Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-589-16.htm
Timestamp: 2017-10-18 13:03:26+00:00

Document:
T-589-16
Sentencia T-589/16
Cuando una autoridad judicial (incluyendo los altos tribunales de cierre de la demás jurisdicciones) se aparta del precedente establecido por la jurisprudencia de la Corte, restringiendo el alcance dado a una garantía iusfundamental o desconoce la interpretación constitucional de determinada norma, incurre en una violación al debido proceso susceptible de ser remediado por vía de la acción de tutela.
Se estructura ante decisiones ilegítimas que lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que necesariamente sea un desconocimiento grosero de la Constitución.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL DE CARACTER UNIVERSAL-Reiteración de jurisprudencia/INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Finalidad
La jurisprudencia ha señalado que todos los beneficiarios del sistema pensional, incluidas las personas cuya pensión se causó con anterioridad a la Constitución de 1991 y a la Ley 100 de 1993, tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de sus mesadas pensionales. La indexación permite garantizarla actualización del salario base para liquidación de la primera mesada pensional, en los eventos en que ha transcurrido un lapso importante de tiempo entre el instante en que el trabajador cesa de laborar y el reconocimiento de la prestación, manteniéndose el poder adquisitivo de la pensión.
La Sala Plena de esta Corporación, en la reciente sentencia SU-542 de 2016, aplicando las reglas previstas en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, varió su postura, sosteniendo que la indexación y pago de estas mesadas pensionales aplica a aquellas que no han prescrito, teniendo en cuenta para ello la interrupción que puede operar a partir de la presentación de la demanda ordinaria laboral correspondiente.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la Constitución por cuanto Tribunal no accedió al reconocimiento del derecho a la indexación de la mesada pensional, en el marco del proceso ordinario laboral adelantado contra el ISS
En los eventos en que una autoridad judicial no accede al reconocimiento del derecho a la indexación de la mesada pensional, viola directamente los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 48 y 53 de la Carta, como el alcance que la Corte Constitucional, en calidad de intérprete autorizada, le ha otorgado a los mismos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente constitucional por cuanto Corte Suprema desconoció los derechos fundamentales al debido proceso y a la indexación de la primera mesada pensional
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Orden a Colpensiones indexar la primera mesada pensional del actor con base en la fórmula adoptada por la sentencia T-098 de 2005
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
Manifiesta el accionante que laboró para Unisys de Colombia S.A., desde el año 1967 hasta 1977, percibiendo como último salario la suma de $21.614,34, equivalente a 12.22 veces el salario mínimo legal mensual de la época. Aclara que durante su último año de trabajo en tal empresa, recibió el mismo monto de salario.
Indica que en 1998, el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, le reconoció la pensión de jubilación a partir del 03 de septiembre de 1994, en cuantía de $98.700, suma correspondiente a un (1) salario mínimo legal mensual de la época.
Menciona que apelada tal decisión por parte del ISS, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, a través de sentencia del 07 de abril de 2010, revocó integralmente el fallo de primera instancia, bajo el argumento de que “… al tratarse de un derecho pensional causado con anterioridad a la entrada en vigencia de nuestra actual Constitución Política, no hay lugar a la corrección monetaria deprecada por no existir norma supralegal ni legal que así lo autorice…”.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, quien actuó como Ponente de la sentencia controvertida, da respuesta a la acción de tutela. Informa que “el asunto debatido ha sido criterio reiterado de esta Corporación, según el cual, se indexan los salarios mas no las semanas de cotización aportadas a la entidad de seguridad social, de modo que no es posible abrogarse al demandado la obligación de actualizar las cotizaciones que efectuó el actor entre la fecha en que cesó sus aportes -1977- hasta el cumplimiento de la edad para acceder a la pensión -1987-”.
El Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, a través de su Secretario, hace un recuento de todas las actuaciones surtidas al interior del proceso laboral, remitiendo al a-quo, en calidad de préstamo, el expediente del Proceso Ordinario Nº 2009-0204. Dicho Juzgado no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
La Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el 07 de junio de 2016, niega el amparo solicitado al considerar que el accionante pretende la indexación de su mesada pensional, “sin exponer la vulneración de un derecho fundamental en el marco de la actuación procesal”, que configure una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En el mismo sentido, estima que la mera discordancia del actor con la interpretación de los hechos y la normatividad aplicable, no tiene la suficiente trascendencia para derruir el efecto de la cosa juzgada que recae en la sentencia proferida por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria.
4.1. Durante el trámite adelantado en esta sede, el Magistrado sustanciador advirtió que no había sido vinculado al proceso la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, quien asumió las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales – ISS, demandado en el proceso laboral cuyas sentencias son controvertidas. En ese orden, mediante auto del 15 de septiembre de 2016, dispuso la vinculación de dicha entidad, “que si bien no fue demandada en la presente acción de tutela, puede verse comprometida con lo que finalmente se decida en este proceso”.
En la misma providencia, tras advertir que en el expediente no reposaban las sentencias proferidas por las autoridades judiciales de primera y segunda instancia en el proceso laboral adelantado por el actor, como tampoco la demanda de casación, se solicitó al Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, remitir en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso ordinario Nº 2009-0204, con el fin de “contar con los suficientes elementos de juicio que se requieren para adoptar la decisión a que haya lugar”. Asimismo, se requirió a la parte actora que informara las condiciones socioeconómicas actuales, a fin de establecer el grado de vulnerabilidad alegado.
4.2. En cumplimiento al auto anterior, mediante oficio de septiembre 26 de 2016, la Secretaría del Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá, remitió a la Corte Constitucional el expediente del proceso laboral solicitado. Del mismo modo, la apoderada del accionante, a través de escrito de septiembre 23 de 2016, suministró la información requerida (folios 19 a 44 del cuaderno de revisión). La Secretaría General de esta Corporación dejó constancia del traslado de la prueba ordenada, la cual fue puesta a disposición de las partes y terceros interesados, conforme a lo resuelto en el auto mencionado (folios 45 a 52 del cuaderno de revisión).
Por su parte, Colpensiones, a través de la Gerente Nacional de Doctrina, mediante oficio BZ-2016-11029574 de octubre 10 de 2016, descorre el traslado de la demanda, aduciendo que la tutela fue presentada 8 meses después de haber sido notificada, “término que resulta excesivo en tanto desborda los límites de la razonabilidad”. Indica que el accionante actualmente percibe una pensión equivalente al salario mínimo legal, aportando certificación de la Gerencia de Nómina de la entidad. Frente al fondo del asunto, considera que la tutela debe denegarse, no obstante, señala que “será la sentencia de la Honorable Corte Constitucional la que establezca la razonabilidad de la ratio decidendi de la sentencia objeto de reproche constitucional. Empero, esta administradora estima que el alcance fijado puede ser sostenible, en la medida en que si el monto de la pensión actual se ajusta a los valores del salario mínimo conforme fue pensionado, resulta inane debatir respecto de la actualización de las cotizaciones efectuadas por el demandante” (folios 53 a 59 del cuaderno de revisión).
