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Timestamp: 2019-02-23 08:29:37+00:00

Document:
Corte suprema de justicia sala de casación penal gustavo enrique malo fernández magistrado ponente ap6323-2015 Radicación n° 47014
AP6323-2015
Radicación n° 47014.
Aprobado acta No. 380.
Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).
De conformidad con lo que establece el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte define de plano la competencia, en consideración a que los Juzgados Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil y Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, rehúsan conocer la fase de ejecución de la pena impuesta a María Alejandra Yarce Córdoba, condenada por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
El Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyacá, en consideración a la aceptación de cargos durante la audiencia de formulación de imputación, mediante sentencia proferida el 11 de febrero de 2013 condenó a María Alejandra Yarce Córdoba como autora de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A la sentenciada se le impusieron las penas de 56 meses de prisión y multa de 1,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, se le inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el tiempo fijado para la sanción privativa de la libertad; se le negó el sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, empero se le concedió la prisión domiciliaria, por haberse demostrado su condición de madre cabeza de familia.
La señora Yarce Córdoba suscribió un acta de compromiso, en la que manifestó que fijaba su residencia en el municipio de Cimitarra (Santander), corregimiento de Puerto Olaya, barrio 28 de mayo y esta información fue enviada a la dirección del centro penitenciario y carcelario de Puerto Berrío, con el fin de que vigilara el cumplimiento de la reclusión en el lugar de domicilio.
La sentencia no fue recurrida. En consecuencia, al quedar ejecutoriada, la actuación se remitió a la oficina de reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia el 5 de marzo de 2013, para la respectiva vigilancia y ejecución de las sanciones impuestas a María Alejandra Yarce Córdoba.
El asunto fue asignado al Juzgado primero de esa especialidad, que por auto del 5 de abril de 2013 ordenó devolver el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyacá (Boyacá) para que lo enviara al juez competente, en razón a que la sentenciada cumplía la pena en Cimitarra (Santander), municipio que estaba por fuera de la jurisdicción de Antioquia.
En esas condiciones, las carpetas se remitieron a San Gil, en donde la supervisión de la condena le correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión.
Esa dependencia judicial asumió el conocimiento el 20 de septiembre de 2014 y el 8 de julio de 2015 ordenó que las diligencias se enviaran a su homólogo (Reparto) en Antioquia, argumentando que María Alejandra Yarce Córdoba «…se encuentra descontando la pena actualmente en prisión domiciliaria por cuenta del Centro Penitenciario y Carcelario de Puerto Berrío» y, en tal caso, conforme lo dispone el artículo 1 del Acuerdo 54 de 1994, «Cuando algún condenado sea trasladado de penitenciaría o pabellón psiquiátrico, aprehenderá el conocimiento, el juez de ejecución de penas respectivo, a quien se remitirá la documentación correspondiente. Si no hubiere juez de ejecución de penas, reasumirá la competencia el Juez que dictó el fallo de primera o única instancia».
Entonces, de acuerdo con el criterio del Juez de Ejecución de Penas de San Gil, le corresponde asumir la supervisión de las sanciones al Juez de Antioquia, a quien le propuso conflicto negativo de competencias, en caso de no aceptar el conocimiento.
El expediente fue repartido al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, que el pasado 15 de octubre rehusó la competencia argumentando que María Alejandra Yarce Córdoba se encuentra recluida en su domicilio en el municipio de Cimitarra, departamento de Santander y en tal caso, el artículo 1 del Acuerdo 54 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura, establece que «Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.»
Señaló que ese aspecto ha sido suficientemente dilucidado por la Sala de Casación Penal que, atendiendo al factor personal, ha dispuesto que la competencia para vigilar la pena recaiga en el juez con sede en el respectivo circuito penitenciario en donde se encuentra recluida la persona. Destaca que en este evento la sentenciada se está privada de la libertad en su domicilio, por fuera del departamento de Antioquia, sin que de ninguna manera permanezca recluida en la cárcel de Puerto Berrío.
Además, el hecho de que una dependencia del INPEC que funciona en un municipio de Antioquia, tenga a cargo la verificación del cumplimiento de la prisión domiciliaria, no es un factor determinante de la competencia de los jueces de ejecución de penas en el respectivo departamento, porque ese es apenas un asunto de carácter administrativo que responde a otros criterios.
Con fundamento en esas premisas, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia aceptó la colisión propuesta y remitió el expediente a esta Corporación para que definiera cuál de las dos autoridades judiciales es la competente en este caso.
De acuerdo con lo regulado en el numeral 4° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, a la Corte Suprema de Justicia le asiste atribución para definir la competencia con ocasión del presente asunto, porque los jueces que buscan apartarse del conocimiento de la fase de ejecución de la sentencia dictada contra María Alejandra Yarce Córdoba, pertenecen a diferentes distritos judiciales.
Para marginarse del conocimiento del asunto, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de San Gil, argumenta que la implicada está «…descontando pena actualmente en prisión domiciliaria por cuenta del Centro Penitenciario y Carcelario de Puerto Berrío, Antioquia…» y como quiera que el citado municipio forma parte del departamento de Antioquia, es a los jueces con sede en ese circuito carcelario a quienes corresponde supervisar el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, la posición del Juzgado de San Gil no puede ser más desacertada.
En efecto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que la sentenciada no se encuentra recluida en ningún sitio dentro de la comprensión territorial de Puerto Berrío ni de otro municipio que forme parte del departamento de Antioquia.
De acuerdo con las constancias procesales María Alejandra Yarce Córdoba cumple la pena de prisión en su domicilio, ubicado en el municipio de Cimitarra (Santander), corregimiento de Puerto Olaya, barrio 28 de mayo y en ese sitio tenían la obligación de verificar los funcionarios del INPEC que la persona condenada permaneciera privada de la libertad.
Además, es evidente que el Juez de Ejecución de Penas de San Gil desconoce absolutamente los precedentes jurisprudenciales que se han emitido sobre la materia, de conformidad con los cuales la competencia para conocer la ejecución y vigilancia de las penas, corresponde al juzgado del lugar en donde se encuentre privada de la libertad la persona sentenciada, independientemente de que los funcionarios del INPEC encargados de verificar que se cumpla la reclusión, tengan asiento en la misma ciudad que alberga al sentenciado o en otra aun cuando no corresponda al mismo circuito penitenciario y carcelario.
En efecto, el artículo 1° del Acuerdo 054 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura establece:
Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.
Sobre el alcance que tiene el citado precepto, la Sala se ha pronunciado en varias oportunidades, entre otras, en CSJ AP, 29 jul. 2003, Rad. 21228 y CSJ AP, 21 mar. 2007, Rad. 27033, en los cuales se señaló:
En esos términos, un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debe conocer del cumplimiento de todas las sentencias condenatorias que se hayan proferido en su jurisdicción, salvo que el sentenciado se encuentre recluido en un establecimiento penitenciario por fuera de ella. En sentido contrario, no conocen de la ejecución de sentencias de primera o única instancia que no hayan sido proferidas en el lugar de su sede, salvo que los respectivos condenados se encuentren recluidos dentro de su ámbito territorial.
La Sala ha pregonado con insistencia que cuando el condenado se encuentra privado de su libertad la competencia de los Jueces de Ejecución de Penas está determinada por un factor personal relativo al lugar donde se surte la reclusión…
Lo dicho quiere significar que la ejecución de la sentencia atañe al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cuya competencia, cuando el condenado se halla privado de la libertad, no depende de la naturaleza de la conducta punible, o del territorio donde se cometió, o del despacho judicial que dictó el fallo, ni el número de condenas, ni cuál de ellas se encuentra descontando el sentenciado, ni de peticiones que se hallen pendientes de resolver, ni de dónde tenga su sede la autoridad penitenciaria que vigila la reclusión, sino de un factor personal relativo al lugar donde se encuentre descontando la pena y si en ese lugar existe o no un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Así lo ratificó la Sala en posteriores pronunciamientos, entre los que se traen a colación CSJ AP, 15 jul. 2008, Rad. 30095, CSJ AP, 9 jun. 2010, Rad. 34329 y CSJ AP, 21 oct. 2013, Rad. 42456, al precisar:
Se desprende de esta disposición que la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad está determinada por el lugar del centro penitenciario en donde el sentenciado se encuentra purgando la pena privativa de la libertad impuesta…
Con todo, el hecho de que las normas citadas aludan a los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo circuito donde estuvieren radicados los Juzgados de Ejecución de Penas, no significa que queden excluidos de ese control aquellos que cumplen prisión domiciliaria, porque de ser así, se desconocería la competencia funcional que consagra la legislación procesal penal. Así tuvo la oportunidad de explicarlo esta Corporación1:
Y por extensión también conocen de las ejecuciones de la prisión domiciliaria que se cumplan en su distrito judicial. No entenderlo así, sería admitir que un juez con domicilio en una ciudad distante de aquella en que transcurre la prisión domiciliaria sea el encargado de ocuparse de verificar todos los aspectos relacionados con su acatamiento, esto es, si el condenado ha cumplido con los requisitos necesarios para eventualmente concederle la libertad condicional, o los vinculados con la redención de la pena y la sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, como lo disponen los numerales 3º y 4º del artículo 79 de la Ley 600 de 2000; lo cual sería restarle todo el sentido práctico a las normas sobre competencia y cuestionar de manera absurda su alcance jurídico.
Sin embargo, para que se entienda mejor la razón por la que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil debe asumir la vigilancia de la sentencia proferida en el proceso seguido contra María Alejandra Yarce Córdoba, es indispensable tener en cuenta que el Acuerdo PSAA07–3913 del 25 de enero de 2007, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se dividió el territorio Nacional en Circuitos Penitenciarios y Carcelarios, fijó la competencia territorial de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, incluyendo en el circuito de San Gil, el municipio de Cimitarra:
ARTÍCULO PRIMERO: Dividir el territorio Nacional en Circuitos Penitenciarios y Carcelarios, para fijar la competencia territorial de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, así:
25. El Distrito Judicial de San Gil comprende el siguiente Circuito Penitenciario y Carcelario:
25.1. Circuito Penitenciario y Carcelario de San Gil cuya cabecera es la ciudad del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de San Gil, Cimitarra, Charalá, Puente Nacional, Socorro y Vélez.
En efecto, al margen de que María Alejandra Yarce Córdoba esté descontando la pena en su domicilio, lo cierto es que actualmente permanece privada de la libertad en el municipio de Cimitarra que pertenece al Circuito Penitenciario y Carcelario de San Gil.
De ahí que la competencia para conocer de la vigilancia de sus sanciones y de resolver los trámites y solicitudes pendientes, corresponda al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de San Gil, al cual se le asignará el asunto, informando lo pertinente a su homólogo primero de Antioquia.
1. DECLARAR que es competente para conocer la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyacá contra María Alejandra Yarce Córdoba, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de San Gil, a donde se ordena remitir inmediatamente la actuación, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.
2. Comuníquese esta determinación a la sentenciada y al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.
Contra esta decisión no procede ningún recurso. Cúmplase.
1 Colisión de competencias de 3 de julio de 2013 radicado 41645

References: artículo 32
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 79