Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1874
Timestamp: 2018-07-20 12:21:40+00:00

Document:
CELEBRADA EL JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018.
Del Senador Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de su participación en la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), celebrada el 8 de marzo de 2018, en Santiago, Chile
Una, del Senador Mario Delgado Carrillo, con la que remite el Informe de su participación en la sexta jornada parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero de 2018, en París, Francia
Del Senador Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su participación en la 9a reunión plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Políticas de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, celebrada los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018, en París, Francia
Una, de la Senadora Andrea García García, con la que remite el Informe de su participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, celebrado los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Panamá, Panamá
Una, de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los siguientes Informes: De la cuarta Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2018, en Buenos Aires, Argentina y de la primera Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Montevideo, Uruguay
Oficio por el que informa la elección de la Diputada Mariana Arámbula Meléndez como Secretaria de la Mesa Directiva, a partir del 4 de abril de 2018 y hasta la conclusión del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Notificación sobre el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-193/2018 promovido por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez
Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2018
Informe del Presupuesto Ejercido al mes de febrero de 2018
Del Senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 38 Bis, 38 Ter y 38 Quáter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como un inciso f) a la fracción I del artículo 41 de la misma Ley
Dos, del Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el título de la Sección Tercera, artículos 112, 113, 114, 115 y se adiciona la Sección Quinta del Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y otro con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 300 y 301 del Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la República
Del Senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, un artículo 487 Bis y se deroga la fracción II del primer párrafo del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal
Trece, de diversas Comisiones en sentido negativo, que proponen desechar proyectos de decreto
Siete, de diversas Comisiones sin reserva para su discusión
Uno, mediante el cual se modifica su integración para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura
Del Sen. Óscar Román Rosas González, por la que solicita licencia, para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:52) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y de los señores Senadores.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 69 ciudadanos Senadores.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del jueves 5 de abril correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos Senadores.
Del Senador Héctor Larios Córdova, con la que remite el Informe de su participación en la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), celebrada el pasado 8 de marzo de 2018, en Santiago, Chile.
Una, del Senador Mario Delgado Carrillo, con la que remite el informe de su participación en la sexta jornada parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero del 2018, en París, Francia.
Una, del Senador Salvador Vega Casillas, con la que remite el Informe de su participación en la 9ª reunión plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Políticas de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, celebrada los días 31 de enero y 1 de febrero del 2018, en París, Francia.
Una, de la Senadora Andrea García García, con la que remite el informe de su participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, celebrado los días pasados 15 y 16 de marzo, en Panamá, Panamá.
Y una, de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite los siguientes Informes:
De la cuarta Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada los días 12 y 13 de marzo del año en curso, en Buenos Aires, Argentina, y
De la primera Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada los días 15 y 16 de marzo pasados, en Montevideo, Uruguay.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibieron cinco oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos aprobados por el Pleno del Senado de la República.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que informa la elección de la Diputada María Arámbula Meléndez, como Secretaría de la Mesa Directiva a partir del 4 de abril del 2018 y hasta la conclusión del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Informo a la Asamblea, que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo llegar la notificación sobre el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-193/2018 promovido por la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, por la omisión de darle contestación a su solicitud para integrar algunas de las comisiones ordinarias de la Cámara de los Senadores.
En este juicio, se señala como autoridades responsables a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva y al Pleno del Senado.
La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva recibieron ya de manera directa las notificaciones correspondientes y a través del aviso que les hago, damos por notificada a esta Asamblea.
Se instruye a la Dirección Jurídica del Senado, para que realice las gestiones y actividades que den cumplimiento a lo requerido en la notificación del Trife.
Solicito a la Secretaría, dé cuenta con la documentación que nos remite la Comisión de Administración del Senado de la República.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el mes de abril del año en curso.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de presupuesto para el mes de abril del año en curso.
Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de abril de 2018.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobado el presupuesto de la Cámara de los Senadores para el mes de abril del 2018.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración el Informe del Presupuesto Ejercido al mes de febrero de 2018.
Pasamos ahora al apartado de iniciativas.
Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de criterios presupuestales para propaganda gubernamental.
En uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez.
A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vengo a presentar un proyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 38 Bis, 38 Ter y 38 Quáter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el inciso f) a la fracción I del artículo 41 de la misma ley, con el fin de establecer límites a la asignación y al ejercicio presupuestal en comunicación social al gobierno federal.
Compañeros de los medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan por el Canal del Congreso.
El Congreso de la Unión ha sido incapaz de procesar una Ley General de Propaganda Gubernamental desde la Reforma Electoral de 2007, de la Reforma Político-Electoral de 2013, incluso dentro y después de la discusión de las nuevas disposiciones de la Ley Reglamentaria de la Reforma en Telecomunicaciones.
Ante la omisión, estamos incluso observados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para legislar en la materia antes del 30 de abril y el Senado de la República inició desde hace meses los trabajos con las organizaciones no gubernamentales para elaborar un proyecto en conferencia con Diputados.
Sin embargo, para sorpresa de todos, en la Cámara de Diputados se discute un proyecto de ley que no cumple con los mínimos constitucionales y mucho menos con las observaciones de la Suprema Corte de Justicia.
En la exposición de motivos de la sentencia del año pasado, por lo que el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República no acepta esta imposición que permite mantener la discrecionalidad en la contratación, empodera a la Secretaría de Gobernación.
No establece ningún tipo de control en el sobre gasto o tope a los más de 40 mil millones de pesos que se han erogado en este sexenio.
No incentiva a la pluralidad ni la diversidad de medios como obligación al gobierno.
No establece criterios de medición de circulación. Incluso, este dictamen ya fue aprobado en comisiones y para sorpresa de muchos en una gran congruencia con lo que hemos venido diciendo, el PRI y Morena sacaron este dictamen en la Cámara de Diputados.
Uno de los aspectos que han caracterizado a la actual administración es el uso desmesurado y en la manera de los casos injustificado de los recursos públicos.
El gasto en publicidad no ha sido la excepción.
El ejercicio de recursos en servicios de comunicación social y publicidad de 2013 a 2017 ha sido del orden de los 38 mil 232 millones de pesos, esta cantidad difiere enormemente del monto que se aprobó para su ejercicio a principios de cada año, equivalente a los 15 mil 195 millones de pesos. Así pues, en cinco años el gobierno federal ha ejecutado 23 mil millones más de lo establecido por el Congreso.
El excesivo gasto ha sido una constante cuando la comunicación social se habla.
En estos cinco años no ha habido un solo monto o presupuesto autorizado que se respete inicialmente lo programado para su ejercicio.
A pesar de que para este año 2018 únicamente se asignó un monto cercano a los 2 mil millones de pesos para este rubro, la experiencia demuestra que esta cantidad podría incluso triplicarse como ha sucedido en los pasados años, debido principalmente a la falta de mecanismos que regulen el gasto creciente, desmesurado e injustificado. En este concepto, todo esto con una atenuante, una agravante, dijéramos nosotros, de que en este año se llevarán a cabo el proceso electoral más grande y más competido de la historia de México.
Es evidente que existe un serio problema de regulación del gasto en publicidad gubernamental.
Es importante mencionar que en ausencia de una propuesta por parte del Poder Ejecutivo del 2017, ha sido una prioridad dentro de las agendas parlamentarias de los grupos en el Senado de la República a través de las diferentes iniciativas que se han presentado en este Pleno.
De acuerdo con la Organización de la Sociedad Civil, artículo 19, la publicidad oficial ha sido utilizada como una herramienta para condicionar las relaciones entre medios de comunicación y gobiernos, limitando la diversidad de voces editoriales y condicionando la independencia y autonomía de la información, censurando directa o indirectamente la misma, y a las opiniones críticas que se difunden.
Ahí pregúntenle a las periodistas cesadas y a varios diarios y semanarios que no han alcanzado su difusión por esta razón.
La comunicación social dejó de ser un herramienta de información para convertirse en una herramienta de promoción, así la ausencia de regulación propicia un ejercicio arbitrario en el presupuesto en comunicación social, lo que constituye una restricción indirecta de la libertad de expresión, toda vez que genera un efecto de censura para los medios de comunicación, en especial a los medios de comunicación críticos e independientes.
Es apremiante que se dicte la normativa que limite, regule el gasto y proporcione los mecanismos para un óptimo control legislativo sobre las adecuadas adecuaciones presupuestales destinadas a comunicación social.
Por lo anteriormente expuesto, las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD, en el marco de la discusión de la Ley Reglamentaria del artículo 134 en materia de propaganda gubernamental, propone incluir un mecanismo de tope y de control legislativo en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de manera puntual describimos a continuación.
Se establece un tope del 0.05 % del Presupuesto de Egresos de la Federación, un mecanismo de excepciones al gasto de comunicación social en caso de emergencia, un mecanismo de control sobre las adecuaciones presupuestales con la participación de la Cámara de Diputados, así como un capítulo específico donde se detalle las erogaciones por concepto de comunicación social y esto deje de ser una manga ancha que a discreción del gobierno se ejerce para amordazar a los medios.
Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la Contraloría Interna.
El Senador José de Jesús Santana García: Señor Presidente, muchísimas gracias.
Hoy presentamos, en un solo acto, si así me lo autoriza la Mesa Directiva, ya he platicado, dos iniciativas que reforman a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; y la otra iniciativa es que reforma precisamente al Reglamento de este Senado.
El pasado 27 de mayo del 2015 se constituyó como una fecha histórica y trascendental, pues se publicaron las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción que tanto requiere este país y en este momento.
Derivado de dichas reformas, nació el Sistema Nacional Anticorrupción, que no es otra cosa que la suma de esfuerzos de la sociedad civil y del Estado mexicano con el fin de prevenir, detectar, controlar y sancionar la corrupción.
Del Sistema Nacional Anticorrupción surgió la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, también aprobadas por este H. Senado, que tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sus sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, así como las que correspondan a los particulares vinculados con faltas graves y los procedimientos para su aplicación.
Sin duda alguna, en el debate que tuvimos en aquellos tiempos, este es un gran paso para ir acabando, no sólo con el corrupto, sino con el corruptor.
Como parte de los mecanismos del control del Sistema Nacional Anticorrupción, se crearon los órganos internos de control, que ya habían existido en otras administraciones, que después cambiaron al nombre de “Contraloría”, y que nuevamente con estas reformas asumen el nombre de “Órganos Internos de Control”, que son los responsables, precisamente, de asegurar que su institución cuente con un control interno, es decir, a través de dos instancias, esta Cámara de Senadores.
La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, contempla en su fracción XXI del artículo 3º la figura del órgano interno de control como la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos.
De lo anterior podemos afirmar que la figura de la Contraloría Interna ha evolucionado en una nueva figura bajo una denominación distinta que he mencionado ya como el “Órgano Interno de Control de la Cámara de Senadores”.
No sólo ha cambiado su nombre, también en materia de competencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha determinado que será el órgano interno de control quien conocerá de la aplicación de la ley en comento.
Ante ello, deben realizarse todas las modificaciones correspondientes a la actualización de la normatividad del Senado de la República, es decir, tanto a la Ley Orgánica del Congreso como al Reglamento de este cuerpo legislativo.
