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Timestamp: 2019-11-21 23:27:27+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 374, de 04/11/2014
Sesión celebrada el martes, 4 de noviembre de 2014
Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del día de hoy.
En primer lugar, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior.
En segundo lugar, pasamos a debatir el dictamen del Proyecto de Ley de parques nacionales, con número de registro 621/000089. A este proyecto de ley se han presentado 7 vetos y 278 enmiendas. El veto número 1 ha sido presentado por los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 2, por la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 3, por el senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 6, por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 7, por la senadora Almiñana Riqué y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el veto número 5, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y el veto número 4, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, pasamos a la consideración de los vetos por el orden en que los he relacionado. En primer lugar, tiene la palabra el senador Enrique Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
Voy a dar por defendidos los 3 vetos del Grupo Parlamentario Mixto y voy a intervenir sintéticamente, porque sé que hay compañeros senadores que tienen bastante prisa, en la defensa del veto que hemos formulado el senador Mariscal y yo mismo.
Nuestro veto se basa, fundamentalmente, en entender que estamos ante un proyecto de ley que degrada y devalúa la intensidad de la protección de los espacios naturales de los parques nacionales que contaban con el nivel máximo de protección. Creemos que en este proyecto se refleja de forma muy clara un planteamiento ideológico que busca la doble rentabilidad: por un lado, la de los propios parques nacionales, en el sentido en que estos puedan desarrollar sus actividades sin necesidad de financiación pública y, por otro, la rentabilidad que puedan obtener los propietarios privados de terrenos comprendidos en el ámbito del parque nacional a través de las actividades para las que sean autorizados a desarrollar en él.
Como ocurre con la mayoría de los proyectos que afectan al medio ambiente en esta legislatura, los senadores que presentamos este veto entendemos que hay dos vicios que invalidan el propio proyecto: por una parte, legislar a espaldas de las organizaciones medioambientales y de buena parte de la comunidad científica y, por otra, formular un planteamiento recentralizador, no para establecer garantías más intensas en el cumplimiento de las demandas de protección sino todo lo contrario. En el veto argumentamos contra la posibilidad de edificación, contra la navegación turística en Monfragüe y los vuelos sin motor en el Guadarrama.
A lo largo de la tramitación corrieron diferentes rumores sobre la posibilidad de que se incluyera una enmienda en el Senado para prolongar la actividad de caza más allá de 2017 en el Parque Nacional de Cabañeros. La enmienda número 278, que finalmente se ha presentado, y que, como acabo de descubrir, el Partido Popular pretende modificar en esta tramitación, establecía la posibilidad de que, de forma indefinida, se mantuviera cualquier actividad de las declaradas incompatibles por el artículo 7.3 que se estuviera ya realizando en los parques nacionales preexistentes.
En mi opinión y por ir avanzando, aunque no haya sido defendida esta modificación a la enmienda número 278, quiero manifestar que no resulta suficiente. Reconozco que conlleva un avance en la redacción que plantean, en tanto en cuanto esa prolongación indefinida que figuraba en la primera redacción se acota temporalmente con la ampliación del plazo inicial del proyecto de cuatro a seis años, pero sigue habiendo riesgos; por ejemplo, el último párrafo de esta enmienda dice que los acuerdos voluntarios que se hayan adoptado antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán en vigor en sus propios términos. Eso supone, en este momento al menos y sin ninguna posibilidad de conocer cuáles son los acuerdos preexistentes en vigor ni sus términos, una propuesta de nuevo abierta que incluso puede llegar a que si en estos acuerdos preexistentes se establecía un periodo de vigencia, más allá de
estos cuatro o seis años, en la práctica, y por aplicación de este último párrafo, quede sin valor el límite establecido —seis años— en el primer párrafo.
Por todo ello, me ratifico en los contenidos del veto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Iglesias.
Para la defensa de los vetos conjuntos —imagino— del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, voy a defender conjuntamente los dos vetos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
La verdad es que cuando vi que el Gobierno presentaba un Anteproyecto de Ley de reforma de los parques nacionales, la pregunta era si era necesario. Después de ver el texto del proyecto, la respuesta, a nuestro entender, es que no es necesario porque hay diversos aspectos de concreción, aplicación y desarrollo de la ley actual vigente que no se han cumplido y porque, además, después de una importante litigiosidad de las comunidades autónomas con los gobiernos centrales en relación con los parques nacionales, parece que la ley vigente logró un cierto equilibrio y una cierta neutralidad en relación con los recursos planteados.
Desde ese punto de vista, planteamos el veto fundamentalmente por dos bloques de razones: por un lado, porque es una ley que desprotege más a los parques nacionales y, por otro, porque es una ley que recentraliza o lamina competencias de las comunidades autónomas; además, es una ley que no solo no cuenta sino que tiene el rechazo de las organizaciones ecologistas más o menos importantes del Estado español.
En cuanto al primer bloque, la recentralización, les diré que el Tribunal Constitucional ha repetido insistentemente que la gestión de los parques nacionales ha de ser desarrollada por las comunidades autónomas y en este proyecto de ley hay toda una serie de artículos, de definiciones, que van en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Incluso, el dictamen del Consejo de Estado ha llegado a decir que hay que reconsiderar todo el texto del proyecto de ley —hay pocos dictámenes del Consejo de Estado que pongan en cuestión todo el texto de un proyecto de ley—. Lo que estoy diciendo es que existe una recentralización en casos como, por ejemplo, la declaración de un parque nacional. En la vigente ley, la iniciativa correspondía a la comunidad autónoma y, finalmente, la aprobaba el Consejo de Ministros. En estos momentos, no entiendo por qué la iniciativa ha de ser conjunta de la comunidad autónoma y del Gobierno, cuando el Gobierno tiene en última instancia la posibilidad de decir que no a esta declaración. Estamos laminando una competencia de gestión de las comunidades autónomas. Además, quiero manifestar que el propio Consejo de Estado dice que, dado que este proyecto de ley se tramita por la vía de urgencia, no es posible entrar a fondo en algunos artículos que, a su parecer, pueden contener aspectos de inconstitucionalidad.
Otro aspecto de la recentralización es la declaración de zonas de emergencia, y el Gobierno central dice lo siguiente: cuando el territorio de un parque nacional ocupe dos comunidades autónomas, la coordinación se ha de establecer entre ellas. El Gobierno, como hace en otras muchas leyes, lo que hace es aprovechar la necesidad de coordinación para laminar y recentralizar competencias en el Gobierno central. Además existen muchas zonas de ambigüedad que pueden ser posteriormente ejecutadas por el Gobierno central en función de la recentralización. Al mismo tiempo, el desmoronamiento de las competencias de las comunidades autónomas lleva aparejado un nivel de desprotección importante, no solo por el hecho pintoresco grave de que el Ministerio de Defensa pueda parar o neutralizar una declaración que define lo que es un parque nacional, sino por lo que ha comentado antes el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en relación con los parques de Monfragüe y de Guadarrama.
