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Timestamp: 2019-10-22 09:33:49+00:00

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﻿ Sentencia 2009-00351 de marzo 13 de 2014
SENTENCIA 2009-00351 DE 13 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:JUSTICIA Y PAZ -EXTRADICIÓN DE SUS POSTULADOS. LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ NO RESTRINGE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BENEFICIARIOS DE LA NORMA SEAN EXTRADITADOS A OTROS PAÍSESELLO, PORQUE NO EXISTE NORMA LEGAL Y CONSTITUCIONAL QUE SUPEDITE EL INSTRUMENTO A QUE EL REQUERIDO ESTÉ SIENDO JUZGADO POR REGÍMENES PENALES DEL ÁMBITO INTERNO. ESTA JURISDICCIÓN ESPECIAL SE LIMITA A OFRECER UNA PENA ALTERNATIVA A CAMBIO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN POR PARTE DEL POSTULADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EXTRADICIÓN, LEY DE JUSTICIA Y PAZ, DOCUMENTOS DE EXTRADICIÓN, DECISIÓN DE LA EXTRADICIÓN, TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN, BENEFICIOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
Sentencia 2009-00351 de marzo 13 de 2014
Ref.: Expediente 11001032400020090035100
Actor: Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 509 de la Ley 600 de 2000 y
1. Que mediante Nota Verbal 1454 del 15 de diciembre de 2000, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera requerido para comparecer a juicio por los delitos federales de narcóticos.
2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 19 de febrero de 2001 decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, identificado con la cédula de ciudadanía 16.627.309, la cual se hizo efectiva el 2 de mayo de 2008, por miembros de la Policía Nacional.
3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota Verbal 1840 del 25 de junio de 2008, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera.
En la mencionada nota informa:
‘De conformidad, Miguel Ángel Mejía Múnera es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la acusación 04-034, dictada el 29 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, mediante la cual se le acusa de:
— Cargo uno: Concierto para importar y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, en violación del título 21, secciones 952, 959, 960 y 963 del Código de los Estados Unidos, y del título 18, sección 2 del Código de los Estados Unidos;
— Cargo dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del título 46, secciones 1903 (a), 1903 (g), y 1903 (j) del Apéndice del Código de los Estados Unidos, del título 21, Secciones 960 (b) (1) (B) (ii) y 963 del Código de los Estados Unidos, y del título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos;
— Cargo tres: Posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del título 46, secciones 1903 (a) y 1903 (g) del Apéndice del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos; y
— Cargo cuarto: A sabiendas e intencionalmente intentar poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 1903 (a), 1903 (g) y 1903 (j) del Apéndice del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos;
Un auto de detención contra Mejía Múnera por estos cargos fue dictado el 29 de enero de 2004, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permaneció válido y ejecutable.
Aun cuando se alega que los delitos de concierto contenidos en la acusación se iniciaron en 1994, la culpabilidad de Mejía Múnera por todos los cargos en este caso se encuentra independientemente sustentada por su conducta delictiva adelantada con posterioridad al 17 de diciembre de 1997”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 514 de la Ley 600 de 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la oficina jurídica, mediante oficio OAJE 1284 del 26 de junio de 2008 conceptuó:
‘...que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano...’.
5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio Nº 18831 del 2 de julio de 2008, remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, para que fuera emitido el respectivo concepto.
6. Que la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 2 de diciembre de 2008, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera.
Sobre el particular la H. corporación manifestó:
‘Otros aspectos:
1. Como quiera que según las disposiciones adjuntas y las manifestaciones del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Laurence Schneider, la pena máxima para cada una de las cuatro conductas por las cuales se le acusa a Mejía Múnera, es la de ‘cadena perpetua’ y ella en Colombia está prohibida (C.P. art. 34), el Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona solicitada, en el evento de que acceda a la extradición, a que dicha pena no sea impuesta. Y también a que el requerido no pueda ser en ningún caso juzgado por un hecho anterior ni distinto a los que motivan la extradición, no sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponerse en el país requirente el tiempo que ha permanecido en detención en virtud del presente trámite que lo es desde el 2 de mayo de 2008.
5. En relación con los planteamientos presentados por el defensor de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, así como por el delegado del Ministerio Público, en orden a un concepto favorable a la entrega del requerido, así como al condicionamiento de la extradición, por cuanto el solicitado se halla postulado a los beneficios previstos en la Ley de Justicia y Paz, como miembro representante del ‘bloque vencedores de Arauca de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia’, a partir del 6 de mayo de 2008, según lo certificó el Fiscal 22 Delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, la Sala ha sido del criterio que no existe dificultad alguna para conceptuar de manera favorable a un solicitud de extradición, eso sí bajo los condicionamientos que garanticen los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
6. En el asunto tratado, el Fiscal 22 Delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz hizo constar que Mejía Múnera ha entregado la suma de dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) para reparación a las víctimas, anunció la entrega de unos bienes inmuebles para los mismos efectos y se está en la etapa de versión libre, aspectos que ha de tener en cuenta el Presidente de la República al resolver sobre la concesión de la extradición solicitada, ello en aras de garantizar los derechos de las víctimas reconocidos en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y demás normas de derecho interno.
Así las cosas, la Sala es del criterio que el Gobierno colombiano puede extraditar al ciudadano colombiano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, por razón de los cuatro cargos contenidos en la acusación 04-034, dictada el 29 de enero de 2004 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia, conforme lo solicita el gobierno de los Estados Unidos, pues como viene de demostrarse, se satisfacen los requisitos establecidos por la ley procesal colombiana, eso sí con la prioridad que al resolver sobre la concesión del pedido formulado por el país requirente tenga en cuenta los derechos de las víctimas frente al postulado a la Ley de Justicia y Paz.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los cargos uno, dos, tres y cuatro, contenidos en la acusación 04-034 dictada el 29 de enero de 2004 en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos, Distrito de Columbia, en las condiciones señaladas en la anterior fundamentación..”..
7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley 600 de 2000, el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, el Gobierno Nacional concederá la extradición del ciudadano colombiano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 16.627.309, para que comparezca a juicio por los cargos Uno (concierto para importar y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína); Dos (concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), Tres (posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); y Cuatro (A sabiendas e intencionalmente intentar poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); referidos en la acusación 04-034, dictada el 29 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, pero únicamente por los hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos por nacimiento.