Asimismo, en cumplimiento a la Constitución Política y diversos tratados internacionales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha establecido que la autoridad que conozca del procedimiento de responsabilidad administrativa deberá de ser distinta de aquel o aquellos encargados de la investigación.
Hoy, compañeros Senadores, ustedes lo saben, es la misma instancia quien investiga hechos administrativos leves en este Senado, pero también es la misma instancia la que resuelve, contraponiendo esto, no sólo a los aspectos constitucionales, sino a la propia Ley de Responsabilidades Administrativas.
Por tanto, los “Órganos Internos de Control”, contará con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes.
Por un lado, lo que proponemos en esta iniciativa, que espero tengan a bien autorizar para estar en congruencia con lineamientos constitucionales mencionados, la instancia investigadora; y por otro lado, la instancia resolutoria o la instancia sustanciadora del recurso de investigación que se haga en actos administrativos leves o que pudieran ocurrir en este Senado de la República.
De ahí que la presente reforma, lo que busca es que las investigaciones y, en su caso, las resoluciones no sean emitidas por una sola instancia, y que funjan como juez y parte en el procedimiento administrativo, pues esto resulta violatorio de los principios constitucionales convencionales y legales del debido proceso amén de los convenios internacionales que hemos firmado precisamente para garantizar este derecho humanos.
El Senado como cuerpo legislativo federal debe de ser ejemplo en el cumplimiento de ésta y cualquier legislación vigente, sobre todo tratándose de normas referentes al combate a la corrupción.
Por tales motivos, presento estas dos iniciativas de reforma en este rubro, una, como ya lo comenté, a la Ley Orgánica; otra, al Reglamento de este Senado con el fin de armonizar nuestro marco jurídico con los preceptos constitucionales, legales y vigentes en nuestro país.
Debemos de ser ejemplo, y esperemos que sea aprobada antes de que termine éste.
Concluyo, para facilitar la función de los órganos internos de control, y que tengamos dos instancias: la que investiga y la que resuelve.
No solamente estaremos cumpliendo con las cuestiones constitucionales de la Ley de Responsabilidades Administrativas, sino con los tratados internacionales que hemos suscrito para el debido proceso en todos los casos, no sólo en materia penal, sino también en materia administrativa.
Espero contar con su voto en las comisiones correspondientes.
Le agradezco mucho, señor Presidente, el tiempo para proponer estas dos iniciativas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Santana García.
El proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General y el proyecto de reformas al Reglamento del Senado de la República, se turnan ambas a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, a nombre del Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca deportiva.
En uso de la voz el Senador Casillas Romero.
Con su venia compañeras Senadoras, compañeros Senadores.
Acudo a esta tribuna a nombre del Senador Óscar Román Rosas González, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca deportiva.
La pesca es una actividad económica de gran relevancia en nuestro país, que en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento muy importante, presentando un incremento entre el 19 y el 21 %.
Dentro de las actividades de este sector, la pesca deportiva es una de las maneras de aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, se estima que el valor de la pesca deportiva en México asciende a 2 mil millones de dólares anuales, lo cual genera un efecto multiplicador en tres importantes sectores de la economía: el turismo, el pesquero y el industrial.
Esta actividad está definida en la ley como pesca deportivo recreativa que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por la citada ley, los reglamentos y las normas oficiales vigentes.
En tanto que la norma específica señala que esta actividad basa su desarrollo en el aprovechamiento sustentable de diversas especies pesqueras, tanto en embalses de aguas interiores como en aguas marinas.
En este sentido, se entiende que podrán aprovecharse las especies denominadas o cuyo nombre común se refiera al marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, dejando a la libre interpretación sus variedades biológicas que pueden corresponder o no a la misma especie generando confusiones y a la postre un manejo inadecuado del recurso pesquero.
El objeto de la presente iniciativa es terminar con esas ambigüedades, y el artículo, que establece el artículo 68 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, y ser más explícitos en el nombre de las especies marinas que se destinen exclusivamente para la práctica de la pesca deportivo recreativa.
La ambigüedad actual genera un problema añejo, pues desde la antigüedad la gente de distintas civilizaciones se vio inmersa en confusiones semejantes, sobre todo a partir del siglo XV cuando los viajes marítimos permitieron la exploración de nuevos territorios y se intensificó el intercambio de materias primas con nuevas especies vegetales y animales desde Asia, Oceanía, África y América.
De esta manera, con el ánimo de armonizar las disposiciones contenidas en la Ley General de Acuacultura y Pesca Sustentables, con la nomenclatura binominal en materia de pesca deportiva, es pertinente que las especies que se señalan en el artículo 68 de la ley en comento, no solamente cuenten con su nombre común, sino que se especifique su nombre científico permitiendo que tanto autoridades como pesqueras cuenten con la misma información y puedan tomar mejores decisiones en beneficio del sector pesquero deportivo y aprovechamiento sustentable de los recursos.
La pesca deportiva es un sector fundamental para la economía turística de nuestro país, por ello la presente iniciativa busca fortalecer la legislación en la materia y que ésta, que es una de las fortalezas que tiene nuestro país, que contamos con más de once mil kilómetros de litorales a lo largo de nuestro país, y que no solamente eso, contamos con grandes extensiones de lagos en donde se practica este tipo de actividad deportiva recreativa, que está generando una buena dinámica económica, que está generando empleos, que está generando el que más personas nos visiten y que, sin duda, el establecer con precisión cuáles son las especies que pueden ser susceptibles de esta actividad queden establecidas en esta ley para que no haya confusiones.
Por eso, Presidente, solicito se turne a comisiones y ojalá que las mismas, pues dictamine esta iniciativa que, sin duda, habrá de traer beneficios para el sector turístico y deportivo del país.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Jesús Casillas Romero.
Enseguida corresponde el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto de reformas a diversos artículos constitucionales, en materia de becas.
En uso de la tribuna el Senador Mario Delgado Carrillo.
El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Gracias, Presidente.
Hace poco más de cinco años una de las primeras iniciativas que tuve la oportunidad de presentar en esta tribuna fue la de reformar la Ley de Coordinación Fiscal para poder establecer un programa permanente y a nivel nacional para todos los estudiantes de educación media superior pública en el país.
Hoy venimos a proponerle a esta soberanía que podamos fortalecer el ejercicio del derecho a la educación y establecer un sistema nacional de apoyo, becas y estímulos.
Quiero agradecer la colaboración de esta iniciativa, y por su visión y compromiso con la educación al abogado Ursus Juárez y al secretario técnico de la Comisión de la Ciudad de México, Omar Sánchez Molina.
Bueno, la educación es uno de los derechos humanos fundamentales, inspirado por la Revolución y por el legado de la lucha por eliminar todo privilegio y atraso cultural y espiritual, el artículo 3º constitucional nace para garantizar la libre enseñanza y para asegurar a todos los mexicanos una instrucción general, que suprimiera las desigualdades sociales económicas desde las escuelas.
Por esta razón, el artículo 3º constitucional establece una serie de principios, propósitos y condiciones que regulan la tarea de educar y la responsabilidad del Estado para impartir una educación pública, laica y gratuita que son esenciales para el logro de altos fines.
Sin embargo, hay una gran brecha entre la aspiración constitucional y la realidad, pues los últimos modelos económicos han producido no sólo magros resultados para el desarrollo nacional, sino también un desastre en el sistema educativo.
Es importante hacer notar que desde 1992 el artículo 3º ha sido reformado en seis ocasiones para adecuar su marco a las políticas del mundo globalizado, atendiendo las recomendaciones de la OCDE, del Banco Mundial, pero no ha sido modificado para resolver, entre otras, las necesidades esenciales de inclusión y equidad educativa, de abatimiento del rezago y abandono escolar que demanda el país para que todos los alumnos y alumnas tengan igualdad de oportunidades sin importar su condición social.
De manera que durante los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se ha continuado con este proceso de modernización educativa que no culminan con una efectiva responsabilidad del Estado para garantizar la educación como un derecho humano de todos los mexicanos, al contrario, la última reforma que forma parte de la agenda del Pacto por México y de las famosas reformas estructurales más que educativa ha sido laboral.
Si bien en el 2010, el gobierno federal suscribió el Acuerdo de Cooperación México-OCDE, para mejorar la calidad de la educación, en el que asumió el compromiso de fortalecer el desarrollo profesional de los docentes.
La reforma enfatizó en el control meramente administrativo y laboral de la planta docente, por encima de los derechos de la educación y del desarrollo de habilidades y competencias.
Como se debe recordar, con motivo de esa Reforma Constitucional en Materia Educativa de 2013, las nuevas reglas establecidas en la fracción III, del artículo 3º la Ley General de Educación y la Nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, no sólo obligó a los maestros a un proceso de evaluación nacional, sino que en los hechos se aplicó una reforma laboral en el sector educativo.
A cuatro años de entrada en vigor de esta última reforma, la más relevante calificada por el propio Presidente de la República, no ha cumplido siquiera con los preceptos prometidos, justo porque no se alineó a un objetivo educativo.
El valor de esa reforma, el de la calidad, no ha permeado en los niveles educativos; la calidad de la educación no llega, según demuestran evaluaciones de aprendizaje de los alumnos en cuanto a la infraestructura de las escuelas, ni siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura que sirva para subsanar las necesidades de espacios, insumos y materiales necesarios para desarrollar la función educativa.
Y, finalmente, los profesores no han sido debidamente profesionalizados, con nuevos estándares y sufren porque la implementación se ha limitado a aplicar un Estatuto Laboral en ausencia de objetivos académicos.
Los resultados de la reforma no dependen solamente de nuestra palabra como legisladores, ahí están los resultados de la Auditoría Superior de la Federación de 2018, presentado el pasado 20 de febrero.
Las conclusiones son contundentes respecto de esta Reforma Educativa, dice: “A cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación”.
Bueno, pasemos ahora al objetivo de esta reforma, que es la Educación Media Superior.
Tenemos que reconocer un hecho fundamental. De acuerdo con la OCDE, el 22 % de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudian, ni trabajan, 7.5 millones de jóvenes excluidos de algún trabajo o del sistema educativo.
La Educación Media Superior, hay que reconocer, ha tenido avances importantes en su cobertura, según las cifras oficiales, llegamos al 86 %, con 5.7 millones de alumnos matriculados en la SEP.
Pero tenemos mucha deserción. Uno de cada cuatro alumnos abandona la Educación Media Superior en el primer año.
Esta deserción es tres veces mayor que secundaria y es el doble que Educación Superior.
Anualmente por lo menos 700 mil jóvenes abandonan la Educación Media Superior, más los que abandonan la Educación Secundaria, tenemos un millón al año de jóvenes que abandonan el sistema educativo, muchos de ellos para nunca regresar.
Y qué decir del bajo nivel educativo que muestran de desempeño. La Prueba Planea, dice que el 66 % de los alumnos están en el nivel más bajo.
Hay esfuerzos importantes, también hay que reconocerlo. El Probems otorga cerca de 731 mil becas y Prospera más de un millón 300 mil, pero tenemos siete millones y medio.
