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Timestamp: 2019-08-26 09:28:07+00:00

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A vueltas con las acciones de reintegración concursal. ¿Es posible rescindir una modificación estructural traslativa? - El Derecho
A vueltas con las acciones de reintegración concursal. ¿Es posible rescindir una modificación estructural traslativa?
Foro 01-05-2013 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
Dedicamos una nueva edición del Foro al análisis de las acciones de reintegración concursal que, como es conocido, no sólo suponen una relevante bolsa de litigiosidad, -pues se trata de un remedio que, junto a otros, permite incrementar el valor de la maltrecha masa activa para cumplir la finalidad esencial del concurso-, sino que, en muchos casos, constituyen un factor determinante del comportamiento de los agentes económicos en el mercado, con influencia directa en el principio general de la seguridad jurídica.
Planteamos ahora una cuestión que nos parece especialmente compleja: la posibilidad de la rescisión concursal de las modificaciones estructurales traslativas: fusiones, escisiones y cesiones globales de activo y pasivo.
Es llano que no hay respuesta en la legislación positiva, -ni en la concursal, ni en la societaria-, y nos parece que existen poderosos argumentos tanto a favor como en contra. Así está el estado de la cuestión en la doctrina, con opiniones divididas de nuestros más prestigiosos concursalistas. La dificultad se acrecienta, pues en la fecha en que se escriben estas líneas son muy escasos los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia, ninguno todavía de órganos provinciales y, por supuesto, tampoco del Tribunal Supremo.
Pero en la práctica vemos como las operaciones estructurales son contenido casi típico, directo o indirecto, de los más relevantes acuerdos de refinanciación (entendido el término en su sentido más amplio), y su resistencia a una posible rescisión reviste un papel fundamental que compromete a todo el sistema.
Llamativamente, la división de pareceres a la que acabamos de hacer mención se reproduce, exactamente al cincuenta por ciento, en la opinión de nuestros expertos. El lector analizará los argumentos a favor y en contra, y la relevancia en la respuesta de la evidente dificultad práctica de determinar, en su caso, los efectos de la rescisión.
Una vez más, tanto la "anormalidad" que representa el concurso en el funcionamiento ordinario de las instituciones tradicionales del Derecho Privado, como la colisión de los principios de la tutela de los acreedores, -fin primigenio del Derecho de la insolvencia-, con la irrenunciable vigencia del principio de la seguridad jurídica en el tráfico mercantil, constituyen un desafío para el intérprete del Derecho.
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho Mercantil", el 1 de mayo de 2013.
La cuestión que se formula deriva, a mi entender, de la falta...
La cuestión que se formula deriva, a mi entender, de la falta de una respuesta explícita a las relaciones que debieran existir entre un hecho societario tan relevante como es la modificación, cuando no la extinción, de una sociedad a consecuencia de una modificación estructural, con el derecho concursal que puede suponer, en el marco de una concreta crisis empresarial, la modificación, cuando no la extinción, de la sociedad concursada.
Fusión, escisión o cesión global del activo y del pasivo, constituyen modalidades modificación estructural que pueden conllevar, desde una mera modificación a la extinción social y ello, en la mayoría de ocasiones, respecto de terceras sociedades distintas a las afectadas por la modificación estructural con referencia a las absorbentes o beneficiarias de la operación que es la característica que permite calificar estas operaciones estructurales de traslativas.
La relación con el derecho concursal ha sido suficientemente expuesta por la doctrina que ha venido señalando que la modificación estructural puede constituir desde una alternativa al concurso a una operación paralela al proceso concursal, es decir, a una operación gestada con anterioridad al concurso y continuada durante él o iniciada y concluida tras la declaración del concurso (en tanto que mientras no entra en fase de liquidación (art 145.2 LC -EDL 2003/29207-) la sociedad no se disuelve), recurriéndose de forma expresa a la causística reestructural como un instrumento en el marco del convenio concursal –art 100.3 LC-.
Para el examen de la cuestión formulada conviene advertir que de los casos señalados, la operación relevante que nos interesa es la que pudiera haberse realizado y finalizado con anterioridad a la declaración del concurso en el periodo de los dos años anteriores a dicha declaración, teniendo en cuenta que la causística de operaciones a que nos referimos de las contempladas en la Ley 3/2009, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LMESM) -EDL 2009/25042 serían las de fusión –art 22 y ss LMESM que suponen la transmisión en bloque por dos o más sociedades de todo el patrimonio a favor de una sociedad que se constituye ex novo –fusión por constitución o de otra preexistente que la absorbe –fusión por absorción-, las de escisión –art 66 y ss LMESM-, bien total por división de todo su patrimonio en dos o más partes, transmitiéndose cada una de ellas en bloque a una sociedad de nueva creación o preexistente, bien parcial, con subsistencia de la sociedad escindida, o de segregación y, finalmente podemos incluir también las operaciones de cesión global del activo y del pasivo –art 81 y ss LMESM en los casos en que la contraprestación sea recibida por los socios o por la sociedad.
Pues bien, lo que se pide en la cuestión que se formula es la respuesta a si son viables las acciones rescisorias concursales (art 71 LC -EDL 2003/29207-) contra dichas operaciones cuando antes de que hayan transcurrido dos años desde la conclusión de la operación estructural se produjera la declaración concursal de alguna de las sociedades participantes en la reestructuración –sea la sociedad nacida de la fusión o la absorbente o alguna de las beneficiarias de la escisión total o de la cesión global del activo y del pasivo o de los beneficiarios de su contraprestación o de cualquiera de las partícipes en los casos de escisión parcial o de una segregación y se considerara que la misma es perjudicial para la masa activa.
La problemática deriva de la limitación introducida en la Ley 3/2009 -EDL 2009/25042 al ejercicio de la acción de impugnación de la modificación inscrita –art 47.1 LMESM-, lo que lleva a algunos autores (y a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº dos de Las Palmas de Gran Canaria de 12 de diciembre de 2011 -EDJ 2011/359283-), a entender que, transcurrido el plazo legal, la operación se consolida y resulta inatacable.
En efecto, si para algunos autores (Emilio Beltrán), con buen criterio desde mi punto de vista, la cuestión se desplaza a la existencia de perjuicio es decir, al hecho de que la operación de reestructuración societaria pudiera suponer un perjuicio para la masa activa de la sociedad concursada (más claro, de ordinario, cuando la concursada es la sociedad beneficiaria de la contraprestación), haciendo de la acción un instrumento claramente viable, para otros (Cerdá Albero), hay al menos dos argumentos que justifican que la operación de modificación estructural debe entenderse, una vez publicada y transcurrido el plazo de tres meses de caducidad para la impugnación, protegida frente a la rescisión concursal con independencia de que sea o no perjudicial para la masa activa, a saber, en primer lugar, la dicción legal del artículo 47.1 LMESM -EDL 2009/25042 (previsto para la fusión pero aplicable tanto a la escisión –art 73.1 como a la cesión global -art 90-) y, en segundo lugar, la regulación del derecho de oposición de acreedores en las modificaciones estructurales traslativas –art 44 LMESM, 73.1 y 88 mismo texto legal abundándose el argumento con la existencia de mecanismos, en el caso de la escisión, para la protección de los acreedores de la sociedad escindida, que prevén –art 75.2 LMESM la responsabilidad –limitada al importe del activo neto atribuido en la escisión cuando de responsabilidad subsidiaria se tratara de las sociedades beneficiarias en los casos de escisión total, y la responsabilidad sin límite –art 80 LMESM-, en el caso de escisión parcial o de segregación, de las sociedades beneficiarias de la escisión o segregación.
