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Timestamp: 2017-09-23 11:14:23+00:00

Document:
APROBACIÓN DE PROTOCOLO CON NICARAGUA A TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CENTROAMÉRICA
APROBACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE SUPRESIÓN DE EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
REFORMA DE CARTA EN MATERIA DE DERECHOS A PROTECCIÓN DE SALUD Y A SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE REMUNERACIONES
ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES A PRÁCTICAS DE ACOSO LABORAL
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Andrés Allamand Zavala; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei Fornet. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Previsión Social, señor Augusto Iglesias Palau.
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- El acta de la sesión 17ª, ordinaria, en 15 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero inicia un proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban publicarse en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificada de "suma", para la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos (boletín Nº 8.220-10).
Con el primero comunica que rechazó la idea de legislar respecto del proyecto que amplía el plazo que se concedió a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2010, del Ministerio de Educación (boletín N° 8.191-04), e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse, conforme lo dispone el artículo 70 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento, se designa integrantes de la referida Comisión a los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con los dos siguientes informa que prestó su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado respecto de los asuntos que se indican:
1.- Proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia (boletín N° 7.408-07).
2.- Proyecto de ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades (boletín N° 6.952-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus antecedentes.
Con los dos últimos comunica que dio su aprobación, en primer trámite constitucional, a los siguientes proyectos:
1.- El que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en la forma que indica (boletín N° 7.988-11).
2.- El que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 (boletín N° 7.761-24).
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones (boletín N° 4.991-15).
Envía copia autorizada de la resolución recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 22, 25 y segundo transitorio de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil.
--Se toma conocimiento y se envía el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del numeral primero, letra a), del artículo único de la ley Nº 20.238, que agrega una oración final en el inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 19.886, conocida como Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Envía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Da cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y acompaña el Balance de Gestión Integral 2011 de la referida Secretaría de Estado.
Remite informe de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solicitado en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la Beca Zona Extrema Magallanes y Antártica Chile.
Envía copia de la respuesta dada por la Directora del Instituto de Salud Pública a la solicitud, dirigida en nombre del Senador señor Navarro, sobre antecedentes referidos al convenio suscrito entre el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos de América.
Comunica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
Remite, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados.
De la señora Ministra (S) de Transportes y Telecomunicaciones:
Adjunta, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el Balance de Gestión Integral 2011 de dicha Secretaría de Estado y de sus servicios dependientes o relacionados, en documentos impresos y en archivos en formato digital.
Atiende consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a mediciones y fiscalizaciones realizadas por la Secretaría Regional Ministerial correspondiente en virtud de denuncias efectuadas en febrero último por vecinos de la comuna de Laja debido a malos olores atribuidos a la empresa Celulosa Laja.
Acompaña ejemplar del Balance de Gestión Integral 2011 de dicho Servicio.
De la señora Subsecretaria de Transportes:
Atiende petición de informe, enviada en nombre del Senador señor Horvath, sobre la posibilidad de autorizar la inscripción provisoria de nuevos vehículos en el servicio de taxis en localidades de la Región de Aysén que no disponen de transporte público en el radio urbano.
Del señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública:
Responde solicitud de información, remitida en nombre de la Senadora señora Rincón, relacionada con la emergencia que sufrió la zona Centro-Sur el domingo 25 de marzo último.
Segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos (boletín N° 7.689-07) (con urgencia calificada de "suma").
Del Senador señor Novoa, con la que da inicio a un proyecto de reforma constitucional que impide, con la sola excepción del caso de guerra exterior, el nombramiento de Diputados o Senadores en el cargo de Ministro de Estado (boletín N° 8.309-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación. Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Tuma y Zaldívar, con la que inician un proyecto de ley que regula el uso y sistemas de cobro en los estacionamientos destinados al público y las situaciones de emergencia en estos y en los pórticos de peaje (boletín N° 8.304-03).
De los Senadores señores Larraín Fernández, Espina, García, Novoa y Orpis, con la que se da inicio a un proyecto de ley que impone a los proveedores la carga de exhibir y entregar las condiciones de suministro de repuestos y servicio técnico, y sanciona como publicidad engañosa el incumplimiento de lo comprometido (boletín N° 8.310-03).
De los Senadores señores Prokurica, Bianchi, Girardi, Lagos y Larraín Peña, para iniciar un proyecto de ley que impone a las concesionarias de servicios sanitarios el deber de informar mensualmente el cumplimiento de las normas sobre calidad del agua potable (boletín N° 8.317-09).
Del Senador señor Tuma, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario al objeto de establecer la obligación de disponer servicios higiénicos gratuitos para los usuarios de establecimientos con atención de público (boletín N° 8.311-11).
De los Senadores señor Muñoz Aburto y señora Rincón, con la que se inicia un proyecto de ley que impone a las líneas aéreas el deber de solicitar a sus pasajeros de vuelos internacionales una aportación voluntaria para preservar las áreas silvestres protegidas del Estado (boletín N° 8.312-12).
De los Senadores señores Rossi, Bianchi, Escalona, Gómez y Walker (don Patricio), con la que se da inicio a un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales en materia de feriado anual para zonas extremas (boletín N° 8.318-13).
Moción del Senador señor Sabag con la que propone un proyecto de ley que aumenta la remuneración de los miembros de los tribunales electorales regionales y del Tribunal Calificador de Elecciones.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Solicitudes de los Senadores señores Chahuán y Pizarro para ausentarse del territorio nacional a contar del jueves 24 del mes en curso y durante los días 22 y 23 de mayo del presente año, respectivamente.
Para referirle a ella, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
Su Señoría bien conoce, como miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, lo que dispone el artículo 65 de la Carta Fundamental.
El señor SABAG.- Sabía, señor Presidente, que me iba a hacer ese comentario. Pero mi propósito es pedir que oficie al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda para ver si es posible patrocinar la moción que presenté, que dice relación con dos instituciones que se han quedado sumamente atrás en materia de remuneraciones: los tribunales electorales regionales y el Tribunal Calificador de Elecciones.
Incluso, acabamos de nombrar, a raíz del proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario, un Consejo Electoral cuyos miembros ganan mucho más que los de aquellos organismos.
Por lo tanto, creo que es de justicia mejorar las remuneraciones en el caso de los tribunales en comento, que son muy exiguas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se oficiará como lo pidió Su Señoría.
El señor SABAG.- Muchas gracias.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de esta tarde, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Colocar en cuarto y quinto lugares del Orden del Día de la presente sesión los proyectos de ley signados con los números 5 y 6.
2.- Retirar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy la iniciativa que lleva el N° 2 (traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica) y devolverla, para un nuevo informe, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
3.- Tratar en la presente sesión, como si fueran de Fácil Despacho, los proyectos de acuerdo signados en la tabla con los números 8 (aprueba el Protocolo Bilateral con Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, y sus Anexos) y 23 (aprueba la Convención que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros), ambos informados por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
4.- Tratar en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del martes 5 de junio el proyecto signado en el Orden del Día de la sesión de hoy con el número 19 (autoriza un memorial en recuerdo de víctimas de accidente aéreo en archipiélago de Juan Fernández).
5.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de regulación sobre farmacias: hasta mañana, miércoles 23 de mayo, a las 11, en la Secretaría de la Comisión de Hacienda.
6.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones a la iniciativa de ley que establece un sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes: hasta el viernes 8 de junio, a las 13.
7.- Recabar el acuerdo de la Sala para ponderar el espíritu cívico denotado por el correcto desarrollo de la sesión de Congreso Pleno de ayer y, asimismo, felicitar el desempeño de los funcionarios de Carabineros de Chile y del Congreso Nacional por su colaboración al buen resultado de la ceremonia.
El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para enviar las felicitaciones pertinentes a los funcionarios de la Institución y a Carabineros de Chile por su comportamiento ejemplar en el día de ayer.
El señor ROSSI.- Quiero referirme a la Cuenta, señor Presidente.
El proyecto que traspasa competencias y atribuciones desde las COMPIN al FONASA en materia de tramitación y pago de licencias médicas se ha puesto en tabla en más de siete ocasiones y siempre ha sido retirado.
Acabo de hablar con gente de Trabajo, y no ha solicitado que sea visto para la evacuación de un informe adicional.
De lo contrario, estaríamos frente a un mecanismo conforme al cual, cuando una iniciativa es votada en contra, como ocurrió en la Comisión de Salud, se procura tener un informe favorable sacándola de la discusión en la Sala y llevándola a otra Comisión.
Al menos, señor Presidente, quiero dejar sentada mi opinión contraria a esa modalidad.
El señor ESCALONA (Presidente).- Así quedará consignado en la Versión Oficial.
En todo caso, debo informarle a Su Señoría que hubo un acuerdo de Comités, a solicitud del Ejecutivo, según nos indicó el Senador señor Uriarte.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en la sesión pasada se discutió esta materia largamente (Su Señoría debe de recordarlo, pues estaba presidiendo), y nosotros retiramos la petición como Comité, para no llevar el proyecto a Trabajo.
Desearía que el punto se discutiera. Porque me dicen que se vio en Comités y se otorgó el acuerdo. Pero nosotros habíamos retirado la petición en la Sala el miércoles último.
El señor ESCALONA (Presidente).- Advierto que no vamos a debatir el punto, porque ello no corresponde frente a un acuerdo unánime de Comités.
De todas maneras, le ofrezco la palabra al Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, solicito una reunión de Comités sobre la materia, sin interrumpir la sesión de Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).- La convocaremos oportunamente, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, le pido recabar la anuencia de la Sala para permitirle a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura terminar el análisis del proyecto sobre protección de ecosistemas marinos vulnerables -es muy importante-, en torno al cual estamos llegando a un acuerdo para despacharlo.
Por cierto, los miembros de la Comisión nos comprometemos a estar atentos para votar y posibilitar que se reúnan en la Sala los quórums requeridos en cada materia sometida a su conocimiento y resolución.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece al Senado?
Boletín N° 8037-10
El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a los resuelto por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo Bilateral con la República de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, y sus Anexos, suscrito en Managua el 22 de febrero de 2011.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8037-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 11 de abril de 2012.
Relaciones Exteriores: sesión 18ª, en 16 de mayo de 2012.
Hacienda: sesión 18ª, en 16 de mayo de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto de acuerdo, al que el Ejecutivo le hizo presente la "simple" urgencia, fue informado por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Su objetivo principal es concretar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en comento y lograr una mayor apertura económica entre Chile y Nicaragua.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Coloma, Kuschel, Letelier, Pizarro y Tuma.
La Comisión de Hacienda adoptó igual resolución, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Frei, García, Novoa y Pizarro.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (20 votos a favor).
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Coloma, Escalona, Frei, García, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Rossi, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán, García-Huidobro e Ignacio Walker.
Boletín N° 8220-10
El señor ESCALONA (Presidente).- En seguida, corresponde tratar, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba la Convención que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre del año 1961 en La Haya, Países Bajos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8220-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 6ª, en 3 de abril de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto de acuerdo cuenta con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Su objetivo principal es simplificar la autentificación de los documentos públicos que deben presentarse en el extranjero.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Coloma, Kuschel, Letelier, Pizarro y Tuma.
La Comisión de Hacienda adoptó igual resolución, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Frei, García y Novoa.
El señor LARRAÍN.- Solicito votación.
--Por 21 votos a favor, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Pérez Varela, Rossi, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Los Honorables señores Sabag y Uriarte dejan constancia de su intención de voto a favor.
¡Hago presente a la Sala que hemos demorado solo 51 años en acoger la Convención: fue adoptada en 1961...!
Boletín N° 7960-11
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, relativo a los derechos a la protección de la salud y la seguridad social, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7960-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite, sesión 57ª, en 28 de septiembre de 2011.
Salud: sesión 63ª, en 18 de octubre de 2011.
Sesiones 95ª, en 7 de marzo de 2012 (queda para segunda discusión); 18ª, en 16 de mayo de 2012 (se aplaza su votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Encontrándose aplazada la votación, cabe hacer presente que la iniciativa requiere, para ser acogida, el pronunciamiento a favor de las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos.
--Por 15 votos a favor, 11 votos en contra y una abstención, se rechaza el proyecto, al no reunirse el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Coloma, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela y Uriarte.
Boletín N° S1469-05
El señor ESCALONA (Presidente).- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar por el plazo de un año la permanencia de tropas y medios militares nacionales en Haití, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, unidas. La urgencia es la del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República. El asunto se encuentra en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1469-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 14ª, en 2 de mayo de 2012.
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, unidas: sesión 18ª, en 16 de mayo de 2012.
Sesión 18ª, en 16 de mayo de 2012 (queda para segunda discusión).
El señor ESCALONA (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, esta es la undécima vez que se pide autorización para la salida o la mantención de tropas chilenas en misión de paz en Haití.
Recordemos que, durante un tiempo, la solicitud se formulaba cada seis meses. Por eso se llega a dicho total.
Lo concreto es que nos encontramos abocados a este tipo de debate desde 2004. Y me parece que es una discusión importante.
Quizás se trata -lo he señalado en otras ocasiones- de una de las facultades privativas del Senado más relevantes, precisamente porque tiene que ver con el sentido del rol de las Fuerzas Armadas, pero también porque, de alguna manera, media una cierta responsabilidad respecto de la vida de compatriotas y de si las razones que justifican la salida son o no de aquellas que permite el texto legal.
Digo "legal" porque, desde mi perspectiva, se debió haber aprobado una reforma constitucional -le faltó un voto- que justamente regulaba todo lo que tiene que ver con las misiones de paz, desde el punto de vista de la Carta.
Quisiera hacer tres tipos de comentarios, que me parece que pueden ayudar a ilustrar nuestro examen, por lo menos.
En primer lugar, no puedo pasar por alto el hecho de que la salida de tropas a Haití ha sido pedida muchas veces, pero por distintas razones, cuestión que, a mi juicio, no es menor.
Inicialmente, ello fue para evitar lo que se llamó "genocidio", lo que era una razón importante, obviamente. Hubo una forma de proceder que creo que no fue la más adecuada, pero, de alguna manera, la norma de que el rol de las Fuerzas Armadas se desarrolle dentro del país se excepcionó en función de que una nación latinoamericana vivía un momento complejo en cuanto a su subsistencia. Y esa fue la argumentación que generó la aprobación prestada.
Un año después, ya superada aparentemente esa realidad, se planteó que la medida era fundamental una vez más para permitir la consolidación de la democracia, ya que en ese momento mediaba un proceso electoral y claramente no existían seguridades de que se pudiera desarrollar de buena forma.
Verificados los comicios y transcurridos los seis meses siguientes, se volvió a presentar la petición, invocándose ahora razones de institucionalidad. Eso fue, textualmente, lo que se expuso en su momento: que era preciso ayudar a consolidar la institucionalidad, lo que permitía progresar desde una perspectiva más global dentro de lo que se requería.
Y lo cierto es que a partir de ahí, señor Presidente, la verdadera causa, en mi opinión, por la cual se pide la salida -más allá del objetivo de colaboración, evidentemente- es la difícil alternativa en que nos encontramos.
Por eso, expongo esta reflexión también para ver cómo el Senado tiene que hacer el seguimiento -se han sucedido distintos Gobiernos- de cómo se dan las situaciones internacionales y los elementos concurrentes.
En segundo término, la invocación de motivos distintos refleja claramente que no podemos hacer referencia a un éxito internacional respecto de Haití. Y me parece que ello obliga a un análisis cada vez más riguroso. Entiendo que el Gobierno lo está llevando a cabo, dentro del ámbito latinoamericano, respecto de la lógica definitiva de este tipo de acciones.
