esta problemática, los consumidores de la región están teniendo
más conciencia sobre el peligro de los
No nos queda sino seguir trabajando porque algún día volvamos a tener
una América Latina Libre de Transgénicos. el ejemplo de lo que pasó en
Perú debe ser nuestra inspiración. l
de la Red por una América Latina
La Finca cuenta de un banco de semillas criollas para
la producción local, del cual se abastecen muchos productores y productoras de la zona. Este banco nace de la
preocupación por el desabasto de semillas de calidad en
la región atlántica donde los monocultivos de plátano y
banano son las actividades económicas más expandidas.
La Finca Loroco es entonces en un oasis de agrobiodiversidad frente a la homogenidad que generan los monocultivos, causantes de múltiples impactos negativos en la
economía de la mayoría de parceleros de la zona y serias
contaminaciones con agroquímicos.
Para don Gonzalo Moreno, director del proyecto de la
Finca Loroco, los transgénicos representan una grave amenaza para la producción de alimentos sanos. Además, la liberación de plantas genéticamente modificadas pone en riesgo
la semilla campesina. “La semilla debe ser libre para el intercambio y la producción agrícola. Las semillas transgénicas
lesionan el derecho de campesinos y campesinas al libre intercambio. La agricultura orgánica campesina es incompatible
con los OGM, esto debido a que la semilla campesina corre el
riesgo de ser contaminada con genes modificados que no sólo
ponen en riesgo la salud humana sino también están sujetos
a mecanismos de propiedad intelectual nocivos para la agricultura orgánica”, apuntó el campesino. l
Triunfo de la cadena láctea popular
en la sanidad alimentaria
Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, junio
6 de 2011. Rubén y Mónica, al igual que miles de jarrea-
dores, están felices y tienen sobrados motivos para estarlo: el gobierno a través de los ministerios de Protección
y Agricultura, dictó el decreto 1880 que reconoce como
lícita y necesaria la venta de leche cruda en cantina y elimina la prohibición expresa en el decreto 616 del 2006.
Las consideraciones consignadas en la nueva norma,
son algunas de las que la cadena láctea popular venía
argumentando para controvertir la absurda medida: que
más del cincuenta por ciento del consumo nacional lo
atiende la venta informal, que su mercado lo constituyen
especialmente los más pobres de Colombia, que es un comercio que forma parte de una costumbre muy arraigada
en la población, que la leche es un alimento fundamental para la nutrición de la población, especialmente la
infantil y se consume diariamente. Todas estas verdades
finalmente fueron aceptadas por el gobierno y con ellas
dispuso la reglamentación para comercializar leche cruda
en establecimientos y de manera ambulante.
El decreto, presiona ahora a los ganaderos a registrar
sus predios en el ICA y a garantizar que los mismos estén
libres de Brucelosis y Tuberculosis, para lo cual deben vacunar sus hatos, darles un adecuado manejo y recibir una
La Cadena Láctea Popular siempre tuvo la razón, desde el momento en que se pretendió proscribir su actividad, pero sólo con la organización y la resistencia logró
acumular la fuerza suficiente para persuadir al gobierno
de cesar en su terrible propósito.
Sin embargo, los peligros para la Cadena Láctea Popular, que incluye a pequeños y medianos ganaderos,
transportadores y comercializadores, procesadores y
consumidores, no terminan aún. Continúan caminando
los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea
y Mercosur, que representan un riesgo letal para la actividad en nuestro país, porque los excedentes lácteos de
esas naciones, con las múltiples gabelas que reciben, terminarán tomándose nuestro mercado interno, copando la
fuente de ingresos que garantiza la actividad de nuestros
productores. Algunos despistados dirán que simplemente
sustituiremos la cuajada por el queso gruyere, pero la realidad no es tan sencilla, de destruirse el hato nacional, no
sólo desaparecerán numerosos puestos de trabajo, sino
que nuestra seguridad alimentaria en lácteos y cárnicos
quedará a merced de los comercializadores internacionales, especuladores de oficio. Un ejemplo para reflexionar
está en Cuba, que en la época de sus acuerdos con la extinta URSS, a cambio de azúcar recibía el suministro de
carne desde las estepas rusas, con lo que desatendió su
ganadería perdiendo las especies criollas y marchitando
los programas de pastos y forrajes; ahora es muy escasa
la carne vacuna para consumir, salvo la que se importa a
precios astronómicos.
