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Presidente Constitucional de la República del Ecuador - Página 5
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La Dirección General a través de la Subdirección de Afiliación y Cobertura, verificará la adecuada afiliación y continuidad de la protección de los trabajadores de la industria azucarera.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-
PRIMERA.- En un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Resolución, la Subdirección de Afiliación y Cobertura en coordinación con la Dirección de Desarrollo Institucional, realizarán las aplicaciones y procesos informáticos requeridos para su adecuado cumplimiento.
SEGUNDA.- Sin perjuicio de que concluya la instalación de los aplicativos y procesos informáticos para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Resolución, la Dirección General, la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, la Dirección del Sistema de Pensiones, la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la Dirección Económico Financiera y las Direcciones Provinciales, garantizarán el acceso a las prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores permanentes y de temporada de la industria azucarera.
TERCERA.- Los aportes registrados en el período interzafra 2013, correspondientes a los trabajadores que al amparo de la presente Resolución se registren como trabajadores permanentes, se considerarán para el efecto de la concesión de prestaciones, como tiempo simultáneo.
CUARTA.- La Comisión Jurídica procederá a la codificación del Reglamento de Registro, Afiliación y Concesión de Prestaciones de los Trabajadores de Temporada de la Industria Azucarera, que incluirá la presente Resolución.
PRIMERA.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese la Dirección General, la Dirección de Desarrollo Institucional, la Subdirección de Afiliación y Cobertura y las Direcciones Provinciales del IESS, dentro de sus competencias.
SEGUNDA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Quito, Distrito Metropolitano, a 4 de Septiembre de 2012.
f.) Ramiro González Jaramillo, Presidente, Consejo Directivo.
f.) Ing. Felipe Pezo Zúñiga, Miembro, Consejo Directivo.
f.) Ab. Luís Idrovo Espinoza, Miembro, Consejo Directivo.
f.) Econ. Bolívar Bolaños Garaicoa, Director General IESS (E).
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Dr. MSc. Patricio Arias Lara, Prosecretario, Consejo Directivo.- 13 de septiembre del 2012.
RAZÓN: La compulsa que antecede es fiel copia del original.- Certifico.- f.) Dr. Ángel V. Rocha Romero, Secretario General del IESS.
RESUMEN CAUSA No. 0002-12-IO
(Admitida a trámite)
De acuerdo con lo ordenado por la Sala de admisión, mediante Auto de 12 de septiembre de 2012, a las 10h02; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:
CAUSA: Acción Pública de Inconstitucionalidad de norma derogada 0002-12-IO.
LEGITIMADO ACTIVO: Honorio Rigoberto González González. Glenda Maribel González Dávila, Patricio Rigoberto González González; y Richard Honorio González Dávila.
CASILLA CONSTITUCIONAL: 198
CORREOELECTRONICO: ricardo3_ ec@yahoo.com
LEGITIMADOS PASIVOS: Presidente Constitucional de la República y Procurador General del Estado
Los accionantes demandan la inconstitucionalidad de norma derogada – del Decreto Ejecutivo 1127 publicado en el Registro Oficial 361 de 17 de junio de 2008, es contraria a la Disposición Vigésimo Primero de la Constitución, vulnerándose el principio de reserva de Ley, pues a su entender , “al no haberse regulado por el legislador los procedimientos y métodos de cálculo de compensación de los docentes que optaban por jubilarse, (antes de expedirse la Ley Orgánica de Educación Intercultural), se han afectado sustancialmente sus derechos, pues se han visto discriminados arbitrariamente del resto de servidores públicos e incluso del resto de docentes que mediante la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Suplemento 417 del Registro Oficial de 31 de marzo de 2011 conforme lo determina su Disposición General Novena, tiene derecho a : NOVENA.- Como estimulo para la jubilación de las y los docentes, el Estado les pagará por una sola vez las compensaciones económicas establecidas el la Ley Orgánica de Servicio Público para el efecto (…).”
LO CERTIFICO.- Quito D.M., 12 de septiembre de 2012, a las 10h02.
f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL (e).
RESUMEN CAUSA No. 0046-12-IN
De acuerdo con lo ordenado por la Sala de admisión, mediante Auto de 12 de septiembre de 2012, a las 10h52; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 52 de 22 de octubre de 2009, se pone en conocimiento del público lo siguiente:
CAUSA: Acción Pública de Inconstitucionalidad 0046-12- IN.
