Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/8600
Timestamp: 2019-10-15 15:55:23+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: AUTO 332/1984
AUTO 332/1984, de 6 de junio
ECLI:ES:TC:1984:332A
Sala Primera. Auto 332/1984, de 6 de junio de 1984. Recurso de amparo 349/1983. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 349/1983
1. El Procurador de los Tribunales don Víctor Requejo Calvo formuló demanda de amparo constitucional en representación del Excmo. Sr. D. Alfonso Armada Comyn, al que correspondió el núm. 349/1983, contra la primera y segunda Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1983, así como contra la Sentencia de 3 de junio de 1982, del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), aclarada por Auto de 4 del mismo mes y año, casada y anulada por la primera de las Sentencias de dicha Sala del Tribunal Supremo, a fin de que por este Tribunal Constitucional se restablezcan y preserven los derechos y garantías reconocidos en el art. 24 en relación con los arts. 9, 14 y 117 de la Constitución, en cuanto han sido conculcados y transgredidos.
Para sostener tal motivo y para señalar los hechos que entiende nuevos y consideraciones fácticas que se dicen introducidas por la Sentencia de casación, respecto a los declarados probados por la resolución del CSJM y que aceptó el Tribunal Supremo, analiza pormenorizadamente el contenido del considerando doce de la Sentencia de casación en la parte que dice Armada intentaba ir al Palacio de la Zarzuela, a presionar al Rey, valiéndose de su influjo sobre él, por haber sido preceptor, induciéndole a aceptar los hechos consumados, y a sancionar el golpe de Estado, que tenía como objetivo derrocar al Gobierno constituido legalmente, sustituyéndolo por otro presidido por Armada, que encauzara la democracia, lo que, sin circunloquios, equivalía a destruirlo, asegurando la unidad de España, y finalmente combatir el terrorismo. Opone a estas afirmaciones las que como hechos probados establece la Sentencia del CSJM, y asegura son una serie de connotaciones encadenadas que el Tribunal Supremo deduce no constando en los hechos probados, sentando conjeturas e hipótesis meramente imaginarias, que sustituyendo el relato fáctico influye en la calificación. El considerando catorce da como probada la bipolaridad o bicefalia del mando, ejerciendo Milans el mando en Valencia y Armada en Madrid, siendo Jefe militar el primero y político el segundo, y ambos cabeza de la rebelión y ejerciendo el mando superior de las fuerzas y elementos rebeldes. El recurso afirma que se trata de juicios de valor y apreciaciones meramente subjetivas que no podía realizar el Tribunal Supremo, siendo la valoración metafáctica y extrajurídica, precisando que de lo que dicen los hechos probados... no surge tal bicefalia. El considerando quince precisa que las autoridades militares y civiles que se mantuvieron fieles procedieron con singular tacto, prudencia y mesura, sin adoptar medidas de fuerza que hubieran hecho derramar sangre y consecuencias letales, prefiriendo con acierto el aislamiento de los rebeldes y su gradual sumisión, hasta lograr extinguir la rebelión como se extinguió sin sangre alguna. El recurso asegura que la variación en este caso es por omisión, pues se omitió a Armada en la acción que se apologiza, pues así precisamente lo dice el hecho probado de la Sentencia del CSJM, analizando otras partes de los hechos probados para llegar a la misma conclusión. El considerando treinta y cuatro se combate por la afirmación que contiene de que «afirmó Milans, por último, que el General Armada lo dirigía todo», diciendo que altera los hechos probados, y que se trata de una mera aseveración de Milans, pues el hecho probado no es que Armada dirigiera todo o una parte, sino que Milans lo afirmaba, ya que no se dice en aquél que lo afirmado por Milans fuera