4.3. Finalmente, conforme a lo previsto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015, por el cual se unificó y actualizó el Reglamento de la Corte Constitucional, el Magistrado sustanciador informó en su oportunidad a la Sala Plena[1] sobre los aspectos más relevantes del caso debatido y dentro del cual obra como accionada la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En la Sala Plena del 21 septiembre de 2016, este tribunal dispuso que el caso sub examine sería resuelto por la Sala Novena de Revisión de la Corporación.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de esta Corporación, el veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016)[2].
2.1. El accionante informa que en 1998 el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, le reconoció la pensión de jubilación a partir de septiembre de 1994, asignándole una mesada en cuantía de $98.700, es decir, lo correspondiente a un salario mínimo legal mensual de la época. Señala que interpuso demanda ordinaria laboral contra el ISS, en busca de la indexación de su primera mesada, habida cuenta que el último salario percibido en el año 1977, fue por $21.614, esto es, a 12.22 veces el salario mínimo de aquél entonces.
2.4. De acuerdo con la situación fáctica planteada y la decisión de instancia, corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar, si en el asunto sub júdice procede la acción de tutela para controvertir las providencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 07 de abril de 2010, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de julio de 2015, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó el señor Jorge Armando Cortés Forero contra el Instituto de Seguros Sociales. Si la Sala encuentra que la acción de amparo resulta procedente, pasará a determinar si las autoridades judiciales demandadas incurrieron en una supuesta violación directa de la Constitución y en el desconocimiento del precedente constitucional, al proferir las decisiones acusadas, donde no se accedió a la indexación de la primera mesada pensional demandada por el actor.
3.1. La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida jurisprudencia en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De forma excepcional, es posible instaurar acciones de tutela contra sentencias pues si bien los pronunciamientos de los jueces están amparados por los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, es imperativo armonizar la actuación de estas autoridades judiciales con la garantía efectiva de la prevalencia y efectividad de los derechos fundamentales[3].
Para salvaguardar el carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales, la Corte ha dicho que la tutela solo es procedente cuando se verifican de manera estricta una serie de supuestos que la Corte ha denominado causales o requisitos generales y específicos de procedencia. Así, la procedencia de la tutela contra sentencias depende de (i) que se cumplan todos los requisitos formales de procedibilidad, y (ii) que se demuestre la existencia de al menos una causal que haga procedente el amparo material[4].
(i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[5].
(ii) Que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[6].
(iii) Que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[7].
(iv) En caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales[8].
(vi) Que el fallo impugnado no sea de tutela[9].
(iii) Procedimental que, de manera general, se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido[10].
(iv) Fáctico, que surge por la carencia de razonabilidad en la producción, validez o apreciación del material probatorio[11].
(v) Error inducido[12], también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público
(vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional[13].
(vii) Desconocimiento del precedente constitucional, que se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance[14].
(viii) Violación directa a la Constitución, que acontece cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la constitución[15], o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[16].
3.4. La Corte ha dicho que no existe un límite indivisible entre estas causales, de suerte que una misma situación dentro del proceso judicial puede derivar en varios defectos. Por ejemplo, el irrespeto por los procedimientos legales y, de forma simultánea, vulnerar directamente la Constitución o impedir una correcta apreciación de las pruebas[17].
3.5. Este defecto es una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se predica únicamente respecto del desconocimiento hecho por los operadores judiciales del precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional[18].
En la medida que la Corte es la guardiana de la supremacía de la Constitución Política, en los términos del artículo 241 de la misma[19], las decisiones adoptadas por esta corporación, en cuanto precise el alcance de los derechos fundamentales o determine la hermenéutica constitucionalmente admisible de un precepto legal, son obligatorias o vinculantes para los operadores judiciales al momento de resolver los asuntos sometidos a su consideración. Esta obligatoriedad se predica tanto de la parte considerativa como de la resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional.
No obstante, la configuración de este defecto no es automática, pues está condicionada a la concurrencia de los requisitos específicos, esto es, la existencia previa al asunto en examen, de una sentencia de control abstracto de constitucionalidad o varias de revisión de tutelas, que contengan en su ratio decidendi reglas jurisprudenciales aplicables a los casos a decidir, dada la semejanza en sus presupuestos fácticos y normativos.[20]
En ese orden, cuando una autoridad judicial (incluyendo los altos tribunales de cierre de la demás jurisdicciones) se aparta del precedente establecido por la jurisprudencia de la Corte[21], restringiendo el alcance dado a una garantía iusfundamental o desconoce la interpretación constitucional de determinada norma, incurre en una violación al debido proceso susceptible de ser remediado por vía de la acción de tutela[22].
Respecto de este defecto, la jurisprudencia constitucional[23] ha estimado que se estructura ante decisiones ilegítimas que lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que necesariamente sea un desconocimiento grosero de la Constitución.
Del mismo modo, en la sentencia T-555 de 2009[24], la Sala Tercera de Revisión, consideró que esta causal de procedencia de la acción de tutela se estructura “cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
Igualmente, en la sentencia T-809 de 2010[25], la Corte ha señalado que esta causal procede cuando: “(a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4º de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”.
Bajo este fundamento normativo, la jurisprudencia ha señalado que todos los beneficiarios del sistema pensional, incluidas las personas cuya pensión se causó con anterioridad a la Constitución de 1991 y a la Ley 100 de 1993, tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de sus mesadas pensionales. La indexación permite garantizar la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada pensional, en los eventos en que ha transcurrido un lapso importante de tiempo entre el instante en que el trabajador cesa de laborar y el reconocimiento de la prestación, manteniéndose el poder adquisitivo de la pensión[26].
4.2. La Corte Constitucional en múltiples sentencias, tanto de control concreto[27] como de control abstracto de constitucionalidad[28], se ha pronunciado respecto del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, protegiendo de manera pacífica y uniforme, la garantía de que esta conserve su poder adquisitivo. En la sentencia T-697 de 2015[29], esta Corporación hizo un recuento de los aspectos centrales de la jurisprudencia de la Sala Plena sobre la materia, donde se plasman las principales directrices para la protección de este derecho, por lo que se cita in extenso:
Al respecto, la Corte Constitucional efectuó un análisis sistemático de la Constitución y la legislación laboral, y concluyó que “puede afirmarse que la liquidación de la base pensional a partir del último salario devengado, sin reajustes, no tiene asidero en el ordenamiento.”[30] Precisó que los jueces no pueden desconocer el derecho a la indexación de mesadas pensionales, pues este ajuste resulta imperativo para remediar las injusticias, mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y garantizar la capacidad adquisitiva de las prestaciones.
