Source: http://www.legislaw.com.ar/juris/cncc1998.htm
Timestamp: 2018-01-17 18:16:46+00:00

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ACCION CIVIL. Trámite en sede penal. Caducidad de instancia.
Fallos año 1998
La inactividad del actor civil durante los plazos que fija la ley ritual aplicable, Código Procesal Civil y Comercial, lleva a declarar la caducidad de instancia de la acción civil instaurada en la causa, art. 310, código citado. (*)
c. 7.898, BERETTA, Alberto O.
Rta: 12/2/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 27.394, "Szerman, Eduardo y otros", rta. 28/6/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/96, pág. 21.
ACCION CIVIL. MEDIACION PENAL: Excepción respecto de causas penales. QUERELLANTE. Improcedencia.
No corresponde imponer a la parte querellante el deber de cumplir con las formalidades establecidas por la ley 24.573 pues, si bien la citada norma impone la mediación previa a todo juicio, este deber no es absoluto ya que en el art. 2 se han previsto excepciones, entre las que se encuentran las causas penales, que deben instruirse conforme las reglas del Código Procesal Penal, entre las que resultan aplicables al caso las previstas en los arts. 415 y 418, inc. 5°, que facultan al querellante por delitos de acción privada a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Por lo tanto, el instituto de la mediación previa obligatoria es incompatible con la función de parte querellante, teniendo en cuenta que conforme lo dispuesto en el último párrafo del art. 1097, C.C., todo convenio sobre el pago de los daños extingue la calidad de querellante.
C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Bonorino Peró-
c. 8.001, CASTRO, Juan A.
Rta: 24/3/98.-
ACTOS PROCESALES. Reservados al Juez. No delegables en el Ministerio Fiscal.
La ley ritual reserva al juez en forma excluyente, actos del sumario tales como el llamado y recepción de la declaración indagatoria, y el dictado de los autos de procesamiento y de elevación a juicio, los que no resultan delegables al Ministerio Fiscal aun cuando se ejerciera la opción prevista en el art. 196, C.P.P., por lo que el magistrado conserva la posibilidad de dirigir la pesquisa en lo que atañe a las diligencias trascendentales. (*)
c. 8.134, P. A., R.
Rta: 5/2/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 7.550, "Schajris, A.", rta. 13/11/97.
ARMA. NUMERACION ALTERADA: Tenencia o uso. Art. 289, C.P., texto según ley 24.721.
La actual redacción del art. 289, C.P., texto según ley 24.721, ha dejado fuera del tipo penal la tenencia o uso de armas con conocimiento de su numeración alterada, falsificada o suprimida.
C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Barbarosch, Gerome-
c. 8.394, CUBAS, Facundo
Rta: 19/3/98.-
AUTO DE PROCESAMIENTO. Elementos de convicción suficientes.
En nuestro régimen procesal, la sospecha únicamente puede deparar el llamado a indagatoria, art. 294, C.P.P., mientras que el auto de procesamiento exige elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho y la culpabilidad, art. 306, C.P.P., suficiencia que si no alcanzan las probanzas causídicas, obliga a revocar el auto que decreta el procesamiento de los imputados.
c. 8.361, RIAL, Sonia
Rta: 17/3/98.-
CHEQUE. Fecha posdatada.
En los supuestos en que la fecha del cheque (que era la contraprestación de la operación comercial) resulte posdatada, debe hipotéticamente encuadrarse el hecho en el art. 302, C.P. (*)
c. 8.129, RUIZ, Oscar R. y otros
Rta: 19/2/98.-
Se citó: (*) C.S.J.N., C 18 XXX, "Montovi, Alberto H. s/o Perrotta, Alicia E.", rta: 30/4/96.
COMPETENCIA. Adulteración del D.N.I. y posterior estafa. Conductas escindibles.
Corresponde que continúe entendiendo respecto del delito de estafa la justicia ordinaria pues las conductas investigadas, la adulteración del Documento Nacional de Identidad y la posterior estafa son perfectamente escindibles y atento al carácter excepcional que tiene la intervención de la justicia federal.
C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna-
c. 8.508, MAYO, Marcos
Rta: 20/3/98.-
COMPETENCIA. Cobro de cheques fuera del ámbito de la Capital.
Si bien la presentación al cobro de alguno de los cheques ocurriera fuera del ámbito capitalino, a fin de evitar un inútil y excesivo dispendio jurisdiccional, corresponde que continúe interviniendo en las presentes actuaciones el juez del lugar donde se cometieron la mayor parte de los hechos y que dieran lugar al proceso.
C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Piombo, Ouviña, Bonorino Peró-
c. 7.823, DI BLASIO, Carlos
Rta: 23/2/98.-
COMPETENCIA. Generalidades.
Toda declaratoria de competencia debe ser precedida de una mínima investigación que le dé sustento, evitando así que la misma devenga prematura.
C.N.Crim. Sala V (Int.) -Navarro, Filozof, González Palazzo-
c. 8.422, N.N.
Rta: 2/3/98.-
Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 8.548, "N.N./Correo Argentino S.A.", rta. 23/3/98.
COMPETENCIA. Justicia en lo Penal Económico.
Cuando el cheque, materia de la maniobra ilícita, no ha sido determinante de la contraprestación, sea porque tiene fecha postdatada o bien porque se otorgó tiempo después, el suceso resulta "prima facie" encuadrable en el art. 302, C.P., por lo que debe declinarse la competencia en favor de la Justicia en lo Penal Económico.
c. 7.830, LARRABURU, Jorge A.
COMPETENCIA. GENERALIDADES: Investigación previa.
Las declaraciones de incompetencia deben encontrarse precedidas de la correspondiente investigación que les otorgue sustento, circunstancia que si no se advierte en el legajo obliga a seguir conociendo al magistrado instructor.
c. 8.543, SALLABERRI, María J.
Rta: 31/3/98.-
COMPETENCIA. LEY 24.270: Intervención de la Justicia de Menores.
El impedimento de contacto con alguno de sus progenitores coloca a los menores en un virtual estado de abandono, tanto moral como material, que en mérito a las previsiones del art. 29, inc. 3°, C.P.P. torna procedente la intervención del juzgado de la especialidad.
c. 8.414, SUAREZ, Justiniano J.
Rta: 26/3/98.-
DECLARACION INDAGATORIA. Invalidez de los escritos agregados.
Carece de valor probatorio el escrito presentado por el imputado, pues son inválidos los escritos agregados a la declaración indagatoria, atento a que dicha declaración tiene un carácter personalísimo y debe consistir en expresiones vertidas exclusivamente por la persona enjuiciada. (*)
C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-
c. 8.392, METER, Efraín
Rta: 5/3/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 5.657, "Contreras, Rolando y otros", rta: 7/10/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/96, pág. 59 y c. 5.918, "Marti, Norberto", rta: 15/11/96.
DECLARACION INDAGATORIA. Suspensión del acto. Validez.
Si bien el imputado al momento de prestar declaración indagatoria solicitó la suspensión del acto atento al cansancio que lo agobió en aquel momento, lo cierto es que a continuación se dio por finalizado el mismo, razón por la cual, el imputado prestó dicha declaración, y es así que no puede prosperar el planteo de nulidad introducido.
C.N.Crim. Sala de Feria "A" (Int.) -Tozzini, Rivarola-
c. 102, DOMINGUEZ, Alberto
Rta: 8/1/98.-
DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD: Información sobre el hecho atribuido.
La mera referencia en el acto de indagatoria al "accidente de tránsito ocurrido" en la fecha y lugar que se señala, no satisface las exigencias del art. 298, C.P.P., que impone al Juez informar "detalladamente" al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, pues aunque de todos modos brindara explicaciones sobre el suceso acaecido, aquél desconoce exactamente el alcance de la conducta delictiva que se le adjudica, lo que obstaculiza el derecho para defenderse de la imputación, que permanece ignota cualquiera resulte su interpretación. En tales condiciones el derecho de defensa y la garantía del debido proceso (art. 18, C.N.) se encuentran afectados, correspondiendo la nulificación de la declaración indagatoria recibida y de todos los actos consecutivos.
C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Piombo, Ouviña-
c. 7.868, CISNEROS, Andrés A.
Rta: 26/2/98.-
DEFENSOR. Vista de las actuaciones.
Conforme lo establece el art. 204, C.P.P. al vedar el examen de las actuaciones a las partes y a sus defensores hasta que se rinda la indagatoria, se preserva el éxito de la investigación. (*)
En consecuencia, la efectiva labor de la defensa no puede iniciarse hasta la convocatoria a dicho acto, no violando la decisión contraria derecho alguno.
c. 8.181, FALOTTICO, Adriana
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 1.730, "Soncin de Paez", rta: 5/7/94.
Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 8.029, "Rosales, José N.", rta: 19/12/97.
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Competencia. QUERELLA. Legitimación para apelar el rechazo de ser tenido por parte querellante.
