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Procuraduría General de la República (PGR) | Honduprensa
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Fiscalía argumenta como si los estudiantes pertenecen a una organización delictiva: Defensa
Publicado por honduprensa en conexihon el 6 agosto, 2015
Escrito por Redacción | Agosto 6 del 2015
La primera audiencia fue la declaración de imputado, ahora están sometidos a la audiencia inicial.
Si les dictan auto de prisión, el siguiente paso sería la celebración de la audiencia preliminar dentro de 60 y hasta 120 días para conocer si el caso pasa a juicio oral.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Los costados y la parte frontal del edificio de los Juzgados de Tegucigalpa lucían acordonados por una inusual valla policial como si dentro se enjuiciara a delincuentes del crimen organizado. En realidad, dentro del órgano jurisdiccional estaban tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) procesados por el supuesto delito de Usurpación que les imputa la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR).
Los acusados son Moisés David Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla a quienes las autoridades universitarias denunciaron por participar en la toma de las instalaciones de la Universidad para pedir espacios de democratización y participación estudiantil lo que interfirió con el normal funcionamiento de la Universidad.
Uno de los testigos de la Fiscalía fue el militar retirado, Roger Aguilar, jefe de Seguridad de la UNAH. De acuerdo con su testimonio, Aguilar arribó el 13 de julio, a los predios de Ciudad Universitaria, a eso de las 6:30 a.m. y encontró el portón principal cerrado con cadenas.
Posteriormente, -indicó- subió acompañado con Neptaly Mejía Rodríguez, del Departamento Legal de la UNAH y comprobó la toma.
Según informó la defensa de los estudiantes, “el testigo refirió que ahí había reconocido a Moisés quien supuestamente estaba dirigiendo la toma, luego se trasladó al portón número 3 donde se encontraban Sergio y Cesario con su rostro descubierto. En ese momento se le consultó si él mismo (Aguilar) había visto a los jóvenes colocar la cadena, y respondió que no”.
“La parte acusadora no ha podido acreditar el delito de usurpación, pues no existen pruebas suficientes de esos preceptos procesales, inclusive el representante de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que todas las tomas son temporales, por lo que observamos que existen diferencias entre lo que pide el Ministerio Público, es decir, un auto de prisión preventiva y lo que solicita la PGR, un requerimiento con medidas sustitutivas”, detalló.
Sobre el juicio, la portavoz del Juzgado de Letras de lo Penal, Bárbara Castillo, detalló que los tres jóvenes comparecieron a la audiencia inicial acusados por usurpación en perjuicio de la UNAH. Supuestamente no permitían el ingreso a la UNAH, planteó la portavoz judicial.
Las autoridades universitarias han denunciado que durante la toma de los edificios hubo perjuicios académicos, además peligró el mantenimiento de equipos y perjuicio por contratos de construcción. Recientemente la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, detalló que los daños por el pago de salarios se estimarían en 18 millones de lempiras.
Dependiendo de los medios de prueba de ambas partes, el juez puede resolver dictar un auto de prisión con medidas sustitutivas o una carta de libertad provisional o definitiva, explicó Castillo.
Por ahora, las medidas sustitutivas que tienen los imputados son no salir del país, firmar un libro en el juzgado una vez por semana, estar bajo vigilancia de su apoderado legal y no tienen permitido acercarse a determinadas personas.
Durante la audiencia, uno de los apoderados legales de los jóvenes, Edy Tabora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), planteó que la acción de los estudiantes fue un ejercicio de manifestación pública pacífica.
Al salir del juicio, Tabora informó que el MP pedía prisión preventiva para los universitarios argumentando sobre el peligro de que se reintegren a la organización a la que pertenecen. “La Fiscalía está argumentando como si los estudiantes pertenecen a una organización delictiva”, reveló.
“Las autoridades, profesores y estudiantes conforman la UNAH, no puede haber posesión ilegítima ni ánimo de apropiarse, ha habido miles de tomas en todo el mundo y nunca se les acusó por eso”, expresó.
A su juicio la criminalización de la protesta estudiantil ocurre en el marco de la persecución de cualquier manifestación de libertad de expresión en Honduras. Finalmente, la defensa espera que el próximo viernes 7 de agosto, los tres estudiantes universitarios revivan un sobreseimiento definitivo y que una vez culminado este proceso se podría favorecer a los otros 21 estudiantes acusados por los mismos delitos.
Se pronuncia Facultad de Ciencias Sociales
La misma mañana del miércoles, cuando los jóvenes llegaban al juzgado trascendió un comunicado del Claustro de Profesores de Ciencias Sociales.
En este comunicado el Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales indicó, que “reconocemos los derechos humanos de los y las estudiantes a la protesta y por lo tanto no aprobamos la persecución, ni la judicialización de los y las jóvenes que manifiestan posiciones contrarias a las decisiones tomadas por órganos de dirección de la UNAH”.
“Rechazamos la presencia militar y policial dentro de la UNAH por considerarla represiva y lesiva a la autonomía universitaria. Pedimos a las autoridades universitarias abandonar el autoritarismo y no acudir a las fuerzas militares, policiales y judiciales para solucionar problemas de tipo académico y de demandas estudiantiles ya que estas acciones vulneran y violentan la autonomía universitaria y los derechos humanos fundamentales”.
“Mi hijo anda por causas justas”
El maestro de generaciones de Periodismo, Felix Cesario Padilla, tiene su barba canosa, el rostro delgado surcado por los años. Una arruga en la frente se le ve más pronunciada cuando habla del enjuiciamiento de su hijo, Cesario Padilla, acusado por participar en una protesta.
Llegó este miércoles, con una boina verde. Estuvo unas ocho horas debajo del sol junto a grupo de estudiantes que portaban una manta en la que se pedía el respeto a la protesta, se ubicaron cerca del estacionamiento del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a un costado del edificio estatal.
Padilla, declaró a Conexihon que llegó hasta este lugar para acompañar a su hijo y exhortó a los demás padres de familia para hacer lo mismo. “Ando con todo orgullo y honor…en la casa…donde imparten justicia defendiendo a mi hijo”, sostuvo.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/fiscal%C3%ADa-argumenta-como-si-los-estudiantes-pertenecen-una-organizaci%C3%B3n
Criminalización, Estudiantes, Manifestaciones, Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la República (PGR), UNAH
Publicado por honduprensa en Criterio el 14 junio, 2015
14 junio, 2015 | Filed under: Nación | Posted by: Redaccion
“Cuestionó por qué no han trascendido o por qué no se han ejecutado 58 requerimientos fiscales documentadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y que estarían en manos de la Fuerza Nacional Anti Evasión”.
En una claro reclamo al Ministerio Publico, y a los tribunales de justicia, el presidente Juan Orlando Hernández, cuestionó por qué no han trascendido o por qué no se han ejecutado 58 requerimientos fiscales documentadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y que estarían en manos de la Fuerza Nacional Anti Evasión.
A su llegada, de una gira por Europa, Hernández se refirió a varios temas ligados a la corrupción en varias instituciones y que él desde el Poder Ejecutivo estaría empujando para combatirla, como ha sucedido en la Dirección de Transporte y el IP entre otras, donde se han ejecutado capturas y que vienen más.
