Source: http://e.exam-10.com/pravo/82716/index.html
Timestamp: 2018-10-16 13:03:01+00:00

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título Informe de derechos humanos de los pueblos indigenas afectados por las industrias de la mineria, gas y petroleo, y el caso de las familias cautivas en el chaco boliviano
1. La problemática de los pueblos indígenas afectados por las industrias extractivas.
1.1. Impactos sociales y ambientales de la industria minera, gas y petróleo.
En Bolivia, el porcentaje de población indígena y originaria según los datos del censo 2001 es del 62%. Los pueblos indígenas se encuentran localizados prácticamente en todas las regiones del país. Los indígenas en Bolivia, vienen enfrentando graves obstáculos para obtener el pleno desarrollo de sus derechos y libertades consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos. La población indígena y originaria de Bolivia está viviendo una pobreza generalizada y son objeto de discriminación tanto del sector público como del sector privado.
Cada vez es más evidente el hecho de que la actividad de la industria extractiva es una de las causas directas de la destrucción de los bosques y territorios indígenas, iniciándose una cadena de conflictos entre las comunidades locales, el Estado y las corporaciones y que termina con la destrucción de los ecosistemas de las poblaciones locales.
Las operaciones de la industria extractiva, en cualquiera de sus etapas, generan severos impactos en la población de las comunidades indígenas y originarias, vulnerando los derechos humanos individuales y colectivos, provocando impactos en la salud, la educación, los sistemas de producción, en la estructura organizativa, modifican los patrones de asentamiento y migraciones, la contaminación y la disminución de la cantidad y calidad de fuentes de agua, la fauna, flora y la biodiversidad, afectan el equilibrio que mantienen con la naturaleza, que constituye la base de su vida y reproducción étnica y cultural. Las comunidades y pueblos indígenas originarios conciben a la naturaleza como un todo, como parte de su vida y sostenimiento, vulnerar los recursos naturales es atentar contra la vida de los pueblos indígenas y originarios.
1.2. Violación del Marco normativo: nacional e internacional.
En Bolivia, se viene dando un dilatado proceso de titulación de las Tierras Comunitarias de Oigen (TCOs) a los pueblos indígenas y originarios y al mismo tiempo un veloz y expedito proceso de concesión de los Recursos Naturales a sectores privados, incluso dentro de las demandas de TCOs; provocando una serie de conflictos entre los pueblos indígenas originarios y los concesionarios privados.
Actualmente, los conflictos socio ambientales tienen su principal origen en la escasa legitimidad de las políticas empleadas para materializar los proyectos de la industria extractiva. Las leyes y políticas públicas impuestas en torno a la explotación de recursos nacionales son los principales obstáculos en su relación tradicional que tienen los pueblos indígenas con la tierra y los recursos naturales que han dado sustento y preservado por miles de años las culturas indígenas en Bolivia.
El Estado boliviano omite la propia normativa interna, tanto en la elaboración de leyes como en su aplicación en los contratos de proyectos específicos con empresas mineras y petroleras, que operan concesiones dentro los territorios indígenas ancestrales, los que elaborados con escasa transparencia sin la adecuada participación de los pueblos indígenas afectados y por lo mismo no incorporan ni reconocen correctamente los derechos de los pueblos indígenas y originarios.
La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 171 establece que “se reconocen, respetan y protegen los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”, aunque este artículo estaba reconocido en la Ley de Hidrocarburos 1689 de 1996, abrogada por mandato del referéndum vinculante del 18 de julio del 2004, el gobierno boliviano a pretendido eliminarlo en el proyecto de ley presentado ante el Congreso Nacional, motivo por el cual los pueblos indígenas han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo autoridad que emitió una resolución anunciando la inconstitucionalidad de aprobar una ley que omita tales derechos. Sin embargo a la fecha, el ejecutivo se ha opuesto a la aprobación de una ley que contiene el Título de Derechos indígenas, presentado por las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas y originarios.
