Source: http://legislacion.derecho.com/ley-27-2001-de-justicia-juvenil
Timestamp: 2016-10-28 08:38:28+00:00

Document:
LEY 27/2001, de 31 de diciembre, de Justicia Juvenil	LEY 27/2001, de 31 de diciembre, de Justicia Juvenil Mis Leyes
LEY 27/2001, de 31 de diciembre, de Justicia Juvenil Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA	PREÁMBULOTÍTULO I Disposiciones generalesArtículo 1. Objeto de la Ley.Artículo 2. Finalidad de la Ley.Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley.Artículo 4. Principios rectores.Artículo 5. Derechos generales de los menores y los jóvenes.Artículo 6. Derechos específicos de los menores de edad.Artículo 7. Competencias de la Administración de la Generalidad.Artículo 8. Participación de entidades públicas.Artículo 9. Colaboración de personas y entidades privadas.TÍTULO II La ejecución de las medidas en medio abiertoArtículo 10. Finalidad de la intervención en medio abierto.Artículo 11. Profesionales para la ejecución de las medidas.Artículo 12. Actuaciones para la ejecución de medidas en medio abierto.Artículo 13. Recursos para la ejecución de las medidas.Artículo 14. Programas generales de intervención.TÍTULO III La ejecución de los internamientosCAPÍTULO IDisposiciones generalesArtículo 15. Finalidad de la actividad de los centros.Artículo 16. Principios de la actividad de los centros.Artículo 1 7. Centros específicos para menores y jóvenes infractores.Artículo 18. Personal de los centros.CAPÍTULO II Estatuto de los menores y los jóvenes internadosArtículo 19. Derechos.Artículo 20. Obligaciones.Artículo 21. Tipos de regímenes de internamiento.Artículo 23. Designación del centro.Artículo 24. Traslados.Artículo 25. Actuaciones tras el ingreso.Artículo 26. Grupos de separación interior.Artículo 28. Normas de funcionamiento interno.Artículo 29. Participación.Artículo 30. Peticiones y quejas.Artículo 31. Recursos.Artículo 32. Asistencia para efectuar peticiones, quejas y recursos.Artículo 33. Informaciones a los representantes legales.Artículo 34. Vigilancia y seguridad.Artículo 35. Medios de contención.CAPÍTULO VIRégimen disciplinario de los centrosArtículo 36. Finalidad y ámbito del régimen disciplinario.Artículo 37. Principios de la potestad disciplinaria.Artículo 38. Faltas disciplinarias.Artículo 39. Sanciones disciplinarias.Artículo 40. Prescripción de las faltas y las sanciones.	1. Las faltas disciplinarias muy graves prescriben al cabo de un año; las graves, al cabo de seis meses, y las leves, al cabo de dos meses desde la fecha de la infracción.	2. La prescripción de las faltas se interrumpe a partir del momento en que, con conocimiento del menor o la menor o del joven o la joven, se inicia el procedimiento disciplinario, y vuelve a contar el plazo de prescripción cuando el procedimiento queda paralizado durante un mes por causa no imputable al presunto infractor o infractora.	3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, graves y leves prescriben, respectivamente, en los mismos plazos señalados por el apartado 1. El plazo de prescripción comienza a contar el día siguiente de la fecha en que ha adquirido firmeza el acuerdo sancionador o el día en que se interrumpe el cumplimiento de la sanción iniciada.Artículo 41. Procedimiento disciplinario y órganos competentes.Artículo 42. Incentivos.Debe establecerse por reglamento un sistema de incentivos adecuado para premiar los actos de buena conducta y sentido de la responsabilidad en el comportamiento.CAPÍTULO VIRelaciones con el exteriorArtículo 43. Comunicaciones y visitas de familiares y otras personas.Artículo 44. Comunicaciones con los abogados y otros profesionales y autoridades.	1. Los menores y los jóvenes internados tienen derecho a comunicarse reservadamente con los abogados y procuradores que acrediten ser sus defensores o representantes, con el juez ola juez de menores y con el ministerio fiscal. La solicitud de comunicación se puede formular directamente a los profesionales o a la autoridad correspondiente, o al director o directora del centro, que la ha de cursar inmediatamente, y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes.	2. Los menores y los jóvenes tienen derecho a comunicarse reservadamente con otros profesionales acreditados además de sus abogados y con ministros de la religión que profesen, cuando lo hayan solicitado a la dirección del centro, con la finalidad de que puedan cumplir las funciones propias de su profesión, de acuerdo con las normas que se establezcan por reglamento.Artículo 45. Comunicaciones telefónicas.Artículo 46. Comunicaciones por escrito.Artículo 47. Permisos de salida ordinarios y extraordinarios.Artículo 48. Relaciones perjudiciales para los menores	o jóvenes.CAPÍTULO VIILa actuación educativa institucionalArtículo 49. Contenido y principios.Artículo 50. Proyecto educativo del centro.Artículo 51. Programas de tratamiento y modelos de intervención individualizada.Artículo 52. Participación de los menores y los jóvenes.Artículo 53. Programas de actuación especializada.CAPÍTULO VIIIPrestaciones de los centrosArtículo 55. Formación académica y profesional.Artículo 56. Acceso a libios, publicaciones e información exterior.Artículo 57. Asistencia sanitaria.Artículo 58. Asistencia psicológica y social.Artículo 59. Alimentación.Artículo 60. Asistencia religiosa.TÍTULO IV El apoyo a los procesos individuales de reinserciónArtículo 61. Actuaciones de apoyo.CAPÍTULO I InspecciónArtículo 62. Funciones de inspección.CAPÍTULO II Tratamiento y gestión de la informaciónArtículo 63. Expedientes personales de los menores y los jóvenes.Disposición adicional única.Disposición derogatoria única.Disposición final primera. Habilitación.Disposición final segunda. Entrada en vigor.
LEY[Comunidad Autónoma de Cataluña]27/2001, de 31 de diciembre, de Justicia Juvenil.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]27/2001, de 31 de diciembre, de Justicia Juvenil.
