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Timestamp: 2019-02-17 01:12:37+00:00

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Este viernes 19 de enero del año 2018 es la tercera semana del año en el que se emite la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que tengo el agrado de compartir con Ustedes la Jurisprudencia Constitucional y Administrativa de este órgano encargado de la impartición de justicia.
Al respecto, se emitieron un total de 23 jurisprudencias, de las cuales se eligen las que corresponden a la materia constitucional y administrativa. Cabe señalar que, para estos efectos, también se integrarán para su comodidad las correspondientes a la materia común.
TERCERO INTERESADO. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DEL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE APROBACIÓN DE CONVENIO CONCURSAL, POR QUIEN NO TIENE EL CARÁCTER DE ACREEDOR RECONOCIDO. Cuando de la demanda de amparo indirecto se advierta que el acto reclamado consiste en la resolución que confirma el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de aprobación del convenio concursal, por quien no tiene el carácter de acreedor reconocido, debe considerarse a las partes que intervinieron en el concurso mercantil como terceros interesados, con independencia de la naturaleza del acto reclamado y el grado de afectación que pudiera ocasionárseles, pues la figura de tercero interesado no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos reclamados, ni de la posible afectación o no a los suscriptores del convenio, ya que el carácter de tercero interesado deviene expresamente del inciso b) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de amparo constituye un derecho procesal legalmente tutelado.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XV. J/29 (10a.))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EXIJA UNA GARANTÍA PARA CONCEDERLAS NO ES UNA RAZÓN SUFICIENTE PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). Las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en la legislación mercantil, tienen por objeto garantizar tanto la posible ejecución de un eventual fallo favorable por parte del actor, como los daños irreparables o de difícil reparación que se le pudieran causar por la necesaria dilación del procedimiento; mientras que en el juicio de amparo la medida cautelar denominada suspensión, tiene por objeto garantizar la efectividad de la sentencia de amparo cuyo fin es la protección plena de los derechos fundamentales del gobernado mientras se resuelve en definitiva el juicio de amparo, o en caso de la suspensión provisional, hasta en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva. Por tanto, la garantía otorgada en el juicio de origen, atiende a los datos aportados por el solicitante de la medida, generalmente en relación con la ejecución de la sentencia que pretende ejecutar ante una eventual sentencia favorable; supuesto en el que no se toma en cuenta el derecho fundamental que el quejoso en el amparo estima le fue violado, pues incluso puede ocurrir que la concesión de la medida cautelar decretada en el juicio de origen afecte derechos fundamentales que no son estimables en dinero. De ahí que la circunstancia de que en el juicio mercantil de origen, el solicitante de las providencias precautorias hubiese otorgado garantía, no es una razón suficiente para negar la suspensión provisional del acto reclamado, pues serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe o no concederse la suspensión provisional.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.C. J/60 K (10a.))
SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016). Conforme al actual sistema derivado de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, así como con la expedición de la actual Ley de Amparo publicada en el medio de difusión oficial indicado el 2 de abril de 2013, el Juez de amparo al resolver sobre la suspensión, además de decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, puede ordenar que se restablezca de forma provisional al gobernado en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, si ello resulta jurídica y materialmente posible, o en caso de la suspensión provisional, en tanto se dicte la resolución que decida lo relativo a la suspensión definitiva. Por tanto, no puede afirmarse que en ningún caso procede conceder la suspensión provisional contra medidas cautelares, sobre la base de que ello tendría efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, pues corresponderá al juzgador analizar las particularidades del caso concreto para determinar si ésta procede o no.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.I.C. J/61 K (10a.))
