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Timestamp: 2020-07-11 01:23:48+00:00

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Actualidad Normativa N.º 8 - Lexology
Actualidad Normativa N.º 8
European Union, Spain July 21 2014
I. Medio ambiente En materia medioambiental consideramos de interés las siguientes normas: 1. El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Tiene como objetivo contribuir a incentivar acciones para la mejora de la absorción por los sumideros de carbono, con el fin de que las reducciones y absorciones que se lleven a cabo se reflejen en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de España y así facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales y comunitarios asumidos por España en materia de cambio climático. 2. La Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Nace con la intención de reforzar la calidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Directiva 2011/92/UE, de adaptar las diversas etapas del procedimiento a los principios de una normativa inteligente y de aumentar la interacción con otra legislación comunitaria, así como con las estrategias y políticas establecidas por los Estados miembros en ámbitos de competencia nacional. 3. El Reglamento (UE) núm. 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 842/2006. Tiene como objetivo principal el de proteger el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero, para lo cual en él se regulan los procesos de uso, recuperación y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero. Por otro lado, a su vez, establece condiciones para la comercialización de productos y aparatos específicos que contengan gases fluorados de efecto invernadero, o cuyo funcionamiento dependa de ellos, y establece límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarburos.
II. Competencia En esta área cabe tener en consideración el Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología; éste ha venido a sustituir al Reglamento (CE) núm. 772/2004, que expira el 30 de abril del 2014. El nuevo reglamento entró en vigor el 1 de mayo del 2014 y expirará el 30 de abril del 2026. Con todo, se prevé un periodo transitorio en virtud del cual la prohibición establecida en el artículo 101, apartado 1, del tratado no se aplicará del 1 de mayo del 2014 al 30 de abril del 2015 a los acuerdos ya vigentes a 30 de abril del 2014 que no cumplan los requisitos de exención establecidos en el nuevo reglamento, pero que a 30 de abril del 2014 cumplan los requisitos de exención previstos en el Reglamento (CE) núm. 772/2004.
III. Agroalimentario Merecen especial atención las siguientes normas: 1. El Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, por el que se establecen normas complementarias para la producción, designación, presentación y etiquetado de determinadas bebidas espirituosas, en desarrollo del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo núm. 110/2008, de 15 de enero. Busca adaptar al marco legislativo de la Unión Europea la normativa nacional del ron, brandy, orujo, bebidas espirituosas anisadas, anís, anís destilado, licor y bebidas espirituosas mencionadas en el artículo 9.2 del citado reglamento para mejorar la seguridad jurídica, garantizar la leal competencia entre las industrias, dotar de las mismas condiciones a todos los productores, mejorar la competitividad del sector y proporcionar al consumidor una información adecuada que facilite su derecho a la elección de compra. En este sentido, se refuerzan los requisitos y especificidades de la producción de bebidas espirituosas en España mediante la regulación, como indicaciones facultativas complementarias a la denominación de venta, de determinadas menciones que cuentan con un marcado carácter tradicional y un amplio reconocimiento y representatividad en el mercado. Así, se permite la utilización de las siguientes indicaciones facultativas para cada categoría de bebida espirituosa cuando concurran los requisitos establecidos en la propia norma: blanco, dorado, envejecido, añejo y viejo para la categoría de bebida espirituosa «ron»; anisette para las «bebidas espirituosas anisadas»; blanco y envejecido para el «orujo»; extraseco, seco, semidulce, dulce y escarchado para las categorías «anís» y «anís destilado»; semi-seco, dulce, escarchado, ponche, palo, pipermint, apricot, ratafía, cremat y crema para la categoría «licor»; arrak, fernet, curaçao y gomerón para las bebidas comercializadas bajo la denominación de venta «bebida espirituosa»; y solera, solera reserva y solera gran reserva, o reserva y gran reserva, en función del sistema de envejecimiento, para la categoría «brandy», respecto de la cual se incorporan además las prácticas nacionales tradicionales sobre redondeo de su sabor final y sus métodos de producción tradicionales de aromatización. De conformidad con el esquema desarrollado por la Unión Europea, que regula todas las categorías de bebidas espirituosas en un mismo reglamento, se unifican mediante la presente norma las disposiciones relativas a las bebidas espirituosas producidas en España, derogando la normativa que regulaba de forma individual para cada categoría la reglamentación especial para su elaboración, circulación y comercio. 2. El Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt, tiene por objeto el establecimiento de su normativa básica, la fijación de los requisitos de calidad que debe reunir para su elaboración y comercialización, así como la adaptación de la normativa sobre este producto a la normativa horizontal europea sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y la relativa a la higiene de los alimentos. De acuerdo con dicha normativa horizontal, que rige el etiquetado de fechas del yogur, los operadores de las empresas alimentarias deberán determinar el tipo de fecha de caducidad apropiada a cada producto y su límite temporal. Esta norma, además de eliminar los apartados derogados por el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios, pretende adecuar la normativa sobre el yogur a la nueva realidad del mercado mediante la eliminación de restricciones que puedan situar a los productores españoles en una situación de desventaja con el fin de garantizar la competencia leal entre las industrias, mejorar la competitividad del sector y dotar de las mismas condiciones a todos los productores de la Unión Europea. 