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BOE.es - Documento BOE-A-2017-1885
Documento BOE-A-2017-1885
Sala Segunda. Sentencia 2/2017, de 16 de enero de 2017. Recurso de amparo 2723-2015. Promovido por doña Nuria Ruiz Gómez respecto de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, que desestimó, en suplicación, su demanda de indemnización por daños y perjuicios. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: trabajadora a la que, con posterioridad a una baja por embarazo y maternidad, se le impide ejercer su derecho preferente de modificación de las condiciones laborales reconocido por convenio (STC 66/2014). Voto particular.
«BOE» núm. 46, de 23 de febrero de 2017, páginas 12884 a 12899 (16 págs.)
BOE-A-2017-1885
En el fundamento de derecho segundo de su resolución, el juzgador de instancia, no sólo apreció infracción del art. 23 del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales comerciales para la provincia de Cádiz (publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» de 25 de febrero de 2010), aplicable al caso, que reconocía a los trabajadores vinculados a las empresas del sector por contratos de trabajo a tiempo parcial un derecho de preferencia frente a terceros, «en aquellos casos en que la empresa tenga necesidad de realizar nuevas contrataciones, que incrementen el número de horas de prestación de servicios», sino que, asimismo, en el apartado 2 del indicado fundamento jurídico, declaró que, además de «ilegal», por haber contravenido «la fuerza vinculante del Convenio», era, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, también «inconstitucional» aquella actuación de la empleadora porque había vulnerado el derecho fundamental de igualdad (art. 14 CE) y su derecho a no ser discriminada por razón de sexo, al haber inobservado la empresa «su preferencia para incrementar la prestación de servicios… en diez horas semanales más (con el traslado efectivo de la actora en un futuro –cuando tras la maternidad se reincorporase– al nuevo centro de trabajo)», unido «a la ausencia total de demostración –por parte de dicha empleadora– de la imposibilidad jurídica de realizar contrataciones laborales ex novo que tal prioridad garantizasen», por lo que, según recoge la sentencia, «encuentra su explicación únicamente en el mero dato, harto rechazable, de la baja laboral de la actora, una baja por cierto cualificada por (ser) solo posible en atención a su condición de mujer, ya que lo era por embarazo de riesgo.(sic)»
Alegaba en este sentido la recurrente que, cuando se produjo la necesidad de tener que «cubrir el incremento en el volumen de prestación que se genera con la apertura del centro de Salud del Arroyo de Chipiona (que) es el 5 de julio de 2010, “no (había) posibilidad real para la actora de beneficiarse de la cobertura de ese incremento, ni de la empresa de dar cumplimiento al precepto que se considera infringido, ya que no hay trabajadoras a tiempo parcial que solicitaran la cobertura de dicho centro”. Señalaba, en este sentido, la recurrente que era “clarificador el hecho de que no (hubiera) ni una sola reclamación aparte de la de la actora en relación a la cobertura de dicho incremento.” Agregaba a lo expuesto que, “en el caso de la actora, además de lo anterior (concurría) el hecho de que no podía en modo alguno cubrir el incremento, por encontrarse en plena baja maternal, no siendo en ningún caso el motivo de la imposibilidad, la baja o su causa, sino la imposibilidad de realizar una prestación efectiva de servicios en el momento en que se produce la necesidad”».
En el parecer de la recurrente, la conclusión a la que habría llegado el juzgador de instancia «implica necesariamente la inclusión de escenarios distintos a los que refleja el artículo (art. 23 del Convenio) y por tanto un criterio alejado de la realidad que se pretende, al incluir una supuesta obligación “erga omnes” en la preferencia que se indica en el precepto».
También, la entidad recurrente rechaza la apreciada vulneración del art. 14 CE porque, a su entender, el juzgador de instancia, ni ha especificado exactamente cuál de los derechos a que se refiere dicho artículo se ha infringido, ni tampoco se ha acreditado el hecho concreto que haya provocado dicha vulneración, insistiendo en que, como empresario, se ha limitado «a gestionar el incremento del volumen de prestación de la manera que exige el pliego de condiciones técnicas y administrativas que regula la adjudicación de la que (aquel) es titular, que ordena la necesidad de cubrir este tipo de circunstancias de manera óptima».
