Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-1347-2005-01-03-2006-54701
Timestamp: 2018-05-23 01:29:45+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/1347/2005, 01-03-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1347/2005 de 01 de Marzo de 2006
Núm. Resolución: 00/1347/2005
Se confirma la denegación de la pensión de jubilación por no ser funcionario de carrera del Estado (sirviendo al Estado o transferido a Comunidad Autónoma), pues el reclamante no estaba incluido en el ámbito personal de cobertura de Clases Pasivas, pese a que lo Comunidad Autónoma lo incluyera, tras la petición en 2001, dándole de baja en el Régimen General e integrándole en el Régimen de Clases Pasivas. El interesado inició su vida laboral en el Régimen General de la Seguridad Social (empresas privadas) y tras obtener diversas plazas de profesor siguió de alta en dicho Régimen hasta que en 2001 solicitó la baja y su integración en el Régimen de Clases Pasivas.
En la Villa de Madrid, a 1 de marzo de 2006, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en el del letrado D. ... en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 17 de febrero de 2005, denegatorio de pensión de jubilación voluntaria.
PRIMERO: D. ..., nacido el ... de 1943, funcionario del Cuerpo de Profesores de ..., Número de Registro de Personal ..., cesó en el servicio activo por jubilación voluntaria al amparo de la L.O.G.S.E., con efectos de ... de 2004, por resolución de ... de 2004, de la Consejería de ..., y el citado organismo en el Documento J, con fecha 19 de febrero de 2004, certificó los siguientes servicios:
SEGUNDO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 17 de febrero de 2005, denegó al interesado el derecho a pensión de jubilación voluntaria por aplicación de la LOGSE en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, fundado en los siguientes hechos y fundamentos de derecho: A -Hechos- "2.- Recibida en esta Dirección General la referida resolución de jubilación y una vez efectuadas las correspondientes comprobaciones, tanto en el Registro Central de Personal como en la Base de Datos de cotizantes de la Seguridad Social, se puede comprobar que Don ... perteneció a ... a extinguir, Escala de funcionarios que estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, régimen en el que estuvo en alta y cotizando hasta 31 de marzo de 2001. Dicha Escala de Funcionarios fue integrada en el Cuerpo de Profesores ..., según estableció la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, señalándose en la Disposición Adicional Decimotercera de la misma que "Los funcionarios que en virtud de las disposiciones adicionales de esta Ley se integren en otros Cuerpos o Escalas, conservarán el régimen de la Seguridad Social que tuvieran a la entrada en vigor de la misma". Posteriormente y en virtud de la Disposición Adicional Décima de la Ley 1/1990 (LOGSE), quedó integrado en el Cuerpo de Profesores de ... 3.- Ante esta circunstancia y dado que se había declarado la jubilación de un funcionario como perteneciente al régimen de Clases Pasivas, cuando no era este su régimen de pertenencia, se solicitó del Órgano de Jubilación (...) la revocación del citado acuerdo de jubilación en este Régimen y se informó al interesado de dicha circunstancia, con el fin de que se regularizase su situación y se evitaran los perjuicios que el encuadramiento indebido pudiera ocasionar al Sr. ... 4.- ..., en escritos posteriores, se ratifica en la validez del acto de declaración de jubilación del interesado como perteneciente al régimen de Clases Pasivas del Estado, alegando para ello un informe de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), no referido al interesado, que considera que este colectivo de funcionarios, al haber quedado integrado por la LOGSE en el Cuerpo de Profesores de ..., deben ser afiliados al régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, indicando el órgano de Jubilación con fecha ... del pasado mes de ... "... procede el reconocimiento por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de la correspondiente prestación de Clases Pasivas". B. Fundamentos de derecho "1.- Esta Dirección General es competente para dictar la resolución procedente en virtud de la competencia otorgada por el art. 11.1 del Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. 2.- Dicha competencia para el reconocimiento de los derechos pasivos, queda limitada exclusivamente al personal al que se refiere el número 1 del artículo 3 del citado Texto Refundido, que a su vez remite al artículo 2 del mismo Texto, en el que se establece el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado, y en el que en principio podría quedar encuadrado el Sr. ... como funcionario de carrera de carácter civil de la Administración del Estado. 3.- No obstante y según ha quedado reflejado en los hechos de la presente resolución, el interesado ha ingresado en el Cuerpo de Profesores de ..., Cuerpo de Funcionarios que sí está adscrito al régimen de Clases Pasivas, como consecuencia de sucesivas integraciones, es decir desde su escala originaria, Escala ..., al de Profesores ..., y desde éste al de Profesores de ..., y es esta circunstancia la determinante para establecer su derecho, o no, a pensión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, pues estando establecido por ley que los funcionarios que se integrasen en virtud de la Ley 30/1984 en otros Cuerpos o Escalas deberán conservar el régimen de Seguridad Social que tuviesen antes de dicha integración, así como, "que los Cuerpos y Escalas declarados a extinguir por normas anteriores a esta ley, se regirán por lo establecido en dichas disposiciones..." según recoge la Disposición Adicional Décima 7 de la Ley Orgánica 1/1990, no puede, por decisión del interesado o con fundamento en informes de otros Organismos, que no son competentes en materia de Clases Pasivas, forzarse a esta Dirección General por el órgano de Jubilación al reconocimiento de un derecho que no corresponde al interesado, al no estar amparado en disposición legal alguna".
