Source: https://survey.ituc-csi.org/Uganda.html?id_edi=336&print=yes&lang=es
Timestamp: 2019-10-20 10:06:16+00:00

Document:
Uganda - CSI - Informe sobre las violaciones de los derechos sindicales
La afiliada de la CSI en Uganda es la National Organisation of Trade Unions (NOTU).
última actualización 15 de julio de 2014
El artículo 18 de la Ley de Sindicatos estipula que el proceso de registro de un sindicato deberá hacerse dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha del envío de la solicitud.
El registrador puede inhabilitar o suspender a un funcionario o persona que actúe como representante de un sindicato si confirma que dicho funcionario o persona ha sido declarado culpable por un tribunal o está siendo investigado para juzgarle por el uso indebido de fondos sindicales o por negarse, dolosa o persistentemente, a cumplir con las indicaciones sugeridas adecuadamente por el registrador en virtud de la Ley de Sindicatos (artículo 23 de la Ley de Sindicatos). El artículo 31(1) exige que los representantes sindicales (a excepción del Secretario General y el tesorero) estén contratados o empleados en una industria o puesto de trabajo relacionado directamente con el sindicato. El artículo 33 otorga poderes al registrador para que convoque o gestione el proceso de convocación de la junta general anual de una organización y ofrezca indicaciones importantes o complementarias relacionadas con el proceso de convocación, celebración o gestión de la junta. El artículo 51 estipula que el registrador puede inspeccionar los libros de contabilidad y la lista de miembros de un sindicato registrado en un plazo razonable. El artículo 53 también estipula que el registrador puede exigir que se presenten cuentas detalladas si tiene motivos razonables para sospechar que existe alguna irregularidad.
El registrador podrá cancelar el registro de un sindicato si confirma que cualquiera de los objetivos principales o de la constitución del sindicato es ilegal o que éste ha infringido dolosamente cualquier disposición de la Ley de Sindicatos tras haber sido notificado por el registrador (artículo 20 de la Ley de Sindicatos). La Ley de Sindicatos no detalla qué es un objetivo ilegal de un sindicato.
Los miembros de las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda están excluidos de la protección de la libertad sindical contemplada por la Ley de Sindicatos (véase la definición de ‘empleado’ en el artículo 2 de la Ley de Sindicatos).
La Ley de Prisiones de 1958 prohíbe a cualquier trabajador/as del Servicio de Prisiones de Uganda ser miembro o asistir a cualquier reunión de un sindicato o de cualquier otra asociación cuyo objetivo sea controlar o influir en los salarios, sueldos, pensiones o condiciones de servicio (artículo 19 de la Ley de Prisiones de 1958).
Ningún extranjero podrá ser miembro del comité ejecutivo de un sindicato (artículo 76 de la Ley de Control de la Inmigración y la Ciudadanía de Uganda).
Cualquier parte de un conflicto laboral existente o detenido puede informar sobre el mismo a un funcionario del Ministerio de Trabajo. Si en el plazo de 4 semanas después de haber sido notificado, el conflicto no se resuelve mediante la conciliación ni en los términos de resolución propuestos por el funcionario, se remitirá al Tribunal Laboral previa solicitud de cualquier parte del conflicto sujeta al procedimiento acordado de resolución de conflictos. El Tribunal Laboral podrá arbitrar el conflicto sin demoras injustificadas (artículos 3-8 de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución)).
Los miembros de las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda no están incluidos en los derechos a negociar colectivamente ni a emprender acciones sindicales (véase la definición de ‘empleado’ en el artículo 2 de la Ley de Sindicatos y la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución)).
El Gobierno tiene el poder para declarar ilegal una huelga en virtud del artículo 29(2) de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución).
Una huelga o cualquier otra acción sindical puede ser declarada ilegal durante un período de hasta tres semanas si un funcionario del Ministerio de Trabajo intenta resolver un conflicto laboral mediante la conciliación (artículo 28(5) de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución)). Un funcionario del Ministerio de Trabajo puede intentar resolver un conflicto laboral mediante la conciliación si se lo solicita cualquier parte del conflicto (artículo 5 de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución)).
