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Timestamp: 2019-12-15 08:42:19+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 319, de 16/03/2018
cve: BOCG-12-D-319
162/000616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre regulación, tributación y comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain ... (Página2)
162/000617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el proceso de Spitzenkandidaten para la elección del Presidente de la Comisión Europea ... (Página4)
162/000618 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el sistema público de pensiones ... (Página6)
162/000619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la Función Pública ... (Página7)
162/000620 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una ambiciosa Agenda Digital para España ... (Página9)
162/000621 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la desigualdad salarial de empleados de la Administración General del Estado ... (Página13)
162/000622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo del sector de los cuidados como una política de empleo, recuperación económica, social y de igualdad prioritaria ... (Página15)
162/000623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público ... (Página18)
162/000624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la ampliación de la línea de Cercanías C-2 de Málaga con un ramal al Parque Tecnológico, llegada hasta Antequera y paradas en El Chorro, Bobadilla y Fuente de Piedra ... (Página19)
162/000625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y posterior gestión de los residuos radiactivos generados por las mismas ... (Página20)
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre regulación, tributación, comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain, para su debate en Pleno.
Las denominadas criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son el producto de la tecnología de la cadena de bloques (comúnmente conocida como "blockchain") que permite, entre otras cosas, realizar servicios semejantes a los de pago, de forma descentralizada y sin someterse a ninguna autoridad, así como controlar su masa monetaria. Debido a esto, a menudo se las ha comparado con el oro digital o incluso con el dinero del futuro.
Respecto a su posible función como dinero digital de curso legal, es preciso señalar en primera instancia que las criptomonedas no cumplen del todo con los fines de la buena moneda. Tradicionalmente, se considera que una buena moneda es aquella que sirve (1) de unidad de cuenta, (2) de medio de intercambio y (3) de reserva de valor. No nos cabe duda de que Bitcoin es una unidad de cuenta y de que, aunque de un modo limitado, puede ser utilizado como medio de intercambio; decimos "limitado" porque la inmensa mayoría de particulares, prestadores de servicios y, en definitiva, de operadores económicos no aceptan Bitcoin como contraprestación por bienes y servicios.
En cualquier caso, lo que sí es claro, es que las criptomonedas no son un producto seguro como reserva de valor, a la vista de la enorme volatilidad de su precio y, sobre todo, de su escasa liquidez, pues en cualquier momento pueden frenarse las compraventas de su específico mercado (ni oficial ni regulado), lo que irremediablemente significaría que el dinero invertido por los particulares en dichas criptomonedas quedaría atrapado en la red de forma indefinida.
Si intentamos poner cifras en euros, como muestra de ese elevado volumen de transacciones y volatilidad, advirtamos que durante 2017, la capitalización de todas las criptomonedas se ha disparado desde los 14.495 millones hasta los 463.825 millones de ?. Por tanto, han multiplicado por casi 32 veces su valor en el mercado mientras que el bitcoin, en dicho periodo de tiempo, se ha disparado desde los 949,3 dólares hasta los 13.411 dólares. Es decir, ha multiplicado por más de 14 veces su precio en solo 12 meses.
Pero a pesar de que la regulación de las criptomonedas no es clara todavía, su tributación sí lo es y con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o del Impuesto de Sociedades (IS), un contribuyente deberá declarar las pérdidas y ganancias de patrimonio que se produzcan como consecuencia de la compra venta de estas, por diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, tal y como se realiza de forma similar con los activos financieros.
Por poner un ejemplo, una persona física que tribute por IRPF, la ganancia patrimonial obtenida por la diferencia de los valores de adquisición y transmisión, descontando los gastos de tramitación o gestión, tributarán en el primer tramo, que va desde los 0,01 hasta los 6.000 euros, al tipo del 19 %; el segundo tramo, fijado entre 6.001 y 50.000 euros deberá tributar al 21 %; y el tercer y último tramo, para ganancias superiores a 50.001 euros al tipo del en 23 %. Además de lo previamente expuesto, estas criptomonedas entrañan otros riesgos no desdeñables.
Por un lado, resulta paradójico que la tecnología Blockchain, que aporta total transparencia a las transacciones en tanto en cuanto es un libro de contabilidad inalterable, en el ámbito fiscal resulte tan opaco a causa de la falta de información y transparencia de las transacciones, por la ausencia de mecanismos de información periódica de las plataformas e intermediarios financieras que dan cobertura a estas transacciones. De hecho, además de aquellos que hacen uso de las criptomonedas con fines de inversión especulativa, y en tanto que se trata de un producto financiero que se encuentra todavía en sus inicios y funciona de un modo descentralizado y sirviéndose de la citada opacidad en sus operaciones, también hemos de destacar a aquellos individuos que las utilizan por sus garantías de anonimato y opacidad para financiar actividades delictivas como el blanqueo de capitales de cualquier actividad ilícita.
A causa de lo anterior y de que no existe ningún país en el mundo que haya regulado verdaderamente el uso de las criptomonedas, estas aún generan una enorme incertidumbre. Por tanto, es urgente mejorar las obligaciones de información de los poderes públicos para prevenir la comisión de delitos y la evasión fiscal mediante el uso de criptomonedas, a fin de evitar perjuicios irremediables en el futuro de cuyos perjuicios pudiera verse especialmente afectado el pequeño consumidor. No es capricho recordar, a este respecto, que en España hemos sufrido diversos escándalos bancarios y financieros como resultado de una deficiente protección del consumidor e inversor financiero. Algunas instituciones españolas ya han tomado cartas en el asunto, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, que el 8 de febrero de 2018 emitieron conjuntamente un comunicado 1 a los efectos de advertir oportunamente al pequeño ahorrador. Proceder recordar igualmente que Ciudadanos y el Partido Popular pactaron en el punto 15 del acuerdo de investidura la creación de una Autoridad independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero con propósitos similares.
Sin perjuicio de lo anterior, ello no debe obstar para que sea ciertamente oportuno fomentar la investigación en este campo, especialmente sobre la tecnología que lo sustenta, blockchain o cadena de bloques, como ocurre por ejemplo, en Reino Unido a través del llamado "sandbox", que pone en contacto a empresas e inversores cualificados para desarrollar las aplicaciones prácticas y tecnológicas de estos fenómenos. El término "sandbox" -literalmente, caja de arena- hace referencia a un espacio donde los niños pueden jugar y experimentar en un entorno controlado. En el mundo de las empresas innovadoras en el campo de las finanzas, un "sandbox" es un entorno de pruebas cerrado, diseñado para experimentar de forma segura con proyectos de desarrollo web o de "software".
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es indudable que el Gobierno debe igualmente tomar partido en esta causa y proporcionar la mayor información respecto de esta cuestión y la mayor difusión posible a los riesgos que estas criptomonedas entrañan. Es urgente, en definitiva, desarrollar los mejores marcos regulatorios posibles para estos modelos emergentes, cuyo objetivo no debe ser sino el de acompasar el cumplimiento de las estrictas regulaciones financieras al crecimiento y los ritmos de las empresas más innovadoras, de tal forma que no se "estrangule" con normas al sector "fintech", pero tampoco se relaje la protección de los derechos de los consumidores.
1. Crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros.
2. Regular las obligaciones de información a la Agencia Tributaria por parte de los intermediarios financieros en la compraventa de criptomonedas, al objeto de lograr una adecuada y efectiva tributación
1 https://www.cnrnv.es/toultimo/NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf
de los rendimientos obtenidos y un correcto traslado de datos a los contribuyentes de sus obligaciones tributarias.
3. Dar una difusión adecuada de la información sobre los riesgos, los derechos y las garantías que los inversores españoles asumen al invertir en criptomonedas para evitar perjuicios económicos de imposible reparación, dada la triste historia reciente en productos financieros complejos de alto riesgo.
4. Elaborar una regulación adecuada que favorezcan la innovación y la tecnología Blockchain, con la necesaria seguridad jurídica. Revisando para ello, las diferentes normativas que puedan afectar al desarrollo y adopción de esta tecnología y favoreciendo su introducción en el mercado mediante entornos controlados de pruebas (sandbox)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000617
Proposición no de Ley sobre el proceso de Spitzenkandidaten para la elección del Presidente de la Comisión Europea.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales , excepto los puntos 2 y 3 por referirse a actuaciones para las que no existe un procedimiento parlamentario que resulte de aplicación, en el primer caso, y que resultan ajenas a la competencia del Gobierno en el segundo, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.
Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el proceso de Spitzenkandidaten para la elección del Presidente de la Comisión Europea, para su debate en Pleno.
El artículo 17 del Tratado de la Unión Europea define el procedimiento para nombrar al Presidente de la Comisión Europea y a su equipo. De acuerdo a este artículo, el Consejo Europeo vota por mayoría cualificada de sus miembros -es decir, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros- a un candidato para el puesto de Presidente teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones europeas. Esa propuesta se lleva posteriormente ante el Parlamento Europeo, que debe aprobar o vetar ese nombramiento. Si una mayoría absoluta de los eurodiputados apoya al candidato, entonces se formaliza su elección. Entonces, el Presidente, conjuntamente con el Consejo, debe formar un equipo de
comisarios. Este equipo deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo. Normalmente, los eurodiputados insisten en que cada comisario tenga una audiencia con la comisión del Parlamento Europeo que corresponda a la cartera para la que haya sido seleccionado y, si la comisión se opone, es muy difícil que el comisario sea nombrado. Finalmente, el Parlamento Europeo vota en bloque el Colegio de Comisarios y, de ser aprobado, el Consejo Europeo debe nombrar, por mayoría cualificada, al Presidente y a su equipo para sus respectivos cargos.
