Source: http://carlossotomorales.blogspot.com/2011/
Timestamp: 2017-10-22 13:35:35+00:00

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Reflexiones Jurídicas: 2011
Control difuso y juicio de amparo
Con motivo de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, así como la resolución varios 912/2010 (caso Radilla) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el control difuso de la constitución (que siempre ha existido, por disposición expresa de la Constitución Federal(1), pero suprimido jurisprudencialmente(2) por la SCJN), así como el control de convencionalidad, todos los jueces, sin importar materia o fuero, estarán facultados para dejar de aplicar leyes que sean contrarios a la Constitución Federal y a tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluso de oficio.
Varias preguntas que surgen con este nuevo paradigma de competencias judiciales: ¿Cómo se articulará el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad con el juicio de amparo? ¿Es necesaria una reforma a la Ley de Amparo?
Ambas preguntas pueden resolverse conforme a la actual Ley de Amparo (recordemos que está pendiente de aprobarse en el Congreso de la Unión una Nueva Ley de Amparo, ya aprobada por el Senado). En primer término, es necesario destacar que el control difuso se llevará a cabo en un procedimiento judicial ordinario (penal, mercantil, laboral, fiscal, etcétera). Si la autoridad judicial lleva a cabo la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad respectiva y, por tanto, declara su inaplicabilidad para el asunto en concreto, entonces procederá el juicio de amparo conforme a las reglas que actualmente rigen para todo acto judicial.
Me explico. Supongamos que se inaplica una norma por ser contraria a la Constitución o a un tratado internacional en la sentencia definitiva; en este supuesto, tal determinación podrá combatirse mediante el juicio de amparo en la vía directa.
Si la declaración de inconstitucionalidad se hace durante el proceso judicial o terminado este (es decir, no en la sentencia definitiva), aplicarán las reglas de procedencia del amparo indirecto. Por ejemplo, si se hace la inaplicación de una ley durante el proceso, antes de dictar la sentencia, procederá el amparo indirecto sólo si dicha inaplicabilidad implica la violación a un derecho sustantivo de manera irreparable, en caso contrario, deberá impugnarse como violación procesal en amparo directo.
No obstante lo anterior, la situación puede complicarse dependiendo si se emiten leyes ordinarias que regulen el control difuso de los jueces; sin embargo, me parece que las reglas seguirán siendo las mismas.
Será realmente interesante analizar cómo coexistirán ambos medios de control constitucional, es decir, el control difuso y el juicio de amparo y sobre todo, los criterios que irán emitiendo los órganos del Poder Judicial Federal, en especial la SCJN.
(1) Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
(2) Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Agosto de 1999, Página: 5, Tesis: P./J. 74/99: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que "Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.". En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto."
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 10:56
Etiquetas: amparo, control de constitucionalidad, control de convencionalidad
Los jueces y la música
Las letras de las canciones abordan todo tipo de temas, los jueces no podían ser la excepción. Las hay de todo tipo, aquí van algunos ejemplos:
Una canción alegre:
"Señor Juez, mi delito es por bailar el cha cha cha.
La culpa la tuvo ella, tenía lesionado el corazón.
Bailamos el cha cha cha y el corazón le falló.
Después de que se desmayó tenía que prestarle atención.
Así no consta en acta, lo tengo que condenar."
Una canción de protesta social:
Arjona ©:
"Me parece una injusticia
Y ni siquiera haberle dado a mi objetivo."
Una canción de ataque a los jueces:
La Polla Records ©:
"El juez es un rey, por encima del bien y del mal.
El juez es un rey, no esperes ninguna piedad.
Te está mirando a tí, te atraviesa y no te puede ver.
Él no sentirá su propio olor a suciedad.
Serás uno más, otro nombre en otro papel.
Está cazando desde el sillón, intocable en su posición.
Su capa negra es un ataúd y su conciencia duerme en él.
El circo va a empezar, redoble de tambor.
De pie, Su Señoría va a entrar."
Nota: Todos los derechos reservados por sus respectivos autores e intérpretes.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 10:10
Redes sociales, jueces y Ética Judicial (2)
En marzo de este año (2011) hice una consulta a la Comisión Nacional de Ética Judicial, relativa al uso de las redes sociales por parte de los juzgadores.
