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Timestamp: 2018-12-15 09:49:48+00:00

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RESOLUCIÓN 649 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
VIGENCIA:DEROGADO POR LA RESOLUCIÓN 495 DE 2015 ARTÍCULO 2° DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
RESOLUCIÓN 649 DE 2012
“Por la cual se adopta el código de ética y buen gobierno para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
(Nota: Derogada por la Resolución 495 de 2015 artículo 2° del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, artículo 40, numerales 4º, 9º,10, y
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209, establece: “La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”;
Que de acuerdo con el artículo 269 constitucional, las entidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar, según su naturaleza, métodos y procedimientos de control interno, como lo disponga la ley;
Igualmente, la Ley 872 de 2003 crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder público como una herramienta sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y sus agentes, estas enmarcadas dentro de sus planes estratégicos y de desarrollo, que su enfoque sea basado en los procesos internos y las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios, de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico;
Que el Decreto 1599 de 2005 adoptó el “modelo estándar de control interno para el estado colombiano” y determinó las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de control interno en las entidades y agentes, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 87 de 1993;
Que de acuerdo con el subsistema de control estratégico —componente— ambiente de control, la entidad debe garantizar y caracterizar un estilo de dirección que favorezca el control y oriente una óptima prestación de servicio público, con transparencia, eficacia, eficiencia, uso responsable de los recursos públicos y generar una regulación propia para vivenciar la ética;
Que el componente “direccionamiento estratégico” del subsistema de control estratégico señala que la entidad, mediante el plan estratégico, debe definir la ruta organizacional a seguir para lograr los objetivos misionales y que el subsistema de control estratégico señala el estilo de dirección, la ética y el direccionamiento estratégico que la entidad debe adoptar como elemento de control para ser implementado en el sistema de gestión de calidad, de acuerdo con el “MECI 1000:2005”;
Que según los numerales 7º, 9º,14 y 16 del artículo 5º del Acuerdo 8 del 19 de junio 2012, le corresponde al director general del instituto formular e implementar un sistema de control de gestión, así como definir las políticas de comunicación que permita hacer efectiva la relación entre los servidores públicos y la comunidad;
ART. 1º—Adoptar el código de ética para los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se identifican los valores y directrices que, en coherencia con el plan estratégico y el código de buen gobierno, todo servidor público debe observar en ejercicio de sus funciones.
(Nota: Derogado por la Resolución 495 de 2015 artículo 2° del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)
ART. 1º(sic) —Adoptar el código de buen gobierno para los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se establece la forma como el nivel directivo guía y orienta las acciones del Instituto hacia el cumplimiento de su misión.
PAR.—Los códigos de ética y buen gobierno hacen parte integral de la presente resolución, mismos que constan de siete (7) y veintidós (22) folios, respectivamente.
ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deja sin efecto las disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D. C, a 14 de septiembre de 2012.
De la Identificación y Naturaleza de la Entidad
Del Compromiso con los objetivos, la Misión y la Visión de la Entidad
De las Políticas para la Dirección de la Entidad
De las Políticas para la Gestión Ética
DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD
De las Políticas para la Gestión de la Planeación Institucional
De las Políticas para la Gestión de la Calidad
De las Políticas para la Gestión de la Comunicación
De las Políticas para la Gestión del Servicio Forense
De las Políticas para la Gestión del Sistema de Educación Forense
De las Políticas para la Gestión de la Dirección y Control del Sistema Nacional de
De las Políticas para la Gestión Administrativa y Financiera
De las Políticas para la Gestión de Desarrollo y Soporte Informático
De las Políticas para la Gestión del Talento humano
De las Políticas para la Gestión y Soporte Jurídico
De las Políticas para la Gestión en Salud Ocupacional y Medio Ambiente
De las Políticas para la Gestión del Sistema de Evaluación y control
De las Políticas para la Gestión y Participación Ciudadana
DE LAS POLÍTICAS FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Del compromiso de la Entidad con los conflictos de interés
Las exigencias de nuestro sistema nacional de administración de justicia, hacen que como entidad líder del sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses, estemos cada vez más comprometidos con la labor que tenemos para brindar el correcto soporte científico y técnico, con el fin de asegurar la prestación de un “servicio forense efectivo”, encaminando cada esfuerzo hacia una justicia transparente y con mejor calidad.
