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Timestamp: 2017-03-26 18:07:55+00:00

Document:
Lorenzo Cortés Marín
1 RIVERO, MANUEL CESAR Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS, EXPTE: EXP / 0 Ciudad de Buenos Aires, 9 de diciembre de VISTAS: las actuaciones del epígrafe, que se encuentran en estado de dictar sentencia, de cuyas constancias; RESULTA: 1. Que los actores MANUEL CÉSAR RIVERO, MARÍA DEL CARMEN SILVA, RAÚL FERNANDO PAZ, MIRTA GRACIELA BARRERA, FRANCISCO PÉREZ, AMALIA VILLALBA Y ANDREA SALINAS mediante su apoderada, AMANDA BEATRIZ GIL LÓPEZ inician la presente demanda (fs. 1/5) contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), con el objeto de que se declare la nulidad del decreto 149/GCBA/2009 que dispuso el desalojo administrativo del inmueble sito en Moliére 1810 Santo Tomé 5517, respecto de los actores quienes sostienen que se trata de un bien de dominio privado de la Comuna, que poseen en forma continua, ininterrumpida, pacífica, pública y a título de dueño desde mediados de Asimismo, promueven la acción de nulidad de la disposición 237/DGROC/2009 que deniega el estudio y posterior visado del plano de mensura particular con destino a usucapión del inmueble mencionado. Además, dejaron planteada la impugnación de la validez constitucional de los actos indicados en forma precedente por considerarlos lesivos del derecho de defensa, igualdad ante la ley, derecho de acceso a la justicia y la protección de la propiedad. En cuanto a los antecedentes fácticos y normativos, expresan que el inmueble en cuestión es un bien del dominio privado en los términos del art del Código Civil. Agrega que está excluido del art de dicho cuerpo legal y por lo tanto el GCBA, por decreto o por disposiciones de sus órganos, no le puede aplicar un derecho específico al régimen dominical a bienes que carecen del carácter de dominio público. Agregan que este régimen es de excepción y requiere una base legal que lo autorice. Expresan que la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular Nueve de Julio fue la titular de dominio de dos lotes (el nro. 17, frente a la calle Moliere 1810 y el nro. 14, frente a la calle Santo Tomé 5517). Agregan que en el año 1948 la Asociación solicitó la unificación de ambos lotes y pasó a denominarse parcela 2ª. Señalan que dicha Asociación dejó de funcionar hacia fines de 1973, oportunidad en que la entonces Municipalidad de Buenos Aires, solicitó la cancelación de la personería y consiguiente liquidación y procedió al traspaso del inmueble a su patrimonio.2 Destacan que este traspaso no cambió la calidad jurídica del inmueble, que continuó siendo bien de dominio privado, por lo cual entienden que integraba el patrimonio privado de la entonces Municipalidad (art C.Civ.) y, por lo tanto, susceptible de ser adquirido por usucapión. Relatan que en forma paralela a los trámites administrativos y judiciales de liquidación y traspaso del inmueble al patrimonio de la Comuna, en los hechos dicho predio quedó en total y absoluto estado de abandono desde Agregan que en junio del año 1985 los actores tomaron posesión de la finca abandonada (la que se encontraba infestada de ratas, con un pozo ciego a cielo abierto, etc.) y trabajaron para acondicionar el predio. Continúan diciendo que una vez transcurridos los veinte años de posesión, iniciaron demanda de prescripción adquisitiva el 25 de agosto de Aclaran que esta acción se interpone con el trámite del estudio y posterior visado del plano de mensura (iniciado el 11/7/2005 ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro de la Comuna), que se encontraba pendiente de resolución. Ante esta situación y luego de varios pedidos de pronto despacho sin resolución, expresan que se vieron obligados a iniciar un amparo por mora por medio del cual se le ordenó a la Dirección de Catastro a emitir el acto respectivo. En respuesta a esa orden judicial continúan se dictó la disposición 237/DGROC/2009 por la cual se denegó el visado del plano con fundamento en la calificación del inmueble como perteneciente