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Timestamp: 2019-11-18 10:18:55+00:00

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El paro de la Universidad Nacional – EL OBSERVATORIO DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA
El paro de la Universidad Nacional
Julio 2007. “Después de ocho meses de iniciado un debate sobre la responsabilidad que tienen las universidades públicas de ‘poner su grano de arena’ para pagar el pasivo pensional, el tema sigue en el limbo. Los ministerios de Hacienda y Educación no han terminado de redactar un borrador de decreto, que supuestamente empezaron en mayo, en el que deberán definir los porcentajes que asumirá cada una de las partes, y que debe ser consultado con las instituciones. A finales de septiembre les dijeron a los rectores que la redacción terminará pronto y que podrán ver el texto para hacer sus aportes. El artículo está demandado en la Corte”. Opinión periódico Portafolio. Oct 1 de 2007.
Los paros de las universidades públicas oficiales y, concretamente, de la Universidad Nacional de Colombia, ante lo indicado en el Plan Nacional de Desarrollo de que éstas deban asumir parte del pago de las pensiones de sus ex–empleados, no es el problema real de la Universidad oficial. Esta situación es sólo la punta del iceberg que está ahí debajo, creciendo desde hace años y que no es ni más ni menos que la crisis profunda de la naturaleza pública de la universidad, su gobernabilidad y su sostenibilidad.
El florero de Llorente: El pasivo pensional
Todo empezó con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 por parte del Congreso de la República, originalmente elaborado por el Ejecutivo. Allí hay dos artículos, el 34 y 38, que despertaron la reacción inmediata de las Universidades Públicas del Orden Nacional (léase Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó y Nacional), que vieron afectada su viabilidad financiera para el mediano y largo plazo.
El artículo 34 dice: “Asignación de Recursos a las Universidades Públicas. Las instituciones de educación superior contarán con un periodo de dos años de transición para que puedan efectuar los respectivos ajustes institucionales en sus estructuras financieras y de costos”.
Por su parte, el artículo 38, señala: “Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden Nacional. La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca”. (Se refiere la norma a los años 1988 a 1993).
En síntesis, lo que pretende el Plan de Desarrollo es que las propias universidades comiencen a asumir, como empleadoras, su responsabilidad en el pago del pasivo pensional de sus trabajadores, algo que hasta ahora no se había hecho.
El presidente Alvaro Uribe, la ministra de Educación, Cecilia María Vélez;
el viceministro de Educación Gabriel Burgos y la directora de Planeación, Carolina Rentería,
durante la reunión con los rectores de las universidades públicas.
En el lobby de estas cinco universidades en el Congreso, consiguieron que en el texto conciliado entre Cámara y Senado se retirara una frase que originalmente estaba en el artículo que decía que: “En todo caso la responsabilidad por los pasivos pensionales corresponderá a la respectiva universidad en su condición de empleadora”. De esta forma se eludía directamente su responsabilidad como responsables del pasivo pensional, pero seguía confusa la forma exacta como se iba a asumir tal responsabilidad.
Tal y como lo señaló el economista Alejandro Gaviria, “la ambigüedad oficial despertó dudas. Alimentó sospechas. Y contribuyó a crear la sensación de que el Gobierno tenía el propósito oculto de transferir una buena parte del pasivo pensional a las universidades, lo que pondría en riesgo su viabilidad financiera, comprometería sus objetivos misionales y obligaría a aumentar las matrículas”.
En medio de las protestas y la presión de estudiantes, profesores, trabajadores y directivos, los rectores de estas universidades se reunieron con el Presidente de la República, quien “calmó los ánimos”, aparentemente. A partir de allí se comenzaron a manejar distintas versiones, ninguna formalmente oficializada, según las cuales el Estado asumiría el pasivo en un 95 al 98% de su totalidad, de tal forma que las Universidades reconocieran sólo entre el 2 y el 5%.
