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Timestamp: 2017-02-24 04:59:51+00:00

Document:
1_9788491436386 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
Registrador de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles,
Director de Relaciones Internacionales, Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y Bienes Muebles de España
© Fernando Pedro Méndez González
Guillermo Palao Moreno y otros
ISBN: 978-84-9143-638-6
GABRIEL ALONSO LANDETA, Registrador de la Propiedad
Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartado 10.
JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO, Catedrático Derecho internacional Privado, UPV/EHU
Artículos 45, 48 y 49.
CARMEN AZCÁRRAGA MONZONÍS, Profesora Contratada Doctora de
Derecho internacional Privado, Universitat de València
Artículos 39 y 40.
BEATRIZ CAMPUZANO DÍAZ, Profesora Contratada Doctora (Acreditada T.U.), Universidad de Sevilla
LUIS FRANCISCO CARRILLO POZO, Profesor de Derecho internacional
privado, Universidad de Gerona
Artículos 20, 21, 22 y 24.
JOSÉ JUAN CASTELLÓ PASTOR, Profesor Ayudante Doctor, Centro Universitario de la Defensa (Academia General Militar), Zaragoza
Artículo 26, Disposición derogatoria única.
JUAN MARÍA DÍAZ FRAILE, Registrador de la Propiedad, Catedrático de
Derecho Civil (acreditado), Director del Servicio de Estudios Registrales
Artículo 56, Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta
apartado 7 y Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta
MARÍA PILAR DIAGO DIAGO, Catedratica Acr. de Derecho Internacional
Artículos 28 y 36.
ÁNGEL ESPINIELLA MENÉNDEZ, Profesor Titular de Derecho internacional privado, Universidad de Oviedo
Disposición adicional primera, Disposición adicional segunda y Disposición adicional tercera.
ALBERT FONT i SEGURA, Profesor Titular de Universidad de Derecho
Internacional privado, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Artículos 1, 2, 3 y 4.
JOAQUIM-J. FORNER DELAYGUA, Catedrático de Derecho Internacional
Privado, Universitat de Barcelona
Artículos 29, 30, 31 y 32.
MARÍA ARÁNZAZU GANDÍA SELLENS, Senior Research Fellow, Max
Planck Institute Luxembourg for Procedural Law
Artículos 5, 12, 18 y Disposición transitoria única.
FEDERICO F. GARAU SOBRINO, Catedrático de Derecho Internacional
Privado, Universidad de las Illes Balears
Artículos 42 y 44, aprtados 1, 2 y 3.
MIGUEL GARDEÑES SANTIAGO, Profesor Titular de Derecho internacional Privado, Universitat Autònoma de Barcelona
Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta apartados 1, 2,
3, 4 y 5, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
MÓNICA GUZMÁN ZAPATER, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Artículos 14.
JAVIER GÓMEZ GÁLLIGO, Notario y Registrador de la Propiedad y Mercantil (excedente), Director General de los Registros y del Notariado
MIGUEL GÓMEZ JENE, Catedrático de Derecho Internacional Privado,
MÓNICA HERRANZ BALLESTEROS, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia
nº 2, Notario en excedencia
Artículo 44, apartado 4, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta apartado 6.
JOSÉ LUIS IGLESIAS BUHIGUES, Catedrático Emérito de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Artículos 41, 43 y 46.
PILAR JIMÉNEZ BLANCO, Catedrática acreditada de Derecho internacional privado, Universidad de Oviedo
Profesora de Derecho internacional privado, Universidad de Granada
JORGE LÓPEZ FERNÁNDEZ, Registrador de la Propiedad
Artículos 59, Disposición final segunda, Disposición final vigésima quinta
apartados 2 y 8, y Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartado 9.
NURIA MARCHAL ESCALONA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Granada
FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ, Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles, Profesor Asociado —Derecho Civil— de la Universidad de Barcelona
FRANCISCO MOLINA BALAGUER, Registrador de la Propiedad
Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 11,
12 y 13 (con NURIA RAGA SASTRE).
