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2008: Año del Poder Ciudadano - PDF
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Domingo Pereyra Parra
1 2008: Año del Poder Ciudadano INFORME FINAL PROYECTO DE BIOSEGURIDAD MARENA/PNUMA EN EL MARCO DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA RELATIVO A LA BIOSEGURIDAD PARA ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS Km. 12½ Carretera Norte, Frente a Corporación de Zonas Franca (505)2 INDICE RESUMEN EJECUTIVO... 3 LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS INTRODUCCIÓN SITUACIÓN GENERAL DE LA BIOTECNOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD EN NICARAGUA Situación de la Biotecnología Situación de la Bioseguridad en el marco político institucional Regulaciones y autoridades competentes Capacidades, Desarrollo Científico y Experiencias Organismos Vimos Modificados presentes en el país DESARROLLO DE UN MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD Alcances del presente informe Temas principales abordados y el énfasis del proyecto PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA Participación del país en las COP/MOP y en las etapas previas Proceso de Ratificación POLÍTICA DE BIOSEGURIDAD Procesos administrativos actuales (en qué consiste procesar una solicitud) Mecanismos de Participación e Información Pública en Bioseguridad Conocimiento de la población sobre bioseguridad RECOMENDACIONES Y PASOS SIGUIENTES (RETOS A FUTURO, PRIORIDADES, CONTINUIDAD REFERENCIAS ANEXOS3 RESUMEN EJECUTIVO Bioseguridad es un tema de suma importancia para Nicaragua, siendo un país que importa productos farmacéuticos, alimenticios y agropecuarios, este flujo de productos expone al país a diversos riesgos en el sentido de que podría introducirse elementos provenientes de Organismos Vivos Modificados (OVGM's). Por esta razón fue una prioridad para Nicaragua, implementar un sistema que aborde la temática de forma segura, con el propósito de proveer una correcta respuesta en casos que tengan atingencia con los OVM y de este modo evitar riesgos a la salud humana, animal y a la biodiversidad nacional. Como un breve antecedente se recuerda que Nicaragua firmó en 1992 durante la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, la Convención de Diversidad Biológica, la cual fue ratificada por la honorable Asamblea Nacional de Nicaragua el 27 de Octubre del año 1995, según Decreto Legislativo No.1079, publicado en la Gaceta Diario Oficial No.215. Posteriormente durante la Celebración de la V Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, se firma el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología Moderna, en fiel cumplimiento al compromiso asumido por medio del artículo 19 numeral 3 del CDB y en apego al sistema jurídico nacional, el Estado de Nicaragua procedió a aprobar y ratificar el Protocolo de Cartagena, mediante Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional No.3248 y a través del Decreto Ejecutivo dictado por la Presidencia de la República, para el depósito del instrumento de ratificación, con fechas de 21 de marzo 2002 y 28 de junio de 2002, publicados en las Gacetas Diario Oficial No.56 y 121 respectivamente. Estos hechos sirvieron de soporta para que Nicaragua formulara el Proyecto No. GFL/ (PMS: GF/ ) Subproyecto No. GFL/ (PMS: GF/ ). Basando sus expectativas en proponerse como objetivo fundamental, la preparación de un Marco Regulatorio Nacional en concordancia con previsiones relevantes del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, el que describe los siguientes elementos como pilares estratégicos para su funcionamiento: Un sistema Regulatorio Un sistema Administrativo Un sistema de toma de decisiones que incluya el manejo y gestión de riesgo Un mecanismo de participación publica Además, el proyecto pretendía generar una base de información basada en los siguientes objetivos: Precisar el Marco Institucional actual y perspectivas de futuro, de instituciones gubernamentales y no gubernamental de Nicaragua, para dar cumplimiento a las disposiciones del protocolo de bioseguridad. Determinar el estado actual y perspectivas de futuro en cuanto a personal científico técnico en materia de bioseguridad, tanto en las instituciones de gobierno como de la comunidad científica. Identificar el estado actual y perspectivas de futuro de la infraestructura y/o equipos de las instituciones 34 involucradas que permitieran la realización adecuada de la gestión y evaluación de riesgo, dentro del marco del protocolo de Bioseguridad. Identificar las necesidades de capacitación y especialización en las áreas gubernamentales y fuera del gobierno en Nicaragua con el fin de asegurar personal calificado para implementar el Protocolo de Bioseguridad. Listado Guía de las instituciones y personas vinculadas al tema de la Bioseguridad y biotecnología en Nicaragua, con nombres completo y direcciones físicas. Cabe mencionar que el proyecto, en su mayoría, logro los objetivos propuestos, además, durante el periodo de actuaciones alcanzo una experiencia extraordinaria en la capacidad negociadora entre actores importantes como lo son instituciones gubernamentales, la sociedad civil incluyendo un sector que representa a la empresa privada, logro importante que desemboco en la consolidación de acuerdos inter e intrainsticionales tomando como base la identificación del estado del conocimiento sobre los OVM, y la necesidad de una ley especializada en aspectos de la biotecnología moderna, los análisis de riesgos de OVM y la definición de competencias institucionales para abordar el tema indicado. 45 LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS CORECA: SAGARPA: ADPIC: Acuerdo sobre las Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio CAC: Consejo Agropecuario de Centro América CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CCPVV: Comité Calificador para la Protección de Variedades Vegetales. CENIDH: CENTRO HUMBOLDT CGIA: Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional. CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical CIMMYT: Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo. CISAS: CODEX: Codex Alimentarius CEPAL Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas CONACYT: Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONARGEM: Comisión Nacional de Análisis de Riesgos de Organismos Genéticamente Modificados CONICODEX: Comité Nicaragüense del Codex CONASEM Consejo Nacional de Semillas COP: Conferencia de las Partes de la CBD FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FENACOOP: FUNICA: Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua GEF: Gomal Emvironmental Facility