Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-587-11.htm
Timestamp: 2017-10-20 07:10:00+00:00

Document:
C-587-11
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 242 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, la ciudadana Ana Regina Aguilar Bermeo solicita a la Corte que declare inexequible el artículo 242 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Considera la demandante que el artículo 242 de la Ley 906 de 2004 desconoce lo establecido en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 12, 13, 15, 28, 29, 33, 85, 93, 121, 122, 214, 228, 248, 250, 251, 252 y 368 de la Constitución Política; el artículo 2º de la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura; el artículo 27.2 de la Convención Americana y el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda vez que la disposición atacada contiene expresiones “… que desdeñan la condición de ser humano, porque privilegian el ‘uso’ del ser humano, como un ‘objeto’ o una ‘cosa’, ‘manipulable’, con la finalidad de lograr el éxito de la investigación penal”. Añade que la norma permite “un trato desigual para los indiciados e imputados, que la Fiscalía considere que continúan delinquiendo ... acuden al ‘uso’ de la ‘confianza’ adquirida o que se adquiere posteriormente con fines, o como métodos de investigación penal … que convierten en objeto a los investigados”.
Para la accionante, la figura del agente encubierto como medio para alcanzar el éxito en la investigación penal resulta contraria al principio de dignidad humana, considerado un valor absoluto sobre el que se edifica el Estado de derecho, “el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y obligaciones contemplado en la Constitución”, “la base axiológica de la Carta … y el marco de un Estado social de derecho”. La norma permite que “la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de sus agentes encubiertos, pueda usar, como si fueran objetos, a los indiciados e imputados, como un objeto manipulable, al que hay que buscarle su fin fuera de sí. Ese fin que la norma busca, no es otro que el éxito de la investigación penal”.
Manifiesta la demandante que el precepto impugnado “relativiza al ser humano (indiciados e imputados) rebajándolos a la condición de ‘cosas’, susceptibles de ser usados, como medio para conseguir un fin del Estado”, vulnerándose el artículo 12 de la Carta. Al mismo tiempo, continúa la actora, la norma promueve la perfidia, entendida como “una disimulación fraudulenta o falta de lealtad, consistente en ganarse la ‘confianza’ de alguien antes de engañarlo”.
El Secretario General de la Policía Nacional interviene a nombre de la Institución para solicitar a la Corte que se inhiba para decidir, por considerar que la demanda es inepta. En su concepto, se trata de un escrito extenso cuyos cargos son indefinidos, confusos e imprecisos. Para el vocero de la Policía Nacional, “… la signante se limitó a transcribir postulados generales, principios, valores y obligaciones del Estado, sin aterrizar en su escrito el supuesto concepto de la valoración.
La argumentación subjetiva de la accionante, es ostensiblemente equivocada y sólo puede ubicarse en un campo irreal; señala que el artículo 242 anula el núcleo esencial de los derechos, sin detenerse en presentar un análisis, siquiera somero, de las razones de su dicho, olvidando también que no existen derechos absolutos y que en determinados casos y cumpliendo algunos formalismos se pueden producir afectaciones a derechos, incluso de orden fundamental, y ello no significa que la administración por intermedio de sus autoridades esté acabando con el Estado Social de Derecho”. (Folios 281 y siguientes del expediente).
Según la interviniente, “la demanda en estudio carece de claridad, certeza y especificidad, ya que no señala con coherencia los motivos suficientes que permitan deducir o inferir cómo la norma cuestionada quebranta la Constitución, o en otra forma, porqué el dispositivo en estudio concerniente al agente encubierto desconoce el artículo 1 superior, y bajo que parámetro de análisis.
Dicha carga argumentativa es ajena al libelo, pues este sólo se limita a plantear abstracciones, sin un hilo conductor válido entre el contenido normativo sub- examine y su razonamiento …” (Folio 331 del expediente).
El representante de la Academia interviene para solicitar a la Corte que se declare inhibida para emitir un fallo de mérito. Después de transcribir apartes de la demanda, el interviniente expresa: “Repárese cuanta incoherencia hay en el aparte que se cita, porque después de un largo y tedioso escrito asegura que hay discriminación por que las investigaciones donde se utilicen agentes encubiertos se autoriza la perfidia, que como sabemos es un delito propio del conflicto armado y atenta contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Lo mismo que la tortura tipificada en el artículo 137 del código penal”. (Folio 345 del expediente).
“Los argumentos esgrimidos a lo largo del escrito se caracterizan por lo siguiente: i) son genéricos; es decir, no están referidos de manera precisa a una norma de la Constitución Política, sólo se mencionan varias reglas superiores sin demostrar su presunto desconocimiento; ii) están basados en la eventual violación de otras normas del código de procedimiento penal que fijan términos, presunciones, regulan indicios, definen quién es indiciado o imputado, cuáles son sus garantías legales, cuáles son los derechos y deberes del indiciado, del imputado, de la Fiscalía General de la nación, de la víctima y de sus representantes, proponiendo la demanda un cotejo con otras disposiciones no precisadas, pertenecientes todas al mismo código, siendo necesario que la demandante elabore la proposición jurídica completa que permita al juez de constitucionalidad conocer las normas que siendo inherentes e inescindibles regulan la misma materia; iii) los argumentos están basados en la percepción personal de la actora, sin que logre estructurar al menos un cargo por inconstitucionalidad; iv) menciona una gran cantidad de dispositivos constitucionales presuntamente infringidos, pero no precisa respecto de cada uno de ellos, por separado, cuáles son las razones o fundamentos de la demanda; v) la accionante considera vulnerados algunos tratados internacionales sobre derechos humanos, pero no precisa su texto, su Ley aprobatoria, si hacen parte del bloque de constitucionalidad, como tampoco explica las razones de su eventual desconocimiento; vi) la accionante pretende explicar sus afirmaciones a partir de textos doctrinales, hecho que genera falta de pertinencia en los argumentos; y vii) la actora no precisa los alcances de la sentencia C-025 de 2009, mediante la cual la Corte Constitucional examinó parte del texto del artículo 242 de la Ley 906 de 2004; deberá hacer la explicación para el análisis sobre cosa juzgada”. (Folio 200 y siguientes del expediente).
