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Timestamp: 2018-03-24 12:11:58+00:00

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Sesión 88ª, en miércoles 19 de diciembre de 2012
(De 10:43 a 13:9)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes, y de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg. Asimismo, se encontraban presentes las asesoras del Ministro de Economía, señora Mónica Ríos Brahm, y de la Subsecretaría de Pesca, señora María Alicia Baltierra, respectivamente, y el Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca, señor Felipe Palacio Rives.
--Se abrió la sesión a las 10:43, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 79ª y 80ª, empalmadas, ordinaria y especial, respectivamente, ambas en 28 de noviembre; 81ª, especial, y 82ª, ordinaria, en 11 de diciembre; 83ª y 84ª, especiales, en 12 de diciembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para el despacho del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios (boletín N°7.484-01).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en sendos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República para requerir el acuerdo del Senado en los siguientes asuntos:
1.- Nombramiento como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema del señor Juan Manuel Muñoz Pardo (boletín Nº S 1.535-05) (con la urgencia prescrita por el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de de la Carta Fundamental).
2.- Nombramiento como Ministros titulares del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, de los señores José Ignacio Vásquez Márquez y Rafael Carlos Asenjo Zegers, en los cupos de abogados, y Sebastián Valdés de Ferari, en el cupo de licenciado en Ciencias, y como Ministros suplentes, de la señora Carolina Fuentes Torrijo, en el cupo de abogado, y del señor Juan Escudero Ortúzar, en el cupo de licenciado en Ciencias (boletín Nº S 1.537-05) (con la urgencia prescrita por el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
El señor LETELIER.- Señor Presidente, se me había informado que la Cámara de Diputados envió el oficio relacionado con el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre Chile y la Federación Rusa para evitar la doble tributación. El Ejecutivo requiere que dicha iniciativa se tramite con urgencia, y se está pidiendo que la saquemos hoy día.
No sé si es posible confirmar aquello. De lo contrario, solicito adoptar el acuerdo de que, apenas llegue el proyecto, se dé cuenta de él en la Sala, para abordarlo de inmediato en la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Cámara de Diputados lo despachó ayer.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, nos hacemos parte de su preocupación, pero no ha ingresado ningún oficio en ese sentido.
En todo caso, para tranquilizarlo, le puedo decir que, como tenemos sesión especial de 12:30 a 13, podemos incluir entonces ese proyecto en la Cuenta, si es que llega, y tramitarlo en la tarde.
Sin embargo, escapa a nuestras posibilidades su petición si el documento pertinente no llega al Senado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha pedido autorización para que ingresen a la Sala tres asesores del señor Ministro de Economía con motivo del tratamiento del informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la Ley de Pesca.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, pido abrir la votación sobre dicho informe de inmediato.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
El señor PROKURICA.- Muy bien.
La señora ALLENDE.- De acuerdo.
El señor ROSSI.- Se trata de una sola votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Pero primero hay que hacer la correspondiente relación.
Luego de ello, resolveremos el punto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley Nº 18.892 y sus modificaciones, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
En trámite de Comisión Mixta, sesión 82ª, 11 de diciembre de 2012.
Certificado de las Comisiones de Hacienda y de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, unidas: sesión 69ª, en 21 de noviembre de 2012.
Mixta: sesión 88ª, en 19 de diciembre de 2012.
Sesiones 55ª, en 16 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión general); 56ª, en 17 de octubre de 2012 (se aprueba en general); 58ª, en 31 de octubre de 2012 (nuevo plazo para presentar indicaciones); 62ª, 64ª y 65ª, en 20 de noviembre de 2012; 66ª, 67ª, 68ª y 69ª, en 21 de noviembre de 2012; 70ª y 71ª, en 22 de noviembre de 2012; 76ª y 77ª, en 27 de noviembre de 2012; 78ª y 79ª, en 28 de noviembre de 2012 (queda pendiente la discusión particular); 80ª, en 28 de noviembre de 2012 (se despacha en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas: artículo 1° del proyecto referidas a la letra c) del numeral 3), al numeral 38), al numeral 39) y al numeral 123), en lo que respecta a la letra g) que incorpora en el artículo 173 de la ley; artículo 7°; artículo tercero transitorio, nuevo; artículo décimo quinto transitorio; incisos segundo y tercero del artículo décimo sexto transitorio; artículo décimo séptimo transitorio, y artículo vigésimo cuarto transitorio, nuevo.
La Comisión Mixta deja constancia de que se abocó al estudio de las diferencias suscitadas entre ambas Cámaras y de que, además, acordó por unanimidad introducir enmiendas en diversos otros preceptos de la iniciativa, las que, aun cuando no fueron objeto de discrepancia, se consideraron necesarias para alcanzar los acuerdos que hicieran posible la aprobación de aquella.
Ahora bien, dicho órgano legislativo, como forma de resolver las divergencias entre ambas Corporaciones, propone aprobar, en una sola votación, el texto que consigna en su informe, haciendo presente que casi la totalidad de las decisiones fueron adoptadas por unanimidad, salvo dos, que lo fueron por mayoría.
Cabe señalar que la Comisión Mixta deja constancia de que la proposición que se somete a vuestra consideración requiere, para su aprobación, quórum calificado; o sea, el voto favorable de la mayoría de los Senadores en ejercicio (19 votos), porque muchas de las disposiciones contenidas en ella limitan o fijan requisitos para adquirir bienes.
Finalmente, corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión de 18 de diciembre de 2012, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto final que quedaría de aprobarse esta.
El señor ESCALONA (Presidente).- Como ya se señaló, se ha pedido abrir inmediatamente la votación.
El señor PROKURICA.- Perfecto.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación la proposición de la Comisión Mixta.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, este tema ha sido ampliamente discutido y hoy día corresponde pronunciarnos sobre la propuesta de la Comisión Mixta.
Simplemente quiero resaltar que los efectos de esta iniciativa de ley -ha habido mucho debate al respecto-, o sea, si ella será buena o mala para el país, se van a ver en tres, cuatro o cinco años más, cuando veamos que gran parte de las pesquerías actualmente sobrexplotadas o en estado de colapso se ha recuperado.
Esa es la convicción más profunda que me asiste.
Entonces seguramente a mucha gente que dudaba de la efectividad de la ley, desde la perspectiva de la sustentabilidad y de la preservación de los recursos, le va a pasar lo mismo que a aquellos que hicieron campaña en contra del Presidente Lagos, colocándole una nariz muy larga -así lo hizo el Colegio Médico- y diciendo que se mentía cuando se difundió el Plan AUGE.
Hay que hacer memoria: muchos parlamentarios aquí presentes votaron en contra del proyecto que creó el sistema AUGE, algunos en la Cámara de Diputados y otros en el Senado, argumentando que ello era "el fin de la salud pública", "la privatización de la salud", "la discriminación de los más pobres". ¡Puras consignas y puro discurso barato! Incluso se invirtió en campañas comunicacionales, igual como ocurrió con el debate sobre la Ley de Pesca.
¿Y ustedes han escuchado a alguien manifestar que la reforma a la salud impulsada por el Presidente Lagos mediante el AUGE es mala? Por el contrario, todos los parlamentarios piden incorporar más patologías en dicho plan.
Por eso digo que ya hubo suficiente discusión acerca del tema. Si el proyecto es bueno o malo, se verá en el futuro.
Yo me hago cargo del esfuerzo realizado por tratar de alcanzar un acuerdo.
Lo ganado en el Senado producto de ese acuerdo se perdió en la Cámara de Diputados en el tercer trámite constitucional. Pero se recuperó con la Comisión Mixta, porque en ella primó la voluntad de sus miembros y, también, del Gobierno de respetar los acuerdos se habían suscrito en esta Corporación, más allá de lo que pasó en la otra rama legislativa.
El punto central del proyecto, en términos muy simples, es que se cambia el eje en la toma de decisiones. Este es el elemento esencial. Hoy día la institucionalidad resuelve sin considerar la información científica respecto del estado de las pesquerías, lo cual ha conducido al colapso de muchas de ellas.
Durante algunos años la recomendación del Instituto de Fomento Pesquero era conceder determinadas cuotas de una pesquería. Pero se entregaban 500 mil, un millón de toneladas más. A partir de esta nueva normativa, dicha tarea la hará un Comité Científico Técnico.
Por otra parte, se fortalece la investigación y se mejora la fiscalización de SERNAPESCA para que se cumpla con la extracción de las cuotas definidas, y no haya diferencias entre la captura y el desembarque.
Pero vamos a las modificaciones que se introdujeron en la Comisión Mixta.
Se repone la licitación del 15 por ciento de la fracción industrial a todo evento, aspecto que es muy importante porque se sostenía que los recursos serían solo para siete familias. Sin embargo, como en pocos países del mundo, aquí se propone licitación a todo evento del 15 por ciento.
En cuanto a la tributación y la recaudación, preocupaba que el enfoque basado en el principio precautorio y la sustentabilidad disminuyera las cuotas; por tanto, si se estableciera un impuesto específico en función de estas, bajaría la recaudación tributaria. Ante ello, se propone elevar el impuesto específico de 3,3 a 4,2 por ciento. Sin embargo, partirá en 5,7 por ciento en 2014 y luego irá decreciendo.
En consecuencia, la suma de la patente más el impuesto específico va a permitir mantener la recaudación, aun con una entrega de cuotas más baja. O sea, el país no pierde recursos.
Asimismo, en lo que concierne a la plataforma laboral, que me parece un aspecto central, el acuerdo suscrito con los trabajadores permitió duplicar el monto del bono anual que se les otorgará por tres años a quienes se vean afectados por la aplicación de esta ley y pierdan su empleo. Además, se elimina la incompatibilidad de acceder a este bono con la impetración de otros beneficios de la plataforma laboral.
Por otra parte, se mantiene la reserva -se había perdido en la Cámara de Diputados- de hasta el 1 por ciento para las plantas que procesan recursos para consumo humano. Este es un tema realmente importante, considerando que consumimos muy poco pescado y que las plantas procesadoras generan empleo y dan mucho valor agregado.
También se conceden beneficios puntuales para algunas Regiones.
Y, por último, se aumentan las sanciones pecuniarias para quienes no cumplen la ley. Se disponen unas muy similares a las que se aplican en las infracciones de la normativa ambiental.
Por lo tanto, creo que estamos en presencia de una iniciativa legal que le va a hacer bien al país, sobre todo a las pesquerías que hoy día, francamente, se hallan en un estado de mucha vulnerabilidad.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, finalmente, los peces pertenecen a Chile y los pescados, a los industriales. En mi opinión, este es el resumen de lo que fue toda la discusión.
El señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra aludió a la plataforma laboral: un bono por tres años -¡tres años!- versus el enorme beneficio que obtuvieron los industriales al quedarse con la pesca de por vida.
¿Qué significa eso en concreto? ¡Un bono de 134 mil pesos mensuales por trabajador de la industria por un período de tres años!
Nosotros presentamos una indicación, que fue declarada inadmisible, para incluir en ese beneficio a los pescadores artesanales.
Asimismo, nos gustaría -lo vamos a decir una vez más- que los trabajadores de la industria, tras el gran resultado que obtuvieron los industriales, puedan negociar mejores condiciones laborales. No basta con estos 134 mil pesos mensuales, aun cuando se les haya duplicado el bono inicialmente propuesto, tal como indicó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Por otra parte, se indicó que se dejó a todo evento la licitación. ¡No es así!
Lo dije en su momento: el artículo tercero transitorio va a ir a la Cámara de Diputados y ahí se votará en contra. ¡Tal cual! Nos anticipamos a lo que efectivamente ocurrió. Se llevó ese precepto a la Cámara Baja y ¿adivinen qué?: ¡se votó en contra!
No se trata de que habrá licitación a todo evento. ¡No! No se podrá licitar -salvo que estén colapsados- la merluza, el jurel y la sardina. ¡O sea, lo top....! Esas pesquerías no están sujetas a licitación a todo evento.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No es así.
El señor BIANCHI.- Corríjanme si estoy equivocado. No tengo ningún problema en ello. De hecho, me encantaría que no fuera así.
Estoy argumentando en la línea de lo que entiendo es el resultado de toda esta situación.
Ahora me dicen que solamente las pesquerías colapsadas quedarán excluidas de licitación.
En todo caso, dijimos en su momento lo que pasaría con el artículo tercero transitorio.
Eso es lo negativo.
Lo positivo -el Ministro bien me lo ha dicho- es que se logró que las Regiones de Magallanes y de Aysén cuenten con la posibilidad de licitar, sin historia previa, el 5 por ciento del bacalao. Esa fue una lucha permanente y una conquista que se agradece, porque permite abrir un camino para la pesca artesanal de dicho recurso en esas zonas.
En este proyecto se llegó a un acuerdo político, que se cristalizó en la mañana de hoy miércoles, previo a las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, mediante el cual se estableció que los industriales queden con permisos renovables cada 20 años; o sea, de por vida.
Yo aspiro a que los trabajadores de la industria puedan obtener mejores condiciones laborales.
No pudimos incluir en la iniciativa lo que tantos pescadores artesanales en justicia nos pidieron: una plataforma social laboral para que quienes sufren las consecuencias de esta actividad reciban a los 55 o 60 años una retribución y cuenten con alguna garantía para una mejor jubilación, habiendo entregado toda una vida, desde muy temprana edad, a la pesca artesanal.
El aspecto positivo es el que acabo de mencionar para la Región que represento en cuanto al jurel.
Y me encantaría que me pudieran explicar por qué no es efectivo lo que he señalado respecto a las pesquerías y la licitación.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Como estamos en votación, señor Ministro, puede usar de la palabra solo para rectificar los dichos de algún señor Senador.
El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Es lo que deseo hacer, en efecto, señor Presidente, porque quiero que Sus Señorías estén bien ilustrados acerca del acuerdo de la Comisión Mixta.
Hago constar que todo registró unanimidad, salvo dos materias.
Y me referiré específicamente al artículo tercero transitorio, porque es una parte esencial. El que la Cámara lo haya rechazado no era una novedad. Lo importante es que el Ejecutivo cumplió su compromiso y lo repuso.