El delito de administración fraudulenta, art. 173, inc. 7°, C.P. debe estimarse cometido en el lugar donde se habría ejecutado el acto infiel y, de no conocerse el lugar, debe presumirse que se llevó a cabo en el domicilio de la administración. (*)
La posibilidad de apelar el auto que resuelve acerca de la pretensión de ser tenido por parte querellante, art. 84, C.P.P., está reservada exclusivamente a "aquél cuya pretensión de legitimación es rechazada, no así al imputado o su defensor, quienes para obtener su separación gozan del art. 339, inc. 2°, C.P.P. (**)
c. 8.081, ISSA, Carlos S.; CARENA, Bartolomé L. y otros
Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 308:1372; 310:2235; 313:655; 314:283, 1513; (**) Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto, R., "Código Procesal Penal de la Nación", Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1996, T. I, pág. 229; D’Albora, Francisco J., "Código Procesal de la Nación", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 106.
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Configuración.
Encuadra en la defraudación por infidelidad descripta en el art. 173, inc. 7°, C.P., la conducta de quien no utiliza el dinero entregado con el fin de asegurar la concertación de una compraventa, sin realizar ninguna de las gestiones propias del negocio encomendado y se apropia de dichos dineros.
C.N.Crim. Sala V (Int.) -Navarro, González Palazzo, Filozof-
c. 7.452, VILLA, Enrique
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Tarjeta de crédito: falsificación de cupones.
Incurre en el delito de administración fraudulenta el encargado del local comercial quien confecciona a mano los formularios con el propósito de disfrazar las ventas al contado por otras a crédito y distraer los fondos de aquellas ventas, de lo que deriva el no ingreso a caja del dinero en efectivo que recibiera, faltante que se documentó como ventas a crédito y no al contado.
No configura el delito de falsificación de instrumentos privados la falsedad de los cupones de compras con tarjetas, pues tales documentos son privados sólo desde el punto de vista civil, ya que desde el penal, al ser destinados estrictamente a acreditar operaciones comerciales entre particulares, no pueden afectar la fe pública, entendida ésta como la confianza puesta por terceros indeterminados sobre los instrumentos en sí mismos, como medios de vinculación jurídica en cuanto a sus fines y destinos legalmente previstos, y con total abstracción de sus primitivos libradores, por lo que circulan y valen inclusive en plazas diferentes y distantes de las de sus otorgamientos. (*)
C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola (en disidencia parcial), Tozzini, Donna-
c. 45.627, VITTORANGELI, Franco A.
Rta: 11/3/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 41.372, "Fuensalida s/hurto y estafa", rta: 17/9/92.
Disidencia parcial del Dr. Rivarola: El hecho es constitutivo del delito de administración fraudulenta y uso de instrumento privado falso reiterado, en concurso ideal.
La infidelidad puesta de manifiesto por el causante, o sea, la rendición de cuentas tergiversada con aquellos engaños, disfrazando como ventas a crédito las que eran al contado, desviando en su provecho los dineros de esas ventas, violentó el deber de fidelidad y la confianza en el cuidado de los intereses pecuniarios ajenos, haciendo aplicable el art. 173, inc. 7°, C.P. (**)
Se citó: (**) C.N.Crim., Sala I, c. 45.273, "Galzusta, Gustavo D.", rta: 26/2/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/97, pág. 9; c. 42.242 bis, "Melero, Antonio", rta: 25/2/93; c. 42.642, "Beltrán, Gerónimo A.", rta: 30/6/93.
DEFRAUDACION. ESTAFA: Plan de ahorro previo para la adquisición de un vehículo. Configuración.
Incurre en el delito de estafa quien se comportó frente a los damnificados como un vendedor autorizado de la empresa y percibió de ellos diversas sumas de dinero por la suscripción de la solicitud de adhesión al plan de ahorro previo "Autoplan" para la adquisición de un vehículo y las retiene para sí, engañando a aquéllos haciéndoles creer que estaban tratando con una persona plenamente autorizada para realizar tales operaciones, por lo que pagaron con total y absoluta confianza.
C.N.Crim. Sala IV (Def.) - Barbarosch, Navarro, Valdovinos-
c. 45.718, SARTRES, Alejandro P.
Rta: 4/2/98.-
DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: Engaño invencible.
Desde antiguo se ha sostenido que la justicia puede convertirse en instrumento del delito de estafa, si el engaño es invencible y le faltan los medios propios de defensa contra lo urdido; y justamente en esa posición se encontraba el magistrado interviniente en el juicio ejecutivo mencionado, que por su especial trámite procesal impidió que tuviera la oportunidad de constatar la falsedad de la prueba ofrecida, máxime cuando el querellante se allanó a la demanda.
C.N.Crim. Sala V (Def.) - González Palazzo, Filozof, Navarro-
c. 34.282, TARABORELLI, Fabián A.
DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Intimación previa a los imputados.
Corresponde homologar el sobreseimiento dispuesto en la causa y en relación a los imputados, toda vez que a los efectos de la consideración del supuesto delito previsto en el art. 173, inc. 2°, C.P., que denuncia el querellante, no se cuenta en el legajo ni en la documentación aportada con constancia fehaciente de intimación previa a los imputados de restituir la máquina en cuestión.
c. 8.321, HELOU, Sergio A. y otros
Rta: 16/3/98.-
DELITOS DE ACCION PRIVADA. Impulso procesal.
En los delitos de acción privada, el impulso procesal es a instancia de la parte, bajo pena de nulidad, ello comprende también la fijación de audiencia de conciliación. Dicho impulso deberá manifestarse en cada caso en la oportunidad procesal correspondiente, no pudiendo acumularse peticiones que se traduzcan en diligencias a cumplirse progresivamente. (*)
c. 7.903, ORDOÑEZ, Marcos F.
Se citó: (*) Catucci, Silvina, "Calumnias e injurias", 2da. edición, págs. 20 y 284; C.N.Crim., Sala VI, 4.538, "Eurnekian, E.", rta: 18/7/96.
DESESTIMACION. Inexistencia de delito. Excepción de falta de acción.
La excepción de falta de acción sólo puede prosperar en la medida en que se advierta que la alegada inexistencia de delito surja de manera notoria e indudable, de modo tal que pueda apreciarse a primera vista.
c. 45.738, GOLDSCHMIDT, Manuel A.
Rta: 10/2/98.-
DETENCION DOMICILIARIA. Improcedencia.
Como de los informes médicos practicados al detenido, no surge que la dolencia cardíaca del interno de 44 años de edad, si bien considerada incurable, se encuentre en período terminal, su situación no se halla comprendida en la hipótesis del art. 33, ley 24.660.
C.N.Crim. Sala de Feria "B" (Int.) -Ouviña, Piombo-
c. 238, MONACO, Julio O.
Rta: 29/1/98 .-
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS. Facultad de formular el requerimiento.
El funcionario debe ser debidamente requerido, aun cuando la ley no lo puntualice, el requerimiento debe partir de la autoridad facultada para ello y por ésta ha de entenderse la administrativa de quien el funcionario dependa jerárquicamente, o los organismos especializados de la Administración Pública y, en los casos de funcionarios sometidos a juicio político, el Congreso o los órganos de enjuiciamiento. En última instancia, el requerimiento lo formulará el juez de instrucción en el acto de recibir declaración indagatoria. (*)
c. 112, PICO, José M.
Rta: 15/1/98.-
Se citó: (*) Fontán Balestra, Carlos, "Tratado de Derecho Penal", ed. 1980, T. VII, pág. 367; Ure, Ernesto - Orgeira, José M., "La nueva reforma penal", ed. 1965, pág. 50; Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", ed. 1974, T. VII, pág. 145.
ESTAFA. PARTICIPACION: Mera presencia.
La sola presencia del encartado en el lugar no implica participación delictiva, pues en los actos fraudatorios la mera presencia física no denota complicidad en la ejecución del hecho, en los que exige la conducta personal en la manipulación del medio engañoso.
c. 8.344, KAHN, Claudio A.
EXCARCELACION. Aplicación de la ley 24.390. Vencimiento del término legal. Garantías constitucionales del debido proceso y el principio de inocencia.
Corresponde conceder la libertad del imputado si se tiene en cuenta el tiempo que lleva detenido y la posible pena a imponerle, de evaluarse, incluso, la eventual unificación de la anterior condena en suspenso a dos meses de prisión y el proceso en trámite por los delitos de lesiones y daño; aspectos que no deben ser soslayados en la valoración de la viabilidad de la libertad provisoria cuando el procesado lleva dos años de prisión sin sentencia firme que cause ejecutoria. El plazo de encarcelamiento preventivo ya estaba cumplido cinco días antes que el juez resolviera su prórroga y la denegatoria de excarcelación fue plasmada cuando había caducado dicho término.
La aplicación de la ley 24.390, en cuanto determina el plazo razonable de prisión preventiva ha de conjugarse con las normas aplicables a la excarcelación, lo cierto es que para ello dicho término debe haber sido prorrogado al tiempo de operar su vencimiento, pues lo contrario conlleva de manera irremediable la caducidad de la medida cautelar.
