Source: https://www.scribd.com/document/285907600/Nota-Al-Fallo
Timestamp: 2019-02-22 10:21:21+00:00

Document:
Reglamento de Organización y Funciones de La Direccion Regional de Energia y Minas
090-09 pedido de informe por intermedio de la Dirección Provincial de Minería dependiente del Ministerio de la Producción
Nota al Fallo : “VILLIVAR, SILVANA NOEMÍ C/ PROVINCIA DEL CHUBUT Y
OTROS” 17/04/2007:
Publicado el octubre 12, 2010por sandrastambul
Un antecedente jurisprudencial relevante en la materia: C.S.J.N, “VILLIVAR,
SILVANA NOEMÍ C/ PROVINCIA DEL CHUBUT Y OTROS” 17/04/2007:
En materia de tutela jurídica ambiental minera, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación tuvo ocasión de expedirse recientemente en un leading case que
analizaremos en el presente capítulo atento la relevancia institucional del
De conformidad a lo dictaminado en la etapa judicial anterior, la empresa
minera El Desquite S.A. debía suspender la actividad de una mina ubicada en la
Provincia de Chubut hasta tanto se efectuara el estudio de impacto ambiental y
se celebrara la correspondiente audiencia pública.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible por aplicación
del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el recurso
extraordinario interpuesto contra la sentencia que había admitido la acción de
amparo ambiental regida por la Ley Provincial 4572 y dispuesto la paralización
de los trabajos de exploración y explotación de la mina hasta tanto se
celebrase la audiencia prevista en el art 6º de la Ley 4032 convocada por la
autoridad de aplicación para el día 29 de marzo de 2002.
En consecuencia quedó firme la decisión del juez de primera instancia de
Esquel (Provincia de Chubut) de: ”Disponer de manera urgente la paralización
de toda obra, acto o hecho a ejecutarse en el emprendimiento minero Cordón
Esquel por parte de la minera El Desquite S.A., así como la prohibición de
-Expte. A había interpuesto un recurso de apelación que el Superior Tribunal de la Provincia de Chubut rechazó por considerar que no se adecuaba a los requisitos de admisibilidad previstos. Silvana Noemí c/Provincia e Chubut y otros s/ Amparo”. . afirmando que la sentencia que resolvió el amparo era definitiva ya que no tenía ninguna posibilidad de acudir a otra vía jurisdiccional ulterior apta para renovar el debate de la cuestión resuelta y que el Superior Tribunal de la Provincia de Chubut no había cumplido con la doctrina de la Corte expuesta en el caso “Di Mascio” -en este precedente la CSJN había dispuesto que los Tribunales Superiores de las provincias debían admitir aquellos recursos aún cuando no cumplieran con los requisitos de admisibilidad locales si lo hacían en relación al recurso extraordinario federal. La empresa minera recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 6º . en el caso planteado.Año 2002-. Esquel.ejecutar nuevas obras. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. sosteniendo que no se dirigía contra una sentencia definitiva. 19 de Febrero de 2003) La empresa El Desquite S.365-FO 390. 7º y concordantes de la Ley 4032 y arts.. y que tal recurso solo procedía contra los pronunciamientos que terminarán en litigio o hicieren imposible su continuación. 17. como la libre explotación de las minas. las normas locales que imponían la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental y la celebración de una audiencia pública vulneraban derechos contenidos en el Código de Minería. actos o hechos relacionados con ello en cualquiera de las etapas del proyecto hasta tanto se de cabal cumplimiento con lo establecido por los arts. 19 y 220 del Decreto 1153/95 (Autos: “Villivar. La empresa minera alegó que. según lo establecido en Art.
