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Timestamp: 2018-09-21 08:41:55+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2009-00252/42777 DE AGOSTO 3 DE 2017
SENTENCIA 2009-00252 DE 03 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:ES POTESTATIVO DEL JUEZ ESTABLECER EL PLAZO PARA QUE EL CONDENADO EN REPETICIÓN PAGUE LA CONDENA. EN UNA CONDENA PATRIMONIAL POR LA QUE SE REPITE CONTRA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE INCURRIÓ EN UNA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO MIENTRAS UN SINDICADO PERMANECÍA PRIVADO DE LA LIBERTAD, EL ENTE ACUSADOR SOLICITA QUE SE CONDENE AL DEMANDADO A PAGARLE LA SUMA QUE PAGÓ EN VIRTUD DEL ACUERDO CONCILIATORIO EN QUE TERMINÓ EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA, SIN EMBARGO, SE ESTABLECIÓ QUE, A ESTE VALOR DEBE DESCONTARSE LOS INTERESES MORATORIOS, PUES SU CAUSACIÓN NO RESULTA ATRIBUIBLE AL DEMANDADO, POR TANTO SOLO SE REPITE POR EL CAPITAL. ADICIONALMENTE, RESPECTO DEL PLAZO PARA QUE EL CONDENADO EN REPETICIÓN PAGUE LA CONDENA, EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 678 DE 2001 ESTABLECE QUE EL JUEZ DE REPETICIÓN PUEDE, DE OFICIO, ESTABLECER EL PLAZO PARA QUE EL DEMANDADO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LA CONDENA IMPUESTA, PUES NO SE ESTABLECE EN NINGUNA NORMA QUE ESTAS OBLIGACIONES DEBAN SER PURAS Y SIMPLES SIEMPRE, Y EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA, Y POR TANTO, ES RAZONABLE QUE EL JUEZ ESTABLEZCA POTESTATIVAMENTE UN PLAZO PARA EL PAGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPETICIÓN, ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EL SERVIDOR PÚBLICO, PLAZO, PAGO DE INTERÉS MORATORIO, CONDENA A ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia 2009-00252/42777 de agosto 3 de 2017
Rad.: 7600-12-33-1000-200900252-01 (42.777)
Demandado: Roger Antonio Gaviria Burbano
Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) mérito probatorio de los documentos allegados en copia simple; 2) competencia: el criterio de conexidad determina la competencia cuando se trata de repetir el pago de una condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) generalidades de la acción de repetición: se debe acudir al Código Civil para determinar la culpa grave o el dolo si la conducta que habría dado lugar a la condena ocurrió antes de que entrara en vigencia la Ley 678 de 2001. Como en este caso lo que se le reprocha al demandado sucedió bajo esta última, se acudirá a las presunciones invocadas en la demanda para efectos de calificar la actuación de aquel; 5) verificación de los presupuestos de prosperidad de la acción de repetición que interpuso la Fiscalía: se configuró la presunción de culpa grave prevista por el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001; 6) liquidación de la condena: Se debe deducir el valor de los intereses de mora que pagó la entidad pública, toda vez que no son imputables al demandado; 7) Plazo para cumplir esta sentencia: 6 meses para el pago de la condena.
Según el Tribunal de primera instancia, no se demostró en el proceso la existencia del acuerdo conciliatorio que contiene la obligación económica —cuyo cumplimiento demandó en repetición la Fiscalía—, por cuanto el acta que lo contiene se arrimó en copia simple.
Tras revisar el expediente, se encontró que, en efecto, la parte actora aportó la copia simple del acta que contiene el acuerdo conciliatorio celebrado en presencia de la Procuraduría Judicial 18 Delegada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 25 de enero de 2005, y en el cual se comprometió a pagar unas sumas de dinero a título de indemnización de perjuicios y que constituyen el objeto de esta acción de repetición. La conciliación se celebró como consecuencia de una privación de la libertad que soportó un ciudadano, tras la imposición de una medida de aseguramiento que decretó el demandado.
A pesar de que dicho documento obra en copia simple, lo cierto es que en atención a la sentencia de unificación que profirió la Sección Tercera de esta Corporación, con fecha del 28 de agosto de 2013(11), se le puede otorgar valor probatorio.
En aplicación del precedente jurisprudencial en cita, la Sala valorará el contenido del acta de audiencia de conciliación, aprobada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto fechado el 25 de febrero de 2005.