3. E l R e g l a m e n t o d e E j e c u c i ó n ( U E ) núm. 354/2014 de la Comisión, de 8 de abril, que modifica y corrige el Reglamento (CE) núm. 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. En atención a las recomendaciones del Grupo de expertos de asesoramiento técnico sobre la producción ecológica, se han introducido en el Reglamento (CE) núm. 889/2008 las siguientes principales modificaciones: — Inclusión de las sustancias digeridas de biogás, proteínas hidrolizadas procedentes de subproductos animales, leonardita, quitina y sapropel en el anexo I. — Supresión en el anexo II de las sustancias activas gelatina, rotenona extraída de Derris spp., Lonchocarpus spp. y Terphrosia spp., fosfato diamónico, octanoato de cobre, sulfato de aluminio y potasio (kalinita), aceites minerales y permanganato de potasio. — Adaptación de la denominación, descripción, requisitos de composición y condiciones de utilización de determinadas sustancias y microorganismos relativos a aceites vegetales, microorganismos utilizados para el control biológico de plagas y enfermedades, feromonas, cobre, etileno, aceite de parafina y bicarbonato de potasio que figuran en el anexo II. — Inclusión de los productos homeopáticos en el artículo 24, apartado 2. — Introducción en su anexo V de los productos fosfato monocálcico desfluorado y fosfato bicálcico desfluorado. — Adaptación del anexo VI, de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 651/2013, para permitir que se siga utilizando la clinoptilolita en la producción ecológica. 4. A la vista de los recientes Reglamentos núm. 151/2012 (sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios) y núm. 1308/2013 (por el que se establece la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos [CEE] núm. 922/72, [CEE] núm. 234/79, [CE] núm. 1037/2001 y [CE] núm. 1234/2007), se ha considerado necesario modificar el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre. Por eso se ha aprobado el Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas. En este nuevo texto se aclara que la protección nacional transitoria para los productos amparados por el Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre del 2012, sólo se concederá a las nuevas solicitudes de denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas, pero no a la solicitud de una modificación del pliego de condiciones. IV. Sanidad El Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los medicamentos y productos sanitarios, regula tres grandes cuestiones: a) el sistema de precios de referencia de medicamentos, de aplicación a los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS); b) el sistema de agrupaciones homogéneas de medicamentos, de aplicación a los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS que sean dispensables mediante receta u orden de dispensación oficiales en oficina de farmacia, y c) determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de medicamentos y productos sanitarios en el SNS. V. Propiedad industrial Este trimestre podemos destacar el Anteproyecto de Ley de Patentes preparado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y aprobado por el Consejo de Ministros del 11 de abril del 2014. Entre los principales cambios que se introducen figuran los siguientes: a) el establecimiento de un único procedimiento de concesión de patentes, con un examen previo sobre la novedad y la actividad inventiva; b) la reducción, en un 50 %, de la tasa de solicitud de patentes para los emprendedores y pymes; c) los cambios introducidos en la regulación de las invenciones laborales; d) la simplificación de la regulación de las licencias obligatorias, y e) la inclusión expresa de los certificados complementarios de protección entre los títulos de protección de las invenciones. Es asimismo relevante el hecho de que se fomente la actuación de la OEPM como institución arbitral y la circunstancia de que sólo será obligatorio acudir a un agente de la propiedad industrial cuando el solicitante sea extracomunitario. VI. Tributos En los últimos meses ha habido también modificaciones relevantes en el ámbito tributario: 1. La Orden HAP/455/2014 por la que se aprueban los modelos de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio, ejercicio 2013; se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos; se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 2. La Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013; se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación. 3. El Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Nicosia el 14 de febrero del 2013, que entró en vigor el 28 de mayo del 2014. 4. En cuanto a la normativa comunitaria, cabe destacar la Directiva 2014/48/UE, de 24 de marzo, por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. De entre las medidas que implanta la nueva directiva se podrían destacar: a) la obligación de aplicar un «enfoque de transparencia» utilizando la información disponible, exigencia impuesta a los agentes pagadores de intereses a entidades sitas en países en los que no se aplica la directiva en cuestión; b) la obligación de hacer constar el número de identificación fiscal o equivalente impuesto por cada Estado miembro, requisito que no existía en la anterior directiva; c) la inclusión de determinadas categorías de seguros de vida que contengan una garantía de rendimiento o cuya rentabilidad sea superior al 40 % y esté vinculada a los rendimientos procedentes de créditos o a rendimientos equivalentes; y d) el establecimiento de mecanismos que eviten la elusión de la directiva mediante el empleo de entidades intermediarias o instrumentos jurídicos de manera que se oculte a la persona residente en el Estado que perciba los intereses. 