Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/3912
Timestamp: 2020-07-02 06:19:18+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 170/1999
SENTENCIA 170/1999, de 27 de septiembre
ECLI:ES:TC:1999:170
En el recurso de amparo núm. 3.748/96, promovido por don Gregorio Villalabeitia Galárraga, representado por el Procurador de los Tribunales don Francisco José Abajo Abril y defendido por el Letrado don Francisco Carrión Navarro, contra los Autos del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid, dictados el 21 de febrero de 1995 y el 25 de abril de 1995 en el procedimiento núm. 643/93 del expresado Juzgado, y contra los Autos dictados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 16 de abril de 1996 y el 11 de septiembre de 1996 en el recurso núm. 3.959/95. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la empresa Banco Cooperativo Español, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Hijosa Martínez y defendida por el Letrado don Moisés Menéndez Andrés. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 18 de octubre de 1996, el Procurador de los Tribunales don Francisco José Abajo Abril interpuso, en nombre y representación de don Gregorio Villalabeitia Galárraga, recurso de amparo contra el Auto del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid, de 25 de abril de 1995, que confirmó el Auto de 21 de febrero de 1995, el cual había declarado no haber lugar a la petición de ejecución de Sentencia instada por el ahora recurrente en el procedimiento núm. 643/93, y contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de septiembre de 1996, que desestimó el recurso de súplica formulado contra el Auto de la misma Sala, de 16 de abril de 1996, el cual había declarado la inadmisibilidad del recurso de suplicación interpuesto contra el ya citado Auto de 25 de abril de 1995 del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid.
a) El recurrente en amparo firmó el día 17 de enero de 1990 con el Banco Cooperativo Español un contrato laboral especial de alta dirección al amparo del Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, con una duración de tres años, cuyo cómputo había de comenzar el 1 de febrero de 1990.
La cláusula quinta del contrato establecía lo siguiente: "El Sr. Villalabeitia Galárraga tendrá derecho y la Sociedad se obliga a darle un crédito de hasta 70 millones de pesetas para la compra de vivienda, a veinte años de amortización, con el 4% de interés. Si este contrato se rescindiese antes de su vencimiento o llegado el mismo no se prorrogase, el crédito continuará en vigor hasta su vencimiento en las condiciones pactadas inicialmente, o alternativamente será cancelado compensándose, en este caso, al Sr. Villalabeitia Galárraga con el diferencial entre el tipo del 4% y la media del preferencial a largo plazo publicado por los 7 grandes bancos en el momento de la rescisión o prórroga, actualizado a una tasa del 10% y aplicado sobre los importes pendientes a lo largo de la vida del crédito". Se establecía a continuación en la misma cláusula que "en caso de que el contrato se rescinda sin que haya tenido lugar la constitución del nuevo Banco, se compensará igualmente al Sr. Villalabeitia por el concepto mencionado en el párrafo anterior, aun en el caso de que dicho crédito de compra de vivienda no se hubiese formalizado; la cifra del crédito, en este supuesto, se fija en setenta millones de pesetas". En virtud de este pacto, el recurrente suscribió un préstamo hipotecario con la Caja Rural de Navarra el día 28 de diciembre de 1990, cuyos intereses fueron abonados por la empresa en los términos acordados.
b) Tras una prórroga del contrato, éste quedó resuelto en mayo de 1993, momento en el cual la entidad bancaria dejó de abonar las referidas cantidades. Tras la negativa de la empresa a seguir pagándolas, el Sr. Villalabeitia inició un procedimiento judicial reclamando el cumplimiento de la cláusula quinta del contrato según los términos de la misma.
c) La demanda fue desestimada por la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid, de 29 de noviembre de 1993, por considerar que no se daban las condiciones establecidas en el contrato para el mantenimiento de la obligación de pago por parte del Banco. El demandante interpuso recurso de suplicación el día 3 de diciembre de 1993. Asimismo procedió el día 31 del mismo mes a la cancelación del crédito hipotecario debido, según alega, a las dificultades para hacer frente al pago de los elevados intereses, que ya no eran abonados por el Banco desde la extinción del contrato. Tal como se desprende de las actuaciones judiciales, el recurrente no dejó constancia de este extremo ni desistió de su pretensión de que se cumpliese la cláusula contractual a través de la primera de las opciones contenidas en ella, las cuales se habían mantenido en el suplico de la demanda.
