Source: http://www.oas.org/summit/sisca/themesdetails.aspx?lang=es&theme=5&country=URY
Timestamp: 2020-02-27 18:29:14+00:00

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I: Mandato general sobre Mejora del Empleo y Acceso al Trabajo
En ese sentido, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social ha aumentado la fiscalización, respondiendo a absolutamente todas las denuncias que presentan los trabajadores y diseñando operativos de oficio (determinados por la propia IGTSS) en diversas ramas de actividad, señalándose a modo de ejemplo, la realización del primer operativo de oficio para controlar las condiciones de las Trabajadoras Domésticas -hasta donde sabemos, único en la región-. También se fiscalizó a las empresas que prestan servicios de Seguridad y Vigilancia, e Industria Metalúrgica, se profundizó la presencia en el Ambito Rural (canteras-minería, explotaciones agropecuarias, ganadería, arroz, etc.), lo que incluyó un operativo binacional con la República Federativa del Brasil.
En dichas Comisiones se dictan normas de seguridad y salud, se acuerdan condiciones de trabajo (rotación, gimnasia laboral compensatoria, descansos adicionales, reducción de la jornada). También se realizan congresos, cursos de capacitación y difusión, etc.
En materia de Acoso y Discriminación, la IGTSS tiene como competencia el diligenciamiento de expedientes ante denuncias de acoso sexual, laboral; discriminación por razón de género, opción sexual, afrodescendencia, enfermedad, etc.; represión sindical; derechos inespecíficos.
A modo de ejemplo y para el caso del acoso sexual, la sensibilización sobre el tema, la difusión de la problemática y la visualización de la herramienta de la IGTSS para afrontar la problemática, ha hecho que del 2009 al 2010 se triplicaran las denuncias en este ámbito. A su vez, además del dictado de una ley específica para el acoso sexual (Ley Nº 18.561), se establecen protocolos especiales de protección a la víctima y resguardo de testigos a los efectos de garantizar la eficiencia en la determinación de la infracción.
Por otro lado, la IGTSS ha determinado para este año 2011 un trabajo especial en la materia. En este marco, en el mes de julio se llevará adelante un curso de capacitación a los Inspectores y Abogados de la IGTSS en acuerdo con la Facultad de Psicología y otras organizaciones para profesionalizar aún más los instrumentos en esta materia. A su vez, la IGTSS participa permanentemente en eventos académicos y ámbitos laborales para la sensibilización y promoción del trabajo decente y las buenas prácticas.
En lo que refiere al Trabajo Decente, cabe señalar que el 8 de diciembre de 2006 se firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Cultura, y la Administración Nacional de Educación Pública, con el objetivo de impartir nociones sobre los Derechos Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente a jóvenes del primer y segundo ciclo de Enseñanza Secundaria y del Ciclo Básico de Educación Técnico Profesional. El convenio encomendó la dirección del proyecto a un Comité Coordinador integrado por un representante de cada una de las instituciones firmantes, al que posteriormente se incorporó un representante de Educación Secundaria y otro de CETP-UTU.
Durante el año 2007 se ejecutó una experiencia piloto en 6 centros educativos, 3 de Montevideo y 3 del interior del país. Por el Departamento de Montevideo participaron la Escuela Técnica Flor de Maroñas, el Liceo Nº 10 “Carlos Vaz Ferreira” y el Liceo Nº 6 “Francisco Bauzá”; por el Departamento de Maldonado participó el Liceo Departamental Nº 1; por el Departamento de Durazno la Escuela Agraria Paraje “El Salado”; y por el Departamento de Soriano la Escuela Técnica de Dolores.
La experiencia piloto dió excelentes resultados. En el marco de la misma, se redactó un manual para los docentes con contenidos teóricos sobre los Derechos Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente, se dictó un taller de capacitación para los docentes de los 6 centros de estudio seleccionados en el que se propuso la utilización de la herramienta didáctica de la participación, y se trasladaron los conceptos al aula, logrando una amplia repercusión en el alumnado y en los centros de estudio. Un consultor externo al proyecto, realizó una evaluación remarcando los excelentes resultados obtenidos, y realizó recomendaciones para una etapa posterior.