Además, concluía su argumentación destacando que «la actuación de la empresa obviando lo dispuesto en el convenio colectivo, vulnera lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, ya que la empresa sustenta su rechazo y defensa tan sólo en la baja por riesgo durante el embarazo de la recurrida».
En el fundamento jurídico único de su resolución, la Sala, después de hacer mención expresa al contenido íntegro del art. 23 del convenio colectivo de referencia, invocado por la empleadora recurrente y de hacer una detallada cita de la jurisprudencia sobre la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos, que «es facultad de los Tribunales de Instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual», a la que agrega otra extensa referencia a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre las cláusulas contenidas en los convenios colectivos, se detiene en el análisis del supuesto de autos, para destacar de modo textual que «en el caso de autos, la actora es baja IT (por incapacidad temporal) el 28/03/2010, siendo su centro de trabajo el C.S. (Centro de Salud) Dª Tolosa Latour, incorporándose el 28/03/2011 y la codemandada fue contratada para el nuevo Centro de Salud, por lo que fue entonces cuando nació la “necesidad”, no existiendo pues la preferencia de la actora, y en consecuencia, se impone la estimación del motivo y del recurso, revocando la Sentencia de instancia…». En el fallo, la Sala deja sin efecto la Sentencia impugnada y absuelve a la empleadora, Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., de las pretensiones deducidas en su contra.
Después de hacer mención a la doctrina de este Tribunal sobre el derecho fundamental de referencia, así como a la normativa europea y nacional sobre esta materia, alega que la Sentencia impugnada y la conducta empresarial, han relegado el «derecho de la recurrente a la ampliación de su jornada, en el hecho de que estaba de baja por riesgo durante el embarazo en el momento en que la empresa necesitó realizar nuevas contrataciones, que incrementaron el número de horas de prestación del servicio». A su entender, «el embarazo y el parto inciden de forma exclusiva en las mujeres, lo que motivó este tratamiento peyorativo».
Seguidamente, expone la demanda que «si se analiza la respuesta dada tanto por la empresa como por la Sentencia de la Sala, fundada en que estaba de baja por riesgo durante el embarazo y maternidad, no resulta respetuosa con el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, por lo que se dio un tratamiento desfavorable en cuanto a su derecho preferente a la ampliación de jornada reconocido en el convenio colectivo de aplicación, en relación con el hecho de su maternidad».
Según su parecer, «la Sentencia de suplicación se aparta de los criterios de valoración adoptados por el Tribunal Constitucional en supuestos como el considerado, obviando que se podrían haber realizado contrataciones laborales ex novo, que garantizasen la prioridad de la recurrente, con el traslado y ampliación de la jornada en el futuro, cuando tras la situación de maternidad se reincorporase».
Finalmente, la demanda justifica la especial trascendencia constitucional del recurso en el sentido de que, a su entender, se plantea un problema que, con fundamento en el art. 50. 1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), «permite al Tribunal Constitucional aclarar o precisar la doctrina» (con cita de varias Sentencias de este Tribunal que se inicia con la STC 136/1996, de 23 de julio, y finaliza con la STC 66/2014, de 5 de mayo) sobre «la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, en los supuestos de reconocimiento de derechos de trabajadoras embarazadas, determinando si el contenido y alcance de esa doctrina puede ser extendido a otros supuestos y, más concretamente, al supuesto del reconocimiento del derecho preferente a la ampliación de la jornada de trabajo». En concreto, se refiere al supuesto de «trabajadoras contratadas a tiempo parcial, y embarazadas a las que, teniendo un derecho preferente a la ampliación de jornada, se deniega dicha ampliación, sólo por estar en situación de incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo».
4. Por providencia de 14 de abril de 2016, la Sala Segunda, Sección Cuarta de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que «concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)].» Por ello, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, a fin de que, en plazo no superior a diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm. 698-2014. Asimismo, acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 3 de Jerez de la Frontera para que, en el mismo plazo, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 580-2011, debiendo, a su vez, emplazar a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo, excepto a la parte recurrente en amparo.
