Source: https://www.scribd.com/doc/53470703/Constitucion-de-La-Rep-Dom-y-Seg-Vial-Web-F
Timestamp: 2018-02-24 14:14:19+00:00

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Description: Analisis de los articulos constitucionales con vinculos a la seguridad vial en la Republica Dominicana segun la ultima reforma del 2010.
Analisis de los articulos constitucionales con vinculos a la seguridad vial en la Republica Dominicana segun la ultima reforma del 2010.
De la Constirución de la República a la Seguridad Vial
Comentario y Recopilación Ing. Mario Holguín
Miembros de la Comisión Jurídica de FundaReD Red de Seguridad Vial Dr. Pablo Arredondo Germán
Dra. Bertha S. Byas Febles
Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, R. D.
Licda. Rosa H. Galay De la Cruz
Diagramación y Diseño de Portada Yael Báez
Fundación Red de la Dignidad FundaReD
Santo Domingo, D. N. República Dominicana 2010
Comentario ................................................................................................5 De la División Político-Administrativa ......................................................7 Del Derecho a la Libertad y Seguridad Personal .......................................8 Del Derecho a la Integridad Personal ..........................................................9 De la Libertad de Tránsito ............................................................................10 De la Protección de las Personas Menores de Edad .....................................10 De la Protección a las Personas con Discapacidad ....................................11 Del Derecho a la Salud ................................................................................11 Del Derecho a la Educación ........................................................................13 De la Protección del Medio Ambiente ........................................................13 De la Garantía de los Derechos Fundamentales ...........................................14 De la Acción de Amparo .............................................................................15 De los Principios de Reglamentación e Interpretación ...............................16 De los Deberes Fundamentales ....................................................................16 De las Atribuciones de Senadores y Diputados ...........................................17 De las Atribuciones del Congreso Nacional ................................................17 De la Iniciativa Legislativa ..........................................................................19 De la Proscripción de la Corrupción............................................................19 De la Finalidad de los Servicios Públicos....................................................20 Del Poder Judicial .......................................................................................20 De los Ministerios Públicos ..........................................................................21 De la Defensa Pública ................................................................................21 Del Ordenamiento del Territorio ...............................................................22 Del Régimen de los Municipios en cuanto a la Administración Local......22 Del Control y Fiscalización de los Fondos Públicos ....................................23 Estadísticas .................................................................................................24 De las Finanzas Públicas ...........................................................................28 De la Planiﬁcación ......................................................................................28 De la Policía Nacional ...............................................................................28 Recomendaciones ..................................................................................29 Apéndice...................................................................................................31 Artículos de Referencia de la Constitución de la República Dominicana
Ing. Mario Holguín A. Presidente Fundación Red de la Dignidad
Comentario.La Constitución de la República Dominicana luego de un período de discusión con los diversos sectores de la vida nacional, fue aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa; posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo y proclamada el 26 de enero de 2010. Hemos considerado todos los artículos que de alguna manera tienen un vínculo con la Seguridad Vial en nuestro país, por lo que ponemos este documento a la disposición del público con ﬁnes informativos. En tanto que la Seguridad Vial mundial fue declarada en crisis por las Naciones Unidas hace unos años, ahora se encaminan los aprestos para Dr. Pablo Arredondo Germán su mejoría mediante la Declaración de Comisión Jurídica de FundaReD la Década de Acción (2011-2020), sin perder de vista que es la segunda causa de muerte en personas de 5 a 29 años de edad y la tercera entre 30 y 44 años, para considerarse un problema fundamental de salud. La República Dominicana no escapa del listado de mayor tasa de mortalidad por siniestros viales por cada 100,000 habitantes en Iberoamérica, razón por la cual debiera ser un tema de Estado.
De la Constitución de la República a la Seguridad Vial
La Seguridad Vial es consustancial al tránsito y al transporte terrestre; no obstante al desarrollo y aplicación de políticas sobre la preservación de la vida, la salud y los bienes de los usuarios de la red viaria, cuyos actores de riesgos multicausales proponen soluciones multisectoriales bien identiﬁcadas, que obligan la participación de los diversos organismos Estatales, incluyendo a los Legisladores y el Poder Judicial; Dra. Bertha S. Byas Febles los partidos políticos, la sociedad civil, Comisión Jurídica de FundaReD el sector privado, las Organizaciones No Gubernamentales; las Iglesias, los Gobiernos Municipales, las comunidades, los Organismos Multilaterales, los Medios de Comunicación de Masas, etc., ninguno escapa de esta elevada responsabilidad. Por otro lado, consideramos que los altos índices de siniestralidad que experimenta la Nación Dominicana, solo es posible combatirlos si existe voluntad política para diseñar políticas públicas que permitan ejecutar un plan estratégico nacional e integral eﬁciente y eﬁcaz vinculado a la agenda de desarrollo como proyecto de nación. Los países que muestran ejemplos de buenas prácticas de políticas de Seguridad Vial despliegan esfuerzos por establecer un sistema de gestión interinstitucional mediante un órgano rector único, con autoridad y ﬁnanciamiento. Esquema que se propone se aplique en nuestro país.
Licda. Rosa H. Galay De la Cruz Comisión Jurídica de FundaReD
Por demás, comprendemos que con este tema debe propiciarse un vínculo con la agenda económica del país por los altos costos que genera la inseguridad viaria en perjuicio de la población y el desarrollo de las comunidades, acarreando de por sí, mayor pobreza a los dominicanos al afectar los diferentes
ejes críticos, tales como salud, educación, medio ambiente, energía, infraestructura vial, sistema de autoridad; garantías y aplicación de las leyes, garantías de los servicios públicos, seguridad ciudadana, protección a los usuarios vulnerables de las vías; ordenamiento territorial, presupuesto nacional, canales de comercialización internos, transparencia, tecnología de la información y la comunicación (TIC), la investigación, desarrollo y la innovación (I+D+i), etc., que son asuntos tratados y regulados en nuestra Constitución, tal como veremos a continuación.
El artículo 12 de la Constitución trata sobre la división política administrativa, tomando en cuenta que el territorio de la República Dominicana está dividido tradicionalmente en tres grandes regiones; según las leyes se establecen 31 provincias y un Distrito Nacional, compuestas por 155 Municipios, que a su vez tienen 228 Distritos Municipales en la actualidad. Todas estas demarcaciones se intercomunican a través de casi 19,000 kilómetros de carreteras y caminos que conforman la red viaria nacional utilizada por los ciudadanos que transitan por diferentes motivos, ya sean como conductores, pasajeros o peatones. Estos usuarios de las vías dedican una parte importante de su tiempo a trasladarse de un punto a otro; determinándose que la forma y el volumen de circulación no es igual en todas las ciudades ni en todos los barrios ni a toda hora; los vecinos transitan por su localidad, de una ciudad a otra, o entre su localidad y zonas suburbanas o rurales, para movilizarse, contando en la mayoría de los casos con poca seguridad; es por ello que se hace necesaria la regularización eﬁciente del tránsito y el transporte terrestre a través de la Constitución, legislar sobre políticas públicas del derecho a la seguridad vial protegiendo la integridad física, la salud y la propiedad privada de las y los ciudadanos que viven en constante movimiento dentro del territorio. La concentración de tópicos fundamentales que no son contemplados en la ley 241 sobre el tránsito terrestre, constituyen en la actualidad un tema independiente.
La movilidad es una necesidad y un derecho de todos los ciudadanos, y más aun cuando contamos con un campo vehicular creciente cada año, detectándose hoy día más de 2 millones 700 mil vehículos de motor, donde el 49% es de motocicletas, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Lo anteriormente descrito provoca por múltiples factores siniestros viales que dejan una estela de sufrimiento a las familias y a la sociedad. Lo cual ha generado una preocupación colectiva por los altos índices registrados afectando la economía nacional. Contar con rutas y medios de transporte adecuados es parte de la calidad de vida, cualquiera que sea el entorno donde se desenvuelva cada uno, y el Estado tiene la obligación de proporcionar estos servicios con seguridad, eﬁcacia y eﬁciencia. Los habitantes de las zonas rurales tienen modalidades y necesidades de circulación diferentes de quienes radican en localidades medianas o grandes urbes, pero sus derechos son iguales y merecen las mismas atenciones, ya que el Estado debe regular el derecho al tránsito con equidad e igualdad.
Del Derecho a la Libertad y Seguridad Personal
Hay un aspecto relevante que está presente en la deliberación pública y la normativa de tránsito. La regulación legal se vincula habitualmente con conﬂictos reales o posibles; en el caso del tránsito, la normativa surge para mediar entre los intereses de los particulares, o entre estos y el Estado; es decir, para dirimir el uso del espacio público. Esto es necesario porque la población circula en forma continúa sometiéndose a altos riesgos. En base a esto fue creada la Ley 241 y sus modiﬁcaciones para regularizar el tránsito de vehículos de motor.
Relacionado con la seguridad vial, toda persona que al momento de utilizar la vía pública en calidad de conductor cometiera una falta a la ley que rige la metería y fuere detenido por autoridad competente, tiene derecho a que se le exprese la falta cometida, el respecto a su integridad física, respecto y cuidado de sus documentos de identidad personal. Si no se le atribuye ninguna falta, que se le indique seguir la marcha libremente, sin que por ninguna falta se le retengan sus documentos ya que no constituyó ninguna violación al derecho resguardado. Todo usuario de las vías públicas, debe movilizarse sin temor a que sus derechos de libertad y seguridad sean coartados a menos de que cometiera un delito ﬂagrante. Y en tal caso respetar el tiempo que manda la ley de 48 horas para ser sometido ante la justicia.
Del Derecho a la Integridad Personal
Toda persona tiene derecho a transitar por las vías públicas gozando de una verdadera seguridad vial que le garantice su integridad física, psíquica y moral, estableciendo así un grado mínimo de siniestralidad. El Estado deberá garantizar que existan sanciones creíbles y fehacientes a ﬁn de que las mismas disminuyan la violencia vial. En la República Dominicana ocurre con alta frecuencia violación a este artículo de nuestra Constitución, siendo el ejemplo más reciente a la hora de la redacción de este documento el caso de un conductor de 23 años, por demás, estudiante de término de Derecho, en donde también estuvo en riesgo su familia que lo acompañaba. Pero así se repitieron varios casos de igual características que ha generado el repudio a las autoridades de la opinión pública y de la sociedad en general.
Esta violación no solo es de parte de las autoridades, sino que se le puede atribuir en algunos casos a los sindicatos de conductores en su lucha por el control de las rutas.
De la Libertad de Tránsito
De conformidad con las disposiciones legales fundamentadas en la ley de tránsito y sus modiﬁcaciones, toda persona tiene derecho a transitar libremente, ya sea como conductor de vehículo de motor, pasajero o peatón, es una prerrogativa consagrada no solo en la ley de leyes que rige la República Dominicana sino que lo enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El desplazamiento al que hacemos alusión se realiza a través de la red viaria nacional. Ahora bien, existen normativas para regular dicha movilidad y así evitar distorsión en la vida cotidiana de las personas y de la comunidad, que puede ser desde un leve accidente en la vía hasta un siniestro que arroje lesionados o muertes.
De la Protección de las Personas Menores de Edad
Desde el punto de vista de la seguridad vial, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos con una verdadera seguridad vial, por tanto el Estado, además de la familia y la sociedad deberá promover la educación, y los legisladores hacer leyes que contemplen la educación vial dentro del sistema educativo nacional, para preservar y asegurar la integridad física de los menores en su calidad de usuarios de las vías, sea en condición de conductores o peatones, escolares o no.
La erradicación del trabajo infantil, así como la asistencia a los envejecientes, ha sido un tema declarado en la Constitución, en su artículo 56, 57 y 58, como de interés nacional. Las intersecciones de nuestras principales calles y avenidas, como a lo largo de las carreteras más concurridas, están expuestas a riesgos viales por la participación de pedigüeños, sin importar la edad o condiciones físicas, y de vendedores o prestadores de servicios, sin importar la hora, poniendo en peligro sus vidas, la de los conductores y el libre tránsito; esto último trae como consecuencia problemas colaterales de perturbación en cuanto al consumo de combustible de los vehículos, la factura eléctrica de los semáforos y en el comportamiento de los conductores, haciéndolos más susceptibles a un accidente.
De la Protección a las Personas con Discapacidad.
Por otro lado, la Constitución claramente expone en su artículo 58 proteger de parte del Estado a los discapacitados. La Protección e integración a la comunidad a estas personas vulnerables con derecho al uso de las vías públicas promoviendo la seguridad vial para los mismos es un compromiso consagrado en la ley de leyes; por lo que el Estado debe crear las condiciones necesarias y adecuadas en infraestructuras viarias para el desenvolvimiento, protección y seguridad de los discapacitados.
Los siniestros viales están tipiﬁcados como pandémicos por la Organización Mundial de la Salud por tratarse como asunto
de salud pública que afecta de manera sensible los diversos aspectos de la vida de una nación, como son: el medio ambiente, la energía eléctrica, la alimentación, la economía, el desarrollo de la infraestructura, la educación, la justicia, el sistema de autoridad, la tecnología, en ﬁn, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la civilización. Sin que se mencione de manera particular que genera mayor pobreza en las naciones, en especial las de medianos ingresos. El Estado debe velar por la salud de los usuarios de las vías públicas teniendo la obligación de prever los siniestros mediante la implementación de planes y programas de seguridad vial; entre otras cosas, facilitando la ayuda inmediata y sin dilación en el lugar del evento con médicos, policías, ambulancias, registros, canales judiciales, etc., así como las facilidades hospitalarias y atenciones psicológicas a sus familiares, a ﬁn de garantizar la salud de la o las víctimas, además de brindar las informaciones del hecho a los medios e identiﬁcación de los involucrados. Los elevados costos en salud pública a causa de los traumatismos en accidentes de tránsito son tratados con profundidad por los organismos mundiales y regionales, ya que las naciones, en especial los de medianos y bajos ingresos son muy perjudicados en sus economías. La educación del transeúnte implica el aprendizaje de actitudes y comportamientos seguros para la prevención de accidentes, para el cuidado y preservación del bienestar psicofísico propio y de los demás en las vías públicas. Conseguir que cada persona sepa que puede ser agente de salud y agente de riesgo es un objetivo primordial para garantizar su propia salud y seguridad física.
El Estado debe legislar para que la educación vial sea impartida con carácter obligatorio como materia curricular, en las escuelas públicas y privadas, para que los ciudadanos y ciudadanas adquieran una verdadera vocación de seguridad vial desde temprana edad. Estas consideraciones las tomamos en el sentido de que los cuatro componentes (el ser humano, el vehículo, la infraestructura viaria y el ambiente) que inciden en la seguridad vial, es el ser humano el causante principal de la siniestralidad vial. En este tenor, el Estado debe tomar en cuenta de manera fundamental la Educación Vial como una verdadera prevención para erradicar de manera deﬁnitiva la alta tasa de siniestralidad producida en las vías. Con la formación del peatón, la formación del usuario de transporte público, de los pasajeros en general, y de la formación del conductor se considera la estrategia esencial para la prevención de siniestros viales.
De la Protección del Medio Ambiente
La educación del transeúnte se vincula con la educación ambiental en sentido amplio, es decir, que la considera un instrumento para transformar el medioambiente humano en las vías públicas, para una mejor calidad de vida no sólo en lo relacionado con los aspectos contaminantes del funcionamiento del sistema (contaminación sonora, del aire, de las aguas, visual), sino también para el desarrollo de un ámbito social público de convivencia más armónico, pacíﬁco, sano y seguro. El Estado debe garantizar vías públicas seguras y las normativas para su uso, con sus señalizaciones al efecto,
manteniéndolas libre de daños pluviales, aguas negras, puntos negros y tramos de concentración de accidentes, contribuyendo a la contaminación del medio ambiente, o que afectado el pavimento por los cambios climáticos y erosiones de suelos; Pero, también es obligación del Estado ﬁscalizar a los propietarios de vehículos en cuanto a mantenerlos en buenas condiciones para evitar la contaminación ambiental con humos, gases tóxicos y de invernaderos, sustancias residuales y ondas sonoras que dañen la salud y el medio. El Estado debe crear las facilidades de cooperación para las relaciones internacionales en lo relativo a la seguridad vial, creando mecanismo para la ejecución de cursos nacionales e internacionales, charlas, conferencias, talleres, congresos, seminarios, etc., que permitan reforzar la conciencia social para cumplir con tratados internacionales, como son el RD·CAFTA, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, El Protocolo de Kyoto y otros. El Estado debe crear mediante ley un órgano rector de la seguridad vial responsable de diseñar las políticas públicas, de elaborar y aplicar un plan estratégico, organizar y dirigir un Observatorio Nacional de Datos; dotado de autoridad y de mecanismos tecnológicos especializados que reúna a todos los agentes activos de la seguridad vial; con su propio presupuesto, partiendo de una voluntad política. Y que además, se encargue de elaborar un protocolo de seguridad vial para el transporte de sustancias prohibidas. Lo cual atañe al medio ambiente.
De la Garantía de los Derechos Fundamentales
Consideramos que la seguridad vial debe estar contenida dentro de los derechos fundamentales, ya que la inseguridad
vial conlleva un problema de derechos, porque vivir, gozar de la salud y de la integridad física y psíquica; transitar libremente, movilizarse, permanecer en el espacio público y participar de todos los eventos sociales, culturales y comerciales que se desarrollen en ese ámbito son derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento nacional y en los sistemas jurídicos provinciales. El Pacto de San José de Costa Rica expresa en su artículo 5º: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, moral y psicológica”, y en ello se funda la reparación civil. Por tanto, los niños, jóvenes y adultos deben estar preparados para cuidar nuestra propia vida. Es necesario comenzar esta preparación desde pequeños, en la familia, la escuela, como parte integral de desarrollo humano en la sociedad. Ya que esta seguridad no solamente es un derecho que tenemos como ciudadano, sino también un deber de todos y cada uno de nosotros en lo que respecta al cuidado de la vida y la naturaleza. Tomemos en cuenta que los deberes y los derechos están íntimamente relacionados con la seguridad vial y la necesidad de circulación.
Al ser la seguridad vial a nuestro criterio un derecho fundamental, consagrado de manera indirecta en la Constitución de la República, por lo que entendemos que cualquier ciudadano puede recurrir en amparo ante cualquier tribunal de la República a los ﬁnes de recibir amparo ante la amenaza inminente, por parte del Estado o de cualquier otro particular de la seguridad en cualquier vía pública durante su desplazamiento.
De los Principios de Reglamentación e Interpretación
El tema de la inseguridad vial constituye una problemática que afecta no solo a la Nación Dominicana, sino a todo el mundo, lo cual es evidente, pues en ocasión de esto han sido suscritos numerosos pactos y convenciones internacionales, de los cuales República Dominicana es signataria. Es ahí precisamente en donde entra en juego la aplicación de las estipulaciones del art. 74.3 de la Constitución, pues establece los pactos y acuerdos internacionales, que incluye de manera indirecta los actos relativos a la seguridad vial, tan solo se hace necesario iniciar su aplicación con buenas prácticas de políticas públicas.
En el propio art. 75 de la Constitución, el legislador de modo no directo ha considerado como uno de los deberes fundamentales el de la obligación que tiene todo ciudadano de garantizar la seguridad en las vías públicas asumiendo una conducta aceptable dentro de un marco jurídico y moral mientras se desplaza en circunstancias ordinarias. Por lo que siendo la seguridad vial un deber fundamental; su inobservancia compromete la responsabilidad tanto para el Estado como para los particulares
De las Atribuciones de Senadores y Diputados
La Constitución de manera expresa ha atribuido a los Senadores y Diputados la obligación de conocer sobre las acusaciones formuladas en contra de los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y a los elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura e inclusive las acusaciones formuladas en contra del Presidente y el Vicepresidente, por las faltas graves en el ejercicio de sus funciones, externando también las modalidades en que se llevará a cabo este procedimiento. La Constitución de manera indirecta deja por sentado que los funcionarios o actores de los gobiernos municipales, cuyas funciones principales se enmarcan dentro de la seguridad vial (mantener las vías en buen estado, señalizaciones, construcción de vías seguras, iluminación, etc.) al ser acusados de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones se le hará el procedimiento que establecen los artículos supra indicados.
Dentro de las atribuciones del Congreso Nacional señaladas en la Constitución cabe mencionar la del artículo 93, ya que los legisladores son los encargados de determinar el modo de las recaudaciones ﬁscales e inciden con el ejecutivo en la forma de las inversiones públicas. De ahí que el sistema de seguridad vial en su conjunto contiene numerosos pasos de servicios a la ciudadanía en la que es determinante la acción del legislador conforme al artículo aludido: los impuestos para la importación de vehículos; la emisión y renovación de la licencia de conducir de vehículos de motor; los
impuestos para la emisión de documentos para las placas, revistas, seguros y otras certiﬁcaciones, etc. Son los legisladores los responsables de emitir, reformar y modiﬁcar las leyes en materia de tránsito vehicular y seguridad vial, para ser especíﬁco. Pero también, crear o modiﬁcar demarcaciones en sentido general es competencia congresional, lo cual trae como consecuencia cambios en las inversiones viarias, pero también son sus atribuciones en materia de ﬁscalización y control, en todo lo relacionado con los cabildos municipales. Los congresistas pueden citar a funcionarios del sistema de autoridad de la seguridad vial, para ser investigado o pedir algunas explicaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Pueden interpelar a los funcionarios relacionados al sistema de autoridad de la seguridad vial sobre los casos que se encuentren apoderados, como también supervisar las políticas públicas sobre seguridad vial. Es el Congreso quien nombra comisiones permanentes y especiales para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público a los ﬁnes de que se rinda un informe y asimismo supervisar las políticas públicas que implementa el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, siempre en los casos relacionados con la seguridad vial y la siniestralidad. Según el art. 96 los Legisladores, la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, son los que tienen la iniciativa de crear las leyes que rigen el tránsito vehicular. Esta última, si emite una cédula de identidad vulnerable inicia un proceso vulnerable en la seguridad vial.
Todos los ciudadanos y ciudadanas en su condición de usuarios de los sistemas viales, como personas que se encuentran en riesgo constante, debido a la alta siniestralidad vial causadas por las deﬁciencias de las leyes e instituciones responsables de la materia. Por tanto, dichos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tomar participación en la iniciativa legislativa popular según establece la Constitución de manera expresa en el artículo 97, para las modiﬁcaciones de las leyes viales existentes, la creación de proyectos tendentes a mejorar el sistema vial y disminuir la alta siniestralidad. Tomando en cuenta que debido que al alto riesgo de siniestralidad, la alta tasa de catástrofe y mortalidad causada por el desinterés claramente manifestado por autoridades competentes; debe declararse como una dilución de urgencia todo proyecto referente a la seguridad vial bajo los parámetros del artículo 98 de la Constitución Dominicana.
De la Proscripción de la Corrupción
Todo los funcionarios de los organismos que manejen fondos públicos relativos a la seguridad vial están sujetos a ser supervisados y así mismo condenados en caso de violentar el orden ético en el manejo de los fondos públicos destinados al ordenamiento y seguridad del tránsito y el transporte, como establece el articulo 146 de la Constitución de la República que ha expresado la modalidad y condena en que se regirá todo tipo de corrupción administrativa.
De la Finalidad de los Servicios Públicos
El artículo 147 ha expresado que el Estado tiene la obligación de garantizar que todos los servicios públicos lleguen a los ciudadanos y ciudadanas con eﬁcacia, eﬁciencia, transparencia, equidad tarifaria y bajo regulaciones bien especíﬁcas y establecidas, por cuanto el sistema de seguridad vial tiene una serie de servicios públicos tales como lo señaláramos anteriormente: actos aduanales, emisión de la cédula de identidad y electoral, la emisión de la licencia de conducir, emisión de certiﬁcaciones policiales, servicios legales, emisión de placas, seguros, marbetes, certiﬁcación de revisión técnica vehicular, certiﬁcación de educación vial, seguimiento al sistema de publicidad a través de los medios de comunicación y otros. Las entidades públicas como los funcionarios del sistema de seguridad vial, tienen la responsabilidad civil según el artículo 148 de nuestra Constitución por daños y perjuicios ocasionados a la ciudadanía por una mal administración en el desempeño de sus funciones.
A la luz de lo que establece el artículo 149 de nuestra Constitución Dominicana en sus párrafos I, II y III, la función judicial ejercida por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y las leyes, en relación a la seguridad vial administran justicia para dirimir y decidir sobre los conﬂictos entre los usuarios de la vías públicas, los particulares y el Estado, siempre en el marco de los parámetros establecidos por las leyes que rigen la materia, pudiendo toda decisión emanada de un tribunal inferior ser recurrida o discutida en un tribunal superior bajo las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.
De los Ministerios Públicos
El artículo 169 ha establecido que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar las políticas del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad; a la luz de estos enunciados siendo la Ley 241 y sus modiﬁcaciones de índole penal, todo el sistema vial tiene que regirse a través de esta ley en lo referente a las violaciones penales, es el Ministerio Público el órgano encargado de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que entren en conﬂictos con la ley, asimismo es de su competencia promover soluciones alternativas de los conﬂictos protegiendo a las víctimas, testigos y derechos referidos por la ley; también, defender el interés público y brindar asistencia legal gratuita en caso requerido. El Ministerio Público ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad y unidad de actuaciones del ciudadano en su diario vivir en las calles, avenidas y carreteras.
En ara de garantizar los derechos fundamentales del imputado que incurra en la violación de la Ley 241, (poniendo en peligro vida, salud y bienes de los usuarios de las vías públicas), con la ﬁnalidad de administrar justicia, con equidad, eﬁcacia, transparencia, pronta y cumplida con un verdadero principio de inmediatez deberá proveer a estos de los servicios de Defensa Pública y Asistencia Legal en los casos que fueren necesarios según establece la Constitución.
Del Ordenamiento del Territorio
De acuerdo a los artículos del 193, 194, 195, 296 y 197 sobre el ordenamiento del territorio y la ejecución del plan de ordenamiento territorial contenido en la Constitución, que establece de manera directa la obligación del Estado propiciar un desarrollo integral y equilibrado de la comunidad así como de sus habitantes, con la ejecución de programas adecuados de inversión en infraestructuras viarias seguras para la disminución de la elevada tasa de mortalidad por siniestros de tránsito.
Del Régimen de los Municipios en cuanto a la Administración Local
Este artículo le atribuye la responsabilidad local a las autoridades municipales de la seguridad vial, en el sentido de que son estos los responsables, primero, de determinar el uso de suelo; segundo, de mantener iluminadas las vías públicas y en condiciones seguras de pavimento. Lo cual ha sido deslindado de manera directa por el texto constitucional, convirtiéndose los gobiernos locales en uno de los actores responsables de la seguridad vial. Por lo que muchos países que han avanzado en este tema han tenido entre otras iniciativas, la de conformar los Consejos Municipales de la Seguridad Vial con el objetivo de que asuman su rol. De igual modo, la Constitución define que los municipios tendrán su propia competencia y presupuesto legalmente establecidos, por tanto será de su responsabilidad crear proyectos e iniciativas de seguridad vial para mejorar las condiciones y seguridad frente a los usuarios, a través de capacitación y profesionalización de los recursos humanos; campañas de divulgación, programas y medidas para preservar la vida.
La propia Constitución establece además, que todos los ayuntamientos en sentido general, del presupuesto que reciben deben tener una inversión participativa en la que intervengan todos los sectores que de manera directa dependen de ellos; por ejemplo, el sector que tiene que velar por la seguridad vial, dentro del cual se encuentran aquellas instituciones que se ocupa del ordenamiento y del reordenamiento del tránsito vehicular, de las señalizaciones viales, de las regulaciones y ﬁscalización de la circulación, etc. En el presupuesto participativo de referencia los ayuntamientos deben asumir de manera estricta los compromisos económicos y ﬁnancieros con los sectores antes mencionados con el propósito de que puedan desarrollar cabal y efectivamente sus funciones, contribuyendo a la ejecución de políticas locales.
Del Control y Fiscalización de los Fondos Públicos
Dentro de la planiﬁcación del poder ejecutivo deberá incluirse el proyecto de seguridad vial por ser la violencia vial un problema social que afecta a millones de usuarios que ha venido incrementándose en los últimos años en la República Dominicana en gran medida, llegando a convertirnos en uno de las países más inseguro de la región.
El Congreso Nacional, la Cámara de Cuenta, la Contraloría General de la República, son los garantes de que dentro del control y la ﬁscalización del patrimonio público de los gastos y los ingresos, se incluyan las partidas necesarias para la inversión en la seguridad vial en la República Dominicana
De la Planiﬁcación
De acuerdo a los últimos estudios de los organismos internacionales sobre los índices de pobreza y niveles de ingreso de nuestras naciones, estos están íntimamente ligados a la tasa de mortalidad y de traumatismos por causa de los accidentes de tránsito. Además, estando bien identiﬁcados los factores de riesgos en los siniestros viales, se plantea que el tema de seguridad vial sea integrado al plan estratégico de desarrollo como proyecto de nación dentro del proceso de planiﬁcación e inversión pública, señalado en el artículo 241 de la Constitución.
La Policía Nacional dentro de las funciones que constitucionalmente se le atribuyen debe asumir con responsabilidad “La seguridad vial en la República Dominicana” y como cuerpo represivo estar en la obligación de crear los departamentos necesarios, para la ejecución del ﬁel cumplimiento de las normas legales establecidas por ley para fortalecer la regulación del tránsito vehicular y peatonal, garantizando y salvaguardando la seguridad e integridad de los usuarios de las vías.
Desde la Constitución de la República recién puesta en vigencia, observamos que existe terreno propicio para promover la seguridad viaria en la República Dominicana. Los siniestros en las vías terrestres nacionales sin políticas públicas integrales dentro de los planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo de la nación conllevan a incrementarse. Ello trae como consecuencia la afección a la economía de manera directa y muy negativa. Por tal razón, recomendamos a los hacedores de las leyes: 1. Que la inseguridad vial sea declarada un problema de interés público nacional, por cuanto las estadísticas nacionales demuestran que la República Dominicana es muy vulnerable a la siniestralidad viaria. 2. Que la seguridad vial sea asumida con voluntad política. 3. Que se disponga de la creación de un órgano rector único de seguridad vial, con autoridad y presupuesto; con todas las prerrogativas de ley que rigen las instituciones nacionales para la elaboración de políticas públicas eficaces y eficientes en la materia; y, para dirigir un plan estratégico nacional e integral de seguridad vial con un Observatorio Nacional de Datos de siniestralidad vial confiable, así como propiciar un Pacto Nacional de seguridad vial entre las fuerzas vivas de la sociedad que
inciden en el tema para promover el fortalecimiento de la conciencia social y aplicación de medidas y programas que tengan por objeto disminuir los accidentes y sus secuelas.
Nota: El órgano rector de la seguridad vial estaría representado por todas las instituciones del sector, la sociedad civil, la iglesia y las empresas privadas.
4. Que se encamine a la aprobación congresional de un Plan Estratégico de seguridad vial y de la creación del Observatorio de Datos, elaborados y propuestos formalmente por el nuevo órgano rector de la seguridad vial. 5. Que disponga de la creación de una Comisión Permanente Legislativa sobre seguridad vial. 6. Que disponga de la formación de Consejos Municipales coordinados por el órgano rector propuesto. 7. Que mediante disposición legislativa, la educación vial sea parte del sistema nacional de educación escolar, desde los cursos básicos.
Artículos de Referencia de la Constitución de la República Dominicana
Proclamada en la Ciudad de Santo domingo de Guzmán, Distrito Nacional República Dominicana 26 de Enero de 2010 Asamblea Nacional Revisora
Artículo 12.- División político administrativa. Para el gobierno y la administración del Estado, el territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional y en las regiones, provincias y municipios que las leyes determinen. Las regiones estarán conformadas por las provincias y municipios que establezca la ley. Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto: 1) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de ﬂagrante delito; 2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identiﬁcarse; 3) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos; 4) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su conﬁanza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención; 5) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad. La autoridad judicial competente notiﬁcará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare; 6) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;
7) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente; 8) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho; 9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar; 10) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción a las leyes penales; 11) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente; 12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente; 13) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa; 14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro; 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica; 16) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados; 17) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad. Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:
1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica; El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; Artículo 46.- Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. Artículo 56.- Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia: 1) Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos; 2) Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social; 3) Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta. Artículo 57.- Protección de las personas de la tercera edad. La familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.
Artículo 58.- Protección de las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran; 2) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales. Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia: 1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos.
Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura; 2) La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores; 3) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será deﬁnida en la ley. La educación superior en el sistema público será ﬁnanciada por el Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que establezca la ley; 4) El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus ﬁnes y la formación moral, intelectual y física del educando. Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales; 5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y digniﬁcación de los y las docentes; 6) Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales; 7) El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y ﬁnanciará los centros y universidades públicos, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra; 8) Las universidades escogerán sus directivas y se regirán por sus propios estatutos, de conformidad con la ley; 9) El Estado deﬁnirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos ﬁnes;
10) La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a ﬁnanciar el desarrollo de estas áreas; 11) Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantiza servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el ﬁn de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos incorporarán el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley; 12) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley; 13) Con la ﬁnalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacíﬁca.
DE LOS DERECHOS AMBIENTE
Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege: 1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la ﬂora; 2) La protección del medio ambiente; 3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.
Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza; 2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos; 3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes; 4) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado; 5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre.
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Artículo 70.- Hábeas data. Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectiﬁcación, actualización y conﬁdencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Artículo 71.- Acción de hábeas corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un
juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. Párrafo.- Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo. Artículo 73.- Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.
Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza; 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad;
3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratiﬁcados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conﬂicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. DE LOS DEBERES FUNDAMENTALES Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: 1) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas; 4) Prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los dieciséis y veintiún años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de veintiún años. La ley reglamentará estos servicios; 5) Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana; 6) Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para ﬁnanciar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eﬁciente; 7) Dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a ﬁn de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad; 8) Asistir a los establecimientos educativos de la Nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria;
9) Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades; 10) Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 11) Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano; 12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Artículo 80.- Atribuciones.- Son atribuciones exclusivas del Senado: 1) Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula; 2) Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el Presidente de la República; 3) Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes; 4) Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes; 5) Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de los presentes; 6) Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de
tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía; 7) Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, ﬁjando las condiciones y duración de dicha misión. Artículo 83.- Atribuciones. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 1) Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación; 2) Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes; 3) Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de dos, y los adjuntos, que no podrán ser más de cinco, con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes.
Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y ﬁscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia: 1) Atribuciones generales en materia legislativa: a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; b) Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes;
c) Disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico; d) Crear, modiﬁcar o suprimir regiones, provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización, por el procedimiento regulado en esta Constitución y previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justiﬁcativa de la modiﬁcación; e) Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de excepción a que se reﬁere esta Constitución; f) En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de defensa nacional, suspendiendo el ejercicio de los derechos individuales, con excepción de los derechos establecidos en el artículo 263. Si no estuviera reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, lo que conllevará una convocatoria inmediata del mismo para ser informado de los acontecimientos y de las disposiciones tomadas; g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería; h) Aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia; i) Votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo; j) Legislar cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos ﬁrmados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con esta Constitución y las leyes; k) Aprobar o desaprobar los contratos que le someta el Presidente de la República, de conformidad con lo que dispone el artículo 128, numeral 2), literal d), así como las enmiendas o modiﬁcaciones posteriores que alteren
las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos al momento de su sanción legislativa; l) Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo; m) Declarar por ley la necesidad de la Reforma Constitucional; n) Conceder honores a ciudadanas y ciudadanos distinguidos que hayan prestado reconocidos servicios a la Patria o a la humanidad; ñ) Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de quince días; o) Decidir el traslado de la sede de las cámaras legislativas por causa de fuerza mayor o por otras circunstancias debidamente motivadas; p) Conceder amnistía por causas políticas; q) Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución; r) Pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que sean de interés para la República. 2) Atribuciones en materia de ﬁscalización y control: a) Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo durante la primera legislatura ordinaria de cada año, tomando como base el informe de la Cámara de Cuentas; b) Velar por la conservación y fructiﬁcación de los bienes nacionales en beneﬁcio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, excepto lo que dispone el artículo 128, numeral 2, literal d); c) Citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado ante las comisiones permanentes del Congreso, para ediﬁcarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración;
d) Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes; e) Nombrar comisiones permanentes y especiales, a instancia de sus miembros, para que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe correspondiente; f) Supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. Artículo 94.- Invitaciones a las cámaras. Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas. Párrafo.- La renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por los tribunales penales de la República con la pena que señalen las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a las autoridades públicas, a requerimiento de la cámara correspondiente. Artículo 95.- Interpelaciones. Interpelar a los ministros y viceministros, al Gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia y dependientes de los anteriores. Párrafo.- Si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justiﬁcada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de responsabilidad.
Artículo 96.- Iniciativa de ley. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes: 1) Los senadores o senadoras y los diputados o diputadas; 2) El Presidente de la República; 3) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales; 4) La Junta Central Electoral en asuntos electorales. Párrafo.- Las y los legisladores que ejerzan el derecho a iniciativa en la formación de las leyes, pueden sostener su moción en la otra cámara. De igual manera, los demás que tienen este derecho pueden hacerlo en ambas cámaras personalmente o mediante un representante. Artículo 97.- Iniciativa legislativa popular. Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. Artículo 98.- Discusiones legislativas. Todo proyecto de ley admitido en una de las cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión. En caso de que fuere declarado previamente de urgencia deberá ser discutido en dos sesiones consecutivas. Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia: 1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico; 2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados; 3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios
públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber ﬁnalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente; 4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita; 5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneﬁcios procesales restrictivo.
Artículo 147.- Finalidad de los servicios públicos. Los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Serán declarados por ley. En consecuencia: 1) El Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con esta Constitución y la ley; 2) Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eﬁciencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 3) La regulación de los servicios públicos es facultad exclusiva del Estado. La ley podrá establecer que la regulación de estos servicios y de otras actividades económicas se encuentre a cargo de organismos creados para tales ﬁnes.
Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables,
conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.
Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conﬂictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Párrafo II.- Los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes. Párrafo III.- Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes. Artículo 150.- Carrera judicial. La ley regulará el estatuto jurídico de la carrera judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad; así como el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y empleados del orden judicial. Párrafo I.- La ley también regulará la Escuela Nacional de la Judicatura, que tendrá por función la formación inicial de los y las aspirantes a jueces, asegurando su capacitación técnica. Párrafo II.- Para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura que al efecto establezca la ley y haber aprobado
Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conﬂictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Párrafo II.- Los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan laConstitución y las leyes. Párrafo III.- Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes. Artículo 154.- Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le conﬁere la ley: 1) Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria; 2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley; 3) Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes; 4) Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los
jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes. Artículo 156.- Funciones. El Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. Tendrá las siguientes funciones: 1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 2) La administración ﬁnanciera y presupuestaria del Poder Judicial; 3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; 4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial; 5) El traslado de los jueces del Poder Judicial; 6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial; 7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial; 8) Las demás funciones que le conﬁera la ley. Artículo 159.- Atribuciones. Son atribuciones de las cortes de apelación: 1) Conocer de las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley; 2) Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores ﬁscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios; 3) Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.
Artículo 165.- Atribuciones. Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, ﬁnancieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conﬂictos surgidos entre la Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demás atribuciones conferidas por la ley.
Artículo 169.- Deﬁnición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Párrafo I.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. Párrafo II.- La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tal efecto se constituya. Artículo 170.- Autonomía y principios de actuación. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa
y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Artículo 175.- Funciones. Las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público son las siguientes: 1) Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público; 2) La administración ﬁnanciera y presupuestaria del Ministerio Público; 3) Ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República; 4) Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran; 5) Trasladar a representantes del Ministerio Público, provisional o deﬁnitivamente, de una jurisdicción a otra cuando sea necesario y útil al servicio, con las condiciones y garantías previstas en la ley, con excepción de las y los procuradores adjuntos del Procurador General de la República; 6) Crear los cargos administrativos que sean necesarios para que el Ministerio Público pueda cumplir las atribuciones que le conﬁeren esta Constitución y las leyes; 7) Las demás funciones que le conﬁera la ley.
Artículo 176.- Defensa Pública. El servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por ﬁnalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eﬁciencia y calidad, para las personas imputadas
que por cualquier causa no estén asistidas por abogado. La Ley de Defensa Pública regirá el funcionamiento de esta institución. Artículo 177.- Asistencia legal gratuita. El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal. Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratiﬁcación por el órgano legislativo; 3) Los conﬂictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra materia que disponga la ley.
DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
Artículo 193.- Principios de organización territorial. La República Dominicana es un Estado unitario cuya organización territorial tiene como ﬁnalidad propiciar su desarrollo integral y equilibrado y el de sus habitantes, compatible con sus necesidades y con la preservación de sus recursos naturales, de su identidad nacional y de sus valores culturales. La organización territorial se hará conforme a los principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social y económica.