La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 de septiembre de 1994, estimó el recurso de suplicación y revocó la Sentencia de instancia. Dicha Sentencia, aclarada por Auto de 30 de noviembre de 1994, reconoció el derecho del actor al cumplimiento de la cláusula contractual en los términos solicitados, condenando a la empresa a dar cumplimiento, respetar y ejecutar la citada cláusula en alguna de las formas en aquélla previstas, y que a continuación se expresan: bien "continuar el pago del crédito existente en vigor hasta su vencimiento en las condiciones pactadas", bien cancelarlo, compensándose en este caso al Sr. Villalabeitia con el diferencial "entre el tipo del 4% y la media del preferencial a largo plazo publicado por los 7 grandes Bancos en el momento de la finalización del contrato, actualizado a una tasa del 10% y aplicado sobre los importes pendientes a lo largo de la vida del crédito", añadiéndose que la compensación, en la fecha de 31 de mayo de 1993, al resolverse la relación laboral, se cifraba en la suma de "veintiocho millones ochocientas mil cuatrocientas veintitrés pesetas".
d) El 13 de febrero de 1995, el Sr. Villalabeitia instó la ejecución de la Sentencia mediante escrito en el cual solicitaba el embargo de bienes de la empresa en cuantía suficiente para cubrir el importe principal arriba señalado más otros cinco millones en concepto de intereses y costas. Asimismo, mediante un nuevo escrito dirigido al Juzgado con fecha 20 de febrero, el hoy recurrente comunicó haber recibido una carta fechada el día 15, en la que la empresa le participaba que se acogía a la primera de las opciones contenidas en el fallo de la Sentencia a ejecutar, es decir, continuar el crédito en vigor hasta su vencimiento en las condiciones pactadas. El ejecutante manifestó al órgano judicial la imposibilidad de tal opción, puesto que había procedido a la cancelación del crédito con fecha 31 de diciembre de 1993 ante la imposibilidad de hacer frente a los intereses, que ya no abonaba la empresa.
Contra este Auto interpuso el Sr. Villalabeitia recurso de reposición reiterando que, ante la actitud pasiva de la empresa en el cumplimiento de la Sentencia, había solicitado la ejecución de aquélla en la forma más sencilla para dar por finalizada la controversia, y que a su entender el Juzgado, para dar una solución al problema, debía haber citado a las partes a comparecencia, según las previsiones del art. 235 de la Ley de Procedimiento Laboral (en adelante, L.P.L.).
e) El Sr. Villalabeitia presentó recurso de suplicación, que fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, de 16 de abril de 1996, por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 189.2 L.P.L. para acceder a dicho recurso frente a Autos dictados en ejecución. Asimismo, la Sala entendió que la resolución que se intentaba impugnar no debía dirimir si el título ejecutivo fue o no respetado, sino si la ejecución debió llevarse a cabo de una forma u otra de las contenidas en el fallo de la sentencia, materia que, según se afirma en la resolución, excedía del recurso de suplicación, ya que una cuestión era que la forma elegida para la ejecución por la parte condenada hubiera quedado desvirtuada y otra distinta la de decidir si procedía elegir entre una u otra de las condenas alternativas.
3. El Sr. Villalabeitia recurre en amparo contra las resoluciones judiciales recaídas en ejecución y que considera lesivas de su derecho a la tutela judicial efectiva por dos motivos.
4. Por providencia de la Sección Segunda, de 21 de abril de 1997, se acordó, con carácter previo a decidir sobre la admisión del recurso de amparo, requerir al Juzgado de lo Social la remisión del testimonio de las actuaciones correspondientes.
5. Por providencia de la Sección Segunda, de 24 de septiembre de 1997, se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como requerir del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia las actuaciones correspondientes, junto con el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del recurrente, para que pudieran comparecer en el proceso constitucional, conforme a lo previsto en el art. 51 LOTC.
6. Por providencia de la Sección Primera, de 24 de noviembre de 1997, se tuvieron por remitidos los testimonios y por personada a la Procuradora de los Tribunales Sra. Hijosa Martínez, en nombre y representación del Banco Cooperativo Español, S.A.. Asimismo, se acordó dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días a todas las partes personadas y al Ministerio Fiscal para presentar las alegaciones que convinieran a su derecho.
7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de diciembre de 1997, el Procurador de los Tribunales don Francisco José Abajo Abril presentó alegaciones en nombre y representación del recurrente don Gregorio Villalabeitia Galárraga.
8. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 26 de diciembre de 1997, la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Hijosa Martínez presentó alegaciones en nombre y representación del Banco Cooperativo Español, S.A.
Tras exponer sus discrepancias con el relato de hechos realizado por el recurrente en amparo, la representación de la entidad bancaria interesa la desestimación del recurso por no considerar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de aquél. Así, alega que la Sentencia quedó ejecutada, con independencia de que la propia y previa conducta del recurrente limitase la efectividad de la opción efectuada por ella, y añade que de la demanda de amparo se deduce que, bajo la invocación del art. 24.1 C.E., el Sr. Villalabeitia no pretende sino conseguir a través de esta vía lo que no pudo lograr ante los Tribunales ordinarios, olvidando que la situación que él considera causante de indefensión sólo ha venido motivada por su decisión de cancelar el préstamo hipotecario, colocándose en una situación que dificultaba el cumplimiento del contrato en otros términos que no fueran los que él mismo decidió de manera unilateral, pretendiendo imponérselos a la empresa, sin que resulte posible apreciar ninguna lesión del derecho a la ejecución de las Sentencias por una razón únicamente imputable al recurrente, afirmación en apoyo de la cual la entidad bancaria cita jurisprudencia de este Tribunal.
