Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311376.html
Timestamp: 2019-03-20 07:19:35+00:00

Document:
as201311376
AUTO SUPREMO Nº. 376/2013
Sucre, 31 de diciembre de 2013
EXPEDIENTE: La Paz 262/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Yola Limachi Conde de Tola contra Encarnación Aruquipa Humerez viuda de Limachi, Freddy César Limachi Aruquipa, Deysi Lourdes Limachi Aruquipa, Gloria Limachi Aruquipa
DELITO: uso de instrumento falsificado.
VISTOS: El recurso de casación presentado por la acusadora particular Yola Limachi Conde de Tola (fs. 1034 a 1041), impugnando el Auto de Vista Nro. 176/2013 emitido el 10 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 1026 a 1032), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Yola Limachi Conde de Tola contra Encarnación Aruquipa Humerez viuda de Limachi, Freddy César Limachi Aruquipa, Deysi Lourdes Limachi Aruquipa y Gloria Limachi Aruquipa por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado previsto y sancionado por el artículo 203 del Código Penal.
En mérito a la acusación fiscal (fs. 1 a 5) y acusación particular (fs. 36 a 38), desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia Nro. 20/2013 de 12 de abril de 2013 (fs. 895 a 899), el Tribunal de Sentencia Tercero de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Encarnación Aruquipa Humerez viuda de Limachi, Freddy César Limachi Aruquipa, Deysi Lourdes Limachi Aruquipa y Gloria Limachi Aruquipa absueltos de culpa y pena por el delito de uso de instrumento falsificado previsto en el artículo 203 del Código Penal, sin costas por ser excusable, levantando las medidas cautelares impuestas en su contra.
Contra la Sentencia mencionada, la acusadora particular formuló recurso de apelación restringida conforme se tiene de la literal de fojas 950 a 956, motivando el pronunciamiento del Auto de Vista Nro. 176/2013 de 10 de septiembre de 2013 (fs. 1026 a 1032), que declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto y confirmó la Resolución 20/2013 de 12 de abril de 2013.
Notificada la acusadora particular con el Auto de Vista en 23 de octubre de 2013 conforme la diligencia de fs. 1033 de obrados, interpuso recurso de casación el 29 de octubre de 2013, que es motivo de autos.
Que la acusadora, luego de exponer los antecedentes y hechos acaecidos en el proceso, afirma que dentro de los fundamentos del recurso de apelación restringida que interpuso contra la sentencia, señaló defectos absolutos concordantes con el artículo 169 de la Ley 1970, de acuerdo al detalle siguiente:
1. Defecto de la sentencia referido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva prevista en el inciso 1) del artículo 370 de la Ley Nro. 1970. Ello debido a que la sentencia incurrió en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva al absolver de culpa y pena a los acusados por el delito de uso de instrumento falsificado. Que el Tribunal de Sentencia, no aplicó correctamente la norma punitiva con la imposición de una sanción penal a pesar de la existencia de suficientes elementos de convicción que causaron certeza en la participación de los acusados en el ilícito indicado, hecho demostrado con prueba de cargo de la acusación fiscal y particular, inclusive la misma prueba de descargo evidenció que los acusados incurrieron en el delito de uso de instrumento falsificado, copia textualmente el tipo penal 203 del Código Penal y refiere que la tipicidad se comprobó en el proceso penal, más aún cuando los acusados sustentaron su defensa alegando que cuando ocurrió la falsedad eran menores de edad y desconocían los actos ilícitos de su progenitor Alberto Genaro Limachi Conde, sostuvieron que la escritura pública 45/82 tiene validez, lo que demostró su intención deliberada de apropiarse de un bien inmueble a título hereditario, actuando con dolo conforme el artículo 14 del Código Penal, la sentencia en el acápite de argumentos jurídicos que sustenta el fallo estableció: “Que para la subsunción del delito de uso de instrumento falsificado, la conducta de los acusados debe adecuarse a sus tres elementos constitutivos, la falta de uno hace que sea atípica, siendo el primero “la acción de usar un documento falso” que implica presentar un documento falso como verdadero, refiriendo: “lo que se ha probado es la presentación de documentos suscritos posterior al fallecimiento del vendedor, presentando como documento válido y verdadero”, como segundo elemento “el conocimiento de que es un documento falso”, en el caso presente fundamentó: “lo que se ha probado, es el uso de documentos suscritos posterior al fallecimiento del vendedor” y tercer elemento “que el documento sea efectivamente falso”, al respecto la sentencia manifestó: “no existe prueba idónea para afirmar que la minuta de 13 de febrero de 1976 como la escritura pública 45/82 sean efectivamente falsas, la falsedad de un documento público implica la comprobación de la forma en que se ha forjado o alterado (art. 198 CP) o la forma como se ha insertado una declaración falsa (art. 199 CP), este requisito no es para determinar la autoría en el delito de uso de instrumento falsificado porque el autor puede ser tercera persona, sino que es un requisito para determinar el dolo en la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, por esa razón concluye que no es suficiente probar que los documentos cuestionados son documentos post morten, sino que hay la necesidad de probar que estos documentos cuestionados son efectivamente falsos” (sic); señala que este fundamento es erróneo e implica inobservancia de la ley sustantiva penal, toda vez que la adecuación típica del delito de uso de instrumento falsificado no exige el requisito de demostrar que un “documento falso sea efectivamente falso”(sic) para adecuar el delito de uso de instrumento falsificado en la conducta del sujeto activo.