al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires. Califican de falsa esta causa dado que señalan no tiene respaldo legal. Agregan que mediante el decreto 149/GCBA/2009 se aplicó el desalojo administrativo, notificado el 7 de mayo de 2009 pero que fue suspendido por orden del juez que interviene en la demanda de usucapión inmobiliaria. Señalan que la demandada en diferentes oportunidades hace mención al instituto del dominio público, pero que sin embargo ello no existe o al menos no surge del expediente administrativo 53030/MGESYA/98. Se pronuncian sobre la habilitación de la instancia judicial, fundan las nulidades que plantean, ofrecen prueba y efectúan la reserva del caso federal. 2. Que a fs. 33 se requirieron las actuaciones administrativas en los términos del art. 272 CCAyT y una vez remitidas (cfme. fs. 48/97), previo dictamen fiscal (fs. 101/3), se declaró habilitada la instancia a fs Corrido el pertinente traslado de demanda (cfme. fs. 106, pto. III), el GCBA se presentó a fs. 112/4 e interpuso excepción de litispendencia con relación a los autos caratulados Rivero Manuel César y otros c/gcba s/ prescripción adquisitiva, (expte /2005) en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N 3. Dicho planteo que fue rechazado a fs. 126/7 y confirmado por la Sala I de la Cámara del fuero (cfme. fs. 176). Sin perjuicio de ello, se señaló que una vez devueltas las actuaciones a esta instancia debía librarse oficio a fin de poner expresamente en conocimiento del Juez interviniente en la causa sobre usucapión la existencia de este juicio y el contenido de la pretensión deducida por el demandante. A su vez, se impuso a las partes el deber de comunicar la sentencia que se dicte en primer término a efectos3 de que al momento de resolver, la decisión adoptada pudiera ser tenida en cuenta por el magistrado actuante en el otro proceso. 3. Que a fs. 184/91contestó demanda el GCBA. Luego de las negativas de rigor, en cuanto a los antecedentes, manifestó que el presente caso se encuentra relacionado con el juicio de prescripción adquisitiva iniciado por la actora, ya que pretende usucapir el inmueble sito en la calle Moliére 1810 Santo Tomé 5517, el cual afirma pertenece al dominio público de la Ciudad. Agrega que en atención a ello y a que dicho bien está afectado a la construcción de un jardín de infantes y toda vez que la actora está ocupando el bien sin título legítimo, su parte dictó el decreto 149GCBA/2009 por el cual se ordenó el desalojo administrativo. Califica de falso lo invocado por la contraria en cuanto a que el decreto 149/GCBA/2009, estaría viciado de nulidad absoluta por la circunstancia de tratarse de un bien de dominio privado, por lo cual no se podía disponer el desalojo administrativo (v. fs. 187vta.). Reafirma que los inmuebles objeto de esta litis corresponden al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires y están inscriptos en el Registro de la Propiedad en las matrículas (Moliére 1810) y (Santo Tomé 5517) y serán destinados a la construcción de un jardín maternal, lo cual los hace imprescriptibles e inalienables (v. fs. 188). Considera que tampoco se presenta en autos la pretendida incompetencia en razón de la materia que plantea la actora para solicitar la nulidad del acto impugnado. Reitera que los bienes involucrados en el presente proceso reconocen una concreta y específica afectación y destino a un servicio de utilidad pública: la construcción de un jardín de infantes. Con relación a ello, señala que la Dirección de Educación Inicial del GCBA, ha manifestado (expte. N 749/2004) que la apertura de un jardín maternal en el predio de referencia resulta una urgente necesidad en relación a la demanda actual de vacantes en esa modalidad. Recuerda lo dispuesto en el art. 2340, inc. 7 del Código Civil que comprende dentro de los bienes del dominio público a las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para comodidad común. Expresa que esta norma no solo incluye el uso directo (calles, plazas, etc.) sino también el uso indirecto (cosas afectadas a los servicios públicos). Agrega que existen