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Timestamp: 2017-10-17 00:37:36+00:00

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Vicente Rodrigo, socio de Basilea Abogados, ha respondido sus dudas sobre el cumplimiento de las coberturas pactadas en las Pólizas de Vida
17 de octubre de 2017 | 02:37
¿Se pueden disponer de varios seguros de vida? ¿Cuál es el procedimiento?
Buenos días Paula, muchas gracias por tu pregunta. También quiero agradecer a Thomson Reuters que haya contado con nosotros para la celebración de un nuevo encuentro digital.
En contestación a tu pregunta, es perfectamente posible tener suscritos varios seguros de vida contratados a la vez, bien con la misma aseguradora o bien en distintas compañías. A este respecto es importante saber que los seguros de vida son acumulativos, por lo que si una persona dispone de varios seguros, llegado el momento ella o sus beneficiarios tendrán derecho a percibir la indemnización pactada en todas y cada una de las pólizas suscritas, en contra de lo que sucede, por ejemplo, con las pólizas de hogar, en las que el asegurado tiene derecho a cobrar una sola vez al darse lo que se denomina situación de coaseguro. Pero como te digo, no resulta de aplicación para los seguros de vida.
Sé que existen muchísimos seguros de vida vinculados a productos financieros. ¿Podrías detallar esto?
Buenos días Sonia. Como bien dices, las entidades financieras cada vez con más frecuencia ofrecen, y en ocasiones imponen a sus clientes, la contratación de pólizas de seguro como requisito para la concesión o formalización de una determinada operación bancaria. La situación que atraviesa actualmente el sector bancario, en donde su volumen de negocio tradicional ha disminuido sensiblemente, ha provocado que las entidades bancarias hayan atribuido a su división de seguros un papel cada vez más protagonista.
Ejemplos de seguros de vida vinculados a productos financieros hay muchos, tales como seguros vinculados a la concesión de tarjetas de crédito, líneas de crédito, etc., pero el caso que representa el mayor número de operaciones vinculadas a seguros de vida es el de la concesión de préstamos hipotecarios.
Suelen tratarse de seguros de vida a prima única para la amortización de los préstamos a los que van vinculados, para caso de que se produzca la muerte o invalidez del prestatario, y tienden a comercializarse en dos modalidades. En la primera, se estipula como suma asegurada el importe del préstamo recibido y se designa como beneficiaria a la entidad de crédito que concedió el préstamo, por el importe pendiente de amortizar, y al asegurado u otros beneficiarios, por la diferencia entre la suma asegurada y dicho importe.
En la segunda modalidad se establece que la suma asegurada será igual al capital pendiente de desembolso del préstamo (o a un porcentaje del mismo), durante toda la vida de la operación, y que el beneficiario con carácter irrevocable será el banco. Para realizar el cálculo de la prima que corresponde pagar al tomador por este seguro, se toma como hipótesis que el capital pendiente de amortizar cada año será el previsto en el cuadro de amortización del préstamo. Es frecuente que en estos seguros no se adjunte dicho cuadro de amortización, por lo que en la práctica el asegurado desconoce el importe por el que realmente está asegurado cada año.
Los seguros de amortización de préstamos son exigidos cada vez más por las entidades de crédito como garantía adicional para la concesión de préstamos hipotecarios, ya que el seguro protege a la entidad de crédito ante el posible impago del prestatario debido a su muerte o invalidez.
En ocasiones, al prestatario se le exige, para la concesión del préstamo, la contratación de un seguro a prima única cuyo importe supone una carga financiera considerable. Cuando se cancela el préstamo anticipadamente, el interés de la entidad de crédito en el seguro decae, pero sin embargo si el asegurado resuelve el contrato y no se le devuelve la parte de prima única no consumida o la provisión matemática, se produciría un perjuicio injustificado, que supone una actuación contraria a las exigencias del equilibrio y de la buena fe contractual, tal y como por otra parte ya ha declarado la Dirección General de Seguros.