La Ley 1257 de 1991, que homologa el Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 6, 7 y 15 referidos al derecho que tienen los pueblos indígenas de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y su participación en la formulación, aplicación y evaluación de dichos programas susceptibles de afectarles directamente, además el compromiso del gobierno de consultar y lograr el consentimiento de las medidas que se tomen, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan, antes de autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras, a la participación en los beneficios que reporten tales actividades y a recibir indemnización por cualquier daño que pudiera sufrir como resultado de esas actividades. Sucesivos gobiernos a la fecha, vienen demorando la reglamentación de la ley 1257 y su incorporación transversal en la normativa sectorial de la minería y los hidrocarburos, propiciando un vacío legal, que facilita la omisión de la debida protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y la vigencia de un régimen de exclusión y discriminación racial.
La explotación desmesurada de los recursos naturales en territorios indígenas, originarios y las acciones de las empresas petroleras y mineras, incidiendo en la reducción de áreas tradicionales de caza, recolección y pesca, contaminan fuentes de agua, empobrecen los suelos agrícolas, aparecen enfermedades nuevas y en muchos casos devastadoras. Situación que amenaza la calidad de vida por el deterioro del medio ambiente y afecta su identidad e integridad cultural.
Estas políticas de Estado y las intervenciones privadas sobre los territorios indígenas, vulneran los compromisos internacionales que ha asumido el Estado, como son el Convenio 169 de la OIT en la Ley 1257 o, donde se establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar el respeto de su integridad y adoptar medidas necesarias para salvaguardar las personas, los bienes, los trabajos, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
Por otra parte, las comunidades indígenas no tienen un trato igual dentro el sistema legal, puesto que los procesos que inician las comunidades indígenas afectadas por las acciones de la industria petrolera o minera, por lo general llegan a resoluciones parcializadas a favor de las empresas, o en su defecto los procesos de solución son dilatados en el tiempo; vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde dispone que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en el mencionado instrumento internacional y a garantizar el pleno y libre ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. El derecho a la igualdad sin discriminación es uno de los pilares de la protección de los derechos humanos; este derecho también esta consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Caso de las Familias Cautivas.
El Estado boliviano no cumple con sus compromisos internacionales como son el Pacto de San José, en sus artículos referidos a la obligación que tienen los estados de respetar los derechos de las personas y la prohibición a la esclavitud y servidumbre, el Convenio 169 de la OIT – Ley 1257 en sus artículos referidos a las condiciones de empleo y trabajo, educación, salud y seguridad social.
Así mismo, la Constitución política del Estado, en su artículo 5, prohíbe el trabajo forzoso, nadie puede ser obligado a trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa remuneración. Sin embargo, existen alrededor de 580 familias indígenas guaraníes, en situación de cautiverio en haciendas de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Esta familias trabajan para los hacendados por salarios muy bajos, que no alcanzan para sus necesidades básicas lo cual implica que se endeuden con los hacendados, pues les adelantan en especies y al precio que los patrones ponen, dando lugar a que se mantengan durante toda su vida en deuda con el hacendado. Los indígenas no tienen servicio social, no reciben salarios justos, el horario de trabajo mayor a 10 horas, caso contrario no son remunerados, reciben castigos que van desde golpes hasta la destrucción de sus casas. El “jornal” (salario) que les pagan a las mujeres por más de 10 horas de trabajo es de 4 bolivianos (0,50 ctv de dólar) y para los hombres es de 10 bolivianos, muy por debajo del jornal que se paga en el pueblo que es de 25 bolivianos.
Los niños hasta los 7 años están a cargo de sus madres y después el hacendado decide lo que va hacer con el niño, no permiten que vayan a la escuela. En casos de accidentes, son los propios trabajadores que pagan sus gastos médicos, el patrón en el mejor de los casos les lleva a las postas y después le cobra al trabajador.
Los hacendados no permiten que entre familias cautivas hablen libremente, y menos aún con familias libres, sancionan a quines participen de reuniones o quieran organizarce para defenderse.
