Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-32677-de-noviembre-11-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7dfc7a935e9d4028e0430a0101514028&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 09:59:28+00:00

Document:
﻿ Sentencia 32677 de noviembre 11 de 2009
SENTENCIA 32677 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:PROCESO PENAL. EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 600 DE 2000 LA OMISIÓN DE COMUNICAR AL IMPUTADO EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA SOLO COBRA IMPORTANCIA CUANDO SE LE PRIVA DE LA POSIBILIDAD DE DESPLEGAR SU DERECHO DE DEFENSA
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, IMPUTADO, INVESTIGACIÓN PREVIA, DERECHO DE DEFENSA
Sentencia 32677 de noviembre 11 de 2009
a) Sobre la nulidad por falta de notificación de la iniciación de la investigación previa.
Una declaratoria de nulidad, ha insistido la Sala, requiere que el acto irregular sea sustancial, que concuerde con alguna de las circunstancias previstas en el artículo 306 de la Ley 600 de 2000, que no haya cumplido la finalidad para la cual estaba destinado, que haya afectado garantías fundamentales de las partes o desconocido la estructura básica del proceso, que a su ocurrencia no haya contribuido el sujeto procesal que la reclama, que no haya sido convalidada por la parte perjudicada y que no exista otra forma para subsanarla, principios todos que rigen el instituto, consagrados en el artículo 310 del citado estatuto procesal.
En el presente evento, el defensor de Alba Licía Velásquez Martínez acusa a la sentencia de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad, producto de la omisión de la fiscalía en notificar a su representada la apertura de investigación previa iniciada con base en las copias expedidas por la Procuraduría General de la Nación.
Es cierto que deconformidad con las finalidades de la fase de investigación previa establecidas en el artículo 319 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 40 de la Ley 81 de 1993 (L. 600/2000, art. 322), en concordancia con el inciso 5º del artículo 81 de la Ley 190 de 1995, era un deber de la fiscalía informar sobre la iniciación de la misma a los imputados conocidos.
No obstante, con base en los principios que informan las nulidades, la Corte ha señalado que la omisión de comunicarle al imputado conocido el inicio de investigación sólo cobra importancia
“cuando por prescindir de esa comunicación se le priva —al imputado— de la posibilidad de desplegar las maniobras orientadas a su defensa; de la otra, que en eventos como el de autos, tratándose de investigación penal, tal derecho-deber se satisface con la oportuna vinculación del sindicado, bien mediante indagatoria o a través de la declaratoria de persona ausente, pues a partir de dicho momento adquiere la condición de sujeto procesal, investido para los fines de su defensa de las mismas facultades del mandatario judicial”(1).
A partir de allí, se ha dicho que pese a la previsión normativa sobre el deber de notificar la apertura de investigación previa al imputado conocido, no habrá nulidad si se establece que una tal omisión no resulta de trascendencia negativa para los intereses del procesado, porque se produjo la oportuna vinculación del mismo al proceso, o porque no se demostró que con posterioridad a la apertura de la investigación se le hubiere impedido ejercitar a plenitud el contradictorio, o porque el debate probatorio sustento de la condenación se llevó a cabo durante la instrucción y el juicio y no en la etapa preliminar.
En el caso que nos ocupa, de la demanda y la actuación procesal revisada en orden a verificar su corrección material, se deduce que si bien en la fase de la investigación previa la imputada ya era conocida, pues las copias ordenas en el fallo de la procuraduría a través de la cual se le sancionó disciplinariamente, necesariamente la involucraban en los hechos que se dispusieron investigar penalmente, y que a pesar de ello no se le remitió comunicación para informarle del inicio de esa etapa, se advierte que esa omisión no tiene la virtualidad de generar la anulación de la actuación, si en cuenta se tiene que después de su vinculación como persona ausente, el defensor de la procesada pudo conocer y controvertir, en la investigación y el juicio, las pruebas documentales que luego fueron valoradas por los juzgadores y que se enuncian como incorporadas en esa etapa preliminar, máxime cuando como se constató, su actividad fue diligente en esas etapas.
Pero además, advierte la Sala en la revisión formal de la actuación, que la decisión disciplinaria a través de la cual se dispuso la compulsación de copias para que se investigaran penalmente los hechos que generaron la sanción disciplinaria en contra de la profesora Alba Lucía Velásquez Martínez, se dio con ocasión al recurso de apelación que la misma, de manera personal, interpuso y sustentó contra la decisión de primera instancia que le imponía la sanción, de donde se puede colegir el conocimiento que tuvo de la decisión de la Procuraduría, situación que impide sostener su completa ajenidad a esa posible indagación penal.
Ante esa realidad, que omite interesadamente el censor en su demanda, la Sala no advierte acreditado de qué manera la omisión referida tuvo repercusiones sustanciales en el ejercicio del derecho de defensa de la procesada, ni cómo se le pudo impedir a lo largo del proceso ejercer el derecho de contradicción de las pruebas que se afirma fueron incorporadas durante esa etapa, razón de más para considerar insuficientes los argumentos expuestos para demostrar a la Sala la razón por la cual se debería considerar apto este reproche para dar paso al recurso extraordinario.
b) Violación al derecho de defensa por indebida vinculación de la procesada como persona ausente.
Tampoco en este punto el censor acredita la irregularidad que alega como motivo invalidante del proceso, pues de la misma demanda se extrae que previamente a su declaración de persona ausente, la procesada fue citada para que compareciera a rendir indagatoria a través de una hermana suya que acudió al despacho del fiscal instructor a indagar sobre la suerte del proceso que vinculaba a su pariente, recibiendo la información pertinente y el requerimiento que le hacía la justicia para los efectos señalados, tal como se hizo constar al folio 137 del expediente.
Al respecto no puede perderse de vista, de una parte, que el artículo 162 de la Ley 600 de 2000, vigente al momento en que se produjo el acto procesal cuestionado, prevé que “las citaciones podrán hacerse por los medios y en la forma que el servidor judicial considere eficaces”, lo que indica que la citación a través de una pariente de la procesada que acudió al despacho judicial a indagar por la suerte del proceso, no constituye irregularidad alguna, pues en el expediente no se tenía razón sobre su paradero, y este no fue suministrado por la pariente, quien se limitó a decir que la misma se hallaba fuera del país y que desconocía su residencia.
Siendo ello así, difícil resulta sostener, como lo pretende el casacionista, que Alba Lucía Velásquez Martínez desconociera la existencia del proceso penal que en su contra se adelantaba, pues la experiencia enseña que los familiares se comunican entre sí y transmiten entre ellos asuntos e informaciones que son de su interés, máxime cuando se trata de un requerimiento judicial, asunto de máxima seriedad para cualquier persona, lo que necesariamente conlleva a concluir, en sana lógica, que la hermana comunicó sobre el particular a la procesada.
Además, no es cierto como lo afirma el censor, que la fiscalía no haya ejecutado acto alguno para procurar la comparecencia de la procesada antes de que su hermana se hiciera presente en la oficina fiscal, pues consta en el expediente que a la misma le fueron enviados sendos telegramas a la escuela rural donde labora para la fecha de los hechos, único lugar que se conocía de su posible paradero, citaciones que sin embargo fueron devueltas por la oficina de correo.
Así, entonces, lo que se desprende de los anteriores razonamientos es que Alba Lucía Velásquez Martínez conocía de la existencia de la actuación penal que se seguía en su contra y, pese a ello, decidió permanecer en rebeldía negándose a comparecer, razón por la cual la fiscalía procedió a vincularla como persona ausente, asistida de un defensor de oficio, que por cierto, como ya se advirtió, tuvo una comprometida participación en pro de los intereses de su representada ausente.
Por lo tanto, ante la falta de acreditación de la causal de nulidad que se alega, se inadmitirá la demanda, advirtiendo que tampoco se evidencia a simple vista la violación a garantía fundamental alguna que en virtud del artículo 216 del Código de Procedimiento Penal conduzca a la Sala a actuar oficiosamente.
INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de la procesada Alba Lucía Velásquez Martínez, por las razones anotadas en la motivación de este proveído.
(1) Cfr. Casación del 22 de noviembre de 2001, radicado 14425.

References: artículo 306
 artículo 310
 artículo 319
 artículo 40
 artículo 81
 artículo 162
 artículo 216