Source: https://stripteasedelpoder.com/2018/05/el-megatarifazo-del-gas-para-pagar-la-deuda-es-la-125-de-macri-y-la-ley-del-congreso-es-solo-un-analgesico-complice/
Timestamp: 2019-12-08 00:37:55+00:00

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La resolución 125 de las retenciones móviles y el megatarifazo del gas tienen en común, además de la desmesura que los hace insoportables, la insinceridad de sus fines. Ya que con ellos se permitió una primera gran ganancia a las empresas privadas, con vistas a contar después con recursos para atender las obligaciones cada vez mayores de la deuda externa. Por eso el actual Gobierno insiste obtusamente con el megatarifazo, que implica aumentos de hasta 75 veces en algunas categorías. Siendo un componente esencial en su plan de gobernar con deuda externa -que actualmente ha hecho crisis- y desendeudarse con las exportaciones de gas de Vaca Muerta. Con la intención subrepticia de que las inversiones y costos de explotación de esta, la costeen los consumidores argentinos, ante la negativa de las mega compañías de hundir grandes inversiones allí, en un marco de incertezas políticas y de mercado. El Congreso, lejos de estar a la altura de la situación y sus implicancias, está por sancionar un proyecto de ley que solo suspende el megatarifazo momentáneamente. Por lo que cabe el interrogante cuando comenzara la rebelión civil del no pago de las facturas, por parte de los consumidores.
Por Javier Llorens – 20/5/2018
La resolución 125 creando las retenciones móviles, emitida por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, abrió en el 2008 un durísimo conflicto con el campo, que llegó hasta la rebelión civil. Oportunidad en la que el por entonces novel gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sucedió a su esposo y acababa de ganar la elección presidencial pocos meses atrás, a fines de 2007 sin balotaje, se creyó en la obligación de hacer un gesto de autoridad, e imponer a toda costa las mismas.
Sin percatarse que en realidad, después de varios años exitosos, estaba poseído de la hibris de la exageración del poder, que según los griegos castiga la diosa Némesis. Algo parecido a lo que sucede con el actual Gobierno del presidente Mauricio Macri, quien tras ganar las elecciones del 2015 con un ajustado balotaje, pretendió a principios del 2016 descargar sobre la sociedad una primera versión del megatarifazo del gas, con aumentos de hasta 32 veces para ciertas categorías de usuarios residenciales. Recibiendo a cambio una dura derrota, tras el rechazo del mismo por parte de la Corte Suprema.
No obstante a continuación, bajo la apariencia de una gradualidad parecida a la forma que se cocinan las ranas vivas, comenzando con agua tibia, aprovechó la oportunidad para acentuarlo en un 50 % más en promedio, con aumentos de hasta 75 veces para algunas categorías de usuarios residenciales, como se verá seguidamente, solo que diferidas en el tiempo. Y luego ante el desafío las elecciones legislativas del 2017, lo atenuó momentáneamente, dividiendo las facturas en dos pagos.
Pero seguidamente, tras imponerse en esas elecciones en forma algo fraudulenta, mediante derramar una enormidad de dinero en la clase baja con los préstamos Argenta de la ANSES -con los que de paso obtuvo una breve reducción de la pobreza- la hibris del poder volvió a apoderarse del actual Gobierno.
Ver PROpulismo: El Gobierno lanzó una masiva compra de votos superando los peores tiempos de la oligarquía
Ver Compravotos: Cambiemos tira desde el éter el 10% del circulante monetario sobre el electorado pobre
Ver Las mentiras del INDEC (II): cómo el Gobierno hizo desaparecer 2,7 millones de pobres
Y así se lanzó a una reforma jubilatoria que había negado antes de las elecciones, que incendió a Buenos Aires. Y a profundizar el megatarifazo del gas, con los aumentos que dispuso en abril, para el próximo invierno. En búsqueda de que Némesis le propine un nuevo castigo, por las enormes exageraciones que el mismo contiene, conforme se expone más adelante.
La historia secreta de la resolución 125 y su relación con la deuda externa
Tras la rebelión del campo, protagonizada mediante el corte total de las principales rutas del país, y la concreción de grandes movilizaciones en contra y a favor, el recientemente inaugurado gobierno de Fernández de Kirchner, recibió una contundente derrota en el Congreso, con el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos. Disolviéndose así también la combinación kirchnerista – radical que le había permitido ganar las recientes elecciones presidenciales.
Partidos políticos de muy diverso signo, a toda costa han procurado que no salga a la luz la historia secreta de la 125. Dejando incluso en el camino una comisión investigadora creada por ley del Congreso a esos efectos (nº 26.397) que ni siquiera pudo integrarse para su cometido. Pero no obstante la explicación de esos fragorosos acontecimientos tiene una clave muy sencilla.
Consistente en el pedido efectuado al Gobierno por los grandes exportadores de granos, conforme este lo reconoció después, para que se aumentaran las retenciones agrícolas. Y así poder cumplir con ventas pactadas con anticipación declaradas al fisco, muchas de ellas ficticias, ante el inusitado aumento que tuvieron los granos y especialmente la soja, a fines de 2007 y principios de 2008.
Los grandes exportadores de granos nucleadas en CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) tenían como lobista al senador por Córdoba kirchnerista – delasotista, Roberto Urquía. Quién a su vez es uno de los dueños de AGD (Aceitera General Deheza) y socio de Bunge, ex Bunge y Born.
Y de esa manera durante la corta vigencia de la 125 hasta junio de ese año, las grandes exportadoras que tenían congeladas sus retenciones con sus Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) compraban la soja con retenciones del 43 %, y le liquidaban al fisco retenciones de entre el 20 al 30 %.
Ver Las verdaderas razones de la resolución 125 – 2008
Hicieron así en pocas semanas, a la par que el conflicto con el campo se exasperaba gravemente, una enorme diferencia estimada en el orden de los dos mil millones de dólares, con la cosecha gruesa del 2008. En base la disparatada fórmula para las retenciones móviles pergeniada por el ministro Lousteau, que llevó el nivel de las retenciones de la soja al 49 %, cuando su precio por tonelada llegó a los 600 dólares.
Pero que teóricamente podía llegar al 68 %, si el precio de la tonelada llegaba a los mil dólares. Y trepar el 92 %, si el precio supuestamente trepaba a los diez mil dólares. Mediante un algoritmo matemático que debería figurar en un cuadro, como ejemplo de la imbecilidad política. Por ello luego Lousteau saco una tablita (Resolución 64/08) limitando la movilidad a un precio de 750 dólares la tonelada, con una retención del 52,7 %.