Por tal razón, todo el nivel directivo de la entidad, junto con los servidores involucrados en cada proceso, construyen los presentes código de ética y código de buen gobierno, con el fin de expresar abierta y participativamente, una estrategia basada en la responsabilidad permanente con la forma de administrar el desempeño de la función pública que nos compete, orientados hacia el logro de una gestión caracterizada por la integridad, la transparencia, la efectividad y la clara decisión en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Nuestro código de buen gobierno pretende dar alcance, a través de las buenas prácticas del gobierno corporativo en las entidades públicas, al Decreto Presidencial 3622 de 2005 sobre políticas de desarrollo del sistema administrativo, en donde se postula que “el desarrollo administrativo es un proceso de mejoramiento permanente y planeado para la buena gestión y uso de los recursos y del talento humano en los organismos y entidades de la administración pública, cuyos propósitos son: a) La creación de relaciones de cooperación, aceptación y reconocimiento entre los servidores públicos, los particulares investidos para el ejercicio de funciones administrativas y la comunidad en general; b) El cumplimiento de los fines sociales del Estado y de las responsabilidades y compromisos del servidor público; c) El mejoramiento de los niveles de gobernabilidad de la administración pública; d) El mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
Con nuestro código de ética se pretenden afianzar nuestros valores y directrices éticas que enmarcan las pautas de comportamiento que rigen la labor cotidiana de los servidores de esta entidad, con el fin de generar un verdadero compromiso y representando dignamente al Instituto, a través de su cumplimiento.
Estos códigos institucionales favorecen con elementos que ayudan a garantizar el cumplimiento de nuestra misión y visión, y la responsabilidad que tenemos ante el país y la comunidad, por el respeto a las personas, la Constitución y la ley; la vocación de servicio, la honradez, transparencia, equidad y solidaridad a partir de la ética y el buen gobierno individuales, colectivos e institucionales de excelencia, lo cual será siempre nuestro lema.
Carlos Eduardo Valdés moreno Director General
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el modelo de código de buen gobierno para entidades públicas, se toman los siguientes conceptos y expresiones:
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar.
Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada. Palabra que se da uno mismo para hacer algo. Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización a la cual pertenece.
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos —eficiencia—; b). El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre el particular —integridad—; y c). La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos –transparencia.
Grupos de interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o son influenciadas por éste. Es sinónimo de “públicos internos y externos”, o “clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
Modelo estándar de control interno, MECI: Modelo establecido por el Estado para sus entidades mediante el Decreto 1599 de 2005. Proporciona una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las oficinas de control interno, unidades de auditoría interna o quien haga sus veces.
Políticas: Directrices o intenciones por las cuales la alta dirección define el marco de actuación con el cual se orientará la actividad pública en un campo específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos.
Riesgos: Toda posibilidad de un evento que pueda entorpecer o impedir el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. Se expresa en términos de probabilidades y consecuencias.
ART. 1º—El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la rama judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa(1).
1. Organizar y dirigir el sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses y controlar su funcionamiento.
4. Prestar asesoría y remitir consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes.
ART. 2º—Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene la siguiente organización básica:
ART. 3º—Las directivas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se comprometen a orientar todas sus actuaciones hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de la misión y visión.
El objetivo fundamental del instituto es la prestación de servicios forenses a la comunidad como apoyo técnico y científico a la administración de justicia.
El plan estratégico, “servicio forense efectivo” 2011-2014 está estructurado de tal manera que el Instituto cumpla con los siguientes objetivos propuestos:
1. Prestar un excelente servicio a las autoridades: Ser reconocidos por el cumplimiento de nuestra propuesta de valor a las autoridades.
2. Brindar un buen trato a los usuarios atendidos por el instituto: Ofrecer el mejor trato a las personas atendidas por el instituto.
3. Garantizar el buen uso de los recursos físicos y financieros: planear, ejecutar y controlar que los recursos financieros se utilicen en el cumplimiento de la misión de la entidad de manera transparente, oportuna y efectiva.
4. Garantizar una atención efectiva a las autoridades: Garantizar servicios periciales forenses de calidad científica y técnica, ajustados a las exigencias del sistema judicial vigente.
5. Asegurar una atención eficiente a los usuarios: Garantizar un servicio acorde con nuestra propuesta de valor para la atención de los usuarios.
6. Asegurar la gestión excelente en las regionales: Asegurar la cobertura del servicio forense mediante la coordinación efectiva de las regionales.
7. Mejorar el posicionamiento del instituto como líder de las ciencias forenses: Consolidar el sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses dentro de un marco de verificación, certificación y acreditación.
8. Garantizar una gestión académica efectiva: Garantizar que la actividad académica forense se realice bajo el marco de manuales, reglamentos técnicos, procedimientos, guías e instructivos debidamente expedidos.