La solución adoptada es la que mejor se compadece con las garantías constitucionales, en particular, la del debido proceso y el principio de inocencia, y la pauta interpretativa del art. 2 del plexo instrumental, con la que corresponde conceder la libertad del procesado por vencimiento del término legal, art. 1, ley 24.390.
c. 8.412, RESTIVO, Jorge O.
Rta: 12/3/98.-
EXCARCELACION. NULIDAD: Necesidad de sustanciar incidente.
Si bien no cabe duda que el sobreseimiento implica libertad, art. 338, C.P.P., el auto apelado ordena al mismo tiempo que prosiga el trámite del proceso con relación a otro hecho por el que se produciría la elevación a juicio, por lo que la soltura anticipada, aun de ser decretada de oficio, debió ser dispuesta en incidente separado y previa consulta al apelante, art. 331, C.P.P. por lo que resulta inevitable la intervención del fiscal, incurriéndose en la nulidad del inc. 2°, art. 167, C.P.P.
c. 8.118, TERAMO, Félix A.
EXENCION DE PRISION. Fiscal: omisión de vista previa. Nulidad.
Corresponde declarar la nulidad de la resolución de exención de prisión de los encartados dictada por la magistrada, pues no ha cumplido con el procedimiento legal previsto para la tramitación de tal beneficio, al haber omitido, previo dictar algún pronunciamiento en relación a la libertad de los imputados, correr vista al representante del Ministerio Público Fiscal, conforme lo establece el art. 331, último párrafo, C.P.P.
c. 8.283, TAPIA, Claudio
Rta: 6/2/98.-
FALSA DENUNCIA. Imputación concreta a persona determinada. No necesariedad.
La figura exige que la falsa noticia de un delito no contenga imputación concreta a persona determinada, pues derogada la denuncia calumniosa por la ley 23.077, la imputación directa de un ilícito quedaría incluida en el art. 109, C.P., que es perseguible mediante acción privada, arts 73, inc. 1° y 75, C.P. (*)
c. 8.371, ACOSTA, Lorenza de Jesús
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 38.527, "Moreno, M.", rta. 22/2/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/91, pág. 11.
FALSIFICACION. Firmas de los escritos presentados en juicio. Sobreseimiento.
La posible falsificación en que podrían haber incurrido las letradas, respecto de las firmas de los denunciantes en los escritos a los que éstos hicieran referencia, no les ha causado perjuicio alguno, puesto que impulsaron los procedimientos a favor de ellos, por lo que corresponde sobreseer a su respecto.
c. 8.197, MACIAS de PUENTE, Edith
Debe confirmarse la resolución por la cual se desestima, sin costas, la acción de habeas corpus, pues efectúa un correcto análisis de las constancias agregadas al legajo, en especial del acogimiento del pretenso amparado a las normas administrativas que regulan el procedimiento de expulsión del país, traducido en el recurso ante el Ministerio del Interior para que se revea la resolución emanada de la Dirección General de Migraciones.
C.N.Crim. Sala de Habeas Corpus -Gerome, Barbarosch-
c. 1.252, ARROYO AZABACHE, Matilde M.
Rta: 15/2/98.-
HABEAS CORPUS. Imputado extraditado, sobreseído y detenido a la espera de documentación para su salida del territorio argentino. GARANTIAS CONSTITUCIONALES. Límites en la aplicación de la ley 22.439.
Corresponde hacer lugar al habeas corpus y disponer la libertad del beneficiado y que así permanezca hasta tanto se viabilice en legal forma su salida del país, debiendo ser provisto de todos los medios necesarios para su manutención y asistencia médica, lo que deberá implementar la Dirección Nacional de Migraciones por las vías que correspondan, pudiendo solicitarse colaboración al Patronato Nacional de Liberados, ya que, requerida su extradición aquél arribó al país, se le recibió declaración indagatoria y fue sobreseído por aplicación del art. 336, inc. 4°, C.P.P. ordenándose su libertad que no se hizo efectiva al quedar aquél a disposición de la autoridad migratoria para su repatriación y encontrándose dicho trámite obstaculizado por divergencias entre las autoridades argentinas, italianas y nigerianas.
Desvinculado de los cargos que se le efectuaron, no pesando sobre él medida alguna restrictiva de su libertad, y resultando ajena a su voluntad la posibilidad material de solucionar su problema de documentación, el lapso abierto contemplado en el art. 40, ley 22.439, que no puede razonablemente considerarse ilimitado, de ningún modo ha de irrogar afectación de los derechos constitucionales que le asisten, arts. 14, 16 y 18, C.N., so pena de incurrir, además, en responsabilidades penales y funcionales aquéllos de quienes depende la solución del caso.
C.N.Crim. Sala VII (Habeas Corpus) -Piombo, Ouviña, Bonorino Peró-
c. 128, EZEANYIOKU, Mike
Rta: 11/2/98.-
HURTO. Propietario: individualizado.
La individualización del propietario de la cosa sustraída no es imprescindible para que se configuren los delitos de hurto y robo, bastando con que el autor se apodere ilegítimamente de un efecto que sabe que no es de su propiedad. (*)
c. 8.562, FARE, Ernesto R.
Rta: 27/3/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 5.638, "Gauna, Gerardo", rta. 27/9/96.
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. Prescripción.
La infracción a la ley 13.944 se trata de un delito de omisión y de carácter permanente por lo que el plazo previsto en el art. 62, inc. 2°, C.P., "...comienza a correr desde que cesa el deber de actuar, pues hasta entonces hay consumación..." lo cual no se verifica, ya que los pagos parciales efectuados por el procesado no tienen entidad como para interrumpir la conducta omisiva que se le reprocha. (*)
c. 7.805, AIELLO, José A.
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 27,.639, "López, C.", rta. 11/7/96; De la Rúa, Jorge, "Código Penal Argentino", pág. 816.
MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS. Sustracción de bienes bajo custodia. Configuración.
Están dados todos los elementos del tipo penal de la malversación de caudales, prevista y penada por los arts. 261 y 263, C.P., toda vez que la encartada sustrajo los bienes que estaban bajo su custodia por decisión judicial.
C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Valdovinos, Gerome-
c. 45.773, OLMOS, Alejandro E. y otro
MEDIDAS PRECAUTORIAS. INHIBICION GENERAL DE BIENES: Procedencia. Anticipación de su dictado.
La inhibición de bienes, así como cualquier otra medida cautelar de tipo económico tiene como presupuesto el dictado de auto de procesamiento; excepcionalmente puede admitirse su anticipación, máxime cuando medie convocatoria a indagatoria. (*)
c. 8.166, LABIADA, Liliana G.
Se citó: (*) Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal de la Nación", T. II, pág. 291.
NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL. NULIDAD: Distinta calificación legal. "Non bis in idem". Apartamiento del juez de la causa. Art. 173, C.P.P.
La imputación que se le hace ahora a los encartados por el delito de abandono de personas, posee la misma base fáctica que las que se les dirigiera a ellos mismos por el delito de lesiones culposas, y por el cual se resolvió otrora declarar extinguida por prescripción la acción penal y sobreseerlos, por lo que corresponde declarar la nulidad parcial de la resolución, con el fin de no violentar el principio de "non bis in idem", de reconocida raigambre constitucional, teniendo en cuenta que una vez sobreseídos los imputados por el hecho que se les atribuyó en su momento -lesiones culposas-, no debió el juez de grado reavivar la imputación por el mismo hecho, aunque encuadrándolo en una figura penal distinta -abandono de personas-, circunstancia de extrema gravedad por vulnerar un derecho constitucional de los imputados, cual es el de no ser perseguidos nuevamente por el mismo delito ya pasado en autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad y disponer el apartamiento del juez de la causa, el que deberá remitir el sumario, previo sorteo, al juez que corresponda, según lo dispuesto por el art. 173, C.P.P.
c. 8.383, RUDT, Tomás
Rta: 30/3/98.-
NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL. NULIDAD: Sumario: improcedencia cuando todavía no se concluyó. JUEZ. INDAGATORIA: Facultad exclusiva de ampliar las declaraciones. Arts. 303 y 349, último párrafo, C.P.P.
Resulta improcedente la nulidad planteada, toda vez que no se ha declarado la clausura de la instrucción en el presente sumario, art. 349, último párrafo, C.P.P., y que la decisión de ampliar las declaraciones indagatorias de las imputadas responde a una facultad del magistrado de grado, conforme lo dispuesto en el art. 303, C.P.P.
c. 8.466, CORDON EZQUERRO, María Cruz
NULIDAD. DEFENSOR: Reconocimiento del encausado sin su presencia.
No es causal de nulidad la circunstancia de que el letrado defensor propuesto -no ratificado por el encausado- no haya presenciado la diligencia de reconocimiento, puesto que la defensora oficial que ocupaba ese cargo al momento de cumplimentarse la medida, sí lo estuvo.
c. 8.349, VELAZQUEZ ZAPATA, Marco A.
NULIDAD. PREVENCION POLICIAL: Declaración testimonial.
