Source: http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&idE=866&idS=251
Timestamp: 2019-07-19 11:24:44+00:00

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Actualidad Es quien ordenó poner en el Tribunal Constitucional a cuestionado Javier Ríos Castillo.
Se supone que los jueces son ciudadanos probos, justos, equilibrados y los primeros respetuosos de la ley y el derecho, o por lo menos deberían serlo. Pero en el caso del juez con el que se encontró el fotógrafo de CARETAS, otros fueron los impulsos que prevalecieron. El juez Rosales fue quien, a pedido del Tribunal Constitucional, decidió que el Congreso reserve una de las plazas en ese colegiado para el controversial Javier Ríos Castillo, protagonista en junio del 2007 del escandaloso almuerzo con Agustín Mantilla apenas un día antes de ser nombrado por el Congreso. Peor aún, otro caso, esta vez una millonaria demanda, confirma las influencias que Ríos tiene en el TC.
La carátula de la presente edición de CARETAS muestra al juez Raúl Rosales Mora el viernes 12, en el momento en que apunta desde su auto con una pistola al fotógrafo Carlos Saavedra. Por supuesto, éste no iba armado, tenía solo la cámara entre manos, y había acudido a capturar una instantánea del magistrado responsable de la resolución que ordenaba el nombramiento de Javier Ríos Castillo como magistrado del Tribunal Constitucional.
¿No se da cuenta de lo que está haciendo usted, apuntándome con una pistola?
Y tú también ten cuidado con lo que estás haciendo.
Saavedra continuó tomando fotografías y Rosales le volvió a enseñar el arma, ya sin apuntarle. Luego se marchó.
La designación de Ríos Castillo en el Congreso desató un escándalo mayúsculo luego que esta revista publicara el 14 de junio del 2007, un día después de la apurada votación en el Congreso, una foto tomada en el restaurante Fiesta de Miraflores. Allí, en un ambiente privado, almorzaba Ríos con Agustín y Jorge Luis Mantilla. La mesa se completaba con los comensales Óscar López Meneses, conocido operador de Vladimiro Montesinos, y los militares en actividad Roberto Vértiz y José Cuadra. General y Comandante EP, respectivamente.
Meros y cebiches fueron devorados solo un día antes de la votación en el Parlamento. Entonces se desató toda una serie de especulaciones sobre la influencia que Mantilla podría ejercer aún en el voto de la bancada oficialista. Pero finalmente el Congreso anuló la designación, y los hechos empañaron el final de la gestión de Mercedes Cabanillas como presidenta del Legislativo.
El escándalo fue revivido el miércoles 11 cuando el juez Rosales emitió, dentro de una acción constitucional de amparo, una medida cautelar a favor de Ríos Castillo. La resolución fue notificada al día siguiente.
En el documento, Rosales le ordena al Congreso que el actual proceso para nombrar a dos titulares de vacantes en el Tribunal Constitucional sea modificado para cubrir una sola plaza. La otra, reza el documento, será ocupada por Ríos Castillo.
No es solamente una decisión judicial cuestionable. Se trata del último capítulo en una historia que pone en tela de juicio la actuación del Tribunal Constitucional. Y los indicios son casi los de una pistola humeante.
En medio del escándalo del Fiesta, Ríos Castillo renunció a su designación. Luego sostuvo, y lo hace hasta hoy, que lo que hizo en realidad fue declinar a la espera de los acontecimientos.
El 7 de septiembre del 2007 interpuso una acción de amparo pidiendo ser repuesto. Fue rechazada liminarmente por el Poder Judicial. Es decir, de plano y sin necesidad de argumentar. Insistió con el Tribunal Constitucional y éste determinó el 13 de agosto del 2009 revocar el rechazo. Dispuso además que el juez de primera instancia admitiese la demanda. Allí entra en escena el juez Rosales, titular del sexto juzgado constitucional. No solamente admitió la demanda, sino que dictó la mencionada medida cautelar.
Rosales raciocina que hay una fuerte probabilidad de que la posición de quien la solicita sea jurídicamente la correcta..., con lo que aparentemente adelanta opinión en cuanto a la sentencia definitiva que finalmente dicte.
El magistrado pistolero se basa además en la revocatoria que el TC hace de los dos fallos iniciales para concluir que resulta evidente la existencia de la verosimilitud del derecho invocado por el demandante. Así acepta sin cuestionamiento alguno la posición de Ríos.
