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Timestamp: 2017-12-11 20:55:55+00:00

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B.O.E. Nº 278 de 18/11/2008
Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevenciÃ³n del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias.
El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevenciÃ³n del fraude fiscal, asÃ­ como la modificaciÃ³n de otras normas tributarias.
En el seÃ±alado desarrollo de la Ley 36/2006, este real decreto introduce diversas modificaciones en el Reglamento de la OrganizaciÃ³n y RÃ©gimen del Notariado, aprobado por el Decreto de 2 de junio de 1944; en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; en el Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre; en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; y por Ãºltimo, en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestiÃ³n e inspecciÃ³n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Por otra parte, en sus disposiciones adicionales se aprueban diversas normas al objeto de regular determinados aspectos del concepto de nula tributaciÃ³n y de efectivo intercambio de informaciÃ³n tributaria, asÃ­ como la declaraciÃ³n informativa a cargo de las compaÃ±Ã­as suministradoras de energÃ­a elÃ©ctrica en relaciÃ³n con la referencia catastral de los inmuebles. Por otra parte, al margen del desarrollo del contenido de la Ley 36/2006, las disposiciones finales modifican el Reglamento para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas en materia de dietas e integraciÃ³n de la renta del ahorro. Este real decreto se estructura en cinco artÃ­culos, tres disposiciones adicionales, una disposiciÃ³n transitoria y cinco disposiciones finales.
El artÃ­culo 1 del real decreto que ahora se aprueba modifica el Reglamento de la OrganizaciÃ³n y RÃ©gimen del Notariado, al objeto de desarrollar los artÃ­culos 23 y 24 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado en relaciÃ³n con la obligaciÃ³n de hacer constar en determinadas escrituras relativas a inmuebles el nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal de los comparecientes y los medios de pago empleados. En consonancia con lo anterior, se establece que dichos datos deberÃ¡n formar parte del contenido de los Ã­ndices notariales. Asimismo, entre las funciones del Consejo General del Notariado, se incluye el deber de colaborar con la AdministraciÃ³n tributaria en los tÃ©rminos seÃ±alados en el apartado 3 del artÃ­culo 17 de la Ley del Notariado.
Los artÃ­culos 2 y 4 modifican respectivamente el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, con la finalidad de aclarar que la base de la retenciÃ³n o ingreso a cuenta cuando la obligaciÃ³n de retener o ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario a que se refiere el artÃ­culo 16.8 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estarÃ¡ constituida por la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado. El artÃ­culo 3 da nueva redacciÃ³n a los apartados 3 y 4 del artÃ­culo 32 del Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario con el propÃ³sito de acomodarlo a la modificaciÃ³n del artÃ­culo 180 de la Ley 58/2033, del 17 de diciembre, General Tributaria realizada por la Ley 36/2006, que eliminÃ³ el trÃ¡mite de audiencia previa al interesado antes de remitir el expediente al Ministerio Fiscal por posible delito contra la Hacienda PÃºblica. Asimismo se incorpora a la previsiÃ³n reglamentaria el trÃ¡mite de informe del Servicio JurÃ­dico que corresponda, con carÃ¡cter previo a la remisiÃ³n del expediente a delito fiscal. El artÃ­culo 5 modifica el artÃ­culo 147 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestiÃ³n e inspecciÃ³n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos, con el fin de determinar las circunstancias que facultan a la AdministraciÃ³n tributaria para la revocaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal, complementando de esta forma lo dispuesto en el apartado 4 de la disposiciÃ³n adicional sexta de la Ley General Tributaria, en la redacciÃ³n dada por la Ley 36/2006. Las disposiciones adicionales primera y segunda desarrollan, respectivamente, ciertos elementos de las definiciones de nula tributaciÃ³n y efectivo intercambio de informaciÃ³n tributaria reguladas en la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 36/2006. En particular, se especifican cuales son las cotizaciones a la Seguridad Social consideradas como un impuesto idÃ©ntico o anÃ¡logo al Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas a efectos de determinar la existencia de nula tributaciÃ³n en un paÃ­s o territorio, y se determinan las limitaciones en el intercambio de informaciÃ³n tributaria con otros paÃ­ses o territorios que originan que ese intercambio de informaciÃ³n no se considere efectivo. La disposiciÃ³n adicional tercera establece la obligaciÃ³n periÃ³dica de las compaÃ±Ã­as prestadoras de los suministros de energÃ­a elÃ©ctrica de proporcionar informaciÃ³n a la AdministraciÃ³n tributaria relativa a los datos identificativos del contratante y la referencia catastral del inmueble y su localizaciÃ³n, habida cuenta de la obligaciÃ³n establecida en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, de comunicar a estas compaÃ±Ã­as los citados datos por parte de quienes contraten dichos suministros.
Independientemente del desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, la disposiciÃ³n final segunda modifica el Reglamento para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, como consecuencia de las modificaciones que la Ley 35/2006 introdujo en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que eliminÃ³ las deducciones por inversiones en cumplimiento de los programas de apoyo a los acontecimientos de excepcional interÃ©s pÃºblico, modificÃ¡ndose la deducciÃ³n por gastos de propaganda y publicidad de dichos acontecimientos, al objeto de adecuarlos a actuaciones de mecenazgo.
