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﻿ Sentencia SP823-2015 de febrero 4 de 2015
SENTENCIA SP823-2015 DE 04 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO PENAL, EN NINGÚN EVENTO, LA SANCIÓN ACCESORIA DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS SUPERARÁ LOS VEINTE AÑOS, INCLUSO CUANDO LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CORRESPONDA A UN GUARISMO MAYOR. DE TAL MANERA QUE LA INHABILIDAD PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS NO SIEMPRE DEBE EQUIVALER A LA PENA DE PRISIÓN. LA ÚNICA EXCEPCIÓN, ES LA CONTENIDA EN EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 51 PARA SERVIDORES PÚBLICOS CONDENADOS POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADOALLÍ COBRA VIGOR EL INCISO 5 DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE PROHÍBE QUE ESTE TIPO DE PERSONAS DESEMPEÑEN CARGOS ESTATALES O CELEBREN CONTRATOS CON ENTIDADES DE ESTE TIPO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENA, DEMANDA DE CASACIÓN, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, HOMICIDIO, INHABILIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS, CÓDIGO PENAL
Sentencia SP823-2015 de febrero 4 de 2015
SP823-2015
Radicación 45225
1.1. La casación es un recurso extraordinario y reglado que les permite a los interesados cuestionar ante la máxima autoridad de la justicia ordinaria la correspondencia de una sentencia de segundo grado con el orden jurídico.
Dicha confrontación repercutirá si se descubre en el fallo algún error de trámite o de juicio jurídicamente trascendente, ya sea propuesto por el recurrente o advertido de oficio por la Corte.
Una decisión ajustada a derecho, en cambio, es aquella que logra sobrevivir racionalmente a la crítica. Y la crítica será irrelevante cuando no refuta la providencia, es decir, si no demuestra, bajo los parámetros jurisprudenciales dirigidos a la adecuada demostración de un yerro, que riñe en aspectos sustantivos con la Constitución Política, la ley o los principios que las rigen.
1.2. En este caso, la demanda presentada por el fiscal cuarto especializado no será admitida, debido a la ausencia de fundamentos.
Por un lado, si bien es cierto el recurrente postuló desde un punto de vista formal la violación indirecta de una norma de derecho sustancial proveniente, al parecer, de un error de hecho (aspecto que, sin embargo, no especificó en el escrito), o más específicamente de un falso raciocinio en la apreciación probatoria, también lo es que en ningún momento desarrolló o siquiera se refirió a la concreta transgresión de una regla de la sana crítica, ni a cualquier otra situación constitutiva de un yerro susceptible de abordarse casación. Tan solo expuso su particular criterio, de acuerdo con el cual debía otorgarse credibilidad al relato de un testigo de cargo y a su vez restarle eficacia demostrativa a la prueba de descargo.
Una tal postura es por completo inane a esta altura de la actuación, puesto que una vez superado el debate ante las instancias la decisión recurrida entraña una presunción de acierto y de sujeción tanto a la Constitución Política como a la ley, de suerte que si respecto de aquélla no se ha probado un error, siempre prevalecerá en el orden jurídico por encima de otros pareceres u opiniones discrepantes.
El demandante hizo alusiones a la justicia material, así como al prestigio que debe emanar de la administración de justicia, como argumentos adicionales para que su escrito le fuera admitido. Sin embargo, jamás será posible catalogar de ‘justas’ aquellas decisiones judiciales no armonizadas con las formas propias del juicio, entre las cuales se encuentra cumplir con las cargas procesales y los requisitos de los recursos. En otras palabras, la justicia sólo podrá materializarse dentro de un marco de estricto acatamiento al debido proceso. Y una forma de asegurar la vigencia del prestigio judicial radica en no seguir, ante la ausencia de vacíos normativos, discursos en apariencia jurídicos pero carentes de contenido.
Por otro lado, los reclamos del actor, incluso como un alegato de instancia, igual estarían destinados al fracaso. Por ejemplo, el principal argumento resaltado en la demanda consistió en señalar que el tribunal no podía brindar alcance probatorio tanto al testigo de cargo que incriminaba a Ana Cenaida Pinto Gutiérrez como a la versión de ella que la exoneraba, de modo que necesariamente tenía que inclinarse por uno y descartar lo otro(8). Lo anterior no es cierto. La duda, precisamente, surge cuando el funcionario no tiene motivos para descartar en forma racional el contenido de verdad o de mentira de las aserciones fácticas divergentes suministradas por los testigos, motivo por el cual cualquier incertidumbre al respecto deberá resolverla siempre, por norma constitucional y legal, a favor del reo. Esto fue lo que sucedió en el presente caso.
