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Timestamp: 2019-05-24 22:01:55+00:00

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La Sala considera que es procedente la condena por delito de prevaricación dolosa ante la existencia de una resolución injusta y de dolo en la conducta prevaricadora, ya que la decisión sobre las medidas cautelares se adoptó obviando que existía un proceso del que estaba conociendo otro juez, sin motivación alguna sobre una razón de urgencia para sustituirle en su competencia, por lo que se estima el recurso y se establece la condena correspondiente al delito cometido. Emitido voto particular por el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Monterde Ferrer.
Sentencia 571/2012, de 29 de junio de 2012
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2171/2011
Ponente Excmo. Sr. ANDRES MARTINEZ ARRIETA
En el recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuesto por las representaciones de Octavio Y Olga, contra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Civil y Penal, Ceuta y Melilla con sede en Granada, que condenó a D. Octavio por delito de prevaricación culposa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la vista y votación bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes respectivamente representados por el Procurador Sr. Deleito García y el Procurador Sr. Granizo Palomeque.
Primero.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada, en el Procedimiento Abreviado n.º 1/2011, seguido ante la misma Sala por delito de prevaricación judicial, dictó sentencia de fecha 13 de octubre de dos mil once, que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "PRIMERO.- En el marco de un procedimiento de divorcio seguido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 4 de los de Sevilla entre Dña. Olga y D. Celso se dictó Auto de medidas provisionales de fecha 26 de enero de 2010, en el que se acordó, entre otros extremos, la atribución a la madre de la guardia y custodia de los dos hijos menores del matrimonio y un régimen de visitas que suponía que "cada uno de los progenitores tendrá derecho a pasar con los menores la mitad de las vacaciones escolares", determinándose tales periodos, por lo que a la Semana Santa se refiere, en dos turnos: hasta el miércoles santo a las 14:00 h., y desde ese momento hasta el domingo de Resurrección a las 20:00, a elección, en años pares, del padre.
Como esta respuesta telemática fue interpretada por los abogados del padre como sibilina y contraria, por tanto, a permitir la salida procesional en cuestión, los abogados se dirigieron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 4 de los de Sevilla, entrevistándose con el titular judicial que había dictado el auto de 26 de enero de 2010 de medidas provisionales, quien les comentó que todo el proceso estaba bien descrito en el auto judicial y él no podía por el momento tomar otras decisiones.
Trasladado estos pormenores al padre del menor, el propio abuelo con quien convivían Narciso, preocupado por los deseos de su nieto, se cita el lunes, 29 de marzo, con el Letrado D. José Antonio Blanco Toajas que, a su vez, habla con su compañero Sr. Moeckel, de forma que se plantearon iniciar otra estrategia procesal distinta y canalizar la petición de salida procesional ante el Juez de Familia Sr. Serrano. Así, se le indicó al abuelo la posibilidad de solicitar unas medidas cautelares a su instancia, manteniendo al margen al padre, para lo cual debían acudir al día siguiente ante el Juez de Familia Sr. Serrano.
Con tal propósito, quedaron citados para el día siguiente, martes, en el propio Juzgado de Familia n.º 7 tanto el Letrado Sr. Blanco como el menor, junto al padre y el abuelo, así como el Letrado Sr. Moeckel, que también acordó ir a idéntica sede judicial para entregar el Auto de 26 de enero de 2010 de medidas provisionales del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 4 de Sevilla.
TERCERO.- El martes, día 30 de marzo de 2010, se presentan hacia las diez o diez y media de la mañana en el Juzgado de Familia n.º 7 de Sevilla (cuyo titular es el acusado D. Octavio ) Narciso con su nieto Miguel, así como el propio padre del menor Celso, acudiendo también el Letrado Sr. Blanco, exteriorizando al personal del Juzgado el deseo de entrevistarse con el titular del Juzgado.
La referida comparecencia, muy breve temporalmente, consistió en que el Juez preguntó al menor si tenía mucho interés en salir en la procesión, contestando éste que sí, "que estaba muy ilusionado y preocupado porque le impidieran salir". Seguidamente, se procedió a redactar la oportuna acta de comparecencia, cuyo contenido literal fue dictado por el Sr. Serrano, limitándose una funcionaria - Flor - a transcribir al ordenador lo que le dictaba oralmente el juez. Su contenido consta al folio 216 y es del siguiente tenor literal:
Estando S.S.ª constituido en audiencia pública, con mi asistencia, comparece le menor Miguel de once años de edad, su abuelo paterno Narciso con DNI n.º NUM000, quien manifiesta a los efectos de localización que los padres del niño se llaman D. Celso con domicilio en C/ PLAZA000, n.º NUM001, NUM002 NUM003 de Sevilla y D.ª Olga con domicilio en C/ DIRECCION000 n.º NUM004, NUM005 NUM006 de Sevilla.
Que a su madre le consta que es hermano de esa Hermandad y que ya salió el año pasado también de paje. Que no entiende, por tanto, cómo ahora una abogad de su madre le ha dirigido un escrito a su padre poniendo todo tipo de problemas y obstáculos para poder salir.
Para la confección de dicha Acta de comparecencia la funcionaria utilizó un modelo propio de otro procedimiento elegido al azar entre los que gestionaba informáticamente, en concreto uno determinado en cuatro (divorcio n.º 34/2010), por lo que el NIG correspondiente a tal procedimiento (4109142C20100002195) apareció en el folio impreso, que luego fue firmado por los comparecientes, por el Magistrado y por la Secretaria Judicial, al tiempo que quedaba grabado el acontecimiento procesal como propio del procedimiento abierto.
Una copia del Acta de comparecencia (con el NIG que se ha indicado) fue entregada en aquél momento al abuelo, Sr. Miguel, sin que en dicho documento se hiciera constar identificación de partes ni de clase y número de procedimiento.
Narciso, mayor de edad, en nombre y representación del menor de edad Francisco Miguel, ante dicho Juzgado comparece y dice:
Que se nieto, D. Miguel, de 11 años de edad, le ha verbalizado de forma reiterada e insistente su deseo de realizar su deseo de realizar la estación de penitencia en la Hermandad conocida como "El Silencio", en la madrugada del Jueves al Viernes Santo, tal y como hizo el año pasado. Que toda vez, que existen discrepancias entre los padres sobre dicha posibilidad y al amparo de lo preceptuado en el artículo 158 del Código Civil, solicitamos que por parte de dicho juzgado se tomen las medidas necesarias que permitan al menor realizar la citada estación de penitencia a fin de no causarle perjuicios al menor.
Tras ello regresó al Decanato, donde había quedado citado y le esperaban el abuelo y el Sr. Moeckel. Dicho escrito fue firmado por el Sr. Miguel y presentado personalmente en la sección de Reparto del Decanato (tercera planta) por el Sr. Joaquín Moeckel, manifestando a la funcionario Virginia que le atendió que se trataba de un asunto urgente y que "debía ser turnado al Juzgado n.º 7", por lo que la referida funcionaria indicó que debía hacerse constar en el escrito el n.º del Juzgado al que se refería, así como el NIG correspondiente; seguidamente, el Sr. Moeckel escribió en dicho escrito de su propio puño y letra la numeración 41 091 42C 2010 0002195 (tal y como parece leerse del documento obrante al folio 205), NIG que obtuvo de otros documentos que portaba y reverenciaban dicho Juzgado.
No consta probado que el Sr. Moeckel aportara, junto con el escrito de solicitud ya comentado del folio 205, el Auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que había sido entregado con anterioridad al Sr. Serrano ni tampoco el acta de comparecencia del abuelo y su nieto; al contrario, a la funcionaria citada le llamó la atención las prisas y que sólo se presentó "una hoja", lo que comentó con otra compañera Manuela, que se encargó de su registro informático para reparto.
El asunto fue turnado al Juzgado de Familia n.º7 como supuesto de medidas cautelares urgentes, y llevado en mano a dicho Juzgado por un funcionario del Decanato, donde se había recibido momentos antes una llamada telefónica de la Secretaria judicial del Juzgado n.º 7 interesándose por "el reparto y si había salido el asunto".