No valoro los resultados obtenidos, entonces, en función del esfuerzo desplegado. Y me parece que es fundamental dejarlo claro, por lo menos en lo personal.
Eso no quiere decir -no soy miope- que no se hayan cumplido algunos propósitos importantes, pero que no tienen mucho que ver con la cuestión de Haití, en sí misma.
Uno de ellos es la manifestación de la solidaridad internacional. Pero es algo que puede tener lugar en distinta forma. Y, naturalmente, estamos llenos de situaciones en que se puede colaborar con países en un estado de desmoronamiento o de desinstitucionalización, como el que hoy se observa. Mas ahí existe un activo, como es obvio, en virtud del cual es posible decir: "Se hizo un gesto".
Otro esfuerzo tiene que ver con el rol que Chile ha cumplido en Haití y el respeto a nuestras instituciones castrenses. Creo que es, evidentemente, un elemento valioso. Ahora, eso no justifica permanecer en otro país, pero es preciso reconocer que las Fuerzas Armadas han desarrollado una tarea muy importante.
Y tercero, cabe observar que, en el nivel latinoamericano, también se generan vínculos, sanas complicidades o entrenamientos que pueden ayudar a la defensa del país.
Por mi parte, asumo tales realidades; pero también concluyo que esas no pueden ser las razones últimas por las cuales es posible justificar plenamente la intervención en Haití de un organismo como la MINUSTAH.
Y la tercera reflexión, señor Presidente -quisiera reiterar lo que planteamos en la Comisión-, es que percibo con creciente inquietud que tropas destinadas a velar por la paz lleguen a visualizarse internamente como de ocupación. Ello ha sido parte del debate interno en Haití, en particular ahora que se realizaron elecciones.
Recomiendo leer el informe que tenemos a la vista, muy completo y crudo. Felicito al Ministro de Defensa, aquí presente, y al Canciller, porque creo que es importante expresar las cosas con transparencia al momento de tomar una decisión. Y uno se da cuenta claramente de que Haití no se halla hoy día en una posición mejor que hace cinco o seis años. Probablemente, es mucho más compleja.
Lo que pasa es que casi no hay salida. Da la impresión de que una determinación unilateral de retirarse puede generar efectos peores, incluso, que los de antes de resolver entrar.
Y quiero culminar aquí, señor Presidente, haciendo fe -porque en la Comisión así se expuso- de la visión que la autoridad chilena mantiene sobre el asunto.
El Senador que habla era especialmente escéptico acerca de esta nueva renovación, pero hay argumentos que le hacen fuerza. Tiendo a pensar que Latinoamérica está reaccionando positivamente al programar reuniones. Brasil cumplió un rol importante en el reenfoque del concepto de colaboración con Haití, sobre la base de que se tiene que pasar de una fase a otra. Será de la séptima a la sexta, si se sigue la lógica de la MINUSTAH, o será el criterio de la institucionalidad o de más Estado, antes que simplemente una cuestión de Fuerzas Armadas. Me parece fundamental comprenderlo así.
Entiendo que en los próximos días -me gustaría que el señor Ministro de Defensa pudiera plantearlo- se celebrará una reunión relevante en el concierto latinoamericano precisamente para analizar a fondo este tipo de acciones, en el sentido de revisar qué es lo mejor, hacia dónde se tiene que enfocar, cómo debemos hacerlo, cuál es el horizonte de salida para lo que fue motivado originalmente por un genocidio, seguido de una defensa de la democracia, interpretado después como un esfuerzo por consolidar la institucionalidad y que hoy día da lugar a una argumentación en orden a que casi no existe alternativa.
La idea es generar un tipo de colaboración que, sin desmentir nuestra vocación latinoamericana -siempre la hemos tenido-, sin desconocer la necesidad de ayudar al más desvalido, sin renegar jamás del muy significativo rol cumplido por nuestras Fuerzas Armadas, redunde en un reenfoque que permita percibir que Haití no es un Estado fallido, como algunos lo exponen internacionalmente, sino dotado de herramientas para poder salir adelante.
Lamentablemente, las informaciones que llegan desde ese país no son las mejores. Se registran problemas internos que no tienen que ver con las acciones internacionales. Han vuelto personas que desempeñaron papeles muy complejos. Están hoy día de regreso los mismos que, en general, aparentemente generaron la crisis. Nada parece indicar que vayamos a tener un terreno muy promisorio.
Este conjunto de reflexiones me parece fundamental a la hora de dar la autorización. Por lo menos en lo personal, me encuentro convencido de que habrá un antes y un después, de que no puede tratarse de la continuación...
Pido 30 segundos para terminar, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Dispone de un minuto para redondear bien su idea, señor Senador.
El señor COLOMA.- Simplemente, no puede verificarse una ratificación casi automática, casi inevitable, casi en la condición de camino necesario. El asunto debe suponer una reflexión, una reingeniería, una nueva concepción, una forma distinta también de involucrar a los organismos internacionales en Haití.
Naciones Unidas no ha sido capaz de generar los apoyos necesarios. O los países no han sido capaces de ayudar a Naciones Unidas -para no ser tan peyorativo- con los recursos comprometidos. Entonces, cuando media una falta de responsabilidad internacional, conforme a esta lógica, con mayor razón quienes envían tropas chilenas tienen derecho a exigir de ellos un nuevo trato, así como también una reflexión a fondo acerca de cómo seguimos hacia delante.
El señor TUMA.- Señor Presidente, una de las bases de nuestra política exterior es el multilateralismo, que busca el establecimiento de reglas claras y efectivas para ordenar el sistema internacional por la vía institucional, a fin de asegurar la paz y la prosperidad de los Estados que se relacionan buscando niveles crecientes de cooperación.
La presencia de Chile en la MINUSTAH apunta a concretar precisamente esos principios políticos, tantas veces declarados. Debemos inmiscuirnos en la realidad del mundo, sin importar mucho la distancia o los vínculos políticos, económicos o culturales previos que tengamos con otros pueblos y Estados.
Haití sigue siendo, por lejos, lamentablemente, y pese a la ya larga presencia internacional en su territorio, el país más pobre de América y uno de los cinco más pobres en el planeta. Su población ha sido azotada una y mil veces, no solo por los déficits de un Estado que no es capaz de garantizar seguridad ni bienestar para su población, sino también por males provenientes de catástrofes naturales y sanitarias: huracanes, terremotos, hambrunas, sida, enfermedades tropicales. Pareciera que todas y cada una de estas desgracias, como las plagas de Egipto, han querido anidar en ese suelo.
Con el Senador señor Quintana, cuando éramos Diputados, estuvimos en Haití en el año 2004, al llegar recién nuestras tropas. El impacto fue mayúsculo. Conocí, a veces, la miseria del campo chileno, pero nunca había imaginado a cuánto podía llegar la degradación humana: calles que eran basurales y chozas que eran prolongación de calles; niños desnudos, medios muertos por la desnutrición y el sida, deambulando sin rumbo.
Me conmovió la juventud de un pueblo cuya población, en pleno siglo XXI, muere antes de los 40 años, en promedio, como sucedía en la Europa de la Edad Media.
Me impresionó, ante todo, que la humanidad, la misma que es capaz de las mayores proezas tecnológicas posibles, no sea consciente de que una parte suya vive en condiciones que ningún animal doméstico, en Occidente, podría resistir.
Deseo citar parte de las conclusiones de un informe que entregamos entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Cámara de Diputados, y que decía relación, básicamente, con la cooperación internacional y el carácter que tenía que revestir, sobre la base de las solicitudes que nos hicieron las mismas autoridades haitianas de ese tiempo.
Una de las solicitudes más sentidas de estas últimas y de los partidos políticos de ese país fue la referida a la asistencia técnica. En Haití no quedaban profesionales ni técnicos capaces de diseñar y ejecutar importantes obras de infraestructura que era necesario realizar a la brevedad, y que iban desde la reconstrucción de vías de comunicación -caminos, puentes y puertos- para facilitar la integración territorial, hasta la rehabilitación de servicios básicos o la construcción de estos por primera vez: obras sanitarias, desagües, alcantarillado, centrales eléctricas, tendido eléctrico, telefonía, levantamiento de edificios, etcétera.
Para conseguir lo anterior, se solicitó a los Diputados visitantes el envío de profesionales propios, ingenieros, constructores y técnicos, personas capacitadas para entrenar a alguna parte de la mano de obra local, pues ni siquiera existían albañiles, técnicos en instalaciones eléctricas, gasfíteres, etcétera.
Otra modalidad de ayuda, de efectos en el largo plazo, era contar con plazas especiales o becas para que haitianos pudieran estudiar en Chile carreras técnicas de nivel superior o universitarias en áreas vinculadas a la ingeniería y la construcción.
"Idénticos esfuerzos -se dijo- es necesario desplegar en el área productiva. El país carece en estos momentos de una capacidad productiva mínima que les permita en el mediano plazo asegurar una parte mínima de sus alimentos y a largo plazo refundar su economía productiva nacional. Hay que entregar asesoría técnica necesaria para que se inicien procesos productivos y se desarrollen como la agricultura y la artesanía, que han sido actividades importantes para la economía de ese país, pues se estima que actualmente el costo de la Cooperación Técnica para Implementar la Transición Democrática es de 2 mil millones de dólares, pero con dificultad se visualiza que los países cercanos podrían estar aportando solo un 10% de la cifra. De allí que sea necesario iniciar procesos productivos que permitan a la familias, por lo menos mantener condiciones mínimas de subsistencia, en primera instancia".
Por eso, señor Presidente, una cuestión es la indispensable presencia de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y de nuestra Policía de Investigaciones al objeto de garantizar la seguridad de las personas y el funcionamiento del sistema democrático, el cual ya ha tenido un tiempo de prueba, de marcha blanca. Pero otra cuestión es la diversificación de los apoyos, y no hemos logrado que, en el corto o el mediano plazos, cuando Chile deba retirar sus tropas de Haití, exista la garantía de su funcionamiento en normalidad con relación a las demandas que mencioné o a las metas que nos hemos impuesto. Porque dentro de estas no se hallan solo la seguridad de ese país, el que alcance un régimen democrático, sino también la de conseguir que entre en una situación de normalidad.
Por lo tanto, debemos permanecer en Haití por ahora y planificar un retiro ordenado de nuestras tropas, no necesariamente porque hoy existan menos requerimientos, sino porque debemos ser capaces de diversificar nuestro apoyo.
Existen condiciones para que los civiles comiencen a hacer aportes más significativos en seguridad alimentaria, sanidad, reconstrucción, infraestructura y desarrollo productivo. Esto lo decíamos ya en el 2004. Y lo reiteramos las onces veces que citó el Senador Coloma en que hemos renovado nuestro acuerdo para prorrogar la permanencia de las tropas en Haití. Señalamos la necesidad de diversificar nuestra colaboración. Sin embargo, no se ha variado en eso. No hay un aporte desde Chile y las naciones que colaboran con Haití en el sentido que piden su población y sus autoridades.
Asimismo, creemos que otros países de la región están en condiciones de comenzar a asumir responsabilidades, más que en el envío de tropas, en brindar asesoría técnica, asesoría de capacitación y asesoría de profesionales.
Por nuestra parte, esta ha sido una buena experiencia. Hemos aprendido mucho en Haití. Han aprendido nuestros soldados, marinos, aviadores, carabineros y detectives, quienes a lo largo de casi 10 años han conocido realidades probablemente impensadas para ellos. Hemos aprendido a trabajar con equipos internacionales bajo el mando de las Naciones Unidas, lo que nos ha granjeado el respeto de otros países.
Quienes nos dedicamos a la política en Chile también hemos aprendido que se debe dejar de lado el provincialismo; que hay que ser capaces de ponerse en el lugar de los otros, aunque se encuentren en tierras remotas; que la política no es ni puede ser solo la satisfacción de un interés nacional inmediato; que nuestra política exterior igualmente debe sustentarse en principios esenciales de humanidad, como la solidaridad y la fraternidad. Hemos aprendido, en definitiva, que Chile, desde su marginalidad geográfica, puede y debe entregar aportes concretos para mejorar un poco el mundo, esta casa que nos cobija a todos.
Por lo anterior, voy a aprobar la solicitud del Presidente de la República para que nuestras tropas continúen participando en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, pero poniendo el acento en que la próxima vez que volvamos sobre esta materia, cuestión que estoy seguro haremos nuevamente el próximo año, tengamos una realidad distinta en cuanto a una colaboración más profesional, más técnica, más de asistencia al desarrollo productivo, que de presencia de tropas militares.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Por qué no abre la votación, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Antes de proceder a ello, doy la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor ALLAMAND (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, quiero agradecer el informe unánime de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, que se han pronunciado a favor de la mantención de nuestra presencia en Haití.
Tan solo deseo formular tres muy breves comentarios, para complementar lo que aquí se ha señalado.
En primer lugar, deseo reiterar que, desde un punto de vista general, Chile debe mantener su participación y apoyo en las operaciones de paz. Este es un sello del país, que proviene de los años cuarenta, a partir de los cuales Chile ha estado en distintos lugares, en diversas circunstancias y siempre prestando una colaboración muy activa en las tareas de protección a la ciudadanía, de ayuda humanitaria, de resguardo de la paz, que este tipo de misiones conllevan implícitamente.
Al mismo tiempo, nos parece muy importante tener en cuenta que, en la misma medida que Chile prosiga internacionalizándose, si continuamos acrecentando nuestra participación en el comercio mundial, si seguimos vinculándonos cada vez con más países, el contribuir a las tareas de seguridad, de protección a la vida humana, de ayuda humanitaria en el mundo será una obligación.
No puede una nación -pensamos nosotros- simplemente beneficiarse de las ventajas de la globalización, sin asumir en forma simultánea, en consideración a su estatura, a su tamaño, a sus responsabilidades, aquellas tareas consiguientes.
Por lo tanto, creo fundamental, desde el punto de vista de los principios, mantener lo que ha sido la doctrina tradicional de Chile: favorecer las operaciones de paz.
En segundo término, no hay duda de que nuestra participación en operaciones de paz cumple un rol de entrenamiento, un rol de disuasión y un rol de adecuada cooperación con otras fuerzas armadas. Y, de alguna forma, también constituye una fuente de gran prestigio para el país en su conjunto.
Cualquier persona que haya estado en Haití sabe, por ejemplo, lo bien que se aprecia que dos ex Cancilleres nuestros fueran nombrados Representantes Especiales del Secretario General de Naciones Unidas: Juan Gabriel Valdés, en su momento, y Mariano Fernández, en la actualidad; y que en cuatro oportunidades oficiales superiores de nuestras Fuerzas Armadas hayan ocupado el puesto de Vicecomandante de las tropas desplegadas en Haití.
Y, en tercer lugar, debemos dejar constancia de que, siguiendo precisamente la orientación del Senado, hemos impulsado básicamente dos tendencias.
Primero, que la presencia de las fuerzas en Haití pase a una segunda fase. De alguna forma, se ha producido un avance en los temas relativos a seguridad; pero, como han expresado aquí diversos parlamentarios, es muy importante que la comunidad internacional dé un paso adicional.
La presencia de fuerzas extranjeras en Haití se va a justificar cada vez más en la medida que pasemos de las cuestiones de seguridad a las de creación de instituciones, impulso al desarrollo, fomento productivo. Y esa es una tarea en la que han existido avances sustantivos en el último tiempo.
Y, segundo, también hemos propiciado lo que podríamos denominar "la no eternización de la presencia chilena en Haití".
En concreto, en el ámbito del Consejo de Defensa Sudamericano -se reunirá en las próximas semanas para tratar específicamente esta materia- nosotros hemos planteado que se establezca un cronograma y un horizonte de salida.