La disposiciÃ³n final tercera establece dos modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas. En primer lugar, en atenciÃ³n a las circunstancias especÃ­ficas que concurren en los conductores de vehÃ­culos dedicados al transporte de mercancÃ­as por carretera, se establece una regla especial en materia de asignaciones para gastos normales de estancia en cuya virtud no precisarÃ¡n justificaciÃ³n en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan de determinados importes. En segundo tÃ©rmino se introduce una nueva disposiciÃ³n adicional segÃºn la cual, a efectos de la integraciÃ³n de la renta del ahorro, se entenderÃ¡ que no proceden de entidades vinculadas con el contribuyente los intereses u otros rendimientos del capital mobiliario satisfechos por entidades de crÃ©dito cuando no difieran de los que se hubieran percibido colectivos similares de personas no vinculadas. Finalmente, la disposiciÃ³n final cuarta de este real decreto habilita al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para establecer las condiciones y requisitos para la aceptaciÃ³n de otras garantÃ­as distintas del aval o certificado de seguro de crÃ©dito de cauciÃ³n en los aplazamientos o fraccionamientos del pago de deudas tributarias. En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda y del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 31 de octubre de 2008,
ArtÃ­culo 1. ModificaciÃ³n del Reglamento de la OrganizaciÃ³n y RÃ©gimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento de la OrganizaciÃ³n y RÃ©gimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944: Uno. Se modifica el nÃºmero 5.Âº del artÃ­culo 156, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«5.Âº La indicaciÃ³n de los documentos de identificaciÃ³n de los comparecientes, a salvo lo dispuesto en el artÃ­culo 163. Igualmente deberÃ¡ hacerse constar el nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal cuando asÃ­ lo disponga la normativa tributaria.
En particular se indicarÃ¡n los nÃºmeros de identificaciÃ³n fiscal de los comparecientes y los de las personas o entidades en cuya representaciÃ³n actÃºen, en las escrituras pÃºblicas relativas a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demÃ¡s derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria. Cuando los comparecientes se negaren a acreditar alguno de los nÃºmeros de identificaciÃ³n fiscal o manifestaren no poder efectuar dicha acreditaciÃ³n, el Notario harÃ¡ constar en la escritura esta circunstancia, y advertirÃ¡ verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el apartado 2 del artÃ­culo 254 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, cuando resulte aplicable, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia.Â»
Dos. Se modifica el artÃ­culo 177, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 177.
El precio o valor de los derechos se determinarÃ¡ en efectivo, con arreglo al sistema monetario oficial de EspaÃ±a, pudiendo tambiÃ©n expresarse las cantidades en moneda o valores extranjeros, pero reduciÃ©ndolos simultÃ¡neamente a moneda espaÃ±ola. De igual modo, los valores pÃºblicos o industriales se estimarÃ¡n en efectivo metÃ¡lico, con arreglo a los tipos oficiales o contractuales.
En las escrituras pÃºblicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a tÃ­tulo oneroso el dominio y los demÃ¡s derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificarÃ¡n, cuando la contraprestaciÃ³n consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 24 de la Ley del Notariado, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.Âª Se expresarÃ¡n por los comparecientes los importes satisfechos en metÃ¡lico, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
2.Âª El Notario incorporarÃ¡ testimonio de los cheques y demÃ¡s instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la escritura. Los comparecientes deberÃ¡n, asimismo, manifestar los datos a que se refiere el artÃ­culo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y demÃ¡s instrumentos de giro que hubieran sido entregados con anterioridad al momento del otorgamiento, expresando ademÃ¡s su numeraciÃ³n y el cÃ³digo de la cuenta de cargo. En caso de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crÃ©dito, entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el compareciente que efectÃºe el pago deberÃ¡ manifestar el cÃ³digo de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metÃ¡lico. De todas estas manifestaciones quedarÃ¡ constancia en la escritura. 3.Âª En caso de pago por transferencia o domiciliaciÃ³n, los comparecientes deberÃ¡n manifestar los datos correspondientes a los cÃ³digos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
En caso de que los comparecientes se negasen a aportar alguno de los datos o documentos citados anteriormente, el Notario harÃ¡ constar en la escritura esta circunstancia, y advertirÃ¡ verbalmente a aquellos de lo dispuesto en el apartado 3 del artÃ­culo 254 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia.
Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deberÃ¡ incorporar la declaraciÃ³n previa del movimiento de los medios de pago aportada por los comparecientes cuando proceda presentar Ã©sta en los tÃ©rminos previstos en la normativa de prevenciÃ³n del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaraciÃ³n por el obligado a ello, el Notario harÃ¡ constar dicha circunstancia en la escritura y lo comunicarÃ¡ al Ã³rgano correspondiente del Consejo General del Notariado.Â»
Tres. Se modifica el artÃ­culo 285, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 285.
El Ministerio de Justicia determinarÃ¡ el contenido bÃ¡sico de los Ã­ndices con independencia de su soporte, pudiendo delegar en el Consejo General del Notariado el desarrollo de tal contenido, asÃ­ como la incorporaciÃ³n de nuevos datos que deban expresarse respecto de cada instrumento.