La manifestación espontánea del procesado transmitida al preventor relacionada con aspectos del hecho delictivo que no ha sido fruto de un interrogatorio por parte del funcionario policial sino que éste colecta todas las pruebas que surjan de la génesis de la pesquisa, art. 184, inc. 2°, C.P.P., entre las cuales se encuentra la cuestionada, no conculca garantía fundamental alguna que autorice su nulificación.
C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Valdovinos, Barbarosch, Gerome-
c. 8.454. GENOVES, Héctor R.
PERITOS. Nombramiento. Inscripción previa.
En la anterior legislación procesal, ley 2372 y sus modificatorias, no se encontraba prevista expresamente la posibilidad de proponer peritos que no formasen parte de las listas confeccionadas y que obren en los registros correspondientes, más por vía jurisprudencial se admitió esa posibilidad siempre y cuando se resguardasen las condiciones de capacidad e idoneidad.
En la actualidad, ley 23.984, se determina específicamente la inscripción previa del experto como requisito para su designación, art. 254, C.P.P., circunstancia que se acentúa conforme se desprende de la letra del art. 259, C.P.P.
c. 8.285, LOPEZ, Analía T.
Rta: 27/2/98.-
POLICIA. Diligencias investigativas que dan base al requerimiento fiscal. Validez.
No corresponde declarar la nulidad de las diligencias investigativas y tareas de inteligencia efectuadas por la Policía Federal si ha sido en cumplimiento de la encomendación de una comisión de fiscales formada por resolución del Procurador General de la Nación (M.P. n° 54/97) y que dieran base al requerimiento fiscal de instrucción, privándolas de todo efecto al interpretarse que dicha actividad importaba la recolección de prueba sin el debido control jurisdiccional, ya que a través de tareas que le son propias tanto el Ministerio Público Fiscal (órgano independiente con autonomía funcional para promover la actuación ante la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República, de las que no cabe excluir a la policial, art. 120, C.N.) como los funcionarios policiales, pueden llevar adelante averiguaciones sobre actividades que podrían revestir carácter ilícito, estos últimos en su faz preventiva como investigativa, tal como lo admite el art. 183, C.P.P. a fin de cumplir con su posterior comunicación a la autoridad judicial y fiscal para ya, bajo la dirección de éstas, colaborar como auxiliares en el marco de las exigencias que para entonces establece el art. 186 del ordenamiento instrumental.
Ello así, en tanto dicha actividad no se encuentre comprometida por la comisión de delitos que lleven no sólo a invalidar los procedimientos utilizados sino al juzgamiento de quienes así lo hicieren o autorizaren.
A ese efecto ha de repararse que el cúmulo de información proporcionada en autos no ha merecido la mínima atención que permita discernir los medios de que se ha valido la prevención para su reunión, pues la vaga referencia a "...discretas auscultaciones, reunión de informaciones diversas, evaluación y análisis de las actividades...", como la incorporación de vistas fotográficas que lucen obtenidas en la vía pública, nada anticipa sobre la legitimidad de las tareas cumplidas y por otro lado tampoco siquiera refleja el recurso a actos de naturaleza procesal que debieran efectuarse bajo la órbita excluyente del Poder Judicial o bajo su control.
c. 7.870, DROGUERIA "JUMPER" y otros
PRESCRIPCION DE LA ACCION. ACTOS INTERRUPTIVOS: Indagatoria.
Aunque la convocatoria a prestar indagatoria en el marco de la ley 23.984 no surte idénticos efectos que en la legislación anterior - ley 2372 y sus modificatorias- genera de todos modos el primer acto interruptivo del término respectivo como secuela de juicio (*), posición que se encuentra reforzada en idéntica dirección jurisprudencial por la Cámara Nacional de Casación Penal, debiéndose interpretar por el vocablo juicio, la totalidad del trámite del proceso. (**)
c. 8.513, NUÑEZ, Tomás F.
Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 162, "Czernicer, Sergio A.", rto: 11/8/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 10 y en E.D. 149:134. (**) C.N.C.P., Sala III, c. 241, "Patat, Juan Carlos", rta: 13/2/95 y Sala II, c. 268, "Andrade, Nicolás", rta: 9/3/95.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Nulidad.
Ocasiona la invalidez del auto de procesamiento la diferencia existente entre el objeto procesal materia de indagatoria -apoderamiento ilegítimo de una billetera conteniendo dinero, papeles y un reloj- y la calificación legal del accionar como constitutivo del delito de encubrimiento, art. 277, inc. 2°, C.P., impuesta en aquél.
c. 8.013, AGUEDA, Juan de Dios
PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD. Comisión por la autoridad máxima de la seccional policial.
La autoridad máxima de la seccional policial, presente en ella en el lapso en el cual una persona es interrogada con violencia, comete el delito de privación ilegal de libertad. (*)
C. 8.307, COMISARIA N° 16
Rta: 10/3/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala III, c. 22.188, "Romero, Héctor y otros", rta. 15/12/87, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/87, pág. 1303.
PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD. Medidas de seguridad: arresto por autoridad policial. Art. 5 del dec.-ley 333/58, modificado por ley 23.959. Detención de militantes de una agrupación política.
El art. 5 del dec.-ley 333/58 modificado por ley 23.950 -facultades de la Policía Federal Argentina- permite a la policía detener personas, fuera de los supuestos previstos por el ordenamiento procesal penal, en caso de existir circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que cometieron o estarían por cometer algún hecho ilícito. Este tipo de detención -comúnmente denominadas de averiguación de antecedentes- debe verse debidamente fundado en evidencias serias, de suficiente entidad como para presumir que se haya cometido o se esté por cometer un ilícito. De lo contrario, el arresto debe ser considerado ilegítimo. (*)
El personal policial es responsable del delito de privación ilegítima de la libertad -art. 144 bis, inc. 1°, C.P.- pues no existieron las circunstancias debidamente fundadas para sospechar de que los manifestantes habían cometido un hecho ilícito o que lo estaban por hacer pues el personal de seguridad conocía la presencia de los manifestantes ya que los había arrestado en horas de la mañana, la detención se produjo afuera del recinto, cuando los damnificados se estaban retirando -por lo cual no se pensó en la posibilidad de alguna agresión-, se solicitó a los jóvenes la exhibición de lo que portaban en la bolsa despejándose las dudas sobre la tenencia de material peligroso que pudiera contener y tampoco el hecho de que podían ser arrestados para ser identificados pues tenían en su poder cédula de identidad.
C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Donna, Rivarola (en disidencia)-
c. 8.410, JONTE, Abraham y otro
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 4.900, "Herrera del Valle, Noemí", rta. 31/5/96, en E.D. 171-119.
Disidencia del Dr. Rivarola: No se ha podido comprobar, con el grado de aproximación a la verdad que exige el art. 306, C.P.P., que los encartados cometieran delito alguno al efectuar las detenciones cuestionadas, sino que, al proceder de dicha forma, estuvieron amparados por las facultades que les otorga la normativa vigente, ley 23.950, y el art. 34, inc. 4°, C.P. No parece admisible que los policías, ante el riesgo a la seguridad del Presidente de la Nación, tuvieran que esperar a la efectiva producción de algún acto concreto que la hiciera peligrar; si esto sucediera se cargarían las críticas contra la fuerza policial por su escasa profesionalidad en materia tan delicada y por falta de prevención.
PRUEBA. Denegación.
El art. 199, C.P.P., marca nítidamente el sello discrecional de la instrucción, el que se refuerza con la irrecurribilidad del decreto denegatorio de la prueba solicitada, ello más allá de la conveniencia o inconveniencia de la medida y sin perjuicio de replantear nuevamente la cuestión en el estadio procesal correspondiente, art. 348, C.P.P. (*)
c. 8.386, MATARAZZO COSTABILE y otros
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 1543, "Crous, F.", rta. 13/4/94.
PRUEBA. Extracción sanguínea.
En atención a la naturaleza del supuesto hecho ilícito investigado y al descubrimiento de la verdad real que persigue el derecho penal, la medida que dispone la extracción de sangre a la imputada y a la menor para realizar estudios de A.D.N. aparece razonable.
La imputada actúa como objeto de prueba y dicha medida no afecta garantías constitucionales relativas a la integridad física e intimidad de la misma, dado que se trata de un acto relativamente sencillo cuya realización se encomienda a personal habilitado y por los medios ordinarios adoptados por la ciencia médica.
c. 8.376, CHOQUE, Margarita
PRUEBA. Grabaciones.
Las pruebas recogidas a través de grabaciones carecen de "...toda relevancia probatoria desde que al ser desconocida su realización por parte del imputado y no estar autorizado jurisdiccionalmente, importa una violación de las garantías del art. 18, C.N., en la medida en que el interrogatorio tendría por destino lograr que se incriminase...". (*)
c. 7.977, CAVALIERI, Armando O.
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 21.937, "Salcedo, G.", rta. 6/8/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/91, pág. 339.
PRUEBA. Ofrecimiento. Denegatoria. Apelación.
El art. 199, C.P.P., veda la posibilidad de apelar sobre la denegatoria de medidas de prueba, mas en la especie la no producción de ellas puede causar efectos irreparables, por la que se debe seguir un criterio de mayor amplitud cuando las diligencias pueden ser indispensables para el buen desarrollo del juicio y así corresponde el examen de su procedencia o no por la alzada.
c. 8.385, ALBIN, Andrés R.
