Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0029_ES.html
Timestamp: 2019-08-22 01:53:05+00:00

Document:
Textos aprobados - Informe Anual 2017 del BCE - Miércoles 16 de enero de 2019
Procedimiento : 2018/2101(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0424/2018
Miércoles 16 de enero de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Informe Anual 2017 del BCE
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre el Informe anual 2017 del BCE (2018/2101(INI))
– Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2018, sobre el Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo(1),
– Visto el Informe anual 2017 del Banco Central Europeo (BCE),
– Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 2, 3, 7, 10, apartado 2, 15, 32, apartado 5 y 33, apartado 1,
– Vistos los artículos 129, apartado 3, 130, 138, apartado 2, 282, apartados 2 y 3, 283, apartado 2, y 284, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Visto el discurso pronunciado por el presidente del BCE, Mario Draghi, en Sintra el 19 de junio de 2018,
– Visto el Boletín Económico del BCE, número 5/2018,
– Visto el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro(2),
– Visto el artículo 128, apartado 1, del TFUE, sobre el curso legal del euro,
– Vistos los comentarios referentes a la contribución aportada por el Parlamento como parte de su Resolución sobre el Informe Anual 2016 del BCE,
– Visto el Informe Económico Anual 2017 del Banco de Pagos Internacionales (BPI),
– Vistos el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) titulado «Vulnerabilities in the EU residential real estate sector» (Vulnerabilidades del sector inmobiliario residencial en la UE), de noviembre de 2016, y las advertencias específicas por país que lo acompañan emitidas para ocho Estados miembros,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0424/2018),
A. Considerando que el euro sigue siendo indiscutiblemente la segunda moneda más importante del sistema monetario internacional; que el respaldo popular al euro en 2017 fue muy elevado, y contó con el apoyo de cerca de tres cuartas partes de los encuestados en la zona del euro (un 73 %), el porcentaje más elevado desde otoño de 2004,
B. Considerando que, según las previsiones del verano de 2018 de la Comisión, el PIB de la Unión y de la zona del euro creció un 2,4 % en 2017, superando a los Estados Unidos; que, según las mismas previsiones, el PIB debería crecer en 2018 y 2019 un 2,1 % y un 2 %, respectivamente;
C. Considerando que las últimas cifras económicas de 2018 reflejan una cierta desaceleración del crecimiento en comparación con los altos niveles de 2017, debido a un impulso más débil del comercio exterior y a la subida de los precios del petróleo;
D. Considerando que, según las cifras de Eurostat de mayo de 2018, el desempleo en la Unión y en la zona del euro ha vuelto a los niveles previos a la crisis, alcanzando el 7 % y el 8,4 %, respectivamente; que el número de desempleados y la participación de la mano de obra en la zona del euro alcanzaron sus niveles más elevados desde el comienzo de la Unión Económica y Monetaria en 1999;
E. Considerando que, a pesar de existir cierta convergencia, las tasas de crecimiento y desempleo siguen siendo desiguales a nivel geográfico, lo que crea una fragilidad peligrosa para la economía y pone en peligro un desarrollo estable y equilibrado; que la tasa de desempleo juvenil sigue siendo más de dos veces superior a la tasa media, un 16,8 % y un 18,8 % en la Unión y la zona del euro respectivamente a finales de 2017;
F. Considerando que la expansión económica internacional actual se debe principalmente a las exportaciones y al consumo nacional en los Estados miembros; que el año pasado la inversión creció al ritmo más rápido desde 2007, respaldada por la mejoría de la economía mundial y el Plan de Inversiones para Europa; destaca el papel del FEIE a la hora de reducir el déficit de inversión en la Unión, movilizando una inversión total de 256 900 millones de euros y proporcionando financiación a casi 550 000 pequeñas y medianas empresas (pymes) que se benefician de la financiación del Fondo Europeo de Inversiones;
G. Considerando que los países de la Unión que no forman parte de la moneda única y que gozan de un tipo de cambio flexible de su propia divisa han mostrado disparidad en sus resultados económicos; que las economías de los Estados miembros que han adoptado la moneda única en la última década han mostrado unos resultados mejores que los países de tipo de cambio flexible;
