Source: http://psicolog.org/universidad-mayor-real-y-pontificia-de-san-francisco-xavier-de-v40.html?page=2
Timestamp: 2020-04-08 23:58:54+00:00

Document:
Parte General - Universidad mayor real y pontificia de san francisco xavier de chuquisaca
Art. 1: Alcanza a Magistrados, Consejeros y servidores públicos tanto del tribunal superior – Su objeto, Coadyuvar y optimizar la administración de justicia.
Art. 2: A los efectos de éste Código se entenderá: Código de Ética: Código de Ética del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
Art. 3: Son sujetos a éste Código los servidores públicos mencionados en el Art. 1 de éste Código.
Art. 4: Para la interpretación de éste Código, el Pleno del Consejo nombrará a la Comisión de Ética integrada por un Consejero, un Magistrado, en materia penal, un Magistrado en materia civil, un Magistrado en materia familiar y el Director del Instituto de Estatutos Judiciales.
Art. 5: En caso de duda en cuestión ética, el servidor judicial debe consultar a la Comisión Ética.
Art. 6: Todo servidor jurisdiccional, de apoyo judicial o administrativa debe conocer el Código de Ética Judicial y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.
Art. 7: (Aptitud) se debe verificar y comprobar la idoneidad del servidor público – No se debe aceptar el cargo si no se cuenta con la capacidad y disposición para el buen desempeño.
Art. 8: (Colaboración) En las actividades laborales para el cumplimiento de sus funciones – Colaborar en actividades extraordinarias que resulten necesarias para mitigar, neutralizar dificultades.
Art. 9: (Confidencialidad) Debe abstenerse de difundir información calificada como reservada – No usar en beneficio propio o de tercero información que no esté destinada a su difusión – Custodiar y cuidar los valores, documentación e información que por razón de su cargo está bajo su cuidado
Art. 10: (Compromiso de superación) Debe actualizarse en conocimiento y técnicas para un mejor desempeño de sus funciones.
Art. 11: (Ejercicio adecuado del cargo) No debe procurar ni obtener beneficio para sí o para otros – No debe adoptar represalias o coacción.
Art. 12: (Equidad) Debe estar propenso a dejarse guiar por la razón.
Art. 13: (Excelencia) Debe esforzarse y perfeccionarse cada día mostrando calidad, resaltando eficacia y eficiencia en la función.
Art. 14: (Honradez) Debe actuar con máxima rectitud – evitar conductas que pongan en duda su integridad – No aceptar compensaciones.
Art. 15: (Independencia de criterio) Debe tener conciencia plena.
Art. 16: (Justicia) Otorgando a cada uno lo que es debido.
Art. 17: (Legalidad) Debe cumplir la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los reglamentos – Que su conducta no sea objeto de reproche.
Art. 18: (Obediencia) Debe dar obediencia a órdenes superiores que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto realización de actos de servicio, salvo arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
Art. 19: (Obligación de denunciar) Ante el Superior o a las autoridades correspondientes actos que pudieren causar algún perjuicio o constituir un delito o violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en éste Código.
Art. 20: (Puntualidad) Cumplir con el horario establecido.
Art. 21: (Prudencia) De obrar con sensatez para formar juicio y tacto para hablar, expresarse con ingenio y oportunidad.
Art. 22: (Responsabilidad) En el cumplimiento de sus deberes de reconocer y aceptar la consecuencia de sus actos - Debe actuar con profesionalismo y dedicación.
Art. 23: (Templanza) Debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad usando prerrogativas inherentes al cargo.
Art. 24: (Tolerancia) Actuar con indulgencia – Comprensión - Paciencia o calma.
Art. 25.- (Transparencia) Ajustar su conducta al derecho que tiene toda sociedad de estar informada sobre la actividad judicial.
Art. 26: (Uso adecuado de los bienes y recursos) Debe conservar y cuidar los bienes que se le asignen - Utilizar los que le fueran asignados, evitar su abuso, derroche y desaprovechamiento – Utilizar para el ejercicio de sus funciones - Evitar su uso para cuestiones particulares.
Art. 27: (Uso adecuado del tiempo de trabajo) Usar el tiempo oficial para cumplir con sus deberes de manera eficiente y eficaz -. Velar por que sus subordinados actúan de igual manera.
Art. 28: (Veracidad) Debe expresarse con la verdad tanto en los informes que proporcionen como en sus relaciones funcionales, con los particulares, con sus superiores y subordinados.
Principios particulares para magistrados y jueces
Art. 39: (Imparcialidad) Evitar vinculación con las partes, concederles ventajas, sin que ello implique no escuchar sus alegatos.
Art. 30: (Independencia) Deben emitir sus resoluciones conforme a derecho, sin someterse a injerencias o sugerencias – Evitar involucrarse en situaciones que comprometan su recta conducta – Poner en conocimiento cualquier situación que pueda afectar su independencia o transparencia.
Art. 31: (Objetividad) Deben alejarse de cualquier prejuicio o aprehensión.
Principios particulares para mediadores
Art. 32: (Neutralidad) Conducirse con ecuanimidad, respetando autonomía de la voluntad de los mediados – Abstenerse de proponer o sugerir soluciones al conflicto.
Art. 33: (Flexibilidad) Conducirse con disponibilidad y apertura.
Beneficio de origen externo
Art. 34: (Beneficios prohibidos) Debe abstenerse de: Solicitar o aceptar dinero, beneficios, regalos, favores, promesas, directa o indirectamente – Retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones – Hacer valer su influencia ante otro funcionario.
Art. 35: (Presunciones) Se presume que el beneficio está prohibido si proviene de una persona o entidad que: Lleve a cabo actividades reguladas por el órgano o entidad en el que se desempeña como servidor público – Gestiones o explote concesiones autorizaciones o privilegios o franquicias otorgadas por el órgano o entidad en el que se desempeña como servidor público – Sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal – Procure una decisión o acción del órgano o entidad en el que se desempeña como servidor público - Tenga intereses que pudieran verse afectados por la decisión, acción, retardo del órgano o entidad en el que se desempeña como servidor público.
Art. 36: (Excepciones) Los reconocimientos protocolares del gobierno Federal o local, organismos internacionales o entidades sin fines de lucro – Los gastos de viaje o estadía recibidos de instituciones de enseñanza o entidades sin fines de lucro para dictar conferencias, cursos o actividades académicas- culturales - Los regalos o beneficios que por su valor exiguos o de menor cuantía se realicen por razones de amistad o relaciones personales por motivos de acontecimientos en los que resulta usual efectuarlo.
Reglas generales de conducta del servidor público
Art. 37: No puede mantener ni aceptar situaciones en la que sus intereses personales pudieran entrar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes.
Art. 38: No puede ejercer ningún otro cargo remunerado o no.
Art. 39: Debe abstenerse de hacer uso de la autoridad para obtener beneficio.
Art. 40: Tratar a sus compañeros, subalternos y superiores con respeto.
Art. 41: Permanecer actualizado para desarrollar sus atribuciones con profesionalismo, participar en cursos de capacitación impartidos por el Instituto de estudios Judiciales.
Art. 42: Se compromete a cumplir y hacer cumplir la ley y los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Único: El presente Código entrará en vigencia a partir de su primera publicación en el boletín oficial del Tribunal de Justicia del Distrito Judicial.
1.3.4 Código de Ética Judicial de La República del Paraguay
Este cuerpo legal contiene V Títulos; el primero con 4 artículos; el segundo con 1 artículo, el tercero con V Capítulos y 34 artículos, el IV con II Capítulos y 12 artículos, y el Título V con II Capítulos y 13 artículos y una parte final que contiene tres artículos con disposiciones transitorias, en total contiene 67 artículos distribuidos los Títulos y Capítulos de la manera siguiente:
Art. 1: (Destinatarios) Son todos los funcionarios Judiciales.
Art. 2: (Obligatoriedad) Las normas contenidas en el Código de Ética judicial son obligatorias – y la enumeración de las conductas, acciones u omisiones son enunciativas.
Art. 3: (Finalidad) Indicar valores de la función judicial, regular los deberes éticos del juez y proteger los bienes morales de la sociedad, justiciables, abogados, magistrados, auxiliares y funcionarios del Poder Judicial con el propósito de lograr excelencia.
Art. 4: (Interpretación) Al interpretar las normas de éste Código se tomará en cuenta su finalidad y la equidad, se evitará interpretación restrictiva. Debe existir coherencia con el principio irrestricto a los derechos constitucionales en especial a la expresión de la personalidad y el derecho a la intimidad.
Art. 5: (Valores de la judicatura como función publica) Son: Justicia – Honestidad – Idoneidad – Independencia – Imparcialidad – Prudencia – Responsabilidad – Dignidad – Autoridad – Fortaleza – Buena Fe – Respeto – Decoro.
Art. 5: (Deberes éticos y derechos del juez) Los deberes implican obligación, y el derecho del magistrado a cumplirlos.
Art. 7: (Justicia) El juez tiene el deber de impartir razonablemente solución justa.
