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Timestamp: 2019-11-17 10:40:22+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 475, de 10/04/2018
cve: DSCD-12-CO-475
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 475
- Relativa al proceso de reversión expropiatoria de Jánovas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000897) ... (Página2)
- Por la que se insta al Gobierno a la creación de un observatorio de precio a escala de la Unión Europea, como herramienta fundamental para fortalecer la cadena alimentaria europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002442) ... (Página7)
- Relativa a impulsar una estrategia nacional de prevención de incendios forestales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002472) ... (Página11)
- Relativa al impulso del proyecto denominado "Acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, 2.ª fase" (Fuerteventura). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002686) ... (Página16)
- Sobre la prohibición progresiva de uso de utensilios desechables de plástico de acuerdo a los objetivos ambientales. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002722) ... (Página21)
- Sobre el control y erradicación de la especie exótica invasora Plumero de la Pampa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002818) ... (Página25)
- Por la que se insta al Gobierno a crear una Agencia única de evaluación de productos fitosanitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002890) ... (Página29)
- Para desbloquear de manera inmediata la construcción de la EDAR para Soria y su alfoz y garantizar una aportación justa de los municipios afectados. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002960) ... (Página33)
Corrección de error ... (Página36)
- RELATIVA AL PROCESO DE REVERSIÓN EXPROPIATORIA DE JÁNOVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000897).
Vamos a dar comienzo a la sesión número 21 de esta Comisión, debate y votación de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día y que, como sus señorías saben, fueron aprobadas en la Mesa en la que se convocó esta Comisión. La primera relativa al proceso de reversión expropiatoria de Jánovas. El autor es el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos y para su defensa, como recordarán sus señorías, el autor de la iniciativa tiene siete minutos como máximo, para defender los autores de las enmiendas cada uno de ellos cinco minutos y para fijar posición los grupos que lo deseen tres minutos. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra don Pedro Arrojo.
En el año 2000 se publicó el informe de la llamada Comisión Mundial de Presas, una iniciativa que había lanzado tres años antes el Banco Mundial para evaluar el papel y los impactos que habían obtenido la estrategia de grandes presas a lo largo del siglo XX y determinar hasta qué punto debía seguir siendo esa la estrategia del siglo XXI. En ese informe que lo pueden consultar ustedes en la Internet, donde está todo como es lógico, se precisaba con exactitud cuántos metros cúbicos de agua podemos almacenar en las casi 50 000 grandes presas que hemos hecho en el mundo a lo largo del siglo XX. Sin embargo la propia comisión confesaba avergonzada que había sido incapaz, a pesar del activo apoyo de los Gobiernos, entre otros del Gobierno español, de precisar cuántas gentes habíamos sacado de sus casas a la fuerza, brutalmente en muchos casos, para inundar sus pueblos y los valles habitados en los que estaban. Al final, la Comisión estimaba que entre 40 y 80 millones de personas. La cifra es espectacular, tremenda. Pero lo más espectacular, lo que me pone los pelos de punta es la indeterminación 40-80, es decir, ni idea. Es una clamorosa imprecisión que evidencia la escalofriante e inaceptable invisibilización del dolor humano de los más débiles. Pues bien, en este contexto global, no somos excepción en nuestro país, en los años sesenta de siglo pasado los vecinos de Jánovas, de La Velilla y Lacort, tres pueblitos que hay al lado del hermoso paisaje y hermoso paraje de Ordesa en el Pirineo aragonés fueron expropiados y expulsados de sus casas para que Iberdrola pudiera construir una gran presa hidroeléctrica: la presa de Jánovas. Tras múltiples acciones represivas, amenazas y muy particularmente sistemáticas humillaciones las casas fueron dinamitadas. Cada vez que salía de su casa le dinamitaban el tejado aunque en las casas de al lado siguiera habiendo niños y gente habitable. Todo el mundo en el Pirineo, si no, probarlo, cuenta y recuerda la humillante roturación de los campos cuando estaban a punto de recoger las cosechas o la brutalidad del desalojo de la escuela, donde había once niños sacando a la maestra de los pelos y llevándolos hasta la carretera para luego decir en el pueblo tenéis a los niños en la carretera y
salir las madres despavoridas a rescatar a sus hijos de la carretera. Todo esto lo cuenta la gente. A pesar de todo hubo familias, dos en concreto, los Buisán y los Garcés que se mantuvieron veinte años en su casa aguantando todo tipo de tropelías. Veinte años, dando un ejemplo de dignidad que en la actualidad a muchos nos estremece especialmente cuando oímos a la ronda de Boltaña cantar la habanera triste de Jánovas. Iberdrola vendió sus derechos a Endesa. Porque con el dolor humano también se comercia. Pero la lucha se reactivó y siguió en los años noventa. Todos los alcaldes del Pirineo, de todos los partidos, firmaron el famoso acuerdo de defensa de la dignidad de la montaña, frente a Jánovas, pero también frente a Yesa, frente a Santaliestra, ya basta de usar nuestros valles y nuestros pueblos para almacenar agua para otros y para otros que muchas veces son más ricos y poderosos que nosotros. Y firmaron todos, a pesar de que los parteros principales les recomendaron o les prohibieron firmar. Esa movilización masiva del Pirineo llevó a una declaración de impacto ambiental negativa que firmó el último día de la vigencia de su mandato ministerial la ministra Tocino del Partido Popular, lo cual yo siempre le he agradecido esa valentía. Eso llevó a la anulación del proyecto en 2005 y a que en el 2008 se iniciara un proceso de reversión de la expropiación. Pues bien, desde el 2008 aquí, diez años y todavía arrastramos los pies. Diez años en los que no hay una voluntad activa. No digo que haya mala voluntad. No hay una voluntad política para cerrar este capítulo tan triste, tan vergonzoso, no solo para la gente de Jánovas, para el Pirineo en su conjunto, para Aragón, para España. Diez años en los que el Gobierno permite que se incumpla la ley, porque Endesa está intentando y consiguiendo en muchos casos que la gente tenga que devolver íntegro, actualizado, el valor de la expropiación, sin tener en cuenta el menoscabo que marca la ley, porque lo que se está devolviendo o revirtiendo no son casas en buen uso o campos, acequias y caminos en buen uso que es lo que se expropió, lo que se devuelven son ruinas que a veces no tienen ni siquiera los cimientos. La ley prevé el derecho de menoscabo, ni siquiera eso se garantiza. Simplemente decir que con esta PNL que espero que consensuemos entre todos y demos un empujón de voluntad política para resolver esta vergüenza colectiva, tras medio siglo de sufrimiento y destrucción en la zona de Jánovas y como una afrenta a la dignidad de la montaña en todo el Pirineo, creo que es tiempo de reconocer el menoscabo, qué mínimo, lo marca la ley. De que el Gobierno demuestre tanta voluntad política a la hora de revertir como la que se ejercitó a la hora de expropiar, qué menos. Tiempo para ese plan de desarrollo sostenible para Jánovas, pero bajo participación ciudadana. No tengamos miedo, porque la gente va a mejorar la propuesta, porque está interesada en hacerlo. Por último, por qué no, queridos amigos y amigas, tiempo para la autocrítica, para pedir perdón por tanta brutalidad durante tanto tiempo con las gentes del Pirineo. Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pedro, por su emotiva intervención.
Don Pedro, su grupo ha presentado una enmienda, se considera defendida por su intervención.
El señor ARROJO AGUDO: Era una enmienda secundaria.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra don Gonzalo Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Debatimos hoy una proposición no de ley presentada por Unidos Podemos relativa a la reversión de Jánovas, que esencialmente mi grupo está de acuerdo con ella salvo algún matiz como la inexistencia de un proceso participativo que para nosotros sí que existió en su día ejercido o liderado por la DGA y también para que no únicamente tratemos los núcleos de Lacort, La Velilla y Jánovas, sino que también fueron afectados otros núcleos pertenecientes al municipio de Fiscal y que también entendemos que tienen que participar en este proceso de reversión. Además hemos incorporado una enmienda con dos puntos para que si bien la iniciativa de Podemos se centra fundamentalmente en la empresa concesionaria también en lograr más compromiso por parte de la Administración General del Estado que es la que realmente tiene la competencia en este asunto. Presentamos una enmienda de adición con dos puntos que esperemos sean aceptados por el grupo proponente. No me quiero extender, como ya ha relatado el portavoz de Unidos Podemos en la historia de Jánovas, porque es muy bien conocida y más para los que venimos de la provincia de Huesca. Es una historia repetida que sentó las bases de la despoblación en muchas zonas del Pirineo de nuestra provincia. Nuestros pueblos nuestra gente fue desahuciada, incluso como ha dicho mi compañero Arrojo, dinamitados de sus casas sin cometer ningún delito. Por el solo hecho de que hubo un proyecto de construcción de un embalse que nunca se llegó a construir. Ese proyecto caducó y ahora estamos en otra fase. Una fase que esperemos
que sea mucho más rápida y se pueda actuar con mucha más celeridad. Se cerró, como se ha comentado, un acuerdo político entre las principales instituciones, Gobierno de España y Gobierno de Aragón, en el que después se incluyó también la Diputación Provincial de Huesca. Con nuestra enmienda queremos que estos compromisos que se asumieron en su día sean firmes y se doten presupuestariamente para poner en marcha todas las medidas incluidas en ese proyecto. Porque esto, señorías, sí que es hablar de despoblación, de poco o de nada sirve poner un comisionado para la despoblación si no se ponen presupuesto y medidas y estas son medidas que la comisionada tendría que conocer y que haría revertir y que la gente que se fue en su día pueda volver a esos municipios, a esos núcleos, que realmente tienen muchas posibilidades para crecer porque están en un entorno incomparable. Como ya he dicho antes, el compromiso ya existe y el actual Gobierno de Aragón ya ha presupuestado y ha aportado en diferentes actuaciones más de 300 000 euros que van a mejorar accesos, impulsar la recuperación de terrenos inmuebles. Se sumó la Diputación Provincial de Huesca que tiene en el centro de sus políticas la recuperación y el cuidado de los pequeños municipios y que realmente lucha día a día contra la despoblación y que en los últimos años ha venido aportado una media más o menos de unos 100 000 euros para el entorno de Jánovas para dotar de mejores accesos en esa zona. Para que se hagan una idea. Este mes de enero de este año con una subvención del Gobierno de Aragón se logró llevar con una línea de media tensión luz al núcleo de Jánovas. A veces es paradójico que un municipio que fue expropiado para construir un salto hidroeléctrico en pleno siglo XXI seguía sin tener luz y no es el único, hay muchos en el Pirineo y por eso abogamos también en otras proposiciones. No solo pedimos que se doten partidas suficientes para cumplir con los compromisos firmados, sino que también queremos que se ejecuten. Porque en mi provincia estamos acostumbrados a que los Gobiernos del Partido Popular presupuesten y ejecuten menos. Jánovas es el caso más flagrante de abandono y maltrato por parte de las administraciones a una zona y a unos vecinos que llevan muchos, demasiados años, sufriendo. Reconozco que mi partido quizá ha podido equivocarse en el pasado, pero hace años que defendemos lo que hoy aquí he expuesto y no cejaremos en nuestro empeño hasta lograr una restitución territorial justa de las zonas afectadas.
Para concluir les adelanto que mi grupo presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ya sea directamente, o a través de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, comprometa presupuesto para lo que no nos ocupa el proceso de restitución de Jánovas. No me quiero olvidar tampoco porque colateralmente también quiero mencionarlo de los procesos de reversión de centrales hidroeléctricas en las que los territorios cedentes deben participar en los ingresos generados de estas centrales, que estamos ahora en un momento fundamental donde se están redactando los nuevos pliegos y allí también estos territorios tienen que disfrutar de ese desarrollo que han contribuido donde se crea la electricidad que se produce en el Pirineo.
Por tanto, por justicia social y territorial tenemos que restituir al territorio que lleva años sacrificándose para que se genere desarrollo en otras zonas. Me quiero añadir a la petición que ha hecho el portavoz de Podemos de intentar lograr un apoyo lo más amplio posible para que de verdad todas estas actuaciones que llevan muchos años esperándose se puedan llevar a cabo y que no tengan que pasar otros sesenta años para poder solucionar un problema grave que afecta a Jánovas, a La Velilla, a Lacort y a todo el municipio de Fiscal y a la comarca de Sobrarbe.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Gonzalo.
La señora ALÓS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Como diputada de la provincia de Huesca he pedido defender a mi grupo esta proposición no de ley, porque somos conscientes todos aquellos que formamos parte de la provincia de Huesca de la situación vivida por los vecinos del Alto Aragón el Sobrarbe hace más de sesenta años. Una situación que necesita de forma definitiva una reparación que se lleva demandando desde hace muchos años. Todos estamos de acuerdo en ello, dar vida de nuevo a estos pueblos del Pirineo es imprescindible y dar la oportunidad a los vecinos que en su día se vieron obligados a abandonar sus casas, una necesidad.
Por ello y a lo largo de estos años los Gobiernos del Partido Popular han sido los que han dado pasos también en este sentido, de hecho han sido durante las etapas de sus Gobiernos cuando únicamente se han dado pasos para conseguirlo. Lo recordaba el señor Arrojo precisamente con esa declaración negativa de impacto ambiental que se produjo a final del 2004. Respecto a la propuesta presentada que plantea varias cuestiones me gustaría decir que los dos primeros puntos que hablan
fundamentalmente de los procesos de reversión que pueden tener cierto sentido, pero que lo real y lo cierto es que en estos momentos la Confederación Hidrográfica del Ebro ha avanzado en la tramitación de los expedientes, aunque es verdad que llevamos casi más de diez años, pero una vez superadas las cuestiones técnicas y jurídicas de este procedimiento que es muy complejo de hecho, de los 58 expedientes que actualmente están en trámite se han concluido el procedimiento de 56 casos, restando únicamente que la empresa beneficiaria de la expropiación concluía las cuestiones pertinentes ante el catastro. Cuestiones catastrales que son complejas porque estamos hablando de propiedades que venían de los años sesenta donde el catastro dejaba mucho que desear. Por eso fundamentalmente en la proposición que se presenta y se basa en el Plan de desarrollo sostenible, ahí es donde nosotros hemos centrado nuestra enmienda, entendemos que es la clave de la proposición. En el año 2017 mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado se abrió el periodo de información pública de este Plan de desarrollo sostenible y también el estudio ambiental estratégico. Se han presentado las alegaciones correspondientes y en estos momentos se trata de la resolución de las mismas. Con este plan se da cumplimiento a la disposición adicional octava de la Ley 11/2005 de modificación del Plan Hidrológico Nacional por el que se descartaba la construcción del embalse de Jánovas. La tramitación de evaluación ambiental estratégica se inició de forma simplificada en 2015 por la voluntad de dar más agilidad, pero finalmente se vio imprescindible por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente tramitarlo de forma ordinaria y en este punto se está. En este estudio de evaluación ambiental da respuesta a las cuestiones planteadas en el informe estratégico ambiental emitido por esta secretaría de Estado y para ello se han incluido modificaciones en las actuaciones del plan previamente consensuadas con los representantes del Ayuntamiento de Fiscal y sus pedanías. Se ha analizado también la compatibilidad, a la hora de desarrollar este plan y el de la evaluación ambiental, con otros planes y programas: el Plan de carreteras de Aragón, de depuración, de ordenación urbana de Fiscal, de las especiales de Jánovas, La Velilla y Lacort, etcétera.
Por último, se han identificado los impactos y propuesto medidas de compensación si bien estas deberán ser desarrolladas en las tramitaciones ambientales individuales de cada uno de los proyectos incluidos en el plan. Este plan de desarrollo sostenible del entorno territorial de Jánovas se centra en garantizar los servicios e infraestructuras básicas a los habitantes de los pueblos de la ribera del Ara en el término municipal de Fiscal y, en particular, las poblaciones de Jánovas, Lacort y La Velilla, además de promover la coordinación entre administraciones y entre estas y el sector privado. En definitiva, se buscan medidas que incentiven la llegada de población y un modelo de desarrollo de futuro sostenible, eficaz y socialmente equitativo. Las acciones finalmente seleccionadas responden a los criterios de menor coste ambiental y económico, con menor longitud y superficie ocupada, menos emisiones, menos movimientos de tierras y vegetación y se puede desarrollar por fases lo que hace que su presupuesto sea más asumible. Estamos hablando de construcción de accesos desde Jánovas a Albella, abastecimiento de agua a los núcleos de Jánovas, La Velilla y Lacort, electrificación de los núcleos de Jánovas, La Velilla y Lacort también, urbanización de calles principales, depuración de aguas residuales, rehabilitación de patrimonio histórico y cultural relacionado con el río Ara, actuaciones de mejora de servicios públicos y en los núcleos afectados por el embalse del municipio de Fiscal, ya que el proyecto afectó directa o indirectamente a Ligüerre de Ara, Javierre, Santa Olaria, Albiella, Planillo y San Felices. Y en función del desarrollo del plan se definirán y priorizarán más concretamente estas actuaciones. En definitiva, finalizado el período de información pública, la Confederación Hidrográfica del Ebro que en estos momentos está informando las alegaciones recibidas, las responderá y, con carácter previo, ambos documentos se someterán al órgano ambiental para el otorgamiento de la declaración de impacto ambiental que exige la normativa, tras la que podrá iniciarse el proceso de licitación de las distintas actuaciones. Por ello, creo que todos estaremos de acuerdo en que es imposible presupuestar actuaciones concretas, en las que sí ha habido participación, pero el proceso todavía está abierto a que haya más actuaciones dentro de esa priorización, aunque es fundamental pasar la declaración de impacto ambiental. Tengo que decir aquí que es verdad que hay una voluntad política indiscutible por parte del ministerio para llevar a cabo este plan de restitución que, como hemos manifestado, es de justicia.