La empresa afirmó que por su parte nunca cuestionó la existencia de normas provinciales que exigen la celebración de una audiencia pública previa a la aprobación por la autoridad provincial del informe de impacto ambiental presentado. la compulsa de las actuaciones evidenciaba que se trataba de una explotación minera de oro a cielo abierto y mediante la utilización de cianuro. 11 de la Ley Nacional 25. método expresamente prohibido por la ley 5001. previo a emitir el acto administrativo de aprobación o rechazo. el voto de los Jueces Ricardo Lorenzetti. o afectar la calidad de vida de la población de manera significativa. 2. 3. Enrique Petracchi destacó que el recurso extraordinario era inadmisible por cuanto: 1. Juan Maqueda.Los integrantes de la CSJN Elena Highton de Nolasco. celebraría la audiencia pública prevista por la ley 4032. ni evadió su cumplimiento y que la Provincia del Chubut informó que se encontraba siendo evaluada por la autoridad de aplicación la que. 7 y 8 de la ley Provincial cuestionada por la empresa en la instancia del artículo 14 de la ley 48 .La empresa consintió además la sentencia que le ordenó paralizar las obras hasta tanto diera cumplimiento a las exigencias establecidas en los Arts. Carlos Fayt. sancionada por la legislatura de la Provincia de Chubut con motivo de los hechos que dieron lugar a la causa.Si bien la lectura del recurso federal no permitía comprender de que tipo de explotación minera se trataba.675 reitera como presupuesto mínimo común de aplicación obligatoria en todo el territorio de la república para toda actividad susceptible de degradar el ambiente. 6. norma no invocada ni cuestionada durante el transcurso del pleito. . rechazaron el recurso basándose exclusivamente en el artículo número 280 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación. Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay. Por su parte.- Consideraron los señores magistrados que el Art.
Además destacó que el Art 1 de la ley provincial 5001 prohíbe terminantemente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto. Chubut. incluyendo las áreas exceptuadas de la prohibición establecida en el art 1ero – (modalidad minera a cielo abierto y utilización de cianuro) El voto de los tres Ministros de la CSJN señaló que el eje de la decisión final en materia de explotación minera. pero no había cumplido con los procedimientos ambientales regulados por las leyes locales (la ley provincial 4032). 3ro dispone que la delimitación de las zonas y modalidades de producción deberá ser oportunamente aprobada por una nueva ley. así como la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en el territorio de la Provincia de Chubut y su art. 10 del Código de Minería establece la propiedad particular de las minas. titular del emprendiendo se encontraba autorizada por la autoridad provincial de Minería.. no es la concesión legal. porque entendía que esas normas eran aplicables a otras actividades pero no respecto a la minería.la sujeción a un procedimiento de evaluación ambiental previo a su ejecución. La empresa El Desquite SA.. mediante el cual el art. . en las cercanías de la localidad de Esquel. sino que su explotación esta supeditada a la decisión minero-ambiental de la autoridad local Nota al fallo La cuestión se vincula con la explotación de una mina de oro a cielo abierto con la utilización de cianuro para la separación (lixiviación) del mineral de la piedra.
Enrique Santiago Petracchi). Fayt. que resultó ser la medida cautelar dictada el 19 de febrero de 2003. Subsiguientemente la empresa interpuso recurso extraordinario federal el que fue rechazado por el Alto Tribunal Chubutense.Año 2002). y con la sola invocación del artículo.F0 390. (Dres. Ricardo Luís Lorenzetti.para alcanzar la tercera instancia – los que fueron denegados por la Cámara. Luego la empresa interpuso diversos recursos ordinarios.-. por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. “rechazar el recurso extraordinario. apartándose de la opinión del Ministerio Público resolvió declarar que el recurso extraordinario. .El primer paso judicial del expediente del que analizamos fue “Villivar. con la realización de la correspondiente audiencia pública tal como la ley provincial ambiental lo indicaba. hasta que complete el procedimiento administrativo ambiental autorizatorio. Comercial y Laboral de Esquel confirmó la medida cautelar. Una vecina del lugar se presentó solicitando amparo a su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado solicitando como medida cautelar – la que “fue despachada de manera favorable” – que se suspenda la actividad de la demandada que había comenzado a ejecutar el emprendimiento. La Corte. Silvana Noemí c/Provincia del Chubut y otros s/ Amparo” (Expte N0 1365. Tres Ministros decidieron fundar el rechazo. Esa resolución fue apelada por la empresa y el 25 de abril de 2003 la Cámara de Apelaciones en lo Civil. era inadmisible. que fue rechazada. lo que motiva el fallo en nota. Se fundó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite según su sana discreción. Carlos S. lo que provocó la interposición de una queja por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut.