Sin embargo, aun siendo cierto que el artículo 47.1 LMESM establece de manera tajante que ninguna fusión podrá ser impugnada tras su inscripción siempre que se haya realizado de conformidad con las previsiones de esta ley y que son muchas las razones que abogan por la conservación de la operación societaria, razones sin duda abundadas por la existencia en la ley de los mecanismos de oposición que tienen los acreedores durante el proceso de reestructuración y las reservas de resarcimiento de daños y perjuicios que pudieran padecer socios o terceros –art 47.1 in fine LMESM-, entiendo que ninguno de los argumentos son suficientes para entender que el principio de inimpugnabilidad de la modificación estructural inscrita inmuniza dicha operación, en caso de perjuicio, en el seno del concurso.
Y es que no parece argumento bastante la falta de oposición de los acreedores. No lo es, al menos, desde la perspectiva de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-, pues el artículo 71 no sólo contempla la rescisión concursal sino también otras acciones encuadrables en el marco de las destinadas a la declaración de ineficacia que son muestra de la compatibilidad entre las acciones que pudieron y no se ejercitaron y las que nacen con la declaración del concurso.
Por otro lado, no hay cuestión, desde la perspectiva del derecho concursal, de pérdida de oportunidad, no habiendo norma en la Ley Concursal -EDL 2003/29207 para sustentar la pérdida del derecho rescisorio –cuya legitimación se atribuye, en primer grado, no a los acreedores sino a la Administración concursal por falta de oposición en su momento, durante el proceso de reestructuración societaria, de los acreedores pues claramente, no constituye presupuesto la una de la otra y, además, aquél argumento no resuelve, o resuelve negativamente, la posibilidad de subsistencia de la acción rescisoria en caso de desestimación de la oposición formulada por los acreedores durante el proceso de modificación estructural, en especial si los argumentos empleados en la misma fueran distintos a los propios de la rescisión concursal.
Tampoco entiendo insuficiente el argumento que deriva del principio de inimpugnabilidad que proclama el artículo 47.1 LMESM -EDL 2009/25042-.
La rescisión, por naturaleza, se dirige frente a negocios jurídicos perfectos. Por tanto, la impugnación tiene una causalidad que establece en cada caso la ley y que, necesariamente, resulta exorbitante respecto del negocio mismo. De este modo, lo que resulta inatacable en el marco donde se genera, en este caso, el societario, no necesariamente queda protegido en uno distinto cuando por su incidencia, resulta conveniente su valoración bajo los requerimientos del marco legal de que se trata.
Es por ello que debemos examinar el significado de la rescisión concursal en cuya regulación, a diferencia de lo que ocurre con los casos contemplados en el artículo 71.5 LC -EDL 2003/29207 y con los acuerdos de refinanciación, ninguna exclusión formula respecto de las operaciones de modificación estructural.
La rescisión concursal, como bien sabido es, cumple una función muy determinada en el seno del concurso que enlaza, directamente, con actos y negocios que implican perjuicio, perjuicio que constituye el factor desencadenante, con los requisitos que establece la ley, de la ineficacia del negocio.
La rescisión concursal adquiere así una especialidad frente a la que debe ceder, en la permeabilidad en el derecho societario del concursal y en garantía de los derechos de crédito existentes al tiempo de la declaración del estado del concurso, los negocios societarios no expresamente excluidos de la posible ineficacia cuando sea necesaria para mejorar, cuantitativa o cualitativamente, la masa activa por haber sido aquellos perjudiciales para la misma.
"El origen de todo sistema de reintegración de masa en el concurso descansa en la experiencia contrastada que antecede al reconocimiento jurídico del estado de insolvencia. La realidad nos muestra cómo, ante el riesgo de una situación de insolvencia, el deudor puede -y suele llevar a cabo una huida hacia delante que agrava aún más aquel estado, con grave perjuicio de sus acreedores; puede también tratar de eludir ciertos bienes respecto de su futuro concurso o, en fin, adopta las medidas oportunas, por sí o a petición de tercero interesado, en virtud de las cuáles se favorece a unos acreedores en detrimento del resto. La constatación de esa realidad ha llevado, desde siempre, a que en toda regulación concursal se disponga de reglas y mecanismos que permitan revisar las actuaciones del concursado en esa etapa anterior a la declaración del concurso y en la que ya padecía el estado de insolvencia que luego se formalizará o en la que, al menos, vinieron a producirse ciertos desarreglos económicos que le llevaron a tal comportamiento" (García Cruces, José Antonio, "Presupuestos y finalidad de la acción de reintegración en el concurso de acreedores").
Compartiendo el argumento, se entiende que el núcleo de la rescisión sea el perjuicio, es decir, el quebranto de la masa activa bien frente a operaciones que la reduzcan cuantitativamente, bien frente a negocios que incidan en ella negativamente y que concurriendo en una operación estructural modificativa traslativa, tal negocio jurídico pueda ser rescindido si hubiera tenido lugar en el plazo de los dos años anteriores a la declaración del concurso.
La propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 se manifiesta, de forma expresa, que la finalidad pretendida con la nueva regulación del sistema de reintegración es superar el "perturbador sistema de retroacción del concurso" y los extraordinariamente negativos efectos que producía, sustituyéndolo por un modelo reintegratorio distinto y basado en la regla de rescindibilidad, a fin de no afectar innecesariamente – y con los mayores límites posibles – la seguridad del tráfico que no parece, por tanto, que siendo límite, sea frontera cuando concurren los presupuestos de la rescindibilidad pues, en estos casos, debe entenderse que cede a favor de los derechos de la masa pasiva.
En conclusión, las operaciones estructurales modificativas societarias de naturaleza traslativa –fusiones y escisiones fundamentalmente no están excluidas de la rescisión concursal si con ellas se produce perjuicio para la masa.
La cuestión cuyo análisis se solicita gira en torno a la resistencia de las operaciones...
La cuestión cuyo análisis se solicita gira en torno a la resistencia de las operaciones de modificación estructural traslativa a las que se haya visto sometida la entidad deudora –dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso a la acción rescisoria concursal del artículo 71.1 LC -EDL 2003/29207-.
Hay que tomar como punto de partida que la acción rescisoria concursal tiene por objeto la declaración de ineficacia de los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración. La razón de esta posibilidad introducida por el artículo 71.1 LC -EDL 2003/29207-, se halla, esencialmente, en evitar que los actos realizados por el deudor que sean objetivamente perjudiciales para la masa activa, prevalezcan ante una situación de insolvencia que ha dado lugar a la declaración del concurso del deudor.
No sólo la minoración de la masa activa puede ser objetivo de la ineficacia postulada por la acción regulada en el artículo 71.1 LC -EDL 2003/29207-, sino que a la misma se ha equiparado el perjuicio indirecto que suponen los actos realizados en quebranto del principio de pars conditio creditorum. En este sentido, podemos mencionar los argumentos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ª) de 8 de enero de 2009 -EDJ 2009/34615-, según la cual "la norma, sin embargo, admite una noción de perjuicio para la masa activa que no se reduce estrictamente a los actos que de modo directo produzcan una disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que supongan un perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro".