En Sevilla existen cinco Juzgados de Familia (los n.º 6, 7, 17, 23 y 26). El día 30 de marzo de 2010 el titular del Juzgado n.º 7 sustituía al titular del Juzgado n.º 23, y el del Juzgado n.º 17 sustituía al del n.º 26, en ambos casos por concesión de permiso reglamentario de tres días).
En la Junta Sectorial de Jueces de Familia de Sevilla de 9 de enero de 2007 (folios 476 ss.) se aprobó la siguiente norma de reparto: "Se turnarán por antecedentes al Juzgado que hubiera conocido del procedimiento de nulidad, separación y divorcio las siguientes clases de asuntos: protección de menores, jurisdicción voluntaria referente a menores".
QUINTO.- Mientras esto ocurría, el Sr. Serrano se acercó a las dependencias de Fiscalía para comunicar verbalmente la solicitud que se había presentado, no encontrando al Fiscal de permanencia, pero sí a otra compañera de despacho, concretamente la Sra. Fiscal Dña. Susana Hernando Ramos, a quien le comentó, sin exhibir documentación alguna, "que se ha presentado una solicitud de medidas urgentes y que han de ser resueltas en un plazo perentorio, ya que su eficacia vendría determinada para la madrugada del viernes santo". Dicha Fiscal contestó que "como en otros casos de medidas urgentes, debía acordarse lo procedente, atendiendo a la voluntad del menor, si bien, cuando pasen los autos y se diera traslado a la Fiscalía del expediente, se informaría lo oportuno al respecto".
Este encuentro y conversación con el Sr. Serrano fue comentada un rato después por la Sra. Hernando al propio Fiscal de permanencia, a quien le habló de la posible llegada al día siguiente, miércoles, de un expediente del Juzgado de Familia del Sr. Serrano, si bien no se dejó citación alguna en Fiscalía ni se dio traslado de expediente ni documentación alguna.
SEXTO.- Una vez que el escrito de solicitud de medidas llegó físicamente al Juzgado n.º 7, no pudo itinerarse y registrar correctamente el oportuno procedimiento en el Sistema de Gestión Adriano, a efectos de abrirlo informáticamente, darle el oportuno y específico número de registro y trabajar en su propio entorno telemático, todo ello debido a problemas informáticos que han quedado acreditados y que no pudieron solventarse hasta el día siguiente:
Dada cuenta: por presentada la anterior solicitud de Medidas Urgentes Cautelares a tenor de lo dispuesto en el art. 158.3 CC, y dada la premura para dictar una resolución efectiva, óigase en el mismo día de hoy al abuelo paterno que ha presentado la solicitud en Decanato y al propio menor, poniéndose los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que informe si procede la adopción de alguna medida tendente a asegurar que el menor cumpla con su voluntad. Dado que no se han aportado los domicilios de los progenitores se habrá de solicitar del proponente de las medias que indique dichos domicilios a fin de notificarles lo que se resuelva en el presente incidente."
Asimismo, se acordó unir a las actuaciones el acta de la comparecencia ya celebrada, sin volver a repetirla ni practicar ninguna otra diligencia ni acto procesal, de manera que lo que inicialmente fue un acto preprocesal, se convirtió en una actuación procesal propia del procedimiento n.º 323/2010;
Igualmente, el Sr. Serrano ordenó que se extendiera una diligencia de constancia sobre su encuentro con la Fiscal Ramos, cuyo contenido obra al folio 215 y es del siguiente tenor literal:
"DILIGENCIA DE CONSTANCIA.- En Sevilla, a treinta de marzo de dos mil diez. La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer constar personalmente SS.ª se desplaza a la Fiscalía comunicando a la Fiscal D.ª Susana Hernando Ramos que se ha presentado una solicitud de Medidas Urgentes y que han de ser resueltas en un plazo perentorio, ya que su eficacia vendría determinada para la próxima madrugada del viernes Santo, informándome SS.ª que el Ministerio Fiscal ha informado al respecto verbalmente que se acuerde lo procedente atendiendo a la voluntad expresada por el menor. Doy Fe".
También se acordó unir al escrito de solicitud una fotocopia del auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 4 de Sevilla de 26 de enero de 2010, que había quedado en su poder.
Mientras se actuaba de esta forma, la funcionaria interviniente observó que el NIG que aparecía en el acta de la comparecencia que iba a unirse no correspondía con el procedimiento correcto y recién aperturado, sino con otro distinto (el correspondiente al procedimiento sobre el que se trabajó al transcribir la comparecencia), por lo que el Sr. Serrano indicó a dicha funcionaria que suprimiera del primer folio de la comparecencia los datos referentes al NIG e imprimiera de nuevo el primer folio de la misma con ese dato suprimido, dejando exactamente igual el segundo folio del original (folios 217), que venía referido en exclusiva a "dar por terminado el acto y la presente, y después la leída y hallado conforme es firmada por todos los asistentes, después de SS.ª, conmigo el/la Secretario, de que doy fe", tras lo cual constan tales firmas reseñadas.
Finalmente, el Sr. Serrano dictó y firmó Auto resolviendo sobre la medida cautelar solicitada sin trámite procesal alguno, sin dar traslado ni pedir informe al Ministerio Fiscal, sin oír previamente tampoco a ninguno de los progenitores del menor, ni al padre del menor Sr. Celso ni a la madre Dña Olga, a quien se atribuía una actitud reticente u obstativa al cumplimiento de lo acordado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pese a conocer sus domicilios, que venían expresamente reseñados en la comparecencia inicial.
ÚNICO.- Ante el Decanato de los Juzgados de Sevilla se presentó escrito en nombre y representación del menor de edad Miguel, por D. Narciso, solicitando amparo judicial en nombre de su nieto, instando la adopción de medidas urgentes de protección de conformidad a lo dispuesto en el art. 158 del C.Civil. La solicitud fue turnada a este Juzgado, dando traslado de la misma al Ministerio Fiscal, quien informó en el sentido de que se estuviera a la voluntad del menor, ratificándose el proponente en su solicitud y siendo oído y explorada el menor con relación a la solicitud formulada.
Incomprensible más si cabe cuando ambos progenitores sabían que habrían de respetar la voluntad de su hijo de salir en Semana Santa haciendo Estación de Penitencia, y cuando el niño ya salió el año pasado, en esa misma Cofradía del Viernes Santo con el beneplácito de su madre. El hecho de que el segundo periodo de vacaciones de Semana Santa el hijo permanezca con la madre, no puede amparar en su actitud demostrar recelo y rechazo a consentir que su hijo cumpla con su voluntad. No se encuentra justificación alguna en el hecho de aparentar una preocupación excesiva hacia lo que comporta una salida procesional existiendo solo un precedente en España al respecto en la negativa de una madre a que durante el periodo que le correspondía de estancia del hijo con el padre, aquél participara en los Encierros de San Fermín.
ACUERDO: Adoptar como medida cautelar al amparo de lo dispuesto en el art. 158.3 del Código Civil, a favor del menor Miguel, la medida de que el retorno con su madre se produzca el Viernes, día 02 de abril a las 11.00 horas, prolongando el periodo de estancia de vacaciones con el padre a fin de asegurar que el niño pueda salir en la madrugada con su Cofradía del Silencia.
El referido auto fue notificado personalmente en la propia sede del Juzgado al abuelo del menor, Narciso, con entrega de copia literal, al tiempo que se remitía correo certificado para notificar idéntica resolución a los progenitores, sin que conste que, conocido este documento por los abogados del padre, estos remitieran vía e-mail una copia a la abogada de la madre.
SÉPTIMO.- En hora no determinada del miércoles santo, 31 de marzo de 2010, el padre del menor Sr. Celso, acudió al domicilio de la madre para entregar exclusivamente al hijo pequeño, que fue recogido por la abuela, al encontrarse la madre trabajando en el hospital.
