Source: http://revistadepatrimonio.es/revistas/numero21/legislacion/estudios/articulo7.php
Timestamp: 2018-01-17 22:17:34+00:00

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Como vemos, cada vez son más las voces que reclaman la devolución legal del Pazo de Meirás, un hecho que de producirse acabaría con un largo conflicto que, por el momento, parece estar lejos de solucionarse.
Un caso muy parecido al que se acaba de exponer del Pazo de Meirás es el que afectó a la Casa Familiar de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, figura de gran relevancia en la España de la primera mitad del siglo XX y uno de los padres del nacionalismo gallego. El conflicto surge con la promulgación del Decreto 61/2009, de 12 de marzo, que declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de sitio histórico, la Casa Castelao en la villa de Rianxo, provincia de A Coruña. Al igual que ocurría con el Pazo de Meirás, la familia de Rodríguez Castelao, propietarios del inmueble, interpone varios recursos contra este Decreto, culminando el proceso con la STS de 21 de febrero de 2012.
Ilustración 03. Fachada principal de la Casa Castelao en Rianxo. Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez. Fuente: wikipedia.org.
Uno de los principales argumentos de la parte recurrente en este caso es que el interés privado quedaría afectado por la declaración al deber abrir la casa al público, ya que constituye la vivienda habitual de la familia. Sin embargo, según el TS en el Decreto 61/2009 queda sobradamente probado el interés cultural de la vivienda, siendo evidente el interés general que supone, aunque esta prevalencia del interés público no implica que los intereses que defiende el recurrente no sean también dignos de consideración y protección. Por tanto, si bien los intereses particulares no pueden desactivar el deber de acceso que establece el artículo 26.3 de la Ley 8/1995, sí que deben ser considerados para que el cumplimiento de la obligación legal sea en el modo menos gravoso posible para la propiedad, recogiéndose en este punto como antecedente, precisamente, la STS de 29 de septiembre de 2010, que declaraba BIC las Torres de Meirás, siendo el mismo argumento de aplicación este caso. En consecuencia, el TS no ha lugar al recurso de casación interpuesto y ratifica la declaración como BIC de la Casa Castelao.
La prevalencia del interés general sobre el particular está presente también en el caso del Castillo de Vilassar de Dalt, declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 1931 y BIC desde la promulgación de la LPHE. En julio del año 2002, los propietarios del Castillo de Vilassar de Dalt formulan una petición de dispensa total de la visita pública a la Dirección General del Patrimonio Cultural, basándose en lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 9/1993,de 30 de septiembre, de Patrimonio Cultural Catalán. Al haber transcurrido tres meses sin que la Administración dictase resolución alguna, se concede la dispensa por silencio administrativo positivo mediante Resolución del 29 de octubre de 2002, según lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Aunque gran parte del conflicto presente en este caso se basa en la confirmación o no de la resolución que otorgó la dispensa total de la visita pública mediante silencio administrativo, lo realmente interesante son los motivos alegados por los propietarios para solicitar esta dispensa en primer lugar y en la valoración del TSJ Cataluña en la Sentencia del 26 de junio de 2007 de dichos argumentos.
La petición de esta dispensa por parte de los propietarios se ampara en el artículo 30.2 de la Ley de Patrimonio Cultural Catalán, que contempla que la Administración podrá dispensar, total o parcialmente, del régimen de visita pública a los bienes en casos justificados, precepto que es calificado por el TSJ Cataluña en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia como un verdadero concepto jurídico indeterminado, ya que en ningún momento la Ley concreta en qué pueden consistir esos casos justificados. En este caso, los propietarios alegan como motivo justificado que el Castillo de Vilassar de Dalt constituye la residencia habitual de la familia. Esta petición, fue estimada parcialmente por la resolución de 15 de septiembre de 2003 del Consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, en la que se concedió una dispensa parcial espacial de las visitas, excluyendo del recorrido los lugares vinculados directamente con la vida doméstica. No obstante, los propietarios consideran insuficiente esta dispensa e interponen un nuevo recurso.
Ilustración 04. Vista del Castillo de Vilassar de Dalt. Fuente: costadebarcelonamaresme.cat.
El TSJ Cataluña, sin embargo, considera en este aspecto que la resolución anterior minimizó en lo posible las molestias para los propietarios, no resultando irrazonable o desproporcionada en la medida en que limita el régimen de visitas a los espacios más vinculados con el carácter histórico del edificio. En cambio, sí considera inapropiado que no se otorgara también una dispensa temporal, ya que considera que el mantenimiento de los cuatro días mensuales que establece la Ley de Patrimonio Cultural de Cataluña incide en la vida familiar de los propietarios del Castillo. Así, en esta sentencia, el TSJ Cataluña falla la estimación parcial del recurso interpuesto en lo relativo a las fechas en que deben producirse las visitas públicas al Castillo de Vilassar de Dalt, limitándolas al primer martes de cada mes, exceptuando el mes de agosto.
Contra esta sentencia, los propietarios del Castillo interpusieron un nuevo recurso, que se resolvió mediante el ATS de 20 de noviembre de 2008, que desestimó dicho recurso y confirmó la STSJ Cataluña del 26 de junio de 2007. Agotados los recursos, finalmente se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt y los propietarios del Castillo que permitirá abrir ciertas zonas del inmueble 11 días al año, aunque no los primeros martes de cada mes como indicó el TSJ Cataluña, sino en fechas señaladas para la localidad.
Como puede comprobarse en los tres casos expuestos, la tendencia seguida por los tribunales, siempre y cuando las medidas adoptadas estén amparadas en la ley y no sean desproporcionadas, es la prevalencia del interés general de los bienes declarados formalmente como BIC frente a los intereses de los particulares o propietarios de los mismos.
3.3. La visita pública y las obligaciones derivadas para los propietarios
Las obligaciones derivadas de una declaración como BIC de un inmueble ocasionan unos gastos económicos que no todos los propietarios están dispuestos o preparados para asumir, por lo que constituirán uno de los argumentos principales tanto a la hora de recurrir la declaración como BIC como de solicitar la dispensa total o parcial de la visita pública.

References: artículo 26
 artículo 30
 resolución 
 Resolución 
 artículo 43
 resolución 
 artículo 30
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