TERCERO: El interesado, por escrito firmado el 15 de marzo de 2005 y presentado en ... (...) el día 23, formuló recurso de reposición contra el acuerdo de 17 de febrero de 2005, y por escrito fechado el 22 de marzo de 2005, presentado el 23 de marzo de 2005 en la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda en ..., interpuso reclamación económico-administrativa contra el citado acuerdo. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por ser el escrito de reposición anterior en el tiempo a la reclamación económico-administrativa procedió a resolver aquél, con remisión de las actuaciones al Tribunal Económico-Administrativo Central, por resolución de 12 de abril de 2005 desestimatoria del referido recurso de reposición.
CUARTO: Por escrito firmado el 22 de marzo de 2005, presentado en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de ..., el interesado interpone reclamación económico-administrativa contra el acuerdo de 17 de febrero de 2005 en el que se solicitaba su anulación y en su lugar que se dicte otro concediendo la pensión solicitada y se proceda a la inclusión en nómina con los atrasos correspondientes desde que fue solicitada. Para fundar su derecho alega lo siguiente: A.- En cuanto a los hechos, está acreditado que Don ... fue jubilado voluntariamente en el Cuerpo de Profesores de ... en aplicación de la Disposición Transitoria 9ª de la Ley 1/1990. Dicha jubilación fue acordada por la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de ... (Resolución de ... de 2004). Hasta 31 de marzo de 2001 el hoy reclamante había pertenecido a la Escala ... Mientras perteneció a dicha escala estuvo encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social. Por aplicación de la Disposición Adicional 15.2 de la Ley 30/1984, los funcionarios pertenecientes a la Escala ... fueron integrados en el Cuerpo de Profesores ... Tiempo después, en aplicación de la Disposición Adicional 10ª de la Ley 1/1990, dichos funcionarios quedaron integrados en el Cuerpo de Profesores de ... La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, lejos de conceder la pensión a la que tiene derecho el Sr. ..., solicitó a ... que revocase el acuerdo de jubilación. A su vez ..., decide no revocar el acuerdo de jubilación, manteniendo que el Sr. ... se encuentra bajo la cobertura del régimen de Clases Pasivas del Estado. Estos son los hechos, desprovistos de cualquier apreciación de tipo voluntarista, a los que simplemente se debe añadir, para tener un conocimiento perfecto de las circunstancias que el Sr. ..., desde ... de 2004 se encuentra jubilado de su puesto como profesor - por lo que no percibe remuneración alguna y no tiene concedida pensión alguna. Es decir, se encuentra en su casa sin recibir salario o ingreso alguno. B.- Debemos comenzar por analizar la actuación de ... al proceder a la jubilación del Sr. ... Dicho funcionario, en el momento en que se acordó su jubilación reunía todos los requisitos exigidos por la Ley (LOGSE) 1/1990. Principalmente, y a los efectos que nos importan, en el año 2004 (momento en que se acordó su jubilación) estaba encuadrado en el régimen de Clases Pasivas del Estado. Además, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.3 c) del RDL 670/87 y en el artículo 4 del RD 172/1988, de 22 de febrero, el único órgano competente para acordar la jubilación era ... A estos efectos es de aplicación el artículo 4 del mencionado RD 172/1988. A mayor abundamiento, según lo dispuesto en el artículo 13 c) del mencionado RDL 670/87 la competencia para el reconocimiento de los servicios prestados por el recurrente corresponde a ...
Es decir, ... es el único órgano competente para decidir sobre la procedencia o no de la jubilación del Sr. ... y la única competente para reconocer los servicios prestados. Por tanto hay que entender que es la única para decidir bajo la cobertura de qué régimen los prestaba. C.- De la legislación aplicable al caso se desprende claramente que existen dos momentos diferentes en el proceso por el cual un funcionario pasa de su vida activa a la pasiva - laboralmente hablando -. Así debemos remitirnos al artículo 2 del Real Decreto 172/1988, que distingue entre procedimiento de jubilación y de concesión de pensión de jubilación. Es decir, existe un procedimiento por el cual se declara la jubilación y otro por el cual se señala la pensión correspondiente. Procedimientos separados, y que según la legislación aplicable, corresponde tramitar a diferentes Administraciones. Así un ente administrativo es el que, en función de los servicios prestados a la Administración, la edad del funcionario y la legislación aplicable, interpreta y decide si el funcionario reúne los requisitos para proceder a su jubilación. Y, otro ente, en función de los datos proporcionados por el anterior - su decisión y la norma aplicable - calcula los haberes a que tiene derecho el funcionario ya jubilado. D.