No consta suficientemente probado que se entregara a la abuela copia del Auto del juez que prolongaba el período de estancia del otro hermano con el padre a fin de asegurar que pueda salir en la madrugada con su Cofradía del Silencia, acordando que el retorno con la madre se produjera el viernes, día 2 de abril, a las 11.00 horas, lo que originó el consiguiente desasosiego de la abuela, y luego de la madre, que intentó infructuosamente contactar con su hijo y el padre, a través de teléfono móviles, hasta que se vio sorprendida por las noticias de prensa y televisión, que le fueron adelantadas y referidas por familiares y amigos, en las que, sin citarla, hablaban del caso del niño cofrade y la madre despechada, noticias que, razonablemente, conectó con su propia persona y situación familiar.
OCTAVO.- En las fecha que se reflejan el abogado de Celso, Sr. Moeckel, suministró a varios diarias de la capital sevillana información que fue publicada con lujo de detalles y comentarios el día 30 de marzo, sobre ciertas desavenencias entre dos cónyuges a quienes no se identifica con su nombre, sobre la asistencia de uno de sus hijos menores a la estación de penitencia de la cofradía de "El Silencio" en la madrugada del Viernes Santo (folios 100 y ss.).
Así, en la columna "PALCO FRADE", del diario ABC, se introduce la crónica titulada "Cofradía de la triste divorciada" con una entradilla del periodista en la que se hace referencia a que "una madre despechada con su ex tuvo ayer la feliz idea de incordiar a su hijo para fastidiar al padre con lo que más le duele: salir en El Silencia", narrando en su contenido la existencia de una serie de preguntas sobre datos de la cofradía y de la estación de penitencia que la madre del menor habría requerido al abogado del padre, y reproduciendo igualmente algunas palabras que el propio Sr. Moeckel había utilizado en una información ofrecida a otro periódico (Diario de Sevilla) del día 3 de febrero, como que en los turnos del derecho de visita se fijan las horas de recogida de los menores como si fueran "paquete de mensajero".
Por último, en la edición de ese mismo día del "Diario de Sevilla" se introduce una noticia titulada "exige a su ex marido un informe para dejar salir a su hijo en la Madrugada", con el subtítulo "la mujer sólo accederá a llevar al niño si conoce todos los detalles de la procesión", en la que se reproducen manifestaciones del Sr. Moeckel.
Asimismo, dentro del programa "La tarde, aquí y ahora", emitido por Canal Sur televisión, se difundieron en las tardes del martes, 30 de marzo de 2010, y miércoles, 31 de marzo de 2010, sendos programas de tertulia con distintos periodistas en los que se hablaba del caso de un menor y su deseo de salida procesional, así como del informe detallado de la madre y curiosos detalles sobre la hermandad, con intervención y comentarios del Letrado Sr. Moeckel, en los que refería que "es deseo del niño procesionar y estamos teniendo ciertos temores de que eso no se vaya a llevar a cabo, que es de poca vergüenza preguntar esos detalles sobre la Hermandad, conociendo la madre que el niño hizo el año pasado ese recorrido, que ella, además es licenciada en medicina y debe saber cuáles son las limitaciones y el recorrido que va a hacer su hijo".
DÉCIMO.- En la edición del diario ABC de Sevilla del jueves santo, día 1 de abril de 2010, se publicó una información (f.57) referida al auto dictado por el acusado en el referido procedimiento, transcribiéndose literalmente algunas expresiones del mismo. Igualmente se incluyeron unas declaraciones del propio Sr. Serrano Castro efectuadas a la Agencia EFE explicando las razones por las que dictó el auto y calificando de "incomprensible" la actitud de la madre del menor, añadiendo que en este caso se hacía evidente que algunos progenitores "pones sus propios conflictos y enfrentamientos irracionales por encima de sus hijos, y que tales personas actúan movidas por su "visceralidad y resentimiento".
" FALLAMOS: Que, absolviendo del delito de prevaricación dolosa, debemos condenar y condenamos al acusado D. Octavio como responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación culposa, previsto y penado en el artículo 447 del Código Penal, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, si bien se acuerda acudir al Gobierno de la Nación en solicitud de la concesión de indulto parcial para dejar reducida la duración de la pena impuesta a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, exponiendo lo conveniente y reflejado en el fundamento decimotercero de esta resolución, sin perjuicio de ejecutar desde luego esta sentencia una vez adquiera firmeza.
Se condena, asimismo, al acusado al pago de las costas procesales, incluidas las devengadas por la acusación particular, así como a que indemnice a la madre del menor, Dña. Olga, en la suma de cuatro mil euros (4.000 E).
Se acuerda incoar expediente y pieza separada de corrección disciplinaria, a efectos de posible sanción disciplinaria al Letrado D. Iñigo Moreno Lara, donde se unirá testimonio íntegro del contenido del fundamento decimocuarto precedentes, así como copia íntegra de la grabación audiovisual de las tres sesiones del juicio oral, de forma que, previa audiencia del interesado por tres días, que se computarán a partir de la notificación al Procurador de esta sentencia, se de cuenta al Tribunal a efectos de dictar el oportuno Acuerdo.
Así, por esta Sentencia, contra la que cabe recurso de casación, que será preparado ante esta Sala para ante la Sala 2.ª del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por las representaciones de Octavio y Olga, que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO.- Quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la LECRim., al incurrir la sentencia en falta de la debida claridad de los hechos declaran probados.
SEGUNDO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la LECRim., al incurrir la sentencia en contradicciones que se producen en el seno de los hechos que se declaran probados.
TERCERO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la LECRim., al consignarse en los hechos probados conceptos que por su carácter jurídico implica premedeterminación del fallo.
CUARTO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3 de la LECRim., al no resolver la sentencia sobre todos los puntos que han sido objeto de acusación y defensa.
QUINTO.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art.5.4 de la L.O. del Poder Judicial y 24.1 (tutela judicial efectiva), en relación con el art. 120.3, ambos de la Constitución, y en su vertiente de la necesidad de motivar las resoluciones judiciales.
SEXTO.- Por error en la apreciación de la prueba al amparo del art. 849.2.º de la LECRim.
UNDÉCIMO.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1.º de la LECrim., por aplicación indebida del artículo 447 (prevaricación culposa) del C.Penal.
DUODÉCIMO.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1.º de la LECRim., por aplicación indebida de los artículos 110 y 116 (responsabilidad civil) del C.Penal.
DÉCIMOTERCERO.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1.º de la LCRim., por aplicación indebida del artículo 123 (costas procesales de acusación particular) del C.Penal.
La representación de Olga:
PRIMERO.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1.º de la LECrim., por aplicación indebida del artículo 158.4 del Código Civil y 87.ter. 3 de la L.O. del Poder Judicial.
SEGUNDO.- Por error en la apreciación de la prueba al amparo del art. 849.2.º de la LECrim.
TERCERO.- Quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1 de la LECRim., al denegarse por la Sala pruebas propuestas por la defensa.
CUARTO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1 de la LECrim., dado que existe falta de claridad en algunos de los pasajes de los hechos probados, o existe contradicción entre los mismos o se consignan conceptos que implican predeterminación del fallo.
QUINTO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3 de la LECRim.
SEXTO.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.6 de la LECrim., al haber concurrido a dictar sentencia 2 Magistrados - sres Del Río y Garvín - cuya recusación fue intentada y rechazada.
SÉPTIMO.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la L.O. del Poder Judicial y 14 (principio de igualdad) y 24.1.2 (tutela judicial efectiva, juez ordinario predeterminado por ley, derecho a la defensa de sus intereses, derecho a un proceso público con las debidas garantías y a utilizar todos los medios de defensa) de la Constitución.