5. Por medio de escrito que tuvo entrada el día 23 de junio de 2016 en el registro general de este Tribunal, se personó en el recurso de amparo el Procurador de los Tribunales don Álvaro García de la Noceda de las Alas Pumariño, en nombre y representación de Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., con la asistencia letrada de don Oscar Muela Gijón, solicitando que se le tuviera por comparecido en tiempo y forma en el proceso constitucional y que se entendieran con él las sucesivas diligencias del presente recurso de amparo.
A su parecer, no ha habido ningún tipo de acción llevada a cabo por la empresa «susceptible de ser considerada contraria a los derechos constitucionales que amparan a la trabajadora» demandante.
Señala, al respecto, que «la trabajadora construye su reclamación en base a que el hecho de que haya cubierto una vacante que surge cuando la trabajadora se encontraba de baja maternal y por tanto sin posibilidad alguna de ocupar efectivamente ningún puesto, supone una vulneración de sus derechos constitucionales». Por tanto, la tesis sostenida por la entidad ahora demandada hace referencia a que ésta se vio en la necesidad de tener que contratar a otra trabajadora para cubrir nuevas necesidades que surgieron mientras perduraba la baja por embarazo de la actora, agregando a lo expuesto que, «independientemente de que la trabajadora pretendiese ocupar ese puesto cuando finalizara su incapacidad, no se puede pretender justificar que la empresa debería haber esperado para cubrir esa vacante «ad eternum», cuando además la causa que fundamenta la adjudicación administrativa… “del servicio a aquélla es”… la atención de las necesidades del cliente, la limpieza de las instalaciones de los centros adscritos al servicio…» que «no (podían) quedar desatendidos hasta que la trabajadora estuviera en condiciones de prestar servicio».
En relación con la concreta vulneración del derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo denunciada por la demandante, opone la mercantil que no se ha acreditado por aquélla qué hecho concreto ha provocado dicha infracción, limitándose el juzgador «a decir que se ha vulnerado el artículo 14 CE porque el motivo de la baja era la maternidad… y por ser mujer, sin que haya mención alguna ni en la Sentencia ni en la prueba practicada de la que se derive un solo acto del empresario que implique esa vulneración».
A su entender, de los hechos declarados probados se deduce que, en el momento de la contratación de la nueva trabajadora, «la actora se encuentra de baja maternal, y no hay una petición por parte de ésta, ni en el momento, ni siquiera con carácter previo que resulte rechazada por el empresario», sino que éste se ha limitado «a gestionar el incremento del volumen de prestación de la manera que exige el pliego de condiciones técnicas y administrativas que regula la adjudicación» de la que la entidad empleadora es titular, que ordena «la necesidad de cubrir este tipo de circunstancias de manera óptima».
9. El día 5 de octubre de 2016 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, que inició su escrito exponiendo los antecedentes del caso que consideraba relevantes para inmediatamente suscitar en la fundamentación jurídica de aquel la problemática relativa a «si cabe cuestionar», que, en el caso de autos, debiera apreciarse el óbice relativo a la falta de cumplimiento del requisito del agotamiento de la vía judicial previa, pues, a su entender, la demandante debería haber promovido el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ahora recurre en amparo.
A tal efecto, con apoyo en la STC 77/2015, de 27 de abril, FJ 1, del que recoge expresamente el pasaje que destaca la exigencia de promover el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones cuando «la vulneración del derecho fundamental cuya protección se impetra en amparo por la parte recurrente, se imputa a la última resolución que cierra la vía judicial y no antes, razón por la cual, la formulación del incidente de nulidad de actuaciones se convierte en una condición necesaria para poder considerar cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa», llega a la conclusión de que la parte actora no ha agotado la vía judicial previa, toda vez que, si la misma ha indicado en su demanda que no era posible interponer el recurso extraordinario de casación para unificación de doctrina por no existir o encontrar sentencia de contraste, «la tacha (que) se imputa a la Sentencia cuestionada dictada en suplicación, por haber prescindido de toda ponderación de las circunstancias concurrentes y de cualquier valoración de la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora, implícito en su derecho a la ampliación de la jornada solicitada, pudiera tener la concreta opción planteada y, en su caso, las dificultades que esta pudieran ocasionar en el funcionamiento regular de la empresa para oponerse a la misma», debería haber promovido el indicado incidente extraordinario.
