Source: https://www.ciudadanos-cs.org/nuestro-proyecto
Timestamp: 2016-10-20 19:38:44+00:00

Document:
Parte I	Reconstruir la clase media y trabajadora
Un nuevo contrato estable e indefinido, que proteja
a los trabajadores y ayude a acabar con la precariedad laboral. Muchos españoles viven con contratos basura y sin protección jurídica suficiente. Este nuevo contrato acabará con la precariedad laboral y permitirá que la gente tenga un empleo estable sin tener que estar encadenando contratos temporales. Este nuevo contrato no afectará a los que ya tienen un contrato indefinido.
La “mochila austríaca”: un nuevo seguro contra el
despido, con el cual el trabajador irá acumulando dinero en una cuenta durante toda su carrera profesional. En caso de despido o jubilación, el trabajador podrá cobrar esa cantidad acumulada, o bien llevársela consigo si cambia de trabajo.
Premiaremos a las empresas que en sus sectores
despidan menos, y penalizaremos a las que abusen del despido. A las empresas que favorezcan el empleo estable se les bonificarán las cotizaciones.
Un nuevo marco de relaciones laborales consensuado y
flexible que reequilibre la negociación colectiva, proteja a los trabajadores y garantice el empleo estable. Las empresas tienen que poder adaptarse a nuevos escenarios económicos y tecnológicos, pero no lo podrán hacer de forma unilateral y sin contar con el acuerdo de sus trabajadores.
Más medios y prioridad al empleo y la formación.
Las actuales políticas activas de empleo son insuficientes en comparación con otros países europeos. Menos recortes y más inversión, para estar al nivel de las mejores naciones de Europa.
Dirigiremos los incentivos al empleo hacia los
colectivos más vulnerables y los parados de larga duración. En la actualidad existen más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones que son ineficaces, porque no se centran en los que más lo necesitan.
Los recursos para la formación de los trabajadores
irán directamente a ellos y no a las empresas proveedoras, patronales y sindicatos. Aumentaremos la fiscalización, la evaluación rigurosa y permanente de sus resultados y acabaremos con los intermediarios para que no se repitan casos de corrupción y fraude con la formación de los trabajadores.
Cheques de formación directamente a los desempleados
y asesoramiento para que hagan los cursos que ellos elijan. Los desempleados contarán con orientadores que les ayudarán y les informarán sobre la calidad de los cursos ofrecidos por cada centro. Los cheques sólo podrán utilizarse en aquellos centros que se hayan sometido a un evaluación previa.
Más orientación laboral y formativa
con atención individualizada para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo. Nadie en Europa destina tan pocos recursos a la orientación laboral. Los orientadores tendrán: información de los portales de empleo y los registros del SEPE para proponer itinerarios personales y un perfil de cada desempleado con sus competencias profesionales para ayudarle a encontrar el empleo que más se adapte a sus características laborales.
Una nueva agencia estatal de políticas de empleo,
específica y autónoma. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no cumple con sus funciones, por falta de recursos y estructura. Crearemos la Agencia Independiente de Políticas de Empleo con autonomía y competencias suficientes para ayudar a los desempleados, evaluar las políticas de empleo, distribuir mejor los recursos y coordinarse con el resto de administraciones.
Plan de choque contra el paro de larga duración.
Responderemos con absoluta prioridad para reintegrar a las personas que llevan más de 2 años buscando empleo, con tres programas específicos:
Programa para que los desempleados con
escasa experiencia laboral o que requieran adaptarse a nuevos sectores profesionales se formen directamente en un puesto de trabajo.
Programa de Reintegración Laboral para
formar, orientar y ayudar económicamente a los desempleados de larga duración. Aquellos que no reciban ninguna prestación por desempleo cobrarán una renta durante la formación, con la condición de que realicen los cursos, y podrán beneficiarse del plan durante todo el tiempo necesario hasta encontrar un empleo.
Programa para Adultos de Adquisición de
Competencias Básicas para impulsar el aprendizaje permanente. Nuestra población adulta está entre las peores de la UE en lectura, matemáticas, idiomas o alfabetización digital. El programa permitirá otorgar una certificación de nivel educativo básico.
Ayudaremos a los trabajadores a adaptarse a las
nuevas tecnologías. Proponemos el desarrollo de un programa de ayuda a los trabajadores que requieran adaptarse para conservar su empleo. Irá destinado a los trabajadores mayores de 45 años con un largo período de antigüedad en la empresa y con la condición de que se les mantenga el puesto de trabajo.
Menos impuestos y menos burocracia
para los autónomos. Los tres millones de trabajadores autónomos son un colectivo fundamental para nuestra economía que sufre unas condiciones muy desfavorables y que ha sufrido los peores efectos de la crisis.
Los autónomos no pagarán cuota, si
están por debajo del salario mínimo interprofesional. Por encima, se pagará en función de los beneficios. La cuota no será una barrera para quienes son el corazón de nuestra economía.
Mejoraremos y simplificaremos los trámites de pago
de IVA a través de Internet. Eliminaremos la obligatoriedad del sistema de certificados digitales para potenciar uno más ágil, basado en identificación por usuario y contraseña.
Más ayudas y apoyo a las trabajadoras autónomas
durante y después del embarazo. Actualmente, la decisión de tener hijos está penalizada –a diferencia de lo que sucede en otros países europeos– debido a la falta de medidas para conseguir una conciliación de la vida laboral y personal, la ausencia de políticas para equilibrar la responsabilidad entre progenitores y las limitaciones de permisos por maternidad y paternidad.
Bonificaremos la cuota de autónomos en su totalidad
durante la baja por maternidad, o en caso de baja por riesgo médicamente demostrado durante el embarazo. También bonificaremos las cuotas sociales del trabajador contratado para la sustitución.
Recuperaremos las bonificaciones que fueron
derogadas por el anterior Gobierno a trabajadoras autónomas que se reincorporen después de la maternidad.
Mejoraremos el sistema de prestaciones y ayudas de
las trabajadoras autónomas tanto antes del parto, como durante la baja por maternidad.
Una nueva Ley de Segunda Oportunidad para personas
endeudadas, incluyendo la dación en pago con nueva tasación del inmueble en préstamos hipotecarios.
Eliminaremos los saltos en la regulación para
incentivar el crecimiento de tamaño empresarial. Toda la normativa impositiva, laboral o contable, que discrimina en función del tamaño debe flexibilizarse y evitar los escalones numéricos que desincentivan el crecimiento. Es necesario auditar toda la legislación para eliminar todas estas barreras que frenan el crecimiento empresarial.
Crearemos una agencia de apoyo a las PYMEs. Tomando
como modelo el Small Business Services británico, o el banco único para PYMEs de Luxemburgo, crearemos una agencia que concentre en un
único interlocutor las funciones clave de apoyo en áreas críticas para el dinamismo de las PYMEs (como la creación de empresas, gestión de cobros
fiscales, etc.). Esta agencia deberá trabajar de forma coordinada e integrada con todas las iniciativas públicas (por ejemplo el ICEX) y privadas
que faciliten la internacionalización de las empresas españolas.
Una verdadera unidad de mercado reformando la Ley de
Garantía de Unidad de Mercado, para incorporar la colaboración entre diferentes administraciones. Se establecerán mecanismos para avanzar decididamente en la armonización de licencias y permisos, eliminando las barreras regulatorias injustificadas y promoviendo el reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas. Se eliminarán las excepciones arbitrarias e injustificadas de naturaleza ambiental, cultural o de seguridad e higiene que han permitido la enorme proliferación de barreras regulatorias.
Reformaremos la
regulación de los mercados para que tengan el mismo nivel de competencia que en el resto de países de Europa, para lo que las reglas deberán ser
seguras e iguales para todos los competidores, sin arbitrariedad, ni discriminación. Así, ahorraremos a las familias españolas 411 euros al año.Tenemos derecho a no pagar el sobrecoste de tener la energía más cara de Europa por culpa del “capitalismo de amiguetes.”
Profesionalizaremos y despolitizaremos los órganos
de gobierno de todas las Autoridades Administrativas Independientes y exigiremos una rendición de cuentas transparente a las Cortes. Proponemos la profesionalización de los procesos de selección de presidentes, consejeros y directivos de las Autoridades Independientes a través de un procedimiento transparente y meritocrático.
Reformaremos los reguladores para evitar
los conflictos de intereses mediante la transparencia de su actuación y la de los lobbies. Será obligatoria la inscripción de éstos en los registros correspondientes. Se reforzará la prohibición de trabajar directa o indirectamente en y para empresas de los sectores regulados durante 4 años y no 2 como en la actual legislación.
Separaremos las funciones de Competencia y de
Regulación en dos entidades independientes, reformando así la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para garantizar la independencia de estas entidades, será imprescindible que el regulador disfrute de total autonomía del Ministerio de Hacienda y que se profesionalicen al máximo los nombramientos políticos en los cargos directivos, garantizando que se rigen por criterios de meritocracia y transparencia.
Separaremos las competencias para que la institución
que vigila la solvencia de los bancos no sea, como hasta ahora, la misma que debe proteger a los usuarios de servicios financieros. Una nueva Comisión Nacional de los Servicios Financieros velará por los intereses de los clientes, mientras que el Banco de España será responsable de la supervisión de todas las entidades financieras, las compañías de seguros y los mercados financieros españoles.
Aseguraremos que la nueva Comisión Nacional de
Servicios Financieros impulse la transparencia en el sector financiero con propuestas de contratos marco para seguros e hipotecas. Prohibirá productos financieros y cláusulas por complejos u oscuros.
Incorporaremos a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AiREF) una nueva y potente unidad que evalúe la eficacia y coste de las políticas y programas de gasto público. Actuará en sustitución de la ineficaz Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).
Garantizaremos la unidad de mercado nacional eliminando trabas a la libre circulación y prestación de servicios, en el marco del compromiso de la plena realización del Derecho de la Unión Europea. Trabas que en muchas ocasiones son solo
justificadas por intereses clientelares de las élites
locales. Las competencias territoriales no pueden ser usadas como coartada para proteger intereses opuestos a los de los ciudadanos.
Impulsaremos reformas legales para la protección de
los consumidores, clientes de entidades financieras y deudores. Se regularán los ficheros de solvencia positivos, para garantizar que los buenos pagadores reciban un mejor trato por parte de las entidades financieras.
Se impondrán sanciones a las entidades de crédito,
en caso de que incurran en préstamo irresponsable. Se revisarán los procedimientos de ejecución para evitar abusos, especialmente como consecuencia de tasaciones inadecuadas.
Cumpliremos con los españoles y
con Europa. Nos comprometeremos firmemente con la estabilidad presupuestaria y cumpliremos los objetivos de déficit que se negocien con las autoridades europeas. Alcanzaremos una situación de finanzas públicas saneadas al final de la legislatura. Una política fiscal responsable es una condición necesaria para el crecimiento, especialmente dado el nivel de deuda pública de España.
No subiremos los impuestos a las clases medias y
trabajadoras. El ajuste no puede volver a recaer en una clase media y trabajadora que ha soportado la mayor subida de impuestos de la democracia. Donde se debe recortar es en gasto superfluo, despilfarro y duplicidades.
Bajaremos los impuestos a las clases medias y
trabajadoras: disminuiremos el IRPF 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43.5%. Se llevará a cabo en nuestro segundo presupuesto y una vez haya España alcanzado el objetivo europeo de bajar del 3% el déficit público.
Reformaremos en profundidad el Impuesto de
sociedades para cerrar agujeros, eliminar beneficios injustificados, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este
impuesto. Acercaremos los tipos efectivos a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro. El Impuesto de sociedades de España recauda poco, sobre todo en el caso de las grandes empresas, que sólo pagan un 6% efectivo. Esto se debe a un impuesto mal diseñado, repleto de agujeros, deducciones y beneficios fiscales, con una normativa compleja.
Eliminaremos el Impuesto especial de medios de transporte (Impuesto de matriculación) y lo sustituiremos por un Impuesto a las emisiones potenciales de los vehículos para proteger
la calidad del aire y combatir el cambio climático. El objetivo no es recaudatorio, sino medioambiental: a diferencia de otros partidos, no queremos recaudar más por la matriculación de vehículos, sino de forma más eficiente, premiando a los consumidores que se comprometen con el medio ambiente usando automóviles que contaminan menos.
