Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2011-00402-de-abril-1-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f98800d938e2027ee0430a010151027e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-23 16:12:34+00:00

Document:
AUTO 2011-00402 DE 01 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA CUENTA DE ALTO COSTO POR LAS EPS, EPS-S Y EOC SE HARÁ CON CORTE AL 30 DE AGOSTO DE 2008 Y 30 DE JUNIO DE 2009 DESCONOCERÍA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, PUES EN TAL CASO NO SÓLO ESTARÍA RIGIENDO HACIA EL FUTURO, SINO QUE TAMBIÉN EXTENDERÍA SUS EFECTOS A SITUACIONES QUE SE CONSOLIDARON BAJO NORMAS ANTERIORES SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA. SE SUSPENDE PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 3 DE LA RESOLUCIÓN 4917 DE 2009.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EPS, SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EPS-S, ENTIDAD OBLIGADA A COMPENSAR
Auto 2011-00402 de abril 1º de 2014
Ref.: 110010324000201100402 00
Actora: Asociación Indígena del Cauca
Se decide sobre la admisión de la demanda con solicitud de suspensión provisional que, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, mediante apoderada judicial, instaura la Asociación Indígena del Cauca contra los decretos 2699 de 2007 (art. 2º) y 3511 de 2009 (art. 5º) expedidos por el Ministerio de la Protección Social y la Resolución 4917 de 2009 (art. 3º) proferida por los ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público.
Corresponden a los decretos 2699 de 2007 (art. 2º) y 3511 de 2009 (art. 5º) y la Resolución 4917 de 2009 (art. 3º), cuyos textos son los siguientes:
1.1. Decreto 2699 de 2007 (jul. 13):
“Decreto 2099 DE 2007
Diario Oficial 46.688 de 13 de julio de 2007
Por el cual se establecen algunas normas relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
ART. 2º—Administración de la cuenta de alto costo. La administración de la “cuenta de alto costo” se hará de manera conjunta por la totalidad de las entidades promotores de salud de los regímenes contributivo y subsidiado y las demás entidades obligadas a compensar (EOC).
Las entidades promotoras de salud y las demás entidades obligadas a compensar definirán los mecanismos de administración y auditoría, de lo cual darán cuenta al Ministerio de la Protección Social, dentro de los tres meses siguientes a partir de la expedición del presente decreto. Cualquier modificación en los anteriores mecanismos deberá ser tramitada en igual forma”.
1.2. Decreto 3511 de 2009 (sep. 14):
“Decreto 3511 de 2009
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2699 de 2007, el cual en su artículo 1º creó la “Cuenta de alto costo” administrada por las entidades promotoras de salud, EPS, del régimen contributivo y subsidiado y de las demás entidades obligadas a compensar.
Que en la cuenta de alto costo se establecen dos subcuentas que se manejan independientemente, así i) los recursos destinados al cubrimiento de la atención de las enfermedades ruinosas y catastróficas —alto costo— y ii) los recursos correspondientes a las actividades de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud pública directamente relacionadas con el alto costo.
ART. 5º—Deber de colaboración. Para que las entidades promotoras de salud del régimen contributivo - EPS y del régimen subsidiado – EPS-S y las entidades obligadas a compensar - EOC den cumplimiento al Decreto 2699 de 2007 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y para que se haga efectiva la administración conjunta de la cuenta de alto costo, es obligatorio que todas las entidades obligadas suministren la información requerida, realicen los giros de que trata el presente decreto y suscriban los instrumentos y documentos legales necesarios para hacer efectivo el mecanismo do operación conjunta. La renuencia de las entidades obligadas a suministrar la información requerida, a efectuar los giros o a suscribir los instrumentos y documentos legales necesarios para la operación conjunta de que trata el artículo 2º del Decreto 2699 de 2007, será objeto de las sanciones previstas en la normatividad vigente”.
