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Timestamp: 2019-10-14 19:17:47+00:00

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﻿ SENTENCIA C-621 DE AGOSTO 14 DE 2007
SENTENCIA C-621 DE 14 DE AGOSTO DE 2007
CONTENIDO:SERVICIO MILITAR. SE ANALIZAN LOS SIGUIENTES TEMAS: LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR Y LA CUOTA DE COMPENSACIÓNLA NATURALEZA DE LA CUOTA DE COMPENSACIÓN MILITARLA CUOTA DE COMPENSACIÓN COMO TRIBUTO. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "EL GOBIERNO DETERMINARÁ SU VALOR Y LAS CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN Y RECAUDO", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 48 DE 1993, LOS EFECTOS OPERAN HACIA EL FUTURO RESPECTO DE QUIENES SEAN CLASIFICADOS CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTE SENTENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR, FUERZAS MILITARES, BENEFICIOS POR SERVICIO EN LAS FUERZAS MILITARES BAJO ESTADO DE EXCEPCIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:431 DE NOVIEMBRE DE 2007, PG.2060
Sentencia C-621 de agosto 14 de 2007
Sentencia C-621 de 2007
Ref.: Expediente D-6598
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 22 de la Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”.
EXTRACTOS: «II. Texto del artículo demandado
A continuación se transcribe el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 que ha sido demandado.
ART. 22.—Cuota de compensación militar. El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una contribución pecuniaria al tesoro nacional, denominada ‘cuota de compensación militar’. El gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”.
2.1. El alcance de la demanda.
El demandante acusa el primer inciso del artículo 22 de la Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, bajo el cargo de autorizar a la Administración para establecer la base gravable y la tarifa de la cuota de compensación militar.
La acusación así planteada se dirige directamente en contra de las expresiones “El gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo” incluidas en la parte final del inciso demandado, pero las razones de inconstitucionalidad que el actor esgrime no comportan cuestionamiento alguno de la primera parte del inciso, de acuerdo con cuyas voces, “El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una contribución pecuniaria al tesoro nacional, denominada cuota de compensación militar”.
Así las cosas, aunque el acusador demanda la totalidad del inciso primero, se impone la inhibición respecto de su segmento inicial y, en consecuencia, la Corte solamente emitirá pronunciamiento de fondo sobre la expresión “El gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”, pues los cargos de inconstitucionalidad planteados únicamente se refieren a estas expresiones, mas no a las contenidas en la primera parte del inciso.
2.2. La acusación formulada y las cuestiones jurídicas a resolver.
En criterio del actor, la autorización concedida a la administración para establecer la base gravable y la tarifa de la cuota de compensación militar vulnera la reserva de ley que en materia tributaria contemplan los artículos 150-12 y 338 de la Carta y, por contera, los artículos 113 y 121 superiores, sobre la separación de poderes.
La acusación fundada en la posible violación de los artículos 150-12 y 338 constitucionales ha generado un motivo de discrepancia entre el actor y algunos de los intervinientes en el proceso, pues mientras el primero no duda en conferirle carácter tributario a la cuota de compensación militar, el Procurador General de la Nación estima que el pago de la referida cuota constituye el cumplimiento de un deber cuyo origen no se encuentra en el ejercicio de la soberanía fiscal del Estado.
De conformidad con lo anterior, la Corte dilucidará, en primer término, si la cuota de compensación militar tiene carácter tributario o no lo tiene y establecerá, a la luz de la Carta, las consecuencias de la conclusión a la cual llegue. Así, en caso de que se desvirtúe la índole tributaria, la corporación deberá estudiar la incidencia de esta situación en las acusaciones del demandante y, si se le concede razón al actor, será indispensable determinar de cual clase de tributo se trata, qué repercusiones tiene el principio de legalidad en su regulación y si se configura o no el quebrantamiento de la Constitución aducido en la demanda.
Si del análisis efectuado surge la exequibilidad de la disposición cuestionada, la Corte entrará a establecer si se declara en forma simple o si hay lugar al condicionamiento que alcanzan a sugerir el propio actor y el Procurador General de la Nación y, si se impone la declaración de inexequibilidad, la Sala determinará si el efecto de la sentencia debe ser diferido o inmediato.
3. La obligación de prestar el servicio militar y la cuota de compensación.
Señala el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 que la cuota de compensación militar debe ser pagada por el inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado, luego es evidente que su pago presupone la inscripción y la clasificación.
En cumplimiento de la obligación de prestar el servicio militar, que según el artículo 216 de la Constitución tienen los colombianos, los varones deben inscribirse para definir su situación militar. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 48 de 1993, esa inscripción ha de efectuarse “dentro del lapso del año anterior” a aquel en que se cumpla la mayoría de edad y la autoridad puede compeler a quien omita esa inscripción que, además, prescribe en el término de un año, al cabo del cual “surge la obligación de inscribirse nuevamente”.
La aptitud de los conscriptos condiciona el ingreso al servicio militar y, por lo tanto, no hay lugar a la incorporación a filas cuando los inscritos sean eximidos de esa prestación, cosa que acontece debido a la inhabilidad del sujeto y también como consecuencia de haberse configurado una causal de exención o de la falta de cupo.
Según reza el artículo 21 de la Ley 48 de 1993, quienes en virtud de las mencionadas causas resulten eximidos de la prestación del servicio militar bajo banderas “serán clasificados” y a ellos se refiere, precisamente, el artículo 22 demandado, al indicar que, por no ingresar a filas y ser clasificados, deben pagar la cuota de compensación militar.
4. La naturaleza de la cuota de compensación militar.
La determinación de la índole de esta cuota ha sido objeto de una polémica que tiene expresión en la presente causa, por cuanto de conformidad con el planteamiento del cual se sirve el actor para fundar su acusación, la cuota es de carácter tributario, mientras que, según el concepto del Procurador General, carece de esa connotación, pues su origen no se encuentra en la soberanía fiscal del Estado, sino en la soberanía política.
Se trata, en últimas, de determinar si la cuota de compensación militar comparte el carácter personal que es propio de la obligación de prestar el servicio militar o si, en definitiva, la exención de prestar el mencionado servicio, que está en la raíz de su pago, le confiere a la cuota una índole distinta de la personal.
Como punto de partida del análisis propuesto, conviene recordar que es incuestionable el carácter personal del servicio militar, al punto de constituir uno de los ejemplos destacados de las denominadas relaciones de especial sujeción, por cuya virtud se establece un fuerte vínculo entre la administración pública y el ciudadano que, en aras de un específico motivo de interés general, soporta la limitación de algunos de sus derechos fundamentales y la ampliación de sus obligaciones (1) .
