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Timestamp: 2018-09-22 05:58:20+00:00

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﻿ Sentencia C-304 de abril 28 de 2010
SENTENCIA C-304 DE 28 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:ACCIONES DE GRUPO. MARCO JURÍDICO. INHIBICIÓN DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO ACERCA DE LA DEMANDA INSTAURADA CONTRA LA EXPRESIÓN “ANTES DE LA APERTURA A PRUEBAS” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 472 DE 1998, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE GRUPO, CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE GRUPO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE GRUPO, VINCULACIÓN AL PROCESO
Sentencia C-304 de abril 28 de 2010
Sentencia C-304 de 2010
Ref.: Exp. D-7910
Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”
Se transcribe el texto de la disposición parcialmente demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 443.357 del 6 de agosto de 1998 y se subraya el aparte acusado.
Diario Oficial 43.357 de agosto 6 de 1998
ART. 55.—Integración al Grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 472 de 1998.
De conformidad con la demanda, la expresión “antes de la apertura a pruebas” contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 vulnera el principio de igualdad, el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia de las víctimas del hecho dañoso, en razón a que mientras que la ley permite la vinculación de posibles responsables en cualquier momento procesal, no contempla similar regla para los afectados. De otra parte, a juicio de la actora, la norma introduce una desproporcionada e irrazonable limitación al ejercicio de los derechos de los afectados en el proceso, al condicionar su intervención al momento procesal que contempla la expresión acusada.
El procurador, por su parte considera, en primera instancia, que los motivos que aduce la demandante carecen de la necesaria claridad y pertinencia, razón por la cual propone una decisión inhibitoria. No obstante, como una proposición subsidiaria señala a la Corte que, en aplicación del principio pro actione, asuma el estudio de mérito únicamente en relación con los cargos por presunta violación de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, y declare la exequibilidad de la expresión acusada como quiera que contempla una medida que resulta razonable y proporcionada en la medida que se orienta a garantizar a las víctimas del hecho dañoso la posibilidad de aportar los medios de prueba para acreditar que su derecho ha sido vulnerado y que se hacen acreedores a una indemnización.
Para resolver la cuestión así planteada la Sala adoptará la siguiente metodología: (i) Precisará los alcances de los fallos precedentes en relación al artículo 55 de la Ley 42 de 1998; (ii) recordará su jurisprudencia sobre el marco general de las acciones de grupo; (iii) determinará el alcance de la expresión acusada dentro del contexto normativo del que forma parte; (iv) resolverá si en el presente caso, cabe un pronunciamiento de fondo, en tanto exista o no un cargo de inconstitucionalidad que cumpla los criterios fijados por la ley y la jurisprudencia al respecto.
(i) C-215 de 1999 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez)
(ii) C-1062 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis)
(iii) C-735 de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo)
(iv) C-241 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
— En la primera de estas sentencias, la Corte se pronunció sobre el texto de todo el artículo 55, sin hacer precisión en relación con el alcance del efecto de cosa juzgada resultante. El cargo formulado en esa ocasión se refirió únicamente a la eventual vulneración del debido proceso que pudiera resultar del hecho de que fuera posible beneficiarse del efecto de la sentencia estimatoria una vez proferida esta sin haber intervenido en el proceso antecedente, situación que fue encontrada conforme a la Constitución(4). En consecuencia, si bien la demanda en esa oportunidad(5) se dirigió contra la totalidad del texto del artículo 55 y esta corporación no dejó salvedades, la cosa juzgada es absoluta apenas en apariencia(6), puesto que el análisis efectuado por la Corte estuvo claramente limitado a confrontar la regla antes referida con el derecho al debido proceso de la parte demandada, la cual debe aceptar la tardía aparición de integrantes del grupo que no se hicieron presentes durante el desarrollo del respectivo proceso. Por lo tanto, no existe en este caso, efecto de cosa juzgada derivado de la Sentencia C-215 de 1999, frente a lo que ahora se demanda.
— En la Sentencia C-1062 de 2000 la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de la expresión “derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos”, contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, sin referirse en modo alguno al segmento ahora demandado, por lo que tampoco existe efecto de cosa juzgada generado por ese fallo.