En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera(12):
“... conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial(13).
“Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7º [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad(14)”(negrillas y subrayas de la Subsección).
De conformidad con lo anteriormente expuesto, resultó correcto que esta acción de repetición se interpusiera en primera instancia ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues fue la corporación judicial que aprobó —a través de auto fechado el 25 de febrero de 2005(15)—, el acuerdo conciliatorio extrajudicial celebrado el 25 de enero de 2005, en presencia de la Procuraduría Judicial 18(16).
Recuérdese que dicho acuerdo conciliatorio lo celebró la Fiscalía con el objeto de resarcir los perjuicios que un ciudadano soportó, tras resultar privado de la libertad por una medida de aseguramiento que decretó el demandado.
La instrucción penal en virtud de la cual el demandado profirió la medida de aseguramiento culminó a favor del sindicado por preclusión de la investigación. Esta decisión la profirió la Fiscalía Seccional 87 de Cali, mediante Resolución 121, fechada el 28 de junio de 2004, por cuanto se demostró que no cometió el delito de receptación(17).
“En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción”(18) (negrilla por la Sala).
En este caso, el término de caducidad se contabilizará a partir del día siguiente al pago de la suma de dinero derivada de la conciliación extrajudicial, toda vez que ocurrió antes de que se completaran los 18 meses previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tras la ejecutoria de la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio, es decir, la fechada el 25 de febrero de 2005.
De acuerdo con la constancia de ejecutoria de dicha providencia, su firmeza sucedió el 4 de marzo de 2005(19), por lo que 18 meses desde el día siguiente se completaron el 5 de septiembre de 2006. El pago de la conciliación ocurrió el 13 de enero de 2006 —en un acápite posterior se explicará porqué se concluyó esta fecha—.
Los dos años con los cuales contaba la Fiscalía para interponer la acción de repetición vencían el 14 de enero de 2008. Como la demanda se interpuso el 18 de diciembre de 2007, se concluye que se hizo de manera oportuna.
4. La acción de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial.20
De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta una acción de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, como ocurrió en este caso, son sus disposiciones las que sirven para establecer el dolo o la culpa grave del demandado, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).
En cuanto al aspecto procesal de la acción de repetición, se deben aplicar los preceptos de la Ley 678 de 2001, inclusive a aquellos procesos que se encontraban en curso para el momento en que entró en vigencia, pues según lo estableció el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las normas procesales son de orden público y, por ello, tienen efectos inmediatos con excepción de “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas”, los cuales “se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”(21).
Como en este caso la conducta que se acusó de gravemente culposa ocurrió en vigencia de la Ley 678 de 2001, será su contenido la que permitirá juzgar al demandado y decidir si puede o no calificarse de esa manera. Concretamente, se analizará si se subsume en las presunciones de culpa grave previstas en los numerales 1º y 4º del artículo 6º, pues fueron las que se invocaron en la demanda.
También se examinará si la conducta que se le reprochó al demandado se subsume o no en el numeral 2º del artículo 71 de la Ley 270 de 1996, como otra presunción de culpa grave en la que se pretendió encauzar las irregularidades de la instrucción penal.
La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) su pago efectivo; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la culpa grave o el dolo en relación con las conductas que se le reprochan al demandado.
La Subsección analizará si en el presente caso están reunidos o no los presupuestos para acceder a las pretensiones de la acción de repetición que formuló la Fiscalía.
a) La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la Fiscalía General de la Nación la obligación de pagar una suma de dinero.
Se encuentra demostrado en el expediente que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto fechado el 25 de febrero de 2005(22), aprobó un acuerdo conciliatorio en el que la Fiscalía se obligó a pagar unas indemnizaciones, como consecuencia de la privación de la libertad que soportó un ciudadano, tras soportar una medida de aseguramiento impuesta por el ahora demandado en desarrollo de una investigación que terminó por preclusión. Aclárese que no se trató de un arreglo que se produjo con ocasión de una acción de reparación directa, fue una conciliación extrajudicial.
Por lo antes dicho, se encuentra demostrada en el expediente la existencia del acuerdo conciliatorio que impuso a la Fiscalía el pago de una suma de dinero, objeto de este proceso de repetición.