Es cierto que en su propuesta también plantean exigir a la empresa eléctrica responsabilidad a la hora de hacer inversiones, pero yo cuestiono los mecanismos legales que la Administración tiene en estos momentos para exigir esas inversiones. En todo caso, dependerá de la responsabilidad social de la propia empresa. Sinceramente, creo que los planteamientos que se están haciendo para esa restitución y los planes de desarrollo que tienen que ser ejecutados de forma inmediata en cuanto se haga la declaración
de impacto ambiental, en cierto modo son el mayor reconocimiento que se puede hacer a los vecinos por lo ocurrido en esta comarca y, desde luego, la mejor forma de hacer justicia. Por eso nuestro grupo ha presentado una enmienda, que espero que podamos consensuar para conseguir el apoyo unánime al plan de restitución. En todo caso, si no fuera posible lograr ese acuerdo o enmienda, nuestro grupo se abstendrá en esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Ana Alós.
Antes de dar la palabra a los portavoces de los grupos que desean fijar posición, pregunto a don Pedro si acepta o no las enmiendas o van a ser objeto de una transacción.
El señor ARROJO AGUDO: Vamos a hablarlo porque ahora tenemos tiempo. Vemos que la actitud es positiva, así que vamos a buscar un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: En todo caso le ruego que, una vez hayan acordado la transaccional, la entreguen a la Mesa. ¿Grupos que desean fijar posición en torno a esta cuestión? Por el Grupo Parlamentario Mixto, PDeCat, tiene la palabra don Antoni Postius.
De forma muy breve manifiesto que nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Antoni Postius.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Rodrigo Gómez.
El señor Arrojo nos ha relatado la historia de Jánovas que, por desgracia, no es única y exclusiva, sino que guarda muchas similitudes con otras historias y otros casos de municipios del Pirineo y de la provincia de Huesca. Una historia de dolor, de injusticias y de lucha, pero gracias a los vecinos de Jánovas, después de haberle ganado la batalla al pantano, ahora mismo la vida en el pueblo se está recuperando. Son estos vecinos los que están reconstruyendo un pueblo que fue abandonado en 1984, debido al proyecto de un embalse que nunca llegó a construirse. Es presumible que el proceso expropiatorio que se llevó a cabo en esta zona en la década de los sesenta, con el régimen existente en aquella época, no fue el adecuado o correcto puesto que 150 familias de Jánovas, Lavelilla y Lacort fueron expulsadas, dinamitando viviendas, clausurando servicios como la escuela, y eliminando todo rastro de cultivos leñosos para evitar la resistencia de los habitantes a dejar su medio. Desde un punto de vista puramente jurídico, técnico y medioambiental estamos ante un proyecto que nunca llegó a ser ejecutado por razones sociales y económicas, y que en la actualidad resulta inviable por razones medioambientales, presumiéndose obvia la necesidad de revertir la propiedad de los bienes en su día expropiados.
El día 15 de septiembre de 2016 ya formulamos unas preguntas al Gobierno sobre el plan de desarrollo sostenible de Jánovas. El Gobierno, aunque contestó con sus habituales vaguedades, sí señaló que las administraciones central, autonómica y local elaborarán conjuntamente un plan de desarrollo sostenible para el municipio afectado, es decir, un plan para revitalizar y restituir la zona afectada por el proyecto del embalse de Jánovas, finalmente descartado. En aquella respuesta el Gobierno ya señalaba que debía elaborarse un plan acordado entre todas las administraciones y, por lo tanto, le pedimos lo que también solicita el grupo proponente y es que, de una vez por todas, se elabore ese plan y lo ejecute porque es necesario implementar medidas adicionales para favorecer el desarrollo económico del área afectada, como son ayudas a la rehabilitación y construcción de viviendas respetando los métodos constructivos tradicionales de la zona; ayudas a la implantación de negocios fundamentalmente orientados al turismo, dado el potencial de la zona; mejora de las vías de comunicación, creación de infraestructuras de telecomunicación, de sendas cicloturistas; en definitiva, medidas para favorecer el desarrollo de la zona. Señor presidente, para terminar simplemente diré que por justicia apoyaremos y votaremos a favor de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Rodrigo Gómez.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE PRECIOS A ESCALA DE LA UNIÓN EUROPEA, COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA FORTALECER LA CADENA ALIMENTARIA EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002442).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir ahora el siguiente punto del orden del día, que es una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la creación de un observatorio de precios a escala de la Unión Europea, como herramienta fundamental para fortalecer la cadena alimentaria europea. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la diputada doña Pepa González Bayo.
Hoy traemos aquí una proposición no de ley que pretende garantizar el futuro de nuestros agricultores y ganaderos, porque es necesario adoptar medidas que generen una agricultura y ganadería dinámica, profesional y competitiva, pero, a la vez, tiene que ser protectora y generosa porque son ellos, con su sudor, su esfuerzo y su dinero, quienes trabajan cada día la tierra en nuestros pueblos, un esfuerzo que en demasiadas ocasiones no se ve compensado económicamente. Por eso las administraciones tienen la obligación de proteger y fortalecer las explotaciones agropecuarias de nuestro mundo rural. Es más, tienen que buscar medidas que proporcionen seguridad y faciliten la comercialización de los productos. El Ministerio de Agricultura lleva siete años haciendo estudios -nos lo comentaba la señora ministra en la última reunión que tuvimos con ella-, ya es hora de centrarse en las personas, de llevar a cabo medidas que recojan la incuestionable labor que hacen nuestros agricultores y ganaderos, poniendo especial acento en los hombres, los jóvenes y las mujeres, en los trabajadores y trabajadoras que trabajan cada día la tierra.
Hoy tenemos agricultores que han aportado a sus cultivos las últimas tecnologías que existen en el mercado, consiguiendo productos de una altísima calidad y que se han sometido a todas las exigencias de un mercado globalizado, pero que se sienten muy indefensos a la hora de comercializar esos productos de alta calidad. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista en distintas sesiones de esta Comisión hemos traído iniciativas para proteger a los productores. Trajimos una proposición para que el Gobierno pusiera el acento en la venta a pérdidas, también hemos puesto de manifiesto aquí todas las deficiencias que tiene la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y los agricultores y ganaderos siguen reivindicando que sus precios sean garantizados. Me remito a los últimos titulares de los periódicos en los que vemos cómo el campo extremeño reclama con una tractorada precios justos; cómo UPA y COAG exigen medidas que garanticen precios justos; en Almería los agricultores culpan a la ministra de la caída de precios; en Madrid los pequeños agricultores reclaman precios justos y transparencia en el mercado. Luego no es que lo diga el Partido Socialista, lo dicen los hombres y las mujeres del campo. Tenemos que proporcionar a todos esos productores de naranjas, de frutas de hueso, de hortalizas, de frutos rojos, de leche, de vino y de todos esos productos tan demandados en nuestro país, en Europa y fuera de Europa, herramientas que sean útiles para los agricultores y ganaderos porque la agricultura es un sector clave en nuestro país, es el progreso en muchas de las comarcas españolas. Lo dicen los datos: las frutas y las hortalizas han ocupado los primeros puestos en las exportaciones agroalimentarias en España, en 2016 se superaron los 13 millones de toneladas de exportación. Andalucía también es un ejemplo porque lleva dos años liderando las exportaciones agroalimentarias, con un valor superior a los 11 000 millones de euros en 2017, en los dos últimos años hemos aumentado un 9,2 %. Es decir, uno de cada cuatro euros que se exportan en España corresponde a Andalucía. Luego, desde el ministerio hay que apostar seriamente por una competitividad más justa en las explotaciones y en la industria, basándonos siempre en la transparencia porque no podemos seguir consintiendo márgenes abusivos, ya que todos los actores que intervienen en la cadena alimentaria fuerzan al agricultor a cobrar un precio muy bajo convirtiéndolo siempre en el eslabón más débil de la cadena.
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista insta al ministerio a que dentro de la Comisión Europea reclame la creación de un observatorio de precios y mercados para dar transparencia a la cadena alimentaria, como herramienta de análisis sistemático de la estructura básica de los precios y poder observar así la evolución de los precios y los márgenes de los productos agrarios y alimentarios. Es una herramienta fundamental porque tenemos que dar transparencia a la cadena alimentaria con un tratamiento de datos público. Pensamos que tiene que ser a través de la web del Ministerio de Agricultura de cada país europeo, con ello eliminaremos muchas barreras y todos los agricultores, vivan donde vivan,
podrán tener una observación continua de cómo se comporta su producto en cada país europeo, y así evitar que los intermediarios se aprovechen de esas ventajas económicas con engaño hacia el agricultor. El agricultor tendrá una visión de su precio en cualquier país europeo. También ayudaremos a esos jóvenes agricultores o ganaderos que se quieren incorporar a este sector, dándoles precios reales para que las inversiones y ese emprendimiento tengan un rendimiento final. Creemos que el ministerio no puede ser un agente pasivo, tiene que ser atrevido e innovador y poner en manos de los agricultores y ganaderos herramientas que en el siglo XXI les sirvan para que sus productos tengan el mejor precio y siempre garantizado.
Hay otras administraciones que sí están trabajando y escuchando las voces de los agricultores y ganaderos. El viernes leía con alegría que la Comisión Europea va a poner en marcha una directiva nueva para abarcar los abusos de la cadena alimentaria. Esto es un paso muy importante, los socialistas venimos diciéndolo reiteradamente en esta Comisión, porque si analizamos los datos de la Confederación General de Cooperativas Agrarias, vemos que el 21 % del precio de un producto es para el agricultor o ganadero; el 28 % para la transformación y el 51 % para la distribución. Luego, estos datos son realmente clarificadores, hay que cambiar la configuración que tiene ahora mismo el sistema agroalimentario y hacerlo más justo para el ganadero y para el agricultor. Otro paso importante es que el día 24 de abril en Andalucía se va a aprobar la ley de la agricultura, una ley que también viene a fortalecer al productor. Entre otras acciones va a crear un foro de la cadena agroalimentaria y también un observatorio de precios. Por eso desde aquí los socialistas pedimos al ministerio que apueste por este observatorio de precios porque apostar por la agricultura y la ganadería es apostar por nuestros pueblos, por nuestros agricultores y por nuestro medio rural.
A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas, entre ellas la del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para cuya defensa tiene la palabra don Jaume Moya.
Vamos a ver, un observatorio de precios sin duda es una herramienta que se ha demostrado especialmente útil en el sector de la fruta. De hecho, en Cataluña así se ha constatado, puesto que un observatorio de este tipo entró en vigor hace aproximadamente un año y su utilidad está más que acreditada. La publicación de los precios de referencia especialmente en sectores clave, como el de la fruta de hueso o de pepita, ha permitido dotar a estos productores y agricultores con una serie de mecanismos que hacen mucho más transparente la información sobre la evolución de los precios a lo largo de toda la cadena alimentaria. Para conseguir esta concreción o fijación de los precios, sin embargo, es imprescindible activar una serie de mecanismos que doten a la Administración de la posibilidad de la fijación de estas estadísticas: en primer lugar, los precios de los productos alimentarios deberían considerados como estadísticas de interés para conseguir tener el carácter de oficial y, además, establecer la obligatoriedad de facilitar estos datos por parte de todos los operadores. Por otro lado, también sería necesario establecer una serie de mecanismos estadísticos que garanticen la fiabilidad de este sistema de captación de precios y, además, su parametrización a partir de la definición de sectores territoriales y de sectores de mercado adaptados a cada una de las regiones. Estos precios permiten al productor poder interpretarlos para valorar la dinámica de su evolución y es especialmente útil para cooperativas, organizaciones de productores centrales y privadas dedicadas a la comercialización de la fruta.
De hecho, la evolución de los precios es francamente preocupante. Por ejemplo, en el Estado español podemos ver el índice de precios en origen y destino que la organización COAG lleva elaborando desde hace diez años, y nos indica cómo, por ejemplo, en el sector cárnico los precios pagados por el consumidor son un 314 % del precio que obtiene el productor, y todavía es mucho más grave en el sector agrario donde, por ejemplo, vemos una diferencia del 457 % entre el precio que obtiene el productor y el precio que paga el consumidor. Pero esto no sucede solo dentro del Estado español, sino también en la Unión Europea, en el mercado común. Vemos estos fenómenos en Alemania, Francia, Italia, donde el oligopolio de distribución de la fruta es francamente preocupante y lleva a esta deriva de precios en contra de los productores. Por ejemplo, en estos tres países aproximadamente cuatro o cinco empresas son las que concentran entre el 70 y el 80 % de las compras. De manera que ello también abona todo el campo para las prácticas desleales que tanto tiempo llevamos denunciando, pero con las que parece que todavía no
conseguimos acabar, como son el dumping, la venta a pérdidas, el precio predatorio, el estrangulamiento de márgenes, etcétera. Sin duda, esto se debe a los abusos de posición dominante, al establecimiento y proliferación de oligopolios que actúan fijando unilateralmente los precios en perjuicio de los productores. Perjuicio no solo para los productores, sino que evidentemente también afecta a los consumidores, puesto que impide su posibilidad de acceso a bienes y a servicios de calidad a través de un precio justo, y perjuicio para los operadores que sí realizan prácticas leales y que favorecen los requisitos que debe seguir la cadena alimentaria. Todo esto está descrito ya en un informe de la Comisión Europea de enero de 2016.
Por tanto, consideramos pertinente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de mandar a las instituciones europeas que lleven a cabo el establecimiento del observatorio de precios, pero para eso hemos presentado estas enmiendas en las que proponemos que se establezcan unos mecanismos para evitar estas operaciones de concentración económica especialmente en la distribución, pero también en la transformación, que permitan identificar posiciones de dominio susceptibles de generar alteraciones en los mercados y en la competencia y, en su caso, establecer unos límites para estos oligopolios y las correspondientes sanciones. Al mismo tiempo, aprovechando que estamos inmersos en un proceso de reforma de la PAC, también proponemos en nuestras enmiendas una serie de medidas. Unas medidas que provienen directamente de las encuestas que recientemente ha publicado la Comisión Europea, de las que se deriva una sensibilidad clara por parte de la ciudadanía; el 97 % de la ciudadanía europea coincide en que los precios que paga por las materias primas y los alimentos no son justos. La misma Comisión Europea ha reconocido en sus informes que la apertura o liberalización de mercados hacia la que estamos yendo, está generando una auténtica inseguridad en los productores y una volatilidad de los precios que no puede ser tampoco compensada con la negociación colectiva, puesto que la mayoría de los productores no tienen suficiente fuerza. Para ello hay mecanismos de protección que entendemos más que imprescindibles en pro de acabar con estas prácticas desleales, en pro de la transparencia del mercado y en pro de la cooperación entre productores. Además, es importante ser conscientes desde el Estado español; de hecho, la Ley 12/2003, de medidas de mejora para el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha sido el texto de referencia utilizado por la propia Comisión Europea para regular estos mecanismos. De manera que es importante aprovechar el proceso en el que estamos de reforma de la PAC, poner en valor esta ley emanada del Estado español, su fuerza ejemplarizante, para que precisamente el Estado español siga siendo un agente especialmente activo en la elaboración de esta directiva que se acaba de anunciar sobre mejor funcionamiento y transparencia de la cadena alimentaria.
Por tanto, sí vamos a dar apoyo a la PNL del Grupo Parlamentario Socialista. También contamos con la transacción de los puntos tercero y cuarto de nuestras enmiendas. Y respecto al punto segundo, teniendo consciencia de que la Comisión Europea se ha puesto en marcha para elaborar esta directiva sobre la mejora en el funcionamiento y transparencia en la cadena alimentaria, vamos a renunciar a esta enmienda, pero reivindicando precisamente que el Estado español tenga protagonismo en la elaboración de esta directiva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
También el Grupo Parlamentario Mixto, PDeCAT, ha presentado una enmienda, para cuya defensa tiene la palabra don Antoni Postius.
En relación con la propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado una enmienda de mejora del redactado. Estamos de acuerdo con lo propuesto, sin embargo, consideramos que el observatorio también debería servir para garantizar la justa competencia en relación con las importaciones procedentes de países terceros, como se ha tratado en distintas ocasiones en esta misma Comisión. Por este motivo hemos presentado esta enmienda, el portavoz del grupo proponente nos ha dicho que la va a integrar y, por lo tanto, vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Antoni Postius, especialmente porque ha compensado el tiempo que ha sobrepasado de largo nuestro paisano, don Jaume Moya, y que nos permitirá cumplir los tiempos. (El señor Moya Matas: Estaba previsto).
Ahora por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ascensión Carreño.
