Source: http://noticiasaborto.blogspot.com/2010/03/
Timestamp: 2018-03-20 19:25:06+00:00

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El 8 de marzo de 2010 el bloque de diputados/as de Nuevo Encuentro presentó su proyecto para consagrar el aborto libre hasta la semana 14 de embarazo como un derecho inalienable de todas las mujeres.
Es la primera vez en 27 años de democracia que un bloque partidario asume el compromiso de legalizar el aborto como política pública imprescindible para cumplir con los derechos humanos. Es también la primera vez que un partido político asume el desafío de ampliar el aborto legal hasta la semana 14 de embarazo, de acuerdo con los estándares internacionales vigentes.
Antes de este 8 de Marzo, día internacional de la mujer, el Congreso y los partidos políticos entendían la legalización del aborto como un tema "de conciencia": los bloques no toman posición como tales y "dejan que cada legislador/a vote según sus propias convicciones".
Bajo el maquillaje de las "alianzas transversales" fueron sepultados sin tratamiento más de 40 proyectos de legalización del aborto. Estos proyectos fueron presentados y acompañados por muchas Diputadas y Diputados junto a organizaciones sociales, ignoradas/os por sus propias/os compañeras/os de bloque. Y con ellos la justicia social para las mujeres, nuestro acceso universal a la salud, nuestros derechos humanos más básicos.
Legalizar el aborto es una medida de necesidad y urgencia, las mujeres abortamos clandestinamente en promedio 2 veces en nuestra vida, 500.000 abortos clandestinos por año, 1 aborto por minuto. Por lo menos 100 mujeres morirán este año como consecuencia directa y exclusiva de la prohibición del aborto. Según la OMS y el Comité de Derechos Humanos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los países donde el aborto se legalizó, inmediatamente las muertes bajaron a cero. El Congreso Nacional debe evitar estas muertes y terminar con la tortura de la clandestinidad y la impunidad de las muertes de más de 3000 mujeres pobres durante estos últimos 27 años.
Es una medida de justicia social y de redistribución de la riqueza. El negocio de la prohibición del aborto factura 1 millón de dólares diarios. Plata que proviene directamente de las horas trabajadas en condiciones de explotación por las mujeres más pobres y que va a los bolsillos monopólicos de pocos laboratorios y médicos. El aborto clandestino es una experiencia cotidiana para todas las mujeres, pero sólo las pobres nos morimos por abortos clandestinos mientras las ricas pagan hasta 5.000 pesos y más en consultorios y clínicas privadas.
Es una medida de igualdad de oportunidades. Garantizar la universalidad del derecho a abortar para todas las mujeres recoge los más altos estándares en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ampliar el acceso al aborto libre hasta la semana 14 de embarazo permite a una enorme cantidad de mujeres acceder al sistema de salud pública, acceso que hoy no existe.
Las y los legisladores tienen la responsabilidad de legislar para todas y de aprobar los proyectos de ley que garantizan la mayor igualdad de oportunidades para el acceso y ejercicio de los derechos humanos. Legalizar el aborto no es una cuestión de conciencia, es una cuestión de Estado que requiere el compromiso de los bloques partidarios.
El encuentro organizado hoy en la Cámara de Diputados por la Diputada Cecilia Merchán de Proyecto Sur es sin dudas un gran paso en esa dirección. Las Diputadas y diputados María Luisa Storani y Hugo Castañón (UCR), Liliana Parada, Victoria Donda, Cecilia Merchán (Proyecto Sur), Nelida Belous (Proyecto Progresista), se comprometieron a impulsar para este año la legalización del aborto ante unas 50 personas, representantes de organizaciones como la Secretaría de Género de la CTA, el Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, Mujerío, Enredadas por el Derecho a Decidir, Conuranas, la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto.
También estuvieron presentes asesoras y asesores de las y los Diputados Marcela Rodríguez y Claudia Gil Lozano (CC), Virginia Linares, Gerardo Milman y Horacio Alcuaz (GEN), Jorge Cardelli y Pino Solanas (Proyecto Sur) y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro).
En este encuentro se acordó además realizar el 22 de Abril una Jornada sobre aborto con medicamentos en el marco de la Comisión de Salud de la Cámara y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, un Parlamento de Mujeres para tratar la legalización del aborto.
Finalmente Martha Rosemberg, de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, anunció que el 16 de abril se presenta nuevamente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la campaña, que cuenta con la firma de por lo menos una veintena de diputadas/os. Confirmó que este proyecto es idéntico al presentado años anteriores: propone legalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo.
