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72970 ACUERDO 10-2015
Amparo Declarando Rebelde a Uno de Los Demandados
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\6RFLDO GENERAL
E/CN.4/2000/61/Add.1
RELACIONADAS CON: LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL,
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LA IMPUNIDAD
Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados
y abogados, Sr. Param Coomaraswamy, presentado de conformidad
con la resolución 1999/31 de la Comisión
Informe sobre la misión cumplida en Guatemala
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 9 3
I. ANTECEDENTES GENERALES . . . . . . . . . . . . . . 10 - 16 5
II. LA CONSTITUCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA . . 17 - 31 6
III. EL REFERÉNDUM DE MAYO DE 1999 SOBRE MODIFICACIONES
DE LA CONSTITUCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 33 9
IV. OBSTÁCULOS A UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE . . . 34 - 76 10
A. Amenazas, intimidaciones y hostigamiento . . 34 - 47 10
B. La impunidad . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 59 12
C. Formación, inamovilidad, designación (elección)
y destitución de los jueces . . . . . . . . . 60 - 70 15
D. El sistema de enseñanza del derecho y
las profesiones jurídicas . . . . . . . . . . 71 - 76 18
GE.00-10032
V. MEDIDAS ENCAMINADAS A LA REFORMA . . . . . . . . . 77 - 93 20
A. Modernización de la justicia y asistencia
de la comunidad internacional . . . . . . . . 77 - 82 20
B. Propuestas de reforma legislativa . . . . . . 83 - 90 21
C. Revisión y consolidación de leyes . . . . . . 91 - 93 22
VI. RESPUESTA A LAS DENUNCIAS . . . . . . . . . . . . . 94 - 106 23
VII. CUESTIONES RELATIVAS A LA COMUNIDAD INDÍGENA,
LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, Y REFERENTES A
LOS LINCHAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 137 25
A. La comunidad indígena . . . . . . . . . . . . 107 - 115 25
B. La mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 - 122 27
C. El niño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 - 129 28
D. Linchamientos . . . . . . . . . . . . . . . . 130 - 137 29
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . 138 - 169 31
A. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . 138 - 168 31
B. Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . 169 37
1. El presente informe corresponde a una misión de encuesta cumplida en
Guatemala del 16 al 26 de agosto de 1999 por el Relator Especial sobre la
independencia de magistrados y abogados en conformidad con el mandato que figura
en la resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos, renovado por la
resolución 1997/23, que lo prorrogó por tres años más. Ese mandato dispone, en
particular, que el Relator Especial investigue cualquier denuncia importante que
se le haya transmitido e informe acerca de sus conclusiones y recomendaciones al
2. El Relator Especial recibió numerosas denuncias referentes a amenazas,
intimidación y hostigamiento contra abogados, jueces y fiscales, con efectos
perjudiciales para la administración de justicia. El Relator Especial también
ha recibido denuncias acerca de la impunidad de violaciones de derechos humanos.
Esa impunidad deriva, según se afirma, de la omisión de las autoridades en
cuanto a investigar eficazmente esas violaciones de derechos y la omisión del
sistema judicial en cuanto a someter a juicio de los acusados de tales
3. A la luz de la gravedad de las denuncias recibidas, el Relator Especial,
mediante una carta de fecha 23 de marzo de 1999, procuró la conformidad del
Gobierno de Guatemala para realizar una visita a ese país con el fin de
investigar las denuncias formuladas y estudiar la situación de la independencia
del poder judicial. El Gobierno respondió favorablemente a esta solicitud en
una carta de 11 de junio de 1999, y facilitó la misión por intermedio del
Representante Permanente de Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, a quien el Relator Especial manifiesta su gratitud.
4. Las cuestiones examinadas por el Relator Especial pueden resumirse del
a) La situación de la administración de justicia y, en particular, la
independencia e imparcialidad del poder judicial;
b) Las denuncias de amenazas, hostigamiento e intimidación contra
jueces, fiscales y abogados;
c) Las denuncias de impunidad de delitos relacionados con los derechos
d) El sistema de educación jurídica y de habilitación para el ejercicio
de las profesiones jurídicas;
e) La revisión de las leyes que han perdido actualidad y la
consolidación de las normas legales;
f) La incidencia de los linchamientos y sus efectos sobre el imperio de
g) Las reformas judiciales y la participación de la comunidad
internacional y de las instituciones de financiación.
En conformidad con las resoluciones 1997/16, 1997/43 y 1997/78 de la Comisión,
el Relator Especial también se ocupó de las preocupaciones manifestadas en
relación con la comunidad indígena, las mujeres y los niños.
5. El Relator Especial, durante el desarrollo de su misión, se entrevistó con
el Presidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el
Presidente del Congreso, diputados de diferentes partidos políticos, el Fiscal
de la Nación, el Ministro de Defensa y el Ministro de Gobernación. También se
entrevistó con la Comisión Presidencial Coordinadora del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos, el Procurador de los Derechos Humanos, el Presidente y otros
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y otros magistrados
de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente y otros integrantes del Colegio
de Abogados, miembros de la Comisión Ad Hoc para el Poder Judicial, miembros de
la Comisión de Postulación, entre ellos el Presidente de la Universidad de San
Carlos (pública) y el Presidente de la Universidad Rafael Landívar (privada).
El Relator Especial también celebró consultas con el Director de la Escuela de
Estudios Judiciales, el Procurador General de la Nación, el Director General del
Instituto de la Defensa Pública, miembros de la Cámara Disciplinaria del
Organismo Judicial, así numerosos jueces, abogados y estudiantes de derecho.
6. El Relator Especial se entrevistó con representantes de los círculos
empresariales, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), representantes del Sindicato del Organismo
Judicial y numerosos representantes de sindicatos del país.
7. El Relator Especial se entrevistó con representantes de donantes
internacionales, entre ellos el Banco Mundial, USAID y la Fundación Soros.
También se entrevistó con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la Misión de las Naciones Unidas de verificación de
los derechos humanos y del cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos
humanos en Guatemala (MINUGUA), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE) y las embajadas de Alemania, Bélgica,
el Canadá, España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Noruega,
los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia.
8. El Relator Especial se entrevistó también con representantes de numerosas
organizaciones no gubernamentales que se ocupan con cuestiones relacionadas con
su mandato, entre ellos la Sra. Rigoberta Menchú. También visitó un centro de
detención de menores delincuentes, "Las Gaviotas", en la ciudad de Guatemala.
9. El Relator Especial visitó durante el desarrollo de su misión las ciudades
de Guatemala, Sololá, Quiché y Quetzaltenango.
en particular. . Estos acuerdos se refieren. como la reforma de las disposiciones constitucionales referentes a la Corte Suprema de Justicia. recomendada por el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. de 34 años de duración. 12. los pocos jueces independientes eran víctimas de actos de represión. en 1991 quedó establecida la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). que designa a su Director. Forma parte del poder ejecutivo y está bajo la supervisión directa del Presidente de la República." La Comisión no estaba facultada para juzgar denuncias individuales.4/2000/61/Add. En los años siguientes a los Acuerdos de Paz se realizaron esfuerzos para reformar el sistema de administración de justicia de Guatemala. en marzo de 1997 se constituyó la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. Se firmaron en total 13 acuerdos de Paz 1/ entre el Gobierno del Presidente Arzú y las guerrillas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 11. proponiendo un debate nacional al respecto. 2/ Un año después. Esto permitió que la impunidad se convirtiera en uno de los mecanismos más importantes para generar y mantener un clima de terror. La COPREDEH debe formular recomendaciones y aplicar políticas y programas en materia de derechos humanos dentro del propio Poder Ejecutivo. se debilitó aún más cuando el Organismo Judicial se sometió a las exigencias de la doctrina de la seguridad nacional que entonces predominaba. Christian Tomuschat. concluyó a fines de 1996 con la firma de un acuerdo de paz supervisado por las Naciones Unidas. en parte. la Comisión recomendó modificaciones de gran alcance. la judicatura se volvió funcionalmente inoperante respecto de su papel de protección de la persona frente al Estado y perdió todo crédito como garantía de un sistema de justicia eficaz. La Comisión. Por ejemplo. incluyendo el asesinato y las amenazas. Tras una recomendación formulada por un experto independiente. el Sr. La CEH llega a la conclusión de que. 13. La Comisión también propugnó el fortalecimiento de la capacidad institucional del Organismo Judicial y apoyó la organización y sistematización del derecho consuetudinario. de 1996. Según su conclusión. que encubrió las violaciones más fundamentales de los derechos humanos. a la cuestión de la independencia del poder judicial. En 1998 se constituyó una Comisión Ad Hoc para el Poder Judicial con el fin de poner en práctica esas recomendaciones.1 página 5 I. E/CN. Señaló que una de las deficiencias del sistema judicial de Guatemala deriva de la falta de independencia individual de los jueces. llegó a la siguiente conclusión: "El sistema de administración de justicia. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) se estableció en virtud del Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. la sanción de una ley de la carrera judicial y el aumento de los recursos presupuestarios del Organismo Judicial. al tolerar o participar directamente en la impunidad. inexistente en vastas zonas del país antes del conflicto armado. ANTECEDENTES GENERALES 10. La guerra civil de Guatemala.
la MINUGUA llegó a la conclusión de que el principal punto débil en materia de derechos humanos seguía siendo la incapacidad de resolver el problema del delito mediante una administración de justicia cabal y expeditiva. y hostigamiento de los defensores de los derechos humanos y testigos. sobre la independencia del Organismo Judicial. entre otros instrumentos. 18. Esta Constitución también establece expresamente cada uno de los organismos del Estado. El proyecto apunta al fortalecimiento de la capacidad nacional de Guatemala en materia de derechos humanos.1 página 6 14. falta de protección a los testigos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala se estableció como parte de un proyecto de cooperación técnica firmado entre la Oficina y el Gobierno en 1996. Guatemala también se ha sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. En el último de ellos. y la Convención sobre los Derechos del Niño. la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sociales y Culturales. dispone en particular lo siguiente: . ha prestado apoyo en diversos niveles a la Academia de Policía y a la Procuraduría de los Derechos Humanos en relación con la formación de la Policía Civil Nacional. en términos generales. condiciones de trabajo inseguras. en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Guatemala ha ratificado. los siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El capítulo I de la Constitución consagra una lista de derechos fundamentales conforme a lo que se dispone. la impunidad y las limitaciones del sistema de investigación penal y de la administración de justicia. La MINUGUA ha determinado los principales defectos del sistema judicial en los siguientes términos: limitaciones presupuestarias. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. y ha presentado nueve informes al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de sus conclusiones. y el Convenio Internacional del Trabajo Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 19. en cooperación con la MINUGUA. La Constitución de la República de Guatemala es un notable documento que dispone expresamente la separación de poderes en un Estado democrático. falta de empeño y diligencia en cuanto al enjuiciamiento de los agentes del Estado por violaciones de los derechos humanos. Tiene por función la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos sobre derechos humanos celebrados entre el Gobierno y la URNG. La Oficina. de fecha 10 de marzo de 1999.E/CN. También ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La MINUGUA se estableció en noviembre de 1994 en cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos humanos.4/2000/61/Add. 3/ 15. estipulándose a la vez una administración nacional centralizada. LA CONSTITUCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 17. 16. Las normas referentes a un poder judicial independiente y a la administración de justicia en general son detalladas y abarcan: a) El artículo 203 de la Constitución. Inhumanos o Degradantes. II.
En relación con la Corte Suprema de Justicia. el artículo 215 dispone lo siguiente: "Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República por un período de cinco años." 22." . un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.1 página 7 "Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes." 20. De este total. además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. en total. entre otras cosas. 64 magistrados de la Corte de Apelaciones. Existen. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial. los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales del país. un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. 213 jueces de primera instancia y 284 jueces de paz. El artículo 217 de la Constitución dispone. de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país.4/2000/61/Add. 157 son mujeres. salvo los casos establecidos por la ley. E/CN. 574 jueces: 13 magistrados de la Corte Suprema. tribunales inferiores y tribunales de jurisdicción especial. quien la preside. las siguientes: a) la independencia funcional. que los magistrados: "serán electos por el Congreso de la República de una nómina que contenga el doble del número a elegir propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las Universidades del país. y d) la selección del personal. se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. en particular las siguientes: "Se instituyen como garantías del Organismo Judicial." b) El artículo 205 de la Constitución establece garantías del Organismo Judicial. los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país. El Organismo Judicial está formado por una Corte de Constitucionalidad. una Corte Suprema de Justicia. una Corte de Apelaciones. 21. c) la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia. que la preside. b) la independencia económica.
1 página 8 23. por la Universidad de San Carlos y por el Colegio de Abogados. El artículo 251 establece lo siguiente: "El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. quien podrá removerlo por causa justificada y debidamente establecida. El capítulo IV de la Constitución establece una Corte de Constitucionalidad integrada con cinco magistrados titulares. dispone: "Los magistrados. que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso.E/CN. el número de sus integrantes se eleva a siete. el Presidente o el Vicepresidente de la República. El artículo 273 de la Constitución establece también una Comisión de Derechos Humanos: "El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente período. cualquiera que sea su categoría. sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley." 28. 26. cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país". pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. durarán en sus funciones cinco años." 24. El artículo 274 aclara a continuación el régimen del Procurador de los Derechos Humanos: . 25. y los jueces de primera instancia. Los magistrados duran en sus funciones cinco años y cada uno de ellos es designado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. que tendrán sus respectivos suplentes. La Corte actúa integrada por sus cinco magistrados titulares. 27. Cuando conoce de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos.4/2000/61/Add. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta Comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección de un Procurador. El artículo 208. escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo entre los suplentes." La disposición estipula a continuación que el Procurador General de la Nación será nombrado por el Presidente de la República. También se dispone que el Procurador General de la Nación durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones. en relación con la duración de las funciones de los magistrados y jueces. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. por el Pleno del Congreso de la República. por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. En el artículo 252 se establece la Procuraduría General de la Nación: "La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales.