Para acabar, la idea de fondo es que estamos ante un proyecto de ley que, posiblemente, y quiero ser generoso, responde a presiones y a intereses económicos. No hay otro objetivo, a nuestro entender, o no entendemos cual es el objetivo de una ley que lo que hace es desproteger más y recentralizar competencias. Es un paso atrás importantísimo en el tema de los parques nacionales que —como ustedes saben— tiene una larga tradición en España, pues ya desde el inicio del siglo, el nuestro es uno de los países que más se ha preocupado por los parques nacionales, desde 1916 o 1917. Por otro lado —como he dicho antes—, en conclusiones de diversas, 8, 10 o 12 sentencias del Tribunal Constitucional, se insiste repetidamente en que sean las comunidades autónomas las que gestionen los parques nacionales.
Por estas razones planteamos los vetos. También quiero hacer referencia a la enmienda 278 del Grupo Popular que ha ofrecido una transaccional que mejora su redacción. Me ha parecido que, respecto de esta enmienda, el Grupo Popular tiene voluntad de diálogo y de negociación. Como es necesario mejorar la transaccional, y dado que tenemos una semana para hacerlo, hagámoslo para que esta enmienda no suponga lo que inicialmente podría suponer: abrir todos los parques nacionales a actividades económicas, lo que puede significar una desprotección de los mismos.
Para la defensa del veto número 5, presentado por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.
El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo mantiene el veto a este proyecto de ley por las motivaciones que detallamos en el escrito de acompañamiento del mismo. Yo quería destacar alguna de ellas. Mi grupo comparte la conservación de los valores naturales y de los paisajes que representan estos espacios. Esto está clarísimo, pero esta ley quiere modificar, de una forma clara, aunque se diga que se quiere mantener la esencia, la Ley 5/2007 que nos otorgó una cierta paz jurídica entre las administraciones actuantes en los parques nacionales. Con esta modificación no se mantiene la esencia de la antigua ley, sino que la modifica y lo hace en puntos que para nosotros son principales como el modelo de gestión y de coordinación de estos espacios.
Si consideramos que los parques naturales merecen la categoría de nacional es porque tienen valores que son excepcionales y les queremos dar un trato excepcional. A partir de ahí tenemos que acercar al territorio la Administración. En la medida en que esta ley y las modificaciones que están ustedes introduciendo pretenden alejar esa Administración cercana al territorio vamos a tener problemas y conflictividad porque quién le va a contar a la Administración que actúa en el mismo territorio, la Administración Local o la propia autonomía, que es quien tiene encomendada la gestión, que tendrá que consultar con Madrid. A lo mejor, en la composición de las juntas de los nuevos parques nacionales, en la reformulación tendrán que estar un 50% de personas del organismo autónomo de parques nacionales y un 50% de la Administración del territorio. Por ello, vamos a tener conflictos porque el organismo va a tener problemas para enviar a gente viajando por todos los parques nacionales para marcar la gestión. Con esto no se consigue una mejora, al revés, la coordinación se hace con la infiltración en las competencias de cada uno de estos parques que han basado su gestión, de alguna forma, en su conocimiento del territorio.
Si queremos realmente conservar los valores naturales y los paisajes, hemos de ver cómo se están cumpliendo una serie de indicadores de evolución de la calidad de la biodiversidad para que se pueda corroborar que la gestión que se hace en cada sitio es la adecuada. Por experiencia ya sabemos qué pasa cuando recentralizamos, que al final acaba la Administración central haciendo grandes proyectos de inversión en piedra, lo que llamamos el mal de la piedra, centros vacíos de visitantes, que no sirven al visitante, que no sirven al territorio; o sea, mausoleos. De esto tenemos muchos ejemplos en la gestión de parques naturales y nacionales. Váyanse ustedes a Cabrera y vean en lo que ha quedado el magnífico centro de visitantes y quién lo usa. Entren en otros sitios y pregunten al personal que está en algunos de estos centros de visitantes tan suntuosos la utilidad que tienen. No lo saben y ni tan siquiera se han preocupado de qué hacen en el pueblo de al lado. Si lo que se pretende es dinamizar la economía, no se consigue.
Como vemos con mucha preocupación esta apropiación de competencias autonómicas, por esta innecesaria recentralización que pretende, por su inoportunidad y por el inadecuado nivel de protección de estos excepcionales parques naturales, mi grupo va a mantener el veto a esta ley.
Para la defensa del veto número 4, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.
Vamos a mantener nuestro veto porque significa una oposición frontal a esta reforma de la ley, en primer lugar, por ser innecesaria. Ya se ha dicho que esta ley fue aprobada por unanimidad por todos los
partidos políticos. Fue aprobada con el consenso de los técnicos, con el criterio de las organizaciones medioambientales, con el consenso de las comunidades autónomas y vino a poner fin a largos conflictos, conflictos competenciales muy importantes que hubieron de ser resueltos por el Tribunal Constitucional. Como esta reforma rompe esos criterios, reabre conflictos y quiebra años de paz y tranquilidad en la gestión de los parques nacionales de España.
Pensamos que es innecesaria porque probablemente cualquier persona que reflexione sobre esta materia puede entender que bastaría, si algún ajuste quisiera hacer el Gobierno, con un desarrollo reglamentario menor para arreglar cuestiones de funcionamiento que el Gobierno quisiera resolver y que pudieran ser legítimas. En todo caso, se aprovecha esta reforma para, con la letra del señor Cañete, hoy comisario de temas ambientales y la inspiración de la señora Cospedal, entrar en materia y favorecer el uso privado de algo que debe ser de interés público. Porque un interés público no menor es la protección de los espacios sagrados de nuestra biodiversidad, emblema de España en todo el mundo, los parques nacionales defendidos durante muchos años por muchas personas y que merecen ser mantenidos. Además, se abre la posibilidad ya no de la caza o de la pesca, sino de otras actividades que perjudican y que deberían estar prohibidas, ya sean las canteras, la extracción de hidrocarburos o minería, la navegación o las urbanizaciones. Hoy es noticia de nuevo cómo el Gobierno de España da vía libre a la familia Aznar-Oriol a urbanizar en el Parque Nacional de Cabañeros y eso nos dice mucho de por dónde va esta reforma. Y de ahí nuestra oposición frontal y nuestra advertencia de la amenaza que supone —lo hemos dicho en ponencia— la enmienda 278, la enmienda Cospedal, que permite usos prohibidos en espacios que deberían ser sagrados, para uso privilegiado de algunos. Y ya sabemos lo que pasa —también ha sido noticia estos días— en algunos lugares cuando se usan para organizar cacerías, qué otras cacerías se hacen.
Por tanto, queremos advertir sobre una cuestión de legalidad respecto de la tramitación del Partido Popular al no incluir en ponencia ninguna de sus enmiendas. Entendemos que esas enmiendas no deben entrar de forma ilegítima ni ir contra el Reglamento del Senado.
