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Timestamp: 2019-09-23 20:26:17+00:00

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﻿ Sentencia T-412 de junio 17 de 1992
SENTENCIA T-412 DE 17 DE JUNIO DE 1992
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES. EN EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 42 DEL DECRETO 2591/91 SE PROTEGEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE PUEDEN SER VULNERADOS O AMENAZADOS POR UNA ORGANIZACIÓN PRIVADA CON LA SOLA CONDICIÓN DE LA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN O INDEFENSIÓN CON TAL ORGANIZACIÓN. DERECHO AL BUEN NOMBRE. EN EL CASO DE LA PROTECCIÓN DE LA REPUTACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES, EL CONSTITUYENTE CONSIDERÓ NECESARIO DESARROLLAR EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE EN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN. PERO EL NÚCLEO ESENCIAL DEL ARTÍCULO 15 PERMITE TAMBIÉN PROTEGER A LAS PERSONAS JURÍDICAS, ANTE LA DIFAMACIÓN QUE LE PRODUZCAN EXPRESIONES OFENSIVAS E INJURIOSAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERSONA JURÍDICA, GOOD WILL, INJURIA, SUBORDINACIÓN LABORAL, DERECHO AL BUEN NOMBRE, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES
Sentencia T-412 de junio 17 de 1992
Ref.: Expediente T-875
Peticionaria: Luz Marina Ávila Castro
Procedencia: Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-875, adelantada por Luz Marina Ávila Castro.
Luz Marina Ávila Castro, actuando en nombre propio, presentó ante el juez penal municipal (reparto) de Santafé de Bogotá una petición de tutela basada en los siguientes hechos:
La peticionaria es codeudora de un préstamo que otorgó la empresa Cresistemas S.A. a su esposo, deuda que se encuentra garantizada con cheques y letras de cambio que suscribieron los deudores. Debido a dificultades patrimoniales, la peticionaria afirma no haber podido cumplir con su obligación de codeudora, por lo cual la empresa acreedora decidió enviar al lugar de su trabajo a un cobrador. Este cobrador profirió una amenaza a la deudora, consistente en el hecho de que si ésta última no cumplía con sus obligaciones, aquél se colocaría su “ropa de trabajo” y la intimidaría en presencia de sus compañeros de labores. La ropa de trabajo era un disfraz denominado popularmente de “chepito”, que consiste en un llamativo atuendo compuesto de sacoleva, sombrero y maletín color negro que lleva la inscripción “deudor moroso”, cuyo fin es colocar a la persona —que tiene una obligación pendiente— en ridículo frente a los demás para de esta forma obligarla a cumplir con sus créditos.
Como la peticionaria misma lo afirmó, por el inmenso “nerviosismo, pena y vergüenza con los visitantes y compañeros de oficio”, solicitó y obtuvo una licencia laboral, para lograr conseguir el dinero y pagar la deuda.
De acuerdo con el testimonio de una compañera de trabajo de la señora Ávila Castro, el intimidador volvió a realizar la cobranza “dos veces de civil y otra vestido de chepito, despertando la curiosidad de las personas que ingresaban al lugar de trabajo”, según consta en el proceso.
La acción de tutela impetrada por Luz Marina Ávila Castro se fundamentó en los siguientes artículos de la Constitución: 13 (protección especial del Estado para personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta) y 15 (derecho al buen nombre).
2. Fallo del Juzgado Once Penal Municipal de Santafé de Bogotá (Providencia de enero 30 de 1992).
En primera y única instancia el juzgado penal municipal no accedió a la petición de tutela propuesta por Luz Marina Ávila Castro, que apuntaba a evitar la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
Los siguientes fueron los argumentos del juzgado penal municipal de Santafé de Bogotá para denegar la solicitud:
1. La labor del cobrador no alcanzó a vulnerar el derecho que invocó la accionante.
2. La amenaza que realizó por una sola vez, una persona con traje de calle y que se presentó ante la accionante, no era suficiente motivo para solicitar la acción de tutela.
1. De la acción de tutela frente a particulares.
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para dictar Sentencia de Revisión del fallo proferido por el Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 2º del Decreto 2591 de 1991.
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
El caso que ocupa a esta sala de Revisión está comprendido en lo establecido en el inciso final del artículo 86 de la Constitución y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por tratarse de una acción de tutela contra una organización privada.
— Cuando el particular esté encargado de un servicio público.
Tanto el artículo 86 de la Constitución como el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 utilizan los términos “subordinación” e “indefensión” que en su sentido jurídico significan:
“Subordinación”: Condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. En el derecho laboral constituye el elemento característico y el más importante del contrato de trabajo, de tal manera que cuando existe, comienza hacia esa relación contractual la tutela del Estado”.
