Source: http://psicolog.org/dpos-disabledpersonsorganizations-elsalvador-crpd10-doc.html
Timestamp: 2019-03-18 16:19:46+00:00

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Por Organizaciones de y para Personas con Discapacidad y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
A presentarse ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
San Salvador, El Salvador, Centroamérica, 23 de agosto de 2013.
Organizaciones de y para personas con discapacidad, participantes en el proceso de redacción del presente Informe:
- Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro Rehabilitación Integral de R.L. - ACOGIPRI”.
- Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental “ACISAM”.
- Asociación de Discapacitados de Ciudad Arce – ADCA.
- Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre del 89” – ALGES.
- Asociación de Familiares y Amigas Personas con Discapacidad Mental – AFAPDIM.
- Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador – AMUCES.
- Asociación de Padres, Madres y Familiares de Hijos / Hijas con Discapacidad de El Salvador “Los Angelitos”.
- Asociación de Personas con Discapacidad de Colón – APDC.
- Asociación Salvadoreña de Personas con Discapacidad de Oriente – ASDO.
- Asociación Salvadoreña de Sordos de El Salvador – ASS.
- Asociación Salvadoreña de Sordos de Santa Ana – ASSROSA.
- Asociación Salvadoreña de Sordos de San Miguel – ASSROSM.
- Asociación Salvadoreña de Familiares y Amigos con Esquizofrenia y otras alteraciones Mentales – ASFAE.
- Asociación Pro Vida Independiente de Personas con Discapacidad de El Salvador
– APROVIPDES.
- Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada “CESTA” – Amigos de la Tierra El Salvador.
- Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad El Salvador.
- Fundación Manos Mágicas.
- Fundación Sendas El Salvador.
- Hogar de Parálisis Cerebral “Roberto Callejas Montalvo” – HOPAC.
- Hogar La Rioja para Personas con Discapacidad Intelectual.
- Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física.
Glosario de siglas utilizadas:
CONAIPD: Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad.
ECOS: Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados.
FOPROLYD: Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del
IDA: Alianza Internacional de la Discapacidad (Por sus siglas en inglés).
INSAFORP: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional.
ISDEMU: Instituto Salvadoreño de la Mujer.
ISNA: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia.
ISRI: Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral.
ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
ISTU: Instituto Salvadoreño de Turismo.
MINED: Ministerio de Educación.
MINRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores
MOP: Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.
MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
PAES: Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media.
PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
RBC: Rehabilitación Basada en la Comunidad.
RIADIS: Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias.
SITRAMSS: Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador.
TSE: Tribunal Supremo Electoral.
UTE: Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia.
VMT: Viceministerio de Transporte Terrestre.
A través de la presentación de este Informe Alternativo para la Lista de Recomendaciones se culmina un valioso e inédito proceso iniciado desde el año 2011. En el mismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –PDDH–, las personas con discapacidad y las organizaciones de y para personas con discapacidad que integran la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH, han unido sus esfuerzos para concretar un análisis colectivo y sistematizado, a partir de las experiencias cotidianas, sobre el cumplimiento y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado de El Salvador, a fin de que constituya una herramienta de apoyo para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que prepara la Lista de Recomendaciones para el Estado salvadoreño.
De igual manera estamos seguras y seguros que serán de utilidad los resultados –agregados en el Anexo I del presente Informe– del Cuestionario sobre la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizado a nivel nacional, que en adelante será denominado como “el cuestionario, la encuesta o el muestreo”. Durante el proceso de levantamiento del mismo a nivel nacional, realizado de 2011 a 2012 y en el cual participaron funcionarios y funcionarias de la PDDH a través de las Delegaciones Departamentales y Locales, así como personas con discapacidad y sus familiares por medio de organizaciones integrantes de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, se logró entrevistar a un total de 756 personas, de las cuales el 53.2% fueron personas con discapacidad y el 37.0% fueron familiares de éstas; mientras el 39.7% de la población total entrevistada vive en el área rural, el 58.5% vive en el área urbana.
Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos por el invaluable asesoramiento técnico y apoyo financiero a la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés), así como a la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) y a la Disabled People’s Internacional (DPI). Sin esa importante contribución, no hubiese sido posible la realización de los amplios procesos de análisis desarrollados en los distintos talleres de trabajo con las personas con discapacidad entre los años 2011 y 2013, así como tampoco la participación presencial de los y las representantes de las personas con discapacidad y de la PDDH en las sesiones de trabajo públicas del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del pasado mes de abril de 2013 y en la que está próxima a celebrarse en septiembre de este año.
Desarrollo del articulado de la Convención
Propósito y Obligaciones Generales (Artículos 1 al 4)
Conforme lo expresamos en el Informe Alternativo para la Lista de Cuestiones en relación a la reserva genérica formulada por el Estado salvadoreño al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sigue siendo motivo de preocupación la falta de acciones concretas por parte del Estado salvadoreño para iniciar el procedimiento interno para el retiro inmediato dicha reserva.
Para las personas con discapacidad y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos – en adelante, también PDDH -, que el Estado de El Salvador haya ratificado la Convención, en el año 2007, es un hecho trascendental para el avance de los derechos de las personas con discapacidad en el país; sin embargo, al momento de la ratificación se delimitó su aplicación en la medida en que las disposiciones de la Convención “no perjudiquen o contravengan” lo dispuesto en cualquiera de los preceptos, principios y normas de la Constitución de la República, en especial en la parte dogmática de la misma. Esa decisión, resulta incoherente con el espíritu humanista de la Convención, que precisamente busca la protección amplia de los derechos de las personas con discapacidad.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, permite reservas al momento de la firma o ratificación de todo Tratado Internacional, pero la reserva realizada por El Salvador a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra prohibida por el artículo 19 de la misma Convención de Viena, lo cual es reafirmado por el artículo 46 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que se trata de una reserva efectuada de forma genérica que atenta contra el objeto y propósito de la Convención cuando se dice que se suscribe la Convención y su Protocolo Facultativo, “en la medida que las disposiciones de la misma no perjudiquen o contravengan lo dispuesto en cualquiera de los preceptos, principios y normas de la Constitución de la República de El Salvador y de manera especial en la parte dogmática de la misma”.