H. Considerando que, según las proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema de junio de 2018, la inflación anual del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) para la zona del euro parece alcanzar el 1,7 % en 2018, 2019 y 2020, recuperándose de los niveles bajos anteriores y acercándose al objetivo de inflación a medio plazo del BCE de una tasa cercana, pero inferior, al 2 %, aunque aún alejada de este objetivo y con grandes diferencias en las tasas de inflación dentro de la zona del euro; que el aumento de la inflación general está impulsado principalmente por la subida de los precios de la energía, mientras que la inflación subyacente solamente registró un leve aumento desde el 0,9 % al 1 % en 2016 y no mostró signos de una tendencia al alza sostenida en 2017; que el incremento de los salarios de acuerdo con el crecimiento de la productividad continúa siendo una condición previa importante para el crecimiento sostenido de la inflación subyacente;
I. Considerando que, según las previsiones de primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el déficit público acumulado en la zona del euro caiga del 0,9 % al 0,7 % del PIB en 2018, con un descenso adicional al 0,6 % previsto para 2019, frente a las previsiones de déficit del 5,9 % del PIB en los Estados Unidos y del 2,7 % en Japón;
J. Considerando que el BCE prevé un aumento gradual a medio plazo de la inflación, respaldado por el impacto de la política monetaria actual, la continua expansión económica, los aumentos salariales y la absorción de la desaceleración económica;
K. Considerando que los bancos de la zona del euro han acelerado su reducción del número de préstamos dudosos, pasando del 8 % del total de préstamos en 2014 al 4,9 % en el cuarto trimestre de 2017; que el volumen total de préstamos dudosos en toda la Unión sigue ascendiendo a 950 000 millones de euros; considerando que, para garantizar la estabilidad financiera y evitar las consecuencias negativas para los titulares de cuentas actuales, los ahorradores y los inversores, los préstamos dudosos deben venderse, amortizarse (parcialmente) o aprovisionarse adecuadamente; que la cantidad de estos préstamos dudosos varía enormemente de un Estado miembro a otro; que los ratios de préstamos dudosos en ocho Estados miembros siguen situándose muy por encima del 10 %, incluidos dos Estados miembros con más del 40 %.
L. Considerando la necesidad de un mercado secundario mejorado para los préstamos dudosos, con el objetivo de mejorar la liquidez del mercado a escala europea y evitar una posible opacidad del mercado; que debe exigirse a las instituciones financieras activas en el mercado secundario que tengan en cuenta los intereses de los consumidores y que cumplan todos los requisitos nacionales y de la Unión en materia de protección de los consumidores;
M. Considerando que, en su reunión de octubre de 2017, el Consejo de Gobierno del BCE decidió continuar sus compras netas en virtud del programa de adquisiciones de activos (PAA) al ritmo mensual de 30 000 millones de euros hasta septiembre de 2018; que, en su reunión de junio de 2018, decidió prolongar la compra mensual por un importe reducido de 15 000 millones de euros hasta finales de 2018 y, a continuación, poner fin a la totalidad de las compras, siempre que los datos entrantes confirmen sus perspectivas de inflación a medio plazo, y que ha confirmado esta decisión en su reunión de septiembre de 2018;
N. Considerando que el Consejo de Gobierno del BCE ha confirmado sus previsiones de mantener inalterados los tipos de interés de las operaciones principales de refinanciación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito en 0,00 %, 0,25 % y 0,40 %, respectivamente, hasta, al menos, el final del verano de 2019, y en cualquier caso hasta que se haya producido un ajuste sostenido en la senda de la inflación que sea coherente con el objetivo del BCE a medio plazo;
O. Considerando que la última utilización de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (OFPML) en 2017 mostró una demanda creciente por parte de los bancos de la zona del euro; que el objetivo de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico consiste en estimular los préstamos bancarios para la economía real;
P. Considerando que a finales de 2017 el tamaño del balance del Eurosistema había alcanzado un nivel sin precedentes de 4,5 billones de euros, habiendo aumentado en 0,8 billones de euros en relación con finales de 2016, lo que constituye un 41 % del PIB total de la zona del euro; que, al poner en marcha su programa de compra de bonos, el BCE ha introducido un considerable nivel de riesgo en su balance general;
Q. Considerando que, en 2017, el número y el valor de los billetes de euro en circulación aumentó cerca del 5,9 % y 4 %, respectivamente, mientras que el número y el valor de las monedas de euro creció un 4,2 % y 4 %, respectivamente;
R. Considerando que en 2017 el beneficio neto del BCE ascendió a 1 275 000 millones de euros, frente a los 1 193 000 millones de euros de 2016; que este aumento puede atribuirse principalmente al incremento en los ingresos netos por intereses;
