Source: http://jepjusticiatransicional.net/contenido-e-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz/
Timestamp: 2019-06-25 06:14:38+00:00

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Contenido e implementación del Acuerdo Final de Paz – JEP Justicia Transicional
En el contenido e implementación del Acuerdo Final de Paz, se describe de forma sucinta sus principales puntos, identificando la centralidad de las víctimas y la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SVJRNR). Se analiza los alcances de la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), detallando ésta jurisdicción, su ámbito de aplicación, órganos que la componen y sus funciones principales. Se particulariza el tema de la renuncia a la persecución penal con miras a establecer cuándo procede ésta herramienta y todo lo concerniente a su aplicación y efectos de la misma.
Palabras claves: Acuerdo Final de Paz, tratamientos penales especiales, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SVJRNR), Justicia Especial para la Paz (JEP).
En el contexto colombiano, y como se explicó en los capítulos precedentes, desde hace varios años se venía en un proceso de diálogo con las FARC. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y Timoleón Jiménez, comandante de este grupo insurgente, firmaron cese al fuego y de hostilidades bilateral definitivo, en junio de 2016. Luego, en noviembre del mismo año, y después de más de medio siglo de conflicto interno, se suscribió el Acuerdo Final de Paz, el cual fue refrendado por el Congreso. Se hizo necesaria alta dosis de creatividad jurídica, la que llevó a expedir un instrumento normativo como fue el Acuerdo Final de Paz.
Este capítulo presenta los aspectos más relevantes del mecanismo de la renuncia a la persecución penal, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz, con miras a establecer cuándo procede ésta herramienta, todo lo concerniente a su aplicación y los efectos de la misma. Se hace una descripción sucinta de los principales puntos del acuerdo para luego identificar, en el componente de víctimas, la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Se describe de dicha jurisdicción sus aspectos generales, ámbito de aplicación, órganos que la componen y sus funciones principales.[1]
En este contexto, se reseña lo concerniente a lo que ha sido la implementación del acuerdo, citando la ley por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales (Ley No. 1820 de 2016). [2] Se presenta en ese marco legal, la competencia y funcionamiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, órgano encargado de proferir resolución sobre la renuncia a la persecución penal, se examinan los principios que le son aplicables a la figura y se destacan los efectos de la multicitada herramienta (extinción de la acción y la sanción penal, entre otros).[3]
Finalmente, se hará una descripción del contenido del acto legislativo, mediante el cual se decreta un nuevo título transitorio de normas (Acto Legislativo No. 1 de 2017), y se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SVJRNR), compuesto por la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la JEP, pilar del sistema de justicia transicional en el que serán juzgados los guerrilleros, uniformados y terceros, de acuerdo a lo pactado en el proceso de paz con las FARC.
Este desarrollo constituye el marco para observar cómo quedó finalmente consagrado el mecanismo de la renuncia a la persecución penal en el Acuerdo Final de Paz y las leyes que lo implementaron, y a su vez, arrojar los elementos necesarios para el análisis del estado de la implementación de la figura, con miras a avizorar cómo será su aplicación en la práctica por la Justicia Especial para la Paz.
Suscripción y refrendación del Acuerdo
En junio de 2016, en La Habana, luego de más de tres años y medio del proceso de negociación, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc, Timoleón Jiménez firmaron el cese al fuego y de hostilidades bilateral definitivo[4], como acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949[5].
El 26 de septiembre de 2016 se firmó en Cartagena de Indias el Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno, el cual se puso a consideración del pueblo colombiano a través de un plebiscito que se realizó el 2 de octubre de 2016. Por una mínima diferencia el No a la refrendación del citado acuerdo ganó en el referido plebiscito[6], lo que originó una complicada situación política de incertidumbre en el país.
Frente a la victoria del voto negativo, la oposición propuso modificaciones, algunas de las cuales fueron incluidas en el trámite que hizo el Congreso de la República para ajustar el acuerdo ante las nuevas circunstancias políticas generadas por el resultado del plebiscito.
Posteriormente, en noviembre de 2016, y después de más de medio siglo de confrontación armada entre ambos bandos, el Presidente de Colombia y el Comandante del Estado Mayor de las FARC firmaron el Acuerdo Final de Paz, en cuya introducción se asentó su significancia y la fase de transición del país.[7] El acuerdo fue refrendado tanto el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
En desarrollo del debate político y jurídico en la sociedad colombiana respecto al tema han surgido interrogantes importantes como la naturaleza jurídica de los acuerdos[8]. En primer término se alude a que puede ser un acuerdo humanitario, instrumento internacional, un documento público, un acto jurídico unilateral de un Estado y hasta de un acuerdo vinculante. Además, ha generado múltiples reacciones su revisión por parte del legislativo así como el pronunciamiento que ha hecho sobre el alcance del Acuerdo la Corte Constitucional.
Del análisis del Acuerdo Final para la Paz destacaremos cinco capítulos tales como la reforma rural integral, la participación política, el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivas, la dejación de las armas, la solución al problema de las drogas ilícitas y las víctimas.