5. En el ámbito autonómico destacamos la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la cual introduce diversas novedades tributarias destacables, todas ellas orientadas a la adaptación de la realidad tributaria de la comunidad autónoma vasca a los cambios acaecidos en el ordenamiento jurídico tributario estatal en el periodo que comprende desde el 30 de julio del 2007 hasta la fecha de publicación de la norma objeto de análisis. 6. En el territorio foral de Bizkaia, el Decreto Foral Normativo 1/2014, de 18 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del impuesto sobre el valor añadido. Entre sus novedades más destacadas encontramos las siguientes: a) la fijación de un tipo del 10 % en las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, cualquiera que sea el importador, y en las entregas de objetos de arte hechas por los autores o sus derechohabientes, o por empresarios o profesionales no revendedores; b) con respecto al lugar de realización de las prestaciones de servicios, la modificación de la regla especial, estableciéndose que los servicios que se localicen en Canarias, Ceuta y Melilla quedarán sujetos al IVA si su utilización o explotación efectiva se efectúa en el territorio de aplicación del impuesto, adaptando la normativa del IVA foral a las novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Asimismo, y también en Bizkaia, el Decreto Foral 47/2014, de 8 de abril, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyas novedades más destacadas mencionamos a continuación: a) se establece una limitación en cuanto a la aplicación de los porcentajes de integración reducida, de forma que resultarán aplicables únicamente a la primera prestación o cantidad percibida en forma de capital de los diferentes sistemas de previsión; b) se limita la aplicación de los gastos deducibles sobre los rendimientos del capital mobiliario en ciertas actividades como son arrendamiento de bienes inmuebles, negocios o minas, o de subarrendamientos, estableciendo para ello la imposibilidad de que la suma de los gastos deducibles pueda dar lugar a un rendimiento neto negativo; c) el cambio de consideración de las pérdidas en el juego como computables en lo que exceda de las ganancias por el juego obtenidas en un mismo periodo impositivo; d) la creación de una nueva deducción para empresas de nueva o reciente creación; y e) la introducción de una nueva obligación de llevanza del nuevo libro registro de operaciones económicas, tanto para el impuesto sobre la renta de las personas físicas como para el impuesto sobre el valor añadido. Por último, el Decreto Foral 48/2014, de 15 de abril, del Territorio Histórico de Bizkaia, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, lleva a cabo una adaptación del impuesto de la renta sobre los no residentes a la nueva realidad normativa derivada de los cambios en el ordenamiento jurídico estatal al derogar el Decreto Foral 146/1999, de 7 de septiembre.
7. En el territorio foral de Navarra, la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, de la Comunidad Foral de Navarra, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, introduce diversas novedades reseñables: a) la ampliación de los sujetos susceptibles de ser beneficiarios de este mecenazgo cultural, incluidas las Administraciones Públicas, así como las personas físicas que desempeñen una actividad cultural o artística cuyo volumen de negocio sea inferior a 200 000 euros, y b) el incremento en los incentivos fiscales en el ámbito del mecenazgo tanto sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas como sobre el impuesto sobre sociedades. VII. Contabilidad y auditoría de cuentas Destacamos las siguientes novedades: 1. La Resolución, de 20 de marzo del 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre relación entre auditores. 2. La Resolución, de 20 de marzo del 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre auditoría de un solo estado financiero, resultado de la adaptación de la Norma Internacional de Auditoría 805, para su aplicación en España (NIA-ES 805). 3. En el ámbito europeo, la Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, y el Reglamento (UE) núm. 537/2014, de 16 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión,1 persiguen fundamentalmente la aclaración y el perfeccionamiento de la definición de la función de auditor legal de las entidades de interés público; la mejora de la información que este último o la sociedad de auditoría deben proporcionar a la entidad auditada, a los inversores y demás interesados; el reforzamiento de los canales de comunicación entre los auditores y los supervisores de las entidades de interés público; la prevención de los conflictos de intereses derivados de la prestación de servicios ajenos a la auditoría a las entidades de interés público; la reducción del riesgo de posibles conflictos de intereses provocados por el actual sistema en el que «el auditado selecciona y paga al auditor» y por la amenaza de familiaridad; la simplificación del cambio o la elección de un auditor legal o una sociedad de auditoría para las entidades de interés público; la mayor variedad de auditores legales y sociedades de auditoría a disposición de estas últimas, y la mejora de la eficacia, independencia y coherencia en el ámbito de la regulación y vigilancia de los auditores legales y las sociedades de auditoría que auditen a las entidades de interés público, incluso en lo referente a la cooperación en el ámbito de la Unión. 4. El Ministerio de Economía y Competitividad también ha publicado la Orden ECC/395/2014, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. Este modelo sustituye al aprobado mediante la Orden ECC/337/2013, de 21 de febrero. El modelo de autoliquidación deberá descargarse de la página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas cuya dirección electrónica es www.icac.meh.es; y tanto su presentación como el pago de la tasa podrán hacerse telemáticamente.