Quiero hacer notar que las transacciones se hacen para buscar acuerdos entre diversos grupos, y diversos grupos quiere decir más de uno. Por lo tanto, si el Partido Popular quiere introducir como transacción algún texto tiene que ser de acuerdo con otros grupos, o mediante la vía de votar en contra de esta ponencia y de todas y cada una de las enmiendas. Otra forma no sería legal.
En todo caso, tampoco entiendo las prisas en una ley que puede tramitarse en diciembre. Quedan varios plenos y, por lo tanto, entiendo que no habría prisa para resolverlo en el día de hoy. Yo propongo que se tramiten los vetos, tal como estamos haciendo, y que el trámite de enmiendas quede para otra comisión. Incluso debería retrasarse el Pleno. No hay motivos para llevar una enmienda tan conflictiva como esta al Pleno. Luego nos posicionaremos respecto de las enmiendas, pero las nuevas modificaciones que nos trae el Grupo Popular lo único que hacen —como es su técnica habitual— es generar barullo, lío gramatical, para ocultar realmente su objetivo, que es que algunos poderosos tengan amnistía y puedan hacer lo contrario de lo que se debe hacer en un parque nacional. En ese sentido, contará no solo con nuestra oposición, sino con nuestra beligerancia en esta comisión, en el Pleno y fuera del Senado incluso.
Abrimos un turno en contra. (Denegaciones).
Tiene la palabra el senador Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Una vez que no se ha hecho uso del turno en contra, no tiene mucho sentido contraargumentar lo no argumentado. Me ratifico en lo dicho en la defensa del veto.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir, senador Fidalgo?
El señor FIDALGO AREDA: Solo para manifestar que apoyamos los vetos presentados por todos los grupos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Pons.
Intentaré hacer un breve repaso sobre algunas de las cosas que se han dicho. En este caso, de los 3 vetos presentados por el Grupo Mixto, solo se ha defendido el de Izquierda Unida. Evidentemente, tengo que negar que haya rebaja en el nivel de protección y lo que para el senador de Izquierda Unida se consideran vicios, como es que se haya hecho de espaldas a los ecologistas y que suponga una recentralización, quiero decirle que esas eran precisamente algunas de las peticiones de los grupos ecologistas, que hubiera un criterio común y de mayor coordinación, lo cual se contradice bastante con lo que usted ha planteado.
Al señor Saura, que dice que es innecesaria, quiero decirle que el Gobierno ha considerado que era el momento adecuado para plantear una nueva ley de parques nacionales. Si bien hay una gran parte que no se modifica, sí tiene aspectos sustanciales de modificación. Las asociaciones ecologistas están en desacuerdo con algunos puntos, pero no en el conjunto de la ley. Estamos tramitando en este caso el tema de los vetos; no tenemos un rechazo frontal al conjunto de la ley. Se ha hecho por trámite ordinario, no se ha hecho por trámite de urgencia, con lo cual los plazos son los legalmente establecidos en un trámite corriente.
También quiero decirle que el informe de Defensa no es en ningún caso vinculante. No se deja al criterio del Ministerio de Defensa la ampliación o no de los parques nacionales.
Respecto a lo dicho por el senador del Grupo Catalán Convergència i Unió, el señor Maluquer, evidentemente es una modificación de la Ley de 2007. A ustedes les parece una buena ley y al Gobierno, en este caso, no se lo parece; por eso hemos emprendido el trámite de hacer una nueva y modificar la anterior. Pensamos, precisamente, que lo que se tiene que buscar es un modelo de gestión y de mayor coordinación.
En cuando a alejarla del territorio y los mausoleos de piedra y todo eso que nos ha contado, precisamente nosotros pensamos que lo más adecuado es que esté lo más coordinado posible. La gestión es evidentemente de las comunidades autónomas —se llamaría un paraguas de parques nacionales—, porque ustedes incluso cuando hacen la defensa confunden muchas veces parque natural y parque nacional. Estamos hablando de parques nacionales, los parques naturales se gestionan única y exclusivamente por las comunidades autónomas. Nosotros no pensamos que haya ese alejamiento del territorio que usted ha planteado ni la consideramos inoportuna, evidentemente.
El senador del Grupo Socialista, el señor Fidalgo, dice que es un ataque frontal, que la consideran totalmente innecesaria y que bastaría con hacer un desarrollo reglamentario. Nosotros pensamos que algunas de las modificaciones que se hacen no se verían resueltas con un desarrollo reglamentario; por eso presentamos esta ley. Evidentemente, hay muchos usos prohibidos; se mantienen las prohibiciones que existían, incluso se hacen prohibiciones mayores, a canteras y a fracking. Usted lo ha juntado todo, y ha venido a decir que todo estaba permitido. Si ese es su discurso, allá usted; pero nosotros vamos a explicar claramente qué es lo que se puede y no se puede hacer en los parques. Le aseguro que la extracción de hidrocarburos por fracking está totalmente prohibido.
Respecto a todo lo que usted ha dicho sobre las enmiendas y la caza, como estamos en el turno de los vetos, ahí no voy a entrar.
El Grupo Popular va a rechazar todos los vetos planteados —por estas y muchas razones que daré en el Pleno—, porque pensamos que es una ley que refuerza la coordinación del Estado con las comunidades autónomas y que garantiza la correcta conservación de estos espacios. Pensamos que es buena una intervención estatal directa ante situaciones que pongan en peligro los valores de estos espacios, y no es algo que se le haya ocurrido a este Gobierno, sino que es algo demandado incluso, repito, por entidades ecologistas. Creemos que se da un paso del caos a la coherencia, y por eso, nosotros, evidentemente, defendemos esta ley y vamos a votar en contra de todos los vetos.
Procedemos a la votación de los vetos. Antes de ella, por parte de la letrada se comprobarán las asistencias.
Señorías, procedemos a la votación de los vetos. En primer lugar, el veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 13; abstenciones, 1.
Votamos a continuación el veto número 3, del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 14; abstenciones, 1.
Votación del veto número 6, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos el veto número 7, de las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García, y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Votación del veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, rechazados los vetos, procede entrar en el debate de las enmiendas. El orden de intervención de los grupos parlamentarios es de menor a menor. Quiero decir que se han presentado a la Mesa por parte del Grupo Parlamentario Popular 2 enmiendas a 2 enmiendas ya presentadas, las números 272 y 278. Creo que los portavoces las tienen en su poder y, por tanto, supongo que después, en el debate de las enmiendas, se hará referencia a ellas. (El señor Fidalgo Areda pide la palabra).
El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, una cuestión de orden antes de entrar en el debate.
