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Timestamp: 2020-06-03 06:06:14+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Sábado 7 Novietubre 2015
Javier Benegas y Juan M. Blanco www.vozpopuli.com 7 Noviembre 2015
La conciencia de que el sistema político español ha sufrido un tremendo deterioro, de que hay que cambiar el rumbo y acometer reformas sustanciales, ha ido calando poco a poco como lluvia fina en pensadores, estudiosos, agentes sociales y público. Incluso en políticos y periodistas. Para que esto sucediera, ha hecho falta una larga travesía, años de avisos y disgustos, de advertencias y alarmas por la evidente descomposición del régimen del 78. Todo el mundo acepta ya la necesidad del cambio... pero discrepa en la magnitud de las reformas. Mientras la mayoría de personajes mediáticos aboga por una reforma limitada, ma-non-troppo, apostillando que los cambios deben preservar la vigas maestras del sistema, otros por el contrario están convencidos de que es imprescindible acometer reformas muy profundas, dirigidas a sustituir las columnas completamente carcomidas por otras enteramente nuevas.
Numerosas personalidades influyentes, especialmente políticos, se han alistado en el bando manontroppista. Y desde ahí, invocan a la moderación e insisten en que no hay que hablar de ruptura. Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, sostiene que la Constitución "se puede perfeccionar, pero tampoco hace falta dar una patada al tablero y ponerlo todo patas arriba". El propio Pedro J. Ramírez, erigido en adalid de la regeneración, escribía en su editorial que “si bien hacen falta reformas radicales, no hay que acabar con el régimen emanado de la Transición sino enderezar su deriva”.
Hay quien va un paso más allá, y da un salto metafísico, e insinúa que nuestro sistema político se encuentra en cambio permanente, una suerte de todo fluye, panta rei, al modo del griego Heráclito. "España vive en una permanente transición", afirmaba recientemente Miquel Roca en un especial del diario El Mundo. Y lo hacía, evidentemente, no para dar alas a las reformas institucionales que España necesita, sino para justificar las machaconas exigencias nacionalistas y mantener vigente el pasteleo, el cambalache y las negociaciones al margen de las leyes. En el mismo reportaje, Rafael de Arce apuntaba que, con la irrupción de Podemos y Ciudadanos "nos ha parecido que venía un cambio espectacular, pero lo cierto es que todas las generaciones han tenido ese deseo de cambio”. Y se diría que vivimos, y viviremos, en un permanente desencanto, pues las demandas de grandes saltos cualitativos, de soluciones magistrales chocan siempre con la realidad y terminan evaporándose.
La Transición y el inmovilismo. La paradoja
Ocurre, sin embargo, que a lo largo de la Transición no han existido reformas dignas de tal nombre. Muy al contrario, Transición e Inmovilismo han terminado siendo términos equivalentes. Lo que algunos han podido experimentar en todo caso es una ilusión óptica, la sensación de que el modelo político "avanzaba" debido a la interminable descentralización del Estado. Y es que, en efecto, ha sido el modelo autonómico abierto, con sus infinitas demandas de nuevas competencias, el que ha generado el espejismo, la falsa sensación de que la Transición nunca terminaría.
En sentido inverso, pero con el mismo propósito, la mayoría de políticos y periodistas parecen aferrarse a la amenaza secesionista para justificar la inmortalidad del régimen del 78, y evitar a toda costa poner punto y final a esta etapa de nuestra Historia. Todos parecen saber de antemano hasta dónde deben llegar las reformas sin haber hecho un exhaustivo estudio de los problemas y sus causas. Sin saber siquiera las metas. Actúan como un cirujano que, antes de conocer la extensión de la metástasis, decide no usar el bisturí más allá de unos límites preconcebidos, aunque tal cosa le suponga al paciente tener que volver al quirófano con un hilo de vida.
En realidad, los defensores de las reformas timoratas tienden a confundir, por ingenuidad o mala fe, las causas con los efectos; los problemas con sus síntomas. El rampante separatismo no es un fenómeno que surja de repente, caído del cielo como un meteorito; es consecuencia lógica de un sistema descentralizador sin límites, de la potenciación de las oligarquías locales, de la machacona identificación de autonomía territorial con democracia, y de esa regla no escrita que ha permitido a los poderosos cumplir, o no, la ley a capricho. Por mucho que ahora trinen los padres de la patria, es el propio Régimen del 78 el que plantó la semilla de la desintegración. Imposible resolver el problema sin superar su lógica.
Los cambios graduales y comedidos son buena terapia para resolver fallos puntuales en sistemas que funcionan aceptablemente. Pero sirven de muy poco para España, donde el sistema es disfuncional. Y el deterioro, completo. Las reformas puntuales fallan cuando ciertas reglas informales perversas han suplantado de facto a las leyes, cuando el sistema político ha regresado a un régimen personalista, de intercambio de favores, de acceso restringido. Es absurdo promulgar una nueva ley para garantizar que se cumplan las que ya existen. Que las leyes no se respeten, o no se hagan cumplir, no es el problema: es tan sólo el síntoma de una enfermedad devastadora. Es absurdo recetar una aspirina para cada uno de los numerosos dolores que un mismo y grave mal genera. El tratamiento debe atender al problema.
Más allá de las Instituciones. Cambiar las expectativas
El clientelismo, el régimen de intercambio de favores, la corrupción generalizada, constituyen un equilibrio de reglas informales muy robusto, basado en las expectativas de cada uno de nosotros sobre el comportamiento de los demás. El cambio es difícil porque, en esos entornos, ser justo y objetivo implica para cualquiera enormes costes y sacrificios. Pocos individuos son por definición héroes o malvados, santos o demonios; todas las personas tienden a adaptarse al entorno, a lo que esperan que hagan los demás. Si las reformas son parciales, las instituciones sanas acabarán tarde o temprano siendo arrastradas por la perversa corriente, capturadas por la dinámica general del intercambio de favores. La experiencia de muchos países así lo ha demostrado. Y debemos tomar nota. En sistemas muy degradados, solo las reformas ambiciosas pueden ir más allá de regenerar las instituciones formales (parlamentos, tribunales, leyes…) y cambiar también las expectativas de los individuos, mutando las reglas informales incorrectas en otras virtuosas (normas de comportamiento, convenciones, y códigos de conducta que anidan en las sociedades).