Atendiendo a la repercusión que tuvo la experiencia y los excelentes resultados obtenidos, los temas trabajo decente y derechos fundamentales del trabajo se incorporaron en los programas de estudio de distintas asignaturas de Educación Secundaria y CETP-UTU. En el caso de Secundaria se incorporó en los programas de estudio de: Educación Social y Cívica (correspondiente al 3er. Año del Ciclo Básico), Educación Ciudadana (correspondiente a 2do año de Bachillerato), y Derecho y Ciencia Política (correspondiente a 3er año de Bachillerato). En Educación Técnica se incorporó en la Unidad de Alfabetización Laboral dentro del Plan de Formación Profesional de Base, y en los Talleres de la Sexualidad y de los Jóvenes correspondientes al 3er año del Ciclo Básico Tecnológico.
Durante el año 2009 se ejecutó la segunda etapa del proyecto. En el marco de la misma, se realizó una impresión del Manual para los Docentes, al que se le incorporó un capítulo sobre la situación de nuestro país en materia de cumplimiento de los Derechos Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente.
En el mes de julio se realizó un taller para 90 docentes de todo el país, 36 del interior y 54 de Montevideo. Este taller fue transmitido en simultáneo por video conferencia a todo el país abarcando a un total de 170 docentes.
En la segunda mitad del año 2009, 14 docentes seleccionados de entre los participantes de la experiencia piloto viajaron a todos los Departamentos del país capacitando a los docentes en la utilización de herramientas didácticas que faciliten la enseñanza de la temática en el aula. En este marco 140 docentes fueron capacitados en todo el país, de los cuales 70 realizaron una actividad con sus alumnos y presentaron un informe.
Este proyecto se enmarcó en el programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo y fue financiado por ésta y los organismos involucrados. La OIT, que financió tanto la experiencia piloto como su evaluación, fue el motor de la actividad.
En diciembre de 2010 se firmó un segundo convenio entre: Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Administración de Educación Pública y Banco de Previsión Social.
El objetivo de este segundo convenio es la difusión de la propuesta metodológica aplicada en la experiencia piloto, la cual será aplicada en la enseñanza media, técnica y en formación docente, así como analizar los posibles puntos de articulación con el programa de Educación en Seguridad Social, con el propósito de sinergizar y optimizar los esfuerzos interinstitucionales.
En dicho convenio las partes se comprometieron a brindar diversos apoyos para su ejecución. Al igual que lo ocurrido en el año 2005, la dirección del proyecto estará a cargo de un Comité Coordinador integrado por un representante de cada una de las partes firmantes. Con la firma de este convenio se inició la tercera etapa del proyecto.
Así como en la primer y segunda etapa el énfasis estuvo puesto en la difusión de los contenidos de los conceptos trabajo decente y derechos fundamentales, en la tercera etapa se buscará poner el énfasis en el abordaje didáctico que el docente debe utilizar en el aula.
Para el cumplimiento de este objetivo el Comité Coordinador junto con la Prof. Lucila Artagaveytia se encuentra preparando un material de apoyo didáctico para los docentes y estudiantes. Se trata de un conjunto de 4 herramientas que trabajan en sinergia y de forma coordinada. La primera de ellas es un manual utilizado en la primer y segunda etapa, conteniendo el marco teórico de los referidos conceptos. El mismo estará en sintonía con un audiovisual, un tríptico para los estudiantes y una guía didáctica.
Finalmente, podemos señalar que desde la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se han realizado las siguientes acciones o iniciativas, realizadas total o parcialmente por la mencionada Dirección:
1.	Reformulación del Programa Objetivo Empleo, permitiendo amplliar la cobertura a más ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y exclusión del mercado de trabajo, a través del acceso a puestos de trabajo en el sector privado (año 2010),
2.	Profesionalización del Servicio Doméstico: el Programa Inmujer y la Comisión Tripartita para la Igualdad de Trato en el Empleo convocaron a representantes del sector trabajador y empleador para definir perfiles necesarios para la capacitación en el sector, durante el año 2009 se había implementado y finalizado la primera experiencia piloto de capacitación.
3.	Encuesta Nacional sobre necesidades de calificación de todos los sectores de actividad del país, a cargo del BID, con la contraparte técnica del Observatorio de Mercado de Trabajo, 2010-2011,
4.	Aplicación del Decreto Nº 255/010 del 17/8/2010, que permite poner en práctica la Ley Nº 18.516 de junio de 2009, por la cual las empresas que no puedan satisfacer la demanda de mano de obra para obra pública con su personal permanente, y a los efectos de favorecer el empleo local, deberán comunicar a las Comisiones de Trabajo Tripartitas, la necesidad de mano de obra no permanente. Las Oficinas de Trabajo y los Centros Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, abrirán en cada oportunidad un registro de aspirantes a los puestos generados, que se proveerán a través de sorteos, Año 2010,
5.	Convocatoria del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a un Diálogo Nacional por el Empleo, acordado tripartitamente en el Consejo Superior Tripartito a comienzos del presente año, que se está desarrollando desde mayo hasta octubre del 2011.
En lo que refiere a este artículo encontramos la Comisión Tripartita para la Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo, integrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (que la preside), el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES, PIT-CNT, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara de Comercio y la Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que está integrada por un representante de cada una de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En cuanto a este artículo corresponde señalar en lo que refiere a la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo (CTIOTE), así como de la Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en el marco del Programa de Trabajo Decente instrumentado por la OPT y de acuerdo a los cometidos asignados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la normativa vigente, así como las disposiciones que surgen la Ley 18.104 de Promoción de la Igualdad entre Hombres y Mujeres en la República Oriental del Uruguay y del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA), aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo de 15 de mayo de 2007, que se han instrumentado las siguientes acciones:
a) se ha sancionado la Ley No 18.561 aprobada el 11 de setiembre del 2009 bajo el nombre de “Ley de Acoso Sexual. Normas para su prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno”. El proyecto de ley luego sancionado fue producto del trabajo y consenso tripartito llevado a cabo en el ámbito de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, asesora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La ley se estructura con 17 artículos. En el artículo 2º se define el concepto de acoso sexual: “Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe”.
En la Ley se establece claramente una serie de comportamientos que serán considerados como acoso sexual, a saber:
B) Amenazas, implícitas o explícitas, de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba o C) Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo, sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo o de estudio.
El artículo 4º determina quiénes son agentes y responsables del acoso sexual. En el 5º se establece la responsabilidad del Estado en diseñar e implementar políticas de sensibilización, educativas y de supervisión para la prevención del acoso sexual.
Asimismo, se establece que la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el órgano competente en el ámbito público y privado para el contralor del cumplimiento de la ley.
El artículo 6º establece las obligaciones del empleador o jerarca –en caso de no ser el responsable del acoso sexual- cuando existe una denuncia por parte de un empleado o empleada, o cuando es llamado a actuar por parte de la Inspección General del Trabajo.
El artículo 7º determina la forma de denunciar el acoso sexual, detallando el procedimiento en cada uno de los casos.
En el artículo 8º se describe el procedimiento administrativo; el 9º establece la forma de notificación y de sanción; y el 10º la competencia de los sindicatos -ya que es común que las denuncias se presenten primero ante la organización sindical. El artículo 11º establece la indemnización para la víctima de acoso sexual, ya sea trabajador, trabajadora o educando. El artículo 12º refiere a la protección contra las represalias posteriores a la denuncia. En el artículo 13º se establece una disposición especial para el acoso sexual en la relación de docencia. Se trata de un caso levemente diferente, no en cuanto a la lesión de los derechos, pero sí en lo que tiene que ver con la especificidad del ambiente y las posibles sanciones a llevar adelante.
El 14º establece la obligación para las agremiaciones o las asociaciones profesionales de llevar adelante políticas preventivas. Por su parte, el artículo 15 se refiere al contenido y a los efectos de las denuncias; el 16º tiene relación con las acciones judiciales a las que faculta la presente ley y finalmente, el artículo 17º establece que: “La reglamentación de la presente ley considerará las especialidades del acoso sexual según se trate en el área laboral o en el docente y, asimismo, se trate del ámbito público o privado”.
A partir de la sanción de la ley se han dispuesto mecanismos y procedimientos para la instrumentación de las denuncias sobre acoso sexual en el ámbito de la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social y en acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se están implementando acciones de capacitación para los funcionarios, fundamentalmente para los Inspectores de trabajo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se comprometió el pasado 8 de marzo a llevar adelante determinadas medidas, en cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Las mismas refieren a:
a) capacitación a los funcionarios del Mtss en la temática de igualdad de género, con especial énfasis en lo que refiere a la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y las normas y procedimientos respecto al acoso sexual y
b) tomando en cuenta los acuerdos logrados en el seno de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, impulsar a través de los negociadores de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la inclusión de cláusulas de género en la negociación colectiva, tanto del sector público como del privado.
La Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aprobada en diciembre de 2008 e instalada en marzo de 2009, ha realizado para el bienio 2011-2012 una propuesta de Plan Operativo para la transversalización de la igualdad de género, que se encuentra a consideración del Ministro.