No podemos permanecer en Haití sin un horizonte cronológico de salida, sin que se planifique un retiro gradual, cuestión que, entre paréntesis, exige una triple coordinación: primero, con el Gobierno haitiano; segundo, con Naciones Unidas, y, tercero, con los distintos países que tienen presencia en Haití.
Estamos allá desde el 2004. De tal modo que establecer un horizonte de salida que, al mismo tiempo, sea un aliciente para que la comunidad internacional contribuya a las tareas de desarrollo y para que el propio Gobierno haitiano avance en esa dirección es algo realmente necesario.
En consecuencia, considero que nuestra presencia allá se justifica, en consideración a los principios que siempre ha sustentado Chile y a su política internacional, por los efectos de la cooperación que he señalado y por estar trabajando, tal como el Senado lo ha requerido, para avanzar desde una fase centrada en la seguridad a otra que incluya elementos de desarrollo y, también, para poder disponer de un horizonte de salida de dicha región.
El señor SABAG.- Conforme.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, dadas las anteriores intervenciones, trataré de ser muy preciso en mis comentarios, porque probablemente repetiré algunos conceptos ya mencionados.
Pienso que las razones que ha tenido Chile para estar presente en Haití, a través de la MINUSTAH, son muchas y muy importantes. Y ha hecho bien el Senado en darle su respaldo en los nueve años que llevamos en ese país.
Sin lugar a dudas, a la tarea inicial de apoyo para evitar un conflicto específico y contribuir a la pacificación de los ánimos en ese minuto, ha seguido la de aportar a la paz duradera y estable en una nación con muchas dificultades de subsistencia.
Pero, aparte de esa perspectiva, nuestro respaldo a la consolidación de la democracia, al fortalecimiento de las instituciones, ha estado subyacente en nuestra presencia en estos últimos años en Haití, en la forma que aquí se ha señalado.
De otro lado, no escapa a nuestra consideración lo que manifestaba recién el Ministro Allamand, en cuanto a que existen en el ámbito internacional principios de solidaridad que, por razones humanitarias, debemos contribuir a difundir. Más todavía, teniendo en vista la tradición de Chile, su vocación internacional, que no es una cuestión que se da solo en la esfera del comercio, sino también en la de los derechos humanos, de la seguridad internacional, en fin, en todos los planos. Ello hace que nuestra contribución se inserte dentro de una presencia en el mundo acorde a la vocación de humanismo que anima los pilares fundadores del país.
Y en un sentido incluso más práctico, esta actuación, aparte de enmarcarse en una política que Chile ha mantenido siempre -no es primera vez que participamos en una misión de paz; nos hallamos hoy día simultáneamente en otras y, tal vez, en el futuro seguiremos con este predicamento-, también representa para nuestras Fuerzas Armadas una experiencia muy valiosa, por distintas consideraciones que todos conocemos. En efecto, esta ha sido muy significativa, porque ha implicado trabajar en forma operativa -ya no teórica-, en terreno, frente a problemas reales, en conjunto con otros países. Y, adicionalmente, en un esfuerzo de integración entre nuestras propias Fuerzas Armadas, se ha participado en ejercicios que no siempre se realizan aquí.
Por eso, es bueno el compromiso que el país ha demostrado en tales materias.
Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, también es justo reflexionar acerca de hasta dónde llega la responsabilidad de Chile. Me parece que nuestro país ha excedido con bastante holgura sus compromisos y responsabilidades como para pensar que su presencia en Haití, en la forma en que se ha desarrollado hasta ahora, pueda mantenerse de manera indefinida. Y por eso uno dice: "Vamos a enterar el próximo año una década y, por lo tanto, es tiempo de mirar ahora cómo será nuestra presencia hacia el futuro".
Esto no solo implica un esfuerzo humanitario, de buena voluntad, sino además una contribución económica. Y por las estimaciones que he podido ver, estamos hablando de que el costo para Chile ha sido del orden de los 200 millones de dólares durante todo el período. No se trata de una cifra menor. Es cierto que el país ha obtenido muchas compensaciones, de distinta naturaleza, pero su aporte ha sido significativo.
Uno se pregunta si este esfuerzo que despliega Chile es comparable al realizado por otros países, del ámbito desarrollado. Y, sin duda, es desproporcionadamente alto. La comunidad internacional ha sido bastante negligente en lo que respecta a hacerse cargo, también, de las tareas de responsabilidad humanitaria con una nación como Haití, que requiere el apoyo de todos para subsistir, y cuyo futuro, así y todo, se ve precario.
Por eso, si pensáramos en cómo quisiéramos que fuera nuestra presencia allí hacia delante, nos imaginaríamos una en que se cambiara su rol de fuerza militar por uno de fuerza civil. Creo que en lo que más puede contribuir nuestro país es en colaborar para el desarrollo.
Nuestra nación ha realizado en las últimas décadas un esfuerzo muy importante para superar niveles muy relevantes de pobreza. Y mostramos una trayectoria institucional bastante fuerte dentro de la región, que, sumada a la experiencia anterior, constituyen, quizás, nuestros principales aportes a la comunidad internacional, en el entorno latinoamericano.
Por tanto, creo que llegó el minuto de definir las coordenadas para establecer un nuevo rol en Haití.
Para ello, quiero valorar el planteamiento del Ministro de Defensa Nacional, en cuanto a que para dar un nuevo significado a nuestra presencia en Haití se determinará un cronograma a fin de lograr, a través de este, salir de la situación actual y entrar a una con mayor sentido para nuestro país. Y creo que eso justifica que brindemos nuestro apoyo.
Pero quiero entender que estamos asumiendo -lo ha planteado nuestro Gobierno- un compromiso para fijar una transición en el cambio del rol de Chile en Haití, desde uno más centrado en lo militar hacia uno de corte civil, a fin de asegurar la construcción de la paz, del desarrollo y del progreso social, económico e institucional de esa república, por sobre la contribución solo en el área de la pacificación ante los conflictos, que requiere una ayuda de naturaleza militar.
En tal entendido, señor Presidente, voto a favor de la propuesta de prórroga por un año, y le pido al Ejecutivo que ojalá pueda definir un plazo dentro del cual presentar este cronograma y este compromiso, porque me parece que, así como todos valoramos lo que ha realizado Chile en Haití, también esperamos que hacia el futuro podamos tener una presencia más acorde con nuestra vocación de paz en esa nación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, después de escuchar a los distintos Senadores y al señor Ministro, creo que prácticamente se halla todo dicho.
Se ha señalado que hemos estado ahí por diez años, con los costos que ello ha implicado. Se mencionó lo que significó la Misión de Naciones Unidas una vez que se dictó la resolución pertinente del Consejo de Seguridad, en el año 2004. Y en este documento se definen prácticamente todos sus mandatos:
Promover un entorno seguro y estable.
-Restablecer el estado de Derecho.
-Proteger al personal, los servicios, las instalaciones y los equipos de las Naciones Unidas.
-Proteger a los civiles.
-Reformar la Policía Nacional.
Proceso político y desarrollo institucional.
Posteriormente, una nueva resolución del Consejo de Seguridad, de 14 de octubre de 2011 -corresponde al último mandato-, estableció los parámetros dentro los cuales debe desarrollarse la Misión.
Comparto, lógicamente, lo que ha señalado el señor Ministro respecto a cuál ha sido la teoría y la práctica de Chile desde los años cuarenta. En mi caso, me tocó en varias oportunidades tomar este tipo de decisiones y pedir la participación del país en misiones internacionales.
Pero quiero agregar dos o tres reflexiones.
La primera, como planteaba el Senador Larraín, es cuál ha sido la presencia de Chile versus la de naciones desarrolladas. Es decir, qué reciprocidad hay entre los países que se comprometieron, que se retiraron, que no han entregado recursos y nosotros, que seguimos haciendo un esfuerzo. Y en ese sentido, yo diría que en este momento, claramente, no se observa reciprocidad internacional.
En segundo lugar, ¿qué reciprocidad interna ha habido?
Cuando uno visita la zona, escucha a autoridades de los países vecinos, ve y se plantea como una tarea fundamental de la Misión la promoción del desarrollo económico y social. Nosotros no somos quiénes para analizar la conducta de las distintas autoridades de Haití. Pero debe haber un mínimo de reciprocidad y de acciones que se correspondan con el esfuerzo que están llevando adelante nuestro país y las Naciones Unidas.
Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos -el Senador Tuma se refería a ello- de capacitación, de apoyo a las empresas, etcétera. Hoy día todas las compañías de Haití tienen sus instalaciones o en República Dominicana o en Miami; han sacado todos los recursos.
Entonces, ha de haber reciprocidad tanto internacional como respecto del país que está recibiendo ayuda.
No podemos seguir nosotros -llevamos diez años- como la policía de Haití. Porque en eso nos hemos transformado: somos la policía para seguridad interior y exterior. Pero ¿dónde está el esfuerzo para promover la democracia, el desarrollo económico y social? ¿Qué cosas podemos hacer en esos ámbitos?
Por lo tanto, como lo manifestó el señor Ministro de Defensa, necesitamos estar revisando permanentemente esta materia. Y creo que es bueno el presente debate, porque va en la línea de definir ciertos parámetros con los cuales tenemos que continuar. Se está hablando -lo señalaba el señor Allamand- de permanecer hasta 2017. Ello significa gastar cien o doscientos millones de dólares más. ¿Y cuál es el cambio, el giro que experimentará nuestra presencia?
Reitero: no me parece que haya reciprocidad internacional ni interna, tanto de las autoridades políticas como económicas de ese país. Resulta muy fácil recibir ayuda por años y años y no hacer el esfuerzo interno que se requiere. Y es ahí donde, a mi juicio, debemos estar permanentemente revisando nuestra posición.
Por eso me parece bien -como lo ha dicho el señor Ministro- que este asunto esté en revisión. Tenemos que hacer un giro fundamental. Creo que el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y de las policías ha sido extenso y largo, y a mi juicio ya suficiente. Hoy debemos pasar a otra etapa. Pero esta ha de contar también, como decía, con la actuación y la participación de países desarrollados y con mayores recursos que el nuestro y, a su vez, de autoridades políticas, civiles y económicas de Haití, que no están respondiendo a ese desafío.
Quise sumarme a las observaciones formuladas, en el sentido de que este debate habrá que llevarlo a cabo con mayor rigurosidad en las próximas etapas. Si vamos a permanecer hasta 2017 en esa nación, debemos definir claramente a qué estamos dispuestos y cuántos recursos invertiremos en eso.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ciertamente, voy a concurrir con mi voto a apoyar que Chile siga colaborando con el proceso de paz en Haití.
Sin embargo, creo que no puede caer en un saco roto lo señalado por varios de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en cuanto a tratar, al cabo de todos estos años, de enmarcar la presencia chilena en un horizonte de tiempo razonable, que a la vez involucre a actores que hoy no participan en ella.
Escuchar esto es tan positivo si uno recuerda el debate inicial sobre la materia.
Por cierto, no mencionaré a personas, pero hubo declaraciones -las revisé en Internet- bien notables sobre el particular el año 2004, cuando el Presidente Lagos, como conductor de las relaciones exteriores de Chile, decidió enviar tropas al extranjero. Otra cosa es que ello debía ser aprobado por el Senado, como ocurrió efectivamente.
El señor LARRAÍN.- Lo anunció sin consultar al Senado.
El señor LAGOS.- Entonces, si la Cámara Alta no hubiese dado su acuerdo, no habrían salido las tropas, y hubiera sido un fracaso para el Presidente Lagos. Pero nadie faltó a la constitucionalidad de nada.
En todo caso, los argumentos no se refirieron solo a eso.
Algunos fueron del tenor siguiente: "el envío de policías al extranjero es una señal sumamente negativa para la ciudadanía, que vive un creciente clima de delincuencia". Estos dichos fueron respaldados por otro Senador que no está ahora en la Sala: "Por ningún motivo deben ir. Nosotros tenemos un problema serio de seguridad ciudadana, y ya mandar un carabinero es mucho".
Otros sostenían: "tampoco está claro por qué Chile tiene que sumarse a esta misión después que Estados Unidos y Francia decidieran abandonar sus esfuerzos por democratizar a esa nación.
"¿Cómo sabemos si una operación será útil o no para los haitianos?".
Lo importante hoy es que tenemos claro que la presencia de Chile...
El señor COLOMA.- ¡No siga, que cambiaré mi votación...!
El señor LAGOS.- No he mencionado al Honorable señor Coloma. Si se siente identificado con alguna de estas declaraciones...
El señor COLOMA.- Con la última.
El señor LAGOS.- Hay otras más.
Pero lo importante radica en que desde 2004 a 2012 ha cambiado una enormidad este país en varios aspectos. Eso se repite muchas veces. Pero Chile modificó su actuar en este tema también, porque en verdad hoy están todos orgullosos de lo que hace nuestra nación en el contexto internacional.
El señor COLOMA.- Señor Senador...
El señor LAGOS.- Si así es.
Acabo de escuchar al Senador señor Coloma que se encuentra orgulloso de lo que realiza Chile. Otra cosa es que no le guste.
El señor COLOMA.- Hice una crítica.
El señor LAGOS.- Estamos orgullosos de lo que hace Chile en el contexto internacional.
Y lo más importante es que tenemos la capacidad de preguntarnos si es suficiente nuestra presencia en Haití o hay que hacer algo más allí. ¿Tenemos que quedarnos permanentemente en ese país o hay que poner condiciones para la presencia de Chile allí?
Y recojo lo planteado por los Senadores Coloma, Hernán Larraín y Frei, entre otros, en lo relativo a que debemos poner a esta participación un marco de tiempo e involucrar a otros actores de manera seria.
En todo caso, efectivamente Estados Unidos no tiene tropas hoy en Haití. Pero les recuerdo que los indicadores económicos de este último son similares a los de África Central: hay 80 por ciento de pobreza; el 70 por ciento de su presupuesto proviene de ayuda extranjera, y no genera recursos. O sea, como nación se encuentra casi fracasada. Sin embargo, sigue funcionando por la ayuda de Estados Unidos.
Entonces, hay una distribución de tareas compleja que debe revisarse. Me encantaría que, más que tener tropas, pudiéramos contar con personas dedicadas a la superación de la pobreza; a políticas públicas, a la asesoría de Ministerios, y a gastar la misma cantidad de recursos o más.
Algunos países no hablan de cronograma de retiro. Al leer el informe constaté que hay naciones más suspicaces. Brasil se refiere -me gustó la expresión- a "un ritmo de retiro", para no establecer tampoco algo finito. Porque cuando uno se pone un plazo final en estas materias, aquel va a llegar y se conoce. En consecuencia, uno queda más amarrado de manos para desarrollar su política exterior como corresponde.
En resumen, primero, recojo que ha habido un tremendo cambio y avance en Chile en la aproximación a esta materia, porque la despolitizamos respecto de lo que sucedía en un primer minuto. Yo recuerdo que las encargadas de conseguir el apoyo de esta Corporación la primera vez que este asunto se votó: la ex Canciller Soledad Alvear -hoy Senadora, otrora precandidata a la Presidencia de la República- y la señora Michelle Bachelet, entonces Ministra de Defensa.
¡Cómo ha cambiado este país! En ese minuto tal vez parte de las reacciones estaban motivadas por la coyuntura. Y hoy, desapasionándonos de aquello, decimos: "¿Se justifican los 200 y tantos millones de dólares? Discutámoslo. ¿Cuánto tiempo deben estar nuestras Fuerzas Armadas allá? ¿Hasta 2017? ¿Cuánta contribución están haciendo Brasil, Argentina u otros países? ¿Valoramos que haya fuerzas de América Latina tratando de ayudar a Haití y que no sea siempre la norteamericana? ¡Cuánto se ha discutido y se ha criticado que, frente a un conflicto, aparece Estados Unidos, al que pedimos que sea el policía del mundo! ¡Y cuando es ese país, se sostiene: "Tienen que irse los gringos, porque llegó el imperialismo"! Entonces, pongámonos de acuerdo. Los norteamericanos no están ahora, sino nosotros. Pero les requerimos más a los estadounidenses.
Yo abordaría esta materia con un optimismo gigantesco. Invito a mis colegas a aprobar la prórroga.
Y hago presente al señor Ministro de Defensa -se ve muy bien en su nuevo rol de Secretario de Estado y no de Senador- que necesitamos un documento que refleje que los temas aquí planteados están siendo trabajados por el Gobierno. Y le consulto: ¿de qué manera otros países de la región están también en sintonía con esto?
En todo caso, creo que este tema no es solo de solidaridad, de imagen y de vínculos con otras Fuerzas Armadas. Me parece que al final del día esto ha sido exitoso porque desde 2004 a esta fecha creo que ha habido dos cambios de Gobierno en Haití -ninguno ha sido fácil, por decirlo de manera elegante- y, no obstante, se ha logrado controlar un problema institucional que tal vez en otros países hubiera terminado en una debacle. En África Central, cuando esto ocurre, concluye en masacre. Hasta ahora, eso no ha sucedido en Haití, a mi juicio, gracias a las Fuerzas Armadas, sobre todo latinoamericanas.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, indudablemente, del debate sostenido esta tarde, de la exposición del señor Ministro de Defensa y de las apreciaciones de los distintos Senadores se concluye que claramente nos encontramos frente a un tema político y no militar. Por lo tanto, es bueno clarificar con exactitud cuáles son los caminos por seguir y los pasos que debemos dar.
Sin duda, el aporte de las tropas chilenas en Haití a partir de 2004 ha sido fundamental para evitar allí, a lo mejor, un genocidio, una guerra civil.
El punto está en determinar cuál es el espacio de tiempo con que contamos para que el rol que juegan nuestras Fuerzas Armadas no empiece a generar complicaciones en esa nación.
Lo otro es saber si hoy en día estamos en condiciones de decir que el año 2017 podremos cambiar de giro respecto de esta exitosa política en materia internacional, en lo cual concuerdo.
Al respecto, cabe preguntarse qué esfuerzos debemos hacer para que la Organización de Naciones Unidas cumpla verdaderamente con el rol que se fijó en un inicio. Porque no solo se trataba de enviar tropas para evitar un genocidio, sino también de establecer una serie de políticas para llevar adelante el desarrollo, superar la pobreza y dar un marco institucional a Haití.
La cuestión radica en si el proceso institucional en dicho país está dando respuesta a eso. Y concuerdo con lo aquí expresado acerca de que no hay reciprocidad. Da la sensación de que las tropas de las Naciones Unidas, entre ellas el contingente chileno, otorgan un marco de seguridad necesario para llevar a cabo diversas acciones, que van en dirección bastante distinta de lo que significa un proceso de institucionalización.
Hemos visto a un Gobierno al que le ha costado constituirse -el informe así da cuenta-, pero que ha realizado un llamamiento a crear fuerzas armadas. Sin embargo, esa materia todavía se encuentra en discusión. Nadie con certeza puede aclarar cuál será el rol que tendrá el Gobierno haitiano acerca de la creación de institutos castrenses.
Por lo tanto, el debate político que debemos efectuar en el Senado, al igual que el del Gobierno frente a las Naciones Unidas y al régimen haitiano, es algo que no solo nos ha de preocupar, sino que tenemos que asumirlo como una realidad para dar ese giro en el que todos estamos contestes que se debe realizar en cuanto al contingente militar y la colaboración civil, tecnológica y educacional, que permita verdaderamente a ese país salir de la situación de Estado fallido en que se encuentra.
Al respecto, uno de los elementos que debe llamarnos la atención se refiere al rol que juegan nuestras policías en Haití. Indudablemente, la labor tanto de Carabineros como de Investigaciones era ayudar a conformar una institucionalidad policial en ese país. Pero, ¿se ha logrado? En estos diez años, ¿ha habido avances en la materia?
La realidad indica -aparte de la confluencia de diversos países sobre el particular- que no se ha producido avance, porque cuando se forma o institucionaliza una policía tiene que haber una doctrina y un criterio común, aspectos absolutamente disímiles en Haití.
Ello llevó a que en diez años no se haya logrado avanzar en la institucionalización de una policía que ayude a controlar el crimen, a dar seguridad a los ciudadanos y a combatir la delincuencia.
En consecuencia, se trata de una materia que necesariamente debemos abordar, para comprobar si estamos cumpliendo con los propósitos que nos mandató Naciones Unidas el año 2004, al solicitarnos ayuda consistente en un contingente militar y policial.
Por ende, el debate sobre el particular reviste carácter político.
Y encuentro valorable que el señor Ministro de Defensa y el Gobierno estén por establecer un cronograma de salida. Pero creo que no basta solo con expresarlo, sino que se debe empezar a institucionalizar, porque -reitero- ya se fijó como fecha el 2017. A lo mejor, otros países que han determinado metas por cumplir más que fechas para el retiro de tropas, pueden estar en el camino correcto.
Es posible que en 2017 la situación institucional de Haití sea exactamente igual a la de hoy, porque nada permite predecir que se avanzará al respecto. Todo lo contrario. Por lo que uno lee en los análisis realizados por distintos personeros, se concluye que la situación de Estado fallido sigue presente y que el escenario de cierta seguridad está dado por la presencia de las tropas. Sacar el contingente militar significaría que en esa nación de nuevo se producirían expresiones violentas, sangrientas.
Eso nos indica, entonces, que el cronograma de salida, el cambio de eje, tiene que ser una prioridad en la política internacional chilena frente a Haití. Si no lo logramos, podemos ver a nuestras tropas enfrentadas a situaciones complejas, a pesar de haber cumplido una tarea notable, que valoramos y que a todos nos hace sentir orgullosos. Pero, a lo mejor, les estamos exigiendo un rol mucho más allá de lo razonable y de lo que verdaderamente hoy día necesita Haití.
Por lo tanto, pondremos en cierto riesgo esa labor que hasta ahora nos enorgullece y que se ha cumplido en forma brillante al tratar de continuarla, toda vez que la situación en Haití, lejos de calmarse, de institucionalizarse, sigue revistiendo características de Estado fallido.
En consecuencia, cuando discutimos la materia -en un año más nos volveremos a juntar con igual objetivo-, debemos considerar su dimensión política. Y, en ese sentido, la Cancillería tiene que jugar una tarea trascendente al conversar con las Naciones Unidas y con los distintos países latinoamericanos, para tomar una decisión conjunta sobre cómo trabajaremos para dar un giro a la labor que está desempeñando Chile en Haití.
No basta, a mi juicio, con decir que se fijará un cronograma o que nuestra permanencia será hasta el 2017, sino que se debe determinar cuáles serán los pasos por dar para que eso se concrete y para que haya reciprocidad tanto en materia internacional como interna en dicho país.
Eso todavía se encuentra en veremos. La respuesta está pendiente. Pero en los próximos doce meses tendremos que recibirla para dar viabilidad a una tarea que Chile ha cumplido bien, no obstante no haber percibido los frutos que se esperaban en 2004, en cuanto a cómo salvar a Haití de una situación de debacle, la cual sigue presente.
Señor Presidente, voy a votar a favor, porque, sin duda, las tropas chilenas deben mantenerse en esa nación, pues ello forma parte de nuestra política internacional. Sin embargo, el tiempo apremia y se requiere que, como país, avancemos en ese cronograma de retiro, al cual se refirió el señor Ministro de Defensa.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, este asunto lo analizamos y discutimos a muy buen nivel en las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores, unidas.
La permanencia de nuestras tropas en Haití se fundamenta en el compromiso por su estabilización, reconstrucción y desarrollo, además de la importancia política hacia nuestro barrio, Latinoamérica, al ejercer un rol de buen vecino, como país, especialmente cuando trabajamos todo lo relativo con operaciones de paz en el marco de la Fuerza de Paz Combinada "Cruz del Sur", con Argentina, nuestros vecinos y socios.
Aparte de esa importancia geopolítica, debo informar que el año pasado tuve el privilegio de estar en Haití, invitado por el Ministro de Defensa, señor Andrés Allamand.
Allí nos reunimos con el Presidente Martelly; recorrimos Cap-Haitien y la Capital de ese país, pudiendo comprobar que su realidad es impactante por el brutal índice de pobreza, las bajísimas expectativas de vida, la altísima cantidad de enfermos con sida, y los devastadores efectos del terremoto. Hay 515 mil personas en campamentos. Nosotros los fuimos a visitar. En la plaza, frente al palacio de Gobierno, que se encuentra semidestruido, se ubican las carpas, donde la gente vive en condiciones francamente infrahumanas.
Por otra parte, las ONG, que cumplen labores de apoyo, sociales, solidarias, no pueden desarrollar su rol sin fuerzas de estabilización, sin seguridad. Porque allá no hay ejército, solo una policía muy precaria. Por lo tanto, sin fuerzas armadas, sin MINUSTAH, no podrían operar hoy día dichos organismos.
También tuvimos la oportunidad de visitar jardines infantiles apadrinados por nuestras tropas en Cap-Haitien. Los niños ahí cobijados, sin Fuerzas Armadas y sin contar con nuestro apoyo, simplemente no recibirían ración alimenticia.
Además, el INDAP ha prestado apoyo productivo en Haití, por ejemplo, a través del incentivo y fomento de granjas familiares.
De otro lado, el Comando de Ingenieros del Ejército -¡un gran aporte en Haití!- ha construido caminos; ha aplanado territorios, lo que ha permitido construir casas, y hay experiencias similares (Un Techo para mi País, América Solidaria) que pueden hacerse realidad gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas.
Uno se pregunta: ¿qué utilidad tiene eso para nuestras instituciones castrenses? Mucha. Porque, en verdad, el estar laborando y entrenando con estándares de las Naciones Unidas, que son asimilables a los de la OTAN, ayudan a que nuestras Fuerzas Armadas efectivamente adquieran más habilidades, mejores competencias para desempeñarse en los diversos aspectos de catástrofes, operaciones de paz, en fin.
Todos compartimos la idea de que nuestra presencia militar en Haití no se puede prolongar en forma indefinida. Por eso, es importante el anuncio de un retiro de tropas organizado, progresivo, programado, que no vaya más allá del 2017. Pero, ¿qué pasará si ese año todo sigue igual? ¿Se va a replantear el tema?
Esa es la razón por la cual nos interesa que realmente se creen capacidades y competencias en Haití. Porque allí hay lo que se ha llamado un Estado fallido y, por lo tanto, es fundamental generar institucionalidad.
Ello no tiene tanto que ver con la MINUSTAH, sino más bien con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Fondo UNASUR. Por eso, es relevante que hoy día ambas instancias estén apoyando en las áreas esenciales que se han planteado en esta discusión. No voy a repetirlas todas en detalle, pero son preponderantes. Una de ellas dice relación con la policía.
Allá la policía es muy precaria, muy corrupta, desgraciadamente. A Chile han venido 181 becarios haitianos, quienes, luego de capacitarse, de prepararse, han traspasado su experiencia en su país, para crear, ojalá el día de mañana, una policía militarizada y con mayor profesionalismo.
Es cierto que hay situaciones preocupantes. Por ejemplo, ante toda esta corriente que señala que somos una fuerza de ocupación, han aparecido los denominados "ejércitos irregulares", en la lógica chauvinista, nacionalista, que apunta a que ellos formen sus propias fuerzas armadas. Y tales ejércitos son nefastos, porque son manejados por personas que están fuera del Estado.
Naturalmente, eso nos preocupa. De ahí que la disposición que se ha expresado en cuanto a la creación de un ejército legalizado, regular, de acá al 2017, reviste mucha importancia. En ese sentido, nuestro apoyo en esta materia, a petición del Gobierno haitiano, debe seguir otorgándose.	Señor Presidente, yo estoy a favor de aprobar la prórroga de la permanencia de nuestras tropas en Haití por un año más. Pero repito lo que aquí se ha dicho en orden a que debemos capacitar o, como se dice, "enseñar a pescar", por supuesto a petición de ellos, sin paternalismo, sin producir la sensación de que nuestros efectivos son fuerzas de invasión, de ocupación; y ayudar a crear instituciones. Y en eso la labor del BID y de la UNASUR resulta absolutamente fundamental.
Cabe recordar que en la actualidad la Unión de Naciones Suramericanas apoya proyectos de salud, para combatir el cólera; de estrategia, para afectados por el terremoto; de Código Procesal Penal; de colaboración con la Escuela de la Magistratura y en todo lo relativo al acceso a la justicia y al respeto de los derechos humanos; programas Pro-Huerta, de vivienda y varios otros que se financian a través del BID.
Quiero reiterar el orgullo que nos genera, como chilenos, el haber tenido a Juan Gabriel Valdés, y hoy día a Mariano Fernández, como jefes de la MINUSTAH.
Recuerdo que cuando hablamos con el Comandante de la Fuerza en Haití, un general brasileño, este nos expresó la satisfacción que sentía por el trabajo desarrollado por las Fuerzas Armadas chilenas: una labor ejemplar, con evaluación sobresaliente.
Por todo lo anterior, señor Presidente, anuncio que votaré a favor de la permanencia de tropas y medios nacionales en ese país por un año más.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido la intervención de los oradores inscritos antes de que se abriera la votación.
Ahora se hallan inscritos para fundamentar el voto los Senadores señores Letelier, Sabag, Navarro y Coloma.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, a propósito de este tema, solo quiero recordar un par de cosas.
Chile fue el primer país de América Latina que envió tropas a Haití (un total de 332 efectivos) en el momento en que se pidió que nos incorporáramos a la Misión.
Creo que eso fue motivo de un tremendo orgullo, tanto por la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas como por lo acertado de la decisión, en la perspectiva del rol internacional que aspiramos desarrollar.
Chile mantiene una presencia activa en cinco misiones de paz de las Naciones Unidas. Yo espero que nuestra presencia en ellas aumente y no disminuya, lo cual tiene que ver con cómo potenciar el rol de un país como el nuestro en un mundo globalizado.
Digo esto porque nuestra participación en Haití se relaciona, por cierto, con un compromiso de solidaridad internacional; con nuestra proyección hacia el Caribe y Centroamérica, que genera enormes repercusiones positivas, y también con cómo crece nuestra colaboración en las operaciones de paz.
Los efectivos chilenos, al estar entrenados bajo los estándares de las Naciones Unidas, crecen profesionalmente. Porque, al encontrarse asimilados en estas operaciones a estándares OTAN, constituye para ellos un progreso sumamente importante, en escenarios reales y, por momentos, complejos. Ahí están presentes un batallón de Infantería y profesionales del Comando de Ingenieros del Ejército, como asimismo un contingente de infantes de Marina.
Me parece apropiado asumir y aprender lo que significan en el mundo de hoy los Estados fallidos. En nuestra región existe uno: Haití, donde la comunidad internacional puede hacer mucho. Y nuestra solidaridad ahí es fundamental.
Antes de que se retire el señor Ministro, señor Presidente, quiero abordar tres puntos, para que no se diga que no fueron planteados.
A mi juicio, considero muy importante que Chile entrene sus fuerzas de paz dentro de su territorio. Estimo muy bueno que contemos con un complejo para tal fin. Ello significa hacer las cosas bien.
Lo que voy a señalar no tiene que ver con Haití. Creo que es irresponsable generar condiciones, aunque sea involuntariamente, para ganarse un titular en algunos diarios, en el sentido de que hay una base militar de Estados Unidos en Chile. Porque no se conversó o no se hicieron las cosas de cierto modo.