Eliminó el sistema inquisitivo e introdujo en Guatemala el procedimiento contradictorio del common law. Dispone también la responsabilidad del Ministerio Público. El Código Procesal Penal fue modificado en 1994 y se considera una de las principales reformas anteriores a los Acuerdos de Paz. los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. EL REFERÉNDUM DE MAYO DE 1999 SOBRE MODIFICACIONES DE LA CONSTITUCIÓN 32. habrían permitido que el Ministro de Defensa fuera un civil. que es independiente del poder ejecutivo. III. habrían redefinido la función de las fuerzas armadas y habrían incorporado un conjunto de 22 reformas referentes a la administración de justicia. E/CN.1 página 9 "El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. puede promover el enjuiciamiento penal por su propia iniciativa o con motivo de denuncia. Las reformas constitucionales incluían. incluyendo la dirección de las investigaciones penales en coordinación con la policía. 30. pluricultural y multilingüe del país. la administración de justicia en los idiomas locales. Tendrá facultades de supervisar la administración. Establece la presunción de inocencia.4/2000/61/Add. La Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89) dispone la preeminencia de la Constitución. que fueron sometidas a la aprobación de la ciudadanía mediante referéndum el 16 de mayo de 1999. En octubre de 1998. Sólo un 18% de los votantes habilitados emitieron sus votos. la negociación de los cargos y la condena. y la exposición de sus conclusiones y peticiones al tribunal. El Código establece que el Ministerio Público." 31. con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. ejercerá su cargo por un período de cinco años. 33. habrían reconocido el carácter multiétnico. También dispone. Esas reformas no fueron aprobadas. entre otras cosas. y la posibilidad de la libertad provisional con fianza. conforme al artículo 173 de la Constitución. el Congreso aprobó diversas reformas constitucionales de importancia clave previstas en los Acuerdos de Paz. la preferencia por las audiencias orales . el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena. El Código dispone también la actuación de intérpretes de idiomas cuando es necesaria. el derecho a la defensa letrada. Las reformas. en caso de haber sido aprobadas. la obtención de pruebas en la etapa prejudicial. Guatemala ha ratificado numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos. poniendo a cargo de las investigaciones y los enjuiciamientos a los fiscales. y rendirá informe anual al pleno del Congreso. El artículo 16 dispone asimismo el debido proceso. como se indicó antes. y a ese respecto es pertinente señalar que el artículo 46 de la Constitución dispone lo que sigue: "Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos. que los tratados sobre derechos humanos tienen preeminencia sobre las leyes internas. el derecho a estar presente en el juicio. Modificó asimismo la función de protagonistas importantes. en su artículo 9." 29.
del Décimo Tribunal de Sentencia. IV. Excluía de la competencia de los tribunales militares los asuntos referentes a delitos comunes cometidos por integrantes de las fuerzas armadas. de participación militar. El Gobierno. referente al régimen de nombramientos. La integrante de la Corte de Apelaciones María Eugenia Villaseñor ha denunciado también las persecuciones de que dice haber sido objeto por su participación en asuntos sobre derechos humanos que adquirieron gran destaque.4/2000/61/Add. Las reformas incluían también un aumento del presupuesto del Organismo Judicial. En esos casos. carecen de idoneidad y a veces tienen antecedentes penales. 35. porque los jueces parecen haber demostrado falta de disposición a proceder en asuntos referentes a violaciones de derechos humanos que generan polémica. ascensos.1 página 10 respecto del procedimiento escrito. la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial. El Relator Especial fue informado también de que. del 2% al 6%. intimidaciones y hostigamiento 34. El Relator Especial tuvo conocimiento de que. y procedimientos disciplinarios. Los jueces de primera instancia y de paz se sentían particularmente vulnerables y se ha sostenido que esa situación plantea una grave amenaza a la independencia judicial. la influencia de las fuerzas armadas ha puesto obstáculos a una administración de justicia rápida e imparcial y. ha trabado la debida administración de justicia. en algunos casos. según se afirma. Disponía igualmente la jurisdicción de los tribunales militares sobre los miembros de las fuerzas armadas que fuesen responsables de delitos militares. El conjunto de reformas también comprendía una disposición sobre la elección de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un período de siete años. también ha manifestado públicamente sus preocupaciones acerca de su seguridad después de recibir amenazas de muerte. derechos y obligaciones de los jueces y magistrados. invocando falta de medios económicos. la simplificación de los procedimientos. La jueza de primera instancia Miriam Maza Trujillo pidió su traslado después de recibir un paquete que contenía una granada y una nota en que se le advertía que sería asesinada si no abandonaba el Quiché.E/CN. según se afirma. no ha ofrecido protección a los jueces y los fiscales que son objeto de amenazas. Villaseñor ha formulado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La jueza Ana Ayerdi Castillo. los fiscales y los abogados defensores participantes han sido víctimas de amenazas. 4/ 37. las personas asignadas por las autoridades. Disponía la aplicación de una Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial. basada en pruebas circunstanciales. Amenazas. como el referente al asesinato de la antropóloga Myrna Mack. . lo que atenta contra la debida aplicación de la ley. actos de intimidación y hostigamiento. Se ha denunciado que en los asuntos referentes a violaciones de derechos humanos existe una fuerte sospecha. en los casos muy poco frecuentes en que se otorga protección. los jueces. 36. La Sra. También incluían el establecimiento de un Consejo de la Carrera Judicial y Juntas de Disciplina Judicial. OBSTÁCULOS A UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE A. en asuntos referentes a los derechos humanos.
Durante el desarrollo de la misión. amenazas o intromisiones indebidas. presiones. en su artículo 27. También se han registrado casos en que las amenazas formuladas contra jueces provenían en apariencia de abogados. dispone lo siguiente: "Las autoridades ejecutivas tendrán el deber de garantizar la seguridad y la protección física de los miembros del poder judicial y de sus familias. E/CN. La Directora de la COPREDEH señaló al Relator Especial la importancia del Decreto 70/96. 6/ 42. sean directas o indirectas. alicientes. el Relator Especial comprobó una falta general de cooperación entre los distintos niveles de la administración de justicia. 40. como se había sostenido. de fecha 27 de septiembre de 1996. El Presidente de la Corte Suprema dijo al Relator Especial que no se trasladaba a los jueces debido a las amenazas. El Principio 2 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. La Presidenta de la COPREDEH indicó que ella misma había recibido llamadas amenazantes y destacó que no era difícil identificar a los responsables de esos delitos. el Presidente dijo al Relator Especial que en la mayoría de los casos el Gobierno no podía actuar contra las amenazas y las intimidaciones porque la Presidencia no recibía informes de la Corte Suprema acerca de tales casos. Se señalaron al Relator Especial los casos de la juezas Iris Barrios Aguilar y Morelia Ríos Arana de Villalta. que dispone las normas sobre la protección de las personas relacionadas con la administración de la justicia penal.4/2000/61/Add. El Relator Especial recibió informes en el sentido de que la Corte Suprema no evalúa las denuncias ni suministra protección. Ambas manifestaron que habían comenzado a recibir amenazas de muerte después de dictar una sentencia condenatoria contra los sospechosos en un asunto referente al asesinato de una estudiante universitaria. 39. sin restricción alguna y sin influencias. sino porque los jueces no deseaban que su actuación fuera supervisada después de haber formulado denuncias. En relación con las limitaciones presupuestarias. de cualesquiera sectores o por cualquier motivo".1 página 11 38. los fiscales y los testigos. el Ministerio Público ha pedido al Ministerio de Finanzas Públicas un aumento de 200 millones de quetzales. aunque manifestó la esperanza de que se aplicaría el año siguiente. En lo referente a la protección de los jueces. Por ejemplo. basándose en los hechos y en consonancia con el derecho. 41. el caso ya mencionado de la jueza Maza Trujillo parece relacionarse con un abogado que actuó en uno de los asuntos que habían estado a su cargo. El Decreto estipula que corresponde al Ministerio Público ofrecer seguridad a las personas en relación con la administración de justicia penal. La COPREDEH también ha intervenido en algunos casos de amenazas contra jueces. La Directora señaló que el Decreto no había sido puesto en práctica por el Ministerio Público por falta de recursos. dispone lo siguiente: "Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad. a solicitud de éstos. sino que traslada a los jueces de un tribunal a otro. María Alioto López Sánchez. de las Naciones Unidas. en especial en caso de que sean objeto de amenazas". 44. muerta por un funcionario . ya que no cuenta con un presupuesto fijo. 43. incluidos los jueces. Se señaló al Relator Especial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades que adoptaran medidas de protección a solicitud de los jueces. El proyecto de principios sobre la independencia del poder judicial 5/.
ninguna compañía de seguros los admitiría en planes de seguro individuales ni colectivos. Cándido Noriega.E/CN. Las denunciantes sostienen que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu no debieron haber admitido el recurso del alcalde por las razones procesales mencionadas. Irregularidades judiciales 48. La impunidad 1. Las denunciantes pidieron la asistencia del Relator Especial en relación con su denuncia formulada ante la Supervisión de Tribunales. que aún no había sido resuelta. 46. Las juezas determinaron la responsabilidad por ese asesinato del Ministro del Interior y del Director de la Policía Nacional. Rudy Reynoso Batres. por delitos cometidos contra ellos por las patrullas de defensa civil y personal del ejército en 1982. la Sra. Se afirma que. rapiñas e incendios deliberados. B. violaciones. secuestros. 45. Julia Regina Ordóñez González denunciaron que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu habían dado un trámite indebido a la denuncia formulada por ellas contra el alcalde de San Felipe. y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente. el Sr. pero fuera del plazo de diez días establecido por el artículo 418 de Código Procesal Penal. el 24 de abril de 1998 el alcalde fue declarado culpable de una imputación formulada contra él ante un tribunal. Después de que resultó absuelto en el primer juicio.000 ciudadanos se comprobó que el 88% de ellos consideraba inadecuado el sistema de administración de justicia. 47. y otras denuncias recibidas y que se exponen más adelante. la Novena Cámara de Apelaciones de Antigua revocó el fallo y ordenó un nuevo proceso. El Sr. Noriega. en el Quiché. También se expuso al Relator Especial la queja de que los jueces no cuentan con asistencia en materia de seguro médico y de enfermedad. También apeló ante el segundo tribunal de primera instancia. También se informó al Relator Especial de una serie de irregularidades relativas al caso de un ex comandante militar. Según ellas.1 página 12 de la Policía Nacional durante una marcha de protesta por un aumento de las tarifas de transporte público. muestran una situación que da lugar a una falta de confianza en la capacidad del sistema judicial para tratar los asuntos referentes a violaciones de los derechos humanos. En una encuesta de opinión pública realizada en 1997 por Aragón y Asociados con participación de unos 1. en lugar de hacerlo ante la Corte de Apelaciones. Afirman asimismo que los magistrados admitieron ese recurso procesalmente viciado porque procuraban proteger al alcalde. Las situaciones descritas. Presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. entre otras personas. La Sra. debido al elevado nivel de riesgo a que están sometidos los jueces. Los recursos y las recusaciones de miembros del tribunal del Quiché retrasaron indebidamente los preparativos del segundo juicio del Sr.4/2000/61/Add. el tribunal integrado por magistrados suplentes declaró inadmisible el recurso. Noriega está enjuiciado ahora por tercera vez en relación con una denuncia formulada por los aldeanos de Tuluche. La Corte Suprema ordenó . que incluyen homicidios. que parece ilustrar el clima de impunidad que reina en el país. Tres personas presentaron una denuncia conjunta al Relator Especial acerca de la impunidad en el sistema de justicia. Sandra Esperanza Barillas y la Sra. El alcalde apeló.
Sr. Se informó también al Relator Especial de que una de las consecuencias de estos juicios largos y dilatados es la posibilidad de que algunos testigos fundamentales se rehusen a declarar por tercera vez. 7/ Esa sentencia fue criticada por la MINUGUA sobre la base de que tenía el efecto de acentuar el clima de impunidad en el país. Harris y el Procurador General acerca de las conclusiones de su investigación conjunta sobre el tráfico ilegal de niños pequeños para su adopción en el exterior. También se señaló al Relator Especial. Harris ha formulado una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de su derecho a la libertad de expresión. Se sostuvo que el fiscal no llevó a cabo una investigación adecuada durante el juicio. El fiscal que actuó en el asunto de Xamán. el caso del Director de Casa Alianza 8/. de Umaña. La Corte de Constitucionalidad dictó en enero de 1999 una extraña decisión según la cual la expresión es privilegio exclusivo de los medios de difusión. El Relator Especial ha tenido conocimiento de que el Sr. 49. sin embargo. que existen graves defectos en la formulación de las imputaciones. Hubo denuncias de intromisión de la Corte Suprema en el proceso seguido contra el Sr. 51. el tiempo transcurrido desde la denuncia hasta la etapa final del juicio puede perfectamente asegurar la impunidad. . rápido e imparcial. Se sostiene también que se violaron igualmente derechos referentes al acceso a la justicia. Noriega muestra una investigación irregular y viciada. el empleo de intérpretes.4/2000/61/Add. la debida investigación y la adecuada imposición de penas. y que los jueces omitieron ajustarse al procedimiento pertinente en la etapa intermedia. Bruce Harris. Harris está actualmente imputado de delitos en virtud de una denuncia de la Sra. y se incluyó el de la Sra. El Sr. calumnia e insultos sobre la base de una conferencia de prensa que realizaron el Sr. sugirió que la patrulla no había tenido el propósito de dar muerte a los civiles y que su capitán no había dado orden de matar. La MINUGUA ilustró esta afirmación declarando que el fiscal no estaba preparado durante los interrogatorios y parecía no haber estudiado el expediente y carecer de una estrategia para corroborar sus acusaciones. Durante la conferencia de prensa se citaron los nombres de abogados participantes en ese tráfico. También se informó al Relator Especial de la sentencia dictada el 12 de agosto de 1999 en el asunto de Xamán. conforme a lo dispuesto por la ley. La Corte Suprema ordenó que se efectuara. Se ha señalado al Relator Especial que el expediente del Sr. De este modo. pero la Novena Cámara de Apelaciones de Antigua revocó una vez más ese fallo y dispuso un tercer proceso. Harris. Los delitos imputados se refieren a presuntos actos de difamación.1 página 13 entonces que lo llevaran a cabo integrantes del tribunal de Sololá. abogada y esposa de un ex presidente de la Corte Suprema. dimitió del Ministerio Público al no obtener su apoyo a pesar de reiteradas solicitudes de medidas de protección. El acusado fue absuelto nuevamente de todas las imputaciones. El juez. durante su misión. así como en la vista de la causa. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela. Se indicó que la patrulla que había intervenido en el asunto había disparado 288 balas contra civiles inermes. El expediente indica también la existencia de irregularidades de fondo y de forma en la evaluación de las pruebas y que hubo violaciones de las garantías de un juicio independiente. E/CN. La MINUGUA dijo también que el juez que entendió en la causa debió haber calificado los actos criminales de los militares como ejecución sumaria. Susana de Umaña. 50. esta vez por el tribunal de Totonicapán.
el Relator Especial supo que el fiscal que intervino en el asunto Gerardi. Ronald Ochaeta. Dos días antes de su muerte. La Sra. ejecutado sumariamente el 24 de junio de 1995. Myrna Elizabeth Mack Chang dejó su oficina para volver a su casa. Pascual Serech.1 página 14 52. Mack estaba investigando y escribiendo sobre poblaciones indígenas desplazadas o destruidas como consecuencia del conflicto político-militar y las actividades militares de represión de las insurrecciones. El primer caso señalado al Relator Especial es el del Sr. . pero también porque su casa había sido visitada por hombres armados que intimidaron a sus hijos. el juez Monroy dimitió del caso y por último huyó del país. La organización no gubernamental citada afirmó que el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango ha identificado a los responsables. El segundo caso se refiere al Sr. el Relator Especial reunió un gran volumen de informaciones sobre numerosos casos pendientes de homicidios todavía no aclarados. a quien se había asignado el caso. 54. 53. el juez Monroy recibió presuntas amenazas de muerte. El Carpio Nicolle era propietario del periódico El Gráfico y se oponía a la aplicación de una ley sobre el otorgamiento de una amnistía a los miembros de las fuerzas armadas participantes en violaciones de derechos humanos. Tres altos oficiales de las fuerzas armadas de Guatemala. a pesar de haber sido identificado ya por el tribunal penal de primera instancia de Chimaltenango. cometido en 1998.4/2000/61/Add. En 1993 el Sr. había salido de Guatemala. Se señaló al Relator Especial el asesinato de un militante de los derechos humanos. han sido acusados de ser los autores intelectuales del crimen. Jorge Carpio Nicolle fue objeto de una emboscada de 25 hombres armados que le dieron muerte. que se comenta más adelante. el Presbiterio Kaqchiquel. Monseñor Gerardi fue golpeado hasta la muerte con un objeto contundente en el garaje de la casa parroquial en que vivía. la Oficina de Derechos Humanos Archidiocesana (ODHA) señaló al Relator Especial el caso del juez Henry Monroy. Celvin Galindo. que fue asesinado por miembros de una patrulla de defensa civil en 1992. el 11 de septiembre de 1990 la Sra. Monseñor Gerardi. En enero y marzo de 1993. La ODHA informó al Relator Especial de que se había presentado una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. no ha sido detenido. Manual Saquic Vásquez. Sr.E/CN. Cuando caminaba hacia su automóvil fue atacada por un grupo de hombres que le asestaron 27 puñaladas. también se había exiliado después de recibir amenazas contra su familia. Durante la misión. Sr. Una organización no gubernamental indígena de Chimaltenango. en actividad o en retiro. 2. Homicidios no aclarados 55. informó de ello a la Corte Suprema. Después de haber completado su misión. Debido a las presiones y amenazas de que fue objeto. En relación con el asesinato de Monseñor Gerardi. 56. 57. así como a tres de sus acompañantes. Se sostuvo que el autor de este delito. El 26 de abril de ese año. sobre todo por razones de salud. pero no recibió protección de ésta. Por ejemplo. Se informó igualmente al Relator Especial de que el personal de la ODHA también había recibido amenazas. Se supo que el ex director. pero éstos nunca fueron detenidos. Su asesinato sigue siendo objeto de investigación oficial. presentó al Relator Especial informaciones sobre situaciones individuales que ponen de relieve el problema de la impunidad.
