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Timestamp: 2018-08-16 21:41:28+00:00

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SENTENCIA 2014-00592 DE 12 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:ESTABLECER HONORARIOS DESPROPORCIONADOS PARA CLIENTES APROVECHÁNDOSE DE SU DESCONOCIMIENTO JURÍDICO CONSTITUYE FALTA DISCIPLINARIA PARA ABOGADOS. LA SALA ESTABLECE QUE ACORDAR, EXIGIR U OBTENER DEL CLIENTE O DE TERCERO REMUNERACIÓN O BENEFICIO DESPROPORCIONADO A SU TRABAJO, CON APROVECHAMIENTO DE LA NECESIDAD, LA IGNORANCIA O LA INEXPERIENCIA DE AQUELLOS. LO ANTERIOR EN CONCORDANCIA CON LEY 1123 DE 2007 CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO ART. 35 NUMERAL 1°.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABOGADO, HONORARIOS DEL ABOGADO, DEBERES DEL ABOGADO, ESTIMACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, COBRO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, REGULACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO
Sentencia 2014-00592/10316-23 de mayo 12 de 2016
Rad.: 540011102000201400592-01 (10316-23)
Aprobado según Acta de Sala 40
Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis
La Unidad de Registro Nacional de Abogados acreditó la calidad de abogado del doctor William Ortega Sanguino, identificado con la cédula de ciudadanía 88.211.003 y tarjeta profesional vigente 162.906 del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 7, cdno. o. 1ª instancia).
El cargo por el cual se sancionó en primera instancia al abogado William Ortega Sanguino, está descrito en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, así:
3.1. De la tipicidad.
Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas allegadas real y oportunamente al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de la falta endilgada al abogado William Ortega Sanguino, conforme a los cuales el a quo lo consideró responsable de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.
El fallador de primer grado halló responsable al litigante William Ortega Sanguino, de incurrir en la falta a la honradez en referencia, por cuanto pactó por concepto de honorarios $ 4.000.000, y efectivamente recibió $ 2.000.000 y un juego de comedor valorado en $ 500.000, considerando que el pago mencionado no se compadecía con la actuación desplegada por el profesional del derecho, en la medida que en la gestión encomendada, tan sólo presentó un memorial de petición al IGAC, de un solo folio el cual hubiese podido ser redactado, y presentando por cualquier ciudadano.
En vista de lo anterior, procederá la Sala al análisis del material probatorio allegado para establecer si el abogado cuestionado obtuvo remuneración desproporcionada a su trabajo, aprovechándose de la necesidad, ignorancia o la experiencia de su cliente y, por lo mismo, si incurrió o no en la falta endilgada.
Siendo esto así, encuentra la Sala que el material probatorio arrimado a estas diligencias permite concluir la existencia de la relación contractual entre el abogado inculpado y la quejosa, en virtud de la cual aquél, en representación de éste, asumiría su representación en el proceso administrativo ante el IGAC para lograr la disminución del avalúo catastral de propiedad de la señora Doris Lizarazo.
En el presente asunto, a folio 3 del anexo se observa que el 5 de junio de 2013 el inculpado radicó un memorial ante el IGAC, solicitando la revisión del avalúo catastral, firmado por la quejosa, e interpuso una acción de tutela, la cual fue inadmitida el 19 de noviembre de 2013 porque en el poder allegado no se indicó de manera expresa las facultades competentes del apoderado y posteriormente rechazada por no haberse subsanado la misma (fls. 1 a 11, anexo 1).
En este orden de ideas, sería del caso que la Sala estudiará los criterios establecidos por la jurisprudencia para determinar si el abogado cobró honorarios desproporcionados: el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, el prestigio del mismo, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía, la capacidad económica del cliente, no obstante, se observa que en audiencia llevada a cabo el 13 de noviembre de 2014, el inculpado confesó su responsabilidad en la falta disciplinaria endilgada, elemento suficiente para determinar la efectiva materialización de la conducta reprochada y la responsabilidad del investigado en la misma (fl. 39, cdno. o primera instancia, Record 01:42:58 Cd 2).
Basten los argumentos expuestos en precedencia, para que esta Sala proceda a confirmar la providencia apelada en el sentido de sancionar al abogado William Ortega Sanguino de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 35 del de la Ley 1123 de 2007, por la cual se le realizó reproche disciplinario.