Rta: 3/3/98.-
PRUEBA. Valoración de la misma.
El tribunal es libre en la valoración y selección de las pruebas en que se funda y en la determinación de los hechos que con ellas se demuestren, no estando obligado a justificar el motivo por el cual otorga mayor o menor mérito a una prueba respecto de otra. (*)
c. 6.616, DI LELLO, Jorge D. y otro
Se citó: (*) C.N.C.P., Sala III, c. 621, "Markoff, M.", rta: 27/11/95.
QUERELLA. Poder.
El art. 83, C.P.P., exige que la pretensión de constituirse como parte querellante en caso de obrar en representación de otro, se debe justificar mediante poder que se agregará, arts. 1879 y siguientes del Cód. Civil y art. 1184, inc. 7°, ibidem.
Excepción a esta regla es la representación del estado que puede acreditarse con el instrumento que autoriza la designación. (*)
c. 7.973, RICARDI, Héctor M.
Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Fiori, E. F. de", C.C.C., Fallos Plenarios, T. II, pág. 317; C.N.Crim., "González, César", rta: 14/6/27, en C.C.C., T. II, pág. 223 y C.S.J.N., E 14 XXIV, "El Tambolar c/ D.G.I.", rta. 7/9/93, Fallos 316:1930.
QUERELLANTE. Ejercicio del derecho. Calidad de medio hermano.
La petición de ser tenido por parte querellante en nombre de la víctima no habrá de prosperar, toda vez que la calidad de medio hermano no habilita el ejercicio de ese derecho, art. 82, tercer párrafo "a contratio sensu", C.P.P., y tampoco revestía, al momento de producirse el deceso de la nombrada, su representación legal. (*)
c. 7.708, ROSCIANO, Darío y otro
QUERELLANTE. Incidente de excarcelación.
Conforme la ley 23.984 el querellante ha perdido todo derecho a intervenir en el incidente de excarcelación y, además, del juego armónico de los arts. 332 y 432, C.P.P. se desprende que aquella parte carece de facultades recursivas sobre el punto.
c. 8.243, CARBONE, Guillermo M.
QUERELLANTE. Letrado patrocinante. Imposibilidad para actuar en forma autónoma.
Si los letrados que suscriben el escrito resultan ser patrocinantes de quien fuera tenido por parte querellante, carecen de facultad para actuar en forma autónoma en la causa.
La figura excepcional de la gestión, art. 48, C.P. Civ. y Com. a que se alude, no se encuentra debidamente probada, por lo que carece de viabilidad.
c. 8.300, SAYANS, María
QUERELLANTE. Poder especial no exigible.
Corresponde tener por parte querellante a quienes resultan ser únicos integrantes de la sociedad anónima que aparecería como damnificada ya que concurren en representación de la misma y en forma conjunta, resultando sobreabundante la exigencia de poder especial.
c. 8.045, WOLCOFF, Jorge E.
QUERELLANTE. Unica representación.
La actuación de varios querellantes bajo una sola representación, art. 416, C.P.P., reconoce un propósito ordenatorio y advierte como presupuesto la existencia de comunidad de intereses; inclusive al desaparecer ésta pierde vigencia y autoriza a la fragmentación de la unidad de representación. (*)
c. 8.501, FREDA, Daniel C.
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 2.018, "Paredes Zarza, R.", 6/9/94.
RECURSO DE AMPARO. Vía administrativa pertinente.
No obstante que conforme al art. 43, C.N. no es necesario el agotamiento de la vía administrativa, es evidente que la disposición constitucional alude a la disponibilidad de un recurso inmediato, que a su vez está reglamentado por la ley 16.986, en cuyo art. 2°, inc. a) se dispone claramente que debe haberse agotado la vía administrativa pertinente, por lo que, al no haber sido cumplimentado tal extremo, acudiéndose directamente a los estrados judiciales, debe rechazarse la acción de amparo interpuesta.
C.N.Crim. Sala de Feria "C" (Correc.) -Elbert, Escobar-
c. 98, BULETTI, Roberto I.
Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala de Feria "C", c. 85, "Lorea, J.", rta: 8/1/98.
RECURSO DE APELACION. Querellante: derecho a apelar regularmente. Limitación. Interrupción del plazo previsto para interponerlo.
Si bien la interrupción del término para deducir recurso de apelación no está contemplada en nuestra legislación de forma, el hecho de que en reiteradas oportunidades el abogado concurrió al Juzgado a fin de tomar vistas del expediente para cumplir con lo normado en el art. 438, C.P.P. no lográndolo porque se hallaba en otra dependencia, y teniendo en cuenta la ajenidad de aquél al hecho que imposibilitaba tomar contacto con las actuaciones, el mismo vio cercenada la garantía constitucional de la defensa en juicio que está equiparada tanto para acusadores como acusados (*). Bajo tales condiciones que limitaron el ejercicio de apelar regularmente, se deberá interrumpir el plazo previsto en el art. 450, C.P.P. hasta que durante su transcurso las actuaciones relevadas de secreto sumarial se encuentren a disposición de la parte afectada.
c. 7.696, ALONSO, Carlos E.
Se citó: (*) C.S.J.N., "Sylveira, Carlos M.", rta. 15/9/44, en L.L. 36-305.
RECURSO DE CASACION. Procedencia. Requisitos.
El escrito de interposición del recurso de casación es necesario que cuente con el requisito formal de fundamentación autónoma.
Tampoco lo justifica el total disconformismo con la tarea valorativa realizada por el Tribunal y con la decisión final a que arribara, pues la selección y valoración de la prueba es facultad soberana de aquél y lo contrario importaría convertir a la Cámara Nacional de Casación Penal en una instancia de apelación, desvirtuando de esta manera su exclusiva competencia. (*)
c. 7.635, LAVIADA, José E.
Rta: 9/2/98.-
Se citó: (*) C.N.C.P., Sala III, c. 1.127, "Pozzi de Escurra, M.", rta: 3/4/97 y Sala III, c. 1.246, "Plez, Juan Luis", rta: 16/7/97.
RECURSO DE CASACION. HONORARIOS: Defensor e imputados carentes de legitimación subjetiva para recurrir por esta vía los honorarios.
Tanto el letrado defensor como el imputado carecen de legitimación subjetiva para recurrir en casación los honorarios, pues no resultan ninguno de los sujetos a los que la ley le concede taxativamente esa calidad, arts. 432, 2do. párrafo, y 458 al 462, C.P.P., por lo que corresponde rechazar la queja interpuesta. (*)
c. 7.993, ORGEIRA, José
Se citó: (*) C.N.C.P., Sala I, "Rojt, Julio", rta: 8/9/93.
RECURSO DE QUEJA. Inadmisibilidad.
Si el escrito de apelación carece de la firma del letrado defensor y no cumple con lo preceptuado por el art. 438, C.P.P. para la admisibilidad del recurso, corresponde rechazar el de queja interpuesto, ya que la expresión de que la resolución recurrida le causa "gravamen irreparable", nada especifica sobre los motivos que la sustentan, entendidos ellos como la causa o móvil que llevan a la parte a ejercer su facultad recursiva.
c. 8.150, SAVARECE, Matilde B.
RECURSO DE QUEJA. FISCAL: Auto que declara improcedente el recurso de apelación. Pruebas solicitadas. Apelación.
Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto pues ha sido bien denegada la apelación intentada por el representante del Ministerio Público Fiscal, toda vez que el nuevo ordenamiento procesal -ley 23.984- ha consagrado, a los efectos de la valoración de la prueba, el sistema de la sana crítica, fundado en las libres convicciones del juzgador, y en virtud del cual, tanto el magistrado instructor, art. 199, C.P.P., como el tribunal de juicio, ya en la etapa del plenario, arts. 356 y 398 del citado cuerpo legal, se hallan facultados para denegar las diligencias propuestas cuando las consideren impertinentes o superabundantes, siendo esta decisión irrecurrible. (*)
c. 8.705, DAKAR AUTOMOTORES S.A.
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 6.312, "García, Mariana", rta. 25/2/97.
RECURSO DE REPOSICION. Procedencia.
El recurso de reposición es inadmisible contra las decisiones del Tribunal pues solamente procede contra las resoluciones internas del proceso dictadas sin sustanciación.
El único recurso subsidiario admisible, conforme al art. 448, C.P.P., es el de apelación, de donde resultan inadmisibles los de casación y extraordinario interpuestos con dicha dependencia. (*)
c. 8.514, MELA, Luis J. M.
Se citó: (*) C.N.C.P., Sala I, c. 330, "Parrotta, R.", rta: 23/12/94, en J.P.B.A. 89-76.
RECURSO EXTRAORDINARIO. Admisibilidad.
El auto que deniega la excarcelación -y por ende la exención de prisión- ha sido equiparado a sentencia definitiva a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario de apelación contra el mismo en la medida que se encuentre involucrada una cuestión federal, cuestionada la inconstitucionalidad de una norma o si mediasen graves defectos del pronunciamiento que pudieren configurar una lesión a principios constitucionales. (*)
c. 45.706, GASOL, Silvia I.
Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 304:1794; 306:262; 310:1835; 311:652 y 667.
RECURSO EXTRAORDINARIO. Improcedencia.
Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la resolución que rechaza la prescripción de la acción penal, por no reunir aquélla la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14, ley 48.
c. 7.428, DIAZ, Raúl
RECURSO EXTRAORDINARIO. Presupuesto objetivo de admisibilidad: carácter definitivo de la resolución.
El carácter definitivo de una resolución, a los efectos de los recursos extraordinarios aparece dado por la particularidad del hecho de que la misma defina una cuestión poniendo término al debate, o bien impida que continúe discutiéndose el punto, o que cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior; en suma, el concepto de sentencia definitiva está ligado a la irreparabilidad del perjuicio, de ello resulta que la viabilidad del recurso esté directamente vinculada y supeditada a la posibilidad de que el agravio del impugnante no pueda ser eficazmente atendido en una ulterior oportunidad procesal; como se advierte, la decisión del Tribunal no reúne ninguno de los requisitos de admisibilidad establecidos por la norma mencionada, ya que confirma un auto que rechaza una excepción de falta de acción. (*)
c. 7.657, GREEN, Gustavo
Se citó: (*) Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal", Buenos Aires, 1964, T. V, pág. 546; Palacio, Lino E., "El recurso extraordinario federal", Buenos Aires, 1992, pág. 76; Gozaini, O. A. y otros, "Recursos judiciales", Buenos Aires, 1993, pág. 185 y 221; Lugones, N. J.-Dugo, S. O., "La casación penal y el recurso extraordinario", Buenos Aires, 1993, pág. 279.
RECURSO EXTRAORDINARIO. PROCEDENCIA: Requisitos.
Es procedente el recurso si fue deducido temporáneamente, art. 257, C.P.Civ. y Com., se efectuó la debida reserva en el momento procesal oportuno, el carácter de la decisión es definitiva y la índole de la cuestión invocada -violación del principio de cosa juzgada-, justifica el agravio.
c. 45.659, MOLCALVO, Daniel
RECUSACION. Causal: enemistad manifiesta.
Es indispensable que la causal basada en la posible enemistad manifiesta del magistrado esté dirigida a persona determinada, resultando de medular interés debido a que de acuerdo a lo establecido en el art. 55, inc. 11°, en función del art. 56, C.P.P. no puede incluirse al abogado defensor.
La enemistad debe ser manifiesta, es decir, haberse exteriorizado por actos que demuestren con claridad la existencia de ese estado de ánimo por parte del juzgador. (*)
c. 8.505, PIAMONTE, Ricardo
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 2.701, "Galissier San Martín", rta: 9/5/72.
RECUSACION. Procedencia.
La denuncia por prevaricato, no permite la aplicación del inc. 8°, art. 55, C.P.P. pues no antecede a la causa; es posterior a su iniciación.
c. 8.601, CHAPARRO IPARRAGUIRRE, Ernesto T.
RECUSACION. Rechazo.
Los informes de los magistrados mediante los cuales se niegan los extremos esgrimidos por el recusante, no se contraponen con la presentación de éste, huérfana de toda evidencia o al menos de indicios que avalen sus asertos y permitan enmarcar la cuestión en alguna de las hipótesis del art. 55, C.P.P.
C.N.Crim. Sala V (Int.) - González Palazzo, Rivarola, Tozzini-
c. 7.629, FINAZZI, Juan M. R.
REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO. Nulidad. Falta de requisitos en la solicitud de la querella.
El art. 347, C.P.P., exige, bajo pena de nulidad, que el requerimiento de elevación a juicio contenga, entre otros requisitos "una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos", es decir, una descripción detallada del o de los hechos que se le atribuyen al imputado, con el fin de preservar el principio de la defensa en juicio, por lo que el error tanto en el día como en el mes de comisión del hecho que se imputa invalida el requerimiento de la querella de elevación a juicio.
c. 8.482, COSTA, Jorge M.
Rta: 13/3/98.-
ROBO. Agravante. Configuración de la banda, integrada por un menor.
Se dan las características de la banda, toda vez que de acuerdo a lo resuelto en el Plenario "Quiroz, Julio A.", han participado en la comisión del hecho tres personas. (*)
C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Escobar, Elbert (en disidencia parcial), González-
c. 7.851, ZARZA, Diego S.
Rta: 24/2/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 111, "Quiroz, Julio A.", rto: 4/9/89, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 25 y en L.L. 1986-E-376.
Disidencia parcial del Dr. Elbert: Una de las notas típicas de la banda está dada por la imputabilidad y libertad de decisión de quienes aparecen integrándola. Toda vez que uno de los participantes del hecho fue declarado inimputable por ser menor de edad, considero que el hecho resulta "prima facie" encuadrable en la figura del robo simple, prevista en el art. 164, C.P.
ROBO. EMPLEO DE ARMAS: Tentativa. Concurso ideal. Resistencia a la autoridad. Configuración. RECONOCIMIENTO. Por medio de vistas fotográficas. Improcedencia.
Es responsable del delito de robo con armas en grado de tentativa en concurso ideal con resistencia a la autoridad, quien intentó apoderarse del dinero de un conductor de taxi, mediante el empleo de arma de fuego, para lo cual habría colocado previamente un adoquín sobre la autopista para que los automovilistas tropiecen con él y detengan la marcha, cuando fue sorprendido por personal policial contra el que efectuó varios disparos con el arma.
Corresponde declarar la nulidad de los reconocimientos efectuados por el personal policial que intervino en el suceso por medio de vistas fotográficas, pues el art. 274, C.P.P., solo reconoce tal facultad para cuando sea necesario identificar a una persona que no estuviera presente y no pudiera ser habida, máxime cuando los policías habían manifestado con anterioridad conocer al imputado por sus anteriores ingresos a la dependencia.
c. 8.596, RAMIREZ, Cristian
ROBO. EN POBLADO Y EN BANDA: Agravante. Tentativa.
Corresponde calificar como robo en poblado y en banda en grado de tentativa, la conducta desplegada por los imputados, quienes intentaron el robo -frustrado por la intervención policial en las circunstancias de modo, tiempo y lugar explicitadas-, desplegando ellos un obrar coordinado y preestablecido, ejercitando el codominio de la acción y procediendo cada uno en las condiciones del art. 45, C.P. (*)
C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini-
c. 45.661, CASTILLO, Rodrigo N.
Rta: 23/3/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 111, "Quiroz, Julio A.", rto: 4/9/89, en Navarro, Guillermo R.-Jacoby, Pablo M., "Jurisprudencia Criminal Plenaria", Actualización de "Fallos Plenarios Penales", Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1991, pág. 152.
ROBO. EN POBLADO Y EN BANDA: Menores participantes. Ausencia de personas.
La agravante del robo en poblado y en banda no desaparece por la intervención de menores inimputables (*). Tampoco aquella agravante deja de ser aplicable por la ausencia de personas en el local comercial al momento del hecho. (**)
c. 45.653, LETTIERI, Gustavo
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 45.211, "Monzón, Roberto O.", rta. 26/2/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/97, pág. 4; Sala V, c. 30.747, "Romero, Ramón G.", rta. 16/3/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/93, pág. 24; (**) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 218, "Cejas, Walter A.", rta. 8/11/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 25.
SENTENCIA. Requisito de fundamentación. Nulidad.
Corresponde declarar la nulidad del auto por carecer de la debida fundamentación que exige el art. 123, C.P.P., pues no reúne el requisito de autosuficiencia, aludiendo a los argumentos del Fiscal tan solo en términos generales a que "...no surge la comisión de los delitos por los cuales el querellante se considera damnificado..."
c. 7.997, TORRES, Héctor
SUMARIO. Posibilidad de tomar vista de las actuaciones.
Mediando una imputación concreta contra persona determinada, tanto la querella cuanto la asistencia técnica del imputado, y también éste, pueden tener acceso a las actuaciones antes de aceptar el cargo y aun cuando todavía no mediare llamado a indagatoria, con la sola limitación del secreto sumarial, debidamente implantado por el Juez de la causa. (*)
c. 7.784, COBREAR S. A.
SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Procedencia.
Solamente es posible la suspensión del juicio a prueba cuando la pena de inhabilitación resulte inaplicable, lo que no ocurre en el caso de lesiones culposas. (*)
C.N.Crim. Sala V (Int.) -Navarro, Filozof, González Palazzo (en disidencia)-
c. 8.420, VIDELA, Gabriel G.
Se citó: (*) Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto, R., "Código Procesal Penal de la Nación", Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1996, T. I, pág. 606.
Disidencia del Dr. González Palazzo: El último párrafo del art. 76 bis, C.P., debe ser interpretado en el sentido de referirse a los casos en que el delito prevea sólo pena de inhabilitación, siendo por lo tanto viable su procedencia en los casos en que la inhabilitación esté prevista como pena conjunta o alternativa. Interpretación ésta acorde al espíritu que motivó al legislador al dictado de la ley, siendo consecuencia la misma en relación a los arts. 84 y 94, C.P., por lo que debe concederse el beneficio. (**)
Se citó: (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 27.102, "Ortiz, J.", rta: 13/6/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 116.