El día de hoy recibí la recomendación emitida por mayoría de votos de los integrantes de dicho órgano. Los puntos de recomendación son los siguientes:
Primera. La participación de los juzgadores en medios de comunicación no significa en sí misma la vulneración de los principios y virtudes de la Ética Judicial.
Segunda. La presencia en medios de comunicación en su carácter de autoridad judicial, motu proprio, fuera de los canales institucionales previstos para tales efectos, es contraria a la Ética Judicial.
Tercera. El uso de redes sociales por parte de los juzgadores para publicitar su trabajo jurisdiccional no es compatible con la ética judicial.
Cuarta. El uso de redes sociales por parte de los juzgadores con fines particulares y privados que la ley permita, y no de la función pública que desempeña como juzgador, no es contraria a la Ética Judicial.
Los razonamientos que sustentan la recomendación dieron lugar a la emisión de las sinopsis 1/2011 y 2/2011, que a la letra dicen:
SINOPSIS 1/2011
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. ES CONTRARIO A LA ÉTICA JUDICIAL PARTICIPAR EN ELLOS EN LA FUNCIÓN DE AUTORIDAD, MOTU PROPRIO, FUERA DE LOS CANALES INSTITUCIONALES. Si bien los juzgadores deben transparentar sus actuaciones conforme al principio de máxima publicidad y al derecho que la sociedad tiene a estar informada sobre su actividad jurisdiccional, ello debe realizarse de manera institucional a través de las páginas web, los portales de transparencia de cada órgano jurisdiccional, las publicaciones oficiales, así como de las áreas designadas para realizar labores de comunicación social, sin que sea acorde a la Ética Judicial utilizar los medios de comunicación, entre ellos el identificado como “redes sociales”, para difundir sus formas de pensar motu proprio fuera de los canales institucionales ya que de ello, además de que no es su función, implica desventajas de inversión de tiempo, la existencia de cuentas dedicadas a envíos de spams – mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no desconocido – y riesgos difíciles de controlar como la distorsión de la información, la difusión de rumores no comprobados, la posible presencia en la red, dada su diversidad, de usuarios agresivos, incluso pagados para dañar la imagen o reputación de las personalidades registradas, o de terceros, la promoción personal y los imprevisibles efectos de la difusión de noticias a través de las redes sociales, entre otros.
SINOPSIS 2/2011
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. EL USO DE LOS MISMOS POR PARTE DE LOS JUZGADORES CON FINES PARTICULARES Y PRIVADOS QUE LA LEY PERMITA, Y NO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE DESEMPEÑA COMO JUZGADOR, NO ES CONTRARIA A LA ÉTICA JUDICIAL. En el plano personal, fuera de su función de juzgadores, hay libertad para intervenir en medios de comunicación y en las redes sociales, por resultar ajenos, a la Ética Judicial y a sus principios.”
Como señalé, la recomendación se tomó por mayoría de votos de 3 Comisionados; el voto de minoría de los 2 Comisionados restantes propuso, en esencia que la participación de los juzgadores en medios de comunicación no significa, en sí misma, vulneración a los principios de ética judicial; que era factible la utilización de redes sociales para potencializar la publicidad del trabajo judicial y que no se vulneran principios éticos por tener amigos, seguidores o contactos en redes sociales.
Una recomendación interesante desde el punto de vista de la ética judicial y la participación de jueces en redes sociales.
Para leer el texto de la recomendación ir al blog nuevo.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 14:49
Etiquetas: etica judicial, Jueces, redes sociales
Ley inconstitucional y aplicación inconstitucional de la ley.
Una ley inconstitucional y la aplicación inconstitucional de una ley son cuestiones que, si bien semánticas parecidas, jurídicamente son distintas.
Una ley inconstitucional es aquella que en términos abstractos contraviene la Constitución Federal; esto significa que su inconstitucionalidad no depende de las circunstancias de su aplicación, es decir, es igualmente inconstitucional si se aplica a cierto tipo de personas, en cierta época, en cualquier lugar, y bajo cualquier modo de ejecución. Un claro ejemplo de una ley inconstitucional sería el que un código civil estableciera que sólo pueden ser albaceas en una sucesión los primogénitos varones. La violación al principio de igualdad es absoluta, ya sea que se estudie en abstracto, o si la norma se hubiera aplicado en cualquier proceso civil, sin importar quiénes fueran las partes o los motivos de fallecimiento del autor de la sucesión.