Nuestro grupo parlamentario entiende que en esta fase del procedimiento no pueden presentarse enmiendas nuevas. De hecho, las 2 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular son nuevas y no veo base en el Reglamento del Senado para que se puedan formular en este trámite. No son transaccionales porque no tienen las formalidades de una enmienda transaccional, sino que son enmiendas nuevas que, por lo tanto, no pueden presentarse. Esa es la idea de nuestro grupo parlamentario y pediría un informe por parte de la letrada, que se haga una pausa para deliberar sobre esta cuestión o lo que consideren oportuno. En todo caso nosotros recurriríamos los acuerdos que se deriven de esta decisión.
La señora PRESIDENTA: Si quieren no hay inconveniente en suspender durante cinco minutos esta comisión para que se vuelva a reunir la ponencia y deliberen sus señorías, pero hay base en el Reglamento del Senado.
Se suspende la sesión durante cinco minutos para que se reúna la ponencia.
Se reanuda la sesión a las doce horas y veinte minutos.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la comisión y continuamos con el debate de las enmiendas presentadas.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 42, presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y me imagino que también para la defensa de las enmiendas números 43 a 51, presentadas por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, también del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias.
Efectivamente doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, y de forma muy sintética me detendré en algunas de las que hemos formulado el senador Mariscal y yo mismo.
Hemos presentado 4 enmiendas al artículo 7, que regula las actividades incompatibles endureciendo el régimen de incompatibilidad de esas actividades así declaradas en el proyecto de ley. Pretendemos que la zona periférica, a través de otra enmienda, forme parte del área de influencia socioeconómica, para que la admisión de elementos artificiales en el ámbito territorial de un parque nacional solo sea posible cuando tenga una clara vinculación histórica y cultural.
Agrupando las enmiendas, también hemos presentado 7 al artículo 8, con las que potenciamos el papel de las comunidades autónomas y reducimos el papel del Ministerio de Agricultura, fundamentalmente volviendo a la redacción prevista en la Ley 5/2007.
Presentamos dos enmiendas al artículo 12 para que, por una parte, si se produce la declaración de la pérdida de condición de parque nacional en ningún caso se puedan modificar los usos del suelo en un periodo de setenta y cinco años y, por otra, que solo sea posible declarar esta pérdida de condición cuando resulte imposible recuperar el ecosistema.
Formulamos 3 enmiendas al artículo 16, que regula las funciones de la Administración General del Estado, eliminando aquellas que entendemos invaden competencias autonómicas.
Hemos presentado otro grupo de enmiendas para que en el proyecto se refleje la accesibilidad en los parques nacionales.
Enmendamos el artículo 19, número 3, para abrir la participación de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.
En el artículo 20, en el que se regulan los planes rectores de uso y gestión, suprimimos el número 5, letra h, sobre el programa de actividades económicas a poner en marcha por la iniciativa privada, respondiendo a la filosofía de nuestro veto, que es contrario a este planteamiento que formula el proyecto.
Enmendamos a fin de que se respeten las competencias que las comunidades autónomas tengan reconocidas sobre los parques en aguas marinas.
Incorporamos a las comunidades autónomas a la gestión de los parques transfronterizos mediante otra enmienda. Y decimos que para que se pueda producir la intervención de la Administración General del Estado en los supuestos de conservación desfavorable, la base argumental debe ser un informe científico de carácter independiente, concepto de independencia que no refleja el proyecto.
En el artículo 24, que regula los patronatos, pretendemos que de forma expresa se incluya la participación de las asociaciones ambientales.
En el artículo 26, que regula la coordinación de los parques supraautonómicos, queremos dejar de forma más clara que la coordinación no corresponda a la Administración General del Estado sino que, en todo caso, sea una competencia compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Introducimos la obligatoriedad de la cooperación financiera de la Administración central del Estado, suprimiendo el concepto de colaboración público privada que se establece en el proyecto.
Voy terminando, señora presidenta. En cuanto al artículo 32.2, que regula las acciones para el desarrollo sostenible, consideramos que se debe dar prioridad a las mismas, y por ello modificamos la redacción del proyecto, que solo prevé la posibilidad de que se pueda dar prioridad.
En el artículo 32.4 recuperamos los mecanismos de evaluación de los planes de desarrollo sostenible previstos en la Ley 5/2007, que nos parecen especialmente útiles.
Planteamos dos enmiendas para la supresión de los artículos 36.2 y 37. En el primer caso, se regula que los titulares patrimoniales puedan desarrollar actividades económicas y comerciales y de turismo rural, y, en el segundo, se establece la regulación de las autorizaciones y concesiones a actividades de servicios en los parques.
Formulamos enmiendas de supresión de la disposición adicional undécima, que establece el informe del Ministerio de Defensa en la creación de parques marinos, porque nos parece algo propio de la época en que las aguas jurisdiccionales se medían por el alcance de los cañones.
Finalmente, presentamos también dos enmiendas de supresión de las disposiciones finales primera y segunda, donde se autoriza el vuelo sin motor en el parque de Guadarrama y la navegación en el de Monfragüe.
Para la defensa de las enmiendas números 52 a 61, tiene la palabra el senador Fuster.
El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de los senadores del Partido Aragonés para la defensa de las 10 enmiendas que hemos presentado a la Ley de parques nacionales.
El Partido Aragonés se pregunta cuál es el objetivo político de este proyecto de ley y cuál era la necesidad de modificar una ley que en 2007 fue aprobada por unanimidad de los partidos políticos, con el acuerdo de las comunidades autónomas, y, por supuesto, de las organizaciones ecologistas. Por tanto, cuando intuimos las respuestas estas no nos gustan y menos cuando algunos portavoces del Partido Popular hablan de intervención estatal directa en los parques nacionales.
Señorías, la justificación de todas ellas es concreta y basada en las competencias exclusivas de las que dispone el Estatuto de Autonomía de Aragón y, evidentemente, también de las que disponen otros estatutos. Y a mayor abundamiento, y por si esto fuera poco, la posición del Tribunal Constitucional en su sentencia 194/2004, de 4 de noviembre de 2004 —todas cifras pares— es rotunda sobre el alcance de las competencias básicas de la Administración General del Estado y exclusivas de las comunidades autónomas en esta materia, tras los recursos de inconstitucionalidad formulados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, las Cortes de Aragón y la Diputación General de Aragón, que fueron estimados en su mayor parte.
Como consecuencia de ello, presentamos 10 enmiendas que pretenden clarificar las competencias de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas en este proyecto de ley, y en concreto al artículo 8, relativo al proceso de declaración, en el que proponemos una redacción más acorde con las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en la materia.
Al artículo 13, referente a la declaración del estado de emergencia, para que esta se produzca a propuesta de la administración gestora del parque, que es la que realmente conoce su estado y funcionamiento, y no previa consulta, y también para que en este caso sean coordinados y puestos a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios.