Concretamente. destacamos tres detalles: El primero esta relacionado con el “voto” de la mayoría. tal lo expuesto precedentemente) El segundo se vincula con los aspectos procesales del caso – sobre los que no abundaremos en el presente – pero que son referidos con detalle en el Dictamen de la Procuraduría y en los primeros seis considerandos de los tres Ministros que destacamos. se estableció como criterio judicial que estas instancias de evaluación de impacto ambiental serán presupuestos mínimos ineludibles de aplicación en todo el territorio y para toda actividad con incidencia ambiental. Los tres Ministros. relacionados con la evaluación de impacto ambiental y las audiencias públicas. una de las fuentes sobre las que hayan abrevado los tres Ministros que expresan su voto podría . luego de sortear las dificultades interpretativas que planteaba el caso. Factiblemente. ya que cuatro de los integrantes del Alto Tribunal coincidieron en el resolutorio pero no fundamentan su rechazo del recurso extraordinario.Los últimos dos considerandos (7 y 8) exponen una hermenéutica respecto a modalidades complejas de funcionamiento de normas de nuestra estructura federal ambiental. A tal efecto. y c) la participación ciudadana en dicho proceso para asegurar el debido control de la actividad. dejaron sentados varios principios de fondo de la disciplina. b) la necesaria evaluación de los impactos ambientales en forma previa al inicio de los trabajos. (art 280 CPCC de la Nación. El tercero se refiere a una particular forma de intervención que ha tenido el proceso: un amicus curiae : la FARN . efectuó una presentación de un amicus curiae manifestando su opinión respecto de cuestiones tales como: a) la aplicación de la normativa de orden público ambiental a los proyectos mineros.
haber sido la pieza incorporada por la destacadísima organización no gubernamental (FARN) Esto alerta sobre la trascendencia que pueden tener este tipo de presentaciones en las causas que tratan temas de interés público . IV del presente) sostiene “…. Al decir del Doctor Daniel Sabsay “la reforma ha introducido una nueva delegación de las provincias a favor de la Nación. La delegación implica que la Nación podrá dictar los presupuestos mínimos los que necesariamente se aplicarán sobre los recursos naturales que hoy son de dominio de las provincias (124 CN). Debe existir una base consensuada entre los niveles de gobierno. y a las provincias. Tanto el Estado federal como las provincias pueden dictar normas sobre la totalidad de unas mismas cuestiones. al respecto. El reparto utiliza para dividir las aguas un criterio de magnitud” Nosotros opinamos. . sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…” Del texto citado se desprende claramente que al Estado Federal le corresponde el “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y a las provincias dictar las normas “necesarias para complementarlas”.Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Al decir del Doctor Germán Bidart Campos se trata de una categoría especial de competencias concurrentes. las necesarias para complementarlas. La delegación se hace en tanto que ella no importe un avasallamiento de esa facultad que las provincias han retenido sobre esos bienes de dominio público provinciales. Esta necesidad es auspiciosa en la medida que nos ubica en el marco de un federalismo de “concertación” a favor del cual nos pronunciamos. En cuanto al tema competencial: El tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional (analizado en Cáp. No resulta tarea fácil la delimitación del “quantum”. que la problemática ambiental encaminada al desarrollo sostenible requiere de una articulación particular entre todos los niveles.