SUSTRACCION DE MENORES. Padre de un menor que se lo lleva consigo por espacio de tres meses, pero sin sustraerlo. DOLO. Designio de sustraer al menor de la potestad de quien la tiene otorgada.
El art. 146, C.P. tiende a resguardar el libre ejercicio de las potestades sobre el menor, que surgen de las relaciones de familia, y que, originariamente o por delegación, corresponden a determinadas personas, por lo que esta disposición no puede aplicarse al padre que sustrajo y retuvo para sí a un menor, arrebatándoselo al cónyuge que legalmente lo tenía, salvo que pueda afirmarse que lo hizo desaparecer, lo cual no ocurrió, donde el querellado, si bien se llevó consigo al menor y con él lo tuvo por el espacio de tres meses, pero lo reintegró en cuanto le fue judicialmente reclamado, con lo cual demostró que carecía de ese inequívoco designio de sustraer a su hijo de la potestad de su madre, que caracteriza a la figura penal imputada.
C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola-
c. 45.643, BELLO, Hernán C. y otro
TENENCIA DE ARMA DE GUERRA. MUNICION: Falta de autorización del "RENAR".
Incurre en el delito de tenencia de munición de guerra, art. 189 bis, C.P., quien, sin perjuicio de ser miembro de las Fuerzas Armadas, no posee la autorización del "RENAR" para ser tenedor de tal elemento.
c. 8.432, SANCHEZ, Juan C.
Rta: 4/3/98.-
USURPACION DE TITULOS Y HONORES. No configuración. Manifestación de pertenecer a la Policía Federal.
La manifestación del encartado de pertenecer a una comisaría de la Policía Federal Argentina, no encuentra adecuación típica en el ilícito que se le reprocha, pues de ninguna manera titularse oficial de la Policía Federal es abrogarse títulos académicos, profesionales u honoríficos, pues dicho cargo es meramente una función pública o un empleo, y su ejercicio no otorga tales títulos con el alcance a que se refiere el C.P., art. 247, 2da. parte. (*)
c. 8.412, GENOVESI, Carlos E.
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, "Cáceres, O.", rta: 28/11/75.
VIOLACION DE SECRETOS. Tipo objetivo. Art. 156, C.P. AUTORIA. Calidad de autor del periodista. Dec. 1244/91, anexo I, art. 2, inc. c), reglamentario de la ley 23.798. Prohibición de revelar los datos personales de enfermos de S.I.D.A. NULIDAD. Resolución que no explica por qué el periodista no puede ser autor del delito de violación de secretos.
El art. 2, inc. c), del anexo I, del dec. 1244/91, que reglamenta la ley 23.798, sostiene que "...toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada por el virus HIV, o se enferma de S.I.D.A., tiene prohibido revelar dicha información...".
Resulta nula la resolución recurrida, ya que en ésta no se encuentran expresados los motivos por los cuales el magistrado considera que el trabajo de los periodistas no tiene la calidad de empleo, oficio o profesión que requiere el tipo objetivo del art. 156, C.P.
c. 8.277, HERRERA de NOBLE, Hernestina y otros
ABUSO DESHONESTO. Prueba.
Respecto de la prueba en los delitos de abuso deshonesto de los que resultan víctimas menores de edad, es menester enunciar lo establecido en el art. 12, inc. 1° y 2° de la Convención sobre los Derechos del Niño (de jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22° de la Carta Magna) en lo referente a darle oportunidad al menor de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. (*)
c. 8.578, SANCHEZ, Alejandro A.
Rta: 14/4/98.-
Se citó: (*) C.S.J.N., "Vera Rojas, Rolando", rto: 15/7/97, en L.L. 1997-F-26; C.N.Crim., Sala V, c. 3.737, "Strático, Oscar", rta: 6/10/95 y c. 7.666, "Kepec Anzic, Antonio", rta: 19/11/97.
ALLANAMIENTO. DOMICILIO: Inviolabilidad. Inmunidades.
Considerar al domicilio particular de un juez intangible al allanamiento porque el Magistrado no puede ser arrestado, constituye una falaz mutación entre lo público y privado, lo personal y lo real, y lo judicial y lo doméstico. Configuraría una paradojal inmunidad topográfica, que, a la manera del asilo, sustrajera el domicilio de un magistrado por el solo hecho de serlo, al contralor jurisdiccional de los demás jueces, lo que además de importar un privilegio carente de previsión normativa, instrumentaria una peligrosa disfuncionalidad para la seguridad común.
De lo contrario, el domicilio de un juez no sólo sería infranqueable para el juez penal que busca pruebas en la investigación de un delito, sino incluso para los magistrados de los restantes fueros, los que ni siquiera podrían recurrir al auxilio de la fuerza pública para materializar una simple orden de embargo de bienes, la disposición de los hijos menores o cualquier otra diligencia que deba cumplirse en su domicilio.
Por otra parte, si bien es cierto que los jueces tienen a favor de sus cargos y en defensa de sus funciones beneficios no concedidos a los demás ciudadanos, arts. 110 y 115, C.N., no cabe sumar a los previstos ningún otro privilegio ni tampoco extender la referida inmunidad más allá de la persona del juez, pues no hay norma que la sustente ni interés público que la justifique.
C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Ouviña, Navarro-
c. 7.749, T., F. M.
Rta: 28/4/98.-
ARCHIVO DE ACTUACIONES. Inexistencia de delito.
No corresponde rechazar el requerimiento del fiscal y archivar los actuados por inexistencia de delito, pues iniciada por denuncia ante esta Cámara, debió el juez, en caso de entender que no encuadraban los hechos descriptos en ninguna figura legal, desestimar la denuncia por inexistencia de delito, art. 180, C.P.P. El archivo previsto en el art. 195, C.P.P. se refiere solamente a las prevenciones o informaciones policiales.
c. 8.909, GARCIA, Jorge
Rta: 15/5/98.-
COAUTORIA. Accionar desplegado por los autores: irrelevancia. Principio de la recíproca imputación directa: configuración.
Es la actuación conjunta la que permite imputarle subjetivamente el hecho a uno de los imputados, ya que es una circunstancia reveladora de la existencia de un plan delictivo previo y consensuado que, al haber sido implementado entre todos los encartados, convierte en penalmente irrelevante la necesidad de determinar cuál pudo haber sido el accionar material efectivamente ejecutado por cada uno de ellos en aquella oportunidad, pues en esas condiciones, por ley corresponde tenerlos en calidad de coautores, de conformidad con lo previsto en el art. 45, C.P.
Los dos imputados deben responder por los hechos delictivos en calidad de coautores, art. 45, C.P., habida cuenta de que "en la coautoría no rige el principio de imputación mediante la accesoriedad, sino la recíproca imputación directa de todas las contribuciones al hecho realizadas en el marco de la resolución común. La razón de ello radica en que la coautoría porta en sí misma su contenido del injusto, y no lo deriva de un hecho ajeno". (*)
C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert-
c. 28.059, RECALDE, Daniel A.
Rta: 7/5/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.984, "Stietz, Miriam E. y otro", rta: 3/6/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/96, pág. 12 y en J.A. 1997-I-262.
COMPETENCIA. Juez de instrucción.
La decisión del juez de instrucción de asumir la competencia en razón de la materia, no causa al fiscal el agravio a que alude el art. 449, C.P.P. pues si bien no se desconoce la calidad de guardián del proceso que al fiscal cabe, la mayor jurisdicción de la justicia de instrucción salvaguarda la correcta sustanciación del sumario y no es atentatoria de los intereses confiados a su ministerio.
c. 8.852, CABRERA, Pedro A. y otros
COMPETENCIA. Sustracción de chequera.
Si no se encuentran acreditados los dichos del querellante referentes al modo y el lugar en donde fuera sustraída la chequera, resulta competente para entender en el sumario el juez del lugar donde el cheque fue usado. (*)
c. 9.030, N.N.
Rta: 24/6/98.-
Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 290:224; 295:324, 305:71.
COMPETENCIA. CRIMINAL: Por la materia.
El automotor "colectivo" afectado al transporte público de personas, si bien de propiedad privada, adquiere la calidad requerida por el tipo penal previsto en el inc. 5°, art. 184, C.P., al estar afectado a la prestación de un servicio de uso general y de interés para la comunidad.
c. 8.735, CUONO, Roberto M.
Rta: 24/4/98.-
COMPETENCIA. FEDERAL: Desaparición de teléfono fax de una oficina del PAMI.
Corresponde que prosiga con el conocimiento del legajo la justicia de excepción dado el carácter federal que dicho ente presta, en el caso de la desaparición de un teléfono fax del interior de una oficina del PAMI pues afecta el patrimonio del Estado en los términos del art. 33, inc. c), C.P.P.
