Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321004.html
Timestamp: 2019-03-25 03:38:03+00:00

Document:
as201321004
Auto Supremo: 4/2013
Sucre: 3 de enero de 2013
Expediente: CH - 52 – 12 – S
Partes: José Luis Carvajal Palma c/ Alejandro Gastón Encinas Valverde
Proceso: Liquidación definitiva de sociedad accidental y de cuentas en participación y cobro de monto que se indica.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 381 a 386 interpuesto dentro del término de ley por Alejandro Gastón Encinas Valverde, contra el Auto de Vista 259/2012 de fecha 01 de octubre de 2012 de fs. 375 a 377 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de “liquidación definitiva de sociedad accidental y de cuentas en participación y cobro de monto que se indica”, seguido por José Luis Carvajal Palma contra el recurrente Alejandro Gastón Encinas Valverde; la respuesta al recurso de fs. 390 a 392 y vlta.; el Auto de concesión de fs. 395; los antecedentes del proceso, y:
José Luis Carvajal Palma, a fs. 21 a 26 interpone demanda de “liquidación definitiva de sociedad accidental y de cuentas en participación y cobro de monto que se indica”, indicando que en fecha 11 de julio de 2005 junto con el demandado - recurrente suscribió un documento privado de constitución de una asociación accidental para participar en la construcción de 34 viviendas unifamiliares, un micro-mercado, farmacia, internet, club house, gimnasio, salón de reuniones y campo deportivo, bajo la denominación de Condominio “Los Tarcos”, participando ambos socios con la aportación de lotes de terreno; sin embargo refiere que la sociedad no funcionó tal como se había esperado por razones atribuibles al socio Alejandro Gastón Encinas Valverde, llegándose a ejecutar apenas 12 viviendas, aspecto que derivó en la suscripción de otro documento de cancelación y disolución de la sociedad accidental en fecha 15 de septiembre de 2007; haciendo referencia también que emergente de esa resolución siguió otro proceso civil de declaración de cobro por ante el Juzgado 4º de en lo Civil de la capital contra el actual demandado la cual se encontraría con Sentencia ejecutoriada; en la petición de su demanda pide la liquidación definitiva de la sociedad accidental particularmente en lo referido al rubro de costos financieros y aportes a la misma, el pago de $us. 33.854,68 por concepto de costos financieros, más el pago de los montos determinados en Sentencia y Auto de Vista seguido en el anterior proceso por las sumas de $us. 48.880,68, $us. 2.600 y Bs. 3.854, en definitiva pide el pago por la suma total de $US. 83.225,89 más Bs. 3.854; demanda que no fue contestada por el demandado quien inicialmente fue declarado rebelde y posteriormente asume su defensa en el estado en que se encontraba la causa.
Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez 3º de Partido en Materia Civil y Comercial de la Capital, mediante Sentencia Nº 34/2012 de fecha 14 de junio 2012 cursante de fs. 307 a 311, declaró probada la demanda de fs. 21 a 26 de obrados, disponiendo el pago por la suma de $US. 83.225,89 más Bs. 3.854 con cargo al demandado.
En apelación la referida Sentencia Nº 34/2012 interpuesto por el demandado Alejandro Gastón Encinas Valverde, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº 259/2012 de fecha 01 de octubre de 2012 de fs. 375 a 377 y vlta., confirma la Sentencia apelada; en contra de esta resolución de segunda instancia, el demandado, por memorial de fs. 381 a 386 recurre en casación en la forma y en el fondo.
El recurrente interpone recurso de casación en la forma por la causal prevista en el inc. 4) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil, indicando que el Tribunal de alzada sin ninguna fundamentación ni motivación denegó resolver el fondo de sus pretensiones contenidas en el recurso de apelación, negando la tutela judicial efectiva.