El decreto preserva la comercialización de leche cruda, pero no resuelve las innumerables exigencias a los
procesadores que trata por igual, ya sea que cuaje para
el mercado de la vereda o el barrio o el que lo haga
para mercados especializados o de exportación, de tal
suerte que la tarea de la Cadena Láctea Popular aún no
termina. Debe fortalecer la organización y la cohesión
para que se adelanten programas de modernización con
el apoyo de recursos estatales, concluir la revisión de
la normatividad diferenciando las condiciones exigidas,
según el mercado que se vaya a atender, siempre en el
propósito de defender la producción nacional y hacerla
evolucionar positivamente. l
Minería: espeluznante
A empresas, 26% del
Para los consorcios, 51
Carlos Fernández-Vega, México SA,
La Jornada, 30 de junio 2011. La información actualizada sobre el saqueo minero en México resulta espeluznante: las hectáreas concesionadas
por el gobierno federal para tal fin no
suman 25 millones (cifra correcta al
cierre del sexenio foxista), sino 51
millones, pues durante el calderonato
(26 millones de hectáreas cedidas en
cuatro años, hasta 2010) ese tipo de
cortesías al capital privado se duplicó, de tal suerte que en las dos últimas administraciones, alrededor de
26 por ciento del territorio nacional
fue entregado a consorcios mineros
para su único beneficio.
Un dato revela la dimensión del
paradisíaco negocio que el gobierno
federal garantiza al capital privado, y
el descarado atraco para la República: sólo en 2010, el calderonato concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera, por
las que el erario habría recibido (en
el mejor de los casos, y utilizando un
promedio tarifario) alrededor de 20
millones de dólares. En cambio, ese
año los consorcios beneficiados (nacionales y foráneos) ingresaron a sus
arcas poco más de 15 mil millones de
billetes verdes (50 por ciento más que
en 2009), una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos. Lo bueno
es que la Constitución establece que
se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación.
La información actualizada sobre
el número de hectáreas entregadas al
capital privado minero proviene de
un detallado análisis (El mineral o la
vida; la legislación minera en México,
abril, 2011), realizado por Francisco
López Bárcenas y Mayra Montserrat
Eslava Galicia, dos destacados académicos de la Universidad Autónoma
quienes lo comparten con México SA.
En él se documenta, por ejemplo, que
se concesionaron poco más de 25 millones de hectáreas (promedio anual:
4.2 millones) para los fines citados;
en cuatro de años de calderonato se
otorgaron casi 26 millones de hectáreas (promedio anual: 6.4 millones),
de tal suerte que entre ambos entregaron alrededor de 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, algo así como 26 por ciento
del territorio continental mexicano.
López Bárcenas y Eslava Galicia señalan que la minería es una
industria floreciente en México. Su
comenzó a tener importancia en la
década de los noventa, después de la
(1992, Carlos Salinas de Gortari) y la
firma del TLCAN, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio
en la orientación de la legislación respectiva, mientras el segundo marcó
las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso
a la tierra bajo la cual se encuentran
los minerales, el uso del suelo, el uso
del agua para el procesamiento del
mineral, la prevención o remediación
de la contaminación ambiental y la
inversión extranjera en este rubro.
icha actividad se regula por
diversas leyes, pero la central
es la Ley Minera. En ella, el carácter
de la actividad minera se aparta de
los fines establecidos en la Constitución, como aprovechar los recursos
naturales para conseguir el beneficio
social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar
su conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los
mexicanos. Contrario a estos fines,
la Ley Minera declara la actividad
como de utilidad, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales. Por
si fuera poco, a partir de 2006 la concesión minera es única, es decir, no es
posible diferenciar entre la otorgada
para la exploración y la autorizada
para explotación.