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL COBRO DE LA CUOTA DE REINGRESO O REINSCRIPCIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, PUES EL GOBERNADO NO TIENE EL DERECHO A LA GRATUIDAD EN ESE NIVEL EDUCATIVO. De los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, se obtiene que es obligación del Estado respetar el derecho fundamental a la educación en sus distintos niveles, entre los cuales se encuentra el medio superior o bachillerato. De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 539/2016, determinó que el artículo 34 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Admisión y Permanencia de los Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no viola el derecho humano a la educación, al estar sujeto al periodo transitorio previsto en el marco constitucional, cuyo vencimiento ocurrirá en el ciclo escolar 2021-2022. Conforme a lo anterior, tratándose de estudiantes que reclaman el cobro de la cuota como requisito para su reingreso o reinscripción en el nivel medio superior en una institución educativa perteneciente a la Universidad citada, es improcedente conceder la suspensión en virtud de que antes de la presentación de la demanda, ya se encontraban sometidos a los requisitos de admisión, reingreso y permanencia contenidos en la normativa que los rige y no tienen incorporada en su esfera jurídica el derecho a la gratuidad que aducen; de ahí que de concederse la suspensión solicitada se contravendría el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se estaría constituyendo una prerrogativa no contemplada en su esfera jurídica.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.IV.A. J/39 K (10a.))
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA EXIGENCIA DEL PAGO DE LA CUOTA DE REINGRESO O REINSCRIPCIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, TIENE LA NATURALEZA DE POSITIVO. La exigencia del pago de la cuota de reingreso o reinscripción en el nivel medio superior en una institución educativa perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, impugnada en el juicio de amparo, tiene el carácter de un acto positivo, toda vez que refleja la imposición de la autoridad señalada como responsable de una obligación de hacer para el gobernado, consistente en realizar el pago correspondiente a su trámite escolar.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.IV.A. J/38 K (10a.))
SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA PARA IMPEDIR LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE ACCIONES DE URBANIZACIÓN, DE EDIFICACIÓN Y GENERAL DE CONDOMINIOS, TODOS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Para decidir sobre la suspensión de los efectos de normas generales, los artículos que la regulan deben interpretarse como un sistema normativo, lo que implica que la posibilidad de paralizarlos, prevista en el artículo 148 de la Ley de Amparo, no se circunscribe a la sola petición que al efecto realice el quejoso, sino que es necesario que con ello no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, acorde con el artículo 128 de la ley citada, debiendo considerarse que se produce afectación al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando, entre otras cosas, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes. Ahora, los Reglamentos de Acciones de Urbanización, de Edificación y general de Condominios, todos para el Municipio de Tijuana, Baja California, establecen diversas condiciones y exigencias con las cuales deben cumplir las edificaciones y construcciones de la citada municipalidad, así como medidas de seguridad y sanciones aplicables en caso de incumplimiento. Bajo esa óptica, como los reglamentos aludidos tienden a asegurar la satisfacción de ciertas necesidades a favor de la sociedad, de manera que contienen acciones dirigidas a otorgar mayor calidad y seguridad en la urbanización del Municipio de Tijuana, Baja California, no procede otorgar la suspensión definitiva contra los efectos y las consecuencias de la aplicación de dichas normas, ya que el artículo 128 citado señala expresamente que no procede conceder la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, lo que ocurriría en el caso, al afectar el interés de la sociedad, consistente en que las edificaciones se construyan con la mayor calidad y seguridad posibles, a fin de garantizar el menor perjuicio en caso de desastres naturales o sucesos análogos.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XV. J/28 K (10a.)).
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO DE POLICÍAS VIALES O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, AFECTADOS DE NULIDAD POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, NO PRODUCEN CONSECUENCIAS POSTERIORES A LA SEPARACIÓN DEL CARGO CON MOTIVO DE SU TERMINACIÓN. El nombramiento por tiempo determinado de un policía vial o especialista operativo de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, carece de la debida fundamentación cuando se expide con base en la Ley para los Servidores Públicos de la misma entidad, porque tratándose de una relación de trabajo sujeta al régimen de exclusión previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe fundarse en la legislación especial, que es la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; de ahí que dicho nombramiento (o acto condición), se encuentra afectado de nulidad relativa cuando tiene su origen en aquella legislación general. No obstante, esa violación necesariamente deberá hacerse valer antes de que concluya el plazo de vigencia fijado, pues de lo contrario, dicho acto condicionado surtirá todos sus efectos de temporalidad desde su nacimiento a la vida jurídica hasta su conclusión, desempeñando su función de manera regular, dada la irremediable consumación del cumplimiento total de su finalidad. Consecuentemente, si la indebida fundamentación del nombramiento por tiempo determinado se advierte después de su conclusión, resultan ociosas su anulación y eventual declaratoria de nulidad, pues sobre ello pesa la relevancia de que el acto condición desplegó todos sus efectos y se obtuvo su fin deseado.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/37 A (10a.)).