Indica que la Sentencia Nº 34/2012 de fecha 14 de junio de 2012 (fs. 307 a 311), menos el Auto de Vista recurrido, cumplen con una clara y razonada exposición de los hechos que dieron lugar a las conclusiones en ellos expuestos.
Afirma que la Sentencia Nº34/2012 no cumple con la motivación y fundamentación, incurre en falta de claridad en su texto que no permite comprender las razones por las cuales consideró probadas las pretensiones del demandante, especialmente de conceder el pago de costos financieros y su porcentaje.
Indica que, el Auto de Vista recurrido es contradictorio, porque en el segundo considerando concluye que no son evidentes los agravios expresados en su recurso de apelación y en la parte in fine del mismo, extrañamente señala que no se ha cumplido con la debida expresión de agravios.
Que, lo peticionado en su recurso de apelación pidiendo de manera alternativa la nulidad y revocatoria de la Sentencia, no resulta contradictorio y que este aspecto no podía ser utilizado por el Tribunal de alzada como argumento de confusión.
Por otra parte, el recurrente interpone recurso de casación en el fondo por las causales previstas en los numerales 1 y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil.
Indica que, la Jueza A quo al pronunciar la Sentencia Nº 34/2012 incurrió en error de hecho al considerar al documento de fs. 3 a 4 como origen de una obligación de pago de costos financieros, cuando esa posibilidad no fue reconocida a ninguno de los socios de percibir por ese concepto.
Que, la Jueza de la causa dio por cierto la existencia del supuesto interés del 1.5 % mensual sobre los costos financieros y que este aspecto hubiera sido acordado por las partes, cuando nunca se convenio pago de interés alguno y menos podía acordarse el porcentaje.
Refiere también que la Juez A quo incurre en falso conocimiento del hecho controvertido al establecer en la Sentencia en el numeral 6) en “hechos probados”, que su persona tiene la obligación de cancelar un interés mensual del 1.5 % y que dicha obligación emergen del informe pericial de fs. 209 a 217 realizado en base a documentos existentes en otro proceso (proceso anterior) ventilado en el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil, el cual no podía fundar convicción para concluir la existencia del supuesto porcentaje acordado.
Afirma que el valor probatorio atribuido al informe pericial y las declaraciones testificales por ser pruebas tasadas no pueden sustituir la existencia de los documentos privados de constitución y liquidación de la sociedad, incurriendo la Jueza del proceso en error de derecho al valorar dichas pruebas atribuyéndoles un valor diferente a lo previsto en los arts. 441 y 476 del Código de Procedimiento Civil.
Refiere que otro aspecto que constituye error de derecho incurrido por la Jueza de la causa, radica en haber considerado al Balance proyectado de 12 viviendas atribuyéndolo pleno valor probatorio cuando el mismo se encontraba sujeto a revisión.
Que, la Jueza A quo ha incurrido en interpretación errónea de las normas contenidas en los arts. 366 del Código de Comercio, la misma que debe ser entendida en el marco de los arts. 371, 378, 388 del mismo cuerpo legal en cuanto a la disolución y liquidación de la sociedades comerciales.
Con tales antecedentes interpone recurso de casación en la forma pidiendo la nulidad del Auto de Vista recurrido y de la Sentencia Nº 34/2012 indicando que carece de fundamentación y motivación y en cuanto al recurso de casación en el fondo, pide que se case dichas resoluciones y se declare improbada la demanda.
En cada caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las casuales de procedencia establecidas en los arts. 253 y 254 del adjetivo civil respectivamente y cumplir de manera inexcusable el mandato del artículo 258 inc. 2) del mismo cuerpo legal; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.