Tras la notable conmoción social que produjo ese ridículo algoritmo, en otro país su autor no hubiese vuelto a pisar la alfombra de la política. No obstante Losteau hoy es diputado, tras haberse candidateado para jefe de Gobierno de la CABA, y desempeñado luego como embajador en EEUU. Demostrando esto que los grandes medios de comunicación pueden volver inoxidable hasta el mismo herrumbre, si este está al servicio del establishment.
¿Por qué el gobierno de Fernández de Kirchner y su supuesto ministro progresista Losteau, inventor de esas disparatadas retenciones móviles, se prestó a esa maniobra de un claro ribete plutocrático? La explicación también es sencilla, porque en ese año comenzaron a pesar los pagos de la deuda externa, supuestamente arreglada para siempre con el canje del 2005, y el pago al contado al FMI poco después.
El mal arreglo de la deuda con el canje del 2005
Más allá del “relato”, ese arreglo de la deuda gestionado por el ministro de Economía Roberto Lavagna, y su yerno el secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, nada tenía que ver con la propuesta original efectuada en el 2003 en Dubai. En él cual, para evitar los reclamos de la sociedad de investigar el origen de una deuda que no había dejado contrapartida alguna en el país, y por eso era fraudulenta, se simuló una enorme quita.
La que en realidad era compensada con altos intereses, sumados a los cupones ligados al crecimiento del PBI (ULPBI) diseñados por el FMI. Que además tuvieron inicialmente un veloz repago, por el rebote de la economía, tras la caída del PBI durante el final de la convertibilidad y el estallido de esta. Por lo que en realidad no se pagó por un crecimiento genuino, sino solo por una recuperación.
Ver ¡Oh Juremos con deuda morir! – 2004
Ese mal arreglo recibió muchos halagos entonces, pese tener enormes inconsistencias. Motivadas porque esa quita simulada para la tribuna, no fue entendida por una vasto sector de tenedores de bonos en default, pese a que más allá de las apariencias, equivalía a pagar el 100 del capital de a deuda, más un módico interés a nivel del internacional. A lo que se sumó luego la proclama por parte del Gobierno, de la existencia de un virtual repudio de la deuda, para quienes no ingresaron al canje. Originándose así el problema con los fondos buitres, y el bloqueo financiero al que finalmente se vio sometido el país durante una década, hasta no abonarles a estos.
No obstante sus autores Lavagna y Nielsen, con el mismo rango de inoxidables de Lousteau, luego se presentaron en múltiples candidaturas, y hoy aparecen en los medios opinando de la actualidad. Como si no hubiesen sido los responsables de una oportunidad perdida para averiguar la verdad sobre la deuda, y del gravísimo problema de los buitres.
El arreglo que formalizaron, requería además ostensiblemente la necesidad de nuevo financiamiento externo, para poder cumplir con sus pagos. Que al no existir, al continuar el país en default por el problema de los buitres, llevó al Gobierno de entonces a simular colocaciones de deuda con los mega bancos, con el JP Morgan Chase y Deustche a la cabeza, mediante triangular las reservas del Banco Central, con la complicidad de su presidente, Martín Redrado. Para luego hacer colocaciones a través de la Republica Boliviarana de Venezuela, cada vez más costosas, hasta que se hicieron indigeribles.
Redrado también había contribuido en el pago al contado al FMI, con un juego de palabras en la reforma de su carta orgánica, en cuanto lo que se consideraba “reservas de libre disponibilidad”, que podían destinarse para el pago de la deuda a los organismos bilaterales, comenzando por el FMI. Siendo finalmente despedido de su puesto en el 2010, cuando ya desesperado, el anterior gobierno optó por pagar con esas mismas reservas, cualquier deuda externa privada.
Lo cual sumado a una enorme fuga de capitales facilitada por el mismo Redrado, del orden de los 100 mil millones de dólares, llevó finalmente al anterior gobierno a la instauración del corralito cambiario, remedo del corralito bancario del 2001. Y a la firma de contratos como el de Chevron, para lograr de cualquier manera el ingreso de divisas. Abriendo de esta manera la aventura de la explotación de Vaca Muerta, que como se verá, el actual gobierno pretende llevarla al grado de paroxismo, para tratar de enfrentar el problema de la deuda externa.
El gobierno de Fernández de Kirchner, vio así con el pedido de los exportadores de granos y la posterior resolución 125, una oportunidad para meter la mano profundamente en el bolsillo a los productores agrícolas, de muy distinto tamaño. Desde chacareros a supersojeros y pools de siembra, y desde la Federación Agraria hasta la paqueta Sociedad Rural, para obtener dólares para el pago de la deuda. Después que los grandes exportadores le dieran su primer gran tarascón.
Pero luego, tratando de aliviar la medida y dorar la píldora, prometió un reintegro a los pequeños productores de la Federación Agraria, el que en realidad solo tenía vigencia para el año 2008. Que absurdamente significaba que el fisco le iba a reintegrar dineros, que nunca había percibido. Medida con cierto parecido con la “tarifa social”, con la que momentáneamente el actual gobierno del presidente Macri, trata de aliviar socialmente su megatarifazo del gas.
En forma parecida a la actual, el Gobierno de entonces también se oponía a la intervención del Congreso, alegando que era una facultad delegada por este, conforme el Código Aduanero sancionado por el dictador Gral. Juan Carlos Onganía, y su ministro Adalbert Krieger Vasena. Un predecesor de “Joe” Martínez de Hoz, y defensor de los mismos intereses de este.
Luego desesperadamente, para tratar que el Congreso no rechazara el engendro de Losteau, el Gobierno dictó un decreto (908/08) disponiendo la “redistribución social” en los años 2008 y 2009, del excedente de la retenciones fijadas anteriormente para la soja (35 %) neta de los reintegros a los pequeños productores. Para ser destinado a hospitales, viviendas económicas, y mantenimiento de caminos rurales.
Lo cual no obstante no impidió el rechazo del Congreso, que hundió al Gobierno de entonces en una grave crisis. De la que resurgió recién en el año 2011, mediante un recambio de su base social, mediante la “opción por los pobres” y la creación de la AUH (Asignación Universal por Hijo). Al haber perdido con el conflicto, a buena parte del apoyo de la clase media con que antes contaba.