1.3. Resolución 4917 de 2009 (dic. 9):
“Resolución 4917 de 2009
Diario Oficial 47.558 de 9 de diciembre de 2009
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3413 de 2009,
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de [a Protección Social,
Que para tales efectos, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social expidieron la Resolución 34'13 de 2009, “por la cual se fijan los mecanismos de cálculo que definen los montos de giro y distribución de los recursos de la cuenta de alto costo para las empresas promotores de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, y entidades obligadas a compensar, en el caso de la terapia de reemplazo renal por enfermedad renal crónica, ERC”.
ART. 3º—La Resolución 3413 de 2000 incluida la presente modificación aplicará a la información suministrada a la cuenta de alto costo por las EPS, EPS-S y EOC con corte de 30 de agosto de 2008 y 30 de junio de 2009 y conforme a ella deberán girarse o reconocerse, para cada caso, el monto neto mensual de los recursos definidos para cada corte de información, que por una única vez se realizará de manera simultánea.
El monto neto mensual determinado con la información con corte al 30 de agosto de 2008, en virtud del artículo 10 del Decreto 2699 de 2007, se aplicará al período comprendido entre el mes de agosto de 2008 y el 30 de noviembre de 2009, a partir del primer proceso de compensación que se adelante en el mes de diciembre de 2009.
Para la información con corte al 30 de junio de 2009 presentada el 30 de agosto de 2009, el valor a girar o reconocer también se hará efectivo él partir del primer proceso de compensación del mes de diciembre de 2009 con los valores determinados según la información disponible del año 2008 de que trata el presente artículo. Una vez publicado el resultado del mecanismo de distribución, al mes siguiente con la información del precitado corte del año 2009, se aplicará al giro o reconocimiento con base en el nuevo monto neto mensual determinado.
La publicación del resultado del mecanismo de distribución sobre la información con corte al 30 de junio de 2009 presentada el 30 de agosto de 2008 deberá efectuarse a más tardar el 30 de marzo de 2010”.
La apoderada de la actora sostiene que el artículo 3º de la resolución demandada infringe las normas consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política, toda vez que ordena la aplicación retroactiva de la Resolución 3413 de 2009, por la cual se fijan los mecanismos de cálculo que definen los montos de giro y distribución de los recursos de la cuenta de alto costo para las empresas promotoras de salud del régimen contributivo (en adelante EPS), del régimen subsidiado (en adelante EPS-S) y las entidades obligadas a compensar (en adelante EOC), en el caso de la terapia de reemplazo renal por enfermedad renal crónica.
Aduce que el nuevo mecanismo altera la situación de los sujetos obligados a compensar, en la medida que crea el cómputo cero (0) casos y la facultad para ordenar directamente el pago al Fosyga en los casos en que las instituciones incumplan con el reporte de la información, situación que a su juicio, implica un aporte económico mayor a la cuenta de alto costo como sanción por el incumplimiento.
Expone que la aplicación del mecanismo do cálculo viola el principio de legalidad que exige la preexistencia de la norma sancionatoria, dado que “el mecanismo de cálculo con sus modificaciones que se publicó el 9 de diciembre no podía aplicarse retroactivamente a períodos anteriores a esa fecha”, máxime cuando las normas invocadas por el Gobierno Nacional como fundamento del acto fueron expedidas con anterioridad a dicha fecha y, de la lectura de sus textos no se advierte la aluda autorización para dar efectos retroactivos.
Por último, señala que la resolución demanda también viola el artículo 19 de la Ley 1122 de 2007(1), en la medida que, para dar aplicación retroactiva del mecanismo de cálculo y distribución, debió mediar autorización legal conforme con la jurisprudencia por el Consejo de Estado sobre la retroactividad del acto administrativo como pilar del estado de derecho y que solo en forma excepcional, tales actos pueden tener efectos hacia el pasado
La acción incoada es la de nulidad simple instituida en el artículo 84 Código Contencioso Administrativo, el artículo 152 ibídem fija como requisitos para la procedencia de la suspensión provisional: (i) Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o en escrito separado, presentado antes de que sea admitida; (ii) Que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
De conformidad con el numeral 1º del artículo 152 Código Contencioso Administrativo, la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos está supeditad a “Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida”. Ello entraña la obligación para quien la solicita de dedicar un capítulo especial, si la medida se plantea en la misma demanda, o presentar un texto independiente el cual debe expresar las razones de la vulneración de las normas superiores que se invocan como vulneradas. En uno y otro caso, debe expresarse concreta y debidamente las razones para solicitada, vale decir, el concepto de la violación y señalar cuáles son las normas superiores que se consideran manifiestamente trasgredidas por los actos acusados.