I&D: Investigación y Desarrollo IICA: Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura. INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria LIDECONIC: MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal MARENA: Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente NIMF: Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No.11 OGM: Organismo Genéticamente Modificado OIRSA: Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. OMC: Organización Mundial del Comercio. OVM: Organismo Vivo Modificado PAIT: Proyecto de Apoyo a la Innovación Tecnológica de Nicaragua PCAC-UNAG: PHBB: Programa Hemisférico en Biotecnología y Bioseguridad. PIB: Producto Interno Bruto PND-O/PRORURAL: Plan Nacional de Desarrollo Rural Productivo PNS: Plan Nacional de Semillas PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas. RECARO: Proyecto Regional de Hortalizas. REDBIO/FAO: Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal para América Latina y el Caribe RICYT: Red Interamericana de Ciencia y Tecnología. RPI: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Registro de la Propiedad Intelectual SIMAS: 56 SINACYT: UCA: UCC: UITA: UNA: UNAG: UNAN: UNAPA: UPANIC: UPOLI: UPOV: Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Universidad Centroamericana Universidad de Ciencias Comerciales Universidad Nacional Agraria Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Unión de Productores Agropecuarios Nicaragüenses Universidad Politécnica de Nicaragua Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. 67 1. INTRODUCCIÓN Antes de continuar el desarrollo de esta introducción, es importante indicar que para emprender una acción de la naturaleza que hoy nos ocupa, fue necesario orientarse a través de las experiencias de otros países los procesos llevados a cabo para conformar un marco jurídico de bioseguridad para el tratamiento de los Organismos Genéticamente Modificados (OVM), con el propósito de tener insumos como soporte para que Nicaragua formulara el Proyecto No. GFL/ (PMS: GF/ ) Subproyecto No. GFL/ (PMS: GF/ ). Basando sus expectativas en proponerse como objetivo fundamental, la preparación de un Marco Regulatorio Nacional en concordancia con previsiones relevantes con los objetivos y elementos del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena como siguen: De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. En este sentido, se relacionan los principales elementos, para contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección: En la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna Efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica Considerar los riesgos para la salud humana Acciones concretas en los movimientos transfronterizos 2. SITUACIÓN GENERAL DE LA BIOTECNOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD EN NICARAGUA Situación de la Biotecnología El sector de la biotecnología agropecuaria en Nicaragua se encuentra, en el mejor de los casos, en sus etapas iniciales de desarrollo. En este sentido, se inscribe en lo que es una característica general de todo el sector de investigación y desarrollo en apoyo del sector rural del país. A pesar de esta situación, también es cierto que existen un conjunto de capacidades y avances en diversas áreas que permitirían de existir un planteo claro para su desarrollo y aplicación hacer importantes contribuciones. Es sobre estos componentes que se propone trabajar para crear las condiciones adecuadas para un mejor aprovechamiento de lo que las nuevas tecnologías pueden aportar el desarrollo rural del país. En este sentido, un reciente trabajo sobre la naturaleza de las interacciones entre las capacidades en ciencia y tecnología y los sectores productivos y la adopción de innovaciones tecnológicas en los distintos niveles de las cadenas agroalimentarias del país (Hartwich, et al; 2006), concluye, entre otras cuestiones, que salvo en sectores como el cafetalero, el de los productores de maní, los camaroneros y el de lácteos, los niveles de interacción e innovación tanto en el sector primario como en las etapas de procesamiento son de muy bajos a bajos y medios en el mejor de los casos (hortalizas) y que no existe una relación directa entre el tipo de 78 producción (tradicional, intermedia o no tradicional) y el nivel de innovación del subsector (ver tabla 1). Cuadro 1. Caracterización general respecto del nivel de interacción e innovación en la producción de los principales sectores agropecuarios nicaragüenses. 1 Sub sectores Sub sectores No Sub sectores Intermedios Tradicionales tradicionales Carne Bovina Cacao Melón Interacción intermedia interacción baja Interacción media Innovación baja en Innovación baja en Innovación baja en producción primaria producción primaria producción primaria Innovación media en Innovación muy baja en Innovación muy baja en procesamiento procesamiento procesamiento Frijol Rojo Plátano Hortalizas Interacción muy baja Interacción alta Interacción media Innovación muy en Innovación media en Innovación baja en producción primaria producción primaria producción primaria Innovación baja en innovación media en Innovación baja en procesamiento procesamiento procesamiento Lácteos Forestal y muebles Tabaco Interacción media Interacción baja Interacción muy baja Innovación media en Innovación muy baja en Innovación baja en producción primaria producción primaria producción primaria Innovación alta en Innovación muy baja en Innovación baja en procesamiento procesamiento procesamiento Café Maní Camaronicultura Interacción alta Interacción alta Interacción muy alta Innovación media en Innovación muy alta en Innovación alta en producción primaria producción primaria producción primaria Innovación media en Innovación alta en Innovación alta en procesamiento procesamiento procesamiento Fuente: Hartwich, et al; 2006: Situación de la Bioseguridad en el marco político institucional Los Planes de desarrollo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional expresan la voluntad política en el avance hacia un sistema productivo equitativo, en donde la participación ciudadana se constituya en el motor que impulse en conjunto con el gobierno los ejes de desarrollo. En este contexto, se están diseñando las políticas, estrategias, inversiones y acciones en caminada al combate a la pobreza, como ejemplo puede mencionarse el Programa Hambre Cero, dirigido a mas de 70 mil familias dedicadas a la producción agraria, las proyecciones para el establecimiento de un banco de fomento, que garantice la financiación a los pequeños y mediano productores, la formulación de una ley para la soberanía, alimentaria y nutricional. 