20. Posteriormente, la sentencia C-862 de 2006[31] reiteró el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y precisó que éste aplica, incluso, cuando el Legislador no ha previsto tal ajuste.
21. En un caso similar al anteriormente expuesto, la sentencia C-891A de 2006[32] declaró exequible el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 sobre pensión de vejez, bajo el entendido de que debía asegurarse la indexación de la primera mesada pensional aunque la norma no lo incluyera expresamente.
23. Luego, la Sala Plena adoptó la sentencia SU-131 de 2013[33], en la cual analizó un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia proferido en 2009, que argumentó que las personas cuya pensión se causó antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución no tenían derecho a la indexación de la primera mesada. La Corte Constitucional indicó que no es posible negar el derecho a las pensiones causadas antes de 1991, tal como dispuso la sentencia SU-1073 de 2012. Por lo tanto, ordenó revocar la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
24. Una decisión proferida hace pocos meses de emitir esta providencia, es la sentencia SU-415 de 2015[34], que insistió en el derecho a la indexación del salario base de liquidación inclusive para las pensiones causadas antes de la Constitución de 1991.
La providencia estudió el caso de un pensionado que interpuso demanda laboral para solicitar la indexación de la primera mesada. En primera y segunda instancia le negaron su derecho, bajo el argumento de que cuando la prestación se concedió antes de la expedición de la Constitución, no procedía el reajuste requerido. Luego, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió “no reponer la providencia y confirmó la no selección del caso”[35] del actor. Al analizar las decisiones judiciales, la Corte Constitucional reiteró que el derecho a la indexación debe ampararse, incluso, si la pensión se reconoció antes de 1991, tal como lo precisó la sentencia SU- 1073 de 2012. Así que ordenó la indexación de la primera mesada y el pago de las mesadas pensionales no prescritas, “causadas durante los tres años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia”.
4.3. Como se aprecia, es copiosa la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación, que ha establecidos los alcances y las reglas con relación al derecho a la indexación de la primera masada pensional, como una manifestación de distintos postulados constitucionales, tales como el principio de Estado Social de Derecho, de igualdad, de dignidad humana y de in dubio pro operario[36].
4.4. En relación con la fórmula que debe emplearse para calcular la indexación pensional, la jurisprudencia ha señalado que deberá ser la establecida a partir de la sentencia T-098 de 2005[37], por tratarse de la que mejor se aviene a los mandatos de la Carta Política. En esa providencia se estableció que el ajuste de la mesada pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula:
4.5. Es de precisarse además, que en la sentencia C-862 de 2006[38], se destacó el vínculo inescindible entre el derecho a la actualización de la mesada pensional y el goce efectivo del derecho al mínimo vital de los pensionados. Al respecto se señaló:
La posición que se venía aplicando en este tema era la establecida en la sentencia SU-1073 de 2012, donde se indicaba que la indexación de pensiones causadas antes de la Constitución Política de 1991 debía proceder respecto de aquellas mesadas comprendidas en los tres (3) años anteriores al momento en que se profirió el fallo de tutela respectivo[39]. Sin embargo, la Sala Plena de esta Corporación, en la reciente sentencia SU-542 de 2016[40], aplicando las reglas previstas en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo[41] y 151 del Código Procesal del Trabajo[42], varió su postura, sosteniendo que la indexación y pago de estas mesadas pensionales aplica a aquellas que no han prescrito, teniendo en cuenta para ello la interrupción que puede operar a partir de la presentación de la demanda ordinaria laboral correspondiente.
En consecuencia, se ordenará el pago de la diferencia entre la pensión que le venía pagando la Caja Agraria, y el valor de la mesada cuyo incremento se decretó, desde el 23 de mayo de 2002 hasta el último de agosto de 2011.”[43].
Esta misma Sala de Revisión, acogiendo la línea hermenéutica de la Corte Suprema de Justicia, con base en los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T., ha considerado que las diferencias dinerarias de las mesadas indexadas son créditos laborales que se extinguen después de tres años[44]. Igualmente, la Sala aclaró que el reclamo de un trabajador a su empleador, suspende el término de prescripción de las obligaciones relacionadas con la indexación de las mesadas, una sola vez y por un periodo de tres años. De esta manera, “Si, luego de transcurrido ese lapso el trabajador no acude a la jurisdicción a proponer la respectiva acción, el término de prescripción se reanuda y solo se suspendería nuevamente cuando el trabajador radique la demanda ordinaria”.[45]
Del mismo modo, en la sentencia SU-415 de 2015, la Sala Plena también precisó que cuando una autoridad judicial niega la indexación de la primera mesada pensional sobre la base de que la respectiva prestación se causó antes de la Carta Política de 1991, se “incurre en un defecto por violación directa de la Constitución, porque la protección al poder adquisitivo de las mesadas pensionales se desprende directamente de un mandato superior”. Agregó, que “los artículos 48 y 53 superiores consagran expresamente el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y esta Corporación ha interpretado que las prestaciones causadas antes de la Constitución de 1991 son susceptibles de ser indexadas porque negar ese derecho apelando a criterios temporales sería contrario a los postulados superiores de universalidad y favorabilidad. Entonces, es apenas lógico afirmar que si una autoridad judicial resuelve un caso en contra de esta interpretación, que está fundamentada en mandatos expresos de la Carta, incurre en una violación directa de la Constitución en su providencia”.[46]
De acuerdo con los presupuestos fácticos reseñados, en esta oportunidad le corresponde a la Sala de Revisión determinar, si en el caso objeto de estudio, se configuran las casuales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, referida a la violación directa de la Constitución y al desconocimiento del precedente constitucional, que atribuye el accionante a los fallos emitidos el 07 de abril de 2010 y el 29 de julio de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.