S. Considerando que los miembros del Consejo de Gobierno del BCE han insistido sistemáticamente en la importancia de la aplicación de reformas estructurales que incrementen la productividad en la zona del euro, además de políticas presupuestarias expansivas y favorables al crecimiento, dentro del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento;
T. Considerando que el artículo 123 del TFUE y el artículo 21 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo prohíben la financiación monetaria de los Estados;
U. Considerando que, hasta la fecha, el BCE no siempre ha tenido suficientemente en cuenta el principio de proporcionalidad al ejercer su función de supervisión;
1. Acoge con satisfacción que el respaldo popular al euro haya aumentado 8 puntos porcentuales en 2017 frente a 2016, con casi dos tercios de los encuestados (un 64 %) que consideran que la moneda única es algo positivo para sus países;
2. Reitera que el euro es un proyecto político, antes que económico, e insiste en la irreversibilidad de la moneda única;
3. Recuerda la obligación de todos los Estados miembros, a excepción del Reino Unido y de Dinamarca, de adoptar la moneda única, previo cumplimiento de los criterios de convergencia de Maastricht; opina que la participación en la unión bancaria debe considerarse un punto a favor para aquellos países que desean entrar a formar parte de la zona del euro;
4. Subraya que la independencia estatutaria del BCE, conforme a lo establecido en los Tratados, es fundamental para cumplir su mandado de estabilidad de precios y proteger el a la institución en su conjunto frente a las injerencias políticas;
5. Subraya que el BCE es responsable de la política monetaria de la zona del euro en su conjunto; recuerda que las normas del BCE establecen que los miembros del Comité Ejecutivo no representan a su Estado miembro, no tienen derecho de veto y no deben aceptar instrucciones de ninguna institución, gobierno u órgano, lo que le permite actuar con decisión;
6. Señala que la política monetaria ha contribuido a proteger la moneda única y la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria;
7. Reitera que la independencia del BCE otorga a los miembros del Comité Ejecutivo la libertad de decidir, de manera responsable y sobre la base del respeto del principio de rendición de cuentas adecuada, sobre si participar en foros, incluidos aquellos no accesibles al público general, si lo consideran necesario con el fin de garantizar que la política monetaria del BCE se lleva a cabo del mejor modo posible; toma nota del dictamen del Defensor del Pueblo, de 5 de julio de 2018;
8. Pide al BCE que se concentre en su principal objetivo consistente en la estabilidad de precios; recuerda que, de conformidad con el artículo 2 de su Estatuto y del artículo 127 del TFUE y los ulteriores detalles definidos en el artículo 282 del TFUE, el BCE debe apoyar, sin perjuicio del objetivo primordial de la estabilidad de precios, «las políticas económicas generales en la Unión con miras a contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión, tal como se establecen en el artículo 3 del TUE»;
9. Señala que la economía de la Unión registró en 2017 su mayor ritmo de crecimiento en diez años y que todos los Estados miembros expandieron sus economías; observa que la tasa de desempleo en la Unión está en su nivel más bajo desde 2008, si bien sigue afectando dramáticamente a los jóvenes; acoge con satisfacción el papel del BCE en las reformas estructurales en favor del crecimiento sostenible e inclusivo emprendidas en algunos Estados miembros como parte de la recuperación en curso; recuerda la importancia de valorar las consecuencias sociales y económicas de las reformas emprendidas;
10. Advierte, sin embargo, contra el aumento de incertidumbres, que se derivan, entre otros factores, de: la amenaza de un mayor proteccionismo,; las negociaciones del Brexit; las burbujas de activos potenciales; la crisis de los mercados emergentes; niveles históricos de deuda privada y pública; la volatilidad general de los mercados financieros, vinculada sobre todo a riesgos políticos en algunos Estados miembros que afectan negativamente a las perspectivas de crecimiento de la zona del euro; el auge del populismo, del aislacionismo y del etnocentrismo en todo el espectro político; el clamor contra la globalización; y las crecientes divergencias entre los Estados miembros sobre el futuro de la integración europea;
11. Advierte de que, según el Informe Económico Anual del Banco de Pagos Internacionales (BPI), ha habido indicios de acumulación de desequilibrios financieros, en especial, en países ignorados en gran medida por la gran crisis financiera, ya que, a diferencia de los países inmersos en ella, no han sufrido el desapalancamiento del sector privado; señala que los desequilibrios están adquiriendo la forma de fuertes aumentos del crédito en el sector privado;