bienes que no necesitan ser afectados en forma expresa para integrar esta categoría y otros que sí requieren la manifestación de la voluntad del poder público en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad. En este sentido continúa cuando un bien es afectado al uso público por la manifestación de la voluntad de la autoridad competente, integra el dominio público. Desecha la postura esgrimida por la contraria en cuanto que su representada exige el desalojo de un bien que ha salido de su patrimonio y que se encontraría incorporado al de los actores desde junio de 2005.4 En concordancia con ello, pone de manifiesto que el 1 de marzo de 1978 la entonces Municipalidad de Buenos Aires, tomó posesión de los inmuebles en cuestión y con fecha 19 de diciembre de 2003, la Escribanía General de la Ciudad le hizo entrega a la Secretaría de Educación de los inmuebles referidos, dejando asentado que se los destinaría a la construcción de un jardín maternal. Destacó que el desalojo administrativo es viable en atención al carácter de los bienes y en razón de su afectación a un servicio de utilidad pública, como es el caso de la educación. Agregó la innecesaridad de la intervención judicial en atención al principio de autotutela. Con respecto a la nulidad de la disposición 237/DGROC/2009 que denegó el visado del plano, expresa que se vuelve a plantear el mismo tema dado que la contraria basa toda su argumentación en que los bienes son de dominio privado del Estado y a partir de allí hace un desarrollo de los elementos que considera viciados. Considera que no le asiste razón a la actora en cuanto considera que viola las garantías procesales y de igualdad ya que su mandante procedió conforme lo indica la ley ante un bien de dominio público. Tampoco entiende que se encuentre viciado en su finalidad por ni encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en la norma de procedimiento administrativo. Finalmente, ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal y del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior. 4. Que a fs. 201 se abrió la causa a prueba. Una vez producida en su totalidad (cfme. certificaciones de fs. 212 y 256), se pusieron las actuaciones para alegar. Ambas partes hicieron uso de ese derecho (demandada a fs. 267/71 y la actora extemporáneamente según se desprende de fs. 266, pto. III y 272). A fs. 272 se corrió vista al Ministerio Público Fiscal a fin de que se expidiera respecto de los planteos de inconstitucionalidad. A fs. 274 se encuentra agregado el dictamen fiscal propiciando su rechazo. En este estado de las actuaciones, a fs. 276 se llamaron los autos a sentencia, providencia que se encuentra firme. Y CONSIDERANDO: 5. Que en primer lugar, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni hacer referencia a la totalidad de la prueba producida, sino que basta que se valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (art. 310 del CCAyT, CSJN, Fallos: 272:225, 276: :230, entre otros; FENOCHIETTO, CARLOS EDUARDO, Código Procesal Civil y comercial de la Nación, Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 584). 6. Que de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis, la pretensión de los actores se circunscribe a que se declare la nulidad del acto administrativo que ordenó el desalojo del inmueble cuya prescripción adquisitiva pretenden (decreto 149/GCBA/2009, ratificado por Decreto 386/GCBA/2010) y del que negó el visado de mensura necesario para ello (disposición 237/DGROC/2009,5 confirmada por disposición 603/DGROC/2011), ambos con sustento en que se trataría de un bien de dominio público de la Ciudad, extremo negado por los actores quienes alegan entre otras cuestiones que se trata de un bien del dominio privado Decreto 149/GCBA/2009 (ratificado por decreto 386/GCBA/2010) Mediante el Decreto 149/GCBA/2009 del 3 de marzo de 2009 (v. fs. 7/8) se intimó a los ocupantes, subocupantes e intrusos del inmueble sito en la calle Santo Tomé N 5517 y Moliére N 1810 de esta Ciudad, a desocupar el predio en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de