Art. 8: (Honestidad) Ejercer el cargo con honestidad, debe esforzarse en proyectar su imagen con ese valor, no debe recibir otros ingresos que no sea los legalmente establecidos y debe actuar con transparencia.
Art. 9: (Idoneidad) Debe actualizar permanentemente sus conocimientos, destrezas y técnicas, participando en cursos y seminarios especialmente los patrocinados por la Corte Suprema de Justicia.
Art. 10: (Independencia) El Juez debe actuar con independencia de factores, criterios, o motivaciones – Debe luchar por la independencia institucional, política y económica – Mantener la independencia con los partidos políticos, asociaciones y otros – Abstenerse de realizar actividad política partidaria – Omitir conductas que impliquen búsqueda de apoyo político-partidario – Impartir justicia a través del derecho aplicable.
Art. 11: (Imparcialidad) El juez debe: Dar cumplimiento firme y estricto al régimen legal - Mantener la igualdad de las partes – No integrar asociaciones o entidades que por su ideología o finalidad fomenten discriminación – No subordinar el ejercicio de su función – Evitar influencia de familiares u otras personas - Rechazar regalos, beneficios o de otra naturaleza – Evitar ser asociado o relacionado con estudios jurídicos – No provocar ni estimular recusaciones – No mantener ni dilatar excusación.
Art. 11: (Prudencia) Que este valor gobierne su contacto personal y funcional con las partes, abogados, y público – Debe ser reservado y discreto con respecto a las cuestiones a ser resueltas – No debe adelantar opinión - No discutir con abogados o justiciables sus argumentos – En comunicación con las partes se limitará a escucharlos y asegurarles un pronunciamiento justo – En sus resoluciones debe ponderar los argumentos y contra – argumentos.
Art. 13: (Responsabilidad) Asumir el cargo con las exigencias del mismo, en particular debe: Ejercer la dirección del proceso – Ejercer facultad depuratoria y disciplinaria en los procesos – Optimizar su tiempo y medios – No delegar su labor - Priorizar su función – No asumir compromisos ni responsabilidades extrajudiciales – Evaluar a los funcionarios judiciales bajo su dependencia, estimulando el buen desempeño y denunciado comportamiento negligentes - Organizar su trabajo.
Art. 14: (Dignidad judicial) Desempeñar el cargo con la exigencia de su investidura judicial.
Art. 15: (Autoridad) Hacer uso de los mecanismos legales destinado al ejercicio institucional.
Art. 16: (Fortaleza) Ejercer la función con coraje y fortaleza moral.
Art. 17: (Buena FE) Debe inspirar confianza en los justiciables.
Art. 18: (Respeto) Debe respetar la dignidad de las personas y sus derechos.
Art. 19: (Decoro e imagen judicial) El juez debe comportarse conforme a reglas sociales del decoro, en especial debe: Observar conducta pública y privada que inspire confianza – Conducta mesurada, ordenada a través de un comportamiento, lenguaje, vestimenta acordes con reglas de urbanidad, cortesía y educación – Omitir comportamiento que implique uso del cargo en beneficio propio o de sus familiares – No aceptar invitaciones de personas que tengan interés en los procesos a su cargo - No concurrir a locales de dudosa reputación, se desarrollen juego de azar, ni consumir bebidas alcohólicas sin moderación – No recomendar personas para cargos o funciones, salvo los que deriven del ejercicio judicial o académico – No ejercer, trasmitir ni recibir influencias en designaciones, selección o promociones de magistrados o funcionarios – Conservar orden y decoro en despacho.
Art. 20: (Dignidad del abogado como auxiliar de la justicia) El juez debe dispensarle al abogado un trato digno.
Art. 21: (Comportamiento del juez) debe: Ser coherente con su investidura – No mantener reuniones ni comunicaciones privadas con las partes – Está prohibido de recibir en audiencia a una de las partes, salvo excepciones – No incurrir en polémica con los abogados o justiciables – Rechazar proyectos elaborados por abogados u otras personas – No inhibirse de las causas - No discriminar a justiciables y abogados – No atender peticiones fuera de las causas legales, en horarios no establecidos, o en lugares impropios - Mantener en secreto las opiniones y los votos relacionados con los procesos.
Art. 22: (Institucionalidad Judicial) El juez debe hacer respetar la institucionalidad del Poder Judicial, en tal sentido debe: Ejercer su cargo conforme a la Constitución – Adoptar conductas coherente con valores propios de la Magistratura – Evitar comportamiento que afecten, disminuyan o comprometan dignidad, prestigio, credibilidad, autoridad, independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
Art. 23: (Gobierno del Poder Judicial) Ejercer efectivamente el gobierno judicial y la superintendencia de todos los organismos conforme a la Constitución.
Art. 24: (Diligencia y atención institucional) En el marco del artículo anterior deben atender pronta y diligentemente todo pedido, solicitud, queja o denuncia que le fuesen formuladas.
Art. 25: (Relaciones entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia y los demás magistrados) Dispensar respeto a sus superiores y trato protocolar – Debe acatar disposiciones que emanen de la Corte, de su poder administrativo - Los Ministros deben dispensar a los jueces un trato acorde a su investidura.
Art. 26: (Cooperación) Debe cooperar con los organismos administrativos del Poder Judicial para mejorar el servicio.
Art. 27: (Tratamiento) Dispensar a los demás Magistrados trato respetuoso y considerado, en tal sentido debe: Esforzarse por mantener las mejores relaciones personales y funcionales con todos los Magistrados – Omitir críticas infundadas – Respetar competencias funcionales – Respetar el tiempo funcional de los demás – No formular a otros jueces pedidos o favores en procesos a cargo de ellos - Acatar disposiciones propias del ejercicio de sus funciones.
Art. 28: (Jueces Y funcionarios judiciales) Dispensar a los funcionarios, agentes y operadores del Poder Judicial un trato digno, respetuoso y cordial y exigir tratamiento protocolar.
Deberes éticos del juez en sus relaciones con los otros Poderes del estado y demás organos constitucionales
Art. 29: (Principio de división de poderes) El Juez en ejercicio de su función debe mantener la división de Poderes del Estado.
Art. 30: (Independencia y autoridad institucional) Es deber del juez hacer respetar la independencia judicial y la autoridad institucional.
Art. 31: (Atentado o menoscabo a la independencia funcional) Asumir conducta apropiada en defensa de la independencia, y dignidad judicial.
Art. 32: (Respeto a la investidura publica) Dispensar a los otros Poderes del Estado el respeto y consideración institucional a la investidura pública.
Art. 33: (Prohibición De prestar servicios en otros Poderes del Estado y demás órganos constitucionales) Salvo la docencia y la investigación científica a tiempo parcial.
Art. 34: (Colaboración institucional) Debe cooperar institucionalmente con los otros Poderes del Estado y demás órganos previstos por ley con apego a la legalidad y límites de su competencia.
Deberes éticos del juez con los medios de comunicación y la sociedad
Art. 35: (La sentencia como instrumento de expresión) Se pronunciará a través de la sentencia, antes está prohibido anticipar su contenido – Está prohibido discutir públicamente sus decisiones.
Art. 36: (Trato con los medios de comunicación) Dispensar trato respetuoso e igualitario.
Art. 37: (Contacto con los medios de comunicación) Emitir declaraciones en términos claros y accesible al público no letrado solo con el fin de facilitar a la sociedad la información relevante y necesaria – Velar porque su conducta y expresiones se caractericen por la objetividad, mesura, respeto, equilibrio, prudencia y sensatez – No suministrar información con reserva legal - Velar porque se observe el respeto a la dignidad y a la investidura judicial – No polemizar los procesos judiciales, arbitrales, mediación, y otros.
Art. 38: (Deber general de reserva) Guardar silencio respecto a datos, hechos o criterios no publicados que lleguen a su conocimiento en razón del cargo.
Artículo 39: (Derecho de expresión del juez) Puede emitir opiniones respecto a sentencias judiciales, o temas vinculados con organización Judicial, procedimientos, Derechos Humanos, la Constitución, académicas o de interés ciudadano o jurídico con criterio científico o en foros.
Art. 40: (Competencia del consejo consultivo) Dar respuesta a consultas solicitadas sobre interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial, podrán ser formuladas por la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Magistrados Judiciales, jueces de la República – Emitir opiniones con finalidad de constituir gradualmente un sistema de criterios normativos – Difundir opiniones consultivas – Emitir dictámenes sobre orden ético que soliciten jueces – Emitir dictámenes requeridos por Tribunal de Ética – Dictar Reglamento interno.
Art. 41: (Carácter de las opiniones consultivas y los dictámenes) Las opiniones son públicas, los dictámenes, reservados; salvo excepción no tienen efecto vinculante, el otro tipo de dictámenes tienen otros efectos.
Art. 42: (Integración del consejo) Por tres ex jueces con ejercicio de más de 15 años – Un abogado con ejercicio de 20 años – Un docente universitario que haya ejercido docencia en ética jurídica, deontología jurídica o filosofía del derecho con 15 años como mínimo.