La legislación estatal que regulaba la protección de los menores en el momento de los traspasos de servicios era el Decreto de 11 de junio de 1948, que aprobó el texto refundido de la legislación sobre los tribunales tutelares de menores. Dicho Decreto atribuía a estos órganos jurisdiccionales especiales una doble función: la función protectora de los menores de edad abandonados o en situación de desprotección y la función reformadora de los menores de dieciséis años autores de hechos delictivos.
El abuso en la aplicación de la medida de internamiento, que era la más impuesta por los tribunales tutelares de menores, y una cierta confusión entre la denominada facultad protectora y la facultad reformadora, constituían también elementos configuradores de una realidad muy desalentadora.
La nueva política que, desde el momento de la asunción de las competencias en materia de protección de menores, comenzó a aplicarse en Cataluña se fundamentó en la necesidad de separar las funciones protectora y reformadora, en la promoción de un procedimiento con las debidas garantías, en la diversificación de las respuestas, y, dentro de éstas, en una apuesta clara y decidida por las medidas en medio abierto, y, finalmente, en la consideración de que la opción del internamiento debería ser siempre la última opción.
que puedan orientar la respuesta más adecuada a cada caso. En el año 1982 se inauguró en Barcelona el primer centro de observación de todo el Estado español, y en el mismo año iniciaron sus actividades los equipos de observación en medio abierto y los equipos técnicos, los cuales eran puestos a disposición de las autoridades judiciales entonces responsables de la jurisdicción de menores.
En el área de los centros se efectuó una importante remodelación de los equipamientos existentes antes de los traspasos, con la supresión de los antiguos y grandes centros de internamiento, los centros Ramón Albo, Esperanca, El Castell, entre otros, y la creación de nuevas unidades más reducidas y especializadas, con el fin de ofrecer distintas respuestas, que implicasen la separación temporal de los menores de su entorno familiar y social.
Estas actuaciones recibieron confirmación e impulso con la aprobación de la Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menores, que permitía superar definitivamente una normativa administrativa desfasada y poco garantista. El Parlamento de Cataluña fue el primero del Estado en aprobar una ley específica de protección de menores, la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]11/1985, que regulaba tres ámbitos distintos de actuación: la prevención de la delincuencia infantil y juvenil, el tratamiento de la delincuencia infantil y juvenil, y la tutela de los menores si falta la potestad del padre y de la madre o por un ejercicio inadecuado de ésta o del derecho de guarda y educación.
La presente Ley constituyó un primer y pionero marco legal moderno para poder aplicar las medidas de protección y reforma adoptadas por los tribunales tutelares de menores, desde el respeto de los derechos individuales de los menores.
En el año 1986 se inauguró en Palau de Plegamans, actualmente Palau-solitá i Plegamans, el primer centro cerrado con el objetivo de dar respuesta alas necesidades de los menores y jóvenes que requieren una actuación educativa más intensa. Se trata del Centro Educativo IAlzina.
Desde una perspectiva histórica, y a pesar de la ingrata y al mismo tiempo importante función social de las instituciones cerradas, es difícil que este tipo de recursos reciban algún tipo de reconocimiento. Por todo ello hay que valorar el otorgamiento al Centro Educativo IAlzina del premio Solidaridad, en su décima edición (1996), otorgado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.
La política aplicada en Cataluña en el ámbito de la justicia juvenil ha comportado, según las estadísticas de los últimos años, que sólo una décima parte de las resoluciones judiciales sobre los menores infractores impliquen su ingreso en un centro de internamiento. Ello significa que la gran mayoría de respuestas que reciben los menores infractores se llevan a cabo en su propio medio familiar y social. Todo ello ha sido posible por la creación y aplicación de recursos y programas alternativos, entre los cuales hay que destacar la libertad vigilada, los servicios en beneficio de la comunidad y la mediación y la reparación a la víctima.
Se ha llegado al vigente marco legislativo después de un proceso de modificaciones legislativas, por una parte, en el ámbito estatal, por lo que se refiere a la competencia de los tribunales y a los procedimientos, y, por otra, por lo que se refiere alas modificaciones de la Ley 11/1985, en cuanto a las medidas de ejecución.
La Ley del Estado 21/1987, de 11 de noviembre, por la cual se modifican determinados artículos del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil en materia de adopción, supuso la supresión de la denominada facultad protectora de los tribunales tutelares de menores y la atribución de las funciones de tutela, guarda, acogida y adopción de los menores desamparados en las entidades pública de protección de menores de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales reservadas, en esta materia, a los juzgados de primera instancia.
La nueva situación competencia¡ creada a raíz de la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]del Estado 21/1987 y el desarrollo del derecho civil de Cataluña han hecho que la protección de menores haya sido objeto, en estos últimos años, de un intenso tratamiento legislativo, mediante las leyes sucesivas que el Parlamento ha ido aprobando: Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]12/1988, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]11/1985, de protección de menores; Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de menores desamparados y de la adopción; Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares, y Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991.
El capítulo II de la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]37/1991, relativo ala adopción, y la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]39/1991, han sido refundidos en el Código de familia, de acuerdo con el texto aprobado por la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]9/1998, de 15 de julio.
La adaptación de la legislación a la Constitución española ha ido más lentamente. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, sustituyó los antiguos tribunales tutelares de menores por los nuevos juzgados de menores, pero no consiguió la reforma de la legislación tutelar de menores en el plazo de un año, tal como establecía en la disposición adicional primera, porque el proyecto no se llegó a presentar.
Sólo como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de tribunales tutelares de menores, regulador del procedimiento, se efectuó la modificación, urgente y provisional, de este texto legal, mediante la Ley orgánica 4/1992, de 5 de junio, con la finalidad de introducir las garantías procesales mínimas, pero sin abordar ninguna reforma en profundidad de los aspectos sustantivos o de la ejecución.
El paso definitivo para la renovación de la legislación en esta materia fue la aprobación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. El Código establece, en el artículo 19, que la mayoría de edad penal es a los dieciocho años y que los menores de esta edad autores de hechos tipificados como delito o falta pueden responder por ello conforme ala Ley que regule la responsabilidad penal de los menores de edad. El artículo 69 del Código penal también dispone que dicha Ley puede ser aplicada, en los casos y con los requisitos que establezca, a los jóvenes mayores de dieciocho años y menores de veintiuno. La entrada en vigor de estos dos artículos quedó condicionada, no obstante, a la entrada en vigor de la Ley anunciada, que se ha materializado con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que deroga la legislación tutelar de menores de 1948, en la parte que aún quedaba vigente, y la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, modificadora de la anterior.