Con las denuncias presentadas, en la mayor parte ha empeorado el maltrato. Por ejemplo, en el caso de la petición del Defensor del Pueblo de subir los salarios, también han duplicado sus labores de las familias cautivas. Existe mucho temor de los cautivos hacia los hacendados.
Se han presentado denuncias, ante el Fiscal, ante la prensa, el Congreso Nacional. Las acciones que se han realizado a favor de las familias cautivas, no avanzan hacia una solución porque existe conflicto de intereses porque las autoridades son parientes de los hacendados (por ejemplo el diputado nacional Señor Morgan López, tiene familias cautivas en su propiedad ubicada en el Municipio de Huacareta.
El gobierno desconoce la situación de las familias cautivas del departamento de Chuquisaca, sólo indica que hay comunidades cautivas en Alto Parapetí (Santa Cruz); sin embargo, solo en el departamento de Chuquisaca existen 442 familias cautivas que han sido registradas por el Consejo de Capitanías Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) en el año 2002.
Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita a Los territorio donde se asientan las familias cautivas, recomiende al Estado boliviano :
Que el Estado boliviano respete y haga respetar la dignidad humana de todas las familias guaraníes.
Que remedie la situación de violación de los derechos humanos del pueblo guaraní y de las familias cautivas.
Que respete los derechos intelectuales y culturales del pueblo guaraní mediante medidas legislativas.
Que indemnice a la familias afectadas.
Que re-localice a los hacendados que se hubieran asentado en territorios guaraniés.
3. Resumen casos de violación de derechos indígenas por la industria minera e hidrocarburífera.
Los casos que se presentan a continuación son los casos que las organizaciones indígenas, vienen denunciando ante autoridades departamentales, nacionales y de gobierno; sin que hasta la fecha se haya logrado respuestas a favor de los pueblos y comunidades indígenas afectadas por las actividades insostenibles de la industria minera e hidrocarburífera en Bolivia..
Cuadro 1: Casos de violación de derechos indígenas por la industria minera, gas y petróleo en Bolivia.
Qué instrumentos internacionales de derechos han sido violados?
Qué norma interna ha sido violada o no se cumple?
Qué acciones se realizaron ante instituciones del Estado y qué respuestas dio el Estado?
Qué sugerencias de recomendaciones le darían a la Comisión Interamericana?
Contaminación Lago Uru Uru por la Mina Inti Raymi
Organización que denuncia:
Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ – Nación Suras)
Este proceso de contaminación data del año 2001.
Las operaciones mineras, el yacimiento y el campamento de Inti Raymi están ubicados en dos comunidades, Chuquiña y La Joya, localizadas en el altiplano central en la parte superior de la cuenca del río Desaguadero. Por su localización en cabecera de cuenca, las comunidades de la cuenca baja del río denunciaron de manera constante afecciones en es sus tierras y animales por problemas de contaminación, atribuidas a las operaciones de esta mina.
Los principales problemas y riesgos ambientales tienen que ver con la deposición y tratamiento de las colas de mina, y el empleo masivo de cianuro durante la fase de seguridad y protección ambiental, las comunidades asentadas en la ribera del río han evidenciado una continua y acelerada degradación ambiental como la alta salinización y erosión, que hasta antes de las operaciones mineras se caracterizaban por una cobertura vegetal de pastos nativos para el ganado ovino.
Algunas comunidades como es el caso de Toma Toma en la provincia Saucari, y Santo Tomás en al provincia Cercado, con el apoyo de instituciones no gubernamentales se han realizado Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos resultados han evidenciado altas concentraciones de cianuro en sus suelos. Así mismo, de forma constante se han producido casos de mortandad masiva de ganado ovino o malformaciones en las crías. Un último caso constituye la muerte de más de 48 ovejas en la comunidad de Pata Pata, provincia Saucarí el pasado 3 de enero de 2005.
La contaminación de cuatro provincias: Saucari, Cercado, Dalence, Poopó; afecta a 26 ayllus, además de la Cooperativas Pesqueras Lago Uru Uru y la Federación Departamental de Cooperativas Pesqueras de Oruro.
