Source: https://fr.scribd.com/document/297685415/AVALOS-RODRIGUEZ-Carlos-CPP-2004-Iura-Novit-Curia-y-Obreseimiento
Timestamp: 2019-04-24 20:11:24+00:00

Document:
Transféré par Angel Diaz
CPP 2004, IURA NOVIT CURIA Y SOBRESEIMIENTO
(¿Puede el Juez sobreseer el proceso alegando no conocer el Derecho?)
Constante Carlos Avalos Rodríguez*
Existe coincidencia en la doctrina y jurisprudencia nacionales respecto a que el CPP
2004 pretende la instauración en nuestro país de un sistema procesal penal de corte
acusatorio; sin embargo, cuando reparamos en cuáles son las consecuencias que de ello
se extraen para la configuración de nuestra justicia penal la situación no resulta tan
Que el juez de juzgamiento no pueda bajo ningún supuesto ordenar de oficio la
actuación de prueba -a pesar de lo que prescribe expresamente el num. 2 de su art.
385°-; que las partes se encuentren obligadas a citar y lograr la concurrencia de sus
órganos personales de prueba para el juzgamiento, sin que el Poder Judicial tenga
mayor responsabilidad en ello -a pesar de lo que prescribe expresamente el num. 5 de
su art. 355°-; que se declaren fundadas excepciones de improcedencia de acción porque
los hechos no se adecuan al tipo penal por el que se formalizó investigación
preparatoria, a pesar que sí resultan claramente típicos de otros delitos -a pesar de lo
que prescribe expresamente el lit. b num. 1 de su art. 6°-; son sólo algunas muestras de
las discutibles consecuencias que la jurisprudencia de algunos distritos judiciales donde
ya se encuentra en vigencia el CPP 2004 ha creído deben derivarse de la adopción de
“un sistema procesal penal acusatorio”.
En otro lugar hemos hecho referencia a que durante el tiempo de vigencia del CPP
2004 se ha detectado la intención de algunos magistrados de imponer su particular idea
de la configuración y contenido del “nuevo sistema procesal penal” por sobre las
decisiones que al respecto ha tomado el legislador ordinario y han sido consagradas
expresamente en el código; señalando que quienes actuán de dicha manera acostumbran
argumentar en su respaldo que las prácticas que implementan responden al sistema
acusatorio en mejor medida que lo que ha establecido el CPP 2004 y que al tener la
ideología acusatoria reconocimiento constitucional, con su modo de proceder están
privilegiando la construcción de un proceso penal conforme con la Constitución por
sobre la construcción de un proceso penal legal.
Coordinador de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios Públicos de La Libertad – sede Trujillo. Miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal
(INCIPP).
En el mismo lugar hemos dejado en claro que no estamos de acuerdo con dicho
proceder, por la incorrección de los argumentos teóricos, jurídicos y políticoprocesales
que le pretenden dar sustento1.
Defendemos que en nuestro sistema jurídico no se puede soslayar la importancia y
capacidad de vinculación que -en el marco de lo constitucionalmente debido y posible- le
corresponde a las normas legales -y, en ello, al CPP 2004- para la configuración del
proceso penal peruano.
En dicha línea de pensamiento analizaremos en el presente trabajo, principalmente, la
corrección -o no- de un planteamiento jurisdiccional según el cual se debe sobreseer el
proceso cuando el Fiscal ha obviado consignar en su requerimiento acusatorio escrito las
normas administrativas que rigen las contrataciones del Estado cuya infracción apreciada
indiciariamente permite concluir en la concertación defraudatoria requerida por el delito
de colusión; planteamiento que da a entender que la mención expresa por escrito de
dichas normas es requisito imprescindible para el reconocimiento de su existencia y la
posibilidad de su aplicación dentro de la etapa intermedia.
Dicho en otros términos, un planteamiento jurisdiccional según el cual en la etapa
intermedia diseñada por el CPP 2004, la existencia y aplicación del Derecho se encuentra
condicionada a que las partes informen al juez de su existencia y pidan su utilización, sin
que el Juez tenga deber alguno de conocerlo.
Nos ocuparemos también del sobreseimiento de la acusación por la causal “No existe
razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya
elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento” y si
para la aplicación de ésta se pueden valorar las testimoniales de descargo -admitidas
para su actuación en juicio- de quienes no han declarado durante la investigación
preparatoria; entre otras argumentaciones empleadas por la resolución materia de
comentario y que resultan necesitadas de un adecuado análisis porque podrían implicar
no sólo tomas de posición cuestionables, sino también, y sobre todo, la generación de
espacios para la impunidad de los delitos.
II. Resolución materia de análisis
4350-2010-86
Roger Emilio Quispe Rosales y otros
Cfr. AVALOS RODRÍGUEZ, C. / ROBLES BRICEÑO, M. Jurisprudencia del nuevo Código Procesal
Penal, pp. 6 a 8.
Yolanda Alvarado López
Trujillo, doce de octubre del dos mil once.I. PARTE EXPOSITIVA:
El doctor Constante Carlos Ávalos Rodríguez en calidad de Fiscal Provincial Penal
Corporativo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad,
formula acusación contra Roger Emilio Quispe Rosales, Liz Sofia Alejandrina Zenteno
y José Wilfredo Rodríguez Azabache, por el delito de colusión, tipificado en el artículo
384º del Código Penal, en agravio de la Municipalidad Distrital de Moche. Se corrió
traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de diez días, habiéndose propuesto
un sobreseimiento y una excepción dentro del plazo concedido para absolver la
acusación; se realizó la audiencia preliminar en la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado
de Investigación Preparatoria de Trujillo en la sede de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad en las sesiones de fecha tres y diez de octubre del dos mil once, siendo
registrada íntegramente en sistema de audio; habiéndose declarado la validez formal de
la acusación y admitido los medios de prueba ofrecidos por las partes; siendo el estado
del proceso el de expedir la resolución correspondiente respecto a la solicitud de
sobreseimiento sustentando por la defensa del acusado Roger Emilio Quispe Rosales,
habiéndose declarado inadmisible de plano la excepción de improcedencia de acción
propuesta por la defensa de la acusada Liz Sofia Alejandrina Zenteno, por su
inconcurrencia injustificada a la última sesión de audiencia pese a estar debidamente
1.1. La acusación se resume en que la Municipalidad del Distrito de Moche a través de
su Unidad de Administración Tributaria y el Área de Desarrollo Urbano, determinó
que no se había estado cobrando el derecho de autorización y el certificado de
conformidad de obra por las instalaciones de postes y tendidos de redes de propiedad
de Telefónica del Perú S.A.A. Luego con fecha veintidós de junio del dos mil siete se
realizó una Notificación Preventiva de Sanción N° 001-2007-MDM y el primero de
octubre del dos mil siete se expidió una resolución otorgando un plazo de cinco días a
Telefónica del Perú S.A.A., para que cumpla con el pago de S/. 2’350,000.00 (dos
millones trescientos cincuenta mil nuevos soles). Posteriormente con fecha veintinueve
Es así que con fecha dieciocho de enero del dos mil ocho. por lo que.966. el alcalde de la Municipalidad de Moche Roger Emilio Quispe Rosales.07 (setentiséis mil novecientos noventiséis nuevos soles con siete céntimos) equivalente al 30% de la deuda pagada por Telefónica del Perú S.A.A. que el artículo 349.A. por la causal contenida en el artículo 344. por instalación de 484 postes telefónicos y 03 cabinas.C. sin mediar informe técnico especializado. en la acusación ampliatoria.A.A.C.C.d del Código Procesal Penal del 2004 –en adelante CPP-.25 (doscientos quince mil quinientos noventiún nuevos soles con veinticinco céntimos). el alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche expidió la Resolución de Alcaldía N° 040-2008-MDM.1. 76. en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad Distrital de Moche. El artículo 397. La acusación también precisa que con fecha dieciocho de enero del dos mil ocho. siendo ingresado a Tesorería mediante recibo de ingreso N° 458 del dieciocho de enero del dos mil ocho. Es por ello. ni informe contable o tributario que pueda revertir lo determinado por la Unidad de Administración Tributaria. representado por Liz Sofía Alejandra Zenteno.A. canceló la suma mencionada mediante cheque de gerencia de Scotiabank. salvo cuando favorezcan al imputado”.4. 215.A. Las imputaciones descritas en la acusación tiene por finalidad delimitar el objeto de juicio. 1.2. 1.591. En resumen. 1.3. se procedió a ampliación de la vigencia del contrato hasta el treinta de enero del dos mil ocho. que corresponderá ser analizado por el juez a efectos de amparar o no el sobreseimiento de parte. En este contexto.[Escribir texto] de junio del dos mil siete. a facturar a la Municipalidad Distrital de Moche el monto de S/.. girado a favor de la Municipalidad Distrital de Moche. al celebrar un contrato de servicio de consultoría en fiscalización en materia tributaria y administrativa. El Ministerio Público concluye la investigación preparatoria afirmando la existencia de una concertación entre los acusados para beneficiar económicamente a Innovaciones Perú S. Telefónica del Perú S. la tesis incriminatoria contenida en la acusación escrita y los medios de prueba admitidos. por el periodo del dos mil uno al dos mil siete (detección de omisos) y del dos mil tres al dos mil siete (detección de subvaluaciones). la solicitud de sobreseimiento deberá ser analizada y resuelta desde la perspectiva de esas imputaciones. procediendo Innovaciones Perú S.A.b 4 . serán el material de conocimiento -exclusivo y excluyente-. extendiéndole indebidamente el contrato más allá del tiempo inicialmente pactado y haciéndole pago por un servicio que materialmente no ha prestado. mas no de otras imputaciones improvisadas por el fiscal en el desarrollo del debate o fuera del contenido fáctico de la acusación. sin seguir los procedimientos legales necesarios para ello. prescribe que “la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y.2. firmó un contrato de servicio de consultoría en fiscalización en materia tributaria y administrativa con la Gerente General de Innovaciones Perú S. en su caso. procediendo a declarar la nulidad de la Notificación Preventiva de Sanción y ordenando a Telefónica del Perú S. el pago total de S/.1º del CPP sobre la correlación entre la acusación y la sentencia.A.
La delimitación del hecho que será objeto del juicio cumple una función garantizadora. Tercera edición..3. Lima. sus aportes serán en todo caso de complicidad o asumirán irrelevancia. La presencia de otros funcionarios. liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años". para este segundo título de imputación. peor no señala expresamente en qué debe consistir estos “actos fraudulentos”. Alberto.1. Introducción al Derecho Procesal Penal. suministros. No puede ser autor por lo tanto cualquier funcionario o servidor que carezca de las facultades específicas de decisión que el tipo exige. 2002. p. Este principio se denomina principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. 2000. entre otros requisitos. 279. 2. ajustes. El tipo prescribe el medio por el cual se vale el agente para defraudar (concertación). ligado al principio de defensa. Esta determinación no se exige sólo por una razón de precisión o prolijidad.2. subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado. Delitos contra la Administración Pública. etc. 2. 2. “la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes. concurso de precios. Fidel. en los contratos. Así por ejemplo. Segunda edición. lo cierto es todo aquello que prive al Estado de aquello que le corresponde por derecho. aunque su contenido específico puede ser descripto como el carácter intangible del objeto del juicio2. La acusación debe describir con precisión cuál será el objeto de juicio. No se concibe una defraudación sin perjuicio económico del patrimonio del Estado. la sentencia que se dicte luego del juicio sólo podrá versar sobre los hechos por los cuales se ha abierto el juicio. Sólo los funcionarios y servidores públicos que actúen en razón de su cargo o por comisión especial pueden ser sujetos activos. El delito se colusión se encuentra tipificado en el artículo 384º del Código Penal con la siguiente proposición normativa: “el funcionario o servidor público que. Grijley. licitaciones. beneficiando al co-contratante en los convenios que celebra concediéndole ventajas particulares. que normalmente no hubiere obtenido. incluso de mayor jerarquía. 5 . primera reimpresión.[Escribir texto] del CPP exige que la acusación debe contener. porque evita acusaciones sorpresivas y permite una adecuada defensa. Buenos Aires-Argentina. 2 BINDER. según ley. Ad Hoc SRL. concertándose con los interesados en los convenios. no legitima la coautoría3. 3 ROJAS VARGAS. el funcionario o servidor público que en razón de su cargo interviniere en un contrato representando al Estado. según el cual. sino porque existe un principio garantizador. 250. pp. Delito de colusión 2. engaño. concomitantes y posteriores”. ardid. Se puede actuar como autor o en coautoría siempre que. los funcionarios se hallen colocados en idéntica posición de vinculación funcional con relación a las negociaciones o contrataciones en razón al cargo o comisión especial. Los actos fraudulentos son consustanciales a la colusión o concertación previa y suponen de alguna manera astucia. que se hallen al margen de tal nexo.
2. en su artículo 145º precisó que “cuando exista la necesidad de proveerse de servicios especializados profesionales (…) procede la exoneración por servicios personalísimos para contratar con personales naturales o jurídicas notoriamente especializadas. durante su ejecución y a la culminación de la misma. celebró con fecha veintinueve de junio del dos mil siete. Para servicios personalísimos.A. Luego.C. resulta la norma vigente y aplicable a la fecha de suscripción del contrato entre la Municipalidad Distrital de Moche e Innovaciones Perú S. 3.1. impuesto de alcabala. derecho por ocupación de la vía pública y otros tributos que tenga vinculación directa con el hecho generador de la obligación tributaria y administrativa. Delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra la Administración Pública. siempre que su destreza. determinación de sanciones tributaria y administrativas por los periodos del 2001 al 2007 (detección de omisos) y 2003 a 2007 (detección de subvaluaciones) de los tributos de impuesto predial. la Ley Nº 26850. Finalmente se acordó que el plazo de duración del contrato sería de seis meses computados desde el veintinueve de junio del dos mil siete. Imputación penal de celebración de un contrato regular 3. habilidad y experiencia particular y/o conocimientos evidenciados. de conformidad con el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 014-2009. Concurso Público o Adjudicación Directa. El contrato tenía como prestación por Innovaciones Perú S. Dícese lo propio del concurso de precios. apreciados de manera objetiva por la entidad. 2002. según sea el caso. 83.C ocurrida el 29 de junio del 2007. disposición que entró en vigencia a partir del 01 de febrero del 2009. De otro lado. el Decreto Supremo Nº 084-2004PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Lima. 3. la realización de un servicio de consultoría en fiscalización tributaria y administrativa de los principales contribuyentes. publicado el 31 de enero del 2009.A. multas administrativas. No obstante lo expuesto. de acuerdo a lo que establezca el Reglamento". El contrato de consultoría tiene como base legal. consistente en la recuperación de tributos atrasados. 5 La Ley Nº 26850 fue derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1017. la Municipalidad de Moche como contraprestación se obligó al pago del 30% más el impuesto de ley sobre los montos recaudados. Lo sustancial para la configuración del tipo es el acto fraudulento4. licencia de construcción. licitación. p.[Escribir texto] que se materializa al momento de suscribir el contrato con beneficios concertados.C. Segunda edición. 6 . Gaceta Jurídica. arbitrios municipales. las adquisiciones y contrataciones que se realicen: (…) h. permitan sustentar de 4 HUGO ALVAREZ.A. subasta o en cualquier otra operación en que intervenga por razón de su cargo. La acusación establece que el acusado Roger Emilio Quispe Rosales en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Moche. Jorge. publicada el 04 de junio del 2008. multas tributarias. un contrato de servicio de consultoría en fiscalización en materia tributaria y administrativa con la coacusada Liz Sofía Alejandra Zenteno en calidad de Gerente General de Innovaciones Perú S. la misma que en su artículo 19º estableció que “están exonerados de los procesos de Licitación Pública. el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Ley Nº 26850 5.
como supuesto legal de exoneración de los procesos de licitación pública. ni tampoco ofrecido medio de prueba alguno tendiente a demostrar la existencia en el mercado de otras empresas que puedan brindar exactamente el mismo servicio a un menor costo.. Sin embargo.A. la prestación de servicios de consultoría en fiscalización tributaria y cobranzas de deudas tributarias y no tributarias a diversos municipios del país. declaró fundados los descargos de Telefónica del Perú S. con la finalidad de cuestionar objetivamente y no con mera sospechas o conjeturas.. ha actuado dentro del marco de sus atribuciones legales en la contratación de Innovaciones Perú S. la Resolución de Alcaldía Nº 040-2008-MDM de fecha dieciocho de enero del dos mil ocho expedida por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche.A. la naturaleza del servicio personalísimo. El Ministerio Público incluso ha cuestionado en su acusación. una lectura integral de la Resolución de Alcaldía Nº 0402008-MDM permite comprender cuales fueron los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron objetivamente la decisión de reducir la deuda de Telefónica del Perú S.A.C. 3. En este contexto normativo. la Municipalidad Distrital de Moche. inscrita en la partida electrónica número 11561957 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. por no tener autorización municipal de 350 postes.00 (dos millones trescientos cincuenta mil nuevos soles). 1800 metros lineales de canalización y 40 cámaras. en la contratación del servicio de consultoría en fiscalización tributaria y administrativa.000.. 215.A. la existencia de una deuda exigible por 484 postes telefónicos y 03 cabinas ascendente al monto de S/.. 2’350. ni informe contable o tributario”.25 (doscientos quince mil quinientos noventiún nuevos soles con veinticinco céntimos). representada por la coacusada Liz Sofía Alejandra Zenteno. con la consiguiente nulidad de la Notificación Preventiva de Sanción Nº 001-2007-MDM y de la resolución de cinco días del primero de octubre del dos mil siete emitidos por la Unidad de Administración Tributaria de dicha entidad edil que había ordenado a Telefónica del Perú S. por ser una empresa formalmente constituida. El acusado Roger Emilio Quispe Rosales en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Moche. 3. el pago de S/. bajo la modalidad de servicios personalísimos contrató a Innovaciones Perú S. afirmando que “sin mediar informe técnico especializado.C. entre los que se encuentra.A. 180 anclas.4.A.3. sin especificación alguna siquiera de la norma aplicable a efectos de precisar como debería ser el procedimiento de contratación del servicio.A.A. dedicada a las actividades de asesoramiento empresarial. al haberse detectado previa inspección ocular realizada en forma conjunta entre ambas instituciones en el mes de setiembre del dos mil siete. siendo inexigible el pago 101 anclas por aplicación del segundo párrafo del Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC que no obliga a la obtención 7 .[Escribir texto] modo razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer su complejidad del objeto contractual y haga inviable la comparación con otros potenciales proveedores”. concurso público o adjudicación directa.591. debiendo descartarse la imputación genérica y ambigua del Ministerio Público consistente en “no haberse seguido los procedimiento legales necesarios para ello”.
de autorizaciones previas para elementos como anclas, riostras, suministros, cajas
terminales, armarios de distribución, entre otros, por tratarse de elementos accesorios.