En las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en 2014 se introdujo un nuevo procedimiento para la elección del Presidente de la Comisión Europea: el conocido como Spitzenkandidaten, es decir, candidatos pan-europeos seleccionados por los respectivos partidos políticos europeos. Este nuevo proceso tuvo dos principales objetivos. Por un lado, fomentar la movilización del electorado para las elecciones al Parlamento Europeo, cuya participación había caído cada cita electoral desde un 61,99 % en 1979 a un 42,97 % en 2009. Por otro lado, se aspiraba a reforzar el papel que el Parlamento Europeo tiene dentro de la elección de los altos cargos a nivel europeo, puesto que el Consejo Europeo se veía obligado a nombrar al candidato de la lista más votada en las elecciones.
Pese a que el Spitzenkandidaten no es un proceso legalmente vinculante, el apoyo por parte de algunos Estados Miembros, actores sociales, representantes de la sociedad civil y el electorado hizo que se materializara. De hecho, la Canciller alemana Angela Merkel rechazó inicialmente dar su apoyo a este sistema de elección, pero finalmente accedió a respetar el Spitzenkandidaten debido al apoyo popular que esta idea tenía durante la campaña electoral. Como resultado, el Parlamento Europeo tuvo por primera vez un papel fundamental en la elección del Presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker. Asimismo, la participación en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 se situó en un 42,61 %, frenando la dramática caída que venía produciéndose en las convocatorias anteriores y creció en 10 Estados Miembros.
Actualmente la Unión Europea se empieza a preparar para las elecciones europeas de 2019. Unas elecciones que serán más relevantes que nunca, puesto que el Parlamento Europeo goza de un poder institucional sin precedentes, la salida del Reino Unido del bloque europeo ha iniciado un proceso de reflexión a lo largo y ancho de la Unión, mientras que las múltiples crisis que azotan a la UE no acaban de superarse. Esta situación presenta numerosos retos pero, especialmente, grandes oportunidades para avanzar en una integración más eficiente y eficaz, que solucione los problemas de los ciudadanos europeos. En definitiva, para avanzar en el camino hacia una mejor Europa.
En este contexto, el Presidente Juncker anunció el 13 de febrero de 2018 una serie de medidas para fortalecer la legitimidad democrática de las elecciones al Parlamento Europeo y la transparencia de las instituciones comunitarias en general. La primera de esas medidas consistía en mantener la figura del Spitzenkandidaten, animando a los partidos políticos europeos a que seleccionen a un candidato o candidata con antelación para competir por el puesto de Presidente de la Comisión Europea. En palabras de la propia Comisión, "este sistema ayudó a poner caras a la competencia entre diferentes programas políticos y elevó el perfil de campañas electorales a nivel europeo". Pese a que su elección en 2014 se produjo de tal forma, el Presidente Juncker introdujo la novedad de que no sería el candidato de la lista más votada el que automáticamente consiguiera ser Presidente de la Comisión, sino que sería aquel que pudiera obtener una mayoría en el Consejo Europeo y, posteriormente, en el Parlamento Europeo, de acuerdo a lo estipulado en los Tratados.
Según la Comisión Europea, el proceso de elección del Presidente de la Comisión Europea a través del Spitzenkandidaten permitió al Colegio de Comisarios de la Comisión Juncker tener un carácter más político y poder llevar a cabo una serie de medidas basado en el programa electoral con el que Juncker concurrió a las elecciones. De acuerdo a la propia Comisión, este proceso ha dado al Presidente de la Comisión Europea un mandato para poder ser más selectivo a la hora de escoger las prioridades que deben perseguirse a nivel europeo, siempre en coordinación con el resto de las instituciones comunitarias.
Sin embargo, de cara a 2019 el Spitzenkandidaten se ha vuelto a encontrar con oposición por parte de algunos Jefes de Estado y de Gobierno de todos los colores políticos. Por otro lado, tanto el Partido Popular Europeo (PPE) como el Partido Socialista Europeo (PES) y la Alianza de Liberales y Demócratas en Europa (ALDE) se han comprometido a seguir con el proceso de Spitzenkandidaten de cara a 2019 y elegir un candidato común para la Presidencia de la Comisión Europea.
1. Expresar, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, su apoyo al proceso de Spitzenkandidaten, en el que los partidos políticos europeos eligen un candidato común para presidir la Comisión Europea.
4. Apoyar, en caso de que se reabra el debate sobre el proceso de Spitzenkandidaten en el seno del Consejo Europeo y del Consejo de la UF en el futuro, que los partidos políticos europeos elijan un candidato común para presidir la Comisión Europea y cuyo nombramiento respete la configuración de una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000618
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el Sistema Público de Pensiones, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La reforma de las pensiones que el Partido Popular realizó unilateralmente a espaldas de la sociedad civil y de la Comisión del Pacto de Toledo mediante la aprobación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social ha generado una situación de pérdida de poder adquisitivo permanente a los pensionistas, lo que constituye un claro incumplimiento del principio rector de la política social y económica del artículo 50 de la Constitución Española.
Es fundamental para esta cámara y para la sociedad recuperar el consenso destruido en el Pacto de Toledo por el Partido Popular y volver a garantizar que los pensionistas no pierden poder adquisitivo.
Además, tal y como ha demostrado la aprobación de la Ley 23/2013, debemos garantizar que la necesaria sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, uno de los puntales de nuestro estado social, no se realice vía pérdida de poder adquisitivo sino vía aumento de ingresos necesarios para su sostenimiento.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
"El Congreso manifiesta la necesidad de:
1. Derogar la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
2. Reformar los artículos 210.1, último párrafo, el artículo 211 y la disposición adicional 22.ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para garantizar que la adecuación de las pensiones a la esperanza de vida no se
realiza vía reducción de prestaciones sino a través de la garantía de los ingresos necesarios hasta llegar al gasto medio en pensiones sobre el PIB de los países de nuestro entorno.
3. Establecer los mecanismos legales necesarios para hacer efectiva la suficiencia económica de la tercera edad y la actualización de las pensiones a que hace referencia el artículo 50 de la Constitución para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar unas pensiones dignas.
4. Garantizar la suficiencia del Sistema Público de Pensiones a través de las fuentes de financiación que sean necesarias.
5. Que los traspasos de fondos a la Seguridad Social no se realicen vía préstamos sino vía transferencias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000619
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley en favor del rescate integral de la Función Pública, para su debate y aprobación en el Pleno.
La función pública se enfrenta a graves dificultades desde 2009. Los principales problemas presupuestarios que afectan a las administraciones públicas, tanto al nivel del Estado central como a otros niveles territoriales, se concentran principalmente en la precaria situación que atraviesa su personal. Entre otros asuntos, pueden destacarse:
- Una reducción drástica de las plantillas, debido a la imposición de unas tasas de reposición raquíticas o inexistentes dentro del sector público.
- Un envejecimiento generalizado de las plantillas: durante 7 años, por cada 10 funcionarios o funcionarias jubiladas, solo se ha cubierto una plaza.
- Una devaluación de las condiciones laborales del personal de las administraciones y servicios públicos.
- El fomento del empleo temporal o de las externalizaciones para cubrir servicios que antes podían asumir las propias administraciones de manera directa.
En relación con la reducción de las plantillas de las administraciones, estas registran un déficit de 170.000 empleos desde que en julio de 2011 se tocara techo a nivel de empleo público y se empezaran a destruir puestos de trabajo en este ámbito. Además, 119.174 personas en la Administración General del Estado tienen más de 50 años (un 63 %), con lo cual el problema se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.
Como cifran los sindicatos mayoritarios, el número de personal funcionario que falta para poder prestar servicios de calidad asciende a 356.000. De estos, 24.000 corresponden a la Administración General del Estado, 40.000 a la administración autonómica, 91.000 a la administración local, 107.000 al sistema educativo y 94.000 al sistema nacional de salud.
Por otro lado, en el capítulo de la devaluación de las condiciones laborales, en los últimos años, todas las empleadas y empleados públicos han sufrido recortes en sus retribuciones. Recortes directos con una bajada salarial en 2010 y con las sucesivas congelaciones salariales producidas; pero también recortes indirectos, como la desaparición de ayudas de acción social, la reducción de las prestaciones por incapacidad temporal, la reducción de vacaciones y permisos, entre otras. Ello les ha provocado una importante pérdida de poder adquisitivo al mismo tiempo que sufrían un incremento de la carga de trabajo por la pérdida de efectivos en las plantillas.
