Source: https://jur.usfq.edu.ec/2017/01/
Timestamp: 2019-07-22 14:49:33+00:00

Document:
enero 2017 - Colegio de Jurisprudencia USFQ
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 14:00 No hay comentarios :
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 9:13 No hay comentarios :
Worshop "Contemporary Topics of Ecuadorian Constitutional Law"
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 13:09 No hay comentarios :
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 12:49 2 comentarios :
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 12:53 No hay comentarios :
¿Quién se debe adaptar al otro?
El Derecho Penal en contraposición al Derecho Ambiental en el Ecuador
En el intento de otorgar una mayor y mejor protección jurídica a la naturaleza, “el derecho penal ambiental surge como una apuesta final, por parte del Estado ecuatoriano, para tratar de disminuir las múltiples afectaciones que esta posee por parte del ser humano” [1], El articulo 83, numeral 6 de la Constitución consagra el deber de los ecuatorianos de proteger y respetar a la naturaleza en conformidad a los derechos que nuestra Constitución reconoce. Sin embargo, el Legislador en su búsqueda de proteger estos derechos a través de estas dos ramas, produce el choque de dos mundos totalmente edificados con principios y postulaciones propias que muchas veces se contraponen y otras veces simplemente no saben como compaginarse. Estos dos mundos de los cuales se habla, son el Derecho Ambiental y del Derecho Penal. ¿Cómo integrarlos para lograr una norma efectiva? Es la pregunta que inmediatamente surge frente a esta problemática.
Ambos son dos grandes exponentes. El Derecho Penal por un lado; y por otro lado, el Derecho Ambiental, el cual está teniendo una gran acogida en este último tiempo en el ámbito jurídico, producto del cambio de pensamiento sobre la protección ambiental
El Legislador ha considerado como medida de última ratio incluir preceptos del Derecho Ambiental dentro del ámbito Penal. Esto trae consigo grandes efectos dentro del campo jurídico, unos positivos y otros negativos. Sin embargo, es indudable la marcada y creciente intención de los Estados en proteger mejor a la Naturaleza y sus componentes. Esto se plasma a través del reconocimiento en niveles constitucionales a nivel mundial de derechos y medidas de protección orientadas a la conservación ambiental. Este claramente es nuestro caso ya que nuestra Constitución reconoce expresamente derechos ambientales a las personas y también derechos a la naturaleza (Art 71, 72 y 83 CRE), en los cuales se contemplan deberes de protección y conservación, tanto para el Estado como para los ciudadanos.
En este escenario, el Legislador al poner a trabajar estos dos mundos a su favor para tutelar de mejor manera el bien jurídico ambiente, produjo diferentes problemas jurídicos. Uno de estos, entre tantos que existen, es la aplicación de las leyes penales en blanco para completar los tipos penales con referencia al medio ambiente y su protección dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la afectación que sin lugar a dudas esto produce al principio fundamental del Derecho Penal: el principio de legalidad. Sin lugar a dudas, este factor constituye una de los innumerables desafíos que deberán afrontarse a efectos de integrar el derecho penal ambiental. Aquí el análisis de una de los tantos frentes que se encuentran abiertos.
Arturo Donoso Castellón define a los tipos penales en blanco como “La remisión de la descripción de la conducta típica penal, a otras normas fuera del tipo, o a reglas o decisiones administrativas, y, por lo tanto ni siquiera legales, que equivalen a la situación de un giro de un cheque en blanco..” [2]
Las normas penales en blanco teóricamente se configuran cuando el tipo penal se completa con una norma de carácter legal y no con normas de carácter infra legal. Así lo establece Zaffaroni cuando dice:
“..pero si la ley penal en nacional remite a un decreto ejecutivo, a una ley provincial, a una ordenanza municipal, a una resolución ministerial, resulta configurando una ley penal un órgano que no tiene competencia para hacerlo o, lo que es lo mismo, el órgano competente esta delegando su competencia legislativa, lo que es inadmisible, por que esta es indelegable” [3]
Sin embargo, nuestro Legislador, en el artículo 256 del COIP, optando por una perspectiva contraria a lo que la teoría considera, establece esta delegación al estipular lo siguiente:
Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias. [4]
Cumpliendo con lo establecido en este articulo, el Acuerdo Ministerial No. 84 dictado por el Ministerio del Ambiente complementa la tipicidad de los tipos penales ambientales establecidos desde el artículo 247 hasta el artículo 267 del COIP. Lo primero que nos llama la atención de este artículo es que autoriza formalmente a que se complemente un tipo penal, con una norma de carácter infra legal. Esto evidentemente pone en peligro el principio de legalidad consagrado en el artículo 76 de la Constitución y lo estipulado en el artículo 5 del COIP que sostiene lo siguiente:
Art. 5.- Principios procesales.-
1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio
rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla.[5]
Evidentemente, si a un órgano diferente del Legislador se le delega una potestad legisladora, se pone en peligro la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución. Esto se produce en vista de que a su libre arbitrio, un ministerio perteneciente a la función Ejecutiva podría modificar los respectivos acuerdos ministeriales que completen los tipos penales tal como establece el artículo 256 del COIP. El efecto inmediato de este fenómeno producido por nuestro Legislador consiste indudablemente en una distorsión del IUS PUNIENDI por parte del Estado, puesto que de esta manera se configura un mecanismo en el cual el Estado podría restringir derechos como el de la libertad de las personas a su arbitrio, dificultando el conocimiento de lo que es considerado delito ambiental.