VIII. Laboral
En el área laboral la actividad normativa ha sido esta vez mucho más escasa que en periodos anteriores, pero tenemos las siguientes novedades: 1. La Resolución, de 10 de abril del 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 2014, la gestión de los servicios de la Seguridad Social denominados «Prevención10.es» y «Prevención25.es». La normativa sobre prevención de riesgos laborales permite a determinadas empresas de pequeño tamaño asumir ellas mismas la actividad preventiva. Para facilitarles el cumplimiento de las obligaciones legales en la materia, viene funcionando desde hace varios años el servicio denominado «Prevención10.es», enmarcado dentro de la acción protectora de la Seguridad Social. Esta iniciativa se configura como un conjunto de servicios de asesoramiento a las empresas de hasta diez trabajadores para facilitarles el cumplimiento por sí mismas de sus obligaciones legales. El servicio es prestado, mediante encomienda de gestión, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Como novedad, este año se amplía la iniciativa mediante un nuevo servicio denominado «Prevención25.es», dirigido a empresas de hasta veinticinco trabajadores que desarrollen su actividad en un único centro de trabajo. Esta ampliación es coherente con la modificación que la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización introdujo en el artículo 30.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ampliando la posibilidad de que el empresario asuma directamente la prevención en empresas de hasta veinticinco trabajadores (anteriormente esa posibilidad se limitaba a las empresas de hasta diez trabajadores). 2. La Resolución, de 6 de mayo del 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza una nueva ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, consecuencia de la modificación del artículo 109 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, mediante la nueva redacción dada por la disposición final tercera del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre. La modificación, a finales de diciembre del 2013, del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social supuso la inclusión en la base de cotización del régimen general de la Seguridad Social de una serie de conceptos que con anterioridad no cotizaban. Las dificultades para interpretar el concreto alcance de las nuevas obligaciones, unidas a la ausencia de desarrollo reglamentario, todo ello en un contexto de fuerte oposición a la medida por parte de la patronal, hicieron necesaria una primera ampliación del plazo ordinario de declaración e ingreso que permitiera regularizar, sin recargos, la cotización por estos nuevos conceptos. Así, mediante la Resolución de 23 de enero del 2014 se concedió un plazo de regularización extendido hasta el 31 de mayo del 2014. Ahora este plazo se vuelve a ampliar, esta vez hasta el 31 de julio del 2014, al considerar que persisten las circunstancias que motivaron la ampliación inicial. Finalmente cabe destacar que la administración de la Seguridad Social continúa avanzando sin pausa en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Buena muestra de ello es la publicación durante el trimestre analizado de la Resolución de 27 de marzo del 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual los actos del procedimiento administrativo de aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social dirigidos a determinados sujetos se notificarán electrónicamente, y de la Orden ESS/775/2014, de 7 de mayo, por la que se crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social.
IX. Seguros La Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre del 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio,2 contiene una serie de medidas temporales (con vigencia desde el 8 de mayo del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015) para facilitar la progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre del 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio, conocida como «Directiva de Solvencia II». El origen de la norma se encuentra en la actuación de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, que emitió el pasado 31 de octubre del 2013 una serie de directrices sobre el sistema de gobierno de las entidades aseguradoras, la evaluación interna prospectiva de los riesgos, el suministro de información al supervisor y la solicitud previa de modelos internos dirigidas a las autoridades de supervisión de los Estados miembros de la Unión Europea, directrices en las que se indica la actuación precisa en la fase preparatoria, previa a la fecha de aplicación obligatoria de la citada directiva (a partir del 1 de enero del 2016).