Además, tras el fracaso de la 125, y para enfrentar las obligación de las recompras de deuda pactadas en el canje de Lavagna Nielsen, el Gobierno estatizó las AFJP, para simular esas recompras, y hacerse de los gravosas ULPBI que detentaban estas. Lo hizo por recomendación del entonces director de la ANSES, Amado Boudou, inspirado por su amigo el banquero Jorge Britos. Lo que le valió a Boudou su ascenso a ministro de Economía, y luego a la vicepresidencia de la Nación.
De esa manera los banqueros propietarios de las AFJP, tras haberlas descremado con sus enormes comisiones, se sacaron este clavo de encima, cuando debían comenzar a pagar las supuestas jubilaciones. Que en realidad solo eran un ahorro forzoso, a devolver en cuotas, hasta cumplirse la expectativa de vida promedio de los argentinos y argentinas, para seguidamente reducirse a nada, lo que iba a traer serias conmociones sociales. Salvo que contratarán un seguro de retiro, que disminuía aún más sus pobres haberes.
El megatarizafo del gas imitando la 125
El actual director de YPF Gustavo Montamat, es un cordobés de la Docta, con tres títulos académicos, economista, contador público, y abogado, con dos doctorados en sus dos primeros títulos. También fue Director de Gas del Estado (1985-86) director y presidente de YPF (1987-89) durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, mientras que su suegro Conrado Storani se desempeñaba como secretario de Energía.
Luego durante la presidencia de Fernando De la Rua, el también pasó a ser secretario de Energía (1999-2000). Y luego al volver al llano, fundó la consultora petrolera energética Montamat & Asociados, y se desempeñó como consultor del Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Para finalmente volver a desempeñarse como director de YPF con el presidente Mauricio Macri, a la par que preside su consultora al servicio de las mega compañías de petróleo y energía.
Si algo lo ha caracterizado tanto a él como a su fallecido suegro Storani, es la de bajo la apariencia de un discurso “progresista”, defender los intereses de las mega compañías petroleras. Por eso no es extraño que haya publicado recientemente en Clarín una nota en defensa del megatarifazo del gas, con título “Verdades y traumas detrás del dilema tarifa – subsidios” (23/4/18) con el siguiente encabezado justificatorio del mismo:
“Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2015, el índice general de precios aumentó un 1.392%, el peso se devaluó 1.043%, el índice de salarios creció 1.658% y la tarifa R1 (consumo de 500 m3/año) de Metrogas creció sólo el 75%. Eso da una idea de las distorsiones en el crecimiento de los precios relativos desde el colapso de la convertibilidad hasta que asumió la nueva administración.”
Montamat presenta así a la cuestión del megatarifazo, como la recuperación de un atraso tarifario, para volverlo a poner a los niveles de la convertibilidad. Tomando deshonestamente como ejemplo la categoría más baja, lindante con la actual “tarifa social”.
Cuando en realidad la esencia del mismo es un aumentázo de precios, en relación con los que estaban vigentes durante la convertibilidad. De allí la enorme desmesura que implica no solo compensar un atraso, sino además descargar un aumentazo. Como si se pretendiera compensar en el futuro, las rebajas efectuadas en el pasado.
Los números cantan esto muy claro. En el 2001 el gas natural tenía un “Precio en su Introducción al Sistema de Transporte” (PIST) de u$s 1,3 el Millón de BTU (MMBTU – unidad térmica inglesa). Y hoy conforme el sendero de precios al que pretender llevarlo el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, es de u$s 6,8 el MMBTU. Lo que representa un aumento de 5,23 veces, o sea un aumento real del 423 % respecto el 2001.
Lo cual sumado a la devaluación del dólar de 1 a 24 pesos actual, hace que el aumento real sea -por ahora- de 125 veces, si el dólar no sigue piantándose. Interin los precios internos aumentaron solo 25 veces, o sea cinco veces menos que dicho nivel. Mientras que los salarios formalizados aumentaron según el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) 31,5 veces. O sea cuatro veces menos que el valor al que se quiere llevar finalmente el precio del gas natural, según el sendero de precios fijados por el Gobierno.
Siendo esta la esencia del megatarifazo del gas natural, que se está haciendo insoportable para las familias, los consumidores residenciales, y también para los comerciales e industriales. Cuya desmesura se puede apreciar en la siguiente infografía, tomando la evolución de los ingresos de las familias y las tarifas en moneda dura (dólar).
A su vez el megatarifazo del gas natural, incide directamente también en el megatarifazo de la electricidad. Acorde con la matriz eléctrica argentina, que en un 56 % consume gas natural o sus sucedáneos más caros (Ciclos Combinados, Turbina a Gas, Turbo Vapor).
El shock de Aranguren antes del gradualismo y su conexión con Vaca Muerta
El ministro Aranguren desempeñó una larga carrera en la Shell inglesa, hasta llegar a la presidencia de la filial local. Para retirarse en junio de 2015 premiado con un bonus, consistente en acciones de la Shell. Y de allí casi sin solución de continuidad, cinco meses después pasó a desempeñarse como ministro de Energía y Minería del presidente Macri.
Simultáneamente Shell decidió abandonar sus negocios de refinación y comercialización de combustibles en Argentina (downstream) para realizar fuertes inversiones en la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta (upstream) donde se encuentra una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.
La ley de Etica Pública sancionada en 1999 (nº 25.188) preveía que los funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en privatizaciones o concesiones, no podían tener actuación en los entes reguladores de ellos (art 14). Y que ningún funcionario podía desempeñar funciones que estuvieran en conflicto con intereses privados, hasta un año antes y después de su ingreso o egreso (art 15).
No obstante en junio del 2001, el presidente Fernando de la Rúa y el ministro Domingo Cavallo, en uso de los superpoderes exigidos por este y otorgados por el Congreso antes que asumiera como súper ministro de Economía, dictaron un DNU (nº 862) modificando dicha ley. Para ampliar “las posibilidades de designación de personas que actúen en áreas del sector privado vinculadas directa o indirectamente con las actividades que deban desarrollar desde el sector público”.
Concretamente para el primer caso (art 14) dispusieron que el impedimento solo se extendía por tres años. después del cese en sus funciones. Y en el segundo caso (art 15) suprimieron enteramente el impedimento de un año, disponiendo que en tal caso en el momento de su designación, el funcionario debía renunciar a las actividades privadas con conflicto de intereses.
Y además “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”.” Manteniendo la anterior disposición fijada en la ley, de que son nulos todos los actos que violen esos preceptos.