— En la Sentencia C-735 de 2008, esta corporación estudió la constitucionalidad del artículo 55 en el segmento que dice: “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes”, sin embargo, la Sala Plena decidió inhibirse de decidir sobre el tema planteado, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.
— Finalmente en la Sentencia C-241 de 2009, la Corte se ocupó nuevamente del estudio del artículo 55 en el aparte “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes”. En esta oportunidad asumiendo el análisis de la norma frente a la Constitución, estimó la Corte que tal apartado era contrario al propósito de las acciones de grupo, vulneraba el acceso a la administración de justicia, afectaba el derecho al debido proceso y establecía una discriminación improcedente entre sujetos que se encuentran en igualdad de condiciones fácticas, por lo que declaró la inexequibilidad de la expresión señalada.
4. Marco general de las acciones de grupo.
El Constituyente de 1991 definió las acciones de grupo y sus elementos en textos constitucionales específicos: en el artículo 88, inciso segundo que ordena a la ley regular “las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”; y en el artículo 89 que establece que fuera de las acciones directamente diseñadas por la Carta, “la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas”.
El artículo 88 de la Constitución defiere entonces a la ley la regulación de las “acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”. En desarrollo de dicha disposición, el artículo 3º de la Ley 472 de 1998 define la acción de grupo como aquella que puede ser interpuesta “por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad”.
Del contenido de estas disposiciones puede inferirse que la justificación de las acciones de grupo se traduce en materializar el principio de economía procesal, al resolver en un mismo proceso las pretensiones de un número plural de personas que fueron afectadas por una misma causa. En efecto, la acción de grupo busca que se simplifique la administración de justicia y se unan esfuerzos para solicitar la reparación de los daños causados por un evento lesivo. Es por ello, que su propósito es permitir que un grupo de individuos afectados por un masivo acontecimiento, por encontrarse en circunstancias iguales, puedan interponer una sola acción, con lo que se logra una mayor eficiencia en términos de números de procesos, pruebas y representación jurídica, y se evitan sentencias contradictorias derivadas de diversas interpretaciones normativas y de distintas valoraciones de los hechos por parte de jueces(7). Además de un crucial efecto de economía procesal que reduce el desgaste del aparato judicial y tiende a ayudar en la lucha contra la congestión de la administración de justicia(8).
“En concreto, las acciones de grupo tienen las siguientes características: i) No involucran derechos colectivos. El elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica una actuación judicial conjunta de los afectados, ii) eEn principio, por tratarse de intereses individuales privados o particulares, los criterios de regulación deben ser los ordinarios ; iii) los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva la reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de manera especial, con fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las razones de economía procesal que inspiran su consagración en ese nivel”(9).
“Debe hacerse énfasis, una vez más, en la naturaleza indemnizatoria de la acción de grupo, pues persigue ella el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios a un número plural de personas por las mismas acciones y omisiones”(10).
En punto al objeto de las acciones de grupo, la Corte Constitucional ha resaltado la distinción constitucional entre estas y las acciones populares. Por consiguiente, ha puntualizado el carácter reparatorio de las acciones de grupo, a partir de la constatación de un daño ocasionado a derechos e interese jurídicos subjetivos(11). Al respecto, la Corte indicó en la Sentencia C-215 de 1999:
“En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, hay que señalar que estas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre —a diferencia de las acciones populares— la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción. Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales, que el daño a reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser atendidas de manera pronta y efectiva”.
“Es así como dichas acciones están orientadas a resarcir un perjuicio proveniente del daño ya consumado o que se está produciendo (Sent. T-678/97), respecto de un número plural de personas (cuyo mínimo fue reglamentado en 20 según el artículo 46 de esa misma ley). El propósito es el de obtener la reparación por un daño subjetivo, individualmente considerado, causado por la acción o la omisión de una autoridad pública o de los particulares. Se insiste en este punto sobre la naturaleza indemnizatoria que evidencian las mismas, la cual configura una de sus características esenciales, así como en el contenido subjetivo o individual de carácter económico que las sustenta”.