En otro orden de cosas, la capacidad de negociación de las administraciones públicas para fijar las condiciones de desempeño de los puestos de trabajo se ha visto también mermada en los últimos años. A título de ejemplo, el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que las administraciones fijarán la jornada general de sus funcionarios públicos. Sin embargo, La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 estableció una jornada mínima de 37,5 horas semanales en el conjunto del sector público, suspendiendo los acuerdos y convenios que tuvieran establecida una jornada inferior. Dicha norma fue justificada en su día por la necesidad de proceder a un rápido ajuste presupuestario como consecuencia de la crisis; habiendo hoy desaparecido sustancialmente las causas que motivaron dicha medida, procede enervar la fijación de jornada mínima, dentro del proceso paulatino de recuperación de los derechos de empleadas y empleados públicos recortados durante la crisis. Es decir, es momento de levantar la suspensión -que no anulación- que opera sobre los pactos, acuerdos y convenios que establezcan jornadas inferiores, pues la citada suspensión solo puede tener efectos mientras subsisten las causas que la motivaron. Desaparecidas estas, desaparece su objeto de modo que, de mantenerse, la suspensión temporal por circunstancias excepcionales se convertiría, como establece el artículo 38.10 del EBEP, en un verdadero incumplimiento de los pactos y acuerdos alcanzados.
Por último, durante la crisis no solo se ha destruido empleo público, sino que se ha precarizado el existente. Las altas tasas de temporalidad en el empleo público no están justificadas, y su estabilización no supone un aumento del gasto público.
Después de años sin dialogar, el Gobierno se avino en marzo de 2017 a pactar con las organizaciones sindicales de la Mesa General de las Administraciones Públicas un acuerdo con objeto de reducir la temporalidad poniendo en marcha un proceso de estabilización, de consolidación de puestos de trabajo desempeñados de forma interina o temporal.
Esta "voluntad" de enmienda venía provocada por las múltiples llamadas de atención que desde Europa llegaban, como ocurría por ejemplo con la sentencia 2016/148258 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la que consideraba discriminatoria la legislación española con las empleadas y empleados públicos temporales, pues no les reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral. El mero hecho de que un trabajador preste sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no justifica, a ojos de este Tribunal, la negativa de su derecho a la mencionada indemnización. El Tribunal, cuya sentencia evidencia que la Administración española hace un uso recurrente de las contrataciones temporales, simboliza una llamada a que el legislador incluya más elementos disuasorios para evitar la temporalidad.
El mencionado acuerdo de consolidación se incluyó en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Concretamente en el artículo 19.Uno epígrafe 6, en el que se establece que los sectores en los cuales se podrá llevar a cabo este proceso de consolidación, a lo largo de tres años, serán los de: educación, sanidad, justicia, servicios sociales, prestaciones y políticas activas en materia de empleo, Policía Local, el personal docente e investigador, la gestión tributaria y la recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en materia de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formación para el empleo, y el personal de la Escala de Médicos-inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
No obstante, si bien algunos de los sectores reflejados en el acuerdo presentan una alta tasa de temporalidad, esta misma se da en muchos otros ámbitos del empleo público, sin que tenga justificación alguna permitir la estabilización de dicho empleo en unos sectores, mientras se deja fuera a otros. Especialmente gravoso es el caso de las Administraciones Locales, que presentan una alta temporalidad, sin que exista justificación alguna para que no se contemplen en el proceso de estabilización del empleo temporal, máxime teniendo en cuenta que la necesidad de deducir la tasa de temporalidad debe interpelar a todas las Administraciones Públicas, muy especialmente teniendo en cuenta el objetivo fijado en el mismo artículo 19.Uno.6, a saber, terminar el proceso de consolidación con una tasa inferior al 8 %.
Sexto. Aprobar una Oferta Pública de Empleo extraordinaria en el ámbito de la Administración General del Estado que reponga el empleo destruido desde el 2009 y haga frente al envejecimiento de la plantilla, prioritariamente en los ámbitos de Seguridad Social, Investigación, Ministerio del Interior o Instituciones Penitenciarias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000620
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por una ambiciosa Agenda Digital para España, para su debate en Pleno.
La actual agenda digital está en vigor desde el 15 de febrero de 2013 y se planteó a partir de un informe de expertos y un análisis de la situación realizado en 2012 con unos objetivos marcados hasta 2015. El seguimiento de la agenda se hizo de manera exhaustiva por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital hasta el año 2015 inclusive, contando con el último informe completo relativo a 2015 publicado en julio de 2016. Desde 2015 España, el décimo país por producto interior bruto total de la OCDE, carece de un rumbo claro para su digitalización y modernización tecnológica.
En 2017 la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital inició los procedimientos para redactar una nueva agenda digital, con el ánimo de alinearnos con las exigencias de la Unión Europea y acercarnos a la postura de otras potencias europeas que ya cuentan con una agenda de transformación digital con objetivos estratégicos hasta más allá de 2020. Teniendo en cuenta los plazos ejecutados en anteriores procedimientos de redacción, y solo si se aceleraran los plazos, para junio de 2018 se podría contar con un nuevo plan de digitalización para España, lo que nos dejaría "solo" dos años y medio sin unos objetivos concretos y un rumbo marcado para las políticas sectoriales tan importantes como las marcadas por la agenda digital. Sin un rumbo claro no se puede transformar un país.
En paralelo, la Unión Europea aprobó en mayo de 2015 su programa de agenda digital, conocido como Digital Single Market Strategy (DSMS), realizando una revisión del mismo en mayo de 2017.
Conviene recordar que hay 360 millones de europeos, de los cuales 23 millones son españoles, que se conectan a Internet cada día para estudiar, trabajar, comprar o vender.
Entre los países de nuestro entorno, Francia actualizó su agenda digital en junio de 2015, en paralelo con la comisión; Alemania la actualizó en abril de 2016, mientras que el Reino unido lo hizo en marzo de 2017 con su ambiciosa agenda hasta 2020, que incluye las mayores inversiones conocidas hasta la fecha por un estado miembro para abordar la revolución que supone la transición hacia la 5G.
España, lejos de aprovechar el impulso que pudiera darnos la DSMS, se ha quedado rezagada en sus políticas, no ha dado un impulso a su estrategia digital y parece reticente a aprobar una nueva agenda digital en 2018.
El documento de trabajo preparado por la Secretaría de Estado para su consulta pública dista mucha de contar con el rigor que se le exige a un asunto de tal importancia estratégica para el sector. El análisis de la situación actual que se plantea es ingenuo, poco detallado e ignora aspectos muy importantes que nos permitan saber con más exactitud el punto de partida.
Además, la propuesta realizada es una mera traslación de los pilares y objetivos fijados por el DSMS, sin hacer el esfuerzo necesario para atender a las necesidades específicas y capacidades potenciales de nuestro país, ni abordar hechos diferenciales respecto a Europa que permitan posicionarnos en una situación de mejora competitiva respecto a la Europa de los 27 en 2020.
Pero, sin duda, lo más preocupante no es lo que dice la propuesta del gobierno, que dice más bien poco o nada, con palabras huecas, faltas de significado y concreción, el problema es lo que no se dice o aborda con suficiente profundidad. No se habla de Industria, no se habla de contenidos digitales, no se habla de ciencia y no se habla de igualdad en oportunidades y acceso a la tecnología.
El concepto de Industria 4.0 solo se menciona en el análisis de estado actual, pero no se plantea corno un objetivo ni una línea de prioridad en el resto del documento. El concepto de Industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial. Después de su primera revolución con la máquina de vapor y de la mecanización (segunda mitad del siglo XVIII), el uso posterior de la electricidad (fin del siglo XIX), y la tercera revolución marcada por la automatización (siglo XX), la esperada cuarta revolución industrial se refiere a la creación de la fábrica inteligente, caracterizada por la interconexión de máquinas y de sistemas en el propio emplazamiento de producción, y también caracterizada por un fluido intercambio de información con el exterior (con el nivel de oferta y demanda de los mercados, y/o con los clientes, y/o los competidores, y/o con otras fábricas inteligentes, etc.). No debemos desaprovechar las sinergias de la agenda digital para construir una economía productiva y alcanzar el objetivo de que la industria represente al menos el 20 % del PIB en el año 2020, desde el 16 % actual, y revertir la destrucción de nuestro tejido industrial.
Respecto a los contenidos digitales, sabiendo que España tiene vínculos tan importantes con América, con quien conforma una de las comunidades lingüísticas más importantes del mundo, la Estrategia digital no puede pasar por alto la industria de creación de contenidos, apoyándose y brindando nuevas oportunidades a nuestra industria cinematográfica y a los creadores de extraordinaria creatividad para producir contenidos de nueva generación.
Adicionalmente a la producción de contenido, debernos adaptar los medios audiovisuales para mejorar el acceso a la cultura online y asegurar remuneración a autores cuando se accede a contenido, música o libros online, es importante establecer nuevos modelos para acceder a la información y nuevas vías online para acercar la Cultura al ciudadano.
La convergencia entre los medios tradicionales e Internet así como el cambio de hábitos de consumo y dispositivo de acceso al contenido ha traído tanto grandes transformaciones como oportunidades interesantes.
Las grandes tendencias en los medios y sector audiovisual son: una mayor interacción, experiencia omnicanal, televisión a la carta, contenidos móviles, o producciones audiovisuales en tiempo real (streaming).
Hay sectores en los que España tiene grandes profesionales en sus diferentes áreas de tecnología de reconocimiento mundial cuyo talento se debería retener como creación de contenidos, animación, videojuegos, desarrollo de sistemas IT, o programación, entre otros.