89 Como podrá observarse, desde el punto de vista jurídico, el gobierno trabaja de forma coherente, haciendo uso de la ley de organización y competencias del poder ejecutivo y con una visión de armonización, alineación y apropiación de acciones y sistemas fiduciarios, lo cual presenta un panorama propicio para trabajar en los asuntos de relevancia como lo es el tema de bioseguridad que esta íntimamente vinculada a la seguridad alimentaria Regulaciones y autoridades competentes. Con relación al marco institucional en lo referente a los temas de la biotecnología agropecuaria en general y la bioseguridad, actúa como un sistema amplio y complejo, se asienta básicamente sobre las competencias de los distintos Ministerios que atienden los diferentes aspectos involucrados, aunque es en el Ministerio Agropecuario y Forestal, MAGFOR, la instancia designada para formular e implementar específicamente las políticas, normas y en general desarrollo del sector agropecuario, quien opera como autoridad competente en materia de OVM para las autorizaciones sobre el uso confinado, realización de pruebas y ensayos en campo o bajo protección, evaluación de cultivares, multiplicación de semillas, producción o importación por primera vez con destino al consumo directo o a la transformación y otras aplicaciones. Por su parte, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, opera como punto focal del Convenio de Diversidad Biológica (firmado en junio de 1992 y ratificado en noviembre de 1995) y del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad (ratificado en 2003) y actúa como ente competente para autorizar los Estudios sobre Biotecnología. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, como ente competente para temas de fomento, industria y comercio, es el ente regulador de los Derechos de los Consumidores y la Seguridad alimentaria, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Administra el Registro de la Propiedad Intelectual Patentes, Marcas, Obtención Vegetal, etc. Finalmente, el Ministerio de Salud Pública, actúa como ente normador y regulador de los aspectos de salud humana referidos a los productos biotecnológicos. Los cuatro ministerios anteriormente mencionados son miembros de la Comisión Nacional de Análisis de Riesgos Genéticamente modificados y del Comité Nacional de Coordinación del Proyecto de Bioseguridad GEF / PNUMA / Nicaragua, ambos presididos por el MAGFOR Capacidades, Desarrollo Científico y Experiencias El sistema institucional para la Investigación y Desarrollo (I&D) en general y para la biotecnología agropecuaria en particular, se encuentra estructurado alrededor de dos grandes componentes. Por una parte, se identifica un conjunto de instituciones públicas y universidades que son el asiento real de las actividades que se desarrollan. Por otra parte, y desde el punto de vista de la definición e implementación de las políticas nacionales para el sector, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACYT el cual se venido conformando mediante un proceso de estructuración, tiene la función de fortalecer y potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país. La instancia ejecutiva de este sistema es el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICYT, creado en el año 2001 como parte de un Convenio de Préstamo con el BID (Contrato de Préstamo BID No.1079/SF-NI, Proyecto de Apoyo a la Innovación Tecnológica de Nicaragua PAIT), el cual aportaba los recursos 910 requeridos para la implementación de una serie de líneas de investigación, consideradas como prioritarias para el país y establecer las bases para un sistema nacional de innovación dinámico, promoviendo la innovación tecnológica por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). El CONICYT, debido a los limitados presupuestos, no se han logrado los resultados esperados, sin embargo existe actualmente un interés, por las instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo científico y tecnológico, así como por las actuales autoridades del CONICYT, de avanzar en la consolidación del SINACYT, como un camino para lograr un mejor aprovechamiento de los escasos recursos que dispone el país en este campo y establecer un dialogo mas fluido con los sectores productivos en cuanto a las actividades a desarrollar. Dentro de este marco institucional, el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), la institución de carácter científico más importante en relación al desarrollo, transferencia y promoción de las innovaciones en el sector agropecuario local. Éste define su rol de trabajo en el marco de los planes y programas de Desarrollo Rural que impulsa el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, en el cual la innovación tecnológica, representa un componente fundamental para el aumento sostenible de la productividad rural y la protección de los recursos naturales. Más específicamente, el INTA trabaja tanto en investigación estratégica (germoplasma, mejoramiento), como en investigación aplicada (adaptación y transferencia de tecnologías) y además realiza actividades de cooperación con los principales actores nacionales y una amplia gama de instituciones de investigación a nivel internacional. En relación a los recursos humanos, una estimación conservadora permite estimar la existencia de 250 investigadores en vinculados con el desarrollo agroalimentario, aunque parte importante de estos no se relaciona con el sistema de C&T nacional. Hudson (2006) indica, asimismo, que la mayor parte de estos investigadores han alcanzado solo el titulo de grado (B.S.) o su equivalente presentando muy pocos estudios o capacitaciones de postgrado a nivel de maestría o doctorado. 2 Este aspecto ha sido frecuentemente planteado por las asociaciones de productores y otros usuarios de tecnologías como un tema de preocupación y una de las principales limitantes para asegurar un mayor nivel de desarrollo y transferencia de tecnologías. Esta situación se refleja en el estado de las capacidades de investigación en biotecnología agropecuaria (ver cuadro 2). A nivel del conjunto del país solo existen algo mas de 30 investigadores diseminados en 11 instituciones que reportan actividades en el campo de la biotecnología agropecuaria, de los cuales 5 tienen nivel de PhD, 8 son MSc y el resto personal de apoyo, los cuales trabajan básicamente en las áreas de menor complejidad científica distintas técnicas de micro propagación y sistemas de diagnostico- dependiendo en casi todos los casos de la cooperación internacional para su financiamiento (Hudson 2006). De particular relevancia en este panorama es el fuerte peso de las universidades en el sector vis a vis las instituciones públicas especializadas en la agricultura como el INTA. Si bien la mayoría de las instituciones reportan productos y servicios a nivel comercial, existe una visión generalizada de que la vinculación de las universidades con los sectores productivos no es efectiva y que sus esfuerzos en I&D muy pocas veces reflejan adecuadamente los problemas de los sectores productivos y, aún cuando lo hacen, el impacto de las mismas es reducido por el falta de mecanismos de transferencia adecuados. 