NICOLÁS NOGUEROLES PEIRÓ, Registrador de la Propiedad, Profesor
Asociado de Derecho Civil, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
ALFONSO ORTEGA GIMÉNEZ, Profesor Contratado Doctor de Derecho
internacional Privado, Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)
GUILLERMO PALAO MORENO, Catedrático de Derecho Internacional
JOSÉ IGNACIO PAREDES PÉREZ, Profesor Asociado de Derecho internacional Privado, Universidad de Alcalá
CARMEN PARRA RODRÍGUEZ, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Abat Oliba CEU
Artículos 6, 9 y 10.
CRISTINA PELLISÉ DE URQUIZA, Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universitat de Barcelona
PABLO QUINZÁ REDONDO, Profesor Ayudante Doctor de Derecho internacional privado, Universitat de València
Artículos 37, 38, Disposición final quinta y Disposición final sexta.
NURIA RAGA SASTRE, Registradora de la Propiedad
12 y 13 (con FRANCISCO MOLINA BALAGUER).
ANDRÉS RODRÍGUEZ BENOT, Catedrático de Derecho internacional
privado, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Artículos 11 y 15.
JOSÉ SIMEÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Registrador de la Propiedad,
Mercantil y de Bienes Muebles, Excedente en la Carrera Diplomática
Disposición final segunda, Disposición final vigésima sexta apartados 14,
Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Profesora Contratada Doctora de
Derecho internacional privado (acred. Titular). Universidad de Sevilla
Artículos 53 y 55.
ELISA TORRALBA MENDIOLA, Profesora Titular de Derecho Internacional privado, Universidad Autónoma de Madrid
Mª TERESA TOURIÑÁN MORANDEIRA, Registradora de la Propiedad,
Mercantil y Bienes Muebles. Registro de la Propiedad de Vilalba
MARINA VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Aunque con un significativo retraso (de casi 15 años) al respecto de la
previsión normativa, la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (en adelante, LCJIMC), responde al
mandato contenido en la disposición vigésima del de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil. De este modo, con la entrada en vigor de la LCJIMC
(el 20 de agosto del propio 2015, como se establece en su disposición final
sexta), se colma una significativa laguna en nuestro ordenamiento jurídico
que se suma a las destacadas reformas y propuestas legislativas que tuvieron
lugar se mismo año (reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
la Ley de Enjuiciamiento Civil o del Título Preliminar del Código Civil, o
la aprobación tanto de normas como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, o
como la Ley de la Infancia y Adolescencia) con las que prácticamente se
rediseñó el sistema español de Derecho Internacional privado de fuente
En este febril contexto legislativo, la LCJIMC se erige como una pieza
esencial del sistema de Derecho Internacional privado español, agrupando
en un único texto normativo diversos extremos vinculados a la práctica
internacional —diseminados hasta la fecha en distintos instrumentos legislativos— de la importancia de la notificación y el traslado de los documentos judiciales y extrajudiciales, la práctica y la obtención de pruebas, (así
como, de forma específica, la información y prueba del derecho extranjero), la litispendencia y la conexidad internacional, al igual que el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales y los documentos
públicos extranjeros, el procedimiento de exequatur y la inscripción en los
Registros públicos de las resoluciones judiciales y los documentos públicos
extranjeros. En consecuencia, la LCJIMC constituye un instrumento legislativo fundamental con el que, como se indica en su propio Preámbulo, se
pretende dotar a nuestro sistema de un marco general que proporcione
seguridad jurídica y certidumbre en la materia cubierta.
La importancia de la LCJIMC hacía que, de igual manera, resultara imprescindible presentar de forma sistemática los resultados de ese esfuerzo
codificador, haciendo un especial hincapié en los cambios que este texto
incorpora, su imbricación dentro del sistema español de Derecho Internacional privado de fuente interna, al igual que su interrelación con los
instrumentos convencionales y de origen europeo con los que convive. En
este sentido, la presente obra responde a este objetivo, siendo el resultado
directo del esfuerzo coordinado llevado a cabo por un significativo colec-
Fernando Pedro Méndez González y Guillermo Palao Moreno
tivo de especialistas universitarios en Derecho Internacional privado y de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en vistas
a ofrecer un estudio en profundidad y contextualizado de los diferentes
preceptos de la LCJIMC.
