Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2013/76/28/
Timestamp: 2019-10-15 09:16:23+00:00

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Diario de Sesiones 76/2013, de fecha 23/4/2013 - Punto 28 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 76/2013, de fecha 23/4/2013 - Punto 28
· 8L/C-0941 Comparecencia del Gobierno -consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la intervención en la conversión de la entidad financiera CajaCanarias en fundación.
El señor presidente: Siguiente comparecencia, del Gobierno, en este caso del señor consejero de Economía y Hacienda, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la intervención en la conversión de la entidad financiera CajaCanarias en fundación.
Doña Cristina Tavío, para la defensa, para la presentación de la comparecencia.
La señora Tavío Ascanio: Buenas tardes, señor presidente. Señorías.
La Ley 9/2012, de 15 de noviembre, obligaba a las cajas de ahorro a transformarse en fundaciones de carácter especial en el plazo de cinco meses. En el caso de CajaCanarias, su plazo expiraba el 3 de enero de 2013.
Hace un mes y cinco días, el miércoles 27 de marzo, el Consejo de Gobierno, del que usted es miembro, acordó la intervención de la entidad financiera CajaCanarias. Para situarnos, apenas unas horas después de finalizar el debate del estado de la nacionalidad el presidente Rivero reunía a su Gobierno y por ordeno y mando decretaba la intervención de la caja. Dicho de otra manera: Coalición Canaria y el Partido Socialista se repartían la fundación de la caja con alevosía, premeditación y nocturnidad. Son ustedes, señorías del Gobierno, el único Gobierno autonómico que se ha atrevido a algo que es un atropello sin precedentes. Pudo perfectamente haber anunciado la decisión en este Parlamento y sobre todo explicarla aquí. Pero no, hoy viene por obligación, porque se lo ha pedido el partido que ganó las elecciones en Canarias.
El presidente del Gobierno justificaba dicho atropello de la fundación de CajaCanarias en el interés general. Creemos que el presidente se equivoca una vez más al confundir su propio interés de mantenerse en el poder y de controlar absolutamente todo en Canarias con el interés de los canarios. El interés personal y partidista de Rivero no es el interés general de los canarios, señor González Ortiz.
En algún sitio he leído estos días que el presidente Rivero necesitaba tomar el poder de la fundación de CajaCanarias para controlar su propio partido, pues controlando esta fundación recuperaría el apoyo de sus líderes municipales y, con ello, su camino hacia su propia reelección. Si así fuera, señor González Ortiz, esto huele fatal y su Gobierno tendrá que rendir cuentas de esta intervención ante los tribunales de justicia. Si así fuera, el señor Rivero y usted actúan como amos y señores de Canarias. Su soberbia y su ambición de poder hacen un daño sin precedentes a todos los canarios, que no compartimos esa Canarias de amigos y enemigos, esa Canarias de enfrentamientos y batallas, de afectos y desafectos. Esa Canarias de premiar a los sumisos y perseguir a quienes no creen en ustedes. Esa Canarias de control e intervencionismo que ustedes quieren imponer desde el poder.
¿Por qué ocultan que el Banco de España les comunicó el plazo para la transformación voluntaria? Señorías del Gobierno, reconózcanlo: en ningún caso el Banco de España les indicó a ustedes que no pudieran aprobar después de esa fecha y, si es así, demuéstrenlo. Vamos, demuéstrenlo aquí. ¿Comunicó el Gobierno antes de esa fecha los supuestos defectos encontrados que, como ustedes mismos reconocen, eran subsanables? ¿Sí o no? ¿No será que a ustedes les interesó que aparecieran esas supuestas deficiencias para justificar la no aprobación y así hacerse con el control de la caja? ¿A qué obedece que solo en Canarias se haya decidido una gestora? (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)
Otro argumento que dio el presidente en este Parlamento y que es falso: que el patrimonio de la caja quedaba sin el control público. Señorías, según esta diputada ha podido comprobar, el patrimonio de la caja aportado es correcto, está auditado por Ernst & Young. Pero es que además está, en todo el expediente figuran esos 158.127.000 euros.
Su Gobierno determina que BDO auditores no es independiente, ¿y pretenden que nos creamos que su gestora sí es independiente? Veamos, dos militantes socialistas y dos militantes de Coalición Canaria, en este último caso además ex y actuales miembros del Gobierno por Coalición Canaria. Que conste mi consideración personal y profesional hacia todos ellos, pero permítanme que dude solo un poquito de su independencia política.
