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Timestamp: 2019-10-17 19:14:07+00:00

Document:
El funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Carlos F. S., que ingresó el 7 de febrero de 2011 como funcionario en prácticas, toma posesión de su primer destino como funcionario de carrera en el Centro Penitenciario de Albacete el 30 de abril de 2014 en el puesto de trabajo “Oficina Genérico”.
Sus retribuciones ordinarias en el mes de mayo serán:
• Sueldo 720,02 euros.
• Trienios 26,31 euros.
• Complemento de destino 327,44 euros.
• Complemento específico 637,96 euros.
• Complemento de productividad 109,60 euros.
• Total de retribuciones íntegras 1.821,33 euros.
Posteriormente y debido a su gran capacidad profesional, Carlos es elegido como vocal de la Comisión Disciplinaria, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 276.2 del Reglamento Penitenciario, debiendo asistir en cuatro ocasiones a las reuniones convocadas al efecto para dicho órgano colegiado, teniendo lugar las mismas en fechas donde el funcionario se encontraba libre de servicio, razón por la que se fija una indemnización económica para compensarle.
1.- La Habilitación del Centro Penitenciario de Albacete justificará al citado funcionario en concepto de paga extraordinaria del mes de junio de 2014:
a) La parte proporcional (32 de 183 días) de la cantidad de sueldo y trienios fijados en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en ese concepto, más 637,96 euros.
b) La parte proporcional (32 de 182 días) de sueldo (720,02) más trienio (26,31) más complemento de destino (327,44).
c) La parte proporcional (32 de 182 días) de la cantidad de sueldo y trienios fijados en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en ese concepto, más 327,44 euros.
d) La parte proporcional (33 de 182 días) de la cantidad de sueldo y trienios fijados en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en ese concepto, más 327,44 euros.
2.- Respecto a las deducciones formalizables a practicar en la nómina de Carlos, solo una de las siguientes afirmaciones se atiene a la normativa vigente; indíquela:
a) El porcentaje de cotización a aplicar a MUFACE será del 1,69 por 100 sobre la base de cotización establecida como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos.
b) El funcionario queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de pensiones y del resto de contingencias comunes.
c) La cuota de derechos pasivos del funcionario será del 3,86 por 100 de los haberes reguladores pasivos que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, incrementados en un 0,25 por ciento.
d) El porcentaje de cotización a aplicar a MUFACE será del 1,69 por 100 sobre la base de cotización establecida como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento.
3.- En relación con la cuestión anterior, respecto a las deducciones aplicables en la nómina al funcionario Carlos F.S., una de las siguientes afirmaciones no se atiene a lo dispuesto en la normativa sobre cotización a la Seguridad Social; indíquela:
a) Aunque el porcentaje de cotización a aplicar es del 4,70 por 100, se le aplica un coeficiente reductor al excluirse determinadas contingencias comunes y cubrir solamente la pensión de jubilación.
b) La cotización a cargo del funcionario es para determinadas contingencias comunes; la cotización a cargo del centro penitenciario cubre contingencias comunes y profesionales.
c) Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes se computarán como base los 1.821,33 euros íntegros que percibe el funcionario, cantidad de la que se le retendrá el 4,70 por 100.
d) Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes se computarán como base la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización y la parte proporcional de todos los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2014.
4.- La indemnización que percibe Carlos por ser vocal de la Comisión Disciplinaria en las circunstancias expuestas:
a) Tiene la consideración de “residencia eventual” en todo caso.
b) Se compensará con gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada habitual.
c) Se denomina “asistencia”.
d) Se denomina “comisión de servicios” y al pernoctar en su residencia oficial no devengará indemnización, pero será compensado por los gastos de almuerzo y de viaje hasta el 50 por 100.
5.- En relación con la cuestión anterior, el importe que podría percibir el funcionario:
a) En ningún caso se podrá percibir un importe anual superior al 40 por 100 de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan, asimismo anualmente, por el puesto de trabajo principal.
b) Salvo excepciones, no se podrá percibir un importe anual superior al 20 por 100 de las retribuciones por el puesto de trabajo principal.
c) En ningún caso se podrá percibir un importe anual superior al 25 por 100 de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan, asimismo anualmente, por el puesto de trabajo principal.
d) En ningún caso se podrá percibir un importe anual superior al 30 por 100 de las retribuciones por el puesto de trabajo principal.
