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Sentencia dictada el pasado 24 de julio de - PDF
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Sara Plaza Herrero
1 JULIÁN CABALLERO AGUADO Procurador Sentencia dictada el pasado 24 de julio de 2009 por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza bajo ponencia de la magistrada Mª Jesús de Gracia Muñoz que resuelve, desestimando, un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de instancia que estimaba una impugnación de una tasación de costas practicada por un total de cero euros por entenderse que había habido renuncia al cobro de honorarios y derechos. La renuncia al cobro de honorarios y derechos y su incidencia en las costas A la parte acreedora de las costas le fue reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita por resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, aunque posteriormente renunció a la designación de profesionales para su defensa y representación, nombrándolos de forma particular. Por el juzgado se acordó requerir a los profesionales para que manifestaran su renuncia al cobro de honorarios y derechos, y el abogado y el procurador presentaron escrito manifestando su compromiso de no cobrar a su cliente por sus servicios. Solicitada práctica de la tasación de costas a cargo de la parte condenada su pago, fue practicada con el resultado de cero euros al no incluirse las cantidades solicitadas por honorarios de abogado y derechos de procurador. Formulada impugnación de la tasación por la parte acreedora de las costas para solicitar la inclusión de los correspondientes honorarios y derechos, recayó sentencia en la que se acordó que se practicara la tasación según el Art. 243 y ss. de la LEC. La parte condenada en costas interpuso recurso de apelación contra la sentencia a fin de que se mantuviera la tasación practicada en su día por cero euros. Tramitada la apelación, la Audiencia dictó sentencia desestimando el recurso, razonando que en el caso planteado los dos profesionales fueron elegidos libremente, lo que es un supuesto no regulado expresamente. Se dice en la sentencia que en estas circunstancias, puede plantearse que, en ausencia de regulación, carecía de razón de ser la petición de la renuncia a los profesionales, pues su elección libre implicaba únicamente que el reconocimiento al derecho a la asistencia jurídica gratuita incluía las prestaciones del Art. 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), pero no las de su párrafo 3, es decir, no incluía la defensa y representación gratuita. Los profesionales manifestaron a petición del juzgado su compromiso de no cobrar al cliente, careciendo esa manifestación de causa legal expresa, y desconociendo aquéllos la razón por la que era solicitada, de modo que los profesionales no pudieron tener 46
2 presente las consecuencias de sus manifestaciones que ahora se pretende (la imposibilidad de incluir la minuta y los derechos en la tasación), de modo que aquel compromiso podría ser nulo o no tener eficacia alguna. Pero esta consecuencia no parece admisible cuando fue consentida la resolución que solicitó la renuncia al cobro, habiendo sido además cumplimentada. Por tanto, la cuestión se centra en los efectos de la renuncia. Desde este último planteamiento, se puede considerar que, por semejanza con el Art. 27 LAJG, en el caso del Art. 28 LAJG, está justificado el solicitar a los profesionales la renuncia al cobro. Pero en ese caso, como se ha expuesto, el Art. 36 LAJG establece que la parte condenada en costas ha de pagar las causadas en la defensa del beneficiario de justicia gratuita, sin excepcionar el supuesto en que se haya renunciado según el Art. 27 LAJG, y por tanto, sin excepcionar la renuncia de los dos profesionales. Por ello, según el Art. 36 LAJG, es procedente la inclusión en la tasación de la minuta y los derechos. En cuanto a la naturaleza de las costas continúa la sentencia, se ha manifestado reiteradamente que la parte vencedora del proceso tiene un crédito frente a los obligados al pago de las costas procesales, pero no un derecho de repetición o de reembolso de lo abonado por aquella a los abogados que los defiende y a los procuradores que los representan. No es un derecho de los profesionales que en nombre de la parte participaron en el proceso y la minuta se ha de incluir si el letrado ha intervenido, quedando al margen la relación entre la partes y su letrado (st. TS de ). Como establece la st. TS de , puede decirse que el crédito de costas es una obligación de origen legal a la espera de que la sentencia la imponga, de cuantía indeterminada pero determinable y que no depende de que el beneficiado con ella pague o no a su abogado, siendo un crédito que entra en el patrimonio de acreedor, añadiendo que ello cualquiera que sea la forma de pago de los servicios profesionales que haya podido pactarse entre la parte y el abogado que prestó los servicios, y sin que, por ser ajeno Una cuestión es la relación interna entre los profesionales y su cliente y otra el cumplimiento de la obligación judicial del pago de costas, que no puede verse favorecida por la primera a tal relación contractual, pueda beneficiarse la parte condenada del hecho de que tales servicios hayan podido o no ser ya total o parcialmente retribuidos por el arrendador de los mismos, pues ello resultaría contradictorio con el mandato judicial que la condena en costas comporta. Una cuestión argumenta la Audiencia de Zaragoza es la relación interna entre los