El caso que se analiza, el recurrente interpone recurso de casación en la forma por la causal prevista en el inc. 4) del art. 254 y recurso de casación en el fondo por las casuales establecidas en los numerales 1) y 3) del art. 253 ambos del Código de Procedimiento Civil, sin embargo es de hacer notar que la mayor parte de la fundamentación y sobre todo del recurso de casación en el fondo, lo realiza directamente contra la Sentencia del primera instancia y no así contra el Auto de Vista del cual recure; no obstante esta deficiencia, primeramente debemos considerar el recurso de casación en la forma, toda vez que de ser evidente las infracciones que ameritarían la anulación de obrados o del Auto de Vista recurrido, ya no correspondería ingresar a considerar los aspectos referentes al recurso de casación en el fondo.
El recurrente indica que el Tribunal de alzada sin ninguna fundamentación ni motivación denegó resolver el fondo de sus pretensiones contenidas en el recurso de apelación, negando la tutela judicial efectiva.
Refiere que la Sentencia Nº 34/2012 de fecha 14 de junio de 2012 (fs. 307 a 311) y menos el Auto de Vista recurrido, cumplen con una clara y razonada exposición de los hechos que dieron lugar a las conclusiones en ellos expuestos, no cumplen con la motivación y fundamentación mínima, acusando la falta de claridad en su texto de la Sentencia que no le permite comprender las razones por las cuales consideró probadas las pretensiones del demandante, especialmente de conceder el pago de costos financieros y su porcentaje.
Revisado el contenido de la Sentencia Nº 34/2012 de fs. 307 a 311 y el Auto de Vista recurrido de fs. 375 a 377 vlta., se evidencia que estas resoluciones tienen la suficiente claridad y cuentan con una aceptable motivación y fundamentación que las sustentan, ya que en el Segundo Considerando del Auto de Vista recurrido, el Tribunal Ad quem realiza una fundamentación pormenorizada con respecto a los puntos que fueron objeto de apelación, dando cuenta de las razones por las cuales arriba a dicho entendimiento, aspecto que permiten comprender razonablemente la claridad y alcance del fallo, no siendo evidente que dichas resoluciones carezcan de una total falta de fundamentación y motivación ni mucho menos se advierte denegación en la resolución de las pretensiones, afirmaciones del recurrente que resultan exageradas. En cuanto al reclamo por la admisión de prueba (documental, testifical y pericial) el Tribunal de alzada también se ha pronunciado de manera fundamentada, cumpliendo de esta manera con el principio de pertinencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; no solo es deber y obligación de los operadores de justicia fundamentar los fallos, lo es también de las partes litigantes el de fundamentar adecuadamente la expresión de agravios en los recursos de impugnación que deducen exponiendo con claridad en que consiste esos agravios y como deben ser reparados formulando peticiones claras y concretas para que el superior en grado las atienda convenientemente y con la pertinencia que corresponda.
En el caso de Autos, es el recurrente quien incurre en contradicción al momento de fundamentar su recurso de apelación contra la Sentencia y peticionar al mismo tiempo dos aspectos totalmente contrapuestos pidiendo por una parte la nulidad de la Sentencia y por otra solicita la revocatoria de la misma resolución cual se tratara de dos formas de apelación en su solo efecto que la ley no permite; la nulidad como tal implica dejar sin efecto la Sentencia para que el Juez de la causa dicte una nueva Sentencia, en cambio la revocatoria significa modificar o cambiar ya sea total o parcialmente la Sentencia, siendo en cada caso diferentes los fundamentos; el recurrente al interponer recurso de apelación contra la Sentencia y peticionar en forma alternativa dos aspectos contrapuestos, aparentemente ha confundido con el recurso extraordinario de casación previsto en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, donde la ley sí permite interponer al mismo tiempo los dos tipos de recursos de casación, en la forma y en el fondo, aspecto que no ocurre lo propio en el recurso de apelación; situación que fue observado con justa razón por el Tribunal de alzada ante la dualidad y contradictorias peticiones formuladas por el recurrente.