Estamos pues ante una Reserva que puede venir a afectar todo el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales que la Convención busca proteger y garantizar a las personas con discapacidad. A manera de ejemplo, la Reserva puede afectar el ejercicio de los derechos civiles y políticos establecidos en el artículo 29 de la Convención, mismos que ya se encuentran estipulados en la parte dogmática del texto constitucional salvadoreño en los artículos 71, 72 y 74, que se refieren al reconocimiento de la ciudadanía, sus derechos políticos y la suspensión de los mismos, así como los derechos económicos sociales y culturales y otros derechos reconocidos en la Convención, dada la forma genérica, ambigua e inadecuada como esta ha sido adoptada por el Estado salvadoreño. La Reserva es atentatoria a la Convención, ya que el propósito de la misma es proteger, promover y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, artículo 1 inciso primero de la Convención.
En el mismo informe inicial, el Estado salvadoreño manifestó ante ese Comité, el alcance de los Tratados dentro del ordenamiento jurídico salvadoreño y relaciona que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, autoridad que ejerce el control de la constitucionalidad y que representa la máxima interpretación de la Constitución, ha indicado “que las normas constitucionales que contienen derechos fundamentales, y los tratados internacionales que también los contienen, guardan entre sí una relación que no es de jerarquía sino de compatibilidad o coordinación, de manera que se deben de considerar que aquellas y estos presentan una conexidad material”, en ese sentido el mismo informe reconoce que un tratado de derechos humanos, como es la Convención, “no puede ser considerado inconstitucional”, lo cual se encuentra expresamente recogido en el informe inicial en el párrafo número 14.
Gestiones realizadas sobre la Reserva a la Convención
Conscientes de la urgencia para que el Estado salvadoreño iniciara las gestiones para el levantamiento de la reserva a la Convención, solicitadas en repetidas ocasiones al Estado a través de pronunciamientos y/o comunicados públicos, un grupo de personas con discapacidad y sus organizaciones, acompañados por la PDDH solicitaron formalmente1 al señor Hugo Martínez – entonces Ministro de Relaciones Exteriores – una reunión de trabajo en relación a ello. En esa reunión que se concretó en fecha 21 de mayo de este año, el entonces Canciller, luego de escuchar tanto al entonces Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, a las personas con discapacidad y representantes de sus organizaciones que integran la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH, propuso la creación de una comisión interinstitucional de trabajo integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores –MINRREE–, la Secretaría de Inclusión Social –SIS– y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad –CONAIPD– por parte del Gobierno salvadoreño; invitando a formar parte de la misma a personeros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de las personas con discapacidad presentes en esa reunión. No obstante lo anterior, luego de transcurridos más de dos meses, ni la PDDH, ni tampoco la referida Mesa Permanente, han recibido las convocatorias respectivas para continuar con el diálogo sobre este punto, pese a que se solicitó en diversas ocasiones tal continuidad.
Lamentamos la ausencia de respuesta de las instituciones relacionadas a la temática y sostenemos nuestra voluntad de participar en conversaciones con el Estado, a fin de alcanzar el levantamiento de la reserva en comento.
Sobre dicha disposición, las personas con discapacidad y sus organizaciones compartieron información de casos de violaciones a sus derechos en relación al incumplimiento de las obligaciones del Estado, de respeto y garantía, exponiéndose a manera de ejemplo, las siguientes situaciones que se reiteran en la vivencia del colectivo con discapacidad:
Barreras de comunicación, principalmente en el acceso a la información de personas con discapacidad psicosocial, intelectual y sensorial – personas sordas y personas ciegas -.
Casos de personas con discapacidad en situación de encierro en el hogar, en los cuales el grupo informó en los talleres realizados para este informe, tener conocimiento de personas con discapacidad psicosocial en el municipio de Oratorio de Concepción, Departamento de Cuscatlán, que son encerradas y hasta encadenadas por sus propios padres. De igual forma se conoció de casos de jóvenes encerrados/encarcelados para su “protección” y/o protección de otros miembros de la familia (niñas o niños), porque sus familiares manifestaron que al “soltarlos” son incontrolables y agresivos, poniéndose en peligro ellos mismos y al resto de personas que les rodean.
Se planteó en los mismos talleres, ciertos casos de personas con discapacidad –particularmente casos de niñez– a quienes se les ha denegado el acceso a la educación por razón de su discapacidad, así como también a quienes en centros de estudios denominados “inclusivos”, no se les ha brindado los recursos didácticos y medidas de apoyo necesarias para su pleno acceso. Se indicó de casos frecuentes de discriminación en materia de educación que se basan en las actitudes de maestras o maestros, que exigen que un/a familiar deba de permanecer en el aula como condición para la aceptación de niñas y niños con parálisis cerebral infantil (ambulatorios) en las escuelas. Si bien esto no es una denegación directa, sí lo es indirectamente, dado que se condiciona la permanencia de la población estudiantil con discapacidad a la asistencia de su familiar.
Se aludió así mismo, sobre un caso en un centro escolar en el departamento de San Vicente – zona paracentral del país – en el que la profesora llegó al punto de convocar a reunión de padres y madres de familia, ya que tanto éstos como los alumnos se quejaban del mal olor que expelía un niño con discapacidad que no controlaba sus esfínteres y a quien no se le podía realizar el cambio de pañales durante las horas de clase. Fue así que a causa de esa queja socializada por la maestra, el resto de padres y madres decidieron que el niño con discapacidad no asistiera a clases por esa causa.