Artículo 194.- Plan de ordenamiento territorial. Es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eﬁciente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático. Artículo 195.- Delimitación territorial. Mediante ley orgánica se determinará el nombre y los límites de las regiones, así como de las provincias y de los municipios en que ellas se dividen. Artículo 196.- La región. La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional. La ley deﬁnirá todo lo relativo a sus competencias, composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas. Párrafo.- Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográﬁcas de manera que sea proporcional a los aportes de aquéllas a la economía nacional. Artículo 197.- La provincia. La provincia es la demarcación política intermedia en el territorio. Se divide en municipios, distritos municipales, secciones y parajes. La ley deﬁnirá todo lo relativo a su composición, organización y funcionamiento y determinará el número de éstas.
Artículo 199.- Administración local. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, ﬁjado de manera expresa por la ley y sujeto al poder de ﬁscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes.
Artículo 200.- Arbitrios municipales. Los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación que de manera expresa establezca la ley, siempre que los mismos no colindan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación ni con la Constitución o las leyes. Corresponde a los tribunales competentes conocer las controversias que surjan en esta materia. Artículo 201.- Gobiernos locales. El gobierno del Distrito Nacional y el de los municipios estarán cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de ﬁscalización integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplentes. La Alcaldía es el órgano ejecutivo encabezado por un alcalde o alcaldesa, cuyo suplente se denominará vicealcalde o vicealcaldesa. Párrafo I.- El gobierno de los distritos municipales estará a cargo de una Junta de Distrito, integrada por un director o directora que actuará como órgano ejecutivo y una Junta de Vocales con funciones normativas, reglamentarias y de ﬁscalización. El director o directora tendrá suplente. Párrafo II.- Los partidos o agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de distritos municipales para alcalde o alcaldesa, regidores o regidoras, directores o directoras y sus suplentes, así como los vocales, de conformidad con la Constitución y las leyes que rigen la materia. El número de regidores y sus suplentes será determinado por la ley, en proporción al número de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco para el Distrito Nacional y los municipios, y nunca menos de tres para los distritos municipales. Serán elegidos cada cuatro años por el pueblo de su jurisdicción en la forma que establezca la ley. Párrafo III.- Las personas naturalizadas con más de cinco años residiendo en una jurisdicción podrán desempeñar dichos cargos, en las condiciones que prescriba la ley.
Artículo 204.- Transferencia de competencias a los municipios. El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos. Artículo 205.- Ejecución presupuestaria municipal. Los ayuntamientos del Distrito Nacional, de los municipios y las juntas de distritos municipales estarán obligados, tanto en la formulación como en la ejecución de sus presupuestos, a formular, aprobar y a mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y servicios, de conformidad con la ley. Artículo 206.- Presupuestos participativos. La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la deﬁnición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local. Artículo 207.- Obligación económica de los municipios. Las obligaciones económicas contraídas por los municipios, incluyendo las que tengan el aval del Estado, son de su responsabilidad, de conformidad con los límites y condiciones que establezca.
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Artículo 233.- Elaboración del presupuesto. Corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos
propuestos y el ﬁnanciamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad ﬁscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado.
SECCIÓN II DE LA PLANIFICACIÓN
Artículo 241.- Estrategia de desarrollo. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo, que deﬁnirá la visión de la Nación para el largo plazo. El proceso de planiﬁcación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente. Artículo 246.- Control y ﬁscalización de fondos públicos. El control y ﬁscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.
Artículo 255.- Misión. La Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar. La Policía Nacional tiene por misión: 1) Salvaguardar la seguridad ciudadana; 2) Prevenir y controlar los delitos; 3) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; 4) Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacíﬁca de conformidad con la Constitución y las leyes. Artículo 256.- Carrera policial. El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera policial de los miembros de la Policía Nacional se efectuará sin discriminación
alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales el retiro o separación haya sido realizado en violación a la ley orgánica de la Policía Nacional, previa investigación y recomendación del ministerio correspondiente, de conformidad con la ley. Artículo 257.- Competencia y régimen disciplinario. La jurisdicción policial sólo tiene competencia para conocer de las infracciones policiales previstas en las leyes sobre la materia. La Policía Nacional tendrá un régimen disciplinario policial aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal policial. DISPOSICIÓN FINAL Disposición ﬁnal: Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su proclamación por la Asamblea Nacional y se dispone su publicación íntegra e inmediata. DADA Y PROCLAMADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en el Palacio del Congreso Nacional, sito en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hoy día veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil diez (2010); años 166 de la Independencia y 147 de la Restauración.
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL REVISORA: Reinaldo de las Merc. Pared Pérez Rep. del Distrito Nacional EL VICEPRESIDENTE: Julio César Valentín Jiminián Rep. de la Prov. Santiago
LOS SECRETARIOS: Rubén Darío Cruz Ubiera Rep. de la Prov. Hato Mayor Dionis Alfonso Sánchez Carrasco Rep. de la Prov. Pedernales Gladys Sofía Azcona de la Cruz Rep. de la Prov. Santo Domingo Teodoro Ursino Reyes Rep. de la Prov. La Romana MIEMBROS:
Cristina Altagracia Lizardo Mézquita Rep. de la Prov. Santo Domingo Lucía Medina Sánchez Rep. de la Prov. San Juan Diego Aquino Acosta Rojas Rep. de la Prov. Bahoruco Pedro José Alegría Soto Rep. de la Prov. San José de Ocoa Andrés Bautista García Rep. de la Prov. Espaillat Luis René Canaán Rojas Rep. de la Prov. Hermanas Mirabal Germán Castro García Rep. de la Prov. La Altagracia Antonio de Jesús Cruz Torres Rep. de la Prov. Santiago Rodríguez José Ramón de la Rosa Mateo Rep. de la Prov. San Juan César Augusto Díaz Filpo Rep. de la Prov. Azua Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito Rep. de la Prov. Santiago Tommy Alberto Galán Grullón Rep. de la Prov. San Cristóbal Wilton Bienvenido Guerrero Dumé Rep. de la Prov. Peravia Charlie Noel Mariotti Tapia Rep. de la Prov. Monte Plata Juan Olando Mercedes Sena Rep. de la Prov. Independencia Félix María Nova Paulino Rep. de la Prov. Monseñor Nouel Francisco Radhamés Peña Peña Rep. de la Prov. Valverde Prim Pujals Nolasco Rep. de la Prov. Samaná Juan Roberto Rodríguez Hernández Rep. de la Prov. El Seibo Amilcar Jesús Romero Portuondo Rep. de la Prov. Duarte Adriano de Jesús Sánchez Roa Rep. de la Prov. Elías Piña Euclides Rafael Sánchez Tavárez Rep. de la Prov. La Vega Amarilis Santana Cedano Rep. de la Prov. La Romana Noé Sterling Vásquez Rep. de la Prov. Barahona
Mario Antonio Torres Ulloa Rep. de la Prov. Dajabón Francis Emilio Vargas Francisco Rep. de la Prov. Puerto Plata Félix María Vásquez Espinal Rep. de la Prov. Sánchez Ramírez Jesús Antonio Vásquez Martínez Rep. de la Prov. María T. Sánchez Heinz Siegfried Vieluf Cabrera Rep. de la Prov. Montecristi Alejandro Leonel Williams Cordero Rep. de la Prov. San Pedro de Macorís Rafael Leonidas Abreu Valdez Rep. de la Prov. San Cristóbal José Acevedo Trinidad Rep. de la Prov. Samaná Ángel Acosta Féliz Rep. de la Prov. Santiago Pablo Adón Guzmán Rep. de la Prov. Santo Domingo Pedro Alejandro Aguirre Hernández Rep. de la Prov. Puerto Plata Rafaela Alburquerque de González Rep. de la Prov. San Pedro de Macorís Juan Alberto Aquino Montero Rep. de la Prov. Elías Piña Orfelina Liseloth Arias Medrano Rep. de la Prov. Peravia Nelson de Jesús Arroyo Perdomo Rep. de la Prov. San Pedro de Macorís Albert Elías Atallah Lajan Rep. del Distrito Nacional Manuel Elpidio Báez Mejía Rep. del Distrito Nacional Euclides Batista Brache Rep. de la Prov. La Vega Miguel Alejandro Bejarán Álvarez Rep. de la Prov. Montecristi 64 Víctor Orlando Bisonó Haza Rep. del Distrito Nacional Geraldo Miguel Bogaert Marra Rep. de la Prov. Santo Domingo Ana Isabel Bonilla Hernández Rep. de la Prov. María T. Sánchez Julio Alberto Brito Peña Rep. de la Prov. Azua Ramón Antonio Bueno Patiño Rep. del Distrito Nacional José Leonel Cabrera Abud Rep. del Distrito Nacional Ramón Antonio Cabrera Cabrera Rep. de la Prov. Santo Domingo Guido Cabrera Martínez Rep. de la Prov. La Altagracia Lidio Cadet Jiménez Rep. de la Prov. Santo Domingo Rafael Porﬁrio Calderón Martínez Rep. de la Prov. Azua Ramón Noé Camacho Santos Rep. de la Prov. Espaillat Luis Ernesto Camilo García Rep. de la Prov. Duarte Juan Julio Campos Ventura Rep. de la Prov. La Altagracia Pedro Antonio Caro Pérez Rep. de la Prov. Bahoruco Rafael Librado Castillo Espinosa Rep. del Distrito Nacional Félix Antonio Castillo Rodríguez Rep. de la Prov. Puerto Plata Josefa Aquilina Castillo Rodríguez Rep. de la Prov. Santo Domingo Pelegrín Horacio Castillo Semán Rep. del Distrito Nacional Radhamés Castro Rep. de la Prov. Santo Domingo
Máximo Castro Silverio Rep. de la Prov. Santiago Eugenio Cedeño Areché Rep. de la Prov. La Romana Sergio Antonio Cedeño de Jesús Rep. de la Prov. La Altagracia Marino Antonio Collante Gómez Rep. de la Prov. Santiago Antonio Bernabel Colón Cruz Rep. de la Prov. Santiago Domingo Inocencio Colón Rodríguez Rep. de la Prov. Valverde Juan Andrés Comprés Brito Rep. de la Prov. Duarte Agne Berenice Contreras Valenzuela Rep. de la Prov. Elías Piña Alfonso Crisóstomo Vásquez Rep. de la Prov. Puerto Plata Néstor Julio Cruz Pichardo Rep. de la Prov. Santo Domingo Remberto Arturo Cruz Rodríguez Rep. de la Prov. Espaillat Nemencia Amancia de la Cruz Abad Rep. de la Prov. Santo Domingo María Estela de la Cruz de De Jesús Rep. de la Prov. Monte Plata Ysabel de la Cruz Javier Rep. de la Prov. Santo Domingo Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero Rep. del Distrito Nacional Juan de Jesús de León Contreras Rep. de la Prov. Santiago Lucila Leonarda de León Martínez Rep. de la Prov. Santo Domingo Antonio de León Morel Rep. de la Prov. Santiago Pedro Antonio Delgado Valdez Rep. de la Prov. La Vega 65 Modesto Díaz Coste Rep. de la Prov. Monseñor Nouel Manuel Antonio Díaz Santos Rep. de la Prov. San Cristóbal Ydenia Doñé Tiburcio Rep. de la Prov. San Cristóbal Julio Encarnación Rep. de la Prov. Santo Domingo Nidio Encarnación Santiago Rep. de la Prov. San Juan Juan Bautista Encarnación Tejeda Rep. del Distrito Nacional Pedro Augusto Evangelista Monegro Rep. de la Prov. Hato Mayor José Antonio Fabián Verter Rep. de la Prov. Monseñor Nouel Roberto Ernesto Féliz Féliz Rep. de la Prov. Barahona Radhamés Antonio Fermín Cruz Rep. de la Prov. Santiago Mario José C. Fernández Saviñón Rep. de la Prov. Duarte Pedro Dionicio Flores Grullón Rep. de la Prov. Espaillat Radhamés Fortuna Sánchez Rep. de la Prov. Santo Domingo Hugo Fernelis Fortuna Tejeda Rep. de la Prov. Santo Domingo Milcíades Marino Franjul Pimentel Rep. de la Prov. Peravia Jorge Frías Rep. de la Prov. Santo Domingo Elvin Antonio Fulgencio Rep. de la Prov. Santo Domingo Guillermo Galván Rep. de la Prov. La Vega Salomón García Ureña Rep. de la Prov. María T. Sánchez
Ramón Rogelio Genao Durán Rep. de la Prov. La Vega Ángel José Gomera Peralta Rep. de la Prov. Santo Domingo César Enrique Gómez Segura Rep. de la Prov. San José de Ocoa Ruddy González Rep. de la Prov. Azua José Altagracia González Sánchez Rep. de la Prov. Santo Domingo Luis José González Sánchez Rep. de la Prov. Bahoruco Leivin Esenobel Guerrero Rep. de la Prov. San Cristóbal Andrés Henríquez Antigua Rep. de la Prov. Santo Domingo Altagracia Herrera de Brito Rep. de la Prov. Monte Plata David Herrera Díaz Rep. de la Prov. San Juan Julio César Horton Espinal Rep. del Distrito Nacional Tulio Jiménez Díaz Rep. de la Prov. San Cristóbal Pedro Vicente Jiménez Mejía Rep. de la Prov. Santo Domingo Manuel de Jesús Jiménez Ortega Rep. de la Prov. Santo Domingo Wagner Manuel José Mosquea Rep. de la Prov. María T. Sánchez Ana Quisquella Lantigua de la Cruz Rep. de la Prov. Azua Víctor Luis de Jesús Lasosé Figueroa Rep. de la Prov. Espaillat Aquiles Leonel Ledesma Alcántara Rep. de la Prov. Barahona Elba Lugo A. de Alcántara Rep. de la Prov. San Juan Juan Maldonado Castro Rep. de la Prov. El Seibo Rubén Darío Maldonado Díaz Rep. de la Prov. Santo Domingo Noé Marmolejos Mercedes Rep. de la Prov. Duarte Alfredo Martínez Rep. de la Prov. Santo Domingo Jesús Martínez Alberti Rep. de la Prov. Santo Domingo Carlos José Ramón Martínez Arango Rep. de la Prov. Puerto Plata Abel Atahualpa Martínez Durán Rep. de la Prov. Santiago Demóstenes Willian Martínez Hernández Rep. de la Prov. Santiago Abrahan de la Cruz Martínez Pujols Rep. de la Prov. San José de Ocoa María Altagracia Matos Ramírez Rep. de la Prov. Pedernales Kenia Milagros Mejía Mercedes Rep. de la Prov. El Seibo Rudy María Méndez Rep. de la Prov. Barahona Fausto Marino Mendoza Rodríguez Rep. de la Prov. San Cristóbal Rafael Molina Lluberes Rep. de la Prov. Sánchez Ramírez Raúl Mondesí Avelino Rep. de la Prov. San Cristóbal Alfonso Gamalier Montás Domínguez Rep. de la Prov. San Cristóbal Ramón Alejandro Montás Rondón Rep. del Distrito Nacional Gilda Mercedes Moronta Guzmán Rep. de la Prov. La Vega Ilana Neumann Hernández Rep. de la Prov. Puerto Plata 66
Hugo Rafael Núñez Almonte Rep. de la Prov. La Vega Ramón Dilepcio Núñez Pérez Rep. de la Prov. Santiago Lupe Núñez Rosario Rep. de la Prov. Duarte Domingo Antonio Páez Rodríguez Rep. de la Prov. Santo Domingo Cristian Paredes Aponte Rep. de la Prov. Sánchez Ramírez Luís Ramón Peña Rep. de la Prov. San Pedro de Macorís Carlos Manuel Peña Batista Rep. del Distrito Nacional Celestino Peña García Rep. de la Prov. Santiago Rodríguez Franklin Isaías Peña Villalona Rep. de la Prov. San Pedro de Macorís Rubén Darío Peñaló Torres Rep. de la Prov. Valverde Juan Antonio Pérez Rep. de la Prov. Santo Domingo Mirtha Elena Pérez Rep. de la Prov. Santo Domingo Plutarco Pérez Rep. de la Prov. La Romana Fidelia Altagracia Pérez Rodríguez Rep. de la Prov. Santiago Ramón Antonio Pimentel Gómez Rep. de la Prov. Montecristi Mauro Piña Bello Rep. de la Prov. San Juan René Polanco Vidal Rep. de la Prov. Santo Domingo Ángela Pozo Rep. de la Prov. Valverde Juan Carlos Quiñones Minaya Rep. de la Prov. Puerto Plata 67 Santo Ynilcio Ramírez Betancourt Rep. de la Prov. Peravia José Casimiro Ramos Calderón Rep. de la Prov. Monseñor Nouel Guillermo Radhamés Ramos García Rep. de la Prov. La Vega Aridio Antonio Reyes Rep. de la Prov. La Vega Juan Benito Reyes Brito Rep. de la Prov. San Cristóbal Gregorio Reyes Castillo Rep. de la Prov. Dajabón Digna Reynoso Rep. del Distrito Nacional Karen Lisbeth Ricardo Corniel Rep. de la Prov. Santo Domingo Aﬁf Nazario Rizek Camilo Rep. de la Prov. Hermanas Mirabal Magda Alina Alt. Rodríguez Azcona Rep. de la Prov. Santiago José Ulises Rodríguez Guzmán Rep. de la Prov. Santiago Santiago de Jesús Rodríguez Peña Rep. de la Prov. Santiago Julio Rafael Romero Villar Rep. de la Prov. Santo Domingo Francisco Rosario Martínez Rep. de la Prov. La Romana Aníbal Rosario Ramírez Rep. de la Prov. Santo Domingo Juan José Rosario Rosario Rep. de la Prov. Duarte Manuel Alberto Sánchez Carrasco Rep. de la Prov. Pedernales María Margarita Sánchez de Almonte Rep. de la Prov. Santo Domingo Ramón Ricardo Sánchez de la Rosa Rep. de la Prov. La Altagracia
Gustavo Antonio Sánchez García Rep. del Distrito Nacional María Cleoﬁa Sánchez Lora Rep. del Distrito Nacional Bernardo Sánchez Rosario Rep. de la Prov. Espaillat Luis Rafael Sánchez Rosario Rep. de la Prov. Santo Domingo Rafael Antonio Santana Albuez Rep. de la Prov. Monte Plata Pablo Inocencio Santana Díaz Rep. de la Prov. Independencia José Francisco A A Santana Suriel Rep. de la Prov. Santo Domingo Nancy Altagracia Santos Peralta Rep. de la Prov. Santiago Rodríguez Henry Osvaldo Sarraff Urbáez Rep. de la Prov. Independencia Elso Milcíades Segura Martínez Rep. de la Prov. Santo Domingo Juan Gilberto Serulle Ramia Rep. de la Prov. Santiago Elías Rafael Serulle Tavárez Rep. del Distrito Nacional José María Sosa Vásquez Rep. de la Prov. San Pedro de Macorís Gladis Mercedes Soto Iturrino Rep. de la Prov. Sánchez Ramírez Víctor Valdemar Suárez Díaz Rep. de la Prov. Santiago Juan Suazo Marte Rep. de la Prov. Monte Plata Minerva Joseﬁna Tavárez Mirabal Rep. del Distrito Nacional José Ricardo Taveras Blanco Rep. de la Prov. Santiago Víctor Manuel Terrero Encarnación Rep. de la Prov. Barahona Carmen Mirelys Uceta Vélez Rep. de la Prov. Dajabón Sergio Pascual Vargas Parra Rep. de la Prov. San Cristóbal Lethi Vásquez Castillo Rep. de la Prov. Santo Domingo Miguel Ángel de Jesús Vásquez Escoto Rep. de la Prov. Hermanas Mirabal Rafael Francisco Vásquez Paulino Rep. del Distrito Nacional Radamés Vásquez Reyes Rep. de la Prov. San Cristóbal Juana Mercedes Vicente Moronta Rep. de la Prov. San Pedro de Macorís Demetrio Antonio Vicente Ureña Rep. de la Prov. Samaná Santiago Vilorio Lizardo Rep. de la Prov. Hato Mayor
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 artículo 58
 artículo 5
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 artículo 97
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 artículo 241

Artículo 12
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 Artículo 42
 Artículo 46
 Artículo 56
 Artículo 57

Artículo 58
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 63

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 69
 Artículo 70
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 Artículo 80
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 Artículo 83

Artículo 93
 artículo 263
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 Artículo 159

Artículo 165

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 Artículo 170
 Artículo 175

Artículo 176
 Artículo 177
 Artículo 185

Artículo 193

Artículo 194
 Artículo 195
 Artículo 196
 Artículo 197

Artículo 199

Artículo 200
 Artículo 201

Artículo 204
 Artículo 205
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 Artículo 207

Artículo 233

Artículo 241
 Artículo 246

Artículo 255
 Artículo 256
 Artículo 257