1.1. Puntos del Acuerdo
El Acuerdo contiene seis puntos: reforma rural integral, la participación política, el cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivas y la dejación de las armas, solución al problema de las drogas ilícitas, las víctimas y la implementación, verificación y refrendación.
En cuanto a la reforma rural integral[9] se tendrán en cuenta principios tales como la transformación estructural, desarrollo en conjunto del campo, igualdad y enfoque de género, bienestar y buen vivir, restablecimiento y regularización de la propiedad, entre otros. Para su viabilización se pretende crear el Fondo de Tierras de distribución gratuita, así como ejecutar programas de desarrollo con enfoque territorial, planes de acción para transformación regional, infraestructura y adecuación de tierras y desarrollo social, entre los aspectos más destacados.
El segundo punto contempla la participación política[10], de donde surgen derechos y garantías, mecanismos democráticos para el ejercicio de la oposición; un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la actividad política; control y veeduría ciudadana; y una estrategia para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Se crean, además, medidas efectivas para promover una mayor participación en la política en los niveles nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo a la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
En tercer lugar se encuentra el cese al fuego y de hostilidades bilaterales, definitivas y dejación de las armas[11]. En este punto se arranca precisando las definiciones, objetivos, las reglas, el monitoreo y verificación, así como la adaptación de los dispositivos en el terreno, la seguridad, logística, dejación de las armas, reincorporación de las FARC y sus obligaciones.
En relación con el cuarto punto, o sea la solución al problema de las drogas ilícitas[12], se anuncian programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, así como planes integrales de desarrollo con participación de todas las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y recuperación ambiental de las áreas afectadas. También se proyectan ejecutar programas de prevención del consumo y salud pública, así como solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
El siguiente es el tema de las víctimas y en cumplimiento de colocarlas en el centro del Acuerdo se crea el Sistema integral de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Con su implementación se busca la satisfacción de los derechos de las víctimas, la rendición de cuentas, la no repetición, con un enfoque territorial, diferencial y de género. Igualmente se propenderá por garantizar seguridad jurídica, convivencia, reconciliación y legitimidad.[13] (5.1.a Acuerdo Final de Paz, en adelante AFP). Se precisan las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y garantías de no repetición. (5.1.b. AFP)
Además se creó la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo Final, integrada por representantes del Gobierno nacional y de las FARC con el fin de hacer monitoreo y promoción al desarrollo legislativo.
Luego de haber sido refrendado el Acuerdo Final de Paz, el 7 de julio de 2016 se expidió el Acto Legislativo No. 1en virtud del cual se creó un procedimiento rápido y especial conocido con la denominación de ‘fast track’ que otorgó facultades extraordinarias al Jefe de Estado para la implementación de lo pactado. A partir de ese momento, el camino no ha sido fácil, la dinámica de ese mecanismo rápido ha tenido sus tropiezos, la divergencia entre los sectores partidistas que apoyan el proceso de paz y los que no, añadido a las objeciones de otros entes estatales rodearon los primeros pasos de la implementación del acuerdo, lo que generó un contexto difícil.
Posteriormente, el día 17 de mayo de 2017, el máximo tribunal constitucional resolvió una demanda contra el acto legislativo que creó el ‘fast track’ y declaró inexequibles dos de sus artículos: “el h, que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del gobierno; y el j, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no cada artículo”[14]. La Corte mantuvo vigente lo esencial del ‘fast track’, que es su carácter de mecanismo exprés para tramitar leyes y reformas a la Constitución que estén orientadas a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Es preciso señalar que el fallo no es retroactivo, por consiguiente queda aprobado la casi totalidad del acto legislativo incluidas leyes tales como la de amnistía, la creación de la JEP y la concerniente a la reincorporación política de las FARC.
Transcurridos unos días del fallo y estando por caducar las facultades excepcionales que tuvo el Presidente de la República por un lapso de seis meses para emitir decretos leyes, éste expidió 24 decretos firmados el 29 de mayo de 2017, los cuales apuntan a fin de garantizar la implementación del acuerdo de paz en temas sustanciales como acceso a tierras, sustitución de cultivos y desarrollo rural, reincorporación, asuntos sociales e infraestructura, justicia y seguridad.[15]
Para abordar el tema de las víctimas se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SVJRNR). Éste a su vez estará compuesto por mecanismos, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (órgano temporal y de carácter extrajudicial), cuyo objetivo es recoger testimonios de victimarios y víctimas, establecer contextos y desentrañar la verdad para determinar responsabilidades personales y colectivas. Además, al final de su tarea deberá ofrecer unas recomendaciones para que se materialice el perdón y se produzcan sanciones. El funcionamiento de esta Comisión será de tres años.
También se instituye la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas ( UBPD) en el contexto y en razón del conflicto armado (unidad especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial), cuya finalidad es establecer lo ocurrido a los desaparecidos como resultado de acciones de Agentes del Estado, de integrantes de las Farc-Ep o de otra organización que haya participado en el conflicto. La UBPD recolectará información para la búsqueda, localización de personas dadas por desaparecidas. Además agilizará la identificación de restos, así como la entrega digna de los mismos.
