Source: https://borm.vlex.es/vid/decreto-ley-n-2-633940521
Timestamp: 2019-05-25 11:30:52+00:00

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Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. - BORM. Boletín Oficial de la Región de Murcia - Legislación - VLEX 633940521
Capítulo 1. - art. 1
Capítulo 2. - art. 2
Capítulo 3. - art. 3
Capítulo 4. - arts. 4 a 7
Capítulo 5. - arts. 8 a 10
Norma citada en: una sentencia, 7 artículos doctrinales
3311 Decreto-Ley n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.
Para ello se abordan medidas estratégicas en ámbitos como el comercio interior, turismo, industria y medio ambiente, profundizando en las medidas de agilización y supresión de cargas burocráticas iniciadas con la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia; con el Decreto ley 2/2014, de 21 de marzo de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la CARM, con la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública y con el Decreto Ley 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las empresas, de organización y simplificación administrativa.
La necesidad de relanzar la actividad económica empresarial propiciando así la generación de inversión y empleo es lo que motiva la suma urgencia de modificar la vigente Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre el Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia, dando así una respuesta ponderada y ajustada a los cambios producidos en la economía y en los hábitos de consumo como consecuencia de la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, en una economía cada vez más globalizada, haciendo una reforma normativa del articulado de la referida Ley en la que se contempla la liberalización de los horarios comerciales y la ampliación de los días festivos de libre apertura, específicamente, en los artículos 37 y 38 de la misma.
Si bien con la normativa turística más reciente se ha ido reduciendo la documentación exigida para la tramitación de la clasificación de empresas y actividades turísticas mediante la presentación de declaraciones responsables, lo que ha supuesto una gran reducción de carga burocrática y de tiempo de respuesta para el administrado, la Administración regional sigue trabajando en esa línea que inspira el espíritu del presente decreto-ley, el cual añade a los principios rectores de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia un nuevo punto referente al compromiso de la Administración regional en adoptar las medidas necesarias para continuar en la línea de reducción de las cargas burocráticas.
Los contenidos de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada han quedado desbordados por la sucesión de cambios normativos que la legislación ambiental estatal ha experimentado en los últimos años. Prácticamente todas las leyes ambientales básicas que fueron objeto de desarrollo por la Ley de Protección Ambiental Integrada se han visto afectadas por modificaciones profundas: la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, ha sido modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, transformando en indefinida y alterando la fisonomía de la autorización ambiental integrada, como también lo ha hecho el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; las autorizaciones de residuos, integradas en la autorización ambiental única, han recibido nueva regulación con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y las autorizaciones de calidad del aire se han visto afectadas por la citada Ley 5/2013, de 11 de junio; y por lo que respecta a la evaluación ambiental, tanto de planes y programas como de proyectos, los cambios han sido aún más profundos por obra de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
En la mayoría de los casos, los reglamentos de seguridad industrial y minera establecen la necesidad de la presentación de una serie de documentos para la puesta en servicio de los establecimientos e instalaciones. No obstante, la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva de Servicios, así como de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, abren las puertas a nuevos procedimientos para la puesta en servicio de establecimientos e instalaciones.
La Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, supusieron un notorio avance en el ámbito de la simplificación administrativa en aras a contribuir a la revitalización de las actividades industriales, comerciales y de servicios en la Región de Murcia.
Asimismo, con el objetivo de adecuar la norma a la nueva realidad económica regional tras la etapa de recesión y crisis que hemos vivido, extendiendo la simplificación administrativa a la mayor cantidad de actividades empresariales posible, la presente Ley modifica la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública, reduciendo las exigencias mínimas de creación de empleo e inversión necesarias para que un proyecto empresarial reciba la asistencia de la Unidad de Aceleración de Inversiones y tenga carácter urgente y prioritario para los órganos de la Administración pública regional, agilizando su implantación y puesta en marcha.