El recurrente también acusa al Auto de Vista de ser contradictorio, indicando que en el segundo considerando concluye que no son evidentes los agravios expresados en la apelación y en la parte in fine del mismo, extrañamente señala que no se ha cumplido con la debida expresión de agravios; estos aspectos no necesariamente implican una contradicción, siendo más bien afirmaciones que se complementan en la fundamentación de la parte considerativa de la resolución y no se encuentran en la parte dispositiva del fallo, no ameritando por esa situación fútil anular la resolución, por lo que el recurso de casación en la forma deviene en infundado.
Como se tiene indicado líneas arriba, si bien el recurrente indica que interpone recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 259/2012 de fecha 1º de octubre de 2012, sin embargo el fundamento del recurso de casación en el fondo se encuentra orientado contra la Sentencia de primera instancia Nº 34/2012 del 14 de junio de 2012 de fs. 307 a 311, donde el recurrente afirma que la Jueza A quo incurrió en error de hecho en la valoración de la prueba documental de fs. 3 a 4 al considerarla como origen de una obligación de pago de costos financieros; que incurre en falso conocimiento del hecho controvertido al establecer en el numeral 6) en “hechos probados” que su persona tiene la obligación de cancelar un interés mensual del 1.5 % dándole por cierta la existencia de dicha obligación sobre los costos financieros, cuando la misma emergen del informe pericial de fs. 209 a 217 realizado en base a documentos existentes en otro proceso.
Refiere también que la Juez Ad quo incurre en error de derecho en la valoración de la prueba pericial y las declaraciones testificales atribuyéndoles un valor diferente a lo previsto en los arts. 441 y 476 del Código de Procedimiento Civil y que dichas pruebas no pueden sustituir la existencia de los documentos privados de constitución y liquidación de la sociedad; respecto al Balance proyectado de 12 viviendas, afirma lo propio de haber incurrido en error de derecho al atribuir pleno valor probatorio a dicha prueba.
Por otra parte, acusa a la Juez A quo de haber incurrió en interpretación errónea de las normas contenidas en los arts. 366 del Código de Comercio y que según el criterio del recurrente debe ser entendida en el marco de los arts. 371, 378, 388 del mismo cuerpo legal en cuanto corresponde a la disolución y liquidación de la sociedades comerciales.
Analizados los agravios invocados por el recurrente respecto al supuesto error de hecho en la valoración de la documental de fs. 3 y 4 (cuyas fotocopias legalizadas cursan a fs. 106 a 108), se puede establecer que la Juez A quo en la Sentencia Nº 34/2012 de fs. 307 a 311 se refiere a dicha documental únicamente para determinar la probanza de la disolución de la Asociación Accidental que fue inicialmente constituida entre ambos asociados y el número de viviendas ejecutadas hasta la fecha de disolución de la misma y de ninguna manera hace referencia a costos financieros ni mucho menos a pago de interés alguno. Los referidos costos financieros fueron determinados a través del documento denominado “Balance proyectado de 12 viviendas Condominio Los Tarcos al 15 de julio de 2007” que cursa de fs. 109 a 116, realizado por acuerdo de los propios asociados, aceptado y suscrito por los mismos, donde se hace referencia también a intereses, documento que por acuerdo expreso de los asociados fue asumido como tal, es decir como Balance y pasó a formar parte integrante e indisoluble del documento de disolución de la asociación suscrito entre ambos asociados.
