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Timestamp: 2018-01-17 05:05:21+00:00

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Sentencia A.P. Zaragoza 523/2013 de 27 de diciembre. Accidente de tráfico. Indemnización. Consorcio de Compensación de Seguros. Cosa juzgada. Error en la valoración de la prueba. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Zaragoza 523/2013 de 27 de diciembre
Accidente de tráfico: Reclamación de indemnización. Consorcio de Compensación de Seguros: No se admite la reclamación contra la aseguradora por no haberse diligenciado la solicitud de seguro. Cosa juzgada: Análisis de su contenido de acuerdo con la jurisprudencia. Valoración de la prueba: La petición fue rechazada, según se ha acreditado.
SENTENCIA: 00523/2013
SENTENCIA núm. 523/2013
D. PEDRO ANTONIO PEREZ GARCIA
D. ANTONIO PASTOR OLIVER
En ZARAGOZA, a veintisiete de Diciembre de dos mil trece.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 765/2012, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 11 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 449/2013, en los que aparece como parte apelante, CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS representado y defendido por Dña. BLANCA BONET LOSCERTALES, Letrada, Habilitada por la Abogacía del Estado, y como parte apelada, LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., representada por la Procuradora de los tribunales, Dña. PATRICIA PEIRE BLASCO, asistida por el Letrado D. JORGE CALSAMIGLIA BLANCAFORT, y como parte apelada, D. Doroteo representado por el Procurador de los tribunales, D. LUIS JAVIER CELMA BENAGES, asistido por el Letrado D. JOSE ANTONIO MILLAN CALVO siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO.
Primero.—Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 26 de Julio de 2013, cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: "Que, desestimando la demanda promovida en JUICIO ORDINARIO N° 765/H-20l2, instado por CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS, contra LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A., representada por la Procuradora Sra. Peiré, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a dicha demandada de los pedimentos contra la misma formulados, sin efectuar declaración alguna en materia de costas. Asimismo y estimando la demanda eventualmente formulada por CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS, contra D. Doroteo representado por el Procurador Sr. Celma, DEBO CONDENAR Y CONDENO a dicho demandado a que pague a la parte actora 851.652, 80 euros, en concepto de principal, más el interés legal de dicha suma desde la fecha de la interposición judicial de la demanda, condenándole asimismo al pago de las costas procesales.".
Segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS se interpuso contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.
Tercero.—Recibidos los Autos y CD, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 16 de Diciembre de 2013.
Cuarto.—En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.
Primero.—Motivos de recurso
Entabló el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS) acción contra la demandada con carácter principal y, subsidiariamente, contra el conductor, con base en el art. 11 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de 2004 y arts. 11 y 12 del Real Decreto núm. 1507/2008, de 12 de septiembre, que aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, en cuanto existía una solicitud de seguro diligenciada, con lo que existía cobertura del seguro obligatorio durante el plazo de 15 días desde el diligenciamiento, plazo durante el cual sucedió el siniestro cuyo importe se repite. La aseguradora demandada estima que la solicitud no llegó a ser diligenciada por lo que no existe la cobertura invocada. El conductor demandado viene a interesar la condena de la aseguradora.
La sentencia de la instancia desestimó la demanda entablada contra LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, por estimar que, si bien existía una solicitud de seguro, no había sido diligenciada.
La actora formula recurso de apelación fundada tanto en la inexistencia de los efectos de la cosa juzgada derivada de un proceso anterior, como en la existencia de verdadero diligenciamiento de la solicitud de seguro cursada.
La aseguradora demandada mantiene los argumentos de la instancia.
Segundo.—Cosa juzgada
Niega la recurrente la existencia de la cosa juzgada positiva entre la resolución recaída en un juicio verbal anterior en la que el Sr. Doroteo demandó a la aseguradora LÍNEA DIRECTA solicitando se declarase la existencia de un contrato de seguro de daños a terceros entre las partes y se hiciese frente a los efectos del accidente acaecido y el presente proceso en el que se solicita se declare existía una solicitud de seguro debidamente diligenciada por la entidad demandada y, por ello, el siniestro acaecido tenía la cobertura propia del seguro obligatorio de la circulación.
A estos efectos, la sentencia recurrida deniega la eficacia de la cosa juzgada, si bien la actora estima que las pretensiones ejercitadas son distintas y, por ello, no tienen el efecto prejudicial de la cosa juzgada positiva.