Esta decisión, aparentemente negociada y originalmente aceptada, se alineaba con el pensamiento de la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, quien consideraba “justo” que las universidades del orden Nacional (estas cinco), asumieran responsabilidad en este compromiso, tal y como lo han venido haciendo universidades del orden departamental.
Pero, pese a la conformidad de los rectores, públicamente mostrada a su salida de Palacio, no es claro qué pasó y pocas horas después, presionados por sus comunidades universitarias, salieron a manifestar su negativa a pagar cualquier peso por concepto de pasivo pensional, porque sencillamente sus finanzas no soportarían siquiera asumir un 2%, aunque, por ejemplo, la Universidad de Caldas, sí cuenta con una reserva para empezar a aportar al fondo que se crearía para saldar el pasivo pensional. En la foto, Danilo Vivas, Rector Unicauca, y Moisés Wasserman, Rector U. Nacional
De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, las universidades públicas anualmente reciben, en valores constantes, los mismos recursos que recibían en 1994, lo que se traduce, en términos prácticos en una devaluación de sus ingresos por concepto de transferencias.
Uno de sus principales argumentos es que, según la misma Ley 30 y, en el caso de la Universidad Nacional, su Estatuto Orgánico (Decreto 1210 de 1993), el dinero que recibe la Universidad Pública debe destinarse exclusivamente para asuntos misionales; es decir, docencia, investigación y extensión. El pasivo pensional no encaja allí.
Aún no se inicia la discusión sobre la posibilidad o no, legal y de responsabilidad social de estas IES para asumir el compromiso económico, y ya aparece otra: Cuánto es realmente el valor del pasivo pensional de estas universidades, y cuánto sería lo que deberían asumir, pues ni las mismas Universidades ni el Ministerio de Hacienda saben exactamente el valor.
Se han mencionado las más variadas cifras y modalidades de cálculo para los próximos 20 a 25 años, con la inclusión de los próximos pensionados y sus beneficiarios (cónyuges, niños menores de 18 años, personas discapacitadas). En las cinco universidades se estima en cerca de -$4´000.000.000.000- cuatro billones de pesos (la sola Universidad Nacional debe tres billones), lo que conllevaría a que anualmente las universidades deban hacer considerables reservas presupuestales que, con la estructura de gasto actual, no les sería posible.
El profesor Beethoven Herrera Valencia, de la Universidad Nacional, afirma que “si se pretende que las universidades cubran el pasivo pensional con el aumento de matrículas, hay que advertir que en el caso de la Universidad Nacional, el recaudo por matrículas asciende a 40.000 millones de pesos, en tanto que pagos anuales por pensiones ascienden a 160.000 millones de pesos. De modo que ni duplicando las matrículas se podría atender ese pasivo, y se cerraría el acceso a la educación a los estratos de menores recursos”. A su vez, el presidente Uribe ha sido enfático en que no se puede permitir el incremento en las matrículas para los alumnos de estratos bajos. Según Myriam Jimeno, profesora de la Universidad Nacional y excandidata a la Rectoría en las últimas elecciones, “la acumulación de ese monto no obedece en modo alguno a una imprevisión de la Universidad, sino a la ausencia de reglas estatales claras en materia de pensiones”.
Por su parte, los profesores de la Universidad del Cauca indican que el pasivo pensional de dicha Universidad es de doscientos noventa mil millones de pesos, con lo que si les tocara asumir el 5% del mismo, tendrían que conseguir $14.500 millones.
Según análisis del Ministerio de Hacienda, los balances financieros de muchas de ellas no están al día y, en algunas instituciones se han hecho acuerdos de pensión por fuera de la Ley, tales como creación de pensiones a personas que no cumplían las edades o con requisitos que no correspondían, como un mal ejemplo tomado de la Universidad del Atlántico. Para el ministro Oscar Iván Zuluaga las pensiones calculadas fraudulentamente pueden estar en el 25% del total, en Universidades como Valle, UIS, Antioquia y Atlántico.
“Muchas universidades –según Alejandro Gaviria- se convirtieron en pensionaderos ante la mirada complaciente e indiferente de sus estudiantes. Las mesadas de varios millones nunca suscitaron protestas airadas. El desgreño administrativo nunca mereció denuncias: ni propias, ni ajenas. Pareciera que los rivales abstractos (el Estado, el neoliberalismo, etc.) fuesen muchos más enervantes que los enemigos concretos (los politiqueros, los corruptos, etc.)”. El siguiente cuadro, del diario Portafolio, muestra una distribución del pasivo.
Pasivos ante el pasivo
La manera como ha evolucionado esta situación, las “alas” que ha tomado el movimiento universitario, el reavivamiento de los sindicatos estudiantiles y docentes, la infiltración de la extrema izquierda con posiciones ideológicas que, por principio, se distancian de cualquier modalidad de Estado, el amalgamiento con los discursos anti-norteamericanos, en contra del TLC -promovidos por agrupaciones políticas como el Polo Democrático y Fecode-, la apatía y silencio del Ministerio de Educación y la falta de autoridad de los rectores de estas universidades, ha llevado a una situación que deja varias y preocupantes conclusiones en torno de la responsabilidad y vitalidad de nuestro sistema de educación superior:
1) Lo público se vuelve privatizable. En la Educación Superior Colombiana el concepto de “lo público” se vive en medio de una connotación política y presupuestal, pero no ética ni social. El carácter público no se manifiesta como una responsabilidad con los demás ni un rendimiento de cuentas por los resultados de gestión, sino como un botín administrable con un multimillonario presupuesto. El mensaje que llega con la discusión en torno al pasivo pensional es:
a) El Estado necesita recortar sus recursos presupuestales, pero no analiza la efectividad en la gestión del presupuesto asignado. Los técnicos del Ejecutivo (léase Planeación Nacional) sólo buscan de dónde cortar, pero no miden el impacto de sus decisiones, cuando el problema real demanda volver a un punto cero y revisar quirúrgicamente qué está haciendo la Universidad Pública con los recursos asignados, de qué manera sus directivos administran y optimizan los recursos y bajo qué indicadores deben rendir cuentas sociales de gestión.
b) La Universidad Pública se comporta como un establecimiento privado. El concepto “público”, con todos sus matices (solidario, social, democrático, participativo, inversión…) se constituye en argumento de protesta, pero hacia fuera, porque internamente reina una lógica privatizadora por parte de sus integrantes (léase, pronta pensión, feudos académicos y re-elecciones rectorales). Conceptos como retribución social al medio, subsidiariedad con las finanzas del Estado mediante la generación de ingresos propios, retorno social con brigadas y acciones de extensión académica, entre otros, se mencionan escasamente.
2) ¿Y dónde está la Nacho?. Esta pregunta, que hace parte de una de las frases de combate de los protestantes durante sus marchas, bien describe la situación de la Universidad Colombiana. Su ausencia de participación y protagonismo en las discusiones trascendentales para el país, en este caso, el Plan Nacional de Desarrollo, que representa el núcleo financiero de una política de Estado, fue trabajado y discutido por el Ejecutivo y el Legislativo sin participación formal de delegados de nuestro sistema de educación superior. Y luego se habla tan campantemente de discutir en las aulas el “Proyecto de país”, cuando ni siquiera se discute el Plan de Desrarollo.
El país espera liderazgo de sus universidades públicas. Y la sociedad aspira a verse representada en ellas. Pero en momentos de crisis, cuando deberían salir a la luz los talentos directivos, no se ven. Es más, no se sabe quién “dirige” el movimiento universitario ni qué es realmente el movimiento universitario. ¿Una idea que reúne intelectos? ¿Un voluminoso grupo de personas en torno a una causa? ¿Una asociación de grupos totalmente diferentes -la llamada asamblea tri-estamentaria (estudiantes, profesores, administrativos), sumada a sindicatos, pensionados, egresados…- en torno a un “Anti” (anti-PND, anti-TLC, anti-Uribe y anti-corresponsabilidad…)?.