C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Gerome, Barbarosch (en disidencia)-
c. 9.021, D’ALESANDRO, Antonio
Rta: 12/6/98.-
Disidencia del Dr. Barbarosch: Debido a que el organismo se encuentra afectado a un servicio local en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, art. 1, ley 14.180, resulta prudente que el conocimiento del proceso prosiga ante la justicia correccional que previno en las actuaciones, art. 33, inc. c), "a contrario sensu" del C.P.P., máxime que no resulta posible enderezar en forma exclusiva la pesquisa respecto de los dependientes de la entidad.
La falsificación de una resolución de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación, afecta en forma directa intereses nacionales así como también sus rentas, por lo que corresponde la intervención del fuero de excepción.
c. 8.203, LENNARD, Gustavo M. y otros
Rta: 28/5/98.-
COMPETENCIA. PENAL ECONOMICO. ADMINISTRACION FRAUDULEN-TA: Ley Penal Tributaria, 24.769, art. 22.
Ante hechos que configuran maniobras integrantes de un accionar comprensivo de administración fraudulenta, no resulta posible desmembrar pronunciamientos específicos para cada uno de los actos reveladores de la misma. La nueva ley penal tributaria, 24.769, art. 22, ha asignado competencia al fuero Penal Económico para la averiguación de obligaciones impagas de naturaleza previsional, resultando necesario por ello escindir los sucesos, en tanto, éste resulta incompetente para investigar la defraudación, debiendo el juez que previno extraer testimonios de lo actuado respecto al delito de evasión fiscal y continuar con la investigación del delito previsto en el art. 173, inc. 7°, C.P.
c. 8.507, FAVA, Urbano J.
Rta: 16/6/98.-
COMPETENCIA. PENAL ECONOMICO: Cheques postdatados.
Cuando se trata de cheques postdatados, cabe entender que no fueron simultáneos a la contraprestación y por lo tanto traducían el otorgamiento de crédito a la denunciada, así los sucesos aparecen "prima facie" encuadrables en el art. 302, C.P.
c. 8.656, MALET, Carlos F.
COMPETENCIA. TERRITORIAL: Inaplicabilidad de la ley argentina.
Conforme la interpretación restrictiva en cuanto a la extensión de "efectos" contenida en el art. 1, inc. 1°, C.P., para el caso en que tanto el registro como propio, cuanto la edición de la obra que resultaría un plagio de aquélla oportunamente registrada por el querellante en la República de Alemania, deberá declararse la inaplicabilidad de la ley argentina. (*)
c. 8.036, COIMBRA GUTIERREZ, Hugo
Rta: 14/5/98.-
Se citó: (*) C.N.C.P., Sala I, c. 293, "Reches, Rubén", rta: 25/11/94.
CONCURSO DE DELITOS. IDEAL. RESISTENCIA A LA AUTORIDAD: Violencia sobre la ropa reglamentaria del policía. DAÑO: Rotura de la vestimenta.
La rotura de la vestimenta reglamentaria del policía, durante el enfrentamiento corporal con el encausado, constituye un resultado doloso pues el autor resistió violentamente la detención acometiendo contra el cuerpo del funcionario a costa de dañarlo corporalmente y en cualquiera de sus prendas o equipamiento.
La significación jurídica de la mencionada acción habrá de formularse como resistencia a la autoridad en concurso ideal con daño, arts. 239 y 183, C.P.
El tipo del art. 239, C.P., no admite agravantes, pues las especificadas en el art. 238, sólo pueden calificar las acciones descriptas en el art. 237, C.P.
c. 8.620, SANCHEZ, Walter F.
CULPA. Lesiones culposas. Deber de cuidado del conductor.
La culpa de la víctima no excluye la del imputado al encontrarse comprometida su situación por no haber respetado el deber de cuidado que correspondía a su calidad de conductor.
C.N.Crim. Sala V (Int.) -González Palazzo, Filozof-
c. 8.884, LAVALLE, Mario E.
Rta: 29/5/98.-
DECLARACION INDAGATORIA. Asistencia por letrado no matriculado. NULIDAD: No configuración.
Corresponde rechazar la nulidad de la declaración indagatoria fundada en la circunstancia de que el procesado fue asistido en la misma por un letrado que no se hallaba matriculado en el Colegio Público de Abogados, pues este requisito no constituye una mayor destreza o conocimiento científico, sino un requerimiento de índole administrativo.
C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Gerome-
c. 9.073, MORENO, Juan J.
Rta: 25/6/98.-
DECLARACION INDAGATORIA. Nulidad.
Corresponde declarar la nulidad del decreto por el cual el juez de grado llamó a prestar declaración indagatoria a quien hasta ese momento revestía la condición de testigo, sin correr vista previa al fiscal a fin de que analizase si correspondía o no dirigir la acción penal en contra de aquél.
c. 8.912, RODRIGUEZ, Luisa
DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. 1) Sujeto activo. 2) Conducta defraudatoria: rendición de cuentas.
1) Aunque el encartado no tenga poder de decisión en la empresa pues no integraba su directorio debe tenérselo en calidad de sujeto activo pues se lo consideró como partícipe necesario, no como autor en el hecho, por lo que, si bien es cierto que para poder ser tenido como autor de esta clase de delitos se requiere un cierto poder decisorio sobre los fondos administrados, ello no implica que se trate de un "delito de propia mano" que, en cuanto tal, no admita la cooperación de otras personas, porque como acertadamente lo entiende la doctrina, en este hecho ilícito penal "entra toda clase de participación de terceros, tanto de primero como de segundo grado, de los arts. 45 y 46, C.P., ya sea que los partícipes formen parte o no del personal ocupado en la empresa". (*)
2) El argumento sostenido por la defensa sobre el hecho de que la falta de un estudio oportuno destinado a obtener una rendición de cuentas impide expedir un juicio de responsabilidad por la conducta defraudatoria imputada es ineficaz como eximente de aquélla, porque como la rendición de cuentas no está mencionada como una de las cuestiones prejudiciales por el art. 1.104, C.C., motivo por el cual no es requisito previo para el ejercicio de la acción penal ni tampoco aparece como presupuesto para la configuración del delito tipificado en el art. 173, inc. 7°, C.P., a tal punto que inclusive su existencia y aprobación en sede extraña a ésta tampoco puede impedirle al juez del crimen conocer sobre los hechos si "ab-initio" advierte fraude en lo rendido. (**)
c. 28.073, PIRILLO, Víctor
Rta: 30/4/98.-
Se citó: (*)(**) Millán, Alberto, "Los delitos de administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados", Coop. de Derecho y Ciencias Sociales, Bs. As., 1976.
DEFRAUDACION. ESTAFA: Configuración.
Incurre en el delito de estafa quien oculta su verdadero estado financiero y patrimonial y sigue operando en el mercado a sabiendas que sobre él pesa una declaración de quiebra y que no podría cumplir los compromisos adquiridos.
c. 8.188, NARVAEZ DELMAS, María T.
Rta: 26/5/98.-
DEFRAUDACION. ESTAFA: Configuración. Esposa fingida, art. 1277, C.C.
Comete estafa en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público quien firma una escritura por la que se instrumenta un mutuo, otorgado en su favor, en garantía del cual se constituyen hipotecas sobre inmuebles de su propiedad, presentando, para la firma de dichas escrituras, a una mujer no individualizada fingiendo ser su esposa a los fines previstos por el art. 1277, C.C., logrando, mediante dicha maniobra, tornar ineficaces los títulos de garantía real de los préstamos dinerarios recibidos, perjudicando a sus acreedores, quienes habrían otorgado la prestación en la creencia de contar con garantías hábiles, cuando, en realidad, los títulos serían en parte nulos, y de imposible ejecución ante el incumplimiento de pago por el imputado.
c. 45.549, IGLESIAS, Jesús J.
Rta: 13/4/98.-
DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: Aplicación en sede penal.
Por cuanto en el delito de estafa procesal el autor persigue la disposición patrimonial mediante engaño, tal figura no resulta aplicable a la conducta desarrollada en causas tramitadas en sede penal, salvo que en éstas también se pretenda resarcimiento, art. 172, C.P. (*)
c. 8.437, URIBE, Elio A.
Rta: 21/4/98.-
Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Nos Ronchera, J.", rto: 24/5/46, en C.C.C., Fallos Plenarios, T. V, pág. 654, L.L. 42-694 y en Navarro, Guillermo R.-Jacoby, Pablo M., "Jurisprudencia Criminal Plenaria", Pensamiento Jurídico Editora, 1991, pág. 129.
DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: Presentación de certificados de ingresos falsos.
Incurre en el delito de estafa procesal en grado de tentativa quien presenta ante el juez laboral dos certificados de ingresos de importes notoriamente superiores a la realidad a fin de obtener un pronunciamiento favorable, sin que medie un concurso ideal de delitos ya que la falsedad del certificado acompañado como prueba es, precisamente, la condición "sine qua non" y elemento basal del tipo objetivo de la estafa procesal.
C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, Escobar-
c. 28.082, GRECO, Francisco
DELITO DE ACCION PRIVADA. Falta de domicilio en el escrito de querella.

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