En el seguimiento de las situaciones expuestas, en el marco de su mandato la PDDH está realizando las gestiones para activar las instituciones competentes y que estas intervengan al respecto.
- Que el Estado asigne presupuestos específicos para la atención integral e inclusión a personas con discapacidad en todas las instituciones estatales, municipales y entidades autónomas.
- Que El Estado de El Salvador tome acciones inmediatas para el retiro de la reserva genérica a la CDPD, tomando en cuenta la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Así como también que tome las medidas urgentes y concretas para erradicar la terminología peyorativa e inadecuada aplicada por la legislación en perjuicio de las personas con discapacidad, especialmente personas con discapacidad intelectual, psicosocial y sordas.
- Que el Estado realice medidas oportunas para armonizar la totalidad de sus leyes, reglamentos, políticas y otros en relación al texto de la Convención.
- Que el Estado garantice la efectiva participación de personas con discapacidad en la elaboración de las políticas públicas, incluida la política de atención integral a la persona con discapacidad y que consulte suficientemente con sus organizaciones representativas, así como con la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH; sin limitar la consulta exclusivamente al CONAIPD.
- Que el Estado parte asigne presupuestos específicos y adecuados para la atención a personas con discapacidad en todas sus instituciones, políticas, programas y proyectos.
Resulta preciso destacar, como fuera descrito en el Informe Alternativo presentado ante ese Comité para la Lista de Cuestiones, que existe una variedad de normas internas en El Salvador que contienen graves discriminaciones de jure hacia personas con discapacidad, particularmente hacia las personas sordas, ciegas, con discapacidad intelectual y psicosocial. Como ejemplo se citan la Constitución de la República de El Salvador (Art. 74); el Código de Familia (Arts. 171, 172, 179, 224, 241, 293, 295 y 301); la Ley del Notariado (Arts. 6 y 34) y la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que debiendo ser la ley marco sobre la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad carece de tal enfoque; además, no contempla la prohibición de la discriminación por motivo de discapacidad, ni contiene la protección legal ante hechos discriminatorios, así como tampoco establece la obligación expresa de las entidades públicas y privadas para la realización, al menos de ajustes razonables, que en el caso de no atenderse la situación concreta sea considerado como un acto de discriminación.
Un caso puntual de discriminación, compartido durante los talleres de trabajo, fue el dirigido en perjuicio de estudiantes sordos y sordas que no son aceptados en los centros educativos regulares si no se hacen acompañar de su propio intérprete de lengua de señas, cuyo servicio de interpretación no lo asume el centro de estudios, sino que debe ser costeado por el mismo alumno o alumna. Sobre la situación expuesta en el Informe presentado al Comité para la lista de cuestiones, en relación a la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media2, conocida como PAES, no fue posible conocer si actualmente el Ministerio de Educación proporciona a los estudiantes la asistencia de intérpretes de lengua de señas o si al menos permite que éstos sean asistidos por sus propios intérpretes, para asegurarles un trato igualitario.
De acuerdo a nuestra encuesta anexa al presente informe, al consultar sobre el conocimiento de leyes que protegen a las personas con discapacidad, el 46% de la población entrevistada dijo no conocer de alguna ley que proteja a las personas con discapacidad, el 20.1% aseguró no conocer de leyes; mientras que únicamente el 33.1% dijo conocer alguna ley al respecto. Por otra parte, en el mismo instrumento al preguntar a los y las entrevistadas sobre si alguna vez habían sido violentados o violentadas en sus derechos humanos a consecuencia de su discapacidad, el 48.4% respondió que algunas veces, el 15.5% aseguró que siempre y únicamente el 35.2% dijo no haber sido violentado.
- Que el Estado salvadoreño adopte a la brevedad las medidas legislativas y administrativas necesarias para adecuar la legislación interna a la CDPD, a fin de eliminar la discriminación con base en la discapacidad. Asimismo, que sea adoptada a la brevedad una legislación, que prohíba la discriminación por motivos de discapacidad en todos los ámbitos de la vida, en la que se incluya la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación.
- Que el Estado promueva la elaboración y aplicación de medidas afirmativas, especialmente ligadas a las mujeres con discapacidad en relación a los derechos al trabajo y al empleo, así como a la educación, en atención a la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad.
En El Salvador se cuenta con normativa destinada a proteger y garantizar los derechos de las mujeres, entre las que se citan la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres3; la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres4; la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar5; entre otras. Cabe destacar que en las leyes referidas se hace mención de las mujeres con discapacidad y sus derechos; sin embargo, en la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, como ya se ha planteado anteriormente, se continúa utilizando lenguaje que no es acorde a la CDPD, específicamente en los artículos 1, 6, 15, 21 y 40 se utilizan los términos peyorativos de “personas o mujeres discapacitadas”, por lo que se requiere de su adecuación.
Aunado a ello, las personas con discapacidad, en especial las mujeres con discapacidad, no fueron ampliamente consultadas por las instituciones correspondientes a participar en el proceso de formulación de las leyes, tampoco el Órgano Legislativo les consultó previo a su aprobación. Tampoco se facilita la socialización de esas normas a personas con cualquier tipo de discapacidad. Se sabe que la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia –UTE–, ha impreso y distribuido en sistema Braille la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, estas últimas distribuidas también en audio para personas ciegas o de baja visión. Sin embargo, en el proceso de talleres realizados, se planteó por parte de las representantes de mujeres sordas que a este sector nunca se les ha consultado previo a la elaboración y aprobación de alguna de estas leyes, indicando que las mismas no han sido dispuestas suficientemente en formatos accesibles, puesto que no fueron publicadas en lengua de señas, así como tampoco en versión simplificada, dejando al margen de la difusión de las normas a las personas sordas, con discapacidad intelectual y psicosocial.