En cualquier caso, en los Ã­ndices se expresarÃ¡, respecto de cada instrumento, el nÃºmero de orden, el lugar del otorgamiento, la fecha, el nombre y apellidos o denominaciÃ³n social de todos los otorgantes o requirentes y de los testigos cuando los hubiere y el domicilio de aquÃ©llos; el objeto y la cuantÃ­a del documento y el nÃºmero de folios que comprende y, en su caso, el nombre del notario autorizante que actÃºe por sustituciÃ³n del titular del protocolo. TambiÃ©n se expresarÃ¡n en ellos los datos relativos a la sujeciÃ³n del documento al turno de reparto, en su caso, y a las aportaciones corporativas. Asimismo, en los Ã­ndices se expresaran los nÃºmeros de identificaciÃ³n fiscal y la descripciÃ³n de los medios de pago, cuando deban constar en las escrituras de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Notariado o, en su caso, el incumplimiento de la obligaciÃ³n de comunicaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal al notario o la negativa a la identificaciÃ³n de los medios de pago o a aportar la declaraciÃ³n previa del movimiento de los medios de pago cuÃ¡ndo Ã©sta resultara preceptiva de conformidad con la normativa de prevenciÃ³n del blanqueo de capitales. Igualmente, en los Ã­ndices se expresarÃ¡ la referencia catastral de los inmuebles, cuando Ã©sta deba constar en las escrituras o, en su caso, el incumplimiento de la obligaciÃ³n de su aportaciÃ³n. En la formalizaciÃ³n del Ã­ndice anual en soporte papel, los notarios se acomodarÃ¡n al modelo que determine el Consejo General del Notariado. Respecto de los Ã­ndices informatizados, compete, igualmente, al Consejo General del Notariado la determinaciÃ³n de las caracterÃ­sticas tÃ©cnicas de elaboraciÃ³n, remisiÃ³n y conservaciÃ³n. En toda esta materia se observarÃ¡ lo dispuesto en la legislaciÃ³n especial en materia de protecciÃ³n de datos.Â»
Cuatro. Se aÃ±ade un nueva letra E) al artÃ­culo 344, al tiempo que la letra E) actual pasa a ser la letra F). La nueva letra E) queda redactada en los siguientes tÃ©rminos:
Â«E) Colaborar con las Administraciones tributarias de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 17.3 de la Ley del Notariado y con las autoridades responsables de la prevenciÃ³n del blanqueo de capitales en los tÃ©rminos establecidos en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenciÃ³n del blanqueo de capitales.Â»
Cinco. Se modifica el artÃ­culo 346, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 346.
El rÃ©gimen disciplinario de los notarios se regirÃ¡ por lo establecido en el artÃ­culo 43.Dos de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y por lo previsto en el presente Reglamento. Supletoriamente, a falta de normas especiales, se aplicarÃ¡ lo dispuesto en las normas reguladoras del rÃ©gimen disciplinario de los funcionarios civiles del Estado, excepto en lo referente a la tipificaciÃ³n de las infracciones.
La DirecciÃ³n General de los Registros y del Notariado podrÃ¡ acordar las visitas de inspecciÃ³n que estime necesarias en relaciÃ³n con la actuaciÃ³n de los Colegios Notariales. La regulaciÃ³n del rÃ©gimen disciplinario de los notarios prevista en este Reglamento se entenderÃ¡ sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃ­culos 186.3 y 211.5.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus normas de desarrollo.Â»
ArtÃ­culo 2. ModificaciÃ³n del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.
Se aÃ±ade un nuevo apartado 5 al artÃ­culo 13 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que queda redactado de la siguiente manera:
Â«5. Cuando la obligaciÃ³n de retener o ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artÃ­culo 16.8 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, constituirÃ¡ la base de la misma la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado.Â»
ArtÃ­culo 3. ModificaciÃ³n del Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.
Se modifican los apartados 3 y 4 del artÃ­culo 32 del Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, que quedan redactados de la siguiente forma:
Â«3. A la vista de la documentaciÃ³n recibida y de los informes que haya considerado oportuno solicitar, el jefe del Ã³rgano administrativo competente, si aprecia la existencia de un posible delito, deberÃ¡ remitir el expediente al delegado especial o central o al director del departamento correspondiente, segÃºn de quien dependa el Ã³rgano actuante.
El jefe del Ã³rgano administrativo competente podrÃ¡ ordenar completar el expediente con carÃ¡cter previo a decidir sobre su remisiÃ³n o no al delegado o al director del departamento correspondiente. Si el jefe del Ã³rgano administrativo competente no aprecia la existencia de un posible delito devolverÃ¡ el expediente al Ã³rgano que se lo hubiera remitido o a otro distinto para que lo ultime en vÃ­a administrativa. 4. Una vez recibida la documentaciÃ³n, el delegado o el director de departamento competente acordarÃ¡, previo informe del Ã³rgano con funciones de asesoramiento jurÃ­dico, la remisiÃ³n del expediente a la jurisdicciÃ³n competente o al Ministerio Fiscal, o la devoluciÃ³n del mismo, segÃºn aprecie o no la posible existencia de delito.Â»
ArtÃ­culo 4. ModificaciÃ³n del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo: Uno. Se aÃ±ade un nuevo apartado 6 al artÃ­culo 93, que quedarÃ¡ redactado de la siguiente forma:
Â«6. Cuando la obligaciÃ³n de retener tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artÃ­culo 16.8 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, constituirÃ¡ la base de retenciÃ³n la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado.Â»
Dos. Se modifica el artÃ­culo 103, que quedarÃ¡ redactado de la siguiente forma:
Â«1. La cuantÃ­a del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en especie se calcularÃ¡ aplicando el porcentaje previsto en la secciÃ³n 2.Âª del capÃ­tulo II anterior al resultado de incrementar en un 20 por ciento el valor de adquisiciÃ³n o el coste para el pagador.