LEGITIMADO ACTIVO: Rafael Vicente Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
CASILLA CONSTITUCIONAL: 01
LEGITIMADOS PASIVOS: Presidente de la Asamblea Nacional y Procurador General del Estado.
66; 85; 313; 394; y 424.
El accionante solicita se declare la inconstitucionalidad del los artículos 29 numeral 26; 92; 93; 188; 192.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, aprobada por La Asamblea Nacional y promulgada en el Suplemento del Registro Oficial 398 de 7 de agosto del 2008.
LO CERTIFICO.- Quito D.M., 12 de septiembre de 2012, a las 10h52.
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 que el sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado;
Que, la Constitución en el artículo 227, establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, la Constitución el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad ínter territorial, integración y participación ciudadana;
Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la Constitución, establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus competencias exclusivas: “En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales”;
Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en el artículo 5, inciso segundo manifiesta que la autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial, se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal directo y secreto; y el ejercicio de la participación ciudadana;
Que, este mismo cuerpo de ley en su artículo 6, inciso primero dispone que ninguna función del Estado ni autoridad extraña, podrá interferir en la autonomía política administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa de los concejos municipales para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial;
Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en este código;
Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre la normativa de la Constitución y el COOTAD para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal y de los actos decisorios del mismo;
Que, es imperativo establecer procedimientos que permitan una programación adecuada y un seguimiento y evaluación permanentes en la creación y aplicación de los actos decisorios legislativos de la administración local;
Que, el COOTAD en su artículo 350 establece que para el cobro de los créditos de cualquier naturaleza que existieran a favor del gobierno cantonal, estos y sus empresas, ejercerán la potestad coactiva por medio de los respectivos tesoreros o funcionarios recaudadores de conformidad con las normas de este código;
Que, la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, esto es el Alcalde, podrá designar recaudadores externos y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales; estos coordinarán su accionar con el tesorero de la entidad respectiva;
Que, el artículo 351 del mismo cuerpo legal establece, que el procedimiento de ejecución coactiva observará las normas del Código Orgánico Tributario y supletoriamente las del Código de Procedimiento Civil, cualquiera fuera la naturaleza de la obligación cuyo pago se persiga;
Que, el artículo 993 del Código de Procedimiento Civil determina que “…La jurisdicción coactiva tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a las demás instituciones del sector público que por Ley tiene esta jurisdicción;…”;
Que, el artículo 352 del Código Tributario y 998 del Código de Procedimiento Civil, en referencia al título de crédito manifiesta que el procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito que lleva implícita la orden de cobro, por lo que no será necesario para iniciar la ejecución coactiva, orden administrativa alguna;
Que, los títulos de crédito los emitirá la autoridad competente, cuando la obligación se encuentre determinada, líquida y de plazo vencido; basado en catastros, títulos ejecutivos, cartas de pago, asientos de libros de contabilidad, y en general por cualquier instrumento privado o público que pruebe la existencia de la obligación en concordancia con lo establecido en el artículo 997 del Código de Procedimiento Civil;
Que ante la falta de recursos, la recuperación de la cartera vencida es una alternativa para fortalecer las finanzas municipales y de esta manera elevar el nivel de eficiencia de la administración;
Que, es de fundamental importancia fortalecer la capacidad operativa y de gestión a los juzgados de coactiva, a efectos de lograr la recuperación de la cartera vencida, y contar oportunamente con los recursos que se requieren para mejorar la capacidad económica del GAD Municipal;
Que, es necesario contar con una ordenanza que facilite la sustanciación oportuna de un mayor número de causas para la recaudación de valores adeudados a esta institución; y,
En uso de las atribuciones que le concede la Constitución y el COOTAD, en el artículo 57, literal a):
LA ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN O COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES.
Art. 1.- Del ejercicio de la acción o jurisdicción coactiva.- La acción o jurisdicción coactiva se ejercerá para el cobro de créditos tributarios, no tributarios y por cualquier otro concepto que se adeudare al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez, previa expedición del correspondiente título de crédito, cuando los cobros sean anuales, correspondientes al ejercicio económico anterior; con mora de noventa días, cuando sean mensuales, trimestrales o semestrales de conformidad con lo dispuesto en el Art. 158 del Código Tributario y el Art. 993 y 1000 del Código de Procedimiento Civil, así como los que se originen en mérito de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas.