Esta Ley orgánica hace necesario acomodar la legislación catalana ala nueva situación y sustituir la actual Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]11 /1985, de 13 de junio, de protección de menores, en la parte que aún queda vigente, por un instrumento legal adecuado que permita ejecutar correctamente las funciones y las competencias de la Administración de la Generalidad en este ámbito.
La Ley regula la actuación de la Administración de la Generalidad o de otras entidades públicas o privadas que intervienen respecto de los menores de dieciocho años y de los jóvenes mayores de dieciocho años a los cuales la autoridad judicial o el ministerio fiscal haya impuesto una actuación de los equipos técnicos o una medida, en aplicación de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que requiera, para ser ejecutada, las intervenciones mencionadas.
La Ley establece una serie de principios de actuación que proceden directamente de las normas, las declaraciones y las recomendaciones internacionales en materia de justicia juvenil aprobadas en los últimos años, entre las cuales destacan las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), de 29 de noviembre de 1985; las Recomendaciones del Consejo de Europa R (87) 20, de 1987, sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil; las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, de 14 de diciembre de 1990; las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), de 14 de diciembre de 1990, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989.
También se han incorporado ala norma los principios declarados en varias resoluciones adoptadas por el Parlamento, especialmente, la Resolución 37/1, de 10 de diciembre de 1981, y la Resolución 194/111, de 3 de marzo de 1991, sobre los derechos de la infancia.
La finalidad básica de la presente Ley es promover y regular los instrumentos para conseguir la integración y la reinserción social de los menores y los jóvenes a los cuales se aplica, mediante la articulación de programas y de actuaciones que han de tener un carácter fundamentalmente educativo y han de respetar plenamente sus derechos.
La acción educativa promovida en este ámbito tiene unas características determinadas. Los programas de intervención educativa en el ámbito de los menores y los jóvenes infractores se llevan a cabo en un contexto de ejecución penal y, por lo tanto, de control. La respuesta a la infracción penal ha de ayudar a los menores y los jóvenes a sentirse responsables de sus propios actos y a comprender el efecto que éstos tienen sobre los demás, como estímulo del proceso de cambio de su conducta. El reconocimiento de la capacidad de asumir las consecuencias de las propias acciones da una nueva dimensión a la acción educativa de los menores y los jóvenes infractores.
La individualización de las intervenciones, en función de las circunstancias de cada caso, la formación especializada de los profesionales y de los equipos que intervienen en cada fase, y el fomento de la participación y la colaboración de otras instancias, públicas y privadas, en los procesos de intervención son otros rasgos característicos de la acción educativa regulada por la Ley.
La presente Ley tiene sesenta y cuatro artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El texto consta de cinco títulos; algunos de los cuales están divididos en capítulos.
El título I recoge las disposiciones generales referentes al objeto, la finalidad, el ámbito de aplicación, los principios rectores de la Ley y los derechos de los menores y los jóvenes. También se aborda la distribución competencia¡ y se atribuye a la Administración de la Generalidad, mediante el órgano administrativo que se designe como competente, el ejercicio de las funciones básicas de la Ley. No obstante, la Ley prevé la posibilidad de que las entidades locales puedan asumir funciones de la Administración de la Generalidad, por la vía de la delegación de competencias y la vía de los acuerdos o convenios de colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.
Entre las funciones que destacan figura la de establecer la composición y las atribuciones de los equipos técnicos, a los cuales se atribuyen importantes tareas de informes técnicos y de mediación, tanto en la fase de instrucción como en la fase de ejecución.
El título II regula la ejecución de las diferentes medidas en medio abierto establecidas por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
La ejecución de las medidas en medio abierto tiene por finalidad incidir en el proceso de socialización de los menores y los jóvenes, mediante una intervención individualizada en el propio entorno, en coordinación estrecha con las distintas instituciones y entidades y con los profesionales de la comunidad que, de alguna forma, puedan incidir positivamente en ellos, promoviendo la colaboración y la participación de la familia y haciendo uso, preferentemente, de los servicios y los recursos comunitarios del entorno social.
El título III, sobre la ejecución de los internamientos, regula la actividad de los centros de menores y jóvenes internados, cautelar o definitivamente, por resolución de la autoridad judicial.
La redacción de este título III se ha inspirado, fundamentalmente, en las Reglas de las Naciones Unidas
para la protección de menores privados de libertad, de 14 de diciembre de 1990. La Ley regula, en el marco de las competencias de la Generalidad, las múltiples materias que la ejecución de los internamientos suscita.
El título IV regula el apoyo a los procesos individuales de reinserción de los menores y los jóvenes atendidos en el ámbito de la presente Ley, y establece las actuaciones que han de llevar a cabo los profesionales, antes de la finalización de las medidas que tienen encomendadas, para facilitar la incorporación de los menores y los jóvenes al propio medio social y familiar, que se han de establecer por reglamento.
El título V regula dos materias específicas: las funciones de inspección, que ha de llevar a cabo el órgano administrativo competente, las cuales tienen como finalidad velar para que la actuación de los centros propios y colaboradores y de los profesionales que intervienen en el ámbito de la presente Ley se lleve a cabo según sus principios rectores y con total respeto de los derechos y las garantías de los menores y los jóvenes, y el tratamiento y la gestión de la información, para garantizar la confidencialidad y la reserva necesarias en relación con los datos de los menores y los jóvenes obtenidos por los profesionales en el ejercicio de las funciones que les corresponden. Finalmente, se dispone el desarrollo por reglamento de la Ley y se determina su entrada en vigor.