Los cambios en los hábitos de consumo marcarán los modelos de negocio y hacen que sea necesaria que los profesionales de este sector se adapten a las nuevas necesidades y demandas de acceso al contenido audiovisual. Se necesitará un reciclaje continuo que permitan adaptarse a este entorno dinámico y de cambio continuo.
Este nuevo cambio de paradigma va a abrir una oportunidad para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad incluida la deslocalización del trabajo.
Respecto a la ciencia, el estado de la inversión en I+D+i está muy por debajo de los valores medios de la Unión Europea, y casi a la cola de nuestros países vecinos. Se debería de invertir en tecnología, investigación y creación de nuevas tecnologías, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo [Robótica-País Vasco, Automoción (2,5 % del mercado mundial)], eHeafth (España líder en calidad de los Servicios médicos), Big Data (Cataluña a la cabeza de Europa en empresas del sector), 5G (varios proyectos H2020 liderados por organismos españoles), Smart cities (España a la cabeza con algunas ciudades pioneras como Santander o Málaga).
Por último, Ciudadanos cree en la necesidad de que el gobierno actúe proactivamente para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos españoles, independientemente de su ubicación geográfica, el tamaño de su municipio y sus capacidades económicas. Según varios estudios, entre un 20 y un 25 % de los de los ciudadanos españoles no puede acceder a Internet. Esta llamada "brecha digital" se concentra en municipios de pocos habitantes y resulta especialmente grave entre el colectivo de mujeres. Así, nos encontramos con una presencia principalmente masculina entre los tecnólogos de nuestro país.
En resumen, España se merece mucho más que la propuesta que ha circulado la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. España se merece un plan más ambicioso, unas ideas más claras y mayor seguridad en nuestras capacidades y cualidades. No podernos resignarnos en ser un país en el pelotón de cola, debemos ser líderes y para ello hay que primero aspirar a serlo. El conformismo nos está dejando atrás y no nos conformamos con la mediocridad de la propuesta presentada, sino que animarnos al gobierno, y trabajaremos con él, para hacer una propuesta para España que realmente genere riqueza, bienestar y prosperidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a darle la máxima prioridad a la aprobación de una nueva estrategia digital para España, que permita a nuestro país:
1. Desarrollar dentro de la agenda digital un objetivo concreto de Industria 4.0 y que se dote a su desarrollo de medios económicos para garantizar la modernización de nuestro tejido industrial. Esto requerirá:
a) La introducción en áreas estratégicas de nuestro sector industrial de nuevas tecnologías como: el internet de las cosas (loT), la computación en la nube, el tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial. Para lo cual es necesario que la administración se centre en tener un diagnóstico claro de las barreras (fragmentación de plataformas, datos y sensores, privacidad y seguridad, interoperabilidad, etc.).
b) El desarrollo de las redes móviles de baja potencia, que ya son una realidad en España sobre espectro no licenciado (e.g. Sigfox), pero es igual de importante apoyar a los proveedores de Telecomunicaciones también para que encuentren los casos de uso que les permitan invertir en nuevas redes de Internet de las Cosas Móvil (M-loT) sobre espectro licenciado.
c) Tecnologías como LTE-M (4G para Máquinas) o Narrow Band-I0T (NB-IOT) que permitirán superar la cifra de 10 millones a corto plazo y alcanzar cientos de millones de potenciales nuevas conexiones entre máquinas que se esperan en los próximos 10 años. Estas tecnologías permitirán la masificación de sensores en movimiento (LTM-E) o estáticos (NB-IOT) que costarán menos de un euro y su batería durará 10 años.
2. Establecer incentivos para recompensar el proceso de transferencia de tecnología entre organismos académicos e industria nacional, así como la atracción de financiación internacional y procedente de la colaboración con el ámbito privado, mediante:
a) La creación de un fondo de prueba de concepto a nivel nacional para probar la viabilidad de mercado de tecnologías disruptivas, que incluirían muchas de las tecnologías TICs. De manera similar al programa Collider, pero a nivel nacional, abierto a empresas, centros de investigación y universidades que cuenten con resultados de investigación que quieran trasladar al mercado.
b) Reforma del sexenio tecnológico: Hay que reconocer en el CV investigador la movilidad de los investigadores entre el sector público y privado y premiaremos sus actividades de transferencia.
c) Reformas legislativas que eliminen la burocracia y faciliten la permeabilidad de los investigadores entre el sector público y el privado.
d) Favorecer el emprendimiento en tecnologías digitales, poniendo en marcha el fondo de capital riesgo, como el fondo EmprendEspaña, incluido en el preacuerdo de presupuestos generales en 2018 y dotado con 480 M?.
3. Incrementar los recursos no financieros destinados a I+D+i en los PGE a una tasa anual acumulativa media por encima del incremento del PIB, hasta recuperar niveles de inversión previos a la crisis para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB. En este sentido, se considera urgente la puesta en marcha de la Red Cervera de transferencia de tecnología, entendida como un mecanismo de cooperación en investigación aplicada entre Centros Tecnológicos, Universidades y otros agentes del sistema de I+D con empresas. Esta iniciativa cuenta con presupuesto no ejecutado en 2017 (20 millones de euros en subvenciones y 480 millones en préstamos) y podría ser decisiva para la adopción de algunas de las tecnologías facilitadoras claves para el desarrollo de una Agenda Digital verdaderamente transformadora.
4. Avanzar en la ciencia digital, con planes específicos que fortalezcan sectores en los que España tiene un papel líder en el mundo como por ejemplo la robótica, eHealth, Big Data, Smart cities o 5G mediante:
a) El desarrollo, la atracción y consolidación de Digital Hubs, en coordinación con la iniciativa de la comisión europea y con la participación de todos los agentes del sistema.
b) La dotación de doctorados industriales a dichos clústeres que permitan la colaboración industria-centros de investigación sería una excelente manera de dar impulso real a dichos polos tecnológicos.
5. Desarrollar medidas para la atracción y retención de talento tecnológico en nuestro país, con especial énfasis en la incorporación de la mujer a dicho colectivo. En esta dirección, se debería fortalecer e impulsar los estudios relativos a las TICs y aumentar las campañas orientadas a su mejor aceptación social. De manera más concreta, se propone desarrollar medidas para la difusión temprana de los estudios TICs entre los estudiantes de Educación Secundaria, así como aumentar la dotación asignada a programas como el Ramón y Cajal o Juan de la Cierva en las áreas relativas a las TICs.
6. Impulsar el trabajo conjunto de los diferentes sectores y todas las administraciones (e incluso otros países) en un entorno de economía colaborativa para convertir nuestro país en un referente europeo (incluido en SG o ciberseguridad) mediante:
a) Promover la inversión y la construcción de redes de alta velocidad de tal manera que en 2025 haya 5G en cualquier rincón de Europa.
b) Priorizar la ciberseguridad.
c) Plan para el desarrollo de redes 5G en España que incluya una mesa Sectorial donde no solo estén las administraciones regionales y locales que ya están trabajando en Tecnología, sino también representantes de Centros de Investigación que trabajen en cooperación.
d) Uso y desarrollo de avances tecnológicos de código abierto (Open source).
e) La compartición, si no se limita a nuestro territorio, permitiría un avance exponencial en los desarrollos permitiendo el intercambio de conocimiento no solo entre comunidades sino con otros países europeos enriqueciendo el resultado final y garantizando la interoperabilidad con otras soluciones de otros países.
7. Eliminar definitivamente la brecha digital en España. Para ello se propone:
a) La creación de un plan nacional de cobertura wifi a dos años y una mayor coordinación de la administración central con los Ayuntamientos para acceder a los fondos europeos que se liberaron a finales del 2017 para el fomento de la Digitalización. En el plan de la Comisión Europea wifi4EU se incluye una partida de 120 millones de euros a desembolsar hasta 2019 para ayudar a las administraciones locales a ofrecer wifi gratis.
b) Medidas para la universalización del acceso a internet como: una estrategia de acceso wifi público, más la extensión del abono social a desempleados de larga duración y parados de más de 45 años.
c) Incluir planes para dotar a individuos y empresas de formación digital para manejarse en el nuevo entorno, impulsar la FP Dual, adaptando los itinerarios formativos de la enseñanza reglada y el desarrollo de planes de capacitación de recursos humanos para que adquieran competencias avanzadas en el ámbito digital, sobre todo para mayores de 45, jóvenes y mujeres.
8. Completar la conexión a alta velocidad de los municipios que aún no pueden conseguirlo y que afecta a más del 20 % de los ciudadanos españoles. Establecer un foro de discusión público-privado que estudie las dificultades y oportunidades de mejorar las conexiones de alta velocidad en todo el territorio. Siendo consciente que en algunos casos el sector privado no encuentra viabilidad en cubrir todo el territorio, se podrían buscar alternativas para que la brecha disminuyese. Algunas alternativas a explorar es la sustitución de alta velocidad fija por afta velocidad móvil, utilización de infraestructura pública para co-ubicación de antenas de telefonía (en edificios públicos, alumbrado, señalización, etc.), compartición de infraestructura entre diferentes entidades privadas, etc.
9. Reforzar la incorporación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de científicos y tecnólogos especialistas en aspectos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), para así dotarse de una masa científica estable en este ámbito de actuación tan relevante.