disponer su desocupación administrativa (art. 1 ). Además, para el caso de no hacerse efectiva la intimación ordenada, se dispuso la inmediata desocupación administrativa de las personas y los bienes que se encontraren en el bien dominical referido (art. 2 ). Para así decidir, se consideró que el inmueble citado pertenece al dominio público de la Ciudad y que con fecha 19 de diciembre de 2003 se transfirió a la ex Secretaría de Educación. Se agregó que se detectó la ocupación ilegítima a raíz de un pedido de la entonces Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de acceder al predio. Se destacó que los ocupantes no poseían permiso ni autorización emanada de órganos del GCBA que los habilitara para ocupar ese espacio. Por lo tanto, al tratarse de una ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad, se consideró procedente recuperar el sector para el uso y goce de toda la comunidad. Todo ello, con sustento en lo actuado en el expediente administrativo (en adelante EA) N 749/2004 e incorporados. Contra este decreto, los actores plantearon recurso de reconsideración que fue desestimado el 7 de mayo de 2010 mediante el decreto 386/GCBA/2010 (v. fs. 94/5). Para decidir de ese modo, se tuvo en cuenta que el inmueble en cuestión sería destinado a la construcción de un Jardín Maternal. Además, consideró que los agravios de los recurrentes no tenían entidad ya que el acto impugnado no adolecía de los vicios a los que estos aludían en su presentación, además de haber sido dictado por el Jefe de Gabinete de Ministros en ejercicio de las facultades constitucionalmente conferidas. Agregó que los recurrentes no habían aportado elemento alguno para acreditar la legitimación de la ocupación que detentaban y por lo tanto no habían logrado desvirtuar la resolución impugnada. Además, se recordó el régimen aplicable para la tutela del dominio público y la presunción de legitimidad del acto que conlleva su ejecutoriedad. Todo ello también con sustento en el EA 749/2004 e incorporados Disposición 237/DGROC/2009, confirmada por disposición 603/DGROC/2011. Mediante la primera de las disposiciones mencionadas de fecha 13 de mayo de 2009 (v. fs. 10), el Director General del Registro de Obras y Catastro dispuso no hacer lugar a la solicitud de estudio y posterior visado del plano de mensura particular del inmueble objeto de autos. Para resolver de ese modo tuvo en cuenta que conforme se desprendía6 de los informes de dominio expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble, el bien pertenecía al dominio del GCBA. Agregó que según el informe de la Dirección General de la Escribanía General el bien le correspondía a la entonces Municipalidad en los autos caratulados MCBA c/asociación de Fomento y Biblioteca Popular Nueve de Julio s/liquidación y que había tomado posesión el 1 de marzo de Además, consideró que el 19 de diciembre de 2003, le hizo entrega a la Secretaría de Educación el inmueble a los fines de ser destinado a la construcción de un Jardín Maternal. Por último, señaló que la Procuración General mediante nota 563-DGAJUD-2009, había denegado la solicitud de visado de mensura por tratarse de un inmueble perteneciente al dominio público de la CABA. Contra esta resolución los actores interpusieron recurso de reconsideración que fue desestimado por medio de la disposición 603/DGROC/2011 de fecha 21 de julio de 2011 (v. fs. 167). Para resolver de esta manera se consideró que los dichos de los actores resultaban totalmente improcedentes en cuanto calificaban al inmueble como de dominio privado y señalaban que no estaba afectado al uso público. Ratificó que el bien pertenece al dominio público de la Ciudad y recordó nuevamente que el 19 de diciembre de 2003, fue transferido a la ex Secretaría de Educación. 