Señorías, mi grupo coincide en que las prácticas comerciales desleales pueden desequilibrar un buen funcionamiento al apartarse de los principios de buena fe y de actuación legal, pero no coincidimos con el Grupo Parlamentario Socialista en que el Gobierno no haya adoptado medidas; todo lo contrario, ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha trabajado en una ley que ha sido pionera en la Unión Europea. Hoy en España contamos con la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en vigor desde 2014, y con la agencia para su control en la lucha contra las prácticas abusivas para buscar un equilibrio entre los diferentes operadores. Por tanto, nuestros productores ya cuentan con un marco adecuado para hacer frente a dichas prácticas. Además, la ley crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria como ese instrumento de seguimiento y de vigilancia del conjunto del sector agroalimentario. El observatorio además de llevar a cabo trabajos específicos sobre las cadenas de valor de diferentes productos, analiza y realiza un seguimiento continuo. Sin embargo, coincidimos en que los diferentes marcos de actuación que se están desarrollando en los Estados miembros para hacer frente a las prácticas desleales crean un trato desigual entre los distintos operadores, muchos de los cuales realizan operaciones comerciales en varios Estados. De hecho, la Unión Europea ya está trabajando y desarrollando diferentes medidas teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la cadena alimentaria. Señorías, ayer precisamente se anunciaba que la Comisión Europea ha elaborado una propuesta de directiva contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, y que esta nueva disposición prohíbe aplazar el pago en productos perecederos a más de treinta días, las cancelaciones de pedidos a última hora y cambios unilaterales de las condiciones de venta, entre otras medidas. Por tanto, es una propuesta que ha sido muy valorada tanto por la Administración española como por las distintas organizaciones y asociaciones del sector.
Además, en los últimos años la Administración española ha sido una de las principales impulsoras en Bruselas de una normativa comunitaria en esta materia, una demanda muy reclamada desde la Federación española de asociaciones de productores exportadores de frutas y hortalizas ante la existencia de grandes operadores comunitarios comprando en España. En el Grupo Parlamentario Popular consideramos que la nueva medida que ha adoptado la Unión Europea es un paso importante en Europa para la defensa de los intereses del sector agrario y alimentario, y el Gobierno siempre ha defendido en Bruselas una disposición contundente contra este tipo de prácticas. Con este paso se refuerza la filosofía de la normativa española y no se impedirá en ningún caso que en la Ley de la cadena alimentaria se mantengan las actuales exigencias, como la obligación de suscribir contratos. España viene participando activamente en todos los foros europeos, apoyando la articulación de medidas que favorezcan la transparencia como medio de reforzar la posición de los productores en la cadena alimentaria. España ha participado y ha apoyado las medidas propuestas sobre mercados agrarios, en particular las relativas a la introducción de reglas comunes que prohíban las prácticas comerciales desleales y armonicen los procedimientos para su control. Y sobre todo, España participa activamente tanto en el Foro de alto nivel sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria como en los subgrupos establecidos. Por eso dentro del programa de trabajo, el foro de alto nivel incluye entre sus objetivos el desarrollo de un índice de composición de los precios de los alimentos y medidas que puedan contribuir a aumentar la transparencia de los precios dentro de la cadena alimentaria.
Para finalizar, hay que recordar que actualmente existen observatorios europeos en determinados productos. Y bienvenida sea esa ley de agricultura en Andalucía que usted ha mencionado aquí porque el Partido Socialista la anunció en 1998. Esperamos que si se aprueba no suponga más trabas burocráticas para los agricultores y ganaderos. En cualquier caso, mi grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley para que en el seno del foro de alto nivel se mejore el funcionamiento de la cadena alimentaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Ascensión. Además se ha ajustado exactamente al tiempo previsto.
Doña Pepa González Bayo, le pido que intervenga a los efectos de decir simplemente si acepta las enmiendas o si va a trabajar con los distintos proponentes para alcanzar una enmienda transaccional.
La señora GONZÁLEZ BAYO: He hablado con cada uno de ellos y vamos a presentar una transaccional que ahora pasaremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que la faciliten a la Mesa cuando la tengan ordenada. ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Luis Salvador.
Estamos ante un tema que en las intervenciones de los distintos portavoces estamos viendo que genera un cierto consenso tanto en el diagnóstico, en el que todos prácticamente coincidimos en que el eslabón más débil de la cadena alimentaria suelen ser los agricultores o productores, como en la importante necesidad de protegerlos adoptando medidas que sean efectivas.
Nos parece oportuna la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y hasta nos parecen oportunas, aunque no nos toquen a nosotros, las enmiendas y el resultado final que se pueda dar. Aunque es verdad que se ha avanzado en esta dirección de intentar poner soluciones con la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de la Cadena Alimentaria, buscando un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales, un mejor acceso a la información y la trazabilidad, así como una regulación de las prácticas comerciales -todo eso es un avance-, también es cierto que la Unión Europea no está yendo hacia la dirección que aquí se está planteando. Por ello nos parece oportuno hacer esto. La Unión Europea está creando observatorios sectoriales, ya ha creado el de la leche, el de la carne, el del azúcar, el de las cosechas, también el 29 de marzo de 2017 se reunió en Bruselas el Observatorio de precios del plátano y la banana comunitarios. Esto quiere decir que lo está haciendo de una manera muy sectorial. ¿Qué es lo que puede pasar si se hace de esa forma? Pues que quedarán bastantes sectores desprotegidos.
Para terminar nos parece oportuno que se pida ese observatorio de la Unión Europea, porque eso hará que puedan estar todos los sectores cubiertos, ya que al funcionar ahora sectores heterogéneos en este ámbito unos se cubren, pero otros no. Por eso, vamos a apoyar esta propuesta.
- RELATIVA A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002472).
El señor PRESIDENTE: Ahora pasamos al debate del 3.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a impulsar una estrategia nacional de prevención de incendios forestales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz doña María Teresa de Lara.
Señorías, el Grupo Popular trae a esta Comisión una nueva iniciativa sobre política forestal, esa política a la que yo llamo la gran olvidada de los distintos grupos parlamentarios, que solo se acuerdan de ella cuando se producen incendios forestales o, como el Partido Socialista hace hoy, cuando se trata de enmendar alguna iniciativa.
Como conocen sus señorías las competencias de gestión forestal, particularmente las de prevención y extinción de incendios, corresponden a las comunidades autónomas, de acuerdo con el artículo 148.1.8.ª de la Constitución española y también como refleja el artículo 8 de la Ley de Montes. Por tanto la labor del Gobierno, conforme a lo dispuesto en la citada ley, consiste en colaborar con las comunidades autónomas, prestándoles el apoyo necesario tanto en prevención como en extinción. Los datos proporcionados por las comunidades autónomas sitúan el año 2017 como el tercero con mayor número de incendios de la última década. Pese a la eficacia demostrada por los medios de extinción y la excelente coordinación entre las comunidades autónomas y a la Administración General del Estado, los incendios forestales han supuesto, una vez más, una lacra social, ambiental y económica para las zonas afectadas.
He repetido en múltiples ocasiones que el impulso de la gestión forestal sostenible como herramienta fundamental de la política forestal ha sido y es el objetivo prioritario del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular en este ámbito. Recordarán sus señorías que han sido múltiples las iniciativas de mi grupo parlamentario para potenciar y poner en valor el sector forestal, sector fundamental en el medio rural y que posee enorme relevancia ante nuevos desafíos como la mitigación en el cambio climático, la activación socioeconómica en el entorno rural y el reto demográfico.
El Gobierno del Partido Popular ha impulsado la gestión forestal sostenible, entre otras actuaciones, a través del Plan de activación socioeconómica del sector forestal y de las modificaciones introducidas
en la Ley de Montes. Permítanme que les recuerde, señorías, que el citado plan dispone para el periodo 2014-2020 de un conjunto de ochenta y cinco medidas dirigidas a promover la actividad socioeconómica, encontrándose entre sus objetivos la diversificación económica del medio rural, el incremento del número de explotaciones ordenadas y gestionadas y el estímulo de la demanda de productos forestales.
Asimismo, las modificaciones introducidas en la Ley de Montes pretenden un doble objetivo. Por un lado, pretenden favorecer la agrupación de propietarios forestales e incentivar los planes de ordenación de los montes con diferentes incentivos, administrativos y económicos, estableciendo la posibilidad de que las comunidades autónomas aprueben unos modelos técnicos a los que pueden añadirse voluntariamente los propietarios forestales que cumplan con las condiciones que marquen las autoridades competentes, y por otro lado, movilizar los productos forestales, aprovechar económicamente y potenciar el efecto sumidero de nuestros montes. La gestión de los montes debe integrar los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de conservar el medio natural, al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y expectativas de la población rural.
Señorías, recuerden que un monte gestionado es un monte cuidado, lo que aporta mayor riqueza al mundo rural, pero, además, en un monte cuidado es más difícil que se produzcan incendios. En definitiva, las medidas de prevención de incendios forestales forman parte de la gestión forestal sostenible del monte y tienen como objetivo reducir el riesgo de inicio del fuego y, en su caso, la intensidad y la velocidad de su propagación, incidiendo en la protección de los montes mediante actuaciones de silvicultura preventiva que actúen sobre la acumulación, estructura y distribución espacial del combustible forestal, impidiendo la facilidad de iniciación y propagación y, en definitiva, disminuyendo la superficie final quemada.
Las medidas de prevención contra los incendios forestales están incluidas, básicamente, en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas y en el Programa Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En los primeros hay 2000 millones de euros destinados a medidas forestales, en especial las que tienen que ver con prevención de incendios y gestión forestal, con una importante aportación del ministerio. Asimismo, el Programa Nacional de Desarrollo Rural contiene medidas similares por valor de más de 67 millones de euros. En el actual periodo de programación del desarrollo rural se destina un 14 % más de fondos a las medidas forestales que en el periodo anterior, debido a los acuerdos del Gobierno con las comunidades autónomas para mejorar la dotación de esas medidas en todos los planes de desarrollo rural. Creemos que estos programas deben ser reforzados y coordinados para su mayor efectividad, con el único objetivo de evitar en la medida de lo posible los incendios forestales y sus efectos. Señorías, creemos que hay que dar un paso más y situar la prevención de incendios forestales en el centro de la política forestal.
Por todo ello, señorías, nuestra proposición no de ley insta al Gobierno, por un lado, a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia nacional de prevención de incendios forestales, que promueva de una manera más coordinada el uso y las actuaciones directas sobre los montes, aprovechando las sinergias entre ellas, y por otro lado, a impulsar proyectos innovadores en materia de lucha y prevención de los incendios forestales.
Termino, señorías, anticipándome a sus reiteradas críticas cuando es el Grupo Popular el autor de una propuesta. Mi grupo apoya, cómo no, al Gobierno, pero mi grupo -les recuerdo, señorías- tiene la misma legitimidad que todos ustedes para presentar iniciativas parlamentarias. Señorías, espero su voto afirmativo a la propuesta, ya que redundará sin duda alguna en beneficio de nuestros montes y en el mundo rural, ese mundo, al que todos los aquí presentes queremos potenciar.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra don José Juan Díaz Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: Muchísimas gracias, presidente.
Me ha llamado la atención que la señora De Lara, con un profundo conocimiento en esta materia por su larga experiencia, haya planteado este tema como si fuera una parlamentaria nueva y haya puesto el parche antes de que tengamos alguna herida. Para nosotros siempre este tema ha sido un debate constructivo, y a renglón seguido productivo. ¿Por qué digo todo esto? Se lo iré explicando en mi intervención. Me ha extrañado que empezara casi excusándose, por aquello de excusatio non petita, sin dar aclaraciones y haciendo recriminaciones al Partido Socialista particularmente y a otros grupos, así
como desviando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Yo tengo claro, como todos, dónde residen las competencias, pero usted ha planteado un debate nacional, lo cual me parece muy coherente. Hablaba de un debate productivo y constructivo. Esta propuesta apunta una novedad: la creación de una estrategia nacional frente a los incendios. Aunque también es verdad que tenemos abundantes herramientas legales de planificación, en nuestras enmiendas profundizamos en ello. De su iniciativa nos llama la atención -aun saludando esta iniciativa, por eso la apoyamos y solo hemos querido mejorarla- que frente a un relato amplio y preciso como el que ha hecho en su intervención, no hayan llegado en la parte escrita a una parte propositiva profunda. ¿Qué ocurre? Ustedes presentaron esta propuesta el 30 de octubre de 2017. La política tiene muchas capas de lectura. Me da la impresión de que ustedes la presentaron en un momento de apuros porque estaba ocurriendo particularmente una serie de incendios en Galicia -también en Castilla y León y en Asturias-, donde ustedes tienen un presidente apoyado lógicamente por la ciudadanía gallega, pero que cuando estaba en la oposición parece que tenía un discurso beligerante contra el Gobierno anterior y ahora ha cambiado de posición.
Estamos ante un tema clave en dos sentidos para el futuro, que requiere la coordinación de todas las administraciones y de la cooperación de la ciudadanía, y cómo no de todos aquellos que representamos a la ciudadanía. Las claves son el abandono del medio rural y el cambio climático. ¿Qué hemos querido hacer nosotros en este debate parlamentario? Pues hacer posible hoy lo que tenía que haber sido necesario después de un año de estar en esta Comisión. El 16 de noviembre se aprobó una moción en el Pleno de este Congreso, con unos puntos muy parecidos a los que hemos planteado en las enmiendas. Por otra parte, el 7 de noviembre aprobamos una proposición no de ley promovida por el Partido Socialista y también se produjeron debates en el Senado y en este mismo Congreso. Por todo ello parecería lógico que llegaran ustedes aquí con una propuesta más completa, esa parte productiva de la que les hablo y no solo con el aspecto constructivo de la cooperación, que además ha sido extraordinaria. No hay que cansarse de repetir la extraordinaria labor de esa Unidad Militar de Emergencias, que también en su tiempo fue criticada por su partido, aunque parece que posteriormente han reconocido que fue un acierto, en combinación con las brigadas y los operativos de las distintas comunidades autónomas.
¿Qué queremos entonces? Básicamente resumo nuestras enmiendas. Que aquellos acuerdos de hace un año se cumplan, más allá del momento conflictivo y complicado, de preocupación incluso política por lo que estaba pasando en nuestro país, particularmente en Galicia. En un solo año, en 2017 -quiero dar el dato porque me parece que tiene que ser el punto de partida para tener actitud constructiva-, se han quemado 178.436 hectáreas en 2017. Pero más preocupante que eso -usted y yo hemos tenido un debate hace unos meses en las zonas interfase- es que cincuenta y seis de estos incendios han sido grandes incendios -uno de ellos lo padecimos en mi tierra, en el entorno de Doñana-, frente a una media de veinte en una década. Es decir, está pasando algo que tiene que ver con el cambio climático y con el abandono, las dos claves fundamentales del medio rural. Por tanto, hay que mejorar los aspectos de la Ley de Montes que tienen que ver con la creación de riqueza en el medio forestal -usted que manifiesta que tanto se preocupa por la política forestal-. Hagamos posible que la gente no solo viva en el medio forestal, sino que viva del medio forestal. Eso requiere hacer cambios en la Ley de Montes. Se necesitan cambios también para actualizar el plan forestal que promovieron ustedes para el año 2002-2032. Hemos pasado el ecuador, es conveniente que hagamos una revisión sobre todo por los datos que nos ofrece el cambio climático -vuelvo a este tema, pero no por mi condición de presidente de esa Comisión en el Congreso-. Ahora mismo es una amenaza cierta ante la que hay que posicionarse.
En cuanto a esa España que se está abandonando en el medio rural, tenemos otro instrumento que es la Ley de Desarrollo Rural que se planteó en el año 2007 y que de alguna manera -permítame un juicio de valor- ustedes devalúan en el año 2012. Por tanto, tenemos ese plan forestal, tenemos estrategias contra los incendios, tenemos la Ley de Montes y tenemos la Ley de Desarrollo Rural de 2007. Con estas enmiendas pedimos que actualizar estos instrumentos.
Quiero referirme a dos cuestiones -iré terminando, presidente, no quiero consumir más tiempo de la cuenta-. En primer lugar, quiero mencionar al personal que se dedica a la extinción de incendios. No me gusta presumir de nada, pero parece que se ha hecho bien en este tema en la comunidad a la que pertenezco, la Comunidad de Andalucía. Allí el personal dedicado a los incendios empieza a trabajar el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ese operativo, que antes eran temporales, ha llegado a convertirse como hemos vivido recientemente en un operativo que también sabe combatir estas vicisitudes climatológicas. En ese sentido, otras comunidades autónomas pueden ir hacia esa opción que tomó
Andalucía, para que durante todo el año tengamos buenas condiciones en nuestro medio natural. Por un lado, reivindiquemos esa España rural donde sea posible la creación de riqueza si mejoramos estos instrumentos tenemos, y por otro, tomémonos muy en serio las amenazas y los efectos, que ya están aquí, del cambio climático.
Termino, presidente. Señora De Lara, la parte productiva de la que le hablaba -no la constructiva, aunque quiero serlo hasta el final- se nota en los presupuestos. Ustedes acaban de presentar unos presupuestos donde el cambio climático vuelve a bajar otro 20 %, cuando ya habían bajado un 40 % el año anterior. Estamos en menos de la mitad de inversión que en el año 2011, cuando había crisis, pero había otro Gobierno. Hay un largo etcétera de cifras que no voy a desmenuzar porque no toca hoy el debate de presupuestos. Yo me acordé de San Juan de la Cruz leyendo su iniciativa, cuando a la hora de la verdad la proposición se queda en "quedéme y olvidéme". Ustedes se quedaron ahí, en la literatura, pero a la hora de poner las cifras, de comprometerse o comprometer a su Gobierno, pues nada, solo se quedaron en la retórica. Yo tomo a bien esa iniciativa de una estrategia nacional, pero en serio, de verdad y profundamente, como diría San Juan de la Cruz también "vayamos más adentro en la espesura de los problemas", no nos quedemos solo en la superficie. Me ha venido muy bien lo de San Juan de la Cruz porque es un hombre profundamente vinculado al medio rural y como es santo también, a ver si nos echa una mano.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Juan Díaz Trillo, presidente -es evidente, no puede ocultarlo- de la Comisión de Cambio Climático (El Señor Díaz Trillo: Noble condición), aunque intervenga en la Comisión de Agricultura.
