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Timestamp: 2019-07-24 00:10:26+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Marjorie Canales Allende con DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE (DIRECTEMAR)
Marjorie Canales Allende con DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE (DIRECTEMAR) Rol: C504-09
Consejo para la Transparencia, 27/01/2010
Se dedujo amparo en contra de DIRECTEMAR, fundada en la denegación de la información debido a la oposición formulada por la empresa Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., al solicitar copia de todo lo obrado en la investigación sobre las causas del incendio en la M/N Río Blanco, en Santos Brasil, el 16 de febrero de 2008, en la que resultaron muertos tres personas de nacionalidad chilena . El Consejo estimó que el tercero opositor no ha aportado ningún antecedente de hecho ni argumentación de derecho que permita apreciar la concurrencia de una afectación o daño a los derechos de la referida persona jurídica, por lo que se estima que las alegaciones del tercero oponente no permiten contrariar la presunción de publicidad que pesa sobre la información en poder de los órganos de la Administración del Estado, toda vez que no es posible apreciar una afectación a los derechos del tercero. Se acoge el amparo presentado.
Consejo para la Transparencia, 29/09/2009, A170-09
DECISIÓN AMPARO Nº C504-09
Entidad pública: Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR)
Requirente: Marjorie Canales Allende
Ingreso Consejo: 17.11.2009.
En sesión ordinaria N° 123 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de enero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C504-09.
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el D.S. N° 328/1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1974; el D.S. N° 348/2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1974, incorporando el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; la Circular O-71/027 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, de 2 de marzo de 2007, que dispone el procedimiento para dar cumplimiento a las prescripciones del Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación; y las Resoluciones A.741(18), de 4 de noviembre de 1993, y A.913 (22), de 22 de enero de 2002, de la Organización Marítima Internacional, que establecen, respectivamente, el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación y las Directrices Revisadas para la implantación del mismo por parte de las Administraciones.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de octubre de 2009, doña Marjorie Canales Allende solicitó a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (en adelante, DIRECTEMAR) copia de todo lo obrado en la investigación sobre las causas del incendio en la M/N Río Blanco, en Santos Brasil, el 16 de febrero de 2008, en la que resultaron muertos tres personas de nacionalidad chilena que pertenecían a la dotación de la nave, y del cual DIRECTEMAR habría elaborado el informe preliminar N°2/2008, de 10 de mayo de 2008. En particular, solicitó copia de los siguientes documentos:
a) Informes, documentos, cartas, emails y demás documentos que obren en poder de DIRECTEMAR;
b) Informe del Capitán de la nave, señor Alexis Dionisio Thieme Espinoza, sobre las causas del derrame y posterior incendio de la nave;
c) Informe del Jefe de Máquinas e informe del Inspector nominado por DIRECTEMAR;
d) Informe de la Sociedad de Clasificación de la nave;
e) Informe de la Autoridad Marítima Brasilera, sobre las causas del derrame y posterior incendio de la nave;
f) Informe de los Inspectores nominados por el Club de P & I, señores Gard, sobre las causas del derrame y posterior incendio;
g) “Procedimiento seguro de trabajo e instrucciones existentes, de los señores Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., Compañía Naviera Río Blanco S.A., y Compañía Sudamericana de Vapores S.A., para antes de abrir, drenar las cañerías y válvulas, desconectarlas, o sacarlas para su revisión, y/o para eliminar restos de combustible al interior del circuito / red de suministro de petróleo (diesel), o válvulas obstruidas o tapadas”; y
h) En general, todos los resultados de la investigación de este siniestro, en donde se expliquen las causas y/o eventuales responsabilidades, recomendaciones, etc.
2) RESPUESTA: Con fecha 30 de octubre de 2009, mediante Ordinario N° 753, de 30 de octubre de 2009, DIRECTEMAR respondió la solicitud del reclamante, señalando, en resuman, lo siguiente:
a) Entregó copia de los siguiente documentos:
i) Carta dirigida al Sr. Director de Puertos y Costas de Brasil con anexo correspondiente a copia del Proyecto de Informe Final N°3/1/2008, del 8 octubre del 2008, correspondiente a la Investigación por Contaminación e Incendio del “Purecar Carrier Río Blanco”;
ii) Cuadro de emergencia del M/N “Río Blanco”;
iii) Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por derrame de hidrocarburos;
iv) Listado del personal embarcado, de fecha 15 de febrero de 2007;
v) Carta protesta de Petrobras.