PRELIMINAR.- La sentencia cuyo recurso de casación nos corresponde estudiar condena al magistrado juez D. Octavio, titular del Juzgado n.º 7 de Familia de Sevilla, como autor de un delito de prevaricación por imprudencia. Formaliza la impugnación el condenado y la acusación particular. El primero, además de quebrantamientos de forma, que han sido renunciados en la vista del recurso de casación, denuncia la vulneración de derechos fundamentales, entre los que destaca la denuncia por vulneración del principio acusatorio que, entiende, se ha producido al ser condenado por delito de prevaricación imprudente cuando había sido acusado en la modalidad dolosa de la prevaricación. La acusación particular denuncia esa subsunción del hecho en la imprudencia, cuando, a su juicio, la punición de los hechos debió ser realizada en el tipo doloso de prevaricación. También por infracción de ley la defensa denuncia la comisión culposa de la prevaricación. Premisa de ambas impugnaciones es la existencia de una resolución injusta, que cuestiona la defensa del magistrado condenado y es afirmada por la acusación particular con apoyo en la sentencia impugnada.
El relato fáctico refiere, en síntesis, lo siguiente: el juzgado de violencia sobre la mujer n.º 4 de Sevilla dictó el 26 de enero de 2010 resolución de medidas provisionales que contemplaban, en lo que interesa, el reparto de la vacaciones de Semana Santa, que para ese año correspondían al padre hasta las 14 horas del miércoles Santo. Se dispuso también que " ambos progenitores respetan el deseo de los hijos de tomar parte en las estaciones de penitencia de las hermandades a las que pertenecen ".
A su término, el magistrado llama al decanato informando que acudirían al mismo para turnar una pretensión de aplicación del art. 158 Cc; también se dirige a Fiscalía donde solicita hablar con el fiscal de permanencia y, como no lo localiza, habla con una fiscal a quien la expone la situación. En esa conversación, ambos convienen en que lo importante es salvaguardar el interés del menor. Mientras esto ocurre, el letrado del abuelo del menor, "siguiendo las indicaciones del Sr. Serrano", redactó un escrito de petición de las medidas cautelares del art. 158 Cc. Posteriormente comunica con el decanato para interesarse por la realización del reparto de esa pretensión, en cuya oficina el letrado que asistió a la comparecencia insta su remisión al juzgado de Familia n.º 7 por los antecedentes existentes. A tal efecto comunica el número de control del sistema informático que quedó reflejado en el papel de la comparencia. El decanato remite a este juzgado el conocimiento de los hechos.
Recibida la documentación del decanato, el magistrado acusado dicta providencia acordando oír en declaración al abuelo y al menor y solicita informe al Ministerio fiscal. En su ejecución incorpora la comparecencia del menor y abuelo anteriormente recibida que realiza sobre un nuevo papel para evitar la anterior identificación del sistema informático, la que sirvió como antecedente para el reparto del decanato, y hace constar, por diligencia de constancia, la conversación mantenida con la representante del Ministerio fiscal y, seguidamente, dicta un Auto en el que hace figurar que las diligencias han sido recibidas por reparto del juzgado decano, que ha recibido informe del Ministerio fiscal y que ha sido oído el solicitante y explorado el menor. En la fundamentación del auto afirma que " resulta incomprensible que cualquiera de sus progenitores siempre ponga obstáculos a lo que constituye su inequívoco y evidente deseo ". Concluye afirmando " la necesidad de adoptar una medida cautelar y urgente y eficaz a fin de garantizar el interés del menor ", y acuerda como medida cautelar, al amparo del art. 158.3 (en realidad es el número 4) del Código civil, que el menor pueda salir en la procesión del Viernes Santo, retrasando la entrega del menor a la madre hasta las 11 de la noche, tras la procesión. (El art. 158 Cc dispone que el Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio fiscal, dictará...: 4.º En general, las demás disposiciones que consideran oportunas a fin de apartar del menor de un peligro o de evitarle perjuicios").
PRIMERO.- La sentencia, como dijimos, es condenatoria por delito de prevaricación por imprudencia del art. 447 del Código Penal. Constatamos que el Ministerio Fiscal, que había calificado los hechos de prevaricación dolosa, retira esa calificación, en el trámite de conclusiones definitivas, y solicita la libre absolución que justifica en la inexistencia de una resolución injusta característica de la prevaricación. La calificación por delito de prevaricación dolosa es mantenida por la acusación particular, que la sostiene también en esta casación, al denunciar el error de derecho existente en la sentencia de la instancia.
En la argumentación de la acusación recurrente respeta el hecho probado: que el juez imputado tuvo conocimiento de la actuación jurisdiccional del Juzgado de violencia sobre la mujer que dictó las medidas provisionales. Conocedor de ese extremo el juez acusado no debía actuar, al constarle la tramitación de la misma causa en otro juzgado competente y no existir razones de urgencia y necesidad que justificara su actuación. "La conclusión de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de condenar por simple negligencia al acusado choca con el propio texto literal del art. 158 Cc y con todas las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales... El Ilmo. Sr. Juez actuó a sabiendas de que tal instrumento legal (art. 158) no era el adecuado para las circunstancias de aquella causa...".
SEGUNDO.- Abordaremos en este fundamento la cuestión central del delito de prevaricación, la existencia de una resolución injusta, que ha sido negada en la impugnación de la defensa, y defendida en la de la acusación. El tribunal ha declarado que existe una resolución manifiestamente injusta, típica de la prevaricación por imprudencia, valoración jurídica que supone un plus en el concepto de la resolución injusta.
En nuestra reciente jurisprudencia se ha compendiado la doctrina sobre la prevaricación ( STS 101/2012, de 27 de febrero ) en los siguientes términos: "En la interpretación de la injusticia de la resolución esta Sala ha acudido a una formulación objetiva de manera que, como dijimos en la STS 755/2007, de 25 de septiembre, puede decirse que tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley ( STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre ), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor ( STS núm. 878/2002, de 17 de mayo ) o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos ( STS núm. 76/2002, de 25 de enero )". Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que el sujeto activo del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del conflicto, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable.
Son muchas las Sentencias de esta Sala que reproducen estos criterios, basta con citar la 627/2006, de 8 de junio, 102/2009, de 3 de febrero, y las importantes 2/99, de 15 de octubre, 2338/2001, de 27 de noviembre y 359/2002, de 26 de febrero. En todas ellas destacamos la particularidad de la prevaricación judicial: de una parte, la mayor gravedad de este delito frente a la prevaricación administrativa; y, de otra, que la prevaricación judicial es un delito de técnicos del Derecho, de ahí que no deban trasladarse "sic et simpliciter" los calificativos que tradicionalmente ha utilizado la jurisprudencia para definir el acto injusto, como "esperpéntica", "apreciable por cualquiera", etc., pues éstos han sido forjados para funcionarios no técnicos en Derecho.
TERCERO.- De la perspectiva expuesta, analizamos la resolución que la sentencia de la instancia califica de manifiestamente injusta.
1.- El auto de 30 de marzo de 2010 es el objeto del delito de acusación. En éste el magistrado imputado acuerda la medida cautelar de posponer la entrega del menor a la madre, para que pueda asistir a una procesión de Viernes Santo y lo hacen en un proceso en el que conoce que otro juez había intervenido y no existía una razón de urgencia para sustituirle en su competencia. Además a éste juez le había sido planteada la cuestión y la resolvió en un sentido que no agradó al padre del menor. Esta es la resolución cuya injusticia hemos de analizar a la luz de la acomodación a la legalidad según las opciones jurídicas defendibles.
