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Timestamp: 2017-09-26 08:13:02+00:00

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Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. TITULO III. Procedimiento de recaudación en vía ejecutiva (Vigente hasta el 02 de Junio de 2005).
Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (Vigente hasta el 02 de Junio de 2005).
Vigencia desde 01 de Marzo de 1996. Esta revisión vigente desde 01 de Marzo de 1996 hasta 02 de Junio de 2005
En el ejercicio de esta función, los órganos centrales y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social propondrán o adoptarán las medidas oportunas para el restablecimiento de la legalidad en el procedimiento y demás efectos que correspondan, especialmente en orden a la exigencia de responsabilidades, con facultad incluso para revisar de oficio y, en su caso, dejar sin efecto las actuaciones en que se aprecie la existencia de vicio o defecto que las invalide, dentro de los límites establecidos en el artículo 130 de esta Orden.
Artículo 109 Competencia territorial y pago de la deuda
1. El procedimiento administrativo para la exacción forzosa de las deudas con la Seguridad Social se seguirá por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que hubiere expedido el título ejecutivo a que se refiere el artículo 107 del Reglamento General, por haber efectuado la correspondiente reclamación administrativa o, en su caso, por haber dictado la resolución que agota la vía administrativa de recaudación en período voluntario.
No obstante, cuando dicho título ejecutivo se hubiera expedido por los órganos centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, el procedimiento ejecutivo se seguirá por la Dirección Provincial de la misma en la que tenga su domicilio el apremiado, determinándose éste a tales efectos conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento General.
1.1. Lo dispuesto en el número anterior no será obstáculo para la aplicación, en su caso, de lo establecido en el número 3 del artículo 51 de esta Orden ni para que la práctica de los embargos y ulteriores trámites y diligencias del procedimiento de apremio puedan llevarse a cabo por una Unidad de Recaudación Ejecutiva no perteneciente a la Dirección Provincial de la Tesorería General a que se refiere el número precedente en los supuestos previstos en el artículo 114 de esta Orden.
1.2. En los supuestos de empresas que tengan centros de trabajo con códigos de cuentas de cotización correspondientes a diferentes Direcciones Provinciales de la Tesorería General y en los casos de circunstancias excepcionales de especial complejidad o de concurrencia de factores que así lo justifiquen, conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 3 del Reglamento General, el Director general de la Tesorería podrá designar una Unidad de Recaudación Ejecutiva, de entre las existentes, con jurisdicción sobre todo o parte del territorio del Estado. Dicha unidad centralizará la tramitación de los expedientes de apremio pudiendo interesar directamente de las demás Unidades de Recaudación Ejecutiva afectadas, las actuaciones que procedan en orden a asegurar el cobro en base a criterios de economía, celeridad y eficacia.
2. Iniciada la vía ejecutiva, los sujetos responsables habrán de hacer efectivas sus deudas, con el recargo de apremio y, en su caso, las costas que procedan, precisamente en la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social a la que corresponda su tramitación.
Artículo 110 Providencia de apremio: Oposición a la misma y anulación del título ejecutivo
1. La providencia de apremio a que se refiere el artículo 110 del Reglamento General será expedida por las unidades de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la distribución de competencias establecida para las mismas, una vez que la reclamación de deuda, el acta de liquidación el acta de infracción-liquidación o, en su caso, las resoluciones administrativas que las mismas determinen adquieran el carácter de título ejecutivo, notificándose al deudor conforme a lo establecido en los artículos 109.1 y 110.4 de dicho Reglamento.
3. La Dirección Provincial de la Tesorería General deberá proceder de oficio, sin alegación del deudor, a dejar sin efecto el título ejecutivo y la correspondiente providencia de apremio por las deficiencias y errores a que se refieren el número 2 del artículo 108 y los artículos 130.2 y 131.2 de esta Orden, por comprobarse el pago de la deuda apremiada, por haberse producido la prescripción en cualquier momento del procedimiento recaudatorio, por apreciarse compensación o condonación operadas con anterioridad a la expedición del título ejecutivo o por acuerdo de la autoridad o tribunal competente, sin perjuicio de que se emita, si procediere, nueva reclamación administrativa de deuda en la forma establecida.