verdad, actuando la presunción de inocencia a favor del recurrente. El considerando treinta y cinco altera los hechos probados al afirmar que la conducta de Armada en la fase de ejecución del delito confirma lo que el Tribunal a que pone en labios de Tejero, Milans, Pardo Zancada y otros, estimando el recurso que se trata de una mera deducción que se hace en vista de afirmaciones que dijeron las personas nombradas, pero no de hechos que estén declarados probados. El considerando treinta y seis, sobre la comunicación al recurrente, por un Coronel, que a tal fin viajó a Lérida, lo acordado el día anterior por los conspiradores, en la que se encargó mantener el sigilo, y que el Tribunal Supremo no lo supone quebrantado por dar a saber el acuerdo al conspirador Armada, se ataca en la demanda diciendo que es una mera deducción o hipótesis, y que otros hechos probados contradicen la misma. El considerando treinta y ocho asegura que «lo verdaderamente contradictorio y maquiavélico es el comportamiento de Armada a lo largo de la dinámica delictiva», lo que califica el recurso como exceso semántico, al no constar como hecho probado en la Sentencia del CSJM, que no incluye tales términos, introduciendo el Tribunal Supremo un elemento novísimo, que destruye el equilibrio procesal y la presunción de inocencia. El considerando cuarenta y uno refiere que los procesados, entre ellos Armada, «se concertaron firmemente para la ejecución de un delito de rebelión militar, lo planearon cuidadosamente y decidieron ejecutarlo... y que en los labios de los conjurados, cuando tratan de persuadir a los tibios, a los indecisos, a los remisos, o a aquellos otros que intentan engañar o inducir a error sobre sus verdaderos propósitos, siempre se halla el nombre del General Armada y de su presencia, coetánea a la insurrección militar, en el Palacio de la Zarzuela»; y de todo esto, se alega, nada consta en los hechos probados, sino que fueron otras personas las que utilizaron con tales fines el nombre de Armada, no él, tratándose en definitiva de una deducción ilógica. Tampoco admite la frase del Supremo «que Armada era el principal beneficiario de la operación», estimando que desborda al hecho probado, que no existía tal beneficio, y que se trata de una mera deducción.
Se rebate a su vez la frase «Armada pretendió leer, ante los Diputados y ante el Gobierno allí retenido, un comunicado y la lista del nuevo Gobierno», pues no consta en los hechos probados que existiera tal comunicado, ni lista de Gobierno alguna, copiando algunos hechos para justificarlo. También contradice la aseveración de que Armada fuera a encabezar «el Gobierno espúreo que debía sustituir al legítimo», y que lo evidencia su intento de trasladarse a la Zarzuela, lo que no consta en el hecho probado. La afirmación de que Armada llamara por teléfono a Valencia, para que Milans transmitiera a otros Capitanes Generales «que la única salida de la crisis era un Gobierno presidido por él», no es más que una mera transposición de personajes con respecto a lo que fue, y que en el relato de la Sentencia aparece como un elemento exculpatorio, por tener autorizaciones de sus Jefes para hacer ofertas a título personal en tal sentido. El considerando ciento veinticuatro, en relación a la precisión de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre «la conducta tortuosa y sinuosa de Armada, constitutiva de un doble juego: si triunfaba la rebelión, él era el nuevo Presidente del Gobierno que sustituyera al legítimo, y si fracasaba, sería el benefactor que llevó al Congreso la propuesta y el ofrecimiento de un avión para que los rebeldes se exiliaran», es considerada en la demanda como una innovación fáctica que se superpone al relato fáctico, sin que conste en los hechos probados esa doble conducta, por lo que son presunciones sin apoyo fáctico, e insólita exacerbación, en versión