La sentencia de instancia califica dicha resolución de manifiestamente injusta y lo hace, fundamento décimo, con una argumentación que consideramos correcta. Bastaría con reproducirla para afirmar ese presupuesto del delito de prevaricación. Sintéticamente, la resolución es injusta porque vulnera la norma de atribución competencial, pues existe un juzgado que conoce del conflicto y es el llamado a dirimir los que se planteen en un futuro, sobre todo en un supuesto como el de autos en el que el juez de violencia sobre la mujer ya había intervenido en el mismo conflicto, sugiriendo una composición entre los progenitores, por remisión a su resolución, lo que no fue del agrado de la defensa del padre. Ese desacuerdo con la resolución del juez de violencia fue el que desencadena una actuación posterior de los letrados del padre, buscando un juez que les solucione el conflicto de acuerdo a sus pretensiones. El juez condenado conocía esa actuación del juez competente, al menos sabía que el conflicto estaba judicializado en otro órgano judicial y, no obstante, se presta a intervenir en los términos que se declara probado, esto es, sustrayendo el conflicto al juez prevenido legalmente. En este contexto se producen nuevos hechos, reveladores de una actuación contraria al ordenamiento jurídico, como es que el juez acepte la comparecencia; que indique al Letrado que formule la petición del art. 158 Cc; habla con Fiscalía, que debe informar sobre la legalidad aplicable al conflicto. En una conversación, que sólo puede ser calificada de informal, obtiene de un representante del Ministerio público lo que no es sino una obviedad, que deberá actuarse en interés del menor. La representante del Ministerio fiscal con la que habla el magistrado acusado no lo hace en un proceso, sino lo hace con un compañero que le efectúa una consulta o un comentario. Es por ello que la representante del Ministerio fiscal comenta el asunto con su compañero de fiscalía, que debe informar en la causa, a quien narra su conversación anterior y le anuncia que llegará la causa para informe, lo que no sucederá. El magistrado condenado sustituirá ese informe con una diligencia de constancia, que él redacta, usurpando funciones del Secretario judicial, con el siguiente contenido "que se estuviera a la voluntad del menor". En el curso de su procedimiento, nos dice el hecho probado, habla en dos ocasiones con el decanato para interesarse por el reparto de la comparecencia. Del decanato le es atribuido el conocimiento de los hechos por antecedentes, aunque el juez hace figurar que le ha correspondido por reparto y acuerda por providencia que se les oiga, al abuelo y al menor, lo que había realizado con anterioridad mediante una comparecencia. Altera el soporte documental de la comparecencia para evitar la identificación de la misma correspondiente a otra causa tramitada en su juzgado y que sirvió para que le fuera turnada por antecedentes. No da traslado de las actuaciones a los progenitores, pudiendo hacerlo, pues el padre se encontraba presente, o mejor dicho, en el pasillo de su juzgado, y la madre, ni siquiera fue convocada para ser oída. Además, y no obstante esa falta de audiencia, argumenta en la resolución que "es incomprensible que cualquiera de los progenitores siempre ponga obstáculos a lo que constituye su inequívoco deseo". Esta afirmación carece de base, pues el magistrado que dicta esa resolución ni tiene antecedentes del conflicto ni ha oído en comparecencia a la madre. Son los conocimientos extraprocesales a los que alude la sentencia. En la misma resolución va a volver a calificar la conducta de la madre de incomprensible, lo que tendrá su eficacia posterior cuando el hecho alcance notoriedad en los medios de comunicación social con intervenciones del propio juez en los mismos, comentando su propia resolución. Por otra parte, es evidente que el auto dictado no dirime un conflicto, función principal de la jurisdicción, sino que por la forma de actuar ha creado un nuevo conflicto en el matrimonio en proceso de separación y sus relaciones con el hijo, dada la desautorización hacia la madre que se patentiza en el auto. Por último, la actuación jurisdiccional que carece de base competencial y que no ha seguido las reglas del proceso debido, se adopta sin argumentar nada sobre los presupuestos de la actuación cautelar, la situación de peligro o el perjuicio del menor. Nada se dice sobre la concurrencia de esos presupuestos de actuación, sólo se afirma su concurrencia, ni tan siquiera sobre la urgencia de la procedencia de la medida cautelar que adopta y la razón para sustituir al juzgado competente. Ha de recordarse que el juzgado de violencia tenía el mismo ámbito de competencia objetiva y territorial y no existía ningún obstáculo a su intervención, a salvo de la falta de acomodación de la respuesta a la pretensión de la parte que interesó el retraso en la devolución de los hijos. Es cierto que el art. 158 Cc no dispone un procedimiento de adopción de la decisión, pero no ha de olvidarse que ese precepto no es procesal, es una norma que habilita una actuación jurisdiccional, y que el principio de contradicción es esencial y básico en nuestro ordenamiento jurídico y solo puede ser enervado en caso de imposibilidad constatada o de urgencia reconocida, de lo que deberá hacerse constancia en la resolución.
2.- Hemos dicho que asumíamos la argumentación del Tribunal Superior de Justicia sobre la existencia de una resolución manifiestamente injusta, si bien hemos de poner de manifiesto alguna contradicción en la que incurre. Entendemos que no es plausible afirmar, de una parte, que no existe concierto entre el magistrado acusado y los abogados de la parte, para atraer una competencia sobre el hecho y, de otra, que el juez imputado se ha convertido en instrumento de parte y ha instrumentalizado el proceso convirtiéndose "el Juez de familia en instrumento, por temeridad y negligencia grave, de un ardid procesal sin desplegar las mínimas garantías y equilibrios procesales". Ello sólo sería posible si se entendiera que el juez ha actuado como un instrumento que ha obrado sin dolo. Esa consideración de mero instrumento se compagina mal con la actuación del juez que recibe al menor y su familia, realiza la comparecencia, y altera el escrito de comparecencia inicial para evitar poner de manifiesto la utilización de las diligencias de otra causa, precisamente las que fueron empleadas en el decanato para asegurar la remisión al juzgado número 7 (de Familia); dirige al letrado en su comportamiento procesal; comunica con fiscalía y documenta esa conversación informal como si se tratara de un traslado de la causa para informe de legalidad; comunica con el decanato sobre el reparto; y, por último, dicta la resolución cuya injusticia examinamos, sin fundamentar ni la urgencia, ni la competencia, ni los presupuestos que permiten la actuación bajo el amparo del art.158 del Código civil.
3.- Abordamos ahora el análisis de la resolución desde la perspectiva del art. 158.4 del Código civil, lo que realizamos desde la propia resolución.
Es cierto que el art. 158 Cc. permite al juez, de cualquier jurisdicción, adoptar unas medidas excepcionales como las que refieren sus distintos apartados, pero eso no quiere decir, que no haya límites a la decisión judicial. Los límites resultan de la urgencia del supuesto planteado, de la situación de peligro o la evitación de perjuicios, y de los requisitos derivados de un correcto ejercicio de la jurisdicción, como la contradicción efectiva entre las partes, si fuera posible, como lo era en este caso. El juez acusado nada argumenta sobre ello, la acuerda sin explicitar las razones de su adopción.
4.- La defensa del condenado argumenta que el auto tenido por injusto en la Sentencia de la instancia fue confirmado en su integridad por la Audiencia Provincial de Sevilla, en sendos autos, uno de 8 de junio de 2011, que resuelve la apelación, y otro de 29 de septiembre de 2011, que desestima un incidente de nulidad de actuaciones. Esa confirmación de la resolución, afirma el recurrente, cuestiona la consideración de ilicitud y, sobre todo, la arbitrariedad típica de la prevaricación, máxime cuando el tribunal de instancia ha declarado que no hubo maniobra para atraer la competencia.
Examinamos el contenido de las resoluciones de la Audiencia provincial, Autos de 8 de junio y 29 de septiembre de 2011 que, respectivamente, resuelven la apelación y un subsiguiente incidente de nulidad de actuaciones. La apelación fue formalizada tanto por el Ministerio fiscal como por la acusación particular y ambos plantean su disensión por la falta de competencia funcional del juzgado n.º 7, de familia; y por ausencia de observancia del proceso debido, al no dar audiencia, pudiendo hacerlo, a los progenitores; y por inexistencia de peligro y perjuicio al menor. Los tres argumentos son planteados a la Audiencia provincial que, al resolver, se limita a confirmar, sin expresar ni la razón que justifica una alteración de las normas de competencia, ni la razón que permita una actuación "inaudita parte", ni las razones que justifican la situación de urgencia, de necesidad, de peligro y de perjuicio para el menor. Se refiere a la posibilidad de una actuación como la realizada.