Esta prueba documental se incorporó al proceso porque la Fiscalía la aportó como anexo de la demanda.
b) El pago de la indemnización por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Como prueba para demostrar el pago de la indemnización acordada en la conciliación, la Fiscalía arrimó al proceso la copia auténtica de la Resolución 000432, fechada el 12 de diciembre de 2005, por medio de la cual liquidó sus valores y ordenó pagar la suma de $ 25.717.842. Según este acto administrativo, el dinero debía consignarse en la cuenta de ahorros Nº 016300140965 del Banco Davivienda, cuyo titular era el apoderado del beneficiario(23).
De hecho, en el expediente obra el poder que este último otorgó a un abogado para que recibiera el dinero, cuya identificación coincide con la indicada en la Resolución 000432, como la persona a quien se le debía consignar el dinero en el Banco Davivienda(24).
Además de lo anterior, la Fiscalía allegó un documento en copia auténtica en el que se señaló que la retención en la fuente era de $ 1.800.249, por lo que el valor final que recibiría el acreedor era de $ 23.917.593(25).
Así mismo, se incorporó al proceso la copia auténtica de un comprobante de consignación del Banco Davivienda, efectuada por la Fiscalía, por valor de $ 23.917.593, con destino a la cuenta de ahorros Nº 016300140965, la misma que se indicó en la Resolución 000432.
Se precisa que el comprobante de consignación tiene un sello del banco que dice “Davivienda Procesado 13 ENE 2006”(26).
Así las cosas, se cuenta con la prueba fehaciente de que se pagó el valor de la conciliación y que ahora se pretende recuperar: $ 25.717.842.
Todos los documentos aquí analizados acerca del pago de la condena se allegaron al proceso como anexos de la demanda.
Obra en el expediente la copia auténtica de la decisión fechada el 7 de abril de 2004, suscrita por el hoy demandado como fiscal del municipio de Dagua (Valle del Cauca), a través de la cual resolvió la situación jurídica de un ciudadano —el mismo que posteriormente llegó al acuerdo conciliatorio del que subyace este proceso—, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva, sin el beneficio de la libertad condicional, por su posible responsabilidad en el delito de receptación de una moto(27).
El hecho de que el demandado hubiere suscrito la referida decisión es demostrativo de que ostentaba la calidad con que la profirió: de fiscal.
Por lo antes dicho, se concluye que el aquí demandado se desempeñaba como servidor público de la Fiscalía cuando tomó la decisión que ahora se le acusa de gravemente culposa.
La copia auténtica de la resolución que resolvió la situación jurídica y que impuso la medida de aseguramiento se aportó al expediente como anexo de la demanda.
d) La culpa grave o el dolo en el demandado.
Consideraciones generales acerca de las presunciones de dolo o culpa grave previstas por los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001
Conviene señalar que las presunciones establecidas por tales artículos deben entenderse como un juicio que la ley se forma sobre la verdad de algo, por la lógica relación que muestra con otro hecho diferente y conocido como cierto(28).
En otros términos, la presunción se funda en lo que regular y ordinariamente sucede. El recto sentido de esta figura, según enseña el profesor Rocha, es el que da su etimología: “prae y sumere, o el infinitivo del verbo praesumere, presentir, tomar de antemano, porque por la presunción se toma una cosa como verdadera (sumitur pro vero) antes de que conste de otro modo, (...) de lo que comúnmente sucede, dada la constancia de las leyes naturales, físicas, químicas, económicas, sociales, ex eo quod plerumque fit (de aquello que sucede generalmente) (...) unas mismas consecuencias de unos mismos hechos, procederes o actitudes semejantes de iguales situaciones'(29).
“ART. 66—Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.
De tal manera que cuando un hecho se presume, se entiende que está exento de prueba, pues, precisamente, el objeto de la presunción es excluirlo del tema probatorio(30) para tenerlo como realizado y verídico dentro del proceso a partir de las deducciones señaladas por la ley.
“Conviene recordar que la existencia de presunciones legales no comprometen el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa, pues si bien es cierto que por regla general los sujetos procesales están obligados a demostrar los hechos que alegan como fundamento de su pretensión -onus probandi incumbi actori, también lo es que con el fin de promover la equidad en las relaciones procesales que surgen a raíz de la acción de repetición, así como de propender por la protección y efectividad de bienes jurídicos relevantes como la moralidad y la defensa del patrimonio público, el legislador bien podía relevar al Estado de la carga de la prueba cuando al ejercer dicha acción alega en su favor presunción de dolo o culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario.