Analizado este elemento, se colige en este caso que el profesional del derecho acusado vulneró el deber de honradez del abogado, por cuanto el abogado William Ortega Sanguino, confesó haber exigido del cliente remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos, pues pretendía obtener la suma de $ 4.000.000, de los cuales efectivamente obtuvo $ 2.000.000 y un juego de comedor valorado en $ 500.000, por haber radicado un derecho de petición ante el IGAC, el cual era una reclamación de carácter general que podía ser radicado por un ciudadano común, y una acción de tutela que fue rechazada por falta de poder expreso.
Por lo anterior se afirma que el servidor público soporta una carga mayor y superior en materia de responsabilidad y que para excusarse de cumplir con sus postulados, debe probar, de manera fehaciente, que ha sido contra su querer o ajena a su voluntad la actuación que vulnera el ordenamiento, o que su propósito fue diferente al conseguido, o que actuó suponiendo unos resultados pero sobrevinieron unos diferentes’(11)” (destaca la Sala).
Ahora bien, en reiteradas oportunidades esta Colegiatura ha sostenido que el tipo disciplinario endilgado a la profesional del derecho —falta a la honradez del abogado— materializado en el presente asunto haber exigido al cliente remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, se considera por naturaleza doloso, por cuanto exige un actuar positivo de quien incurre en esta conducta reprochable éticamente.
En el asunto en comento, es evidente para esta corporación que dada la condición de abogado del investigado, era plenamente conocedor del deber de no obtener provecho de la ignorancia o la inexperiencia del cliente, puesto que la reclamación para lo cual fue contratado era de carácter general y de conocimiento público, que podría ser realizado por cualquier ciudadano, y adicionalmente, era un hecho notorio que los inmuebles de Cúcuta para la fecha, habían sido sobre avaluados.
Teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el doctor William Ortega Sanguino, deviene razonable el reproche disciplinario, toda vez que se evidenció que hubo aprovechamiento de la ignorancia o inexperiencia de sus clientes en la gestión encomendada y con esto, exigir unos honorarios excesivos.
No obstante, esta colegiatura estima necesario modificar la providencia impugnada, señalando que para la tasación de la sanción, se debe aplicar lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, atendiendo que la sanción de suspensión impuesta en la sentencia objeto de apelación no cumple con los criterios legales y constitucionales.
Acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado, sin embargo, estima esta corporación que en este evento la sanción de suspensión impuesta al profesional del derecho acusado, no cumple con el principio de proporcionalidad en la medida que no corresponde la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, teniendo en cuenta la confesión de la falta y que el abogado investigado no registra antecedentes disciplinarios tal y como consta en el certificado de antecedentes disciplinarios obrante a folio 29 cuaderno original primera instancia.
También debe cumplirse con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria de sanción impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993, donde en uno de sus apartes se dijo:
La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad.”
Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia apelada proferida el 28 de noviembre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander y Arauca, mediante la cual se sancionó con suspensión de treinta (30) meses en el ejercicio de la profesión al abogado William Ortega Sanguino, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en el sentido de morigerar la sanción impuesta dejando como definitiva la de suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión y confirmará en lo demás.
1. MODIFICAR la sentencia apelada proferida el 28 de noviembre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander y Arauca, mediante la cual se sancionó con suspensión de treinta (30) meses en el ejercicio de la profesión al abogado William Ortega Sanguino, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en el sentido de morigerar la sanción impuesta dejando como definitiva la de suspensión de doce (12) meses en el ejercicio de la profesión y CONFIRMAR en lo demás, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen, para que en primer lugar, notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos previstos en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, así mismo el Magistrado Sustanciador tendrá facultades para comisionar cuando así lo requiera para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo orden, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes».
9 Ver Sentencia C-373/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. SPV de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.
10 Lo trascrito es doctrina reiterada de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, según consta en el fallo disciplinario de segunda instancia de radicado 049-7324-08. En dicha providencia, la delegada se refirió, también, al criterio que ha expuesto sobre el tema la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública , al precisar que, “En materia disciplinaria el dolo está integrado por los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud de la conducta y la representación del resultado, en este ámbito el conocimiento de las circunstancias fácticas, más el conocimiento de la prohibición ya son suficientes para atribuir la conducta a título doloso. Ello implica la accidentalidad o eventualidad del elemento representación y también del elemento voluntad que son propios del derecho penal”.
11 Brito Ruiz, Fernando. Régimen disciplinario. Procedimiento ordinario, verbal, pruebas. Legis Editores S. A., Cuarta Edición, 2012.

References: artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 45
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