Source: https://www.scribd.com/document/86559054/Proposicion-de-modificacion-de-la-LOREG-para-facilitar-la-participacion-de-las-Fuerzas-y-Cuerpos-de-Seguridad-del-Estado-de-caracter-civil-fuera-de
Timestamp: 2017-07-25 11:14:30+00:00

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Proposición de modificación de la LOREG, para facilitar la participacion de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de carácter civil, fuera de sus funcionesUploaded by Jokin Babaze AizpuruaRelated InterestsPoliceElectionsGovernmentPoliticsSocietyRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentBOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALESX LEGISLATURA
PROPOSICIÓN DE LEY 122/000045 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para facilitar la participación política de las Fuerzas de Seguridad de carácter civil, fuera del ejercicio de sus funciones. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia. (122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. 122/000045 Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA: La Izquierda Plural. Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para facilitar la participación política de las Fuerzas de Seguridad de carácter civil, fuera del ejercicio de sus funciones. Acuerdo: Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa. En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. A la Mesa del Congreso de los Diputados Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para facilitar la participación política de las Fuerzas de Seguridad de carácter civil, fuera del ejercicio de sus funciones. Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.—José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Exposición de motivos La coherencia entre leyes es una condición sustancial de la seguridad jurídica. Estamos ante un principio elemental del Estado de Derecho, que exige una atención sistemática en la elaboración de las normas. Aun así, se dan casos en los que se aprecian contradicciones entre textos legales, por diferentes motivos, desde el error de redacción a la adopción de normas sobrevenidas. El tema es que debemos de reaccionar cuando detectamos uno de estos conflictos, como es el caso.
17 de febrero de 2012.—Serie B. Núm. 57-1
Se han conocido varios sucesos de procesamientos de funcionarios públicos que trabajan en cuerpos policiales, de carácter civil, bajo la acusación de apoyar a algún partido político durante campañas electorales. Una infracción recogida en la Ley Orgánica 5/1985, de 5 de mayo, de Régimen Electoral General, en su artículo 52. Son asuntos graves, pues a la sanción penal, de cárcel, que conllevaría en su caso, se añade la aplicación del expediente disciplinario, por falta administrativa muy grave, de posibles repercusiones muy significativas (suspensión de empleo y sueldo por años). Estamos ante el cuestionamiento de la participación política de ciudadanos o incluso frente a la limitación de su libertad ideológica. En estos supuestos, la tipicidad establecida en la Ley Orgánica 5/1985 era acorde con la normativa existente sobre la policía entonces, la ley preconstitucional 55 de 1978, que prohibía taxativamente la afiliación a partidos políticos. Ahora bien, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cambió radicalmente el panorama con respecto a los cuerpos policiales de naturaleza civil, a cuyos integrantes no se limitó su adscripción política. La participación de los ciudadanos y de las ciudadanas que trabajan en estos cuerpos policiales quedaba abierta a las actividades en los partidos políticos sin ningún problema. Aunque esta Ley Orgánica 2/1986 no estableció explícitamente la modificación del mencionado artículo 52 de la Ley Orgánica 5/1985, sin aclarar sus evidentes contradicciones. Tengamos en cuenta que la Ley Orgánica 2/1986 tiene una referencia directa con la Resolución 690 del Consejo de Europa, de 1979, Declaración sobre la Policía, tal y como se encuentra reflejada en la exposición de motivos de la ley. La recomendación internacional no es derecho positivo en sí, pero sin duda es principio inspirador de la norma y por tanto un vínculo de primer orden. Pues bien, esta Resolución establece la similitud de la Policía al resto de la Función Pública, en su apartado 6: «Estimando que los funcionarios de Policía deben disfrutar de un estatuto de derechos comparables a los que posean los funcionarios del Estado». En el mismo sentido de equiparación entre Policía y Función Pública se pronuncia la doctrina en práctica unanimidad. Un elemento más de contradicción en este asunto es la diferencia entre los concernidos por el susodicho artículo 52 de la Ley Orgánica 5/1985. Los miembros en activo de las Fuerzas Armadas o jueces, magistrados y fiscales tienen estipulada la prohibición de toda participación en partidos políticos en sus diferentes estatutos. Cabría el cuestionamiento de tal prohibición en democracias avanzadas, como ya es la española, pudiendo argumentar hechos históricos (como la elección de personas con funciones similares en la Grecia clásica), y también experiencias comparadas (como las elecciones de jueces o fiscales). En fin, esa sería otra propuesta, así que baste aquí resaltar las evidentes diferencias con el ordenamiento para la Policía, estipulado en la Ley Orgánica 2/1986.
Por tanto, tenemos que la legislación vigente permite la afiliación a partidos políticos de quienes trabajan en la Policía, pero la Ley Orgánica 5/1985 dice que no pueden participar en campaña electoral. Una contradicción que pretendemos corregir, porque siempre estamos hablando de la implicación privada de esas personas. Es decir, fuera del ejercicio de sus funciones. Así se salvaguarda la consideración de imparcialidad funcional reflejada en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 2/1986. Podríamos también discutir si esa formalidad es real o más simbólica, contando con casos comparados en los que se permite la vinculación pública. Además, nuestro sistema de democracia representativa hace especialmente importante el período electoral, por lo que no se entiende que quien sea afiliado, trabaje en la policía o donde fuera, no pueda participar en el momento cumbre del proceso. Siempre, se repite en este caso, de forma privada y fuera de sus funciones de servicio público. Podríamos aplicar aquí el famoso lema de «quien puede lo más, puede lo menos», en referencia a mantener la limitación de participación. Pero cuando hablamos de derechos fundamentales, las restricciones deben contar con amparo constitucional. Así tenemos que la limitación del derecho de huelga para los y las policías (y tampoco vamos a cuestionar este aspecto ahora) tiene un soporte en el artículo 28 de la Constitución; o la capacidad de elegibilidad en el artículo 70.1. Todo ello redunda en que no se encuentra soporte constitucional para limitar la participación electoral, por lo que nos proponemos abordar la reforma legal para corregir esta situación, al margen de las opiniones que pretenden mediatizar esta argumentación con la apreciación del «servicio activo» permanente que obliga a los policías, pero que, como es sabido y reconocido jurisprudencialmente, en ningún caso puede significar estar «permanentemente de servicio». Un nuevo elemento significativo ha venido a reforzar el derecho a participar en campaña electoral de forma privada para quienes trabajan en la Policía. La aprobación de la Recomendación Rec (2001) 10, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre Código europeo de ética de la Policía; adoptada el 19 de septiembre de 2001. El punto 5 de las Bases jurídicas establece que: «El personal de la policía debe estar sujeto a la misma legislación que los ciudadanos ordinarios; solamente se pueden justificar excepciones por razones inherentes al ejercicio de la actividad de la policía en una sociedad democrática». De nuevo observamos la diferencia entre el «ejercicio de funciones» y la privacidad, mencionando que esta Recomendación es para realidades de desarrollo social y político muy diverso, tanto como el reflejado en los 43 países que componen el Consejo de Europa. En una democracia asentada y avanzada como la que tenemos en España es posible ser más ambiciosos en la interpretación y aplicación de derechos ciudadanos, incluidos quienes trabajan en la Policía.
Artículo 1. El apartado i del artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 6. i. Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de carácter militar.» Artículo 2. El artículo 52 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 52. Se prohíbe a todo miembro en activo de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de carácter militar, a los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo y a los miembros de las Juntas Electorales, difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades de Campaña Electoral.» Disposición final. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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