En ese orden de cosas manifestó, que también se intervino aduanas y apuntó que le parece muy extraño que no ha trascendido 58 requerimientos fiscales que las autoridades nuevas de la DEI tienen documentados.
Explico que ahí hay todo un equipo para hacer ese trabajo, los casos se lo pasan al fiscal de Policía Militar el fiscal y si hay merito, este procede ante el juez que está ahí en esa misma Fuerza Anti Evasión y también hay un juez y este a su vez debe emitir las ordenes de captura y recalcó que no ve resultados o acciones.
El mandatario continuación de su reclamo, señalo que “yo quiero aquí decirles algo, en lo que al Poder Ejecutivo respecta, que es mi responsabilidad, a nosotros no nos ha temblado ni nos va temblar la mano porque este país merece un cambio”
En torno a las marchas de las antorchas dijo que “estamos en la época de una transformación y hay que aprovechar ese sentimiento del ciudadano, no importa de qué tendencia sea, pero cuando genuinamente alguien dice, eso no puede seguir siendo, yo creo que más bien es una bendición que el pueblo abra los ojos y también pueda analizar quien anda en una marcha o quien dice una cosa o dice otra para ver cómo se tapa del problema que tiene”.
Al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República (PGR), que ambos casos son nombrados por el Congreso Nacional que no dependen del Poder Ejecutivo, al igual que el Poder Judicial, son magistrados y jueces que no les debe temblar la mano para hacer justicia, sino el pueblo hondureño va deducir como en muchos casos ya se mira que hay malicia en el sentido de no darle la justicia o no darles la celeridad al caso, imagínese usted hay casos que llevan nueve años, hay casos que llevan cinco años sin moverse, puntualizó el Presidente.
Se quejó que hay casos tienen hasta 9 y 10 años sin moverse, que no se habían tocado y ahora que se tocan, pero va y meten un recurso y meten otro, y meten otro y se cuestionó a sí mismo; ¿quién se va tragar ese cuento de que van estar solo en esto?, ¿y entonces no va ver nunca el momento de una audiencia en que se presenten las pruebas para que el juez evalúe si hay alguna falta o delito? ¿Entonces?. Eso no puede ser, eso no puede ser
En su intervención, no profundizó sobre la captura del empresario Schucri Kafie y al ser cuestionado directamente respondió: “Yo tengo que actuar con la responsabilidad y la energía que me corresponde y es lo siguiente, cuando nosotros encontramos cualquier situación de estos casos de intervención llámese Transporte, Aduanas, Seguro Social, Migración que tenga que ver con una duda que se ha cometido una infracción a la ley, se le pasa al Ministerio Público (MP), para que este, que es el órgano especializado, analice y proceda, sea culpable o no una persona”.
Analizó que si el MP decidió mandar el requerimiento o acusarlo en un juzgado, (Schucri Kafie), el tribunal está en la obligación de conocer el caso, en profundizar y tomar una decisión, pero no puede seguirla postergando.
Sentenció que “justicia tardía no es justicia, más bien es injusticia y si algo le indigna al pueblo es que cuando no se hace justicia más grande se hace las diferencias entre ricos y pobres, el pobre se siente más golpeado piensa que solo el pudiente puede tener acceso a una justicia que le beneficia”.
Fuente: http://criterio.hn/presidente-reclama-lentitud-a-operadores-de-justicia/
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Juan Orlando Hernández (JOH), Ministerio Público (MP), Poder Judicial, Procuraduría General de la República (PGR), Shucri Luís Kafie Larach
Honduras: Enriquecimiento ilícito, sólo 30 millones se recuperaron en cinco años
Publicado por honduprensa en Tierra libre el 19 marzo, 2015
Escrito por Redacción | Marzo 17 del 2015 Secciones: Investigaciones
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La corrupción enraizada ha hecho mella en los hospitales públicos, centros educativos, infraestructura vial y acceso a servicios básicos de los hondureños, dejando fuera del mapa de la cooperación al país por su baja calificación y percepción del mal manejo de fondos públicos.
Honduras reprobó en 2014 10 de los 20 indicadores de la Cuenta del Milenio relacionados con el control de la corrupción; libertad de información, libertades civiles y derechos políticos.
En los últimos cinco años apenas 30 millones de lempiras por supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito han sido recuperados, mientras el gobierno busca inversión extranjera para aliviar la economía.
Desde 2010 a la fecha sólo hay un juicio por ese delito, una cifra ínfima en contraste con la cantidad de escándalos de corrupción en Honduras. Apenas se registra una sentencia, el caso de Roberto Enrique García Zúniga, contra quien se presentó el requerimiento fiscal el 23 de abril de 2010.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), 1,528 expedientes desde 2010 a la fecha, de los que la PGR recuperó 30 millones, 790,377 lempiras. La mayoría de los expedientes son por reparos a la gestión, sin embargo, la cuantía recuperada es ínfima.
Según información oficial de la PGR, en 2010 sólo recuperó 1 millón, 658,768 lempiras; en 2011 fueron cuatro millones 471,096 lempiras; en 2012 se captaron 3 millones 908,438 lempiras; en 2013 9 millones 554,258 lempiras; en 2014, 10 millones 628,938 de lempiras y en este año solo 622,879 lempiras, a raíz de las acciones emprendidas desde el TSC durante cinco años en combate a la corrupción.
Son una “caja negra”
Hay jefes policiales y militares millonarios, con haciendas, flotas de vehículos, empresas, pero su salario máximo es de 40 mil lempiras (US$ 2,000), ¿Cómo lograron los militares comprar haciendas?, ¿Será que todos recibieron herencias? Y por esa razón se opera como en una caja negra, dijo Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en Honduras, y además presidente de la junta directiva de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Carlos Hernández, presidente de la junta directiva de la ASJ.
“Si nosotros conocíamos a los diputados, no eran millonarios, no hay forma lícita de enriquecerse tanto, este tema porque uno debe protegerse no lo puede decir, pero bien se hace una lista de personas con sospechas fundamentadas que no se enriqueció ilícitamente”.
“Hoy no sabemos lo que tienen ni lo que declaran los funcionarios, eso es una caja negra, provoca muchas suspicacias pero no desconocemos en Honduras que muchos ex funcionarios han salido con mayores recursos que con los que entraron”.
A su juicio, las declaraciones juradas “son una caja negra porque nadie conoce lo que hay, aunque todos nos conocemos, sabemos que diputados y ex diputados eran personas… una persona con un salario de 80 mil lempiras mensuales, que es el salario máximo público en Honduras, no puede comprar haciendas, viajar por el mundo, tener a sus hijos estudiando en las mejores escuelas, eso no es posible, evidentemente hay una renta que no es el salario, en otra caso, y es justamente lo que ayudaría que fueran públicas las declaraciones juradas, evidenciar que hay un interés real de combatir la corrupción”.
El escudo de los funcionarios en la actualidad, y en el pasado, para no publicar la declaración jurada es la inseguridad, sin embargo, Hernández no considera válido ese argumento, porque no lo revelan pero viven vidas ostentosas, el estilo de vida ostentoso se convierte en un estilo de vida para los delincuentes, si vivieran de manera humilde se justificaría, pero muchos funcionarios viven vidas de ricos y famosos.
