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Timestamp: 2020-06-06 13:44:23+00:00

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﻿ SENTENCIA T-973 DE OCTUBRE 9 DE 2008
SENTENCIA T-973 DE 09 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. EL ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE PRETENDE EL COBRO DE LA ENERGÍA DEJADA DE CONSUMIR, NO CONSTITUYE EL COBRO DE UNA SANCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA ACCIONADA, SINO POR EL CONTRARIO, HACE REFERENCIA AL COBRO DE ENERGÍA CONSUMIDA Y DEJADA DE FACTURAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, FACTURACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
REVISTA TUTELA N°:110 DE FEBRERO DE 2009, PG.262
Sentencia T-973 de octubre 9 de 2008
Sentencia T-973 de 2008
Ref.: Expediente T-1902076
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Alejandro Lyons de la Espriella en su calidad de usuario y representante legal de la Arrocera Montería contra la empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP.
Manifiesta que el 23 de agosto de 2007, funcionarios de la empresa “Electrocosta S.A. ESP”, se presentaron en las instalaciones de la empresa que representa —Arrocera Montería— a fin de realizar una revisión del equipo de medida de la citada empresa. Añade que dichos funcionarios no fueron atendidos por una persona idónea, pues en esos momentos no se encontraba en la empresa y la única persona que los atendió no es empleada de la arrocera, quien se encontraba de manera provisional haciendo un montaje en producción para unas prácticas estudiantiles del SENA.
Esboza que los funcionarios de la empresa accionada, presionaron a sus empleados para llegar a un acuerdo conciliatorio y al no llegar a este, la empresa accionada procedió a suspender el servicio por 48 horas, lo que produjo un perjuicio comercial, pues se dañó una considerable cantidad de arroz y además se le causo un perjuicio moral, al presentarse publicaciones en el periódico El Meridiano de Córdoba, sin existir un proceso judicial que determine de manera definitiva la ocurrencia de dichas irregularidades.
Precisa que en Acta 98620 del 26 de julio de 2007, se consignó que el equipo de medida y conexiones de la Arrocera Montería se encuentra en buen estado. Adicionalmente expresa que una vez tuvo conocimiento de la actuación desplegada por la electrificadora, se dirigió a dicha entidad, donde fue informado que adeudaba la suma de $ 78’324.230, por concepto de un supuesto fraude detectado el día 23 de agosto de 2007, al respecto señala que fue informado por parte de Electrocosta, que si no cancela la suma citada, le sería suspendido el servicio.
Expone además que no ha tenido la oportunidad de controvertir lo consignado en el acta de revisión e instalación eléctrica R7-98622 del 28 de agosto de 2007, al respecto manifiesta que no ha sido notificado, adicionalmente señala que se ha desconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a través de la cual se prohíbe a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios imponer sanciones de tipo pecuniario por supuestos fraudes, por no contar con esa facultad legal.
En consecuencia solicita le sea protegido su derecho fundamental al debido proceso, en su calidad de representante legal de la Arrocera Montería, y de esta manera sea revocada la sanción impuesta por la entidad accionada, por valor de $ 78.324.230. en igual sentido reclama la terminación del proceso administrativo adelantado por la empresa Electrocosta S.A. ESP.
El apoderado general de la empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, solicitó se declarara la improcedencia de la presente acción de tutela, al considerar que no existe vulneración al debido proceso del actor, como fundamento de su solicitud advierte que el actor dentro de su libelo de tutela omitió manifestar que ha participado activamente en todas las etapas del proceso surtido por Electrocosta, que conoció el contenido del acta y del pliego de cargos respectivos, lo cual le permitió de manera oportuna presentar los respectivos descargos. Agrega que a la parte accionante no se le cobró sanción, simplemente se está tramitando el cobro de la energía consumida y dejada de facturar.