Sin embargo, no hay que confundirse. El cambio radical debe acarrear ilusión, ciertas dosis de emoción, pero en absoluto violencia, vacío de poder o episodios de venganza. Es una vía, pragmática, para cambiar nuestra forma de pensar y lo que esperamos del sistema. Es imprescindible convencer a la inmensa mayoría de que las cosas ya no volverán a ser como antes. Las resistencias y rigideces del régimen del 78 se han demostrado insuperables a la hora de promover reformas puntuales.
No es fácil apuntar los motivos profundos de quienes defienden esa suerte de inmovilismo: la trampa de las reformas mínimas que preserven en lo sustancial el viejo sistema. Quizá algunos no se resignen a renunciar a un inmerecido reconocimiento que inflama sus egos, a aquella cantinela según la cual nuestra Transición fue un ejemplo para el mundo, Adolfo Suárez un santo y Juan Carlos un monarca que encarnaba la virtud. Ésos que se consideran protagonistas del proceso, aspirantes a pasar a la Historia más como héroes que como villanos. Puede que otros pretendan un cambio lampedusiano, unas reformas cosméticas que mejoren la imagen del régimen... sin eliminar sus privilegios.
Aunque el ser humano experimente con frecuencia temor, incluso vértigo, ante la incertidumbre, no es posible detener el movimiento y transformación que caracterizan la Historia. Los inevitables desafíos deben acometerse con convicción y entereza, señalando la dirección que queremos y debemos tomar. Es necesario abordar un proceso de transformación cuyo alcance debe estar libre de tabúes y prejuicios, de trampas e intereses de grupo. Para salir de un régimen de latrocinio generalizado son inútiles los cambios parciales o timoratos. Las reformas deben ser amplias, profundas, intensas, radicales, deben transformar las expectativas de la gente, su percepción del comportamiento de los demás, generar ese impulso, la volea capaz de vencer la enorme inercia, superar la fuerza gravitatoria y lanzar el sistema político español a una órbita distinta.
Vicente Baquero www.gaceta.es 7 Noviembre 2015
Las transferencias de materias troncales de enorme trascendencia social, a la hora de estructurar un país como son la educación, la sanidad, la justicia, o la gobernación, fueron instrumentales en su poder para desbancar un sentimiento y una disciplina unitaria. Es evidente que si alguien es católico, luterano, musulmán o budista es porque así fue educado y moldeado. No se puede pretender que unas generaciones indoctrinadas desde la infancia en la idea separatista, vayan a reaccionar ahora de manera diferente a la que están reaccionando, puede haber excepciones sin duda, la racionalidad está por encima de la indoctrinación, pero esas minorías pensantes, son eso: minorías, y poco peso tienen en un sistema político cuyo eje cardinal y exclusivo es el sufragio universal. Igualmente habría que atribuir una parte importante de culpa al resto de la nación española, que en esa dispersión educativa intencional, cada “autonomía su propia historia”, ha devaluado las ideas esenciales del país y levantó unas barreras culturales entre las mismas, un vicio histórico de la izquierda española es no identificarse con España como unidad nacional, no vale como disculpa que la derecha tradicional haya instrumentado a su vez el tema en sentido contrario, la idea de España estaba al alcance y podría ser esgrimida por ambos bandos. Lo que ocurre es que solo un bando la tomo como eje de su campaña. Lo grave, más que la ignorancia del vecino, ha sido la indiferencia hacia lo que al vecino le pase. El que sucesivos gobiernos centrales, con objeto de apoyarse en los votos de los partidos nacionalistas, hayan hipotecado el destino de las poblaciones no nacionalistas, de las regiones en cuestión, es un delito de lesa majestad. Durante más de treinta años, a los vascos que tuvieron que exiliarse, a aquellos que tuvieron que seguir viviendo en su tierra bajo una presión insoportable de los medios nacionalistas, a los catalanes arrumbados que se sentía españoles, y querían seguir siéndolo, se les abandonó a los pies de los caballos, se les obligó a hocicar o exilarse por un afán electoralista. ¡No vengan ahora con discursos patrióticos porque han perdido la autoridad moral para reclamar comprensión!
El desmenuzamiento de la opinión
Amando de Miguel www.gaceta.es 7 Noviembre 2015
A finales del siglo XIX en Madrid se imprimían cientos de periódicos diarios, si bien muchos de ellos salían solo cuando podían. La estructura de medios se correspondía con la de las múltiples facciones personalistas de los partidos políticos. No costaba mucho montar un periódico o un grupo político en torno a un cacique. Cada aventura ideológica o periodística solo pretendía contar con unos pocos seguidores, aunque muy fieles. Los de las mismas ideas políticas se decían “correligionarios”, especialmente si eran ateos.
Avanzamos un siglo y caminamos rápidamente hacia la concentración de grandes medios de comunicación y unos pocos partidos políticos, idealmente dos de carácter nacional. Se financian por la munificencia legal del Estado (“subvenciones”) y por el latrocinio del erario más o menos disimulado (“corrupción”).
Unos pocos años más y nos encontramos con la revolución informática. Surgen como setas otoñales docenas, cientos de periódicos digitales. Bienvenidos sean. Adiós al bipartidismo. Volvemos a la sopa de letras, de siglas o de frases sin sentido: “Ahora Madrid”, “Juntos por el sí”, “Ahora sí que se puede”, “Viva Cartagena”, etc. Incluso los grandes partidos nacionales resultan ser una especie de mesa redonda de “baronías”.
La opinión pública se desmenuza porque ya no comentan la realidad solo los periodistas o los expertos con nombre y apellidos. Ahora todo el mundo puede echar su cuarto a espadas en el juego de decir lo que le parece. Los grandes medios de comunicación (escritos, orales o icónicos) introducen la sección de los mensajes de la audiencia. Suelen presentarse con el anonimato del nombre propio sin apellido, lo que les concede un aire de juvenil irresponsabilidad. Todo parece deliciosamente espontáneo, pero resulta rutinario y previsible.
