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Timestamp: 2019-08-23 18:53:03+00:00

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﻿ SENTENCIA 7212-2005 DE MARZO 15 DE 2007
SENTENCIA 7212-2005 DE 15 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:PENSIONES DE SOBREVIVENCIA. RECONOCIMIENTO ANTES DE LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE PENSIONES, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 7212-2005 de marzo 15 de 2007
Expediente: 15001-23-31-000-2000-01513-01
Número interno: 7212-2005
Actor: Rosalba Puentes de Vargas
EXTRACTOS: «Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 19 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sede de descongestión, dentro del proceso instaurado contra la Caja Nacional de Previsión Social.
Rosalba Puentes de Vargas, por intermedio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pidió que se declarara la nulidad de las resoluciones 30424 del 28 de diciembre de 1998, 6656 de 9 de junio de 1999 y 663 del 15 de febrero del 2000, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Nacional, mediante las cuales negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada con ocasión del fallecimiento del señor José Guillermo Vargas Gómez (QEPD).
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la Caja Nacional de Previsión Social para que reconociera y pagara indexadas las mesadas pensionales dejadas de pagar desde la fecha del fallecimiento del causante, hasta la fecha en que se extinga el derecho para ella; que la sentencia condenatoria ordenara la aplicación de los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo; y que se condenara a la demandada al pago en costas y agencias en derecho.
Relató el apoderado de la parte actora que el señor José Guillermo Vargas Gómez, laboró al servicio del Estado en el departamento de Boyacá y en el Ministerio de Obras Públicas, durante 21 años y 11 meses. Afirmó que el causante había sido retirado del servicio oficial el 1º de octubre de 1995 y que falleció el 27 de marzo de 1998.
Que a la señora Rosalba Puentes de Vargas, en calidad de esposa, le fue negado el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente porque el causante no se encontraba dentro del régimen de transición de la Ley 100.
Indicó como normas violadas los artículos 53 de la Constitución Política; 21 del Código Sustantivo de Trabajo; 36 de la Ley 100 de 1993; 3º del Decreto Reglamentario 1160 de 1994; y 1º de la Ley 12 de 1975.
La Caja Nacional de Previsión Social, por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Adujo que en el presente caso no se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
El presente asunto se contrae a definir si la demandante Rosalba Puentes de Vargas tiene el derecho a que se le reconozca la pensión de sobreviviente por ser la cónyuge supérstite de José Guillermo Vargas Gómez.
El señor Vargas Gómez al momento de su muerte (mar. 27/98) tenía 47 años de edad y había cotizado al sistema durante 21 años y 11 meses, hasta el 30 de septiembre de 1995, fecha en la cual se retiró del servicio y dejó de cotizar. Como se observa solo le faltaba el requisito de los 55 años de edad establecida en la Ley 33 de 1985, para adquirir su pensión, pero en todo caso se encontraba dentro del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Al respecto, es necesario precisar, que la edad, en lo que respecta a las pensiones, es únicamente una condición para la exigibilidad de la prestación y no para su nacimiento. Es por esto que en algunos casos ninguna relevancia tiene este requisito de la edad para poder exigir el derecho a la pensión, como sucede en la sustitución pensional y en la pensión de sobrevivientes (L. 12/75, art. 1º y L. 100/93, art. 46) casos en los cuales el derecho a la prestación por parte de sus beneficiarios, se otorga una vez ocurra el fallecimiento del cónyuge o compañero permanente, siempre y cuando se acredite el tiempo de servicios o las cotizaciones exigidas por el legislador. No se requiere en estos casos que el causante tenga la edad cronológica para la prestación. Basta leer las precitadas normas para concluir que la edad ninguna significación tiene para que los beneficiarios se hagan acreedores a la sustitución de la pensión.
En este punto es importante tener en cuenta que la pensión de jubilación o la de vejez, en cualquiera de los dos regímenes, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-546 de 1992, “es un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro...En otras palabras, el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador” (1) . Y como así mismo lo dijo dicha corporación en la Sentencia T-1752 de 2000 “La pensión de jubilación no es una simple caridad que se hace a las personas por el simple hecho de haber llegado a determinada edad, sino una contraprestación a la contribución que hizo durante su vida poniendo a disposición de la sociedad su fuerza laboral. La concepción de la seguridad social como una “gracia” fue superada por la jurisprudencia nacional desde la primera mitad del siglo XX. Fue, además, definitivamente abolida en la Constitución de 1991, no solo a través de su consagración explícita en el artículo 48, sino en la objetivación del trabajo como principio fundamental del Estado...” (2) .
Por tanto, tal ahorro o contribución una vez se cumpla con el tiempo de servicios, semanas cotizadas o monto del mismo será exigible cuando se llegue a la edad requerida o suceda la muerte del trabador, según el caso.
En otros términos dirá la Sala que no se trata aquí de una expectativa, pues el derecho se consolidó, por haber completado o bien el tiempo de servicios o bien el número de cotizaciones, sin embargo lo que sucede es que su reconocimiento y pago pende o bien de la llegada de la edad o del acaecimiento de la muerte. Puede decirse entonces que existe una situación jurídica que no puede ser desconocida por el legislador.
Debe hablarse pues de un derecho adquirido cuando se completa el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicios requeridos, derecho que debe ser protegido tratándose de un tránsito de legislación, al cual, como es sabido, se le impone respetar todos los derechos, garantías y beneficios adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores. Por ello, dentro de la previsión que consagra la Ley 100 de 1993 en su artículo 11 debe entenderse que queda amparado también el trabajador que habiendo cotizado al sistema de seguridad social o servido al Estado las semanas y el tiempo requerido, no hubiere cumplido, a su entrada en vigencia, la edad cronológica para exigir la prestación. De allí, que quien hubiere cotizado o trabajado el tiempo requerido para adquirir el derecho a la pensión, tiene el Estado que respetarle como mínima garantía el régimen vigente al momento de completar el tiempo de servicios o las semanas cotizadas.