y sus reglamentaciones en distintas jurisdicciones…” (Art. aprovechamiento y preservación de las sustancias mineras y la protección contra los efectos nocivos de la actividad minera. Pero desde 1995 dicho cuerpo legal posee un sector dedicado a la protección ambiental en materia minera . modificación. En tal sentido. En este sentido la norma no sólo señala a aquel Consejo como el contexto básico de coordinación de políticas. es alto. y regularse el rol del COFEMA . el reto de las autoridades provinciales. Uno de los instrumentos que prevé dicho cuerpo normativo es la EIA. 12 CN. el dictado de recomendaciones o resoluciones. transformación y extinción de las relaciones establecidas para el conocimiento. interpretar e implementar las normas sectoriales de presupuestos mínimos. “…para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos.fundamentalmente. porque creemos que este es el modelo que asegura mayor eficacia en la aplicación y la observancia de las normas ambientales. En cuanto a este último. según corresponda. las complementarias provinciales.Al decir del Dr Mario Valls “el derecho minero norma la creación. sino que también instruye al Poder Ejecutivo Nacional a que proponga a la Asamblea del COFEMA. la sanción de la Ley General del Ambiente trae aparejada la necesidad de cambiar el criterio de “federalismo de imposición” por el de “federalismo de concertación” mencionado. 24) Es claro que existe una competencia exclusiva a favor de la Nación para dictar el Código de minería conforme el artículo 75 inc. . diseñando el escenario básico sobre el cual se deben sancionar. la nacional y la porteña.
habiendo satisfecho los requisitos exigidos por la legislación nacional. 246/268) tienen base competencial en el tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional.La empresa – desde lo que se desprende del texto de los votos de los tres jueces citados – afirma que presentó oportunamente el estudio de impacto ambiental ante la autoridad provincial y fue autorizada por ésta a comenzar los trabajos de exploración previos a la explotación… Aduce. Lo cierto es que la Corte define la naturaleza ambiental de las normas de la ley 24585 y han decidido en un tema de mucha complejidad la ubicuidad de la materia ambiental. y dice que “del cotejo de las normas provinciales y nacionales invocadas no se advierte de qué modo y en qué medida la exigencia de la aprobación expresa. 41 de la Constitución Nacional”. vendría a contradecir lo previsto por las leyes nacionales 24. expresando una doctrina que resulta ser de avanzada.675…” y luego agrega la gran novedad hermenéutica cuando sostiene “dictadas con arreglo al art. . Queda claro que para los tres Ministros del Alto Tribunal las reglas del título décimo tercero. previa audiencia pública. sección segunda del Código de Minería (arts. del estudio de impacto ambiental exigido en los arts. termina de perfilar su defensa sosteniendo que la sentencia apelada es arbitraria porque aplica la ley 4032 a la actividad minera por el solo hecho de considerarla una actividad potencialmente degradante para el medio ambiente. Si leemos atentamente el considerando 7 de Villivar allí la Corte recoge una tesis de amplitud.. 6 y 7 de la ley provincial 4032 antes del inicio de las actividades. asimismo. no pueden serle impuestas exigencias suplementarias derivadas de la aplicación de leyes provinciales que exceden las contenidas en el Código de Minería y finalmente. la empresa que. sin tener en cuenta que dicha ley sólo resulta aplicable a otro tipo de actividades o industrias.585 y 25.
o b) estableciéndolas donde no las hay. actividades y obras. antes del inicio de las actividades de que se trate. las normas necesarias para complementarlas. públicos y privados capaces de degradar el ambiente deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en todas sus etapas. entonces. La competencia provincial para complementar supone agregar más protección: a) donde hay normas. ya que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada”.Explican. lo mismo que la ley provincial. después de analizar el estudio y las observaciones formuladas en la audiencia. los Ministros que la ley provincial ambiental 4032 (actualmente abrogadas por el Artículo 164 de la ley 5439 del 16/12/05 ) y el Código de Minería no colisionan pues la norma provincial establece que los proyectos. la que será sometida a una audiencia pública presidida por la autoridad de aplicación que.los Dres. Lorenzetti. prevé como presupuesto mínimo la evaluación de impacto ambiental con audiencia pública. Fayt y Petracchi concluyen en que no hay colisión de normas. haciendo una interpretación armonizante del sistema federal ambiental – artículos 233 y 250 del Código de Minería y artículos 11 y 20 de la Ley 25675. . pues la Ley General de Ambiente. siendo más riguroso. para generar algún tipo de protección donde el legislador federal decidió dejar el espacio vacío. corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias. decidirá expresamente sobre aquéllos. Por lo tanto. Cobra mayor interés así el final del considerando 7 en el que la Corte define el contenido de la competencia de complementar cuando dice: “Según dicho artículo.