7. Que llegados a este punto cabe señalar que los antecedentes fácticos y administrativos así como las impugnaciones a ambos actos, son sustancialmente análogos por lo que serán analizados en forma conjunta sin perjuicio de efectuar las consideraciones particulares que en su caso correspondan. Tal como se señaló, considero determinante para la resolución de la presente acción establecer si el bien objeto de autos pertenece al dominio público o privado de la Ciudad ya que de ello dependerá la viabilidad o no de los planteos efectuados por las partes. Así, el Código Civil en su art menciona los bienes que quedan comprendidos entre los públicos. Además, en el art se mencionan los bienes privados del estado en general o de los estados particulares. En este aspecto es útil recordar que el dominio privado del Estado es similar al derecho real de dominio legislado por los arts y ss. del Código Civil, pues no es gravitante para la naturaleza de ese derecho que su titular sea el Estado o un particular. Ante la asimilación con el dominio de los particulares, las cosas del dominio privado del Estado pueden enajenarse, embargarse, ejecutarse y son prescriptibles (arts. 2342, 3951). No obstante, esas alternativas no son factibles si las cosas del dominio privado estatal están afectadas a un servicio público, mientras no desaparezca tal afectación, ya de derecho (administrativo), ya de hecho (cfme. LLAMBÍAS, JORGE JOAQUÍN Y ALTERINI, JORGE H., Código Civil Anotado. Doctrina Jurisprudencia, Tomo IV-A Derecho reales, Abeledo Perrot, 1993, pág. 43, el destacado no es original). En otro orden, con relación al dominio público del Estado, se ha señalado que es su potestad jurídica sobre las cosas cuyo uso y goce ejercitan los particulares (arts. 2340, 2341). En realidad, con la denominación de dominio público se identifica a una de las diversas exteriorizaciones del poder público del Estado, que constituye uno de sus elementos y que comporta una de las manifestaciones de la7 soberanía interna del Estado [ ]. Las cosas del dominio público son inalienables, inembargables, inejecutables e imprescriptibles (cfme. LLAMBÍAS ALTERINI, ibid). Generalmente, los bienes de dominio público se clasifican en natural y artificial (ibid.). Los primeros son los catalogados como públicos en atención al estado en que se encuentran en la naturaleza (incisos 1 a 6 del art. 2340, ríos, lagos, etc.). Los segundos, son aquellos en los que intermedia un hecho del hombre (como ser, obras públicas, construidas para utilidad o comodidad común; inciso 7 del art. 2340; ibid). Siguiendo esa clasificación, se expresan diferencias en torno a la afectación. Así, se ha señalado que [e]n nuestro ordenamiento jurídico, mientras los bienes públicos naturales sólo pueden afectarse por «ley», los bienes públicos artificiales pueden también afectarse por «actos administrativos» o por «hechos» (Cfme. MARIENHOFF, MIGUEL S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo V, Abeledo Perrot, Bs. As., 1998, pág. 190; en sentido coincidente, DIEZ, MANUEL MARÍA, Derecho Administrativo, tomo IV, Plus Ultra, 1987, pág. 475 y ss.). Y se agregó que tratándose de bienes públicos «artificiales», la afectación no tiene formas especiales ni sacramentales; la voluntad de la Administración Pública puede manifestarse en forma expresa o tácita. Sólo se requiere que la «afectación» sea efectuada por la autoridad competente para realizarla; de lo contrario faltaría el consentimiento válido de la Administración, indispensable en la especie (cfme. MARIENHOFF, op. cit. pág. 192). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado desde antiguo que los establecimientos destinados a las oficinas públicas y demás que se hallen consagrados a un servicio general y comunal, como los hospicios, cementerios, escuelas, mercados, etc. en función de la consagración especial que los afecta, y mientras ella dure, se hallan fuera del comercio, y no son enajenables ni prescriptibles, ni pueden ser embargados o ejecutados (Fallos 48:195, el destacado no es original; en el mismo sentido, Fallos 98:365). Asimismo, el Máximo Tribunal ha resuelto que no se opone a ello inciso 4 del art del Código Civil, en cuanto declara que son bienes privados del Estado general o de los Estados particulares, entre otras cosas, toda construcción hecha por aquéllos, pues esa disposición legal debe ser conciliada con lo prescripto en el inciso 7 del art (Fallos 121:36). 