Pero no sólo se pueden explotar
los minerales enunciados expresamente en la ley sino también otros
que determine el Ejecutivo federal,
atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, indican los académicos. “Se
trata de una disposición demasiado
abierta que otorga facultades al presidente de la República para que declare, por la vía de un decreto administrativo, es decir, sin pasar por el
Congreso de la Unión y por lo mis-
mo sin tener carácter de ley, como
minerales o sustancias que en vetas,
mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos, o cualquier
sustancia que en el futuro pueda ser
comercializable en el mercado internacional… Si esta situación llegara a
presentarse tendríamos un grupo de
disposiciones legales y otro de disposiciones reglamentarias que enunciarían las sustancias reguladas en
la ley minera, lo cual no tiene más
objetivo que evitar su discusión por
el Poder Legislativo si se aumentan
o no las sustancias sobre las cuales
el Estado puede otorgar concesiones
para su aprovechamiento a los particulares. En otras palabras, sería un
reglamento el que regulara una disposición constitucional”.
o acaba allí el paraíso: la norma aplicable “prevé que si las
sustancias que llegaran a catalogarse como minerales ya se estuvieran
explotando por particulares, éstos
tendrían el derecho preferente para
obtener la concesión minera correspondiente, para lo cual bastaría que
lo solicitaran y reunieran los requisitos que la ley exige para otorgarlas.
Otras personas que no estuvieran
explotándolas y tuvieran interés en
hacerlo quedarían excluidas, situación que podría dar lugar a la concentración de las concesiones en unas
cuantas empresas.
Entre los minerales que tienen
una fuerte importancia en la industria y que es probable que se comiencen a explotar en los próximos
años se encuentra el berilio (que se
emplea en diversas aplicaciones,
como la fabricación de computadoras, sensores, aviones, misiles, satélites y hasta en cabezas nucleares);
el indio (interruptores cerámicos
de los celulares y junto con el tantalio —bajo la forma de compuesto
bario-zinc-óxido de tantalio— son
componentes claves de las estaciones de las redes telefónicas de celulares; el indio, en el compuesto indiogalio-arsénico, también se usa para
fabricar displays de cristal líquido o
pantallas planas; el galio en circuitos
integrados, junto con cadmio, selenio, telurio e indio, en la industria
de las celdas fotovoltaicas); el germanio (fibra óptica, radares y electrónicos); el platino (lo mismo se
emplea en convertidores catalíticos
de automóviles, que en fabricación
de circuitos integrados, electrónicos, capacitadores o monitores de
cristal líquido), y el titanio (clave en
la construcción de los arcos estructurales y sistemas de propulsión de
los aviones y el dióxido de titanio de
alta pureza, básico para el corazón
dieléctrico de los teléfonos). l
La Vía Campesina se movilizó en Francia
para denunciar la incompetencia del G20
Lucas Silva, Radio Mundo Real. Las políticas alimenta-
rias no pueden quedar en manos del G20. Ésa es la síntesis
del mensaje que quiso transmitir La Vía Campesina el 22 y
23 de junio, en las protestas que protagonizó en París, durante la reunión de los ministros de Agricultura de ese bloque. Los jerarcas ministeriales de los países más poderosos
del mundo llegaron hasta suelo francés para preparar la
conferencia que se efectuará en noviembre en Cannes.
Además de sus lineamientos, las organizaciones campesinas cuestionan la legitimidad del ámbito del G20 y
ponen un ejemplo que resulta muy ilustrativo: en ese espacio el único representante de África —un continente
agobiado por el hambre y donde el acaparamiento de tierras un mal endémico—, es Sudáfrica.
Más allá de la exclusividad de este club, según la Vía
Campesina, el G20 suma ya un largo rosario de errores
que dejan en evidencia otro factor: su incompetencia.
“Con su intención de construir un nuevo orden económico mundial, el G20 ha intentado, desde su creación en
1999, controlar la especulación y los paraísos fiscales […]
pero estos intentos han fracasado porque los líderes de
dichas naciones siguen promoviendo las mismas políticas
neoliberales que han
creado las crisis alimentarias y financieras actuales”, sentenció la organización en
culminó la incursión
parisina con una protesta frente a la sede
de una empresa francesa que busca fondos de inversión para
comprar tierras en
Asia, África, y América, y llegaron hasta
ese lugar con la consigna “G20 Agricultura: ¡No jueguen con
nuestra comida!”