En complemento a las informaciones ya presentadas en el primer informe, las y los participantes del último taller para la elaboración de las propuestas de recomendaciones para el Comité, destacaron los siguientes aspectos sobre las barreras que encuentran las mujeres con discapacidad y la discriminación adicional a la que se enfrentan:
a. Que hay un esfuerzo inicial en distribuir las leyes relativas a los derechos de las mujeres en formatos accesibles (audios y Braille). No obstante, aún no hay un esfuerzo para incluir a las mujeres sordas y no hay tampoco material en lengua de señas, por lo cual las mujeres sordas consideran no haber sido consultadas e incluidas.
b. El Estado no presenta información acerca de la situación de las mujeres indígenas con discapacidad.
c. No existe accesibilidad en las mesas hospitalarias para la realización de exámenes ginecológicos y otros equipos médicos, aunado a ello persisten las barreras actitudinales en el personal de las instituciones de salud, especialmente hacia mujeres sordas, con discapacidad intelectual y psicosocial.
e. El Estado no ha involucrado ni tampoco consultado a las mujeres sordas, con discapacidad psicosocial e intelectual, en las discusiones referentes a la Política Nacional de las Mujeres y otras relativas.
f. No se evidencia el apoyo del Estado para incrementar y fomentar la organización como la participación de las mujeres con discapacidad. Tampoco sobre la promoción de derechos para las mujeres que viven fuera de la capital y sobre todo de zonas rurales para que participen de los espacios ya existentes.
g. Hacen falta acciones dirigidas a mujeres con discapacidad privadas de libertad.
- Que el Estado implemente de manera urgente medidas efectivas para la identificación, la prevención y la protección necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, en particular mujeres y niñas con discapacidad intelectual, psicosocial y auditiva. Además se recomienda la creación de programas interinstitucionales accesibles de atención integral a mujeres y niñas víctimas de estas formas de violencia tanto en el área urbana como rural, en consulta con las organizaciones de mujeres con discapacidad.
- Que el Estado asegure que las Leyes y políticas, propiamente las referidas a derechos de las mujeres con discapacidad, sean publicadas y divulgadas ampliamente a nivel nacional en formatos accesibles.
- Que el Estado resuelva prontamente el tema de la falta de datos estadísticos, ya que no se cuenta con datos sobre niñas y mujeres con discapacidad.
- Que el Estado a través de las instancias pertinentes, con el apoyo de organizaciones de personas con discapacidad, brinde capacitaciones a mujeres sordas, con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial sobre sus derechos, incluido los sexuales y reproductivos; así como a su familias.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF– en su Informe sobre “Estado Mundial de la Infancia 2013: Niñas y niños con discapacidad”6, expresa que los niños y las niñas con discapacidad sufren de invisibilidad y son más vulnerables frente a hechos de violencia, así también encuentran numerosos obstáculos físicos, sociales y medioambientales que se oponen a su participación plena en la sociedad, dificultando el acceso a la atención de salud, educación y otros servicios de apoyo7. El Salvador no es ajeno a esta realidad mundial, sobre este aspecto participantes en el proceso de los talleres realizados dieron a conocer casos concretos de violación de derechos humanos de la niñez con discapacidad, que están presentados en este Informe en artículo que versa sobre el derecho a la educación.
En el proceso de levantamiento de la encuesta ya referida, la población entrevistada considera que entre la población con discapacidad, los colectivos que son mayormente vulnerados en sus derechos son la niñez y las mujeres con discapacidad –82.7%–; mientras que un porcentaje reducido de las personas entrevistadas –8.8%– consideraron que las vulneraciones no tienen distinción.
Tal como se señaló en nuestro Informe para la Lista de Cuestiones, el Comité sobre los Derechos del Niño en sus observaciones finales8, destacó su preocupación por situaciones de discriminación y afectaciones de derechos humanos en perjuicio de los niños y niñas con discapacidad en El Salvador. En dicha ocasión se retomaron las recomendaciones formuladas al Estado, las que consideramos pertinentes sean valoradas, a fin de medir el cumplimiento de las mismas por parte del Estado luego de tres años de haber sido formuladas.
El pasado mes de junio fue dada a conocer públicamente la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, en la cual –según el documento publicado– se incluyó en el proceso de consulta a la niñez y juventud con discapacidad. Tanto la creación de la política referida como la metodología de consulta, constituyen pasos positivos para que el Estado salvadoreño avance en una protección más eficaz e integral de la niñez. No obstante, dado que la consulta se realizó mayoritariamente en centros escolares, a los cuales, como se ha mencionado, existe limitado acceso para niños y niñas con discapacidad, es importante que las autoridades correspondientes amplíen sus proyecciones de protección hacia este sector de la niñez. Tenemos la expectativa que la implementación de esta Política, aún y cuando en la misma persiste el enfoque médico, en conjunción con otras similares como la Política Nacional de Juventud, la Política Nacional de las Mujeres, entre otras, posibilite la progresividad efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el desempeño de su labor, tuvo conocimiento a través de medios de comunicación9 sobre el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en “resguardo” debido a su situación de abandono por parte de sus familiares, en el Centro de Educación Especial del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), quienes habitaban sin atención adecuada en las mismas instalaciones con personas con discapacidad adultas y viviendo en condiciones de grave precariedad e insalubridad. Así fue abierto un expediente de investigación10 y se procedió a realizar las verificaciones en el lugar en relación a las condiciones de vida de la población infantil en mención. Resultado de las gestiones de la PDDH de monitoreo y de protección, fue la separación de todos los niños y niñas con discapacidad, quienes fueron trasladados hacia albergues destinados a la niñez en condiciones de abandono. Este caso continúa siendo objeto de monitoreo por parte de la Procuraduría.