La pérdida de capacidad de la tierra y forraje, significa para las comunidades y ayllus una pérdida de alrededor del 50% en la a agropecuaria, el ganado vacuno un 45%, camélidos 30%.
Por otra parte, la cantidad de peces deformes aumenta cada día en los dos lagos, cosa que antes no se conocía.
Los problemas de salud en las en las personas, cada día es más frecuente: dolores de cabeza y gastroenteritis por consumo de agua salinizada.
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 1, Art. 24, Art. 26
Ley 1257 Artículos: 7, 4, 15.1, 15. 2, 17.2
Constitución Política del Estado (CPE) Art. 171
Luego de una huelga de hambre de las comunidades afectadas, donde participaron dirigentes Mallkus y Chacha Warmis (hombres y mujeres), el 23 de enero de 2004 se suscribe un Acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible (Res. Adm Nº 001/04) y las comunidades afectadas para la realización de una Auditoria Ambiental en el área de influencia de la concesión minera Kori Kori. Los puntos centrales del acuerdo señalan que la elaboración de los Términos de Referencia, la calificación de la empresa consultora proponente se asumiría por el Ministerio de Desarrollo Sostenible a través del Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente en coordinación con las comunidades afectadas. Así mismo se resolvió por la gravedad y urgencia de los problemas de contaminación contratar servicios de consultoría por invitación directa. En cumplimiento de esta disposición se conformó una comisión de seguimiento al proceso de Auditoria Ambiental con plena participación de los representantes de las comunidades afectadas, instancia que se encargo de supervisar y aprobar la elaboración de los Términos de Referencia.
El 11 de marzo de 2004, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente emite la Resolución Administrativa Nº 010/04 que oficializa la Auditoria Ambiental, en base a los términos de referencia consensuados con las comunidades, restando únicamente la definición el documento de Pedido de Propuesta en el cual se establecen las condiciones administrativas para la calificación y contratación de proponentes.
El 29 de marzo de 2004, se instala la primera reunión de la comisión jurídica, encargada de elaborara el Pedido de Propuesta. Las comunidades afectadas participan de manera plena de esta comisión a través de su asesor jurídico. En esta instancia luego de varias reuniones, se define desestimar la invitación directa y proceder a una convocatoria de concurso de propuestas en base a una lista de proponentes, por impedimentos de tipo legal argüidos por el gobierno.
En mayo 27, se emite la Resolución Administrativa ordenando la constitución de una Comisión Interinstitucional Técnica encargada de la selección de las empresas proponentes y la calificación final de las propuestas. De esta comisión participa de manera plena el asesor técnico de las comunidades afectadas. La Comisión inicia su trabajo desde el 7 de junio.
Finalmente, el 29 de julio dos empresas consultoras hacen llegar su propuesta técnica para a Auditoria Ambiental: ARCADIS-ECOLOGIA y EMPRESA (sociedad entre una firma norteamericana y una boliviana) y la Universidad de LINKOPINGS de Suecia. Durante el proceso de calificación, las comunidades afacetadas sufren la deshonestidad de su representante técnico acreditado quien no dio curso a las denuncias de vinculación entre ARCADIS y la Compañía Minera NEWMONT accionista mayoritario de Inti Raymi. Finalmente el resultado de la calificación es de 65,32 a LINKOPINGS y 66,90 para ARCADIS. Ese mismo día que termina la calificación (4 de agosto) los dirigentes de las comunidades afectadas hacen pública la denuncia de vinculación comercial entre ARCADIS y NEWMONT ante la Comisión y manifiestan su desacuerdo con la calificación, por cuanto ARCADIS no garantizaría la transparencia e independencia de la Auditoria Ambiental.
Las Denuncias no son escuchadas por los técnicos del Viceministerio y recomiendan la contratación de la empresa ARCADIS.