Radio Mundo Real se comunicó, minutos después de
esa protesta, con Javier Sánchez, vocero de los convocantes. El dirigente se lamentó porque el G20 le hace creer a
los ciudadanos “que están preocupados por la volatilidad” de los precios y que en este tiempo han querido fre-
nar los paraísos fiscales, aunque sólo “lograron destruir
más la soberanía alimentaria”.
“Hay que poner en el centro que las personas son
más importantes que los mercados”, resumió el dirigente
de La Vía Campesina, que aprovecha estos espacios para
reclamarle a los gobiernos políticas públicas de acceso al
agua y la tierra, a las semillas y mayor disponibilidad de
crédito para la agroecología.
“Son incompetentes”, fue el resumen de Sánchez. Una
de las demandas de los campesinos es ponerle fin a la
apropiación de la tierra, así como una urgente implementación de los compromisos adquiridos por la Conferencia
Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural
(CIRADR) de la FAO. Sánchez comentó que hay millones de
hectáreas de tierra en África que han pasado a manos de
gobiernos ricos y fondos de inversiones, como por ejemplo la fundación capitaneada por los multimillonarios Bill
“Los gobiernos tienen que prohibir el acaparamiento,
que está expulsando a millones de campesinos”, reclamó
Sánchez, antes de reflexionar que el auge de los agrocombustibles en países como Argentina y Brasil está sustituyendo “miles de hectáreas que se destinaban a la alimentación”. “Hay que darle vuelta a este modelo”, concluyó
el dirigente campesino.
El acaparamiento de tierras es una de las mayores
preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que en París recordaron los lineamientos de un documento redactado en el Foro Social Mundial celebrado en
Dakar, la capital de Senegal, febrero de 2011.
El denominado Llamamiento de Dakar fue entregado
al gobierno francés, orientado por Nicolás Sarkozy y que
hoy preside el G20, un espacio que sistemáticamente, y
en coordinación con el Banco Mundial, ha favorecido el
acaparamiento de tierras a través de la denominada Inversión Agrícola Responsable (IAR).
Las OSC consideran que, a pesar de que es promovida
como una herramienta con fines antagónicos, la IAR ha
legitimado la apropiación de tierra, en perjuicio de los
pequeños productores. “Debería prohibirse a los inversionistas extranjeros y nacionales que tomen el control de
grandes áreas. Los alimentos deberían estar en el plato de
todos, no sólo en el de los más ricos”, señala La Vía Campesina, que definió como “un paso atrás” la iniciativa del
G20 de convocar a una “reunión anual de las partes interesadas para la seguridad alimentaria”, supuestamente
para “involucrar a la sociedad civil”.
Para las OSC y La Vía Campesina, el reformado Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones
Unidas debería respetarse como un “espacio central” para
negociar las políticas globales sobre la alimentación. l
cuarunari, parte fundamental de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, emitió un
comunicado donde señaló que “El día
sábado 2 de julio, con autorización de
Oswaldo Larriva, gerente de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Cuenca (ETAPA-EC) se
ordenó la militarización de la planta de
agua potable del sistema comunitario
de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay. Cientos de militares
tomaron la planta de agua potable del
sistema comunitario, que por más de
cuarenta años administraron y manejaron su propio sistema comunitario.
También sus dirigentes fueron amenazados por la fuerza pública. La lucha
incansable de los comuneros y las comuneras que defendemos el agua, la
Pachamama, los recursos naturales y la
vida, sigue siendo amenazada y ahora
hasta la militarizaron los funcionarios
y autoridades locales del gobierno de
Rafael Correa en Ecuador. Así actúa
la ‘revolución ciudadana’, una etiqueta falsa. La criminalización a nuestras
luchas y resistencia es una evidencia de
la guerra declarada a los pueblos y nacionalidades”.