3 2 La difusión de resultados de investigación indica que entre investigadores nicaragüenses publicaron solamente 12 artículos en revistas consideradas por el Índice de Citación Científica (SCI). En Nicaragua se encuentran cerca de 47 universidades (Hartwich et al., 2006), en las cuales la actividad investigativa no es muy alta, presentando muy bajos niveles de producción científica arbitrada y con visibilidad internacional. 3 Un aspecto que se ha mencionado como de importancia en esta suerte de desvinvulación de la investigación en las universidades y las realidades productivas, es el hecho que como consecuencia de la ley de financiamiento de las 1011 1 Entre las principales instituciones públicas y privadas, que desarrollan actividades de I&D en el sector agrario nicaragüense se encuentran: El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua, FUNICA La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos UNAG y la Unión de Productores Agropecuarios Nicaragüenses, UPANIC La Universidad Nacional Agraria, UNA La Universidad Centroamericana, UCA La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN La Universidad de Ciencias Comerciales, UCC La Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI Organismos Vimos Modificados presentes en el país. La presencia de OVM en el país, esta limitada únicamente a eventos autorizados para ser utilizados en carácter de comodities, hasta la fecha, 19 eventos han sido autorizados, utilizando el marco regulatorio ya indicado en este documento. 3. DESARROLLO DE UN MARCO NACIONAL DE BIOSEGURIDAD Según se ha explicado anteriormente, las motivaciones del establecimiento de un marco Nacional de Bioseguridad, tiene su génesis en el Protocolo de Cartagena y la proliferación de los OVM en países con un potencial extraordinario de tecnología de punta para la producción y diseminación de los mismos, utilizando como vehiculo el libre comercio internacional. Además, de forma paralelo a este fenómeno, existe una controversia por el consumo y circulación de estos organismos, razón por la cual se hace necesario establecer los limites en donde se puedan definir claramente las reglas del juego respecto al tema de bioseguridad. De tal modo, que esta situación pude verse en dos niveles, el primer nivel, es un contexto internacional en donde los países con alta capacidad tecnológica tienen fuertes programas basados en la ingeniería genética, el segundo nivel, tiene que ver con las demandas de organismos vivos modificados provenientes de la biotecnología moderna. Esta situación, genero las bases para el interés en abordar el tema de la bioseguridad, en concreto bajo normas jurídicas. Es importante señalar que una vez que se toma la decisión de encaminarse hacia el ordenamiento de una marco regulatorio, del cual a su vez no se tenia experiencia en el país, se procede a la revisión de instrumentos atingentes, como punto de partida para una orientación segura en el sentido de articular esfuerzos y evitar el traslape de acciones jurídicas en cuanto al bien o los bienes tutoriados jurídicamente. A continuación se relacionan algunos instrumentos que sirvieron como criterios: - Las Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología; universidades (ley del 6%), están bastante bien financiadas y, por lo tanto, la elección de las temáticas de investigación están mas influidas por cuestiones de interés académico, que por influencias externas a ese ámbito (Hartwich 2006, Hudson 2006) 1112 - la Directriz Técnica Fitosanitaria Regional de OIRSA sobre Seguridad de la Biotecnología Moderna; - Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No.11 NIMF Análisis de Riesgos de Plagas para los Organismos Vivos; - Marco Regulatorio Tipo centroamericano sobre Organismos Vivos Modificados; - Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica; - Decisiones de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo COP-MOP 1; - Ley No. 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su Reglamento, - Disposiciones Sanitarias Decreto No. 394; - Ley No. 423 Ley General de Salud y su Reglamento; - Decreto No Creación del Comité Nicaragüense del Codex, CONICODEX; - Ley No. 217 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento; - Decreto No Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental; - Convenio sobre la Diversidad Biológica; - Convención Internacional de Protección Fitosanitaria; - Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Una vez que se realiza este importante ejercicio de análisis, surge un proyecto de ley que pretende consolidar posiciones y los arreglos institucionales para afinar las competencias y responsabilidades en distintos niveles. A continuación se describe de forma pormenorizada los ejes más relevantes que aborda el proyecto, cuya copia se encuentra en el Anexo. El objeto del proyecto de ley es establecer las regulaciones sobre las actividades con organismos vivos modificados provenientes del uso de las técnicas de la biotecnología molecular (ingeniería genética), con el fin de prevenir, evitar y reducir los posibles riesgos que se pudiera ocasionar en el ambiente, la actividad agropecuaria, forestal y acuícola y de forma particular, tomando en cuenta los riesgos para la salud humana. Formatted: Spanish (Nicaragua) En cuanto a su ámbito, la propuesta abarca el trabajo en laboratorios (uso confinado), el uso contenido es decir liberación con barreras de seguridad, la actividad de investigación con aplicaciones de ingeniería genética, la liberación al ambiente es decir la autorización para siembra, multiplicación, reproducción la evaluación de cultivares, la comercialización, transporte, importación, exportación, producción o importación por primera destinado a uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento y tránsito de organismos vivos modificados, pero que sea para uso de carácter agropecuario, forestal y acuícola; bioremediación, conservación, preservación y otros usos vinculados a la diversidad biológica. Se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley los productos derivados de los organismos vivos modificados que no presenten trazas detectables de transgén o transgenes, los organismos