El asunto planteado a esta Sala de Revisión posee relevancia constitucional, por las siguientes razones: (i) hace referencia a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su contenido de garantía a la indexación de la primera mesada pensional; (ii) plantea la posible violación directa de la Constitución como el desconocimiento de la vinculación al precedente constitucional contenido en sentencias de control abstracto y concreto de constitucionalidad, respecto del alcance específico del derecho fundamental a la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación; y, (iii) evidencia la afectación del mínimo vital del actor. En cuanto a este último aspecto, la Sala pone de presente la situación actual de vulnerabilidad del accionante, quien es un sujeto de especial protección constitucional, pues hoy cuenta con 90 años de edad, padece de diferentes afectaciones en su salud y el monto de su mesada pensional no le alcanza para solventar sus necesidades básicas. De acuerdo al informe y a las pruebas allegadas en sede de revisión por la apoderada del señor Cortés Forero (folios 20 a 44 del cuaderno de revisión), se tiene que el actor “recibe una mesada de un salario mínimo legal mensual vigente, lo que corresponde hoy a 689.454”. Asimismo, los gastos mensuales del accionante, son:
“1.- Obligaciones mensuales:
a.- Administración del edificio donde residen, que sin cuotas extraordinarias asciende a $333.700. La factura que se enuncia en el acápite de anexos, cobra la suma de $542.700 (…).
b.- Servicio de energía y otros productos de Codensa, por un total de 325.980.
c.- Servicio de teléfono fijo, por un total de $97.650.
d.- Servicio de agua, alcantarillado y aseo, por un total de $272.790, por dos meses. Lo que mensualmente ascendería a 136.395.
e.- Servicio de gas, por un total de $40.760.
f.- Cuotas moderadoras de citas médicas y medicamentos que cubre la EPS, que asciende por cada evento a $2.700.
g.- Víveres básicos que ascienden a la suma de $200.000, entre los dos.
h.- Tarifa de transporte, calculada en aproximadamente $100.000, entre los dos, principalmente por sus desplazamientos a citas médicas y a recoger medicamentos y autorizaciones de la EPS.
Para un total aproximado de $1.254.485. Sin contar gastos que no son fijos, como los siguientes: enseres, ropa, cuotas extraordinarias de la administración, medicamentos no cubiertos por la EPS, etc.
2.- Obligaciones anuales:
a.- Impuesto predial unificado. Pago el 7 de abril de 2016 por un total de $1.804.000.
b.- Contrato familiar de Emermédica. Pago anual de $693.720, por los dos.
c- Deuda con el banco Colpatria (cartera vendida a Alianza Refinancia Fenalco), que con intereses asciende al monto de $30.581.143.
d.- Costas cobradas por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 12153-2015, Rad: 47097, Acta 25 del 29 de julio de 2015, por $3.250.000.
Para un total de $36.328.836, sin contar gastos extraordinarios.
Lo anterior, dividido en 12 meses asciende a $3.027.405, que sumado a las obligaciones mensuales, asciende a un total de $4.281.890.
En la sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012, la Sala Plena de la Corte unificó su jurisprudencia sobre este punto y precisó que tratándose de acciones de amparo que envuelvan la tutela del derecho fundamental a la indexación de la primera mesada pensional, el requisito de inmediatez se entiende satisfecho mientras no se haya realizado la actualización del IBL de la prestación, pues en este caso la vulneración iusfundamental es constante[47]. Adicionalmente, el fallo de casación controvertido fue proferido el 29 de julio de 2015, notificado por edicto el 24 de septiembre del mismo año (folio 54 del cuaderno de casación), siendo la tutela interpuesta el 26 de mayo de 2016, esto es, a los 8 meses de ejecutoriada la sentencia. Ese lapso es razonable, si se tiene presente la edad del peticionario y el hecho de que ha debatido la titularidad de su derecho a la indexación durante más de ocho (8) años en la administración de justicia.
Como se expuso en los antecedentes de esta sentencia y en el planteamiento del problema jurídico, el accionante ha formulado cargos constitucionales contra las sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia que negaron el reconocimiento de su derecho a la indexación de la primera mesada pensional. En esa dirección, contrario a lo sostenido por el a-quo, el actor expuso que dichas autoridades judiciales habrían incurrido en una vulneración de sus derechos fundamentales, incurriendo en una violación directa de la Constitución y en un desconocimiento del precedente constitucional, pues a diferencia de la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional ha admitido la indexación de la primera mesada pensional en pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, en aplicación de los artículos 48 y 53 de la Carta. Igualmente, examinado el expediente del proceso laboral, la Sala advierte que al interior del mismo, tanto en los alegatos de conclusión ante el juez de primera instancia y en el recurso de casación, el accionante, a través de su apoderado, alegó que no podían negarle la indexación de sus mesadas bajo el argumento de que su pensión se causó antes de la Constitución Política de 1991, porque eso desconocía el derecho universal a la actualización periódica de las prestaciones sociales y el precedente constitucional. De este modo, la Sala encuentra satisfecho este requisito.
5.2.1. Para una mayor ilustración de lo que se entrará a dilucidar, la Sala hará un breve recuento del proceso laboral, conforme al expediente Nº 025-2009-00204 que da cuenta del mismo, y dentro del cual fueron proferidas las decisiones judiciales cuestionadas:
Así, se tienen que el señor Jorge Armando Cortés Forero demandó al Instituto de Seguros Sociales –ISS-, hoy Colpensiones, con el fin de que fuera condenado a indexar su primera mesada pensional, teniendo en cuenta para ello el Índice de Precios al Consumidor, causado entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la fecha en que fue reconocida su pensión de vejez, así como al pago de las diferencias pensionales debidamente actualizadas. En sustento de sus pretensiones, esencialmente, sostuvo que hasta 1977 prestó sus servicios a la empresa Burroughs de Colombia S.A., hoy Unisys de Colombia S.A., tiempo durante el cual efectuó cotizaciones al ISS, teniendo como último sueldo mensual, la suma de $21.641.34, que para ese entonces equivalía a 12.22 SMLMV de la época. El ISS, mediante resolución Nº 012094 de 1998, le reconoció la pensión de vejez a partir del 03 de septiembre de 1994, en cuantía equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, valor sobre el cual ha venido efectuando los ajustes de acuerdo con lo ordenado por la Ley 100 de 1993. El actor presentó demanda laboral el 13 de marzo de 2009[48], alegando que se debía indexar la primera mesada pensional para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos que tenía al momento del retiro de la empresa.
“Primero-. Condenar al demandado Instituto de Seguros Sociales a pagar la suma de $96.624,24 por concepto de la diferencia dejada de cancelar al señor Jorge Armando Cortés Forero una vez indexada la primera mesada pensional de acuerdo a lo reseñado en la parte motiva de esta providencia, por el tiempo comprendido entre agosto de 2005 y agosto de 2009.
Segundo-. Condenar al demandado Instituto de Seguros Sociales a continuar pagando al señor Jorge Armando Cortés Forero, mayor de edad, identificado con la CC 74.474 expedida en Bogotá, como valor de la mesada pensional indexada, correspondiente al año 2009, la suma mensual de “1.854.248,65, la cual debe ser reajustada anualmente teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor.