De la Rua y Cavallo dictaron ese DNU con el objetivo del que por entones alto ejecutivo del JP Morgan Chase, Alfonso Prat Gay, pudiera llegar a la presidencia del Banco Central. Pero no lograron obtener el acuerdo del Congreso, ante esas notables incompatibilidades. Empero de esa manera le abrieron paso al gobierno de los CEO, que distingue notablemente al actual gobierno.
No obstante la situación de Aranguren, sigue estando pegada legalmente con la saliva de la impunidad. Al ser notable que las medidas que ha tomado, por si o interpósitas personas bajo su dependencia, desde las importaciones de gas desde Chile hasta el megatarifazo del gas natural, han redundado en directo beneficio de su ex empleador, la Shell.
Además de entrada la actuación de Aranguren no tuvo nada de gradual en contra de los usuarios, y a favor de la Shell. Ya que en abril de 2016, a la par que se formalizó el acuerdo con los fondos buitres, se despachó con el shock de la resolución 28/16. Como si fuera parte de este, dado que casualmente, el JP Morgan Chase detenta la colocación de las acciones de las mega compañías petroleras que operan en Vaca Muerta,
Siendo notable la urdimbre temporal que existe entre ambos asuntos, aparentemente inconexos. Tal como se puede apreciar en la siguiente cronología, cuyos detalles se encuentran ampliados en la nota El megatarifazo del gas natural es una consecuencia del arreglo con los buitres. Bridándose al final de esta nota, una explicación de su porqué.
Por su desmesura y aplicación fulminante, ese megatarifazo primigenio originó airadas reacciones de las organizaciones de defensa de consumidor. Las que finalmente lograron que la Corte Suprema lo anulara, y le exigiera al Gobierno la realización de audiencias en relación con el precio del gas PIST, al no existir un mercado en competencia, Y que además dispusiera un aumento gradual del mismo, que pudiera ser absorbido por los usuarios.
La índole de ese shock tarifario intentado por Aranguren, se puede apreciar en el gráfico adjunto confeccionado en base la información del MINEM (Ministerio Energía y Minería). El que en su eje izquierdo se visualiza el precio final en dólares porMMBTU, resultado de la suma del precio anterior (columna azul) más el aumento previsto (columna roja). Y en su eje derecho visualiza las veces que significaban esos aumentos en relación con el precio anterior, a los efectos de mostrar su desmesura.
En concreto como se puede ver, cuando más baja era la categoría del consumidor, más alto era proporcionalmente el aumento. Así la categoría R1-2 tenía un aumento de 5,5 veces, la R3 de 3,7 veces, la R4 de 2,7 veces y el promedio era de 3,7 veces, o sea un aumento del 270 % sobre el precio anterior.
Por su parte en relación a la Patagonia, La Pampa, y la Puna, los aumentos resultaban extravagantes, como una expresión de locura tarifaria por parte de Aranguren. Dado que la categoría R1-2 más humilde, registraba un aumento de 31,8 veces, la R3 un aumento de 26,5 veces, la R4 un aumento de 29,2 veces, y el promedio un aumento de 29,5 veces, o sea un 2.850 % más sobre el promedio anterior.
El subsecuente gradualismo shockeante de Aranguren
Estando al servicio de la Shell, contando claro está con el respaldo de esa multinacional, Aranguren reveló tener tripas, al enfrentarse durante el anterior gobierno nada menos que con el secretario de Comercio Guillermo Moreno, que se había convertido en el cuco de los empresarios. A quien además derrotó varias veces en la justicia, con motivo de las multas que el omnipotente secretario le imponía.
Y tras el fallo de la Corte también reveló tener tripas, para aprovechar la oportunidad al servicio de las mega petroleras, Shell incluida. Dado que si bien con la resolución 212 de octubre de 2016, complementada con 74/17, estableció un sendero para la suba gradual de los precios del gas natural, en compensación de esa demora, al precio final lo aumentó sensiblemente. Pasando del promedio de u$s 4,7 por MMBTU intentado en abril, a un precio final para todas las categorías de u$s 6,8 x MMBTU.
Y además burlándose de la ley del uso obligatorio del sistema métrico decimal, sancionado por el presidente Mitre en 1863, dicho sendero está establecido en base la unidad calórica inglesa del MMBTU, y en dólares. Previéndose así un doble incremento, el de los aumentos de precios del sendero, y el de la devaluación del peso frente al dólar.
Ver https://www.minem.gob.ar/servicios/archivos/6756/AS_14758737791.pdf
En el siguiente grafico se ha tratado de visualizar los dos senderos de precios fijados para las distintas categorías de usuarios, R1-2, R3, R4. Uno para el resto del país, y el otro para la Patagonia – La Pampa – Puna, distinguida esta con los marcadores cuadrados. Mostrando también en líneas horizontales, el nivel de los precios fijados para esas mismas categorías, mediante el anulado shock tarifario de abril de 2016. Mostrando como estos son superados largamente por los nuevos senderos de precios.
En el gráfico se puede apreciar que la categoría R1-2 (línea azul) ya en octubre de 2017 superó el aumento previsto por el anulado shock de abril 2016. Y en abril de 2019 está previsto que duplique largamente ese precio, alcanzado el correspondiente a la categoría R4, u$s 6,8 MMBTU.
Por su parte la categoría R3 (línea verde) en abril de 2018 llegó al mismo nivel del anulado shock de abril 2016, y seguirá subiendo para alcanzar también en octubre de 2019 el valor de u$s 6,8 MMBTU. Por su parte el promedio de todas ellas (línea negra discontinua) describe una trayectoria igual, al superar en abril del 2018 el precio del anulado shock de abril 2016, para converger al precio de u$s 6,8 MMBTU en octubre de 2019.
En el caso de la Patagonia – La Pampa – Puna, resumida en el gráfico como Sur, las cosas son más graduales, pero con iguales resultados finales, previstos para octubre del 2022. Ya que la R1-2 Sur en abril del 2020, igualará el precio del anulado shock de abril 2016, y luego seguirá subiendo raudamente, más que duplicando su precio, hasta alcanzar la meta fijada de u$s 6,8 MMBTU. Por su parte la R3 Sur superará en octubre de 2021 el precio del anulado shock de abril 2016, y lo mismo hace el promedio de precios, concurriendo todos como se dijo, al nivel de u$s 6,8 en octubre de 2022.
