Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831329.html
Timestamp: 2019-11-20 04:45:26+00:00

Document:
as201831329
Auto Supremo Nº 329
Expediente : 456/2016
Demandante : Pablo César Collao y otros
Demandado : Laboratorios Farmacéuticos LAFAR S.A.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 274 a 276 vta., interpuesto por Laboratorios Farmacéuticos LAFAR S.A. representado por el Dr. Jaime Ocampo Montán; el recurso de casación de fs. 278 a 286, interpuesto por Pablo César Collao, Mario Antonio Carazas Selaez, Romina Cecilia Lizárraga, Carlos Abel Guachalla Ramos, Roberto Mario León Espinoza y César Iván Cruz Arano representados por Jaime Carlo Torrico Trujillo; impugnando el Auto de Vista Nº 49/2016 de 26 de julio de 2016 de fs. 270 a 272 vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de beneficios sociales, el Auto de fs. 292 que concedió los recursos de casación; el Auto Supremo de 5 de abril de 2018 fs. 311 que declaró admisible los recursos; los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso laboral, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 295/2014 de 8 de diciembre de fs. 239 a 245 vta., que declaró probada en parte la demanda de fs. 16 a 21 y probada en parte la excepción perentoria de pago, opuesta a fs. 125 a 128 vta. debiendo en consecuencia la empresa demandada Laboratorios Farmacéuticos LAFAR S.A., pagar a través de su representante legal Jaime Ocampo, lo siguientes montos:
Pablo César Collao Bs. 13.108.32
Mario Antonio Carazas Selaez Bs. 5.893.31
Romina Cecilia Lizárraga Bs. 8.508.71
Carlos Abel Guachalla Ramos Bs. 4.017
Roberto Mario León Espinoza Bs. 5.936.5
César Iván Cruz Arano Bs. 7.166.97
Montos que serán actualizados en Ejecución de Fallos conforme lo estipula el DS 28699.
En grado de apelación deducida por el demandado de fs. 248 a 250 y los demandantes de fs. 254 a 259, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó totalmente la Sentencia.
Argumentos de los recursos de casación.
1.- Primer Recurso.- Contra el Auto de Vista, el demandado Laboratorios Farmacéuticos LAFAR S.A. representado por el Dr. Jaime Ocampo Montan presenta recurso de casación de fs. 274 a 276 vta., bajo los siguientes argumentos:
Señala que el Tribunal ad quem al disponer el pago de duodécimas del segundo aguinaldo a los señores Mario Antonio Carazas Selaes, Carlos Abel Guachalla Ramos, Roberto Mario León Espinoza y César Iván Cruz Arano, omitió considerar la Resolución Ministerial 774/2013 de 12 de diciembre, que reglamenta el Decreto Supremo Nº 1802 que establece: “II. El empleador debe pagar el segundo aguinaldo “esfuerzo por Bolivia” a las trabajadoras y los trabajadores con contrato vigente a la publicación del Decreto Supremo Nº 1802…”, y siendo que dicho decreto fue publicado el 20 de noviembre de 2013, corresponde únicamente a los trabajadores con contrato vigente a esa fecha, por lo que a Mario Antonio Carazas Selaes, Carlos Abel Guachalla Ramos, Roberto Mario León Espinoza y César Iván Cruz Arano, al haber fenecido sus contratos antes de la publicación del decreto, no les corresponde el pago del segundo aguinaldo conforme erróneamente fue determinado.
Manifiesta que respecto a las duodécimas de la prima gestión 2013 se determinó sobre un mes de sueldo o salario completo, como si el 25% de las utilidades netas de la gestión 2013 alcanzaran a cubrir el monto total de las primas, presupuesto material y real que no ha ocurrido en la gestión 2013 conforme establece el art. 57 de la LGT, toda vez que en la institución se alcanzo en el 2013 la suma de Bs. 1.293.367 de utilidades conforme el Estado Financiero presentado a Servicio de Impuestos Nacionales, de fs. 177, destinando de dicho monto Bs. 323.341,75 que se prorrateo entre todos los trabajadores y que equivale al 32% del salario de cada uno de los trabajadores, conforme sale de las literales de fs. 178 a 183 de obrados, documentos que al no haber sido observados por los demandantes, tienen todo el valor probatorio que le asigna el art. 346 del CPC.
Correspondiendo que se cancele a cada uno de los demandantes únicamente el 32% de la prima que le corresponde por la gestión 2013, en cumplimiento del art. 49 del Decreto Reglamentario de la LGT, y que no fue aplicado por los juzgadores de instancia.