La presente Ley tiene por objeto regular las funciones que ha de cumplir la Administración de la Generalidad en ejecución de las medidas adoptadas por los jueces y los tribunales en el marco de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y en el desarrollo de programas destinados a apoyar los procesos de reinserción de las personas que se hallan dentro del ámbito de aplicación de éstos, mediante el organismo que tenga atribuida la competencia, así como establecer el régimen de participación y colaboración de entidades públicas en el ejercicio de estas funciones. Asimismo establece la participación y la colaboración de entidades privadas, de acuerdo con los principios de tutela pública y coordinación.
La finalidad de la presente Ley es promover la integración y la reinserción social de los menores y los jóvenes a los cuales se aplica, mediante las actuaciones y los programas que se llevan a cabo en interés de ellos, programas que han de tener un carácter fundamentalmente educativo y responsabilizador.
1. La presente Ley es aplicable a los menores y los jóvenes destinatarios de alguna resolución adoptada por la autoridad judicial o por el ministerio fiscal, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, que, para ser ejecutada, requiera la intervención de las entidades públicas o privadas alas que hace referencia la presente Ley.
2. A efectos de la presente Ley son menores las personas que tienen entre catorce y diecisiete años y son jóvenes las personas que tienen dieciocho años o más.
La actuación de las administraciones públicas en el ámbito de los menores y los jóvenes, en ejercicio de las competencias que les atribuye la presente Ley, se ha de ajustar a los principios siguientes:
a) El respeto al libre desarrollo de la personalidad, así como de las señas de identidad propias y de las características individuales y colectivas. b) La información sobre sus derechos y la asistencia necesaria para poder ejercerlos. c) La prevalencia del interés superior de los menores de edad sobre cualquier otro interés concurrente. d) La adecuación de las actuaciones ala edad, la psicología, la personalidad y las circunstancias personales y sociales de los menores y de los jóvenes. e) La aplicación de programas fundamentalmente educativos, promotores y no represivos, que fomenten el sentido de la responsabilidad, el respeto de los derechos y la libertad de los demás y una actitud constructiva hacia la sociedad. f) La prioridad de los programas de actuación en el entorno familiar y social propio, siempre que no sea perjudicial para los intereses de los menores y los jóvenes. g) El fomento de la colaboración y la responsabilización de los padres, los tutores o los representantes legales en las actuaciones administrativas, y la subsidiariedad de estas actuaciones respecto alas funciones del padre y de la madre, cuando se intervenga en relación con personas menores de edad. h) El carácter preferentemente colegiado e interdisciplinar en la toma de decisiones que afectan o pueden afectarla esfera personal, familiar o social de los menores y los jóvenes. i) La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de ingerencias innecesarias en la vida privada de los menores y los jóvenes o de las respectivas familias, en las actuaciones profesionales que se lleven a cabo. j) La coordinación y la colaboración de las actuaciones con otros órganos de la misma administración o de otra administración que intervengan en el ámbito de los menores y los jóvenes. k) La promoción de la solidaridad y la sensibilidad social hacia los menores y los jóvenes con problemáticas de delincuencia o que viven situaciones de inadaptación o conflicto social, y el fomento de la participación de la iniciativa social en los programas impulsados por las administraciones públicas para atender estas problemáticas.
Artículo 5. Derechos generales de los menores y los jóvenes.
Todos los menores y los jóvenes a los cuales se aplique la presente Ley disfrutan de los derechos y las libertades que reconocen a todos la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Estado español y el resto del ordenamiento jurídico vigente, siempre que no estén expresamente suspendidos o restringidos por la autoridad judicial.
Artículo 6. Derechos específicos de los menores de edad.
Los menores de edad a los cuales se aplique la presente Ley disfrutan, además de los derechos reconocidos por el artículo 5, de todos los derechos, no suspendidos judicialmente, que les reconoce el ordenamiento jurídico vigente en atención a su minoridad, especialmente los recogidos por la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989; por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y por la legislación específica de protección de menores aplicable en el ámbito territorial de Cataluña.
Artículo 7. Competencias de la Administración de la Generalidad.
Corresponde ala Administración de la Generalidad, dentro de su ámbito territorial, mediante el departamento que tenga esta competencia:
a) Dirigir, organizar y gestionarlos equipos técnicos que han de atender las funciones de asesoramiento técnico y de mediación que les atribuye la Ley Orgánica 5/2000, de acuerdo con las necesidades de las fiscalías y los juzgados de menores, de los cuales dependen funcionalmente para los cometidos de asesoramiento técnico y de mediación, y establecer su composición y sus dotaciones.
b) Dirigir, organizar y gestionar los servicios y los programas que hagan falta para ejecutar correctamente las medidas dictadas por los juzgados de menores.
c) Elaborar y aplicar programas destinados a apoyar los procesos individuales de reinserción en que pueden hallarse los menores y los jóvenes que hayan cumplido las medidas acordadas por los juzgados de menores.
d) Asumir las funciones de supervisión y coordinación general de todas las instituciones públicas o privadas, cuando actúen dentro del ámbito de la presente Ley, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 1.
e) Investigar sobre la delincuencia y la inadaptación social juveniles y divulgar los estudios al respecto.
Artículo 8. Participación de entidades públicas.
1. Las entidades locales, en el marco de la legislación vigente en materia de asistencia y servicios sociales, y en ejercicio de las competencias que les son propias, participan en las funciones de prevención e inserción social de los menores y los jóvenes, por medio de los servicios de atención primaria o especializada que tienen asignados.
2. El Gobierno, después de haberlo acordado con las entidades locales, puede delegarles el ejercicio de funciones que tiene atribuidas en el ámbito de la presente Ley. El acuerdo de delegación de funciones comporta también el de traspaso de los recursos necesarios. Con esta finalidad, se han de firmar convenios de colaboración para el ejercicio de funciones en el ámbito de la presente Ley y, si procede, para el otorgamiento de subvenciones.
3. La Administración de la Generalidad y las entidades locales pueden establecer acuerdos y convenios de colaboración para el ejercicio defunciones en el ámbito de la presente Ley.
Artículo 9. Colaboración de personas y entidades privadas.