3.5. El acusado Roger Emilio Quispe Rosales en su condición de Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Moche al dictar la Resolución de Alcaldía Nº 040-2008MDM , ha actuado en ejercicio regular de sus funciones como lo prevé el artículo 20.6º
de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por Ley Nº 27972, en el sentido que
son atribuciones del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a
las leyes y ordenanzas, concordante con el artículo 10º de la Ley de Procedimiento
Administrativo General aprobada por Ley Nº 27444. Por el contrario, el Ministerio
Público nuevamente imputa en forma genérica y ambigua que tal decisión
administrativa resulta cuestionable porque “no tiene un informe técnico especializado,
ni informe contable o tributario”, empero, no precisa qué clase de informe (¿?)
eventualmente hubiera sido necesario además de la propia inspección ocular realizada
por los contratantes, incluso tampoco ha ofrecido medio probatorio alguno que
permita acreditar objetivamente la inexactitud del conteo de postes telefónicos y
cabinas consignado en la resolución, siendo aplicable el principio de presunción de
validez del acto administrativo reconocido en los artículos 8º y 9º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado por Ley Nº 27444 en el sentido que
es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico, en
consecuencia, toda acto administrativo se presume válido en tanto su pretendida
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según
4. Imputación penal de celebración de una ampliación del contrato irregular
4.1. La acusación establece que el acusado Roger Emilio Quispe Rosales en su calidad
de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, ha celebrado con fecha veintinueve
de diciembre del dos mil siete una ampliación del contrato de servicio de consultoría en
fiscalización en materia tributaria y administrativa, con la coacusada Liz Sofía Alejandra
Zenteno en calidad de Gerente General de Innovaciones Perú S.A.C., con la finalidad
de continuar el servicio hasta el treinta de enero del dos mil ocho, permitiendo con ello
que Innovaciones Perú S.A.C. facture a la Municipalidad Distrital de Moche el monto
de S/. 76,966.07 (setentiséis mil novecientos noventiséis nuevos soles con siete
céntimos), equivalente al 30% de la deuda pagada por Telefónica del Perú S.A.A. con
fecha dieciocho de enero del dos mil ocho por S/. 215,591.25 (doscientos quince mil
quinientos noventiún nuevos soles con veinticinco céntimos). Como se advierte, el
Ministerio Público nuevamente incurre en una total ambigüedad e imprecisión en la
formulación de la imputación, al no especificar la norma supuestamente prohibitiva de
la celebración de una prórroga o ampliación del servicio contratado, así como tampoco
ha ofrecido medio de prueba alguno que demuestre su irregularidad, subsistiendo la
misma argumentación desarrollada en la presente resolución para reconocer la validez
jurídica y material del contrato principal.
5. Imputación penal de un servicio no prestado
5.1. La acusación establece que Roger Emilio Quispe Rosales en su calidad de Alcalde
de la Municipalidad Distrital de Moche, se ha confabulado en primer lugar con la con
la coacusada Liz Sofía Alejandra Zenteno en calidad de Gerente General de
Innovaciones Perú S.A.C. y en segundo lugar con el coacusado José Wilfredo
Rodríguez Azabache en su condición de Gerente Municipal, con la finalidad de
defraudar a la institución edil al haberse pagado el monto de S/. 76,966.07 (setentiséis
mil novecientos noventiséis nuevos soles con siete céntimos), por un servicio de
consultoría en fiscalización en materia tributaria y administrativa que en realidad nunca
5.2. En la audiencia preliminar se ha admitido como pruebas de descargo, diversos
documentos que dan cuenta de los correos electrónicos enviados por Juan Antonio
Laura Ataucuci como Gerente de Operaciones Nacionales de Innovaciones Perú
S.A.C., a la Municipalidad Distrital de Moche, en la persona de su Gerente Municipal el
coacusado José Wilfredo Rodríguez Azabache, como consecuencia de la ejecución de
la consultoría. Así tenemos:
a. La constancia de verificación notarial de la bandeja de salida del correo, adjuntando
el modelo de acta de inspección de fecha veintitrés de octubre del dos mil siete, así
como modelos de inspección de postes de concreto, de madera, cámara, ancla y línea
de canalización, entre otra información.
b. La constancia de verificación notarial de la bandeja de salida del correo, remitiendo
el proyecto de resolución de nulidad de notificación preventiva N° 001-2007-MDM.
c. La constancia de verificación notarial de la bandeja de salida del correo, indicando la
forma como debe regularizarse la normativa interna de dicho municipio, para efecto de
proceder al cobro a la Empresa Telefónica.
5.3. A mayor abundamiento sobre la ejecución del servicio de consultoría, se ha
admitido como prueba de descargo, la copia autenticada de la Ordenanza N° 0132007-MDM, que aprueba el Texto Único Ordenado de Procedimiento Administrativo
2007 de la Municipalidad Distrital de Moche, de fecha siete de octubre del dos mil
siete, por la cual se adecua el TUPA municipal con arreglo a las indicaciones de
Innovaciones Perú S.A.C., a efecto de que se pueda hacer efectivo el cobro de
derechos a Telefónica del Perú S.A.A. Incluso, con el mismo objeto probatorio se ha
admitido las testimoniales de Renzo Giancarlo Habich Morales, Juan Antonio Laura
Ataucuci, Porfirio Tolentino Polonio y José Bruno Cepeda Ruíz.
5.4. Hasta acá resulta evidente que el Ministerio Público cuando formuló su acusación,
no tuvo conocimiento oportuno de las pruebas de descargo antes descritas, las cuales
fueron ofrecidas por la defensa de los acusados recién en la audiencia preliminar de la
etapa intermedia. Ciertamente, lo apropiado por razones de economía procesal, hubiera
sido que la defensa incorpore este caudal probatorio a la carpeta fiscal en el curso de la
investigación preparatoria, en la medida que el principio de objetividad obliga al Fiscal
a sobreseer el caso, cuando llega a la convicción de la imposibilidad de lograr una
condena en el juicio, en tanto concurra alguna de las causales del artículo 344.2 del
CPP. Como no existe regulación normativa que obligue a la defensa a exhibir sus
pruebas desde la investigación, ni tampoco prohibición alguna que ello suceda a partir
de la etapa intermedia, tenemos que lo uno o lo otro dependerá exclusivamente de la
estrategia de defensa diseñada para cada caso. Finalmente, sea el sobreseimiento
requerido por el fiscal o solicitado por la defensa, es el juez de investigación
preparatoria el que deberá resolver en función al contraste (positivo o negativo) de los
medios de prueba (de cargo y de descargo) admitidos en la audiencia preliminar, con la
causal de sobreseimiento invocada, pudiendo incluso proceder de oficio cuando
corresponda como lo prevé el artículo 352.4º del CPP.
6. Sobreseimiento
6.1. La presunción de inocencia en su formulación negativa nos indica que “nadie es
culpable si una sentencia no lo declara así”, en concreto significa que: a) Que, sólo la
sentencia tiene esa virtualidad; b) Que, al momento de la sentencia sólo existen dos
posibilidades: o culpable, o inocente. No existe una tercera posibilidad; c) Que la
culpabilidad deber ser jurídicamente construida; d) Que esa construcción implica la
adquisición de un grado de certeza; e) Que el imputado no tiene que construir su
inocencia; f) Que el imputado no tiene que ser tratado como un culpable; g) Que no
pueden existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de la culpabilidad que no
necesitan ser probadas6. Esta última característica en particular de la presunción de
inocencia resulta relevante para el análisis de la acreditación de las proposiciones
normativas y fácticas del delito de peculado materia de la acusación -y en general de
cualquier imputación criminal-, justificante de una condena, en tanto el Juzgador arribe
al grado de certeza positiva (más allá de toda duda razonable) de la existencia del delito
y de la responsabilidad penal del autor. Si se permite que una acusación no se
encuentre escoltada de medios de prueba tendientes a satisfacer los elementos
esenciales del delito (acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), se incentivaría la
mala práctica de “ir de pesca a juicio”7 o peor aún en base a ficciones de
culpabilidad por ausencia manifiesta de pruebas.
6.2. La fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados
convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable. El juicio
es público y ello significa que el acusado deberá defenderse de la acusación en un
proceso abierto, que puede ser conocido por cualquier ciudadano. Así como la
publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, también tiene
BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ob. Cit., pp. 124-127.
Haciendo un paralelismo con la pesca, en la que tiró el anzuelo “a ver si algo pica”, lo mismo sucedería con
la acusación diminuta en su formulación fáctica y/o probatoria, cuando el Fiscal pretende “ir de pesca a
juicio”, a ver si tal omisión o deficiencia puede ser suplida por un “persuasivo” alegato, pero sin base
probatoria, o, con la ocurrencia de un evento extraordinario demostrativo del evento delictivo (no planificado
seriamente en la teoría del caso), como la confesión por arrepentimiento espontáneo del acusado pese a
contar con una teoría del caso exculpatoria, lo que obviamente nunca ocurre en la realidad, o finalmente
recurriendo a los prejuicios o al conocimiento privado del Juez para suplir con ésta la falta de prueba sobre
un hecho constitutivo del delito.
independientemente de la parte que lo propuso. extendiéndole indebidamente el contrato más allá del tiempo inicialmente pactado y pagando por un servicio que materialmente no fue prestado. Introducción al Derecho Procesal Penal. el artículo 14. el solo sometimiento a juicio habrá significado una cuota considerable de sufrimiento. Alberto. El Ministerio Público pretende invertir la presunción de inocencia por la de culpabilidad.3. con las proposiciones fácticas de la acusación y a su vez con los medios de prueba admitidos en la audiencia preliminar.[Escribir texto] un costo: por más que la persona sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia.2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2. 245-247. deberá declarase fundado el sobreseimiento por la causal del artículo 344. sin seguir los procedimientos legales necesarios para ello. sirve de fundamento a la posibilidad de proceder -de parte o de oficio. Supongamos que un Fiscal acusa. ya que no se refiere a ninguno de los requisitos de forma.d del CPP. cuando lo apropiado era que la parte acusadora sea quien en principio demuestre la supuesta ilegalidad de la celebración y ejecución del servicio de consultoría más allá de la simple sindicación. Cit.d del Código Procesal Penal (en adelante CPP). sin incurrir en la arbitrariedad de exponer en un juicio público la manifiesta debilidad de la acusación resultante de una investigación insuficiente dada la incoherencia insalvable entre los elementos normativos del delito de peculado. Ob. 11 . La audiencia preliminar ha permitido descubrir la presentación por el Ministerio Público de una teoría del caso que no justifica el enjuiciamiento de los acusados.. Por tal razón. consistente en haberse concertado para celebrar un contrato de servicio de consultoría en fiscalización en materia tributaria y administrativa entre la Municipalidad Distrital de Moche e Innovaciones Perú S. siendo extendible sus efectos jurídicos a los todos los acusados al incidir sobre el fondo del asunto. ello en congruencia con el derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocida en el artículo 2. por lo que. superficial o arbitraria.2.C. Lo expuesto.24. al trasladar la carga probatoria de demostrar su inocencia a los mismos acusados.e de la Constitución Política del Estado.. 8 BINDER. lo cual contraviene el contenido esencial del principio de presunción de inocencia antes desarrollado. gastos y aun de descrédito público. la acusación contiene una imputación totalmente deficitaria en su aspecto fáctico y probatorio de cara a la demostración en juicio de la supuesta responsabilidad penal de los acusados.al sobreseimiento del proceso. un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar. Esa acusación carecerá de fundamento y tendrá un vicio sustancial. cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado como lo prevé el artículo 344. pp. sino a las condiciones de fondo necesarias para que esa acusación sea admisible8.A. también. Por lo expuesto. que la decisión de someter a juicio al acusado no sea apresurada. inútil o impertinente.2º de la Convención Americana de Derechos Humanos. 6. pero no ofrece ninguna prueba o presenta prueba notoriamente insuficiente.
LEVANTESE la medida de comparecencia dictada contra los acusados. en consecuencia. En muestra de lo dicho se puede mencionar el que en alguna oportunidad se haya señalado que el principal escollo que se encuentra para su estudio “es el no poder definir a ciencia cierta qué se entiende por principio acusatorio”10. A. por el delito de colusión. Liz Sofia Alejandrina Zenteno (con DNI Nº 08133588. PARTE RESOLUTIVA: Declarar fundado el SOBRESEIMIENTO por la causal prevista en el artículo 344. siendo extendible sus efectos jurídicos a los demás coacusados. 102 . en agravio de la Municipalidad Distrital de Moche. no son consciente ni adecuadamente distinguidos. que. 11 Cfr. ANULENSE los antecedentes judiciales y/o policiales derivados del presente proceso. DEVUÉLVASE la carpeta fiscal al representante del Ministerio Público responsable del caso en tres tomos. en la época contemporánea los autores utilizan la dicotomía acusatorioinquisitivo en.103. generalmente.d del Código Procesal Penal del 2004 presentado por la defensa del acusado Roger Emilio Quispe Rosales. 12 . M. Diversos sentidos de “lo acusatorio” En contra de lo que algunos prácticos9 consideran. En la búsqueda de esclarecer el tema debemos partir precisando que. por tratase de una acusación que adolece de insuficiencia fáctica y probatoria que justifique fundadamente su enjuiciamiento. según explica LANGER11. “La dicotomía acusatorio-inquisitivo”. sexo masculino). no existe en la ciencia procesal un contenido absolutamente unívoco para “lo acusatorio”.[Escribir texto] Por estas consideraciones. Proceso acusatorio en el CPP 2004 3. “Principio acusatorio”. e incluso algunos 9 Debe quedar claro que no se pretende un uso peyorativo de esta denominación. NOTIFIQUESE. al menos. sexo femenino) y José Wilfredo Rodríguez Azabache (con DNI Nº 18012612. también se encuentra abarcado por ella. sexo masculino). LANGER.III. ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE el expediente en el modo y forma de ley en la sección que corresponda. tipificado en el artículo 384º del Código Penal.1. 212. pp. SOBRESÉASE el proceso seguido contra Roger Emilio Quispe Rosales (con DNI Nº 18186954. cuanto y más si el autor del presente estudio. p.2. en tanto se desempeña profesionalmente como Fiscal Provincial Penal. SE RESUELVE III. seis sentidos o niveles teórico-conceptuales distintos. 10 ALLIAUD.
De tipos ideales: De acuerdo al cual lo acusatorio y lo inquisitivo son tipos ideales en tanto modelos teóricos perfectos de lo que debería ser. e inquisitivos a los de tradición continental europea. siendo. De mecanismos o subsistemas que cumplen una cierta función en el sistema procesal: De acuerdo al cual es inquisitivo todo subsistema o mecanismo procesal cuya función sea la obtención coercitiva de reconocimientos de culpabilidad por parte de los imputados.111. por su parte. lo acusatorio representaría la finalidad de absolver los inocentes. 104 . De modelos normativos: De acuerdo al cual lo acusatorio representa un modelo normativo de proceso penal. al denominar acusatorios al grupo de procesos penales de los países de tradición aglosajona. lo inquisitivo. por ejemplo. 13 . exigido por el ordenamiento jurídico y/o por un determinado modelo político-normativo. “La dicotomía acusatorio-inquisitivo”. Por ejemplo. es la negación de este principio. De principios normativos: De acuerdo al cual lo acusatorio es un principio normativo del sistema jurídico y/o de un determinado modelo político-normativo. b. presentes en todo proceso penal. De categorías históricas: De acuerdo al cual lo acusatorio y lo inquisitivo son rótulos que sirven para denominar un sistema procesal penal concreto o un conjunto de sistemas procesales concretos pasados o presentes. pp. LANGER. Estos niveles son12: a. M. Esta aproximación conceptual sobre la dicotomía acusatorio-inquisitivo es utilizada por numerosos autores. f. e. acusatorio todo aquel mecanismo que no cumpliera la función de obtener confesiones coactivamente. d. según algunos autores lo inquisitivo representa la exigencia de represión del delito y lo acusatorio el respeto a los derechos del imputado. por oposición. es posible afirmar que 12 Cfr.integrados necesariamente por determinados elementos estructurales. Por ejemplo.[Escribir texto] autores utilizan la dicotomía acusatorio-inquisitivo en más de uno de estos sentidos teórico-conceptuales. c. mientras lo inquisitivo representaría la finalidad del proceso penal de castigar los culpables. De intereses o finalidades contrapuestos: De acuerdo al cual lo acusatorio y lo inquisitivo representarían diferentes intereses o finalidades contrapuestos. según otros.