1.ª: Expediente de apremio, ejecución de garantías y embargo de bienes
Artículo 111 Expediente de apremio
Artículo 112 Ejecución de garantías
1. Transcurrido el plazo de los quince días siguientes al de la notificación de la providencia de apremio, conforme a lo establecido en el número 4 del artículo 110 del Reglamento General, sin que el apremiado haya efectuado el ingreso de la deuda con la Seguridad Social para cuyo cumplimiento estuvieren constituidas garantías y sin que se hubiere formulado oposición a dicha providencia y no se hubiere dejado sin efecto el título ejecutivo en los términos establecidos en el artículo 110 de esta Orden, se ordenará al Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social que proceda, en primer lugar, a ejecutarlas en los términos establecidos en el artículo 115 de dicho Reglamento General.
2. Para la ejecución de las garantías consistentes en prenda, hipoteca u otra de carácter real sobre bienes o derechos del deudor, se procederá a enajenarlos conforme a lo previsto en el número 3 de dicho artículo 115 sin necesidad de efectuar previamente anotación preventiva de embargo. Una vez iniciada la ejecución administrativa por la Unidad de Recaudación Ejecutiva, el Recaudador, con base en la providencia de apremio, solicitará al Registrador de la Propiedad para que libre y remita la correspondiente certificación de dominio y cargas con el contenido y efectos establecidos en la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 113 Providencia de embargo. Concurrencia con otros embargos
Para la formalización de la providencia de embargo el Recaudador ejecutivo podrá obtener información en los términos previstos en el artículo 116 del Reglamento General, se sujetará al orden de prelación y a las limitaciones que se establecen en los artículos 118 y 119 del mismo y la llevará a efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de dicho Reglamento.
En el supuesto del número 2 del artículo 122 del Reglamento General, las cantidades abonadas a los acreedores preferentes tendrán el carácter de costas del procedimiento pero solamente serán anticipables previa autorización del Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Artículo 114 Práctica de los embargos de bienes ubicados fuera del territorio de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
1. En los casos de insuficiencia o inexistencia de los bienes embargados en la demarcación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva que siga el expediente de apremio, pero en los que el deudor los poseyera en la de otra Unidad de Recaudación Ejecutiva perteneciente a la misma o a distinta Dirección Provincial de la Tesorería General, y siempre que así lo exija el debido aseguramiento de los intereses de la Seguridad Social, se datarán los títulos ejecutivos no satisfechos remitiéndolos, juntamente con la justificación de carencia de otros bienes en el municipio en el que se produjo el descubierto y, en su caso, en el del domicilio del deudor, a la Unidad de Recaudación Ejecutiva o Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que proceda.
2. Cuando se precise efectuar, fuera de la demarcación a que extienda su competencia el Recaudador actuante, cualquier diligencia de índole personal necesaria en la tramitación de un expediente, aquél procederá a expedir oficio al Recaudador competente en la localidad en la que haya de efectuarse la diligencia de que se trate, sea de la misma o de distinta Dirección Provincial, cursándose dicho oficio a través de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma.
3. Las costas que devenguen cualquiera de las actuaciones descritas se consignarán en las diligencias de cumplimentación, a fin de que por la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitante de las mismas se proceda al pago de las mismas.
En particular, se actuará conforme a lo indicado en el apartado precedente cuando el deudor demuestre que el embargo se ha efectuado sobre salarios, jornales, sueldos, retribuciones o prestaciones económicas de la Seguridad Social que superen los límites establecidos en el artículo 27.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 1.449 y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1.3. A efectos de embargo, los buques mercantes tendrán la consideración de bienes inmuebles y su embargo se practicará en lo que resulte aplicable con sujeción a las normas de los artículos 129 a 132 del Reglamento General así como a las contenidas en los apartados siguientes:
1.3.2. Asimismo, cuando se decrete el embargo de un buque o cualquiera otra embarcación española, el Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social notificará a la autoridad de marina que el empresario correspondiente no se encuentra al corriente en la cotización a la Seguridad Social que por cada buque o embarcación le corresponda, a fin de que no autorice el despacho del buque o embarcación para su salida a la mar, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 2864/1970, de 9 de julio, y en el artículo 9 del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto.