Sin embargo, lo más grave y preocupante de este fenómeno jurídico es que el Ministerio del Ambiente, a través del Acuerdo Ministerial No. 084, a su vez reenvía a que se complete el tipo penal en terceros cuerpos normativos o instrumentos que ni siquiera son de carácter jurídico. Esto lo podemos ver en el cuadro 2 del mencionado Acuerdo Ministerial.
Artículo 4: ¨Daño grave a las especies de flora y fauna silvestre. - El artículo
247 del Código Penal se aplicará cuando las especies se encuentren protegidas o listadas en documentos oficiales o instrumentos legales emitidos o reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional y el Estado Ecuatoriano. En el caso de individuos o especies no incluidas en el párrafo anterior, se aplicarán los derechos y principios ambientales dispuestos en la Constitución de la República. Para efectos del presente artículo, son de observancia obligatoria el siguiente listado de instrumentos:
a. El Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador;
b. El Libro Rojo de las Aves del Ecuador;
c. La Lista Roja de los Reptiles del Ecuador; [6]
Si el artículo 256 del COIP por reenviar a una norma de carácter infra legal, contraviene lo estipulado por Zaffaroni, , evidentemente atenta en un grado mayor al principio de legalidad y pone en riesgo la seguridad jurídica de manera expresa de todos los ciudadanos. El hecho de que en Ecuador se opere un doble reenvió para que los tipos penales se completen es sumamente alarmante y demanda de una solución urgente, puesto que esto atenta seriamente contra todo postulado y principio del Derecho Penal, la Constitución, y Derechos Humanos. Ahora bien, dejando el problema bien marcado y delimitado desde la perspectiva penal, es hora de ver el otro lado de la moneda.
Como se dijo en el inicio de este comentario, el Estado ecuatoriano se ha visto en la necesidad de acudir al Derecho Penal, estableciendo tipos penales de carácter ambiental. Todo esto en razón de que las sanciones Administrativas no tenían el efecto de prevención y de disuasión que el Derecho Penal posee mediante la restricción del valor más preciado de la sociedad, la libertad. El Estado ecuatoriano confiere derechos ambientales a las personas y, también, derechos a la naturaleza consagrados en los artículos 71 y 72 de la Constitución. Para que estos se respeten, reiteramos y concuerdo con esto, es necesaria la intervención de la rama penal en este asunto.
Sin embargo, para cumplir este objetivo de protección, la pregunta que nos hacemos a continuación es ¿Se justifica establecer tipos penales con reenvió a normas infra legales elaboradas por el Ministerio de Ambiente pese a la potencial vulneración que esto produce?
Sin lugar a dudas, responder a esta pregunta resulta complicado y quizá, en el mediano y largo plazo, la doctrina ecuatoriana aborde esta problemática. Mi opinión al respecto es que en cierta medida sí se justifica, puesto que ¿De qué otra manera un legislador o un juez, sin experiencia en esta materia, va a definir conceptos tan técnicos y complejos de carácter biológico para delimitar y completar los tipos penales ambientales? Ineludiblemente, conceptos como el establecimiento de especies en peligro de extinción, el cómo y cuándo se produce una afectación del medio ambiente radicado en el aire, agua o suelo están fuera de la orbita legislativa. Sin los mismos, solamente con lo establecido en el COIP, estos tipos penales son inservibles.
En este sentido, la solución implementada por el Ecuador, al permitir que el órgano competente en la materia regule y establezca los conceptos necesarios para completar los tipos penales ambientales, es práctica, pese al sin número de choques que produce con el mundo penal.