para todos los territorios.675 es presupuesto mínimo común de aplicación obligatoria en todo el territorio de la república” lo que se traduce en un mandato coercitivo. El mandato al que el Alto Tribunal se refiere es al de prevenir mediante un procedimiento administrativo los impactos a producirse por una “actividad susceptible de degradar el ambiente.Deja leer el mismo considerando 7 que es doctrina de la Corte que “el artículo 11 de la ley nacional 25. todas las autoridades y particulares. en todos lo ámbitos y carteras de los Estados. Desde el impulso legislativo – vía ley 25675 – y judicial – vía “Villivar” se presenta como obligatorio para todos los ámbitos en que se ejecute política ambiental. Explica Mercedes Díaz Araujo al comentar el fallo “Fundación Fauna Argentina c/Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires” dictado por la Cámara Federal de Mar del Plata. Dice la autora que actualmente se encuentra fuera de discusión la obligación establecida por las leyes ambientales de someter la realización de determinadas obras o actividades tanto de la Administración como de los particulares a un Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como requisito previo para su autorización. En tales casos. el sometimiento a “un procedimiento de evaluación ambiental previo a su ejecución”. la Evaluación de Impacto Ambiental configura un procedimiento administrativo obligatorio cuya omisión resulta contraria al ordenamiento jurídico. o afectar la calidad de vida de la población de manera significativa”. que se puede decir que es principio de derecho administrativo que el dictamen ambiental previo es parte de la razonabilidad del acto administrativo. La actividad de la administración es reglada y por lo tanto su omisión contraría la legalidad del acto. Recordemos que la Cámara en una excelente resolución decía – por ese entonces y sin leyes nacionales de presupuestos mínimos – que “Con relación a la autorización de capturas de la especie “tureciops Gephyurum (toninas) .
desde “Villivar” este presupuesto mínimo no puede desconocerse. estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios …. y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental. en las instancias intra e interfederal (acuerdos entre provincias o entre ellas y la Nación). su comportamiento. en los tres órdenes. Queda claro que para el Alto Tribunal este es un presupuesto mínimo obligatorio para toda la estructura federal. relaciones sociales. Al respecto la manda de congruencia del artículo 4 Ley General de Ambiente dice “La interpretación y aplicación de la presente ley. 20 añade que las autoridades de aplicación nacional y provincial deben institucionalizar procedimientos de audiencias públicas obligatorias previas a la autorización de dichas actividades. 7 “b” de la ley 19549.” Así los Ministros sostienen que la Ley General de Ambiente. y por ende. y consecuencias específicas sobre la vida en cautiverio de estos animales. en su art. .considero que asiste razón al juez de grado que basado en los datos aportados por el presentante. considera que siendo necesario haber realizado un estudio previo de carácter científico acerca de los aspectos poblacionales de dicha especie. Hoy. al faltar uno de sus requisitos esenciales se torna insalvablemente nula al entrar en contravención con lo dispuesto por el art. serán obligatorias para las comunidades jurídicas parciales federales provinciales y municipales. la resolución cuestionada que no cumple con dichos requisitos carece de causa como acto administrativo. distribución espacial. Por lo tanto el Alto Tribunal retoma la “buena doctrina” iniciada con “Comunidad Wichi” Otro elemento más que agrega la Corte con “Villivar”: las instancias de participación desperdigadas por la Ley General de Ambiente.