Gacetilla de prensa - Lunes 8 de marzo de 2010
Impulsan un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana catorce de embarazo.
Los diputados de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro y Jorge Rivas, presentaron hoy –Día Internacional de la Mujer- un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana catorce de embarazo. “Es imprescindible que la legalización del aborto se instale definitivamente en la agenda legislativa de 2010”, señalaron los diputados nacionales, que se reunieron la semana pasada con Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (LFDA), una de las agrupaciones que impulsan la norma. “Venimos trabajando desde hace tiempo esta temática consultando opiniones de especialistas y de numerosas organizaciones de la sociedad civil”, expresaron desde el bloque de Nuevo Encuentro.
“Es necesario dinamizar los proyectos existentes, reforzando los consensos. Siempre hubo proyectos pero nunca llegaron a tener tratamiento en la Cámara -explicaron las
referentes de LFDA-. Este proyecto es muy importante porque propone legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, como se ha hecho recientemente en España. Si esta ley se aprueba en Argentina estaremos dando un paso gigante para cumplir los
derechos humanos de las mujeres”. En los últimos 25 años, se presentaron alrededor de 50 iniciativas al respecto.
Acerca del compromiso asumido por los diputados de Nuevo Encuentro, agregaron: “El compromiso de los sectores progresistas es fundamental. Son los únicos que pueden impulsar la legalización del aborto, que es un paso clave para terminar con la hipocresía, el negocio y la tortura que se realizan sobre los cuerpos de más de quinientas mil mujeres que abortamos cada año”.
En la reunión, que se llevó a cabo en la sede del Encuentro, estuvieron presentes Sabbatella e Ibarra de Nuevo Encuentro y las representantes del colectivo Lesbianas y
Feministas por la Descriminalización del Aborto, Verónica Marzano, Gabriela Díaz Villa y María Luisa Peralta.
156589-8885 - 154449-1117 - prensasabbatella@partidoencuentro.org.ar
Fuente: http://www.parlamentario.com/noticia-27380.html
Piden legalizar el aborto
El bloque Nuevo Encuentro presentó la iniciativa en Diputados. En los últimos 25 años se presentaron más de 50 proyectos en ese sentido, sin que prosperara ninguno.
En el Día Internacional de la Mujer, los diputados de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro y Jorge Rivas, presentaron un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana catorce de embarazo.
“Es imprescindible que la legalización del aborto se instale definitivamente en la agenda legislativa de 2010”, señalaron los diputados nacionales. Agregaron que “venimos trabajando desde hace tiempo esta temática consultando opiniones de especialistas y de numerosas organizaciones de la sociedad civil”.
Los legisladores puntualizaron que “es necesario dinamizar los proyectos existentes, reforzando los consensos. Esta iniciativa es muy importante porque propone legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, como se ha hecho recientemente en España. Si esta ley se aprueba en Argentina estaremos dando un gran paso respecto de los derechos humanos de las mujeres”.
En los últimos 25 años, se presentaron alrededor de 50 iniciativas al respecto, todavía sin resolución.
Según el Ministerio de Salud, en Argentina se estima que se producen alrededor de 400.000 abortos clandestinos por año y esta práctica es una de las principales causas de mortalidad materna.
1. antes de las catorce semanas de gestación;
Artículo 5º.- Las prestaciones necesarias para la interrupción voluntaria del embarazo realizada en los términos de la presente ley serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio -o el que lo reemplace- y contarán con la cobertura total y gratuita de todos los servicios de salud del subsector estatal, de obras sociales y privado.
Artículo 8º- El Ministerio de Salud de la Nación reglamentará, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva creado por ley 25.673, la implementación del servicio de consejería previo y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con el cumplimiento de los objetivos de dicha ley.
Artículo 9º.- No se requerirá la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa para practicar la interrupción voluntaria del embarazo regulada por la presente ley. La única autorización que se requiere es el consentimiento informado de la mujer o su representante legal, conforme los artículos 3º y 4º de la presente ley.
"Artículo 85.- El que causare la interrupción de un embarazo será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
Si la conducta reprimida en este artículo la realizaran médicos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte, sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena".