Las administraciones públicas competentes en la materia han de promover la participación, sin ánimo de lucro, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 1, de personas físicas y de instituciones, asociaciones y fundaciones privadas, en el ejercicio de las funciones reguladas por la presente Ley. Con esta finalidad pueden firmar convenios de colaboración u otorgar subvenciones. En la ejecución de algunas medidas también se prevé la colaboración de personas físicas que
excluyan el ánimo de lucro en esta actuación. En todo caso, las administraciones públicas han de velar para que todas las actuaciones y las actividades de las entidades privadas cumplan las finalidades de la presente Ley.
TÍTULO II La ejecución de las medidas en medio abierto
Artículo 10. Finalidad de la intervención en medio abierto.
1. Las medidas en medio abierto acordadas por los jueces de menores tienen por finalidad incidir en el proceso de socialización de los menores y los jóvenes, mediante una intervención individualizada en el entorno propio que combina la acción educativa y, si procede, el tratamiento terapéutico, con el control derivado de la ejecución de esta intervención. Dichas medidas han de incluir como mínimo el tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de día, la permanencia de fin de semana y la libertad vigilada.
2. En la ejecución de las medidas en medio abierto se ha de establecer una estrecha coordinación con las instituciones y entidades y con los profesionales de la comunidad que puedan incidir positivamente en los menores y los jóvenes, y se ha de promover la colaboración y la participación de las respectivas familias.
Artículo 11. Profesionales para la ejecución de las medidas.
Las medidas en medio abierto se han de ejecutar por medio de profesionales que, como mínimo, tengan una diplomatura universitaria de los estudios que se establezcan por reglamento, organizados en equipos distribuidos territorialmente. Estos profesionales han de desarrollar las respectivas tareas en coordinación con las administraciones públicas.
Artículo 12. Actuaciones para la ejecución de medidas en medio abierto.
Las actuaciones que ha de llevar a cabo el órgano encargado de la ejecución de las medidas en medio abierto destinadas a los menores y los jóvenes, por medio del profesional o la profesional que se designe, de acuerdo con la naturaleza de cada medida, son:
a) La elaboración de un programa individualizado de ejecución de la medida, dentro del plazo máximo de diez días, con la definición de los objetivos que se pretenden lograr y las actuaciones que han de hacerlos posibles.
b) La realización de las actuaciones que le corresponden, de acuerdo con el programa individualizado aprobado, para el seguimiento o la ejecución efectiva de la medida.
c) La elaboración de los informes de seguimiento sobre la ejecución de la medida, las incidencias y la evolución personal, trimestralmente como mínimo, sin perjuicio de que se establezca por reglamento un plazo más breve en determinados supuestos, y siempre que sea requerido por el ministerio fiscal o por el órgano judicial competente en la materia, o se considere necesario. Estos informes y el informe final a que se refiere la letra f se han de entregar siempre al abogado o abogada que acredite llevar la defensa del menor o la menor o del joven o la joven, cuando lo haya solicitado al órgano administrativo competente.
d) La propuesta al juez ola juez de menores, cuando se considere procedente, de la revisión judicial de las medidas.
e) La asistencia a los actos y las diligencias procesales a los que sea convocado por el ministerio fiscal o el órgano judicial correspondiente.
f) La elaboración de un informe final, una vez cumplida la medida impuesta, valorativo del proceso de ejecución y de la situación actual del menor o la menor o del joven o la joven.
g) La actuación coordinada con los demás profesionales, entidades o servicios que participen en la ejecución de la medida.
h) Cualquier otra actuación establecida por la normativa general o por la que se dicte en desarrollo de la presente Ley.
Artículo 13. Recursos para la ejecución de las medidas.
1. Los profesionales designados en las medidas en medio abierto participan en la relación entre la autoridad judicial y el medio social. En el trabajo educativo han de utilizar, de forma preferente, todos los servicios de que dispone la comunidad en la que se inserta el menor. Estos trabajadores han de tener asignada una zona geográfica determinada en la cual han de trabajar coordinadamente con el resto de servicios comunitarios de atención ala infancia y ala juventud. Periódicamente, y siempre que la autoridad judicial lo solicite, han de emitir un informe que refleje la evolución del menor o la menor para evaluar la medida adoptada.
2. En el caso de que los servicios y los recursos comunitarios disponibles sean insuficientes o inadecuados para ejecutar las medidas en medio abierto en una zona determinada, la Administración de la Generalidad, mediante los departamentos competentes, ha de crear los que sean necesarios o establecer convenios o acuerdos de colaboración con otras entidades públicas o privadas con esta finalidad, con la debida contraprestación.
3. A pesar de que en la ejecución de las medidas en medio abierto intervengan profesionales o se haga uso de recursos que no dependan del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia, es responsabilidad de este órgano hacer su supervisión, control y seguimiento, y relacionarse directamente con el ministerio fiscal y el juez ola juez correspondiente.
Artículo 14. Programas generales de intervención.
Las medidas se han de ejecutar con la metodología y los criterios de actuación definidos por los programas generales respectivos: mediación, reparación a la víctima, inserción laboral, trabajo en beneficio de la comunidad y otros que se consideren adecuados, elaborados y aprobados por el órgano administrativo competente en la materia, y han de respetar los principios rectores establecidos por el artículo 4.
TÍTULO III La ejecución de los internamientos
Artículo 15. Finalidad de la actividad de los centros.
Artículo 16. Principios de la actividad de los centros.
e) La promoción de la colaboración y la participación de las instituciones comunitarias, públicas y privadas, especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 1, en el proceso de integración social de los menores y los jóvenes internados.
Artículo 1 7. Centros específicos para menores y jóvenes infractores.
3. No obstante lo que establecen los apartados 1 y 2, cuando sea necesario, el órgano administrativo competente puede solicitar al juez ola juez de menores que la medida cautelar o definitiva de internamiento se ejecute en un centro asistencial adecuado a la necesidad de la persona que requiera un tratamiento terapéutico especializado de la anomalía o alteración psíquica, la drogodependencia ola alteración de la percepción que sufra.
4. Los centros a los que se refieren los apartados 1, 2 y 3 pueden ser propios, cuando su titular es la Generalidad, o colaboradores, cuando su titular es una institución, pública o privada, que, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 1, mantiene acuerdos con el departamento competente en la materia.
Artículo 18. Personal de los centros.