Las huelgas o cualquier otra acción sindical se pueden declarar ilegales durante un período de hasta 3 semanas si un funcionario del Ministerio de Trabajo o el mismo ministro remiten el conflicto al Tribunal Laboral para que lo arbitre. Un funcionario del Ministerio de Trabajo puede remitir un conflicto al Tribunal Laboral si se lo solicita cualquier parte del conflicto o si dicho funcionario opina que un convenio colectivo válido resolvería el asunto. El ministro puede remitir un conflicto al Tribunal Laboral si una o más partes del conflicto no cumplen con las recomendaciones de una comisión de investigación nombrada por él mismo (artículos 5, 27 y 28 de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución)).
El asesoramiento o ejecución de una huelga o de cualquier otra acción sindical en la que el asunto en conflicto está sometido a una concesión válida del Tribunal Laboral o que el funcionario del ministerio ha declarado ilegal es un delito castigado con una multa de 480.000 chelines o penas de prisión que pueden ascender a 1 año (artículo 29 de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución)).
El servicio de aviación civil se considera un servicio esencial. Aunque no se prohíbe la huelga de trabajadores/as empleados en servicios esenciales, estos deben informar de su pretendida participación en la huelga, individual o colectivamente (si les representa un sindicato del cual son miembros), con entre 14 y 22 días de antelación. El ministro puede invalidar la notificación de participación remitiendo el conflicto al Tribunal Laboral en el plazo de 14 días (artículo 34 y anexo 2 de la Ley de Conflictos Laborales (Arbitraje y Resolución)).
Despido improcedente de profesores de la Universidad de Makerere por sus actividades sindicales17-01-2019
El 17 de enero de 2019, el vicerrector de la Universidad de Makerere, Profesor Bernabé Nawangwe, suspendió al Dr. Deus Kamunyu Muhwezi, presidente de la Makerere University Academic Staff Association (MUASA), por supuesta indisciplina e incitación al personal. Otros docentes suspendidos anteriormente por los mismos motivos incluyen a Bennett Magara, presidente de MUASA, y su secretario general Joseph Kalema.
La suspensión del trío se produjo tras desacuerdos entre la asociación del personal y la administración de la Universidad sobre diversas cuestiones pendientes, incluyendo una mejora salarial.
Sam Lyomoki, representante nacional de los trabajadores, dijo que los representantes sindicales no fueron suspendidos debido a su pobre rendimiento en términos de prestación de servicios, sino por defender los derechos de los trabajadores en relación con incrementos salariales y cuestiones de irregularidades en la universidad, entre otras inquietudes.
MUASA convocó una huelga huelga Forma más común de acción industrial, la huelga es el paro concertado del trabajo por parte de los empleados durante un tiempo limitado. Puede asumir diversas formas.
Véase huelga general, huelga intermitente, huelga rotatoria, huelga de brazos caídos, huelga de solidaridad, huelga salvaje del personal a nivel de toda la universidad exigiendo la reincorporación de sus dirigentes. Piden que se ponga fin a los ataques contra las asociaciones universitarias y sus miembros por parte del vicecanciller, y también que el Dr. Thomas Tayebwa y Bruce Balaba Kabaasa sean retirados del Consejo Universitario, afirmando que su presencia en el mismo es irregular.
Parlamentarios que representan a los trabajadores han dicho que remitirán una petición al portavoz de la Cámara respecto a los docentes suspendidos y que además se reunirán con los demás miembros del Parlamento, para establecer estrategias sobre la impugnación de las irregularidades en la Universidad de Makerere.