Por otro lado, ellos administran recursos del pueblo, por lo tanto, ellos deben renunciar a esa privacidad y a partir de asumir un cargo entrar a la veeduría ciudadana.
“Me gustaría ver las declaraciones de todos los ministros, presidentes de los poderes, diputados, nosotros no sabemos si fueron siempre ricos o se hicieron ricos, o si fue antes de entrar a la política o durante la política, como se hicieron ricos con un salario de 80 mil lempiras, eso es imposible, nadie se hace rico con 80 mil lempiras mensuales, es un salario decente pero no le da para inversiones, cuentas bancarias, eso es lo que el pueblo debe saber.
Doris Madrid, comisionada presidenta del IAIP.
El Tribunal no tiene capacidad por ahora, tiene una ley que lo limita, tiene una ley que se diseñó para que no fuera efectiva en el combate a la corrupción, se requiere una reforma, debe ser un ente despolitizado, es un ente de políticos que muchas veces defienden los intereses del partido de turno.
Además, el sistema de combate al enriquecimiento ilícito es ineficiente, sino cuantos enfrentan la justicia por enriquecerse ilícitamente, donde están, no sabemos, la otra pregunta es si hay funcionarios que se enriquecieron ilícitamente y la respuesta es sí, pero no los conocemos porque el sistema no ha sido eficiente para judicializarlos.
Entre tanto, Doris Madrid, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), es del criterio que en el país nadie se hace millonario con las profesiones, aquí hay mucha gente millonaria y todos saben la respuesta, es un secreto a voces, “entonces las profesiones nos dan para vivir dignamente, nada más”.
Bozal de la impunidad
Pero las autoridades tienen el escudo protector de la impunidad, el candado del tesoro escondido, y es justamente la Ley orgánica del TSC, que en el artículo 23 en una de sus párrafos establece que es prohibido “divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones del Tribunal; y las demás que establezca el reglamento.
Cualquier infracción a los numerales 2) y 3) de este Artículo, acarreará la nulidad absoluta de lo actuado, sin perjuicio en su caso, de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar”.
La Ley orgánica del TSC es clara, el artículo 56 establece que “estarán obligadas a presentar, bajo juramento, la declaración de ingresos, activos y pasivos, en adelante llamada “la Declaración”, todas las personas investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas, que desempeñen o hayan desempeñado cargo de elección popular y elección de segundo grado, por nombramiento o contrato, en cualquiera de los poderes del Estado, o en entidades de cualquier naturaleza que reciban recursos financieros del Estado.
También estarán obligados a presentar la declaración aquellos hondureños cuando la función ad-honorem que desempeñen incluya participación en la toma de decisiones que afecten el patrimonio del Estado, así como todas las personas naturales, que en cualquier forma administren, manejen fondos o bienes del Estado, o que decidan sobre pagos o inversiones de fondos públicos, aunque su salario sea inferior a la base fijada por el Tribunal.
Agrega la ley que la declaración será presentada ante el Tribunal o ante quien delegue esa facultad, en los formularios que al efecto se emitan, comprendiendo la relación de los bienes, activos y pasivos de su cónyuge o compañera(o) de hogar e hijos menores de edad.
De acuerdo al artículo 61, la declaración contendrá autorización expresa e irrevocable del declarante y de su cónyuge o compañero (a) de hogar, facultando al Tribunal para que sean investigadas sus cuentas, depósitos bancarios, bienes, participación en sociedades o negocios situados en el país o en el extranjero.
Pero el artículo 64 del Reglamento de la Ley orgánica del TSC, es en el que se establece que funcionarios y empleados del Tribunal deberán guardar absoluta reserva sobre el contenido de las declaraciones, documentos e investigaciones que se practiquen, los que no podrán servir para otros fines que los previstos en la Ley. La violación de esta disposición, una vez comprobada, con el debido derecho de defensa dará lugar a la destitución inmediata del funcionario o empleado público culpable sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Este cerrojo legal es el que impide conocer si los hondureños que ejercen o ejercieron funciones públicas obtuvieron su patrimonio de forma lícita.
http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/enriquecimiento-il%C3%ADcito-s%C3%B3lo-30-millones-se-recuperaron-en-cinco
Publicado por Américo Roca Dalton en 5:55
Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2015/03/honduras-enriquecimiento-ilicito-solo.html
Corrupción, Lavado de Activos, Procuraduría General de la República (PGR), Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
Honduras se salvó de pagar L 2,000 millones
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 22 diciembre, 2014
Se registró balance positivo por gestiones de la Procuraduría.
La PGR asumió la defensa estatal en demandas incoadas en la CSJ.
El Estado de Honduras se salvó en este año de pagar unos dos mil millones de lempiras por demandas incoadas en su contra.
Los reclamos interpuestos ante el Centro de Justicia Civil y Juzgado de Letras Contencioso Administrativo fueron conocidos por la Procuraduría General de la República (PGR), quien asumió la defensa legal del Estado. “Con mucha satisfacción queremos informar que en este año tenemos un balance positivo”, destacó el procurador general Abrahán Alvarenga.
Entre ellas, la principal es la que se ganó en tribunales de Estados Unidos por 51 millones de dólares que reclamaba la empresa TRC Inc. por supuesto incumplimiento de contrato de obras de infraestructura social post-Mitch.
Otra demanda rechazada refiere a la que interpuso el sindicato de la Secretaría de Educación, que reclamaba conquistas salariales del contrato colectivo que oscilaba los 600 millones de lempiras.
Una que está en suspenso es la que presentó el hoy jefe de Personal del Poder Judicial, Rosman Montiel, contra Hondutel, por honorarios profesionales que ascienden a 213 millones de lempiras, entre otras. “Estas demandas suman más de 2,000 millones de lempiras, han sido éxitos del Estado en este año 2014, que se salvó de pagar”, reconoció el procurador.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/779343-331/honduras-se-salv%C3%B3-de-pagar-l-2000-millones
Juicios, Poder Judicial, Procuraduría General de la República (PGR)
Honduras:Investigan dos abogadas por demanda que perdió el Estado
Publicado por honduprensa en El Tiempo el 16 diciembre, 2014
Martes, 16 Diciembre 2014 00:04
Las abogadas que participaron en la demanda como defensoras del Estado, entre ellas Angela Madrid, están en la mira de la Dirección de Investigación e Inteligencia.
TEGUCIGALPA- La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) ya inició el proceso de indagación para determinar si hubo responsabilidad civil o penal de los funcionarios que perdieron una demanda con la Constructora Tradeco Infraestructura y que al Estado le costará 340 millones de lempiras.
En este juicio participaron como representantes del Estado de Honduras, Carmen Alejandra Suárez y Angela Madrid, actual titular en San Pedro Sula de Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
El 14 de noviembre pasado, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán resolvió liquidar una sentencia emitida el 11 de noviembre de 2010 en la demanda presentada por la constructora que exigía el pago de 431 millones de lempiras.
Esta es una demanda que se tramitó desde el año 2005 mediante un reclamo administrativo que presentó la empresa constructora de la carretera de Puerto Cortés a la frontera con Guatemala; posteriormente entabló una demanda en 2007 y en 2010 y el juzgado de primera instancia declaró con lugar las pretensiones de la parte demandante.