-Que el Estado asigne los recursos necesarios y suficientes para la implementación de una política amplia de inclusión de niñas y niños con discapacidad, incluyendo a las y los indígenas, sordos, sordociegos, personas con discapacidad intelectual y psicosocial, en todos los ámbitos de la vida, que atienda la esfera familiar y comunitaria. Esto a través de la creación y desarrollo de programas inclusivos de rehabilitación basados en la comunidad frente a los niños con discapacidad, conforme a lo recomendado por el Comité de Derechos del Niño en sus observaciones finales de El Salvador (CRC/C/SLV/CO/3-4. Párr. 57).
- Que el Estado parte investigue y documente la situación en la cual se encuentran las niñas y niños con discapacidad en el área rural, en las comunidades indígenas, y las niñas y niños sordos, sordo ciegos y con discapacidad intelectual, con el objeto de brindar medidas de protección contra el abuso y el maltrato.
- Que el Estado genere consultas y toma de decisiones a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familiares para crear un plan de atención integral y de inclusión respecto de la niñez y adolescencia con discapacidad, el cual deberá ser ampliamente divulgado a nivel nacional tanto en el área rural como urbana.
Lamentablemente en El Salvador se continúan avalando y promoviendo campañas para “ayudar” a personas con discapacidad, particularmente en relación a la rehabilitación y dotación de ayudas técnicas; sin embargo, tales cometidos se basan esencialmente en la caridad, proyectando en los medios de comunicación social una imagen de la persona con discapacidad como objeto de compasión y lástima para motivar las “donaciones económicas”. Lejos de promoverse la erradicación de las barreras actitudinales de la sociedad en general, se impulsa su continuidad a través de actitudes negativas, además de la terminología peyorativa, y los prejuicios hacia las personas con discapacidad.
- Que el Estado garantice la promoción de la dignificación de las personas con discapacidad y que mantenga una supervisión constante, sobre la forma en que entidades públicas y privadas promueven la imagen de las personas con discapacidad en las campañas de sensibilización, a fin de que la actuación de estas, sea de conformidad con la Convención, erradicando el asistencialismo hacia las personas con discapacidad.
- Que el Estado promueva permanentemente campañas de toma de conciencia de derechos de personas con discapacidad; asimismo, que regule y supervise el enfoque utilizado por los medios de comunicación social y que estas se centren en los derechos de las personas con discapacidad y no en sus deficiencias.
- Que el Estado asegure la eliminación de la terminología peyorativa e inadecuada aplicada por la legislación en perjuicio de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, de conformidad con la CDPD.
Como aporte adicional a la información vertida en el Informe Alternativo para la Lista de Cuestiones, en relación a las barreras arquitectónicas en los edificios públicos y privados de atención al público, así como el transporte público inaccesible, se expresa que continúa siendo una de las demandas más urgentes de las personas con discapacidad y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual ha sido expuesta en diferentes pronunciamientos públicos11.
En el tema del transporte público, el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial prohíbe en su artículo 81 numeral 18, que los conductores de vehículos del transporte colectivo de pasajeros no atiendan la solicitud de personas con discapacidad para ser transportadas12. Pese a ello, no se ha producido la plena aplicación de esta disposición en la práctica, ya que si bien el conductor puede detenerse, es conocido que la flotilla de buses y microbuses del transporte colectivo es inaccesible para que una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas o de ayudas técnicas puedan subir al mismo; similares dificultades al respecto se presentan para las personas ciegas.
A la fecha se encuentra en proceso de ejecución el proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador –SITRAMSS–, sin embargo será hasta su finalización que se conocerá si efectivamente contará con todas las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. El año recién pasado se conoció por información solicitada por la PDDH al Ministerio Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano –MOP–, que el SITRAMSS, contaría con infraestructura y unidades de transporte público –buses– accesibles para personas con discapacidad. En razón de que la mencionada institución se limitó a referir una propuesta del entonces proyecto, la información enviada no fue suficiente para aclarar si propiciará la accesibilidad de los microbuses y los buses que actualmente brindan el servicio de transporte y que al parecer seguirán funcionando paralelamente al nuevo sistema, así como tampoco es claro si el MOP ha garantizado a las personas con discapacidad sensorial –sordas, ciegas y sordociegas-, así como las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, tengan la información adecuada del SITRAMSS; tampoco se ha conocido si el colectivo con discapacidad ha sido consultado amplia y debidamente sobre el mismo.
Al respecto de lo anterior, en mayo del presente año se solicitó oficialmente un nuevo informe al señor Ministro de Obras Públicas para despejar estas y otras dudas sobre el nuevo sistema de transporte; no obstante, tal información aún no ha sido proporcionada a la fecha del presente informe. En el muestreo realizado –anexo al Informe- se expone que el 45.1% de la población con discapacidad no tiene acceso adecuado al transporte público, el 9.2% respondió que a veces tiene acceso adecuado y el 5.3% de la población mencionó que no utiliza transporte público.
Sobre el denominado “Primer Plan Nacional de Accesibilidad”, aludido en el Informe Inicial del Estado salvadoreño – párrafo 67 -, se encontró información que este se constituye en el mecanismo por medio del cual el MOP junto con la SIS, pretenden “ejecutar… con otras administraciones y entidades, la transformación de infraestructuras y entornos urbanísticos, a través de la implementación del diseño para todos”. Se halló en el portal electrónico del MOP que ese Plan Nacional no fue incorporado al Plan Estratégico Institucional 2009 – 2024 de dicho Ministerio –de enero de 2012–, sino que en su lugar fue creado el programa “Ciudades Inclusivas” a cargo de la Dirección de Planificación Vial que tiene la responsabilidad de: “Revisar y actualizar normas y reglamentos para garantizar que el diseño de la infraestructura incorpore accesibilidad y seguridad de las personas en general y las personas con discapacidad”13. Es pertinente mencionar que al iniciar el diseño del programa fue consultado un grupo de personas con discapacidad, pero no ha sido así en relación al proceso de ejecución, según lo informaran algunas personas inicialmente consultadas.