Se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[16], componente de justicia del SIVJRNR. Tiene como objetivos la JEP: la satisfacción y protección de los derechos de las víctimas, ofrecer la verdad a la comunidad, contribuir a la paz, adoptar decisiones que conlleven a una seguridad jurídica a quien participaron en el conflicto armado interno. Ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o graves violaciones de Derechos Humanos. (5.1.2.9 párrafo primero AFP).
La JEP a su vez está constituida por una serie de salas de justicia, como se precisará más adelante. Adicionalmente, el sistema integral tiene como medidas la de reparación integral y las garantías de no repetición.
Por último, el funcionamiento del componente de justicia del sistema es “inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica.” (5.1.2.15 AFP). Por ello sus actuaciones deberán respetar entre otros, los principios de legalidad, derechos de las víctimas, del debido proceso, la defensa material y técnica, la presunción de inocencia, la independencia e imparcialidad de los magistrados, el principio de favorabilidad, y sus decisiones serán motivadas y basadas en pruebas y la segunda instancia. (5.1.2.14 AFP).
En lo relativo al ámbito de aplicación de la JEP se consagró que es para los “delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles, donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de la comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”. (5.1.2.9 párrafo cuarto AFP).
Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, el 1 de diciembre de 2016, lo cual constituye “regla inversa a la del derecho penal tradicional, pues la ley no rige hacia el futuro sino hacia el pasado”.[17] Sólo se aplicará a quienes suscriban el acuerdo de paz con el Gobierno nacional.
2.3. Órganos de la JEP
Este tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente judicial del acuerdo final suscrito por el Gobierno y la guerrilla. Estará integrado por órganos tales como la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la Sala de amnistía o indulto, la Sala de definición de situaciones jurídicas para casos diferentes a los literales anteriores o en otros supuestos no previstos, la Unidad de investigación y Acusación, y el Tribunal para la Paz (órgano de cierre de la JEP), (5.1.2.46 AFP).
La Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, entre otras del listado de funciones, se encarga de recibir las declaraciones tanto individualmente como colectivamente y ante la ausencia de reconocimiento a la verdad, remite a la Unidad de Investigación y Acusación, para que ésta decida si hay mérito para ser enviado a la Sección en primera instancia al Tribunal para la Paz. Bajo criterios de selección, decide si los hechos y conductas atribuidas a las diferentes personas son competencia del sistema por haber sido cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno o con ocasión de éste y remitir a la Sala de amnistías los beneficiados con esa medida. (5.1.2.48 AFP)
En relación con la Unidad de Investigación y Acusación, ésta se encargará cuando no haya reconocimiento individual o colectivo de responsabilidad. Se le asignan las funciones de investigar, acusar si hay mérito ante el Tribunal para la paz. Ante esta misma autoridad solicita las medidas de aseguramiento y cautelares, así como la decisión sobre las medidas de protección a las víctimas y testigos, adoptando también criterios de selección y descongestión. Si considera que no es necesario investigar o acusar remitirá a la Sala de Definición o de amnistía. (5.1.2.51. AFP).
El Tribunal para la Paz, por su parte, tiene varias secciones, la primera instancia en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Otra de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento. Además está la sección de revisión de sentencias y la de apelación. En la sección de revisión, a solicitud de la Sala de definición, la condena impuesta será remitida, para que decida sobre la sanción correspondiente. A petición del condenado podrá revisar el fallo, por causales como la variación de la calificación jurídica, la aparición de nuevos hechos o el surgimiento de pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de condena. Resuelve los conflictos de competencia entre las Salas que surja en la JEP. (5.1.2.52 AFP).
Sala de Definición de Situación Jurídica
La Sala de Definición de Situación Jurídica como su nombre lo indica es la que define la situación de quienes hayan accedido al componente de justicia, adopta resolución para definir a quienes no fueron amnistiados ni indultados y determina el tratamiento que se dará a las sentencias impuestas, así como para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad; lo anterior en aplicación a criterios de selección, descongestión y priorización. (5.1.2.50 AFP)
Sobre nuestro tema, la renuncia a la persecución penal, se consagra textualmente que la Sala de Definición de Situación Jurídica tendrá las siguientes funciones:
“50.- f. A petición del investigado, definir la situación jurídica de las personas que, sin pertenecer a una organización rebelde, tengan una investigación en curso por conductas que sean de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Sala decidirá si es procedente remitirlo a la Sala de Amnistía e Indulto, si es procedente remitirlo a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, o si para definir situación jurídica es procedente renunciar al ejercicio de la acción penal o disciplinaria, en este último caso también respecto a civiles no combatientes, o aplicar cualquier otro mecanismo jurídico según el caso. La resolución que defina la situación jurídica hará tránsito a cosa juzgada. También definirá la situación jurídica de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a la jurisdicción en los 3 años siguientes de su puesta en marcha y que tengan procesos o condenas por delitos que son competencia de la JEP, cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. Una vez verificada la situación jurídica, adoptará las resoluciones necesarias, entre otras la renuncia a la acción penal u otro tipo de terminación anticipada al proceso, siempre que contribuyan de manera eficaz a las medidas del SIVJRNR, en particular la contribución al esclarecimiento de la verdad en el marco de dicho sistema. La resolución que defina la situación jurídica hará tránsito a cosa juzgada” (5.1.2.50.f). (Negrilla fuera de texto)
Por tanto, el mecanismo de la renuncia a la acción penal se advierte, quedó consagrado en el Acuerdo Final de Paz y será la Unidad de Definición de Situación Jurídica, la que decida su procedencia. Se afirma que es para personas que están investigados por la JEP, civiles, combatientes, no combatientes y terceros que se presenten voluntariamente.