Finalmente, se incluyen como disposiciones adicionales determinadas modificaciones a la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia derivadas den el presente Decreto Ley y a la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dirigidas a dotar de mayor flexibilidad al ejercicio de las acciones de la Autoridad Laboral en vía judicial. La experiencia adquirida en los últimos años, y la necesidad de evitar la caducidad de las acciones ejercidas en defensa del interés público y la legalidad, hacen preciso establecer, con el carácter de urgencia, procedimientos más eficaces y de una mayor celeridad en su tramitación para que por parte de la Autoridad Laboral se proceda a interponer ante los Juzgados de lo Social las demandas o comunicaciones de oficio contempladas en la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción Social, sin quedar condicionadas al requisito previo de la autorización de Consejo de Gobierno.
Capítulo 1 Artículo 1
Artículo 1 Modificación de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia.
Artículo 37. Horario semanal y diario
El horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales de venta al público será de libre fijación por la empresas minoristas en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los trabajadores en el régimen laboral.
Artículo 38. Régimen de apertura en domingos y días festivos.
1. El número de domingos y días festivos en el que los comercios podrán permanecer abiertos al público en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia será de 16 días al año.
Capítulo 2 Artículo 2
Artículo 2 Modificación de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia.
12. Adoptar las medidas necesarias para la reducción de cargas burocráticas en la clasificación de empresas y actividades turísticas.
Artículo 18. Empresas turísticas.
1. Son empresas turísticas, a efectos de esta ley, las personas físicas o jurídicas que debidamente acreditadas, de manera habitual y mediante precio, se dedican a la realización de una actividad turística o a la prestación de algún servicio turístico. Se presumirá la habitualidad cuando se realice publicidad de la prestación de servicios turísticos por cualquier medio.
Artículo 27. Clasificación y definiciones.
4. Los hostales y pensiones son establecimientos hoteleros que tanto por la dimensión del establecimiento como por la estructura, tipología o servicios no llegan a los niveles exigidos para los hoteles. Reglamentariamente se determinaran las características de cada una de estas modalidades.
Artículo 28. Apartamentos turísticos.
Tendrán la consideración de apartamentos turísticos las unidades alojativas ofrecidas en alquiler de modo habitual y debidamente dotadas de mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para su inmediata ocupación temporal por motivos vacacionales o de ocio, cumpliendo los requisitos que se determinen.
Capítulo 3 Artículo 3
Artículo 3 Modificaciones de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Se introducen las siguientes modificaciones a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Uno.- Las referencias que la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, realiza a la “autorización ambiental única”, se entienden referidas a las “autorizaciones ambientales sectoriales”, quedando sustituida la expresión “(la) autorización ambiental única” por la de “(las) autorizaciones ambientales sectoriales” en los artículos 10.1.b), 10.2, 17.1.b), 17.2, 19 y 23.1.b).
b) El otorgamiento de la licencia de actividad y el control de las actividades sujetas a declaración responsable
b) Integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales de competencia autonómica exigibles a la instalación o actividad
Artículo 22. Modificación de la instalación o actividad.
7. Cuando la modificación por sí misma esté sometida a evaluación ambiental ordinaria, la modificación se considerará sustancial en todo caso.
2. En actividades sujetas a autorización ambiental integrada, cuando el ayuntamiento modifique las condiciones de la licencia de actividad, a través del procedimiento previsto en esta ley para la modificación de oficio de la licencia, lo comunicará al órgano ambiental autonómico
Artículo 31. Solicitud de autorización ambiental integrada.
i) En el supuesto de actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, los informes a que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto.
En el caso de vertidos a las aguas continentales, el órgano ante el que se presente la solicitud remitirá la documentación correspondiente al organismo de cuenca, a efectos de subsanación
2. Cuando el proyecto esté sometido a evaluación ambiental ordinaria, la información pública se llevará a cabo por el órgano sustantivo competente a efectos de evaluación ambiental, de la forma establecida en la legislación estatal