1.4. En los embargos de sueldos o pensiones regulados en el artículo 133 del Reglamento General, el pagador de los mismos obligado a retener las cantidades procedentes tendrá la consideración de depositario incluido en el supuesto previsto en el número 1 del artículo 136 del citado Reglamento, incidiendo, en su caso, en responsabilidad solidaria si concurren las circunstancias establecidas en el artículo 10.4 de dicho Reglamento.
2. Para el depósito de los bienes embargados se estará a lo dispuesto en los artículos 136 a 138 del mismo Reglamento, aplicándose además las disposiciones siguientes:
2.ª: Enajenación de los bienes embargados
Para que el personal al servicio de las Administraciones Públicas sea designado perito o experto a estos efectos será requisito necesario el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de dicha actividad de peritaje, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre; Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y demás disposiciones que los complementen o sustituyan.
3. A efectos de lo previsto en el artículo 147.1.a) del Reglamento General, cuando el valor de los bienes objeto de la subasta pública fuere superior a 100.000.000 de pesetas, el anuncio de la misma se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Comunidad Autónoma respectiva conforme determine el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Artículo 118 Subastas: Depósitos, posturas, cesión del remate e impago del precio del mismo
A efectos de la constitución de depósitos para ser licitadores en las subastas públicas, además de las previsiones establecidas en el artículo 148 del Reglamento General, se aplicarán las disposiciones siguientes:
1. Los depósitos constituidos para ser licitador desde el mismo día de la publicación de cualquier anuncio de la subasta hasta la iniciación del acto de constitución de la Mesa, se formalizarán ante el Recaudador ejecutivo de la Seguridad Social que tuviese a su cargo el expediente.
1.1. Se entenderá constituido el depósito para ser licitador cuando el depositante entregue al Recaudador o a la Mesa el metálico o el cheque extendido a nombre de la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social y certificado, visado o conformado por el librado, con obligación por parte del mismo de retener el importe necesario para su pago hasta veinte días, como mínimo, posteriores a la fecha anunciada para la celebración de la subasta.
1.2. Por el funcionario correspondiente se tomará razón del acto de formalización del depósito tanto en el expediente, mediante diligencia realizada al efecto, como en el libro o registro de depósitos para ser licitadores, haciendo constar en uno y otro el número de orden del depósito que se constituye, nombre, apellidos domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal del depositante así como hora y minuto exacto, con fracciones en su caso, de la constitución del depósito.
1.3. Los funcionarios y demás personas que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de los datos que sobre constitución de depósitos obren en el expediente y en el libro o registro de depósitos para ser licitadores estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de los mismos. Dichos datos sólo podrán utilizarse para la realización de las subastas por los componentes de las Mesas y, después de ellas, para los demás efectos recaudatorios que procedan.
1.4. Se entregará al depositante resguardo justificativo del depósito constituido, en el que se hará constar la hora y minuto exacto de su realización y se consignará el cheque o el importe en metálico de dicho depósito en la Caja existente al efecto en la Unidad de Recaudación Ejecutiva o en la Administración en que la misma esté integrada.
2. La postura más alta efectuada en sobre cerrado a que se refiere el artículo 149.4.1.ªc) del Reglamento General no podrá ser mejorada sucesivamente por los licitadores con nuevas posturas verbales relativas al bien o lote de bienes objeto de la licitación.
3. Respecto de la retención del depósito al licitador adjudicatario, aplicación del mismo y devolución de los depósitos a los licitadores no adjudicatarios, se estará a lo dispuesto en los números 6 y 8 del artículo 148 del Reglamento General.