vivos modificados resultantes de técnicas diferentes a las enunciadas arriba, tales como los métodos convencionales de mejoramiento, de creación de variabilidad genética por mutagénesis, poliploidía, entre otros, cuando no se utilice ADN recombinante, los organismos vivos modificados de uso y aplicación industrial y aquellos para uso farmacéutico humano y las materias primas obtenidas de procesos industriales que se utilicen en la producción de alimentos balanceados y sus derivados para consumo animal. El proyecto establece dos autoridades competentes dependiendo del tipo de temática de que se trate. El Ministerio Agropecuario y Forestal será competente en cuanto al uso de organismos 1213 vivos modificados de carácter agropecuario, forestal y acuícola, mientras que Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales lo será en las materias referidas al uso de bioremediación, preservación y otros usos vinculados a la diversidad biológica. El Ministerio de Salud a través del marco regulatorio existente en materia de medicamentos y alimentos ya dispone de la autoridad y capacidad legal suficiente para efectos de autorizar o no el uso o consumo de productos provenientes de las técnicas de la biotecnología molecular. En lo operativo se crea una sola comisión de consulta, denominada Comisión de Análisis de Riesgo de Organismos Vivos Modificados CONARGEN, que tendrá no solo las funciones referidas al análisis y gestión del riesgo de los OVMs, sino también asesorar a las autoridades competente en aspectos técnicos y científicos relacionados con la seguridad de la biotecnología molecular, apoyar en la formulación de políticas y estrategia en materia de seguridad de la biotecnología molecular y en el desarrollo e implementación de una estrategia nacional en materia de bioseguridad. La CONARGEN estará integrada por: Un representante del Ministerio de Salud. Un representante del Laboratorio de Cultivos de Tejidos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua -León. Un representante del laboratorio de biotecnología de la Universidad Nacional de Ingeniería Un representante del laboratorio de biología molecular de la Universidad Centroamericana. Un representante del laboratorio de biología molecular de la Universidad Nacional Agraria. Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un representante del MAG-FOR Un representante de MARENA Un representante de los organismos de la sociedad civil. Un representante del sector privado agropecuario. Frente a solicitudes específicas, la Comisión deberá emitir un dictamen científico-técnico no vinculante y posteriormente, la autoridad de aplicación, MAG-FOR o MARENA, emitirán una resolución debidamente fundamentada autorizando o denegando una solicitud, la cual se debe basar en el análisis del riesgo. También se establece que los permisos para liberación al ambiente de organismos vivos modificados deben basarse en el procedimiento paso a paso e incluir información al menos sobre los siguientes aspectos: - Resultados del procedimiento paso a paso, uso confinado y uso contenido, con referencia a los permisos otorgados para esos fines. - Recomendaciones específicas de manejo en el campo, transporte y almacenamiento. - Acreditación del organismo vivo para ser liberalizado, según el tipo de uso en el país de origen o en el país que fue desarrollado, conforme a la legislación del mismo. En lo general el proyecto actualmente bajo consideración (Anexo) se inscribe en lo que son las tendencias prevalecientes en la materia y si bien es multi-institucional y cruza distintos Ministerios, establece ámbitos de responsabilidad bastante claros en cuanto a quien debe decidir en los distintos casos, lo cual permite anticipar que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, no deberían existir mayores conflictos en este sentido. La gran debilidad que presenta el esquema propuesto radica en la debilidad de los procedimientos institucionales sobre los que deberá asentarse y la falta de personal adecuadamente capacitados en las 1314 distintas materias involucradas para poder pasar juicio sobre los temas que sean puestos a su consideración. Las regulaciones en el área de la propiedad intelectual La protección de la propiedad intelectual en Nicaragua esta reglada por un complejo de normas que cubren tanto los temas de patentamiento, como de los derechos de obtentor y otros vinculados tales como marcas, cuestiones de diseño industrial, etc. La base del sistema de protección esta incluida en las siguientes normativas de aplicación en el país: Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial El Acuerdo de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC) El Convenio de UPOV Acta 78 Acuerdo ADPIC de la OMC Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), Acuerdo con EEUU de Propiedad Intelectual Acuerdo de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América. Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes. Ley Nº 354 de Patentes de Invenciones, Modelos de Utilidad Diseños Industriales Ley Nº 579 de reformas y adiciones a la Ley 354 de Patentes de Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales Ley Nº 380 de Marcas y otros Signos Distintivos Ley Nº 580 de reformas y adiciones a la Ley 380 de Marcas y otros Signos Distintivos Ley No. 318 de Protección para las Obtenciones Vegetales Decreto Nº Reglamentario de la Ley Nº 318 de protección para las Obtenciones Vegetales La autoridad competente en lo que hace a la administración de la propiedad intelectual en Nicaragua es el Registro de la Propiedad Intelectual, el cual es una dependencia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. De acuerdo a la normativa vigente le corresponde al registro tramitar y, en su caso, otorgar: - patentes de invención, - registro de modelos de utilidad, - diseños industriales, - marcas y otros signos distintivos, - título de obtentor, - depósito o registro de los derechos de autor y derechos conexos, - y las demás que otorgan las leyes de propiedad intelectual. Este conjunto de instrumentos confiere un amplio marco de protección en cuanto a las innovaciones biotecnológicas, tanto por el lado del patentamiento de materiales, procedimiento y genes, como en lo que hace a las obtenciones vegetales sobre las cuales se asienten luego las innovaciones biotecnológicas. En lo que hace al material biológico o a un procedimientos para obtener un material biológico, la legislación de patentes plantea que la protección prevista se extenderá también a todo material biológico derivado por multiplicación o propagación del material directamente obtenido del 1415 procedimiento y que posea las mismas características. En