8. De la información allegada al expediente, se puede observar que con posterioridad al requerimiento en extradición, el ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera Fue vinculado a varios procesos penales en las Fiscalías 40 y 42 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, los cuales se encuentran a la espera de que se resuelva su situación jurídica.
También se puede constatar que el ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera fue condenado a la pena de 8 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, mediante sentencia del 20 de diciembre de 2004, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2001 y que en la actualidad, el Juzgado 12 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, vigila el cumplimiento de la sentencia.
Adicionalmente, se advierte de la información allegada al expediente, que el ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, fue miembro representante del Bloque Vencedores de Arauca y fue postulado ante la Fiscalía General de la Nación para el procedimiento señalado en la Ley 975 de 2005.
La Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, mediante oficio UNJP 036197-D22 del 4 de diciembre de 2008, informó al Ministerio del Interior y de Justicia que en ese despacho se viene escuchando en versión libre al postulado Mejía Múnera, y que se está verificando la participación de éste en hechos ocurridos en el año 2004.
El artículo 522 de la Ley 600 de 2000 establece:
De lo señalado en precedencia se puede concluir que, en este caso, el presupuesto que contempla el artículo 522 de la Ley 600 de 2000, no se cumple, toda vez que los procesos penales que se adelantan en Colombia en contra del señor Mejía Múnera se iniciaron después del requerimiento en extradición. El Gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano requerido, mediante Nota Verbal 1454 del 15 de diciembre de 2000, y con posterioridad a esa fecha se adelantan los procesos penales, según se observa de la información allegada al expediente.
En gracia de discusión, de considerarse que se presenta en este caso el presupuesto que consagra la norma, el Gobierno Nacional, en uso de su poder discrecional, atendiendo las convenciones nacionales, no considera pertinente aplazar la entrega y por el contrario ordenará que se proceda a la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos que serán establecidos en el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.
9. El defensor del ciudadano requerido, mediante comunicación recibida en el Ministerio del Interior y de Justicia, el 5 de diciembre de 2008, solicita al Gobierno Nacional que al momento de decidir sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, se atiendan los condicionamientos y límites señalados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido para el presente caso, en particular, el de diferir la entrega del ciudadano requerido hasta tanto el señor Mejía Múnera, en el marco del proceso de Justicia y Paz al cual se encuentra postulado, no repare a las víctimas de las actuaciones ejecutadas por el bloque vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia, del cual fue uno de sus máximos jefes.
Advierte que la extradición en cualquier persona postulada al proceso de Justicia y Paz frustra los derechos de las víctimas, acarrea responsabilidad administrativa y civil para los miembros del Gobierno Nacional que adopten tal decisión y genera una reacción social y política adversa.
Los argumentos que expone el defensor en este caso, tendientes a que se aplace la entrega de este ciudadano no encuentran sustento si se tiene en cuenta que con la extradición no se suspenden ni terminan los procesos internos, pudiendo el juez nacional, una vez efectuada la entrega, hacer uso de todos los mecanismos de cooperación judicial internacional aplicables, en procura de garantizar los derechos de las víctimas. La legislación penal (Ley 600 de 2000) permite la continuación del juzgamiento y condena en ausencia, luego no se requiere que el procesado esté físicamente presente para lograr la finalidad del procedimiento.
El tema de las víctimas no puede utilizarse como un argumento para impedir la entrega en extradición, pues no es la persona física del ciudadano requerido lo que garantiza que se cumplan los compromisos de verdad, justicia y reparación.
La Corte Suprema de Justicia, en este caso, en el pronunciamiento del 29 de septiembre de 2008, a través del cual resolvió sobre la petición de nulidad, se pronunció en punto a este tema y señaló:
‘Así mismo, cabe destacar que la única manera de alcanzar la efectividad del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, (art. 1º de la L. 975/2005), al igual que las disposiciones que la jurisprudencia del derecho internacional de los Derechos Humanos ha impuesto en tal sentido, no es la de contar con la presencia del requerido en extradición...’
Señala la H. corporación que los deberes de garantía, investigación, juzgamiento, sanción y reparación del Estado colombiano no se reducen a verificar el agotamiento de dicha normatividad respecto de cada una de las personas que hayan sido postuladas a la Ley de Justicia y Paz, sino que también deben abarcar la adopción de medidas previstas en el ordenamiento jurídico tendientes a brindar un recurso efectivo a las víctimas.
Por lo anterior, se insta a las autoridades judiciales colombianas y se instruye a los funcionarios de la Rama Ejecutiva del nivel nacional para que, en el ámbito de sus competencias, obtengan a través de los mecanismos ofrecidos la práctica y/o entrega de pruebas en el territorio de los Estados Unidos, así como acceso directo a las pruebas que se produzcan en los procesos en ese país, incluidas las que tiene que ver con los bienes que se destinarán a la reparación de las víctimas, todo lo anterior, a efectos de proseguir con las actuaciones penales respecto de los delitos por los cuales viene siendo o puede ser investigado el ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejia Múnera.
Igualmente, se insta a las autoridades judiciales colombianas para que realicen las coordinaciones pertinentes con las autoridades de los Estados Unidos de América, a efecto de que, una vez cumplidos los fines por los cuales fue extraditado, se garantice su regreso al país.
10. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el inciso 1º del artículo 512 de la Ley 600 de 2000.
“ART. 1º—Conceder la extradición del ciudadano colombiano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, identificado con la cédula de ciudadanía 16.627.309, para que comparezca a juicio por los cargos UNO (concierto para importar y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína); Dos (concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), Tres (posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); y Cuatro (A sabiendas e intencionalmente intentar poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos); referidos en la acusación 04-034, dictada el 29 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, pero únicamente por los hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos por nacimiento.”
“ART. 2º—No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.”
“ART. 3º—Ordenar la entrega del ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2º del artículo 512 de la Ley 600 de 2000, previa información al mismo de lo resuelto por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000.”