Ya sabemos que la otra rama del Congreso no quería licitaciones. En el primer trámite desechó todo, incluso el artículo 27 vigente. Nosotros lo repusimos.
La única modificación que plantearon todos -y debo decir que incluso Diputados de la Democracia Cristiana- fue la de excluir la licitación cuando una pesquería se encuentre colapsada. Pero, cuando salga de esa situación, se licita a todo evento. Por lo tanto, quiero ser muy claro: no hay una pesquería en que ello no ocurra.
Algo diferente y que es un aspecto que compartimos todos, desde el punto de vista de la sustentabilidad, es que, en el caso de una pesquería que haya colapsado y que pase, en su recuperación, al siguiente estado, que es la sobreexplotación -los organismos internacionales también dicen al respecto: "No licite"-, vamos a licitar a todo evento.
Por lo tanto, quiero ser muy preciso en el sentido de que en todas las pesquerías del país -reitero- se licita a todo evento y de que los mecanismos que se gatillan están claros.
Deseo consignar que se incorporó todo aquello que plantearon los señores parlamentarios. Creo que el consenso en la Comisión Mixta solo refleja el trabajo que se hizo durante un año.
Se ha contemplado, tal como se expresó aquí, la posibilidad de que los pescadores artesanales accedan a la captura del bacalao. Y se consideró, excepcionalmente, a aquellos que están en el Registro, más los de Aysén y Magallanes.
Cabe recordar que en la discusión del Presupuesto se tuvo en cuenta lo relativo a la modificación de las licitaciones, para que ello se pudiera gatillar a partir del próximo año. Se licita para los efectos del acceso de los pescadores artesanales, pero, para un período de cinco años, necesitábamos incluir en la Comisión Mixta algo que no suscitó discrepancia y sobre lo cual hubo consenso para conversar.
Fue parte del consenso, también, la letra g) del artículo 173, sobre la plataforma laboral, norma que había sido rechazada. Se obtuvieron las dos cosas pedidas por los trabajadores, que eran el aumento de 20 unidades de fomento a 40 en el monto del beneficio y la eliminación de la incompatibilidad con todos los otros.
El aumento de sanciones propuesto por el Ejecutivo no registró unanimidad. Esta última la solicitamos para incrementar de 200 unidades tributarias mensuales a mil las multas a los industriales que no cumplan el descarte en las cinco millas, que no informen sus capturas y que no certifiquen. Ello, para que no se incorporen tales montos en la contabilidad y finalmente se siga infringiendo la ley. Fue una iniciativa del Ejecutivo. No hubo discrepancias, pero la Comisión coincidió en incorporar el punto en este trámite.
Se incluyó, por cierto, lo relativo a las patentes, con correcciones que permiten, tal como fue parte del debate, mantener la recaudación, y se verificaron modificaciones y aumentos en los guarismos para precisar y garantizar a todo evento esta última y transitar al impuesto específico incorporado en la ley en proyecto.
Y quiero referirme a algunos perfeccionamientos en materia laboral. Fueron los propios dirigentes del sector los que nos formularon una petición al respecto.
Cuando señalamos una causal para perder las licencias transables de pesca, ¿qué les ocurre a los trabajadores? Resulta que, encontrándonos todos bien inspirados y con el propósito de defender sus derechos, una de ellas, mediando normas muy imprecisas, era la de afectarse la jornada laboral. ¿Qué es lo que nos dicen? Es importante que Sus Señorías lo sepan, porque eso fue parte de la discusión en la Comisión Mixta. Cuando uno de ellos hace que su armador o empleador pierda la licencia, en último término se atenta más contra los derechos de que son titulares. Son los propios dirigentes y sus compañeros los que le dicen: "No denuncie, porque finalmente quedaremos todos sin empleo".
Entonces, no podemos estar indexando, por defender derechos laborales, normas imprecisas que llevan a que los propios trabajadores expresen: "¿Sabe? Con este mecanismo terminan abusando más de nosotros, porque nadie denuncia si eso gatilla la pérdida de la licencia transable de pesca y el que lleguemos a estar todos sin pega".
Por eso, se precisaron las normas, las cuales quedaron explícitas, claras. Fueron los propios dirigentes -repito- los que nos plantearon su perfeccionamiento. Y ello se consideró.
Respecto de la Cuarta Región, se contempló un fraccionamiento, sobre la base de un acuerdo firmado por la industria y los pescadores artesanales.
Todo viene en forma unánime, salvo -repito- dos materias. Y deseo expresarles a los Senadores de la Concertación que los rechazos fueron de la Alianza, porque el Ejecutivo cumplió. Uno de ellos dice relación con el aumento de sanciones, que registró 7 votos a favor, uno en contra y una abstención, pero se aprobó el planteamiento del Ejecutivo. Y el otro se refiere a la reposición -era nuestro compromiso- del artículo tercero transitorio, en cuanto a las licitaciones a todo evento, con la única modificación de haberse incorporado lo que plantearon Diputados de la Democracia Cristiana en orden a que se exceptuara solo el estado de colapso. Cuando se salga de este último, ellas tendrán lugar. Por lo tanto, vuelvo a precisar que se verificarán en todas las pesquerías del país.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, estimo que no hay para qué extremar los argumentos y traer a colación materias tan ajenas a las que se encuentran en debate como el Plan AUGE, y que procede argumentar en cuanto al mérito de lo que nos ocupa.
Deseo insistir en que tiene lugar una violación de la libertad económica a través de un monopolio legal establecido por el Estado, lo que vulnera la Carta Fundamental. Reitero mi punto de vista y mi reserva de constitucionalidad en la materia.
Es el mismo planteamiento que defendió el propio Primer Mandatario actual en 1992, cuando formó parte de esta Corporación junto con el señor Sergio Díez y otros destacados constitucionalistas.
Vamos a mantener nuestra posición, entonces, la cual, por cierto, no fue atendida, ni mucho menos, en el curso del debate. Se determina claramente una situación de privilegio en el caso de controladores económicos, en desmedro de quienes quisieren participar en el rubro productivo de que se trata.
Al mismo tiempo, no me parece válido el argumento de que se han recogido demandas de dirigentes sindicales.
En lo relativo a la recaudación, no se han expuesto antecedentes, lamentablemente, que impliquen saber, en forma fehaciente, que el mayor gasto fiscal va a ser producto de un ingreso superior que entregue el sector al erario. Eso no está resuelto.
De hecho, el propio Ejecutivo tuvo que rectificar el guarismo relativo al impuesto, que fijó en 4,2 por ciento. Y se establece una tabla que lo determina en 5,7 por ciento para el año 2014, luego de lo cual decrecería hasta 4,8 en 2017.
Sin embargo, a continuación viene la letra chica: "En ningún caso un mismo titular de licencias transables de pesca, pagará en los años 2014, 2015 o 2016, por concepto de patente única pesquera y de impuesto específico, una suma que exceda en un 40% a lo pagado por concepto de patente única pesquera en el año 2012".
Ello me parece francamente inaudito. No se ha proporcionado ninguna cifra que permita confirmar lo que se asevera aquí por el Ejecutivo, es decir, que el Estado va a tener más recursos, no menos, después de entregar por tiempo ilimitado este patrimonio.
Al disponer el artículo décimo séptimo transitorio un tope de 40% "a lo pagado por concepto de patente única pesquera en el año 2012", ello señala claramente que no solo se le está entregando de manera indefinida un privilegio al sector industrial controlador de los recursos hidrobiológicos del país, sino que también se le están asegurando ganancias enormes, exorbitantes, al ponerse un techo en la posible recaudación del Estado en los años sucesivos.
Entonces, señor Presidente, ¿cómo se pide que podamos pronunciarnos por algo así? ¿Cómo vamos a votar a favor de una vergüenza semejante, ya que se defrauda al Estado?
Porque, si no, no existiría ese inciso.
Lamento tener que expresar en la Sala que todas mis preocupaciones no solo no han sido atendidas, por desgracia, sino que, además, observo que se han confirmado. Acá se entrega un patrimonio invaluable de parte del Fisco, sin ninguna seguridad de que se va a mantener, al menos, la recaudación proveniente del mismo sector productivo antes de la promulgación de la ley.
En consecuencia, todo lo que aquí se señala, como la plataforma social -ello me parece bien-, es de costo fiscal. Es decir, es algo que pagan los propios trabajadores, las dueñas de casa y el país, con los impuestos. No hay ningún aporte nuevo al erario.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el tremendo trabajo realizado por esta Corporación durante la discusión del proyecto, el cual fue perfeccionado gracias a un acuerdo político.
Ello se plasmó también en la labor de la Comisión Mixta, porque muchas de las propuestas del Senado fueron rechazadas en la Cámara de Diputados y tuvimos que reponerlas y lograr una coincidencia prácticamente unánime, como bien lo dijo nuestro Ministro señor Longueira. Eso habla bien de lo que hizo la Comisión Mixta, pero también de lo correspondiente a nuestras Comisiones de Pesca y de Hacienda.
En segundo término, felicito al titular de Economía por su trabajo. Destaco el hecho de haber sentado a la mesa a actores que nunca se habían reunido y que llegaron a un acuerdo para que se pudiera presentar un proyecto que, en el fondo, es de sustentabilidad, de recuperación de nuestras pesquerías.
Y la posición de instituciones como Greenpeace, como Oceana, que son fundamentalmente un apoyo a la sustentabilidad requerida por nuestro medio ambiente, habla muy bien del esfuerzo que se hizo.
Tenemos que recordar que las licencias eran indefinidas. Hoy día se aumenta el fraccionamiento, pero los pescadores artesanales quedan con un permiso de tal carácter -y eso es fundamental-, a diferencia de los industriales, los que, de contar con ellas, pasarán a disponer de un plazo máximo de 20 años, con la posibilidad de renovarlas, siempre y cuando cumplan con las normas que nos ocupan.
A mi juicio, uno de los conflictos que se crearon fue el de las pesquerías colapsadas. Licitarlas es muy complejo. Significa atentar contra el proyecto mismo, contra la idea de la sustentabilidad. Estimo que eso fue muy bien resuelto por la Comisión Mixta, ya que solo se van a poder licitar a todo evento una vez que dejen de exhibir esa condición.
Asimismo, subrayo el trabajo realizado en la plataforma laboral con los dirigentes de los trabajadores. Se duplicó el bono: de 20 unidades de fomento a 40.
Se llegó a unanimidad respecto de la situación impositiva. Al existir un mayor fraccionamiento para los pescadores artesanales, los industriales van a seguir cubriendo el diferencial. La idea es que por ningún motivo baje la recaudación, y esa fue una de las mayores preocupaciones -se lo digo al señor Presidente- que tuvimos en la Comisión Mixta, porque tienen que pagar más.
Ahora, es preciso comprender que los peces son de todos los chilenos. En tal sentido, me parece que este es el más importante proyecto ambiental registrado con relación a nuestro mar. Por eso, quiero felicitar también al equipo del Ministerio de Economía y a la Subsecretaría de Pesca. El esfuerzo que hicieron durante todo el año realmente es admirable. Pueden haber intervenido personas provenientes de gobiernos anteriores, pero primó un concepto de Estado, de cómo recuperar nuestras pesquerías, de cómo nuestro mar merece la mayor preocupación.
Y quiero hacer hincapié en el informe de la Comisión Mixta, porque la unanimidad a la cual llegamos habla muy bien, sin duda, del trabajo de perfeccionar la normativa vigente.
Era mucho más fácil una postergación de dos o tres años y seguir sin tomar una decisión importante, ya que las pesquerías tienen que ser recuperadas.
Vamos a contar con observadores científicos, quienes resolverán cuánto se podrá pescar en cada una de las pesquerías; tendremos no una decisión política respecto de lo que se hará con la cuota para imprevistos, que baja a 1 por ciento; y se apoyará a las pymes, lo cual era una de las aspiraciones existentes. Pero a estas también podrán postular los pescadores artesanales, porque ellos son pymes.
Dispone de un minuto adicional para terminar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, no quiero alargar más mi intervención, porque hemos tratado este proyecto en bastantes sesiones.
Solo quiero felicitar nuevamente al Gobierno y a todos los miembros de la Comisión de Pesca, quienes trabajaron en forma muy dura con el fin de sacar esta iniciativa adelante.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, con lo que más coincido acá es con que a lo menos hemos realizado una discusión en la que se han podido plantear las diferencias existentes en este proyecto de ley.
Ahora disponemos de escasos cinco minutos.
¿Que esta iniciativa tiene avances? Hay varios. Y los enumeraré rápidamente:
Establece el principio precautorio. ¡Bien!
Instaura el criterio científico-técnico y un Consejo para definir la biomasa y determinar en el futuro cuántos peces hay, cuántos se pueden pescar, dónde, por quién y qué tipo de peces. ¡Bien! ¡Lo apoyamos!
¿Hay mejores medidas de fiscalización? ¡Sí! ¡Se respaldan!
¿Se regulan las artes de pesca? Bastante, aunque no del todo. Pero hay un avance.
Se crea la plataforma social. ¡Bienvenida sea! ¡La apoyamos todos!
Se establece la reserva artesanal de las cinco millas; cómo fiscalizar la primera milla; hay un "INDAP pesquero". Todo esto se acordó, y fue aprobado.
Se dispone una cuota destinada al consumo humano, reservada para las pymes. Ello se acogió.
Pero no son esas las diferencias que hay acá, en el Senado. Aquí existe una fundamental. Y es el meollo de esta discusión, que debemos repetir una vez más. Hay Senadores que se preguntan por qué se repiten los argumentos. Se reiteran porque quedan en la Versión Oficial. Porque en el Senado hoy se sanciona algo que en 10, 15 años más será indefendible.
Por eso es tan importante marcar la diferencia.
No hay ni una razón para manifestarles, políticamente, a un grupo pequeño de chilenos: "Ustedes tendrán un derecho de pesca y una cuota para siempre". No como dijo el Senador Bianchi, "de por vida". Es para siempre, porque son heredables.
La normativa es clara: 20 años. "Y si usted cumple con la ley, los tendrá otros 20 años".