9. Por escrito registrado el día 26 de diciembre de 1997, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó alegaciones interesando la estimación parcial del recurso de amparo con base en las consideraciones que a continuación se exponen.
10. Por providencia de 10 de septiembre de 1999 se acordó señalar el día 14 del mismo mes y año para la deliberación y votación de la presente Sentencia, día en el que se inició el trámite que ha finalizado hoy.
1. La cuestión sometida a este Tribunal consiste en determinar si las resoluciones judiciales impugnadas en amparo han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), considerado éste en dos de sus manifestaciones.
El recurrente invoca, en primer término, el derecho a la ejecución de las resoluciones firmes, cuya lesión reprocha a los Autos del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid (el de 21 de febrero de 1995 y el de 25 de abril de 1995, que confirmó el primero, desestimando el recurso de reposición interpuesto contra el mismo), los cuales consideraron debidamente ejecutada la Sentencia declarativa de su derecho al cumplimiento de una cláusula contractual que obligaba a la empresa a continuar abonando, tras la resolución del contrato, el crédito concedido para la adquisición de vivienda o bien a compensar al actor con una cantidad calculada en los términos pactados. Como ya se ha relatado en los antecedentes, la condenada optó, tras ser instada la ejecución de la Sentencia, por la primera de las obligaciones, cuya satisfacción resultaba imposible porque el recurrente había procedido a cancelar el crédito meses antes al no serle posible, según alega, el seguir abonando los intereses. El Sr. Villalabeitia entiende que, ante tal circunstancia, el órgano judicial debió haber ordenado la ejecución de la compensación económica como obligación alternativa contenida en la cláusula contractual y que, al no haberlo hecho así, la decisión de considerar ejecutada la Sentencia vulnera el art. 24.1 C.E. puesto que la empresa no ha satisfecho finalmente en ninguna de las formas posibles el crédito declarado por aquélla.
2. Siguiendo un orden lógico en la tarea de abordar las dos cuestiones planteadas, corresponde hacerlo en primer término con la relativa al derecho de acceso a los recursos, en la medida en que una eventual estimación del amparo en este punto conllevaría la retroacción del procedimiento al momento en el que el Tribunal Superior de Justicia pudiera pronunciarse sobre la inejecución alegada por el recurrente. Sin embargo, es claro que aquel derecho no ha sido vulnerado con la inadmisión del recurso de suplicación, según se razona a continuación.
3. Entrando ya en lo que constituye el núcleo de la pretensión de amparo, la premisa de partida, desde la perspectiva constitucional, debe ser la consolidada doctrina de este Tribunal desde su STC 32/1982 (fundamento jurídico2º), conforme a la cual el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, en cuanto parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, constituye la garantía de que el fallo se cumpla, impidiendo que las Sentencias y los derechos en ellas reconocidos se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. De ella deriva la exigencia constitucional de que el órgano judicial adopte las medidas que sean precisas para reaccionar frente a comportamientos impeditivos, dilatorios o fraudulentos en orden al cumplimiento de lo judicialmente decidido (por todas, SSTC 125/1987, 167/1987).
4. Centrado así el objeto del recurso, se adelanta ya que la decisión del Juzgado de lo Social, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, resulta lesiva del derecho invocado en atención a los razonamientos que a continuación se exponen.
A la constatación de los hechos se añaden las circunstancias derivadas de la actuación de las partes que, en definitiva, es la que se ha considerado relevante por los órganos judiciales a la hora de considerar ejecutada la Sentencia. Así, es cierto que el recurrente había cancelado el préstamo incluso con anterioridad al momento en que aquélla se dictó y que no había comunicado tal extremo al Tribunal Superior, pero, con independencia de lo que a continuación se dirá sobre esta cuestión, no es menos cierto que la empresa no procedió a un cumplimiento voluntario de la resolución judicial, sino que aquél tuvo que ser instado por el recurrente más de cinco meses después. Inmediatamente después de la petición de ejecución, la condenada ejercitó su opción por la continuación del pago del préstamo, siendo entonces cuando el Sr. Villalabeitia hubo de comunicar al Juzgado, también de forma inmediata, que aquélla resultaba imposible porque el préstamo había sido cancelado hacía algo más de dos años, solicitando entonces que la Sentencia fuera ejecutada mediante la correspondiente compensación económica, dados los términos del fallo. Así pues, concurrían una serie de elementos de obligada consideración por parte del órgano judicial puesto que, ante la alegación del demandante, se hacía necesario despejar tanto la relevancia que la resolución del préstamo tenía en el cumplimiento de la Sentencia y en la procedencia de la solicitada compensación económica, como los verdaderos motivos para que la condenada optase, tiempo después de dictada aquélla y sólo tras instarse su ejecución, por una fórmula que a todas luces dejaba insatisfecho el crédito del recurrente.