propia del Tribunal Supremo con el aderezo de las propias suposiciones, proclamando que al ir a parlamentar con los rebeldes propuso el avión a éstos. En relación a la precisión del Tribunal Supremo sobre la cita del nombre de Armada como pieza clave y decisiva en los acuartelamientos de la Guardia Civil, entre los alzados en Valencia y en la División Acorazada Brunete, se reconoce que aunque su nombre se invocó en tales lugares, salvo en los acuartelamientos de la Guardia Civil, también se citó el nombre del Rey, lo que supone que pudo existir la invocación, pero no que el hecho fuera verdad. En relación a la afirmación del Tribunal Supremo de que «producida la ocupación del Palacio del Congreso trató Armada de cumplir su misión de trasladarse a la Zarzuela, para, allí, aprovecharse de su ascendencia y predicamento sobre S. M. el Rey, presentarle los hechos consumados y desde tan privilegiado lugar, una vez persuadida la Corona, impartir y cursar órdenes dirigidas a los lugares donde fuera necesario», se alega que es reiteración del considerando doce, utilizándose no hechos, sino hipótesis, alterándose gravemente los hechos probados. La precisión del Tribunal Supremo de que «Armada rebasó ampliamente la fase de conspiración, entrando conforme a lo convenido en la de ejecución, que quedó unas veces frustrada y otras consumada en lo que a su actuación personal concernía», se alega que en el hecho probado no consta que Armada hubiera convenido nada, ni hizo mención alguna de acciones consumadas o frustradas. La circunstancia de ofrecerse para ir a la Zarzuela podría entenderse la única implícita en lo que el Tribunal Supremo califica de acción ejecutiva frustrada, pero ello no basta para probar que rebasó ampliamente la fase de conspiración entrando en la de ejecución. Y por último, la precisión de que Armada «responde como autor in solidum de lo sucedido en otros lugares neurálgicos correspondientes al plan concertado, respondiendo con el carácter de cabeza de rebelión o Jefe de la misma, teniendo intervención estelar, y siendo el principal beneficiario de la mentada rebelión», se estima en el recurso como puntos ya expuestos en considerandos anteriores, que el Tribunal Supremo utiliza ahora como perteneciente al relato fáctico del CSJM, pero que éste no contiene. La única expresión nueva añadida es la de «intervención estelar», de contenido metafórico y no procesal, que no consta en tan repetido hecho probado, pero si se dedujera que el comportamiento de Armada fuera estelar, cabría otra interpretación de sentido opuesto a como lo hace el Tribunal Supremo de ser espectacular, culminante y decisiva para el desenlace pacífico y constitucional alcanzado.
2. La Sección Segunda del Tribunal Constitucional dictó providencia, teniendo por interpuesto el recurso de amparo por el recurrente y por parte, en nombre del mismo, al Procurador, y decidiendo que antes de acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, de acuerdo a lo solicitado en el segundo otrosí de la misma, se aportase al recurso la certificación literal de votos reservados que se hubieren pronunciado en relación con la citada Sentencia del CSJM y relacionados con el condenado recurrente, dirigiéndose a tal fin el oportuno oficio al Presidente de dicho Consejo, acordando a su vez expedir certificación de la presentación del recurso, y en relación a la petición de suspensión, que se decidiría sobre ella una vez que se acordara sobre el trámite de admisión de la demanda.
3. Por otra providencia de la Sección se acordó abrir el trámite de inadmisión del recurso de amparo, por la posible existencia del motivo de carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional, establecido en el art. 50.2 b) de la LOTC, a cuyo fin se concedió un plazo común al recurrente y al Ministerio Fiscal, para que formularan las alegaciones que estimaren procedentes.