Con relación a la multa del 30% sobre el pago de la prima de 2013, señala que el art. 49 del Decreto Reglamentario de la LGT, es específico en determinar que el pago de prima se hará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación legal del respectivo balance.
Señala que Laboratorios LAFAR es una empresa INDUSTRIAL, por lo que su gestión fiscal es hasta el 31 de marzo, conforme la fotocopia del NIT de fs. 99 y para su presentación al Servicio de Impuestos tiene 120 días calendarios posteriores, según lo determinado por el art. 39 del Decreto Supremo Nº 24051 de fs. 105, es decir que el balance de la gestión 2013, el 31 de julio de 2014, teniendo 30 días posteriores para pagar la prima.
Concluyó solicitando se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y declarando improbada la demanda y probada la excepción perentoria de pago.
2.- Segundo Recurso de Casación.
El recurso de casación de fs. 278 a 286, interpuesto por Pablo César Collao, Mario Antonio Carazas Selaez, Romina Cecilia Lizárraga, Carlos Abel Guachalla Ramos, Roberto Mario León Espinoza y César Iván Cruz Arano representados por Jaime Carlo Torrico Trujillo, acusa:
Errónea valoración de la prueba de hecho de las planillas de fs. 143 a 144, que demuestran que la empresa pagó el reintegro de prima de la gestión 2012 solamente a 100 trabajadores de planta de producción, manifestando el tribunal ad quem que no correspondería a favor de los demandantes dicho reintegro por cuanto las planillas de fs. 94 a 98 establecen el pago del 30% del salario por el concepto de primas para todos los trabajadores de la empresa, y por la literal de fs. 232 se acreditaría que el pago realizado a los trabajadores de planta no se trataría de la complementación de la prima de la gestión 2012 al 100%, sino un pago al incentivo de la producción otorgado solamente a los obreros que trabajen en el sector de producción; sin embargo, los demandantes aclaran que las planillas de fs. 143 a 144, desvirtúan la nota de fs. 232 y las planillas de fs. 94 a 98, y que la literal de fs. 232 fue confeccionada a gusto del demandado y por si mismo, no pudiendo otorgarle a este documento unilateral valor alguno, ello por cuanto dichas planillas difieren de las presentadas en el Ministerio de Trabajo.
Continúa manifestando que existió errónea valoración de la prueba de hecho respecto a la planilla de fs. 143 a 144 que lleva la inscripción pago de primas y autorización con puño y letra del propietario de la empresa más su correspondiente firma, además señala que no existen planillas presentadas legalmente al Ministerio de Trabajo sobre su supuesto bono al incentivo de producción, por lo que el Tribunal ad quem va contra el principio protector del trabajador, dando fe ciega a este documento de fs. 232, a más de que no tienen los respaldos de idoneidad, vulnerando así los arts. 159 y 161 del CPT.
Indica violación al principio de no discriminación contenido en los arts. 48.II de la CPE y 4. e) del DS 28699, toda vez que no se otorgó las primas a favor de todos los trabajadores bajo el principio de igualdad ante la ley, y el hecho de haberlo hecho solo a favor de unos, contradice el art. 57 del CPT y 48 de su DR, así como la vulneración del art. 158 del CPT, el principio de la primacía de la realidad y violación al principio de verdad material, al no valorar todos los elementos probatorios.
Concluyó solicitando se case el auto de vista y se otorgue el pago del reintegro de la prima de la gestión 2012 y en los demás puntos se confirmen.
De los recursos de casación, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso y lo fundamentado en los recursos, se establece lo siguiente:
1.- Primer Recurso.-
1) Con relación a que no corresponde el pago de duodécimas del segundo aguinaldo a los demandantes, toda vez que el tribunal ad quem no consideró que la Resolución Ministerial 774/2013 de 12 de diciembre, que reglamenta el Decreto Supremo Nº 1802, ordena que dicho pago solo debe ser otorgado a los trabajadores con contrato vigente a la fecha de publicación de este; sobre el particular cabe señalar que el Art. 1° del Decreto Supremo Nº 1802, de 20 de noviembre de 2013 establece: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto instituir el Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” para las servidoras y los servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del Sector Público y Privado del Estado Plurinacional, que será otorgado en cada gestión fiscal, cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto - PIB, supere el cuatro punto cinco por ciento (4.5%)”, asimismo, si bien el art. 3° del decreto señala que los criterios de aplicación del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, se sujetarán a la normativa vigente que rige el Aguinaldo de Navidad y los beneficiarios de este serán aquellos que hubieran prestado servicios en una misma entidad, empresa o institución por un mínimo de tres (3) meses de manera ininterrumpida durante la gestión fiscal y cuando no se hubiese trabajado los doce meses completos de cada gestión fiscal, el pago se realizará por duodécimas en proporción al tiempo trabajado; sin embargo es evidente que la Resolución Ministerial 774/2013 de 12 de diciembre en su artículo segundo indica “II. El empleador debe pagar el Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" a las trabajadoras y los trabajadores con contrato de trabajo vigente a la publicación del Decreto Supremo N° 1802, independientemente que este haya sido celebrado de forma escrita o verbal.”; en ese entendido de los antecedentes del proceso, se evidencia que la desvinculación de los demandantes Mario Antonio Carazas Selaez en fecha 16 de mayo de 2013, Carlos Abel Guachalla Ramos en fecha 31 de marzo de 2013, Roberto Mario León Espinoza en fecha 10 de julio de 2013 y César Iván Cruz Arano en fecha 3 de julio de 2013, fue antes de la publicación del Decreto Supremo Nº 1802 de 20 de noviembre de 2013, por lo que no corresponde el pago del segundo aguinaldo en mérito a la Resolución Ministerial 774/2013, y que fue determinado equivocadamente por la sentencia y confirmado por el auto de vista, debiendo en la presente resolución enmendarse el error.
2) Respecto a la errónea determinación del pago de duodécimas de la prima gestión 2013; corresponde señalar que la prima anual es la participación legal del trabajador respecto de las utilidades obtenidas por la Empresa, es un derecho que se obtiene cuando la empresa logra utilidades en esa gestión, por tanto, no está sujeta a retribución discrecional o libre del empleador, sino una obligación para las empresas y un derecho para el trabajador. Es así que la acreditación de dichas utilidades se hace a través del balance general, donde se identifican las ganancias y las pérdidas, conforme instituye el art. 57 de la LGT, cuando menciona “Ley 11 de junio de 1947, art. 3º El pago de la prima, distinto del aguinaldo, se sujetará a las normas establecidas por los arts. 48, 49 y 50 del DS de 23 de agosto de 1943, modificándose la primera parte del art. 48 en los siguientes términos: Las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de mes de sueldo o salario (art. 27 del DS Nº 3691 de 3 de abril de 1954)”.
Asimismo, el art. 50 del DR-LGT, establece que para la acreditación de la existencia de utilidades, el documento que sirve como prueba fehaciente es el balance general de ganancias y pérdidas debidamente aprobado por la Comisión Fiscal Permanente y que la falta de presentación de este documento por disposición del art. 181 del CPT, hará presumir la obtención de utilidades.
En este contexto, en el caso objeto de análisis, se advierte que la parte demandada presentó el estado de resultados Laboratorio Farmacéuticos “LAFAR” S.A. que acredita sus utilidades por el periodo 2013 en la suma de Bs. 1.293.367, consecuentemente corresponde que el pago a realizarse sea sobre el 25% de dicho monto, conforme establece el art. 49 del Decreto Reglamentario de la LGT, resultando Bs. 323,341.75 a favor de los trabajadores; ahora bien, de la documental de fs. 178 a 183 se evidencia que la misma hace un cálculo de primas de la gestión 2013 estableciendo que el total a pagar sobre un sueldo integro seria el monto de Bs. 1.010.311,04, es decir este monto sobrepasa el 25% de lo destinado al pago de primas, motivo por el cual dicha planilla debe distribuirse a prorrata entre todos los trabajadores alcanzando el 32%, y no como erróneamente interpretó el tribunal de alzada, en consecuencia corresponde que el pago de primas por duodécimas de la gestión 2013 a los demandantes se realice en base al 32% de su salario promedio y no así sobre la totalidad.
3) Sobre la multa del 30%, se debe tener presente que la misma resulta ser una consecuencia de la negligencia del empleador, quien debió cancelar beneficios que le correspondían a los trabajadores dentro del plazo dispuesto por el art. 9. I. II del D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006, que establece: “I. En caso de producirse el despido del trabajador el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda - UFV´s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito”. Mientras que su parágrafo II, dispone: "En caso que el empleador incumpla su obligación en el plazo establecido en el presente artículo, pagará una multa en beneficio del trabajador consistente en el 30 % del monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento de valor". De la ratio legis de la norma citada, se colige que la aludida multa del 30% y la actualización son aplicables cuando se produce el despido del trabajador, sea intempestivo o indirecto, siendo obligación del empleador cancelar al trabajador todos los beneficios sociales, sueldos devengados y derechos que le correspondan en el plazo impostergable de quince días calendario computables desde la fecha de retiro, ante cuyo incumplimiento según establece el artículo 9.II del citado Decreto Supremo, será pasible a una multa del 30% sobre el monto total a cancelarse, incluyendo el mantenimiento del valor; en ese entendido corresponde el pago de la multa determinada por los de instancia, que en el presente será determinada de acuerdo al nuevo cálculo.