La referida propuesta, con su correspondiente presupuesto, basada en los compromisos del 8 de marzo, tiene que ver con la capacitación de los y las funcionarias de la Secretaría de Estado en la temática de igualdad de género y en la normativa vigente en materia de trabajo y empleo, especialmente la relacionada con la prevención y sanción del acoso sexual.
Las acciones que se prevé realizar una vez aprobado el plan de acción, refieren a la capacitación del funcionariado, la difusión de información y la investigación, a los efectos de prestar a la ciudadanía un servicio más eficiente y comprometido.
Asimismo dentro del Plan de Acción de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, asesora del Ministerio de Trabajo, se prevén acciones de capacitación y difusión de la normativa de género y especialmente de la referida al acoso sexual, dirigidas a las empresas y trabajadores del sector privado, para lo cual se proyecta trabajar en conjunto con el Programa Proimujer del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
En lo que refiere a este artículo, así como al artículo 16 en cuanto a la formalización del trabajo, cabe mencionar la Ley de Trabajo Doméstico Nº 18.065, también proyectada consensuadamente en el ámbito de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo y aprobada por el Parlamento con fecha 15 de noviembre de 2006, texto normativo a partir del cual se aumentó sustantivamente el número de trabajadores y trabajadoras del sector formalizados y se convocó a los Consejos de Salarios, lográndose convenios colectivos con incorporación de mejoras sustantivas a las condiciones laborales.
En cuanto a este tema, en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo, se ha convocado a la tercera ronda de los Consejos de Salarios y se ha firmado un nuevo Convenio Colectivo donde se establece un mínimo nacional para dichos trabajadores, así como porcentajes de ajustes salariales al 1º de enero de 2009, 1º de enero de 2010 y 1º de julio de 2010.
La Comisión Tripartita de Igualdad ha incorporado asimismo en su Plan Operativo Anual 2010-2011 acciones de evaluación y seguimiento de impactos del texto normativo, así como acciones de capacitación de los y las trabajadoras del sector en seguro de desempleo, en coordinación con el Programa Proimujer del INEFOP.
Por otra parte, en lo que refiere a este artículo y a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, podemos expresar que la misma tiene como misión proteger a los trabajadores en el goce efectivo de sus derechos en materia de Condiciones Generales de Trabajo (salarios, etc.) y Condiciones Ambientales de Trabajo (seguridad y salud).
Fuente: Informe Nacional de la República Oriental del Uruguay sobre implementación de mandatos de la Declaración de Puerto España - 2011
II: Mandato sobre Promoción del paso de Trabajadores al Sector Formal
En este tema se ha dado un paso político-programático fundamental. En el mes de abril del año 2010, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a través de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, convocó a la instalación de un ámbito interinstitucional denominado “Ámbito por la Inclusión y la Formalización del Trabajo”.
El mismo está presidido por la Inspección General del Trabajo –MTSS- e integrado por la principales jerarquías del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Industria, el Banco se Previsión Social, La Dirección General Impositiva, la Dirección Nacional de Aduanas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La perspectiva de trabajo es la de la Inclusión Social y en pocos meses se definieron los tipos de informalismo (de subsistencia, evasor común y evasor contumaz) y se definieron las políticas respecto de cada uno. A su vez, se acordaron medidas administrativas, convenios y normativa. Entre otras, se sancionó el Decreto Nº 66/2011 a través del cual se incluyen nuevos colectivos al sistema del monotributo (paseadores de mascotas, guías de turismo, limpia parabrisas y cuidadores de coches, jardinería, personal de paradas de taxis, etc.). Entre otras medidas, se presentó un proyecto de ley a través del cual se subsidia el costo del monotributo a quienes egresan de los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social e ingresan al sistema formal por un período importante de tiempo.
También se instaló un sub ámbito que también preside la IGTSS y que coordina a los órganos fiscalizadores (Impositiva, Aduanas y Previsión Social) a los efectos de coordinar políticas de fiscalización conjunta, utilización de nuevas herramientas tecnológicas, etc. Ya se han realizado operativos fiscalizadores conjuntos.
Por último, en el presente año se convocó al sector social: organización de trabajadores (Pit Cnt) y su Instituto de Investigación (Inst. Cuesta – Duarte); al sector empleador (Cámaras Empresariales) y a las organizaciones de la sociedad civil (Ong’s) a los efectos de potenciar el diálogo social, el tripartismo y las sinergias en la temática.
Por el momento es cuanto se tiene para informar y se queda a las órdenes para aportar los elementos que se entienda conveniente sobre la temática.

References: artículo 2
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 16