Es claramente insuficiente el esfuerzo que se está haciendo. Y lo que parece increíble, el desorden que tenemos en la Educación Media Superior, es porque en México la Educación Media Superior carece de un apartado especial en la Ley General de Educación y no se cuenta ni cercanamente con un Sistema Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos Educativos, como el que hoy estamos proponiendo en esta reforma.
Dirán ustedes. “Pues esto va a ser muy difícil de financiar”.
Pues fíjense que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México cuenta con alrededor de 120 mil millones de pesos en pérdidas de eficiencia en el gasto educativo. Es decir, claramente si tenemos un gasto más eficiente podemos financiar un Sistema Nacional de Becas.
Quiero mencionar una experiencia exitosa que se tuvo por parte de los gobiernos de izquierda en la Capital de la República, el Programa Prepa Sí, en la Ciudad de México.
Fue un esfuerzo de otorgar 215 mil becas a jóvenes en Educación Media Superior, logrando impactar de manera muy positiva la tasa de deserción a niveles por debajo del 4 %, según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional dentro del grupo de becarios.
Es posible entonces hacer una política pública a nivel nacional que tenga un impacto inmediato y contundente en que los jóvenes no abandonen el sistema educativo.
Por último, quiero resumir las 10 acciones que comprenderían estas reformas al artículo 3º constitucional, 5º, 25 y 31. Son 10 acciones concretas para hacer efectivo el Derecho a la Educación.
1.- Modificar el artículo 3º constitucional, para establecer con claridad que toda persona tiene derecho a recibir educación, acceder al conocimiento, a la libre enseñanza y al aprendizaje continuo en su comunidad, así como el desarrollo integral de su carácter y del sentido de su dignidad.
2.- Precisar y hacer explícito a quiénes corresponde el deber y la responsabilidad en la educación.
En primer lugar, a los padres y madres de familia, preferentemente el derecho y la obligación de educar a sus hijos.
En segundo lugar, la obligación y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la educación y proteger su ejercicio.
Y, finalmente, el deber de los maestros y la comunidad en general, de contribuir a su promoción.
3.- Reconocer en el artículo 3º constitucional, la atribución que deben tener los estados y municipios, incluida la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales de determinar los planes de estudio acordes con la composición pluricultural de nuestro país.
De manera que la Federación articule la coordinación de un Plan Nacional de Educación, con la opinión de los estados, municipios y demás comunidades educativas del país.
4.- Fortalecer el derecho humano a recibir educación, para lo cual se asegura que las personas puedan acceder y ante todo permanecer en las instituciones educativas Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior, evitando el abandono escolar.
Lo peor que le puede ocurrir a este país es que los jóvenes abandonen las escuelas.
Para ello se propone crear el Fondo Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos y, por otro lado, ampliar la cobertura también; es insuficiente para esta generación de jóvenes, pero hay que innovar en las vocaciones tecnológicas y fortalecer el empleo a nivel medio superior.
Por ello se propone crear el Instituto de Innovación Tecnológica y Educación para el Trabajo.
5.- Reformar el artículo 5º constitucional, relativo a las profesiones para reconocer el derecho humano no sólo a ejercer un profesión, sino también a un oficio técnico, profesional, que amerite ya sea título o bien un certificado emitido por una autoridad competente.
6.- Reformar el artículo 31 constitucional para establecer como obligación de los mexicanos fomentar y facilitar la educción para sus hijos e hijas y hacer que ellos o sus pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, así como hacer que los mexicanos acudan a recibir instrucción educativa, cívica, sostenible y militar para realizar actividades en comunidad.
7.- Reformar los artículos 3º y 25 constitucional para crear el Sistema Nacional de Estímulos, Becas y Apoyos Económicos, con carácter universal para todos los estudiantes de los niveles básicos de educación.
8.- En el mismo artículo 25, reconocer, por primer vez en el país, que la educación concurre de manera primordial para alcanzar el desarrollo nacional.
9.- Penúltimo. Reorganizar el contenido del artículo 73 constitucional para que se reformen la Ley General de Educación o se expida una nueva Ley General de Derecho a la Educción y se den facultades expresas al Congreso de la Unión para que se expida una Ley Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos Educativos y demás normatividad aplicable.
Y, por último, poner en marcha un programa emergente para ayudar y apoyar a nuestros dreamers que puedan recibir un beneficio desde su país para que continúen sus estudios.
Esa es la reforma que se propone a la Constitución para garantizar y fortalecer el ejercicio del derecho a la educación y establecer un Sistema Nacional de Apoyos, Becas y Estímulos que evite la deserción escolar en todos los niveles educativos.
Resumiendo, en una frase que era el lema del programa Prepa Sí, en la Ciudad de México: Más becario, menos sicarios.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Mario Delgado Carrillo.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos, Segunda; y de Educación.
El Senado de la República se congratula al tiempo de dar la más cordial bienvenida a la distinguida invitada del Senador Teófilo Torres Corzo, la señorita Carmen Chu del Valle.
Sea usted bienvenida señorita al Senado de la República.
Tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con los siguientes proyectos de decreto.
El que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Otro por el que se declara el día 28 de noviembre de cada año como Día Nacional del Sordo.
Otro que reforma la fracción VII, y se adicional la fracción VIII del artículo 19 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 2 de junio de cada año como el “Día Nacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”
Tenemos también dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de decreto.
El que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
Y el que adiciona un tercero párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Asimismo, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Y, por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de las Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos 142 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y en el monitor de sus escaños, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de derecho al turismo.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está a discusión en lo general.
No habiendo oradores registrados, consulto a la Asamblea si hay la disposición y la voluntad de alguna o algún Senador por reservar algún artículo.
Sonido en el escaño del Senador González Canto.
Quiere hacer uso de la tribuna el Senador González Canto.
El Senador Félix Arturo González Canto: Muchas gracias, con su permiso, Senador Presidente.
Como ustedes saben durante la presente administración el turismo ha presentado un crecimiento sostenido, y una tendencia muy favorable a la alza, y se ha venido consolidando como uno de los principales motores de la economía mexicana que aporta casi el 9 % del Producto Interno Bruto, siendo uno de los mayores empleadores de mujeres y jóvenes en nuestro país.
La Secretaría de Turismo Federal pronostica un crecimiento de aproximadamente 8.6 % en la llegada de turistas internacionales, lo cual se traduciría en 42.6 millones de visitantes. Esto, compañeras y compañeros Senadores en términos de ingreso se espera un incremento de más del 8 % por el turismo internacional. Con lo cual México estaría recibiendo más de 23 mil millones de pesos.
Asimismo, se estima un crecimiento de empleos formales en el sector al 3.3 %, el cual sería nuevamente superior al crecimiento promedio esperado a nivel nacional con la creación de más de 135 mil empleos.
Bajo estos pronósticos muy alentadores y con la finalidad de fortalecer la actividad turística como actividad económica importante para el desarrollo de México, es que las y los Senadores de las Comisiones de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a su consideración el día de hoy este dictamen que tiene como origen una minuta aprobada por la Cámara de Diputados, la que propone reformar la Ley General de Turismo, a fin de incorporar como objeto de la misma el promover el derecho al turismo.
La propuesta remitida por la Colegisladora, también propone definir el derecho al turismo como la posibilidad de acceso directo y personal de todo individuo al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, derivado, precisamente del derecho al descanso, el derecho al ocio, a la limitación razonable, de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas.
Desde hace algunas décadas, la Organización Mundial de Turismo, ha venido trabajando para reconocer el derecho al turismo como parte importante para el desarrollo de todo individuo, para que toda persona tenga acceso directo y personal a las riquezas culturales de nuestro país.
El derecho al turismo debe entenderse como una consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas que se garantizan en diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin duda con el reconocimiento del derecho al turismo, en la Ley General de Turismo se va a favorecer el que se sigan impulsando políticas y programas que atiendan al turismo social, el cual permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones.
En las comisiones dictaminadoras estamos convencidos de que reconocer el derecho al turismo fomentará y facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes, de los estudiantes y de las personas mayores, generando inclusión y fortaleciendo el desarrollo del sector turístico.
El turismo es de las grandes industrias que contribuye de forma significativa al desarrollo de México, el sector turístico tiene un enorme potencial de contribuir cada vez más al desarrollo económico de México y genera gran impacto social, principalmente en el ámbito laboral, con 9 millones de empleos directos e indirectos.
Por la importancia del sector turístico en el desarrollo social y económico de nuestro país, es que comparto el sentir de la Colegisladora de reconocer el derecho al turismo y los invito a votar a favor del presente dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchísimas gracias, señor Senador González Canto.
Ha solicitado el uso de la tribuna el Senador Fernando Mayans Canabal.
Y antes de que inicie, señor Senador, le solicito que me permita hacer del conocimiento de la Asamblea, que el Senado de la República, la Mesa Directiva y esta Presidencia se congratula en felicitarlo calurosamente, en virtud de que hoy es el día de su onomástico.
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Muchas gracias, Presidente.
Le agradezco la distinción a la Mesa Directiva y a todos mis compañeros y compañeras Senadoras y Senadores.
“Al pueblo de México y a todos y cada uno de ustedes”
Bueno, quiero decir que respeto y reconozco la labor que hace el Senador Félix Canto, de Quintana Roo, por impulsar el turismo en México, sin embargo…
¿Y dónde está Félix? Allá.
Y sé el esfuerzo, el esfuerzo que como ex gobernador estando allá hizo por promover el turismo en el estado de Quintana Roo, que es el principal estado de turismo que tenemos en nuestro país.
Sin embargo sí tengo que decirles, compañeras y compañeros Senadores, que el tener el derecho al turismo, pues no necesita estar implícito en la ley, porque todos los ciudadanos mexicanos en la Constitución de nuestro país, la Carta Magna, pues nos da ese derecho de libertad.
Lo que sucede es que con la condición económica que tenemos, con los salarios raquíticos, donde no se puede economizar, porque, o se come o se va uno a turistear. Primero se come.
Entonces por eso es que los salarios mínimos, la desigualdad social es lo que impide que los mexicanos puedan salir y conocer nuestra querida y maravillosa República Mexicana.
Sin embargo, este Senado de la República, a través de un servidor, hemos presentado iniciativas para facilitar y fomentar el turismo, que lamento profundamente hoy que el Senado no lo esté considerando en la Comisión de Turismo.
Y les recuerdo que hablo de la iniciativa del Pasaporte Embajador Ciudadano, donde da estímulos, promoción al turismo para que cada uno de nosotros los mexicanos podamos viajar y conocer las maravillas de México, el turismo de los pueblos mágicos, además de conocer la sonrisa de los mexicanos, su gastronomía.
Y esta iniciativa está aquí durmiendo el sueño de los justos, no se ha analizado, no se ha discutido, en donde sendas reuniones que hemos tenido, y que lo he comentado con el Secretario de Turismo, es una vía fácil para que todos los mexicanos puedan recorrer el país.
Entonces, yo les pido, ojalá Senador Félix Canto, el Pasaporte Embajador Ciudadano, por lo menos en el Senado de la República, o a la brevedad, pudiera ser aprobado, está platicado y acordado con el Secretario de Turismo, y poder echarlo a andar para ver si la Cámara de Diputados también coincide con este mecanismo legislativo para poder permitirle a los mexicanos, principalmente a los llamados recursos, que conozcan nuestras tierras.