2. En los sistemas de selección de personal y los procedimientos para proveer los puestos de trabajo de los centros públicos se han de incluir las pruebas que garanticen la capacidad y la actitud adecuadas de la persona que los haya de ocupar, en el marco establecido
por la legislación reguladora del personal al servicio de las administraciones públicas. El personal de los centros colaboradores, públicos o privados, con los cuales trabaje la Generalidad en el ámbito de la presente Ley ha de cumplir los requisitos profesionales y de titulación adecuados.
CAPÍTULO II Estatuto de los menores y los jóvenes internados
d) Derecho a recibir una educación y una formación integrales en todos los ámbitos y ala protección específica que por su condición la Ley establece que se les ha de prestar.
e) Derecho a recibir un trato respetuoso con ¡apropia dignidad, a la preservación de la intimidad, a ser designados por el propio nombre y al mantenimiento de la estricta reserva ante terceras personas de su condición de internados.
h) Derecho ala asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria que les corresponda por edad, sea cual sea su situación en el centro, y a una formación educativa o profesional adecuada.
I) Derecho a una formación laboral apropiada, a un trabajo remunerado, de acuerdo con el marco de la normativa laboral, adecuado a la edad y ala situación personal y contractual respectivas, de los que, de acuerdo con las disponibilidades del departamento competente en la materia y con las aptitudes personales, se puedan organizar, y a recibir las prestaciones sociales que les correspondan, una vez hayan alcanzado la edad requerida por la normativa laboral.
m) Derecho a formular peticiones y quejas al director o directora del centro, al departamento del cual dependen los centros propios o con el cual colaboran los centros concertados, a las autoridades judiciales, al ministerio fiscal, al Sindic de Greuges o a toda otra autoridad o institución, así como a presentar ante el juez o la juez de menores. Competente todos los recursos legales establecidos por las leyes en defensa de los derechos y los intereses legítimos respectivos.
c) Respetar y cumplirlas normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o instrucciones de su personal en el ejercicio legítimo de las funciones que le corresponden.
Artículo 21. Tipos de regímenes de internamiento.
1. Los menores y jóvenes han de cumplirla medida de internamiento en el régimen acordado por el juez o la juez de menores.
Artículo 22. El ingreso en el centro.
3. Los ingresos de los menores y jóvenes en los centros deben comunicarse al juez ola juez de menores competente.
Artículo 23. Designación del centro.
2. No obstante lo establecido en el apartado 1, se requiere la autorización previa del juez ola juez de menores competente para internar o trasladar una persona menor o joven:
b) Aun centro asistencial adecuado, por los motivos establecidos en el artículo 1 7.3.
1. Los traslados de los menores y jóvenes de un centro a otro o a instituciones hospitalarias acordados por el órgano administrativo competente y las salidas destinadas a la práctica de diligencias procesales acordadas por el ministerio fiscal o la autoridad judicial competente deben llevarlas a cabo miembros del Cuerpo de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, que deben respetar la dignidad, la seguridad, la privacidad y los derechos de los menores y jóvenes. Si su edad y circunstancias lo aconsejan, en los traslados deben ir acompañados por el personal del centro que se designe.
Artículo 25. Actuaciones tras el ingreso.
Artículo 26. Grupos de separación interior.
Artículo 27. Organización y normativa de funcionamiento.
a) La determinación de los órganos unipersonales y colegiados que se consideren necesarios para dirigirlos y hacerlos funcionar.
Artículo 28. Normas de funcionamiento interno.
Artículo 29. Participación.
Artículo 30. Peticiones y quejas.
2. Los recursos se pueden presentar por escrito, directamente al juez ola juez de menores, o al director o directora del centro. En este último caso, el director o directora del centro ha de poner en conocimiento de ello al juez ola juez de menores en el día hábil siguiente.
3. Los menores y los jóvenes también pueden presentar recurso verbalmente ante el juez ola juez de menores, o manifestar verbalmente al director o directora del centro la intención de hacerlo. En este último caso, el director o directora del centro lo ha de comunicar al juez ola juez en el día hábil siguiente.
Artículo 32. Asistencia para efectuar peticiones, quejas y recursos.
Artículo 33. Informaciones a los representantes legales.
1. En caso de enfermedad, accidente o cualquier otra circunstancia grave, la dirección del centro ha de informar inmediatamente los representantes legales de los menores ola persona designada por los jóvenes. Si los menores o los jóvenes son extranjeros se han de comunicar estas circunstancias a las autoridades consulares o diplomáticas de su país.
Artículo 34. Vigilancia y seguridad.
Artículo 35. Medios de contención.
2. Por razones de urgencia se puede hacer uso de los medios de contención sin autorización previa, pero este hecho se ha de comunicar inmediatamente ala persona titular de la dirección del centro o a quien la sustituya.
3. En el caso de que se haya hecho uso de medios de contención, se ha de poner en conocimiento de ello al juez ola juez de menores dentro de las veinticuatro horas siguientes.
5. En los casos de alteraciones graves del orden con peligro inminente para la vida, para la integridad física de las personas o las instalaciones del centro, la persona titular de la dirección del centro o quien la sustituya puede pedir el auxilio de la Policía de la Generalidad Mozos de Escuadra con la autorización judicial.
6. Los medios de contención que se han de establecer por reglamento no pueden comportar, por si mismos, peligro para la vida, la integridad física ola salud, ni pueden atentar contra la dignidad humana.
Artículo 36. Finalidad y ámbito del régimen disciplinario.
Artículo 37. Principios de la potestad disciplinaria.
2. Ninguna sanción puede implicar jamás, deforma directa o indirecta, castigos corporales, ni privación de los derechos de alimentación, de enseñanza obligatoria y de comunicaciones y visitas establecidos en la Ley.
