Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S63-05.html
Timestamp: 2014-04-18 16:10:49+00:00

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Hossein Alikhani v. Estados Unidos, Caso 4618/02, Informe No. 63/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 63/05
2. En la petición y en posteriores observaciones, los peticionarios alegan que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Alikhani consagrados en los artículos I, VIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, “la Declaración Americana” o “la Declaración”), en base al argumento de que su arresto era ilegal, se había violado su derecho a la libertad de movimiento a raíz del engaño y secuestro por agentes del Gobierno de Estados Unidos, y se le había tratado en forma inhumana cuando estuvo bajo custodia. 3. El Estado argumenta que la petición es inadmisible, pues no afirma hechos que tiendan a establecer una violación de la Declaración Americana y porque Estados Unidos no violó el derecho internacional.
6. Tras recibir la denuncia de los peticionarios, la Comisión remitió las partes pertinentes de la denuncia a Estados Unidos por nota del 27 de agosto de 1998, solicitándole sus observaciones dentro de los 60 días, como lo prescribe su Reglamento. Por nota de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios que se habían remitido al Estado las partes pertinentes de su petición. 7. En sendas cartas de 19 de septiembre de 1998 y 14 de enero de 1999, los peticionarios solicitaron que la Comisión celebrara una audiencia para considerar su petición. Posteriormente, en notas de 2 de febrero de 1999, la Comisión informó a los peticionarios y al Estado que se había fijado una audiencia sobre la admisibilidad y los méritos de la petición para el 5 de marzo de 1999, en el curso de su 102º período de sesiones.
9. En comunicación de 16 de febrero de 1999, recibida por la Comisión el 17 de febrero de 1999, el Estado solicitó prórroga hasta el 31 de marzo de 1999 para responder a la denuncia, y una postergación de la audiencia fijada para el 5 de marzo de 1999. En nota de 19 de febrero de 1999, la Comisión concedió la prórroga pero denegó el pedido de postergación de la audiencia. 10. En carta de 21 de febrero de 1999, recibida por la Comisión el 25 de febrero de 1999, los peticionarios solicitaron que la denuncia del Sr. Walker fuera separada de la del Sr. Hossein Alikhani y el Sr. George Christoforou debido a la iniciación por estos últimos de otras acciones internas. De acuerdo con el pedido, los peticionarios habían consolidado originalmente los casos del Sr. Alikhani y el Sr. Christoforou con los del Sr. Walker puesto que las tres presuntas víctimas denunciaban que Estados Unidos los había arrestado y detenido, o los había amenazado con hacerlo, mediante una práctica de entrega extraterritorial irregular de detenidos. La Comisión accedió al pedido de separación de las denuncias.[1] 11. Por comunicación a Comisión de 9 de noviembre de 2001, los peticionarios informaron que la última acción de certiorari iniciada por el Sr. Alikhani había sido desestimada por la Suprema Corte de Estados Unidos el 10 de octubre de 2000, por lo cual deseaban que se “reactivaran” y examinaran los casos de los Sres. Alikhani y Christoforou.
12. En una comunicación de 15 de mayo de 2002, recibida por la Comisión el 20 de mayo de 2002, los peticionarios presentaron una petición complementaria en nombre de los Sres. Alikhani y Christoforou en la que, entre otras cosas, pedían que la Comisión declarara admisibles las denuncias presentadas en nombre de estas alegadas víctimas. 13. Por nota de 11 de diciembre de 2002, la Comisión notificó a los peticionarios de que no podía tramitar la denuncia del Sr. Christoforou porque la información presentada no satisfacía los requisitos del artículo 26 de su Reglamento ni otros instrumentos aplicables y, en particular, porque no se habían demostrado los hechos que indicarían una violación de la Declaración Americana atribuible a Estados Unidos, pues en la petición no se alegaba que el Sr. Christoforou hubiera sido víctima de una entrega irregular de detenidos, sino que meramente temía una posible amenaza en ese sentido. La Comisión notificó asimismo a los peticionarios de que, el 11 de diciembre de 2002, se habían remitido al Gobierno de Estados Unidos las partes pertinentes de la petición del Sr. Alikhani de 17 de julio de 1995 y de la petición complementaria de 12 de mayo de 2002, otorgándole un período de dos meses para remitir una respuesta. 14. El 30 de enero de 2003, en una comunicación a la Comisión, Estados Unidos pidió una prórroga de treinta días, hasta el 11 de marzo de 2003, para preparar una respuesta. En correspondencia de 4 de febrero de 2003 a Estados Unidos, la Comisión accedió a lo solicitado.