“Fue una petición pública y una instrucción que giró el presidente de la República al director Nacional de Inteligencia en el sentido que en conjunto con la Procuraduría General de la República iniciáramos una investigación para determinar las razones, actores y motivos por la que pesa tanta demanda contra el Estado”, dijo el procurador general, Abraham Alvarenga, ente la consulta sobre la investigación.
Las labores que realizará la Dirección Nacional de Inteligencia es en su contexto general y van incluidos funcionarios públicos que en su momento tomaron determinaciones o negligentemente actuaron en cumplimientos de contrato, o que emitieron esas resoluciones, tanto abogados privados como del Estado, explicó el procurador.
También hay operadores de justicia, jueces o magistrados que en su momento no tomaron las determinaciones correctas para manejar en su contexto toda su información, agregó.
Ante esta resolución la Procuraduría General ha interpuesto el recurso de apelación y está pendiente que se tramite.
Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/11669-honduras-investigan-dos-abogadas-por-demanda-que-perdi%C3%B3-el-estado
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Investigaciones, Procuraduría General de la República (PGR), Tradeco Infraestructura
Estado de Honduras está peleando otra demanda de L900 millones
15 Dec 2014 / 11:00 PM / Marilyn Méndez
Unas 1,500 demandas ha perdido el Estado de Honduras en los últimos años en los tribunales, unos 6,000 millones de lempiras.
Abraham Alvarenga, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ganarle demandas al Estado de Honduras se volverá complicado a partir de 2015, ya que el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, ordenó una intervención a todo el aparato judicial, incluidos abogados privados.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Abraham Alvarenga, aseguró a LA PRENSA que así como se han perdido demandas, también se han ganado en los tribunales, lo que ha permitido que el Estado no pague más de L2,000 millones.
Además, confesó que la demanda que ganó Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. en 2010 por L430.8 millones no es la cuantía más grande que la PGR está litigando.
¿Cuál es el procedimiento que está siguiendo la PGR en el caso de la demanda que ganó la compañía Tradeco?
Ahora nos corresponde esperar que contesten los agravios los demandantes y que remitan el expediente a la Corte de Apelaciones para que ellos puedan revisar el fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia. Esto durará todo el año que viene.
¿Se le ha pagado algún porcentaje a Tradeco?
La demanda la ganaron en 2010, no se les ha pagado nada. Lo que estamos buscando es delimitar la responsabilidad. Mientras nosotros no tengamos instrucciones precisas de llegar a un arreglo conciliatorio de pago o entrar en ese proceso, nuestra responsabilidad es agotar todos los recursos.
¿En qué otras demandas millonarias litiga en la actualidad la PGR?
Tradeco es una de las más grandes, pero en la actualidad estamos llevando una demanda más grande contra el Instituto de la Propiedad por L900 millones. Esa es la más grande.
¿En qué proceso está esta demanda por L900 millones?
Ya se informó al respecto. El proceso está pendiente de sentencia. La pretensión del demandante es alta, pero no se lo van a dar.
¿A qué se refiere el presidente Hernández cuando dice que detrás de la pérdida de demandas hay otras cosas?
Puede ser mala actuación de funcionarios, mal manejo de los casos de parte de agentes de procuración, avaricia de algunos abogados privados, o puede ser también que dentro de los operadores de justicia, dentro de la Corte Suprema, exista alguna situación irregular que hay que revisar.
¿La investigación se da también porque en los pasillos judiciales se maneja que hay bufetes especializados en llevar demandas contra el Estado?
Correcto. La facultad del Presidente es velar por la administración general del Estado y al ver las cuantías de estas demandas pueden desestabilizar las finanzas públicas de algunas Secretarías. Es obligación del Presidente salir al paso y exigir explicaciones más resultados, además de que se deduzcan responsabilidades si la hay.
¿Por qué se señala solo a la PGR cuando se pierde una demanda?
Es lo injusto de esto. Hay que manejarlo en su contexto, es toda una estructura la que funciona en estos casos, desde el funcionario, administradores, auditorías internas, secretarios de Estado, abogados que interactúan en el trámite de reclamos administrativos. Cuando la PGR interviene es cuando la demanda ya está en los juzgados. Corresponde a los juzgados a quien le da la razón en los alegatos judiciales donde la Procuraduría General de la República representa al Estado.
¿Qué es lo que está sucediendo en los juzgados que el Estado está perdiendo tantas demandas?
Es más fácil para los juzgados, de repente, inclinarse por el otro lado. Luego vienen las repercusiones, por eso es que hay que analizar a fondo a los operadores de justicia.
¿Qué pasa con los departamentos legales de las Secretarías de Estado?
Hay que fortalecerlos, por eso hicimos una propuesta de fortalecimiento de manera que pueda haber supervisión, control, inspectoría, en todos los departamentos legales de las Secretarías de Estado, de modo que haya una cohesión con la PGR y una vinculación directa para que se disminuyan las posibilidades de que por errores se pierdan los juicios.
¿Mantiene la PGR demandas internacionales?
Ya están falladas muchas de ellas y gracias a Dios los resultados han sido muy positivos. Seguimos litigando.
Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/777163-410/estado-de-honduras-est%C3%A1-peleando-otra-demanda-de-l900-millones
Juan Orlando Hernández (JOH), Juicios, Procuraduría General de la República (PGR), Tradeco Infraestructura
Fallo de Sala no condena al Estado de Honduras
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 8 diciembre, 2014
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, afirmó que con la sentencia emitida no se condena al Estado.
El presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, aclaró alcances del fallo.
La sentencia que emitió la semana anterior la Sala de lo Constitucional no condena al Estado de Honduras.
El caso refiere al fallo que emitió esta Sala sobre una demanda que interpuso la empresa Pharmasula contra la Secretaría de Salud.
Los abogados de la compañía y el mismo procurador general Abrahan Alvarenga informaron que el fallo condenaba al Estado al pago de 126 millones de lempiras.
Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, afirmó que con la sentencia emitida no se condena al Estado.
La resolución que emitió la Sala contó con la integración de los magistrados Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle y Reina Solórzano, quienes aclararon este asunto.
“Es totalmente falsa la información que ha trascendido en los distintos medios de comunicación de Honduras respecto a que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, ha condenado al Estado de Honduras a pagar una demanda de 126 millones de lempiras a favor de la sociedad mercantil Pharmasula S.A. de C.V.”, aseguran.
Explican que, en este caso, la PGR interpuso en un mismo día dos recursos contra la demanda, uno de apelación y otro de amparo, que la ley no permite evacuar al mismo tiempo. Lo que ordenó la Sala es seguir el trámite del recurso de apelación por la Corte de Apelaciones Civil, así como suspender las diligencias de ejecución de la demanda.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/774977-331/fallo-de-sala-no-condena-al-estado-de-honduras
Constitución, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Irregularidades, Jorge Rivera Avilés, Pharmasula, Procuraduría General de la República (PGR), Sala de lo Constitucional
Presidente de la CSJ se abstiene de conocer recurso de reposición en caso Pharmasula
Publicado por honduprensa en TercerPoder el 8 diciembre, 2014
8 diciembre, 2014 | Filed under: Actualidad,Nacionales,Portada | Posted by: AdminTercer
Los cinco magistrados propietarios de la Sala Constitucional han sido convocados para conocer, entre otros recursos, uno de reposición interpuesto por la Procuraduría General de la República para tratar de revertir un fallo que obligaría al Estado a pagar 126 millones de lempiras a la farmacéutica Pharmasula.