8. Que ello establecido, corresponde analizar las constancias de la causa. Conforme se desprende de la prueba producida en estas actuaciones, el GCBA adquirió como consecuencia de la transferencia por liquidación de la Asociación de Fomento y Biblioteca Popular 9 de julio en inmueble sito en la calle Moliére N 1810 entre las calles Santo Tomé y Pasaje Groussac en el año 1974 y cuya inscripción como tal fue ordenada en el año 1985 (cfme. fs. 15/8, coincidente con fs. 15/8 de las copias de actuaciones administrativas reservadas en Secretaría, en adelante EA). Surge además que en el año 1998 se ordenó intimar a los ocupantes del predio a que dentro del plazo perentorio de diez (10) días se presentaran ante la8 demandada munidos de la documentación que acreditara el carácter legítimo de la ocupación que detentaban sobre el inmueble. Esta intimación fue notificada con fecha 25 de marzo de 1998 y 16 de abril del mismo año (cfme. fs. 2/3 del expediente 53030/98 que en copia obra reservado en Secretaría). Ante la incomparecencia de los requeridos, la Administración General de Bienes de la Ciudad, remitió las actuaciones a la Procuración General a fin de iniciar las acciones legales que por derecho correspondieran (cfme. fs. 1 y 4 del expediente administrativo mencionado). Surge además que a fs. 5 de esas actuaciones, con fecha 22 de junio de 1998, el entonces Director del Patrimonio Municipal de la Subsecretaría de Procuración del GCBA solicitó a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (en adelante, DGROC) que informara si el inmueble en cuestión se encontraba afectado a expropiación total o parcial, en caso afirmativo, se indicara en virtud de que norma legal se desprendía esa afectación. Como respuesta a esta inquietud se expresó que a la fecha se encontraba exento de afectación a obra pública alguna, es decir, al 11 de diciembre de 1998 (v. fs. 6 del expediente administrativo mencionado). A continuación, la misma dependencia de la Procuración, el 10 de febrero de 1999 solicitó la remisión del título de propiedad del inmueble a la Escribanía General de la Ciudad para iniciar el juicio de desalojo contra los ocupantes del inmueble (cfme. fs. 7 del expediente citado). Una vez aportados los elementos requeridos, a fs. 18 de las mismas actuaciones administrativas, se volvió a requerir a la DGROC que informara si el inmueble se ha encontrado afectado a expropiación o cualquier otra obra pública en algún momento determinado y en su caso en mérito a qué ley u ordenanza y si se le ha dado el destino de tal afectación o se ha cambiado el mismo, y en su caso para cual. A esta solicitud se respondió que según los elementos obrantes en esa Dirección de Catastro no ha sido ni se halla afectado a obra pública alguna (cfme. fs. 19 de las mismas actuaciones administrativas de fecha 7 de abril de 2005). Luego, a fs. 20/21 (EA mencionado) se ordenó constatar el estado del inmueble y a fs. 30 (mismo EA) se informó que si bien en los registros no obran antecedentes relacionados con el inmueble de referencia, consultado el Archivo de la Dirección, se encontró Acta de Transferencia de la Escribanía General a la Secretaría de Educación de fecha 19 de diciembre de 2003 y se adjuntó copia a fs.31. Se desprende de dicha acta la entrega del bien por parte de la Escribanía General a la Secretaría de Educación de donde se desprende que el inmueble será destinado a la construcción de un jardín maternal (cfme. cláusula primera). La mencionada Secretaría asumió además todos los gastos y deudas referidos la inmueble. Luego a fs. 33 (EA 53030/1998) se dispuso la acumulación al expediente administrativo 749/2004 por referirse ambos a las acciones tendientes al desalojo administrativo del inmueble citado. En el expediente mencionado en último término, obra la nota /DGIMyE/2003 dirigida a la Dirección General de Administración de Bienes por medio de la cual se remite copia de la plancheta catastral del inmueble sito en Santo Tomé y Moliére a los efectos de que [les] sea otorgado el mismo para la construcción de un