De acuerdo con lo anterior y volviendo al caso planteado en la demanda se puede establecer que según la certificación visible a folio 1, el causante adquirió el derecho para su pensión antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, pues para el 1º de abril de 1994, ya había acumulado un total de tiempo de servicio de trabajo de 20 años, 6 meses y 29 días, solo que su exigibilidad pendía del acaecimiento de un hecho (cumplir la edad), que infortunadamente no ocurrió, debido a su fallecimiento.
Frente a estas situaciones, la historia legislativa del país, particularmente en materia prestacional, ha tenido como constante en la mira de sus nuevas disposiciones no afectar con el cambio normativo a quienes si bien no han adquirido los derechos prestacionales, están próximos a ello. Con mayor razón ha protegido los que a la entrada en vigencia de la nueva normatividad han consolidado su derecho.
En relación con el tema que ocupa la Sala, esto es, en tratándose en pensiones de sobrevivencia, la Ley 100 de 1993, en principio, se dispuso lo siguiente:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común, que fallezca.
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema y hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PAR.—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley (negrilla fuera de texto).
La misma ley, en el artículo 49, previó la situación para cuando el afiliado no cumplía con el requisito de aportes durante las veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento de la muerte del afiliado:
Solo fue hasta el año 2003, mediante el Decreto 797, que se modificó dicho artículo 46 de la Ley 100 de 1993, cambiando la indemnización sustitutiva por el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, así:
ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. “Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:” Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
a) “Literal condicionalmente exequible” Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez (negrilla fuera de texto).
Nótese como el legislador con esta reforma a la Ley 100 de 1993, abarcó en su totalidad el supuesto de hecho que aquí ocupa la Sala, cambiando el mínimo de semanas ha cotizar en los últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento por el esfuerzo de aportes durante toda una vida laboral efectuado por quien cumplió con todos las exigencias establecidas en la legislación vigente durante su condición de afiliado, protegiéndose de esta forma, los principios más elementales y esenciales a la seguridad social y la equidad. A pesar de ello, para la Sala es claro que esta última disposición, aunque encuadra en el supuesto de hecho, no puede aplicarse, toda vez que dicho precepto solo entró a regir a partir de su promulgación, esto es, después del año 2003, mucho después, del fallecimiento del ex funcionario y de la petición a la pensión de sobrevivencia.
No obstante, comoquiera que se encuentra demostrado que a la entrada en vigencia de la nueva normatividad ya el causante había consolidado su derecho de conformidad con el derrotero planteado en los párrafos anteriores, y acogiendo las tesis expuestas tanto por la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, que trae a colación el recurrente, para casos iguales a la presente controversia, la Sala considera que se debe imponer una solución basada en los principios de equidad y proporcionalidad que se han recogido en el espíritu de normas posteriores dada la especialísima situación del caso que ocupa la Sala.
Por ello, y teniendo en cuenta, como ya se dijo, que el causante cumplió bajo el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 con el número de semanas exigidas o con el tiempo de cotización previsto bajo unos supuestos exigidos al momento del ingreso al sistema de seguridad social, se deberá aplicar el principio de la condición más beneficiosa (C.N., art. 53) que para el presente caso es la estatuida en el régimen anterior, esto es, en la Ley 12 de 1975:
ART. 1º—El cónyuge supérstite, o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas.
Para acceder al reconocimiento pensional pedido, constata la Sala que se encuentra demostrado dentro del proceso que la demandante contrajo matrimonio con el causante y que no existe prueba alguna que establezca que ella no estuvo unida a él en el momento de su fallecimiento. Dicho reconocimiento se liquidará y ordenará en los términos del régimen anterior a la Ley 100 de 1993, a partir de la fecha en la cual falleció el señor José Guillermo Vargas Gómez.
Sin embargo, debe advertir la Sala que en caso de que la demandante hubiere recibido la indemnización sustitutiva que trata el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, de la liquidación de la condena se deberá descontar de forma indexada el valor pagado por este concepto.
Así la cosas, la Sala revocara el fallo apelado, y en su lugar se accederá a la suplicas de la demanda.
REVOCASE la sentencia del 19 de noviembre de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, sede de descongestión, en el proceso instaurado por Rosalba Puentes de Vargas contra la Caja Nacional de Previsión Social. EN SU LUGAR SE DISPONE:
1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 30424 del 28 de diciembre de 1998, 6656 de 9 de junio de 1999 y 663 del 15 de febrero del 2000, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Nacional, mediante las cuales negó el reconocimiento y pago de la pensión solicitada por la demandante con ocasión del fallecimiento del señor José Guillermo Vargas Gómez.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Caja de Previsión Social reconocer y pagar a la señora Rosalba Puentes de Vargas, en calidad de cónyuge supérstite una pensión de jubilación en los términos del artículo 1º de la Ley 12 de 1975, a partir del 27 de marzo de 1998.
En caso de que la demandante hubiere recibido la indemnización sustitutiva que trata el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, de la suma total de la condena se descontará en forma indexada lo que haya percibido por este concepto.
3. Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
(1) Corte Constitucional. Sentencia C-546, M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez C.
(2) Corte Constitucional. Sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: artículo 85
 artículo 46
 artículo 36
 artículo 48
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 49
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 49