Doña María Teresa de Lara, simplemente a los efectos de si acepta o no la enmienda del Grupo Socialista.
No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista por dos razones. En primer lugar, si usted ha leído nuestra iniciativa proponemos que sea el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas el que fije esa estrategia. En segundo lugar, podría estar de acuerdo en muchos puntos de su iniciativa, pero con ello haría una iniciativa que no tiene en este caso nada que ver con este tema, porque muchas de las cosas que usted propone -desde mi punto de vista buenas- en política forestal no se adaptan a la iniciativa. (La señora Pastor Muñoz: Es solo para decir sí o no.-Rumores).
Respecto a lo que ha dicho de la Junta de Andalucía debo decirle que las BRIF, Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales del ministerio...
El señor PRESIDENTE: Usted sabe que este turno solo es para decir si acepta o no la enmienda del representante del Grupo Socialista.
La señora DE LARA CARBÓ: No la acepto, por lo que he indicado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Todavía están a tiempo de hacer una transaccional, les queda tiempo.
¿Grupos que desean intervenir respecto a esta iniciativa? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Luis Salvador.
Como el señor Díaz Trillo ha hecho alusión al concepto de la intervención más allá del contenido, yo diré también brevemente que esto no va de PP-PSOE o PSOE-PP, o de quién tiene la responsabilidad de Gobierno y qué hiciste tú el último verano, esto va de ver si somos capaces de atajar el problema, si las medidas que estamos tomando son más o menos eficaces y qué podemos aportar para intentar mejorarlo. Es recurrente que cada intervención, siempre dependiendo de si el proponente está en el Gobierno o en la oposición, sea diferente cuando el discurso solo tiene que ser uno. Tampoco he entendido que la proponente nos reproche al resto de los grupos no sé qué mala intención en este tema o en el conjunto de los temas. Está clarísimo que este verano hemos tenido un verano bastante grave, con relación a poder atajar los incendios en este momento. Los datos del Mapama, como bien ha dicho la proponente, son demoledores en este instante. Se han visto afectadas 66 839 hectáreas de superficie arbolada
y 178 234 hectáreas de superficie forestal, es decir, más de un 145 % de la primera y un 94 % en la segunda. El resto de los datos los ha dado la proponente. Los incendios que han llamado la atención evidentemente lo han sido por superar las 500 hectáreas forestales: el de Ponteareas en Pontevedra con casi 9000 hectáreas, el de Melón de Ourense con casi 6000, el de Encinedo en León con casi 10 000 hectáreas y el de Moguer en Huelva, que sufrimos en Andalucía, con más de 7500 hectáreas. Por tanto, algo no se está haciendo bien, o no estamos consiguiendo ser suficientemente eficaces para poder solucionar este problema. Por eso nosotros compartimos parte de lo expuesto con el anterior interviniente -hemos presentado algún tipo de iniciativa en este sentido-, sobre la importancia que hay que darle al mundo rural y al mundo forestal para fomentar su capacidad de desarrollo, ya que buena parte de este incremento de incendios pueden tener su origen en la despoblación del mundo rural, por no tener una economía que se active para que la gente pueda vivir de ello y tengan un mayor cuidado del entorno.
De hecho, recientemente se ha aprobado una proposición no de ley sobre medidas para revertir el proceso de despoblación en España y potenciar el mundo rural e incluso en 2016 -es verdad que con 19 votos a favor y 18 abstenciones, seguramente por el grupo proponente y el que está enfrente- se aprobó otra propuesta sobre el fomento de la agricultura en la ganadería de montaña y el aprovechamiento de la biomasa como herramientas para la prevención de incendios. Entendemos que es fundamental cuidar el mundo rural y hay que prestar atención, aunque no sea presidente de la Comisión del Cambio Climático, al cambio climático porque es una fórmula que en este momento nos dará el resultado. Por eso vamos a votar favorablemente esta propuesta.
En nombre del Grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra doña Rosana Pastor.
Los incendios forestales -ya lo dijo nuestro grupo a principios del verano en la comparecencia que solicitamos a la señora ministra de Agricultura- son el síntoma de una enfermedad que arrastra desde hace décadas el mundo rural y los montes. El cambio climático y las graves carencias en las políticas forestales y el desarrollo rural nos condenan a sufrir incendios cada vez más grandes y destructivos. Los incendios forestales están adquiriendo una complejidad de extinción en aumento, motivada fundamentalmente por lo que se conoce como la paradoja de la extinción, paradoja que está asentada sobre tres pilares: potentes dispositivos de extinción, la gestión que se hace del territorio y el cambio climático. Sin embargo, cabe recordar que en materia de cambio climático el Gobierno del PP, que propone esta medida, reduce este año en los Presupuestos Generales del Estado un 20 % la estrategia para luchar contra el cambio climático. Es paradójica la posición del Gobierno en este tema y del grupo proponente, el Partido Popular.
Existe un consenso técnico y científico de que únicamente podremos hacer frente a los incendios forestales entendiendo la prevención como la consecuencia de bosques vivos, generadores de empleo y riqueza en las comarcas rurales. Sin embargo, a pesar de que los montes españoles ofrecen excelentes posibilidades para ello, las escasas inversiones por parte del Gobierno, su poca rentabilidad y los insuficientes apoyos institucionales han motivado un paulatino abandono con muestras del alarmante estado de conservación y con un riesgo creciente de incendios forestales. Solo hay que recordar que un 12,2 % de la superficie forestal se encuentra sujeta a un proyecto de ordenación forestal, o a un plan técnico de gestión, mientras los presupuestos para la puesta en valor del monte apenas suponen un 2 % y un 6 % del paquete forestal.
No cabe cargar la responsabilidad sobre los hombros de las comunidades autónomas. El Gobierno, el Ministerio de Agricultura, tiene una gran responsabilidad, empezando por la última reflexión referida a la importancia de las medidas incluidas en el segundo pilar de la PAC. La realidad es que a pesar de que desde Europa se apostaba por una gestión forestal sostenible como una de las prioridades del desarrollo rural, lo cierto es que se ha producido una ligera reducción en el presupuesto destinado a medidas forestales. Solo hablando del Programa de Desarrollo Rural Nacional, del cual sí es responsable el Ministerio de Agricultura, el porcentaje de gasto que se destina al paquete forestal es tan solo de un 6 %, es decir, nueve puntos por debajo de la media del resto de los países de la Unión Europea. Si hacemos un análisis del Programa de Desarrollo Rural Nacional, muestra importantes deficiencias en materia de política forestal. Si bien se incrementan los fondos de prevención, se trata de una prevención pasiva que apuesta por priorizar las infraestructuras de cara a la extinción de incendios, facilitando los medios una vez que el incendio se ha producido pero no en prevenirlos. Sabiendo que el mayor número de incendios
son provocados, este plan no apuesta en ningún caso por actuaciones para prevenir este factor, como pueden ser programas de mediación o diálogo que busque poner de acuerdo a los diferentes actores implicados. Otro tema importante es que el 67 % de la superficie forestal es de titularidad privada. Por tanto, entendemos que dejar fuera de las inversiones a las superficies forestales privadas, incluyendo solo las públicas, es incoherente y absolutamente insuficiente para atajar los incendios.
La creación de mosaicos agroforestales se reconoce como muy eficaz en la lucha contra los incendios. Sin embargo, ustedes, el Gobierno y el Partido Popular, promueven el modelo de plantación forestal y no ponen ningún refuerzo en controlar la expansión del monocultivo de eucalipto. Les aporto algunos datos. La mayor parte de los grandes incendios forestales afectan a masas forestales procedentes de repoblaciones en un 42 % y a zonas de monte bajo o matorral abandonado. Además, un 48,4 % afecta a la vegetación artificial, o lo que podemos llamar plantaciones forestales, y un 36 % a zonas naturales degradadas. La verdad es que pensamos que la propuesta que hacen se queda corta, es una propuesta que se nota que está hecha al calor de los grandes incendios que hubo en Galicia el año pasado en octubre de 2017. Además, pensamos que el Programa de Desarrollo Rural establece para acceder a las inversiones para la realización de tratamientos preventivos una declaración de impacto de zonas de alto o medio riesgo, que ese sí que es un programa que hay que pactar con las comunidades autónomas, aunque en la mayoría de los casos no se ha llevado a cabo. Entendemos que la Ley de Montes exige que las comunidades identifiquen y declaren estas zonas, es evidente que esa regulación, esa coordinación compete al Gobierno. Al igual que también compete al Gobierno la garantía de aplicación, y por tanto también al ministerio, del trabajo que es materia del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, así como la aplicación de la Ley de Desarrollo del Medio Rural de 2007.
No entendemos, por tanto, esta iniciativa. El Gobierno y el Partido Popular que lo sustenta tienen en sus manos los elementos, las herramientas para luchar y atajar de verdad la problemática de los incendios, cuidando el mundo rural, favoreciendo su desarrollo, luchando contra la despoblación. Sin embargo, no vemos nada de eso en estas medidas que nos proponen y por tanto vemos muy difícil apoyar la iniciativa que nos plantea el Partido Popular.
¿Algún otro grupo desea intervenir? (Denegaciones). Muy bien.
- RELATIVA AL IMPULSO DEL PROYECTO DENOMINADO "ACONDICIONAMIENTO DEL BORDE LITORAL ENTRE PUERTO DEL ROSARIO Y PLAYA BLANCA, 2.ª FASE" (FUERTEVENTURA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002686).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar el 4.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa al impulso del proyecto denominado Acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, 2.ª fase, en Fuerteventura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Celia Alberto.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para pedirles su apoyo a la iniciativa que hemos presentado en la que instamos al Gobierno que se proceda a buscar colaboración interadministrativa, a fin de ejecutar la segunda fase del proyecto de acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, en la isla de Fuerteventura. Para todos aquellos que aún no tengan la suerte de conocer la isla donde nací, les traslado que Puerto del Rosario es el municipio que acoge la capital administrativa de la isla de Fuerteventura. Como tal esta ciudad es referente comercial, industrial, cultural y de ocio, al ser uno de los núcleos más poblados de todo el territorio insular, además de ser el lugar donde se ubican tanto el puerto de interés general como el aeropuerto, por el que llegaron en el año 2016 más de 3 200 000 turistas a la isla. En la actualidad cuenta con una avenida que se abre al mar y con un tramo de paseo que recorre una parte importante de la ciudad, pero que actualmente tiene un tramo de avenida inacabado que podría permitir llegar a Playa Blanca caminando en pocos minutos, donde se ubica una playa de 800 metros de arena fina y dorada.
El Gobierno del Partido Popular durante la X Legislatura, a través de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, impulsó un proyecto que finalmente fue redactado en noviembre
de 2016, por la Demarcación de Costas de Canarias con asistencia técnica externa, cuyo presupuesto inicial asciende a 2 943 000 euros. Tal y como les he trasladado en la exposición de motivos de esta iniciativa este proyecto define un paseo peatonal de 1500 metros de longitud y 6 metros de ancho mínimo desde el denominado Barranco del Negrito hasta el final de Playa de Blanca donde se encuentra el antiguo parador de turismo, como continuación del ya existente, que fue ejecutado por la Dirección General de Costas en el año 2003 y que va desde donde se encontraron las antiguas instalaciones de La Disa hasta el referido Barranco del Negrito, de gran uso ciudadano. En el mencionado proyecto, además del paseo peatonal, se establece una serie de accesos al litoral o a la playa y jardinería para ornamentar la zona de paseo.
Con el fin de poder estar en disposición de ejecutar este paseo la Dirección General de Costas ha ido expropiando a lo largo de estos años la franja de terrenos privados necesaria con un coste total para la Administración General del Estado de 1 727 219 euros. Por lo tanto, los terrenos necesarios para la ejecución de este paseo se encuentran actualmente disponibles para comenzar con el proyecto.
Hay que recordar que, a pesar de haberse sufragado el coste de la expropiación de los terrenos por parte de la Administración General del Estado y de que los indicadores económicos han ido mejorando a lo largo de estos años, los recursos con los que cuenta la Dirección General de Costas siguen siendo limitados, y, teniendo en cuenta la enorme cantidad de kilómetros de costa con que afortunadamente cuenta nuestro país, deben priorizarse los recursos, destinándolos en primer lugar a combatir los efectos de la erosión y a aquellas actuaciones que presentan un mercado carácter medioambiental. Es por ello por lo que venimos a proponer una fórmula de colaboración que ha funcionado razonablemente bien en el pasado y fue traída a esta misma Cámara por el Grupo Parlamentario Popular durante la X Legislatura para la regeneración de una playa, mediante la cofinanciación por parte de la Administración General del Estado y el cabildo insular, también en la isla de Fuerteventura.
Atendiendo a este precedente y a las declaraciones públicamente realizadas por corporaciones como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura sobre el interés de que este proyecto pueda llegar a ser ejecutado, nos parece acertada la propuesta que registró el Grupo Parlamentario Popular a primeros del pasado mes de diciembre, que tiende a buscar una fórmula de colaboración para la cofinanciación y ejecución de este proyecto entre la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura. No hay que olvidar que como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado actualmente prorrogados la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con una buena dotación de fondos, susceptible de aplicarse a obras de interés prioritario, como la que les he trasladado. Concretamente, hay que resaltar la disponibilidad actual del Fondo de Desarrollo de Canarias, el FDCAN, que, tras el estudio de fiscalización pertinente, podría ser susceptible de aplicarse a la ejecución de este proyecto a través del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Me gustaría trasladar que, a pesar de que esta iniciativa fue registrada a principios del mes de diciembre, nos consta que desde el comienzos de este año se han ido sucediendo los contactos a tres bandas entre la Dirección General de Costas, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura para tratar de buscar un acuerdo mediante convenio en el que la Administración General del Estado aporte el valor de los terrenos privados expropiados para la ejecución de este proyecto y las administraciones locales aporten el valor de la ejecución de la obra. Entendemos que resulta de especial interés para un municipio como el de Puerto del Rosario aportar mayor valor añadido a su atractivo a través de la finalización de un paseo que lleve hasta la mítica Playa Blanca, ubicada en la capital de Fuerteventura, que puede constituir un reclamo turístico adicional y, sobre todo y lo más importante para nosotros, una mejora en las condiciones de la capital insular, para uso y disfrute de todos los vecinos y ciudadanos de Puerto del Rosario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Celia Alberto.
A esta iniciativa se ha presentado enmienda por parte del Grupo de Unidos Podemos. Tiene la palabra doña Rosana Pastor.
Nuestro posicionamiento es el siguiente. La fase segunda de acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca es uno de esos proyectos que toda la población de Puerto del Rosario
espera ver culminado desde hace años, en concreto desde que en 2003 se ejecutó la primera de ellas, hasta el paraje conocido como Barranco del Negrito.
El 21 de febrero de 2018 ya anunciaba la prensa majorera que la diputada del Partido Popular defendería una PNL para impulsar un acuerdo entre instituciones. El tema es que parece que a fecha de hoy el acuerdo ya se ha producido y, por tanto, creemos que ustedes no están impulsando nada concreto con ella. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular ya recibieron la propuesta de acuerdo y parece ser que la financiación está disponible con cargo al FDCAN.
Sin embargo y a pesar de que es un proyecto compartido por toda la ciudadanía, las diversas asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas e, incluso, asociaciones empresariales echan de menos en el proyecto cuestiones que parecen esenciales a este tipo de obra. De nuevo, estos proyectos parece que se diseñan desde los despachos políticos y no se cuenta con la opinión de la ciudadanía. Nos estamos refiriendo concretamente y en primer lugar a que parece inconcebible que en un proyecto de este tipo y con las características orográficas del litoral por donde transcurre no lleve incorporado un carril para bicicletas específico. Creemos que fomentar el uso de la bicicleta en este tipo de espacios cumple múltiples funciones: descongestiona el tráfico rodado, limita las aglomeraciones de vehículos y favorece las prácticas más sostenibles, buscando impulsar otra idea del uso turístico. En segundo lugar, creemos que el proyecto no incorpora en su diseño suficientes accesos y, sobre todo, no contempla la accesibilidad para todo tipo de situaciones personales; es muy importante la accesibilidad.
En tercer lugar, lo que nos resulta sorprendente es que el Ministerio y, en concreto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar no hayan incorporado a su actuación, entre las obras de infraestructura que se desarrollan en todo el litoral de nuestras costas, la integración de las necesarias actuaciones de sostenibilidad; una vez más, la sostenibilidad. Estas mismas costas y la sostenibilidad aparecen reflejadas en la Estrategia de adaptación al cambio climático de la costa española. Siempre acabamos olvidando el cambio climático, y es mucho más que una amenaza. El cambio climático ya está aquí, no podemos pasarlo por alto. Y esta Estrategia de adaptación al cambio climático está aprobada por la Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en la cual se recomienda que las actuaciones en costas vengan acompañadas de actuaciones de conservación del litoral.