el caso de que la protección sea sobre una secuencia genética especifica o un material biológico que contenga tal secuencia, la protección se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética. En cuanto a genes individuales La legislación nicaragüense no plantea limitaciones a que sea patentado un gen aislado de su entorno natural, purificado y adecuadamente caracterizado, siempre que cumpla con las condiciones de patentabilidad; es decir novedad, altura inventiva y ser susceptibles de una explicita aplicación industrial. En la práctica aun no se ha otorgado ninguna patente en este campo. En lo que hace a los Derechos a los Obtentores Vegetales, los títulos se entregan sobre variedades vegetales de todos los géneros y especies que cumplan con el requisito de ser nuevas, distinguible, suficientemente uniformes, estables y ser designado con una denominación única y se conceden por un período de tiempo limitado de 20 años y son de alcance nacional. Las variedades protegidas pueden utilizarse para obtener nuevas variedades sin autorización del titular de los derechos, salvo en algunas situaciones específicas, generalmente aplicables a las variedades ornamentales. Si bien el Órgano Competente encargado de la administración y aplicación de este tema es, como se indico arriba, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, a través del Registro de la Propiedad Intelectual RPI, donde el derecho de obtentor será establecido y se otorgara el respectivo Título de Propiedad. Los aspectos técnicos y el examen de fondo en el caso de los derechos de obtentos son responsabilidad del Departamento de Semillas y del Comité Calificador para la Protección de Variedades Vegetales (CCPVV), creado por la normativa. Hasta el presente no han existido problemas con la aplicación del marco descrito, pero lo cierto es que al no haberse concedido aún ninguna patente, no han existido puntos de conflicto entre los distintos componentes de la normativa, los que podrían surgir como consecuencia de que Nicaragua es miembro de la Convención de la UPOV de acuerdo al acta de 1978, la que establece que se puede reconocer el derecho del obtentor mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente; pero que solo se puede aplicar una de ellas a un mismo género y especie. Dado lo señalado en la frase anterior y al hecho que el Derechos de Obtentor es aplicable a todos los géneros y especies vegetales, en principio no se podrían patentar en Nicaragua variedades vegetales. Pero como la Ley de Patentes permite proteger procedimientos para obtener un material biológico o una secuencia genética especifica o un material biológico que contenga tal secuencia, y que en esos casos la protección se extenderá a todo producto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva información genética, se genera un punto de confusión en como se aplicaría UPOV acta 78 a una especie a la que se le otorguen derechos de obtentor y si a la misma especie se le efectué un procedimiento para incorporar un gen por ejemplo y luego la variedad con el gen se quisiera patentar. Este tipo de conflictos, como se ha indicado no se ha dado en la práctica, pero sería conveniente anticiparlos y en función de esto mejorar la normativa sobre derechos a los obtentores vegetales, buscando dotarla de mayor eficacia y eficiencia y aprovechar esas modificaciones para cumplir con el compromiso asumido en el Tratado de Libre Comercio, TLC, de Centroamérica y República Dominicana con EEUU, de adhesión al acta de UPOV 1991 en el año16 La actualización legal debería: extender el alcance del Derecho del Obtentor en los actos respecto del material de reproducción o de multiplicación, a la posesión para cualquiera de los fines mencionados; al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación; e incorporar la protección provisional, para salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud del derecho o su publicación y la concesión del Título. Este proceso de actualización legal además de los aspectos mencionados debería incluir el tema del acceso a los recursos filogenéticos, el cual es un tema de particular importancia dados los recursos de biodiversidad de que dispone el país. En este sentido en la actualidad se cuenta con una propuesta consensuada sobre este tema como parte de un proyecto de Ley sobre Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica presentada al Parlamento para su consideración, por una Comisión de Trabajo Interinstitucional, integrada por: MARENA, MAGFOR, INTA, IICA, UNA, URACCAN y Alianza de Protección a la Biodiversidad de Nicaragua (conformada por Organizaciones de Sociedad Civil entre ellas: CENIDH, CISAS, CENTRO HUMBOLDT, FENACOOP, LIDECONIC, UNAPA, UITA, SIMAS y PCAC-UNAG). Esta propuesta plantea un completo sistema de acceso a los recursos biológicos, y es aplicable a la conservación in situ y ex situ, a las áreas naturales protegidas, a los centro de diversidad genética, al acceso a recursos biológicos, a asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del aprovechamiento de la diversidad biológica, a la promoción de la investigación sobre la diversidad biológica, y a asegurar el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos las innovaciones y las practicas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Sin embargo, en su actual texto no considera explícitamente el sistema multilateral de acceso a recursos fitogenéticos y distribución de beneficios incluidos en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO del cual Nicaragua es parte, y por lo tanto, debería modificarse para asegurar la presencia de las medidas jurídicas necesarias y apropiadas para aplicar dicho sistema multilateral. Con relación a las capacidades nacionales, el proyecto Ley establece una institución responsable de la gestión del acceso a los recursos fitogenéticos, la que deberá contar con suficiente personal capacitado y con una adecuada reglamentación que le posibilite llevar adelante esta importante actividad. Asimismo, la propuesta reconoce a la biotecnología, como herramienta para la producción de conocimiento cuya aplicación debe convertirse en bienes y servicios, debe usarse para contribuir a la identificación y conocimiento de la agro biodiversidad de Nicaragua, potenciando de esa forma sus recursos genéticos. Aprovechando el cambio normativo mencionado acerca de la legislación vigente en cuanto a derechos del obtentor y la propuesta sobre acceso a los recursos filogenéticos, se debería reajustar ciertos mecanismos de aplicación del Privilegio del Agricultor, examinando factores pertinentes que pueden tomarse en cuenta al momento de considerar una