La clase media y trabajadora no pagará Impuesto de
Sucesiones, solo tributarán las herencias millonarias y se fijarán los mismos mínimos y máximos para toda España. Quedarán exentos del pago la vivienda habitual, la empresa familiar y hasta 1 millón de euros heredado por cada hijo. Llevaremos a cabo una armonización fiscal donde se tributará lo mismo, con independencia de la comunidad autónoma.
El Impuesto de Patrimonio pasará a ser de normativa
y gestión estatal. Tendrá una función fundamentalmente censal y se declararán también los bienes en el extranjero, eliminándose la declaración de bienes en el exterior, para no exigir información duplicada. En esta nueva declaración se incluirán el oro, las joyas, los yates y las obras de arte que, sorprendentemente, están excluidos de la Declaración de bienes en el Extranjero. Resulta necesario que la Agencia Tributaria centralice la información censal y patrimonial de este impuesto para mejorar la gestión tributaria y la comparta con las Comunidades Autónomas, evitando exigir la misma información varias veces a los ciudadanos.
Un complemento salarial garantizado para ayudar a
los trabajadores con menores ingresos a que tengan un sueldo digno. Será una devolución de Hacienda para lucha contra la pobreza laboral. En España existen 7,5 millones de trabajadores que no llegan al salario mínimo anual por lo que es prioritario reconstruir la clase media trabajadora y luchar contra la economía sumergida. La cuantía del complemento salarial será variable en función de los ingresos y condiciones familiares como por ejemplo el número de hijos.
Reconoceremos los derechos de las personas afectadas
por el desahucio. Se les facilitará de forma temporal una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a su situación económica y familiar. También podrán acogerse a un plan de pagos personal de la deuda pendiente, cuya mensualidad conjunta no podrá suponer más del 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar.
Reformaremos la Ley de
Enjuiciamiento Civil para que no se puedan embargar las prestaciones sociales. No podrá embargarse la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas. Tampoco se podrá embargar la vivienda habitual.
Modificaremos la Ley de Haciendas Locales para que
aquellas viviendas deshabitadas que sean cedidas por sus propietarios a fondos sociales de vivienda no paguen IBI (Impuesto sobre los Bienes
Inmuebles).
Parte II	Unión e igualdad de todos los españoles
Diseñaremos políticas para promover la igualdad real
y efectiva en todos los ámbitos e instituciones. Igualdad básica pero real con independencia de su sexo, creencias y lugar de residencia.
Garantizaremos la unión y la igualdad de todos los
españoles. Nos opondremos a todo intento de convocar un referéndum separatista. La solución es reformar España, no romperla.
Impulsaremos la consolidación del estado autonómico,
completando y cerrando su desarrollo mediante la reforma constitucional. Se enumerarán, para fijar el mapa autonómico de manera definitiva, las 17 Comunidades Autónomas y las dos ciudades autónomas. Se suprimirá la disposición transitoria cuarta que contempla la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco.
Propondremos que la reforma constitucional incorpore
un listado de competencias exclusivas del Estado y de competencias compartidas, para clarificarlas y así permitir el desarrollo autonómico,
asegurando servicios públicos y condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional. Se establecerá la prevalencia de la legislación del Estado y se suprimirá la posibilidad de ceder o delegar a las Comunidades Autónomas las competencias que la Constitución otorga al Estado.
Propondremos un mejor sistema de financiación
autonómico, más equitativo, transparente y eficaz, fijando una cartera de servicios comunes a todos los españoles garantizados por el Estado.
Las Comunidades Autónomas podrán incrementar esos servicios haciéndose responsables de su financiación de modo que los ciudadanos de dichas Comunidades Autónomas valoren su conveniencia. Se recalculará de manera razonable la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal para evitar desigualdades en el acceso de los ciudadanos a los servicios.
Incluiremos una nueva sección de Derechos Sociales
en la Constitución. Daremos máximo grado de protección y garantías al derecho a la salud; el derecho a los servicios sociales; el derecho a la vivienda; el derecho y deber de protección ambiental; los derechos de los consumidores y usuarios; el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, al disfrute de los servicios públicos y a los servicios económicos de interés general; y el derecho a la buena administración.
Aprobaremos una Ley de Garantía Presupuestaria de
los Derechos Sociales. Dotaremos de recursos a las instituciones públicas encargadas de garantizar los nuevos derechos incorporados en la Constitución.
Suprimiremos la preferencia del
varón sobre la mujer en la sucesión en el trono, con la reforma del artículo 57 de la Constitución.
Garantizaremos un sistema de sanidad universal, de
forma que nadie se quede sin asistencia sanitaria en España. Restableceremos la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Fijaremos, paralelamente, las medidas necesarias para asegurar el cobro de los servicios sanitarios prestados a los nacionales de otros países, para luchar contra el turismo sanitario.
Garantizaremos iguales servicios y prestaciones
básicas en todas las Comunidades Autónomas en el ámbito de la sanidad. Consensuaremos una cartera de servicios comunes para evitar diferencias injustificadas de cobertura entre las Comunidades.
Mejoraremos la información y la gestión para tener
más recursos y mayor calidad. Crearemos el Portal de Transparencia Sanitario Nacional que recoja datos e indicadores de calidad asistencial, terapéutica y eficiencia de los servicios de hospitales y centros de salud para obtener datos objetivos y fiables que ayuden a detectar malas y buenas prácticas.
Un Plan Nacional de Infraestructuras Sanitarias y
Plan Nacional de Big Data en Salud que permita detectar disfunciones e ineficiencias mediante datos estadísticos comparados. Implementaremos, asimismo, una estrategia de reinversión a largo plazo que contemple, no sólo la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, sino la desinversión en aquellas que no sean efectivas, revisando todas aquellas estrategias de salud que no sean eficientes según un criterio científico.
Mejoraremos la atención domiciliaria a pacientes
crónicos y/o dependientes y haremos de la prevención el eje central del sistema sanitario. Desarrollaremos la Ley General de Salud Pública impulsando la prevención a través de la atención primaria y la educación para la salud como herramientas de ahorro a medio y largo plazo y ampliaremos el catálogo de pruebas diagnósticas accesibles a los profesionales y medios diagnósticos propios.
Coordinaremos los servicios sociales y sanitarios
para ofrecer servicios de salud integrales. Estableceremos un Plan de Coordinación de Servicios Sanitarios, Farmacias y Trabajadores Sociales. Dotaremos de nuevas competencias y mecanismos a estos profesionales.
Mejoraremos la eficiencia del sistema sanitario
desarrollando un nuevo decreto de indicación y uso de medicamentos por parte del personal de enfermería basado en el consenso del sector.
Mejoraremos la eficiencia de la política
farmacéutica aumentando la transparencia, la rendición de cuentas y el modelo de farmacia asistencial.
Centralizaremos la toma de
decisiones en el caso de los medicamentos huérfanos y de uso compasivo para asegurar la igualdad en el acceso a dichos tratamientos. Promoveremos sistemas de compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios de alto coste para todas las Comunidades Autónomas.
Promoveremos acuerdos a nivel europeo para controlar
el precio de todas aquellas novedades terapéuticas de alto impacto que no tengan alternativa eficaz que permita que los precios se fijen por
mecanismos de libre competencia.
Mejoraremos los tiempos de acceso a los nuevos
medicamentos que hayan demostrado indicios suficientes de eficacia y seguridad. Abarataremos también su coste para las arcas públicas promoviendo sistemas de compra centralizada de fármacos y productos sanitarios tanto a nivel nacional como europeo. Revisaremos la tabla salarial de los agentes evaluadores, prohibiendo las puertas giratorias.
Estableceremos nuevas competencias para los
farmacéuticos en la detección y manejo de enfermedades crónicas, impulsando un sistema de información ágil con el resto de profesionales
Desarrollaremos una Estrategia Nacional de Salud
Mental estimulando la incorporación de la atención psicológica en atención primaria y el incremento de los puestos de trabajo para personas con
problemas de salud mental. Mejoraremos la formación del profesorado tanto en la detección como en la intervención y apoyo a alumnos con problemas de salud mental o situaciones de acoso para dar una respuesta efectiva.
Mejoraremos la independencia de nuestros
profesionales. Acabaremos con la politización de la Sanidad. La gestión sanitaria debería estar en manos de profesionales y no de personal de libre designación.
Estableceremos mecanismos objetivos de rendición de
cuentas. Incluiremos medidas de protección del personal que denuncia situaciones irregulares en centros sanitarios y modificaremos el régimen sancionador para que los profesionales que incurran en malas prácticas no queden impunes.
Regularemos la relación de las empresas
farmacéuticas sobre los profesionales aumentando las incompatibilidades y los controles. Garantizaremos la financiación pública de la formación continuada de los profesionales y su financiación a través del sistema público para que no quede solo en manos de las empresas farmacéuticas.
Racionalizaremos la formación sanitaria
especializada, de acuerdo con la legislación europea, para favorecer la homologación profesional con el resto de países de Europa. Implementaremos progresivamente procesos de certificación y recertificación profesional y desarrollaremos la capacitación específica.
Modificaremos la regulación de facultades y plazas
de Medicina y Enfermería, para ajustarlas a las necesidades de profesionales. Acabaremos con con la alta temporalidad en el sector y aprovechando al máximo la experiencia en el manejo y tratamiento de pacientes.
Desarrollaremos una Ley para la
Muerte Digna. Impulsaremos los planes de cuidados paliativos centrados en los derechos de las personas al final de la vida. Legislaremos para que las personas sean ayudadas con cuidados paliativos que eviten el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable con consecuencia irreversible de muerte o siendo paciente en fase terminal, ampliando la formación del personal sanitario y los derechos de los ciudadanos a la información, la elección entre opciones clínicas, el rechazo de tratamiento, el testamento vital y el alivio del sufrimiento al final de la vida.
Reformaremos el sistema de pensiones para asegurar
su sostenibilidad, la suficiencia de las pensiones, la transparencia del sistema y su flexibilidad en el marco del Pacto de Toledo. Es fundamental garantizar este pilar básico del Estado del bienestar a las próximas generaciones.
Garantizaremos pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas. La adaptación del sistema de pensiones al nuevo escenario demográfico y socioeconómico debe asegurar pensiones económicamente adecuadas y que en ningún caso puedan darse situaciones de pobreza entre nuestros pensionistas.
Aseguraremos la transparencia del sistema de
pensiones. Debemos tener un sistema transparente en el que los individuos sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán en el momento de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar su vida profesional con décadas de antelación. Desgraciadamente el Gobierno ha renunciado recientemente a cumplir su promesa de informar a los futuros pensionistas del importe de su pensión.
Aseguraremos la libertad de los trabajadores para
decidir a qué edad jubilarse y acceder a una pensión de jubilación en función de lo que haya cotizado a lo largo de toda la vida laboral. Cualquier retraso en la edad de jubilación ha de implementarse de una forma flexible con el fin de no discriminar a aquellos trabajadores que se hayan incorporado al mercado laboral a edades más tempranas o ejerzan actividades que exigen un esfuerzo físico considerable.
Servicios sociales integrales, de mayor calidad, más
cercanos e iguales en toda España. Elaboraremos una Ley marco de servicios sociales que garantice en toda España el derecho a la atención social contando con una cartera básica para todo el territorio nacional y con financiación estable.
Aprobaremos un Plan concertado de prestaciones
básicas para desarrollar servicios sociales de atención primaria así como sus funciones y prestaciones básicas.
Dotaremos de más capacidad a los
municipios para que ofrezcan servicios sociales coordinados con los que ofrecen las Comunidades Autónomas. Priorizaremos la incorporación de cláusulas sociales en las licitaciones públicas para integrar a diferentes colectivos, y mantener una especial relación con las entidades del tercer sector de acción social. Aprobaremos una Estrategia nacional de coordinación sociosanitaria como garantía de la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
Firmaremos el Pacto de Estado por la Infancia
impulsado por UNICEF. Daremos estabilidad y consenso en las políticas de infancia para lograr un firme, amplio y sostenible compromiso social con la defensa del respeto de los derechos de los niños y niñas.