5. En definitiva, desde la perspectiva constitucional, cabe reprochar a las resoluciones judiciales impugnadas en amparo la pasividad ante las circunstancias relatadas, dando por buena una opción empresarial imposible de cumplir e impidiendo acreditar las razones de las actitudes de ambas partes respecto de la forma en que era o no posible dar definitiva satisfacción al derecho reconocido. Ello ha supuesto en la práctica reducir el fallo favorable a una mera declaración formal, carente de toda efectividad, puesto que no sólo no se ha cumplido materialmente la cláusula del contrato sino que tampoco se ha procedido a valorar la viabilidad de un cumplimiento sustitutorio de la condena para el caso de que aquélla fuera imposible en los términos elegidos por la ejecutada, de donde, según la doctrina constitucional reseñada anteriormente, se deriva la vulneración del art. 24.1 C.E. que el recurrente ha denunciado en amparo.
Estimar el recurso de amparo presentado por don Gregorio Villalabeitia Galárraga y, en consecuencia:
2º Restablecerle en su derecho, anulando los Autos del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid, de 21 de febrero y 25 de abril de 1995, así como los Autos de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, de 16 de abril y 11 de septiembre de 1996, y retrotrayendo las actuaciones al momento procesal adecuado para que el órgano judicial dicte la resolución que proceda en Derecho sobre la ejecución solicitada, sin vulneración del derecho del art. 24.1 C.E., conforme a las razones expuestas en esta Sentencia.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 3748-1996
Promovido por don Gregorio Villalabeitia Galárraga frente a los Autos dictados por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por el Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid, que denegaron la ejecución forzosa de la Sentencia en autos de cumplimiento de contrato de alta dirección.
Vulneración del derecho a la ejecución de las sentencias: cumplimiento de una cláusula contractual que pacta obligaciones alternativas.
Pese a que la Sentencia que había de ejecutarse declaró indubitadamente el derecho del recurrente a que la empresa cumpliese la cláusula contractual discutida, la realidad es que aquél no ha visto satisfecho su crédito en ninguna de las dos formas previstas por el pacto: la continuación en el pago del préstamo, por haber perdido su objeto tras ser cancelado, y la compensación económica, porque no fue la opción elegida por la demandada para cumplir la Sentencia. En consecuencia, la afirmación del órgano judicial de que aquélla se encontraba ejecutada tiene un alcance meramente formal, puesto que la empresa no ha realizado ninguna prestación económica que pudiera considerarse equivalente a la observación del contrato en los términos acordados en su día. Y si tal actitud fue, precisamente, el motivo del litigio, es claro que el recurrente se encuentra en la misma situación que en la que se hallaba antes de iniciarlo, pese a contar con un título ejecutivo que declara su derecho al cumplimiento del pacto [FJ 4].
Queda fuera de nuestra competencia decidir los términos en los que el fallo pueda o deba ser cumplido [FJ 5].
El Juzgado no citó a comparecencia ni practicó ninguna diligencia en orden a clarificar la situación, lo que produjo indefensión a la parte recurrente, al no habérsele dado ocasión de alegar cuanto conviniese a sus intereses y derechos, máxime estando en juego la efectividad del derecho a la ejecución de la Sentencia (SSTC 61/1992 y 188/1993) [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes (SSTC 32/1982, 167/1987 y 18/1997) [FJ 3].
La inadmisión del recurso de suplicación interpuesto contra un Auto recaído en ejecución de Sentencia constituye una cuestión de legalidad ordinaria que ha sido apreciada de un modo que, desde la perspectiva constitucional, no cabe calificar de arbitrario o inmotivado [FJ 2].
Artículo 189.2, ff. 1, 2
Derecho al secreto de las comunicacionesDerecho al secreto de las comunicaciones, Respetado, f. 2
Obligaciones alternativasObligaciones alternativas, f. 4
Condena a cumplir un contrato con obligaciones alternativasCondena a cumplir un contrato con obligaciones alternativas, f. 4
Inadmisión de recurso de suplicación interpuesto contra un Auto en ejecución de sentenciaInadmisión de recurso de suplicación interpuesto contra un Auto en ejecución de sentencia, f. 2

References: Real Decreto 
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Artículo 189