profesionales y su cliente Audiencia Provincial de Zaragoza. y otra el cumplimento de la obligación judicial del pago de costas, que no puede verse favorecida por la primera. Por ello, se ha admitido que en la tasación se incluyan minutas de letrado, pese a que cobre una cantidad periódica de su cliente (st. AP Zaragoza, sec. 5 nº 403/ 08 de 7 de julio), o bien supuestos de igualas, o la llamada autodefensa, o minutas de abogado del Estado (st. AP Murcia 27/04 de 4 de febrero). En este sentido la sentencia de esta AP sec. 4 nº 15/01 de 12 de enero, en un caso de renuncia de letrado por amistad frente a su cliente beneficiario de la justicia gratuita, establece que ninguna razón hay para que el vencido se beneficie, en cuanto su condena en costas, de las particulares circunstancias personales de la parte contraria, afirmación que es precisamente corroborada por el Art. 36 LAJG, cuya aplicación se discute, al hacer pechar a dicho vencido con el pago de los profesionales que asisten al beneficiario vencedor. En consecuencia, considera la sentencia que, efectuada la renuncia al cobro, con independencia de si procedía o no solicitar esa manifestación, es una cuestión que afecta únicamente a la relación interna de los profesionales con su cliente y que no se extiende al condenado en costas, que en todo caso tiene obligación de pagar las costas del beneficiario según el Art. 36 LAJG. q 47
3 Representación procesal por procurador en el proceso monitorio Auto de fecha 6 de julio de 2009 de la Sección 1ª de la Audiencia de Castellón de la Plana, bajo ponencia de Carlos Domínguez Domínguez, por el que se desestima un recurso de apelación contra la inadmisión por un juzgado de 1ª instancia de una demanda de procedimiento monitorio presentada bajo representación distinta de la de procurador. EN contra de lo alegado por la recurrente, entiende la Audiencia que no se ha vulnerado el contenido del Art LEC ya que si bien dicho precepto permite que para la presentación inicial del procedimiento monitorio no sea preciso valerse de procurador, ello no supone que si no es la propia parte quien presenta esa demanda, la representación en este caso de la entidad demandante pueda ser ostentada por quien no es procurador, añadiendo que el Art de la LEC se refiere a la comparecencia en juicio mediante representación de procurador, salvo en los casos en que se permite que lo haga el interesado por sí mismo, lo que es diferente a que comparezca representado por quien no tiene la condición legal de representante de una entidad como simple apoderado de la misma, con la específica finalidad de presentar este tipo de procedimiento. En consecuencia, la petición inicial del proceso monitorio puede ser presentada por el propio acreedor, pero de hacerlo en su representación, ha de serlo por un procurador de los tribunales y no por la persona que libremente designe la parte sin tener esa condición. Recuerda la resolución comentada que, con argumentos compartidos y en el mismo sentido, se ha pronunciado previamente la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (sección 4ª) de fecha 20 de mayo de 2009, que cita en el mismo sentido las audiencias provinciales de Lugo, Pontevedra y Madrid entre otras, en acuerdos de unificación de criterios, esta última en reunión celebrada el 28 de septiembre de Y en el ámbito de las resoluciones judiciales, los autos de las siguientes audiencias provinciales: Barcelona, sección 4ª, de 8 y 15 de junio, 20 y 22 de diciembre de 2005, 19 y 20 de enero de 2006; sección 12ª de 19 de julio y 24 de enero de 2006; sección 14ª de 14 de junio de 2005; sección 17ª de 1 de octubre y 15 de noviembre de 2005; Madrid, 10 de octubre de 2005 de la sección 10ª; 17 de noviembre de 2005 sección 14ª; 7 y 14 de diciembre de 2005 (sección 18ª), 8 y 15 de marzo de 2006 (sección 19ª), 30 de septiembre, 18 de octubre, 8, 11 y 18 de noviembre de 2005, 13 de marzo de 2006 (sección 20ª) o 16 de diciembre de 2005 (sección 25ª), o recientemente cambiando el criterio precedente de la sala el auto de la sección 10ª de dicha Audiencia Provincial de 8 de octubre de 2008; en el mismo sentido, Valencia, sección 6ª, de 6 de enero de 2002, o Guadalajara de 21 de noviembre de 2002; Córdoba, sección 1ª, de 23 de enero de 2003; Las Palmas, sección 3ª, de 12 de noviembre de 2003, amén de numerosas resoluciones de otros tribunales provinciales que siguen la decisión adoptada por el auto apelado. Así, en el precitado auto se expone que solamente caben dos op- 48
4 Solamente caben dos opciones, o que la persona comparezca a través de procurador, o por sí misma, que, en el supuesto de las personas físicas, serán los propios litigantes, y con respecto a las jurídicas sus legales representantes, que tratándose de una sociedad anónima, son sus administradores ciones, o que la persona comparezca a través de procurador legalmente habilitado, o por sí misma, que, en el supuesto de las personas físicas con capacidad procesal, serán los propios litigantes, y con respecto a las jurídicas sus legales representantes, que tratándose de una sociedad anónima, como lo es la promovente de este procedimiento, son sus administradores, por aplicación de lo normado en el Art. 128 de la LSA, en cuanto órganos de la misma que, en tal condición, no se distinguen jurídicamente de ella, quedando de esta forma cumplido el requisito del Art de la LEC, cuando señala que podrán los litigantes comparecer por sí mismos. Y añade que no ofrece duda, fuera de éste último caso, la exclusividad