4. El Ministerio Fiscal informó en relación a dicha causa de inadmisión, manifestando, en esencia, que la demanda, tras exponer los hechos probados de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que realizaba era exteriorizar una discrepencia entre la forma de interpretar tales hechos el recurrente y aquella otra a que llega el Tribunal de Casación, ejercitando funciones propias de los arts. 117.3 y 123 de la C.E. debiendo resolverse el dilema entre dos valoraciones en favor de la segunda, al operar dentro de los cauces legales ordinarios y constitucionales. El Tribunal Supremo no alteró los hechos probados, ni efectuó una construcción novedosa, sino que penetrando en la realidad objetiva, obtuvo consecuencias, valoraciones y fundamentaciones jurídicas, que inevitablemente le condujeron a entender en forma distinta la participación en los hechos delictivos de una persona concreta, forma de ver los hechos que se inicia en la primitiva acusación Fiscal, pasando por la Sentencia del CSJM, y posteriormente por el planteamiento del recurso de casación del Fiscal, para concluir en la Sentencia del Tribunal Supremo, existiendo una línea unitaria que no alteró el proceso. La distinción entre los fundamentos fácticos y los fundamentos jurídicos es clave, pues son las valoraciones de los fundamentos fácticos y los fundamentos jurídicos de la nueva decisión los que discurren por distintos cauces de aquellos otros, que siempre con soporte en la misma fundamentación fáctica se plasmaron en la Sentencia del CSJM. Existe plena concordancia entre la acusación pública y la decisión judicial de casación. No se vulneró el art. 24.1 de la C.E., al tener el recurrente acceso a la jurisdicción de instancia y casación, defenderse frente a la acusación pública y existir una decisión fundada en Derecho sobre el fondo de la cuestión, cumpliéndose las exigencias de la tutela judicial efectiva. Tampoco existe violación de la presunción de inocencia, pues partiendo de los requisitos exigidos para su presencia por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que el actor pretende es que la actividad probatoria de cargo sea entendida y conduzca a conclusiones o planteamientos fácticos distintos de aquellos que obtiene el Tribunal, confundiendo el derecho a dicha presunción con el derecho a que el pronunciamiento sea necesariamente de proclamación de la inocencia de la persona enjuiciada, queriendo algo que no cabe ni en el proceso de amparo ni en el ordinario. Termina informando en el sentido de que procede estimar concurre la causa de inadmisión de la demanda establecida en el art. 50.2 b) de la LOTC.
5. La parte recurrente en amparo, en su escrito de alegaciones, y en relación a la causa de inadmisión propuesta, en esencia expone: la dificultad de concretar su postura defensiva ante el contenido de la providencia sin argumentación, por lo que tratará de evidenciar el contenido de la demanda, para lograr un pronunciamiento de fondo del Tribunal. Se refiere al contenido de la demanda de amparo según el art. 49 de la LOTC, señalando que es suficiente la posible existencia de la infracción de preceptos constitucionales para admitirla, y como en el caso concreto la Sentencia del Tribunal Supremo vulnera las garantías procesales esenciales y la presunción de inocencia debe admitirse al ser la demanda completa. Examina el contenido del motivo de inadmisión del art. 50.2 b) de la LOTC, que es de improcedencia manifiesta, por no contener la demanda relación de hechos constitutivos de la infracción denunciada, o por no fundamentarse en la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14 a 29 de la C.E., o por fin, por no contener pretensiones de amparo, circunstancias que no concurren en el caso de examen. No puede tal causa ser objeto de una interpretación restringida, debiendo serlo de manera favorable al conocimiento de la defensa de los derechos fundamentales, sin cercenar los verdaderos. La Sentencia de casación quebranta el principio de intangibilidad de los hechos probados en el proceso extraordinario de casación, puesto que existen diferencias entre la Sentencia del CSJM y la del Tribunal Supremo en referencia a los hechos probados que establecen, siendo esa diferencia el motivo de aceptar el recurso del Fiscal en perjuicio del recurrente, pues al cambiar los hechos probados se hacen nuevas valoraciones jurídicas. Asegura que los hechos añadidos, como la bicefalia, el hipotético doble juego, y la pretendida lista de gobierno, etc., son de naturaleza presuntiva, y determinan la vulneración de la presunción de inocencia, siendo la causa de la calificación jurídica del delito de rebelión para el actor. El amparo no es una tercera instancia, pero al existir dos distintos relatos fácticos en dicha Sentencia, debe comprobarlo el Tribunal Constitucional, para conocer que no respeta la intangibilidad de los hechos en la decisión del recurso de casación, y que por vulnerar las garantías procesales debe otorgarse el amparo solicitado, al sumirse al recurrente en situación de irreversible indefensión. Todo ello hace necesario admitir la demanda a trámite de manera expresa, lo que así suplica, para dictar en su día Sentencia, acordando otorgar el amparo de conformidad a las pretensiones deducidas en la demanda.
6. La Sala Primera del Tribunal Constitucional dictó providencia el 9 de abril de 1984, acordando conocer del presente recurso de amparo, invocando a tal fin el art. 11.2 de la LOTC.