- Cronológicamente, ahora, debemos analizar la actuación de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la cual, con el argumento de que el Sr. ... había sido incluido de forma errónea por ... en el Régimen de Clases Pasivas del Estado le deniega la pensión por jubilación. El artículo 11 del RDL 670/87 otorga a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas la competencia para el reconocimiento de los derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas de los funcionarios civiles al servicio del Estado. Es decir, y según lo señalado anteriormente, dicho órgano es el que debe, en función de los datos proporcionados por el órgano que decide la jubilación, calcular los derechos pasivos (cuantía de la pensión) a que tiene derecho el funcionario ya jubilado. Es verdad que eso no significa que, sea cual sea el acuerdo de jubilación y los datos que se le aporten, siempre deba reconocer una pensión. El órgano competente para la jubilación puede acordar la jubilación de un funcionario que no reúna el periodo de carencia (15 años) y por tanto el Ministerio de Hacienda hará bien su trabajo denegando la pensión. Pero esto no se debe confundir con el hecho de que la Dirección General entre a valorar los datos que sólo puede valorar el ente que decide sobre la jubilación. No existe norma alguna que otorgue competencias al órgano gestor para valorar, y menos contradecir, lo certificado por el órgano que decide sobre la jubilación como ha ocurrido en este caso. Al Ministerio de Economía y Hacienda, tan sólo le corresponde que, comprobándose los requisitos de carencia y hecho causante, proceda al cálculo de la pensión y hacer los trámites para incluir en nómina al funcionario jubilado. Denegar la pensión argumentando que el funcionario estaba mal encuadrado supone una desviación de poder ya que no es competencia del órgano gestor. E.- Como hemos dicho, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas deniega la concesión de la pensión so pretexto de que el funcionario fue mal encuadrado bajo el Régimen de Clases Pasivas cuando en realidad pertenecía al General de Seguridad Social. Y, como también hemos dicho ya, esa declaración no es competencia suya, pero es que además, como bien reconoce la propia Dirección General al Sr. ... se le estaban detrayendo los derechos pasivos de su nómina desde el año 2001. Es decir, si se trataba de un error, este duró 4 años, tiempo más que suficiente para que el propio Ministerio de Economía y Hacienda se diera cuenta y procurara se enmendase, pues dichas cantidades se ingresaban en el Tesoro Público, órgano adscrito al propio Ministerio. Es decir, estamos ante el caso claro en el que la Administración intenta ir contra sus propios actos, y lo hace, además en una doble vertiente, desde la perspectiva del administrado. Por un lado, el Ministerio intenta ir contra los actos de retención de derechos pasivos y su ingreso en el Tesoro Público, y por otro, también el Ministerio intenta ir, con clara desviación de poder, contra la decisión de ... de jubilar al funcionario (ha llegado a solicitar la revocación del acuerdo, olvidando todo lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30 /92). En suma, podemos decir, que la denegación de la pensión de jubilación por parte de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas es un acto adoptado con desviación de poder, ya que se arroga competencias que corresponden a ... y que por tanto es nulo de pleno derecho, razón por la cual debe ser anulado y sustituido por otro que conceda la pensión a la que tiene derecho el Sr. .., a tenor de la resolución de jubilación emitida por ... F.- El punto central de discusión en que se plantea el presente procedimiento parece estar, según la argumentación del Ministerio de Economía y Hacienda, en la pertenencia o no del reclamante al Régimen de Clases Pasivas del Estado. Siendo la opinión del Ministerio que el Sr. ... estaba mal encuadrado en dicho régimen, y la opinión de ... y de MUFACE que estaba bien encuadrado en dicho régimen. Pero sobre lo que no existe discusión es sobre que, efectivamente, estaba encuadrado en el Régimen de Clases Pasivas del Estado (fuera por error o no). Es decir, puede que se discuta la procedencia de dicho encuadramiento, pero lo que no se discute es el hecho (pues es indiscutible). Pero de lo que no cabe duda es de que ..., que es la competente para decidir el encuadramiento de sus funcionarios, decidió encuadrarle dentro del Régimen de Clases Pasivas y le detrajo su cuota de derechos pasivos y esto fue aceptado por el Ministerio de Economía. Si esto se hizo así por error, este no puede perjudicar ahora -cuatro años después- a los derechos pasivos del administrado, él no puede ser el que sufra las consecuencias de un error que no es suyo.
QUINTO: A.- En el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa el reclamante solicita que se considere interesada a ..., pues puede ser afectada por la resolución que se dicte, de acuerdo con el artículo 232.3 de la Ley 58/2003, por lo que solicita le sea notificada la reclamación por si desea comparecer en el procedimiento. Por providencia de la Secretaría General de este Tribunal Central se notifica a ..., Consejería de ..., la existencia de la presente reclamación económico-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley 58/2003, General Tributaria, al objeto de que pueda comparecer en la misma como titular de derechos e intereses legítimos que puedan resultar afectados. B.- Con fecha 16 de enero de 2006 tuvo entrada en este Tribunal Central escrito del letrado de ..., que dice textualmente: "Que me ha sido notificada la Providencia de la Secretaría General de ese Tribunal, en la Reclamación 00/1347/05, en orden a que al amparo del artículo 232 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, comparezca como titular de derechos e intereses legítimos. Que por medio del presente escrito comparezco y digo que la Resolución del Director General de Personal Docente de ... de 2 de junio de 2004 - cuya impugnación es objeto de esta reclamación -, de acuerdo con su pie de recurso y la normativa aplicable, es un acto administrativo de la Administración Autonómica de ... no susceptible de ser objeto de reclamación económico-administrativa (art. 227 LGT), lo que ha de determinar la inadmisión de la misma por aplicación del artículo 239.4 a) de la Ley 58/2003".