12. Hace hincapié en la gran importancia, en este contexto, de mantener un entorno favorable para la inversión pública y la privada, que se encuentran aún rezagadas con respecto a los niveles previos a la crisis; anima al BCE a aplicar medidas, de conformidad con su mandato, para contribuir al cumplimiento de este objetivo; recuerda, no obstante, que la expansión impulsada por el crédito puede llevar a una asignación inadecuada de los recursos reales;
13. Considera que la política monetaria por sí sola no basta para lograr una recuperación económica sostenible; recuerda el impacto anticíclico de la política monetaria en la recuperación posterior a la crisis, pero considera que la contribución estructural que la política monetaria aporta al crecimiento sostenible es limitada; insta, por consiguiente, a los responsables políticos a que mantengan la actual expansión económica más allá del corto plazo mediante la aplicación de una combinación de reformas estructurales y políticas fiscales que sean equilibradas desde el punto de vista social, ambiciosas y favorables al crecimiento, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), incluidas sus disposiciones de flexibilidad; se hace eco de las palabras del presidente del Consejo Fiscal Europeo, dirigidas a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el 5 de noviembre de 2018, en el sentido de que la flexibilidad de las normas debe ser una práctica que dependa de la situación económica en la que nos encontremos, así como el punto de vista expresado en el informe de junio de 2018 de que para salvaguardar la credibilidad del Pacto, sus disposiciones en materia de flexibilidad deben aplicarse de forma simétrica, no solo cuando la economía esté en declive o débil»;
14. Hace hincapié en que, a fin de garantizar la plena eficacia de la política monetaria, deben corregirse los desequilibrios macroeconómicos excesivos mediante políticas presupuestarias y económicas adecuadas, y reformas que aumenten la productividad; subraya que la política monetaria del BCE no puede sustituir a las reformas estructurales sostenibles, que son responsabilidad de los Estados miembros;
15. Observa con preocupación que la cuota de la Unión en los flujos de inversión extranjera directas mundiales se ha reducido significativamente desde el inicio de la crisis;
16. Toma nota del dictamen del BCE en el que pide el establecimiento del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD) como tercer pilar de la unión bancaria; pone de relieve la función clave de la garantía de depósitos para crear confianza y garantizar la seguridad de todos los depósitos dentro de la unión bancaria; hace hincapié en que el SEGD podría contribuir a reforzar y salvaguardar la estabilidad financiera; reconoce que la distribución y la reducción de riesgos deberían vincularse entre sí;
17. Destaca que las medidas no convencionales de la política monetaria del BCE han contribuido a la prevención de los riesgos de deflación que seguían presentes a principios de 2016 y al inicio de una recuperación del crédito al sector privado, cuyo crecimiento anual fue de alrededor del 3 % a mediados de 2018, frente al 0 % en 2015;
18. Coincide con el BCE en que, el logro del objetivo de inflación, requerirá políticas presupuestarias de apoyo sostenible, así como reformas que incrementen la competitividad, la productividad y el crecimiento y aumentos de los salarios en consonancia con el crecimiento de la productividad; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos aplicando los principios del «triángulo virtuoso», fomentando la inversión, continuando las reformas estructurales favorables al crecimiento y socialmente equilibradas y garantizando unas políticas presupuestarias responsables;
19. Muestra su preocupación por la rápida subida de los precios en el sector inmobiliario de determinados Estados miembros; pide, por lo tanto, precaución frente al riesgo de un resurgimiento de la burbuja inmobiliaria y del excesivo endeudamiento de las economías domésticas y del sector privado en algunos Estados miembros;
20. Toma nota de los comentarios del presidente del JERS, Mario Draghi(3), en el sentido de que la fuente principal de vulnerabilidad que sobrecalienta los mercados inmobiliarios en la Unión es la búsqueda de rentabilidad por parte de inversores internacionales (en gran medida en el ámbito de la financiación transfronteriza y del sector no bancario) y que los responsables políticos deberían investigar la posibilidad de introducir instrumentos macroprudenciales nuevos para el sector no bancario, especialmente en lo que respecta a sus exposiciones al mercado inmobiliario comercial;
