Source: http://forolegalbarcelona.blogspot.com/2010/12/
Timestamp: 2017-10-24 07:43:01+00:00

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Foro Legal | Abogados Barcelona: diciembre 2010
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El arbitraje: solución de conflictos con ahorro de tiempo y dinero
La sociedad actual viene demandando mecanismos de resolución de conflictos más rápidos y eficientes que los que puede proporcionar el sistema judicial tradicional. Por ese motivo, y con el objetivo de fomentar el arbitraje en Cataluña, y especialmente en Barcelona, se ha creado la nueva Comisión de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad (ICAB).
Tal y como afirma Juan Pablo Correa Delcasso, presidente e impulsor, se quiere hacer de Barcelona una sede de futuros procedimientos arbitrales a nivel internacional ya que, por su situación estratégica y por su atractivo como ciudad, reúne todas las condiciones para hacerlo posible.
La legislación española ha intentado potenciar esta institución, pero no ha sido hasta la llegada de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuando se ha llegado a sistematizar plenamente y desarrollar realmente la institución del arbitraje, no sólo en el ámbito internacional sino también en el nacional, siendo todavía una ley con muy poca aplicación práctica. Un motivo para ello es que no está todavía lo bastante difundida la convicción de que el arbitraje produce los efectos de una sentencia firme, resultando además que contra la resolución dictada por los árbitros no cabe recurso alguno.
El laudo es directamente ejecutable ante un Juzgado como si de una sentencia firme se tratase. Por ello, para el supuesto de incumplimiento por la parte que ha resultado condenada, cabe que la parte favorecida inste su ejecución judicial.
Un ahorro de tiempo, que implica un importante ahorro económico para las partes en discordia frente a los gastos habituales de un proceso judicial ordinario, siendo el ámbito mercantil y empresarial donde la rapidez en la resolución del conflicto deviene vital para los intereses y buena marcha de las empresas.
Como medio de solución de conflictos alternativa a la jurisdicción tradicional, lo usual para su celebración es que se incluya una cláusula arbitral cuando se firma un contrato. Su inclusión, es el resultado del acuerdo entre las partes para acudir a una herramienta de protección más rápida y efectiva para hacer cumplir lo pactado y cada vez más son las empresas que, a pesar de no haber incluido una cláusula arbitral en el contrato, deciden acudir a arbitraje después de surgido el conflicto. En ese caso, sin embargo, no siempre será tan fácil obtener el acuerdo del otro contratante: una vez llegados a un punto de conflicto, existe la posibilidad de que a una de las partes ya le vaya bien dilatar la cuestión en el tiempo, por lo que es mejor pactar la cláusula en el momento de celebrar el contrato, cuando los intereses de ambas partes en este terreno pueden ser coincidentes. Un buen modelo de cláusula arbitral podría ser el siguiente: “Las partes se someten, para la resolución de cualquier cuestión litigiosa derivada de este contrato, al arbitraje institucional de [entidades como el Colegio de Abogados], a quien se encomienda la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje, obligándose desde ahora a cumplir la decisión arbitral”. Además, es habitual señalar también en qué ciudad se celebrará ese eventual arbitraje y, en su caso, la protocolización del laudo ante notario.
Es un sistema eficaz y eficiente. Además, si los árbitros son abogados cualificados y experimentados en la materia objeto de litigio, se alejarán lo máximo posible de los formalismos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se situarán en lo más cercano a los principios generales del derecho, es decir, tendiendo a la adopción de decisiones basadas, en mayor o menor grado, en principios de equidad. Además la utilización de dichos procesos arbitrales va a producir una descongestión de los Juzgados, por la economía de medios y tiempo que conllevan. El Arbitraje está llamado a ser el método de resolución de conflictos más común en el futuro.
Algunos datos que ofrece el Tribunal Arbitral de Barcelona son especialmente reveladores: el tiempo medio de resolución del expediente introductorio es de 3,3 meses y el de ejecución del procedimiento arbitral de 4,7 meses.
El cumplimiento voluntario de los laudos se sitúa en el 60% de los dictados, significándose que la ejecución judicial de los mismos ha quedado situada en un escaso 3%, reduciéndose igualmente el índice de laudos anulados en los últimos cinco años a sólo un 1,7%.
Participación de Foro Legal
Foro Legal participará activamente, a través de su socio director J. Nicolás de Salas, en la Comisión de Arbitraje del ICAB.
J. Nicolás de Salas, que en su condición de diputado al Congreso ya figuró como miembro de la ponencia de la Ley 36/ 1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, refuerza su confianza en la trayectoria ejemplar de esta institución. Los nuevos retos de un mercado cambiante día tras día y la tramitación en sede parlamentaria de una nueva Ley de reforma de Arbitraje hacen absolutamente necesario un decidido esfuerzo de todos los operadores jurídicos, con el ICAB al frente, para extender y potenciar ese eficaz medio de resolución de controversias.