Considero que este sistema puede funcionar siempre y cuando no opere un segundo reenvió a cuerpos que no tienen el carácter de norma, como evidentemente establece el Acuerdo Ministerial No 084. Para estos efectos, considero que una solución viable podría ser que el ministerio recopile todos estos cuerpos informáticos y los eleve a la categoría de acuerdo ministerial como lo ha realizado el MAE, legalizando estos documentos que se encuentran en el libro IV del TULAS. De esta manera, se protege más el principio de legalidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos ecuatorianos. Una segunda solución frente a la seguridad jurídica, que en el fondo es lo que protege el principio de legalidad, sería establecer un mecanismo de vigencia temporal prolongada de los acuerdos ministeriales y que se establezca un procedimiento especial para reformar o derogar los mismos con autorización del órgano legislativo. De este modo, se podría dar estabilidad a los tipos penales en blanco en el tiempo, favoreciendo aún más la protección de estos principios en conflicto.
Considero que la mejor solución que se puede dar a esta problemática jurídica, es que cada vez existan más estudiantes de Derecho Penal que se interesen en estos temas ambientales. Esto, para que en el futuro estos sean los encargados de construir una teoría que permita integrar el Derecho Penal y el Derecho Ambiental, con el propósito de que estas dos ramas sirvan para un fin común, la correcta protección del medio ambiente.
Adicionalmente, considero que este es el sendero que los futuros juristas ecuatorianos debemos seguir, para que en un mediano y largo plazo, estos conflictos jurídicos entre ramas especializadas del derecho cesen y se proteja de una mejor manera un bien jurídico tan importante para nosotros como es la naturaleza. Con esto espero que algún día dejen de haber casos tan desastrosos como el caso del Cóndor Felipe, probablemente el ave mas famosa del Ecuador, el cual fue muerto por cazadores furtivos sin ningún reparo del enorme daño que causaron, o el caso de la valiente Dyaira, la pequeña cría de Jaguar que casi deriva en un estado de tetraplejia, producto de un perdigón que ingreso en un lugar critico.
Finalmente, respondiendo a nuestra pregunta inicial, considero que el Derecho Ambiental es el que debe acoplarse al Derecho Penal, en vista de que este último constituye en el “arma” que con sus postulados y teoría permite sancionar a los ciudadanos y prevenir que se cometan actos que pongan en riesgo el bien jurídico ambiente.
1. Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Registro Oficial No 449, 20 octubre 2008.
2. Arturo Donoso Castellón. (2015) “Los tipos penales en blanco y abiertos en el COIP”. Código Orgánico Integral Penal, Hacia su mejor comprensión y aplicación. Compilador: Ramiro Ávila Santamaría. Quito: Corporación Editora Nacional, 2015.
3. Eugenio Raul Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Manual de Derecho Penal: Parte General. 2da. ed. Buenos Aires: Ediar, 2014, pp. 102.
4. Art. 256. Código Orgánico Integral Penal. 1ra. ed. Quito: Gráficas Ayerve C.A., 2014
5. Art. 4. Acuerdo Ministerial No. 084. (2015). Ministerio del Ambiente. Quito: Registro Oficial No. 598, 30 de septiembre de 2015
6. Manual sobre Derecho Penal Ambiental Ecuatoriano. Fiscalía General del Estado y Sea Shepherd Conservation Society. Quito: Imprenta Noción
[1] Art. 83. Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Registro Oficial No 449, 20 octubre 2008.
[2] Arturo Donoso Castellón. (2015) “Los tipos penales en blanco y abiertos en el COIP”. Código Orgánico Integral Penal, Hacia su mejor comprensión y aplicación. Compilador: Ramiro Ávila Santamaría. Quito: Corporación Editora Nacional, 2015.
[3] Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar. Manual de Derecho Penal: Parte General. 2da. ed. Buenos Aires: Ediar, 2014, pp. 102.
[4] Art. 256. Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180: 10/0272014.No.
[5] Art. 5. Código Orgánico Integral Penal.
[6] Art. 4. Acuerdo Ministerial No. 084. Registro Oficial No. 598, 30 de septiembre de 2015
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 12:35 No hay comentarios :
LAUDO … ¿ARBITRAL?
Nuestra leyes parecen muy preocupadas de aclarar que los laudos a los que se refieren son laudos arbitrales. Si el arbitraje termina por transacción, dice el artículo 28 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el efecto será el mismo “de un laudo arbitral”; y conforme el artículo 31, se puede intentar la “acción de nulidad de un laudo arbitral” cuando existe cualquiera de las causales que ahí se enumeran.