Preocupó al Relator Especial la falta de inamovilidad de los jueces. el Relator Especial recibió denuncias referentes a la falta de transparencia en la elección de los magistrados y jueces. Formación. tal como se encuentra establecido por el principio 12 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. La Constitución dispone que los 13 magistrados de la Corte Suprema deben ser elegidos de una lista de 26 candidatos propuestos por la Comisión de Postulación." 61. en 1994. Esto significa que había un 90% de impunidad. en su artículo 208. 59.1 página 15 Monseñor Gerardi había presentado las conclusiones de un proyecto realizado por la Iglesia de Guatemala para documentar las violaciones de los derechos humanos producidas durante el conflicto armado del país. se había rehusado a admitir cualquier sugerencia de que el crimen hubiera tenido motivos políticos. Sr. tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos. pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. La Constitución de la República de Guatemala de 1985. Durante su misión. cualquiera que sea su categoría. en su carácter de denunciante. 10/ Se afirmó que no existían criterios objetivos para su selección. 58. de las Naciones Unidas: "Se garantizará la inamovilidad de los jueces." El Relator Especial destacó la opinión de que el artículo 208 puede estar en infracción de la disposición fundamental de la inamovilidad de los jueces a los efectos de la protección de la independencia judicial. La ODHA sostuvo que el primer juez que intervino en los procedimientos. El Relator . hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que haya sido nombrados o elegidos. inamovilidad. El fiscal que actuó en el asunto informó al Relator Especial de que sus investigaciones sugerían una posible participación militar en el asesinato. El Relator Especial no pudo obtener estadísticas oficiales del Gobierno. Figueroa. 9/ La ODHA informó al Relator Especial de que hubo desde el principio resistencias a considerar el carácter político de este crimen a pesar de las pruebas evidentes a su respecto. durarán en sus funciones cinco años. El asesinato de Presidente de la Corte de Constitucionalidad. Ardon. Sr. Sin embargo. y los jueces de primera instancia. cuando existan normas al respecto. el Relator Especial obtuvo de una fuente independiente estadísticas sobre 1996 según las cuales sólo un 10% de los casos de homicidios violentos llegaban a los tribunales. designación (elección) y destitución de los jueces 60. E/CN. también fue señalado al Relator Especial. ya que por lo general los ministerios no llevan estadísticas. Epaminondas González. esas conclusiones implicaban a las fuerzas armadas. no era imparcial y había procurado poner obstáculos al testimonio de los denunciantes. No existían datos que permitieran conocer qué porcentaje de ese 10% sometido a la justicia daba lugar a condenas. C. También afirmó que el primer fiscal que actuó. Sr.4/2000/61/Add. La ODHA. llevó a cabo su propia investigación llegando a la conclusión de que los responsables del hecho eran miembros de las fuerzas armadas cuyos nombres se habían citado en el informe de Monseñor Gerardi. dispone lo siguiente: "Los magistrados.
Ésta fue creada en virtud del acuerdo Nº 13/98 de la Corte Suprema de Justicia. el Presidente de la Corte Suprema declaró que. tal como lo dispone el Principio 10 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura. El 13 de octubre de 1999. Desea señalar el esfuerzo realizado por la Comisión de Postulación para aplicar criterios objetivos en la selección de candidatos. el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que trate no se considerará discriminatorio. Las mismas organizaciones también han indicado que esta elección fue diferente de las anteriores. religión. No imparte capacitación a jueces ni funcionarios judiciales. el Relator Especial tuvo conocimiento de que la nueva Corte Suprema. opinión política o de otra índole. debido a una preocupación acerca de posibles retrasos en el procedimiento de elección. posición económica.4/2000/61/Add. Después de haber completado su misión. el Congreso dio a conocer los nombres del nuevo Presidente de la Corte Suprema. ya que los criterios y los procedimientos empleados para escoger a los jueces fueron conocidos por el público. Durante la misión del Relator Especial. 64. que no han sido escogidos ni capacitados por la Escuela de Estudios Judiciales.1 página 16 Especial instó al Colegio de Abogados y otras instituciones competentes a elegir puntualmente a sus representantes en esa Comisión. nacimiento o condición. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. el 15 de noviembre de 1999. nombró a 52 nuevos jueces de primera instancia. esas personas han manifestado su desaprobación de la decisión adoptada por la Corte Suprema. origen nacional o social. El Relator Especial también desea reconocer el esfuerzo del Colegio de Abogados en la rápida elección de sus representantes en la Comisión de Postulación. aunque la Escuela de Estudios Judiciales ofrecía una formación análoga a la de las . En los días anteriores a la designación de los 52 nuevos jueces. Su artículo 1 dispone que la Escuela es un organismo encargado de escoger y capacitar a candidatos para cargos de jueces de primera instancia y de paz. También instó a la comisión a que llevara a cabo su difícil tarea siguiendo criterios objetivos. En la selección de los jueces no se hará discriminación alguna por motivos de raza. 63. El Relator Especial recibe con satisfacción el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones por el Congreso. 62. sexo. José Rolando Quesada Fernández. Sr. que completarán sus cursos en marzo de 2000. la Escuela impartía capacitación a 24 aspirantes a la judicatura. color. El Relator Especial ha tenido conocimiento de que la mayor parte de las organizaciones interesadas con las que se entrevistó durante su misión han apoyado la elección realizada por el Congreso. y de los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. El Relator Especial observó un equívoco en cuanto al tenor del artículo 215 en lo referente a la oportunidad de la elección de la Corte Suprema." El Relator Especial observa también que en la reciente elección realizada por la Comisión de Postulación no consideró la reelección de ningún magistrado de la Corte Suprema.E/CN. a fin de asegurar la designación de los candidatos más calificados: "Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.
El Relator Especial preguntó si se había dado al Sr. Lo esencial de ellas era que la Corte Suprema ejercía sus funciones de disciplina judicial en forma arbitraria. El Relator Especial encontró varios casos más en que se había destituido a jueces que afirmaban que no se habían tomado en consideración las pruebas presentadas en su defensa. El Sr. Mogollón sería restituido en su cargo. ya que se temía que los nuevos jueces designados pudieran sentirse en deuda con quienes habían participado en su nombramiento y que ello comprometería su independencia e imparcialidad. el Relator Especial se entrevistó con varios ex jueces de primera instancia y de paz. su funcionamiento era oneroso. 66. El Presidente de la Corte Suprema dijo que el alcalde de la ciudad había organizado las manifestaciones de protesta desaprobación de la comunidad contra la decisión por la que se destituyó al Sr. García no había completado sus estudios de derecho y no había rendido los . 68. Se manifestaron preocupaciones por el funcionamiento irregular de la Superintendencia General de Tribunales. Sostiene que la Corte Suprema comenzó a poner en tela de juicio sus sentencias y posteriormente le destituyó. Los magistrados habían llegado a la conclusión de que el Sr. además. Echevarría manifestó que durante el ejercicio de su cargo de juez conoció en asuntos de gran destaque. Roberto Echavarría. Echevarría afirmó que la Corte Suprema no tuvo en cuenta las pruebas que presentó en su descargo. el Presidente destacó que la Escuela no sería clausurada. como casos de secuestro por rescate. Mogollón afirmó. E/CN. que supuestamente carece de fundamento legal para el desarrollo de las investigaciones sobre las denuncias formuladas contra jueces. funcionario judicial durante diez años y que había sido designado juez en 1997. También se afirmó que la Corte Suprema ha destituido a jueces como consecuencia de informes presentados por la Superintendencia General de Tribunales sin darles las garantías del debido proceso. Mogollón.1 página 17 universidades. el ex juez de paz César Augusto García fue destituido en julio de 1999 porque los magistrados consideraron que el Sr. Por ejemplo. El Relator Especial se entrevistó también con el Sr. a lo cual el Presidente de la Corte Suprema respondió afirmativamente. Efraín Mogollón Mendoza dijo que había sido juez de paz en Santa Lucia de Utalán (Sololá) durante diez años. Durante su misión. No obstante lo anterior. La decisión de la Corte Suprema ha sido objeto de fuertes críticas en Guatemala. Mogollón manifestando que era un buen juez y que la comunidad no aceptaría su reemplazo. El Sr. Con respecto a las consideraciones precedentes. Se supo que ciertos representantes de la comunidad de Santa Lucía de Utalán asumieron la defensa del Sr. El Sr. 65. El Sr. El Sr. Declaró también que la Corte Suprema tendría en cuenta a los aspirantes de la Escuela una vez que hubieran completado su capacitación. pero en lugar de ello se lo remitió a la Supervisión de Tribunales. Mogollón cometió errores que justificaban la sanción impuesta. afirman que el Presidente de la Corte Suprema les dio seguridades de que el Sr. 67. Sostuvo que su destitución se debía a una decisión arbitraria de los magistrados de la Corte Suprema después de que él presentó una denuncia contra dos funcionarios de su juzgado.4/2000/61/Add. Mogollón manifestó que había recibido garantías personales del Presidente de la Corte Suprema en el sentido de que su caso sería revisado. que no se le dio la oportunidad de una audiencia oral en la que hubiera podido ejercer su derecho de defensa. hasta que en julio de 1998 fue destituido. Mogollón la oportunidad de defenderse. el Relator Especial recibió quejas de varios jueces.
En consecuencia. para la expedición de un título. La mayoría de las facultades exigen la aprobación en un examen. el Relator Especial tuvo conocimiento de denuncias sobre deficiencias del sistema de enseñanza del derecho en Guatemala. En vista de estas graves acusaciones. No obstante. El juez de paz Ronel Barrios fue destituido en 1994 tras una declaración que formuló sobre la situación precaria de los jueces en el interior del país. García señaló que no se habían tenido en cuenta las pruebas que presentó.1 página 18 exámenes necesarios. Se han fundado recientemente dos facultades de derecho. Efraín Vallencillos Morales. El Relator Especial desea hacer hincapié en la importancia de los medios de difusión. afirmó que la Corte Suprema le destituyó después de que ordenó en determinado asunto la libertad de los sospechosos. El Sr. Durante el desarrollo de su misión. 73. Existen en Guatemala seis facultades de derecho: una en la Universidad de San Carlos (pública) y las otras en instituciones privadas. así como la presentación y aprobación de una tesis. Las facultades de derecho establecen su propio plan de estudios. El contenido de los exámenes también varía entre una universidad y otra. el Relator Especial procuró entrevistarse con los jefes de redacción de los principales periódicos.E/CN. Un ex juez. 72. El Relator Especial también desea destacar que los medios de difusión cumplen una importante función en el proceso de educación en materia de derechos humanos. La mayoría de esos editoriales exhortaban a la aplicación de la pena de muerte. una de las cuales otorga títulos después de cursar clases de fin de semana. Barrios impugnó con éxito la decisión ante la Corte de Constitucionalidad y fue restituido en sus funciones un año después. debido a las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. . destacó la necesidad de que los jefes de redacción de los periódicos comprendieran y promoviesen la aplicación de la independencia judicial y de normas internacionales como las que figuran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. y la calidad de la enseñanza tienen niveles variados. Se señalaron al Relator Especial denuncias sobre intromisión de los medios de difusión en la administración de justicia. en particular los editoriales de los periódicos. 69. Esta abstención de imponer la pena de muerte y la adhesión estricta a la Convención hizo que los medios de difusión acusaran a los jueces respectivos de fomentar un clima de impunidad. Su destitución se basó en denuncias anónimas. en consecuencia. los jueces no la aplican. Welter Marcias Solaris. El sistema de enseñanza del derecho y las profesiones jurídicas 71.4/2000/61/Add. Se afirmó que en los editoriales de los periódicos se formulaban sugerencias sobre las sanciones que los jueces deberían imponer y las personas que deberían ser condenadas. el Sr. y el Sr. 70. Las facultades de derecho han asignado la mayor importancia académica a la enseñanza del derecho civil y comercial. como poderoso instrumento para lograr cambios importantes en las sociedades. el Sr. Un juez de primera instancia. Se ha prestado poca atención a la enseñanza de los derechos humanos y el derecho constitucional. La pena capital está proscrita por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y. pero no le fue posible hacerlo porque los representantes de los periódicos no concurrieron a la cita. fue destituido por la Corte Suprema y también ha afirmado que no se le dio oportunidad de formular sus descargos. D.
dispone lo siguiente: "Los gobiernos y asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación. El Relator Especiales fue informado de que no existen directrices oficiales acerca de la enseñanza del derecho. de las Naciones Unidas. Por otra parte. E/CN. Indicó que un 95% de los aspirantes no obtenían aprobación en la prueba de preselección.1 página 19 la Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar. 75. que trata de conceptos jurídicos básicos. no podrían obtener su título debido a los niveles muy exigentes fijados para el examen final. se informó que se había presentado un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Ministerio de Educación por la falta de reglamentaciones. . El Relator Especial destacó su opinión de que. debería tener entre sus obligaciones la de asegurar que quienes ingresaran en el Colegio tuvieran idoneidad profesional. puesto que el Consejo del Colegio de Abogados es el órgano ejecutivo de una entidad de unos 6. Se afirmó que un 92% de los estudiantes de derechos de la Universidad de San Carlos. la segunda de las cuales es una institución privada. el Relator Especial preguntó a los miembros del Colegio de Abogados con quienes se entrevistó si esa institución había fijado algún criterio para determinar los requisitos de calificación para el ejercicio de la abogacía. La Directora de la Escuela de Estudios Judiciales dijo que la mayoría de los aspirantes a jueces de paz y de primera instancia tenían graves lagunas en sus conocimientos académicos. La segunda ofrece actualmente un título de maestría en derechos humanos.000 abogados. aunque consideraba que lo ideal sería la existencia de un único examen a cargo de todas las facultades de derecho del país.000 personas. 76. El Colegio de Abogados respondió que carecía de iniciativa legislativa. unas 10. Se señalaron al Relator Especial versiones sobre una grave falta de coherencia entre las universidades en cuanto a las calificaciones requeridas para el ingreso y los niveles de los exámenes. El Colegio de Abogados manifestó que los estudiantes de derecho que obtenían su título de abogados podían ejercer la profesión de inmediato tras ingresar en el Colegio. si tal iniciativa se promovía por el Colegio de Abogados con el apoyo y la asistencia de las universidades. El Relator Especial hizo hincapié en su opinión de que. con asistencia de las Comunidades Europeas y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos." 74. sería poco probable que las reformas propuestas resultasen rechazadas. están modificando sus programas de estudios.4/2000/61/Add. El Principio 9 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En vista de las informaciones recibidas sobre una aparente disparidad entre las facultades de derecho. El Relator Especial sugirió que el Colegio propusiera un proyecto de ley que estipulara un único examen de admisión al ejercicio de la profesión de abogado a fin de asegurar que sólo pudieran cumplir esa función quienes hubieran sido aprobados en ese examen.