Respecto a la prueba pericial de fs. 209 a 211 donde se establecen montos por concepto de costos financieros con porcentaje de interés mensual de 1.5 % a que hace referencia el recurrente; este aspecto como se tiene indicado también se encuentra en el referido Balance que cursa de fs. 109 a 116, pruebas en las cuales se basó la Juez A quo para establecer los costos financieros; si bien dicho informe pericial fue realizado aparentemente en base a documentos existentes en otro proceso ordinario civil de declaración de cobro de suma de dinero emergente del manejo de la asociación accidental sustanciado entre las mismas personas, es decir entre el demandante José Luis Carvajal Palma y el demandado Alejandro Gastón Encinas Valverde en el Juzgado 4º de Partido en lo Civil (así se evidencia del contenido de dicho informe), sin embargo ese proceso no resulta del todo extraño a las partes litigantes, al contrario se encuentra estrechamente relacionado con la presente demanda de liquidación de la asociación accidental; tampoco la referida prueba pericial fue objetada por el demandando pese a su notificación personal que se le hizo tal como consta a fs. 219, ni mucho menos fue objeto de recusación la persona que fue propuesta como perito; el demandando al no haber realizado ninguna observación a dicha prueba pericial, se entiende que estuvo conforme con el contenido de la misma; es más en su memorial de apelación contra la Sentencia Nº 34/2012, más concretamente a fs. 341 reconoce expresamente que los costos financieros corresponden ser pagados, manifestando su disconformidad únicamente respecto al monto, sin embargo en el recurso de casación desconoce completamente esa situación.
En el proceso civil de declaración de cobro de suma de dinero a la que se hizo referencia, se dictó Sentencia declarativa o de mera declaración signada con el Nº 273/2009 y su Auto complementario, más el Auto de Vista Nº SCII-077/2010, cuyas fotocopias legalizadas cursan en calidad de prueba de fs. 58 a 87 y replicadas de fs. 165 a 194, Sentencia que al margen de reconocer un monto determinado de $us. 48.880,68 por concepto de aportes extraordinarios realizado por el actor, estableció también el derecho que tiene el actor al cobro por los costos financieros sin determinar monto alguno por este concepto, aclarándose sus alcances de dicho fallo en el Auto complementario donde el Juez que conoció dicho proceso aclaró que no se manda la averiguación de ese monto a ejecución de Sentencia por el principio de congruencia atendiendo la pretensión deducida por el actor. Según Eduardo Couture las Sentencias declarativas o de mera declaración son aquellas que tienen por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho, cuyos efectos tienen carácter retroactivo a través de la cual el derecho antes incierto se hace cierto y adquiere en la Sentencia una prueba perfecta de su certidumbre.
Respecto al error de derecho en la valoración de la prueba pericial y las declaraciones testificales que acusa el recurrente, se debe tener presente que se incurre en error de derecho cuando el Juez o Tribunal de instancia, ignorando el valor que atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto, pudiendo recaer dicho error sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica. Respecto a la valoración de las pruebas, el art. 397 del Cód. Procedimiento Civil, establece que las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica, teniendo la obligación de valor en Sentencia las pruebas esenciales y decisivas.
Según la doctrina y la uniforme jurisprudencia nacional, la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, salvo que se demuestre que hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho. En el caso de Autos, el recurrente hace referencia a la mala valoración de la prueba pericial y de las declaraciones testificales cuya apreciación y valoración está reservada al Juez de la causa conforme a su prudente criterio o sana crítica, tal como lo disponen los arts. 1330 y 1333 del Código Civil y 441 y 476 de su procedimiento, de acuerdo a determinados parámetros que la propia ley se encarga de precisarlas, habiendo procedido el A quo conforme indican las citadas disposiciones legales, por cuanto no se advierte que hubieran aplicado otras disposiciones legales que no sean las indicadas, y sin en criterio de recurrente consideraba que no eran aplicables dichas normas legales, debió especificar cuál la norma legal aplicable para dicho efecto, aspecto que pasa por alto limitándose simplemente a indicar que existe error de derecho en la valoración de dichas pruebas.