Tercero-. Declarar que prospera parcialmente la excepción de prescripción de acuerdo a lo motivado (las causadas con anterioridad al mes de agosto de 2005).
Cuarto-. Condenar en costas a la parte demandada Instituto de Seguros Sociales en la presente instancia. Tásense”.
En segunda instancia, con ocasión al recurso de apelación interpuesto por el ISS, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de abril 07 de 2010, revocó la de primer grado e impuso las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandante. Consideró el Tribunal:
“[E]mprendiendo el estudio de la esencia del litigio, advierte la Sala que la fecha de causación de la pensión, cuya corrección monetaria se persigue, corresponde al 30 de enero de 1987, tal y como lo declara el ISS en el acto administrativo Nº 012094 de 1998, por medio del cual se concedió pensión de vejez al asegurado hoy demandante, pues lo cierto es que aun cuando por los efectos extintivos de la institución jurídica de la prescripción, se concedió la “pensión” a partir del 3 de septiembre de 1994, habida cuenta que la solicitud de reconocimiento pensional se efectuó el 3 de septiembre de 1998, el derecho pensional que como es bien sabido es imprescriptible, se causó el 30 de enero de 1987, cuando el actor cumplió la edad mínima interpelada por la Ley.
Además de lo anterior, obsérvese como dicha prestación se concedió directamente con base en las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aun cuando no es la norma que regula el caso, sin que se hiciera mención al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación que muestra de manera más acentuada que el derecho pensional en cuestión se causó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y en mayor medida de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, al tratarse de un derecho pensional causado con anterioridad a la entrada en vigencia de nuestra actual Constitución Política, no hay lugar a la corrección monetaria deprecada, por no existir norma suprelegal ni legal que así lo autorice, debiéndose revocar la sentencia de primera instancia para en su lugar absolver al demandado de todas y cada una de las súplicas de la demanda” (Destaca la Sala).
“Dada la orientación del cargo por la vía directa, no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos que dio por demostrados el sentenciador de alzada: (i) que Jorge Armando Cortés Forero causó su derecho pensional a partir del 30 de enero de 1987, fecha en que arribó a los 60 años de edad; (ii) que el I.S.S., mediante resolución N° 012094 de 1998, le reconoció la pensión de vejez a partir de esa data y declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 1994, en tanto la solicitud del reconocimiento se hizo el 3 de septiembre de 1998; (iii) que la liquidación de la prestación se basó en 513 semanas y en un salario base de liquidación de $21.614.34; (iv) que la cuantía inicial de su pensión se ajustó al salario mínimo legal mensual vigente a 1994 equivalente a $98.700, y (v) que el IBL se calculó tomando las últimas 100 semanas de cotización, conforme a la fórmula prevista en el art. 20 del A. 049/1990, tal y como consta en la citada resolución N° 012094 de 1998 (fl. 11).
Precisado lo anterior, la Sala estima que no erró el Tribunal con la decisión que adoptó en la sentencia impugnada, dado que acompasa con la línea jurisprudencial reiterada de esta Corporación, según la cual se indexan los salarios mas no las semanas de cotización aportadas a la entidad de seguridad social, de modo que no es posible abrogarle al demandado la obligación de actualizar las cotizaciones que efectuó el actor entre la fecha en que cesó sus aportes -1977- hasta el cumplimiento de la edad para acceder a la pensión -1987-.
El anterior criterio es pacífico para la Sala. Baste para ello citar la sentencia CSJ SL, 30 ago. 2011, rad. 41852, reiterada en CSJ SL629-2013, que al efecto enseña:
En ese orden, encuentra la Sala, que el Tribunal no se equivocó al considerar que en la situación examinada no era viable la indexación, toda vez que se trataba de una prestación a cargo del ISS, con sustento en lo previsto en el antecitado artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, teniendo en cuenta el número de semanas que logró cotizar, distinto a otros casos que ha juzgado esta Sala de la Corte, en los que se ha analizado es el salario devengado por el trabajador.
5.2.2. Pues bien, en primer término, la Sala examinará la sentencia proferida el 07 de abril de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la cual se decidió revocar el fallo dictado el 23 de septiembre de 2009, por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, que había condenado al Instituto de Seguros Sociales a indexar la primera mesada pensional del actor.
Como se viene de reseñar, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá estimó que no era procedente indexar la primera mesada pensional del señor Cortés Forero, habida cuenta de que dicha prestación se causó con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, concretamente, a partir del 30 enero de 1987, cuando el actor cumplió 60 años de edad, no existiendo para entonces en el ordenamiento jurídico “norma suprelegal ni legal” que así lo autorizara.
Sin embargo, encuentra la Corte que la Sala Laboral del Tribunal accionado, incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, vulnerando los derechos al debido proceso y al mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión del señor Cortés Forero. Ciertamente, conforme a lo señalado en la parte dogmática de esta providencia, la violación directa de la Constitución ha sido definida por esta Corporación como una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, “(…) que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.[49]
“(…) calcular el monto de la mesada pensional con base en un ingreso significativamente menor al que el ex trabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la pensión, contraría el mandato superior del derecho a percibir una pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero. (…) || Por ello, las decisiones proferidas dentro de los procesos judiciales que negaron el derecho a los pensionados a la indexación de su primera mesada pensional, incurren en una de las causales específicas de procedencia de la acción contra providencia judicial, específicamente vulneración directa de la Constitución.”.
De esta manera, en el presente asunto, estima la Corte que las consideraciones de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, resultan abiertamente contrarias a los mandatos constitucionales, en la medida de que no es aceptable argumentar que determinada prestación no se puede actualizar porque fue causada antes de la Constitución de 1991, cuando los mismos preceptos superiores protegen “a todos los usuarios del sistema pensional sin que al respecto puedan hacerse distinciones basadas en el tiempo de reconocimiento”[50], pues la inflación es un fenómeno que afecta sin excepción este derecho.
En ese orden, la Sala estima que la sentencia dictada el 07 de abril de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, desconoció los derechos fundamentales al debido proceso y a la indexación de la primera mesada pensional del señor Cortés Forero, incurriendo específicamente en un defecto por violación directa de la Constitución. Por tal razón, la Corte procederá a dejar sin efectos dicha providencia.
Consideró la Corte Suprema de Justicia que de acuerdo con su línea jurisprudencial, se indexan los salarios pero no las semanas de cotización aportadas a la entidad de seguridad social, por lo que no se podía obligar al ISS a actualizar las cotizaciones efectuadas por el actor entre la fecha en que cesó de aportar y en la que cumplió la edad para pensionarse, es decir, entre 1977 y 1987. En sustento de su argumentación, citó la sentencia “CSJ SL, 30 ago. 2011, rad. 41852”, según la cual no resulta viable la indexación, en la medida que se trata de una pensión a cargo del ISS, conforme al artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, en la que se tiene en cuenta el número de semanas cotizadas y no el salario devengado, por lo que es el afiliado quien debe asumir tal situación, ya que pudo haber seguido aportando para elevar la tasa de reemplazo.
