Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A071-06.htm
Timestamp: 2017-11-23 16:34:00+00:00

Document:
A071-06
Auto 071/06
Referencia: expediente ICC-979
Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga y el Juzgado Segundo de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta.
Acción de tutela promovida por María Ángela Gelvez Rico contra la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander.
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006).
La señora María Ángela Gelvez Rico, el 21 de diciembre de 2005, interpuso acción de tutela contra la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, por considerar lesionado sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital, los cuales le fueron vulnerados como consecuencia de la reestructuración del Seguro Social, para el cual laboraba en la Clínica Comuneros de Bucaramanga.
La solicitud de tutela fue repartida al Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga, el cual, mediante providencia del 22 de diciembre de 2005, decidió remitir el expediente a los Jueces del Circuito de Cúcuta (reparto) por considerar que era en la capital de Norte de Santander donde presuntamente se están lesionando los derechos de la accionante. Para el juzgador, es en esa ciudad donde la entidad accionada tiene su asiento administrativo y donde se verificó la conducta que motivó la interposición de la acción.
En cumplimiento de lo anterior, se efectuó nuevo reparto, correspondiéndole el expediente a la Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, el cual a través de auto del 28 de diciembre de 2005, consideró que no le asistía razón al Juzgado de Menores, puesto que al haber escogido la accionante la ciudad de Bucaramanga, para presentar la acción de tutela, debía tenerse ese lugar como el de la lesión de los derechos invocados de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, dado que esa fue la elección de la tutelante, que debe ser respetada.
De esta manera la colisión suscitada, en el presente caso, entre el Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga y el Juzgado Segundo de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta debió ser resuelta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
No obstante, a partir del Auto 159A de 2003[3] la Corte Constitucional a pesar de la existencia de superior común de las autoridades judiciales en colisión, ha optado por dirimir directamente dichas controversias[4] con el fin de dar aplicación a los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (Art. 2º Superior) y de primacía de los derechos inalienables de las personas (Art. 5º ídem), proteger materialmente el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia (Art. 229 ídem), así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (Art. 86 ídem y artículo 3º del Decreto 2591 de 1991).
Sobre este aspecto, en el Auto 170A de 2003[5] esta Corporación explicó:
Teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que se interpuso la tutela y la fecha en que esta Corporación conoce de este conflicto de competencia, la Sala Plena considera necesario entrar a dirimirlo directamente, en aras de garantizar sin más dilación el derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante..
Desde esta perspectiva encuentra la Sala que la colisión que se ha presentado versa sobre una controversia en la interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que dispone que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”, precepto que fue reglamentado mediante el Decreto 1382 de 2000 que en su artículo 1º también señala que “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”
Así son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela, a saber: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.
Como se presenta en el asunto de la referencia, puede ocurrir que se verifiquen varias de las alternativas enunciadas y en esa medida tanto el Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga como el Juzgado Segundo de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, desde su óptica tendrían fundamento para considerar que era al otro juzgado al que correspondería conocer de la acción impetrada por la señora María Ángela Gelvez Rico. Así, para el juzgado de Bucaramanga se estaría frente a la alternativa (i) y para el juzgado de Cúcuta se configuraría la opción (iii).
En este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial[6] según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional y plantear innecesariamente colisiones de competencia, es la elección que haya efectuado el accionante. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a todo persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
Sobre este particular ha precisado la Corte que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.”[7]
Por lo anterior, aplicando la regla jurisprudencial indicada, el despacho que desde el mes de diciembre de 2005, debió asumir el conocimiento de la solicitud de tutela era el Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga, no sólo por asistirle competencia por el factor territorial, sino porque que esa fue la elección de la accionante. En consecuencia se le remitirá el expediente para que asuma sin más dilaciones la acción de tutela de la referencia.
ORDENAR al Juzgado Primero de Menores de Bucaramanga que asuma de forma inmediata el conocimiento de la tutela de la referencia.
Salvamento de voto al Auto 071/06
Peticionario: MARIA ANGELA GELVEZ RICO
[1] Cfr Corte Constitucional Autos 044 de 1998, 071, 072 de 1999, 087, 108, 115, 122, 142, 159, 175, 185, 188, 197, 216 de 2001, 031, 040, 043, 037A, 60, 66, 67,69, 072, 073, 075, 081, 082 y 084 de 2002.
[2] Cfr Corte Constitucional. Auto 087 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] En el mismo sentido, pueden estudiarse los Autos 123 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 142 M.P. Alvaro Tafur Galvis, 155 M.P. Alvaro Tafur Galvis, 159A M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 160A M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 169A M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 170 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 195 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 202 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 216 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 223 de 2003 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra y 234 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Autos 001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 09A M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 022A M.P. Rodrigo Escobar Gil, 023 y 062 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 035 061, 070 y 079 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 080 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 122 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 128B M.P. Álvaro Tafur Galvis, 137 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 140 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y 167 de 2004 M.P. Humberto Sierra Porto, 014 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 015 M.P. Humberto Sierra Porto, 034 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y 043 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otros.
[6] Corte Constitucional. Autos 277 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett, 149 y 017 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 021 de 2003, 030 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 036 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 037A de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 043 de 2003, 044A de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 045 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 049 y 081 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 083 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 y 105 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 072 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 123 de 2004, 137 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y 213 de 2005, entre otros.

References: artículo 37
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 37