ante el ejercicio del poder de policía ambiental que. 2. no puede haber EIA que no incluya audiencia pública. la posibilidad de reglamentar y hasta prohibir determinadas técnicas de producción en el marco de la sustentabilidad y el ordenamiento ambiental del territorio. así como la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en el territorio de la Provincia del Chubut. lo que nos indica una constante adaptación de sus parámetros.En conclusión. Estamos. en esta materia. evidentemente. con decisiones sujetas a cambios y además en permanente concertación respecto a sus contenidos fluctuantes como el propio entorno que se pretende proteger. El artículo 10 de la ley general del ambiente describe al OAT como un proceso (dice “El proceso de ordenamiento ambiental…”). no puede haber autorización de actividad susceptible de degradar el ambiente sin EIA. El objetivo que persigue este instrumento es desarrollar “la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación” (art. que prohíbe terminantemente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto. desde “Villivar” queda claro que existen dos presupuestos mínimos en la ley 25675 obligatorios para la estructura nacional: 1. En el considerando 8 de los tres ministros mencionados precedentemente. se amplía por las facultades que hoy poseen las provincias en materia de ordenamiento ambiental del territorio El poder de policía implicará. además. 10 LGA). un monitoreo constante. Otro elemento que ha abordado la sentencia resulta ser el considerando 8: En él se confirma la validez de una ley provincial 5001 del 9 de abril de 2003. se . El ordenamiento ambiental del territorio (OAT) resulta ser un instrumento esencial para la protección del ambiente con una visión integral.
no sólo a la opinión pública nacional.confirma la validez de una regla legal local prohibitiva de la minería de oro a cielo abierto con utilización del cianuro sancionada por la legislatura provincial. como para la conformación de un movimiento de resistencia en Argentina. El 81% logrado por el “No a la mina” en el plebiscito de Esquel sentó un precedente inédito tanto para el negocio global minero. Si bien el proyecto estaba legalmente . Esta doctrina pone luz sobre un proceso de OAT incipiente en el marco de las provincias. Como consecuencia del estado de movilización. La consulta popular no era vinculante y sin embargo. una ciudad del interior del país sorprendía. el ocultamiento sobre la utilización de cianuro en el proceso de extracción. a mediados de 2002. provocó la paralización de la explotación. a las corporaciones transnacionales de minería con una decisión que abortaba un proyecto de extracción de oro antes de su puesta en producción. Esta situación sólo se explica por el amplio reconocimiento social que obtuvo el “No” a partir del mecanismo electoral. Los vecinos autoconvocados se gestaron al calor de la creciente indignación popular generada por la omisión de datos sobre un proyecto minero. Las primeras reacciones de algunos profesores universitarios. sino también. las que deberían comenzar a concertar con las comunidades locales qué tipo de minería desean alojar. Conclusión El 23 de marzo de 2003. en especial. lograron la convocatoria a un referéndum sobre el emprendimiento minero. sensibilizaron a docentes del nivel medio y primario y luego de una masiva campaña de difusión la comunidad en pleno se constituyó en asamblea en noviembre de 2002. que involucró a la ciudad entera.