b) Indicó que respecto de la información requerida entre las letras b) y f) de su solicitud de información, ambas inclusive, este servicio no contaría con tales antecedentes ni ha tenido acceso a ellos, toda vez que el proceso investigativo se ha realizado por medio de entrevistas orales entre los investigadores y las tripulaciones, peritajes en terreno y procedimientos, cuyo análisis y recomendaciones son los que se entregan en el informe que se remite al solicitante en la letra a.i) de su respuesta.
c) Sostiene que respecto de la entrega de la información relativa a los procedimientos dispuestos por la compañía para realizar tareas operacionales de la nave (descrita en la letra g, precedente), dicha solicitud supondría la entrega de documentos emanados por terceros, los cuales, en virtud del Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación, han sido entregados como documentos de trabajo interno a la autoridad. Conforme a ello, se procedió a informar a los terceros involucrados su derecho a la oposición de la entrega de la información requerida, quienes hicieron ejercicio del mismo, dentro de plazo legal y en forma fundada.
3) TENGASE PRESENTE: Mediante correo electrónico de 26 de enero de 2009 DIRECTEMAR informó que, si bien la solicitante requirió información relativa a los “procedimientos de trabajo seguro” de tres empresas navieras diferentes, éstas constituyen un holding, donde Compañía Sudamericana de Vapores se preocupa de efectuar negocios con el buque en cuestión, Compañía Naviera Río Blanco es dueña del mismo y lo arrienda a Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. quien, en realidad, opera el buque y es responsable de su mantención y tripulación, razón por la cual sólo comunicó a esta última compañía su derecho a oponerse.
4) OPOSICIÓN: El 26 de octubre de 2009, Héctor Arancibia Sánchez, Gerente General de Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., manifestó a DIRECTEMAR su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando, en resumen, lo siguiente:
a) Que la divulgación de sus creaciones y procedimientos causaría grave daño de la empresa.
b) Que la información solicitada no poseía carácter público, sino que correspondía a documentos privados que se entregaban a la autoridad para ejercer su potestad fiscalizadora, sin que esa circunstancia altere la naturaleza jurídica del documento ni la privacidad de su contenido.
5) AMPARO: El 13 de noviembre de 2009, doña Marjorie Canales Allende reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información pública, en contra de DIRECTEMAR, fundada en la denegación de la información debido a la oposición formulada por la empresa Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., exponiendo, en resumen, los siguientes argumentos y observaciones:
a) Reclama ante este Consejo en representación de doña Julia Rosajeria Aguilar, Francisco Muñoz Jeria, Julio Muñoz Jeria, Patricio Muñoz Jeria, y José Moreno Sánchez, y doña Nieves Rojo Oyanadel, quienes son familiares directos de dos de los tripulantes de la embarcación que fallecieron en el siniestro y eran trabajadores de la empresa Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. Al efecto, acompaña el poder de representación que invoca.
b) Indica que su solicitud se basa en el desconocimiento de los detalles en que ocurrió el siniestro, sus causas, los factores humanos y materiales que lo posibilitaron y quiénes actuaron de manera inapropiada.
c) Sostiene que la oposición del tercero involucrado carecería de todo fundamento teniendo en consideración que los documentos fueron agregados a un proceso de investigación administrativa, en la que sus representados tienen la calidad de familiares directos de las víctimas y poseen un interés legítimo de conocer la información y la entrega de los documentos se encuentra justificada en que en ellos es posible encontrar una explicación a las causas del siniestro.
d) Observa que la referida empresa no indica que los documentos solicitados tengan el carácter de reservados o secretos y se trataría de procedimientos de trabajo que han sido incorporados a la investigación pública de DIRECTEMAR, sin que la empresa solicitara su reserva.
e) Argumenta que el actuar de la empresa empleadora de las víctimas de este siniestro ha podido importar una infracción al deber u obligación de seguridad contemplado en el artículo 184 Código del Trabajo, obligación que debe entenderse como de orden público. Al respecto, sostiene -citando al profesor José Luis Diez Schweter y a cierta jurisprudencia- que el deber de protección u obligación de seguridad tienen también el carácter de obligación legal regida por normas de orden público, “cuyo cumplimiento mira a la prevención de los riesgos profesionales, lo que importa a sus trabajadores, a sus familias y a la sociedad toda, tanto para proteger la vida y salud de los trabajadores, como por razones éticas y sociales”, razón por la cual se trataría de una materia de interés público.