¿Qué papel desempeña el Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento?
Cuando ocurre el fallecimiento del tomador del seguro o del asegurado, en ocasiones sus posibles beneficiarios suelen perder las indemnizaciones a las que tienen derecho, ya que desconocen las posibles pólizas de vida que el fallecido pudiera tener suscritas. Este desconocimiento y la rápida prescripción del plazo para reclamar suponen un enriquecimiento indebido a favor de las compañías aseguradoras al quedar muchas coberturas sin reclamar.
Para remediar esta situación se creó el Registro de contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento mediante la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la Creación del Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, con un desarrollo reglamentario del año 2007.
De esta forma, cuando se produce la pérdida de un ser querido, los beneficiarios de estas pólizas deberán dirigirse a este Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, y lo podrán hacer de forma telemática, siempre que tengan el correspondiente certificado electrónico, o bien en persona, cumpliendo los siguientes trámites que pueden consultarse en la página web del Ministerio de Justicia.
En el plazo máximo de siete días el Registro expedirá un certificado con los contratos vigentes, indicando el nombre de las entidades aseguradoras con los que están suscritos. Acto seguido sólo deberemos contactar con la compañía aseguradora correspondiente, para conocer quiénes son los beneficiarios de esos seguros y, en ese caso, recibir las oportunas indemnizaciones.
¿Se da mucho el dolo del asegurado por no haber informado de las patologías previas en el Cuestionario de Salud?
Buenos días Paco. La concurrencia del dolo del asegurado por haber ocultado deliberadamente enfermedades o patologías previas a la contratación de los seguros de vida no es frecuente. De hecho, debemos recordar que conforme exige el art. 1270 del Código Civil, el dolo no se presume, sino que debe probarlo quien lo invoca, en este caso, la compañía de seguros.
Pese a que tanto nuestros Tribunales, como la propia doctrina del Tribunal Supremo, exigen la apreciación del requisito que establece en su párrafo 1º el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, esto es, la declaración del asegurado en los términos requeridos por el asegurador mediante cuestionario, quedando eximido el asegurado de declarar aquello sobre lo que no se pregunta, las aseguradoras siguen utilizando los artículos 10 y 89 de la citada ley como excusa para denegar el pago de siniestros de vida o invalidez alegando existencia u ocultación de enfermedades anteriores.
Lo que no puede obviarse es que la configuración del deber de declaración como deber de responder implica que si el asegurador no hace las oportunas preguntas al tomador del seguro este se encuentra liberado de las consecuencias de ese deber. La declaración ha de ajustarse al cuestionario del asegurador, de forma que facilitado por el agente de la compañía, será el cuestionario el que determine los límites y el contenido de la declaración.
Por ello, el asegurador no podrá invocar incumplimiento del deber de declaración si no presenta el cuestionario, ni hay reticencia del tomador sobre las circunstancias que no aparezcan en el cuestionario, correspondiendo al propio asegurador el deber de diligencia de redactar tal cuestionario y de presentarlo para su firma al tomador del seguro.
Este hecho implica que las entidades aseguradoras deben confeccionar el cuestionario con diligencia tanto en lo que respecta a la redacción del cuestionario, como respecto a la inclusión en él de todas las cuestiones que se consideren relevantes a los efectos de la valoración del riesgo.
Por su parte, el tomador del seguro debe declarar todas las circunstancias por él conocidas. Es por ello por lo que la omisión de circunstancias desconocidas por el tomador no puede calificarse como violación del deber de declaración.
Si no hay un claro beneficiario del seguro y existe una situación de convivencia sin registrar, ¿cómo puede reclamar la pareja de hecho superviviente?