“ART. 4º—Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto por las normas constitucionales y legales, en particular, en el inciso 1º del artículo 512 de la Ley 600 de 2000.”
“ART. 5º—Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.”
“ART. 6º—Enviar copia de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la Unidad para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, al Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.”
“ART. 7º—presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.”
Fabio Valencia Cossio”
Mediante Resolución 21 de enero 30 de 2009, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la Resolución 508 de 2008, que con similares argumentos desarrollados en este acto lo confirmó en su integridad, pero dada su extensión sólo se transcribirá la parte resolutiva, cuyo tenor literal es el siguiente:
RESOLUCIÓN 21 DE 2009
Contra la Resolución Ejecutiva 508 del 15 de diciembre de 2008
El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de funciones presidenciales conforme al Decreto 162 del 22 de enero de 2009, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 509 de la Ley 600 de 2000, el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, y
Teniendo en cuenta que el trámite de extradición del señor Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera se ha cumplido con plena observancia y acatamiento del debido proceso a él aplicable, dispuesto en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal; que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia, que no se observa vulneración alguna de los derechos fundamentales del ciudadano requerido en extradición y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que lleven a variar la decisión que inicialmente tomó, el Gobierno Nacional en uso de su facultad discrecional consagrada en el artículo 510 de la Ley 600 de 2000, considera procedente confirmar en todas sus partes la Resolución Ejecutiva 508 del 15 de diciembre de 2008.
“ART. 1º—Confirmar en todas sus partes, la Resolución Ejecutiva Nº 508 del 15 de diciembre de 2008, por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.”
“ART. 2º—Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderado, haciéndole saber que contra ésta no procede recurso alguno, quedando así agotada la vía gubernativa.”
“ART. 3º—Enviar copia del presente acto administrativo a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y a la Unidad para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación, al Juzgado 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.”
“ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.”
Fabio Valencia Cossio”.
5.2. Planteamiento del problema jurídico a resolver.
La Sala se ocupará de determinar si las resoluciones demandadas proferidas por el ejecutivo, mediante las cuales se concedió la extradición y la consecuente entrega del demandante al Gobierno de los Estados Unidos de América, adolecen de vicios de ilegalidad que ameriten su declaratoria de nulidad.
Para arribar a la conclusión que en derecho corresponda, la Sala entiende que la inconformidad principal planteada por el apoderado del actor consiste en que el Gobierno Nacional no podía conceder la extradición del ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, debido a que previa a la expedición de las resoluciones ejecutivas demandadas, el actor se encontraba postulado para ser acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz consignada en la Ley 975 de 2005, circunstancia que en consecuencia tendría como directa repercusión, la vulneración de las víctimas del conflicto armado en Colombia, a tener conocimiento de la verdad, justicia y reparación.
Dado lo anteriormente expuesto, observa la Sala que las normas invocadas como vulneradas por el apoderado del actor, están enfocadas desde dos puntos de vista: i) el primero alude a la supuesta violación al debido proceso del ciudadano Mejía Múnera, por el hecho de que le resultan vulneradas las garantías a intervenir de manera personal y directa en las distintas etapas del proceso ante la jurisdicción de Justicia y Paz y ii) el segundo alude a la violación de los derechos de las víctimas a conocer la verdad, justicia y reparación, aspiraciones de la Ley 975 de 2005 que resultan desconocidas con ocasión de la extradición del demandante.
Dado lo anterior y según lo planteado en la demanda, para poder dirimir esta tensión de derechos —legítimo ejercicio de dar cumplimiento a los mecanismos de cooperación internacional adquiridos por el Gobierno Nacional con la comunidad internacional, frente al acceso y cumplimiento de una adecuada administración de justicia a nivel de nuestro derecho interno en el marco de la Ley 975 de 2005—, resulta imperioso observar si en el sub lite, el Gobierno Nacional respetó en los actos administrativos acusados, el marco normativo que regula el tema de la extradición de nacionales en nuestro ordenamiento legal y, por ende, si se desconocieron las disposiciones de la jurisdicción de Justicia y Paz o algún tipo de instrumento internacional.
A nivel superior el artículo 35 de la Constitución Política modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1997, establece lo siguiente:
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. (La ley reglamentará la materia)
No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”. (subrayas y paréntesis fuera de texto)(4).
Acerca de la naturaleza jurídica de la extradición, resulta oportuno transcribir el siguiente aparte jurisprudencial:
“La noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y así respondan personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le convocó a juicio criminal, o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que por ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez o merito probatorios sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo o la calificación jurídica realizada y tampoco en relación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, o la validez del trámite en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente ámbito de las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento y controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos que la legislación de allí tenga previstos”. (CSJ. Sala de Cas. Penal. Sent. nov. 3/2004. Exp. 22072, M.P. Alfredo Gómez Quintero).
El artículo 35 de la Carta Política fue reproducido en idénticos términos, en el artículo 18 del Código Penal consignado en la Ley 599 del 24 de julio de 2000. Por su parte los códigos de procedimiento penal, Ley 600 del 24 de julio de 2000 y la Ley 906 de agosto 31 de 2004, desarrollan la extradición en igual sentido atendiendo los fundamentos constitucionales del artículo 35.
Para el caso en estudio, la ley procesal aplicable a la situación judicial del actor, es la que está contemplada en los artículos 508 al 534 de la Ley 600 de 2000, disposiciones legales que prescriben entre otros aspectos: 509. Concesión u ofrecimiento de la extradición; 510. La extradición facultativa; 511. Requisitos para concederla u ofrecerla; 512. Condiciones para el ofrecimiento o concesión; 513. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento; 514, 515, 517, concepto, estudio y perfeccionamiento de la documentación en el Ministerio de Relaciones exteriores; el 517. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia; 518. Trámite; 519. Concepto de la Corte Suprema de Justicia; 520. Fundamentos; 521. Resolución que niega o concede la extradición; 522. Entrega diferida; 523. Prelación en la concesión; 524. Entrega del extraditado; 525. Entrega de objetos; 526. Gastos; el 527 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 del 18 de julio de 2001; 528. Captura; 529. Derecho de defensa y 530. Causales de libertad entre otros temas, regulados en el trámite de extradición.