Por otra parte, en lo que atañe a la cuestión de fondo suscitada por la demandante, después de una extensa cita de la doctrina de este Tribunal (SSTC 66/2015, FJ 3; 3/2007, FJ 2; 173/2013 FJ 6, y 66/2014, FJ 4, por el orden que aparece en el escrito de alegaciones), afirma la Fiscal que la Sentencia de suplicación «ahora cuestionada acogió la tesis empresarial, marginando la toma en consideración de lo que era lo debatido, esto es, la maternidad de la trabajadora, para referirse en exclusividad a la situación de baja por IT (incapacidad temporal), lo que determinaba que la misma no tuviese preferencia en la contratación, sin otra argumentación».
Finaliza sus alegaciones destacando que «la Sala de lo Social marginó la dimensión constitucional de lo debatido, a pesar de que ello había sido la razón de decidir de la sentencia de instancia y formaba parte del recurso de suplicación de la empresa, impugnado por la trabajadora. Acreditada la situación de baja por riesgo de embarazo y sucesiva maternidad de la trabajadora y el perjuicio de ello derivado, se estaba en presencia de los presupuestos de vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo protegido por el artículo 14 CE, esto es, la concurrencia de un factor protegido, en este caso el embarazo y la maternidad, como realidad biológica afectante solo a la mujer y de otro lado, el perjuicio asociado al mismo, en el concreto ámbito de las relaciones laborales, al impedirle a la trabajadora la ampliación de su jornada laboral, debiendo recordarse que es doctrina reiterada del TC, la de que los derechos fundamentales pueden vulnerarse tanto por lesiones intencionadas como por lesiones objetivas no intencionales, y que no tienen valor legitimador la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio.»
En este sentido, la doctrina de este Tribunal ha coincidido en declarar (por todos, ATC 293/2014, de 10 de diciembre, FJ 2) que «ciertamente, el incidente de nulidad de actuaciones, a partir de la reforma introducida en el art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, es el instrumento idóneo para obtener ante la jurisdicción ordinaria la reparación de aquellas vulneraciones de los derechos fundamentales referidos en el art. 53.2 CE, que se entiendan cometidas en resolución judicial frente a la que la ley procesal no permita ningún recurso. Así, este precepto exige para la admisibilidad del incidente que la vulneración de que se trate no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. En consecuencia, no será necesario que el recurrente reitere una queja a través de un incidente de nulidad que, por referirse a una vulneración ya denunciada con anterioridad, deviene manifiestamente improcedente a tenor del indicado precepto».
En tales circunstancias, la promoción del incidente de nulidad de actuaciones hubiera resultado materialmente inútil y manifiestamente improcedente, por cuanto hubiera supuesto reiterar una vez más la invocada infracción del derecho fundamental de la ahora demandante a no ser discriminada por razón de sexo, que vino sosteniendo ésta a lo largo de todo el proceso judicial como fundamento de su pretensión de optar a la ampliación de la jornada laboral semanal y a prestar servicio en el nuevo centro de salud. Como ha tenido ocasión de declarar este Tribunal (por todas, la STC 216/2013, de 19 de diciembre, FJ 2,) «en supuestos como el que ahora nos ocupa, basta comprobar que los órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los derechos fundamentales luego invocados en vía de amparo constitucional, para estimar cumplido el mencionado requisito. Lo contrario supondría cerrar la vía de amparo constitucional con un enfoque formalista y confundir la lógica del carácter subsidiario de su configuración».