Desde luego, señores del Gobierno, no se rían de los canarios, y no se rían con tanto descaro. Señor González Ortiz, no siga buscando excusas ni inventando calumnias. Tiene usted hoy aquí, en este Parlamento, la oportunidad de rectificar para no...
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora diputada...
La señora Tavío Ascanio: ...la ética y la independencia.
Sí, termino, presidente.
Si CajaCanarias gana en los juzgados, ¿quién pagará este atropello? ¿Responderán el señor González Ortiz o el señor Rivero con su patrimonio o vamos a seguir perdiendo en los juzgados? Espero ansiosa toda la información.
El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Señor presidente, señorías, buenas tardes de nuevo.
En la conversión de CajaCanarias a fundación el Gobierno ha actuado de la única manera posible, cumpliendo la ley. Este proceso no se ha instado contra nada, tampoco contra nadie; muy al contrario: la actuación del Gobierno ha sido a favor, a favor de la fundación, garantizando su futuro y afianzando la viabilidad de su Obra Social, y lo ha hecho en beneficio del interés general, cumpliendo rigurosa, estricta y escrupulosamente con la ley. Todas las decisiones han estado sometidas a un conjunto de normas estatales y autonómicas que en caso de incumplimiento sería este Gobierno el único y máximo responsable. Señorías, señora Tavío, la ley está por encima de todo y de todos, sin excepción. El Gobierno así lo cree y actúa en consecuencia.
Hemos atendido, atendemos y atenderemos a ese conjunto de normas que marcan la pauta de procesos de estas características. La primera de ellas responde a la obligación de proteger el interés general. El artículo 3 de la Ley canaria de Cajas designa a la consejería competente en materia de economía y hacienda como el órgano obligado a vigilar por el cumplimiento de la función económica y social de esas entidades. En base a ese imperativo legal, es precisamente ahora, con la tutela del proceso que ha iniciado este Gobierno, lo que permitirá eliminar incertidumbres y proteger, con todas las garantías, la continuidad de la Obra Social.
El marco legal de este procedimiento se contempla básicamente con la Ley canaria de Fundaciones, el Real Decreto-Ley 11/2010, regulador del régimen jurídico de las cajas de ahorros, y la Ley 9/2012, del pasado mes de noviembre, sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito.
La primera consideración que es necesario realizar sobre este proceso es que a día de hoy la Fundación CajaCanarias no existe, y no existe porque no está inscrita en el Registro Canario de Fundaciones, tal y como exige la ley. Se trata de una circunstancia trascendental, ya que para poder desarrollar la importante labor que desempeña su Obra Social es del todo imprescindible que adquiera la personalidad jurídica de la que ahora mismo, señora Tavío, carece.
Por tanto... (Rumores en la sala.)
El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí. Perdón, señor consejero.
Por tanto, el primer objetivo del Gobierno de Canarias es su inscripción en el registro para que pueda actuar y ejecutar su actividad a la mayor brevedad posible. Con ese fin cumplimos con el mandato legal de esta tutela, que implica la creación de una gestora que culmine el proceso de transformación.
La exigencia de la inscripción es un hecho incuestionable que no lo define el Gobierno, lo establecen, no una, sino dos normativas: el artículo 9 de la Ley canaria de Fundaciones y el artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/2010, al dictar ambas disposiciones que estas fundaciones solo tienen personalidad jurídica propia cuando estén efectivamente inscritas. Al contrario de lo que algunos han defendido, la mera presentación de una solicitud de autorización o el otorgamiento de una escritura de constitución no implica la conformación automática de una antigua caja de ahorros en una fundación de carácter especial.
La razón por la que no se ha producido tal inscripción fue consecuencia de que los promotores de CajaCanarias no tuvieran, dentro del plazo estipulado, la autorización del Gobierno de Canarias para su conversión de entidad financiera a fundación de carácter especial, un requisito previo ineludible previsto en el artículo 11 de la Ley de Cajas. Y no lo estuvo a tiempo porque fue la normativa estatal la que fijó el plazo, dando por finalizado el proceso iniciado por la entidad antes de que este pudiera culminar. Es el Real Decreto-Ley 11/2010, en su redacción dada por la Ley 9/2012, y no el Gobierno de Canarias, quien fija el plazo para completar su transformación. "Cuando una caja está obligada a transformarse en fundación de carácter especial -cito textualmente-, la transformación se producirá dentro del plazo de cinco meses desde el momento determinante de la disolución". En el caso de CajaCanarias, tampoco fue el Gobierno de Canarias sino el Banco de España quien determinó el 3 de agosto de 2012 como inicio del proceso para inscribirse, dado que en ese momento fue cuando se inscribió la absorción por CaixaBank. Por lo tanto, el vencimiento, según la ley, se producía el 3 de enero de 2013.
A tenor de esta fecha, los promotores, por tanto, de la entidad pudieron haber iniciado el proceso con anterioridad, en concreto desde el pasado mes de agosto. Pero no lo hicieron: su petición al Gobierno de Canarias la inició el 5 de diciembre y no completó la documentación requerida hasta el 21 de ese mismo mes. En ese momento, señoría, sus representantes eran de tal modo conocedores de las consecuencias establecidas en la ley sobre el fin del plazo que en su petición al Gobierno de Canarias de ese 5 de diciembre solicitan expresamente la autorización para la conversión en fundación de carácter especial y, cito textualmente, "en todo caso, no más tarde del 3 de enero de 2013". Es decir -y aunque ahora alguien pueda manifestar lo contrario-, admitían en la propia solicitud, sin duda alguna, que después de esa fecha ya no era posible continuar con el procedimiento voluntario.
Este Gobierno, a pesar del escaso margen de actuación, que nos dejaron entre el 21 de diciembre y el 3 de enero, prestó su máxima colaboración para concluir el proceso antes del plazo fijado. Tal es así, y podemos acudir a las hemerotecas, que los representantes de la entidad en relaciones públicas agradecieron y destacaron la agilidad y el compromiso mostrado. Sin embargo, el esfuerzo realizado por ambas partes no fue suficiente para culminar el proceso. Tenga usted en cuenta, señoría, que no es hasta el 28 de diciembre cuando se recibe el informe preceptivo del Banco de España y el 2 de enero cuando se recibe el informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, que refleja reparos sobre aspectos trascendentales en la propuesta de los promotores.
Los reparos descritos por los Servicios Jurídicos concluyen que no existían suficientes garantías de que la fundación proyectada por los promotores preservara adecuadamente su patrimonio y, por tanto, la continuidad de la Obra Social. La objeción principal en todo este proceso se refería a las dudas suscitadas respecto a la valoración del patrimonio y también a que de los 158 millones de euros en los que se vendía ese patrimonio solo 20 se incluyeron en la dotación fundacional. La diferencia es muy importante, sustancial, puesto que el grueso del patrimonio quedaba al margen de los controles reforzados y, por tanto, a una mayor discrecionalidad en su disponibilidad por parte de los órganos de dirección.
Es obvio que con incertidumbres de este calado sin resolver el Gobierno de Canarias no autorizara la propuesta de reconversión el mismo día del vencimiento del plazo establecido por la legislación estatal.
Es de nuevo la norma del Estado la que impone a la comunidad autónoma el procedimiento a seguir, estableciendo la transformación forzosa de la fundación a partir del 3 de enero. El Real Decreto-Ley 11/2010, dispone, textualmente: "transcurrido el plazo sin que se haya ejecutado -ejecutado- la transformación, se producirá la disolución directa de todos los órganos de la caja de ahorros, nombrando el protectorado correspondiente una comisión gestora a los efectos de aprobar los estatutos, nombrar el patronato y adoptar acuerdos para materializar la transformación". Y eso es, señorías, exactamente lo que hemos hecho. Es ese real decreto-ley el que da por finalizado el proceso voluntario, por lo que a partir del 3 de enero el Gobierno de Canarias nada podía resolver sobre la autorización solicitada por la entidad. Así lo constata el Consejo de Gobierno del pasado 27 de marzo, que declara, en consecuencia con todo lo anterior, la terminación del proceso de solicitud de la entidad debido a la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
Esta decisión, señorías, es muy importante, y contrariamente a lo que se ha dicho, no fue motivo de sorpresa, o no pudo serlo, o indefensión para los promotores de la fundación. Mire, en todo momento fueron conocedores de la situación. Además de reuniones y contactos telefónicos continuos, la entidad fue informada de las actuaciones del Gobierno.
Con fecha 16 de enero, la Dirección General del Tesoro les informa por escrito de la transformación forzosa de la caja en fundación de carácter especial. Prueba de su pleno conocimiento es la respuesta que remitieron los promotores el 25 de enero, donde manifiestan incluso que disponen del informe de los Servicios Jurídicos, al que llegan incluso a formular diversas alegaciones. Es decir, lo conocían.
Es más, la entidad también recibe en enero la notificación del Protectorado de Fundaciones, con la desestimación del procedimiento. Los promotores de la entidad recurren nuevamente esta situación el 11 de febrero.
En resumen, señorías, y para concluir en todo este proceso, el Gobierno de Canarias no ha actuado en contra de ninguna institución, ni mucho menos lo ha hecho de forma arbitraria. Sus decisiones están dirigidas a preservar el interés general, se han ejecutado conforme a la ley y tienen como único fin dar continuidad y viabilidad a la importante labor social que realizan, realizaban en este caso, las cajas y a partir de ahora las fundaciones. No nos olvidemos, señorías, de quién es el patrimonio originario de las cajas; hay algunos que parecen olvidarlo.
El señor Rodríguez Rodríguez: Señor presidente. Señorías. Señor consejero.
Nosotros estamos en la Oposición pero tenemos por costumbre que, cuando el Gobierno -entendemos- desempeña su función de forma correcta, reconocerlo. Esta mañana lo hacíamos en relación a la decisión, yo creo que trascendente y diría que hasta valiente, del Gobierno en relación al problema de los desahucios. Y sobre este tema, con la explicación que ha dado, con lo que he leído, creo que el Gobierno aquí se ha guiado por el respeto a la legalidad y por la defensa del interés general. No tengo dudas; si las tuviera, las expresaría, porque nada debemos a los grupos que apoyan al Gobierno y menos al Gobierno. De manera que lo decimos porque honestamente lo pensamos. Creo que con la explicación que ha dado queda bien claro qué ha guiado al Gobierno en la toma de decisiones.
Sobre los supuestos perjudicados, yo diría que tampoco destaco o detecto, veo, discrepancias de orden personal; todo lo contrario, altas coincidencias históricas. Si nos remitimos a los antecedentes, no muy lejanos, aquí hubo incluso una modificación del periodo de sesiones para habilitar a determinada persona continuar al frente de la entidad, cosa insólita por otra parte. En cualquier caso, si hubiera algún daño, seguro que serán capaces de defenderse, seguro.
Y en cuanto al perfil razonablemente político de los designados, pues, es normal. Lo haría el Partido Popular en su lugar y seguramente nosotros también. Es razonable que se recurra a personas en las que confías, a las que conoces, y creo que las personas, de las cinco yo conozco a cuatro y me da la impresión de que son personas respetables, de alto nivel, experimentadas, de confianza y además -y esto es un chascarrillo- no hay ningún canarión, con lo que está salvado el futuro de la entidad.
Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Pedro Martín, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.
Bueno, creo que el consejero de Economía y Hacienda ha hecho un correlato cronológico de lo acontecido. Creo que ha dejado bien a las claras la apoyatura legal, que no solo ha llevado el Gobierno sino que obliga al Gobierno a actuar en situaciones como esta, basadas fundamentalmente en legislación de ámbito estatal. Por lo tanto, para nosotros, el Grupo Socialista, la situación está muy clara.
El 3 de agosto del pasado año CajaCanarias como entidad financiera desaparecía, absorbida por CaixaBank, y a partir de ese momento lo que hasta ahora habíamos llamado Obra Social podría pasar a conformarse en una fundación de carácter especial, y lo tenía que hacer dentro de un plazo establecido de cinco meses, como ha quedado meridianamente claro. La pregunta es, si se dispone de cinco meses para hacer esa gestión y se entrega la documentación el día 5 de diciembre, es decir, 27 días antes de que se cumpla el plazo, tan solo 27 días, si de esos 27 días hay 11 que son no laborables, quedan 16 días para que el Gobierno resuelva, y no solo resolver sobre una petición, resolver sobre una autorización previa -que parece que nos olvidamos-, que es una condición sine qua non para continuar con el procedimiento y, por lo tanto, para llevar a cabo la inscripción en el Registro de Fundaciones. No se procede de esa manera, no se pueden agilizar los trámites, en primer lugar porque hay que pedir informes sectoriales, curiosamente a la Dirección General de Relaciones Institucionales, a la Dirección General del Servicio Jurídico, a la Dirección del Tesoro y Política Financiera, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, entre otros organismos. A partir de aquí, si además la documentación que se presenta es incompleta o, como parece deducirse de la intervención del consejero, deberían clarificarse algunos asuntos, parece evidente que es prácticamente imposible resolver, como pretendían los interesados, en fundación. Sobre todo porque la decisión del Gobierno no está apoyada en criterios personales o partidistas, como parece deducirse de alguna de las intervenciones, sino porque la apoyatura fundamentalmente es la elaborada por los Servicios Jurídicos del Gobierno y parece razonable que todos pensemos que hemos de tener en cuenta ese criterio.
A partir de ahora hay una comisión gestora, con la intención de conformar un patronato que garantice lo verdaderamente importante, y eso, señores del Partido Popular, no es defender -como a veces tienen ustedes cierta querencia- los intereses de algunos representantes de entidades financieras, es defender la Obra Social de CajaCanarias, que es la que de verdad nos interesa a todos.
Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.
Quizás, señorías, lo que más debería sorprendernos en la tarde de hoy a los diputados y diputadas canarios es que por primera vez, tras el tsunami producido en todo el sistema financiero español, tras la extinción de facto de las principales entidades de crédito canarias, es la primera vez que tratamos en esta Cámara este asunto. Ese y no otro es quizás la expresión mayor del drama de que no tengamos hoy en Canarias ninguna entidad financiera propia, con músculo, en términos de capitalización, suficiente para afrontar los retos que una comunidad como la nuestra tiene.
Paradójicamente, como digo, es la primera vez que se trata este asunto y no criticando al Gobierno por no haber intervenido antes sino por haberlo hecho cuando la situación se limita a la administración de los restos de aquella entidad señera, CajaCanarias, convertida ahora en un proyecto de fundación de carácter especial.
Por tanto, en primer lugar, y reparo en eso, la afirmación de la señora Tavío, no se ha producido, señora Tavío, la intervención de ninguna entidad financiera, porque no hay entidad financiera, porque resulta que la única entidad financiera hoy, como acaba de aclarar el portavoz socialista, es CaixaBank desde -en relación con este asunto-, desde el 3 de agosto del pasado año.
Y la secuencia temporal es tan clara que la pregunta es la que hacía, la que se hacía, o la que nos hacía el portavoz socialista: ¿por qué se empieza el procedimiento el 5 de diciembre?, ¿por qué celebran la asamblea general el 19 de diciembre? ¿Por qué en ese periodo, por otra parte navideño, hay que resolver antes del día 3 de enero? ¿Por qué la dotación inicial que los promotores hacen de la fundación de carácter especial es solo de 20 millones de euros, frente al capital patrimonial valorado en 158 millones de euros?
En fin, señorías, esta es la cuestión. La cuestión hoy es aplicar ese capital a la realización o a la ejecución de obra social en beneficio de la ciudadanía canaria, porque no estamos ante la extinción de una entidad bancaria sino ante la extinción de una entidad de crédito de todos nosotros que ha de proyectar su beneficio social sobre el conjunto de la ciudadanía.
Las fechas son claras y esperemos, señorías, que esto sea solo una cuestión de tiempo y que muy pronto la gestora creada por el Gobierno pueda proceder a la elaboración de los estatutos, al nombramiento de un patronato y a que empiece a funcionar de forma efectiva esa fundación de carácter especial y aplicar los recursos en beneficio del conjunto de la ciudadanía.
Por parte del grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Popular.
Señorías, ruego guarden silencio. Les recuerdo a los señores diputados... Señor diputado del Partido Popular (Refiriéndose al señor Moreno Bravo, quien en ese momento habla con una periodista gráfica).
Señora diputada, tiene diez minutos.
La señora Tavío Ascanio: Señorías. Señor presidente. Señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
El único que parece confundir de quién es el patrimonio de la caja es el señor Rivero, que ha creído que ese patrimonio es suyo y lo quiere manejar a su antojo. ¡Qué decepción, señor consejero, qué decepción la intervención del resto de los portavoces de los grupos políticos! No han dado ni un argumento de peso para justificar una expropiación encubierta.
Mi grupo político ha demostrado hoy aquí, en este Parlamento, que el Gobierno ha actuado bordeando la legalidad. Usted no ha podido contestar a las preguntas que le he hecho. La inscripción, señor González Ortiz, señor Hernández Spínola, si se la negaron ustedes mismos con esa excusa, con esa pretensión. No hubo incumplimiento del plazo. El patrimonio de la fundación estaba auditado y figuraba correctamente en el expediente, y claro que había informe de experto independiente. Ha quedado claro que efectivamente la única intención del Gobierno era repartirse la fundación de la caja entre los grupos políticos que apoyan al Gobierno, y solo el Gobierno de Canarias, es el único gobierno autonómico que se ha atrevido a este atropello sin precedentes. Queda claro, señorías, y hoy más a partir de la intervención de don Pedro Martín, que el Partido Socialista se ha sumado a esta expropiación encubierta.
Queda motivado que en un asunto tan grave ustedes pensaban ahorrarse las explicaciones. Lamentable, señor González Ortiz, ustedes se equivocan una vez más al confundir su propio interés de mantenerse en el poder con el interés de los canarios. Porque, le repito, el interés personal y partidista de Rivero no es el interés general de los canarios.
Ya le decía en mi primera intervención que es un secreto a voces que el presidente Rivero necesitaba tomar el poder de la fundación de la caja para controlar su propio partido, pues controlando esta fundación recuperaría el apoyo de sus líderes municipales y con ello su camino hacia su propia reelección. Ustedes incumplen gravemente todos los códigos éticos y la Ley 15, de noviembre del 2012, que exigía la despolitización de esas fundaciones...
Señorías, por favor, es la tercera vez que llamamos ya al orden. ¿Vamos a empezar a llamar al orden a cada diputado? No quisiera hacerlo, por favor.
La señora Tavío Ascanio: La gestora, señor González Ortiz, que ustedes han creado es una gestora política y pretende que ese patrimonio quede bajo su control y al servicio de sus intereses electoralistas. Queda clarísimo, señorías, que en este asunto, al igual que en otros, se conducen sin el más mínimo sentido de la responsabilidad en el respeto a la independencia de una institución de carácter social, deportiva y cultural con más de 100 años de antigüedad.
Señorías del Gobierno, flaco favor le hacen al pueblo que dicen defender y que en realidad quieren controlar por la vía de este intervencionismo populista que ustedes pretenden imponer desde el poder. Lo han hecho con CajaCanarias, igual que lo hacen a diario con su política de control de los medios de comunicación y con la ocupación sistemática de nuestras instituciones.
Volvamos al fondo de este asunto, ni se saltaron el plazo ni nada. Les interesaba poner esa excusa porque lo interesante era repartirse el pastel de la obra social, deportiva y cultural de la caja. Ha quedado muy claro y han quedado ustedes en evidencia. Lo de dejar caer en el comunicado que había errores, ustedes no comunicaron a la caja error alguno. ¿Cómo puede subsanar alguien algo si el propio afectado no conoce que tiene que hacerlo? A ustedes les interesó que aparecieran esas deficiencias para tener la excusa y poder manejar a su antojo ese material.
Señor González Ortiz, ni han contestado ni contestarán. ¿A qué obedece que solo en Canarias se haya decidido la gestora? ¿Qué pretendían insinuar diciendo que había quedado patrimonio fuera del control público? Ya les aclaré y resulta muy claro que el expediente del patrimonio estaba muy claro. Y queda clarísimo que BDO Auditores no solo es independiente sino que lo es muchísimo más que la gestora que ustedes han creado, porque esta última es además poco independiente, pues ha sido puesta a dedo por su Gobierno. Pero es que además, pudiendo ustedes haber elegido catedráticos sin vinculación política, van y designan a militantes de sus respectivos partidos políticos, ¿o siguen pretendiendo que nos creamos que su gestora, dos militantes socialistas y dos militantes de Coalición Canaria, sí es independiente? Y quiero que quede muy claro el testimonio de mi consideración personal y profesional hacia Marisa Tejedor, Miguel Becerra, María Dolores Pelayo y Juan Alberto Martín, todos grandes políticos, pero muy, muy de sus respectivos partidos políticos.
Señor González Ortiz, no siga buscando excusas ni inventando calumnias. Ya se lo dije, y le queda otra oportunidad de rectificar y pedir disculpas antes de que su ridículo sea mayor porque los haga rectificar la justicia, y espero, señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, que aproveche esta segunda oportunidad para anunciar su dimisión en el caso de que la justicia desautorice su intervención política en CajaCanarias. Ya le dije que los canarios no podemos seguir pagando de nuestros bolsillos las pataletas judiciales del Gobierno de Rivero, del que usted también forma parte, y que a todos nos cuestan muy caras. Aclárelo usted de una vez por todas, si CajaCanarias gana en los juzgados, ¿quién pagará este atropello? ¿Responderán el señor Rivero y usted con su patrimonio o vamos a seguir pagando del dinero de todos la multitud de batallitas que ustedes pierden en los juzgados? ¿Hasta cuándo van a continuar con esta farsa, señor consejero?
Por parte del Gobierno, el señor consejero de Economía y Hacienda, por tiempo de diez minutos tiene la palabra.
Señor Rodríguez, le agradezco sus palabras. Puede estar seguro de que el Gobierno de Canarias ha estado guiado desde el principio en todo este proceso en el ámbito de la legalidad.
Bien. Señorías, en mi intervención inicial hice un somero repaso de la transformación, o sea, de cómo había sido el proceso. Les he contado, por tanto, tal como fue, en términos resumidos. Lo que pasa es que aquí se han vertido determinadas afirmaciones que pueden distorsionar la realidad y, lo que es más, se ha puesto en duda que la actuación del Gobierno se ha llevado a cabo con el único interés de la defensa del interés general. Pues vamos a poner sobre la mesa algunas consideraciones que, al margen de este expediente, digo, al margen del expediente, es importante tener en cuenta.
Mire, la viabilidad de la fundación proyectada. Bueno, los análisis que hemos realizado sobre la viabilidad de la fundación han venido a confirmar que la decisión del Gobierno estuvo plenamente justificada en su momento. Semanas después, las razones del Gobierno han crecido al ritmo que lo han hecho las dudas ya planteadas por los Servicios Jurídicos sobre las insuficientes garantías de que la fundación pudiera en su momento preservar su patrimonio y continuar con la Obra Social. Según la memoria económica presentada, el presupuesto total de gastos ascendía a unos 9 millones de euros, de los que 7 se dedicaban a la Obra Social y 2,1 millones a sostener el gasto estructural de la fundación. Para afrontar esos 9 millones de euros de gasto, en esa misma memoria se prevén unos ingresos que provienen en su mayoría de los dividendos recibidos por su matriz por las acciones que tienen de CaixaBank. Sin embargo, en función de los datos que se van conociendo, existen graves dudas, por tanto, sobre la viabilidad de esa propia acción de la Obra Social, porque es imposible hacer frente a esos gastos con las previsiones de ingresos. Y, por tanto, ¿situación final?: se consumiría el patrimonio que no fue aportado a la dotación fundacional.
Miren, estos datos se sustentan en unas cuestiones numéricas, sencillas: disminución del 68% del beneficio de CaixaBank en el 2012 con respeto al 2011. De 838 millones de euros se pasa a 272. Y hay una propuesta de reparto ya, el 25 y 26 celebraron la Junta General de Accionistas de CaixaBank, donde dice que de los 272 millones de euros de beneficio 50 se distribuirán, porque el resto irá a dotaciones. Es decir, esos 50 millones de beneficios darán unos ingresos de 400.000 euros, señorías, 400.000 euros para sostener toda la estructura más la actividad de la Obra Social, y eso, señorías, es absolutamente inviable.
Existe, por tanto, ahora, al margen del expediente, una estructura sobredimensionada, señorías. Lo digo para que no quepa la menor duda de que estamos actuando en defensa del interés general.
Mire, gasto estructural de la proyectada fundación, 2,1 millones de euros; gastos de personal, 1,4 millones de euros; gastos destinados a colaboradores y ...(Ininteligible.) de gobierno, 400.000 euros; plantilla, 20 empleados, es decir, el coste salarial medio está en 74.000 euros. Mire, además del excesivo coste salarial de todo este proceso para gestionar un máximo de 7 millones de euros en obra social, 20 personas... Pero si es que en el 2011 la Obra Social tenía 13 empleados para gestionar un volumen de 12 millones de euros, prácticamente 13 -12,8 millones de euros-. ¿No llama eso la atención, señorías?
Mire, en definitiva, por todo lo anterior, están más que justificadas todas las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno.
Pero es que es más, usted ha reiterado en una, dos y tres ocasiones, intentando decir que el Gobierno pone en duda la solvencia de BDO Auditores. No, no, yo no la pongo en duda, yo digo lo que dice BDO Auditores, y leo textualmente el informe: "nuestro trabajo se ha basado en información auditada y no auditada, proporcionada por la dirección y los administradores de CajaCanarias, así como en otra información procedente de fuentes públicas, no habiendo realizado procedimientos de auditoría sobre la misma. En este sentido, BDO no asume o garantiza la veracidad, exactitud e integridad de la información utilizada en la realización de nuestro trabajo". ¡Más claro absolutamente imposible, señorías!
Pero, mire, habla usted de la función del interés general, pero es que el interés general está en que una sociedad, entidad financiera, que en el año 2009 tenía un patrimonio de 800 millones de euros hoy en día tiene 158 millones de euros, y esa es la acción del Gobierno en defensa del interés general, señoría. Para que no quepa la menor duda de lo que está haciendo el Gobierno en defensa del interés general.
Pero es que además ha hecho usted referencia al Banco de España. El Banco de España emite un informe que se le reitera... Es que la comunidad autónoma le reitera la petición de informe, que le hace el 5 de diciembre, y el mismo 26 de diciembre le reitera el Banco de España y digo, "envíenos el informe para poder continuar con este proceso". Lo emite con fecha del día 26 y llega el día 28. Pero es que el informe del Banco de España lo que dice es que ellos no tienen nada que decir en este proceso, porque el informe de España no opina sobre las fundaciones, es lo que dice el informe del Banco de España. Si la preocupación de su grupo era todo este proceso, por qué ustedes no hicieron esas cosas, agilizarle al Banco de España la emisión del informe?