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A SUS ELEMENTOS DE POLICÍA VIAL O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, DEBEN FUNDARSE EN LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las instituciones policiales, entre otros grupos, se regirán por sus propias leyes, sujetando así las relaciones entre el Estado y los cuerpos de seguridad pública a un régimen especial de exclusión. En congruencia con ese imperativo constitucional, el Congreso Local expidió la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, cuyas normas atienden precisamente a esa finalidad; por tanto, será en esta legislación especial en la que debe fundarse el nombramiento de los elementos de policía vial o especialistas operativos de la Secretaría de Movilidad de la entidad, por corresponder a los cuerpos de seguridad pública, según su artículo 26, fracción III.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.III.A. J/36 A (10a.)).
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A CARGO DEL PRESUNTO PROGENITOR Y A FAVOR DEL PRETENDIDO HIJO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. CUANDO SE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN QUE LA FIJA DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESA ENTIDAD, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. En los juicios del orden civil en el Estado de Veracruz, en los que se reclama como acción principal el reconocimiento de paternidad, debe interponerse el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, cuando se impugna la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, como medida de protección a favor del pretendido hijo y a cargo del presunto progenitor, este último debe agotar el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para dicha Entidad Federativa, antes de acudir al juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que lo rige, pues si bien es verdad que dicho numeral no se refiere expresamente a la fijación provisional de alimentos en los juicios de paternidad, también lo es que se está en presencia de idénticas razones que aplican en las hipótesis que señala, pues su única diferencia es que en los juicios de paternidad se fijan los alimentos una vez generada la presunción de la filiación entre el presunto progenitor y el pretendido hijo, mientras que en los de alimentos se establece cuando los acreedores justifiquen, con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista; sin embargo, su característica común es que en ambos se trata de una medida provisional de alimentos de carácter especialísimo, destinada a cubrir necesidades impostergables de orden público y de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de los demandantes, mientras se resuelve el juicio.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.X. J/5 C (10a.)).
JUECES CALIFICADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN RESOLUCIONES POR LAS QUE IMPUSIERON SANCIONES POR INFRACCIONES AL CÓDIGO REGLAMENTARIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA O A LOS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO DE OTRAS MUNICIPALIDADES, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN ÉSTOS. Del artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que los Jueces calificadores de los Municipios del Estado de Puebla no están legitimados para interponer el recurso de revisión, contra las sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto cuando el acto reclamado consistió en resoluciones por las que impusieron sanciones por infracciones al Código Reglamentario del Municipio de Puebla o a los Bandos de Policía y Gobierno de otras Municipalidades, pues si bien son autoridades formalmente administrativas designadas por el Presidente Municipal, entre sus funciones se encuentran las de conocer, calificar y sancionar las infracciones a dichos ordenamientos; supuestos en los que se erigen como autoridades materialmente jurisdiccionales, pues dilucidan una cuestión de derecho, al imponer sanciones a través del procedimiento previsto en dichos ordenamientos en ejercicio de una función pública, con un carácter supra partes, con imparcialidad, autonomía y aplicando las normas contenidas en los referidos ordenamientos administrativos para determinar si existió su incumplimiento por los particulares.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.VI.A. J/10 A (10a.)).
DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE PREVÉ SU PAGO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. La fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, reformada mediante los decretos Números dos mil cincuenta y cuatro, así como ciento veintiuno, publicados, respectivamente, el 24 de diciembre de 2014 y el 8 de diciembre de 2015, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, que señala una tarifa determinada por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad local de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, la cual es diferente a la del resto de las fracciones del precepto citado, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en cada fracción se prevén hipótesis diversas, relativas a actos jurídicos distintos, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, por lo cual, es inexacto considerar que por esa sola razón se da un trato diferenciado a casos análogos; es decir, si la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos establece el pago de derechos por servicios de inscripción en el registro público de contratos y operaciones relacionados con la constitución del régimen de propiedad, traducidos en una tasa fija, atendiendo el tipo de operación a registrar, sin tomar como parámetro el valor del acto jurídico a registrar, es inconcuso que su importe está determinado de acuerdo al costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio, el cual es fijo e igual para todos los que lo reciben y no acorde al valor del contrato u operación que se inscribe, por tanto, la tasa no contiene elementos ajenos al costo del servicio prestado.