Más recientemente, el Código Orgánico General del Proceso contiene, a partir de su artículo 102, regulaciones sobre “laudos arbitrales … expedidos en el extranjero”.
La palabra castellana laudo tiene su origen en la latina laus (elogio), de la que se formó el verbo laudar (elogiar); de ahí vienen, con idéntico sentido, loor y loar y palabras como loa y loable.
No parece difícil que el inicial elogio se convirtiera, con el paso del tiempo, en cualquier cosa que pueda decirse sobre alguien o algo; hablar de, o pronunciarse sobre, podrían ser lógicas derivaciones del término original.
Pero en 1817, cuando la palabra laudo apareció por primera vez en nuestro diccionario, su significado era muy distinto al que tiene en la actualidad, pues se utilizaba como sinónimo de convenio. Hubo que esperar varias décadas, hasta 1884, para que laudo apareciera con el significado que hoy le damos y que, sin duda, había adquirido en el mundo del Derecho.
Por lo general, los textos jurídicos de aquella época se referían a los fallos de los árbitros como sentencias arbitrales. Ese era el caso, por ejemplo, de las leyes procesales españolas de 1855 y 1881 y del Código de Enjuiciamientos en Materia Civil del Ecuador, de 1887; de sentencias arbitrales habla también Pedro Fermín Cevallos, en sus Instituciones del Derecho Práctico Ecuatoriano (1867).
Pero la necesidad de darle un nombre propio a las decisiones arbitrales llevó, sin duda, a recurrir a la palabra laudo. En 1855 Ramón Miño publicó una adaptación al Ecuador de la Ilustración del Derecho Civil Español de Juan Sala y, aunque siguió utilizando la expresión “sentencia arbitral”, recogió ya como sinónimo de la misma la palabra laudo, explicando que la misma provenía de laudare que, “en la baja latinidad”, equivalía a juzgar (tomo II, p. 315).
Lo cierto es que, a partir de 1884, el término creado por los juristas pasó a ser parte del lenguaje ordinario para designar, según la Academia, la “decisión o fallo dictado por los árbitros o amigables componedores, que pone fin al procedimiento arbitral”.
La palabra laudo se creó, entonces, para distinguir el fallo de los árbitros de aquél que pronuncian los jueces. Siendo así, basta con decir laudo, sin agregar eso de arbitral, salvo que los pleonasmos nos tengan sin cuidado.
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 13:37 No hay comentarios :
Claudia Salgado, nueva profesora del Colegio de Jurisprudencia
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 7:33 No hay comentarios :
Oficina H225U
Extensión 2121
Correo: csalgadol@usfq.edu.ec
Se especializa en arbitraje internacional comercial y de inversiones. Trabajó dos años en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra, en donde realizó varios análisis y reportes sobre los tratados internacionales de inversión y sobre el arbitraje internacional en materia de inversiones. Organizó e impartió cursos intensivos sobre estos temas en varios países, incluyendo Colombia, Etiopia y Ecuador.
De 2001 a 2003 fue analista legal del área internacional jurídica del Servicio de Rentas Internas, proporcionando análisis y asistencia para la aplicación de los convenios de doble tributación en Ecuador.
Ha realizado publicaciones tanto en el ámbito del derecho internacional de inversiones así como en cuestiones de derechos humanos.
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 7:09 No hay comentarios :
Colegio de Jurisprudencia USFQ en 14:04 No hay comentarios :
Coloquio del Colegio de Jurisprudencia: BREXIT IS BREXIT, BUT WHAT IS BREXIT?
Peter Van den Bossche*
*Director del Cuerpo de Apelación de la Organización Mundial del Comercio en 2015, actualmente es profesor visitante de derecho en la USFQ. Tiene un Doctorado en Derecho de European University Institute en Florencia, un LL.M de University of Michigan Law School, y una Licence en Droit magna cum laude de University of Antwerp. Es un honor contar con su docencia.
Taller Internacional de Litigio
Robert F. Kennedy Human Rights y el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito realizaron un taller internacional s...
Hugo Cahueñas participó en I-REC
Con el apoyo del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, el profesor Hugo Cahueñas participó como ponente en la novena Conferencia I-REC ...

References: resolución 
 artículo 256
 artículo 247
 artículo 267
 artículo 76
 artículo 5
 artículo 82
 artículo 256

Artículo 4
 artículo
247
 artículo 256
 artículo 28
 artículo 31
 artículo 102