Sobre el punto descrito esgrime que la notificación al representante legal se hace cuando se abre formalmente el proceso empresarial para determinar el incumplimiento del contrato por uso no autorizado del servicio de energía, lo que se configura con el pliego de cargos, el cual fue notificado al actor como representante legal de la arrocera.
Del presente asunto conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería Córdoba, quien en providencia de diciembre 7 de 2007 resolvió no tutelar el derecho invocado, tras considerar que Electrocosta no impuso sanción pecuniaria alguna al actor, sino que simplemente se limitó a hacer efectivo el cobro de la energía consumida dejada de facturar mediante la Decisión Empresarial 4551702-199032 de fecha 21 de septiembre de 2007.
En consecuencia estimó que la empresa accionada no vulneró el debido proceso del actor, destacando que este fue diligente a lo largo del trámite administrativo adelantado por la empresa accionada, haciendo uso de las oportunidades brindadas por la ley para evitar la vulneración del derecho invocado. Añade que la decisión empresarial no se encuentra ejecutoriada, pues actualmente se está tramitando el recurso de apelación interpuesto contra la misma, ante la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.
Inconforme con la decisión adoptada, el actor en su calidad de representante legal de la empresa Arrocera de Córdoba, impugnó el fallo anterior argumentando que la empresa accionada no cuenta con la facultad para imponer multas, atendiendo a que el Decreto 1303 de 1989 y la Resolución 108 de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), en las que se otorgaba la facultad a las empresas para regular las conductas que pueden ser sancionadas con multa, corresponden a normas reglamentarias, las que no pueden remplazar el vacío jurídico ni remplazar el principio de reserva legal del artículo 121 de la constitución, posición que ha sido ratificada por esta Corte en diversos fallos. Añade que frente al decreto citado, este tribunal señaló que “no solo se trata de una norma de menor rango, sino que es anterior a la Constitución de 1991, cuando las empresas privadas no podían prestar este tipo de servicios públicos”. Respecto de la resolución CREG, refiere que la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que las comisiones regulatorias tienen potestad reglamentaria residual, sin que pueda sustituir al legislador o complementar las leyes proferidas por el Congreso.
Advierte que resulta procedente la presente acción de tutela pues esta Corte ha señalado que no existe ley que faculte a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios a la imposición de multas. Adicionalmente indica, haciendo referencia a la Sentencia T-041 de 2007 magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, que las decisiones empresariales contemplan el cobro de energía dejada de facturar como la sanción en si misma, sin discriminarse los montos correspondientes. En ese orden, solicita el amparo fundamental al debido proceso administrativo, declarándose la nulidad de todo lo actuado por la empresa Electrocosta, dentro del proceso administrativo adelantado en su contra.
Conoció de la impugnación el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, quien a través del fallo de febrero 4 de 2008, decidió revocar en todas sus partes la sentencia de primera instancia, al considerar que si bien, Electrocosta tiene la facultad de adelantar revisiones y dejar constancia de todo lo encontrado en ellas, cuando se señala a una persona de haber cometido fraude, la misma debe corresponder a una investigación penal, lo que no ocurrió en el asunto objeto de estudio, simplemente se desarrolló un trámite administrativo. Al respecto entiende el Ad quem no se puede acusar a una persona de haber manipulado las acometidas que llegan a su medidor de energía, hasta tanto no se haya demostrado plenamente en un proceso penal tal anomalía.
• Acto por medio del cual se inicia formalmente el proceso administrativo 4551702-199032 en contra de la Arrocera Montería (fls. 22 a 24, cdno. de primera instancia).
• Acta de revisión e irregularidad 98622, adelantada el 23 de agosto de 2008 (fl. 25 cdno. de primera instancia).
• Fotos del medidor eléctrico del inmueble donde la Arrocera Montería tiene su domicilio, tomadas el día de la diligencia de inspección, 23 de agosto de 2007 (fls. 26 a 37, cdno. de primera instancia).