Al artículo 16, sobre las funciones de la Administración General del Estado, para la supresión de aquellos apartados que a nuestro juicio exceden de las funciones que amparadas en el carácter básico de la ley son, por tanto, propias de la gestión y competencias correspondientes a las comunidades autónomas, incluso para concretar que estas funciones corresponden al Estado en la red en su conjunto y no para cada uno de los parques.
Al artículo 21, referente a la gestión de los parque nacionales, para la colaboración de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado en los casos de parques fronterizos, que es de puro sentido común.
Al artículo 24, sobre los patronatos, para suprimir la representación paritaria y para que los informes sean presentados por la Administración competente —en singular y no en plural— de la gestión de estos parques.
Al artículo 26, relativo a las comisiones de coordinación en los parques supraautonómicos, que a nuestro juicio y al del Tribunal Constitucional corresponden a las comunidades autónomas.
Y, finalmente, al artículo 30, sobre cooperación financiera, en la que estando de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en la colaboración público privada, creemos que no debe ser el Organismo Autónomo Parques Nacionales el que marque los criterios.
Señorías, el Partido Aragonés no está en contra de la coordinación pero sí de que la Red de Parques Nacionales represente un instrumento administrativo mediante el cual se pase de modo solapado e indirectamente de una gestión exclusiva de la comunidad autónoma a una gestión en la que participe el Estado porque no hay título competencial que habilite para ello, existiendo criterios claros en la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice textualmente —abro comillas—: «No es propio de la potestad
coordinadora del Estado el establecimiento de unos mecanismos de coordinación que le otorgan competencias de gestión de las que carece». Fin de la cita.
No puedo pues finalizar esta intervención sin resaltar la extraordinaria gestión que en Aragón estamos realizando del Parque Nacional de Ordesa, y no nos parece oportuno que la Administración General del Estado, mediante la modificación de normas pretendidamente básicas, incorpore criterios y funciones que solo invaden las competencias que nos otorga el estatuto de autonomía. Pero, además, añado, la modificación de la Ley de parques nacionales, tal y como ha llegado a esta Cámara, generará incertidumbre y nuevas disputas que parecían cerradas tras la sentencia del Tribunal Constitucional y la ley aprobada por unanimidad en el año 2007.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, números 177 a 181, tiene la palabra el senador Cazalis.
El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para dar por defendidas nuestras enmiendas y anunciar que mantendremos el voto particular para la sesión del Pleno.
Para la defensa de las enmiendas números 182 a 271, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.
Defenderé nuestras enmiendas en el Pleno del Senado, pero quiero explicar los fundamentos sobre los que se basan. En primer lugar, cuando se presentó el proyecto de ley vimos que era un proyecto regresivo, que echaba para atrás la protección de los parques nacionales, pero la aparición de la enmienda número 278 crea una nueva situación, si me lo permiten, es una bomba parlamentaria en una cuestión especialmente sensible.
He dicho antes que me consta la voluntad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de llegar a un acuerdo, y creo que es absolutamente imprescindible hacerlo, sobre todo porque, como han dicho diversos portavoces, la actual legislación ha permitido la paz en cuanto a los recursos por el Constitucional a las comunidades autónomas y cierto reconocimiento de las ONG. Pero en estos momentos todo esto se rompe. Por lo tanto, quiero insistir en la necesidad de aprovechar esta semana, si es que va al próximo Pleno —si se aplaza, mejor—, para intentar mejorar la transaccional y que, independientemente de que votemos a favor o en contra de esta ley, no tengamos una enmienda transaccional que desproteja los parques nacionales.
Voy a apuntar 4 o 5 cuestiones. En primer lugar quiero leerles un párrafo del dictamen del Consejo de Estado. Dice: «A la vista de todas las consideraciones expuestas, este Consejo de Estado estima que debe reconsiderarse la totalidad del texto.» Esto lo dice de pocos proyectos de ley. Pero además, como decía un viejo militante de mi partido, en política a veces avanzar es difícil, mejorar también, pero sobre todo lo que no hay que hacer es empeorar y crear conflicto. Si me lo permiten, déjeme que les diga que esta ley empeora y va a crear conflicto. Esta ley, si se aprueba en estos términos, seguro que va a terminar en el Constitucional.
No soy yo quién para hablar de las ONG, no tengo ninguna representación, pero basta leer las páginas web de las principales ONG para ver que no están de acuerdo con este proyecto de ley, que dan muestras de evidente disconformidad. Ciertamente las ONG reclaman una mayor coordinación y nosotros también. Pero no quiere decir que el Gobierno central, sobre la base de una mayor coordinación, entre en el campo de la gestión —porque no se necesita el Gobierno central—. Dicho de otra manera, si hay una comunidad autónoma con un parque natural y al lado otra con otro parque natural, la coordinación entre ellas no necesita de papá Estado. Esta es una de las grandes diferencias o de los déficits de España con relación a países federales como Alemania o Austria, donde la coordinación se da entre las regiones europeas. Por tanto, mayor coordinación no significa, como hace la ley, crear una comisión presidida por la Administración central, cuando el Tribunal Constitucional ha dicho muchísimas veces que la Administración central no puede gestionar, que eso es competencia de la comunidad autónoma.
Y dos últimas cuestiones. En cuanto al informe de Defensa, inicialmente decía determinante pero ahora señala vinculante. El proyecto de ley que estamos discutiendo dice que el informe de Defensa será vinculante en la tramitación de los planes rectores de uso y gestión cuya aprobación no corresponde al Gobierno. Es una vinculación.
Acabo señalando las dos grandes razones por las que nos hemos opuesto a la tramitación de este proyecto de ley, sobre las cuales fundamentamos nuestras enmiendas. En primer lugar, insisto, por la innecesaria recentralización que se produce absolutamente innecesaria. Y en segundo lugar, como se ha dicho al defender los vetos, porque existen elementos suficientes de desprotección para decir no a este proyecto de ley. Reitero, para terminar, que es necesario hacer un esfuerzo para evitar lo que para nosotros puede ser un mal proyecto de ley, para que este no se convierta, con la enmienda 278, en un motivo de conflicto importante entre comunidades autónomas y con las ONG.
Para la defensa de las enmiendas números 109 a 176, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.
El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a hacer cuatro consideraciones generales sobre el tema que nos ocupa y sobre el porqué presentamos enmiendas. Visto que se va a tramitar, las formulamos para seguir reclamando ese diálogo que nos ha ofrecido el señor Aparici, del Grupo Parlamentario Popular, puesto que nos quedan días por delante, desde hoy hasta el Pleno, aunque no sé si en esta comisión lograremos transaccionar algunas de las enmiendas que hemos presentado los distintos grupos. Esto es lo que quiero destacar.