Art. 2.- Atribuciones.- La acción o jurisdicción coactiva será ejercida por el Tesorero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez, y las personas que designe el Alcalde, de conformidad con lo indicado en el inciso 1ro. y 2do. del Art. 158 del Código Tributario en concordancia con el Art. 64 y 65 del mismo cuerpo legal y el artículo 994 del Código de Procedimiento Civil.
Art. 3.- Procedimiento.- El Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez, autorizará la emisión de los títulos de crédito en la forma y con los requisitos establecidos en los Arts. 149, 150 y 151 del Código Tributario. Las copias de los títulos de crédito por impuestos prediales se obtendrán a través de los sistemas establecidos o automatizados en la corporación municipal generándose un listado de los títulos que se enviarán al respectivo Juez de Coactiva hasta el 31 de enero de cada año posterior a la emisión, para que se inicien los juicios coactivos correspondientes, indicando las características del sujeto pasivo de la relación tributaria como son: nombre, razón social, número del título de crédito, valor del título y demás datos que faciliten su identificación y localización. En casos de títulos de créditos que por otros conceptos se adeudaren al GAD de Camilo Ponce Enríquez, para su ejecución o cobro las copias se obtendrán a través de la Jefatura de Avalúos, en cualquier fecha, de manera oportuna.
Art. 4.- Notificación por la prensa a los deudores.- Dentro de los 30 días siguientes a la culminación de cada ejercicio económico anual, el Juez de Coactiva notificará a los deudores de créditos tributarios, no tributarios o cualquier otro concepto, en un aviso de carácter general sin mencionar nombres, en los casos y de conformidad con lo establecido en los artículos 106, 107, 113 y 151 del Código Tributario, en los medios de mayor
sintonía de la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, sin perjuicio que se lo haga en uno de los diarios que se edita en la ciudad de Cuenca, concediéndoles ocho días para el pago. Este procedimiento se efectuará en cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, artículo 86.
Art. 5.- Citación con el auto pago a los deudores.- Vencido el plazo señalado en el artículo 151 del Código Tributario y en aplicación del artículo 161 del Código Tributario y los artículos 1003 y 1004 del Código de Procedimiento Civil, sin que el deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o solicitado facilidades de pago, el ejecutor dictará el auto de pago ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el siguiente al de la citación de esta providencia: apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarían bienes equivalentes a la deuda, intereses y costas.
Art. 6.- Solemnidades sustanciales.- En el procedimiento coactivo se aplicará lo dispuesto en los artículos 1018 del Código de Procedimiento Civil y 165 del Código Tributario, es decir se observará el cumplimiento de las solemnidades sustanciales a saber: a) Legal intervención del funcionario ejecutor; b) Legitimidad de personería del coactivado; c) Aparejar el título de crédito o copia certificada del mismo, con el auto de pago para la validez del proceso; d) Que la obligación sea determinada, líquida y de plazo vencido; y, e) Citación con el auto de pago al coactivado.
Art. 7.- Medidas precautelatorias.- Antes de proceder al embargo el Juez de Coactivas en el mismo auto de pago o posteriormente puede disponer el arraigo o la prohibición de ausentarse del país, el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes. Al efecto, no necesitará trámite previo.
Art. 8.- Embargo.- Si no se pagare la deuda a pesar de las medidas cautelares dictadas, ni se hubieren dimitido bienes en el término ordenado en el auto de pago el ejecutor ordenará el embargo, que se realizará de acuerdo a la Sección Segunda del Capítulo V del Título II del Código Tributario. El funcionario ejecutor podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles, militares y policiales para la recaudación y ejecución de los embargos ordenados en providencia en aplicación a lo dispuesto en el artículo 1019 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.
Art. 9.- Depositario y Alguacil.- El Juez de Coactivas designará preferentemente de entre los empleados/as del GAD Municipal de Camilo Ponce Enríquez, Alguacil y Depositario, para los embargos, y retenciones quienes prestarán su promesa para la práctica de estas diligencias ante él y quienes percibirán los honorarios de ley, quedando sujetos a las obligaciones que les impone la misma.