Ecuarunari remachó: “Con estas
actitudes las autoridades locales lo que
pretenden es dejar luz verde para que
las empresas mineras actúen en las alturas de Kimsakocha, por eso utilizan
la fuerza pública y la represión. Desde
ya alertamos que cualquier cosa que
suceda en Tarqui y Victoria del Portete
serán responsables las autoridades del
Azuay y el gobierno central. Exigimos
la inmediata desmilitarización. Hacemos un llamado a las nacionalidades,
pueblos indígenas, movimientos sociales organizados, instituciones que promueven el cuidado de la madre tierra, a
estar vigilantes y solidarizarse sobre estos acontecimientos que están sucediendo en nuestros territorios indígenas.
Por su parte Ecuachaski reportó
que “La planta de agua potable comunitaria trabajada en mingas de dos pa-
Para favorecer a empresa china,
Senagua presiona sin escrúpulo alguno
l 6 de julio de 2011 ingresaron por tres horas a la zona
de Río Grande (Chone, Manabí) setenta policías que
acompañaron a una jueza de Chone y a funcionarios de la
Senagua (Secretaría Nacional del Agua) de esta provincia,
con el objetivo de ingresar al predio de Alfredo Zambrano,
en el cual la empresa china Tiesiju quiere construir el dique
de una represa ilegítima que es rechazada por los miles de
moradores de la zona de Río Grande que van a ser desplazados a causa de esta obra, y que además provocará daños
irreversibles en el Humedal de La Segua.
Senagua, responsable de la negociación con la empresa
Tiesiju, ha recurrido a numerosas acciones con el propósito de convencer al señor Alfredo Zambrano que entregue
rroquias, Tarqui y Victoria del Portete
(en Cuenca) está militarizada desde el
día 2 de julio de 2011, por gendarmes
del ejército, fuerzas de la policía, del
GOE y seguridad privada. El propósito
es atemorizar a la comunidad, romper
la organización comunitaria y allanar el paso a la minería (Iam Gold)
en Kimsakocha, lugar donde nacen
varios ríos, incluso dos de ellos abastecen de agua para los comuneros de
Tarqui, Victoria del Portete, la ciudad
de Cuenca y otros ríos a las ciudades
de Girón entre otras”.
Ecuachaski continuaba: “Los
dirigentes manifestaron que ‘militarizar su agua, es una declaración
de guerra’, hecho que sorprendió a
los cuencanos porque nunca antes
había ocurrido, y retaron al alcalde
y gobierno que ‘si quieren guerra,
guerra la tendrán en defensa de sus
fuentes de agua y su obra comunitaria, pero no sucumbirán ante las
multinacionales mineras, Iam Gold
y Cornecston, que tienen más de 50
mil hectáreas concesionadas’, verdadero fondo de este conflicto por el
agua. l
su tierra a la empresa, incluso la utilización de varios hijos
de este respetadísimo líder local, como sucedió durante el
ingreso de este miércoles 6 de julio. Los pobladores de
Río Grande afirmaron que este tipo de cosas sólo podían
imaginarse en tiempos de la partidocracia, pero que en
mano de supuestos revolucionarios resulta más grosero
La Acción de Protección que presentaron las comunidades locales ante los administradores de justicia sólo ha
servido para que la jueza viabilice la construcción de la
represa porque la jueza que tramitó esta Acción de Protección rechazó todas las peticiones comunitarias. Peor aún,
ella misma se hace presente en la zona de Río Grande de
la mano de Senagua y un piquete policial para obligar a
las comunidades que renuncien a su derecho constitucional a la Resistencia y den paso a la empresa china Tiesiju.
El pueblo montubio de Río Grande sigue en resistencia, no se vende ni renuncia a su dignidad. l
Comunicado del Movimiento Nacional
Nuestro repudio a los acuerdos
y declaraciones sobre
la crisis alimentaria del G20
os medios de comunicación argentinos difunden
la noticia de que los acuerdos del G20 en el tema
agricultura son un éxito para Argentina y el mundo. Y se destaca en esto la posición argentina en cuanto a
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena
repudiamos los acuerdos y las falsas soluciones basadas
en las presiones y lobbies de las transnacionales. Basados
en certezas científicas sesgadas y corrompidas como un
cáncer en gran parte de la producción pseudo-científica
de las universidades durante el auge del neoliberalismo.