En el marco jurídico para la paz se concedió facultades presidenciales dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del citado acto legislativo, quedando facultado el ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendría por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Paz.
Para ello se expidieron las siguientes leyes, acto legislativo y decretos:
3.1. Ley 1820 de 2016
En virtud de la ésta ley se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. El objeto es regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en particular para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.
3.1.1. Principios aplicables
En el capítulo segundo de la citada ley, se asientan los principios que deberán aplicarse, tales como el derecho a la paz, prevalencia, reconocimiento del delito político, debido proceso y garantías procesales, favorabilidad, seguridad jurídica, contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, y el de integralidad entre otros[18]. Sobre éste último, de la integralidad en el inciso segundo se habla de la renuncia a la persecución penal, así:
“Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la paz respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos especiales de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Lo anterior se aplicará del mismo modo respecto de todas las sanciones administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal. Los principios deben ser aplicados de manera oportuna”.[19]
Por tanto, a la herramienta de la renuncia a la persecución penal le son aplicables los principios antes enunciados.
3.1.2 Competencia y funcionamiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
Sobre la competencia y funcionamiento de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la Ley 1820, se transcribe textualmente lo dispuesto en el Acuerdo Final para la Paz.
Adicionando lo referente a la renuncia a la persecución penal sobre los menores, prescribe: “Decidir sobre la renuncia a la persecución penal respecto a personas que, habiendo participado directa o indirectamente en el conflicto armado siendo menores de edad en el momento de realizarse la conducta ilícita competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, resulten responsables de delitos no amnistiables, de conformidad con lo establecido en los principios adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en esta materia”. [20]
Sobre este mismo capítulo, se enlistan las resoluciones proferidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y se relaciona la renuncia a la persecución penal, cesación de procedimiento, suspensión de la ejecución de la pena, extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción. (Artículo 31 Ley 1820/2016). Se aclara que la adopción de una de estas medidas, por ejemplo, la renuncia a la persecución no exime el deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas. Además de rehusarse de manera injustificada y reiterada a los requerimientos del Tribunal para la Paz, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el caso de que llegan a ser declarados responsables por alguna conducta que se les atribuya al interior de la misma. (Artículo 33 Ley 1820/2016).
Entonces, la renuncia a la persecución penal también se le aplica a los menores que siendo responsables no se encuadren en delitos amnistiables. Por lo tanto se reconoce en ellos una doble connotación, de una parte como víctimas del ilícito de reclutamiento ilegal, y de otra, como perpetradores de delitos internacionales.
3.1.3 Extinción de la acción y sanción principal
Aparte de lo expuesto, la citada ley desarrolla los efectos de la amnistía, se precisa que éste instrumento extingue la acción y la sanción principal y las accesorias. Puntualizando que la renuncia a la persecución penal también extingue la acción y la sanción penal, así como la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible y la responsabilidad derivada de la acción de repetición…” (…) “Si por los hechos o conductas objeto de la renuncia a la persecución penal hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, la renuncia las cobijará; el funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad que extinga tanto la acción como la sanción, a través de los mecanismos jurídicos correspondientes” [21].
3.1.4 Tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado
En dicha ley, el tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado (título IV art. 44 Ley 1820/2016) se concreta en que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también tendrá la función de conceder a éstos la figura objeto de nuestro estudio, así:
“De la renuncia a la persecución penal. La renuncia a la persecución penal es un mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado propio del sistema integral mediante el cual se extingue la acción penal, la responsabilidad penal y la sanción penal.”[22]. Además, al enumerar cuando no procede este mecanismo, cita a los delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, delitos sexuales conforme al Estatuto de Roma, conductas que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación con el conflicto y los ilícitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública; entre otros.
Esta herramienta de la renuncia, se tramita a petición del interesado o de oficio y deberá adjuntarse providencias judiciales, disciplinarias, administrativas, fiscales e informes, sobre su situación jurídica, logrando acreditar que fue cometida por el conflicto. Si es de oficio, será la Sala quien deberá recaudar los elementos de convicción. Una vez proferida, se remitirá a la autoridad judicial, para que se dé cumplimiento a lo decidido.
En este contexto se precisan además otros efectos de la renuncia a la persecución penal, tales como, impedir que se inicien nuevos procesos por estas conductas; hace a tránsito a cosa juzgada material; elimina los antecedentes penales; anula o extingue la responsabilidad o sanción disciplinaria fiscal o administrativa e impide el ejercicio de la acción de repetición y del llamamiento en garantía contra los agentes del Estado. (Artículo 48 Ley 1820/2016).