Hemos presentado un veto que ha sido rechazado, ¿y por qué seguimos presentando enmiendas? Porque vemos que la Red de Parques Nacionales tiene una homologación, como todo el mundo sabe, en la categoría 2 de la International Union for the Conservation of Nature. (No sé cómo se pronuncia, he intentado aplicar mis conocimientos de inglés, pero veo que no me ha salido bien.) (Risas). Estos espacios tienen esta homologación internacional y deberíamos mantenerla. En el proyecto de ley no se habla de un cambio de homologación, pero, cuando repasamos el articulado, comprobamos que podría haberlo. Si realmente se pretendía cambiar la homologación de estos espacios, hubiera sido mejor haberlo dicho en la parte expositiva, en la exposición de motivos de la ley pues, de esta forma, hubiera quedado claro. Ahí nos surgen dudas y por eso, ante esos posibles cambios, planteamos enmiendas concretas.
Asimismo, a diferencia de la ley anterior, me he dado cuenta de que no existía en el articulado ninguna mención a la zona periférica. Introduce una terminología como actividades tradicionales, vinculación histórica integrada en el medio natural, etcétera. Existe cierta nebulosa en torno a qué actividades se consideran tradicionales. ¿Se pueden considerar tradicionales actividades —me pregunto— el esquí o las explotaciones hidroeléctricas de principios de siglo pasado que realicen la explotación de un recurso natural cuando, según la clasificación a la que he hecho referencia al inicio, la UICN señala que tenemos que mantener esto muy naturalizado? Estas preguntas se nos antojan, de ahí el sentido de presentar nuestras enmiendas.
Otra reflexión que quiero hacer en esta comisión es quién es la Administración competente para el pago de las indemnizaciones compensatorias por el cese de actividades incompatibles o limitaciones de derechos. Está claro que las derivadas de la nueva ley corresponden a la Administración General del Estado y las del Plan rector de uso y gestión a las comunidades autónomas, pero no las derivadas de la ley declarativa. A partir de ahí, ¿quién es competente? He visto que ustedes se han autoenmendado y lo corrigen a mejor, ya que de alguna forma clarifican qué es lo que hay que hacer si se prorroga y durante cuánto tiempo; así se puede actuar en consecuencia a la hora de poder proteger un espacio en el que se considere absolutamente imprescindible la expropiación o indemnización para el cese de la actividad. En principio todo esto me parece bien, pero no veo que se acabe de resolver lo que acabo de apuntar.
Tampoco veo que este proyecto de ley nos aclare cómo se debe resolver la financiación de las actuaciones en la red, todas estas actuaciones tan ligadas a la gestión ordinaria como la señalización, la uniformidad, etcétera. En el caso del parque que conozco más, el de Aigüestortes, no ha existido una transferencia de recursos económicos a la comunidad autónoma para poder cumplir con la uniformidad en las actuaciones de la red, y se vienen realizando desde la incorporación del parque a la misma, desde 1997 hasta hoy. Esto me preocupa porque seguimos haciendo leyes que pretenden organizar y coordinar, pero dejamos en el aire el cómo se financia. Al final somos un país que apostamos por determinadas cosas,
que no nos importa pagar por ellas véanse las grandes infraestructuras, como la red de alta velocidad—, pero luego, cuando queremos conservar la naturaleza, no destinamos los recursos adecuados. De ahí que algunas de nuestras enmiendas se presenten en este sentido.
Defenderemos el resto de enmiendas de forma más pormenorizada en el Pleno. Evidentemente, la declaración de Estado de emergencia invade clarísimamente competencias. Y quiero terminar hablando de la composición de los patronatos, pues me preocupa muchísimo esa composición paritaria, y creo que vamos a tener problemas a la hora de llevarla a cabo.
Nada más. Doy por defendidas todas las enmiendas y reservo el voto para el Pleno.
A continuación, para la defensa de las enmiendas 62 a 108, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Medina.
Señorías, quiero empezar insistiendo en la necesidad de retirar este proyecto de ley. Razones medioambientales que tienen que ver con la concepción de lo que debe ser y tiene que ser un parque nacional lo aconsejan. Razones políticas lo aconsejan —sería lamentable que una ley de esta naturaleza, de esta envergadura, de lo que supone para este país, sea sacada adelante solo y exclusivamente con el Grupo Popular—; y hoy, aquí, razones jurídicas, de procedimiento, también lo aconsejan, razones jurídicas que tienen que ver con la concepción de lo que se entiende por una transacción. Parece ser que transacción es aquel acto en el que una sola parte presenta una voluntad de cambiar las cosas, y, además, se ha oído aquí que, como se ha hecho otras veces, pues que no pasa nada. Pues mire, si 20 veces se comete un delito, a lo mejor el 21 no justifica que se haya cometido 20. Yo lo digo porque me imagino que, después, nuestro portavoz en esta comisión hablará con más claridad y más concreción que quien les habla.
Primero, en relación con las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, haré un breve descripción de dónde van, qué significan, y después, al final, alguna reflexión general, como se ha hecho aquí.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso 33 enmiendas y en el Senado 47, de las cuales, nuevas son 19 y provenientes del Congreso, 28. Al preámbulo, presentamos una; al título I, Disposiciones generales, 4; al título II, Parques nacionales, 9; a la Red de Parques Nacionales, 3; Instrumentos de planificación, 6; Gestión, 2; al título VI, Órganos consultivos de colaboración y coordinación, 7; a Acciones concertadas, una; al Desarrollo territorial, 3; a la Proyección y participación social, 3; a las Disposiciones adicionales, 5 —4 de supresión y una, a la que quiero hacer una breve de referencia, por la parte que corresponde—. Es una disposición adicional que afecta a Canarias, que, como todos sabemos, es una comunidad autónoma que cuenta con nada más y menos que cuatro parques nacionales, dos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad, y lo que pedimos al Gobierno es que, ya que estamos dispuestos a modificar una ley y a apoyar a las comunidades autónomas, ponga recursos para que se cuente con carácter permanente de los medios aéreos convenientes y necesarios para la lucha contra los incendios forestales. Y a la disposición final hemos presentado 3 enmiendas de supresión. Damos por defendidas todas ellas, señorías, señora presidenta, en estos momentos. Ya, en el desarrollo del Pleno, haremos hincapié en aquellas que consideramos de mayor relevancia desde nuestro punto de vista.
¿Cuáles son los motivos y los fundamentos que nos han llevado a presentar 47 enmiendas a este proyecto de ley? Fundamentalmente, tres. El primero tiene que ver con la coherencia de los postulados que recoge la Ley 5/2007, ley que, ahora y aquí, queremos reivindicar y poner en valor. Una de las razones que hemos esgrimido cuando hemos defendido el veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista ha sido que entendemos, y este es un calificativo que también han usado otros portavoces, que este es un proyecto de ley innecesario y que nada aporta que mejore los dos pilares básicos de la Ley 5/2007, que, insisto, reivindicamos y queremos poner en valor. Dos fueron los pilares básicos que esa ley declaró y constató. El primero: declarar la máxima protección de los parques nacionales de este país —máxima protección que garantice en cualquier circunstancia la conservación de los mismos para algo muy importante que a veces se olvida: para uso y disfrute no solo de las generaciones presentes sino las futuras, primando siempre el interés público, el interés general sobre el privado—. Y el segundo pilar
básico de esa ley era la colaboración mutua y leal que establecía con las comunidades autónomas en la buena gestión de la red para conseguir el objetivo número uno.