En primer lugar el G20 no es un espacio democrático
ni legítimo para debatir políticas agrarias globales. Están
allí ausentes casi todos los países y principalmente aquéllos que han sufrido la pérdida de soberanía alimentaria
debido a la Revolución Verde y a la invasión de las transnacionales, muchas veces precedidas por tropas militares
Los gobiernos de Argentina y Brasil impulsaron que el
Consejo de Seguridad Alimentaria en la FAO, sea el espacio de gobernanza mundial agrícola.
Y ahora, por lo que se leen en los medios de comunicación, ¿claudicaron en sus convicciones?, ¿mintieron
a la sociedad civil y a 193 gobiernos que aprobaron la
reforma del CFS/FAO?
La FAO tiene muchísima información para demostrar
que el problema del hambre no es un problema de productividad de alimentos si no de cómo se produce, quiénes
producen y cómo se distribuyen los mismos. Un reciente
documento de FAO describe que en la cadena agroindustrial global se pierde 40% de los alimentos producidos
por descomposición y desechos.
El informe del International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development
(IAASTD) del cual FAO es parte, demuestra que a medida
que se desarrolla la agricultura industrial y se fortalece el
poder de las transnacionales el hambre crece en el mundo.
El mismo informe recomienda retomar la vía de la producción campesina familiar y agroecológica como forma
¿Es por estas contundentes pruebas que la discusión de
la política agraria global se sale de la ONU y de FAO y se
lleva a la OMC y a al G20 donde los países poderosos y las
transnacionales tienen mucho más poder?
La posición que llevó el gobierno argentino a la reunión del G20 es producto de la presión y el lobby de
la mesa de enlace y las corporaciones transnacionales. El
actual modelo agropecuario no es sustentable, el mercado
interno está apenas sostenido por enormes masas de subsidios que el Estado nacional debe aportar a los sectores
concentrados del las carnes, lácteos y granos para que los
precios mínimos de los alimentos básicos no se disparen.
La cadena agroalimentaria está cada vez más monopolizada, producto del acaparamiento de tierras y de la concentración industrial, así como de la burbuja financiera
que rodea al mercado global de los alimentos.
Las cosechas récord de millones de toneladas de granos son incapaces de saciar el hambre a los argentinos. En
pleno 2011 todavía tenemos que soportar índices que dan
cuenta de esta realidad, y aunque el hambre se publica
en menos de 5%, la pobreza sigue en dos dígitos 13.9 %
Los agrocombustibles (mal llamados biocombustibles)
generan también enormes presiones para que los alimentos aumenten.
lantear que debemos redoblar las exportaciones de
alimentos en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo
industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos. Además, esto va en dirección
a consolidarnos como productores de materias primas en
el marco de un saqueo transnacional que nada tiene que
envidiarle a los antiguos esquemas coloniales. Aumentar
a 160 millones de toneladas de granos (forrajeros y no
alimentarios) la producción anual (tal como anunció el
ministro) es sumar otros 10 millones de hectáreas a los 20
millones que se cultivan de soja transgénica, además de
los otros cultivos. Y no tiene otra forma de hacerse que
a partir de los desalojos de las familias campesinas que
producen de manera sustentable en el bosque, a partir
de eliminar la biodiversidad de ecosistemas frágiles y en
franco deterioro como el Parque Chaqueño. Presionando
al éxodo rural que continuará sobredimensionando las
La agricultura argentina (exceptuando la campesina,
indígena y familiar) no es nacional, ni responde a intereses nacionales, y por tanto no podemos engañarnos, un
modelo basado en retenciones a las exportaciones agrícolas no conduce a ningún desarrollo, mucho menos al
buen vivir, o calidad de vida. Las retenciones son una
buena medida coyuntural, pero para nada una solución
Por eso la Argentina debe rectificar su posición, en primer lugar el debate debe darse en el ámbito de la ONU y
La cuestión de la tecnología y la ciencia está hoy al
servicio del capital y de las corporaciones. Es necesario
socializar y generar conocimiento científico capaz de articular con el conocimiento y los saberes ancestrales acumulados en las comunidades campesinas y desarrollar
nuevos modelos de producción agroecológica.