Si al término de la subasta alguno de los licitadores no adjudicatarios de bienes no recogiese el depósito o depósitos que constituyó ante el Recaudador o ante la Mesa para poder pujar, se entregará el cheque o consignará el importe del depósito en la Caja o en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a disposición del titular de la misma en la forma habitual, como de propiedad del depositante, dentro del plazo máximo de tres días a contar desde el siguiente hábil al de la adjudicación definitiva.
Previamente al ingreso en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe del depósito constituido por el adjudicatario que se declare incautado, se efectuará liquidación de los gastos imputables a dicho depósito, que serán únicamente los ocasionados por los anuncios de la subasta, realizándose entonces el ingreso del exceso en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General y uniendo al expediente la carta de pago. Si el depósito fuese insuficiente para el pago de tales gastos, se remitirá la liquidación a la Dirección Provincial, a fin de que pueda procederse a la exigencia de la mayor responsabilidad en que haya incurrido el adjudicatario que faltó a la obligación contraída.
4. La manifestación de cualquier licitador de que hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá si no se hace en el momento mismo de la adjudicación, aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el momento del pago del precio del remate, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso contrario. La cesión deberá formalizarse o iniciarse la formalización de la misma, como máximo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la adjudicación definitiva de la subasta.
5. En caso de impago del precio de remate en el acto por el adjudicatario inicial, sea en dinero o sea mediante cheque, conformado o no, se procederá a la adjudicación sucesiva a los demás licitadores por el orden establecido en el número 7 del artículo 148 del Reglamento General, pagando el nuevo adjudicatario en el acto únicamente la diferencia entre el importe de su depósito y la totalidad de su postura, salvo que, por cualquier causa, se hubiere devuelto su depósito al nuevo adjudicatario, en cuyo caso, éste deberá pagar en el acto, en dinero o mediante cheque, la totalidad de su postura.
6. Cuando en la segunda o en la tercera licitación celebrada no se hubiere cubierto la deuda y queden bienes sin adjudicar, la Mesa podrá anunciar la iniciación del trámite de venta mediante gestión directa, que se llevará a cabo en el plazo que se señale al efectuar el anuncio de la misma.
Artículo 119 Actuaciones posteriores al pago: Entrega de bienes no adjudicados en las subastas
1. A efectos de lo dispuesto en el número 1 del artículo 150 del Reglamento General, una vez pagado el precio de remate, el Secretario de la Mesa de la Subasta, en el plazo de los cinco días siguientes al del pago del precio, remitirá al ejecutado, al adjudicatario y a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de la Administración Pública correspondiente, certificación en la que se relacionen los bienes adjudicados y su precio de remate, a efectos de la liquidación y pago del Impuesto sobre el Valor Añadido por el ejecutado como sujeto pasivo del mismo o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el adjudicatario, según proceda, y para el pertinente control por la indicada Delegación.
Si alguno de tales impuestos debe ser pagado ante un órgano de otra Administración, se remitirá al mismo, en lugar de a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de la Administración Pública correspondiente, la certificación en la que se relacionan los bienes adjudicados y el precio de remate, además de los datos identificativos del adjudicatario.
1. En los casos en que, por declararse desierto el concurso o la subasta, por proponerse por el Subdirector provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente o por propia iniciativa, se acuerde por el Director provincial la procedencia de la venta por gestión directa de los bienes embargados al estarse ante alguno de los supuestos del artículo 152 del Reglamento General, se anunciará así en el Ayuntamiento en que los bienes se encuentren ubicados o depositados y, si así se estima conveniente, mediante anuncios en algún medio de comunicación, indicando en ellos la fecha límite para la admisión de ofertas, el tipo mínimo para la enajenación y, si se considera conveniente, la exigencia de un depósito de garantía del 25 por 100 de dicho tipo, constituido ante el Secretario de la Mesa de Subasta o, en su caso, de la Junta de Ventas por Gestión Directa de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social con anterioridad al agotamiento del plazo de admisión de ofertas, o la inexistencia de tipo o de depósito así como el lugar, día y hora para la apertura de los sobres que contengan las ofertas.
2. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior figurará la indicación de que en él se contiene la oferta que se formula para la adquisición directa del bien de que se trate y el justificante del depósito cuando deba constituirse y estarán dirigidas a la Mesa de Subasta o en su defecto, a la Junta de Ventas por Gestión Directa constituida al efecto.
La Junta de Ventas por Gestión Directa de cada Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social estará formada por el Subdirector provincial de Recaudación Ejecutiva o de la Unidad que tenga atribuidas estas funciones y que presidirá la misma el Interventor territorial y el Secretario de dicha Dirección Provincial, que lo será también de la Junta. Todos sus miembros podrán ser sustituidos en los términos que para los de las Mesas de Subasta prevé el artículo 149.2 del Reglamento General.
3. Obtenida alguna o algunas ofertas como consecuencia de los procedimientos de publicidad determinados en el número 1 de este artículo o, en otro caso, valiéndose de los medios que se consideren más ágiles y efectivos, la Mesa de Subasta o la Junta de Ventas por Gestión Directa procederá, en acto público y en el lugar día y hora anunciados a la apertura de los sobres que contengan aquéllas y acordará la pertinente propuesta de enajenación, que será elevada por su Presidente al Director provincial respectivo. Este acordará la venta en principio a favor de la oferta económicamente más ventajosa, salvo que concurran circunstancias de seguridad y eficacia en el cobro que, consideradas conjuntamente con el precio de otra oferta, hagan aconsejable la aceptación de esta última.
3.1. Aceptada una oferta si el ofertante no completare el pago del precio el día siguiente al de la notificación que se le efectúe, perderá el depósito si se hubiere constituido y la Mesa de Subasta o la Junta de Ventas por Gestión Directa procederá conforme a los criterios establecidos en los números 7, 8 y 9 del artículo 148 del Reglamento General.
3.2. En todos los casos el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar la adjudicación preferente de los bienes objeto de la venta por gestión directa a la Tesorería General por el precio de la oferta económica más ventajosa o en defecto de ésta, por el valor señalado en el artículo 162.2 del Reglamento General. Cuando el precio de la adjudicación supere los 20.000.000 de pesetas, para hacer uso del derecho de adquisición preferente se requerirá autorización expresa del Director general de la Tesorería.
Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento General y, en su caso, en el artículo 119.2 de esta Orden deban entregarse al deudor bienes no enajenados ni adjudicados una vez finalizados los procedimientos correspondientes se acordará dicha entrega y se expedirá el oportuno mandamiento de entrega a favor del mismo, en duplicado ejemplar, a fin de facilitar uno de los ejemplares al depositario y conservar el otro en poder de la Dirección Provincial de la Tesorería General.
1. Para la liquidación de costas en el procedimiento de apremio se estará a las reglas contenidas en los artículos 156 a 161 del Reglamento General, para cuya aplicación se tendrán en cuenta además las siguientes disposiciones:
1.1. No tendrán la consideración de costas del procedimiento de apremio los gastos de desplazamientos y demás indemnizaciones por razón del servicio de los órganos de la Administración de la Seguridad Social ni las contraprestaciones acordadas en los conciertos celebrados para la ejecución material de subastas públicas por empresas y profesionales especializados a que se refiere el artículo 151 del Reglamento General ni los gastos ordinarios de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social y demás órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social.
1.3. Tendrán la consideración de costas anticipables los honorarios y demás gastos que deban abonarse por actuaciones seguidas en los registros públicos, incluidas las relativas a certificaciones sobre cargas y gravámenes de los bienes así como las tasas y precios públicos que deban abonarse a organismos públicos y las cantidades abonadas en el supuesto a que se refiere el número 2 del artículo 113 de esta Orden, previa autorización del Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
4. Para aplicación de lo dispuesto en el número 5 del artículo 161 del Reglamento General, se requerirá la previa instrucción de expediente de devolución de costas por parte de la Administración correspondiente o, en su defecto, por la Subdirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente.
1. La adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social procederá en los casos y en las condiciones establecidos en los artículos 162 a 166 del Reglamento General, aplicándose además, las previsiones establecidas en el número siguiente.