La apoderada de la actora considera que los actos demandados violan los artículos 29 de la Constitución Política y 19 de la Ley 1122 de 2007.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abonado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
ART. 19.—Aseguramiento del Alto costo. Para la atención de enfermedades de alto costo las entidades promotoras de salud contratarán el reaseguro o responderán, directa o colectivamente por dicho riesgo, de conformidad con la reglamentación que sobre la materia expida el Gobierno Nacional”.
En este sentido, de los hechos presentados por Id apoderada de la actora se advierte que de la simple confrontación de los actos acusados con las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Constitución Política, surge la violación flagrante u ostensible, pues el principio de irretroactividad de la ley implica que esta se aplica a partir de su vigencia a fin de preservar los derechos adquiridos con arreglo de las leyes civiles y no es procedente aplicarla retroactivamente.
Con fundamento en esta norma constitucional, puede afirmarse que en relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia.
Entonces, cuando el acto acusado señala que la aplicación del mecanismo de distribución sobre la información suministrada a la cuenta de alto costo por la EPS, EPS-S y EOC se hará con corte al 30 de agosto de 2008 y 30 de junio de 2009, se estaría desconociendo dicho principio, pues en tal caso la ley no solo estaría rigiendo hacia el futuro, sino que también extendería sus efectos a situaciones que se consolidaron bajo normas anteriores sin justificación alguna, máxime si se tiene en cuenta que el acto fue publicado el 9 de diciembre de 2009.
Así las cosas, por existir violación evidente y manifiesta de los actos acusados con los artículos 29 de la Constitución Política y 19 de la Ley 1122 de 2007, se accederá a la medida cautelar solicitada.
1. ADMÍTESE la demanda de nulidad simple presentada por la Asociación Indígena del Cauca, contra los decretos 2699 de 2007 (art. 2º) y 3511 de 2009 (art. 5º) expedidos por el Ministerio de la Protección Social y, la Resolución 4917 de 2009 (art. 3º) proferida por los ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público.
a) Notifíquese a los ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, en la forma establecida en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo. Entréguesele copia de la demanda y sus anexos.
c) La parte actora deberá depositar en la cuenta 4-0070-000664-4 del Banco Agrario de Colombia, nombre “depósitos judiciales por gastos del proceso – Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, en el término de cinco (5) días), la suma de veintiséis mil pesos ($ 26.000) m/cte., para gastos ordinarios del proceso(2).
d) Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días para que 13 parte demandada pueda contestar la demanda, proponer excepciones y pedir pruebas, y para que terceros la coadyuven o impugnen.
e) Por secretaría, solicítese a la secretaria general de los ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, el envío, en el término de diez (10) días, de los antecedentes administrativos de los actos acusados.
3. SUSPÉNDENSE provisionalmente los efectos del artículo 3º de la Resolución 4917 de 2009.
4. Se reconoce a la abogada Emith Lozano Díaz como apoderada judicial de la Asociación Indígena del Cauca, conforme al poder visible a folio 1 del expediente.
(1) “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
(2) Ley 1395 de 2010 (jul. 12), por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.
4. Que el demandante deposite en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice
Si dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente (resaltado fuera de texto).

References: ARTÍCULO 3
 RESOLUCIÓN 
 artículo 84
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 3
 resolución 
 artículo 20
 Resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 84
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 150
 artículo 3
 Resolución