Yo pregunto a cualquiera acá: cuando usted o yo cumplimos con la ley, ¿nos llega un premio del Servicio de Impuestos Internos? ¿Nos entregan un bono? ¿Un certificado de buena conducta?
Señor Presidente, cumplir con la ley es un deber. Y acá, en la ley en proyecto, se establece que por cumplirla en materia laboral y de pesca se renovarán para siempre los derechos de pesca.
Eso es lo que se establece. Es lo que estamos discutiendo hoy. Y me parece tremendo. No tengo explicación razonable, a mis escasos 50 años, de por qué una mayoría está dispuesta a decirle al resto de los chilenos: "Mis amigos, acá hay derechos de pesca por siempre para un sector económico".
En 1992, en esta Corporación, el Senador Sebastián Piñera y el Presidente de la UDI, Jaime Guzmán, recurrieron al Tribunal Constitucional, porque exigían licitaciones de pesca.
¿Y ahora qué ocurre? Que los mismos herederos políticos y el mismo otrora Senador y hoy Presidente de la República se dan vuelta la chaqueta de manera injustificada.
No he visto a nadie de este Gobierno, a ningún parlamentario, ni a aquellos de mi coalición que votan a favor de este proyecto, que lo hayan ido a defender ante las cámaras de televisión -lo digo así-, con ninguna fuerza. ¿Saben por qué? Porque no es defendible; porque no tiene buena lectura para afuera. Trae muchas cosas buenas, pero en materia de licitación fracasamos. Dar cuotas de pesca por 20 años, de manera indefinida, para siempre, me parece un escándalo.
Eso nos pasará la cuenta. Son de las cosas ante las cuales cuando uno mira para atrás se pregunta: ¿Por qué en materia educacional el crédito con aval del Estado (CAE) se hizo de cierta forma? Y uno se cuestiona: "¿Podrían haberse hecho mejor las cosas?"
Algunas sí, señor Presidente.
Pero ahora no había ninguna necesidad de dirimir.
En 1992 no se llegó a acuerdo en el Senado. Hay quienes sostienen legítimamente que les asiste un derecho histórico de propiedad. Otros dijeron que no. No se resolvió. Se dictó una ley temporal por 10 años.
En 2001 nuevamente hubo gente que expresó: "Tengo un derecho adquirido". Alguien dijo que no. Y quedó consagrado en la ley actual, en el artículo 14, que no constituían derecho para asignaciones futuras. Porque se decidió no dirimirlo.
Pero hoy se constituyó -dicen- un "gran acuerdo". No. No es un gran acuerdo. Es un gran número de Senadores que apoyará este proyecto de ley. Pero un gran número no es necesariamente la expresión de que sea lo correcto o de que se tenga la razón.
Es cierto que mantenemos diferencias. Y las voy a respetar, porque este es el Senado. Al final del día, todos fuimos elegidos por la misma cantidad de ciudadanos.
Sin embargo, no me parece buena la forma en que procedemos. Y hay que hacerse cargo de ello. Todo esto tiene costo. Todos hemos vivido el lobby que ha significado. Hoy día quedará consagrado en definitiva.
Lo que se hace es decirle al sector que creía tener un derecho adquirido: "Mi amigo, cámbiese a este sistema; lo va a tener para siempre, y se va a blanquear la situación". Y ya nadie discutirá si hay derechos históricos o no. Porque con tal de cumplir la ley los primeros 20 años tengo asegurado los próximos 20. Y después de los 40, si la sigo cumpliendo tendré asegurado otros 20 años, hasta cumplir 60. Después ya me morí. Porque uno no vive eternamente. Mi abuelita murió a los 109 años. Pero, entonces, su hijo habría heredado las cuotas de pesca.
Eso es lo que hacemos con el sistema propuesto. Y no me digan lo contrario: son renovaciones automáticas.
¿Y se justificaba todo lo bueno de esta iniciativa a cargo de eso otro? No. Porque podríamos haber optado por lo primero y rechazado lo segundo.
El señor TUMA.- Señor Presidente, estamos en la última etapa de un proyecto largamente debatido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y respecto del cual hay gran expectación en la ciudadanía, en la opinión pública, en los actores que tienen que ver con los recursos marítimos.
Quiero reconocer el trabajo realizado aquí por el Ministerio de Economía, las Comisiones del Parlamento. Distintos Senadores ya lo han destacado.
Lo que no haré será felicitarlos. Porque este es un mal trabajo; porque este es un mal proyecto; porque esta es una iniciativa discriminadora, que castiga a una parte de la población que tiene derechos sobre los recursos marítimos excluyéndola de ella.
Al menos 10 Senadores logramos votar en contra de este proyecto. Sabemos que acá hay una mayoría. Pero esta no representa a la mayoría nacional que quiere ver en el presente proyecto la inclusión, una consideración en especial por aquellos que tienen tanto o más derechos que quienes fueron incluidos.
Y con ello me refiero a que el corazón de esta iniciativa tiene que ver con el reconocimiento de los derechos históricos de los industriales, que han explotado y -por qué no decirlo-, en muchos casos, depredado los recursos naturales. A ellos se les entregan de por vida tales derechos. ¡No! ¡No de por vida! ¡Por más allá de la vida! ¡A sus herederos!
Alguien dijo: "Mire, son por 20 años". No, señor Presidente. No se otorgan por 20 años; ni siquiera de por vida: son para siempre.
Lo anterior, en función del llamado "derecho histórico".
Fíjese, señor Presidente, que a los pueblos originarios, que participan desde antes de la formación del Estado de Chile no solo en la pesca o explotación racional de los recursos del mar, sino también en su protección, se les excluye absoluta y completamente de este proyecto.
Presentamos indicaciones para que en los primeros artículos fueran considerados como sujetos beneficiarios de esta iniciativa.
Eso no se aprobó.
Y, como consecuencia de ello, quedaron excluidos absolutamente de una cuota pesquera.
Se dijo: "No, es que la ley de borde costero les permite a los pueblos originarios ser considerados".
La ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios les reconoce participación en ese territorio. Pero no les da ninguna posibilidad de acceder a la cuota de pesca que aquí, con tanta facilidad, en función de derechos históricos, les estamos entregando a los industriales. Es decir, no se consideran los derechos históricos de quienes estaban desde antes de la constitución del Estado.
Eso constituye una discriminación arbitraria, un acto de inconstitucionalidad del proyecto.
Y espero que, de la presentación ante el Tribunal Constitucional, que varios Senadores hemos firmado y que vamos a materializar mañana, se obtenga como resultado una paralización de tal injusticia, una paralización de la iniciativa, para efectos de considerar realmente los derechos del mundo indígena que interactúa en el borde costero.
Señor Presidente, no estoy disponible para dar mi voto de aprobación a la presente iniciativa, aun cuando medie un acuerdo de la Comisión Mixta, aun cuando haya razonabilidad en la resolución de las diferencias existentes entre ambas Cámaras. Porque, a mi juicio, hay que seguir dando señales de que existen Senadores dispuestos a reformar un texto legal tan injusto. Y si es necesario hacerlo a través del Tribunal Constitucional, hasta ahí vamos a llegar.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, paradójicamente, varios de los detractores del proyecto que nos ocupa y de la propuesta de la Comisión Mixta, especialmente diversos amigos de las bancadas de la Izquierda, han invocado la autoridad intelectual y política de Sebastián Piñera, quien propuso legislar en esta materia cuando era Senador, para argumentar en contra de la iniciativa.
Por mi parte, invoco el sentido común, a fin de llamar a aprobar el informe de la Comisión Mixta.
¿Cuál es la pregunta que se debe formular? A mi juicio, una sola: ¿La propuesta de la Comisión Mixta significa un avance o un retroceso respecto a la situación actual y a la proposición que vino, en primera instancia, desde la Cámara de Diputados? Porque si implica un retroceso, hay que votar en contra; y si es un avance, me parece que hay que pronunciarse a favor, cosa que yo voy a hacer.
El proyecto obtiene tres logros históricos.
Primero: conservación, preservación y sustentabilidad de los recursos pesqueros. Casi nadie -o nadie- ha objetado este gran avance. No recuerdo que alguien lo haya hecho.
Tremendo avance: soberanía y jurisdicción del Estado de Chile en la zona económica exclusiva, el mar territorial y la plataforma continental; comités científicos en todo el país para velar por la biomasa, etcétera. Nadie ha impugnado este tremendo adelanto que implica el proyecto, el cual por sí solo lo justificaría.
En segundo lugar: defensa de la pesca artesanal. Al día siguiente de aprobarse la iniciativa me fui a Papudo con pescadores de las diez caletas que represento y con Humberto Chamorro, Presidente de FEDEPESCA Quinta Región. Y todos, ampliamente, en representación de los 85 mil artesanales de Chile, aprobaron y aplaudieron los progresos en materia de la pesca artesanal: la milla, los posicionadores satelitales, los certificados de desembarco, en fin, lo que hemos expresado.
La mayoría reconoce los tremendos avances para dicho sector.
Y tercero, el punto más controvertido, por supuesto: las características de la industria.
La iniciativa, por primera vez en tres décadas -¡por primera vez en tres décadas!-, abre la posibilidad de terminar con el llamado "oligopolio de las cuatro empresas y las siete familias" y de que se incorporen otros actores a la industria, a través de normas claras y explícitas sobre caducidad total o parcial, caso en el cual hay licitación; las nuevas pesquerías; los excedentes.
Y, sobre todo -nadie lo dice, y hay que repetirlo porque constituye un buen argumento-: por primera vez las cuotas van a ser transferibles y divisibles. Hasta ahora eran intransferibles e indivisibles. No me cansaré de subrayarlo, porque eso estamos aprobando.
Por otro lado, las licencias, a pesar de lo que diga el Senador Lagos -y lo respeto-, son temporales (esto no fue a la Comisión Mixta; lo aprobó la Cámara de Diputados): no se renuevan automáticamente. Por lo tanto, ahora disponemos de licencias temporales -lo mismo hicimos para la televisión-: veinte años, no renovación automática, cumpliendo ciertos requisitos.
En síntesis, en los tres aspectos mencionados se experimenta un avance.
Termino con lo siguiente, respecto al acuerdo del Senado.
En primer lugar, nosotros aprobamos -y la Comisión Mixta lo recogió- la norma relativa a la subasta pública del 15 por ciento a todo evento -para muchos resulta muy importante- en todas las pesquerías al cabo de tres años de la determinación del punto biológico. Y en el caso de las colapsadas, cuando pasen a estado de sobreexplotación.
Por lo tanto, aquí hay una norma lógica, coherente con el principio de conservación, preservación y sustentabilidad.
Y queda lo relativo al 15 por ciento. Por primera vez en décadas se abre dicha ventana. Esto nadie lo dice. No se trata solo de derechos históricos o cuotas, sino de 15 por ciento de licitación. Más las situaciones que he mencionado.
Segundo, la reserva del uno por ciento de la cuota global para las plantas procesadoras que califiquen como pymes. ¿Por qué? Porque tienen problemas de acceso a muchos recursos pesqueros.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor WALKER (don Ignacio).- Muchas gracias.
Y se licitan, respecto al uno por ciento, todas las pesquerías, salvo las de recursos bentónicos, algas y demersales. ¿Por qué? Porque no existen problemas de acceso a ellas, desde el punto de vista de las pymes. Y se destinan en cien por ciento al consumo humano.
Finalmente, en cuanto al incumplimiento de las normas laborales, que es una de las tres causales de no renovación, se elimina dicho concepto, entre otras infracciones, porque obviamente podría haber sido algo muy vago. Y, en estricto rigor, lo de la jornada laboral fue propuesto en la propia Comisión Mixta -y así se determinó-, más allá de la opinión que podamos sustentar.
En definitiva, señor Presidente, la iniciativa claramente es un avance respecto de lo que tenemos hoy día y de lo que proponía, en el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados.
Por eso, voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, sin duda este proyecto de ley marca un punto de inflexión muy importante en materia pesquera a nivel nacional, por un primer elemento: es imposible consolidar la sustentabilidad en leyes cortas. Creo que constituye el primer cambio fundamental. Solo se puede planificar la pesquería nacional cuando se cuenta con una normativa llamada a permanecer en el tiempo.
Y a la manera de titulares, quiero exponer ciertos elementos que aquí se han destacado.
En materia de preservación, ¿qué recoge, al final, la iniciativa? Lo que proponen las propias organizaciones ambientalistas: el principio precautorio.
Por otra parte, se ha destacado el progreso en todo lo que se refiere a la pesca artesanal.
Y, en tercer lugar, como va a tener efectos sociales, también el proyecto de ley se hace cargo de la plataforma social.
Pero quiero concentrarme en los dos puntos más controvertidos en el curso del debate de la mañana.
El primero dice relación con el acceso. Y deseo fundamentar este punto en torno a un concepto que señalé durante la discusión habida en el Senado.
En Chile hemos creado una institucionalidad completa en materia de libre competencia. Y hay una resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se refiere, precisamente, a lo relativo al acceso. Y el Parlamento no ha hecho nada más que recoger los conceptos establecidos por el mencionado organismo.
Y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia señala dos elementos: que el punto fundamental, más que las licitaciones, es la plena transabilidad y la divisibilidad de las cuotas, que consagramos en el artículo 30 del proyecto de ley.
Eso va a permitir el acceso y la sustentabilidad. Incluso, el Tribunal era partidario de ampliar el concepto a los pescadores artesanales.
En resumen, el Parlamento no ha hecho algo distinto de lo señalado por el fallo -porque eso es- del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. No es un invento ni del Gobierno ni de los parlamentarios. Todos aspiramos a que ingresen más actores al sector. Y creemos, de buena fe, que el mecanismo más efectivo es el planteado en la iniciativa. Pero esta ha ido más allá, al establecer licitaciones a todo evento y, además, sobre la base del rendimiento máximo sostenible, vinculado a la situación de la biomasa.
Como aquí no hay nada escondido, quiero concentrarme en lo que ocurre en materia tributaria.
