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Timestamp: 2020-01-18 21:55:46+00:00

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Ir a la Gaceta del día Jueves 03 de enero de 2013
Gaceta: LXII/1PPR-2/38927
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.
La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 164 numeral 1, 169 Y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de establecer la “regla de doble complemento” en la elección presidencial, así como la elección consecutiva de legisladores federales y de autoridades locales, al tenor de la siguiente
Como refiere José Woldenberg, la democracia no es un puerto de llegada o una estación terminal.1 La democracia es, en cambio, un arreglo institucional que se encuentra en una constante transformación para abrir más espacios a la deliberación pública y otorgar mayor legitimidad a quienes detentan algún cargo de elección popular. En este sentido, el fortalecimiento de nuestra democracia requiere de un constante perfeccionamiento de las instituciones públicas.
Ciertamente, en los últimos meses hemos avanzado significativa mente en esta dirección. Con la reforma política aprobada por el Constituyente Permanente, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, establecimos nuevos mecanismos de participación social y ampliamos los canales de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades. Gracias a figuras como las candidaturas independientes, las consultas populares y las iniciativas ciudadanas, cerramos la distancia que había entre las aspiraciones ciudadanas y las decisiones de sus representantes.
Ahora, con las candidaturas independientes cualquier ciudadano podrá postularse a cargos de elección popular con total independencia de lo que ofrecen los partidos políticos. Mediante las consultas populares, los ciudadanos podrán externar claramente sus preferencias y prioridades de política pública, sin que éstas tengan que pasar forzosamente por el control de los partidos políticos. Y a través de la iniciativa ciudadana, la sociedad podrá alinear los intereses de la agenda legislativa del Congreso con sus preocupaciones reales y más apremiantes (la facultad de presentar iniciativas ya no es exclusiva de los Poderes Ejecutivo y Legislativo).
Además, dicha reforma incluyó temas que han mejorado la relación entre los Poderes de la Unión. Gracias a la facultad del Ejecutivo federal de presentar iniciativas preferente s ante el Congreso de la Unión, en la presente legislatura se ha intensificado el trabajo legislativo. En especial, se discutieron dos temas que a pesar de haber estado en la agenda ciudadana durante mucho tiempo, se habían pospuesto por los costos políticos que conllevaban: la reforma laboral y la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar el uso de los recursos públicos en los gobiernos subnacionales.
No obstante a lo anterior, aún tenemos que hacer más para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones políticas y la democracia sea cada vez más útil y eficaz a la gente. Particularmente, es necesario insistir en la pertinencia de concretar dos reformas constitucionales que consoliden un cambio político de trascendencia en nuestro país. Uno de esos cambios es la adopción del principio de mayoría relativa calificada para la elección del presidente del República y el otro es la adopción del principio de elección consecutiva para legisladores federales y autoridades locales. Estas reformas son esenciales para dar mayor legitimidad al presidente de la República; profesionalizar los órganos encargados de modificar los ordenamientos legales; mejorar la gestión de los gobiernos locales; y fortalecer la rendición de cuentas ante la sociedad.
1. La regla de doble complemento
De acuerdo con el texto constitucional vigente, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos se elige bajo el sistema de “mayoría simple o relativa”. Es decir, el ganador de la elección presidencial es el candidato que obtiene el mayor número de votos sin importar el porcentaje del electorado que lo respalde ni qué tan cerca se encuentre del segundo lugar.
