Source: https://www.iberley.es/legislacion/ley-13-2003-23-may-contrato-concesion-obras-publicas-128285
Timestamp: 2019-08-25 02:43:47+00:00

Document:
Ley 13/2003 de 23 de May (Contrato de concesión de obras públicas) | Iberley
LEY 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. - Boletín Oficial del Estado de 24-05-2003
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 16 de Diciembre de 2011
En el repertorio de instrumentos que articulan la colaboración entre los poderes públicos y el sector privado, presenta una especial significación la institución de la concesión, utilizada en el siglo XIX como opción cardinal en los grandes empeños administrativos y recogida y adaptada, en función de los distintos objetivos a los que se ordenaba, en las legislaciones sectoriales que surgen en el siglo XIX. Su proceso evolutivo ha culminado, con base ya en el propio derecho de la Unión Europea, en la acogida de la concesión de obras públicas en la legislación de contratos de las Administraciones públicas. La importancia, sin embargo, de la institución como instrumento a disposición de los poderes públicos para dosificar su esfuerzo y potenciar paralelamente sus capacidades, unida a sus rasgos claramente contractuales, había hecho ya que la Constitución, en su artículo 149.1.18.8, reservara a la competencia exclusiva del Estado la legislación básica en materia de concesiones junto a la de contratos.
En la línea anterior un incremento de la demanda de la utilización de la obra de carácter extraordinario, que fuera más allá de las previsiones del plan económico-financiero concesional, debe fundamentar los oportunos ajustes para evitar que el usuario, al que corresponde en última instancia la financiación total o parcial de la inversión realizada y el pago de la explotación de la obra, soporte un peaje o un canon desproporcionados, con quebranto manifiesto de la equidad. Para ello se prevé, en virtud de lo dispuesto por el nuevo artículo 233.1A) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que el concesionario quede contractualmente comprometido, con arreglo a su propia oferta, con un nivel mínimo y otro máximo de rendimientos totales para cada concesión, de suerte que, si no se alcanzara el primero o se sobrepasara el segundo durante el período que en cada caso se determine, procederá la revisión del contrato. En su virtud, se incorporan al propio contrato los términos de revisión del mismo por las variaciones que se produzcan en los rendimientos derivados de la utilización de la obra [artículo 248.2.c)]. Con ello se asegura, a la vez, la justa retribución del esfuerzo y riesgo empresariales y el sacrificio razonable del usuario de la obra pública. En definitiva, esta interpretación del equilibrio económico del contrato constituye una de las opciones capitales que inspiran la nueva regulación de la concesión de obras públicas, en sintonía con la naturaleza y finalidad de la institución y la ponderada distribución del riesgo.
Las características configuradoras de la institución concesional se completan con la diversificación de las fuentes de financiación, a fin de hacerla más atractiva para el capital privado, introduciendo un régimen regulador llamado a evitar la congelación de la inversión que se realice. Así, la concesión, como bien jurídico, se integrará plenamente en el tráfico mercantil desde el momento de la perfección del contrato, pudiendo ser objeto de cesión e hipoteca. En orden, asimismo, a permitir la diversificación del esfuerzo inversor, la ley facilita la apertura de la sociedad concesionaria al mercado de capitales, no sólo, lógicamente mediante los medios convencionales, esto es, la financiación por entidades de crédito o la emisión de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes, incluso con la posibilidad de contar con el aval público si los intereses generales así lo aconsejaran, sino a través de la titulización de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra, titulización que podrá referirse, en su caso, a los que correspondan a las zonas complementarias de la concesión de carácter comercial. La presencia del capital privado se asegura mediante un sólido repertorio de garantías para los posibles acreedores hipotecarios y poseedores de títulos. III
En el apartado 5 se contiene la parte nuclear de la ley, ya que introduce el nuevo título V en el libro II, denominado «Del contrato de concesión de obras públicas». Este título se compone de cinco capítulos: capítulo I. Disposiciones generales, capítulo II. De la construcción de las obras públicas objeto de concesión, capítulo III. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas del órgano de contratación, capítulo IV. Financiación privada; capítulo V. Extinción de las concesiones.
La ley incluye, como se ha indicado, doce disposiciones adicionales, otra derogatoria y varias disposiciones finales. En primer lugar, y a continuación de la disposición sobre la planificación de las obras públicas, las disposiciones adicionales segunda y tercera contienen las correspondientes precisiones para asegurar en todo
momento la cooperación mutua de los poderes públicos en la materia y, sin perjuicio de aplicar los principios modalidades regulados ya en nuestro ordenamiento título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), traducen de manera expresa en la norma la doctrina de las sentencias del Tribunal Constitucional, dictadas con ocasión del análisis del alcance de la competencia estatal sobre obras públicas concretas de interés general y su articulación con el ejercicio de las demás competencias concurrentes.