2. Defectos de la sentencia previstos en el inciso 5) del artículo 370 de la Ley Nro. 1970 referido a fundamentación insuficiente y contradictoria de la sentencia absolutoria por el delito de uso de instrumento falsificado. Al respecto señala que, la Sentencia peca de fundamentación insuficiente y es contradictoria en razón a que dentro de los fundamentos de la absolución de pena y culpa por el delito de uso de instrumento falsificado a favor de los acusados el Tribunal de Sentencia refirió: “no existe prueba idónea para afirmar que la minuta de 13 de febrero de 1976 como la escritura pública 45/82 sean efectivamente falsas, la falsedad de un documento público implica la comprobación de la forma en que se ha forjado o alterado (art. 198 CP) o la forma como se ha insertado una declaración falsa (art. 199 CP), este requisito no es para determinar la autoría en el delito de uso de instrumento falsificado porque el autor puede ser tercera persona, sino que es un requisito para determinar el DOLO en la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, por esa razón se concluye que no es suficiente probar que los documentos cuestionados son documentos post morten, sino que hay la necesidad de probar que estos documentos cuestionados son efectivamente falsas”; fundamento que considera erróneo e incorrecto, insuficiente y contradictorio, toda vez que dentro los fundamentos existe evidencia y conocimiento por parte del Tribunal de la existencia de falsedad en la Escritura Pública Nro. 45/82 y por otro lado de forma contradictoria a ese conocimiento niega la falsedad con la exigencia de que esa “falsedad debe ser efectivamente falsa” (sic).
Prosigue señalando que, la fundamentación es contradictoria e insuficiente cuando el Tribunal de Sentencia en la parte de hechos probados y no probados, refirió como hechos probados: “1.- Se tiene probado que los acusados tienen conocimiento que la minuta de 13 de febrero de 1976 elevado a documento público mediante escritura pública 45/82 de fecha 22 de enero de 1982 correspondiente a la transferencia del terreno de 100 m2 de Chijini Chico otorgado por Mariano Mamani Limachi a favor de ALBERTO LIMACHI CONDORI son documentos posteriores a la muerte del vendedor Mariano Mamani Limachi que ha fallecido el 17 de noviembre de 1972. 2.- Se tiene probado que los acusados, hacen uso de los documentos cuestionados de falsos, presentando como documentos válidos para obtener la posesión judicial del inmueble en calidad de herederos mediante escritura pública Nº 549/1999 de 30 de julio de 1999 y 3.- No se tiene prueba sobre la falsedad efectiva de los documentos cuestionados de falso, para poder atribuir el reproche de culpabilidad a los acusados” (sic);señala que de este fundamento se establece que el Tribunal de Sentencia, tuvo convicción que los acusados tenían conocimiento que la escritura pública Nº 45/82 refutado de falso es posterior a la muerte del vendedor, es decir, se suscribió a favor de Alberto Limachi Condori después del fallecimiento del propietario Mariano Mamani Limachi, acreditándose el uso de instrumento falsificado por parte de los acusados, consiguientemente, resulta insuficiente el fundamento de la sentencia absolutoria al sustentar que no existe prueba sobre la “efectiva falsedad” de los documentos cuestionados de falsos, que dentro de la prueba de cargo que se presentó al Tribunal de Sentencia para demostrar la falsedad de la escritura pública 45/82, se presentó prueba pericial la que se excluyó oficiosamente por no cumplir con formalidades, igualmente, cursan documentos relativos a un proceso ordinario civil de nulidad de la escritura pública Nº 45/82 con Sentencia y Auto de Vista que declaran la nulidad de estos documentos precisamente porque son falsos, demostrándose así la efectiva falsedad del documento incriminado, considerando que la fundamentación de la sentencia es insuficiente al indicar que la prueba de cargo no es suficiente para fundar la sanción penal contra los acusados.
