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Timestamp: 2020-06-02 17:12:30+00:00

Document:
Resolución Vinculante de DGT, V0418-20, 21-02-2020 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0418-20 de 21 de Febrero de 2020
Núm. Resolución: V0418-20
Ley 29/1987 arts. 3, 5, 7 y D-A- 2ª
Los padres de la consultante, residentes en la Comunidad de Madrid, desean donar a su hija, residente en Reino Unido desde hace ocho años, el dinero obtenido por la venta de un fondo de inversión que durante más de cinco años ha estado gestionado por una oficina ubicada en Madrid. A principios de este año su gestión se ha trasladado a la Comunidad de Castilla La Mancha.
El artículo 3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de 19 de diciembre de 1987) –LISD– dispone lo siguiente en su apartado 1.b):
«Artículo 3.º Hecho imponible.
El sujeto pasivo del impuesto se encuentra regulado en el artículo 5 de la LISD en estos términos:
«Artículo 5.º Sujetos pasivos.
Por otra parte, el artículo 7 del mismo texto legal recoge que:
A los contribuyentes no incluidos en el artículo inmediato anterior se les exigirá el impuesto, por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con Entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con Entidades extranjeras que operen en ella.».
Los padres de la consultante pretenden efectuar una donación de un dinero procedente de la venta de un fondo de inversión gestionado por una oficina bancaria ubicada en Madrid durante más de cinco años y que recientemente ha trasladado su gestión a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
La consultante, que será la donataria de la donación proyectada, no es residente en España. Por lo tanto, de acuerdo con los preceptos transcritos, se le exigirá el impuesto sólo por la llamada obligación real, es decir, exclusivamente por las donaciones que reciba en territorio español. A este respecto, dado que el dinero a donar estará situado en España en el momento de la donación, partiendo de esa premisa, la consultante estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el concepto de donación.
Posteriormente, el Tribunal Supremo ha dictado, entre otras, las sentencias 242/2018, de 19 de febrero de 2018, 488/2018, de 21 de marzo de 2018, y 492/2018, de 22 de marzo de 2018, sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador, derivada de la aplicación de la normativa estatal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, contraria al Derecho de la Unión Europea, según sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014. En estas sentencias, procedentes de recursos interpuestos por ciudadanos residentes en países terceros no pertenecientes a la UE ni al EEE, el Tribunal Supremo ha determinado que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los residentes en países extracomunitarios. La base fundamental de la argumentación del Tribunal Supremo reside en el criterio sostenido por el TJUE en sentencia de 17 de octubre de 2013, sobre la interpretación de los artículos 6_0056art>56 CE y 58 CE –Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea–(actuales artículos 63 y 65 TFUE –Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
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Conforme a la normativa expuesta, la consultante tendrá derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde haya estado situado el dinero un mayor número de días del periodo de los cinco años inmediatos anteriores contados de fecha a fecha.
Por otra parte, al no ser la donataria residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, tal y como establece el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común, y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el organismo competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (C/ Infanta Mercedes, nº 49. Madrid; registro en C/ Lérida, nº 32-34).
Quinta: La consultante tendrá derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde haya estado situado el dinero un mayor número de días del periodo de los cinco años inmediatos anteriores contados de fecha a fecha.
Sexta: Al no ser la donataria residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, tal y como establece el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de la Comunidades Autónomas de régimen común, y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, el organismo competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (C/ Infanta Mercedes, nº 49. Madrid; registro en C/ Lérida, nº 32-34).
Orden: Civil Fecha: 19/03/2008 Tribunal: Ap - Badajoz Ponente: Muñoz Acero, Marina De La Cruz Num. Sentencia: 93/2008 Num. Recurso: 391/2007
Resolución Vinculante de DGT, V3059-19, 30-10-2019
Órgano: Sg De Impuestos Patrimoniales, Tasas Y Precios Públicos Fecha: 30/10/2019 Núm. Resolución: V3059-19

References: Resolución 
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 32
 artículo 32

Resolución