de la función representativa de los procuradores, como claramente resulta de lo establecido en el Art. 543 de la LOPJ, cuando señala que corresponde exclusivamente a dichos pro- fesionales la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa, excepciones que existen en otras ramas del ordenamiento jurídico, como la establecida en el Art de la Ley de Procedimiento Laboral, que permite expresamente a las partes comparecer por sí mismas o conferir su representación a procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, o en el procedimiento contencioso administrativo en el cual, ante los órganos unipersonales, las partes pueden atribuir la representación a letrado (Art. 23 de la LJCA). No obstante, en el proceso civil, no se establece excepción alguna a dicha regla general, dado que el Art de la LEC proclama, por el contrario, la nota de la exclusividad, es decir que las partes comparecerán por sí mismas de la forma indicada anteriormente o necesariamente a través de procurador. Han desaparecido pues las excepciones otrora contempladas en la derogada LEC de 1881 a favor del factor mercantil (Art. 4 párrafo 2º) o al intercambio indiscriminado de funciones que señalaba el Art. 11 para procurador y abogado, o la posibilidad de representación por cualquier persona contemplada en el Art del Decreto de 21 de noviembre de 1952 para el juicio de cognición. Por último, como buena muestra de que la nueva ley procesal civil ha querido reafirmar el requisito de la exclusividad, el auto comentado cita el hecho de la desestimación de las enmiendas 898 del Grupo Popular del Congreso y la del Grupo Parlamentario Catalán, que pretendían establecer excepciones a dicha regla. Concluye la resolución manifestando que no se puede interpretar el Art. 7.4 de la LEC en el sentido de que las personas jurídicas siempre tienen que actuar a través de otras físicas y que procesalmente admitan cualquier clase de apoderamiento, incluso a favor de persona que no ostente la condición jurídica de procurador; dado que dicho precepto no se está refiriendo a toda clase de representación voluntaria, siempre factible en Derecho, sino a la procesal, y por dichas personas comparecerán, por imperativo legal, quienes son sus representantes legítimos, que no son otros que los administradores, y para las actuaciones procesales de dichas entidades o comparecen éstos personalmente, cuando la postulación no sea preceptiva, o lo han de hacer a través de procurador, por el requisito de la exclusividad referenciado, sin que quepa el apoderamiento a tales efectos a favor de letrado o de otra persona. De la misma forma que una persona física no puede apoderar para que le represente en juicio otra persona física que no sea procurador, dada la exclusividad de la función representativa que les corresponde, tampoco cabe que lo hagan las personas jurídicas para obviar la intervención de dichos profesionales del Derecho. q 49
5 Devolución del canon digital de unos CD-ROM usados para grabar juicios Una sentencia del juzgado de lo mercantil nº 1 de Sevilla, cuya titular es María Teresa Vázquez Pizarro, ha acordado devolver el llamado canon digital a un abogado que demostró que usó los CD-ROM para copiar juicios y por tanto no los utilizó para reproducir obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. 50 EL demandante adquirió en el establecimiento del demandado cuatro CD-ROM abonando la compensación equitativa prevista en el Art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, redacción según Ley 23/2006 de 7 de julio, conocida como canon digital, por importe de 1,12 euros, reclamando por demanda de juicio verbal civil su devolución ya que no se habían utilizado para reproducir obras protegidas por algún derecho de propiedad intelectual. La jueza, invocando una resolución de la Audien cia Provincial de Málaga de 19 de septiembre de 2006, nos dice en su sentencia que la ley establece una presunción de que la compra de los soportes es para la reproducción de obras acogidas al amparo de la legislación especial, que puede ser destruida mediante prueba practicada en contrario con la que se acredite que el soporte se ha utilizado para otro fin distinto de la reproducción de obras de autores, que constituye la causa de tributación. De las pruebas documentales aportadas en el supuesto planteado se desprende que los CD-ROM El soporte se había utilizado para otro fin distinto de la reproducción de obras de autores, que constituye la causa de tributación adquiridos por el demandante fueron utilizados en los procedimientos judiciales en los que intervino como letrado para obtener una copia de las vistas celebradas en los mismos. Por ello, de la prueba practicada se entiende acreditado que el material adquirido por el demandante no se ha utilizado para reproducir obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, por lo que no se cumplen los requisitos establecidos en la ley para la aplicación de la compensación equitativa, debiendo estimarse la demanda. q AVISO A NUESTROS LECTORES En la Web del Consejo General de, pueden consultar los textos íntegros de las sentencias que se citan en este artículo. Si tienen conocimiento de alguna sentencia o resolución judicial que pueda ser de interés para la profesión, les rogamos que nos la hagan llegar por fax al nº o a la dirección de correo electrónico Muchas gracias por su colaboración.

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 Real Decreto 
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