"Cuando se aborda el tema del aborto y la forma en que el mismo es tratado por nuestra legislación, es fundamental hacer referencia a la historia de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. En primer lugar, hay que mencionar que hasta la década del noventa, no se habló, o mejor dicho se prohibió hablar, de salud sexual y reproductiva y los derechos correspondientes (diez años después de que el tema cobrara relevancia internacional). Por un lado, tanto el gobierno de Isabel Perón en 1974, como la dictadura militar en 1977, emitieron decretos que prohibían y eliminaban las actividades vinculadas al 'control de natalidad'. Recién en el año 1986, se dejaron sin efecto dichos decretos y de esa forma se eliminaron las prohibiciones sobre los servicios públicos de salud y las obras sociales en relación al tema. Esto ocurrió un año después de que el Congreso Nacional ratificara la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), pero el final de la vigencia de normas prohibitivas no significó la inmediata implementación de acciones positivas al respecto. Puede mencionarse en ese sentido, que fue en el año 1988 cuando la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, implementó el Programa de Procreación Responsable.
El año 1994 fue históricamente relevante para los derechos de las mujeres. Por un lado, en cuanto a nuestro país, y a partir de la reforma constitucional, se incorporó la mencionada convención al texto de la Carta Magna, y por otro lado, en el ámbito internacional, se realizó la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) reunida en El Cairo, en la cual se elevó a nivel de compromiso internacional la atención a la salud sexual y reproductiva y el respeto a los derechos correspondientes, y se estableció un 'programa de acción', considerablemente ambicioso pero al que es pertinente aclarar que nadie está obligado; sí resulta un compromiso moral, suscripto por gobiernos, entre ellos el argentino, organizaciones civiles y organismos internacionales. En el año 1995, se realizó la V Cumbre Mundial de la Mujer en Beijing. Ambas conferencias internacionales constituyen avances fundamentales en la consideración de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres.
Como consecuencia de lo expuesto, el aborto no puede considerarse por fuera de los compromisos asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres. En este sentido, cabe citar el Párrafo 8.25 del Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población respecto al aborto: 'En ningún caso se debe promover como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo (...) En los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento postaborto que ayuden a evitar la repetición de los abortos.'. Asimismo, en la Conferencia de Beijing mencionada más arriba, la delegación argentina participó del consenso para adoptar el párrafo 106 k) de la Plataforma de Acción que recomienda a los gobiernos considerar la posibilidad de revisar el derecho que impone sanciones a la mujer que comete un aborto. Dice el párrafo mencionado en cuanto a medidas recomendadas a los gobiernos: 'k) A la luz de lo dispuesto en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo...', citado anteriormente, '...considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales.'.
Asimismo, también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano supervisor de la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus Protocolos por parte de los Estados Partes, realizó las siguientes recomendaciones a la Argentina en relación al aborto, en el año 2000: '...14. En cuanto a los derechos relacionados con la salud reproductiva, preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental...' y continúa, '...El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para aplicar la Ley de salud reproductiva y procreación responsable de julio de 2000, gracias a la cual se dará asesoramiento sobre planificación familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El Comité recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación.’
Es claro, por lo tanto, que la revisión de la normativa no sólo no se vincula, sino que es opuesta, a la consideración del aborto como método de planificación familiar. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, es oportuno dejar planteado entonces que el debate sobre el tratamiento normativo del aborto debe realizarse en el marco de la consideración de los derechos humanos, en el que están involucrados el respeto a la autonomía, a la salud integral, a la dignidad, entre otros. Los derechos humanos de las mujeres requieren la consideración de los derechos acordes a su especificidad sexual y reproductiva."
“Actualmente, el artículo 86 del Código Penal, pena con reclusión o prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial por el doble tiempo que el de la condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. A su vez, establece dos excepciones a la prohibición de realizar abortos; si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento legal debe ser requerido para el aborto.
¿Cuáles eran esas problemáticas? ¿Cuáles son esas problemáticas?
Repasemos y actualicemos los datos que echan luz sobre ellas.
En nuestro país, como en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el aborto es considerado un delito, excepto en los dos casos mencionados.
También es en dicha región donde se concentran gran cantidad de muertes maternas, entre cuyas principales causas se encuentran las complicaciones por abortos inseguros. Según aproximaciones realizadas se llega a una cifra de alrededor de 10.000 muertes por aborto por año en América Latina; el 21% de las muertes maternas en América Latina es por abortos inseguros. El lugar que el aborto ocupa entre las causas de muerte varía en los distintos países. Teniendo en cuenta esta variación es posible estimar que ocurren entre y 250 muertes por cada 100.000 abortos. En promedio, en los países donde el aborto es legal, la cifra es de 0,6 por cada 100.000 interrupciones del embarazo (Organización Mundial de la Salud, 1998).”