2. Cuando la obligaciÃ³n de ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artÃ­culo 16.8 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, constituirÃ¡ la base del ingreso a cuenta la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado.Â»
ArtÃ­culo 5. ModificaciÃ³n del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestiÃ³n e inspecciÃ³n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
Se modifica el artÃ­culo 147 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestiÃ³n e inspecciÃ³n tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que queda redactado de la siguiente manera:
Â«ArtÃ­culo 147. RevocaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal.
1. La AdministraciÃ³n tributaria podrÃ¡ revocar el nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal asignado, cuando en el curso de las actuaciones de comprobaciÃ³n realizadas conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 144.1 y 2 de este reglamento o en las demÃ¡s actuaciones y procedimientos de comprobaciÃ³n o investigaciÃ³n, se acredite alguna de las siguientes circunstancias: a) Las previstas en el artÃ­culo 146.1 b), c) o d) de este reglamento.
b) Que mediante las declaraciones a que hacen referencia los artÃ­culos 9 y 10 de este reglamento se hubiera comunicado a la AdministraciÃ³n tributaria el desarrollo de actividades econÃ³micas inexistentes. c) Que la sociedad haya sido constituida por uno o varios fundadores sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal se inicie la actividad econÃ³mica ni tampoco los actos que de ordinario son preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite suficientemente la imposibilidad de realizar dichos actos en el mencionado plazo. d) Que se constate que un mismo capital ha servido para constituir una pluralidad de sociedades, de forma que, de la consideraciÃ³n global de todas ellas, se deduzca que no se ha producido el desembolso mÃ­nimo exigido por la normativa aplicable. e) Que se comunique el desarrollo de actividades econÃ³micas, de la gestiÃ³n administrativa o de la direcciÃ³n de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique la realizaciÃ³n de dichas actividades o actuaciones en otro domicilio diferente.
2. El acuerdo de revocaciÃ³n requerirÃ¡ la previa audiencia al obligado tributario por un plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo, salvo que dicho acuerdo se incluya en la propuesta de resoluciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 145.3 de este reglamento.
3. La revocaciÃ³n deberÃ¡ publicarse en el BoletÃ­n Oficial del Estado y notificarse al obligado tributario. La publicaciÃ³n deberÃ¡ efectuarse en las mismas fechas que las previstas en el artÃ­culo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para las notificaciones por comparecencia. 4. La publicaciÃ³n de la revocaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal en el "BoletÃ­n Oficial del Estado" producirÃ¡ los efectos previstos en el apartado 4 de la disposiciÃ³n adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 5. La revocaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal determinarÃ¡ que no se emita el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias regulado en el artÃ­culo 74 de este reglamento. 6. ProcederÃ¡ la denegaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal cuando antes de su asignaciÃ³n concurra alguna de las circunstancias que habilitarÃ­an para acordar la revocaciÃ³n. 7. La revocaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal determinarÃ¡ la baja de los Registros de Operadores Intracomunitarios y de Exportadores y otros operadores econÃ³micos. 8. La AdministraciÃ³n tributaria podrÃ¡ rehabilitar el nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal mediante acuerdo que estarÃ¡ sujeto a los mismos requisitos de publicidad establecidos para la revocaciÃ³n en el apartado 3 de este artÃ­culo.
Las solicitudes de rehabilitaciÃ³n del nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal sÃ³lo serÃ¡n tramitadas si se acompaÃ±an de documentaciÃ³n que acredite cambios en la titularidad del capital de la sociedad, con identificaciÃ³n de las personas que han pasado a tener el control de la sociedad, asÃ­ como documentaciÃ³n que acredite cuÃ¡l es la actividad econÃ³mica que la sociedad va a desarrollar. Careciendo de estos requisitos, las solicitudes se archivarÃ¡n sin mÃ¡s trÃ¡mite.
La falta de resoluciÃ³n expresa de la solicitud de rehabilitaciÃ³n de un nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal en el plazo de tres meses determinarÃ¡ que la misma se entienda denegada.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Cotizaciones a la Seguridad Social consideradas como un impuesto idÃ©ntico o anÃ¡logo al Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de diciembre, de medidas para la prevenciÃ³n del fraude fiscal, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de impuesto idÃ©ntico o anÃ¡logo al Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas las cotizaciones obligatorias efectivamente satisfechas por la persona fÃ­sica a un sistema pÃºblico de previsiÃ³n social que tengan por objeto la cobertura de contingencias anÃ¡logas a las atendidas por la Seguridad Social, siempre que en el paÃ­s o territorio de que se trate no se aplique un impuesto idÃ©ntico o anÃ¡logo al Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Limitaciones en el intercambio de informaciÃ³n tributaria.