7. La Sala Primera, por providencia de 25 de abril de 1984 aplicando el art. 88 de la LOTC, concedió al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente, un plazo común para que alegaran lo que a su derecho conviniere, en relación a la causa de inadmisión anteriormente propuesta en el recurso de amparo, teniendo en cuenta el contenido del documento aportado a las actuaciones y a que se hace referencia en el apartado anterior -recurso de casación del Fiscal-, en la parte que el mismo afectaba al recurrente, dándole a tal fin vista de las actuaciones.
8. Contra la providencia acabada de indicar, la parte recurrente en amparo entabló recurso de súplica, por entender que la anterior providencia de 9 de abril reclamando la Sala Primera el conocimiento del proceso, suponía el tácito rechazo del incidente de inadmisión de la demanda y la admisión a trámite de la misma. Siendo desestimado tal recurso de súplica, luego de ser tramitado, por Auto de 24 de mayo pasado, al entender que el referido incidente previo estaba sin decidir y que nada se había resuelto sobre admisión o rechazo de la demanda, lo que había de realizarse posteriormente.
9. El Ministerio Fiscal, evacuando el trámite conferido según se expuso en el antecedente 7 informó en el sentido de que reiteraba el contenido de su escrito anterior sobre la propuesta de inadmisión de la demanda, en el que ya había argumentado tomando en consideración el recurso de casación del Fiscal, del que tenía oficial conocimiento, reiterando lo que entonces había dicho. Y recogiendo jurisprudencia de este Tribunal, precisa que lo que el amparo presente postula es la rectificación de una decisión judicial desfavorable, previa la sustitución del criterio del Tribunal de casación por el del recurrente, para que adquiera nuevo vigor la primitiva Sentencia del Tribunal de instancia o una del Tribunal Constitucional que resulte más favorable. Solicitando se dicte Auto de inadmisión de la demanda de amparo, por incidir en la causa prevista en el art. 50.2 b) de la LOTC.
10. El Procurador del actor del amparo evacuó el trámite concedido por la providencia de 25 de abril a que se refiere el antecedente 7, exponiendo en su escrito que reiteraba su anterior alegación sobre el trámite de inadmisión de la demanda, y que las Sentencias del Tribunal Supremo recurridas lesionaban los arts. 14 y 24 de la C.E., poseyendo dicha demanda contenido constitucional, por lo que resulta inaplicable el art. 50.2 b) de la LOTC, reiterando los argumentos en el indicado anterior escrito, y a continuación reproduciendo de nuevo prácticamente todo el contenido de la demanda de amparo en orden al primer motivo de la misma, pues como hizo ella, de nuevo copia los hechos declarados probados por la Sentencia del CSJM del 1 al 9, y seguidamente los considerandos de la Sentencia de casación del Tribunal Supremo números doce, catorce, quince, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta y uno y ciento veinticuatro, para continuar exponiendo las mismas alegaciones que se reflejan en el antecedente 1 de esta resolución, sobre las alteraciones sustanciales que estima se cometieron en los hechos probados en los considerandos acabados de indicar.
1. La cuestión a decidir se concreta en determinar si la demanda de amparo, teniendo en cuenta el fundamento de la pretensión que ejercita, carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión, en Sentencia, por parte de este Tribunal, luego de haberse agotado todos los trámites procesales, por existir la causa de inadmisión que determina el art. 50.2 b) de la Ley Orgánica del mismo (LOTC), que actúa en trámite previo.
2. A tal efecto, procede delimitar el alcance que posee la pretensión de la demanda, como dirigida a conseguir la nulidad de las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la antecedente del Consejo Supremo de Justicia Militar, «a fin de que aquel órgano dicte nueva Sentencia, respetando el relato de los hechos declarados probados en la resolución del CSJM y el principio de presunción de inocencia», por estimarse en el primer motivo del recurso haberse infringido el art. 24 en relación con el 9, 14 y 117 de la Constitución (C.E.) y con los arts. 884.3 y párrafo último del art. 887 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.Cr.), al introducir la Sentencia de casación nuevos hechos y consideraciones extensivas de los hechos, no recogidos en la resolución de la instancia, originando al recurrente indefensión; y entender el segundo motivo, que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la C.E. a causa de tales hechos nuevos e interpretaciones extensivas fácticas, debidas a presunciones, que permitieron efectuar la calificación jurídica, en contra del recurrente, como cabeza de un delito de rebelión militar.