17. El 30 de septiembre de 2003, Estados Unidos se dirigió por escrito a la Comisión comunicando que, en respuesta a la comunicación de la Comisión de 24 de abril de 2003, el Gobierno deseaba referirla a su anterior escrito, de 11 de marzo de 2003. III. POSICION DE LAS PARTES
26. Con respecto a los méritos de la petición, los peticionarios argumentan que los hechos del caso tienden a establecer la violación de la Declaración Americana y de otros instrumentos internacionales, por lo cual debe ser admitida. Más específicamente, los peticionarios argumentan que Estados Unidos violó el derecho del Sr. Alikhani a la libertad de movimiento, garantizada por el artículo VIII de la Declaración Americana, pues el engaño y secuestro del Sr. Alikhani y su traslado a Estados Unidos fueron efectuados con la intención específica de que no supiera el verdadero destino del avión y con el fin de privarlo de toda opción válida en cuanto a abandonar el país. Los peticionarios agregan que, teniendo en cuenta el engaño y el secuestro, no se puede interpretar que las acciones del Sr. Alikhani al viajar a Bahamas y abordar el avión hayan sido “voluntarias.” 27. Además, los peticionarios alegan que Estados Unidos violó el derecho del Sr. Alikhani a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, y a la protección contra arresto arbitrario, dispuestos en los artículos I y XXV de la Declaración Americana, en base a que la práctica del engaño y el secuestro no es justa ni previsible, porque el Sr. Alikhani no viajó a la jurisdicción de Estados Unidos voluntariamente, y su detención en Bahamas no estaba respaldada por la legislación de Bahamas, Estados Unidos o el derecho internacional. A este último respecto, los peticionarios argumentan que la orden de arresto de Estados Unidos emitida contra el Sr. Alikhani no valida el arresto ni sanea las violaciones de sus derechos, porque la orden de arresto no era válida en territorio de Bahamas y porque las Normas Federales del Proceso Penal de Estados Unidos vigentes a la altura del secuestro del Sr. Alikhani disponían que una orden emitida por la justicia estadounidense tenía validez sólo “dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.” Los peticionarios argumentan, por tanto, que, a raíz del hecho de que el engaño y arresto del Sr. Alikhani comenzaron antes de llegar al espacio aéreo internacional, las autoridades estadounidenses, que estaban cumpliendo funciones represivas en un territorio sin el consentimiento de su Gobierno, carecían de fundamento legal para privar al Sr. Alikhani de su derecho a la libertad y la seguridad personal, al retirarlo del país mediante engaños y contra su voluntad. 28. Además, los peticionarios sostienen que el Estado violó el derecho del Sr. Alikhani al debido proceso de la ley, dispuesto en el artículo XXVI de la Declaración Americana, y su derecho a ser tratado humanamente estando bajo custodia, como lo garantiza el artículo XXV de la Declaración Americana. En particular, los peticionarios argumentan que el Sr. Alikhani fue retirado del país de su elección sin que se le concediera una audiencia o alguna posibilidad de impugnar su retiro, por lo cual, todo el proceso judicial estuvo viciado por la ilegalidad del arresto, y que posteriormente se le negó acceso al proceso judicial a través de un acuerdo negociado bajo coacción, en contravención de los artículos XXIV y XXVI de la Declaración. Los peticionarios agregan que, durante su detención en Estados Unidos, entre el 22 de octubre de 1992 y el 19 de noviembre de 1992, no se permitió al Sr. Alikhani revelar su condición de detenido a su familia, fue esposado a la cama todas las noches, se le confiscaron los anteojos y fue forzado a firmar un acuerdo para obtener su liberación y reunirse con su familia, contraviniendo su derecho a un trato humano, conforme al artículo XXV de la Declaración. 29. Finalmente, refiriendo a varias autoridades internacionales y de otra índole,[2] los peticionarios argumentan que existe consenso en cuanto a que la práctica de entrega extraterritorial irregular es violatoria del derecho internacional. B. Posición del Estado