Yo sé que muchos de ustedes y mucha gente hablan de que conoce Francia, conoce Alemania, se van a cada rato a Miami, a Nueva York, pero el pueblo de México, el obrero, el campesino, no puede, no hay dinero, estamos muy pobres.
Entonces, con este Pasaporte Embajador Ciudadano va a fomentar que cada uno de ellos pueda visitar Chichen Itzá, Uxmal, mundo maya, visitar Mazatlán, Vallarta, Chihuahua.
En fin, entonces, mi voto, obviamente si se trata de derechos de que los mexicanos puedan tener el derecho al turismo, que ya lo tenemos implícito en la Constitución.
Bueno, mi voto será a favor, pero sí pongo el dedo en la llaga, de que tenemos que aprobar el Pasaporte Embajador Ciudadano. Donde van a irle dando puntos, por cada estado de la República va a asignar sus lugares de visita en donde cualquiera puede obtener los sellos en ese Pasaporte Embajador Ciudadano que es gratuito y poder ir acumulando puntos en descuentos, en líneas aéreas, en hotelería, en transporte terrestre, en restaurantes, para que también ellos tengan el derecho de conocer la gastronomía mexicana.
Ojalá y el Senado apoye esto.
Y yo les agradezco mucho.
Y un saludo cordial al pueblo de México.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.
En virtud de no haber más oradores registrados, de no haberse hecho ninguna reserva al presente dictamen, informo a la Asamblea que se reserva para su votación nominal después de la discusión de los siguientes dictámenes.
El Senado de la República también se congratula y expresa la más cálida bienvenida a las distinguidas personalidades invitadas por el Senador Jorge Aréchiga.
Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Senado de la República.
Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, relativo a incremento de penas.
Hace uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
Esta minuta que viene de la Cámara de Diputados está reformando diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, donde esté elevando la sanción de privación de libertad de 15 a 20 años, y también la multa, cuando se trate de este delito.
Está la parte medular de la minuta, tiene que ver principalmente con la elevación de, insisto, el delito de 15 años a 20 años, y hasta 30.
Y el otro, aunque sube también las multas, hace los cambios de salarios mínimos a unidades de medida y actualización vigente, lo cual me parece que es muy pertinente, porque hay una actualización que es necesario ir modificando en las diversas leyes que siguen utilizando el precepto de salarios mínimos.
¿Qué es lo que está detrás de esta minuta?
Bueno, en primer lugar, una situación grave en el país que cuando menos tiene diez años de gran impacto que evidencia cómo las autoridades han sido incapaces de poder detener, de poder controlar, de poder prevenir y también de poder sancionar este delito.
La discusión no es si es grave o no es grave, ya la propia ley establece que es grave, puesto que es un delito que cuando menos está. La pena mínima sería de 15 años, hoy la elevan 5 años más, pero lo que nos parece realmente importante discutir es ayudamos en el Congreso cuando revisamos esas sanciones privativas de libertad elevando los años de privación de libertad a que efectivamente se castigue el delito.
Me viene la reflexión, por ejemplo, en el caso del secuestro donde también elevamos a 160 años con los agravantes, porque había que ir contundentemente contra el delito de secuestro, y a la luz de esa decisión de populismo jurídico que se tomó aquí ya se tiene control del secuestro, ¿ya tenemos un avance en cuanto a la prevención de este grave delito?
Es subiendo, por lo tanto, las penalidades como vamos a poder lograr resolver detener la situación terrible que tenemos en el caso de lo que se conoce comúnmente como el huachicolero.
Miren, 2004, habían 102 tomas identificadas por las autoridades.
Al 2009, de 102 tomas, subió a 462.
2010, 691.
Es decir, seis años después de haber tenido identificadas 102, subió a 691 tomas reconocidas formalmente.
En 2011, mil 361 tomas.
2012, mil 635 tomas.
2013, 2 mil 613.
2014, 4 mil 219 tomas.
Este problema no se va a resolver si elevamos cinco o diez años más.
El problema no es ese, el problema es que las autoridades son incapaces, son omisas y habrá que ver si también están vinculadas con comisión de delito.
De tal manera, que aun cuando el dictamen en la Comisión de Justicia lo votamos a favor, compartimos las preocupaciones vertidas en la Cámara de Diputados por nuestras compañeras y compañeros. Allá nos abstuvimos una parte importante del grupo parlamentario, porque creemos que no es la salida.
Sin embargo, se trata de un asunto que tiene que resolverse de otra manera, debe ser un trato más integral de la problemática socioeconómica de cada una de estas regiones, y por lo tanto, vamos a apoyar este dictamen, pero sí queremos enfatizar que las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad.
La crisis del robo del petróleo, de la gasolina y el diésel, a través de la gasolina y el diésel, es espeluznante en este país, es incontrolable en este país.
Estamos ante una apología del delito permanente en todas las zonas, en donde están estas tomas clandestinas, y hay que ir a fondo del problema.
Aun así vamos a acompañar el dictamen.
Pero era importante dejar constancia de que hasta ahora ha habido simulación en la persecución de este delito.
Corresponde ahora el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
En uso de la voz el Senador Manuel Bartlett Díaz.
Este dictamen es una simulación más, una vergonzosa simulación. Subir las penas, ¿no?
Ya analizamos, hace tiempo, cuando se aprobó la primera parte de esta ley, que no sirve para nada, ya están las penas, y viene empujada esta iniciativa de penalidades, viene empujada por los intereses extranjeras de las empresas trasnacionales petroleras, gaseras y quieren que las penas, por cualquier acción que no les guste o reacción de algún grupo social, las penas son muy grandes.
Ya metieron el terrorismo en el aspecto de hidrocarburos, cuando no hemos tenido nunca terrorismo. Es para favorecer intereses extranjeros.
Y ahora vamos a subir las penas, ¿no? Vamos a subir las penas, cuando llevamos seis años, casi seis años de un robo creciente, como aquí ya se dieron las cifras, y no resuelven nada.
¿Y por qué no se resuelve nada? Pues, no se resuelve nada, porque el gobierno, autoridades, funcionarios de Pemex están coludidos en el robo, de la ordeña de los ductos, es evidente.
Desde el inicio del sexenio, Peña Nieto nombró a un militar de su confianza para que se ocupara de vigilar los ductos y que no hubiera este robo. Desde el principio, desde el principio del sexenio, un militar de la confianza de Peña Nieto, le dieron helicópteros y aviones para poder sobrevolar. Muy pronto se los quitaron, los usaron para otro tipo de funciones sociales del gobierno de la República.
En consecuencia mientras no haya un acción realmente, realmente hacia quienes son los responsables, que son las autoridades y los que están vigilando, esta es una mentira y una farsa, que con eso ya va a decir el gobierno de Peña Nieto que sí. Qué barbaridad, está tomando medidas estrictas para que no haya robo de hidrocarburos.
Miren, un ejemplo, ahí veo que en la Cámara de Diputados, un Diputado, un Diputado del Verde, no sé de dónde sea, pero de Moreno Valle, participa ahí diciendo que hay que subir las penas, y es uno de los que aparecen en la minuta.
Y ese señor fue uno de los brazos, o el brazo derecho del fraude electoral y de mil cosas de Moreno Valle.
El huachicol, en Puebla, fue tolerado y, por tanto, con el claro señalamiento de participación por el gobierno de Moreno Valle, fue descarado y sigue siendo, cómo en las carreteras de Puebla están viendo el huachicol con la complacencia de todos los vigilantes.
Las gasolineras clandestinas, en barracas, aquí y allá, ¿verdad?
El Secretario de Seguridad Pública de Moreno Valle fue perseguido por estar participando, el Secretario de Seguridad, y no pasó nada. O sea, el gobierno de Moreno Valle, en Puebla, y me consta, yo lo vi, y lo hemos denunciado aquí, fue partícipe del brutal crecimiento que hubo en Puebla de la ordeña de los ductos.
Y ahora nos vienen a decir: “Que vamos a subir las penas para que esto se resuelva”.
Las penas son para atacar a los campesinos que se rebelan contra los daños que les hacen Pemex y las trasnacionales y los grupos, ellos son los que van a pagar las enormes penas.
Y el señor Diputado poblano que está allá, que fue socio y compañero de Moreno Valle, que participó en esa descarada protección al huachicol, ese es Diputado Federal, y las penas se las van a aplicar a los campesinos que protesten, ¿verdad? O los van a señalar como terroristas para proteger los intereses extranjeros, porque toda la industria de hidrocarburos ya está siendo entregada, ya están apareciendo todas las empresas que se están apoderando la industria petrolera mexicana.
Entonces, esto es una burla, y hay que señalarlo.
Que vayan por el Diputado ese, que vayan por Moreno Valle, que revisen cómo ha estado el señor militar que le encargó Peña Nieto personalmente, por de su confianza, que vigilara los ductos.
Es, obviamente, esta explotación de los ductos y del robo que se da brutal de miles de millones, está complicado, está participando el gobierno de la República, Pemex. Y no investiga nada.
Ahora sí, enérgicamente vamos, así como el Verde me extraña que hoy no pida, como ha pedido prisión perpetua y fusilamiento, es una farsa, los responsables del robo de los hidrocarburos están en Pemex, están en el gobierno de la República, están los gobiernos de los estados que han estado asociados con este atraco a los intereses de la nación.
Yo le diría a mis compañeros priístas que ya no sigan haciendo tonterías, que no sigan participando en la simulación y tapando a los gobernadores sinvergüenzas, y a Pemex autorizándoles estas patrañas, que los únicos que la van a sufrir las penas son los pobres campesinos y los despojados, de acuerdo con las leyes que se establecieron en la reforma energética.
No, hay que ir por las altas autoridades, el robo de hidrocarburos está en el gobierno de la República y en los gobiernos de los estados.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador Manuel Bartlett Díaz.
Senador Pozos Lanz, en uso de la tribuna.
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con el permiso de la Presidencia.
El robo de hidrocarburos se ha convertido en un problema de seguridad nacional, el número de tomas clandestinas se incrementa día con día a lo largo de nuestro territorio con un impacto adverso para la economía y las finanzas públicas, así como para la seguridad de las comunidades y de las familias.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el robo de combustible en México en los últimos diez años pasó de estar bajo el control de bandas locales a bandas de narcotraficantes convirtiéndose en su segunda fuente de financiamiento después de la venta de estupefacientes.
Para dimensionar la magnitud de este asunto basta señalar, durante el período comprendido del 2009 al 2016, el Estado mexicano ha acumulado pérdidas en sus finanzas públicas por más de 159 mil 957 millones de pesos por el combustible perdido, cifra equivalente a lo que la Secretaría de Educación Pública destinó a investigación científica en el mismo lapso.
En lo que va del 2018, los grupos delictivos siguen sustrayendo el combustible de todos los mexicanos, que no se refleja en recursos que son indispensables para el país al momento de implementar programas sociales, proyectos de infraestructura y de salud principalmente.