Art. 43: (Designación) Serán designados por la Corte Suprema de Justicia de nómina integrada de hasta por 5 candidatos propuestos por colegios de profesionales en materia jurídica.
Art. 44: (Juramento) Prestan juramento ante la Corte Suprema de Justicia.
Art. 45: (Remoción) Serán removidos por unanimidad y por el mal desempeño - Pérdida de idoneidad notoria.
Art. 46: (La honorabilidad) Requisito esencial para designación
Art. 47: (Incompatibilidad Y carácter honorifico de la función) Es incompatible con todo otro cargo público permanente y remunerado, salvo docencia o investigación científica – Incompatible con ejercicio político- partidario, la función es de carácter honorífico y sin remuneración.
Art. 48: (Deber de excusación) Cuando existan causales.
Art. 49: (Competencia) Conocer procesos de responsabilidad ética.
Art. 50: (Integración) Igual que los contenidos en artículo 47.
Art. 51: (Disposiciones aplicables al tribunal de ética) Son aplicables por analogía lo dispuesto por el Art. 43 al 48 de éste Código para los integrantes del Consejo Consultivo.
Art. 52: (Legitimación) Podrá denunciar toda persona física o jurídica o la Corte Suprema de Justicia, se requiere patrocinio de letrado.
Art. 53: (Radicación y forma de la denuncia) Por escrito ante el Tribunal de Ética y contendrá: Nombres y apellidos del denunciante y del denunciado – Domicilio real y procesal – Circunstancia de los hechos – Enunciación de las normas éticas violadas – Presentación de prueba – Firma.
Art. 54: (Responsabilidad del denunciante) No tiene responsabilidad, salvo que denuncia sea infundada, falsa o maliciosa.
Art. 55:(Rechazo denuncia) rechazará in límite si la denuncia no es promovida directamente por agraviado o incumplimiento requisitos formales.
Art. 56: (Tramite sumario de la denuncia) Admitida se dispondrá investigación sumaria, con reserva de los hechos, se respetará debido proceso.
Art. 57: (Cese automático del cargo) Por falta de pronunciamiento del Tribunal por tres veces consecutivas en un mismo año, se producirá el cese automático de sus integrantes en el cargo.
Art. 58: (Dictamen del consejo consultivo) Deberá ser oído en todas sus denuncias, emitirá dictamen limitándose a declarar si hubo o no violación ética.
Art. 59: (Desistimiento de la denuncia) El denunciante podrá desistir, el tribunal podrá seguir de oficio, el desistimiento no importa exoneración de la responsabilidad.
Art. 60: (Independencia del proceso de responsabilidad) La responsabilidad ética es independiente de la administrativa, civil, penal o política.
Art. 61: (Normas supletorias) Las del proceso civil en cuanto fueren pertinentes y compatibles con las normas de éste Código.
Art. 62: (Resolución del tribunal de ética judicial) En estado de resolución no se puede presentar escrito, ni agregarse documentos – Dictará resolución fundada adoptando siguientes decisiones: Rechazar la denuncia – Si se encontraren algún vicio señalado por Art. 54 se remite antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para las medidas o sanciones disciplinarias al letrado denunciante – Haber lugar a la denuncia, caso en el cual se aplicarán siguientes medidas: Recomendación, llamado de atención o amonestación.
Art. 63: (Efecto de la resolución de ética) Si se rechaza la denuncia causará ejecutoria, si ha lugar a la denuncia el juez podrá interponer recurso de consideración en el plazo de 5 días hábiles ante Consejo Consultivo, y del Tribunal de Ética, que lo resolverá en el plazo de 10 días.
Art. 64: (Publicación) Ha pedido de parte el rechazo de la denuncia será publicada en un periódico de gran circulación en la República.
Art. 65: (Entrada en vigencia) A partir del 1 de enero del año 2006.
Art. 66: (Periodo de transición) De 6 meses a partir de la entrada en vigencia del presente Código con el fin de que los jueces se adecuen a lo establecido en el Art. 10 Inc. 3 del presente Código.
Art. 67: (Designación de los miembros del consejo consultivo y del tribunal de etica judicial) Que ejercerán funciones durante el primer periodo los designa la Corte Suprema de Justicia. En caso de ser necesario se prescindirá de la antigüedad exigida para el miembro docente del dicho cuerpo colegiado luego se aplicará lo dispuesto en el Art. 43.
1.3.5 Código de Ética Judicial de la Provincia de Santa Fe –Argentina
Este cuerpo legal fue aprobado en marzo del año 2002, cuenta con VII Capítulos y 18 artículos distribuidos de la manera siguiente:
Art. 1: Rige para magistrados judiciales establecidos en la Constitución de la Provincia y para los jueces determinados por la ley. En lo sucesivo el Código utiliza la denominación "juez" para comprender ambas jerarquías.
Art. 2: Establecer un conjunto de principios fundamentales que informan la función judicial y sus consiguientes deberes, prohibiciones y exigencias aplicables a los sujetos mencionados en el artículo anterior, con el propósito de lograr la mejor satisfacción de los fines y bienes institucionales, sociales y personales implicados en el servicio que presta el Poder Judicial.
Art. 3: Los siguientes: Conciencia funcional: Resolver con imperium y prudencia el derecho vigente otorgando lo justo - Independencia: Debe adoptar decisiones en el ámbito de su conciencia jurídica y ética; debe resistir y excluir todo tipo de interferencias, evitar conductas o actitudes que puedan generar sospechas en contrario - Imparcialidad: Debe conservar y respectar a las partes procesales y mantener equidistancia - Conocimiento: Le está exigida una capacitación permanente en el Derecho y en todos los saberes y técnicas que puedan favorecer al mejor cumplimiento de su función - Dignidad y transparencia: En correlación con la trascendencia de la función judicial procurar tanto en su vida privada como profesional la coherencia necesaria y evitar comportamientos o actitudes que afecten o comprometan su autoridad - Decoro: Mantener conductas y actitudes compatibles con su función - Honestidad: Le está prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan - Diligencia: Debe desplegar una actividad prioritaria orientada a cumplir sus funciones que le son propias - Lealtad y secreto profesional: No usar el conocimiento de causas judiciales bajo su competencia de manera que comprometa el correcto ejercicio de su cargo o afecte ilegítimamente los derechos de las partes - Responsabilidad institucional: Debe comprometerse en defender la integridad e independencia del Poder Judicial, y tener disposición generosa para cumplir con aquellas tareas que más allá de los requerimientos específicos de su cargo puedan contribuir a mejorar dicho Poder - Afabilidad: En sus relaciones con los demás miembros del Poder Judicial, debe mantener una actitud de respeto, y prudencia - Buena fe: Debe inspirar confianza entre colaboradores, justiciables y auxiliares de la Justicia, comportándose con sinceridad, coherencia y mesura - Austeridad republicana: debe evitar actitudes que resulten ofensivas a la austeridad propia del cargo - Prudencia: Debe procurar que su comportamiento, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contra-argumentos disponibles, en el marco del derecho aplicable - Fortaleza: Debe guiarse por la conciencia clara de su alta responsabilidad.
Nomina enunciativa de los deberes – prohibiciones y exigencias
Art. 4; Establecidas especialmente en orden a las partes y sus defensores: Debe brindar a cada causa el estudio que ella requiera - Al resolver debe despejar con prudencia sus dudas, sopesando pruebas y argumentos, y procurará hacerlo con sinceridad, fortaleza, coherencia, exhaustividad y persuasión, en un tiempo razonable.- Debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y resolución de las causas: prohibiciones: Recibir regalos, presentes, donaciones o beneficios de parte de litigantes y/o defensores, antes, durante o después de finalizado el proceso. Esta prohibición se extiende al cónyuge y a los hijos menores de edad. Los obsequios recibidos por razones de cortesía institucional serán incorporados al patrimonio del Poder Judicial - Mantener conversaciones privadas con los litigantes o sus defensores respecto al mérito de las causas sometidas a su decisión, salvo excepciones - No debe apartarse con facilidad o ligeramente de los expedientes que están bajo su jurisdicción; tampoco debe aferrarse a ellos cuando existe causal de apartamiento.- Debe procurar su no inclusión en la nómina de testigos a los fines de alejar toda sospecha de presión moral o eventual parcialidad en la decisión judicial que se llegue a tomar.
Art. 5: Establecidas especialmente en orden a la sociedad: Debe obrar con convicción republicana, democrática y de respeto a los derechos fundamentales - En sus relaciones con la prensa y con el público, con respecto a los casos pendientes el juez: a) No debe anticipar contenido de las decisiones que adoptará; b) Debe evitar comentarios sobre un caso específico; c) Procurar que no trasciendan detalles de las causas en trámite; d) De ser necesaria explicación puntual, se hará a través de una comunicación escrita y en términos claros; e) En circunstancias excepcionales, a fin de esclarecer información equívoca o errónea fuese necesaria la comunicación verbal con la prensa, podrá referirse a la tarea judicial y al proceso en general o a sus etapas – Está prohibido participar en actos o reuniones de índole política partidaria - Tiene el deber de denunciar ante el Tribunal de Ética las violaciones al presente Código - Debe ser tolerante y respetuoso hacia los colegas que no coincidan con la solución adoptada y hacia las críticas ajustadas a derecho y a la ética que aquélla genere -Tiene prohibido utilizar el prestigio de su cargo para promover intereses privados ajenos a la función judicial.