No nos engañemos más, que la idea de maximizar a
toda costa la exportación de mercancías históricamente
benefició y fortaleció a la oligarquía rural y sus aliados
las transnacionales. No hay posibilidad de construir un
modelo sustentable y justo en ese esquema, porque el poder de la producción de alimentos no es algo a subestimar.
Finalmente plantear que el planeta tierra y todas sus
fuentes naturales y energéticas son fuente ilimitada de
energía y mercancías es algo irracional y para nada científico. Y este modelo de producción y consumo industrial
intenta obviar esa evidencia. Eso puede llevarnos a toda
la humanidad a un final catastrófico.
y en segundo lugar se hace necesario plantear herramientas globales para frenar la escalada de precios de los
alimentos así como detener al capital financiero. Sobran
ejemplos para ver que todo lo que toca este tipo de inversiones luego cae catastróficamente.
Frente al problema del hambre es urgente generar mecanismos de control sobre las transnacionales y poner
firmes límites a los acaparamientos de las cadenas agroalimentarias por parte de las mismas.
Además, la única salida a la crisis alimentaria y a la
crisis climática es fortalecer la agricultura campesina y
familiar; la única garantía de producción de alimentos
sanos y suficientes en el marco de sistemas de mercados
locales dinámicos y justos. Claro: eso se logra con intervención estatal. El Brasil ha sido un claro ejemplo con su
Las exportaciones de alimentos deben estar centralizadas y fiscalizadas por el Estado, los ingresos económicos
deben ser insumos para políticas públicas y el desarrollo.
El rol de las organizaciones campesinas indígenas y de
la agricultura familiar es de carácter estratégico, la mayoría de las estructuras del Estado fueron configuradas
al servicio del agronegocio, por lo tanto para desarrollar
políticas públicas transparentes y democratizadoras, las
mismas deben contar con la activa participación de las
a Revolución Verde no solucionó el hambre sino que
la acrecentó. La revolución transgénica ha provocado
violencia contra los productores genuinos de alimentos y
muchos más hambrientos. No son los científicos los que
garantizarán los alimentos, sino los agricultores campesinos, pescadores artesanales, pastores y pueblos indígenas.
Sin explayarnos lo suficiente diremos además que este
modelo nos expone directamente a millones de litros de
agrotóxicos que son esparcidos sobre nuestro territorio
y que están presentes en la mayoría de los alimentos que
ofrece la gran industria, sumándole los componentes
transgénicos, de los cuales todos los consumidores somos
ratas de laboratorio para conocer que efectos provocarán
en la humanidad y en el planeta.
No habrá manera de establecer la justicia social sin soberanía alimentaria, y no es posible la soberanía alimentaria en el marco de una agricultura industrial controlada
por una las corporaciones transnacionales y la mesa de
Éste es un debate urgente y todos aquellos sectores
que nos consideramos progresistas, de izquierda nacional
y popular estamos obligados a darlo profundamente sin
especulaciones políticas ni electorales. No escamoteemos
la realidad con el credo del progreso moderno, que tantas
consecuencias nefastas está trayendo a la humanidad y a
la vida en la madre tierra. l
Movimiento Nacional Campesino IndígenaCLOC-Vía Campesina
Minería y resistencia en Argentina
Agencia de Noticias Biodiversidadla, 8 de junio, 2011.
Desde septiembre del último año, una asamblea de vecinos autoconvocados rechaza en la localidad Gan Gan,
departamento Telsen, Chubut, el avance del proyecto Navidad, de aprovechamiento de plata, y cualquier forma
de extracción de los recursos que convierta a la meseta
centro-norte de la provincia en una “zona de sacrificio”.