X. Sociedades
En esta materia también ha habido nuevas normas de interés: 1. La disposición final quinta del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, ha modificado el apartado 1 del artículo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. La modificación consiste en la supresión del último inciso del citado párrafo, por medio del que, hasta ahora, se mantenía el carácter necesario del informe de los administradores sobre el proyecto de fusión cuando se tratara de una fusión transfronteriza comunitaria si la sociedad absorbente fuese titular directa del 90 % o más, pero no de la totalidad del capital de la o las absorbidas. 2. Hace algo más de un año que la Unión Europea presentó un nuevo Plan de Acción en Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo (COM [2012] 740 final) para continuar con la modernización y armonización del sector acometida por el Plan de Acción de mayo del 2003 cuyos objetivos finales se encuentran entre las previsiones de la Agenda Europa 2020. La última actuación en este sentido ha consistido en la presentación por la Comisión Europea, el 9 de abril del 2014, de un conjunto de medidas tendentes a «reforzar la participación de los accionistas e introducir la posibilidad de que puedan influir en las retribuciones de las principales empresas europeas». Esas medidas se concretan en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la Directiva 2013/34/ UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial y en la Recomendación de la Comisión sobre la calidad de la información en materia de gobernanza empresarial (principio «cumplir o explicar»). 3. La Recomendación de la Comisión, de 12 de marzo del 2014, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial,3 reconociendo las importantes diferencias procedimentales que existen entre los diferentes Estados miembros, pretende garantizar que las empresas viables con dificultades financieras tengan acceso a unos marcos nacionales de insolvencia que les permitan reestructurarse en una fase temprana con el fin de prevenir la insolvencia (marco de reestructuración preventiva) y, por lo tanto, maximizar su valor total para los acreedores, los empleados y los propietarios, así como para el conjunto de la economía. La recomendación también se propone ofrecer una segunda oportunidad a los empresarios honrados incursos en procesos de insolvencia en toda la Unión (segunda oportunidad para los empresarios). El plazo para la aplicación de los principios establecidos en esta recomendación expira el 14 de marzo del 2015, comprometiéndose la Comisión Europea a hacer una evaluación de esa aplicación antes del 14 de septiembre del 2015.
XI. Mercados financieros
También tenemos importantes novedades normativas que destacar en la regulación de los mercados financieros: 1. El Reglamento (UE) núm. 248/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero del 2014, que modifica el Reglamento (UE) núm. 260/2012 por lo que respecta a la migración a transferencias y adeudos domiciliados comunes a toda la Unión,4 tiene como finalidad dar una nueva redacción al apartado primero del artículo 16 del Reglamento 260/2012, y con ello permitir la anunciada flexibilidad temporal que posibilite instaurar el sistema previsto de zona única de pagos en euros. Por otro lado, el citado reglamento, al establecer la fecha límite para la migración de las transferencias y los adeudos domiciliados a la zona única de pagos en euros (SEPA), introdujo un conjunto de normas comunes y de requisitos técnicos de aplicación obligatoria a los pagos efectuados a partir de la fecha citada y atribuyó a los Estados miembros la posibilidad de adoptar todas o algunas de las exenciones previstas por el artículo 16 (apartados 1 y del 3 al 6), dedicado a disposiciones transitorias, al objeto de permitir un diferimiento hasta el 1 de febrero del 2016 en la aplicación de dichas normas. A estos efectos, en el ámbito español, se dictó la Orden ECC/243/2014, de 20 de febrero, por la que se adoptan exenciones de aplicación hasta el 1 de febrero del 2016 sobre determinados requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, al objeto de hacer uso de las autorizaciones y exenciones previstas en la norma europea. 2. El marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) entre el Banco Central Europeo (BCE), las autoridades nacionales competentes (ANC) y las autoridades nacionales designadas (AND) ha sido objeto de regulación por medio del Reglamento (UE) núm. 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17),5 el cual contiene las directrices necesarias para su desarrollo. Se trata de una extensa norma de 153 artículos, recogidos en doce partes divididas a su vez en títulos y capítulos que contienen: disposiciones generales; la organización del MUS; disposiciones generales aplicables a su funcionamiento; la determinación de la condición de entidad supervisada significativa o menos significativa; los procedimientos comunes relativos a la solicitud de autorización para acceder a la actividad de entidad de crédito y a la cooperación en relación con la revocación de una autorización y con la adquisición de participaciones cualificadas; los procedimientos para la supervisión de las entidades supervisadas significativas y los requisitos de idoneidad de las personas responsables de la gestión de las entidades de crédito; los procedimientos para la supervisión de entidades supervisadas menos significativas, así como la información posterior que las ANC deberán facilitar al BCE respecto a estas entidades; la cooperación entre el BCE y las ANC respecto a las funciones y procedimiento para el uso de instrumentos macroprudenciales previstos por el artículo 5 del Reglamento del MUS; los procedimientos relativos al funcionamiento de la cooperación estrecha entre el BCE, las ANC y las AND y las autoridades competentes de los Estados miembros participantes cuya moneda no sea el euro, con arreglo al artículo 7 del Reglamento del MUS; el régimen de las sanciones administrativas que podrá imponer el BCE en los casos de incumplimiento de las obligaciones que establece tanto el MUS como el Reglamento (CE) núm. 2532/98 del Consejo, de 23 de noviembre, sobre la competencia del BCE para imponer sanciones, incluido el procedimiento para la imposición de multas coercitivas previstas en él; las normas dedicadas a los procedimientos relativos a la cooperación entre el BCE y las ANC con respecto al cumplimiento de lo previsto por los artículos 10 a 13 del Reglamento del MUS, incluidos determinados aspectos relacionados con la información facilitada a efectos de supervisión, como son las investigaciones generales, las inspecciones in situ y aquellas otras que precisen de autorización judicial; y, en último lugar, las disposiciones transitorias y finales para la aplicación del reglamento. 3. Por medio de la Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sobre los requisitos de organización interna y de las funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión, se desarrollan y aclaran las disposiciones relativas a los requisitos de organización interna y de las funciones de control de las entidades prestadoras de servicios de inversión de una manera ordenada y coherente con la Ley del Mercado de Valores (LMV), con sus desarrollos reglamentarios y con la normativa sobre solvencia. La circular entró en vigor al día siguiente de su publicación y supone la derogación de la Circular 1/1998, de 10 de junio, de la CNMV. El ámbito de aplicación de la norma es el de las empresas de servicios de inversión españolas y no comunitarias, las entidades de crédito españolas y las de Estados que no sean miembros de la Unión Europea que operen en España y las sucursales de empresas de servicios de inversión y de entidades de crédito de Estados miembros de la Unión Europea, así como los agentes establecidos en España de entidades constituidas en otros Estados miembros de la Unión. Su estructura organizativa comprenderá una unidad que desarrolle la función de cumplimiento normativo, otra que lleve a cabo la función de gestión de riesgos y una tercera que desempeñe la labor de auditoría interna, a la vez que sirva de apoyo a la alta dirección de las entidades en su responsabilidad de evaluación y mejora de la eficacia de sus sistemas y procedimientos de control. Las entidades a las que se dirige la nueva normativa deberán tener adaptados tanto sus sistemas y procedimientos de control interno como su estructura organizativa antes del 31 de diciembre del 2014.
XII. Servicios de interés general
La Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, establece las normas aplicables a los procedimientos de contratación por parte de las entidades adjudicadoras, con respecto a contratos y concursos de proyectos cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales fijados por la directiva. La fecha límite para su transposición es el 18 de abril del 2016, aunque cabe aplazar la aplicación de algunas de las medidas contenidas en la directiva (como por ejemplo las relativas a las comunicaciones del artículo 40.1) hasta el 18 de octubre del 2017.
XIII. Energía
Las principales novedades son relativas al sector eléctrico: 1. En el ámbito comunitario, se ha aprobado la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero del 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, en virtud de la cual se adoptan medidas para asegurar que el material eléctrico comercializado cumple los requisitos que proporcionan un adecuado nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas, de los animales domésticos y de los bienes, así como para garantizar el funcionamiento del mercado interior. La directiva se aplica al material eléctrico destinado a utilizarse con una tensión nominal comprendida entre 50 y 1000 V en corriente alterna y entre 75 y 1500 V en corriente continua, quedando excluidos los materiales previstos en su anexo II (material eléctrico para radiología y usos médicos, contadores eléctricos, tomas de corriente, enchufes y clavijas para uso doméstico, entre otros). Las empresas distribuidoras de electricidad no podrán condicionar la conexión a la red y el suministro a los usuarios a que el material eléctrico cumpla requisitos de seguridad más estrictos que los establecidos en la directiva. Las nuevas exigencias de seguridad serán aplicables a partir del 20 de abril del 2016. 