Es doctrina de esta Sala plasmada en sentencia de fecha 22 de diciembre de 2011 entre otras, siguiendo los precedentes del TC y el TS, que la inexistencia de cosa juzgada, pues en este caso no la hay en cuanto las partes en la relación procesal no son coincidentes, no impide estimar como acreditados en otro proceso los hechos derivados de una sentencia firme, para evitar que sufran los principios de igualdad jurídica y legalidad procesal y el derecho a la tutela judicial efectiva, con la existencia de sentencias contradictorias. Así, declara la misma que:
"A este respecto ha declarado esta Sala con referencia a los efectos de las sentencias firmes como medios de prueba de los hechos por ellas contemplados que "en otras ocasiones y con base en la doctrina del TC se le ha dado un valor incluso superior a la de un medio de prueba calificada al declarar que "esa jurisprudencia encuentra su razón en la doctrina del Tribunal Constitucional (contenida, por todas, en la sentencia 34/2003, de 25 de febrero, conforme a la que la existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron es incompatible, además de con el principio de seguridad jurídica (que integra también la expectativa legítima de los justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia), con el derecho a una tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 de la Constitución Española, pues unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado. Sin embargo, el efecto positivo de la cosa juzgada y esta última doctrina no tienen el sentido absoluto y alcance que les atribuya el recurrente. Antes bien, la función prejudicial de la cosa juzgada se vincula al fallo no a los razonamientos (sentencia de 17 de julio de 1987) salvo en la medida en que constituyan la ratio de la decisión (sentencia de 28 de febrero de 1991). Además, esta Sala ha declarado, en las sentencias antes apuntadas, que la resolución firme dictada en un proceso anterior, pese a ser un medio de prueba cualificado, debe ser valorado en unión de los demás elementos de convicción aportados al posterior. Y, en la interpretación de las mencionadas normas constitucionales, ha sostenido el Tribunal Constitucional (así en la citada sentencia 34/2003 y en las que en ella se relacionan) que los órganos judiciales no tienen que aceptar, siempre y de forma mecánica, los hechos declarados por otra jurisdicción, sino que una distinta apreciación de los mismos «debe ser motivada y, por ello, cuando un órgano judicial vaya a dictar una resolución que pueda ser contradictoria con lo declarado por otra... debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio» (sentencia Tribunal Supremo núm. 491/2007 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 7 mayo). También el Alto Tribunal ha llegado a declarar, conforme a la doctrina constitucional que "dice la sentencia del Tribunal Constitucional 190/1999, la Sala 2 .ª, de 25 de octubre, recurso de amparo núm. 3526/95: «Si bien la libertad de interpretación de la norma ha de ser respetada, como parte integrante de la propia función jurisdiccional, "los principios de igualdad jurídica y de legalidad en materia procesal (arts. 9.3 y 117.3 CE) vedan a los jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la Ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, puesto que la protección judicial carecería de efectividad" si se permitiera reabrir el análisis de lo ya resuelto por sentencia firme en cualquier circunstancia (SSTC 77/1983, 67/1984 y 189/1990, entre otras). Este efecto no sólo puede producirse con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro órgano en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada (art. 1252 CC). También se produce cuando se desconoce lo resuelto por sentencia firme, en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en el referido art. 1252 CC (SSTC 171/1991, 58/1988 o 207/1989). No se trata solo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma cualificada que no puede desconocerse por otros órganos juzgadores sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla. La intangibilidad de lo decidido en resolución judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos, es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el art. 24.1 CE, de tal suerte que éste es también desconocido cuando aquélla lo es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conociese la existencia de la resolución firme que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto (lo que indudablemente sucederá cuando la parte a quien interesa lo aporte a los autos)» (sentencia del Tribunal Supremo de 22 marzo de 2004). En parecida línea se ha pronunciado también la sentencia de la AP de Zaragoza (Sección Cuarta) de 24 de julio de 2009 , siquiera para excluirla en el caso concreto por no ser atinente al supuesto de hecho enjuiciado (sentencias de la Sección Quinta de la AP de Zaragoza de 16 de febrero y 9 de septiembre de 2011)".
Efectivamente, en este proceso no concurre la identidad subjetiva entre las partes que litigaron en el juicio verbal 1411/2009 del Juzgado de Primera Instancia N.º 7 de Zaragoza, resuelto por sentencia firme de fecha 25 de noviembre de 2009, pero la consecuencia allí obtenida, la inexistencia de seguro dado que la solicitud de seguro obligatorio del Sr. Doroteo no fue aceptada, no ha sido desvirtuada por la prueba practicada de este proceso, por otra parte, sustancialmente igual que la realizada en el anterior.
Por tanto, si bien no existe el efecto positivo de la cosa juzgada lo cierto es que la consecuencia fáctica allí obtenida respecto al proceso de tramitación de la solicitud de seguro obligatorio deberá ser desvirtuada en el presente proceso mediante prueba suficiente.
Tercero.—Error en la valoración de la prueba
Viene a mantener la actora que existía controversia sobre el aseguramiento, así lo hizo constar en todo momento, sobre la existencia de cobertura aseguradora conforme al art 11 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de 2004, que la solicitud de seguro diligenciada fue registrada en el fichero FIVA y que no fue cancelada la misma por escrito antes del siniestro.
Sin embargo, la prueba practicada en el proceso es terminante, hubo efectivamente una solicitud de seguro obligatorio a la demandada, en ello están conforme todas las partes; se dio telefónicamente el día 10 de octubre de de 2008 los datos exigidos en el art. 11 del Reglamento, si bien también ese mismo día se revisó el vehículo por un perito y, ante la llamada del Sr. Doroteo, también ese mismo día la teleoperadora le explicó claramente que la solicitud de seguro había sido rechazada, lo que fue entendido con total claridad por el solicitante, dados los sencillos términos en que le fue explicado. El perito Sr. Segundo que depuso en el anterior juicio verbal manifiesta que él no le dio a firmar la póliza, ni le explicó que quedaba asegurado desde ese momento, sino que el cliente firmó los datos de la revisión y aquel lo reenvió a la entidad para que por vía telefónica, en el plazo de una hora más o menos, le confirmasen o denegasen al cliente su aseguramiento. De igual manera, negó su potestad para aceptar o rechazar seguros, esto es, diligenciar las solicitudes, y tal declaración es consecuente con la ulterior llamada realizada por el Sr. Doroteo que ya ha sido comentada.
Si ello se pone en relación con que el día 15 de octubre del mismo año, ya tras el siniestro, a un tercero que dice actuar por cuenta del actor se le comunica nuevamente por vía telefónica que la solicitud no fue aceptada, que no se ha librado recibo de pago y que se le va a remitir telegrama notificando la no aceptación del seguro, y al hecho de que con fecha 15 de octubre se emite nueva notificación al FIVA dando de baja al vehículo del Sr. Doroteo con fecha 10 de octubre por no ser aceptada la solicitud, se concluye que en modo alguno hubo nunca una solicitud de seguro diligenciada, esto es aceptada, por parte de la entidad.
La denegación inicial expresa realizada telefónicamente el 10 de octubre tras la revisión pericial del vehículo es una muestra de la inexistencia de consentimiento (art. 1262 del Cc) al ser rechazada la solicitud.
Frente a estas conclusiones de índole fáctica la recurrente alega que, con arreglo al art. 12 del Reglamento citado, la mera recepción de la solicitud de seguro por la aseguradora y que la mera recepción y dación de curso por la aseguradora de la misma equivale a diligenciarla.
Que la organización empresarial e infomática de la aseguradora demandada supusiese que al propio tiempo del registro de la solicitud, se crease un número de póliza provisional y la notificación automática de la misma al FIVA, no supone automática y mecánicamente el diligenciamiento de la solicitud, sino que era necesario en el caso de los vehículos usados, así se le hizo saber al Sr. Doroteo, que precisaba una revisión y una decisión por persona de la entidad distinta al perito, como se le hizo saber tanto por el perito, como por la teleoperadora que le atendió el propio día 10 y que rechazó la tramitación o diligenciamiento de la solicitud y con ello el aseguramiento del automóvil.
En este sentido, no se emitió, como también resulta exigido del tenor literal del reglamento, una copia sellada o aceptada por la aseguradora, sino que, conforme a la política de la compañía, se realizaron actuaciones de comprobación previas y se le denegó el mismo día la contratación de la póliza e implícitamente, la tramitación de la solicitud al denegar su aceptación de la misma, poniendo en conocimiento tal hecho del solicitante, que no vio diligenciada en sentido legal su solicitud, sino inadmitida la misma de plano tras las tareas de comprobación.
Esta dinámica de trabajo es coherente con el hecho de que no se generase proposiciones de seguro por la entidad y que se remitiese directamente la póliza en caso de aseguramiento, así como con el hecho de que aun constando expresamente denegada por vía telefónica la solicitud el propio día de la recepción, también telefónica, de su solicitud, se le remitiese añadidamente un telegrama denegando el aseguramiento, precaución que en este caso, dado que la conversación telefónica fue grabada no era preciso, pero que pese a ello se llevó a cabo.
En consecuencia, dando sustancialmente por reproducidos los argumentos de la resolución recurrida, no habiéndose practicado prueba que permita variar las conclusiones fácticas del anterior proceso concluido por sentencia firme, y siendo las consecuencias obtenidas del mismo perfectamente asumibles en cuanto son claramente coincidentes y en modo alguno colisionan con las obtenidas en el presente proceso, no existe el error en la valoración de la prueba denunciado, no existió solicitud de seguro diligenciada en forma y, por tanto, no existe la cobertura invocada, con íntegra desestimación del recurso de apelación interpuesto.
Cuarto.—Costas procesales.
Las costas de esta alzada se rigen por el art. 398 LEC y las de primera instancia por el art. 394 LEC.
VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.
Que desestimando el recurso de apelación formulado por el CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS contra la sentencia de fecha 26 de julio de 2013 dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Zaragoza en los autos de Juicio Ordinario número 765/2012, debemos confirmar y confirmamos la misma, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.
Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir dada la íntegra desestimación del recurso.
Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recursos por Infracción Procesal y/o Casación ante esta Sala en el plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (n.º 4887) en la Sucursal 8005 de Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta ciudad, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil-Casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.
Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento.
Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
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