Por todo ello, la estrecha colaboración entre destacados internacionalprivatistas y miembros del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España se convierte, en este sentido, en uno
de los principales valores añadidos de estos Comentarios a la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Una obra coral que constituye una buena práctica de colaboración entre académicos y profesionales,
por medio del que se ofrece al lector un estudio crítico y practico de cada
uno de los artículos y de las disposiciones que contiene esta transcendental
Ley, llamada a jugar un papel principal en el sistema español de Derecho
AELC	Asociación Europea de Libre Comercio (vid. EFTA)
AEDIPr	Anuario Español de Derecho Internacional Privado
As.	Asunto
ATJUE	Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Aud.	Prov. Audiencia Provincial
CB	Convenio de Bruselas de 1968
Cco	Código de comercio
Cdo	Considerando
CE	Constitución espanola de 1978, Comunidades Europeas
CIDIP	Comisión Interamericana de Derecho Internacional
CL	Convenio de Lugano de 2007
CNY	Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento
y ejecución de sentencias arbitrales
Cir.DGRN	Circular de la DGRN
Con.DGRN	Consulta de la DGRN
Dec	Decisión
DGRN	Dirección General de los Registro y del Notariado
DIPr	Derecho internacional privado
DO	Diario Oficial de las Comunidades Europeas/de la
DPC	Derecho privado y Constitución
DPCI	Derecho Procesal Civil Internacional
ECAI	Entidad Colaboradora de Adopción Internacional
EEMM	Estados miembro
EFTA	European Free Trade Association (vid. AELC)
EM	Estado miembro
Fdo.	Do Fundamento de Derecho
Gaceta	Gaceta de Madrid
IDGRN	Instrucción de la DGRN
LAI	Ley de Adopción Internacional
LAJG	Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
LCJIMC	Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia
LECrim	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LJV	Ley de Jurisdicción Voluntaria
LM	Ley de Mediación
LMSPIA	Ley de Modificación del Sistema de Protección a la
Infancia y a la Adolescencia
MF	Ministerio Fiscal
No	Número
O.JUS.	Orden del Ministerio de Justicia
pp.	Páginas
par.	Párrafo
PE	Parlamento Europeo
Pto.	Punto
R-Cir.	DGRN Resolución Circular de la DGRN
RDGRN	Resolución de la DGRN
RD Leg.	Real Decreto Legislativo
Rec.	Repertorio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia
REDI	Revista espanola de Derecho Internacional
RH	Reglamento Hipotecario
Listado de abreviaturas más utilizadas 49
RJC	Revista Jurídica de Cataluna
S	Sentencia
SS	Sentencias
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TEE	Título ejecutivo europeo
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
“1. La presente ley regula la cooperación jurídica internacional entre las autoridades
2. Esta ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del
órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos
Profesor Titular de Universidad de Derecho Internacional privado, Universitat Pompeu
Fabra (Barcelona)
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA NOCIÓN DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL. 2.1. Los sectores comprendidos. 2.2. Las autoridades implicadas. 3.
LA NOCIÓN DE MATERIA CIVIL Y MERCANTIL. 4. BIBLIOGRAFÍA.
La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional
en materia civil1 (LCJIMC, en adelante) constituye una norma inédita en
el ordenamiento jurídico español. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder judicial2 (LOPJ, en adelante) introdujo algunas normas relativas
a la cooperación judicial internacional3 pero estaba pendiente adoptar una
regulación general de la materia que estableciera el régimen común4. El
carácter disperso de la regulación anterior no proporcionaba claridad y
obviamente ello mermaba la necesaria seguridad jurídica. En efecto, nunca hasta ahora se había emprendido en nuestro ordenamiento una regula-
BOE núm. 182, de 31 de julio de 2015, pp. 65906-65942.