Es preciso señalar que el artículo 508 de la Ley 600 de 2000, reproduce el artículo 35 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 1 de 1997, cuyo tener literal es el siguiente:
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana(5).
No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 16 (sic) de diciembre de 1997. (El inciso subrayado fue declarado inexequible mediante Sentencia C-760 de 2001.
De acuerdo con el contenido de los artículos 35 constitucional y 508 de la Ley 600 de 2000, la Sala encuentra que son dos los supuestos fácticos tanto a nivel constitucional como legal, en que no procede la extradición: i) cuando se trate de delitos políticos y ii) cuando los colombianos por nacimiento hubieran cometido los hechos por los cuales se le requiere en extradición con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha de expedición del Acto Legislativo 1 que modificó la extradición en los términos en que se encontraba tipificada en el artículo 35 de la Carta Política.
Respecto del primer supuesto de hecho, el relativo a que no es procedente la extradición frente a delitos que sean considerados como políticos, resulta oportuno transcribir la siguiente cita de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia al referirse a la Ley de Justicia y Paz, en los siguientes términos:
“2.1. Frente a la Ley 975 de 2005 la jurisprudencia ha sostenido que los delitos cometidos por los paramilitares no pueden ser considerados como políticos, por cuanto la naturaleza de esta organización armada al margen de la ley no es atentar contra el régimen constitucional y legal vigente:
Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político.
Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores institucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de doctrina nacional y extranjera”(6). (resaltado fuera de texto) (CSJ. Sala de Cas. Penal. Sent. oct. 20/2010. Rad. 34.955, M.P. Javier Zapata Ortíz).
De acuerdo con el impedimento constitucional ratificado por la anterior cita jurisprudencial, resulta claro para la Sala que ni siquiera es posible efectuar una interpretación extensiva en el sentido de reconocer que dada la condición de ex miembro representante del Bloque Vencedores de Arauca que tenía el actor(7), los delitos que éste hubiera cometido tendrían el carácter de delitos políticos y de esta manera estar cobijado por esta causal para negar su extradición según los artículos 35 de la Carta Política y 508 Código de Procedimiento Penal, como quiera que el actuar delictivo de los paramilitares no tiene la connotación de delito político, razón por la que fue excluida de los beneficios otorgados a los desmovilizados en la Ley de Justicia y Paz.
De otra parte, a pesar de que el artículo 511 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para conceder u ofrecer la extradición, al disponer: “Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere además: 1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. 2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente”, en estricto sentido estos requisitos se constituyen en limitantes que tiene el Gobierno Nacional para conceder la extradición de un requerido, por lo que la Sala entiende que estos dos requisitos y los dos impedimentos que consagra el artículo 508 idem, se constituyen en las únicas causales por las cuales el Ejecutivo se debe de abstener de ofrecer y menos aún puede conceder la extradición de un requerido por gobierno extranjero. Contrario sensu de no configurarse ninguna de las cuatro situaciones anteriores, el Gobierno Nacional goza de autonomía para extraditar a un nacional colombiano, previo concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Y es que no se puede desconocer un aspecto de suma importancia en el trámite de extradición, como lo es el que tiene que ver con la potestad de que goza el Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa de “dirigir las relaciones internacionales”, consagrada en el artículo 189 numeral 2. No cabe duda que la extradición, entendida como un mecanismo de cooperación internacional, es una expresión de la facultad de que goza el ejecutivo de dirigir las relaciones del Estado frente a la comunidad internacional.
Lo anterior, por cuanto no puede perderse de presente que la decisión de entregar en extradición a un nacional colombiano, obedece a una decisión política ligada a consideraciones soberanas cuyo responsable es el Presidente de la República, quien en todo caso está sometido al principio de legalidad ya que debe cumplir las exigencias y ritualidades del proceso de extradición consagradas en la Carta Política y en la legislación procesal penal, de cara a garantizar el debido proceso de la persona requerida.
Del mismo modo resulta incuestionable que la decisión de conceder u ofrecer la extradición de un nacional colombiano, es un acto facultativo que requiere del concepto previo y favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según lo consagra el artículo 510 de la Ley 600 de 2000, determinación que en todo caso está supeditada a razones de conveniencia nacional tal y como lo dispone el artículo 519 ídem al señalar lo siguiente: “Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto. El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales”. (subrayas del despacho)
Acerca de la naturaleza de acto administrativo que tiene la resolución ejecutiva proferida por el Presidente de la República, se transcribe el siguiente aparte jurisprudencial:
“El acto administrativo expedido por el Presidente de la República, en el que concluye el procedimiento especial de extradición, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisión respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acción de tutela, siempre y cuando se presenten las hipótesis previstas en el artículo 86 de la Constitución Política”. (C. Const. Sent. C-243 de abr. 1º/2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
De otra parte y luego de efectuar una interpretación extensiva, ni siquiera el contenido del artículo 522 de la Ley 600 de 2000, le es aplicable al caso particular del demandante. Esta disposición establece lo siguiente:
“Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.
En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el acusado, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la detención en Colombia”(8). (resaltado fuera de texto)
El supuesto fáctico consignado en la anterior normativa no se cumple en la situación particular del actor, por cuanto según se tiene comprobado con las certificaciones allegadas al expediente, el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó la detención provisional con fines de extradición del actor el 15 de diciembre de 2000 cuando expidió la Nota Verbal 1454, mientras que los procesos penales por los cuales se le investigó en nuestro país, fueron iniciados con posterioridad a esta fecha(9).
Según el acopio probatorio se tiene que en cumplimiento de la Nota Verbal 1454 de 2000, el Fiscal General de la época decretó el 19 de febrero de 2001 la orden de captura correspondiente con fines de extradición en contra del requerido Mejía Múnera(10) y que mediante Nota Verbal 1840 del 25 de junio de 2008(11), la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del requerido quien había sido capturado el día 2 de mayo de 2008(12).
De acuerdo con el anterior devenir procesal, la Sala observa que el actor había sido requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América desde el año 2000 y se decretó la respectiva captura en el año 2001, distinto es que la embajada de ese país hubiera formalizado el pedido de extradición el 25 de junio de 2008 allegando la documentación debidamente traducida y legalizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ya había mediado la captura del actor el 2 de mayo del mismo año. En todo caso el requerimiento de extradición del actor se inició desde el año 2000.