Artículo 38. Faltas disciplinarias.
d) Consumarla fuga del centro.
e) Resistirse deforma activa y grave al cumplimiento de las directrices olas instrucciones del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de sus funciones.
a) Insultar a cualquier persona o faltarle gravemente al respeto dentro del centro. b) Insultar, fuera del centro, habiendo salido durante el internamiento, a otra persona internada o trabajadora del centro o a una autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones, o faltarles gravemente al respeto. c) Instigar a otros menores o jóvenes internados a participar en motines, insubordinaciones o desórdenes colectivos, sin conseguir que éstos los secunden. d) Intentar de forma manifiesta la fuga del centro o facilitar la fuga de otras personas. e) No volver al centro, sin causa justificada, en el día y la hora establecidos, después de una salida temporal autorizada. f) Desobedecer las directrices y las instrucciones recibidas del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de sus funciones, o resistirse pasivamente a cumplirlas. g) Inutilizar deliberadamente los materiales, las instalaciones o los efectos del centro, o las pertenencias de otras personas, causando en ellos daños de poca cuantía. h) Causar daños de cuantía elevada por temeridad en el uso de los materiales, las instalaciones, los efectos del centro olas pertenencias de otras personas. i) Introducir o poseer en el centro objetos o sustancias que estén prohibidos por las normas de funcionamiento interno. j) Consumir en el centro sustancias que estén prohibidas por las normas de funcionamiento interno. k) Haber sido sancionado o sancionada por la comisión de cinco faltas leves durante el último año de internamiento.
a) Faltar levemente al respeto a cualquier persona dentro el centro. b) Faltar levemente al respeto, fuera del centro, habiendo salido durante el internamiento, a otra persona internada o trabajadora del centro o a una autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones. c) Hacer un uso impropio y perjudicial en el centro de objetos y sustancias no prohibidas por las normas de funcionamiento interno. d) Causar daños de cuantía elevada a las instalaciones, los materiales o los efectos del centro, o a las pertenencias de otras personas, por falta de cuidado o de diligencia.
Artículo 39. Sanciones disciplinarias.
1. Las únicas sanciones que se pueden imponer a los menores y los jóvenes son alguna de las siguientes: A) Por la comisión de faltas muy graves:
a) La separación del grupo por un tiempo de tres a siete días. b) La separación del grupo por un tiempo de tres a cinco fines de semana. c) La privación de salidas de fin de semana de quince días a un mes. d) La privación de salidas de carácter recreativo por un tiempo de uno a dos meses.
a) La separación del grupo hasta dos días como máximo. b) La separación del grupo por un tiempo de uno a dos fines de semana. c) La privación de salidas de fin de semana de uno a quince días.
2. La sanción de separación del grupo solamente se ha de aplicar en los casos en que en la comisión de la falta se manifieste una evidente agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia. La sanción se ha de cumplir en la propia habitación o en otra habitación de características análogas, en la cual ha de permanecer durante el horario de actividades del centro, y de la cual puede salir para asistir alas clases de enseñanza básica obligatoria, recibir visitas y disponer de dos horas diarias al aire libre.
3. No obstante lo que establece el apartado 2, la sanción de separación del grupo no se aplica a los menores y los jóvenes enfermos, ni a las menores o las jóvenes embarazadas, ni a las menores olas jóvenes durante los seis meses después de la finalización del embarazo, ni a las madres lactantes, ni a las que tengan hijos con ellas.
Artículo 40. Prescripción de las faltas y las sanciones.
Artículo 41. Procedimiento disciplinario y órganos competentes.
1. Se han de establecer por reglamento el procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria en los centros, los órganos competentes para iniciarla, instruirla y darle resolución, y los criterios para la graduación de las sanciones aplicables.
4. Los jóvenes y los menores, o los respectivos abogados, pueden presentar recurso contra las resoluciones sancionadoras ante el juez ola juez de menores, antes de que se haya de iniciar su cumplimiento. Si presentan el recurso por escrito o verbalmente al director o directora del centro, éste ha de remitir el escrito o el testimonio de la queja verbal al juez o la juez de menores, con sus propias alegaciones, en un plazo máximo de veinticuatro horas.
5. El auto que resuelve un recurso presentado es de ejecución inmediata, una vez notificada al centro por el juez ola juez de menores.
6. Durante la tramitación del recurso contra la sanción disciplinaria, el órgano del centro que la haya impuesto puede adoptar, en relación con la persona sancionada, las medidas cautelares adecuadas para restablecer el orden, por el tiempo máximo impuesto en la sanción, incluida la separación cautelar del grupo cuando la sanción objeto de recurso sea de esta naturaleza. En este último caso, se ha de comunicar al juez ola juez de menores dentro de las veinticuatro horas siguientes a la adopción de la medida.
Artículo 43. Comunicaciones y visitas de familiares y otras personas.
2. Los jóvenes y, en su caso, los menores que no disfruten de permisos de salida tienen derecho, en las condiciones que se establezcan por reglamento, a comunicaciones íntimas con el cónyuge ola pareja respectivos.
Artículo 44. Comunicaciones con los abogados y otros profesionales y autoridades.
1. Los menores y los jóvenes internados tienen derecho a comunicarse reservadamente con los abogados y procuradores que acrediten ser sus defensores o representantes, con el juez ola juez de menores y con el ministerio fiscal. La solicitud de comunicación se puede formular directamente a los profesionales o a la autoridad correspondiente, o al director o directora del centro, que la ha de cursar inmediatamente, y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Artículo 45. Comunicaciones telefónicas.
Artículo 46. Comunicaciones por escrito.
Artículo 47. Permisos de salida ordinarios y extraordinarios.
Artículo 48. Relaciones perjudiciales para los menores
En el caso de que se considere que los permisos de salida olas comunicaciones de los menores y los jóvenes con los padres, los representantes legales, los familiares respectivos u otras personas, les perjudican o les pueden perjudicar gravemente porque afectan negativamente su derecho fundamental a la educación y al desarrollo integral de la personalidad, el director o directora del centro ha de ponerlo en conocimiento del juez ola juez de menores para que adopte las medidas que considere necesarias.
Artículo 49. Contenido y principios.
Artículo 50. Proyecto educativo del centro.
Artículo 51. Programas de tratamiento y modelos de intervención individualizada.
Artículo 52. Participación de los menores y los jóvenes.
Artículo 53. Programas de actuación especializada.
3. Las personas menores y jóvenes alas cuales se haya diagnosticado algún tipo de anomalía o alteración psíquica que no requiera trasladarlos a un centro sociosanitario han de poder seguir programas adecuados para el tratamiento de la anomalía detectada.