Algunos grupos políticos no se plantean llegar a gobernar, solo a pactar con otros para influir en los asuntos públicos. Son otra vez las viejas facciones caciquiles o grupos de presión. No digo que la novedad sea mala; simplemente es otra cosa. Tiene la ventaja de que resulta familiar. Ahora bien, no se busque la ventaja de los Gobiernos estables. Eso es algo periclitado. Para salvarlo se habla de pactos, consensos, alianzas, encajes (y no precisamente de bolillos). Al conjunto se le puede etiquetar como Estado federal y todos contentos. Encima se añade que el federalismo puede ser “asimétrico”, grandioso oxímoron. El mejor de los mundos.
Teresa González Cortés www.vozpopuli.com 7 Noviembre 2015
Saco a colación esta anécdota porque, aunque asociada a la justicia, la insumisión rara vez luchó a favor de las libertades individuales. Y sí por el contrario, y a partir de 1789, en pro del fortalecimiento de la maquinaria del Estado. Este es el motivo por el que los políticos que invocan la indisciplina dejan de ser modernos en el momento mismo en que en nombre de la supervivencia de las instituciones nacionalistas no permiten que arraigue no digo la indisciplina que ellos se arrogan, sino el uso de una libertad ciudadana no tutelada, primer escollo. Y como siempre, segundo problema, acaban segregando a grupos de población que no piensan o actúan del mismo modo, en el alumbramiento de un futuro orden estatal esos pseudomodernos se erigen por encima de la realidad. Y, peor aún, bajo la creencia tirana de que la Razón está solamente de su parte, se apropian de la interpretación absoluta de las leyes, tercer y último inconveniente.
Ante estas formas predemocráticas de entender la democracia resulta oportuno traer a la palestra las teorías de Hans Kelsen y Carl Schmitt. El primero desarrollaría una concepción constitucionalista del Derecho, un normativismo legal de carácter universal que excluye referencias ideológicas y juicios morales diferencialistas. En contra de los valores de la democracia parlamentaria que Kelsen expuso en sus Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado (1911), Carl Schmitt escribiría casi diez años después su Teología política (1922), una obra que defiende, en las antípodas de Hans Kelsen, un Estado guiado por un político o Soberano que por decisión propia se sitúa al margen del ordenamiento jurídico y se inviste de la capacidad de suspender los mandatos legales contenidos en la Constitución.
Luis Balcarce. Periodista Digital 7 Noviembre 2015
"Quise escribir sobre la Guerra Civil como Manuel Chaves Nogales se la hubiera contado a sus hijos". Así lo ha declarado Arturo Pérez Reverte en la presentación este 6 de noviembre 2015 de su último libro 'La guerra civil contada para a los jóvenes' (Alfaguara) en el museo ABC de Madrid, compuesto de un breve texto con magníficas ilustraciones de Fernando Vicente.
‘La Guerra Civil...' de Pérez Reverte intenta no caer en la trampa de 'buenos y malos', "porque en la guerra la condición humana se manifestó con esa vileza de querer ver al enemigo exterminado". Un texto que no cuenta nada que no sepamos, puro, simple... ¿pero efectivo?
Reducir las causas de la guerra a que "había mucha pobreza, incultura y desigualdades con clases dirigentes acomodadas y grandes masas necesitadas" como hace Reverte al comienzo del libro es convertir lo complejo a simple y lo simple en absurdo.
Más extraño todavía resulta la interpretación de Reverte sobre las causas de la guerra cuando se compara este libro con un artículo titulado ‘La guerra civil que perdió Bambi' (El Semanal - 15/10/2006) en el que descarta la versión de que la guerra haya sido entre ricos y pobres:
"Los dos bandos tuvieron cunetas, aunque uno más que otro. Los que ganaron sacaron a sus muertos en el '39 y los otros deberían poder sacarlos. No es por memoria histórica, es por sentido común. Es justo y necesario. Me extraña que haga falta una ley para que triunfe el sentido común"
"Los revolucionarios [los militares sublevados] serán fatalmente derrotados. Cuanto mayor sea su resistencia mayor será la victoria del pueblo. En veinte años no se alzará en España una sola voz capaz de defender lo que hoy dicen los sublevados"
Por una España como Alemania y Francia, con democracia militante
En ninguno de los dos países sería posible, gracias a este tipo de democracia, un proceso soberanista catalán ni un acto insurreccional como el que se producirá en Barcelona el próximo lunes
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 7 Noviembre 2015
Ningún partido ha planteado una reforma constitucional para convertir en militante la democracia en España. Alemania y Francia son democracias militantes. Sus respectivas constituciones -la Ley Fundamental de 1949 y la Carta Magna de 1958- establecen que determinadas materias no pueden ser reformadas. En Alemania son anticonstitucionales -de plano- los partidos políticos que por sus fines o por el comportamiento de sus militantes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen de libertad y democracia, o poner en peligro la existencia de la República Federal. En Francia la constitución declara irreformable la forma republicana de gobierno y proclama explícitamente que “es una República indivisible, laica, democrática y social” en la que la soberanía reside en el pueblo de modo que “ningún sector del pueblo ni ningún individuo podrán arrogarse su ejercicio”.
A estos modelos constitucionales se les denomina “democracias militantes”, es decir, aquellas que activamente restringen las reformas que debiliten o liquiden el régimen democrático constitucional. Curiosamente, sin embargo, tanto la Ley Fundamental alemana como la Constitución de 1958 de la República Francesa se han modificado muchas veces. Hasta sesenta veces en Alemania y, menos, aunque muchas, en Francia. Tres veces con De Gaulle, dos con Giscard d'Estaing, dos con Mitterrand y cuatro con Jacques Chirac. Es decir, en aspectos nucleares o sustanciales, son constituciones rígidas y en todo lo demás, extremadamente flexibles. Ni en Francia ni en Alemania sería posible, en consecuencia, un proceso soberanista catalán ni un acto insurreccional como el que se producirá en Barcelona el próximo lunes.
Nuestra Constitución consagra una democracia procedimental, es decir, se abre a toda enmienda sin limitación alguna con tal de que discurra por el procedimiento establecido por la misma Constitución. Así es posible -dudosamente posible por mucho que haya determinado lo contrario el Tribunal Constitucional como ha argumentado impecablemente el letrado del Consejo de Estado José Antonio García Trevijano Garnica en 'El Mundo' de ayer ('La obligación de impedir el debate')- que el pleno del parlamento de Cataluña apruebe una resolución en virtud de la cual se inicia el proceso de creación de un Estado catalán en forma de república y, además, se declare la insubordinación ante las instituciones del Estado, en particular ante las resoluciones del Tribunal Constitucional. Al no ser militante nuestra Constitución -dicho así por el mismo órgano de garantías constitucionales en sentencias muy sonadas- hay que permitir que se llegue a la abierta colisión entre la resolución secesionista catalana y los artículos 1 y 2 de la Constitución.