Retomando el tema que motiva la interposición de la presente acción, la Sala observa que de acuerdo con el marco normativo fijado en el artículo 35 superior y en los artículos 508 y 511 de la Ley 600 de 2000, ninguna de las anteriores disposiciones establece que la determinación de conceder, negar o suspender la extradición, está supeditada o condicionada a que el requerido no esté postulado o procesado bajo los parámetros de otra legislación interna, en el entendido de que tal situación le concedería una especie de status de inmunidad como lo reclama el apoderado del actor.
Dado lo anterior, en ninguna de las normas citadas en precedencia se encuentra consagrado como condicionamiento o limitante a la extradición del actor el que propone su apoderado, relativo a que por el hecho sobreviniente de que su cliente se encontraba postulado a la Ley de Justicia y Paz(13) para la fecha de expedición de las resoluciones ejecutivas demandadas (dic. 15/2008 y ene. 30/2009), el Gobierno Nacional no podía ordenar su entrega al gobierno de los Estados Unidos de América.
Y es que de acuerdo con el espíritu que orientó la expedición de la Ley 975 de julio 25 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”(14), ni en la parte normativa que la reproduce, fue establecida disposición legal que prohibiera o suspendiera la extradición para aquellos que se hayan acogido a sus beneficios.
Si la intención del legislador hubiera sido la de condicionar o supeditar la extradición de un nacional, debido a que el requerido se encuentra sub judice bajo los lineamientos de una legislación especial interna como en este caso la Ley de Justicia y Paz, así lo hubiera expresamente previsto tanto en el artículo 35 superior como en las normas del Código de Procedimiento Penal que lo desarrollan; sin embargo, lo cierto es que no existe disposición normativa que impida la entrega en extradición de un requerido que fue postulado a la Ley de Justicia y Paz.
Dado lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que con ocasión de estar sometido judicialmente el actor a la Ley 975 de 2005, la orden de entregarlo en extradición no estaba prohibida ni tampoco era obligatorio para el Gobierno Nacional su aplazamiento hasta que se agotara el procedimiento judicial interno. Es más, se puede afirmar sin asomo de dudas, que el ordenamiento jurídico no incluye este tema como uno de los beneficios a quienes se acogieran a la Ley de Justicia y Paz.
Al respecto el artículo 3º de la Ley 975 de 2005 establece: “Alternatividad. es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley”(15).
Por su parte el artículo 69 ídem disponía: “Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.
Es necesario destacar que este artículo 69 de la Ley 975 de 2005 fue derogado expresamente por el artículo 41 de la Ley 1592 de diciembre 3 de 2012 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios´ y se dictan otras disposiciones", de allí que es dable afirmar que el único beneficio contemplado por la Ley de Justicia y Paz a quienes se acogieran a sus postulados, es el de la pena alternativa entendida ésta como una pena considerablemente inferior respecto de la que le correspondería a los delitos que hayan cometido en su actividad al margen de la ley, si fueran juzgados por la jurisdicción ordinaria.
De acuerdo con las preceptivas legales transcritas, encuentra la Sala que en ninguna de ellas se estableció que las personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley que se acogieran a la Ley de Justicia y Paz, estaban excluidas de la extradición. Ni siquiera son objeto de indulto o amnistía dado que los delitos desplegados por los miembros de las autodefensas, no tienen la connotación de ser delitos políticos tal y como se vio en precedencia.
Por tanto los beneficios otorgados a los desmovilizados de justicia y paz, se limitan a la alternatividad en el sentido de suspender la ejecución de la pena reemplazándola por una pena alternativa. En todo caso es preciso señalar que los anteriores beneficios están supeditados según la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, a quienes: “...sólo pueden conferirse a quienes han satisfecho de manera plena el derecho de las víctimas a la verdad”.
A nivel jurisprudencial, la Sección Cuarta de esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse en sede de tutela mediante Sentencia del 11 de diciembre de 2007 radicado 25000-23-24-000-2007-02146-01(AC) M.P. María Inés Ortíz Barbosa, en la cual se confirma la tesis según la cual la Ley de Justicia y Paz excluyó el tema de la extradición como uno de los beneficios de quienes se acogieran a sus postulados.
“Así las cosas, el Gobierno Nacional ha adelantado el trámite que conforme a la Constitución y a la Ley corresponde ante una solicitud de extradición, la cual, per se, no vulnera derechos fundamentales, pues corresponde a la regulación establecida en tratados internacionales y en el Código de Procedimiento Penal, según el caso, la cual consagra las garantías procesales para salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales de quien se ve afectado por la medida, como lo indicó el a quo. Concluye la Sala del informe rendido por el Ministerio del Interior y de Justicia que el Gobierno Nacional no negoció con los grupos de autodefensas el tema de la extradición. Cosa distinta es que en relación con cinco de ellos, con fundamento en facultades discrecionales y por razones de conveniencia y oportunidad, se haya suspendido la solicitud de extradición, grupo en el que no se encuentra el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo”. (resaltado fuera de texto)
La situación prevista en el fallo transcrito es la misma que se presenta en el caso en estudio, como quiera que el Gobierno Nacional al expedir los actos administrativos acusados lo que hizo fue, en ejercicio de su facultad discrecional y debido a motivos de estricta conveniencia y oportunidad nacional, ordenar la entrega del actor al Gobierno de los Estados Unidos de América por lo que no suspendió tal requerimiento, no obstante su incorporación a la Ley de Justicia y Paz.