21. Aprueba, sin perjuicio de la independencia del BCE, la decisión de este de finalizar el programa de adquisiciones de activos de forma sostenible, siempre que los datos entrantes confirmen sus perspectivas de inflación a medio plazo, y considera que este instrumento solo debería utilizarse de manera temporal, dado que crea nuevos riesgos para la estabilidad financiera y reduce los incentivos para sanear la hacienda pública y para aplicar reformas estructurales; reconoce que la dependencia de la política monetaria para apoyar la recuperación tras la crisis ha tenido también consecuencias inesperadas;
22. Destaca, en particular, que las medidas no convencionales prolongadas de la política monetaria pueden tener impactos distributivos negativos; pide al BCE, por tanto, que incluya en su próximo informe anual un análisis detallado y exhaustivo sobre los efectos secundarios de sus medidas en materia de política monetaria, incluido el riesgo potencial para el sector de los seguros y las pensiones;
23. Señala que, con participaciones de 1,9 billones de euros a finales de 2017, el programa de compras de valores del sector público representó la mayor parte del PAA; hace hincapié en la importancia de cumplir el límite de emisor del 33 % en las compras del sector público;
24. Toma nota de que, de todos los programas de compras de valores del sector privado, el programa de compras de bonos corporativos (CSPP) fue el que más contribuyó al PAA en 2017, con 82 000 millones de euros en compras netas; acoge con satisfacción que, desde 2017, el BCE haya estado publicando la lista completa de todas las participaciones del CSPP, incluidos los nombres de los emisores, junto con los datos acumulados relativos a dichas participaciones por país, riesgo, calificación y sector; pide al BCE que aplique una política de transparencia similar en todos los programas de adquisiciones de activos, incluidos el programa de compras de bonos de titulización de activos y el tercer programa de adquisiciones de bonos garantizados, además de medidas adicionales para hacer públicos los procedimientos operativos empleados en la elección de los bonos adquiridos por los bancos centrales nacionales (BCN); hace hincapié en que el programa de compras de bonos corporativos no deberá originar de ninguna manera distorsiones de la competencia dentro del mercado interior;
25. Recuerda que el BCE, como institución de la Unión, está sometido al Acuerdo de París; pide al BCE, en el pleno respeto de su mandato, de su independencia y del marco de gestión de riesgos, que integre el compromiso con el Acuerdo de París y los principios económicos, sociales y de gobernanza (principios ASG) en sus políticas;
26. Acoge con satisfacción la transparencia que aporta el BCE a través de su orientación futura; agradece la decisión del BCE de mantener bajos los tipos de interés, dado el incierto panorama internacional en la actualidad;
27. Subraya que la clave para evitar perturbaciones del mercado será llevar a cabo la retirada progresiva de las medidas no convencionales de la política monetaria mediante un orden y una ejecución adecuados; recuerda que es posible aumentar los tipos al tiempo que se mantiene un tamaño estable del balance financiero del Eurosistema si las condiciones económicas así lo garantizan;
28. Subraya la importancia de la comunicación y de la orientación futura para normalizar con éxito la política monetaria;
29. Es consciente del impacto diferenciado que tendrá la normalización de la política monetaria en los Estados miembros, en función del nivel y perfil de vencimiento de su deuda;
30. Destaca la magnitud de los cambios estructurales y reglamentarios experimentados desde la última crisis económica y la relevancia de estos en numerosos ámbitos relacionados con la política monetaria; subraya la importancia de los estudios y las investigaciones para comprender mejor el nuevo panorama que ha surgido de los cambios que han tenido lugar durante las últimas décadas y sus consecuencias para la ejecución de la política monetaria;
31. Señala el impacto del tipo de interés negativo para la facilidad de depósito impuesto a los bancos desde junio de 2014; considera que esta medida, en caso de aplicarse, podría afectar a la rentabilidad del sector bancario y debería retirarse progresivamente en el curso de la normalización de la política monetaria en consonancia con la actual recuperación;
32. Es consciente de la posible continuación de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico, que facilitan a los bancos la financiación a medio plazo en condiciones atractivas, siempre que la financiación se utilice realmente para conceder nuevos créditos a la economía real; toma nota de la demanda creciente por parte de los bancos de la zona del euro reflejada en las últimas operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico de 2017, que puede deberse a las expectativas de una subida de los tipos de interés sobre los depósitos y a la posibilidad de obtener beneficios a menor precio; pide al BCE que supervise de cerca esta situación para garantizar que las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico se usan realmente para estimular los préstamos bancarios para la economía real;