Art. 6: Establecidos especialmente en orden al Poder Judicial: Debe conservar su despacho con orden y decoro conforme a investidura - Velar que funcionarios judiciales cumplan sus funciones con respeto y eficiencia - Tiene prohibido participar en actos o espectáculos, o concurrir a lugares, o reunirse con personas, que puedan afectar la credibilidad y el respeto propio de la función judicial - Debe observar hacia colegas, auxiliares de la Justicia y justiciables una actitud bien dispuesta y respetuosa - Debe cumplir sus funciones con eficiencia y diligencia - Debe colaborar dentro sus posibilidades con el Poder Judicial órganos administrativos del Poder Judicial - Debe proteger y conservar los bienes del Estado - Debe presentar declaración jurada de sus bienes - Debe procurar no adquirir de manera directa o por medio de terceros bienes en remate judicial realizado en la Provincia de Santa Fe - No integrar entidades que comprometan la dignidad del cargo o interfieran sus actividades judiciales – En caso su patrimonio resulte afectado por una medida judicial que restrinja su propiedad o disponibilidad, deberá comunicar al Tribunal de Ética, con mención expresa de las circunstancias que la provocaron, a fin de que el órgano evalúe la situación y, en su caso, fije plazo al juez para su levantamiento - En sus relaciones con la prensa y con el público en general, el juez puede: a) Con prudencia efectuar las aclaraciones indispensables o aconsejables, evitando polémicas; b) utilizar sus propias resoluciones firmes para fines pedagógicos o académicos, tomará precauciones para no afectar los derechos y la dignidad de las partes; c) Tiene prohibido participar en controversias públicas sobre casos en trámite, aunque éstos radiquen ante otros juzgados o tribunales - Deberá abstenerse de ejercer presiones destinadas a obtener promociones o designaciones judiciales.
Art. 7: Le corresponde evacuar por escrito las consultas que le formulen jueces y la Corte Suprema de Justicia, sobre la interpretación y aplicación de las normas contenidas en el presente Código, las respuestas tendrán el carácter reservado salvo que el interesado acepte o promueva su divulgación. Las respuestas del Consejo Consultivo no son vinculantes para quienes las promovieran.
Art. 8: Será presidido por un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, e integrado por un magistrado jubilado que no ejerza la profesión de escribano, abogado o procurador, y por un abogado jubilado que no ejerza su profesión.
Art. 9: La Corte Suprema reglamentará la forma de designación y la duración en sus funciones, las que serán ad honorem en todos los casos.
Art. 10: Se integra con un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que lo preside; un Magistrado jubilado que no ejerce la profesión de escribano, abogado o procurador, y un abogado jubilado que no ejerza la profesión.
Art. 11: La Corte Suprema reglamentará la forma de designación y la duración en sus funciones, las que serán ad honorem en todos los casos.
(Modif. Acta 40 punto 6 del 11.09.07)
Art. 12: Toda persona, miembro o no del Poder Judicial, podrá denunciar a un juez de la Provincia, por infracción a las normas contenidas en este Código. Se requerirá patrocinio de letrado. El denunciante no será parte en el procedimiento.
Art. 13: La denuncia se presentará ante el Presidente Corte Suprema de Justicia o el Presidente Cámara de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial que corresponda al lugar de asiento del órgano jurisdiccional al que pertenece el denunciado. Se remitirá de inmediato en sobre cerrado y con leyenda de que el contenido es personal y reservado al Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que preside el Tribunal de Ética.
Art.14: El Tribunal de Ética podrá desestimarla o disponer la apertura de una investigación preliminar. En caso de desestimación, remitirá las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia; la falta de pronunciamiento dentro del plazo de tres meses importará archivo de actuaciones. En caso se disponga abrir la investigación, ésta se desarrollará de acuerdo con los principios que hacen al debido proceso, quedando facultado el Tribunal de Ética para flexibilizarlo y orientarlo conforme a sus funciones propias.
Art. 15: La investigación preliminar concluirá con un dictamen del Tribunal de Ética en el que se dará o no por acreditada la infracción denunciada. Dicho dictamen se elevará -con las actuaciones respectivas- a la Corte Suprema de Justicia.
Art. 16: Cuando el hecho denunciado no sea significativo y sólo afecte al denunciante, éste puede desistir su pretensión ante el Tribunal de Ética o ante la Corte Suprema de Justicia, según el momento en que se produzca. El desistimiento no vincula al órgano, el cual resolverá acerca de la procedencia del mismo.
Art. 17: Recibidas las actuaciones provenientes del Tribunal de Ética, la Corte Suprema de Justicia podrá: a) aplicar llamada de atención o alguna de las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial; b) ordenar la apertura de un sumario administrativo; o c) promover el enjuiciamiento del denunciado.
Art. 18: Se aplicarán supletoriamente al proceso de responsabilidad ética las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida en que resulten compatibles con el mismo, a juicio del Tribunal de Ética.
Como se puede apreciar de los Códigos de Ética Judicial de la República del Perú, de Costa Roca, del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, y de la provincia de Santa Fe – República de la Argentina, se puede decir, que estos cuerpos legales contienen similitudes a saber:
En el aspecto legal, el contenido responde a un sistema jurídico vigente en el país y a un Estado de Derecho que se exterioriza al sometimiento de toda la comunidad a la fuerza de la norma como forma de convivencia y de resolver los conflictos, ese Estado de Derecho se muestra a través de un sistema, sea republicano o federal, pero cuyos rasgos sobresalientes es la división de poderes, la publicidad de los actos de los servidores públicos y la consiguiente responsabilidad que se asume por la función pública.
Los cuerpos legales analizados, también tienen una base política, entendida esta como la aspiración que se pretende con la regulación de la conducta del Juez, al establecer valores, principios, derechos y deberes esenciales y funcionales del juez en el ejercicio de su función, identificando ciertos atributos que debe reunir éste funcionario, así como de quienes le colaboran en su labor de administrador de justicia.
También cada uno de los Código de Ética Judicial analizados, tienen como base la dignidad humana, pues coinciden en el trato y respeto que se debe brindar al juez como tal, y el trato y respeto que éste debe tener para con sus superiores, con otros funcionarios públicos de los otros Poderes del Estado, con los funcionarios auxiliares o de apoyo, con las partes o sujetos procesales, abogados; no debe discriminar; de igual manera debe recibir un trato digno y respetuoso de parte de todos aquellos, para así mantener una buena relación que se oriente al respeto que se debe al Poder Judicial como institución, y el juez inspire autoridad en el lugar en que se encuentre.
Otra coincidencia existente es la referida a la base social, en el sentido de que la administración de justicia es un servicio a la sociedad, y es deber del Poder judicial transparentar sus actos a fin de que la sociedad esté bien y adecuadamente informada, cuidando la reserva legal, y el derecho a la intimidad de las partes, debe manejar con prudencia los criterios que debe emitir cuando se contacte con los medios de comunicación social.
Similares normas, contienen los referidos Código de Ética Judicial en cuanto a la base educativa, en el sentido de que el juez, debe estar capacitado para ejercer el cargo con idoneidad, y en el ejercicio de sus funciones debe recibir permanentemente actualización de sus conocimientos, dado el acelerado avance de la ciencia y de la tecnología que modifican comportamientos, y que como tal requieren ser analizados para estar acorde con el avance de la ciencia, su interpretación y proyección de la ciencia del derecho.
Una diferencia que se anota, es que los Códigos analizados no mencionan que el Juez dada su investidura y su responsabilidad, decoro y buena imagen que debe mostrar, deba recibir un salario justo; este aspecto dentro nuestro ordenamiento jurídico vigente es un derecho constitucional; y si bien los Códigos referidos enuncian la vida austera que debe tener el juez, esto no debe llevar a que se vulneren sus derechos sociales, sino que debe tener y llevar una vida digna acorde a su investidura.
Otra diferencia, que se recoge, es la referida a base cultural; pues si bien el Código de Ética Judicial de la provincia de Santa Fe de la República de la Argentina, que refiere que el juez no debe discriminar, esto regulación resulta general, y no refiere el respeto a las diferentes culturas y tradiciones de los pueblos para la forma de resolver los conflictos que se dan en el interior de cada nación o comunidad cultural. Este aspecto es, lo que por hoy en Bolivia nos tiene al borde de una crisis social, pues los pueblos indígenas están pidiendo el pleno respeto a su cultura.