SEXTO: Constan en el expediente los siguientes documentos: A.- Informe de vida laboral del interesado, al día ... de 2004, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se le verifican en alta en el Sistema de la Seguridad Social un total de 31 años, 8 meses y 5 días, con el siguiente desglose:
B.- Fotocopia no cotejada de instancia presentada el 20 de marzo de 2001 por D. ... en ..., Consejería de ..., Dirección Provincial de ..., nº de entrada ..., que dice así: "..., Profesor de ..., con ... con destino actual en el ..., presenta en la Sección de Personal de la Consejería de ... en ... la siguiente petición: Recibido el informe sobre la afiliación a MUFACE, les comunico mi deseo de causar BAJA en el Régimen General de la Seguridad Social con fecha de 31 de marzo de 2001. Y en ese mismo momento, causar ALTA en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (Derechos Pasivos y MUFACE). Dicha afiliación debe producirse sin solución de continuidad con la baja en el Régimen General de la Seguridad Social, para no perder cualquier tipo de derechos adquiridos". C.- Fotocopia no cotejada de oficio del Director Provincial de la Consejería de ... en ..., dirigido al Servicio Provincial de la MUFACE de ..., número de salida ..., fecha 27 de marzo de 2001, que dice así: "Con fecha 31-03-2001,y por haberlo solicitado D. ... Profesor de ..., se da de baja en el Régimen General de la Seguridad Social, y de Alta en la misma fecha en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Se acompaña copia de lo actuado". D.- Fotocopia de informe de afiliación a MUFACE de D. ..., emitida por el Servicio de Régimen Jurídico y Órganos Colegiados, con el Vº Bº del Secretario General de la MUFACE, fechada el 29 de diciembre de 2000, que concluye así: "5° El criterio de esta Mutualidad General, fundamentado en las Disposiciones legales citadas, es que las integraciones de la Ley 30/1984 debían conservar el Régimen de Seguridad Social al qué pertenecían; y las integraciones en los Cuerpos Docentes creados por la LOGSE,- al no disponerse nada en contra, deben llevar consigo la pertenencia al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, régimen jurídico que es aplicable a todos los funcionarios integrantes del Cuerpo, sin excepción. 6° En consecuencia, D. ... debe ser afiliado al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (Derechos Pasivos y Muface) al haberse integrado en el Cuerpo de Profesores de ..., en virtud de lo dispuesto en la LOGSE y descontársele en nómina sus cotizaciones a Derechos Pasivos y a Muface. Las cotizaciones efectuadas al Régimen General se tendrán en cuenta en virtud del cómputo recíproco de cotizaciones entre los distintos Regímenes de Seguridad Social establecido en el Real Decreto 691/1991, de 12 de abril. La afiliación a Muface debe producirse sin solución de continuidad con la baja en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que debe ponerse en conocimiento del funcionario y del organismo por donde percibe sus haberes".
PRIMERO: Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo, no pueden interponerse simultáneamente recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto impugnado y reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos, siendo la consecuencia de tal simultaneidad la declaración de inadmisibilidad de la reclamación, en el presente caso y puesto que el citado recurso fue resuelto, la reclamación ha de ser admitida y entenderse ampliada a la resolución de 12 de abril de 2005, por la que el recurso fue desestimado. Sentado lo anterior, este Tribunal Central entiende que concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si el interesado tiene, o no, derecho a pensión de jubilación en el Régimen de Clases Pasivas.
SEGUNDO: A.- La Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que entró en vigor el 1 de septiembre de 1994, en su artículo 10, apartado 2, letra d), considera Régimen Especial, dentro de la estructura del Sistema de la Seguridad Social, al de los funcionarios públicos, civiles y militares, y en el apartado 2 del citado artículo indica que el Régimen especial correspondiente al grupo d) del apartado anterior se regirá por la Ley o Leyes especiales que se dicten al efecto. Este artículo tiene su precedente en el artículo 10, párrafos 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, que fue desarrollado por la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, cuyo artículo 2 dice que el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado queda integrado por: "tres mecanismos de cobertura: a) el de Derechos Pasivos, de acuerdo con sus normas específicas; b) el de Ayuda Familiar, igualmente de acuerdo con sus normas específicas y c) el del Mutualismo Administrativo, que se regula en la presente Ley". Posteriormente, el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, dice que este Régimen Especial de Seguridad Social queda integrado por los siguientes mecanismos de cobertura: "a/ el Régimen de Clases Pasivas del Estado, de acuerdo con sus normas específicas y b/ el Régimen del Mutualismo Administrativo que se regula en la presente Ley". En la actualidad, el mecanismo de Derechos Pasivos se halla regulado en el ya citado Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que no contiene norma alguna que considere supletoria del mismo la legislación del Régimen General de la Seguridad Social. B.- Por otra parte en el Régimen de Clases Pasivas, tampoco es de aplicación la citada Ley 29/1975, de 27 de junio, ni el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, ni el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, tanto el aprobado por Real Decreto 843/1976, de 18 de marzo, como el aprobado por Real Decreto 375/2000, de 28 de marzo, puesto que desarrollan un específico mecanismo de cobertura (el Mutualismo Administrativo) distinto del Régimen de Clases Pasivas, a quien el propio Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, artículo 2, considera que se rige por sus normas específicas. De ahí que no sea posible aplicar ni los hechos ni los fundamentos de derecho de las resoluciones económico-administrativas dictadas por la MUFACE o por las Comunidades Autónomas, ni las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia ni de la Audiencia Nacional, en ejercicio del control jurisdiccional sobre aquellas decisiones administrativas, al Régimen de Clases Pasivas, porque están dictados al amparo de una legislación distinta que determina qué hechos son tenidos en consideración y qué consecuencias jurídicas se derivan de los mismos. C.- Finalmente hay que destacar que tampoco son de tener en cuenta en el Régimen de Clases Pasivas, donde los derechos pasivos nacen con la extinción de la relación de servicios (por edad, incapacidad o voluntariamente) y son reconocidos por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, los derechos y obligaciones que son derivados de la relación de activo entre la Administración Pública y el interesado, donde no existen todavía derechos pasivos, sino obligación de pagar cuotas de derechos pasivos y donde, por otra parte, no interviene, todavía, la Dirección General referida.
TERCERO: En el Régimen de Clases Pasivas hay que distinguir entre la competencia del órgano de jubilación, que comprende la extinción de la relación de servicios y el reconocimiento de los prestados y que en el presente caso está encuadrado en la Comunidad de ... al estar en esta Comunidad el último destino del interesado, y la concesión de la pensión de jubilación, que es competencia de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Así, los artículos 11.1 y 12 del Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987 determinan que la competencia para el reconocimiento de los derechos pasivos y el señalamiento y pago de las correspondientes pensiones del Régimen de Clases Pasivas, corresponde a la referida Dirección General, mientras que el artículo 13 del mismo Texto Refundido atribuye la competencia para el reconocimiento de los servicios prestados a otros organismos. La normativa estatal aplicable en esta materia está constituida por las siguientes disposiciones: a) Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado (B.O.E de 27 de mayo); b) Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, sobre procedimientos de jubilación y concesión de pensión de jubilación de funcionarios civiles del Estado (B.O.E del 2 de marzo); c) Orden de 30 de septiembre de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se dictan normas complementarias al Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, sobre Procedimiento de Jubilación y Concesión de Pensión de Jubilación de Funcionarios Civiles del Estado (B.O.E del 6 de octubre); d) Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, del Ministerio para las Administraciones Públicas, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado. (B.O.E del 11 de enero de 1996); y e) Resolución de 14 de julio de 1998, de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y para la Administración Pública, por la que se aprueban los modelos de impresos para determinados procedimientos de reconocimiento de pensiones del régimen de clases pasivas del Estado, publicada por Resolución de 24 de julio de 1998, de la Subsecretaría, del Ministerio de la Presidencia. (B.O.E del 29).
CUARTO: Por lo expuesto, compete a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el señalamiento de la pensión de jubilación, siendo facilitados por el órgano de jubilación los datos esenciales para fijar su cuantía, sin que esto signifique que el referido Centro Gestor tenga que aceptar, acríticamente el acto del órgano de jubilación pues el documento de iniciación del procedimiento de jubilación ha de ser comprobado, como señalan los preceptos transcritos, ya que los actos de cualquier Administración Pública pueden contener datos erróneos y por tanto ser nulos de pleno derecho o anulables, según lo señalan los artículos 62 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dado que la competencia para aplicar la normativa de jubilación corresponde precisamente a los órganos de jubilación de cada Administración Pública, no procede sino la aplicación del artículo 4.1.a) de la Ley 30/1992, por el que resulta obligado respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias, pues la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas no tiene poder fiscalizador o corrector de tal ejercicio. Otra cuestión es que por parte de este centro directivo se solicite el pronunciamiento de órgano superior acerca de la cuestión controvertida o bien se exprese al órgano de jubilación de este caso, y de aquellos otros en que esta misma cuestión se suscite, el criterio que se sustenta, al objeto de que futuras actuaciones lo sean de conformidad entre los órganos de jubilación y de señalamiento de la pensión. Ahora bien, en materia de concesión de pensión de jubilación del Régimen de Clases Pasivas, la competencia es de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y, por lo mismo, compete vigilar la aplicación de su campo de aplicación y definir si un funcionario está o no protegido por este Régimen, con independencia de que haya, o no, cotizado al mismo, y por consiguiente, si puede o no acceder a sus beneficios.
QUINTO: La evolución de la vida administrativa de D. ... y la protección social que le correspondía ha sido la siguiente: A.- Ingresó en la Escala ... el ... de 1976, y le correspondía estar afiliado en el Régimen General de la Seguridad Social. En ese momento la normativa reguladora del Régimen de Clases Pasivas era el Decreto 1120/1966, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios Civiles del Estado, que se aplicaba a los funcionarios civiles de carrera y cuyo ámbito de aplicación personal no ofrecía dudas, pues se aplicaba a quienes percibían sus retribuciones de los capítulos de personal del Presupuesto General del Estado. B.- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 2, conforme al artículo 1º de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la anterior, establecía la integración: "En el Cuerpo de Profesores ..., de los funcionarios de ...". En aplicación de esta norma, el interesado, con fecha ... de 1988, pasó a formar parte del Cuerpo de Profesores ... (...). Por su parte, la Disposición Adicional Decimotercera de la citada Ley 30/1984 decía: "Los funcionarios que en virtud de lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales de esta Ley se integren en otros Cuerpos o Escalas conservarán el Régimen de Seguridad Social que tuvieran a la entrada en vigor de la misma". Por ello el interesado continuó integrado en el Régimen General de la Seguridad Social. C.- La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en su Disposición Adicional Décima, número 4, estableció que: "Se integrarán en el Cuerpo de Profesores de ... los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de ...". En su virtud el interesado fue integrado en el Cuerpo de Profesores de ... con fecha ... de 1990. Conforme a la Disposición Adicional Décima, número 7, de la citada Ley 1/1990: "los Cuerpos y Escalas declarados a extinguir por normas anteriores a esta Ley se regirán por lo establecido en dichas disposiciones...". Por lo mismo, desde el 24 de octubre de 1990, el interesado siguió afiliado y en alta en el Régimen General de la Seguridad Social. D.- No obstante lo anterior, ... certifica -Documento J- que a partir de 1 de abril de 2001 y hasta el ... de 2004, D. ... ha prestado servicios efectivos como funcionario del Régimen de Clases Pasivas (3 años y ... meses).
SEXTO: Según la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, Disposición Transitoria Novena: "1. Los funcionarios de los cuerpos docentes a que hacen referencia las disposiciones adicionales décima 1 y decimocuarta 1, 2 y 3 de la presente Ley incluidos en el ámbito de aplicación del régimen de Clases Pasivas del Estado podrán optar a un régimen de jubilación voluntaria durante el período comprendido entre los años 1991 y 1996, ambos inclusive siempre que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes: a) Estar en activo en 1 de enero de 1990 y permanecer en dicha situación y desde dicha fecha en puestos pertenecientes a las correspondientes plantillas de centros docentes. b) Tener cumplidos sesenta años de edad y c) Tener acreditados quince años de servicios efectivos al Estado. Los requisitos de edad y periodo de carencia, exigidos en el párrafo anterior, deberán haberse cumplido en la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, que será a este efecto el 31 de agosto del año en que se solicite. A tal fin deben formularse la solicitud, ante el órgano de jubilación correspondiente, dentro de los dos primeros meses del año en que se pretenda acceder a la jubilación voluntaria. 2. La cuantía de la pensión de jubilación será la que resulte de aplicar, a los haberes reguladores que en cada caso procedan, el porcentaje de cálculo correspondiente a la suma de los años de servicios efectivos prestados al Estado que, de acuerdo con la legislación de Clases Pasivas, tenga acreditados el funcionario al momento de la jubilación voluntaria y del período de tiempo que le falte hasta el cumplimiento de la edad de 65 años. Dicho período de tiempo se tendrá en cuenta a efectos de la aplicación de la disposición adicional decimonovena de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, sin que en ningún caso el abono especial que resulte de la expresada disposición acumulado al período de tiempo antes citado pueda superar los cinco años. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido, en cada momento, en materia de límite máximo de percepción de pensiones públicas. 3. Dado el carácter de voluntario de la jubilación regulada en esta disposición transitoria, no será de aplicación a la misma lo establecido en la disposición transitoria primera del vigente Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 4. Los funcionarios que se jubilen voluntariamente de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma, que tengan acreditados al momento de la jubilación al menos 28 años de servicios efectivos al Estado, podrán percibir, por una sola vez, conjuntamente con su última mensualidad de activo, una gratificación extraordinaria en el importe y condiciones que establezca el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, por iniciativa del Ministro de Educación y Ciencia, atendiendo a la edad del funcionario, a los años de servicios prestados y a las retribuciones complementarias establecidas con carácter general para el cuerpo de pertenencia. La cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá en ningún caso, ser superior a un importe equivalente a 25 mensualidades del salario mínimo interprofesional. 5. Los funcionarios de los cuerpos docentes a que se refiere esta norma, acogidos a regímenes de seguridad social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, podrán igualmente percibir las gratificaciones extraordinarias que se establezcan, de acuerdo con lo previsto en el número 4 de esta disposición transitoria, siempre que causen baja definitiva en su prestación de servicios al Estado, por jubilación voluntaria o por renuncia a su condición de funcionario, y reúnan los requisitos exigidos en los números 1 y 4 de la misma, excepto el de pertenencia al Régimen de Clases Pasivas del Estado. En este supuesto la cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá, en ningún caso, ser superior a un importe equivalente a 50 mensualidades del salario mínimo interprofesional. La jubilación o renuncia de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior no implicará modificación alguna en las normas que les sean de aplicación, a efectos de prestaciones, conforme al régimen en el que estén comprendidos. 6. Se faculta a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda para dictar las instrucciones que en relación con las pensiones de Clases Pasivas, pudieran ser necesarias a fin de ejecutar lo dispuesto en la presente norma". En relación con esta Disposición Transitoria Novena hay que señalar: a) los Cuerpos docentes a que hacen referencia las Disposiciones Adicionales Décima 1 y Decimocuarta 2 y 3 son entre otros: Cuerpo de Profesores de ... ; b) Según la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, artículo 51, prórroga de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 2 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo: "se prorroga por un período de cuatro años, a partir del día 4 de octubre de 2002, la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo"; c) se distingue claramente entre funcionarios acogidos al Régimen de Clases Pasivas del Estado y funcionarios acogidos a Regímenes de Seguridad Social o de previsión distinto al de Clases Pasivas y para estos la jubilación o renuncia a que se refiere el párrafo 4 de la Disposición Transitoria Novena no implica modificación alguna en las normas que les sean de aplicación, a efectos de prestaciones, conforme al régimen en el que estén comprendidos. Es decir, que para los funcionarios acogidos al Régimen General de la Seguridad Social no hay variación alguna de las condiciones exigidas en este régimen para la jubilación y el cálculo de la pensión correspondientes.
SÉPTIMO: Con carácter general ha de indicarse que el artículo 149.1.18 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre "las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas.....". A esta prescripción constitucional dio concreción el Legislador con la Ley 30/84 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en cuyo artículo 1.3 se indica que "Se considerarán bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, y en consecuencia aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas, los siguientes preceptos", entre los que se encuentra el único que interesa al caso, la disposición adicional tercera, apartados 2 y 3, cuyo texto es el siguiente: "2. A los funcionarios en prácticas y a los funcionarios de nuevo ingreso de las Comunidades Autónomas, así como a los altos cargos que no sean funcionarios públicos, les será aplicable el Régimen General de la Seguridad Social. 3. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas continuarán con el sistema de Seguridad Social o de previsión que tuvieran originariamente,....". Por su parte, el Decreto Legislativo ..., por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de ..., en su artículo ...- dice: "1. A los funcionarios de carrera de nuevo ingreso de la Comunidad Autónoma de ... les será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social. 2. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas seguirán sometidos al mismo Régimen de Seguridad Social o Previsión Social, que venía aplicándoseles con anterioridad a su integración. 3. A los funcionarios en prácticas y a los Altos Cargos que no sean funcionarios públicos, se les aplicará el Régimen General de la Seguridad Social". En el supuesto presente, a D. ..., tanto si se hubiese integrado en un Cuerpo propio de la Comunidad Autónoma de ..., como si continúa en la situación que tenía al tiempo de su integración procedente de la Administración del Estado, le es de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social.