3. Defecto de la sentencia referido a la valoración defectuosa de la prueba prevista en el inciso 6) del artículo 370 de la Ley Nro. 1970. Señala que en el recurso de apelación restringida, se reclamó este defecto por cuanto los fundamentos de absolución a favor de los acusados, la sentencia consideró que la prueba de cargo no es suficiente, al respecto durante el juicio se sustentó con abundante prueba documental y testifical la existencia de los hechos acusados y la participación de los acusados en el delito de uso de instrumento falsificado, prueba de ello, se encuentra inserta en la sentencia en la parte de descripción de prueba, toda la prueba documental tanto de cargo como de descargo con la que demostró: Primero.- La muerte de Mariano Mamani Limachi en fecha 17 de noviembre de 1972 con los certificados de óbito y de defunción, Segundo.- La minuta de compraventa data de fecha 13 de enero 1982 y su protocolización en el testimonio Nº 45/82 que data de fecha 22 de enero de 1982, lo que significa que ambos documentos son posteriores al fallecimiento de Mariano Limachi Mamani y consiguientemente fraguados, Tercero.- Su utilización por parte de los acusados en la demanda judicial de interdicto de adquirir, hecho que no ha sido negado por los acusados, cuya falsedad se demostró en la demanda civil ordinaria de nulidad de escritura pública sobre el Testimonio Nro. 45/82 que se encuentra con Sentencia y Auto de Vista en los que se declaró la nulidad de ese documento y en el juicio se demostró con la prueba de descargo rotulada como PD 3 y PD 4, consiguientemente, el hecho de que el Tribunal los haya absuelto de pena y culpa por el delito de uso de instrumento falsificado por falta de prueba y/o porque la prueba fue insuficiente, ello se debió a valoración defectuosa de la prueba incurriendo en vulneración al artículo 359 normas para la deliberación y votación de la Ley Nro. 1970 referente a la valoración integral de la prueba, cuya valoración es extrañada en la sentencia, debido a que dicha prueba no fue valorada por el Tribunal, concretamente la prueba documental referida a la demanda civil de nulidad de Escritura Pública Nro. 45/82, manifestando más bien que no se demostró la efectiva falsedad del documento Testimonio 45/82.
4. Defectos de procedimiento observados durante la tramitación de juicio considerados como defectos absolutos insubsanables que vician de nulidad la sentencia. La recurrente refiere que de acuerdo al acta del juicio oral, existen actuados procesales por parte del Tribunal de Sentencia que vulneraron derechos en su condición de víctima en el proceso, incurriendo en defectos absolutos previstos en el inciso 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, señalando:
4.1. Defecto de procedimiento con respecto a la errónea exclusión de prueba pericial. La sentencia entre sus fundamentos de exclusión de prueba pericial de dictamen huellográfico, ofrecida como prueba de cargo por la recurrente y por el Ministerio Público, señala que solicitó al Tribunal de Sentencia la introducción de la prueba indicada rotulada como AP-20 obtenida mediante requerimiento fiscal, la misma fue excluida bajo el fundamento de que en su obtención no se cumplió con los requisitos de notificación a las partes y que su resultado fue emitido en forma posterior a la acusación fiscal, aspecto que le causa agravio, toda vez que esta prueba estableció plenamente la falsedad de la escritura pública 45/82 y la sentencia basó su fundamento en que no existió prueba de la efectiva falsedad del documento; el Tribunal de Sentencia al disponer la exclusión, incurrió en errónea aplicación del procedimiento por cuanto entre sus fundamentos no expone la vulneración de los derechos de la defensa conforme establece el artículo 169 de la Ley Nro. 1970, es decir, constituye un defecto absoluto insubsanable porque limita la exclusión a los artículos 209 y 210 del procesal penal, cuyas normas de acuerdo a la facultad del Tribunal pudieron ser convalidados y contrastados con el principio de libertad probatoria establecido en el artículo 171 concordante con los artículos 173 y 216, toda vez que la prueba pericial no fue obtenida de forma ilícita, sino mediante requerimiento fiscal dentro del proceso penal en etapa de investigación, consiguientemente, no existió vulneración del derecho a la defensa en la obtención de la indicada prueba.