el carácter electivo del juez. explicitarlos y ser respetuosos de ellos.falacias. de forma tan exclusiva. Es así que. en el caso de los jueces. no termina el problema de la falta de precisión respecto de “lo acusatorio”. Entonces. la desigualdad de poder entre la acusación y la defensa y el carácter escrito y secreto de la instrucción. deben tener suficientemente claros los niveles en los que discurren y deben discurrir sus discursos. Pero con lo dicho. no lo son. como el caso del peruano. y de evitar que con sus conclusiones se perjudique la adecuada configuración de nuestro nuevo sistema de justicia penal. sí forman parte tanto del modelo teórico como de la tradición histórica del proceso acusatorio la rígida separación entre juez y acusación. etc. paralogismos o sofismas que enturbien y distorsionen la discusión. no son lógicamente esenciales a su modelo teórico. según diversos autores. ha puntualizado FERRAJOLI: “Es preciso señalar que las diferencias identificables en el plano teórico no coinciden necesariamente con las detectables en el plano histórico. Por otra parte. como la obligatoriedad y la irrevocabilidad de la acción 14 . la publicidad y la oralidad del juicio. En primer lugar. por no estar siempre conectadas entre sí lógicamente. en razón a que la comparación entre sí del contenido pleno de cada uno de los sentidos de “lo acusatorio” a que acabamos de hacer referencia da como resultado una clara falta de coincidencia. corresponderían a un modelo acusatorio. la negación de este modelo normativo o constituiría un modelo normativo opuesto a éste. Lo inquisitivo sería. institutos nacidos en el seno de la tradición inquisitiva. como la discrecionalidad de la acción penal. la igualdad entre acusación y defensa. por ejemplo. si bien se avanza en algo. no puede decirse lo mismo de otros elementos que. quienes se ocupen del estudio de “lo acusatorio” y las consecuencias que de él se deben derivar para un sistema procesal penal concreto. Por ejemplo. a efectos de no introducir en sus construcciones doctrinarias -y en la fundamentación de sus resoluciones. la exclusión de la motivación de los juicios del jurado. aquí. por mencionar los más usuales. en cambio.[Escribir texto] nuestra Constitución Nacional y algunos de los pactos internacionales de jerarquía constitucional requieren que el proceso penal deba presentar una serie de elementos que. aun perteneciendo históricamente a la tradición del proceso acusatorio. no existe una total identidad entre el contenido que se le asigna al modelo normativo y el que se le asigna al principio normativo o a la categoría histórica o al tipo ideal -denominado por algunos “modelo teórico”-. si son típicamente característicos del sistema inquisitivo la iniciativa del juez en el ámbito probatorio. esto es. la sujeción de los órganos de la acusación al poder ejecutivo.
apareciendo vinculadas tan sólo a la tendencial presencia de los elementos asumidos como constitutivos en las respectivas tradiciones históricas y. contingente. otros la excluyen. Derecho y razón. L. no posee por sí mismo mayor valor jurídico. 14 15 . resulta en verdad inidentificable en su plenitud y. además y principalmente. Para en seguida adicionar el reputado profesor italiano “Esta asimetría ha sido fuente de muchas confusiones”14. inevitablemente condicionada por juicios de valor. p. 15 Cfr. Para un mejor entendimiento del contexto en el que se habrá de desarrollar nuestro discurso y en el que entendemos se deben incardinar las discusiones respecto al deber ser de la configuración del nuevo proceso penal peruano. otros no lo consideran uno de sus elementos característicos. es necesario realizar dos advertencias adicionales: 13 FERRAJOLI. p. p. L. por pertenecer al particular pensamiento de cada uno de los autores que lo construyen teóricamente. cuando se usa ésta en el nivel de los tipos ideales. M. etcétera16. construyendo el contenido de “nuestro acusatorio” a partir de sus requisitos jurídicamente vinculantes. sobre todo. “La dicotomía acusatorio-inquisitivo”. 563. La selección de los elementos teóricamente esenciales en los dos modelos está. Por ejemplo. además. del propio Código Procesal Penal 2004 hacen al que pretenda ser un proceso penal jurídicamente válido en nuestro país. 563. por el contrario. los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y.[Escribir texto] penal.se puede encontrar: “la construcción teórica de los dos modelos y la decisión sobre lo que en ellos es esencial y lo que es. son ampliamente convencionales. 16 En este sentido.no todos los que utilizan la dicotomía acusatorio-inquisitivo en los seis diversos sentidos a que se ha hecho referencia necesariamente coinciden en cuál es el contenido de cada uno de los componentes de la dicotomía. sino determinar cómo debe ser el proceso penal para adecuarse a las exigencias que nuestra Constitución Política del Estado. mientras algunos autores incluyen en el tipo ideal inquisitivo la persecución penal pública. que. FERRAJOLI. mientras algunos consideran el sistema de pruebas legales como propio del tipo inquisitivo. Derecho y razón. En segundo lugar. a su compatibilidad lógica. el carácter público de los órganos de la acusación. L. ubicaremos nuestro discurso en los niveles de principio y modelo normativos. En tanto lo que pretendemos no es determinar cómo debería ser el proceso penal peruano para adecuarse a un modelo ideal de lo que es el sistema acusatorio. LANGER. 104. como no podría ser de otra manera. también en razón a que -como puntualiza LANGER15. Derecho y razón. por otra parte. el primero componente estructural básico del segundo. a causa del nexo que sin duda cabe establecer entre sistema acusatorio y modelo garantista. modelo autoritario y eficacia represiva”. 563. y. en FERRAJOLI. p. entre sistema inquisitivo. en un discurso que transita también por el nivel de tipos ideales -aunque el profesor italiano prefiere otra denominación. la pluralidad de grados de la jurisdicción y la obligación del juez de motivar sus decisiones”13.
serán observados rigurosamente por ellos. a pesar que el num. 1 del art. 2 del mismo art. 18 Explica con mucha solvencia las razones para no aceptar en nuestro ordenamiento jurídico la caducidad de las actuaciones fiscales y judiciales PANTA CUEVA. Para viabilizar sus pretensiones recurrían formalmente a alegar la aplicación del num. en cuanto señala: “El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer. Quienes procedían de dicha manera asentaban el origen de su razonamiento en la prescripción contenida en el art. “La caducidad en el Derecho procesal penal peruano”. / Para estos efectos el juez citará a los intervinientes a una audiencia y. de oficio o a petición de alguno de los intervinientes. se negare a declarar cerrada la investigación. El modelo acusatorio peruano es el del código peruano. el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa. deberá formular en la audiencia la declaración en tal sentido y tendrá el plazo de diez días para deducir acusación. pp. compareciendo. D. 144° del código nacional. el fiscal deberá proceder a cerrarla.dejar pasar el plazo para formular la acusación). prescribe con absoluta claridad: “Los plazos que sólo tienen como fin regular la actividad de Fiscales y Jueces. Puede mencionarse en calidad de ejemplo el importante número de solicitudes de “caducidad de la acusación” que hace algún tiempo se presentaron en el Distrito Judicial de La Libertad. salvo que la Ley permita prorrogarlo”.el representante del Ministerio Público no presentó su requerimiento acusatorio dentro del plazo legal. en los casos en que -una vez concluida la investigación preparatoria. / Si el fiscal se allanare a la solicitud de cierre de la investigación. citará a la audiencia prevista en el artículo 249 y dictará sobreseimiento definitivo en la causa”. Esta resolución será apelable. no el de códigos foráneos El subtítulo hace alusión a una obviedad. el juez. el imputado o el querellante podrán solicitar al juez que aperciba al fiscal para que proceda a tal cierre. 236 a 249.[Escribir texto] a. pero en algunos operadores del Derecho se han detectado pretensiones de extrapolar a la práctica de nuestro nuevo proceso penal las instituciones de los ordenamientos chileno o colombiano -por sólo mencionar a los que más frecuentemente se recurre.con preferencia a lo que claramente establece el código nacional. 247°17 del CPP chileno (según la cual se debe dictar el sobreseimiento del proceso ante la reticencia del fiscal al cierre de la investigación preparatoria o por -una vez que cerrada la misma. si el fiscal no compareciere a la audiencia o si. / Transcurrido este plazo sin que se hubiere deducido la acusación. 17 “Transcurrido el plazo de dos años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada. Su inobservancia sólo acarrea responsabilidad disciplinaria”18. para a partir de ahí sustentar la necesidad de que nuestro proceso penal tenga también y necesariamente una forma de concluir el proceso por no presentar la acusación dentro del plazo. 16 . / Si el fiscal no declarare cerrada la investigación en el plazo señalado.
entre otras manifestaciones.[Escribir texto] No es que desconozcamos el valor del Derecho foráneo. pero. podrá asesorarse de abogado. en Chile la revisión del juicio oral se concreta al ejercicio de un planteamiento de nulidad. Aquél o este. lo que se puede apreciar. J.respecto de cuál es el contenido total de las exigencias que “lo acusatorio” le hace a un proceso. 1. por ejemplo. como elemento de estudio y análisis comparativo para la aplicación de nuestro propio Derecho. la propia doctrina colombiana haga referencia a las singularidades de su reforma procesal20. en Costa Rica hay una Sala Superior de Apelación (de incidencias) y una Sala Superior de Juzgamiento.en la doctrina no existe en realidad acuerdo -salvo un mínimo núcleo duro al que más abajo haremos referencia. como resulta más que obvio. y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa. de modo absolutamente distinto a nuestro CPP 2004. 20 GRANADOS PEÑA. cuando -como se ha dejado sentado supra. recoger y embalar los elementos materiales probatorios. 17 . que: 19 Puntualiza SALAS ARENAS. podrá utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales. La forma de proceder acá criticada parece asentarse en la idea de que los sistemas normativos foráneos en mención responden de mejor manera a lo que es un proceso penal acusatorio. podrán buscar. Estableciendo su artículo 271°. “Bases para la determinación racional de los límites del procesamiento penal acusatorio”. pp. Tales elementos. lo que ocurre en cada uno de los seis sentido en que se emplea dicho término. En lo que corresponde al modelo normativo se debe señalar que no obstante que resulta indiscutible que se han decantado por procesos acusatorios. p. 87 a 135. el proceso penal de nuestro país se debe realizar conforme a lo que establecen nuestras normas jurídicas vigentes y no conforme a normas de países extranjeros. J. “Singularidades de la reforma acusatoria colombiana”. que: “Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra. en Bolivia hay participación ciudadana en las decisiones judiciales”. en que el primer párrafo del artículo 267° del C de PP colombiano 2004. la forma de organizar el procesamiento penal en los códigos de los países de nuestro continente reviste específicas particularidades19. el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil. de ahí que. también de modo distinto a como ocurre en nuestro CPP 2004. que: “En Colombia el Juez de Juzgamiento realiza la etapa intermedia. o solicitar a la policía judicial que lo haga. prescribe. identificar empíricamente.
b. quienes actuán de esta manera acostumbran argumentar en su respaldo que las prácticas que implementan y siguen responden al sistema procesal penal acusatorio en mejor medida que lo que ha establecido el CPP 2004 y que. podrán entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la defensa. C. J. En contra de este planteamiento debemos recordar que la Ley Fundamental de 1993 es clara cuando en el primer párrafo de su artículo 45° prescribe: “El poder del Estado emana del pueblo. SAN MARTÍN CASTRO. en grabación magnetofónica. 3. en video o en cualquier otro medio técnico idóneo”. “La prueba en el nuevo proceso penal”. La doctrina colombiana explica a partir de estos artículos que la defensa adquiere independencia y autonomía. puede su titular hacer su propia investigación. Pero. 20. La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito. sino que -como enseña SAN MARTÍN CASTRO. p. sin depender del fiscal ni del juez. habiendo adicionado dicho autor que basta comparar nuestra ley procesal con la de Chile y Colombia para advertir sus diferencias22. “Estructura básica de la actuación penal”. e incluso aprovecharse de las halladas por la fiscalía”21. para tornar aceptables sus propuestas. En esta entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la criminalística. No se debe usar la Constitución como excusa para desconocer el modelo acusatorio que adopta el código Hemos advertido supra que se ha detectado en algunos magistrados la intención de imponer su particular idea de la configuración y contenido de “un nuevo sistema procesal penal” por sobre las decisiones que al respecto ha tomado el legislador ordinario y han sido consagradas en el código. 18 . no sólo lo dicho. siendo que. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”.se incardina en la tradición eurocontinental. sino que mucho más grave aún para quienes pretenden trasladar a nuestro país las instituciones procesales pertenecientes a nuestros vecinos del norte y sur resulta el que nuestro código no halla su origen legislativo en dichos sistemas normativos. al tener la ideología acusatoria reconocimiento constitucional. p. y también cuando prescribe en su artículo 138°: “La 21 22 JARAMILLO DÍAZ. bajo su propia responsabilidad. al proceder como lo hacen están privilegiando la construcción de un proceso conforme a la Constitución por sobre uno legal. y en ese orden dotarse de los elementos materiales y las evidencias físicas que necesite. la que preserva y desarrolla.[Escribir texto] “El imputado o su defensor.
art. sino el órgano que en base a los límites constitucionales goza de un amplio margen de libertad para dictar leyes.[Escribir texto] potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”. No sólo eso. 16)”. C. en cuanto a la organización de los procesos constitucionales. carece de Constitución‟ (Declaración de Derechos francesa de 1789. Lecciones de teoría constitucional. AVALOS RODRÍGUEZ. no implica en modo alguno su desvinculación de los valores y principios de la Constitución”25. en la que el poder legislativo aunque pueda ser en ocasiones delegado en el Ejecutivo.según su artículo 90° reside en el Congreso. p. “alcanzó su formulación más conocida en el XVIII y tanto se unió al acervo constitucional liberal que vino a quedar indisolublemente unida a la idea misma de Constitución: „Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada. passim. pp. no solo desarrollando la Norma Fundamental sino. Tomo I. se decanta por la separación de poderes23. 147. esta libertad en la configuración de la ley. que si bien la separación de poderes nació en siglo XVII. Lima. pero como ha dejado sentado el propio Tribunal Constitucional.° 00023-2005-PI/TC. ello no significa que se halle absolutamente anulada. 25 Cfr.. y la separación de poderes determinada. “Fundamentos normativos del nuevo proceso penal peruano”. concretando determinadas opciones políticas. Defensoría del Pueblo: “Siendo clara la distinción existente entre la relación Constituciónley y la relación ley-reglamento. 24 De lo que da cuenta. No obstante.por ejemplo. M. como no podía ser de otra manera. sino que nuestra Constitución Política. si bien la capacidad configurativa del proceso del legislador nacional se encuentra constitucionalmente delimitada. 316 . la “separación de poderes sigue siendo imprescindible”. en la primera el legislador no es mero ejecutor de la Constitución. 23 Enseña PEREIRA MENAUT. en muchos casos. no en los órganos jurisdiccionales -por muy buenas intenciones que éstos tengan-. AVALOS RODRÍGUEZ. 19 . siendo la ley que de él emane obligatoria desde el día siguiente de su publicación. más bien nos hemos pronunciado en diversas ocasiones por escrito respecto de su crucial trascendencia24. No pretendemos desconocer la importancia que tiene la Constitución Política para el proceso penal.317. en la sentencia recaída en el Exp. El sistema penal peruano según el Tribunal Constitucional. N. De esta manera. que no obstante los siglos que han pasado y las circunstancias que han cambiado. A. y mucho menos que pueda ser desconocida por los órganos jurisdiccionales. a diferencia de la segunda. C. / ROBLES BRICEÑO..
AVALOS RODRÍGUEZ. en la tendencia jurisprudencial que sanciona con la inadmisibilidad de la apelación la inasistencia del impugnante de un auto a la audiencia de segunda instancia que se programa para conocer del recurso28. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas. será interpretada restrictivamente. Tomo Il. se ha respondido con razones -aparentemente. 664. sino sólo para la apelación de sentencias -y para la casación-. Guillermo Luis Ángel Otiniano García. la resolución emitida por la que fuera la Primera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad con fecha trece de julio de dos mil siete en el Expediente 097-2007 de apelación de un mandato de prisión preventiva que puede verse en TABOADA PILCO. de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal.cuando el recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia de apelación” (subrayado nuestro). recaída en la Apelación N° 022009. M. p. por ejemplo. los jueces prefieren la primera”. La Libertad: “La norma objeto de interpretación es clara. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos” (subrayado nuestro). C. así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales. 29 Prescribe el artículo VII de su Título Preliminar: "3. 511 a 514. p. El sistema penal peruano según el Tribunal Constitucional. K. al señalar: “Los jueces y Tribunales solo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional”27. por lo que pretender su imposición a un supuesto para el que no se ha previsto expresamente importa la aplicación por analogía de normas que restringen derechos. 27 20 . 28 Por todas. incompatibilidad que recién se presenta cuando ninguna de las interpretaciones posibles del texto legal pueda adecuarse a las exigencias y condicionamientos que emanan de sus normas. pp. BURGOS MARIÑOS. 338. señala que no existe 26 Cfr. Metodología de la Ciencia del Derecho. Lima. Dispone la inadmisibilidad del recurso de apelación de sentencia -y solo de sentencias. inexplicablemente.constitucionales. G. Frente a las objeciones que se han formulado a dicha tendencia jurisprudencial. como lo precisa el Tribunal Constitucional. LARENZ. en la sentencia recaída en el Expediente Nº 1679-2005-PA/TC. / ROBLES BRICEÑO. uno de los principales propulsores de la posición acá criticada. Cfr. en el sentido que la inadmisibilidad por inasistencia no se encuentra expresamente prevista para el caso de la apelación de autos. Jurisprudencia y buenas prácticas en el Nuevo Código Procesal Penal. por ejemplo. lo cual se encuentra proscrito por el CPP 200429. ha reconocido como cierta la falta de previsión expresa de la inadmisibilidad para los casos de inasistencia a la audiencia de segunda instancia de quien ha apelado un auto.[Escribir texto] Por ello es que la propia Constitución Política ha dejado fijado en la segunda parte de su artículo 138° que: “En todo proceso. ello a pesar que la Sala Permanente de la Corte Suprema dejó sentado en resolución de fecha 26 de junio de 2010. El modo de proceder que criticamos se puede apreciar. pero luego. principios y valores26.
