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Timestamp: 2017-06-27 05:30:10+00:00

Document:
Competencia Judicial – CBSSP
por Jorge Aguirre Montenegro Competencia Judicial – CBSSP
Juriprudencia Laboral de Casación Publicada en el Peruano
COMPETENCIA JUDICIAL: ZONA GRIS DE INTERPRETACIÓN: PENSIONES DE LA CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR: FIJAN CRITERIO VINCULANTE PARA QUE SU CONOCIMIENTO SEA DEL JUEZ EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (PROSPECTIVE OVERRULING)
“Noveno.- Que, esta Sala Suprema fija el criterio vinculante para aquellas demandas que contengan pretensiones previsionales contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador que se presenten a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución Judicial (prospective overruling), fijando la competencia a favor del Juez Contencioso Administrativo o de quien haga sus veces, dentro del procedimiento contencioso administrativo regulado por la Ley número 27584, en atención a las consideraciones que se detallan a continuación;”
CAS. N° 3075-2007
DEL SANTA.
(El Peruano: 04-09-2008)
Lima, veinticuatro de abril de dos mil ocho.-
VISTOS; con el acompañado y,
Primero.- Que, el Recurso de Casación cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 87 de la Ley número 26636;
Segundo.- Que, a efectos de calificar el Recurso resulta pertinente examinar de oficio la validez de la relación procesal, respecto de la procedibilidad de las pretensiones previsionales contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en la vía del proceso laboral regulado por la Ley número 26636 y ante el Juez Laboral;
Tercero.- Que, esta Suprema Sala considera necesario unificar el criterio respecto al examen de las referidas pretensiones, privilegiando los Principios de Economía Procesal y Tutela Jurisdiccional, de manera tal que se considere la situación especial de los procesos judiciales en trámite y se oriente a los justiciables y a los órganos Jurisdiccionales con un precedente vinculante aplicable a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución Judicial conforme al criterio de prospective overruling desarrollado por el Tribunal Constitucional y que forma parte de las fuentes que desarrollan la Jurisprudencia de nuestro Ordenamiento Jurídico;
Cuarto.- Que, precisamente el Tribunal Constitucional emitió Sentencia en el Expediente número siete mil veintidós-dos mil seis-PA/TC publicada el treinta y uno de julio de dos mil siete, en cuyo fundamento número dieciocho se estableció que la nulidad de oficio basada en razones de competencia por la materia “no supera un examen de proporcionalidad en sentido estricto si se tiene en cuenta que, dadas las características de la controversia, ninguna de las partes había cuestionado la competencia de los jueces por razón de la materia”;
Quinto.- Que, no obstante, el argumento del Tribunal Constitucional no podría ser entendido como la creación jurisdiccional de una prórroga de la competencia por la materia o por la función, pues razonablemente no debe derivarse de tal Sentencia Constitucional que ante el silencio de las partes un Juez Civil pueda conocer materia penal, que un Juez de Familia pueda tramitar un contencioso administrativo o que una Sala Superior pueda tramitar en primera instancia un proceso que está predeterminado funcionalmente para ser conocido por un Juez, con el perjuicio para el acceso a los medios impugnatorios que este último caso implica;
Sexto.- Que, sin embargo, sí se puede derivar razonablemente de dicho criterio del Tribunal Constitucional que se está construyendo jurisprudencialmente la figura de competencia facultativa por la materia, respecto de temas jurídicos que figuran en una zona gris como consecuencia de la complejidad de la controversia y siempre que las opciones que se brindan al actor gocen de idénticas garantías para las partes lo cual se verifica revisando la vía procedimental en las que cada Juez actúa;
Sétimo.- Que, tal es el caso de las pretensiones previsionales contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, en el que un tema típicamente previsional es encargado a un ente privado, de manera que las interpretaciones giran en torno a encargar la competencia para conocer dichas pretensiones al Juez Laboral o al Juez Contencioso Administrativo;
Octavo.- Que, esta Suprema Sala considera que los procesos en trámite a la fecha de la publicación de la presente Resolución se encuentran en la referida zona gris de interpretación, por lo que deben continuar dicha tramitación hasta la expedición de la resolución final que dilucida la controversia, en la vía procedimental en la que se hubieran iniciado;
Noveno.- Que, esta Sala Suprema fija el criterio vinculante para aquellas demandas que contengan pretensiones previsionales contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador que se presenten a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución Judicial (prospective overruling), fijando la competencia a favor del Juez Contencioso Administrativo o de quien haga sus veces, dentro del procedimiento contencioso administrativo regulado por la Ley número 27584, en atención a las consideraciones que se detallan a continuación;
Décimo.- Que, los artículos 10 y 11 de la Constitución Política del Estado establecen que éste reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, garantizando el libre acceso a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas y supervisando su eficaz funcionamiento, ratificando la naturaleza de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, creada por Decreto Supremo número 01 del veintidós de enero de mil novecientos sesenta y cinco en concordancia con el artículo 2 de su Estatuto aprobado por Acuerdo número 012-002-2004-CEMR-CBSSP que establece que se trata de una institución de derecho privado con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene como finalidad brindar el servicio de administrar eficientemente los recursos provenientes de los aportes al Fondo de Pensiones de los trabajadores pescadores activos y pensionistas y otorgar las pensiones correspondientes;