Se ha confirmado que la reposición será conocida por los magistrados propietarios y no por los suplentes que avalaron el fallo de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil.
Por su parte, el apoderado legal de la empresa, Douglas Ramírez, es del criterio que la reposición debe ser conocida por los mismos magistrados que conformaron el pleno, de no ser así y de obtener resultados desfavorables anuncia acciones internacionales contra el Estado.
Por otro lado, a través de un comunicado girado por la Dirección de Comunicaciones del Poder judicial, lo magistrados Jorge Rivera Avilés, Tomas Arita Valle y Reina Solórzano, manifiestan que su participación en el pleno de la Sala Constitucional no fue para condenar al Estado sino para evacuar un paso más del proceso judicial.
Los tres magistrados señalan “que en ningún momento se ha conocido, resuelto o notificado, fallo alguno que condene al Estado de Honduras al pago de la cantidad que ha trascendido en los medios de comunicación, encontrándose el proceso en una de las muchas etapas que la ley establece, como paso previo para resolver el fondo del asunto”.
Los altos funcionarios judiciales consideraron de “totalmente falsa” la noticia de que el Estado fue condenado a pagar 126 millones de lempiras a Pharmasula.
Los magistrados, argumentan que lo que hicieron fue rechazar un recurso de amparo debido a que la Corte de Apelaciones Civil aún conoce un recurso de apelación, ambos, sobre el mismo caso y presentados por la PGR.
“Únicamente se ha determinado que, ante la presentación de dos Recursos de naturaleza diferente, uno ordinario (Apelación) y otro extraordinario (Amparo) de forma simultánea contra la misma resolución, debe declararse inadmitido uno de ellos por no permitirlo la Ley”, establece literalmente el documento.
Sobre el cuestionamiento por las sustituciones de los magistrados en las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, en particular en la Sala de lo Constitucional, las mismas están fundamentadas en el reglamento interior de la Suprema Corte y en el reglamento de la Sala Constitucional, explican los firmantes.
Y para concluir, dicen los magistrados Rivera Avilés, Arita Valle y Solórzano, “nos apartamos del conocimiento y resolución del recurso de reposición pendiente de resolver para la transparencia del proceso”.
Fuente: http://www.tercerpoder.hn/presidente-de-la-csj-se-abstiene-de-conocer-recurso-de-reposicion-en-caso-pharmasula/
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Irregularidades, Pharmasula, Procuraduría General de la República (PGR), Sala de lo Constitucional
Honduras condenada a pagar L.126 millones a farmacéutica
Publicado por honduprensa en TercerPoder el 7 diciembre, 2014
7 diciembre, 2014 | Filed under: Actualidad,Nacionales,Portada | Posted by: AdminTercer
Un fallo de la Sala de lo Constitucional confirmó que el Estado hondureño debe pagar una millonaria demanda de 126 millones de lempiras en favor de la empresa farmacéutica, Pharmasula.
La resolución es el resultado de la declaratoria emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán al dar con lugar el reclamo administrativo de la compañía.
Según se conoció, tres de los altos magistrados no estuvieron presentes en la convocatoria integrándose los magistrados suplentes que conforman el Pleno de la Corte.
El Procurador General de la República, Abraham Alvarenga, aseguró que el Estado aún no ha perdido la demanda contra la farmacéutica y que se ha interpuesto un recurso de reposición con la intensión de revertir la decisión.
Fuente: http://www.tercerpoder.hn/honduras-condenada-a-pagar-l-126-millones-a-farmaceutica/
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Pharmasula, Procuraduría General de la República (PGR), Sala de lo Constitucional
PGR no acepta conciliación con Bertetty en caso de ambulancias
Publicado por honduprensa en TercerPoder el 19 agosto, 2014
Publicado: Miércoles, 20, agosto, 2014
La Procuraduría General de la República se negó a conciliar con el ex administrador financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Ramón Bertetty, en el caso que se le persigue penalmente por la supuesta adquisición fraudulenta de ambulancias para ese centro asistencial.
La defensa de Bertetty solicitó una conciliación con la representación del Estado, la cual se denegó por lo que el Ministerio Público solicitó la apertura de juicio oral y público, donde el ex funcionario deberá responder de los crímenes que se le imputan.
Bertetty fue acusado por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por la compra “fraudulenta” de 10 ambulancias por un monto de 13 millones de lempiras.
Según el Ministerio Público, Bertetty habría incurrido en delitos en la compra de 10 ambulancias “hechizas” sobrevaloradas. De acuerdo con la investigación, cada ambulancia se compró a 1,278,000 lempiras cuando en realidad costaba 550,000.
El ex funcionario se mantiene recluido en el Primer Batallón de Infantería por motivos de seguridad.
Fuente: http://www.tercerpoder.hn/pgr-no-acepta-conciliacion-con-bertetty-en-caso-de-ambulancias/
Corrupción, IHSS, José Ramón Bertetty, Juicios, Procuraduría General de la República (PGR)
Concederán amnistía para exfuncionarios hondureños
Publicado por honduprensa en La Prensa el 10 agosto, 2014
10:00PM – Redacción: redaccion@laprensa.hn En debate ley que les permitirá no pagar intereses por reparos.
El objeto de la ley es recobrar las cantidades que han sido reparadas por el TSC.
El Congreso Nacional se dispone a aprobar esta semana en su tercero y último debate una amnistía para el pago de intereses sobre las cantidades reparadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Se trata de una iniciativa de ley presentada por el diputado nacionalista Rolando Dubón Bueso encaminada a tratar de que el Estado recobre cantidades millonarias por concepto de cantidades reparadas a exfuncionarios durante los últimos diez años.
Se trata de la reforma del decreto 309-2013, aprobado en las últimas sesiones de la legislatura anterior, publicado en marzo de este año, que establecía una amnistía por seis meses.
El proyectista argumenta que debe ampliarse a un año debido a que la crisis económica impide que exfuncionarios y empleados que han sido reparados por el Estado cumplan con esa responsabilidad: hay muchos casos en que los intereses son más que la misma cantidad reparada, convirtiéndose en sumas impagables.
Según la reforma, “se concede amnistía por el término de un año para el pago de los intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que se aplica al sistema financiero nacional sobre las cantidades representadas por el Tribunal Superior de Cuentas, desde la fecha en que la resolución se tomó, ejecutada desde el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad civil, ya sea que se encuentren judicializados o no, hayan suscrito arreglos de pago para lo cual se faculta a la Procuraduría General de la República a efectuar las gestiones de cobro y acuerdos de pago con la parte sujeta de responsabilidad hasta por un término de 10 años, debiendo tomarse en cuenta el monto de las cantidades reparadas y cualquier otra circunstancia y, en su caso, presentar los disentimientos que correspondan.