Después de consagrar, con carácter general, el citado principio de igualdad de trato (artículo 3) y de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, así como en las condiciones de trabajo (artículo 5), la Ley Orgánica 3/2007 establece, en lo que ahora es de interés, los conceptos de lo que se entiende por discriminación directa e indirecta (artículo 6) para continuar disponiendo en su artículo 8, bajo la rúbrica «discriminación por embarazo o maternidad», que «constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad». En el mismo sentido, el vigente texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (que deroga el anterior Real Decreto Legislativo 1/1995, de 23 de marzo), en su art. 4.2 c), reconoce como derecho del trabajador el de «no ser discriminado directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razón de sexo», y, en su siguiente artículo 17.1, la nulidad e ineficacia, entre otros, de los actos del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta.
Más concretamente, en relación con el embarazo y su incidencia en las condiciones de trabajo de la mujer, ha declarado también este Tribunal que se trata de un «elemento o factor diferencial que, en tanto que hecho biológico incontrovertible, incide de forma exclusiva sobre las mujeres» (SSTC 175/2005, de 4 de julio, FJ 3; 214/2006, de 3 de julio, FJ 3, y 342/2006, de 11 de diciembre, FJ 3, entre otras). En este sentido, se afirma que «la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo» (SSTC 182/2005, de 4 de julio, FJ 4; 74/2008, de 23 de junio, FJ 2, y 92/2008, de 21 de julio, FJ 4). Desde luego, como destaca la STC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 7, «el artículo 14 CE no consagra la promoción de la maternidad o de la natalidad (STC 182/2005, de 4 de julio, FJ 4), pero sí excluye toda distinción, trato peyorativo y limitación de derechos o legítimas expectativas de la mujer en la relación laboral fundado en dichas circunstancias, por lo que puede causar una vulneración del art. 14 CE la restricción de los derechos asociados con la maternidad o la asignación de consecuencias laborales negativas al hecho de su legítimo ejercicio, visto que el reconocimiento de esos derechos y sus garantías aparejadas están legalmente contemplados para compensar las dificultades y desventajas que agravan de modo principal la posición laboral de la mujer trabajadora».
Continúa afirmando la STC 233/2007 (a la que hacen referencia las posteriores SSTC 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2, y 162/2016, de 3 de octubre, FJ 4) que, «para ponderar las exigencias que el art. 14 CE despliega en orden a hacer efectiva la igualdad de la mujer en el mercado de trabajo, es preciso atender a circunstancias tales como “la peculiar incidencia que respecto de la situación laboral de aquélla tiene el hecho de la maternidad y la lactancia, en cuanto se trata de compensar las desventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre y que incluso se comprueba por datos revelados por la estadística (tal como el número de mujeres que se ven obligadas a dejar el trabajo por esta circunstancia a diferencia de los varones)” (SSTC 109/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 203/2000, de 24 de julio, FJ 6; 324/2006, de 20 de noviembre, FJ 4, y 3/2007, de 15 de enero, FJ 2), y a que existe una innegable y mayor dificultad para la mujer con hijos de corta edad para incorporarse al trabajo o permanecer en él, dificultad que tiene orígenes muy diversos, pero que coloca a esta categoría social en una situación de hecho claramente desventajosa respecto a los hombres en la misma situación (SSTC 128/1987, de 16 de julio, FJ 10, o 214/2006, de 3 de julio, FJ 6, por añadir otros pronunciamientos a los ya citados)» (FJ 6).
Prosigue esta STC 233/2007, FJ 6, declarando que «de esa necesidad de compensación de las desventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre se deduce la afectación del derecho a la no discriminación por razón de sexo cuando se produzcan decisiones empresariales contrarias al ejercicio de un derecho de maternidad en sentido estricto, así como también cuando se den otras que resulten contrarias al ejercicio por parte de la mujer de derechos asociados a su maternidad. En efecto, el Ordenamiento jurídico, además de los derechos que atribuye a las mujeres por su maternidad, reconoce otros que, si bien se conceden a ambos padres, inciden por razones sociales de modo singular en las mujeres, como demuestran los datos estadísticos» (SSTC 240/1999, de 20 de diciembre, FJ 7; 203/2000, de 24 de julio, FJ 6, o 3/2007, de 15 de enero, FJ 5).