La Ley 22/2013 fija para la paga extraordinaria 622,30 euros de sueldo y 22,73 de trienios, a lo que hay que sumar el complemento de destino mensual (327,44), que suman un total de 972,47 euros. Como en el período de devengo de la paga extraordinaria de junio solo tiene derecho al tiempo transcurrido desde la toma de posesión, hay que sumar 1 día de abril (30 de abril) más todo el mes de mayo (31 días), que son en total 32 días, del total del 182 que tiene el período completo:
• Si 972,47 euros son para 182 días (del 1 de diciembre de 2013 al 31 de mayo de 2014)
• Son “X” euros para 32 días (del 30 de abril al 31 de mayo de 2014)
• Resultan 170,98 euros de paga extraordinaria de junio.
El funcionario queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones y no para el resto de contingencias comunes.
Véase el anexo de cotización y la nómina entregados en clase. El tipo de cotización por contingencias comunes es el 4,70 por 100 si se cubrieran todas, pero hay una deducción de la cuota (que es del 4,4170 por 100) porque hay contingencias comunes excluidas (incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia natural) y por eso se aplica un coeficiente reductor.
4.- C (Art. 27.1 R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio)
Se entenderá por «asistencia» la indemnización reglamentaria que proceda abonar por concurrencia a las reuniones de Órganos Colegiados de la Administración, de Órganos de Administración de Organismos públicos y de Consejos de Administración de empresas con capital o control públicos.
5.- A (Art. 27.3 R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio)
En ningún caso se podrá percibir por las asistencias un importe anual superior al 40 por 100 de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan, asimismo anualmente, por el puesto de trabajo principal.
MODIFICACION TEMA 1 DERECHO PENAL
[Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal]
En la página 15, sustituir el siguiente epígrafe completo:
5. 4. 2. LEY PENAL EN EL ESPACIO.
5.4.2.1. PRINCIPIOS.
A la hora de aplicar las leyes surge un problema evidente: en el mundo existen tantas legislaciones como países; por lo tanto nos pueden surgir multitud de problemas a la hora de dilucidar qué ley aplicamos a los delitos que se cometen, pues se puede imponer la ley del país donde se comete el delito, la ley del país al que pertenece el autor del delito, la ley del país al que pertenece la víctima del delito, etc. Obviamente, con una legislación mundial uniforme este problema no se plantearía, pero dado que esto último es una utopía deberemos estudiar los siguientes principios que se plantean para solventar esta cuestión.
1º. Principio de territorialidad.- Su fórmula es la siguiente: la ley penal de cada Estado se aplica a los delitos cometidos dentro de su territorio, cualesquiera que fueren la nacionalidad del delincuente y de la víctima. Se aplica la ley del lugar donde se comete el delito, aunque los sujetos intervinientes en el hecho no pertenezcan a dicho país, y esto es así, porque se entiende que es más fácil recoger pruebas, indicios, vestigios, etc. por parte de las autoridades del país, así como que dicha agresión ha alterado la convivencia del mencionado país, siendo el territorio del Estado el ámbito espacial en el que impera su soberanía, delimitando, en principio, la validez de su ordenamiento jurídico.
Se encuentra recogido en el artículo 8 del Código Civil que establece: “las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español”.
El artículo 23.1 de la L.O.P.J. establece que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
La determinación de este principio exige concretar el territorio del Estado español, que sería el siguiente:
 El territorio natural, tierra firme o territorio propiamente dicho (continental o insular).
 Las aguas interiores y el mar territorial.
 Los buques y aeronaves españolas.
 El espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial.
 Las embajadas, legaciones y consulados españoles en el extranjero.
El mar territorial es la zona marítima adyacente a las costas del Estado y comprende las 12 millas desde la línea de bajamar (Ley 10/77 de 4 de enero).
El espacio aéreo es el situado sobre el territorio español y su mar territorial (Ley 48/60 de 21 de julio de navegación aérea).
Buques. El art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como se ha expuesto, establece: “En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas...”
No hace distinción la L.O.P.J. entre embarcaciones españolas y extranjeras y, dentro de cada una de ellas, entre buques de guerra y las restantes embarcaciones. Por ello debe entenderse que nuestra legislación positiva reconoce la competencia para conocer de los delitos y faltas cometidos en cualquier tipo de embarcación española, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren (aguas territoriales propias, aguas internacionales libres o aguas territoriales de terceros países). Se declara también la competencia para conocer de los delitos y faltas cometidos en todo tipo de embarcaciones extranjeras que se encuentren en aguas jurisdiccionales españolas.