Consiguientemente, siendo evidente en parte las infracciones acusadas en el recurso de casación, corresponde fallar de acuerdo a lo establecido en el art. 220.IV del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.
Con relación a la errónea valoración de la prueba de hecho de las planillas de fs. 143 a 144, que demuestran que la empresa pagó el reintegro de prima de la gestión 2012 solamente a 100 trabajadores de planta de producción y no así a los demandantes; sobre el particular, de los antecedentes del proceso se evidencia que el pago por primas de la gestión 2012, fue realizado conforme las planillas de fs. 94 a 98, donde se establece el pago del 30% del salario por el concepto de primas para todos los trabajadores de la empresa teniendo la misma todo el valor legal; asimismo, si bien a fs. 143 a 144 cursa una planilla titulada primas de la gestión 2012/2013 la misma no detalla ser un reintegro o complementación a las planillas de fs. 94 a 98, más al contrario ante la solicitud de pago de prima complementaria solicitada por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Fabriles “LAFAR”, esta fue negada mediante nota de fs. 232 por considerarse inviable, otorgándoles un incentivo a la producción a todos los obreros de la planta, conforme sale de las planillas de fs. 233 a 234; a más de que dicho incentivo debe considerarse una liberalidad de la empresa, por lo que la presentación o no de estas planillas al Ministerio de Trabajo, no son de relevancia, cuando en los hechos estos pagos benefician a los trabajadores, no existiendo vulneración al principio protector, así como tampoco errónea valoración, tantas veces señalada por los recurrentes.
Respecto a la vulneración del principio de no discriminación, el principio de la realidad y de verdad material, toda vez que el tribunal de alzada no valoró todo los elementos probatorios; sobre el particular se debe tener presente que la documental de fs. 143 a 144, si bien titula pago de primas, sin embargo solo tiene sello de recepción de la empresa, la misma que no acredita autorización expresa de pago realizada por el propietario, ni tampoco que esta sea complementaria a las ya otorgadas; por otra parte, el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba, propia del proceso civil, sino que formará libremente su convencimiento, inspirándose en principios científicos que informan la crítica de la prueba, con arreglo del art. 158 del Código Procesal del Trabajo; en consecuencia al no haberse evidenciado que dicha documental sea una complementación o reintegro de primas como señalan los recurrentes, no corresponde realizar mayores consideraciones, por no evidenciarse vulneración alguna.
En virtud a lo expresado, se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación de fs. 278 a 286, por lo que corresponde dar aplicación a la disposición contenida en el art. 220.II del Código de Procesal Civil, en cumplimiento de la norma remisiva del art. 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA el Auto de Vista Nº 49/2016 de 26 de julio de 2016 de fs. 270 a 272 vta., pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debiendo cancelarse a los actores, las sumas establecidas en la siguiente liquidación:
Pablo César Collao
Primas (duodécimas 11 meses): Bs. 3.226,66
Multa 30% Bs. 967,98
Total a pagar Bs. 4.234,50
Mario Antonio Carazas Selaez
Primas (duodécimas 4 meses y 16 días): Bs. 725.33
Multa 30% Bs. 217,59
Total a pagar Bs. 942,92
Romina Cecilia Lizárraga
Primas (duodécimas 4 meses y 16 días): Bs. 1.983,61
Multa 30% Bs. 595.08
Total a pagar Bs. 2.578,69
Carlos Abel Guachalla Ramos
Primas (duodécimas 3 meses): Bs. 494,40
Multa 30% Bs. 148,32
Total a pagar Bs. 642,72
Roberto Mario León Espinoza
Primas (duodécimas 6 meses y 10 días): Bs. 750,40
Multa 30% Bs. 225,12
Total a pagar Bs. 975,52
César Iván Cruz Arano
Primas (duodécimas 6 meses y 3 días): Bs. 874,80
Multa 30% Bs. 262,44
Total a pagar Bs. 1.137,24
Montos que deberán ser actualizados en ejecución de sentencia conforme establece el Decreto Supremo Nº 28699.
Con relación al recurso de casación de fs. 278 a 286, interpuesto por Pablo César Collao, Mario Antonio Carazas Selaez, Romina Cecilia Lizárraga, Carlos Abel Guachalla Ramos, Roberto Mario León Espinoza y César Iván Cruz Arano, se declara INFUNDADO el recurso.

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 Resolución 
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 artículo 9