En todo caso, al efectuar el análisis de legalidad de los actos acusados lo que la Sala observa es que el Ejecutivo tenía que cumplir y agotar el riguroso trámite de extradición de cara a las formalidades legales y, que el Gobierno Nacional se hubiera preocupado por adoptar las medidas necesarias con el fin de proteger a las víctimas del conflicto, tal y como lo determinó la parte considerativa de la Resolución 508 de 2008 objeto de demanda, al llamar la atención de las autoridades judiciales en el siguiente sentido:
“Por lo anterior, se insta a las autoridades judiciales colombianas y se instruye a los funcionarios de la Rama Ejecutiva del nivel nacional para que, en el ámbito de sus competencias, obtengan a través de los mecanismos ofrecidos la práctica y/o entrega de pruebas en el territorio de los Estados Unidos, así como acceso directo a las pruebas que se produzcan en los procesos en ese país, incluidas las que tiene que ver con los bienes que se destinarán a la reparación de las víctimas, todo lo anterior, a efectos de proseguir con las actuaciones penales respecto de los delitos por los cuales viene siendo o puede ser investigado el ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera.
Igualmente, se insta a las autoridades judiciales colombianas para que realicen las coordinaciones pertinentes con las autoridades de los Estados Unidos de América, a efecto de que, una vez cumplidos los fines por los cuales fue extraditado, se garantice su regreso al país”. (resaltados fuera de texto)
Podría incluso afirmarse que tal y como fue redactada la Resolución 508 de 2008, el ejecutivo al autorizar la extradición del actor, la condicionó a que las autoridades judiciales adoptaran en Colombia una serie de medidas con el fin de cumplir el cometido de proteger a las víctimas del conflicto armado interno.
Es así como, resulta más que pertinente transcribir el siguiente aparte del oficio OFI09-776-DVJ-0300 del 15 de enero de 2009, en el cual el Viceministro de Justicia y del Derecho de la época le expuso al Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, las razones jurídicas para no aplazar la extradición del demandante(16). Al respecto sostuvo lo siguiente:
“El Gobierno Nacional se encuentra comprometido en la defensa y materialización de los derechos de las víctimas, pero frente a lo solicitado en su comunicación es importante considerar que con la aplicación de la extradición no se suspenden ni terminan los procesos que se adelantan en Colombia. La aplicación de la Ley 975 de 2005 no suspende ni difiere la operatividad de este mecanismo de cooperación internacional.
Una vez se procede a la entrega del requerido, es posible hacer uso de los mecanismos de cooperación judicial internacional, aplicados recientemente con el gobierno de los Estados Unidos de América, que admiten entre otras actuaciones, la realización de audiencias virtuales, en procura de lograr los fines de verdad, justicia y reparación.
El gobierno considera que para lograr la finalidad del procedimiento y establecer la verdad, justicia y reparación de las víctimas, no es absolutamente necesario que el procesado esté físicamente presente en Colombia. Así lo precisó la Corte Suprema de Justicia, en este caso, en el auto proferido el 1º de febrero de 2008, cuando negó la solicitud del defensor con la que pretendía que se difiriera la entrega del ciudadano requerido” (resaltas fuera de texto)
De acuerdo con la anterior certificación, son dos los asuntos que merecen la atención de la Sala y frente a los cuales se referirá en seguida: el primero tiene que ver con los mecanismos de cooperación judicial suscritos entre el Gobierno Nacional y el de los Estados Unidos de América, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades judiciales por parte de los fiscales y jueces con el fin de lograr los objetivos de verdad, justicia y reparación. El segundo, alude a que no es necesario contar con la presencia física del extraditado en el adelantamiento del proceso de justicia y paz, con el fin de garantizar los cometidos de la Ley 975 de 2005 ya mencionados.
En cuanto al tema de la cooperación judicial, este despacho expidió un auto para mejor proveer dirigido al Ministerio de Justicia y otro a la Fiscalía General de la Nación(17) con el fin de que informaran desde el ámbito propio de sus competencias, “si en el marco de la cooperación judicial entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Colombia, en aras de adoptar medidas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, informe si existe algún acuerdo o convenio que permita un Plan de acceso de las personas extraditadas a los Estados Unidos de América, que se encuentran vinculadas al proceso de Justicia y Paz”. En el caso de la fiscalía se le interrogó “En qué estado se encuentra el proceso judicial que se adelanta en contra del actor” y se le requirió para que “Informara si el actor ha seguido colaborando con las autoridades nacionales, en particular con la Fiscalía que adelanta el proceso en su contra, en el marco de la Ley 975 de 2005 con el ánimo de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.
La jefe de la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia respondió el cuestionario elevado por este despacho, en los siguientes términos(18):
“a) Teniendo en cuenta que nuestro país no hay suscrito acuerdo internacional de carácter bilateral para la asistencia y cooperación judicial mutua en materia penal con los Estados Unidos de América, las solicitudes de asistencia judicial para llevar a cabo audiencias en forma virtual con personas extraditadas a ese país, se tramitan en observancia de los dispuesto en la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal, suscrita en Nassau, Bahamas y aprobada mediante Ley 636 de 2001.
b) Con ocasión de la extradición de los jefes de las autodefensas, y con el propósito común de optimizar la cooperación judicial entre las partes y brindar toda la colaboración para facilitar el desarrollo de los procesos de justicia y paz, el 19 de julio de 2010, fue presentado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el denominado plan de acceso.
Este plan, del cual participa el señor Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, es coordinado por la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación y consiste en la implementación de un cronograma mensual de diligencias y visitas programadas por autoridades como la Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores —Sala de Justicia y Paz—, Jueces de la República, Unidad Delegada ante la Corte, Fiscales de Justicia y Paz y Fiscales de Derechos Humanos”. (resaltado fuera de texto)(19).
De acuerdo con esta certificación, la Sala encuentra que el Gobierno Nacional concibió un mecanismo de cooperación con el Gobierno Americano cuyo cometido no es otro que el de permitirle a las autoridades judiciales nacionales, participar en las diligencias de los procesos que contra el extraditado se adelanten en los Estados Unidos de América, con el ánimo de recaudar pruebas para el proceso que se adelante en Justicia y Paz, para lo cual se dispuso de la tecnología virtual a través de las video conferencias con los extraditados. De esta manera encuentra la Sala se está protegiendo el derecho de las víctimas.