Guanajuato sigue siendo la entidad con mayor número de tomas clandestinas, a nivel nacional; seguida por Puebla, Tamaulipas y por Hidalgo.
El robo de combustible afecta directamente a Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, de todos los mexicanos, de dos maneras: la primera es la pérdida del combustible sustraído y la segunda son los costos generados por la reparación de los ductos dañados para la ordeña del mismo, lo que afecta directamente a las finanzas de esta empresa.
La actual Legislatura ya ha abordado este problema al aprobar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, pero sabemos que toda ley es perfectible, razón por la cual hay que modificarla, de ahí la pertinencia de este dictamen, cuyo objeto es desincentivar de manera inmediata esta actividad ilícita, plantea modificar diversos artículos de la citada ley, a fin de incrementar la punibilidad de este delito pasando de 10 a 18 años de prisión y multa de 10 mil a 18 mil días de salario mínimo vigente, como se encuentra estipulado actualmente, y a una pena mayor de 12 a 20 años y una multa de 12 mil a 20 mil salarios, veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente.
Con esto se busca disminuir la incidencia de dicho delito y actualizar el marco jurídico con la desindexación del salario mínimo por la unidad de medida y actualización.
En el grupo parlamentario del PRI seguiremos impulsando las medidas legislativas que sean de beneficio para nuestro país.
Acorde a nuestro compromiso, adquirido con los mexicanos, es la aprobación de la Reforma Energética.
También votaremos a favor, de este presente dictamen, convencidos de que será un mecanismo que desincentive a las bandas de criminales para seguir realizando esta actividad ilícita.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal.
El Senador Mayan Canabal posicionará en contra del dictamen.
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras, compañeros Senadores:
Y en especial a la zona petrolera de Veracruz, Tabasco, Campeche y el norte de Chiapas.
El Senado de la República está viviendo en Alicia en el país de las maravillas, ¿y por qué?
Porque piensan, creen, están convencidos de que haciendo leyes y más leyes, y aumentando las penas y más penas, que lo único que da es pena, vergüenza.
¿Se va a acabar el robo de las gasolinas? No, aquí no nos estamos chupando el dedo.
Hay, y yo se los recuerdo a ustedes, hay huachicoleros de arribas y huachicoleros de abajo, pero lo más importante son los de arriba.
Cómo es posible que los gobernadores no estén informados, claro que lo están, pero son parte del negocio.
Un gobernador debe de tener el control de su estado, de su territorio, saber qué pasa en cada centímetro de su territorio, por supuesto que están informados, pero son parte del negocio.
Así también hay que puntualizar que todos aquellos que importan gasolina de parte de esta mafia que se dedica a extraer la gasolina en los ductos, pues son cómplices, hay complicidad, y esto no se va a resolver con más leyes, compañeros.
La corrupción, hay que dar el ejemplo de arriba abajo, y además hay que acabar con la impunidad y meter a la cárcel a esta gente, no a los que están a orilla de carretera con sus envases vendiéndole la gasolina a los tráileros y a los automovilistas, porque además es un tema de educación y de cultura.
Ustedes van por Veracruz, allá en La Tinaja, Tabasco, Campeche y ven a orilla de carretera que le están vendiendo el jugo de piña, ahí en La Tinaja, y le venden los garrafones de gasolina robada, y a medio kilómetro está la Policía Federal.
¿Qué no se dan cuenta, qué no informan?
Claro que sí saben, pero repito, el negocio, la corrupción, el aumentar las penas nada da más da más pena al Legislativo que no le hacen caso y no respetan las leyes, porque a éste país nos lastima el cáncer de la impunidad, compañeros.
Vamos a legislar cosas serias, importantes y hacer que se cumplan las leyes. Aquí hemos hecho muchas leyes que se la pasan por donde no les da el sol. ¿Qué no se dan cuenta?
No se dan cuenta porque todos los días están en el WhatsApp, en el celular, ahí están. Se pierde tiempo en eso.
¿Cuánto ha gastado Petróleos Mexicanos en equipos tácticos para rastrear el robo de la gasolina y estar pendiente de la supervisión de los ductos de Petróleos Mexicanos?
Aquí hay que aclarar que hay dos guías de “huachicoleros”, y no es de ahorita, de hace tres años que se ha incrementado, no. Antes se vendía el petróleo y el gobierno o los malos políticos, los malos gobernantes se robaban el dinero del petróleo para intereses propios, haciendo negocio.
Si no México es el único país hoy, que el tema de Odebrecht está pendiente y no hay ni uno en la cárcel, ni uno, cuando les dieron 10.5 millones de dólares. Esos son los “huachicoleros” de arriba.
Y, bueno, estas cuadrillas donde el pobre campesino con el estómago vacío no le queda otra que ir a vender la gasolina que le entregan las mafias en el poder.
Por eso, si no actuamos contra los gobernadores, contra los funcionarios de Petróleos Mexicanos que deben y estoy seguro que están informados, que dicen han invertido para inspeccionar los ductos de Petróleos Mexicanos, ellos se hacen de la vista gorda con tal de que por abajo de la mesa y encima les llevan la lana, el dinero de la corrupción.
Este es un tema de corrupción, compañeros, que tampoco se va a acabar con más leyes anticorrupción. Llevamos siete leyes anticorrupción y no sirven para nada.
¡Para un carajo sirven las leyes anticorrupción!
Y es el cáncer que está acabando con nuestro país.
Así que, por favor, vamos a legislar cosas serias y dejen de estar inventando estas cositas que no nos ayudan, ni sirven para nada.
El Presidente Senador César Octavio Pedraza Gaitán: Muchas gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.
Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
En uso de la tribuna la Senadora Lucero Saldaña Pérez.
La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Gracias, Presidente.
Yo nací en Puebla, he vivido siempre en Puebla, es mi casa.
No voy sólo a hacer campaña, no voy sólo a dar declaraciones, sino que es mi casa y por eso sí exhorto a este Senado a votar a favor, porque es una de las medidas de las varias iniciativas que tenemos que aprobar.
Aquí he venido a esta tribuna a presentar desde reforma constitucional, para que sea considerado delito grave, para que tenga prisión preventiva oficiosa, para que haya más penas cuando se utilicen a menores de edad, los llamados “Halcones” en este tipo de delitos.
Hemos venido también a presentar iniciativas que tienen que ver con el impacto hacia la tierra y el medio ambiente debido a estas derramas.
Sí, es un tema de seguridad, es un tema de medio ambiente, de protección civil, es un tema económico, es un tema que tiene que ver con un tejido social que se ha desquebrajado en una cultura llamada “huachicolera”. Una cultura que hoy está tentando a familias, que la salud también está impactando negativamente.
Hay que verlo de manera integral, pero si estamos escatimando que porque elevar penas no desincentivan la ejecución del delito, las penas realmente lo que tendríamos hoy, además, es que también se sancionen si son servidores públicos. Y si hay autoridades de cualquier nivel que estén coludidos, pues también estarían afectados.
El sector energético es de lo más importante en nuestro país y en estos últimos años, efectivamente, se han incrementado exponencialmente en Guanajuato, en Puebla, Querétaro, Tamaulipas, y nos estamos disputando primeros lugares desafortunadamente en esto del robo de combustible.
Por eso es importante aquella Reforma Energética que aquí se aprueba, que aquí nace, para generar competencia, para generar esta apertura y sustentabilidad, en donde queremos, no en automático, que los precios sean los mejores, los más adecuados a la realidad.
Este modelo en los primeros años de su implementación se ha traducido en inversiones precedentes superiores a 80 mil millones de dólares; generación de empleos de calidad y la apertura de nuevos proyectos de aguas someras, profundas y ultraprofundas y cada vez más hacia proyectos libres de contaminación limpios.
No obstante, existen plenamente identificados estos problemas y tenemos que dar varias alternativas de solución.
Esta no es la única, efectivamente, pero no podemos tacharla por su incremento sostenido en estos estados, pero también sabemos que la pérdida diaria de Petróleos Mexicanos, al menos 54 millones de pesos por el robo de hidrocarburos, dos mil 274 perforaciones clandestinas, lo que representa un incremento de enero y febrero de este año de un 38 % en relación al bimestre del año anterior.
24 entidades federativas del país han dejado pérdidas superiores a los 159 mil 967 millones de pesos.
O sea, sí nos compete a todos y sí requerimos que esta iniciativa que hoy se pone como minuta a nuestra consideración, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión y multas de siete mil a 12 mil, según el valor de la unidad de medida y actualización vigente y que contempla sanciones a servidores públicos, con esta propuesta podemos decir que hay una intención de que el Pode Judicial también tenga herramientas.
Pero entendemos la complejidad y no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Debemos, compañeras y compañeros, tomar muy en cuenta que por Seguridad Nacional y por seguridad de la sociedad, requerimos de seguir con una creatividad, con la unidad en torno a este tipo de problemas que están afectando familias enteras, sociedades enteras, estados, regiones y esperemos que no sea el país entero.
El Presidente Senador César Octavio Pedraza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lucero Saldaña Pérez.
Corresponde el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias. Con su venia, compañero Presidente.
Este tema que estamos tratando en este momento de elevar las penas hacia los que roban combustibles, mejor conocidos como los huachicoleros, pues es un asunto en el cual, como se diría vulgarmente, que si ataco a los huachicoleros, equivaldría a matar el perro, sin combatir la rabia.
Es decir, son los huachicoleros por sí el origen del problema o desde Petróleos Mexicanos se está solapando a los huachicoleros. Esto es algo que se tiene que revisar de manera profunda.
Los huachicoleros no actúan por sí solos, actúan por mandato, y es ahí donde no se quieren meter. Es decir, vamos a sancionar a la parte final de quien opera, pero vamos a dejar sin revisar a quienes verdaderamente originan el problema.
Existen evidencias claras, videograbaciones de personas que están ordeñando los ductos, y que los empleados de Petróleos Mexicanos no hacen ni dicen absolutamente nada, es decir, se hacen los occisos, y si un empleado de bajo nivel se hace el occiso, es porque tiene la instrucción de un jefe que le está pidiendo que no diga ni haga nada.
Es una red de complicidades, que yo no dudaría ni tantito, que habría que investigar desde el Director de Petróleos Mexicanos para abajo, a ver, quiénes son los que están protegiendo a los huachicoleros.
Por eso no podemos votar a favor de este dictamen; incrementar las penas y las sanciones económicas no inhibe, porque el problema no va a acabarse, y no va a acabarse porque está siendo motivado, está siendo solapado desde las más altas esferas de Petróleos Mexicanos, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, y los que llegan a caer con la PGR, revisemos de todos los que han caído, cuántos están ya sentenciados.
La PGR es de las procuradurías del mundo más ineficiente, solamente recibe querellas, recibe denuncias, pero no les da seguimiento.
Por eso, pretender que solamente con el incremento de las penas tanto corporales como económicas se va a terminar con el problema del robo de combustibles, es una falacia el pretender tapar el sol con un dedo, es querer engañar al pueblo de México, todos escuchamos el clamor del pueblo, la justicia se compra y se vende.
¿Cuándo vamos a acabar con este estigma?