Del programa “Ciudades Inclusivas” se conocen acciones positivas a nivel urbano en la ciudad capital, tal como la instalación de semáforos audibles en algunas zonas de ésta, para favorecer la libre movilización de las personas con discapacidad visual. Sin embargo, este esfuerzo aún es muy limitado, ya que en la primera fase se proyecta el cambio de 75 semáforos tradicionales por semáforos de tecnología audible, según el Ministro de Obras Públicas14, por lo que se esperaría que en las siguientes fases se diera una cobertura a nivel nacional.
Para el año 2013 el MOP programó tres proyectos por realizarse15 relativos a accesibilidad para favorecer a la población con discapacidad, los que ya habían sido programados para el año 201216 y cuya ejecución fue iniciada en agosto de ese año17. De ello puede considerarse que la disposición del Estado de garantizar la accesibilidad, no se expresa en acciones oportunas o suficientes, ni se destina el presupuesto necesario para su ejecución, a diferencia de otras áreas de gestión en materia de obras públicas, las cuales no implican siempre la accesibilidad de las mismas.
En virtud de lo anterior, en el muestreo realizado se consultó a personas con discapacidad y sus familiares si consideraban tener acceso adecuado a instalaciones de edificios y entidades públicas o privadas, sobre ello el 56.7% manifestó no tener acceso a estas instalaciones; y al consultarles si su discapacidad les generaba costos adicionales para acceder a servicios necesarios, el 75.5% respondió afirmativamente, de los cuales el transporte es el que genera más costos, seguido de los apoyos técnicos y medicamentos.
Retomando lo expuesto en nuestro Informe anterior al Comité, se persiste en la omisión estatal para contar con intérpretes de lengua de señas, información en Braille o audible para el acceso a los servicios que brinda directamente el Estado o a través de instituciones privadas. Es de especial preocupación aquellos servicios tan importantes como la salud, la educación, la administración de justicia, entre otros, en los que aún no ha sido prevista la accesibilidad arquitectónica y la de comunicación en relación a las personas con discapacidad, entre otras.
- Que el Estado asegure, inclusive mediante la asignación de recursos económicos, las condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad física, auditiva, visual, psicosocial e intelectual; así también que para su garantía implemente mecanismos de supervisión tanto en el ámbito público como privado, como en el caso del sistema de transporte público de pasajeros, los medios de comunicación social, las empresas constructoras, entre otros.
- Que el Estado divulgue ampliamente el plan nacional de accesibilidad y los resultados de la implementación de este plan, referido en el informe del Estado.
- Que el Estado exija a las empresas constructoras que cumplan y respeten los diseños de los planos aprobados sobre nuevas construcciones y remodelaciones, incluidas las construcciones de nuevas viviendas y que se estandarice la accesibilidad en todas las infraestructuras a nivel nacional.
- Que el Estado garantice la plena accesibilidad del entorno físico, tecnologías, comunicaciones y de la información (para todas las personas con discapacidad), tanto en el transporte público como en otros servicios. Así también, que propicie las medidas para garantizar que la accesibilidad en el sistema de transporte incluya, además, las estaciones de autobuses.
- Que el Estado, a través de las instituciones competentes condicione legal y administrativamente los permisos de circulación a las unidades de transporte público a su accesibilidad, especialmente para las nuevas unidades.
Sobre la protección que el Estado debe dar a las personas con discapacidad en situaciones de desastres, en nuestra encuesta resultó que el 81.5% de las personas entrevistadas manifestaron no recibir información necesaria de acuerdo a su discapacidad por parte del sistema de protección civil. De la población encuestada sólo un 8.2% indicó que en efecto, las medidas preventivas ante emergencias en su comunidad o en la municipalidad, toman en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Asimismo, en relación a la interrogante si el personal de las instituciones que prestan apoyo en situaciones de emergencia tienen la información y técnicas necesarias para atender a las personas con discapacidad, sólo un 19% afirmó que sí, de lo cual se desprende que sobre la base de la encuesta las personas con discapacidad en su mayoría no perciben el adiestramiento necesario en materia de discapacidad respecto del personal vinculado a la atención de las emergencias.
Al revisar la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, se observa que no está considerada la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en general, en tal sentido tampoco están las personas con discapacidad. Esa misma omisión se produce en el documento “Plan de la Comisión Técnica” relativo a los “Albergues”. En el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres –elaborado en 2012– se hace mención del “enfoque de derechos” en la gestión de riesgos para la atención de los grupos vulnerables; sin embargo hace expresión específica del “enfoque de género”, más no al de personas con discapacidad y otros grupos.
Es motivo de preocupación, que los planes de contingencia diseñados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, no contemplan adecuadamente la atención para personas con discapacidad, a quienes no se les facilita su participación en la planificación, a excepción de algunas iniciativas de capacitación para la inclusión en algunos Planes de Emergencia locales, como por ejemplo dos municipios de la zona oriental18, sin considerar el resto del país que también es proclive a las situaciones de riesgo y emergencia, lo cual es constatado en la práctica por PDDH cuando realiza verificaciones a nivel nacional ante situaciones de desastre19.
Debe tenerse como positivo que durante situaciones de emergencia por lluvias y otros riesgos, las autoridades de Protección Civil informan constantemente a la población a través de los medios de comunicación radiales y televisivos, auxiliándose en este último caso de subtítulos e intérpretes de lengua de señas para trasladar la información a las personas sordas, aunque se desconoce si en los casos concretos de desastres ambientales por contaminación de tóxicos20 se ha dado información accesible y de manera oportuna a las personas sordas, a las personas ciegas y a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial respecto de la situación misma y de las medidas a tomar para evitar daños a la salud, a la integridad y a la vida de las personas.
- Que el Estado incluya a las personas con discapacidad dentro de los planes de acción para la protección civil en caso de situaciones de riesgo, emergencia y reconstrucción socio–comunitaria y que las organizaciones representativas de personas con discapacidad sean consultadas sobre el tema.