2. Acordada la adjudicación de inmuebles a la Tesorería General, el Director provincial de la misma expedirá, en triplicado ejemplar, la certificación correspondiente con los extremos especificados en el número 2 del artículo 165 del Reglamento General.
Dicha certificación se entenderá título bastante para producir la inscripción de la transmisión o la inmatriculación, en su caso, a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, a cuyos efectos se remitirá al Registro de la Propiedad correspondiente al original y la primera copia de la certificación para que, practicados los asientos que procedan, se devuelva a la Dirección Provincial de la Tesorería General el original de la misma por el Registrador de la Propiedad, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del citado Reglamento General.
2. Tratándose de inmuebles, tan pronto obre en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social su propia certificación diligenciada con la descripción de las fincas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social a que se refiere el número 2 del artículo precedente, se inutilizarán los valores objeto de expediente de apremio a los que se aplicó el importe de la adjudicación.
1.ª: Créditos incobrables
2. Si los informes solicitados conforme a lo establecido en el número anterior para la declaración de crédito incobrable no fueran recibidos en el plazo de treinta días contados desde que se acredite la recepción de su solicitud, se dará por cumplimentado dicho trámite y seguirá el procedimiento con la petición de otros informes facultativos que, en cada caso, determine el Director provincial de la Tesorería General.
3. Cuando los informes a que se refiere el número anterior tampoco se hubieren cumplimentado en el plazo de treinta días, se reputaren insuficientes o así se acordare por los órganos directivos centrales o provinciales de la Tesorería General, los expedientes, a efectos de la declaración de incobrables por inexistencia de bienes, podrán justificarse con los informes o actuaciones de otros organismos, funcionarios u otras personas físicas o jurídicas especializadas al efecto así como con cualquier otro informe o investigación que sean autorizados con carácter general por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social o con carácter particular por la respectiva Dirección Provincial de la misma, tomándose en consideración la cuantía, origen o naturaleza de la deuda. No será necesaria esta autorización cuando se solicite informe de los Controladores laborales en el ejercicio de sus funciones de colaboración en la investigación y sañalamiento de bienes susceptibles de embargo conforme a lo previsto en el artículo 1.e) del Real Decreto 1667/1986, de 26 de mayo, por el que se regulan los cometidos y atribuciones de los funcionarios en el desempeño de puestos de Controladores laborales, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. La resolución del Director provincial de la Tesorería General, Subdirector provincial de la misma o Director de la Administración por la que se declara incobrable un crédito motivará su baja provisional en cuentas y será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma, haciendo constar el nombre del deudor, el importe del débito y el período a que se refiere.
Si, por cualquier causa, se comprobasen adquisiciones de bienes o de nuevas titularidades jurídicas por los responsables del pago cuyos débitos fueron declarados incobrables, para la rehabilitación de los créditos incobrados a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 171.6 del Reglamento General, se procederá a la reapertura del procedimiento ejecutivo, que se efectuará en base al título ejecutivo anterior y en la fase que proceda conforme al procedimiento establecido para la recaudación ejecutiva de las deudas con la Seguridad Social.
2.ª: Tercerías
1. En caso de reclamación por tercería de mejor derecho, con suspensión del procedimiento de apremio con posterioridad a la realización de los bienes y consignación en depósito del producto obtenido a resultas de la tercería, si ésta fuera desestimada, el depósito se aplicará a la extinción de la deuda, alzándose los embargos que se hubieran practicado.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 130

Artículo 109
 artículo 107
 resolución 
 artículo 14
 artículo 51
 artículo 114
 artículo 3

Artículo 110
 artículo 110
 artículo 108

Artículo 111

Artículo 112
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 131

Artículo 113
 artículo 116
 artículo 120
 artículo 122

Artículo 114
 artículo 27
 artículo 40
 artículo 9
 artículo 133
 artículo 136
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 147

Artículo 118
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 148

Artículo 119
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 162
 artículo 155
 artículo 119
 artículo 151
 artículo 113
 artículo 161
 artículo 165
 artículo 158
 artículo 1
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 171