Pero esta expresión en dólares por MMBTU, está lejos de mostrar el esfuerzo que significa para las categorías más bajas, el alcanzar esos estrambóticos precios finales. El que se puede apreciar en el siguiente gráfico, expresado como veces de aumento, en relación a los precios previos. En el que se distingue que para la categoría R1-2 Sur, el aumento final será de 75 veces respecto el precio vigente antes de abril de 2016. Para la R3 Sur, de 35 veces. Para la R4 Sur de 28 veces. Y para el promedio Sur 42 veces, o sea un aumento promedio del 4.100 %.
En ese gráfico no se aprecia visualmente el impacto para las categorías en el resto del país. El que se puede observar mejor en el siguiente gráfico, referido exclusivamente a esta región, la más extensa del país. En él se aprecia que la categoría R1-2, aumentará sus precios 13 veces en octubre de 2019. Mientras que la R3 lo hará 4,9 veces. La R4 2,7 veces. Y el promedio 5,3 veces, o sea un incremento del 429 % respecto el precio previo a abril de 2016.
El analgésico cómplice del Congreso
Como si fuera cómplice, o estuviera en la inopia respecto el sendero de precios fijado por Aranguren, que este se encarga de menear en todas las audiencias públicas que convoca, la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de ley denominado pomposamente de “Régimen de Equidad Tarifaria Federal”, que en realidad lo único que hace, es suspender momentáneamente los incrementos previstos en dichos senderos de precios, hasta fines del 2019, o sea durante un año y medio. Manteniendo los precios vigentes el año pasado, actualizados por el índice de salarios (CVS – Coeficiente de Variación Salarial).
Pero además ese beneficio solo alcanza a las categorías R1-2 y R3-1-2, pero no la R3-3 ni la R4. Pero si a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, para las que se aplicara una actualización basada en el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC.
Además el proyecto de ley flexibiliza los alcances de la “Tarifa Social”, aumentando de dos a tres los haberes o remuneraciones mínimas percibidos, para poder estar incluida en ella. Incluyendo además en esa categoría a clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público, centros asistenciales públicos; entidades educativas públicas de cualquier nivel; entidades religiosas, y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social.
También pequeños emprendimientos comerciales y de servicios monotributistas, con facturación anual igual o menor a 36 Salarios Mínimo Vital y Móvil, cines y teatros públicos de barrio y/o pueblo, centros y espacios culturales, cooperativas de Trabajo y mutuales con no más de 50 asociados, etc. Rebajando además la causal de exclusión de poseer un vehículo, a que su antigüedad sea menor de 5 años, en vez de 10 años.
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, esa interrupción en el sendero de precios de Aranguren por un año, no explicándose como sigue después, no tiene un efecto sustancial salvo para las categorías mas bajas, y para la Patagonia – La Pampa – Puna. Concretamente evitará que la categoría R1-2 no Sur, aumente un 110 % su precios, y que la categoría R3-1-2 aumente un 50 %. Porcentaje que si lo hará la R3-3, mientras que la R4 aumentará un 20 %.
En cuanto a la región Sur, Patagonia – La Pampa – Puna, evitará que la R1-2 aumente un 100 % su precio, y la R3-1-2 un 70 %. Porcentaje que si aumentará la R3-3, a la par que la R4 aumentará ínterin un 50 %.
El megatarifazo en pesos
El Enargas es sumamente reticente a brindar información sobre la estructura del consumo de gas familiar. Como si se tratara de un secreto empresario que debe resguardar. No obstante ese hermetismo, en los informes brindados al Congreso se escapó la siguiente información, referida al consumo promedio en todo el país en enero y julio, para las distintas categorías de usuarios.
En base esa información, en el siguiente cuadro se ha calculado cual será el promedio de los montos facturados anualmente y mensualmente, cuando el sendero de precios llegue al precio previsto de u$s 6,8 el MMBTU. Y el monto de ingresos que representara a las compañías petroleras y concesionarias del servicio. Empleando para ello un tipo de cambio de $ 25, y la incidencia de la provisión del gas natural en las facturas, en la que deben sumarse el transporte y la distribución, que el Enargas informa que es un promedio del 40 %, más los impuestos.
Del cuadro surge que la facturación anual promedio neta sin impuestos, al tipo de cambio actual de $ 25 x dólar, variaría de los $ 69.039 anuales (u$s 2.763 dólares) o $ 5.753 pesos mensuales promedio para la categoría más alta R4. Y 6.989 pesos anuales (u$s 280 dólares anuales) o 582 pesos mensuales, para la categoría más baja R1. Que tiene un consumo anual máximo de 500 m3 anuales o 42 m3 mensuales, o sea que su uso solo es para cocinar y calentar agua, sin calefacción.
Pero ese monto máximo solo es un promedio país, y su extremo se puede estimar en base a que en la región centro el consumo anual fijado para la categoría R4, es de 1.800 m3 año, mientras que en la región cordillerana para la misma categoría es de 7.400 m3 año. O sea 4 veces más, por lo que la tomando una media de dos veces para arriba y dos para abajo, no sería extraño que existan facturas residenciales de gas natural, con montos arriba de los 210 mil pesos anuales, con picos mensuales superiores a los 50 mil pesos.
Por lo que es predecible que si no se produce en el invierno de este año o el que viene una rebelión de los consumidores, negándose a pagar las megatarifas de gas natural, ella seguramente provendrá en los años sucesivos desde el sur del país. Que son además las regiones de donde provienen esos recursos no renovables. Cuya extracción no solo no se revierte en beneficio alguno para sus habitantes, sino que deja como contrapartida pasivos y riegos ambientales, propulsados por la actividad del fracking.
A esas facturas hay que sumarles los impuestos. Y así de da la cruda paradoja de que el gobierno dice que el megatarifazo es para bajar el déficit fiscal. Y al mismo tiempo pretende que haya una baja de los impuestos, para que las facturas se hagan más llevaderas para el consumidor. Aumentando así el déficit fiscal para favorecer a las mega empresas petroleras.
El caso más patético al respecto lo protagonizó la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que ordenó “limpiar” las facturas expresando: “La factura de luz, gas y agua deber ser eso y no el impuesto de cuatro vivos que quieren cobrar en la factura lo que no corresponde”. Sin distinguir que si hay un “vivo”, son las empresas que con el megatarifazo se llevan la parte del león de ellas.
En tal sentido, la magnitud del negocio gasífero con un precio generalizado de 6,8 el MMBTU, representa un ingreso para las mega compañias petroleras proveniente de los consumos residenciales, de 3.466 millones de dólares, o 86.674 millones de pesos. Montando tentativamente el total de la suma proveniente de estos consumos familiares para el negocio gasífero de producción, transporte y distribución, 8.667 millones de dólares, o 216.684 millones de pesos al cambio actual. Lo cual con 8,16 millones de usuarios, representa una facturación promedio anual neta por usuario sin impuestos, de 26.530 pesos, o de 2.211 pesos mensuales.