OCTAVO: A la vista de la legislación expuesta, D. ... no está incluido en el campo de aplicación del Régimen de Clases Pasivas del Estado que, al 1 de abril de 2001, fecha certificada como de inclusión en este Régimen, según el Documento J- se regulaba por el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, cuyo artículo 2, al definir su ámbito personal de cobertura, dice: "1. Constituye el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas: a) los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado...; g) el personal mencionado en las precedentes letras que preste servicio en las diferentes Comunidades Autónomas como consecuencia de haber sido transferido al servicio de las mismas". 2.- "Este ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas sólo podrá ser ampliado o restringido por Ley". Por ello, si legalmente D. ... no pertenecía al Régimen de Clases Pasivas del Estado, no le era de aplicación la normativa de jubilación voluntaria de funcionarios docentes al amparo de la Disposición Adicional Novena de la LOGSE con las ventajas reconocidas a los funcionarios pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas, sino con las ventajas reconocidas para los que pertenecían a otros Regímenes de Seguridad Social o de Previsión Social. Por otra parte, definir quienes están, o no, incluidos en el Régimen de Clases Pasivas no compete a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que no es el órgano gestor del Régimen de Clases Pasivas (sino del Mutualismo Administrativo) y que, en su día, no va a reconocer o denegar las pensiones de jubilación del citado Régimen. En consecuencia, ni el interesado debió pedir ni ... otorgar la inclusión del mismo en el Régimen de Clases Pasivas y más sobre la base de un informe (descrito en el Antecedente de Hecho Sexto, letra D) referido a determinada persona, distinta del interesado, todo ello al margen de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que es el órgano gestor del Régimen de Clases Pasivas en lo referente a funcionarios civiles. Ciertamente que ..., como órgano de jubilación, cesa en el servicio activo en uso de sus competencias y este acto no puede controlarse por el Centro Gestor de Clases Pasivas, pues no le compete a él el control de la legalidad de lo actuado por la referida ..., sino a los Tribunales de Justicia. Pero como el Centro Gestor también conoce la legislación (que ha ignorado ...) y es competente para declarar las pensiones de jubilación, según la normativa expuesta en los fundamentos precedentes, al negar el reconocimiento de la pensión solicitada obra, por una parte, en ejercicio de competencias que tiene atribuidas y, por otra, al ajustarse a la legalidad sustantiva expuesta, actúa conforme a Derecho.
NOVENO: Lo anteriormente expuesto no impide a ... solicitar a los órganos gestores del Régimen General de la Seguridad Social el alta en este Régimen, en cuyo campo de aplicación se halla encuadrado el interesado, y el pago de las cotizaciones correspondientes (cuota del empresario y cuota del trabajador), al interesado, por una parte, exigir el alta y cotización por el período indebidamente encuadrado en el Régimen de Clases Pasivas del Estado (con intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en su caso) y, por otra, solicitar la prestación del Régimen General de la Seguridad Social que le corresponda en función de los períodos cotizados (sumados los períodos realmente cotizados y los que debió cotizar), a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicándole la presente resolución para abordar los problemas de conexión de Regímenes, así como dirigirse a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para comunicarle la presente resolución, a los efectos que procedan, tanto para el supuesto presente como para la adopción de medidas al respecto, y a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dirigirse a la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) para comunicarle la presente resolución a fin de estar informada de la postura de este Tribunal Central en esta materia.
DÉCIMO: Respecto a la devolución de las cotizaciones hechas indebidamente al Régimen de Clases Pasivas, ha de señalarse que en este Régimen, la Administración del Estado se autoasegura, es decir, que no hay cuota empresarial, lo que quiere decir que ... no ha pagado cuota como empleador, lo que sí hubiese debido hacer si hubiese continuado el interesado en el Régimen General de la Seguridad Social, por lo tanto no hay cotización que devolver a la citada ... Respecto de D. ..., el artículo 23 del Texto del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado de 1987 establece que el personal comprendido en el número 1 de su artículo 3, entre los que no se encuentra el interesado conforme se ha demostrado, está sujeto al pago de una cuota de derechos pasivos cuya cuantía se determinará mediante la aplicación al haber regulador que sirva de base para el cálculo de la correspondiente pensión de jubilación o retiro, con las reducciones que se mencionan, del tipo porcentual del 3,86 por ciento. Obteniéndose la cuantía mensual de la cuota de derechos pasivos dividiendo por catorce la anual obtenida conforme a lo dispuesto anteriormente, y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre. Y en su número 3 señala que la exacción de la cuota se verificará mediante la correspondiente retención de su importe en cada nómina que se haga efectiva al funcionario, y en el caso de funcionarios del Estado transferidos a una Comunidad Autónoma, precisa que serán los servicios correspondientes los que procederán a retener el importe de la cuota en cada nómina que se le haga efectiva, y a ingresar en el Tesoro Público las cantidades retenidas.
