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Timestamp: 2017-04-28 21:46:19+00:00

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LEY Nº 227/93 QUE CREA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93
QUE CREA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS CONNACIONALES
Artículo 1º.- Créase la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, dependiente de la Presidencia de la República.
Artículo 2º.- La Secretaría de Desarrollo tendrá como atribuciones 1) Definir políticas y estrategias en la materia; 2) Fiscalizar aplicación de las políticas del sector, estudiar los fenómenos de la migración, retroalimentar los lineamientos políticos y sugerir mecanismos de operación-gestión; 3) Proponer pautas a la participación nacional e internacional en los problemas relativos a la materia; Artículo 3º.- La estructura organizativa estará integrada por:
1) Un Secretario Ejecutivo.
2) Una Dirección de Repatriados y Refugiados Connacionales.
3) Una Dirección de Desarrollo Humano y Seguridad Social.
4) Una Dirección de Planeamiento y Asistencia de Asentamientos Humanos.
Artículo 4º.- Los gastos que demande el funcionamiento de dicha Secretaría se incluirán en el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 5º.- Los recursos asignados para el Consejo Nacional de Repatriación de Connacionales, pasarán a constituir parte del Presupuesto de Gastos de la Secretaría creada por la presente Ley.
Artículo 6º.- La Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales dictará su propio reglamento. Artículo 3º.- Modificase los numerales 17) y 18) del Artículo 142, del Título IV, Capítulo 1, de la Ley N° 978/96 "DE MIGRACIONES", cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:
"Art. 142.- La Dirección General de Migraciones tendrá las siguientes funciones:
Artículo 7º.- Deróganse todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el diez y seis de Junio del año un mil novecientos noventa y tres y por la Honorable Cámara de Diputados, sancionándose la Ley el veinte y ocho de Junio del año un mil novecientos noventa y tres.
Carlos Galeano Perrone Secretario Parlamentario Abrahán Esteche Secretario Parlamentario
Asunción, 9 de Julio de 1993.-
Hugo Estigarribia Elizeche Ministro del Interior
Modificada por Ley Nº3.958/10
Reglamentada por Decreto Nº 7.355/11
LEY N° 3.452/08 APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES.
| CONVENCIONES
LEY N° 3.452/08
Art.1°.- Apruébase la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", adoptada por Resolución 45/158 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en fecha 18 de diciembre de 1990, y suscrita por el Paraguay el 13 de setiembre de 2000, en ocasión de la Cumbre del Milenio, patrocinada por las Naciones Unidas, cuyo texto es como sigue:
"CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES
TENIENDO EN CUENTA los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos 1/, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2/, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2/, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 3/, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 4/ y la Convención sobre los Derechos del Niño 5/,
TENIENDO EN CUENTA TAMBIEN los principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (Nº. 97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Nº. 143), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (Nº. 86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (Nº. 151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Nº. 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Nº. 105),
REAFIRMANDO la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 6/,
RECORDANDO la convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 7/, la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 8/, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 9/ y las Convenciones sobre la esclavitud 10/,
RECORDANDO que uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en las cuestiones relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares 6/,
3.El párrafo 2 del presente Artículo no obstará para que los Estados cuya legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente.
Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la Convención se interpretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para la migración internacional previstas en la parte VI de la presente Convención.PARTE IV
2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades locales.3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos.
c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo;d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
2.A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate.
1 .Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus funciones serán, entre otras:
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este Artículo, el derecho a realizar operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado sólo corresponderá a:a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas operaciones;
1.Los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apropiada en la adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren en situación irregular en el Estado de empleo.
2.Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no menoscabarán los derechos de los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación con su empleo.
8.El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes anuales del Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo Económico y Social, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras organizaciones pertinentes.
1.Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez transcurridos cinco años desde la fecha en que la Convención haya entrado en vigor para ese Estado, mediante comunicación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2.La denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce meses contado a partir de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la comunicación.
3.La denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención respecto de ningún acto u omisión que haya ocurrido antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia, ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de cualquier asunto que se hubiere sometido a la consideración del Comité antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia.
4.A partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de un Estado Parte, el Comité no podrá iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado con ese Estado.
2.Todo Estado Parte, en el momento de la firma o la ratificación de la Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente Artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.
3.Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente Artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
1 .La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2.El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.”
Oscar Rubén Salomón FernándezPresidenteH. Cámara de DiputadosMiguel Abdón SaguierSecretario Parlamentario
Enrique González QuintanaPresidenteH. Cámara de SenadoresAlfredo Ratti Jaeggli Secretario Parlamentario
El Presidente de la RepúblicaNicanor Duarte Frutos

References: Artículo 1

Artículo 2
 Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 Artículo 3
 Artículo 142

Artículo 7
 Resolución