Si el precio de 6,8 el MMBTU se lo extrapola a los 45 millones de miles de m3 anuales, o 1.666 millones de BTU consumidos anualmente por todos los usuarios en Argentina, ello representa una bonita facturación de 11.333 millones de dólares, o 283.325 millones de pesos. Que irán parar a unas docenas de productores de gas, entre las que descuellan largamente las mega petroleras multinacionales, entre ellas la Shell. Que además están protegidas con el absoluto secretismo de sus contratos, a partir del firmado por YPF con Chevrón.
A la par que los empresarios del poder, como Nicolás “Nicky” Caputo y Marcelo Mindilin, concretan vastas inversiones en estos negocios subsidiados vastamente por el Gobierno. Comprando incluso activos que pertenecían a SOCMA (Sociedad Macri) como para disimular la existencia de un claro conflicto de intereses en relación a ellos.
Ver “NIKY” CAPUTO, EL LAZARO BAEZ DE MACRI
Ver Dólar futuro: “Toto” Caputo y Lifsic de Estol le reportaron a Mindlin – Lewis, Elsztain, y Rosental – Soros ganancias por $ 4.299 millones
La estructura de la producción
En el informe del MINEM de octubre de 2016, donde se estableció el sendero de precios, se pretendió justificar los mismos con el siguiente gráfico, que muestra la estructura de la provisión de gas, con sus respetivos precios
Curiosamente en el gráfico se observa que la Producción base, con un precio de u$s 2,49 por MMBTU, cae inexplicablemente un peldaño de un año al otro, entre el 2015 y el 2016. Ensanchándose en contrapartida la Producción incremental, con un precio de u$s 7,33. Subiendo así el promedio entre ambas de u$s 4,25 a u$s 4,72. No obstante que el precio de importación desde Bolivia bajó ínterin sustancialmente, de u$s 6,21 a u$s 3,56, con una rebaja de un 43 %.
Esto coincidió con la resolución que en mayo del 2016 dictó Aranguren (74/16) creando el “Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural”, con el que fijó un precio para la producción excedente de u$s 7,5 el MMBTU. Poco después de haber intentado el shock tarifario en abril de ese año, justificado en la supuesta necesidad de reducir los subsidios destinados a los consumidores, entre ellos las familias. A la par que se aumentaban sustancialmente los subsidios a las empresas, que son las realmente beneficiadas con esos subsidios destinados presuntamente a los consumidores.
Como si eso no fuera suficiente, en marzo de 2017 Aranguren dispuso fijar un precio mínimo para la producción de gas natural no convencional, como el que existe en Vaca Muerta (Resolución 46) destinado a toda su producción, no solo la incremental. Fijando un sendero de precios de u$s 7,5 por MMBTU para el 2018, u$s 7 para el 2019, u$s 6,50 para el 2020, y u$s 6,00 para el 2021.
Como punto de comparación, en EEUU este mismo gas se vende a u$s 2,80 el MMBTU, o sea un precio un 57 % inferior al subsidiado por Aranguren. Quién además dispuso en su resolución que el pago de este subsidio fuera semestralmente por anticipado, para alentar las inversiones de las megaempresas petroleras, y luego reajustado mediante una simple declaración jurada del productor. A la par de que en sus discursos Aranguren y Macri, seguían hablando de la necesidad de la quita de subsidios a las familias y los restantes consumidores, para reducir el déficit fiscal.
En el gráfico se puede observar que el precio de estos subsidios a las megaempresas, superan el precio del gas importado desde el lejano Medio Oriente (Qatar) por Shell, en buques metaneros enfriados a -160 grados de temperatura, que en el 2016 bajó a u$s 6,65 el MMBTU desde u$s 11,54 en el 2015. Y que no obstante Chile nos vendió a u$s 7,09, mientras que el gas boliviano ya estaba a mitad de este precio.
Mostrando todo esto una palpable administración de los recursos gasíferos del país, por parte del ministro Aranguren, no en beneficio de los consumidores y la competitividad del país, sino de los intereses de las megapetroleras multinacionales, entre las cuales se distingue su ex empleadora, la Shell.
La insinceridad del megatarifazo por parte del Gobierno
El presidente Macri exhorta a los consumidores de gas natural a que ahorren bajando el consumo, que no anden descalzos en sus casas, y se pongan un abrigo, porque la disponibilidad del recurso es escasa. Y además deshonestamente compara el consumo de gas natural de Argentina, que tiene una matriz energética basada en el gas natural, con el de países vecinos que carecen enteramente de este recurso, como Uruguay y Chile, por lo que la comparación carece enteramente de valor.
Pero a la par si uno abre el portal del ministerio de Aranguren en la página de hidrocarburos, se encuentra de entrada con la siguiente leyenda, que contradictoriamente, habla nada menos de la reanudación de las exportaciones de gas natural, autorizadas por el decreto 893/2016.
http://www.energia.gob.ar/home/hidrocarburos.php
Al desplegar ese menú, como jactándose aparece el detalle de esas exportaciones, que tempranamente el presidente Macri autorizo mediante el mencionado decreto emitido en julio de 2016, con la firma de Marcos Peña y Aranguren. En plena efervescencia política y judicial por el shock tarifario intentado por Aranguren en abril de 2016, a la par del acuerdo con los buitres.
Abriendo el detalle de esas exportaciones, se encuentra que el precio de la exportación para la EXXON fue fijado en u$s 7 el MMBTU, y el de Energy Consulting compañía dependiente de la anterior, en u$s 5,20 MMBTU. O sea un precio igual el primero, o un 25 % menor el segundo, del que se pretendía cobrar a la categoría R4 residencial con el megatarifazo shock de abril de 2016. Con la condicionalidad expresada en el decreto, que se produjera su reimportación posterior.
Esas exportaciones fueron autorizadas por Aranguren en octubre de 2017 para ENARSA (Resolución 407). Y en diciembre de ese mismo año para EXXON (Resolución 492) y su subsidiaria Energy (Resolución 493). Pero allí no acaba la cosa, porque antes en abril había autorizado a ENARSA la exportación de gas natural a Uruguay destinada a la ANCAP (Resolución 107) y luego autorizo a fines de diciembre, la exportación al extremo sur de Chile, destinada a Methanex (Resolución 502).