Aeronaves. Por lo que se refiere a éstas, ya hemos visto que la L.O.P.J. reconoce la competencia territorial de los Tribunales españoles, sin hacer distinción entre aeronaves del Estado y aeronaves privadas como hacía la Ley de Navegación Aérea de 1960. En cuanto a las aeronaves extranjeras, en virtud del principio de territorialidad que se establece en la propia ley, habrá de concluirse que son competentes los Tribunales españoles para conocer de los delitos y faltas cometidos en aeronaves de otros países siempre que se encuentren en tierra española o sobrevuelen el espacio aéreo español. De la misma forma se expresa el artículo 7 de la Ley de Navegación Aérea.
Como excepciones al Principio de Territorialidad existen los siguientes:
2º. Principio de personalidad o de la nacionalidad.- La ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos en cualquier lugar del extranjero, ya sea contra sus ciudadanos o contra extranjeros. Tiene poca operatividad en las legislaciones de los países. En la actualidad sólo tiene efectividad en el caso de que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero y que se encuentre en su propio país. En función de este principio, la ley de la nacionalidad del sujeto le sigue a todos los lugares donde se halle.
El art. 23. 2 de la L.O.P.J. , modificado por Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, señala que también conocerá la Jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
3º. Principio real o de protección (también llamado de defensa).- Se basa este principio en la necesidad de conceder validez fuera del territorio a la ley nacional en el supuesto de que los delitos cometidos en el extranjero atenten contra los intereses del Estado y sus ciudadanos. También se le denomina como "principio del orden jurídico interesado".
Según el art. 23. 3 de la L.O.P.J. conoce la jurisdicción española de una serie de delitos, aunque hayan sido cometidos en el extranjero. Son delitos de:
a) Traición y contra la paz o independencia del Estado.
d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos y oficiales.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente el crédito o interés del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
4º. Principio de la Administración de justicia mundial o de la comunidad de intereses.- Se le llama también "principio de la intraterritorialidad”, “jurisdicción universal” o “principio universal”.
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, refiere lo siguiente:
Según el art. 23. 4 de la L.O.P.J., modificado por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y más ampliamente por Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por los españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
o 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
o 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
o 3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España;
o 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;
o 5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española;
o 6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España;
o 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,
o 8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.
o 1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o,
o 2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.
o 2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.
o 2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
o 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
o 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.
o 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,
o 3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
o 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
o 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
o 3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o,
o 4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.
o 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España;
o 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o,
o 5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos.
 1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español; o,
 2.º se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada.
MODIFICACION TEMA 13 DERECHO PENAL
• El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido a las competencias del Tribunal Supremo, queda redactado del siguiente modo:
Según el artículo 57 L.O.P.J., la sala de lo penal conoce:
a) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.
b) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
c) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
d) De los demás asuntos que le atribuya esta Ley (introducido por la Ley 1/2014, de 13 de marzo).
En las causas de los últimos supuestos se asignará, de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.
04 DE FEBRERO DE 2013.- SUPUESTO PRÁCTICO CUERPO AYUDANTES, CONFORME AL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL PARA 2013.
ENUNCIADO DEL SUPUESTO PRÁCTICO 2013:
Isabel F. G., en sentencia firme de 24 de enero de 2014, es condenada por un delito de lesiones a pena de prisión de 1 año y seis meses. Previa valoración por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia de las circunstancias del delito cometido, la personalidad de la penada, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que cabe esperar, acuerda en sentencia aplicar la suspensión de la ejecución de esta pena durante 3 años.
Tras arduas investigaciones policiales, la mujer es detenida el 17 de febrero de 2017 por un segundo delito, en este caso de robo con fuerza en las cosas cometido el 26 de diciembre de 2016, por el que es condenada en sentencia firme el 12 de febrero de 2018 a otra pena privativa de libertad.
En estas circunstancias, se resuelve el supuesto planteado conforme a las modificaciones introducidas por el ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL que está en curso actualmente.
1.- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia considera adecuado, como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y de la autora del delito, imponer a Isabel la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. En este sentido cabe afirmar:
a)Que la duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada dos días de prisión.
b)Que la duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder dos días de trabajos por cada día de prisión.
c)Que no es posible imponerle esta medida puesto que se trata de una pena privativa de derechos distinta y no de una prestación o medida complementaria.
d)Que la duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada día de prisión.