33. Toma nota del aumento en los saldos de TARGET2 que indican las salidas continuadas de capital de las regiones periféricas de la zona del euro; señala que el BCE considera que los cambios en los saldos de TARGET reflejan en gran medida los flujos de caja que se han producido en el contexto del PAA y que no son un síntoma de la existencia de tensiones renovadas en los mercados financieros; pide al BCE que aclare los factores subyacentes y los riesgos potenciales relacionados con los desequilibrios que esto podría causar;
34. Acoge con satisfacción la adopción del acuerdo sobre las provisiones urgentes de liquidez, donde se precisa el reparto de responsabilidades, costes y riesgos; señala que este acuerdo ha de revisarse en 2019 a más tardar; opina que la concesión de provisiones urgentes de liquidez debería decidirse a escala de la Unión;
35. Pide al BCE que publique los importes completos de los beneficios obtenidos por el Eurosistema mediante el Acuerdo sobre Activos Financieros Netos y el Programa para Mercados de Valores desde 2010 hasta la finalización completa del programa, con un desglose específico por países respecto de los Estados miembros que han sido objeto de adquisiciones del Programa para Mercados de Valores (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia);
36. Acoge con satisfacción la modificación del artículo 22 de los Estatutos del SEBC y del BCE, con el fin de proporcionar una base legal clara para permitir que el Eurosistema ejecute su papel como banco central de emisión de compensaciones a través de una contraparte central, dándole así al BCE la competencia para regular la actividad de los sistemas de compensación, incluidas las compensaciones a través de una contraparte central, a fin de contrarrestar el riesgo que representan esos sistemas para el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la ejecución de la política monetaria única;
37. Pide al BCE que siga las recomendaciones de Transparencia Internacional, en particular por lo que respecta a su papel en la troika;
38. Pide al BCE que continúe sus trabajos para que los bancos se preparen bien para todas las posibles contingencias relacionadas con el Brexit; insta, asimismo, al BCE a que se ocupe de todos los preparativos necesarios para garantizar la estabilidad de los mercados financieros de la Unión, incluido en caso de un Brexit sin acuerdo;
39. Subraya la necesidad de que los Estados miembros de la zona del euro apliquen una estrategia conjunta de regulación del sector financiero tras el Brexit, en lugar de iniciar una competencia a la baja perniciosa entre ellos;
40. Se muestra de acuerdo en que un mercado de capitales operativo, diversificado e integrado es propicio para la transmisión de la política monetaria única; solicita con urgencia que se acelere el proyecto de Unión de los Mercados de Capitales (UMC) para profundizar en la integración financiera, con el objetivo de ayudar a reforzar la resiliencia a los choques y conseguir transmitir la política monetaria en toda la unión monetaria de forma más efectiva, fomentando la distribución del riesgo privado dentro de la unión bancaria y del conjunto de la Unión; señala que el programa de compras de bonos corporativos podría haber ayudado a suavizar las condiciones de financiación de las empresas, en particular de aquellas del sector no financiero (es decir, de las sociedades no financieras);
41. Considera que unos mercados europeos de capitales más profundos y mejor conectados como resultado del avance hacia la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) en la Unión, así como de la realización paso a paso de la unión bancaria, contribuirán a la profundidad y liquidez de los mercados financieros de la zona del euro, fomentando al mismo tiempo el prestigio internacional del euro;
42. Pide al BCE que mantenga un grado de atención sobre el acceso al crédito para las pymes, en particular a la luz del ritmo ralentizado de mejora de su situación financiera, revelado por la encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación realizada en junio de 2018; destaca que una UMC que funcione correctamente puede, a más largo plazo, ofrecer una financiación alternativa a las pymes, como complemento a la procedente del sector bancario;
43. Cree que la manera más rápida de lograr una UMC que funcione correctamente es abordar las normativas nacionales que impiden que los mercados de capital que funcionan correctamente tengan un impacto más amplio en toda la Unión y reducir la carga de nuevas reglamentaciones;