23 de septiembre de 2004, se instala un piquete de huelga de hambre en ambientes del Ministerio de Desarrollo Sostenible, demandando la descalificación de ARCADIS y la contratación de la Universidad LINKOPINGS. Durante esta medida de protesta Inti Raymi junto al sindicado de trabajadores se moviliza en contra de las comunidades afectadas solicitando la adjudicación de la Auditoria a la empresa ARCADIS. Lo cual patentiza la vinculación entre estas dos empresas.
Después de una prolongada lucha, el 29 de septiembre, el Ministerio desiste de contratar los servicios de ARCADIS y declara desierto el proceso. Las partes centrales de la Resolución Administrativa VRNMA Nº035/04 señalan la realización de una segunda convocatoria, en base a los términos de referencia consensuados y respetando la participación de las comunidades en el nuevo proceso.
En el mes de octubre, el Parlamento Nacional a través de los Comités de medio Ambiente del Senado, de Minería de la Cámara de Diputados, realiza una interpelación al Ministro de Desarrollo Sostenible por las irregularidades observadas en la convocatoria para la Auditoria Ambiental. El compromiso de las autoridades es de corregir sus errores en la segunda convocatoria.
El 31 de octubre, el Ministerio de Desarrollo Sostenible mediante el Viceministerio de recursos Naturales y medio Ambiente, hace pública en su página Web la segunda convocatoria para la Auditoria Ambiental, sin el consentimiento de las comunidades a pesar de la insistencia de estas de tomar parte en los ajustes. Se elimina el punto referido al objetivo de la Auditoria en los términos de Referencia y se hacen modificaciones orientadas a reducir el área de estudio y excluir la participación de las comunidades. Por espacio de tres semanas, no se publican las correcciones acordadazas y menos aún restituye la participación de las comunidades.
El 18 de noviembre se realiza una reunión de trabajo con las comunidades y los técnicos del gobierno acordando la reposición del objetivo original de la Auditoria y otras correcciones sustanciales. El compromiso de esta reunión es su publicación inmediata en la página Web y la continuidad del proceso con la plena participación de las comunidades afectadas.
El 14 de diciembre, luego de mucha insistencia los técnicos del gobierno se hacen presentes en la prefectura de Oruro y presentan nuevos términos de Referencia elaborados por un consultor contratado por el Viceministerio, el cual además estuvo vinculado con el llenado del tajo de Kori Kollo. Los nuevos términos de Referencia reducen el área a auditar a sólo el contorno de la empresa y desestiman las denuncias de las comunidades. A lo cual las comunidades rechazan esta afrenta y manipulación de las autoridades.
El 15 de diciembre las comunidades se reúnen con la Comisión de Medio Ambiente del Senado para hacer conocer su malestar por esta burla del gobierno. N esta reunión se hacen presentes dirigentes de la comunidad de Chuquiña (zona donde se localiza la empresa) quienes en el pasado estuvieron en contra de la auditoria, para manifestar el acuerdo con los nuevos términos de referencia, pues solo les interesa su comunidad y no así el resto de las comunidades afectadas. Lamentablemente el principal dirigente del Comité de Defensa de Medo Ambiente de la provincia Saucari, sin consultar a las bases y de manera sospechosa decide apoyar a estos dirigentes, con lo cual se pone en riesgo la unidad e las comunidades.
9 de enero de 2005, se realiza un cabildo de la provincia Saucari, en la que se debate la nueva situación y se pone en juicio la posición de su principal dirigente.
A mas de un año del acuerdo no existe certidumbre de su ejecución y de la transparencia del mismo debido a la influencia de intereses y manipulación del proceso.
Hasta aquí las comunidades afectadas han llevado de manera esforzada el proceso de la Auditoria Ambiental, que gracias a la unidad de los afectados fue posible conseguir la disposición que ordena la realización de la misma. Sin embrago la empresa Inti Raymi ha venido influenciando sobre esferas de gobierno y algunos dirigentes para hacer fracasar esta demanda y manipular con el objetivo de que se realice una Auditoria fraudulenta y manipulada que favorezca sus intereses. Pero el derecho a conocer la verdad, la reparación del daño ambiental y social provocado por las actividades de Inti Raymi, es el pilar que sostiene a las comunidades afectadas, los cuales venciendo todas estas adversidades y peligros de de unión lograrán prevalecer sus derechos.