Tratándose del servicio militar, su prestación impone ciertos comportamientos que, dentro de los límites impuestos por la Constitución y la ley, afectan el sistema de vida del incorporado a filas, cuya situación difiere de la correspondiente al común de las personas, pues es evidente que su derecho a la libertad personal sufre limitaciones y que la esfera de sus deberes experimenta un sensible aumento.
En palabras de Mayer la obligación de prestar el servicio militar se distingue por las exigencias de abnegación personal y de fidelidad (2) , si bien es menester precisar que, en tanto relación de especial sujeción llamada a operar en un régimen constitucional y democrático, ha de estar en todo acordada a las previsiones constitucionales y legales que delimiten la respectiva prestación (3) .
Ahora bien, se desprende del concepto emitido por el señor Procurador General de la Nación, que el carácter personal de tal modo evidenciado, también caracteriza a la cuota de compensación militar, pues esta tiene su razón de ser última en la obligación de prestar el servicio militar y, para comprobar su aseveración, el jefe del Ministerio Público añade que “el legislador bien habría podido señalar en lugar de una compensación económica, una compensación diferente como podría ser la prestación de un servicio social a la comunidad, la cual ha sido establecida en otros países para la objeción de conciencia...”.
Ciertamente en algunos países que de forma expresa han incluido en su ordenamiento jurídico la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, se prevé como contrapartida la prestación de un servicio social a la comunidad, pero de la simple circunstancia de que se cumpla en lugar de la incorporación a filas no se deduce que ese servicio social exigido tenga la misma naturaleza del servicio militar.
En efecto, el propio sentido de la objeción de conciencia conduce a considerar que el servicio social sustituye al servicio militar sin confundirse con él, porque ninguna garantía tendría el objetor si su rechazo, fundado en motivos de conciencia, tuviera como resultado inevitable la imposición de una prestación idéntica a la militar o identificada con ella hasta en la manera de cumplirse (4) .
De otra parte, es importante puntualizar que la anotada diferencia se percibe también en las finalidades de uno y otro servicio, puesto que uno es el propósito del servicio militar obligatorio y otro el de la prestación civil sustitutoria que puede estar orientada hacia objetivos colectivos o de pública utilidad, privados de cualquier relación con las finalidades buscadas mediante el servicio militar.
Desde luego, la prestación social sustitutoria comparte con el servicio militar el carácter personal, lo cual solamente demuestra que las obligaciones personales son de distinta índole, mas no que, en forma necesaria, el servicio militar tenga que ser sustituido por otro de condiciones asimilables a él y de índole estrictamente personal (5) .
En Colombia la Constitución Nacional, en su ya citado artículo 216, indica que la ley “determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar” y basta reparar en que resultar eximido o estar exento significa ser librado o liberarse de cargas u obligaciones, para entender que aún cuando la prestación que se llegue a exigir al ciudadano a consecuencia de la exención debe cumplirse en lugar del servicio militar, no se confunde con este, ni tiene que compartir o conservar su índole personal.
Conforme a la disposición constitucional transcrita en lo pertinente, al legislador le corresponde determinar las condiciones que eximen del servicio militar y, aunque nada se opone a estimar que el Congreso de la República hubiera podido imponer el cumplimiento de una prestación social sustitutoria a quienes resultaran eximidos del servicio militar por haberse configurado alguna de las causales de exención o por inhabilidad o falta de cupo, lo cierto es que no lo hizo así y que, en cambio, previó el pago de una suma de dinero, denominándola “cuota de compensación militar”.
Como lo ha expuesto la Corte Constitucional, el propósito de esa cuota consiste en normalizar la situación militar del inscrito que no ingrese a filas (6) y, de acuerdo con lo precedentemente señalado, cabe agregar ahora que esa finalidad no le transmite a la cuota de compensación las características del servicio militar y, por supuesto, tampoco el carácter personal, pues aunque el pago de la cuota es obligatorio, se trata de una prestación eminentemente pecuniaria y así la califica el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 cuya constitucionalidad debe examinar la corporación.
No existe, pues, una especie de filiación capaz de transmitirle a la cuota de compensación las condiciones propias del servicio militar y ello responde al sentido mismo de la situación de eximido que tiende a producir una ruptura respecto de la obligación originaria, pues, como se destacó, significa ser liberado de ella y, según el régimen colombiano, en las condiciones que la ley disponga.
Esta exigencia de la interpositio legislatoris introduce un factor propicio a la diferenciación analizada, porque, en ejercicio de su potestad de configuración, el legislador puede escoger entre varias alternativas y, en el supuesto normado por el artículo demandado, ha optado por una prestación de carácter pecuniario.
4.1. El carácter de la cuota de compensación militar, según la jurisprudencia, la doctrina y la legislación.
Que la cuota de compensación militar tenga carácter pecuniario y no personal es una razón favorable a su índole tributaria que el Procurador General niega y que, sin embargo, de vieja data ha sido afirmada con ocasión del ejercicio del control de constitucionalidad, también en la doctrina e históricamente por el legislador, como pasa a verse.
En primer lugar, conviene poner de manifiesto que mediante sentencia de noviembre veinticinco (25) de mil novecientos treinta y cinco (1935), al resolver una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 27 del Decreto 2020 de 1925 de acuerdo con el cual los individuos a quienes correspondía prestar el servicio militar solo podían eximirse de hacerlo “mediante el pago, por una sola vez, de una prima” que entonces se llamaba “prima de exención”, la Corte Suprema de Justicia consideró que la defensa militar del país podía ser satisfecha tanto con el aporte personal del individuo que entraba en el ejército activo, como con el aporte pecuniario de quien no prestaba contingente personal en las filas (7) .
A ese aporte en dinero la Corte Suprema le llamó “contribución pecuniaria” y su constitucionalidad la basó esa corporación en que, a su juicio, resultaba válido “permitir que se convierta en una contribución pecuniaria el deber de prestar el servicio militar” y, sobre todo, en que, al dictar el Decreto 2020 de 1925, el gobierno había ejercido la potestad reglamentaria respecto de la Ley 167 de 1896 y también las autorizaciones otorgadas por las leyes 40 de 1909 y 51 de 1925 “para establecer los medios de prestación del servicio militar y para reorganizar el ejercito” (8) .