Sin embargo, en contra de lo que pudiera hacer pensar dicha extensión, no todos los actos perjudiciales realizados por el deudor son susceptibles de ser declarados ineficaces por medio de la acción rescisoria concursal. Hay actuaciones inmunes a la misma por diversas razones. El primero de los límites señalado por el legislador a la eficacia de la acción rescisoria concursal es el cronológico, puesto que los actos del deudor realizados más allá del periodo de los dos años anteriores a la declaración del concurso quedan excluidos de la acción de reintegración.
Por tanto, no parece que pudiera considerarse contrario al sentido común identificar de entre las razones que pueden implicar una limitación al alcance de la acción rescisoria concursal la de la salvaguarda del principio de seguridad jurídica. De hecho, la mejor doctrina concursalista menciona que se optó por cierto sacrificio de la seguridad del tráfico cuando se optó por la configuración del alcance de la acción rescisoria concursal (vid. ROJO, A; BELTRÁN, E; Comentario de la Ley Concursal (T.I); Thomson-Civitas; Madrid (2004), pág. 1304).
Por tal razón, del mismo modo que el legislador excluyó expresamente de la acción de reintegración los actos realizados por el deudor fuera del periodo de los dos años anteriores a la declaración del concurso, los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, los comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados, y las garantías constituidas a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica (artículos 71.1 y 5 LC -EDL 2003/29207-) pueden descubrirse en normas extraconcursales supuestos de operaciones que por su propia configuración podrían encontrarse protegidas frente la acción rescisoria concursal del artículo 71.1 LC.
Nos referimos a actos en los que haya participado el deudor y en los que la noción de "perjuicio" deba considerarse excluida por haber existido una previa fiscalización de la operación por parte de los acreedores. Quizá no debería considerarse descabellado incluir dentro de dicha categoría las operaciones estructurales traslativas realizadas por las sociedades.
Habida cuenta que la identidad del régimen jurídico de la impugnación de la fusión [artículo 47 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -EDL 2009/25042 (en adelante también "LMESM")], de la escisión (artículo 73.1 LMESM) y de la cesión global de activo y pasivo (artículo 90 LMESM) las conclusiones que alcancemos deben ser comunes para tal clase de modificaciones estructurales.
El artículo 41 LMESM -EDL 2009/25042 establece mecanismos de protección de los acreedores que puedan quedar afectados por las referidas transmisiones. Tales mecanismos de protección de los acreedores fueron implantados en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la trasposición de la Tercera y Sexta Directiva del Consejo. De acuerdo con el precepto que acabamos de citar "la fusión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la fusión o, en caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío de la comunicación al último de ellos". En caso de oposición formulada por un acreedor legitimado, el apartado 3 del artículo 41 LMESM establece que la fusión "no podrá llevarse a efecto hasta que la sociedad presente garantía a satisfacción del acreedor o, en otro caso, hasta que notifique a dicho acreedor la prestación de fianza solidaria en favor de la sociedad por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla, por la cuantía del crédito de que fuera titular el acreedor, y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su cumplimiento".
Es por esta razón que el artículo 47.1 LMESM -EDL 2009/25042 establece que "ninguna fusión podrá ser impugnada tras su inscripción siempre que se haya realizado de conformidad con las previsiones de esta Ley".
No puede calificarse de aventurado opinar que tal exclusión pueda alcanzar también la acción rescisoria concursal, ya que el fundamento de su prosperabilidad -el "perjuicio para la masa activa" que no deja de ser el reflejo de la disminución de las posibilidades de los acreedores de obtener satisfacción con el patrimonio del deudor ha quedado comprometido una vez que son los propios acreedores lo que han permitido la inscripción de la modificación estructural traslativa al no haber formulado oposición a la misma.
Coincidiendo con esta línea merece ser destacada la opinión del Profesor D. Fernando Cerdá Albero expresada en Modificaciones estructurales societarias y concurso de acreedores [GÓMEZ SEGADE, José; GARCÍA VIDAL, Ángel; y OLIVENCIA RUIZ, Manuel Olivencia Ruiz; El derecho mercantil en el umbral del siglo XX; Ed. Marcial Pons; Madrid (2010)] y la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 12 diciembre de 2011 -EDJ 2011/359283-.
La posibilidad de rescindir una modificación estructural societaria llevada a cabo con anterioridad a la...
La posibilidad de rescindir una modificación estructural societaria llevada a cabo con anterioridad a la declaración de concurso de acreedores de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 LC -EDL 2003/29207 es una cuestión no exenta de debate, esencialmente debido a que ni la LC ni la LMESM contemplan una solución expresa a esta cuestión.
La Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -EDL 2009/25042 (LMESM) unifica y amplía, según su propia exposición de motivos, el régimen jurídico de las denominadas "modificaciones estructurales", entendidas como "aquellas alternativas de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, y que, por tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global del activo y del pasivo", concibiéndose ésta última como un instrumento legislativo de la trasmisión de empresas que va más allá de la propia liquidación.
La única referencia en la LMESM -EDL 2009/25042 al concurso de acreedores se encuentra en su artículo 93.2 impidiendo el traslado de domicilio al extranjero de una sociedad que se encuentre en concurso de acreedores con el fin de impedir la elección indirecta del juez del concurso y la legislación aplicable al mismo (art. 10 LC -EDL 2003/29207-). Igualmente, pero de forma indirecta, la LMESM prohíbe la modificación estructural cuando la sociedad en liquidación haya comenzado el reparto del patrimonio entre los socios (arts. 5, 28, 73, 83 LMESM).
Por su parte la LC -EDL 2003/29207 cuyo fin último es la satisfacción de los acreedores y el mantenimiento, en su caso, de la actividad empresarial, permite expresamente como contenido de la propuesta de convenio las posibles fusiones, escisiones o cesiones globales del activo y pasivo de la sociedad concursada (art. 100.3 LC) así como indirectamente su posibilidad a efectos de llevar a cabo la liquidación (arts. 148 y 149 LC).
En consecuencia, ambas disposiciones deben ser integradas a los efectos de su aplicación, dado que el legislador no ha considerado la necesidad de introducir otras referencias expresas ni en la redacción posterior de la LMESM -EDJ 2011/359283 ni en las sucesivas reformas de ambas leyes.
En este sentido, si la modificación estructural no estaba concluida en el momento de la declaración del concurso de acreedores, la sociedad en concurso se sujetará a sus disposiciones y tramitación (arts. 8, 17, 61.2 LC -EDL 2003/29207-). La cuestión por tanto a dilucidar es si la modificación estructural que se llevó a cabo y finalizó en todas sus fases dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores de una o alguna de las sociedades afectadas por la modificación, podría ser rescindible a efectos del artículo 71 LC al considerarse perjudicial dicha operación para la masa activa del concurso.
Especialmente este problema se está suscitando en los casos de escisión y cesión global del activo y del pasivo. En materia de escisión, especial relevancia tiene en la LMESM -EDL 2009/25042 la segregación junto a las operaciones de escisión total y parcial y la aplicación de las normas de la escisión a las operaciones mediante las cuales una sociedad trasmita en bloque una parte del patrimonio social a otra de nueva creación. En particular, la escisión, salvo las peculiaridades establecidas en los artículos 73 y siguientes LMESM, se sujetará al régimen general de la fusión (art. 73.1 LMESM).