Característica de los problemas éticos en los operadores de justicia en el departamento del Beni
Los operadores de justicia que prestan servicio en el departamento del Beni son 56, distribuidos de la siguiente manera: 23 en la capital del departamento (provincia Cercado), 15 en la provincia Vaca Diez, (9 en la ciudad de Riberalta y 6 en la ciudad de Guayaramerín) que son las ciudades con mayor población de la provincia; 6 en la provincia Yacuma, 2 en la provincia Ballivián, 2 en la provincia Iténez, 2 en la provincia Mamoré, y 1 en la provincia Moxos
2.1.1 Prevaricato
Está considerado como delito contra la función judicial y a este respecto el Art. 173 del Código Penal vigente establece: “El juez que en ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley será sancionado con reclusión de dos a cuatro años. Si como resultado del prevaricato en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le impusiere pena más grave que la justiciable o se aplicara ilegítimamente la detención preventiva, la pena será de reclusión de tres a ocho años. Lo dispuesto en el párrafo primero de éste artículo, es aplicable a los árbitros o amigables componedores o a quien desempeñare funciones análogas de decisión o resolución” (30)
2.1.2 Peculado
Está considerado como delito contra la función pública, y el Art. 142 del Código Penal a este respecto prevé: “El funcionario público que aprovechando del cargo se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de sesenta a doscientos días” (31)
Ahora bien, revisando las denuncias presentadas ante el Ministerio Público se pudo evidenciar que durante la gestión del año 2007 se presentó una denuncia por el delito de peculado y prevaricato en contra de un operador de justicia del departamento del Beni, denuncia que concluyó con sentencia condenatoria, resolución que fue impugnada por la parte interesada.
Durante el primer trimestre de la presente gestión 2008, se presentaron dos denuncias por el delito de prevaricato en contra de dos operadores de justicia de la capital, denuncias que a la fecha están en la investigación o etapa preparatoria
Del análisis de este tipo de delito, se puede deducir que en lo que va del primer semestre de la presente gestión 2008, con relación a lo sucedido en la gestión del año 2007, este tipo de conducta del funcionario judicial se incrementó en un cien por ciento, con la agravante que tiende a incrementarse en el resto de la gestión de no adoptarse medidas por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial para evitar se produzcan hechos como estos; mucho más, en la actualidad, en que para acceder a un cargo del Poder Judicial se lo hace por medio de un concurso de méritos y examen de oposición.
2.2 Faltas disciplinarias
Con la reforma a la Constitución Política del Estado el año 1994, emergió el órgano Administrativo y Disciplinario del Poder Judicial de Bolivia, promulgándose posteriormente la ley 1817 el 22 de diciembre del año 1997, que al margen de estructurar su naturaleza, ámbito, objeto de éste órgano, también señala la composición, forma de designación, responsabilidad, periodo de funciones, cesación y suspensión de los Consejeros de la Judicatura; de igual manera éste cuerpo legal, establece sus competencias y atribuciones en cuanto a las siguientes materias: De desarrollo y planificación - Económica y Financiera – De recursos humanos – De Infraestructura – Disciplinaria y de control – Reglamentaria y de coordinación e información.
Dentro el Régimen Disciplinario, esta ley en su Art. 37 estipula: “Todo funcionario judicial es responsable civil, penal y disciplinariamente por las acciones, u omisiones que obstaculicen el normal desenvolvimiento de las actividades del Poder Judicial o atenten a la correcta y oportuna administración de Justicia” (32); de esa manera, clasifica las faltas en que pueden incurrir, jueces, vocales, funcionarios administrativos y de apoyo al órgano jurisdiccional y que son como siguen:
2.2.1 Faltas muy graves
Cuando el juez existiendo causal no se excusare o continuara el trámite habiéndose probado la recusación – Tres excusas declaradas ilegales en un año, esta disposición fue declara inconstitucional y da lugar a la apertura de proceso disciplinario – Cuando actúe como abogado o apoderado salvo excepción – Cuando se retenga expedientes y no se dicte resoluciones en los plazos legales - Cuando se solicite dinero u otros beneficios para agilizar o retrasar procesos – Uso de influencias - Pérdida de competencia por tres veces en un año – Ausencia injustificada por 5 días - Faltar a la verdad respecto a declaración jurada de bienes e ingresos – Revelación de datos conocidos sobre los cuales debe guardar reserva – Abuso de poder – Delegación de funciones – Cuando exista sanción por dos faltas graves - Cuando se actúe sin competencia.
Ausencia injustificada por tres días – Acción disciplinaria no promovida a sus funcionarios cuando exista falta grave - Incumplimiento a resoluciones o acuerdos del Consejo de la Judicatura – Incumplimiento injustificado a instalación de audiencias – Suspensión de audiencia sin instalación previa – Demora en la admisión y tramitación de procesos – Incumplimiento de plazos procesales - Incumplimiento a notificación por parte de los funcionarios de apoyo – Asistir al trabajo en estado de ebriedad – Cuando exista sanción por dos faltas leves.
2.2.3 Faltas leves
Ausencia injustificada por dos días – Mal trato a los sujetos procesales.
Posterior a esta ley, y siempre en virtud a la atribución el Órgano Administrativo y Disciplinario del Poder Judicial emerge el Reglamento de Procesos Disciplinarios del Poder Judicial, el primero aprobado por acuerdo de Sala Plena Nº 32/2000, y el segundo aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo Nº 329/2006, que deja sin efecto al primero, y que señala el procedimiento que se debe seguir ante las denuncias que se presentan en contra de los funcionarios judiciales, con excepción de los Ministros, Magistrados y Consejeros de la Judicatura, quienes de acuerdo a lo previsto por el Párrafo II del Art. 37 de la Ley 1817, la responsabilidad disciplinaria de estos funcionarios jurisdiccionales será establecida por ley.
El último Reglamento vigente en la actualidad, además de las faltas antes señaladas en el Art. 19, incorpora otras como las Contravenciones Administrativas Disciplinarias que emergen de las acciones u omisiones o trasgresión a las normas que regulan la conducta del funcionario judicial, auxiliar del sistema judicial u otros que dependan administrativamente o disciplinariamente del Poder Judicial, previstas en disposiciones legales, orgánicas, generales especiales o reglamentos internos del Poder Judicial; asimismo, incorpora faltas por Infracciones menores, entendiendo a estas como la omisión a los deberes cotidianos del cargo, el incumplimiento a las órdenes superiores, o la falta de respeto entre funcionarios de una misma oficina u órgano, que no constituya falta muy grave, grave o leve; los mismos que por su irrelevancia no justifiquen la sustanciación de sumario disciplinario, pero ameritan un correctivo disciplinario.
Dentro ese marco, para efectuar el diagnóstico de la presente investigación se tomó en cuenta las denuncias presentadas por litigantes y abogados que intervienen en el proceso, sea en materia, civil, familiar, penal, administrativa – Social, así como de la labor administrativa durante la gestión del año 2007 y primer semestre de la gestión 2008, cuyos datos estadísticos fueron obtenidos de la Unidad del Régimen Disciplinario del Poder Judicial del Distrito Judicial del Beni con sede en la ciudad de Trinidad.
Los datos estadísticos obtenidos desde el punto de vista histórico lógico, de carácter cronológico no son suficientes; por que toman en cuenta únicamente un año y medio de gestión, razón por la cual el estudio de los mismos se centra en el análisis, razonamiento e interpretación y proyección que nos permite determinar y caracterizar lo que está sucediendo en el Distrito Judicial del Beni, sobre la base de números fríos; asimismo, nos permite conocer algunas pautas de aquello que eventualmente podría suceder hacia adelante, siempre y cuando todo lo demás permanezca constante o sufra variaciones con acciones tendentes a cambiar en el tiempo.
Consideradas las más perjudiciales en términos de relación causa – efecto y los litigantes y abogados causídicos refieren que afectaron negativamente en la tramitación de los procesos que se tramitan en los diferentes juzgados e instancias del Distrito Judicial del Beni.
En este concepto, se identifican por orden de frecuencia de la denuncia al numeral 4 del Art. 39 de la Ley del Consejo de la Judicatura que son: La retención de expedientes sin dictar las resoluciones respectivas; Numeral 6 del mismo cuerpo legal: Uso de influencia mediante órdenes o presiones de cualquier clase en el ejercicio de la función jurisdiccional en otro juzgado, Tribunal, Ministerio Público u otros órganos vinculados con la administración de justicia – y numeral 5: Cuando se solicite dinero o toda otra forma de beneficio al litigante, o se reciba los ofrecidos para agilizar o retardar los trámites.
Se las considera menos perjudiciales que las anteriores; pero que sin embargo, influyen en términos de efectos negativos a quienes se vieron afectados en sus procesos que se ventilan ante los tribunales, que conforman el Poder Judicial del departamento del Beni.