No obstante lo anterior, a efectos de demostrar el carácter tributario de la prestación pecuniaria que, guardadas las diferencias, en la actualidad se conoce como cuota de compensación militar, resulta de especial interés destacar los criterios vertidos por el magistrado Miguel Moreno Jaramillo en su juicioso salvamento de voto a la Sentencia acabada de citar (9) .
En el aspecto que importa precisar, el magistrado discrepante enfatizó que el motivo de su disentimiento radicaba en que la potestad reglamentaria no podía alegarse como argumento para sostener la declaración de constitucionalidad, ya que, en su criterio, “la redención en dinero del servicio activo a que en sorteo fueran llamados los ciudadanos” hubiera podido establecerla el presidente por vía reglamentaria, “si no fuera porque a ello se oponen principios constitucionales sobre impuestos o rentas” (10) .
Al desarrollar el planteamiento, en el reseñado salvamento de voto, se consigna que mediante el Decreto 2020 de 1925 “el presidente de la república creó un impuesto y estableció una renta”, apartándose así de las “garantías sociales” protectoras de los contribuyentes y, entre tales garantías, de aquella que, en los términos provenientes del Acto Legislativo 3 de 1910, enseña que “en tiempo de paz solamente el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones” (11) .
De conformidad con la posición minoritaria que entonces se expuso, del género de los tributos hacía parte el que en esa época se conocía como “impuesto militar” y, por lo tanto, el Decreto 2020 había creado un tributo, “es decir, impuso una contribución contra el clarísimo texto del Acto Legislativo 3 de 1910, artículo 6º”, transcrito en el párrafo anterior, fuera de lo cual, en le salvamento se indicó que, según lo mandado por el artículo 76, ordinal 11, de la Constitución de 1886, establecer las rentas nacionales “era atribución del congreso, no del presidente” (12) .
En sustento de la tesis así esbozada el magistrado Moreno Jaramillo citó muy importantes criterios doctrinales y, entre otros, los del connotado hacendista Esteban Jaramillo, quien señaló que “el impuesto militar”, entendido como una contribución exigida a los que no prestan el servicio militar o a las familias de estos” tiene un carácter especial y, a renglón seguido, dejó constancia de que “entre el servicio militar y el pago de una contribución no hay comparación justa posible, pues son dos obligaciones completamente heterogéneas”, por cuanto, “la primera se mide por la capacidad personal del conscripto para concurrir a la defensa del Estado, y la segunda, por la capacidad económica para pagar un tributo” (13) .
Según informa el profesor Jaramillo, el “impuesto militar” fue establecido en Colombia “con el nombre de cuota de defensa nacional, por Decreto 2020 de 7 de diciembre de 1929, a virtud de iniciativa de la misión militar suiza que asesoró al Gobierno en aquella época” y tenía dos modalidades, pues una cuota debían pagar “los individuos no sorteados o excluidos del sorteo” y otra debía ser cubierta por “los sorteados a quienes se exime de prestar el servicio” (14) .
La regulación contenida en el mencionado decreto reglamentario cedió luego su lugar a la regulación mediante ley y, por ahora, interesa destacar que el legislador le confirió a la cuota de compensación militar un marcado carácter tributario y así surge, por ejemplo, de la Ley 1ª de 1945, en cuyo artículo 32 se lee que “la contribución pecuniaria individual que debe pagarse al tesoro nacional, por concepto de la obligación militar, se denomina cuota de compensación militar” y, con mayor claridad, de la Ley 20 de 1979, “por la cual se crean estímulos al contribuyente, se fomenta la capitalización del país y se dictan otras disposiciones en materia tributaria”, que la incluyó en su artículo 23.
En época reciente la Ley 694 de 2001, “por la cual se expiden normas para facilitar la definición de la situación militar” concedió un beneficio a los mayores de 28 años, pertenecientes a los estratos 1 y 2, que no hubieran solucionado su situación militar y, al analizar las objeciones que en su debido momento presentó el Presidente de la República, la Corte consideró que la disposición se orientaba “a un grupo de individuos sobre los cuales pesa una obligación tributaria insoluta, cual es la de cancelar la cuota de compensación militar”, motivo por el cual no se trataba “de una técnica desgravatoria ex ante”, sino de la “condonación de una obligación tributaria preexistente, ya consolidada”, es decir, de una amnistía tributaria que brindaba a sus beneficiarios la oportunidad de “definir su situación fiscal en concordancia con la determinación de su situación militar” (15) .
Dado que, de conformidad con lo visto, el legislador se encuentra revestido de su facultad de configuración para determinar las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar, la Corte considera de importancia atender los criterios adoptados por él, tal como lo hizo cuando decidió sobre las objeciones presentadas por el Presidente en contra del proyecto que luego se convirtió en la Ley 694 de 2001, al reconocer el carácter tributario de la cuota de compensación militar que el Congreso de la República ya había contemplado en los textos objetados, en los que, expresamente, se refirió a una contribución (16) .
5. La cuota de compensación militar como tributo.
Habiéndose concluido que la cuota de compensación militar tiene carácter tributario, se abre otro flanco de discusiones relativas a la determinación de la clase de tributo de que se trata y es de anotar que en el presente proceso también se ha manifestado ese debate, pues, de una parte, el actor y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario estiman que la cuota de compensación militar es un impuesto, en tanto que, de otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional, en su intervención, se inclina a considerarla como una contribución.
La Corte Constitucional ha señalado que dentro del género de los tributos caben a título de especies las contribuciones, los impuestos y las tasas e igualmente ha admitido que en materia de tributos la adscripción a alguna de sus modalidades no siempre es cuestión fácil o definitiva. Así por ejemplo, respecto de la valorización esta corporación expuso que “como carga fiscal ha presentado modificaciones históricas y su definición no siempre ha sido unívoca, a pesar de que existe relativo consenso sobre su contenido básico” y por ello, “la Ley 25 de 1921 introdujo esa figura bajo la denominación de “impuesto”, consistente para aquel entonces en ‘una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local’. Posteriormente fueron aprobadas algunas leyes que ampliaron sus efectos a otros ámbitos, pero mantuvieron inalterada la connotación de impuesto, hasta el año 1966, cuando fue expedido el Decreto 1604 que la convirtió en una contribución” (17) .
Que la cuota de compensación militar es un impuesto, lo sostienen, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad que ahora se resuelve, el actor y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (18) .