El fallo original. por entender que no se daban los presupuestos legales que daban lugar a la casación ni a la inconstitucionalidad pretendidos por la demandada. La Corte Suprema de Justicia Nacional desestimó la presentación de la minera canadiense Meridian Gold por el yacimiento del Cordón Esquel (motivo de la presente) La empresa minera.A. Posteriormente. 17º. 19º y 220 del decreto 1153/95. rechazando el mismo La empresa minera. al dar primacía . 6º y 7º y concordantes de la ley 4032 y arts. que tramitó por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil. con fecha 11 de septiembre del año 2003. actos o hechos relacionados con ello en cualquiera de las etapas del proyecto hasta tanto se de cabal cumplimiento con lo establecido por los arts. La Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut confirmó el fallo de primera Instancia.permitido era “legítimamente incorrecto”. en el argumento presentado había considerado que la sentencia desconoció el artículo 31 de la Constitución Nacional . la empresa Minera presentó un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad en el mismo escrito. Finalmente. así como la prohibición de ejecutar nuevas obras. Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut (sito en Esquel) dispuso la paralización de toda obra. entonces. el que fuera rechazado por inadmisible por el máximo Tribunal de la Provincia. La Cámara declaró inadmisible el recurso por entender que no cumplía con los procesales y de fondo necesarios. presentó un recurso de queja por recurso denegado ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut. acto o hecho a ejecutarse en el Emprendimiento Minero Cordón Esquel por parte de Minera El Desquite S. “ya nada podía ser igual después del plebiscito”.
a las leyes provinciales por encima del artículo 233 y concordantes del Código de Minería. Creemos que estamos ante un nuevo modelo de institucionalidad para el desarrollo sustentable. así como la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en el territorio de la provincia de Chubut” El “No a la Mina” de Esquel es visto como un proceso que cuestiona el modelo de desarrollo hegemónico. Carlos Fayt y Enrique Petracchi sostuvieron que “del cotejo de las normas provinciales y nacionales invocadas no se advierte de qué modo y en qué medida la exigencia de la aprobación expresa. vendría a contradecir lo previsto por las leyes nacionales 24. El mundo global es un proceso que vino a desdibujar los parámetros económicos. los ministros Ricardo Lorenzetti. Este enfoque holístico integrador de sistema. del “ser en el mundo” hoy recupera el paradigma ecológico. prohíbe terminantemente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto. Las fronteras provinciales/nacionales quedan relativizadas por la circulación de los campos epistemológicos que se invaden e interpenetran y la “división” naturaleza/sociedad se diluye en el imaginario actual. En su voto. previa audiencia pública. Los jueces del máximo tribunal recordaron que.675 dictadas con arreglo al artículo 41 de la Constitución Nacional”. sancionada el 9 de abril de 2003.585. con las modificaciones introducidas por la Ley Nacional 24. El punto de conexión entre la actividad de policía y el mismo entorno se encuentra en que la actividad de los particulares puede . “El artículo 1 de la Ley Provincial 5.001. en su artículo 250.585 y 25. el Código de Minería “establece que la autoridad de aplicación de las normas de protección del medio ambiente serán las que las provincias determinen en el ámbito de su jurisdicción”. del estudio de impacto ambiental exigido por la ley provincial antes del inicio de las actividades.
. en particular – para privilegiar un fallo que constituye un avance evidente en una temática que día a día renueva su carácter tuitivo y la vigencia de sus principios para enfrentar actividades nocivas para las generaciones actuales y futuras. que en éste ámbito. Tales circunstancias. señalan el itinerario del futuro desarrollo jurisprudencial. aún habiendo visualizado indudables singularidades . sosteniendo.tener incidencia sobre el entorno. y en esa medida puede estar sujeta a esta actividad limitadora de la administración. al respecto. Este último precedente citado. la defensa (en sentido de preservación y/o restauración en su caso) del ambiente. como fin público. tendrá como finalidad. que los cuestionamientos procesales fueron cedidos – en el caso “Villivar”.CSJN sentencia de fecha 8 de julio del año 2008. motivan nuestro cabal asentimiento sobre el fallo analizado. afirmando un criterio hermenéutico que compartimos con el máximo Tribunal. Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” –daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo. junto con el fallo analizado en el presente capítulo. hacemos oportuna la ocasión para aplaudir el fallo “Mendoza. Finalmente.
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References: artículo 280
 artículo 14
 resolución 
 artículo 280
 artículo 41
 artículo 75
 artículo 41
 Artículo 164
 artículo 11
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 10
 artículo 31
 artículo 233
 artículo 41
 artículo 1
 artículo 250