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Timestamp: 2019-04-26 10:24:51+00:00

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La accesibilidad web en la legislación española
2007 ha sido intenso en lo que a la legislación sobre cuestiones de accesibilidad web se refiere, por lo que el empezar este nuevo año no está de más hacer una breve recapitulación de las leyes y normas que nos afectan como desarrolladores.
Además, hay un segundo motivo para esta recopilación. Cuando se trabaja en una institución pública y uno se preocupa por cuestiones de accesibilidad, como es mi caso, parece que no basta con argumentar los motivos éticos —ofrecer la igualdad de ejercicio de sus derechos a las personas que sufren una discapacidad— o incluso prácticos —las ventajas asociadas a un código estándar— para propiciar un cambio. Aunque suene tópico decirlo, se choca con esa inercia tendente a las cristalización de estas entidades, y, tristemente, con el desconocimiento por parte de muchos de los técnicos y el desinterés de muchos de los responsables. Así que, hay que apelar a la ley y la sanción. Aunque el miedo sea uno de los peores criterios para actuar, parece ser el incentivador más poderoso, y uno de los pocos efectivos.
Así pues, si alguien se encuentra en mi posición y necesita un poco de potencia de fuego, aquí la tiene.
La primera ley promulgada que expresamente trata el tema de la accesibilidad web para las páginas institucionales, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico recoge en su Disposición adicional quinta —«Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos»—, Artículo 1:
Si bien el artículo no deja de ser una declaración genérica de principios, sí es cierto que llena un vacío legal en un ámbito tan importante en cuanto a servicios a usuarios como es la Administración Pública.
Al año siguiente se publica la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que en su Disposición final séptima —«Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social»—, Artículo 1 dice:
Puede parecer que no hay mucha diferencia entre esta enunciación y la del artículo anteior, en cuanto a que se sigue refiriendo de modo genérico a las «condiciones básicas de accesibilidad», pero su importancia radica en que obliga al Ejecutivo a dictaminar en dos años cuáles sean esas condiciones.
Y así, y cumpliendo con la ley anterior, se redacta la UNE 139803 de 2004, aprobada en el B.O.E. en la Resolución del 25 de enero de 2005 por la Dirección General de Desarrollo Industrial. Esta normativa ya recoge unos requisitos completos, divididos en siete secciones —«Principios generales», «Presentación», «Estructura», «Contenido», «Navegación», «Scripts, Objetos de Programación y Multimedia» y «Situaciones excepcionales»—, y que en realidad son una reelaboración de las WCAG 1.0 del W3C.
Uno se preguntará: ¿y por qué una norma de AENOR existiendo ya las WCAG? Pues Loïc Martínez Normand —uno de los especialistas que la desarrollaron— nos lo explicó muy amablemente en la lista de correo de Accesoweb:
El origen de la norma está en una petición expresa por parte del antiguo ministerio de ciencia y tecnología (hoy ministerio de industria, turismo y comercio) y del IMSERSO para que hiciéramos esa norma, dado que parece ser que en España no se puede referenciar en la legislación a documentos técnicos que no provengan de organismos oficiales de normalización (como AENOR, CEN e ISO) y, por desgracia, el W3C no lo es.
Básicamente, las diferencias entre la UNE 139803 y las WCAG 1.0 están en las prioridades otorgadas a tres de los puntos de estas últimas:
Punto 4.3 [Prioridad 3 en las WCAG, prioridad 1 en la norma española, punto 4.4.4]: Se debe indicar el idioma principal de un documento.
Punto 5.5 [Prioridad 3 en las WCAG, prioridad 2 en la norma española, punto 4.3.9]: Hay que incluir resúmenes de las tablas de datos, por ejemplo por medio del atributo summary.
Punto 9.4 [Prioridad 3 en las WCAG, prioridad 2 en la norma española, punto 4.5.9]: El orden de navegación por medio de la tecla Tab ha de ser lógico a través de vínculos, controles y objetos.
Por cierto, gracias al INTECO, se puede descargar la UNE 139803.
La Ley 1/2007, de 22 junio de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, Título preliminar, en su Artículo 4.c, incluye como uno de los principios generales:
Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
Como se ve, el contenido redunda en lo indicado en las leyes anteriores.
El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social en su preámbulo recoge explícitamente la relación entre la norma UNE y las pautas del W3C, y fija como nivel de adecuación obligatorio de las Administraciones Públicas el cumplimiento de las prioridades de nivel 1 y 2:
En cuanto a los plazos de aplicación, se recogen en la Disposición transitoria única:
Su Artículo 5, «Criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las administraciones públicas o con financiación pública», es especialmente importante, así que lo recojo entero:
La Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad es la que los profesionales de la accesibilidad destinados a un organismo público estábamos esperando con ansiedad.
La verdad es que, como he dicho en la introducción inicial, la ley es uno de los pocos argumentos que se respetan en las reuniones de trabajo, pero personalmente he observado cierta lasitud en mis responsables cuando me preguntaban «bueno, ¿y qué pasa si no lo hacemos?», y tenía que reconocer que no había una sanción definida en tal supuesto. Bueno, pues ya la hay.
En el Artículo 3, «Infracciones», sección 3, se indican como tales:
En su Artículo 4, «Sanciones», se indican las mismas:
Personalmente, añadiría escarnio público.
Además, el Artículo 5, «Criterios de gradación de las sanciones», establece la manera en la que medir la infracción sobre una escala de «leve», «grave» y «muy grave»:
Por último, recojo aquí la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, porque ya no sólo obliga a las Administraciones Públicas, sino a empresas privadas en ciertos supuestos; no, a pesar de la fecha de la ley, no es broma.
En su Capítulo II, «Modificaciones legislativas para el impulso de la sociedad de la información y de las comunicaciones electrónicas», sección 20, subsección 5, se lee:
Sobre a qué empresas obliga, se recoge en el Capítulo I, Artículo 2, «Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para la prestación de servicios al público de especial trascendencia económica»:
En fin, esperemos que gracias a estas disposiciones a la accesibilidad web se le otorgue la importancia que tiene.
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References: Artículo 1
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 4
 Real Decreto 
 Artículo 5
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 2