quien sostiene: “En el caso de apelación de autos. pero semejante‟. 14. estar presente en ella. “Las nuevas y buenas prácticas en el proceso de implementación del NCPP y la contrareforma”. tampoco existe aplicación analógica o extensiva” (subrayados nuestros). no se trata de extender la norma existente hasta que llegué a comprender el caso en principio no regulado” (ALMOGUERA CARRERES. 21 . no está exento de complejidades. “la parte tiene el deber de acudir a su audiencia. V. el Juez no podrá pronunciarse”34. se señala que el legislador no ha previsto de forma expresa la sanción de inadmisibilidad cuando la parte recurrente no acude a su audiencia. Lecciones de Teoría del Derecho. aquellos supuestos que se encuentran alejados de su sentido literal (Cfr. “el modelo acusatorio exige a la parte que pidió una audiencia. 12. p. etc. por regla del nuevo modelo procesal. cuando la parte no asiste a la audiencia su pedido es declarado inadmisible y la audiencia se frustra31. reside en la circunstancia de que la norma (existente) que tomamos como base para solucionar el caso no regulado. Tal regla la funda dicho autor en argumentos como: en el modelo de proceso acusatorio “no es posible que el Juez resuelva sin audiencia”32. la de intervención de comunicaciones y telecomunicaciones son sólo algunas muestras de que en el CPP 2004 sí es posible que el juez resuelva sin audiencia. caso contrario su recurso será rechazado. lo que hace presumir que se trata de una exigencia de su propio modelo teórico o ideal. V. la autorización judicial de allanamiento. Esta es una regla procesal que nace del modelo procesal acusatorio”33. partiendo para ello de que. caso contrario. 307 a 309). y si bien se debate en la doctrina respecto de su diferenciación con la intepretación extensiva. J. 31 BURGOS MARIÑOS. Si bien ello es cierto… Esta es la regla del nuevo modelo procesal: la parte que no asiste a la audiencia. la extensión del sentido de la norma aplicable al caso -no de una distinta. doctrinario o normativo para sostener que existe una relación necesaria y general entre el modelo acusatorio y la inadmisibilidad de los pedidos formulados por quienes no concurre a la audiencia a sustentarlos. 32 BURGOS MARIÑOS. Esto es. Lecciones de Teoría del Derecho. 34 BURGOS MARIÑOS. No menciona en ningún momento BURGOS MARIÑOS cuál es su referente histórico. La primera de ellas. El mandato de detención preliminar. 11. precisamente.) un caso „diferente. “Las nuevas y buenas prácticas en el proceso de implementación del NCPP y la contrareforma”. ALMOGUERA CARRERES. pp. 33 BURGOS MARIÑOS. esto es. la de vídeo vigilancia. p. 16. V. debe tener como objeto (condición. pp.[Escribir texto] aplicación analógica o extensiva30. J. su pedido es declarado inadmisible y la audiencia se frustra. que nos permitirá precisar el verdadero sentido de la analogía. p. p. 299 y 300). supuesto. pero semejante…Este procedimiento. “Las nuevas y buenas prácticas en el proceso de implementación del NCPP y la contrareforma”. V. nivel de “lo acusatorio” 30 “La analogía consiste en solucionar un caso no regulado a partir de la norma que regula otro caso diferente. Esta exigencia de semejanza entre elementos (ahora casos) diferentes es muy importante porque indica que no es la misma norma la que se aplica. Por tanto no existe afectación al principio de legalidad procesal (proceso predeterminado). Por lo mismo.de tal manera que comprenda los supuestos de la zona de penumbra. sin embargo. entendemos como la más razonable aquella posición que sostiene que en la intepretación extensiva lo que ocurre es. “Las nuevas y buenas prácticas en el proceso de implementación del NCPP y la contrareforma”.
F. Valores superiores e interpretación constitucional. La plausibilidad de estos argumentos tropieza. seguridad. paz. una vez más. pero no resulta jurídicamente vinculante. 36 “La suposición de que. La Constitución no es ya sólo base de autorización y marco de derecho ordinario. de ningún modo puede tratarse de un valor de mayor jerarquía que los que son reconocidos como valores constitucionales superiores37 o principales38. Teoría de la Constitución. Pero. “Las nuevas y buenas prácticas en el proceso de implementación del NCPP y la contrareforma”. de los histórica o teóricamente posibles. se convierte en un valor que tiene la misma jerarquía constitucional. 38 “Los valores principales son los de justicia. DÍAZ REVORIO. se debe señalar que. previsibilidad” y “el valor bien común (que)… opera como una valor síntesis” (SAGÜES. orden. no se puede sostener que se procede de dicha manera porque su modelo acusatorio no definido es más compatible con la Constitución. a más de las normas de tipo tradicional. los que palmariamente se ven afectados cuando a una persona se le impide el pleno ejercicio de sus derechos procesales penales por la aplicación -analógica. es el que resultaría más compatible con la Constitución. 22 . passim. solidaridad.de consecuencias jurídicas restrictivas que han sido previstas para supuestos fácticos distintos a aquel en que han incurrido. además y principalmente. p. la Constitución proporciona un contenido substancial al sistema jurídico” (ALEXY. al sistema jurídico pertenecen también valores que. cooperación. 213). en todo caso. democracia y Estado social. “Sistema jurídico y razón práctica”. “Las modernas constituciones expresan elecciones de valores fundamentales que se imponen al poder público como criterios materiales de legitimidad” (PALAZZO. No sólo lo dicho -para hacer todavía más sencilla y evidente la falta de fundamento de la posición que suscribe la inadmisibilidad de la apelación del auto por inconcurrencia a la audiencia-. como la seguridad jurídica o la justicia. amp. con el problema de cuál modelo -que BURGOS MARIÑOS lo concibe como previo o externo a las exigencias constitucionales. pues refleja el diseño constitucional de proceso penal”35. igualdad. legalidad. libertad e igualdad y de Estado de derecho. porque en su discurso no fluye de la Constitución. verdad. al ser un modelo más compatible con la Constitución. cuando precisamente dicho cuerpo normativo supremo consagra en el numeral 9 de su artículo 139°: “El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas 35 BURGOS MARIÑOS. N. sino que es compatible con ésta. Con conceptos tales como los de dignidad. 159). p. p. “Estado constitucional de Derecho y Derecho penal”. p.de lo acusatorio. Para dotar de capacidad de vinculación jurídica a su planteamiento consigna como argumento base de todas sus afirmaciones y razones que “el modelo acusatorio. libertad. 7.[Escribir texto] en el que la mayor parte de lo que se pueda decir tiene el carácter de opinable. R. ejercen un «efecto de irradiación» en todo el derecho ordinario tiene amplias consecuencias. 153). F. en tanto valores de rango constitucional. V. incluso sin ingresar a discutir el uso excesivamente amplio que hace de lo que es un “valor constitucional”36. 37 Sobre este concepto.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. de la cuál es una de sus 39 BURGOS MARIÑOS. quien sostiene que el acusatorio es un principio tan frecuente como incorrectamente citado41 42. ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre. DE LA OLIVA SANTOS ha señalado: “Este „principio acusatorio‟. o en los 23 . 42. Derecho procesal penal. 8. “Realidad social. 1. que pueden no informar el proceso penal. hasta donde ha de llegar la correlación acusación-sentencia). 3º de la Norma Suprema. V. T. desde cuándo o para qué se necesita una acusación. crítico respecto del entendimiento -excediendo su contenido. como derechos fundamentales de la persona. 752. Lecciones de Derecho procesal penal. 41 ARMENTA DEU. en el art. política criminal. 42 Por ejemplo. ni en ningún otro lugar del texto normativo supremo-. p.[Escribir texto] que restrinjan derechos”. 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. más aún cuando BURGOS MARIÑOS inicia su exposición recordando que “el proceso penal debe ser respetuoso de los principios constitucionales”39. junto a reglas de vigencia necesaria e indiscutible. Principio acusatorio La dificultad para definir lo acusatorio no amaina cuando se trata de determinar su contenido total como principio. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. tal como suele usarse. hoy relacionadas y compenetradas entre sí. que prescribe: “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo („derechos fundamentales de la persona‟) no excluye los demás que la Constitución garantiza. dogmática penal y nuevo proceso penal español adversarial”. p. 43 Si bien el derecho al juez imparcial no se encuentra consagrado de manera expresa en nuestra Constitución Política de 1993 -no se le puede hallar entre los derechos que aparecen explícitamente mencionados en su art. 62. 2º. por lo que posee jerarquía constitucional y naturaleza de derecho fundamental en virtud del art. otros contingentes y discutibles (qué se ha de entender por acusación. p. comprende demasiadas cosas. pero sin que esa relación sea esencial y. A. 14º. ni entre los que aparecen expresamente mencionados en su art. p. por tanto. “Las nuevas y buenas prácticas en el proceso de implementación del NCPP y la contrareforma”. 40 DE LA OLIVA SANTOS. No pudiéndose dejar de mencionar los cuestionamientos que realiza ARMENTA DEU.que ha hecho en España el Tribunal Supremo respecto de dicho principio GÓMEZ COLOMER. como principios y derechos de la función jurisdiccional.2. 3. 139º. necesaria… En esta relación de criterios hay. 1. y ello a pesar de lo común que es su alegación en la doctrina al momento de fijar posiciones teóricas del mismo modo que en el día a día del proceso penal. J. Para referirnos al acusatorio debemos partir precisando que el contenido esencial de este principio encuentra su fundamento jurídico-normativo constitucional en la necesidad de garantizar la imparcialidad del juzgador43. En este sentido. sin que por ello haya que dejar de considerarlo informado por un denominado «principio acusatorio»”40. se encuentra contenido de manera expresa en el art.
pero con más evidencia ocurriría si se le diera la responsabilidad al juzgador de sustentar la acusación en sede de juicio. Incluso sin referirnos a lo incontrolable que sería un uso abusivo de dicha prerrogativa. p. por el otro. ha sostenido MAIER: “La característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los poderes ejercidos en el proceso. Derecho procesal penal. en el CPP 2004.de condena. 46 REYNA ALFARO. por un lado. 24 . “Principio acusatorio: realidad y utilización (lo que es y lo que no es)”. I. Todos estos poderes se vinculan y condicionan unos a otros: su principio fundamental. / RIAÑO BRUN. del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”. pero sí una sentencia condenatoria que se legitima en un pedido conjunto -del Ministerio Público y el imputado. J. ha recaído la responsabilidad de la acusación. cuando se trata de ejercicio público de la acción. p. en el fiscal. que le da nombre al sistema. precisamente. el tribunal. siendo que. 192. como tercero imparcial al conflicto. / GONZÁLEZ. cuando es precisamente a dicho funcionario a quien le corresponde decidir si se emite una sentencia de condena o absolución. “no hay proceso sin acusación”46.[Escribir texto] consecuencias más importantes. ejerciendo el derecho de defenderse. no se encontraría suficientemente garantizada si se le permitiera decidir de acuerdo a su plena discrecionalidad y propia iniciativa qué hechos y personas deben ser son sometidos a juzgamiento -al riesgo de una sentencia condenatoria-. el imputado. 45 ARMENTA DEU. implicando tradicionalmente44 que no puede haber juicio ni condena sin que exista una acusación previa formulada y sostenida por persona distinta al juez -en nuestro país. “el juez no puede proceder ex officio”47. 127. 44 Decimos “tradicionalmente” porque en el procedimiento penal de terminación anticipada no existe formalmente una acusación ni juicio. se afirma en la exigencia de que la actuación de un tribunal para decidir el pleito y los límites de su decisión están condicionados al reclamo (acción) de un acusador y al contenido de ese reclamo (nexo iudex sine actore y ne procedat iudex ex officio) principios de soberanía del pueblo. p. pedido éste que cumple materialmente la función de la acusación. y. El proceso penal aplicado conforme al Código Procesal penal de 2004. L. el acusador. M. finalmente. 32. los derechos humanos se fundan en la dignidad del hombre. quien la debe formular por escrito y sostener de modo oral-. De modo más amplio. 47 RIFÁ SOLER. quien persigue penalmente y ejerce el poder requiriente. La posición del juzgador. “nemo iudex sine actore”45. en esas circunstancias la decisión de someter un caso a juzgamiento aparecería como un acto claramente interesado -no imparcial. T. que tiene en sus manos el poder de decidir. Lo mismo.en la sanción de la criminalidad. entre otras. quien puede resistir la imputación. La doctrina procesal acostumbra aludir a la exigencia en mención con frases como.
sino en aras de asegurar máximamente una posición absolutamente neutral del tribunal respecto de las 48 MAIER. materiales y procesales. lleva a remarcar con DE LA OLIVA SANTOS que: “Tal vinculación (con los hechos de la acusación) se establece no para mantener al tribunal dentro del ámbito de voluntad de las partes respecto de sus propios derechos e intereses. a la posibilidad de resistencia del imputado frente a la imputación que se le atribuye”48. Para garantizar la imparcialidad del juez de fallo y que no pueda haber juicio ni condena sin que exista una acusación previa formulada y sostenida por persona distinta a él. 1423. no sólo resulta inadmisible que el juez genere de oficio el sometimiento de un caso a juzgamiento. No es finalidad del presente trabajo agotar el tema del contenido total y vinculante del principio acusatorio en el proceso penal peruano. sino que la doctrina acostumbra formular requerimientos adicionales que se consideran desarrollos necesarios de su contenido esencial. 111 a 119. sino fijar únicamente aquel contenido que resulta imprescindible para entender el análisis que habremos de realizar de la resolución judicial materia de comentario. A. Es que el principio en mención no se agota en la exigencia de que no haya juicio ni sentencia sin acusación previa y externa al órgano jurisdiccional. p. p. sino también que amplíe el objeto fáctico del mismo introduciendo hechos que no han sido contemplados en la acusación originaria por el titular de ésta. Manual del nuevo proceso penal. Derecho procesal penal I. p.[Escribir texto] y. incluso hasta plantear que nos encontramos ante un proceso de partes. Por todos: DE LA OLIVA SANTOS. a. J. ni siquiera así se trate de circunstancias del hecho contemplado inicialmente en la acusación. como componente estructural básico de nuestro modelo normativo acusatorio. exagerando las reales dimensiones de su cobijamiento en el CPP 2004. pp. El mal entendimiento que vienen haciendo algunos respecto de los rasgos adversariales que se pueden advertir en la regulación normativa de nuestro nuevo proceso penal peruano. Derecho procesal penal. NEYRA FLORES. “El Ministerio Fiscal y la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal”. por muy conectados que estuvieran al que es materia de juzgamiento. 49 25 . 63. MORENO CATENA. por otra parte. La vinculación necesaria del juez a los hechos materia de acusación Este componente del principio acusatorio49 ha sido denominado también necesidad de correlación fáctica entre acusación y sentencia. V. J. 444.
no tendría sentido una fase de práctica de pruebas que no tuvieran reflejo en las posiciones de la acusación y de la defensa” 51 26 . siempre que sobre ese extremo se hubiera producido debate contradictorio. A. en mérito a la prueba actuada en el juicio. 41 En el entramado de principios y garantías constitucionales no existe ningún impedimento para que en la sentencia el juez dé por acreditados hechos o circunstancias que -siendo relevantes para la aplicación de las normas jurídico-penales. así no hayan sido de ningún modo contemplados en la acusación. así no hayan sido expresamente planteados por éste o por su defensa. ya que en caso contrario. que modifica la calificación legal o integre un delito continuado. el fiscal deberá ampliar la misma presentando un escrito de acusación complementaria. 2 del art. salvo cuando favorezcan al imputado”51. 397° del CPP 2004 prescribe: “La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y. incluso. en tanto no provoque indefensión. 387°. Derecho procesal penal. 1 del art. el fiscal simplemente tendrá que hacer referencia a ello en el momento de su alegato final. No hacerlo más bien implicaría una infracción a la legalidad penal. G. De la lectura de estos supuestos53 aparece claro que el único que puede ampliar los hechos materia de acusación escrita. en su caso. 138: “La acusación debe poder experimentar modificaciones a la conclusión del juicio oral. 387°. en la acusación ampliatoria. cuando se trate de simples errores materiales o de incluir alguna circunstancia que no modifique esencialmente la imputación.cuando se considere que del juicio han surgido nuevas razones para pedir aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitadas en la acusación escrita. el num. 2 del art.favorezcan al imputado. - De acuerdo al num. el CPP 2004 ha establecido dos mecanismos: - De acuerdo al num. p. posibilitando con ello que la sentencia pueda 50 DE LA OLIVA SANTOS. sin que se considere que se trata de una acusación complementaria. pudiendo también. p. Procedimiento similar se seguirá -según el num.[Escribir texto] opuestas posiciones de la parte o partes activas (acusadoras) y de la parte o partes pasivas (acusados)”50. solicitar la imposición de una medida de seguridad. 3 del art. 374°. cuando durante la actuación probatoria del juicio sea necesaria la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en la acusación escrita. en su alegato final el fiscal destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación civil. 52 Puntualiza DEL RÍO LABARTHE. Para los casos en que durante el juzgamiento aparezcan circunstancias fácticas que necesiten ser abarcadas por la sentencia52. De esta manera. La etapa intermedia.