El plan se basaba en consultas con fuentes internas y externas. así como la prestación de asistencia para la redacción de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. 78. El PNUD (Suecia) contribuye a financiar las funciones de la Comisión Ad Hoc para el Poder Judicial. El PNUD presentó un plan de reorganización que incluye mecanismos para la reglamentación de aspectos importantes. 79. USAID.1 página 20 V. 80. las limitaciones de acceso a los tribunales. Se estaba estudiando la . Se destacó la importancia del PNUD como coordinador nacional para asegurar una acción coherente y garantizar que los programas previstos en el plan de modernización no se superpusieran. El PNUD ha destinado fondos suministrados por el Gobierno de Suecia al fortalecimiento de la gestión institucional. que incluyen medidas para asegurar la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. El Organismo Judicial.4/2000/61/Add. MEDIDAS ENCAMINADAS A LA REFORMA A. la corrupción. 81. El Relator Especial destacó la necesidad de coordinación en el proceso de dirección global del plan de modernización. ha preparado un plan de modernización para el período de 1997-2000. El Banco Mundial ha prestado una suma considerable para mejorar la gestión administrativa de los tribunales y para la reorganización judicial. las deficiencias de la gestión judicial. Los donantes extranjeros. han suministrado recursos económicos para que Guatemala pudiera iniciar la puesta en práctica del plan de reorganización. La comunidad internacional ha contribuido considerablemente a estos esfuerzos encaminados a la reforma de la administración de justicia.E/CN. y una división existente entre la sociedad y la administración de justicia. como el Banco Mundial. USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo. El plan estipula la creación de una dependencia de recursos humanos que establecería la organización administrativa dentro del Organismo Judicial. Introduce también una división clara entre las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema. USAID ha optado por administrar sus propios recursos y los dedicará en especial a la materia penal. como la política en materia de contratación del personal judicial y el sistema utilizado para la designación de jueces. La aplicación del plan se inició en 1997 después de obtener la aprobación de la Corte Suprema. a través de su propia Comisión para la Modernización de la Justicia. la reciente aprobación de este plan por la Corte Suprema. La reorganización administrativa cuenta con el apoyo de un préstamo del Banco Mundial y el PNUD hasta el año 2004. incluido el procedimiento de selección de los jueces y la capacitación inicial de los jueces de paz y de primera instancia. El Relator Especial desea reconocer. El Gobierno de España también ha prestado asistencia financiera que se empleará en cooperación con la Escuela de Estudios Judiciales para la selección de jueces y su formación inicial. la Secretaría para la Paz (SEPAZ) y la Fundación Soros también han contribuido con recursos económicos. El PNUD también ha suministrado fondos para mejorar el funcionamiento de los tribunales. Modernización de la justicia y asistencia de la comunidad internacional 77. como hecho positivo. durante las cuales se determinaron cinco problemas principales dentro del Organismo Judicial: la baja calidad de la labor cumplida por los tribunales.
La segunda razón que puede dar lugar al traslado es la solicitud del juez. Éste debe indemnizado por los gastos resultantes del traslado. y que la actual Directora de esa Escuela no tenía conocimiento de ello. conforme a lo establecido en la Constitución. la Dependencia presentará a la Corte Suprema una lista de los aspirantes que podrán ser designados jueces. aunque esta posibilidad figura en la Constitución. cuyo mandato inicial debe ser modificado.4/2000/61/Add. Estipula a continuación que pueden ser reelectos. que se han reservado a la autoridad de designación. Propuestas de reforma legislativa 83. el Relator Especial destacó la necesidad de incluir en el plan de modernización un proyecto que abarque la reforma del sistema de enseñanza del derecho y la abogacía. organizado por la Dependencia. una vez realizados esos exámenes. La Dependencia de Formación Institucional ha sido designada como organismo encargado de la selección de jueces mediante exámenes. las instituciones de investigación y los medios de difusión. El proyecto de ley estipula también que los jueces podrán ser trasladados por dos motivos. La Comisión Ad Hoc suministró apoyo técnico en los trabajos de redacción. Establece la inamovilidad de los jueces de paz y también declara que los jueces y magistrados permanecerán en sus puestos por un período de cinco años. Cabe señalar aquí que este proyecto de ley no dispone el mantenimiento de la Escuela de Estudios Judiciales. el Consejo de la Carrera Judicial debe celebrar una audiencia y dictar una resolución que tiene que ser consentida por el juez.1 página 21 propuesta de que esa función quedará a cargo de la Comisión Ad Hoc. el sector empresarial. El primero consiste en razones vinculadas con sus servicios. 87. La ley determina también los órganos que tendrán a su cargo la carrera judicial. 82. El proyecto de ley dispone también que todo juez contra quien se haya presentado una denuncia tiene derecho a ser oído y notificado de las decisiones . También se dispone que. E/CN. Hizo hincapié en la necesidad de un enfoque integrado para la reforma de la administración de justicia. 84. Durante una reunión con los donantes internacionales. B. Todas las personas aprobadas en el examen recibirán un curso de seis meses de duración. como el Consejo de la Carrera Judicial. La Junta de Disciplina Judicial tendrá a su cargo la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas en la ley. 86. El proyecto dispone la activa aplicación de los principios de independencia e imparcialidad. La Comisión de Fortalecimiento de la Justicia presentó el proyecto de Ley de la Carrera Judicial al Congreso para su aprobación. El Relator Especial celebra la contribución de la comunidad internacional en el actual proceso de modernización de la administración de justicia de Guatemala. y la revisión de las leyes anticuadas. Se ha sabido que ello podría realizarse mediante un decreto presidencial. para que se disponga un traslado sobre esta base. las Comisiones de Postulación y la Dependencia de Formación Institucional. que supondría la inclusión de aportes de otros sectores en el proceso de modernización. 85. la Junta de Disciplina Judicial. pero la Ley de la Carrera Judicial excluye de su competencia los casos de destitución. como la comunidad indígena.
y hasta la fecha se ha recomendado la derogación de unos 710 decretos. 89. particularmente las disposiciones sobre gestión de los recursos humanos que regulan las funciones de la Corte Suprema y de su Presidente. con las normas internacionales sobre la independencia e imparcialidad de los magistrados judiciales. destinado a apoyar el proceso de paz en Guatemala y la consolidación de la democracia. 90. durante su misión. Se ha informado al Relator Especial de que se han realizado algunos progresos en esta labor. procuró obtener seguridades del Presidente del Congreso en el sentido de que se agilizaría la aprobación y sanción de los proyectos de Ley de la Carrera Judicial y de Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial.E/CN. 88. C. Revisión y consolidación de leyes 91. Esta labor se llevará a cabo para recomendar la derogación de leyes anticuadas y organizar un Registro Nacional de Leyes. Se afirmó que esos decretos eran inadecuados en cuanto habían perdido actualidad y no estaban en conformidad con tratados internacionales ratificados por Guatemala. El Presidente del Congreso dio sus seguridades a ese respecto. falta realizar todavía las modificaciones de la Ley del Organismo Judicial.1 página 22 adoptadas en su caso. En cambio. El Relator Especial. Diversos sectores informaron al Relator Especial de la existencia de varios decretos inadecuados que regulan diversas esferas. Estipula. que el ingreso en la carrera judicial debe ser precedido por un examen. Este proyecto procura reglamentar las relaciones de trabajo entre el Organismo Judicial y todas las personas que trabajan en él. Se espera completar esta revisión en el año 2000. También existe un proyecto de Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. . y que el abogado defensor del magistrado o juez puede asistir a la audiencia. Algunos eran contrarios a la Constitución. El Relator Especial tiene conocimiento de que la OEA en Guatemala y el Congreso de Guatemala han firmado un acuerdo en virtud del cual el Secretario General de la OEA convino en prestar asistencia para la revisión de la legislación guatemalteca. La Ley de la Carrera Judicial está en conformidad.4/2000/61/Add. El Relator Especial observa con satisfacción que desde entonces el Congreso ha aprobado ambos proyectos de ley. Dispone también que las denuncias pueden presentarse por escrito o verbalmente. Las reformas proyectadas de la Ley del Organismo Judicial también deben tener en cuenta las disposiciones de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. El Relator Especial desea señalar que las propuestas de reforma deberían tener en cuenta los capítulos correspondientes del plan de reorganización. entre otras disposiciones. 93. 92. El Acuerdo se firmó en el marco de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y patrocinado por la OEA. en términos generales. Se establece también un recurso contra la decisión de la Junta de Disciplina Judicial ante el Consejo de la Carrera Judicial. por ejemplo.
se informó al Relator Especial de que. sobre la protección de las personas en relación con la administración de la justicia penal.1 página 23 VI. no trasladaban a los jueces sin su solicitud. El Presidente destacó que no era política institucional del Estado inmiscuirse en la independencia del Organismo Judicial y que se otorgaba protección cuando los magistrados de la Corte Suprema determinaban la legitimidad del pedido. declaró que la Corte Suprema era el único organismo que podía confirmar las denuncias referentes a amenazas. no ha sido aplicado por el Ministerio Público por falta de recursos. El Fiscal de la Nación manifestó que el Ministerio Público necesitaba informaciones y hechos concretos antes de que pudiera actuar. el Relator Especial destacó que había recibido informaciones de que el Organismo Judicial recibía actualmente un 4% del presupuesto nacional. El Relator Especial señaló las reiteradas denuncias referentes a falta de asistencia a los jueces y fiscales que eran objeto de amenazas. hostigamiento e intimidación. aunque debería existir una mejor coordinación entre el Ministerio Público y el Organismo Judicial en materia de amenazas. En su entrevista con el Presidente de la Corte Suprema. E/CN. amenazas o intimidación contra jueces. Durante la entrevista con el pleno de la Corte Suprema. La explicación más corriente de ello invocaba una falta de recursos. Destacó que. ya que otros jueces podían encontrarse después en igual situación. desde 1986. cuando se le presentaban casos de esa índole. En respuesta a las denuncias y quejas formuladas al Relator Especial. que dispone que cada Estado Miembro debe "proporcionar recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones".4/2000/61/Add. El Fiscal de la Nación también dijo al Relator Especial que el Ministerio Público carecía actualmente de los recursos necesarios para actuar con mayor eficacia. Durante su reunión con el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. Sr. 96. pues la Corte Suprema tenía a su cargo la transmisión de esas denuncias al Ministerio Público. Se había hecho . Cabe señalar que el decreto Nº 70/96. 2% es el mínimo dispuesto en la Constitución. RESPUESTA A LAS DENUNCIAS 94. El Fiscal de la Nación dijo al Relator Especial que no tenía muchos casos referentes a hostigamiento. 99. el Relator Especial expresó su opinión de que el traslado de los jueces que habían pedido protección no resolvía el problema. 95. El Fiscal de la Nación mencionó el caso del juez Henry Monroy y señaló que éste no había formulado denuncia ante el Ministerio Público indicando que estaba recibiendo amenazas. 98. El Relator Especial respondió recordando a las autoridades el principio 7 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura. los fiscales habían investigado. El Presidente de la Corte Suprema dijo que no era exacto afirmar que se trasladaba a los jueces porque habían solicitado protección. El Relator Especial destacó que el Ministerio Público debería llevar a cabo investigaciones por sí mismo respecto de las presuntas amenazas contra los jueces y fiscales desde que tuviera conocimiento de ellas. la Corte de Constitucionalidad había recibido 35 recursos de amparo formulados por jueces. A este respecto. a pesar de sus pedidos de protección. los magistrados admitieron ante el Relator Especial que efectivamente habían trasladado a jueces sin su consentimiento. después de una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Álvaro Arzú. 97. No obstante. hostigamiento e intimidación contra jueces y fiscales. el Presidente de Guatemala.
El Relator Especial destacó que esa asistencia no debería limitarse a un solo aspecto de la investigación. El Relator Especial dijo que las sospechas tenían fundamentos muy sólidos y destacó que convenía al Ministerio que esos crímenes se resolvieran en cooperación con el Ministerio Público. La Supervisión de Tribunales destacó que no imponía sanciones. el Relator Especial destacó la importancia de su función.1 página 24 lugar a 19 de ellos porque la Corte de Constitucionalidad había considerado que no se había dado oportunidad a los jueces para formular sus descargos ante denuncias hechas contra ellos. La Supervisión de Tribunales respondió que la práctica seguida permitía que los jueces presentasen una respuesta escrita.4/2000/61/Add. 102. examinar todos los expedientes y llevar adelante las investigaciones a fin de ganar la confianza del público respecto de la administración de justicia. El Relator Especial destacó la importancia del debido proceso y el derecho a ser oído. El Ministro declaró que su cartera había colaborado con el fiscal en la investigación del asesinato de Monseñor Gerardi y ofreció poner a disposición del Relator Especial toda la documentación que el Ministerio había presentado en relación con ese asunto. el Relator Especial preguntó al Ministro si tendría objeciones a la intervención de un equipo internacional de investigadores formado por instituciones como la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y Scotland Yard para investigar los crímenes. La audiencia oral debe permitirse en virtud de las normas de derecho internacional. sus investigaciones y recomendaciones debían ser completas y estar en conformidad con las normas. . Se había presentado a la Corte Suprema un proyecto de reglamento sobre los métodos de trabajo internos. durante su entrevista con el Ministerio de Defensa. como los de Myrna Mack y Monseñor Gerardi. El Relator Especial. El Relator Especial hizo referencia a las informaciones que había recibido. El Relator Especial señaló también que los jueces tenían derecho a "ser oídos imparcialmente" en virtud del principio 17 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Si así lo solicitaba un juez.E/CN. ya que la Corte Suprema no resolvía los asuntos relativos a denuncias contra los jueces sino un informe de la Supervisión de Tribunales. 103. El Presidente de la República ya había pedido la cooperación de la FBI respecto del asesinato de Monseñor Gerardi. entre ellas el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Ministro de Defensa manifestó posteriormente que su Ministerio colaboraría con gusto en caso de que la FBI participara en la investigación. según las cuales se investigaba a los jueces sobre la base de denuncias anónimas y no se atendían las solicitudes de audiencia oral que ellos formulaban. pero no había sido aprobado por la Corte Suprema porque ésta entendía que el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial otorgaba facultades suficientes. La Supervisión de Tribunales admitió que el procedimiento por el que se regían las investigaciones sobre denuncias contra jueces no había sido reglamentado. debería realizarse una audiencia. 101. 100. No obstante. destacó su opinión de que existía un alto grado de sospecha en el público acerca de la participación de militares en homicidios de gran trascendencia. A este respecto. El Ministro respondió que el Ministerio siempre había colaborado dentro del marco de la ley y había abierto su documentación al Ministerio Público y a la MINUGUA. ya que ésta era diferente de la presentación de una explicación escrita. En consecuencia.