Aprobaremos un nuevo Plan estratégico nacional de
infancia y adolescencia con los recursos económicos necesarios para atender la situación actual de pobreza y riesgo de exclusión infantil.
Incrementaremos la inversión pública en la
protección a la infancia hasta alcanzar la media de la UE, aumentando la prestación económica por hijo a cargo para garantizar un desarrollo adecuado de los menores en riesgo de pobreza.
Impulsaremos una estrategia integral frente a la
violencia contra la infancia para proteger la integridad física y moral de los niños y niñas y actuar contra los delitos de pederastia. mediante un acuerdo del Gobierno de la Nación con las Comunidades Autónomas y los municipios.
Aprobaremos un Plan Nacional para el Envejecimiento
Activo y Saludable como respuesta al envejecimiento de la población. Utilizaremos como marco de referencia los pilares de salud, participación, seguridad y aprendizaje a lo largo de la vida recomendados por la OMS.
Relanzaremos el Consejo Estatal de Organizaciones no
Gubernamentales de Acción Social como herramienta de control al Gobierno y de participación de los distintos actores sociales en las políticas de
ámbito social. Otorgaremos capacidad de interlocución como actor social al tercer sector. Relanzar y dotar de prestigio la figura del “mecenazgo social”.
Favoreceremos la integración de los inmigrantes con
obligaciones y derechos recíprocos.
Modificaremos el Código Civil para conceder la
nacionalidad a los hijos y nietos de españoles en el exterior.
Aprobaremos una nueva Ley Integral de Identidad y
Expresión de Género y de Protección contra toda Discriminación por Diversidad Sexual y de Género. La Ley dispensará la protección efectiva a las víctimas de delitos de odio o tratos vejatorios. Esta normativa reformará la Ley 3/2007 eliminando el límite de edad del artículo 1 (para que la rectificación de la mención registral del sexo aplique a los menores) y suprimiendo la obligatoriedad del Artículo 4 (que establece los tratamientos médicos durante un mínimo de 24 meses).
Un Pacto Nacional para la
Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios, para lograr una jornada laboral más compacta y flexible. Impulsaremos un consenso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para recuperar el uso horario GMT y generalizar medidas que permitan conciliar mejor el tiempo destinado al trabajo y el destinado a la familia, promoviendo la igualdad y la corresponsabilidad parental de hombres y mujeres.
Promoveremos la incorporación en los convenios
colectivos de fórmulas para la flexibilización de la jornada laboral.
Adoptaremos medidas con incidencia efectiva sobre
Fijaremos horarios flexibles
de entrada y salida en el lugar de trabajo,
permitiendo adelantar el ingreso antes de las
Promoveremos la acumulación
de horas de trabajo en bancos de tiempo, que puedan utilizarse para reducir la jornada en el futuro.
Reduciremos el tiempo reservado a la comida a
Facilitaremos la posibilidad
de trabajar en diferentes turnos, que se adapten particularmente al horario deseado por el trabajador.
Adaptaremos el calendario escolar de festivos y la
jornada escolar al calendario laboral, para reducir las vacaciones escolares de verano a 2 meses.
Promoveremos una certificación para las empresas que
se adhieran al Pacto Nacional para la Racionalización de Horarios y la Conciliación Laboral. La lista de estas empresas se expondrá en un portal web con información sobre buenas prácticas.
Estableceremos criterios de puntuación positiva a
las empresas certificadas que participen en procesos de contratación con el sector público.
Igualaremos el permiso por paternidad al permiso por
maternidad. Proponemos un permiso de 26 semanas: 8 semanas reservadas para cada progenitor, con carácter intransferible, y las 10 semanas restantes compartidas.
Fomentaremos que las guarderías y escuelas
infantiles ajusten sus horarios de apertura a los horarios laborales de los padres. Se promoverá la ampliación de su horario y la extensión de actividades extraescolares.
Proveeremos incentivos para que las
empresas que puedan ofrezcan servicio de educación infantil en la misma empresa. Para pequeños negocios, se facilitarán convenios con guarderías cercanas al lugar de trabajo.
Impulsaremos un cambio cultural por el que se eduque
a niños y niñas, desde edades tempranas, en los mismos valores. El objetivo es evitar las expectativas desiguales en el tipo de educación o en la carrera profesional, por ejemplo, por razones de sexo. Se fomentará la visibilidad de modelos a seguir femeninos, en ámbitos considerados normalmente como masculinos.
Promoveremos activamente la igualdad de género
dentro de las empresas. Se fomentará una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, con estadísticas de contratación que se deben publicar en el informe anual. Estimularemos a las empresas para establecer objetivos claros de representación de mujeres en los altos cargos y consejos de administración.
Promoveremos un Pacto de Estado Contra la Violencia
de Género. La lucha contra esta lacra social ha de ser una cuestión de Estado plasmada en un gran pacto social, político e institucional.
Ampliaremos las medidas preventivas, de información,
procesales, punitivas y protectoras para abarcar todas las formas de violencia contra la mujer. Incluiremos en el ámbito de estas medidas la violencia doméstica, la violencia del compañero íntimo, el tráfico de seres humanos (que afecta principalmente a mujeres y niñas), los crímenes de mutilación genital femenina y otras formas de violencia contra las mujeres (matrimonios forzados y delitos de honor, por ejemplo), apoyando todos los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra esta lacra que afecta a todos los países del mundo. Adaptaremos la legislación española a las exigencias del Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW que España ha ratificado.
Dotaremos suficientemente las partidas
presupuestarias destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer. Impulsaremos medidas que garanticen el acceso prioritario y continuo a los servicios públicos y apostaremos por la intervención rápida e individualizada, con planes específicos para cada caso.
Activaremos de forma permanente el Plan Nacional de
Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Cumpliremos las disposiciones de sensibilización y evaluación previstas en la Ley Orgánica 1/2004, con especial atención en los jóvenes y adolescentes. Involucraremos específicamente en este plan a todas las instituciones educativas y medios de comunicación.
Aumentaremos los recursos para los Juzgados de
Violencia de Género, y activaremos el Acompañamiento Judicial Personalizado. Facilitaremos el acceso a la información a las mujeres víctimas de violencia de género
sobre el procedimiento más seguro desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
Estableceremos protocolos específicos para la
atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, o están en situaciones de riesgo. Aseguraremos la garantía habitacional no supeditada a la denuncia en casos de riesgo.
Aprobaremos un Plan Integral para Proteger a Menores
Desarrollaremos una Ley de Violencia Intrafamiliar
con presupuesto suficiente que permita prevenir y detectar situaciones de violencia en el hogar. Contemplará medidas de apoyo a las personas que sufran malos tratos y establecerá un protocolo abreviados de actuación que agilice los trámites para dar respuesta a las víctimas y procure que no vuelvan a caer en situaciones de vulnerabilidad.
Impulsaremos medidas para perseguir de oficio,
instar al cierre y penalizar las web que promueven la anorexia, la bulimia u otros trastornos de conducta alimentaria. Impulsaremos la tramitación de una norma que tipifique como delito la incitación a cualquiera de estos trastornos.
Promoveremos una nueva Ley de Gestación
Subrogada. Garantizaremos los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, y de forma muy especial de los menores nacidos mediante de esta técnica de reproducción asistida.
Apoyaremos una nueva Ley de Corresponsabilidad
Parental y Custodia Compartida. Recogeremos la doctrina del Tribunal Supremo, definiendo esta modalidad como la más deseable y la que permite el respeto al principio de interés superior del menor, siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Defenderemos una nueva Ley Integral de Protección a
las Familias. Una norma que ordene, sistematice, actualice y amplíe los apoyos de todo tipo que las familias reciban de las instituciones del Estado.
Defenderemos un pacto de Estado por la Ayuda a los
Dependientes y la Autonomía Personal. Revisaremos la Ley actual para ayudar a los dependientes asegurando una mayor integración de servicios sociales, financiación estable y suficiente, revisión de los baremos para acceso a nuevos dependientes, agilización de los procedimientos de valoración e integraremos a las personas con diversidad funcional y con enfermedades mentales.
Eliminaremos duplicidades
administrativas y unificaremos servicios en todo el territorio nacional para que ninguna persona dependiente se vea perjudicada por el hecho de
vivir en uno u otro municipio.
Estableceremos un plan de apoyo integral al
cuidador. Planes de formación, asesoramiento y ayuda psicológica. Estudiaremos recuperar el reconocimiento efectivo del derecho de cotización y paro de los cuidadores.
Daremos máximo grado de protección y garantías a los
derechos sociales, económicos y culturales de las personas con diversidad funcional y/o discapacidad. Reformaremos el artículo 49 de la Constitución Española para que la igualdad y la inclusión de las personas con diversidad funcional y/o discapacidad sean un derecho fundamental, actualizando el enfoque al paradigma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
Aprobaremos una Ley Orgánica de derechos de las
personas con diversidad funcional y/o discapacidad. Se promoverá la educación inclusiva (acabar con la educación segregada por razón de diversidad funcional), la libertad personal (suprimir la posibilidad de los internamientos no voluntarios por razón de trastorno mental) y el apoyo público suficiente para la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión social en la comunidad.
Garantizaremos el derecho de sufragio (activo y
pasivo) de las personas con diversidad funcional y/o discapacidad, para asegurar su plena participación política. Reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para apostar decididamente por el ejercicio del sufragio de modo autónomo, seguro y cómodo para personas con diversidad funcional y/o discapacidad en todos los procesos electorales.
Aprobaremos una Estrategia Estatal de Inclusión
Social que permita a las personas con diversidad funcional y/o discapacidad ingresadas en instituciones, acogerse a fórmulas de vida en comunidad
con suficiente apoyo público.
Aseguraremos que todos los entornos, productos,
bienes, servicios, procesos y procedimientos sean universalmente accesibles. Regularemos las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con diversidad funcional cognitiva. Reformaremos, actualizaremos y ampliaremos el marco normativo de la accesibilidad audiovisual, a fin de garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional sensorial y cognitiva. Estableceremos la obligación de que toda producción cinematográfica incorpore medidas de accesibilidad audiovisual.
Regularemos la exención total de pago en autopistas
de peaje a los conductores con diversidad funcional, que tengan movilidad reducida o vehículo para su transporte exclusivo.
Haremos seguimiento del cumplimiento por las
empresas de prestación de servicios de las obligaciones de accesibilidad del contenido de sus páginas de internet y soluciones móviles.
Aprobaremos un nuevo modelo legal de inclusión
laboral para personas con diversidad funcional y/o discapacidad. Modificaremos la Ley General de Subvenciones para establecer la prohibición de conceder ayudas públicas a
empresas y entidades que no acrediten el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con diversidad funcional y/o
Defenderemos una nueva Ley de Emprendedores
Sociales. Reforzaremos el valor de iniciativas y proyectos de emprendimiento de personas con diversidad funcional y/o discapacidad.
Reformaremos la Ley General de Sanidad y la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. El objetivo es crear un espacio socio-sanitario basado en la persona que precisa de apoyos sociales y sanitarios a través de itinerarios individualizados.
Elaboraremos un Libro Blanco de Atención Temprana y
otro de Atención Social y Educativa. Desarrollaremos buenas prácticas para programas de educación inclusiva y atención social para alumnos con diversidad funcional y/o discapacidad en todas las etapas: infantil, primaria, secundaria, universidad, formación profesional y formación para el empleo.
Impulsaremos una agenda de investigación sobre
diversidad funcional. Se diseñará una guía de investigación para el bienestar de las personas con diversidad funcional y/o discapacidad, en colaboración con universidades e institutos de investigación aplicada.
Impulsaremos un compromiso de los medios de
comunicación para elaborar y difundir contenidos que promuevan mayor grado de visibilidad de las personas con diversidad funcional y/o
Parte III	Invertir en el presente para ganar el futuro
Un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el
consenso de las fuerzas políticas, comunidad educativa y de los colectivos sociales. Un acuerdo para pensar más en nuestros hijos y en las próximas generaciones, que en los intereses de los partidos políticos. Que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades, y no para dividirnos en bandos.