reglamentación dentro de límites razonables, en lo que tenga que ver con las especies que se regulen, el fin a que se dedique la cosecha del cultivo, el tamaño de la explotación/la superficie de cultivo, a los 1617 efectos de solo permitirlo a pequeños productores, limitándolo a un área máxima y la proporción del cultivo cosechado, fijando un % máximo del área de siembra. El marco descrito incluyendo tanto los aspectos existentes como los propuestos en la nueva Ley aparece, en lo general, como bastante adecuado a las necesidades actuales y del futuro inmediato, sin embargo, la situación es bastante distinta en cuanto a las capacidades de implementación del mismo, ya que ni en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, ni en el MAGFOR, existen las capacidades administrativas y los recursos humanos para hacer una efectiva implementación de las regulaciones existentes. Esta es una deficiencia que cualquiera sea la orientación de políticas que se adopte debería se considerara como prioritaria de resolver, sin embargo, se debe trabajar en el contexto de que la demanda interna, tanto desde el sector de la investigación, como de parte de sector privado, es muy reducida o inexistente. A nivel de la investigación, ni en el INTA ni en las universidades, hay incentivos para utilizar los instrumentos de propiedad intelectual para los productos que desarrollan, ya que importan más los productos académicos publicaciones, etc.- que los vinculados al mercado. Por otra parte en el campo empresarial las actividades en cuanto a liberación, inscripción y protección de nuevas variedades vegetales tanto nacionales como extranjeras, son bastante limitadas (en el mercado nicaragüense, quien mas libera es el INIA y por el momento no protege los derechos sobre sus materiales), y por lo tanto tampoco existe en Nicaragua una organización que agrupe y proteja los intereses de los obtentores vegetales y que los ayude tanto a defender sus intereses como a ordenar la gestión relativa a la producción, comercio y licenciamiento de los materiales protegidos. Introducir mejoras en esta situación debería tomarse con prioridad, independientemente de la importancia que estos temas puedan tener para el desarrollo de una política en el área de la biotecnología, ya que sin un sistema de semillas que funcione, no solo se están perdiendo los beneficios de este tipo de tecnologías, sino también buena parte de los que se podrían aprovechar de las tecnologías convencionales. 3.1 Alcances del presente informe Los alcances del presente informe tienen su fundamento en la conclusión del Proyecto y sus logros alcanzados, de tal manera que se recogen importantes acciones desarrolladas a lo largo del horizonte de planeación del mismo. Además, considerado que sus componentes principales están organizados bajo las directrices y mandatos jurídicos que sirven de referencia para consolidar un marco jurídico de bioseguridad, que en habida cuenta, tienen implicaciones trascendentes, sin embargo, un marco jurídico de bioseguridad, debe concebirse bajo un concepto estratégico, el cual, de hecho, no se puede alcanzar con el simple hecho de tener un proyecto, puesto que el país continuara avanzando hasta alcanzar la jurisprudencia en materia de la aplicación de las normas y un alto porcentaje en dominio del conocimiento de la parte científica y técnica en el marco del tema. Deleted: 3.2 Temas principales abordados y el énfasis del proyecto. Cabe mencionar que el énfasis del proyecto no puede verse de manera unidimensional, puesto que había que aprovechar la fortaleza del mismo para lograr la generación de instrumentos vitales, como lo fue el proyecto de Ley de bioseguridad (Anexo), dictaminado en la actualidad por el Congreso Nacional. Además de este esfuerzo, puede relacionarse entre otros los siguientes granes temas abordados y generados como productos: 1718 Diagnósticos importantes sobre el estado legal y el tratamiento que en el país se le daba al tema. Una estructura de carácter científico compuesto por instituciones del estado y la parte científica de la Universidades relevantes en el país. Universidad Nacional Agraria, Universidad Autónoma de Nicaragua y la Universidad de Ingeniería. Fortalecimiento de la Comisión de Análisis de riesgos de los Organismos Genéticamente modificados. Un comité interinstitucional con la participación de representantes de la sociedad civil en donde se debaten distintos temas relacionados con los Organismos Genéticamente modificados. El apoyo a la formulación de proyecto para la administración de infamación de OVM denominado BCH., el cual ya fue aprobado por el PNUMA las autoridades Nicaragüenses. La capacitación en el conocimiento de OVM a personal de instituciones del estado, universidades y la sociedad civil. Se logro reducir en el país una fuerte polémica de cómo se debía tratar el tema de bioseguridad. Antes del proyecto no se tenía la suficiente claridez entre las instituciones pertinentes y la sociedad civil sobre los organismos genéticamente modificados. El tema de bioseguridad sirvió como eje para estructuras comisiones multidisciplinarias y abordar la problemática de manera objetiva. Como fortaleza de las comisiones de trabajo, se logro un canal para el intercambio de conocimientos alrededor del tema de bioseguridad con los Diputados de la Comisión de salud de la Asamblea Nacional. 4. PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA Más de 130 países adoptaron el Protocolo de Seguridad de la Biotecnología en Montreal, Canadá el 29 de Enero de Se le llama Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad en homenaje a Colombia, que fue anfitrión de la Conferencia Extraordinaria de las Partes de la Convención Sobre Diversidad Biológica (CBD) en Cartagena en El objetivo de este primer Protocolo de la CBD es contribuir a la transferencia, manipulación, utilización segura de organismos vivos modificados (OVM) como plantas, animales y microbios alterados genéticamente, que cruzan las fronteras internacionales. El protocolo esta dirigido también a evitar los efectos adversos en la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y la salud humana. Basado en este antecedente, Nicaragua como país signatario ha mantenido su responsabilidad en la participación activa y seguimiento a las directrices establecidas 4.1 Participación del país en las COP/MOP y en las etapas previas Nicaragua ha participado en tres ediciones de COP/MOP principalmente, esta participación ha sido vital debido a que los elegidos se han podido capacitar en el manejo de las negociaciones en cuanto a las resoluciones, las cuales representan las decisiones y directrices a seguir en el tema de los OVM, en este sentido, Nicaragua participó en la COPMO1, con tres representantes, en la COPMOP 2, con tres representantes y la COPMOP 3, con dos representantes. 