1.3. En este orden de ideas, como los planteamientos del fiscal delegado no son suficientes para controvertir la sentencia recurrida ni para demostrar un error de trámite o de juicio, la Corte no admitirá la demanda.
Sin embargo, como la Sala advierte violado el principio de legalidad en la imposición de la pena, procederá a realizar el respectivo análisis en aras de su función protectora de derechos fundamentales.
2.1. En un principio, la Sala había manejado el criterio conforme al cual, en aquellos casos en los que no admitía la demanda de casación pero a la vez advertía la violación de una garantía judicial, tenía que disponer su traslado al Ministerio Público para que emitiera concepto antes de efectuar cualquier pronunciamiento oficioso sobre el asunto.
Esta postura, sin embargo, fue abandonada por la Corte a partir de la decisión de fecha 12 de septiembre de 2007, en la cual consideró que, en virtud de los principios rectores de celeridad, eficiencia y eficacia, y en armonía con el propósito de garantizar la efectividad del derecho material (que es un postulado del Estado social de derecho), el vacío jurídico debía resolverse subsanando inmediatamente el yerro encontrado(9). Ello, claro está, en la medida en que la anomalía descubierta por la Corte corresponda a un error susceptible de atenderse en sede del recurso extraordinario (pues, de lo contrario, no podría modificar la decisión de las instancias) y la solución ofrecida no conduzca a afectar de manera intolerable otras garantías judiciales de igual o superior raigambre.
En este orden de ideas, la Corte procederá a estudiar de manera oficiosa si es posible predicar en el presente caso la violación del principio de estricta legalidad de la pena.
2.2. El inciso 3º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000, Código Penal vigente, prevé que en cualquier caso “la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena que accede”. Sin embargo, esta disposición también establece que dicho monto no puede “exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51”.
Esta última norma, que regula la duración de las penas privativas de otros derechos, señala para dicha inhabilidad en su inciso primero “una duración de cinco (5) a veinte (20) años”.
Interpretadas de manera armónica, la Sala ha entendido que, en ningún evento, la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas superará los veinte (20) años, incluso cuando la sanción privativa de la libertad corresponda a un guarismo mayor.
2.2. En el presente caso, el Juzgado Penal del Circuito Especializado les impuso tanto a Jairo Arriguí Guenis como a Rafael Blanco Flórez y Uriel Fuya Gómez penas accesorias de inhabilidad idénticas a las respectivas de prisión, esto es, de cuatrocientos sesenta (460) meses para el uno y cuatrocientos treinta y seis (436) meses para los otros(10).
Dichas sanciones, por lo acabado de ver, desconocen el límite máximo de veinte (20) años, o doscientos cuarenta (240) meses, contemplado en el artículo 51 del Código Penal para la dosificación de la pena de interdicción que debe acompañar a la privativa de la libertad.
Como el tribunal, en el fallo impugnado, no reparó en esa anomalía que afectó el principio de legalidad de la pena, la Sala lo casará de manera oficiosa y parcial, en el sentido de reducir la sanción de inhabilitación a veinte (20) años para cada uno de los condenados.
Igualmente, la Corte precisará que la sentencia objeto del recurso extraordinario permanecerá incólume en todos los demás aspectos que no fueron materia de alteración.
1. No admitir la demanda de casación presentada por el fiscal delegado contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
2. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia recurrida.
3. Como consecuencia de lo anterior, disminuir a veinte (20) años la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a Jairo Arriguí Guenis, Rafael Blanco Flórez y Uriel Fuya Gómez.
4. Precisar que la decisión del tribunal seguirá incólume en todos los demás aspectos que no fueron materia de modificación.
(8) Cf. folio 114 ibídem.
(9) CSJ SP, 12 sep. 2007, radicación 26967.
(10) Cf. folio 102 ibídem.

References: ARTÍCULO 51
 ARTÍCULO 51
 ARTÍCULO 122
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 51