6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 954, de 11 de diciembre de 2009, el Director General del Consejo para la Transparencia, confirió traslado al Director General de DIRECTEMAR, quien evacuó el mismo mediante Oficio Ord. N° 12600, de 6 de enero de 2010, ingresado a este Consejo el 7 de enero del mismo año, formulando, en resumen, los siguientes descargos y observaciones:
a) Hace presente que el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación (en adelante, Código IGS) fue incorporado al “Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar”, de 1974, (en adelante, Convenio SOLAS,) por medio del D.S. N° 348/2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores (D.O. 17.04.2004), constituyendo una ley conocida por todos y obligatoria.
b) Indica que el Código IGS tiene por objeto garantizar la seguridad marítima y que se eviten lesiones personales, pérdidas de vidas humanas y daños al medio ambiente, encontrándose llamados a dar cumplimiento al referido Código las “Compañías”, entendiendo por tales al explotador del buque y la “Administración”, refiriéndose a los Estados cuyo pabellón enarbola el buque.
c) Explica que las “Compañías” están obligadas a dar cumplimiento a los objetivos de la gestión de seguridad, debiendo para ello: (a) establecer prácticas de seguridad en las operaciones del buque y en el medio de trabajo; (b) tomar precauciones contra todo riesgo; y (c) mejorar continuamente los conocimientos prácticos del personal de tierra y a bordo, para lo cual, deben elaborar, implantar y mantener un “Sistema de Gestión de la Seguridad” (SGS). Dicho sistema está definido por el mismo Código IGS como “un sistema estructurado y documentado, que permita al personal de la compañía implantar de forma eficaz los principios de seguridad y protección ambiental de la misma”.
d) En Chile, la “Administración” se encuentra radicada en DIRECTEMAR, siendo ésta la llamada a expedir los Certificados de Gestión de la Seguridad que demuestran el cumplimiento de las prescripciones del Código IGS. Para expedir dicho certificado, la "Administración" debe verificar que la “Compañía” y su gestión se ajustan al “Sistema de Gestión de la Seguridad” (SGS) que ellos han elaborado y que ha sido aprobado por la “Administración”.
e) Sostiene que conforme a lo dispuesto por la Resolución A.913 (22), de la Organización Marítima Internacional, aprobada el 29 de noviembre de 2001, denominada “Directrices para la Implementación del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS) por las Administraciones”, el personal de la Administración que participe en la labor de verificación debe garantizar la confidencialidad de los documentos relacionados con la certificación y observar discreción con respecto a la información confidencial obtenida.
f) Requiere se considere que la autoridad marítima ha tenido conocimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) de la “Compañía” Southern Shipmanagement Chile Ltda. sólo en virtud del rol de “Administración” que le concede el Código IGS, específicamente, en cuanto organización encargada de expedir los certificados prescritos por el Código IGS.
g) Que, en virtud de las disposiciones precitadas, DIRECTEMAR informó al tercero involucrado de su derecho de oposición a la entrega de la información y, fundado en ella, denegó el acceso a la misma.
h) Acompaña un CD que contiene la información solicitada por el reclamante.
7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: Mediante Oficio N° 955, de 11 de diciembre de 2009, el Director General del Consejo para la Transparencia, confirió traslado al Gerente General de Shipmanagement (Chile) Ltda., quien evacuó el mismo el 7 de enero del mismo año, formulando, en resumen, los siguientes descargos y observaciones:
a) Sostiene que la solicitud es absolutamente improcedente, en atención a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, e innecesaria, habida cuenta que la información perseguida estaría en poder del reclamante desde el 1° de diciembre de 2009, toda vez que mediante una medida prejudicial presentada ante el Primer Juzgado Civil de Valparaíso, autos Rol N° 5863-2009, la reclamante, en representación de las misma personas, solicitó la exhibición de un conjunto de documentos en poder de Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., en particular, en el punto 7 de su parte petitoria, solicitó la exhibición del “Procedimiento seguro de trabajo e instrucciones escritas existentes del siniestro, para antes de abrir, drenar las cañerías y válvulas, desconectarlas, o sacarlas para su revisión; y/o para eliminar restos de combustible al interior del circuito / red de suministro de petróleo (diesel), o válvulas obstruidas o tapadas”.