Del resultado de la información pública se dará inmediatamente traslado al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, para que continúe la tramitación
Artículo 34. Informe del ayuntamiento.
3. El plazo para emitir el informe será de dos meses desde la recepción del expediente por el ayuntamiento. En caso de no emitirse el informe en el plazo señalado, el órgano autonómico competente requerirá al ayuntamiento para que emita con carácter urgente el citado informe, concediéndole un plazo adicional máximo de 20 días naturales. El requerimiento efectuado se comunicará al promotor. Transcurridos tales plazos, continuarán las actuaciones.
Artículo 36. Declaración de impacto ambiental.
2. Las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental se incorporarán al contenido de la autorización ambiental integrada
Artículo 40. Comunicación previa al inicio de la explotación.
6. Una vez iniciada la actividad, tanto la consejería competente en materia de medio ambiente como el ayuntamiento, cada uno en las materias de su competencia respectiva, deberán realizar una visita de inspección de acuerdo con las prescripciones establecidas en el capítulo III del Reglamento de Emisiones Industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
8. La comunicación previa de inicio de la explotación no es exigible para las instalaciones existentes, a las que el órgano competente exigirá durante la tramitación del procedimiento los documentos y justificaciones a que se refiere este artículo, de acuerdo con lo establecido para la legalización de actividades
Once.- Se modifica el capítulo III del título II de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que pasa a denominarse “Autorizaciones ambientales sectoriales”, y comprenderá solo dos artículos, numerados como 45 y 46, con la redacción siguiente:
Artículo 45.- Remisión a la normativa estatal.
5. No se concederán las autorizaciones ambientales sectoriales sin el previo informe de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, cuando resulten exigibles
Doce.- Recibe nueva redacción todo el título III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, de la siguiente forma:
TÍTU??LO III
2. Los vertidos industriales a la red de saneamiento de las actividades sujetas a declaración responsable serán objeto de una autorización municipal específica, siendo de aplicación el Decreto regional nº 16/1999, de 22 de abril, sobre Vertidos de Aguas Residuales Industriales al Alcantarillado. Se entenderá estimada la solicitud de autorización si no ha recaído resolución en el plazo de tres meses desde que haya tenido entrada en el registro del ayuntamiento.
d) En el caso de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a notificación (grupo C del anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera), justificación de haber realizado la misma ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
1. Para el ejercicio de las actividades incluidas en el título I y el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliadas por las recogidas en el capítulo II del título II y el anexo de la Ley regional 8/2014, de 21 de noviembre, de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública, bastará la presentación de la declaración responsable regulada en estas leyes, con la manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda.
El cambio de titularidad de la actividad exigirá la presentación por el nuevo titular de una comunicación en el plazo máximo de diez días desde que se hubiera formalizado la transmisión, sin perjuicio de la comunicación que pueda realizar el transmitente. No será necesaria la presentación de la documentación técnica que hubiera aportado el anterior titular si se mantienen las condiciones de la actividad. El nuevo titular podrá continuar el ejercicio de la actividad desarrollada por el anterior titular tan pronto efectúe la comunicación
Trece.- Los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo 83. Remisión a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental.
No obstante, tratándose de proyectos comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, si el incremento supera el 50 por 100 de los citados parámetros, la modificación estará sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
b) Cuando se trate de instalaciones sujetas al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, será órgano sustantivo el órgano autonómico competente en materia de accidentes graves.
d) En los proyectos no sometidos a autorización ambiental autonómica, distintos de los previstos en los apartados a) y b), el ayuntamiento
Catorce.- Los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, quedan redactados así:
Artículo 100. Remisión a la legislación estatal de evaluación ambiental estratégica.
La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante
Artículo 152. Infracciones y sanciones en materia de licencia y declaración responsable de actividad
Dieciséis.- Se añade a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, una disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción:
Disposición adicional duodécima. Espectáculos públicos y actividades recreativas.
Disposición transitoria segunda. Adaptación al nuevo régimen de las autorizaciones ambientales sectoriales
Dieciocho.- Se da nuevo contenido a los Anexos I, II y III de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que quedan de la siguiente forma:
Las actividades sometidas a autorización ambiental integrada.
Las actividades sometidas a alguna autorización ambiental sectorial.
Las actividades económicas privadas cuyo proyecto esté sometido a evaluación de impacto ambiental ordinario o simplificado.
Las actividades que se desarrollen en inmuebles de interés cultural.
Los espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando lo establezca su normativa específica.
Las actividades ganaderas que no estando sometidas a autorización ambiental autonómica ni a evaluación de impacto ambiental, dispongan al menos de:
Que la actividad cumpla con los niveles máximos de transmisión, aérea o estructural, en ambientes interiores o exteriores, establecidos en la normativa vigente en materia de ruido ambiental, sin emplear medidas correctoras, o bien empleando como única medida la simple absorción de sus paramentos y cubierta (cerramientos), evitando en este caso mantener parte de superficies abiertas, siempre y cuando el ruido generado no supere los 70 dB(A) como valor máximo en las condiciones más desfavorables.
Que la actividad no disponga de motores o electromotores que precisen una potencia superior a 6,6 kW. La potencia se calculará por la suma de la potencia de cada uno de los motores que accionen las máquinas y aparatos existente en la actividad. No entraran en éste cómputo aquellos elementos no relacionados con producción, como ascensores, alumbrado, instalaciones de ventilación forzada o instalaciones de aire acondicionado.
Que la actividad no cuente con equipos de aire acondicionado cuyas unidades compresoras se ubiquen fuera del local y tengan una potencia instalada superior a 6,6 kW.
Que en la actividad no se desarrollen combustiones u otros procesos físicos o químicos que originen emisiones de gases, vapores y polvos a la atmósfera, a salvo de lo dispuesto en el Punto 7. Cumplen esta condición las actividades en las cuales, para evitar humos y olores, sea suficiente con renovar el aire mediante soplantes.
Que la actividad no disponga de hornos eléctricos u otros electrodomésticos generadores de olores y/o humos cuya potencia sea superior a 5 kW o, siendo inferior, que la suma total de las potencias supere los 6,5 kW.
Que la actividad no esté incluida en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (CAPCA) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
Que la actividad no sea susceptibles de emitir ninguna radiación ionizante.
Que la actividad no requiera autorización de vertido al alcantarillado por tratarse de aguas sanitarias o asimilables a ellas; o en caso contrario, que el vertido no precise una depuración previa.
Que la carga térmica ponderada de la actividad sea inferior a 100 Mcal/m².
Que la actividad no utilice, manipule, ni genere sustancias consideradas como peligrosas de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 1907/2006, o normativa que lo sustituya o complemente.
En el caso de que la actividad almacene productos químicos o combustibles envasados, que el local no supere los 200m2 de superficie y que la cantidad almacenada no requiera autorización como APQ (almacenamiento de productos químicos).
Que la actividad no genere residuos peligrosos en cantidad superior a 10 Tm/año, según lo dispuesto en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, o normativa que lo sustituya o complemente.
Que la actividad no esté incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes del suelo.
Que la actividad no disponga de instalaciones sujetas a programas de mantenimiento incluidas en el artículo 2 del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, o normativa que lo sustituya o complemente.
Anexo III Artículos 4 a 10
Instalaciones que comprendan una sola de las siguientes categorías de animales y cuya capacidad no supere en ningún caso la establecida a continuación:
Instalaciones en las que cohabiten especies de más de una de las categorías mencionadas en el número anterior, en cuyo caso el número máximo de animales de cada una de ellas se reducirá a la mitad.
Diecinueve.- Se modifica el apartado 2 de la disposición final segunda de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que queda redactado así:
Capítulo 4 Artículos 4 a 7
Artículo 4 Puesta en servicio de instalaciones y establecimientos industriales.