El propio TC ya ha anticipado con suficiente claridad que ha de consumarse el acto inconstitucional -con lo que ello comporta de precedente y desafío- para que se produzca la declaración de tal, sin considerar que su calificación por la mesa del parlamento catalán no es un acto de trámite sino sustantivo y por lo tanto impugnable, como García Trevijano Garnica sostiene con gran brillantez argumental. Parece, pues, una necesidad perentoria que los partidos que defienden como fundamento del Estado, entre otros, la unidad nacional, reformen la Constitución para evitar que pueda enmendarse la integridad territorial de España y los derechos y las libertades, incorporando a nuestro país al elenco de las democracias militantes que son las más solventes y duraderas.
No se ha oído a ningún partido explayarse sobre esta posible mutación de nuestra democracia. Y lo cierto es que, resueltas las cuestiones históricas que han provocado convulsiones (la agraria, la militar, la religiosa), sigue pendiente la territorial. La Constitución de 1978 ha atravesado ya por dos crisis que han afectado al fundamento de la integridad de España: el llamado plan Ibarretxe (2005) que pretendía una Euskadi como “comunidad libre asociada” a España y el proceso soberanista catalán (iniciado en 2012).
Nada hace suponer que, aunque fracase la iniciativa secesionista catalana, no pueda reactivarse en el futuro, lo mismo que podría ocurrir en el País Vasco si, además, no se evita que, mediante referéndum, la comunidad vasca pueda fusionarse con la foral navarra, lo cual está contemplado como posibilidad en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Por lo demás, la tensión segregacionista de Cataluña y del País Vasco también se produjo bajo la vigencia de la Constitución republicana de 1931. El Gobierno vasco traicionó al republicano en momentos claves y la Generalitat de Cataluña hizo dos proclamas independentistas en 1931 y en 1934. Se trata, en consecuencia, de un problema insurreccional crónico que la Constitución de 1978 no ha resuelto y que sólo podrá resolverse mediante la instauración de un modelo de democracia militante, a la alemana o a la francesa, que declare irreformable la integridad territorial española.
PD. Una buena definición de democracia militante es la siguiente: “Aquella cuya Constitución establece un límite al poder de enmienda constitucional, de tal manera que algunos de sus valores son irreformables”.
Pablo Sebastián Republica.com 7 Noviembre 2015
Vaya por delante, porque algunos catalanes no quieren admitirlo, que en un Estado de Derecho y democrático el imperio de la ley es la base de la convivencia democrática y de las libertades públicas. Y de ello emana la legitimidad de las instituciones -como la Generalitat y el Parlamento catalán- y de los cargos públicos como los gobernantes y los representantes parlamentarios que están obligados por leyes que no pueden desobedecer ni violentar sin que, previamente, se haya producido un cambio de dicha legalidad o del marco constitucional.
Lo que impide el argumento de los secesionistas catalanes de una pretendida confrontación de legitimidades entre lo legal y lo que algunos califican de democrático, porque no hay democracia sin ley y porque la legitimidad solo emana de la ley. Máxime si los secesionistas han perdido el plebiscito independentista en las elecciones del 27-S, por lo que no cuentan con el apoyo de la mayoría de los catalanes y su mayoría parlamentaria se debe a una ley electoral moralmente injusta porque de aplicarse un recuento de votos de manera proporcional y directa ‘Juntos por el sí’ solo sumaria 53 escaños, y la CUP 9.
Pero a pesar de todo esto, el lunes entrante vamos a asistir a un hecho, que algunos dirigentes catalanes llaman histórico y que solo será un paréntesis de la mayor gravedad para España y Cataluña. Porque está previsto que una mayoría del Parlamento catalán, donde se integran diputados de CDC, ERC y CUP -y veremos si de una parte de ‘Catalunya si que es pot’ (Podemos)-, decidirá el comienzo de un proceso para la proclamación de la República de Cataluña, violentando así la ley y la Constitución Española. Al tiempo que se anuncia la desobediencia a las Instituciones del Estado, la Constitución y los tribunales, incluido de especial manera el Tribunal Constitucional.
Frente al inmediato desafío, que se proyecta como un acto sedicioso -así lo recoge el artículo 548 del Código Penal- el Gobierno de Mariano Rajoy (que hasta ahora ha sido incapaz de hacer frente a semejante proceso como se vio en la Consulta del 9N de 2013), deberá actuar con contundencia en tres frentes de legalidad:
Con un urgente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para anular y sancionar a quienes rompan la legalidad.
En el caso de ser desobedecidas las resoluciones del TC, con la actuación de la Fiscalía del Estado ante los tribunales ordinarios o Tribunal Supremo para aplicar el Código Penal por los delitos de Sedición o incluso de Rebelión, si la desobediencia al TC se acompaña de movilizaciones sociales o de actos de violencia.
El Gobierno puede completar su respuesta a la secesión con la aplicación del Artículo 155 de la Constitución que incluye, previa consulta al Senado, la posibilidad de la suspensión total o parcial del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Para hacer cumplir las decisiones de los tribunales el Gobierno, en el caso de Sedición y Rebelión podrá recurrir a las Fuerzas de Seguridad del Estado y autonómicas, y en el caso de violencia generalizado a las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 de la Constitución.
El presidente Rajoy, que cuenta en un principio con el apoyo de los partidos constitucionalistas españoles PP, PSOE y Ciudadanos, aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de aplicar en Cataluña el Código Penal y el artículo 155 de la Constitución Española, del que ha dicho que prefiere no ponerlo en marcha. Rajoy solamente ha reconocido que va a utilizar la vía del Tribunal Constitucional.
Pero en caso de no querer llegar hasta el fondo de la cuestión en la respuesta judicial y sus exigencias de responsabilidades a los autores del proceso secesionista, Rajoy se podría encontrar en la situación de que algún partido político, colectivo social o incluso ciudadanos de a pie presente ante la Fiscalía y tribunales ordinarios una denuncia por los delitos flagrantes de Sedición o Rebelión contra los gobernantes y parlamentarios catalanes afectados por la secesión.
