Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/garantias%20procesales/11/PUB
Timestamp: 2020-01-23 22:25:05+00:00

Document:
garantias procesales - 2 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
ROJ: STS 3935/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3935
Nº Recurso: 2128/2018
Resumen: La necesidad de motivar las sentencias viene también referida a los pronunciamientos absolutorios, por una triple razón: De un lado, porque la obligación constitucional de motivar las sentencias contenida en los artículos 24.2 y 120.3 de la Constitución, no excluye las sentencias absolutorias. De otro, porque la tutela judicial efectiva también corresponde a las acusaciones en cuanto al derecho a una resolución fundada. Y de otro, porque la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos -recogida en el artículo 9.3 de la CE-, afecta a todas las decisiones del Poder Judicial, tanto a la condenatorias, como a las absolutorias.Esta literosuficiencia documental no confluye en los documentos que se aportan, sino que los mismos sirven de base para replantear la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, a partir de las convicciones que el recurrente quiere extraer de los mismos. Los documentos muestran la aportación de 112.000 euros por los perjudicados a los que los documentos se refieren, así como lo que el recurrente aseguró a los cuentapartícipes que él mismo aportaría sin que lo hiciera, en todo caso, ni muestran el engaño captatorio, ni reflejan que no se pudieran hacer las inversiones prometidas a los perjudicados, de suerte que ni prueban la realidad de la estafa, ni siquiera desvanecen las dudas que el Tribunal de instancia refleja en su sentencia.
ROJ: STS 3925/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3925
Nº Recurso: 2145/2018
Resumen: El título inicial del que surge la obligación de entregar la parte proporcional del premio correspondiente a la denunciante es la copropiedad del cupón premiado, que atribuye a los copropietarios del derecho al reparto del premio a partes iguales, si no se hubiese pactado otra cosa. El título final, una vez cobrado el premio por el recurrente, es la comisión o mandato tácito, pues ha de entenderse que el recurrente cobró el billete en representación de los cotitulares como costos del cobro mandatario de los mismos, recibiendo la totalidad del premio con la obligación de entregar su parte a cada uno de los copropietarios del billete.
ROJ: STS 3940/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3940
Nº Recurso: 2195/2018
Resumen: Requsitos de legalidad constitucional para proceder a realizar escuchas telefónicas. La negativa a una primera intervención no impide una segunda petición, cuando se han practicado diligencias complementarias. Motivación suficiente del auto de intervención telefónica, basada en la información suministrada por un confidente y que se confirmó mediante seguimientos y vigilancias. Valor de la información suministrada por un confidente. Características de los indicios que refrendan o apoyan la adopción de una medida de interferencia. Se requiere que el auto permita constatar que el Juez disponía de datos objetivos sobre la posible existencia de un delito. Validez de la remisión al oficio policial. Inviolabilidad del domicilio: concepto de titular, doctrina en el caso de varios titulares. Contenido del derecho a la presunción de inocencia. Existencia de prueba de cargo bastante, basada en las declaraciones de los agentes y los resultados de los registros domiciliarios y las intervenciones a compradores. Atenuante de drogadicción: circunstancia funcional. Falta de acreditación de afectación alguna al consumo de droga. Requisitos de la atenuante. La simple adicción no basta. Error en la apreciación de la prueba: requisitos, supuestos en los que se permite que se fundamente en un informe pericial.
ROJ: STS 3802/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3802
Resumen: Desestimación recurso de alzada contra acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que desestima la denuncia del recurrente contra actuaciones varias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y de otros órganos jurisdiccionales. Inadmisón del recurso, salvo las pretensiones que se formulan en relación con el único acuerdo impugnado en este proceso: El recurrente ha iniciado el recurso directamente por demanda y no, como era obligado en el caso y resulta del artículo 45.1 LJCA, mediante un escrito de interposición. Por otra parte, en la demanda se acumulan pretensiones entre las que no existe una conexión directa, sustituyendo la remisión del expediente por unos documentos sin índice, explicación ni conexión precisa, que permiten al recurrente construir su demanda a su voluntad y en forma errática, incluyendo en ella hechos que no guardan conexión ni relación alguna con el acto del Consejo General del Poder Judicial impugnado en este recurso. Desestimación del recurso en lo demás: son inadmisibles las pretensiones que se formulan en relación con pronunciamientos del orden jurisdiccional social y respecto de la Sala del artículo 61, por carecer de jurisdicción. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, al resolver las quejas del recurrente, lo hizo en ejercicio de una función gubernativa por lo que no podía resolver cuestiones jurisdiccionales de ninguna de sus Salas. La composición de la Sala 4ª para resolver una demanda de error judicial estaba predeterminada.
ROJ: STS 3971/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3971
Nº Recurso: 1634/2018
Resumen: La contradicción es un medio de defensa y un medio de evaluación de la credibilidad del testimonio y de obtención de la verdad procesal. Pero puede admitir modulaciones ponderadas cuando concurran otros medios suficientemente seguros y resulte adecuado a otros intereses de relieve. Los requisitos para la aplicación del artículo 730 LECrim son: 1) imposibilidad de reproducción en el acto del juicio oral; 2) la necesaria intervención del Juez de Instrucción; 3) que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al imputado, a fin de que pueda interrogar al testigo; y 4) la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, o a través de los interrogatorios. La cuestión relativa a la concreta cuantificación de la indemnización que corresponda en cada caso es competencia del Tribunal de instancia que lo habrá de determinar de manera ponderadamente discrecional y dentro de los parámetros máximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de razonabilidad.