En cuanto a la cesión global del activo y del pasivo, la LMESM -EDL 2009/25042 permite que una sociedad transmita en bloque todo su patrimonio a otra u otra por sucesión universal a cambio de una contraprestación que no podrá consistir en acciones, participaciones o cuotas del cesionario, tutelándose a los socios a través de la información del proyecto de cesión y de los requisitos para su aprobación (art. 85 y 86 LMESM) y a los acreedores a través del derecho de oposición en la misma forma prevista para la fusión (art. 88 LMESM) y de la responsabilidad solidaria del cesionario o cesionarios hasta el límite del activo neto atribuido a cada uno de ellos en la cesión durante un plazo de cinco años (art. 91 LMESM).
Específicamente la LMESM -EDL 2009/25042 en su artículo 47 (por remisión de los arts. 73 y 90 LMESM) no permite que este tipo de modificaciones estructurales puedan ser impugnadas tras su inscripción en el registro mercantil siempre que la misma se haya realizado de conformidad con las previsiones de la ley, quedando a salvo los derechos de los socios y de los terceros al resarcimiento de los daños y perjuicios causados. El carácter constitutivo de la inscripción en el registro mercantil hace que dichas operaciones sólo puedan ser impugnadas por razón de nulidad con los efectos establecidos en ese mismo artículo 47 LMESM (no afectará a la validez de las obligaciones nacidas después de la inscripción de las que responderán solidariamente las sociedades afectadas por la operación).
En consecuencia, las modificaciones estructurales traslativas concluidas e inscritas válidamente antes de la declaración de concurso de alguna o algunas de las sociedades afectadas no podrían ser objeto de la acción de rescisión contemplada en el artículo 71 LC -EDL 2003/29207-.
Por un lado este tipo de operaciones tutelan a los socios, dado que el proyecto de la operación que redactan los administradores (y, en su caso, apoyados por expertos) debe contener la información necesaria para valorar el patrimonio, activos y pasivos, de las sociedades afectadas (arts. 30, 35, 74, 85, 86 LMESM -EDL 2009/25042-), requiere el acuerdo de las juntas de socios (arts. 39, 74, 87 LMESM) y la necesaria publicidad de la operación y del acuerdo (arts. 32, 74, 87 LMESM).
Tutelan igualmente a los acreedores. Con carácter general el artículo 44 LMESM -EDL 2009/25042 para el caso de fusiones (por remisión de los artículos 74 y 88 LMESM) contempla el derecho de oposición de los acreedores hasta que se garanticen sus créditos no pudiendo llevarse a cabo la operación hasta que esta garantía sea satisfecha y, en caso contrario, pueden solicitar del registrador mercantil que se haga constar su derecho e interponer demanda ante el juez de lo mercantil contra la sociedad a fin de que no se cancele la correspondiente anotación marginal sobre la pendencia de su garantía.
En cuanto a la posible existencia de acreedores posteriores a la modificación estructural y hasta la declaración de concurso de alguna o algunas de las sociedades afectadas por la operación, la LMESM -EDL 2009/25042 establece claramente que quedan a salvo los derechos de los socios y de terceros al resarcimiento de los daños y perjuicios causados (art. 47 LMESM) y la responsabilidad solidaria por las obligaciones incumplidas a las que quedan sujetas las sociedades o cesionarios beneficiarios hasta el importe del activo neto atribuido (arts. 80 y 91 LMESM).
Las conexiones o interferencias entre operaciones de modificación estructural de sociedades y concurso...
Las conexiones o interferencias entre operaciones de modificación estructural de sociedades y concurso de acreedores son múltiples y complejas y plantean algunas controversias no fáciles de resolver. En este contexto se plantean cuestiones como la posibilidad de impugnación de una modificación estructural en ejercicio de la acción de rescisión concursal, el concurso de sociedades inmersas en una operación de modificación estructural o las posibilidades de proponer una modificación estructural como contenido del convenio o en la fase de liquidación concursal.
La cuestión planteada en esta ocasión se refiere a la viabilidad del ejercicio de la acción rescisoria ex art. 71 de la Ley concursal -EDL 2003/29207 en relación con modificaciones estructurales traslativas (fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo) realizadas con anterioridad a la declaración de concurso. A este respecto, dicha norma determina que «serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta», estableciendo a continuación los supuestos en los que el perjuicio patrimonial se presume (tanto iuris et de iure como iuris tantum) así como aquellos que se mantienen inmunes frente a la acción de rescisión, entre los que no se incluye referencia alguna a las operaciones de modificación estructural de sociedades.
Un sector de la doctrina que se ha ocupado del análisis de esta cuestión se inclina por considerar que las modificaciones estructurales traslativas no son rescindibles mediante el ejercicio de la acción de reintegración prevista en el art. 71 LC -EDL 2003/29207 (particularmente CERDÁ ALBERO, F., «Rescisión concursal y modificaciones estructurales traslativas», Anuario de Derecho Concursal, 27, 2012, págs. 387 y ss.; con menor énfasis y algunas dudas también SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE/FERNÁNDEZ TORRES, «Fusiones apalancadas, asistencia financiera y concurso (oportunidad y acierto del art. 35 LMESM -EDL 2009/25042-)», RcP, 14, 2011, págs. 109 y ss. y GONZÁLEZ NAVARRO, B.A., «La rescisión de las modificaciones estructurales societarias», en BELTRÁN/SAN JUAN, La reintegración de la masa, Cizur Menor, 2012, págs. 199 y ss.), posición que también ha sido asumida por algunos de nuestros Tribunales (cfr. en particular la SJM de Las Palmas, de 12 de diciembre de 2011 -EDJ 2011/359283 o, con un pronunciamiento obiter dicta, el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona de 30 de julio de 2012 -EDJ 2012/224457-). Otros autores se manifiestan en contra, admitiendo por tanto la rescindibilidad de las modificaciones estructurales aun cuando se señalen las dificultades prácticas que puede plantear la rescisión de una de estas operaciones o se indiquen ciertos límites a dicha posibilidad (cfr., entre otros BELTRÁN SÁNCHEZ, E., «Modificaciones estructurales y concurso de acreedores», en VITOLO/EMBID/LEÓN, Derecho de sociedades y concurso. Cuestiones de actualidad en un entorno de crisis, Granada, 2011, págs. 491 y ss.; GUTIERREZ GILSANZ, A., «Cesión global de activo y pasivo y concurso de acreedores», RcP, 14, 2011, pág. 156; CABANAS TREJO, R. y BONARDELL LENZANO, R., «Modificaciones estructurales en el concurso de acreedores», RcP, 18, 2013, págs. 97 y 98).