En el parágrafo 2 se expresa que para el levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública activos que se encuentren investigados, la renuncia a la persecución penal tendría los mismos efectos que la extinción de la acción, excepción de los delitos de homicidio, tráfico de armas, concierto para delinquir o los delitos del Estatuto de Roma. Tampoco procede reintegro para quienes son investigados por delitos con pena mínima privativa de la libertad de 5 años o más. Además que “quienes se encuentren retirados y estén siendo investigados, no podrán ser reintegrados si deciden que se les aplique la renuncia a la persecución penal”. [23]
Estas decisiones admiten recurso de reposición y ante la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz, el de apelación, únicamente a solicitud del destinatario de la resolución.
Sobre ésta temática, quien acepte el sometimiento a la Sala de Definición con la finalidad de aceptar el mecanismo de la renuncia a la persecución penal, tendrá el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada, siempre y cuando se comprometa a contribuir la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas y los requerimientos del sistema (Artículo 51 Ley 1820/2016); a la libertad definitiva e incondicional y a la privación de la libertad en Unidad militar o policial para los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales. (Parágrafo 1 Ley 1820/2016). Si los beneficiarios se rehusaran a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz, perderán el derecho a que se les apliquen los beneficios previstos.
En virtud de este decreto se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 de 2016 que regula la amnistía iure para las personas privadas de la libertad por delitos políticos y delitos conexos. Se dispuso que ésta procede por delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que con son estos conexos. (Artículo 4). Esta tiene como “efecto la declaración de la extinción de la acción penal de las sanciones principales y accesorias, según el caso, así como de la acción civil y de la condena indemnizatoria” (Artículo 4). El funcionario competente aplicará la amnistía mediante decisión motivada en la cual decretará la preclusión o la cesación de procedimiento, según la etapa procesal. Se aplica previa acta compromisoria de acuerdo a los parámetros legales. En dicha ley se reglamenta el procedimiento para los privados de la libertad con procesos en curso, para los privados de libertad condenados, el régimen de libertades, el procedimiento para los sometidos a las Leyes 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), 1098 de 2006 (sistema penal para adolescentes), 600 del 2000 (sistema escritural); para los que no se encuentren privados de la libertad.
Posteriormente, se expidió por parte del Presidente de la República el Decreto 0700 de 2017 por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de habeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 y el Decreto ley 277 antes citados, norma por demás innecesaria, teniendo en cuenta que la propia ley y su decreto reglamentario al menos en tres artículos reiteran que resulta procedente la tutela y la acción de habeas corpus. Por tanto se reitera que la expedición del precitado Decreto 0700/17 no resultaba indispensable para los propósitos judiciales y garantía de derechos.
Acto Legislativo No. 1 de 2017
El Congreso aprobó en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, el Acto Legislativo No. 1 de 2017, por el cual se decreta un nuevo título transitorio de normas y se crea el Sistema Integral, compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición; la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Sistema hará énfasis en medidas restaurativas y reparadoras. Además tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género que corresponda a cada territorio y población, en especial a las mujeres, niños y niñas víctimas del conflicto.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quien indagará la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto y coadyuvar al esclarecimiento de las violaciones e infracciones, procurando el reconocimiento de las responsabilidades de quienes participaron directa o indirectamente en conflicto armado, así como de las víctimas; y promover la no repetición. Estas actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes acudan a ella.
La Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el contexto y en razón del conflicto armado será un ente del orden nacional, la ley reglamentará su naturaleza jurídica y los mecanismos de rendición de cuentas por su gestión, así como las atribuciones necesarias para cumplir con su mandato de búsqueda humanitaria y extrajudicial. Recibirá del Estado toda la colaboración que requiera y se promoverá la participación de las víctimas y las organizaciones para la búsqueda, localización e identificación y entrega de restos. Los funcionarios y personal que preste servicios estarán exentos del deber de denuncia en desarrollo de sus respectivas funciones. [24]
La Jurisdicción Especial para la Paz, quien administrará justicia de manera transitoria y autónoma, conocerá de manera prevalente sobre todas las demás jurisdicciones. En el que serán juzgados guerrilleros, uniformados y terceros, de acuerdo a lo pactado en el proceso de paz con las FARC. Conocerá de manera exclusiva conductas cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.
En este marco, se encuentra el Tribunal para la Paz, órgano de cierre y la máxima instancia de la jurisdicción transicional, integrada por distintas secciones: una en caso de reconocimiento de Verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias. Otra de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento, donde se llevarán a cabo juicios contradictorios. Además una sección de Revisión de Sentencias. Adicional una sección de Apelación y otra, la Sección de Estabilidad y Eficacia. Adicionalmente, contará con cuatro juristas expertos extranjeros que intervendrán sobre la materia objeto de estudio a fin de obtener elementos de juicio o informaciones relevantes.[25] Podrán actuaran como amicus curiae, dar conceptos o prestar asesorías en el proceso.
La Unidad de Investigación y Acusación adelantará el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la Paz, para lo cual podrá solicitar la colaboración de la Fiscalía General de la Nación y establecer acuerdos de cooperación con esta. Igualmente podrá solicitar a otros órganos competentes del Estado o a organizaciones de Derechos Humanos y de víctimas que informen respecto de hechos sobre los cuales no se cuente con información suficiente.
