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Timestamp: 2019-07-24 01:01:38+00:00

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C-393 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020024508CC-SENTENCIAC393200222/05/2002CC-SENTENCIA_C_393__2002_22/05/2002200245082002Sentencia C-393/02 PODER DEL ESTADO -Restricción frente al individuo LEY -Dependencia DERECHO PENAL MODERNO -Determinación legislativa de hechos que atentan contra diferentes bienes con la consecuencia sancionatoria /DERECHO PENAL -Imposición de sanción /PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA El derecho penal moderno implica que el legislador en desarrollo de la política criminal del Estado, determine por medio de la Ley los hechos que atentan contra diferentes bienes que se decidieron tutelar con la inexorable consecuencia sancionatoria. Si se cumpliera con las condiciones fácticas previstas en la norma y no se impusiera la sanción, la Ley caería en un estado de inercia que desestimaría la proposición lógica según la cual la infracción legal implica sanción. PENA- Función En cuanto a la función de la pena, esta Corporación destacó su doble función preventiva y represiva. De una parte, opera preventivamente cuando se amenaza con ella como una forma para contrarrestar la desobediencia haciendo entender al individuo que por la infracción de la disposición legal será castigado. De otra parte, opera represivamente cuando es impuesta para llenar el vacío dejado por la desobediencia de la Ley. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA -Límites al legislador LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CONDUCTA DELICTIVA Y SANCION PENAL -Límites LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LA PENA-Límites PENA -Configuración legislativa y aplicación judicial /PENA -Reserva legal y aplicación judicial/ LEY -Aplicación por el juez Definidos los hechos típicamente antijurídicos y culpables, y establecidos los límites mínimos y máximos de la sanción por parte del legislador, corresponde al Juez la aplicación de la Ley pronunciando en cada caso concreto la absolución o la condena. Es cierto que la aplicación del Derecho no se reduce a una mera labor matemática o silogística, en la cual el Juez se limita a escoger la norma en la cual ha de subsumir el hecho, sino que involucra una tarea interpretativa. Sin embargo, esta importante tarea, no reemplaza, sustituye o transgrede la reserva legal, sino que la complementa en ejercicio de las facultades provenientes de la misma Ley. SANCION PENAL -Aplicación por el juez debe agotar proceso predeterminado por la ley /PENA -Imposición no es discrecional sino sujeta a la ley El Juez no impone la sanción penal de manera discrecional. Previamente debe agotar un proceso que viene predeterminado por la Ley, en el cual se escuchan los argumentos de la acusación y la defensa y solamente concluido el ritual procesal realiza el Juez propiamente el juicio de valoración de las pruebas y las razones esgrimidas por las partes para calificar la culpabilidad o la inocencia del sindicado y, finalmente, en caso de establecer la responsabilidad penal, dosificar la sanción dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por el legislador. PENA ACCESORIA -Inexistencia de discrecionalidad absoluta del juez para imposición CIUDADANO -Derechos y funciones públicas Los derechos y funciones públicas del ciudadano no se limitan al ejercicio del sufragio, sino que abarcan toda una serie de tareas propias de una concepción del Estado democrático, participativo y pluralista, en el cual los ciudadanos solidariamente con la administración son titulares de derechos y deberes que interaccionan en la dinámica social para cumplir con los fines ideológicos y programáticos plasmados en la Constitución. PENA DE PRISION- Sanción accesoria LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PENA ACCESORIA- Imposición conjunta con la pena principal Aunque el legislador permita al Juez imponer las penas accesorias bajo los parámetros establecidos por la misma Ley, ello no es óbice para que el legislador sin afectar el principio de la legalidad de la pena le señale al Juez que una determinada pena accesoria deba ser impuesta conjuntamente con la pena principal, en este caso, la interdicción de derechos y funciones, siempre que se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, así como los derechos fundamentales del condenado. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA- Aplicación por el juez El Juez solamente puede imponer la sanción luego de agotar un proceso en el que la sentencia es su culminación en la cual se justifica y fundamenta la responsabilidad penal y la dosificación de la sanción. De tal suerte que la decisión judicial lo que pretende es garantizar que las medidas restrictivas de los derechos del condenado, no sean tomadas por autoridades distintas de la jurisdiccional y que el poder judicial no se ejerza por fuera de los términos y condiciones especificados en la Ley. PENA ACCESORIA -Preeminencia de la norma sobre discrecionalidad del juez INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS -Facultad del legislador para la imposición de pena accesoria a la de prisión Referencia: expediente D-3785
JAIME ARAUJO RENTERIAD3785CONSTITUCIONALIDADANDRÉS MAURICIO VELA CORREADemanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero (3) del artículo 52 de la ley 599 de 2000Identificadores20020024509true40446Versión original20024509Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero (3) del artículo 52 de la ley 599 de 2000
Definidos los hechos típicamente antijurídicos y culpables, y establecidos los límites mínimos y máximos de la sanción por parte del legislador, corresponde al Juez la aplicación de la Ley pronunciando en cada caso concreto la absolución o la condena. Es cierto que la aplicación del Derecho no se reduce a una mera labor matemática o silogística, en la cual el Juez se limita a escoger la norma en la cual ha de subsumir el hecho, sino que involucra una tarea interpretativa. Sin embargo, esta importante tarea, no reemplaza, sustituye o transgrede la reserva legal, sino que la complementa en ejercicio de las facultades provenientes de la misma Ley.
Aunque el legislador permita al Juez imponer las penas accesorias bajo los parámetros establecidos por la misma Ley, ello no es óbice para que el legislador sin afectar el principio de la legalidad de la pena le señale al Juez que una determinada pena accesoria deba ser impuesta conjuntamente con la pena principal, en este caso, la interdicción de derechos y funciones, siempre que se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, así como los derechos fundamentales del condenado.
El Juez solamente puede imponer la sanción luego de agotar un proceso en el que la sentencia es su culminación en la cual se justifica y fundamenta la responsabilidad penal y la dosificación de la sanción. De tal suerte que la decisión judicial lo que pretende es garantizar que las medidas restrictivas de los derechos del condenado, no sean tomadas por autoridades distintas de la jurisdiccional y que el poder judicial no se ejerza por fuera de los términos y condiciones especificados en la Ley.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano ANDRES MAURICIO VELA CORREA, demandó el último inciso del artículo 52 de la ley 599 de 2000.
-Por un lado, estima que la suspensión de la ciudadanía es discrecional de la autoridad judicial y no se encuentra sujeta enteramente a la ley. Desde este punto de vista la norma demandada "se arroga una facultad que le corresponde al Juez discrecionalmente ejercer, excediendo de esta forma el limitado objeto que le impone la Constitución, cual es determinar los casos de suspensión, pero no provocar la suspensión" de forma automática.
El señor Fiscal General de la Nación solicitó se declarará la exequibilidad del aparte parcialmente demandado al considerar que la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas, no constituye vulneración "a principios, valores y demás preceptos constitucionales que está obligado a respetar, sino que desarrolla el principio de la cláusula general de competencia, atribuida constitucionalmente para fijar los preceptos penales e imponer las consecuencias jurídicas del caso a fin de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
El doctor JORGE ENRIQUE VALENCIA MARTINEZ indicó que del análisis de los artículos 98 y 99 de la Carta Política, se desprende que la regla general es el ejercicio del sufragio sin mayores condicionamientos, siendo el inciso del artículo 52 demandando una excepción. Anotó que las personas condenadas a pena de prisión al no poseer las mismas condiciones de los demás electores naturalmente "ven restringidos sus derechos políticos y su participación en decisiones propias de la soberanía nacional".
El señor Procurador General de la Nación en concepto No. 2771 recibido el 19 de diciembre de 2001, solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad del inciso último del artículo 52 del Código Penal, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Uno de los aportes del pensamiento demoliberal, consistió en predicar la restricción del poder del Estado frente al individuo. Partiendo de la base de que la libertad es el estado natural del hombre, el Estado solamente puede imponerle restricciones dentro de los parámetros establecidos en la Ley. En este sentido, resulta ilustrativo el pensamiento esgrimido por Cesare Beccaria en su obra cuando afirmó que "la dependencia de las leyes… es la única igualdad y libertad que pueden los hombres razonables exigir en las presentes condiciones de las cosas" o cuando dice que "la opinión de cada ciudadano tiene que poder hacer lo que no es contrario a las leyes, sin tener otro inconveniente que el que pueda surgir de la acción misma, es el dogma político que debiera ser creído por los pueblos y predicado por los magistrados supremos, con la incorruptible custodia de las leyes".[1]
En cuanto a la función de la pena, esta Corporación destacó su doble función preventiva y represiva. De una parte, opera preventivamente cuando se amenaza con ella como una forma para contrarrestar la desobediencia haciendo entender al individuo que por la infracción de la disposición legal será castigado. De otra parte, opera represivamente cuando es impuesta para llenar el vacío dejado por la desobediencia de la Ley[2].
La capacidad de la Ley penal para imponer restricciones a la libertad del individuo, se ve compensada por su función de límite al poder punitivo del Estado para que no cometa excesos en la aplicación del castigo. Es así como el legislador al momento de señalar las conductas delictivas y establecer las sanciones penales respectivas se encuentra limitado a los parámetros fijados por la Carta Fundamental. Así lo dijo la Corte en la Sentencia C-1404/2000[3]:
Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del Legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la sentencia C-592/98 (M.P. Fabio Morón Díaz),"el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros"
Definidos los hechos típicamente antijurídicos y culpables, y establecidos los límites mínimos y máximos de la sanción por parte del legislador, corresponde al Juez la aplicación de la Ley pronunciando en cada caso concreto la absolución o la condena. Es cierto que la aplicación del Derecho no se reduce a una mera labor matemática o silogística, en la cual el Juez se limita a escoger la norma en la cual ha de subsumir el hecho, sino que involucra una tarea interpretativa. Sin embargo, esta importante tarea, no reemplaza, sustituye o transgrede la reserva legal, sino que la complementa en ejercicio de las facultades provenientes de la misma Ley:
"Cuando la Constitución Política (Art. 230) contempla la independencia del Juez al señalar que "Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley", no le está otorgando una libertad tal, que los coloque por encima o al margen de la misma ley. De lo que se trata, es de que el juez aplique el mandato legal por ser la manifestación de la voluntad soberana del Estado, y no de que debe interpretarlo en forma discrecional cuando la ley no le ha dado dicha facultad. Además, se recuerda que la potestad jurisdiccional es una potestad reglada, es decir, predeterminada por la ley."[4]
Esta exposición permite desvirtuar el argumento presentado en la demanda, al referirse a la discrecionalidad absoluta del Juez para imponer las penas accesorias en detrimento de la cláusula general de competencia radicada en cabeza del Congreso. Es cierto que el artículo 52 de la ley 599 de 2000 permite al Juez imponer penas privativas de otros derechos distintos al de la libertad de manera accesoria, pero la aplicación de estas sanciones se encuentra condicionada a que "tenga relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto la condena." Así mismo, si el Juez decide imponer una pena accesoria debe observar estrictamente lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 599 de 2000:
"Artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena."
Los derechos y funciones públicas del ciudadano no se limitan al ejercicio del sufragio, sino que abarcan toda una serie de tareas propias de una concepción del Estado democrático, participativo y pluralista, en el cual los ciudadanos solidariamente con la administración son titulares de derechos y deberes que interaccionan en la dinámica social para cumplir con los fines ideológicos y programáticos plasmados en la Constitución. En tal sentido la Corporación ha expresado [5]:
"Los instrumentos de participación democrática garantizados en la Constitución no se limitan a la organización electoral sino que se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria"[6]
En el derecho penal colombiano el mayor castigo que se puede imponer al autor de un hecho punible es la privación de la libertad personal, mediante el confinamiento en un centro de reclusión por un periodo de tiempo determinado por el Juez con sujeción a los límites impuestos por la Constitución y la Ley.
En el inciso demandado, el legislador en desarrollo de la Política Criminal del Estado, decidió que en aquellos casos en los cuales se impusiera la pena de prisión también debe imponer el juez la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas "por un tiempo igual al de la pena que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51." Es decir, que aunque el legislador permita al Juez imponer las penas accesorias bajo los parámetros establecidos por la misma Ley, ello no es óbice para que el legislador sin afectar el principio de la legalidad de la pena le señale al Juez que una determinada pena accesoria deba ser impuesta conjuntamente con la pena principal, en este caso, la interdicción de derechos y funciones, siempre que se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, así como los derechos fundamentales del condenado, como de manera reiterada lo ha manifestado esta Corte[7].
La argumentación del demandante involucra una inversión de los principios que rigen el derecho penal, estableciendo como regla general el arbitrio del Juez y como excepcional la intervención del legislador, con el argumento de que dicha determinación se toma "en virtud de decisión judicial". El significado de la expresión es diverso al manifestado por el demandante porque dicha acepción se refiere es al desarrollo del principio de la legalidad de la pena. Como vimos en la primera parte de esta providencia, el Juez solamente puede imponer la sanción luego de agotar un proceso en el que la sentencia es su culminación en la cual se justifica y fundamenta la responsabilidad penal y la dosificación de la sanción. De tal suerte que la decisión judicial lo que pretende es garantizar que las medidas restrictivas de los derechos del condenado, no sean tomadas por autoridades distintas de la jurisdiccional y que el poder judicial no se ejerza por fuera de los términos y condiciones especificados en la Ley.
En el caso de la imposición de las penas accesorias es tan cierta la preeminencia de la norma sobre la discrecionalidad del Juez que los límites temporales fijados a la pena accesoria tiene una excepción de carácter constitucional, a la cual hace referencia el inciso 2 del artículo 51 de la ley 599 de 2000, consagrada en el inciso 5 del artículo 122 de la Carta de 1991 según la cual "sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".
Exequible por el cargo analizado ... (inciso 3 ) Artículo 52 LEY_599_2000_24/07/2000
Aclaraciónde voto a la Sentencia C-393/02
1. En primer lugar, la interpretación que hace la sentencia de los cargos elevados por el demandante es demasiado restrictiva. El actor planteó dos tipos de cargos. El primero se refiere a la competencia del legislador y a la competencia del juez penal. Sólo éste es respondido en la sentencia. El segundo tipo de cargo versa sobre la restricción de los derechos políticos de las personas condenadas a pena de prisión, en especial del derecho a elegir. Este no fue abordado en la sentencia y por ello se optó por limitar los alcances de la cosa juzgada para hacerla relativa solamente al primer cargo. La demanda hubiera podido profundizar en este segundo cargo; el concepto de la violación fue lo suficientemente claro y específico. Por ello el Fiscal[8] y el Procurador[9] se han referido al mismo y la Corte no se declaró inhibida por ineptitud del cargo. La sentencia simplemente subsume este segundo cargo en el primero, y por eso la formulación del problema jurídico tiene un alcance limitado al primer cargo.[10] En realidad, la naturaleza de ambos cargos es tan diversa que dicha subsunción es forzada e inadmisible.
2. La restricción de los derechos políticos de los condenados a pena de prisión es demasiado gravosa. Tal es la conclusión que se desprende de tomar en serio el principio de proporcionalidad en el examen de la constitucionalidad de la medida. La sentencia no aborda el análisis de la proporcionalidad entre, por un lado, la medida legislativa correspondiente a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y, por otro lado, la afectación de cada uno de los derechos políticos, como por ejemplo, el derecho fundamental a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución (art. 40 numeral 6 C.P.). No basta a la Corte afirmar, genéricamente y sin ningún análisis, que la ley respeta los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena. Dado que la disposición demandada inhabilita al condenado con pena de prisión para el ejercicio de la totalidad de sus derechos políticos fundamentales, la Corte debía aplicar al examen de tal medida un control cuidadoso, lo cual no hizo, limitándose a declarar la exequibilidad relativa de la norma demandada según el cargo analizado entendido como un asunto competencial. De haber efectuado el análisis de constitucionalidad de los cargos en todos sus aspectos, la Corte habría llegado a la conclusión de que la medida es desproporcionada, ya que no se limita a suspender el ejercicio de algunos derechos políticos relacionados en el artículo 99 de la Carta, sino que suspende la totalidad de los mismos al condenado a la pena de prisión, pese a que el ejercicio de algunos - como es el caso de la interposición de acciones públicas en defensa de la Constitución - no requieren para su ejercicio del goce de la libertad física. Lo drástico de esta medida con respecto a la limitación de los derechos políticos fundamentales de la persona del presidiario no es proporcional con la efectividad de la medida penal, ya que el recorte de derechos es absoluto sin que ello tenga relación con el tipo de delito cometido, con lo que el legislador pasa incluso por encima de la excepción constitucional referente a las inhabilidades para ejercer altos cargos públicos a quienes han sido condenados penalmente, salvo si se trata de delitos políticos o culposos (art. 179 num. 1, 232 num. 3, 299 C.P. )
3. No comparto tampoco que se insinúe, sin un estudio cuidadoso, que la restricción a los derechos políticos impuesta por la norma demandada respeta principios de razonabilidad y proporcionalidad. Se dice en la sentencia: "Es decir, que aunque el legislador permita al Juez imponer las penas accesorias bajo los parámetros establecidos por la misma ley, ello no es óbice para que el legislador sin afectar el principio de la legalidad de la pena le señale al Juez que una determinada pena accesoria deba ser impuesta conjuntamente con la pena principal, en este caso, la interdicción de derechos y funciones, siempre que se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, así como los derechos fundamentales del condenado, como de manera reiterada lo ha manifestado esta Corte."
En este párrafo se mezclan cuestiones y planos de análisis muy distintos. Ante todo es confusa la afirmación según la cual "el legislador sin afectar el principio de la legalidad de la pena" pueda ordenarle al Juez que imponga una determinada pena accesoria conjuntamente con la pena principal. Ello porque son los operadores jurídicos encargados de imponer las penas los que están sujetos al principio de legalidad, ya que el legislador puede en todo momento variar la modalidad y duración de las mismas siempre que respete el debido proceso constitucional que proscribe la indeterminación de las conductas punibles y de las penas. Por otra parte, al hacer la mencionada afirmación, la sentencia no resalta que el legislador y no sólo el Juez también está sujeto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad cuando ejerce la facultad de configuración legislativa en lo penal. Tal y como está redactada la sentencia pareciera que sólo el Juez debe respetar dichos principios al imponer la pena establecida por el legislador, y no éste mismo tal y como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional.
Además el empleo de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad es antitécnico e intrascendente, quizás porque el magistrado ponente no cree en el valor jurídico de tales conceptos según lo advirtió en una aclaración de voto.[11] El uso de tales principios es antitécnico porque, como ya se mencionó, ellos no sólo atan al Juez en el ejercicio de sus facultades de estimar el monto de la pena a imponer dentro de los rangos establecidos en la ley, sino también al legislador, quien también se encuentra sujeto a la Constitución y no es, por lo mismo, un legislador soberano ni caprichoso, ni arbitrario. Si la determinación de las penas a imponer debe ser razonable y proporcional, la Corte ha debido entonces analizar si la norma, que impone al juez la obligación de aplicar siempre y en todos los casos de condenas a la pena principal de privación de la libertad la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas, era razonable y proporcionada. Además, el concepto de lo razonable no se puede asimilar al concepto de lo proporcional. En este caso, si bien se puede discutir si la norma es razonable, no hay duda de que es desproporcionada.
4. De todo lo anterior se deduce que en esta sentencia se ejerció un control constitucional hiperdébil, es decir, de la más baja intensidad. Se limita la sentencia a preguntarse si el legislador tiene competencia para determinar las penas que deben imponer los jueces penales en cada caso. Es esta una visión competencial de la Constitución que no se preocupa del examen del respeto a los contenidos constitucionales materiales que delimitan el ejercicio de las competencias de todas las autoridades públicas, incluido el legislador. La sentencia no es sensible a la dimensión restrictiva de la medida legislativa analizada, no para mientes en que ella supone la suspensión de todos los derechos políticos fundamentales de la persona, sin distingos de ninguna clase, sólo prevalida de la existencia de una competencia de fijación de la política criminal, y con ella del ejercicio ilimitado del ius puniendi del Estado.
5. Finalmente, cabe preguntarse: ¿Cómo se explica que se haya omitido en la sentencia el análisis de todas estas cuestiones materiales sobre el alcance de los derechos y los requisitos que debe respetar el legislador al limitar o restringir los derechos constitucionales Una explicación es práctica: se prefirió postergar el tema hasta que se presentara una demanda específica sobre tales cuestiones materiales. Ello es esperanzador y creo que esta razón predominó en la mayoría de mis colegas.
Sin embargo, cabe otra explicación: la sentencia, como la ponencia original, pasó por alto la parte dogmática de la Constitución relativa a los principios y derechos constitucionales. Por eso en la premisa con la cual se inicia el argumento, luce una cita de Beccaria, pero brilla por su ausencia la referencia a la limitación del poder no solo por la ley sino ante todo por la Constitución. Se dice: "Uno de los aportes del pensamiento demoliberal, consistió en predicar la restricción del poder del Estado frente al individuo. Partiendo de la base de que la libertad es el estado natural del hombre, el Estado solamente puede imponerle restricciones dentro de los parámetros establecidos en la Ley".
[1]BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. Editorial Temis: Segunda edición. 1990. Pags. 27 y 56.
[2]Sentencia C-565 de 1993 M.P. Hernando Herrera Vergara. Con aclaración del voto.
[3] M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis. Con salvamentos y aclaraciones de voto.
[4]Sentencia T-146 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] Sentencia C-1338 de 2000. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Con salvamento de voto.
[6]Sentencia C-089 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con salvamentos y aclaraciones parciales de voto.
[7]Sentencia C-70 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con salvamento de voto. Entre otras.
[8]Dijo el Fiscal: "En este orden de ideas, la pena accesoria no resulta desproporcionada, pues "la justificación de esta sanción se basa en la imperiosa necesidad que tiene el Estado de hacer uso del mecanismo de control formal - como lo es el derecho penal -, mediante el cual lucha de manera eficaz contra el crimen y garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política".
[9]Dijo el Procurador: "La norma es exequible en la medida en que "no resulta desproporcionado ni irrazonable que el Estado, en ejercicio de su poder punitivo, también lo sancione impidiéndole participar como ciudadano en los procesos electorales mediante los cuales los ciudadanos contribuyen a la configuración democrática y pluralista de las instituciones estatales, pues al cometer el ilícito expresó su desadaptación y desprecio por estas, como por el orden social y jurídico"
[10]Dice la sentencia: "Problema jurídico planteado. Consiste en establecer si al legislador le está permitido imponer la pena de interdicción de derechos y funciones públicas como accesoria a la de prisión o solamente lo puede hacer el juez de manera discrecional mediante decisión judicial".
[11]Ver la aclaración de voto del ponente a la sentencia C-673 de 2001.

References: artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 59
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 122
 Artículo 52
 artículo 99