en consecuencia. Sin embargo. prohibe esa extinción de responsabilidad respecto de los actos que. LAS MUJERES Y LOS NIÑOS. e investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables". CUESTIONES RELATIVAS A LA COMUNIDAD INDÍGENA. y prestar asistencia técnica y jurídica en la revisión de las leyes comerciales y la preparación de nuevos proyectos de ley. El Relator Especial. según se afirma. La alegación más frecuente que encontró el Relator Especial es que el pueblo maya ha sufrido discriminación ante los tribunales. testigos y funcionarios judiciales indígenas. El Relator Especial desea destacar el deber del Gobierno.4/2000/61/Add. 106. participar más activamente en las reuniones de la Comisión Ad Hoc. Este Decreto dispone la extinción de la responsabilidad penal por delitos políticos y comunes relacionados con los delitos políticos que hayan ocurrido durante el conflicto armado (art. Durante las reuniones que el Relator Especial celebró en el interior de Guatemala. incluso por los jueces. no pueden ser excusados. razonablemente. El artículo 9 estipula que el Estado tiene el deber de prestar asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto y que esa asistencia se prestará en coordinación con la Secretaría para la Paz. Durante su misión. Junto con los medios de difusión. Se recibieron denuncias de que esa discriminación. no existen consignaciones presupuestarias para la actuación de intérpretes. con arreglo al derecho internacional. con arreglo al derecho interno e internacional.1 página 25 104. conocido también como Ley de Reconciliación Nacional. 105. Y REFERENTES A LOS LINCHAMIENTOS A. CACIF). Comerciales. a este respecto. particularmente respecto de la reforma de la enseñanza del derecho. el CACIF desempeña una función central en Guatemala. 2). las violaciones de los derechos humanos. como el genocidio y la tortura (art. y el Relator Especial. Un aspecto de esa discriminación es que. E/CN. El CACIF expresó su disposición de colaborar. . 12/ VII. El Relator Especial desea señalar el Decreto Nº 145-96. 8). Industriales y Financieras. enunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 29 de julio de 1988: "El Estado está en el deber jurídico de prevenir. de 18 de diciembre de 1996. 11/ La Corte declaró también que la indicada obligación de investigar con seriedad no puede ser una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La comunidad indígena 107. de la que formaba parte. que debe tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. pudo reunir valiosas informaciones acerca de la relación entre la administración de justicia y las poblaciones indígenas. 108. se extendía a los abogados defensores. hizo especial referencia a la recomendación de esa Comisión acerca de la indemnización de las víctimas. exhortó a esa organización a que participara activamente en la reforma judicial. el Relator Especial se entrevistó con representantes de organizaciones empresariales (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas.
Aunque el derecho maya se ha transmitido en el pasado por lo general en forma oral. Las comunidades tienen un abogado para el caso de que alguna de las partes en un litigio desee recurrir al sistema judicial formal en lugar del derecho maya. en particular en controversias sobre tierras. publicó en agosto de 1999 dos libros sobre la administración de justicia maya y las experiencias en la aplicación del derecho maya. sobre la base de los hechos y ante la posibilidad de una denegación de justicia.E/CN. Se afirma que el Sr. Las personas que no integran la comunidad autóctona también pueden utilizar el sistema. en 1996. su valor práctico y su rapidez. Constituyó un hecho positivo la ratificación. Se señaló al Relator Especial el caso del Sr. del Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Cucul padecía diversos trastornos mentales cuando cometió el delito. según se pensaba. Cucul no contó con un intérprete adecuado durante su declaración. Un anciano de la comunidad decide la reparación que debe efectuarse. que el pueblo maya ha utilizado durante siglos para resolver sus litigios. El defensor público ha presentado una solicitud de indulto presidencial en favor del Sr. 110. 111. A este respecto. ya mencionado. el Convenio también dispone que esas costumbres y ese derecho consuetudinario deben ser compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos . Se le explicó que el derecho maya no es un régimen punitivo. pero las interpretaciones del primero no siempre correspondían a los términos empleados por la comunidad toluche del Quiché. hablaba el idioma del Sr. con el apoyo de USAID y CALL de Guatemala. También se señaló al Relator Especial que los testigos se resistían a declarar debido a los prejuicios existentes contra los indígenas. sino que apunta más bien a la conciliación y la reparación. El Relator Especial también desea señalar la reciente publicación por Adegmaya de una versión bilingüe del Código Procesal Penal de 1992. Se informó al Relator Especial acerca del mecanismo maya de solución de litigios y las ventajas generales que ofrece. Se afirmó que para 47 testigos que sólo hablaban idiomas autóctonos se suministró un único intérprete. apeló ante el Presidente por la concesión del indulto. 113. Noriega hubo un intérprete del juez y las partes tenían el suyo propio. Un proyecto de reforma constitucional sobre el reconocimiento del derecho consuetudinario de los indígenas no obtuvo aprobación en un referéndum. Rax Cucul. Se destacó que las virtudes del régimen jurídico maya residen en su eficacia. El Relator Especial. Cucul fue declarado culpable de homicidio y condenado a muerte por inyección letal en el Departamento de Cobán. la Defensoría Maya. que dispone el reconocimiento de las costumbres y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas.1 página 26 109. Todo el sistema procura reunir a las partes y evitar su enfrentamiento. el Relator Especial desea destacar el artículo 8 del Convenio de la OIT Nº 169. en español y en el idioma autóctono Q'eqchi'. 112. sino que fue asistido por un paciente psiquiátrico que. También se afirmó que el Sr. Durante el segundo juicio seguido contra el Sr. Durante la misión del Relator Especial. El Sr. Cándido Noriega. 13/ No obstante. los representantes de comunidades indígenas le reiteraron su exhortación al Gobierno para que reconozca su derecho consuetudinario. Cucul. que se firmaron durante la concertación de los acuerdos de paz. Esta cuestión quedó ilustrada en el primer juicio seguido contra el Sr.4/2000/61/Add. 114. Cucul.
entre ellos el Código Procesal Penal. pero que no comprenden todavía algunas materias referentes a violaciones de derechos de la mujer y el niño. 117. 115. el Código del Trabajo y los reglamentos internos de los partidos políticos. el derecho a . E/CN. La mujer 116. 18/ 119. que se refiere al artículo 7 de la Convención (vida política y pública) 20/. garantizar a las mujeres... 120.". 15/ El Relator Especial señala igualmente la recomendación general XIII. Yutzis. y la limitada participación de la mujer en la administración de justicia y en la vida pública en general. 14/ También desea señalar el informe de la visita del experto de dicho Comité.. aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su 42º período de sesiones. Aunque Guatemala ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se ha instado al Organismo Legislativo a que eliminara las disposiciones discriminatorias basadas en el género que figuran en varios códigos. El Relator Especial también desea señalar la recomendación general Nº 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En sus observaciones finales. El Relator Especial desea señalar las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acerca del informe presentado por el Gobierno de Guatemala el 23 de abril de 1997. un 25% de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto eran mujeres. Mario J. el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer llegó a la conclusión de que las principales deficiencias en relación con la discriminación contra la mujer eran la discriminación jurídica. El Comité ha interpretado que "la vida política y pública de un . de fecha 25 de octubre de 1997. en igualdad de condiciones con los hombres. 118.4/2000/61/Add. Sus interlocutores también pidieron al Relator Especial que incluyera en sus recomendaciones una exhortación al Estado a que otorgara indemnización a las mujeres que fueron víctimas de violación durante el conflicto armado interno de Guatemala. en particular respecto de la administración de justicia.. Se han recomendado medidas de promoción activa.1 página 27 internacionalmente reconocidos. en particular los delitos sexuales. y en la cual el Comité declaró que "los Estados Partes deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y. Sr. en particular. 19/ 121. celebrado en 1993. y ocupar cargos públicos . Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. la falta de conocimiento de los jueces acerca del contenido de la Convención. entre ellas la creación de un Ministerio de Asuntos de la Mujer. Tienen especial importancia las disposiciones que prohiben las prácticas discriminatorias ante los tribunales y las infracciones del debido proceso. La Corte Suprema ha propuesto reformas del Código Penal y el Código Procesal Penal. se ha afirmado que el Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para poner en práctica cabalmente esa Convención. 17/ El Relator Especial ha sabido también que en Guatemala no existe ninguna norma legal acerca del acoso sexual en el trabajo. 16/ B. participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas.
durante ocho días. ejecutivo y administrativo. los menores que han cometido delitos violentos y los menores a quienes sus familias han abandonado o hecho víctimas de abusos. aislamiento junto con niños enfermos y ejercicio físicos prolongados. Según estadísticas proporcionadas por Casa Alianza. se le envía a un centro de detención hasta que se celebra la audiencia. Aunque no hay casos de menores colocados junto con adultos. judicial. El Código coloca a todos los menores necesitados de asistencia o supervisión gubernamental en la misma categoría de los que han observado "conducta irregular". como un hecho positivo. 124. Según el artículo 5 del Código. poniendo en peligro su integridad mental y física. se ha denunciado la frecuente violación de los derechos del niño en los centros de rehabilitación en que se han producido episodios de maltrato. Casa Alianza ha informado de que había 400 asuntos en trámite ante los tribunales por delitos contra menores. el reciente nombramiento de la Sra. 21/ 126. Se ha afirmado que. El porcentaje de reincidentes era alto. El Relator Especial tuvo oportunidad de visitar durante su misión el centro de detención de máxima seguridad de Las Gaviotas. los menores que incurren en "conducta irregular" incluyen a los niños de la calle.000 niños que viven en las calles de Guatemala. Se ha denunciado que en el 95% de los casos. Esos defectos se atribuían principalmente a disposiciones del Código de Menores de 1979. de los cuales 2. durante ese tiempo. después del análisis realizado en el centro de observación. cualquiera que sea la situación del niño. el niño carece de derechos y se le niega el debido proceso. entre otros delitos. que incluían casos de secuestro e infracción de derechos laborales. La organización declaraba también que había un 90% de impunidad en los asuntos que había denunciado sobre violación de los . pero en casos excepcionales podían ser de entre dos y cinco años. Si el juez considera. La mayoría de los 69 menores delincuentes internados en el centro habían cometido. Juana Catina como la primera mujer encargada de los asuntos relacionados con la mujer indígena. El Relator Especial recibió informaciones durante su misión acerca de deficiencias del sistema de justicia de menores. De este modo. C. que son incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño.E/CN. 127. El Relator Especial se enteró de que. hay 6. homicidio. sólo un 10% no vuelve a cometer delito. los niños carentes de antecedentes criminales se colocan junto con menores que han cometido delitos. en particular al ejercicio de los poderes legislativo.4/2000/61/Add. cualquiera de esos niños puede ser internado por un juez de menores.000 se concentran en la capital 22/. en esta etapa. 125. que el menor ha cometido un delito. tráfico de drogas y secuestro por rescate. el juez ordena su detención en un centro de observación. El Relator Especial desea señalar también. Se destacó que el proceso de rehabilitación no había tenido éxito por la falta de apoyo de las familias de los menores y el entorno al que regresan. Sus penas habituales eran de entre seis meses y uno o dos años.1 página 28 país" es un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. 122. violación. a la que Guatemala se adhirió en 1990. El niño 123. y fija una audiencia en un plazo de 45 días. aislamiento prolongado.
Entre 1990 y 1998. El Procurador de la Nación informó al Relator Especial de que existían resistencias al Código. en su informe de 10 de marzo de 1999 a la Asamblea General.4/2000/61/Add. E/CN. Las autoridades de Guatemala no aplicaron la anterior recomendación de la Misión y el problema. establece que un consejo municipal puede encontrar para ellos hogares de guarda. En ambos casos . la Iglesia Evangélica. La MINUGUA. La Corte. La sentencia es un testimonio de la omisión del sistema en cuanto a garantizar los derechos y la seguridad de los niños de la calle. En los casos de delitos leves cometidos por menores. en realidad. 128. mientras que los demás fueron archivados. ya que éstos. 129. e intereses del mercado comercial de las adopciones. Se prevé también que sólo hará falta un pequeño presupuesto para poner en práctica totalmente las nuevas medidas. el nuevo Código dispone medidas sociales y educativas correccionales y. y el segundo causó la muerte de dos sospechosos en la aldea de San Benito. originaban algunos de los actos de violencia criminal que impedían el goce de los derechos humanos y eran totalmente incompatibles con el imperio de la ley. El Congreso aprobó en 1996 el Decreto 78/96. El Procurador de la Nación sugirió que los obstáculos podrían superarse en breve plazo y que el nuevo Código se pondría en práctica en el año 2000. D. que estaba determinada a obtener justicia. El caso citado fue promovido con particular vigor por Casa Alianza. en los casos en que el menor ha cometido un delito grave. que estableció un nuevo Código de la Niñez y la Juventud. El Relator Especial también manifestó preocupación porque los motivos de esa acentuación pudieran relacionarse con las deficiencias del sistema de administración de justicia. Este nuevo Código ofrece alternativas para los niños de la calle. 132. El primero dio lugar a la muerte de cinco sospechosos en la zona del Quiché. un 5% de ellos terminó con sentencias condenatorias. Chisec (Alta Verapaz). Sin embargo. indicó que en su informe precedente había recomendado que el Gobierno asignara prioridad al fenómeno de los linchamientos. Casa Alianza denunció 400 casos de violación de los derechos del niño. que incluyen medidas sociales prometedoras. Linchamientos 130. El Relator Especial reiteró su exhortación a la aprobación y puesta en práctica del nuevo Código. A este respecto. el Código garantiza el debido proceso. Por ejemplo. El Relator Especial tuvo conocimiento por los periódicos de Guatemala de dos casos de linchamientos.1 página 29 derechos del niño. 131. provenientes de los principales partidos de oposición. el Relator Especial expresó preocupaciones por el evidente aumento de los casos de linchamientos en el país y su efecto desestabilizador. el Poder Ejecutivo ha aplazado la aplicación del nuevo Código. declaró que el Gobierno había violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. en sentencia unánime. se ha agravado. Se señaló al Relator Especial que los fiscales y jueces habían hecho comentarios discriminatorios en relación con los niños de la calle. entre otros factores. Durante su reunión con el Ministro del Interior. el Relator Especial celebra la sentencia de la Corte Interamericana de 2 de diciembre de 1999 en el asunto promovido contra Guatemala por el brutal asesinato de cinco niños de la calle en junio de 1990 por agentes uniformados del Estado.