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.XVIII.P.A. J/5 CS (10a.)).
AMPARO ADHESIVO. LA FALTA DE FIRMA EN EL LAUDO POR ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA RESPONSABLE O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FORMAL QUE SÓLO PUEDE ANALIZARSE EN EL AMPARO PRINCIPAL, CON INDEPENDENCIA DE QUIÉN LO PROMUEVA, Y NO EN AQUÉL, YA QUE SU NATURALEZA LA DELIMITA EL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el laudo reclamado carece de la firma de alguno de los integrantes de la Junta responsable o del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, y en su contra se promueven tanto el amparo principal como el adhesivo, la concesión de la protección federal derivada de la violación formal referida sólo procede decretarla en aquél, pues conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo únicamente puede encaminarse a fortalecer las consideraciones del fallo reclamado que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del quejoso adherente, así como a impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica, exclusivamente en relación con las violaciones procesales o en el dictado del acto reclamado que pudieran afectarle, de resultar fundado un concepto de violación en el amparo principal; lo que no ocurre respecto de la falta de firmas en el laudo, pues esta violación formal causa un perjuicio inmediato a las partes desde el momento de su emisión, por lo que conforme a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 483/2013, procede el amparo principal, en tanto que en el adhesivo sólo pueden analizarse aquellas violaciones que pudieran ocasionar un perjuicio en caso de considerarse fundado un concepto de violación en el principal, dada la estrecha relación entre ellos, pues si bien el artículo 182 citado prevé que el órgano colegiado está obligado a resolver integralmente el asunto, ello debe hacerse respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento, es decir, la naturaleza del amparo adhesivo se encuentra delimitada por la ley; de ahí que tampoco sea el caso de declararlo sin materia, porque aun cuando no se analizó la constitucionalidad o inconstitucionalidad del laudo reclamado, lo cierto es que conforme a los diversos criterios emitidos por el Alto Tribunal, dicho supuesto procede exclusivamente en aquellos casos en que el amparo principal no prosperó, ya sea por cuestiones procesales o por haberse desestimado los conceptos de violación, motivo por el cual, el acto reclamado queda intocado y el adherente ve colmada su pretensión. En ese sentido, para resolver el amparo adhesivo cuando en el principal se conceda la protección constitucional por falta de firma en el laudo de los integrantes de la Junta responsable o del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, es necesario, dada la diversidad de argumentos que pueden hacerse valer, que la decisión que se adopte se ajuste a la pretensión específica del adherente, tomando en consideración la jurisprudencia P./J. 11/2015 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal, de título y subtítulo: “AMPARO ADHESIVO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ESTUDIAR TANTO LA PROCEDENCIA COMO LOS PRESUPUESTOS DE LA PRETENSIÓN, PARA DETERMINAR SI ES FACTIBLE SOBRESEER EN ÉL, DEJARLO SIN MATERIA, NEGARLO O CONCEDERLO.”
(PLENOS DE CIRCUITO, Tesis: PC.VII.L. J/8 K (10a.)).
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD PROCESAL. Si se toma en consideración que el derecho citado reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que deben hacerse saber a las partes las pretensiones de su oponente y no privarlas de la oportunidad de alegar, probar o impugnar lo que a su interés convenga, con el objeto de que ambas estén en aptitud de demostrar, respectivamente, los extremos de su acción y de sus excepciones o defensas, se concluye que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, al prever una presunción legal en relación con la veracidad de la certificación contable formulada por el contador facultado por la institución acreedora, no viola el derecho fundamental referido, pues el hecho de que una de las partes deba probar que la certificación indicada sea falsa, o bien, que son inexactos los datos contenidos en ésta, no limita ni restringe la oportunidad del litigante de impugnar y, en su caso, demostrar tal extremo. Esto es, la hipótesis prevista en el artículo 68 indicado no implica que una de las partes se encuentre imposibilitada, en comparación con su contraparte, para demostrar los extremos de su acción o de sus excepciones o defensas, pues define únicamente a quién le corresponde la carga de la prueba en relación con la falsedad o inexactitud del certificado contable.