El pago se podrá efectuar en efectivo, cheques certificados o de caja en los plazos que la PGR acuerde con las partes”, dice el dictamen. Beneficia también a exalcaldes y exregidores que mantienen pliegos de responsabilidad civil con el Estado.
Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/737063-96/conceder%C3%A1n-amnist%C3%ADa-para-exfuncionarios-hondure%C3%B1os
Amnistía, Congreso Nacional, Procuraduría General de la República (PGR), Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
Zonas fronterizas de Honduras están bajo vigilancia de la Procuraduría General de la Republica.
Publicado por honduprensa en Radio HRN el 2 junio, 2014
Submitted by Linda Mondragon on 2 June 2014 – 4:58pm
Con el objetivo de impedir el contrabando de mercaderías, la Procuraduría General de la Republica (RPG), anunció una serie de acciones a realizar en las distintas fronteras del país.
Abrahán Alvarenga, procurador general de la República, manifestó que fortalecerán los puntos fronterizos mediante personal asignado al lugar y equipo de vigilancia, para identificar los casos y tener un mayor control de los mismos.
En mención con los puntos fronterizos, dijo que agrupados a la Fuerza Nacional Anti evasión, mantiene permanencia en estos puntos aduaneros y que estas supervisiones continuarán.
Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/zonas-fronterizas-de-honduras-est%C3%A1n-bajo-vigilancia-de-la-procuradur%C3%ADa-general-de-la
Aduana, Fuerza Nacional Antievasión, Procuraduría General de la República (PGR)
Publicado por honduprensa en Tierra libre el 27 abril, 2014
Autor del articulo:Proceso Digital / Domingo 27 de Abril 2014 -12:31
Aunque el funcionario considera como “normal” ese proceso de demandas, para el ex diputado y abogado Orle Solís, esa enorme cantidad de cuantiosas demandas contra el Estado deben parar ya que al final quien las paga es el pueblo, mientras los culpables andan libres.
Ejemplificó que todas las demandas interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han prosperado desafortunadamente y lo preocupante es que podrían calificar para que las mismas puedan pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Honduras siga siendo condenado como hasta ahora.
Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/04/honduras-demandas-contra-el-estado-ya.html
CIDH, Orle Solís, Procuraduría General de la República (PGR)
APARIENCIA DE LEGALIDAD Y AUSENCIA LEGIMITIDAD DEL NUEVO GOBIERNO NACIONALISTA
Publicado por honduprensa en Comunicado el 19 febrero, 2014
Miércoles 19 de Febrero de 2014 15:56
Los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2013, finalmente aceptados por todos los partidos políticos, expresan la voluntad del electorado de distribuir el poder entre los partidos Nacional, Libre, Liberal y PAC; sobre todo en el Congreso Nacional y las corporaciones municipales.
Sin embargo, oponiéndose a la decisión del electorado en las urnas, los diputados salientes y el nuevo mandatario, respaldados por los grupos económicos más corruptos, eligieron anticipadamente –al cierre de la legislatura anterior- al Procurador y Subprocurador General de la República, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los comisionados de Coalianza; como meses atrás lo habían hecho al elegir los fiscales generales del Ministerio Público, irrespetando el procedimiento legal establecido.
Y en su ambición de trasladar al Poder Ejecutivo el poder que antes detentaba el Congreso Nacional, aprobaron a la carrera y pasando por encima de las demás fuerzas políticas y la ciudadanía, la concesión en pedazos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); formalizaron más de cien contratos que comprometen al Estado y favorecen a grupos económicos específicos; y, decretaron la cuestionada Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión, un paquetazo fiscal que lesiona a la mayoría de la población al incrementar el precio de los combustibles y elevar la tasa del impuesto sobre ventas (ISV), de 12 a 15%.
A todo ello se agrega una acelerada militarización de la sociedad y del Estado, el “manejo discrecional” del presupuesto nacional por parte del Poder Ejecutivo y la aprobación de una ley que limita el acceso de la ciudadanía a la información pública; lo que sumado configura un escenario casi dictatorial y en manos de un solo poder del Estado y la figura presidencial.
En este contexto autoritario y escasamente legítimo, el destape de la olla de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y en la Municipalidad de San Pedro Sula, así como la anunciada intervención del INHGEOMIN, la SERNA y la Dirección General de Transporte, se convierten en parte de una estrategia del Poder Ejecutivo para construir una legitimidad que le permita obtener respaldo nacional e internacional, y de paso taparle la boca al descontento general provocado por el estilo dictatorial de la nueva administración.
Ante la coyuntura política iniciada con el cuestionado triunfo electoral del Partido Nacional en noviembre pasado, las fuerzas políticas y sociales que asuman la oposición al nuevo mandato nacionalista están desafiadas a actuar oportunamente, con inteligencia, contundencia y audacia si quieren contrarrestar el proyecto político presidencial de consolidar la entrega de nuestro territorio y nuestra soberanía nacional a las empresas transnacionales y el neoliberalismo internacional.
Las luchas emprendidas por los sectores populares para oponerse a los designios del Partido Nacional y los grupos económicos que lo respaldan, deben avanzar hacia la construcción de un modelo alternativo de poder en lo político y lo económico, que rescate la soberanía y la dignidad nacional. Y esta lucha debe librarse en todos los espacios políticos y sociales posibles: en las calles, los medios de comunicación, los lugares de trabajo, los centros educativos, los gobiernos locales, el Congreso Nacional y las instancias jurídicas nacionales e internacionales.
En todo caso, la respuesta popular ante las pretensiones dictatoriales del nuevo mandatario, a pesar del control que este ejerce sobre todos los recursos disponibles, debe ser activa, organizada y movilizadora; y, sobre todo, unida firmemente en torno a la exigencia de justicia, libertad y una administración gubernamental transparente y obligada a defender los derechos humanos y demostrar respeto por la ciudadanía nacional y las mayorías populares.
Por la Dignidad, contra la corrupciòn!!!
Fuente: http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=349:apariencia-de-legalidad-y-ausencia-legimitidad-del-nuevo-gobierno-nacionalista&catid=58:corrupcion&Itemid=116
Coalianza, Congreso Nacional, Dirección General del Transporte (DGT), ENEE, Hondutel, IHSS, Impuesto Sobre la Venta, Inhgeomin, Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Ministerio Público (MP), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Partido Nacional, Privatización, Procuraduría General de la República (PGR), Serna, Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Designan nuevo procurador y subprocurador
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 18 enero, 2014
El Congreso Nacional nombró ayer a Abraham Álvarado y a Jorge Abilio Serrano Villanueva como los sucesores de Ethel Deras y Ricardo Rodríguez, que presentaron sus renuncias el pasado jueves de manera intempestiva.
El Congreso Nacional nombró ayer a Abraham Álvarado y a Jorge Abilio Serrano como los sucesores de Ethel Deras y Ricardo Rodríguez. ()
Honduras tiene nuevo procurador y subprocurador.
El Congreso Nacional nombró ayer a Abraham Álvarado y a Jorge Abilio Serrano como los sucesores de Ethel Deras y Ricardo Rodríguez, que presentaron sus renuncias el pasado jueves de manera intempestiva.