BOE núm. 157, de 2 de julio de 1980, pp. 20632-20678.
Se trata de los artículos 276 a 278 LOPJ que se limitan estrictamente a la cooperación
jurisdiccional entre órganos jurisdiccionales españoles y extranjeros, aunque cubre
cualquier materia sin quedar restringida únicamente a la materia civil y mercantil.
Así se reconoce en el Preámbulo de la LCJIMC (apartado I).
ción tan ambiciosa de la cooperación jurídica internacional, entendida tal
expresión de forma tan amplia como lo hace el legislador español —como
veremos en el siguiente epígrafe—. No existía como tal una regulación omnicomprensiva de la cooperación jurídica internacional5. Ello no significa
que el ordenamiento jurídico español ignorara por completo las materias
que son objeto de regulación en la LCJIMC. Sin embargo, las disposiciones
existentes ponían de manifiesto la escasa relevancia prestada por el legislador español al tráfico jurídico externo, en general, y a la cooperación
jurídica internacional6, en particular. Si se consideran los distintos ámbitos
regulados en la LCJIMC, puede observarse que el auxilio judicial internacional se regulaba de forma muy parca7, la acreditación del Derecho
extranjero era objeto de una regulación más sucinta todavía8, la litispendencia y la conexidad internacionales carecían de regulación9 y, por fin, el
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras estaba
sujeto a un régimen obsoleto y vetusto10. Puede afirmarse en general que
la regulación era anacrónica y extemporánea, además de inadecuada y/o
insuficiente. Debe añadirse además que cada una de estas materias, en la
medida en que poseían un régimen propio —si es que efectivamente existía—, estaba regulada de forma aislada e independiente. No existía, en
consecuencia, una regulación que de forma sistemática y unitaria abordara
una ordenación de estas materias bajo un paraguas legal común.
La adopción de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil11 (LEC, en adelante) supuso una profunda renovación de la legislación
procesal civil española que pretendía cumplir con el derecho a la tutela
Aunque hay que recordar que la LCJIMC es de aplicación subsidiaria tal como dispone
el artículo 2.b), lo que puede determinar algunos problemas de coordinación entre la
LCJIMC y las normas especiales enumeradas en la Disposición adicional 1ª, tal como
ha puesto de relieve DE MIGUEL ASENSIO, P. A., “Coordinación de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil con la legislación especial”, REDI Vol. 68.
1, 2016, pp. 99-108.
Vid. HEREDIA CERVANTES, I. y RODRÍGUEZ PINEAU, E., “Algunas propuestas para
una futura ley de cooperación jurídica internacional en materia civil”, RJUAM 2013-II,
28, p. 93.
El artículo 177 LEC y los artículos 276 a 278 LOPJ eran las únicas referencias al auxilio
El artículo 281.2 LEC regula brevemente esta relevante cuestión.
No obstante, ello no impedía la consideración de una aplicación analógica de la LEC,
vid. GARDEÑES SANTIAGO, M., “Litispendencia y cosa juzgada en el extranjero ante
la nueva LEC”, AEDIPr t. I, 2001, pp. 315-338.
Artículos 951 y ss. LEC 1881.
BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000, pp. 575-728.
judicial efectiva y proporcionar consecuentemente mayor seguridad jurídica mediante unas garantías procesales que no mermaran unas medidas
judiciales adecuadas, ágiles, inmediatas y prontas. La ordenación de la legislación procesal se hizo además con una pretensión codificadora12, con
todo lo que ello implica. El legislador era consciente que las coordenadas
que presidían la LEC —esto es, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica
y objetivo codificador— debían extenderse en el plano de la cooperación
jurídica internacional. Así, partiendo de la consideración que el respeto
a la tutela judicial efectiva es indivisible y que debe preservarse en todo
proceso, la codificación del régimen aplicable al proceso civil debía abarcar el proceso civil puramente interno y aquél que posee un elemento extranjero. La tutela judicial efectiva determina también una construcción
de la cooperación jurídica internacional orientada hacia la protección y
garantía de los derechos procesales de los individuos13. Por consiguiente,
el plan normativo concebido por el legislador al regular el proceso civil se
extendía asimismo sobre la cooperación jurídica internacional14.