Jardín Maternal que la Legislatura lo incorporó al presupuesto sancionado con9 obra 55 código único con financiamiento local (cfme. fs. 1 EA mencionado). Además, en esa misma oportunidad, solicitaron que en caso de que hubiera ocupación irregular se les comunicara tal circunstancia y tramitara las acciones pertinentes para subsanar tal estado. A fs. 6 (EA mencionado) se informó que el inmueble se encontraba inscripto a nombre del GCBA y que estaba en condición de intrusión. A fs. 19 del mismo expediente administrativo, obra el informe de inspección del inmueble y a fs. 21 (EA) se remitieron las actuaciones al área legales a fin de que tomara la intervención correspondiente a los fines de realizar el desalojo administrativo. La Procuración General tomó intervención a fs. 30/2 EA, donde se consideró procedente que el Jefe de Gobierno intimara a la desocupación del inmueble de autos, bajo apercibimiento de desocupación administrativa y dando debida intervención a la Secretaría de Desarrollo Social. Para dictaminar de ese modo, consideró que el inmueble en cuestión pertenecía al dominio público de la Ciudad en razón de su afectación. Recordó los caracteres de este régimen y señaló que cuando un bien es afectado al uso público (por ejemplo destinado a parques o paseos públicos) por la manifestación de la voluntad de la autoridad competente integra el dominio público. Además, consideró que el inmueble se encontraba ocupado ilegítimamente. Luego, se emplazó a los ocupantes para ser asesorados sobre la posibilidad de ser incluidos en el marco de un subsidio habitacional (cfme. fs. 45/9 EA). Por otra parte, a fs. 105 EA se solicitó que se informara si continuaba subsistente la necesidad de la construcción de la Escuela Materno Infantil oportunamente gestionada, o si conforme a la actual composición de la población estudiantil de la zona se estimaba conveniente algún cambio en la previsión original. A fs. 108 EA se ratificó la necesidad del jardín maternal con sustento en el informe de fs. 110/2 EA. En igual sentido, lo expresado a fs. 116 EA por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del GCBA. Con sustento en estos antecedentes es que se dictaron finalmente, el Decreto 149/2009 y la Disposición 237/DGROC/2009 cuestionados en estas actuaciones. 9. Que conforme se desprende de los antecedentes mencionados así como de la normativa y doctrina aplicable, no puede colegirse tal como lo pretende la actora la arbitrariedad de los actos impugnados. En efecto, se encuentra acreditado que el bien inmueble objeto de autos fue adquirido por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1974 y que desde el año 1998 se realizaron gestiones tendientes a obtener su desocupación. Además, surge acreditada su afectación a un destino de uso público (jardín maternal), por lo menos desde el acta de transferencia del año 2003 y que esta necesidad pública fue ratificada en el año A ello cabe agregar que, a diferencia de lo expresado por la actora, la circunstancia de que se hubiera informado que el inmueble de autos no se encontraba10 afectado a expropiación o a cualquier obra pública ya que no se registraba ley u ordenanza al respecto, no obsta a la conclusión arribada. Ello dado que sólo hubiera sido requisito esa norma para el caso de tratarse de un bien privado de los particulares o de un bien de los denominados naturales tal como se mencionó en el considerando 7. En efecto, conforme lo expresado, en los supuestos de bienes públicos denominados artificiales, la afectación puede provenir tanto por la manifestación de la voluntad de la administración en ese sentido como de los propios hechos. Considero que en estas actuaciones se presentan ambos. En efecto, existe una manifestación de la voluntad sostenida en el tiempo en la que se plasma la intención de construir en el predio un jardín maternal y por otra parte, existe un acta de transferencia a la entonces Secretaría de Educación a tal fin. Además, se desprenden de las actuaciones administrativas (conforme lo detallado en le considerando precedente) diversos intentos por lograr