Se puede acceder a la Comisión de Arbitraje del ICAB a través del enlace siguiente: http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d47dc4efc01bb095ae50e3232619ac5f5d72f764b706fc1165988e0b0f68d1e5da
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La morosidad puede echar del mercado a 100.000 autónomos
Un total de 100.000 trabajadores autónomos podrían verse obligados a cesar en sus negocios durante el año 2011, como consecuencia directa de la morosidad en las operaciones comerciales, tanto provinente de la Administración como del sector privado.
El 64% de los trabajadores autónomos son víctimas actualmente del retraso en los pagos, sin que se haya percibido por el momento un impacto significativo de las nuevas medidas adoptadas mediante la reforma de la Ley contra la Morosidad.
La deuda que las distintas administraciones tienen contraídas con trabajadores autónomos asciende, en este momento, a la suma de 12.000 millones de euros.
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La reforma del Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 5/2010, entra hoy en vigor. Mediante dicha reforma, se tipifican nuevos delitos como el acoso inmobiliario, la estafa a los inversores bursátiles, o el soborno entre particulares, como modalidad de un tipo reservado hasta el momento para los funcionarios públicos. Asimismo, la reforma establece también medidas más duras en ámbitos como, por ejemplo, el de la circulación de vehículos a motor.
La principal novedad, sin embargo, es la incorporación al Código de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con lo cual se rompe el clásico principio "societas delinquere non potest" (la sociedad no puede delinquir) que hasta ahora había primado en nuestro ordenamiento.
Esta reforma obligará a las empresas a dotarse de un mecanismo de prevención y vigilancia del cumplimiento, por parte de sus empleados, de las normas legales vigentes. Se trata de programas que se aplican ya en los ordenamientos anglosajones -donde la responsabilidad penal de las personas jurídicas lleva ya más tiempo implantada- y que se conoce como Corporate compliance. De este modo, las empresas podrán protegerse ante eventuales procedimientos abiertos como consecuencia de la actuación de sus trabajadores.
En la web de Foro Legal encontrarán un artículo sobre la cuestión, a a través del enlace siguiente: http://www.forolegal-abogados.com/newsletters/newsletter-noviembre-2010.pdf
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Exigencia de responsabilidad a los administradores: Legal Today publica un artículo de Foro Legal sobre su prescripción
La revista jurídica electrónica Legal Today, del grupo Aranzadi, publica hoy un artículo del abogado de Foro Legal Antonio Valmaña sobre la prescripción de las acciones contra los administradores de las sociedades mercantiles. Según expone el artículo, la doctrina ha llegado finalmente a un consenso en cuanto al plazo durante el que pueden interponerse las acciones, que es el de cuatro años que señala el artículo 949 del Código de Comercio. Sin embargo, no hay tal consenso a la hora de determinar cuándo debe empezar a computarse ese plazo: mientras una parte de la doctrina se decanta por contarlo desde el cese como administrador (que es lo que literalmente dice el citado precepto), otra parte se inclina por la llamada actio nata, es decir, por contarlo desde el momento en que se produjo la actuación concreta que justifique la reclamación.
El artículo señala que está imponiéndose la opción de computar el plazo desde el cese en el cargo, si bien no hay unanimidad al respecto y, por tanto, existe cierta parcela de inseguridad jurídica, por lo que "sería deseable que el legislador convirtiera en norma escrita aquello que sólo puede ser hoy interpretación doctrinal. Para ello, bien podría aprovechar ese futuro Código de las Sociedades Mercantiles que, según se manifestaba en la Exposición de Motivos de la LSC, se está gestando para el futuro. Un Código en el que cabría incorporar una norma específica que aclarase cuál debe ser el plazo de prescripción y, especialmente, cuándo debe empezar su cómputo."
Puede acceder al artículo a través del siguiente enlace: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/la-prescripcion-de-las-acciones-de-responsabilidad-contra-los-administradores
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Condena a España por incumplir la directiva contra la contaminación
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), con sede en Luxemburgo, ha condenado a España por incumplir la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, al no controlar adecuadamente los niveles de contaminación provocados por la industria y no haber adaptado las instalaciones de ésta a las normas europeas.
El TJCE ha dado la razón de este modo a la Comisión Europea, que denunciaba que más de 500 instalaciones industriales españolas incumplían la normativa comunitaria. Por su parte, el estado español mantenía que había cumplido la directiva de prevención y control de la contaminación en casi un 90%, si bien el Tribunal no considera que eso sea suficiente, por cuanto entiende que “sólo una ejecución completa de las obligaciones para alcanzar un nivel adecuado de protección del medio ambiente por parte de los estados miembros permite cumplir el objetivo perseguido”, lo cual no se logra con el incumplimiento parcial (aunque elevado) de la directiva.
Por otro lado, se argumentaba también la complejidad del procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo como motivo para justificar el retraso en la completa aplicación de la medida. La principal razón, en este sentido, sería que son las Comunidades Autónomas las que tienen competencia para autorizar las instalaciones, razón por la cual el procedimiento se alarga. Sin embargo, tampoco el Tribunal ha considerado que esta justificación sea válida.