- Que el Estado garantice que los centros que son utilizados como albergues, cuenten con las condiciones de accesibilidad arquitectónica y comunicacional, así como la protección a la integridad y seguridad de las personas con discapacidad; así como garantizar que en tales circunstancias sea brindada atención especializada a las situaciones de salud relacionadas con las diferentes discapacidades.
-Que el Estado asegure que las personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, así como a las personas sordas, sordociegas y ciegas, sean informadas ampliamente de las situaciones de riesgo que surgieren, al igual que de los planes de mitigación que se implementarán.
Art. 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley
Habiendo transcurrido cinco años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es impostergable la adecuación de la legislación interna conforme al texto de tal instrumento. Y es que iniciando por la Constitución de la República, existe una gama de normas –leyes y reglamentos– que propicia la desigualdad de derechos de las personas con discapacidad, desconociendo el enfoque de derechos y de la dignidad humana de las personas con discapacidad.
El Órgano Judicial y la Procuraduría General de la República, conforme a las atribuciones derivadas del Código de Familia sobre la declaratoria judicial de “incapacidad”21, son competentes para conocer sobre las personas con discapacidad que tienen el ejercicio de su capacidad jurídica limitada por medidas de salvaguardias o tutela adoptadas por el Estado, cuya información respecto a datos estadísticos está siendo investigada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
- Que el Estado armonice urgentemente toda la legislación salvadoreña respecto del texto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyendo la legislación de familia.
- Que el Estado tome las medidas encaminadas a garantizar el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley; siendo una de tales medidas promover la revocatoria de la figura de la Tutela cuando estas personas estén sometidas a mecanismos de salvaguardia, implementando los servicios de apoyo que ellas puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Las 100 Reglas de Brasilia22 sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, establecen que las instituciones operadoras del sistema de justicia deben procurar “las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación”. De igual manera se propicia la adopción de las medidas “para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado”, esto último se considera atinente a las personas sordas, a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
Aún cuando no se precisa el número de casos de personas con discapacidad que han requerido el acceso a la justicia, podemos deducir de la situación expuesta en relación a la falta de acciones en cuanto a la accesibilidad arquitectónica, el transporte público, la comunicación e información, etc., lo complicado que resulta a una persona con discapacidad, especialmente usuaria de silla de ruedas o de ayudas técnicas, trasladarse hasta un centro judicial, a las delegaciones o puestos policiales, a las oficinas fiscales, así como a la Procuraduría General de la República y a la misma PDDH, para requerir de la intervención de esas instancias según su competencia. Si a ello se suman las barreras arquitectónicas de las instalaciones y la dificultad de la comunicación para las personas sordas por falta de intérpretes de lengua de señas en tales instituciones, son factores de disuasión y de desconfianza para que las personas con discapacidad acudan a las mismas.
Precisamente la encuesta antes citada, refleja esa desmotivación de la población con discapacidad que en alguna ocasión ha sido afectada en sus derechos, el 67.3% decidió no acudir a ninguna institución, el resto de personas que sí acudieron a alguna, se indica que recurrió a la Policía un 3.6%, a la Fiscalía General un 2.8%, a la PDDH un 4.8%, a las organizaciones de la sociedad civil acudió un 3.1%.
La PDDH ha referido un caso ilustrativo, relacionado a una joven con discapacidad intelectual que fue abusada sexualmente en el año 2012, procediendo sus familiares junto a la víctima a interponer la denuncia ante la Oficina de Sensuntepeque –en el departamento de Cabañas- de la Fiscalía General de la República –FGR-; sin embargo, la denuncia no les fue recibida y lo que se hizo fue únicamente remitir a la víctima a la PNC de esa localidad. Sobre el caso, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque pronunció sentencia judicial absolviendo al victimario, en razón de considerar que la víctima no había sido consistente en su declaración al contradecirse en fechas y horas respecto de los hechos. Existiendo las pruebas periciales al respecto, según lo informado, el juzgador concluyó que la víctima había “consentido” el hecho y que por tanto no existía el delito de violación sexual. Producto de ese abuso la joven resultó embarazada, confirmándose la paternidad del abusador a través de la prueba científica realizada a éste y a su hijo.
Se manifestó por los familiares que en ningún momento del proceso, el funcionario judicial consideró como un elemento agravante del delito, y por tanto de la responsabilidad del victimario, la discapacidad intelectual de la joven; así como tampoco contempló otras pruebas que a diferencia de la declaración de la víctima hubiesen fundamentado el hecho delictivo. Resulta alarmante que el juzgador asumiera en este caso “el consentimiento” del abuso sexual cuando la misma víctima por su discapacidad a la fecha no es consciente del vejamen cometido en su contra; por lo cual el juzgador nunca debió interpretar como inexistente el abuso cometido a partir de la declaración de la joven. Asimismo, se expone la gravedad de las consecuencias del desconocimiento en la atención a las personas con discapacidad de los funcionarios, tanto de la FGR y del Juzgado en comento, en relación a este delito y otros, cuyos procedimientos deben ajustarse precisamente a cada caso en particular en relación a las discapacidades intelectual o psicosocial. Esta situación, que sabemos es uno entre una cantidad de casos que se mantienen en la privacidad de muchas familias de personas con discapacidad, evidencia un sistema judicial que discrimina directa e indirectamente a las personas con discapacidad intelectual y consecuentemente no les asegura un efectivo y pleno acceso a la justicia en igualdad de condiciones, conforme lo dispone la Convención.
- Que el Estado garantice a todas las personas con discapacidad un pleno acceso a la justicia, al mismo tiempo que proceda a la adecuación de la normativa pertinente y a los ajustes que resulten necesarios en todas las etapas procesales, incluyendo la de investigación, en atención a lo dispuesto en la Convención.