Bueno, el día, el día que se aplique la máxima de Cesare Beccaria, que dice: “No es el monto de la pena lo que inhibe el delito, sino la certeza del castigo”
Compañeras, compañeros, si realmente queremos acabar con este problema, se debe hacer una investigación a fondo, caiga quien caiga. El país está cansado de la corrupción que efectivamente es un cáncer que está lastimando a todos, y es obligación de este Senado.
Y con esto concluyo, señor Presidente. Exigir una investigación a fondo al margen del cargo que ostenten los que se presuma que están involucrados.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
Corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna Luna, del Partido del Trabajo para hablar en contra del dictamen.
En uso de la voz la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidente.
Tampoco podemos negar que los delitos en materia de hidrocarburos se replican a lo largo y a lo ancho del país, sin que la Procuraduría General de la República pueda actuar de manera diligente y efectiva para sancionarlos, y sin que la propia empresa Pemex haya podido establecer mecanismos electrónicos o tecnológicos de monitoreo y supervisión de sus redes de distribución para evitarlos, y mucho menos ha actuado para sancionar a quienes permiten hacerlo dentro de la empresa.
Sin embargo, y partiendo de la base de que reconocemos que este tipo de delitos son un problema social, no podemos simplemente apostar por una reforma legal que aumenta las penas y que aumenta las multas económicas para quienes cometen este tipo de delitos, pero que no atiende ni entiendo que el robo de hidrocarburos y toda la cadena de delitos relacionados con éste, y con otros hechos delictivos no se van a evitar con simplemente en el papel poner penas más altas o multas exorbitantes.
El dictamen que se somete a votación y por el cual nos debemos pronunciar en contra, tiene varios aspectos de técnica penal que me permiten decir que quienes elaboraron este dictamen debieron haberlo pasado al menos a algún abogado, a alguna abogada que les impidiera cometer errores graves que se desprenden del dictamen.
Primero, hay una confusión entre dos teorías, la del populismo penal, aparejado al derecho penal del enemigo, han sido dos corrientes doctrinales del derecho penal que han sido rebasadas a lo largo de mucho tiempo, y la dinámica actual a nivel internacional mediante el cual se desprende sancionar los hechos y conductas que se describen como delitos en las legislaciones penales, el aumento exorbitante de las penas privativas de la libertad, no nos va a conducir en los hechos a la reducción de los delitos.
Los hechos demuestran que de nada ha valido que por ejemplo en el delito de secuestro, que han aumentado las penas a 70 a 90 años. Los hechos nos demuestran que de nada ha valido que se tengan estas penas de 70, 90 años de cárcel para los secuestradores si al margen de impunidad de ese delito es del 97 %, o sea, que aunque en el papel las penas son de 90 años, la impunidad es del 97 %.
Y lo mismo ha venido ocurriendo con el delito de robo de hidrocarburos, porque ocurre en muchos municipios, en muchos lugares a la luz y con la presencia de las propias autoridades que deberían de penalizarlo, de sancionarlo.
Segundo, resulta preocupante que al momento de elaborar el presente dictamen, ninguna de las personas que participaron en su elaboración se hubiesen asesorado de una persona que supiera derecho penal en criterios de sanciones y de definición de márgenes, de punibilidad, tanto de aquellas personas que participan en forma directa en la comisión de delitos como de aquellas que lo hacen de una manera indirecta o de diversas maneras.
Es decir, al aumentar las penas contenidas en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de hidrocarburos que se contiene en este dictamen. En algunos incisos, se aumenta la pena en 50 % en la pena máxima, mientras que para la pena mínima se impone un aumento de 100 %, en otros se aumenta 50 % y en la mínima es de 25 %, algunas es la máxima 25 %, o peor aún, como ocurre en la fracción I del artículo 12, que impone una pena máxima, pero no estable ninguna mínima.
Es decir, se aumenta la máxima de 3 a 5 años, pero no se establece ninguna pena mínima, aumentar estas penas como una reacción frente al aumento de este delito sin atender los principios constitucionales de proporcionalidad y legalidad, convierte al dictamen en una arenga más de populismo penal y no en una verdadera acción legislativa para inhibir este tipo de delitos.
Para concluir, me parece importante también señalar otro error de los márgenes de punibilidad en el que está incurriendo este dictamen y que de nueva cuenta vuelve poco serio el pretender aprobarlo en los términos en que nos es presentado, ya que amerita un estudio de especialistas mucho más detallado que corrija varios vicios que presenta.
Por ejemplo, en el párrafo segundo del artículo 15 de la ley, que reformar la pena en dos años, tanto para la mínima como para la máxima a quien, con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito, objeto de la presente ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.
No se puede imponer el mismo margen de punibilidad a quien actúe por omisión que a quien actúa por acción, tampoco se puede imponer el mismo margen de punibilidad a quien simplemente tenga conocimiento del hecho y omita a hacer la denuncia correspondiente sin que hubiere tenido ningún nivel de participación en la comisión del hecho delictivo.
Las sanciones en materia penal tienen que ser razonadas, proporcionales y cumplir con el principio de taxatividad o de exacta aplicación, no podemos aprobar un dictamen que sanciona igual al que comete el delito que a quien no comete el delito.
Por estas razones, nuestro voto es en contra y solicito que este dictamen se vuelva a revisar para que se corrijan los errores que contiene.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.
Hace uso de la tribuna la Senadora Adriana Loaiza Garzón, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Adriana Loaiza Garzón: Con su venia, señor Presidente.
El día de hoy vengo a hablar a favor del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia; Seguridad Pública; y Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara de Senadores.
Respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
En primer término, el dictamen elaborado, con motivo de la minuta, propone reemplazar el concepto salario mínimo y reemplazar por la Unidad de Medida y Actualización en los tipos penales contenidos en el título segundo de la ley.
Esto, desde luego en lo relativo a la sanción pecuniaria que se impone con la comisión de los delitos que este título contiene.
Al respecto, la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 27 de enero del 2016.
A partir de esta reforma, el salario mínimo fue desplazado como base o referencia en la fijación de cantidades que sean ajenas a su propia naturaleza.
Ahora, la medida y actualización servirán para ese propósito, especialmente en la determinación de los montos a pagar por obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.
Precisamente, el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, establece que las sanciones pecuniarias previstas en este ordenamiento, deberán adecuarse a la Unidad de Medida y Actualización, equivalente que por ley se prevea en el sistema penal mexicano.
De esta forma, se cumple con dicho mandato y se ajustan los elementos cuantificadores de las sanciones.
Por otra parte, la minuta dictaminada fue el resultado de diversas iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Diputados con el objetivo de aumentar la punibilidad asignada a los tipos penales previstos en esta ley.
Esto derivado de la alta incidencia de este tipo de conductas, situaciones que han puesto en riesgo a los ciudadanos de nuestro país, ante el gran peligro que implica el manejo de hidrocarburos, inclusive, debe señalarse por encontrarse estrechamente ligadas con las actividades de la delincuencia organizada.
Por ello, a través de este instrumento normativo, se protegerá un sector importante para las finanzas públicas, además de la seguridad de los ciudadanos.
En esta línea debemos entender que es necesario un tratamiento especial en materia de seguridad energética.
Desgraciadamente las medidas que se han tomado no han sido suficientes para inhibir la extracción ilícita de hidrocarburos.
Las consecuencias de este tipo de delitos impactan en distintos ámbitos y las hemos presenciado; por un lado, representar un riesgo para la integridad de las personas; por otro lado, repercuten en nuestro medio ambiente.
Las afectaciones en distintas regiones en nuestro país han sido palpables.
Las elevaciones de costos de los combustibles y el desabasto, son muestra de ello, inclusive, basta mencionar que de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez, el robo de hidrocarburos en México ha ocasionado pérdidas económicas superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía, e incluso ha sido mayor el presupuesto que recibe anualmente la Cámara de Diputados.
Aunado a lo anterior, la sustracción ilícita de hidrocarburos implica toda una red de organizaciones del crimen organizado dedicadas a la sustracción, transporte, abastecimiento y venta, por no señalar las competencias de plaza.
Por estas razones, después de un análisis profundo, se consideró, desde la Cámara de Diputados, prudente el aumento de punibilidad en los tipos penales en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, contenidos en el título segundo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Al respecto debemos precisar que en materia penal, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador democrático tiene un amplio margen de apreciación para diseñar el rumbo de la política criminal, esto es que goza de una considerable margen de acción para elegir los bienes jurídicos tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales de cada momento y lugar.
En este sentido, corresponde al Congreso de la Unión el diseño y confección de los delitos federales como un ejercicio de política criminal legítimo.
Ahora bien, dicha protestad no es limitada, sino que se encuentra regulada y sujeta a la ley fundamental.
En efecto, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de proporcionalidad de las penas que propone la exigencia de que exista una adecuación entre la gravedad del delito y la sanción.
En este orden de ideas en la Comisión de Justicia de este Senado de la República, se llevó a cabo un examen de proporcionalidad sobre las medidas penales a instaurar.
En este caso debe partirse de la premisa de que los incrementos referidos van de los dos a los cinco años de prisión. Asimismo, en la mayoría de los supuestos el cambio en las sanciones pecuniarias asciende a dos mil unidades, tanto en sus límites mínimos como en sus límites máximos.
Como primer paso se analizó si la medida es idónea para alcanzar la prevención del delito y la protección de las personas.
La idoneidad se traduce en el caso en un criterio negativo orientado exclusivamente a censurar las medidas que sean manifestantes inadecuadas para alcanzar los fines inmediatos y mediatos de la intervención penal.
Luego se concluyó que el aumento de las penas favorecerá la disminución en incidencia de estos delitos, premisa que como lo han señalado la Suprema Corte debe asumirse como suficiente para acreditar el requisito de idoneidad.
En un segundo nivel, el aumento de penas resulta necesario, lo anterior implica contrario al censo, que el sacrificio que conlleve la medida no sea manifestantemente innecesario. En este sentido al no existir evidencia que desmienta la mayor idoneidad preventiva de este aumento de pena debe prevalecer la constitucionalidad de la medida, es decir, no resulta manifestante y necesaria.
En una tercera valoración debe examinarse si el aumento de pena es estrictamente proporcional, lo anterior implica una ponderación entre los beneficios que pueden esperarse en la protección penal del bien jurídico y los costos derivados de la sanción penal desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados por esta. En este caso la medida implicaría mayor prevención asociadas, precisamente el aumento de las penas para los delitos que se estudia en virtud de la función de prevención general que se atribuye a la norma penal.
En este mismo contexto debe tenerse en cuenta que implicarán también un beneficio en la protección eficaz de la seguridad de las personas, ya que estos delitos implican exponer a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias.
Además, desde luego y como ya se señaló, estas actividades están frecuentemente relacionadas con la delincuencia organizada. En cambio, la intervención penal no tendría una afectación mayúscula a la libertad del sentenciado, toda vez que los aumentos a las penas ya existentes no rebasan cinco años adicionales de prisión, así como tampoco representan un incremento mayúsculo a las sanciones económicas derivadas de la comisión de estas conductas.