No obstante, la LEC no desarrolló la regulación de la cooperación jurídica internacional. Aunque es verdad que el artículo 177 LEC15 se refiere a
esta materia, no es más que una norma sin contenido regulativo propio que
opera como regla de remisión a los Tratados internacionales y, en su defecto, a la legislación interna que resulte aplicable16. El legislador, consciente
de la especificidad que suscita el elemento extranjero, optó acertadamente
por encomendar al Gobierno la presentación de un Proyecto de Ley sobre
cooperación jurídica internacional en materia civil. El mandato se plasmó
Vid. la Exposición de motivos de la LEC (apartado XIX) donde se pone de manifiesto
Vid. HEREDIA CERVANTES, I. y RODRÍGUEZ PINEAU, E., op. cit., p. 95; VIRGÓS
SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ F. J., Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación internacional, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2007 (2ª ed.), pp. 41-45; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., “Sobre el fundamento de la cooperación civil internacional”, en ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S. y REMACHA Y TEJADA, J.R. (Eds.), Cooperación
jurídica internacional, Colección Escuela Diplomática núm. 5, Madrid, 2001, pp. 65-66,
recogiendo apoyo de la jurisprudencia del TC (STC 99/1985).
Vid. la Exposición de motivos de la LEC (apartado XX); igualmente el Preámbulo de
la LCJIMC pone de relieve esta continuidad normativa en los apartados I, II o III.
El precepto se encuentra contenido en el Capítulo VI relativo al auxilio judicial y su
título es “Cooperación judicial internacional”, refiriéndose únicamente a los despachos para la práctica de actuaciones judiciales y establece el sistema de fuentes (Vid.
infra comentario al artículo 2º). En cualquier caso, resulta evidente que el alcance de
la LCJIMC es más amplio. Vid. asimismo el artículo 523.1 LEC, referido a la ejecución
de títulos ejecutivos extranjeros.
Vid. VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ F. J., op. cit., p. 279.
en la Disposición final vigésima por la que se concedía al Gobierno un
plazo de seis meses a contar desde fecha de entrada en vigor de la LEC.
En este sentido, puede decirse que el legislador forjaba una continuidad
material, teleológica y cronológica entre la LEC y la LCJIMC. Sin embargo,
no ha sido hasta casi unos quince años más tarde que el Gobierno ha presentado finalmente un Proyecto de Ley sobre cooperación jurídica internacional. Ciertamente, no puede decirse que la presión de la doctrina17 al
respecto haya hecho mella sobre los sucesivos Gobiernos que han ocupado
el Poder ejecutivo. No obstante, y como referencia ineludible debe mencionarse la propuesta elaborada por el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid18, debe precisarse que estas
aportaciones han supuesto una guía para la confección del texto definitivo,
sin perjuicio de que no todas las sugerencias han sido incorporadas en la
LCJIMC. Evidentemente también han ejercido una influencia notable los
instrumentos internacionales que vinculan a España y, muy en particular,
la normativa que la UE ha ido adaptando a lo largo de estos años.
Finalmente, el 30 de julio de 2015 se adoptó la LCJIMC. La regulación
de la cooperación jurídica internacional se despliega así con un total de
sesenta y un artículos y una estructura consistente en cinco Títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. La LCJIMC se inicia con un Preámbulo
expositivo y a continuación el aparato dispositivo con el Título Preliminar.
Disposiciones generales (artículos 1 a 4); el Título I. Régimen general de
la cooperación jurídica internacional, que se divide en cuatro capítulos: 1.