Las sentencias del Tribunal para la Paz y las resoluciones de las Salas de la JEP que definan situaciones jurídicas harán tránsito a cosa juzgada, una vez estén en firmes. La revisión de sentencias por la JEP no tendrá nunca como consecuencia la exigencia de responsabilidad de ningún tipo a los jueces que las hubieran proferido como consecuencia del contenido de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por favorecer indebidamente intereses propios o ajenos. Lo anterior significa no solo un blindaje para las decisiones sino para los propios funcionarios que profieran las providencias judiciales.
5.1 Sobre la renuncia a la persecución penal en el Acto Legislativo No. 1 de 2017
En los casos en que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, “no procederán acciones judiciales contra los beneficiarios de tales medidas para la indemnización de las víctimas. En todo caso, deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y garantizar la no repetición”[26].
El artículo transitorio 27 que consagra la Prevalencia del Acuerdo Final, en su artículo tercero dispone modificar el inciso 4 del artículo transitorio 66 de la Constitución Política introducido por el Acto legislativo N° 1 de 2012 , refiriendo que los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. Precisa que el Fiscal General es quien determinará los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal, salvo los de competencia de la JEP. El Congreso por iniciativa del Gobierno, podrá mediante ley estatutaria determinar los criterios de selección y autorizará la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados, siempre sin alterar lo establecido en el Acuerdo de creación de la JEP y en sus normas de desarrollo. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección.[27] Sobre criterios de priorización se han desarrollado doctrinaria y jurisprudencialmente en la Ley 975/05 de Justicia y Paz, de donde se podrían retomar valiosas experiencias.
Decreto Ley No. 154 de 2017
Este decreto crea la Comisión de la Verdad, pieza esencial del engranaje de justicia transicional, la cual tendrá los siguientes objetivos: “1) Conocer las graves violaciones que ocurrieron en Colombia por cuenta del conflicto.2) Conocer el impacto desproporcionado que este tuvo en algunos grupos específicos como las mujeres, los líderes políticos o las comunidades étnicas.3) Apreciar el efecto devastador que tuvo la violencia política sobre la democracia.4) Entender la complejidad de las dinámicas de un conflicto largo.5) Reconocer las responsabilidades en las que incurrieron los protagonistas y sentar las bases de la no repetición”. [28]
La Comisión de la Verdad en Colombia enfrentará desafíos monumentales, la experiencia internacional no es muy buena, preocupa la legitimidad de la independencia de los comisionados, también asoma el interrogante si la comunidad está preparada para observar de manera tranquila lo ocurrido y que se entienda por algunos sectores “la verdad como prolongación de la guerra y no como el cierre de la misma”[29]. La estrategia será convocar un equipo integrado por personas neutrales. Sobre la experiencia histórica, “En Sudáfrica la Comisión de Verdad tuvo un éxito relativo. Tenía el apoyo irrestricto no solo de Nelson Mandela y Frederik de Klerk, sino que a la cabeza estaba alguien de una estatura ética y moral insuperable como el arzobispo Desmond Tutu”[30]. En Colombia para que la misma tenga éxito, deberán escogerse personas de altísimas condiciones éticas y morales, además de un alto nivel y experiencia en justicia y mecanismos alternativos en solución de conflictos, y que en lo posible estén ajenos a componentes políticos que impliquen reparo a sus intervenciones que, en últimas, terminen deslegitimando al sistema.
Proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz
El Gobierno colombiano radicó ante el Senado el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (agosto 1 de 2017), y a partir del artículo 41 de dicho proyecto, se consagró el mecanismo de la renuncia a la persecución penal, en iguales términos que los establecidos en la ley 1820 de 2016 , como tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado, explicado en precedencia.
De igual manera, en el Acuerdo Final de Paz se acordó que a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, le era asignada la función de proferir la resolución sobre la renuncia a la persecución penal, hoy se transcribe lo mismo en el proyecto de ley estatutaria, puntualmente en el artículo 78 literal f.[31]
Por tanto, se advierte que en el actual proyecto de ley estatutaria, no hay cambio alguno respecto a la consagración del mecanismo de la renuncia a la persecución penal, en los términos como quedó establecida en la Acuerdo Final de Paz y su posterior reglamentación, con la aclaración que aún no se han dado los debates en el Congreso de la Republica, donde pueden introducírsele algunas modificaciones.
Sobre los diferentes puntos y temas contemplados en el Acuerdo Final de Paz, algunos han ido implementándose y otros deberán hacerse a corto y largo plazo. Como inmediatos se han desarrollado los referentes a la dejación de armas, el cese al fuego y de hostilidades bilateral, garantías de seguridad, la implementación, verificación y ratificación. Se han expedido normas como la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales; el decreto 277 de 2017 que regula la amnistía iure; el Acto Legislativo 1 de 2017 que crea el sistema integral, compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; y la jurisdicción Especial para la paz (JEP). También el Decreto Ley 154 de 2017 mediante el cual se desarrolla la creación de la Comisión de Verdad, y el Decreto 588 de 2017 sobre estatuto de la oposición. Sin embargo, para la superación del conflicto armado las medidas que faltan por reglamentar son complejas y múltiples en la práctica.