En este punto, para la Sala resulta pertinente hacer referencia a la sentencia T-184 de 2015[51], en donde la Corte estudió un caso con presupuestos fácticos similares al ahora analizado, en el cual la Sala de Casación Laboral esgrimió los mismos argumentos para no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y no acceder a la indexación de la primera mesada pensional pretendida por la interesada[52]. En esa oportunidad, la Sala Cuarta de Revisión dejó sin efectos la sentencia de casación y amparó los derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante, bajo las siguientes consideraciones:
“Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación 1073 de 2012 señaló “procede la indexación de la primera mesada pensional cuando el ‘valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar lo dejado de pagar, para que ‘quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder adquisitivo de su pensión (…)’logren compensar el desmedro patrimonial sufrido (...) porque (...) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de los pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran uno de los grupos sometidos a su especial protección (…)”.
Agregó además que la actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría satisfacer sus necesidades. Por tal razón, la indexación de la pensión es una medida concreta a favor de los pensionados, que, por regla general, son adultos mayores o personas de la tercera edad, es decir, sujetos de especial protección constitucional. (…)
En ese orden de ideas, la Sala de Revisión advierte que cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral afirma, en la providencia de 17 de abril de 2013 proferida dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la accionante contra el Instituto de Seguros Sociales, que no es posible imponer al ISS la obligación de actualizar las cotizaciones del señor Gilberto de Jesús Yepes Ossa desde el 31 de mayo de 1987 fecha de la última cotización hasta el 7 de julio de 1991, fecha de su muerte, para establecer el valor de la pensión de sobrevivientes de la señora Gilma Rave de Yepes, porque, en primer lugar, la prestación se reconoció con base en las semanas cotizadas y no con el salario devengado por el trabajador y en segundo lugar, porque el afiliado pudo seguir aportando para elevar la tasa de reemplazo y con esos fundamentos se abstiene de indexar la mencionada prestación, se configura la causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento del precedente constitucional[53], pues contradice de forma abierta la ratio decidendi de la Sentencia de Unificación 1073 de 2012.
En esta oportunidad, al controvertir el señor Cortés Forero, mediante acción de tutela, los argumentos expuestos en su caso por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuya ratio decidendi en un asunto equivalente fue la misma rebatida en la sentencia T-184 de 2015, la Sala acoge las consideraciones trascritas, por ser plenamente aplicables al asunto sub júdice.
Ahora, la sentencia de julio 29 de 2015, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, además de desconocer el precedente constitucional plasmado en la sentencia SU-1073 de 2012, incurrió, al igual que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en una violación directa de la Constitución. Ciertamente, la sentencia de casación soporta la imposibilidad de indexar la primera mesada pensional del actor en el Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios (aprobado por el Decreto 758 de 1990), es decir, antepone una norma infraconstitucional a los artículos 48 y 53 de la Carta, lo cual resulta inadmisible[54]. Adicionalmente, no es correcta la afirmación efectuada por la Sala de Casación Laboral, cuando señala que la indexación pretendida es inviable porque el monto de la pensión se determinó de acuerdo con el número de semanas cotizadas y no por el salario devengado por el señor Cortés Forero, pues para calcular dicho monto, en los términos del parágrafo del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990[55], se debe establecer el salario mensual de base acorde con la fórmula allí prevista. Esta situación también fue advertida en la sentencia T-184 de 2015, donde se consideró:
“De igual manera, cabe señalar que el argumento esbozado por la Sala Laboral del Alto Tribunal referente a que no procede la indexación de la primera mesada pensional de la actora porque el valor de la prestación se estableció de conformidad con base en el número de semana cotizadas por el causante y no con el salario que devengó, es desacertado, pues como se desprende del parágrafo del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, el salario mensual de base para determinar el monto de la pensión “se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas” (destaca la Sala).
Independientemente de todo ello, es de señalar que el aludido Acuerdo 049 de 1990 no contempla ningún mecanismo de ajuste de salarios para la liquidación de una persona que se retiró del servicio en determinada fecha y, trascurrido un lapso considerable de tiempo, reúna el requisito de edad para pensionarse. Así entonces, el ISS determinaba el monto de las mesadas pensionales aplicando la formula mencionada, pero con total indiferencia frente al hecho de que el salario sobre el cual se hacía el cálculo, correspondía a una suma que la persona había devengado hace mucho tiempo y ya no tenía la misma capacidad adquisitiva por el fenómeno inflacionario. Por tanto, cuando la liquidación se hacía con base en estos montos congelados, la mesada que finalmente se le reconocía a la persona merecedora de la prestación, distaba mucho de un promedio de lo que alguna vez recibió, incluso aplicándole algunas deducciones.
En el caso del señor Cortés Forero, el ISS le reconoció una pensión de vejez a partir del tres (3) de septiembre de 1994 (Resolución Nº 012094 de 1998, a folio 11 del expediente del proceso laboral), en cuantía de $98.700, esto es, el salario mínimo legal mensual de la época. Por un período de diecisiete (17) años perdió valor el derecho pensional del accionante en razón de la variación de precios al consumidor, y en la actualidad percibe una mesada equivalente a un (1) SMMLV, a pesar de que al momento de su retiro (año 1977) devengaba $21.641,34, lo que es equivalente a 12.22 SMML de aquel entonces.
Lo anterior ha redundado, como se apreció en el fundamento 5.1.1. de esta providencia, al establecerse la procedibilidad formal de la tutela, en la afectación del mínimo vital del actor y su núcleo familiar, pues sus gastos mensuales, de acuerdo con las pruebas allegadas en sede de revisión, ascienden a un total de $4.281.890, percibiendo actualmente como mesada pensional la suma de $689.454, que no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
Así entonces, al no accederse a la indexación de la primera mesada pensional del actor, se le ocasiona una afectación a su mínimo vital por estar recibiendo una suma menor a la que tiene derecho, que no se compadece con el esfuerzo realizado en su vida laboral activa, poniéndolo en desigualdad frente a pensionados que accedieron a este derecho bajo regímenes distintos o a quienes no se les aplicó el Acuerdo 049 de 1990, estando jurisprudencialmente determinado que la indexación es aplicable a todas las categorías (de origen legal, convencional o sanción)[56], comprendiendo las reconocidas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991.