Pero es que es más, usted ha puesto en duda que Canarias es la única comunidad autónoma que ha actuado en este proceso. Falso, señora Tavío, absolutamente falso. Mire, las comunidades autónomas de Cataluña, Caixa del Penedés y CatalunyaCaixa; y en Valencia -¡en Valencia, señora Tavío!-, Bancaja y Caja del Mediterráneo. Esas comunidades autónomas han nombrado gestoras en el proceso de transformación, esas comunidades autónomas han nombrado gestoras en el proceso de transformación de sus antiguas entidades de crédito en fundaciones. Luego, esa es la forma en la que han actuado, señora Tavío. Luego, no ponga usted en duda que otras comunidades autónomas han actuado en este proceso.
Le repito, señoría, desde el principio... es que usted ha puesto en duda todo el proceso. Mire, es que le recuerdo lo que dice el real decreto, que hasta que la fundación no esté ejecutada la inscripción no opera. Luego, si usted hace referencia al Real Decreto 11/2010, en su redacción dada por la Ley 9/2012, le recuerdo lo que dice: "hasta que no se haya ejecutado la transformación", y con las Leyes de Cajas y Fundaciones no se ha ejecutado la transformación porque no está inscrita y, como no está inscrita, no existe fundación y, por tanto, no hay proceso que valga, señora Tavío.
No se olvide usted, porque de sus afirmaciones parece conferirse, de que el patrimonio es del conjunto de la sociedad canaria, del conjunto de la sociedad canaria, ni siquiera de quienes dirigían en ese momento la antigua entidad financiera.
Señora Tavío, ha llegado usted a hablar de expropiaciones. Lo estará diciendo en broma, ¿no? En su grupo hablar de expropiaciones se lo debían tener prohibido dadas las últimas actuaciones que han tenido miembros de su partido político, por lo menos en respeto al conjunto de la legalidad vigente.
En definitiva, señora Tavío, hemos demostrado, primero, que el Gobierno de Canarias ha actuado en defensa del interés general, que eran ciertas, eran ciertas, las dudas planteadas por parte del Gobierno de Canarias y que el principio de cautela en defensa del interés general, en defensa del patrimonio que quedaba de esos 870 millones de euros, convertidos en 160, hacía necesario extremar la cautela.
Mire, señora Tavío, ¿qué pasa en una fundación con los bienes que no están aportados, que están en patrimonio pero no están en la dotación fundacional?: que la disponibilidad de los mismos es mucho más sencilla, no existen los controles. Es decir, que cuando se produzca la insuficiencia de ingresos para llevar a cabo, no ya la Obra Social sino mantener la estructura, ¿cómo se cuadra?, ¿realizando el patrimonio?, ¿es decir, vendiendo nuevamente las acciones que dan, los ingresos que soportan la Obra Social? Afortunadamente, afortunadamente, esas dudas nos llevaron a una conclusión como la correcta.
En definitiva, señora diputada, digo, hemos demostrado, primero, que actuamos en defensa del interés general, que finalmente estamos, no actuando de forma distinta, sino en la aplicación de la legislación.
Señora Tavío, el plazo. Porque alguien preguntaba, "¿y por qué no empezaron antes?". ¿Sabe por qué no empezaron antes? Mire, entre otras cosas no empezaron antes porque la decisión de su mayoría política en el Congreso de los Diputados rebajó de los seis meses iniciales que entró esa ley en el Congreso a los cinco meses. Es decir, acortó de los seis meses que tenían las entidades para convertirse en fundación de carácter especial a cinco meses. Repase usted, repase usted, el proceso de esta ley, de la Ley 9/2012, para que vea cómo fue. Descubrirá usted enormes curiosidades.
Señora diputada, el Gobierno actúa en defensa del interés general, actúa en la creencia de tener la razón, actúa en función de los informes de los servicios públicos, pero, lo que es más importante, actúa para que la entidad antigua CajaCanarias, que dejó de estar en el negocio jurídico el 3 de agosto del año 2012, pueda convertirse en una fundación de carácter especial que lleva a cabo la importante labor social que tiene que llevar a cabo.
8L/C-0941 Sobre -Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad-, sobre la intervención en la conversión de la entidad financiera CajaCanarias en fundación.

References: artículo 3
 resolución 
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 11
 Real Decreto