Estableceremos educación verdaderamente gratuita
para las familias: sin tasas ni tarifas encubiertas en colegios públicos o concertados. Los costes escolares deben ser transparentes.
Estableceremos libros de texto gratis para las
familias a través de un sistema público de libros compartidos. El Pacto Nacional por la Educación ha de reducir drásticamente los cambios de planes de estudio que supone una enorme fuente de confusión y gasto para las familias. Evitaremos que los libros cambien cada año de forma injustificada para que se puedan volver a utilizar por otros alumnos, como sucede en los mejores países de Europa.
Implantaremos una educación bilingüe y trilingüe de
calidad en la escuela pública, que garantice a nuestros jóvenes el dominio de idiomas. En todas las escuelas públicas se educará a los jóvenes en dos idiomas, y en tres o más lenguas en aquellas comunidades autónomas donde existan dos o más lenguas cooficiales. Todos nuestros jóvenes aprenderán inglés en la escuela pública, independientemente de los recursos económicos de sus familias.
Garantizaremos el acceso universal a la educación de
0 a 3 años. Para cubrir la demanda aumentaremos las plazas públicas y concertadas y ayudaremos a las familias con menos recursos para garantizar
su acceso. La educación infantil es fundamental en el desarrollo vital y profesional posterior de la persona y debe garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos.
Promoveremos un modelo de tutores personalizados
para el seguimiento y la detección de capacidades y dificultades. Muchos de los problemas académicos más frecuentes, asociados a falta de hábitos básicos, pueden detectarse con rapidez en los primeros meses por profesores de apoyo con tiempo y recursos para hacer un seguimiento de los alumnos en colaboración con los profesores.
Minimizaremos la repetición de curso que es costosa,
ineficiente y crea más fracaso escolar y potenciaremos el apoyo a alumnos y profesores. Las repeticiones son uno de los principales causantes del abandono prematuro del sistema educativo.
Debemos cuestionar seriamente por qué somos el país de Europa
con más repeticiones, y tratar de dar el apoyo necesario a los alumnos y profesores para que gran parte de esas repeticiones no se
Introduciremos currículos más flexibles para
adaptarse a las necesidades de los alumnos. Se debe promover que las escuelas, desde una oferta básica común, eduquen a niños diferentes en situaciones de enseñanza distintas, para que todos aprendan de la mejor manera posible en un contexto de integración e inclusión.
Estableceremos itinerarios educativos de calidad y
“pasarelas”. Siempre deben existir, con independencia del nivel actual del estudiante, vías para permanecer escolarizado, al menos hasta que se adquiera un título de enseñanza secundaria post- obligatoria. Se debe garantizar la existencia de “pasarelas” más allá de ese nivel que den continuidad a los niveles de formación profesional básicos.
Mejoraremos la Formación Profesional aumentando los
recursos destinados a los Ciclos de Grado Medio e impulsaremos una verdadera FP dual que combine formación y trabajo en la empresa. La inversión formación profesional en España ha estado por debajo de la de los demás países europeos, lo que ha limitado nuestra oferta y especialización. Una FP de calidad que permita a nuestros jóvenes adaptarse a los cambios técnicos y las nuevas necesidades laborales.
Crearemos más plazas para profesores de apoyo dentro
del aula. Implantaremos un modelo normalizado y generalizado de profesores de refuerzo que apoyen cotidianamente en la clase para atender a la diversidad de los alumnos previniendo dificultades en el aprendizaje. Estos profesores de refuerzo complementarán al titular con tareas y contenido específico y tutorías personalizadas.
Reivindicaremos la profesión de nuestros profesores
con un “MIR docente” porque ellos deben ser protagonistas del cambio de nuestro sistema educativo. Hay que mejorar su formación y fijar sistemas adecuados de evaluación con criterios de mérito y capacidad. Se introducirá una etapa inicial de formación del profesorado con un fuerte componente práctico. Se dará a los centros mayor capacidad para seleccionar y conservar a los mejores profesionales. Se avanzará hacia la progresiva habilitación del profesorado en inglés.
Estableceremos un sistema de evaluación periódica y
transparente de los docentes, para premiar y favorecer la carrera de los mejores profesionales educativos. Se reforzará el cuerpo de inspectores de educación del Estado para permitirles ejercer una verdadera labor de evaluación y control de calidad de la enseñanza.
Crearemos un nuevo Estatuto Docente que vincule la
formación, la implicación y la labor en el centro con la promoción profesional y el reconocimiento económico y público de los docentes. Hay que basar las carreras profesionales de los educadores en los resultados para acabar con la desmotivación laboral. Las evaluaciones de resultados tendrán en cuenta las capacidades previas de los alumnos y el valor añadido del profesor, para no premiar simplemente a los profesionales que cuenten con buenos estudiantes.
Dotaremos de más autonomía a los
centros públicos y sus directores en contratación y competencias pedagógicas para implicar a los gestores en la reforma del sistema educativo.
La administración fijará objetivos y evaluará su cumplimiento, dejando mayor flexibilidad a las escuelas, tanto en la gestión de sus recursos materiales y humanos como en la oferta de itinerarios específicos y la elección del método docente.
Implantaremos más rendición de cuentas de los
centros educativos: la autonomía debe ir aparejada a la transparencia para que familias, educadores y administración cuenten con la máxima
información a la hora de elegir centro. Dicha información debe proceder no solo de pruebas estandarizadas sobre un amplio conjunto de competencias cognitivas, sino también de competencias no cognitivas y el funcionamiento de los itinerarios.
Desarrollaremos proyectos de innovación para
transformar el colegio y el instituto en centros de actividad social y cultural, que impliquen a las familias en los proyectos educativos. La acción coordinada de las familias y los profesores es imprescindible en la tarea educativa. Para ello se fijará la apertura regular del centro en franjas horarias adecuadas que faciliten esa participación.
Incentivaremos el desarrollo y evaluación de
programas experimentales para incorporar prácticas innovadoras que nos preparen para el futuro. Extenderemos las experiencias exitosas en materia de innovación educativa a todo el sistema educativo, para facilitar la adaptación al cambio tecnológico y adoptar nuevos conocimientos y habilidades adaptados a los retos que presentan el mercado laboral y la sociedad en una economía globalizada.
Sustituiremos el aprendizaje exclusivamente
memorístico de conocimientos por el aprendizaje por competencias, que aplica el conocimiento a la vida real combinándolo con destrezas,
habilidades y valores. Incorporaremos el aprendizaje de habilidades no cognitivas en los currículos. Se fomentará el espíritu crítico, el trabajo en cooperación y el espíritu emprendedor.
Elaboraremos un plan de lucha contra el acoso
escolar, el ciberacoso y el bullying, y potenciaremos la figura de la mediación escolar para la prevención y resolución de conflictos.
Se prestará atención al aprendizaje social y emocional, centrado en dotar a los niños y jóvenes de las habilidades sociales y emocionales básicas.
Disminuiremos el importe de las tasas universitarias
y estableceremos un sistema de becas con el objetivo de garantizar que ninguna persona quede fuera del sistema universitario por motivos
Promoveremos un sistema ambicioso de becas de
igualdad y becas de excelencia. Las becas son un instrumento crucial de movilidad, de fomento de equidad, y de incentivos para las universidades. Paralelamente a las
becas de excelencia, ofreceremos un sistema de becas por criterios estrictamente económicos para fomentar la igualdad de oportunidades.
Revisión y racionalización de la política de
becas. La política de distrito único (y/o internacionales) se centrará en becas-salario (o ayudas complementarias para dedicación exclusiva). El programa de ‘becarios de excelencia’ cubrirá tanto las necesidades del estudiante, como una parte importante del coste que supone para la universidad en la que se matricula.
Un sistema universitario más internacional con más
investigadores internacionales, más profesores de fuera y más intercambios de estudiantes. Mejoraremos la fluidez en los intercambios de personal e información dentro del Sistema Universitario y con otros centros de investigación.
Una nueva evaluación externa de la calidad de la
investigación de las universidades, que incorpore los mejores rankings internacionales. Se valorarán los sexenios de investigación concedidos, los proyectos de investigación, la financiación externa obtenida, los contratos, las patentes, la innovación, los doctorados de excelencia y similares y la capacidad de atraer estudiantes y profesores en competencia con otras universidades a nivel internacional.
Un nuevo sistema de selección del Personal Docente e
Investigador por medio de vías públicas, transparentes y completamente abiertas a extranjeros, basadas en el mérito y la capacidad.
Se implementará un sistema de acreditaciones
públicas que otorgue la condición de funcionarios tanto a los españoles como a los ciudadanos de la UE. Se fomentará la contratación directa y
permanente por las universidades, y se restringirán los contratos temporales, estableciendo plazas del tipo tenure track con el principio
de “promoción o salida”. Se establecerán medidas contra la endogamia universitaria.
Promoveremos una cuota mínima de al menos un 1% del
Personal Docente e Investigador permanente internacional (UE o extracomunitarios) en nuestras universidades públicas.
Suprimiremos la exigencia de la acreditación por
parte de la ANECA del profesorado de las universidades públicas, salvo para la contratación permanente y sólo si éstas lo deciden. Se mantendrá la ANECA sólo para la validación de títulos, pero simplificando extraordinariamente los controles del programa VERIFICA.
Priorizaremos los méritos de investigación en los
procesos de elección del Personal Docente e Investigador. Los procesos de elección del PDI deben valorar el conocimiento y la investigación, excluyendo cursillos vacíos, gestión y todo lo que no implique una mayor competencia del candidato en la materia de que se trate.
Someteremos a evaluación a todo el Personal Docente
e Investigador del sistema universitario, público y privado, funcionario y contratado, potenciando los sexenios y no limitándolos a los 6
Fijaremos el uso de los sexenios
como criterio mínimo de calidad para las autoridades académicas. Si son españoles, los rectores, decanos de Facultad, directores de Escuela y de departamento deberán tener al menos 3, 2, 2 y 2 sexenios ‘activos’, respectivamente (si su carrera es en el extranjero, se considerarán historiales científicos equivalentes).
Mantendremos el objetivo europeo de invertir el 3%
del PIB en Educación Superior. Racionalizar la oferta universitaria, promoviendo la especialización de las universidades y evitando las redundancias mejorando el conocimiento de sus costes reales.
Reformaremos el sistema de financiación de las
universidades, incluyendo criterios de resultados docentes e investigación. Las universidades se financiarán a través de un programa por objetivos, basados en su especialización y en una evaluación externa y objetivable de sus resultados de investigación y docentes. Adicionalmente recibirán financiación basada en el impacto internacional de su investigación y otras formas de financiación externa. Las universidades no podrán endeudarse.
Sustituiremos los Consejos Sociales y los Consejos
de Gobierno de las universidades por un nuevo Consejo de la Universidad. El nuevo Consejo contará con 21-25 miembros y con mayoría absoluta de académicos para garantizar la autonomía universitaria. Un 25% podrá ser nombrado por la Comunidad Autónoma para dar participación a la sociedad civil, pero con medidas que eviten injerencias políticas improcedentes y un estricto régimen de incompatibilidades. El Consejo de la Universidad nombrará al Rector, que responderá ante él.
Más poder ejecutivo para los rectores para nombrar a
vicerrectores, decanos y directores de centro y ratificar, como ahora, la elección de los directores de los departamentos. El Rector podrá ser un académico extranjero. En paralelo, se incrementarán los mecanismos de rendición de cuentas.
Los currículums de todos los cargos y representantes
universitarios serán públicos y accesibles a través de las webs universitarias o de sus centros. En el caso de los estudiantes también su expediente académico.
Propondremos un Gran Pacto Nacional para el avance
de la Ciencia. Fortaleceremos la investigación científica básica y aplicada (I+D) de calidad durante los próximos 20 años y promoveremos una mejora en la cultura científica del país, un incremento en la capacidad de generación de conocimiento y una mayor transferencia de los resultados de la Ciencia a la sociedad.