No en vano, una vez desobedecido el Tribunal Constitucional por los secesionistas y convocadas movilizaciones públicas en apoyo de la revuelta ilegal e inconstitucional el artículo 544 del Código Penal dice: ‘Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales’.
Y en caso de que en las movilizaciones secesionistas se produjeran actos de violencia contrarios a la legalidad y el orden público, la gravedad de esa situación obligará a la aplicación de los artículos del Código Penal relativos al delito de Rebelión, como el 472 donde se escribe, entre otras cosas: ‘Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; declarar la independencia de una parte del territorio nacional’.
Supuestos todos ellos, los de Sedición y Rebelión que son muy claros y aplicables a quienes anuncian sin ambages la ruptura de la unidad de España, lo que les podría acarrear multas y penas de prisión de hasta 15 años en caso de la Sedición y de hasta 25 años en caso de Rebelión.
El Gobierno de España que ha jurado o ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución está obligado por ley a actuar en uno o en los tres frentes judiciales que aquí se resumen, de lo contrario acabaría por incurrir en la complicidad.
Pero cabe imaginar conocida la tibieza y poca audacia de Rajoy que el Ejecutivo actuará como dicen en Moncloa con ‘proporcionalidad’. Es decir poco a poco -el viernes se mencionaba solo una actuación contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell-, lo que podría provocar en Cataluña una oleada de rebeldía social de consecuencias impredecibles y graves si no se actúa desde el primer momento con la firmeza necesaria y con todos los recursos que ofrece el vigente marco legal y constitucional.
Como puede que la conocida pasividad de Rajoy provoque indignación en el conjunto del pueblo español y en plena campaña electoral de los comicios generales del 20 de diciembre. De manera que atentos todos los actores del anunciado drama porque la función ya está a punto de comenzar.
No es la identidad, estúpido
Cualquier cambio constitucional debe ir encaminado a mejorar todo el país y a satisfacer las aspiraciones de todos los ciudadanos, no solo las de una parte de ellos
Jesús Patiño El Confidencial 7 Noviembre 2015
Para los constitucionalistas es esperanzadora la foto conjunta de Ciudadanos, PSC y PP pidiendo amparo al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la resolución separatista en Cataluña, aunque cada partido haya presentado un escrito diferente y el PSC no pida en el suyo la suspensión de la convocatoria del pleno del Parlament que debe votar la moción.
No pido uniformidad, como en la lista de Junts pel Sí, pero sí que se tengan las cosas claras en estos momentos. Y no es eso lo que se traduce de la propuesta de reforma constitucional socialista, en la que se dice que “no debemos ignorar que en Cataluña muchos ciudadanos se muestran insatisfechos con la forma en que, en ese Estado, se reconoce su identidad”.
No señor, esto no puede ser un motivo de reforma de la Constitución. Decir eso es desconocer qué es una constitución democrática, que no es otra cosa que una norma jurídica suprema, que emana del poder constituyente -el pueblo español, donde reside la soberanía nacional-, y cuya función es regular los aspectos fundamentales de las fuentes del derecho, la composición y competencias de los órganos constitucionales y los límites básicos de los derechos y deberes de los ciudadanos.
La identidad en política, como dice Savater, es la ciudadanía, “sin otra raíz que la ley común ni otros condicionamientos que los pactados entre iguales”
Cualquier cambio constitucional debe ir encaminado a mejorar todo el país y a satisfacer las aspiraciones de todos los ciudadanos, no solo las de una parte de ellos. La identidad en política, como dice Fernando Savater, que es quien creo ha escrito más sobre identidades, es la ciudadanía, “sin otra raíz que la ley común ni otros condicionamientos que los racionalmente pactados entre iguales”.
Los derechos de los ciudadanos no dependen de su pertenencia a un determinado grupo identitario, sino de que forman parte de la democracia española, que les hace individuos libres e iguales, que cuentan con derechos y garantías civiles reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, estando la Constitución a la cabeza del mismo.
De la misma escuela, partidaria de aplicar el “cuñadismo” al asunto del independentismo, parece salido José Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa y fichaje de Podemos para ir en las listas de Zaragoza como número dos, que ha afirmado que “el problema que se está planteando ahora con Cataluña es un problema que se soluciona políticamente, no con ley”.
Es curioso cómo han logrado calar algunos discursos que establecen una especie de alternativa al cumplimiento de la ley, salvable, según ellos, a través de la política, o de concebir la Constitución como el sitio idóneo para plasmar diferencias y sellar desigualdades.
Alguien debería decirles que -¡ojo!; en términos democráticos y políticos-, no se puede desvincular identidad de ciudadanía, ni en una democracia seria y avanzada se puede elegir entre política y ley. Otra cosa es que nos propongamos, por los cauces establecidos, cambiar la Constitución o las leyes, para que sean distintas, pero siempre bajo la premisa del cumplimiento de las que están en vigor, que nos obligan y al mismo tiempo garantizan nuestros derechos.
El lunes el Parlamento catalán aprobará la ruptura con España
Luis Ventoso ABC 7 Noviembre 2015
A priori, la melodía de «proporcionalidad y prudencia» que entona el Gobierno ante el golpismo civil separatista suena muy razonable. Pero Maquiavelo, aquel inteligentísimo cabroncete del Renacimiento, que tenía más conchas que un galápago, ya advirtió que un gobernante «nunca debe permitir un desorden para evitar un conflicto». Y mucho de eso hay en los titubeos ante la rebelión nacionalista.
Para evitar lo que en cansina expresión llamamos «el choque de trenes», se ha ido dejando hacer a los separatistas, que lógicamente se han animado al constatar que nuestras leyes democráticas y el sentido común ya no constituyen barreras infranqueables. Primero, en una actuación sin parangón en el mundo, prohibieron los rótulos en español, uno de los dos idiomas oficiales y el más hablado, e ignoraron las sentencias sobre la escolarización en castellano. Pero se dejó hacer: proporcionalidad y prudencia. Luego, se inventaron un insólito Estatut que pretendía lo inaudito, la instancia autonómica venía a dibujar cómo debía ser el Estado, fijándole incluso obligaciones de gasto. Pero el inenarrable Zapatero, cuya responsabilidad en esta galerna es imperdonable, les dio alas proclamando que aceptaría «todo texto que viniese de Cataluña». Proporcionalidad y prudencia a saco.