• Copia del escrito de descargo hecho por la empresa Arrocera Montería respecto de los cargos imputados, de fecha 31 de agosto de 2007 (fls. 38 a 40, cdno. de primera instancia).
• Auto de apertura a pruebas proferido por Electrocosta el 5 de septiembre de 2007 (fls. 41 a 43, cdno. de primera instancia).
• Escrito de objeciones presentadas por la Arrocera Montería a través de su representante legal, respecto del auto de apertura a pruebas, el 14 de septiembre de 2007 (fls. 44 y 45, cdno. primera instancia).
• Recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por el representante legal de la Arrocera Montería en contra de la Decisión Empresarial 4551702-199032 (fls. 48 a 50, cdno. de primera instancia).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella (fl. 51, cdno. de primera instancia).
• Citación para decisión empresarial, hecha a Alejandro Lyons de la Espriella y/o Arrocera Montería, proferida por Electrocosta el 21 de septiembre de 2007 (fl. 52, cdno. de primera instancia).
• Decisión 2476289 del 19 de octubre de 2007, por medio de la cual Electrocosta resuelve el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por la empresa accionada en contra de la Decisión Empresarial 4551702-199032 del 21 de septiembre de 2007 (fls. 53 a 59, cdno. de primera instancia).
• Certificado de existencia y representación de la empresa Arrocera Montería, donde figura como gerente el señor Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella (fls. 62 a 64, cdno. de primera instancia).
• Fotocopias de recibos de luz de Electrocosta, del inmueble ubicado en carrera 14 Nº 30-6 Barrio El Edén Montería, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre (fls. 65 a 71, cdno. primera instancia).
• Copia de la Decisión Empresarial 4551702-199032, por medio de la cual se determinó el monto de la energía dejada de facturar por la Arrocera Montería (fls. 95 a 103, cdno. primera instancia).
• Contrato de condiciones uniformes de la empresa Electrocosta (fl. 119, cdno. primera instancia)
El accionante en su calidad de representante legal de la Arrocera Montería, expone que Electrocosta le vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al imponerle una sanción pecuniaria, la que obedeció a una supuesta irregularidad encontrada en visita técnica practicada el 23 de agosto de 2007, consistente en conexiones alteradas o intervenidas. Como fundamento de su solicitud expone que no tuvo oportunidad de defenderse dentro del trámite administrativo adelantado en su contra, además refiere que dicha entidad no cuenta con facultades legales para imponer sanciones, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia de esta corporación.
Por su parte, la electrificadora accionada expone que el actor tuvo conocimiento del trámite administrativo llevado en su contra, desde el pliego de cargos, del cual se notificó personalmente y en el que se le indicó las etapas a adelantar dentro del mismo, participando efectivamente el accionante de manera activa, donde pudo controvertir los cargos, las pruebas existentes, aportar las que consideró pertinentes, advirtiéndosele además que contaba con la posibilidad de interponer recursos contra la decisión empresarial que lo encontró responsable de la irregularidad imputada, de los cuales en efecto hizo uso dentro del término respectivo, siendo confirmada la decisión al evacuar el recurso de reposición, concediéndose el recurso de alzada, por tanto, se dispuso enviar el expediente a la superintendencia de servicios públicos domiciliaros para que se atendiera lo de su competencia.
A efectos de desarrollar el anterior problema jurídico, en primer término se hará referencia al derecho que tienen las personas jurídicas de presentar acciones de tutela para la protección de los derechos fundamentales que le son inherentes; a continuación se abordará la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones adoptadas por las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios y posteriormente se estudiará el caso concreto.
“(...) en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto”.
En aquella oportunidad, la Corte destacó los derechos susceptibles de ser reclamados por las personas jurídicas así: “... el debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el hábeas data y el derecho al buen nombre, entre otros”.
3. (sic) La procedencia de la acción de tutela contra un particular encargado de la prestación de un servicio público domiciliario.