Bien describió la situación el articulista de Revista Semana, que señaló, con motivo de estos acontecimientos que “por primera vez, el gobierno logró lo que nadie había logrado hacer en muchos años en la Universidad Nacional de Colombia: poner de acuerdo y unir en un solo frente a profesores, estudiantes, empleados, pensionados y sindicatos”.
Lo único cierto de esta experiencia es que la dirección rectoral brilla por su ausencia, que unos poquísimos estudiantes han tenido la capacidad de intimidar a los directivos y reclamar el derecho a la educación de miles de jóvenes que demandan urgentemente continuar sus estudios para ser productivos, y que el sistema universitario ni siquiera se mueve como sistema (colegiado, participativo y solidario), porque sólo actúan unas pocas instituciones (ni siquiera al SUE en pleno). ¿Quién defiende los intereses de esos miles de universitarios cuyo única interés es el de continuar estudiando?.
Para Salomón Kalmanovitz “si a la universidad pública le correspondiera cubrir una parte del costo del pensionado el incentivo podría ser muy distinto, pues presionaría para impedir que sus profesores abandonaran la institución antes de tiempo y ganarían así los estudiantes, en especial si el profesor desarrolló habilidades como investigador a lo largo de su carrera. Es sobre todo del interés de la institución mantener en la nómina a los mejores profesores que han pasado el umbral de los 55 ó 60 años. Va en contra de los mismos estudiantes demandar de la sociedad el derecho a despilfarrar recursos públicos en personas que mantienen plena capacidad de trabajo mental”.
¿Y dónde está la Nacho?… Según los manifestantes “La Nacho está en las calles haciéndose escuchar”
3) Dar para recibir. La gratitud no es, propiamente, una característica de la Universidad Pública en Colombia. Aunque es claro que se requieren más recursos para su funcionamiento, especialmente para incentivar la cobertura y la formación de alto nivel para la investigación, y pese a las restricciones financieras del Estado, éste ha cumplido sus compromisos económicos definidos en la Ley 30 de 1992, lo que ha permitido el funcionamiento permanente del sistema público de educación superior (con considerables adiciones presupuestales).
Agréguese a esto la aprobación, en el cuestionado texto del Plan Nacional de Desarrollo, de un rubro (Art. 43), dentro de los presupuestos de las vigencias fiscales 2008 – 2010 del Ministerio de Educación Nacional, para la construcción del Hospital Universitario de la Universidad Nacional, noticia que no ha sido publicitada por los protestantes.
Aunque sea una verdad de Perogrullo, bien vale recordar que los recursos que transfiere el Estado a la Universidad Pública nace de los ingresos que éste obtiene, básicamente, de las cargas impositivas que pagamos los ciudadanos, que pese al tiempo de suspensión de la actividad académica, los montos transferidos no se ven afectados y que el salario de los profesores universitarios en época de inactividad se mantiene.
4) Los excesos de la autonomía. Sin pretender caer en medio de las iras que desata afirmar que las universidades han exagerado del privilegio de la autonomía, en virtud del derecho propio que les reconoce constitucionalmente el Estado, acciones como las ocurridas y la ausencia de un verdadero impacto social de las universidades, llevan a pensar en que le asiste pleno derecho al Estado a fiscalizarlas como ente financiador por excelencia. Y aún más, a exigir, en aras del fomento de la calidad y la cobertura, indicadores de gestión que permitan optimizar los recursos.