pues. 55 CUCARELLA GALIANA. 203. 27 . M. E. p. En palabras de DEL RÍO LABARTHE.184. MAIER. SANCINETTI. A. que se formula después de que son practicadas”. aunque sin argumentos fuertes: LÓPEZ BARJA DE QUIROGA. R. por todos: YAIPÉN ZAPATA. Derecho procesal penal I. es el representante del Ministerio Público. “Derecho procesal penal”. existe amplia coincidencia en la doctrina respecto a que no es exigencia del principio acusatorio el que el juez tenga que necesariamente limitar la calificación jurídica que haga de los hechos en su sentencia a aquella que ha sido peticionada -planteada como correcta. en el «hecho calificado»”. 138: “En la regulación de la etapa de juicio oral. en garantía de su imparcialidad. 387 regula lo que denomina «alegato oral del Fiscal». BINDER. p. Hacia la misma conclusión. Tratado de Derecho procesal penal. La etapa intermedia. “Acerca de la función del juez de la investigación preparatoria”. como explica DE LA OLIVA SANTOS: “La finalidad del proceso penal es que los órganos jurisdiccionales apliquen el Derecho tras una posible contienda pública. “El iura novit curia en el proceso penal peruano”. un factum y no un crimen. p. que se realiza antes de la práctica de las pruebas y una definitiva. p. M. pp. 229. 569. p. sino en el hecho delictivo. p. pp. La no vinculación necesaria del juez a la calificación jurídica planteada en la acusación En contra de lo que ocurre con el aspecto fáctico.en la acusación fiscal54. “Garantías del imputado en el debido proceso”. J. p. / Esto quiere decir que la acusación tiene dos momentos: una de carácter provisional. 31. J. Comentarios al Título Preliminar del Código Procesal Penal. con igualdad de armas y sin lesionar el derecho de ninguna de las partes a defender su propia posición.[Escribir texto] referirse a dicho segmento fáctico inicialmente no considerado. C. MOCCIARO. 193. La correlación de la sentencia con la acusación y la defensa. En palabras de CUCARELLA GALIANA: “El principio acusatorio no exige que el tribunal se encuentre vinculado a la calificación jurídica que hayan realizado los acusadores. J. 102. La aplicación del Derecho al caso concreto es labor de la jurisdicción. p. V. ni menos aún en la pena propuesta. G. p. L. 183 . que en realidad no es otra cosa que la sustentación oral de la acusación escrita. se puede encontrar en VERGER GRAU. ORÉ GUARDIA. careciendo de esta posibilidad. p. La defensa del imputado y principio acusatorio. Pero 53 Es por ellos que en la doctrina se sostiene que la delimitación definitiva del hecho se produce en la acusación oral (en los alegatos finales) después de actuados los medios probatorios. 333 a 339. 54 Por todos: SAN MARTÍN CASTRO. p. SCHLÜCHTER. Introducción al Derecho procesal penal. 217. A. En contra. ya que el sistema acusatorio gravita no en la calificación jurídica. 83. el art. 112: “El objeto del proceso penal es. b. Manual de Derecho procesal penal. el órgano jurisdiccional. CÁCERES JULCA. La nulidad de la acusación por indeterminación del hecho. 122. A los acusadores les corresponde la solicitud de su aplicación a determinados hechos”55 Es que.
del Derecho necesariamente aplicable”56. el Juez Penal suspenderá el Juicio hasta por cinco días. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella. estos hechos delimitan la congruencia entre la acusación y la sentencia. informándole 56 DE LA OLIVA SANTOS. conforme consagra el num. p. menos aún. que no pueden disponer de los hechos penalmente relevantes. en su caso. De este modo aparece la posibilidad que el órgano jurisdiccional pueda apartarse de la calificación propuesta por el fiscal en su acusación escrita originaria o en su acusación ampliatoria58. del mismo modo. sino que para su empleo es necesario observar determinados requisitos que principalmente dicen de la necesidad de respetar el derecho de defensa del procesado59. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y. Derecho procesal penal. para dar oportunidad a que exponga lo conveniente”. 58 Se ha dicho que el no permitir la desvinculación “choca con la esencia del Derecho penal que exige que al delincuente se le condene por el hecho criminal cometido” TOMÉ PAULE. p. Pero. el Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público. tampoco disponen de derechos subjetivos suyos ni. Este objeto está constituido por los hechos que se le imputan a una persona determinada y suele delimitarse o perfilarse progresivamente conforme avanza el proceso sin perder su esencialidad. como se puede apreciar de la norma glosada. 23. por lo que. deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. 374° del CPP 2004 cuando prescribe: “Si en el curso del juicio. 1 del art. Instituciones de Derecho procesal. no se trata de una facultad que pueda ser ejercida con absoluta libertad por el órgano jurisdiccional. antes de la culminación de la actividad probatoria. pues ésta se rige por el principio del iura novit curia. “El iura novit curia en el proceso penal peruano”. V. Empero esta vinculación no comprende la calificación jurídica. no existe una alteración a este principio acusatorio desde que dicho aspecto no se encuentra dentro de su contenido”57. es decir los hechos propuestos por el acusador vinculan al juzgador. J. p. claro es. 59 La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado con rotundidad que la calificación jurídica del hecho punible forma parte imprescindible de la información con que debe contar el 57 28 . A. En un claro resumen refiere YAIPÉN ZAPATA: “El órgano acusador fija el objeto del proceso. en el caso de la modificación de la calificación jurídica.[Escribir texto] las partes. propondrán la prueba necesaria que corresponda. 324. 523 YAIPÉN ZAPATA.
I. 432. “El derecho a ser informado (a) de la acusación”. sino además respecto de todos los hechos y circunstancias fácticas tengan o no eficacia jurídico-penal. cfr. Guatemala: imputado para ejercer su derecho de defensa. el cual delimita el ámbito. esta facultad del juzgador debe respetar los hechos objeto de debate incorporados por el Ministerio Público. sino sólo una recalificación jurídica de los mismos para adaptarla a la que el órgano jurisdiccional considera correcta. más allá del objeto del proceso. En efecto. el órgano jurisdiccional puede plantear que la calificación jurídica correcta es la de robo agravado (claro está. Por ejemplo: Habiendo calificado el fiscal en su acusación como hurto agravado el hecho consistente en que dos personas han empujado a quien conducía su bicicleta para. 117: “Más allá del hecho punible desde un punto de vista procesal normativo. “Deber de congruencia (rectius. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en la sentencia de 20 de junio de 2005 recaída en el Caso Fermín Ramírez Vs. PERELLÓ DOMÉNECH. se sitúa el problema del derecho de defensa y del principio de contradicción. 60 Explica DEL RIO FERRETTI. sino que debe plantear una tesis. para dar oportunidad a que alegue técnicamente sobre la corrección de dicha nueva calificación. Todos esos contenidos se aglutinan en el objeto del debate. con indicación de la específica norma legal materia de aplicación). llevarse la misma. refiriéndose sólo a que la bicicleta fue sustraída del lugar donde se encontraba. las partes tienen derecho a defenderse y a contradecir no sólo respecto del hecho sustancial de que trata el proceso. Lo que no debería suceder es que habiendo omitido el fiscal consignar en su acusación escrita la circunstancia fáctica del empleo de violencia.[Escribir texto] para ello de manera formal sobre la posibilidad de condenar por la calificación jurídica distinta a la que contempla la acusación. p. es decir. para dar la oportunidad a que las partes ejerciten su derecho a alegar respecto de su aplicabilidad. correlación) de la sentencia penal y objeto del proceso”. una vez que éste se encontraba derribado en el piso. y además respecto de todos los aspectos referidos a la calificación jurídica y la consecuencia punitiva. Eso sí. C. esto es. la amplitud del derecho de defensa y la eficacia del principio de contradicción”. p. 29 . No basta que el órgano jurisdiccional indique de la posibilidad de una calificación jurídica distinta a la propuesta en la acusación. sea el juez quien por iniciativa propia integre formalmente dicha circunstancia (la violencia) al objeto de persecución penal y de debate probatorio. no pudiendo implicar la introducción de nuevos hechos. incluso con la posibilidad de concedérsele un tiempo razonable para que prepare dicho pronunciamiento -hasta para ofrecer medios probatorios-60. debe señalar de modo expreso cuál es el tipo penal que resultaría aplicable al caso. los cuales alcanzan a todas las cuestiones fácticas y jurídicas del caso.
Para poder traducirlo como es usual. J. los hechos que se le imputan.2 de la Convención. S. El llamado „principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia‟ implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación”61. sería necesario que el aforismo fuere ius novit curia”. Instituciones de Derecho procesal.pdf Por todos. J. 23. Iura novit curia en el proceso penal del CPP 2004 El aforismo iura novit curia63 se traduce comúnmente como “el juez conoce el Derecho” 64. cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. “Iura novit curia”: “No resulta fácil establecer el momento de su aparición. YAIPÉN ZAPATA. Derecho procesal penal I. “Para algunos autores surgió en forma de advertencia. J. Iura novit curia. cualquiera que fuera la forma en que surgiera el aforismo. 2: “La traducción literal es „el juez (la Corte. 569 a 574. sin que ello atente contra el derecho de defensa. el Tribunal. p. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador. p. de manera definitiva. el Magistrado o. nos muestra su parentesco con otro aforismo de capital importancia en la vida del proceso: Da mihi factum. detallada y precisa. Si mantenemos la alteración del orden de los términos. “Iura novit curia: Esa omnisciencia judicial”. fatigado por la exposición jurídica de un abogado. se incorpora a la vida de los tribunales. “El iura novit curia en el proceso penal peruano”. 144 y 145). Ha de admitirse que.[Escribir texto] “Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8. ALMAGRO NOSETE.or. dabo tibi ius” (pp. 61 Consultada en: http://www. La defensa del imputado y principio acusatorio. la Corte debe considerar el papel de la „acusación‟ en el debido proceso penal vis-à-vis el derecho de defensa. 63 En palabras de SENTÍS MELENDO. Cualquiera de estas dos manifestaciones de advertencia del juzgador. la expresión latina correcta sería “Curia iura novit” o “Curia ius novit”. es sólo para evitar desechar una formulación con la que 62 30 . De ahí que el imputado tenga derecho a conocer. a través de una descripción clara. casi diríamos de exabrupto que un juez. la autoridad judicial) conoce los derechos‟. que se proyecta hasta nuestros días y que es forzoso relacionar con la modalidad o la arquitectura del Derecho aplicable en cada país” (p. 53. p. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación. 64 Explica BENTOLILA. p. pp. que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. MAIER. esto es “el juez conoce el derecho”. constituye la expresión de un principio jurídico de evolución lenta y extensa. la corte conoce el Derecho‟. le dirigiría: Venite ad factum. Los argumentos relativos a la forma gramatical y a las consecuencias jurídicas de ella no pueden estimarse dotados de absoluta solidez. o lo que es lo mismo: „Abogado: pasad a los hechos. VERGER GRAU. 121. J. en general. V. IV. 144). ni siquiera la época en que.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp. “En rigor.corteidh. La doctrina procesal acostumbra fundar esta facultad del órgano jurisdiccional para apartarse de la calificación jurídica propuesta por la acusación fiscal en el iura novit curia62.
para la corrección en su aplicación es necesario que el Juez conozca el Derecho. “El conocimiento judicial del Derecho es considerado un presupuesto necesario para que los órganos jurisdiccionales cumplan con la obligación de sujetarse a la ley al adoptar sus decisiones”67. 25. La solución jurídica del caso le corresponde al órgano jurisdiccional como expresión de los poderes de la jurisdicción. el deber de investigación de oficio del Derecho aplicable68. “El iura novit curia en el proceso penal peruano”. V. Pero. A. a consecuencia de ello. El juez no sólo está en posibilidad de aplicar el Derecho correcto y distinto al alegado por las partes. F. p. En ello. normas y valores. F. “El juez está constitucional y legalmente obligado a la observancia de las normas de Derecho”65. F. el iura novit curia no sólo establece el deber de aportación de oficio del Derecho aplicable.y que. sobre todo. “¿Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia?”. No obstante. Igual. p. de los que no puede renunciar a favor de ningunas de las partes66. 18. LEDESMA. y como lógico antecedente. 65 BENTOLILA. 1 del art. Iura novit curia y aplicación judicial del Derecho. sino que el órgano jurisdiccional debe resolver aplicando el que sea correcto dadas las concretas circunstancias fácticas del caso sometido a su conocimiento. 17. 68 Cfr. 374° del CPP 2004 pareciera indicar. en realidad no se trata sólo de una posibilidad del juez para hacer prevalecer el Derecho correcto. p. 36 67 EZQUIAGA GANUZAS. En contra de lo que su recepción en el num. sino también. 14. en la doctrina existe acuerdo mayoritario en que dicho aforismo hace referencia a que el Juez conoce el Derecho -conformado hoy por principios. sino de un deber.[Escribir texto] Por fuera de las discusiones que se puedan entablar respecto de la corrección de su formulación latina y la adecuación entre ésta y su traducción. imponerlo al órgano jurisdiccional como un deber69. para que dicha obligación de conocer y aplicar el Derecho surta efectos es necesario que sea posible conocerlo. sino que está obligado a ello. en el proceso no resulta necesaria su alegación o el requerimiento expreso de su aplicación por parte de los sujetos procesales. los hombres de Derecho ya nos hemos familiarizado”. EZQUIAGA GANUZAS. 69 EZQUIAGA GANUZAS. p. pues sólo en este caso tiene sentido presumir su conocimiento por el juez en el proceso y. 66 YAIPÉN ZAPATA. Iura novit curia y aplicación judicial del Derecho. p. Iura novit curia y aplicación judicial del Derecho. J. p. 31 . “Iura novit curia: Esa omnisciencia judicial”. 357.
en la posibilidad de declarar de oficio las cuestiones previas. 73 Lo que queda de manifiesto. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. p. aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”) y en el art. 3: “Al indagar acerca de la razón sobre la que se apoya la regla del iura novit curia. que imponen a los jueces la obligación de ejercer su poder en el marco de lo jurídicamente correcto72. con el primer párrafo del artículo 138°. 7° del CPP 2004. Iura novit curia y aplicación judicial del Derecho. V. p. interno. y. tiene plena operatividad en la jurisdicción penal”71. 374° del CPP 2004-. como consecuencia del iura novit curia en sede del proceso penal. las cuestiones prejudiciales y las excepciones. no interno (el Derecho extranjero) o no general (el de los gobiernos regionales o las municipalidades) no se presume que sea conocido por el Juez70. por su fundamentación constitucional este principio no sólo resulta de aplicación al momento de emitir sentencia73. F. Entendemos que el principio en mención se fundamenta constitucionalmente en la confluencia del art. sino todos los posibles casos particulares idénticos sean decididos del mismo modo. 1 del art. con idéntica aplicación del derecho. 3 del art. por ejemplo. no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”). J. “Iura novit curia: Esa omnisciencia judicial”. por ende. general y publicado en el diario oficial. 71 32 . podemos rescatar que ésta reclama la “exigencia de una igualdad de trato entre los ciudadanos. p. YAIPÉN ZAPATA. que prescribe: “El poder del Estado emana del pueblo. sino en toda aquella oportunidad en que corresponda dar 70 Cfr. En la actualidad se acepta que se trata de “un principio estructural o institucional del sistema jurídico. 15. que prescribe: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”. 89. EZQUIAGA GANUZAS. tal y conforme lo señala el num. Sin embargo. 72 Otra fundamentación en BENTOLILA. De este modo. En muestra de ello se puede mencionar su previsión expresa en el art. “El iura novit curia en el proceso penal peruano”. VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (“El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso.[Escribir texto] Por ello que en doctrina es idea generalizada que el principio iura novit curia únicamente tiene por objeto el Derecho escrito. en contra de lo que podría llevar a pensar el que tradicionalmente la doctrina sólo se refiera de modo expreso. siendo que del Derecho no escrito (la costumbre). VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil (“El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso. a la no vinculación del juez a la calificación jurídica planteada en la acusación -consagrada en el num. de manera que no sólo el caso particular. aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. De tal exigencia de asegurar esta suprema garantía de igualdad derivaría el principio de la libre investigación del derecho por parte del juez”. 45° de la Ley Fundamental de 1993. aplicable a todo proceso.
por ejemplo. p. salvo que exista una prohibición normativa expresa para ello75. Debe reiterarse si la advertencia de que en la necesidad de compatibilizar el iura novit curia con otros principios y derechos constitucionales. / Estas omisiones privaron a la defensa de certeza acerca de los hechos imputados (artículo 8. de la sentencia. de una modificación en la base fáctica del proceso y. 75 Ello ocurre. en la sentencia recaída en el Caso Fermín Ramírez Vs. salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación”. por ejemplo. en el art. Guatemala. VII del T. no resulta razonable y trasgrede las exigencias de la celeridad y economía procesal que.2.b) de la Convención) y. El Tribunal de Sentencia fundó su actuación en el artículo 374 del Código Procesal Penal.[Escribir texto] respuesta jurídica a un requerimiento de las partes74.c) de la Convención. El presidente del Tribunal de Sentencia no ofreció al inculpado la oportunidad de rendir una nueva declaración en relación con los últimos hechos que se le atribuyeron. El párrafo segundo del 74 Además. Ahora bien. además. en su hora. derecho de defensa y calificación jurídica”. Esta forma -razonablemente. 3 del art. 397°: “El Juez Penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal. A. en el num. “Principio de congruencia.P. en consecuencia. como es la obligación que tiene el juez de advertir a las partes la posibilidad de aplicar un Derecho distinto al que ha sido invocado por ellas y darles. 33 . en realidad. en sede penal se establecen restricciones a la posibilidad de su aplicación76. pues en este último caso el Derecho correcto exige resolver en acatamiento a dicha prohibición normativa. / 74. el presidente del Tribunal se limitó a advertir a las partes que „en el momento oportuno‟ podía darse una calificación jurídica distinta de la contemplada en la acusación y en el auto de apertura a juicio. como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. cuando se inserta expresamente la restricción: “Sin embargo (el juez). pero no especificó cuál sería esa nueva calificación legal. del CPC se puede apreciar. la posibilidad de pronunciarse al respecto. por ejemplo.2. 516: “Tanto para la opinión de la Comisión Interamericana. en la que se ha señalado: “73. en los términos del artículo 8. por haberse planteado como excepción de cosa juzgada y no como tutela judicial de derechos. y mucho menos se refirió a la posibilidad de que el cambio de calificación proviniera.limitada es la manera en que el iura novit curia ha recibido reconocimiento incluso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos77. por ejemplo. 76 Lo que. en un juicio penal. principalmente con el respeto al derecho de defensa. que prevé la „advertencia de oficio‟ sobre una „modificación posible de la calificación jurídica‟. resulta conforme a las disposiciones de la Convención la aplicación del principio iura novit curia por parte del tribunal que dicta sentencia condenatoria”. representaron un obstáculo para preparar adecuadamente la defensa. 77 Entiende también BOVINO. se rechace un pedido cuya fundamentación fáctica se adecua perfectamente a las tres identidades que requiere el ne bis in idem. no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”.