33. Asimismo, según el Estado, el Sr. Alikhani renunció a su derecho a una audiencia preliminar cuatro días después, el 27 de octubre de 1992, que fue acusado formalmente el 19 de noviembre de 1992, que fue procesado y se declaró inocente el 23 de noviembre de 1992, y que el juez accedió a su pedido de libertad bajo fianza hasta el juicio, el 30 de noviembre de 1992. El Estado afirma también que, el 30 de diciembre de 1992, el Sr. Alikhani presentó un pedido de revocación de la acusación formal, para cuya consideración se fijó una audiencia el 5 de febrero de 1993, pero que, en lugar de defender su pedido, el Sr. Alikhani, que estaba representado por un abogado, se declaró culpable. De acuerdo con el Estado, el Sr. Alikhani fue luego liberado bajo fianza y se le permitió salir del país a condición de que regresara para recibir sentencia en la audiencia fijada para el 30 de abril de 1993. El Estado indica que, cuando el Sr. Alikhani compareció a esta audiencia, fue sentenciado por el período en que estuvo detenido, desde el arresto, el 22 de octubre de 1992, hasta su liberación en espera de sentencia, el 5 de febrero de 1993. 34. Con respecto a la admisibilidad de la petición, el Estado argumenta que es inadmisible, conforme a lo dispuesto en el artículo 34(a) y (b) del Reglamento de la Comisión, porque no afirma hechos que tiendan a establecer una violación de la Declaración Americana y es manifiestamente infundada, y porque Estados Unidos no violó el derecho internacional, incluido el derecho internacional consuetudinario. Estados Unidos argumenta a este respecto que el Sr. Alikhani convino voluntariamente reunirse en Bahamas y convino voluntariamente viajar en un avión privado en el espacio aéreo internacional. Además, el Estado argumenta que el juez que denegó la petición de error coram nobis del Sr. Alikhani del 10 de enero de 1996 no llegó a los méritos de las denuncias del Sr. Alikhani y afirmó que “Alikhani no demostró ninguna circunstancia convincente o error judicial, ni que fuera víctima de alguna consecuencia continuada de su condena.” En tal sentido, Estados Unidos argumenta que el Estado no violó el derecho de residencia y movimiento del Sr. Alikhani, dispuesto en el artículo VIII de la Declaración Americana.
35. Además, el Estado argumenta que no se ha violado el derecho del Sr. Alikhani al debido proceso, consagrado en el artículo XXVI de la Declaración Americana, puesto que el Sr. Alikhani contó con una audiencia imparcial para considerar los cargos que se le imputaban. Al respecto, el Estado argumenta que no existen pruebas de que el Sr. Alikhani no haya suscrito el acuerdo negociado voluntaria y libremente, como para impugnar la justicia del resultado de su proceso penal. 36. Además, el Estado afirma que no se violó el derecho del Sr. Alikhani a la libertad y seguridad personal, ni su derecho a la protección contra arresto arbitrario, conforme a los artículos I y XXV de la Declaración Americana, pues los peticionarios no aportan hechos que respalden la afirmación de que el Sr. Alikhani haya sido arrestado ilegalmente. De acuerdo con el Estado, el Sr. Alikhani fue arrestado con una orden válida y, además, se declaró voluntariamente culpable de las acusaciones penales que legítimamente se le imputaban. También a este respecto, el Estado sostiene que Estados Unidos no eludió ningún tratado de extradición, porque los mismos no se aplicaban al caso, dado que el Sr. Alikhani viajó voluntariamente a la jurisdicción en la que fue arrestado.