4.2. Defecto de procedimiento referido al erróneo rechazo de producción de prueba extraordinaria. La recurrente manifiesta que conforme el acta de juicio oral, amparada en el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal y al conocerse de la prueba testifical la existencia de nuevas ventas sobre la propiedad, solicitó al Tribunal la admisión y judicialización de prueba extraordinaria presentando la documental correspondiente, sin embargo, el Tribunal de manera oficiosa y sin fundamento alguno rechazó la solicitud de introducción de prueba extraordinaria, por ello, al haber realizado reserva de apelación restringida fundó su reclamo manifestando que los acusados con la intención de desapoderamiento del lote de terreno en base a un derecho propietario falso contenido en la escritura pública 45/82 del año 1999 y en defensa de su derecho el año 2003 inició un proceso civil de nulidad de la escritura pública 45/82 concluyendo el año 2010 con la emisión de la sentencia 170/2010 que declaró la nulidad de la escritura pública 45/82, recurrida en apelación fue confirmada por Auto de Vista 190/2011, encontrándose actualmente en recurso de casación, con estos antecedentes el año 2008 inició también el presente proceso penal por el delito de uso de instrumento falsificado y el Ministerio Público acusó el año 2009, sustanciándose el juicio el año 2012, en consecuencia, el litigio con los acusados deviene desde el año 1999, siendo objeto de litigio un lote de terreno dejado por sus padres Mariano Limachi Mamani y Remedios Conde de Limachi en la zona Los Andes, calle Obispo Balderrama de la ciudad de La Paz; considera que los acusados agravan su situación por cuanto conociendo del litigio existente sobre el terreno adquirido mediante escritura pública 45/82 falsa, transfieren el terreno con la finalidad de asegurar a su favor, transferencia inicialmente realizada por Encarnación vda. de Limachi, Deysi Lourdes Limachi Aruquipa, Gloria Limachi Aruquipa el año 2008 a favor de Freddy Cesar Limachi Aruquipa y éste a su vez el año 2012 transfiere a una tercera persona cuando el proceso se encontraba en fase de juicio, existiendo prueba documental de estos hechos como los informes de Derechos Reales, los que hizo conocer al Tribunal de Sentencia y solicitó su introducción al juicio como prueba extraordinaria de reciente obtención, sin embargo, fue rechazada, razones que le permitió solicitar al Tribunal de apelación la revocatoria de la sentencia y la reposición del juicio conforme el procedimiento penal.
II. Del Auto de Vista y la errónea confirmación de Sentencia que motiva el recurso de casación.
Bajo ese epígrafe, el recurrente señala que, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Resolución Nro. 176/2013 de 10 de septiembre de 2013 confirmó la sentencia declarando improcedentes los agravios expuestos en apelación restringida con el argumento de haberse advertido contradicción en los petitorios del recurso, considerando de su parte que el Tribunal de Alzada no compulsó objetivamente los argumentos de la apelación, sino de manera parcializada defendió el fallo de instancia refiriendo “En base a lo antes señalado, de la revisión de la sentencia apelada se advierte que el tribunal de sentencia responsable del fallo evidentemente ha hecho dicha valoración fáctica en el acápite de fundamentos del hecho y jurídica en los fundamentos de derecho concluyendo la ausencia de prueba suficiente sobre el tercer elemento constitutivo del tipo penal en sentido que el documento efectivamente sea falso y al existir prueba contradictoria que generó duda por consiguiente ausencia de prueba suficiente es que se opta por una sentencia absolutoria de culpa y pena. El Tribunal de Alzada comparte el criterio traducido en la sentencia apelada en lo que respecta al análisis que se hace de los elementos constitutivos del ilícito de uso de instrumento falsificado, en cuya base el tribunal responsable del fallo ha concluido una determinación absolutoria” (sic).
