Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/3948
Timestamp: 2020-07-09 18:20:02+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 206/1999
SENTENCIA 206/1999, de 8 de noviembre
ECLI:ES:TC:1999:206
En el recurso de amparo núm. 2.194/98, interpuesto por doña Carmen de la Puerta Salamanca, representada por el Procurador don José Granados Weil y bajo la dirección del Letrado don José María Cid Fontán, contra Sentencia de 4 de abril de 1998 de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada en el rollo de apelación civil 57/97. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte doña Dolores Cebolla Adán, representada por el Procurador don Julián Caballero Aguado y bajo la dirección del Letrado don Rafael Pardo Correcher. Ha sido ponente el Magistrado don Pablo García Manzano, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 18 de mayo de 1998, se interpuso el recurso de amparo que se deja mencionado en el encabezamiento y que se fundamenta en los siguientes hechos:
a) Doña Ana de la Puerta Salamanca, en su condición de arrendadora, promovió un juicio de cognición contra doña Dolores Cebolla Adán, en su calidad de arrendataria, en solicitud de que se declarase la resolución del contrato de arrendamiento de local de negocio existente entre las partes, por concurrir las siguientes causas de resolución:
1ª) La prevista en el art. 114.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Texto Refundido de 24 de diciembre de 1964 (en adelante, L.A.U.), por haberse transformado exclusivamente en vivienda el local arrendado para vaquería y vivienda del arrendatario .
2ª) La regulada en el art. 114.10 L.A.U., por haberse declarado en estado de ruina la finca arrendada.
3ª) La del art. 118 L.A.U., por haberse producido la destrucción de casi la totalidad del objeto arrendado.
b) Interpuesto recurso de apelación por la arrendataria, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid (rollo 57/97) dictó Sentencia el 4 de abril de 1998 en la que estimó el recurso y revocó la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva pasó a ser la siguiente: "Que, desestimando la excepción de prescripción de la acción, y desestimando asimismo la demanda de resolución de contrato formulada por doña Ana de la Puerta Salamanca contra doña Dolores Cebolla Adán, debemos declarar y declaramos no haber lugar a la resolución del contrato existente entre las partes ...; sin declaración especial en cuanto a las costas de la primera instancia".
2. Doña Carmen de la Puerta Salamanca interpone el presente recurso de amparo en su condición de heredera universal de su difunta hermana, doña Ana de la Puerta Salamanca, fallecida el 3 de marzo de 1998, lo que acredita con la correspondiente documental. En síntesis, la demanda denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. que se fundamenta en tres motivos:
1º) Violación del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que, a juicio de la recurrente, se ha producido porque la Sentencia de apelación utiliza las presunciones para deducir el consentimiento de la arrendadora a la transformación del arrendamiento exclusivamente en un arrendamiento de vivienda, de forma arbitraria y sin base racional alguna.
2º) Violación del derecho a la tutela judicial efectiva por haber incurrido la Sentencia de apelación en un error patente, consistente en interpretar la Sentencia de primera instancia en el sentido de que en ella se desestimó la causa de resolución fundada en la ruina de la finca arrendada (art. 114.10 L.A.U.), cuando, en realidad, en esta Sentencia no se entró en el fondo de esta causa de resolución, al considerarse innecesario por haberse estimado la fundada en el art. 114.6 L.A.U. Este error vulnera el art. 24.1 C.E., al conducir a la Audiencia a no examinar la causa de resolución fundada en la ruina de la finca.
3º) Violación del derecho a la tutela judicial efectiva por la existencia de una incongruencia omisiva, ya que la Sentencia de apelación no da respuesta a todas las pretensiones ejercitadas en el pleito, ya que deja de pronunciarse sobre la causa de resolución alegada en la demanda, fundada en el art. 118 L.A.U. por destrucción o pérdida del local arrendado.
3. Por providencia de 28 de septiembre de 1998 la Sección Segunda acordó, de conformidad con el art. 88 LOTC, requerir a la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid para que, en el plazo de diez días remitiese testimonio del rollo 57/97, y recibidas las actuaciones solicitadas, por providencia de 26 de abril de 1999, se acordó admitir a trámite la demanda, interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional.
4. Por providencia de 16 de junio de 1999 se acordó tener por recibido el testimonio solicitado y por parte al Procurador don Julián Caballero Aguado, en nombre de doña Dolores Cebolla Adán, y dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que, de conformidad con el art. 52 LOTC, pudieran presentar las alegaciones que se estimasen procedentes.