El argumento principal que ofrecen quienes entienden que no cabe la rescisión concursal de una operación de modificación estructural se fundamenta en el carácter constitutivo y convalidante de la inscripción en el Registro Mercantil de la modificación estructural, que hace inatacable a ésta (a tenor del art. 47 LMESM -EDL 2009/25042 «ninguna fusión podrá ser impugnada tras su inscripción siempre que se haya realizado de conformidad con las previsiones de esta Ley») lo cual, en particular, impediría el ejercicio de las acciones de reintegración previstas en el art. 71 LC -EDL 2003/29207-. Junto a ello, se señala también que el propio procedimiento establecido legalmente para realizar una modificación estructural conlleva un conjunto de garantías para impedir el perjuicio de los intereses de los implicados en la operación. En particular, el art. 44 LMESM establece el derecho de oposición de los acreedores en el marco de la fusión (derecho que también puede ejercitarse en los casos de escisión y cesión global de activo y pasivo a tenor de lo previsto, respectivamente, en los arts. 73 y 88 LMESM), cuyo ejercicio impide la ejecución de la operación hasta que no se garanticen sus créditos. En consecuencia, los acreedores anteriores a la operación de modificación estructural podrán oponerse a ésta, razón por la cual no parece necesario que posteriormente deba admitirse la rescisión de la operación en beneficio de unos acreedores que no se opusieron a su realización. Por su parte, los acreedores cuyo crédito frente a la concursada haya nacido con posterioridad a la realización de la operación de modificación estructural, se habrán relacionado con aquélla conociendo su situación jurídica y patrimonial y, por ello, tampoco resultaría necesario ofrecer una protección adicional mediante la posterior rescisión concursal. Por lo demás, esta solución es coincidente con la que se sigue mayoritariamente por la doctrina y jurisprudencia de aquellos ordenamientos jurídicos en los que se establece expresamente que la inscripción registral de la modificación estructural cierra el paso a su impugnación (Alemania e Italia; vid. ampliamente CERDÁ ALBERO, F., op. cit).
Este planteamiento presenta, no obstante, algunas objeciones. Ante todo, el art. 47 LMESM -EDL 2009/25042 no excluye con carácter absoluto la impugnación de los procesos de modificación estructural sino que limita o restringe ésta a los casos en los que la operación se haya realizado sin respetar las previsiones contenidas en dicha Ley. El propio precepto contiene el plazo para el ejercicio de la acción de impugnación (reducido a 3 meses) y otros aspectos relacionados con los efectos de la sentencia que declare la nulidad de la fusión, más allá de su falta de coherencia interna (en los apartados 2 a 4 se hace referencia exclusivamente a los supuestos de nulidad en tanto que el apartado 1 se refiere de manera más genérica a la impugnación de la operación sin referencia a específicas categorías de ineficacia de los actos y negocios jurídicos). Ello parece que, en principio y siguiendo el planteamiento de esos autores, permitiría defender la posibilidad de rescisión concursal al menos dentro de los estrechos márgenes en los que se admite la impugnación de la operación (es decir, cabría la rescisión concursal cuando, además de concurrir los requisitos previstos en el art. 71 LC -EDL 2003/29207-, la operación fuese también impugnable a tenor del art. 47 LMESM), una posibilidad que sería en todo caso marcadamente excepcional en atención al reducido plazo concedido para el ejercicio de la acción de impugnación. Paralelamente, la inadmisibilidad de la rescisión derivada de la inimpugnabilidad de la operación debería llevar a admitir que la administración concursal pueda ejercitar las acciones de responsabilidad contempladas en el propio art. 47 LMESM como alternativa al ejercicio de la acción de impugnación si bien, ese mismo precepto restringe la legitimación activa a socios y terceros perjudicados por la modificación estructural.
Por otra parte, el instituto de la rescisión concursal no se dirige a satisfacer el interés particular de un acreedor sino a la protección de la masa activa en su conjunto, sin perjuicio de que ello, indirecta y mediatamente, tenga como finalidad aumentar las posibilidades de satisfacción de los acreedores de la concursada. Por esta razón, la admisión de la rescisión concursal no debería hacerse depender de la existencia de medidas de protección de algunos acreedores (el derecho de oposición únicamente corresponde a los acreedores cuyo crédito haya nacido con anterioridad a la operación siempre que no haya vencido en la fecha determinada y no se encuentre suficientemente garantizado): ello podría justificar que no se reconozca legitimación para la rescisión a los acreedores que pudieron oponerse a la modificación estructural (se hubieran o no opuesto a la misma), pero no que se impida la rescisión instada por la propia administración concursal en protección de la masa y en beneficio de la satisfacción del conjunto de acreedores del concursado.
No obstante, deben también tomarse en consideración las dificultades prácticas que plantea la rescisión de modificaciones estructurales y la restitución a la situación patrimonial anterior de cada uno de los elementos patrimoniales transmitidos como consecuencia de la misma (en algunos casos incluso habrá desaparecido su anterior titular, como puede suceder en supuestos de fusión y escisión total). Sin embargo, las dificultades para admitir la rescisión concursal de operaciones de modificación estructural derivadas de la limitada impugnabilidad de la operación o de la imposibilidad práctica de llevarla a efecto, no puede implicar que deba aceptarse como irremediable el perjuicio patrimonial que haya podido sufrir la sociedad concursada como consecuencia de dicha operación. A este respecto entendemos que el perjuicio patrimonial producido debería ser resarcido bien reconociendo legitimación a la administración concursal para el ejercicio de la acción resarcitoria contemplada en el art. 47 LMESM -EDL 2009/25042 bien mediante la adaptación a este supuesto de la norma contemplada en el art. 73.2 LC -EDL 2003/29207-.
A vuelta con las acciones de reintegración concursal, como señalaba el moderador ...
RESCISION DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES
A vuelta con las acciones de reintegración concursal, como señalaba el moderador del foro al proponer la consulta, se trata de hacer referencia a la posibilidad de rescindir las operaciones estructurales traslativas.
La pregunta está de total actualidad puesto que se planteó en la Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 2 de Las Palmas, el 12 de diciembre de 2011(1) -EDJ 2011/359283-. En el caso al que se refiere la citada sentencia, la administración concursal solicitaba que se rescindiera la atribución que se había realizado mediante la escisión total de una sociedad, en la que se había acordado la disolución y liquidación de la sociedad escindida mediante la división de su patrimonio a dos entidades preexistentes (una de las cuales había sido declarada en concurso en el período de los dos años siguientes a la operación estructural).
El supuesto de hecho al que se refiere esta sentencia recogía algunas cuestiones que merece la pena comentar: (i) la escisión se produce como la única forma de poner fin al enfrentamiento (la sentencia habla de "graves discrepancias irreconciliables") que se estaba produciendo en el seno de la sociedad entre los dos socios – personas físicas – que eran propietarios del capital de la mismas; (ii) para resolver este conflicto societario se decide separar el patrimonio de la sociedad en dos lotes, uno correspondiente a la rama de promoción inmobiliaria, y el otro correspondiente a la rama de hotel, guardia y custodia de vehículos y arrendamiento de inmuebles; (iii) realizada tal división, según se declara probado en la Sentencia, es la sociedad que luego será declarada en concurso la que elige quedarse con la rama de promoción inmobiliaria.
La administración concursal argumentaba en su demanda que, dado el desigual equilibrio de las adjudicaciones, era de aplicación la presunción iuris et de iure del artículo 71.2 de la LC -EDL 2003/29207 (acto de disposición realizado a título gratuito) y no la presunción de perjuicio que admitiría prueba en contrario, por tratarse de una operación onerosa realizada con una persona especialmente relacionada con el deudor (art. 71.3.2 LC).