3.3. Aplicando el principio pro actione la demanda fue admitida mediante auto del 4 de marzo del presente año. Sin embargo, luego de valorar las intervenciones de las autoridades públicas y de los particulares que decidieron aportar al debate, la Sala concluye que la demandante no elaboró la argumentación para fundar su pretensión a partir de razones claras, ciertas, especificas, pertinentes y suficientes, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Considera la Sala que estos argumentos carecen de certeza, especificidad y pertinencia, por cuanto de ellos no se desprende una objetiva contradicción entre el texto del artículo 242 de la Ley 906 de 2004 y la Constitución Política, debido a que están basados en la apreciación personal de la demandante, circunstancia que impide edificar por lo menos un cargo de inconstitucionalidad.
Nótese la ausencia de pertinencia en estos razonamientos, debido a que la actora expresa puntos de vista subjetivos que la conducen a manifestar motivos carentes de suficiencia, toda vez que no logran persuadir a la Sala sobre una eventual inconstitucionalidad del precepto impugnado.
Tal argumentación no aporta certeza, especificidad ni pertinencia al debate constitucional, debido a la ausencia de razones que permitan precisar la contradicción entre el artículo 242 de la Ley 906 de 2004 y el texto de la Carta Política, ya que la actora presenta un discurso de carácter general basado en su percepción personal, sin concretar en textos específicos de la Constitución.
Explica que si el Estado de derecho es el regido por normas constitucionales claras e inmodificables y el legislador suprime esta condición, en el presente caso estaríamos frente a un Estado de facto. La norma sub examine autoriza el método inconstitucional del uso de la perfidia, porque permite al mismo Estado penetrar en los espacios íntimos de los indiciados e imputados violando la presunción de inocencia, obteniendo la confesión mediante la tortura, sin el lleno de los requisitos constitucionales.
Las afirmaciones hechas por la demandante no están soportadas jurídicamente, carecen de fundamento probatorio, parten de presumir el ejercicio desbordado de la autoridad y concluyen en manifestaciones filosóficas que no permiten verificar la contradicción entre la Carta Política y el artículo 242 de la Ley 906 de 2004. Por tanto, las razones expuestas no son ciertas, específicas ni pertinentes.
Observa la Sala que los argumentos se repiten a lo largo del extenso documento reiterando las falencias en la exposición, toda vez que la demanda parte de apreciaciones subjetivas de la actora, formula críticas al diseño establecido por el Legislador, elabora sus propias conclusiones a la luz de la Teoría del Estado y aporta ideas para mejorar el sistema de investigación penal y el plan político en estas materias, sin aportar razones ciertas, específicas y pertinentes, como lo prevé la Sentencia C-1052 de 2001.
3.9 La demanda reitera las consideraciones sobre Estado de facto, al explicar que la norma faculta a algunos particulares para administrar justicia, cuando la única excepción para investir transitoriamente a un particular de tal atribución está relacionada con la de conciliador o la de árbitro, o como juez de paz. En concepto de la actora, todo genera que no se aplique la Constitución, porque el legislador la suprimió, porque autorizó a la Fiscalía para violarla y aplicar otro método distinto al debido proceso. Tales afirmaciones no están fundadas en razones ciertas ni específicas, ya que son el resultado del análisis personal adelantado por la ciudadana Aguilar Bermeo.
3.10. La forma y el contenido de los argumentos que se resumen llevaron a solicitarle a la actora que corrigiera la demanda; sin embargo, al hacerlo no aportó las precisiones requeridas, por cuanto además de mantener el carácter genérico de la exposición sin precisar cargos específicos de inconstitucionalidad, en algunos de sus aparte el texto para enmendar la petición resulta confuso e incomprensible. Allí se lee: “Esas expresiones (las demandadas), son contrarias a la dignidad del ser humano, porque aluden al ‘uso’ de la ‘confianza’, adquirida o que se adquiera posteriormente, con fines, o como método de investigación penal; esas expresiones que convierten en ‘objeto’ a los investigados, hacen que la Norma acusada, sea contraria, al artículo primero de la Constitución, que consagra el principio de ‘dignidad humana’, y contraria a las demás normas Constitucionales y de Derecho internacional de los Derechos Humanos, que regulan y se refieren a la obligación del Estado de Derecho, de promover y respetar la dignidad humana y de sancionar y prohibir los tratos crueles inhumanos o degradantes”. (Folios 3 y 4 del escrito de corrección de la demanda).
Si el actor no logra poner en evidencia que existe al menos una contradicción jurídica entre ambos textos, el juez de constitucionalidad carecerá de argumentos acerca de los cuales pronunciarse; es decir, en caso de avanzar estaría el Tribunal siendo conducido a decidir sobre un conflicto internormativo que objetiva y realmente no existe o no está suficientemente explicado. En otras palabras, correría el riesgo de proferir una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada y tiene efectos erga omnes, respecto de un litigio que sólo existe en la particular interpretación del demandante, pero que no hace parte de la realidad jurídica.
Declararse INHIBIDA para decidir en relación con la demanda instaurada por la ciudadana Ana Regina Aguilar Bermeo contra el artículo 242 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

References: artículo 242
 artículo 242
 artículo 242
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 12
 artículo 242
 artículo 1
 artículo 137
 artículo 242
 artículo 242
 artículo 242
 artículo 242
 artículo 242