El resto de las disposiciones adicionales se refieren a la evaluación del impacto ambiental de las obras objeto de concesión (disposición adicional cuarta), introducen el informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Defensa en los supuestos en que la construcción de las obras pudiera incidir en zonas de protección afectadas a la defensa nacional (disposición adicional quinta), establecen la declaración de utilidad pública de las obras objeto de un contrato de concesión (disposición adicional sexta), regulan el procedimiento y la atribución de competencias en materia concesional (disposición adicional séptima), modifican determinados preceptos de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación explotación de autopistas en régimen de concesión disposición adicional octava) y encomiendan al Gobierno la aprobación de la reglamentación técnica para facilitar el cobro electrónico de peajes por los concesionarios de autopistas (disposición adicional novena). Por último, la ley introduce determinadas especialidades para acomodar la normativa sectorial en materia de costas y obras públicas hidráulicas a la nueva ley (disposiciones adicionales décima y undécima), asimismo para determinar el alcance de la ley en relación con las infraestructuras del sector energético (disposición adicional duodécima).
La disposición final primera concreta los títulos competenciales del Estado para dictar la ley y el carácter de los distintos preceptos de ésta. En este sentido, la mayor parte de su articulado se califica como legislación básica estatal, dictada al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas reconocida en el artículo 149.1.18.8 de la Constitución. Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha efectuado una esmerada elaboración de lo que constituye el común denominador normativo que asegure la existencia de una mínima regulación uniforme en toda España, de acuerdo con las notas identificadoras de esta figura jurídica expuestas más arriba.
El resto de los artículos, tal y como se desglosan en la disposición final, bien resultan aplicables únicamente a las concesiones que otorgue el Estado, o bien resulta de aplicación plena en virtud de otros títulos competenciales estatales concurrentes del artículo 149.1, tales como «Defensa y Fuerzas Armadas» (4.8), «legislación mercantil» (6.8), «legislación civil» (8.8), «bases
Y coordinación de la planificación general de la actividad económica» (13.8), «Hacienda general y Deuda del Estado» (14.8) y «Obras públicas de interés general» (24.8).
Cuatro. Se modifican los artículos 156 y 157 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en los siguientes términos.
«TÍTU LO V
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 220. Contrato de concesión de obras públicas.
1. El contrato de concesión de obras públicas comprenderá necesariamente durante todo el término de vigencia de la concesión.
1. Con carácter previo ala decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras públicas deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos y a aquéllos que se contienen en el artículo 232.1 de esta ley.
m) Expresa sumisión a lo dispuesto en esta ley. n) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas.
3. Con independencia de la información que figure en el anuncio de convocatoria, el órgano de contratación pondrá a disposición de los interesados, para su consulta, la información complementaria que versará al menos sobre los siguientes aspectos.
c) Relación de documentos que deberá facilitar el órgano de contratación en la fase de licitación. Esta documentación incluirá el estudio deviabilidad o, en su caso, el estudio de viabilidad económico-financiera, el proyecto o el anteproyecto de las obras y el pliego de cláusulas administrativas particulares al que deberá sujetarse la concesión, con especificación, si estuviera prevista, de la zona complementaria de explotación comercial y el objeto de la misma.
1. Las proposiciones de los licitadores deberán versar sobre los extremos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que serán cuando menos los siguientes cuando se trate de concesiones de construcción y explotación de obra pública.
2. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa, directa o indirectamente, con relación a otra.
2. El concesionario deberá someter los contratos que celebre con un tercero a las normas de publicidad establecidas en el artículo 135.2, salvo cuando mediare cualquiera de las circunstancias siguientes.
4. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la fase de explotación. CAPÍTULO III Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente SECCIÓN 1.ª DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
b) Explotarla obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación.
Artículo 245. Aportaciones públicas ala construcción de la obra.
De conformidad con el artículo 233.1A) de esta ley, el plan económico-financiero de la concesión establecerá la incidencia en las tarifas de los rendimientos de la demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen, respectivamente, los niveles mínimo y máximo que se consideren en la oferta.
SECCIÓN 3.ª EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Artículo 248. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en esta ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos.
CAPÍTULO IV Financiación privada
SECCIÓN 1.ª EMISIÓN DE TÍTULOS POR ELCONCESIONARIO
5. Alas emisiones de valores reguladas en este artículo y en el siguiente les resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
De la suscripción y tenencia de estos valores que no esté limitada a inversores institucionales o profesionales, se dejará nota marginal en la inscripción registra¡ de la concesión correspondiente. Asimismo, las características de las emisiones deberán constar en las memorias anuales de las sociedades que las realicen.
4. Cuando se produzca causa de resolución de la concesión imputable al concesionario sin que los acreedores hayan obtenido el reembolso correspondiente a sus títulos, la Administración concedente podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones.
5. Sise produjera causa de resolución no imputable al concesionario y los acreedores no se hubiesen satisfecho íntegramente de sus derechos, la Administración podrá optar por actuar conforme a lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior o bien por resolver la concesión acordando con el representante de los acreedores la cuantía de la deuda y las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la Administración quedará liberada con la puesta a disposición de la diferencia entre el valor nominal de su inversión y las cantidades percibidas hasta el momento de resolución de la concesión tanto en concepto de intereses como de amortizaciones parciales.
a) Solicitar de la Administración concedente que, previa audiencia del concesionario, disponga
que se asigne a la amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las cantidades que, en su caso, la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. A tal efecto, se podrá, por cuenta y riesgo del acreedor, designar un interventor que compruebe los ingresos así obtenidos y se haga cargo de la parte que se haya señalado, la cual no podrá exceder del porcentaje o cuantía que previamente se determine.