10. Favorecer nuevos modelos de acceso a la Cultura que afronte las nuevas realidades del sector, evite el uso indebido de las tecnologías y desarrolle el potencial de los profesionales abriendo nuevas oportunidades de integración laboral a personas discapacitadas.
11. Impulsar la producción de contenidos multimedia, aprovechando el vínculo tan importante que podríamos tener en la difusión de estos contenidos en países de lengua española, desarrollando una ambiciosa estrategia nacional para a su internacionalización y promoción en plataformas digitales.
12. Desarrollar un plan de comunicación de éxitos y logros en nuestro país y en el extranjero, mediante:
a) La presencia activa en los numerosos eventos, ferias y foros internacionales fuera de nuestras fronteras para presentar resultados que posicionen a nuestro país a la cabeza de la transferencia tecnológica.
b) Promover la Digitalización entre las PYMEs estableciendo un canal abierto y participativo que permitan que estas empresas beneficiarse de esta transferencia tecnológica. Se debería incentivar e incluso proporcionando beneficios a aquellas empresas que tengan expertos tecnológicos, y establecer con ellos sesiones de capacitación y formación continua.
13. Acelerar la implantación de la administración electrónica, especialmente en el ámbito sanitario, con la adopción definitiva de la historia clínica digital y la interoperabilidad de sistemas.
14. Crear un observatorio de la innovación y disrupción que permita a las diversas Administraciones tener un instrumento eficaz de consulta para identificar y asumir nuevas actividades que impacten en sus competencias y en los mercados que regulen. Un modelo similar al Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea o Nesta en Reino Unido, organismos de referencia a nivel europeo en la labor de prever cambios económicos e industriales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2018.-Vicente Ten Oliver, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000621
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la desigualdad salarial de empleados de la Administración General del Estado, para su debate y aprobación en Pleno.
Con la excusa de cumplir con la estabilidad presupuestaría y la sostenibilidad financiera del Estado en aras de hacer frente a los estragos de la crisis y la disminución consiguiente de ingresos de las Administraciones Públicas, el Gobierno español encadena ya ocho años de recortes en las Administraciones Públicas. Estos recortes han afectado dramáticamente la prestación óptima de los servicios públicos, así como al poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos mermados drásticamente en estos años.
Muy especialmente en lo concerniente al personal adscrito a la Administración General del Estado esta situación es especialmente complicada, ya que sus retribuciones cuentan con la ratio de ingresos más bajos dentro del conjunto de Administraciones Públicas.
En los últimos años, todas las empleadas y empleados públicos han sufrido recortes directos en sus retribuciones, con una bajada salarial en 2010 y con las sucesivas congelaciones salariales producidas, o indirectas, como la desaparición de ayudas de acción social, la reducción de las prestaciones por incapacidad temporal, reducción de vacaciones y permisos, entre otras, que han provocado una importante pérdida de poder adquisitivo. Además, la carga de trabajo se ha incrementado de manera notable por la pérdida de efectivos en las plantillas.
Además de inservible -la deuda pública sigue en niveles cercanos al 100 % del PIB a la vez que se recorta gasto público y llevamos dos años de crecimiento del mismo en torno al 3 %-, las políticas de ajuste se han demostrado injustas.
A esta drástica reducción de poder adquisitivo desde el 2010 sufrida por todo el personal de las AAPP, hay que añadir, que a lo largo de los años, se ha generado un agravio comparativo en perjuicio del personal de la Administración General del Estado (Ministerios, Organismos, Entes, Entidades Gestoras e Instituciones Penitenciarias), que tiene hoy unas retribuciones en torno al 25 por ciento inferiores respecto a la media del personal de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales. Esto ha hecho que la pérdida de poder adquisitivo dentro de la AGE proporcionalmente haya sido más gravosa.
Analizando los datos, la Administración General del Estado paga entre 1.000 y 21.000 euros menos que las CCAA por el mismo puesto, lo que es más sorprendente si nos fijamos en cómo desde 2010 se ha producido una pérdida de masa salarial acumulada en la Administración General del Estado de 1.657,7 millones de euros que podría invertirse en una subida salarial. El agravio es tanto más lacerante por cuanto que afecta a una masa salarial ingente: a día de hoy, en la Administración General del Estado, incluida la Administración de justicia no transferida, el número de trabajadores se sitúa en torno a los 230.000. Todos ellos esperan, legítimamente, una subida salarial.
Es sencillo entender que la subida de los salarios de las empleadas y empleados públicos de la AGE, que desarrollan su trabajo tanto en los Servicios Centrales, como en los servicios periféricos de toda España coincidiendo en muchos casos con los empleados de las Comunidades Autónomas en los mismos locales u oficinas -pero con unas retribuciones muy inferiores-, es una reivindicación justa y ponderada.
Primero. Consignar en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida de fondos adicionales destinados en exclusiva a incrementar las retribuciones del personal al servicio de la Administración General del Estado.
Segundo. Establecer una agenda pública de reuniones con las organizaciones sindicales durante 2018 orientada a la materialización de esta subida a lo largo del próximo ejercicio, en la que se puedan identificar aquellos puestos en los que es urgente y necesaria la misma.
Tercero. En ningún caso, el incremento salarial a que se refiere el punto Primero supondrá una merma de las competencias y capacidad negociadora que el Estatuto Básico del Empleado Público y los diferentes Estatutos de Autonomía reconocen a las diferentes Administraciones Públicas."
162/000622
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo del sector de los cuidados como una política de empleo, recuperación económica, social y de igualdad prioritaria, para su debate en Pleno.
Todas las personas dependemos de las demás en algún momento de nuestra vida. Requerimos cuidados, ya sea en algún periodo importante (al nacer, en la infancia, si enfermamos, durante nuestra vejez) o de manera sostenida y continuada en el tiempo a causa de enfermedades crónicas o razones de diversidad funcional.
Cuidar, el trabajo que significa cuidar, actualmente recae mayoritariamente -continúa recayendo, desde tiempos inmemoriales- en manos femeninas (un 83 % de las personas que cuidan son mujeres). Ese es un trabajo minusvalorado, poco o nada remunerado, físico y psicológicamente duro, y asumido generalmente por; a) mujeres que cuidan por una relación basada en lazos familiares (no mercantiles) dentro del marco invisibilizado del hogar; o bien b) trabajadoras remuneradas de forma precaria, en su mayoría mujeres migrantes de países empobrecidos y muchas de ellas en situación irregular.
Es ya una imperiosa necesidad empezar a afrontar la gran crisis que tenemos por delante (o una de ellas: la otra gran crisis anunciada y para la cual no se están aplicando las medidas preventivas imprescindibles para afrontarla es, sin duda, la crisis ecológica; el colapso de la ecología): hablamos de la crisis de los cuidados.
Cierto es que la población española mayor de ochenta años, que en 1991 era de 1.147.868 personas, asciende en 2017 a 2.551.761 habitantes. La evolución de la pirámide demográfica permite vislumbrar que en las próximas décadas las necesidades de cuidados, especialmente de la gente mayor, irán en aumento. Según la OCDE, en el año 2050 España será el tercer país más envejecido del mundo (por detrás de Japón y Corea), y la población mayor de 80 años representará un 15 % del total (actualmente es un 5,5 %). La necesidad de cuidados, pues, -y lo mal resuelta que tenemos esa necesidad-, no es solo una realidad en la actualidad, sino que constatamos la tendencia a un incremento crítico.
Profesionales académicas que investigan este fenómeno social, como Dolors Comas o Teresa Torns, llevan tiempo advirtiendo sobre la inminente crisis de cuidados producida por el choque entre esta realidad ignorada -el aumento sostenido de situaciones vitales de dependencia vinculadas al envejecimiento y a la diversidad funcional- con una serie de cambios sociales y políticos trascendentales de nuestro tiempo.
Uno de ellos es sin duda la progresiva mutación de los esquemas tradicionales de género, la menor rigidez de la división sexual del trabajo (hombre trabajador principal-mujer cuidadora principal) y la mayor libertad de opciones vitales que los procesos de emancipación feminista han dado a las mujeres. Igualmente relevante es el cambio en las estructuras familiares, pues las familias hoy son más complejas y diversas de lo que eran anteriormente, y al mismo tiempo las redes comunitarias son más débiles y menos presentes en la vida cotidiana. Y también, y de forma preeminente, un elemento principal es la precarización de la vida, la falta de tiempo, los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo de una gran parte de la población, que hace imposible la cobertura de las necesidades básicas de las familias a través de un solo sueldo.
Lo cierto es que la estructura social ha variado hacia un modelo en el que las mujeres se encuentran masivamente trabajando fuera del hogar de forma precaria, y a la vez cubriendo esos trabajos de cuidado de forma igualmente precaria (dobles trabajos, dobles presencias), pues la entrada de los hombres en los cuidados está siendo claramente insuficiente, los lazos comunitarios son más débiles, y la cobertura pública de los cuidados es absolutamente testimonial y ridícula.
Así, la crisis de los cuidados acontecerá -está aconteciendo- al conjurarse: a) la progresiva ruptura de los esquemas tradicionales de género por parte de las mujeres y su asentamiento como sujetos de pleno derecho, b) la falta de implicación igualitaria en las tareas de cuidados por parte de los hombres, c) la pérdida de redes sociales de apoyo (intergeneracionales, comunitarias, en la empresa...) que fuerza a resolver los asuntos cotidianos de una forma mucho más individualizada, d) el retroceso en las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia y la falta de centralidad de los cuidados en las políticas sociales, así
como el progresivo desmantelamiento general de los sistemas públicos de bienestar, e) la precarización del mercado de trabajo, de los horarios y de los salarios, que imposibilita el tiempo para el cuidado y a la vez no permite cubrir económicamente la externalización privada de los cuidados hacia empresas del sector, f) la invisibilidad permanente del conflicto al ser considerado una cuestión privada, y g) el aumento exponencial de personas a cuidar y de la esperanza de vida.
Todo ello implica una refamiliarización de los cuidados (carga sobre las mujeres), situación especialmente problemática para las capas sociales más vulnerables y que supone a su vez la utilización en el cuidado doméstico de mano de obra migrante severamente precarizada. Esta situación augura una desigualdad permanente en lo que concierne a las posibilidades de ser cuidados. El cuidado no puede ser un privilegio, debe ser un derecho además de una condición humana incontestable.
A todo esto, un poco de luz: en el año 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de facilitar una existencia autónoma en su medio habitual a toda la ciudadanía. La Ley pretendía convertir, así, en una cuestión social lo que antes era una cuestión privada, que se resolvía en gran medida mediante los cuidados familiares o mediante externalización. Hasta ese momento la dedicación al cuidado de otros acostumbraba a significar una inversión de tiempo y trabajo que no conllevaba generación de derechos ni reconocimiento. Así que la mal llamada "Ley de dependencia" intentó generar un salto cualitativo en el reconocimiento, tanto de las personas cuidadas como de las cuidadoras [Un primer salto, pues reconocía el trabajo familiar de cuidados con una prestación muy baja, no liberaba las mujeres de esa carga familiar ni daba a las personas dependientes la posibilidad de decidir quién manipulaba sus cuerpos].
Sin embargo, este incipiente derecho sería de los primeros en ser recortado y desmantelado. A finales de 2011 se redujeron drásticamente los presupuestos, y se pospuso la atención a las personas con dependencia moderada. Para el año 2012 la Ley se reformó para limitar el alcance de este derecho, dejando a partir de 2013 desatendidas muchas personas que necesitaban de un acompañamiento y una atención. A la vez, ese cambio legislativo comportó el cese de la cotización a la seguridad social de las cuidadoras y la expulsión de la mayor parte de ellas del sistema: en julio de 2012 había 179.829 cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social, que en junio de 2013 quedaron reducidas a 19.054.
Este mero hecho refleja que la consideración de su tarea, como un trabajo remunerado de responsabilidad pública, había sido efímera, si no errónea, y se pasaba a devolver la responsabilidad del cuidado al ámbito privado y familiar. Sin duda una modificación cruel, que perjudica especialmente a las familias con menos recursos y más necesitadas.
El Observatorio Estatal para la Dependencia, en su informe sobre el desarrollo territorial de la Ley de Dependencia, diagnostica la práctica destrucción del sistema a partir de los recortes presupuestarios implementados por el Gobierno durante la pasada legislatura. Hablan de "destrucción por inanición". Las políticas de austeridad, pues, ayudan a reordenar las cosas dentro del sistema patriarcal al reforzar la distribución sexual del trabajo; retirando los servicios públicos de su lugar de responsabilidad como política pública, volviendo a privatizar los cuidados, transfiriendo la tarea a las mujeres, y convirtiéndolas a ellas en el principal amortiguador de los efectos de la crisis y los recortes.
Según el citado informe, mediante Reales Decretos, el Gobierno central ha impedido el derecho a nuevas personas dependientes, forzando a abandonar a quienes están en lista de espera -más de 348.309 personas, el 29 % de las que lo solicitaron-, y se revisan a la baja los grados de dependencia: expulsiones todas ellas que, sumadas a las defunciones -según datos del Observatorio de la Dependencia, 150.000 personas han fallecido en los últimos 5 años sin haber recibido las prestaciones solicitadas-, suponen reducciones en las listas de espera que suelen presentarse como datos positivos.
Por todo lo expuesto, este grupo parlamentario considera urgente un cambio de rumbo en lo que refiere a la implicación pública en el sector de los cuidados. De todos los cuidados, y ahí también es relevante la falta de cobertura pública de las necesidades de atención y cuidado para menores de tres años, por ejemplo. Se propone, pues, convertir el sector de los cuidados en un sentido amplio en un sector económico central en nuestro sistema de vida y de nuestro Estado de Bienestar.
Central como valor, tiempo y trabajo, y como matriz del cambio hacia unas relaciones equitativas entre los hombres y las mujeres; y entre personas con distintas diversidades funcionales, distintas edades y clases sociales. Central como tarea otorgadora de derechos, el derecho a ser cuidado o cuidada cuando lo necesitas, y como eje elemental para la reproducción de la vida humana. Y central como trabajo y como motor económico. En base a la información del Observatorio de la Dependencia, si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera -simplemente cumpliendo con la Ley de Dependencia- se generarían
más de 90.000 empleos directos. Así pues, este ha de ser un sector clave en el diseño político, siendo estratégica y profundamente necesaria una fuerte inversión pública en el sector de los cuidados.
Así pues, esta es una propuesta para recuperar, reformular e impulsar una política pública de cuidados, y considerar ese sector como un motor de importancia vital dentro del sistema económico y el mercado de trabajo.
Sabemos que España se encuentra a la cola de Europa en cuanto a inversión pública en servicios de bienestar. Esto significa, entre otras muchas cosas, que tan solo el 14,6 % del trabajo total es trabajo en el sector público (en el Reino Unido es el 20,2 %, en Suecia el 34,4 %) y que las personas que se dedican a cuidar de otras personas de forma remunerada solo suman el 4 % del total del trabajo (incluyendo salud, trabajo social y dependencia; mientras en Dinamarca es del 14 %; datos de Eurostat). Recordando que este es todavía un trabajo absolutamente precario en todos los sentidos y asumido mayoritariamente por mujeres -mujeres extranjeras en su mayoría-, se entiende que la falta de una cobertura pública suficiente de los cuidados ayuda a que la economía y la sociedad española perpetúen la desigualdad entre mujeres y hombres, consoliden la estratificación social, y obviamente mantengan un mal trato hacia las personas con necesidades de asistencia personal.
Yendo a lo económico, invertir en el sector de los cuidados es una propuesta clave para provocar un cambio profundo; para la generación de empleo y hacer frente al paro sistémico que achaca este país; para poner en contacto a esa demanda de trabajo con esa necesidad de alguien trabajando que requieren tantas personas dependientes; y para la reconversión de la economía hacia un modelo basado en actividad con poco impacto sobre el entorno que esté acorde con los límites ecológicos del planeta.
Entender que la cuestión de los cuidados y la asistencia personal, además de ser una cuestión de justicia de género, es una inversión y un sector a priorizar en clave económica y social.
Poner en funcionamiento, de forma progresiva a lo largo de toda la Legislatura, un sistema público de cuidados y atención a la dependencia integrado, complementario y equiparable al sistema público de salud, basado en la asistencia personal para la vida independiente. Un sistema que reconozca el derecho universal de las personas a ser cuidadas, ampliando y superando la actual Ley de dependencia y basado en una inversión pública prioritaria para la contratación de personal de cuidados vinculado a los servicios territoriales de salud y en coordinación con las Comunidades Autónomas.
Elaborar, en un período de un año y previo estudio del impacto económico, social y de género de este sistema, un plan de actuación para la puesta en marcha paulatina y debidamente calendarizada de las siguientes medidas:
a) Ampliar exponencialmente la inversión y dedicación de recursos públicos a esta materia, garantizando el 50 % de la financiación del sistema de dependencia por parte del Estado.
b) Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, ensanchando progresivamente los supuestos que permiten disponer de atención, cuidados y asistencia personal a domicilio.
c) Garantizar una plantilla pública de profesionales de atención y cuidados en sintonía y coordinación con los y las profesionales de atención a la salud, con pleno respeto de los derechos laborales de estos últimos.
d) Recuperar la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras del entorno familiar.
e) Implantar la jornada laboral de 35 horas semanales.
f) Acabar con la dualidad entre jornadas interminables y empleo a tiempo parcial.
g) Establecer medidas de erradicación del fraude en la contratación a tiempo parcial.
h) Reconocer plenos derechos laborales a las empleadas de hogar, equiparándolas a las demás personas trabajadoras por cuenta ajena.
i) Reformar el sistema de permisos por nacimiento o adopción, estableciendo permisos iguales para cada persona progenitora -independientemente de su sexo, orientación sexual o tipo de familia-, intransferibles -como todos los demás derechos laborales y sociales, retribuidos con el 100 % del salario y garantizando la protección del puesto de trabajo durante el disfrute de los mismos.
j) Reconocer y hacer efectivo el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los cero años.
k) Establecer prestaciones por hijo o hija a cargo adaptadas al nivel de renta y tipo de familia, con especial atención a fas familias monoparentales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2017.-María del Mar García Puig, Sofía Fernández Castañón y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000623
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de las inversiones financieramente sostenibles y la reducción del gasto improductivo del sector público, para su debate en Pleno.