Asimismo, con relación a la contradicción e insuficiente fundamentación de la sentencia absolutoria, el Tribunal de Alzada fundamentó: “De una revisión prolija de la sentencia se puede llegar a constatar que no son evidentes las contradicciones, porque el Tribunal de Sentencia en los acápites referidos a los hechos probados y no probados, así como a la fundamentación de derecho es concordante, coincidente al afirmar que no se tiene prueba sobre la falsedad efectiva de los documentos cuestionados de falso para poder atribuir el reproche de culpabilidad de los acusados, lo que ha orientado a la sentencia absolutoria, aplicando inclusive el in dubio pro reo. Por lo tanto no existe contradicción alguna. Lo que sí se advierte del fallo es que en los acápites de los hechos probados en la fundamentación de derecho los miembros del tribunal de sentencia reconocen que los documentos acusados de falso son de data posterior al fallecimiento del vendedor, que los acusados hacen uso de dichos documentos presentándolos en un trámite de posesión judicial de un inmueble; empero los mismos acápites resaltan que se lo hizo en calidad de herederos porque excepto la viuda, en fechas de las suscripciones eran menores de edad, por lo que no se tendría prueba sobre la falsedad efectiva de los documentos cuestionados” (sic), añade que se trata del mismo argumento sostenido por el Tribunal de Sentencia.
Prosigue señalando que en relación a la defectuosa valoración de la prueba el Tribunal de Alzada concluyó: “La apelante no indica cuales son aquellos elementos de prueba defectuosamente valorados, porque se limita a mencionar que se llegó a producir prueba de cargo detallando algunas, sin embargo no se indica que esas pruebas son las defectuosamente valoradas, en qué consiste esa valoración defectuosa, cuál la valoración que debió dárselas, excepto de aquellos documentos que demuestran la existencia de una acción civil con Sentencia y Auto de Vista confirmatorio, sin embargo reconocidos por las partes que cuenta con un recurso de casación pendiente, por lo que en ese punto se aplicaría el Art. 116.I de la CPE respecto a la presunción de inocencia hasta la existencia de un fallo debidamente ejecutoriado y pasado en autoridad de cosa juzgada” (sic), agrega ser una interpretación de acuerdo a su conveniencia y en forma subjetiva, toda vez que en los fundamentos de la sentencia no hacen mención y valoración a esa demanda civil, considerando que efectivamente existe una defectuosa valoración de prueba en sentencia.
Por otra parte refiere que, con relación a que los petitorios no serían claros y precisos en pedir que se dicte nueva sentencia, se revoque y anule la sentencia para que sea repuesta por otro Juez de Sentencia (sic), considera también erróneo y confuso, debido a que su petición de revocatoria y anulación de la sentencia y reposición por otro juez en apelación restringida, fue en base al artículo 413 de la Ley Nro. 1970 copia textualmente el citado artículo, concluyendo que el Auto de Vista al confirmar la sentencia es injusta porque no atendió los reclamos efectuados en la apelación restringida y no cumplió con la disposición del Auto Supremo Nro. 319/2012 que dispone atender los derechos reclamados en el recurso de apelación como en el presente caso.
La recurrente, en el acápite de precedentes contradictorios que funda el presente recurso, manifiesta que el Auto de Vista impugnado nuevamente incurre en defectos absolutos por violación de derechos y garantías constitucionales, derecho a petición, debido proceso, considera una resolución que no está debidamente fundamentada.
III. Precedentes contradictorios que funda el presente recurso.-
Con este título, la recurrente sostiene que el Auto de Vista impugnado incurre en defectos absolutos por violación a derechos y garantías constitucionales, derecho a petición, debido proceso, que la resolución recurrida no está debidamente fundamentada y faltó de elementos probatorios que se encuentran establecidos en la jurisprudencia constitucional. Realiza cita de las Sentencias Constitucionales Nros. 123/2001 R, 798/2007 R y 0577/2004 R, señalando que las mismas como jurisprudencia en lo más sobresaliente establecieron “la obligación de toda autoridad de emitir respuesta expresa respecto a la petición formulada por el recurrente dentro de un plazo razonable, sea en sentido positivo o negativo, asimismo, con relación al debido proceso señalaron que toda resolución debe estar debidamente fundamentada y motivada citando las normas que sustentan la parte dispositiva, debe permitir a las partes saber el razonamiento jurídico que motivo la decisión, no estando permitido a un Juez o Tribunal reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, sino deben garantizar el respeto al debido proceso en todos los actuados de su conocimiento, emitiendo resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas respondiendo a los agravios apelados”, concluyendo que esta jurisprudencia no fue observada por el Tribunal de Alzada.