Aunque el sistema de mayoría relativa funcionó en nuestro país durante la época del partido hegemónico, en los últimos comicios presidenciales observamos algunas manifestaciones de descontento social por los resultados electorales. Los márgenes cerrados de votos entre el primer y el segundo lugar, así como el bajo respaldo del electorado hacia los ganadores, dieron pie a que un sector de la población cuestionara la validez de las elecciones y a que solicitaran la celebración de nuevas elecciones.2
Para reducir el riesgo de este tipo de disputas electorales, muchos países han establecido la segunda vuelta en caso de que ningún candidato alcance el umbral electoral requerido en la primera vuelta. De hecho, esto se ha vuelto una práctica común en América Latina y en el mundo, y la tendencia es claramente a distanciarse de la regla de mayoría relativa.3
Ciertamente, son muchas las variantes que pueden adoptarse en lugar de la mayoría relativa: ya sea un sistema de “mayoría absoluta” a dos vueltas (para el caso de que ningún candidato obtenga más del cincuenta por ciento de los votos en la primera ronda) o de “mayoría relativa calificada”.4 Pero en el caso de nuestro país consideramos que este último sistema tiene mayores ventajas como las siguientes:5
a) Incrementa la viabilidad del umbral electoral y evita la celebración de segundas vueltas innecesarias junto con los gastos asociados a ellas;
b) Evita la elección de presidentes minoritarios, es decir, la elección de un candidato con un bajo porcentaje de votos y un margen cerrado sobre el contrincante, lo que otorgaría al ganador un mayor respaldo social y político;
c) A diferencia de lo que puede ocurrir en un sistema de mayoría absoluta, permite corregir los riesgos inherentes de elegir presidentes basados en una coalición estrictamente negativa, ya que “puede reducir el número de candidatos que compiten en la primera ronda, al mismo tiempo que impide que en la primera vuelta se elija a un candidato que tenga una base de apoyo limitada o ideológicamente extremista”;6
d) Promueve la generación de alianzas entre candidatos y partidos políticos a fin de obtener el umbral de votación establecido como mínimo para ganar; y
e) De celebrarse la segunda vuelta, da oportunidad a los votantes de reorientar sus preferencias.
Con base en las consideraciones anteriores, esta iniciativa propone establecer una segunda vuelta para el caso de que el primer lugar no alcance el cincuenta por ciento de los votos y que la ventaja que obtenga respecto al segundo lugar no sea, por lo menos, la mitad del margen que separa a este último del cincuenta por ciento del total de los sufragios emitidos. Esto significa que el ganador de la contienda electoral será el candidato que reciba el cincuenta por ciento más uno de los votos, o bien, aquél que a pesar de haber recibido menos del cincuenta por ciento lo hace con tal ventaja que el margen del segundo candidato para obtener 50 por ciento es por lo menos el doble del margen del que obtuvo el ganador. A esto se llama la “regla de doble complemento”:
Esta regla se define para el caso en el que ningún candidato tenga más de la mitad de los votos: una mayoría relativa es suficiente para ganar si el margen del segundo candidato para obtener 50 por ciento es por lo menos el doble del margen del candidato con mayoría relativa. Con este esquema, sólo existiría un margen requerido y ningún umbral menor a 50 por ciento. Además, el margen requerido para una victoria de una sola vuelta se incrementaría en la medida en la que disminuya el porcentaje de votos del ganador por mayoría relativa. Por ejemplo, no se necesitaría ninguna segunda vuelta si el ganador por mayoría relativa tuviera 44 por ciento, siempre y cuando el candidato en segundo lugar tuviera menos de 38 por ciento de los votos, o si el líder tuviera 39 por ciento, pero el segundo tuviera menos que 28 por ciento. La regla del doble complemento y otras reglas de mayoría relativa calificada se basan en la premisa de que la mayoría relativa es suficiente por tanto una segunda vuelta sería superflua en dichos casos, pues permiten al candidato con más votos ganar cabalmente con menos de la mitad de los votos en algunas circunstancias pero no en otras.7
Matthew Soberg seña1a que a diferencia de otras reglas de mayoría relativa calificada, la del doble complemento impide que se establezcan umbrales arbitrarios de submayoría para obtener el triunfo (como 40 por ciento en Costa Rica o 45 por ciento en Argentina), o bien, que se establezcan requisitos de márgenes arbitrarios entre el primero y el segundo lugar (como los diez puntos porcentuales de Argentina si el líder tiene más de 40 por ciento pero menos de 45 por ciento). En cambio, el margen requerido se amplía en la medida en la que disminuye el porcentaje de votos por el candidato líder, lo que hace más probable que haya una segunda vuelta cuando los resultados de la primera ronda presenten una mayoría relativa pequeña o un margen muy cerrado.8
Así, en caso de que ningún contendiente concentre el porcentaje de sufragios requerido en la primera fecha electoral (a celebrarse el primer domingo de junio), se propone celebrar una segunda votación en la que participen solamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios en la primera ronda. La segunda votación, en caso de haberla, se programará para el segundo domingo de julio y de manera concurrente con los cargos legislativos federales para atemperar los costos que implica la organización. Este mecanismo no sólo evitará un posible abstencionismo en la segunda vuelta electoral, también permitirá al electorado articular su decisión tomando en cuenta la relación de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el legislativo.