En efecto, la Audiencia provincial argumenta en el auto de 29 de septiembre de 2011, en el que se resuelve una nulidad de actuaciones, que "desde la legalidad sustantiva y procesal ordinaria, este Tribunal en su facultad revisora, motivó y exteriorizó el fundamento de la decisión adoptada al confirmar la resolución recurrida en cuanto a su competencia y contenido...". En el auto resolviendo la apelación, de fecha 8 de junio de 2011, el tribunal colegiado se plantea las dificultades que surgen de la concurrencia de otro juzgado, el de violencia sobre la mujer que había dictado las medidas cautelares y a quien se había planteado la cuestión y había decidido que lo resolviesen los padres, y también se plantea la cuestión referida a la falta de audición a las partes y resuelve, "en atención a las razones de urgencia y necesidad estima competente al Juzgado de primera instancia n.º 7, (Familia) de esta ciudad para incoar y conocer del presente procedimiento entablado, ya que aquel precepto le permitía adoptar las medidas necesarias para tutelar y proteger los intereses del menor de referencia incluso "inaudita parte" o de oficio por dicho órgano.
Ambas resoluciones no son, desde luego, modélicas en su motivación. Se limitan a afirmar que el art. 158 permite la decisión adoptada, pero no razona en qué medida la decisión se podría adoptar, en un supuesto como el que es objeto de la causa, en el que había otro juzgado conociendo que es apartado de ese conocimiento, lo que era conocido por el Juez del Juzgado n.º 7 (Familia) de Sevilla; en un proceso "inaudita parte", pese al evidente interés de los progenitores en el caso concreto, siendo factible esa audiencia; sin oír al Ministerio fiscal en un informe de legalidad y en materia que afecta a un menor; con un presupuesto de actuación, peligro y perjuicio para el menor, que ni se razona ni explica su concurrencia. El art. 158 Cc se limita a señalar el contenido de la decisión que un juez puede adoptar, pero las circunstancias concurrentes obligaban a su adopción conforme a las exigencias del proceso debido, tanto en competencia como en el establecimiento de la contradicción y en la motivación de las medidas en lo atinente a los presupuestos de su adopción.
CUARTO.- Desde el siguiente elemento de la tipicidad, el subjetivo, resulta clara la calificación de dolosa de la conducta del acusado.
QUINTO.- De cuanto llevamos argumentado, hemos estimado la impugnación de la acusación particular, calificando de dolosa, la prevaricación de acuerdo a su pretensión articulada en el primer motivo. Esa estimación hace innecesaria el examen del resto de los motivos de la acusación particular.
En el quinto motivo alza su queja contra la que considera vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia respecto al contenido argumental de los autos de la Audiencia provincial de Sevilla que al conocer de la apelación y de una nulidad de actuaciones, confirman el Auto dictado por el juez de familia n.º 7 y que es objeto del proceso penal por prevaricación.
En el sexto de los motivos, denuncia el error de hecho en la apreciación de la prueba, designando como documentos acreditativos del error los autos de la Audiencia provincial de Sevilla, autos de 8 de junio y de 29 de septiembre de 2011, de los que resulta el error, porque esas resoluciones demuestran "la inexistencia de una conducta imprudente". El motivo se desestima. Los mencionados autos acreditan y tienen, por lo tanto, la condición de documentos en lo que atañe a la fecha, existencia y su contenido, pero no pueden acreditar la legalidad ni la arbitrariedad de una resolución.
Cuestiona el recurrente que el art. 158 del Código civil permite la adopción de medidas cautelares y el único requisito que impone la jurisprudencia ( STS 1.º-17 de septiembre de 1996 ) es la audiencia del menor.
F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuesto por la representación de Octavio, contra la sentencia dictada el día 13 de octubre de dos mil once, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Sala de lo Civil y Penal, en Granada en la causa seguida contra el mismo, por delito prevaricación judicial. Condenamos a dicho recurrente al pago de la mitad de las costas causadas. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.
F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma interpuesto por la representación de Olga, contra la sentencia dictada el día 13 de octubre de dos mil once, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Sala de lo Civil y Penal, en Granada en la causa seguida contra Octavio, por delito prevaricación judicial. Declarando de oficio el pago de la mitad de las costas causadas. Comuníquese esta resolución y la que se dicte a continuación a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.
Segunda Sentencia 571/2012, de 29 de junio de 2012
Primero.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada, en el Procedimiento Abreviado n.º 1/2011, seguido ante la misma Sala por delito de prevaricación judicial, dictó sentencia de fecha 13 de octubre de dos mil once que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, hace constar lo siguiente:
SEGUNDO.- Que por las razones expresadas en el segundo de los fundamentos jurídicos de la sentencia de casación procede la estimación del recurso interpuesto por Celso.
Se ratifican los demás pronunciamientos de la sentencia de la instancia en orden a la condena en costas, responsabilidad civil y lo referente a la incoación de expediente disciplinario y a la pieza separada por sanciones disciplinarias.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. MAGISTRADO D. Francisco Monterde Ferrer AL QUE SE ADHIERE EL EXCMO. SR. MAGISTRADO D. Antonio del Moral García CON RESPECTO A LA SENTENCIA n.º571/2012, de 29 de junio, DICTADA EN RECURSO DE CASACIÓN 2171/2011.
I.- Con todo el respeto acerca del parecer mayoritario de los miembros de este Tribunal, reflejado en la sentencia de referencia, aunque comparto la doctrina jurisprudencial expuesta, con los precedentes que se viene a citar, discrepo de la calificación que efectúa de los hechos declarados probados en la instancia, admitiendo la tipificación en el delito de prevaricación dolosa, prevista en el art. 446.3.º del CP. y dando lugar con ello al motivo por infracción de ley formulado por la representación de la acusación particular, puesto que entiendo que en el caso que nos ocupa no se da tal delito, que el motivo aceptado no debió haber prosperado, y que el acusado debió haber sido absuelto de todos los cargos contra él formulados.
II.- En primer lugar, considero que la formulación del motivo de la parte querellante, no sólo " no es del todo precisa ", como el parecer de la mayoría indica, sino que incorrectamente designa, -como se viene a reconocer- no un precepto penal sustantivo, sino uno "del Código civil y una norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial reguladora de la atribución competencial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer".
La mayoría, pese a calificar de " errónea esa formulación ", entiende que ello no supone que no se pueda analizar la impugnación y darle el contenido preciso que resulta de la argumentación del motivo, en el que afirma que refiere el error en la aplicación de los preceptos que designa. Y entiende que, para la parte recurrente -siendo este el fundamento de su queja - se debió de calificar de dolosa la prevaricación, que el tribunal de instancia ha declarado imprudente; considerando el recurso que, si no lo ha hecho ha sido por una defectuosa interpretación de los artículos del Código Civil y de la LOPJ que designa. De modo - concluye- que aunque la impugnación no es precisa, es clara en su razón de pedir: la condena por prevaricación dolosa.
Pues bien, aun cuando generosamente, con el fin de garantizar el principio de tutela judicial efectiva, pueda aceptarse como quebrantado un precepto que suponga la inaplicación de instituciones de carácter procesal necesarias (cosa juzgada, competencia, etc) para la realización de la justicia, pues, es doctrina generalmente aceptada que, desde la perspectiva del derecho fundamental al proceso debido, las normas procesales pueden adquirir un contenido sustantivo que permita su inclusión en el n.º 1 del art 849 LECr, lo que es claro es que ha de atenderse al total contenido de la alegación de la parte, y no pasar, como sobre ascuas, respecto de parte fundamental del mismo.
III. - En efecto, la base de la argumentación de la recurrente se encuentra en la imputación al acusado -y aún a la Audiencia provincial de Sevilla, y hasta al magistrado firmante del voto particular discrepante de la mayoría de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-, de haber infringido el art.87.ter.3 de la LOPJ, que establece la competencia exclusiva y excluyente de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que realizó "a sabiendas", como especialista en la materia, con obras publicadas defendiendo la aplicación de tal norma.