5.2.4. En virtud de las consideraciones precedentes, la Sala revocará el fallo de junio 07 de 2016, proferido por la Sala de Decisión de Tutelas Nº 3 de la Sala Casación Penal Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Armando Cortés Forero y, en su lugar, concederá el amparo solicitado.
A efectos de la orden a impartir, la Sala pone de presente el surgimiento de un problema práctico, pues al ordenarse dejar sin efectos las sentencias proferidas en sede de casación y en segunda instancia en el proceso ordinario laboral, se supondría que recobra vigencia el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogotá que accedió a la indexación. Sin embargo, de acuerdo con la sentencia SU-1073 de 2012, “las providencias proferidas dentro de los procesos ordinarios, la actualidad de la vulneración hace que éstas no se puedan confirmar, incluso si concedieron la indexación, en razón a que el alcance de este derecho, para las pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, está siendo determinado hasta este momento” (destaca la Sala).
Por tanto, la Sala no mantendrá la firmeza del fallo proferido en primera instancia en el proceso ordinario laboral, más aun cuando dicha decisión, si bien accedió a las pretensiones del actor, no indica cuales fueron las operaciones aritméticas ni la fórmula aplicada para reconocer la indexación de la primera mesada pensional al señor Cortés Forero (razón por la cual también fue objeto del recurso de apelación)[57].
En este orden de ideas, la Sala procederá a ordenar directamente a Colpensiones (antes Instituto de Seguros Sociales), que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente decisión, proceda a emitir un acto administrativo en el que se indexe la primera mesada pensional del señor Jorge Armando Cortés Forero con base en la fórmula adoptada por la sentencia T-098 de 2005, y dentro del mismo término, empiece a hacer el pago correspondiente (ver fundamento 4.4.). Se aclara que el reajuste resultante en las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en relación con las cuales no hubiese operado el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta para ello, que el actor presentó la demanda laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el trece (13) de marzo de 2009[58], interrumpiendo la misma.
Primero.- REVOCAR el fallo de tutela de 07 de junio de 2016, proferido por la Sala de Decisión de Tutelas Nº 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR los derechos al debido proceso, a la actualización de las pensiones en su contenido de indexación de la primera mesada pensional y al mínimo vital del señor Jorge Armando Cortés Forero, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 07 de abril de 2010, y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de julio de 2015, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Jorge Armando Cortés Forero contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
Tercero.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones - que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente decisión, proceda a emitir un acto administrativo en el que se indexe la primera mesada pensional del señor Jorge Armando Cortés Forero con base en la fórmula adoptada por la sentencia T-098 de 2005, y dentro del mismo término, empiece a hacer el pago correspondiente. El reajuste resultante en las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en relación con las cuales no hubiese operado el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta para ello, que el actor presentó la demanda laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el trece (13) de marzo de 2009, interrumpiendo la misma.
[1] Informe del 15 de septiembre de 2016.
[2] Sala de Selección integrada por las Magistradas María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado. El expediente fue seleccionado con ocasión al escrito presentado por la apoderada del actor.
[3] Ver sentencia T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4] Ver sentencias T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-701 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[5] Ver sentencia C-590 de 2005, y también las sentencias T-882 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-586 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-061 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre muchas otras.
[6] Ver, entre otras, las sentencias T-574 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo, T-882 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7]Ver, entre otras, las sentencias T-047 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-581 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-142 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[8] Ver sentencias C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-008 de 1998 y SU-159 de 2000, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
[9] Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra amparada por la cosa juzgada constitucional. Ver sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Al respecto, ver sentencias T-363 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-196 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-996 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.
[11] Ver, entre otras, las sentencias T-707 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-637 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[12] Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-1180 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y SU-846 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Ver también, T-177 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, T-105 de 2010 y M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[13] Ver sentencias T-410 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-114 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre.
[14] Ver sentencias SU-424 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-640 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-168 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[15]Ver sentencias T-220 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, T-1216 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-1184 de 2001 y M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[16] Ver sentencias SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-1625 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, y T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[17] Ver Sentencia T-120 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[18]Ver sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda E., T-230 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-446 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19]Ver sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[20] Estos requisitos fueron reiterados por esta corporación en la sentencia SU-242 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, así: “i) que exista un conjunto de sentencias (constitucionalidad o varias de tutela) previas al caso que habrá de resolver, que contengan claras reglas jurisprudenciales sobre las que descanse la ratio decidendi; ii) el precedente debe tener un problema jurídico semejante al caso concreto que se busca resolver; y iii) debe existir semejanza entre sus aspectos fácticos y normativos”.
[21] Cuando se desconoce la jurisprudencia constitucional vinculante, se “genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.” Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22]Ver sentencia T-123 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[23] Sentencia C-590 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
[24]M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] “En efecto, la Corte ha señalado que, de conformidad con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, la indexación de la primera mesada pensional es un procedimiento cuya finalidad es evitar el deterioro o pérdida del valor adquisitivo de las pensiones, en aquellas situaciones en las que el trabajador, aun con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993 y con independencia del régimen pensional al que pertenecía, cumplía con el requisito de tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez y, con posterioridad, alcanzaba la edad requerida para consolidar tal derecho”. Sentencia T-184 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[27] Sentencias SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SU-131 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, T-184 de 2015, SU-415 de 2015, T-596 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-697 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-114 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[28] Sentencias C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-891 A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[29] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[30] Corte Constitucional, sentencia SU-120 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[31] Corte Constitucional, sentencia C-860 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta ocasión se demandaban algunos apartados del artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo.
[32] Corte Constitucional, sentencia C-891A de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[33] Corte Constitucional, sentencia SU-131 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
[34] Corte Constitucional, sentencia SU-415 de 2015. M.P. Maria Victoria Calle.
[35] Corte Constitucional, sentencia SU-415 de 2015. M.P. Maria Victoria Calle.
[36] “… todos los beneficiarios del sistema pensional deben ser protegidos de las consecuencias negativas del fenómeno inflacionario, incluso quienes causaron su derecho antes de entrar en vigor la Constitución Política de 1991. En desarrollo del principio de universalidad que irradia al sistema de seguridad social (art. 48. CP) no es viable efectuar distinciones injustificadas entre pensionados con base en el tiempo en el cual se perfeccionó su derecho– mucho menos tratándose de prestaciones periódicas que producen efectos bajo el marco constitucional actual. Además, en virtud de los principios de equidad y favorabilidad en materia pensional, ante la duda de si procede o no la actualización monetaria, el operador debe aplicar aquella interpretación más beneficiosa para el trabajador, y en este tipo de asuntos “(…) la solución más favorable es el mantenimiento del valor económico de la mesada pensional”. Sentencia SU-415 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[39]En la parte resolutiva de todos los casos de la sentencia SU-1073 de 2012 se estableció lo siguiente respecto del pago retroactivo de las mesadas pensionales: “ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de la expedición de la presente sentencia de unificación.”