Habla Danilo Sotera, efectivo de Defensa Civil, miembro de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan sobre el
proyecto Navidad, entrevistado por el Observatorio de
Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) y Acción
Háblanos del proyecto Navidad, de Pan American Silver
Corp., considerado uno de los yacimientos más grandes
de plata aún sin desarrollar en el mundo. Sí, de plata y plomo, con reservas por más de 10 mil
millones de dólares. Se supone que este emprendimiento
durará unos quince años. Prácticamente nos va a hacer
desaparecer por el consumo tan extenso de agua que va a
producir: unos 460 litros por segundo, que equivale a 40
millones de litros por día durante quince años. A nosotros
se nos complica subsistir con la sequía, y eso sin que la
empresa esté trabajando. El día que la empresa esté trabajando directamente nos quedaríamos sin agua. El proyecto está ubicado a unos 50 kilómetros de Gan Gan, entre
Gan Gan y Gastre. Son realidades muy diferentes las que
se viven; actualmente, la comunidad de Gastre está muy
ansiosa para que se abra la mina.
que tiene y con esa actitud lo que van a lograr es derogar
la ley para que se pueda explotar la minería, sin escuchar
¿Han tenido algún trato con representantes de Pan American Silver Corp.? No, no. Ellos no han asistido a ninguna asamblea. Se
hicieron tres asambleas en Gan Gan, a las cuales fueron
invitados. No asistió nadie de la empresa ni tampoco gente del gobierno, que también fue invitada. Ni el mismo
representante de la comuna de Gan Gan ha asistido.
¿Puede Navidad disputarles el agua a los pobladores de
la meseta central? Lo tenemos por seguro, porque en su supuesta etapa
de exploración el agua ya está faltando. Es un derroche
total lo que están haciendo: pudimos descubrir durante la
cabalgata que se hizo el 6 de marzo que hay un caño que
está derrochando agua en el proyecto Navidad, un caño
de dos pulgadas aproximadamente, sin ningún fin. Son
entre 80 mil y 90 mil litros de agua diarios. Hay gente
vecina al proyecto Navidad que hoy por hoy tiene que
estar juntando el agua para poder darle a los animales, y
que están tomando agua con barro mientras la empresa
se burla en la cara de la gente derrochando y acarreando
agua mineral para tomar. Continuamente estoy recorriendo campos de las comunidades, y ya podemos ver lo que
está produciendo esta empresa.
La Ley 5001 prohibe la utilización de cianuro en los procesos de producción minera y la actividad minera metalífera a cielo abierto. ¿Existen en la provincia áreas exceptuadas de esta prohibición?
No, no. Es una ley que hasta ahora se viene manteniendo. Como comunidad y como hijos de la tierra que somos
es muy poco lo que se nos respeta. A nosotros no se nos
consultó cuando se instaló esa empresa minera. El señor gobernador, Mario Das Neves, firmó los acuerdos junto con el
intendente. No se respetó la Constitución Nacional, la cual
garantiza el respeto a nuestra identidad y asegura nuestra
participación en la gestión de los recursos naturales. ¿Es imposible la convivencia con la actividad minera en
Gan Gan y Gastre?
A Gan Gan y a la zona nos afectaría muchísimo. La corriente de agua viene de Norte a Sur, y a las aguas subterráneas, a medida que van viniendo, la empresa las iría absorviendo. No llegarían a Gan Gan, sería totalmente perjudicial
la empresa minera. Queremos como comunidades y como
pueblos originarios que se nos escuche, que se nos respete.
En muchas ocasiones se ha dicho que nosotros somos agresivos. Nosotros solamente queremos el diálogo, queremos
ser escuchados. No somos políticos, defendemos la tierra, el
agua y el aire para que no sean contaminados por la minera.
Somos indios, artesanos, pero sabemos respetar. No vamos
a ir a destrozarles las casas ni mucho menos. Queremos que
se haga una consulta pública por el tema de la minería, pero
lucharemos hasta las últimas consecuencias.
¿Cuál es el futuro de esa norma?
En un determinado tiempo yo creo que esa ley se va a
terminar derogando para que se pueda explotar la minería en Chubut. A las comunidades indígenas el gobierno
en ningún momento las tuvo en cuenta. Con esa visión
Esta entrevista forma parte del proceso hacia el Juicio
Ético a las transnacionales, Proceso de Justicia Popular
Buenos Aires, 14-16 de octubre. http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/64119 l
Biodiversidad, sustento y culturas N° 69

References: artículo 19
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 artículo 14
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 resolución