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Timestamp: 2020-04-10 04:43:54+00:00

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IPT no siempre equivale al 33% de discapacidad - Asesoría Paco Alvarez
29 enero, 2019 29 enero, 2019 por pacoalvarezgonzalez
El pasado día 29/11/2018 el Tribunal Supremo dictó una sentencia, que ahora comentaré, donde se determina que a una persona que tenga reconocida una IPT no siempre equivale a un 33% de discapacidad. Esto ocurre para la Incapacidad Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez
Grado de discapacidad a determinar después de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2013, en aquellos casos en los que un beneficiario tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total o absoluta.
El 33% de discapacidad no se atribuye de manera automática a éstos porque se aprecia por la Sala que el art. 4.2 de dicha norma contiene una regulación ultra vires en relación con el mandato de desarrollo del Texto refundido que le otorgaba la Ley 26/2011, de 1 de agosto, porque ésta mantenía en sus propios términos el derogado art. 1.2 de la Ley 51/2003, en la que se basaba la doctrina tradicional de la Sala en este tema, contenida en SSTS del Pleno, dos, ambas de 21 de marzo de 2.007, (dictadas en los recursos 3872/2005 y 3902/2005), a las que han seguido otras como las de 29 de mayo -invocada como contradictoria en este recurso- y 19 de julio de 2.007 (recursos 113/2006 y 3080/2006) y 22/07/2008 (rcud. 726/2008), que por esa razón sigue vigente bajo la nueva norma y ese 33% se atribuye exclusivamente a los propios efectos de la Ley 26/2011, no «a todos los efectos».
El 22 de septiembre de 2015, el Juzgado de lo Social núm. 1 de León, dictó sentencia que dice «Que estimando íntegramente la demanda sobre grado de discapacidad formulada contra la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León, debo declarar y declaro que el actor está afecto a un grado de discapacidad del 33%, con efectos del 12 de junio de 2014, condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración, con las consecuencias inherentes a dicho pronunciamiento; y revocando la resolución de la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de León de 12 de junio de 2014, objeto de impugnación en este proceso laboral, por ser contraria a Derecho.»
Se declararon probados los siguientes hechos:
Primero.- Se tramitó expediente de reconocimiento de grado de discapacidad ante la Junta de Castilla y León, dictándose resolución administrativa de fecha 12 de junio de 2014, en la que se reconoce un grado total de discapacidad del 18%, por discapacidad física y cero puntos por movilidad reducida y no valorable puntos por necesidad de concurso de tercera persona.
Segundo.- Dicha resolución administrativa asume el dictamen propuesta del Equipo de Valoración y Orientación (EVO) del Centro Base de León, de fecha 12 de junio de 2014, en el que se recogen las limitaciones orgánicas y funcionales del solicitante.
Tercero.- El solicitante se muestra disconforme con dicha valoración, y solicita el reconocimiento de un grado total de discapacidad igual al 33%.
Cuarto.- Mediante resolución de la Dirección Provincial del INSS de León de 13 de noviembre de 2013 se declara al actor afecto a incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común.
Quinto.- Por la parte hoy demandante se presentó la correspondiente reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional social, interponiéndose la demanda el día 10 de octubre de 2014.
Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, dictó sentencia con fecha 4 de julio de 2016, que dice Que estimando el recurso de Suplicación formulado por la Junta de Castilla y León contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de León de fecha 22 de septiembre de 2015, debemos revocar y revocamos la misma con desestimación de la demanda y absolvemos a la demandada de las pretensiones contra ellas deducidas.
Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de la persona solicitante de la discapacidad el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 18 de diciembre de 2015, así como la infracción del art. 4.2 RDL 1/2013, de 29 de noviembre.
Con fecha de 1 de junio de 2016, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.
Acabado el trámite de impugnación, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar el recurso procedente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 2 de octubre de 2018. Dadas las características de la cuestión jurídica planteada y su trascendencia, la Sala estimó procedente su debate en Pleno, por lo que se suspendió el señalamiento y se convocó a todos los magistrados para el día 14 de noviembre de 2018, en cuya fecha tuvo lugar.
Podéis consultar aquí los Fundamentos de Derecho
1º) Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia dictada el 4 de julio de 2016 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el recurso de suplicación.
2º) Confirmar la sentencia recurrida que resolvió el recurso formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de León, de 22 de septiembre de 2015.
Este fallo determina que, como se dijo en el resumen mencionado al principio, la IPT no siempre equivale al 33% de discapacidad.
Existe, no obstante, un voto particular en la sentencia de tres de los magistrados, que se muestran disconformes con la resolución adoptada por el tribunal supremo.
Como siempre, acabo recordando que si tenéis alguna duda, dejadme una consulta laboral y será atendida en menos de 24 horas
Categorías Discapacidad 8 comentarios Navegación de entradas
8 comentarios en “IPT no siempre equivale al 33% de discapacidad”
harold Matabanchoy Alvarez
25 noviembre, 2019 a las 5:26 pm
La verdad si me pudiera explicar que genera esta resolución del TS, a efecto de trabajo ya que antes se consideraba con una Discapacidad del 33% a las personas que que obtenían un IPT y podían optar por empleo generado para personas con discapacidad.
Pues afecta, sobre todo, a que los centros especiales de empleo ya no consideran a una persona con IPT como persona con discapacidad puesto que para estas empresas son, a todos los efectos, personas sin discapacidad. No pudiendo subvencionarse por ellas.Lo que provoca que no sean contratados/as.
¿Se sabe si el Gobierno va a hacer algo al respecto y volver a equiparar la IPT al 33% de discapacidad? Igualmente me gustaría saber, si es posible, a qué ministerio/s habría que dirigirse para formular preguntas sobre esta equiparación.
23 enero, 2020 a las 8:54 pm
Lo último que se supo, es que en octubre de 2019 la que era Ministra de Trabajo en funciones, dijo que se intentaría solventar la diferencia y volver a equipar la IPT con el 33% de discapacidad.
Para preguntar sobre la equiparación te pueden informar en las oficinas del INSS y en los centros de valoración.
12 febrero, 2020 a las 8:56 pm
Entonces con esta ley, si tengo una IPT pero no un certificado de discapacidad del 33℅ no me pueden contratar con un contratar con un contrato bonificado?
Los centros especiales de empleo no están contratando personas con IPT debido a que no son subvencionables. En cuanto a bonificación, los contratos siguen siendo bonificados.
27 febrero, 2020 a las 9:13 am
Buenos días, si yo tengo una ITP y me ha reconocido un 20% de discapacidad, corre peligro mi puesto de trabajo ya que llevo más de año y medio trabajando en un centro especial de trabajo?
2 marzo, 2020 a las 11:51 pm
Si tu antigüedad en la empresa es anterior al 28 de noviembre de 2018, no tendrás ningún problema.

References: Real Decreto 
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