9. Fortalecer la investigación: Congregar a la comunidad académica alrededor de la investigación de tal manera que se garantice el desarrollo de las competencias y del conocimiento técnico y científico forense.
10. Asegurar un oportuno y adecuado suministro de bienes y servicios: Optimizar la utilización de los recursos físicos y financieros que permitan atender de manera oportuna los requerimientos del instituto.
11. Gestionar la consecución adicional de recursos: Trabajar en la cooperación y coordinación interinstitucional con el fin de obtener recursos adicionales que permitan optimizar y mejorar la oportunidad en la prestación de nuestros servicios.
12. Desarrollar una adecuada relación y coordinación interinstitucional: Contribuir con el trabajo interinstitucional a la solución de los problemas de justicia y formulación de política pública.
13. Mejorar los perfiles laborales de los funcionarios: Garantizar una gestión del talento humano que permita al Instituto contar con personal de alto nivel.
14. Consolidar una cultura institucional que soporte la estrategia: Diseñar y poner en marcha acciones y políticas encaminadas a fortalecer los valores institucionales, el trabajo en equipo y responsabilidad con el medio ambiente como fundamento para tener la cultura organizacional que soporte la estrategia.
15. Fortalecer la planeación estratégica dentro de una estructura institucional adecuada: Apropiar la Planeación Estratégica en las actividades que se adelantan en los diferentes grupos de trabajo y optimizar el recurso humano necesario para cumplir las metas del instituto.
16. Proveer las herramientas y medios tecnológicos que garanticen oportunidad y confiabilidad en la información: Actualizar los sistemas de información a través de herramientas tecnológicas que permitan Interconexión e interoperación para un acceso con confiabilidad y oportunidad.
Como institución del Estado colombiano, prestamos servicios forenses a la comunidad en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente la administración de justicia, respetando la dignidad de las personas y contribuyendo a restablecer sus derechos.
Ser reconocidos como la institución del Estado colombiano que direcciona, organiza y controla el sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses, basados en estándares internacionales de calidad, investigación científica y competencias forenses, consolidando la confianza, seguridad y credibilidad entre nuestros usuarios.
ART. 4º—Directivos. Son los funcionarios con responsabilidad especial de liderar, dirigir y apoyar en los temas relacionados con la aplicación del presente código de buen gobierno. Están sometidos externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e internamente al control disciplinario interno y al control interno, con el fin de evaluar y controlar su actividad, garantizando la efectividad en la gestión administrativa de la entidad.
ART. 5º—Compromiso con los fines del Estado. Para cumplir con tal cometido, el director y su equipo directivo se comprometen a administrar la entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, a gestionar eficientemente los recursos públicos, a rendir cuentas, a ser eficaces en la realización de sus cometidos, a coordinar y colaborar con los demás entes públicos y a responder efectivamente a las necesidades de la población; para lo cual lleva a cabo las siguientes prácticas:
a. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales,
b. Asegurar que las políticas trazadas se cumplan,
c. Cumplir las disposiciones constitucionales y legales,
d. Ejecutar eficientemente el plan estratégico y los planes de acción propuestos.
ART. 6º—Perfiles y obligaciones de los directivos de la entidad. El director general y su equipo directivo, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones del Instituto hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas y siendo responsables por su ejecución.
Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales del Instituto, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.
Para cumplir con tal cometido, el director general y su cuerpo directivo se comprometen a gestionar eficientemente el talento humano, observando la Constitución y la ley; administrar al Instituto en forma que vele por la eficiencia y eficacia de la administración, asegurándose
que se cumplen las normas, procedimientos y políticas trazadas; estableciendo un manejo adecuado de los propios recursos; y fijando políticas sobre la gestión al interior del Instituto y sobre las relaciones con los demás entes públicos y grupos de interés.
ART. 7º—Responsabilidad con el Acto de Delegación. Cuando el director general o algún miembro autorizado del equipo de trabajo deleguen determinadas funciones, debe ser consecuente con las obligaciones que asumió al ser parte del sector público, de modo que debe fijar claramente los derechos y obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y establecer sistemas de control y evaluación periódica de las mismas.
Por su parte, los delegados que ejerzan las funciones deben cumplir como mínimo los requisitos de solvencia moral probada, idoneidad profesional y experiencia para la
representación que le es asignada.
ART. 8º—Compromiso con el código de ética. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses manifiesta su clara disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas vigentes, el presente código de ética y buen gobierno, se orientan hacia una gestión íntegra, con principios, valores y directrices éticas frente a todos sus grupos de interés.
