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Argumentos de los terceros participantes - Organización Mundial del Comercio
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Argumentos de los terceros participantes
a) Contribución financiera
Las Comunidades Europeas no están de acuerdo con el Canadá en que el término "bienes" empleado en el párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 del Acuerdo SMC debería circunscribirse a los "artículos comerciables que tienen o pueden tener una clasificación arancelaria". Aducen que el sentido corriente de la palabra "bienes" incluye muchas formas de bienes, y no sólo los bienes muebles. Encuentran apoyo en las versiones del Acuerdo SMC en francés y en español para su opinión de que el término "goods" ("bienes") empleado en el citado párrafo del Acuerdo SMC abarca los bienes inmuebles. Esta interpretación se ve también corroborada por el contexto inmediato de la palabra "bienes" en el citado párrafo, que se refiere al suministro de bienes o servicios "que no sean de infraestructura general". Sólo cuando tales bienes son de infraestructura "general" están excluidos del ámbito de esa disposición. Las Comunidades Europeas también recuerdan el objeto y fin del Acuerdo SMC, y sostienen que la amplia expresión "bienes y servicios -que no sean de infraestructura general" está destinada a abarcar todo tipo de transferencias de recursos en especie. Señalan que las subvenciones pueden adoptar la forma de complejos paquetes de derechos que comprenden, por ejemplo, derechos a bienes muebles o inmuebles, servicios o propiedad intelectual. A juicio de las Comunidades Europeas, si las disciplinas del Acuerdo SMC no abarcaran esas complejas transacciones económicas, habría considerables posibilidades de elusión.
b) Cálculo del beneficio
Las Comunidades Europeas coinciden con el Grupo Especial en que el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC obliga a los Miembros de la OMC a utilizar los precios de mercado del país de suministro para determinar si los bienes proporcionados por el gobierno confieren un beneficio. El término "reinantes" aclara que el punto de referencia no es un mercado hipotético libre de toda intervención gubernamental, sino que es el mercado existente, incluso si resulta afectado por la presencia del gobierno en el mismo. Por consiguiente, los precios privados en el país de suministro no pueden dejar de tenerse en cuenta como punto de referencia sólo porque el gobierno esté presente en el mercado.
Las Comunidades Europeas afirman que, en situaciones excepcionales en que todos los precios internos están determinados efectivamente por el gobierno, o en que el gobierno es el único proveedor apropiado disponible, no existirían condiciones de mercado en el sentido del apartado d) del artículo 14. En tales situaciones, como ha reconocido el propio Grupo Especial, habría que utilizar otros puntos de referencia. La decisión en cuanto a si existen condiciones de mercado debe adoptarse caso por caso. En el caso presente, sin embargo, el USDOC no estaba facultado para utilizar precios transfronterizos en lugar de los precios del mercado canadiense sobre la base de la mera afirmación -sin otra explicación- de que los precios privados canadienses están dirigidos por los precios de la madera proporcionada por el gobierno.
c) Análisis de la transferencia
Las Comunidades Europeas están de acuerdo con el principio general de que las autoridades investigadoras deben efectuar una determinación de las subvenciones con respecto a un producto y no pueden simplemente presumirlas cuando se otorgan subvenciones a un producto distinto del producto sujeto a una investigación en materia de derechos compensatorios y cuando los productores de los insumos no están vinculados con los productores de las mercancías objeto de la investigación. No obstante, las Comunidades Europeas disienten de la aplicación que el Grupo Especial hace de este principio general al caso concreto de una investigación global. A juicio de las Comunidades Europeas, el razonamiento del Grupo Especial no preserva plenamente el derecho de los Miembros de la OMC a realizar investigaciones globales. Las Comunidades Europeas coinciden con los Estados Unidos en que el Acuerdo SMC no obliga a las autoridades investigadoras a efectuar una evaluación específica para cada empresa, investigando y determinando, en cada caso, antes de imponer el derecho compensatorio, qué parte de las subvenciones a la producción de madera blanda en el Canadá fue recibida por determinados productores de esos productos. Las Comunidades Europeas comparan la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "Acuerdo Antidumping"), que expresamente exige la determinación de un margen individual para los exportadores de mercancías objeto de dumping, a menos que se produzcan situaciones especiales que hagan impracticable ese examen individual, con el Acuerdo SMC, que no exige a los Miembros de la OMC que determinen un margen individual de subvención para los exportadores de las mercancías subvencionadas. Las Comunidades Europeas encuentran también apoyo para la posibilidad de los Miembros de realizar investigaciones globales en el párrafo 3 del artículo 19 del Acuerdo SMC.
A juicio de las Comunidades Europeas, las autoridades investigadoras tienen amplio margen de discreción para establecer la existencia de subvenciones, incluida la posibilidad de seleccionar la metodología apropiada para cada caso. Las autoridades investigadoras deben poder efectuar una determinación que no se base en una investigación y determinación específicas para cada empresa. Señalan, no obstante que, cuando los datos disponibles revelan la existencia de diferentes categorías de productores que han recibido subvenciones de diferente cuantía, esas categorías deben tenerse en cuenta en cualquier metodología que se elija.
De conformidad con la Regla 24 de los Procedimientos de trabajo, la India optó por no presentar una comunicación de tercero participante. En la declaración que formuló en la audiencia, la India se refirió a la cuestión del cálculo del beneficio e impugnó la admisibilidad de escritos amicus curiae no solicitados en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC.
El Japón sostiene que la constatación formulada por el Grupo Especial de que los "bienes" a que se hace referencia en el párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 abarca "propiedades personales tangibles o muebles, distintas del dinero" proporciona una orientación útil para la interpretación del sentido de la palabra "subvención" en el Acuerdo SMC. A juicio del Japón, los conceptos de "bienes" y "servicios" empleados en el párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 tienen significados amplios, paralelos al de transferencias monetarias. A la luz del hecho de que, en el contexto del suministro de una contribución financiera descrito en el citado párrafo, los "bienes" son proporcionados por gobiernos a productores nacionales, el Japón disiente de la opinión del Canadá de que el concepto de "bienes" debería circunscribirse a artículos comerciables que tienen o pueden tener una clasificación arancelaria.
El Japón sostiene que el Grupo Especial actuó correctamente al basarse en una interpretación textual del apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC para constatar que las condiciones reinantes en el mercado que han de utilizarse como punto de referencia son las del país de suministro de los bienes. Por consiguiente, según el Japón, incumbe a los Estados Unidos la carga de probar que, a pesar de este requisito expreso de efectuar un análisis dentro del país de suministro, también es admisible un análisis transfronterizo. El Japón afirma que, incluso si se considerara admisible un análisis transfronterizo en ciertas situaciones excepcionales, los Estados Unidos no han demostrado que ese tipo de análisis sea apropiado en el presente caso. En particular, los Estados Unidos no han demostrado que no existían precios de mercado para los derechos de tala en el Canadá, o que no era posible elaborar un valor representativo, o una estimación, del precio de mercado en el Canadá. Por consiguiente, el Japón afirma que no está claro por qué la comparación con el mercado interno de los Estados Unidos sería la única opción disponible para ese país al efectuar un análisis del beneficio con arreglo al apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC.

References: artículo 1
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 14