Muchas gracias por tu pregunta Carla. La respuesta no puede ser general, sino que siempre dependerá de cada caso concreto, pues será necesario examinar determinados aspectos que puedan llevar al Tribunal a deducir cual fue la voluntad real del tomador del seguro cuando suscribió la póliza. Aspectos tales como si existen o no hijos comunes, si los hay de una relación anterior, o si la póliza de seguro se suscribió en un momento en que el tomador pudo designar expresamente a su actual pareja, siempre deberán ser valorados y tenidos en cuenta.
La jurisprudencia que se ha ocupado de estos supuestos coindice en que lo que se está discutiendo no es el derecho de la pareja superviviente como perjudicada, ni si se podría estar atentando al principio de igualdad al no tenerla por beneficiaria, toda vez que no se trata de equiparar o no los derechos del cónyuge a los de la pareja de hecho, sino que estamos ante un acto libre de voluntad de quien contrata.
La suma asegurada no es una pensión ni es una indemnización que se concede al perjudicado, ámbitos en los que el Tribunal Constitucional ha venido equiparando situación legales y a las de hecho, y que se han plasmado en normas en las que se han equiparado la situación matrimonial a la de convivencia. Pero esto no es extrapolable cuando la percepción de la indemnización tiene su origen en un acto voluntario y gratuito de quien contrata, y por tanto se habrá de estar al mismo, a la que fue intención del tomador, y si no fuera posible acreditarla deberemos que acudir a las normas legales, en concreto a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrato de Seguro.
Por ello, como decía al principio, deberán valorarse las peculiaridades de cada caso, tales como si a fecha de la contratación del seguro el tomador ya convivía o no con su pareja, si hubo alguna modificación posterior de algún extremo de la póliza, o si había hijos anteriores al inicio de la convivencia, entre muchas otras. En definitiva, un amplio elenco de circunstancias que deberán ser valoradas en cada caso por un profesional que le pueda aconsejar sobre la conveniencia o no de iniciar un proceso de reclamación.
¿Consideras que el deber de declaración del riesgo en los seguros de vida constituye uno de los aspectos más problemáticos en materia de derecho de seguros?
Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda alguna, la respuesta es que sí. Como ya he contestado anteriormente, la invocación por parte de las compañías aseguradoras de un supuesto, y a menudo inexistente dolo por parte del asegurado a la hora de responder al cuestionario de salud es muy habitual, lo que genera una gran fuente de litigios en esta materia.
La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, y la amplia experiencia que tenemos sobre esta materia, nos llevan a concluir que para que la compañía aseguradora pueda liberarse de la obligación de abonar las prestaciones pactadas en la póliza es requisito inexcusable que el asegurado haya actuado dolosamente o con culpa grave, mintiendo en las preguntas que, de manera pormenorizada, debería haber incluido la compañía en el cuestionario de salud.
¿Cuál es el pronunciamiento de los Juzgados y Tribunales? ¿Se inclinan hacia el asegurado o el tomador?
En el ámbito de los seguros de vida, como en cualquier otro aspecto relativo a la contratación, es difícil poder afirmar con rotundidad cual es el criterio general de los Juzgados y Tribunales, pues al fin y al cabo siempre es necesario descender al caso concreto para poder adelantar, aunque ello siempre sea atrevido, cual va a ser el sentido de una sentencia.
En cualquier caso, dentro del ámbito en que se encuadra este encuentro digital, como he dicho en mi respuesta anterior el criterio del Tribunal Supremo, y por tanto el de las Audiencia Provinciales, tiende a proteger al asegurado. Al fin y al cabo no debemos nunca olvidar que la relación que une a la compañía de seguros con su asegurado es la de un empresario del sector con un consumidor, resultando por tanto de plena aplicación no sólo en los art. 3 y 10, entre otros, de la Ley de Contrato de Seguro, sino es especial el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
¿Qué grado de fortaleza tiene la legislación respecto a la transparencia del mercado de los seguros y el respaldo patrimonial de las entidades?