Y acepta que los derechos constitucionales invocados por el demandante: debido proceso, defensa a participar en la vida pública de la Nación, la petición y al goce de la inmunidad y prerrogativas parlamentarias como miembro del Tribunal Constitucional, habrían sido vulnerados por la emplazada, es decir, por el Congreso. La próxima elección de dos nuevos integrantes del Tribunal hace ver al juez el peligro de la demora y por ello emite la medida cautelar.
Ni la renuncia o declinación de Ríos, ni el escándalo y la inmediata reacción del Congreso, ni el hecho de que no se emitiera documento alguno de nombramiento, persuadieron al juez Rosales, que establece la diferencia que pueda existir entre renunciar y declinar como base de una posible ratificación.
Conductas Perturbadoras
La resolución recibió respuesta inmediata en la Avenida Abancay. El presidente del Congreso, Luis Alva Castro, calificó el fallo de inejecutable y anunció que ese poder del Estado se asesoraría del constitucionalista Domingo García Belaunde para denunciar al juez Rosales por prevaricato.
El congresista Humberto Falla La Madrid añade que lo planteado por la cautelar, dos años y medio después de los hechos, es un imposible y sostiene que se estrella contra una realidad sobreviniente, en la medida que han transcurrido tres años desde el nombramiento de Ríos Castillo.
Hay desencuentros permanentes entre los poderes del Estado y también entre entes constitucionales autónomos, lamenta el parlamentario. Se trata de conductas perturbadoras. Como primera reacción, el procurador del Congreso, Julio Ubillús Soriano, apeló el lunes 15 la resolución del juez y presentó simultaneamente una queja contra él en el seno de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Por su parte, el mismo lunes 15 la OCMA abrió una investigación preliminar contra Rosales. La resolución está firmada por César San Martín Castro, el juez del caso Fujimori, quien reemplaza por vacaciones al jefe de la entidad, Enrique Mendoza.
CARETAS se comunicó con Rosales el mismo viernes 12. El magistrado, que tiene 64 años y es el juez decano de la Corte de Lima, indicó que para ofrecer declaraciones tenía que consultar al presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega.
Nadie se libra de las órdenes del juez constitucional, respondió. Nadie escapa, desde el presidente de la República hasta el último (ciudadano).
Rosales reiteró que, a pesar de que está en trámite (el proceso) principal, lo que está vigente es la medida cautelar.
En la OCMA tiene actualmente casi 30 investigaciones en trámite. Hace dos años lo denunciaron ante la Odicma por despachar con un revólver sobre el escritorio. La investigación fue archivada al no comprobarse el hecho, pero las actuales circunstancias sugieren que no tenía nada de descabellada.
Rosales Mora ingresó al Poder Judicial en 1983 y fue retirado de la judicatura con la razzia que hizo Alberto Fujimori en 1992. Fue el TC quien lo restituyó en el año 2000, pero el CNM no lo ratificó en la evaluación que hizo en el 2002. Nuevamente, el Tribunal Constitucional lo reincorporó en el 2003.
Entre 1991 y 1996, Ríos recibió 6 mil dólares mensuales como asesor legal de la Universidad Ricardo Palma. Adicionalmente obtuvo del entonces rector de la Universidad, Sixto Guillermo Ludeña Luque, la friolera de US$ 1645,499 por gastos judiciales y gastos notariales. La Universidad lo acusa de no haber rendido cuentas ni haber devuelto un centavo.
Fue denunciado por la Universidad y por la SUNAT al no declarar ingresos. Al ser decretada su captura huyó a refugiarse en los Estados Unidos. Estando allí consiguió un fallo de la Corte Suprema que lo eximía en ese proceso por considerar el caso atípico. El ponente, para más señas, fue el montesinista Alejandro Rodríguez Medrano.
Ríos Castillo regresó al Perú en febrero del año 2000 y demanda a la Universidad por el pago de honorarios de los casi 4 años en que estuvo ausente. Reclamó US$ 354,000 por pago de honorarios profesionales más seis mil por mes en adelante, como devengados, hasta el fin del juicio.
Cuando estaba a punto de emitirse la sentencia en primera instancia, el abogado Juan Vergara Gotelli, hoy presidente del Tribunal Constitucional, lo desagravió por haber sido perseguido políticamente por la SUNAT fujimorista, durante una ceremonia en el Colegio de Abogados de Lima en noviembre del 2001.
Dos instancias judiciales rechazaron la demanda de Ríos Castillo. Entonces recurrió a la sala civil de la Corte Suprema, que declaró fundado el recurso y le ordenó a la Universidad pagarle los US$ 354,000. Sin embargo, negó el pago de los devengados posteriores. Ríos entonces interpuso una acción de amparo llegando hasta el Tribunal Constitucional. Para sorpresa de la defensa de la Universidad, formando parte del Tribunal estaba Vergara Gotelli, que no aceptó inhibirse. Luego que Vergara asumió la presidencia del Tribunal se emitió una sentencia que ordenaba el pago de US$ 318 mil como devengados. Casi US$ 700 mil en total.
Entonces la Universidad recurrió a una acción de amparo y la sala Constitucional y Social de la Corte Suprema la declaró fundada. Reiteró además la vigencia de las dos primeras sentencias del Poder Judicial que determinaban como infundadas las demandas por el pago de honorarios no trabajados y por los devengados, más US$ 90,000 adicionales por concepto de intereses, costas y costos.
Ríos vuelve, de nuevo, al TC y abre proceso por agravio constitucional. El 8 de junio del 2009 el TC declara fundada la demanda y determina que se ejecute la sentencia originaria que ordena el pago. Firman la sentencia Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Hayen, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. En contra estuvieron César Landa Arroyo y Ricardo Beaumont Callirgos. La Universidad debía pagar y punto.
El 8 de enero del 2010 se produce una nueva resolución del TC, emitida a nombre del pleno pero firmada solamente por Vergara, Eto y Álvarez. Además de ordenarse el pago, se declara nula la sentencia de fecha 25 de marzo del 2009, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema... y subsistente la sentencia casatoria (que ratificaba la orden de pago). Es decir, la Suprema quedó desbancada y sobrando, caída al borde del camino jurídico.
En todo este trajín, Ríos Castillo se ha movido como Pedro por su casa. No parecen faltarle fortuna ni buenos amigos.
Vergara Gotelli recibió sus visitas el 5 de noviembre del 2009 y el 8, 11 y 12 de enero de este año. Eto Cruz hizo lo propio el 2 y el 20 de octubre y el 3 y 6 de noviembre del 2009, así como el 15, 20 y 25 de enero de este año. Con Mesía quedaron registrados los encuentros del 4 de noviembre y el 13 de enero.
La influencia de Ríos Castillo configura un auténtico escándalo que pone en una situación extremadamente vulnerable al Tribunal Constitucional, un organismo que ha visto épocas mejores y que hoy se debate entre una seguidilla de fallos francamente cuestionables, disputas internas y evidentes conflictos de intereses. Un golpe de timón es de clamorosa necesidad.
Protesta de CARETAS
La revista CARETAS denuncia la actitud insólita, irresponsable, agresiva y de alto riesgo del Juez Raúl Rosales Mora quien, sin mediar explicación ni provocación concebible alguna, apuntó con un arma de fuego la cabeza de nuestro reportero gráfico Carlos Saavedra en circunstancias que este le tomaba una fotografía en la vía publica.
Rosales es el protagonista de una sonada controversia judicial y política, y personaje, por lo tanto, de una noticia de importancia nacional. Saavedra es, a su vez, un legendario periodista que simplemente cumplía con su misión profesional.
Rosales debería ser destituido de inmediato de su cargo, sometido a tratamiento psiquiátrico y sancionado con severidad.
No se puede permitir que un custodio de la ley asuma actitudes propias de pandilleros y amenace así a un ciudadano, cualquiera sea su actividad.
Denuncia pública. El director de Caretas Marco Zileri y el fotógrafo Carlos Saavedra en conferencia de prensa. (Video: El Comercio)
Comunicado del Consejo de la Prensa Peruana
El Consejo de la Prensa Peruana expresa su rotunda condena ante el incidente protagonizado por el juez Raúl Rosales Mora, quien luego de llamar la atención del fotógrafo Carlos Saavedra de la revista Caretas, que realizaba su labor informativa , lo encañonó y amenazó con un arma de fuego.
En circunstancias en que nuestra institución actúa firmemente contra la impunidad en casos de asesinatos de periodistas, ademanes de un magistrado, como el expuesto, conllevan una especial gravedad; por lo que exigimos al presidente del Poder Judicial, al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura y al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, establezcan las sanciones correspondientes.
Lima, 18 de febrero de 2010

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