De esta forma, a partir del amplio margen de apreciación del que goza el legislador democrático, y una vez verificado el balance entre los beneficios y los costos de la intervención penal, estas comisiones han estimado proporcional el aumento de punibilidad contenido en la minuta, particularmente ante la importancia de los bienes protegidos y en virtud de que estos delitos constituyen un problema social, cuya prevención resulta prioritaria para la sociedad.
Por lo anterior, hemos considerado que el aumento de penas en estos casos se encuentra dentro de los límites que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, especialmente por el alto índice en su comisión, sin que esto implique que estas deban ser las únicas medidas que deban de adoptarse.
Por ello, será necesario, compañeros y compañeras, trabajar junto por México, por la prevención y por la seguridad de sus ciudadanos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchísimas gracias, Senadora Adriana Loaiza Garzón.
En virtud de no haber más oradores registrados en lo general, informo a esta soberanía que la Mesa Directiva no recibió solicitudes para reservar artículos para su discusión en lo particular.
En consecuencia, se reserva el dictamen para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, separada de los demás dictámenes.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de supresión del tipo penal.
Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se ha inscrito la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
El sentido de esta iniciativa tiene que ver con hacer una actualización para dotar de certeza jurídica en los casos donde exista sucesión de tipos penales. Esto tiene que ver con la traslación del tipo penal, lo cual ocurre cuando la descripción típica de la conducta queda prohibida por la ley penal, cuando ésta sufre una modificación a consecuencia de un acto legislativo, y es necesario que el procedimiento penal o la ejecución de la pena continúen conforme al nuevo tipo penal.
Así la propuesta plantea la creación de una norma que ante la modificación del tipo penal establezca los supuestos de acuerdo a los cuales deberá efectuarse la traslación del nuevo tipo penal.
Es modificar tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de que en el caso del 487, que tiene que ver con la anulación de la pena. Lo que estamos haciendo en esta reforma es que en la segunda fracción, que tiene que ver con la anulación de la sentencia ejecutoria, procederá en los siguientes casos y en el párrafo segundo que señala cuando la ley se derogue o se modifique el tipo penal o en su caso la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado y luego viene un segundo párrafo que estamos derogando.
¿Qué decimos en esta reforma, en la fracción II del 487?
Es cuando una ley se abrogue o se derogue el delito penal por el que se dictó sentencia el segundo párrafo se suprime y creamos un 487 Bis para definir con mayor puntualidad, en una interpretación también del artículo 14 de nuestra Constitución, para que quede con mayor claridad en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre la traslación del tipo con las características que yo mencioné.
Refiere, que cuando se modifique el penal se estará en lo siguiente, es importante que yo lea estos cinco párrafos, y que estamos integrando a este nuevo artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 487 Bis.
Primero.- Si los hechos fueran anteriores a la modificación del tipo penal, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la traslación del tipo que resulte.
Segundo.- En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se hubiere formulado la imputación, el Ministerio Público realizará ésta de conformidad con la traslación de tipo penal que resulte.
La fracción III, en los procesos, en los que aún no se hubieren formulado los alegatos de clausura, se continuará el proceso de conformidad con la traslación del tipo que resulte.
La IV fracción sería como sigue: en los procesos pendientes de dictarse sentencia, en primera y segunda instancia, el juez o el tribunal, respectivamente, podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya aprobado y sus modalidades.
Y la V, en caso que se hubiese dictado sentencia, se procederá conforme a los artículos 488 y 489 del Código.
Cuando se hubiere modificado la asunción, se procederá a aplicar la más favorable al sentenciado.
La sola caución del resultado no podrá fundamentar por sí sola la responsabilidad penal.
Por su parte, los tipos penales van a definirse, de tal manera que vayan en congruencia, estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social.
Nos parece muy importante que actualicemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, también modificando, en este caso, el artículo 12, estableciendo un segundo párrafo del artículo 12 que tiene que ver con el principio de juicio previo y debido proceso estableciendo que: cuando el tipo penal o la pena prevista ahí mismo se derogue o se modifique la autoridad competente, la autoridad judicial competente procederá de oficio a garantizar la aplicación de este principio.
Es importante estas reformas porque logramos, finalmente, tener un avance en nuestro Código Nacional, de tal manera que estamos actualizando algo que agradecemos que haya sido finalmente dictaminado por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.
Es cuanto, y agradecemos su votación.
En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
En uso de la voz el Senador David Flores Ávalos.
Vengo a poner a consideración de esta Asamblea el dictamen por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal, para agravar la pena de los delitos que se cometan en contra de los defensores de derechos humanos en el ejercicio de sus labores.
De acuerdo con información proporcionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los defensores de derechos humanos son personas o grupos de personas que se esfuerzan por promover los derechos humanos desde organizaciones intergubernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta individuos que trabajan en sus comunidades locales.
Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener cualquier tipo de antecedentes profesionales.
Es importante observar, en particular, que los defensores de los derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en organizaciones no gubernamentales u organizaciones intergubernamentales, sino que en algunos casos también pueden ser empleados del Estado, funcionarios públicos, o incluso, miembros del sector privado.
No todas las actividades a favor de los derechos humanos suponen un riesgo para los defensores, y en algunos países estos generalmente están bien protegidos.
No obstante la gravedad y la escala de las represiones en contra de los defensores de derechos humanos en México, en nuestro país, han hecho que en los últimos años organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales emitan informes acerca de la situación de vulnerabilidad de estos defensores en nuestro país.
Tenemos un escenario lamentable en este sentido: ejecuciones, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnias. Estas son sólo algunas de las violaciones que se han cometido en contra de estas personas o grupos de personas.
Además se ha limitado, de manera preocupante e inadmisible las libertades de tránsito de libre expresión, de asociación y de reunión.
En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado una serie de medidas cautelares para proteger a un número importante de defensores y defensoras de derechos humanos que han experimentado una serie de continuas amenazas, hostigamientos y actos de violencia debido al desarrollo de su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
Algunas de las defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por medidas cautelares en México, incluyen a personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, de problemas de migrantes, de pueblos indígenas, de personas desplazadas internamente y, por supuesto, de organizaciones que se encuentran impulsando el esclarecimiento de desapariciones forzadas.
La investigación de actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a derechos humanos ocurridas en México, también forman parte del objeto y del trabajo de estas personas y grupos de personas.
Ante tal panorama, es necesario adoptar medidas de carácter legislativo, así como políticas públicas tendientes a garantizar protección a los defensores de derechos humanos.
Es por ello que el dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno tiene el propósito de fijar reglas para la aplicación de sanciones, para aumentar hasta en un tercio la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de derechos humanos y que tenga, desde luego, como finalidad el obstaculizar o limitar sus labores.
Por esta razón, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor del presente dictamen con el fin de fortalecer, de robustecer nuestro marco jurídico para garantizar esta gran labor de la defensa de los derechos humanos.
Para la Comisión de Justicia, finalmente, la afirmación es acertada.
Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia.
Por ello, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos fundamentales se afecta directamente al resto de la sociedad y a nuestra democracia.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Héctor Flores Ávalos.
Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
Con su venia estimadas y estimados legisladores.
Como todos sabemos, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Su importancia es tal que sin ellos no puede concebirse el desarrollo, ni la realización plena, constituyen el reconocimiento a la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de discriminación y desigualdad de cualquier índole.
Los derechos humanos, para su efectividad real, conllevan una dualidad, implican derechos y deberes.
A nivel Estado se asumen las obligaciones de respetarlos y protegerlos, de manera tal que las autoridades deben abstenerse de impedir su disfrute o limitarlos, por el contrario, tiene la obligación de adoptar medidas que los hagan efectivos.
En el plano individual o del ciudadano, todos debemos hacer respetar nuestros derechos humanos y respetar los de los demás; sin embargo, hay quien va más allá y se suma a ayudar al prójimo, a que sus derechos humanos sean respetados.
En una actitud altruista realizan actividades de defensa a derechos humanos en favor de terceros incluso coadyuvando al Estado en esta imprescindible labor.
Los defensores de los derechos humanos, que como se señala en el propio dictamen, se trata de personas que actúan individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales con la finalidad de que sea la promoción y la defensa de los derechos humanos una realidad en nuestro país, una actividad que se ha vuelto riesgosa y que por ello se requiere de acciones de carácter legislativo para que esto no siga ocurriendo.
El propio Ombudsman nacional, en el marco del informe anual del Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el 7 de diciembre de 2016, subrayó la difícil situación por la que llegan a pasar los defensores de derechos humanos y la necesidad de fortalecer las políticas públicas para la prevención y protección, incluyendo el campo de la procuración de justicia.
Las acciones de los defensores de derechos humanos llegan a afectar intereses que los vuelven más propensos a ser víctimas del delito, principalmente de represalia, algunos tan graves como el homicidio o la desaparición forzada, situación muy parecida al caso que ocurre con las y con los periodistas.
Por ello, oportuna la propuesta contenida en el presente dictamen para aumentar en un tercio la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de los derechos humanos, particularmente en el ejercicio de función y de actividades de defensa, con ello dar un tratamiento homologado a los delitos cometidos contra los periodistas.
Esto es congruente, además, con el criterio que dio lugar a la Ley de la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, cuyo mecanismo de protección está dirigido precisamente a la defensa de personas de ambas actividades.
Estimados legisladores, no sólo es fortalecer las medidas de prevención, protección y, como en este caso, de sanción en contra de las conductas delictivas cometidas contra los defensores, es reprochar también el atentado a la sociedad, considerado que el hecho de impedir a una persona la defensa de los derechos humanos nos afecta a todos.
El trabajo en materia de derechos humanos será siempre un trabajo inacabado, pues los derechos humanos son considerados como el resultado de un proceso siempre inconcluso, sujeto a constante transformación y actualización.
Visto así siempre habremos de estar trabajando en pro de los derechos humanos, no debemos escatimar medidas para inhibir delitos en contra de sus defensores y brindarles la mayor protección posible.
Hace unos minutos, hace unas horas estaba aquí la discusión de un dictamen que incrementa las penas a quien cometa delitos en relación a los hidrocarburos, se decía que incrementar las penas no resuelve el problema.
Quiero, de alguna manera, diferir porque es precisamente lo que estamos planteando en este dictamen y que tiene que ver justamente con los derechos humanos, defender a los defensores de derechos humanos a través de un dispositivo legal, de una acción legislativa concreta, como precisamente la modificación del Código Penal Federal, esto en razón de que tanto periodistas como defensores de derechos humanos, que ya se ha vuelto estas dos actividades de alto riesgo, pues tengamos una respuesta que pueda servir como una medida que inhiba la comisión de estos delitos.
No podemos tolerar que quien se dedica a esta noble labor, de defender los derechos humanos, sea víctima de la presión de cualquier índole y que va más allá no solamente de la integridad de las personas, sino que llega incluso, ya lo decíamos aquí, al homicidio y a la desaparición de personas.
Desde luego que esta es una respuesta, quizás no sea la mejor, pero tampoco es la única, lo que tenemos que hacer entonces es ponernos a trabajar de la mano de los defensores.
Esto es, Presidente, con esto concluyo, la respuesta a una solicitud que precisamente los defensores de los derechos humanos, empezando por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, planteó como una respuesta a lo que está pasando en el país y que no podemos tolerar.