38. La Comisión consideró la admisibilidad de la presente denuncia de conformidad con los artículos 30 y 34 de su Reglamento y formula las siguientes determinaciones. A. Competencia de la Comisión ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y ratione loci
44. El artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión especifica que, para decidir sobre la admisibilidad de una materia, la Comisión debe verificar si se han invocado y agotado todos los recursos del sistema jurídico interno, de acuerdo con principios generalmente reconocidos del derecho internacional. La jurisprudencia del sistema interamericano aclara, no obstante, que la norma que requiere el agotamiento previo del sistema interno está destinada a beneficiar al Estado, puesto que procura eximirlo de tener que responder a acusaciones ante un órgano internacional por actos que se le imputan, antes de tener oportunidad de repararlos por la vía interna. La Corte Interamericana ha considerado, pues, que el requisito es un medio de defensa opcional frente a una denuncia contra el Estado.[5] Su renuncia al mismo puede ser expresa o tácita y, una vez en efecto, es irrevocable.[6] Ante esta renuncia, la Comisión no está obligada a considerar posibles impedimentos a la admisibilidad de las denuncias que podrían haber sido planteados debidamente por el Estado en relación con el agotamiento de los recursos internos. 45. En el presente caso, el Estado no presentó observaciones ni información sobre el agotamiento de los recursos internos, con lo que implícita o tácitamente renuncia a su derecho a objetar la admisibilidad de las denuncias en base a este requisito. Además, la información presentada por los peticionarios y reconocida por el Estado indica que el Sr. Alikhani planteó una petición de error coram nobis ante la justicia de Estados Unidos para que se declarara inválido el acuerdo negociado y que la Corte Suprema finalmente denegó una petición de certiorari interpuesta por el Sr. Alikhani, el 10 de octubre de 2000. En tales circunstancias, la Comisión concluye que las denuncias del Sr. Alikhani no se ven impedidas de consideración por imperio del artículo 31(1) de su Reglamento. D. Plazo para presentar la petición 46. Respecto de la petición en consideración, la Comisión ha concluído que Estados Unidos renunció tácitamente a invocar el no agotamiento de los recursos internos, a resultas de lo cual, no es aplicable el artículo 32(1) del Reglamento de la Comisión. Sin embargo, las disposiciones del Reglamento que exigen el agotamiento previo de la vía interna y la presentación de la petición dentro de los seis meses a partir de la sentencia final en el sistema interno son independientes. Por tanto, la Comisión Interamericana tiene que determinar si la petición a consideración fue presentada dentro de un período razonable. Al respecto, la Comisión observa que la petición original fue recibida el 17 de julio de 1995, y la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el recurso de certiorari del Sr. Alikhani el 10 de octubre de 2000. De manera que la petición no fue presentada fuera del plazo prescrito por el artículo 32 del Reglamento de la Comisión.
E. Caracterización de los hechos alegados 47. El artículo 27 del Reglamento de la Comisión dispone que la petición debe afirmar hechos “sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.” Los peticionarios alegan que el Estado violó los artículos I, II, V, VIII, XIV, XVII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana.
48. La Comisión describió en la Parte III del presente informe las alegaciones sustantivas de los peticionarios, así como la información presentada por estos en respaldo de tales alegaciones. Tras considerar detenidamente la información y los argumentos de los peticionarios y el Estado, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia, la Comisión considera que en la petición se afirman hechos que, de ser probados, tienden a establecer la violación de derechos garantizados por la Declaración. La Comisión observa al respecto que, de acuerdo con las autoridades citadas por los peticionarios y el Estado, algunas cortes internas han concluido que la practica de obteniendo la jurisdicción encima de los presuntos criminales por el “engaño” es rutina y no excluye las procedimientos criminales,[7] mientras que otros tribunales internos e internacionales han sugerido que el “engaño” de manera fraudulenta es potencialmente problemático en relación con el derecho a la libertad personal y el derecho de no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.[8] Por lo tanto, la Comisión considera que la permisibilidad en el derecho internacional de los secuestros, engaños y otros métodos extraordinarios de entregar a las personas a las jurisdicciones de un Estado es materia de legítimo debate y, por tanto, que las denuncias de los peticionarios a este respecto no son manifiestamente infundadas ni improcedentes. En consecuencia, la Comisión concluye que la petición no debe ser declarada inadmisible en virtud del artículo 34 de su Reglamento. V. CONCLUSIONES 49. La Comisión concluye que tiene competencia para examinar las alegaciones de los peticionarios y que la petición es admisible en cuanto a las alegadas violaciones de los artículos I, VIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana y de conformidad con el Reglamento de la Comisión. 50. Sobre la base de las conclusiones de hecho y de derechos que anteceden, y sin prejuzgar sobre los méritos de la materia, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
DECIDE: 1. Declarar admisibles las denuncias de la petición respecto de los artículos I, VIII, XXIV, XXV y XXVI de la Declaración Americana. 2. Remitir el presente informe a las partes. 3. Continuar con el análisis de los méritos del caso. 4. Publicar el presente informe e incluirlo en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.
[7] Véase, por ejemplo, US c. Yunnis, 681 F. Supp. 909 (DDC 1988); Re Harnet and the Queen; In re: Hudson and the Queen, 14 C.C.C. (2d) 69, 1 O.R. (2d) 206. [8] Véase, por ejemplo, Corte EDH, Conka c. Belgium [2002] 34 Eur. H.R. Rep. 54; Corte EDH, Stocké c. Germany [1991] 13 Eur. H.R. Rep. 126, 129, párr. 169 (Informe de la Comisión); Alvarez-Machain, 266 F.3d at 1045, 1052 (9th Cir.).

References: artículo 26
 artículo 34
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 27
 artículo 34