Pero profundizando aún más sus aparentes diferencias con el presidente Macri, que exhorta a bajar el consumo, contradictoriamente el ministro Aranguren ha declarado que como va a haber un exceso de oferta de gas natural, está operando para aumentar su demanda, mediante reanudar las exportaciones, y recuperar los mercados externos de gas natural de Chile, Brasil, y Uruguay.
La mega trapisonda de Aranguren con el mercado regional del gas
Al respecto en septiembre de 2017, a la par que autorizaba las antedichas exportaciones, Aranguren hizo un discurso en VIII Encuentro de sobre Estrategias Ambientales diciendo: “Estamos planificando los próximos cuatro años y creemos que para el 2021-2022 en lugar de 105 podemos llegar a producir 140 millones de metros cúbicos de gas, para lo cual tenemos que desarrollar demanda, porque en el verano, cuando no consumimos, no podemos cerrar un pozo de no convencional“.
Aseguro en tal sentido que la política del Gobierno es “empezar a generar demanda y, particularmente, recuperar mercados, que la década pasada perdimos, mercados como el de gas natural de Chile… seguramente a partir del verano del 2018-2019 volverán las exportaciones a Chile”.
http://www.ambito.com/896459-argentina-volveria-a-exportar-gas-natural-a-chile-en-2018
Dicho mercados se fueron abriendo a partir de 1998, con el cuento de propender el bienestar regional. Y en ellos Argentina malvendió sus reservas de gas natural, a un precio de alrededor de un dólar el millón de BTU. Y sin retenciones, porque el presidente Eduardo Duhalde se “olvidó” de incluir al gas natural en el decreto que las dispuso para los hidrocarburos, conforme lo ordenado por la ley de Emergencia que sancionó el Congreso en el 2002, tras la catástrofe del 2001.
El que incluso lo dictó tardíamente en el ese año, tras ser acusado penalmente por omisión de deberes. Con esos “olvidos” y demoras, Duhalde hizo honor a la amistad que mantenía con Oscar Vicente, el CEO de la petrolera Pérez Companc y presidente del Club del Petróleo. Con quien los fines de semana compartía asados y partidos de truco, y amicalmente lo llama “Cabezón”. Quien empecinadamente pese estas notables defecciones como gobernante, nos asegura que “estamos condenados al éxito”.
Mediante esas ruinosas exportaciones, abriendo masivamente esas ventas de gas natural hacia la región, Repsol, una refinería de segundo orden española, costeó la compra de la petrolera integrada YPF. Algo similar a que la mojarra se coma el pejerrey. Mediante exportarlo a precio vil, dilapidando las reservas gasíferas argentinas, y venderlo en el exterior a un precio cercano al de la importación en ellos de GNL (Gas Natural Licuado) que es traído de remotos parajes en buques metaneros y tiene un precio muy superior.
En su momento esas exportaciones se justificaron falazmente, con el compromiso por parte de Chile de suministrarnos gas natural en el extremo sur del país. Lo cual no solo nunca se concretó, sino que además fue Argentina la que suministró allí gas natural a las plantas que tiene en el sur de Chile la canadiense Methanex, que es el mayor productor y distribuidor de metanol (alcohol metílico) del mundo.
A su vez las exportaciones a Brasil se justificaron con la futura construcción de la represa de Garabí, que nunca se concretó, y tiene serios reparos ambientales, que supuestamente a la recíproca nos iba a suministrar electricidad. Y a por su parte las exportaciones a Uruguay se autorizaron, a cambio de que este país acumulara gas natural en reservorios subterráneos naturales, para devolvernos el mismo en invierno, cuando se registra en Argentina el pico del consumo. Lo que tampoco se concretó, y a Aranguren ni se le pasó por la cabeza exigirlo.
Así, como si fuéramos los tontos del barrio, dilapidamos nuestras reservas de gas natural convencional, encabezada por la de Loma de la Lata, en Vaca Muerta, que quedó agotada. Y cuando tras esas ruinosas exportaciones apareció la necesidad de importar GNL a partir de 2008, fue la misma Repsol la que nos lo suministró, trayéndolo en buques metaneros desde Trinidad Tobago.
A un precio que llegó a ser quince veces superior al que había exportado desde Argentina. Además de ser ella la que nos vende el gas boliviano, a un precio sensiblemente superior al del gas natural local, atado al precio internacional del fuel oil. En una componenda en la que intervino personalmente el presidente Néstor Kirchner, para preservar los intereses de Repsol y Evo Morales, a costa de los consumidores argentinos.
A estas historias de grandes trapisondas petroleras, el ministro Aranguren las parece desconocer enteramente. Por estar inmerso el mismo en otra mega trapisonda, que es la de llevar el precio regulado del gas natural interno, al precio de importación de GNL. A la par que trata de generar nuevamente un mercado regional del gas natural con los países vecinos, que tienen como combustible sucedáneo al GNL, mucho más caro.
Por lo que la demanda exterior tendrá como referencia ese precio, y de manera como consecuencia de ella, el gas natural producido en Argentina tendrá un precio mucho más elevado que si el mercado del mismo quedara acotado solo para Argentina, cuando se restablezca el mercado interno del gas. Favoreciendo así los Big Business de las mega compañías petroleras, entre las que se encuentra la ex empleadora del ministro, la Shell inglesa.
El único plan económico del Gobierno, endeudarse y desendeudarse con Vaca Muerta
No obstante la aparente contradicción con el presidente Macri, las trapisondas PRO petroleras de Aranguren están en línea con lo que podría considerarse el único plan económico que tiene el actual gobierno. Que es poner en marcha a full al mega yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta y otros similares.
Ya que como lo afirmó el mismo presidente: “Vaca Muerta representa la 2º reserva mundial de gas y la 4º de petróleo no convencional”. Estimándose que en toda Argentina existen reservas recuperables de 802 billones de pies cúbicos de gas natural, equivalentes a 800 mil millones de BTU. Que al precio de u$s 6,8MMBTU, representan una suma de ¡5,4 billones de dólares! (u$s 5.400.000.000.000). O sea más de 500 años del actual consumo de gas de Argentina, y 25 veces la actual deuda externa argentina.
Ver ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! – Los siderales montos en juego que se esconden en Vaca Muerta
Ver Los verdaderos dueños de Vaca Muerta – as megapetroleras multinacionales encabezadas por la EXXON
Para el presidente Macri y la alianza Cambiemos, este parece ser el mítico “vellocino de oro” que los pondrá a salvo de cualquier contingencia, en su plan de gobernar largos años con deuda externa. Que no obstante por su fragilidad política y corto alcance, se precipitó en la crisis financiera actual.