b) Indica que dicha información fue exhibida por la empresa en la audiencia judicial de 1° de diciembre de 2009, entregando copia de los siguientes documentos: “Safety, Security, Quality/Enviromental Manual”, y “Procedimiento para el suministro y transferencias internas de hidrocarburos”; dejando constancia tanto las partes como el Tribunal, que éstos eran los documentos relativos a lo solicitado en el punto 7 de la parte petitoria de su acción prejudicial, sin que hubiere controversia al efecto.
c) Argumenta que no corresponde que la Autoridad Marítima disponga al público de la información de “Seguridad Operacional” de las naves registradas en el país, pues se trata de información reservada, de elaboración propia, que no es requisito o supuesto de un acto administrativo, sino una exigencia dada por las leyes reguladoras de la actividad naviera, nacional e internacional, para que los actores u operadores de estos emprendimientos acrediten que cumplen con proveerse de medios y procedimientos relativos a la seguridad de la nave, la navegación y la vida marina.
d) Sostiene que la investigación de los hechos ocurridos en Brasil, el 16 de febrero de 2008, le corresponde -de manera exclusiva y excluyente- a las autoridades competentes de la República Federativa de Brasil, sin que tengan los intereses de la nave o su dotación, acceso a esa investigación y sus conclusiones.
e) Por último, observa que la reclamante ha expuesto que se incoará una acción de responsabilidad civil en contra de la empresa que representa, razón por la cual todo cuanto ha dicho en su presentación para construir la responsabilidad de otras personas, que son extraños a la documentación que es sublite en este procedimiento, no parece pertinente, y de manera alguna puede servir para revestir “causa pública” documentos cuya naturaleza jurídica no se altera por el hecho que sea presentado ante un ente fiscalizador de la actividad naviera.
f) Acompaña copia de los siguientes documentos: (i) copia simple de la medida prejudicial presentada por la reclamante en autos Rol N° C-5863-2009; (ii) acta del audiencia ante el 1° Juzgado Civil de Valparaíso en que da por cumplida la exhibición solicitada; y (iii) poder de representación que invoca.
1) Que, respecto a la disponibilidad de la información por parte de la reclamante, el tercero opositor ha sostenido que ésta se encontraría en su poder pues le habría sido entregada en el contexto de una medida prejudicial de exhibición de documentos.
2) Que, sobre el particular, es menester tener presente los siguiente:
a) Consta en copia simple de la medida prejudicial presentada por la requirente ante el 1° Juzgado Civil de Valparaíso, el 7 de octubre de 2009, que la requirente solicitó decretar en contra de Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., Compañía Naviera Río Banco S.A. y Compañía Sudamericana de Vapores S.A., la exhibición, entre otros, del siguiente documento: “N° 7.- Procedimiento seguro de trabajo e instrucciones escritas existentes del siniestro, para antes de abrir, drenar las cañerías y válvulas, desconectarlas, o sacarlas para su revisión; y/o para eliminar restos de combustible al interior del circuito / red de suministro de petróleo (diesel), o válvulas obstruidas o tapadas”.
b) Consta en la resolución del referido juzgado que Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., en virtud de la precitada solicitud, exhibió los siguientes documentos: “Safety, Security, Quality / Environmental Manual” y “Procedimiento para el suministro y transferencias internas de hidrocarburos”. El tribunal tuvo por exhibidos ambos documentos.
3) Que, cotejada la información solicitada con aquella requerida como medida prejudicial, se concluye que existe identidad entre ambas.
4) Que no obstante existiría un procedimiento judicial en curso, este Consejo estima que en el presente caso no resulta aplicable los resuelto en su decisión Rol A63-09, de 7 de agosto de 2009, en que rechazó un amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Aduanas por considerar que al Consejo le estaba vedado pronunciarse sobre la entrega de unos documentos solicitados por el demandante como medio de prueba y sobre su completitud en el marco de un juicio, pues ello importaría avocarse a causas pendientes ante los tribunales establecidos por la ley, transgrediendo el art. 76 de la Carta Fundamental. El presente caso es diferente debido a que la información requerida habría sido, en parte, entregada por el tercero involucrado en el marco de una medida prejudicial y no por el órgano de la Administración requerido; por otro lado, este Consejo no ha podido determinar si la información entregada en sede jurisdiccional es idéntica a aquella que posee el órgano de la Administración del Estado, razón por la cual no puede estimarse que la información solicitada ya se encuentre en poder del reclamante.
5) Que, a mayor abundamiento, es menester recordar que –tal como se estimó en la decisión A170-09, de 29 de septiembre de 2009- si bien podría desprenderse que la reclamante tiene conocimiento de la información solicitada, “esto no obsta a que pueda volver a solicitar un documento que es público, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia” (Considerando 5°, letra a). Máxime si la información en poder del servicio requerido puede ser más amplia o más precisa que aquélla entregada previamente por el tercero involucrado.
6) Que analizada la información acompañada por DIRECTEMAR ésta contiene, entre otros, los siguientes documentos:
a) Safety, Security, Quality & Environmental Manual;
b) Manual de gestión de buques portacontenedores;
c) Manual de Gestión de Puente;
d) Bulk Carrier Manual;
e) Manual de Contingencia de Siniestros;
f) Manual de respuesta ante accidentes mayores;
g) Manual de buques tanques químicos;
h) Manual de gestión de basuras;
i) Mantenimiento de equipos de seguridad, extinción de incendios y socorrismo;
j) Objetivos y metas de la empresa;
k) Cumplimiento de los requisitos normativos en nuestro sistema de gestión ambiental;
l) Resultado del análisis de la legislación y requisitos aplicables al sistema de gestión ambiental;
m) Información sobre instrucciones de procedimientos y trabajo en materia de contabilidad, administración, medio ambiente, finanzas, flota, personal, power pack, compras, calidad y sistemas; y
n) Lista de puntos nacionales de contacto operativos. Responsable de la recepción, transmisión y procesamiento de informes de urgencia sobre sucesos relacionados con sustancias peligrosas, incluyendo hidrocarburos desde buques a los estados ribereños;
7) Que la información solicitada por la reclamante, conforme señaló DIRECTEMAR, fue elaborada por terceros y se encuentra en poder del órgano de la Administración en virtud de lo dispuesto por el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación (Código IGS), debido al rol que le compete a esta institución en el proceso de certificación que dicho Código establece.
8) Que el D.S. N° 348/2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores (D.O. 17.04.2004), aprobó diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1974, (D.S. N° 328/1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores, D.O. 11.06.1980, en adelante, Convenio SOLAS), las cuales fueron adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) y por la Conferencia de los gobiernos contratantes del referido convenio, incorporando un nuevo capítulo IX al anexo del Convenio Solas, relativo a la gestión de la seguridad operacional de los buques, haciendo obligatorio el Código Internacional de Gestión de la Seguridad (en adelante, Código IGS), el cual fue aprobado por unanimidad mediante la Resolución A.741, de 4 de noviembre de 1993, de la OMI.
9) Que el Código IGS “tiene por objeto garantizar la seguridad marítima y que se eviten tanto las lesiones personales o pérdidas de vidas humanas como los daños al medio ambiente, concretamente al medio marino, y a los bienes” (párr. 1.2.1).
10) Que el citado Código IGS dispone que:
a) La “Compañía” (propietaria del buque) “elaborará, aplicará y mantendrá un “Sistema de Gestión de la Seguridad”, que incluya (entre otras) las siguientes prescripciones: Instrucciones y procedimientos que garanticen la seguridad operacional del buque y la protección del medio ambiente con arreglo a la legislación internacional y del Estado de abanderamiento; (…) Procedimientos para notificar los accidentes y los casos de incumplimiento de las disposiciones del Código; Procedimientos de preparación para hacer frente a situaciones de emergencia” (párr. 1.4).
b) “La compañía adoptará procedimientos para la preparación de los planes e instrucciones aplicables a las operaciones más importantes que se efectúen a bordo en relación con la seguridad del buque y la prevención de la contaminación. Se delimitarán las distintas tareas que hayan de realizarse, confiándolas a personal competente” (párr. 7).
c) Los documentos que se utilicen para describir e implantar el Sistema de Gestión de Seguridad podrán denominarse “Manual de gestión de la seguridad”. La documentación se elaborará en la forma que juzgue más conveniente la compañía y cada buque llevará a bordo la documentación que le sea aplicable (párr. 11.3).
d) La “Administración” (Estado cuyo pabellón enarbola el buque) debe expedir un documento demostrativo de cumplimiento a cada compañía que cumpla con las prescripciones del Código IGS. Dicho documento debe ser aceptado como prueba de que la compañía está capacitada para cumplir las prescripciones del Código (párr. 13.2).
e) La Administración debe expedir a los buques un certificado denominado Certificado de Gestión de la Seguridad y para expedir dicho certificado la Administración deber verificar que la compañía y su gestión a bordo, se ajustan al “Sistema de Gestión de Seguridad” aprobado (párr. 13.4).
11) Que la Circular O-71/027 de DIRECTEMAR, de 2 de marzo de 2007, que dispone el procedimiento para dar cumplimiento a las prescripciones del Código IGS, preceptúa que:
a) Los buques de bandera chilena que efectúen navegación marítima internacional, deberán ser explotados por compañías a las que se les haya expedido un documento de cumplimiento o provisional de cumplimiento, una vez que se haya verificado que cuentan con un sistema de gestión de la seguridad que cumple las prescripciones del Código (Instrucciones, A.1).
b) Para lo anterior, las compañías y sus buques deberán ser sometidos a auditorías o verificaciones periódicas, que garanticen que se cumplen las normas y reglas obligatorias del Código, pudiendo examinarse los registros correspondientes, para establecer su autenticidad y veracidad (Instrucciones, A.2).
c) Que, por su parte, el certificado de gestión de la seguridad del buque, será retirado por la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, (…) si existen pruebas de incumplimiento grave del Código (Instrucciones, C.5).
d) Que la Circular en comento, en su Anexo “A”, adjunta las “Directrices revisadas para la implantación del Código IGS por las Administraciones” (Resolución de la Organización Marítima Internacional A.913 [22], de 22 de enero de 2002), en la que dispone:
i) Que las “Administraciones” verificarán el cumplimiento de las prescripciones del Código IGS, determinando si el “Sistema de Gestión de la Seguridad” de la compañía se ajusta a las prescripciones del Código IGS; y si éste garantiza que se cumplen los objetivos definidos en el párrafo 1.2.3 del Código IGS (relativos al cumplimiento de las normas y reglas obligatorias y que se tengan presentes los códigos aplicables, junto con las directrices y normas recomendadas por la Organización, las Administraciones, sociedades de clasificación y organizaciones del sector, párr. 2.1.2).
ii) Que el proceso de certificación de la gestión de la seguridad de un buque, comprenderá, entre otras, las siguientes etapas (párr. 3.1.1):
? Verificación inicial: en la que se evaluará el sistema de gestión en tierra y los buques de la compañía y, una vez concluido, se expedirá un “documento de cumplimiento” a la compañía (párr. 3.2).
? Verificación anual del documento de cumplimiento: donde para mantener la validez del referido “documento de cumplimiento”, se harán auditorías anuales, cuyo propósito será comprobar la eficacia del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y asegurarse de que cualquier modificación de dicho sistema cumple las prescripciones del Código IGS (párr. 3.3).
12) Que según las disposiciones reseñadas en los considerandos precedentes, DIRECTEMAR posee los documentos requeridos por el solicitante en tanto ente de la Administración del Estado encargado de certificar que el Sistema de Gestión de Seguridad de la compañía Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. -tercero opositor- es acorde con lo dispuesto en las normativa internacional suscrita por Chile y las normas y directrices nacional elaboradas al respecto, para lo cual ha debido efectuar un proceso de verificación y auditoria del funcionamiento de la compañía.
13) Que para dar lugar a la referida certificación, DIRECTEMAR debe valorar los documentos que utilicen las compañías para describir e implantar el Sistema de Gestión de Seguridad, razón por la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra g, de su Reglamento, se estima que estos antecedentes constituyen el sustento o complemento directo del acto administrativo de certificación efectuado por la autoridad administrativa, toda vez que dicho acto ha sido dictado, precisa e inequívocamente, sobre las bases de esos documentos; y, siendo éste un acto administrativo de naturaleza pública, su complemento directo posee el mismo carácter.