En cuanto a lo que ocurre en nuestro país, las complicaciones del aborto constituyen una de las principales causas de muerte materna, siendo el 25% del total, y representado el 1,1 de la tasa de mortalidad materna en Argentina que asciende a 4,4 (Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación –Año 2007-. Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Anuario Estadísticas Vitales. Diciembre de 2008).
“Asimismo, "la hospitalización por aborto se ha incrementado en nuestro país en un 57% desde 1995 a 2000 y el 40% de ellas corresponde a mujeres menores de 20 años. Considerando que la mortalidad representa apenas la punta del iceberg, estos datos de hospitalización confirman la magnitud del problema. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que esta cifra corresponde sólo al sector público, ya que el sector privado no reporta datos." (Ministerio de Salud y Ambiente, 2005. "Guía para el mejoramiento de la atención post-aborto"). Puede decirse, por lo tanto, que este tema constituye un problema de salud pública, aunque este proyecto no se aboque específicamente a resolverlo en su complejidad."
“Hay evidencia irrefutable a nivel internacional que ejemplifica que la despenalización y regulación del acceso aborto ha sido un avance en tanto ha significado la fuerte reducción de las muertes maternas, y no han aumentado las tasas medias de abortos, y en algunos casos, han disminuido. Como dije también en la anterior oportunidad, "Nadie está a favor del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes lucran con el aborto, propician su práctica.".
En el caso de Suiza, la despenalización del aborto ocurrió en el año 2001 y la evolución de la tasa anual de abortos fue la siguiente: 8.4 (1996), 7.5 (2001) y 7.5 (2002) por mil mujeres en edad fértil. El caso de Suiza también es puesto como ejemplo en los fundamentos del proyecto que, el pasado 27 de septiembre de 2005, la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM) de la República de Brasil entregó a la Presidenta de la Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados, resultado de los trabajos de la Comisión Tripartita creada en abril de ese mismo año, por la SPM, para revisar la legislación punitiva de la interrupción voluntaria del embarazo.
Según informa la SPM, dicho trabajo prevé que: "..."toda mulher tem o direito à interrupção voluntária de sua gravidez, realizada por médico e condicionada ao consentimento livre e esclarecido da gestante". Assegura a interrupção voluntária da gravidez nas seguintes condições: até 12 semanas de gestação; até 20 semanas, no caso de gravidez resultante de crime contra a liberdade sexual (estupro); no caso de diagnóstico de grave risco à saúde da gestante; e no caso de diagnóstico de má-formação congénita incompatível com a vida ou de doença fetal grave e incurável. Pelo texto, a realização do aborto fica assegurada no âmbito do sistema único de saúde e determina a sua cobertura pelos planos privados.".
(http://200.130.7.5/spmu/destaques/comissao_gravidez/comissao_28_09.htm).
En esa misma publicación se encuentra un gráfico vinculado con las tasas de abortos en diversos países, tomando como variables el acceso al aborto legal, la educación sexual y anticoncepción. Las conclusiones son muy interesantes. En los países con tasas de aborto de entre 6.5 y 7.6 por 1000 mujeres en edad fértil, como Holanda, Bélgica y Alemania, las mujeres tienen acceso al aborto legal, al uso de anticonceptivos y a una educación sexual amplia. En los países que como Colombia, Chile y Brasil las mujeres sólo tienen acceso al uso de anticonceptivos, las tasas son de entre 36.3 y 40.8.
Podríamos considerar que Argentina se encuentra en el segundo grupo de países, y que deberíamos realizar todas las acciones necesarias para que las tasas se acercaran a las del primer grupo de países. Es por ello también que se considera conveniente el impulso de este proyecto, así como reafirmar la importancia del Programa creado por la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 25.673.
La misma certeza tenemos en la actualidad sobre la necesidad de despenalizar y regular el acceso al aborto para no seguir poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, en tanto la criminalización lleva inevitablemente a la clandestinidad de las prácticas, a abortos sin los cuidados profesionales, éticos y humanos que corresponden y en condiciones de salud precarias, y de ninguna manera la criminalización ha orientado la conducta de las mujeres. Dicho de otro modo, la criminalización del aborto no reduce su número, sino que estos se siguen practicando en condiciones clandestinas con riesgos graves para la salud de la mujer, y en un número importante con el resultado muerte.”