[40] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[41] “Artículo 488. Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
Artículo 489. Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”.
[42] “Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”.
[43] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Acta No. 029 del 30 de agosto de 2011, Radicación No. 38680.
[44] Ver, Sentencias T-259, T-1093, T-1095 y T-1096 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[46] Esta doctrina ha sido reiterada por diferentes salas de revisión de la Corte, entre otras, en las sentencias T-1086 de 2012, T-1095 de 2012, T-007 de 2013, T-255 de 2013 y T-220 de 2014. En todas ellas se dejaron sin efecto providencias emitidas por jueces ordinarios laborales, sobre la base de que habían violado directamente la Constitución al negarle a los demandantes la protección del poder adquisitivo de pensiones causadas antes de la Carta Política de 1991.
[47] La Corte también ha precisado que en materia de indexación de la primera mesada pensional, el carácter imprescriptible que tiene ese derecho, hace que la vulneración de los derechos derivados de su desconocimiento se mantenga actual y, en ese sentido, no le sea aplicable el presupuesto de inmediatez. Al respecto ver sentencia SU-415 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[48] Folios 01 a 16 del expediente del proceso ordinario laboral.
[49] Sentencia SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50] Sentencia SU-415 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[51] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[52] Las consideraciones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de abril de 2013, fueron las siguientes: “Ahora bien, en cuanto al fondo de los ataques, se tiene que el censor le imputa básicamente al Tribunal el haber sostenido que para el día 7 de julio de 1991, no existía ningún precepto que permitiera la indexación de la primera mesada pensional, cuando, para esa data, había entrado a regir la Carta Política de 1991, fecha que por demás coincide con la del óbito del afiliado. // Frente a esta temática, esto es, la indexación de las pensiones del sistema de prima media con prestación definida, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sala de la Corte, en las sentencias del 6 de julio de 2011, con radicación 39542 y en la del 30 de octubre de 2012, con radicación 49360, en esta última se adoctrinó lo siguiente: ‘En punto a lo aquí discutido, es decir, la manera como se actualizan las citadas cotizaciones, frente al punto fáctico no discutido, según el cual la última cotización que se realizó fue en el año de 1993, y la fecha del fallecimiento fue en el año 1999, no encuentra esta Corte el desafuero que le imputa el recurrente, cuando el sentenciador esgrimió que no debían indexarse. // Es evidente que el sistema general de seguridad social se edifica a partir de las cotizaciones que realizan los afiliados, las cuales constituyen la fuente principal de su financiamiento, y es justamente por ello que la ley instituyó la manera como el ingreso base debía determinarse. // Inclusive, frente a una temática similar, esta Sala se ha pronunciado respecto de lo aquí debatido, esto es la posibilidad de actualizar las cotizaciones que se realizan ante el Instituto de Seguros Sociales, entre otras en sentencia de 6 de julio de 2011, radicado 39542, en la que consideró: La discusión se contrae a determinar si es viable la actualización de las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, de la manera como lo hizo el Tribunal, esto es, en aplicación de la sentencia 29022 de 2007. // El artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al sub lite dispone su fijación (…) // En ese orden, la Corte encuentra equivocado el alcance que dio el ad quem a la jurisprudencia que aplicó para resolver el asunto debatido, toda vez que en este caso la prestación está a cargo del ISS, con sustento en lo dispuesto en el citado artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, teniendo cuenta el número de semanas que logró cotizar, distinto del caso al que se refirió el juzgador y a los demás que ha juzgado la Sala, en los que se ha analizado es el salario devengado por el trabajador. // Así las cosas no era posible imponer al ISS la obligación de actualizar las cotizaciones entre la fecha en que cesó el actor sus aportes y la del cumplimiento de la edad para acceder a la pensión, pues el afiliado podía seguir aportando para elevar la tasa de reemplazo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa a la que se hizo referencia.’// De donde emerge, que el juez plural de segundo grado, no incurrió en los desafueros normativos que le enrostra el censor, por lo que los cargos no tienen vocación de éxito”.
[53] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010.
[54] “Las autoridades judiciales deben tener en cuenta que en el Estado Constitucional una norma infraconstitucional solo es admitida como derecho válidamente aplicable cuando se encuentra ajustada a los contenidos materiales de la norma suprema. Igualmente, que las normas jurídicas deben estar en relación de coherencia, es decir, no ser incompatibles entre sí, pues el ordenamiento jurídico se dirige a ser comprendido como un todo unitario y armonioso, en cuya cúspide se encuentra la Constitución”. Sentencia T-1093 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] Acuerdo 049 de 1990. “Artículo 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así: (…)
II. PENSION DE VEJEZ.
PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas.
PARÁGRAFO 2o. La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla: (…)”.
[56] Sobre el particular, en la sentencia C-862 de 2006, reiterada en las sentencias T-183 de 2012, T-374 de 2012 y SU-1073 de 2012, la Corte se pronunció en los siguientes términos: “El derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual solo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a un determinada categoría de sujetos-los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación”.
[57] “(…) dentro de la sentencia no obra liquidación de la indexación para el caso en comento, en donde se determine en forma detallada por cada año de salario, la corrección monetaria, en el periodo comprendido entre el 03-01-1977 fecha de retiro del actor y 03-09-1994 fecha de reconocimiento de la pensión de vejez, simplemente manifiesta que partiendo del año 1977 con un valor de $21.641.34, como último salario devengado por el trabajador, se tiene para la fecha 1994, una suma de $904.634.60, como salario base de liquidación, pero no existe la operación como tal, para llegar a ese resultado y de esta manera tener la certeza de su legalidad. // Asimismo, se concluye que la diferencia de la liquidación de la primera mesada pensional asciende a la suma de $308.385.57 a la cual se le debe realizar los ajustes legales para las mesadas de los años subsiguientes, incluyendo las mesadas de diciembre y de junio, sin realizar la respectiva liquidación. // Finalmente, se determinan las mesadas pensionales desde el año 2005 hasta el año 2009, incluyendo el índice de precios del consumidor por cada año, sin realizar la respectiva liquidación, es decir, no se tiene claridad de donde surgen dichas cantidades y cómo se deduce los reajustes”. Recurso de apelación a folios 60 a 62 del expediente laboral.
[58] Folios 01 a 16 del expediente del proceso ordinario laboral.

References: artículo 61
e contrario
 artículo 241
 artículo 4
 artículo 8
in dubio
 resolución 
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 260

Artículo 489
 artículo 20
 artículo 20