3. Las Sentencias penales de instancia deben contener, según la regla 2.° del art. 141, en relación con el 849.2 y 851.1 y 2 de la L.E.Cr., uno o varios resultandos con los hechos declarados probados, que precisen la realidad fáctica según apreciación en conciencia del Tribunal -art. 741 de la misma Ley- y en los que se basará para calificar y reprochar la presencia del delito; premisa fáctica inalterable de la que ha de partir el Tribunal de casación para realizar el control o censura de legalidad penal, cuando se trate del vitium in iudicando por infracción de Ley que determina el art. 849.1, pues sólo puede modificar materialmente el contenido de los hechos probados en el especial supuesto del art. 849.2 de la ordenanza procesal penal, por la estimación de documentos auténticos preteridos y no desvirtuados, que demuestren la equivocación evidente del juzgador en lo fáctico.
4. Como afirma el Ministerio Fiscal, en el fondo del recurso anida una discordancia en la forma de interpretar los hechos probados en casación, entre la que sostiene el actor y la que efectúa el Tribunal Supremo de acuerdo con doctrina tradicional, pues frente al uso por este último del método inductivo y de valoraciones jurídicas, aquél niega tal facultad esencialmente, copiando doce resultandos de hechos probados de la Sentencia de instancia y reproduciendo diecinueve considerandos de la resolución de casación, para tratar de demostrar las diferencias existentes entre aquellos y estos últimos, que titula consideraciones fácticas del Tribunal Supremo y que estima como hechos nuevos improcedentes.
5. Si de lo expuesto resulta inexistente la causa determinante de la alegada indefensión, al no estimarse como justificada la creación de nuevos hechos probados, tampoco puede aceptarse la presencia autónoma de tal infracción constitucional, entendida la indefensión, en este caso, como ausencia de conocimiento de la pretensión acusatoria penal y del contenido fáctico y jurídico que la fundamentaba, que evitare la oposición dialéctica y jurídica a su material contenido, pues luego de haber sido en instancia acusado el recurrente por el Ministerio Fiscal como autor del delito de rebelión militar en concepto de cabeza de la misma, y de no aceptar tal calificación del CSJM por estimarlo únicamente como autor de un delito de conspiración para dicha rebelión, dicha parte acusadora formuló recurso de casación estimando había sobrepasado la fase conspirativa, y solicitando se acogiera su pretensión de aquella más grave calificación de cabeza del delito de rebelión militar, no sólo por omitir la conducta del art. 305 del CJM, que supone participación, sino muy señaladamente, por realizar los actos que tenía convenido con los demás conspiradores efectuar en la fase ejecutiva, intentando situarse en el Palacio de la Zarzuela junto al Jefe del Estado para encontrarse en tal lugar durante los acontecimientos y explicarle lo que estaba sucediendo, y por otro lado, solicitando el apoyo de los Capitanes Generales para proponer a las Cortes cautivas un Gobierno presidido por el recurrente, sin llegar a conseguirlo por causas ajenas a su voluntad. Esta tesis del Fiscal fue aceptada esencialmente por la Sentencia del Tribunal Supremo, por lo que no puede entenderse exista la presencia de la indefensión alegada, ya que el actor fue acusado penalmente siguiéndose una línea unitaria del Fiscal durante todo el proceso, por el delito que se le castigó del art. 287 núm. 1 del CJM, y pudo defenderse y se defendió sin limitación alguna y con todas las garantías procesales a través de juicio contradictorio en el que existió la adecuada controversia en ambas instancias, y muy particularmente ante el Tribunal Supremo, por ser la que en definitiva realizó la calificación del delito más grave, no pudiendo por todo ello aceptarse la denunciada infracción del art. 24.1 de la C.E., que apoyaba el primer motivo del recurso de amparo, y sin que nada significaren la cita complementaria de los arts.
