Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Peru10222.htm
Timestamp: 2017-03-28 13:52:46+00:00

Document:
Peru 10222
propuestos; 2. Que tampoco ha presentado observaciones a los informes y no ha dado respuesta a las comunicaciones efectuadas al respecto, y 3. Que no existen en esta Comisión nuevos elementos de juicio que requieran modificar dichos informes originales. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: Publicar dichos informes en su Informe Anual 1990-1991. INFORME N° 32/90
CASO 10.222
PERU ANTECEDENTES: l. Con fecha 22 de agosto de 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia: La violación a los derechos humanos ocurrida en el Distrito
Chazuta, Provincia San Martín, en el Perú. El 13 de julio de 1988, una patrulla del Ejército Peruano, con 70 soldados y dos capitanes, incursionan el Caserío
Llucanayacú, Distrito de Chazuta, Provincia de San Martín, deteniendo a la población y tomando la escuela y la iglesia. Además, amenazaron a las autoridades del lugar y quemaron las viviendas de los campesinos Fabriciano Chujandama Chasnamote y Margarita González Panduro. En la incursión al Caserío de Llucanayacú fueron detenidos y llevados en helicóptero, presumiblemente al Cuartel de Mariscal Cáceres de Morales, a: Fabriciano Chujandama Chasnamote, Mamerto Chujandama Chasnamote, el 13 de julio de 1988 y Roldán Sabota Chujandama el 15 de julio de 1988. Además detuvieron y torturaron a Edgardo Chujandama Pinedo y William Pozo y luego liberados por el mal estado de salud. Amenazaron de muerte al Teniente Gobernador Brígido Chujandama Chasnamote y al pueblo en general, de que siempre matarían a alguien para que tengan miedo. 2. Mediante nota del 22 de agosto de 1988 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la República del Perú, solicitándole que suministrare la información que estimara opor tuna, sin que se hubiere recibido contestación en el plazo reglamentario. 3. Esta solicitud de información fue reiterada por medio de la nota dirigida a dicho Gobierno con fecha 7 de septiembre de 1989, en la cual se menciona la eventual aplicación del Artículo 42 del Reglamento de la
Comisión, sin que tampoco se recibiere contestación. CONSIDERANDO: 1. Que la Asamblea General por Resolución 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la práctica de desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad". 2. Que ha transcurrido el plazo establecido en el Artículo 34, párrafo 5, del Reglamento de la Comisión sin que el Gobierno del Perú haya dado respuesta a la solicitud de información formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicción interna que deban ser agotados (Artículo 46 de la Convención Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convención. 3. Que el Artículo 42 del Reglamento de la Comisión dice: Artículo 42 Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 4. Que el Artículo 1, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 5. Que la República del Perú es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que ha ratificado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por
tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisión no dispone de otros elementos de convicción que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Artículo 42 de su Reglamento, LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del 22 de agosto de 1988 relativa a la detención por agentes del estado peruano y la posterior desaparición de Fabriciano Chujandama
Chasnamote, Mamerto Chujandama Chasnamote, el 13 de julio de 1988, y Roldán Sabota
Chujandama, el 15 de julio de 1988; las amenazas a la vida y detención arbitraria de la población del Caserío Llucanayacú, Distrito de
Chazuta, Provincia de San Martín, así como las amenazas de autoridades e incendio de viviendas. 2. Declarar que tal hecho configura una grave violación por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garantías judiciales (Artículos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos
adoptadas, dentro de un plazo máximo de 60 días. 4. Recomendar al Gobierno del Perú que adopte las medidas reparatorias para la familia de las
víctimas, que establece la legislación nacional. 5. Comunicar este informe al Gobierno de la República del Perú y a los

References: Artículo 42
 Resolución 
 Artículo 34
 Artículo 42
 Artículo 42
 Artículo 34
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 42