Acerca de los beneficios que han reportado las audiencias virtuales, resulta ilustrativa la siguiente cita jurisprudencial:
“...la Sala concluye que la extradición de ..., no vulnera los derechos de las víctimas de los delitos presuntamente cometidos por aquel, pues las herramientas tecnológicas que nos han dejado satisfactorias experiencias, conjugadas con el serio y concreto compromiso de EEUU para facilitar el adelantamiento de las investigaciones penales patrias, contradice el fundamento de la violación alegado en la tutela, pues la distancia geográfica no impide la comparecencia —virtual— del extraditado en los procesos penales seguidos en Colombia”(20). (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Sala Civil-Familia. Sent. de ene. 22/2009, M.P. María Patricia Balanta Medina. Rad. 2008-00297-00).
En relación con el aspecto de la colaboración manifestada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, la Sala da crédito a la información contenida en la parte considerativa de la Resolución 21 del 30 de enero de 2009, a pesar de que no obra en el expediente, según la cual: “En igual sentido, el gobierno de los Estados Unidos en casos similares ha reiterado su voluntad de contribuir de manera decidida para la eficaz ejecución de las asistencias judiciales que se requieran por parte de las autoridades colombianas así como de entregar los bienes involucrados en los acuerdos que se suscriban con estos ciudadanos, tal como quedó referido en el canje de notas suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Colombia mediante comunicaciones del 25 de junio de 2008 y 9 de julio de 2008 y las manifestaciones públicas realizadas por el representante del gobierno de los Estados Unidos de América acreditado en Colombia”.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, en su escueto oficio se limitó a responder que el actor había entregado dinero destinado a la reparación de la víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, pero guardó silencio acerca del estado en que se encuentra la investigación, no certificó si el actor ha seguido colaborando desde los Estados Unidos en el adelantamiento del proceso de Justicia y Paz, tampoco refirió si se han adelantado video conferencias con el fin de obtener la práctica de pruebas, interrogantes que hubieran ilustrado a la Sala acerca de la situación judicial del actor en el proceso de la Ley 975 de 2005. La respuesta dada por la Fiscalía fue la siguiente:
“Al respecto le informo que el postulado Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera alias Mellizo, quien fungía como comandante máximo del extinto Bloque Vencedores de Arauca, entregó al Fondo de Reparación para las Víctimas antes Acción Social, en dinero efectivo la suma de $2.500.000.000 m/cte., tal como consta en el acta de recepción de bienes 32 de 9 de junio de 2008.
Este bien fue objeto de solicitud de medida cautelar de embargo y secuestro, la cual fue decretada por el magistrado de control de garantías del tribunal de justicia y paz de Bogotá.
Así mismo, con base en la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala de Justicia y Paz—, el 1º de diciembre de 2011, se decretó la extinción de dominio sobre esta suma de dinero y sus respectivos rendimientos, al tiempo que se ordenó su consignación definitiva al fondo de reparación de las víctimas en aras de la compensación dineraria de los perjuicios causados a las mismas”(21).
No obstante la falta de información en el oficio transcrito, en el expediente también obra certificación del 17 de julio de 2008(22) expedida por el Fiscal Veintidós de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, según la cual el desmovilizado rindió diligencia de versión libre dentro del proceso de Justicia y Paz al cual se encuentra postulado.
Adicionalmente, se encuentra en el plenario acta de entrega de armas y lista de desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, que da cuenta de la calidad de miembro representante de esta organización y de su desmovilización el día 23 de diciembre de 2005, certificación suscrita por eL alto comisionado para la Paz de la época(23).
De otra parte en cuanto a la preocupación expresada por el apoderado del actor, en el sentido de que a su cliente le serían desconocidas las garantías procesales a un debido proceso como quiera que como consecuencia de su extradición a los Estados Unidos de América, se verían desconocidos los principios de contradicción, controversia, oralidad, concentración e inmediación de la prueba en fin el ejercicio del derecho de defensa, la Sala no comparte tal aseveración por cuanto en primer lugar el apoderado del actor, no aportó prueba alguna mediante la cual hubiera acreditado que a su cliente se le hubiera vulnerado tal derecho, como quiera que sus planteamientos están soportados sobre acontecimientos a futuro y no sobre situaciones consolidadas.
Así mismo, tal y como lo afirma categóricamente la Resolución 508 de 2008, en cuanto a la falta de presencia física del actor en el proceso de Justicia y Paz por el hecho de haber sido extraditado, resulta necesario señalar que el procedimiento penal interno permite el adelantamiento de la respectiva investigación, en situaciones en las que el responsable de la conducta punible se encuentra ausente, tal y como lo establece el artículo 344 de la Ley 600 de 2000 que establece lo siguiente:
“Declaratoria de persona ausente. Si ordenada la captura, no fuere posible hace comparecer al imputado que deba rendir indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en que la orden haya sido emitid a las autoridades que deban ejecutar la aprehensión sin que se haya obtenido respuesta, se procederá a su vinculación mediante declaración de persona ausente. Esta decisión se adoptará por resolución de sustanciación motivada en la que se designará defensor de oficio, se establecerán de manera sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se indicará la imputación jurídica provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren pendientes. Esta resolución se notificará al defensor designado y al Ministerio Público y contra ella no procede recurso alguno.
De la misma manera se vinculará al imputado que no haya cumplido la citación para indagatoria dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha fijada para el efecto, cuando el delito por el que se proceda no sea de aquellos para los que es obligatoria la resolución de situación jurídica”.
Acerca de esta institución procesal más conocida como contumacia, la Corte Constitucional se refirió en los siguientes términos:
“...la vinculación al proceso penal de una persona ausente no quebranta los derechos constitucionales del incriminado porque la legislación procesal penal tiene dispuestas suficientes herramientas para garantizar que, en el trámite del proceso, los funcionarios encargados de tramitarlo persigan, en primer lugar, la vinculación del ausente a las diligencias y, en segundo término, el esclarecimiento de la verdad a partir del recaudo exhaustivo de las pruebas y del suministro de un defensor de oficio que recibe plenas facultades para dirigir eficazmente la defensa técnica” (resaltados fuera de texto) (Sent. C-100 de feb. 11/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Por tanto sin asomo de dudas, la Sala encuentra que con ocasión de la extradición del actor, no existía razón alguna para que se suspendieron los procesos que en su contra adelantaban las diferentes autoridades judiciales incluyendo los de Justicia y Paz, debido a la facultad legal para que, en ausencia del ciudadano extraditado, se continuaran las investigaciones bajo la respectiva legislación procesal.