Por otra parte, la aplicación inconstitucional de una ley parte del supuesto que la ley es constitucional; sin embargo, su aplicación en ciertos casos y condiciones resulta inconstitucional. Aquí lo importante es que lo que resulta inconstitucional es el acto reclamado, no la ley en si misma. Un ejemplo lo he narrado en este blog. En un caso determiné que el delito de resistencia de particulares no era inconstitucional, lo que resultaba inconstitucional era que éste se hubiera aplicado a una persona para lograr el cumplimiento de una deuda civil.
A raíz del asunto de los tuiteros encarcelados y la promulgación de la Ley Duarte se han desatado una serie de posturas que confunden la constitucionalidad de la ley con su aplicación inconstitucional. Además, parten de dos premisas equivocadas: 1) El derecho de la libertad de expresión es absoluto; y 2) Las expresiones plasmadas en Twitter escapan del ámbito protector de la ley.
La llamada Ley Duarte dice lo siguiente:
Para determinar que esta ley es inconstitucional, como dijimos al principio, debe contravenir a la Constitución Federal en todos los supuestos. Para realizar el análisis respectivo pensemos en dos supuestos imaginarios:
Un grupo de personas, con los rostros cubiertos (encapuchados), se mete a una emisora local de radio o televisión, por la fuerza toman los micrófonos, cámaras y señalan que en ese momento están llevando a cabo un operativo armado de lucha contra el capitalismo, por lo que están metiéndose a las escuelas primarias particulares, con el fin de de robarse a los niños y adoctrinarlos en la senda del comunismo. La noticia es falsa, pero causa histeria en la sociedad.
Algunos tuiteros que ven la noticia, postean lo que está "pasando", es decir, difunden por las redes sociales el falso ataque.
Si sostenemos que la Ley Duarte es inconstitucional, entonces tendremos que decir que las personas de la primer hipótesis (los encapuchados) sólo estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y, por tanto, no pueden ser sancionados penalmente.
Por el contrario, podemos decir que la norma penal es constitucional y estar de acuerdo con que se sancione a las personas del primer grupo, pero su aplicación al segundo grupo (tuiteros) es inconstitucional, pues ellos sí estaban ejerciendo la libertad de expresión.
Un tema debatible y que pronto analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de una acción de inconstitucionalidad que interpuso la CNDH.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 9:08
Etiquetas: control de constitucionalidad, libertad de expresión
Bioética. Bebés diseñados.
Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard, habla sobre los problemas éticos del diseño genético de bebés.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 7:12
¿Pueden las malas personas ser buenos juristas?
Recientemente vi un programa en el Canal Judicial, donde la ius filósofa María del Carmen Platas Pacheco contestaba la clásica pregunta sobre si las malas personas pueden ser buenos jueces. Esto es lo que dijo:
"... (existe) una falsa dicotomía que pretende decir que una mala persona puede ser un buen juez, lo cual no existe. Las personas, los abogados en general y aquellos que se desempeñan en las labores de la judicatura no son unos esquizofrénicos funcionales. Las personas somos una unidad, somos el mismo individuo en diferentes ámbitos de nuestra vida. Una mala persona, que en su vida privada y personal desdice con sus actos la alta responsabilidad que tiene de juzgar a otros no puede ser un buen juez. Las personas llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida lo que somos. ..."
"... Cuando se habla de que una persona tiene unidad de vida quiere decir que es la misma dentro y fuera de su oficina y que los valores que vive en el trato con las personas que lo asisten, en el trato con los justiciables, son los valores que lleva como ciudadano, como padre de familia."
Yo estoy convencido de la coherencia que debe existir entre la persona (en el ámbito privado) y su profesión. Tratándose de juzgadores me es mas claro aún. Pero la pregunta no se debe de limitar sólo a los juzgadores sino que, creo, puede extenderse a todos los operadores jurídicos.
De esta manera, ¿una mala persona podrá ser un buen jurista? Los juzgadores, en algunos casos, para conocer la verdad histórica de un conflicto sólo podemos basarnos en las pruebas que nos ofrecen las partes. Hay juicios, por ejemplo, en los que se ofrecen testigos o documentos falsos por una de las partes, las cuales no son desvirtuadas ni objetadas por su contraparte (ya sea por desidia, ignorancia o prevaricato), lo cual traerá un fallo injusto, al no haberse dictado con apego a la realidad.