2. Elección consecutiva de legisladores federales y autoridades locales
Tanto la elección consecutiva de legisladores federales como de autoridades locales es una herramienta fundamental para fortalecer el poder de los ciudadanos: a) permitirá consolidar la rendición de cuentas ante la sociedad; b) mejorará la calidad del gobierno al permitir la profesionalización de los cuadros administrativos en los ayuntamientos y los órganos legislativos; y c) convertirá al voto ciudadano en un instrumento de premio o castigo al desempeño gubernamental.
Es necesario recordar que la Constitución sí permite la reelección de los legisladores y las autoridades locales, pero no de forma inmediata.9 Es decir, lo que se discute no es la “reelección” en sí misma, sino la elección inmediata y no discontinua de los mismos.
Dentro de las razones que se esgrimen para justificar la elección consecutiva de los legisladores federales se encuentran las siguientes:10
a) La reelección permite crear un vínculo más estrecho entre el representante y sus electores, porque el legislador sabe que al concluir el periodo para el que fue electo requerirá nuevamente su apoyo para mantenerse en el puesto. Esto incentiva al representante a atender diligentemente los asuntos que interesan a los votantes;
b) La reelección constituye un mecanismo de rendición de cuentas, ya que los ciudadanos pueden premiar o castigar el desempeño de sus representantes a través del voto. Esto obligará a los legisladores a “actuar mucho más responsablemente en su cargo que si, por el contrario, no tiene que rendir cuentas a nadie y puede dejar pasar ese tiempo sin aportar nada a la legislatura respectiva”;
c) La reelección profesionaliza a los legisladores, lo que llevaría a una verdadera carrera parlamentaria y a la especialización. “Cuando los legisladores van haciendo carrera legislativa se van profesionalizando en el sentido de que conocen mejor las materias con las que tratan y tienen mayor dominio de las funciones propiamente legislativas y de control político que se realizan desde las Cámaras”;
d) La reelección coadyuvaría a la formación de una cultura política democrática.
Por lo que se refiere a la elección consecutiva de las autoridades locales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado que también se daría un poder inédito a los ciudadanos porque se transformaría el voto en un medio para premiar o castigar a los representantes políticos. Agrega, además que existe evidencia que demuestra que los alcaldes que se están jugando la reelección tienen menos probabilidad de caer en actos de corrupción, en comparación con los que ya no tienen posibilidad de reelegirse, además de que se mejora la calidad de la administración pública. 11
Dicho de otra manera, la elección consecutiva de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos y jefes delegacionales, resulta esencial para mejorar la gestión de gobierno desde el nivel local porque son esas autoridades las que guardan mayor cercanía con la población y, en consecuencia, hará posible que existan mayores niveles de información acerca de sus funciones y su desempeño. Un argumento paralelo para solicitar la reelección inmediata de las autoridades locales es que, junto con El Salvador, México es el país con la menor duración de los periodos de gobierno de las autoridades municipales en América Latina.12 Y el establecimiento de la elección consecutiva permitirá ampliar los periodos de gobierno para asegurar la continuidad de los programas de gobierno si es que el funcionario hizo bien su trabajo.
Cabe decir que esta iniciativa no propone que la reelección sea ilimitada y en cada caso se señalan ciertas restricciones. Además, atendiendo a la recomendación del IMCO, se propone que sean los órganos legislativos de las entidades deferativas quienes decidan si quieren o no la reelección de ayuntamientos y diputados locales, “de tal forma que no se trastorne de forma súbita al orden político”.
Finalmente, es preciso decir que algunas voces se muestran renuentes a debatir sobre la pertinencia de este tipo de reformas aduciendo que la mayoría de la población no las aprueba. Sin embargo, algunos estudios han señalado que la percepción ciudadana se ha ido modificando con el paso del tiempo;13 y más importante aún, que la opinión favorable que tiene la ciudadanía respecto a la reelección de sus autoridades se incrementa en la medida que los ciudadanos conocen las ventajas de su instauración. Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) afirma que “algunas encuestas han demostrado que al informar a los entrevistados las posibles ventajas de la reelección, crece considerablemente la aprobación a la misma. Se trata, por tanto, de una opinión susceptible de modificarse a través de una campaña de difusión o de acuerdo a la forma en que se realice el debate sobre el tema”.14
Estas iniciativas tienen la finalidad de que los mexicanos continuemos con el proceso de democratización que iniciamos hace algunos años. Éstas son propuestas ineludibles que los ciudadanos han exigido desde hace tiempo y que ya no pueden esperar más. Tenemos la obligación de apostar por una reforma política que siga profundizando los cambios que requiere nuestro sistema político y que responda a la nueva realidad democrática de México.