UNDÉCIMO: De la lectura del referido artículo 23 del Texto Refundido de 1987, en comparación con sus antecedentes y/o con la restante normativa reguladora del Régimen de Clases Pasivas y con la legislación presupuestaria, se deduce lo siguiente: a) La cuota de derechos pasivos es un ingreso público al Tesoro, sin carácter finalista, así en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, Resumen General por Capítulos del Presupuesto de Ingresos, las cotizaciones del Régimen de Clases Pasivas se incluyen en el capítulo 1, Impuestos directos y cotizaciones sociales; b) Los problemas derivados de la cotización de Clases Pasivas se resuelven aplicando la normativa general de los impuestos del Estado; c) La base de cotización se fija por el órgano en el que presta servicios activos el funcionario pero la base reguladora de las prestaciones se fija por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por lo que pueden darse discrepancias entre las fijadas por aquél y ésta, cada uno en su respectivo ámbito de competencias; d) El personal no incluido en el campo de aplicación del Régimen de Clases Pasivas no tiene derechos pasivos aunque haya cotizado al mismo (inclusión obligatoria y exclusión obligatoria en el Régimen); d) El funcionario, incluido en el campo de aplicación del Régimen de Clases Pasivas, que cotice por una base inferior a la que le correspondería no verá perjudicado su derecho a que el Centro Gestor de Clases Pasivas le aplique la base reguladora de las prestaciones pasivas que le corresponda por su Cuerpo, Escala, plaza o categoría; e) A sensu contrario, el funcionario incluido en el campo de aplicación del Régimen de Clases Pasivas, que cotice por una base superior a la que le correspondería, no puede exigir al Centro Gestor de Clases Pasivas que le señale una base reguladora de su pensión, acorde con la cotización hecha; f) La exigencia de cuotas debidas y el reintegro de cuotas indebidas se rigen por la normativa fiscal; g) El Estado no hace separación de ingresos y gastos del Régimen de Clases Pasivas, al margen de los Presupuestos Generales del Estado: las cotizaciones son ingresos fiscales y los derechos pasivos son gastos a cargo del Presupuesto, sin órgano interpuesto, a diferencia del resto del Sistema de la Seguridad Social que se configura como patrimonio distinto y separado del Estado; h) El Estado no tiene cotización de empleador a diferencia del Sistema de la Seguridad Social (se autoasegura), por lo que el mecanismo de responsabilidad por impago de cuotas de empleador no existe y la falta de cotización del funcionario o su cotización inferior a la debida las asume el Estado por el mecanismo de compensación de culpas (culpa in vigilando).
DUODÉCIMO: Por lo expuesto, procede confirmar la denegación del señalamiento de pensión, por hallarse ajustado a Derecho, no obstante lo cual, por lo que respecta a lo cotizado por derechos pasivos, el interesado puede solicitar de la autoridad fiscal competente la devolución de lo ingresado, si lo estima procedente, no pudiéndose pronunciar este Tribunal Central sobre la materia, al ser sus facultades estrictamente revisoras de lo actuado por otro órgano de la Administración y no constar que este pronunciamiento previo se haya solicitado y haya tenido lugar.
EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa, interpuesta por D. ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 12 de abril de 2005, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 17 de febrero de 2005, denegatorio de pensión de jubilación voluntaria al amparo de la LOGSE, que se confirma.
Ley 30/1984 de 2 de Ago (Medidas para la reforma de la Función Pública) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 185 Fecha de Publicación: 03/08/1984 Fecha de entrada en vigor: 23/08/1984 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
RDLeg. 4/2000 de 23 de Jun (TR. Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 28/06/2000 Fecha de entrada en vigor: 29/06/2000 Órgano Emisor: Ministerio De Administraciones Publicas
D.F. 2ª. Aplicación de la Ley.
D.F. 1ª. Armonización con la Ley de Consolidación y Racionalización del sistema de la Seguridad Social.
Real Decreto 691/1991 de 12 de Abr (cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social) VIGENTE
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 104 Fecha de Publicación: 01/05/1991 Fecha de entrada en vigor: 02/05/1991 Órgano Emisor: Minist. De Relac. Con Las Cortes Y De La Secr. Del Gobierno
D.DA.Única.
Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Oct (Ordenación General del Sistema Educativo) DEROGADO
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 238 Fecha de Publicación: 04/10/1990 Fecha de entrada en vigor: 24/10/1990 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado
Sentencia Social Nº 945/2015, TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 501/2015, 26-11-2015
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Sentencia Social Nº 732/2005, TSJ Madrid, Sala de lo Social, Sec. 4, Rec 4999/2005, 30-12-2005
Orden: Social Fecha: 30/12/2005 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Garcia Paredes, Maria Luz Num. Sentencia: 732/2005 Num. Recurso: 4999/2005
Sentencia Social Nº 529/2014, TSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1333/2013, 29-04-2014
Orden: Social Fecha: 29/04/2014 Tribunal: Tsj Castilla-la Mancha Ponente: Rentero Jover, Jesus Num. Sentencia: 529/2014 Num. Recurso: 1333/2013
Sentencia Social Nº 8612/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4259/2008, 23-11-2009
Orden: Social Fecha: 23/11/2009 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Figueras Cuadra, Maria Del Carmen Num. Sentencia: 8612/2009 Num. Recurso: 4259/2008
Sentencia Social Nº S/S, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2531/2003, 20-01-2004
Orden: Social Fecha: 20/01/2004 Tribunal: Tsj Pais Vasco Ponente: Eguaras Mendiri, Florentino Num. Sentencia: S/S Num. Recurso: 2531/2003
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