Los abogados que presentan testigos o documentos falsos en un juicio, chicanean los expedientes, a sabiendas que sólo están retrasando la ejecución de un fallo legal, ¿podrán ser unos esquizofrénicos funcionales y ser buenas personas? ¿serán excelentes padres de familia, que inculquen a sus hijos altos valores morales y el respeto a las normas? ¿Pagarán puntual y cabalmente los impuestos derivados de sus honorarios? ¿Respetarán las normas de tránsito convencidos de su cumplimento (no por temor a una multa)?
Me parece que una mala persona no puede ser ni un buen juzgador, ni un buen jurista. Es aquí donde cobra importancia la deontología jurídica y tratándose de miembros de la judicatura, la ética judicial. El ejercicio jurídico profesional sin sujeción a normas éticas nos convierte en simples técnicos, o peor, mercenarios del derecho.
Para abundar un poco sobre el tema, les recomiendo un texto de Jorge Malem: "¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 9:11
Etiquetas: deontología jurídica, ética judicial
Seminario de Transparencia Judicial Federal
27 y 28 de octubre de 2011, en la Sede Central del Instituto de la Judicatura (a un costado del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro).
(Dar click aquí o en la imagen para entrar a la página oficial del evento)
Los espero en la mesa 2 (Protección de Datos Personales), con el tema "Pugna entre lo Público y lo Privado", a partir de las 12:20 horas del 27 de octubre.
Informes: (55) 54-90-80-00 y 01-800-710-75-33
Extensiones 1762, 1769 y 1790
Registro de asistencia: Página oficial del evento
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 19:28
Cuestiones técnicas sobre la discusión del aborto en la Corte
El día de hoy (miércoles 28 de septiembre) la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la primera acción de inconstitucionalidad planteada en contra de una Constitución local que estableció la protección de la vida humana desde el momento de la concepción. Tal mandato constitucional fue combatido alegando, entre otras cosas, que cerraba las puertas a la autorización de la interrupción legal del embarazo, es decir, a abortar.
El tema del aborto es polarizante. Basta ver los posicionamientos de comentócratas, activistas y ciudadanos, ya sea en medios de comunicación, pláticas informales o redes sociales. Por lo general, todos nos sentimos dueños de la verdad absoluta en puntos tan controversiales como éste.
Sin abordar el tema de fondo del asunto, quisiera aclarar algunos puntos técnicos en la materia.
1. La acción de inconstitucionalidad que se analizó hoy, en términos del artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución, se desestimó al no haberse conseguido los 8 votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada; es decir, no existe pronunciamiento de fondo en cuanto al tema debatido, sino que sólo se archivará es expediente.
Dicho de otra manera, lo resuelto hoy por la Corte no implica que se haya declarado constitucional o inconstitucional la norma impugnada. Insisto, no existe, formalmente, un pronunciamiento de constitucionalidad por parte de nuestro Alto Tribunal. Simplemente, al no conseguirse una votación calificada, el expediente se dio por concluido y se archivará, lo cual podríamos homologar a un sobreseimiento.
2. La Corte no está penalizando el aborto, tampoco lo está permitiendo. Eso lo están haciendo las diversas legislaturas que integran nuestra República. Los legisladores, electos por los ciudadanos, son quienes materializan la voluntad del pueblo, en términos del artículo 39 de la Carta Magna.
Toda sentencia judicial gustará a una parte (la que ganó) y disgustará a la otra (la que perdió). La diferencia de este caso, es que son muchos los que están enojados y muchos los que están contentos. Algo importante es que siempre exista un tribunal que resuelva todo tipo de contiendas, donde se expresen los razonamientos técnicos, morales y jurídicos al dictar sentencia.
Ni siquiera la mas perfecta de las democracias puede tener contentos, siempre, a todos los ciudadanos; mucho menos en asuntos de este tipo.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 21:42
"Por que es mi chamba". Casos de la vida real.
Apenas vi el documental Presunto Culpable, que tan de moda estuvo hace poco tiempo.
Una de las escenas célebres es aquélla donde el procesado le pregunta a la Agente del Ministerio Público (MP) la razón por la cuál lo acusaba, y la fiscal responde "Por que es mi chamba".
La frase anterior me recordó una anécdota similar, que nos demuestra cómo funciona el sistema de procuración de justicia.