ART. 9º—Acciones para la integridad y la transparencia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adopta las siguientes medidas:
a. Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en el Código de Ética;
b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades;
c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con otros entes;
d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes;
e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores;
f. Capacitar al personal en materia de ética y responsabilidad social en todos los niveles;
g. Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales y estatales;
h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al público de la información no confidencial del Instituto;
i. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente código de buen gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento y control a los contratos.
ART. 10.—Compromiso de confidencialidad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a que los servidores públicos que manejan información privilegiada se rijan a lo dispuesto en la Resolución 6394 del 2004 sobre cadena de custodia, con el fin de asegurar un adecuado tratamiento sobre aquella información restringida que debe manejarse como reservada dentro de la entidad.
ART. 11.—Colaboración Interinstitucional en la prevención de prácticas corruptas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a fin de prevenir hechos de corrupción, se compromete a mejorar continuamente los sistemas de comunicación e información, estableciendo canales de comunicación confiables y oportunos, sosteniendo una comunicación fluida con otras instituciones públicas, privadas y gremiales, y estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.
Por medio de las cuales se definen las políticas generales para la gestión de cada uno de los procesos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de asegurar un resultado que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Estas políticas se complementan con las directrices contenidas en los procedimientos, guías, resoluciones, memorandos y demás documentos internos creados para apoyar la ejecución de los procesos institucionales.
ART. 12.—Planeación estratégica. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a formular, implementar, evaluar y revisar cuando sea necesario, objetivos, metas, indicadores y acciones estratégicas, donde se plantee un marco general de referencia para toda la entidad, a largo plazo que permita alcanzar los propósitos trazados.
ART. 13.—Gestión de proyectos y planeación de recursos. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cumplimiento de su filosofía de gestión y siendo consistente con los lineamientos de política del sector justicia, se compromete a identificar, proyectar, gestionar y distribuir los recursos necesarios; así mismo, a llevar a cabo la identificación, formulación, ejecución, control y seguimiento de los proyectos de inversión que son financiados con recursos del presupuesto general de la nación. Lo anterior con el fin asegurar la efectiva operación de identidad, en cumplimiento de su misión y del plan estratégico institucional, mediante los mecanismos dispuestos para tal fin por las instancias respectivas.
ART. 14.—Política de calidad. Prestar servicios forenses en los laboratorios de genética, toxicología, estupefacientes, documentología, lofoscopia, biología, antropología, física, balística, evidencia traza y metrología, con talento humano competente, familiarizado con la documentación de la calidad e implementando políticas y procedimientos en su trabajo, comprometido con la buena práctica profesional y con la calidad de sus ensayos y
calibraciones, desarrollando investigación científica, aplicando tecnología avanzada y optimizando los recursos. Nos apoyamos en un Sistema Integrado de gestión de la calidad, que involucra las áreas de clínica, patología, psiquiatría, psicología y odontología, con estándares nacionales e internacionales, mejora continua de procesos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad y la administración de justicia.
La alta dirección se compromete con la implementación, seguimiento, mantenimiento, mejoramiento y capacitación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad bajo las normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO-IEC 17025:2005, NTC-ISO 9001:2008 y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000: 2005) y a revisar la Política y los objetivos de la calidad cuando sea pertinente.
ART. 15.—Información y comunicación externa. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a que los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a los respectivos entes de regulación y control por el Instituto, así como cualquier otra información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para la comunidad. Los medios de información que podrán utilizarse son, entre otros, boletines, folletos o circulares, periódico, línea telefónica gratuita, correo electrónico y página web.
ART. 16.—Compromiso con el gobierno en línea. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a poner especial Interés en la aplicación efectiva del gobierno en línea, a través de la implantación de las acciones necesarias para mantener actualizada la página web institucional con la más completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación, concursos, plan de desarrollo, avances en el cumplimiento de metas y objetivos del plan de acción, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que presta la entidad a la ciudadanía y forma de acceder a ellos, y funcionamiento general, entre otros.
ART. 17.—El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a:
• Proveer elementos probatorios útiles para la administración de justicia nacional, a través de la recepción de las solicitudes y/o elementos materia de prueba o
evidencia física de las instancias competentes y a través de un análisis claro, confiable y oportuno, reflejado en los informes correspondientes a cada caso.
• Dar aplicabilidad de respeto del debido proceso y normas constitucionales en cada una de sus actuaciones como entidad, garantizando la consolidación de los valores, compromiso y liderazgo de sus servidores en cada etapa del proceso.
• Dar cumplimiento en los términos de tiempo y calidad definidos, para las respuestas dadas a los requerimientos de los usuarios y autoridades competentes.
ART. 18.—Educación, investigación y capacitación. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a garantizar los mecanismos de formación y capacitación de funcionarios del Instituto y de funcionarios y estudiantes de otras entidades públicas y privadas nacionales o internacionales, así como, el desarrollo de la investigación científica institucional.
De las políticas para la gestión de la dirección y control del sistema nacional de medicina legal y ciencias forenses
ART. 19.—El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a identificar las necesidades existentes de normalización de la información pertinente para la realización de las pruebas periciales en materia de medicina legal, a través de la documentación, publicación y difusión de los reglamentos, normas, procedimientos, protocolos, guías e instructivos técnicos requeridos.
Así mismo la entidad determina de manera programada, sistemática, independiente y documentada el grado en que los procesos periciales de las personas, instituciones, entidades u organizaciones que realizan funciones periciales en materia de medicina legal y ciencias forenses en el territorio colombiano, cumplen con los requisitos técnicos y científicos establecidos institucionalmente y/o por la comunidad científica forense.
ART. 20.—Ejecución de recursos. Garantizar una ejecución oportuna y una administración óptima de los recursos físicos, financieros y humanos, apoyando los procesos institucionales, con el fin de cumplir con la misión, las políticas y los objetivos institucionales. Lo anterior basados en un enfoque de mejora continua, a través de estudios previos que
prioricen las necesidades, la oportunidad y la pertinencia en la atención al usuario interno y externo.
ART. 21.—Compromiso con la finalidad de la contratación pública. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses da cumplimiento formal y real al Estatuto de la Contratación Pública, para lo cual se compromete a observar las disposiciones legales con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que la información sobre las condiciones y procesos contractuales sea entregada a los interesados oportuna, suficiente y equitativamente, y a que las decisiones para otorgar los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.
ART. 22.—Mantener el acceso de los funcionarios a las fuentes de información local y nacional mediante el suministro de los recursos tecnológicos al alcance de la entidad garantizando su operatividad.
Garantizar el buen uso de los recursos informáticos y telemáticos mediante el seguimiento desde la Oficina de Informática y sus unidades de apoyo en cada seccional y promoviendo las sanciones disciplinarias a que haya lugar.
Todos los usuarios de los recursos informáticos y telemáticos tienen la responsabilidad de utilizarlos de manera eficiente, efectiva, ética y legal, aplicando las directrices definidas para tal fin.
ART. 23.—El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a cumplir que:
• Las jornadas laborales deberán estar acordes con las exigencias del sistema judicial. Estas se programarán de modo que en los lugares donde existan puntos de atención los servicios siempre se presten por los servidores o en casos excepcionales con el auxilio y la presencia de uno de ellos, quien será el responsable por el correcto desarrollo de las labores. Esto se aplica especialmente a las unidades básicas donde por circunstancias de poco personal sea necesario buscar el apoyo con expertos ajenos a la entidad.
• La selección y el ingreso de personal nuevo se hará con criterios objetivos e incluirá las evaluaciones que los jefes inmediatos realicen.
• Las promociones del personal se harán de acuerdo al análisis respectivo sobre desempeño, carga laboral, lugar de trabajo y nivel de capacitación.
• La actualización de cada funcionario en su oficio o profesión es deber de él mismo, el instituto apoyará este proceso.
• Los cursos de capacitación específica en temas propios de la función del Instituto serán de obligatoria asistencia.
• La capacitación a través de convenios con instituciones se hará solo con establecimientos de reconocidas calidades. Cada director regional y seccional tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de estos convenios.
• El otorgamiento de ayudas para procesos de capacitación se hará solamente a través del mecanismo que fije el respectivo comité de capacitación, el cual será el asesor del director general para la ejecución de los recursos en este importante rubro.
• Los cursos que se realicen en el Instituto con entidades particulares diferentes a universidades, deben contar con el aval de la dirección general o la subdirección de investigación científica. Siempre requerirán de un pacto previo sobre la respectiva contraprestación o de la suscripción de convenios cuando se trate de eventos periódicos.
• El instituto no respaldará las relaciones que los funcionarios a título particular establezcan con entidades que no cuenten con reconocidas calidades científicas y académicas.
• Cada servidor público del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberá ser consciente de su responsabilidad ante la comunidad, expresada en un trabajo que se lleve a cabo con honestidad, disciplina y con la propia convicción de la importancia que su tarea conlleva.
• Las vacaciones, permisos y licencias deberán programarse con la debida antelación y en ningún caso los servicios se pueden afectar; salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.