5) ¿Dónde está el SUE?. El Sistema de Universidades del Estado –SUE-, presidido actualmente por el Rector de la Universidad del Cauca, no se siente ni se ve. Es más, ¿existe?. Su “avance” más significativo, fueron los fallidos indicadores de gestión que intentaban, por lo menos en un 4%, asignar recursos por resultados. Del resto, nada. El Sistema de Universidades del Estado, se comporta como un Sistema de Universidades Endogámicas, reunidas únicamente para demandar prerrogativas del Estado, pero poco para fomentar sus obligaciones y compartir esfuerzos, tal y como lo mandan el artículo 81 de la Ley 30 y el Decreto 4646 de 2006.
6) Las peligrosas excepciones. La manera como está configurado el sistema de universidades estatales y oficiales, divididas entre las del ámbito Nacional, Territorial y Municipal (Art 58 de la Ley 30), en virtud de su origen en el Congreso de la República, en las asambleas departamentales, en los concejos distritales, en los concejos municipales o en las entidades territoriales que se creen con el cumplimiento de la ley (con lo perverso que puede resultar sembrar semillas de academia desde una institución política), genera inequitativos sistemas de asignación presupuestal.
Mientras que las cinco universidades nacionales y la única municipal (la Distrital Francisco José de Caldas), a pesar de sus limitaciones, cuentan con las partidas presupuestales del Estado y Bogotá, las departamentales viven al debe porque las gobernaciones no tienen recursos para girarles y deben hacer “maromas” para sobrevivir y mostrar resultados, como por ejemplo Antioquia, Valle e Industrial de Santander, que también han recibido el apoyo del Estado.
Tarde o temprano, y amparadas en la solicitud de un tratamiento equitativo, al Ministerio de Educación este tema se le va a salir de las manos, y lo que plantea es una reforma del sistema de universidades públicas y de la Ley 30 para que todas las IES oficiales tengan el mismo fundamento presupuestal. En esta colada también deben entrar las instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas de carácter oficial.
7) Una anarquía organizada. Esta es la definición que los estudiosos de educación superior han dado a la universidad como organización social, y que parece ajustarse perfectamente a lo que sucede con la Universidad Nacional de Colombia. Un Rector, Moisés Wasserman, comprometido con muchos estamentos que lo eligieron tras una férrea pugna con el anterior Rector, Víctor Manuel Mocayo, un cuerpo profesoral fuertemente fragmentado a partir de los paradigmas disciplinares, con notorio impacto sindical en la Asociación de Profesores Universitarios –ASPU-, un llamativo número de profesores ya pensionados, y estudiantes cuya legitimidad y representatividad en los cuerpos de dirección puede ser formal pero no de autoridad.
Estos, sumados al protagonismo que han adquirido los trabajadores administrativos, y los egresados y ex – rectores, incuban una delicada alianza, en donde todos se sienten con derecho a cobrar sus falsas fidelidades y solidaridades por una causa. Víctor Manuel Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, en su libro “Gobierno y Gobernabilidad en las universidades Públicas”, Unal. 2004, pg. 67, se pregunta “¿a quiénes realmente “representan” los representantes de los egresados y ex – rectores?… no debería ser su función, más bien, ser consultiva y propositiva en lugar de decisoria?… a quién le rinden cuentas de esta gestión?”
Para Alejandro Gaviria, “algunos de los manifestantes sufren (y me perdonarán la cacofonía) de insolidaridad intergeneracional. El crecimiento del pasivo pensional no los inmuta. Sus efectos sobre el gasto social del futuro los tiene sin cuidado. Sólo el presente figura en sus cavilaciones. Pero, tristemente, serán las generaciones futuras (allí están, esas son) las que terminarán pagando la pensión”.
Hace dos años, también con bloqueos y pupitres en la calle, lograron echar atrás la propuesta de Reforma del ex – rector Marco Palacios, luego cayeron en la falta de liderazgo de Ramón Fayad y ahora, en la negociación con el Estado por el tema del pasivo pensional.