2.- En vista al nuevo delito cometido por Isabel, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia se plantea revocar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión de 1 año y seis meses; esta posibilidad:
a)Es posible llevarla a cabo puesto que la penada cometió un nuevo delito durante el período de suspensión, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 del Código Penal.
b)No es posible revocar la suspensión de la ejecución porque la segunda sentencia es posterior a la terminación de dicho plazo y tendría que haber sido condenada durante el tiempo en que tenía acordada la suspensión, que era de 3 años.
c)Se puede revocar la suspensión al cometer el nuevo delito, ya que en ambas sentencias las penas son privativas de libertad.
d)No se puede revocar la suspensión debido al tiempo transcurrido.
3.- En el caso de que fuera viable acordar la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena, ¿cuál sería la fecha límite para que el Juzgado pudiera adoptar esta decisión?:
a)El 26 de diciembre de 2016.
b)El 24 de enero de 2018.
c)El 12 de febrero de 2018.
d)El 23 de julio de 2017.
4.- Si se revoca la suspensión de la ejecución de la pena a Isabel, ¿en qué plazo deberá adoptarse este acuerdo?:
a)Dentro del plazo de seis meses desde que cometió el segundo delito.
b)Dentro del plazo de un año desde la firmeza de la sentencia de condena por el segundo delito.
c)Dentro del plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia de condena por el segundo delito.
d)Antes de que venza el plazo de suspensión.
5.- Para que el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia acuerde la revocación de la suspensión y ordene la ejecución de la pena inicial:
a)El nuevo delito habría sido cometido durante el período de suspensión.
b)El nuevo delito habría sido cometido durante el período de suspensión o antes de que transcurra un año desde la terminación de dicho período.
c)El nuevo delito habría sido cometido antes de que transcurra un año desde la terminación del período de suspensión.
d)El nuevo delito habría sido cometido con anterioridad a la finalización de la suspensión, con sentencia firme fechada antes de que transcurran seis meses desde la terminación de dicho período.
1.- D (art. 84.3 del Código Penal, conforme a la reforma)
El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: 3) La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada día de prisión.
2.- D (art. 87.3 C.P.)
La revocación de la suspensión solamente podrá ser acordada si no hubiera transcurrido más de un año desde la terminación del plazo de suspensión, que fue el 24 de enero de 2017 (3 años después de la primera sentencia) y la segunda sentencia es del 12 de febrero de 2018. Ha pasado más de un año entre ambas fechas y no es posible la revocación de la suspensión de la ejecución.
3.- B (art. 87.3 C.P.)
La revocación de la suspensión solamente podrá ser acordada si no hubiera transcurrido más de un año desde la terminación del plazo de suspensión, que fue el 24 de enero de 2017, y, por tanto, la fecha límite es un año después.
4.- C (art. 87.3 C.P.)
Deberá acordarse dentro del plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia de condena, que fue el 12 de febrero de 2018. Como ha transcurrido más de un año desde que expiraron los 3 años de suspensión (24 de enero de 2018), no se puede revocar la suspensión inicial aunque no transcurran esos seis meses cuyo plazo se inicia el 12 de febrero de 2018.
5.- A (arts. 86.1.1 y 87.3 C.P.)
El Juez o Tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado cometa un nuevo delito durante el período de suspensión y hubiera sido condenado con posterioridad a la finalización de suspensión por un delito cometido con anterioridad a la misma.
En el Servicio de Retribuciones de la Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias se inicia un expediente administrativo, incoado por el percibo indebido de la cantidad de 3.439’40 euros, en concepto de haberes, en el período comprendido entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2013, en virtud de Resolución por la que pierde la condición de funcionario D. Francisco Javier XXX, que trabajaba en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En la resolución del citado procedimiento administrativo se acuerda declarar que la cantidad mencionada, percibida por D. Francisco Javier en el período indicado, tiene la consideración de “cantidades indebidamente percibidas”, debiendo serle notificada la obligación de restitución de dicho importe, conforme a la normativa vigente sobre reintegro de pagos indebidos.
El ex-funcionario en cuestión, a través de un conocido suyo, antiguo compañero de trabajo, tiene conocimiento de estos acuerdos que él entiende injustos, razón por la que se encuentra en paradero desconocido, intentando de esta forma eludir las consecuencias negativas que le puedan devenir en el caso de recibir la notificación.