La principal demanda que mantienen es el de hacer respetar los términos re referencia de la primera convocatoria, los cuales se elaboraron con su participación y consentimiento, para que en base a ellos se proceda a contratar de una vez a una consultora seria para la ejecución de la Auditoria Ambiental.
En procura de lograr esta demanda la disposición de las comunidades afectadas es de retomar el camino de la movilización y la lucha.
Anulación de la petición minera.
Modificaciones al Código de Minería y que incluya los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Contaminación del Río Pilcomayo.
Este río integra la Cuenca del Plata y es un río internacional pasando por Bolivia, Argentina y Paraguay. En Bolivia su curso pasa por los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija.
Después del Decreto 21060 de 1985, la contaminación de toda la cuenca del Río Pilcomayo por actividades extractivas de los ingenios mineros por la “técnica de flotación” que utilizan reactivos químicos tóxicos (mercurio, plomo, arsénico, cadmio)
Son más de 100 comunidades originarias que están siendo afectadas por la contaminación (35 comunidades en Potosí, 42 comunidades en Chuquisaca y alrededor de 40 comunidades en Tarija)
Los impactos sociales y ambiental después de 19 años de contaminación se traduce en pérdidas de 70% a 80% de la producción agrícola; 50% a 60% en ganadería y en la cuenca alta de 90% a 95% de pérdida de peces como el sábalo, bagre, pejerrey y otros.
La salud de las personas también ha sido afectada; tenemos niños que han nacido con deformaciones físicas, aumento de casos de cáncer, problemas estomacales. (falta poner el nombre de algunos niños con problemas de malformaciones)
La educación ha bajado del 30 al 35% el índice de la capacidad de aprendizaje de los niños. También existe las migraciones masivas de familias que se van a otros departamentos y/o países vecinos.
Situación que nos está llevando de la pobreza a la miseria, a todos los que vivimos en las riberas del río Pilcomayo.
Por otra parte está el problema de complicidad de las autoridades departamentales y nacionales con los empresarios privados nacionales e internacionales, como es el caso COMSUR-CFI BM, que tienen el poder político y económico. Por ejemplo Gonzalo Sánchez de Lozada socio mayoritario de COMSUR, Rolando Careaga diputado nacional dueño del ingenio “Ñañay”, Samuel Blanco socio del ingenio Bolívar, dueño del periódico “El Potosí”.
Los productos agrícolas, ganaderos y piscícolas de la cuenca del Río Pilcomayo, llegan a los mercados de Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz. ¿Por qué el privilegio de 17 familias para arruinar la mitad de la población de un país?
Contaminación Río Pilcomayo
Contaminación cuenca actividad extractiva de los sectores mineros por la técnica de extracción producto de 21060
Impacto ambiental provoca pérdidas importante en agricultura y pesca
Salud, niños que ha nacido con deformación física, incremento casos de cáncer
Educación ha bajado en 30% índice de capacidad de aprendizaje
Migración masiva de familias a otros departamentos o países vecinos.
Está llevando de la pobreza a la miseria
Casos de niños deformes:.....
Complicidad de las autoridades departamentales y nacionales con los empresarios privados internacionales y el mismo caso COMSUR CFI que tienen el poder económico
Los productos de la cuenca del río Pilcomayo en agrícola, ganadería y pesca llega a los mercados Tarija, Chuquisaca, Oruro y La Paz, por que el privilegio a17 familias de arruinar la alimentación de un país­
Pacto San José Art. 4, 5, 8, 24, 26
Ley 1257 Art. 2 numeral 1, numeral 2 inciso b); Art 4 ; Art. 7 numeral 3
CODERIP, el 5 de agosto de 2003 eleva una solicitud de Audiencia al Prefecto Sr. Felipe Cravajal y al Presidente Nacional Sr. Gonzalo Sánchez de Lozada con el pliego petitorio 01-08-2003 sobre la problemática del río Pilcomayo.