Promoveremos la cultura científica
en España, reforzando la importancia de la ciencia para la sociedad. Desarrollando una educación, desde la enseñanza básica al posgrado, orientada al conocimiento y comprensión del método científico.
Desarrollaremos la carrera científica basada en el
mérito. Potenciaremos una carrera científica de investigadores dentro del marco laboral, tal y como dictamina la Ley de la Ciencia. Asumiremos el criterio de calidad y mérito en vez del continuismo o derechos adquiridos, para el paso a etapas sucesivas de la carrera científica.
Reorientaremos la inversión en infraestructuras
hacia la innovación y el capital humano gestionando los plazos para la finalización de las obras en curso. La inversión en infraestructuras en España se ha hecho al margen de criterios económicos, sin pensar en la rentabilidad económica o social de los recursos escasos del país. Así se han construido aeropuertos sin aviones y trenes sin pasajeros, pensando en los políticos no en las personas.
Crearemos un Comité Asesor de Ciencia y Tecnología
en I+D formado por científicos especialistas españoles y extranjeros que evalúe y diseñe la estrategia y Plan Estatal en materia científica. Será un comité similar al comité asesor del Presidente de Estados Unidos, considerado un modelo de referencia internacional.
Aseguraremos la estabilidad en la gestión política y
económica de I+D reforzando la Agencia Estatal de Investigación independiente adscrita a la Presidencia del Gobierno. Se simplificará la complejidad administrativa y se dotará de mayores recursos a la ANEP, manteniendo su independencia de actuación del evaluador científico. Se revisará críticamente la investigación de universidades, hospitales, CSIC y otros organismos públicos de investigación.
Estableceremos un plan de choque para formar a los
mejores estudiantes y captar científicos internacionales excelentes. Se contemplarán etapas formativas y opciones específicas de carrera con criterios de calidad. Se favorecerá la movilidad.
Promoveremos la cooperación público-privada y la
creación de empresas de base científica a través de ayudas directas e indirectas. Se estimulará la cooperación entre entes públicos y empresas a través, por ejemplo, del uso compartido de instalaciones. Se incentivará la atracción de empresas a parques científicos y se creará una página web con datos sobre recursos institucionales.
Unificaremos las convocatorias de financiación en
I+D en fechas y plazos fijos, con una duración mínima 4 años, y armonizaremos los programas de investigación de las distintas Comunidades
Aumentaremos la inversión pública y privada en I+D
hasta el 3% del PIB anual y desarrollaremos la Ley de Mecenazgo para dirigir la filantropía hacia la I+D. En España la inversión nunca ha rebasado el 1,5% del PIB y se ha reducido en los últimos años (puesto 17 de 28 países de la UE).
Desarrollaremos la ciencia en el ámbito educativo a
través del método científico obligatorio en secundaria y divulgativo. Potenciaremos la I+D en los Presupuestos Generales y Autonómicos y dotaremos de mayor autonomía a las
Impulsaremos los Centros de Investigación de
Excelencia. Los centros que existen actualmente carecen de la acreditación específica de ámbito estatal y un plan racional de autofinanciación progresiva auditado externamente. Los Centros de Investigación de Excelencia serán dotados de forma sostenible de hasta el 50% de autofinanciación por inversión pública.
Internacionalizaremos la investigación española
desarrollando la oficina de apoyo a la ciencia ante la Unión Europea. Renovaremos los cargos representativos de nivel medio para ganar influencia a nivel europeo. Modernizaremos los procesos de captación eficiente de fondos internacionales
Red Cervera de Transferencia Tecnológica: una red de
institutos tecnológicos para investigación aplicada con financiación mixta público-privada. Cada instituto estará ligado al departamento relevante de una universidad. El director de instituto será una figura investigadora destacada en el área. Además del director, los institutos estarán formados por personal investigador propio. Se financiará en un 60% de fondos públicos, un 35% de fondos privados y un 5% de becas internacionales. Los fondos privados serán la contrapartida al desarrollo de los contratos de investigación con empresas.
Mejoraremos la financiación pública de sectores
estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding, que coinvierta con capital especializado, mejorando
los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, SEPIDES, etc.). Se hará siguiendo el ejemplo de los fondos YOZMA de capital riesgo en Israel, referente internacional, enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en el capital inicial.
Estimularemos la financiación privada reformando el
sistema de deducciones fiscales por I+D+i, equiparando los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios.
Los incentivos a la I+D adoptarán la forma de desgravaciones en el Impuesto de Sociedades y sólo ayudarán a las empresas que tienen beneficios. En la actualidad, esta desgravación es excesiva, porque beneficia a grandes compañías que harían I+D en cualquier caso.
Reduciremos radicalmente la burocracia simplificando
y eliminando leyes y normas redundantes a la que se enfrentan las empresas y los emprendedores. Estaremos en el top 10 del ranking internacional Doing Business a final de legislatura.
Impulsaremos la formación en el emprendimiento,
tanto mediante plataformas online como fomentando la colaboración de profesionales prejubilados con jóvenes emprendedores.
Aprobaremos un plan para favorecer la atracción de
talento internacional, agilizando y facilitando su entrada en España mediante un sistema de puntos. Se creará un programa piloto de dos años, que vaya acompañado de seguimiento y evaluación para evitar prácticas fraudulentas o abusivas. Este sistema de puntos contribuirá a facilitar la adaptabilidad de los inmigrantes y
evitar los injustos sesgos existentes por razones de país de origen. A largo plazo, contribuirá a financiar nuestros servicios públicos y a
frenar el envejecimiento de la población.
Diseñaremos una política de infraestructuras
racional y eficaz para la I+D. Reactivaremos la inversión en infraestructuras, tanto de nuevo diseño, como de renovación las existentes, atendiendo a criterios de racionalidad según las necesidades de la I+D de España y siempre con un plan de sostenibilidad económica que incluya la posibilidad real de cierto grado de autofinanciación y con un sistema de control por comités asesores externos y de usuarios.
Impulsaremos un Acuerdo Social y Político por la
Cultura. Este acuerdo debe hacer de la cultura misma una prioridad política, para cuya consecución se debe recuperar el diálogo y el acuerdo con el sector y la cooperación entre instituciones, especialmente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Recuperaremos el Ministerio de Cultura para promover
la pluralidad cultural y lingüística de España. El Ministerio de Cultura será independiente del Ministerio de Educación, pero con una activa colaboración para que la escuela tenga un papel esencial en la formación de públicos y el desarrollo del respeto a la propiedad intelectual y las industrias culturales.
Rebajaremos de manera inmediata el IVA a las
actividades culturales hasta el tipo reducido, del 21% al 10%. Impulsar que se reconozca la necesidad de un IVA cultural en el seno de la UE que permita su armonización.
Aprobaremos un nuevo Estatuto del Artista y el
Creador. Una norma que desarrolle medidas de protección y particularidades fiscales, como la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con la remuneración de trabajos puntuales derivados de la actividad creativa.
Promoveremos una nueva Ley de Mecenazgo y
Micromecenazgo. Desarrollaremos un sistema de bonificaciones a la exportación y la acción cultural exterior, en línea con lo establecido en los países de nuestro entorno europeo.
Impulsaremos iniciativas para el reconocimiento de
la riqueza cultural que representa la pluralidad lingüística de España.
Apoyaremos nuevo Plan para el Instituto Cervantes,
con una estrategia de implantación en todos los países de habla hispana. Se incrementará su partida presupuestaria y se garantizará su independencia política, con la selección de sus gestores por criterios estrictos de mérito y total transparencia.
Reformaremos la Ley de Propiedad Intelectual y de
Derechos de Autor. Debe ser un instrumento que garantice el mayor acceso posible al patrimonio cultural, y establezca medidas para defender los derechos de los
creadores de contenidos digitales.
Aprobaremos un Plan para la Protección de la
Propiedad Intelectual y las Industrias Culturales. Este plan debe definir los trámites para procesar las denuncias y que incluya una campaña educativa en las escuelas, para concienciar a los niños y jóvenes de la necesidad de respetar la propiedad intelectual y el valor de las industrias culturales.
Crearemos una nueva Fiscalía Especializada en
Delitos contra la Propiedad Intelectual. Una instancia que ponga en marcha procedimientos rápidos para detectar violaciones reincidentes de los derechos de propiedad intelectual.
Nombraremos una nueva Secretaría General de
Propiedad Intelectual. Un organismo integrado por profesionales reconocidos, para apoyar el trabajo de la Comisión de Propiedad Intelectual y promover la digitalización de fondos y el acceso a contenidos legales.
Reformaremos los artículos 25 y 31.2 del Tratado
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno.
Desarrollaremos un plan de protección para el sector
audiovisual, que abarque desde el cine a los videojuegos, e impulsaremos industrias en las que España es puntera, como la animación o los efectos visuales.
Aprobaremos un nuevo modelo de servicio público para
la RTVE. Garantizaremos, sobre la base de su independencia y calidad del servicio de sus contenidos, su función de vertebración social, de ventana al mundo de la cultura y la sociedad española. Daremos un nuevo impulso al canal internacional.
Queremos un modelo de RTVE despolitizado, en el que
todos los cargos sean escogidos a partir de criterios de profesionalidad y excelencia.
Realizaremos una auditoría independiente a la
gestión de RTVE. Un análisis independiente para esclarecer todas actuaciones de los gestores de RTVE en etapas anteriores, que permita edificar un nuevo proyecto.
Apostaremos por una RTVE que promueva el talento de
sus trabajadores y que impulse la producción propia.
Someteremos a reglas estrictas de transparencia
todas las retribuciones de todos los altos cargos de RTVE.
Asumiremos y cumpliremos todos los
compromisos de la Agenda Europea 2020, e impulsar el objetivo 20/20/20. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % con respecto a 1990, incrementar hasta un 20 % el porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía, y aumentar hasta un 27 % la eficacia energética, así como cumplir los acuerdos de la COP21.
Aprobaremos un Plan Estratégico de
Transición Energética (PETE) 2030-2050 para impulsar las energías renovables y el autoconsumo energético. Se diseñarán estrategias para la disminución del consumo de combustibles fósiles y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Promoveremos una nueva Ley de Cambio
Climático, que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima. La norma incorporará objetivos ambiciosos para 2023 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21.
Crearemos una Comisión
Científico-Técnica de Asesoramiento sobre el Cambio Climático. Una instancia especializada que respaldará la toma de decisiones políticas para prevenir los posibles efectos del cambio climático en todos los ámbitos de la administración pública.
Impulsaremos un Plan de Aplicación
de la Estrategia de Economía Circular, según los criterios aprobados por la Unión Europea en 2015. Incentivar un mejor diseño de los productos, para facilitar su reciclado; impulsar herramientas de gestión y análisis de ciclo de vida, huellas ambientales y responsabilidad social asociada a la reputación corporativa; fomentar la reparabilidad de los productos y combatir la obsolescencia programada.
Asumiremos el objetivo finalista
europeo de “Cero Residuos a Vertedero”, con las metas fijadas por la Comisión Europea. Cumplir los objetivos comunes europeos para el reciclado de 65% de los residuos municipales antes de 2030, 75% de los residuos de embalajes antes de 2030 y reducir los depósitos en vertederos a un máximo de 10 % de todos los residuos antes de 2030.
Aprobaremos un Plan Nacional para
Gestionar los Residuos Orgánicos del Sector Agroalimentario Forestal. Promoveremos su uso como fuente de materia orgánica útil para nuestros suelos (mediante su compostaje o tratamientos alternativos), y para cogeneración de energía mediante plantas adecuadas a cada zona.
Promoveremos un nuevo Plan Nacional
de Calidad del Aire, en el marco de la Directiva Europea de Techos de Emisión. Vamos a fortalecer las redes de vigilancia, mejorar la información a la ciudadanía e impulsar la lucha contra el ozono troposférico y los compuestos orgánicos volátiles.
medidas para favorecer la industria automovilística de bajas o nulas emisiones. Vamos a promover soluciones para el transporte de personas y mercancías de baja emisión, e impulsar los conceptos de smart city para la movilidad urbana.
Desarrollaremos plenamente el Plan
Nacional de Ciudades inteligentes, mediante la creación de un Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes. Vamos a mejorar la eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios públicos a través del uso de las TIC.