Significa que tanto la acción de grupo como la acción popular han sido estatuidas para obtener la reparación del daño causado a un número plural de personas (C.P., art. 88), que superan las limitaciones de los esquemas procesales puramente individualistas para la protección de los derechos(12), sin embargo se distinguen en algunos aspectos:
(i) En su finalidad: La acción popular tiene un propósito esencialmente preventivo, mientras que la acción de grupo cumple una función reparadora o indemnizatoria, por lo que la primera no requiere que exista un daño sobre el interés protegido, mientras que la segunda opera una vez ocurrido el daño, ya que precisamente pretende reparar dicho perjuicio(13).
(ii) En los derechos o intereses protegidos. Al tiempo que la acción popular ampara esencialmente derechos e intereses colectivos, la acción de grupo recae sobre la afectación de todo tipo de derechos e intereses, sean estos colectivos o individuales(14), ya que ella es un instrumento procesal colectivo, que busca reparar los daños producidos a individuos específicos(15). Precisamente por ello la Sentencia C-1062 de 2000 condicionó la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, en la medida en que dicha disposición restringía el objeto de protección de las acciones de grupo, a que los daños por indemnizar derivaran “de la vulneración de derechos e intereses colectivos”. La Corte declaró exequible esa disposición, pero en el entendido “de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de grupo”. Dijo entonces la mencionada sentencia:
En conclusión, las acciones de grupo pretenden reparar el daño ocasionado a los derechos subjetivos de un número plural de personas que establece la ley para ser consideradas como un grupo, en la medida en que todas ellas fueron afectadas por un evento lesivo común, que amerita un tratamiento procesal unitario. La determinación de la responsabilidad es entonces tramitada conjuntamente, pero las reparaciones concretas son en principio individualizadas, puesto que se ampara el daño subjetivo de cada miembro del grupo(16).
La Constitución Política en su artículo 88 ordenó al legislador regular “las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”. De la lectura de este texto superior se entiende que la existencia y procedibilidad de la acción de grupo supone, para cada una de las personas afectadas por el hecho dañoso, el ofrecimiento de una vía procesal alternativa, especialmente clara y expedita, a través de la cual pueden buscar el reconocimiento y efectividad de la responsabilidad que la ley establece en cabeza del autor de dicho hecho jurídico generador del daño, en circunstancias presumiblemente más ventajosas que aquellas que rodearían el ejercicio de la acción individual. Sin embargo es claro, puesto que así lo quiso el mismo Constituyente, que la sola existencia de la acción de grupo y su procedencia frente al caso concreto, están llamadas a facilitar el acceso a la administración de justicia en comparación a las posibilidades existentes en ausencia de esta acción, y en ningún caso a entrabarlo o dificultarlo(17).
De esa manera, como lo expuso la Sentencia C-241 de 2009, quedó establecida la potestad y la necesidad de que el legislador regulara los aspectos procesales requeridos para la efectividad de las acciones de grupo, encargo que solo vino a cumplirse en 1998 con la expedición de la Ley 472 de ese año. Teniendo en cuenta la especial finalidad con que la norma superior contempló la existencia de este tipo de procesos, es importante resaltar que el contenido de la regulación que para el efecto se expida debe necesariamente definirse de forma tal que favorezca el ejercicio y efectividad de dichas acciones. La Ley 472 de 1998 al desarrollar el trámite de las acciones de grupo estableció reglas y principios claramente encaminados a facilitar su ejercicio, entre los cuales pueden destacarse: i) la facultad que se atribuye al defensor del pueblo o los personeros para dar inicio al trámite de la acción(18); ii) la regla según la cual quien actúe como demandante representa a todas las demás personas que hubieren sido afectadas por los mismos hechos vulnerantes(19); iii) la posibilidad de acudir al proceso una vez que este se ha iniciado gracias a la demanda iniciada por otra persona(20); iv) la opción de solicitar ser excluido del grupo en caso de preferir el ejercicio de las acciones individuales, evento en el cual los efectos de la sentencia no serán oponibles a dicha persona(21); v) la procedencia de medidas cautelares en los mismos casos que en los procesos civiles ordinarios(22); vi) la posibilidad de interponer, contra la decisión final, los recursos de apelación, casación y/o revisión(23); vii) en general, la celeridad que caracteriza este tipo de procesos(24).