Disposiciones generales (artículos 5 a 19), 2. De los actos de notificación
y traslado de documentos judiciales (artículos 20 a 27), 3. De los actos de
notificación y traslado de documentos extrajudiciales (artículo 28) y 4. De
la práctica y obtención de pruebas (artículos 29 a 32); el Título II. De la
prueba del Derecho extranjero (artículos 33); el Título III. De la información del Derecho extranjero (artículos 34 a 36); el Título IV. De la litispendencia y de la conexidad internacionales, que se divide en tres capítulos: 1.
Vid. por todos FORNER DELAYGUA, J.J., “El papel de una ley de cooperación jurídica
internacional en materia civil en la aplicación de los Reglamentos comunitarios”, en
ESPLUGUES MOTA, C. y PALAO MORENO, G. (Coords.), Nuevas fronteras del Derecho
de la Unión Europea: Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues, Tirant lo Blanch, València,
2012, pp. 219-234.
Valora también positivamente la influencia determinante de esta contribución VAQUERO LÓPEZ, C., “Nuevas normas de derecho internacional privado estatal: una
primera aproximación a las reformas legislativas de julio 2015”, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 9/2015, p. 21.
Disposiciones generales (artículos 37 y 38), 2. De la litispendencia internacional (artículo 39) y 3. De las demandas conexas (artículo 40) y el Título
V. Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos
públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción
en Registros públicos, que se divide en seis capítulos: 1. Disposiciones generales (artículos 41 a 43), 2. Del reconocimiento (artículos 44 a 49), 3. De
la ejecución (artículos 50 y 51), 4. Del procedimiento judicial de exequátur
(artículos 52 a 55), 5. De los documentos públicos extranjeros (artículos 56
y 57) y 6. De la inscripción en Registros públicos (artículos 58 a 61).
La norma debe ser bienvenida en términos generales puesto que, siguiendo una apreciable técnica legislativa, sistematiza y ordena un sector
tradicionalmente olvidado por el legislador español.
2.	LA NOCIÓN DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
El objeto de la LCJIMC es la cooperación jurídica internacional entre las
autoridades españolas y extranjeras. Los términos “jurídica” y “autoridades”
han sido destacados para subrayar dos de los aspectos que conforman ab
initio el ámbito regulado y que determinan el amplio alcance de la LCJIMC
por lo que hace al contenido de la noción “cooperación jurídica internacional” y al carácter de las autoridades implicadas en tal cooperación19.
2.1.	Los sectores comprendidos
En la LCJIMC, más allá de lo que tradicionalmente ha venido constituyendo el contenido material de la cooperación judicial internacional20, el
concepto de cooperación jurídica es ciertamente amplio dado que com-
RODRÍGUEZ BENOT, A., “La ley de cooperación jurídica internacional en materia
civil”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 8 (2016), núm. 1, pp. 234-259, p. 236,
destaca con carácter general tres aspectos de la LCJIMC: los sectores comprendidos,
las autoridades afectadas y el ámbito substantivo. El primero y el segundo se tratan en
este epígrafe, el tercero se desarrolla en el siguiente epígrafe.
La cuestión terminológica no es en absoluto pacífica, Vid. POCAR, F., L’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, Cedam, Padua, 1967, pp. 4-29; ARENAS GARCÍA,
R., “Relaciones entre cooperación de autoridades y reconocimiento”, AEDIPr 2000,
Vol. 0, pp. 231-260, p. 233, nota 10. Por otra parte, la competencia de la UE en el ámbito de la “cooperación judicial en materia civil” no ayuda tampoco a aclarar el tema.
Como es sabido esta expresión se utiliza en el Derecho de la UE desde el Tratado de
Maastricht y los sectores que comprende son todavía más amplios (en la actualidad el
fundamento de la competencia de la UE se encuentra en el artículo 81 TFUE).
1_9788491436386

References: Artículo 26

Artículo 56

Artículo 44
 Resolución 
	Resolución 
	Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 177
 artículo 281
 artículo 177
 artículo 2
 artículo 523
 artículo 81