Garantizaremos el suministro
energético y aprobaremos un plan de reducción de la dependencia energética del exterior. Impulsaremos medidas para reducir las importaciones de hidrocarburos y reforzaremos las interconexiones eléctricas de España con los países vecinos y diversificaremos los países proveedores, sobre todo de gas natural para asegurar un abastecimiento suficientemente diversificado a nivel de países.
Impulsaremos un mix energético
competitivo, diversificado, sostenible y equilibrado. Se asegurará una oferta amplia de operadores de energía, eliminando barreras de acceso y garantizando la independencia entre empresas de generación, distribución (con la propiedad de las redes) y comercialización, evitando que dichas empresas continúen formando parte de un mismo grupo empresarial.
Estableceremos un modelo energético
estable y garantista en el que impere la seguridad jurídica como elemento clave de la innovación y el desarrollo energético. Estudiaremos los sistemas de subastas más exitosos para implantar en España un modelo factible, realista, creíble y que dé garantías atendiendo a las singularidades del sistema eléctrico español, con una normativa clara que de estabilidad.
Bajaremos el importe de la factura
energética. Impulsaremos reformas para que los consumidores paguen de acuerdo a los costes reales de producción.
Implantaremos medidas de eficiencia
energética. Entendemos que el ahorro y la eficiencia energética resultan clave en todo el ciclo de producción, transformación, edificación, transporte, distribución y consumo energético. Promoveremos la eficiencia energética especialmente en sectores como la construcción, la agricultura, la industria y el transporte; además promoveremos la educación y el ahorro energético por parte de los consumidores y productores
Fomentaremos la I+D+i en el ámbito
de la energía. Apoyaremos la investigación en elementos fundamentales en materia energética como el desarrollo del vehículo eléctrico, los sistemas inteligentes de control de procesos, los sistemas renovables térmicos, el almacenamiento energético, los parques experimentales de energía renovable o las medidas de eficiencia energética en el ámbito de la edificación.
Diseñaremos un Plan Específico para
sistemas eléctricos aislados o extra- peninsulares que garanticen la sostenibilidad y el suministro de estos territorios.
la pobreza energética reformando el bono social para asegurar se ofrece a todas aquellas familias con dificultades. No creemos que la garantía de un servicio básico de electricidad deba articularse exclusivamente a través de subvenciones, por eso entendemos que las familias en situación de emergencia social deben ser objeto prioritario de inversiones públicas para erradicar este problema a través de medidas de eficiencia energética.
Aprobaremos un Plan de Reducción de
la Dependencia Energética Exterior, que reduzca la factura anual de importación de combustibles fósiles. Impulsaremos medidas para reducir las importaciones de hidrocarburos, asimilar parte de los excedentes de generación eléctrica que tenemos actualmente en España y dinamizar la economía asociada al sector de la movilidad eléctrica.
Eliminaremos el “Impuesto al Sol” y
simplificaremos la tramitación de los proyectos autoconsumo eléctrico. Reformaremos el RD 900/2015 que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción de autoconsumo.
Promoveremos la auditoría y
liquidación definitiva de los costes de transición a la competencia aplicados a las distintas centrales de generación. Se garantizarán las inversiones, ya que los plazos de amortización han finalizado y ha existido una tendencia alcista de los precios de la energía en los últimos años.
Descartamos la apuesta por la
técnica de explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la fractura hidráulica (fracking). Se desestima como fuente de obtención de energía en España dado su enorme impacto medioambiental y la escasez de yacimientos y rentabilidad que existe en el territorio nacional. Trabajaremos para dar solución a las inversiones ya iniciadas.
Crearemos un Fondo para la Conservación de la
Biodiversidad. Se impulsarán los planes de recuperación de especies en peligro y los planes de conservación de las especies vulnerables. Se aprobará un plan de aplicación del nuevo Reglamento de la UE para combatir la propagación de especies exóticas preocupantes.
Aprobaremos un nuevo Plan de Coordinación e
Impulso de la Red Natura 2000. Se armonizará el desarrollo económico y social de las zonas especiales de conservación y protección, >con
la necesaria preservación de los valores ambientales. Se diseñará una estrategia de adaptación de la costa
Aprobaremos una nueva Ley de Protección del Suelo.
Se ordenará adecuadamente el uso y conservación del suelo, según aptitudes y prioridades socioeconómicas y medioambientales, atendiendo a su sostenibilidad como recurso finito.
Restauraremos el Programa de Forestación y
Restauración Hidrológica. Este programa va a generar empleo en zonas con escasos recursos y reactivará empresas auxiliares.
Impulsaremos un nuevo Plan
Hidrológico Nacional. Elaboraremos un Libro Blanco del Agua con criterios técnicos y científicos, que sirva para la redacción del Plan Hidrológico Nacional.
Promoveremos un nuevo Plan de Incorporación de
Energías Renovables en las desalinizadoras que permita, a medio plazo, un abaratamiento del coste del agua.
Crearemos la Agencia para la Promoción del Sector
Agroalimentario y el Turismo que gestione los fondos europeos que se destinan a España para promoción agroalimentaria. Fomentaremos y facilitaremos la internacionalización de las empresas españolas mediante la simplificación administrativa y apoyo técnico para facilitar la exportación.
Crearemos la Agencia de Transferencia de Tecnología
Agraria que impulsará proyectos I+D+i, entre Universidad y Sector Agrario. Fomentaremos el empleo agrario ligado a la tierra y potenciaremos la agricultura ecológica.
Modificaremos la actual Ley del Fomento de la
Integración Cooperativa para promover la posición justa del cooperativismo en las cadenas agroalimentarias. En el territorio rural y también en los mercados internacionales.
Fomentaremos el seguro agrario y otras estrategias
de cobertura de riesgo.
Impulsaremos la creación de empresas relacionadas
con el uso de nuevas tecnologías en torno a la industria alimentaria. El mundo rural en España constituye un ámbito en el que las aplicaciones de nuevos métodos de trabajo y de las TIC pueden abrir un campo de nuevas soluciones para mejorar la gestión, la rentabilidad, y la profesionalización del sector.
Desarrollaremos un plan estratégico de la política
forestal española que revitalice el Consejo Forestal Nacional y fomente la producción forestal movilizando recursos forestales ociosos que generen
empleo y rentas para la población rural.
Promoveremos el rejuvenecimiento y modernización
de la flota pesquera.
Impulsaremos la formación y sostenimiento del empleo
en el sector extractivo y acuícola. Estableceremos medidas para reducir la siniestralidad laboral y los accidentes de la flota. Apoyaremos la presencia de la mujer en las actividades pesqueras y en la diversificación de la economía en zonas costeras.
Desarrollaremos la acuicultura. Coordinaremos el
potencial investigador de las universidades, los centros de investigación públicos y privados para avanzar decididamente en el desarrollo de la
Propondremos un Gran Pacto por las
infraestructuras. La falta de estrategia y los intereses partidistas han hecho que tengamos carencias en infraestructuras básicas mientras tenemos aeropuertos sin aviones y trenes sin pasajeros. Proponemos un gran pacto para el desarrollo de los nuevos Planes Nacionales de Evaluación y Desarrollo Estratégico de Infraestructuras que no esté ligado a los ciclos legislativos.
Potenciaremos la Oficina Nacional de Evaluación a
través de la cual se establecerán las inversiones prioritarias de los nuevos Planes, centradas en el interés de los ciudadanos y el respeto al
medioambiente. Las decisiones se tomarán en función de la rentabilidad socio-económica y financiera atendiendo a criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia.
Intensificaremos los procesos de información pública
para que los ciudadanos conozcan los proyectos y exigiremos más transparencia en las concesiones.
Impulsaremos el Corredor Mediterráneo y el Corredor
Atlántico. Coordinaremos los diferentes modos de transportes para viajeros y mercancías mejorando y modernizando tanto las redes ferroviarias y sus conexiones con los puertos, así como el transporte por carretera.
Potenciaremos las redes de telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Apoyaremos su despliegue y el crecimiento de la conectividad así como una mayor transparencia en el acceso a la información.
Garantizaremos la independencia real de las grandes
empresas públicas de infraestructuras despolitizando su gestión para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos.
Incentivaremos el uso del transporte público y el
uso de la bicicleta. Promoveremos más estaciones de cercanías, intercambiadores y aparcamientos disuasorios. También aumentaremos la disponibilidad de espacios para el peatón, con especial atención a la mejora de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
Favoreceremos los vehículos que usen energía
alternativas y/o con bajo nivel de emisiones contaminantes.
Desarrollaremos una política específica de seguridad
vial. Con más formación en el sistema general educativo, campañas de concienciación y la eliminación de puntos negros.
Elaboraremos un Plan Estratégico de Turismo para
captar nuevos segmentos del mercado turístico. Debemos ampliar la oferta y la promoción a países que hasta ahora no estaban en nuestro punto de mira con campañas ajustadas al perfil del turista potencial. Hay que modernizar la oferta de servicios y
potenciar la estructura de TourSpain como escaparate nacional de captación de turistas.
Incentivaremos la cooperación entre el sector
privado y el público y promoveremos la colaboración de las Comunidades Autónomas y sus Municipios en lo relacionado con el sector turístico.
Fomentaremos nuevos productos relacionados con el
Promoveremos el Deporte como herramienta para la
prevención de enfermedades y mejora integral de la Salud. Impulsaremos que los colegios sean centros promotores de salud, actividad física y deporte e incentivaremos políticas públicas y privadas que fomenten la I+D+i en el deporte.
Desarrollaremos un Plan Integral de Promoción
Deportiva con para optimizar la práctica de deporte en todos los estratos de la población, incidiendo principalmente en los grupos más
vulnerables. Promoveremos, de forma particular, el deporte en colectivos en riesgo de exclusión social, el deporte femenino, el deporte adaptado, el deporte para personas mayores y el deporte en adolescentes y jóvenes.
Parte IV	Regeneración democrática y lucha contra la corrupción
Suprimiremos las diputaciones
provinciales, garantizando unos mejores servicios públicos, más baratos y sin corrupción. Las diputaciones provinciales son entes de dudosa utilidad, escaso control democrático y foco de corrupción. Debemos promover el recorte de duplicidades, chiringuitos políticos y gastos superfluos, en lugar de seguir recortando el Estado del Bienestar. Esta medida no afectará a las diputaciones forales, cabildos ni consejos insulares.
Fortaleceremos los municipios y la democracia local,
promoviendo la fusión voluntaria de municipios para ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios. La existencia de más de 8.000 municipios en España está muy por encima de la media en Europa. Esto supone un aumento de los costes de los servicios para los ciudadanos por las duplicidades administrativas. Un sistema más eficiente supondría menos burocracia, más ahorro para los ciudadanos y mejores servicios públicos.
Suprimiremos el Senado y crearemos un Consejo de
Presidentes de las Comunidades Autónomas. El Senado ha dejado de ser útil a la ciudadanía por la incompetencia y el mal uso que han hecho de él aquellos que lo defienden. Los viejos partidos lo han convertido en un “cementerio de elefantes” políticos y de refugio de aquellos que están siendo investigados judicialmente por corrupción política. Es imprescindible promover otras fórmulas que permitan la representación territorial. Por ello, reformaremos la Constitución para suprimir el Senado y crear un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de la respectiva Comunidad.
Eliminaremos el gasto excesivo, las ineficiencias y
duplicidades con una revisión integral del gasto, partida a partida, en todos los Ministerios y demás entidades públicas.
Analizaremos el coste, los beneficios y la
sostenibilidad de todos los nuevos programas de gasto público con una evaluación previa transparente. En España se han tomado muchas medidas irracionales de gasto e inversión que han desembocado en aeropuertos sin aviones, proyectos faraónicos inútiles, polideportivos vacíos e instalaciones infrautilizadas.
Modificaremos el procedimiento de aprobación de los
gastos, incluyendo evaluación previa, cálculo de costes y mayor publicidad y transparencia en las decisiones y en la contratación.