La sentencia realiza un pormenorizado análisis del proceso de escisión, con una especial referencia a que se han cumplido todos los requisitos legales para el perfeccionamiento de la escisión y, en particular, al hecho de que el acuerdo de escisión fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, sin que ninguno de los acreedores de la sociedad escindida ejercitara el derecho de oposición previsto en el, entonces vigente, artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Este dato adquiere especial relevancia en la Sentencia citada, puesto que, la existencia de un mecanismo especial de protección de los acreedores, como es el derecho de oposición (que en la actualidad se recoge en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales -EDL 2009/25042-), tiene una relevancia especial para el magistrado (que hace referencia a que más de un 90% de la masa pasiva era titularidad de entidades financieras – acreedores profesionales – que, sin embargo, no ejercitaron tal derecho de oposición). Por tal motivo considera que, sólo se podría argumentar la existencia de un perjuicio para aquellos acreedores que no lo fueran en el momento de realizarse la modificación estructural (acreedores posteriores a la publicación del acuerdo de escisión), puesto que los demás debieron ejercitar su derecho de oposición. Además entiende que, como consecuencia de la inscripción del acuerdo de escisión, se produce un efecto convalidante que impide que pueda estimarse la acción de reintegración (sin perjuicio de que pudieran plantearse otras acciones de nulidad, que quedan a salvo conforme a lo dispuesto en el artículo 71.6 LC).
La cuestión no está exenta de polémica puesto que, tal y como se recoge en la Sentencia de Las Palmas, si bien una parte de la doctrina se muestra contraria a la posibilidad de que pueda rescindirse (Fernando CERDÁ(2) , Blas Alberto GONZÁLEZ(3)), otra parte de la doctrina la admite (Emilio BELTRAN(4), Juan SANCHEZ-CALERO e Isabel FERNANDEZ TORRES(5), Sonia RODRÍGUEZ(6)). Los primeros argumentan en apoyo a la tesis de inmunidad frente a la rescisión de las modificaciones estructurales (i) la especial protección propia que contienen las modificaciones estructurales, debido a la publicidad reforzada prevista para las mismas y, el correlativo, derecho de oposición de los acreedores (recogido en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales -EDL 2009/25042-) y (ii) el efecto convalidante o sanatorio de la inscripción conforme a lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales (que establece que la fusión no podrá ser impugnada tras su inscripción siempre que se haya realizado conforme a las previsiones de la Ley, sin perjuicio de los derechos de los socios y terceros a ser resarcidos de los daños y perjuicios causados). En relación con este último punto F. CERDÁ(7) señala que la "inatacabilidad o resistencia de las modificaciones estructurales traslativas inscritas obedece al designio legal de garantizar el principio de seguridad jurídica, al que ya se refería el legislador comunitario".
Los autores que defienden la posibilidad de rescindir una modificación estructural, apuntan a la defectuosa redacción del artículo 47 LMESM -EDL 2009/25042 (y el hecho de que el Registrador difícilmente podrá controlar si la operación es perjudicial o no para una futura masa activa), y consideran posible la rescisión siempre y cuando se acredite el perjuicio para la masa activa.
Sin embargo, tanto unos como otros destacan la dificultad que entraña la rescisión concursal en cuanto a los efectos de la misma – que conforme al artículo 73 LC -EDL 2003/29207 obliga a la restitución de las prestaciones objeto del acto impugnado con sus frutos e intereses (puede verse en especial a la profesora RODRIGUEZ).
Tal y como señala el profesor CERDÁ, el impacto de la reestructuración societaria en la estructura financiera y patrimonial de la sociedad, es mucho mayor que el que se produce en cualquier otro acto del concursado que pueda ser rescindido (de ahí la publicidad registral reforzada – y el derecho de los acreedores a oponerse a la modificación, en tanto sus créditos no vencidos no queden debidamente garantizados). Incluso los propios defensores de la posibilidad de ejercitar la acción de rescisión apuntan (i) a la dificultad de acreditar un perjuicio que no se aprecia, al no mediar oposición (ii) la dificultad de la reintegración per se (en cuanto a devolución de prestaciones en un negocio complejo), que harían imposible restablecer el estatus quo anterior.
A mi juicio es precisamente este punto el que adquiere especial importancia al defender la imposibilidad de reintegrar una modificación estructural traslativa, en la medida en que, mediante la misma, se crea una nueva persona jurídica o se atribuye a una persona jurídica preexistente un patrimonio diferente. Pero, en cualquiera de los casos, esta persona "distinta" (ya porque sea nueva ya porque se haya modificado su patrimonio) opera en el tráfico desde que la modificación estructural es eficaz. La rescisión de la modificación estructural obligaría a la restitución de una infinidad de negocios jurídicos, con personas que no han tenido ninguna relación con el deudor concursado. Al contrario que en la rescisión de otro tipo de actos, será muy fácil argumentar la buena fe de todas estas contrapartes que impediría la restitución de prestaciones y que llevaría a la eventual indemnización de daños y perjuicios (conforme a lo previsto en el artículo 73.2 LC -EDL 2003/29207-), precisamente el mismo remedio que ofrece el artículo 47 LMESM una vez convalidada la modificación estructural como consecuencia de su inscripción.
En conclusión, (i) la medida de protección específica que contemplan las modificaciones estructurales traslativas con el derecho de oposición de los acreedores recogido en el artículo 44 LMESM -EDL 2009/25042-; (ii) junto con el efecto convalidatorio de la inscripción de la modificación estructural (art.47 LME); y (iii) la indudable dificultad que se produciría para restitución de prestaciones – sin añadir garantías para los acreedores, me lleva a concluir que, tal y como se establece en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas a la que nos hemos venido refiriendo, no es posible la reintegración de una operación de modificación estructural traslativa, realizada conforme a la previsiones de la LMESM.
1) En ocasiones se cita indicando que la fecha de la Sentencia es 8 de diciembre de 2011.
2) CERDA, F., en el libro "Modificaciones estructurales societarias y el concurso de acreedores: acciones de impugnación y convenio concursal". Libro homenaje a Carlos Fernandez Novoa, Ed. Marcial Pons, pág. 713-729.
3) GONZALEZ, B.A. "La rescisión de las modificaciones estructurales societarias" en el Libro "La Reintegración de la Masa. Congreso de Antequera", Ed. Civitas, Estudios de Derecho Concursal.
4) BELTRÁN, E. "Las modificaciones estructurales y el concurso de acreedores". Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, 11 de febrero de 2010.
5) SANCHEZ-CALERO, J. y FERNANDEZ TORRES, I. "Fusiones apalancadas, asistencia financiera y concurso (oportunidad y acierto del artículo 35 LME), publicado en el Revista Concursal y Paraconcursal nº14 del 2011.
6) RODRIGUEZ SANCHEZ, S. "Instrumentos de tutela de los acreedores sociales en las operaciones de escisión", Revista de Sociedades 39/2012.
7) CERDA, F. "Rescisión concursal y modificaciones estructurales traslativas (SJM 2 Las Palmas 12.12.2011").
Rescisión y modificaciones estructurales. La sola enunciación de...