“Indefensión”: La violación del derecho de defensa y su garantía constitucional colocan a la persona en estado de indefensión. La indefensión se produce cuando una persona, sin culpa de su parte, no ha podido defenderse o defender sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”(1).
2. De la justicia ejercida por particulares.
3. Derecho de la esfera interna de la persona.
En el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución se consagra que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra, bienes, creencias y en los demás derechos y libertades.
Como quiera que existen artículos expresos referentes al derecho a la vida, a los bienes, a la religión y creencias, y a las libertades de la persona humana, se creyó conveniente consagrar normas que prescriban el deber del Estado y de los particulares de proteger la esfera interna de las personas(2)
El artículo 15 de la Constitución relativo al derecho a la intimidad, contiene una zona de reserva para la propia persona, de la que quedan excluidos los demás, a menos que la persona protegida decida voluntariamente compartir dicho ámbito. Contiene dicho artículo, entre otros, los derechos a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada. Todos estos derechos están unidos por su finalidad, cual es la de aislar a la persona de las injerencias de terceros, así como proteger su imagen.
Esta ha sido la interpretación que la doctrina constitucional contemporánea le ha dado al término “buen nombre” y que fue recogida por el Tribunal Constitucional Español en Sentencia 137 de 1985, en el caso Derivados de Hojalata S.A.(3)
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” (subrayas y negrillas no originales).
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” (subrayas y negrillas no originales).
Como se podrá observar, las normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos son vinculantes, pero en ésta última el concepto de honra está más protegido que en aquél. Para interpretar ésto, se debe recurrir a los artículos 46 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y al artículo 29 (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que establecen que ninguna disposición del Pacto Internacional o de la Convención puede ser interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que consagre la norma más generosa.
Con los fundamentos anteriores se concluye que la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene una cláusula más amplia titulada “Protección de la honra y de la dignidad” y cuyo primer apartado se refiere en forma exclusiva a ese derecho.
La Constitución reconoce y garantiza la honra de “todas” las personas, sin excepción alguna. El artículo 13 de la Constitución consagra expresamente el derecho a la igualdad ante la ley, vedando cualquier discriminación. La dignidad de la persona es el soporte y fundamento de dicha igualdad.
Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos(4).
Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno —el sentimiento interno del honor—, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros —honra—.
Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata (art. 85 de la Constitución), por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica.
4. Núcleo esencial del derecho a la honra.
5. Sobre la vulneración o la amenaza.
Tanto en el artículo 86 de la Constitución como en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 se establece que la acción de tutela está encaminada a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala el decreto.
Como se podrá observar, el artículo 86 de la Constitución, como el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, disponen que la protección de los derechos constitucionales fundamentales va dirigida en dos sentidos:
a) Cuando resulten vulnerados.
b) Cuando sean amenazados.
a) Cuando la violación ya ha ocurrido.
b) Cuando está ocurriendo en el acto.
c) Cuando exista amenaza de violación.
La amenaza se asemeja a la figura que en materia penal se denomina “tentativa”, que es la no consumación del delito o que el tipo del delito no ha sido realizado en su totalidad, pero el fracasado intento pone en peligro al bien jurídico tutelado, la vida en común y la paz jurídica, de modo tal que se ha de reaccionar frente a ello con una pena por razones de prevención general y especial. Pero por otra parte, se llegaría demasiado lejos si se castigara como tentativa, cualquier conducta que manifieste al exterior que se pretende realizar un delito; tal modo de operar sacrificaría por completo la seguridad jurídica. Acto ejecutivo no es entonces solamente el que supone la violación de una norma penal que protege el bien jurídico atacado, sino aquél que lo coloca en un inmediato peligro por invadir su órbita de protección.
6. Consideraciones en relación con el caso particular.
En el caso concreto la entidad contra la que se promovió la acción de tutela es de orden particular; se trata de una sociedad anónima, de derecho privado, regulada por el derecho privado, como tal la conducta se subsume en el numeral 4º del Decreto 2591 de 1991, porque se presentan los requisitos allí establecidos, así:
1. Tutela dirigida contra organización privada: ésta se presentó efectivamente contra la firma Cresistemas S.A., que es una persona jurídica de orden privado.
2. Que se dirija la tutela contra el beneficiario o controlador: la sociedad Cresistemas S.A. se beneficiaba directamente con el cobro, porque en el evento de ser cancelada la obligación se evitaba de esta forma el inicio de un proceso ejecutivo.