Aseguraremos la total independencia
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) encargada de vigilar las políticas fiscales. Dejará de depender del Ministerio de Hacienda y tendrá un presupuesto propio y estable. Realizará informes económicos de todas las inversiones públicas y sobre cualquier cambio que afecte a los impuestos en España. Para los grandes proyectos y obras, la evaluación se encargará a una comisión de expertos independientes.
Aseguraremos la prevención y castigo de los
conflictos de intereses impulsando una agencia independiente, la Oficina de Conflicto de Intereses, que rinda cuentas al Parlamento. Resolverá también las incompatibilidades, incluidas las de los altos cargos de las instituciones, previendo sanciones económicas. Los informes de la Oficina serán públicos. Se implementarán mecanismos similares en relación con las Administraciones autonómicas y locales.
Reformaremos la regulación de las “puertas
giratorias” para evitar los conflictos de intereses.
Garantizaremos la transparencia y la buena gestión
en la contratación pública. Exigiremos que se contrate por procedimientos abiertos a la competencia que son los que más benefician a los ciudadanos. Deberá asegurarse que la contratación de todos los organismos públicos cumple los principios de publicidad, neutralidad, transparencia y buena gestión.
Aseguraremos que los concursos públicos se resuelvan
de manera objetiva, sin discriminación, y con eficiencia. Estableceremos la separación entre decisiones políticas y técnicas y restringiremos la adjudicación directa.
Rotaremos al personal responsable de los informes
técnicos de adjudicación y se exigirán responsabilidades patrimoniales por malas prácticas o mala gestión.
Suprimiremos los convenios con entidades privadas
que contengan prestaciones económicas sometiéndolos a concurso público.
Aplicaremos los principios de buena regulación
asegurando la proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, simplicidad, mínima intervención y limitación de cargas a los ciudadanos. Serán imprescindibles los análisis previos de los impactos normativos y la evaluación posterior de los mismos.
Protegeremos a los denunciantes de corrupción,
nuestros héroes cívicos que se la juegan por el dinero de todos. Crearemos unidades independientes de investigación y represión de corrupción en los organismos públicos, para que los ciudadanos puedan denunciar anónimamente.
Tipificaremos como delito específico el acoso y mobbing a
denunciantes, así como la revelación de su identidad. Ofreceremos también incentivos económicos y profesionales para los denunciantes.
Aprobaremos una nueva ley electoral para que el voto
de todos los españoles valga lo mismo. Impulsaremos una reforma constitucional para asegurar un régimen electoral que responda al principio “una persona un voto.”
Estableceremos que la circunscripción electoral
permita un reparto equilibrado del censo electoral para evitar la sobrerrepresentación de circunscripciones, como sucede en la actualidad con
Propondremos un sistema electoral de doble lista
desbloqueada para la elección uninominal y proporcional de ámbito territorial y nacional, respectivamente.
Facilitaremos la participación de los españoles
residentes en el extranjero, para que estar lejos no sea un impedimento para ejercer la democracia. Agilizaremos los trámites burocráticos del registro consular y estudiaremos la implantación del voto electrónico para los residentes en el extranjero.
Eliminaremos el voto rogado estableciendo mecanismos más efectivos, para facilitar el voto y la participación democrática.
Regularemos la celebración de debates electorales.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué propone cada partido político y confrontarlo con lo que dicen los demás para tener la máxima información a la hora de ir a votar, que esencial en democracia.
Aprobaremos una ley de partidos que garantice la
democracia interna y los derechos y libertades de los afiliados, favoreciendo su participación en la toma de decisiones. Aseguraremos la celebración de primarias para la elección de candidatos, regularemos la celebración de congresos y aseguraremos la independencia de los órganos internos de control.
Garantizaremos, mediante ley, la transparencia
económica de los partidos. Exigiremos el desglose y el detalle adecuado de ingresos y gastos, y prohibiremos las donaciones a las fundaciones vinculadas a los partidos de empresas y directivos de empresas que tengan relación económica o de supervisión con las Administraciones.
Suprimiremos los aforamientos y suplicatorios de
diputados y senadores, salvo para delitos relacionados con la actividad política del parlamentario.
Suprimiremos los aforamientos y suplicatorios para
todos los cargos electos, y estableceremos un régimen de incompatibilidades con verdaderas garantías de control y sanción.
Exigiremos responsabilidades
políticas, legales y patrimoniales a los corruptos. Todos los cargos y representantes públicos deberán cesar desde el momento en que se les abra investigación judicial (antigua imputación) en los casos de delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como a los de violencia de género.
Garantizaremos un órgano de gobierno del Poder
judicial independiente y sin partidismos. Hasta que se proceda a reformar la Constitución, propondremos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Una vez se abra el debate constitucional, propondremos fórmulas que garanticen la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados.
Aseguraremos el mérito y la capacidad, así como la
ausencia de discrecionalidad, en los nombramientos de jueces y magistrados. Todas las plazas del Poder judicial y, en particular, la de los altos cargos, se cubrirán por concurso y con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad.
Suprimiremos la posibilidad de que los parlamentos
autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
Restringiremos las “puertas giratorias” entre
justicia y política, imponiendo a jueces y magistrados una excedencia mínima de dos años antes de ocupar cargos políticos. Una vez producido el cese, la excedencia se extenderá por el mismo periodo.
Garantizaremos la independencia y la eficacia de la
Justicia asegurando su dotación de medios materiales y personales, así como fomentando la especialización. Impulsaremos un Pacto de Estado para alcanzar la media europea en medios materiales y personales.
Suprimiremos las tasas judiciales para PYMEs e
implementaremos un único sistema informático de gestión procesal.
Desarrollaremos un plan de modernización para
mejorar la tecnología de la Justicia y la interconexión entre administraciones dotado con 500 millones de euros.
No se podrá indultar por delitos de corrupción,
contra la Administración Pública o por violencia de género. Despolitizaremos los indultos limitando sus razones y los tipos de delito en los que se puede aplicar. No se podrá indultar en contra de los informes técnicos del expediente ni el criterio del tribunal.
Reformaremos la Fiscalía General del Estado y el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asegurar su independencia. El Fiscal General del Estado deberá contar con al menos 20 años de ejercicio y no haber tenido vinculación con ningún partido ni ningún cargo político o administrativo. Una Comisión del Congreso seleccionará una terna de candidatos por mayoría reforzada entre los que el Gobierno elegirá al Fiscal General del Estado. Se reforzarán los
principios de mérito y capacidad en todas las plazas de la carrera fiscal.
Reformaremos el Tribunal Constitucional para
asegurar su independencia. Se exigirán 25 años de ejercicio a sus miembros, con un estricto sistema de incompatibilidades que incluya el desempeño de cargos orgánicos de partido o representativos, así como altos cargos de la administración, en los cinco años previos al nombramiento. El mandato será de 12 años con jubilación a los 75. Se fijará un plazo máximo para que el Tribunal se pronuncie, que no podrá superar los 90 días, cuando estén afectados derechos fundamentales.
Impulsaremos una verdadera iniciativa legislativa
popular reduciendo el número de firmas exigidas a 250.000 y fijando un plazo máximo de tres meses para su toma en consideración por el Congreso.
Se favorecerá la participación ciudadana en el ámbito local desarrollando la Ley de bases del régimen local.
Comisiones de investigación verdaderas que no puedan
ser bloqueadas por los partidos políticos afectados: más transparentes y con más capacidad. Impondremos la obligación de veracidad a los comparecientes y que se hagan públicas las audiencias y sus conclusiones.
Suprimiremos el decreto ley para acabar con los
abusos de los Gobiernos. La legislación de carácter extraordinario y urgente se tramitará por el Congreso de los Diputados mediante un procedimiento sumarísimo que deberá culminarse en un plazo máximo de 72 horas.
Exigiremos los 2.800 millones de euros que el
anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal, y llevaremos a los Tribunales todos los casos de acogidos a la
amnistía en donde existan indicios de delitos relacionados con la corrupción o blanqueo de capitales. Especialmente, se remitirán los más de 600 casos de funcionarios y políticos que se acogieron a la amnistía para que justifiquen el origen del dinero regularizado.
Trabajaremos para prohibir a las entidades
financieras con sede en España y a las extranjeras que operan en nuestro país tener oficinas, sucursales o filiales en cualquier paraíso fiscal.
Entretanto, fijaremos que informen sobre esas operaciones de sus clientes. Es inadmisible que las entidades financieras, que además en una medida u otra han recibido ayudas públicas, no colaboren plenamente con la Hacienda Pública facilitando la información necesaria para asegurar que todos cumplan con sus obligaciones.
Reforzaremos el Servicio de
Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y endureceremos las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes.
Resulta lamentable la falta de medios del SEPBLAC, y que no pueda imponer sanciones eficaces cuando el sistema financiero se utiliza para canalizar fondos procedentes de todo tipo de delitos económicos. Para luchar contra los delitos económicos, entre ellos los de corrupción, es esencial seguir el rastro del dinero y sancionar de forma contundente cualquier colaboración en ocultar el dinero o reintroducirlo en el circuito legal.
Devolveremos a la Agencia Tributaria el control
fiscal de las SICAV, haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino
al tipo general del impuesto de sociedades. La Inspección de Hacienda, actualmente, no puede controlar a las SICAV. En un Estado de Derecho, el control de las normas fiscales corresponde a la Agencia Tributaria, y no a la CNMV.
Promoveremos la apertura de las SICAV para que sean
verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos.
Eliminaremos el régimen de Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros (ETVE). El régimen de ETVE permite recibir plusvalías exentas, dividendos externos y deducirse parcialmente los gastos financieros. Los ingresos no suman, los gastos si restan. Esto cuesta muchísimo dinero a los españoles sin que sus beneficios lo justifiquen.
Revisaremos la lista de paraísos fiscales, volviendo
a incluir aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Estableceremos el derecho de los consumidores a
pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito reduciendo las comisiones. Reduciremos la circulación de efectivo para mejorar y ampliar la información de la que dispone la Agencia Tributaria. Al mismo tiempo se negociará la rebaja de las comisiones de las entidades de crédito.
Reformaremos con urgencia el delito fiscal haciendo
cumplir las sentencias y endureciendo las penas. Esta reforma incluirá un plan de choque en los Tribunales para hacer cumplir la resolución de los juicios pendientes, donde hay más de 6.000 millones suspendidos sin poder cobrar lo defraudado. Endureceremos las penas, especialmente en los supuestos más graves y limitaremos los supuestos en los que se pueda rebajar la pena del delito mediante el pago.
Potenciaremos los medios y la autonomía de la
Agencia Tributaria. Por cada euro invertido en administración tributaria se obtienen nueve. Redactaremos el Estatuto de la Agencia Tributaria para devolverle su independencia y profesionalidad e incrementaremos los recursos hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno. Este incremento incidirá especialmente en el Departamento de Recaudación, dado que existen más de 50.000 millones de euros pendientes de cobro.
Prohibiremos a las entidades
financieras ofrecer cualquier tipo de asesoramiento y producto para evadir impuestos.
Exigiremos que las sociedades con sedes en paraísos
fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y tengan la obligación de revelar quiénes son los propietarios.
Ampliaremos a los condenados por corrupción,
prevaricación, el tráfico de influencias o los fraudes o exacciones ilegales, el régimen de decomiso del patrimonio ilegalmente obtenido que ya
prevé el Código penal para otros delitos. En todos estos casos, como ya dispone el Código penal (art. 127 bis) quedarán sometidos a las reglas de decomiso tanto el patrimonio del condenado (no sólo los directamente asociados a la comisión del delito que son ya objeto de decomiso), como los bienes transferidos a terceras personas y lo que provienen de la actividad delictiva previa.
Impulsaremos que en el seno de la Unión Europea una
acción decidida para que ningún Estado miembro ofrezca cobertura a ningún paraíso fiscal.
Parte V	Más protagonismo de España en el mundo y lucha contra el terrorismo
Apoyaremos que las políticas exterior y de
cooperación internacional tendrán una planificación estratégica y transparente teniendo en cuenta los intereses y valores españoles, pero también
los europeos y los globales a través de un nuevo Plan de Estrategia exterior. Serán de especial prioridad las acciones con países vinculados históricamente con España y aquellos otros de especial interés geoestratégico.