Soy partidario de que la formación de nuestros efectivos se haga en nuestro territorio. Y no tengo objeción, si se plantea como un asunto de interés nacional, que las fuerzas de paz de otros países también se formen aquí. Y, aunque eso significa recibir aportes de potencias extranjeras para invertir en bases militares chilenas, pienso que lo mínimo que corresponde es que en el futuro eso se consulte o se informe al Parlamento.
Lo digo ahora, en presencia del señor Ministro, porque esta es la primera vez que tenemos oportunidad de conversarlo.
Hubo una experiencia en un área de la Armada conocida genéricamente como la base de Concón. Allí, en un recinto, se realizaron operaciones de entrenamiento de fuerzas policiales. Y lo que pasó después creo que no fue bueno para el interés del país.
Por último, señor Presidente, espero que pronto podamos desarrollar en el Congreso el debate acerca de la creación de una fuerza de paz civil, como lo ha estudiado y propuesto la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), entre otras instituciones que dependen del Ministerio de Defensa Nacional. Ello, en mi opinión, sería muy relevante para contar con un mecanismo que nos permitiera pasar de una presencia militar a una presencia de profesionales para la cooperación.
Voy a aprobar la solicitud. No tengo dificultad en que nuestros efectivos permanezcan más tiempo en Haití. No soy partidario de estar cuestionando a cada momento su presencia en el exterior.
El señor ESCALONA (Presidente).- Finalizó su tiempo, señor Senador.
El señor LETELIER.- Termino en un minuto, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Creo que es importante que la mantengamos. Y, por lo mismo, sería útil que este Senado pudiese acordar con la Dirección de Presupuestos otra forma de financiar la participación de nuestras fuerzas de paz, porque tenemos una situación bien peculiar sobre cómo se asignan los recursos. El mecanismo actual no es bueno.
De hecho, estamos discutiendo esto ahora porque a mitad año se acaba el presupuesto. Y ello no es responsabilidad del Ministerio de Defensa, sino que tiene que ver con cómo se definen estas materias.
Como dije, voy a votar a favor.
Estimo que el señor Ministro ha actuado muy bien al defender nuestra presencia en Haití, y espero que podamos fortalecer la participación de Chile, como país, en más misiones de paz de las Naciones Unidas.
Su Excelencia el Presidente de la República, por oficio, ha solicitado a este Senado prorrogar por un año la permanencia de nuestras tropas de paz en Haití. Dicha petición fue aprobada en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, unidas, por la unanimidad de sus miembros.
Las tropas chilenas han estado en Haití desde 2004, junto a un grupo multinacional de efectivos bajo el mando de la ONU. Entre otras funciones, su propósito es promover un entorno seguro y estable; restablecer y mantener el Estado de Derecho, la seguridad y el orden públicos; proteger al personal, los servicios, las instalaciones y el equipo de las Naciones Unidas; proteger a los civiles y contribuir a la estabilidad del país; la supervisión, reestructuración y reforma de la Policía Nacional de ese país; ayudar al proceso de diálogo y reconciliación nacional; cooperar en la organización y supervisión de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, y promover y proteger los derechos humanos, particularmente los de las mujeres y los niños.
Actualmente, Chile coopera en cinco misiones de paz de las Naciones Unidas: en Bosnia y Herzegovina; Chipre; India y Pakistán; el Medio Oriente, y Haití, siendo esta última la única que se desarrolla en el continente americano, por lo cual reviste una importancia adicional, con más de 500 efectivos militares y policiales desplegados.
Cabe señalar que, desde luego, se trata de una política de solidaridad de nuestro país con las Naciones Unidas. Pero no somos los únicos. Otras 25 naciones tienen hoy día tropas en Haití, entre ellas: Argentina, con 741 efectivos militares y policiales; Bolivia, con 208; Brasil, con 2.187; Chile, con 513; Ecuador, con 67; Guatemala, con 138; Paraguay, con 162; Perú, con 372, y Uruguay, con 965. Solamente he leído la información relativa a los países latinoamericanos, que son los más cercanos. El contingente total de los 55 países involucrados alcanza a 8 mil 968 militares y policías.
Me parece que la situación que está viviendo Haití después del terremoto, su enorme pobreza -yo no he estado allá, pero he conversado con los colegas que han viajado y me han dado testimonio de la pobreza extrema en que se debate ese país- y la miseria que se observa por todos los sectores, ameritan que nuestro país contribuya. Y, gracias a Dios, está en condiciones de hacerlo.
¡Qué diferente la situación chilena con la que afecta a Haití por los desastres y la parte económica! Al lado de él, nosotros parecemos un gigante. Y si podemos ayudarlo y respaldarlo, debemos hacerlo con el mayor agrado y la mejor disposición.
Por supuesto, voto favorablemente la petición del Presidente de la República para prorrogar, por un año más, la permanencia de las tropas nacionales en Haití.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este tema cumple ya una década, y en los últimos diez años siempre le he dado mi respaldo.
Vale la pena tener presente la prensa de la época para ver cómo se votó el 19 de mayo de 2004: 27 votos a favor, 15 abstenciones (de la UDI y RN) y un pareo (de los Senadores Eduardo Frei y Romero).
Ahí se expresó un conjunto de críticas a este envío de tropas.
Traigo a la memoria estas abstenciones de la UDI y RN para resaltar la incertidumbre que generaba el envío de nuestras fuerzas. Se planteaba que mandar carabineros significaba restar efectivos para luchar contra la delincuencia en nuestro país, y que ello representaba un costo adicional que Chile no estaba en condiciones de solventar.
Como hoy son Gobierno, nos piden nuestro apoyo. En mi caso, anuncio mi voto favorable a la permanencia de las tropas chilenas en Haití. Sin embargo, quiero destacar que en el mundo hay experiencias como la de la MINURSO, en la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), que lleva más de 20 años, sin resultado. Y va para los 22, 23 años, sin éxito. Porque no hay voluntad política -en este caso de Marruecos- en esa misión. Chile no tiene tropas allá, donde se busca, por cierto, un proceso de democratización, un plebiscito. Pero está en Haití.
Digo esto porque, efectivamente, uno debiera evaluar cuál va a ser el resultado final de la MINUSTAH. Siento que ahí falta una preocupación esencial. El retiro de Estados Unidos y de Francia llama profundamente la atención, pues uno de los argumentos utilizados para justificar nuestra presencia ahí se basa en que Haití, con la repatriación de muchos narcotraficantes desde Norteamérica, se ha convertido en un paso obligado de la droga hacia los Estados Unidos. Sin embargo, esta potencia se retira.
Pienso que la permanencia de los países aquí señalados debe tener una carta de navegación, un plan de acción: recuperar la democracia para Haití. El colonialismo terminó hace rato. Haití es un Estado fallido. Y las interrogantes son: ¿Dónde se efectúa el debate respecto de la acción de las naciones miembros de la misión, no solo para brindar seguridad a través de los ejércitos y las policías? ¿Cuál es el plan político para ese pueblo que nos permita decir: "Vamos a estar diez años más"?
Aquí se ha señalado -lo indicó el Senador Eduardo Frei-: "Nuestra participación nos va a costar 200 millones de dólares de aquí al 2017". Y se debe tener la certeza de que lo que estamos realizando allí es una contribución a la democracia, no solo una ocupación militar. Porque lo que han estado haciendo hasta el momento las tropas internacionales, incluida la de Chile, es eso. Y lo único que diferencia una ocupación militar de un acto belicoso, de guerra, es su orientación hacia un sentido político, el cual -si uno lee el informe entregado por la Comisión- se ha diluido. Hay intentos de amotinamiento para conformar un ejército y, por tanto, los problemas internos han recrudecido. Los ex militares se toman las dependencias públicas y exigen la creación de un ejército. Todos los planes de elecciones se realizan, pero no tienen reconocimiento.
Claramente, si no apuntamos a que Haití fortalezca su propio crecimiento democrático, los planes de permanencia allí van a ser infinitos, los países se van a retirar poco a poco -como alguna vez lo hicieron en África- y el caos va a continuar.
Por eso, hay que apelar a la experiencia internacional democrática y a la permanencia militar. Yo esperaría que nuestro país no solo participara con su extraordinaria policía -Carabineros de Chile- en la seguridad en Haití, sino que también hiciera un esfuerzo, junto con las autoridades isleñas, en el diseño de un plan de recuperación o de vuelta a la democracia. Y eso significa más educación, resolver los problemas de salud, pero también corregir las carencias institucionales.
Yo voy a votar a favor, señor Presidente, pero siento que el informe del próximo año -porque tengo la certeza de que de nuevo vamos a estar discutiendo este tema el 2013- debiera contener un análisis más pormenorizado y detallado acerca de un plan de acción político institucional democrático que Chile pueda promover en Haití. Si no, la verdad es que nuestras Fuerzas Armadas van a ganar mucha experiencia, pero la democracia seguirá faltando y el caos va a continuar en esa nación.
Voto a favor de la propuesta del Gobierno, señor Presidente, porque no cabe otra acción. Sin embargo, espero que el próximo año discutamos no solo de números, cifras y efectivos militares, sino también de fechas y eventos más democráticos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Los funcionarios de Carabineros de Chile que están en las tribunas agradecen las palabras de Su Señoría a favor de su institución.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, he pedido la palabra para fundar el voto en función de algunos de los comentarios que el Senador Lagos pronunció en este Hemiciclo, especialidad que ha ido adquiriendo en el último tiempo. Basta que uno esté más o menos de acuerdo para que él trate de desentender ese acuerdo y crear algún tipo de conflicto en estas bancadas, de manera que al final sea el enfrentamiento y no el entendimiento lo que prime.
En este caso, ha intentado generar una situación a partir de una lectura parcial de las Actas, que expresarían un cambio de opinión respecto de los principios bajo los cuales uno ha resuelto determinados temas. Y se lo quiero contradecir directamente.
Mi opinión es la misma de antes. En primer lugar, la decisión del Presidente Lagos fue improcedente, porque se verificó al margen de lo que la Constitución señala respecto del rol del Senado en el envío de tropas al extranjero.
Con la misma convicción, digo que eso no ocurrió en el caso del Presidente Frei, la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera.
En consecuencia, la abstención y votación en contra en esa instancia se debió, precisamente, al proceder del Primer Mandatario, que no parecía entender que las Fuerzas Armadas tienen un sistema de funcionamiento y una forma de tomar decisiones que no les son propias, sino que son de la Institución, y a que se pretendió desconocer el rol del Senado.
Y sigo pensando lo mismo, al punto que si el actual Presidente hubiera actuado de esa manera -por cierto, no lo hizo-, habría votado en contra o me habría abstenido.
Así que, yo, por lo menos, en eso no he cambiado.
En segundo término, también dimos a conocer las dudas que había respecto de lo que han señalado muchos parlamentarios desde todas las bancadas: la precariedad con que se enfrentaba este tema en Haití. Y dijimos en esa época: no sea cosa de que en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años más no tengamos opción. Y eso es lo que está ocurriendo. No tenemos opción; esa es la verdad. Porque, claramente, hubo una forma de plantear los acontecimientos, a partir del rol encargado por Naciones Unidas, de la manera en que se tomaron las decisiones, que generó simplemente lo que puede llamarse una "intervención militar", pero sin entender cuáles eran las consecuencias institucionales que esta debacle iba a tener.
En tercer lugar -también se ha afirmado-, jamás hemos dudado acerca del rol de las Fuerzas Armadas ni de que estas Instituciones, cualquiera que sea el escenario que les tocara enfrentar, iban a dejarnos a todos bien puestos. Y estoy feliz de que esa posición que en su momento planteamos se haya comprobado en los hechos.
Por consiguiente, este no es un tema respecto del rol, ni de la eficiencia de las Fuerzas Armadas, como tampoco del orgullo que nos merecen; esto fue un planteamiento sobre la forma de tomar decisiones, que debían ceñirse siempre a la Constitución y la institucionalidad, lo que con el Presidente de la época no ocurrió.
En seguida, también se afirmó que la manera de hacerlo nos podía condenar a entrar en una rueda que -lo señalamos varios parlamentarios-, sin un plan de salida que se haga cargo de la situación de Haití; sin un rol de las naciones más poderosas en materia económica y sin una actitud distinta de Naciones Unidas al enfrentar el problema, nos podía llevar, probablemente, a una coyuntura equivalente a la que queríamos evitar. Y hoy día, cuando vemos los informes, nos damos cuenta de que estamos en una situación similar a aquella en la que nos encontrábamos hace muchos años. Lo que hemos hecho es confiar en las autoridades, en lo que han planteado en los últimos tres años, cuando han reflejado la voluntad de buscar una salida integral que no sea simplemente una militarización, sino una manera de enfrentar el tema institucional, social, de infraestructura que esa nación exhibe.
Jamás nos podremos desentender del rol que nos compete como país latinoamericano, pero no confundamos eso con entrar en una situación sin salida ni creer que por el voluntarismo uno va a resolver un problema que es mucho más profundo, que tiene que ver con lo que se ha planteado aquí cuando se ha hablado de un "Estado fallido".
Por eso, señor Presidente, es bueno recordar por qué tomó uno las decisiones, pero ello debe hacerse en forma integral y no parcial. Y sigo pensado exactamente lo mismo que otrora.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a votar que sí, porque esa ha sido mi conducta desde la primera vez en que se planteó esta materia a la Sala, el 2004.
Me correspondió después, por invitación especial del Gobierno de ese momento, ir en dos oportunidades a Haití y ahí me convencí de que lo que habíamos hecho era correcto, como lo fue también el ir tomando a través de los años la idea de que la fuerza se traslade a una orientación de mayor consolidación civil y de que la contribución de nuestro país vaya poco a poco transformándose en un esfuerzo de apoyo, de desarrollo y no tanto de policía.
Además, señor Presidente, solo para dejar establecido en la discusión, he pedido que me consigan las Actas de la primera sesión en que se trató este asunto, el año 2004. Al respecto, tengo en mis manos un artículo de prensa de la época que dice lo siguiente: "Una dura jornada de trabajo tendrán las Ministras Soledad Alvear y Michelle Bachelet cuando concurran hoy y mañana a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa del Senado. Los 18 Senadores de la Oposición, de un total de 48, rechazarán a todo evento el envío de 36 carabineros".
Más adelante, se lee: "El Presidente de la UDI, el Senador Jovino Novoa," -a quien tanto respetamos- "reconoció que su Partido considera que el envío de policías al extranjero es una señal sumamente negativa para la ciudadanía, que vive un creciente clima de delincuencia".
Luego se consigna el parecer del Senador Prokurica, quien afirma: "Por ningún motivo deben ir. Nosotros tenemos un problema serio de seguridad ciudadana y ya mandar un carabinero es mucho. Yo podría mostrar numerosos oficios donde la policía y el propio Ministerio del Interior dicen que tal labor no se puede hacer por falta de personal".
Después, el distinguido Senador Juan Antonio Coloma, a quien hemos escuchado, expresó que "Tampoco está claro por qué Chile tiene que sumarse a esta misión después que Estados Unidos y Francia decidieran abandonar".
Señor Presidente, por haber presenciado ese debate, igual que muchos de ustedes, puedo afirmar que los argumentos de quienes se oponían a esta salida de tropas eran básicamente cuatro.
Primero, que el país no estaba en condiciones, a juicio de la Oposición, de dedicar recursos a una operación como esta cuando teníamos tantísimas dificultades y problemas sin resolver en nuestro propio territorio.
Segundo, hubo un debate muy de fondo acerca de lo que era la responsabilidad moral y política de Chile en términos de poder ayudar a un país que estaba en las puertas nuestras en Latinoamérica y cuya incidencia de pobreza era muy fuerte en ese momento. Y, al parecer, según hemos oído aquí, ello no ha cambiado tanto como hubiéramos deseado.
Tercero, se debatió sobre el procedimiento que se había seguido y hubo también un largo alegato para señalar que el Presidente Lagos no había cometido ningún error en la forma en que tomó la decisión. Fue un tema discutible y discutido.
Y cuarto, se expuso con mucha fuerza que el costo era más grande que las ventajas que podía tener esa nación.
Luego de estar dos veces en Haití, en verdad uno entiende la razón de nuestro proceder, porque no estamos aislados ni en el mundo ni en América Latina ni, mucho menos, respecto de aquellos países que se hallan en pésimas condiciones como aquel.
Digo lo anterior, señor Presidente, porque nadie exige que, en situaciones distintas, con el correr de los años uno tenga que mantener una suerte de conducta inflexible. Algunos dicen "Solo los leales no cambian", y otros agregan "Solo los tardos no cambian". Pero aquí...
El señor ESCALONA (Presidente).- Excúseme, señor Senador. Ha concluido su tiempo. Le concedo un minuto más para que pueda redondear su intervención.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Termino en treinta segundos, señor Presidente.
Lo quise señalar porque a mí me gustaría que en nuestra discusión en el Senado, que siempre ha sido muy elevada, cuando surgen estas diferencias de opinión sobre nuestras conductas, no se utilice como verdad algo que no fue realidad en la Sala.
Por las mismas argumentaciones que di entonces, voto ahora a favor de la solicitud del Primer Mandatario.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana, quien también se anotó para fundamentar su voto.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, tal como manifestó el Honorable señor Tuma, hace ocho años estuvimos en República Dominicana como observadores de un proceso eleccionario muy similar al ocurrido el domingo recién pasado, que dejó como Presidente a Danilo Medina del Partido Liberación Dominicana, y pudimos viajar hacia Haití por nuestra cuenta, pues queríamos -en esa oportunidad éramos diputados- mirar esa realidad. Conversamos con integrantes del destacamento del Ejército que se hallaba presente en esa época, con representantes de la Iglesia y también con dirigentes de los movimientos civiles que, naturalmente, aprecian y han apreciado mucho durante estos años la presencia de Chile en esa ex colonia francesa del Caribe.
Sin embargo, uno se pregunta hoy día, cuando ya han transcurrido once años de la misión, si las 57 naciones que allí se encuentran se estarán haciendo la misma reflexión o no. Hay países -el Senador Coloma lo planteó recientemente- como Brasil, entre otros, que han realizado un cuestionamiento muy profundo sobre este tema.
Nuestra realidad es distinta. Chile ha sabido de la solidaridad, la colaboración y la cooperación internacional en distintos momentos, no solamente políticos sino también tras diversas catástrofes que ha sufrido. Por ende, mantener un destacamento en Haití, sobre todo frente a una crisis que no solo es de índole política sino también institucional, de reconstrucción física y que involucra aspectos policiales en juego resulta altamente aconsejable no alterar esa situación.
Ahora bien, concuerdo con aquellos que plantean la necesidad de fijarnos un plan de salida o, tal vez, determinar los objetivos que esperamos cumplir, porque comparto el hecho de que se ha avanzado bastante. Naturalmente, se han renovado nuestras tropas -no son los mismos efectivos; se cambian cada cierto tiempo-, hay especialidades del propio Ejército que se están poniendo a disposición de Haití y se ha avanzado en capacitación. Por ejemplo, nuestras policías han entrenado a un número importante de efectivos policiales de dicho país.
Sin embargo, preocupa el que los avances políticos obtenidos hasta el momento no sean los óptimos y que exista más que una cierta inestabilidad en la zona.
No obstante, yo más bien llamaría a mirar este asunto en un contexto mucho más amplio de solidaridad, de lo que caracteriza a Chile en su política exterior, que es el principio de multilateralidad, pues me parece que en esta materia no podemos actuar por la libre y, más allá de los objetivos y los plazos que nos fijamos -concuerdo con el Senador Tuma, quien, entre otros, así lo expresaba-, resulta muy importante incorporar otras áreas de trabajo.
En esa línea, espero que el próximo año a estas alturas, cuando estemos debatiendo nuevamente este asunto, el componente civil adquiera una participación más significativa en el destacamento.
Opino que en la medida en que podamos contribuir en ese propósito, más allá de las vicisitudes políticas que ocurran en Haití, cumpliremos con un objetivo de Estado, por cuanto -como se dijo en la Sala- la diplomacia chilena, tanto en ese país como en la región en su totalidad, el Ministerio de Defensa Nacional y los Gobiernos en general han tenido una mirada bastante común sobre la materia, así como también, naturalmente, los destacamentos militares y policiales que nos han representado.
Por ello -insisto-, junto con votar afirmativamente la prórroga de un año para la permanencia de las tropas y medios militares nacionales en Haití, considero fundamental e indispensable elaborar, más que un plan de salida, objetivos concretos, probablemente en plazos determinados, e ir diversificando nuestras fuerzas y nuestro personal en dicho país.
--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República para prorrogar, por un año, la permanencia de tropas y medios nacionales en Haití (31 votos a favor y dos abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo) y Novoa.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se agregue mi voto afirmativo.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- También el mío.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Navarro y Larraín (don Carlos).
Boletín N° 5434-13
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5434-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2008.
Trabajo y Previsión Social: sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 11ª, en 17 de abril de 2012.
Sesión 25ª, en 10 de junio de 2009 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general en sesión de 10 de junio de 2009.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones o modificaciones.
Asimismo, el órgano técnico realizó diversas enmiendas al texto despachado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad, razón por la cual deben ser votadas sin debate, salvo que algún Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en el cual se consignan, en su tercera columna, las modificaciones introducidas por la Comisión especializada en el segundo informe y, en la cuarta, el texto que resultaría de ser aprobadas.
En votación las enmiendas introducidas por unanimidad en la Comisión.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, a fines de 2007 el Gobierno de la Presidenta Bachelet decidió enviar a la Cámara de Diputados la presente enmienda legal.
El mensaje que da origen a esta iniciativa de ley señala los avances que existieron durante los Gobiernos de la Concertación en materia de protección a los derechos de los trabajadores y, en consideración a ello, consigna que "existen aún muchas áreas en las que es necesario avanzar para una efectiva protección de los derechos más básicos de los trabajadores, teniendo siempre en vista que dicha protección redunda en una mayor paz social al interior de las empresas".
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados después de un largo debate y su tramitación se hallaba detenida en el Senado, a pesar de haber sido aprobada en general y estar en condiciones de ser objeto de revisión en sus indicaciones. Por consiguiente, la analizamos con el Ejecutivo y, en ese sentido, agradezco el trabajo de la Ministra del ramo que hoy nos acompaña en la Sala.
Cabe destacar que en la Comisión recibimos a distintas organizaciones y escuchamos a agrupaciones sindicales y gremiales y a cada uno de quienes debían opinar sobre la materia. Después de revisar el texto en debate y hacerle las perfecciones del caso, consensuamos la necesidad de avanzar en la iniciativa.
Tratamos de aprobarla para el 1º de mayo. No logramos sacarla en esa fecha pero, finalmente, se le dio luz verde con la votación unánime de todos los miembros de la Comisión.
El proyecto apunta a perfeccionar el contenido del Capítulo VI (De la Protección a las Remuneraciones) de nuestro Código del Trabajo, mediante la incorporación de un artículo 54 bis, nuevo, y la modificación del artículo 55, con el propósito de consagrar lo siguiente:
-Establecer la imposibilidad de extraer del patrimonio del trabajador las remuneraciones que este ha percibido por causa del contrato de trabajo, debiendo tenerse por no escrita cualquier estipulación en contrario.
-Establecer, asimismo, la prohibición de condicionar la contratación de un trabajador o su permanencia en el empleo a la suscripción de instrumentos financieros por parte del dependiente, en beneficio del empleador, para la caución de futuras obligaciones de aquel que tengan por causa directa o indirecta el contrato de trabajo.
-Disponer expresamente que la remuneración es una prestación a la que se encuentra obligado el empleador por causa del contrato de trabajo y que, en el caso de las remuneraciones variables en general y de las comisiones en particular, deben pagarse en su totalidad una vez ocurrido el hecho que les da origen y que forma parte de las obligaciones del trabajador, no pudiendo fraccionarse en cuotas, ya que el hecho fundante de dicha obligación del empleador tampoco ha sido fraccionado.
La verdad, señor Presidente, es que en innumerables oportunidades se da la siguiente situación: el trabajador vende un seguro, capta una cuenta para una AFP o logra la suscripción de un plan para una isapre; sin embargo, producto de circunstancias absolutamente ajenas a él, el contratante rescilia el contrato, le pone fin, y ello motiva que la comisión, el bono, el premio que se le había pagado por su cometido se le descuente de su remuneración. Vale decir, sin que el trabajador tenga nada que ver con la pérdida del nuevo cliente, la compañía donde labora le retira lo ganado por aquel concepto.
Después de un análisis completo, acabado, y de perfeccionar la normativa, la Comisión, durante la discusión particular, acogió las modificaciones que hoy día estamos votando en este Hemiciclo.
Señor Presidente, considero de justicia reparar una situación en la que los trabajadores están siendo abusados.
Cuando vemos los reclamos de la ciudadanía en diversas materias, concluimos que, sin lugar a dudas, el descrito es uno más de los numerosos atropellos laborales que se cometen a vista y paciencia de todos nosotros.
Por tanto, creemos -y lo digo en mi calidad de Presidenta de la Comisión- que es necesario aprobar esta iniciativa. Lamentablemente, por las urgencias de otros asuntos, tardamos mucho en legislar sobre el particular.
Por eso, voto favorablemente.
El señor SABAG.- Señor Presidente, en forma muy breve, deseo señalar que el proyecto original tenía como propósito perfeccionar las normas del Código Laboral en lo concerniente a la protección de las remuneraciones de los trabajadores estableciendo que ellas formaban parte de su patrimonio y no podían ser devueltas, reintegradas o compensadas por hechos posteriores a su pago.
En el curso del debate habido en la Comisión se aprobaron siete de las diez indicaciones presentadas, se rechazaron dos y se retiró una. Dentro de ellas destaca, por una parte, la idea de que la protección no rige cuando el trabajador es responsable del incumplimiento de sus obligaciones, y por otra, la obligatoriedad de entregar, en un anexo a la liquidación de remuneraciones, los bonos, comisiones o premios devengados.
Eso constituye un avance y genera mayor claridad tanto para los empresarios como para los trabajadores.
--Se aprueban las modificaciones acordadas por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y el proyecto queda despachado en este trámite (22 votos favorables).
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Boletín N° 3198-13
El señor ESCALONA (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para sancionar las prácticas de acoso laboral, con segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3198-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 19ª, en 13 de mayo de 2008.
Trabajo y Previsión Social, sesión 60ª, en 14 de octubre de 2008.
Trabajo y Previsión Social (segundo): sesión 15ª, en 8 de mayo de 2012.
Sesión 61ª, en 15 de octubre de 2008 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión consigna en su segundo informe que tuvo a la vista la iniciativa de ley, iniciada en moción del Senador señor Navarro, sobre acoso moral en el trabajo.
El proyecto que ahora ocupa a la Sala se aprobó en general en sesión del 15 de octubre de 2008.
El mencionado órgano técnico deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los números 1) y 2) del artículo 1°, que pasan a ser 2) y 3), respectivamente, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación o discusión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social efectuó diversas enmiendas a la iniciativa aprobada en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que algún Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Dichas enmiendas dicen relación con la incorporación del concepto de "acoso laboral" en el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo y con la adecuación de los demás artículos del proyecto a lo acordado acerca de dicho concepto.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en la cuarta consigna el texto como quedaría si ellas se aprobaran.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la discusión particular, tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, este proyecto de ley se origina en una moción de la Diputada Ximena Vidal. Lo discutimos largamente en la Comisión. Invitamos a los representantes de la OIT en Chile y a sus propios autores. Laboramos también con el Ministerio del Trabajo.
Se incluye en él el acoso laboral a los hombres, que era una preocupación de los colegas que están a mi lado (¡el Senador Bianchi nos podría contar cómo fue la discusión sobre esa materia...!).
Se trata de un reconocimiento a algo que sucede hoy día en el mundo del trabajo: el acoso laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras por parte de los superiores, e incluso de sus compañeros de actividad, y que se traduce en que muchas veces el afectado termina por renunciar a su empleo o siendo víctima de enfermedades laborales.
Después de escuchar a los expertos en la materia y a los distintos gremios y sindicatos, nos pareció que esta era una normativa que debíamos recoger, para actualizar nuestra legislación nacional a lo que acontece en otras partes del mundo.
Además, a nuestro entender, esta normativa constituye un avance en materia de protección a los trabajadores, por lo que resulta necesario incorporarla en el ordenamiento legal.
Por lo expuesto, señor Presidente, la unanimidad de la Comisión aprobó en particular el proyecto en debate.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se pidió autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde, reglamentariamente, votar las enmiendas aprobadas en forma unánime por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, este proyecto, que surge de una iniciativa de los Diputados señora Adriana Muñoz y Ximena Vidal y señores Fidel Espinoza y Enrique Jaramillo, apunta a incorporar en el Código del Trabajo el concepto de "acoso laboral" para instaurar un sistema de protección y sanción frente a esa conducta. Y se pretende asimilar las normas pertinentes al Estatuto Administrativo y al Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.
En síntesis, se tipifica dentro del Código del Trabajo el acoso laboral, "entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo".
Pienso que de esta manera vamos mejorando las normas del Estatuto Administrativo, las del Estatuto Administrativo para Funcionaros Municipales y, también, las del Código del Trabajo. La idea es que todo tipo de acoso sea perseguido en cada una de las instancias laborales.
Por cierto, voto a favor.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta iniciativa ha tenido una larga tramitación desde que en la Cámara de Diputados, junto con las colegas Ximena Vidal y Adriana Muñoz, iniciáramos proyectos conducentes a establecer en el Código del Trabajo la figura en comento, que ataca un problema que existe pero que no se ha querido reconocer.
Hay acoso laboral cuando existe acoso psicológico. En términos históricos, se conoce como el envío a la "huesera". Cuando un empleador no quiere a un trabajador, le quita sus funciones; lo manda a una pieza con una silla y un escritorio; no le da trabajo, y allí lo hace mermar en su factor productivo, intentando hastiarlo, hostigarlo psicológicamente.
Hay acoso laboral cuando un trabajador cumple fielmente su contrato y en forma permanente recibe de parte de su empleador, de su jefe o de sus compañeros de labores asedio psicológico, maltrato psicológico e incluso físico.
Este proyecto de ley pretende disponer que ante una situación de tal índole exista denuncia.
Al respecto, hemos recopilado casos de suicidios.
Tales situaciones generalmente no se denuncian, porque, al no tener certeza sobre el destino de su acción, el trabajador afectado prefiere aguantar, tolerar, soportar. Y se enferma psicosomáticamente, psicológicamente.
A mi juicio, la introducción de esta normativa tendrá un fuerte efecto disuasivo sobre los acosadores, quienes a veces lo son consciente o inconscientemente.
Una cosa es el ejercicio del mando para obtener determinado rendimiento de un trabajador y otra el acoso psicológico ejercido sobre él.
Por tanto, aquí se establece que el acoso es vertical, cuando procede de un jefe, u horizontal, cuando proviene de los compañeros de labores.
Yo espero que la Dirección del Trabajo haga cumplir las disposiciones previstas en esta iniciativa.
Las leyes -particularmente las laborales-, si no media fiscalización, no sirven de nada.
Ojalá que esta preceptiva prospere, tal como sucedió en el caso de las denuncias por maltrato intrafamiliar. O también, cuando aprobamos la legislación que sanciona el acoso sexual, que fue largamente resistida por muchos Diputados (recuerdo perfectamente el debate habido en la Comisión de Trabajo) porque, según ellos, no iba a servir, se iba a prestar para excesos; sin embargo, la normativa dictada ha operado, y existen cientos de denuncias, pues la gente se ha atrevido a hacerlas, trátese del acoso sexual de un hombre a una mujer, de un jefe a una subalterna, o al revés, y asimismo en el nivel horizontal.
La amplia investigación realizada mundialmente acerca de la materia da cuenta de la existencia del acoso laboral. Cualquiera puede acceder a su contenido y evaluarlo. A mi juicio, los empleadores y, particularmente los jefes, quienes tienen personas bajo su mando, deberían interiorizarse y aprender de ella. Porque hay prácticas asumidas (el chicoteo, el negreo), como si la letra con sangre entrara o como si el maltrato verbal formase parte del quehacer de un superior con respecto a sus subalternos.
Eso tiene que terminar, señor Presidente. Debe protegerse la salud psicológica del trabajador. Y el texto que nos ocupa, que se debatió ampliamente -yo tenía otras ideas-, fue lo que pudimos lograr.
Mediante el artículo 1° del primer informe se agregaba al Código del Trabajo un Título VI, denominado "Del acoso laboral y su sanción", en cuyo artículo 211 bis A se expresaba: "El acoso laboral es una práctica que importa una violación a los derechos esenciales que emanan de la persona humana, y es incompatible con el principio de respeto a la dignidad de la persona, consignado en el artículo 2° de este Código.
"Se entenderá por acoso laboral, toda acción u omisión grave y reiterada del empleador, o de uno o más trabajadores, ejercidas en contra de un trabajador en el lugar de trabajo común, y que implique alguna forma de violencia o coacción psicológica, teniendo como objetivo o resultado provocar un menoscabo personal o material en el afectado, o bien poner en riesgo su situación laboral.".
Se establecía un plazo de 60 días para presentar las denuncias y se disponía la recepción de ellas por la Inspección del Trabajo.
En el inciso primero del artículo 211 bis C se preceptuaba: "El acoso laboral efectuado por un empleador, o uno o más trabajadores con conocimiento de éste, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales...".
En seguida, dicha norma consignaba: "Cuando el autor del acoso sea uno o más trabajadores, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio o a la respectiva Inspección del Trabajo.
"Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados...".
"En caso de que el empleador, habiendo sido advertido en la forma señalada, no implemente las medidas necesarias para hacer cesar el acoso del afectado, podrá ser sancionado en la forma que dispone el inciso primero de este artículo.".
Esto es modernizar las relaciones laborales, señor Presidente, llevarlas a un punto donde haya el merecido respeto entre trabajador y empleador al interior de la unidad. Y nos pone a la cabeza mundial en la regulación sobre la materia.
La falta de respeto mutuo, y en especial de aquel que debe prevalecer en la interacción empleador-trabajador, aquí se halla sancionada.
Yo solo espero que la Ministra Evelyn Matthei, quien nos acompaña en la Sala, disponga la capacitación de todos los inspectores del Trabajo y de todas las autoridades relacionadas con el mundo laboral al objeto de que esto sea un mensaje en el sentido de que no se trata de perseguir a los empresarios, de una acción contra ellos, sino de una medida a favor del tan maravilloso ejercicio conducente a que la fuerza de trabajo tenga productividad basada en las muy buenas relaciones interpersonales y sociales en el mundo laboral.
El señor ESCALONA (Presidente).- La señora Ministra pidió la palabra, pero no se la puedo otorgar, pues estamos en votación. El Reglamento solo me posibilita dársela si quiere rectificar alguno de los conceptos que se han emitido.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- No, señor Presidente.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, creo que esta modificación al Código del Trabajo es muy importante.
En la historia del Parlamento, el análisis del proyecto de ley sobre acoso sexual fue muy complejo, porque miembros de la Cámara de Diputados se resistieron a que esa figura se tipificara como delito.
Hoy queremos avanzar en tipificar el acoso laboral. Y me parece tremendamente significativo que se tipifique como práctica de la cual no solo son responsables los empleadores o los dueños de una faena, industria o actividad, sino también trabajadores con responsabilidad de alguna índole (jerárquica, en fin) con relación a sus pares.
Es de suma relevancia que la tipificación ponga énfasis en el resultado de las prácticas utilizadas; es decir, que estas resulten, para el o los afectados, en menoscabo, maltrato o humillación, o bien, que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
No cabe duda de que el debate en torno a este punto será complejo: va a llevar la cuestión a la jurisprudencia, a determinar si alguien es apto o no para cumplir ciertas funciones.
En todo caso, se trata de un avance. Y es sobremanera importante que los conceptos en cuestión se incorporen en el Estatuto que rige a la Administración Pública y en el aplicable a los funcionarios municipales.
Sin embargo, señor Presidente, quiero manifestar una inquietud.
Aquí se establecen una tipificación, un procedimiento, pero no me queda claro cuál es la sanción contra el acosador laboral.
Leo el texto una y otra vez, y no me queda claro cuál es la sanción, por ejemplo, para el director de un servicio al que, por caerle mal un funcionario subordinado, lo manda a la "huesera".
Es decir, aquí la idea es restituirle al trabajador el derecho a ejercer su función, evitar que sea acosado. ¿Pero cuál es la sanción para el acosador?
Yo entiendo que todas estas normas, en el fondo, buscan cambiar las prácticas culturales de nuestro país. Se procura dignificar el trabajo; incentivar el respeto entre las personas, especialmente en el ámbito laboral. Pero no me queda claro -insisto- cuál es la sanción aplicable al acosador.
Se avanza en establecer criterios -así lo entiendo- para el término del contrato laboral: alguien puede ser despedido por ser acosador. Es decir, si yo, empleador, descubro que un subordinado acosa a un trabajador, puedo usar ese hecho como causal de despido. Sin embargo, no es obligatorio. En la Administración Pública, tampoco.
Dejo planteado el punto.
Entiendo que la idea no es solo poner texto en la ley. Es de las cosas sobre las cuales volveremos en el futuro. No tengo la menor duda de que va a ser así.
Creo que este proyecto constituye un avance. Voy a votar a favor, pero quiero dejar consignada mi inquietud sobre el particular.
Porque en la Administración Pública, por lo menos, creo que deberíamos establecer la causal de destitución para la autoridad que acose laboralmente a un subordinado. Es decir, la idea es que se comprenda que se debe respetar en todo su ámbito al personal, para ir generando una cultura de consideración a la dignidad de la función pública.
Reitero que daré mi aprobación, con el reparo que he expresado.
El señor ESCALONA (Presidente).- En cuanto a su preocupación, señor Senador, el punto se contempla en el artículo 171. Sin embargo, ello no comprende la destitución, a la cual usted hace referencia. Para este último efecto se habría requerido una indicación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, solicito a la Mesa recabar el asentimiento para que la Comisión de Educación funcione simultáneamente con la Sala.
El señor COLOMA.- Lo mismo para la Comisión de Agricultura.
El señor ESCALONA (Presidente).- Ello se hará una vez que concluya la votación.
No hay más inscritos, de modo que sería pronto.
Puede intervenir la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Solo deseo pedir que despachemos también el próximo proyecto en el Orden del Día, relativo a la Superintendencia de Seguridad Social, que debe ser discutido en general.
Se encuentra presente la señora Ministra. Ello va a ser de fácil despacho.
El señor BIANCHI.- Podemos hacerlo con la misma votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- Como dice el filósofo, vamos matando los piojos de a uno...
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, el proyecto es de larga data, como lo expresó el Senador señor Navarro, y su origen fue bastante particular, ya que exhibía un nombre no muy apropiado cuando la Diputada señora Ximena Vidal lo presentó en la Cámara -por eso, no tuvo una tramitación rápida-: "psicoterror laboral". Entonces, muchos parlamentarios se resistían a debatir una iniciativa de esa denominación.
Sin embargo, en el análisis de la materia fue fundamental la presencia de los profesores de derecho laboral Julián San Martín, Manuel Muñoz, quien es juez y autor del libro "Mobbing en Chile-Concepto, tratamiento legal y juicio", y Sergio Gamonal, coautor de un estudio titulado "La regulación legal del mobbing: los proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional".
Hasta ese momento se desconocía, en el seno de la Comisión de Trabajo, la existencia de estos textos.
Se sabía del acoso moral de algunos empleadores hacia trabajadores, fueran mujeres u hombres. Y ejemplos de acoso laboral se registraban, fundamentalmente, en relación con dirigentes sindicales. Incluso, en varias Comisiones especiales constituidas en la Cámara de Diputados con la finalidad de poder establecer si se cumplía o no la normativa se llegó a la triste conclusión de que el problema era tan grande, que a algunos de ellos, en locales comerciales, ni siquiera se les permitía utilizar micrófonos y se les privaba de escritorios o sillas para efectuar su trabajo. Ello era claramente un abuso, un acoso laboral y un acoso moral, y atentaba contra la dignidad de esas personas.
Por eso se comienza con la iniciativa a regular y sancionar a quienes incurren en la práctica del acoso laboral.
Y cabe felicitar desde ya a los autores. Eso se extiende al Senador señor Navarro, quien me mira con cara interrogativa, porque presentó un proyecto de la misma naturaleza en esta Corporación. Pero se han refundido ambas iniciativas, de manera que la autoría será de Su Señoría y de la Diputada señora Vidal.
En síntesis, señor Presidente, voy a votar a favor, porque el texto va en defensa de los trabajadores. Si estos se ven afectados por un atentado a su dignidad o a sus derechos fundamentales, no solo podrán recurrir a los tribunales, sino también al cuerpo legal en estudio, que va a amparar sus reivindicaciones.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, solo deseo anunciar que aprobaré el proyecto y consignar una mención para el efecto de que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Con justa razón -deseo consignarlo-, algunos señores Senadores me han manifestado una legítima duda en torno a la interpretación judicial que se le puede dar al artículo 171 con la proposición de agregar la referencia a la letra f).
Hago presente que, conforme a la historia de la disposición, al menos -y fue el espíritu que rondó en la discusión-, solo se va a sancionar el acto proveniente del empleador. Espero que el inciso segundo del artículo 171 se interprete en el futuro por los tribunales en términos de que, "Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a) y b) del número 1 del artículo 160, el trabajador afectado" -se entiende que por el acto al cual he hecho referencia- "podrá reclamar del empleador, simultáneamente con el ejercicio de la acción que concede el inciso anterior, las otras indemnizaciones a que tenga derecho.".
En consecuencia, y solo para dejarlo claro, la norma solo se aplicará cuando sea el empleador el que incurra en una falta de tal entidad que amerite una acción de parte del afectado, en este caso un trabajador.
--Por 27 votos a favor y 2 pareos, se aprueban las proposiciones acordadas por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quedando despachado en particular el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
No votaron, por estar pareados, los señores Coloma y Novoa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MATTHEI (Ministra del Trabajo).- Señor Presidente, para el Ministerio del Trabajo, para el Ejecutivo, es motivo de gran satisfacción que se hayan aprobado los proyectos sobre la protección de remuneraciones y la sanción de prácticas de acoso laboral, porque todo ello tiene que ver con una consideración cada vez mayor de la dignidad del trabajo y de los trabajadores.
Deseo consignar que el acoso laboral de una persona en contra de un compañero, por ejemplo, redunda en que puede ser echada sin indemnización. Porque no siempre tal conducta proviene del jefe.
Y también quisiera señalar que la denuncia infundada puede motivar que el juez ordene el pago de indemnizaciones.
Acusaciones de ese tipo se registran en relación con el acoso sexual y se dan, a veces, entre matrimonios que se han roto, etcétera. Probablemente van a presentarse, en algún momento, en el ámbito del acoso laboral, donde no deben dejarse pasar.
Así que todo ello se encuentra previsto.
Debemos preocuparnos tanto de los acosadores como de los denunciados infundadamente por acoso. El proyecto se hace cargo de ambas situaciones.
Señor Presidente, se tratará a continuación la iniciativa sobre la Superintendencia de Seguridad Social, pero estoy citada a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Deseo dejar a cargo, por lo tanto, al señor Subsecretario de Previsión Social.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una moción presentada por los Senadores señores Letelier, Muñoz Aburto y Escalona, con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 18.556, con el objeto de excluir a las víctimas de desaparición forzada del Registro Electoral (boletín Nº 8.321-07).
Boletín N° 7829-13
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7829-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 10 de enero de 2012.
Trabajo y Previsión Social: sesión 15ª, en 8 de mayo de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Para el cumplimiento del objetivo principal de la iniciativa, se le otorgan a la Superintendencia nuevas atribuciones y funciones con miras a mejorar las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, para lo cual se crean la Intendencia de Seguridad y Salud y la Intendencia de Beneficios Sociales.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Kuschel y Muñoz Aburto, acogió la idea de legislar.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido abrir la votación.
La señora RINCÓN.- Por mi parte, también lo solicito.
El señor NAVARRO.- Pero que se mantenga el tiempo de las intervenciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si no hay objeción, así se acordará.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, luego del accidente de los 33 mineros se creó una Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento del rol institucional de la Superintendencia de Seguridad Social en el ámbito de la seguridad y salud laboral.
El presente proyecto pretende estructurar la Superintendencia de Seguridad Social, desde el punto de vista orgánico y funcional, en la Fiscalía, la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Intendencia de Beneficios Sociales.
A fin de optimizar y facilitar las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, y considerando las variadas materias que se encuentran comprendidas en sus atribuciones, se propone establecer dos Intendencias que actúen como instancias ejecutivas de las funciones de dicho Servicio.
La primera es la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo al cual se le asignan, entre sus funciones principales, el estudio, análisis, evaluación, examen y fiscalización de los organismos administradores de la ley N° 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como asimismo la sistematización y proposición relativa a la estandarización de la normativa sobre seguridad y salud laboral.
La segunda es la Intendencia de Beneficios Sociales, a la cual se le fijan labores de estudio, análisis, evaluación, examen y fiscalización de las entidades y regímenes fiscalizados por la Superintendencia. Por ejemplo, las cajas de compensación de asignación familiar, las licencias médicas y los subsidios por incapacidad laboral, y la administración de los fondos nacionales de prestaciones familiares y subsidio familiar.
Además, la iniciativa introduce modificaciones a la ley N° 16.395, de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social.
Parece positivo que se adecúe la legislación que protege y ampara los derechos de miles de chilenos en los ámbitos de la seguridad y las condiciones de salud en sus trabajos. Sin embargo, como muchas otras cosas en Chile, se viene a enfrentar este tema solo luego de la ocurrencia de la situación límite y bastante especial que enfrentó nuestro país, cual fue el accidente de los 33 mineros.
Donde creo necesario avanzar es, sin duda, en la mayor independencia de esta Superintendencia tanto desde el punto de vista de las autoridades administrativas a las que debe fiscalizar como también del de los poderes económicos, sobre todo de las grandes empresas, que muchas veces no cumplen con las más mínimas condiciones de seguridad laboral para sus trabajadores, y "extrañamente" no son fiscalizadas.
Por eso, así como lo he planteado en materia de resguardo de la libre competencia y la Fiscalía Nacional Económica, y de los derechos laborales de los trabajadores del sector público y la Dirección del Trabajo, me parece que debiera haber una profunda reforma en varias de nuestras instituciones, al objeto de que tengan la suficiente independencia e imparcialidad para hacer cumplir la ley y, principalmente, para defender los derechos de los trabajadores por sobre cualquier interés económico o político.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el informe de la Comisión de Trabajo se refiere solo a la discusión en general, y hace prevención de que esta iniciativa deberá pasar también por la Comisión de Hacienda, antes de su votación en particular, y de que no contiene normas de quórum especial.