Por eso a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional adelantamos que habremos de votar a favor de este dictamen.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen.
La Senador Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.
Sí, es verdad que no es un tema menor, lo que estamos haciendo es reconocer la misma calidad que tienen los periodistas con defensoras y defensores de derechos humanos, por cierto como lo establece la Ley de Protección de Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Era necesario actualizar, tomar la previsión de reforma, de actualización en el Código Penal Federal, en su artículo 51, que refiere ciertamente agravar cuando se trata en una comisión de delito, cuando se tiene la característica de que esa persona tenga la función, la profesión de periodistas y entonces era necesario también incorporar a defensoras y defensores de derechos humanos.
Ese es el sentido de esta reforma,
Nos parece conducente que se incorpore y se reconozca, porque los defensores y las defensoras de derechos humanos, por desgracia en este país, junto con periodistas, están en una situación de altísimo riesgo.
Simplemente reconocer, por ejemplo, los datos de los últimos años, a partir del 2012 y tenemos un dato que llega hasta el 2014, necesitamos actualizarlo al 2018, pero en ese lapso de tiempo 615 personas dedicadas a la defensoría de derechos humanos sufrieron ataques. De esas 41 personas fueron asesinadas nada más en el lapso de 2012 al 2014.
Y, por supuesto, sabemos que hay una ausencia de cifras oficiales para tener una actualización y saber, por cierto, cómo tiene que ser la política adecuada para resolver este grave problema.
En México hemos constituido un mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, defensoras y defensores de derechos humanos, que están determinando medidas cautelarse cuando invocan el mecanismo.
Pero a eso solamente se dedica el mecanismo, no a la investigación y, por supuesto, a la respectiva aplicación de responsabilidades penales para quienes perpetran este tipo de crímenes.
Hoy en el mecanismo están 321 defensoras y defensores de derechos humanos protegidos con medidas diversas, medidas cautelares diversas, en donde también incluso que son rescatados de los lugares en donde han recibido amenazas, muchos de ellos son sobreviviente y han tenido que dejar sus domicilios, sus estados y estar resguardados en otros lugares.
No es un tema menor, 321 defensoras y defensores de derechos humanos protegidos por el mecanismo de Protección de Periodistas y Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
México no es algo agradable que venga uno aquí a argumentar la importancia de una reforma, en este caso actualizar al artículo 51 del Código Penal Federal, pues a partir de argumentos que nos debe avergonzar.
Es una vergüenza realmente, porque México es el segundo país en donde más agresiones sufren quienes se dedican a esta profesión.
Estamos en segundo lugar, atrás de Guatemala. Es algo verdaderamente vergonzoso.
De tal forma, que sí es totalmente conducente esta reforma que hoy estamos presentando, la apoyamos y, por supuesto, consideramos que aun que esté ya incorporada para que pueda constituirse también un agravante cuando sea una defensora o un defensor de derechos humanos, hay que insistir que, como se ha dicho y reconocido a nivel internacional, pues el Poder Legislativo mexicano es muy vanguardista, ha hecho muy buenas leyes, ha impulsado muy buenas reformas, ha concretado la armonización de diversos tratados, ha escuchado incluso a las organizaciones de la sociedad civil, pero seguimos todavía en este país carentes de las políticas que implementen esas reformas.
Aquí están los datos duros, necesitamos actualizarlos, porque si no, no vamos a saber con certeza de qué tamaño es el problema que queremos, si es que queremos realmente resolverlo.
Hoy quienes están en el mecanismo de protección, claman por justicia y es lo que no tienen, simplemente tienen medidas cautelares, pero hay que entrar al fondo del problema.
El Presidente Senador César Octavio Pedraza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.
Hace unos momentos se dio la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, en materia de drones.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedraza Gaitán: Gracias, senador Secretario.
Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
En uso de la voz el Senador Gracia.
El Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias, Presidente.
Efectivamente, este es un dictamen con una minuta respecto a diversas disposiciones de la Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, que recibimos obviamente de la Cámara de origen, de la Cámara de Diputados, respecto al tema de Aeronaves no Tripulados y a Distancia, que son temas novedosos que hay que incorporar acorde al avance tecnológico en nuestra legislación.
Y me permitiré principalmente describir las modificaciones que se hacen de la minuta y que tendrán que ser, en caso de ser aprobadas, remitidas a la Cámara de origen, a la Cámara de Diputados, para su discusión y, en su caso, aprobación.
Se actualiza en la ley el término de “Aeropuerto” y se incorpora el de “Sistema de Aeronave Piloteada a Distancia”.
Se sustituye “En los términos del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal”, por el de “Código Penal Federal”.
El de “Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal”, por el de “Código Civil Federal”.
Se sustituye el término de “Salario Mínimo”, por el de “Unidades de Medida y Actualización”.
Se sustituye el concepto de “Navegación Civil en el Espacio Aéreo Sobre Territorio Nacional”, por el “Aeródromo Civiles”.
Se precisa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá como atribuciones en materia de Aviación Civil y Aeroportuaria, expedir y aplicar las medidas y Normas Oficiales Mexicanas en materia de Seguridad Operacional, que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento y las relativas a la certificación y operación.
Determinar que el establecimiento de fábricas de aeronaves y sus componentes requerirá de certificados de producción.
Indicar que los permisos para los servicios de Transporte Aéreo Nacional no Regular, Internacional no Regular y Privado Comercial, se otorgarán por plazo indefinido, mientras que para los Servicios Internacionales Regulares podrán concederse por un plazo indefinido siempre que existan convenios internacionales recíprocos con este fin. Si esto así fuese, los permisos se otorgarán por un plazo máximo de un año.
Acotar que las concesiones o los permisos se podrán revocar por infringir las condiciones de Seguridad en materia de Seguridad Operacional.
Y se plantean sanciones más altas para los comandantes o pilotos de cualquier aeronave.
El Presidente Senador César Octavio Pedraza Gaitán: Muchas gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán.
Informo a la Asamblea que pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de derecho al turismo.
Compañeras y compañeros Senadores, me permito respetuosamente informarles que estamos realizando cinco votaciones nominales de manera continua, por lo que, respetuosamente, les solicito permanecer en el salón de plenos para permitir la adecuada realización de las votaciones.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?
Pregunto, nuevamente, ¿si falta alguna Senadora o Senador de emitir su voto?
Senadora Marcela Torres, a favor.
Senador Santana, a favor.
Senadora Hilda Esthela Flores, a favor.
Señor Presidente, se emitieron 78 votos a favor; uno en contra y cero abstenciones.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Pasamos ahora a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, relativo al incremento de penas.
Senador Irízar, a favor.
Senador Blásquez, en contra.
Señor Presidente, se emitieron 68 votos a favor; 12 en contra y una abstención.
En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de supresión del tipo penal.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Pregunto, ¿si hay alguna Senadora o Senador de emitir su voto?
Senadora Iris Vianey Mendoza, a favor.
Senadora Marcela Torres Peimbert, a favor.
Senadora Rojas, a favor.
Pregunto, nuevamente, ¿si hay alguna Senadora o Senador?
Senador Cordero.
Senador Presidente, a favor
Señor Presidente, es emitieron 79 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, un artículo 487 Bis y se deroga la fracción II del primer párrafo del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 51 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Pregunto, nuevamente, ¿si hay alguna Senadora o Senador pendiente de emitir su voto?
Señor Presidente, se emitieron 72 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos en materia de drones.
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Senadora Saldaña, a favor.
Señor Presidente, se emitieron 73 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
Tenemos ahora la discusión de trece dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado, estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes, en sentido negativo.
Está a discusión cinco dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos en relación con los siguientes proyectos de decreto.
El que adicionaba diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso de pacientes con enfermedades crónico degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de la ciencia médica.
Otro, sobre dos proyectos de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte fetal.
Uno más, que adicionaba el artículo 161 Bis a la Ley General de Salud.
Otro, que reformaba la Ley General de Salud, en materia de cartillas de vacunación.
El que reforma el artículo 77 Bis 30 de la Ley General de Salud.
Asimismo, tenemos siete dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de decreto.
El que adicionaba los artículos 186 y 192 del Reglamento del Senado de la República.
El que reformaba los artículos 26 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El que reformaba el artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Y el artículo 146 del Reglamento del Senado.
El que reformaba diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los Senadores.
El que reformaba los artículos 2, 4, 6, 14, 16, 17, 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El que reformaba el artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Y el que adicionaba y reformaba diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República relativas al uso de tecnologías de la información y comunicación.
Por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales.
Consulto si alguno de ellos se reserva para su discusión en tribuna.
Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluido e informar a los promoventes.
Tenemos ahora la discusión de siete dictámenes que contienen puntos de acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión.
Todos están publicados en la Gaceta del día de hoy.
Tenemos siete, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
El que exhorta a las autoridades señaladas en la recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de adultos mayores que residan en asilos.
El que exhorta a coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.
El que exhorta a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.
El que exhorta a informar de los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.
El que exhorta a impulsar acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor.
El que exhorta a informar sobre la investigación que se ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos ocurridos en la instancia infantil “Rehilete”, del estado de Tlaxcala.
El que exhorta a que en la asignación de recursos para la atención de víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.
Consulto si alguno de los dictámenes…
El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Señor Presidente, el último dictamen que le di, que es el que exhorta a formular y ejecutar políticas públicas para las personas adultas mayores tendientes a garantizar todos los derechos que les asisten, está reservado.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea si los demás dictámenes, con la excepción señalada por el señor Secretario, sería reservado por alguna de las señoras o de los señores Senadores.
En virtud de no haber reservas a los demás dictámenes, con la excepción señalada, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
Recibimos de la Junta de Coordinación Política otro acuerdo por el que se modifica su integración.
Primero.- En los términos del párrafo quinto del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, los siguientes Senadores:
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Asamblea ha quedado enterada.
Informo a esta soberanía que recibimos una comunicación del Senador Óscar Román Rosas González por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva. Senado de la República.
El que suscribe, Senador Óscar Román Rosas González, Senador de la República a la LXII y LXIII Legislaturas del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción XIII, 11, 12 y 13, numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, solicito a usted, respetuosamente, someta a la aprobación de este Pleno mi solicitud de licencia, por tiempo indefinido, al cargo de Senador de la República con efectos a partir del 5 de abril del 2018.
Óscar Román Rosas González, Senador de la República.
Único.- Se concede licencia al Senador Óscar Román Rosas González para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 5 de abril del año 2018.
Consulte la Secretaría a Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
En consecuencia, se concede licencia al Senador Oscar Román Rosas González para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de este día 5 de abril.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 10 de abril, a las 11:00 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=4&sm=1&str=1874

References: artículo 41
 artículo 68
 artículo 12
 artículo 487
 artículo 487
 artículo 51
 artículo 99
 artículo 41
 artículo 19
 artículo 134
 artículo 3
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 73
 artículo 58
 artículo 19
 artículo 53
 artículo 86
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 51
 artículo 196
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 196
 artículo 72
 artículo 12
 artículo 487
 artículo 487
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 161
 artículo 77
 artículo 105
 artículo 146
 artículo 7
 artículo 81
 artículo 62