5. Mediante escrito registrado el 12 de julio de 1999, el Fiscal presenta sus alegaciones en las que, respecto de la queja en la que se alega la vulneración del art. 24.1 C.E. porque la Sentencia no está fundada en Derecho y adolece de arbitrariedad e irrazonabilidad, se estima que la respuesta que da la Audiencia, admitiendo la realidad del consentimiento de la arrendadora respecto a la transformación de la naturaleza del arrendamiento sobre el inmueble, está razonada y fundada sin que se aprecie la irracionalidad o arbitrariedad que denuncia el recurso, dado que no existe contradicción, como se pretende, entre la desestimación de la prescripción y la existencia del consentimiento. Sobre la continuación del arrendamiento la Audiencia, respecto de la prescripción establece, valorando la actividad probatoria desarrollada, dos fechas, una como inicio y otra como fin del tiempo transcurrido y éste no supone el exigido para la prescripción, mientras que respecto a la realidad del consentimiento, cuya existencia declara el órgano judicial, la fundamenta en el conocimiento en un momento determinado por la actora del hecho de la desaparición de la industria de vaquería, objeto del arrendamiento, y la aceptación de la situación resultante por esa desaparición, consistente en el cambio del objeto del arrendamiento de local de negocio a vivienda. La actora no denunció el cambio en el momento en que lo conoció y, dejó pasar el tiempo en el que pudo manifestar su oposición, lo que ha producido la consolidación de la relación arrendaticia con objeto distinto.
Por lo que atañe a la queja en la que se alega la incongruencia omisiva, señala el Ministerio Fiscal que, dada la naturaleza de la quiebra constitucional denunciada -incongruencia-- es obligatorio para acceder a la vía constitucional, de acuerdo con el art. 44.1 a) LOTC, agotar la vía judicial pertinente, que en este supuesto la constituye el incidente de nulidad regulado en el art. 240.3 L.O.P.J., al ser la Sentencia de 4 de abril de 1998 posterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica de 5 de diciembre de 1997. La ausencia de este incidente, para remediar la posible vulneración del derecho fundamental por incongruencia, supone que la demanda de amparo respecto a esta violación adolece de la falta de un presupuesto procesal, no subsanable, para tener acceso a la vía constitucional, lo que debe producir en este momento procesal la desestimación del recurso de amparo. No obstante, en el caso de que no se apreciase la citada causa de inadmisión, prosigue el Fiscal, debe señalarse que el examen de las actuaciones judiciales lleva a la afirmación de la realidad de las violaciones denunciadas. La actora en el escrito impugnando el recurso de apelación, mantenía dos pretensiones de resolución del contrato de arrendamiento, que ya había deducido junto con otra causa de resolución en la demanda. Estas dos causas de resolución del arrendamiento no habían sido objeto de estudio y resolución en la sentencia de instancia, por haber admitido ésta una de las tres deducidas, y por ello fueron de nuevo deducidas en la impugnación del recurso de apelación sin que la sentencia que resolvió este recurso, diera una contestación razonada y motivada, y sí respecto a la primera de ellas, por un error claro y terminante al entender la Sala que había sido desestimada por la Sentencia de instancia cuando no había sido así, bastando la lectura para llegar a esa conclusión, y la segunda pretensión, porque la Sentencia ni la menciona. De aquí se infiere la quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por incongruencia omisiva, al no responder el órgano judicial a las pretensiones debidamente deducidas sin que la respuesta a la primera de las tres pretensiones suponga la contestación a las otras dos, porque al no estimar la primera causa de resolución del contrato, era exigencia procesal entrar a considerar las otras dos causas de resolución, cuando habían entrado en el debate en el recurso de apelación. Concluye el Fiscal interesando una Sentencia que desestime el recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC], y si no se apreciare así, se dicte Sentencia estimando el recurso por vulnerar la recurrida el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por incongruencia.
6. Por escrito registrado el 14 de julio de 1999, la recurrente formula sus alegaciones en las que reitera su petición de amparo. En cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al desconocer la Sentencia recurrida el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, se insiste en que la Sentencia de apelación sienta como base fáctica el que no se han ofrecido por la demandada datos precisos o fechas exactas del momento en que la explotación de vaquería cesó y del momento en que tal evento fue conocido por la arrendadora, y se afirma que hay datos en las actuaciones de los que se desprende que todavía en el año 1977 había animales en la vaquería aunque ya estuviese vigente el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas de 1961. Considera la recurrente que las conclusiones a las que llega la Audiencia, en lo que respecta a la apreciación del consentimiento prestado por la arrendadora al cambio de destino de la cosa arrendada, resultan arbitrarias e irrazonables.