El objetivo del proyecto es fortalecer y actualizar el rol de la Superintendencia de Seguridad Social, otorgándole nuevas atribuciones y funciones para mejorar las condiciones de seguridad y salud en los lugares en que se labora. Para ello se crean la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Intendencia de Beneficios Sociales.
El mensaje que dio origen a esta iniciativa indica que se revisó el conjunto de atribuciones de las distintas entidades que hoy tienen responsabilidades en el ámbito relativo a la seguridad y salud en el trabajo, a raíz del accidente ocurrido en la mina San José.
La Comisión Asesora convocada para ese efecto planteó la necesidad de establecer la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a cargo de coordinar la elaboración de propuestas de estándares en materia de seguridad y salud laboral, de preparar normas y realizar estudios y campañas de prevención sobre el particular.
Junto con ello, se propuso elaborar un Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo, con miras a registrar e integrar información de todas las entidades administradoras, incorporando antecedentes sobre trabajadores independientes, enfermedades profesionales, gestión de entidades fiscalizadoras, prevención y capacitación.
Dentro de la iniciativa se asigna a la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo el estudio, análisis, evaluación, examen y fiscalización de los organismos administradores de la ley N° 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, como asimismo la sistematización y proposición relativa a la estandarización de la normativa sobre seguridad y salud laboral.
Por otro lado, a la Intendencia de Beneficios Sociales se le fijan labores similares en relación con las entidades y regímenes fiscalizados por la Superintendencia, como las cajas de compensación de asignación familiar, las licencias médicas y los subsidios por incapacidad laboral, y la administración de los fondos nacionales de prestaciones familiares y subsidio familiar.
Creo que se trata de una muy buena iniciativa, señor Presidente, y anuncio que la vamos a votar a favor solo en general.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, varios de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra desarrollaron con bastante precisión la importancia de este proyecto de ley, que -como ya se dijo- nace a partir del desafortunado accidente de los 33 mineros en la mina San José, el año 2010.
Ese hecho desnudó parte importante de nuestras falencias en materia de seguridad y prevención de accidentes en el entorno laboral, por lo que se hizo necesario diseñar una consistente política pública en este ámbito, tan sensible no solo para la seguridad de los trabajadores, sino también para el país completo.
En tal contexto, la creación de la Superintendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, objeto central de la presente iniciativa, permitirá contar con una herramienta adecuada para coordinar las acciones de diferentes servicios en esta materia, lo que significará, sin duda, un mejoramiento de los estándares de accidentabilidad en el sistema productivo completo.
En el mismo sentido, es necesario apuntar que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde la fiscalización sobre los diversos administradores del seguro que contempla la normativa vigente. Estos son, esencialmente, las mutualidades de empleadores de la ley N° 16.744, el Instituto de Seguridad Laboral, las cajas de compensación de asignación familiar, los servicios de bienestar y los comités paritarios de higiene y seguridad del sector público, la Comisión Médica de Reclamos de aquella normativa y, también, la Comisión Revalorizadora de Pensiones.
En ese punto, las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial antes mencionada indicaron que resultaba necesario fortalecer el rol de la Superintendencia a través de la creación de dos Intendencias, con el fin de racionalizar su labor.
Por una parte, la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual, entre sus funciones principales, deberá realizar el estudio, análisis, evaluación, examen y fiscalización de los organismos administradores de la ley N° 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y sistematizar y proponer la estandarización de la normativa acerca de seguridad y salud laboral.
Y, por otra, la Intendencia de Beneficios Sociales, a la que le corresponderá efectuar el estudio, análisis, evaluación, examen y fiscalización de las entidades y regímenes fiscalizados por la Superintendencia; por ejemplo, las cajas de compensación de asignación familiar, las licencias médicas y los subsidios por incapacidad laboral, y la administración de los Fondos Nacionales de Prestaciones Familiar y Subsidio Familiar.
Finalmente, el contexto general en que se proponen estas modificaciones sustantivas a la Ley de Accidentes del Trabajo nos indica que, si bien es cierto ella ha sido una de las normativas más exitosas de las últimas décadas en Chile, resulta innegable que requiere urgentes modificaciones de fondo, no porque su texto haya sido mal concebido, sino porque en estos decenios el mundo productivo ha cambiado dramáticamente de paradigmas, tanto a través de la creación de nuevas formas de empleo, con otros riesgos asociados, cuanto por las nuevas tecnologías que se hallan a disposición de las empresas y los trabajadores.
También -y no menos importante que lo anterior-, esta iniciativa debe dar cuenta de un nuevo esquema de relaciones laborales, donde la responsabilidad del empleador sobre todas las condiciones que rodean al trabajador sea más evidente e inmediata. El trabajo ya no puede ser concebido como un mero factor de producción, sino como la expresión de un compromiso social con personas, familias y comunidades. Por ello, la labor productiva debe considerar, antes que cualquier estimación económica, su rol de articulador del diálogo social.
En consecuencia, señor Presidente, anticipo mi voto favorable al proyecto de ley que nos ocupa.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Senadora Rincón efectuó una extraordinaria intervención respecto de los puntos positivos de la presente iniciativa, pero también acerca de las observaciones que le merece. Ella fue Superintendenta de Seguridad Social, conoce la materia en análisis, y nos reunimos en innumerables ocasiones cuando ocupaba ese cargo.
La iniciativa busca mejorar las condiciones actuales, y la propia Senadora Rincón ha indicado lo que hay que revisar.
Hoy día la discusión es en general y, por cierto, votaremos a favor de la idea de legislar, pero van a quedar temas por resolver, por dilucidar.
¿La Superintendencia será una entidad coordinadora o normativa? Si va a ser coordinadora, creo que deberemos evaluar esa función, porque necesitaremos una institución que genere las normas, ya que la fiscalización estará radicada en los organismos establecidos por ley: la Dirección del Trabajo, por ejemplo, y esto nos obligará, para contar con una Superintendencia ejecutiva, a disponer de una buena Dirección del Trabajo.
De otro lado, hablamos de una Superintendencia que casi no tiene sedes regionales. El informe consigna que se ha hecho un esfuerzo histórico para crearlas. ¿Pero dónde las hay? En la Segunda, la Séptima y la Décima Regiones. Y se halla en proyecto su establecimiento en la Primera, la Cuarta y la Duodécima. ¡Yo reclamo su presencia en la Región del Biobío! En esta existe una fuerza de trabajo de 600 mil hombres y mujeres, que la sitúan como la segunda más importante del país en dicho ámbito. No cabe sino pensar que la Superintendencia de Seguridad Social debe poseer sedes regionales. De crear un organismo respecto al cual los trabajadores de mi zona deberán viajar a Santiago para hacer valer sus derechos, estableceremos una institucionalidad bastante débil.
Siento que, si la Superintendencia ya tenía la facultad descrita en la ley en torno a normar y a establecer una fiscalización integral de las cajas de compensación de asignación familiar, de los servicios de bienestar y de los comités paritarios de higiene y seguridad del sector público, del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores, falló claramente en el caso de las primeras. Y Los Héroes es el mejor ejemplo: ha sido expulsada de la presidencia de las cajas de compensación. Nos encontramos con una entidad que quintuplicó la captación de créditos de carácter -entre comillas- social, a siete años plazo.
Lo anterior nos obliga a poner especial cuidado, a la hora de disponer si la SUSESO dispondrá de una capacidad real de fiscalización, en el análisis de qué falencia presentaba. Se le escaparon las cajas de compensación. Además, se generó un proceso con una complicidad que vale la pena investigar: la institución que se adjudicó el pago a través del Instituto de Seguridad Previsional podía captar créditos.
En ese ámbito, señor Presidente, las facultades de una Superintendencia han de revestir tal envergadura que le permitan disponer no solo de una adecuada coordinación, sino también de una efectiva normativa. Y, si la fiscalización va a depender de organismos externos, entonces para qué la llamamos "Superintendencia". O sea, si va a poseer una función de esa naturaleza, debiera contar con capacidades a fin de realizar esa labor de manera directa.
Porque, por ejemplo, en materia de comités paritarios de higiene y seguridad del sector público, ¿deberá pedirle a la Dirección del Trabajo que fiscalice? En consecuencia, tiene que disponer de un departamento especializado en estos temas al objeto de generar los informes pertinentes, y de alguna otra atribución que le permita, cuando su gente realice una visita y los mencionados comités no existan, no solo denunciar o informar.
Estoy por una SUSESO con capacidades de carácter nacional; con facultades normativas; de coordinación, pero también de fiscalización. De lo contrario, que no se denomine "Superintendencia". Si vamos a establecer una institución que no fiscaliza, entonces tendremos un gigante con pies de barro, un organismo que no pueda ejercer la atribución que su nombre le otorga.
En el informe, señor Presidente, se generan condiciones para el fortalecimiento de la Superintendencia de Seguridad Social. Sin embargo, el propio Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias -quien nos acompaña en la Sala- señala que la mayor demanda que atiende la SUSESO radica en el sistema de licencias médicas, de las mutuales y de las cajas de compensación. Pero "carece de tales atribuciones respecto de la actividad que se desarrolla al interior de las empresas".
En ese sentido -agrega el Subsecretario-, "las materias relativas a seguridad social, que se verifiquen en dicho ámbito," (dentro de las empresas) "son de competencia de la Dirección del Trabajo y de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales del Trabajo". Por tanto, las denuncias deben ejercerse ante estos organismos y no ante la Superintendencia de Seguridad Social.
Sobre el particular, pienso que debemos buscar una mayor definición. Hemos creado mucha institucionalidad sin presencia regional, que además queda coja, queda corta en esa materia. Y quiero más empoderamiento.
Si al final vamos a delegar funciones tan importantes como las descritas, siento que se disminuirá, se debilitará, a la propia Superintendencia.
Entiendo que esto puede ser abierto. El Ejecutivo nos trae un proyecto de ley para evaluarlo, para revisarlo. En materia de licencias médicas, por ejemplo, donde la SUSESO sí tiene facultades a través de la Comisión Médica de Reclamos de la ley N° 16.744, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, se necesitan mayores atribuciones.
Hemos reclamado que no se puede ser juez y parte, como en el caso de las isapres, que pagan las licencias médicas y determinan quiénes tienen derecho a ellas y quiénes no. Y hemos manifestado que, tratándose de las canceladas por el Estado, esto no puede ser igual. O sea, ha de haber un ente que emita un dictamen y otro que lo revise. No pueden ser los mismos para ambas funciones.
Entonces, señor Presidente, en materia de sus atribuciones, en especial de las que recaen en las licencias médicas, espero que podamos disponer de mayor información acerca de cómo, también en perspectiva, se ha ejercido tal función a través de la ley N° 16.744, que ha merecido observaciones, que sigue siendo reclamada por los trabajadores por insuficiente o precaria. De manera que, si vamos a reformar la Superintendencia de Seguridad Social, esta ha de ser una entidad fiscalizadora potente, con facultades, con personal y, particularmente, con funciones muy claras.
Aumentar funciones y facultades, ¡bienvenido sea! Estamos por eliminar todo lo que signifique disminuir o confundir.
Por tanto, si distinguir la función coordinadora de la función normativa es esencial, más lo es determinar la facultad de fiscalización.
Respecto de las Regiones donde no estará la SUSESO -solo actuará allí la Dirección del Trabajo-, el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo adicional para generar los recursos necesarios.
No estoy disponible para aprobar este proyecto si no se lleva a cabo el debate acerca de la apertura de oficinas de la Superintendencia en la Región del Biobío. Que nos expliquen o fundamenten por qué ello no puede ocurrir. Por último, que nos den una perspectiva en el tiempo, en donde la Octava Región sí tenga la capacidad de contar con la Superintendencia. De lo contrario, estamos generando expectativas que no se van a cumplir. Imponer a los trabajadores viajar 600 kilómetros desde Concepción u otro lugar de la Región del Biobío a Santiago debido al cuestionamiento de una licencia, para denunciar algo relativo a las cajas de compensación o por otra diligencia, me parece excesivo.
Se requiere presencia territorial.
En materia de regionalización, hay un compromiso del Gobierno no cumplido. Y el proyecto en análisis nos demuestra una vez más que en lo relativo a regionalización y descentralización se está en falta grave. Y creo que esto se puede corregir si existe voluntad del Ejecutivo.
Voto a favor de la idea de legislar, pero con las observaciones expuestas, esperando corregir el texto durante el trámite en particular.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable del Honorable señor García-Huidobro.
En estos momentos, no hay quórum para fijar plazo para presentar indicaciones ni para pronunciarse acerca de los proyectos de acuerdo del Tiempo de Votaciones.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
A los señores Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia, formulándoles interrogantes a propósito de DECISIÓN DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS SOBRE TRIBUTACIÓN DE IGLESIAS Y ENTIDADES RELIGIOSAS CON PERSONALIDAD JURÍDICA.
A los señores Ministros de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones y de Salud, requiriéndoles NORMAS APROPIADAS PARA TRASLADO DE DISCAPACITADOS EN REGIÓN METROPOLITANA DURANTE DÍAS CON RESTRICCIÓN VEHICULAR. Al señor Ministro de Energía, a fin de solicitar INCORPORACIÓN DE COMUNA DE COCHAMÓ Y DE PUELO A ÍTEM "PROTECCIÓN A ZONAS DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL".
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, para que la Dirección del Trabajo remita RESULTADO DE FISCALIZACIONES A CONDICIONES LABORALES EN UNIMARC, ESPECIALMENTE EN BIOBÍO. Al señor Ministro de Salud, solicitándole información sobre PREVALENCIA DE CÁNCER EN HABITANTES DE REGIÓN DE ANTOFAGASTA y FISCALIZACIONES DE AUTORIDAD SANITARIA A VERTEDERO ILEGAL DE RESIDUOS EN COMUNA DE CHIGUAYANTE. Al señor Ministro de Salud y a la señora Ministra de Medio Ambiente, requiriéndoles información acerca de ESTADO Y NIVEL ACTUAL DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN COMUNA DE CHILLÁN (los dos últimos de la Región del Biobío). Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que remita información relativa a SUBSIDIOS PARA TRANSPORTES DESDE ZONAS AISLADAS EN REGIÓN DEL BIOBÍO EN AÑOS 2010 Y 2011. Al señor Ministro de Energía, a fin de que envíe antecedentes y resultados sobre ESTUDIOS DE DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA DE UNIVERSIDAD DE CHILE PARA DESARROLLO DE PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. Al señor Subsecretario de Deportes, para que remita antecedentes sobre PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESTADIO COLLAO EN CONCEPCIÓN. Al señor Intendente de Biobío, con el fin de que entregue información detallada acerca de APORTES RECIBIDOS EN LA ZONA COMO COMPENSACIÓN POR PLAN TRANSANTIAGO. A los señores Alcaldes de las comunas de la Región del Biobío, para que informen sobre UTILIZACIÓN DE RECURSOS OTORGADOS EN COMPENSACIÓN POR EL TRANSANTIAGO Y PROYECTOS PENDIENTES. Y al señor Alcalde de la comuna de Chiguayante, pidiéndole remitir información en cuanto a ADOPCIÓN DE EVENTUALES ACCIONES EN CONTRA DE VERTEDERO ILEGAL DE RESIDUOS (los cuatro últimos de la Octava Región).

References: artículo 46
 artículo 70
 artículo 46
 artículo 8
 resolución 
 artículo 4
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 211
 artículo 2
 artículo 211
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 160