1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 de la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevenciÃ³n del fraude fiscal, se podrÃ¡ considerar que existen limitaciones en el intercambio de informaciÃ³n tributaria con un paÃ­s o territorio cuando, respecto a la entrega de la informaciÃ³n requerida conforme a lo previsto en el convenio para evitar la doble imposiciÃ³n internacional con clÃ¡usula de intercambio de informaciÃ³n o en el acuerdo de intercambio de informaciÃ³n en materia tributaria que sea de aplicaciÃ³n, se produzca cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando transcurridos seis meses sin haberse aportado la informaciÃ³n requerida y previo un segundo requerimiento de informaciÃ³n respecto al mismo contribuyente, no se aporte la informaciÃ³n en el plazo de tres meses. A estos efectos, los plazos expresados se computarÃ¡n a partir del dÃ­a siguiente a aquel en que se tenga constancia de la recepciÃ³n de los requerimientos de informaciÃ³n por el paÃ­s o territorio en cuestiÃ³n.
b) Cuando transcurridos mÃ¡s nueve meses desde que se formulÃ³ el requerimiento de informaciÃ³n, el paÃ­s o territorio en cuestiÃ³n no preste colaboraciÃ³n alguna en relaciÃ³n a dicho requerimiento o ni siquiera acuse su recibo. c) Cuando un paÃ­s o territorio se niegue a aportar la informaciÃ³n requerida, no estando fundamentada la negativa en alguno de los supuestos establecidos en la disposiciÃ³n del convenio para evitar la doble imposiciÃ³n internacional con clÃ¡usula de intercambio de informaciÃ³n o en el acuerdo de intercambio de informaciÃ³n en materia tributaria que regula la posibilidad de denegar un requerimiento de informaciÃ³n tributaria. d) Cuando la informaciÃ³n que se proporcione a la AdministraciÃ³n tributaria espaÃ±ola no permita conocer los datos que constituyen el objeto del requerimiento de informaciÃ³n tributaria, bien porque sea distinta a la requerida bien porque resulte ser incompleta.
2. El Director de la Agencia Estatal de la AdministraciÃ³n Tributaria podrÃ¡ determinar aquellos paÃ­ses o territorios con los que, de acuerdo con lo previsto en esta disposiciÃ³n, se considere que no existe efectivo intercambio de informaciÃ³n tributaria debido a las limitaciones del mismo.
Asimismo, el Director de la Agencia Estatal de la AdministraciÃ³n Tributaria podrÃ¡ determinar que con un paÃ­s o territorio vuelve a existir efectivo intercambio de informaciÃ³n tributaria debido a que las limitaciones del mismo, a las que hace referencia el pÃ¡rrafo anterior, han desaparecido. En ambos casos, la publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ» de la resoluciÃ³n correspondiente determinarÃ¡ la eficacia de tales consideraciones.
DisposiciÃ³n adicional tercera. Obligaciones informativas de las compaÃ±Ã­as suministradoras de energÃ­a elÃ©ctrica.
Las compaÃ±Ã­as prestadoras de los suministros de energÃ­a elÃ©ctrica deberÃ¡n presentar a la AdministraciÃ³n tributaria una declaraciÃ³n anual que contendrÃ¡, al menos, la siguiente informaciÃ³n: a) Nombre y apellidos o razÃ³n social o denominaciÃ³n completa y nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal de los contratantes, y de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, cuando no coincidan con los contratantes.
b) Referencia catastral del inmueble y su localizaciÃ³n. c) Potencia nominal contratada y consumo anual en kilovatios. d) UbicaciÃ³n del punto de suministro. e) Fecha de alta del suministro.
El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda aprobarÃ¡ el modelo de declaraciÃ³n, el plazo, lugar y forma de presentaciÃ³n del mismo, asÃ­ como los supuestos y condiciones en que la obligaciÃ³n deberÃ¡ cumplirse mediante soporte directamente legible por ordenador o por medios telemÃ¡ticos.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Modificaciones en el Reglamento para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Lo dispuesto en los artÃ­culos 8, 9 y 10 del Reglamento para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen fiscal de la entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, segÃºn redacciÃ³n anterior a la establecida por la disposiciÃ³n final primera del presente Real Decreto serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los acontecimientos que se hubieren regulado en normas legales aprobadas con anterioridad a 1 de enero de 2007.
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.14.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda General.
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n del Reglamento para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento para la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre: Uno. Con efectos para los perÃ­odos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2007, se modifica el artÃ­culo 8, que quedarÃ¡ redactado de la siguiente manera:
Â«ArtÃ­culo 8. Requisitos de los gastos, actividades u operaciones con derecho a deducciÃ³n o bonificaciÃ³n.