La Corte considera que. estimó que el cambio acogido en la sentencia alteraba los términos de la acusación inicial. consecuente con el principio iura novit curia. La necesaria congruencia entre la acusación y la eventual sentencia justifica la suspensión del debate y el nuevo interrogatorio del acusado. Ocurriendo lo mismo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.3.pdf 34 . debe ser entendida e interpretada en armonía con el principio de congruencia y el derecho de defensa. / En particular. Si esto ocurre irregularmente. a la calificación legal que el tribunal pueda adoptar al respecto. es decir. por ejemplo. se lesiona el derecho a la defensa. constituye un prerrequisito esencial para asegurar que los procedimientos sean justos”.1 de la Convención (…). Al respecto. Esta facultad.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp. en cuestiones penales. Guatemala. en la sentencia de Pélissier y Sassi vs. ya que sólo a través de la sentencia del tribunal de apelaciones se enteraron de la recalificación de los hechos. hizo las siguientes consideraciones: […] La Corte observa que los preceptos del tercer párrafo. Francia.a) de la Convención [Europea] reconoce al imputado el derecho a ser informado no sólo de la causa de la acusación.se ha señalado: “La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que los peticionarios no tuvieron oportunidad para preparar su defensa respecto del nuevo cargo que se les imputaba. 78 http://www. tal como correctamente sostuvo la Comisión. sino también de la calificación legal dada a esos actos. a la luz del derecho más general referente a un juicio justo. en particular. El artículo 6. Dicha información debe ser detallada.corteidh.[Escribir texto] artículo 388 del Código Procesal Penal guatemalteco establece que „en la sentencia. garantizado por el artículo 6. inciso a). de los actos que supuestamente ha cometido y sobre los que se basa la acusación. o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público‟. […] El alcance del precepto anterior debe ser determinado. consecuentemente. en la medida en que el imputado no ha podido ejercerlo sobre todos los hechos que serán materia de la sentencia” 78. el precepto concerniente a una información completa y detallada de los cargos formulados contra el imputado y. desde que el momento de la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su contra (…). el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura del juicio.or. cuando se pretende cambiar la base fáctica de la acusación. Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso penal. en la que -según cita la Corte Interamericana en Fermín Ramírez Vs. del artículo 6 [de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales] apuntan a la necesidad de brindar especial atención a la debida notificación de la acusación al imputado.
A. La primera dirigida a determinar si la acusación formulada por el Ministerio Público reúnen las condiciones formales de validez necesarias para el establecimiento de una relación jurídico-procesal válida y un juzgamiento de la misma naturaleza. La doctrina ha señalado dos finalidades principales80. señalando el lit. 80 Explica SAN MARTÍN CASTRO. e) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho. 1 del artículo 350° que una vez notificados con ella los demás sujetos procesales tienen el plazo de 10 días para observarla en dicho sentido. 38. d) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran. 352°: “Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio 79 BINDER. con sus circunstancias precedentes. 330°. g) proponer otra cuestión para una mejor preparación del juicio”. según el num. e) ofrecer pruebas. f) cuestionar el monto de la reparación civil pedida por el Fiscal. p. f) El monto de la reparación civil. Introducción al Derecho procesal penal. 224. utilidad y conducencia de la mismas. son requisitos necesarios para la validez formal de la acusación fiscal: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. a pesar de la gran importancia de ésta para la continuación válida. concomitantes y posteriores. num. así como pedidos de prueba anticipada. d) instar un criterio de oportunidad. g) La correlación entre los hechos de la Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria y la acusación. 81 Por todos: BINDER. 1). 82 De ellos. razonable y eficiente del proceso penal79. C. cuya admisión está sujeta a la pertinencia. art. 35 . requiriendo su corrección. b) deducir y decidir la interposición de medios de defensa. 2) y con la investigación preparatoria (art. modificación o levantamiento de medidas de coerción. 321°. p. Introducción al Derecho procesal penal. p. “Introducción general al estudio del nuevo Código Procesal Penal”. La segunda dirigida a determinar si la acusación se encuentra sustentada en suficientes elementos de acreditación que permitan afirmar una elevada probabilidad de comisión del hecho materia de imputación que justifique el pase del caso a sede de juzgamiento. num. b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. y. El CPP 2004 establece en su artículo 349° cuáles son los requisitos formales que debe cumplir la acusación fiscal82. Etapa intermedia y sobreseimiento por falta de elementos de convicción suficientes A diferencia de lo que ocurre con la fase de diligencias preliminares de investigación (art. A. en la que. 2 del art. así como la cuantía de la pena que se solicite. c) solicitar la imposición. 223: “Esta fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable”. el CPP 2004 no señala de manera expresa cuál es la finalidad de la etapa intermedia. Para la discusión de las partes y resolución del juez sobre dichos observaciones se deberá convocar a una audiencia -que el código denomina preliminar-. El control formal y el control sustancial de la acusación81. a del num.[Escribir texto] V. que la etapa intermedia tiene como finalidades: “a) control formal y control sustancial de la acusación. debiendo adicionarse la posibilidad de arribar a convenciones probatorias entre las partes. c) La participación que se atribuya al imputado.
Pero también el juez tendrá interés en que la decisión judicial no contenga errores o en que estos no se trasladen a la etapa de juicio donde pueden generar mayores perjuicios o invalidar la totalidad del propio juicio”. que incluso puede promoverse de oficio por el Juez de la Investigación Preparatoria -la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional. Cada uno. aclaraciones o subsanaciones que corresponda. según las reglas generales de la lógica. obviamente. desde la óptica de sus intereses particulares. A. en la misma audiencia. el Fiscal. 36 . sino que las puede declarar el juez de oficio -como lo señala expresamente el Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116 de la Corte Suprema83-. de 11 de julio de 2007 [Exp. 84 BINDER. establece lo siguiente: «(…) al no haberse detallado en forma clara y precisa los hechos que se atribuyen al imputado [debió decir acusado] con sus circunstancias precedentes. La nulidad de la acusación por indeterminación del hecho. p. 2 del art. Lo cual no sólo lo señala de modo expreso el num. en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable”. en el sentido de que. que deben ser corregidos para que la decisión judicial no sea inválida…Los distintos sujetos procesales tendrán interés en corregir esos defectos. aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el Fiscal. G. podrá hacer las modificaciones.2007]. luego de lo cual se reanudará. con intervención de los concurrentes. El imputado. Introducción al Derecho procesal penal. M. 496. 224 – 225: “El requerimiento fiscal puede contener errores o „vicios‟. pp. La etapa intermedia. fijando 5 días de plazo para que la subsane»”. La consecuencia de que la acusación fiscal presente errores o vicios formales de ninguna manera puede ser el sobreseimiento del proceso. 86 En palabras de PUPPE: “La descripción del hecho en el escrito de acusación… tiene que ser inequívoca.[Escribir texto] Público. quien en la nota de pie 226 de dicha página menciona como ejemplo de la práctica judicial: “La Resolución del Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria de Huaura. en el sentido de ese concepto de hecho” citada por SANCINETTI. el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto. Ello en atención a que es responsabilidad principal del juez que la acusación y el proceso se encuentren debidamente saneados84. Si no hay observaciones. sino sólo que el juez ordene su subsanación. p. 352° del 83 Cuando se refiere al: “Control formal de la acusación fiscal. De cara al análisis que posteriormente se hará de la resolución materia de este comentario se debe puntualizar que una de las causales principales para observar formalmente la acusación es cuando: no exista una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al acusado85 86. el defensor o el querellante querrán que la decisión judicial sea correcta y no pueda ser invalidada. En los demás casos. concomitantes y posteriores y que guardan relación directa con la conducta típica que exige el tipo penal. 85 En este sentido: DEL RÍO LABARTHE. 77. por lo que resuelve devolver la acusación. 163. enraizada en garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva-”. de las ciencias naturales y de la experiencia restante. existen defectos en la acusación que requieren un nuevo análisis del MP. Debe precisarse que las observaciones formales a la acusación no sólo las pueden plantear las partes. sea prácticamente imposible que diversos hechos cumplan con esta descripción… El texto de la acusación tiene que aportar aquellas propiedades de un hecho y tantas de ellas como para que efectivamente él sea cumplido por un hecho individual y solo uno. se tendrá por modificado.
ARBULÚ MARTÍNEZ. previo a ello debe verificar a pedido de parte90 o. A. SÁNCHEZ CÓRDOVA. incluso. para recién a partir de ello considerar que resulta realmente necesario que el caso se someta a juicio.1. 2 del art. La etapa intermedia. esté debidamente motivado. con la necesaria suspensión de la audiencia. p. 350° del CPP 2004 prescribe que una vez notificados con la acusación los demás sujetos procesales tienen el plazo de 10 días para pedir el sobreseimiento. Expresa el Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116: “Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial. Es necesario que el requerimiento sea completo para que el auto de sobreseimiento. de inculpabilidad o de no punibilidad. 90 El lit. 344° del CPP 200491. 236. público y contradictorio donde se dilucidará finalmente si se debe o no emitir una sentencia en la que se afirme su responsabilidad penal. “Para que hacer un control de la acusación”. G. La idea básica es que -en contra de lo que ocurría en el sistema procesal penal anterior. 91 “El sobreseimiento procede cuando: a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. 89 Explica DEL RÍO LABARTHE. J.2 NCPP. b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación. sino que ha sido reiterado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-11687. no es posible ejercerlos conjuntamente. que constituye cosa juzgada al ser definitivo. requerirán. p. “El control de la acusación fiscal en la etapa intermedia”. d del num.no en todos los casos en que el representante del Ministerio Público considere que se debe formular acusación. sino sucesivamente. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación”89. 87 Cuando se refiere a: “Los defectos denunciados. si reúne ciertos requisitos mínimos que hagan razonable someter el caso y al procesado a un juicio oral. 5. 159. conforme al artículo 352°. c) La acción penal se ha extinguido. Esto es. el juez tiene necesariamente que autorizar el pase del caso a juzgamiento. en que la acusación generaba necesariamente el enjuiciamiento del procesado. El control formal necesariamente debe realizarse antes del sustancial”. por la sencilla razón que el sobreseimiento puede ampararse en un error no corregido. 88 Por todos: CHINCHAY CASTILLO. y la formulé. 1 del art. p.[Escribir texto] CPP 2004. siempre que se requiera de «…un nuevo análisis del Ministerio Público»”. y. en caso que se acojan. 173 (nota de pie 238): “Es muy peligroso declarar el sobreseimiento del proceso si la acusación no ha superado el control formal. 37 . Luego de saneada la acusación corresponde realizar el control sustancial de la misma88. Control sustancial de la acusación y sobreseimiento Declarada la validez formal de la acusación corresponde realizar el control de su mérito material para pasar a juzgamiento. d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado”. J. p. “El control de la acusación”. una decisión inmediata de devolución de las actuaciones al Fiscal. 250. de oficio la no concurrencia de los supuestos de sobreseimiento que prevé el num.
cuando también existe la certeza de que será imposible atribuir el mismo al imputado. pp. Ha precisado eso sí el Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116 que “Al Juez de la Investigación Preparatoria le corresponde decretarla. 94 DEL RÍO LABARTHE. razonable y mesurado ya en la etapa intermedia nos dice que no poseen ningún pronóstico positivo de éxito. evitando dispendiarlos con el juzgamiento de casos en los cuáles un análisis objetivo. La etapa intermedia. y que involucra una importante cantidad de tiempo y esfuerzo para los sujetos procesales (sobre todo si se analiza las horas/persona que acarrea esta fase por la cantidad de intervinientes que deben actuar de manera concentrada). p. La etapa intermedia. p. 2. “La fase intermedia”. RAMOS DÁVILA. G. 347: “La importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa: discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior”. pues. La creación de un filtro que permita evitar la realización de juicios orales innecesarios no sólo abunda en la protección de las garantías del imputado. L.y con efectos de cosa juzgada. G. C. éste se encuentra obligado a aplicar el Derecho correcto. sino que además se produce un importante ahorro de recursos logísticos y personales para el sistema procesal. para puntualizar que en realidad se trata de un deber del juez. para que el 92 En este sentido. 61: “Es necesario comprender que el juicio oral es una de las etapas que exige más concentración de recursos humanos y materiales. aun. Es necesario regresar sobre la posibilidad que el sobreseimiento se resuelva de oficio. p.[Escribir texto] Esta labor selectiva ha merecido pronunciamientos muy favorables por parte de la doctrina92 93. Derecho procesal penal. no sin antes instar el pronunciamiento de las partes sobre el particular”. T. racionalizar los recursos y potenciar el sistema”. p. R. ARMENTA DEU. por esta vía. En caso la acusación no logre superar satisfactoriamente el control de su mérito.61: “Someter al imputado a un juicio oral porque existe el «convencimiento » –privado del Juez– de que se cometió un delito. pues no sólo se evita que el imputado resulte innecesariamente expuesto al escarnio social del juicio público94. 96 MAIER. 4. que es evidente que no se conseguirá una sentencia condenatoria como consecuencia de la actividad probatoria del juicio95. J. que una sentencia condenatoria es de imposible consecución. como ya lo señalamos supra. por lo que algún sector de la doctrina la considera -correctamente. 95 DEL RÍO LABARTHE. Derecho procesal penal. 363. serio. su revocatoria. dista mucho de una decisión acorde con la justicia y la preservación del derecho a la presunción de inocencia como principio informador del proceso penal. cuando la presencia de los requisitos del sobreseimiento es patente o palmaria. p. 38 . atenta contra el derecho a un proceso justo”. a sabiendas. p. dando por concluida definitivamente la persecución penal -claro está hecha la salvedad de la posibilidad del trámite de su apelación y de lograr. 60 . el juez emitirá un auto de sobreseimiento. por todos. Lecciones de Derecho procesal penal. Someter al imputado a la «pena del banquillo».como equivalente a una sentencia absolutoria anticipada”96. Tomo III. 93 ROXIN. “La etapa intermedia en el Código Procesal Penal de 2004”. 211. De modo similar a como ocurre con el iura novit curia en la posibilidad de sentenciar por una calificación jurídica distinta a la precisada en la acusación fiscal. SALINAS SICCHA. es un importantísimo factor para descongestionar los procesos.
2 NCPP. y este último considera que ello no es procedente. por ejemplo.2. Esto no obsta para que algunos elementos de convicción puedan poseer a su vez la calidad de elementos de prueba. M. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes. el num. Sobreseimiento por falta de elementos de convicción suficientes98 El sobreseimiento de la causa puede ocurrir a través de dos caminos. 5. siendo que este último accede a lo peticionado. De un lado. como resultado de los actos que son propios de esta etapa (en este sentido. las circunstancias o móviles de la perpetración. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa. cuando el Fiscal ha emitido un requerimiento acusatorio. 98 El CPP 2004 denomina.el derecho de defensa le exige que plantee de modo expreso las que considera aplicables al caso. y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el juicio oral autoriza este Código”). por consiguiente. los que están taxativamente contemplados en el artículo 344°.declara el sobreseimiento de la causa. en caso contrario corresponde que el destino del proceso sea dilucidado en juicio. en su caso. la identidad del autor o partícipe y de la víctima. al imputado preparar su defensa. dé por concluido el proceso. 321° prescribe: “La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción. solicitándole al Juez que el caso continúe su marcha hacia el juzgamiento. 352° del CPP 2004 es sumamente claro cuando señala que: “El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2) del artículo 344. el num. el art. De otro. “Las funciones de la etapa intermedia del nuevo Código Procesal Penal”. L. p. en tal sentido. reservando la denominación de prueba y demás relacionadas para aquellos elementos de acreditación que son ofrecidos para su actuación en sede de juzgamiento y. El Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116 ha señalado de modo expreso que esta forma de conclusión antelada del proceso: “Sólo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa. con la posibilidad de -en tanto no exista impedimento legal y fueran útiles para las tesis de las partessu ofrecimiento para su actuación en juicio (es en este sentido que. 4 del art. así como la existencia del daño causado”). 97 Por todos: SÁNCHEZ PONCE. dándole oportunidad a los sujetos procesales para que se pronuncien al respecto. siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba”97.[Escribir texto] juez pueda sobreseer el proceso de oficio -por una circunstancia fáctica y causal normativa no alegadas por las partes. de cargo y de descargo. . de manera usual. 317. que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y. / GIRAO ISIDRO. actuados en esta etapa del proceso con la finalidad de esclarecer definitivamente los hechos y fundar la sentencia que se habrá de emitir. 1 del art. 39 . 325° prescribe: “Las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia. cuando el Fiscal emite un requerimiento en dicho sentido solicitándole al Juez que lo declare y. elementos de convicción a los elementos de acreditación que se obtienen durante la investigación preparatoria. En cualquier de las dos posibilidades -a pedido de parte o de oficio-. por lo que -de oficio o a pedido de parte.
5 del art. 2 del art. 344° se habla de que no haya la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación (lo que podría darse como consecuencia de una investigación suplementaria). las partes obviamente aquellas cuyos intereses se ven en riesgo con el sentido de dicho requerimiento.tienen la posibilidad de oponerse al mismo. sucede que el num. Cumplido el trámite. 2 del art. 345° CPP 2004 establece que cuando se emite un requerimiento de sobreseimiento. 352° num. establece: “El sobreseimiento procede cuando: (…) d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado”. en el supuesto que nos interesa. pues ya formulada la acusación no existe la posibilidad de ordenar una investigación suplementaria e incorporar nuevos datos a la investigación. En lo que sí coinciden plenamente ambas redacciones es en que la de falta de elementos de convicción es una causal que mira principalmente al pasado. a la etapa de investigación preparatoria y a los elementos de convicción que durante su realización se han podido recolectar. 2 del art. 344° CPP 2004 que. De la confrontación de ambas prescripciones normativas se puede apreciar lo que de primera impresión podría tenerse como una contradicción. En cambio. señalando el num. El caso del art. 2 del art. el num. 344° a que no haya la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. el art. 352° num. solicitando la realización de actos de investigación adicionales -indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes-. en cambio. 4 es distinto. lo único que podría ocurrir es que se incorporen nuevos elementos de prueba para el juzgamiento. el CPP 2004 se refiere en su art. es por ello que en el num. 4 en los siguientes términos al sobreseimiento ante el requerimiento acusatorio fiscal: “El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2) del artículo 344. si lo considera admisible y fundado dispondrá la realización de una Investigación Suplementaria indicando el plazo y las diligencias que el Fiscal debe realizar. de tal modo que si estos últimos resultan “suficientes para solicitar 40 . 346° “El Juez de la Investigación Preparatoria. siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba”. en el supuesto del numeral 2 del artículo anterior. no procederá oposición ni disponer la concesión de un nuevo plazo de investigación”.[Escribir texto] Para el primer caso resulta aplicable el num. 352° num. En realidad tal contradicción no existe. 4 se refiere a que no haya la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba.