Para la puesta en servicio de las instalaciones y establecimientos, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que no requieran, de acuerdo con su normativa específica, autorización administrativa previa, los titulares de las instalaciones deberán presentar una declaración responsable al órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de seguridad industrial, en que manifiesten que cumplen los requisitos preceptivos, de acuerdo con los reglamentos y el resto de normativa aplicable en materia de seguridad industrial, y que se comprometen a mantener su cumplimiento durante la vida útil de las instalaciones.
En caso de que la declaración responsable citada por el apartado 1 haga referencia a un proyecto técnico, será preciso explicitar los datos necesarios para identificarlo.
El órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de seguridad industrial establecerá mediante resolución los modelos de declaración responsable y los publicará en su sitio web.
En el caso de las industrias agrarias y alimentarias, la declaración responsable incluirá la información mínima necesaria a incorporar en la sección de Datos de Industrias Agrarias y Alimentarias del Registro de Establecimientos industriales de la Región de Murcia. Una copia de la misma, será enviada a la Consejería competente en materia de Industrias Agrarias y Alimentarias, al objeto de su inscripción de oficio en dicha sección.
La presentación de la declaración responsable a la que se refiere el apartado 1 habilita a los titulares de las instalaciones para ponerlas en funcionamiento con carácter inmediato, sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad de la que forma parte la instalación. Las administraciones locales que deban habilitar el inicio de una actividad económica no podrán solicitar, a priori la presentación de documentación adicional ni establecer requisitos o trámites complementarios en materia de seguridad industrial con relación a dichas instalaciones. Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, la Administración podrá regular un procedimiento a posteriori para comprobar lo declarado por el administrado”
Artículo 5 Nombramiento de directores facultativos en actividades mineras.
El titular o explotador legal de una actividad incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, deberá presentar ante el órgano competente en materia de minería, un escrito de designación de director facultativo suscrito por el empresario con la aceptación expresa del técnico propuesto y en el que figuren los datos identificativos y de contacto de la persona designada acompañado de una declaración responsable suscrita por el técnico designado en la que figuren lo siguientes aspectos:
Titulación, colegio profesional al que pertenece y número de colegiado.
Competencia que le asiste para el ejercicio de las funciones de director facultativo de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación que posee.
No estar incurso en causas de inhabilitación para el desarrollo de las funciones que la normativa vigente atribuye al director facultativo
No superar, con la presente designación, las limitaciones establecidas en el apartado 1.3.2, así como no sobrepasar el número máximo de diez canteras permitido en el apartado 1.3.4, de la ITC 02.0.01 o norma que la sustituya con indicación de la relación de canteras y otras explotaciones mineras en las que desarrolla la dirección facultativa, así como, en su caso, información sobre otras actividades no extractivas, permisos de exploración o de investigación, etc., en las que ejerce la dirección facultativa.
Analizada la conformidad de la documentación, el órgano competente en materia de minas procederá, en su caso, a aceptar la propuesta realizando la inscripción del director facultativo en el registro, así como a su notificación al explotador y al director facultativo.
Artículo 6 Puesta en servicio de maquinaria minera móvil y equipos de trabajo, grupos electrógenos y líneas de distribución en explotaciones mineras a cielo abierto e instalaciones elevadoras de aguas subterráneas en sondeos.
Las solicitudes de autorización de puesta en servicio de maquinaria minera móvil y equipos de trabajo en explotaciones mineras, grupos electrógenos y líneas de distribución en explotaciones mineras a cielo abierto, e instalaciones elevadoras de aguas subterráneas en sondeos, irán acompañadas de la documentación que corresponda según el caso, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.
Una vez comprobado que la documentación aportada es conforme, el órgano competente extenderá de manera inmediata una diligencia en el reverso del Certificado del Técnico Titulado, Entidad Colaboradora de la Administración, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión emitido por instalador autorizado, o en el Certificado de Inspección Inicial emitido por Organismo de Control, según proceda, en la que se hará constar que a los efectos de los artículos 11 y 117 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, procede la puesta en Servicio de la maquinaria, equipo o instalación de que se trate.