7. Mediante escrito registrado el 17 de julio de 1999, la representación de doña Dolores Cebolla Adán presenta sus alegaciones en las que impugna el recurso. En cuanto al primer motivo del amparo, la Sentencia recurrida analiza la prueba practicada y los escritos de las partes y llega a unos razonamientos absolutamente congruentes. Considera acreditado que la arrendadora ocupaba algunos locales de la vaquería con su propio ganado. A partir de esta realidad probatoria, la Audiencia llega a unas conclusiones perfectamente válidas, consistentes en estimar que la arrendadora conoció la transformación del primitivo objeto contractual (locales destinados a vaquerías y vivienda del vaquero), por únicamente el de vivienda, lo que se traduce en un consentimiento tácito a la transformación.
8. Por providencia de fecha 22 de octubre de 1999, se fijó para la deliberación y fallo del presente recurso el día 25 de octubre del mismo mes y año, día en que se inició el trámite que ha finalizado hoy.
1. El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si, como alega la demandante --doña Carmen de la Puerta Salamanca-- en su calidad de subrogada en la relación arrendaticia de la que era inicial titular, como arrendadora, su fallecida hermana, la Sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Décima) ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 C.E., al rechazar, en los términos procesales en que se ha producido el debate, la pretendida resolución del contrato de arrendamiento del local de negocio destinado a vaquería, sito en Mejorada del Campo (Madrid), del que era arrendataria la comparecida en este proceso, doña Dolores Cebolla Adán; resolución contractual que fue dilucidada en el juicio de cognición al que puso fin la Sentencia de que trae causa este amparo.
2. Con carácter previo al examen sobre el fondo de las quejas planteadas, se hace preciso determinar si, como aduce el Ministerio Fiscal, concurre la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 44.1 a) LOTC, por no haber utilizado la recurrente, como vía judicial previa al amparo constitucional, el remedio procesal del incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240.3 L.O.P.J., en cuanto a la alegada incongruencia omisiva.
3. Se alega por la demandante, en primer término, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., en la sustancial vertiente de la obtención de una resolución judicial fundada en Derecho sobre las pretensiones ejercitadas, por cuanto que, en la tesis de la recurrente, la Sentencia de apelación desestimó la resolución del arrendamiento de local de negocio al entender inexistente la causa del art. 114.6 L.A.U. (transformación del local de negocio destinado a vaquería en vivienda del arrendatario), que el Juzgado de Primera Instancia había acogido, solución desestimatoria que fundó el Tribunal ad quem en estimar acreditado el consentimiento tácito de la propietaria-arrendadora Sra. de la Puerta en dicha transformación, a través de una prueba de presunciones que el órgano judicial estableció conforme a un razonamiento que resulta arbitrario e irrazonable.
4. La segunda de las vulneraciones de derechos aducidas en la demanda tiene como base la explícita declaración contenida en la Sentencia impugnada, al resolver en apelación con revocación de la apelada, de no examinar las otras dos causas de resolución contractual a que venimos haciendo alusión, y ejercitadas también en la demanda civil, es decir, la ruina del inmueble declarada en vía administrativa por el Ayuntamiento de Mejorada del Campo (art. 114, causa 10ª, L.A.U.), y la pérdida o destrucción del local arrendado (extinción del arrendamiento regulada en el art. 118 de la tan repetida L.A.U.). En efecto, la Sala de apelación funda esa declaración en el fundamento jurídico tercero in fine de su Sentencia, del modo que sigue: "Y sin que proceda entrar en el tema de la también alegada ruina del local puesto que, habiendo sido desestimada por la sentencia recurrida, no ha sido objeto de impugnación por parte de la demandante". Se aduce por la demandante que tal argumentación es materialmente errónea, ya que la Sentencia de instancia no desestimó tales causas resolutorias, sino que las dejó imprejuzgadas al acoger la primera de las invocadas --esto es, la transformación del local de negocio en vivienda--, por lo que se incurre en un error palmario causante de indefensión.