41 . claro. patens. Diccionario de la lengua española.que funden debidamente la tesis persecutoria99. 2. el juez puede realizar un examen de las posibilidades que tiene la investigación de lograr nuevas pruebas que transformen ese estado. Si se convence de que resultará imposible revertirlo. siempre que resulten evidentes”. sino que tendrá que pasar a la última etapa del proceso. adj. 352° nos brinda una importante referencia cuando señala que sólo se podrá dictar el sobreseimiento “cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2) del artículo 344. 101 De acuerdo a la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. patente y sin la menor duda”100. 4 del art. debe sobreseer” 100 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 686. Claro. Manifiesto. Es necesario. Corresponde esclarecer ahora ¿En qué casos los elementos de convicción recogidos durante la investigación preparatoria resultan suficientes por si mismos para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado? El num. debe estar completamente seguro de la falta de capacidad del caso para lograr una sentencia de condena y aparecer además así al análisis simple101 de los elementos de acreditación con los que se cuenta y con los que se espera razonablemente contar en sede de juzgamiento. entonces. (Del lat. visible. por ejemplo. p. El sobreseimiento sólo será posible cuando haya fracasado la investigación preparatoria en el recojo de elementos de convicción que acrediten el hecho materia de persecución. -entis. 407: ““En un proceso con escaso mérito probatorio respecto de un imputado ante la ausencia de elementos de convicción que den sustento suficiente a la imputación. si a pesar que durante la investigación preparatoria no se han recolectado elementos suficientes para fundar la acusación. perceptible”. de patēre. p. De tal modo que. act. “El sobreseimiento según la jurisprudencia”. manifiesto). 1154: “Patente. 99 RODRÍGUEZ. además. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española evidente es lo: “Cierto. pero aparece claro que en el juzgamiento se podrá incorporar algún o algunos elementos con potencialidad para lograr una sentencia condenatoria. Por tanto. part. el caso no se podrá sobreseer. adj.[Escribir texto] fundadamente el enjuiciamiento del imputado” el caso tendrá que pasar necesariamente a juzgamiento. no exista la posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de acreditación -para referirnos tanto a los actos de investigación como a los elementos de prueba. y. Diccionario de la lengua española. p. A. la concurrencia de dos requisitos para el sobreseimiento por esta causal.1. para que se pueda dictar el sobreseimiento el juez no puede tener la menor duda respecto de la concurrencia de la causal. estar descubierto.
4 NCPP]. En ello. no se trata de arribar a una certeza. “La motivación de las resoluciones judiciales”. Derecho procesal penal.2 deben resultar «evidentes y no debe existir la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba » [352. dado su carácter de definitivo en el CPP 2004 y sus efectos de cosa juzgada. Al Juez de la Investigación Preparatoria le corresponde negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del juicio oral cuando la presencia de los requisitos de sobreseimiento es patente o palmaria. 103 42 . pp. T. La etapa intermedia. 2 del art.171 104 ALISTE SANTOS. ni se trata de emitir un juicio de certeza. DEL RÍO LABARTHE. el análisis que habrá de realizar el juez para determinar si se debe sobreseer un proceso por la causal contemplada en el lit. sino de un evaluación-pronóstico de la capacidad del caso para lograr una sentencia de condena. 344. 365. MAIER. En palabras de DEL RÍO LABARTHE: “Debe quedar claro que éste es un supuesto excepcional. obligan al órgano jurisdiccional a dictar el auto de enjuiciamiento con el propósito de que la causal de sobreseimiento alegada se discuta en el juicio oral”. construida a partir de la prueba actuada en juicio con plena posibilidad de contradicción. p. no se puede renunciar a que la determinación de si existen o no suficientes elementos para declarar procedente el enjuiciamiento del imputado sea fruto de una actividad judicial racional y no arbitraria104. La simple duda o la sola posibilidad de que en el juicio oral se puedan presentar nuevos medios de prueba o. 298: “El ejercicio lícito del arbitrio no puede confundirse con la arbitrariedad”. 170 . J. p. es una disposición que debe interpretarse de manera restrictiva. teniendo muy en cuenta que no se trata de decidir sobre pruebas ya actuadas. como en el caso de la sentencia condenatoria. según la Constitución de 1993. d del num. sino sobre la conjunción elementos de convicción recogidos durante la investigación preparatoria y la posibilidad de ofrecer nuevas pruebas para su actuación en juzgamiento. La Corte Suprema ha declarado –en el análisis de la regulación del NCPP– que el control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto postulatorio del Fiscal. 344° debe necesariamente someterse a las 102 Cfr. Las causales del art. discutir los argumentos jurídicos en los que se basa la causal. G. en la medida que lo que exige su adopción es absoluta certeza.[Escribir texto] Ello es así. en su caso. Tomo III. se dejará de perseguir al procesado para siempre102. porque a partir del sobreseimiento. no sin antes instar al pronunciamiento de las partes sobre el particular… Sin embargo.103 Si bien.
según el cual “En la valoración de la prueba (de los “elementos de convicción” para la decisión que se habrá de tomar) el Juez deberá observar las reglas de la lógica. su sometimiento a reglas. Explican CAFFERATA / HAIRABEDIÁN: “La sana crítica racional se caracteriza. la ciencia y las máximas de la experiencia. La prueba en el proceso penal. entonces. las normas de la lógica (constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación. d) del num. p. especialmente conforme a los principios de la lógica. 1 del art. 393°. G. 106 BROWN. 2 del art. cfr. se debe producir sólo si los defectos en que ha incurrido el juez afectan a elementos probatorios de valor decisivo CAFFERATA NORES. las leyes naturales. p. utilizable para la valoración de dichos o actitudes) y la experiencia común (constituida por 105 La libertad del juez en la valoración de los elementos de acreditación encuentra como límite infranqueable. es decir. / HAIRABEDIÁN. y por los principios lógicos de identidad. 108 . P. TALAVERA ELGUERA. 2 del art. Por tanto.109. Limites a la valoración de la prueba en el proceso penal. pp. de los elementos de convicción) procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. de tercero excluido y de razón suficiente). lo imposible y lo notorio (num. que prescribe: “El Juez Penal para la apreciación de las pruebas (igualmente. pero respetando. los principios de la recta razón.[Escribir texto] reglas que rigen la prueba y su valoración en el CPP 2004105. 63. por ejemplo. principalmente debe tener presente el contenido del num. M. por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad. al hacerlo. En este sentido. La prueba en el nuevo proceso penal. 107 Esto en razón a que la nulidad de la resolución. sobre todo. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica. 344° CPP 2004 es necesario una valoración racional. 156°). para determinar la procedencia del sobreseimiento en aplicación del lit. aquellos en que las partes centran107 su tesis sobre el caso. los principios incontrastables de las ciencias (no sólo de la psicología. de no contradicción. pero. J. 43 . la norma jurídica interna vigente. no antojadiza. que es el efecto esperado por infringir las reglas de valoración de la prueba. si bien el juez debe. las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”. claro está. 2) del art. aquello que es objeto de cosa juzgada. 158°. racionales y la obligación de motivar. en tanto no resulten incompatibles con la naturaleza de la decisión a tomar106. en el sentido que no excluya del material a analizar ninguno de los elementos de acreditación ofrecidos. 16: “Es fácil advertir entonces que la actividad de valorar la prueba se desarrolla durante todo el proceso y que no es una actividad reservada exclusivamente al sentenciante en oportunidad de emitir su fallo”. legales. y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados” y del num. tener en cuenta que no son objeto de demostración las máximas de la experiencia. de los elementos de convicción obtenidos durante la investigación preparatoria y que dicha valoración sea plena.
P. Por su parte. sólo después de valoradas individualmente las pruebas podrá hacerse con rigor una valoración conjunta de las mismas.58. representada por la coacusada Liz Sofía Alejandra Zenteno. M. se exige que las pruebas admitidas y practicadas sean tomadas en consideración a los efectos de justificar la decisión que se adopte. resultan plenamente aplicables al análisis del mérito del caso para pasar a sede de juzgamiento las palabras de TALAVERA ELGUERA: “Esta exigencia de valoración de las pruebas puede descomponerse en dos aspectos distintos: por un lado. La prueba en el proceso penal. inercia. aunque -del mismo modo que sucede con la cita de CAFFERATA / HAIRABEDIÁN que se acaba de realizar. J. en la contratación del servicio de consultoría en fiscalización tributaria y administrativa. pp. 29. deberían ser consideradas como violaciones al derecho a la prueba los supuestos en que algunas de las pruebas admitidas y practicadas no hayan sido tomadas en consideración en el momento de la decisión”109. gr. TALAVERA ELGUERA. 57 . esta última no puede ser utilizada para evitar la valoración concreta de cada una de las pruebas aportadas. debiendo descartarse la imputación genérica y ambigua del Ministerio Público consistente en „no haberse seguido los 108 109 CAFFERATA NORES. v. ¿Puede el Juez sobreseer el proceso alegando no conocer el Derecho? Fundamenta el juez la resolución de sobreseimiento en que: “El acusado Roger Emilio Quispe Rosales en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Moche. si bien una decisión sobre los hechos no pueda realizarse sin esa valoración conjunta. se exige que la valoración que se haga de las pruebas sea racional. 6. Es más. Por ello. respecto de la necesidad de valoración total de los elementos de acreditación. gravedad)” 108.han sido originalmente escritas para la valoración de la prueba en sede de sentencia. Por otro lado. La primera de las exigencias es a menudo incumplida mediante el recurso a la denominada „valoración conjunta de las pruebas‟. p. Debe advertirse que. VI.1. El análisis de la resolución Fijado el marco teórico. 44 . corresponde ahora identificar los hierros en que ha incurrido la resolución materia de comentario.[Escribir texto] conocimientos vulgares indiscutibles por su raíz científica. / HAIRABEDIÁN. ha actuado dentro del marco de sus atribuciones legales en la contratación de Innovaciones Perú SAC. La prueba en el nuevo proceso penal.
ni cuál es su contenido. sobre la regularidad del contrato entre los procesados Roger Emilio Quispe Rosales y Liz Sofía Alejandra Zenteno. interno. Y.[Escribir texto] procedimientos legales necesarios para ello‟. más allá de recordar que. salvo las previstas en el literal b) del Artículo 19º. más todavía si las normas administrativas que regulaban la contratación estatal en el momento en que sucedieron los hechos tenía los requisitos de ser Derecho escrito. excepto en los casos a que se refiere el inciso d) del artículo 19º de la presente Ley”. El juez debía conocer el Derecho. sin especificación alguna siquiera de la norma aplicable a efectos de precisar como debería ser el procedimiento de contratación del servicio.S. pues el Juez debe conocer el Derecho. sino que el juez cita en su resolución expresamente el “Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Ley Nº 26850” y el “Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. las adquisiciones y contrataciones que se realicen: (…) h. no resulta imprescindible que las partes digan o ilustren al juez respecto de cuáles son las normas que regulan el proceso de contratación estatal.de la misma ley señalaba claramente que: “Todas las exoneraciones. / La facultad de aprobar exoneraciones es indelegable. en virtud de dicho principio. Concurso Público o Adjudicación Directa. Reglamento de la Ley de Contrataciones”. general y publicado en el diario oficial. que: “El contrato de consultoría tiene como base legal. se aprobarán mediante: (…) c) Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal. / Las resoluciones o Acuerdos señalados en los incisos precedentes requieren obligatoriamente de un informe técnico-legal previo y serán publicados en el Diario Oficial El Peruano. Lo que hace bastante llamativo -para decirlo de algún modo. ni tampoco ofrecido medio de prueba alguno tendiente a demostrar la existencia en el mercado de otras empresas que puedan brindar exactamente el mismo servicio a un menor costo”. Para servicios personalísimos. la misma que en su artículo 19º estableció que „están exonerados de los procesos de Licitación Pública. según sea el caso. cuando el artículo 20° -que el juzgador no cita. Pero.aprobado mediante D. Hemos precisado supra la aplicabilidad del iura novit curia en el proceso penal del código de 2004.que para fundar su resolución el juez sostenga. por lo que no incidiremos al respecto. pues se trataba del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado . N° 083-2004-PCM. de acuerdo a lo que establezca el Reglamento‟ ”.aprobado por Ley Nº 26850 y su Reglamento . no sólo lo dicho. el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Ley Nº 26850. en el caso de los Gobiernos Regionales o Locales. es precisamente en la falta de aprobación de la exoneración por parte de los integrantes del Concejo Municipal que la acusación fiscal funda fácticamente la 45 .
pp. Las irregularidades administrativas para la suscripción del contrato -no haber sido aprobada la exoneración por el Concejo Municipal y. 111 Recuérdese que la propia resolución comentada señala que la acusación postula “la existencia de una concertación entre los acusados para beneficiar económicamente a Innovaciones Perú S. se ofreció como medios probatorios para su actuación en juicio -y el juez los admitió. / CASTILLO ALVA. además. en tanto el cuestionamiento principal y penalmente relevante que se hace en la acusación a los procesados.la declaración de algunos de los regidores integrantes del referido Concejo (quienes fueron ofrecidos. cfr. pero sin aprobación en la sesión ordinaria en que ella se formuló. igual se comete delito de colusión al pagarse por un servicio que no es necesario. 213 a 361. en realidad no fue prestado. Habiéndose ofrecido también las copias certificadas de las partes pertinentes del libro de las sesiones de Concejo en donde sólo constaba la propuesta de servicios. además. El delito de colusión. es haber pagado a Innovaciones Perú SAC por un servicio que no era necesario. pues pudo haber sido hecho por personal de la Oficina de Rentas de la Municipalidad. señalándose en el acta que el tema sería tratado en la siguiente sesión extraordinaria que se convoque. 110 La Corte Suprema ha fundado en no pocas ocasiones la acreditación de dicha concertación defraudatoria en la verificación de infracciones a los procedimientos legales. De este modo incluso así se hubiera tratado de la única empresa en el mundo capaz de prestar el servicio. y que constituye delito de colusión. “para que deponga(n) respecto a que el Consejo Municipal no aprobó en ningún momento la contratación de Innovaciones Perú SAC”).A. dejando constancia de su pertinencia. 46 . J. además y sobretodo. cosa que no aparece en las actas como tratada en dicha próxima sesión extraordinaria ni en ninguna de data anterior a la firma del contrato. y para ello. y sobre todo..constituyen no el delito en sí. GARCÍA CAVERO. utilidad. y que. En cuanto a que no se ha “ofrecido medio de prueba alguno tendiente a demostrar la existencia en el mercado de otras empresas que puedan brindar exactamente el mismo servicio a un menor costo” debe señalarse que la resolución incurre también en error. así el Estado hubiera obtenido el mejor precio del mercado. y que. al celebrar un contrato de servicio de consultoría en fiscalización en materia tributaria y administrativa… haciéndole pago por un servicio que materialmente no ha prestado”. no contar con el informe técnico-legal previo que exige el artículo 20° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.[Escribir texto] afirmación de no haberse seguido los procedimientos legales para la cuestionada contratación. sino los hechos indicantes a partir de los cuáles se pretende acreditar la concertación defraudatoria sobre la que se construye el delito de colusión110. no ha sido prestado111. en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad Distrital de Moche. P. conducencia y legalidad. textualmente.C. incluso.
cuando se refiere a la suscripción del contrato. sólo se conoce que han sido ofrecidos para declarar a favor de la tesis de los acusados. incluso de oficio. Esto es. que cuando el juez encuentre que existen defectos de ambigüedad o generalidad en la formulación de los hechos materia de imputación. Juan Antonio Laura Ataucuci.algún documento -p. cuando se refiere a su ampliación. Juan Antonio Laura Ataucuci.[Escribir texto] 6. al no especificar la norma supuestamente prohibitiva de la celebración de una prórroga o ampliación del servicio contratado”.donde conste el contenido de su declaración. Lo que resulta llamativo a este nivel es que el propio juez. señalando. “el Ministerio Público nuevamente incurre en una total ambigüedad e imprecisión en la formulación de la imputación. haciendo el control formal que impone la ley. sin embargo. entre ellos -como ya dijimos. ej. Porfirio Tolentino Polonio y José Bruno Cepeda Ruíz”. sin especificación alguna siquiera de la norma aplicable a efectos de precisar como debería ser el procedimiento de contratación del servicio”. Ocurre. observar la acusación y devolverla -cuando se requiere de nuevo análisis. que los testigos en que el juez apoya su sobreseimiento nunca han declarado durante la investigación preparatoria y ni siquiera existe incorporado al proceso durante dicha etapa o con posterioridad -incluso con lo cuestionable que ello sería desde las exigencias del CPP 2004. sin observaciones de parte o de oficio. declaró en su oportunidad la validez formal de la acusación y admitió los medios probatorios. Porfirio Tolentino Polonio y José Bruno Cepeda Ruíz”.2. “debe descartarse la imputación genérica y ambigua del Ministerio Público consistente en „no haberse seguido los procedimiento legales necesarios para ello‟.3. el juez y las partes en el proceso no conocen el contenido de la declaración de “Renzo Giancarlo Habich Morales. pero no si en efecto habrán de corroborar dicha tesis. ¿Puede sobreseerse el proceso porque la imputación del Ministerio Público es ambigua y genérica? Dice la resolución.los que por parte de Fiscalía pretendían acreditar en juicio que el Concejo Municipal no había autorizado la exoneración de la contratación. mencionando entre ellos “las testimoniales de Renzo Giancarlo Habich Morales. Ha quedado precisado en el desarrollo del marco teórico. ¿Puede sobreseerse el proceso “valorando” declaraciones no prestadas? La resolución se pronuncia sosteniendo que el caso no debe pasar a juicio porque en la etapa intermedia los acusados han ofrecido medios probatorios que acreditan que el servicio sí fue prestado.para su corrección. tampoco se conoce si su interrogatorio por parte del Ministerio Público pondrá en evidencia que 47 . lo que corresponde es. notarial. 6.