(PRIMERA SALA, Tesis: 1a./J. 3/2018 (10a.)).
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA APLICACIÓN EN EL JUICIO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2013 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PRODUCE EFECTOS RETROACTIVOS EN PERJUICIO DEL TRABAJADOR SI AQUÉL SE REALIZÓ BAJO LA VIGENCIA DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 19/2006 Y 2a./J. 74/2010. Los efectos retroactivos de la aplicación de la jurisprudencia pueden verificarse en el supuesto de que: 1) al iniciar un juicio o durante su tramitación exista una jurisprudencia que haya orientado el proceder jurídico de las partes, 2) antes de que se dicte la sentencia se emita una nueva jurisprudencia que supere o sustituya el anterior criterio, y 3) en el juicio antes referido se aplique esta nueva jurisprudencia e impacte la seguridad jurídica del justiciable. Así, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 39/2013 (10a.), de rubro: “OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. EL AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POSTERIOR A LA FECHA INDICADA COMO DEL DESPIDO PERO PREVIA A LA OFERTA, SIN ESPECIFICAR LA CAUSA QUE LA ORIGINÓ, NO IMPLICA MALA FE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/2006 E INTERRUPCIÓN DE LA DIVERSA 2a./J. 74/2010).”, es inaplicable al momento de valorar las pruebas en la sentencia en los juicios en los que el ofrecimiento de trabajo se realizó bajo la vigencia de las jurisprudencias 2a./J. 19/2006 y 2a./J. 74/2010, que resultaron modificada e interrumpida, respectivamente, pues ello modificaría la exigencia probatoria que incluía la prueba presuncional de que el ofrecimiento de trabajo se hizo de mala fe, lo que implica un efecto retroactivo en perjuicio del trabajador, pues la hipótesis normativa de las anteriores jurisprudencias ya se había actualizado y producido todos sus efectos.
(PLENO, Tesis: P./J. 3/2018 (10a.)).
NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: “AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.”, al tenor de la cual el autorizado por las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio jurisprudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser revisada por resultarle vinculante.
(PLENO, Tesis: P./J. 2/2018 (10a.)).
(PLENO, Tesis: P./J. 4/2018 (10a.)).
APELACIÓN. EL ARTÍCULO 199, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014, VIOLA EL DERECHO A RECURRIR SENTENCIAS CONDENATORIAS. Los artículos 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integran el parámetro de regularidad constitucional, reconocen el derecho de los condenados por la comisión de un delito a recurrir el fallo ante un Juez superior. Como no se especifica que el derecho sea sólo de los sentenciados a una pena privativa de libertad, se debe concluir que es un derecho que asiste a todos los condenados, sin importar el tipo de sanción penal que les sea impuesta. Ahora bien, el artículo 199, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, vigente hasta el 30 de abril de 2014, viola el derecho a recurrir sentencias condenatorias al impedir que sean apelables las sentencias en las que no se imponga una pena de prisión o que autoricen la sustitución de la pena privativa de libertad. No obsta a lo anterior, que en contra de estas sentencias proceda el juicio de amparo directo, porque éste no es un recurso ordinario, sino un juicio extraordinario de protección de derechos humanos, concebido para otros fines y con una función distinta.
(PLENO, Tesis: P./J. 1/2018 (10a.)).
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References: resolución 
 artículo 5
 ARTÍCULO 128
 ARTÍCULO 128
 resolución 
 artículo 34
 artículo 131
 artículo 148
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 26
 ARTÍCULO 289
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 210
 artículo 210
 resolución 
 artículo 210
 artículo 87
 ARTÍCULO 77
 artículo 77
 artículo 31
 artículo 77
 ARTÍCULO 182
 artículo 182
 artículo 182
 ARTÍCULO 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 217
 ARTÍCULO 1069
 artículo 1069
 ARTÍCULO 199
 artículo 199