Gracias Laura por tu pregunta. La fortaleza del sector asegurador español ha sido sometida una vez más a prueba recientemente, tras la entrada en vigor de la Directiva de Solvencia II, cuyo objetivo principal consiste en mejorar el control y medición de los riesgos de mercado, operacionales, de crédito y de liquidez a los que están expuestos las compañías de seguros. Con esta nueva Directiva se adecúa el capital con el que deben contar las compañías aseguradoras con el riesgo asumido, imitando las previsiones que Basilea III introdujo para las entidades de crédito.
Lo cierto es que, salvo alguna excepción, podemos afirmar que las aseguradoras que operan en el mercado español han superado sin grandes problemas este nuevo marco legal. Recientemente alguna compañía ha reconocido que con esta nueva normativa se ha visto obligada a subir las primas en alguno de sus ramos, en especial el de autos, si bien existen otros factores, como por ejemplo la entrada en vigor del nuevo Baremo, el estrechamiento de márgenes y el aumento de los siniestros que ha sufrido el sector en el último año que también han incidido en esta decisión.
¿Cómo ha evolucionado el concepto del riesgo en Derecho de los Seguros?
La evolución del concepto de riesgo ha sido siempre una cuestión muy debatida jurisprudencial y doctrinalmente.
Su correcta delimitación se especialmente relevante, teniendo en que cuenta que precisamente la causa del contrato de seguro es la asunción del riesgo por parte de la compañía, riesgo que podemos definir como la posibilidad de que suceda de un determinado hecho o evento dañoso indemnizable.
Ahora bien, esta definición que a priori puede parecer muy sencilla, ha dado lugar a multitud de interpretaciones judiciales cuando de lo que se trata es de determinar si un determinado “hecho o evento daño e indemnizable” se encuentra o no cubierto por la póliza suscrita por el asegurado, o si por el contrario su clausulado excluye este hecho o evento de entre las garantías que pudiera llegar a cubrir. Deberemos por tanto determinar si en definitiva estamos ante cláusula delimitadora del riesgo asumido por la compañía, o si por el contrario esa cláusula es limitativa el derecho del asegurado ante la producción de un evento que sí está cubierto en la póliza.
Tras una doctrina jurisprudencial muy dispar, el Tribunal Supremo dictó una relevante sentencia el 11 de septiembre de 2.006, que con el propósito de mantener un criterio uniforme y de procurar el reforzamiento de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, viene a caracterizar las cláusulas de exclusión de riesgos como aquellas que pertenecientes al ámbito de la autonomía de la voluntad y constitutivas de la causa del contrato, concretan el objeto del contrato, fijando los riesgos que, de producirse, hacen que nazca en el asegurado el derecho a la prestación y, en la aseguradora, la recíproca obligación de atenderla, al determinar qué riesgos se cubren, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, al tiempo que las cláusulas limitativas, serían aquellas otras que operan para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido. Diferencia sumamente importante entre ambas clases de cláusulas ya que mientras las limitativas están sometidas a la exigencia de la específica aceptación por escrito que impone el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, para las segundas, las delimitadoras del riesgo, es suficiente su aceptación genérica, al ser susceptibles de incluirse en las condiciones generales, de las que basta con la constancia de su aceptación por el asegurado.
A pesar de esta sentencia, que ha venido refrendada por otras posteriores también del Tribunal Supremo, siguen siendo frecuentes los procedimientos judiciales que someten a la decisión final del juez la naturaleza y/o validez de estas cláusulas.
¿Es obligatorio o es conveniente contratar un seguro de vida cuando me conceden un crédito hipotecario?
Gracias Pedro. La respuesta a tu primera pregunta es un tajante no. Nunca puede ser obligatorio contratar un seguro de vida cuando se está contratando un préstamo hipotecario.