2. El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, introduce un nuevo sistema de determinación de los precios de la energía para los consumidores con potencia contratada inferior a 10 kW. Se abandona el método de subasta trimestral CESUR y se toma como referencia el precio de la electricidad del mercado mayorista, que cotiza y cambia cada hora en función de la oferta y la demanda. A partir del 1 de abril del 2014, y sin perjuicio del periodo transitorio establecido por el reglamento para que las comercializadoras de referencia adapten sus sistemas al nuevo método (hasta el 1 de julio del 2014) y que, en su caso, dará lugar a la necesaria regularización de facturas, los usuarios acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) se verán automáticamente afectados por el cambio de método de cálculo del precio de la energía consumida. El impacto de este cambio es distinto en función del tipo de contador. En el caso de suministros que cuenten con equipos de medida digitales (con capacidad para telemedida y telegestión) y efectivamente integrados en los correspondientes sistemas de telegestión de los distribuidores, la facturación se realizará aplicando directamente el precio del mercado de cada hora a la energía consumida en esa hora. Si el suministro no dispone de equipos de medida con las características indicadas, la facturación se llevará a cabo aplicando a las lecturas reales del periodo los perfiles de consumo calculados conforme a lo previsto en el real decreto (el precio promedio de la electricidad se calculará con la media de los precios diarios del mercado mayorista y se aplicará a todo el consumo del periodo facturado). Los comercializadores de referencia están obligados a formular una oferta alternativa a precio fijo anual, a la que podrán acogerse los usuarios que, teniendo derecho al PVPC, prefieran la seguridad de la tarifa conocida a largo plazo. 3. El tránsito al nuevo sistema y la diferencia entre el coste de la energía fijado para el primer trimestre del 2014 y el precio real van a obligar a los comercializadores de referencia a aplicar dos procedimientos de regularización de facturas y precios: a) regularización de facturas emitidas antes de la adaptación de los sistemas al nuevo método, y b) regularización de cantidades por aplicación del mecanismo de cobertura previsto en el Real Decreto Ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al PVPC en el primer trimestre del 2014. Así, cabe destacar la Resolución de 14 de mayo del 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se determina el valor del término DIFp a aplicar por los comercializadores de referencia en la facturación del consumo correspondiente al primer trimestre del 2014 a los consumidores a los que hubieran suministrado a los precios voluntarios para el pequeño consumidor. 4. La Resolución, de 9 de mayo del 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las Reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica y el contrato de adhesión a dichas reglas, que las adapta a la Circular 2/2014, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, así como la metodología relativa a la prestación de servicios de equilibrio entre sistemas gestionados por distintos operadores del sistema. 5. En el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, las condiciones técnicas y de seguridad establecidas tienen la consideración de mínimos, de acuerdo con el estado de la técnica, pero se admiten ejecuciones distintas de las previstas siempre que ofrezcan niveles de seguridad que puedan considerarse, al menos, equivalentes. No obstante, algunas normas relativas al diseño de materiales y equipos son de obligado cumplimiento. Se introducen las figuras de instalador y empresa instaladora de instalaciones de alta tensión, que hasta ahora no habían sido definidas. Sin perjuicio de las obligaciones de los fabricantes de equipos y materiales así como de los instaladores, serán las empresas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica las que se responsabilicen de la ejecución, mantenimiento y verificación de las instalaciones de su propiedad. 6. La Resolución de 23 de mayo del 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad. La resolución regula el contenido y el formato tipo de las facturas eléctricas con distinta eficacia vinculante en función de los destinatarios (consumidores acogidos al precio voluntario al pequeño consumidor; consumidores acogidos a la oferta fija anual; consumidores en el mercado libre conectados en baja tensión). La fecha límite para implantar los nuevos modelos de factura es el 1 de octubre del 2014. 7. El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, se aplica a todas las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, nuevas o preexistentes, independientemente de cuál sea la potencia instalada. Establece los derechos y obligaciones de estas instalaciones, así como las particularidades de su funcionamiento en el mercado y los procedimientos relativos a la inscripción en los correspondientes registros administrativos. Sus numerosas disposiciones adicionales y transitorias establecen las peculiaridades del régimen de retribución de las instalaciones preexistentes. Se deroga el Real Decreto 1565/2010 y el Real Decreto 1614/2010 y resultan modificadas otras normas (Reales Decretos 1110/2007, 1003/2010, 1544/2011 y 1699/2011). El reglamento se complementa con la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. La orden es una pieza clave en el nuevo modelo de retribución de estas instalaciones. Entre otros parámetros, se define la vida útil regulatoria y se cuantifica el valor inicial de la inversión, ambos parámetros no revisables en el transcurso de los periodos regulatorios de seis años establecidos en el Real Decreto 413/2014. 8. El Real Decreto 417/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico, pretende agilizar, optimizar y dar mayor flexibilidad a las emisiones vinculadas al Fondo de Titulización del Déficit del Sector Eléctrico. Para ello, se transfiere la competencia de apertura del proceso y concreción de criterios de selección desde la Comisión Interministerial a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que efectuará una preselección de entidades sobre la base de los criterios técnicos y económicos que figuran en el Real Decreto. La Comisión Interministerial seguirá siendo el órgano competente para resolver el proceso de selección.