¿Qué nivel de autoridad, autonomía, conocimiento y jerarquía tienen los estudiantes, para “negociar” un tema que no es de su directo resorte, como es el relacionado con el manejo del presupuesto de la Universidad?. En el texto ya citado, Víctor Manuel Gómez señala que “en muchas universidades se considera que el carácter temporal y pasajero del cuerpo estudiantil no le otorga la legitimidad ni la cualificación para tomar decisiones de política universitaria, muchas de las cuales requieren un horizonte temporal de mediano y largo plazo”.
El periódico El Tiempo publicó el 21 de mayo un interesante artículo “Movilización estudiantil toma nuevo aliento: en 20 días pusieron en jaque a la universidad pública”, que hace una radiografía de este reavivamiento del movimiento estudiantil universitario, e indica cómo se ha dado también en las universidades privadas. Igualmente cuenta cómo la Asociación Colombiana de Estudiantes (ACEU), con oficinas en 28 universidades públicas, financiada por ONG noruegas y colombianas defensoras de los Derechos Humanos, ha movilizado a los estudiantes y ha apoyado la conformación de una especie de gobierno paralelo en la Nacional.
Coincide con lo anterior la opinión de Leopoldo Múnera, profesor de Ciencias Políticas de la Nacional, quien piensa que lo que ha habido es una recomposición del movimiento, con algunas novedades, mientras que Carlos Caballero Argáez, director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras, de Los Andes, asegura que no existe un movimiento estudiantil. “Los estudiantes se mueven cuando les tocan sus intereses. A mí me parece que los muchachos de hoy no están mirando el bosque, sino solo los árboles”.
Esto parece haberse convertido en un asunto de cuadrillas ideológicas. Cuando una universidad permite trasladar la discusión de sus asuntos fundamentales y misionales al ámbito de la discusión política, difícilmente podrá, en la misma generación, retornar al debate académico.
8) ¿Quién le pone el cascabel al gato? Finalmente, queda rondando esta pregunta. Pero para conocer cuál es la medicina, debemos conocer cuál es exactamente la enfermedad. ¿Serán los paros?, la anormalidad académica?, el pasivo pensional?, las matrículas?, el Registro Calificado y la Acreditación (que también han salido a bailar en las protestas)?, ¿el momento político de la izquierda?, ¿la administración financiera de las universidades, sin rendimiento social de cuentas?, ¿los grupos de estudiantes con talante anárquico?, ¿la incapacidad rectoral?, ¿el tecnicismo recorta-gastos de los funcionarios del Estado?, ¿la falta de planeación?, ¿la Ley 30?, ¿el oportunismo político?… ¿o todos los anteriores y aún más?.
La discusión está abierta. Para este Observatorio de la Universidad Colombiana si un país se paraliza porque su Universidad Oficial se detiene, es porque su concepto, vivencia y comprensión de lo Público, está mal dimensionado. Y entonces la responsabilidad es de todos: De quienes vivimos la Universidad, pero no nos atrevimos a decir “no” a los encapuchados, de los rectores que han disfrutado de sus cuartos de hora y nadie les ha pedido rendir cuentas, de los profesores que han disimulado miles de horas de investigación no efectiva mientras les llegaba su pensión para que, en el mejor momento de mejor productividad intelectual (como denunció Salomón Kalmanovitz), cobraran la pensión del Estado para irse a devengar un segundo ingreso en las universidades privadas, del Ministerio de Educación y su “miedo” a enfrentar la situación, y de los Gobiernos porque sólo han pensado en educación cuando de transferencias se trata.
Artículo relacionado. Opinión: ¿Y dónde está su responsabilidad, señor Rector Wasserman?, por Carlos Lopera
Nota: Las fotos que ilustran este informe han sido extraídas de páginas web de los sitios aquí reseñados.
39% de las IES han participado en el Plan Decenal de Educación

References: artículo 34
 artículo 38
 artículo 131
 artículo 131
 artículo 86
 artículo 81