En estos momentos, hay 51 instalaciones pendientes de autorización y 160 a las que se ha abierto expediente.
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El Servei Català de Trànsit ya notifica las multas a través de Internet
El Servei Català de Trànsit empezó a enviar las multas de tráfico a través de Internet el pasado 25 de noviembre. De este modo, se pretende agilizar el procedimiento sancionador y, sobre todo, asegurarse de que la notificación llega al cerca del 40% de infractores que, actualmente, no reciben las multas.
Según el Servei, hay un gran número de ciudadanos que no son conscientes de la imposición de la sanción hasta que la Agencia Tributaria les comunica que sus cuentas han sido embargadas por este motivo. Para recibir estas notificaciones, el ciudadano debe disponer de certificado digital y solicitar voluntariamente la suscripción a las notificaciones electrónicas, que tienen el mismo efecto que las realizadas por el método tradicional.
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La Administración incumple los plazos legales de pago
A pesar de que la reforma introducida en la Ley contra la Morosidad obligue al sector público a abonar sus facturas en un plazo máximo de 120 días, que deberá reducirse progresivamente hasta los 60, la Administración está pagando en estos momentos a 158 días, incumpliendo de este modo la nueva normativa.
Concretamente, un 90% de las administraciones públicas incumplen los plazos que el Congreso aprobó en julio, según un estudio de la federación nacional de trabajadores autónomos ATA.
La situación en España es especialmente grave en el contexto de Europa, ya que sólo en Grecia la morosidad en las operaciones comerciales es más elevada.
El texto completo de la Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, puede consultarse en la web del Boletín Oficial del Estado, a través del siguiente enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708.pdf
Etiquetas: abogados barcelona, administración, Ley 15/2010, Ley 3/2004, Ley de Morosidad, morosidad, plazos de pago
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El carácter excepcional de la doctrina del levantamiento del velo
El Tribunal Supremo ha reiterado una vez más el carácter excepcional que le otorga a la llamada “doctrina del levantamiento del velo”, es decir, aquélla por la que se prescinde de la apariencia de la sociedad mercantil para ir a buscar qué se esconde detrás.
En su Sentencia 337/2010, de 7 de junio, el Supremo ha revocado una Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, a su vez, había revocado una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Granollers, lo cual ya permite ver que la cuestión enjuiciada resultó ciertamente controvertida, por cuanto los distintos juzgadores emitieron opiniones diferentes sobre el modo en que debía resolverse la controversia que las partes les planteaban.
Dicha controversia la planteó una sociedad (Helmut Holke, S.A.) que era acreedora de otra (Cemarsa), que se declaró en suspensión de pagos. Se daba la circunstancia de que sólo dos días antes de declararse esa suspensión de pagos, los mismos socios propietarios de Cemarsa constituyeron una nueva sociedad, Ferbossa, dedicada al mismo objeto social, con el mismo domicilio, el mismo teléfono e idéntico reparto de las acciones sociales. Para Helmut Holke, se trató claramente de un fraude, por lo que solicitó el levantamiento del velo y, en consecuencia, que se condenara a Ferbossa a satisfacer la deuda contraída por Cemarsa.
El Supremo, sin embargo, no lo vio así, al entender que esos meros indicios no implicaban la existencia de un fraude: “No hay base fáctica para sostener que Ferbossa haya incidido en la actividad desarrollada por Cemarsa en el sentido de producir una disminución de la solvencia o expectativas económicas de ésta con repercusión en las posibilidades de cobro de su crédito”.
Por ello, declaró que no cabía aplicar el levantamiento del velo en este supuesto.
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Etiquetas: abogados barcelona, acciones, levantamiento del velo, Sentencias, sociedades mercantiles, Tribunal Supremo
La AEPD investiga los datos que usa Facebook en sus aplicaciones
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) requerirá a Facebook para que indique qué datos personales de sus usuarios transmite a través de sus aplicaciones.
Esta investigación se ha puesto en marcha después de que una asociación de consumidores denunciase que “varias de las aplicaciones más populares programadas sobre la plataforma de Facebook han transmitido a anunciantes y otras empresas datos como los nombres de sus usuarios y, en algunos casos, los de sus amigos en la red social”.
La AEPD recabará ahora información de los responsables de Facebook, a fin de determinar si se ha infringido la legislación española en materia de protección de datos personales, como podría haber pasado ya en otros países.
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Estudian doblar los impagos exigibles para ejecutar la hipoteca
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley que plantea exigir que se hayan producido seis meses de impago antes de que se proceda a la ejecución de una garantía hipotecaria. Esto supone doblar el número de impagos exigidos, que se sitúa ahora en tres. La medida no sólo se limitaría a las hipotecas sobre viviendas sino, también, a las que garantizan los préstamos entregados a sociedades mercantiles sobre cualquiera de sus activos.
Asimismo, la proposición insta al ejecutivo a analizar fórmulas que permitan poner un tope máximo a los intereses de demora en los créditos bancarios, así como a supervisar a las entidades que reunifican deudas.
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References: resolución 
 resolución 
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 artículo 949