44. Pide al BCE que intensifique su control sobre el desarrollo de la tecnología de registro descentralizado y el aumento de los riesgos en materia de ciberseguridad de la tecnología financiera;
45. Señala que el BCE está de acuerdo en que es importante estudiar la relevancia y las implicaciones de una moneda digital emitida por un banco central (o dinero digital) para el público general; anima al BCE a que elabore y publique un estudio sobre este tema;
46. Subraya la importancia de la seguridad informática para el sector financiero y para el sistema de pagos; pide al BCE que siga prestando una atención especial y constante sobre este asunto, que destaque su importancia en los foros internacionales y que continúe cooperando con el Supervisor Europeo de Protección de Datos;
47. Coincide con el BCE en la importancia del dinero físico como moneda de curso legal, puesto que el euro es la única moneda legal dentro de la zona del euro, y recuerda a todos los Estados miembros de la zona del euro que la aceptación de monedas y billetes de euro debería ser la norma en las transacciones al por menor, sin perjuicio del derecho de esos Estados miembros a introducir límites máximos a los pagos en metálico con vistas a combatir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada;
48. Se hace eco de las opiniones expresadas por miembros del Comité Ejecutivo sobre la importancia de desarrollar sistemas de pago propiamente europeos que sean inmunes a perturbaciones externas como, por ejemplo, perturbaciones de naturaleza política;
49. Señala el llamamiento del presidente Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2018 a abordar el papel internacional del euro y la necesidad de que este desempeñe plenamente su papel en la escena internacional;
50. Destaca la importancia de que el BCE deba rendir cuentas al Parlamento; acoge con satisfacción, en este sentido, el diálogo permanente entre el BCE y el Parlamento, así como las comparecencias regulares del presidente del BCE y, en su caso, de otros miembros del Comité Ejecutivo, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y el Pleno; anima al BCE a que continúe este diálogo; subraya que el BCE ha mejorado su comunicación; considera que debe continuar esforzándose para facilitar el acceso a sus decisiones a todos los ciudadanos, así como su comprensión, además de continuar sus acciones para mantener la estabilidad de precios en la zona del euro y, por lo tanto, conservar el poder adquisitivo de la moneda común;
51. Celebra los progresos realizados por el BCE hasta la actualidad, que han aumentado su transparencia y su responsabilidad democrática ante los ciudadanos europeos y el Parlamento;
52. Pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que trate de mejorar el establecimiento del diálogo en materia monetaria con el presidente del BCE;
53. Acoge con satisfacción los comentarios mejorados, significativos y por secciones proporcionados por el BCE en respuesta a la contribución aportada por el Parlamento sobre el Informe Anual 2016 del BCE; pide al BCE que mantenga este compromiso con la rendición de cuentas y que siga publicando cada año sus observaciones por escrito sobre la resolución del Parlamento sobre el informe anual del BCE;
54. Recuerda que en los próximos meses se producirán importantes cambios en el Consejo de Gobierno del BCE, dada la conclusión de los mandatos de varios miembros del Comité Ejecutivo, incluido el presidente; considera que dichos cambios deben prepararse con cuidado y total transparencia junto con el Parlamento, de conformidad con los Tratados; insta al Consejo a que elabore una lista equilibrada de al menos tres candidatos para todas las futuras vacantes, lo que permitirá al Parlamento desempeñar un papel consultivo más significativo en el proceso de nombramiento; reitera su postura sobre la necesidad de mejorar la paridad de género en el Comité Ejecutivo, así como en todo el personal del BCE en general; subraya que los miembros del Comité Ejecutivo han de ser elegidos únicamente sobre la base de su reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios;
55. Se muestra de acuerdo con las declaraciones del presidente Draghi del 13 de septiembre en las que afirmaba que el número excesivo de anuncios incoherentes entre ellos y no respaldados por hechos de los últimos meses ha provocado en Italia una escalada de los rendimientos de los bonos soberanos y un aumento del diferencial con consecuencias negativas sobre las empresas y las familias.
(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0025.
(3) En la audiencia celebrada con la JERS en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el 9 de julio de 2018.

References: Resolución 
 artículo 11
 artículo 128
 Resolución 
 artículo 123
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 127
 artículo 282
 artículo 3
 artículo 22
 resolución