En éste grupo se identifican: Numeral 3 del Art. 40 de la citada Ley del Consejo de la Judicatura a saber:
El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Consejo de la Judicatura o la obstaculización de las inspecciones que realice; al numeral 7 del citado artículo referente a:
El incumplimiento de los plazos procesales; numeral 6 que dice: La demora injustificada en la admisión y tramitación de los procesos o la pérdida de competencia; numeral 5: Suspensión de audiencia sin instalación previa y finalmente está el numeral 8:
El incumplimiento por tres veces durante un año, por parte de los Secretarios, Auxiliares y Oficiales de Diligencias, de la obligación prevista por el Art. 135 del Código de Procedimiento Civil (notificación en tablero judicial los días martes y viernes).
Son infracciones que no incidieron de modo determinante en los procesos que se ventilan ante los diferentes Salas y Juzgados del Poder Judicial del Distrito del Beni; pero que sin embargo, obstaculizaron de alguna manera el normal desarrollo de los procesos, y dada la caracterización de estas faltas se las puede catalogar como las actitudes asumidas por los funcionarios judiciales al no concurrir a su fuente de trabajo, sin justificar su ausencia, y el maltrato que se le da al litigante y sus abogados.
Resumiendo y clasificando las denuncias presentadas durante el año 2007 y el primer semestre de la presente gestión tenemos:
Tabla 1. Denuncias presentadas en el distrito judicial del Beni durante el año 2007
Detalle nº total
1. Faltas muy graves 7
- Retención de procesos 7
Sin dictar Resoluciones
2. Faltas graves 23
- Ausencia injustificadas 3
- Incumplimiento de Resoluciones 3
- Incumplimiento de plazos procesales 3
- Demora en admitir y tramitar 2
- Suspensión de audiencia sin 1
- Incumplimiento de deberes 11
3. Faltas leves 2
- Ausencia injustificada por dos 1
- Mal trato 1
Tabla 2. Denuncias presentadas en el distrito judicial del Beni durante el primer semestre año 2008
1. Faltas muy graves 6
- Retención de proceso 3
- Cobro dinero 2
- Uso de influencia 1
2. Faltas graves 14
- Incumplimiento de Resoluciones 9
- Incumplimiento de plazos procesales 2
- Demora en admitir y tramitar 3
- Ausencia injustificada por dos 2
- Mal trato 3
Del análisis comparativo de lo ocurrido en el año 2007 con relación al primer semestre del año 2008, muestra que las faltas muy graves presentadas en el Distrito Judicial del Beni casi son similares en número de casos ( 6 a 7) lo que nos permite argumentar en términos relativos y subjetivos que se duplicarán en el año 2008, siempre y cuando la relación del número de causas que ingresen a las diferentes instancias del Poder Judicial en el Beni se mantengan, y que la institución rectora de la administración de justicia no tome algún tipo de medida para mejorar esta situación.
En caso, el número de causa se incremente, también bajo el supuesto de que la institución encargada de la administración de justicia no aplique medidas para capacitar y concienciar al personal bajo su jurisdicción, se puede suponer que el número de faltas muy graves sufriría un incremento que con seguridad redundará en la falta de credibilidad y confianza en el Poder Judicial.
Si durante el año 2007, las faltas graves fueron de 23 casos y el primer semestre del año 2008 alcanzan a 14, la relación comparativa entre ambos periodos puede resultar equilibrada, en términos que su incremento relativo para el periodo 2008, en su totalidad no debería ser muy significativo, siempre y cuando el número de causas que ingresen al Poder Judicial permanezca constante.
La diferencia entre al año 2007 y el primer semestre del año 2008 en términos de media aritmética para el año base, es de 11.5. y 14 casos; es decir, 2.5 casos más que el primer semestre del año 2007.- Si el número de causas que ingresen al Poder Judicial en la gestión 2008, es superior al del año 2007, es posible asumir que el número de faltas muy graves podría sufrir un incremento relativo.
En relación con las faltas muy leves, ocurridas en el Poder Judicial el año 2007, comparativamente con el primer semestre del presente año 2008, muestra que el incremento ocurrido en el primer semestre del año 2008, es de 150 %; es decir, 2 a 5, datos que permiten afirmar que su incremento en este aspecto es muy significativo, en base al número de causas ingresadas en esos periodos.
Si la tendencia se mantiene en términos relativos y constantes, se puede asumir que en la gestión 2008, las faltas leves pueden llegar a duplicarse hasta llegar al número de 10, lo que en términos porcentuales significarían un incremento del 400%, y de ser así, se considera muy elevado para este tipo de faltas en el Poder Judicial que debe mostrar no solo buena imagen, sino credibilidad, y respeto a los justiciables, abogados, y que además el funcionario a tiempo de asumir funciones o el cargo, debe hacerlo pensando en el compromiso con la institución, de hacerla cada día más respetada y confiable.
Si el número de causas que ingresan al Poder Judicial en el departamento del Beni en el año 2008, es superior al del año anterior, puede ocurrir que el incremento de faltas leves será aún más significativo.
2.3 Análisis de los resultados de las entrevistas y encuesta
Entrevista a Vocales de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni y jueces de la capital del departamento del Beni
Se entrevistó a 4 de los siete Vocales del Distrito Judicial del Beni, que representan el 58 %; la reunión de todos ellos conforman la sala Plena que se constituye en la máxima instancia del Poder Judicial del departamento del Beni, tiene un Presidente que la preside; luego y están organizados en sala y por materia; 3 Vocales conforman la Sala Civil que atiende materia civil, familia y del niño, niña y adolescente, 2 conforman la Sala Penal, y 2 la Sala Social y Administrativa que atienden materia laboral, social, tributaria - fiscal.
También se entrevistó a 12 Jueces de la capital de los 23 que son en total, y que representan el 52%, y que están distribuidos de la siguiente manera: En el área civil son 10 que comprende materia civil, familia y niño niña y adolescente, 9 en materia penal, 3 en material social – laboral y administrativa, y 1 en materia agraria.
Las preguntas estuvieron estrictamente dirigidas a obtener el pensamiento y criterio de cada uno de ellos sobre el tema de investigación “Bases para elaborar un Código de Ética Judicial” y fueron las siguientes:
¿Considera usted necesario contar con bases epistemológicas para elaborar para elaborar un Código de Ética Judicial para la República de Bolivia? Si - no - porque?
¿Considera usted importante contar con un Código de Ética Judicial?, si – no - porque?
¿En su criterio que efecto produciría contar con una Código de Ética Judicial?
Las respuestas más importantes de la entrevista a Vocales y jueces muestran los siguientes resultados:
a).- En cuanto a la primera pregunta del total de los Vocales entrevistados, todos expresaron que es necesario contar con bases sobre las cuales se debe partir para elaborar un Código de Ética Judicial para la República de Bolivia, porque ello implica contar con un cimiento, sólido y firme bien fundamentados sobre el cual se debe construir la estructura de un Código de Ética Judicial. (Anexo 6)
En el caso de los jueces, la respuesta no fue coincidente, el 80 % de los entrevistados expresó que si están de acuerdo, y el 20 % dijo que no; los que respondieron afirmativamente manifestaron que es necesario tener puntos de partidas para elaborar un cuerpo legal, y así no divagar; en el casos de aquellos jueces que opinan que no es necesario, porque la comisión encargada de elaborar un Código tienen que conocer el criterio de los otros profesionales, y a partir de ello delinear estrategias y estructurar el contenido del Código. (Anexo 6)
b).- En cuanto a la segunda pregunta, el total de los Vocales respondió que Un Código de Ética Judicial es importante, porque significa modernizar al Poder Judicial y ponerlo a la altura de otros países que ya cuentan con este instrumento legal, y además porque contribuiría a disminuir las faltas ocurridas en el Poder Judicial.(Anexo 7)
En el caso de los jueces, el 80 % dijeron que es importante contar con un Código de Ética Judicial, porque ese cuerpo legal contendría valores y principios éticos que ayudarían a comprender mejor la misión que se tiene de administrar justicia; el 20 % dijo que no es importante porque consideran que el Juez aplicando e interpretando estrictamente las normas legales se podría mejorar la imagen del Poder Judicial (Anexo 7).
c).- Con elación a la tercera pregunta los Vocales de la Corte Superior de Distrito señalaron que un Código de Ética Judicial produciría un efecto positivo para la justicia y la sociedad boliviana, porque mejoraría el servicio, y sobre todo el Poder Judicial se lo haría más creíble y confiable. (Anexo 8)
Por su parte los jueces señalan en un 90% que uno de los efectos que produciría un Código de Ética Judicial, es que el comportamiento del juez estaría garantizando una justicia independiente, imparcial, responsable, objetiva y sobre todo eficiente; el 10 % señaló que sería positivo siempre y cuando se apliquen las normas de ese cuerpo legal y no exista injerencia de ninguna naturaleza. (Anexo 8)
Entrevista realizada a los abogados en el ejercicio libre de la profesión.
De un total de 306 abogado activos en el ejercicio de la profesión, se entrevistó a 32; es decir, el 10%, todos con sede en la ciudad de Trinidad.