A favor de esta tesis se aduce que la mencionada cuota es obligatoria y que la exige el Estado a los inscritos y clasificados que no ingresen a filas, quienes no reciben contraprestación directa por su pago. Empero, en contra de esta posición se argumenta que la cuota no es un impuesto, porque no se cobra indiscriminadamente a todo ciudadano, sino solo a los varones inscritos y clasificados que no ingresan a filas y porque, como su propio nombre lo indica, envuelve cierto propósito de compensación.
Sin embargo, es menester apuntar que el vocablo “contribución” no tiene un sentido unívoco y que, precisamente, en las leyes acabadas de citar el término es empleado en el más amplio de sus entendimientos, conforme al cual es sinónimo de tributo y “comprende todas las cargas fiscales al patrimonio privado soportadas en la potestad tributaria del Estado” (19) , siendo claro, entonces, que si bien las inclusión de la palabra en la ley es una de las razones demostrativas del carácter tributario de la cuota, presta poca utilidad para identificar de qué clase de tributo se trata.
Así pues, tomados uno a uno los rasgos definitorios del impuesto, es obvio que la cuota de compensación militar no los reúne todos y lo propio cabe predicar respecto de las contribuciones parafiscales. En efecto, si se atiende a lo que se ha expuesto, es evidente que, aún cuando es general, pues se cobra a todos los sujetos que se encuentren en la situación fáctica descrita por el legislador, no se ajusta cabalmente a la definición de impuesto por tener cierto carácter compensatorio, mientras que al contrastar las notas básicas de la cuota de compensación militar con las características generales de las contribuciones parafiscales el resultado es esencialmente negativo, pues, según acaba de verse, del tributo que nos ocupa están ausentes buena parte de los requisitos que definen a las contribuciones parafiscales.
Precisamente, a esta última clase es posible adscribir la cuota de compensación militar que, de una parte, es obligatoria, pues el Estado la puede exigir al sujeto colocado en una específica situación normativamente señalada y, de otro lado, compensa la obtención de un beneficio, ya que la no prestación del servicio bajo banderas se traduce en una ventaja para el eximido, en cuanto tiene la posibilidad de dedicarse inmediatamente al desarrollo de labores productivas o a continuar con el siguiente estadio de su proceso educativo.
5.1. Una especial consideración acerca de las ideas de compensación y de beneficio.
Así pues, en el sentido que se acaba de indicar se suele afirmar que la cuota comporta una especie de compensación del ciudadano al Estado por la simple circunstancia de no ser incorporado a filas y ello no impide que se le considere contribución especial, en la medida en que el ente estatal conserva la potestad de exigir el pago obligatorio.
Empero, el beneficio obtenido por el sujeto eximido de prestar el servicio militar debe ser entendido a cabalidad, pues algunos consideran que la función de la cuota de compensación es sustituir el servicio bajo banderas, de tal modo que las personas pagan la cuota y, por haberla pagado, el Estado se abstiene “de exigirles el ingreso obligatorio al ejército”, liberándolas “de las fatigas y molestias inherentes al servicio” y permitiéndoles aprovechar su tiempo y sus capacidades “para desarrollar su actividad económica en la época de la vida más propicia para ello” (20) .
Es indudable que quien paga la cuota de compensación militar no queda sometido a la relación de especial sujeción derivada de la prestación del servicio en filas y que, por ese motivo, tiene la posibilidad de dedicarse a la actividad que libremente escoja, pero es menester aclarar que ese beneficio no se deriva del pago de la cuota, puesto que la obligación de cancelar esta contribución especial surge como consecuencia de la exención del servicio.
Como se recordará, la regulación actual de la materia que ahora ocupa la atención de la Corte impone la inscripción destinada a definir la situación militar y, en ese contexto, la cuota de compensación se cobra al inscrito que no presta el servicio y que resulte clasificado, situación esta última que sucede cuando se le exime de la prestación personal “por razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo”.
De acuerdo con el planteamiento precedente, el pago de la cuota de compensación militar surge como obligación siempre que a la inscripción se agregue el hecho de ser clasificado y ninguno de los dos requerimientos depende de la exclusiva voluntad del ciudadano, pues la inscripción es obligatoria y la clasificación es el resultado de factores tales como la configuración de una causal de exención, la inhabilidad o la falta de cupo, factores que, ya sean inevitables o fruto de la casualidad, en cualquier caso escapan al libre albedrío del inscrito.
Y es que el ciudadano no celebra con el Estado un contrato de prestaciones mutuas, por cuya virtud él se limita a pagar y el Estado cumple absteniéndose de llamarlo a filas (21) , sino que el pago de la cuota está supeditado a precisas condiciones legales que, al configurarse, hacen del ciudadano el sujeto pasivo de un tributo generado, precisamente, porque no es exigible el servicio militar.
El deslinde que al inicio de estas consideraciones se hizo entre el servicio militar de índole personal y la obligación de carácter pecuniario, aparece aquí con toda claridad, pues la cuota de compensación militar, en tanto contribución especial, se torna exigible una vez el servicio militar resulta descartado y ello es así, porque de tal modo lo decidió el legislador que, en lugar de un tributo, hubiera podido prever la prestación de un servicio social diferente del servicio militar.
Si como se expuso al comienzo, la cuota de compensación militar es una prestación pecuniaria y no tiene la naturaleza personal del servicio militar, se impone ahora ser consecuentes con esa aseveración suficientemente justificada, y no propiciar una mezcla inadmisible de nociones que es lo que se produce cuando, con ligereza, se afirma que el pago de la cuota de compensación militar tiene por finalidad exclusiva poner al ciudadano a salvo de la incorporación a filas. En este orden de ideas, procede concluir que los rasgos básicos de la cuota de compensación militar responden a la naturaleza del tributo.
6. La acusación formulada en contra del segmento demandado del artículo 22 de la Ley 48 de 1993.
Según se ha visto, el Constituyente de 1991 recogió una disposición que ya aparecía en la Constitución de 1886 y en el artículo 338 de la Carta vigente indicó que “la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. El demandante estima conculcado este artículo, así como el 150-12, porque el artículo 22 de la Ley 48 de 1993, al regular la cuota de compensación militar, en lugar de definir directamente la base y la tarifa gravable defirió su definición a la Administración. La impugnación formulada conduce a realizar algunas consideraciones relativas al principio de legalidad tributaria, por cuanto en ese ámbito gira la controversia que el actor ha planteado.