la desocupación y posterior desalojo administrativo por parte de la Administración para la consecución de tal fin, incluso con anterioridad a la fecha (2005) a que la actora refiere que habría operado la prescripción adquisitiva. A ello cabe agregar que el encuadramiento efectuado por la demandada en el art inc. 7 es cuestionado por la actora en tanto considera que hace referencia a una obra construida, lo cual entiende no ocurre en estas actuaciones. Sobre el punto, si bien no desconozco que para que se reúnan los caracteres del bien público, debe tratarse de obras construidas y no de meros proyectos (CSJN, Fallos 113:158), en el caso en estudio no puede soslayarse que han sido los propios actores quienes han impedido hasta la actualidad la efectivización de la obra con su ocupación declarada ilegítima por la Administración e, intimados al menos desde 1998 a dejar el inmueble, no han dado cumplimento a los diferentes requerimientos en este sentido. Por lo tanto, ese argumento, si bien podría resultar procedente en otro supuesto de hecho, en el presente caso dadas las circunstancias fácticas ya señaladas no puede tener favorable acogida. De este modo, al considerar que el inmueble de autos es un bien público afectado a un servicio general o comunal (cfme. doctrina de la CSJN de Fallos 48:195 y 98:365, entre otros), pierden virtualidad los cuestionamientos efectuados por los actores con relación a la competencia, causa objeto y finalidad de los actos cuestionados. Con relación a los denominados elementos formales (cfme. fs. 4), cabe destacar que surge de la compulsa de las actuaciones administrativas las diferentes vistas otorgadas a la letrada de los actores (v. fs. 31 nota /DGAJUD/2010; fs. 136/8 del EA 749/2004; fs. 29 expte /1998), y la presentación de los respectivos recursos administrativos (cfme., fs. 12/14, fs.24/5 nota /DGAJUD/2010; fs. 1 a 4 del Registro /DGAR/10), por lo tanto mal puede señalarse que no han tenido acceso a los antecedentes que dieron origen a los actos impugnados. En cuanto a inicio en el procedimiento alegado respecto de la disposición 237/DGROC/2009, con sustento en que no cuenta con fuente legal que declare a la finca objeto de autos como de dominio público, este argumento ya ha quedado desvirtuado al señalar que esa afectación en supuestos como el presente caso, no es necesaria esa fuente legal, bastando con la declaración de la voluntad de la11 administración ya sea en forma expresa o tácita o de los propios hechos. Finalmente, con relación a la deficiencia en la motivación, cabe destacar que la mención que en los actos se efectúa respecto a la pertenencia del inmueble al dominio público encuentra sustento en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen a lo largo de las actuaciones administrativas acompañadas a este expediente. En cuanto a los planteos de inconstitucionalidad efectuados, en honor a la brevedad remito a los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal en su dictamen de fs. 274 los que doy por reproducidos en este acto. En consecuencia, dichos planteos deben ser desestimados dado que han sido efectuados en forma absolutamente genérica y sin mayor fundamentación que lo expresado a fs. 1, pto. I.c). Por lo tanto no cabe más que rechazar la presente demanda, con costas a los actores vencidos (art. 62 CCAyT). RESUELVO: Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal, I. RECHAZAR la presente acción con costas a los actores vencidos (art. 62, CCAYT). II. DIFERIR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. III. DEVOLVER los expedientes remitidos ad effectum videndi et probandi a los respectivos Juzgados de origen mediante oficio de estilo. Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría y al Sr. Fiscal en la sala de su público despacho. Oportunamente, archívese. FDO. GUILLERMO SCHEIBLER. JUEZ. Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N 13 Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mostrar más
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 artículo 148

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