Hace justo un año, Mas convocó un referéndum. Tras mucho meditar, Rajoy se acogió a la «proporcionalidad y prudencia» y permitió que se colocasen las urnas. El Gobierno separatista incluso obligó a abrir los colegios públicos para las votaciones. En La Moncloa se ufanaron de su astucia: la consulta se había quedado en una farsa y Rajoy había vadeado de nuevo el choque de trenes. No comparto tan complaciente lectura. Para evitar un conflicto se permitió un desorden, que diría Maquiavelo. Dos millones de personas depositaron sus votos en unas urnas que incluso sin validez poseían enorme carga simbólica. Cierto que luego llegaron el Constitucional y las denuncias, pero para entonces Mas ya había celebrado su amago de referéndum. Había probado que se puede ir toreando al Estado. El siguiente paso en la crecida llega ahora: el lunes proclamarán en el Parlamento autonómico que han roto nuestro Estado y con nuestra democracia. El Gobierno advierte muy serio que recurrirá «al minuto». También lo hará el TC. Pero para entonces los sediciosos habrán demostrado una vez más que es posible hacer la goma con las leyes. Una abrumadora mayoría de españoles se sentirán frustrados al constatar el poco pulso con que se defienden su nación, sus libertades y sus leyes. El «sentimiento» separatista no es el único. Millones de españoles se sienten humillados, saturados y ofendidos por una sinrazón perdonavidas ante la que nuestros dirigentes parecen siempre medrosos y a rebufo. Había salidas legales para evitar que llegasen tan lejos.
El TC y los más preclaros juristas explican que no se podía frenar la actuación sediciosa del Parlament porque no se producirá hasta el lunes. En la canícula del próximo verano, cuando los picoletos vean a un paisano con tres garrafas de gasofa y una mecha monte arriba, ya saben: déjenlo ir, ni pensar en detenerlo hasta que esté quemando el monte. Proporcionalidad y prudencia.
Ramón De España Cronica Global 7 Noviembre 2015
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 7 Noviembre 2015
Cuando uno se dedica a comprobar lo que está sucediendo en ciudades, como Barcelona o Madrid, en las que sus respectivos ayuntamientos han ido a parar a manos de personajes que nunca en su vida hubieran soñado ocupar cargos de tanta responsabilidad y que se vinieron destacando, antes de meterse en el juego político de los partidos, por sus ideas extremistas, sus currículum antisistema y sus andanzas, como ha sido el caso de Ada Colau, en el ámbito de la protesta callejera, la resistencia a las autoridades y la falta de respeto por las leyes del país; tiene ocasión de ver lo que, unos personajes sin la preparación para gobernar urbes importantes, motivados por sus fanatismos particulares y completos desconocedores de las consecuencias de que decisiones imprudentes, actos improvisados, reformas poco meditadas y despilfarros en el destino de ayudas o gastos innecesarios que, para poderlos cubrir, es preciso cargar la fiscalidad de los ciudadanos con impuestos, tasas, arbitrios y toda clase de imposiciones de carácter recaudatorio, que sólo consiguen `perjudicar a la ciudadanía y hacer insostenible cualquier plan sensato al que pudieran haberse dedicado los recursos públicos que se han dilapidado por quienes tienen la incumbencia de velar por el progreso y mejora de la urbe que han recibido, para su buena administración.
Señoras como Ada Colau, Manuela Carmena han demostrado, apenas transcurridos los 100 días de ocupar sus cargos, la incompetencia con la que han manejado los temas ciudadanos. Sus intentos de darle un formato asambleario a las decisiones importantes que deban afectar a las infraestructuras urbanas; la circulación; las plantillas de funcionarios; la elección de colaboradores (muchos de ellos fruto del más descarado nepotismo); la distribución de las ayudas sociales y la falta de sentido común en la atribución de las partidas presupuestarias a sus fines específicos, han demostrado que ninguna de ellas ha estado preparada para la tarea de dirigir ciudades tan importantes que son capaces de generar problemas de difícil solución si no se sabe y no se tienen los conocimientos precisos para poder solventarlos.
Las continuas rectificaciones a las que ambas han debido someter sus impulsivas decisiones, los daños causados a la ciudadanía en determinaciones, como las que afectan a los “top mantas”, motivos de gran descontento entre los comerciantes; los graves perjuicios de la moratoria que ha afectado a las actividades turísticas en Barcelona, consecuencia de la cual se han perdido millones de euros por las empresas perjudicadas, que han decidido demandar a la Administración para reclamar las indemnizaciones oportunas, así como otras muchas acciones y protestas puestas en marchas por diversos colectivos perjudicados; demuestran que quienes prometieron avances, hasta ahora lo único que han conseguido es provocar retrasos innecesarios, perjuicios imperdonables y descontento generalizado ente los ciudadanos afectados por su incapacidad para gestionar sus responsabilidades en el cargo.
Sin embargo, dónde de verdad se está produciendo el verdadero caos, el despiporren político y el más burdo sistema de gobierno ha sido, sin duda, en el Parlamento catalán y en quienes lo van a ocupar, en virtud de los resultados electorales del 27N, que no han sido capaces de asimilar la victoria conseguida por el grupo de “Junts pel Si”, una amalgama de CDC, ERC, Asamblea Nacional de Catalunya y otro grupo inconformista y catalanista denominado Omnium Cultural, que presentaron las elecciones autonómicas desde un punto de vista de consulta popular por el “si” o el “no” al proceso independentista catalán y que, por mucho que ahora intenten darle la vuelta al argumento, perdieron los del “sí” por haber sido ampliamente superados por los que votaron “no”. Al querer darles, a los escaños conseguidos, el carácter plebiscitario que les negaron los votos de los ciudadanos; han forzado al Parlamento catalán a convertirse, para poder proseguir su carrera independentista, en el órgano que ellos consideran legitimado para poder declarar, tal y como lo propuso su nueva presidenta, la señora Carmen Forcadell, –una exaltada nacionalista que no atiende a razones y que confunde su papel de líder en la Asamblea Nacional Catalana, un órgano de aparato separatista destinado a fomentar, por todos los medios a su alcance, el desafío catalanista al Estado de Derecho y la desobediencia activa y pasiva a todo lo que procediera del Estado español, con su nuevo papel, en esta ocasión un lugar en el que se expresa la voluntad popular – cuando dejó claro la propuesta que se iba a votar el dia 9, el de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat si, para aquella fiesta, ya se han puesto de acuerdo sobre la persona ( Artur Mas u otro) en la que deberá recaer tal designación; concretada a aquella frase que, con tanto énfasis y pretendida solemnidad, se atrevió a pronunciar: “La proclamación de la República Independiente de Catalunya”.