Por tanto, la aprobación de este proyecto hubiera sido un motivo de excepcional interés para acometer la restauración ecológica de esta zona. Nos referimos a toda la zona de sebadal, formación de vegetales, plantas marinas de aspecto filamentoso enraizadas en el fondo marino, entre los diez y los treinta metros de profundidad aproximadamente, en zonas de aguas tranquilas, típico de aguas canarias, que mantienen el equilibrio de los ecosistemas litorales. Situada al norte de la localidad Puerto del Rosario, muestra una fragmentación y, básicamente, está a parches. Probablemente ha sufrido alteraciones, debidas a las obras de construcción y ampliación del puerto y a las excesivas recargas de arena de las zonas colindantes. Este tipo de situaciones se pueden corregir con restauraciones de sebadal, es decir, con repoblaciones que pueden ser anexas a proyectos del tipo que ustedes hoy nos presentan. Playa Blanca está galardonada con una bandera azul y, si los majoreros quieren seguir disfrutando de esa declaración, harían bien en exigir a la Dirección de Costas que, además de invertir en el paseo del litoral, se proteja el ecosistema, que permite disfrutar de ese maravilloso lugar.
Venimos a decirles simplemente que es hora de que este tipo de proyectos importantes desde el punto de vista social y económico estén integrados en las estrategias de conservación del litoral y de la costa, buscando integrar actuaciones de infraestructura física y de conservación del medio natural. Votaremos a favor, pero esperamos que ustedes acepten nuestras dos enmiendas, que consideramos que mejoran notablemente y completan la proposición que nos presentan.
En nombre del Grupo Socialista, que es el autor de otra enmienda, tiene la palabra don Sebastián Franquis Vera.
La verdad es que la proponente de la PNL -y se lo digo con absoluto cariño- ha contado una parte de la verdad de lo que ha ocurrido con este expediente. Se lo digo porque además he participado en él. He tenido reuniones con el jefe de Costas de Las Palmas precisamente porque es un asunto que estaba absolutamente bloqueado y paralizado. En el año 2016 se produce oficialmente el primer encuentro entre
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el Cabildo y la Dirección General de Costas del Gobierno de España. Y se informa por parte de Costas que ya se habían acabado las expropiaciones y además se estaba modificando el proyecto, porque inicialmente había salido caro, en torno a los cuatro millones de euros, y lo iban a reducir a 2,5 millones. Hablamos de febrero de 2016. Pasa el tiempo, en verano se comunica por parte de Costas al ayuntamiento y al cabildo que se modifica el proyecto, el definitivo, y a partir de ese momento se hacen algunas modificaciones de muy poca importancia que luego remiten el ayuntamiento y el cabildo otra vez a la Dirección General de Costas. Para no cansarles con fechas, pasa casi año y medio y en septiembre de 2017 el que les habla tiene una reunión con el jefe de Demarcación de Costas de Las Palmas, puesto que no había habido ninguna comunicación por parte de la Dirección General de Costas con el cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, explicando que ya había financiación, porque se había dicho a la Dirección General de Costas que el ayuntamiento y el cabildo se comprometían a financiarlo a través del FDCAN, que, como saben ustedes, es un fondo de la comunidad autónoma, conjuntamente con el cabildo. Por tanto, estaban los terrenos, había proyecto y había financiación para llevarlo a cabo. Hablo de septiembre de 2017. Y el fin de esa reunión era que el ayuntamiento y el cabildo prepararían un borrador de convenio, convenio que se envía un mes después a la Dirección General de Costas, un convenio que ha estado en la Dirección General de Costas tres meses: lo han respondido en enero de este año. Curiosamente, han respondido esperando a que ustedes presentaran esta proposición no de ley, que lo hicieron en diciembre, para que al final el acuerdo definitivo tuviera algo que ver con ella.
Señorías, creo que hay que ser serios, primero, con el pueblo majorero y, segundo, con el cabildo y con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que llevan dos años trabajando por este asunto, dos años para que haya un convenio, para poner en marcha este proyecto. Ahora ustedes se descuelgan con una proposición no de ley diciendo a la Dirección General de Costas que estudie no se qué instrumento administrativo para llevar a cabo estas obras, porque con el esfuerzo que ha hecho el Gobierno pagando las expropiaciones, como los recursos son limitados, no puede pagar las obras; dos años después. Señorías, el convenio está hecho. Este es el convenio. (Muestra un documento). Está en la mesa de la Dirección General de Costas desde hace tres meses. Y es más fácil que usted llame a la directora general de Costas y le diga que firme el convenio, es más fácil que traer aquí una proposición no de ley y quedar muy bien. ¿De qué sirve eso si el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura llevan esperando desde hace dos años y medio a que se concrete un convenio por el que a Costas -insisto- se va a financiar a través de los recursos de la comunidad autónoma y del Cabildo Insular de Fuerteventura? Por eso hemos presentado una enmienda que dice claramente que se firme el convenio antes de que acabe el mes de mayo de este año. Está el convenio: fírmelo, es lo que tiene que hacer. Están los recursos, que los pagan las administraciones públicas canarias, está el proyecto, están los terrenos; solo hay que firmar el convenio, fírmelo. ¿Tanto cuesta por parte de la Dirección General de Costas firmar el convenio? Hable usted con la responsable, con la directora general de Costas, la señora Raquel Orts Nebot, para que firme el convenio. Solamente con eso se pone en marcha la obra. Respetamos lo que han hecho las administraciones públicas canarias y, lógicamente, respetamos una aspiración legítima de los ciudadanos, y, especialmente, de los ciudadanos de Puerto del Rosario, que quieren ver acabado ese tramo del paseo marítimo de Playa Blanca. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso nos sorprende muchísimo esta iniciativa. Usted no dice nada de lo que ya se ha hecho. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con el alcalde o el concejal de Puerto del Rosario? ¿Cuántas veces se han reunido con los responsables del Cabildo de Fuerteventura? ¿Cuántas veces? Si se hubieran reunido con ellos, no hubiesen traído hoy esta propuesta, sin duda. Hubieran ido a hablar con la directora general de Costas para que firmara este convenio.
Desde luego, espero que acepten la enmienda, que solo dice que estamos de acuerdo con lo propuesto pero que firmen este documento antes de que finalice el mes de mayo, entre otras cosas porque los recursos destinados para financiar esta obra se agotan en el plazo. Si no empieza a adjudicarse ya, se van a perder esos fondos de la comunidad autónoma. Hay fecha concreta en el convenio firmado con el Gobierno de Canarias y el cabildo para que se pueda llevar a cabo. Por eso es tan importante que se firme el convenio. Por eso no hay que plantear aquí que se estudie, sino que se firme el convenio. Está aquí, señoría; que se firme por la persona que lo tiene que firmar. Usted solo tiene que llamarle por teléfono. El tiempo que ha dedicado a defender esta moción empléelo en hablar con la directora general para que firme este convenio, en el que están de acuerdo las administraciones de la isla de Fuerteventura,
el ayuntamiento y el cabildo. Por eso nos parece sorprendente esta iniciativa y pedimos que se acepte la enmienda, que solo busca que sea un convenio y se firme antes de finalizar el mes de mayo de este año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Sebastián Franquis Vera.
Doña Celia Alberto, a los solos efectos de saber si va a aceptar las enmiendas que han planteado los diversos grupos o si van a ser objeto de una transaccional.
La señora ALBERTO PÉREZ: Lo trasladaremos a la Mesa con posterioridad.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Cuando ustedes tengan una transaccional, si es que llegan a acuerdo, les ruego que se la faciliten a la Mesa.
Tiene la palabra don Saúl Ramírez Freire, por el Grupo Ciudadanos.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente. Seré muy breve.
Estamos ante una propuesta no legislativa del Partido Popular de las denominadas a beneficio del inventario. Ya saben claramente que va a ser apoyada, porque además, como bien ha relatado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, ya está el convenio sobre la mesa de la directora general de Costas. Es de aquellas PNL que hacen para salir en la foto, para lograr un titular diciendo que han conseguido algo que ya estaba conseguido previamente. Debo decirle que, desde luego, voy a apoyar esta PNL. Me parece lógico además que los portenses quieran ver acabado ese paseo marítimo que puede conectar con un sitio idílico del litoral majorero como es Playa Blanca. Los dos lo conocemos perfectamente, es una de las playas más bonitas que tiene la isla, ¡y mire que tiene playas bonitas la isla de Fuerteventura! Pero déjeme que le diga que estoy en desacuerdo en su falta de capacidad de acuerdo como partido. Dice usted que la Dirección de Costas -y se ha querido poner la medalla en su exposición-, dependiente del Gobierno del Partido Popular, había conseguido y había consignado fondos para hacer esas expropiaciones -es cierto-, pero también le digo que con el tiempo pasado se podría haber solicitado esa firma por parte de la directora de Costas para que hoy en día, habiendo fondos y habiendo proyecto, se pudiera desarrollar con mayor celeridad lo que a todas luces es una infraestructura fundamental para los ciudadanos de Puerto del Rosario.
Le voy a decir en lo que sí estoy de acuerdo con su propuesta no legislativa: por supuesto, en que es necesaria una colaboración entre las distintas administraciones implicadas; está claro que no solo la Dirección de Costas, sino también el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que tienen toda la disposición del mundo para poder desarrollar y acabar de una vez por todas este proyecto. Y le voy a decir con lo que también estoy de acuerdo, y es con que hay dos planes. No solo está el FDCAN, que es el que incluye usted en su propuesta; también está el PITCAN. Como usted sabe, hay un plan de infraestructuras turísticas de Canarias, que también está dotado con fondos del Estado y para el que en este proyecto de ley de presupuestos de 2018 se incluyen quince millones. Por tanto, de ahí también se puede obtener esa partida. Pero ya sabemos que en el FDCAN hay fondos suficientes para acabar la obra. Fue dotado con 19,4 millones para la isla de Fuerteventura. Hay disposición del Cabildo de Fuerteventura, hay disposición por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y entiendo que hay disposición por parte de la Dirección de Costas. Por tanto, solo queda una cosa, y es que lo ejecuten.
Déjeme que le diga que echamos en falta un par cosas, en la línea de lo que comentaba la portavoz de Unidos Podemos. Sí creemos que estas áreas de recreo periurbanas, como de la que estamos hablando, son ideales para fomentar la concienciación y la educación ambiental, y echamos de menos que en ese proyecto existan paneles, infraestructuras o un centro de interpretación para informar sobre la flora y fauna costera de Fuerteventura, que es muy rica, como usted bien sabe, y sobre la fauna marina, acerca de la que a quienes nos gusta hacer deportes acuáticos sabemos que vivimos en un paraíso.
Por tanto, apoyaremos su propuesta, eso sí, diciéndole claro que entendemos que se puede hacer de una forma muchísimo más rápida, sobre todo por el bien de los importantes, que son los ciudadanos del conjunto de Fuerteventura, pero, en especial, de los portenses.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Saúl Ramírez.
- SOBRE LA PROHIBICIÓN PROGRESIVA DE USO DE UTENSILIOS DESECHABLES DE PLÁSTICO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS AMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002722).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a la prohibición progresiva de uso de utensilios desechables de plástico, de acuerdo con los objetivos ambientales. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos y para su defensa tiene la palabra...
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Está llegando. Si no, la defiendo yo.
El señor PRESIDENTE: Tendrá que defenderla usted, señoría. Si me hubieran planteado un cambio en el orden del día... Pero esto ahora provoca indefensión al resto de grupos. Defiéndala usted mismo, señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: ¿Se podría pasar a la siguiente? ¿Alguien tiene inconveniente?
El señor PRESIDENTE: Señorías, si ningún grupo tiene inconveniente...
El señor HEREDIA DÍAZ: Sí, el Grupo Socialista tiene inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Entonces, señor López de Uralde, la tiene que defender usted.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: De acuerdo.
El plástico ha inundado nuestra vida diaria. En tan solo unas décadas ha pasado a estar omnipresente, en todo tipo de objetos y materiales. La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos cincuenta años y, en especial, en las últimas décadas. Se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900 % más que los niveles de 1980. La mayor parte de los plásticos se emplea en la fabricación de envases, es decir, en productos de un solo uso. Y al igual que su producción, el aumento de residuos de plástico se ha incrementado de forma dramática. En España el 50 % de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados, como consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono. Unos ocho millones de toneladas de plástico, equivalente al peso de ochocientas Torre Eiffel, o para cubrir treinta y cuatro veces la isla de Manhattan, o el peso de 4285 aviones Airbus A380, acaban en los mares y océanos anualmente, conformando el 60, 80 % de la basura marina, en su mayoría en forma de microplásticos.
El tiempo de degradación del plástico depende del tipo y de las condiciones ambientales a las que se expone: luz solar, oxígeno, agentes mecánicos. Según estudios, los cubiertos de plástico tardan cuatrocientos años en desaparecer y los vasos entre sesenta y cinco y setenta y cinco años, lo que los hace ser objetos altamente contaminantes. Para frenar la contaminación por plásticos es esencial tomar medidas en los puntos de origen de los residuos. La reducción en el consumo de plástico es responsabilidad de todos, de quienes fabrican el producto, de quienes lo consumen y de las administraciones que gestionan los residuos. En muchos países ya se están adoptando medidas para atajar este problema global. Son varios los países, como Francia, Marruecos, Senegal, Ruanda, Mauritania o China, que han implementado algún tipo de prohibición de uso de determinadas bolsas de plástico. En este sentido, la Unión Europea cuenta con la Directiva UE 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras, lo cual debería haber sido traspuesto antes del 27 de noviembre de 2016.
En este contexto, si bien el uso de utensilios de plástico desechables constituye solo una parte pequeña del problema en cuestión, su prohibición está siendo objeto de debate legislativo en diferentes países, y, concretamente, en Francia, con el objeto de resumir el consumo de energía de la industria procesadora de plástico y la contaminación causada por los plásticos desechados. El 30 de agosto de 2016 el Gobierno francés aprobó un decreto mediante el cual se prohíbe la venta y la distribución gratuita de útiles desechables fabricados con plástico a partir del año 2020. Con la aprobación de este decreto, Francia se convirtió en el primer país en prohibir los platos, vasos, tazas y cubiertos de plástico.
En las últimas décadas se ha descubierto un continente, se trata de un continente de plástico, millones de toneladas de basura a la deriva por nuestros océanos, una isla del tamaño de España, Alemania e Italia juntas, un auténtico basurero flotante, equiparable a un continente. Ese es el resultado de los plásticos de desecho de esta cultura de producción, consumo, desecho y contaminación masiva. Y este es el sentido de nuestra iniciativa: una decisión simple puede evitar toneladas de desechos no biodegradables, evitar, cuando menos, que nuestro consumo de utensilios de uso diario y masivo no suponga un daño irreparable a nuestro entorno natural y a la supervivencia de muchos seres vivos, incluidos los humanos. (Aplausos).
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Heredia.
Hace una semana aparecía muerto un cachalote en Cabo de Palos, en Murcia, con 29 kilos de plástico en su aparato digestivo. No es un caso aislado. Si no se adoptan medidas urgentes, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Nuestros mares se están ahogando en plástico. En los últimos años se han encontrado microplásticos que miden el ancho del cabello humano o menos en numerosos productos: miel, azúcar, marisco, agua embotellada o del grifo... Y cuantos más estudios se realizan más partículas de plástico encuentran los investigadores en el cuerpo humano, unas micropartículas de plástico que llueven sobre las ciudades y son lanzadas al aire desde automóviles, zonas de construcción, líneas de lavado y envases de alimentos. La producción mundial de plásticos se ha multiplicado por 20 desde los años 60, llegando a 322 millones de toneladas en 2015, y se va a volver a duplicar en los próximos 20 años. Sin embargo, la reutilización y el reciclado de plásticos son muy bajos. Y a ello se añaden los plásticos de uso único, es decir, envases pequeños, bolsas, vasos desechables, tapas, pajitas o cubiertos, productos de consumo que se desechan tras un uso breve y que rara vez se reciclan. Todo ello supone que enormes cantidades de residuos plásticos se filtran en tierra y en mar, generando un importante daño ambiental, pero también daños económicos a actividades como el turismo, la pesca o el transporte. A nivel mundial son ocho millones de plástico los que terminan en los océanos todos los años. Los microplásticos se acumulan en el mar y pueden ingresar también en la cadena alimenticia, con impactos aún desconocidos para la salud humana.
La Unión Europea está reclamando a los Estados miembros poder mejorar la gestión de los residuos y lograr los objetivos que marca la directiva. Así, Italia prohibió el uso de las bolsas de plástico en 2011, Francia hizo lo mismo en noviembre de 2016 y en agosto de ese mismo año aprobó una ley dirigida a prohibir la fabricación y el uso de vajillas y cubiertos desechables realizados íntegramente con plásticos. Sin embargo, nuestro país no es de los más adelantados en este campo, ni siquiera ha traspuesto la directiva comunitaria para reducir las bolsas de plástico ligero, que tenía que haber hecho antes de noviembre de 2016, ni ha aprobado el calendario de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable.