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del Constituyente Permanente por su digno conducto, el siguiente proyecto de
Artículo Único. Se reforman el artículo 41, fracción V, párrafo noveno; el párrafo tercero del artículo 56; el párrafo primero del artículo 59; el párrafo primero del artículo 81; el artículo 99, fracción II; el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115; el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116; y se adicionan el artículo 41, fracción IV, con un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 51 con un párrafo segundo; el artículo 59 con un párrafo segundo; el artículo 81 con un párrafo segundo, tercero y cuarto; el artículo 115 con un párrafo tercero en su fracción I, recorriéndose los subsecuentes; el artículo 116 con un párrafo tercero y cuarto en su fracción II, recorriéndose los subsecuentes; y el artículo 122 con el párrafo segundo de la fracción I de la Base Primera y un último párrafo de la fracción II de la Base Tercera, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
La duración de la campaña para la primera votación de Presidente de la República, se sujetará a lo que establece el párrafo anterior. Las campañas para la segunda votación tendrán la duración que señale la ley.
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica; la geografía electoral; la organización de la primera votación y, en su caso, de la segunda votación para la elección del presidente de la República; el cómputo de su votación y la emisión de la declaratoria de validez de su resultado; los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos; el padrón y lista de electores; la impresión de materiales electorales; la preparación de la jornada electoral; los cómputos en los términos que señale la ley; la declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
La elección deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. En los años en que concurra con la elección de Presidente de la República, la elección deberá celebrarse el segundo domingo de julio.
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. La elección deberá celebrarse el segundo domingo de julio del año que corresponda.
Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión podrán ser reelectos en forma inmediata. En cada ocasión, los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos periodos adicionales.
Los Diputados o Senadores propietarios que hayan cumplido los periodos de reelección antes establecidos no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplentes. A los Diputados o Senadores suplentes que hubieren estado en ejercicio les será apHcable lo establecido en el párrafo anterior.
Articulo 81. La elección del Presidente será directa, en segunda vuelta según lo establece la Constitución, y en los términos que disponga la ley electoral.
Será electo Presidente el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos en la primera ronda electoral. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, entonces será electo Presidente el candidato que hubiere obtenido la mayor cantidad de votos, siempre que la ventaja que obtenga respecto al segundo candidato más votado sea por lo menos la mitad del margen que separa a este último del cincuenta por ciento del total de los votos emitidos.
Si ningún candidato alcanza el umbral electoral señalado en el párrafo anterior, se realizará una segunda votación en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de los sufragios emitidos. En este caso, será electo Presidente el que obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos.
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en la primera como en la segunda votación, serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
La Sala Superior realizará los cómputos finales de la primera votación y, en su caso, de la segunda, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido la mayoría de los votos en términos del artículo 81 de esta Constitución.
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos podrán ser electos hasta por un máximo de doce años consecutivos, siempre y cuando así lo permita la Constitución de la entidad respectiva, en periodos cuya duración será establecida en todo caso por la misma Constitución y que no excederá los tres años.
Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, serán considerados como electos popularmente por elección directa desde el momento en que inicie el periodo para el cual fueron electos, nombrados o designados para efectos de los plazos a que alude el segundo párrafo de esta fracción.
Cuando así lo disponga la Constitución respectiva, los diputados de las Legislaturas estatales podrán ser reelectos en forma inmediata; en cada ocasión hasta por dos periodos adicionales. Cumplido lo anterior, los diputados propietarios que hayan cubierto los periodos de reelección antes establecidos no podrán ser electos para el siguiente periodo con el carácter de suplentes.
A los diputados suplentes que hubieren estado en ejercicio les será aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo de la presente fracción.
Cada periodo de mandato será de tres años.
Los Diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por un máximo de doce años consecutivos, siempre y cuando así lo permita el Estatuto de Gobierno, en periodos cuya duración será establecida en todo caso por dicho estatuto y que no excederá los tres años.
BASE SEGUNDA. ...
BASE TERCERA. ...
Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley hasta por un máximo de doce años consecutivos, siempre y cuando así lo permita el Estatuto de Gobierno, en periodos cuya duración será establecida en todo caso por dicho estatuto y que no excederá los tres años.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 180 días posteriores a la publicación del presente decreto.
1 Democracia y Participación, Universidades número 34, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, mayo-agosto, México 2007, página 42.