¿Cómo se tributa hoy en la actividad pesquera? Básicamente, mediante una patente única aplicable a las naves, independiente de si estas están operando o no.
¿Qué hace la ley en proyecto, que me parece razonable?
La Comisión Mixta determinó que, por ningún motivo, bajara la recaudación fiscal. Y por eso se cambian los conceptos. Se dispone que se va a pagar un impuesto específico y una patente. Esta última se impondrá a las embarcaciones que efectivamente estén operando. Eso es lo real. Y el impuesto específico se aplicará a un porcentaje de las cuotas, que en régimen será de 4,2 por ciento. Pero como las cuotas van a bajar -eso es lo real-, se estableció un régimen transitorio, que parte en 5,7 por ciento y llega en régimen a 4,2 por ciento en 2018.
¿Y por qué se colocan topes? Porque hay muchas pymes a través del país -no grandes industrias- a las cuales el cambio de sistema les significaría impactos que podrían llegar a 150 o 200 por ciento.
Entonces, junto con establecer el régimen transitorio, que se inspira en la norma permanente que acabo de mencionar, se estimó que el impacto sobre las pymes o sobre las industrias, al final es social. Eso, sumado a las licitaciones, podría generar un efecto social tremendamente importante. Por eso, se dispuso que en el régimen transitorio, sin bajar la recaudación fiscal, hubiera un mecanismo que tendría por límite el 40 por ciento, hasta llegar al estado en régimen.
Esa es la explicación. La materia se conversó largamente en la Comisión Mixta y se llegó a un acuerdo unánime. Porque no era fácil cambiar el sistema tributario. Se buscó mantener la recaudación fiscal e ir apuntando hacia el régimen permanente, pero en una norma transitoria, para que no impactara socialmente de forma importante, aunque igual afectará de manera no menor en muchos lugares del país no solo a las grandes industrias, sino también a un sinnúmero de pymes.
Para reducir los impactos sociales de este cambio en materia de tributación, se fijaron los topes. Y en eso no hay nada escondido, pues todo es absolutamente explícito.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, hemos concluido la crónica de una muerte anunciada.
Hubo un acuerdo político parcial -a él no concurrimos ni los radicales, ni el Partido Socialista ni el Partido Por la Democracia- mediante el cual finalmente se determinó que los industriales serán dueños de los peces por veinte años, más veinte, más veinte. Es decir, se concretó lo que dijimos en un comienzo: el negocio quedó perfectamente amarrado.
En la exposición de motivos del proyecto, se señala: "Actualmente, el sector pesquero nacional representa el 1% del PIB nacional y genera exportaciones por US$ 1.260 millones de dólares". Eso es lo que significa este negocio.
Todos estamos de acuerdo con lo que señaló el Senador señor Lagos, y lo apoyamos. Pero, ¿cómo quedó estructurado este negocio? El 90 por ciento corresponde a los industriales y el 10 por ciento a los artesanales. En el norte, el 95 por ciento es para los primeros y el 5 por ciento para los segundos. Ello se concretó, se definió y se estableció claramente en la ley en proyecto.
Bastaría con revisar el artículo segundo transitorio, el cual dispone que, en el plazo de seis meses, los armadores titulares de autorizaciones de pesca de pesquerías administradas mediante límite máximo de captura por armador van a poder optar por el nuevo sistema.
¿Y por qué digo que se concreta el negocio? Porque la ley anterior no les daba estas facultades.
Cuando nos dicen que, si no se aprueba la ley en proyecto empezará la "carrera olímpica", tampoco es cierto. Si fuera así, no existiría esta norma transitoria.
Entonces, al final del cuento, se permite traspasar las cuotas de estos industriales -cuatro empresas importantes- a un nuevo sistema que les da acceso, según el artículo 26 A, a licencias -comillas- temporales. Ese es el gran éxito que, según algunos, se obtuvo "por un plazo de 20 años renovables y equivaldrán...", etcétera.
¿Cómo se renuevan?
El artículo 26 B establece: "Antes del vencimiento de las licencias transables de pesca clase A, a solicitud del titular, arrendatario o mero tenedor de las licencias transables de pesca, mediante decreto supremo fundado se asignarán según la legislación vigente, siempre que el solicitante o los titulares previos no hayan incurrido en un lapso de 10 años...", etcétera.
Pero, ¡por favor!, seamos honestos en lo que estamos diciendo. Que se haya puesto la palabra "temporales" no significa que lo sean. Solo lo serían si efectivamente tuvieran una sanción al no cumplir con los objetivos pertinentes. Y para ser sancionado habría que ser realmente un poco inepto, para no evitar que el proceso de incumplimiento se mantenga.
Se habla de un acuerdo histórico.
Nosotros no estamos en contra de los avances, sino de la perpetuidad del negocio que se establece mediante esta iniciativa. Y lo que nos interesaba finalmente a quienes hemos estado en contra de esto era la existencia de normas claras y precisas para que la explotación del recurso pesquero, además de responsable, fuera distribuida de modo más equitativo y no como se halla establecido.
Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto reúne muchas virtudes. Pero todas ellas quedan sobrepasadas cuando hay perpetuidad en las licencias. Por eso, como el señor Presidente del Senado lo mencionó, presentaremos un recurso ante el Tribunal Constitucional, donde esperamos que esto se resuelva no por lo que haya señalado el entonces Senador Sebastián Piñera, sino porque nos asiste la convicción de que la iniciativa contiene errores graves que afectan a todos los chilenos.
Como lo hemos hecho en otras oportunidades respecto de la iniciativa, voto en contra del informe de la Comisión Mixta.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, en primer lugar, ¿por qué algunos parlamentarios votaremos en contra? Fundamentalmente, porque queremos tener la libertad en algunos meses o años más para señalar la necesidad de avanzar y modificar una ley que, si bien parte de una buena intención, lamentablemente cuenta con instrumentos que no van a permitir resolver el problema que se quiere solucionar. Entonces, no tendríamos autoridad moral en dos, tres años más para plantear que hay que cambiar la ley si hoy votáramos a favor de un proyecto que, a nuestro juicio, no resuelve la situación.
¿Y por qué no lo hace? Porque la ley en proyecto parte -quiero reiterar lo que hemos venido señalando permanentemente- de supuestos que no son verdaderos y que carecen de base científica.
Aquí hay una disociación absoluta entre la ciencia, los expertos, la Academia de Ciencias, los Premios Nacionales de Ciencia (Chile los tiene) y quienes toman decisiones. Porque estos últimos adoptan sus resoluciones al margen del sustento técnico y de la investigación.
Entonces, el primer problema de la ley en proyecto radica en suponer que en Chile hay un stock de recursos hidrobiológicos que no concuerdan con la realidad. Parte de la premisa, por ejemplo, de que en nuestro país se pueden seguir distribuyendo la merluza, la anchoveta, la sardina, el jurel, en circunstancias de que estos recursos ya están sobreexplotados, pues tienen una tasa de explotación por sobre su capacidad de reproducción. Es decir, lo único que logrará la futura ley, por basarse en supuestos ciegos que no poseen sustento científico, es agravar el problema en el corto plazo. Porque se distribuye algo que no hay.
Es como la asignación de agua en el Norte: se entregan derechos sobre el líquido elemento que no existen.
Entonces, la ley en estudio parte de una premisa equívoca. ¿Y por qué? Porque, lamentablemente, se da una disociación entre la academia, la ciencia y quienes toman decisiones en el país; entre la academia, la ciencia y el Parlamento sobre cuestiones, en distintos ámbitos, que carecen de referencia científica.
En segundo lugar, esta iniciativa tiene un debe, que para mí es, tal vez, lo más significativo. Y tal debe consiste en que en Chile también hay pueblos originarios que viven en las costas.
Estoy muy de acuerdo en que se reconozca a los pescadores artesanales su derecho a pesca y se les den privilegios. Pero en las mismas circunstancias se encuentran los pueblos originarios.
Sin embargo, la ley que nos ocupa sería racista, porque la única razón por la cual a esas personas, que igualmente son pescadores artesanales, no se les reconocen sus derechos es por ser mapuches. Y el articulado refleja una visión vertical, autoritaria, racista del Estado chileno y de quienes ejercen las políticas, que dejan fuera de él a ese mundo. Y es más: no cumplen con el mandato, sustentado en tratados internacionales, de efectuar consultas a los pueblos originarios.
Me parece que, en un país que tiene una historia negra, torpe, de abuso, de genocidio y de destrucción de la cultura indígena, nosotros no podemos seguir siendo cómplices de esas prácticas.
Por tales motivos, voy a firmar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Hay un tercer aspecto, relacionado con la propiedad de los recursos naturales: el agua. Chile es el único país que ha privatizado sus recursos naturales.
Ahora estamos privatizando el borde costero, el mar, a través de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por primera vez se da un ejemplo al mundo de un país que toma la decisión de privatizar sus recursos marinos.
Pero, detrás de esa concepción, se halla la visión de quienes piensan que los recursos hidrobiológicos, los peces, tienen dueños, y que estos dejarían de pertenecer a la sociedad toda.
Para nosotros, los peces son patrimonio de Chile.
Por lo tanto, este tercer punto nos parece cuestionable.
Finalmente, hay otro argumento que no compartimos: la falta de competencia. El monopolio que se establece para que solo a algunos -de acuerdo con criterios históricos que no han sido los más eficientes ni eficaces-, se les asignen y entreguen esos recursos, que tienen un valor monetario muy importante. Estamos hablando de sobre 1.000 millones de dólares por año.
Entonces, a mí no me importaría quiénes sean los que exploten los recursos marinos si se cumpliesen las condiciones anteriores y, además, se hiciera utilizando la tecnología y la ciencia, para darles un valor agregado, por ejemplo, elaborando productos para el consumo humano como el Omega 3 y el EPA, ácidos grasos esenciales que tienen una demanda inmensa y una importancia fundamental para la salud.
Yo privilegiaría a empresas que agreguen valor a los recursos pesqueros y no los destinen a fabricar harina de pescado; a las que tengan artes de pesca menos invasivas; a aquellas que mantengan mejores relaciones con sus trabajadores; a las que promuevan la sustentabilidad; a aquellas que impulsen el desarrollo de Chile; a las que estén dispuestas a hacer investigación; a aquellas que estén dispuestas a aliarse con las universidades y con las academias de ciencias, para que el país tenga un progreso real.
Desgraciadamente, nada de eso se consigna en este proyecto, o lo que hay es del todo insuficiente.
Por eso y para poder criticar en un tiempo más, cuando este sistema colapse y fracase, voto que no en este momento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores, como estamos en votación, el Ministro Secretario General de la Presidencia solicita autorización de la Sala para intervenir.
Si no hubiere objeciones, se accedería a ello.
El señor LETELIER.- ¿Es para rectificar algo?
El señor GÓMEZ.- Si es para eso, no hay inconveniente.
El señor ESCALONA (Presidente).- No, el señor Ministro solicita intervenir pero no para rectificar.
Por eso he requerido la anuencia del Senado.
Si le parece a la Sala, se accedería.
Tiene la palabra el señor Ministro, hasta por 5 minutos.
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, quiero referirme a algunas de las materias planteadas en el debate. Para ello, debo señalar que esta iniciativa de ley, que en el Senado cumple ahora su último trámite, tiene tres características fundamentales, que significan un avance sustancial para la actividad pesquera del país.
Primero, es un proyecto que va a lograr la conservación de los recursos marinos.
A mi entender, hay unanimidad en la ciudadanía y en el Congreso Nacional en cuanto a que el nuestro es un país con gran potencialidad pesquera, por lo cual necesita que cuidemos los recursos. ¿Y cómo se logra eso? Básicamente, porque, a propósito de los planteamientos hechos, se incorpora la actividad científica. Así, han de ser los científicos quienes definirán la cuota global de captura.
En consecuencia, la ciencia fue incluida en la normativa, como nunca sucedió antes y, además, con la imparcialidad que se recomienda para regular la industria pesquera, siguiendo la experiencia internacional.
Entonces, no es extraño que instituciones que se preocupan de la conservación de los recursos naturales -como Greenpeace, Oceana y otras- hoy día apoyen este proyecto, para la conservación de los recursos.
Segundo, se establece el concepto de equidad en el acceso a la pesca, lo que implica un avance esencial. Y, para comprobarlo, usemos de nuevo datos objetivos. ¿Qué dicen estos? Que, gracias a esta iniciativa, los pescadores artesanales dispondrán del 55 por ciento de los desembarques nacionales, cosa que no ocurría.
¡El 55 por ciento de los desembarques nacionales van a estar a disposición de los pescadores artesanales!
Si valoramos esas cuotas, ello significa tener acceso a 30 millones de dólares adicionales anualmente, gracias a este proyecto de ley. ¡A 30 millones de dólares adicionales al año!
Es decir, estamos dando equidad en el acceso a los recursos pesqueros.
Por último, con relación a la preocupación por la competencia en el sector, muy válida, que se ha hecho presente en el curso del debate, es necesario manifestar que la normativa también implica un avance preponderante. Estamos hablando de licencias que duran 20 años, las que, además, son transferibles y divisibles.
¿Y qué han dicho sobre la materia las principales instituciones encargadas de velar por la libre competencia?
La Fiscalía Nacional Económica ha calificado como fundamental el perfeccionamiento que se incorpora respecto a la transferibilidad, la divisibilidad y la licitación de las cuotas de pesca.
Y el Tribunal de la Libre Competencia -el ente máximo en este ámbito- ha señalado: "Dejemos que las instituciones operen".
¡El ente máximo que vela por la libre competencia en el país nos dice que este proyecto de ley vela por la libre competencia!
Señor Presidente, termino agradeciendo el apoyo que la iniciativa ha tenido en las distintas instancias del Congreso Nacional y a los parlamentarios que la han votado a favor.
Me asiste el total convencimiento de que, después de un período largo, de dos décadas, hemos logrado consensuar una reforma a la industria y a la actividad pesquera nacional que, aparte de implicar progreso para quienes viven de esta noble actividad, dará sustentabilidad a los tan importantes recursos pesqueros que Chile posee.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, como representante de la Región de La Araucanía, anuncio que votaré a favor del proyecto, porque sin duda mejora la posición de nuestros pescadores artesanales. Y eso responde a una demanda legítima que por años venían planteando en la zona las distintas organizaciones que los agrupan.