1819 4.2 Proceso de Ratificación El importante mencionar que el proceso para la ratificación del Protocolo por parte de Nicaragua, a pesar de ser un evento tan importante, no tuvo mayores adversidades para el auto en vista de estar consciente de tener un instrumento de tal naturaleza para dar seguimiento al tema de los OVM, por tal motivo en apego al sistema jurídico nacional, el Estado de Nicaragua procedió a aprobar y ratificar el Protocolo de Cartagena, mediante Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional No.3248 y a través del Decreto Ejecutivo dictado por el Presidente de la República, para el depósito del instrumento de ratificación, con fechas 21 de marzo 2002 y 28 de junio de 2002, publicados en las Gacetas Diario Oficial No.56 y 121 respectivamente. - Posiciones de diferentes sectores (optativo) 5. POLÍTICA DE BIOSEGURIDAD Con respecto a una Política de bioseguridad, hubo intentos de su formulación a través un documento inicial, el cual quedo relegado por el hecho de haberle dado mas énfasis a una Ley de Bioseguridad, en este sentido se destaca el hecho de que al parlamento nacional llegaron dos anteproyectos de ley de bioseguiridad, una proyecto presentado por el ejecutivo y el otro por la sociedad, situación que origino en la conformación de una gran comisión para abordar el tema. Después de innumerables talleres, se acordó un solo proyecto de Ley, habiendo tenido como insumos los dos proyectos mencionados anteriormente. El nuevo proyecto un amplio consenso de todos los actores, este hecho resto campo a la política de bioseguridad que se había presentado a nivel de un esquema borrador. Sin embargo, se genero otra iniciativa para la formulación de una política de biotecnología, basada en las premisas de que en los últimos veinte años la biotecnología se ha ido paulatinamente instalando como la base del desarrollo tecnológico en lo que hace a la agricultura y la alimentación y, al mismo tiempo, en la base de un debate bastante intenso sobre los riesgos y oportunidades que su utilización trae consigo. Que esto haya ocurrido, no debe sorprender, en parte porque es evidente que las nuevas tecnologías demandan sistemas de conocimientos y de gestión social, mucho más complejos que los que estaban instalados para el manejo de las tecnologías a las que hoy nos referimos como convencionales. Temas como la regulación y gestión de la propiedad intelectual, la protección del medio ambiente y la salud de los consumidores, las relaciones público privadas, se están transformando en ejes centrales e ineludibles del debate, tanto a nivel nacional como internacional y comienzan a exigir definiciones claras y específicas de parte de los gobiernos y los distintos actores sociales involucrados. Todos estos cambios y el propio debate que ellos impulsan demandan que se profundice la discusión, de manera de que se puedan tomar decisiones inteligentes al respecto de cómo proceder frente a los nuevos escenarios, y explotar al máximo las oportunidades que ofrecen los nuevos conocimientos. Lo anterior es demostrado por un diagnostico de la situación de la biotecnología y la bioseguridad en Nicaragua, lo cual ha servido como un soporto para que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se dispusiera en la formulación de una política de biotecnología, la que obviamente esta relacionada de manera estrecha con el tema de la bioseguridad. No obstante, se evalúa la necesidad de formular una política de bioseguridad en el futuro, de la cual ya se ha desarrollado un esquema base. 1920 Con relación a la política de bioseguridad, la cual se encuentra en vías de aprobación por la autoridad competente, define siete lineamientos estratégicos que recogen las necesidades y prioridades de desarrollo del país: 1) Fortalecimiento, promoción y articulación del marco legal Promover al menos los siguientes instrumentos legales: Ley General de Prevención de Riesgos Provenientes de OGM, de la que se derivará además la creación de las normativas que correspondan. Ley sobre responsabilidad y compensación por daños resultados de las actividades vinculadas a Organismos Vivos Modificados. Promover los instrumentos jurídicos necesarios para establecer un régimen de propiedad intelectual para la protección de procesos y técnicas vinculados a la biotecnología. Marco legislativo vinculado al reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual colectivos, conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales asociados a la utilización de recursos genéticos agropecuarios y forestales, con el objeto de facilitar los procesos de transferencia y distribución de los beneficios derivados de la biotecnología. 2) Institucionalización de la biotecnología Conformar el departamento de biotecnología en el Ministerio Agropecuario y Forestal con el objetivo de fortalecer las actividades de implementación y seguimiento de políticas y programas y las de evaluación y gestión del riesgo. Establecer mecanismos para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de seguridad de la biotecnología, promoviendo su incorporación en la legislación nacional, políticas, planes, estrategias sectoriales y programas nacionales. Ejecutar un Programa Nacional de biotecnología para el desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal. 3) Desarrollo de la investigación y transferencia de técnicas biotecnológicas Formular las líneas temáticas para el desarrollo de la biotecnología en pro del desarrollo sostenible y crecimiento del sector agropecuario y forestal Promover la capacitación de recursos humanos en materia de biotecnología para el desarrollo y crecimiento del sector agropecuario y forestal. Promover y fortalecer las investigaciones e implementación de mecanismos que contribuyan a la conservación, protección, y utilización sostenible de los recursos genéticos existente en el País. Desarrollo de una red nacional para la protección, rescate, conservación, uso sostenible y caracterización molecular de los recursos genéticos de especies Nacionales. Promover programas de investigación y transferencia en biotecnología agropecuaria y forestal que favorezca el conocimiento, manejo y el aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos para el sector agropecuario y forestal y la protección del ambiente. 20 Mostrar más
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References: artículo 19
 resolución 
 Artículo 17
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 6
 Artículo 1
 Artículo 9