2 En las últimas dos elecciones presidenciales ningún partido político obtuvo más del cuarenta por ciento de los votos emitidos: en 2006 el PAN mantuvo la presidencia con 35.89% y en 2012 el PRI obtuvo 38.21%.
3 Véase Soberg Shugart, Matthew, Mayoría relativa vs. segunda vuelta. La elección presidencial mexicana de 2006 en perspectiva comparada, en “Política y Gobierno”, Vol. XIV, Núm. 1. I semestre de 2007, pp. 175-202. Por su parte, Angélica Hernández menciona que en los setenta sólo Costa Rica y Ecuador contemplaban la segunda vuelta, pero que actualmente son trece los países con sistema presidencial en Latinoamérica que la han incorporado a su Constitución, Segunda Vuelta Electoral, en “Revista Quórum Legislativo”, núm. 90, julio-septiembre 2007, p. 108. 4 Los sistemas de mayoría relativa calificada utilizan la segunda vuelta pero imponiendo un margen menor al cincuenta por ciento de los votos para la primera ronda. Por ejemplo, en Argentina se estableció en 1995 que “45% de los sufragios es suficiente para no recurrir a la segunda vuelta y se declara ganador al candidato que tenga 40% de los votos con un margen de 10% con. respecto al porcentaje de votos que obtenga el candidato que quedó en segundo lugar”. Véase Sf2Iberg Shugart, Matthew, op. cit. p. 177 y 178.
5 Ibíd., p. 186. También véase Hernández Reyes, Angélica, op. cit.
6 Soberg Shugart, Matthew, op. cit., p. 192.
7 Ibid, pp. 178 y 179.
8 Ibid, p. 201.
9 En los hechos, a nivel municipal ya existe la reelección de partidos políticos en México. IMCO analizó resultados electorales en las últimas 3 elecciones en los 373 municipios que son considerados en este estudio. En total se analizaron resultados de 1,056 elecciones municipales. Para todo este periodo la probabilidad de que el partido en el poder se reelija es del 50.4%. Sin embargo, esta ha bajado en cada periodo, en la primera elección analizada fue del 59.8%, en la segunda del 46.9% y en la tercera del 44.8%. El problema con la reelección de partidos en los ayuntamientos es que no ocurre una rendición de cuentas unipersonal sobre los actos de autoridad. Los ciudadanos pueden castigar o premiar a un partido en el poder, pero no sancionar directamente el futuro político de la persona que encabezó el ayuntamiento. México es el único país de América Latina que prohíbe la reelección tanto de legisladores como de presidentes municipales y cuya duración de gobierno es la más breve”. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Competitividad Urbana 2010. Acciones urgentes para las ciudades del futuro, p. 205.
10 Carbonell, Miguel, Hacia un Congreso profesional: la no reelección legislativa en México, en “La Cámara de Diputados en México”, Pérez, Germán y Martínez, Antonia (comp.), Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión LVII Legislatura, México 2000, pp. 105-117. Dice el autor que atendiendo al derecho comparado “la evidencia se vuelve aplastante”, ya que prácticamente todas las democracias consolidadas, con la excepción de Costa Rica, permiten la reelección legislativa.
11 Competitividad Urbana 2010. Acciones urgentes para las ciudades del futuro, p. 203.
13 Al respecto, un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala lo siguiente: “La opinión sobre la reelección ha ido cambiado en forma paulatina y sutil pero consistente, de su rotundo rechazo por la mayoría de la población, hacia una aprobación cada vez mayor. Así, la aprobación de la reelección del presidente de la República pasa de un 23% en 1998 al 44.9% en 2010. Para los diputados federales los porcentajes cambian en términos similares: de un 23% que en 1998 estuvo de acuerdo con la reelección de los diputados federales alcanza el 40% en 2010”. Véase Flores, Julia Isabel, et al, Reelección y democracia: cambios en los valores de la población, en “Revista Mexicana de Derecho Electoral”, Universidad Nacional Autónoma de México -Instituto de Investigaciones Jurídicas, Núm. 2, julio-diciembre de 2012, pp. 467-490.
14 La reelección en la opinión pública, Cámara de Diputados, marzo de 2004, p. 4.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a tres de enero de 2013.

References: artículo 71
 artículo 41
 artículo 56
 artículo 59
 artículo 81
 artículo 99
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 41
 artículo 51
 artículo 59
 artículo 81
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 122

Artículo 59
 artículo 81