El criterio de la mayoría (FJ tercero) parece dirigido a no examinar esa afirmación básica del motivo de la recurrente, ni el alcance del precepto invocado - que es en todo momento ignorado- y se limita, manifestando admitir la calificación efectuada en el fj décimo por la sentencia de instancia, a calificar de " injusta " la resolución dictada por el acusado, dando por hecho que "vulnera la norma de atribución competencial, pues existe un juzgado que conoce del conflicto y es llamado a dirimir los que se planteen en un futuro, sugiriendo una composición entre los progenitores, por remisión a su resolución, lo que no fue del agrado de la defensa del padre; y que el auto dictado no dirime el conflicto, sino que por la forma de actuar ha creado un nuevo conflicto en el matrimonio en proceso de separación y sus relaciones con el hijo, dada la desautorización hacia la madre que se patentiza en el auto. Y se afirma que el acusado no ha seguido las reglas del proceso debido, pues se adopta sin argumentar nada sobre los presupuestos de la actuación cautelar, la situación de peligro o el perjuicio del menor...ni tan siquiera sobre la urgencia de la procedencia de la medida cautelar que adopta y la razón para sustituir al juzgado competente. Y concluye la mayoría señalando "que tal cúmulo de actuaciones injusta s, que afectan a la competencia objetiva del juzgado, a la conformación de su competencia a través del reparto de asuntos, a la observancia del proceso debido, y en fin al propio contenido material de la decisión, hacen que, en su conjunto, deba ser tenida por resolución injusta".
Y aunque la petición de convertir en dolosa la calificación de la parte recurrente en su motivo por el art. 849.1.º, se exterioriza en algún pasaje de su argumentación, ésta discurre por senderos distintos a los esgrimidos en la sentencia de la mayoría para atender esa solicitud. En el ámbito de un recurso no opera el principio acusatorio, pero sí la necesidad de salvaguardar plenamente el principio de contradicción sobre todo cuando el recurso es contra reo. Diferente sería si nos enfrentarnos a un recurso interpuesto por el condenado donde se ha llegado incluso a presumir una voluntad impugnativa en materias ni siquiera invocadas. Pero en un recurso planteado por una acusación para reclamar la condena o agravarla la capacidad del Tribunal ad quem de elaborar su discurso para acoger la petición por derroteros que estén al margen o mucho más allá de la exposición realizada por quien recurre ha de tener como límite la salvaguarda del principio de contradicción; es decir constatar que la parte recurrida ha tenido ocasión de rebatir o discutir las razones que propician la estimación del recurso.
A eso se limitó el condenado al impugnar el primero de los motivos de la acusación particular, sin adentrarse en otras cuestiones que ahora en la sentencia de la mayoría afloran como determinantes de la estimación del motivo. Aunque el marco contextual procesal es muy diferente, puede predicarse de un recurso extraordinario como es la casación, especialmente cuando el recurrido es la parte pasiva del proceso penal, las limitaciones que el TC impone en un recurso de amparo: el Tribunal no puede ni suplir los razonamientos del demandante; ni reconstruir de oficio la argumentación de la demanda ( SSTC 76/2007, de 16 de abril, 226/2002, de 9 de diciembre o AATC 5/2002, de 14 de enero o 181/2001, de 2 de julio ).
IV.- En contraste con el invocado, pero obviado, precepto de la LOPJ, la mayoría indica abordar el análisis de la resolución desde la perspectiva del art 158.4 CC, afirmando que "el auto carece de argumentación desde los presupuestos de la actuación de la medida cautelar, no sólo los que fundamentan su competencia objetiva, sino también los que fundamentan su resolución. Esa ausencia de motivación convierte a la resolución en un acto de ejercicio de autoridad desprovisto de razonabilidad, contraviniendo el art 120 y 24 CE, que exige la motivación de las resoluciones judiciales. La simple exposición de los hechos de la comparecencia no es la motivación de la resolución que aplica una medida cautelar que deja sin efecto unas medidas provisionales dictadas por otro juzgado en la misma sede y con competencia sobre ese objeto. No es suficiente la exposición de unos hechos, en síntesis, que el menor quería salir en la procesión, con una argumentación dirigida a explicar la situación de peligro o el perjuicio que se trata de evitar".
Además, para concluir que las resoluciones de la Audiencia Provincial confirmando la medida adoptada, no justifican la actuación judicial, y no son óbice a la consideración de la misma como resolución injusta, efectuando el reproche -que por improcedente no puedo compartir-, de que "sus resoluciones no son modélicas en su motivación", se viene a señalar que "se limitan a afirmar que el art 158 permite la decisión adoptada, pero sin razonar en qué medida la decisión se podía adoptar, en un supuesto como el que es objeto de la causa... El art 158 CC, se limita a señalar el contenido de la decisión que un juez puede adoptar, pero las circunstancias concurrentes obligaban a su adopción conforme a las exigencias del proceso debido".
V.- Como expresó en su voto particular el magistrado que discrepó de la mayoría de integrantes del tribunal de la primera instancia, la conducta del Sr. Octavio en la tramitación del procedimiento aparece preordenada al otorgamiento de tutela judicial tuitiva al menor por la vía del art. 158 del Código Civil, y no aparece indicio alguno en la causa por el que se aprecie elementos de convicción suficientes para alcanzar una conclusión distinta.
Sin embargo, las circunstancias concurrentes de que se trata no permiten afirmar que nos encontremos ante una resolución injusta, ni tan siquiera en su vertiente procedimental o como prevaricación procesal. La actuación procesal del Juez encuentra una explicación en derecho, con la que resulta posible la discrepancia, pero sin que resulte posible afirmar que se actúa al margen del derecho o de forma inexplicable desde la perspectiva legal.
Así en el análisis de la indicada actuación debe hacerse referencia, en primer lugar al procedimiento en el que se produjo la actuación del Juez. El mismo aparece configurado por el art. 158 del CC, que señala que:
Así, una vez determinada la posibilidad de tramitar por los Juzgados de Familia el procedimiento del art. 158 del Código Civil, de forma independiente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que conoce de la separación o divorcio de los cónyuges, así como la forma en que se produjo la asunción del procedimiento por el Juez, resta por determinar la omisión de determinadas diligencias que podían haberle ilustrado mejor en orden a la realidad de los hechos y del conflicto existente en relación a la asistencia del menor al acto procesional, todo ello presidido por los elementos de juicio de que disponía el Juez para adoptar la resolución que se produjo.
Y si se reprocha haber omitido la audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, cuya actuación podía haber recabado, en cuanto al informe del Ministerio Fiscal, no puede olvidarse que según consta en las actuaciones, se considera probado que el Juez se personó en Fiscalía a fin de recabar el parecer del Ministerio Público produciéndose la circunstancia de que no se encontraba el Fiscal encargado del despacho de sus asuntos, manifestando la Fiscal (a quien sí encontró el Juez) que, con la salvedad propia de no encontrarse en conocimiento de la causa, el criterio decisor ordinario sería respetar la voluntad del menor, criterio que a su vez venía a ratificar el consagrado por el Juez de Violencia sobre la Mujer en su auto de fecha 26 de enero de 2010. En tal situación, el Juez, mediante diligencia de constancia, tuvo por evacuado el informe del Ministerio Publico.
Y, "objetivamente" vistas las cosas, la decisión del Juez Serrano, de quien no declaran los hechos probados que tuviese noticia de una anterior entrevista con el Juez de Violencia, se limitaba a robustecer la eficacia de las medidas acordadas por el Juez de Violencia; a hacer efectiva una de las medidas que expresamente había acordado tal Juez: que se respetase en ese punto el deseo de los menores.
También debe procederse al análisis de la omisión realizada por el Juez en cuanto a la audiencia de los progenitores, la cual pudo haber ilustrado al Juez en orden a la realidad del conflicto existente. Ciertamente, una mejor diligencia en la tramitación del procedimiento podría haberle conducido a evacuar dicho trámite, el cual no escapaba a sus posibilidades. Ahora bien, lo que debe analizarse es sí la actuación del Juez al omitir tales trámites debe conducir a calificar su conducta y resolución como injusta.
