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Timestamp: 2019-05-24 22:00:01+00:00

Document:
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA
Otra Autoridad
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE ABUSOS CONTRA MENORES: EL CASO DE ÁMBAR. OFICIO
PREOCUPACIÓN POR INMINENTES FAENAS MINERAS EN VALLE DE PUTAENDO. OFICIOS
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA A SERVICIO DE SALUD CHILOÉ. OFICIO
IMPACTO DE ALZA EN CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES. OFICIO
MOLESTIA POR NO CONSTRUCCIÓN DE DIQUE DE ASMAR EN COMUNA DE TALCAHUANO
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DIRECTA DE FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS A PERSONAS VULNERABLES EN COMUNA DE OVALLE. OFICIO
Sesión 12ª, en miércoles 2 de mayo de 2018
(De 16:17 a 19:2)
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de Pesca y Acuicultura, señor Eduardo Riquelme Portilla.
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 10ª y 11ª, ordinarias, en 17 y 18 de abril de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (boletín N° 11.101-19).
2) El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
Con los ocho siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) La que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal (boletines Nos 7.567-07, 5.970-18 y 7.727-18, refundidos).
2) La que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
3) La relativa a administración del borde costero y concesiones marítimas (boletín Nº 8.467-12).
4) La que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales y establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia (boletín Nº 8.851-18).
5) La que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).
6) La que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
7) La que fomenta las artes escénicas (boletín N° 11.408-24).
8) La que modifica diversos cuerpos legales, con el objetivo de aumentar la protección a los fiscales del Ministerio Público (boletín Nº 11.473-07).
Con los tres últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
2) El que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos (boletín N° 9.201-03).
3) El que modifica la ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín N° 9.233-01).
Mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile a las señoras María del Pilar Vergara Tagle y Ana Beatriz Holuigue Barros y al señor Gonzalo Rodrigo Cordero Mendoza, por el período que indica (boletín N° S 1.979-05), con la urgencia del inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Con el primero comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay", suscrito en Montevideo, Uruguay, el 4 de octubre de 2016 (boletín N° 11.334-10).
Con el segundo señala que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para Eliminar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal" y su Protocolo, suscritos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 1 de abril de 2016 (boletín N° 11.528-10).
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto que modifica la Ley General de Educación para incorporar, en el nivel de enseñanza media, contenidos de educación financiera básica (boletín N° 10.034-04).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Envía copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre educación superior (boletín N° 10.783-04).
Remite copia de las sentencias definitivas dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recaídos en las normas que se indican:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
-Artículos 1.458, inciso segundo, y 2.316, inciso segundo, del Código Civil.
-Artículos 334 y duodécimo transitorio de la ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, y artículo 220, Nos 7, 15 y 16, del Libro IV del Código de Comercio.
-Artículo 27 bis, inciso tercero, de la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
-Artículos 467, inciso final, y 468, del Código Penal.
-Incisos cuarto, sexto y octavo del artículo 3°, del Código del Trabajo.
-Artículo 196 ter, inciso primero, de la ley N° 18.290, de Tránsito.
-Artículo 12 de la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de Seguridad Social.
-Artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352, del Código de Procedimiento Penal.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Responde, mediante oficio reservado, a consulta planteada por el Senador señor Sandoval.
Da respuesta a requerimiento de información, formulado en nombre del Senador señor De Urresti, relativo a la intervención del río Juncal por la exploración minera "Proyecto Caliente", en la comuna de Los Andes.
Consigna petición de información, expedida en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de los siguientes asuntos:
-Nómina de lanchas y transbordadores beneficiados por el subsidio de transporte fluvial y marítimo en la Región de Los Ríos.
-Reglamento para el otorgamiento de licencias de conductor.
Remite respuesta a solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Ossandón, acerca de la población penal en el país.
De la señora Secretaria Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso:
Contesta petición, expresada en nombre del Senador señor Chahuán, relativa al inmueble individualizado, ubicado en el sector de Forestal, comuna de Viña del Mar.
Del señor Alcalde de Chiguayante:
Informa solicitud, realizada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la adquisición de un terreno como solución al problema habitacional para el Comité de Allegados Eureka, de esa comuna.
De la señora Alcaldesa de Hualpén:
Envía antecedentes relativos a la consulta del Senador señor Navarro relativa a la fecha de término de los proyectos de pavimentación del camino a Caleta Chome.
Del señor Alcalde de Curanilahue:
Anexa datos del proyecto Torre C del Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de esa comuna: materia consultada por el Senador señor Navarro.
Del señor Alcalde de Valdivia:
Consigna información relacionada a la situación que afecta a la sede social del adulto mayor de esa comuna: consulta realizada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Alcalde de Tomé:
Adjunta antecedentes del colapso del sistema de alcantarillado en el sector Rafael: materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Alcalde de Concepción:
Atiende consulta relativa a la cantidad de camiones y contenedores utilizados en el retiro de desechos: solicitud efectuada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:
Remite antecedentes sobre los robos ocurridos en el transporte público en la Región del Biobío: consulta realizada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director Nacional de la CONADI:
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la consulta indígena de los proyectos de gas natural individualizados.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Informa sobre la situación previsional de la persona indicada: materia requerida en nombre del Senador señor García.
Del señor Director Nacional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero OR.OC:
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relacionada con el impacto de los proyectos de gas natural GNL Penco y Talcahuano, de la Región del Biobío.
De la señora Directora (s) del Instituto de Salud Pública:
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor Navarro, para informar sobre los efectos del medicamento paracetamol.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso:
Comunica que ha nombrado presidente de este organismo al señor Percy Marín Vera.
Del Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica el numeral 11° del artículo 19 de la Carta Fundamental, para impedir que las instituciones de educación persigan fines de lucro (boletín Nº 11.695-07).
De los Senadores señor De Urresti, señoras Allende y Órdenes y señores Navarro y Quintana, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal (boletín Nº 11.696-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Del Senador señor Lagos, con la que da comienzo a un proyecto de ley que reconoce derechos y garantías para las personas en la etapa final de su vida (boletín Nº 11.703-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Aravena, Goic, Órdenes y Rincón y señores Araya, Chahuán, Elizalde, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, otorgue continuidad al Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados, establecido en el decreto N° 1.116, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y se elabore un proyecto de ley que regule y garantice los objetivos de este programa y lo consolide como política de Estado (boletín N° S 1.976-12).
De los Senadores señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, presente un proyecto que modifique la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en lo relativo al plazo para dictar sentencias de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el caso de procesos penales por delitos de lesa humanidad, entre otras materias (boletín N° S 1.977-12).
De los Senadores señoras Allende, Goic, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quinteros y Soria, por medio del cual solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, presente un proyecto que modifique la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo al registro nacional pesquero artesanal, con el objeto de crear un registro especial para el territorio insular de Juan Fernández, independiente al de la Región de Valparaíso (boletín N° S 1.978-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por medio de la cual pide recabar el acuerdo de la Sala para proceder al archivo de los siguientes proyectos de ley, por ser materias consideradas en otras disposiciones legales, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 36 bis del Reglamento de la Corporación:
-El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para incorporar las metas regionales de desarrollo ambiental a la Planificación Urbana Comunal y resguardar el derecho a vistas de los espacios públicos (boletín N° 8.561-14).
-El que se refiere a integración urbana e incentivos urbanísticos (boletín Nº 11.156-14).
El señor OSSANDÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, solicito el desarchivo del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o salida (boletín N° 9.612-06), a fin de que sea informado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para desarchivar este proyecto?
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, junto con el Senador señor Sandoval, como miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, queremos pedir una ampliación del plazo para formular indicaciones, hasta el próximo lunes 7 de mayo, respecto del proyecto que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena (boletín N° 9.133-12). La idea es que el Ejecutivo pueda presentar una indicación sustitutiva.
Lo importante es que ya tenemos un acuerdo con la Ministra de Medio Ambiente para tratar esta materia el próximo martes.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, solicito recabar el acuerdo de la Sala para refundir dos mociones que se encuentran en primer trámite ante ella. Me refiero a los boletines Nos 8.731-06 y 11.550-06. El primero se origina en moción del Honorable señor Bianchi y el segundo, en moción de los Senadores señores De Urresti, Pizarro, Quintana, Quinteros y quien les habla. Se refieren al acceso y la promoción o publicidad de los casinos de juego.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para refundir estas dos mociones?
El señor MONTES (Presidente).- Solicito autorización para que puedan ingresar a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado, y el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Eduardo Riquelme.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la semana pasada se autorizó a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para refundir varios proyectos con miras a hacer una ley miscelánea sobre temas que modifican las normas al respecto.
Solicito recabar el acuerdo de la Sala para que tres de esas iniciativas (boletines N°s 11.640-15, 11.647-15 y 11.670-15), que dicen relación con el límite de velocidad en zonas urbanas, se separen y se refundan.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Boletín N° 10482-21
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, e informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.482-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 59ª, en 2 de noviembre de 2016 (se da cuenta).
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura (segundo): sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Hacienda: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Sesión 87ª, en 7 de marzo de 2017 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 7 de marzo de 2017.
Las Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 2, 5 y 6 permanentes, y el artículo primero transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora bien, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales aprobó por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en virtud de un acuerdo adoptado por la Sala, se pronunció acerca de las normas con incidencia en materia penal, y efectuó modificaciones unánimes en los números 7, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del artículo 9°, incorporando, asimismo, un artículo 10, nuevo.
A su turno, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de las normas de su competencia e introdujo enmiendas en los artículos 1, 3, 4, 7 y 9 (números 11; 14; 17; 20, letra a), ordinal ix; 21; 23 y 27) del texto despachado por la Comisión de Constitución. En el caso del artículo 7, en virtud de una solicitud de votación separada conforme al artículo 164 del Reglamento del Senado. En todos los demás casos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, inciso final.
Las Comisiones de Constitución y de Hacienda señalan que las normas que analizaron son de quorum simple.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. De las enmiendas unánimes, de conformidad con la calificación que consta en el informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, las recaídas en los números 2 y 4 del artículo 8; en los números 1; 2; 3; 5; 6; 8, con excepción de su letra c); 12; 13 y 20, con excepción de la letra u) del ordinal ix de la letra a) del artículo 9°, y en el artículo cuarto transitorio deben ser aprobadas con 24 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
De acuerdo a la calificación efectuada por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, con el mismo quorum orgánico de 24 votos favorables deben aprobarse en particular los números 4, 10, 15 y 19 del artículo 9, disposiciones que no tuvieron modificaciones en el segundo informe.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, las enmiendas efectuadas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
Tenemos diferencias respecto a la calificación de los quorums por parte de la Cámara y de las Comisiones de Constitución, de Pesca y de Hacienda del Senado.
La sugerencia es que votemos dejando constancia de los quorums, sin discutir eso porque hay diferencias de criterios. Pero lo importante, ante la eventualidad de que existan interpretaciones distintas, es contar con los votos suficientes para evitar que haya complejidades.
El señor MONTES (Presidente).- Saludamos a los representantes de SERNAPESCA que están en las tribunas.
¡Bienvenidos al debate!
Y también saludamos a las organizaciones de pescadores que nos acompañan esta tarde.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros, quien es Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se ha informado, los objetivos del proyecto son mejorar las condiciones de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones y los riesgos asociados a ellas; fortalecer atribuciones y funciones; combatir la pesca ilegal con nuevas infracciones y delitos, particularmente respecto del negocio en tierra.
Como se sabe, la pesca ilegal se ha transformado en una de las industrias ilícitas más prósperas del planeta y su operación adquiere cada vez mayor complejidad, lo que hace más difícil su persecución.
Una primera medida es el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca, a través del aumento de su dotación en 253 cupos para asumir las nuevas tareas en materia de certificación de inocuidad para la exportación y certificación de desembarques, que hasta hoy es realizada por entidades auditoras privadas.
Además, se establece una nueva asignación al personal, con un componente fijo y otro variable, diferenciándose según si las labores corresponden a fiscalización o apoyo.
Por otra parte, el proyecto amplía el concepto de pesca ilegal, incorporando las diversas etapas del proceso, desde la captura hasta la comercialización.
Actualmente, la ley contempla multas muy altas para la etapa de captura, muchas veces impagables para pescadores artesanales, mientras que las etapas de poscaptura son sancionadas con multas bajísimas, atendida la ganancia que generan.
Se agregan el beneficio y la capacidad económica del infractor para que el juez pueda fijar la multa. En la actualidad, la ley solo considera el daño a los recursos y al medioambiente, por lo que el juez está impedido de ponderar las circunstancias del infractor. Con esto, el juez podrá imponer la multa atendiendo a la situación del pescador. O sea, la situación cambiará con el proyecto de ley si este es aprobado.
Se bajan los pisos de las multas, es decir, se amplía el rango de ellas permitiendo que el juez pueda graduarlas, lo que posibilitará fijar una multa más baja, atendida la capacidad económica del infractor. Por ejemplo, en el artículo 110 la multa es de tres a cuatro veces el valor sanción por las toneladas de recurso involucrado en la infracción. El proyecto establece que será de hasta cuatro veces el valor sanción por tonelada de recurso.
Se incorporará la amonestación en los casos en que se trate de la primera infracción y ella no exceda un cierto margen del desembarque promedio regional del recurso involucrado.
Respecto de las nuevas infracciones que contempla el proyecto de ley, también se han rebajado los pisos, pasando de 200 y 500 UTM a 5 UTM (caso de procesamiento, elaboración y comercialización), manteniéndose el monto máximo de 2 mil UTM, toda vez que se trata de una conducta susceptible de ser realizada por distinto tipo de actores.
En materia de control, se establece la obligación de llevar bitácoras electrónicas para las lanchas transportadoras, con el objeto de realizar un adecuado seguimiento de las capturas.
Se perfecciona el seguimiento de las capturas, llamada "trazabilidad", en todas las etapas, que van desde la captura hasta la comercialización, de modo de completar el control de la pesca ilegal.
Se elimina el carácter reservado de la información que se obtenga del posicionador satelital.
Se incorpora al artefacto naval la obligación de utilizar dispositivo de registro de imágenes, y se establece la obligación de registro ante el Servicio a elaboradores y comercializadores, eximiendo a aquellos de bajos niveles de producción o venta, los que igualmente, ante una fiscalización, deberán acreditar el origen legal de los recursos y productos.
Por último, en cuanto a las etapas de poscaptura, se crean nuevas infracciones.
Así, se incorpora el concepto de "falta de acreditación de origen legal" y se crea la infracción en las etapas de procesamiento, elaboración y comercialización. Estas se sancionan como infracciones, si recaen sobre recursos en plena explotación o que no hayan sido declarados en ningún estado. En el caso de procesamiento, elaboración y comercialización de recursos sobreexplotados o colapsados, la conducta se sanciona como delito.
Asimismo, se perfecciona la redacción del delito de extracción ilegal de recursos desde áreas de manejo, separando la infracción cuando es cometida por un miembro de la organización titular del área de manejo y configurando un delito en el caso de que el agente sea completamente ajeno a la titularidad del área de manejo.
Las modificaciones introducidas contaron con la aprobación unánime de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Y lo mismo ocurrió con aquellas acordadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y por la de Hacienda en sus ámbitos de competencia.
En consecuencia, solicito a la Sala aprobar estas modificaciones y despachar el proyecto, lo que permitirá enfrentar con nuevas herramientas y atribuciones la pesca ilegal, especialmente en las etapas posteriores a la captura, y reconocer, en parte, el difícil rol que cumplen actualmente los funcionarios del SERNAPESCA en la persecución de dicho ilícito.
El señor MONTES (Presidente).- Normalmente en este recinto no se permiten expresiones ni a favor ni en contra de los proyectos de ley.
Por lo tanto, les pido a los presentes que respeten esa regla de funcionamiento.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Harboe, para...
La señora VON BAER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Le aclaro que son varias las votaciones, señora Senadora.
La señora VON BAER.- Sobre las modificaciones unánimes, señor Presidente.
El señor HARBOE.- Claro.
El señor QUINTEROS.- Sí.
La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo iba a esperar mi turno pero, en vista de la petición que ha formulado la Senadora Von Baer, quiero pedir votación separada de algunos artículos.
Pienso que debemos distinguir entre aquellas normas que dicen relación con el Servicio Nacional de Pesca, que están en los artículos 1 a 8 permanentes y en los artículos primero y segundo transitorios, y el resto del articulado, vinculado con modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura y a la ley Nº 20.393, respecto de las cuales tengo varios comentarios y reparos que hacer.
El señor MONTES (Presidente).- Excúseme, señora Senadora, pero le ruego que me repita cuáles serían, a su juicio, los artículos sobre los cuales existe controversia y que usted no quiere incorporar en la votación que se abriría.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el proyecto de ley tiene dos macrocontenidos. El primero dice relación con el Servicio Nacional de Pesca, consignado en los artículos 1 a 8 permanentes y en las disposiciones transitorias primera y segunda, respecto del cual no tengo nada que aportar ni me merece reparos que se vote como un todo.
En lo que se refiere al segundo aspecto que legisla el proyecto (modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura y a la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, más el artículo 9 y sus 23 numerales), el cual incluye nuevas obligaciones para los agentes de la actividad pesquera y nuevas infracciones y delitos, pido votación separada, numeral por numeral, pues considero que ahí hay materias que deberíamos discutir.
El señor MONTES (Presidente).- Muy bien.
Entonces, no estaríamos en condiciones de abrir la votación para el conjunto de las normas del proyecto, puesto que habría algunas diferencias.
Por lo tanto, si a Sus Señorías les parece, podríamos votar primero los artículos relativos al SERNAPESCA.
Le voy a dar la palabra al señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, la sugerencia de la Secretaría es la siguiente, sin perjuicio de la votación separada que ha pedido la Senadora señora Rincón.
Todas las normas fueron aprobadas por unanimidad en las distintas Comisiones. Sin embargo, en algunas de ellas se presentan diferencias entre el texto despachado por la Comisión de Pesca y el que aprobó la de Constitución o la de Hacienda, en su caso.
De consiguiente, esas enmiendas deberían ser excluidas de la primera votación, pero sí se podría votar el conjunto de las otras enmiendas, salvo las que he señalado, en un solo acto.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en los términos indicados por el señor Secretario?
Es decir, nos pronunciaríamos sobre el conjunto de las normas, salvo aquellas respecto de los cuales la Senadora Rincón ha pedido votación separada, referidas a la Ley General de Pesca y Acuicultura y a disposiciones que establecen sanciones en virtud de distintas transgresiones.
El señor QUINTEROS.- Sí, señor Presidente.
El señor SORIA.- De acuerdo.
El señor GUILLIER.- Conforme.
Entonces, en votación la primera parte del articulado, correspondiente a todas las normas relativas al SERNAPESCA.
El señor MONTES (Presidente).- En primer lugar, para dar a conocer el informe de la Comisión de Constitución, tiene la palabra el Senador señor Harboe
El señor HARBOE.- Señor Presidente, me corresponde informar, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca.
Dicho órgano técnico solo examinó determinados preceptos de esta iniciativa de ley, en virtud del mandato que la Sala le hiciera para revisar y enmendar únicamente aquellas normas que tuvieren incidencia en materia penal.
En consecuencia, la Comisión de Constitución no se pronunció respecto de lo que se está votando en primera instancia; solamente se abocó a las materias penales, que son, justamente, aquellas que la Senadora Rincón ha pedido votar en forma separada.
Para dar cumplimiento a tal cometido, la Comisión revisó, junto con el experto penalista y abogado integrante de la Corte Suprema señor Jean Pierre Matus y con representantes del Ejecutivo, algunas de las disposiciones contenidas en el artículo 9 del proyecto aprobado por la Comisión de Intereses Marítimos, mediante las cuales se modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Los preceptos analizados son los artículos 64 D, 64 F, 136, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter, 139 quater y 140 bis.
A modo de síntesis, cabe indicar que los artículos 64 D y 64 F sancionan conductas vinculadas con la adulteración de la información de los sistemas de posicionamiento automático de naves pesqueras. El artículo 136 castiga el delito de contaminación de aguas. El artículo 138 bis, incorporado por la Comisión de Constitución, sanciona a quien destruya, inutilice o adultere el sistema de pesaje de capturas habilitado por SERNAPESCA. Los artículos 139, 139 bis, 139 ter y 139 quater establecen sanciones relacionadas con la pesca ilegal y, finalmente, el artículo 140 castiga figuras de asociación o agrupación ilícita.
La primera enmienda que aprobó el referido órgano técnico recae en el artículo 64 D.
La Comisión de Intereses Marítimos aprobó una disposición que señalaba que la destrucción o sustracción de la información de los sistemas de posicionamiento automático de naves pesqueras sería sancionada con las penas señaladas en el artículo 242 del Código Penal.
La Comisión de Constitución estimó errada la referencia a dicho artículo del Código Penal, porque no se trata de información en manos de funcionarios, como señala la norma, sino de privados, y sobre todo porque no son papeles o documentos, sino datos que están dentro de un sistema electrónico que registra el movimiento y ubicación de los barcos.
Por lo mismo, se acordó modificar este precepto para establecer directamente que se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo la destrucción o inutilización del sistema de posicionamiento automático, así como de la información contenida en el mismo, el acceso, uso o apoderamiento indebidos a ella, su destrucción o alteración, y su revelación o difusión no autorizadas.
La segunda modificación incide en el artículo 64 F, precepto que regula la forma, requisitos y condiciones de la certificación y acreditación de las entidades auditoras.
En relación con esta disposición, la Comisión de Intereses Marítimos aprobó un inciso quinto en el que se prescribía que el que certifique un hecho falso o inexistente o haga una utilización maliciosa de la certificación de desembarques será sancionado con las penas establecidas en los artículos 194 o 196 del Código Penal, según corresponda.
La Comisión de Constitución, luego de examinar la disposición, consideró que no era adecuado hacer referencia a las penas de los artículos 194 o 196, pues estas normas requieren que se acredite el perjuicio producido por la adulteración de un instrumento privado.
En virtud de lo anterior, se prefirió imponer una pena específica para la conducta. De esta manera, se estableció que el que certifique un hecho falso inexistente o haga una utilización maliciosa de la certificación de desembarques será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo.
La tercera enmienda recae en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
La Comisión de Intereses Marítimos aprobó en general una disposición que sanciona al que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, con presidio menor en su grado medio y multa de 5 a 10 mil unidades tributarias mensuales. Si procediere solo con culpa, la pena será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 100 a 3 mil unidades tributarias mensuales.
La Comisión de Constitución acordó modificar esta norma con el fin de elevar la pena de este delito a presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 10 mil UTM para quien sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable, introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.
Asimismo, perfeccionó la norma que castigaba la conducta culposa, que es de la mayor ocurrencia práctica. Al respecto, se estableció que se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 50 a 5 mil UTM a quien por imprudencia o mera negligencia ejecute las conductas ya mencionadas.
En todo caso, se precisó que si el responsable de la contaminación ejecuta medidas destinadas a evitar o reparar los daños, el tribunal podrá rebajar la pena privativa de libertad en un grado y la multa hasta en un cincuenta por ciento, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. En el caso de la conducta culposa -es decir, de no mediar dolo-, se podrá dar lugar a la suspensión condicional del procedimiento, siempre que se hayan adoptado las medidas indicadas y se haya pagado la multa.
Esta es, señor Presidente, una de las disposiciones penales más relevantes del proyecto, pues permitirá solucionar un conjunto de problemas que han debido enfrentar los servicios públicos y los tribunales al momento de perseguir la responsabilidad por actos u omisiones que se traducen en contaminación del mar, ríos, lagos u otros cuerpos de agua.
La cuarta modificación recae en el artículo 138 bis.
La Comisión de Intereses Marítimos aprobó la idea de incorporar una disposición que, básicamente, sanciona al que adultere el sistema de pesaje de capturas habilitado por el Servicio con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Agregó que la misma pena será impuesta al titular del sistema de pesaje habilitado por el Servicio que, a sabiendas de la adulteración y sin haber tenido parte directa en ella, no hubiere adoptado las medidas para ponerle término. En este último caso, si el titular del sistema de pesaje es una persona jurídica, la pena se aplicará al gerente o administrador de la persona jurídica. Para estos efectos se entenderá por titular a aquella persona a quien el Servicio haya habilitado el sistema de pesaje.
Al examinar este precepto, la Comisión de Constitución mantuvo la idea de aprobar el artículo 138 bis y establecer que se castigará con presidio menor en su grado medio a máximo a quien destruya, inutilice o altere el sistema de pesaje habilitado por el Servicio Nacional de Pesca, así como de la información contenida en el mismo sistema, el acceso, uso o apoderamiento indebidos a ella, su destrucción o alteración, y su revelación o difusión no autorizadas.
De esta manera, si bien se mantuvo la pena, se acordó ampliar el catálogo de figuras típicas, ya no solo a la mera adulteración, sino a los demás verbos rectores que he señalado, con el fin de abarcar otras conductas que también causan mucho daño en el ámbito pesquero y que con la redacción aprobada por la Comisión de Pesca no quedaban consideradas.
En quinto lugar, la Comisión de Intereses Marítimos modificó el artículo 139 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, precepto que sanciona el procesamiento, apozamiento, elaboración, transformación y almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados.
En relación con esta disposición, la Comisión de Constitución acordó sancionar con presidio menor en su grado medio a quien procese, apoce, transporte, comercialice o almacene recursos hidrobiológicos vedados, así como a quien elabore, comercialice y almacene productos derivados de estos. Esta sanción penal será aplicada sin perjuicio de las sanciones administrativas establecidas en el artículo 119 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que pueden perseguirse en contra de la empresa del infractor. En los casos de reincidencia en las infracciones a que se refiere este artículo, se cancelará la inscripción en el registro de la planta elaboradora o comercializadora por el plazo de cinco años, sin que puedan inscribirse en dicho registro el titular ni los socios integrantes de la persona jurídica sancionada, en los casos que proceda, directamente o a través de otra persona jurídica, por el mismo plazo.
De esta manera, se prefirió establecer una sanción penal específica y consignar en una norma distinta la sanción administrativa, haciéndonos cargo de la jurisprudencia de los tribunales de justicia, que generalmente subsumen la sanción administrativa en la primera.
En sexto lugar, la Comisión trató el artículo 139 bis.
La Comisión de Intereses Marítimos aprobó una disposición que sanciona con la pena de presidio mayor en su grado mínimo al que realice actividades extractivas, con o sin resultado de capturas, en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de los derechos a que se refiere el inciso final del artículo 55 B de la ley.
En relación con esta norma, la Comisión de Constitución acordó establecer la pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo a quien realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos sin ser titular de los derechos correspondientes. En caso de que hubiere capturas, se establece que se impondrá al infractor el grado superior de la pena.
Asimismo, la Comisión acordó que el tribunal ordene el comiso de los equipos de buceo, de las embarcaciones y de los vehículos utilizados en la perpetración del delito.
En todo caso, las sanciones penales previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.
En séptimo lugar, la Comisión respaldó la idea de agregar un artículo 139 ter, nuevo, a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Se estableció la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de treinta a dos mil unidades tributarias mensuales al que procese, almacene o tenga en su poder un recurso hidrobiológico que se encuentre en estado de colapsado o sobreexplotado, o elabore, almacene o tenga en su poder productos derivados de ellos, respecto de los cuales no se acredite su origen legal. La misma sanción se aplicará al que teniendo la calidad de comercializador inscrito en el registro que lleva el Servicio Nacional de Pesca, comercialice recursos hidrobiológicos que se encuentren en estado de colapsado o sobreexplotado, o productos derivados de ellos, sin acreditar su origen legal.
En todo caso, se precisó que si el que realiza la referida conducta es un comercializador que no tiene la obligación de estar inscrito en el registro que lleva el mencionado Servicio, la sanción será la pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de diez a cien unidades tributarias mensuales.
En todas esas hipótesis, procederá siempre efectuar el comiso de los recursos y de los productos derivados de estos que hayan sido objeto del delito y aplicar las sanciones administrativas que correspondan.
Seguidamente, la Comisión acordó suprimir el artículo 140 bis, aprobado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el cual castiga a quienes se asocian para cometer delitos pesqueros.
Para adoptar esa decisión, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tuvo en cuenta las observaciones críticas que sobre esta materia formuló el profesor de Derecho Penal señor Jean Pierre Matus y la proposición del Ejecutivo para eliminar esa disposición.
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano especializado dejó expresa constancia en el informe de que las figuras de asociación ilícita que se den en materia de delitos sancionados en la Ley General de Pesca y Acuicultura quedarán sujetas a las normas generales sobre asociaciones ilícitas, contenidas en los artículos 292 y siguientes del Código Penal.
Finalmente, como consecuencia de los acuerdos adoptados precedentemente y teniendo en cuenta una sugerencia formulada por el Senador señor Araya, se acogió la idea del Ejecutivo de modificar la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para incorporar en dicha normativa algunas de las figuras típicas descritas precedentemente (artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura).
Todos los acuerdos alcanzados en esta materia fueron adoptados por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión y contaron con el respaldo del Ejecutivo.
Por último, dado lo planteado por el señor Presidente y el señor Secretario General, hago presente que las disposiciones analizadas por la Comisión de Constitución no tienen rango orgánico constitucional, toda vez que solo establecen sanciones de carácter penal o las modifican.
A propósito de lo planteado, señor Presidente, cabe informar a esta Corporación que, si bien la Comisión de Pesca y Acuicultura ha declarado de rango orgánico constitucional algunos artículos, el Tribunal Constitucional solo ha calificado con ese carácter determinadas disposiciones de la referida iniciativa: las que dicen relación exclusivamente con la creación del Fondo de Pesca Artesanal y los Consejos Zonales de Pesca (ley N° 20.597) y con los Comités Científicos Técnicos de Pesca y Científicos Técnicos de Acuicultura (ley N° 20.657), así como los artículos 124, inciso final, y 130.
Ninguna de las disposiciones que modifican el proyecto de ley en discusión incide en dichas materias. En consecuencia, a nuestro juicio, tal como sostuvo la Comisión de Hacienda, dichas normas no tienen carácter orgánico constitucional.
Las leyes que confieren atribuciones a los servicios públicos -salvo contadas excepciones que establece la Constitución-, o que imponen sanciones penales, son de rango de ley común.
Hago esta precisión para fines de la calificación de las disposiciones que serán sometidas a votación y para dejar constancia en la historia de la ley sobre el particular.
El señor MONTES (Presidente).- Están en votación los artículos 1° al 8° y las disposiciones primera y segunda transitorias.
Senadora señora Provoste, ¿desea hacer uso de la palabra sobre estas materias?
La señora PROVOSTE.- ¿Nadie más va a intervenir?
El señor MONTES (Presidente).- No. Por eso se lo consultaba.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La votación recae sobre todas las normas no incluidas en la petición de votación separada formulada por la Senadora señora Rincón, y las disposiciones en que hay diferencias entre los textos aprobados por la Comisión de Pesca y Acuicultura y la de Constitución, y la Comisión de Hacienda, en su caso.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
--Se aprueban las normas dadas a conocer por el señor Secretario (36 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quiero señalar dos cosas.
Había pedido recién la palabra, pero se cerró la votación y no quedó consignado mi voto. Entonces, solicito que se deje constancia de mi pronunciamiento favorable.
Hablaré después sobre la otra materia.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señores Pizarro, Chahuán y Girardi.
Pasaremos a la discusión y votación de cada uno de los artículos pendientes.
Antes de entrar a las votaciones específicas, daré la palabra para intervenir, porque varios señores Senadores desean referirse a distintas materias vinculadas con esos artículos.
El señor COLOMA.- O sea, ¿se puede hablar sobre todos los temas?
El señor MONTES (Presidente).- Así es. Porque algunos señores Senadores desean cuestionar diversas propuestas, las cuales se relacionan unas con otras.
Por eso me parece más razonable este procedimiento.
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Ahora no, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, tal como informaron los Presidentes de las Comisiones de Constitución y de Pesca, la primera parte del proyecto, que ya se aprobó, busca generar un aumento en la capacidad fiscalizadora del Servicio. Para esos efectos se aumenta la dotación y se entrega una asignación especial a los funcionarios que ejercen esa función. Junto con ello, se fortalece el ejercicio de control del Servicio mediante nuevas facultades.
Asimismo, se busca en forma muy especial adecuar estas disposiciones a las infracciones y sanciones previstas en la ley vigente; perfeccionar e incorporar algunos hechos como nuevos delitos en materia de pesca ilegal.
La actual legislación castiga fuertemente la extracción ilegal, pero sanciona solo al pescador. Sin embargo, no se abordan de manera específica las etapas posteriores de procesamiento, comercialización, transporte y almacenamiento, que resultan esenciales para llevar adelante este negocio ilícito, convertido en uno de los tráficos ilegales más lucrativos del país.
Por lo tanto, esta segunda parte del proyecto, que vamos a debatir ahora, se enfoca en el procesamiento, comercialización, almacenamiento y transporte de la pesca ilegal.
Se modifican las disposiciones relativas a la certificación de los desembarques que hoy día realizan entidades auditoras privadas, traspasando dicha función a SERNAPESCA.
La certificación de desembarques consiste en verificar en terreno la veracidad de las declaraciones de captura desembarcada. Y, claramente, la experiencia indica que hasta ahora las auditoras privadas no han ejercido esa labor con toda la rigurosidad que se requiere.
A mi juicio, señor Presidente, en relación con el sistema actual de multas, como se ha informado acá, estas resultan bastante injustas, porque se castiga de manera desproporcionada y poco disuasiva el incumplimiento de las normativas vigentes por parte de quienes participan en la actividad pesquera ilegal, desde la captura hasta la comercialización.
A los pescadores se los sanciona con multas muy altas; y, en cambio, en las etapas poscaptura, con multas bajas, en comparación al lucro que se obtiene por no cumplir la ley.
De manera que se establece todo un sistema que mejora la proporcionalidad de las infracciones y multas. Y, artículo por artículo, iremos viendo como se va concretando dicho nuevo mecanismo.
Pero, en términos generales, uno puede decir que, al eliminarse los pisos y establecerse solamente máximos, se le permite al juez aplicar multas atendiendo la situación particular del pescador.
Ello, sin duda, va a permitir también que haya mayor proporcionalidad entre la pesca ilegal, la sanción, la multa que corresponda, en comparación con los potenciales beneficios económicos que se pueden obtener.
Además, creo que la incorporación de otros rangos, como la amonestación, en caso de que se trate de una primera infracción, sin que exceda un cierto margen del desembarque promedio regional del recurso involucrado, es también positiva.
Por otro lado, también se permite el pago de las multas en cuotas; se establece la obligación de considerar la situación social de quienes deben pagar las multas; y se otorga incluso la posibilidad de pago mediante servicios comunitarios.
Me parece que en esa materia el proyecto está bastante bien planteado, pues lo que busca -como decía- es aplicar sanciones eficaces, pero que a la vez sean proporcionales a la magnitud de la infracción o del delito y, también, a la capacidad de pago de cada una de las personas que, lamentablemente, desarrollan este tipo de pesca.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero dar el más cordial recibimiento a una delegación de estudiantes de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, de la ciudad de Santiago, que fue invitada por el Senador señor Lagos Weber.
¡Bienvenidos al Congreso!
El señor MONTES (Presidente).- Debo hacer presente que el señor Secretario me indica que en la votación anterior quedó pendiente una modificación propuesta al artículo 7 del proyecto, en la que hubo una discordancia entre las Comisiones de Pesca y de Hacienda (página 8 del boletín comparado).
La Comisión de Pesca agregó la oración "En su distribución de los cupos se tendrá en especial consideración aquellas zonas con mayor actividad pesquera del país.". Pero la de Hacienda estimó que no correspondía y la suprimió.
La verdad es que muchos señores Senadores entendieron que esto era parte de la votación anterior.
Por lo tanto, ¿habría acuerdo con lo planteado por la Comisión de Hacienda?
--Se aprueba la proposición de la Comisión de Hacienda que suprime la oración final del artículo 7 agregada por la Comisión de Pesca.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, ahora pasaríamos al artículo 9, que comienza en la página 27, pero no hay ninguna observación hasta la página 83, en que se propone agregar el número 72).
¿No es así, señor Secretario?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En efecto, señor Presidente.
Lo que pasa es que se ha pedido votación separada de todos los numerales del artículo 9, que tiene un encabezado; sin embargo, su numeral 1 propone agregar un número 72) al artículo 2 de la ley.
De consiguiente, lo primero que correspondería votar separadamente sería el texto que aprobó la Comisión de Pesca, como número 72), que figura entre las páginas 83 y 85 del boletín comparado, norma que, de acuerdo con lo señalado por la Comisión de Pesca, es de quorum orgánico constitucional.
El señor BIANCHI.- Entendí que no era así.
El señor HARBOE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, sugiero como procedimiento que la Sala, que es soberana para decidir, despeje la naturaleza de estas normas.
Es decir, que no entremos a votar el contenido de cada artículo sin determinar previamente si es o no de rango orgánico constitucional. Porque aquí dos Comisiones señalan que se trataría de disposiciones de quorum simple, y otro organismo técnico afirma que serían de quorum orgánico constitucional.
Repito: la soberana para tomar tal decisión es la Sala.
Por eso, propondría que, antes de entrar al fondo, donde legítimamente puede haber diferencias, sometamos a votación la calificación de estas normas. Porque, de lo contrario, si después ellas se aprueban por un margen estrecho, alguien podría ir al Tribunal Constitucional, y este decirnos: "Mire, ¿sabe qué?, no reunió los votos suficientes, pues nosotros consideramos que es así o asá".
En consecuencia, que la Sala dirima primero y después entramos al debate de fondo de cada uno de los artículos.
Esa es mi sugerencia, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo con lo propuesto por el Senador Harboe en el sentido de decidir primero sobre el quorum de estas disposiciones?
Le daremos la palabra a un miembro de cada Comisión para que argumente y después votaremos.
Puede intervenir el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, es importante esta discusión, porque el proyecto de ley en análisis no entra ni en las facultades propias del Ejecutivo ni tampoco en la creación de organismos públicos, que tradicionalmente corresponden a normas de carácter orgánico constitucional.
Es la propia Constitución Política de la República la que, por ejemplo, en casos muy excepcionales, cuando se confieren atribuciones a ciertos servicios públicos, expresamente señala que las disposiciones sobre el particular deben aprobarse con quorum orgánico constitucional.
Este proyecto de ley no establece normas de dicha categoría.
En consecuencia, que la Sala del Senado considere de rango orgánico constitucional artículos que no lo son únicamente restringe nuestra capacidad para votar por simple mayoría un conjunto de normas, lo cual, además, puede generar un precedente inapropiado para efectos de futuras votaciones.
En este caso, el Tribunal Constitucional -tal como señalé en mi intervención anterior- ya se ha manifestado al respecto, habida consideración de que, por ejemplo, en los fallos anteriores consideró que tanto en la creación del Fondo de la Pesca Artesanal y los Consejos Zonales de Pesca, consignados en la ley N° 20.597, como en la creación de los Comités Científicos Técnicos de Pesca y Científicos Técnicos de Acuicultura, establecidos en la ley N° 20.657, se trataría de normas de carácter orgánico constitucional.
Esta iniciativa en ninguna parte consigna disposiciones sobre el particular. En consecuencia, no debiéramos nosotros atribuirles rango orgánico constitucional a normas que, a nuestro juicio, no lo tienen.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún miembro de la Comisión de Pesca que quiera plantear el criterio de dicho organismo.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como Comisión, estamos de acuerdo con lo informado por la Comisión de Constitución.
Lo importante acá, primero, es la modernización del Servicio Nacional de Pesca; y, en segundo lugar, de una vez por todas combatir con la totalidad de los elementos posibles la pesca ilegal.
Así que nosotros compartimos totalmente lo expresado por dicho organismo técnico.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, no habría diferencias.
Por lo tanto, si la Sala está de acuerdo con que, según lo afirmado por las Comisiones de Constitución y de Hacienda, y ahora también por el Presidente de la Comisión de Pesca, las normas en cuestión requieren quorum simple de aprobación, ya no habría necesidad de debatir al respecto.
Hay unanimidad en relación con lo planteado por la Comisión de Constitución.
El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, vamos al detalle.
En discusión el número 72), que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura propone agregar.
Se encuentra inscrita la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tal como señalé al inicio de la discusión, creo pertinente separar la votación de las normas de este proyecto de ley.
En la segunda parte de esta iniciativa que ahora nos corresponde votar, en la que se modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de ciertas personas, hay distintos aspectos en los que me parece importante fijar nuestra atención.
En primer lugar, su contenido general, a mi entender, merece reparos y, en principio, habría que rechazar varias de sus normas.
¿Cuáles son las razones para ello, señor Presidente?
Primero, una falta de integralidad de la legislación de pesca.
No parece adecuado introducir nuevas obligaciones, que deriven en nuevas infracciones, delitos, multas y penas privativas de libertad, a los llamados "agentes pesqueros" sin haber resuelto antes las cuestiones más esenciales que afectan la actividad pesquera en Chile y que todos conocemos.
Antes de ampliar las obligaciones, sanciones y penas, es necesario redefinir las reglas del juego y garantizar un justo equilibrio entre los agentes industriales y los agentes artesanales.
En tal sentido, el Senador De Urresti manifestó en la Comisión respectiva su inquietud en cuanto a que este proyecto de ley no incorporase dentro del esquema de las sanciones administrativas aplicables la caducidad de las licencias de pesca, porque ese -según señaló- es el único castigo administrativo verdaderamente disuasivo para las grandes empresas pesqueras.
La Subdirectora Jurídica del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, señora Fuentes, explicó que la caducidad está directamente vinculada con el acceso a la actividad pesquera tanto para el sector industrial como para el artesanal; que ese es un ámbito donde hay problemas importantes con la regulación vigente que requieren un estudio pormenorizado, y que, por ello, se optó por no tocar esa materia en la ley en proyecto, que en este ámbito solo atañe a la pesca ilegal.
Nadie podría, señor Presidente, estar a favor de la actividad ilegal.
El Honorable señor De Urresti planteó que no compartía ese criterio. En primer término, subrayó que es de público conocimiento que la Ley de Pesca vigente, que ordenó el sistema actual de concesiones, tuvo una tramitación legislativa muy cuestionada, y que este proyecto abre una posibilidad para introducir algunas rectificaciones en este punto al menos desde la vertiente penal. Puntualizó, además, que este asunto no puede quedar sin discusión bajo el pretexto de que en un futuro e hipotético proyecto se regulará esta materia.
Asimismo, expresó que las grandes empresas pesqueras pueden afrontar una persecución penal individualizando la responsabilidad en uno de sus gerentes y absorber patrimonialmente la multa pecuniaria que se les imponga, sin que lo anterior redunde en un incentivo para cambiar su comportamiento. Insistió en que una cosa muy distinta es quedar sujeto a la posibilidad de que la sanción aplicable sea la caducidad de la licencia de pesca, pues ello implica el riesgo cierto de ser expulsados de la industria, lo que evidentemente es un elemento disuasivo efectivo.
La Subdirectora Jurídica de SERNAPESCA observó que una sanción del tipo que se plantea podría afectar tanto a pescadores artesanales como a industriales y acarrear consecuencias no previstas.
Señor Presidente, un segundo aspecto importante de tener en cuenta al analizar esta parte de la iniciativa que estamos votando es la falta de sistematicidad del estatuto de responsabilidad.
Aun obviando lo que he señalado con anterioridad (vale decir, la responsabilidad de los agentes pesqueros), considero importante que no aprobemos un proyecto de ley que agrega más obligaciones, que derivan en infracciones, delitos, sanciones y penas, sin una revisión previa de lo existente y sin organizar y armonizar como un todo congruente el régimen completo. Solo a modo de ejemplo diré que las normas vigentes contemplan figuras infraccionales y penales que sancionan conductas graves más levemente que las contenidas en esta iniciativa; o sea, la normativa en vigor contiene sanciones más leves que las que estamos aprobando hoy día en materia de pesca ilegal.
Un tercer elemento se halla relacionado con el incumplimiento de los estándares internacionales fijados por la FAO al construir el concepto base de este nuevo régimen de responsabilidad.
Nos referimos al concepto de "pesca ilegal" contemplado en el proyecto aprobado en general y que mutó al de "acreditación del origen legal" en el texto final propuesto, no obstante lo cual no solo mantiene los problemas que presenta el primer concepto, sino que los profundiza.
¿Por qué tal concepto incumple los estándares de la FAO?
-De acuerdo a sus ideas materias, "el objetivo del proyecto de ley es modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal" (página 7 del mensaje).
-La pesca ilegal, de acuerdo a la FAO, está limitada únicamente a la actividad extractiva, no pudiéndose incluir dentro de tal concepto el uso de recursos hidrobiológicos.
-Nos parece del todo razonable que la extracción ilegal en los términos que define la FAO constituya un delito. Sin embargo, es imprescindible que sea la ley la que expresamente señale sujetos y/o volúmenes que no se criminalicen en resguardo de la pesca de subsistencia tan extendida en nuestro país, y que en absoluto amenazan el uso sostenible y la conservación a largo plazo de recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos (objetivo propio de la penalización de pesca ilegal).
-Esta iniciativa no exime volumen ni sujeto alguno, criminalizando toda extracción cualesquiera que sean el recurso, el volumen o el sujeto que la realice. Por ejemplo, una recolectora de algas que subsiste con la venta de estas.
Aquella ya es razón suficiente para rechazar las normas del proyecto de ley que tipifican y sancionan como infracciones a la normativa y como delitos a quienes realizando actividades como estas no se encuentren en condiciones de acreditar el origen legal del producto o sus derivados.
-La referida acreditación, a mayor abundamiento, debe realizarse de acuerdo al procedimiento, condiciones y requisitos que se fijarán por medio de una mera resolución del SERNAPESCA, sin que este proyecto de ley establezca siquiera los requisitos mínimos o las garantías básicas con que debiese contar dicho procedimiento para que sea legal, justo y equitativo, y sin exigir tampoco la dictación de un reglamento que los desarrolle.
-Los estándares de la FAO, por otro lado, también distinguen entre "pesca ilegal", "pesca no declarada" y "pesca no reglamentada", dando cuenta de una especificidad distinta que obviamente amerita un tratamiento diferente, del cual el proyecto no se hace cargo ni tampoco señala.
Eso en lo que respecta a la extracción.
-A mayor abundamiento, la iniciativa también considera pesca ilegal o conductas criminalizadas el uso de los recursos en actividades de procesamiento, elaboración, transporte, almacenamiento o comercialización y la adquisición, posesión o tenencia a cualquier título de recursos hidrobiológicos y sus productos derivados.
Nuevamente hace aquello sin eximir volumen ni sujeto alguno.
-Conforme a la definición que el proyecto de ley hace de "acreditación del origen legal", el dueño, el poseedor por sí o por otra persona y el mero tenedor de recursos hidrobiológicos y sus productos derivados deben estar en condiciones de acreditar la trazabilidad del producto; es decir, deben ser capaces de acreditar que en la captura, cosecha, procesamiento, elaboración, transporte, almacenamiento o comercialización, así como en la adquisición, posesión o tenencia a cualquier título, según corresponda, se ha dado cumplimiento a la normativa.
Entonces, señor Presidente, hay acá disposiciones de carácter general que no establecen estándares ni requisitos mínimos que hacen que esto quede a la voluntad de la autoridad administrativa, dejando a esta actividad enfrentada a situaciones claramente arbitrarias, y en algunos casos, inconstitucionales.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto -a mi juicio, lleva bastante tiempo en tramitación-, cuyo propósito es fortalecer nuestra institucionalidad pesquera y, asimismo, combatir y sancionar drásticamente la pesca ilegal.
Varios Senadores ya lo señalaron: debe ser un dique de contención con respecto a la pesca ilegal, para quienes hacen de ella una actividad habitual.
Esta iniciativa favorecerá a los pescadores que realizan bien su trabajo.
Ahora bien, estoy sorprendido por la referencia que hizo la Senadora Rincón relacionada con mi intervención en la Comisión respectiva.
Efectivamente, yo señalé aquello, pues el proyecto original no distinguía esa situación. Y conversamos profusamente el punto en dicho órgano técnico.
Acá quiero valorar la actuación del Senador Quinteros, quien, como Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, se ha abocado, primero, al fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca, y luego, a propósito de la discusión que se dio en la Administración anterior, a lo relativo al tipo penal.
El Senador Harboe lo explicó claramente: nosotros establecimos un conjunto de tipos penales que permiten regular y sancionar en este ámbito.
¿Cuál fue la situación? ¿Por qué hice esa intervención? Porque las empresas, principales corruptoras en materia de pesca ilegal, muchas veces no eran objeto de ninguna pena. A quien sancionaban era al pescador artesanal, al que hacía la pega, al que pescaba en una chata. En el caso de la empresa que procesaba ese producto era imposible la acreditación.
Hoy día -y por eso tenemos que votar a favor de este proyecto- se establece claramente en el inciso segundo del artículo 119 propuesto: "En los casos de reincidencia en las infracciones a que se refiere este artículo, se cancelará la inscripción en el registro de la planta elaboradora o comercializadora por el plazo de cinco años, sin que puedan inscribirse en él el titular ni los socios integrantes de la persona jurídica sancionada, en los casos que proceda, directamente o a través de otra persona jurídica, por el mismo plazo.".
Porque aquí se producía la frescura: se infraccionaba a la persona jurídica; el pescador artesanal era sancionado, y la empresa, que ganaba un enorme precio por su pesca ilegal, terminaba sin ser penada.
No, señor Presidente. Esta iniciativa pega donde les duele: ¡caducidad!
Esto es lo que planteamos.
Sobre el particular, quiero destacar, entre otros, al Senador Araya, quien durante la discusión jurídica sobre esta materia sostuvo precisamente eso: no que se terminara condenando al gerente de la planta o al último empleado de la empresa (por ejemplo, al portero), sino que se estableciera una sanción concreta.
Y la que se propone mediante este proyecto es la vía para penar y evitar situaciones como las descritas.
El procesamiento, la comercialización -lo discutimos en la Comisión-, el transporte, el almacenamiento son distintas etapas en la constitución del delito que deben que ser sancionadas.
Y volvemos a lo mismo: hoy día habrá instrumentos que permitirán perseguir aquello; para que se entienda dónde está la cadena delictual, y no se termine sancionando al viejo de la orilla, al pescador artesanal.
Eso fue lo que cambiamos. Hoy tenemos una normativa que va al centro de la discusión.
También establecimos normas sobre graduación de las penas, pues con la ley vigente se terminaba sancionando al pescador, quien por lo general carecía de recursos para pagar la multa respectiva.
Ahora el juez dispondrá de un rango para aplicar las penas. En tal sentido, se determinan facultades que le permitirán adoptar criterios con relación a quién se benefició.
Porque seamos claros -y es importante que esto quede consignado en la historia de la ley-, la pesca ilegal genera tremendos excedentes. Ello, porque el empresario final, sin arriesgar nada, hace el negocio pagando solo un par de multas.
Hoy día, con la ley en proyecto, esto no sucederá: habrá procesos y se establecerán sanciones efectivas.
Nuestra opinión fue recogida en la Comisión, y de manera unánime aprobamos la existencia de penas concretas.
Todo nuestro respaldo para los pescadores artesanales; todo nuestro respaldo para el que trabaje bien y haga las cosas de manera adecuada. Pero a quien cometa infracciones y reincida en ellas se le penará con la caducidad: ¡donde duele! Con ello vamos a proteger nuestros recursos.
Por todo lo expuesto, votaré a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, valoro mucho la preocupación que han manifestado Sus Señorías, en particular la Senadora Rincón, con relación a algunos puntos de la ley en proyecto (las iniciativas son siempre perfectibles). Sin embargo, considero importante efectuar algunas precisiones.
Efectivamente, el texto que emanó de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura no consignaba la posibilidad de incorporar la caducidad a las empresas. Esto era tremendamente injusto, pues la sanción se aplicaba solo respecto de los pescadores artesanales.
Nosotros lo consideramos inaceptable.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia incorporamos una norma, el artículo 119 bis, que Sus Señorías pueden ver en la página 159 del comparado, que permite aplicar la caducidad a los industriales. Porque muchas veces los pescadores artesanales son perjudicados por actos ilegales extractivos llevados a cabo por las empresas.
En consecuencia, este proyecto sí consignó aquello, porque justamente fue nuestra Comisión la que incorporó la disposición pertinente.
De otro lado, se dijo que acá se establecen sanciones más bajas que la legislación vigente.
Eso no se ajusta, en una tabla de realidad, al hacer un comparado.
En primer lugar, la ley en proyecto contiene sanciones corporales más altas que las contempladas en la normativa en vigor.
Sin embargo, como consecuencia de situaciones prácticas que estaban ocurriendo, separamos las sanciones penales de las administrativas. Porque cuando estaban juntas, la sanción administrativa -es decir, la multa- no se cobraba, pues se entendía que una pena subsumía a la otra.
Entonces, lo que hicimos como técnica legislativa, para impedir que se produzca esa situación (una multa inexistente), fue separar la sanción corporal de la sanción administrativa.
Se trata de un elemento disuasivo muy importante. Ello, porque, independiente de la pena corporal, existirá la sanción administrativa, que puede ser una multa o, en casos graves, la suspensión o la caducidad.
De hecho, si Sus Señorías observan la página 159 del comparado, verán que en la norma pertinente se señalan dos hipótesis: una tocante a los pescadores artesanales que venden productos ilegales y otra relacionada con los industriales.
En consecuencia, se establece una diferenciación en la materia.
Tan así es que, para evitar lo que hoy día vemos, esto es, la discriminación de que son objeto los pescadores artesanales con respecto a los industriales, a sugerencia del Senador Araya incorporamos una modificación a la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, las empresas serán responsables, así como lo son hoy día por los delitos de cohecho, de financiamiento del terrorismo, de lavado de activos, por las infracciones a las normas sobre pesca. Y las sanciones pueden llegar incluso a la disolución de la persona jurídica.
Pero, señor Presidente, ¿qué ocurre si una empresa que comete un ilícito de esta naturaleza es sancionada, pero su representante monta una nueva compañía para burlar la pena?
También nos pusimos en esa hipótesis: la responsabilidad se va a perseguir respecto del representante, para que, si arma otra empresa, no pueda recibir beneficio alguno o burlar la aplicación de la ley.
Hoy día es de común ocurrencia que quien comete un delito lo haga bajo determinada persona jurídica; luego la disuelve y monta otra empresa, ¡y no tiene ningún tipo de responsabilidad!
La ley en proyecto también contempló aquella situación.
Por último, nosotros realizamos -elemento que estimo relevante- una modificación al artículo 136.
La Comisión de Pesca había establecido lo siguiente: "El que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con presidio menor en su grado medio y multa de 5 a 10.000 unidades tributarias mensuales.".
Esa redacción constituye una buena intención. Pero resulta que un pescador artesanal que vierte una pequeña cantidad de tales elementos puede ser objeto de la misma pena; y también una persona natural o jurídica que haya sido autorizada para efectuar determinado vertimiento. Ello, porque no se hace ninguna distinción en la materia, en circunstancias de que en algunos casos la ley incluso obliga a realizar cierta clase de vertimientos en ríos, lagos y mar empleando algún tipo de neutralización.
Entonces, lo que hicimos fue perfeccionar la norma respectiva; pero también establecimos penas altas. Porque aquí vimos que las sanciones por contaminación de ríos, lagos y mar -tal como lo señaló el Ejecutivo- eran prácticamente inexistentes.
A contar de la aprobación de este proyecto de ley dispondremos de un elemento disuasivo y preventivo, y también sancionador, respecto de quienes contaminen ríos, lagos y mar.
Por eso, voy a votar a favor.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, es obvio lo que se ha señalado en cuanto a por qué se presentó este proyecto, que consta de dos partes, la primera de las cuales tiene que ver con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
No hay duda de que entendemos que se trata de un Servicio que necesitamos fortalecer, para que cumpla con sus objetivos.
Porque no puede ser que en las regiones de nuestro país, especialmente en la de Los Lagos, existan muy pero muy pocos fiscalizadores.
En su minuto nos preguntamos por qué no plantear dos proyectos distintos, por qué la iniciativa sobre modernización no era una sola, pues habría salido mucho más rápido. Ello, porque hubo aprensiones -según se ha dicho acá- relacionadas con la pesca artesanal y la pesca ilegal.
Aquello no fue considerado por el Gobierno anterior.
Hoy día tenemos que votar este proyecto de ley, que obviamente lo vamos a aprobar.
Creo que no hay discusión en lo referente a la modernización. Al respecto existe acuerdo transversal.
Ahora bien, esta iniciativa, que moderniza el Servicio Nacional de Pesca, tipifica el delito de extracción ilegal y el de receptación, estableciendo sanciones para uno y otro. Además, protege las áreas de manejo, las cuales hoy día son atacadas por inescrupulosos que provocan pérdidas millonarias a sindicatos de pescadores artesanales que se esmeran por cumplir la normativa vigente.
No sé si lo señalaron mis antecesores; pueden haberlo hecho los Senadores informantes. En todo caso, debo decir que se estima que anualmente se capturan de manera ilegal alrededor de 320 mil toneladas en las principales pesquerías de Chile, lo que deja ganancias cercanas a los 300 millones de dólares.
Ello evidencia la importancia que revisten las regulaciones para impedir la captura ilícita de nuestros recursos marinos.
Ahora, cuando hablamos de regular, de fiscalizar, de una normativa que hace un rayado de cancha para que no se cometan abusos como aquellos, yo debo puntualizar que los pescadores artesanales de la Región de Los Lagos esperan que en la nueva ley sobre recursos bentónicos se consideren algunas de las aprensiones que han manifestado en la Comisión de Pesca y en las múltiples reuniones celebradas por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura del Gobierno del Presidente Piñera, don Eduardo Riquelme.
En mi opinión, debemos reconocerle un mérito a ese Subsecretario: ha dado los espacios necesarios para recibir a toda la gente, y especialmente cuando los parlamentarios tanto de Gobierno cuanto de Oposición -me parece muy significativo que los trate a todos por igual- le solicitan una entrevista.
Por supuesto, valoramos su actitud y le agradecemos que reciba a todo el mundo. Empero, queremos resultados en el futuro y que el Gobierno del Presidente Piñera, nuestro Gobierno, marque la diferencia en materia de Ley de Pesca y de diversas leyes que hemos aprobado, como la atinente a las caletas, a la que le falta el reglamento; la que crea el INDESPA, en el sentido de que los recursos no se concentran en dicho Instituto; la concerniente a recursos bentónicos.
La ley en proyecto constituye un paso significativo, señor Presidente.
En consecuencia, por intermedio de la Mesa, les pido a los señores Ministro de Economía y Subsecretario de Pesca que consideren las aprensiones hechas presentes, para que haya mucha más claridad en el articulado que estamos aprobando.
Es deseable, por ejemplo, que en la nueva ley sobre recursos bentónicos quede incluso más clara la protección de las áreas de manejo, que hoy son atacadas inescrupulosamente.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.
El señor QUINTEROS.- Pido que se abra la votación, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Se me ha solicitado dar inicio a la votación, porque, no habiendo que pronunciarse sobre cada numeral, es factible hacerlo globalmente.
El señor NAVARRO.- ¿No era separada la votación?
El señor MONTES (Presidente).- Todo esto es parte de una votación separada que se solicitó.
Si Su Señoría quiere pedir que determinada norma no quede dentro de la votación global que estamos proponiendo a solicitud de algunos Senadores...
El señor NAVARRO.- No: deseo que se vote por separado.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Quiere votar separados todos los numerales que vienen?
El señor NAVARRO.- Entendí que era así.
El señor MONTES (Presidente).- Hay opiniones más globales sobre lo que falta.
Si alguien deseara que alguna de las normas que quedan se votara aparte, podríamos hacerlo de ese modo.
Nadie quiere aquello.
En votación las modificaciones introducidas al artículo 9.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, coincidiendo con mi antecesor, el Senador Moreira, debo decir que la pesca ilegal es a nivel mundial -me parece relevante tener en cuenta este dato- la tercera actividad ilícita en magnitud, de acuerdo con informes de la ONU y de la FAO.
A nivel nacional, hay transacciones ilegales por un monto superior a 300 millones de dólares anuales.
La extracción ilícita puede representar hasta 26 millones de toneladas de pesca al año, lo que equivale a más del 15 por ciento de la producción total anual de la pesca de captura en el mundo.
La ley en proyecto no atenta contra los pescadores artesanales, sino al revés. De algún modo, constituye un resguardo ante una situación injusta: principalmente los comercializadores, de manera ilegal, hacían que los pescadores pagaran multas muy altas en función de una norma inexistente.
Por otro lado, felicito a las Comisiones de Constitución y de Pesca, que trabajaron esta materia, porque creo que el texto propuesto se enmarca en el fortalecimiento de la institucionalidad pública del sector.
Por otra parte, me parece relevante aclarar que en octubre de 2017 Chile adhirió a la Red contra la Pesca Ilegal, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la que confirmó mediante un comunicado de prensa que Chile, Panamá, Costa Rica y Perú conformaron la primera red de Latinoamérica y el Caribe contra la pesca ilegal.
Por consiguiente, con la ley en proyecto nos estamos haciendo cargo de un compromiso internacional que contrajimos.
De otro lado, cabe subrayar que muchos funcionarios del SERNAPESCA hacen un trabajo muy esforzado con poquísimos recursos. Me consta que así es al menos en mi Región. Pero no dudo de que lo mismo ocurre en el resto de nuestro país.
El hecho de que se mejoren las condiciones laborales es muy favorable para efectuar un buen trabajo, como también lo es considerar 253 cupos adicionales para la realización de las tareas del sector.
Otro aspecto que valoro es la incorporación de la trazabilidad en los productos comercializados. Se trata de una norma aplicable prácticamente a todos los productos que exporta Chile.
Lo mismo opino en cuanto a la certificación de los desembarques, que ya no será realizada por un auditor externo, sino por el Servicio Nacional de Pesca.
También debo hacer mención del registro de quienes participan en los procesos posteriores al desembarque. Ahora la inscripción de todas las unidades será obligatoria y, por tanto, no quedará al arbitrio de los participantes.
Por último, valoro el enfoque humano y social que la normativa en análisis les da a las multas. Esta vez sí se considera el monto del patrimonio. Porque actualmente quienes más sufren con la fiscalización y las multas no son los dueños de negocio más grande sino los pescadores pequeños, los artesanales, o sea aquellos que disponen de menos recursos.
La enumeración resultaría muy larga, señor Presidente, y ya hemos hablado harto sobre esta iniciativa.
Por lo tanto, concluyo expresando que Chile está dando una excelente señal a través de una normativa que fortalece la fiscalización y, sobre todo, controla la pesca ilegal en nuestro territorio.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, resulta curioso -por decir lo menos- que el Gobierno anterior, a través del Subsecretario Raúl Súnico, haya incorporado la modernización del Servicio Nacional de Pesca.
Todos estamos de acuerdo con importantes modificaciones que pretenden establecer el delito de la pesca ilegal.
Yo lo digo en esta Sala: ¡La Ley de Pesca es ilegal, es una ley corrupta!
Espero que el Presidente Piñera, tras un compromiso con el Senador Ossandón, entre de verdad a las bases esenciales de una ley que entregó la pesca de Chile a siete familias, las más adineradas.
Ahora nos ponen en la disyuntiva de discutir este proyecto.
Todos queremos un Servicio Nacional de Pesca moderno.
No es admisible lo que ocurre en Antofagasta, por ejemplo.
No sé si están en las tribunas los funcionarios del SERNAPESCA.
¿Cuántos botes, cuántos barcos para realizar fiscalización son del Servicio Nacional de Pesca?
¿O los siguen arrendando, como sucede en Antofagasta?
¿O continúan pidiéndole al sector privado botes para ir a fiscalizar...?
"Me llamaron del SERNAPESCA para arrendarme el bote para salir a fiscalizar".
"¿En qué fecha van a ir? ¿Por cuántos días te lo arrendaron?".
¡Conocen la fecha de la fiscalización...!
Señor Presidente, el Servicio Nacional de Pesca requiere modernización. ¡Pero la Ley de Pesca requiere una revisión urgente!
Yo planteo una transformación: una nueva Ley de Pesca.
Todo parece indicar que el objetivo era poner una contradicción en el sentido de que la no aprobación de la ley en proyecto implicaba retardar el proceso de modernización.
Se quiere cargar a los recursos que se obtengan a través de las multas aplicadas a los pescadores artesanales el financiamiento de los nuevos funcionarios del SERNAPESCA.
No parece justo que la modernización de dicho Servicio se cargue a la fiscalización: se debe promover que no se incurra en el delito de pesca ilegal, no que se apliquen sanciones para recaudar.
Eso equivale a la medida de los alcaldes que ponían fotorradares para financiar su municipio. Incluso, para poder aplicar multas se fomentaba la comisión de ilícitos.
Ahora, la definición amplia en cuanto a la acreditación del origen legal de los recursos pesqueros deja al trabajo lícito en situación de ser interpretado por el SERNAPESCA. No hay una definición de "origen legal"; no se establece en la ley en proyecto: ello queda entregado al criterio del mencionado Servicio.
De otro lado, está claro -y permítanme expresarlo- que la designación del Subsecretario de Pesca, quien en los hechos es un Ministro de Pesca, es política.
¡Y no me digan otra cosa!
No se llega ahí -como señalaría el colega Ossandón- por ser lindo, sino por tener la confianza del Ministro respectivo, del Presidente de la República.
Por tanto, ese no es un cargo de definición técnica: es un cargo de carácter político.
Ahora bien, se pretende que aprobemos la ley en proyecto en función de que se sancionará la pesca ilegal; de que con ella se van a cumplir convenciones internacionales.
Señor Presidente, las convenciones internacionales señalan que hay que respetar el Convenio 169 de la OIT.
Tengo en mis manos diversos informes respecto de los pueblos yagán, kawésqar, lafquenche, huilliche, comunidades que se dedican a la pesca en el sur de Chile.
¡No hubo consulta indígena para poder afectar la pesca ancestral, reconocida en la Ley de Pesca y, también, en el referido Convenio!
La modificación ahora propuesta, que grava a pequeños pescadores con multas que parecen absolutamente desproporcionadas, no ha sido objeto de la consulta pertinente, lo que considero grave.
En lo que concierne al Tribunal Constitucional, quiero advertir sobre la inconveniencia de no consultar a los pueblos originarios cuando se adoptan medidas que los afectan.
En el tiempo que me resta, señor Presidente, debo señalar que el proyecto establece la posibilidad de que el Servicio Nacional de Pesca pueda delegar, mediante convenios, labores de control del cumplimiento de la normativa pesquera (artículo 9, número 20, letra a), punto ix).
En tal virtud, podría sumarse a Carabineros, PDI, Aduana, SAG, inspectores municipales (entre otros funcionarios) a las labores de fiscalización ¡sin tener para el efecto ninguna acreditación, ni capacidad, ni experticia!
Ello puede generar irregularidades enormes y profundas, pues se les pide a funcionarios que no están preparados ejercer tareas de fiscalización.
La labor fiscalizadora le corresponde al Servicio Nacional de Pesca, que debe preparar a funcionarios para que se desempeñen en esa área.
Este proyecto tipifica nuevos ilícitos y endurece las sanciones aplicables sin hacerse cargo de las deficiencias del sistema sancionatorio existente en la Ley de Pesca, que permite que los pescadores artesanales paguen con cárcel sus infracciones ante el no pago de las multas impuestas.
Esto es lo más grave: ¡pagar con cárcel las multas aplicadas a la pesca artesanal!
Yo no conozco ningún caso de un industrial pesquero que haya estado preso por...
El señor MONTES (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Gracias.
Señor Presidente, la sobreexplotación y el subreporte están comprobados: en Coronel se han decomisado cientos y miles de toneladas a diversas pesqueras dedicadas a la producción de harina de pescado.
¿De dónde salieron los pescados...?
¡Y ahí están!
¿Hay algún industrial preso por aquel hecho?
En consecuencia, el establecer prácticamente la misma pena, sin considerar la proporcionalidad de la falta, tanto para los grandes industriales cuanto para los procesadores y comerciantes más pequeños constituye un descriterio.
Por cierto, no se reconocen ni la pesca de subsistencia ni la que realizan -reitero- los pueblos originarios.
Señor Presidente, voy a votar en contra de esta normativa en su conjunto, en todos y cada uno de sus artículos.
El señor MONTES (Presidente).- Les pido por favor a las personas que están en las tribunas que no se expresen, pues lo prohíbe nuestro Reglamento.
Quiero aclararles a Sus Señorías qué está en votación.
Se encuentra en votación el artículo 9 entero.
Por lo tanto, quedaría pendiente, para verlo después, el artículo 10, que es un precepto nuevo de la Comisión de Constitución.
El artículo 10 también sería de quorum simple, según lo que planteó el Senador señor Harboe.
Entonces, estaríamos todos de acuerdo en eso: se está votando el artículo 9 y queda pendiente el 10, que es asimismo de quorum simple.
¿Está conforme en esos términos, Senador señor Coloma?
Repito: se halla en votación el artículo 9 completo; falta el artículo 10, que es nuevo, en el cual la Comisión de Pesca no se pronunció respecto al quorum.
El señor COLOMA.- Yo entendí...
La señora ALLENDE.- ¡Eso ya lo aprobamos, señor Presidente!
El señor MONTES (Presidente).- El señor Secretario, quien es el ministro de fe, me dice que no, que corresponde resolverlo después.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ocurre lo siguiente, Sus Señorías.
En el artículo 9 se había pedido votación separada numeral por numeral. La Senadora señora Rincón retiró la solicitud pertinente, para que se votaran todos los numerales de dicho precepto. Pero en algunos de esos numerales la Comisión de Constitución modificó lo aprobado en la de Pesca.
La señora RINCÓN.- Sí.
El señor MONTES (Presidente).- Ahí se vota lo de Constitución.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ese fue el planteamiento: votar lo de Constitución.
Ahora bien, respecto de los artículos que siguen, hay diferencia entre Constitución o Hacienda y la Comisión de Pesca. Eso no está dentro del artículo 9 propiamente tal.
La señora RINCÓN.- No.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Además, el Senador señor Coloma ha hecho un planteamiento en el sentido de que en un artículo distinto del 9 habría normas de quorum especial. Entiendo que se trata del artículo 8.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Huenchumilla, quien va a plantear un punto de Reglamento.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, escuché al Senador Navarro decir que se debería haber sometido este proyecto de ley a las normas que establece el Convenio 169 de la OIT, las cuales están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
Yo llegué al Senado el 11 de marzo de este año. Entonces, no participé en el tratamiento ni en la discusión de esta iniciativa. Por eso, no tengo opinión sobre el fondo de ella.
Ahora, si es efectivo lo que señaló aquí el colega Navarro en cuanto a que sobre este proyecto debió haberse hecho la consulta a que obliga una ley vigente, podemos entrar a una discusión en torno a un trámite procesal previo a la discusión del proyecto por la Sala.
En consecuencia, señor Presidente, sería bueno despejar ese punto.
El señor MONTES (Presidente).- ¿El Ejecutivo podría clarificar tal situación?
Tiene la palabra el Senador señor Coloma, a quien le aclaro que el artículo 8, al que se refiere en su planteamiento, ya fue votado.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, no pretendo generar ningún conflicto, sino solo entender bien la interpretación.
Cuando intervino el Senador Harboe, cuya argumentación pareció razonable, se estaba viendo si era de quorum especial aquello en que había discrepancia entre Hacienda o Constitución y la Comisión de Pesca básicamente en el artículo 9.
Respecto de lo otro, me parece que sigue corriendo el mismo criterio anterior.
Yo entendí que la argumentación se centraba en el punto en que existía discrepancia. Y eso era lo que quería clarificar.
Deseo agregar que, tras una nueva lectura, incluso dudo de que el número 8 del artículo 9 sea de quorum simple. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Por una razón: porque fue aprobado con quorum especial, pues daba facultades para una certificación privada; ahora se cambian esas facultades y se le otorgan a un servicio, pero en el articulado transitorio se mantienen.
A mí me gusta la coherencia, señor Presidente.
Ahora, la decisión sobre el punto no nos cambia la vida, porque probablemente los votos van a estar para todo evento.
Sin embargo -repito-, yo entendí de la argumentación del Senador Harboe que era "donde había discrepancia".
Añado que, desde mi perspectiva, igual el número 8 del artículo 9 tiene una diferencia. Pero no entiendo que nada sea orgánico constitucional.
Eso es lo que quiero clarificar.
El señor MONTES (Presidente).- Senador señor Harboe, ¿podría clarificarle su punto de vista al Senador señor Coloma en cuanto a que el número 8 del artículo 9 es de quorum simple?
El señor HARBOE.- Por supuesto.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, a nuestro juicio -y así lo determinamos en la Comisión de Constitución-, el número 8 del artículo 9 es de quorum simple.
Que en su oportunidad la Sala, a sugerencia del señor Secretario de la Comisión de Pesca, haya votado con rango orgánico constitucional no implica que esto sea así; pudo haber habido un error.
Desde el punto de vista de la calificación jurídica, a juicio tanto de la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución cuanto de la Secretaría de este órgano, se trata de un precepto de quorum simple.
Esa es la explicación, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Estarían de acuerdo los dos Senadores. De manera que se haría extensivo el criterio con que votamos anteriormente.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, dejo planteada mi duda: creo que es de quorum especial.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Su Señoría conviene en que es de quorum simple?
El señor COLOMA.- Sí. Está bien.
Ahora, en el caso de la discusión anterior -estamos hablando de lo otro- yo entendí que se centraba en aquello en que existía discrepancias.
Pero hay otras materias de quorum especial en que la Comisión de Constitución no dijo nada porque no eran de su competencia.
Entonces, no quiero que se entienda que nada es de quorum especial: algunas normas tienen este carácter.
Les pregunto a los miembros de la Comisión de Pesca qué pasa con la consulta a pueblos indígenas en el caso de los artículos que hizo ver el Honorable señor Navarro.
Puede intervenir el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, no sé si procede invocar el Convenio N° 169 para el perfeccionamiento o la modernización del SERNAPESCA, que es un organismo público. Y aquí se está legislando con relación a la pesca ilegal.
No sabría dar otra respuesta.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
Le pido al Ministro señor Blumel expresar después el criterio del Ejecutivo sobre la materia.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la principal finalidad del proyecto es resolver una situación relativa a los trabajadores de la entidad recién mencionada. No nos equivoquemos: ello dice relación con el noventa por ciento del articulado.
El señor LETELIER.- En forma adicional, cabe recordar que el origen de la pesca ha sido certificado por externos y que ahora lo hará el Estado, que ya contaba con la facultad y actuaba mínimamente. No se modifican los procedimientos. ¿Quiénes actuarán? Los funcionarios públicos de que se trata, a quienes se les pagará mejor.
Eso en nada afecta a derechos ancestrales de pueblos originarios sobre sectores costeros, lo que no es abordado por el texto. No corresponde que intentemos confundir el hecho. La normativa que nos ocupa apunta a fortalecer el SERNAPESCA, con una función pública ya existente. No se cambian las atribuciones respecto de zonas con pesca reservada para dichas comunidades. En nada.
Por ende, no procedía la consulta indígena, a diferencia de lo que es posible plantear en cuanto a la Ley General de Pesca, donde sí puede haber una discusión acerca de tales áreas o de definiciones con relación al tipo de pescador artesanal, porque, como todos sabemos, estas son amplias.
A mi entender, el propósito del proyecto, al cual revisamos en la Comisión de Hacienda, es arreglar las remuneraciones de los trabajadores del SERNAPESCA, esencialmente. Repito que ese es el noventa por ciento de su contenido.
El señor MONTES.- Puede intervenir el señor Ministro.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, coincidimos en que el articulado, que viene de la legislatura anterior, efectivamente fortalece la institucionalidad pesquera y las disposiciones que permiten combatir en forma más eficaz la pesca ilegal. Por lo tanto, no habría ninguna relación importante con lo planteado.
En todo caso, quisiera que interviniese el señor Subsecretario de Pesca, si es posible, para profundizar en estos argumentos desde una perspectiva más jurídica.
El señor MONTES (Presidente).- Si no hay objeciones, se accederá a ello.
Puede usar de la palabra.
El señor RIQUELME (Subsecretario de Pesca y Acuicultura).- Señor Presidente, simplemente deseo señalar tres o cuatro aspectos que me parecen relevantes.
En primer lugar, en parte alguna del proyecto de modernización del SERNAPESCA se hace referencia a los pueblos originarios. Eso no significa, naturalmente, que alguien perteneciente a uno de ellos no pueda resultar afectado por la disposición, pero esta no tiene por finalidad incidir en derechos propiamente de las etnias. Desde esa perspectiva, juzgamos que no era necesaria una consulta indígena, que la ley establece, por lo demás, para la etapa previa al ingreso de la iniciativa al Congreso, lo que se verificó en la legislatura anterior, como lo manifestó el señor Ministro. En tal sentido, estimamos que no hemos caído en un incumplimiento.
Además, quería aprovechar para decir dos cosas que considero fundamentales.
Por una parte, se ha aprobado por unanimidad el fortalecimiento de las potestades del SERNAPESCA; se han establecido ciertos incentivos -muy merecidos, por cierto- para sus funcionarios, y se han incrementado las facultades de fiscalización. Pero los beneficios presentan un correlato, de algún modo, en las mayores funciones en este último ámbito. Entonces, el aumento de las remuneraciones, de los bonos y de personal sin el incremento paralelo de las atribuciones de fiscalización y de la responsabilidad deja cercenada la iniciativa, de algún modo -entendemos que ella presenta una integralidad-, en la mitad de la historia.
Desde esa perspectiva, coincidimos con los que exponen que el texto ya se encuentra suficientemente acotado para destacar una cuestión esencial, cual es no perseguir tan solo al más débil, al que extrae el recurso, sino hacer recaer también el peso de la ley en el que lucra ilegalmente con esa debilidad al transportar, comercializar y, en definitiva, vender y obtener un mayor valor a partir, quizás muchas veces, de una carencia.
En consecuencia, lo que se está haciendo no es castigar más fuertemente al pescador, a nuestro juicio, sino hacer entrar en la cadena sancionatoria al que actúa en el ámbito de la producción y, fundamentalmente, a los que se hallan al final.
El señor MONTES (Presidente).- ¿A los Honorables señores Huenchumilla y Navarro les parecen satisfactorias las explicaciones que han dado Senadores y el Ejecutivo?
El criterio del Ejecutivo anterior fue el mismo manifestado por el Ministro señor Blumel.
El señor PIZARRO.- ¡Estamos en votación, señor Presidente!
El señor MONTES (Presidente).- Así es. Pero hubo una objeción y quiero resolverla ahora.
El señor PIZARRO.- ¡Es algo ya resuelto! ¡Otra cosa es la opinión de un colega, que puede ser legítima!
El señor MONTES (Presidente).- Está bien.
¿Sus Señorías insisten o no en su preocupación?
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor LAGOS.- ¡Estamos votando!
El señor MONTES (Presidente).- Conforme. Mas surgió una objeción de otra naturaleza, y, por eso, quise hacerme cargo de ella.
El señor HARBOE.- Si es preciso utilizar el mecanismo del fundamento de voto, no hay problema, señor Presidente.
Me referiré a dos puntos, uno de los cuales dice relación con mi intervención anterior. Manifesté que en la primera discusión se había votado el número 8 del artículo 9 como disposición de quorum especial y que era un error del Secretario, en circunstancias de que lo fue de la Sala, pues ello dice relación con una facultad nuestra. Lo señalo para precisarlo y para no imputar una responsabilidad que no corresponde.
El otro es el asunto de fondo planteado por el Honorable señor Navarro. Creo que es preciso ser muy cuidadosos por lo siguiente.
Primero, insistiré en algunos aspectos acerca del régimen de sanciones en el proyecto. Lo que se hizo en la Comisión de Constitución fue crear en la materia un sistema equilibrado, gradual y que incorporara a las personas jurídicas, a las empresas. Entonces, es muy legítima la preocupación del señor Senador al afirmar: "Ningún industrial ha sido formalizado o condenado". Efectivamente, la actual legislación no contempla esta posibilidad. La nueva sí lo hará, porque establecemos un mecanismo progresivo.
Tanto es así que, para evitar situaciones que puedan afectar el patrimonio de pequeños pescadores -incluso, de algueras-, se eliminó el piso de la sanción, a fin de que el juez que conoce de la causa pueda graduar y hasta llegar al mínimo en atención a la capacidad económica de la persona. Porque, obviamente, no podíamos aceptar lo que venía de antes en cuanto a que cualquier infracción iba a ser objeto de una determinada multa, porque la capacidad económica de una alguera o de un pescador artesanal no es la misma que la de un industrial. El articulado aumenta las sanciones justamente en el ámbito de mayor capacidad económica.
En segundo lugar, recordemos también -a mí se me olvidó decirlo en la primera intervención- que en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas se aplica la lógica del gobierno corporativo, esto es, se promueve que las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, adopten medidas de compliance para evitar situaciones de ilegalidad. Es decir, hay un incentivo positivo para adoptar medidas preventivas y no caer en ellas.
Obviamente, el texto tiende a evitar la pesca ilícita; pero si esta se realizará a pesar de los mecanismos contemplados, será preciso sancionarla. No creo que nadie esté disponible para avalar una actividad que afecta a los productos marinos, pero que adicionalmente genera un desequilibrio en el ecosistema.
Finalmente, no le quepa ninguna duda, señor Presidente, de que vamos a tener la suficiente firmeza para aplicar el Convenio N° 169 cuando se requiera. Pero sostener que la ley en proyecto se debió someter a consulta porque en algún lugar de la costa ha podido haber, legítimamente, pueblos originarios en labores extractivas significa que se tendría que hacer otro tanto, entonces, con cualquier modificación legal de aplicación general, pues gente de esas etnias también vive en el sector urbano, en las grandes ciudades, en la Región Metropolitana, donde se concentra la mayor población de esa procedencia. Entonces, ello importa extremar un argumento que no parece adecuado, a mi juicio. Es importante dejarlo claro, no obstante, para que por lo menos la Sala no abrigue dudas al respecto.
Para terminar, solo cabe insistir en que nos estamos concentrando en el capítulo de las sanciones, pero que quizás lo más relevante es lo que decían algunos señores Senadores y algunas señoras Senadoras: la imposibilidad práctica de fiscalizar, por la falta de recursos humanos y logísticos del SERNAPESCA.
El articulado fortalece al Servicio en su facultad fiscalizadora; le da la flexibilidad suficiente para generar convenios a fin de aumentar su capacidad en ese ámbito, y, de una u otra forma, aunque no en la proporción que se requiere, les otorga un reconocimiento de remuneraciones a trabajadores que han exhibido un tremendo desempeño durante muchos años y que, desde ese punto de vista, no habían obtenido ninguno.
Por eso es que resulta tan significativo el texto que nos ocupa.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, el proyecto de ley efectivamente fortalece al Estado en relación con un vasto territorio. Tenemos que asumir que el océano que baña nuestras costas se extiende mucho más allá de donde llega nuestra vista. Y no se trata solo de las 200 millas desde el continente, sino también de lo que proyectan nuestras islas.
Por lo tanto, lo que aquí se hace es subrayar la labor de un organismo con una dotación mínima. El SERNAPESCA comprende mil cien funcionarios y el aumento de doscientos cincuenta y tres cupos representa un veintitrés por ciento.
Es preciso comprender que nos hallamos ante una iniciativa relevante, la cual debe ser apoyada por permitir al Estado, a través de estas personas, fiscalizar un producto que hace posible que nos alimentemos mejor. La pesca provee precisamente de un recurso natural con un alto contenido proteico, saludable.
Chile registra un bajo consumo pese a ser una de las potencias pesqueras en el mundo. Los estudios indican que nos encontramos en un sesenta y cinco por ciento de la cifra anual recomendada por la FAO.
Para poder fiscalizar estas áreas se requiere personal capacitado, pero dotado de instrumentos para cumplir la función de control. Por lo tanto, el fortalecimiento viene con la modernización. Eso lleva finalmente a lograr la sostenibilidad.
Chile asumió en las Naciones Unidas un compromiso con el objetivo 14, de carácter específico, relativo a "Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible". Por eso es que el mundo entero está atacando la pesca ilegal, determinante de que dicho desarrollo no sea posible. No se trata solo de evitar la contaminación y de cuidar nuestros océanos, sino también de velar por el recurso.
Nuestro país ha sido también pionero en políticas pesqueras. Basta recordar, en medidas de control, la ley N° 19.521, de 1997, cuando se establece la obligatoriedad de utilizar el GPS. La licitación finalmente se efectuó en 1999, y, a contar del año 2000 -18 años atrás-, Chile ha controlado con precisión la posición al menos de la pesquería industrial.
Por eso, disponer hoy en día de una legislación moderna y actualizada, con penas graduales, que vayan advirtiendo en las primeras instancias y sancionando muy duramente a los que cometan un delito, implica otorgarle al país justamente la tranquilidad de que esta riqueza se podrá preservar.
La pesca ilegal no solo constituye un ilícito por dinero -los trescientos millones de dólares que se mencionan-, sino también un daño para las futuras generaciones cuando se extinguen recursos. Y la responsabilidad de todos los que estamos en el Congreso es preocuparnos de legislar por el futuro, para que ellos puedan ser preservados.
Por lo tanto, en lo personal, estoy totalmente de acuerdo con la manera como ha sido planteado el texto y voy a votar a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Como han venido a consultar varios Senadores, quisiera aclarar que queda una sola votación, en definitiva -en lo demás había unanimidad y se hallaba previamente definido-, que es la que se lleva a cabo.
Además, el articulado no contiene disposiciones de quorum orgánico constitucional. Ello ya fue aceptado a partir de los argumentos del Honorable señor Harboe.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, nos ocupa un proyecto extremadamente importante y necesario, el cual presenta dos partes, si se pudieran llamar así. Una de ellas, muy mayoritaria, tiene que ver con la institucionalidad del SERNAPESCA y la necesidad, como aquí se ha dicho, de modernizarla, de fortalecerla, de empoderarla, de darle más facultades sancionadoras y fiscalizadoras para lograr el objetivo de evitar la pesca ilegal, ya mencionado; y otra, creadora de diversas tipificaciones infraccionales y delitos, busca combatir precisamente esa última actividad.
Estimo tremendamente importantes los cambios que tendrán lugar a partir de las nuevas figuras de infracciones y delitos que se establecen. Entre otras cosas, no se contemplaba la situación de la personalidad jurídica, como alguien reclamaba, por lo que no era posible la sanción.
Ahora, el objetivo bien concreto, como aquí se ha expresado, es entregar herramientas para combatir con eficacia y fiscalización la pesca ilegal.
Sin embargo, el articulado no tiene que ver con una Ley de Pesca. Ello, aunque podamos estar de acuerdo, a lo mejor, con mi Honorable colega Navarro -y creo que con muchas otras personas- en el sentido de que el país requiere un nuevo cuerpo legal en la materia, sin los vicios registrados en la tramitación anterior, lamentablemente, y que permita terminar de una vez por todas con lo que hoy día ya se sabe: la altísima concentración en siete familias de la extracción a través de la actividad industrial.
Por otro lado, enfrentamos graves problemas de sostenibilidad en la pesca y la acuicultura. Pero ese es otro tema.
Espero que el Gobierno tome cartas en el asunto y sea capaz de elaborar una ley como corresponde, al menos con algunas recomendaciones de la FAO.
Varios pensamos que no son posibles las prórrogas por más de veinte años y la concentración en muy pocos actores.
En fin, ese asunto tiene que ver con la Ley de Pesca.
Lo que nos importa es establecer una asignación de fortalecimiento de la función pública para el personal de planta y a contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura e incrementar su dotación para que pueda cumplir las nuevas funciones fiscalizadoras que hemos mencionado, y, al mismo tiempo, contemplar, como también se expresó, las nuevas figuras para perseguir la pesca ilegal.
Espero que la modernización del SERNAPESCA signifique mejoras en la estabilidad laboral. Las remuneraciones de los funcionarios son legítimas, evidentemente. Pero, al mismo tiempo, ojalá se configure un incentivo para que la facultad de fiscalización que se requiere sea ejercida de manera más eficaz, más incisiva, más poderosa.
La pesca ilegal le hace daño al país. Eso es lo que tenemos que comprender. Y, como ya se ha señalado, llega a cuadriplicar la actividad lícita, lo que va en perjuicio de la pesca artesanal, por supuesto, pero también de la industrial.
A mi juicio, es correcto que se haya eliminado la definición de pesca ilegal en el artículo 2°, ya que las descripciones de conductas se radicarán en diversas figuras en los artículos 114 y siguientes, mientras que los delitos se contemplan en los artículos 132 y siguientes. Se necesita generar una mayor certeza jurídica para la industria, y los actores involucrados en la actividad sabrán claramente qué acciones son o no sancionadas, lo que otorgará seguridad al desarrollarla.
En la discusión particular presentamos diversas indicaciones cuyo objetivo era atender a la capacidad económica del afectado a la hora de determinar la cuantía de la multa por infringir la ley. Buscábamos claramente que no se le aplicaran multas millonarias a una persona de escasos recursos.
Al respecto, podemos citar un ejemplo entregado por una minuta del propio Gobierno: un pescador de Chiloé es sorprendido con 2,5 toneladas de almejas extraídas ilegalmente y el juez determina una multa de dos millones trescientos mil pesos, porque solo puede considerar el valor del producto incautado para establecer la sanción. Si el proyecto de modernización fuera ley, se podría fijar una multa de solo tres unidades tributarias mensuales, o sea, de ciento cuarenta mil pesos, o incluso dejar el asunto en una mera amonestación, en caso de ser la primera infracción -y por tratarse de un recurso, además, que no está en peligro-, que es lo logrado finalmente.
Es decir, hemos intentado no solo la gradualidad, sino también entender que evidentemente existe una diferencia cuando se trata de una primera infracción cometida por una persona de escasos recursos, sobre todo cuando la captura del recurso no excede determinado porcentaje del desembarque total de la región.
Esa medida es bastante significativa como advertencia y, al mismo tiempo, permite ir ajustando las cosas al objetivo que se busca a través del presente proyecto.
Finalmente, quiero decir que se crean diversas figuras contravencionales: por ejemplo, quienes elaboren y comercialicen productos sin haberse inscrito en los registros o quienes no acrediten su origen legal.
De esta manera, como ya he señalado, si un pescador artesanal infringe por primera vez las normas referidas, el juez podrá omitir la multa y sancionar con amonestación. En la segunda infracción podrá cursar la multa, sin perjuicio de reducirla en atención a la capacidad económica de la persona.
En consecuencia, se busca generar gradualidad, mayor justicia y no perjudicar a quienes muchas veces, por razones de sobrevivencia o simplemente por desconocimiento, cometen una infracción, la que no es comparable con las que cometen personas jurídicas que actúan a conciencia y con todos los recursos del caso. Y hasta ahora no había mayores sanciones para estas.
Por todo lo anterior, señor Presidente, creo que es importante que demos este paso.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, no deseo repetir cosas que ya se han dicho y en las cuales, probablemente, estamos todos de acuerdo.
Respecto de las sanciones e, incluso, de la acreditación del origen legal, quiero hacer solamente un par de observaciones.
En primer lugar, acreditar el origen legal del recurso impone una obligación al pescador: la de hacer la trazabilidad, lo cual requiere uso de tecnología y, por tanto, inversión. Yo no sé si el proyecto en análisis se hace cargo del costo que significa para el pescador artesanal tener que modernizarse para acreditar la captura del producto.
En segundo término, es cierto que la iniciativa castiga con dureza a los comerciantes e industriales que lucran con la pesca ilegal. La idea original era marcar una diferencia cualitativa respecto de la captura, toda vez que las grandes utilidades están en la comercialización e industrialización del recurso más que en el acto de la pesca.
Eso mismo les pasa a casi todas las entidades primarias en nuestro país.
Se supone que este proyecto va a sancionar con mucha dureza a quien transporte, procese y comercialice recursos hidrobiológicos, a diferencia de lo que ocurre hoy. Ello se justifica en dar castigo a quien obtiene el mayor beneficio de la pesca ilegal.
No me queda tan claro que eso sea así a todo evento.
Y, lo tercero, respecto de la privación de libertad cuando no se pague la multa, creo que es difícil que se concrete. Teóricamente se puede plantear; pero, en la práctica, una persona que comercializa, procesa o transporta productos del mar ilegalmente no va a cumplir penas de cárcel porque puede pagar la multa. Pero un pescador artesanal efectivamente podría no tener cómo pagarla y entonces se ordenaría su privación de libertad. Creo que esto último no corresponde, y deberíamos haberlo resuelto.
Me parece que esa parte quedó poco clara en el texto de la iniciativa. Hago el planteamiento para que se tenga presente, sobre todo si la idea era hacer justicia y proteger al pequeño pescador artesanal al establecer sanciones más justas, como la norma que le da al juez la posibilidad incluso de rebajar las multas a un mínimo.
Pero ¿se mantiene la cárcel?
No olvidemos ejemplos concretos que hemos visto. Yo estuve en Calbuco -creo que andaba con el Senador Quinteros- cuando se supo la noticia de que en Chiloé se apresó a un pescador -además, era de la tercera edad-, quien, desesperado por la cesantía, fue sorprendido pescando. Le aplicaron una multa millonaria -no tenía mucha razón el fiscal- y, como no pudo pagarla, el juez lo sancionó con cárcel, y no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción.
A mi juicio, hay dos a tres aspectos en la iniciativa que todavía no quedan suficientemente claros. Lo digo como una aprensión.
Entiendo que el propósito es impedir la pesca ilegal, pero esta no se halla determinada por la captura, sino por el procesamiento y la comercialización de los recursos, que es donde se obtiene la gran utilidad.
Hago mi planteamiento en esa perspectiva, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, en relación con este proyecto de ley, cabe señalar que obviamente nos sentimos contentos por la asignación de fortalecimiento que se establece para el personal de planta y a contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, por el incremento de su dotación y por las normas sobre certificación, que van a ser tremendamente importantes para acelerar los procesos de exportación.
Eso sí, para dejarlo claro en la historia de la ley, la presente iniciativa se focaliza fundamentalmente en la modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal, incorporando figuras infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas graves cometidas en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos.
Considero, señor Presidente, que las nuevas infracciones y sanciones contempladas en el proyecto contribuirán a reducir la pesca ilegal en nuestro país, mediante la fiscalización desde la captura del producto hasta su venta final.
Quiero destacar ese punto, porque en general -tal como lo han establecido otros Senadores- son los más pobres, aquellos que viven de la pesca artesanal, los que terminan siendo sancionados, ¡y duramente sancionados!
Desde esa perspectiva, cabe dejar en claro que, en ciertos casos, la aplicación de una sanción podría afectar a actores que no han incumplido las normas. Eso sucede cuando se aplica la disposición que obliga al cierre total del establecimiento que procese, elabore o comercialice recursos hidrobiológicos (numeral 11, que pasó a ser 17, del artículo 9), debido a que dicha norma no especifica de qué establecimiento se trata. Podría llegar a cerrarse incluso una caleta entera, donde conviven varios pescadores, y no todos han incumplido la ley.
En ese aspecto nos gustaría focalizar también un análisis mayor, señor Presidente.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en términos generales, nos parece que este es un buen proyecto.
Sin duda, es necesario modernizar y fortalecer la función de SERNAPESCA e incrementar su dotación de funcionarios y funcionarias.
Otro elemento importante de esta iniciativa es su objetivo de combatir la pesca ilegal, aunque no toca nada respecto a los temas de acceso a la actividad. Es bueno poder despejar este último punto, pues muchas veces quisiéramos que las propuestas legislativas abarcaran otras materias, como las que claramente no están presentes en esta discusión.
Sé que lo relativo a pesca de subsistencia fue parte del debate en las diferentes Comisiones. Se discutió, pero no fue posible determinar el monto para cada recurso dentro de lo que se consideraría pesca de subsistencia.
Señor Presidente, valoro que este proyecto apunte a no tener más pescadores artesanales presos. Por eso se propone rebajar las multas y ofrecer penas alternativas. Este punto es muy importante, dado que la actual ley impone multas muy drásticas a la pesca artesanal y no permite salidas alternativas. Por lo mismo, hoy se van todos presos si no pagan.
Quiero destacar y relevar ese punto, además de reconocer la labor de fiscalización de SERNAPESCA, que es muy significativa.
Con esta iniciativa se empareja la cancha. Hoy las multas a los artesanales en los procesos de captura son altísimas y las que se aplican a la industria, que promueve la pesca ilegal, son mínimas. Pero ahora se plantea endurecer las sanciones a los que procesan, compran y lucran al final de la cadena con la pesca ilegal.
Por eso me parece muy relevante la discusión particular sobre el artículo 9, en especial su numeral 1, que agrega un número 72) al artículo 2º de la ley. El texto aprobado en general de la definición de "Pesca ilegal" versus las modificaciones que se introdujeron con posterioridad, que cambiaron el concepto por "Acreditación del origen legal", tiene un sentido fundamental para quienes están en la actividad. Ello es esencial, pues si no se hacía esa salvedad, el acto de no informar, por ejemplo, se consideraba dentro del término de pesca ilegal.
Por cierto, nosotros vamos a defender siempre que estos procesos se hagan con mayor diálogo, especialmente con las comunidades huilliches, por ejemplo -como sostuvo un señor Senador que me antecedió-, que tienen un acceso y un uso ancestral en estos temas.
Por lo tanto, quisiera que adoptáramos el compromiso -creo que nuestro Parlamento debiera asumir esa responsabilidad- de reavivar la Comisión Bicameral relativa al Convenio 169. Dicho órgano técnico tendría que dar su opinión con relación a la susceptibilidad de la consulta.
Señor Presidente, reitero que el proyecto de ley que nos ocupa no se refiere a temas de acceso a la actividad. Sobre el particular, el artículo 15 del Convenio 169 establece con mucha claridad que se requiere consulta previa sobre todos aquellos asuntos que pudieran afectar a una actividad ancestral, como ocurre en este caso con el acceso para las comunidades huilliches o changas, que esperamos que ratifique rápidamente el Senado.
La Comisión Bicameral podría resolver muchas dudas respecto de la susceptibilidad de la consulta, que es importante garantizar durante todo el proceso.
A mi juicio, junto con apoyar la modernización del SERNAPESCA tenemos que ser claros en sancionar la pesca ilegal. Por eso, voy a apoyar esta norma.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que me hubiese gustado disponer de más tiempo para estudiar este proyecto de ley.
Llevamos poco más de un mes y muchos de los que opinamos sobre la materia no fuimos parte de su discusión en distintas instancias.
Solo como muestra, señor Presidente, señalo lo siguiente.
Los colegas han sostenido aquí que en la Comisión se optó por eliminar, en el numeral 27 del artículo 9, la norma que establecía la sanción para los meros tenedores. Efectivamente, eso fue así. Sin embargo, el Ejecutivo presentó una indicación a fin de intercalar un nuevo texto del 139 ter -es el que existe ahora- que agrega a las conductas de "procesar y almacenar", que eran las que venían en el proyecto original, aprobado en general, la de "tener en su poder". Por tanto, la situación del tenedor quedó peor, al pasar de ser sujeto de multa a la posibilidad de recibir una pena de presidio menor en su grado mínimo.
Esta es una discusión compleja, señor Presidente. Por eso hacía el punto respecto de que era necesario debatir estas normas en particular y por separado.
El proyecto de ley persigue sancionar la pesca ilegal, cuestión que nadie podría defender como una conducta permitida, pero no señala ni establece volúmenes, ni sujetos excepcionados.
Tal como sostuvo la Senadora Provoste, quien me antecedió en el uso de la palabra, se discutió largamente respecto de la pesca de subsistencia. ¿Qué va a pasar cuando una alguera no pueda -porque así lo señala expresamente la norma de este proyecto de ley- acreditar el origen del recurso que posee? De acuerdo con las facultades de quien la fiscalice y controle, podría terminar envuelta en un proceso judicial.
Entonces, las diferencias sí eran necesarias. Y cuando uno conoce el antecedente de lo que se discutió en otra iniciativa de ley relativa a esta materia, no puede sino concluir que deberíamos ser tremendamente cuidadosos al legislar hoy día sobre estos aspectos.
Yo estoy por condenar, por perseguir la pesca ilegal. Pero creo que debemos hacerlo de acuerdo con los parámetros internacionales, de acuerdo con las definiciones que nos impone la práctica y no conforme a cómo ha mutado hoy día. No estamos legislando acerca de la pesca ilegal, sino por la acreditación del origen legal. Es decir, quienes se dediquen a esta actividad -no solamente quienes extraen, procesan o comercializan, sino también los meros tenedores- van a tener que acreditar el origen legal del recurso que poseen, lo que me parece grave, señor Presidente.
Por tanto, no me encuentro en condiciones de respaldar este artículo, ya que tengo serias dudas respecto de lo que pueda llegar a significar en nuestro país.
No estoy en contra del proyecto y por eso le dije a usted, señor Presidente, que me parecía que todo lo que tenía que ver con el Servicio Nacional de Pesca debía ser aprobado. Pero creo que hay aspectos, en cada uno de los numerales de este artículo, que merecen una acuciosa revisión por parte de quienes estamos legislando hoy.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, con mi intervención quiero cerrar adecuadamente el tema reglamentario.
La norma jurídica requiere, entre otras muchas características, certeza. Por eso es importante despejar los aspectos reglamentarios. Y sobre esa materia deseo señalar lo siguiente.
Las obligaciones que establecen las leyes no son caprichosas, ni para los beneficiarios ni para el Estado.
En el caso que nos ocupa, la aplicación del Convenio 169 se encuentra reglamentada por los artículos pertinentes. Por tanto, no está entregado al capricho de los pueblos originarios, ni tampoco al del Estado, determinar cuándo se aplica o no la consulta.
Ese aspecto se halla establecido, de modo específico, en el artículo 6 del Convenio 169, donde se estipula cuándo se debe realizar la consulta respectiva.
Por lo tanto, el legitimado activo para dar impulso jurídico a una consulta es el Estado; en este caso, a través del Poder Ejecutivo.
Hay algo que debo manifestar, dada una afirmación del señor Subsecretario de Pesca, la cual, por supuesto, no comparto. Efectivamente, la consulta no se realizó y el proyecto siguió adelante. La pregunta es: si la consulta se hace en beneficio de los pueblos originarios, ¿cuándo precluye el derecho de estos a que se los consulte? A mi juicio, no me parece que deba ser simplemente cuando el Ejecutivo presenta el proyecto de ley, sin haber cumplido la obligación de ser el legitimado activo en esta materia.
Me parece, señor Presidente, para la historia de la ley, que si un proyecto afecta los términos que establece el Convenio 169 a través de sus distintos artículos, es obligación del Ejecutivo hacer la consulta pertinente. Y dicha obligación no termina con la sola presentación del proyecto.
Tanto el Ejecutivo como nosotros, que somos el Poder Legislativo, debemos ser claros en este aspecto. Porque lo que nos interesa a todos es que el producto de nuestro trabajo, que se llama "ley", tenga certeza, para que después de ser promulgada no se presenten los conflictos que llevan estos temas a los tribunales, donde se distorsiona lo que busca la ley; es decir, compatibilizar los distintos intereses existentes. En el caso que nos ocupa, son los relativos a la pesca en los mares de Chile.
Solo quería aclarar ese punto, señor Presidente.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quiero precisar tres cosas.
La primera tiene que ver con el Convenio 169.
Recién me acerqué a conversar con el Senador Huenchumilla y todos sabemos que este es un tema muy delicado: Chile debe resolver si denuncia el Convenio el 2021 o si este se prorroga automáticamente. Y todos conocemos la implicancia que dicho instrumento ha tenido en nuestro país.
Este proyecto nació del Gobierno anterior. Y no dudo de la capacidad de los miembros de las Comisiones de Pesca y de Constitución. Tampoco dudo de la capacidad del ex Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno de la Presidenta Bachelet ni, menos, de la del Subsecretario de Pesca anterior.
Estos temas fueron analizados y se preguntó si había alguna vinculación con la consulta a las comunidades indígenas.
Aquí se habla de certeza y, a mi juicio, la tenemos. Pero, independientemente de las distintas opiniones que pueda haber, se da el siguiente punto.
Cuando hice uso de la palabra, dije que los pescadores tenían algunas aprensiones con respecto a esta normativa. Todos saben que se sanciona como delito la conducta del gerente de una planta y que ese es el techo, pero, tal como planteó la señora Senadora que me antecedió, ¿qué pasa, por ejemplo en la Región de Los Lagos, donde muchas familias chilotas cuecen en sus casas choritos o cholgas que luego salen a vender?
Es un punto sensible. Obviamente, nosotros estamos preocupados, pero ello no impide aprobar el proyecto, porque entiendo que la Subsecretaría de Pesca habría señalado, junto con los pescadores artesanales, que se podría introducir una disposición aclaratoria de la situación en la ley sobre recursos bentónicos.
Creo que es un tema que puede ser materia de ley y tratarse de esa manera.
Por último, señor Presidente, quiero decir una cosa muy simple.
Durante los últimos cuatro años escuché de las Senadoras y los Senadores de la Nueva Mayoría el mismo discurso, especialmente del colega Navarro. La Nueva Mayoría tuvo cuatro años, con mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados -mayorías que mantiene hoy día-, para cambiar la Ley de Pesca, y no hizo nada.
Aquí siempre se invoca a las siete familias. Yo me pregunto por qué no mandaron modificaciones a la Ley de Pesca. Tuvieron cuatro años y no lo hicieron. Entonces, no sigamos con el mismo discurso.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero reiterar, en esta parte de la discusión, que se ha previsto la necesidad de sancionar estrictamente el negocio de la pesca ilegal, en particular en la etapa de poscaptura, porque aquí se ha hablado de las sanciones que sufren ciertos individuos y no toda la cadena, dado que la actual Ley de Pesca solo sanciona a quien extrae, olvidando y dejando como figuras residuales el procesamiento, la elaboración, el almacenamiento y la comercialización.
Se ha considerado que los incentivos para realizar la pesca ilegal están puestos en dichas etapas. De allí que se busca que los casos más graves, correspondientes a los recursos vedados y a la falta de acreditación de origen legal de recursos agotados o colapsados, sean objeto de reproche penal.
Por otra parte, dado que el SERNAPESCA es un órgano administrativo y el negocio de la pesca ilegal ha llegado a conformar redes de pesca ilegal, se ha determinado la necesidad de incorporar a las policías y al Ministerio Público en la investigación de tales conductas. Particularmente importante son las amenazas y los hechos reales de riesgo a la integridad de los funcionarios del Servicio, quienes deben enfrentarse a redes delictuales armadas que se oponen a la fiscalización.
Por lo anterior es que, contrariamente a lo que afirma una parte de la pesca artesanal, acá no se está perjudicando o criminalizando a los pescadores artesanales, sino creando herramientas para enfrentar las etapas ilegales de las actividades poscaptura. De allí que las conductas de extracción ilegal quedan sancionadas con rigurosas figuras infraccionales, pues suben los máximos de las multas a ser perseguidas a nivel civil.
Sin embargo, se ha adoptado -y aquí quiero hacer claridad- una serie de resguardos para asegurar la proporcionalidad de las sanciones administrativas, a fin de no tener, como indicó una señora Senadora, a ningún pescador artesanal preso. Aquellos son los siguientes:
a) Se bajan los pisos de las multas, de modo que el juez pueda ponderar las circunstancias en que se produce la infracción. Por ejemplo, se da el caso de las recolectoras de orilla. ¿Qué sanción aplica hoy el juez bajo el criterio de que ellas están recolectando para su propia alimentación?
b) Se incorporan, como elementos para graduar las multas, el beneficio económico y la capacidad económica del infractor. No es lo mismo, señor Presidente, un pescador sorprendido con 10 kilos de merluza que una embarcación con cuarenta, cincuenta o sesenta toneladas de pescado. Son situaciones bastante diferentes.
c) Se contempla la amonestación si la infracción es la primera y no excede de un 10 por ciento del desembarque promedio de la región. O sea, hay una infracción, pero no hay una multa, al revés de lo que ocurre hoy día.
d) Se permite el pago de las multas en cuotas.
e) Si el infractor no posee bienes, puede ser sancionado con servicios comunitarios.
f) La reclusión solo queda para los casos de multas impagas en que el infractor no acepte las alternativas anteriores.
g) Para el caso de falta de acreditación del origen legal de recursos colapsados o sobreexplotados, se crea la figura del consumo de subsistencia, el cual será sancionado con una pena administrativa.
En suma, señor Presidente, acá se ha legislado tomando en consideración todos los aspectos. En pocas palabras, se trata de perseguir la cuantiosa pesca ilegal que existe en el país, que el SERNAPESCA no puede fiscalizar en buena forma por carecer de herramientas suficientes.
Muchos se quejan de que esta será una ley que perjudicará a la gente más modesta. Y es al revés, señor Presidente: la gente más modesta lo único que exige es que se apliquen sanciones a quien corresponde y no a las personas que trabajan a orillas del mar para su propio consumo.
Así que, señor Presidente, creo que se ha legislado de la mejor forma posible para combatir la pesca ilegal.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, la verdad es que he quedado inscrito para hablar al final porque, primero, voy a aprobar el proyecto en los dos aspectos principales que se han planteado aquí. Considero importante fortalecer las actividades de los servicios que fiscalizan la pesca ilegal y, al mismo tiempo, pienso que el tema de las sanciones ha quedado tratado en forma adecuada, sin perjuicio de que siempre, por cierto, podrá ser mejorado sustantivamente.
Yo solo pedí la palabra para hablar de aquellos que no están incluidos en el proyecto y por los cuales, ojalá, alguna vez hiciéramos algo. Me refiero a la gran mayoría de la gente que trabaja en el sector, a los trabajadores de la pesca industrial, a sus organizaciones sindicales, a sus federaciones. Ellos son, finalmente, los perjudicados por la pesca ilegal, por las maniobras de los grandes monopolios, por los problemas que enfrenta hoy día nuestra legislación pesquera.
Digo esto, señor Presidente, porque he tenido oportunidad de conversar recientemente con organizaciones de trabajadores de la pesca, y creo que, cuando acá se habla de la necesidad de consultar a las minorías, de la necesidad de armonizar esta normativa con el Convenio 169 y otras cosas, también deberíamos considerar, en próximas modificaciones a la Ley de Pesca, la opinión de los sindicatos, que son los que, finalmente, representan a la gran mayoría de los hombres y mujeres que trabajan en el sector.
--Se aprueba el artículo 9 (36 votos a favor y 2 en contra) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Van Rysselberghe, y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa la señora Rincón y el señor Navarro.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.
Pasamos a la hora de Incidentes.
El señor MONTES (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
Al señor Director (S) de Obras Hidráulicas, solicitándole informar sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR-HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ.
Al señor Director Regional del Servicio Nacional de Menores de Valparaíso, pidiéndole entregar diversos antecedentes relativos al CRIMEN DE ÁMBAR EL PASADO DOMINGO 29 DE MARZO EN LOS ANDES.
Al señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, para que remita información sobre ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO INMOBILIARIO EL ALTO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ (QUINTA REGIÓN).
Y al Consejo de Monumentos Nacionales, solicitándole realizar REPARACIÓN DE MEMORIAL POR LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS UBICADO EN CALLE BRASIL, CIUDAD DE VALPARAÍSO.
Al señor Contralor General de la República, en cuanto a EVENTUAL CONFLICTO DE INTERÉS DE NUEVO DIRECTOR ZONAL DE PESCA DE REGIÓN DE MAGALLANES.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, consultándole por ESTADO DE MESA DE TRABAJO CON AFECTADOS POR MINAS ANTIPERSONALES EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Al señor Ministro de Desarrollo Social y a la señora Ministra de Energía, solicitándoles ESTABLECIMIENTO DE SUBSIDIO AL GAS LICUADO EN COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES.
Al señor Intendente de Magallanes, con relación a ESTADO DE PROYECTOS DE "PLAN DE DESARROLLO PARA LAS ZONAS EXTREMAS" IMPULSADO POR EX PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA.
Y al señor Gerente Regional de Aguas Magallanes y al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, pidiéndoles explicar COBRO POR TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE CABO DE HORNOS.
Al señor Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a fin de que se sirva informar acerca de TIEMPO DE OTORGAMIENTO DE BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LUCAS Y CAMILA BIANCHI, HIJOS DE DOCTOR ROBERTO BIANCHI, BRUTALMENTE ASESINADO EL AÑO 2005.
Y al señor Capitán de Puerto de Quintero, para que indique ESTADO ACTUAL DE SUMARIO INSTRUIDO A RAÍZ DE VERTIMIENTO DE CARBÓN OCURRIDO EN BAHÍA DE DICHO PUERTO EL 23 DE AGOSTO DE 2017.
Del señor DE URRESTI:
A los señores Presidente del Consejo Directivo y Director Nacional del Servicio Electoral, consultándoles si existen estudios o evaluaciones que permitan la CREACIÓN DE NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES EN REGIÓN DE LOS RÍOS, ESPECIALMENTE EN SECTORES DE MELEFQUÉN, COMUNA DE PANGUIPULLI; RUNCA, COMUNA DE MÁFIL, E IGNAO, COMUNA DE LAGO RANCO.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, demandándole información concerniente a MEDIDAS DE REFORZAMIENTO DE PERSONAL Y DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EMBAJADAS Y CONSULADOS DE CHILE EN VENEZUELA Y HAITÍ CON MIRAS A ENFRENTAR DE MEJOR FORMA NUEVAS CONDICIONES PARA OPTAR A VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA Y VISAS DE TURISMO PARA FINES HUMANITARIOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que remita información acerca de ESTADO ACTUAL DE DECRETOS DE PROYECTOS DE "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS" RESPECTO A LLAMADOS A LICITACIONES; PROYECTO DE REPOSICIÓN DE PUENTE LLANCAHUE, COMUNA DE PANGUIPULLI, EN ESPECIAL SOBRE FISCALIZACIONES EFECTUADAS, y SITUACIÓN ACTUAL DE DECRETO QUE FIJA REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES.
Al señor Ministro de Salud, solicitándole diversos antecedentes relacionados con CONVENIO DE PROGRAMACIÓN SALUD GORE LOS RÍOS-MINSAL; REPOSICIÓN DE HOSPITAL BASE DE VALDIVIA y EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA REALIZACIÓN DE CONTROLES MÉDICOS A PACIENTES TRASPLANTADOS DE MÉDULA ÓSEA EN DICHO RECINTO HOSPITALARIO.
A los señores Ministro de Agricultura, Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario y Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, para que remitan información sobre IMPLEMENTACIÓN DEPROGRAMA PILOTO DE FOMENTO A LA INNOVACIÓN INDÍGENA, PARTICULARMENTE ACERCA DE SEMILLERO ASOCIATIVO DE PAPA, EN SECTOR DE PULINQUE ALTO, COMUNA DE PANGUIPULLI.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole enviar ESTADÍSTICAS SOBRE TASA ANUAL DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS HACIA ZONA COSTERA VALDIVIANA Y VARIACIÓN DE TARIFAS DE PASAJES DESDE VALDIVIA A NIEBLA Y OTROS SECTORES COSTEROS.
A la señora Subsecretaria de Turismo, para que remita ANTECEDENTES Y COPIA DE ACUERDO SUSCRITO POR CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, COLOMBIA Y PERÚ PARA CREACIÓN DE FEDERACIÓN SUDAMERICANA DE TURISMO.
A los señores Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Vicepresidente Ejecutivo (S) de la Corporación de Fomento de la Producción, Intendente Regional de Los Lagos y Alcalde de Llanquihue, pidiéndoles antecedentes referidos a PROYECTO "BIOISLAS DEPURATIVAS EN LABORATORIO A CIELO ABIERTO EN EL HUMEDAL EL LOTO DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE".
Al señor Rector de la Universidad Austral de Chile, solicitándole información sobre VISITA DE EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES Y REPRESENTANTE DE CONOSCOPE (ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA EN PROYECTOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA INTERNACIONAL) PARA CONOCER INVESTIGACIONES DE ESA CASA DE ESTUDIOS EN MATERIA DE GENERACIÓN Y USO DE BIOGÁS.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, a fin de que remita antecedentes referidos a ESTADO DE ESTUDIO PARA GENERACIÓN DE PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DE HUMEDAL TRUMAO, COMUNA DE LA UNIÓN.
A los señores Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, solicitándoles información acerca de PROYECTO NAMA FORESTAL, DESTINADO A DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO ESTATAL DE RETRIBUCIÓN E INCENTIVO A PROPIETARIOS POR GESTIÓN INTEGRADA DE BOSQUES PARA CAPTURA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
Y al señor Presidente del Directorio y a la señora Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pidiéndoles antecedentes relativos a ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y ESTADO DE AVANCE DE TRAMITACIÓN DE PROYECTOS SOBRE CORREDORES FERROVIARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TEMUCO-LONCOCHE-LANCO Y LA UNIÓN-OSORNO-LLANQUIHUE, RESPECTIVAMENTE.
Al señor Alcalde de Padre Las Casas, solicitándole INSTALACIÓN DE PARADEROS PARA LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN RUTA NIÁGARA, SECTOR PALERMO, e información relativa a ACTUALESTADO DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE FUNDO TEMUCO Y PUENTE NIÁGARA Y MEDIDAS CONDUCENTES A SU EXTENSIÓN Y REPOSICIÓN.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, solicitándole REPARACIÓN DECAMINO QUEPE-NUEVA IMPERIAL, SECTOR PELALES, COMUNA DE FREIRE, Y DE RUTA S-10, QUE UNE LAUTARO Y GALVARINO.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía, para que informe acerca de ESTADO DE POSTULACIÓN A SUBSIDIO HABITACIONAL DE COMITÉ MARÍA ZEDAN, DE LABRANZA, COMUNA DE TEMUCO.
Y al señor Director de Obras Hidráulicas (S) de La Araucanía, pidiéndole información sobre FACTIBILIDAD DE ACCESO A PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA VECINOS DE SECTOR SOLO YO, COMUNA DE LAUTARO.
Al señor Ministro de Salud, requiriéndole antecedentes específicos acerca de LICENCIAS MÉDICAS POR ENFERMEDADES TANTO PERSONALES, ENTRE 2017 Y 2018, CUANTO DE HIJOS.