Pertenecer a la Unión Europea tiene muchas ventajas, y de hecho, estar en Europa ha proporcionado a España los mejores años de su historia, tanto en democracia como en crecimiento económico. También comporta aceptar sus reglas, entre otras las fiscales. La regla de gasto fue introducida en la UE en 2011 en el paquete de reformas del gobierno económico y fiscal denominado "Six Pack". Esta reforma, en medio de una crisis económica y financiera internacional de primer orden, contribuyó de forma clave a salvar el euro y fortalecer el proyecto de integración europea.
Es preciso recordar que la ausencia de reglas fiscales, la indisciplina fiscal, al final lleva siempre a subidas imprevistas de impuestos y a recortes indiscriminados de gasto público. La principal amenaza del Estado del bienestar es siempre el gasto sin control.
La Administración local ha cumplido durante cinco años consecutivos los tres criterios de estabilidad: superávit, deuda y techo de gasto por lo que ha sido la que mejor ha cumplido con los requisitos de Europa.
Los ayuntamientos y las diputaciones a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reclaman un sistema que permita ejecutar el ahorro de presupuestos en ejercicios anteriores, que actualmente supone unos 5.000 millones de euros, el 0,45 % del PIB español.
Como no puede ser de otro modo, corresponde a los Ayuntamientos y las Diputaciones ser quienes gestionen y gasten su propio superávit. En este sentido la aplicación de la regla del techo de gasto entre 2012 y 2017 ha supuesto en cierto modo una transferencia por la vía del hecho a Comunidades Autónomas, de Seguridad Social o el Gobierno de España, cubriendo sus incumplimientos de los objetivos de déficit y permitiéndoles gastar más.
En 2014 ya se modificó la regla de gasto (disposición adicional sexta de la LOEPSF) para introducir la posibilidad de que las entidades saneadas ejecuten gasto en inversiones financieramente sostenibles (IFS), sin embargo las Corporaciones Locales están utilizando poco esta opción.
En 2015 realizaron inversiones financieramente sostenibles por importe de 660,1 millones de euros, un 34,3 % del superávit disponible para financiar aquellas inversiones. En 2016 el importe total en inversiones financieramente sostenibles aprobado se elevó a 696,31 millones, de los 2.687,44 que podrían haber destinado, lo que supone un retroceso en porcentaje al 25,91 %. Sería deseable revisar la definición de IFS y su aplicación para que se aproveche mejor su potencial.
Recientemente el Ministro de Hacienda se ha comprometido a traer una norma urgente que permita a los ayuntamientos disponer de los 5.000 millones de euros de superávit de 2017 durante este año y el próximo.
Las reformas normativas que se planteen deben proteger nuestra credibilidad fiscal y la estabilidad presupuestaria alcanzada con mucho esfuerzo. Igualmente es deseable introducir los incentivos políticos adecuados para favorecer que las inversiones a campos que permitan ganancias de eficiencia y una mayor sostenibilidad de las cuentas públicas, como por ejemplo la digitalización de la administración y el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la gestión de infraestructuras y de las ciudades, que frecuentemente se denomina como el desarrollo de smart cities.
1. Establecer un grupo de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para aumentar la utilización de las inversiones financieramente sostenibles, que incluya:
a) Una simplificación de la burocracia, especialmente para los ayuntamientos de menor población.
b) Un listado de inversiones financieramente sostenibles de especial interés, en función de las debilidades detectadas por los distintos ministerios y el tribunal de Cuentas, en las que puedan invertir su superávit presupuestario.
c) Un impulso de la administración digital y de medidas las smart cities.
2. Elaborar un informe para la reestructuración de entidades integrantes del sector público con el objetivo de eliminar gasto público superfluo mediante:
a) La evaluación de posibles duplicidades e ineficiencias en la prestación de servicios.
b) La extinción de entidades sin actividad o con actividad muy reducida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Vicente Ten Oliver y Francisco de la Torre Díaz, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000624
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, sobre la ampliación de la línea de Cercanías C-2 de Málaga con un ramal al Parque Tecnológico, llegada hasta Antequera y paradas en El Chorro, Bobadilla y Fuente de Piedra.
El Cercanías es el medio de transporte ferroviario que mejor consigue sus objetivos: acercar distancia y mover personas. En la provincia de Málaga, la línea de Cercanías C-2 es la línea del interior que ofrece servicios de desplazamiento para las vecinas y vecinos del valle del Guadalhorce y la capital. El éxito y futuro de este servicio público depende de la responsabilidad política por mejorar y realizar las inversiones necesarias que permitan ampliar tanto la calidad como la extensión de la línea.
El tren es el transporte más eficiente y con menor impacto ambiental, por lo que se torna necesaria su expansión y mejora, con nuevas conexiones, reducción de los tiempos de paso, ampliación de los horarios, eliminando barreras arquitectónicas y económicas, ofreciendo precios sociales para un transporte público y colectivo realmente social, que permita vertebrar el interior de la provincia de Málaga y se convierta en una alternativa al transporte en coche.
Hoy día no se entiende que la Comarca del Valle del Guadalhorce no cuente con una conexión ferroviaria de Cercanías que amplíe desde Álora hasta Antequera la línea existente, completando un verdadero corredor ferroviario del interior de Málaga que sirva de forma pública y social a mejorar la movilidad.
El potencial de conectar por Cercanías Antequera con Málaga no es solo para las personas residentes en el entorno de la línea y del Valle del Guadalhorce, sino que se ofrece un servicio ferroviario a las miles de personas que visitan diariamente estas dos ciudades, abriéndole la oportunidad de conocer y llegar al interior de la provincia de la mano de un tren sostenible y público.
El futuro del tren no puede depender única y exclusivamente de la reducción de los tiempos de la alta velocidad. Este pasa por ofrecer conectividad, frecuencia y puntualidad. Por lo que la ampliación de la línea hasta el Parque Tecnológico de Andalucía sería una inversión estratégica ineludible, sirviendo de alternativa a las personas trabajadoras que diariamente se desplazan desde el interior o desde la capital a sus puestos de trabajo, descongestionando tráfico, rentabilizando las Cercanías, reduciendo la contaminación.
Las ventajas potenciales de la ampliación de la línea C-2 de Cercanías son varias y claras:
- Vertebrar el interior de la provincia, mejorando la conexión del Valle del Guadalhorce con Málaga y con Antequera.
- Dotar de un transporte ferroviario público, social, de calidad y de futuro a la provincia de Málaga.
- Mejorar la potencialidad del turismo entre Antequera y Málaga, y entre ambas ciudades con el Valle del Guadalhorce, ofreciendo conexiones con El Chorro.
- Favorecer la intermodalidad y la conectividad con otros servicios ferroviarios.
- Dotar al Parque Tecnológico de Andalucía de conexión ferroviaria y servicio de Cercanías con conexión desde Antequera hasta Málaga.
- Reducir la contaminación provocada por la reducción del uso del coche.
- Reduciría el tráfico de vehículos, mejorando la reducción de niveles de contaminación, coste de mantenimiento de carreteras y accidentes.
1. Desdoblar las vías en su trazado actual por completo, permitiendo reducir la cadencia y frecuencia de paso de la línea de Cercanías C-2 de Málaga ganando competitividad frente al vehículo privado y convirtiéndose en el transporte público colectivo y ecológico de referencia en el interior de la provincia de Málaga.
2. Ampliar desde Álora hasta Antequera-Centro los servicios con parada de la línea de Cercanías C-2, estudiando la necesidad de nuevas paradas intermedias como serían el Chorro y Bobadilla.
3. Electrificación del tramo Bobadilla-Antequera.
4. Estudiar que la ampliación de la línea de Cercanías C-2 de Málaga hasta Antequera incluya en la planificación de servicios conexiones al municipio de Fuente de Piedra.
5. Ampliar la línea de Cercanías C-2 de Málaga al Parque Tecnológico de Andalucía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Eva García Sempere, Alberto Montero Soler y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000625
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Juantxo López de Uralde y del Diputado Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y posterior gestión de los residuos radiactivos generados por estas.
España cuenta con un parque nuclear envejecido. En la actualidad, hay siete reactores en funcionamiento con una vida útil media de 33 años. A estos hay que sumarle la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, que lleva cerca de cinco años parada tras 42 en funcionamiento, y sobre la cual se cierne la duda actualmente de si acabará convirtiéndose en un cementerio nuclear. Entre 2020
y 2024 caducarán todas las licencias de explotación, la última la de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, en el año 2024. Las centrales alcanzarían por tanto una vida útil media de 38 años.
Ante este escenario, el cierre progresivo de las centrales nucleares en España debe ser abordado cuanto antes de forma responsable. Un cierre definitivo y permanente que atienda a criterios de seguridad de los trabajadores y trabajadoras, y de la ciudadanía de las comarcas adyacentes, así como de seguridad jurídica.
En primer lugar, cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética. Principalmente, por una apuesta que elimine cualquier riesgo a la seguridad contra el medio ambiente y las personas, dado los efectos nocivos que produce la generación nuclear y el tratamiento de los residuos. Además, el Acuerdo de París o los compromisos en materia energética como miembros de la UE también nos obligan a buscar un escenario basado en las energías renovables. Dado que la potencia de las centrales nucleares es de difícil regulación, suponen hoy un freno para la expansión renovable en España.