Señorías, la Ley 5/2007 —hay que recordar, es bueno hacerlo— fue gestada, nacida, desarrollada e implantada con el acuerdo, con el consenso de todos, y, a nuestro modesto entender, merecía mejor y más larga vida. Ustedes han preferido anteponer la variedad de algunos —y esos algunos tienen nombres y apellidos— y los intereses de otros —también con nombres y apellidos— antes que desarrollar una ley que —insisto— protegía, conservaba y que contó con todos.
El segundo argumento para presentar estas 47 enmiendas tiene que ver con el incremento de la participación en todas aquellas políticas que afecten a los parques nacionales de las corporaciones locales, sobre todo a aquellas que tengan que ver, que influyan sobre las áreas de influencia socioeconómica que define la propia ley.
Y en tercer lugar —muy importante— lo que queremos plantear con nuestras enmiendas es evitar la resurrección de conflictos competenciales con las comunidades autónomas. Por tanto, coherencia en los postulados de la ley vigente, incremento de participación de las corporaciones locales, y evitar conflictos con las comunidades autónomas. La actual ley enterró los innumerables conflictos competenciales que casi todas las comunidades autónomas plantearon, relativos a la competencia en la gestión de los parques nacionales. Pero a tenor de lo que se está planteando en la ley, parece ser que vamos a reabrir un debate, que, insisto, ya estaba finiquitado. Ustedes van a desenterrar un muerto que estaba bien muerto. Allá con las consecuencias. Porque, señorías, al Grupo Parlamentario Popular —yo diría más que al Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno— se le ha visto en este asunto, como en otros, el plumero. Con sutiles vericuetos pretenden decidir desde Madrid —decidir desde Madrid—, por sí solos y no contando con las comunidades autónomas, el destino, la gestión y la gobernanza de los parques nacionales, cuando existen, como sabemos, sentencias del Tribunal Constitucional que aconsejan, que dicen y que dictaminan lo contrario.
Señorías, a tenor de lo que se ha visto hoy aquí, nos espera un interesante proceso para culminar con la aprobación de este proyecto de ley. Insisto, hasta razones jurídicas aconsejan retirar el proyecto de ley. Nosotros sabemos lo que van a hacer con nuestras enmiendas: lo de siempre. Pero curiosamente estamos muy interesados y a la expectativa de qué van a hacer con las del Grupo Parlamentario Popular. Porque lo que no es normal es que se haya tenido todo el tiempo del mundo para que el grupo que apoya al Gobierno presente en el Congreso las enmiendas que hayan querido presentar y no lo hayan hecho, y en menos de cinco días, con nocturnidad y alevosía, hayan presentado una enmienda, la 278, que está causando muchos problemas y muchas dudas, y, al mismo tiempo, hoy pretendan modificarla. A ver si nos aclaramos, señorías, a ver si nos aclaramos, porque mientras ustedes no se aclaren, a nosotros nos va a costar mucho esfuerzo hacerlo. La enmienda 278 era necesaria ¿sí o no? Si era necesaria, ¿por qué no la introdujeron en el Congreso? Si tanta importancia le dan, ¿por qué no la introdujeron en el Congreso? ¿Por qué lo hacen aquí? Y la segunda cuestión: ¿por qué la modifican, si tan claras tenían las cosas con la primera redacción? Un poco sospechoso sí es todo esto.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, con los números 272 a 278, tiene la palabra la senadora Leite Coello.
La señora LEITE COELLO: Gracias, presidenta.
El Grupo Popular da por defendidas las enmiendas 272 a 278.
Me reservo para el turno de portavoces.
Abrimos un turno de portavoces.
Me sumo a lo que han manifestado algunos portavoces en primer lugar en torno a la situación que se ha creado con la enmienda 278. Efectivamente, no se trata de una transaccional, se trata, en todo caso, del fruto de una negociación del Partido Popular consigo mismo y con el ministerio, no con el resto de las fuerzas políticas. Por lo tanto, no tiene nada que ver con una transaccional.
Y no estamos ante una transaccional, sino que estamos ante un cambiazo; un cambiazo de enmienda que ustedes plantean en esta reunión de la comisión y que explica por qué lo anómalo de la realidad y de la situación en la tramitación de que no se haya incorporado en el trámite de ponencia ninguna de las enmiendas del Partido Popular y, por supuesto, tampoco ésta, que surge ex novo en este debate parlamentario.
No compartimos el procedimiento, discrepamos absolutamente de él, y si se adoptan decisiones como plantear algún tipo de reclamación o recurso, respaldaremos esa idea.
Segunda cuestión. Otros portavoces —también coincido con ellos— han solicitado un aplazamiento. Yo acabo de recibir el orden del día del próximo Pleno; el proyecto ya está incorporado por acuerdo de la Mesa al próximo Pleno, y creo que es un error y que habría que reconsiderar la posibilidad de retirarlo. Porque, además, vamos a un Pleno denso, y no es casualidad la coincidencia en los órdenes del día de proyectos de gran transcendencia en una estrategia de que se solapen entre sí los debates y que su transcendencia pública sea menor. Pero comprenderán sus señorías o quienes soportan al Gobierno que quienes no lo soportamos no estemos dispuestos a entrar voluntariamente en esa dinámica y la denunciemos. Vamos a un Pleno en el que hay otros cuatro proyectos —tres de transcendencia: reforma del IRPF, reforma del impuesto sobre sociedades, reforma del IVA—. En consecuencia, el poder hacer un debate sereno sobre estos cuatro proyectos y el quinto —que es verdad que no es de gran transcendencia— va a ser realmente dificultoso.
Y concluyo. Decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que las organizaciones medioambientalistas habían expresado en distintas ocasiones la necesidad de que hubiera un mínimo de criterio cohesionado en la gestión de los parques nacionales. Eso es cierto, y nosotros estaríamos de acuerdo con ello. En lo que no estamos de acuerdo es en la forma en que se realiza y, sobre todo, con los objetivos que se plantean. Las organizaciones no gubernamentales pedían la búsqueda de un criterio común no para degradar o reducir el nivel de protección sino, en todo caso, para situar a todos los parques nacionales en el mayor nivel de protección que tuviera cualquiera de ellos. Y, desde luego, no es esta la filosofía de este proyecto ni la que nosotros defendemos.
Por ello, vamos a mantener nuestras enmiendas. En la votación de las del resto de los grupos me abstendré exclusivamente para poder estudiarlas con más calma hasta el Pleno y votaré en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).
Tiene la palabra al senador Fidalgo.