En ese marco, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda con siete puntos que amplía lo que propone el Grupo de Unidos Podemos. Evidentemente, desde el Grupo Socialista exigimos, en primer lugar, trasponer inmediatamente la citada directiva comunitaria, pero también mejorar el etiquetado de las toallitas húmedas, que están provocando un importante problema en cañerías, depuradoras y playas, y prohibir mensajes que induzcan al consumidor a considerar estos productos como sostenibles, biodegradables o similares al papel higiénico. Pedimos un plan nacional consensuado con medidas e incentivos para reducir el plástico no biodegradable de las principales fuentes primarias, apostando por la I+D+i y el ecodiseño, favoreciendo la prevención y el uso de envases reutilizables. Se necesitan ayudas económicas para fabricantes de productos plásticos afectados para su reconversión en productores de plásticos biodegradables, para mantener la actividad económica y el empleo, así como crear un grupo específico en el Ministerio de Medio Ambiente para abordar el problema del plástico. No basta con declarar la guerra a las botellas de plástico, las tazas de café o las microperlas que se encuentran en los cosméticos. Necesitamos con urgencia que el Gobierno diseñe un plan de acción para abordar la crisis de plásticos de forma exhaustiva. Es necesario reducir la producción del plástico y fomentar alternativas menos nocivas. Es necesario que se prohíban grupos enteros de sustancias químicas nocivas, en vez de ir prohibiendo algunas de ellas, una por una. Hay que ayudar a los consumidores a comprender a lo que están expuestos y explicarles qué se puede reciclar, compostar o quemar, porque devolver algunas botellas de plástico al contenedor amarillo ya no es suficiente.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra ahora don José Luis Martínez.
Se nos trae una PNL sobre el uso de los desechos plásticos, como hace aproximadamente año y medio fue vista otra en la Comisión de Cambio Climático, en concreto, el día 23 de noviembre de 2016, mucho más ambiciosa y comprometida que esta. Para mí, se rebaja el nivel de exigencia, y me sorprende que esta PNL la traiga Podemos, que fue uno de los grupos que apoyó aquella que presentó mi grupo y, en concreto, yo defendí. Por eso, me extraña bastante que se baje el nivel de reivindicación. Y en este sentido es por lo que hemos presentado la enmienda de mejora técnica, que espero que sea aprobada, aunque ya adelanto que de todas maneras votaremos a favor.
En España ya llevamos un enorme retraso en todo lo que se refiere a la lucha contra la contaminación por plásticos. Recientemente hemos conocido que se vuelve a retrasar sine die la trasposición de una directiva que data de 2015, como ha dicho el compañero del Grupo Socialista, y también se ignora el acuerdo de la Comisión de Cambio Climático del pasado 23 de noviembre de 2016, que fue aprobado -insisto- por amplia mayoría. Luego nos extrañamos de que este país sea campeón en apercibimiento medioambiental por parte de la Comisión Europea. El año pasado concluyó con treinta procedimientos abiertos, cuatro más que en 2016, y triplicamos la media de cualquier país europeo en cuanto a apercibimientos medioambientales. Se ha retrasado la normativa de cobro obligatorio prevista para el 1 de marzo de 2018 para las bolsas de plástico, sin fecha determinada, como digo, y todavía no se conoce fecha para el real decreto ni existe siquiera el dictamen previo y obligatorio del Consejo de Estado, creándose un enorme malestar y confusión en todo el sector comercial.
En cuanto a residuos plásticos, en España no vamos bien. Mientras que en el periodo 2012-2016 en Europa se reducían los plásticos en vertederos en un 20 %, por el contrario, en España han aumentado en un 4 %. Somos el país que más residuos plásticos desaprovecha, enviándolos a vertederos. Generamos 23 kilos por persona y año, un millón de toneladas al año, y solo reciclamos de todo esto que enviamos a vertederos el 46 %. Tiramos a vertederos residuos plásticos por valor de 1500 millones de euros, cantidad con la que se podría pagar la factura energética de un millón y medio de hogares en este país -para que nos demos cuenta de la magnitud de la locura que estamos cometiendo-.
En la historia, para datar los periodos de los que no existen registros escritos, vamos a la huella geológica. Así, hablamos de la Edad de Piedra, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro, en función de esa huella geológica y los registros que quedan. Pues bien, si tuviéramos que datar la época en que vivimos, indudablemente sería la edad del plástico. Este producto ha supuesto una auténtica revolución, porque es un material barato, fácil de fabricar, moldeable y de fácil transporte. Incluso, tiene su lado positivo. No podríamos pensar en haber ido a la Luna, en los avances producidos en medicina -pienso en viales y prótesis, por ejemplo- o en la agricultura intensiva sin el uso del plástico. Pero presenta un problema, que es su duración y su descomposición. Es una auténtica bomba ecológica. Utilizamos material muy duradero, es decir, puede durar en el medio ambiente entre cien y mil años, en función de la composición del tipo de plástico empleado para productos desechados, y esto supone un suicidio medioambiental. Tardamos cinco minutos en fabricar una bolsa de plástico, apenas tiene una vida media de doce minutos y dura cientos de años en el medio ambiente. El año pasado se generaron 335 millones de toneladas de plástico en el mundo y en Europa, 60 millones de toneladas. Pues bien, del total mundial, de los 335 millones, el 70 % no se recicla, acaba en vertederos o en el mar. Y el problema que tiene el plástico es que mata, mata por ingesta, mata por toxicidad, mata por asfixia y mata por atrapamiento. Mata a las aves, mata a los mamíferos marinos, como se ha dicho ya, mata al ganado y mata a las personas, porque al final terminamos consumiéndolo, porque forma parte de la cadena atrófica. Con tanto plástico en el mundo podríamos envolver en una piel al planeta, pero es una piel que ensucia, que asfixia, que contamina y que mata; en nuestras manos está cambiar esto. Hay países como Suiza, Alemania, Suecia y Dinamarca que están ganando la batalla a los plásticos, sus tasas de plásticos en vertederos solo suponen el 3 %, mientras que en España son del 46 %. Espero que la tan anunciada y esperada ley de cambio climático y el borrador de la futura estrategia de economía circular den un tratamiento a este uso de los plásticos irresponsable y descontrolado. En cualquier caso, como ya hemos dicho, aceptaremos la iniciativa y esperamos que se acepte nuestra enmienda.
Antes de proseguir, quisiera saber si el portavoz del grupo autor de la iniciativa acepta las enmiendas.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Señor presidente, vamos a proponer una transaccional que entregaremos a los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que cuando la tengan preparada la faciliten a la Mesa.
¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
Creo que esta es una problemática que, aunque hayamos tratado más de una vez, evidentemente sigue teniendo la importancia y la urgencia de la que todos somos conscientes. Sin duda alguna, todo lo que se ha dicho es una realidad, es verdad, y nadie de los que estamos aquí desconocemos o ignoramos la peligrosidad que hoy en día está causando esta problemática en la naturaleza. Como bien decía Juan Antonio López de Uralde, en estos momentos tenemos un continente más en mitad del Pacífico, incluso se ha llegado a decir que puede tener el tamaño de cuatro veces Francia. Yo no sé si se puede dimensionar lo que supone ver en el mar un continente del tamaño de cuatro veces Francia solo de plástico. Independientemente de ese nuevo continente que puede estar entre Hawái y California, en nuestro día a día tenemos pequeños continentes que de alguna manera están generando una distorsión en el medio ambiente. Dicho esto y siendo todos conscientes de lo que supone, tampoco vamos a echar todas las culpas al papel de los ciudadanos como consumidores como si fuera una responsabilidad única, porque cuando vas a un supermercado y quieres comprar ciertos productos, o los compras con el blíster en que vienen envasados o no hay otra opción. Evidentemente, esto supone el doble de peso, el doble de volumen y el doble de basura de la que generan los productos que se consumen, y al final uno piensa que ha llenado el doble del cubo de basura. Creo que es un elemento a tener en cuenta. Por otro lado, hay que considerar la industria plastificadora porque es parte de toda esta historia. Creo que debe ser un trabajo en común en el que podamos hacer coincidir y coordinar los intereses medioambientales, industriales, sociales, económicos y, antes de nada, la salud porque la contaminación que genera no es solamente sólida, también es una contaminación que está llegando a otra serie de elementos como el agua.
Dicho esto, apoyaremos esta proposición no de ley, aunque espero que la transacción contemple ciertas cuestiones y sea más que una declaración de intenciones, en la que digamos al Gobierno lo que puede y debe hacer. Nuestro compromiso ha de ser algo más que voluntarista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joseba Agirretxea.
Buenos días, señorías. Los grupos parlamentarios y, en concreto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea llega tarde con esta proposición no de ley, ya que al desconocer la enmienda transaccional nos tenemos que centrar en lo que se propone, que es impulsar las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el uso, comercialización, importación y exportación de utensilios de plástico de un solo uso, etcétera. Pues bien, el pasado día 5 de marzo -por eso digo que llegan ustedes tarde-, se celebró el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, y también deberían saber que el pasado 16 de enero de 2018, la Comisión Europea en el marco de su Plan de Acción para una Economía Circular presentó una estrategia sobre plásticos. En dicho Consejo del 5 de marzo, los ministros mantuvieron un cambio de impresiones sobre dos iniciativas de la Comisión en virtud del Plan de Acción para una Economía Circular al que hacía referencia. Las normas propuestas tienen por objeto limitar el impacto medioambiental negativo del plástico. En sus debates los ministros de Medio Ambiente se han centrado en los planteamientos para la promoción de un incremento sustancial del uso del plástico reciclado. Como decía el ministro de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Bulgaria, Neno Dimov, es necesario proteger nuestro ambiente de la contaminación por residuos de plástico. También es preciso proteger nuestros mares de las partículas microplásticas. Hoy hemos dado un primer paso muy importante hacia unos compromisos que nos permitirán cumplir nuestra promesa de proteger el medio ambiente y la salud de nuestra ciudadanía.
Ante el anuncio de la Comisión de poner en marcha un proceso de consulta pública sobre un posible instrumento jurídico para regular los productos de plástico de un solo uso, ¿qué ha hecho el Gobierno de España? Esperar a los resultados de esta encuesta que previsiblemente estarán disponibles el próximo mes de mayo. El Gobierno considera importante que la posible implantación de una propuesta legislativa de este calado se desarrolle a nivel europeo, pues por un lado evitará fragmentar y distorsionar el mercado europeo y, por otro, logrará que Europa se convierta en un referente para hacer más sostenible esta industria, arrastrando así a otros países. A la luz de lo anterior, se considera adecuado esperar a las conclusiones que se obtengan a nivel comunitario de dicha estrategia y análisis antes de adoptar medidas a nivel nacional sobre los utensilios de plástico de un solo uso. Pero no contentos con eso, la propia ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina, pedía en este Consejo de Ministros ambición a la Unión Europea para frenar el impacto ecológico del plástico. Ante esta espera, el Gobierno de España lo que ha hecho es tramitar paralelamente -estamos en la fase de tramitación con el visto bueno de la Unión Europea- un real decreto para suprimir a partir del año 2020 las bolsas de plástico que no sean compostables, es decir, todas las bolsas de plástico ligeras que no puedan degradarse y convertirse en compost. Este real decreto se va a publicar pronto, insisto, se encuentra en la última fase de tramitación. En consecuencia, ese real decreto no ha esperado a las propuestas de la Comisión, por lo que si la Comisión no lo acompaña con nuevas propuestas legislativas, España ya va a tomar medidas por su cuenta para evitar la presencia de plásticos en nuestro entorno natural, sea en la tierra o en los océanos, donde causa enormes daños. Para la elaboración de este real decreto hemos hablado con todos los sectores, incluso con el de la distribución que manifiesta su preocupación, pero nosotros entendemos que la reparación del daño que el plástico causa al medio ambiente es irrenunciable. Todos debemos apostar por el mejor medioambiente y el Gobierno tiene el compromiso de impulsar esa protección, con lo cual se va a prohibir el uso de los plásticos que no puedan degradarse en compost y se incluirá un porcentaje muy elevado de plástico reutilizado en su composición. Por lo tanto, no procede impulsar modificaciones legislativas porque, insisto, estamos en el último trámite de las mismas.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
- SOBRE EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA ESPECIE EXÓTICA INVASORA PLUMERO DE LA PAMPA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002818).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al control y erradicación de la especie exótica invasora plumero de la Pampa. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora López Ares.
Señorías, el plumero de la Pampa es una especie que llegó a Europa a finales del siglo XVIII, popularizándose a principios de siglo XIX como una planta ornamental que proviene de América del Sur. En primer lugar, es una planta con una gran capacidad para propagarse y que coloniza grandes extensiones de terreno, ya que por un lado aprovecha las ventajas competitivas frente a otras especies y, por otro, también aprovecha las ventajas que le proporciona el medio cuando se realizan determinas actuaciones por parte del ser humano. En segundo lugar, es una planta que tiene una gran resistencia, lo cual genera problemas para su eliminación. Además, el catedrático de la Universidad de Oviedo, el doctor don Tomás Díaz, afirma que es la planta invasora más peligrosa del mundo, ya que usurpa ecosistemas naturales alterando su funcionamiento. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, por eso yo he traído hoy unas imágenes para que vean lo que está suponiendo la extensión de esta planta invasora en el norte de España, en la zona de Cataluña, en Canarias, y también está empezando a colonizar el interior de nuestro país y la zona de Levante. (Muestra varias fotografías). Esta imagen es del verano en Asturias, en Cantabria o en el País Vasco con esta planta invasora. Vean esta imagen, esta imagen o esta otra. Estamos hablando, por tanto, de un elemento que es muy importante y que tiene unas consecuencias muy difíciles de suavizar o limitar.
Según el Catálogo español de especies exóticas invasoras, este plumero de la Pampa tiene consecuencias en el hábitat en que se introduce. En lo que concierne a España, su capacidad para invadir
riberas, zonas fluviales, dunas y colas de estuarios, la convierte en una especie muy peligrosa para estos valiosos ecosistemas. No obstante, es en los taludes y en los desmontes creados por las infraestructuras viarias del norte de la Península donde tiene mayor auge. Después también tiene impacto y amenaza a otras especies, ya que su presencia en espacios naturales canarios, asturianos, cántabros o vascos hacen de ella una de las plantas de mayor peligrosidad para la flora autóctona de estas regiones. Además, tiene impacto sobre los recursos económicos asociados al patrimonio natural, ya que influye de forma significativa sobre la calidad forrajera de los pastos. Por último, también tiene impacto sobre la salud humana, ya que produce problemas alérgicos en la población. Estamos hablando, por tanto, de una amenaza que se está extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país.
Por todas estas razones, presentamos hoy esta proposición no de ley en la que se solicita poder trabajar en diferentes ámbitos. En primer lugar, solicitamos profundizar en el conocimiento de la especie y colaborar con los órganos de investigación y entidades, público y privadas, interesadas en los estudios sobre la Cortaderia selloana, que es como se llama técnicamente esta especie, para establecer actuaciones eficaces de erradicación, dado que las propias características de esta especie hacen que sea muy difícil erradicarla. En segundo lugar, en esta proposición no de ley solicitamos elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas afectadas, una estrategia de gestión, control y erradicación del plumero de la Pampa que contemple las medidas presentes y futuras para combatir y atajar este problema. De esta forma, el Ministerio de Agricultura, junto con las comunidades autónomas, ya ha empezado a trabajar en esta estrategia. El pasado 15 de noviembre de 2017, se llevó a cabo una reunión del Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras, dependiente del Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano de coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. En dicho grupo se solicitó incluir en el orden del día la petición de elaborar una estrategia nacional para el control y posible erradicación de esta especie. De este modo el ministerio solicitó información sobre la distribución de esta especie en las comunidades autónomas afectadas. El 20 de febrero se convocó una reunión monográfica en el marco del Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras, para presentar un primer borrador de la estrategia de gestión, control y posible erradicación del plumero de la Pampa y otras especies de Cortaderia en España. En esta reunión se discutió sobre el borrador propuesto y se habilitó como plazo para comentarios el 30 de marzo de 2018. Una vez acordada la estrategia definitiva, se tramitará para su elevación a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esperamos que esta estrategia se pueda aprobar a lo largo del año 2018.
Por último, en esta proposición no de ley también incorporamos que se establezcan mecanismos de coordinación internacional en el marco de la estrategia de gestión, control y erradicación de la Cortaderia selloana, especialmente con los países donde esa especie tiene un carácter invasor. Señorías, debemos tener en cuenta que las estrategias eficaces de gestión, control o posible erradicación de especies exóticas invasoras precisan la coordinación entre las diferentes administraciones, Estado, comunidades autónomas y entidades locales, pero también la coordinación con los Estados vecinos, pues las características propias de esta especie hacen que sea muy sencilla o fácil su propagación. Por ello, políticas individuales de entidades locales no son totalmente útiles; políticas de comunidades autónomas de forma independiente no son totalmente útiles, de ahí la necesidad de trabajar conjuntamente el ministerio, las comunidades autónomas y las entidades locales, pero también dentro de una estrategia europea porque hay que tener en cuenta que es una especie invasora en otros países de la Unión Europea. Por el nombre de esta planta, plumero de la Pampa, parece que no tiene tanta importancia, pero los que vivimos en las zonas donde se observa esta invasión perfectamente -prueba de ello son las fotos que he traído hoy a esta Comisión-, podemos ver cómo se encuentra nuestro paisaje, cómo se encuentran nuestros campos a finales del verano y principios del otoño; incluso en estos momentos se pueden ver los restos y las consecuencias de esta especie invasora en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Susana López Ares.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra el señor López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Siempre es una satisfacción escuchar al Grupo Parlamentario Popular presentar tantas proposiciones no de ley sobre especies invasoras. Debe ser que tienen ustedes mala conciencia por lo que están haciendo para cargarse la Ley del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad. (La señora López Ares: Ninguna). Espero que no sean capaces de hacerlo porque es la única herramienta que tenemos en este país para defendernos de las especies invasoras que, efectivamente, como usted muy bien ha dicho, generan un grave problema para la biodiversidad. En concreto, la plaga del plumero afecta gravemente a nuestros ecosistemas vegetales autóctonos atacando a la biodiversidad, pero es que, además, por su diseminación y visibilidad transforma de manera alarmante el paisaje de la cordillera Cantábrica, aparte de que el polen del plumero -y no menos importante- podría estar contribuyendo a las afecciones alérgicas en la población. La situación ha llegado a un punto en que la franja litoral resulta inabarcable en términos de erradicación y lo único que cabe abordar es la contención, por lo que cobra especial relevancia evitar que la plaga rebase la línea imaginaria que supone la sierra del Escudo de Cabuérniga en Cantabria y sus prolongaciones orientales y occidentales, que en cierto modo aíslan los valles interiores de la franja costera. Estamos justo en el punto en el que o bien se actúa, o será imposible detener su expansión hacia el sur.
Por ello esta PNL nos vuelve a sonar a humo. De nuevo, ante la inactividad del Gobierno del Partido Popular y de las administraciones competentes, son las organizaciones sociales y ecologistas las que llevan años tratando de contener el avance de esta especie invasora. Distintas organizaciones ambientales de Cantabria, Asturias y País Vasco, como Ecologistas en Acción, la Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO/BirdLife, ARCA y Grupo para la Recuperación de Costa Quebrada, llevan varios años con una campaña de erradicación del plumero de la Pampa ante la grave situación de proliferación descontrolada de esta planta invasora. Ante la insistencia de los Gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se ha comprometido a tener una estrategia de control y erradicación del plumero de la Pampa para junio de 2018. Sin embargo, en esta PNL ustedes nos plantean profundizar en el conocimiento y elaborar en coordinación con las comunidades autónomas afectadas una estrategia de control y erradicación. A tenor de lo que dispone la PNL, esta estrategia no estará ni mucho menos para junio. Respecto al tercero de los puntos de la PNL relativo a la coordinación internacional, solo traemos a este debate la respuesta del consejero del Principado de Asturias a una pregunta del diputado de Izquierda Unida, don Ovidio Zapico: No ha habido ninguna petición por parte del Gobierno de España para incluir a esta especie en el Catálogo de especies invasoras europeas. Es responsabilidad del ministerio trasladar esta necesidad. Quizás el Gobierno de la nación no quiere que el plumero de la Pampa esté catalogado porque ello exigiría realizar trabajos desde los Gobiernos centrales para erradicarlo. Por eso puede haber ahí un doble juego del Gobierno del Partido Popular.
Finalmente, de nuevo les diré que cuando ustedes presenten proposiciones no de ley de este tipo, es necesario que haya un compromiso presupuestario firme. La estrategia de control y erradicación de especies invasoras que deriva de la aplicación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se debería enmarcar dentro del programa presupuestario 456.C, de protección y mejora del medio ambiente natural. De nuevo, dentro del presupuesto de este programa no se incluye ni esta ni ninguna otra actuación relacionada con las estrategias de control de especies invasoras. Puede ser que ustedes por la presión social o ambiental, decidan al fin poner algo de dinero y claramente haya partidas tan indefinidas que en ellas cabe cualquier cosa. A priori no hay partida para enfrentar las especies invasoras, por lo tanto, nuestra enmienda va en esa dirección. Si quieren un compromiso concreto definan los apoyos en forma de transferencia a las comunidades autónomas.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Marc Lamuà.
El Grupo Parlamentario Popular sabe que esta misma proposición o una similar sobre esta temática ha sido registrada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado desde antes de que acabara el año pasado, por lo tanto, estamos de acuerdo en esta iniciativa. Consideramos que se trata de una especie de difícil erradicación y que requiere de estrategias muy específicas, debido a los preocupantes y alarmantes grados de proliferación en algunas zonas del norte de España, donde ya se puede caracterizar como una plaga. Por tanto, compartimos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre la necesidad de profundizar en el conocimiento de la especie para elaborar planes eficaces de erradicación, pero es evidente que aparte de seguir profundizando en nuestros conocimientos sobre la especie, la situación requiere pasar un poco más a la acción. Coincidimos también en la necesidad de elaborar esas estrategias coordinadas de gestión, control y erradicación, pero creemos que ante estos retos difíciles que en algunos
casos se antojan titánicos, deberían concretar un poco más lo que se espera de la estrategia de erradicación. De ahí nuestra propuesta de enmienda que, por lo que nos ha trasladado el Grupo Parlamentario Popular, intentaremos transaccionar. Un buen punto de inicio de trabajo sería la elaboración de un protocolo de actuación urgente, que permitiera que de manera coordinada las distintas instituciones pudieran intervenir ya en las infraestructuras y equipamientos públicos, y así atajar, por ejemplo, uno de los espacios conocidos de proliferación como son las vías interurbanas, donde el plumero de la Pampa se expande muy rápidamente. Asimismo, esperamos que el grupo proponente tenga en cuenta que no solo debemos tener un plan de erradicación, este también debe reflejar o tener pensado qué vamos a hacer después. Por eso en nuestra enmienda proponemos unas perspectivas de revegetación basada en qué especies autóctonas se podrán reintroducir para ocupar de manera efectiva esos espacios liberados de la plaga del plumero de la Pampa.
En resumen, en la parte expositiva de la PNL es curioso ver cómo explican la introducción en España del plumero allá por el siglo XIX y, también, cómo enumeran los daños pormenorizados que produce dicha especie en los espacios naturales en los que se expande, cosas en las que estamos de acuerdo. Nos parece muy bien que no hablen ustedes de naturalización en base a la introducción histórica, y que no haya una minimización del daño en los ecosistemas propios por la implantación y proliferación a lo largo del tiempo. Creo que estas características son esenciales si queremos empezar a andar el camino que debería andar España en la protección ante las especies exóticas invasoras. Esperemos que luego no tengamos que ver cómo el Partido Popular lo va desandando porque lo que les pasaría es que se les vería el plumero. (Risas).
Dona Susana, ¿a los efectos de manifestar si acepta o no las enmiendas que se han presentado?
La señora LÓPEZ ARES: Señor presidente, estamos trabajando con el Grupo Parlamentario Socialista en la elaboración de una enmienda transaccional. Y no aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Cuando la tengan elaborada, ruego que nos la faciliten.
¿Algún grupo desea intervenir? Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Joseba Agirretxea.
Intervendré muy brevemente. Esta situación que tan bien se ha explicado es ya un problema cada vez más acuciante. De occidente a Oriente media Vizcaya ya está casi invadida, y esperemos que no llegue a las estribaciones del Parque Natural de Urkiola porque ya casi está en ello. En cualquier caso, tengo aquí un estudio que ha elaborado la Diputación de Vizcaya con la Universidad del País Vasco sobre cómo erradicar la famosa Cortaderia selloana, el carrizo o plumero de la Pampa, que es esta especie invasora que tantos quebraderos de cabeza nos está dando. Espero que se llegue a una transacción correcta porque el objetivo de todos debe ser buscar las mejores medidas para detener esta invasión y hacer prevención y contención. Va a ser muy difícil desandar el camino recorrido, pero si conseguimos que ya no avance más será suficiente. Debo decir que a diferencia de otras instituciones, las instituciones vascas, en concreto las diputaciones, con las competencias que tienen en esta materia por lo menos están elaborando no solo estudios, sino también desarrollando acciones junto con organizaciones sociales para erradicar esta planta invasora en la medida en que pueden y son competentes. En este sentido, esto es algo que compete a las comunidades autónomas, al Gobierno del Estado en su ámbito y también a Europa.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
Está claro que los efectos de la Cortaderia selloana, que está incluida dentro del Catálogo español de especies exóticas invasoras, son sobradamente conocidos y los compañeros ya los han explicado. Hay un impacto ecológico importante, hay un impacto económico también importante que no se ha comentado y es
la disminución de la calidad forrajera de los pastos, y además tiene un impacto sanitario que ha citado el señor López de Uralde, puesto que afecta a las alergias. Esto se ha convertido en un problema mundial, no es solo un problema a nivel nacional, se da en casi todos los países del mundo tanto desde Nueva Zelanda a China como desde Estados Unidos a Europa. Su erradicación se prevé sumamente costosa, por lo que la acción de prevención y erradicación debe estudiarse cuidadosamente. Nosotros somos conscientes de que los impactos económicos, ecológicos y sanitarios tan negativos que produce el plumero de la Pampa son un claro ejemplo de la necesidad de coordinación entre administraciones para la gestión, control y erradicación, algo en lo que se está incidiendo en la reforma de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Por tanto, aunque estamos de acuerdo en los puntos que incluye esta proposición no de ley, no puede venir sin medidas concretas. Creemos que debería incluir una serie de puntos a desarrollar para que esas estrategias sean de mayor calado: en primer lugar, establecer un mapa de prioridades de erradicación tanto por comunidades autónomas como por provincias y municipios, por las razones que he explicado con anterioridad. Además, hay que establecer un presupuesto para la prevención y erradicación suficientemente desglosado por comunidades autónomas, por provincias y por municipios. Debe incluir un calendario asumible desde el punto de vista financiero para la ejecución de las labores de erradicación. También hay que identificar la estrategia y plan de gestión a desarrollar con participación de responsabilidad pública y también privada en la prevención y erradicación. Por último, elaborar un protocolo riguroso para reforzar el control de la entrada de especies invasoras en los servicios de inspección aduanera de los productos agrarios, en este caso de los cereales que fueron uno de los causantes de su introducción. Señor presidente, en esta Comisión se aprobó la unificación de los servicios de inspección agroalimentaria, así como de las especies protegidas Cites y sus derivados, con el fin de mejorar su eficiencia a la hora de la introducción de este tipo de especies. La mejor estrategia de gestión y erradicación es la prevención, tenemos que evitar a toda costa que estas especies entren en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
No hay más peticiones para fijar posición sobre esta iniciativa.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CREAR UNA AGENCIA ÚNICA DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002890).
El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a crear una agencia única de evaluación de productos fitosanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
Sabemos que los productos fitosanitarios tienen unos impactos favorables y otros desfavorables en la agricultura y en el ámbito sanitario. Los efectos favorables son que protegen contra plagas y evitan acciones de estas, destruyen las plantas que inhiben la germinación, aumentan los rendimientos y aseguran una buena calidad en los alimentos, al mismo tiempo que permiten llevar a término las producciones agrarias. También tienen efectos desfavorables, porque si se comercializan sin haberse ensayado previamente y estar autorizados oficialmente, pueden tener un impacto grave en la salud humana y en el medio ambiente. Por tanto, hay que garantizar un alto grado de protección tanto de la salud humana y animal como del medio ambiente.
Señorías, uno de los problemas que se está viendo en el sector es que la normalización y la inscripción en los registros oficiales de productos fitosanitarios están siendo muy lentas, y puede ser por diferentes motivos: por estar divididos en diferentes ministerios, por existir escasez de recursos tanto humanos como económicos, por un alto índice de burocracia, etcétera. En definitiva, en este país la media para registrar un producto fitosanitario en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios es de seis años, cuando...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Garaulet.
Señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular, no se puede escuchar al interviniente. Les ruego que hablen en voz baja o que no hablen.
Prosiga, señor Garaulet.
Lo que decía era que la media en España para registrar un producto fitosanitario en el registro oficial es de seis años, mientras que en otros países que están a nuestro alrededor, como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, es de cuatro años.
Teniendo claro que es necesario hacer un estudio adecuado de los impactos que puedan tener estos productos en la salud humana y en el medio ambiente, teniendo claro que hay que hacer un programa detallado de los protocolos que tienen que cumplir, creemos a ciencia cierta que la lentitud y la falta de coordinación que existe en España dificulta la aplicación de criterios unificados de evaluación y va en contra de la tendencia general en la Unión Europea. No es aceptable que productos que no se pueden utilizar en nuestro país sí puedan usarse en otros países de nuestro entorno, porque reducimos la competitividad de nuestros mercados. Voy a poner un ejemplo claro. Se está trabajando últimamente con microorganismos para sustituir los abonos químicos tradicionales. Se está demostrando que con los microorganismos adecuados se pueden sustituir los abonos químicos tradicionales para aportar los nutrientes que los cultivos necesitan. ¿Qué ha pasado? Que esta tipología estaba dentro de lo que era la OMDF, otro medio de defensa fitosanitaria, y hasta el 24 de noviembre de 2017, cuando se aprobó el Real Decreto 999/2017, en España estos microorganismos no se podían utilizar. El ejemplo de esto está en el Mar Menor, que está afectado por una importante cantidad de nutrientes que vienen de la utilización agrícola de los campos de alrededor. Si se pudiera utilizar este tipo de microorganismos reduciríamos los impactos de estos nutrientes no solo en el sector agrario, sino también en la laguna salada del Mar Menor. Esto no se puede hacer porque en España todavía no se ha podido registrar este tipo de producto. Sí son legales en Portugal y en Francia, con lo cual, las empresas españolas que dan trabajo aquí, que generan innovación, I+D+i, están trasladando sus sedes a Portugal y a Francia para poder vender el producto en España, porque en esos países son aceptados.
Queremos crear una agencia única que permita mejorar la eficiencia, seguir manteniendo, por supuesto, todas las cláusulas de seguridad, tanto en la salud como en el medio ambiente, y que agilice el registro de estos productos. Podría ser una agencia equivalente a la de Francia, Anses. Lo que hace esta agencia es que todos los sectores, todos los ministerios, así como las áreas sectoriales implicadas, que en este caso serían las comunidades autónomas, proporcionan un trabajo unificado, generan un valor añadido de trabajo. Esto no significa eliminar lo que hay actualmente, sino mejorarlo. Esta agencia podría ser la propia Aecosan que tenemos actualmente, pero incorporando no solo los servicios de los diferentes ministerios, sino también los de las comunidades autónomas y los de otros sectores que están implicados, productores, agricultores y otra serie de sectores. Esto mejoraría la eficiencia de la gestión, reduciría el trámite administrativo y daría mayor competitividad al sector agrario.
Tenemos empresas punteras de este sector a nivel nacional e internacional que generan productos e inversiones en I+D+i, pero tenemos que apoyarlas, igual que tenemos que hacer con el sector para hacerlo más competitivo. El exceso de burocracia, señores diputados, sabemos que origina una bajada de la competitividad. Repito que tenemos que crear una agencia única que incluya a todos, me da igual el modelo, para buscar eficiencia, competitividad e innovación que generen puestos de trabajo de calidad en nuestro país.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. ¿Algún grupo desea intervenir para fijar su posición? (Pausa).
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Postius.
Intervendré de forma breve. Mi grupo va a votar en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos por una cuestión meramente competencial. Las comunidades autónomas tienen competencias en esta materia, y en el caso de Cataluña funciona correctamente. Por tanto no entendemos la iniciativa. En todo caso, si hay alguna comunidad en la que las cosas no se hacen bien, se tendrán que tomar las decisiones adecuadas en el foro correspondiente.
El señor ERITJA CIURÓ: Entendemos la necesidad de agilizar la gestión en la evaluación de productos fitosanitarios, incluso podemos compartir parte de la argumentación expuesta, ya que realmente hay una carga en la gestión que probablemente dificulta cuestiones como la exportación. El enfoque que se da aquí es que es una cuestión competencial, incluso el autor de la iniciativa reconoce que hace falta establecer una coordinación con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas a través de la comisión de salud pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y se apunta directamente que el problema es el sistema competencial por su lentitud y falta de coordinación. Lo que se está diciendo es que el problema es el modelo competencial. A mí me parece que este no es el problema, o en principio no tendría que serlo. No es tan importante la valoración de los criterios que utiliza cada comunidad autónoma en función de su marco competencial como el propio proceso de agilización de la gestión. En ese sentido, basándonos en los criterios de la agencia única, ¿la Consejería de Salud de Cataluña, por ejemplo, debería modificar sus criterios sanitarios en pro de una supuesta agilización administrativa? ¿No sería más importante mejorar los elementos de coordinación en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Quizá es más importante tener los elementos que tenemos y a partir de ahí trabajar para agilizar mucho más que crear un organismo nuevo que lo que hará probablemente será dificultar aún más las gestión. Repito que más que crear un organismo nuevo se deberían agilizar los organismos existentes y hacer una inversión real.
Por el enfoque que tiene esta propuesta, votaremos en contra, aunque creo que es una iniciativa interesante en la que habría que trabajar más, pero sin renunciar a los mecanismos que tenemos actualmente.
Tiene la palabra el señor González Ramos.
El Grupo Socialista tenía una PNL prácticamente igual que la que hoy defiende Ciudadanos. Más allá de las competencias, que obviamente hay que respetarlas, pongo el foco en los agricultores y en las empresas dedicadas a los productos fitosanitarios. Los agricultores seguirán esta Comisión o no, pero creo que es un tema de interés. ¿Por qué? Es verdad que existe el Real Decreto 971/2014, que regula el procedimiento y evaluación de los productos fitosanitarios, pero tardamos mucho tiempo. El que tiene que resolverlo es el Gobierno. Se lo digo a Ciudadanos porque decía: Queremos resolver... No, tiene que resolver el Gobierno. Lo que podemos decir a los agricultores es que nos preocupa que España sea uno de los países que más tarda en evaluar un producto fitosanitario. Ahí es donde hay que poner el pero. ¿Es cuestión de personal? Posiblemente falte personal en los distintos ministerios o consejerías. ¿Es una cuestión de coordinación? Creo que sí, porque si el Ministerio de Sanidad o las consejerías de Sanidad hacen una evaluación previa y luego hay otra paralela del Ministerio de Agricultura o de las consejerías, no resulta un procedimiento ágil. No es razonable que países como Alemania, Reino Unido, Francia o Portugal tarden menos y que nosotros tardemos más.