1. A efectos de la aplicaciÃ³n de los incentivos fiscales previstos en el apartado primero del artÃ­culo 27.3 de la Ley 49/2002, se considerarÃ¡ que los gastos de propaganda y publicidad de proyecciÃ³n plurianual cumplen los requisitos seÃ±alados en dicho apartado cuando obtengan la certificaciÃ³n acreditativa a que se refiere el artÃ­culo 10 de este Reglamento y reÃºnan las siguientes condiciones: a) Que consistan en: 1.Âº La producciÃ³n y ediciÃ³n de material grÃ¡fico o audiovisual de promociÃ³n o informaciÃ³n, consistente en folletos, carteles, guÃ­as, vÃ­deos, soportes audiovisuales u otros objetos, siempre que sean de distribuciÃ³n gratuita y sirvan de soporte publicitario del acontecimiento.
2.Âº La instalaciÃ³n o montaje de pabellones especÃ­ficos, en ferias nacionales e internacionales, en los que se promocione turÃ­sticamente el acontecimiento. 3.Âº La realizaciÃ³n de campaÃ±as de publicidad del acontecimiento, tanto de carÃ¡cter nacional como internacional. 4.Âº La cesiÃ³n por los medios de comunicaciÃ³n de espacios gratuitos para la inserciÃ³n por el consorcio o por el Ã³rgano administrativo correspondiente de anuncios dedicados a la promociÃ³n del acontecimiento.
b) Que sirvan directamente para la promociÃ³n del acontecimiento porque su contenido favorezca la divulgaciÃ³n de su celebraciÃ³n. La base de la deducciÃ³n serÃ¡ el importe total del gasto realizado cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgaciÃ³n de la celebraciÃ³n del acontecimiento. En caso contrario, la base de la deducciÃ³n serÃ¡ el 25 por ciento del gasto realizado.
2. A efectos de la bonificaciÃ³n en el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas prevista en el apartado cuarto del artÃ­culo 27.3 de la Ley 49/2002, se entenderÃ¡ que las actividades de carÃ¡cter artÃ­stico, cultural, cientÃ­fico o deportivo que pueden ser objeto de la bonificaciÃ³n son las comprendidas dentro de la programaciÃ³n oficial del acontecimiento que determinen la necesidad de causar alta y tributar por el epÃ­grafe o grupo correspondiente de las tarifas del impuesto, de modo adicional y con independencia de la tributaciÃ³n por el Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas que correspondiera hasta ese momento a la persona o entidad solicitante del beneficio fiscal. 3. A efectos de la bonificaciÃ³n en los impuestos y tasas locales prevista en el apartado quinto del artÃ­culo 27.3 de la Ley 49/2002, se entenderÃ¡ que la operaciÃ³n respecto a la que se solicita el beneficio fiscal estÃ¡ relacionada exclusivamente con el desarrollo del respectivo programa cuando se refiera Ãºnicamente a actos de promociÃ³n y desarrollo de la programaciÃ³n oficial del acontecimiento.
Entre los tributos a que se refiere el mencionado apartado no se entenderÃ¡n comprendidos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre VehÃ­culos de TracciÃ³n MecÃ¡nica y otros que no recaigan sobre las operaciones realizadas.Â»
Dos. Con efectos para los perÃ­odos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2007, se modifica el artÃ­culo 9 que quedarÃ¡ redactado de la siguiente manera:
Â«ArtÃ­culo 9. Procedimiento para el reconocimiento de los beneficios fiscales por la AdministraciÃ³n tributaria.
1. El reconocimiento previo del derecho de los sujetos pasivos a la aplicaciÃ³n de las deducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se efectuarÃ¡ por el Ã³rgano competente de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, previa solicitud del interesado.
La solicitud habrÃ¡ de presentarse al menos 45 dÃ­as naturales antes del inicio del plazo reglamentario de declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n correspondiente al perÃ­odo impositivo en que haya de surtir efectos el beneficio fiscal cuyo reconocimiento se solicita. A dicha solicitud deberÃ¡ adjuntarse la certificaciÃ³n expedida por el consorcio o por el Ã³rgano administrativo correspondiente que acredite que los gastos con derecho a deducciÃ³n a los que la solicitud se refiere se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades. El plazo mÃ¡ximo en que debe notificarse la resoluciÃ³n expresa del Ã³rgano competente en este procedimiento serÃ¡ de 30 dÃ­as naturales desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de dicho Ã³rgano competente. El cÃ³mputo de dicho plazo se suspenderÃ¡ cuando se requiera al interesado que complete la documentaciÃ³n presentada, por el tiempo que medie entre la notificaciÃ³n del requerimiento y la presentaciÃ³n de la documentaciÃ³n requerida. Transcurrido el plazo a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior sin que el interesado haya recibido notificaciÃ³n administrativa acerca de su solicitud, se entenderÃ¡ otorgado el reconocimiento. 