En el Juzgado de Distrito donde trabajaba (hace ya algunos años) consignaron a 2 personas por el delito de robo. Los inculpados se habían brincado la reja ciclónica de una empresa paraestatal y sustrajeron 2 kilos de fierros oxidados (era una especie de tiradero, donde llevaban material inservible). La mala suerte de estos individuos fue que fueron sorprendidos robándose esa basura. La PGR ejerció acción penal y después de seguido el juicio se les dictó a ambos una sentencia condenatoria.
Se les impuso una pena de prisión de 3 días, es decir, la pena mínima, pues el monto de lo robado no excedía de 100 pesos (recuerden que habían robado desechos); sin embargo, como los 2 sentenciados habían estado detenidos 3 días, durante la averiguación previa y a disposición del Juzgado de Distrito, antes que obtuvieran su libertad bajo fianza, se tuvo por compurgada la pena de prisión.
En lo concerniente a la reparación del daño, se les absolvió, pues los fierros viejos fueron recuperados por la paraestatal.
Finalmente, se les impuso una multa, a cada uno, de 1 día de salario mínimo.
En síntesis, la sentencia condenatoria únicamente implicaba el pago de una cantidad ínfima, pero a fin de cuentas, fue desfavorable para los sentenciados.
Lo que me sorprendió, fue que el MP adscrito apeló la sentencia. Le pregunté la razón por la cual había apelado, pues sólo impugnaba fallos que le eran adversos (sentencias absolutorias, autos de libertad, negativas de orden de aprehensión, etcétera), y en el caso en concreto estábamos en presencia de una sentencia condenatoria. Me contestó que las indicaciones de la PGR era que debían apelar, inclusive, las sentencias condenatorias que impusieran las penas mínimas.
Es decir, la línea que daba la procuraduría a los MPs era apelar cuando la pena de prisión fuera de sólo días, sin importar los hechos que motivaron el fallo. El equivalente de lo que ahora conocemos "por que es mi chamba".
El fallo fue confirmado por el tribunal de alzada, por inoperancia de agravios.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 21:34
Hacia un nuevo derecho público, supranacional e internacional
Les comparto este seminario que se ve muy interesante, a realizarse en el IIJ-UNAM.
Mayores informes en este link.
Efectos no deseados de la protección de datos personales
A manera de introducción, el video "Algo de alguien en algún lugar":
Con motivo de las reformas constitucionales y legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, los órganos jurisdiccionales hemos tomado muy en serio la protección de estos últimos, suprimiendo referencias al nombre, dirección, estado civil, religioso, etcétera, en aras de proteger información sensible de los ciudadanos.
El Consejo de la Judicatura Federal implementó un sistema que permite la cancelación o protección de datos personales de manera muy simple: En el documento electrónico de la sentencia (formato de word), los datos personales se escriben con letras rojas. Un programa sustituye todos los textos en rojo por diez asteriscos y las sentencias - ahora consideradas como versiones públicas - se suben a la página web del propio Consejo.
El problema que he podido ver, es que algunas sentencias, una vez que han sido procesadas por dicho sistema, se tornan inintelegibles, pues no se sabe a quién se hace referencia. Por ejemplo, en amparo, no sabemos si hablamos del quejoso o el tercero perjudicado; en materia penal, si nos referimos al inculpado, ofendido, testigo o algún perito. Algunos ejemplos los podrán ver leyendo las ejecutorias que publican los Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario Judicial de la Federación.
¿Cómo evitar ese problema? Desde el momento de elaborar el proyecto de sentencia, tomar en cuenta el efecto en comento, para sustituir nombres propios por adjetivos como "el quejoso", "el tercero perjudicado", "el denunciante", etcétera, ello, desde luego, en la medida de lo posible.
Debemos recordar que la claridad en el dictado de las sentencias es un requisito sine qua non de la transparencia judicial.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 8:39
El amparo del siglo XXI.
28, 29 y 30 de septiembre de 2011, en Tepic, Nayarit.
(Hacer click para agrandar la imagen).