Por ejemplo, el artículo vigésimo noveno transitorio establece que la cuota de imprevistos de sardina común se destinará, los primeros tres años, a la Novena Región. Es decir, la Subsecretaría de Pesca renuncia a una antigua función, que ejercía con bastante arbitrariedad, con el solo propósito de favorecer a Regiones que, teniendo recursos hidrobiológicos frente a sus costas, resultaban tremendamente castigadas en la asignación de cuotas de pesca. Y eso se corrige al menos respecto de La Araucanía y varias otras Regiones a través de lo que se dispone en el citado precepto.
En segundo lugar, señor Presidente, esta iniciativa legal significa mayor fiscalización.
Nuestros pescadores artesanales han dicho en todos los tonos que están de acuerdo con el posicionador satelital, pues con este instrumento impedirán la amenaza que hoy padecen, como es que se perforen los límites marítimos regionales con embarcaciones que a veces son industriales, y otras, de pescadores artesanales de Regiones vecinas, los que, viendo la riqueza y la enorme cantidad de recursos que hay frente a nuestras costas, irrumpen en el territorio marítimo de La Araucanía, copando la pequeña cuota asignada a los locales.
Y la manera de terminar con esa situación es a través de dos medidas: una, incluida en el proyecto, como es la exigencia de posicionador satelital para todos, y la otra, con una mayor presencia del SERNAPESCA en las caletas pesqueras de la Región, particularmente en la de Queule.
Finalmente, Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra se expresaron en durísimos términos respecto de lo que ellos estiman una discriminación contra nuestros pueblos originarios, los que quedarían marginados de la Ley de Pesca.
Yo no comparto tal interpretación, señor Presidente. Nuestros pueblos originarios cuentan, desde hace ya un par de años, con la ley de borde costero marino, que establece el derecho a que se les reconozcan tales espacios. Y ese reconocimiento consiste en que lo que producen o capturan en ellos es de su propiedad.
¿Es para todos? No, no es para todos, sino para quienes demuestren, a través de la costumbre, del uso consuetudinario de las costas, que se han dedicado al trabajo de la pesca o de la acuicultura.
Por eso, los derechos de nuestros pueblos originarios y, específicamente, los del pueblo mapuche están plenamente garantizados, plenamente reconocidos y plenamente protegidos en una ley anterior a la que se encuentra en proyecto. Más aún: tenemos el compromiso del Ministro de Economía en cuanto a que esta legislación será fortalecida todavía más, para que no quepa ninguna duda de que los derechos del pueblo mapuche y los de todos los pueblos originarios se hallan totalmente garantizados.
No usemos a nuestros pueblos originarios para evitar que tengamos una nueva Ley de Pesca, ni tampoco para reiniciar la "carrera olímpica" a partir del 1° de enero.
Le voy a dar un minuto más.
El señor GARCÍA.- Gracias, señor Presidente.
No me parece justo que se use a nuestros pueblos originarios con un propósito que lo único que hace, al no haber nueva ley, es permitir que continúe un sistema que ha significado depredación, pobreza y un menor desarrollo de nuestras costas.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, tal como se ha indicado, estamos concluyendo un arduo trabajo, que ha correspondido a la discusión, por más de un año, de la Ley de Pesca.
En lo personal, tengo muchas razones para votar a favor.
En primer lugar, creo, sin temor a equivocarme, que hay muy pocos casos en que haya habido un mayor proceso de participación que en este.
Aquí se partió con el acuerdo de una mesa de trabajo a la cual se sentaron todos los actores del sector: los artesanales, los industriales. Y de ahí se pasó al debate en la Cámara de Diputados y en el Senado, con la concurrencia de las más diversas organizaciones del mundo pesquero pertenecientes a esos dos ámbitos. No hubo ninguna que haya quedado sin ser escuchada. Y muchas de sus posturas, propuestas y anhelos están recogidos en las distintas normas que hoy día se someten a nuestra consideración.
Ha habido un verdadero proceso de participación, en el cual las personas y las diferentes agrupaciones han tenido acceso al Ministro y a los equipos de la Cartera de Economía, a las Comisiones, a los Senadores y Diputados. Y estos, a su vez, han tenido acceso a los entes gubernamentales para poder perfeccionar y mejorar el texto de la iniciativa.
Por lo tanto, nadie puede quejarse de que esta es una ley donde la participación no ha sido un elemento decisorio en cada uno de sus aspectos.
Pero hay otras razones por las cuales uno también debe votar a favor: la sustentabilidad que se establece en el proyecto.
Chile ha experimentado un proceso declinante, en el que ha aumentado la depredación y donde la sustentabilidad de la biomasa ha ido claramente en decadencia. La industria y toda la actividad pesquera del país ha pasado de más a menos, producto de la falta de normas que garanticen la referida sustentabilidad.
Esta iniciativa legal vuelve a colocar las cosas en su lugar. Y es más, establece exigencias que nos permiten avizorar y tener la convicción de que en un futuro cercano -en el mediano plazo- vamos a revitalizar nuestro mar, para que los pescadores artesanales e industriales puedan realizar su actividad y generar un desarrollo mayor, no solo en las costas, sino en todo el país, aumentando su participación en el PIB (hoy de uno por ciento), porque somos un país marítimo donde la industria pesquera debe desarrollarse fuertemente.
Otra razón para aprobar la iniciativa es que nuestros pescadores artesanales salen fortalecidos: fortalecidos en la primera milla; en las cinco millas; en lo que es fiscalización; en la posibilidad de tener en el futuro un "INDAP pesquero". Hay un avance significativo.
Además, voy a votar a favor porque, por primera vez, vamos a observar una mayor competencia. Las decisiones adoptadas de 1990 en adelante han venido reduciéndola, hasta contar con muy pocos actores en el ámbito industrial. Y el hecho de que las cuotas sean ahora divisibles, transferibles, constituye un elemento central para aumentar la participación en el sector y permitir la incorporación de nuevos interesados.
Por lo tanto, señor Presidente, estamos ante una iniciativa donde se ha escuchado a la gente, donde se ha recogido la opinión de cada uno de los actores del sector. Y ese es, verdaderamente, un mérito y un valor que se ha logrado gracias a la labor de los equipos del Ministerio de Economía, al liderazgo de su titular, el señor Pablo Longueira, y al trabajo realizado por la Comisión de Pesca tanto de la Cámara como del Senado.
A partir de ahora, tendremos la posibilidad de que la industria y la actividad pesquera aporten mucho más al progreso y bienestar de nuestras Regiones y del país en general.
Hoy, tenemos la convicción de que caminamos hacia delante y de que el desarrollo también puede llegar a la industria pesquera, a la que veíamos en declinación desde hacía mucho tiempo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, lo dije desde el primer momento y lo reitero ahora: esta es una muy mala Ley de Pesca; es una ley que mantiene los privilegios de unos pocos; es una ley que no protege los intereses de Chile; es una ley que está hecha a la medida de los grandes industriales; es una ley que no resguarda la pesca artesanal, sino que le entrega mínimos mejoramientos que no alteran el desequilibrio brutal de la actividad.
Voté en contra de este sistema de cuotas hace diez años, cuando fue presentado por el Gobierno de la Concertación. Lo volví a hacer ahora, y lo seguiré haciendo.
Nada justifica entregar, a título casi gratuito, recursos que son de todos los chilenos a un puñado de familias.
Nada justifica que no hayamos sido capaces de establecer claramente que ellos les pertenecen a todos los compatriotas.
Nada justifica que no cuestionemos la enorme concentración de esta industria.
Nada justifica que no pongamos en el debate el modelo de exportación primaria, que seguirá produciendo empleos de muy baja calidad.
Nada justifica, señor Presidente, que miles de pescadores artesanales sigan apenas subsistiendo.
Este régimen de cuotas fracasó y seguirá fracasando, más aún cuando ahora el regalo es por más de 40 años.
El reparto para la pesca artesanal, contenido en el fraccionamiento, sigue siendo muy insuficiente. Si distribuimos el mejoramiento que el Ejecutivo ha exhibido y que se logró en la mesa de trabajo a nivel de caletas, vemos que el aumento alcanza a un par de kilos por pescador artesanal. ¡Esto es una vergüenza para un sector que factura millones de dólares al año!
Los mejoramientos en la administración, donde se perfila tímidamente una institucionalidad más científica, son más una promesa que una realidad.
Las presiones de los grandes grupos cambiaron de lugar. Pasarán de los Consejos a los Comités, pero seguirán ahí.
No se avanza decididamente en fortalecer la investigación y tampoco hay un impulso claro a la fiscalización.
Como hemos señalado, iremos al Tribunal Constitucional para impugnar esta ley bajo dos premisas fundamentales.
Este proyecto es inconstitucional porque vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el libre ejercicio de la actividad económica. Es una determinación a dedo de beneficiarios. Es, por tanto, una discriminación arbitraria flagrante. Tan claro es que los mismos beneficiarios, reunidos en SONAPESCA, reclamaban la inconstitucionalidad de este régimen en 1989, cuando pensaban que no serían exclusivamente favorecidos.
Este proyecto es inconstitucional, además, porque no se respetó el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos originarios acerca de materias que son de su interés.
Represento a una zona que tiene dos pueblos originarios con antigua tradición en la pesca, cuyos derechos no están suficientemente protegidos en esta iniciativa, ni tampoco fueron escuchados en forma oportuna y suficiente.
Señor Presidente, votaré en contra del informe de la Comisión Mixta, aunque contiene avances en puntos muy específicos, como las patentes, la plataforma social y la posibilidad de que los pescadores artesanales de las Regiones de Magallanes y de Aysén accedan a la pesca del bacalao.
Sin embargo, solo representa el broche final para una normativa que persiste en un sistema profundamente injusto, que entrega el patrimonio de Chile a unas pocas manos, que no resguarda a pescadores artesanales que por años han vivido del mar, y que, en definitiva, seguirá depredando los recursos por el lucro voraz de la industria.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, estamos votando el informe de la Comisión Mixta después de un largo debate, de un extenso proceso de discusión que se ha llevado adelante tanto en la Cámara de Diputados y el Senado como en la opinión pública y en los distintos actores involucrados en el tema de la pesca.
Yo quisiera aprovechar esta última intervención para, en lo tocante al referido informe, dejar establecido lo que fue el acuerdo que la bancada de Senadores de la Democracia Cristiana alcanzó con el Ministro Longueira cuando el proyecto se vio en nuestra Corporación.
A nosotros nos interesaban fundamentalmente cuatro puntos.
El primero apuntaba a dejar claramente consignado en la Ley de Pesca algo de lo cual todos hablábamos pero que no estaba contemplado hasta ahora -y creo que es un elemento primordial que hay que rescatar de este proyecto-, cual era asegurar que los recursos pesqueros son parte sustancial de la soberanía del Estado de Chile -por tanto, le pertenecen a todos los compatriotas-, y que, en cuanto tales, debían ser administrados, explorados e investigados por aquel.
Eso quedó establecido con claridad y constituyó, a mi juicio, uno de las principales decisiones adoptadas por esta Sala, más allá de la retórica con que nos referimos al tema. Fue un elemento clave, esencial, y para nosotros significó parte importante del acuerdo.
El segundo punto tenía que ver con que hoy día, a pesar de lo que se ha dicho acá, los derechos de pesca son perpetuos y están en manos de grupos industriales, en forma indefinida. Esto es lo que existe en la actualidad. En consecuencia, si no se modifica ni se promulga esta ley, esos derechos seguirán siendo perpetuos.
Por eso, cuando aquí se vota en contra de este proyecto, lo que se está haciendo es favorecer a las siete familias para que continúen conservándolos eternamente, de manera indefinida.
Entonces, hay que ser prácticos en esta materia.
Nosotros éramos partidarios de establecer temporalidad, o sea, que se terminara con esos derechos perpetuos fijándoles un plazo. Pensábamos que lo razonable eran 15 años. Al final, se llegó a un acuerdo por 20. Y, obviamente, como ocurre en la generalidad de las concesiones y en todo el sistema que se encuentra vigente en nuestro país, si se cumplían los requisitos, los objetivos y las condiciones en que fueran entregadas las licencias de pesca, estas podrían ser renovadas.
Y aquí viene el tercer elemento que también fue parte importante de nuestro acuerdo: que esas renovaciones estuvieran condicionadas, primero, a que se cumpliera con los compromisos, con las normas de sustentación, con el buen uso de los recursos, con la explotación. Pero agregamos, además, causales que nos parecían fundamentales, vinculadas a aspectos laborales y orientadas a proteger a los trabajadores de las prácticas antisindicales en que normalmente incurren las empresas del rubro. En el fondo, se estableció una renovación condicionada.
Ahora bien, en la Comisión Mixta se modificó uno de los elementos primordiales de nuestro acuerdo, relacionado con las cláusulas laborales.
Debo reconocer que eso no fue responsabilidad del señor Ministro, sino de Diputados de Gobierno y de Oposición, quienes sacaron de las cláusulas que habíamos planteado -que para nosotros eran algo muy importante- el tema de las infracciones a la jornada laboral de los trabajadores pesqueros.
A mí me parece que ahí hubo un error garrafal. Y digo "hubo" porque se incurrió en él a raíz de una decisión unánime de Senadores y Diputados de Gobierno y de Oposición. Y salvo en ello la responsabilidad del Ministro de Economía, con el cual teníamos el compromiso de que ese asunto no se revisaría. Lamentablemente, ocurrió lo contrario.
Para nosotros ese es un punto en el cual vamos a quedar "al debe", por cuanto nuestra intención en el acuerdo a que llegamos era brindar el máximo de protección a los trabajadores, sobre todo respecto de aquellos organizados del sector de la industria pesquera.
Por último, señor Presidente, creo que, más allá de lo anterior, el informe de la Comisión Mixta contiene otros elementos que son esenciales. El primero de ellos apunta al acortamiento del plazo para la presentación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, el "INDAP pesquero", que es una demanda y, a mi juicio, una necesidad fundamental para el desarrollo de la pesca artesanal.