2. El reconocimiento previo del derecho de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas a la bonificaciÃ³n prevista en dicho impuesto se efectuarÃ¡, previa solicitud del interesado, por el ayuntamiento del municipio que corresponda o, en su caso, por la entidad que tenga asumida la gestiÃ³n tributaria del impuesto, a travÃ©s del procedimiento previsto en el artÃ­culo 9 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestiÃ³n del Impuesto sobre Actividades EconÃ³micas y se regula la delegaciÃ³n de competencias en materia de gestiÃ³n censal de dicho impuesto. A la solicitud de dicho reconocimiento previo deberÃ¡ adjuntarse certificaciÃ³n expedida por el consorcio o por el Ã³rgano administrativo correspondiente que acredite que las actividades de carÃ¡cter artÃ­stico, cultural, cientÃ­fico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebraciÃ³n del respectivo acontecimiento se enmarcan en sus planes y programas de actividades. 3. Para la aplicaciÃ³n de las bonificaciones previstas en otros impuestos y tasas locales, los sujetos pasivos deberÃ¡n presentar una solicitud ante la entidad que tenga asumida la gestiÃ³n de los respectivos tributos, a la que unirÃ¡n la certificaciÃ³n acreditativa del cumplimiento del requisito exigido en el apartado 3 del artÃ­culo 8 de este reglamento, expedida por el consorcio o por el Ã³rgano administrativo correspondiente. 4. El plazo mÃ¡ximo en que debe notificarse la resoluciÃ³n expresa del Ã³rgano competente en los procedimientos previstos en los apartados 2 y 3 de este artÃ­culo serÃ¡ de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para resolver. El cÃ³mputo de dicho plazo se suspenderÃ¡ cuando se requiera al interesado que complete la documentaciÃ³n presentada, por el tiempo que medie entre la notificaciÃ³n del requerimiento y la presentaciÃ³n de la documentaciÃ³n requerida. Transcurrido el plazo a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior sin que el interesado haya recibido notificaciÃ³n administrativa acerca de su solicitud, se entenderÃ¡ otorgado el reconocimiento previo. 5. El Ã³rgano que, segÃºn lo establecido en los apartados anteriores, sea competente para el reconocimiento del beneficio fiscal podrÃ¡ requerir al consorcio u Ã³rgano administrativo correspondiente, o al solicitante, la aportaciÃ³n de la documentaciÃ³n a que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 10 de este reglamento, con el fin de comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos para la aplicaciÃ³n del beneficio fiscal cuyo reconocimiento se solicita.Â»
Tres. Con efectos para los perÃ­odos impositivos que se hayan iniciado a partir del 1 de enero de 2007, se modifica el artÃ­culo 10, que quedarÃ¡ redactado de la siguiente manera:
Â«ArtÃ­culo 10. Certificaciones del consorcio o del Ã³rgano administrativo correspondiente.
1. Para la obtenciÃ³n de las certificaciones a que se refiere este capÃ­tulo, los interesados deberÃ¡n presentar una solicitud ante el consorcio o el Ã³rgano administrativo correspondiente, a la que adjuntarÃ¡n la documentaciÃ³n relativa a las caracterÃ­sticas y finalidad del gasto realizado o de la actividad que se proyecta, asÃ­ como el presupuesto, forma y plazos para su realizaciÃ³n.
El plazo para la presentaciÃ³n de las solicitudes de expediciÃ³n de certificaciones terminarÃ¡ 15 dÃ­as despuÃ©s de la finalizaciÃ³n del acontecimiento respectivo. 2. El consorcio o el Ã³rgano administrativo correspondiente emitirÃ¡, si procede, las certificaciones solicitadas segÃºn lo establecido en el apartado anterior, en las que se harÃ¡ constar, al menos, lo siguiente:
a) Nombre y apellidos, o denominaciÃ³n social, y nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal del solicitante.
b) Domicilio fiscal. c) DescripciÃ³n de la actividad o gasto, e importe total del mismo. d) ConfirmaciÃ³n de que la actividad se enmarca o el gasto se ha realizado en cumplimiento de los planes y programas de actividades del consorcio o del Ã³rgano administrativo correspondiente para la celebraciÃ³n del acontecimiento respectivo. e) En el caso de gastos de propaganda y publicidad, calificaciÃ³n de esencial o no del contenido del soporte a efectos del cÃ¡lculo de la base de deducciÃ³n. f) MenciÃ³n del precepto legal en el que se establecen los incentivos fiscales para los gastos o actividades a que se refiere la certificaciÃ³n.
3. El plazo mÃ¡ximo en que deben notificarse las certificaciones a que se refiere este artÃ­culo serÃ¡ de dos meses desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para resolver.
Si en dicho plazo no se hubiera recibido requerimiento o notificaciÃ³n administrativa sobre la solicitud, se entenderÃ¡ cumplido el requisito a que se refiere este artÃ­culo, pudiendo el interesado solicitar a la AdministraciÃ³n tributaria el reconocimiento del beneficio fiscal, segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo anterior, aportando copia sellada de la solicitud.Â»
DisposiciÃ³n final tercera. ModificaciÃ³n del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo: Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2008, se modifica el apartado 3 de la letra A del artÃ­culo 9, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«3. Asignaciones para gastos de manutenciÃ³n y estancia. Se exceptÃºan de gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos normales de manutenciÃ³n y estancia en restaurantes, hoteles y demÃ¡s establecimientos de hostelerÃ­a, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.