La jurisprudencia constitucional ha justificado esta causal de procedencia en la posición de supremacía que asume el particular encargado de la prestación de un servicio público, la cual rompe el plano de igualdad propio de las relaciones entre particulares, y lo coloca en una postura de preeminencia similar a la que detentan las autoridades públicas (1) .
4. Improcedencia de la acción de tutela como regla general, respecto de la expedición de actos administrativos por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Al respecto esta Corte ha indicado que “las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, independientemente de su condición de estatal o privada, gozan de un conglomerado de derechos, poderes y prerrogativas de autoridad pública que las habilitan para cumplir funciones administrativas que van desde la resolución de peticiones, quejas y reclamos hasta la decisión del recurso de reposición” (2) , en el ejercicio de sus funciones dichas entidades están sujetas a los mismos controles que el ordenamiento jurídico prevé para las actuaciones de las autoridades públicas, esto es, en general, a los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa, y en especial, el respeto por los derechos fundamentales de las personas.
Ha establecido además esta corporación, que aunque las prerrogativas reconocidas por la ley a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (3) son garantías para el adecuado funcionamiento de los servicios que prestan, su ejercicio no puede ser arbitrario, por tanto, el mismo ordenamiento estableció una serie de mecanismos, tanto administrativos como judiciales, para que, cuando estas entidades desconozcan en su actuación las normas jurídicas que las rigen, sea posible su corrección ante la misma entidad, ante aquella que las vigila y controla —Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios— o ante las instancias jurisdiccionales respectivas (4) .
Adicionalmente a lo expuesto, la Corte en Sentencia T-720 de 2004, reiterada posteriormente en diversos pronunciamientos (5) , llegó a la siguiente conclusión:
“A partir del anterior rastreo jurisprudencial, puede inferirse que dada la importancia y el impacto social que tienen los servicios públicos domiciliarios en el diario vivir de todos los habitantes del territorio nacional se ha hecho necesario la intervención excepcional del juez de tutela, en aras de materializar los derechos contenidos en el ordenamiento superior entendido este no solo como el articulado de la Carta Política sino, además, con la integración de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad.
“Por ello puede afirmarse que: i) por regla general la acción no resulta procedente para entrar a dirimir controversias entre el usuario y/o suscriptor y, las empresas de servicios públicos domiciliarios, por cuanto para ese fin existen otros medios de defensa judicial, ii) que excepcionalmente y solamente atendiendo las circunstancias de cada caso resulta procedente la acción de tutela para proteger derechos fundamentales del administrado como por ejemplo la honra, el derecho de petición, el derecho a la igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso cuando estos han sido amenazados o vulnerados por las empresas de servicios públicos domiciliarios” (negrillas fuera del original).
“Entonces, de conformidad a la jurisprudencia constitucional la solicitud de suspensión provisional de los actos proferidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios, en el curso de una acción de nulidad y restablecimiento reúne las condiciones de idoneidad y eficacia exigidas por la jurisprudencia constitucional para desplazar a la acción de tutela como mecanismo protector de los derechos fundamentales de los usuarios (6) ” (negrillas fuera del original).
De otro lado, la Ley 142 de 1994, otorgó a las empresas de servicios públicos domiciliarios una situación de privilegio frente a sus usuarios, la que se ve reflejada en la posibilidad de dictar ciertos actos que deben ser entendidos como privilegios indispensables para garantizar su funcionamiento y permitirles, además, la prestación de dichos servicios de manera continua, eficiente y eficaz (7) . Así, la Corte en diversos pronunciamientos ha indicado que el cobro de la energía dejada de facturar, previo trámite administrativo adelantado por la empresa prestadora del servicio público domiciliario, constituye verdaderos actos administrativos que se desprenden de la posición privilegiada que les ha otorgado la ley frente a los usuarios de dichos servicios.