Art. 10.- Deudor.- Una vez citado con el auto de pago, el deudor podrá cancelar el valor adeudado, más los intereses y costas procesales, en dinero efectivo o cheque certificado a órdenes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez, en cualquier estado del proceso judicial, hasta antes del remate, previa autorización del Juez y
la liquidación respectiva. El coactivado podrá además cesar las medidas precautelatorias o cautelares afianzando las obligaciones tributarias por un valor que cubra el principal, los intereses causados hasta la fecha del afianzamiento y un 10% adicional por intereses a devengarse y costas, por uno de los siguientes modos:
Depositando en el Banco de Fomento, sus sucursales o agencias, en una cuenta especial a la orden del GAD Municipal de Camilo Ponce Enríquez, en dinero efectivo
Mediante fianza bancaria, otorgada por cualquier entidad financiera, sin perjuicio de que se observe las demás disposiciones contenidas en el Art. 248 del Código Tributario en lo que fuere aplicable
Art. 11.- Interés por mora y recargos de ley.- El contribuyente coactivado, además de cubrir los recargos de ley, pagará un interés anual de mora, cuya tasa será la que fije trimestralmente el Banco Central del Ecuador o la entidad competente para hacerlo; interés que se calculará de conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 del Código Tributario, más el 10% del total de la recaudación por concepto de honorarios y costas de ejecución en aplicación del artículo 210 del Código Tributario.
Art. 12.- De la baja de títulos de crédito y de especies.- Tomando en consideración el artículo 340 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización y del artículo 93 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, cuando se hubiere declarado la prescripción de obligaciones a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez, con arreglo a las disposiciones legales vigentes o por muerte, desaparición, quiebra u otra causa semejante que imposibilite su cobro, así como en todos los casos en que la ley faculta la baja de los títulos de crédito que contiene dichas obligaciones, el Alcalde o por delegación de este, el Director Financiero ordenará dicha baja. El Director Financiero autorizará la baja de los títulos de crédito incobrables por prescripción, mediante solicitud escrita del contribuyente y en aplicación de lo establecido en el artículo 55 del Código Tributario.
Art. 13.- Procedencia para la baja de títulos de crédito.- En la resolución correspondiente expedida por el Alcalde o su delegado o el Director Financiero en aplicación del artículo 340 párrafo segundo del COOTAD, se hará constar el número, serie, valor, nombre del deudor, fecha y concepto de la emisión de los títulos y más particulares que fueren del caso, así como el número y fecha de la resolución por la que la autoridad competente hubiere declarado la prescripción de las obligaciones, o el motivo por el cual se declare a las obligaciones como incobrables.
Art. 14.- Baja de especies.- En caso de existir especies valoradas mantenidas fuera de uso por más de dos años en las bodegas, o que las mismas hubieren sufrido cambios en su valor, concepto, lugar; deterioro, errores de imprenta u otros cambios que de alguna manera modifiquen su naturaleza o valor, el servidor a cuyo cargo se encuentren elaborará un inventario detallado y valorado de tales especies y lo remitirá al Director Financiero y este al Alcalde, para solicitar su baja. El Alcalde de conformidad dispondrá por escrito se proceda a la baja y destrucción de las especies valoradas; en tal documento se hará constar lugar, fecha y hora en que deba cumplirse la diligencia.
Art. 15.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si esta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado.
Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento.
En el caso de que la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez haya procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación planteada en contra del acto determinativo antes mencionado.
La prescripción deberá ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, el Juez o autoridad administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Camilo Ponce Enríquez no podrá declararla de oficio.
Art. 16.- Informe semestral del Tesorero.- El Tesorero del GAD, cada semestre prepara un listado de todos los títulos de crédito o cartas de pago, liquidaciones o determinación de obligaciones tributarias ejecutorias, o no tributarias, que estén en mora, lista que se hará en orden alfabético, indicando los números de títulos y monto de lo adeudado por cada impuesto, contribución, tasa, etc., copia de este listado se enviará al Alcalde, al Procurador Síndico y al Director Financiero del GAD Municipal de Camilo Ponce Enríquez.
Catálogo: Files -> Catalogo -> registros-pdf
registros-pdf -> Tercer suplemento

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 225
 artículo 227
 artículo 238
 artículo 240
 artículo 264
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 53
 artículo 350
 artículo 351
 artículo 993
 artículo 352
 artículo 997
 artículo 57
 artículo 994
 artículo 86
 artículo 151
 artículo 161
 artículo 1019
 artículo 210
 artículo 340
 artículo 93
 artículo 55
 resolución 
 artículo 340
 resolución 
 resolución