Cuestión distinta es que la entidad bancaria, dentro de su política comercial, exija la contratación de la misma por parte del cliente como un requisito más para conceder el préstamo. Ahí entramos dentro del ámbito comercial de cada entidad, que con mejor o peor criterio podrá exigir esta vinculación añadida al cliente. En cualquier caso debemos recodar que la Dirección General de Seguros ha declarado que esta imposición no constituye una buena práctica por parte de las compañías.
Es más, y en contra de cierta creencia popular y de lo que en demasiadas ocasiones se afirma por parte de los empleados de los bancos, ni siquiera es obligatorio que el prestatario suscriba un seguro contra incendios. La Ley 2/1981 exige un seguro contra daños que asegure el inmueble y cuya suma asegurada deberá coincidir con el valor de tasación del bien asegurado excluido el valor de los bienes no asegurables por naturaleza, en particular el suelo.
Sin embargo, esta obligación únicamente se aplica a los títulos hipotecarios que se hayan emitido de conformidad con la normativa del mercado hipotecario. Es decir, el seguro de incendios es obligatorio sólo para las hipotecas que el banco decide titulizar, vendiéndolas a terceros con la finalidad de conseguir liquidez. Y por supuesto, el pago de la prima siempre será a cuenta del banco.
En cuanto a si es conveniente suscribir un seguro de vida, desde luego cada nuevo deudor hipotecario deberá analizar, de forma responsable, cuál es su nueva situación tras la firma de la hipoteca, qué necesidades concretas pasará a tener en ese momento, y sobre todo, qué condiciones son las que contemplan la póliza de seguro que se le está imponiendo por parte la entidad bancaria, ya que muy posiblemente le resulte sencillo encontrar una compañía distinta que le facilite un seguro de vida con una condiciones (me refiero a coberturas, capitales garantizados, beneficiarios y primas) mucho más competitivas que las de la póliza perteneciente al grupo asegurador de la entidad bancaria.
Conforme a la legislación actual, el responsable subsidiario en la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la compañía de seguros, por lo que las aseguradoras vienen exigiendo la liquidación previa del tributo al pago de la prestación. Ahora bien, es una práctica habitual que las compañías concedan anticipos con cargo a la indemnización con el objeto de hacer frente a la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En cualquier caso deberá estarse a las condiciones concretas que regulen estos anticipos que se contengan en la póliza, y cumplirse con lo previsto en el art. 97 de la Ley de Contrato de Seguro. Muchas gracias Mónica por tu pregunta.
¿Es obligatorio u opcional el hacerse un chequeo antes de firmar un seguro de vida? ¿Qué normativa trata este aspecto?
Gracias Mario. Cada vez es menos frecuente que las compañías exijan un chequeo médico para contratar un seguro de vida. Últimamente, y en el mejor de los casos, están optando por hacer una llamada telefónica que la que, tras responder a una serie de preguntas, determinan el estado de salud general del asegurado, y con esos datos la compañía decide si acepta suscribir la póliza así como el importe a que ascenderá la prima.
Como puedes ver es decisión de cada compañía exigir o no esta prueba a sus potenciales clientes.
No quiero dejar pasar la oportunidad para recomendar a todos aquellos lectores que se hayan sometido a estas pruebas médicas, o incluso hayan contestado a las preguntas que les pudieran haber formulado sobre su estado de salud, que ejerciten su derecho de cancelación que les permite la vigente legislación sobre datos de carácter personal. Se trata de una información específicamente calificada como sensible, y que no aconsejable que sea guardada o incluso manejada por las compañías para posibles usos comerciales.
¿Qué ocurre si se tienen cuotas sin pagar del seguro de vida?
Buenas tardes César. El art. 15 de la Ley de Contrato de Seguro establece que si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.
Como puedo observarse es imprescindible que medie la culpa del tomador, elemento que ha originado una casuística muy elevada, pues una vez más deberemos analizar qué razones llevaron a cada asegurado a desatender el pago de la prima, así como qué consecuencias y protocolos se prevén en la póliza en cuestión.
