Source: https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/tag/campesinos.html?start=50
Timestamp: 2020-07-15 09:17:28+00:00

Document:
Viernes, 23 Junio 2017 15:21
En el año 2015 éste periódico informó sobre un grave problema en el proyecto hidroeléctrico Cañaveral–Sonsón (HidroArma). El título de aquel artículo “Expropiación en Cañaveral, ¿una guerra perdida?”**. Los hechos nos dieron la razón, y la noticia hoy es positiva, por ello el titular de esta nueva nota recoge una realidad diferente: ¡Una guerra ganada!
Nuestros lectores merecen un recuento:
- El proyecto Cañaveral–Sonsón estima generar 174 MW. a un costo aproximado de U$380 millones, con una vida útil de 100 años
- La ley 56 del 1981, Art. 10, ordena conformar una Comisión Tripartita.
- HidroArma no quiso escuchar al representante de los propietarios a la Comisión Tripartita, quien de manera juiciosa, ordenada y con pleno conocimiento expresó que a los avalúos comerciales para la compra de los predios deberían aplicarse la Ley 56/1981, 388/1997 y resolución 620/2008 del Instituto Agustín Codazzi (Igac). ¡Ni el representante del Igac quiso aceptar lo que le ordenaba el Instituto!
- Hidroarma se empecinó en no aplicar la resolución 620/2008 y adelantar en los juzgados un proceso de Expropiación contra los campesinos.
- El Juzgado Civil del Circuito de Sonsón, determinó que la compra a los campesinos se debería hacer según la resolución 620/2008. HidroArma apeló esta decisión y este proceso llegó al Tribunal Superior de Antioquia
- El Tribunal Superior de Antioquia, sala civil-familia, febrero/2017, en sus partes principales determinó lo siguiente (ver apartes de la Sentencia):
Apartes de la Sentencia
- Por las anteriores razones, no es legal que se hubiese designado un perito para la práctica de una experticia que no procedía en esa fase procesal; no había lugar para un periodo probatorio en esa materia. Eso correspondía realizarlo en la oportunidad señalada por el precepto 456 del Código de Procedimiento Civil, a la razón.
- El artículo 456 de la citada codificación dispone que para el avalúo del bien objeto de expropiación, y para determinar las indemnizaciones, el juez “designará peritos”. Ese precepto se armoniza con lo mandado en el artículo 212 de la Ley 56 de 1985, que ordena: “El juez, al hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.C.”. Ambas normas tienen el carácter de especiales, luego, no pugnan con la norma general prevista en el artículo 24 de Ley 791 de 2003. Pero es que, además para los casos de expropiación, también están las normas especiales que exigen calidades especiales para los peritos que han de actuar en este tipo de asuntos; debe pertenecer al IGAC o a la Lonja de Propiedad Raíz; del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
[...] del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
- Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.
Acatando las anteriores normas, la Sala observa que de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial (Decreto 1420 de 1998-9, tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.
5.3. Ahora bien, siguiendo nuestra línea argumentativa, la Sala debe indicar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, al momento de elaborar el avalúo de predios a expropiar, o el predio; (iv) los timos de construcciones en la zona: (v) la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y de transporte; y, (vi) entre otras tantas que hacen referencia a la construcciones, a las obras complementarias existentes y a los cultivos3.
5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados5, el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456.
¡Gran triunfo de la verdad y la ley!
¡Gran triunfo de los campesinos de Sonsón!
¡Gran derrota de la soberbia y la ignorancia de los empleados públicos!
Mayo 12 de 2017s
Sábado, 27 Mayo 2017 06:26
Un estudio publicado en Environmental Research Letters revela que el narcotráfico es el responsable de hasta el 30% de la deforestación anual en Nicaragua, Honduras y Guatemala
Una de las formas más sencillas para blanquear su dinero consiste en comprar terrenos de bosque y convertirlos en tierra agrícola
La propiedad de la tierra, el primer y último eslabón del conflicto armado en Colombia
Comienza el desarrollo de la ley que debe cumplir con el primer punto del acuerdo con las FARC para garantizar el acceso al campo
La paz en Colombia tiene una premisa crucial, exactamente la misma que estuvo en el origen de la guerra que ha golpeado el país durante más de 50 años. “El conflicto colombiano empezó en la tierra y es en la tierra donde debe terminar”. Con estas palabras describe Miguel Samper la filosofía de la ley que debe concretar el primer punto de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, que tiene el objetivo de regular y democratizar el acceso al campo. En medio de un intenso debate político sobre este proyecto legislativo, que ha sido blanco de las críticas de representantes de la oposición y organizaciones del sector, el director de la Agencia Nacional de Tierras defiende la puesta en marcha de “una verdadera revolución en materia de propiedad”.