Parece que, en esta ocasión, los separatistas han avanzado un paso más, una decisiva zancada hacia las arenas movedizas que, imprudentemente, han comenzado a pisar. A diferencia de las otras ocasiones en las que, el Gobierno del señor Rajoy, ha permitido que se les subieran a las barbas parece que, en esta ocasión (al menos queremos pensar que será así), tiene preparada una batería de respuestas constitucionales, medidas y comprobadas, para ir respondiendo, paso a paso, a cada una de las arbitrariedades que los separatistas estén dispuestos a plantear. Y, en este caso que nos ocupa, parece que los que están situados en primera fila, para ser destinatarios de la acción de la Justicia española, son la señora Carmen Forcadell y aquellos que la acompañen en su pronunciamiento en contra de la unidad de España, su anuncio del propósito de incumplir las leyes españolas, las sentencias de los tribunales y las resoluciones del TC, una de las cuales parece evidente que va a ser la de declarar nula cualquier declaración que se pronuncie a este respecto.
Parece obvio que, en esta resolución que parece que se avecina, existen los elementos suficientes para considerar que, aquellos que se involucren en ella, podrán ser considerados responsables de: desobediencia, prevaricación, incitación a la sedición, deslealtad y toda una serie de ilícitos penales que los van a poner a las puertas de la Modelo si los tribunales, los fiscales y la fuerzas de orden público actúan de acuerdo con lo que se les exige por parte de la Justicia española, la acaten o no los presuntos culpables de tales infracciones del ordenamiento jurídico. Lo que sí parece cierto y existen muy pocas probabilidades en contra, es que los secesionistas están dispuestos a jugársela y, si es preciso, afrontar los efectos de la reacción del Gobierno y del mismo Tribunal Constitucional, con lo que, claramente, intentan utilizar el victimismo, el presentarse como mártires de la causa separatista y objetivo directo del “gobierno de Madrid” para privar a los catalanes de su “derecho democrático” a separase de la nación española.
Este va a ser el quid de la cuestión catalana y así será como vamos a tener ocasión de ver el apoyo de estos partidos, que se han declarado en contra de la independencia unilateral proclamada por Catalunya, como son Ciudadanos, UPyD, PSOE, para que se pueda poner en marcha, si los catalanes no aceptan las resoluciones del TC como es evidente que no harán, la máquina de la Justicia, con todas las consecuencias que se puedan derivar en orden a la situación de los presuntos imputados. Qué duda cabe que, entre las reacciones que Mas y sus esbirros tienen previstas, una de ellas será el conseguir inflamar las calles de las ciudades importantes de Catalunya, para enfrentarse a la acción del Estado español. Es muy posible que las fuerzas del orden tengan que enfrentarse a manifestaciones, ataques a bancos o a organismos públicos, asaltos a grandes superficies, robos, agresiones y todo tipo de salvajadas, con las que querrán dar a entender al Gobierno que no van a cesar en sus intentos separatistas. Será difícil, si se producen estos enfrentamientos que no se cause alguna víctima, seguramente provocada por los mismos organizadores de los tumultos, que pretenderán utilizarla para demostrar “la brutalidad de la represión”. Y aquí es donde precisamente se podrá ver si, de verdad, el apoyo al Gobierno es verdadero o se ha tratado de una escenificación que, cuando llegue el momento de la verdad, se disuelva en agua de borrajas.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que el tema catalán nos lleve a los españoles y más los que residimos en Catalunya, a una situación que pudiera llegar a ser insostenible. Esperemos que no se llegue a tanto.
Honradez de Carrillo entre farsantes
Pío Moa www.gaceta.es 7 Noviembre 2015
En Los mitos del franquismo me extendí en uno de los sucesos más simbólicos y reveladores del carácter del antifranquismo: el homenaje a Carrillo con motivo de su noventa cumpleaños: un festival de la hipocresía, la maldad y el embuste como habrá habido pocos en esta época tan marcada por la falsedad y la corrupción. Allí estaban Pujol, Peces-Barba, Zapatero, Rodríguez de Miñón, Fernández de la Vega, Martín Villa, Ana Belén, Sabina, Anasagasti, Ibarreche, Gabilondo, Almudena Grandes, Montilla... Otros, incluido Juan Carlos, mandaron mensaje de felicitación. Hasta 400 farsantes políticos, intelectuales, periodistas y artistas tratando de convertir en un icono de la democracia al héroe de Paracuellos. El broche de oro al homenaje consistió en la retirada, con nocturnidad y alevosía, de la estatua de Franco en Nuevos Ministerios, donde siguen las de los golpistas y guerracivilistas Largo y Prieto. Ningún suceso podía retratar mejor el miserable mundillo en que vive en país. El único honrado en aquel jolgorio fue el propio Carrillo, que tuvo la decencia de proclamar su “orgullo inmenso” por su trayectoria comunista, es decir, su trayectoria de totalitario con un historial repleto de crímenes.
En Los mitos del franquismo he expuesto la trayectoria del PCE a lo largo del franquismo, desde el terrorismo del maquis hasta la farsa de la reconciliación nacional y el eurocomunismo y las razones de su aceptación de la democracia traída por y desde el franquismo, y no voy a tratarlo ahora. Lo resumiré también en dos programas de “Cita con la Historia”. Lo interesante aquí no es Carrillo, sino sus homenajeantes: Debemos tomar en cuenta los dos tipos de antifranquistas en vida de Franco: los luchadores y los que cabría definir como zascandiles. Los primeros, comunistas y etarras sobre todo, se exponían a la cárcel y, en casos extremos, a la muerte; los seggundos se limitaban a secundar iniciativas de los primeros siempre que ofrecieran poco peligro, a publicar ocasionalmente artículos o chismes de crítica indirecta o a maldecir al franquismo en nombre de la libertad, pero sin estimarla lo bastante para arriesgarse por ella, más bien explotando la no despreciable que ofrecía el régimen. Su radical antifranquismo no les impedía, desde luego, desenvolverse y prosperar en tan tremenda dictadura, a menudo como empleados o funcionarios de esta. Es obvio que sus indignaciones tenían mucho de pose pues vivían con notable confort y no pensaban renunciar a él por la causa invocada.