En cualquier caso, la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 10 septiembre 2015, que si bien se refiere a pólizas de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, asienta una doctrina que sin duda debe ser tenida muy en cuenta para otra clase de seguros, como son los de vida. Esta doctrina casacional establece que a los efectos previstos en el artículo 15.1 LCS, en caso de impago de la primera prima o prima única, para que la compañía aseguradora quede liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado en el contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor por impago de la primera prima o prima única por culpa del tomador, es necesario que acredite haber dirigido al tomador del seguro un correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de su recepción, por el que se notifique la resolución del contrato. Doctrina esta que entiendo puede ser perfectamente extrapolable a los seguros de vida.
En cualquier caso hay que tener en cuenta también que para algunos seguros de vida la ley prevé un régimen excepcional en caso de impago de prima. Es el derecho de reducción, que puede ser de dos tipos: automática o a solicitud del tomador. A través de la reducción el seguro original se transforma en otro de semejantes características pero con un nivel de prestaciones previsto (inferior al inicialmente pactado) ajustado al importe de primas efectivamente cobradas. En la póliza, salvo en los contratos a capital variable, deberá existir una tabla de valores donde se relacione la equivalencia entre primas pagadas y prestaciones posibles a efectos de aplicar la reducción. Como condición necesaria deben haber transcurrido como máximo (en función de lo establecido en la póliza) dos años desde que se pagó la primera prima. El tomador tiene derecho a la rehabilitación de la póliza, en cualquier momento antes del fallecimiento del asegurado, debiendo cumplir para ello las condiciones establecidas en la póliza. Todo esto quiere decir que, en los seguros de vida en los que exista derecho de reducción, el impago de la prima no lleva a la cancelación del contrato, sino a que el contrato siga vigente pero con una suma asegurada menor y sin necesidad de seguir pagando primas en el futuro. Si el tomador desea regresar al contrato original, debe solicitar la rehabilitación de la póliza, para lo cual tendrá que cumplir con lo previsto en el contrato al efecto.
¿En qué consiste la figura del jurista en la gestión patrimonial a través de seguros de vida del tipo ‘unit-linked’?
Gracias David por tu pregunta, la cual aborda una figura de creciente interés para las compañías aseguradoras, que han visto como en los últimos años los unit linked se han convertido en un producto de inversión clave para atraer grandes capitales.
Debemos tener en cuenta que con los unit linked las primas abonadas por el asegurado se invierten en fondos o cestas de inversión que en muchas ocasiones afectan a capitales situados en distintos países, o a legislaciones distintas de la nacional si el tomador reside en un país extranjero. Pues bien el jurista de la compañía deberá prevenir los posibles riesgos que los cambios legislativos puedan ocasionar sobre la aseguradora, motivados por las obligaciones propias que conlleva actuar en lugares donde la sede de la compañía no coincide con el domicilio del tomador de la póliza o de sus beneficiarios.
Por lo que respecta al asegurado, el papel del jurista pasa por informar adecuadamente al potencial tomador del seguro de todos los extremos del producto de inversión que le está siendo ofrecido, no sólo en lo que se refiere a la información precontractual sino, en especial, al régimen fiscal que le resultará de aplicación.
En cualquier caso, y esto es algo en lo que quiero hacer especial hincapié, el cliente nunca debe olvidar que este jurista se trata de un abogado que presta sus servicios por y para la compañía aseguradora, por lo que nunca debe confiar la idoneidad o no del producto a la opinión del mismo.
Con esto concluye este encuentro el que me alegra mucho haber podido participar. Espero y deseo haber sabido dar respuesta a vuestras preguntas e inquietudes. Y por supuesto no quiero despedirme sin dar de nuevo las gracias a Thomson Reuters por haber escogido para su celebración a Basilea Abogados como despacho especialista en esta materia. Hasta la próxima.

References: artículo 10
 artículo 85
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 15
 resolución