Rescisión y modificaciones estructurales. La sola enunciación de la cuestión proporciona elementos que dan idea de la dificultad de su solución. Ya de partida, porque exige la interpretación y aplicación conjunta de dos textos legales que no contienen reglas que permitan o faciliten esa labor: la Ley Concursal -EDL 2003/29207 ("LC" o la "Ley Concursal") y la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -EDL 2009/25042 ("LMESM" o la "Ley de Modificaciones Estructurales"), con las modificaciones introducidas por el reciente Real Decreto-Ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. En particular, la Ley de Modificaciones Estructurales sólo contiene una referencia al concurso de acreedores cuando señala en su artículo 93.2, a propósito del traslado del domicilio, que no podrán trasladar el domicilio al extranjero "las sociedades en liquidación ni aquellas que se encuentren en concurso de acreedores". Por su parte, nada se dice de forma específica en la Ley Concursal sobre las modificaciones estructurales; es más, en sede de regulación de las acciones de rescisión, se viene destacando que la determinación de los efectos de la rescisión concursal se establece tomando como base el supuesto de los contratos sinalagmáticos, lo que complica de manera singular la determinación de los efectos que se seguirían de la eventual rescisión de una modificación estructural, bastante alejada de los elementos de una relación sinalagmática clásica.
El conocimiento de las dificultades no debe, sin embargo, ser óbice para abordar el problema. Para ello, se sugiere el siguiente planteamiento. Se comenzará con unas breves precisiones iniciales sobre la regulación de las acciones rescisorias y la identificación de las modificaciones estructurales relevantes. A continuación se enunciarán los principales argumentos esgrimidos por quienes consideran que no es posible la rescisión concursal de modificaciones estructurales, para después analizarlos y establecer las posibles objeciones que quepa formularles y el recorrido que a esas objeciones quepa reconocer. Se terminará con una reflexión sobre la incidencia que las complicaciones en el establecimiento de las posibles consecuencias de la rescisión tienen o pueden tener en la toma de postura por una u otra tesis.
Como es bien sabido y no necesita excesivos desarrollos, la Ley Concursal establece una configuración esencialmente objetiva de las acciones rescisorias concursales. De hecho, el sistema se hace pivotar sobre un elemento o presupuesto de carácter eminentemente objetivo: la existencia de perjuicio a la masa activa. En cuanto a la identificación de las situaciones susceptibles de ser escrutadas y, en su caso, atacadas por una acción rescisoria concursal, se acude a un criterio de máxima amplitud en el que lo relevante es el límite temporal: son rescindibles todos los actos del concursado realizados dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración de concurso. No hay limitación en cuanto a la determinación de esos actos susceptibles de rescisión si pueden calificarse como perjudiciales para la masa activa.
Precisamente entre esos actos (ubi lex non distinguit) pueden encontrarse modificaciones estructurales. Estamos hablando de modificaciones estructurales traslativas, es decir, de transmisión del activo y del pasivo: fusión, escisión y cesión global. Quedan fuera de esa categoría la transformación y el traslado del domicilio al extranjero. Y no es raro que las compañías en situaciones de crisis acudan a alguna de esas operaciones como posible solución a la situación. Si la modificación estructural se realiza pero la sociedad acaba entrando en concurso y éste se declara antes del plazo de dos años marcado por la Ley, dentro del procedimiento concursal tarde o temprano se acabará planteando el posible ejercicio de una acción rescisoria contra esa modificación estructural, lo que lógicamente exige dilucidar si desde un punto de vista conceptual las modificaciones estructurales pueden ser objeto de rescisión concursal.
La doctrina se encuentra polarizada entre quienes afirman que cabe la rescisión concursal de las modificaciones estructurales y quienes niegan esa posibilidad. Entre los primeros se encuentran ROJO, A., BELTRÁN SÁNCHEZ, E., ("Las modificaciones estructurales y el concurso de acreedores", en Anales de la Academia Matritense del Notariado, nº 50, 2011, pp. 159 y ss.) y LEÓN SÁNCHEZ, F. J. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, S., "La rescisión de las operaciones societarias y la rescisión de la escisión", en Estudios del Derecho del Comercio Internacional, JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. y DÍAZ MORENO, A., Sevilla, 2013, pp. 615 y ss. Entre los segundos figuran CERDÁ ALBERO, F., "Modificaciones estructurales societarias y concurso de acreedores: acciones de impugnación y convenio concursal", en El Derecho Mercantil en el Umbral del Siglo XXI, VVAA, Madrid, 2010, pp. 713 y ss., SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. y FERNÁNDEZ TORRES, I., "Fusiones apalancadas, asistencia financiera y concurso (oportunidad y acierto del artículo 35 LME)", en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 14, 2011, pp. 109 y ss., y GONZÁLEZ NAVARRO, B., "La rescisión de las modificaciones estructurales societarias", en La Reintegración de la Masa, Congreso de Antequera, IV Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, VII Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía 19 a 21 de abril de 2012, ROJO, A. y BELTRÁN SÁNCHEZ, E. (Directores), 2012, pp. 199 y ss. En la práctica judicial, destaca la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de 12 de diciembre de 2011 -EDJ 2011/359283-, relativa a una acción de rescisión de una escisión total de una sociedad mediante su disolución y división de su patrimonio en dos partes, cada una de las cuales se traspasó en bloque a dos compañías ya existentes. La acción rescisoria se plantea en el concurso de una de esas sociedades. La Sentencia desestima la demanda porque entiende que no cabe rescindir modificaciones estructurales en sede concursal.
La postura contraria a la rescindibilidad concursal de las modificaciones estructurales se basa fundamentalmente en dos argumentos: uno que guarda relación con el derecho de oposición de los acreedores a las modificaciones estructurales y otro que tiene que ver con las consecuencias de la inscripción de las modificaciones estructurales traslativas. Veamos su formulación y las posibles consideraciones que suscitan.
El derecho de oposición de los acreedores en las modificaciones estructurales
La regulación contenida en el artículo 44 de la LMESM -EDL 2009/25042 para la fusión, aplicable asimismo a la escisión y a la cesión global de activo y pasivo (artículos 73.1 y 88 LMESM), reconoce a los acreedores de la entidad o entidades implicadas el denominado derecho de oposición a la modificación estructural. El derecho se atribuye a aquellos acreedores cuyo crédito: (i) hubiese nacido antes de la fecha de inserción del proyecto de fusión en la página web de la sociedad, o de la fecha de depósito del proyecto en el Registro Mercantil, o (en defecto de depósito registral y de inserción en la página web) de la fecha de publicación del acuerdo de fusión o de la comunicación individual de ese acuerdo al acreedor; (ii) no estuviese aún vencido en esa misma fecha; y (iii) no se encontrara suficientemente garantizado. Ese derecho constituye el principal mecanismo de protección de los créditos que se encuentren en esa situación y les permite oponerse a una operación de modificación estructural que pudiese perjudicar su derecho de crédito.
La existencia y alcance de ese derecho se viene invocando para sostener que si en el marco de la antecedente modificación estructural no se ejercitó por un acreedor legitimado para ello, no resultaría "consistente" combatir después la modificación estructural por perjuicio a la masa activa, ya que semejante actuación podría constituir un intento de utilizar indebidamente la acción rescisoria concursal para activar el derecho de oposición de forma extemporánea y a la vista de hechos posteriores. Y del mismo modo, tampoco podría plantearse la posible rescindibilidad de las garantías reales otorgadas al acreedor que ejercitó el derecho tempestivamente en el seno del proceso de fusión, escisión o cesión.
