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Timestamp: 2019-11-16 22:04:40+00:00

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Traza: • accion_popular
La acción popular es el instrumento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano español,aun cuando no sea directamente ofendido ni perjudicado por el delito, puede ejercitar la accion_penal.
A diferencia de otros ordenamientos jurídicos occidentales, el monopolio de la acción penal no recae únicamente sobre El Ministerio Fiscal, sino que también puede ser ejercitada por los Ciudadanos, tanto si han sido directamente ofendidos por el delito como si no. En el caso de haber sido ofendidos por el delito, estaremos ante la figura del acusador particular, mientras que si no han sido directamente ofendidos o perjudicados por el delito, nos encontraremos ante la figura del acusador popular.
La acción popular es un derecho constitucional de los Ciudadanos, reconocido en el artículo 125 de la Constitución española, el cual establece que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”.
El único medio mediante el cual se puede hacer uso de la acción popular es la presentación de una querella, para lo cual se exige la prestación de fianza, aunque tal y como establece el artículo 20.3 de la ley_organica del Poder Judicial “no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será gratuita”.
A diferencia de lo que sucede con la acusación particular que puede ser ejercida tanto en delitos privados como semiprivados, la acusación popular solamente puede ser ejercitada para perseguir la comisión de delitos públicos, ya que tiene como finalidad defender el interés general del conjunto de la sociedad.
LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR
El artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que la “acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley”. Por lo que respecta al ciudadano extranjero, tal y como establece el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no pueden ejercitar la acción popular, pudiendo únicamente ejercitar la acción penal cuando los delitos sean cometidos contra sus personas o bienes o sobre las personas y bienes de sus representados.
Teniendo en cuenta este artículo, se plantea la cuestión de si el término ciudadano debe ser interpretado de forma restrictiva o de forma amplia, considerando también a las personas jurídicas. Dicha duda fue resuelta por el Tribunal Constitucional (STC 241/92 y 147/1985,entre otras) disponiendo que la interpretación del término ciudadano debía ser amplia y por lo tanto, abarcar también a las personas jurídicas.
Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 102 establece una serie de restricciones para el ejercicio de la acción popular, limitando la legitimación activa de los sujetos que:
no gocen de la plenitud de los derechos civiles,
hubieran sido condenando dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas,
sean Jueces o magistrados.
Además, el artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita el ejercicio de la acción popular atendiendo a razones de parentesco. De tal manera que no pueden ejercitar acciones penales entre sí los siguientes sujetos:
los conyúges, salvo en los casos de delitos o faltas cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia.
Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por la afinidad, salvo en los casos de delitos o faltas cometidos por los unos contra las personas de los otros.
Asi mismo, la figura de la acusación popular está legalmente excluida en los procedimientos contra menores y en los casos cuyo enjuiciamiento corresponde a la jurisdiccion_militar.
CRÍTICAS A LA FIGURA DEL ACUSADOR POPULAR
La figura del acusador popular no ha quedado exenta de ser objeto de discusión y debate desde su incursión en el ordenamiento jurídico.
Se distinguen dos líneas críticas: por un lado, se encuentran los que consideran que el establecimiento de esta figura en el ordenamiento jurídico penal tiene el riesgo de que pueda ser utilizada con un fin vengativo o exhibicionista y por otro lado, los que consideran que el proceso penal, al igual que el proceso civil, debe ser un proceso que exclusivamente se dé entre dos partes: la parte acusadora y la parte acusada.
CASOS CONOCIDOS DONDE SE HA EJERCITADO LA ACCIÓN POPULAR
A pesar de haber sido objeto de crítica, es menester destacar la importancia que ha tenido la figura de la acusación popular a la hora de que múltiples casos a lo largo de los últimos años, muchos de ellos relacionados con la CORRUPCIÓN, continuarán su tramitación. Respecto a esta cuestión, cabe destacar la doctrina Botín y la doctrina Atuxta.
La doctrina Botín establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia 1045/2007, de 17 de diciembre, determina que si la única parte acusadora en el proceso penal es la acusación popular, esto es, no existe acusación por parte del fiscal ni por parte de particulares, no procede la apertura de la fase de juicio oral, archivándose la causa y sobreseyendo al acusado, en este caso concreto, Emilio Botín.
Más tarde, el Tribunal Supremo matizó dicha doctrina en la sentencia 54/2008, de 8 de abril, también conocida como la doctrina Atutxa. En este caso, el Tribunal Supremo estableció que no era aplicable la doctrina Botín, ya que el delito que se le imputaba a Atutxa, ex presidente del Parlamento Vasco, era un delito de desobediencia a la autoridad judicial y por lo tanto, atentaba contra los intereses colectivos, siendo suficiente la mera figura de la acusación popular para que prosperase la causa.
Recientemente,en 2016, en el caso Nóos, la Audiencia Provincial de Palma decidió no aplicar la doctrina Botín a la infanta Cristina, al entender que el delito que se le imputaba, un delito contra la Hacienda Pública, atentaba contra los intereses colectivos y por ende, procedía la apertura de la fase de juicio oral, a pesar de que la única parte acusadora en la causa era la acusación popular representada por el colectivo Manos Limpias.
Constitución Española de 1978. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
Ley de Enjuiciamiento Criminal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
Sentencia del Tribunal Supremo 54/2008, de 8 de abril. Doctrina Atutxa. http://www.poderjudicial.es/search/doActionaction=contentpdf&databasematch=TS&reference=163860&links=&optimize=20080424&publicinterface=true
Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre. Doctrina Botín. http://www.poderjudicial.es/search/doActionaction=contentpdf&databasematch=TS&reference=290955&links=&optimize=20071227&publicinterface=true
Acusador particular https://practico-penal.es/vid/acusador-particular-proceso-penal-380392950
Querellahttps://es.wikipedia.org/wiki/Querella
Delitos públicos https://abogadoscanarios.wordpress.com/2012/12/23/delitos-publicos-semipublicos-y-privados/
tribunal_supremo_de_espana
Doctrina Botín http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10847-la-ldquo;doctrina-botinrdquo;:-las-limitaciones-al-ejercicio-de-la-accion-popular-y-su-matizacion-por-la-jurisprudencia-/
Autor: David Fernando Soguero Castán
/home/lefisadmin/public_html/lefispedia/data/attic/es/accion_popular.1511519454.txt.gz · Última modificación: 2017/11/24 11:30 por lefispedia

References: artículo 125
 artículo 20
 artículo 101
 artículo 270
 artículo 102
 artículo 103