“ART. 55.—Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas. La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella. Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”.
La Sentencia C-215 de 1999, que tal como se indicó, solo constituye una cosa juzgada relativa, por cuanto el estudio de la Corte estuvo claramente limitado a confrontar la norma acusada con el derecho al debido proceso de la parte demandada, la cual debe aceptar la tardía aparición de integrantes del grupo que no se hicieron presentes durante el desarrollo del respectivo proceso, al precisar el alcance del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, sostuvo que en él se establecen dos modalidades a través de las cuales las personas afectadas en un derecho o interés colectivo que hubieren sufrido un perjuicio, pueden hacerse parte del proceso iniciado en virtud de una acción de grupo: (i) el primero, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el que se indique el daño sufrido, su origen y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al grupo; (ii) el segundo, dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la misma información y siempre que su acción no haya prescrito o caducado.
Encontró la Corte que la finalidad perseguida por la norma en comento es de una parte, permitir a aquellas personas que sufrieron un mismo daño o perjuicio a un derecho o interés de la colectividad, y que por motivo de desinformación, desconocimiento u otro, no conocieron de la existencia del proceso puedan, previo el lleno de unos requisitos fijados en la norma, acogerse a los beneficios de la sentencia. Ello, acotó el fallo, no solo favorece al particular, sino también a la administración de justicia, pues evita que esta se desgaste con un nuevo proceso por los mismos hechos y contra la misma persona. Igualmente señaló la providencia, que por la naturaleza reparadora de esta acción, es válido para quien no se hizo parte en el proceso antes del fallo, que lo haga con posterioridad, dentro de las condiciones fijadas en la norma, “ello no desconoce en ningún caso, el debido proceso, pues quien se acoge al fallo, lo hace a sabiendas del contenido del mismo y del respeto y garantía que al trámite del proceso le dio el juez”.
Los cargos presentados contra el fragmento acusado se detallan así: (i) violación al artículo 2 º superior, por desconocimiento del deber de protección que tiene el Estado sobre las personas y grupos, al estatuir una barrera —el auto de apertura a pruebas—- para que las víctimas de un daño puedan reclamar sus pretensiones dentro de una acción de grupo; (ii) violación al artículo 13 de la Constitución, en tanto la frase acusada genera una discriminación del demandante frente al demandado, porque este último sí puede hacerse parte en el proceso en cualquier momento, según lo dispone el artículo 52 de la Ley 142 de 1998, mientras que los nuevos demandantes solo puede hacerse parte (sic) en un momento muy cercano a la admisión de la demanda, cuando no se ha hecho la suficiente difusión de las pretensiones de la misma; (iii) Violación al artículo 29 constitucional, por cuanto el aparte impugnado viola el derecho al debido proceso de las víctimas del respectivo hecho dañoso “ya que de conformidad con el propio artículo 88 de la Carta, el fin primordial de la acción de grupo resulta ser buscar el acceso a la justicia de los afectados por un daño, cuestión que se ve interrumpida con la limitante impuesta por el aparte del artículo 55 acusado”; (iv) Finalmente, se plantea una violación al artículo 229, en relación con el acceso a la administración de justicia, estima la actora que el aparte acusado no cumple con los límites de razonabilidad y proporcionalidad, porque no se permite la concurrencia de más demandantes con iguales condiciones a los 20 iniciales, al tiempo que el fin buscado por la disposición demandada socava el derecho de hacerse parte en el proceso desde su inicio.
1. Esta corporación ha señalado de manera reiterada, que el ejercicio de la competencia rogada que tiene para asegurar “la integridad y supremacía de la Constitución” en los estrictos términos del numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política(25), depende de que los ciudadanos efectivamente presenten una demanda en debida forma.