El proceso de paz ha diseñado diferentes instrumentos judiciales y extrajudiciales a fin de conocer la verdad, garantizar la justicia y la reparación de las víctimas, por ende lo que falta por implementar constituye un gran desafío que deberán enfrentar las nuevas instituciones para darle legitimidad al acuerdo. El debido funcionamiento del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que incluye a la JEP constituye uno de los mayores retos del acuerdo de paz. Lo definitivo y trascendental para este sistema radica no tanto en lo que rezan los textos de leyes, decretos, parágrafos y proyectos que, si bien son importantes, sino en crear unas condiciones para que la JEP arranque formalmente a operar. Sumado a los aciertos o fallas del Comité de Escogencia[32], que elegirá a los integrantes de la JEP, quienes tendrán una misión muy compleja por la tarea monumental en la consolidación de la paz, que como reza en el acuerdo, tiene que ser duradera y sostenible.
Es claro que la Sala de Definición de Situación Jurídica podrá adoptar resoluciones tales como la renuncia a la persecución penal, cuya decisión extingue la acción y la sanción penal, la cual además hace tránsito a cosa juzgada; elimina antecedentes penales; anula la responsabilidad o sanción disciplinaria, fiscal o administrativa, e impide el ejercicio de la acción de repetición y de llamamiento en garantía contra los agentes del Estado y la persona beneficiada no queda eximida de contribuir al esclarecimiento de la verdad. Sin embargo son muchos los desarrollos jurídicos pendientes para que funcione de manera adecuada. Una vez los magistrados de la JEP asuman su cargo, deberán elaborar su propio manual de procedimiento, el cual debe ir al Congreso para ser revisado y aprobado. En consecuencia, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene desafíos no sólo logísticos, sino también procedimentales y legales.
Sobre las víctimas, la Comisión Colombiana de Juristas, ha identificado garantías sustanciales que deberían ser respetadas en el marco del proceso de implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final, tales como notificación, acompañamiento y asistencia institucional con enfoque diferencial. Además precisa que como mínimos procesales deben tener representación judicial, acceso a los expedientes, ser oídas para la determinación de sus derechos y hacer valer sus pretensiones, presentar pruebas, proponer e interrogar a sus testigos, así como los de la parte contraria e impugnar y recurrir las decisiones judiciales, incluso la sentencia final.[33]
No sobra advertir que la selección de magistrados de las diferentes salas que compondrán la JEP, además de otros funcionarios claves de la jurisdicción, es una tarea de la mayor importancia que tendrán los miembros del comité de escogencia pues de sus decisiones dependerá la legitimación del proceso de paz.
Dicho comité está compuesto por personas de las más altas calidades, tanto nacionales como extranjeros, que, con seguridad, garantizaran la trasparencia y la probidad de los funcionarios seleccionados mediante criterios meramente meritocráticos y objetivos.
[1] Nuevo Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2017, p.p.186 y siguientes.
[2] Ibíd., p.395.
[3] Ibíd., p.p. 404-407
[4] Revista Semana. Bogotá, Alejandro Santos Rubino, registró así la noticia ocurrida el 23 de junio de 2016 “Colombia pasó la página del conflicto armado con las Farc después de medio siglo de confrontación. Una imagen que muchos colombianos creyeron que nunca llegaría, y que muchos otros no pudieron ver, o dieron su vida por intentarlo. Fue la firma de un acuerdo que silenció los fusiles de una guerra que dejó cerca de 250.000 muertos, más de 50.0000 desaparecidos, y más de 7 millones de víctimas, en su inmensa mayoría inocentes. Desde que Tirofijo lideró a 48 campesinos armados en Marquetalia (Tolima), hace 52 años, muy pocos colombianos no han crecido bajo la sombra amenazante de las Farc y el yugo del conflicto armado. Más allá de entender las causas de la guerra, es difícil imaginar un acto que haya marcado durante tanto tiempo la historia política económica y social del país” p. 26.
[5] CARRANZA PIÑA, ob.cit. Artículo 3. Común a los cuatro convenios de Ginebra: Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios) la toma de rehenes) los atentados contra la dignidad, especialmente los tratos humillantes y degradantes (…).”. pp. 320 y 321.
[6] BARBOSA, Francisco, ob.cit. Describe el autor el proceso de la siguiente manera: “El Presidente SANTOS con fundamento en la ley estatutaria 1806 de 2016, expide el decreto 1391 del 30 de agosto de 2016 por el cual somete a consideración del pueblo el Plebiscito con el fin de refrendar el acuerdo de paz y la pregunta definida para los colombianos era “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?”. “El rechazo muy cerrado de los colombianos 6.431.376 votos (50.21%) por el NO contra 6.377.482 votos (49.78%) por el SI.” pp. 88-90.
[7] Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera http://bit.ly/1c5rk5J Consultado el 9 de marzo de 2017.En la introducción del Acuerdo de Paz, se asienta: “Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.” p. 6.