1 página 30 los sospechosos eran presuntos autores de asaltos. El Ministro del Interior informó al Relator Especial de que su Ministerio había iniciado un programa con el Instituto de la Defensa Pública a fin de asegurar la presencia de un representante de éste en cada comisaría. El Ministro hizo referencia a incidentes recientes ocurridos en el Quiché. En ambos casos ha habido informes sobre la participación de docenas de personas en los linchamientos. 135. pero el poder judicial no designaba a los jueces de paz de muchas municipalidades. los puestos de policía cuentan con un número reducido de funcionarios que no pueden ejercer un control efectivo en su jurisdicción. destinado a crear una nueva fuerza de policía. El Ministro destacó la necesidad de modificar las actitudes de la policía para granjearse la cooperación de las comunidades en el desempeño de sus funciones. en que una banda atacó a dos funcionarios policiales. Tras la entrada en vigor del Código los alcaldes no tenían ya esa función. El Ministro informó al Relator Especial de un ambicioso programa patrocinado por su cartera en coordinación con el Ministerio Público. el Ministro dijo que no se había demostrado que existiera una proliferación de los linchamientos. el Relator Especial supo que un juez de primera instancia de Totonicapán condenó a cinco personas. que la situación en Alta Verapaz era la más inquietante. El Relator Especial destacó que durante la formación de los nuevos funcionarios policiales debería prestarse la debida atención a la necesidad de inculcar la comprensión de los principios del debido proceso y la función de los abogados defensores. Se les obligó a confesar sus delitos y posteriormente se les prendió fuego. Después de su misión. El Ministro del Interior dijo que el primer linchamiento se había producido en 1994. Afirmó que para poder comprender los motivos de los linchamientos era preciso tener en cuenta los factores sociales. 23/ 133. sobre todo el conflicto armado. los linchamientos se producían a menudo en los lugares en que estaban instaladas esas patrullas. Durante la guerra civil se crearon organizaciones comunitarias de seguridad y patrullas voluntarias con la facultad de administrar justicia. Además. 136. Deberían enseñarse los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en la materia. creando con ello problemas para las comunidades. Con arreglo a este programa había mejorado el nivel de formación de los nuevos funcionarios policiales. Es ésta la primera vez que se condena a personas responsables de un linchamiento. El Ministro reconoció. Al término de la conversación. antes de la aprobación del Código Procesal Penal en 1994. Quiché y Huehuetenango. El Ministro del Interior ha trabajado con la MINUGUA sobre la cuestión de la formación. 137. declaradas responsables del linchamiento de una persona en 1996. Otro motivo de los linchamientos era que en algunas zonas del país prácticamente no existe presencia del Estado. a la pena de 50 años de prisión. y la necesidad de respeto mutuo entre la policía y el Ministerio Público. El problema está concentrado en los Departamentos de Alta Verapaz. que en un 48% habrían completado sus estudios secundarios. Actualmente la policía sólo abarca un 30% del territorio nacional. 134. los alcaldes tenían a su cargo la designación de los jueces de paz. y las organizaciones no gubernamentales locales . sin embargo. Esto comprendería el reclutamiento de oficiales de policía capaces de comunicarse con las comunidades en sus idiomas locales.4/2000/61/Add. pues no existían pruebas estadísticas. el 5 de septiembre de 1999.E/CN.
el Relator Especial señala las preocupaciones manifestadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1996 respecto de disposiciones análogas de la Constitución del Ecuador. El Relator Especial manifiesta su satisfacción ante este hecho. E/CN. El Relator Especial observa que. 141. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. Con respecto a los derechos humanos. en particular de los delitos relacionados con los derechos humanos. y que da peso a las denuncias de que las personas encargadas de la investigación o el enjuiciamiento de esos crímenes. abriendo las puertas de la justicia a la corrupción. 140. Con respecto a la inamovilidad de los miembros de la judicatura. La promulgación en 1994 de un nuevo Código Procesal Penal modificó el sistema de justicia penal pasando de un sistema inquisitivo a un sistema contradictorio basado en el common law. entre las propuestas del Gobierno rechazadas en el referéndum. que la Carta Internacional de Derechos forma parte del derecho de Guatemala. han sido objeto de . no ofrece la necesaria estabilidad y puede ser incompatible con los principios de independencia judicial establecidos en el artículo 203 de la misma Constitución y en el principio 12 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. figuraba la de modificar la Constitución estableciendo un mandato de siete años para los jueces. la Constitución estipula que los tratados internacionales y regionales celebrados por el Gobierno tienen preeminencia sobre las leyes internas. La Constitución de 1985 establece un régimen de gobierno democrático basado en la separación de poderes y el imperio del derecho. El sistema de administración de justicia. Esta situación se agrava por el hecho de que algunos de quienes son acusados de haber cometido crímenes contra los derechos humanos. Es ésta la situación que ha contribuido a la persistencia de la impunidad. VIII. entre ellas las fuerzas armadas. quedó marginado y no se ha recuperado. especialmente los que adquieren gran trascendencia. devastado por 34 años de conflicto armado. establecido en los artículos 208 y 215 de la Constitución. A ese respecto.1 página 31 han manifestado que constituye un claro mensaje a todos los que participan en ejecuciones sumarias. el Relator Especial considera que un plazo fijo de cinco años con la posibilidad de reelección. han sido designados para ejercer funciones públicas en la administración de justicia y otras instituciones públicas conexas fundamentales. el grado de aplicación y puesta en práctica de este excelente conjunto de disposiciones progresistas y tratados ratificados ha sido desalentador. 139. Sin embargo. Como el Gobierno ha ratificado varios de los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. esto significa. en lo esencial. el tráfico de influencias y los males conexos. La desatención de que ha sido objeto desde entonces ha acentuado su ineficacia y la incompetencia dentro del sistema. incluido el homicidio.4/2000/61/Add. La independencia institucional del Organismo Judicial y la independencia individual de los jueces están protegidas. Conclusiones 138. Éste es un hecho positivo que inspira satisfacción. Establece un poder judicial independiente y las instituciones básicas necesarias para un gobierno constitucional.
Con respecto a las denuncias de amenazas. A este respecto. el magistrado debió haber dimitido en interés de la independencia de la judicatura. a pesar de ser abogada. 143. de Umaña. 142. Por ejemplo. El importante papel cumplido por las fuerzas armadas en las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado no puede dejar de inspirar graves sospechas en el ánimo de la población respecto de la función que cumplen trabando la eficacia de las investigaciones y los enjuiciamientos por lo menos en algunos de esos crímenes. Sin embargo. El Relator Especial observa que la Corte Suprema nunca ha formulado una declaración pública condenando las amenazas. el porcentaje de 90% de impunidad calculado a partir de las estadísticas de una fuente independiente respecto de 1996 pone de manifiesto un índice de impunidad extremadamente elevado. y la demanda por difamación contra el Sr. evidentemente puso sus intereses comerciales por encima de los intereses del cargo de magistrado de la Corte Suprema y de la independencia e imparcialidad del sistema judicial. hostigamiento e intimidación contra jueces. en el Gobierno y en su administración de justicia y recurrirá a sus propios medios tomando la justicia en sus propias manos. 145. hostigamientos e intimidaciones. el Relator Especial debe advertir al Gobierno que la impunidad es un cáncer. encargada de recibir esas denuncias y tramitarlas y de recomendar la protección. En este punto. no sólo para recomendar el otorgamiento de protección. con la consecuencia de que algunos de ellos dimitieran o hasta abandonaran el país. La judicatura no sólo debe ser independiente. como los asesinatos de Myrna Mack y Monseñor Gerardi. El Gobierno no ha otorgado la necesaria protección y asistencia a quienes han formulado denuncias. con las consiguientes sospechas y preocupaciones acerca de la independencia e imparcialidad del respectivo magistrado y del sistema en general. ni siquiera una sola personalidad del Gobierno negó la vigencia general de la impunidad. Las abundantes denuncias pusieron en peligro y socavaron la esencia misma de la independencia de la judicatura. sino también para investigar las amenazas e intimidaciones. En tales circunstancias. La Corte Suprema debería haber adoptado medidas concertadas en cooperación con el Ministerio Público. que la Corte Suprema. 144. si no la ha perdido ya. Las presiones . el Relator Especial lamenta que el Ministerio Público no cuente con estadísticas. Bruce Harris. con todo el respeto debido. el Relator Especial considera que la participación de la Sra. esposa de un magistrado y ex presidente de la Corte Suprema.E/CN. Con respecto a la impunidad.4/2000/61/Add. no ha cumplido sus obligaciones respecto de esos jueces. habrá de desestabilizar a la sociedad lenta pero seguramente.1 página 32 hostigamiento. sino que debe ser vista por el público como tal. El Relator Especial considera que no existe verdadera voluntad política en el Gobierno para hacer frente a este mal. en el tráfico comercial de niños para su adopción en el extranjero. La ciudadanía desilusionada perderá confianza. La Sra. El Relator Especial considera que la Corte Suprema ha omitido tomar medidas para inspirar confianza en el público respecto del sistema judicial. Con el número muy elevado de homicidios violentos que no se han aclarado y la fuerte incidencia de trabas a las investigaciones y los enjuiciamientos en relación con esos homicidios y los delitos relacionados con los derechos humanos. han generado confusión y desprestigio de la Corte Suprema. de Casa Alianza. el Relator Especial considera que esas preocupaciones son fundadas. sobre todo los muy destacados. Susana Umaña. si no se lo detiene y se lo extirpa. intimidación y amenazas de muerte. el Relator Especial considera.
los asesinatos estuvieron relacionados con las fuerzas armadas. E/CN. sometida al pueblo en el referéndum de 1999.1 página 33 pueden no ser institucionales. Sin embargo. Si bien la sanción del nuevo Código Procesal Penal ha sido un hecho positivo. contribuyendo a la . los principios de la independencia judicial y el debido proceso en general. adoptara todas las medidas posibles. ya sea dentro de las fuerzas armadas o entre quienes ejercen considerable influencia en ellas. en interés propio de su Ministerio. Por ejemplo. La Corte de Constitucionalidad ha invocado y aplicado esta disposición en muy raras oportunidades. y lo manifiesta con el debido respeto. Esto constituye un adelanto. En sus reuniones con jueces. fiscales. el Relator Especial comprobó que jueces de alta jerarquía no estaban al tanto de la disposición constitucional por la que los tratados internacionales sobre derechos humanos concertados por el Gobierno tienen preeminencia sobre las leyes internas. el artículo 213 de la Constitución pone a cargo de la Corte Suprema de Justicia la preparación del presupuesto judicial. no se ha prestado atención a la omisión de las autoridades en cuanto a impartir una capacitación oportuna y adecuada a los jueces. durante una reunión. 148. El Relator Especial considera que un aumento de la consignación del presupuesto nacional al Organismo Judicial no requiere la aprobación por el electorado en un referéndum. el Relator Especial instó al Ministro de Defensa a que. funcionarios de policía y demás protagonistas respecto de las importantes modificaciones derivadas de la nueva norma.4/2000/61/Add. Esto tuvo por consecuencia una acentuación de la incompetencia en las investigaciones de los delitos y los enjuiciamientos y en los procedimientos judiciales seguidos ante los tribunales. 147. Sobre la base de la labor realizada y las exposiciones de parientes de las víctimas de esos asesinatos y por organizaciones no gubernamentales. Una propuesta de aumentar ese porcentaje al 6%. La disposición constitucional de un mínimo de 2% del presupuesto nacional anual destinado al Organismo Judicial también es un elemento positivo. Mientras esos asesinatos no se hayan aclarado y la impunidad reine sin trabas. en cooperación con el Ministerio Público. pues corresponde a un elemento de autonomía económica para la independencia institucional de la judicatura. una falta de apreciación de los valores constitucionales. fue rechazada. preocupa a muchos jueces que no se les suministre seguro de vida y de enfermedad. Por esta razón. La falta de recursos económicos adecuados para la judicatura y el Ministerio Público ha afectado al empleo de recursos humanos adecuados y a la obtención de equipo de oficina electrónico moderno. Se dijo al Relator Especial que los abogados apenas planteaban alguna vez tales argumentos en sus alegatos. el Relator Especial comprobó. abogados. fiscales y abogados. La negativa de las compañías de seguros de suscribir pólizas de esa clase no sirve de justificación. El Relator Especial supo que actualmente el Organismo Judicial recibe un 4% del presupuesto nacional anual. Es responsabilidad del Gobierno crear mecanismos para otorgar esa protección. para asegurar que los autores de esos asesinatos sean sometidos a la justicia. 146. hayan sido o no cometidos o inspirados por militares. El Relator Especial no recibió ninguna denuncia grave respecto de los salarios judiciales. que exigen cambios en la actitud de quienes participan en la administración de la justicia penal. 149. En lo que respecta a los recursos económicos. el imperio del derecho en Guatemala seguirá siendo sospechoso y seguirá estando bajo amenaza. pero pueden provenir de individuos.
La graduación en cualquiera de ellas permite solicitar el ingreso en un único Colegio de Abogados para poder ejercer la profesión. Con estas leyes y el plan de modernización. estará en vigor la base jurídica para la reforma de la judicatura. 152. desde luego. con equipo de oficina moderno. Esto.4/2000/61/Add. el Relator Especial celebra la asistencia prestada por un equipo de expertos patrocinado por la OEA para la revisión de las leyes anticuadas. sino que habrán de reflejarse en la calidad y la capacidad de los jueces. ha estimulado el soborno y la corrupción. . junto con algunas modificaciones propuestas de la Ley del Organismo Judicial. Una sala de audiencias que el Relator Especial visitó se encontraba en estado deplorable. 153. 154. el ruido perturbaba los procedimientos judiciales.1 página 34 incompetencia y la ineficiencia del personal auxiliar de esas instituciones. El Director de la Escuela de Estudios Judiciales dijo al Relator Especial que los aspirantes a cargos en la judicatura apenas tenían alguna idea de lo que significaba el debido proceso. El Relator Especial supo que numerosas leyes son incompatibles no sólo con los tratados internacionales ratificados por Guatemala. como es obvio. Un factor que contribuye a la falta de adecuados recursos humanos y locales judiciales es la forma ineficiente en que la Corte Suprema ha administrado esas cuestiones. La existencia de esas leyes anticuadas representa un factor más que contribuye a la incompetencia que caracteriza el sistema. y no sólo pueden socavar gravemente la calidad de los servicios jurídicos prestados al público. en sí misma. antes de su retiro. A este respecto. sino también con la Constitución. cada vez que pasaba un automóvil. También es preciso abordar la reforma de la enseñanza del derecho en las universidades y de la capacitación de los abogados para el ejercicio de su profesión. A este respecto. ha provocado un retraso en la tramitación de los asuntos y. La falta de recursos económicos adecuados también ha hecho que los jueces no contaran con salas de audiencias y oficinas adecuadas. del plan de modernización de la administración de justicia. Las disparidades en la calidad y la capacidad de los abogados pueden ser desconcertantes. Inspira grave preocupación que el Gobierno no haya abordado antes la revisión de las leyes anticuadas y la consolidación legislativa. junto a la calle principal. Celebra también la aprobación por el Presidente de la Corte Suprema. Lo que ahora se requiere es la aplicación. ya que éstos se escogen entre los graduados de las facultades de derecho y los abogados. el Relator Especial celebra la aprobación por el Congreso de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. 151. Tales deficiencias estimulan la mala gestión del sistema. Los niveles de la enseñanza jurídica en las universidades que ofrecen cursos para la formación de abogados varían considerablemente. 150. El Relator Especial considera que la reforma de la administración de justicia. No existe ningún proceso normalizado y centralizado de habilitación para el ejercicio profesional de la abogacía. No existe coordinación de los planes de estudios ni de los períodos de capacitación entre esas universidades. puede ser insuficiente para el buen desarrollo a largo plazo de una judicatura independiente e imparcial. La actual innovación por la que se separan las funciones administrativas y judiciales de la Corte Suprema debería mejorar en alguna medida la administración que ejerce.E/CN.
