Source: http://www.elcomunal.cl/2020/05/13/contraloria-cuestiona-a-alcalde-de-la-higuera-le-prohibio-apoyar-y-financiar-barreras-no-establecidas-por-autoridad-sanitaria/
Timestamp: 2020-08-03 15:32:15+00:00

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Contraloría cuestiona a alcalde de La Higuera: le prohibió apoyar y financiar barreras no establecidas por autoridad sanitaria – El Comunal
A través del oficio electrónico N° E3990, de 2020, la Contraloría Regional de Coquimbo nuevamente cuestionó actuar del alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, por vulnerar las normas legales y constitucionales, al apoyar o implementar el establecimiento de barreras sanitarias locales.
En el documento, el órgano contralor señala que recibió una denuncia en contra de la Municipalidad de La Higuera, a la que se acusa de haber adquirido, con fecha 24 de marzo de 2020 y en el contexto de la actual coyuntura sanitaria, provocada por la situación de emergencia que afecta al país por el brote del Coronavirus 2019 (COVID-19), autoadhesivos destinados a ser colocados en los automóviles de los residentes de la comuna, a objeto de facilitar su identificación a la entrada y salida de las barreras sanitarias que, de hecho y sin ningún sustento legal —según refiere la delación—, han sido levantadas por los vecinos y funcionarios municipales con el apoyo de dicha entidad edilicia, pese a que la autoridad sanitaria no ha dispuesto medida alguna de tal naturaleza en la comuna y al hecho que el cierre de los accesos a la misma supondría una vulneración del derecho a la libre circulación.
En su respuesta, la Municipalidad de La Higuera reconoció los hechos denunciados, manifestando «que habrían tenido por fin colaborar en la mantención de zonas libres de contagio y evitar la descontrolada propagación del virus». Por lo que, funda su actuación en la «obligación legal que asistiría a las municipalidades de resguardar la salud e integridad de sus habitantes, aduciendo que la adquisición de los mencionados elementos identificatorios se llevó a efecto bajo el amparo de la normativa vigente en la materia, considerando la mencionada crisis sanitaria».
Responde además que, efectivamente, se han implementado las barreras en diversas localidades de la comuna, en virtud de la resolución exenta N° 5, de 23 de marzo de 2020, del Jefe de la Defensa Nacional, que autoriza la creación de controles preventivos y voluntarios, contexto en el cual correspondería a los municipios encargarse de su operatividad, añadiendo, en cuanto a la supuesta interrupción del tránsito, que el artículo 29 de la resolución exenta N° 217, de 2020, del Ministerio de Salud, prohíbe el desplazamiento de personas a lugares distintos del de su residencia, razones por las cuales la denuncia carecería de sustento.
Por su parte, la Contraloría establece que el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, se declaró alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019; que, posteriormente, el Presidente de la República declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días, a través del decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que, además, a través del decreto N° 107, de 2020, de esa misma cartera, se declararon como zonas afectadas por catástrofe a las 346 comunas del país, por un plazo de doce meses, esta Entidad Fiscalizadora, mediante su dictamen N° 6.785, de 2020, precisó que el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas solo puede ser restringido bajo los indicados estados de excepción y que, aun en estas circunstancias, debe hacerse con estricto apego a la regulación correspondiente a cada uno de éstos.
En ese contexto, de acuerdo con el artículo 43 de la Carta Fundamental, compete al Presidente de la República adoptar las medidas que impliquen las restricciones a que alude ese precepto constitucional, sin perjuicio de las delegaciones que pueda hacer en los jefes de la Defensa Nacional, a quienes les corresponde la dirección y supervigilancia de esas zonas, con las atribuciones que el legislador les confiere directamente, las que, en todo caso, no pueden afectar las competencias y el funcionamiento de los organismos constitucionales, en conformidad con el artículo 44 de la Constitución.
Asimismo, señala que si bien las municipalidades pueden colaborar con otros órganos de la Administración del Estado, el ejercicio de dichas atribuciones en ningún caso puede afectar los derechos que garantiza la Constitución Política a todas las personas, comoquiera que estos constituyen un límite al desarrollo de las competencias de las entidades edilicias, pues, aun en las condiciones de calamidad pública, los municipios se encuentran en el imperativo de dar cumplimiento al principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, según el cual los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, sin más atribuciones que las que expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico.
La Contraloría consigna que revisada la resolución exenta del Jefe de la Defensa Nacional de Coquimbo, que alude la Municipalidad de La Higuera como sustento de su actuación, es posible advertir que «contrariamente a lo sostenido por dicho municipio, tal instrumento es categórico al manifestar que bajo ninguna circunstancia podrá limitarse la entrada o salida de las personas a cualquiera de las comunas que sean parte de la jurisdicción de las municipalidades, ni tampoco el tránsito en ellas, agregando, asimismo, que bajo ninguna circunstancia los puestos de control de salud cuya implementación voluntaria autoriza impedirán el libre tránsito vehicular ni de las personas«.
En consecuencia, finaliza el documento, «atendidas las consideraciones expuestas, corresponde que la Municipalidad de La Higuera revise las medidas que ha adoptado a propósito de la situación de emergencia sanitaria que afecta al país, ajustando sus actuaciones a la normativa y criterios precedentemente expuestos, respetando el principio de unidad de acción que cobra particular relevancia para la superación de situaciones de calamidad pública y absteniéndose, en lo sucesivo, de implementar o promover el establecimiento de barreras u otro tipo de obstáculos que, al margen del ordenamiento jurídico, vulneren o conculquen el ejercicio derechos fundamentales, como la libertad ambulatoria de las personas, reconocida en el artículo 19, N° 7, letra s), de la Constitución Política de la República.
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References: resolución 
 artículo 29
 resolución 
 artículo 43
 artículo 44
 resolución 
 artículo 19