Deras y Rodríguez culminaban su período el próximo 25 de enero, es decir dentro de seis días.
Esta decisión permitió al actual Congreso Nacional nombrar a sus sucesores antes de finalizar la actual legislatura.
En un inicio esta situación, catalogada por muchos como una jugada política, fue criticada por el Partido Liberal, la única fuerza política en oposición en el actual Congreso.
Si estos funcionarios no hubieran renunciado, sus sucesores debían ser nombrados por el nuevo Congreso Nacional.
Si bien la elección de ambos funcionarios es legal, para muchos no es moral.
El diputado Rigoberto Chang Castillo hizo la propuesta para nombrar en esos cargos a Abraham Alvarado y Jorge Avilio Serrano.
El Partido Liberal accedió a apoyar esta iniciativa, dado que Serrano es de filiación liberal.
El diputado liberal Ángel Darío Banegas pidió al proponente leer las hojas de vida de los ciudadanos antes de apoyar la propuesta.
Abraham Alvarado tiene 39 años de edad, nació en La Virtud, Lempira, es licenciado en ciencias jurídicas, abogado y notario.
Posee un doctorado en ciencias penales de la Universidad San Carlos de Guatemala, además tiene una especialidad en derecho penal y derecho procesal penal aunque su orientación es en derecho mercantil.
Entre tanto, Jorge Abilio Serrano, también nacido en el departamento de Lempira, cuenta con un master en derecho mercantil, es licenciado en derecho, abogado y notario.
Actualmente es pasante del doctorado en derecho en materia tributaria y derecho mercantil, que cursa en la Universidad San Carlos de Guatemala.
Luego de que se leyeran sus hojas de vida, diputados del Partido Nacional y Liberal alabaron las virtudes de cada uno de los propuestos.
Estos dos funcionarios estarán al frente de la Procuraduría General de la República por los siguientes cuatro años.
Dentro de sus funciones destaca la de representar al Estado en los tribunales de justicia.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Designan-nuevo-procurador-y-subprocurador
Congreso Nacional, Partido Liberal, Partido Nacional, Procuraduría General de la República (PGR)
Congreso acepta renuncias de Procuradora y subprocurador
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 17 enero, 2014
En el transcurso de este fin de semana estarían siendo nombrados los sustitutos de Ethel Deras y de Ricardo Rodríguez. Alegaron motivos personales, pero trascendió que irían a desempeñar cargos en la nueva administración.
El Congreso Nacional aceptó las renuncias de la procuradora general de la República, Ethel Deras, y de Ricardo Rodríguez, subprocurador general , lo mismo que la renuncia del comisionado de la Alianza Público Privada, Octavio Sánchez .
Ambos funcionarios de la Procuraduría concluían su periodo el 25 de enero, pero ante esta intempestiva renuncia se presta para que el actual Congreso nombre a sus sustitutos.
En base a ley, el Procurador y Subprocurador de la República son nombrados por el Congreso Nacional saliente, a efecto que estos funcionarios puedan asistir a la toma de posición del nuevo gobierno.
A falta de 10 días para que culmine el actual gobierno, ambos funcionarios determinaron interponer sus renuncias a través de una notificación escrita, en la que adujeron motivos personales.
Según se informó, el 15 enero fueron enviadas las notificaciones de ambas renuncias ante la secretaría del Congreso Nacional y ayer en sesión del Pleno fueron expuestas a los parlamentarios.
Deras interpuso su renuncia del cargo y agradeció al Congreso Nacional la confianza depositada en su persona para ostentar dicho cargo.
La funcionaria fue electa titular de la PGR el 27 de enero de 2010.
Igualmente, la renuncia del sub procurador, Ricardo Rodríguez, también fue expuesta a los diputados y posteriormente aceptadas por el pleno de diputados.
Los legisladores tendrán que nombrar a los sustitutos en las próximas horas.
Aunque muchos diputados entienden que la elección en la actual legislatura es legal, no la consideran moral.
Uno de ellos fue el diputado liberal, Teófilo Enamorado, quien afirmó que la renuncia de los funcionarios los tomó por sorpresa.
En iguales términos se expresó el diputado Mario Rivera Vásquez, quien consideró que las renuncias son parte de la estrategia y la “hemorragia de leyes” que viene aprobando en los últimos días el Congreso y la bancada nacionalista que tiene mayoría.
Luego de que a los funcionarios les aceptaran las renuncias comenzaron a barajarse los nombres de los posibles nuevos procuradores. Marvin Ponce fue el primero en lanzar una pista.
Dijo que en los corrillos parlamentarios se mencionó a Daniel Flores, diputado nacionalista por Atlántida y a Olman Maldonado, otro mencionado.
Flores aseguró que si bien es profesional del Derecho no tiene el título de notario por lo que no reúne los requisitos para asumir ese cargo.
Trascendió que la ahora ex procuradora, Ethel Deras, ocupará la titularidad de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) , en la gestión de Juan Hernández que comienza el próximo 27 de enero.
En el caso de Octavio Sánchez , este funcionario tomó posición de este cargo en marzo de 2013 y su renuncia obedece a que pasará a ocupar un alto cargo dentro de la estructura del nuevo gobierno en el Poder Ejecutivo.
Anoche se barajaban los nombres de los diputados Antonio Rivera Callejas , nacionalista y Osmar Aguilar , liberal, como virtuales procurador y subprocurador de la República, pero ambos son diputados electos y deberán pedir permiso al próximo Congreso para desempeñar esos cargos.
Por su parte, el diputado Orle Solís de la Democracia Cristiana , aseguró que en las próximas horas podría elegirse a los sustitutos de Deras y Rodríguez, porque cumplen una función delicada en defensa de los interesés del Estado.
Sin embargo, reconoció que los funcionarios tienen la garantía constitucional para renunciar a sus puestos cuando lo estimen conveniente.
El Estado no puede estar sin representantes, en consecuencia procede que haya alguna iniciativa de cualquier diputado para elegir a los sustitutos de los dos funcionarios.
Agregó que el Congreso se mantiene en sesión permanente, incluyendo el próximo lunes, por lo que la selección se haría en “cualquier momento”.
Los nuevos titulares de la PGR y de la Superintendencia de Concesiones estaba previstos que fueran electos para el próximo Poder Legislativo , entidad que no estará dominada por el Partido Nacional.
Al igual que los funcionarios que renunciaron a sus cargos, el próximo Congreso Nacional debe elegir a los nuevos magistrados el Tribunal Supremo Electoral (TSE) , Registro Nacional de las Personas (RNP) , Procuraduría General del Ambiente .
De estas instituciones necesitarán la mayoría calificada el TSE y el RNP , cuyas nuevas autoridades deberán estar nombradas en el mes de mayo.
También demanda el voto favorable de las dos terceras partes el nombramiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Cuentas, pero estos cambios serán hasta el año 2016, siempre en el mismo período legislativo.
Por mayoría simple (65 diputados) será nombrado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular, Ramón Custodio, termina su período el 8 de marzo.
Anoche corrió la versión en los pasillos de la Cámara Legislativa que Custodio estaría próximo a presentar su renuncia, sin embargo, el extremo nunca fue confirmado debido a que en el hemiciclo no se leyó ninguna misiva de parte del Ombudsman hondureño.
