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Timestamp: 2018-04-25 12:00:54+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/3SPO-92/79225
Propone que las alternativas distintas a las previstas en la ley para obtener indemnización o reparación no serán impedimento para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación en los términos de los principios del artículo 5 de esta ley, máxime si éstas han sido insuficientes o con escasas o nulas posibilidades de dictarse o cumplimentarse.
Proposes that alternatives other than those provided in the law to obtain compensation or reparation will not be an impediment to access the resources of the Fund in terms of reparation under the terms of the principles of Article 5 of this law, especially if these have been insufficient or with little or no possibilities of dictation or fulfillment.
SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO.
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.
El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona dos párrafos al artículo 149 de la Ley General de Víctimas, para garantizar la reparación integral de daños mediante el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; de conformidad a la siguiente:
El 18 de junio de 2008, se promulgó la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad, que entre otras, obligó a la existencia de una ley para reparar daños a víctimas del delito. Ya en junio de 2011, se promulgó la reforma en materia de derechos humanos que también constriñó a una ley para la reparación a violaciones a derechos humanos.
Consecuentemente, el 8 de febrero de 2013, entró en vigor la Ley General de Víctimas con la intensión de reconocer y garantizar los derechos de los afectados por la comisión de un delito o la violación de derechos humanos.
Una legislación que como recordaremos, fue aprobada desde abril de 2012, pero que no fue publicada por el Ejecutivo sino hasta el 9 de enero de 2013, cuando ya se encontraba en funciones el Presidente Enrique Peña Nieto, en mérito de la negativa de su predecesor.
Dicha promulgación, con el firme compromiso de mejorarla.
Así, durante las LXII y LXIII legislaturas, ha sido una constante el estar pendientes de fortalecer los mecanismos encaminados a garantizar de manera integral, los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Dicha legislación general, establece una serie de principios y derechos mínimos a garantizar, encaminados a la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. De esta última, de la que evidentemente forma parte imprescindible la relativa a la reparación del daño.
Para ello, contempla la implementación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por una institución de banca de desarrollo que funje como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su calidad de fideicomitente, bajo los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. Ello, además de la obligatoriedad de la implementación de fondos estatales.
Lo anterior, acorde a que la reparación integral del daño es un derecho fundamental que tiene toda persona a ser restablecida.
Cabe destacar, que para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación, de acuerdo al artículo 149 de la Ley General de Víctimas, las solicitudes que para tal efecto se hagan serán procedentes siempre que la víctima:
I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación;
II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;
III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y
IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva.
De esta lectura, se advierte la necesidad de contar con una sentencia ejecutoria sobre el daño y que éste a su vez es producto de hechos ilícitos, además del monto y formas de reparación.
Sin embargo, en la práctica, esto puede llegar a constituirse como un obstáculo, cuando por cualquier causa no es posible llevar un asunto a la etapa de sentencia. Por citar algunos ejemplos, el caso de que no se cuenten con elementos para dar con la identidad o paradero del delincuente, incluso, la muerte antes de dictársele sentencia, atentos a que esta hipótesis constituye una causa de sobreseimiento de la causa penal.
En circunstancias como estas, definitivamente la existencia de una sentencia ejecutoria no llegaría a lograrse, aún que en las actuaciones de la causa existiesen los elementos suficientes para la acreditación del ilícito.
Esta situación no puede dejar en indefensión ni en ausencia de reparación del daño a las víctimas.
Es de resaltar, que en los casos de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de mecanismos diversos a la aplicación del referido Fondo, se deberá entregar de manera complementaria el monto no enterado a través de aquellos medios, de conformidad al artículo 40 de los “Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015.
“40. En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros mecanismos, el Fondo entregará, de manera complementaria, el monto no cubierto por el mecanismo respectivo.”
Esto es, si a una persona que le ha sido posible contar parcialmente con un pago indemnizatorio le es procedente acceder a los recursos necesarios para compensar el faltante, con mayor razón lo sería para quien no le ha sido posible acceder a ningún pago, para lo cual, la exigencia de una sentencia ejecutoria no puede constituir impedimento, pues resultaría totalmente contrario al espíritu de la reformas constitucionales de 2008 y 2011 en esta materia, al derecho humano a la reparación del daño a las víctimas, y más aún, basado en una situación a la que dicho sea de paso, es ajena a la voluntad de la víctima.
Lo conducente sería, dar trámite en los términos del artículo 152 de la misma Ley General de Víctimas, que prevé el camino a seguir para el caso que el documento de marras, la sentencia ejecutoria, no determine o cuantifique el apoyo o reparación conducente.
Artículo 152. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, esta Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señalan los artículos 145, 146 y 169.
Cabe decir, que una interpretación sistemática y funcional de esta legislación, permiten llegar a una conclusión como la que se sugiere, sin embargo, lo ideal es que la ley sea expresa y clara, evitando toda posibilidad de más conclusiones a las que las que realmente deba llegarse, y con ello, garantizar la reparación integral de daños a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.
Un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no puede encontrarse restringido por un requisito como el de la sentencia ejecutoria. Debe entenderse que este elemento es deseable para integrar el expediente, pero no condicionante que pueda en ningún caso excluir a víctima alguna de acceder a recursos de reparación integral, cuando el delito o la violación a derechos humanos y los daños están debidamente acreditados.
Por ello, oportuno hacer las adecuaciones necesarias en el artículo 149 de la Ley General de Víctimas, para evitar mayores dilaciones en el acceso a recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral basados en la necesidad de una sentencia, con ello, que las alternativas distintas a esta Ley no constituyan impedimento, máxime si éstas han sido insuficientes o con escasas o nulas posibilidades de dictarse o cumplimentarse, en términos de los principios que el artículo 5 de la misma legislación establece.
Siendo esta precisamente la sugerencia que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, a través de la siguiente…
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 149 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL DE DAÑOS MEDIANTE EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 149 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:
Artículo 149. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima:
En los casos que no haya sido posible obtener sentencia ejecutoria, se procederá en los términos del artículo 152 de esta ley.
Las alternativas distintas a las previstas por esta ley para obtener indemnización o reparación no serán impedimento para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación en los términos de los principios del artículo 5 de esta ley, máxime si éstas han sido insuficientes o con escasas o nulas posibilidades de dictarse o cumplimentarse.
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.
Ciudad de México, a los 6 días del mes de marzo del 2018.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79225

References: artículo 5
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 40
e contrario
 artículo 152

Artículo 152
 artículo 149
 artículo 5
 ARTÍCULO 149
 artículo 149

Artículo 149
 artículo 152
 artículo 5