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Timestamp: 2019-12-13 11:04:28+00:00

Document:
Codigo Deontologico COITIM
1. Para la consecución de sus fines, el Colegio, aparte de las que le reconozca la legislación básica del Estado, ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
h) Adoptar las medidas necesarias para evitar ante las Administraciones públicas o ante los Tribunales de Justicia, todos los casos de intrusismo en que se pretenda ejercer la profesión de Ingeniería Técnica Industrial por persona no colegiada o no titulada.
j) Participar en la formulación del perfil profesional del Perito y del Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo General de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y ante cualquier organismo público o privado.
n) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre los colegiados o entre estos y sus clientes.
Requisitos de la colegiación
Pérdida o suspensión de la condición de colegiado
b) La expulsión disciplinaria acordada por resolución firme del Colegio.
2. La colegiación se suspenderá y con ella los derechos inherentes a la condición de colegiado, a consecuencia de la suspensión en el ejercicio profesional impuesta por sanción disciplinaria colegial firme.
2. La falta de pago de cuotas y otras aportaciones colegiales por importe mínimo de un trimestre, previo requerimiento de su abono, no producirá la pérdida de la condición de colegiado pero sí la suspensión de todos los derechos corporativos; si el descubierto alcanza las cuotas correspondientes a una anualidad como mínimo, no se procederá al visado de los trabajos del colegiado en tanto no abone todas las cuotas pendientes más sus intereses legales, todo ello sin perjuicio de las medidas disciplinarias que procedieran y del alzamiento de la suspensión de los derechos tan pronto como el colegiado se ponga al corriente de sus pagos.
Los colegiados tendrán los siguientes derechos en relación con su actividad profesional:
Los colegiados tendrán los siguientes deberes en el ejercicio de su actividad profesional:
b) Someter a visado del Colegio toda la documentación técnica o facultativa, proyectos, informes o cualesquiera otros trabajos que suscriba en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea el cliente o destinatario de los mismos.
c) Contribuir a través del ejercicio profesional a la mejor satisfacción
de los intereses generales y de los clientes.
d) Comunicar al Colegio aquellos hechos de los que tengan conocimiento, que afecten a la profesión en orden a las actuaciones colegiales que procedan.
Además de los derechos señalados en el artículo 11 en relación con su actividad profesional, los colegiados ostentan los siguientes derechos corporativos:
Salvo que otra cosa resulte de los términos del encargo profesional, el cliente puede resolver el encargo hecho a un colegiado y hacérselo a otro, sin perjuicio del pago de los honorarios devengados hasta la fecha por el anterior colegiado.
El Gobierno del Colegio estará presidido por los principios de responsabilidad, democracia, autonomía, libertad y participación colegial.
1. La Junta General es el órgano superior de expresión de la voluntad del Colegio en el que están integrados todos los colegiados.
Corresponde a la Junta de Gobierno la dirección y administración del Colegio para el cumplimiento de sus fines, en todo aquello que de manera expresa no compete a la Junta General.
m) Las demás funciones que le encomienden directamente las Leyes o estos estatutos.
3. Los actos producidos por silencio administrativo positivo que supongan el reconocimiento o la atribución de facultades o derechos contrarios al ordenamiento jurídico serán nulos de pleno derecho.
Los actos colegiales serán nulos de pleno derecho o anulables en los casos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
1. Los actos y acuerdos que resuelvan definitivamente un procedimiento serán susceptibles de recurso ante la Comisión de Recursos.
2. Contra las resoluciones de los órganos de Gobierno y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ante la Comisión de Recursos.
3. La Comisión de Recursos estará integrada por nueve colegiados, designados por sorteo público entre todos los colegiados menores de setenta años con más de diez años de colegiación. El sorteo se realizará en la primera reunión que celebre cada Junta de Gobierno después de su toma de posesión, anunciándose en el tablón de anuncios del Colegio, al menos, con tres días de antelación.
4. El funcionamiento de la Comisión de Recursos será colegiado, requiriéndose la mayoría simple para la adopción de acuerdos. Uno de los miembros de la Comisión de Recursos realizará las funciones de presidente, debiendo ser elegido en el seno de la misma, el miembro más joven ejercerá las funciones de Secretario.
5. Contra la desestimación de los recursos interpuestos contra los actos colegiales, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
Procedimiento de los recursos
1. El recurso se interpondrá en la sede del Colegio en el plazo de un mes a partir de la publicación o notificación del acto impugnado.
2. El plazo de resolución de los recursos será de tres meses, entendiéndose desestimados si a su vencimiento no hubiera sido notificada al recurrente la resolución del recurso.
Régimen de la actividad no sujeta al Derecho Administrativo
Los actos y contratos que no guarden relación con la organización del Colegio ni con el ejercicio de potestades administrativas, se someterán a lo dispuesto en estos estatutos y al Derecho Privado, Civil, Mercantil o laboral según corresponda.
El Colegio ejerce la potestad disciplinaria para sancionar las infracciones en que incurran los colegiados y los cargos colegiales en el ejercicio de su profesión o en su actividad colegial.
b) El incumplimiento injustificado de las obligaciones económicas con el Colegio.
e) La realización de trabajos profesionales que atenten contra el prestigio profesional que especifique el Reglamento de Normas Deontológicas de Actuación Profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales, por su índole, forma y fondo.
a) Las faltas reiteradas de asistencia y de delegación de la misma sin causa justificada a las reuniones de la Junta de Gobierno del Colegio.
c) Las desconsideraciones u ofensas previstas en la letra c) del número anterior que no revistan carácter de grave.
b) Son sanciones graves: La suspensión del ejercicio profesional o de los derechos colegiales hasta seis meses, la inhabilitación para el ejercicio de cargos corporativos hasta un año.
c) Son sanciones muy graves: La suspensión del ejercicio profesional o de los derechos colegiales hasta dos años, la inhabilitación para el ejercicio de cargos corporativos hasta cinco años y la expulsión del Colegio.
2. Las faltas que guarden relación con obligaciones colegiales se consideran corporativas y se sancionarán, según su gravedad, con amonestación privada o apercibimiento por oficio del Decano con anotación en el expediente personal, si son leves; suspensión de los derechos colegiales hasta seis meses e inhabilitación para cargos colegiales hasta un año, si son graves; y suspensión de los derechos colegiales e inhabilitación para cargos colegiales hasta cinco años, si son muy graves.
3. Las faltas que entren dentro de la esfera de las obligaciones profesionales serán sancionables con amonestación privada, si son leves; con la suspensión del ejercicio profesional hasta seis meses, si son graves; y con la suspensión del ejercicio profesional hasta dos años o la expulsión si son muy graves.
1.2. A ser notificado de los hechos que se le imputan, de las infracciones
que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer.
1.5. A formular alegaciones y presentar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de alegaciones contra la propuesta de sanción.
1.6. A obtener información y orientación jurídica sobre el modo de defender sus intereses y disponer de las suficientes garantías de defensa en el expediente.
1.7. A que la tramitación del procedimiento sancionador tenga una duración no superior a seis meses salvo causa justificada de la que quede debida constancia en el expediente.
2. Las sanciones leves podrán imponerse en un procedimiento abreviado en el que se verificará la exactitud de los hechos, se oirá al presunto infractor, se comprobará si los mismos están tipificados en alguno de los supuestos del artículo 47.3 de estos estatutos y se señalará la sanción correspondiente.
Recursos contra las resoluciones sancionadoras
1. Las resoluciones sancionadoras serán recurribles ante la Comisión de Recursos.
No obstante, si se hubiere impuesto una sanción de suspensión por infracción muy grave, el órgano competente podrá acordar la adopción de las medidas provisionales pertinentes para garantizar la efectividad de la misma. En este caso lo comunicará inmediatamente al Consejo, el cual, si se interpone recurso contra dicha sanción, deberá resolverlo en el plazo de un mes desde la efectividad de la medida sancionadora acordada por el Colegio.
3. La resolución de los recursos contra las resoluciones sancionadoras deberá producirse en el plazo de tres meses, teniendo el silencio efectos desestimatorios. Contra las resoluciones de estos recursos solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años a contar desde el día en que la infracción se hubiese cometido. La incoación del procedimiento disciplinario, debidamente notificada al presunto infractor, interrumpe la prescripción, reanudándose la misma si dicho procedimiento estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
2. Las sanciones prescribirán, de no haberse hecho efectivas por la Entidad colegial sancionadora, en los mismos plazos que las infracciones según su clase, salvo la expulsión del Colegio que prescribirá a los cinco años. El plazo comenzará a contarse desde el momento en que hubiere adquirido firmeza en vía colegial la resolución sancionadora y se interrumpirá la prescripción por la iniciación, con conocimiento del interesado, de su ejecución, reanudándose si esta se paraliza más de un mes por causa no imputable al infractor.
1. Todas las sanciones disciplinarias se anotarán en el expediente personal del colegiado, con comunicación al Consejo y de este a los Colegios en el caso de que afecten al ejercicio de la profesión.
4. Los trámites de la cancelación de antecedentes y rehabilitación se llevarán a cabo de igual forma que para el enjuiciamiento y sanción de las faltas y con iguales recursos.
En lo no previsto en el presente título regirán como supletorios la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás disposiciones concordantes y el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de

References: resolución 
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 resolución 
 resolución