Segundo, se presentó una indicación en la que por primera vez se admite la perforación de las cinco millas, siempre que se cuente con el asentimiento de los pescadores artesanales. Si estos o sus representantes no acceden, no habrá tal perforación. Y eso, en el caso de mi Región, la de Coquimbo, constituye una diferencia fundamental, porque se protege a los pescadores artesanales frente a la voracidad...
Decía que se protege a los pescadores artesanales frente a la voracidad que normalmente muestran los industriales, que pasan a llevar sus derechos más elementales.
Hay otros aspectos que no viene al caso señalar.
Pero, señor Presidente, a pesar de las diferencias en la licitación a todo evento -lo cual también formó parte del acuerdo-, que se redujo con respecto a las pesquerías colapsadas, y no obstante las dudas que nos ha generado el informe de la Comisión Mixta, cuyo texto es distinto en algunos aspectos del que habíamos consensuado -la Senadora Alvear y quien habla tuvimos ciertas diferencias en esta materia con algunos de mis colegas de bancada-, creo que de todas maneras la normativa propuesta presenta mejoramientos en comparación a la que se había despachado por esta Corporación y, en líneas gruesas, cumple el acuerdo que habíamos adoptado. Y es la razón por la cual la voy a votar favorablemente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que se insiste en argumentos muy complejos acerca de los resultados que va a tener esta ley.
El 2002, cuando votamos en contra de ella, señalamos que era una mala legislación, que no protegía a los trabajadores ni tampoco los recursos. Y fíjense: ¡le achuntamos! ¡No protegió los recursos, que están colapsados, y no protegió a los trabajadores, que aún mendigan el apoyo del Estado después de diez años! ¡Después de diez años los trabajadores de la industria, los tripulantes y la gente de planta todavía siguen esperando los recursos prometidos el año 2002! ¡Diez años después! Y los recursos ahí están, ¡colapsados! Lo advertimos el 2002. Votamos en contra; hemos actuado en consecuencia.
Respecto de los pescadores artesanales dijimos qué tienen que hacer los industriales en las cinco millas. La sardina y la anchoveta solo se encuentran en ese espacio marítimo, que es exclusivo de los primeros. Por tanto, claramente la propiedad de la cuota debiera estar, en su totalidad, en manos de los pescadores artesanales.
Aspirábamos a la existencia de un fondo para que se pudiera pagar la deuda que los artesanales mantienen con los industriales. ¡Setenta millones de dólares! Eso hace que el mercado funcione al revés: la tonelada de sardina, en vez de costar los 110 mil pesos que determina el mercado, solo alcanza a 57 mil. Y, por ende, la presión sobre más cuota es la bandera de lucha de los artesanales, en circunstancias de que debiera existir un justo valor por la tonelada de sardina, de anchoveta, de jurel. Pero los contratos secretos, muchas veces en blanco, lo impiden.
Los trabajadores y tripulantes industriales seguirán con sus contratos sin dar cuenta de su seguridad en la pesca de alta mar. Hablo de las 500, 800, 1.000, 1.200 millas. Cuando se accidentan no tienen cómo regresar y este proyecto no respondió a aquello.
Del mismo modo, quiero advertir que los programas de apoyo a la plataforma social duran tres años y que todas las medidas -punto biológico de referencia, licitación- empiezan al concluir ese lapso. Es decir, cuando comienzan las medidas que van a impactar en el empleo termina la plataforma de apoyo social.
¡Cuarenta UF por trabajador al año! ¿Cuánto significa eso para que la gente de la industria lo sepa? La UF hoy día llega a 22.885 pesos: 916 mil pesos al año, es decir, alrededor de 76 mil pesos mensuales. Eso es lo que estamos aprobando -¡76 mil pesos mensuales!- para los trabajadores que salgan de la industria, porque sin mediar licitación esta ha expulsado a más de 25 mil trabajadores sin ningún beneficio. Y ahora les ofrecemos 76 lucas al mes durante tres años, en circunstancias de que recién al concluir ese período comenzará el proceso de salida de verdad, dado que las modificaciones legales recién ahí empiezan a implementarse.
Asimismo, se han eliminado, con acuerdo de los trabajadores -conforme a lo señalado por el Ministro Longueira-, las normas que fijaban las infracciones a la jornada de trabajo y que sancionaban con la caducidad de las concesiones. Esta iniciativa legal establece que tienen que haber cuatro o más condenas ejecutoriadas en el plazo de siete años para proceder a la caducidad de las licencias. ¡Seamos francos! ¡Eso no se va a cumplir jamás! ¡Cuatro condenas ejecutoriadas en el plazo de siete años y a los diez: amnistía, con lo cual se borra todo para atrás!
Eso no ocurre bajo ningún régimen. Según nuestro ordenamiento jurídico debe existir una apelación ante un tribunal para limpiar el papel de antecedentes, en circunstancias de que la ley en proyecto borra los delitos y las infracciones laborales, lo cual no debería ocurrir por cuanto son datos que han de quedar en la historia.
Y, por cierto, esos requisitos no se van a cumplir.
El aporte fiscal de la industria es cero. Apelamos a que pudiera ser generosa. ¡1.200 millones de dólares anuales, todo de cargo fiscal! No hay un peso de la industria en apoyo de sus trabajadores. ¡Ni uno solo! Y a mí me habría gustado que los trabajadores que defendían a los empresarios exigieran a la industria recursos frescos para apoyar a aquellos que van a perder el empleo.
En cuanto a la situación de los lafquenches, tengo en mis manos el informe del relator especial James Anaya en el cual se establece que la Ley Forestal y la Ley de Pesca debieran ser incluidas en las consultas a los pueblos originarios. Sin embargo, Chile no lo ha hecho. Eso es un error y vamos a ir al Tribunal Constitucional.
Señor Presidente, no concuerdo con los planteamientos expresados por el Senador Ignacio Walker, Presidente de la Democracia Cristiana, quien ha dicho que este proyecto de ley terminará con el oligopolio. Aquí tengo el informe. El límite máximo de captura por armador lo único que hizo fue desatar la concentración. Se fusionaron las empresas: Pesquera El Golfo absorbió cuatro empresas; Pesquera Itata, nueve. Se generó un lunar. Se juntaron las cuotas individuales y crearon otras industrias.
En consecuencia, no va a ocurrir lo que dice el Senador Ignacio Walker, Presidente de la Democracia Cristiana -me gustaría mucho estar equivocado-, quien fue parte del acuerdo. Y recuerdo que los Partidos Radical Social Demócrata, MAS, PPD y -entiendo- Socialista, no concurrieron a suscribirlo. De ahí la nueva mayoría: ¡la Derecha y parte de los Senadores de la Democracia Cristiana! Espero que el Senador Ignacio Walker tenga la razón, pero me parece que se va a equivocar.
Un minuto más y concluyo, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se ha alegado que el concepto de soberanía constituye un gran triunfo y un avance. El Senador Ignacio Walker habló de que la propuesta de la Senadora Alvear era casi perfecta.
Sin embargo, tengo en mis manos la intervención del Diputado René Saffirio, quien sostiene que la soberanía vale nada para los efectos de lo que estamos hablando. ¡Seamos claros! El Diputado afirma que, cuando se señala que los recursos hidrobiológicos estarán sometidos a la soberanía del Estado de Chile, "no se dice nada". Y Saffirio hizo una larga fundamentación en la Cámara Baja para plantear que este concepto de soberanía no implica ningún dominio, ningún poder del Estado sobre los recursos pesqueros.
Por eso, señor Presidente, espero que se aclare el concepto de licitación.
Conforme a las normativas que tengo en mis manos -la Nº 19.886, el decreto Nº 97 y la ley Nº 18.575-, tal como está definida la subasta pública, será a través de un martillero. El decreto Nº 97, a mi juicio, debe ser modificado, porque no estoy disponible para una licitación con martillero al mejor postor, sino para una licitación con condiciones que cautele que los recursos serán procesados en Chile y darán más empleo.
En ese sentido, hemos apoyado la licitación y el Ejecutivo nos debe una respuesta. No deseamos una subasta pública al mejor postor.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estamos culminando un proceso que ha sido largo, particularmente en la Cámara de Diputados -en el Senado el proyecto estuvo bastante menos tiempo-, donde ha habido la oportunidad de reflexionar y manifestar nuestros diferentes puntos de vista.
Por eso, acojo que a lo menos hemos tenido una discusión en este Parlamento en que es legítimo que existan miradas diferentes.
Creo que se ha tratado de hacer un esfuerzo y reconozco que en el trabajo de la Comisión Mixta se recogieron algunos elementos importantes introducidos por el Senado que, efectivamente, mejoran o, en cierta manera, mitigan algunos de los problemas que nos preocupaban.
Sin embargo, no puedo dejar de pensar que, en general, vivimos en una sociedad bastante inequitativa y el proyecto específico que nos convoca en este momento es una clara demostración de aquello.
El tema de fondo para mí es que en todos estos años tenemos un mundo industrial donde siete familias, a través de cuatro empresas, son dueñas del 92 por ciento de los recursos pesqueros con un ingreso anual aproximado de 1.200 millones de dólares y, por otro lado, los pescadores artesanales, con mucho esfuerzo, ni siquiera trabajando los doce meses del año, intentan sobrevivir en las mejores condiciones.
Entiendo que en esta iniciativa ha habido avances y logros para el sector artesanal y una mayor cantidad de recursos.
Sin embargo, me pregunto hasta dónde vamos a sancionar esta inequidad. Y, en ese sentido, no puedo participar, porque seguimos manteniendo siete familias que son dueñas de cuatro empresas, las cuales, en definitiva -reitero-, poseen el 92 por ciento de los recursos.
Yo era partidaria -y en eso tengo una diferencia; lo hablamos varias veces con los pescadores artesanales de mi zona a quienes he escuchado, hemos dialogado con respeto, con afecto, mirándonos a la cara como corresponde- de una licitación de 50 por ciento de la cuota industrial con cierta gradualidad de años. No obstante, conforme a este proyecto, se llega a una licitación de 15 por ciento de la fracción industrial.
Francamente, a mí me cuesta entender que todavía mantengamos esta inequidad porque, a pesar de todos los logros -entre comillas- y avances que la iniciativa en debate significa para la pesca artesanal, aún sigue siendo un sector que se ve afectado por muchas precariedades y respecto del cual uno no está en situación de decir que se halla asegurado en sus condiciones sociales, en sus seguros, en lo que ellos y sus familias deben proyectarse legítimamente e, incluso, en aquello que tanto se celebra: la plataforma laboral de los trabajadores de la industria.
Por supuesto, el aumento del bono anual de 20 a 40 UF y por tres años constituye un avance. Pero, la verdad es que uno se pregunta, dado que esto empezará a operar en tres años más, cuáles serán los efectos que este beneficio comenzará a tener una vez que se termine dicha plataforma laboral.
Por eso, yo quisiera ver que el tema de fondo: la sustentabilidad, que se ha tratado de plantear por el Ejecutivo y por aquellos que están de acuerdo con el proyecto, no quede en letra muerta.
Hasta ahora -así ha sido la historia y lo que hemos visto; por eso no puedo apoyar el informe de la Comisión Mixta-, esa sustentabilidad no ha existido y no solo se produjo concentración, sino también el colapso de varias pesquerías. O sea, la voracidad -llamémoslo así- de algunos industriales ha significado que tengamos algunas especies colapsadas.
Entonces, uno se empieza a preguntar si realmente vamos a conseguir con este proyecto lo que todos quisiéramos: la sustentabilidad.
Ella implica que entreguemos, efectiva y verdaderamente, las atribuciones para que este Comité Científico pueda operar en forma independiente. Porque, hasta ahora siempre se encontraron recursos por las ventanas, que implicaban, de alguna manera, entregar cuotas cuando a lo mejor no correspondía. Hoy día tenemos unos recursos colapsados, otros sobreexplotados, y francamente debiéramos preocuparnos de que esto no continúe como está...
El señor ESCALONA (Presidente).- Le concedo un minuto más para que pueda concluir, señora Senadora.
Me alegro, sí, de que nosotros tratemos de que realmente exista una preocupación para que este recurso llegue al consumo humano, que es bastante bajo en nuestro país, lo que no se justifica.
Celebro que se haya acordado que la captura de estos recursos sea para la pesca artesanal, lo cual es una forma, obviamente, de potenciarla. Pero no entiendo que mantengamos la pesca de arrastre, porque eso claramente es un atentado contra la sustentabilidad y una contradicción.
Señor Presidente, reconociendo algunos avances, reconociendo la incorporación de materias importantes que antes no existían, creo, sin embargo, que quedan demasiados temas pendientes y, sobre todo, el de fondo, que a mi juicio subsiste. Las licencias no se van a mantener de manera prácticamente indefinida, como ocurre hoy día, pero sí por 20 años, más 20 años renovables automáticamente, lo que no hemos logrado revertir.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, un Senador que me antecedió hace algún rato en el uso de la palabra señaló que iba a votar en contra porque quería tener la libertad, cuando esto fallara -esa es la expresión exacta que utilizó-, de poder denunciarlo.
Es legítima su posición. Pero yo tengo una visión completamente distinta sobre cómo enfrentar los problemas. Yo creo que parte de las obligaciones de este Senado es ver cómo podemos mejorar sustancialmente los temas que están pendientes dentro del esquema económico y social de nuestro país.
Y yo parto señalando tener la íntima convicción de que esta es una legislación mejor que las dos anteriores que este Parlamento ha estudiado, una hace diez años y otra hace 20 años.
Pienso que aquí, de alguna manera, se asumen, y en forma positiva, experiencias que son importantes. Y, claramente, eso me permite a mí, cuando esta legislación madure -porque obviamente hay plazos para ciertos temas-, tener la convicción y la tranquilidad de haber contribuido con mi voto y con las intervenciones a generar un ordenamiento y un mucho mejor desarrollo en un sector que urgentemente lo necesitaba.
El primer punto, que no es político sino de futuro, tiene que ver con la sustentabilidad. Y, claramente, al incorporar ese tema como una idea matriz, estamos dando un paso gigantesco para el cuidado del recurso, para su uso racional, para la estructura científica de la toma de decisiones. Y eso me hace tener la confianza de que, cuando se reemplace el rigor científico por el rigor político, el rigor del largo plazo por el rigor simplemente de una elección cualquiera que viene hacia delante; cuando se logre desconcentrar las decisiones de poder y cuando se creen los consejos zonales de pesca; cuando se produce un nuevo fraccionamiento, en términos de velar por que la pesca artesanal tenga más opciones de desarrollo dentro de un sector que obviamente está con menos recursos que los que había hace 10 o 20 años, podremos tener el legítimo sentimiento de haber contribuido a que los próximos 20 años en materia de pesca sean mejores que los anteriores 20. Y eso es lo que importa para darle legitimidad moral a lo que uno piensa.
Y creo, adicionalmente, respecto de las personas que uno representa -yo soy Senador de una zona en la que no hay pesca industrial, sino solo artesanal, como lo hemos planteado otras veces con varios Senadores de la Región-, que a pesar de vislumbrarse en un inicio una ley extraordinariamente compleja, difícil, que en años anteriores había terminado con las galerías incendiadas o con incidentes gigantescos a lo largo de todo el país, hoy día se ha tramitado en un ambiente distinto.
Entonces, mi reflexión es por qué ocurre eso. La respuesta es que claramente hay señales de que la situación es mejor que lo que había.
Y, en materia de pesca artesanal -lo digo cada vez, porque los pescadores artesanales siguen estos debates-, tengo la tranquilidad de haber conversado con cada uno de ellos. Y ellos mismos me pidieron que votara a favor del proyecto de Ley de Pesca, porque generaba lo que esperaban: una mayor cuota de captura; una mayor transparencia a través del posicionador satelital; una prohibición de las perforaciones entre Regiones contiguas, exigiéndose ahora la autorización de la pesca artesanal de la Región respectiva; la creación de los Consejos Zonales Regionales, que es fundamental para tener, de una vez por todas, la capacidad de decisión, de reclamo, de acción cerca de los lugares donde se pesca y no lejos de aquellos; la milla excluyente para los pequeños artesanales; el "INDAP pesquero"; la nueva plataforma laboral, que no existía. En fin, es un paquete muy potente de medidas.
Por tanto, tal como algunos Senadores explican, dentro de su punto de vista, que quieren votar en contra para tener la libertad de reclamar, yo quiero votar a favor para tener la convicción de haber contribuido con mi país, a que dispongamos de recursos más sustentables, de criterio científico, de transparencia y, en último término, de mejores días para este sector.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Letelier.
No está en la Sala.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, creo que solo resta felicitar a este Gobierno de Derecha, porque aquí hay un logro político que se ha alcanzado: se ha provocado una fractura en la Oposición respecto de una forma de ver los recursos naturales, la economía, el medio ambiente. Y ello no es menor, porque precisamente este es un proyecto que conjuga todos esos elementos, que son de política estratégica. Y un grupo de Senadores de la Oposición, junto con el Gobierno, planteó este tema.
Yo espero que esta iniciativa funcione por el bien del país, pero tengo profundas dudas, como lo hicimos notar en toda su tramitación. Al ver el informe de la Comisión Mixta, las dudas persisten. A mi juicio, los avances en esa instancia fueron mínimos y, al revés, los forados, las perforaciones, literalmente, son muchas.
Aquí se ha hablado bastante de la palabra "sustentabilidad", una idea tan pregonada por el Ministro Longueira y tan ausente en el conjunto de este proyecto. Ello constituye un retroceso desde todo punto de vista. Es un retroceso respecto de lo que fue la Ley General de Pesca y Acuicultura en los tiempos de Aylwin, y respecto de lo que fue, el 2001, la normativa sobre el límite máximo de captura por armador.
Y, simplemente, lo quiero ejemplificar en dos casos, que son parte esencial de esta iniciativa.
Uno es el de la propiedad de los recursos hidrobiológicos. Comparto todo lo que aquí se ha dicho sobre el particular. Nos instalaron un concepto, un globo sonda, esto de la soberanía, que no establece con claridad absoluta que los recursos pertenecen a todos los chilenos. Hay, por tanto, un retroceso con relación a lo que se consagró en el artículo 14 de la ley sobre límite máximo de captura por armador, el que señalaba: "El establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro".
Lo anterior, que lo tenía tan claro el legislador el año 91, lo descuidamos, lo abandonamos, y es un tema central. En lugar de ello, se esgrimen teorías jurídicas que nada tienen que ver con la propiedad del mar ni con los recursos hidrobiológicos a los cuales se podía acceder. Hoy día claramente estos recursos se les entregan a siete familias, a cuatro familias, a cuatro empresas. Da lo mismo. Es a un pequeño grupo, a un puñado de privilegiados. Finalmente, lo que estamos haciendo es consagrar el "club de la pesca".
El segundo ejemplo tiene que ver con otro aspecto central de este proyecto: las licencias de pesca. ¿Qué nos decía el Presidente Aylwin? Hubo un acuerdo suscrito en este mismo Senado el 16 de enero de 1991. ¿Entre quiénes? Tuvo una participación activa el actual Presidente de la República, el entonces Senador Sebastián Piñera, y su colega, que luego fue asesinado, don Jaime Guzmán. Ellos y muchos Senadores de la época se la jugaron -hay que destacarlo- para que se impusiera la tesis de la impertinencia de asignar gratuitamente y en propiedad derechos de pesca.
Sin embargo, hoy día estamos retrocediendo completamente respecto de lo que fue la mirada del legislador del año 91. Lo digo porque a veces se añora mucho a los parlamentarios de aquel tiempo. Bueno, miremos también lo que opinaban acerca de los temas estratégicos.
Ahora se nos plantea la presente iniciativa, gracias a un acuerdo al que llega este Gobierno de Derecha a través del Ministro Longueira, y se señala que su objetivo es la sustentabilidad. ¡Pero la verdad es que se cae por todos lados!
Se insiste harto en que el proyecto gana mucho en institucionalidad. Pero, a mi juicio, esta materia constituye un flanco absolutamente débil. No se avanza nada en investigación; no se avanza nada en fiscalización, aspectos vitales para la adecuada toma de decisiones. Se mantienen resabios discrecionales, como la cuota para imprevistos. Todos sabemos para qué son los "imprevistos": para desmovilizar, para pagar favores de todo tipo. Eso ha ocurrido en la pesca durante 20 años, y ahora se blanquea y se legitima mediante esta futura ley.
Uno de los pocos avances -hay que decirlo- con relación a la actual institucionalidad para la toma de decisiones es el reemplazo del Consejo Nacional de Pesca, integrado hasta ahora por actores del sector, por los Comités Científicos Técnicos. Sin embargo, estos organismos carecen de autonomía y de financiamiento. Aquí no se escuchó al mundo científico.
El IFOP, con la misma institucionalidad, va a quedar establecido como un órgano público-privado, sin autonomía financiera para su funcionamiento basal que permita asegurar independencia en los intereses y en las decisiones que finalmente se tomen.
Para terminar, señor Presidente, quiero expresar que no tengo dudas de la buena voluntad de los Senadores de la Democracia Cristiana que concurrieron al acuerdo con el Gobierno. Como resultado de ello, el artículo tercero transitorio dispuso licitaciones a todo evento. Me parece bien. Lo señaló el Senador señor Zaldívar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- Tal licitación se efectuaría después de tres y cinco años de establecidos los puntos biológicos de referencia.
Tal proposición correspondía a la única alternativa real de apertura a nuevos actores. Así, ya no se seguiría desconfiando ni se insistiría en el planteamiento de que este negocio se entrega a siete familias.
Pero ¿qué pasó en la Comisión Mixta? Se modificó la norma pertinente incorporando nuevas condiciones para licitar, lo cual en la práctica no permitirá el ingreso de nuevos actores. Si a eso agregamos el parámetro bioeconómico (el rendimiento máximo sostenible), ya sabemos cuál será el camino más fácil para los siete actores de la industria: mantener una pesca constante, abundante, sistemática, depredadora, y no cumplir con la recuperación que se establece aquí.
Por lo tanto, ¡olvidémonos!, licitación no va a haber. Les entregamos la pesca a siete familias.
Además, los pueblos originarios no fueron considerados. ¡Aquí hay un daño profundo que se le ha hecho a la etnia lafquenche, a los primeros ocupantes del mar!
Yo creo que esta es una mala noticia para Chile.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, la ley en proyecto debe mirarse a la luz no solo de lo que uno quiere, sino también de lo que hoy existe.
La normativa actual contiene varias perversiones: algunas se resuelven y otras no.
Una de las cosas valiosas que se proponen es que la comunidad científica va a calificar la cantidad de recursos que se podrá extraer. En lo personal, pienso que ese es un tremendo avance.
La iniciativa habla del fraccionamiento. Y el señor Ministro indicó que ello es bueno para los pescadores artesanales. ¡Claro! Es un paso adelante. Pero me parece del todo insuficiente. Los industriales, que tienen un negocio de más de 1.300 millones de dólares, les pasaron 30 millones de dólares a los pescadores artesanales. En una mesa, como de manejo de dineros, donde el Ministro Longueira estaba presente como un bróker, los actores comenzaron a repartirse la torta.
A mí no me gusta ese sistema.
Lo propuesto constituye un avance para los artesanales; sus organizaciones firmaron el acuerdo, y uno podrá valorar eso. Pero el resultado, a mi juicio, no es el adecuado.
En estos momentos, estamos llamados a evaluar si el proyecto quedó muy bien, más o menos bien, o mal.
Yo quiero referirme solo a dos temas.
El primero es lamentar que no se haya corregido cierta situación durante el debate de la iniciativa. Porque había una cortina de humo del tamaño de este edificio para evitar que se viera el problema de fondo, a saber, que cuando hay recursos limitados, como ocurre con los pesqueros, es imposible que haya libre competencia. Esto lleva necesariamente hacia estructuras oligopólicas. ¡Necesariamente! ¡Y eso es lo que tenemos en el país!
Lo inadecuado es que el proceso de extracción del recurso signifique un negocio de 1.300 millones de dólares para industriales que hoy cuentan con permisos indefinidos. Algunos dicen que la modificación en este punto no cambia mucho las cosas. Ahora se proponen licencias de pesca por 20 años, renovables. Y hay quienes consideran que los requisitos para esa renovación son tremendamente formales.
Señor Presidente, a mí no me preocupa tanto esa materia. Ahí no hemos logrado avanzar por un problema de correlación de fuerzas en el Congreso. Lo que más me llama la atención es que, habiendo reconocido que los recursos pesqueros son de todos los chilenos, la industria no aporte al desarrollo nacional como corresponde.
El monto que se paga por patente e impuesto específico es un chiste. No tengo la cifra exacta, pero, según me han informado, lo que aportan las industrias por esos conceptos -considérese que el negocio les reporta 1.300 millones de dólares- no supera los 26 millones de dólares. Y dicen: "Ah, después se va a recuperar la cuota; se van a ver más recursos".
¡Es un chiste!
Algunos sostienen que la solución del problema es que haya más competencia, que no solo participen las siete familias. En verdad, hay un octavo actor que también quiere entrar al negocio. Y está bien. ¡Que entre! El punto no es ese.
Aquí se establecen licitaciones. A mí no me gusta como están planteadas: sobre pesquerías en plena explotación o colapsadas. Me parece que no se debe generar una mala impresión respecto de los recursos.
Mi interrogante es: sean los actores que sean, ¿por qué no aportan más al desarrollo nacional?
Y este reclamo se lo hago no a la industria ni a los actores,...
Le concedo un minuto adicional.
El señor LETELIER.- ... sino al Congreso, a nosotros, que entregamos los recursos sin exigir compensación por la explotación de algo que es de los chilenos. Todas las otras actividades industriales, todas las actividades manufactureras pagan por sus insumos. Aquí no se paga por ello.
Señor Presidente, no quiero dejar pasar la oportunidad sin hacer un comentario sobre la plataforma social.
Aquí debemos votar solo lo propuesto por la Comisión Mixta, no todo el proyecto. Y lo que viene de ella se resolvió en términos generales, con un criterio mejor que el que uno hubiese pensado. ¿Hay plataforma social y es importante? Sí. ¿Hay proceso de licitación de recursos no en todos los contextos? Sí. Entonces, se observa un avance.
Respecto de la plataforma social, lo único que espero...
El señor ESCALONA (Presidente).- Ya vamos en un segundo minuto adicional, señor Senador.
El señor LETELIER.- ... es que esto marque un precedente.
Y le pido -por su intermedio, señor Presidente- al Ministro Larroulet, en representación del Gobierno, que nos garantice que aquí hay precedente. Porque yo represento a trabajadores agrícolas a los que les va pésimo. Les pagan los peores sueldos, en términos comparativos, a los temporeros. Es el sector donde hay más salario mínimo. ¡Lo que ganan nada tiene que ver con lo que reciben los trabajadores de la flota industrial! ¡Su sueldo está muy por debajo de ello!
Señor Presidente, yo voy a defender siempre un beneficio para un trabajador -¡siempre!-, aunque sea el que ahora se otorga solo por tres años y que no podrá exceder de 40 unidades de fomento anual.
Sin embargo, espero que haya una plataforma social para todos los trabajadores de Chile, y no solo para algunos, no únicamente para grupos de presión, que obtienen beneficios porque el Ejecutivo quiere sacar adelante un proyecto y, para ello, está dispuesto a gastar algunas monedas.
Espero que en esa materia esta no sea una inconsistencia más del Gobierno.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, he guardado silencio durante casi la totalidad del debate sobre esta iniciativa. Sin embargo, no puedo dejar de hablar al terminar su tramitación.
He sido objeto, al igual que otros Senadores, de una campaña persistente y orquestada para desprestigiarme y atribuirme torcidos intereses.
Ante el Senado, al comenzar la discusión, fui claro y categórico para rechazar las acusaciones que se me hacían. Sin embargo, esa campaña ha continuado a través de las llamadas "redes sociales".
Se ha distorsionado la verdad mediante una campaña de alto costo, con la cual se pretende presentarnos divididos entre los que están por favorecer los intereses mezquinos de unos pocos y los que defienden los intereses de Chile.
¿Quién ha financiado esta campaña?
Algún día sería bueno saber por qué una empresa, que se ha mencionado varias veces en el transcurso del debate, ha estado tan interesada en la campaña de que hemos sido testigos.
El proyecto de ley que se está aprobando, en mi opinión, desmiente lo que se ha afirmado en tal campaña.
Basta leer las opiniones expresadas en la prensa por los representantes de las pesquerías industriales, quienes han rechazado esta iniciativa en la forma como está siendo aprobada.
Aquí, en el Senado, en mi concepto, se ha corregido lo aprobado en su momento por la Cámara de Diputados, en lo que se refiere precisamente a las empresas industriales. Puede que no sea lo óptimo para algunos o lo bueno para otros. Pero ello no permite descalificar a los otros por sus opiniones divergentes.
En efecto, el artículo 1° del proyecto establece la plena soberanía del Estado sobre el mar territorial, de forma tal que aquel es el único que puede determinar las condiciones en que se pesca, cómo se fiscaliza y qué derechos tienen quienes han sido autorizados a apropiarse de los recursos pesqueros.
Nada se decía al respecto antes de esta iniciativa y tampoco en el texto despachado por la Cámara de Diputados.
Asimismo, el objetivo de sustentabilidad quedó mejor establecido en este proyecto que en la legislación vigente o en el texto despachado por la otra rama del Parlamento.
Además, dispusimos que las cuotas de pesca no fueran fijadas por los Consejos Zonales, porque ahí los mismos incumbentes podían definirlas. Para ello, se crearon los Comités Científicos Técnicos, aun cuando estos no sean tan fuertes e importantes como quisiéramos. Pero ahora existen.
Se declara que los permisos o las licencias de pesca serán temporales: por 20 años. En cambio, como se ha recordado, la leyes de 1991 y de 2001 -fueron votadas a favor por muchos de los parlamentarios que hoy rechazan este proyecto- consagraban permisos indefinidos. Y la iniciativa que nos envió la Cámara de Diputados mantenía estos permisos.
Aquí limitamos la autorización de pesca industrial a 20 años.
La diferencia entre nosotros es que unos querían 25 años; otros 10, y otros 15. Al final se aprobaron 20 años. Todos estábamos de acuerdo en los permisos temporales. La discrepancia era de años más o años menos. ¿Hace ello que unos estén más con la historia o con el bien común que otros?
Se establece que los permisos por 20 años son renovables, siempre que se cumplan las exigencias que la ley fija. Se ha afirmado que la renovación opera en forma automática, ad aeternum, indefinidamente. No lo entiendo así. Son renovables de acuerdo con lo que disponga la legislación vigente. Así lo estipula el proyecto que estamos aprobando: al momento de la renovación se determina si se cumplen las condiciones para ello.
Esa es la misma norma que se aplica, en la gran mayoría de los casos, para las concesiones otorgadas por el Estado. ¿Por qué no se puede renovar el permiso a alguien si ha cumplido con la ley? ¿Por qué se le podría impedir seguir en esa actividad?
La iniciativa que venía de la Cámara de Diputados no aceptaba ningún tipo de licitación. Nosotros, en cambio, hemos establecido licitación del 15 por ciento de la fracción industrial a todo evento, salvo la corrección hecha por la Comisión Mixta para las pesquerías colapsadas.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias, señor Presidente.
Se propuso lo anterior porque eso también permite resguardar la sustentabilidad. ¿Cómo se va a licitar una pesquería si está colapsada?
Se ha dicho que habrá licitación a todo evento, incluso respecto de esas pesquerías, pero cuando sean recuperadas. A mí me parece bien.
Estoy conforme con lo que he hecho y soy consciente de que he votado en este proyecto defendiendo los intereses de los pescadores artesanales de mi Región, con los cuales me he reunido. Ellos están de acuerdo con lo que hemos determinado: exclusividad de la primera milla para los artesanales; la no perforación de las 5 millas; la no posibilidad de pesca en las zonas contiguas sin autorización de los pescadores artesanales del sector; la exigencia del posicionador satelital; la certificación de la actividad para los pescadores semiindustriales; la mayor representación de los artesanales en los respectivos consejos zonales; la plataforma social, a pesar de que no es la que quisiéramos,...
El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría dispone de un segundo minuto adicional para finalizar su intervención.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... y el compromiso, que es muy importante, de implementar el "INDAP pesquero", organismo que podría apoyar realmente a la pesquería artesanal.
Señor Presidente, he tratado de ser claro ante esta injusta campaña que se ha orquestado en mi contra.
Mi conducta de toda una vida en el servicio público ha sido siempre estar al servicio de lo que he estimado lo mejor para mi país. Dios me libre, por mí y por mi familia, si algún día hice lo contrario.
Excúseme el Senado por haberle quitado tiempo para tratar un asunto personal en la tramitación de este proyecto.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, como uno nunca sabe cuánta gente está viendo en vivo esta sesión, es muy importante dejar algunas materias claras, en especial para la historia fidedigna de la ley.
Después de 30 años y -digámoslo- de 19 sesiones de Sala en la Cámara Diputados y en el Senado, estamos poniéndole el cascabel al gato, haciéndonos cargo de un problema que venía arrastrándose desde hace muchos años, y que ahora de verdad queda resuelto.
Por lo mismo, me atrevo a decir que esta es una muy buena iniciativa. Claro, a lo mejor a unos nos habría gustado que fuera mejor en algún sentido o en otro, pero, en general y en particular, podemos afirmar que hemos elaborado un buen proyecto, que innova en materias sustantivas.
Por de pronto, destaco que se introduce a la licencia de pesca dos grandes condiciones.
La primera es el concepto de sustentabilidad. Aparece este término por primera vez en la historia en este ámbito. No por casualidad Greenpeace, Oceana y muchas ONG han aplaudido de pie esta iniciativa. Lo han hecho porque se incorpora el concepto de sustentabilidad.
Quiero aclarar -por su intermedio, señor Presidente- al Senador Quintana que los Comités Científicos Técnicos y el Instituto de Fomento Pesquero sí tienen financiamiento. Ello se encuentra consignado en el informe financiero que acompaña al proyecto. Y es el Ministerio de Economía, y no la Subsecretaría, el organismo que administrará ese presupuesto.
La segunda condición es la protección a los trabajadores, concepto con el que muchos hacen gárgaras. En esta iniciativa vienen normas específicas, que apuntan concretamente a tal finalidad.
Me quiero referir al artículo 26 B, en el que se establecen las causales de caducidad. Su letra c) expresa: "El reiterado incumplimiento grave de las normas laborales y de seguridad social con sus trabajadores. Se tendrán como vulneraciones de este tipo, entre otras, los atrasos u omisiones en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales o de salud que excedan tres períodos mensuales o la existencia de cuatro o más condenas ejecutoriadas por infracciones a los derechos del trabajador y a las normas sobre jornadas de trabajo", etcétera.
Esta disposición fue redactada a pedido del sector laboral. Establece causales objetivas. Va en beneficio exclusivo de sus derechos. Es inédita.
Por lo mismo, me atrevo a decir que el que nos ocupa es un muy buen proyecto de ley, el cual descansa en dos grandes pilares: la sustentabilidad y la protección de los trabajadores.
Además, se contemplan otros conceptos, otras normas muy novedosas, que es importante recordar.
Por de pronto, se consagra la licitación de un 15 por ciento.
Pero, asimismo, se termina el oligopolio, al cual tanto se ha hecho referencia.
Las cuotas son ahora divisibles y transferibles, algo muy relevante y que constituye una garantía para que no siga la concentración.
Los derechos de pesca dejan de ser perpetuos.
Para la Región de Coquimbo se establece -ya lo dijo el Senador señor Pizarro- una modalidad a fin de que opere la perforación, lo que es fundamental, de nuevo, para los más chicos: los artesanales, los boteros. Por lo mismo, nos parecía que ello debía quedar plasmado en el texto. Y así fue.
Finalmente, cabe consignar el compromiso, ya no de legislar en cinco o seis meses más sobre el INDAP pesquero, sino de sentarnos acá en tres meses para sacar adelante una iniciativa que se haga cargo, como todos queremos, del fomento, de la capacitación y del perfeccionamiento de los pequeños, de los pescadores artesanales.
Por todo lo dicho, señor Presidente, estamos ante un muy buen articulado -no frente a uno malo-, que va a resolver numerosos problemas que venían arrastrándose durante muchos años.
Eso mismo determina que sea justo felicitar a todos los que han participado en el acuerdo: a los asesores del Ministerio, quienes han trabajado incansablemente; a Diputados y Senadores de las distintas bancadas, y, por cierto, al Gobierno y al Presidente de la República, quien impulsó el proyecto hasta ahora para que fuera posible convertirlo en ley.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, presento excusas a la Sala por referirme a un asunto personal, relacionado con lo que expresó el Senador señor Zaldívar.
Todos saben que ambos, en el debate sobre la pesca, registramos diferencias en la votación, a pesar de pertenecer al mismo Partido y a la misma bancada. Pero coincidimos en que Su Señoría tiene derecho a limpiar su nombre frente a agravios, a ataques, a la difusión de falsedades que nunca se prueban y que, en consecuencia, terminan en las redes sociales, las que dan lugar a otro tipo de discusión que tenemos que hacer.
Quisiera resaltar lo que ha dicho.
Cabe considerar que esté equivocado, pero lo que nadie puede hacer es recurrir al sigilo para dañar la honra de un Senador.
Hago público mi respaldo a lo manifestado por mi Honorable colega.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (23 votos a favor, 7 en contra, 4 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Navarro y Quintana.
Se abstuvieron las señoras Allende y Alvear y los señores Bianchi y Muñoz Aburto.
No votó, por estar pareado, el señor Tuma.
El señor ESCALONA (Presidente).- Habiéndose cumplido el objeto de la sesión,...
El señor COLOMA.- Pido la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, por habernos encontrado en votación, se plantea una continuidad con la sesión citada en seguida, en la cual tenemos que ocuparnos en la solicitud de designación de un ministro de la Corte Suprema. Entiendo que ahora es posible un empalme y, de esa manera, resolver este otro asunto.
El señor ESCALONA (Presidente).- Usted acaba de acercarse a la Mesa, Su Señoría, y quiero reiterarle lo que el señor Secretario le informó.
El artículo 55 del Reglamento señala: "Cuando la hora de término de una sesión coincida con la fijada para iniciar la siguiente, podrán empalmarse unas con otras, con el voto conforme de los dos tercios de los Senadores presentes, siempre que estén destinadas a tratar proyectos de ley o de acuerdo".
Como es de su conocimiento, la sesión de las 12:30 no estaba destinada a tratar ni un proyecto de ley ni un proyecto de acuerdo,...
El señor COLOMA.- ¿Este no es un acuerdo?
El señor ESCALONA (Presidente).- ... sino la designación de un ministro de la Corte Suprema, de manera que no es el caso.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir.
El señor COLOMA.- Entiendo que el concepto corresponde precisamente a lo que se ha planteado, no a la lógica restrictiva de reducirlo solo a proyectos de acuerdo. Justamente lo que hace el Presidente de la República es solicitar el acuerdo del Senado para tal efecto. A eso me refiero con la interpretación que expongo.
Si tengo razón, señor Presidente, le pido recabar los dos tercios de los Senadores presentes -no tengo idea de si se reúne ese quórum- para poder empalmar las sesiones.
No creo que sea especialmente conflictivo resolver acerca del nombramiento de un ministro de la Corte Suprema, para lo cual fuimos especialmente citados por Su Señoría, conforme al Reglamento.
El señor ESCALONA (Presidente).- Procedí con la mejor voluntad, a petición del Comité Renovación Nacional, sabiendo expresamente que se corría un riesgo. Mi intención era citar para las 15:30, lo que ya no puedo hacer, porque deben mediar cuatro horas como mínimo.
El artículo 55 hace referencia a que "la hora de término de una sesión coincida con la fijada para iniciar la siguiente". Su Señoría convendrá conmigo en que eso ocurrió hace 40 minutos.
El señor COLOMA.- Estábamos en votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Una interpretación mínimamente razonable del Reglamento permite concluir, por lo tanto, que no se cumple ninguna de las dos condiciones que señala la disposición citada: quedó atrás la hora de inicio de la sesión, que era las 12:30, y la finalidad no era tratar proyectos de ley ni de acuerdo, sino un oficio del Presidente de la República para la designación de un ministro de la Corte Suprema.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, debo manifestar mi diferencia de opinión respecto de su interpretación del artículo 55.
Y quisiera pedir también el parecer al respecto del señor Secretario.
Al decidir si aprobamos o no una propuesta del Ejecutivo para un nombramiento determinado, adoptamos un acuerdo. Lo que hace esta Corporación es despachar proyectos de ley, y un asunto que no reviste tal carácter da lugar a esa otra resolución. Una designación genera siempre un acuerdo. No hay otro tipo de determinación.
En consecuencia, el requisito se cumple.
Por otro lado, coincidieron el término de una sesión y el inicio de otra, pero no era posible interrumpir la votación, de modo que no se pudo aclarar que tenía que verificarse el empalme. Mas eso no obsta a que el señor Presidente pueda hacerlo ahora, lo que permitirá resolver el punto.
No sé si existe alguna razón de fondo, alguna inconveniencia particular, que impide decidir una cuestión sencilla, la cual demanda un solo pronunciamiento y ha sido objeto de un informe de la Comisión de Constitución, que recibió en audiencia al candidato propuesto por el Ejecutivo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Es responsabilidad del Presidente de la Corporación la interpretación del Reglamento. De acuerdo con el artículo 55, no procede el empalme de sesiones.
--Se levantó la sesión a las 13:9.

References: artículo 53
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 artículo 173
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 artículo 27
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 artículo 14
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 artículo 26
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