Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2001/ago/20010823.html
Timestamp: 2019-03-19 22:59:18+00:00

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Gaceta Parlamentaria, año IV, número 820, jueves 23 de agosto de 2001
Incluyen la fecha de publicación en el Diario Oficial, actualizado al 14 de agosto de 2001
De la Presidencia de la Cámara de Diputados, a la sesión preparatoria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Con proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impuesto predial, presentada por el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2001.
Con proyecto de Decreto que deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a la cláusula de exclusión, presentada por el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de agosto de 2001.
De la Comisión de Marina, de su reunión de trabajo realizada el miércoles 23 de mayo de 2001.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a las sesiones de la Consulta Nacional sobre el Sistema de Amparo y Protección Constitucional, el jueves 23 y el viernes 24 de agosto, a partir de las 10:30 horas.
De la Comisión de Juventud y Deporte, a la reunión de trabajo con el Lic. Alejandro Burillo Azcárraga, presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol, el viernes 24 de agosto, a las 9:30 horas.
De la Comisión de Participación Ciudadana, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Desarrollo Municipal y el Gobierno del Estado de Nuevo León, a la novena etapa regional del Foro Nacional de Participación Social (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), el martes 28 de agosto, a las 9 horas.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al foro nacional Los Adultos Mayores en México, el cual se llevará a cabo el martes 28 de agosto, de las 9 a las 15 horas.
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, a su reunión de trabajo con el C. Ing. Manuel Rodríguez Morales, subsecretario de Infraestrucura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el C. Dr. Carlos Hurtado López, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el martes 28 de agosto, a las 13 horas.
De la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, a su reunión de trabajo, el miércoles 29 de agosto, a las 11 horas.
De la Comisión de Salud, a su duodécima sesión plenaria, la cual se efectuará, el miércoles 29 de agosto, a las 14 horas.
De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, a la reunión ordinaria que realizará el viernes 31 de agosto, a las 11 horas.
De la Comisión de Desarrollo Social, al foro La ley y el Desarrollo Social Integral, que se llevará a cabo el miércoles 5 de septiembre.
DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, A LA SESION PREPARATORIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, numeral 7, 18 y 23, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las diputadas y diputados federales, a las sesión preparatoria del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que tendrá lugar el próximo lunes 27 de agosto a las 11 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de agosto de 2001.
Diputado Ricardo García Cervantes
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL, PRESENTADA POR EL SENADOR FIDEL HERRERA BELTRAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL MIERCOLES 15 DE AGOSTO DE 2001
El suscrito, senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:
Conforme al sistema previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en la jurisprudencia, el federalismo fiscal en México se ejerce concurrentemente entre los estados y la Federación. La Federación al amparo del artículo 73, fracción VII, de la Constitución federal, puede imponer todas las contribuciones necesarias para cubrir su gasto público; y los estados a su vez, pueden establecer todas las contribuciones que necesiten con excepción de las fuentes de riqueza que expresamente les prohíbe la fracción XXIX del artículo 73, así como los artículos 117, fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 118, fracción I, todos ellos de la propia Constitución.
Debido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que rige desde 1980, las entidades federativas no han podido ejercer a plenitud su potestad tributaria, toda vez que la Federación ha absorbido el ochenta por ciento de la recaudación proveniente de fuentes de riqueza que los estados bien podrían gravar concurrentemente con aquélla.
La homogeneización de los gravámenes, la simplificación de las obligaciones fiscales evitando la múltiple tributación respecto de un mismo hecho imponible, así como el abaratamiento de los costos en la administración y recaudación de los recursos, fueron las razones principales que impulsaron en su momento este sistema de coordinación fiscal.
Estas cuestiones están hoy siendo replanteadas conjuntamente por este H. Congreso de la Unión, por el Ejecutivo federal, por las mismas entidades federativas y por la ciudadanía, en el marco de un nuevo federalismo hacendario.
Los municipios, célula de la organización política y administrativa de los estados, ¿cómo se allegan recursos para satisfacer los requerimientos de sus gobernados?; ¿cuáles son las fuentes impositivas con que cuentan para prestar los servicios públicos que constitucionalmente están a su cargo?
La respuesta a estas cuestiones nos las da la propia Ley Fundamental. Ella establece que los ayuntamientos no tienen potestad tributaria; que los recursos propios con que cuentan serán los que a su favor establezcan las respectivas legislaturas estatales, y que en todo caso, serán los relativos a la propiedad inmobiliaria y los necesarios para poder prestar los servicios públicos a su cargo.
Adicionalmente, del Fondo General de Participaciones previsto en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, los ayuntamientos participan de un veinte por ciento de los que a su vez la Federación le participa a la respectiva entidad federativa, pero este porcentaje, dividido entre el número total de municipios y repartido en base a criterios preponderantemente demográficos, de equipamiento urbano y de condiciones de pobreza, no deja de ser precario.
No hace falta decir que estos recursos son insuficientes para las municipalidades y que por ello siempre han reclamado mayores recursos, sea por la vía de las participaciones, o sea por la vía de los ingresos propios mediante la recaudación tributaria.
De cualquier modo, lo idóneo es que los ayuntamientos financien sus programas con sus propios ingresos, y en ese sentido, dentro de la gama de contribuciones con que cuentan, la que históricamente más les reditúa, la que soporta la mayor parte de sus ingresos, lo es el impuesto predial.
Este gravamen que recae sobre la propiedad inmobiliaria, a raíz de la reforma al artículo 115 constitucional, reforma que en 1999 impulsaron todos los partidos políticos representados en ese entonces en el Congreso de la Unión, tiene como tarifa y base gravable, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que ellos mismos propongan a sus respectivas legislaturas locales; con ello se amplió la base gravable y, consecuentemente, aumentaron sus ingresos fiscales. Pero el esfuerzo sigue siendo insuficiente.
En ese contexto, la defensa del impuesto predial a favor de los municipios, la búsqueda de mayores recursos para aquéllos, y con ello la posibilidad material y racional de que puedan prestar los servicios que requieren sus ciudadanos, es lo que motiva la presente Iniciativa.
Por ello, proponemos reformar el párrafo segundo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la exención del impuesto predial y demás contribuciones municipales, a los bienes del dominio público de los propios municipios, de las entidades federativas, de la Federación, y de las entidades paraestatales o los del dominio público que sean administrados por los particulares, bajo cualquier título, siempre y cuando no se destinen a fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Claro está que los bienes del dominio público de los municipios, de los estados y de la Federación, cuando son administrados por ellos mismos, justifica por sí misma la exención, como en su momento lo argumentó el Constituyente Permanente en la reforma de 1982 al artículo 115 constitucional, pues el sujeto pasivo de la obligación tributaria lo es el mismo Estado, en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno, incluso por los organismos paraestatales.
Pero cuando el sujeto pasivo a quien favorece la exención lo son los particulares, quienes al explotar, aprovechar o usar un bien del dominio público, bajo cualquier título, lo que buscan es el lucro y no el bien público como lo busca el Estado, no puede justificarse la exención, ya que los coloca en una situación privilegiada respecto del resto de los particulares que aun cuando no utilizan bienes del dominio público, igualmente obtienen ingresos y bienes que les son gravados.
Consideramos que esta exención otorgada a los particulares no tiene más razón de ser, pues se afectan los recursos que legítimamente corresponden a los ayuntamientos, y que debido a la excepción constitucional, les está vedado cualquier cobro a dichos bienes del dominio público cuando son administrados por particulares.
Así las cosas, cabe preguntarnos si esta exención beneficia más a los particulares o perjudica más a los municipios. ¿Cuál es el bien jurídico que debe tutelar la Constitución? ¿El de los particulares, para que inviertan con fines mercantiles; o el de los municipios, para que presten servicios, incluso a los mismos concesionarios?
Múltiples son los ejemplos de cómo la Federación por sí, o mediante la concesión o permiso otorgado a particulares, sacando provecho del territorio y de la propiedad inmobiliaria asentada en las entidades federativas, no devuelve los beneficios a la territorialidad de donde obtiene los recursos.
En el caso de las Administradoras Portuarias Integrales, por disposición de la Ley de Puertos, éstas realizan una serie de servicios públicos en inmuebles del dominio público, consistentes en la construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y administración de servicios portuarios, como por ejemplo el embarque, desembarque, alijo, carga, almacenaje, estiba, acarreo, entre muchos otros. La Ley General de Bienes Nacionales a su vez, determina que los inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, independientemente de quien los preste, serán del dominio público.
En Veracruz existen, por ejemplo, Administradoras Portuarias Integrales, en los puertos de los municipios de Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, y en atención al precepto constitucional que hoy proponemos reformar, estas API?S están exentas del pago de contribuciones municipales.
Cabe mencionar, que si bien estas administradoras portuarias se pueden concesionar a particulares, o a sociedades mercantiles con participación estatal mayoritaria de las entidades federativas, según lo disponen los artículos 20 y séptimo transitorio de la Ley de Puertos, respectivamente, la exención sigue subsistente, pues expresamente el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Federal, en su última parte, establece que aún cuando sean operados los servicios públicos por particulares, bajo cualquier título, seguirá operando la exención, siempre y cuando los fines administrativos o propósitos del servicio no desatiendan su carácter público. Nunca pensó el Constituyente que estaríamos en presencia de un servicio público con fines exclusivamente mercantiles.
De hecho, el pasado 1 de agosto del presente año, esta H. Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes y Marina de ambas Cámaras, para que impulsen la transferencia de las API?S que actualmente maneja la Federación a las entidades federativas, en especial a las localizadas en el estado de Veracruz. Pero el problema de la exención, y con ello de los recursos públicos, sigue latente.
El caso es que las Administradoras Portuarias Integrales, ya sea manejadas por el Estado, por organismos paraestatales, o por particulares, no pagan el impuesto predial y demás contribuciones municipales; pero en cambio, al amparo de la Ley Federal de Derechos, sí perciben grandes ingresos por el cobro de derechos derivados de los servicios que prestan, de los cuales, los municipios no obtienen un beneficio directo, proporcional y equitativo.
Se ha venido constatando que las API?S manejadas por particulares perciben grandes ganancias, y que no obstante de que los municipios respectivos les han pedido cooperación para realizar obras públicas que directamente beneficiarían a las administradoras, éstas se han negado rotundamente, al amparo del precepto constitucional que ahora se propone reformar.
En ese orden de ideas, tenemos que las ventajas que pueden obtener los particulares concesionarios con motivo de la exención de los impuestos municipales, son minúsculas si las comparamos con las desventajas que tienen las municipalidades, al no poder gravar los bienes del dominio público de la Federación, principalmente con el impuesto predial, que como ya se mencionó, es el gravamen más productivo para las arcas municipales.
En conclusión, si el grueso de los ingresos que perciben las Administradoras Portuarias concesionadas se sustentan fundamentalmente en el cobro de derechos, de los cuales no se les participa directa y proporcionalmente a los municipios donde residen, y si el gasto que evitan por no pagar el predial no altera sustancialmente sus finanzas, creemos que en cambio, los municipios tan faltos de recursos, verían en el cobro de este gravamen una remuneración indirecta, que les ayudaría a satisfacer las necesidades sociales de sus gobernados, máxime que de las actividades portuarias es de los que principalmente viven estas localidades.
Por todo ello, es por lo que proponemos a esta H. Soberanía eliminar del texto constitucional la exención para los bienes del dominio público cuando son manejados por particulares, siempre y cuando su actividad busque el lucro, a fin de reivindicar a los municipios los recursos públicos que por razón de justicia y equidad les corresponden.
Por lo anterior, es por lo que me permito poner a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, en los siguientes términos:
ARTICULO UNICO: Se reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 115.- ...
Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por particulares, con fines de lucro, bajo cualquier título. Tampoco aplicará dicha exención cuando tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
..." Artículos Transitorios
México, DF, a 15 de agosto de 2001.
(Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados)
CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LOS ARTICULOS 395 Y 413 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RELATIVOS A LA CLAUSULA DE EXCLUSION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DE LA COMISION PERMANTENTE DEL MIERCOLES 15 DE AGOSTO DE 2001
El suscrito, diputado Tomás Torres Mercado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto que deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la siguiente:
1.- El martes 17 de abril del año en curso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el criterio jurisprudencial número 2ª LIX/2001, declaró anticonstitucionales los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que establecen la denominada "cláusula de exclusión".
2.- El artículo 395 establece que en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, podrán no aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión. Podrá también establecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante.
3.- Por su parte, el artículo 413 de la Ley Federal del Trabajo dispone que en el contrato-ley podrán establecerse las cláusulas a que se refiere el artículo 395, su aplicación corresponderá al sindicato administrador del contrato-ley de cada empresa.
4.- Por su parte, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, afirma literalmente: Cláusula de exclusión por separación. Los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Rrabajo que autorizan, respectivamente, su incorporación en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos-ley, son violatorios de los artículos 5º, 9º y 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Federal. Los artículos señalados de la Ley Federal del Trabajo que autorizan que en los contratos colectivos de trabajo y en los contratos-ley se incorpore la cláusula de exclusión por separación, lo que permite que el patrón, sin responsabilidad, remueva de su trabajo a la persona que le indique el sindicato que tenga la administración del contrato, por haber renunciado al mismo, transgreden lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto que éste sólo autoriza que puede privarse a una persona de su trabajo lícito por resolución judicial, cuando se afecten derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que señale la ley, cuando se ofendan derechos de la sociedad, supuestos diversos a la privación del trabajo por aplicación de la cláusula de exclusión por separación. Además, también infringen los artículos 9º y 123, apartado A, fracción XVI, de la propia Carta Magna, de conformidad con los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia P./J. 28/95 y P./J. 43/99, de rubros: "Cámaras de comercio e industria, afiliación obligatoria. El artículo 5º de la ley de la materia viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9º constitucional", y "Sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén, violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción X, constitucional", pues lo dispuesto en los señalados artículos de la Ley Federal del Trabajo es notoriamente contrario a los principios de libertad sindical y de asociación, puesto que resulta contradictorio y, por lo mismo, inaceptable jurídicamente, que en la Constitución federal se establezcan esas garantías, conforme a las cuales, según la interpretación contenida en las referidas jurisprudencias, la persona tiene la libertad de pertenecer a la asociación o sindicato, o bien, de renunciar a ellos y en los mencionados preceptos de la ley secundaria se prevé como consecuencia del ejercicio del derecho a renunciar, la pérdida del trabajo. Finalmente, el hecho de que con el ejercicio de un derecho consagrado constitucionalmente pueda ser separado del trabajo de acuerdo con lo dispuesto en una ley secundaria, que permite introducir en las convenciones colectivas aquella figura, resulta censurable conforme al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Ley Fundamental. 5.- La cláusula de exclusión, como es de todos conocido, fue por décadas, una herramienta de control político sobre los trabajadores, de parte del autoritario sistema político mexicano. Mediante este mecanismo las organizaciones obreras oficiales tenían la facultad de exigir al patrón el despido de cualquier agremiado que decidiera separarse del sindicato o fuera expulsado por cualquier circunstancia.
6.- De esta manera, durante varias generaciones, el poder caciquil de los dirigentes sindicales oficiales, utilizaron la cláusula de exclusión, como arma de despido, y con ella, exigieron a los trabajadores sumisión, silencio, pasividad, conformismo, disciplina acrítica, entrega del voto y claudicación en el ejercicio de sus derechos.
7.- Reconocemos la importancia y el valor de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, en acto mínimo de congruencia parlamentaria, proponemos derogar los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, para que desaparezca de la vida jurídica laboral, la infame cláusula de exclusión, con el propósito de contribuir a la creación de condiciones adecuadas para impulsar la democratización real de las organizaciones sindicales del país, así como propiciar condiciones distintas y favorables para el fomento de las actividades productivas del país.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión, de los contratos colectivos de trabajo y los contratos-ley.
ARTICULO UNICO.- Se derogan los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 395. Derogado.
Artículo 413.- Derogado.
(Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados)
DE LA COMISION DE MARINA, DE SU REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL MIERCOLES 23 DE MAYO DE 2001
Acta de la Comisión de Marina, celebrada el miércoles 23 de mayo del año dos mil uno, correspondiente al ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura.
Presidencia del diputado César Patricio Reyes Roel
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las quince horas con veinticinco minutos del día veintitrés de mayo del dos mil uno en el salón E del restaurante Los Cristales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la asistencia de catorce legisladores, el Presidente de la Comisión de Marina, diputado César Patricio Reyes Roel declara abierta la sesión.
El secretario, diputado Julio Lizárraga López, da lectura al orden del día, se aprueba y se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en razón de que fue turnada con anterioridad.
3. Lectura y en su caso, aprobación de la acta de la sesión de anterior.
4. Visita de cortesía del coordinador de enlace en el Congreso, Capitán de Navío José Luis Sánchez Sánchez.
5. Informe de la Subcomisión de Dictamen respecto a la Iniciativa de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicio, a cargo del diputado Julio César Lizárraga.
6. Informe de la Subcomisión de Dictamen respecto a la Iniciativa de Ley del Servicio Militar Nacional, a cargo del diputado Alvaro Vallarta Ceceña.
7. Informe de la Subcomisión de Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante Nacional a cargo del diputado José Tomás Lozano y Pardinas.
8. Informe de la Subcomisión de Presupuesto a cargo del diputado Julio César Lizárraga.
9. Presentación de la memoria del primer foro que realizó la Comisión de Marina.
El Presidente de la Comisión, diputado César Patricio Reyes Roel, siguiendo el orden del día, presenta y da la palabra al capitán de navío José Luis Sánchez Sánchez, quien hace del conocimiento de los integrantes de la Comisión el interés del secretario de Marina y de Almirantazgo de la Secretaría por las actividades que realiza la Comisión de Marina e invita a los integrantes de la Comisión a asistir a los festejos que se llevarían a cabo por el Día de la Marina en el estado de Veracruz.
Asimismo, el capitán José Luis Sánchez Sánchez, hace entrega al Presidente de la Comisión diputado César Patricio Reyes Roel, de la información relativa al despliegue territorial de la Secretaría de Marina Armada de México, en donde se contemplan las sedes de los diversos mandos navales, y de las unidades y establecimientos que tienen adscritos en cada mando naval: región naval, zona naval, fuerza naval, bases aeronavales, unidades de superficies, unidades de infantería de marina, unidades aeronavales. La información, afirma el capitán José Luis Sánchez Sánchez, incluye una lista de todos los astilleros y varaderos civiles que se encuentren en los diversos puertos de la República, con el objetivo de que se conforme un proyecto de viaje de trabajo en el que se incluya el intercambio de opiniones con la gente relacionada en la construcción naval.
Por otra parte el capitán José Luis Sánchez Sánchez, a solicitud del diputado César Patricio Reyes Roel, aborda el tema del presupuesto de la Secretaría de Marina, y para ello refiere los programas de la Secretaría en donde está repartido el presupuesto: el Programa de Investigación Científica y Tecnológica, donde se lleva a cabo todo lo que se refiere a la investigación oceanográfica, hidrográfica y cartográfica; el Programa Permanente de Sustitución de Unidades bajo el cual se construyen barcos clase Holzinger, guardacostas con plataformas para helicópteros, etc.; el Programa de Seguridad Pública, que aunque no es de responsabilidad directa de la Secretaría de Marina, con la transferencia de fondos se han comprado cuarenta unidades interceptoras de alta velocidad Noventa-H suecas, que ya están repartidas en toda la República; el Programa Normal de Operación donde se concentra todo el presupuesto encaminado a la operación misma de la Secretaría de Marina, y finalmente el Programa de Operación que incluye todo lo que se refiere a la Oficialía Mayor y a la Subsecretaría en lo que concierne únicamente a investigación y desarrollo.
Con base en lo anterior el capitán José Luis Sánchez Sánchez refiere que el sesenta y uno por ciento del presupuesto de la Secretaría de Marina se destina a sueldos, el diecinueve por ciento a gasto de inversión y un veinte por ciento a gasto corriente. Sobre el punto señala que los incrementos que tuvo el presupuesto de la Secretaría de Marina en los últimos tres años, era únicamente lo que se estimaba en la inflación, por lo que existe un déficit de alrededor de quinientos millones de pesos que no permiten una operación óptima de la Secretaría al contarse con que el material que necesita para el desarrollo de sus actividades es viejo y obsoleto.
Terminada la intervención del capitán José Luis Sánchez Sánchez el diputado Julio Lizárraga López manifiesta su inquietud respecto del operatividad en términos porcentuales del equipo con el que cuenta la Armada de México; la respuesta del capitán Sánchez Sánchez refiere que es de un sesenta y dos por ciento y comenta al respecto que se ha creado una subcomisión para estudiar el asunto de la Marina Mercante que ha dado resultados interesantes que se han informado a la Presidencia de la República y que han sido invitados a participar en una comisión que va a crear políticas públicas en este sector económico, sin embargo señala que también es vital importancia defender el tema de la superficie que tiene que cuidar la Marina de Guerra, sobre el punto el diputado César Patricio Reyes Roel apunta que al igual que la Marina Mercante que fue abandonada hace tres sexenios, la Marina de Guerra fue reprimida en sus presupuestos e invita a los integrantes de la Comisión a investigar como se puede lograr un mejor presupuesto para la Secretaría de Marina, que le permita tener un mejor equipamiento.
EL diputado Rigoberto Romero Aceves señala que es necesario dar una justificación adecuada al tema que refiere el fortalecimiento de la Secretaría de Marina y que uno de los aspectos que deberá resaltarse es el reclamo del sector pesquero de que la Armada de México participe en la vigilancia pesquera.
El C. Lic Jorge Yunes Rafful Zepeda pregunta al capitán cuál sería el porcentaje sobre el total del Presupuesto de Egresos de la Federación que tiene la Secretaría de Marina, la respuesta del capitán Sánchez Sánchez refiere que no llega ni al uno por ciento, refiere que es necesario promocionar a la Secretaría de Marina, ya que otras instituciones tiene mayor presupuesto y no tiene las responsabilidades que se adscriben a la Secretaría de Marina.
Continuando con el orden día el diputado Julio César Lizárraga da lectura al informe de la Subcomisión de Dictamen respecto de la Iniciativa de Ley para la Comprobación Ajuste y Cómputo de Servicios, en el que se detallan las acciones que emprende la Subcomisión para dictaminar la Iniciativa que se señala, entre éstas se encuentran la elaboración del plan de trabajo que se hizo llegar a todos los integrantes de la Comisión para su valoración, sugerencias y futura aprobación; las gestiones que se realizan con la biblioteca de la Cámara para conformar la investigación que sustente el dictamen de la Iniciativa, destacando que actualmente cuenta ya con información comparada en países como Chile, Colombia y Uruguay y que se allega información en colaboración con el cuerpo técnico y administrativo de la Comisión de Marina y que se realizan las diligencias correspondientes para que en junio próximo funcionarios de la Secretaría de Marina asistan a la reunión de trabajo de la Subcomisión con el objetivo de que se realice una exposición ante los legisladores integrantes del tema a dictaminar.
Concluida la intervención del diputado Lizárraga se da lugar al punto número seis del orden día y en ausencia del diputado general Alvaro Vallarta, el diputado Julio César Lizárraga, en su calidad de secretario de la Comisión, da lectura al informe de la Subcomisión de Dictamen respecto a la Iniciativa de Ley del Servicio Militar Nacional en el cual el diputado general Alvaro Vallarta señala que se han recibido diversos comentarios al respecto y que se realizan los estudios correspondientes en la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de reunir los elementos adecuados y llevar a cabo la reforma y adición a la ley, e informa que en fechas próximas convocará una reunión de la Subcomisión para el estudio de la Iniciativa.
Terminada la lectura el general Ochoa Toledo pertenenciente a la Comisión de Defensa Nacional, señala que dado el contenido de la Iniciativa, ésta deberá dictaminarse en Comisiones Unidas de Marina y Defensa, y refiere que en esta última también existe una Subcomisión y sugiere que las dos subcomisiones trabajan juntas para avanzar con mayor serenidad en la misma. Al respecto el diputado César Patricio Reyes Roel, señala que le parece conveniente, y sólo le pide al general Ochoa Toledo que se ponga de acuerdo con el diputado general Alvaro Vallarta para que convoquen a través de los secretarios a Comisiones Unidas y pueda salir el asunto.
De conformidad con el orden día, tiene lugar el punto número siete del orden del día, que corresponde a la lectura del informe de la Subcomisión de Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante nacional, a cargo del diputado José Tomás Lozano y Pardinas, en el que se señala que se han evaluado las propuestas que por parte del sector marítimo fueron presentadas para la reactivación de la Marina Mercante y que en la mayoría de éstas destaca la necesidad de conformar esquemas fiscales y de financiamiento, de modo que la Subcomisión ha estudiado la forma de que contar con un registro especial marítimo mexicano que regule estos esquemas y las acciones emprendidas para ello, entre las que destaca la búsqueda y análisis de la información en la biblioteca, internet; con las autoridades y grupos que conforman al sector marítimo, sin embargo, señala el informe existen problemas para continuar el trabajo de investigación dado que no se cuenta con información actualizada que especifique como operan estos registros en otros países y es por ello que la Subcomisión considera necesario programar una visita de trabajo a los países que han instrumentado este tipo de registro, como lo serían España, Inglaterra, Noruega, Dinamarca y Alemania, visita que permitiría además constará como operan estos registros. El informe señala también que se han realizado reuniones de trabajo con diferentes autoridades del Poder Ejecutivo y que se ha constatado que los trabajos de la Subcomisión van en el rumbo correcto.
El diputado César Patricio Reyes Roel comenta que lo referido por el diputado Lozano es un aspecto complejo, ya que instaurar un segundo registro podría implicar una reforma al artículo treinta y dos constitucional, y que por lo tanto debe estar adecuadamente estudiado.
Por su parte el diputado Rigoberto Romero Aceves pregunta al diputado Lozano y Pardinas si se ha estudiado la repercusión que tiene en el desarrollo de la Marina Mercante el pago que de tenencia hacen los propietarios de embarcaciones, refiere que dicha erogación la hacen los barcos pesqueros pero que no sabe si también los mercantes. El diputado Lozano se compromete a hacerle llegar la información requerida.
En apego al orden del día se da continuidad al siguiente punto, relativo al informe de la Subcomisión de Presupuesto, a cargo del diputado Julio César Lizárraga quien extiende la invitación a que otros diputados se integren a la misma. Sobre el punto se acuerda que en cuanto se integre la Subcomisión se pondrán en contacto con la Secretaría de Marina para trabajar de forma coordinada.
Concluido el punto, tiene lugar la presentación de la memoria del primer foro que realizó la Comisión de Marina, a través de la Subcomisión de Estudio del Estado que Guarda la Marina Mercante, el veintiuno de febrero del año dos mil uno en el salón Verde del Palacio Legislativo, y se hace entrega de los ejemplares que resumen lo tratado en el foro.
Como último punto se abordan los asuntos generales, para ello el Presidente de la Comisión diputado César Patricio Reyes Roel da lectura a la invitación que la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores extiende a los diputados para participar en el Foro de Consulta Pública en Materia Marítima-Portuaria, que se realizará el treinta y uno de mayo, de las ocho treinta a las nueve treinta horas en Veracruz.
Asimismo se informa que integrantes de la Comisión estarán presente en los actos de festejo del Día de la Marina, donde se presentará una ponencia de los trabajos que realiza la Comisión.
Por otra parte se da lectura a la invitación del superintendente general de evaluación de Pemex, Miguel Angel Romero Candelas, para hacer un recorrido por sus instalaciones el día dos de junio en la ciudad de Veracruz.
No existiendo asuntos pendientes que tratar se levanta la sesión siendo las dieciséis quince horas y se acuerda citar posteriormente a los miembros de la Mesa Directiva para definir el orden del día de la próxima reunión.
Dip. Cesar P. Reyes Roel (rúbrica)
Dip. Julio Lizárraga López (rúbrica)
Dip. Gral. Alvaro Vallarta Ceceña
A las sesiones de la Consulta Nacional sobre el Sistema de Amparo y Protección Constitucional, el jueves 23 y el viernes 24 de agosto, a partir de las 10:30 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).
A la reunión de trabajo con el Lic. Alejandro Burillo Azcárraga, presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol, el viernes 24 de agosto de 2001, a las 9:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, a través del Centro Nacional de Desarrollo Municipal y el Gobierno del Estado de Nuevo León, a la novena etapa regional del Foro Nacional de Participación Social (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), el martes 28 de agosto, a las 9 horas, en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Farías, ubicada en av. Alfonso Reyes número 4000 norte, CP 64440, en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
La participación puede ser individual o en grupo. Las propuestas se entregarán en extenso, incluyendo los datos personales así como la mesa de trabajo en la cual se registrará y, de ser posible, en disquete en formato de Word. Para su lectura se presentará un resumen que no deberá exceder de tres cuartillas a doble espacio. Los trabajos que cumplan con la metodología establecida serán incluidos en las memorias del foro.
IV. Palabras a cargo de los gobernadores de los estados de la Región IX.
VII. Mesas de trabajo (Presentación de propuestas ciudadanas).
Palacio de Gobierno, Zaragoza y 5 de mayo, colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Tel. 0183 420523 y 0183 457227
Al foro nacional Los Adultos Mayores en México, el cual se llevará a cabo el martes 28 de agosto, de las 9 a las 15 horas, en el salón Verde.
8:30-9:00 horas:
9:00-9:20 horas:
Presentación del foro a cargo de la Dip. Arcelia Arredondo García, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Mensaje de la Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave, Secretaria Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Inauguración, a cargo del Dip. Ricardo Francisco García Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
9:20-9:50 horas:
Dr. Roberto Ham, Director del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte (Aspectos socioeconómicos).
9:50-10:10 horas:
10:10-10:40 horas:
Lic. Ernesto Padilla Nieto, Director de la Fundación Cáritas Bienestar para el Adulto Mayor (Derechos de los adultos mayores).
10:40-11:00 horas:
11:00-11:30 horas:
Dr. Ignacio J. Orozco García, Presidente del Consejo Mexicano de Geriatría, AC (Geriatría).
11:30-11:50 horas.
12:15-12:40 horas:
Dr. Manuel Ordorica Mellado, Director de Estudios Demográficos y de Desarrollo Humano del Colegio de México, AC (Aspectos demográficos).
12:40-13:00 horas:
13:00-13:30 horas:
Lic. Pedro Borda Hartman, Director del Instituto Nacional de la Senectud.
13:30-14:00 horas:
14:00-14:30 horas:
Dip. Raquel Cortés López, Coordinadora de la Subcomisión de Adultos Mayores, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la H. Cámara de Diputados.
Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono 5628 1300, extensiones 1802 y 1122, con el Lic. Jesús Emanuel Galán Hernández.
A su reunión de trabajo con el C. Ing. Manuel Rodríguez Morales, subsecretario de Infraestrucura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el C. Dr. Carlos Hurtado López, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el martes 28 de agosto, a las 13 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
A su reunión de trabajo, el miércoles 29 de agosto, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
A su duodécima sesión plenaria, la cual se efectuará, el miércoles 29 de agosto, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
4. Información y, en su caso, aprobación del asunto en proceso de dictamen.
A la reunión ordinaria que realizará el viernes 31 de agosto, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
II. Celebración del foro Avances en la Legislación en Materia de Comercio Electrónico.
III. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a iniciativas en materia del Renave (Ley del Sistema de Inscripción Vehicular).
IV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de los puntos de acuerdo en materia del Renave.
V. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo para que se instrumente un programa en materia de comercialización en el campo que facilite una política encaminada a elevar la producción de alimentos.
VI. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que crea un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2001, con el fin de proteger la producción de granos y la soberanía alimentaria.
Al foro La ley y el Desarrollo Social Integral, que se llevará a cabo el miércoles 5 de septiembre, de las 8 a las 20:30 horas. La inauguración será en el salón Verde y las mesas de trabajo en los auditorios Sur y Norte, al igual que la clausura.

References: artículo 115
 artículo 115
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 71
 artículo 55
 artículo 395
 artículo 413
 artículo 395
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 123
e contrario
 artículo 133
 artículo 71

Artículo 395

Artículo 413