14) Que respecto de la argumentación del órgano acerca del carácter confidencial de la información en conformidad con lo prescrito por las precitadas “Directrices revisadas para la implantación del Código IGS por las Administraciones”, es menester precisar que su párrafo 3.15.2 preceptúa que “[e]l personal que participe en la labor de verificación (relacionada con la certificación) debe cumplir los requisitos establecidos para dicha labor, garantizar la confidencialidad de los documentos relacionados con la certificación y observar discreción con respecto a la información confidencial obtenida”.
15) Que conforme se señaló en el número 7 de esta consideraciones, no obstante el Código IGS es una norma de rango legal, las precitadas directrices sólo constituyen una recomendación de parte de la Organización Marítima Internacional a los Estados parte, a través de la cual, según señala su propio preámbulo, “insta a los gobiernos a que, cuando implemente el Código IGS, observen estas directrices”, encontrándose incorporada en nuestro ordenamiento jurídico a través del anexo de la Circular O-71/027, de la DIRECTEMAR, de 2 de marzo de 2007, que dispone el procedimiento para dar cumplimiento a las prescripciones del Código IGS. Razón por la cual el deber de confidencialidad contenido en ella y relativo a los documentos relacionados con la certificación efectuada por la Administración, no constituye un caso especial de secreto o reserva de la información, toda vez que no posee el rango de Ley de Quórum Calificado exigido por el artículo 8° de la Constitución Política de la República ni por el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, para constituir una causal de secreto o reserva de la información.
16) Que el tercero opositor no ha aportado ningún antecedente de hecho ni argumentación de derecho que permita apreciar la concurrencia de una afectación o daño a los derechos de la referida persona jurídica, tal como lo exige el artículo 21 de la Ley de Transparencia y lo ha sostenido este Consejo en su decisión Rol A140-09, señalando:
a) Que “el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia dispone que se podrá calificar de reservada o secreta la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico (Considerando 4°).
b) “Que, en el caso que nos ocupa, el tercero involucrado, al momento de oponerse y al evacuar sus descargos, no invoca la eventual perturbación de algún derecho determinado que se ocasionaría con la publicidad de la información pedida ni la forma en que ello se verificaría, sino que se circunscribe a hacer alegaciones genéricas que no son objeto de controversia en esta sede, todo lo cual no permite dar por configurada la afectación de derechos ni la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia” (Considerando 5°).
c) “Que, a mayor abundamiento, según lo establecido en la decisión del amparo Rol A7-09 de este mismo Consejo, de 26 de junio de 2009, cuando se invoca una circunstancia que extinguiría la obligación de entregar la información corresponde que sea probada por quien la alega y que las puras afirmaciones realizadas por el tercero potencialmente, al igual que en dicho caso, resultan insuficientes para acreditar que exista un riesgo serio de afectación de sus derechos y dar por acreditada la configuración de la citada causal de secreto o reserva” (Considerando 6°).
17) Que, en atención a las consideraciones expuestas, se estima que las alegaciones del tercero oponente Southern Shipmanagement (Chile) Ltda. no permiten contrariar la presunción de publicidad que pesa sobre la información en poder de los órganos de la Administración del Estado, toda vez que no es posible apreciar una afectación a los derechos del tercero.
I. Acoger el amparo interpuesto por doña Marjorie Canales Allende en contra de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).
II. Requerir al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante:
a) Hacer entrega al reclamante de la información relativa al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Compañía, especialmente, aquella relativa al procedimiento seguro de trabajo e instrucciones existentes de la Compañía Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., para antes de abrir, drenar cañerías y válvulas, desconectarlas, o sacarlas para su revisión, y/o para eliminar restos de combustible al interior del circuito / red de suministro de petróleo (diesel), o válvulas obstruidas o tapadas. Precaviendo no hacer entrega de aquella información que no se ajuste a lo solicitado por el reclamante, v.gr., aquella descrita en las letras l), m) y n), del considerando 5° de la presente decisión.
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.
III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Marjorie Canales Allende, al Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y al Gerente General de Southern Shipmanagement (Chile) Ltda., para efectos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia, según corresponda.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Se deja constancia que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no firma la presente decisión por encontrarse fuera del país, pese a participar en el acuerdo. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.

References: artículo 184
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 21
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