VI.- Por otra parte, en contra de lo que sugiere la mayoría en la sentencia de que discrepo, como recogen los hechos probados de la sentencia de instancia, el auto del Juez Serrano de 30-3-2010, en el inicio de su fundamento de derecho único, explica la razón de su decisión adoptando las medidas adecuadas, al amparo del art 158 CC, indicando que lo hace "a fin de evitar que el pequeño Miguel de 11 años de edad, y que ha comparecido solicitando tutela judicial, se le evite el perjuicio de tener que verse privado de realizar una actividad que para él resulta sumamente importante y trascendente, y para la que todo el año se prepara con ilusión y entusiasmo...y que constituye su inequívoco y evidente deseo, que ha expresado sin paliativos a presencia judicial, que no es otro que poder salir en Semana Santa en las dos Cofradías de que es Hermano: De Nazareno, en Martes Santo con los estudiantes, y en la madrugada del Viernes Santo de paje con el Silencio."
Y, aunque la resolución analizada se pierda en algunas calificaciones, extemporáneas e improcedentes por innecesarias, sobre la actitud reticente de la madre (indudable en cuanto a su interpretación por los abogados del padre como "sibilina y contraria a permitir la salida"), a la vista del envío, en fecha tan próxima como el Viernes, 23 de marzo, -declarado también probado-, por la abogada de la madre, interesando " detalles sobre la cofradía en cuestión, acompañamiento o no del menor por mujeres, tiempo de recorrido y medidas de protección del hijo "), tras rechazar la insinuada peligrosidad "moral o física" de la salida procesional con la Hermandad del Silencio, concluyó señalando que: "...la autoridad judicial a la que compete la materia de Protección de Menores, cuando es el niño quien directamente solicita la tutela...ha de adoptar una medida cautelar urgente y eficaz a fin de garantizar el interés del menor, y de inaudita parte, pues se entiende que, en otro caso, esa tutela dejará de ser efectiva ". Y acaba argumentando sobre la regla de ponderación que utiliza, diciendo que: "en todo caso el beneficio que reportaría al menor (accediéndose a su solicitud directa), se estima que no resultaría comparable con el perjuicio que supondría-ante el riesgo real de que estando con la madre el niño no cumpla su deseo- retrasar en solo día y medio su retorno al domicilio materno; y sin perjuicio de lo que para años sucesivos, y con más tiempo para resolver, pueda acordar el Juzgado que conoce del Divorcio entre ambos progenitores".
Y no pudiéndose olvidar que la recurrente en el trámite casacional, basa su motivo por infracción de ley, precisamente en haberse infringido el art.87.ter.3 de la LOPJ, que establece, a su juicio, la competencia exclusiva y excluyente de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, preciso es, aparte de lo dicho, traer a colación la actuación de la Audiencia Provincial de Sevilla -cuya descalificación por la mayoría tampoco comparto- en cuanto que no puede olvidarse que es el órgano civil competente funcionalmente para la verificación y control de legalidad de la actuación jurisdiccional del Juez de Familia. Dicha Sala jurisdiccional, en auto de fecha 8 de junio de 2011, resolviendo la apelación por las acusaciones pública y particular, y en auto de 29 de septiembre de 2011, el incidente de nulidad de actuaciones, a la vista de las actuaciones llevadas a cabo por el Juez, ratifica la actuación judicial del mismo, señalando que "esta Sala en atención a las razones de urgencia y necesidad estima competente al Juzgado de Primera Instancia n° 7 de esta ciudad para incoar y conocer del presente procedimiento entablado, ya que aquél precepto (el art. 158 CC ) le permitía adoptar las medidas necesarias para tutelar y proteger los intereses del menor de referencia incluso inaudita parte o de oficio por dicho órgano"; considerando que "desde la perspectiva de la legalidad sustantiva y procesal ordinaria es procedente la desestimación de la pretensiones de nulidad articuladas en vía de impugnación de la resolución dictada por el Juez.
VII.- No se trata como indica la mayoría de la que discrepo, que las resoluciones de la Audiencia "justifiquen" o no la decisión judicial controvertida. Como señala el magistrado disidente en la instancia, tampoco se trata de vincular la decisión del Tribunal penal en relación a dicho pronunciamiento anterior de la jurisdicción civil. Tomando en consideración dicha resolución de la AP de Sevilla no se pretende otorgar a la misma efectos prejudiciales en el enjuiciamiento de la prevaricación de la que se acusa al Juez, pues resulta posible la existencia de circunstancias concomitantes que permitan una distinta valoración de la situación concurrente. Ahora bien, lo que exige la unidad del ordenamiento jurídico y el mismo principio de seguridad jurídica es que la referida resolución sea el necesario punto de partida del razonamiento en orden al enjuiciamiento de la actuación del Juez como injusta y sea considerada tal resolución, al menos, como un hecho consistente en que tres Magistrados de la Audiencia Provincial consideran que, a tenor de lo actuado, debía afirmarse la competencia del Juez la adopción de la resolución judicial inaudita parte y la legitimidad de la misma resolución dictada.
VIII.- Fuera de este punto, que bastaría para desestimar el motivo, tampoco puedo estar de acuerdo, a la luz de los hechos declarados probados, y conforme vimos más arriba, en la existencia de una resolución injusta, constitutiva del delito de prevaricación judicial previsto en el art. 446 CP, soportada sobre una, apreciada por la mayoría, "actuación jurisdiccional que carece de base competencial, que no ha seguido las reglas del proceso debido, se adopta sin argumentar nada sobre los presupuestos de la actuación cautelar, la situación de peligro o el perjuicio del menor, ni sobre la urgencia de la procedencia de la medida cautelar adoptada".
Debo insistir en que -según consta en los hechos probados- el Juez actúa sobre la declaración del menor, asistido por su abuelo en la que refleja la angustia que le genera el conflicto existente entre los padres en orden a la asistencia a la procesión, y sobre que cree que su madre no le va a dejar salir. Asimismo, el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer incorporado a las actuaciones refleja -como figura en el factum - que, en orden a la asistencia a actos procesionales, se resolverá conforme al deseo del menor ("ambos progenitores respetarán el deseo de los hijos de tomar parte en las estaciones de penitencia de las hermandades a que pertenecen"). Ante tal situación, en la voluntad de cumplir con los deberes determinados por el artículo 158 CC, el Juez Sr. Octavio procede a atender dicho deseo del menor prorrogando en 45 horas la custodia del padre (de quien el menor asegura que no pondría problemas a su asistencia al acto procesional). Tal prórroga de la custodia se acuerda estrictamente a los fines de asegurar la asistencia del menor a la procesión, de tal forma que no cabe concluir que el objeto de la resolución del Juez sea la de modificar el régimen de custodia de los progenitores, aunque se produzca una alteración del mismo de forma instrumental.
+ Si ciertamente se han podido omitir diligencias que podrían haber ilustrado con mayor amplitud al juez adoptante de la medida cautelar y provisionalísima sobre los hechos, y que tal vez hubieran podido haberse practicado en la mañana del Miércoles 31 de marzo -con las limitaciones por razón del trabajo de la madre más arriba descritas-, tales omisiones, determinadas por la valoración del peligro o perjuicio que pudiera afectar al menor y por ello de la celeridad requerida, no pueden calificar la conducta del acusado ni como injusta, a los efectos del art. 446 CP, ni tampoco como manifiestamente injusta, constitutiva de imprudencia grave o temeraria conforme al artículo 447 del CP, por lo que el acusado hubiera debido ser absuelto de las infracciones penales imputadas.
PUBLICACIÓN.- Leídas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

References: resolución 
 artículo 158
 resolución 
 resolución 
 artículo 447
 artículo 447
 artículo 123
 artículo 158
 resolución 
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 artículo 158
 resolución 
 artículo 447