6.1. El principio de legalidad y la reserva de ley en materia tributaria.
En el más amplio de sus entendimientos el principio de legalidad implica que solo la ley es la fuente facultada para imponer limitaciones, restricciones o gravámenes a los asociados y, según la Corte, esto significa que, “sin perjuicio de las especiales facultades de regulación que la Constitución o la ley asignen a determinados órganos del Estado, el reglamento no puede ser fuente autónoma de obligaciones o restricciones para las personas” (22) .
De ahí que la lectura armónica de los artículos 114 y 150, numerales 1º y 2º de la Constitución enseñe que el desarrollo de la potestad reglamentaria del gobierno exige la previa configuración legal de una regulación básica o “materialidad legislativa”, a partir de la cual el gobierno pueda cumplir su función reglamentaria que es de naturaleza administrativa (23) .
Sin embargo, lo anterior no le genera al legislador la obligación de producir regulaciones exhaustivas o íntegras, sino que le basta “delimitar el tema y permitir su concreción por medio de reglamentos administrativos”, de tal manera que, aún cuando el reglamento no puede ser fuente autónoma de obligaciones, limitaciones o gravámenes, si tiene a su alcance la posibilidad de concretar “los elementos centrales que hayan sido previamente definidos en la ley, lo que constituye una exigencia técnica para su debida ejecución” (24) .
Pero, de acuerdo con el contenido de la Carta, el principio de legalidad también se concreta en la reserva de ley que coloca bajo el dominio exclusivo del legislador el desarrollo de las materias sometidas a esa técnica y, por lo tanto, en relación con ellas es improcedente la remisión al reglamento, “puesto que corresponde al legislador la regulación clara y expresa de las materias reservadas” (25) .
Sin perjuicio de estos criterios, la Corte Constitucional ha puntualizado que “en muchos casos, la naturaleza misma de las materias objeto de regulación no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias a efectos de permitir su cumplida ejecución” y, en esos eventos, “el contenido de la reserva está referido al núcleo esencial de la materia reservada, de tal manera que el reglamento se limite a desarrollar, complementar y precisar lo que ya ha sido de manera expresa contemplado en la ley” (26) .
De acuerdo con los criterios surgidos de la jurisprudencia constitucional, en relación con la posibilidad de concreción administrativa de los elementos contenidos en la ley hay, entonces, “reservas más o menos estrictas”, de modo que el nivel de exigencia de la reserva “es cambiante según la naturaleza de la materia y la forma como la propia Constitución haya previsto la reserva”, pues la disposición que la establece permite “especificar la articulación de fuentes” y determinar cómo se distribuyen, en cada caso, las potestades de regulación entre la ley y el reglamento (27) .
Así, por ejemplo, en ocasiones, la índole de la materia no le facilita al legislador especificar algún concepto y, entonces, para asegurar su cumplida ejecución la ley hace remisiones a la administración, como ocurre con los denominados tipos penales en blanco, cuya apreciación debe hacerse en concreto a fin de proteger la intangibilidad del principio de legalidad en materia penal.
Ahora bien, tal como lo señaló la Corte en reciente oportunidad, del artículo 150-12 de la Constitución que le confiere al Congreso de la República la función de “establecer contribuciones fiscales” y del artículo 338 superior, ya aludido en lo pertinente, se deriva el establecimiento de una reserva especial de ley en materia tributaria, por cuya virtud “la Constitución le otorga al legislador la facultad de establecer los tributos, al paso que priva al reglamento de la posibilidad de crear las contribuciones fiscales” y de “constituir su fuente esencial”, a todo lo cual se suma “la exclusión de la legislación delegada prevista en el numeral 10 del mismo artículo 150 superior, que le impide al Congreso conferir facultades extraordinarias para decretar impuestos” (28) .
La reserva de ley que en materia tributaria concreta el principio de legalidad es expresión del principio de representación que exige la concurrencia de los eventuales afectados, por intermedio de sus representantes ante los cuerpos colegiados, siempre que se trate de decretar un tributo y “tiene una de sus manifestaciones primordiales en el denominado principio de certeza o de predeterminación normativa de los elementos del tributo”, en virtud del cual se exige de la ley creadora del tributo “que, en atención al principio nullum tributum sine lege, defina los elementos del tributo de manera suficiente” (29) .
6.2. El principio de legalidad tributaria y la creación de los tributos.
El artículo 338 de la Constitución, en la parte citada, señala que son elementos del tributo el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa y, como lo ha puntualizado esta Corporación, la definición de estos elementos “está sujeta al rigor del principio de legalidad que exige que la misma se realice de manera clara e inequívoca”.
La ausencia de esa definición “clara e inequívoca” quebranta el principio de legalidad tributaria y “en tal caso, la administración no es la llamada a solventar esa carencia por medio de su facultad reglamentaria, puesto que de llegar a establecer tales elementos invadiría órbitas de competencia específicamente establecidas en el ordenamiento superior para otras autoridades, en la medida en que estaría facultando para la determinación de la fuente esencial del impuesto, es decir, para la creación misma del tributo” (30) .
Empero, tratándose de la exclusión del reglamento, la Corte, al aplicar el principio a situaciones concretas, “ha identificado unas limitaciones a la extensión del mismo, pues, de una parte, “no toda dificultad interpretativa de las normas que crean un tributo conduce a su inconstitucionalidad” y, de otra parte, a la luz de la Constitución resultan admisibles “determinadas remisiones al reglamento en las leyes que crean tributos” (31) .
Conforme a los anteriores planteamientos, se impone declarar la inconstitucionalidad cuando, pese a utilizar las reglas generales de interpretación de las leyes, no resulte posible determinar el sentido de las expresiones empleadas para describir los elementos del tributo y es viable remitir a la administración sin vulnerar el principio de legalidad “cuando existan razones de orden técnico o administrativo que lo hagan indispensable”, como sucede, por ejemplo, con la remisión que hace la ley al avalúo catastral para la determinación de la base gravable del impuesto predial, que fue hallada exequible (32) .
6.3. Los elementos del tributo y la cuota de compensación militar.
Ahora bien, hechas estas precisiones, conviene enfatizar que, tratándose de tributos de carácter nacional, el Congreso tiene la obligación de ocuparse de todos sus elementos y, por lo mismo, debe señalar el sujeto activo, es decir, “la entidad estatal con derecho para exigir el pago del tributo”, el sujeto pasivo o persona “en quien recae la obligación correlativa”, el hecho gravable o situación de hecho “a la cual la ley confiere la virtualidad de generar la obligación tributaria”, así como la base gravable y la tarifa, “que son los elementos determinantes de la cuantía misma de la obligación” (33) .