Artículo 54. Sistema de informes.
Artículo 55. Formación académica y profesional.
5. En el caso de los menores y los jóvenes que no puedan asistir a los centros de enseñanza de la zona, a causa del régimen o del tipo de internamiento impuesto, el departamento competente en la materia les ha de facilitarla actividad educativa o formativa en el mismo centro.
Artículo 56. Acceso a libios, publicaciones e información exterior.
Artículo 57. Asistencia sanitaria.
2. En caso de enfermedad mental sobrevenida que requiera el traslado de la persona internada a un centro de salud mental, se ha de solicitar la autorización previa del juez ola juez de menores competente.
4. La intervención medicosanitaria también se puede llevar a cabo sin el consentimiento de la persona menor o joven internada cuando no hacerlo comporte un peligro evidente para la salud ola vida de terceras personas. De estas actuaciones, se ha de informar a la autoridad judicial.
7. En el proceso asistencial, los menores y los jóvenes tienen derecho a ser informados de su estado de salud. En el caso de los menores, esta información se ha de adecuar al grado de compresión de cada uno sin perjuicio de haber de informar también a la persona que tenga su representación legal.
Artículo 58. Asistencia psicológica y social.
Artículo 59. Alimentación.
Artículo 60. Asistencia religiosa.
TÍTULO IV El apoyo a los procesos individuales de reinserción
Artículo 61. Actuaciones de apoyo.
1. El órgano administrativo competente en la materia ha de elaborar y aplicar programas de ayuda para favorecer los procesos de reinserción de los menores y los jóvenes atendidos en el ámbito de la presente Ley.
2. Con la finalidad de facilitar la integración social de los menores y los jóvenes que han cumplido las medidas de internamiento o de medio abierto, los profesionales correspondientes han de llevar a cabo, antes de la finalización de las medidas, las actuaciones de apoyo siguientes:
a) Los trámites necesarios para que los menores en edad de recibir la enseñanza básica obligatoria se puedan incorporar inmediatamente al centro docente de la zona de residencia que les corresponda, una vez desinternados.
b) La coordinación con los servicios comunitarios y las entidades y las instituciones correspondientes, para que los menores y los jóvenes puedan continuar, si lo desean, los programas de tratamiento de drogodependencias o de otras problemáticas personales, iniciados durante la ejecución de las medidas, así como la ayuda para hacer los trámites necesarios para la obtención de las prestaciones sociales, sanitarias y asistenciales a que tienen derecho.
c) La preparación y la tramitación de la documentación necesaria para que los menores y los jóvenes puedan acceder a cursos o actividades socioculturales, educativas, formativas o laborales, o puedan finalizar los cursos deformación profesional u ocupacional iniciados.
d) La comunicación de las situaciones de desamparo o de alto riesgo social detectadas, en el caso de menores de edad, al organismo competente.
e) La acción concertada con los servicios comunitarios y con las entidades públicas o privadas correspondientes, en el caso de jóvenes que necesiten un alojamiento temporal o una ayuda económica para las necesidades básicas.
f) En general, cualquier otra actuación que favorezca la integración social de los menores y los jóvenes.
Las funciones de inspección y el tratamiento y la gestión de la información
CAPÍTULO I Inspección
Artículo 62. Funciones de inspección.
1. Las funciones de inspección en los centros se han de hacer siempre que sea necesario y, como mínimo, una vez al año. Los informes correspondientes se han de registrar en un libro de actas y se ha de remitir inmediatamente copia al órgano administrativo correspondiente.
2. Las funciones de inspección alas que se refiere el apartado 1 se han de llevar a cabo sin perjuicio de las que correspondan al ministerio fiscal, a los jueces de menores y a otras instituciones competentes.
CAPÍTULO II Tratamiento y gestión de la información
Artículo 63. Expedientes personales de los menores y los jóvenes.
1. El órgano administrativo competente ha de abrir un expediente personal a los menores o los jóvenes sobre los cuales intervenga en aplicación de la presente Ley, expediente que ha de contener las resoluciones judiciales que les afecten, los informes elaborados y el resto de documentación generada durante la intervención.
Artículo 64. Deber de confidencialidad y reserva.
Todos los profesionales que intervengan en el ámbito de la presente Ley, dependientes del órgano administrativo competente en la materia o de otras entidades públicas o privadas con las cuales este órgano haya establecido convenios o acuerdos de colaboración, tienen el deber de mantener la reserva oportuna de la información que obtengan en relación con los menores y los jóvenes en el ejercicio de sus funciones, y de no facilitarla a personas ajenas ala intervención.
Los profesionales que cuando entre en vigor la presente Ley mantengan una relación laboral con la Administración de la Generalidad y presten servicios en los centros de menores, a los equipos de aplicación de medidas en medio abierto y a los equipos de asesoramiento técnico y de mediación, pueden continuar prestándolos en los centros y en los equipos respectivos aunque no tengan la titulación requerida por los artículos 1 1 y 18.1 de la presente Ley, sin perjuicio de la movilidad funcional que se pueda producir como consecuencia de las necesidades del servicio con aplicación de la legislación vigente en la materia.
En la fecha de entrada en vigor de la presente Ley quedan derogadas todas las disposiciones que se le opongan o la contradigan, y expresamente la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]11/1985, de 13 de junio, de protección de menores, modificada por la Ley[Comunidad Autónoma de Cataluña]12/1988, de 21 de noviembre, salvo el título V, dedicado a la prevención de la delincuencia infantil y juvenil.
Quedan habilitados el Gobierno y el consejero competente en la materia para que dicten las disposiciones reglamentarias para el desarrollo, la ejecución y la aplicación de la presente Ley.
CORRECCIÓN de errores de la Ley 27/2001, de 31 de diciembre, de Justicia JuvenilLEY 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia	Cerrar PDF
LEY 27/2001, de 31 de diciembre, de Justicia Juvenil	Trámites

References: artículo 33
 artículo 15
 artículo 19
 artículo 69
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 7
 artículo 1

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 1

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 4

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 1

Artículo 18

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 1

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64