En este contexto, ese organismo comenzó el miércoles en Cali una gira de “socialización” de la llamada ley de tierras para tratar de explicar a los colectivos afectados los objetivos de esta reforma. La primera meta, señala Samper en conversación con EL PAÍS, es “permitirle el acceso a la tierra a los que no la tienen”. La norma pretende también “brindar seguridad jurídica”, ya que “si un campesino no es dueño de la tierra no tiene acceso a créditos, a subsidios, no puede hacer obras y por eso hay que formalizar la propiedad”. El Gobierno busca, finalmente, en esta fase de postconflicto que acaba de empezar, dar un correcto uso al campo. En definitiva, “que la tierra se utilice para lo que es” en un país donde el 70% de la producción ocupa el 5% del área productiva.
Esta ley ha recibido las críticas de un grupo de senadores y representantes en la Cámara encabezados por Iván Cepeda, del Polo Democrático. En una carta dirigida a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo con las FARC, afirman que el proyecto de ley “permite entregar los baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria”. También aseguran que la propuesta “incluso permite” la adjudicación de los baldíos a empresas mineras o petroleras, “cuando conforme a la Constitución y a la jurisprudencia el fin primordial de los baldíos es dotar de tierras a los campesinos que carecen de ellas”.
Las FARC y la tierra
Samper mantiene, en cambio, que el principal objetivo de la ley de tierras es facilitar el acceso al campo a quien hasta ahora no la tenido. Incluso a los exguerrilleros de las FARC, ya que este proyecto, afirma, “remueve ciertos obstáculos” para el uso de las tierras. “No se trata de imponer un modelo de reintegración que sea eminentemente rural”, razona. “La persona que está en este proceso de reintegración”, agrega en referencia a la transición de la guerrilla a la vida civil, debe decidir si irse a la ciudad o montar un modelo de granja autosostenible. “Tampoco se les puede imponer un único esquema de reintegración, pero nosotros y toda la sociedad en la actualidad preferimos que los guerrilleros estén sembrando café en lugar de minas antipersona”, prosigue.
En cualquier caso, el director de la Agencia Nacional de Tierras destaca la transformación del modelo de relación entre la administración pública y los campesinos. “Actualmente, la institucionalidad tiene que esperar a que el campesino se acerque, ahora vamos a ser nosotros quienes nos vamos a acercar a los campesinos, vamos a ir predio por predio por todo el territorio nacional a arreglar los conflictos de la tierra”, señala.
“Estamos saliendo de un conflicto armado, la tierra se ha teñido de colores partidistas. La intención con este proyecto de ley es que la tierra no tenga un trasfondo político, sino que tenga un trasfondo de bienestar para los campesinos”, considera. Mientras tanto, el camino de Colombia hacia la paz sigue marcado por un conflicto sobre la tierra que, una vez enterrada la guerra, va camino de convertirse en una tensa disputa política.
Martes, 11 Abril 2017 06:54
“Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana justicia, si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia la irredenta son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Aquí como allá, hay grandes señores, inhumanos, codiciosos y crueles que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura, a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá, los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida, empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar.” La anterior es una declaración del general Emiliano Zapata, jefe del Ejército Libertador, formulada el 14 de febrero de 1918, en una carta escrita en su cuartel de Tlaltizapán, dirigida al general Jenaro Amezcua, a quien había encomendado difundir los ideales del zapatismo en América y Europa.