“los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994 (8) , (...) permiten cobrar los servicios no facturados en caso de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Dichos cobros serían diferentes a las sanciones previstas por el parágrafo segundo del artículo 54 de la Resolución 108 de la CREG, el cual autoriza una sanción pecuniaria máxima equivalente al consumo no facturado, o en el contrato de condiciones uniformes el cual autoriza a la empresa a cobrar sanciones pecuniarias incluso por el doble del valor de los consumos no registrados, previsiones que como antes se registró son abiertamente inconstitucionales” (9) .
“... esta Sala considera que el cobro de la energía consumida dejada de facturar no corresponde a una sanción pecuniaria y por lo tanto se ajusta a las prerrogativas concedidas por los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente tal cobro se realiza por medio de una factura adicional contra la cual puede interponer el usuario los recursos de la vía gubernativa y posteriormente puede ser debatida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
5. Improcedencia de la acción de tutela en el presente caso.
El día 23 de agosto de 2007 funcionarios de la empresa Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, adelantaron visita técnica en las instalaciones eléctricas del inmueble donde la empresa Arrocera Montería tiene su domicilio. En dicha diligencia se levantó el Acta 98622, donde se consignó que en desarrollo de la visita técnica se detectó una irregularidad consistente en conexiones eléctricas alteradas o intervenidas.
Finalizada la diligencia descrita, la empresa accionada dio inicio al proceso 4551702-199032, del cual se informó al actor para que ejerciera el derecho de contradicción y defensa, presentando los descargos y pruebas pertinentes, para tal fin se dejó a disposición el Acta 98622, así como las pruebas recaudadas en la citada diligencia. Además se le explicó al actor las diferentes etapas que se llevarían a cabo por parte de la empresa accionada a efectos de determinar la existencia o no de las anomalías registradas respecto del inmueble donde la Arrocera Montería tiene su domicilio.
El 31 de agosto de 2007, el actor como representante legal de la empresa Arrocera Montería presentó escrito de descargos en contra del inicio del proceso, aportando además pruebas documentales; el 5 de septiembre de 2007 Electrocosta decretó periodo probatorio a través de auto de pruebas; el 14 de septiembre de 2007 el actor presentó escrito de objeciones contra el auto de apertura a pruebas; el 21 de septiembre de 2007 Electrocosta emitió Decisión Empresarial 4551702-199032; el 5 de octubre de 2007 dentro del término legal el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión empresarial previamente citada; el 19 de octubre de 2007, Electrocosta negó el recurso de reposición y concedió el de apelación, el cual se encontraba en curso al momento de interponerse la presente acción de tutela.
Por otra parte, para la esta Sala de Revisión es claro que la Decisión Empresarial 4551702-199032, donde la empresa accionada estableció determinó el monto de la energía consumida y dejada de facturar como consecuencia de las irregularidades encontradas en el inmueble donde la parte accionante tiene su domicilio, constituye un acto administrativo que no obedece al cobro de sanción alguna. De dicha decisión empresarial (10) se destaca:
“De acuerdo a lo establecido en la presente decisión y a lo manifestado clara en el inicio de proceso, es evidente que en la revisión técnica efectuada el 23 de agosto de 2007, a la empresa Arrocera Montería se le encontró conexiones eléctricas alteradas o intervenidas lo cual faculta a Electrocosta a cobrar el valor de la energía consumida dejada de facturar, conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994”.
“Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula cuadragésima quinta del contrato de condiciones uniformes, la energía consumida dejada de facturar se calculará con base al método de manual consumo, donde se tomó como referencia el último consumo con un total facturado de 67.760 kwh y se proyectó a cinco (5) meses de consumo con un total de 338.800 kwh, posteriormente se realiza la sumatoria de los últimos cinco (5) meses facturados con un total de 46.860 kwh. Finalmente se procede a restar el consumo proyectado (338.800 kwh), menos lo facturado (46.860kwh), arrojando un energía consumida dejada de facturar de 291.940 kwh”.