Por ello, para hacer efectiva la cláusula de no discriminación por razón de sexo del art. 14 CE, este Tribunal ha establecido un canon mucho más estricto y riguroso que el de la mera razonabilidad que, desde la perspectiva genérica del principio de igualdad, se exige para la justificación de la diferencia normativa de trato. En efecto, como ha tenido ocasión de declarar este Tribunal (SSTC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 5; 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2, y 162/2016, de 3 de octubre, FJ 4), «a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 CE implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida “ex constitutione”, que imponen como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad».
En definitiva, como señala la STC 66/2014, de 5 de mayo, FJ 2, «la prohibición constitucional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá producido la lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que el factor prohibido representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio».
La lectura del fundamento jurídico único de la citada Sentencia permite advertir que la Sala no dio la relevancia que merecía el análisis y aplicación al caso de autos del art. 14 CE y centró su argumentación en el análisis del art. 23 del convenio colectivo de aplicación, de limpieza de edificios y locales comerciales de la provincia de Cádiz, resolviendo el conflicto procesal desde la perspectiva de la legalidad ordinaria. En este sentido, la Sala, después de recoger en su integridad el texto del citado precepto, interpreta su contenido sobre la base de dos presupuestos de hecho que venían declarados probados en la Sentencia de instancia y que no habían sido objeto de controversia por las partes, esto es, de un lado que la actora se hallaba en situación de baja por incapacidad temporal cuando la empresa empleadora de la que aquélla dependía contrató a una nueva trabajadora, siendo el lugar de trabajo de la ahora demandante el Centro de Salud Doctor Tolosa Latour; y, de otro lado, que «“la codemandada fue contratada para el nuevo Centro de Salud, por lo que fue entonces cuando nació la “necesidad”» de dicha contratación, a lo que agrega que no existió «pues la preferencia de la actora». La exposición de ambos presupuestos de hecho no es seguida de una argumentación que haya puesto en conexión con aquellos la posterior afirmación que hace la Sala de que no existió una «preferencia» de la actora para ocupar el nuevo puesto de trabajo, sin que corresponda a este Tribunal deducir conclusión alguna acerca de la conexión o relación que haya podido establecer la Sala entre aquellos dos presupuestos de hecho y el juicio de valor que, acerca de la preferencia invocada, entiende que no tiene la demandante.
Sin embargo, sí es posible deducir del análisis del procedimiento judicial que la problemática planteada por la pretensión de la actora y el debate que se suscitó entre las partes a consecuencia de aquella, ha tenido, no sólo en la instancia sino también en sede de suplicación, una dimensión constitucional que excede del mero juicio de interpretación y aplicación de un precepto convencional que ha hecho la Sala, pues lo que la demandante ha invocado en todo momento es su derecho como trabajadora a no ser discriminada por razón de sexo y lo que la entidad empleadora ha rebatido de contrario es que tal discriminación no se ha producido porque la contratación de la nueva trabajadora habría derivado de nuevas necesidades empresariales de cobertura del servicio de limpieza en otro centro de salud que había quedado incorporado «ex novo» a la relación de los que tenía asignados anteriormente.
El mencionado art. 23 del convenio dispone, en lo que ahora es relevante y para aquellos trabajadores que estén vinculados con contrato a tiempo parcial, que «los trabajadores/as vinculados a las empresas con contrato de trabajo a tiempo parcial gozarán de preferencia frente a terceros en aquellos casos en que la empresa tenga necesidad de realizar nuevas contrataciones, que incrementen el número de horas de prestación de servicios. Esta preferencia no será de aplicación sobre trabajadores/as contratados a tiempo completo».
En definitiva, la entidad empleadora debería haberle dado en algún momento a la actora la oportunidad de ejercitar ese derecho preferente para de, este modo, darle un tratamiento igualitario al que había tenido con el resto de sus compañeros de trabajo a tiempo parcial, que sí tuvieron esa oportunidad.