La fecha del documento es importante. Se escribió un año después de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual el carrancismo dio por terminada la guerra que durante siete años había asolado al país y uno antes de que fuera asesinado por el traidor Jesús Guajardo, aquel infausto 10 de abril de 1919. Para hacer frente a la propaganda carrancista, los zapatistas habían decidido iniciar una campaña mundial y, en voz de su jefe máximo, declaraban que la revolución agraria continuaba y se proponían explicar sus finalidades, "así como su íntima solidaridad con los movimientos de emancipación que en otras regiones del mundo realiza en la actualidad el proletariado", según expresaba el mismo general Emiliano Zapata en su misiva. Por eso instruía a su comisionado incidir entre los grupos políticos con quienes entrara en comunicación "para que en interés de la causa común, propaguen en pro de la gran masa de los campesinos, generalmente descuidada y poco atendida por los protagonistas obreros".
En su carta, el general Emiliano Zapata declaraba que, desde su punto de vista, entre la revolución agraria de México impulsada por los zapatistas y el movimiento revolucionario de los rusos impulsado por los bolqueviques, existía un marcado paralelismo. “Una y otro van dirigidos contra lo que León Tolstoi llamó ‘el gran crimen’, contra la infame usurpación de la tierra, que siendo propiedad de todos, como el aire y como el agua, ha sido monopolizado por unos cuantos poderosos, apoyados por la fuerza de los ejércitos y por la iniquidad de las leyes”, decía. Y agregaba: "No es de extrañar, por lo mismo, que el proletariado mundial aplauda y admire la revolución rusa, del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta revolución mexicana, al darse cuenta cabalmente de sus fines". De estas declaraciones se desprende que el zapatismo no sólo era un proyecto nacional, sino también aspiraba a incidir en la revolución mundial, teniendo como eje la alianza entre obreros y campesinos.
Este aspecto de la propuesta política del zapatismo quedaba bastante claro en las instrucciones que dictó al general Genaro Amezcua sobre su actuar durante sus actividades de propaganda. “Es preciso no olvidar –le escribía– que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino. De no ser así, la burguesía podrá poner estas dos fuerzas la una frente a la otra, y aprovecharse v. gr., de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores citadinos; del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo. Así lo hicieron en México, Francisco I. Madero en un principio y Venustiano Carranza últimamente; si bien aquí los obreros han salido ya de su error y comprenden ahora perfectamente que fueron víctimas de la perfidia carrancista”.
Ahora que se cumple un aniversario más del asesinato del jefe revolucionario, es importante conocer que además de un proyecto de nación con sustento en la propiedad colectiva de las tierras y en el poder organizado de los pueblos, los zapatistas pensaban que el triunfo de su causa requería de la participación de fuerzas revolucionarias de otras latitudes; que el cambio revolucionario, para tener éxito, debería ser total. Estas ideas adquieren gran actualidad sobre todo en estas épocas en que el capital se ha trasnacionalizado a tal grado que es muy difícil conocer la nacionalidad del mismo, por lo cual las resistencias contra la apropiación de los bienes comunes que lleva a cabo, particularmente en el campo, necesita salvar las fronteras fijadas por los estados y tejer una gran alianza obrera campesina como requisito necesario para tener éxito. Se trata de otro rasgo del zapatismo que, como relámpago en la tormenta, puede seguir alumbrando la lucha popular.
Lunes, 10 Abril 2017 07:47
La concentración de la tierra en Latinoamérica, causa de conflicto social y subdesarrollo
• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras
• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas
• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile
“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restante. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la ONG, retomado ahora por la FAO.
Desde la revolución verde hasta nuestros días hemos visto la capacidad de expansión y desarrollo de la agricultura industrial y los negocios que mueve. Para alcanzar las cotas actuales se ha trabajado a fondo. A base de tratados de libre comercio se ha conseguido abolir cualquier frontera en favor del comercio agrícola, aunque sean transacciones innecesarias, insostenibles e ilógicas. Con los llamados ajustes estructurales se han desmantelado los sistemas agrarios nacionales aunque ello representara vulnerabilidad alimentaria para muchos territorios y sus correspondientes crisis. A partir de técnicas agrarias –como los transgénicos– y de leyes en favor de la privatización de las semillas, este mercado está concentrado en proporciones impensables, generando una inmensa pérdida de biodiversidad cultivada. De la misma manera se ha ido acaparando en muy pocas manos grandes extensiones de tierra fértil, junto con el agua de riego, que son la base del crecimiento de monocultivos –como la soya o la palma africana– que compiten ventajosamente frente a otros más necesarios. Y como estamos viendo en estos años, otro elemento fundamental para los negocios agrarios es asegurarse el control de la información sobre el clima, como pretenden desde Monsanto a John Deere.