De conformidad con las pruebas aportadas al expediente (declaración del sr. Luis Fabio Serrano Ávila y de la señorita Doris Stella Romero Santos), se demostró que el cobrador acudió al sitio de trabajo de la sra. Luz Marina Ávila Castro, a conminarla a cumplir con una obligación civil que se encontraba pendiente de pago, con la amenaza de que si no se obtenía el resultado inmediato, procedería a utilizar el disfraz de “chepito”, para que de esta forma y ante la intimidación que la sola imagen produce, se viera obligada a cancelar la deuda.
En consecuencia, para esta Corte es claro que la reputación de la peticionaria ha sido vulnerada. Se trata entonces, como lo solicita la actora, de la vulneración a su buen nombre (art. 15), considerado como concepto genérico, pero además del derecho fundamental a la honra, como norma específica consagrada en el artículo 21 de la Constitución.
No es sólo por la vía del artículo 15 de la Carta (buen nombre), sino además por la vía del artículo 21 (honra) que se protege la reputación de la sra. Luz Marina Ávila Castro.
En desarrollo del artículo 229 de la Constitución ya mencionado (vid supra), existen claramente otros medios determinados en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, que establecen los derechos y trámites a seguir para lograr el pago de una obligación vencida y el resarcimiento por los perjuicios causados con el incumplimiento. Por esta razón, así como por las expuestas en la parte de las consideraciones jurídicas, ninguna autoridad judicial podrá avalar la actitud de ejercer justicia por la vía privada.
En el caso concreto, el ataque al derecho fundamental a la honra se inició con la amenaza, cuando el cobrador de la firma Cresistemas S.A. le manifestó a la peticionaria que si no cancelaba la obligación se vestiría de “chepito”.
Y el ataque al derecho continuó con la vulneración cuando el cobrador apareció con el disfraz puesto en las dependencias de la división administrativa y financiera de la Universidad Católica de Colombia, en donde trabajaba la sra. Ávila Castro como da cuenta la srta. Doris Stella Romero Santos.
Por lo tanto, para esta Sala de Revisión, la actitud tanto de amenaza como de vulneración constituye un verdadero atentado al derecho a la honra de la sra. Luz Marina Ávila Castro.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no comparte los planteamientos expuestos en la Sentencia de tutela proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, ya que existen en el proceso razones suficientes para proteger el derecho fundamental de la peticionaria, sin que la Corte Constitucional desconozca el derecho al pago que tiene el acreedor y la obligación de cumplimiento por parte del deudor.
Igualmente, respecto de las personas naturales en particular, se compulsarán copias a la autoridad competente de conformidad con el artículo 1º de la Ley 23 de 1991, para la investigación de la contravención especial denominada “Ejercicio arbitrario de las propias razones”, y para que se determine si la misma conducta de los cobradores también encuadra en otro u otros tipos penales.
1. REVOCAR la providencia proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, de fecha enero 30 de 1992, mediante la cual denegó la solicitud de tutela que presentó la sra. Luz Marina Ávila Castro, por las razones expuestas en esta sentencia.
2. CONCEDER la Acción de Tutela a la sra. Luz Marina Ávila Castro, por las razones expuestas en esta sentencia.
3. ORDENAR al Juez 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá que prevenga a la Sociedad Cresistemas S.A., en cabeza de su representante legal, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en el tipo de comportamiento que desató esta acción de tutela, so pena de hacerse merecedora de una sanción establecida en el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991.
4. COMPULSAR copias de esta sentencia de revisión al juez de juez de instrucción criminal (reparto) de Santafé de Bogotá para la de su competencia, por conducto de la secretaría general de la Corte Constitucional.
5. COMPULSAR copias de esta sentencia de revisión a la Superintendencia de Sociedades para lo de su competencia, por conducto de la secretaría general de la Corte Constitucional.
6. Cópiese, publíquese, notifíquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Constitucional y envíese al Juzgado 11 Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
1 Las dos definiciones se encuentran en el Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Argentina 1987. Tomos II y III.
2 Gaceta Constitucional nº 82, pág. 13.
3 López Guerra, Luis. Espín, Eduardo. García Morillo, Joaquín. Pérez Tremps, Pablo. Satustregui, Miguel. Derecho constitucional. Volumen I. El ordenamiento constitucional. Derechos y dereberes de los ciudadanos. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1991, pág. 182.
4 Cfr., Sentencia de constitucionalidad del 29 de mayo de 1992. Sala Plena.

References: ARTÍCULO 42
 ARTÍCULO 21
 ARTÍCULO 15
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 21
 artículo 229
 artículo 1
 artículo 53