9 y 117 por no estar dentro de los derechos y libertades que determina el art. 53.2, ni el art. 14, todos ellos de la Ley superior, por faltar el indispensable término de comparación y no conocerse discriminación que se debiere a un trato desigual, sin que pueda extenderse a las garantías procesales incluidas dentro del art. 24.2 de la C.E.
6. El segundo motivo del recurso de amparo, sobre la presunta vulneración de la presunción de inocencia establecida en el art. 24.2 de la C.E., desarrolla su argumentación en dos planos diferentes que a menudo se confunden entre sí, a saber: de una parte, al estimar que las inferencias -entendidas como presunciones e interpretaciones extensivas- que a partir de los hechos probados dice realizar primero el CSJM y luego el Tribunal Supremo, constituyen una infracción de dicha presunción constitucional, por entender que en materia penal no pueden sancionarle los delitos por meras presunciones, analizando a tal fin, pormenorizadamente, siete hechos probados en relación con el contenido de las Sentencias, e interpretando su alcance gramatical y semántico a la vez que conceptual de manera detenida, para eludir las condenas por conspiración y rebelión militar que respectivamente le impusieron; y de otra parte, entendiendo que las pruebas que llegaron a constituirse en hechos probados en la Sentencia del CSJM eran insuficientes para así realizarlo, porque de todos los elementos probatorios reunidos en el proceso no surge prueba concreta y concluyente alguna contra el actor, que se pueda estimar como mínima, para exigir la presunción de culpabilidad, que neutralizare la efectividad de la presunción de inocencia, a cuyo fin recurre también al análisis detallado de diversas y elegidas declaraciones de diferentes inculpados y del propio recurrente, para extraer consecuencias probatorias distintas de las que realizaron los dos Tribunales penales.
7. En el escrito de alegaciones últimas del recurrente en relación a la aportación al proceso del documento conteniendo el recurso de casación del Ministerio Fiscal contra la Sentencia del CSJM, aduce la infracción del art. 14 de la C.E., por haber admitido y estimado la Sala Segunda del Tribunal Supremo el motivo primero del mismo, a pesar de haber denunciado en trámite de admisión que adolecía de los defectos de falta de claridad y de alterar el relato de los hechos probados de la resolución recurrida con suposiciones que introducían hechos nuevos. Con tal alegación se presenta un tema nuevo, que no fue objeto de la demanda de amparo, y que, además de ser extemporáneo, resulta inatendible, porque no se admitió esa oposición formal por el Auto irrecurrible que determina el art. 892 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya decisión es de mera legalidad y no está sometida al control de este Tribunal, más aún, cuando el citado artículo 14 por su contenido no puede amparar tal supuesto.
8. En atención a todo lo expuesto debe concluirse, que concurre en el caso de examen la causa de inadmisión de la demanda de amparo establecida en el art. 50.2 b) de la LOTC, por carecer manifiestamente de contenido que justifique una decisión en Sentencia, después de toda la tramitación del proceso constitucional, por parte de este Tribunal, debiendo por consiguiente inadmitirlo en trámite previo, al concurrir para ello las exigencias que este Tribunal ha establecido, interpretando tal norma.
Inadmitir a trámite la demanda de amparo constitucional formulada por el Procurador don Víctor Requejo Calvo, en representación de don Alfonso Armada y Comyn, y el archivo de las actuaciones.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 349-1983
Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 349/1983
Inadmisión. Tutela efectiva de Jueces y Tribunales: hechos probados; cuestión de legalidad. Recurso de casación: subsanación de hechos probados. Indefensión: juicio contradictorio.
Derecho a la presunción de inocencia: pruebas circunstanciales. Prueba: apreciación por el Juez. Contenido constitucional de la demanda: carencia.
Artículo 851.1
Artículo 851.2
Artículo 884.3
Interpretación de los hechos probadosInterpretación de los hechos probados
Prueba circunstancialPrueba circunstancial

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14

Artículo 851

Artículo 851

Artículo 884