5. En el presente caso, la arrendadora demandante, haciendo uso de la facultad prevista en la Ley Procesal Civil, acumuló en su demanda, instando la resolución del contrato de arrendamiento sobre el local de negocio (vaquería) sito en Mejorada del Campo, tres causas de resolución del vínculo arrendaticio. El Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Coslada examinó en primer término la causa amparada en el núm. 6º del mencionado art. 114 L.A.U., estimándola procedente por entender, una vez rechazada la prescripción de la acción resolutoria, que la arrendataria había realizado, sin consentimiento de la actora, una transformación del destino de los locales e instalaciones, destinándolos al uso exclusivo de vivienda de aquélla, por lo que declaró resuelto el contrato arrendaticio con el consiguiente desalojo de la arrendataria demandada. En el fundamento jurídico tercero de su Sentencia, el Juzgado entendió que era innecesario "examinar si concurren los requisitos que exige el número 10 del art. 114, a tenor de los datos obrantes en autos y prueba practicada, si partimos de la estimación de la causa de resolución al amparo del número seis del citado precepto", añadiendo más adelante que "idénticos razonamientos y argumentos se reproducen aquí para la causa de resolución invocada en tercer lugar y amparada en el art. 118 de la L.A.U., es decir, la pérdida o destrucción del local", razonamientos ambos que, no obstante cierta imprecisión en cuanto fueron precedidos de un somero análisis de la jurisprudencia recaía en materia de ruina, muestran bien a las claras el propósito del juzgador de dejar imprejuzgadas tales causas de resolución, al prosperar la primera de las esgrimidas por el arrendador-demandante, relativa a la transformación del destino de la finca arrendada.
6. El razonamiento que se deja expuesto revela que el Tribunal ad quem dejó de pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de resolución arrendaticia alegadas por la actora, fundadas en los arts. 114.10 y 118 L.A.U., como consecuencia de un manifiesto error de apreciación que, al ser determinante de la decisión judicial y producir un evidente perjuicio a los intereses de la recurrente, le ocasionó una indefensión material lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva, pues, al haber sido estimada la demanda en la instancia y declarado resuelto el contrato de arrendamiento no estaba procesalmente obligada a recurrir una Sentencia que le era favorable. El error patente cometido por la Sala motivó que no asumiese su cometido como Sala dotada de plena jurisdicción, de suerte que, en último término, y como consecuencia de todo lo acaecido, los órganos judiciales no sometieron a enjuiciamiento las restantes pretensiones aducidas por la actora las cuales, por razones ajenas a su voluntad, quedaron absolutamente imprejuzgadas, causándosele una indefensión proscrita por el derecho fundamental que reconoce el art. 24.1 C.E.
Otorgar el amparo solicitado por doña Carmen de la Puerta Salamanca y, en su virtud:
1º Reconocer a la recurrente el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.).
2º Declarar la nulidad de la Sentencia de 4 de abril de 1998, dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el rollo de apelación civil 57/97.
3º Retrotraer las actuaciones al momento procesal inmediato anterior a aquél en que se dictó dicha Sentencia, a fin de que la Sala se pronuncie sobre las restantes causas de resolución del contrato de arrendamiento alegadas por la arrendadora en su demanda.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 2194-1998
Promovido por doña Carmen de la Puerta Salamanca frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que resolvió su recurso de apelación en un litigio sobre arrendamiento de un local de negocio.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión: Sentencia que estima el recurso de apelación, y desestima la demanda, sin pronunciarse sobre las restantes causas de resolución del contrato alegadas.
La Sentencia dictada en apelación sobre la resolución del arrendamiento de local de negocio se fundamenta en una aplicación de la legalidad y en una apreciación de los hechos enjuiciados que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales integrantes del Poder Judicial (art. 117.3 C.E.) [FJ 3].
El Tribunal de apelación confundió lo que era un simple pronunciamiento de innecesariedad de examen por el juzgador con un juicio desestimatorio, y ello determinó que no se diese, como era obligado, respuesta explícita a la procedencia o improcedencia de las otras dos pretensiones contenidas en la demanda, que quedaron así imprejuzgadas [FJ 5].
El art. 24.1 C.E. comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones (STC 69/1984) [FJ 4].
El remedio procesal del incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240.3 L.O.P.J no era obligado, porque no nos hallamos ante un supuesto de alegación de incogruencia omisiva o ex silentio en sus propios términos [FJ 2].
Artículo 114.6, ff. 1, 3, 5
Artículo 114.10, ff. 1, 4 a 6
Artículo 118, ff. 1, 4 a 6
Incongruencia de la sentencia de apelación civilIncongruencia de la sentencia de apelación civil, ff. 4, 5
Incongruencia de las sentenciasIncongruencia de las sentencias, Concepto, ff. 2, 5
Incongruencia de las sentenciasIncongruencia de las sentencias, ff. 4, 5, 6
Extinción del contrato administrativoExtinción del contrato administrativo, f. 2
Sentencia de apelación civilSentencia de apelación civil, ff. 3, 4, 5, 6

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