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Timestamp: 2020-01-24 08:48:17+00:00

Document:
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010)
Ref.- Exp. No. 11 001 02 30 000 2010 00151-00
Aprobado acta N°34
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010).-
Resuelve la Corte acerca del impedimento manifestado por el doctor Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General de la Nación Encargado, quien se declara impedido para conocer en relación con la situación frente al concurso de méritos de la Fiscalía, del doctor FERNANDO JOSÉ MENDOZA MENDOZA, quien actualmente ocupa en provisionalidad el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito y no hace parte del registro de elegibles.
Según indicó el doctor Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General Encargado, el doctor FERNANDO MENDOZA MENDOZA, con quien tiene parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y ejerce en la actualidad el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito en provisionalidad, tiene pendiente la resolución de su situación frente al concurso, “la cual debe ser decidida por el suscrito Fiscal General de la Nación (e)”, de conformidad con el numeral 20 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004.
Precisó que “el título VI de la referida norma, artículos 60 y subsiguientes, reglamenta lo concerniente con el régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación, con base en el cual se desarrolló el proceso de selección para la provisión de los cargos del área de fiscalía, entre ellos los de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito, mediante convocatoria 004-2007”.
Y agregó, “Mediante acuerdo 007 de 2008 de la Comisión Nacional de Administración de Carrera, de la Fiscalía General de la Nación, se conformó y publicó el registro definitivo de elegibles el cual fue modificado por el acuerdo 032 de 2009 y aclarado mediante acuerdo 01 de 2010”.
De allí que, en orden a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, se declaró impedido para decidir sobre la situación administrativa de su pariente, quien no hace parte del registro de elegibles.
La Corte es competente para resolver de plano sobre el impedimento manifestado por el Fiscal General de la Nación Encargado, doctor Guillermo Mendoza Diago, según se desprende del artículo 58 de la Ley 906 de 2004.
Previo a resolver lo que corresponda, preciso es señalar que de conformidad con el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, las normas de la primera parte del mismo se aplican a los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, dentro de las cuales evidentemente se encuentra la Fiscalía General de la Nación, cuando cumpla funciones administrativas. Así mismo, el artículo 2º ibídem, señala que los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.
Dicha normatividad se refiere a las actuaciones administrativas en el Título I, Capitulo 1 –artículos 2 al 42-, cuando el Fiscal General de la Nación las ejecuta en razón del cumplimento de un conjunto de normas y de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas; de allí que las actuaciones que despliega son actuaciones administrativas porque son desempeñadas en ejercicio de las funciones propias de su cargo y, en consecuencia, le son aplicables las causales de recusación contempladas en el articulo 30 del Código Contencioso Administrativo, así como las previstas en el Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta la remisión expresa que en esta materia hace la normatividad primeramente citada.
El instituto de los impedimentos busca garantizar que las actuaciones y decisiones judiciales se emitan con la debida rectitud e imparcialidad. Sin embargo, en esa materia rige el principio de taxatividad de sus causales, según el cual sólo es factible separar a un funcionario del conocimiento del proceso, ya sea por vía de impedimento o por recusación, en los casos y por los motivos expresamente establecidos en la ley, con lo cual se excluye la analogía o la extensión en su aplicación.
En tal virtud, ante la concurrencia de cualesquiera de las causales previstas en forma taxativa en la ley, surge para el funcionario judicial el deber ineludible de manifestar el impedimento en que se pueda hallar, mediante un acto unilateral y voluntario, soportado eso sí, como lo ha sostenido en forma reiterada la Corporación: “…dentro de los cauces del postulado de la buena fe que rige para todos los sujetos procesales y para el funcionario judicial, pues este instituto no debe servir para entorpecer o dilatar el transcurso normal del proceso penal o para sustraerse, indebidamente, a la obligación de decidir.” 1
La causal consagrada en el artículo 40 de la Ley 734 de 2000, y que invoca el doctor Guillermo Mendoza Diago para sustraerse al conocimiento del asunto, establece:
“CONFLICTO DE INTERESES. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.”
Y el numeral 1º del artículo 150 del C. de P.C., prevé como causal de impedimento:
“Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso.”
El aludido conflicto surge entonces cuando el funcionario tenga interés directo o indirecto en la actuación, porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a sus parientes, o a sus socios y así lo observe y advierta, motivo por el cual debe declarar su impedimento. Este último, como de manera reiterada lo ha dicho la Corporación, consiste en el provecho, conveniencia, utilidad o menoscabo que, atendidas las circunstancias derivarían el funcionario, su cónyuge o los suyos, de la actuación o decisión que pudiera tomarse del asunto.
De otro lado, en cuanto a la prueba sobre la existencia de las circunstancias que originan el impedimento en tratándose de causales de contenido eminentemente subjetivo, ha dicho de antaño la Corporación:
“Pero el criterio antes enunciado, tiene su concepción con respecto a las causales de impedimento por abstención, cuando envuelven un sentimiento de carácter estrictamente subjetivo y su manifestación se hace por los propios funcionarios que se sienten incapacitados por esa causa para conocer de determinado proceso. Entonces no se puede ser muy exigente en la prueba encaminada a demostrar esa situación, porque es precisamente quien se encuentra en esas condiciones el que puede hablar de los obstáculos de orden interno que perturban su recto criterio de juzgador, debiendo aceptarse como ciertas esas manifestaciones y separarlo del conocimiento del asunto cuando, por otra parte, la prueba sin ser plena es demostrativa de ese estado.” 2
En el caso bajo examen, se hace necesario aceptar el impedimento manifestado por el doctor Guillermo Mendoza Diago, en su calidad de Fiscal General de la Nación, específicamente por encontrarse configurada la causal invocada, pues se advierte un interés en relación con la decisión que directamente, de conformidad con el numeral 20 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004, debe adoptar de la situación frente al concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación, de su familiar el doctor FERNANDO JOSÉ MENDOZA MENDOZA, con quien lo une parentesco en el cuarto grado de consanguinidad.
Sin duda es una situación que de una u otra manera involucra sus sentimientos y le genera cierta expectativa, inclinación o interés, más aún porque, según manifestó el Fiscal General, su pariente no forma parte del registro de elegibles de la entidad que representa. Dicha circunstancia eventualmente puede alterar su voluntad al tomar la decisión que sea del caso.
Como consecuencia de lo anterior, se ordenará que el asunto pase a conocimiento del Vicefiscal General de la Nación, a quien corresponde resolver de conformidad con el inciso 2º del artículo 58 de la Ley 906 de 2004.
1.- DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el doctor Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General de la Nación Encargado, por las razones consignadas en la anterior motivación.
2.- REMITIR de inmediato el asunto al Vicefiscal General de la Nación, a fin de que adopte las decisiones que sean del caso.
JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN
1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Impedimento 19328 de 7 de mayo de 2002.
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto de 9 de agosto de 1951.

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 40
 artículo 150
 artículo 267
 artículo 58
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 150
 artículo 11
 artículo 58