Link del sitio oficial:
El Amparo del Siglo XXI
Tepic, Nayarit. Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”
10:00-10:45 hrs. Ceremonia de Inauguración
10:45-11:00 hrs. Fotografía Oficial
11:00-12:00 hrs. Conferencia Magistral de Inauguración
“Evolución del Derecho de Amparo en México”
Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicasde la Universidad Nacional Autónoma de México
12:00-12:30 hrs. Receso
12:30-14:00 hrs. Mesa 1
Reforma Constitucional y Nueva Ley de Amparo
Rafael Coello Cetina (Suprema Corte de Justicia de la Nación)
Eduardo Ferrer Mac-Gregor (Universidad Nacional Autónoma de México)
Ma. Amparo Hernández Chong Cuy (Suprema Corte de Justicia de la Nación)
Marcos Francisco del Rosario Rodríguez (Universidad Panamericana)
16:00-17:30 hrs. Mesa 2
Amparo Colectivo y Amparo Adhesivo
Oscar Cruz Barney (Ilustre y Nacional Colegio de Abogados)
Isidro Mendoza García (Universidad Nacional Autónoma de México)
César de Jesús Molina Suárez (Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México)
Víctor Manuel Montoya Rivero (Barra Mexicana Colegio de Abogados)
17:30-19.00 hrs. Receso
19:00-20:30 hrs. Mesa 3
Acto Reclamado y Suspensión del Acto Reclamado
Alfonso Nambo Caldera (Universidad Autónoma de Nayarit)
Jorge Ordóñez Escobar (Suprema Corte de Justicia de la Nación)
Laura Rangel Hernández (Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional)
Rubén Sánchez Gil (Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional)
21:00 hrs. Cóctel de bienvenida para Congresistas
Explanada del Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”
8:30-10:00 hrs. Mesa 4
Plenos de Circuito y Jurisprudencia
Edgar Danés Rojas (Universidad Autónoma de Tamaulipas)
Pedro Antonio Enríquez Soto (Universidad Autónoma de Nayarit - Tribunal Superior de Justicia del Estado Nayarit)
Gumesindo García Morelos (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
Miguel Ángel Rodríguez Vázquez (Universidad Juárez del Estado de Durango - Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango)
10:30-11:00 hrs. Receso
11:00-12:30 hrs. Mesa 5
Sentencias: Fórmula Otero, Declaratoria General de Inconstitucionalidad e Interpretación Conforme
César I. Astudillo Reyes (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
Giovanni A. Figueroa Mejía (Universidad Autónoma de Nayarit-Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit)
Alfonso Herrera García (Suprema Corte de Justicia de la Nación)
Fabiola Martínez Ramírez (Universidad Nacional Autónoma de México)
12:30-13:00 hrs. Receso
13:00-14:00 hrs. Conferencia Magistral
“Amparo Argentino y su Proyección en Latinoamérica”
Carlos Alberto Vallefín
Magistrado y Catedrático de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina
16:00-17:30 hrs. Mesa 6
Amparo Local y Federalismo Judicial
Julio Bustillos (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
José Miguel Madero Estrada (Universidad Autónoma de Nayarit-Tribunal Superior de Justicia del Estado Nayarit)
José María Serna de la Garza (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
Enrique Uribe Arzate (Universidad Autónoma del Estado de México)
17:30-18:00 hrs. Receso
18:00-19:30 hrs. Mesa 7
Amparo Internacional y Control de Convencionalidad
Juan Manuel Acuña Roldán (Universidad Panamericana)
José Luis Caballero Ochoa (Universidad Iberoamericana)
Iván Carlo Gutiérrez Zapata (Consejo de la Judicatura Federal)
Fernando Silva García (Poder Judicial Federal)
20:00 hrs. Cena Oficial con Ponentes en el antiguo Hotel Palacio
8:30-10:00 hrs. Mesa 8
Derecho de Amparo en Perspectiva Comparada
Miguel Carbonell (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
Héctor Fix-Fierro (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
Ana Giacomette Ferrer (Presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, Colombia)
Jorge Silvero Salgueiro (Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Paraguay)
10:00-10:30 hrs. Receso
10.30-11:30 hrs. Conferencia Magistral
“Evolución del Amparo Español y su Problemática Actual”
Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, España
11:30-12:00 hrs. Receso
12:00-13:00 hrs. Conferencia Magistral de Clausura
“Nueva Ley de Amparo”
13:00-13:15 hrs. Ceremonia de Clausura
La asistencia al Congreso tendrá valor crediticio para los alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit y valor curricular para las demás instituciones educativas y asistentes
$ 250.00 para investigadores, profesores, estudiantes y servidores judiciales
$ 400.00 público en general
www.uan.edu.mx/4congresoamparodpc.htm
www.tsjnay.gob.mx/4congresoamparodpc.htm
(311) 211 88 30. Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit
(311) 215 58 68 ext. 118. Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Nayarit
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 20:57
Etiquetas: Congreso, derecho procesal constitucional
Acabo de regresar de vacaciones. Fui a la isla de Cozumel, en el Estado de Quintana Roo, lugar que me encantó. En mi estadía en la isla, obviamente estuve "turisteando" por varios lugares, entre ellos, las ruinas de San Gervasio. Ahí tuve que pagar un derecho estatal para entrar a las ruinas, el cual estimó doblemente inconstitucional, por las siguientes razones:
La cantidad que pagué es un derecho establecido por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, es decir, un derecho estatal. Al respecto, debemos recordar que en términos del artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), corresponde al Congreso de la Unión (autoridad federal) legislar en materia de monumentos arqueológicos. Por ello, estimo que el gobierno del Estado no puede cobrar por entrar a una zona arqueológica; máxime que ésta estaba resguardada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, por sus siglas, que es una autoridad federal), quien también cobraba por acceder a la zona arqueológica. Es decir, para entrar a San Gervasio, tuve que pagar dos cantidades (derechos): Uno estatal y otro federal.
Los derechos fiscales, grosso modo, consisten en la cantidad que el Estado tiene derecho a percibir por la prestación o concesión de un servicio público. En el cobro estatal por entrar a las ruinas de San Gervasio, el gobierno del Estado no desplegó ningún servicio a mi favor. Lo único que hizo fue poner una casetita unos metros antes de la taquilla del INAH, cobrarme y decirme que adelante me iban a volver a cobrar. Al respecto, debo insistir que la conservación y vigilancia de la zona arqueológica estaba a cargo del INAH, es decir, la federación; entonces me preguntó ¿Y por qué razón cobra el gobierno local?
Algunos me preguntarán ¿Y por qué no promoviste un amparo? La respuesta es simple a mi parecer, la cantidad que pagué (noventa pesos por dos personas, mi esposa y yo) no ameritaba poner a trabajar la maquinaria judicial, que sé tienen cosas más importantes qué hacer. Las horas hombras-hombre y materiales que se hubiesen erogado por la tramitación de mi amparo seguramente excederían por mucho ese importe. Además, yo hubiese tenido que desembolsar un gasto aún mayor para el pago de abogados y gastos de transportación. Definitivamente no valía la pena.
Es curioso que uno no deje de pensar en cuestiones de constitucionalidad de leyes, ni siquiera andando de vacaciones.
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 9:13
Etiquetas: derecho fiscal, inconstitucional
El viernes 3 de diciembre de 2011 el Presidente Felipe Calderón firmó el decreto constitucional de reformas constitucionales en materia de amparo. Me imagino que este lunes (6/junio) se publicará en el Diario Oficial de la Federación la reforma correspondiente.
La reforma constitucional en materia de amparo iniciará su vigencia 4 meses después de su publicación, tiempo en que el Congreso de la Unión deberá emitir una nueva Ley de Amparo, además de reformar diversas normas relacionadas, tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, se de un proyecto de nueva Ley de Amparo, presentada en el Senado. Transcurridos eses 4 meses, iniciará la décima época judicial, previa declaración de la SCJN.
Para los que no conozcan cómo quedarán redactados los artículos constitucionales con motivo de su modificación, les comparto el texto aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, que se publicó en la Gaceta del Senado el 13 de diciembre de 2010:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LOS ARTICULOS 94, 103, 104 Y 107
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 94, para modificar el párrafo ubicado actualmente en octavo lugar; se incorpora un nuevo párrafo para quedar en séptimo lugar y se incorpora otro nuevo párrafo para quedar en noveno lugar. Se reforma el artículo 103. Se reforma el artículo 104. Se reforma el artículo 107 de la siguiente manera: el párrafo inicial; las fracciones I y II; el inciso a) de la fracción III; las fracciones IV, V, VI y Vil; el inciso a) de la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI, XIII, XVI y XVII y se deroga la fracción XIV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior. inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado,limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos
u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
VIl. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria,para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y de! interés social.
XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice
XIV. Se deroga
Cuarto. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de! presente Decreto
Publicado por Carlos Alfredo Soto Morales en 6:24
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References: resolución 
 ARTÍCULO 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 72
 artículo 39
 artículo 73
 artículo 94
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 107