los jueces y los abogados no cuentan con medios para seguir la evolución del derecho fuera de su jurisdicción. la enseñanza impartida en las universidades era inadecuada. el Relator Especial considera que tienen fundamento las generalizadas denuncias de que no se hacía justicia a algunos jueces en el procedimiento disciplinario. en particular de los tribunales superiores. El Relator Especial encontró en los jueces y abogados. Con respecto al procedimiento disciplinario. particularmente respecto a la enseñanza del derecho y la revisión y consolidación de las leyes comerciales y de procedimiento comercial. El establecimiento por ley del Instituto de la Defensa Pública es una medida positiva para dar asistencia jurídica a la población pobre. manifestaron quejas por esa omisión que afectaba a la calidad de su labor. cierta estrechez de miras. A este respecto. con materiales actualizados sobre el derecho nacional e internacional. en particular a las quejas por hostigamiento e intimidación. 159. El Relator Especial observa que. Estos últimos consideraban que los primeros eran insensibles a sus problemas. aunque los recursos destinados al Instituto son totalmente inadecuados para que pueda desempeñar plenamente sus funciones. el Relator Especial celebró su participación en las reformas judiciales. Todos los jueces. el Relator Especial observó que había escasos contactos entre los jueces de los tribunales superiores y los de tribunales inferiores. 160. y lo manifiesta una vez más con el debido respeto. Es función de los tribunales de apelación la rectificación de tales errores. de que habrían de colaborar en la reforma judicial. Con respecto al interés que manifiestan y las contribuciones que realizan instituciones regionales e internacionales y organismos donantes. Esto comprende la falta de bibliotecas adecuadas. Éste era otro factor que contribuía a la incompetencia en el sistema. la financiación por esas instituciones y naciones es imperativa para las indispensables reformas de gran alcance. A ese respecto. En particular ve con satisfacción el compromiso financiero ya asumido por muchas de esas instituciones y naciones. El Relator Especial también comprobó que no existía ningún sistema organizado para la capacitación jurídica permanente de los jueces. 158. El Relator Especial recibe con satisfacción las seguridades que le dio el sector empresarial de Guatemala.4/2000/61/Add. particularmente los que actúan fuera del edificio de la Corte Suprema. A ese respecto.1 página 35 155. habida cuenta de los limitados recursos materiales con que cuenta el Gobierno de Guatemala. Tampoco existe ninguna compilación sistemáticamente organizada de la jurisprudencia. a través del CACIF. ni estadísticas de las sentencias de los tribunales. el Relator Especial . Aunque muchos jueces y abogados no están expuestos a la evolución que pueda tener el derecho nacional. Se le indicó que tenían muy pocos contactos con sus colegas de fuera del país. 157. el Relator Especial considera que no es apropiado el traslado de los jueces por la simple razón de que hayan cometido errores en sus sentencias. 156. Corresponde al interés del sector empresarial el logro de un sistema de justicia independiente mediante el cual se atiendan los intereses de los inversionistas. E/CN. La omisión de suministrar a los jueces y abogados los medios para continuar su estudio del derecho y mantenerse al tanto de la evolución jurídica después de ser habilitados para el ejercicio de la abogacía o de ser designados para la judicatura agrava la incompetencia en la administración de justicia. fiscales y abogados. tanto nacionales como extranjeros. Como ya se observó.
aunque el Presidente de la República manifestó que se estaban realizando todos los esfuerzos posibles para el cuidado de esos niños. bienestar social y justicia a esos niños. sobre el Código de la Niñez y la Juventud. la mayor de los grupos étnicos de Guatemala.E/CN. en particular para los 6. En la actual situación de funcionamiento inadecuado e incompetente de la administración de justicia. la enseñanza y la puesta de manifiesto de las deficiencias del sistema judicial. La omisión de abordar este problema podría llevar a que esos niños se conviertan en inadaptados sociales dando origen a graves problemas. parece resultar gravemente afectada.5 millones de habitantes. que representa más del 50% de su población total de 11. pero observa con inquietud las conclusiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico según las cuales un 25% de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado eran mujeres. la comunidad indígena maya. Debido a la pobreza y la falta de medios de asistencia jurídica. Con respecto a la situación de la mujer. La comunidad maya parece disponer de un sistema de solución de litigios razonablemente desarrollado. La omisión del sistema general de administración de justicia de dar adecuado acceso a esta comunidad a sus servicios hace que el reclamo de que se reconozcan sus costumbres y prácticas resulte comprensible. La labor cumplida por organismos internacionales como la MINUGUA. 166.4/2000/61/Add. También cuenta con su propio derecho consuetudinario. el PNUD y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contribuido considerablemente a la investigación y la fiscalización de las violaciones de derechos humanos y al proceso de fomento de la capacidad en materia de defensa de los derechos humanos. 164. en consecuencia. 161. inspira graves preocupaciones a este respecto. preocupa al Relator Especial sobre todo la justicia de menores. de que no regía ninguna disposición legal sobre el acoso sexual en el trabajo. a través del emocionante testimonio de una víctima de acoso sexual. aunque el Relator Especial no dispuso del tiempo necesario para estudiarlo a fondo. se les niega la adecuada asistencia judicial ante los tribunales. Se trata principalmente de niños abandonados y. El Relator Especial no pudo verificar el alcance de esa discriminación. La omisión de poner en práctica el Decreto 78-96. El Relator Especial considera que el Gobierno no ha desempeñado adecuadamente su obligación de proporcionar vivienda adecuada. 162. inspiran preocupación las denuncias sobre disposiciones discriminatorias por motivos de género en el Código Procesal Penal y el Código del Trabajo. aunque ese fenómeno pueda haber formado parte de la situación a la que no se daba publicidad durante el conflicto . Sus quejas respecto del acceso al sistema general de administración de justicia son perfectamente legítimas. 165. 163. También se enteró con preocupación.1 página 36 toma nota de la disposición del Gobierno a cooperar plenamente con esos donantes. sumamente vulnerables. Con respecto a los linchamientos. el Gobierno depende más bien de organizaciones de beneficencia. Con respecto a los niños. aunque el Relator Especial recibe con agrado la designación de la primera mujer encargada de las cuestiones relativas a las mujeres indígenas.000 niños de la calle de Guatemala. Ello se agrava por la ineficiencia e incompetencia de los servicios de interpretación prestados por los tribunales para atender sus necesidades.
Con respecto al decepcionante referéndum de mayo de 1999 sobre reformas de la Constitución. el Relator Especial formula las siguientes recomendaciones concretas: . La libertad de la prensa. Los detallados informes. el Relator Especial considera que la baja participación y el rechazo del proyecto pueden atribuirse en gran medida a la omisión de informar y preparar al pueblo para ese acto electoral. algunas de las propuestas incluidas en el referéndum no requieren reformas constitucionales. Recomendaciones 169. En cualquier caso. Si bien la investigación de estos casos de justicia sumaria y ejecución extrajudicial tropieza con toda clase de dificultades. en consecuencia. las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. en que sólo un 18% del electorado emitió su voto y las propuestas fueron rechazadas. B. El significado y la importancia de las propuestas y su valor para el régimen constitucional.27) y las recomendaciones formuladas por la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. los principios en juego y las reformas necesarias.1 página 37 armado. 167. sino también un derecho del pueblo y que. el Relator Especial considera que un factor que contribuye a estos crímenes puede ser la falta de confianza en el sistema de justicia y el sentimiento de impotencia que genera al mostrarse incapaz de responder a las expectativas de la población. incluso entre los diversos grupos étnicos en sus propios dialectos. que habrían beneficiado en última instancia a toda la población. como la propuesta de aumentar el presupuesto destinado al Organismo Judicial (aunque sería necesaria una reforma de la Constitución para aumentar el mínimo constitucional de 2% al 6%). las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos acerca de Guatemala. Algunas veces ni siquiera las personas instruidas tienen conocimiento ni interés en tales cuestiones. en particular respecto de los servicios adecuados de interpretación (documento CERD/C/304/Add. éste tiene interés que se logre y se proteja tal sistema. debieron haberse difundido ampliamente. Además de reiterar las recomendaciones formuladas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico acerca de la administración de justicia.21. E/CN.4/2000/61/Add. párr. en particular las referentes a la judicatura (documento A/49/38. El Relator Especial estima que los medios de difusión pueden desempeñar una función medular en la reforma del sistema difundiendo entre el público los valores de la independencia judicial. Las cuestiones constitucionales son complejas. 83) y las que derivan de las observaciones y conclusiones incluidas en este informe. tanto escrita como electrónica. en particular las que figuran en los párrafos 26 y 39 de sus observaciones finales. párr. el recrudecimiento de los linchamientos desde los Acuerdos de Paz inspira graves preocupaciones. es respetada por el Gobierno. comentarios y editoriales de los medios de difusión sobre la misión del Relator Especial durante las dos semanas de su desarrollo fueron un indicio del interés público por el sistema de administración de justicia. 168. 47 y 48. Es preciso inculcar en el público la noción de que el derecho a una judicatura independiente no es un derecho de los jueces y abogados. Los medios de difusión tenían una función importante en ese sentido. en particular sus recomendaciones Nº 46.
Los jueces que las formulan deberían ser oídos cuando lo soliciten. Las investigaciones deberían continuarse y completarse por los investigadores mencionados. Ello puede representar un magro precio por una paz de largo plazo y la seguridad de todos los ciudadanos. designadas ni contratadas para desempeñar funciones públicas en el futuro. Deberían adoptarse medidas oportunas para otorgar la protección necesaria. Las conclusiones de esas investigaciones deberían hacerse públicas. y en esas pólizas debería incluirse el riesgo de accidentes personales. en ciertos casos la soberanía nacional debe dar paso a mecanismos que generen con eficacia la confianza del público del país respecto de las instituciones públicas nacionales. b) Con respecto a la impunidad: i) Todas las personas de quienes se sabe que han cometido violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado deberían ser excluidas de la función pública y de las fuerzas armadas. para abordar este problema. La presencia persistente de funcionarios con esos antecedentes puede ser perjudicial para la administración de una justicia independiente y constituir un peligro para ella. iii) Debería otorgarse seguro de vida a todos los jueces. sobre la protección de los testigos. Las investigaciones sobre estas denuncias deberían ser reales y no sólo superficiales. . y el Gobierno debería destinar los recursos necesarios para ello. debería recurrirse a un equipo de investigadores internacionales independientes para efectuar un estudio de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora sobre los homicidios no aclarados.E/CN. las personas con tales antecedentes no deberían ser elegidas.1 página 38 a) Con respecto a las amenazas. y deberían efectuarse enjuiciamientos con tramitación prioritaria cuando se contara con pruebas. conforme al artículo 203 de la Constitución. ii) Es preciso poner en práctica el Decreto Nº 90/96. en colaboración con el Ministerio Público. particularmente los casos de gran destaque en que hubo graves acusaciones de presiones militares o políticas para trabar las investigaciones y los enjuiciamientos. Si bien esta recomendación puede parecer atentatoria de la soberanía nacional. etc.. Debería elaborarse un procedimiento para la recepción y tramitación de este tipo de denuncias.4/2000/61/Add. hostigamiento e intimidación contra jueces: i) La Corte Suprema debería establecer una comisión. En cualquier caso. No debería trasladarse a los jueces sin su conformidad. La comisión debería dar a conocer al público informes periódicos sobre su labor. ii) Con el fin de aquietar la inquietud pública y ganar la confianza del público.
v) Debería realizarse un estudio general sobre la enseñanza jurídica a fin de normalizar y mejorar la enseñanza del derecho en las universidades.1 página 39 c) Con respecto a la inamovilidad de los jueces. ninguna disposición sobre la reelección. y en particular de la judicatura: i) Deberían adoptarse medidas inmediatas para poner en práctica la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. incluidos los estatales. debería elaborarse un código de ética judicial para la orientación de todos los jueces en todos los niveles de la judicatura. está en condiciones de realizar esa tarea. iii) Las reformas deben ser integrales y las diversas etapas deben coordinarse tomando como objetivo sectores prioritarios. ii) El Gobierno debería aumentar considerablemente las consignaciones presupuestarias para la financiación de estas reformas en los cinco años próximos a fin de complementar la ayuda comprometida por donantes internacionales y regionales. anterior a un examen de admisión al ejercicio de la abogacía. como parte del proceso de reformas. Ese estudio debería incluir el establecimiento de un programa de capacitación profesional para graduados. Puede ser conveniente con este fin la formación de un Consejo de Enseñanza Jurídica. los artículos 208 y 215 de la Constitución deberían modificarse. Las modificaciones correspondientes de la Ley del Organismo Judicial deberían acelerarse para complementar las leyes citadas a fin de facilitar el proceso de reforma.4/2000/61/Add. un mandato de cinco años es demasiado breve para la estabilidad en el cargo. las entidades académicas y los abogados. E/CN. debe realizarse por un único organismo para el aprovechamiento óptimo de todos los recursos evitando gastos superfluos. por decreto presidencial. La Comisión Ad Hoc para el Poder Judicial. en colaboración con la Corte Suprema. Esa Comisión debería reconstituirse con un nuevo mandato con este fin. Un plazo razonable sería el de diez años. junto con el plan de modernización de la administración de justicia aprobado por la Corte Suprema. iv) La coordinación de la ayuda internacional con los fondos obtenidos en el país. aprobadas recientemente por el Congreso. Además. d) Con respecto a las reformas de la administración de justicia. debería establecer una comisión permanente de reforma y . vii) El Gobierno. que completó su labor en forma excelente. Debería formularse un código de ética para la conducta de los abogados. Aunque las designaciones por plazo fijo pueden no merecer reparo ni ser incompatibles con el principio de la independencia judicial. No debería existir. el Ministerio Público. sin embargo. vi) Debería realizarse simultáneamente un estudio similar sobre la estructura y la organización de la abogacía como parte del proceso de reformas.