Es más, bien es sabido que el legislador dispuso de la garantía a la defensa técnica del contumaz, al contemplar que en estas circunstancias se le debe designar a un defensor de oficio. Muy seguramente en el caso del extraditado, su defensa judicial sería asumida por un defensor de confianza tal y como en la presente oportunidad acontece, por lo que ésta se constituye en una razón de más para sostener que en modo alguno se vería desconocido el debido proceso del actor.
Respecto de la supuesta e imperiosa necesidad de contar con la presencia física del extraditado que reclama su apoderado, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en los siguientes términos:
“Así mismo, cabe destacar que la única manera de alcanzar la efectividad el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (L. 975/2005, art. 1º), al igual que las disposiciones que la jurisprudencia del derecho internacional de los Derechos Humanos ha impuesto en tal sentido, no es la de contar con la presencia del requerido en extradición ni la indemnización pecuniaria para los fines del procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005”(24).
Esta posición asumida por la alta corporación judicial, guarda estrecha relación con la siguiente decisión:
“6.2. Con relación a las apreciaciones del defensor en el sentido que la única manera de contribuir a la efectividad de los derechos de las víctimas, es la de contar con la presencia del requerido Hebert Veloza García, para los fines del procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005, cabe destacar que resultan desacertadas, por cuanto los deberes de garantía, investigación, juzgamiento, sanción y reparación del estado colombiano no se reducen a verificar el agotamiento de dicha normatividad respecto de cada una de las personas que hayan sido postuladas a ella, sino que también deben abarcar la adopción de otras medidas previstas en el ordenamiento jurídico tendientes a brindar un recurso judicial efectivo a todo aquel que mediante comportamientos ajenos haya sido afectado en el disfrute de sus derechos fundamentales o los de sus allegados y tenga un especial interés en conocer la realidad histórica de lo que aconteció”(25). (resaltado fuera de texto)
De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, la Sala concluye que los aspectos que fueron objeto de debate en la presente acción contenciosa, ya fueron dilucidados ante la jurisdicción penal mediante sólidos argumentos jurídicos que son compartidos en esta instancia judicial.
Al no observar la Sala que resultan desconocidos los derechos de las víctimas del conflicto armado, por el actuar delictivo del actor con ocasión de su extradición a los Estados Unidos de América, producto de una decisión política del ejecutivo en razón de consideraciones de conveniencia nacional, la presunción de legalidad de las resoluciones 508 de 2008 y 21 de 2009 no fue desvirtuada, motivo por el cual se denegarán las pretensiones de la demanda.
En todo caso corresponderá a las autoridades judiciales nacionales adoptar y cumplir todas las medidas conducentes para que, resulte eficaz la colaboración que el actor aporte en el adelantamiento de su proceso ante la jurisdicción de Justicia y Paz, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto irregular.
(4) El aparte encerrado entre paréntesis, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(5) Este inciso segundo declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 del 18 de julio de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.
(6) Cfr. Auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29547.
(7) Obra a folio 47 del Anexo 1 certificación suscrita por el Alto Comisionado para la Paz de la época en la que acredita que mediante Resolución 337 del 14 de diciembre de 2005, el Gobierno Nacional reconoció la calidad de miembro representante de las Autodefensas Unidas de Colombia al ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera.
(8) El artículo 522 de la Ley 600 de 2000, era el mismo que se encontraba consignado en el artículo 560 del anterior Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto 2700 de 1991, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-622 del 25 de agosto de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(9) De acuerdo con la orden de captura con fines de extradición el demandante estaba siendo investigado por cuenta de la Fiscalía 40 de la Unidad de Derechos Humanos de Cúcuta; por la Unidad Nacional de Fiscalía Antinarcóticos y en tres procesos distintos de la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Cúcuta; procesos judiciales que se iniciaron con posterioridad a la orden de captura con fines de extradición de febrero de 2001.
(10) Aparece copia de la Resolución del 19 de febrero de 2001 que contiene la orden de captura con fines de extradición en contra de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera expedida por el Fiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez, al Final del Anexo 1 pero no está foliada.
(11) Ver al final anexos 1.
(12) Figura Acta 590 ADESP-DIJIN del 2 de mayo de 2008 mediante la cual el Capitán de la Policía Nacional Castro Sarmiento pone a disposición del Fiscal General de la Nación al capturado ciudadano Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera.
(13) Según certificación de fecha 17 de julio de 2008 expedida por el Fiscal 22 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia Mediante Orden 37 del 1º de noviembre de 2007 se inició el procedimiento de beneficios por colaboración de la Ley 975 de 2005 en favor del actor, según lo certificó el Fiscal 22 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. (fl. 51. Anexo 1). y la Paz, visible a folio 55 del Anexo 1.
(14) ART. 1º—Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.
“ART. 4º—Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.”
(15) Este artículo 3º de la Ley 975 de 2005 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, por los cargos examinados, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
(16) Folios 324 a 326 del anexo 1.
(17) Visibles a folios 353 al 356 del cuaderno principal.
(18) Mediante oficio OFI13-0032128-OAI-1100 del 5 de diciembre de 2013, recibido el pasado 12 de diciembre de 2013, visible a folio 360 de la misma encuadernación.
(19) Oficio visible a folio 359 del cuaderno principal.
(20)(sic)
(21) Oficio 56 UNFJYP-SEPBRV-D-25 de fecha 16 de enero de 2014 suscrita por el Fiscal Veinticinco Delegado ante los Tribunales para la Justicia y la Paz.
(22) (fl. 55 Anexo 1).
(23) (fl. 46 Anexo 1).
(24) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 30.140. Decisión del 29 de septiembre de 2008, M.P. Yesid Ramírez Bastidas.
(25) Sentencia del 31 de julio de 2008. Radicado 28.503 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Javier Zapata Ortiz, en la que conceptuó favorablemente la extradición del ciudadano Hebert Veloza García.

References: artículo 509
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 artículo 514
 artículo 519
 artículo 522
 artículo 522
 artículo 512
 artículo 512
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 artículo 18
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 artículo 560
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