¿Dónde quiero llegar? Es importante reducir estos plazos, y no hace falta que me extienda mucho en hacer ver la importancia del sector agroalimentario de este país, que supone un 10 % del PIB. Para tener un sector agroalimentario potentísimo necesitamos materia prima con garantía de calidad a nivel sanitario, de protección vegetal y de la salud humana. Ahí es donde quiero llegar. La representación de los agricultores y la propia Aepla, que es la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, que engloba a muchísimos pequeños y medianos empresarios, están poniendo el foco en una necesidad y nosotros tenemos que decirle al Gobierno: Gobierno del Partido Popular, está en sus manos agilizar esto. Ese es el llamamiento que queremos hacer. En un país en el que el sector hortofrutícola es exportador de productos de indudable calidad, cuando el agricultor tiene que recurrir a un producto fitosanitario, quiere tener garantías, por su seguridad en la protección de las plantas, pero también, principalmente, por seguridad de las personas. Por eso cuando uno emplea un insecticida, un acaricida, un fungicida, un herbicida, un fitorregulador quiere tenerlo cuanto antes con las garantías necesarias para ello.
Nosotros hemos hecho preguntas parlamentarias y tenemos una iniciativa registrada que va en esta misma línea. Tenemos que decir al agricultor que queremos que la evaluación de los productos fitosanitarios sea más ágil, más eficaz, más eficiente. Decía Hipócrates, que era un experto sanitario, el padre de la medicina, que la sanidad es una cuestión de tiempo, pero a veces es una cuestión de oportunidad. Eso decía Hipócrates hace ya muchos años. Yo también creo que en el tema de la sanidad vegetal, de la que estamos hablando, de los productos fitosanitarios, el tiempo es importante, pero también
lo es la oportunidad ante un sector de indudable importancia en este país a nivel económico, como se está viendo.
Independientemente de quién tenga las competencias -no entro a valorarlas lógicamente, pero las respeto-, creo que hay que hacer un llamamiento al Gobierno para decirle que agilice la elaboración de productos fitosanitarios porque es necesario.
Tiene ahora la palabra, porque me había saltado su turno, don Jaume Moya.
Lo que nos presenta en su PNL el Grupo Ciudadanos no nos permite hacer otra cosa que votar en contra. Si el enfoque de esta iniciativa hubiera pasado por garantizar una mayor seguridad ambiental, mejorar las garantías de la salud pública, mejorar la coordinación o la interdisciplinariedad en la toma de decisiones, quizá sería más fácil apoyarla. Sin embargo, básicamente se centran en la celeridad, en la rapidez, porque literalmente piden que se acorten los plazos, y ello es diametralmente opuesto al criterio de precaución. Los riesgos inherentes a los productos fitosanitarios son lo suficientemente poliédricos, seguridad en el trabajo, salud pública, afectación medioambiental, como para que se pretenda poner por delante la celeridad en el proceso de evaluación, en perjuicio de la valoración de todos y cada uno de estos riesgos. El principio de precaución es el propio de nuestras latitudes y no podemos hacer una dejación a favor del principio ensayo-error, propio de otras culturas, que tan graves amenazas proyecta sobre la salud pública y que, por desgracia, cada vez nos acecha más a través de esa apertura neoliberal de mercados y producción y distribución alimentaria, que incluso incurre en competencia desleal con nuestros productores.
El propio Tratado de la Unión Europea exige ponerse en guardia frente a todo aquello que pueda dañar la salud pública, especialmente la de los ciudadanos. Las autoridades no solo tienen el derecho, sino la obligación de establecer el nivel de protección que se considere apropiado. Evidentemente, es lógico, no existe el riesgo cero, como tantas veces hemos escuchado, pero es imprescindible establecer un marco de protección que tenga en cuenta este principio de precaución, con una aplicación de los criterios que no sea discriminatoria, habiendo realizado un análisis de costes y beneficios de las acciones o de la falta de ellas, con unos resultados que puedan ser siempre revisados a la luz de nuevos datos científicos y que estén avalados por una evidencia científica. De ninguna manera, repito, podemos abandonar ese principio de precaución, que es uno de los principios básicos de la ética y de la política.
Por otro lado, también nos manifestamos abiertamente en contra del planteamiento de esta PNL, puesto que refleja esa voluntad profundamente recentralizadora de Ciudadanos, esa desconfianza respecto a las autoridades periféricas, esa rigidez del modelo autonómico -hay unas autoridades, un Estado central que operan básicamente como gendarmes con los Gobiernos autonómicos y municipales-, ese vaciamiento de las soberanías interiores que tanto contrasta con esa apertura de las soberanías exteriores respecto al libre mercado, a la Unión Europea, a los tratados transatlánticos, etcétera. Es una nueva expresión de ese factor naranja, que en realidad viene a ser un auténtico agente naranja sobre el Estado de las autonomías y sobre el sector público que pretende recentralizar primero y privatizar después.
Repito -y celebro coincidir con otras fuerzas- que vamos a votar en contra.
Sin lugar a dudas, España es uno de los países con mayor potencial agrario dentro de la Unión Europea y el primer exportador de frutas y verduras frescas del mundo. De ahí la importancia de garantizar un sistema fitosanitario eficaz y eficiente que vaya superando los problemas denunciados por los usuarios y así poder alcanzar esa necesaria armonización de los procedimientos, aligerando la carga administrativa, no solo a nivel interno, sino conseguirlo en toda la zona de la Unión Europea, evitando desequilibrios que al final generan ineficiencias. La utilización de productos fitosanitarios es una de las formas más importantes de proteger a los vegetales contra organismos nocivos, incluidas las malas hierbas, y de
mejorar la producción agrícola. Los también conocidos como plaguicidas o pesticidas pueden tener efectos desfavorables en la producción de alimentos, debiendo proteger a los seres humanos, los animales y el medio ambiente.
Si bien el Real Decreto 971/2014 ha actualizado el procedimiento de evaluación, en España la competencia de la autorización de comercialización corresponde al Mapama, previo informe preceptivo del Ministerio de Sanidad. La autorización recae en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, del Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, del Ministerio de Agricultura, en la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, del Ministerio de Sanidad, y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan. Son cuatro estamentos departamentales en los diferentes niveles del Gobierno. Estamos hablando de un control exhaustivo para determinar riesgos por el uso de productos fitosanitarios, cumpliendo así con los requisitos exigidos por los reglamentos de la Unión Europea. En España disponemos, señorías, de un buen sistema de prevención y de protección.
El Gobierno de España, de acuerdo con la Estrategia Europea 2020, establecida por la Comisión Europea, está procediendo a una armonización y mayor coordinación para lograr el objetivo demandado por el sector, dando mayor cobertura tanto a la industria como a nuestros agricultores. En el Ministerio de Agricultura se está trabajando ya en la simplificación y agilización de la fase de evaluación previa y en la coordinación.
Es un tema complejo que también está siendo tratado desde el Ministerio de Sanidad, dado que los problemas técnico-administrativos sobre la evaluación de los productos fitosanitarios son semejantes a los que concurren en el ámbito de la evaluación de los productos biocidas y también de los productos químicos industriales, por lo que debería ampliarse el ámbito a todos los productos químicos. Además, dado el carácter intersectorial de la materia, y siendo una de las bases principales de la legislación europea para el sector químico la protección de la salud humana, sería este ministerio el que debería liderar dicho proceso.
El Gobierno está trabajando en la necesaria armonización para conseguir una mayor disponibilidad para el sector de formulados fitosanitarios y así hacer frente al creciente número de plagas y enfermedades consecuencia de la globalización. Esto confirma muchas veces la extemporalidad de algunas iniciativas que pierden oportunidad sin llegar a una cierta constatación de una realidad, que es que se pone en evidencia también que van detrás de la acción del Gobierno.
Nada más, señorías. Gracias, señor presidente.
- PARA DESBLOQUEAR DE MANERA INMEDIATA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR PARA SORIA Y SU ALFOZ Y GARANTIZAR UNA APORTACIÓN JUSTA DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002960).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente y último punto del orden del día, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra don Javier Antón.
El motivo de hacer uso de la palabra es para informarles -ya se lo he dicho a los portavoces- de que el Grupo Parlamentario Socialista va a retirar esta proposición no de ley. El motivo es la decisión tomada el jueves pasado por la Junta de Castilla y León para desbloquear esta infraestructura, aportando un 35 % del coste total de la misma, lo que supone un acuerdo entre las tres administraciones que han decidido participar.
Me gustaría recordar las características especiales que tiene esta infraestructura, por si puede servir como referente para otras situaciones parecidas que se puedan dar en otros lugares. En primer lugar, quiero destacar que esta infraestructura fue declarada en su día de interés general, declaración que, en principio, debía solventar cualquier tipo de problema porque hace que la Administración Central sea la encargada de redactar el proyecto, de ejecutarlo, incluso de supervisarlo y ponerlo en funcionamiento. Si esto hubiera sido así hubiéramos dejado de tener problemas de manera inmediata, pero hemos visto cómo eso no ha sido suficiente.
En segundo lugar, estamos hablando de que esta infraestructura está localizada en una zona sensible que exige unos valores de depuración superiores a los de otras zonas u otros vertidos en ciudades parecidas, lo cual encarece de manera significativa no solo la propia infraestructura, porque la tenemos que alejar o tenemos que hacer otras más complejas tecnológicamente hablando, sino que la depuración y el mantenimiento van a ser más caros.
En tercer lugar -creo que es lo más importante-, estamos hablando de una infraestructura que está en la provincia más despoblada de nuestro país. ¿Qué exige esa despoblación? Si la depuración y las infraestructuras hidráulicas las tienen que pagar los vecinos, cuantos menos seamos a la hora de pagar, mayor será el coste que haya que asumir, lo que genera desigualdades importantes.
En cuarto lugar, quiero decir que el hecho de que sea de interés general y tengamos que aportar las cantidades los vecinos de Soria puede ser hasta comprensible, porque lo de que el que contamina paga lo entiende cualquier persona, pero al haber descubierto que en otros sitios hay infraestructuras de características similares que están asumidas al 100 % al ser declaradas de interés general, sentimos que hay una discriminación tremenda en cuanto al esfuerzo que debemos hacer los vecinos. Afortunadamente -que creo que es lo importante-, la Junta de Castilla y León ha decidido hacer una aportación y reducir el montante que deben pagar los vecinos. Creo que hay un acuerdo entre el alcalde, el presidente de la Junta de Castilla y León y la propia ministra que permite ese desbloqueo.
En esta Comisión se ha hablado en muchas ocasiones del tema de la despoblación. La despoblación no es un mal divino que haya caído a determinadas provincias, sino que es una consecuencia -quiero recordarlo- de la falta de inversiones a largo plazo de la Administración Central en determinadas provincias. No solo estoy hablando de infraestructuras medioambientales como la que debatimos hoy, sino de infraestructuras viarias y ferroviarias. Solo hay que darse una vuelta por mi provincia para ver la situación en la que está. Esa situación se puede mejorar si corregimos a largo plazo esa falta de inversión con planes específicos. Este ejemplo de colaboración entre administraciones puede ser un primer paso y espero que no se quede solo en esta infraestructura medioambiental.
Me gustaría agradecer el apoyo que ha recibido esta proposición por parte de algunos grupos, así como el esfuerzo realizado para presentar enmiendas. Para terminar -ya que he retirado la iniciativa no quiero aprovechar todo el tiempo-, quiero decir que a veces sentimos desasosiego cuando presentamos proposiciones no de ley pensando que quedan en el olvido o que van a un almacén o a un archivo del ministerio, pero hoy quiero pensar que la presentación de esta proposición ante esta Comisión ha aportado un granito de arena al desbloqueo. Pienso que nos da esperanza en que el trabajo que hacemos en cada una de estas Comisiones dé sus frutos.
El trabajo sirve, y esta Comisión también. No puedo estar más de acuerdo con esa apreciación.
En puridad, si un grupo retira su iniciativa, no hay turnos de palabra, pero ya que el portavoz que la ha retirado ha realizado una intervención, daré la palabra brevemente. Estamos utilizando el Reglamento de forma flexible y heterodoxa.
Como ha habido alguna alusión...
El señor PRESIDENTE: No se trata de abrir un debate.
El señor DEL RÍO SANZ: No, señor presidente. Es solo que a propósito de la explicación de la retirada quiero señalar dos cuestiones. La primera, es que ha sido el Partido Popular, en el Gobierno de España y en la Junta de Castilla y León, el que ha conseguido desbloquear una situación que mantenía bloqueada el alcalde del Partido Socialista de Soria desde hace años.
En segundo lugar, que no ha habido ningún trato discriminatorio. Es el porcentaje habitual en este tipo de actuaciones. El Ayuntamiento de Soria no ejecuta ni el 22 % de su presupuesto en obras, con lo que no tiene un problema de liquidez.
Discriminación, ninguna. Desbloqueo de la situación gracias al Partido Popular. (Aplausos.-El señor Arrojo Agudo pide la palabra).
Señor Arrojo, no se ha dado la palabra para esto. Se trataba de las dos administraciones que han intervenido en el desbloqueo de este asunto.
No le puedo negar el uso de la palabra, pero le ruego que intervenga con toda brevedad.
El señor ARROJO AGUDO: Voy a ser muy breve.
Nosotros íbamos a apoyar esta iniciativa en cualquier caso, pero reseñábamos una cuestión, que era que siendo positivo el acuerdo final al que se ha llegado, porque lo bueno es que se haga esa depuradora después de diez años de decir si es culpa tuya, culpa mía, culpa del otro, hay una cuestión que no nos gusta y que nos parece grave, que es que los fondos que se van a emplear por parte de la comunidad autónoma están destinados a la provincia de Soria para combatir la despoblación, y Soria capital no es una zona en despoblación. No vale eso de agarrar fondos en una provincia que son para la despoblación y que en vez de ir destinados a las comarcas rurales que tienen ese problema se utilicen para otras cosas, aunque puedan ser positivas. Soria no es una ciudad en despoblación.
Solo quería señalar eso, porque saludando el acuerdo, no nos parece bien la forma en la que se ha hecho.
El señor PRESIDENTE: Aquí finaliza el debate, porque se podría prolongar indefinidamente.
Vamos a interrumpir la sesión dos o tres minutos para ordenar las votaciones. Ruego a los grupos que han presentado enmiendas transaccionales que las pasen a la Mesa. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del primer punto del orden del día, que es la proposición no de ley, presentada por el Grupo de Unidos Podemos, relativa al proceso de reversión expropiatoria de Jánovas. Se ha presentado una transaccional entre el grupo proponente y el Grupo Socialista.
Sometemos a votación la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la creación de un observatorio de precio a escala de la Unión Europea, como herramienta fundamental para fortalecer la cadena alimentaria europea. Esta proposición ha sido objeto de una transaccional entre el Grupo Socialista, el Grupo Unidos Podemos, el Grupo Popular y el Grupo Mixto.
Vamos a votar la siguiente iniciativa, relativa a impulsar una estrategia nacional de prevención de incendios forestales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus propios términos.
Votamos la proposición no de ley relativa al impulso del proyecto denominado acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, 2ª fase, Fuerteventura, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La iniciativa ha sido objeto de una transaccional entre el Grupo Popular y Unidos Podemos.
Vamos a someter a votación la PNL sobre la prohibición progresiva de uso de utensilios desechables de plástico de acuerdo a los objetivos ambientales, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Ha sido objeto de una transacción entre el Grupo de Unidos Podemos, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos.
Votamos la proposición sobre el control y erradicación de la especie exótica invasora plumero de la Pampa, presentada por el Grupo Popular. Esta iniciativa se ha transaccionado con el Grupo Socialista.
Vamos a someter a votación la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos por la que se insta al Gobierno a crear una agencia única de evaluación de productos fitosanitarios. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 11; abstenciones, 14.
La última iniciativa no se somete a votación porque se ha retirado.
Antes de levantar la sesión, quiero decirles dos cosas. En primer lugar, que a continuación está convocada una reunión de Mesa y portavoces para fijar el orden del día de la próxima sesión de la Comisión. En segundo lugar, y no por eso menos importante, creo interpretar el sentir de todos los diputados de esta Comisión al felicitar a un ilustre miembro de la misma, concretamente al señor Eritja, porque ha contraído matrimonio. (Aplausos).
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias.
Señor presidente, en su momento no consideré necesario traer esta propuesta a la Comisión y lo hice unilateralmente. En todo caso, veo que tengo el apoyo de todo el mundo. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Aprobado por unanimidad.
En el "Diario de Sesiones" número 465, correspondiente a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sesión número 20, celebrada el miércoles 21 de marzo de 2018, en el antepenúltimo párrafo, cuando dice: "El señor Lamuà Estañol: Básicamente..." debe decir: "El señor Eritja Ciurò: Básicamente..."

References: resolución 
 artículo 148
 artículo 8
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