Para el período 2014 también tocaba al nuevo Congreso elegir al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto , pero estos funcionarios fueron electos el año pasado en el marco de un polémico debate entre las fuerzas políticas y la Sociedad Civil.
Para este efecto el Partido Nacional alcanzó consenso con un grupo de diputados liberales.
FUente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Congreso-acepta-renuncias-de-Procuradora-y-subprocurador
CONADEH, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Elecciones, Procurador del Ambiente, Procuraduría General de la República (PGR), Registro Nacional de las Personas (RNP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal Supremo Electoral (TSE)
TSE y RNP estrenarán autoridades en 2014
Publicado por honduprensa en La Tribuna el 12 enero, 2014
Congreso Nacional irá a votación para definir los nuevos jefes de la Procuraduría General y Procuraduría del Ambiente
El actual Congreso Nacional se adelantó el año pasado a nombrar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado.
Tegucigalpa. Este año, el Congreso Nacional deberá nombrar con mayoría simple y voto calificado a los funcionarios de varias instituciones, y debido a que ningún partido tendrá aplanadora podría tener problemas de consenso.
Las negociaciones que se realizan en estos momentos para la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso será determinante para la posterior distribución de los cargos de varias entidades.
Es posible que el partido o los partidos que formen parte de la directiva del Poder Legislativo también se repartan las instituciones que tendrán nuevas autoridades.
Entre las instituciones que cambiarán de funcionarios están el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Registro Nacional de las Personas (RNP), Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Ambiente y Superintendencia de Concesiones.
De estas instituciones necesitarán la mayoría calificada el TSE y el RNP, cuyas nuevas autoridades deberán estar nombradas en mayo.
También necesitarán mayoría simple el procurador y subprocurador general de la República. Tocaba al nuevo Congreso elegir este año al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto, pero estos funcionarios fueron electos el año pasado en el marco de un polémico debate entre las fuerzas políticas y la sociedad civil.
Para este efecto, el Partido Nacional alcanzó consenso con un grupo de diputados liberales.
En mayo de este año, el Congreso deberá nombrar a los cuatro magistrados del TSE (tres propietarios y uno suplente) y lo mismo deberá hacer con los integrantes del Directorio del RNP. Las reformas políticas apuntaban a un cambio de estructuras en el TSE, pero ya se descartó esta idea, informó el diputado Antonio Rivera Callejas.
Para alcanzar la mayoría calificada (86 diputados), el Partido Nacional -que logró 48 diputados- requerirá del voto de 38 diputados. ¿De dónde los obtendrá? Esto lo podría lograr -en un primer escenario- con los 37 diputados del partido Libre, con los cuales sumaría 85 votos, pero necesitaría uno que saldría de la DC, Pinu o Unificación Democrática, que sacaron un diputado cada uno.
Este escenario es poco probable porque el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, dijo que su mayor deseo es que las fuerzas opositoras formen una sola alianza para elegir la directiva del Congreso.
Sin embargo, no se descarta una negociación entre Libre y el Partido Nacional a juzgar por el interés político de Libre de tener una Asamblea Constituyente y tener un magistrado propietario en el TSE, para no verse en desventaja en las próximas elecciones generales.
Un segundo escenario que se presenta es una alianza entre el Partido Nacional con el Liberal, pero ambos solo suman 75 diputados. Les faltarían once para completar las dos terceras partes. Los tres partidos minoritarios solo aportarían tres, con lo que completarían 80 (les faltarían seis, que tendrían que salir de Libre o del Pac).
Un tercer escenario es una alianza entre los partidos de oposición: Libre, Partido Liberal, Pac, DC, UD y Pinu.
Los seis partidos suman 80 diputados, suficientes para elegir la nueva directiva del Congreso Nacional (incluyendo al presidente); pero les faltarían seis diputados para constituir la mayoría calificada.
Estos seis tendrían que salir del Partido Nacional, lo cual es imposible. El cuarto escenario es que los siete partidos logren un consenso y se repartan proporcionalmente, en función de los resultados de las últimas elecciones, los cargos del Congreso y del resto de instituciones.
Pero, si este escenario se diera, ¿qué partido presidiría el Congreso? Un quinto escenario sería que el PN consiga los 17 votos del PL, DC, UD y Pinu para escoger al nuevo presidente del CN. Del PL, doce diputados ya se reunieron con Presidente electo.
Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/442308-96/tse-y-rnp-estrenaranautoridades-en-2014
Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Partidos Politicos, Procurador del Ambiente, Procuraduría General de la República (PGR), Registro Nacional de las Personas (RNP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Publicado por honduprensa en conexihon el 12 diciembre, 2013
Escrito por Redacción en Mar, 12/10/2013 – 16:22
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Porque debilita la institucionalidad pública y desprestigia a la clase política, el Grupo Sociedad Civil (GSC), pidió a los futuros legisladores privilegiar los intereses colectivos al elegir a los altos funcionarios del Estado. “No pueden seguir con esa detestable tradición histórica de repartirse el pastel del Estado, al nombrar a los titulares de los órganos contralores, entidades operadoras de justicia y otras instituciones gubernamentales” dijo Omar Rivera Pacheco, director del GSC.
El dirigente de la Sociedad Civil., informó que en los próximos meses, los diputados del Congreso Nacional (CN), deben elegir a los funcionarios que dirigirán a importantes instituciones del Estado, entre las que se destacan el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Procuraduría General de la República (PGR), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Registro Nacional de las Personas (RNP), Superintendencia de Concesiones y Licencias, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Espero que las alianzas y pactos que se puedan generar en el Poder Legislativos, no sean para repartirse cargos públicos e intentar con eso proteger sus intereses personales o de grupo; Honduras, no está para que las instituciones se utilicen para cubrir con el manto de la impunidad a quienes cometen delitos y ejecutan actos de corrupción” dijo Rivera Pacheco.
El director del GSC, también señaló que debe procederse –tal cual lo recomendó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- a la aprobación de una legislación que regule los procesos de audiencias públicas para la elección de estos funcionarios estatales. Según una de las recomendaciones de la CVR, “el CN debe completar la tramitación del proyecto de ley especial de audiencias públicas para la selección y nombramiento de altos funcionarios del Estado”, que son cargos de elección directa de ese Poder del Estado: Magistrados del TSC, Magistrados del TSE, Director y Sub Director del RNP, Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público (MP), Procurador y Sub Procurador General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Superintendente de Concesiones y Licencias, y Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Finalmente, Omar Rivera Pacheco, manifestó que “las juntas proponentes de candidatos a estas posiciones deben están conformadas mayoritariamente por miembros de organizaciones pertenecientes a la Sociedad Civil y debe elegirse a aquellos profesionales que prueben tener la mejor formación académica, amplia experiencia profesional y honestidad”.
Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/sociedad-civil-exige-al-nuevo-cn-no-%E2%80%9Crepartirse-el-pastel%E2%80%9D-del
CONADEH, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Grupo de Sociedad Civil, Procuraduría General de la República (PGR), Registro Nacional de las Personas (RNP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal Supremo Electoral (TSE)

References: artículo 23
 artículo 56
 artículo 61
 artículo 64
 resolución 
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