ART. 24.—Necesidades de formación de personal. Se deben identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el seguimiento y evaluación de los reportes presentados por las diferentes unidades organizacionales, con el fin de establecer un plan de capacitación y formación acorde con sus necesidades . Los recursos financieros que demande el plan anual de capacitación deben ser incorporados en el presupuesto general del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, según las normas y procedimientos establecidos para tal fin. Para mantener la competencia de los funcionarios que ya se encuentran vinculados, existe como parte del procedimiento “formación y capacitación de los funcionarios”, tres componentes fundamentales como son la identificación de las necesidades de formación y capacitación, el plan anual de formación y capacitación y la evaluación del impacto de los diferentes programas, elementos diseñados a partir de las competencias y necesidades de formación y capacitación en cada Unidad organizacional.
ART. 25.—Dando ejecución y cumplimiento al objetivo propuesto para este proceso, se deberá representar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todas las conciliaciones, acciones constitucionales, actuaciones administrativas y procesos judiciales que le señale la ley, interviniendo en cada uno de ellos en pro de los intereses de la entidad. Dichas acciones se acogerán al debido proceso dentro de los parámetros establecidos por la ley colombiana.
ART. 26.—Responsabilidad con el ambiente. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a respetar los procesos naturales y el ambiente, procurando en todos sus procesos implementar acciones de mitigación de estos riesgos.
ART. 27.—Responsabilidad con la salud ocupacional. Es compromiso permanente manejar de forma controlada todos los riesgos inherentes a la operación de cada proceso del Instituto, con el fin evitar lesiones, enfermedades y demás situaciones que puedan perjudicar la salud de todo el personal.
ART. 28.—Control interno. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a cumplir con el marco legal que regula el control interno en el país y en especial, con la Ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias. De igual modo, aplicará lo dispuesto en el Decreto 1599 de 2006, mediante el cual se adopta el modelo estándar de control interno MECI, y velará por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos. Esta política busca desarrollar estrategias que conduzcan a una administración eficiente y eficaz, por medio de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo en el marco de los fines del Estado, propiciando el control estratégico, el control de gestión y el control de evaluación.
ART. 29.—Administración de riesgos: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses declara que en el desarrollo de sus actividades es susceptible de la materialización de eventos indeseados o riesgos , por lo que se compromete a definir los mecanismos y las
acciones necesarias para la gestión integral de los mismos, a fin de prevenir o minimizar su impacto.
Para ello, adoptará instrumentos que permitan identificar, analizar, calificar, valorar y administrar los riesgos propios de su actividad, a través de herramientas de autorregulación. El Instituto determinará el nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento, y estructurará criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos.
ART. 30.—Compromiso con la comunidad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se orienta hacia el respeto a la dignidad humana, la celeridad e imparcialidad de sus actuaciones y a generar espacios de participación en el control social a la ciudadanía.
ART. 31.—Control Social. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses promueve la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública y sus resultados. Así mismo se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio del control social.
ART. 32.—Quejas recibidas de los clientes o de otras partes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses garantiza a sus clientes y a los ciudadanos en general, el acceso necesario para que le manifiesten la insatisfacción con relación a sus servicios, a través de la línea nacional 01 8000 914862, la página Web www.medicinalegal.gov.co, las líneas telefónicas locales en cada punto de atención, los buzones de quejas, reclamos y sugerencias ubicados en las instalaciones de cada punto de atención, correo electrónico (quejasyreclamos@medicinalegal.gov.co), presentación personal o carta.
ART. 33.—Compromiso con la rendición de cuentas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la entidad. Para tal efecto se compromete a suministrar la información necesaria con anticipación a la realización de la audiencia, a través del gobierno en línea.
ART. 34.—Compromiso frente a los conflictos de interés. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete promover una gestión en los conflictos de interés que contenga la prevención, manejo, divulgación y resolución de los mismos, así como los criterios que regulan las relaciones entre el instituto y sus grupos de interés.
Las relaciones entre los servidores públicos, el director general, su equipo directivo y la ciudadanía, se rigen por criterios de legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo primordialmente los intereses generales y no los individuales.
ART. 35.—El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechaza, condena y prohíbe que los servidores públicos del Instituto, en especial el Directivo, que incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:
a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado en el instituto;
b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes;
c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros;
d. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con el Instituto, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica.
e. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión del instituto y en contra del buen uso de los recursos públicos.