Por eso Macri pone como una de las principales causas de ella, el proyecto de ley del Congreso, que suspende momentáneamente los aumentos en las tarifas, entre ellas principalmente la del gas natural. Que según el oficialismo ha llenado de dudas al mercado y los inversores, como si interrumpiera el paso hacia el “vellocino de oro” salvador. Titulando al respecto el diario Clarín en una reciente nota “Macri habla de vetar la ley de tarifas para tranquilizar a Wall Street” (4-5-18).
Revelando así que el megatarifazo del gas natural, poco tiene que ver con la reducción del déficit fiscal por los supuestos subsidios a los consumidores. Que la par se aumenta con los enormes subsidios otorgados a los mega compañías productoras de gas natural. Sino que se trata de brindar a estas una veloz recuperación de sus inversiones, para que la puesta en marcha de esos yacimientos, sea costeada en esencia por los consumidores argentinos.
Dado que esas megaempresas petroleras, no están dispuestas a hundir grandes inversiones en un negocio, que tiene una gran fragilidad política y de mercados. Lo que puede hacer que el recupero de ellas, no sea de la velocidad a las que están acostumbradas, con el precio “político” que tienen los productos esa cartelizada actividad internacional, muy por arriba de sus costos.
Por esto ellas, el presidente Macri, y el ministro Aranguren, pretenden que el peso de las inversiones lo carguen los consumidores argentinos, siendo esta la verdadera razón del megatarifazo del gas, que también se traslada a la electricidad.
Con esa finalidad el presidente Macri se dedicó personalmente a fines del 2016, como si fuera el ministro de Trabajo, a patrocinar un acuerdo entre sindicatos petroleros y las empresas, para impulsar la explotación no convencional de los hidrocarburos en la cuenca neuquina, aportándole “competitividad” y “flexibilidad laboral”.
Para el que contó con la intervención, además de Aranguren, del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; del secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y también senador, Guillermo Pereyra; y del secretario general del sindicato del Personal Jerárquico y Profesionales del Petróleo y Gas Privado ídem, Manuel Arévalo.
El acuerdo o addenda de competitividad y flexibilización laboral, labrado con la intervención personal del presidente, escondía algunas otras cosas. Como la eliminación de las retenciones al petróleo y gas, con el argumento de haber cesado la ley de emergencia que las dispuso a principios del 2002, tras la crisis del 2001.
La subrepticia eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores petroleros de esa región, para compensar la merma de sus ingresos, al dejar de pagarse adicionales previstos en el convenio colectivo. Cargándose así su costo al fisco, a la par que se habla del déficit fiscal. La autorización encubierta para llevar adelante 1.700 retiros voluntarios. Y también el despido de 1.000 trabajadores de YPF que se desempeñan en los yacimientos convencionales, etc.
La embriaguez de divisas futuras con la utopía de Vaca Muerta
La embriaguez del actual Gobierno ante la existencia de ese presunto “vellocino de oro”, explica las inusitadas normas que dicto en relación con la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones. Extendiendo su plazo cada vez más, mes a mes, hasta suprimirlo enteramente. Como si la manera de alentar el ingreso de capitales, es dejar la puerta abierta del tesoro como garantía de que se podrán ir cuando quieran, lo que propulso la reciente crisis financiera.
Pasando así inusitadamente del criticado vivir con lo nuestro del anterior gobierno, a vivir sin lo nuestro y de prestado por parte del gobierno actual. Al respecto el secretario de Comercio Miguel Braun, primo del jefe de Gabinete Marcos Peña Braun, en marzo de 2016, extendió los plazos de liquidación a 30, 90, 280, y 360 días según el tipo de mercadería (Resolución 30). Luego en abril extendió las listas de mercaderías que podían liquidarse a los 180 y 360 días (Resolución 57).
Seguidamente en mayo, extendió el plazo para todas las mercaderías a 365 días corridos (Resolución 91). A continuación en agosto de 2016, extendió el plazo para todas las mercaderías a 1.825 días corridos, o sea cinco años (Resolución 242). Y luego en enero de 2017, extendió el plazo para todas las mercaderías a 3.650 días, o sea diez años (Resolución 47).
Finalmente en noviembre de ese año, un decreto con la firma de Macri, Peña, y Nicolás Dujovne (893) derogó el decreto del presidente radical Arturo Illia que había dispuesto esas liquidaciones obligatorias (2.581/1964) y los posteriores en el mismo sentido. Con el ambiguo argumento “que resulta pertinente adecuar la normativa vigente relacionada con el mercado de cambios a las nuevas circunstancias que se dan en la materia, a fin de mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas, flexibilizar las condiciones de financiamiento y mejorar la previsibilidad financiera”.
Contribuyendo así la utopía extractivista de Vaca Muerta, a precipitar la crisis financiera cambiaria que se produjo pocos meses después, en abril y mayo de este año. Utopía que además directamente podría no cumplirse, si son los consumidores argentinos los que solventen con el megatarifazo del gas y el funcionamiento del yacimiento de Vaca Muerta y similares, y el producido de las exportaciones de gas natural en la región quede directamente afuera, tal como hacia subrepticiamente Repsol y lo legalizó el actual gobierno.
Produciéndose así un doble vaciamiento del país, al pagar su propio gas a un precio como si fuera GNL importado, o cerca de él, y al vaciarse sus recursos hidrocarburíferos, como hizo Repsol. Sin despejar el interrogante de que siendo mínima la ocupación laboral que pueden brindar esas actividades, qué se hace con buena parte de los 50 millones de habitantes que tendrá el país en la próxima década, que hoy un tercio está bajo la línea de pobreza.
Una dirigencia medianamente comprometida con su país, en lugar de discutir si las tarifas las debe fijar o no el Congreso, y de propulsar subrepticiamente la explotación de la estratégica posición regional del yacimiento de Vaca Muerta exclusivamente a favor de las megacompañias petroleras multinacionales, estaría encolumnada en hacer que ella públicamente se revierta en favor de la competitividad y bienestar de los habitantes del país.
Como hizo Noruega con su empresa Stataoil al descubrir sus riquezas petrolíferas en el Mar del Norte, logrando que un modesto pueblo de sufridos pescadores, detente ahora uno de los mayores fondos soberanos, y se haya convertido en el país de mayor calidad de vida y más feliz del mundo.-
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