A este planteamiento se pueden formular objeciones. La principal es que el artículo 71 de la LC -EDL 2003/29207 se refiere a un interés diferente del derecho individual de oposición de cada acreedor, por más que se encuentre próximo a ese derecho: la protección de la masa activa del concursado. Podría ocurrir que ninguno de los acreedores se opusiese a la modificación estructural porque considerasen en ese momento que la operación les resultaba beneficiosa, vista desde su posición individual; y que, en cambio, examinada a la luz de los artículos 71 y ss. LC, se determinase que resultó objetivamente perjudicial para la masa activa, ya se maneje el criterio de perjuicio amplio, ya el de perjuicio estricto. Incluso podría darse la situación (más teórica que real) de que ningún acreedor tuviese derecho de oposición por tener su crédito suficientemente garantizado, y aún así la operación se pudiese calificar después de perjudicial para la masa activa. Y adviértase, además, no sólo que el derecho de oposición no se reconoce a todos los acreedores. Adicionalmente, no protege a los acreedores por créditos posteriores a la modificación estructural, que por definición no han disfrutado de ese derecho. Respecto de éstos se ha dicho que han podido conocer la situación jurídica y patrimonial de la sociedad absorbente, resultante de la fusión o escindida, lo que, sin embargo, es mucho suponer. No salva la situación la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 47 de la LMESM -EDL 2009/25042-, cuya aplicación presenta dificultades entre las que destaca la brevedad del plazo de prescripción para su ejercicio de un año, como tampoco la salva la responsabilidad solidaria del artículo 80 de la LMESM, que sólo protege a los acreedores anteriores. Pero lo relevante es que estos contraargumentos no alteran la realidad de que en sede concursal lo que se trata es de proteger la masa activa del concursado, para lo que se ha de examinar la operación en atención a los parámetros objetivos establecidos por la Ley.
Se trata, en definitiva, de un argumento que no se revela de la entidad suficiente para negar la posibilidad de rescindir una modificación estructural si ésta ha resultado objetivamente perjudicial para la masa activa. Es, no obstante, un planteamiento que está formulado de manera expresa en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de 12 de diciembre de 2011 -EDJ 2011/359283-, antes citada. En el caso allí debatido, se trataba de una escisión en la que ningún acreedor había ejercitado el derecho de oposición. Y en la resolución judicial puede leerse a propósito de este hecho lo siguiente: "los acreedores tenían el derecho de oponerse a la escisión, en los términos contemplados en el artículo 166 de la LSA. Por tanto, los acreedores, en caso de entender que la escisión podía perjudicar su derecho de crédito, contaron con el derecho antes citado, para oponerse y obtener las correspondientes garantías del pago. Sin embargo, ninguno de los acreedores de ROP, ni de la hoy concursada CRO, ejercitó este derecho, ni se opuso a la operación de escisión, consintiendo, por tanto, en la formalización de la operación. Cuanto hemos dicho entra en profunda contradicción con la interposición de la presente demanda incidental por parte de la Administración Concursal. Esta demanda supuestamente persigue, o debería perseguir, que se dejen sin efecto determinados actos llevados a cabo por la entidad concursada, con el propósito de reintegrar bienes a la masa activa y así proteger los derechos de crédito de los acreedores del concurso. Sin embargo, los propios acreedores nunca formularon oposición al proyecto de escisión y consintieron en su formalización, por lo que resulta cuando menos contradictorio que, dos años después, sea la Administración Concursal quien impugne este acuerdo". Se concluye, así, "que la acción entablada por la AC debió discurrir, quizás por los trámites de las otras acciones previstas en el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 o bien por el derecho de oposición ex artículo 243 LSA (actual 44 LMESM -EDL 2009/25042-)".
La inscripción de las modificaciones estructurales traslativas.
El segundo gran argumento contrario a la rescindibilidad de las modificaciones estructurales nace del artículo 47 de la LMESM -EDL 2009/25042-, relativo a la fusión pero también aplicable a la escisión y a la cesión. Según el apartado 1 de esa norma, "ninguna fusión podrá ser impugnada tras su inscripción siempre que se haya realizado de conformidad con las previsiones de esta Ley. Quedan a salvo, en su caso, los derechos de los socios y de los terceros al resarcimiento de daños y perjuicios causados", añadiéndose en el apartado 2 que "el plazo para el ejercicio de la acción de impugnación caduca a los tres meses, contados desde la fecha en que la fusión fuera oponible a quien invoca la nulidad".
Sobre la base del precepto indicado, a la posibilidad estudiada se viene objetando que, de admitirse, se abriría una puerta indirecta para provocar la ineficacia de una modificación estructural después de su inscripción y de transcurrido el breve plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación. Sería una vía oblicua para atacar una modificación estructural que el legislador ha querido blindar con la inscripción y la fijación de un breve plazo de caducidad para su impugnación judicial.
Frente a ello cabe, sin embargo, argumentar que en este punto la Ley Concursal ha de considerarse como una norma de carácter especial, de manera que las limitaciones establecidas en el artículo 47 de la LMESM -EDL 2009/25042 no impiden la rescisión de una modificación en el marco de un procedimiento concursal. Una cosa es la acción de impugnación de la modificación por concurrencia de vicios de ineficacia (nulidad, anulabilidad) en el procedimiento o en los acuerdos mismos de adopción de la modificación estructural de que se trate; y otra bien distinta es la acción rescisoria concursal, sujeta a unos presupuestos propios e independientes. No parece que haya inconveniente conceptual en admitir que una modificación estructural plenamente válida y eficaz por ajustarse plenamente a la Ley de Modificaciones Estructurales y demás legislación societaria aplicable, pueda ser rescindida en un procedimiento concursal posterior si se acredita que fue objetivamente perjudicial para la masa activa.
Los efectos de la rescisión
Se termina con una reflexión final. Los autores contrarios a la rescindibilidad concursal de las modificaciones estructurales coinciden en afirmar "la inviabilidad real de hacer frente a las consecuencias restitutorias que, al amparo del artículo 73 de la LC -EDL 2003/29207-, llevaría consigo el éxito de la rescisión" (GONZÁLEZ NAVARRO, B., op. cit., p. 205). Da incluso la impresión de que este argumento puede ser el realmente decisivo en la formación de la opinión. Pero las dificultades prácticas de la determinación de los efectos de la rescisión de una modificación estructural, por reales y ciertas que sean, no pueden ser el factor que incline la balanza a favor de una u otra opción. Si el análisis jurídico da como resultado que cabe rescindir una modificación estructural, a esa conclusión habrá que estar, para a continuación tratar de solucionar el problema de la identificación de sus efectos con las herramientas hermenéuticas disponibles, tanto las específicas de la Ley Concursal (sustitución de la restitución in natura por el cumplimiento por equivalente) como las generales del ordenamiento jurídico.

References: artículo 47
 artículo 47
in fine
 artículo 71
 artículo 47
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 71
e contrario
 artículo 71
 artículo 41
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 artículo 47
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 artículo 93
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 artículo 47
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 artículo 44
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 artículo 243
 artículo 44
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 artículo 44
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 73
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 artículo 47
 artículo 44
 artículo 35
 artículo 93
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 artículo 71
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 artículo 80
 resolución 
 artículo 166
 artículo 71
 artículo 243
 artículo 47
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