Costo de la inspección de irregularidad: $ 28.700
IVA sobre el valor anterior: $ 4.592
Consumo energía activa pico: $ 20.933.354,56
Consumo energía activa fuera de pico $ 44.309.556,90
Contribución por activa pico $ 41.86.119,26 (sic)
Contribución por activa fuera de pico $ 8.861.911,36
Total: $ 78.324.230
Ahora bien, ante la existencia de esta otra vía de protección, la cual es idónea si se tiene en cuenta que la parte accionante incluso puede solicitar la suspensión provisional de la decisión final que se adopte dentro del trámite administrativo atacado (en caso de que eventualmente se confirmara la imposición de la sanción), la tutela solo sería procedente en el presente caso como mecanismo transitorio, si la empresa Arrocera Montería se encontrara ante un inminente perjuicio irremediable. Sin embargo, considera la Sala que no existen evidencias objetivas que permitan inferir la proximidad de un daño grave e irreparable para los derechos fundamentales de la empresa actora (11) .
Así las cosas, y comoquiera que los jueces de instancia emitieron un pronunciamiento sobre el fondo de este asunto —vulneración o no de los derechos fundamentales de la parte actora—, sin que fuese competencia del juez de tutela hacerlo en el presente caso, la Sala revocará la sentencia proferida tanto por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería, el 7 de diciembre de 2007 y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad el 4 de febrero de 2008, para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela.
En consecuencia, se ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, continuar con el trámite respectivo, en la etapa que se encontraba antes de que fuera proferida la sentencia de tutela por parte del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, el 4 de febrero de 2008, en la que se ordenó tutelar los derechos invocados por la empresa actora y se dejó sin efectos la Decisión Empresarial 4551702-199032, por medio del cual se hacía efectivo el cobro de una energía consumida y dejada de facturar.
1. REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia las sentencias proferidas por Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería, el 7 de diciembre de 2007 que negó la solicitud de amparo invocada y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, el 4 de febrero de 2008, que concedió el amparo invocado, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por Alejandro Lyons de la Espriella en representación de la empresa Arrocera Montería contra la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP.
2. ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, continuar con el trámite administrativo adelantado en contra de la empresa Arrocera Montería, dentro del proceso 4551702-199032, en la etapa que se encontraba antes de dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, el 4 de febrero de 2008.
(3) La Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fijó las pautas que regulan la relación entre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los particulares. En esta ley se dispuso que dichas empresas tienen la facultad de actuar como si fuesen particulares pero, a su vez, dotó a las mismas de ciertas facultades que son propias de las autoridades públicas “tal es el caso de las potestades que les confiere la ley con relación al contrato de servicios públicos, particularmente en relación con los actos de facturación, suspensión y corte del servicio, los cuales, además se consideran actos administrativos, o el procedimiento para la imposición de sanciones en el cual se debe observar el debido proceso que rige para las actuaciones administrativas” (Corte Constitucional, sentencias C-558 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería y T-224 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(4) Ver Sentencias T-720 de 2005; T-558 de 2006; 815 de 2006; T-197 de 2007 y T-218 de 2007 entre otras.
(5) Cfr. Sentencias T-815 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Pinilla (sic); T-041 de 2007 (sic); T-197 de 2007, Marco Gerardo Monroy Cabra; T-218 de 2007, M.P. Nilson Pinilla entre otras.
(6) Al respecto puede consultarse la Sentencia T-1204 de 2001.
(7) Sobre el particular, consultar las sentencias T-927 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1432 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-1252 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(8) Estas disposiciones establecen: ART. 149.—De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de periodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.
(9) Sentencia T-720 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(10) Folios 95 a 103 cuaderno de primera instancia.
(11) Sobre perjuicio irremediable véanse las sentencias de la Corte Constitucional T-468 de 1992, C-531 de 1993, T-348 de 1997, T-823 de 1999 y T-1211 de 2000.

References: Resolución 
 artículo 121
 resolución 
 resolución 
 artículo 54
 Resolución 
 artículo 150