ART. 36.—Deberes del Equipo humano relacionados con los conflictos de interés. Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son:
a. Informar a los entes competentes cualquier posible conflicto de interés que crea tener;
b. Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de control interno y externo del Instituto
c. Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter reservado;
d. Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional un trato equitativo, y a que se le garanticen sus derechos;
ART. 37.—Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés. Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se abstiene de utilizar las siguientes prácticas:
a. Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses de la institución.
b. Realizar actividades que atenten contra los intereses de la institución
c. Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el código de ética, lesionen los intereses de la institución.
d. Utilizar su posición en la institución o el nombre de la misma para obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica;
e. Entregar dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo de beneficios;
f. Utilizar los recursos de Institución para labores distintas de las relacionadas con su actividad, ni encauzarlos en provecho personal o de terceros;
g. Gestionar o celebrar negocios con la Institución para sí o para personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados;
h. Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona relacionada o no con la Institución o de personas o entidades con las que la Institución sostenga relaciones en razón de su actividad, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado;
i. Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos.
ART. 38.—Comités especiales y disposiciones comunes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cumplimiento de la función pública que le es inherente y por los variados frentes en los que debe actuar, se compromete a integrar comités permanentes o transitorios, dependiendo del tema que lo requiera, los cuales contribuirán a realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente por parte de la Institución. Las normas comunes de estos comités son:
a. El Instituto facilita el apoyo técnico y operativo que requieran los comités para su adecuado funcionamiento y el cumplimiento oportuno de sus funciones;
ART. 39.—Divulgación. El código de buen gobierno se divulga a los miembros de la institución y a sus grupos de interés.
ART. 40.—Reforma del código de buen gobierno. El código de buen gobierno puede ser reformado por decisión del director general, o por sugerencia delos comités establecidos en la entidad.
El director general informará a los grupos de interés, a través de medios de comunicación masivos, los cambios introducidos.
ART. 41.—Vigencia del código de buen gobierno. El código de buen gobierno entra en vigencia a partir de su aprobación por parte del director general.
OBJETVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………...………25
NUESTROS VALORES……………………………………………………………......25
DIRECTRICES ÉTICAS…………….........................................................................….26
Con la comunidad……………………………………………………………………....26
Con la comunidad científica………………………………………………….……..….27
Con las autoridades judiciales…………………………………………….………...... 27
Con los servidores públicos..………………………………………………….…….....27
Con las comunidades organizadas.....…..………………………………………….....27
Con los órganos de control……….…………………………………………………… 27
Con los medios de comunicación………………………..…..………………….…..... 28
Con los contratistas y proveedores……..……………………………………….….… 28
Con el Medio Ambiente……………..………………………………………….…….....28
PRINCIPIOS ÉTICOS……………………………………………………………….…. 28
Establecer una guía de comportamiento ético para los servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, proporcionándoles herramientas orientadas a fortalecer el compromiso y propiciar la reflexión sobre las actuaciones en el campo social, laboral y personal, consolidando un modelo de cultura y sensibilización hacia el servicio.
• Fomentar los valores rectores éticos dentro del instituto.
• Fomentar en la cultura organizacional, un clima enmarcado dentro de la ética que permita a los funcionarios apoyar a la Institución en sus actividades científicas, técnicas y administrativas.
• Implementar un modelo de gestión ética en el cumplimiento de las responsabilidades, obligaciones y compromisos del Instituto, en el contexto legal y la filosofía corporativa.
Nuestros valores están concebidos como las formas de ser y de actuar de los funcionarios, porque posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad y los derechos humanos.
• Imparcialidad: Es una norma de justicia que sostiene las decisiones institucionales, para que se tomen con base en criterios objetivos, sin influencias, sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas.
•Independencia: Condición de quien no depende de otro, así el funcionario preservará la independencia en todos sus actos, con el fin de fortalecer la imagen propia del instituto.
• Transparencia: Las actuaciones de los funcionarios están enmarcadas en la ciencia, mejoramiento continuo, conocimiento y verificación, por tanto los resultados de la gestión institucional se comunican ampliamente, permitiendo que sean examinados por las autoridades judiciales, la sociedad y entidades de control.
• Honestidad: Valor relacionado con la decisión de actuar conforme a la verdad, equidad y justicia, debido a que la verdad no depende de personas o consensos.
•Respeto: Es la aceptación del derecho de los demás a tener su propia forma de pensar, sentir y actuar con tolerancia, por tanto los funcionarios respetamos la Constitución, las leyes y la reglamentación interna y exteriorizará probidad en todos sus actos, como fundamento de nuestro quehacer diario.