En contra de lo que pudiera parecer.4. 342° tiene como “exclusivo y excluyente” objeto de análisis los medios probatorios admitidos? La resolución materia de comentario sostiene: “En resumen. es más ni siquiera se conoce si. como se recordará. han sido recogidos -salvo excepciones. que corresponderá ser analizado por el juez a efectos de amparar o no el sobreseimiento de parte. 2 del art. En realidad. a los elementos de convicción recogidos durante la investigación preparatoria. el lit.2. al no haberse prestado las declaraciones no hay nada que valorar. Por su parte. no tuvo conocimiento oportuno de las pruebas de descargo antes descritas. el tenor de la norma legal nos dice que para el análisis del juzgador sobre el mérito del caso para pasar a juicio se tiene que mirar principalmente al pasado. Pero. que sí tienen un contenido y que.d del Código Procesal Penal del 2004 –en adelante CPP-”. 342° CPP 2004 no prescribe lo mismo. en acatamiento del CPP 2004. según dicha norma: “El sobreseimiento procede cuando: (…) d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado”. las cuales fueron ofrecidas por la defensa de los acusados recién en la audiencia preliminar de la etapa intermedia”. pues. la tesis incriminatoria contenida en la acusación escrita y los medios de prueba admitidos. 2 del art. d) del num. haciendo un pronóstico razonable sobre la posibilidad de incorporar en el juzgamiento nuevos elementos de prueba que permitan superar las deficiencias existentes en la acreditación de la acusación fiscal. d) del num. habrá de lograrse efectivamente su concurrencia para prestar su declaración. en tanto el análisis de los resultados de la investigación preparatoria no fueran alentadores. no se trata de una simple diferencia de términos en la construcción de la frase. en rigor. El que lo que venimos señalando sea cierto queda en evidencia cuando la resolución materia de comentario dice: “Resulta evidente que el Ministerio Público cuando formuló su acusación. serán el material de conocimiento -exclusivo y excluyente-. también al futuro.[Escribir texto] mienten. 6. cuando se formula la pregunta en los términos de si se pede sobreseer el proceso valorando declaraciones no prestadas nos hacemos una concesión en el uso de los términos.en condiciones que permiten la contradicción. 48 . por la causal contenida en el artículo 344. ¿El sobreseimiento por la causal prevista en el lit. en caso de producirse el juzgamiento.
en la que señala: “Cabe señalar de que el Juez de Investigación Preparatoria si bien no realiza valoración probatoria propiamente. Por fortuna el criticado no es criterio unánime en la judicatura nacional. de quienes no los han propuesto. 112 El que no exista una identidad necesaria entre los mismos lo demuestra precisamente el que en la resolución materia de comentario se hayan ofrecido -y valorado. p. en calidad de medios de prueba.[Escribir texto] En cambio.como objeto de análisis para decidir si se sobresee o no el proceso puede llevar a la irracionalidad apuntada en el apartado anterior. sino en función a los elementos de convicción que ha recabado el Ministerio Público durante la fase de investigación preparatoria y como tal permite o no generar una causa probable. pues no existiría congruencia probatoria de estimarse una prueba a futuro de modo distinto con lo que inicialmente a generado la recabación de indicios y evidencias en la escena del delito. tampoco en la etapa intermedia en la que solamente se proponen los medios probatorios que son factibles de actuación en una etapa posterior como es el juicio oral. Jurisprudencia Nacional. Código Procesal Penal.no prestadas durante la investigación preparatoria –y que. Porfirio Tolentino Polonio y José Bruno Cepeda Ruíz”. 113 NEYRA FLORES. a pesar que estos todavía no han sido actuados y. ello en atención a que la prueba aún no existe en la etapa de investigación preparatoria. recién habríamos de saber su contenido. ni han sido sometidos al examen contradictorio de las demás partes113. en que la afirmación de la no responsabilidad de los acusados se basa en declaraciones testimoniales carentes de contenido. sino que tener a los medios de prueba admitidos -y aún no actuados.y que se habrían probablemente de producir -y. la resolución dictada en el Expediente N° 00001-2011-24-2101-JRPE-01 por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno Víctor Calizaya Coila. No sólo se trata de una ilegalidad. pues aún no han sido prestadas. que de algún modo permita tener una probabilidad latente de que la hipótesis del Ministerio Público pueda ser corroborada precisamente con la actuación probatoria. el control formal y sustancial no se realiza en función a la prueba. por tanto. por ejemplo. 113: “Si el examen de la prueba no se realiza. por tanto. carecen de un contenido cierto.en sede de juzgamiento. sino que ha sido obtenido unilateralmente por la parte interesada sin que nadie la haya examinado. no tienen la calidad de elementos de convicción. 49 . con ello. p. 114 COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN. Manual del nuevo proceso penal. pudiéndose citar. J.como medios de prueba declaraciones testimoniales -las de “Renzo Giancarlo Habich Morales. 209. lo que la resolución materia de comentario propone es no reconocerle ninguna importancia a los elementos de convicción y centrar su análisis en los medios de prueba admitidos para su actuación en juicio112. esa información es de baja calidad y no ofrece garantías de fidelidad” (BAYTELMAN). por ende el Juez de Investigación Preparatoria suscrito sostiene que es criterio de este Juzgado de que sí se hace valoración. empero de los elementos de convicción”114. Juan Antonio Laura Ataucuci.
dejando de lado los demás. el juez procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás (art. cuando señala que. En la resolución materia de comentario no ha existido un examen individual de la plenitud de elementos de convicción acopiados durante la investigación preparatoria o. 121. Este defecto de la actividad judicial se produce cuando el juez justifica su propio convencimiento sobre la quaestio facti. siguiendo la línea de pensamiento del juez. de los medios de prueba admitidos para su actuación en juicio-. ¿Puede dictarse sobreseimiento sin analizar los elementos de convicción que sustentan la acusación? Habíamos dicho que en el análisis del mérito del caso el juez se debe sujetar a las reglas de la prueba que establece el CPP 2004 -salvo en lo que resulte incompatible con la naturaleza de la decisión a tomar-.[Escribir texto] 6. p. P. en lugar de obtener la decisión del juicio de hecho de todos los resultados probatorios disponibles en la causa.5. aunque posteriormente no sean utilizados en la justificación de la decisión del tema decidendi” 116. no se deberá perder de vista que la completitud en la valoración evita que el juzgador pueda incurrir en un vicio tan pernicioso como la valoración unilateral de las pruebas. “La valoración completa de todas las pruebas practicadas constituye un presupuesto necesario para lograr una valoración de las pruebas que tenga en cuenta todos los elementos precisos para una adecuada redacción del relato de hechos probados. Recordemos con TALAVERA ELGUERA que: “Es preciso distinguir dos grandes fases en la valoración de la prueba: una primera que podemos denominar examen individual de las pruebas. 115. o bien cuando el juzgador. p. sin hacer la más mínima mención a las pruebas que la contradigan. elige a priori una versión de los hechos para posteriormente seleccionar los resultados probatorios que la confirman. No se trata de una mera cuestión metodológica sino de un mandato del nuevo Código Procesal Penal. La prueba en el nuevo proceso penal. para la apreciación de las pruebas. 393°. la importancia de una valoración completa radica en que mediante ésta se garantiza que el órgano jurisdiccional examine y tenga en cuenta todos los posibles resultados probatorios. En este sentido. más no así los que abonan en favor de la tesis persecutoria 115 116 TALAVERA ELGUERA. y una segunda que llamaremos examen global de todos los resultados probatorios. 2)”115. 50 . TALAVERA ELGUERA. en todo caso. utilizando para ello sólo los elementos de prueba que sostengan su decisión. P. Por lo tanto. La prueba en el nuevo proceso penal. sólo se han examinado los que resultan favorables a los acusados.
aunque el razonamiento no exteriorizado del juzgador -suponiendo que hubiera forma de elucidarlo. y por otra parte.resultan muy aplicables a casos como el que es objeto del presente comentario. el resultado del mismo sería una suerte de azar librado a la subjetividad e intimidad del sentenciante. “Para una ética positiva del juez”. además. En estas circunstancias. 118 51 . quien con su decisión podría echar por tierra todo el esfuerzo que llevó el proceso”118. se refiere tanto a la ausencia de expresión de la motivación -aunque ésta hubiese realmente existido en la mente del juezcuanto a la falta de justificación racional de la motivación que ha sido efectivamente explicitada”119. p. Por su parte. Estos párrafos -con las adaptaciones correspondientes a una resolución de sobreseimiento.hubiera sido impecable. con la falencia que venimos criticando se infringe. Pues. Pero. el material probatorio y hacerlo objeto de cuidadoso análisis antes de valorarlo en su conjunto”117. con la exposición del razonamiento. un mecanismo inútil. 119 DÍAZ CANTÓN. 117 ANDÉS IBAÑEZ. BROWN: “De nada sirve un proceso ejemplar. BROWN. Por ello es que en nuestro derecho positivo "falta de motivación". minucioso y exhaustivo. 139° de la Constitución Política del Estado. P. 99. pues. el juicio no sería otra cosa que una formalidad por la formalidad misma. Dice ANDRÉS IBAÑEZ: “Por respeto a la verdad y al derecho de las partes. F.[Escribir texto] del Ministerio Público. 56. p. 5 del art. de esta manera. en su totalidad. G. Se identifica. p. garantista. 12. No existiría motivación si no ha sido expresado en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial. el juez debe tomar en consideración. no se puede decir que se haya cumplido con realizar un examen conjunto. “El control judicial de la motivación de la sentencia penal”. Dice DÍAZ CANTÓN: “La motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. flagrantemente el mandato de motivación de las resoluciones que prevé el num. la toma abstraído y alejado del mismo proceso que le dio origen. si luego quien debe utilizarlo para emitir la decisión. Limites a la valoración de la prueba en el proceso penal.
por defecto o insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción y pruebas”120 Queda claro. Derecho y razón. legitimadas por aserciones. el poder jurisdiccional no es el «poder tan inhumano» puramente potestativo de la justicia del cadí. 623. T. 121 52 . que aunque el razonamiento del juzgador al momento de sobreseer el proceso hubiera sido impecable -que ya vimos que no lo ha sido-. por violación de ley o defectos de interpretación o subsunción. 122 No debe olvidarse además que la motivación se inserta en la lucha extra (mediante la facilitación del control público o ciudadano de la decisión) e intraprocesal (mediante la facilitación del control interno de las decisiones judiciales a través de los recursos legalmente previstos) contra la arbitrariedad. como la «validez» de las sentencias resulta condicionada por la «verdad». M. diversos documentos que dan cuenta de los correos electrónicos enviados por Juan Antonio Laura Ataucuci como Gerente de Operaciones Nacionales de Innovaciones Perú 120 FERRAJOLI. al no haberse expresado la valoración individual y conjunta de los elementos de convicción que sustentan la tesis de la Fiscalía y explicarse porque se desechan121. en cuanto tales verificables y refutables aunque sea de manera aproximativa. sino que está fundado en el «saber». como en hecho. Precisamente. de sus argumentos. L. en fin.[Escribir texto] Precisando FERRAJOLI: “Es por la motivación como las decisiones judiciales resultan avaladas y. la resolución comentada deviene en ilegítima122. por tanto. “La motivación de la prueba”. aunque sea relativa. entonces. la motivación permite la fundamentación y el control de las decisiones tanto en derecho. 298: “Las operaciones de selección y valoración del material probatorio están sujetas a un control efectivo. pp. como.86. necesariamente exteriorizada en la fase de motivación coram partibus”. también sólo opinable y probable. 6. GASCÓN ABELLÁN. pero precisamente por ello refutable y controlable tanto por el imputado y por su defensa como por la sociedad. ¿Puede dictarse sobreseimiento cuando la causal que lo sustenta no es evidente? La resolución materia de comentario señala que existe imposibilidad de lograr una condena en juicio en razón a que los acusados han ofrecido medios probatorios que refieren que Innovaciones Perú SAC sí prestó los servicios para los que fue contratado por la Municipalidad. ALISTE SANTOS.5. p. Fundamenta ello en que: “En la audiencia preliminar se ha admitido como pruebas de descargo. “La motivación de las resoluciones judiciales”. 85 . p. ampl.
durante la investigación preparatoria y. indicando la forma como debe regularizarse la normativa interna de dicho municipio.[Escribir texto] SAC. en la persona de su Gerente Municipal el coacusado José Wilfredo Rodríguez Azabache. no se puede sostener evidencia de la falta de elementos de acreditación suficientes para el enjuiciamiento de los acusados. El num. siempre que resulten evidentes”. adjuntando el modelo de acta de inspección de fecha veintitrés de octubre del dos mil siete. 53 . La constancia de verificación notarial de la bandeja de salida del correo. Así tenemos: a. En las condiciones en que ha sido ofrecida la prueba de descargo. remitiendo el proyecto de resolución de nulidad de notificación preventiva N° 0012007-MDM. La constancia de verificación notarial de la bandeja de salida del correo. para efecto de proceder al cobro a la Empresa Telefónica”. a la Municipalidad Distrital de Moche. como consecuencia de la ejecución de la consultoría. c. 352° del CPP 2004 establece que se podrá dictar el sobreseimiento “cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2) del artículo 344. La constancia de verificación notarial de la bandeja de salida del correo. b. de las cuentas de correo electrónico que los acusados se han cuidado de ofrecer sólo en constancias de verificación notarial de bandeja de salida -esto es. sin que haya podido ser materia de indagación su confiabilidad durante la investigación preparatoria. así como modelos de inspección de postes de concreto. de madera. 4 del art. por ser mencionadas recién a nivel de la etapa intermedia. si nos fijamos con atención. en circunstancias de inmediación para el Juez. además. más aún cuando muy bien en el juzgamiento se podría lograr la verificación plena. los que han sido ofrecidos como medios probatorios por los acusados -y. además.son sólo constancias de verificación notarial de bandejas de salida de correos. más no así el contenido de los documentos que dichos correos dicen adjuntar. Pero.y no sólo las constataciones de las bandejas de salida. cámara. Lo que lleva a preguntarse: si el servicio fue efectivamente prestado. tampoco se da el requisito legal de que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba-. ancla y línea de canalización. entre otra información. porqué no fueron ofrecidos los documentos que darían cuenta de la efectiva prestación del servicio -que según los acusados fueron remitidos vía correo electrónico. porqué no se hizo mención a los correos ofrecidos -y se permitió la plena verificación de las cuentas de correo electrónico.
/ CORTÉS DOMPINGUEZ. V. p. la boca que pronuncia las palabras de la ley. y en tal calidad se encuentra reconocida expresamente en la Constitución Política de 1993. además de la gran complejidad de dicha labor. por mucho protagonismo que en ella se le pretenda otorgar a la discrecionalidad del intérprete. conforme refiere SEGURA ORTEGA: 123 124 MORENO CATENA. coincidir con el planteamiento del siglo XVIII. MORENO CATENA. Desde las formulaciones de la Revolución Francesa esta garantía ha sido una constante histórica. 134. En este contexto. / CORTÉS DOMPINGUEZ. trasciende sin duda los estrechos límites a que se había de contraer en el pasado. sin embargo. Introducción al Derecho procesal. si bien se debe reconocer que en la interpretación y dotación de sentido a las normas no se puede llegar a resultados unívocos. V. dicha independencia no puede justificar que el Juez ponga su criterio por encima de la ley -de las leyes constitucionalmente válidas-. 135. Es que. pero no puede sustraerse de aplicar la ley al caso concreto en su función de garante de los derechos de los ciudadanos”124. V. Introducción al Derecho procesal. p. En palabras de MORENO CATENA: “La última de las notas que conforman al juez constitucional en el Estado de Derecho es la sumisión a la ley.[Escribir texto] VII. en conocida frase de MONTESQUIEU. El papel que el juez ha de desempeñar en el Estado social y democrático de Derecho. cuando la doctrina entendía que el juez debía ser. 139°. La independencia es una garantía básica para el ejercicio de la función jurisdiccional en los estados contemporáneos. V. 2 de su art. Explica eso sí que: “La exigencia constitucional del sometimiento pleno del juez a la ley no puede. ésta no puede llevar a considerar admisibles o legítimas “interpretaciones” (?) en contra del texto de la ley. sin embargo. en el num. precisamente como trasunto de la propia independencia judicial: el juez constitucional puede ser independiente porque se encuentra sometido a la ley (y a la Constitución)”123. A modo de conclusión La resolución materia de comentario es una muestra de los peligros que bajo la denominación de buenas prácticas y la justificación de un proceso acusatorio se ciernen sobre la reforma del sistema de justicia penal que se ha pretendido instaurar con la puesta en vigencia del CPP 2004. 54 .
admite‟. más aún cuando no sólo se trata de decisiones que contravienen la ley. esto es. La discrecionalidad es así concebida como el poder o la facultad de elegir entre dos o más cursos de acción. 21 y 22. la discrecionalidad „viene dada por la existencia de varias soluciones igualmente válidas para el Derecho. pretender que se archive definitivamente un caso y con autoridad de cosa juzgada sobre la base de declaraciones que nunca han sido prestadas. Debemos estar alertas para determinar si lo que se nos ofrece como “nuevas prácticas” son en verdad “buenas prácticas”. En definitiva. cada uno de los cuáles es concebido como permisible por el sistema de referencias de que se trate‟… Naturalmente se trata de la posibilidad de elegir entre decisiones diferentes pero legítimas. entre las cuáles el órgano decisor tendría que elegir. decisiones que pueden justificarse dentro del sistema jurídico”125. pp. 55 .[Escribir texto] “La discrecionalidad es la „libertad de elegir una solución entre las varias que la norma que la otorga. sino que resultan disfuncionales. por ejemplo. Sentido y límites de la discrecionalidad judicial. en principio. 125 SEGURA ORTEGA. por. M.
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