La Audiencia se realiza el 14-08-03, donde demostraron que no hay voluntad política para resolver caso Pilcomayo
El 27 de agosto de 2003, se solicita una reunión con el Ministro de Desarrollo Sostenible Sr. Erik Reyes Villa en la comunidad Sotomayor.
La reunión se lleva a cabo el 03 de septiembre del 2003, sin ninguna solución y más bien los dirigentes son amenazados por parte del prefecto de Potosí Sr. Sergio Medinaceli.
El 17 de diciembre de 2003 se realiza una reunión ampliada con autoridades: Ministro de Desarrollo Sostenible Jorge Cortéz y el Vice Ministro Carlos Valenzuela y los damnificados se reúnen en Viña Pamoa.
Se elabora la Primer Acta de Compromiso para resolver los puntos solicitados, hasta el 20 de enero del 2004.
Se hizo taller de concertación entre autoridades nacionales departamentales y damnificados, los días 20, 21 y 22 enero 2004, se incrementa el plazo en 90 días
Concertadamente se rectifica el Convenio del 17 de diciembre de 2003, ampliando su plazo a 90 días.
El 20 de septiembre de 2004, se realiza el tercer Ampliado Nacional de CODERIP, donde se saca el Pronunciamiento al no cumplimiento del Acta de Compromiso del 17 de diciembre de 2003.
El 13 de octubre de 2004, se consigue otra Acta de Compromiso, bajo la consigna de que no caerá ni una gota más de contaminación al río Pilcomayo.
El 8 de octubre de 2004, se realiza el V Ampliado Nacional de CODERIP; ante no cumplimiento por parte de las autoridades ni de los ingenios mineros, a los compromisos suscritos, se declara la “Gran marcha por la Defensa del Río Pilcomayo” que parte desde la ciudad de Sucre a Potosí, el 11 de octubre de 2004.
Se realiza acciones de presión y se toma la Plaza 25 de mayo de la ciudad de Sucre y se logra la derogación del Decreto 25877.
Se pone en funcionamiento el Dique de Colas “Laguna Pampa”
El dique de Colas ha dejado de funcionar a mediados de diciembre de 2004, el problema de contaminación del Pilcomayo continúa a la fecha.
Varias visitas de monitoreo al Dique de Colas y reuniones con autoridades nacionales y departamentales.
El 18 de octubre de 2004, se designan dos Fiscales en cada Distrito: Potosí, Chuquisaca y Tarija para el caso del Río Pilcomayo.
No se ve el avance en el proceso y es más los fiscales de Potosí no avanzan por miedo al poder político, económico de los dueños de los Ingenios Mineros.
Cese inmediato de la contaminación del Río Pilcomayo: ya sea con el funcionamiento de Dique de Colas San Antonio y el Parque de Ingenios, u otra tecnología menos contaminante del medio ambiente.
Auditoria y evaluación completa del impacto ambiental, social, cultural, salud, educación y economía.
Indemnización de forma sistemática por las pérdida económicas en agricultura, ganadería y pesca; a través de planes de desarrollo sostenible, con participación directa de los damnificados de la cuenca del Río Pilcomayo en todo el proceso, con proyectos de corto y largo plazo que signifique un paliativo a la miseria que ha llevado la contaminación.
En salud, equipamiento adecuado de centros de salud de cada región, con personal profesional y entendido en las enfermedades que ocasiona la contaminación del río.
Se declare ilegal en el mercado internacional los productos procesados por los Ingenios mineros.
Que el Banco Mundial deje de financiar actividades empobrecedoras de miles de vidas humanas.
Que las autoridades departamentales y nacionales cumplan sus funciones y dejen de ser “juez y parte” en el caso de la contaminación del Río Pilcomayo.
La responsabilidad debe ser del que contamina y no así del Estado.
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References: artículo 171
 resolución 
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución