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Timestamp: 2019-08-25 15:55:25+00:00

Document:
Logros - Respuesta de la República Argentina al cuestionario para la segunda ronda de Comité de Expertos del mesecic
Logros: La OA, a través de la DPPT, interviene activamente en los procesos de adquisición del Instituto atento a la gran relevancia social que tiene este organismo en la sociedad. Es así como, actuando como veedor o asesorando acerca de las herramientas que brindan transparencia a los procesos, se intervino en diversas contrataciones, siempre con resultados altamente positivos. A modo de ejemplo podemos mencionar: la Licitación Pública Nº 17/2004 (provisión de audífonos, estudios audiológicos y adaptación); Licitación Pública Nº 4/05(Provisión de prótesis e implantes ortopédicos); Licitación Nº 28/05(Adquisición de audífonos.) y Licitación Pública Nº 15/2005 (marcapasos; unicamerales y bicamerales, catéteres bipolares y epicárdicos).
Actualmente, la OA está desarrollando, conjuntamente con el Instituto y en el marco del Proyecto PNUD - Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción-, un curso de capacitación bajo la modalidad E-learning, sobre "Compras y contrataciones transparentes”. A través de este curso, se busca optimizar los recursos humanos y físicos para la adquisición de bienes y servicios, dotando a funcionarios y empleados de todo el país de las políticas fundamentales de transparencia que subrayan la publicidad, la equidad y la eficiencia.
Datos Estadísticos sobre contratos adjudicados en los últimos años clasificados de acuerdo a su modalidad y procedimientos de selección.
Tabla: Cantidad de Trámites Simplificados realizados por año
rámites Simplificados
Tabla: Cantidad de Licitaciones Públicas realizadas por año
icitaciones Públicas
Tabla: Cantidad de Concursos Privados realizadas por año
oncursos Privados
Tabla: Cantidad de Licitaciones Privadas realizadas por año
icitaciones Privadas
Tabla: Cantidad de sanciones impuestas a los proveedores
Nota: La República Argentina, en cumplimiento de lo expresado por el Comité de Expertos del Mesicic en el “Informe sobre la implementación en Argentina de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda” (Febrero de 2003) en su Cap. III (Conclusiones y Recomendaciones) Punto A (Actividades Anti-Corrupción y Medidas Preventivas en los Ambitos Provincial y Municipal) ha incorporado en la respuesta a este Capítulo 1.2. información acerca de los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte de los Estados Provinciales, que se desarrolla en el ANEXO 3- Cap 1-2 - Provincias, incorporado como documento adjunto a la Respuesta de la República Argentina a este Cuestionario.
(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)
a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas que establezcan sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad? En caso afirmativo, describa brevemente dichos sistemas y relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstos.
Capítulo Segundo – a):
Existencia de normas y/u otras medidas
En la República Argentina existen normas y diversas medidas que establecen sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad.
MARCO NORMATIVO BASICO:
Título / Tema:
Decreto 102/99
Oficina Anticorrupción. Objeto y ámbito de aplicación. Competencias y funciones. Estructura y organización. Informes finales al Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre cada investigación. Derogación de los Decretos Nros. 152/97 y 7/97.
http://www.anticorrupcion.gov.ar/102-99.pdf
Resolución del Ministero de Justicia y Derechos Humanos Nº 749/00.
Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción.
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/Reglamento%20DIOA.pdf
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/87581/norma.htm
Ley 25.241
Hechos de terrorismo. Definición. Reducción de la escala penal al imputado que colabore eficazmente con la investigación. Alcances. Medidas de protección.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62516/norma.htm
Modificaciones al Código PenalCódigo Penal. Estupefacientes.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/texact.htm
Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003.
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm
Ley 23.984
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm
DENUNCIAS ANONIMAS Y CON RESERVA DE IDENTIDAD:
Oficina Anticorrupción – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
En el ámbito de la Oficina Anticorrupción cualquier persona puede efectuar tanto denuncias anónimas como denuncias con reserva de identidad.
Tales previsiones están contempladas en las siguientes normas:
Decreto 102/99 (artículo 3), accesible a través del sitio: http://www.anticorrupcion.gov.ar/102-99.pdf
Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción. Aprobado por Resolución del Ministero de Justicia y Derechos Humanos Nº 749/00, del 11/08/00. Artículo 1º, inciso a). (http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/Reglamento%20DIOA.pdf)
La reserva de identidad prevista por el Reglamento Interno de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción tiene como fin proteger a aquella persona que, por poner en conocimiento de la autoridades un hecho de corrupción, puedan sufrir alguna amenaza o represalia en razón de su denuncia.
Denuncias vinculadas con delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes:
La legislación sobre estupefacientes contempla que las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero (contrabando), se mantendrán en el anonimato (Ley 23.737, Art. 34 Bus).
PROTECCION DE TESTIGOS, DENUNCIANTES E IMPUTADOS:
El Artículo 79 del Código Procesal (referido a los Derechos de la víctima y el testigo), estipula que:
Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados:
El 23 de julio del año 2003 el Congreso Nacional sancionó la Ley de creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados (Ley Nº 25.764).
La Ley 25.764 se encuentra disponible para su consulta en el sitio:
El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se vincula principalmente a delitos contra la libertad individual y secuestros (arts. 142 bis y 170 del Código Penal), así como a delitos relacionados con el narcotráfico (Ley Nº 23.737) y con hechos de terrorismo (Ley Nº 25.241).
Como sabemos, tanto el tráfico ilícito de estupefacientes como el terrorismo se encuentran vinculados estrechamente con los delitos de corrupción, mencionándose incluso al primero de modo expreso en el octavo párrafo del Preámbulo de la CICC (“...los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes...”).
Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.241 permite extender dichos supuestos a ciertos delitos de corrupción, cuando tenga relación con la delincuencia organizada (supuesto también incluído explícitamente en el párrafo 4to. del Preámbulo de la CICC).
En efecto, el artículo 1º de la Ley 25.764 estipula:
“(...)Créase el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los previstos por las Leyes 23.737 y 25.241.
Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la autoridad judicial, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.
La República Argentina también cuenta con la mencionada Ley Nº 25.241, del 23/02/00, que regula la reducción de la escala penal y medidas de protección para el imputado que colabore eficazmente con la investigación de hechos de terrorismo. Esta Ley Nacional estipula asimismo medidas de protección para dicho colaborador (medidas descriptas en la citada Ley Nº 25.764):
Ley 25.241, artículo 7º: “Si fuere presumible que el imputado que hubiera colaborado, corriere riesgos en razón de ello respecto de su integridad personal o de su familia, se adoptarán las medidas de protección necesarias, incluidas la provisión de los recursos indispensables para cambiar de actividades laborales y la sustitución de su identidad”.
En cuanto a la Ley Nº 23.737 (tráfico de estupefacientes), diversos artículos se refieren a la protección de los denunciantes y testigos (sobre los que se hará referencia en el próximo punto).
En relación con lo anterior, refiérase, entre otros, a los siguientes aspectos:
Mecanismos de denuncia (por ejemplo: denuncia anónima y denuncia con protección de identidad).
Capítulo Segundo – a) - i:
Las investigaciones preliminares que realiza la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) tienen carácter reservado (Decreto 102/9977, artículo 3º). Esta previsión le brinda seguridad al denunciante quien, asimismo, tiene la posibilidad de realizar una denuncia con identidad reservada (Reglamento Interno de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción. Aprobado por Resolución del Ministero de Justicia y Derechos Humanos Nº 749/00, del 11/08/0078. Artículo 1º, inciso a)
Esta variable le permite a un denunciante solicitarle a la OA que mantenga su identidad con carácter de confidencial en un sobre cerrado. Este dato le será revelado recién al Magistrado, a su pedido, cuando la investigación preliminar sea presentada formalmente ante la Justicia como denuncia / querella.
Esto permite que, durante la investigación, la identidad del denunciante no sea conocida por los imputados, pero que a su vez la OA sí los pueda consultar en caso de resultar necesario ampliar la información que aportara oportunamente.
Otra posibilidad que tienen los ciudadanos respecto de la OA es realizar denuncias anónimas (Reglamento Interno de la DIOA. Aprobado por Res. MJyDH Nº 749/00, del 11/08/00. Artículo 1º, inciso a). Esta denuncia se recibe por cualquier medio sin que su autor indique datos que permitan individualizarlo.
Ley 23.737. Art. 34 Bis.- Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato.79
Mecanismos para denunciar amenazas o represalias.
Capítulo Segundo – a) – ii:
Mecanismos para denunciar amenazas o represalias
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados - Ley 25.764:
Como ya fuera expresado en este Capítulo – punto a) – i) – , el Ministro de Justicia, por decisión fundada, podrá incluir en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados a aquellas personas que se encontraren en situación de peligro para su vida o integridad física, cuando colaborasen de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial en delitos distintos de los específicamente contemplados en la normativa, siempre que estén vinculados con la delincuencia organizada o la violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.
Código Penal de la Nación:
Los artículos 149 bis y ter del Código Penal de la Nación Argentina tipifican el delito de amenazas simples y amenazas coactivas.
Código Procesal Penal de la Nación:
Habiendo tomado conocimiento el Ministerio Fiscal de la comisión de un delito, siempre que no sea de acción privada o dependa de instancia privada, debe proceder a iniciar las acciones de persecución respectivas.
Los denunciantes pueden presentarse ante cualquier Delegación Policial, o dirigirse directamente ante un Fiscal o Juez.
Podrán presentarse también ante la Oficina Anticorrupción donde, como se dijo, tendrán opción de presentar su denuncia en forma anónima o bajo reserva de identidad, y en los casos en que el hecho denunciado se encuentre relacionado con algún delito de amenazas o represalias contra el denunciante, remitirá las actuaciones a la autoridad judicial, manteniendo el régimen de reserva de identidad oportunamente brindado y continuando con su investigación en materia de corrupción.
Mecanismos para protección de testigos.
Capítulo Segundo – a) – iii:
Mecanismos para protección de testigos
El Artículo 79 del Código Procesal Penal (referido a los Derechos de la víctima y el testigo), estipula que:
Respecto de la citada Ley Nº 25.764 (Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados), su articulado describe los diferentes tipos de protección que merece la persona pasible de amenaza, así como todas o algunas de las personas que convivan con ella. En particular, el artículo 5 de la ley expresa:
Artículo 5º — Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:
La OA asegura la protección de testigos a través del sistema – anteriormente descripto – de recepción de denuncias con identidad reservada.
En cuanto a la Ley Nº 23.737 (tráfico de estupefacientes), diversos artículos se refieren a la protección de los denunciantes, testigos, imputados y agentes encubiertos, como en los siguientes casos:
Art. 31 Ter.- (...)No será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Art. 33 Bis.- Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas.
Art. 34 Bis.- Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el anonimato.80
Ley 25.241. Hechos de terrorismo:
Art. 7º — Si fuere presumible que el imputado que hubiera colaborado, corriere riesgos en razón de ello respecto de su integridad personal o de su familia, se adoptarán las medidas de protección necesarias, incluidas la provisión de los recursos indispensables para cambiar de actividades laborales y la sustitución de su identidad.
Ley 26.097. Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
La aprobación legislativa, por parte de la República Argentina, de la Convención de la ONU contra la Corrupción, significa un gran avance en materia de protección de testigos, peritos y víctimas de actos de corrupción, por cuanto diversos artículos de dicha Convención tratan acerca de la materia (arts. 32, 33 etc.).
A mediados del año 2003 la Oficina Anticorrupción organizó un procedimiento de elaboración participada de normas81, con amplia participación de todos los sectores sociales, del cual se obtuvo como resultado el Proyecto Ley de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos de Actos de Corrupción. En efecto, la Oficina Anticorrupción, en cumplimiento de lo estipulado por la Convención Interamericana Contra la Corrupción en su artículo III, elaboró un anteproyecto de ley sobre protección de denunciantes, informantes y testigos de actos de corrupción. El proyecto, que se financió con la donación del Banco Mundial IDF 027282, se elevó oportunamente a consideración del entonces Ministro de Justicia para su envío al Congreso de la Nación.
Este anteproyecto está destinado a brindar protección contra medidas tomadas en perjuicio de personas que denuncian u ofrecen información relevante sobre hechos de corrupción, o prestan declaración testimonial en una causa penal relacionada con la investigación de hechos de corrupción. Dadas las particularidades que presentan las represalias contra denunciantes, informantes o testigos de este tipo de ilícitos, el proyecto regula mecanismos de protección no sólo respecto de la integridad física de la persona protegida, sino también sobre las consecuencias que eventualmente pueda sufrir en el ámbito laboral, ya sea que pertenezca a la administración pública o al sector privado.
Con el objeto de lograr un proyecto de ley acorde con nuestro contexto cultural, compatible con los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico y capaz de alcanzar eficacia y viabilidad práctica, se diagramó un proyecto de trabajo de tres etapas.
En la etapa inicial, se realizó una investigación de derecho comparado y proyectos de ley nacionales sobre la materia, sobre legislación nacional relacionada con los temas que debía abordar el proyecto, consultas y estudio de jurisprudencia nacional y extranjera y entrevistas con personas que tuvieran experiencia práctica en esta problemática. Alcanzado un conocimiento suficientemente sólido sobre los aspectos que el proyecto debía regular, se redactó un borrador del anteproyecto de ley.
En la segunda etapa, el borrador fue sometido a un procedimiento de consulta (Elaboración Participada de Normas) con participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, Organizaciones No Gubernamentales, y académicos con reconocida autoridad en la materia. Durante este proceso, se recibieron muchas y muy valiosas observaciones y sugerencias y permitió contemplar demandas provenientes de los más diversos sectores y perspectivas.
El procedimiento de consulta fue realizado a través de un Seminario, llevado a cabo durante tres días consecutivos para discutir sobre las distintas materias abarcadas por el anteproyecto. Finalmente, en la tercera etapa, se procesaron y analizaron los resultados que arrojó el procedimiento de Elaboración Participada de Normas, y se introdujeron sugerencias recibidas como modificaciones al anteproyecto.
En el sitio web de la OA pueden encontrarse los siguientes documentos:
http://www.anticorrupcion.gov.ar/Anteproyecto%20de%20Ley-Proteccion%20Testigos.pdf
Convocatoria al proceso de debate del anteproyecto de ley:
http://www.anticorrupcion.gov.ar/TEXTO%20INTRODUCTORIO%20WEB%20(II).pdf
Proyecto definitivo de Ley:
http://www.anticorrupcion.gov.ar/Proyec%20Testigo.pdf
Fundamentos del Proyecto definitivo de ley:
http://www.anticorrupcion.gov.ar/Fundamentos%20proyecto%20de%20ley.pdf
Desde el año 1998 a la fecha se han presentado al menos media docena de proyectos relacionados con esta temática, a saber:
Proyecto Nº: 1852-S-98
Firmante del proyecto de ley: Berhongaray, Antonio Tomás
Título: Protección de los derechos laborales de los denunciantes o testigos de delitos e irregularidades cometidos contra la administración nacional, que revistaren como agentes permanentes, transitorios o contratados, de cualquier categoría, en la mencionada administración.
Proyecto Nº: 2676-S-00
Firmante del proyecto de ley: Rostan, Néstor Daniel
Título: Régimen de protección de los denunciantes y testigos de hechos de corrupción.
Proyecto Nº: 2081-S-02
Firmante del proyecto de ley: Colazo, Mario J.
Título: Ley de protección laboral de los denunciantes de delitos e irregularidades contra la administración nacional.
Proyecto Nº: 3278-S-02
Firmante del proyecto de ley: Müller, Mabel H.
Título: Ley de protección de los derechos de los denunciantes de actos de corrupción o de testigos de tales actos, ya sean agentes públicos o ciudadanos particulares.
Proyecto Nº: 3375-S-03
Firmante del proyecto de ley: Capitanich, Jorge
Título: Código Penal sobre delitos no convencionales.
Proyecto Nº: 5952-D-03
Firmantes del proyecto de ley: María J. Lubertino Beltrán. – Eduardo D. J. García. – Héctor T. Polino. – Rubén H. Giustiniani. – Jorge Rivas. – José A. Roselli. – Fernando C. Melillo. – María E. Barbagelata. – Patricia C. Walsh. – Marcela A. Bordenave. – Alicia A. Castro. – Lilia Puig de Stubrin. – José A. Vitar. – Margarita O. Jarque. – Mario A. H. Cafiero.
Título: Protección de los/as denunciantes y testigos de hechos de corrupción.
b) En relación con la pregunta a), mencione los resultados objetivos que se han obtenido, incluyendo los datos estadísticos disponibles.
Capítulo Segundo – b):
En la Oficina Anticorrupción, desde enero del año 2000 hasta el 30 de Junio de 2006, se han recibido – sobre un total de 5.696 denuncias – 1439 denuncias anónimas y 122 denuncias con reserva de identidad.
Respecto del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, actualmente se encuentran en trámite veintidos (22) casos, que involucran a treinta y un (31) personas protegidas – entre testigos e imputados – y a sus respectivos grupos familiares.
De esos casos, nueve (9) son por delitos vinculados a la ley de estupefacientes, siete (7) por secuestros extorsivos, dos (2) por violencia institucional, tres (3) por delincuencia organizada y uno (1) por terrorismo.
c) En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 8 del artículo III de la Convención.
ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO VI DE LA CONVENCIÓN)
Tipificación de actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención
a) ¿Tipifica su país como delitos los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención que se transcriben en este acápite del cuestionario? En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, indicando a cuales de dichos actos de corrupción se refieren en particular y las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas.
Actos de corrupción previstos en el artículo VI.1 de la Convención:
i. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
ii. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
iii. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.
iv. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.
v. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.
Capítulo Tercero – a):
Existencia de normas que tipifiquen los delitos previstos en el
Artículo VI.1. de la CICC
Conforme lo requerido en el Capítulo Tercero, punto 1., a renglón seguido se mencionarán y describirán las normas penales de la República Argentina que tipifican las conductas descriptas en el artículo VI.1 de la Convención82.
i. “El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Esta conducta se relaciona con varios tipos penales, a saber:
a) Cohecho pasivo.
El art. 256 del Código Penal, modificado por el art. 31 de la Ley 25.188, dice:
“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”83.
La figura en análisis, llamada “cohecho pasivo”, es de aquellas que requieren la actuación de otro autor (codelincuencia necesaria), pues el sujeto activo (un funcionario público) no puede recibir o aceptar si no hay alguien que le dé, ofrezca o prometa algo.
Esta norma castiga al funcionario que recibe o acepta, ya sea directamente o por personas interpuestas, dinero, dádivas de cualquier tipo, o bien la promesa de ellas, a fin de hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones84.
Es decir, además de la calidad de funcionario -que incluye también a los empleados públicos-, la figura toma en cuenta la naturaleza del acto corrupto, en tanto para que exista cohecho, es imprescindible que éste corresponda a un acto relativo a las funciones.
El delito se consuma al recibir (entrar en la tenencia material del objeto) o al aceptar (cuando el funcionario admite recibir lo que se le ofrece o promete para un futuro)85.
b) Cohecho del Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público.
Otro supuesto que guarda relación con el artículo de la CICC es el previsto en nuestro art. 257 del CP, modif. por el art. 33 de la ley 25.188, que establece:
"Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua, el magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia”.