Respecto a la interpretación errónea que acusa el recurrente del art. 366 con relación al 371, 378 y 388 todos del Código de Comercio, debe tenerse presente que la demanda trata de la liquidación de una asociación accidental que fue conformada entre dos personas con un objetivo específico, cuya característica principal en este tipo de asociaciones accidentales es la ausencia de cumplimiento de requisitos y formalidades en su constitución y disolución que se exigen para otras sociedades comerciales; en cuanto a su liquidación, el art. 369 del Código de Comercio establece que el o los socios encargados de las operaciones serán a la vez los liquidadores, sin que esta situación sea impedimento para que cualquiera de ellos pueda acudir a la vía judicial para pedir tal liquidación y hacer valer sus derechos; en tanto que el art. 378 está referido a las causas de disolución de las sociedades en general; en el caso presente la asociación accidental ya fue disuelta con anterioridad a la demanda por acuerdo expreso de los propios asociados, similar situación ocurre con el inventario y balance reclamado por el recurrente, el cual se encuentra previsto en el art. 388 del mismo Código Comercial, el mismo que también ya fue realizado por decisión de los propios socios, aceptado y suscrito por ellos y asumido como documento integrante e indisoluble del documento de disolución y cancelación de la asociación accidental suscrito en fecha 15 de septiembre de 2007, resultando los argumentos del recurrente sin sustento legal, tornándose en exagerados.
Respecto al memorial de apersonamiento y solicitud de consideración de fs. 402 a 404 presentado por el recurrente ante el Tribunal Supremo de Justicia; del contenido del mismo se evidencia que se trata de una reproducción del recurso de apelación formulado contra la Sentencia Nº 34/2012; sin bien el art. 266 del Cód. Procedimiento Civil establece la facultad a las partes de apersonarse ante el Tribunal de casación para mejorar los fundamentos de su defensa, ya sea por escrito u oralmente, sin embargo esta facultad debe ser entendida en el sentido de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso de casación con relación a los mismos puntos que fueron expresados como agravios en dicho recurso, sin posibilidad de alegar nuevos hechos o nuevos fundamentos por otros aspectos que no se encuentran establecidos en el recurso, habida cuenta que el art. 258 num. 2) in fine de la misma Ley adjetiva civil no permite fundar el recurso de casación en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente; en el caso de Autos, el recurrente en su memorial de apersonamiento, al margen de reproducir el contenido de anteriores memoriales, no especifica cuáles de sus argumentos pretende que sean considerados en el recurso de casación en la forma y cuales en el fondo, además de realizar una invocación del art. 141 del Código de Comercio norma legal que en ningún momento lo mencionó en ninguno de sus recursos de casación.
Finalmente corresponde dejar establecido que el demandado ahora recurrente durante la tramitación del proceso en primera instancia en ningún momento ha observado ni mucho menos ha objetado la prueba de cargo propuesta por el actor como ser: el balance proyectado de 12 viviendas, informe pericial, declaración testifical, entre otras; según el art. 382 del Cód. de Procedimiento Civil el notificado con la prueba propuesta tiene toda la posibilidad de objetar dentro de tercero día, debiendo emitir una resolución motivada, contra dicha resolución la parte que se sienta agraviada puede interponer dentro de tercero día recurso de apelación en efecto diferido, habida cuenta que el art. 24 num. 3) de la Ley 1760, establece la procedencia de la apelación en el efecto diferido contra resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba; en el caso presente como se tiene indicado, el recurrente no hizo uso oportuno de esos medios de impugnación que la ley le faculta, omitiendo pronunciarse sobre las pruebas acompañadas a la demanda ni mucho menos contestó la demanda incurriendo en dejadez al extremo de haber sido declarado rebelde y una vez comparecido al proceso, tampoco observó la proposición de prueba de cargo dejando precluir su derecho de objetar dichas pruebas demostrando de esta manera una tácita aceptación con las pruebas de contrario.
Por lo anteriormente señalado, corresponde resolver los recursos conforme a lo previsto en el art. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 parágrafo I numeral inc. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Alejandro Gastón Encinas Valverde contra el Auto de Vista Nº 259/2012 de fecha 1º de octubre de 2012 cursante de fs. 375 a 377 y vlta., con costas.
Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 700.

References: resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 258
 resolución 
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in fine
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
e contrario