3. Si la subasta quedara desierta o ningún interesado fuese autorizado por el órgano de contratación para participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la Administración concedente podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones en el supuesto de que el acreedor hipotecario autorizado, en su caso, para ser concesionario no opte por el ejercicio del derecho que le atribuye el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
CAPÍTULO V Extinción de las concesiones
g) El rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de contratación. Se entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, discrecional mente adoptada, por la que da por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular.
4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será incautada ¡afianza y deberá, además, indemnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada.
D.A. 1ª. Planificación.
D.A. 2ª. Colaboración y coordinación entre Administraciones públicas.
D.A. 3ª. Construcción de las obras públicas de interés general.
D.A. 4ª. Evaluación del impacto ambiental.
D.A. 5ª. Informe del Ministerio de Defensa.
Modificación realizada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. (BOE de 16-11-2011) en vigor desde 16-12-2011
Texto Original. Publicado el 24-05-2003 en vigor desde 24-08-2003
16/12/2011 (Vigente)
24/08/2003 (Versión Original)
D.A. 8ª. Modificación de la Ley de Autopistas.
Se modifican los siguientes artículos de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que quedarán redactados tal como se indica.
d) Formularlas propuestas que procedan sobre el secuestro y reversión de la concesión o sobre la resolución del contrato.
D.A. 9ª. Autorización al Gobierno.
D.A. 10ª. Modificación de la Ley 2211988, de 28 de julio, de Costas.
D.A. 11ª. Obras públicas hidráulicas.
«CAPÍTULO III. De los contratos de concesión de obras hidráulicas
No serán de aplicación los plazos fijados en el artículo 263 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciéndose los siguientes.
La Administración concedente podrá incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, además de los aspectos previstos en el artículo 230 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes.
D.A. 12ª. Infraestructuras del sector energético.
D.A. 13ª. Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en esta ley, y, en especial.
b) Los artículos 4.2; 5; 6; 7; 13; 16.1; 25.2, 25 bis; 26; 30, 32 y 34 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
c) Los artículos 53 a 105 y el artículo 111 de la Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877. d) El apartado 2 del artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en lo que resulte aplicable a las instalaciones de transporte de energía eléctrica, así como el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en lo que resulte aplicable a las instalaciones de la red básica de transporte de gas natural.
2. Constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.8 de la Constitución los preceptos que a continuación se enumeran:
b) Los artículos contenidos en el título V del libro II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo lo dispuesto en el apartado 4 de esta disposición
y los artículos o parte de éstos que a continuación se enumeran:
El último inciso del apartado 1 del artículo 231. El apartado 3 del artículo 235.
El apartado 1 del artículo 238. El apartado 2 del artículo 245. El apartado 5 del artículo 246. El artículo 247.
Los límites máximos de las penalidades previstas en el apartado 2 y los apartados 5 y 6 del artículo 252. El apartado 7 del artículo 254.
c) Las siguientes disposiciones de ¡aparte final: La disposición adicional primera.
La disposición adicional undécima. La disposición final segunda.
3. Constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.13.8 de la Constitución los preceptos que a continuación se enumeran:
4. Los artículos que se indican a continuación se dictan al amparo de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.8, 6.8, 8.8, 14.8 y 24.8 de la Constitución:
El artículo 246.6. El artículo 253.1. El artículo 254.1 y 2. El artículo 255.1.
El artículo 256. El artículo 257. El artículo 258. El artículo 260. La disposición adicional segunda, apartados 2 y 3. La disposición adicional tercera.
5. La disposición adicional duodécima se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.22.8 y 25.8 de la Constitución.
Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de esta ley. Disposición final quinta. Entrada en vigor.
Entrada en Vigor: 2003-08-24
CAPÍTULO III De los contratos de concesión de obras hidráulicas
SECCIÓN 2.ª FINANCIACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MEDIANTE CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO.
Título V. Del contrato de concesión de obras públicas.
CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente.
Artículo 5. Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias
16/12/2011 Redacción Vigente
desde 24/08/2003 hasta 16/12/2011

References: artículo 149
 artículo 233
 artículo 149
 artículo 149
 Artículo 220
 artículo 232
 artículo 135

Artículo 245
 artículo 233
 Artículo 248
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 671
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 263
 artículo 230
 artículo 111
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 149
 artículo 231
 artículo 235
 artículo 238
 artículo 245
 artículo 246
 artículo 247
 artículo 252
 artículo 254
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 246
 artículo 253
 artículo 254
 artículo 255
 artículo 256
 artículo 257
 artículo 258
 artículo 260
 artículo 149

Artículo 5