Y en segundo lugar, hay que ser conscientes de que el cierre de las centrales no es el fin de la gestión de la energía nuclear en España, la sociedad tendrá que seguir afrontando durante décadas el desmantelamiento, y durante cientos de años la gestión de los residuos radiactivos. Al final de su funcionamiento, las centrales nucleares tienen que ser descontaminadas de sustancias radiactivas, y desmanteladas de forma que el emplazamiento original pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente. En este escenario se deben contemplar todas las actividades que, tras la declaración de cese de explotación de la central y de la autorización de desmantelamiento, se llevan a cabo por parte de la Administración hasta la restauración del emplazamiento original de la planta, incluyendo el proceso físico de desmantelamiento de las instalaciones.
En relación a la gestión de los residuos radiactivos, cabe tener en cuenta que la actividad de las centrales nucleares hasta el final de su vida útil y su desmantelamiento dará lugar a un importante volumen de residuos radiactivos de muy baja, baja, media y alta actividad, que deberán ser almacenados. Si se consideran 40 años la vida útil de las centrales, el volumen de residuos de alta actividad que habrá que almacenar de forma definitiva asciende, según los cálculos del VI Plan General de Residuos Radiactivos, a 11.966 metros cúbicos, de los cuales, la mayor parte (10.164 metros cúbicos), son elementos de combustible gastado.
El desmantelamiento de las centrales nucleares deberá igualmente considerar la gestión de sus costes, y estos deberán ser asumidos por las propietarias de dichas centrales. Según las últimas estimaciones, referidas a julio de 2015, el coste de desmantelar las centrales nucleares y gestionar los residuos radiactivos en España, atendiendo a la planificación que está en vigor en el todavía vigente VI Plan General de Residuos Radiactivos, ascenderá a un total de 20.200 millones de euros. Esta estimación tiene en cuenta una vida útil de las centrales de 40 años y contempla todas las actuaciones relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos a realizar hasta el año 2085.
Para asegurar el principio de justicia intergeneracional y que, además, no se traslade ahora el coste a la ciudadanía, es fundamental provisionar los fondos necesarios para el desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos durante el periodo de vida útil de las centrales nucleares. Desde el año 1984 se viene dotando de una provisión específica para el fondo destinado a este fin que gestiona la empresa pública Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA). Este fondo se ha ido nutriendo de las cantidades recaudadas en tarifas, peajes y de los propios rendimientos financieros generados por el mismo. Conforme a lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, concretamente en su disposición adicional sexta, se trasladó la financiación de estos costes a los consumidores finales bajo la consideración de que dichas actividades tenían la consideración de costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. Esta consideración se mantuvo hasta la modificación de dicha disposición adicional acometida el año 2005 en el artículo 8 de la Ley 24/2015, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad; en la que volvieron a ser internalizados dichos costes por las empresas titulares de las centrales nucleares. Tras la modificación de la Ley 25/1964, sobre Energía Nuclear por el apartado 1 de la D.F. novena de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares se configuró como un servicio público esencial reservado a la titularidad del Estado, encomendándose a ENRESA la gestión de este servicio público, atribuyéndose a la Sociedad la consideración de medio
propio y servicio técnico de la Administración bajo la tutela del Ministerio competente, actualmente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Conforme a la última modificación, las aportaciones del fondo pasaron a proceder de la recaudación de cuatro tasas. El importe de mayor cuantía recae sobre los titulares de las centrales nucleares, el resto recae sobre las instalaciones de fabricación de combustible y las instalaciones radiactivas.
Según un informe de la Comisión Europea de 2016, que compara la disponibilidad de fondos específicos para el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos en distintos Estados miembros, en España la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30 % de la financiación total que se va a requerir. Además, un informe del Tribunal de Cuentas publicado en 2015 sobre fiscalización de la gestión realizada por ENRESA del fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, señala que la naturaleza del fondo no garantiza el principio de justicia intergeneracional de obligado cumplimiento y alerta sobre una infradotación del fondo superior a los 1.500 millones de euros, ya que, desde el año 2010, no se han actualizado las tasas que se aplican a fas centrales nucleares. A día de hoy la infradotación estimada para llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales tras los 40 años de vida útil que recomiendan los técnicos para las centrales atómicas, se cifra en 3.000 millones de euros.
El coste del desmantelamiento de las centrales nucleares es un coste fijo, independiente de los años de vida que esté operando la central. Sin embargo, el coste total de gestionar los residuos depende de los años que estén en funcionamiento. Según estimaciones de la propia ENRESA realizadas en 2012, presentadas en el anteriormente citado informe del Tribunal de Cuentas, si en lugar de los 40 años contemplados en el 6° Plan General de Residuos Radiactivos se prolongara la vida hasta los 48 años, el coste total de gestionar los residuos se elevaría en unos 769 millones de euros. Es por ello que intentar alargar el funcionamiento de las centrales nucleares con el objetivo de aumentar las provisiones del Fondo para el desmantelamiento no es una opción válida, ya que este aumento en ningún caso compensaría el coste de gestionar los residuos derivados de esa prolongación de la vida útil.
La financiación es un tema clave en el desmantelamiento de las centrales y requiere del desarrollo de un marco legal adecuado y, sobre todo, de una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al desmantelamiento, como de forma periódica durante las sucesivas revisiones de costes que se efectúen a lo largo del propio proceso. La necesidad de mejorar la correspondencia entre la dotación al Fondo y el coste del desmantelamiento y gestión de los residuos nucleares originados tiene que abordarse con urgencia en el caso del parque nuclear español.
Del mismo modo que la financiación es una de las claves de bóveda para acometer el cierre seguro del parque nuclear en España, la otra sería las obligaciones derivadas del desmantelamiento de las centrales nucleares. En este sentido, ENRESA es la responsable de llevar a cabo la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento. La anunciada intención por parte del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, de transferir a las titulares la obligación de llevar a cabo estas funciones, introduciría, al prescindir de la gestión pública, unos incentivos perversos a la hora de aminorar costes con los consiguientes riesgos sobre una actividad de extrema peligrosidad. Por otra parte, se perderían las garantías que conllevan la gestión pública y el control parlamentario que se efectúa hoy sobre ENRESA. Además, la disposición del fondo de ENRESA por manos privadas otorgaría a las eléctricas acumular un enorme poder financiero, además de que les permitiría invertir dichos fondos en productos de riesgo, actualmente fuera del marco normativo. Se debe impugnar por tanto, cualquier argumentación tendente a justificar dichas transferencias por motivos de conocimiento específico de la actividad o criterios de optimización de costes, dado que existen diferentes vías para garantizar una dotación acorde a las necesidades del Fondo, o de eficiencia, dado que ninguna propietaria ha llevado a cabo desmantelamiento en España. Recordemos que ENRESA, sí que dispone de dicho conocimiento y capacidad técnica, véase los trabajos entre los años 1998 y 2003, en el primer desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós I que fue desmantelada, retirando todos los edificios, sistemas y equipos externos al cajón del reactor. Siendo sellado el reactor con objeto de afrontar un periodo de espera, denominado fase de latencia, para que el decaimiento de la radiactividad de las estructuras internas haga más factible el desmantelamiento total de la instalación en el año 2028. O las recientes actividades de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, en el año 2016, en el que ENRESA aprovechó estos trabajos para tomar muestras y medidas para determinar con precisión niveles y profundidades de activación, así como la afección física de los hormigones debido al flujo neutrónico al que han estado sometidos, entre otras cuestiones. Los planes de ENRESA son dejar expeditos y listos para otros usos los terrenos de la central José Cabrera.
Estos antecedentes tienen una importancia vital, ya que como los propios informes relataron, se ha ampliado el conocimiento en esta materia y para optimizar la gestión de residuos radiactivos. Ante esta realidad y experiencia acumulada, constituye un dislate cualquier tentación de derivar la responsabilidad del desmantelamiento a las propietarias, que no tienen similar experiencia a la que atesora ENRESA. En relación a los efectos del cierre gradual de las centrales nucleares cabe apuntar que este va a repercutir de forma positiva en la seguridad y el medio ambiente, y también puede ser una oportunidad para la creación de empleo. Si bien el cierre de las centrales podría suponer un puente entre la actividad desempeñada por algunos empleos directos e indirectos de sus sectores proveedores, el proceso de desmantelamiento, generará empleo durante más de una década, y la diversificación económica que pueden experimentar las localidades en las que se asentaban las instalaciones, conllevará la generación de empleo asociado al cierre del parque nuclear, como se ha demostrado en las experiencias citadas anteriormente. Así, es fundamental que el desarrollo económico de las zonas en las que hay centrales nucleares no quede abandonado y se lleve a cabo un plan de transición justa para la reactivación de estas regiones afectadas por el desmantelamiento que deberá ser detallado y específico y que cuente con el visto bueno de todos los agentes afectados, que en todo caso debería primar el mantenimiento de empleo en las comarcas en unas condiciones contractuales cuanto menos iguales a las existentes. Los fondos de ENRESA que se reciben en la zona en concepto de indemnización por la gestión de los residuos radiactivos deben ser invertidos con este fin. La forma más recomendable para realizar esa inversión es realizar concursos de proyectos que han de generar riqueza localmente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

References: artículo 194
 artículo 193
 artículo 17
 artículo 193
 artículo 50
 artículo 211
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 193
 artículo 47
 artículo 38
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 8