1.º Declarar que se ha vulnerado el derecho de la demandante de amparo a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).
2.º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de 9 de marzo de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, recaída en el recurso de suplicación 698-2014, declarando la firmeza de la Sentencia de 21 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Jerez de la Frontera en los autos 580-2011.
Dada en Madrid, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2723-2015
Teniendo en cuenta que los órganos judiciales intervinientes tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre la lesión del derecho fundamental denunciado, la Sentencia aprobada por la mayoría estima aplicable al caso la doctrina recogida en la STC 216/2013, de 19 de diciembre, FJ 2. Tal entendimiento le lleva a afirmar categóricamente, en el fundamento jurídico tercero, que «la promoción del incidente de nulidad de actuaciones hubiera resultado materialmente inútil y manifiestamente improcedente, por cuanto hubiera supuesto reiterar una vez más la invocada infracción del derecho fundamental de la ahora demandante a no ser discriminada por razón de sexo».
En el caso analizado en la STC 216/2013, el debate se suscitó en torno a dos pilares fundamentales: la intromisión ilegítima en el derecho al honor alegada por el codemandado en el recurso de amparo, frente al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información invocado por el demandante en sede constitucional. Consecuentes con los términos del debate, los órganos judiciales que actuaron en las tres instancias se pronunciaron al respecto; y así, en la primera instancia y en sede casacional se apreció la lesión del honor ocasionada al codemandado en el recurso de amparo, mientras que el Tribunal que resolvió el recurso de apelación consideró que la demandada en el proceso judicial –y demandante en el recurso de amparo– ejercitó legítimamente las libertades antes referidas. En resumidas cuentas, en todas las instancias judiciales estuvo presente el dilema acerca la prevalencia de los indicados derechos y, sobre esa cuestión, los órganos intervinientes resolvieron en uno u otro sentido.
En esas circunstancias resulta de todo punto lógico el razonamiento seguido por la STC 216/2013, cuando afirma que «en este caso el carácter subsidiario del amparo ha quedado sobradamente garantizado –el asunto pasó por tres instancias judiciales, en cada una de las cuales hubo ocasión de examinar las alegadas lesiones de derechos fundamentales y se decidió en consecuencia–». Otro tanto ocurrió en el asunto enjuiciado en la STC 176/2013, de 21 de octubre, en cuyo fundamento jurídico 3 este Tribunal sostuvo que «en el proceso judicial del que este recurso de amparo trae causa, el objeto central de la controversia a lo largo de sus tres instancias consistió en si se habían vulnerado los derechos del demandante a la propia imagen y la intimidad o si, por el contrario, la conducta del demandado se encontraba amparada por el ejercicio del derecho a la información, obteniéndose una respuesta judicial no uniforme en las sentencias de instancia y apelación, por una parte, y de casación por otra».
Sin embargo, en el presente caso esas consecuencias no se habrían producido, toda vez que, de haberse interpuesto el incidente de nulidad, el órgano que resolvió el recurso de suplicación –que, a la postre, fue el que único que ocasionó la lesión– habría tenido ocasión de dispensar una respuesta expresa sobre el aspecto esencial resuelto en la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social y, en consecuencia, podría haber reparado la vulneración del derecho fundamental que se le atribuye en la demanda de amparo o, cuanto menos, podría haber explicitado las razones por las que no consideró producida dicha lesión, posibilitando con ello la subsidiariedad del recurso de amparo ulteriormente entablado.
En suma, ante los categóricos términos de la Sentencia aprobada por la mayoría, que no sólo proclama la inutilidad de la interposición del incidente «ad casum», sino también su manifiesta improcedencia, expresamente sostengo que la formulación del incidente de nulidad resultaba obligada en el presente supuesto, a fin de agotar debidamente la vía judicial. Y ello, tanto por la procedencia formal de su interposición como por su potencial utilidad para remediar la vulneración del derecho fundamental que, en la demanda de amparo, la recurrente atribuye a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla).
Madrid, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Firmado y rubricado.

References: artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 14
e contrario