Las preguntas realizadas estuvieron dirigidas a conocer los criterios de los Abogados en el ejercicio libre de la profesión que día a día acuden a los estrados judiciales de la capital; y las preguntas formuladas fueron las siguientes:
¿Considera usted que existe injerencia en la administración de Justicia? Si – no; si su respuesta es positiva ¿podría señalar que tipo de injerencia usted observa?
¿Usted Considera que los administradores de Justicia son profesionales probos e idóneos para ejercer el cargo?. Si – no - ¿porque?
¿En su criterio, considera suficiente a las normas vigentes que regulan el comportamiento de los administradores de justicia, o será necesario contar con un Código de Ética Judicial que oriente el comportamiento de los funcionarios judiciales?
Los resultados obtenidos de la entrevista en cuanto a la primera pregunta, muestran cierta disparidad bien acentuada en los criterios vertidos, ya que el 59% manifestó que sí, por factores políticos, económicos y de padrinazgos
El 11 % dijo que sí, porque han escuchado a través de comentarios de otros colegas y usuarios del servicio; sin embargo, recalcaron a través de un refrán que si el río suena es porque piedras trae, pero que dado su poca experiencia profesional que tienen, no han constatado esa situación en carne propia; y porque además, no han tenido caso relevantes que ventilar ante los estrados judiciales.
El 30 % dijo que no conocen porque a ellos nunca les había ocurrido, y creen en la justicia que se imparte en el departamento del Beni (Anexo 9)
Las respuestas obtenidas de la segunda pregunta, muestran que el 52% de los abogados entrevistados, no consideran probos e idóneos a los administradores de justicia, porque han sido puestos políticamente, o mediante concurso de méritos amañados, y en otros casos, han sido puestos en el cargo por influencia de parentela de funcionarios públicos influyentes en el Gobierno Nacional, Departamental o local; también se nota su falta de probidad cuando no fundamentan sus fallos para conocer cuál fue la razón de resolver el caso de manera que lo hicieron.
El 28 % manifestó que sí, porque los actuales jueces reciben periódicamente actualización permanente por parte del Instituto de la Judicatura, y han tenido una formación ética y profesional sólida y que la muestran en el ejercicio de sus funciones porque actúan con idoneidad y total imparcialidad y hacen una excelente interpretación de las leyes vigentes.
El 20 % señaló que los actuales jueces tienen una regular eficiencia en cuanto a la interpretación de las normas jurídicas, pero mantienen la esperanza de que esa situación mejore siempre y cuanto los jueces sean personas íntegras en el ejercicio de sus funciones y no permitan injerencia en su labor de ningún tipo. (Anexo 10)
Al ser consultados sobre la tercera pregunta de la entrevista el 92 % mantienen que no son suficientes y que es necesario contar un cuerpo legal especial que regule el comportamiento de los Magistrados, Ministros, Vocales y Jueces; y señalaron que las normas vigentes son generales y no específicas.
El 8% dijo que le da lo mismo, porque su aplicación en la mayoría de los casos no se cumpliría y más bien es necesario, capacitar y actualizar en forma permanente a los funcionarios judiciales. (Anexo 11)
Encuesta litigantes o usuarios del servicio de la administración de justicia.
Para la muestra se tomó como punto de partida el número de causas ingresadas a los diferentes tribunales y juzgados de la capital del departamento del Beni que en total fue de 5.652 causas durante la gestión del año 2007, la muestra fue del 3%, es decir 169 personas, pero que sirvió para conocer el pensamiento de los justiciables respecto a la administración de justicia.
El tipo de preguntas para estas personas se la hizo de manera sencilla, tomando en cuenta la diversidad de personas que acuden al Poder Judicial en busca de justicia, destacando que la mayoría de las personas encuestadas son las que aún tienen pendientes sus causas de resolución, y las preguntas fueron directas y abiertas y son como siguen:
¿Cómo considera usted a la administración de justicia? Confiable – Poco confiable – No confiable, y ¿por qué?
¿Considera usted que se administra justicia con imparcialidad?
¿Cómo considera el trato que recibe de los funcionarios judiciales? Bueno – Malo – Regular
A la primera pregunta: el 58 % manifestó que no es confiable, por la corrupción existente, y la injerencia política.
El 15 % señaló que la administración de justicia es poco confiable argumentado también lo actos de corrupción y la injerencia que se da al resolver los conflictos.
Solo el 27 % señaló que la administración de justicia es confiable porque consideran que los administradores de justicia en la actualidad apliquen bien la ley. (Anexo 12)
En el caso de la segunda pregunta el 55 % dijo que no, señalando que existe mucha influencia sobre los jueces.
El 45 % dijo que sí, porque a pesar de los comentarios negativos que existen en contra los jueces y los funcionarios judiciales en general, hay funcionarios que asumen su misión de ser imparciales y son correcto e íntegros. (Anexo 12)
Con respecto a la tercer pregunta, el 50 % dijo que es malo porque no reciben la orientación que deben recibir; el 20 % señaló de regular el trato porque los funcionarios no les atienden como deben, y sobre todo que los hacen ir y venir, y perder el tiempo, no son puntuales para entregarles lo que piden, Y el 30 % ponderó el trabajo de los funcionarios judiciales, porque los reciben con ese calor humano que se necesita en momentos de aflicción. (Anexo 13)
El análisis de los problemas que ocurren por falta de la fundamentación epistemológica de un código de ética para los administradores de la justicia se convirtió en el punto de partida para la propuesta que se realiza en el capítulo siguiente.
Bases epistemológicas para elaborar un Código De Ética Judicial para la República De Bolivia
Que, respete el Estado de Derecho y la institucionalidad del Poder Judicial en Bolivia como principios fundamentales de la convivencia social, debiendo los funcionarios judiciales ejercer el cargo con pleno respeto a las normas vigentes en el país, adoptando conductas coherentes con los valores y principios fundamentales proclamados por la Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales y otras normas, y con los valores propios del ejercicio del cargo que ejercen.
Que reconozca a la administración de Justicia, es un servicio que presta el Estado a la sociedad y ésta es la destinataria natural de la actividad del poder Judicial.
3.3 Base política
Que proclame la independencia del Poder Judicial a través del comportamiento de los funcionarios judiciales sean jurisdiccionales, administrativos o de apoyo al órgano jurisdiccional, quienes deben actuar con independencia de factores internos y externos, y rechazando injerencias de cualquier naturaleza, aplicando e interpretando la norma jurídica aplicable a cada caso con justicia y equidad.
3.4 Base económica
Que, consolide la autonomía económica del Poder Judicial proclamada constitucionalmente, reconociendo salarios dignos al funcionario judicial, de esa manera se contribuirá a que los funcionarios judiciales mantengan impecable su deber de buena imagen y decoro, viviendo con dignidad de acuerdo a la investidura y responsabilidad que ostentan.
3.5 Base humana
Que, considere al operador de justicia como ser humano, dotado de dignidad que es un valor universal, y que a partir de ese principio primero y fundamental, el funcionario judicial debe ser respetado y respetar a los demás y por el respeto a su dignidad debe rechazar cualquier manipulación que tienda a influir en el modo de actuar y resolver los procesos.
3.6 Base Cultural
Que, reconozca y respete el funcionario judicial la diversidad de culturas existentes en la República de Bolivia, y además que éste servidor tienda a cultivar su intelectualidad para mostrar eficiencia en su labor.
3.7 Base educativa
Que, reconozca el derecho – deber que tiene el funcionario judicial de estar actualizado para ejercer el cargo con idoneidad y como único medio del Poder Judicial de prestar un servicio de excelencia a la sociedad.
3.8 Base coercitiva
Que contemple sanciones para aquellas inconductas de los operadores de justicia que incumplan sus deberes esenciales contemplados en el Código de Ética Judicial, Sanciones que deben ser establecidas de manera clara e impuesta luego de un debido transparente y justo.
De la revisión documental y de las entrevistas a vocales de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, jueces de la capital del departamento del Beni, y abogados en el ejercicio libre de la profesión en la capital del departamento del Beni se evidencia la necesidad de contar con bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial para la República de Bolivia.
Que, sobre bases sólidas fundamentadas desde la ciencia jurídica, se pueda llegar a estructurar de manera integral un Código de Ética Judicial, cuerpo legal, de suma importancia para orientar y regular el comportamiento de los funcionarios judiciales, en especial de los funcionarios jurisdiccionales que tienen a su cargo resolver los conflictos y controversias que se presentan al Poder Judicial.
Que para la justicia boliviana, es importante contar con bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial, que se constituya en un instrumento legal adicional que respalde el comportamiento de los funcionarios judiciales, y contribuya a fortalecer y mejorar la administración de justicia, garantizando la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Que, Bolivia al contar con bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial, modernizaría la administración de justicia y se inscribiría en el grupo de países que ya cuentan con éste cuerpo legal.
Que, al contar con bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial, podría disminuir la injerencia política, económica, de padrinazgo o de cualquier otra naturaleza, y permitiría implementar un modelo social de justicia de excelencia al servicio de la sociedad.