“A esta corriente de apuntó desde la transición una multitud que ni siquiera había pertenecido al antifranquismo zascandil o trataba de borrar un historial franquista o falangista. Para justificar a muchos intelectuales se inventó la figura del “exilio interior”, que no resiste el menor análisis. Pero, en fin, aquellos fanáticos pasivos de la libertad no podían menos de admirar a los activos comunistas, admiración teñida de alivio cuando pasó el temor a que el PCE ganara las elecciones explotando su más o menos heroica lucha anterior, que demostró convencer a pocos.
“De este modo, el homenaje de los zascandiles a Carrillo se entiende y no deja de ser legítimo (...) Menos legítimo sonaba coronar al alunmo de Stalin, pues no otra cosa había sido el festejado, con los laureles de la democracia, las libertades y la reconciliación, demostrando que tampoco los homenajeantes tenían el menor derecho a tal honor (Los mitos del franquismo).
Acaba de salir un libro de Julius Ruiz sobre Paracuellos, en el que limita la responsabilidad de Carrillo considerándolo solo “facilitador” del crimen. Los libros de Ruiz son estimables, desde luego mucho mejores que los auténticos bodrios tipo Viñas, Preston y compañía. Aunque tengan deficiencias que he señalado en otras ocasiones. Al respecto, uno de los más tenaces investigadores de las atrocidades rojas en Madrid, J. M. Ezpeleta, me ha escrito: “Aunque no tengo su último libro, sí leí el artículo sobre Paracuellos aparecido en El Mundo del día 25 de octubre, y la entrevista. Y como siempre, se sigue sin mencionar nada nuevo y cometiendo errores que arrastran los historiadores desde el principio.
A modo de resumen: 1) mezcla conceptos y la cronología de los hechos, pues no distingue las dos sacas de 190 presos extraídos de las cárceles de Porlier y San Antón –todos militares- que fueron asesinados en la puerta del cementerio de Rivas-Vaciamadrid a lo largo de los días 5 y 6 de noviembre de 1936 y que él sitúa en Paracuellos como todos los demás historiadores. En realidad fueron 215 incluidos varios civiles.
2) Por medio de una persona que me consulta en la medida que puede los archivos soviéticos, se puede decir que Grigulevich fue el gran jefe por parte de la OGPU en Madrid y que influyó intelectualmente en aquellos meses del 36 para instruir en los métodos de exterminio masivo, aparte de dar directrices a altos dirigentes del PCE y éstos a las Milicias de Vigilancia de Retaguardia que fueron los ejecutores de forma generalizada.
3) En cantidad de documentos y declaraciones posteriores a 1939 –tanto en los archivos de la Causa General como en los Sumarios o consejos de guerra de los implicados directamente en los fusilamientos en Aravaca, Paracuellos y demás lugares- se menciona a Santiago Carrillo cómo el responsable máximo de todo aquel aparato represivo desde que fue nombrado consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid el 7 de noviembre del 36, desprendiéndose de esta abundante documentación que actuaba por “libre” en lo que respecta a lo que el gobierno de la República en Valencia pudiera mandarle, incluido el ministro de Justicia Juan García Oliver en aquellas semanas de noviembre. En cambio, Carrillo sí actuó muy firmemente bajo las directrices del PCE y a su vez, bajo el PC soviético a través de sus asesores militares y civiles.
4) En una reciente investigación realizada por un íntimo amigo y yo mismo en el cementerio de los Mártires de Paracuellos se demuestra que las balas encontrada en las dos primeras fosas –días 7 y 8 de noviembre- son de fabricación soviética, mientras que en las restantes cuatro fosas abundan más las españolas. Esto indica la participación logística soviética sólo los días 7 y 8, mientras que los posteriores fue socialista y anarquista como demuestran numerosos documentos de archivo.
5) Con respecto al anarquista de la CNT Melchor Rodríguez, sólo comentar que Julius Ruiz mezcla sus dos nombramientos sin aclarar la verdad de cómo fueron y quienes intervinieron: nada que ver con Carrillo y mucho con García Oliver después de varios intentos muy turbulentos por ambas partes. Por cierto, hasta la fecha no aparece ningún documento de archivo donde se demuestre que Largo Caballero llamó a Melchor Rodríguez para ser nombrado en su cargo o para que acabara con los fusilamientos. Otra inexactitud de Julius Ruiz.
6) Llevo bastantes años investigando los asesinados en Madrid capital y toda su provincia, y en lo que respecta a Paracuellos, hasta ahora me constan 3285 totalmente identificados con sus fuentes primarias y en diferentes archivos. ¿Por qué casi todo el mundo incluido Julius Ruiz dan la cifra de entre 2000 y 2500 asesinados?, la respuesta es bien simple: Primero que esta cifra en números redondos salió de la Causa General a mediados de 1946 y fue copiada por todos los historiadores cronológicamente hablando, sin que ninguno hasta ahora lo haya investigado a fondo, pues en mi cifra de 3285 están incluidos los traídos de diferentes pueblos de los alrededores de Madrid y sin pasar por ninguna cárcel fueron asesinados en Paracuellos. En segundo lugar, muchos presos fueron asesinados por el camino e inhumados en el cementerio de Barajas, sin contar los que por diferentes circunstancias llegaron milagrosamente a la cárcel de hombres de Alcalá de Henares, algunos de ellos muertos después a lo largo de la guerra. El tema es muy complejo y requiere un estudio en profundidad y una exposición que da para una conferencia.
El Sr. Ruiz es bueno en sus investigaciones, pero deficiente a mi juicio en sus conclusiones y enfoques generales. Creo que los árboles no le dejan ver el bosque. Por último, tanto Preston como otros hispanistas aficionados al tema de Paracuellos por su singular importancia, patinan de forma escandalosa sin poder aportar ningún documento que pruebe las cifras así como todo lo de ás de forma certera y con rigor histórico.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 548
 Artículo 155
 Artículo 8
 artículo 155
 artículo 544
 resolución 
 resolución