“Por lo anterior, cree la Corte que de no haber apelado el legislador a la figura de las presunciones de dolo y culpa grave que consagran las normas acusadas, realmente muy difícil sería la tarea de adelantar con éxito un proceso de repetición contra el agente estatal que con su conducta dolosa o gravemente culposa ha dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado, y también se harían nugatorios los propósitos trazados por el legislador con la expedición de la Ley 678 de 2001, de promover la efectividad de los principios constitucionales de la moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función pública”(31) (se destaca).
Si se tratara de presunciones de derecho, el demandado en una acción de repetición no tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que se le reprocha no ocurrió a título de culpa grave o dolo. Simplemente se encontraría en una posición en la cual no podría ejercer su derecho de defensa, lo que implicaría la violación del artículo 29, según el cual toda persona tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”(32).
iv) Los hechos en que se apoya una presunción legal que se invoca en una demanda de repetición se deben probar y, por tanto, opera a favor de quien la propuso, relevándola de la demonstración del hecho inferido en la disposición que la contempla, a menos que la otra parte desvirtúe la conclusión que se presume.
v) La exención de la prueba mediante la aplicación de una presunción es solo en parte, porque siempre el que la invoca está obligado a demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce la consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirmara que “la dispensa de la carga de la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y respecto del hecho deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar. Pero no resulta favorecido sino probando otros hechos, aquellos que siendo ciertos, hacen creíble el segundo hecho”(33) (se destaca).
La imputabilidad de la responsabilidad
Con la demanda se allegó como prueba documental la copia de la sentencia de tutela que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 11 de mayo de 2004(34).
Dicha sentencia concluyó que el demandado —en su condición de fiscal— incurrió en unas irregularidades, constitutivas de una violación del debido proceso, mientras un sindicado permanecía detenido, en cumplimiento de una medida de aseguramiento.
Así lo concluyó el juez de tutela (se transcribe literal, inclusive los posibles errores):
“Igualmente se tiene que mediante escrito de 16 de abril de 2004, el doctor (...) renunció al recurso de apelación interpuesto contra la resolución por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del procesado y reiteró las solicitudes de revocatoria de la medida de aseguramiento y práctica de pruebas varias veces efectuadas.
“Sin embargo, el funcionario demandado, mediante proveído de sustanciación de 19 de abril de 2004, resolvió no dar trámite al desistimiento del recurso de alzada y, por ende, a las solicitudes realizadas, fundamentado en el hecho de que el defensor no había presentado personalmente el referido escrito, desconociendo de esta manera la norma procedimental que al consagrar los deberes de los servidores judiciales, en el numeral 10 del art. 142, [Ley 600 de 2000] le ordena 'recibir los memoriales dirigidos por los abogados que hayan sido reconocidos dentro del proceso, sin requerir presentación personal' y de paso llevándose a la calle las disposiciones que establecen los términos para dar trámite a las solicitudes de pruebas y de control de la medida de aseguramiento.
“No obstante lo anterior, vale decir, las irregularidades advertidas en el trámite de las solicitudes formuladas por el defensor del señor (...), las que originaron una tardanza en su decisión, lo cierto es que en este momento las mismas fueron subsanadas ante la instauración de la acción de tutela por el fiscal accionado, quien mediante determinaciones de 24 y 30 de abril del año avante, finalmente dispuso la práctica de pruebas, cuya práctica se había solicitado en múltiples oportunidades y negó la revocatoria de la medida de aseguramiento.
“Exhortar al fiscal seccional 155 de Dagua-Valle, para que en los sucesivo se abstenga de incurrir en irregularidades como las generadas en el proceso penal adelantado en contra del señor Ancizar Molina Mañosca” (se destaca).
Expuesto lo anterior, debe hacerse alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el alcance probatorio de las sentencias proferidas dentro de otros procesos judiciales:
“Se equivoca el a qua al deducir la responsabilidad del demandado, teniendo como prueba de la misma, la valoración probatoria que realizó el Tribunal Administrativo del Norte de Santander en la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de insubsistencia; y aunque en el mencionado proceso de nulidad se demostró la desviación de poder y por tal razón se anuló el acto, las pruebas aportadas en ese proceso no pueden ser valoradas en este, toda vez que su traslado no fue solicitado por las partes.
'... aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad... no puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha Corporación, en la fecha mencionada, mas no sirve para la demostración de los hechos que fundamentaron tal resolución... pues como lo ha reiterado la Sala tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría suscitar eventos '... incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción... (Negrilla fuera del texto). Sentencia S-011 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del seis de abril de 1999).(35) (Se deja estacado en negrillas y en subrayas).
'(...) la motivación de la sentencia judicial que imponga un condena patrimonial a cargo de una entidad pública y el pago de la misma no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado en acción de repetición. En efecto, en aquellos casos en los cuales la acción de repetición se fundamenta únicamente en las consideraciones que dieron lugar a la imposición de una condena, la Sala ha sostenido que estas no son suficientes para comprometer al demandado ni para concluir que su actuación hubiere sido dolosa o gravemente culposa, dado que la conducta imputada debe ser demostrada en el proceso de repetición en aras ele garantizar a favor del demandado el debido proceso, puesto que la acción de repetición es autónoma e independiente respecto del proceso que dio origen a la misma. (Negrillas del original)(36)’”(37)
Ahora bien, acorde con la cita jurisprudencial puesta de presente, el alcance probatorio de la sentencia de tutela fechada el 11 de mayo de 2004 es solo en relación con “su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte”.
En ese sentido, para este caso, la mencionada providencia constituye prueba de que, el 11 de mayo de 2004, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió una sentencia de tutela en la que se concluyó acerca de unas irregularidades procesales cometidas por el ahora demandado, dentro un proceso penal que derivó en una conciliación extrajudicial por privación injusta de la libertad, cuyo cumplimiento dio lugar a esta acción de repetición.
Dicho lo anterior, debe señalarse que en la demanda se invocó, entre otras, la presunción de culpa grave prevista en el numeral 4º del artículo 6º, de la Ley 678 de 2001, que dice así:
“4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal” (se destaca).
La anterior presunción fue objeto de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-455 de 2002, por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad de los términos “manifiesta e inexcusablemente” que originalmente traía su redacción(38), así:
“Aunque bien podría decirse, como se dijo a propósito del artículo 5-5 [se refiere a la Ley 678 de 2001] que solo el error manifiesto e inexcusable permitiría calificar como grave la conducta del agente estatal, tales consideraciones no operan para la causal 4ª del artículo 6º.
“Si se remite al texto de la norma se verá que su sentido es el de proteger a las personas privadas de la libertad de las conductas de los servidores públicos que incumplan los términos procesales. De esta manera, la norma busca evitar retenciones o privaciones de la libertad que vayan más allá de los estrictos términos previstos por la ley. Se intenta que nadie permanezca retenido más tiempo del estrictamente necesario, en un esfuerzo por reconocerle al derecho a la libertad, la primacía que le otorga el régimen constitucional colombiano en su capítulo primero.
“Así entendido, no cabe duda que las limitantes impuestas por la presunción demandada, en el sentido en que solo constituirá culpa grave el error manifiesto e inexcusable en el cumplimiento de dichos términos, implican una reducción inconstitucional del alcance de las presunciones estatutarias incluidas en el artículo 71 de la LEAJ.
“De igual manera, dichas restricciones reducen el ámbito de protección del derecho a la libertad personal, fijado por los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, pues tales disposiciones prohíben que alguien sea reducido a prisión o arresto, o detenido, si no es con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley; consagran el habeas corpus para que el juez decida sobre la situación personal del detenido en el término de 36 horas, y establecen la necesidad de respetar el debido proceso y de que toda decisión judicial respete los derechos de los retenidos, uno de los cuales es el de recibir un tratamiento judicial sin dilaciones injustificadas.
“La condición de 'manifiesto e inexcusable' no fue entonces considerada por el constituyente y mal podría el legislador incluirla para calificar la culpa del funcionario judicial como grave. Es indiscutible que la retención indebida de una persona produce graves perjuicios materiales y morales al procesado, por lo que, si son reclamados ante el Estado mediante un proceso judicial, es razonable que este repita contra el agente suyo que los infligió.
“Dada la importancia que reviste para el régimen constitucional la preservación del derecho a la libertad personal, no podría entonces justificarse, desde ningún punto de vista, que el único error constitutivo de culpa grave fuese el error manifiesto e inexcusable. En punto a la defensa de este derecho fundamental, cualquier error que implique el desconocimiento de los términos procesales, de los cuales depende la libertad del procesado, debe ser considerado grave.
“Es esa la razón por la cual esta Sala estima que la expresión 'manifiesta e inexcusablemente', incluida en la norma acusada, debe ser retirada del ordenamiento jurídico. La ley ordinaria, aunque está autorizada para complementar y precisar los alcances de la estatutaria, no puede, sin quebrantar el ordenamiento constitucional, disminuir las decisiones o reducir las garantías fijadas por esta. En el caso concreto del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, las expresiones señaladas han reducido el alcance de protección que pretendía conferir la LEAJ al derecho a la libertad y por ello serán declaradas inexequibles'(39).
En el presente caso, considera la Sala que la entidad pública demandante demostró el supuesto de hecho sobre el cual descansa la presunción prevista en el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, esto es, que el aquí demandado, dentro del proceso penal que luego dio lugar a la condena patrimonial por la que ahora se repite, incurrió en una violación del debido proceso mientras un sindicado permanecía privado de la libertad.
Así las cosas, se impone aplicar la referida presunción legal, en virtud de la cual se concluye que el demandado actuó con culpa grave.
Al constatarse en el expediente que la parte actora demostró el aspecto fáctico para aplicar dicha presunción, debe indagarse acerca de la defensa del demandado, toda vez que tenía posibilidad de aportar pruebas para desvirtuar la consecuencia por ella prevista, en consideración a que ostenta el carácter de legal y no de derecho.
No obstante lo anterior, el demandado no intervino en el proceso y, por ende, no ejerció su derecho de defensa para impedir la aplicación de la presunción de culpa grave prevista por el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001.
En definitiva, el demandado se declarará responsable a título de culpa grave, por violar el debido proceso de un sindicado mientras este permanecía privado de la libertad, circunstancia por la cual la Fiscalía pagó una indemnización por cuenta de una conciliación extrajudicial que se celebró, precisamente, por la actuación judicial del aquí demandado.
Dado que prosperó la mencionada presunción, no resulta necesario estudiar las demás que se invocaron en la demanda.
Se procede a liquidar la condena que debe imponerse al demandado.
6. Liquidación de la condena a cargo del demandado.
En este caso la Fiscalía demostró en el proceso que la privación de la libertad, en virtud de la cual pagó una indemnización, la impuso el demandado en desarrollo de una conducta gravemente culposa. Al mismo tiempo, se tiene que este no intervino en el proceso para desvirtuar la conclusión que se obtuvo luego de que dicha entidad sacara avante una presunción de culpa grave.
Por consiguiente, la realidad procesal es que la Fiscalía logró establecer que la indemnización que pagó estuvo precedida por una conducta atribuible al demandado, de ahí que este deberá reintegrar el 100% de su valor.
La Fiscalía solicitó que se condenara el demandado a pagarle la suma de $ 25.717.842, cantidad que pagó en virtud del acuerdo conciliatorio. Sin embargo, a este valor debe descontarse los intereses moratorias, pues su causación no resultaba atribuible al demandado.
De conformidad con la Resolución 000432, fechada el 12 de diciembre de 2005 y que obra en el expediente, por la cual se dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio, el valor del capital representado en las indemnizaciones acordadas en la conciliación ascendía a $ 25.692.500, mientras que los intereses moratorias a $ 25.342.
Por tanto, la suma de dinero que le corresponde pagar al demandado asciende a $ 25.692.500. Esta cantidad debe actualizarse con base en la siguiente operación matemática:
— Índice final: IPC vigente a la fecha de esta sentencia: junio de 2017: 137,87
— Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que ocurrió el pago: enero de 2006: 84,56.
Ca = $ 25.692.500 x 137,87
Ca = $ 41.890.077
7. Término para el cumplimiento de esta sentencia.
“Ejecución en caso de condenas o conciliaciones judiciales
En acción de repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.
“Y; en cuanto hace a la parte acusada del inciso segundo del mismo artículo 15 de la Ley 678 de 2001, resulta plenamente en armonía con la Constitución que si la obligación no se paga dentro del plazo que fue concedido para el efecto, el servidor público ahora deudor del Estado pueda ser ejecutado, pues como es conocido si las obligaciones no se cumplen de manera voluntaria puede acudirse entonces a la ejecución forzosa” (se destaca).
En suma, le corresponde a la Sala establecer el plazo para que el demando pague la condena impuesta en su contra. Se considera entonces razonable, en virtud del principio de igualdad, acoger el término de 6 meses, el cual ya ha sido utilizado —recientemente— por esta Corporación, concretamente por la Subsección C de la Sección Tercera al decidir varias acciones de repetición en vigencia de la Ley 678 de 2001(40).
De conformidad con lo expuesto en esta providencia, Revocar la sentencia proferida el 22 de julio de 2011, por el Tribunal Administrativo deI Valle del Cauca. En su lugar se dispone:
1. Declarar, a título de culpa grave, responsable al señor Roger Antonio Gaviria Burbano, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.526.346, por haber privado de la libertad a un ciudadano con violación del debido proceso, hechos por los cuales la Fiscalía pagó una indemnización.
2. Condenar al señor Roger Antonio Gaviria Burbano a pagar a la Fiscalía General de la Nación, por la suma de cuarenta y un millones ochocientos noventa mil setenta y siete pesos ($ 41.890.077).
3. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse, con destino a las partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
(11) Sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, calendada el 28 de agosto de 2013, Expediente 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.
(12) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, Expediente 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); M.P. Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, Expediente 42.354, entre muchas otras providencias.
(13) Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, Expediente 2007 00433 00, C.P. Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, Expediente 2001 02061 01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”.
(14) Original de la cita: “Cfr. autos citados”.
(15) La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que aprobó el acuerdo conciliatorio obra en los folios 15-19 del cuaderno principal.
(16) El acta de conciliación obra en los folios 11-14 del cuaderno principal.
(17) La copia auténtica de esta resolución obra entre los folios 67-71 de cuaderno principal.
(18) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia con fecha de 10 de agosto de 2016. Proceso 23001 23 31 000 2006 00637 01 (37.265).
(19) Folio 19 del cuaderno principal.
(20) Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en sentencia fechada el 16 de julio de 2008, Expediente 29.291, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.
(21) Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
(22) Esta providencia obra en los folios 15-18 del cuaderno principal.
(23) Este acto administrativo obra en los folios 24-30 del cuaderno principal.
(24) Folio 20 del cuaderno principal.
(25) Folio 31 del cuaderno principal.
(26) Folios 32 y 33 del cuaderno principal.
(27) Esta providencia obra en los folios 52-55 del cuaderno principal.
(28) Rocha, Alvira Antonio, de la Prueba en Derecho, Tomo I, Ediciones Lerner, Quinta Edición, Bogotá, 1967, págs. 554 y 560.
(29) lbíd.
(30) Devis, Echandía, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte General, Tomo V, De la Prueba, Editorial Temis, Bogotá, 1967, Pág. 287.
(31) Corte Constitucional, Sentencia C-374 de 2002, criterio reiterado en términos generales en Sentencia C-778 de 11 de septiembre de 2003.
(32) El inciso 4º del artículo 29 constitucional señala:
“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra: a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.
(33) Rocha, Alvira, Antonio, Op. Cit., pág. 558.
(34) Folios 90-100 de cuaderno principal.
(35) Original de la cita: “Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2008, Radicación 54001-23-31-000-1998-00869-01 (19.307), con ponencia del señor Consejero Enrique Gil Botero”.
(36) Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Expediente 27.779, entre muchas otras providencias”.
(37) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 27 de marzo de 2014. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Proceso 110010326000201000018 00 (38.455).
(38) La redacción original del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 decía:
“4. Violar [manifiesta e inexcusablemente] el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”.
(39) Corte Constitucional. Sentencia C-455 de 2002. Expediente D-3826. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(40) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencias:
— De 9 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 11001-03-26-000-2012 -00051-00(44845).
— De 9 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 63001-23-31-000-2010-00240-01(54391).
— De 9 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 54001-23-33-000-2012-00002-02(54589).
— De 12 de septiembre de 2016. Expediente Radicación 40001-23-31-000-2010-00311-01(51946).

References: ARTÍCULO 15
 artículo 6
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 177
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 artículo 40
 artículo 6
 artículo 71
 Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 artículo 29
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 artículo 6
 artículo 5
 artículo 6
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