- Que el Estado asegure que cuando se cometan y comprueben delitos cometidos hacia personas con discapacidad, especialmente hacia mujeres con discapacidad, se garantice el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y que estos casos no queden impunes; así también, que se brinde atención psicológica, oportuna y adecuada, a las víctimas y que estas sean acompañadas por instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre otras.
- Que el Estado asegure la creación de protocolos de atención integral y oportuna a las personas con discapacidad en el sistema de justicia, previa consulta con la población destinataria.
- Que el Estado proceda urgentemente a la creación de un plan y/o programa de capacitación y sensibilización sobre legislación y derechos de las personas con discapacidad a los operadores del sistema de justicia –incluso personal policial y penitenciario- y que dentro de este se prevea el involucramiento de las personas con discapacidad.
- Que el Estado garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, a su autonomía individual, a la libertad en la toma de decisiones y a la autonomía en el acceso a la justicia, en este último caso que se garantice la asistencia de intérpretes de lengua de señas para personas sordas y sordociegas, capacitándoles adecuadamente en terminología y procedimientos judiciales.
- Que el Estado diseñe las medidas legales y/o administrativas pertinentes a ser aplicadas a los funcionarios y funcionarias del sistema de administración de justicia, que violenten los derechos de las personas con discapacidad.
-Que el Estado salvadoreño incorpore en todas las dependencias del sistema de justicia, formatos accesibles en la comunicación, en el acceso a la información (en Braille, lengua de señas, macrotipos y otros formatos alternativos) de los procedimientos judiciales.
Es urgente que el personal de la Policía Nacional Civil –PNC–, reciba formación sobre los derechos de las personas con discapacidad, para evitar situaciones de maltrato y de estigmatización de las mismas, que resulten en una privación de libertad, como podría darse con las personas con discapacidad psicosocial, intelectual, así como con las personas sordas. Estas necesidades de fortalecimiento institucional han trascendido incluso a los medios de comunicación social23.
Los centros penales y centros de detención policial de igual manera no reúnen las condiciones de accesibilidad arquitectónica, careciendo de rampas y baños accesibles, entre otros; de igual forma no se contemplan medidas de habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad privadas de libertad, así como tampoco se les brinda atención médica apropiada y necesaria a sus discapacidades. En algunos casos, a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, se les aplica un régimen de “internación” en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en donde no se tienen dispuestas las acciones apropiadas de accesibilidad y los tratamientos –procedimientos- no son atinentes a los objetivos y principios de la CDPD, incluida la ausencia de ajustes razonables.
El Salvador, en el año 2012, recibió la visita in situ del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, habiendo realizado verificaciones en centros penales, bartolinas policiales y las instalaciones del Hospital Nacional Psiquiátrico. En su Informe Preliminar al concluir la Misión24, el Grupo de Trabajo concluyó, de manera general, la existencia de sobrepoblación en los centros de detención como consecuencia de la amplitud de la detención provisional. De igual forma determinó la excesiva utilización de la medida de la detención y las dificultades en el acceso y comunicación de las personas privadas de libertad con su abogado o abogada defensora, arrestos sin orden de detención y la ausencia de información y falta de estadística confiable.
Entre las recomendaciones preliminares, el Grupo de Trabajo planteó la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, tendente a coadyuvar a la solución de los problemas de sobrepoblación y condiciones inhumanas en las prisiones y centros de detención; así como también “la promulgación de normas legales que regulen la detención en hospitales siquiátricos, salvaguardando los derechos humanos de los pacientes”; de igual forma exhortó a aumentar el número de jueces de vigilancia penitenciaria para un efectivo control de la situación judicial de las personas detenidas.
Sí es alarmante lo observado por el Grupo de Trabajo respecto de las personas privadas de libertad en general, ello consecuentemente conlleva a implicaciones aún más graves en relación a las personas con discapacidad privadas de libertad, quienes no tienen un trato diferenciado del resto de la población reclusa y ni siquiera se evidencian en estadísticas o en los registros de cada centro de detención que permita requerir de las diferentes instancias las acciones concretas e integrales para asegurar la igualdad de condiciones -de acuerdo a las discapacidades- con el resto de detenidos. Particularmente nos referimos a las dificultades en la comunicación de las personas sordas, con discapacidad psicosocial o intelectual, en cuanto a la asistencia técnica del abogado defensor que, además, debe informar a sus representados sobre el estado de los procesos judiciales; así como también a la comunicación que pudiera necesitarse en relación a las atribuciones del juez de vigilancia penitenciaria.
- Que el Estado garantice el adecuado reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad sujetas a procedimientos de internamiento involuntario, revisando tales procedimientos de internamiento y asegurando la creación de una estrategia amplia para la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad en situación de abandono, en particular, de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que incluya un programa de apoyo destinado a la asistencia en la toma de decisiones.
- Que el Estado tome medidas para la accesibilidad arquitectónica en los centros de detención y centros de resguardo con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Que el Estado asegure las garantías del debido proceso a la persona con discapacidad en todas las fases del proceso judicial, particularmente desde la detención administrativa en los procesos penales.
-Que el Estado inicie las acciones pertinentes para reformar el Código Civil y Código de Familia en concordancia con el artículo 14 de la Convención, en el sentido de proveer los recursos legales para impugnar la institucionalización involuntaria de las personas con discapacidad.
- Que el Estado tome en cuenta la definición de “comunicación”, a la que hace referencia el artículo 2 de la CDPD, a efecto de que a las personas sordas y sordociegas detenidas se les asegure el derecho a ser informadas apropiadamente de los motivos de su detención por medio de la lengua de señas salvadoreña y se le garantice la asistencia de un intérprete en todo el desarrollo del proceso. Esto mismo será aplicable para las personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual.

References: artículo 19
 artículo 46
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 81
 artículo 14
 artículo 2