3. El Decreto 2067 de 1991, en su artículo 2º prescribe que la demanda debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas; (iii) las razones que sustentan la acusación, esto es, el por qué se estima que se violan los textos constitucionales; (iv) si se acusa quebrantamiento del debido trámite legislativo, entonces debe señalarse cuál es el trámite que debió haberse observado, y; (v) la razón por la cual la Corte es competente. No obstante, no es suficiente la observancia formal de esos requisitos. Además de las exigencias formales, es importante determinar el objeto de la demanda, la razón por la cual la Corte es competente para conocer de ella, y el concepto de la violación.
4. El concepto de la violación se formula debidamente cuando (i) se identifican las normas constitucionales vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones acusadas —lo cual implica señalar aquellos elementos materiales que se estiman violados—; (iii) y se expresan las razones por las cuales los textos demandados violan la Constitución. Esas razones —según amplia y reiterada jurisprudencia de la Corte— deben ser razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes(26).
7. Del mismo modo, en cuanto concierne al cargo por vulneración a la igualdad, cabe recordar que la Corte ha puesto de presente que el concepto de “Igualdad” es relacional, debiendo recaer sobre una pluralidad de elementos o términos de comparación, lo que supone determinar los sujetos, elementos o situaciones respecto de los cuales se aduce que existe una diferencia vulnerante de la Constitución. En el escrito de demanda, no se precisan cuáles son los grupos comparables ni los criterios de comparación aplicables para hacer el examen de igualdad, como quiera que la comparación entre las acciones de grupo y las acciones populares y entre el demandante y el demandado en la acción de grupo, no permite efectuar dicho juicio, ya que se trata de sujetos y ámbitos distintos.
En este orden de ideas, la Corte encuentra que los cargos dirigidos en contra del fragmento indicado en la demanda, se dirigen a atacar una interpretación realizada por la demandante de la norma legal y siendo así, no puede la Corte definir el fondo del asunto sin desatender los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 ni las reglas jurisprudenciales de esta corporación. Al respecto, la Corte mantiene su jurisprudencia según la cual el juicio de constitucionalidad exige una confrontación objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, por cuanto no es posible resolver los cuestionamientos a la constitucionalidad de una norma a partir de argumentos que no se relacionan de manera concreta y directa con las disposiciones que se acusan, al carecer de la claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia requeridas para emitir un fallo de fondo.
(4) C-215 de 1999.
(5) Demandantes: Andrés de Zubiría Samper, Luis Enrique Cuervo Pontón y Armando Palau Aldana.
(6) Sobre el concepto de cosa juzgada absoluta aparente se ha pronunciado la Corte, entre otras, en las sentencias C-397 de 1995, C-700 de 1999, C-1062 de 2000, C-415 de 2002 y C-931 de 2008.
(7) Sentencia C-215 de 1999.
(8) C-116 de 2008.
(9) Sentencia C-215 de abril 14 de 1999. M.P. Martha Sáchica Moncaleano.
(10) Gaceta del Congreso número 207, página 19.
(11) C-569 de 2004.
(12) C-569 de 2004.
(13) Sobre estas distinciones, ver, entre otras, las sentencias SU-067 de 1993, T-244 de 1998, T-046 de 1999, C-215 de 1999 y C-1062 de 2000.
(14) C-569 de 2004.
(15) C-569 de 2004.
(16) C-569 de 2004.
(17) C-241 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(18) Cfr. artículo 48 de la Ley 472 de 1998.
(19) Parágrafo del artículo 48 ibídem.
(20) Artículo 55, ibídem.
(21) Artículo 56, ibídem.
(22) Artículos 58 y siguientes.
(23) Artículo 67.
(24) Artículos 53, 56, 61, 64 y 67 entre otros
(25) Ver entre muchas otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-717 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda; C-128 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-142 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-143 de 1993; M.P. José Gregorio Hernández; C-428 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(26) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

References: ARTÍCULO 55
 artículo 55
 artículo 88
 artículo 241
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 88
 artículo 89
 artículo 88
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 55
 artículo 88
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 52
 artículo 29
 artículo 88
 artículo 55
 artículo 229
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 48
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 67