• Responsabilidad: Es reconocer y responder por las consecuencias de nuestras actuaciones y omisiones como individuos y entidad, que contribuyan a la toma adecuada de decisiones en el ejercicio de nuestras funciones.
•Efectividad: Es el resultado de la gestión institucional para el logro de los resultados planificados, con los recursos disponibles, para satisfacer las necesidades de los usuarios.
• Mejoramiento continuo: Nuestros procesos y procedimientos están basados en altos estándares nacionales e internacionales de calidad, orientados al mejoramiento continuo, que permitan la satisfacción de las expectativas de los usuarios.
Las directrices éticas son orientaciones acerca de cómo se relaciona el Instituto y sus funcionarios con un sistema o un grupo de interés específico, logrando la coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la organización.
En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses garantizamos a la comunidad en general, que nuestra misión la realizamos conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución Política y la normatividad legal vigente, promoviendo la participación ciudadana en el ejercicio del control social, la protección y salvaguarda de los bienes públicos.
Todas las actuaciones y decisiones son tomadas imparcialmente, con fundamento en hechos que pueden ser verificados por la ciudadanía, facilitando el acceso a la información, atendiendo y acatando sus recomendaciones y sugerencias.
Promovemos y exigimos a nuestros servidores la discreción sobre la información que conocemos y que es encomendada para nuestra custodia.
La actividad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se enmarca dentro del riguroso análisis científico, mediante la aplicación del conocimiento estructurado y aceptado por la comunidad experta dentro de las actuaciones periciales, para contribuir a su crecimiento, al desarrollo de la investigación en las instituciones universitarias y del país.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses responde a las necesidades científicas y técnicas de sus usuarios y del sistema de justicia con oportunidad y objetividad, y pericias soportadas en la verdad científica, sustentadas en un sistema de gestión calidad.
En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses respetamos y nos comprometemos con nuestros servidores públicos, garantizando las mejores condiciones laborales y de bienestar, promoviendo el talento humano, capacitando a los servidores públicos para ampliar sus conocimientos en función de mejorar su desempeño y contribuir así al mejoramiento de la Entidad; de igual forma, tratamos a los servidores con amabilidad y dignidad, escuchamos y consideramos sus sugerencias, con el propósito de lograr su compromiso.
Con las comunidades organizadas
En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses divulgamos a toda la comunidad el resultado de nuestra gestión administrativa por medio de la celebración de audiencias públicas y permitimos que éstas realicen un efectivo control social a nuestra gestión.
Atendemos las inquietudes, denuncias y quejas, con respecto a la prestación de nuestros servicios.
En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mantenemos relaciones armónicas con los órganos de control y vigilancia, así mismo, comunicamos ampliamente en forma veraz y oportuna los resultados de nuestra gestión y facilitamos el libre análisis por parte estos organismos, actuando para que los resultados obtenidos en el ejercicio de
nuestra función, faciliten el acceso a la información, atiendan y acaten las recomendaciones y sugerencias de mejoramiento impartidas por ellos.
En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mostramos a los medios de comunicación los resultados de nuestra gestión de manera verídica, oportuna y clara, para que sean divulgados en forma amplia ayudando a establecer políticas públicas.
En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecemos y mantenemos con los contratistas y proveedores una relación fundamentada en la claridad, conocimiento y equidad respecto a las condiciones legales y contractuales para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de nuestra misión. La información generada en el trámite y la decisión de nuestras negociaciones son tratadas con discreción y atendemos la reserva correspondiente de conformidad con la ley.
Los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses somos conscientes de la importancia y cuidado del medio ambiente y sus recursos, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales dentro y fuera de las instalaciones de la entidad. Asumimos políticas en salud ocupacional, higiene y seguridad y medio ambiente y optimizamos los recursos disponibles.
Los principios éticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son:
• En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses las actuaciones de sus servidores estarán regidas por el respeto a la dignidad humana, la justicia, la integridad, la objetividad, la independencia, la calidad y la honestidad.
• En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la gestión pública es eficiente, eficaz, democrática y participativa.
•En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el uso de los recursos, bienes y derechos que conforman el patrimonio Institucional es racional y trasparente, en especial, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.
•En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los mecanismos de comunicación son ágiles y efectivos para la atención de sugerencias, quejas o reclamos de los funcionarios y/o de los usuarios del servicio.
•En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses las condiciones básicas ofrecidas son garantía de calidad del servicio, en beneficio de las personas.
•En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la información es de carácter público, excepto aquella sobre la cual la ley exige reserva.
(1) Ley 938 de 2004

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 2

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 209
 artículo 269
 artículo 5
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 Resolución 
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