XIV. Telecomunicaciones
Se han adoptado diversas medidas tendentes a incentivar el despliegue de redes de banda ancha en la Unión Europea: 1. La Decisión del Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio núm. 73/13/COL, de 20 de febrero del 2013, por la que se modifican, por octogésima novena vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo relativo a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha. 2. La Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, pretende facilitar e incentivar el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad fomentando la utilización conjunta de las infraestructuras físicas ya existentes y el despliegue más eficiente de otras nuevas, de forma que resulte posible desplegar dichas redes a un menor coste. En esta línea, se fijan los requisitos mínimos aplicables a las obras civiles e infraestructuras físicas con el fin de aproximar la regulación de los Estados miembros, los cuales podrán ampliar estos requisitos mínimos. Las medidas de transposición han de adoptarse antes del 1 de enero del 2016 y serán aplicables a partir del 1 de julio del mismo año. 3. El Reglamento (UE) núm. 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión núm. 1336/97/CE, establece unas orientaciones para el rápido despliegue y la interoperabilidad de proyectos de interés común en el ámbito de las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones. En particular, establece los objetivos de los proyectos de interés común y las prioridades operativas de éstos, identifica los proyectos de interés común, fija los criterios para que las acciones que contribuyan a tales proyectos puedan optar a la asistencia financiera de la Unión conforme al Reglamento (UE) núm. 1316/2013 y establece las prioridades a efectos de financiación de proyectos de interés común. Otras novedades relevantes aprobadas en estos meses son las siguientes: 1. La Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE. Establece un marco regulador para la comercialización y la puesta en servicio en la Unión de equipos radioeléctricos de modo que los Estados miembros han de garantizar que sólo se comercialicen los equipos radioeléctricos que cumplan lo dispuesto en la directiva. No obstante, con carácter transitorio, los Estados no impedirán que se comercialicen o pongan en servicio equipos radioeléctricos regulados por la nueva directiva que sean conformes con la correspondiente legislación de armonización de la Unión aplicable antes del 13 de junio del 2016 y que hayan sido introducidos en el mercado antes del 13 de junio del 2017. La fecha límite de transposición de la directiva es el 12 de junio del 2016 y las nuevas medidas deberán ser aplicadas a partir del 13 de junio del 2016. 2. En cuanto a la comercialización de equipos, cabe también citar aquí la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (refundición), que pretende garantizar el funcionamiento del mercado interior exigiendo que los equipos cumplan un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética. Esta directiva no se aplica a los equipos radioeléctricos de telecomunicaciones (sometidos a su propia regulación), pero sí a todos aquellos aparatos destinados al usuario final que pueden generar perturbaciones electromagnéticas o cuyo funcionamiento pueda verse afectado por éstas. 3. En el ámbito nacional, la novedad más significativa en este sector es la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, que deroga a sus predecesoras, la Ley 11/1998 y la Ley 32/2003, y modifica numerosas normas (la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, la Ley 25/2007 de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas, el Real Decreto Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, y la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual). Las principales novedades afectan al despliegue de infraestructuras. Así, a los operadores que desplieguen redes, se les reconocen amplios derechos de ocupación del dominio público, de la propiedad privada y de uso compartido de infraestructuras y se proscriben los derechos preferentes o exclusivos; se exige un informe preceptivo y vinculante emitido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y se simplifican los trámites administrativos, sustituyendo por declaraciones responsables las autorizaciones y licencias necesarias para el despliegue de ciertas instalaciones e infraestructuras, incluidas las estaciones o infraestructuras radioeléctricas; también se modifican las reglas para el cálculo de las tasas administrativas. Por otra parte, sólo se obliga a contribuir a la financiación del servicio universal a aquellos operadores cuyos ingresos brutos globales anuales excedan de los cien millones de euros. En el ámbito de los derechos de los usuarios, no hay novedades sustantivas. 4. También se ha aprobado la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 13 de mayo del 2014, sobre la revisión de los precios de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica (AMLT). Los nuevos precios afectan tanto a las cuotas mensuales en líneas analógicas y digitales como a las nuevas altas. En general, se reducen los precios de este servicio mayorista, que permite que los abonados que tengan contratado el servicio de voz fijo con un operador alternativo puedan recibir en una factura única la cuota de abono mensual (antes facturada por Telefónica) y el importe del tráfico de voz consumido, facturado por el nuevo operador.
XV. Sector ferroviario
En primer lugar, se han aprobado diversas normas de carácter eminentemente técnico tendentes a avanzar en el proceso de liberalización del sector ferroviario y en la progresiva instauración de un mercado ferroviario único: 1. La Orden FOM/420/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria. 2. La Orden FOM/421/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la red ferroviaria de interés general. 3. La Resolución de 14 de marzo del 2014, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la actualización para el año 2014 del documento de declaración sobre la red. 4. La Retirada de la Declaración formulada por España el 22 de junio del 2006 al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (OTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980. No obstante, lo más significativo es la convocatoria de un procedimiento público de licitación de un título habilitante para la prestación del servicio de transporte ferroviario de viajeros en régimen de libre competencia con RENFE. Esta convocatoria fue aprobada por el Consejo de Ministros el día 13 de junio y está pendiente de publicación oficial.
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References: Real Decreto 
 artículo 101
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 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 24
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 44
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 109
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 109
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 40
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 real decreto 
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