Artículo 7 Modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia.
Se modifican los siguientes artículos de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia:
Artículo 22. Auditores energéticos y empresas de servicios energéticos.
2. Los auditores energéticos y las empresas de servicios energéticos se inscribirán en el Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia
Artículo 32. Sanciones
c) Las infracciones leves con apercibimiento o con multa de hasta 30.000 euros. El apercibimiento sólo se podrá aplicar si la persona física o jurídica al que se le incoa el expediente sancionador no es reincidente
Capítulo 5 Artículos 8 a 10
Artículo 8 Modificación de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los artículos de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que a continuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:
1. Los proyectos de interés estratégico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, referidos ya sea a nuevos proyectos, como a modificación de los existentes, serán declarados como tales por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de industria de la Región de Murcia.
8. El Instituto de Fomento ejercerá las competencias de coordinación y seguimiento, con los distintos órganos de las diferentes administraciones públicas, en la tramitación administrativa de los proyectos declarados de interés estratégico regional.
4. Además de los que pudiera prever la legislación sectorial de aplicación, la declaración de proyecto de interés estratégico regional llevará aparejada la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos que resulten afectados por las conexiones exteriores con las redes de infraestructuras, servicios generales, o de suministros de cualquier tipo, de carácter públicas o privadas, siempre que en este último caso, así se establezca en la propia declaración de proyecto de interés estratégico.
1. El titular de la Consejería competente en materia de industria informará periódicamente al Consejo de Gobierno sobre el estado de tramitación y, en su caso, de ejecución de los proyectos de interés estratégico de la Región.
2. Asimismo, para el impulso de la tramitación administrativa de los proyectos calificados de interés estratégico regional, los órganos de la Administración pública regional y de las entidades locales, proporcionarán al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la información que les sea requerida sobre el estado de su tramitación.
Artículo 9 Modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
1. Se crea la Unidad de Aceleración de Inversiones como unidad administrativa de información, coordinación e impulso de los proyectos empresariales que se desarrollen en la Región de Murcia y cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:
b) Que impliquen la realización de una inversión en activos fijos, excluidos terrenos y construcciones, por importe igual o superior a 400.000 euros.
Artículo 10 Creación de la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme.
Dependiente de la Consejería competente en materia de simplificación de la actividad empresarial, se crea la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme, como unidad administrativa encargada de establecer una interlocución coordinada e intermediación entre la Administración regional y las pymes y autónomos, en todo lo concerniente a la tramitación e impulso de los procedimientos administrativos relacionados con el inicio y desarrollo de la actividad empresarial.
Los diversos departamentos de la Administración Regional deberán atender con carácter preferente y urgente y como máximo en el plazo de diez días, las solicitudes de información formuladas por la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme.
El titular de la Consejería competente en materia de fomento del desarrollo económico, elevará al Consejo de Gobierno el informe anual elaborado por la citada Oficina descriptivo de las principales trabas y obstáculos que encuentran los empresarios en sus relaciones con la administración regional.
Se impulsará la celebración de convenios de colaboración con la Administración Local para el intercambio de la información relacionada con la actividad propia de la Oficina para la Defensa del Autónomo y la Pyme, articulación de instrumentos de identificación de trabas en la tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con el inicio y desarrollo de la actividad empresarial, así como desarrollo de acciones de mejora dirigidas a la simplificación administrativa vinculada a la actividad empresarial.
Disposición adicional primera Modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
Se modifica la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, introduciendo al artículo 22.25 un segundo párrafo con la siguiente redacción:
Disposición adicional segunda Modificación de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. Cuando el titular de la Consejería ejerza como Autoridad Laboral interpondrá directamente ante los Juzgados de lo Social las demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, o desistirá de las mismas, no siendo necesario realizar las propuestas indicadas en la letra p) del apartado 2 de este artículo.
Al finalizar cada año natural la Autoridad Laboral emitirá un informe sobre las demandas o comunicaciones de oficio y desistimientos que se hayan planteado, y dará cuenta al Consejo de Gobierno
Disposición adicional tercera Modificación de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Los artículos de la Ley 4/2004 de 22 de octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que a continuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:
d) Propuestas dirigidas al órgano competente para el ejercicio o desistimiento de acciones jurisdiccionales por parte de la Administración Regional, o para el allanamiento de la misma, excepto en los supuestos de demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
1. Excepto en los supuestos de demandas o comunicaciones de oficio a las que se refiere la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el ejercicio de acciones, desistimiento o allanamiento en nombre de la Administración Regional y de sus organismos autónomos requerirá el informe previo de la Dirección de los Servicios Jurídicos. Este informe será, en su caso, previo a la declaración de lesividad, cuando ésta sea preceptiva.
Disposición adicional cuarta Uso de medios electrónicos.
Disposición adicional quinta Modelos de declaración responsable y de informe urbanístico.
En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta norma, los ayuntamientos deberán hacer públicos el modelo o modelos de declaración responsable de actividad, y ponerlos a disposición de los interesados en su respectiva página Web.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, la Consejería con competencias en materia de medio ambiente aprobará el modelo normalizado de solicitud de informe urbanístico municipal para las instalaciones que solicitan autorización ambiental integrada, así como los contenidos e instrucciones necesarias para que el informe pueda considerarse concluyente”.
Disposición transitoria primera Proyectos de interés estratégico regional en trámite.
La solicitudes formuladas para la declaración de un proyecto de interés estratégico que a la entrada en vigor de Decreto Ley no hayan obtenido el acuerdo de declaración del proyecto de interés estratégico regional por el Consejo de Gobierno, continuarán su tramitación por parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con arreglo a la previsto en el artículo 7 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El seguimiento de los proyectos declarados de interés estratégico regional antes de la entrada en vigor de este Decreto Ley, corresponderá al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Disposición transitoria segunda Adaptación de las actividades al nuevo régimen de licencia y declaración responsable de actividad.
Los procedimientos de licencia de actividad que a la entrada en vigor de esta norma se encuentren en trámite, seguirán su tramitación con arreglo al procedimiento aplicable al tiempo de su solicitud.
Las actividades que, estando en el ámbito de aplicación de la declaración responsable, cuenten con licencia de actividad a la entrada en vigor de esta norma, quedarán sometidas a partir de entonces al régimen jurídico aplicable a la declaración responsable. Las condiciones impuestas en las licencias de actividad tendrán la consideración de medidas correctoras o prescripciones técnicas de la actividad”.
- Los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
- Se derogan los siguientes artículos o partes de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada:
Disposición final primera Adaptación de la normativa vigente.
Murcia, 20 de abril de 2016.—El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López.—La Secretaria del Consejo de Gobierno, María Dolores Pagán Arce
NPE: A-220416-3311
DECRETO 43/2001, de 22 de febrero, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de Andalucía a don Pedro Cruz Villalón.

References: Real Decreto 
 Artículo 1

Artículo 1

Artículo 37

Artículo 38
 Artículo 2

Artículo 2

Artículo 18

Artículo 27

Artículo 28
 Artículo 3

Artículo 3

Artículo 22

Artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 3

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 40
 Real Decreto 

Artículo 45
 resolución 

Artículo 83
 Real Decreto 

Artículo 100

Artículo 152
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 4
 resolución 
 artículo 71

Artículo 5
 Real Decreto 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 22

Artículo 32

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 9