Source: http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm
Timestamp: 2013-05-22 12:01:47+00:00

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Artículo 5. Información institucional, organizativa y de planificación
Artículo 6. Información de relevancia jurídica
Artículo 7. Información económica, presupuestaria y estadística
Artículo 8. Portal de la Transparencia
Artículo 9. Derecho de acceso a la información pública
Artículo 11. Límites al derecho de acceso
Artículo 13. Acceso parcial
Artículo 25.Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos
El Capítulo III configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información -derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Asimismo, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios. Así, por un lado, en la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen -como no puede ser de otra manera- los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular. Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación.
La Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción del Título I, dado que la complejidad de su puesta en marcha, sobre todo en lo relativo a la adaptación de estructuras y procedimientos, requiere que aquélla se produzca en el plazo de un año desde su publicación. Título preliminar
b) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social
Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este Título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. Capítulo II: Publicidad activa.
1. La dministración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilite el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 11 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Sección 2ª. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Sección 3ª: Régimen de impugnaciones.
1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso- administrativa.
2º Ejercerán sus funciones de buena fe y con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios. 3º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
5º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
1º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.
3º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
6º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.
7º Desempeñarán sus funciones con transparencia.
El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el ámbito de este Título será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 10 de abril de regulación de conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado o en otra normativa que resulte de aplicación..
d) La realización de pagos reintegrables, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, en la normativa presupuestaria equivalente en el caso de administraciones distintas de la General del Estado. e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
Artículo 27.Sanciones.
a. La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b. La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos.
c. La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la pensión indemnizatoria creada por el artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1981.
3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondrán en todo caso las sanciones previstas en las letras a, b y c del apartado anterior, así como la inhabilitación por el tiempo que se determine con arreglo a los criterios previstos en este artículo.
a. La naturaleza y entidad de la infracción.
b. La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c. Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
d. Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
e. La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
f. La reparación de los daños o perjuicios causados.
a. La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
b. La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
a. Cuando el alto cargo tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
b. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, o al servicio de otras Administraciones y se trate de las infracciones previstas en el artículo 25, letras f) a o), el órgano competente para ordenar la incoación será el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
a. Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
b. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en los demás casos, cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado o cuando preste servicios en la Administración Autonómica o local y la infracción cometida sea alguna de las tipificadas en el artículo 25, letras f) a o).
"1. La Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones.
3. El personal que preste servicios en la Oficina de Buen Gobierno y Conflictos de Intereses tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su trabajo".
5. La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios podrá evaluar políticas y programas públicos gestionados por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla previo convenio con éstas y en los términos que el propio convenio establezca.
7. El Presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente expediente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
"Las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado», el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales y el informe de auditoría de cuentas. A estos efectos, la Intervención General de la Administración del Estado determinará el contenido mínimo de la información a publicar".
La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 8 y el apartado 2 del artículo 18.

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 25
 artículo 2
 artículo 11
 resolución 
 artículo 77

Artículo 27
 artículo 10
 artículo 176
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 18