Para determinar quiénes pueden ser autores de este delito especial debe acudirse al art. 1º del Reglamento para la Justicia Nacional y a los arts. 3 y 4 de la ley 24.946 de Ministerio Público 86.
Otro delito que se vincula con la norma de la CICC en análisis es el de exacciones ilegales. La figura básica es la del art. 266 del CP, que dispone que:
“Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
La nota distintiva de este tipo es el abuso funcional del que se vale el funcionario para lograr el beneficio indebido. Exacción significa el hecho de exigir, con aplicación a impuestos, prestaciones, multas o deudas87. Se trata de algo que sólo puede percibir el Estado, en cuyo nombre se actúa.
Además, en este delito hay una exigencia de lo que indebidamente se recibe, lo cual lo distingue del cohecho. El sujeto pasivo hace la entrega con su voluntad constreñida por el temor88 al funcionario, quien doblega la voluntad del particular. No se llega, como en la figura del cohecho, a un acuerdo venal entre las partes89.
d) Exacción agravada por los medios.
Como agravante, el art. 267 del CP dispone que:
“Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años”.
e) Concusión.
“Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores”.
f) Admisión simple de dádivas.
“Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año”.
ii. “El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.
a) Cohecho activo.
El art. 258 del C.P. establece que:
“Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo”.
En este caso se observa, que no es necesario el concierto previo con el funcionario público (el acuerdo venal que era imprescindible para el cohecho pasivo), sino que la simple dación o la oferta alcanzan para consumar este delito, siempre que se tuviere en vista alguna de las conductas reprimidas por los arts. 256, 256 bis y 257.
iii. “La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero”.
La redacción de este inciso resulta poco precisa, lo que dificulta el análisis comparativo con nuestra legislación, en la medida en que, al establecer que será acto de corrupción la realización por parte del funcionario de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, permite que sea relacionado con más de una figura de las previstas en nuestra legislación penal. Sin perjuicio de ello, a continuación se analizarán algunos tipos penales contenidos en nuestra legislación, en los que se encuadra esta conducta.
a) Fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Así, se puede comenzar el análisis de esta disposición aludiendo, en primer lugar, al llamado fraude en perjuicio de la administración pública, el que se encuentra regulado por nuestro Código Penal en su art. 174 inc. 5°, en cuanto establece que:
“Sufrirá prisión de dos a seis años:... 5° El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública... el culpable si fuere empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”90.
La nota particular que presenta este delito es que la defraudación que se comete debe haber perjudicado al patrimonio de la administración pública, entendida ésta en sentido amplio.
Al respecto cabe aclarar, que nuestro Código Penal abarca dentro de términos “funcionario público” o “empleado público” a todo aquél que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente (art. 77 del CP)91.
Así mayoritariamente se afirma que el código ha adoptado un criterio amplio con relación a esta cuestión, tomando como sinónimos los términos de funcionario y empleado.
b) Administración infiel.
También se podría relacionar esta conducta con la descripta por el art. 173 inc. 7° CP, en tanto establece que se considerará caso especial de defraudación, y sufrirá la pena del art. 172 ( de un mes a seis años de prisión):
“... El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos...”.
El autor debe tener a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de los bienes o intereses del otro, consistiendo su acción en una violación de los deberes que le han sido confiados.
c) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Además de estas dos figuras, también guarda cierta relación la prevista en el art. 265 al estipular que:
“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesase en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”.
Se sostiene, que el objeto tutelado por esta figura es el interés que tiene el Estado en el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad.
iv.“El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de los actos a los que se refiere el presente artículo”.
A esta norma, cabe relacionarla con la figura de encubrimiento, que prevé:
“1) Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:
v. “La participación como autor, co‑autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a que se refiere el presente artículo”.
Resulta posible analizar esta norma a la luz de varias de las contenidas en nuestra legislación. A saber:

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 866
 Artículo 79
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 3
 Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 866
 Artículo 79
 artículo 5

Artículo 5
 artículo 866