De igual forma hace cita del Auto Supremo Nro. 472 de 8 de diciembre de 2005 y sostiene que el mismo refiere: “se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen criterios ni razones sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que constituye defecto insubsanable”; cita también el Auto Supremo Nro. 14 de 26 de enero de 2007 que estableció: “Si una sentencia cumple con una debida fundamentación, sustentada en fundamentos claros cumple con otras dos garantías adicionales, el interés de las partes y el de la sociedad en general, la de hacer asequible el acceso a la justicia mediante los recursos y garantizar el derecho a la información, cuando la sentencia es clara cumple con la función de hacer conocer a la sociedad el porqué se sentenció de una determinada manera en juicio, de ahí que los fallos deben ser fundamentados, no siendo suficiente se limiten a transcribir los antecedentes procesales o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico o camino del razonamiento seguido por el juzgador, cumpliendo así con el art. 124 del Código de Procedimiento Penal”.
Como precedentes contradictorios, cita también los Autos Supremos Nros. 122 de 24 de abril de 2006, 702 de 24 de noviembre de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003, señalando que estos de manera similar refirieron que, “las autoridades deben garantizar la realización de un proceso justo, el estricto cumplimiento de la normativa procesal penal, que al ser la apelación restringida el único medio para impugnar una sentencia, no pueden dejar de resolver el recurso planteado, el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos apelados resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y fundamentación, debiendo contener fundamentación respecto a los hechos fácticos de la apelación”(sic), solicitando finalmente, que se admita el recurso y se revoque el Auto de Vista recurrido conforme las Sentencias Constitucionales y los Autos Supremos ofrecidos como precedentes contradictorios.
El artículo 416 del Código de Procedimiento Penal, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.
Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los artículos 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son: 1) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la Resolución impugnada; 2) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de contradicción entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas; 3) Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.
El precepto legal contenido en el citado artículo 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.
Que en el caso presente, se constata que la recurrente cumplió con el primer requisito de forma, es decir, al plazo para la interposición del recurso de casación, tomando en cuenta que, conforme la diligencia de fojas 1033 de obrados fue notificada con el Auto de Vista en 23 de octubre de 2013, presentando recurso de casación el 29 de octubre de 2013, dentro del plazo de cinco días que otorga la ley.
En cuanto a los demás requisitos de formulación se tiene:
Respecto a la denuncia de inadecuada fundamentación del Auto de Vista, formulado bajo el epígrafe de “el Auto de Vista y la errónea confirmación de Sentencia que motiva el recurso de casación”, la recurrente invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos: Nros. 472 de 8 de diciembre de 2005, 14 de 26 de enero de 2007, 122 de 24 de abril de 2006, 702 de 24 de noviembre de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003, ninguno fue invocado en apelación restringida, limitándose a transcribir parte de los mismos omitiendo explicar la contradicción e identificar la situación de hecho similar en relación al Auto de Vista impugnado. No obstante ello, en cuanto al Auto Supremo Nro. 472/2005 su invocación en casación es correcta al estar referido a un defecto surgido en apelación, asimismo, de la parte transcrita por la recurrente se entiende la contradicción relativa a la debida fundamentación del Auto de Vista, por lo que el motivo resulta admisible para efectuar el análisis de contradicción sólo respecto de este precedente.
No puede dejar de mencionarse respecto de los Autos Supremos Nros. 14 de 26 de enero de 2007 y 122 de 24 de abril de 2006, que los mismos están referidos a defectos de sentencia y no fueron invocados en el recurso de apelación restringida, por lo que su invocación en casación es inadmisible.
En cuanto a los Autos Supremos Nros. 702/2004 y 417/2003, ninguno contiene la doctrina legal referida por la recurrente, no pudiendo ser considerados precedentes contradictorios.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Yola Limachi Conde de Tola impugnando el Auto de Vista Nro. 176/2013 emitido el 10 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Encarnación Aruquipa Humerez viuda de Limache, Freddy César Limachi Aruquipa, Deysi Lourdes Limachi Aruquipa y Gloria Limachi Aruquipa por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado previsto y sancionado por el artículo 203 del Código Penal.
Por Secretaría de Sala, remítase fotocopias legalizadas de la Sentencia, del Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, a efecto de lo previsto en el artículo 418, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.

References: artículo 203
 artículo 203
 Resolución 
 artículo 169
 artículo 370
 artículo 14
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 359
 artículo 169
 artículo 169
 artículo 171
 artículo 335
 Resolución 
in dubio
 artículo 413
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 416
 artículo 42
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 417
 artículo 42
 artículo 418
 artículo 203
 resolución 
 artículo 418