Intervengo en primer lugar para manifestar de nuevo nuestro rechazo a la enmienda Cospedal, la 278, porque entendemos que, a pesar de la redacción que hace el Grupo Parlamentario Popular en esta nueva enmienda, es como tirar una bomba en los parques nacionales y echar unos fuegos de lucería para ver si algunos se despistan y miran para otro lado y ocultar los usos, que deben estar prohibidos en los espacios que son la champions league de la biodiversidad de España y no pueden estar permitidos, y ni puede haber amnistía ni aplazamientos.
En segundo lugar, para insistir y hacer constar en el Diario de Sesiones nuestra disconformidad con el fenómeno de incluir nuevas enmiendas. Consideramos que el Reglamento del Senado garantiza derechos parlamentarios, y nuestra preocupación va a ser hacer cumplir los derechos de los grupos parlamentarios, que es de los pocos derechos que tienen aquellos que se pueden cobijar bajo el Reglamento de la Cámara.
El artículo 115 dice que se pueden presentar enmiendas para alcanzar algún acuerdo. Los acuerdos son siempre con otros, no puede haber acuerdos consigo mismo. Recoge otros casos, como el subsanar errores materiales o gramaticales —evidentemente, ha habido algún caso al respecto—, pero los acuerdos tienen que ser con otros grupos; y, por otra parte, como señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para acoger y defender derechos de los grupos parlamentarios. En todo caso, consideramos que ni la
presidenta de la comisión ni nadie puede admitir nuevas enmiendas fuera de plazo, una vez finalizado el periodo de su presentación, porque esto se presta a ser una actividad de piratería parlamentaria, enmiendas que desconocen los otros grupos. En ese sentido, yo creo que se atacan los derechos de los grupos parlamentarios y que va contra nuestros derechos. Por ello, anunciamos que formularemos las acciones jurídicas que procedan si se tomasen acuerdos de esta forma.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Leyte Coello.
La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidenta.
De las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la 272 a 278, que obran ya en su poder, se modifica simplemente la 275 por un error gramatical en el texto. Que la enmienda 278, que pretendemos incorporar hoy al informe de la ponencia junto con las otras, ha sido objeto de negociación, precisamente por la sensibilidad mostrada ante la alarma que se suscitó, enmienda que viene a clarificar la situación. Ustedes saben —no se ha dicho aquí, porque se comenta aquí que es una agresión— que el titular del derecho de caza es del propietario del terreno y, por tanto, para suprimir esos derechos hay que indemnizar —de eso no se ha hablado aquí—, porque se fundamenta en el respeto al derecho de terceros. Esa enmienda también hace referencia a que los planes rectores de uso y gestión del parque incorporarán el contenido de los acuerdos voluntarios. Lo que se ha hecho a través de esta enmienda, precisamente por la preocupación de que esto no se extienda sine díe, es marcar un plazo razonable de 6 años dada la situación de crisis económica actual, ya que el desembolso económico de indemnización sería enorme e inasumible en los momentos actuales. Repito, con esta enmienda se pretende poner un plazo razonable, dada la situación que vive nuestro país en este momento.
No entiendo los ataques y la visceralidad del senador del Grupo Parlamentario Socialista. No sé si es que le molesta que se intente arreglar una situación, y eso le lleva incluso a ataques, a nombrar y a adjudicar cosas a personas que no están aquí y que no se pueden defender. Lógicamente estas enmiendas las presentan los grupos, y nada tiene que ver con esas otras fantasías que refiere el senador Fidalgo.
Por otra parte, debo decirle al senador Medina que esta es otra Cámara; este país tiene un sistema bicameral; el proyecto de ley fue al Congreso y, en el Senado, como hemos hecho siempre, se pueden presentar las enmiendas que se consideren oportunas. No tenemos que hacer aquí un seguidismo de lo que se aprueba allí. Es de sabios rectificar y clarificar las cuestiones, y el Senado es precisamente donde estamos y el lugar para hacerlo.
Creo recoger el sentir de todos si decimos que los españoles nos sentimos orgullosos de nuestros parques nacionales que han supuesto el mantenimiento de los sistemas adecuados para la cría y reproducción de numerosas especies en peligro de extinción, que estamos protegiendo una enorme variedad de fauna y de paisajes singulares que han perdurado a través de los tiempos, que llegan a nuestras manos gracias a la protección y amor a la naturaleza de nuestros antepasados y que es nuestro deber seguir manteniendo los parques nacionales para las generaciones futuras. Por tanto, no me extraña que todos los grupos políticos con representación en esta Cámara muestren su preocupación por el medio ambiente y, en este caso, por nuestros parques nacionales, y que hayan demostrado un enorme trabajo con las enmiendas presentadas, algo que aprecio y respeto. No voy a analizarlas, dado que son muy numerosas y nos alargaríamos mucho, pero posteriormente serán debatidas. Espero que durante esta semana y hasta que se celebre el Pleno podamos llegar a admitir algunas de ellas para intentar que nos sintamos todos más representados con esta ley.
En cuanto al aspecto competencial, que veo que es una gran preocupación, considero que lo que hace esta ley es simplemente clarificar las situaciones y ayudar a una mejor conservación de los parques nacionales. Yo he podido hablar con asociaciones ecologistas que expresaban su enorme preocupación por la situación que había dejado la ley de mayo de 2007. En este sentido, esta ley la mejora; por tanto, veo plenamente justificada su presentación.
Solo me cabe agradecer a los senadores la sensibilidad que han demostrado hacia los esfuerzos realizados por este grupo. Les agradezco que hayan hecho mención a ello, y a todos por su trabajo. Esperemos que de aquí al próximo Pleno podamos alcanzar acuerdos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (El señor Fidalgo Areda pide la palabra). Sí, señoría.
El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, quiero plantear una cuestión de orden. Nuestro grupo entiende que se deben votar todas las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: En principio, no procede votar todas las enmiendas, senador Fidalgo. Simplemente, las que se quieran incorporar a la ponencia, como ha planteado el Grupo Parlamentario Popular. Si todos los grupos quieren plantearlo así, lo haremos, pero si no, no veo que haya que votarlas.
El señor FIDALGO AREDA: Es que la ponencia no incorpora ninguna enmienda.
La señora PRESIDENTA: El receso por el que se ha reunido la ponencia ha sido a ese efecto, senador Fidalgo. Por tanto, en este momento lo que someto a votación es el informe de la ponencia junto con la incorporación de las enmiendas números 272 a 278, del Grupo Parlamentario Popular, con la precisión de que en las números 275 y 278 se incorpore el texto que ha sido objeto de transacción, y ese es el informe de la ponencia que se somete a votación.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de la ponencia.
Por último, vamos a proceder a la designación del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado, que se entiende que es esta presidenta. (Asentimiento).

References: artículo 7
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 artículo 8
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 32
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 artículo 8
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 30
 artículo 115