1.- En un primer momento, a Francisco Javier sí se le notificó el inicio del expediente administrativo sobre “reintegro de pagos indebidos”, acordando posteriormente el instructor la apertura de un período de prueba por un plazo:
a)No superior a treinta días ni inferior a diez.
b)No superior a veinte días ni inferior a cinco.
c)No inferior a diez días ni superior a quince.
d)De diez días, que podía ser ampliado prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano.
2.- Tras la fase de la prueba e instruido ya el procedimiento, por parte de Francisco Javier –que para esa fecha ya estaba en las playas cubanas de Varadero- no se efectuó alegación alguna ni se presentaron documentos que pudieran favorecer su pretensión de defensa. En consecuencia:
a)Se dio por terminado el procedimiento, quedando pendiente de resolución definitiva.
b)Se dio por cumplimentado el trámite de audiencia, que no podía ser superior a treinta días ni inferior a diez.
c)Se repetirá el intento de notificación por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
d)Se dio por cumplimentado el trámite de audiencia, que no podía ser superior a quince días.
3.- En relación con la cuestión anterior y con el intento infructuoso de notificación al interesado de la resolución, establece la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, ignorándose el paradero de Francisco Javier y su último domicilio conocido:
a)Caducará el procedimiento.
b)Se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
c)Se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
d)Las respuestas `b` y `c’ son correctas.
4.- Contra este acto del Servicio de Retribuciones, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ante el Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias. Por tanto cabe:
a)Interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación o notificación de este acto.
b)Interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este acto.
c)Interponer recurso de alzada en el plazo de tres meses desde el día siguiente a la publicación de este acto, al no haber podido ser notificado al interesado.
d)Interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de este acto.
5.- En relación con la pregunta anterior, si transcurre el plazo establecido y Francisco Javier no interpone el recurso procedente:
a)Se debe retrotraer el procedimiento e iniciarse de nuevo.
b)Admitirá interponerse recurso contencioso-administrativo.
c)Se producirá la caducidad del procedimiento por defectos en la notificación.
d)La resolución será firme a todos los efectos.
Artículo 80.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre: … a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
Artículo 84.2 Ley 30/1992: el plazo del trámite de audiencia no será inferior a diez días ni superior a quince.
Artículo 59.5 Ley 30/1992: Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación …, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. No procede la respuesta ‘b’ –y en consecuencia tampoco la opción ‘d’- porque la Administración no conoce su último domicilio, cuestión que aclara el enunciado de la pregunta.
Artículo 115.1 Ley 30/1992: el plazo es de un mes desde la publicación, que sustituye a la notificación intentada y no practicada. Se trata de un recurso de alzada porque no agota la vía administrativa.
Artículo 115.1, párrafo, tercero, Ley 30/1992: transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
08-Enero-2013.- SERVICIO DE ACTUALIZACIONES CUERPO AYUDANTES (OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012)
1.Modificación del Tema 5 O.E.A.P., actualizándose el número de escaños de los miembros del Parlamento Europeo.
2.Dos modificaciones en el Tema 20 de Derecho Penitenciario: una, que actualiza las consignaciones económicas de los racionados de los internos, y, otra, que actualiza la Instrucción sobre medidas de protección del tabaquismo en los centros penitenciarios.
3.Tabla comparativa del vigente Código Penal en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, modificación que se aprobará en 2013 y que tiene una incidencia considerable en diversos temas de Derecho Penal.
DISPONIBLE PARA NUESTROS ALUMNOS PRESENCIALES Y DE PREPARACIÓN A DISTANCIA, ASÍ COMO PARA EL SERVICIO ANUAL DE ACTUALIZACIONES.
26 NOV 2011.- CUERPO AYUDANTES: EXAMEN y SOLUCIONARIO OFICIAL DE SUPUESTOS PRÁCTICOS CELEBRADO EL DÍA DE HOY (ARCHIVO ADJUNTO)
SOLUCIONES AL PSICOTÉCNICO 2011 (EN ARCHIVO ADJUNTO)
PSICOTÉCNICO OPOSICIÓN 2011 CUERPO AYUDANTES EN UN ÚNICO DOCUMENTO (SE PUEDE VISUALIZAR Y DESCARGAR)
PLANTILLA OFICIAL CORRECCIÓN EXAMEN TEST (2ª PRUEBA) DEL CUERPO AYUDANTES CELEBRADO EL 09/10/2011

References: artículo 276
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 7
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 86
 Resolución 
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Artículo 80

Artículo 84

Artículo 59

Artículo 115

Artículo 115
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