ROJ: STS 3865/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3865
Nº Recurso: 1823/2018
Resumen: El delito de apropiación indebida lo cometerá quien, habiendo recibido cantidades que por imperativo legal solo puede percibir a través de una cuenta especial con garantía expresa de devolución, no las entregue (o ingrese) en dicha cuenta separada, e incumpliendo esta obligación las confunda con el patrimonio propio, disponiendo de ellas como si fueran suyas, bien para sí, bien para las necesidades de sus negocios. El delito se consuma cuando se llega al "punto sin retorno", es decir, cuando el promotor incumpla definitivamente la doble alternativa prevista por la ley: entregar la vivienda o devolver el dinero que debería haber garantizado. Cuando el promotor incumple tales obligaciones de abrir la cuenta especial y dedicarla a la obra comprometida, y la dedica o la confunde con otros patrimonios de otras promociones, y ante la petición de devolución de lo recibido a cuenta o acredita el destino de ese dinero a la ejecución de la obra comprometida -aunque no acabada- o puede concurrir el delito por el que se ha condenado por la Audiencia.
ROJ: STS 3929/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3929
Resumen: La condena no podrá fundarse más que en actividad probatoria de cargo examinada directa y personalmente por el Tribunal que dicta la resolución con inmediación, tras un debate público en el que se brinde ocasión a la defensa para contradecir la totalidad del acervo probatorio.En definitiva, y como señala el art. 741 LECrim, las pruebas practicadas en el juicio oral, en consecuencia, cuando a través de un recurso se plantean cuestiones de hecho vinculadas a la valoración de pruebas personales de las que depende la condena o absolución del acusado, es imprescindible la celebración de vista pública en segunda instancia para que el órgano ad quem resuelva tomando conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. El Tribunal debe oír personalmente a testigos, peritos y acusados, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación, y corregir, en su caso, la efectuada por el órgano de instancia.Si no es posible legalmente esa audiencia no será tampoco posible un recurso de la acusación por divergencias en la valoración probatoria.En casación, en cambio, no es legalmente factible la audiencia de los acusados:Pleno no jurisdiccional de esta Sala Segunda de 19 de diciembre de 2012.El tribunal ha fundamentado la observancia del procedimiento administrativo, y lo refleja desde la documentación sobre la concurrencia de potenciales vendedores que fueron llamados. No hay resolución injusta ni disposición ilegal de fondos públicos
ROJ: STS 4023/2019 - ECLI:ES:TS:2019:4023
Nº Recurso: 10307/2019
Resumen: En el caso concurren elementos que excluyen la infracción del principio de igualdad y justifican la diferente pena impuesta al recurrente y al coacusado al que se refiere. Así, respecto de este último, el Tribunal argumentó que, además de carecer de antecedentes penales de todo tipo, no había quedado probado que fuera el responsable último de la importación de la mercancía; que tenía por encima otras personas a cuyas órdenes respondía con su actuación; que en juicio reconoció los hechos esenciales y su responsabilidad en ellos, y que ha facilitado información corroborativa de la investigación policial en algunos de sus extremos, singularmente en relación a las personas de quienes recibía órdenes o instrucciones, aún no juzgadas.Por el contrario, en relación con el recurrente, el Tribunal tuvo en cuenta, entre otros aspectos, que el hecho se cometió mediante el concierto de varias personas y que éste daba instrucciones y, además, que trató de mantener una distancia que dificultase su identificación y posteriormente su condena.El acta de inspección de la mercancía solamente puede acreditar la fecha en la que se llevó a cabo y el resultado consignado de la misma. El Tribunal no ignora dicha acta ni la incorpora a la sentencia de forma equivocada en cuanto a esos extremos. Pero no demuestra si el recurrente participó o no en la operación. Se ha negado el valor documental de las resoluciones de otros tribunales en cuanto a la realidad de los hechos consignados en las mismas.
ROJ: STS 3927/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3927
Nº Recurso: 10134/2019
Resumen: El TS expone su doctrina y declara la racionalidad y suficiencia probatoria practicada en el plenario y validada por el Tribunal de revisión. En particular, reconoce la validez de la declaración plenaria del coimputado y recuerda su doctrina al respecto al afirmar que la jurisprudencia constitucional viene estableciendo de forma pacífica que para que la declaración del coimputado pueda ser única prueba de cargo, se requiere que esté corroborada, ya que en otro caso será insuficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia; y concreta la exigencia de corroboración en dos aspectos: a) no se requiere que la corroboración sea plena, sino mínima; y b) no procede establecer qué debe entenderse por corroboración, más allá de la idea de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejar al análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no.

References: resolución 
 artículo 9
 artículo 45
 artículo 61
 artículo 730
 resolución 
 resolución