Recomienda a la Corte Suprema de justicia de la República de Bolivia, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Bolivia, propiciar Seminarios y/o Talleres para tratar bases epistemológicas para elaborar un Código de Ética Judicial, en los cuales se tome en cuenta como un aporte teórico - práctico las bases epistemológicas motivo del presente trabajo de investigación científica.
Que, el presente trabajo de investigación, como documento público sirva como material de consulta para futuras investigaciones sobre la temática abordada.
Que, el presente trabajo de investigación sirva para orientar y concienciar a los funcionarios judiciales en su labor de servicio a la sociedad.
Sea socializado y se utilicen los fundamentos teóricos del Código Iberoamericana de Ética Judicial, y las base epistemológicas desarrolladas en la presente investigación, para que su adscripción y aplicación sea una realidad.
ALVAREZ DE BENITO, PEDRO FELIX; “Filosofía del derecho”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre - Bolivia, año 2006
ALVAREZ DE ZAYAS, CARLOS M. – SIERRA LOMBRDIA, VIRGINIA, “Metodología de la Investigación científica”, impreso en Talleres Gráficos KIPUS. Cochabamba Bolivia, 3ra. Edición, 2001.
ALVAREZ DE ZAYAS, RITA MARINA; “Metodología del aprendizaje y la enseñanza”, impreso en Talleres Gráficos KIPUS. Cochabamba – Bolivia, 2002.
BALERDI MUGICA, JOSÉ MANUEL; “Gestión del Despacho”, Instituto de la Judicatura, Maestría
BOROWSKI, MARTIN, “La estructura de los derechos fundamentales”, (traducción de Carlos Bernal Pulido, primera edición, editado por el Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia- 2003.
CAJIAS J: HUASCAR; “La constitución Política del Estado – Comentario Critico”, 2da edición, revisada y ampliada, Editado por fundación. Konrad Adenauer, Editorial KIPUS – Cochabamba Bolivia – 2003.
CASTELLANO TRIGO, GONZALO, “Estructura y fundamentación de Resoluciones judiciales”, Instituto de la Judicatura, Sucre Bolivia., 2007.
CASTELLON PRADO, JUAN JOSE, “Etica y Responsabilidad del Profesional Abogado en Bolivia”, primera edición, Ed. KIPUS, Cochabamba –Bolivia – 2001, Pag. 57.
CASTELLON PRADO, JUAN JOSE, “Etica y Responsabilidad del Profesional Abogado en Bolivia”, primera edición, Ed. KIPUS, Cochabamba –Bolivia – 2001.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Megalito, La Paz Bolivia, Pag. 33
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Megalito, La Paz Bolivia, Pag. 28.
CODIGO MODELO IBEROAMERICANO DE ETICIA JUDICIAL, Corte Suprema de Justicia de México, primera edición, agosto 2006.
CODIGO MODELO IBEROAMERICANO DE ETICIA JUDICIAL, Pag. 7
COLLADO MUÑO, MIGUEL JULIAN, “Argumentación Jurídica”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre-Bolivia, 2007, Pag. 91
COLLADO MUÑO, MIGUEL JULIAN, “Argumentación Jurídica”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre-Bolivia, 2007.
DECKER MORALES, JOSE; “Código de Procedimiento Civil – Comentarios y Concordancias”. Corregida y aumentada. Cochabamba – Bolivia 2001. Pag. 131
DECKER MORALES, JOSE; “Código de Procedimiento Civil – Comentarios y Concordancias”. Corregida y aumentada. Cochabamba – Bolivia 2001. Pag. 131.
en Administración de Justicia, Sucre - Bolivia, año 2006.
ENCICLOPEDIA JURIDICA ENCICLOPEDIA JURIDICA, Pag. 259
ESCOBAR H. VICTOR HUGO, “Justicia Ordinaria Vs. Justicia Constitucional” Primera Edición Impresión Quality SRL, Italia, 2004.
FIORAVANTI, MAURIZIO; “Los derechos Fundamentales”, (traducción Manuel Martínez Neira), Ed.
TROTA S.A., Sagasti – Madrid, 1996
GARCIA , RAMON – PELAYO GROS; “Pequeño Larousse Ilustrado” Pag. 604.
GARCIA, RAMON – PELAYO GROS; “Pequeño Larousse Ilustrado” Ediciones Larousse, Editorial Printer, Colombia- 1991.
GONZALEZ ALPIRE, DAVID, Ensayo – Exposición y comentario “Atributos de un juez”, impreso en Bolivia , imprenta Atlantida, Santa Cruz – Bolivia , 2001, Pag. 52
GONZALEZ ALPIRE, DAVID, Ensayo – Exposición y comentario “Atributos de un juez” ,impreso en Bolivia, imprenta Atlántida, Santa Cruz – Bolivia, 2001
Ibídem 4 Pag. 262-263
Ibídem 4, Pag. 652
Ibídem: 1 Pag. 65 – 66.
Ibídem: 1, Pag. 65
Ibídem: 1, 11.
Ibídem: 18, Pag.. 55 – 56.
Ibídem: 21, Pag. 7
Ibídem: 21, Pag. 8
Ibídem: 3, Pág. 192
Ibídem: 30, Pag. 28.
Ibídem: 4, Pag. 94
Ibídem: 6, Pag. 361
Ibidem: 6, Pag. 93
Ibídem:18, Pag. 66
Ibídem:6. Pag. 83
Ibídem; 3. Pág.. 149.
IRIARTE, GREGORIO; “Análisis crítico de la realidad”, Impreso en Talleres Gráficos Colorgraf Rodríguez, Cochabamba Bolivia, mayo 2000.
LOPEZ MEDINA, DIEGO EDUARDO, “Interpretación Constitucional”, Programa de capacitación y actualización permanente, Instituto de la Judicatura, Sucre – Bolivia 2003.
LOPEZ MEDINA, DIEGO EDUARDO, “La Interpretación Constitucional”, Programa de capacitación y actualización permanente, Instituto de la Judicatura, Sucre – Bolivia 2003. Pag. 77.
MARCO COS, JOSE MANUEL “Dirección del proceso”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre - Bolivia, año 2007.
MOSCOSO DELGADO, JAIME, “Introducción al Derecho”, Ed. Juventud, sexta edición, La Paz, Bolivia, 2000.
ORDOÑEZ SOLIS, DAVID; “Derechos Humanos”, Instituto de la Judicatura, Sucre – Bolivia,
OSORIO, MANUEL, “ Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliaca S.R.L. . Buenos Aires Argentina, 1998.
OSORIO, MANUEL; Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales, Pag. 61
PEREZ DEL VALLE, CARLOS, “Valoración de la prueba”, Instituto de la Judicatura, Sucre-Bolivia, año 2007.
QUIROZ QUISPE, JORGE WILDER, “Constitución Política del Estado, y sus reformas Comentadas”, La Paz – Bolivia - 2005.
QUIROZ QUISPE, JORGE WIOLDER, Constitución Política del Estado, y sus reformas Comentadas, año 2005, Pag . 65.
RICCIARDI, RAMON y HURAULT, “La Biblia - Latinoamericana”, Ediciones Paulinas – Madrid, 1998, Pag. 183.
RICCIARDI, RAMON y HURAULT, “La Biblia”, Ediciones Paulinas – Madrid, 1998.
RIVERA SANTIVAÑEZ, JOSE ANTONIO; “Tutela de derechos y Garantías Constitucionales”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre - Bolivia, año 2007.
ROJAS POL, ROSMY; “Medios alternativos de resolución de Conflictos – La Mediación”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre - Bolivia, año 2007.
ROMA, PEPA, “Jaque a la Globalización”, Publicada por Grijalbo Mondadori, Taller Milanostampa, Farigliano, Italia, 2001.
SAAVEDRA, ABDON, “Ley de Organización Judicial” UPS Editorial, La Paz – Bolivia, Julio 2007, Pag. 3.
SAAVEDRA, ABDON, “Ley de Organización Judicial” UPS Editorial, La Paz – Bolivia, Julio 2007.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, “La justicia Constitucional en Bolivia 1998 – 2003”, Impreso en Talleres Gráficos KIPUS, Bolivia – 2003.
TRIGO GUZMAN; HUMBERTO, VELASCO CRONONBOLD, FEDERICO, “Etica del Abogado”, Imprenta Fabel, Cochabamba Bolivia, 2004.
VALCALCEL IZQUIERDO NORBERTO; “Ética e Investigación Jurídica”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre - Bolivia, año 2006. Pag. 63.
VALCALCEL IZQUIERDO NORBERTO; “Ética e Investigación Jurídica”, Instituto de la Judicatura, Maestría en Administración de Justicia, Sucre - Bolivia, año 2006.
VALDIVIA, LIMPIAS, MARIA CRISTINA, “Filosofía del Derecho”, editado en Santa Cruz, Centro de publicaciones UPSA, año 2000. Pag.188
VALDIVIA, LIMPIAS, MARIA CRISTINA, “Filosofía del Derecho”, editado en Santa Cruz, Centro de publicaciones UPSA, año 2000.

References: in fine
in fine

Artículo 39
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución