Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S106-01.html
Timestamp: 2018-02-24 08:03:33+00:00

Document:
Marco Vinicio Almeida Calispa v. Ecuador, Caso 11.450, Informe No. 106/01, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 5 rev. 1 en 446 (2001).
INFORME No 106/01*
1. El 8 de noviembre de 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”), recibió una denuncia sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) por parte de la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”) en perjuicio del señor Marco Vinicio Almeida Calispa, fallecido, representado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU, en adelante “el peticionario”). Alega violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), y 8 (garantías judiciales), todos ellos en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana.
3. El 22 de febrero de 2001, la Comisión declaró admisible esta petición.
5. El 2 de febrero de 1988 durante los interrogatorios policiales realizados en el SIC-P,[1] se produjo la muerte de Marco Almeida por asfixia. El Tnte. Juan Sosa Mosquera y los detectives Víctor y Manuel Soto Betancourt fueron denunciados como responsables de la custodia de Marco Almeida cuando murió. En el Juzgado 1º de lo Penal de Pichincha se inició el proceso penal correspondiente, ordenando el Juez la detención de los agentes; sin embargo, dicha orden no se acató. El 14 de septiembre de 1988 se inició roceso indagatorio en el Juzgado 1º del 1er. Distrito de la Policía, previniendo competencia al Juez de la jurisdicción penal ordinaria por el fuero de los denunciados. Posteriormente, el caso pasó a la Corte Suprema donde estuvo paralizado 2 años y no es sino hasta el 10 de febrero de 1992 que la Corte resolvió la competencia a favor del Juez 1º del 1er. Distrito de Policía. En el juicio indagatorio, en agosto de 1993, se emitió dictamen fiscal acusatorio y se dispuso el auto motivado en contra de los agentes de policía Víctor Abraham Soto Betancourt y Manuel Benigno Soto Betancourt. Sin embargo, a 1994, luego de 6 años de haberse iniciado el proceso, no se había dictado sentencia.
6. El 8 de noviembre de 1995 se presenta la denuncia del presente caso a la Comisión. El 27 de marzo de 1996 se envía al Gobierno ecuatoriano el contenido de la denuncia sobre los hechos ocurridos a Marco Vinicio Almeida. Nuevamente, el 10 de julio de 1996 se le reitera al Gobierno proveer información en un plazo de 30 días sobre los hechos mencionados en la denuncia. El 3 de agosto de 1995, el Estado respondió que no contaba con los elementos necesarios para emitir una respuesta en el presente caso. La CIDH reiteró el pedido de información al Estado el 11 de agosto de 1995. El 18 de septiembre de 1995, el Estado proporcionó su primera respuesta. El trámite continuó con el traslado de la información y observaciones entre las partes.
7. El 5 de mayo de 1999 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa. El 11 de mayo de 1999 el peticionario aceptó la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa, el cual fue firmado el 15 de agosto de 2001, contando con la presencia de la doctora Marta Altolaguirre, miembro de la CIDH y Relatora para Ecuador, quien había viajado a Quito para facilitar el acuerdo. Las partes pidieron a la Comisión ratificar el presente acuerdo de solución amistosa en todas sus partes y supervisar su cumplimiento.
El Estado Ecuatoriano en estricto cumplimiento de sus obligaciones adquiridas con la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de otros instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, y consciente de que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, constituyendo la indemnización pecuniaria y la sanción penal de los responsables la forma más justa y equitativa de hacerlo, en tal virtud la Procuraduría General del Estado conjuntamente con los señores Sonia del Rosario Arauz Olmedo y Jaime Andrés Almeida Arauz, viuda e hijo del señor Marco Vinicio Almeida Calispa (fallecido), han resuelto llegar a una solución amistosa de conformidad con lo establecido en los artículos 48.1 lit (f), 49, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
b) Por otra parte comparece el señor Segundo José Arauz Maldonado, con cédula de ciudadanía número 170034937-4, padre y abuelo de los señores Sonia del Rosario Arauz Olmedo y Jaime Andrés Almeida Arauz, respectivamente, y suegro del señor Marco Vinicio Almeida Calispa, fallecido, según se desprende.
El Estado Ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por haber conculcado los derechos humanos del señor Marco Vinicio Almeida Calipsa, reconocidos en los Artículos 4 (Derecho a la Vida), Artículo 8 (Garantías Judiciales), Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) Artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal) y Artículo 25 (Protección Judicial), en relación con la obligación general contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, siendo dichas violaciones cometidas por agentes del Estado, hecho que no ha podido ser desvirtuado por el Estado y ha generado la responsabilidad de éste frente a la sociedad.
Con estos antecedentes el Estado Ecuatoriano se allana a los hechos constitutivos del Caso No. 11.450, que se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se obliga a asumir las medidas reparadoras necesarias a fin de resarcir los perjuicios ocasionados a las víctimas de tales violaciones o en su defecto a sus causahabientes.
Con estos antecedentes, el Estado Ecuatoriano, por intermedio del Procurador General del Estado, éste como único representante judicial del Estado Ecuatoriano de acuerdo con el Art. 215 de la Constitución Política de la República del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No. 1, vigente desde el 11 de Agosto de 1998, entrega al señor Segundo José Arauz Maldonado, con cédula de ciudadanía número 170034937-4, suegro del señor Marco Vinicio Almeida Calispa, fallecido, en representación de los señores Sonia del Rosario Arauz Olmedo y Jaime Andrés Almeida Arauz, viuda e hijo del señor Marco Vinicio Almeida Calispa, fallecido, una indemnización compensatoria por una sola vez, de treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 30,000.00), con cargo al Presupuesto General del Estado.
Esta indemnización involucra el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral irrogados, sufridos por el señor Marco Vinicio Almeida Calispa, así como cualquier otro reclamo que pudieren tener los señores Segundo José Arauz Maldonado, Sonia del Rosario Arauz Olmedo y Jaime Andrés Almeida Arauz, suegro, viuda e hijo del señor Marco Vinicio Almeida Calispa, (fallecido) o sus familiares, por el concepto mencionado en este acuerdo, observando la normativa legal interna e internacional, con cargo al Presupuesto General del Estado. a cuyo efecto la Procuraduría General del Estado notificará al Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumplimiento a esta obligación.
La indemnización compensatoria que concede el Estado Ecuatoriano al señor Marco Vinicio Almeida Calispa, se encuentra prevista en los artículos 22 y 24 de la Constitución Política de la República del Ecuador, por violación a normas constitucionales, y demás normas del ordenamiento jurídico nacional, así como las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Los señores Segundo José Arauz Maldonado, Sonia del Rosario Arauz Olmedo y Jaime Andrés Almeida Arauz, suegro, viuda e hijo del señor Marco Vinicio Almeida Calispa, (fallecido), autorizan expresamente al Procurador General del Estado, para que éste ponga en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presente arreglo amistoso, con el objeto de que este organismo lo homologue y ratifique en todas sus partes.
Las partes, que intervienen en la suscripción de este acuerdo, expresan libre y voluntariamente su conformidad y aceptación con el contenido de las cláusulas precedentes, dejando constancia que de esta manera ponen término a la controversia sobre la responsabilidad internacional del Estado, sobre los derechos que afectaron al señor Marco Vinicio Almeida Calispa, que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[1] SIC-P, Servicio de Investigación Criminal de Pichincha.

References: artículo 1
 Artículo 8
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 25
 artículo 1