Más de 80 trabajadores expuestas a productos químicos en plantación de flores de origen neerlandés21-10-2016
El 21 de octubre, más de 80 trabajadores, en su mayoría mujeres, de una plantación de flores propiedad de la empresa neerlandesa Royal van Zanten tuvieron que ser tratados por presentar diversos problemas de salud tras haberse visto expuestos a sustancias químicas peligrosas en uno de los invernaderos en Wakiso. Según el sindicato Uganda Horticultural Industrial Services Provider and Allied Workers Union (UHISPAWU) y la Ugandan Association of Women Lawyers (FIDA-Uganda), en la mañana del 21 de octubre, la dirección de la empresa envió a un grupo de unos 40 trabajadores a recolectar flores en un invernadero que había sido desinfectado apenas dos días antes con un pesticida autorizado, aunque las normas de seguridad exigen esperar un mínimo de cinco días. Cuando el primer grupo empezó a mostrar síntomas de una grave intoxicación (vómitos, cefaleas y dolor abdominal, severa irritación en la piel y en los ojos) la dirección envió a otro grupo para continuar el trabajo. Este grupo desarrollaría los mismos síntomas. Pese a sufrir una intoxicación grave, ninguna de las personas afectadas sería trasladada al hospital, sino que fueron tratadas en el dispensario de la empresa y algunas recibieron tratamiento en una clínica local. Básicamente se les administraron analgésicos y fueron dadas de alta sin ningún informe médico. Todos los gastos corrieron a cargo de Royal van Zanten. Cuatro de los afectados recibieron 40.000 UGX (unos 10 USD) cada uno, para cubrir los gastos adicionales de tratamiento. Al ser trasladados al hospital –a instancias de UHISPAWU y FIDA-Uganda– se confirmó el diagnóstico de envenenamiento por productos químicos. Varias de las personas afectadas seguían hospitalizadas un mes más tarde.
La dirección de la empresa publicó un comunicado haciendo referencia a las reuniones mantenidas entre la compañía, los empleados y representantes del Ministerio de Trabajo, al tiempo que negaba toda responsabilidad por el incidente. La dirección aducía que el problema fue que los trabajadores no respetaron el procedimiento de seguridad y entraron en el invernadero sin observar el período de seguridad. Afirmó además que se les aportó toda la asistencia médica necesaria y se realizaron los análisis correspondientes, que indicaron que no habían sufrido ningún daño permanente.
El Ministerio de Comercio se puso del lado de la empresa y rechazó las demandas de los trabajadores. El Ministerio anunció además que trataría la cuestión conjuntamente con el Ministerio de Trabajo “para asegurarse de que Uganda no pierda el mercado exterior de su producción de flores”.
Según UHISPAWU, en Royal Van Zanten los trabajadores cobran entre 100.000 UGX (27 USD) y 200.000 UGX (54 USD) al mes. Aunque están expuestos a sustancias químicas peligrosas cada día, su ropa de protección se limita a botas de goma y delantales. Los incidentes de exposición imprudente no son raros –un caso similar tuvo lugar un año antes y otro se produjo en una finca de Royal van Zanten en Mukono diez días antes del incidente de Wakiso–. La respuesta de la dirección fue similar: acusando a los trabajadores de manipular los productos químicos de forma “irresponsable” y sin seguir las instrucciones.
Las detenciones de sindicalistas no son raras19-05-2014
Las detenciones de sindicalistas no son raras en Uganda. Ezra Kanyana, del sindicato de artistas, y Basra Stephen, del sindicato de trabajadores hortícolas, fueron detenidos por exigir la introducción de un salario mínimo. Las manifestaciones a menudo son prohibidas. Entre este tipo de detenciones se encuentra la que tuvo lugar el 1 de mayo de 2013, cuando fueron arrestados los dirigentes de la Central Organisation of Free Trade Unions (COFTU) y la National Organisation of Trade Unions (NOTU) durante las celebraciones del Primero de Mayo, por reclamar un salario mínimo. Fueron mantenidos en detención en la comisaría de Kampala durante dos días antes de recuperar su libertad bajo fianza.
Negociación colectiva ignorada, derecho de sindicalización denegado31-12-2010
La National Organisation of Trade Unions (NOTU) informó en noviembre que había presentado una demanda ante el Inspector General de Policía, el General Kale Kayihura, por las condiciones de trabajo de los guardias de seguridad privada. Más de 35 empresas de seguridad privada están registradas en la policía, y muchas de ellas emplean a más de 250 guardias. Los guardias se quejaban de que no habían sido respetadas las condiciones establecidas en los convenios colectivos, incluyendo la compensación por lesiones y los procedimientos de despido adecuados. También se quejaron de que, en algunos casos, los empleadores deniegan a los guardias de seguridad el derecho a afiliarse a sindicatos.
Sin negociación colectiva en el sector público31-12-2010
Ningún sindicato de los servicios públicos, incluido el personal médico y los docentes, puede negociar sus salarios ni sus condiciones de empleo, dado que éstos vienen fijados de facto por el Gobierno

References: artículo 18
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 51
 artículo 53
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 29