medios adecuados.1 página 40 revisión de las leyes para el examen de éstas y la propuesta de reformas legislativas. viii) Deberían adoptarse medidas para organizar bibliotecas jurídicas en los tribunales. xiii) Deben facilitarse al Instituto de la Defensa Pública. de las Naciones Unidas. para una mejor relación con la comunidad internacional de juristas. tanto económicos como humanos. Los intérpretes deberían capacitarse con este fin mediante cursos a cargo del Estado.E/CN. sobre todo en los tribunales a los que tienen acceso las comunidades indígenas. A este respecto. xi) Para dar a la población pobre un acceso eficaz a la justicia. xiv) Las normas aplicables a las reformas deben alcanzar a los mínimos fijados por los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. incluso académicos. de las Naciones Unidas. en conformidad con las normas que figuran en las Directrices sobre la función de los fiscales. así como en las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. xii) El suministro de servicios de interpretación competentes en todos los tribunales. . e) Con respecto a la disciplina judicial y la destitución de los jueces: i) Las normas de procedimiento no deben ser inferiores a las establecidas en los Principios básicos sobre la independencia de la judicatura. debería ser sistemático. el Colegio de Abogados podría desempeñar una función útil ofreciendo los servicios de sus asociados en forma gratuita o con rebaja de honorarios.4/2000/61/Add. Del mismo modo. gravemente desprovisto de recursos. ix) Deberían suministrarse a la Fiscalía de la Nación recursos financieros y humanos adecuados y equipo moderno a fin de fomentar las aptitudes. la competencia y la eficiencia. debería considerarse la posibilidad de establecer un plan de asistencia jurídica estatal además del Instituto de la Defensa Pública. x) La capacitación permanente de los jueces. También en este caso debería formularse un código de conducta para los fiscales. abogados y fiscales debería hacerse obligatoria. abogados y fiscales a que asistan a conferencias y seminarios jurídicos internacionales para desarrollar sus conocimientos en materia jurídica. los Principios básicos sobre la función de los abogados y las Directrices sobre la función de los fiscales. debería invitarse a Guatemala a jueces y abogados extranjeros. Debería alentarse a los jueces. con materiales jurídicos actualizados.
el caso del juez de paz Sr. la Corte Suprema debería revisar algunas de sus anteriores decisiones de destitución de jueces. mencionado en el párrafo 65. debería llevarse a cabo un estudio. para integrar el derecho y las prácticas consuetudinarias de la comunidad maya y otros grupos indígenas en el régimen jurídico general. Esto constituye una responsabilidad del Estado. incluido el procedimiento consuetudinario de solución de litigios. incluido el Organismo Judicial.4/2000/61/Add. como parte del proceso de reformas debería realizarse un estudio destinado a determinar las disposiciones del Código Procesal Penal y del Código del Trabajo que suponen discriminación por motivos de género. dándose prioridad a los enjuiciamientos. g) Con respecto a la vigilancia y el fomento de la capacidad en materia de derechos humanos. debería establecerse un organismo independiente con facultades para investigar las denuncias de corrupción en la función pública. el Gobierno debería velar por el bienestar de los niños de la calle y proporcionarles vivienda y medios que faciliten su supervivencia y desarrollo. i) Con respecto a los niños: i) Deberían ponerse en aplicación sin demora el Código de al Niñez y la Juventud (Decreto 78/96). f) Con respecto a la corrupción y el tráfico de influencias. . ya que en relación con ellas parece haber existido denegación de justicia. y el Gobierno no puede seguir desconociendo la situación de esos niños. debe asegurarse cuidadosamente que ese derecho y esas costumbres. por lo menos durante el período del proceso de reformas. El acoso sexual en el trabajo debe constituir un delito y castigarse conforme a una ley. j) Con respecto a la situación jurídica y social de la mujer. Se recomienda muy especialmente su permanencia. h) Con respecto a la comunidad indígena. E/CN. la labor de la MINUGUA y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la vigilancia de las violaciones de derechos humanos y la formación de capacidad en materia de derechos humanos ha sido considerable y ha contribuido a identificar los puntos débiles de la administración de justicia. Sin embargo. y esos informes deberían darse a publicidad. parece constituir un grave caso de denegación de justicia. ii) De conformidad con sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. salvo que podrían utilizarse los servicios de la Fiscalía. Este organismo debería presentar informes anuales al Congreso. supra. Ese organismo no debería formar parte de la Fiscalía de la Nación. no violen principios internacionalmente reconocidos sobre el debido proceso. independiente de todos los departamentos gubernamentales. y debería promoverse ante el Congreso la modificación de esos Códigos para eliminar tales disposiciones discriminatorias. Efraín Mogollón Mendoza. como parte del proceso de reformas. Esto puede requerir una ley especial. sino ser una entidad separada. En particular.1 página 41 ii) Cuando ello sea jurídicamente posible.
1 página 42 k) Con respecto a los linchamientos: i) Deben realizarse esfuerzos concertados entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Nación para investigar y enjuiciar a los autores de estos crímenes violentos.4/2000/61/Add. que ponga de manifiesto las violaciones de los derechos humanos.E/CN. ii) Corresponde en última instancia a los medios de difusión libres generar en el público la confianza en la administración gubernamental. los adelantos alcanzados en la reforma judicial deberían difundirse periódicamente para ganar la confianza del público respecto del sistema general de administración de justicia. pero responsable. . Todos los ciudadanos tienen una función que cumplir en esa labor. A este respecto. l) Con respecto a los medios de difusión: i) Los medios de difusión deberían cumplir una función medular en la educación de la población respecto de los valores de un régimen constitucional y transparente. ii) Debería desarrollarse una amplia campaña de educación del público contra la justicia espontánea sumaria. el imperio de la ley y la importancia de la función cumplida por un sistema independiente de administración de justicia. Debería estimularse un periodismo de investigación.
Véase Centro para la Independencia de Jueces y Abogados. América y Europa Oriental y Occidental. el Ministerio Público y el Organismo Judicial. equivalente al 2% estipulado por la . Sra. del 25 al 29 de mayo de 1981. La independencia de jueces y abogados: Una compilación de normas internacionales. había presentado al Congreso un proyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2000 que incluía una consignación de 45 millones de quetzales para el Organismo Judicial.1 página 43 Notas 1/ Tienen especial importancia para la labor del Relator Especial los siguientes acuerdos: Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (firmado el 29 de marzo de 1994 en México. D. 4/ La MINUGUA ha descrito violaciones del derecho al debido proceso legal en nueve informes a la Asamblea General. independiente e imparcial. D. abril-octubre de 1990. la MINUGUA indicó que había recibido 94 denuncias que incluían 880 presuntas violaciones de derechos. párrs. y Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (firmado en Estocolmo el 7 de diciembre de 1996). y mediante un debate amplio en torno al sistema de justicia.. la Comisión Internacional de Juristas y el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados. Nº 25-26. la Policía Nacional Civil. En el último de ellos. 58 a 62. en un plazo de seis meses. págs. Los expertos incluían a distinguidos jueces y otros juristas que representaban a diversos sistemas jurídicos regionales de África. que incluían 96 violaciones del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo. 85 del derecho a la defensa y la asistencia de un abogado. párr. que se reunió en el Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales. 6/ Se informó al Relator Especial de que la Ministra de Finanzas Públicas. un informe y un conjunto de recomendaciones susceptibles de ser puestas en práctica a la mayor brevedad. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática (firmado en México.). 2/ "15. las Partes convienen en que. de las cuales se comprobaron 534. en el término de treinta días posteriores a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones de los derechos humanos y los hechos que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (firmado en Oslo el 23 de junio de 1994).4/2000/61/Add. 62 a 66. 5/ El proyecto de principios sobre la independencia del poder judicial ("Principios de Siracusa") fue aprobado por un comité de expertos organizado por la Asociación Internacional de Derecho Penal. Dicha Comisión. Irma Luz Toledo. en Siracusa (Italia). 43 por obstaculización de la labor de la Policía Nacional.F. 80 del derecho a no se coaccionado a declarar contra sí mismo. 76 a 80 y 80 a 82. 85 del derecho a ser juzgado por juez competente. Boletín del CIJL. deberá incluir a representantes calificados de las diversas instituciones públicas y entidades sociales y privadas con participación y/o conocimiento en la temática de la justicia. Nº especial.F. E/CN. el Presidente de la República promoverá la integración de una Comisión encargada de producir. y 108 del deber jurídico de investigar y sancionar (ibíd. el 19 de septiembre de 1996). que contará con la asesoría de la Misión de las Naciones Unidas de verificación de los derechos humanos y del cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala (MINUGUA)." 3/ Documento A/53/853. Anexo. Asia. 59 a 71. 28).
Esta última es una organización no gubernamental reconocida por el Consejo Económico y Social como entidad consultiva. El tribunal decidió también que no existían pruebas de la existencia de una orden superior de dar muerte a los aldeanos. El tribunal también declaró a otros 13 miembros de la patrulla culpables de complicidad en los homicidios y los condenó a cuatro de prisión. abril de 1999. caso Velásquez Rodríguez. siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. serie C. Dictaminó. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. Véase el informe preparado por el Centro para los Derechos Humanos Robert F. no lo habían hecho con el propósito de causar perjuicios a sus habitantes. además.. A One-Year Update. y es la entidad que presta más servicios en América a los niños abandonados. Kennedy. párr. 2. 12/ Ibíd. The Investigation into the Murder of Guatemalan Bishop Juan Gerardi. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.E/CN.4/2000/61/Add. Esa decisión fue posteriormente revocada por la Corte. Nº 4. que aunque los soldados habían actuado en forma imprudente al entrar en la aldea. 3. párr. El informe llega a la conclusión de que la población civil se convirtió en el blanco principal de las fuerzas armadas en el esfuerzo del ejército por destruir a las guerrillas y cualquier eventual apoyo civil de que dispusieran.5% a la Secretaría de la Presidencia. Siempre que sea necesario.427 víctimas de asesinatos. desapariciones y torturas. el Relator Especial tuvo conocimiento de que la MINUGUA emitió un comunicado de prensa el 30 de julio de 1999 manifestando su desaprobación de la decisión mayoritaria de los magistrados de la Corte Suprema por la que se designó a 23 jueces que no habían sido previamente seleccionados y capacitados en la Escuela de Estudios Judiciales (la votación fue de nueve votos contra cuatro. 9/ En el informe se indican los nombres de 52. 10/ A este respecto. 177. 8/ Casa Alianza es la rama latinoamericana de Convenant House. Fueron condenados a cinco años de prisión. Se destina un 1% al Ministerio Público y 9. sentencia de 29 de julio de 1988. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.1 página 44 Constitución. conmutables en igual forma. 13/ Artículo 8: "1. 7/ El Tribunal de Sentencia de Cobán condenó a un teniente del ejército y a 11 de sus soldados por "homicidio culposo" en la matanza de 11 aldeanos de Xamán (Alta Verapaz). con voto contrario del Presidente). con y sin internación. 11/ Corte Interamericana de Derechos Humanos. de Nueva York." . pena conmutable a razón de cinco quetzales por día de la condena. deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 174. El tribunal declaró que los soldados habían actuado en legítima defensa.
15/ El Sr. sin distinción de raza. color u origen nacional o étnico. d) La actitud temerosa de las víctimas y de los familiares y testigos. b) La falta de personal calificado en los juzgados. tanto de los jueces como de la población.21. En relación a este punto. respeten y protejan la dignidad humana y mantengan y defiendan los derechos humanos de todas las personas sin distinción de raza. sobre todo cuando están involucrados miembros del ejército o estructuras de las fuerzas paramilitares. especialmente para las poblaciones indígenas. la impunidad. Véase el documento CERD/C/52/Misc. c) La falta de recursos económicos de los propios juzgados. entre ellas las siguientes: a) El temor. El Comité recomienda que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban una formación intensiva para garantizar que. Los defectos señalados incluyen: las poblaciones indígenas no gozan de tutela y recursos eficaces ante los tribunales nacionales frente a las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.22. la consecución de pruebas y la realización normal de los procesos. El Comité recomienda también que los Estados Partes examinen y mejoren la formación de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a fin de aplicar plenamente las reformas de la . para administrar y demandar la justicia. en el cumplimiento de sus deberes. Yutzis determinó los obstáculos y limitaciones del proceso de paz que atañen específicamente al cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 17 a 20 y 24). párrs. además. no hay suficientes abogados defensores disponibles. color u origen nacional o étnico". que impide la concreción de las denuncias.4/2000/61/Add. Indica la persistencia de un estado de exclusión al acceso al sistema de justicia. que se tornan muy lentos. sumados al gran desconocimiento de sus derechos. los Estados Partes se han comprometido a garantizar a toda persona los derechos enumerados en el artículo 5 de la Convención.1 página 45 14/ El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial determinó las principales deficiencias de la administración de justicia en relación con las poblaciones indígenas. consecuencia de la represión de los grupos interesados en evitar el esclarecimiento de casos. insuficiente representación de las comunidades indígenas en la judicatura y en la administración de justicia en general (documento CERD/C/304/Add. faltan intérpretes. distintos grupos indígenas hicieron conocer al Sr. los Estados Partes se han comprometido a que todas las autoridades públicas e instituciones públicas nacionales y locales se abstengan de todo acto de discriminación racial. en particular en relación con la administración de justicia. 16/ El párrafo 1 de la Recomendación General XIII dice así: "De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Yutzis algunas de las causas que forman parte de esa situación. cuya consecuencia es el entorpecimiento del desarrollo normal de los procedimientos. E/CN. que atentan contra el necesario convencimiento de la importancia de hacer justicia y presionar al propio sistema judicial para que la administre adecuadamente. e) Los escasos niveles educativos de la población indígena.
de entre 12 y 15 años de edad. sin embargo. Algunos también fueron enviados a centros de detención de otras "zonas" distintas de las de su procedencia. Noruega y los Países Bajos. asistencia económica del Banco Interamericano de Desarrollo y cooperación de los Gobiernos de Dinamarca. 20/ 16º período de sesiones. pero no existe en Guatemala ninguna institución que garantice la seguridad de las personas que formulan tales denuncias. miércoles 1º de septiembre de 1999. 79 y 81. 1997.E/CN. Algunos de ellos dijeron que habían sido maltratados y golpeados por el personal de los centros de detención. 17/ También es preciso establecer procedimientos que garanticen la vida privada y la dignidad de las víctimas de delitos sexuales. informaron al Relator Especial de que habían sido recogidos y llevados a centros de detención en que permanecieron durante períodos que oscilaban entre uno y seis meses. 22/ El Relator Especial habló con algunos niños que vivían en uno de los 17 albergues privados de Casa Alianza. la disposición del Código Penal referente al delito de violación de un menor varón clasifica ese delito como agresión sexual y. Consideraban que en Casa Alianza se les trataba bien. 28. Las disposiciones del Código no imponen la investigación penal en esos casos. en consecuencia. califica el acoso sexual como un delito grave y sus autores pueden ser despedidos. Se informó de que las niñas habían sido mantenidas en pequeñas celdas durante prolongados períodos en reclusión individual. Además. de Nueva York. párrs. de 1979. Los niños.1 página 46 Convención y el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. y algunos tenían antecedentes penales. mientras que otros no los tenían. . 21/ El Relator Especial tuvo conocimiento de que el 21 de septiembre de 1999 un juez de primera instancia de Mixco declaró que se habían violado los derechos humanos de varias niñas internadas en el centro de detención de Los Gorriones. ya que existen disposiciones sobre medidas disciplinarias. no tiene la misma pena que la violación. 19/ Véase el documento A/49/38. sin que se les hiciera comparecer ante un juez. 23/ Prensa Libre. También recibe contribuciones económicas de particulares en los Estados Unidos y otros países. También presta asistencia jurídica a los niños de la calle mediante el apoyo de Covenant House. El Código del Trabajo. pág. Casa Alianza recibe por término medio a 350 niños cada año.4/2000/61/Add. 18/ Las víctimas de acoso sexual en el trabajo han ido modificando sus denuncias formulándolas sobre la base de la coacción en lugar del acoso sexual. 78.
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