Pero les queda una piedra en el zapato. La agricultura siempre acaba requiriendo mano de obra y trabajo de campo, aunque tecnológicamente pueda minimizarse y, siguiendo los mismos patrones descritos, ya estamos observando una verdadera carrera de las grandes transnacionales por ‘adueñarse’ del mayor número posible de campesinas y campesinos. Vendría a ser una suerte de acaparamiento de personas.
Siglos atrás esta necesidad se resolvía en forma de esclavismo agrario, unas maneras inhumanas que permitieron a las corporaciones de las metrópolis las grandes cosechas de productos de exportación como el azúcar, el caucho o los bananos. Ahora todo es, simplemente, más sutil. En Catalunya, donde yo vivo, conocemos bien la fórmula de la ganadería de integración, donde la implementación de modelos muy intensivos de engorda de cerdos y aves, con niveles de genética muy específicos, comporta que los otrora ganaderos independientes en sus propias fincas ahora son simples operarios de una cadena de montaje. Las compañías para las que trabajan les suministran los lechones o pollitos, les asignan un veterinario para que controle todo el proceso, les hacen comprar su pienso y su medicación y, finalmente, están obligados a vender a los animales engordados a la misma empresa. Súbditos en tiempos modernos.
Esta es una de las modalidades que podemos agrupar bajo el nombre de "agricultura de contrato", que cada vez gana más presencia en todo el mundo y que desde instituciones como la FAO bendicen, pues dicen que evita riesgos para las y los agricultores. Es el caso también del programa Nueva Visión para la Agricultura, impulsado desde 2009 por el Foro Económico Mundial que, como explica el reciente informe de la fundación Grain, es una colaboración entre gobiernos y algunas de las compañías trasnacionales productoras de alimentos más grandes del mundo, como Nestlé, Pepsico, Cargill o Unilever, para implementar proyectos en África, América Latina y Asia que potencian la producción de un número pequeño de cultivos de alto valor comercial. El papel de los gobiernos y sus agencias públicas es convencer a las organizaciones campesinas para sumarse a estos programas e incluso apoyan económicamente la construcción de invernaderos, infraestructura de alta tecnología, semillas híbridas o agrotóxicos de las compañías en cuestión.
Es decir, le llaman Nueva Visión pero es un viejo paradigma. Logrando que las y los agricultores firmen contratos de exclusividad con ellas, las corporaciones ganan un mercado seguro y aseguran un abastecimiento de la materia prima que necesitan para la elaboración de sus alimentos procesados sin hundir, en ningún momento, las manos en la tierra.
Para las corporaciones sí que es un escenario seguro y será cada vez más habitual. De hecho aquí en México el programa Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario se conoce como Vida y ya está en marcha con la participación de 40 compañías privadas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la parte pública. Según la información actual manifiesta tener 85 mil agricultores y agricultoras participantes en todo México, pero aspira a contar con la participación de 600 mil el próximo 2018. A escala mundial, en los próximos tres a cinco años, se espera que formen parte de esta legión de agricultores esposados a compañías multinacionales un total de casi 10 millones de personas.
Imaginen en las granjas, los prados, los pueblos a todas sus gentes campesinas con el mismo logotipo en su indumentaria. Imaginen.
12-07-2020 Hits:43 Edición Le Monde diplomatique Nº201 Román Vega Romero*
12-07-2020 Hits:42 Edición Le Monde diplomatique Nº201 Libardo Sarmiento Anzola
12-07-2020 Hits:43 Edición Le Monde diplomatique Nº201 Philip Potdevin
12-07-2020 Hits:35 Edición Le Monde diplomatique Nº201 Carlos Gutiérrez Márquez
12-07-2020 Hits:35 Edición Le Monde diplomatique Nº201 Carlos Eduardo Maldonado

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 456
 artículo 212
 artículo 456
 artículo 24
 artículo 456
 artículo 456
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 456