En este sentido es importante destacar que el pasado 17 de junio de 2009
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió la Resolución 11/08 sobre la mortalidad y morbilidad materna prevenible y los derechos humanos. Allí el Consejo “Reafirmando la Declaración y la Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y sus conferencias de examen y las metas y los compromisos respecto de la reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a la salud reproductiva, en particular los que figuran en la Declaración del Milenio de 2000 (resolución 55/02 de la Asamblea General) y en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 (resolución 60/01 de la Asamblea General); Reafirmando también los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular los relativos al mejoramiento de la salud materna…”, resolvió “1. Expresar grave preocupación por la tasa mundial inaceptablemente alta de mortalidad y morbilidad materna prevenible y señalar a ese respecto que la OMS a calculado que más de1500 mujeres y niñas mueren todos los días como resultado de complicaciones prevenibles que aparecen antes, durante y después del embarazo y el parto y que, en el ámbito mundial, la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre las mujeres y niñas en edad reproductiva; 2. Reconoce que la mayoría de los casos de mortalidad y morbilidad materna son prevenibles y que la mortalidad y morbilidad materna prevenible supone un problema de salud, desarrollo y derechos humanos que también exige la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y niñas, en particular su derecho a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a ser libres para buscar, recibir y difundir información, a gozar de los beneficios del progreso científico, a esta a salvo de la discriminación y a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva.”.
“Una última cifra es conmovedora, el 13% de las muertes maternas en el mundo se debe a abortos inseguros. Teniendo en cuenta este último dato y sabiendo que el 61% de las mujeres del mundo vive en países donde el aborto está permitido, nuestro país debería sumarse a aquellos que posibilitan disminuir la cantidad de mujeres que conforman el restante 39% sobre las que ocurren las muertes maternas por abortos inseguros.
Es por todo lo expuesto que el presente proyecto establece la despenalización y regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, penalizando sólo la interrupción realizada sin el consentimiento de la mujer -con una pena agravada en caso de muerte de la misma-, y si la interrupción sin consentimiento la realizaren médicos, parteras o farmacéuticos, dispone su inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Para ello se propone la derogación de los artículos 86 y 88 del Código Penal (artículo 12) y la modificación del artículo 85 (artículo 11).”
Se consagra en el artículo 1º, entonces, el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de las siguientes circunstancias - previstas en función de los plazos de gestación y de la salud de la mujer y el feto-: antes de las catorce semanas de gestación; si el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, mientras sea inviable la vida con independencia del cuerpo de la mujer; si existe peligro para la vida o la salud de la mujer; si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina. Respecto del primer supuesto, el establecimiento del plazo de catorce semanas, se corresponde con los avances en legislaciones de otros países, como la recientemente sancionada en España.
“El consentimiento informado constituye una exigencia ética y legalmente exigible a los miembros de la profesión médica, de autonomía del paciente, como un derecho básico derivado de la dignidad de la persona y de su derecho de autonomía. Por tanto, la información necesaria para prestar el consentimiento para una intervención médica no puede convertirse en un acto protocolarizado, que no atienda a las circunstancias específicas de cada paciente. La información así ofrecida no cumpliría con la función prevista en la ley, y el consentimiento así prestado no serviría al efecto previsto.”
(Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, “Informe al anteproyecto de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, 2009, pág. 94.).
El artículo 4º prevé los consentimientos especiales, de los casos en que se trate de mujeres declaradas incapaces o de mujeres menores de 14 años de edad. En el primer caso se requiere el consentimiento de su representante legal, y en el segundo, tomándose como referencia las leyes 25.673 y 26.061 y sus decretos reglamentarios, la decisión se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones de la patria potestad, considerándose primordial la satisfacción del interés superior del niño en el goce de los derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
En concordancia con las disposiciones de la ley que procuran garantizar a las mujeres el ejercicio del derecho que regula el presente proyecto en los servicio de la red de salud de cualquier subsector, se incorporan -en el artículo 6º- los criterios básicos para que los médicos o personal auxiliar de cualquier efector del sistema de salud, puedan ejercer el derecho de objeción de conciencia respecto a los actos médicos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo.
Concluyendo, se propone la despenalización y regulación del acceso al aborto partiendo del conocimiento real que dicha práctica se efectúa en forma clandestina.
Abordamos la temática como un grave problema de salud pública -que afecta a las mujeres- y del reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y de salud integral de las mujeres como derechos humanos. En este sentido, la presente propuesta intenta contribuir a sincerar, modificar y superar los problemas vinculados con la criminalización del aborto.

References: Artículo 5

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 86
 Resolución 
 artículo 85
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 6