Salvo en los casos previstos en la letra b) siguiente, cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un perÃ­odo continuado superior a nueve meses, no se exceptuarÃ¡n de gravamen dichas asignaciones. A estos efectos, no se descontarÃ¡ el tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteraciÃ³n del destino.
a) Se considerarÃ¡ como asignaciones para gastos normales de manutenciÃ³n y estancia en hoteles, restaurantes y demÃ¡s establecimientos de hostelerÃ­a, exclusivamente las siguientes: 1.Âº Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes: Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen. En el caso de conductores de vehÃ­culos dedicados al transporte de mercancÃ­as por carretera, no precisarÃ¡n justificaciÃ³n en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento dentro del territorio espaÃ±ol, o de 25 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.
Por gastos de manutenciÃ³n, 53,34 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio espaÃ±ol, o 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.
2.Âº Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos de manutenciÃ³n que no excedan de 26,67 Ã³ 48,08 euros diarios, segÃºn se trate de desplazamiento dentro del territorio espaÃ±ol o al extranjero, respectivamente. En el caso del personal de vuelo de las compaÃ±Ã­as aÃ©reas, se considerarÃ¡n como asignaciones para gastos normales de manutenciÃ³n las cuantÃ­as que no excedan de 36,06 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio espaÃ±ol, o 66,11 euros diarios si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero. Si en un mismo dÃ­a se produjeran ambas circunstancias, la cuantÃ­a aplicable serÃ¡ la que corresponda segÃºn el mayor nÃºmero de vuelos realizados.
A los efectos indicados en los pÃ¡rrafos anteriores, el pagador deberÃ¡ acreditar el dÃ­a y lugar del desplazamiento, asÃ­ como su razÃ³n o motivo. b) TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de dieta exceptuada de gravamen las siguientes cantidades:
1.Âº El exceso que perciban los funcionarios pÃºblicos espaÃ±oles con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendrÃ­an en el supuesto de hallarse destinados en EspaÃ±a, como consecuencia de la aplicaciÃ³n de los mÃ³dulos y de la percepciÃ³n de las indemnizaciones previstas en los artÃ­culos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el rÃ©gimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero, y calculando dicho exceso en la forma prevista en dicho Real Decreto, y la indemnizaciÃ³n prevista en el artÃ­culo 25.1 y 2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razÃ³n del servicio.
2.Âº El exceso que perciba el personal al servicio de la AdministraciÃ³n del Estado con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendrÃ­a por sueldos, trienios, complementos o incentivos, en el supuesto de hallarse destinado en EspaÃ±a. A estos efectos, el Ã³rgano competente en materia retributiva acordarÃ¡ las equiparaciones retributivas que puedan corresponder a dicho personal si estuviese destinado en EspaÃ±a. 3.Âº El exceso percibido por los funcionarios y el personal al servicio de otras Administraciones PÃºblicas, en la medida que tengan la misma finalidad que los contemplados en los artÃ­culos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el rÃ©gimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero o no exceda de las equiparaciones retributivas, respectivamente. 4.Âº El exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrÃ­an por sueldos, jornales, antigÃŒedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por razÃ³n de cargo, empleo, categorÃ­a o profesiÃ³n en el supuesto de hallarse destinados en EspaÃ±a.
Lo previsto en esta letra serÃ¡ incompatible con la exenciÃ³n prevista en el artÃ­culo 6 de este Reglamento.Â»
Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2008, se aÃ±ade una nueva disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima, con el siguiente contenido:
Â«DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la renta del ahorro.
A los exclusivos efectos de lo establecido en el artÃ­culo 46 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y de modificaciÃ³n parcial del las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se entenderÃ¡ que no proceden de entidades vinculadas con el contribuyente los rendimientos del capital mobiliario previstos en el artÃ­culo 25.2 de la Ley 35/2006 satisfechos por las entidades previstas en el artÃ­culo 1.2 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre AdaptaciÃ³n del Derecho vigente en materia de Entidades de CrÃ©dito al de las Comunidades Europeas, cuando no difieran de los que hubieran sido ofertados a otros colectivos de similares caracterÃ­sticas a las de las personas que se consideran vinculadas a la entidad pagadora.Â»
DisposiciÃ³n final cuarta. AceptaciÃ³n de garantÃ­as distintas del aval o certificado de seguro cauciÃ³n.
Se habilita al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para establecer las condiciones y requisitos para la aceptaciÃ³n de otras garantÃ­as distintas del aval o certificado de seguro de cauciÃ³n en los aplazamientos o fraccionamientos del pago de deudas tributarias. En particular, el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda podrÃ¡ establecer la cuantÃ­a mÃ¡xima por la que podrÃ¡ aceptarse como garantÃ­a de aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias la fianza personal y solidaria prevista en el artÃ­culo 82.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En tanto el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda no establezca la cuantÃ­a mÃ¡xima por la que podrÃ¡ aceptarse como garantÃ­a de un aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias la fianza personal y solidaria, cuando proceda la exigencia de garantÃ­a, podrÃ¡ aceptarse la citada garantÃ­a para el pago de deudas tributarias por importe igual o inferior a 3.000 euros. A efectos de la determinaciÃ³n de dicha cuantÃ­a, se acumularÃ¡n en el momento de la solicitud tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualquier otra del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, asÃ­ como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estÃ©n debidamente garantizadas.
DisposiciÃ³n final quinta. Entrada en vigor.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, MARÃA TERESA FERNÃNDEZ DE LA VEGA SANZ

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