Del señor NAVARRO:
A Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, solicitándoles informar sobre MEDIDAS GUBERNATIVAS DE PRÓXIMOS CUATRO AÑOS PARA MANTENCIÓN DE CUPOS ACTUALES EN PROGRAMAS DE EMERGENCIA EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
A los señores Ministro de Educación, Superintendente de Educación y Alcalde de Lota, pidiéndoles APOYO PARA ESTUDIO DE REDES CON MIRAS A REEMPLAZO DE ESCUELA F-687 DE LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, para que se informe acerca de AVANCE DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANGOL N° 1621, REGIÓN DEL BIOBÍO, y se proporcione COPIA DE DISEÑO DE PROYECTO ORIGINAL DE VIVIENDAS DE JUNTA DE VECINOS GENERAL ALBERTO BACHELET, COMUNA DE CORONEL.
Al señor Presidente del Directorio de ESSBIO, a fin de consultar respecto de CANTIDAD DE GRIFOS EN JUNTA DE VECINOS GENERAL ALBERTO BACHELET, COMUNA DE CORONEL.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios y al señor Presidente Nacional de Bomberos de Chile, con el objeto de que se informe sobre CANTIDAD DETALLADA DE GRIFOS A NIVEL COMUNAL EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
Y al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, para que se remitan antecedentes referidos a CANTIDAD DE SUBSIDIOS DE ARRIENDO CON APROBACIÓN EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, POR COMUNA, y MOTIVO DE NO PAGO DE SUBSIDIOS DE RESIDENTES EN CALLE ALCALDE IGNACIO OÑATE, COMUNA DE CORONEL.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, a fin de que se informe respecto de RAZONES DE FALTA DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE EN REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, con el objeto de que se envíen antecedentes de SOLICITUD DE SEÑOR REMIGIO SEGUNDO CANCINO SOTO PARA REGULARIZACIÓN DE TÍTULO DE DOMINIO DE ISLA EN SECTOR DE RÍO LEÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, y SOLICITUD DE SEÑOR JUAN ISIDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PARA REGULARIZACIÓN DE CAMPO EL CAÑADÓN AVILÉS, LAGUNA JEINIMENI, COMUNA DE CHILE CHICO.
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, para solicitarle PERMANENCIA DE FUNCIONARIO DE PDI SEÑOR ÓSCAR HERNÁNDEZ MUÑOZ EN REGIÓN DE AISÉN HASTA SU JUBILACIÓN, EN JUNIO DE 2018.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, a fin de requerirle RESPUESTA A INQUIETUDES DE PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL DE AISÉN SOBRE EXTRACCIÓN DE RECURSOS, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.
Al señor Contralor Regional de Aisén, pidiéndole ACCIONES ANTE DILACIÓN DE SUMARIO A JEFE ADMINISTRATIVO DE SEREMÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE AISÉN POR ACOSO LABORAL CONTRA FUNCIONARIA SEÑORITA VERÓNICA HERNÁNDEZ CABEZAS.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud y al señor Director (S) del Servicio de Salud de Aisén, formulándoles interrogantes en torno a RESPONSABILIDADES FRENTE A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA EN HOSPITAL DE CHILE CHICO Y A FALLAS TÉCNICAS EN CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE COCHRANE.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aisén, recabándole información en cuanto a POSTULACIÓN DE SEÑOR ALAMIRO RIVERA SOTO A ARRIENDO DE TERRENO FISCAL EN ALTO RÍO IBÁÑEZ y a ESTADO DE SOLICITUD DE DON ARCENIO ROJAS CONTRERAS PARA SANEAMIENTO DE TÍTULO DE PROPIEDAD EN ENTRADA BAKER, COMUNA DE COCHRANE.
Y a la señora Directora de la Junta de Jardines Infantiles de Aisén, requiriéndole antecedentes relativos a CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL EN LOCALIDAD DE VALLE SIMPSON, COMUNA DE COIHAIQUE.
El señor MONTES (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, algunas palabras por la muerte de Ámbar.
Soy Ámbar. Dicen que mi mamá se inspiró en una teleserie de moda para ponerme ese nombre. A mí me gustaba; me hacía sentir especial. Ninguna de las pocas niñas que conocí se llamaba así.
Claro que yo no solo tuve el nombre de una teleserie. Mi corta vida fue un drama completo, uno de esos grandes, de los que oía conversar a los tíos del SENAME.
Para empezar, mi mamá biológica era drogadicta. No supo cuidarme y decidió que lo mejor para mí era internarme en el Servicio Nacional de Menores cuando tenía menos de un año.
Un juez de mi ciudad (nunca entendí bien por qué) dictaminó que me tenía que ir con una tía, una que pocas veces había visto antes, pero aun así me ilusionaba comenzar una nueva vida. Quería que alguien me protegiera, me cuidara, me entendiera y me amara. Nada de eso. Solo maltratos y abusos, los que mi mente infantil nunca entendió bien.
Tengo recuerdos borrosos de esos abusos, de esa última noche, y ahora me encuentro grave, muy grave, en un hospital cerca de mi casa. Mi cuerpo, mi alma, mi ser ya no quieren vivir más, tal vez como una manera de no sufrir más.
Me voy de este mundo con pena, sin entender bien lo que me ha pasado.
Estoy en el pabellón de un hospital y un grupo de doctores, que lloran mientras me operan, me tratan con el mayor cuidado posible. Son los únicos adultos que he conocido que alguna vez me han protegido y hasta diría que sienten como suyo mi dolor.
Intento regalarles mi última sonrisa, pero mi corazón asolado apenas puede latir. Al menos siento que mis últimos momentos son de paz.
Ahora, por primera vez, me siento acariciada en el alma, tranquila, sin que nadie me violente y me abuse.
Lo único que espero es que el cielo, ese donde van los niños que han sido abusados, sea como ese cuento de hadas que nadie me contó pero que siempre soñé.
¡Ah! Y, por favor, no se olviden de mí.
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ejecutivo con el objeto de que haga suyo el proyecto de ley, que presentamos el año 2010 junto con varios colegas, relativo a la imprescriptibilidad del abuso contra menores.
Con urgencia necesitamos reaccionar ante este tema, pues no puede morir ninguna Ámbar más en nuestro país.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, de conformidad con el Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No podemos más que compartir absolutamente lo que acaba de señalar, Su Señoría.
En el tiempo del Partido PAÍS e Independientes, ofrezco la palabra.
Por ahora nadie intervendrá.
Ofrezco la palabra al Comité Partido Evópoli.
No hay interesados.
En el tiempo del Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el Senador señor Latorre, por espacio de dos minutos.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, el pasado 25 de abril del año en curso un grupo de Senadores y Senadoras recibimos el oficio N° 368, de 2018, remitido por el Alcalde de Putaendo, señor Guillermo Reyes Cortez, con la finalidad de obtener un pronunciamiento de nuestra parte con relación a las inminentes faenas que llevará a cabo la gran minería en el valle de Putaendo.
En dicha comuna se implementarán proyectos que la comunidad mira con mucha desconfianza.
El valle de Putaendo ha podido desarrollarse sin necesidad de la aplicación de un modelo extractivista, pues su actividad económica se centra principalmente en la agricultura, la cual puede verse amenazada por la realización de un megaproyecto minero, toda vez que ello pondría en peligro las fuentes de generación de agua -ríos, esteros, glaciares de roca y humedales altoandinos, fuentes estratégicas de agua dulce-, así como otro tipo de actividades, como la pequeña minería, el turismo, etcétera.
Dos grandes empresas están llevando a cabo estos proyectos: Andes Copper y Teck Resources.
Es nuestra opinión que no se puede socavar la vida de las comunidades ni sacrificar la forma de vivir de sus habitantes ni mucho menos el medioambiente.
La forma de producción extractivista en la que hemos caído durante las últimas décadas ha provocado tremendos daños a diversas localidades de nuestra región, como Puchuncaví y Quintero.
En virtud de la preocupación que esta materia nos genera, quiero solicitar que se oficie al Ministro de Minería y a la Ministra del Medio Ambiente para que nos remitan toda la información que tengan sobre ambos proyectos, su instalación y sus posibles consecuencias para el valle.
Por último, pido a las mencionadas autoridades que envíen también dichos antecedentes al señor Alcalde de Putaendo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Latorre, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Unión Demócrata Independiente, están inscritos los Honorables señores Moreira y Durana.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Pido oficiar al señor Contralor General de la República con la finalidad de que lleve a cabo una fiscalización y una auditoría al Servicio de Salud Chiloé.
Entiendo que en la actualidad la Contraloría Regional está terminando una auditoría que contempla una fiscalización a todo lo que dice relación con infraestructura -llamados a licitación, etcétera-, pues, lamentablemente, es algo que ha generado muchas dudas.
Entendemos que, para que no se extingan las responsabilidades penales, se necesitan una fiscalización y una auditoría rápidas.
Por ello, no vamos a pedir que la investigación abarque cuatro años, sino que la auditoría y la fiscalización que estamos solicitando a la Contraloría General de la República para el Servicio de Salud de la provincia de Chiloé comience a partir del 2016 y alcance hasta el 2017, con el objeto de despejar distintas dudas y preocupaciones que tenemos en cuanto a lo administrativo, al exceso de personal, a la forma como se contrató gente y a los cargos que, antes de que terminara el Gobierno de la Presidenta Bachelet, asumieron distintas personas.
Nos llaman mucho la atención una serie de procedimientos administrativos vinculados con contrataciones, concursos, en los cuales se requiere claridad.
No voy a expresar ninguna opinión sobre esta materia, pues prefiero conocer el resultado de la investigación y hacerla pública cuando corresponda.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Moreira, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En segundo término, tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, en los últimos días hemos tenido conocimiento de que el Servicio de Impuestos Internos dispuso, por mandato de un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, un reajuste de los valores de avalúo del impuesto conocido como "contribuciones de bienes raíces", basado en el aumento del valor que han experimentado las viviendas en los últimos años.
En muchos casos la principal crítica que se ha realizado a la proyección del alza gradual para los próximos tres años se deduce del aumento promedio, que bien podría experimentar un alza de 30 por ciento hasta llegar, en algunos casos, a superar el cien por ciento de los valores de la última contribución pagada en diciembre del año 2017.
Lamentablemente, las más afectadas son las personas de clase media (aproximadamente, un 39 por ciento de la población), para quienes esta alza representa un verdadero dolor de cabeza.
Muchos ciudadanos van a ver aumentadas sus contribuciones hasta en un cien por ciento con respecto al valor que cancelaban anteriormente, lo cual provocará que a lo mejor no sean capaces de solventar dicho pago con sus modestos salarios o pensiones bajas dentro de la misma clase media. Ello puede provocar, en el peor de los casos, que se vean forzados a vender sus viviendas adquiridas con años de esfuerzo por el mero hecho del alza en el valor de sus contribuciones.
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Hacienda para que evalúe los efectos que tendrá este aumento en las contribuciones y remita los antecedentes y estudios de impacto relacionados con el alza propuesta, y que analice la forma de mitigar el incremento progresivo de dicho pago, ojalá solo hasta un 30 por ciento del monto cancelado por los contribuyentes a diciembre de 2017.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido PAÍS e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el día de hoy se ha concretado la visita del Presidente Sebastián Piñera a la Base Naval de Talcahuano.
Por cierto que el Primer Mandatario vaya a la Región del Biobío siempre es una buena noticia, como lo es que los Presidentes viajen a regiones.
El problema está en que ha habido un muy mal anuncio por parte del Comandante en Jefe de la Armada, quien sin más ha señalado que el tercer dique para Talcahuano, una aspiración soñada por 2 mil 600 trabajadores de ASMAR y por más de 200 mil personas en la comuna de Talcahuano y en la Región del Biobío, no se va a realizar.
Estando presente el Presidente de la República fue hecho tal anuncio por el Comandante en Jefe de la Institución. Pero debo decir que lo relativo al tercer dique de ASMAR no es un tema que pueda comunicar un Comandante en Jefe.
Esta es una decisión política, no una definición de empresa, de malos o buenos negocios. Se trata de fijar una prioridad soberana y estratégica para todo Chile.
El Callao sigue realizando inversiones: 800 millones de dólares en el puerto y otros tantos para el astillero.
Desde California al Cabo de Hornos, ASMAR tiene un liderazgo de carácter mundial. Existen cuarenta o cincuenta buques en lista de espera para ser reparados en ASMAR. Y han comenzado a llegar, señor Presidente, los buques postpanamax, cuya capacidad es de hasta 24 mil contenedores.
La pregunta entonces es ¿dónde se van a reparar esos buques? ¿En el astillero del Callao o en un astillero en Chile?
¡Nosotros queremos que sea en ASMAR! ¡Queremos que el tercer dique se proyecte al futuro!
No existe liderazgo que se realice o se concrete sin una decisión audaz y respaldada por la historia.
Yo lamento profundamente que se obligue al Comandante en Jefe de la Armada a realizar este anuncio en Talcahuano y no sea el propio Presidente de la República, quien, por lo demás, siempre comprometió su apoyo a esta iniciativa, el que comunique la muerte del tercer dique de ASMAR.
¡No renunciaremos a este proyecto que puede otorgarle a Talcahuano y la Región del Biobío liderazgo en todo el océano Pacífico, en toda la costa pacífica!
Vamos a perseverar. Creemos que es una decisión que tiene que ser revisada por el Primer Mandatario porque no es económica; es una decisión geopolítica frente a la disputa por la hegemonía del Pacífico que mantenemos con el resto de los países de América Latina. Existen inversiones en Ecuador, en todos los países puerto. Una nación como Chile, que posee 4 mil 500 kilómetros de costa, requiere un astillero de nivel mundial.
Lo relativo al tercer dique no es propiedad de este Senador; existe unanimidad frente al tema. La Senadora Van Rysselberghe, todos los parlamentarios y los alcaldes de la Región apoyan la construcción del dique, porque posibilita el liderazgo de ASMAR a nivel mundial y eso beneficia a la región.
Se ha aducido que esto hoy no es un negocio. ¿Qué buen negocio en el mundo se hace sobre la coyuntura de un análisis político, económico respecto de los últimos doce o veinticuatro meses?
¡Falta proyección, falta estrategia, falta visión de futuro!
Espero que este no sea el mecanismo por el cual nos enteremos de que proyectos que han sido emblemáticos son dejados en la cartera de iniciativas eliminadas.
Señor Presidente, se nos acusó y se acusó a la Nueva Mayoría de tener una retroexcavadora para horadar las bases fundamentales del sistema.
¡Esto es peor que la retroexcavadora! ¡Es un arma de destrucción masiva!
Todos los proyectos emblemáticos que venían de los gobiernos anteriores han sido modificados o sacados de cartera.
Siento que no solamente hay que apelar a la buena voluntad, hay que apelar al valor de la palabra. Aquí hubo una palabra comprometida por el Presidente Sebastián Piñera.
Y también hay que apelar a la dignidad de la Región del Biobío.
¡Ha sido una ofensa para mi Región que sea el Comandante en Jefe de la Armada y no el Presidente de la República quien comunique esta aciaga noticia, esta pésima noticia, esta mala noticia para el Biobío y los choreros de Talcahuano!
Espero que esto lo podamos revertir. Lo vamos a hacer con decisión, con organización ciudadana y también con la fuerza que podamos imponerle a temas que sin duda requieren consulta ciudadana.
Los países no son lo que son solo por sus gobiernos; lo son por sus ciudadanos.
Los ciudadanos de la Región del Biobío y de Talcahuano van a luchar por el tercer dique. Esperamos que todos los Senadores que creen en proyectos como este para las regiones nos apoyen.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer llegar un oficio al señor Ministro de Vivienda, don Cristián Monckeberg, para representarle la situación que están viviendo 164 familias de la comuna de Ovalle desde hace más de catorce años. Se trata de personas de la tercera edad, vulnerables, en fin, que han esperado durante todo este tiempo el poder acceder a una solución para su vivienda.
Actualmente se encuentra muy avanzado el proyecto de construcción: cuentan con el terreno, los planos aceptados por el SERVIU y el ahorro. Sin embargo, el gran problema para desarrollar plenamente el proyecto y a la brevedad es que poseen un déficit en el financiamiento.
Por eso, señor Presidente, quiero solicitar al señor Ministro que haga uso de la facultad de que dispone para entregar esta diferencia de financiamiento a través del mecanismo de asignación directa que poseen los Ministros cuando existe un proyecto de extrema necesidad y con un avance casi total -por no decir total- en sus etapas de desarrollo. En este caso, sería destinado a cubrir el déficit en la construcción de viviendas para 164 familias pobres, vulnerables, de adultos mayores, que han esperado tantos años en la comuna de Ovalle por una solución habitacional.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:2.

References: artículo 53
 artículo 17
 artículo 220
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 36
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 164
 artículo 121
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 110
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 136
 artículo 138
 artículo 140
 artículo 64
 artículo 242
 artículo 64
 artículo 136
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 119
 artículo 139
 artículo 55
 artículo 139
 artículo 140
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 resolución 
 artículo 119
 artículo 119
 artículo 136
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 9