Undécimo.- Que, sin embargo, a pesar del énfasis constitucional sobre la naturaleza del servicio público previsional que tiene a su cargo la demandada, no ha existido hasta la dación de la Ley número 27444 un procedimiento adecuado a dicha naturaleza para el caso de las entidades de derecho privado, ni tampoco una norma que expresamente las denominase como Administración y que por ende reconociera la posibilidad de encargarles un servicio público, lo cual restaba eficacia a la tutela constitucional del derecho previsional;
Duodécimo.- Que, dichos vacíos han sido cubiertos por el artículo 1 inciso 8 del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27444, vigente a partir de octubre de dos mil uno, que establece su aplicabilidad para todas las entidades de la Administración Pública, entendiéndose por tales también a las personas jurídicas bajo el régimen privado, que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia, es así que la Doctrina ha sostenido que “la definición (…) es funcional; sea quien sea que ejerza la función administrativa se rige por sus normas (…) en esta misma orientación se ubica la Ley del Perú” (Brewer- Carías, Allan R. Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina, Bogotá: Legis, 2003, página 12);
Décimo Tercero.- Que, “la función administrativa no es privativa de los estamentos estatales sino que concurren en su ejercicio también entidades privadas” (Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica, 2005 página 54), como efectivamente ocurre con la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, no obstante resta aún determinar cuál es la vía procesal para controlar judicialmente a esta entidad de la Administración, para lo cual es pertinente el artículo 1 de la ley número 27584 que establece que la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados;
Décimo Cuarto.- Que, por tal razón, dado el interés de los administrados en la prestación previsional, que es un servicio público de acuerdo con nuestro marco constitucional y atendiendo a la calidad de Administración que tiene la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en virtud de la Ley número 27444, la vía procesal predeterminada por Ley es la del Proceso Contencioso Administrativo, en coincidencia con la opinión según la cual “al incluirse las actividades del servicio público dentro de la función administrativa se dilucidará procesalmente las cuestiones a tramitar en la vía contencioso administrativa” (Herrera Guerra, Carlos. El Derecho Administrativo, Lima. Instituto Peruano de Estudios sobre Administración Pública y el Estado, año 2005, página 74);
Décimo Quinto.- Que, en tal virtud es necesario que esta Suprema Sala integre el sistema legal, fijando una interpretación vinculante sobre la materia, a fin de evitar vacíos en la regulación legal que perjudiquen el interés público, en coincidencia con el criterio del Tribunal Constitucional esbozado en la Sentencia emitida en el Expediente número tres mil seiscientos diecinueve-dos mil cinco-HD/TC, en la cual para fines
de satisfacer el derecho a la información considera a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador como una entidad pública, dado que administra intereses referidos a derechos fundamentales;
Décimo Sexto.- Que, la presente Resolución resulta vinculante para todos los procesos que se inicien a partir de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, sin generar nulidades respecto de los procesos en trámite a dicha fecha atendiendo a la preexistencia de vacíos legales y a la necesidad de la declaración jurisprudencial expresa que viene a integrar el Principio de Legalidad que rige la competencia jurisdiccional;
Décimo Sétimo.- Que, los criterios expuestos en la presente Resolución respecto de los procesos iniciados antes y después de la publicación de la misma, implican que hasta dicha publicación es procedente la acumulación de pretensiones laborales y provisionales contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, la misma que resulta improcedente luego de la publicación, sin embargo, como desarrollo del Principio de Favorecimiento del Proceso los Jueces no deberán rechazar in limine la demanda sino declararla inadmisible a fin de permitir al demandante adecuarla a los criterios aquí expuestos, sin perjuicio de los demás extremos que implica la calificación de demanda;
Décimo Octavo.- Que, a efectos de la calificación del Recurso de Casación en el presente caso, se aprecia que la parte recurrente propone como causal la interpretación errónea del artículo 13 de la Resolución Suprema número 423-72-TR y del Acuerdo de Directorio número 024-95-D; sin embargo, la Sala Superior ha interpretado dichas normas en el mismo sentido que plantea la parte recurrente, es decir que el derecho al pago efectivo de la pensión se genera al momento del cese, más aún es un hecho determinado en autos que tal cese no se ha producido, lo cual no es revisable en sede casatoria, apartándose el Recurso de los requisitos de fondo señalados en el artículo 58 de la Ley número 26636; por estas consideraciones
declararon: IMPROCEDENTE el Recurso de Casación interpuesto a fojas ciento noventa y uno, por Guillermo Gamboa Obeso, contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, de fojas ciento setenta y cinco; y declararon de oficio que no existe contravención al debido proceso por la competencia y la vía procedimental en el presente proceso y FIJARON como criterios vinculantes los expuestos en los considerandos NOVENO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SETIMO de la presente a Ley; en los seguidos contra Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; interviniendo como Vocal Ponente el señor Acevedo Mena; y los devolvieron.-
SS. ALMENARA BRYSON, VILLACORTA RAMIREZ, ACEVEDO MENA, HUAMANI LLAMAS,
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References: Resolución 
 artículo 87
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 148
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 58
 Resolución