De todos los elementos, el que mejor define el perfil específico de un tributo es el hecho generador, que hace referencia a la situación establecida por la ley “de manera abstracta como situación susceptible de generar la situación tributaria” (34) y, tratándose de la cuota de compensación militar, del artículo 22 de la Ley 48 de 1993 se desprende con claridad que el hecho generador que la identifica como tributo consiste en haberse inscrito a fin de resolver la situación militar, resultar luego clasificado y tener la posibilidad de dedicarse libremente al desarrollo de actividades productivas o de formación educativa, por haber sido eximido del servicio bajo banderas a causa de la configuración de alguna causal de exención, inhabilidad o falta de cupo.
Nótese que el hecho generador del tributo radica en el beneficio que el eximido de prestar el servicio militar obtiene, en cuanto puede ingresar al trabajo, proseguir estudios o realizar cualquiera otra actividad y que el legislador tiene facultad para gravar esa circunstancia, en virtud de un criterio normativo de imputación tributaria basado en la justicia y la equidad y de conformidad con el cual quien asume los beneficios también debe asumir las cargas.
Así pues, cuando se realiza el presupuesto fáctico previsto en la ley “nace al mundo jurídico la correspondiente obligación fiscal” (35) que en el caso examinado, de acuerdo con el tenor literal de la ley, tiene por sujeto activo al tesoro nacional y por sujeto pasivo al inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado.
Ha expuesto la Corte que la base gravable de un tributo es “la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la correspondiente tarifa, para de esta manera liquidar el monto de la obligación tributaria”, en tanto que la tarifa “es la magnitud o monto que se aplica a la base gravable y en virtud de la cual se determina el valor final en dinero que debe pagar el contribuyente” (36) .
En relación con la cuota de compensación militar, como dato histórico es ilustrativo mencionar que la Ley 1ª de 1945, en su artículo 33, señalaba que debía tasarse “sobre el valor correspondiente a un mes de renta, salario o jornal que se hallen disfrutando los obligados al tiempo de efectuarse la clasificación” y de acuerdo con tarifas allí mismo establecidas, junto con otras previsiones de conformidad con las cuales se obligaba a las mujeres que devengaran sueldos a pagar la cuota y al tiempo se disponía que los varones privados de renta o peculio propio debían ser clasificados “sobre la renta bruta, sueldo, salario o jornal” de que disfrutaran sus padres, “dividido proporcionalmente por el número de hijos de ambos sexos” a quienes sostuvieran. La Ley 20 de 1979, por su parte, preceptuaba en su artículo 23 que “el porcentaje del valor de la cuota de compensación militar, fijado en el artículo 33 de la Ley 1 de 1945”, se disminuiría “del 50 al 30%”.
Sin embargo, el artículo 22 de la Ley 48 de 1993, después de referirse al hecho generador y a los sujetos activo y pasivo de la contribución especial, indica que el gobierno determinará el valor de la cuota de compensación militar, así como “las condiciones de liquidación y recaudo”, lo cual significa, de un lado, que el legislador no definió directamente ni la base gravable ni la tarifa y, de otro lado, que defirió al Gobierno su definición.
Esta remisión al gobierno impide estimar que se haya configurado una omisión legislativa de carácter relativo, como lo sugiere la representante del Ministerio de Defensa Nacional, pues el legislador no guardó absoluto silencio en relación con los dos elementos mencionados, sino que expresamente confió a la administración su definición por vía reglamentaria y, en esas circunstancias, lo que corresponde analizar es si esa remisión hecha en tales términos se ajusta a la Carta o desconoce sus mandatos.
En concordancia con cuanto se dejó consignado en precedencia, es menester puntualizar que el artículo 338 superior exige a la ley definir “directamente” los elementos del tributo y, entre ellos, la base gravable y la tarifa, luego es claro que la facultad concedida por el artículo demandado al gobierno para definir los aludidos elementos contradice abiertamente lo mandado en el artículo constitucional citado.
Además, como el artículo 338 establece, en armonía con el 150-12 de la Carta, una especial reserva de ley, el ya destacado sentido de la reserva, impone considerar que, en principio, es improcedente la regulación mediante reglamento de los elementos del tributo y que las falencias de la ley no pueden ser suplidas en ejercicio de la potestad reglamentaria, pues ello equivaldría a permitirle al reglamento crear el tributo con evidente desconocimiento del principio de legalidad tributaria y del principio de separación de poderes.
Es cierto que, como se expuso, en determinadas condiciones que deben ser apreciadas en concreto, le resulta imposible o inconveniente al legislador plasmar en la ley algún aspecto técnico indispensable para su cumplida ejecución y que, entonces, constitucionalmente es factible que el reglamento preste su concurso, no obstante la existencia de una reserva de ley. Empero, también se puso de manifiesto que en esta hipótesis, para guardar el principio de legalidad, la ley debe contener un núcleo esencial de regulación a partir del cual pueda actuar el reglamento.
Al respecto conviene puntualizar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución, la Corte Constitucional ha entendido que el legislador tiene facultad para producir una regulación completa del sistema y del método, pero que también puede proporcionar una regulación suficientemente clara y precisa, sin llegar hasta la descripción detallada y rigurosa de los factores y procedimientos conducentes a fijar la tarifa de las contribuciones especiales.
De acuerdo con la Corte, esta última opción impide desatender las exigencias del principio de legalidad, por cuanto, tratándose del sistema y del método de las contribuciones especiales, el Congreso de la República puede expedir una regulación clara y precisa para facilitar la actuación del reglamento y que sea, además, suficiente e impida que una excesiva indeterminación deje en poder de las autoridades administrativas la regulación plena de los aludidos elementos, en contradicción con el principio de legalidad “que se concreta en la predeterminación del tributo y la representación popular” (37) .
Supuesto que, en razón de lo reseñado en el párrafo anterior, la definición tanto de la base gravable como de la tarifa de la cuota de compensación militar admitiera cierto margen de concreción al reglamento, lo cierto es que nada se dice al respecto en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 y, por lo mismo, tampoco se fijó un núcleo esencial de regulación en la materia. En consecuencia, la fijación de la base gravable y de la tarifa fue confiada en su totalidad a la regulación reglamentaria, con nítida violación de la reserva de ley, porque el artículo cuestionado ni siquiera establece parámetros que, a partir de él, hagan determinables los elementos faltantes.
La estricta definición legal que la Constitución exige no se cumple en este caso y la inconstitucionalidad resulta palmaria, y a tal punto que aún si se admitiera que no estamos frente a un tributo, sino a otro tipo de obligación, la contrariedad con la Carta también se configuraría, porque de acuerdo con los artículos 114 y 120, numerales 1º y 2º de la Constitución, del principio de legalidad en su sentido más amplio se deriva que solo la ley puede imponer limitaciones o gravámenes a las personas, que, según lo reiterado al inicio de este acápite, el reglamento no puede ser fuente autónoma de obligaciones o limitaciones para las personas y que, por consiguiente, la potestad reglamentaria solo puede cumplirse sobre la base de la previa configuración legal de una regulación básica o materialidad legislativa (38) .
Así las cosas, la frase “El gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”, contenida en el primer inciso del artículo 22 de la Ley 48 de 1993, es inconstitucional, pues en ella se materializa la contradicción con la Carta que la Corte ha verificado, dado que defiere al gobierno la regulación integral de una materia sometida a reserva de ley.
Finalmente, la Corte debe referirse a la posibilidad de modular la sentencia, que ha sido puesta de manifiesto tanto por el demandante como por el señor Procurador General de la Nación, pues la Corporación considera pertinente examinar el tema, para saber si hay decisiones adicionales que deban ser adoptadas en la parte resolutiva de la presente providencia.
7. Las solicitudes de modulación de la sentencia.
7.1. El condicionamiento sugerido por el Procurador General de la Nación.
En primer término, el señor Procurador General de la Nación aboga por un condicionamiento de la sentencia, por cuya virtud “los ciudadanos varones inscritos que no ingresen a filas y sean clasificados y pertenezcan a los estratos 1 y 2 de la clasificación en el Sisben, al igual que aquellos de que tratan los literales d), e) y h) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, sean incluidos dentro de los colombianos exentos de pago de la cuota de compensación militar”, en razón de una eventual afectación de su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas.
Al respecto la Corte observa que no se reúnen los presupuestos que permiten adoptar una sentencia condicionada, porque la Corte ha encontrado que el segmento demandado es inconstitucional y no tiene alternativa diferente a decretar la consiguiente inexequibilidad, ya que su contenido no comprende alguna otra interpretación ajustada a la Carta y a la cual fuera viable condicionar la exequibilidad del texto cuestionado.
Por bien sabido se tiene que el condicionamiento de la exequibilidad resulta posible cuando dentro del contenido de la disposición sometida al escrutinio de su constitucionalidad caben como opciones hermenéuticas plausibles al menos dos significados, de los cuales uno se ajusta a la Carta y el otro la contradice, de modo que el mismo texto demandado es el que brinda la oportunidad de ser mantenido en el ordenamiento por ofrecer una posibilidad interpretativa acorde con la Constitución (39) .
En el caso que ahora decide la Corte, cabe puntualizar que el analizado segmento del artículo 22 de la Ley 48 de 1993 en ninguna parte alude a exenciones en el pago de la cuota de compensación militar y, por lo tanto, la pretensión del Procurador es por completo extraña al supuesto regulado en un texto que no se ocupa de exenciones y que ni remotamente brinda las bases para sostener que deben ser beneficiados con una exención los ciudadanos pertenecientes a los estratos 1 y 2 del Sisben o aquellos a quienes se refieren los literales d), e) y h) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993.
Precisamente, en una sentencia referente a la cuota de compensación militar, la Corte señaló que las exenciones tributarias “hacen relación a determinados elementos subjetivos y objetivos que conforman el hecho generador, pero cuya ocurrencia impide el nacimiento de la obligación consagrada en la norma tributaria” y sostuvo que constituye un instrumento a través del cual “el legislador determina el alcance y contenido del tributo, ya sea por razones de política fiscal o extrafiscal, teniendo en cuenta cualidades especiales del sujeto gravado o determinadas actividades económicas que se busca fomentar” (40) .
Se desprende de los anteriores conceptos que el procurador pretende que, mediante un condicionamiento, la Corte establezca una exención y que lo haga a propósito del juicio de constitucionalidad de una disposición que nada tiene que ver con exenciones, olvidando que es al legislador a quien corresponde ocuparse de ese tema y que ese trato diferente respecto de un grupo de sujetos que comporta la exención puede otorgarlo el Congreso a iniciativa del gobierno, por cuanto el artículo 154 superior indica que solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes que “decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales” (41) .
No obstante lo expuesto, la Corte considera que el propósito que anima al jefe del Ministerio Público se inspira en un concepto de equidad que el legislador debe considerar en el futuro, habida cuenta de que tiene la competencia para regular los elementos de la cuota de compensación militar y, entre ellos, el sistema y el método, fuera de lo cual la índole tributaria de la mencionada cuota le permite al Congreso observar criterios de equidad y de progresividad que, en atención a las circunstancias socioeconómicas de los eximidos, conduzcan, por ejemplo, al establecimiento de tratamientos diferenciados en la determinación de la cuantía de la contribución especial y en la forma de pago, así como a establecer una exención a favor de las personas de más bajos ingresos o a adoptar medidas favorables a ellas, como se dispuso en la Ley 694 de 2001 en la cual se concedió un beneficio a los colombianos pertenecientes a los estratos 1 y 2.
7.2. Los efectos de la inexequibilidad.
Finalmente, teniendo en cuenta que se decretará la inexequibilidad del segmento en el cual el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 encarga al gobierno de determinar el valor y las condiciones de liquidación y recaudo de la cuota de compensación militar, es menester analizar si la inexequibilidad derivada de la incompatibilidad con la Carta que la corporación ha constatado tienen efectos inmediatos o si cabe el otorgamiento de los efectos diferidos que sugiere el actor.
A la posibilidad de diferir los efectos de la inexequibilidad se opuso el Instituto Colombiano de Derecho Tributario aduciendo la falta de elementos de juicio para sostener que el buen funcionamiento de las Fuerzas Militares depende de los recursos provenientes de la cuota de compensación militar.
En jurisprudencia reiterada esta corporación ha hecho énfasis en que el otorgamiento del efecto diferido a la inexequibilidad es eminentemente excepcional y, en armonía con esa condición, para proferir uno de estos fallos se le exige al juez constitucional exponer poderosas razones justificativas y demostrar que no es viable apelar a otro tipo de sentencias y, en particular, a una sentencia aditiva o integradora (42) .
La exposición de fuertes razones justificativas se exige, porque, a pesar de la inconstitucionalidad comprobada de la ley, mediante la sentencia de inexequibilidad diferida se le permite sobrevivir en el ordenamiento durante el lapso que la Corte estime suficiente para que el Congreso de la República expida una nueva regulación destinada a superar los factores causantes de la inconstitucionalidad verificada por el máximo juez constitucional.
De ese modo, se constata la inconstitucionalidad, pero se retrasa el efecto de la inexequibilidad y, por eso, a este tipo de decisiones también se le denomina sentencia de exequibilidad temporal o transitoria, dado que la ley declarada inconstitucional no es separada inmediatamente del ordenamiento y, por un tiempo, queda a disposición de los operadores jurídicos, quienes pueden interpretarla y aplicarla para solucionar los casos sometidos a su conocimiento y decisión.
Que la inexequibilidad de la ley inconstitucional se difiera a un momento posterior depende de que el retiro inmediato sea susceptible de causar, desde el punto de vista de los valores y principios constitucionales, un traumatismo mayor que el que se pretende evitar mediante la adopción de una sentencia de inexequibilidad simple y es el juez constitucional quien debe sopesar las consecuencias de sus decisiones y, en especial las del vacío legislativo, de manera que, si al apresurar la inexequibilidad la Constitución sufre más grande mengua que la derivada de dar espera a la salida del ordenamiento de la disposición reñida con la Carta, a la Corte le corresponde, en guarda del orden constitucional, optar por la solución menos traumática.
Ciertamente, la inconstitucionalidad de la parte del artículo 22 de la Ley 48 de 1993 en la cual se encarga al gobierno de determinar el valor y las condiciones de la cuota de compensación militar trae consigo la imposibilidad de recaudar sumas por ese concepto, puesto que las disposiciones reglamentarias que en la actualidad fijan la base gravable y la tarifa pierden su fundamento legal.
Sin embargo, pese a que el actor alega que la inexequibilidad inmediata sería fuente de una inconstitucionalidad más grave, porque las fuerzas militares dejarían de recibir esos ingresos y eso pondría en peligro “su buen funcionamiento”, con notable detrimento “de la supremacía constitucional” y a que, según el informe de la dirección general del presupuesto público nacional, citado en la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los “53.6 mil millones de pesos” que se espera recaudar están destinados “a la adquisición y mantenimiento de equipos y material de guerra y a la construcción de vivienda fiscal para los miembros de las fuerzas militares”, la Corte no encuentra razones de peso para predicar que, como consecuencia de la inexequibilidad inmediata, el orden constitucional sufriría un detrimento mayor que la vulneración del principio de legalidad tributaria y, en esa medida, considera que no es procedente adoptar una sentencia de exequibilidad transitoria.
Adicionalmente, la corporación estima que la vigencia fiscal en curso está suficientemente avanzada y que una parte importante del recaudo por concepto de cuota de cuota de compensación militar ya ha debido efectuarse, motivo por el cual el impacto en las finanzas estatales no tiene la entidad que el demandante indica en su libelo.
Se impone, entonces, el efecto inmediato de la inexequibilidad que es la regla general, pero, dado que el reclutamiento y la incorporación a las fuerzas armadas no puede suspenderse y que la definición de la situación militar está precedida de un proceso de selección cuyas fases pueden hallarse en curso al momento en que esta sentencia adquiera eficacia, la Corte considera importante precisar la manera como en este caso opera el efecto inmediato de la inexequibilidad.
En concordancia con lo anterior, en la parte resolutiva se consignará que los efectos de la inexequibilidad declarada operan hacia el futuro respecto de quienes sean clasificados con posterioridad a la presente sentencia.
1. INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe pagar una contribución pecuniaria al tesoro nacional, denominada cuota de compensación militar” contenidas en el inciso primero del artículo 22 de la Ley 48 de 1993, por ineptitud sustantiva de la demanda.
2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “El gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”, contenida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993.
3. Los efectos de la inexequibilidad declarada en el ordinal anterior, operan hacia el futuro respecto de quienes sean clasificados con posterioridad a la presente sentencia.
(1) Véase Ricardo García Macho, Voz “Relaciones especiales de sujeción”, Diccionario de Derecho Administrativo, tomo II, Madrid, Iustel, 2005, págs. 2184 y ss. Edición a cargo de Santiago Muñoz Machado.
(2) Cfr. Otto Mayer, Derecho administrativo alemán, tomo IV, parte especial. Las obligaciones especiales, Buenos Aires, Desalma, 1982, pág. 3.
(3) Consúltese Rafael de Asis Roig, Deberes y obligaciones en la constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, págs. 399 y ss.
(4) Véase Tribunal Constitucional Español, Sentencia 160 de 1987, f. j. 5.
(5) Sobre las clases de deberes se puede consultar a Eduardo García de Enterria y Tomás Ramón Fernández, Curso de derecho administrativo, tomo II, Madrid, Civitas, 1994, pág. 34 y ss.
(6) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(7) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de noviembre veinticinco (25) de mil novecientos treinta y cinco (1935), M.P. Aníbal Cardoso Gaitán.
(9) Cfr. Salvamento de voto del magistrado Miguel Moreno Jaramillo, sobre potestad reglamentaria, impuesto militar y control judicial de las leyes, a la sentencia de noviembre veinticinco (25) de mil novecientos treinta y cinco (1935).
(14) Cfr. Esteban Jaramillo, Tratado de ciencia de la hacienda pública, Bogotá, Editorial Minerva, 1930, pág. 423.
(15) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(16) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(17) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(18) Véase también el salvamento de voto del magistrado Miguel Moreno Jaramillo, op. cit.
(19) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(20) Cfr. Esteban Jaramillo, Tratado de ciencia de la hacienda pública, op. cit., pág. 421.
(21) Cfr. Salvamento de voto del magistrado Miguel Moreno Jaramillo, op. cit.
(22) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-690 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(28) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-517 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(30) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-690 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(33) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(37) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-243 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(38) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-690 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(39) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(40) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(42) Sobre esta clase de decisiones pueden ser consultadas las sentencias C-109 de 1995, C-221 de 1997, C-700 de 1999, C-141 de 2001, C-737 de 2001, C-452 de 2002, entre otras.

References: ARTÍCULO 22
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 artículo 216
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