[8] BERNAL CUELLAR, ob. cit., “Al respecto Bell sostiene que los Acuerdos de Paz se caracterizan por tener una naturaleza jurídica híbrida, en cuanto pueden ser al mismo tiempo (i) un acuerdo humanitario, (ii) un documento público,(iii) un instrumento internacional regulado por el art. 3 de la Convenio de Viena sobre el Derechos de los Tratados,(iv) un acto jurídico unilateral internacional de un Estado y (v) en algunos casos (v.gr.,Timor Oriental), un acuerdo vinculante al encontrarse incluidos en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Agregaríamos a dicho listado que, para el caso colombiano, también serán normas de rango constitucional o equivalente a la Constitución”. pp. 106-107.
[9] Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera http://bit.ly/1c5rk5J Consultado el 9 de marzo de 2017. Sobre la reforma rural integral, se explicó: “que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La reforma rural integral debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.” p. 7.
[10] Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera http://bit.ly/1c5rk5J Consultado el 9 de marzo de 2017. Respecto a la Participación política se expone: “Apertura democrática para construir la paz, la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.” p.7.
[11] Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera http://bit.ly/1c5rk5J Consultado el 9 de marzo de 2017. Sobre la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP, se explica: “ y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC- EP a la vida civil.” p.p. 7 y 8.
[12] Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera http://bit.ly/1c5rk5J Consultado el 9 de marzo de 201. . Sobre la solución al problema de las drogas ilícitas se explica: “es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.” p.8.
[13] Nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ob. cit., p.9l.
[14] Revista Semana. Golpe a la confianza. Mayo 28 de 2017. p. 26.
[15] Revista Semana. Lluvia de decretos para la paz. Junio 4 de 2017. Los decretos expedidos son: “Decreto 902 de Acceso y Formalización de Tierras, Decreto 896 Sustitución de cultivos ilícitos, Decreto 893 Programas de desarrollo con enfoque territorial, Decreto 892 Educación rural, Decreto 884 Plan Nacional de Electrificación rural, Decreto 890 Vivienda social rural, Decreto 882 Docencia en zonas golpeadas por el conflicto. Sobre reincorporación: Decreto 671 Desvinculación de menores de grupos armados, Decreto 899 Reincorporación Económica y social de las FARC, Decreto 901 Prórroga de las zonas veredales, Decreto 897 Agencia de reincorporación y normalización (ARN). Asuntos sociales e infraestructura Decreto 894 Acceso a los empleos públicos, Decreto 883 Incentivos Tributarios a empresas que construyan infraestructura rural, Decreto 870 Incentivo a la conservación ambiental. Sobre la justicia Decreto 898 Unidad Especial de investigación en la Fiscalía, Decreto 889 Corte Constitucional podrá concentrarse en la paz, Decreto 900 Suspensión de órdenes de captura contra las Farc, Decreto 888 Unidad Delegada para el posconflicto en la Contraloría, Decreto 775 Defensa Judicial para miembros de la Fuerza Pública. Sobre Paz y Seguridad Decreto 903 Inventario definitivo de los bienes de las FARC, Decreto 154 Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Decreto 885 Consejo Nacional de paz, reconciliación y convivencia, Decreto 895 Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y Decreto 871 Representante oficial en la CSIVI. p.p. 20 a 23.
[16]Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera http://bit.ly/1c5rk5J Consultado el 9 de marzo de 2017.Sobre este punto, se consagra “acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido(…) El sistema integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.” p. 8.
[17] BERNAL CUELLAR, ob. cit., p. 169.
[18] Nuevo Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ob. cit., pp. 386-388.
[19] Ibíd., p. 386.
[20] Ibíd. p. 397 (inciso 10 del art. 28)
[21] Ibíd. pp. 404 y 405.
[22] Op.cit., p. 406.
[23] Ibíd., p. 408.
[24] Ejusdem p. 419.
[25] Ibíd., p. 424.
[26] Op. cit. p. 432.
[27] Ibíd., p. 438.
[28] Revista Semana. Los riesgos de la Comisión de la Verdad. Abril de 2017, p. 30.
[29] Ibíd. p. 31.
[30] Op.cit. p. 31.
[31] http://www.mininterior.gov.co, consultada el 10 de agosto de 2017.
[32] Revista Semana. Justicia. La contrarreloj de la JEP. Mayo 28 al 4 de junio de 2017. Sobre los integrantes de la JEP, señala: “El Comité de escogencia, integrado por los colombianos José Francisco Acuña y Claudia Vaca, y los extranjeros Diego García Sayán, Álvaro Gil Robles y Juan Méndez. Los cinco deben seleccionar a los magistrados que tomarán las decisiones en la JEP. Deben ser 38 magistrados colombianos, 20 para el tribunal y seis para cada una de las salas, y diez juristas extranjeros que podrán aportar luces en deliberaciones de ciertos casos sin posibilidad de votar. El comité también tiene que escoger 13 magistrados y cuatro juristas foráneos que serán suplentes. Así mismo seleccionar al director de la Unidad de Investigación, el cual, a su turno, nombrará como mínimo a 16 fiscales y cinco suplentes. Y aunque la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas son mecanismos extrajudiciales, el comité también debe elegir a ll comisionados para aquella y a un director para esta”. p.44.
[33] Comisión Colombiana de Juristas. La Participación de las víctimas en el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Bogotá: marzo 2017, p. 87.

References: resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 78
 Artículo 3
 resolución