Reformaremos la Ley de acción exterior para
clarificar las competencias de la Presidencia del gobierno y de los Ministerios, bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. El Consejo de Política Exterior se transformará en un verdadero órgano de planificación estratégica permanente dependiente de la Presidencia.
Coordinaremos las acciones exteriores de las CCAA
con la política exterior del Estado para garantizar que se persiguen objetivos compatibles y siempre en beneficio de los ciudadanos.
Revisaremos la carrera diplomática para que los
diplomáticos se nombren y promocionen por mérito.
Impulsaremos un Pacto de Estado de política
exterior, asumiendo los nuevos Objetivos del Milenio definidos por la ONU para 2030 y el 0,7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo. Irá vinculado a la reforma estructural de la política de cooperación asegurando la eficiencia de los recursos asignados. La ayuda humanitaria supondrá un compromiso específico estable.
Reformaremos la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo para hacerla más profesional, eficiente e independiente. Se creará un sistema de respuesta rápida ante crisis humanitarias abierto a todos los actores. Se tendrá en cuenta la transversalidad de igualdad de género, la lucha contra la corrupción y protección ambiental en todos los proyectos.
Diversificaremos la financiación de la ayuda oficial
al desarrollo promoviendo alianzas entre Administraciones públicas, ONGs y empresas privadas comprometidas con el desarrollo ético y sostenible.
Promoveremos también el micro-mecenazgo.
Fomentaremos la educación en la
solidaridad y en la cooperación al desarrollo a todos los niveles para generar una cultura del voluntariado y la participación de los ciudadanos
Reformaremos el acceso a la financiación estatal
para proyectos de desarrollo haciéndolos más ágiles y más transparentes.
Transformaremos el Consejo consultivo de la
cooperación para convertirlo en un verdadero órgano de análisis, consulta y concertación, abierto al conjunto de la sociedad civil española. Revisaremos el estatuto del Cooperante y la Ley del Voluntariado para adaptarlas a la realidad del trabajo de las ONGs en el terreno y garantizar la seguridad de los cooperantes.
Promoveremos en todos los ámbitos de conflicto
internacional una acción dirigida por los organismos de la Comunidad internacional en el marco del Derecho internacional. Ésta será conforme a los principios de resolución pacífica de los conflictos, los derechos humanos y la protección de los seres humanos más vulnerables.
Impulsaremos las relaciones con Iberoamérica y
Portugal, en temas de interés mutuo y haremos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones un verdadero foro de iniciativas comprometido con la
defensa de los Derechos Humanos y la democracia.
Incrementaremos los esfuerzos para aumentar la
presencia de España en Asia- Pacífico, centro económico y de seguridad de este siglo, aprovechando el potencial de nuestra cultura y el empuje de
nuestras empresas, así como nuestros lazos con Iberoamérica.
Reformaremos las agencias exteriores del Estado para
convertirlas en órganos más eficaces para proteger los intereses de los ciudadanos españoles, promover nuestra cultura y nuestras lenguas, y
apoyar a nuestras empresas y creadores.
Facilitaremos la actividad exterior de nuestras
empresas y trabajadores que permitan un intercambio constante de talento y emprendimiento entre España y el exterior, abierto a españoles y
Daremos más autonomía y flexibilidad al Instituto
Cervantes para mejorar su capacidad de gestión cultural internacional. Trabajaremos para modificar la legislación sobre el Instituto para hacer de él un órgano global y profesionalizado, abierto a una mayor cooperación con otros países hispanohablantes.
Apoyaremos una mayor profundización en la
integración comunitaria a todos los niveles: político, militar, fiscal, monetario y social. y Buscaremos revisar los Tratados europeos para llegar a una auténtica Constitución europea que defienda los valores democráticos europeos de libertad, igualdad y solidaridad, en el contexto de la plena garantía del Estado del bienestar.
Defenderemos instituciones europeas
más fuertes para asumir una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común en beneficio de todos. La Unión Europea necesita una política exterior y de seguridad conjunta, no guiada por los intereses particulares de cada país.
Fomentaremos la cooperación policial y de
inteligencia, con normas claras para el intercambio y la protección de datos que refuerce las agencias europeas que luchan contra el terrorismo y
el crimen organizado. Aumentaremos también su rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales.
Apoyaremos que el Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el Servicio de Acción Exterior sean los únicos representantes de la política exterior europea y
responda ante el Parlamento Europeo. La acción Europea en las instituciones internacionales (ONU, OSCE, OTAN, OCDE, etc.) debe estar dirigida y unificada con el único objetivo de defender intereses europeos.
Respaldaremos la construcción de una Defensa Europea
común, integrada y coherente, y apoyaremos iniciativas encaminadas a la creación de un cuerpo de defensa común europeo. La UE debe actuar con una sola voz y en base a sus valores fundamentales en la búsqueda de un mundo en paz y justicia dónde rijan plenamente el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Apoyaremos un espacio Schengen de libre
circulación de personas más ambicioso. Defenderemos el derecho de todos los europeos a desplazarse libremente y vivir en cualquier país de la UE junto con sus familiares, una Europa sin fronteras interiores y con fronteras exteriores seguras.
Trabajaremos por un auténtico mercado laboral único
y transparente que favorezca el empleo de calidad, y la movilidad de emprendedores y trabajadores.
Promoveremos iniciativas en el ámbito europeo
conducentes a la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Defenderemos en el ámbito de la Unión Europea una
solución justa y solidaria a la tragedia de los refugiados. Es necesario un control común de los flujos migratorios exteriores a través de una política común de asilo y de migración, con medios financieros y humanos suficientes, coherente políticamente, visible para los ciudadanos, y apoyada por la solidaridad y responsabilidad compartidas.
Promoveremos que la política europea en materia de
refugiados incluya un sistema común de control de fronteras y una agencia europea Frontex reforzada que afronte con garantías el problema
de la migración económica irregular de manera ordenada. También fomentaremos la creación de mecanismos de retorno y readmisión adecuados, y acordes con el derecho internacional y la protección de los derechos humanos.
Reformaremos el reglamento del Congreso para
establecer la obligatoriedad de la comparecencia del Gobierno antes y después de cada Consejo Europeo.
Apoyaremos la firma de un tratado
de libre comercio e inversiones entre la UE y Estados Unidos (TTIP) siempre que respete la legislación europea en materia agroalimentaria, de
protección de los derechos sociales y laborales, la defensa de los consumidores y la protección del medioambiente. El apoyo estará también condicionado a que se apliquen medidas de protección para las PYMEs y plazos de adaptación. Por otro lado, el mecanismo especial de resolución de diferencias entre Estados e inversores (arbitraje) deberá respetar la legislación comercial internacional y el Estado de Derecho en territorio europeo. El tratado deberá promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y el bienestar a ambos lados del Atlántico.
Contribuiremos a un pacto
anti-yihadista europeo integrando la acción europea a los pactos anti-terroristas. El terrorismo es una amenaza sin fronteras que los demócratas sólo podemos vencer si trabajamos juntos.
Afrontaremos con determinación el yihadismo
implementando el Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, cooperación policial y judicial. Trabajaremos por respuesta común a este tema en la Unión Europea.
Reforzaremos la colaboración en la lucha contra el
terrorismo con otras fuerzas europeas. Favoreceremos el desarrollo de iniciativas para avanzar hacia una política europea eficaz, además de renovar compromisos bilaterales clave como los que tenemos con Francia o EEUU.
Impulsaremos la racionalización de los recursos de
la Administración destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ésta implicará la previa adecuación y redefinición de competencias de los diferentes cuerpos para evitar duplicidades funcionales con Cuerpos de Policía Autonómicos y Locales.
Aplicaremos los principios de mérito y capacidad en
todos los procesos de ingreso y ascenso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con criterios de transparencia y participación.
Reformaremos el estatuto de víctima de modo que se
concreten las especificidades propias de las víctimas del terrorismo y su especial consideración institucional. Se trata de un colectivo que testimonia la dignidad en la defensa de la justicia como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico frente al chantaje y la amenaza de los grupos terroristas al estado de derecho.
Garantizaremos los principios de Memoria, Verdad,
Dignidad y Justicia de las víctimas del terrorismo en relación con cualquier iniciativa o medida que sea puesta en marcha en relación con la política antiterrorista y de
reconocimiento de las víctimas.
Desarrollaremos una estrategia de comunicación de la Defensa
Nacional que proporcione información sobre las decisiones de seguridad a los ciudadanos de una forma más transparente. Potenciaremos la colaboración de las Fuerzas Armadas, Organismos Internacionales, ONGs, y sociedad civil.
Asumiremos el compromiso que nos corresponde en materia de seguridad
y defensa con nuestros socios europeos y de la OTAN. Potenciaremos el desarrollo de fuerzas combinadas que doten al ejército de mayor flexibilidad y proyección, así como eficacia y ahorro.
Homologaremos la jurisdicción militar a los demás órdenes
jurisdiccionales, garantizando la plena independencia de los integrantes de los órganos judiciales militares. El Consejo General del Poder Judicial será el responsable de los nombramientos de todos los órganos judiciales militares, en los mismos términos que los demás tribunales del Poder Judicial.
Reformaremos la Ley de la Carrera Militar que garantice que la
promoción profesional en las Fuerzas Armadas se basa en el mérito y la capacidad.
Tenemos 350 reformas para cambiar España
a mejor y una memoria económica donde se explica cómo vamos a hacerlo, con rigor y cuadrando las cuentas.
Creemos que es un ejercicio básico de
transparencia, rigor y de responsabilidad que los partidos políticos expliquen cómo piensan financiar las políticas que prometen y en qué van a gastar el
dinero de todos los españoles.
El programa no cambia.
Debido al agujero de 10.000 millones que ha dejado el PP hemos ajustado nuestros ingresos y gastos para no engañar a los españoles y hacer propuestas
ajustadas a la realidad.
Nuestras prioridades de
gastos e ingresos se corresponderán a los tres ejes principales de nuestro programa: reconstruir la clase media y trabajadora, poner el capital humano y
la innovación en el centro de la economía del futuro y recuperar unas instituciones sanas y transparentes.
Bajaremos los impuestos a todos
los españoles en 2018 y, en ningún caso, vamos a subirlos. Para lograrlo, impulsaremos reformas que aumentaran el crecimiento y recortaremos
en gastos absurdos y en la burbuja política. Creceremos más y ayudaremos a que se creen 2.5 millones de empleos al final de la
Ahorraremos además a las familias
españolas 411 euros por hogar en la factura energética, eliminando trabas a la competencia y lucharemos contra el capitalismo de amiguetes.
Aumentaremos nuestro gasto social en
8.500M al año en: un complemento de ayuda a las familias de 1.400 euros anuales de media (14 pagas de 100 euros) que ayudará a 2 millones de hogares a
llegar a fin de mes; un plan de pobreza infantil para ayudar a los hogares con menos recursos y triplicaremos la inversión en políticas activas
y de formación.
Eso será posible porque
aumentaremos los ingresos 10.000 millones en la legislatura, eliminando trampas legales en el impuesto de sociedades, intensificando la lucha contra el fraude y recuperando el dinero de los defraudadores de la amnistía fiscal del PP.
Invertiremos para
mejorar nuestras instituciones: aumentaremos en 10% el personal de la administración de justicia e implementaremos un plan de choque para garantizar la
compatibilidad de los sistemas informáticos judiciales en todas las comunidades, por importe de 500 millones.
Impulsaremos el cambio
del modelo productivo, acabaremos con los recortes en educación y pondremos en marcha un plan contra el fracaso escolar. Invertiremos 1.000 euros
por alumno al año en entornos desfavorecidos para contratar más profesores de apoyo en las aulas, beneficiando a 800.000 alumnos. Trabajaremos para alcanzar el 2% de inversión en I+D en 2020, centrando los recursos en la creación de una Red
Cervera de Transferencia Tecnológica para conectar la universidad y la empresa.
Descargar PDF Memoria Económica	Sede Central

References: artículo 57
 artículo 1
 Artículo 4
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución