Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/706843905
Timestamp: 2020-07-02 15:04:58+00:00

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Sentencia de Unificación nº 632/17 de Corte Constitucional, 12 de Octubre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 706843905
Acción de tutela interpuesta por C.A.M.L. contra la S. Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Primera del Consejo de Estado.
La S. Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados C.L.B.P., D.C.F.R., L.G.G.P., A.L.C., A.J.L.O., G.S.O.D., C.P.S., A.R.R. y J.F.R.C., en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Subsección A, de la Sección Segunda, de la S. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio del cual se negó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política invocados por el accionante.
1.1. El señor C.A.M.L. fue elegido concejal del municipio de B. (Antioquia) para el periodo 2008-2011 y reelegido para el siguiente entre 2012-2015, esta última elección se celebró el 30 de octubre de 2011.
1.2. El mismo día que el accionante resultó electo como concejal para el período 2012-2015, en B. triunfó el voto en blanco en las elecciones para alcalde municipal.
1.4. Expone que aceptó la invitación del partido y el 11 de noviembre del año 2011, mediante A. número 167, presentó renuncia ante el pleno del cabildo municipal respecto de la curul que ocupó en el período 2008-2011, la cual fue aceptada mediante la Resolución 205 del 11 de noviembre de 2011. En su reemplazo se posesionó para terminar el mes restante el señor G.J.T.B..
1.5. Pone de presente que entre el 16 y 19 de diciembre renunció a su curul para el período 2012-2015, ante las directivas del partido conservador del municipio de B. , la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral .
1.7. El día 21 de diciembre de 2011, el señor J.M.L.S. presidente del partido conservador de B. dirigió comunicación al ciudadano F.E.V.G., candidato al concejo municipal de ese municipio, informándole que era el siguiente con mayor votos dentro de la misma lista de aspirantes a esa Corporación. En este sentido, le manifestó que: “quien debe asumir dicho cargo en representación de nuestro partido es usted, puesto que ocupa el lugar siguiente (séptimo) en la lista. Por lo tanto requiero de su aceptación a esta curul, además en caso de ser afirmativo lo exprese por escrito” .
1.9. El 2 de enero de 2012, se llevó a cabo la posesión de los concejales del municipio de B. para el período 2012-2015, fecha en la que el actor, si bien presidio la ceremonia, no acudió a tomar posesión como concejal, ya que: (i) consideraba haber renunciado a su curul desde el 16 de diciembre de 2011 y (ii) un día antes se había posesionado como alcalde.
1.10. El ciudadano R.M.Z. formuló demanda de pérdida de investidura en contra del accionante, al considerar que este había incurrido en la causal prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 del 2000 (no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de la instalación del concejo municipal), así como por haber violado la prohibición de elegibilidad simultanea prevista en los artículos 179 numeral 8 y 291 de la Constitución, y 44 de la Ley 136 de 1994.
1.11. Específicamente el señor R.M.Z. afirmó que el señor C.A.M.L. no acudió a surtir la diligencia de posesión como concejal, ni demostró la existencia de una situación de fuerza mayor que le impidiese cumplir su deber, y al haber ostentado la investidura de concejal de B. en cuatro oportunidades conocía a plenitud las consecuencias que se derivaban del hecho de no tomar posesión, máxime si se tiene en cuenta que las renuncias presentadas a entidades diferentes al concejo municipal o al alcalde carecían de validez jurídica.
1.12. El 10 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia decretando la pérdida de investidura del accionante como concejal del municipio de B.. Dicha Corporación sostuvo que se encontraba suficientemente acreditado que: (i) el señor C.A.M.L. se presentó como candidato a las elecciones que se realizaron el 30 de octubre de 2011 para concejal del municipio de B., resultando electo y (ii) posteriormente en elecciones atípicas celebradas el 16 de diciembre de 2011, fue elegido alcalde. Esto significaba que si bien las elecciones no fueron realizadas de manera simultánea, el peticionario sí fue elegido para dos cargos cuyo periodo era coincidente.
1.13. En lo que respecta a la supuesta renuncia al cargo de concejal, la sentencia de primera instancia adujo que esta era ineficaz debido a que: “La carta de renuncia a la curul presentada por el demandado al partido conservador y su correspondiente aceptación por parte del presidente del mismo, es totalmente ineficaz puesto que el partido es una entidad privada que no tiene la calidad de autoridad electoral (....) de tal manera que las copias presentadas no tienen ningún valor probatoriamente en este proceso”. Así mismo precisó que: “el señor M.L., llegó hasta las elecciones del 18 de diciembre de 2011, con la posibilidad de posesionarse como concejal, en caso de no ser elegido Alcalde, pero como sí lo fue, en esa misma fecha quedó elegido para los dos cargos configurándose la causal de pérdida de investidura”.
1.15. El accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión del a-quo, la cual fue desatada por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 28 de enero de 2016, que confirmó la decisión de primera instancia decretando la pérdida de investidura como concejal de B..
1.17. En relación con la supuesta existencia de una situación de fuerza mayor que le impedía al accionante posesionarse en la fecha indicada, la sentencia del Consejo de Estado precisó lo siguiente: “siempre que en una decisión intervenga la libertad para adoptarla, per se, se descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues esta supone la ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir (…) conforme a lo señalado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los archivos del concejo municipal de B. (Antioquia) no existe documento alguno o excusa por parte del señor C.A.M.L. que justifique una fuerza mayor por no haberse posesionado el día 2 de enero como concejal del municipio de B., para el período 2012-2015”. En esta medida, para el Consejo de Estado las pruebas que intentaban demostrar la validez de la renuncia eran intrascendentes en la determinación a adoptar, ya que aún si hipotéticamente se determinara la validez de las mismas, de todos modos se tendría que declarar la pérdida de investidura, ya que renunciar a un cargo para postularse a otro bajo ninguna circunstancia puede ser catalogado como un acto de fuerza mayor, pues no satisface el requisito de “externalidad” que desde antaño la jurisprudencia ha exigido para que se constituya este fenómeno.
1.18. Por lo expuesto, afirma que las sentencias acusadas incurrieron en: (i) defecto fáctico por haber desconocido las múltiples pruebas que acreditaban la oportuna y eficaz renuncia a la curul de concejal electo del municipio de B. (Antioquia) período 2012-2015, para aspirar al cargo de alcalde de esa localidad; y (ii) defecto sustantivo toda vez que efectuaron una equivocada interpretación de las inhabilidades previstas en el artículo 179, numeral 8, de la Carta Política y en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000, porque si bien resultó elegido para una Corporación (concejal) y un cargo (alcalde) donde ambos períodos coincidían en el tiempo, la renuncia al primero eliminó la inhabilidad.
1.19. Finalmente, pone de presente que debe respetarse el principio de confianza legítima, debido a que las múltiples manifestaciones de renuncia a la curul de concejal electo para el período 2012 a 2015, consolidaron una situación jurídica a su favor, especialmente, la proveniente de la Registradora Especial del Municipio de B. fechada el 1° de enero de 2012 y el hecho de habérsele permitido inscribirse como candidato a la alcaldía para las elecciones atípicas.
1.20. En consecuencia, solicita se protejan sus derechos fundamentales y se dejen sin efectos las sentencias proferidas el 10 de octubre de 2013 y el 28 de enero de 2016, por la S. Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado en su contra.
Actuaciones del juez único de instancia.
Mediante auto de fecha 29 de septiembre de 2016 la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decidió: (i) admitir la acción de tutela y (ii) vincular al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Sección Primera de la S. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y al señor R. de J.M.Z. para que se pronunciaran sobre los hechos.
3.1 El doctor R.A.S.V., en calidad de Consejero de Estado ponente de la decisión judicial que se cuestiona, se opuso a las pretensiones de la tutela interpuesta. Afirmó que el actor cometió una imprecisión en la acción presentada ya que no se encontró configurada la inhabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política y el artículo 44 de la Ley 136 de 1994, sino en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000. En este orden de ideas, la sentencia consideró innecesario analizar la legalidad de las renuncias presentadas ante la Registraduría y el partido conservador, porque la causal de pérdida de investidura se fundamentó en la no posesión dentro de los tres días siguientes al momento de la instalación del concejo municipal.
3.2. El señor R. de J.M.Z. solicitó que no se accediera a la protección de los derechos invocados, toda vez que la actuación del accionante pretende desconocer que en el proceso de pérdida de investidura se concluyó que la renuncia realizada ante el Partido Conservador, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional en diciembre de 2011, no era válida, ya que estas entidades no son las autoridades ante las cuales debe renunciar un concejal electo. En este sentido, expuso: “dicha renuncia debe ser ante la Mesa Directiva del Concejo Y/o el Presidente del Concejo, y en caso no estar sesionando dicho concejo municipal, debe renunciar ante el alcalde”
4.1. Renuncia presentada por el señor C.A.M.L. al cargo de concejal electo en el periodo 2012- 2015, de fecha 16 de diciembre de 2011, presentada al señor J.M.L.S. presidente del partido conservador de B. (folio 151, cuaderno 2).
4.2. Aceptación de la renuncia presentada por el señor C.A.M.L. al cargo de concejal electo en el periodo 2012- 2015, admitida por el señor J.M.L.S. presidente del partido conservador de B. (folio 152, cuaderno 2).
4.3. Certificado de la Registradora Especial del Estado Civil de B. Antioquia de fecha 2 de enero de 2012, en el cual se establece que, “verificado el formulario E-26 Municipal, de las Elecciones del 30 de Octubre de 2011, se pudo constatar que el señor F.E.V.G. aspirante por el Partido Conservador Colombiano al Concejo de B., obtuvo una votación de 1.870 votos. Es de anotar que el Partido Conservador Colombiano en las elecciones del 30 de octubre obtuvo un total de 6 curules al Concejo Municipal de B., por lo tanto el señor F.E.V.G. seguiría en la lista por renuncia del señor C.A.M.L. quien obtuvo una votación de 2.580 votos y la segunda curul de este partido” (folio 156, cuaderno 2).
Esta S. es competente para decidir el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución política, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
La S. Plena de esta Corporación decidió asumir el conocimiento del proceso de la referencia en sesión del 26 de abril de 2016, con fundamento en el artículo 54A del Reglamento Interno de la Corte.
De acuerdo con los hechos relacionados corresponde a la S. Plena determinar si las sentencias que decretaron la pérdida de investidura del señor C.A.M.L., proferidas por la S. Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrieron en: (i) defecto fáctico por presuntamente desconocer las pruebas que acreditaban la renuncia a la curul de concejal electo del municipio de B. (Antioquia) para postularse como alcalde y (ii) defecto sustantivo al efectuar una equivocada interpretación de las inhabilidades previstas en el artículo 179, numeral 8, de la Carta Política, relativa a la concurrencia de periodos institucionales y en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000 (no tomar posesión en el término de tres días siguientes a la instalación del concejo municipal).
Para resolver los anteriores cuestionamientos, la S. encuentra necesario (i) reiterar su jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con un breve énfasis en las reglas atinentes a los defectos factico y sustantivo; (ii) analizar la institución de la pérdida de investidura, haciendo énfasis en su aplicación a miembros de corporaciones públicas de elección popular; (iii) establecer el alcance de la causal de pérdida de investidura por no posesión en el cargo de una corporación pública de elección popular dentro del término establecido, de cara al compromiso asumido con el elector y el consiguiente deber de posesionarse en el cargo para el cual fue elegido; (iv) exponer lo concerniente a la fuerza mayor como eximente de responsabilidad de cara a la causal de pérdida de investidura por incumplimiento del deber de posesión en el cargo; y (v) estudiar la renuncia o no posesión en un cargo de elección popular con el objeto de aspirar a otro cargo o trabajo como hecho constitutivo de fuerza mayor.
Finalmente, (iv) la S. realizará el análisis del caso concreto, momento en el cual deberá constatar la concurrencia de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales demandadas, para posteriormente proceder al análisis de los cargos específicos planteados por el accionante.
Causales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia .
3.1. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido reiterativa en señalar que existen unos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales constituyen el presupuesto indispensable para que el juez constitucional pueda examinar si en determinada decisión se presenta un defecto que vulnera los derechos fundamentales. En la sentencia C-590 de 2005 se indicó:
“i. Violación directa de la Constitución.”
3.3. La Corte ha hecho énfasis en que el defecto fáctico procede cuando se comprueba que el apoyo probatorio en el que basó el juez su decisión es absolutamente inadecuado . Por ello, este Tribunal ha señalado que solo es factible que prospere el defecto cuando aparece arbitraria la valoración de la prueba realizada por el operador judicial .
En otras palabras, el yerro en la valoración de la prueba tiene que ser “de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante, sin que quepa margen de objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el juez . En igual sentido, es imprescindible que tal yerro tenga una trascendencia fundamental en el sentido del fallo, de manera que si no se hubiera incurrido en él, el funcionario judicial hubiera adoptado una decisión completamente opuesta ”.
3.3.1. Otras de las hipótesis del defecto fáctico se presenta cuando el funcionario judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente .
Sobre el particular, en la sentencia T-237 de 2017 se precisó que la no valoración de las pruebas obrantes en el proceso atenta contra la justicia material y desconoce los derechos de las personas que acuden a la administración de justicia. En este sentido, se expresó:
Ya en la sentencia T-814 de 1999 la Corte había resuelto un asunto en el cual los jueces de lo contencioso administrativo no advirtieron ni valoraron, para efectos de tomar la decisión del caso (acción de cumplimiento contra la Alcaldía de Cali, con ocasión de la construcción del metro ligero), el material probatorio debidamente allegado al proceso. Esta situación a juicio de la Corte constituyó una vía de hecho por defecto fáctico:
3.3.2. El defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva .
En concordancia con lo anterior, solo es factible fundar una acción de tutela en un defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia” .
3.4. Por otra parte, la Corte ha establecido que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta” . En consecuencia este defecto se materializa cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto.” . La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha recogido los supuestos que pueden configurar este defecto, así en las sentencias SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las hipótesis en que configura esta causal, a saber:
(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional .
(ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada .
(iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada .
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia .
(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico .
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución .
Adicionalmente, esta Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
La institución constitucional de la pérdida de investidura
Ha determinado la Corte que la pérdida de investidura es un mecanismo de control político de los ciudadanos y un instrumento de depuración en manos de las corporaciones públicas contra sus propios integrantes, cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan .
En esencia, constituye una sanción ética y política que por su contenido es un mecanismo disciplinario revestido de las máximas garantías procesales y, por tanto, de naturaleza jurisdiccional. Esta posee unas características especiales que la distinguen de otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos , así como también de los procesos penales , electorales , de responsabilidad fiscal, e incluso del proceso disciplinario realizado por la administración pública .
El origen de esta institución se remonta al artículo 13 del Acto Legislativo número 1 de 1979 en donde se establecían tres causales para perder la investidura: (i) la infracción del régimen de incompatibilidades; (ii) el desconocimiento del régimen de conflicto de intereses; y (iii) la ausencia a un determinado número de sesiones en donde se votaran proyectos de ley y de acto legislativo . La competencia para el juzgamiento correspondía al Consejo de Estado . No obstante, esta reforma a la Constitución de 1886 fue declarada inexequible por vicios de trámite por la S. Plena de la Corte Suprema de Justicia. De manera que, solo hasta la expedición de la Constitución de 1991 se contaría con la figura actual de la pérdida de investidura .
En igual medida, esta institución jurídica ha sido definida por la S. Plena del Consejo de Estado al señalar que tiene como finalidad garantizar que los representantes del pueblo ejerzan sus funciones con la dignidad requerida, es decir, ajustando su comportamiento a lo que el Constituyente y el legislador esperan de él. En este sentido, dicha Corporación ha manifestado:
“En términos generales, la acción de pérdida de la investidura se ha definido como un juicio o proceso jurisdiccional sancionatorio de propósito ético, en tanto las causales ideadas por el Constituyente son un código positivizado de conducta, que tiene por objeto reprochar y sancionar conductas contrarias a la dignidad del cargo que ejercen los representantes del pueblo. Dignidad que surge por el hecho del voto ciudadano y que enaltece el principio de representación democrática. A partir de la positivización de las conductas objeto de reproche, ha de entenderse que el juez de la pérdida de la investidura debe juzgar si determinado comportamiento de quien ostenta la representación popular se ajusta a lo que el Constituyente y el legislador -en el caso de los miembros de las corporaciones públicas del orden territorial- esperan de él. Dicho de otro modo, el ordenamiento tiene la expectativa de que los representantes del pueblo ejerzan sus funciones con la dignidad que ello significa y, en consecuencia, no incurran en las causales de pérdida de investidura ”.
Así mismo, ha expuesto ese Tribunal que la acción de pérdida de la investidura tiene como propósito garantizar la moralidad y el comportamiento ético de quienes ejercen poder político a través de las corporaciones públicas de elección popular, de suerte que su conducta y decisiones en el ejercicio de las mismas se ajusten ante todo al interés general y al bien común dejando de lado todo interés mezquino o privado que atente contra los intereses del pacto político surgido de la elección .
También debe anotarse, en lo que respecta a las causales constitucionales que pueden llevar a la declaratoria de pérdida, que la Carta Política prescribe distintas conductas reprochables, por ejemplo, la violación a los topes de financiación en las campañas (artículo 109) , los aportes a candidaturas por parte de quienes desempeñan funciones públicas (artículo 110) , o el ejercicio de otro cargo público de forma simultánea a la pertenencia a una corporación pública de entidades territoriales (artículo 291) .
En el proceso que dio origen a la Constitución de 1991, uno de los principales asuntos se centró alrededor de la necesidad de fortalecer y depurar las instituciones representativas, como requisito fundamental para la revitalización del sistema democrático en el país . Dentro de las medidas que se consideraron necesarias para tal fin se destacó la necesidad de establecer un estricto régimen de control sobre los congresistas, diputados y concejales, esto es, sobre los miembros de las corporaciones públicas .
La acción de pérdida de investidura vino a adquirir sentido como desarrollo y garantía del principio democrático. Sobre la finalidad de la institución la Corte ha indicado que busca “dignificar y enaltecer la calidad de los representantes del pueblo en las corporaciones públicas”, razón por la que se erige en “un mecanismo de control político de los ciudadanos y un instrumento de depuración en manos de las corporaciones públicas”. . En este sentido, la sentencia SU-424 de 2016 precisó:
“Así pues, el fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo público de elección popular, y en esa medida, se trata de un mecanismo de democracia participativa, mediante el cual los ciudadanos ejercen control sobre sus representantes, a quienes han otorgado un mandato a través de la vía electoral. En ese orden de ideas, este juicio constituye un mecanismo de control político de los ciudadanos y un instrumento de depuración al alcance de las corporaciones públicas contra sus propios integrantes, cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, el interés general o la dignidad que ostentan” .
La investidura de los representantes elegidos popularmente –congresistas, diputados, concejales o ediles– es, en esencia, la expresión del mandato democrático de la ciudadanía otorgado mediante el derecho fundamental al sufragio universal –art. 40 C Pol. – en el marco del proceso electoral y, en esta medida, la acción de pérdida de investidura es un desarrollo del principio de separación de poderes y de colaboración armónica, esencialmente, del sistema de pesos y contrapesos (checks and balances), que caracteriza a los sistemas constitucionales contemporáneos .
Con base en estos principios esenciales el Constituyente decidió que el control sancionatorio a los integrantes de las mencionadas corporaciones democráticas no está sujeto a la misma institución a la que pertenecen sino a la Rama Judicial como entidad independiente y a-política del Estado, y de allí la razón para que la competencia para declararla no recaiga en una autoridad administrativa sino en una judicial .
La declaratoria de pérdida de investidura acarrea una inhabilidad permanente, ya que el sancionado no puede volver a ejercer el cargo del que se le priva por sentencia judicial dictada al término de un proceso jurisdiccional de índole disciplinaria . Como se ha resaltado, la severidad de la pérdida de investidura se deriva de las consecuencias que el ordenamiento jurídico le asigna a la afectación de los derechos políticos de los electores, de ahí la entidad de los derechos que resultan limitados, dentro de los que se destaca el derecho a elegir y a ser elegido.
Así mismo, las normas constitucionales en las cuales se consagra la pérdida de la investidura deben ser interpretadas de manera armónica con el artículo 29 de la Carta, bajo las necesarias adaptaciones que exige la naturaleza especial de aquéllas . En este sentido, la Corte en la sentencia SU-424 de 2016 expuso:
Teniendo en cuenta que la pérdida de investidura impone la prohibición perpetua de ejercer el derecho político a ser elegido popularmente, la jurisprudencia constitucional ha entendido que “el procedimiento que se aplique en el juzgamiento sobre la procedencia de la pérdida de la investidura debe ser especialmente riguroso y respetuoso de las prerrogativas del demandado, en especial, los derechos al debido proceso y a participar en política y conformar el poder público” .
Es así como, en razón a su carácter sancionador, que se exige la plena observancia a las garantías y requisitos constitucionales del debido proceso, esto es, en armonía con el artículo 29 constitucional, en la medida que es uno de los procedimientos que se adelantan en virtud del “ius puniendi estatal” y el régimen de garantías aplicable. Sobre el particular en la SU-424 de 2016, este Tribunal concluyó que “el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable”.
En la sentencia C-473 de 1997 , la Corte explicó que en la Asamblea Nacional Constituyente se discutió ampliamente la posibilidad de ampliar la institución de pérdida de investidura a los integrantes de otras corporaciones , quienes debían tener un juzgamiento más severo que las acciones disciplinarias ordinarias encargadas a la Procuraduría General de la Nación o la sanción política del votante, debido a su alto grado de responsabilidad con la democracia. En este sentido, la referida providencia precisó:
En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha fijado paulatinamente las características constitucionales adscritas a la figura de la pérdida de la investidura de los miembros de las corporaciones públicas representativas de carácter legislativo y administrativo . Para ello, ha definido cuáles son los fundamentos, la utilidad, la naturaleza jurídica, así como las garantías que le son aplicables .
La sentencia T-935 de 2009 , recordó que en la Asamblea Nacional Constituyente se discutió la importancia de la consagración de la pérdida de investidura para el caso de los congresistas. En la Carta Política la misma fue extendida a los diputados y concejales en el artículo 291 en los siguientes términos: “los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura”.
En relación con las causales de pérdida de la investidura de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular –como los concejales–, se encuentran establecidas, en la Constitución Política (arts. 110, 291, 292 y 323), como en la normatividad especial que la desarrolla (Ley 617 de 2000 ).
Si bien existen diferencias desde las normas constitucionales entre las causales aplicables a los Congresistas y C. también es palpable que la Carta Política prescribió la pérdida de investidura para los miembros de las corporaciones públicas de elección popular (arts. 110, 193, 292, 293 y 323 C. Pol.) .
El artículo 110 de la Constitución indica que las personas que desempeñen funciones públicas y que hagan contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos políticos, o que induzcan a otros a que lo hagan, salvo excepción legal, serán sancionados con la remoción del cargo o la pérdida de su investidura .
Como parte del desarrollo de la figura constitucional de la pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular y en consonancia con el mandato según el cual el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores (art. 133 superior), el Legislador estableció en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 las causales legales por las cuales pueden ser sancionados con pérdida de investidura, tanto los diputados, como los concejales y ediles . Dicha norma dispone:
Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse (…)
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que este tipo de previsiones hace referencia al compromiso que adquiere el representante con sus electores y con la institución, razón por la que debe posesionarse cuando se instala la Corporación de la que hará parte. Lo anterior, debido a que la posesión vincula jurídicamente al representante con sus deberes y, por tanto no tomar posesión en los términos que establece la Constitución y la Ley genera la pérdida de la confianza de los electores en el candidato y correlativamente el incumplimiento de las promesas electorales, lo cual debe acarrear una sanción de orden político que restablezca el pacto político quebrantado.
“Frente al altísimo nivel de responsabilidad del Congresista, que es único en el Estado Social del Derecho y no lo comparten otros servidores públicos, el Constituyente sanciona con la pérdida de investidura aquellas conductas que atentan contra la dignidad parlamentaria, como no posesionarse del cargo o dejar de asistir a las sesiones del Congreso. Precisamente, en relación con la pérdida de investidura se indicó lo siguiente en la Asamblea Nacional Constituyente: “5. Pérdida de Investidura Objeto: garantizar, mediante una rigurosa sanción, el respeto al régimen de incompatibilidades y conflicto de interés. Planteamiento General: el altísimo nivel que supone la categoría de congresista exige que las sanciones por violación de sus deberes, sean drásticas. No sería aceptable que a un parlamentario se le aplicaran medidas benevolentes como, por ejemplo, descuento de sus salarios, o suspensión temporal del ejercicio de sus funciones. El congresista debe ser tan riguroso en su conducta, que el resultado de un mal comportamiento sea la pérdida de investidura.”
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, acogida por este Tribunal la pérdida de investidura juzga si existió una ruptura del pacto político existente entre el elector y el elegido razón por la cual sus consecuencias en el ámbito político generan una sanción de suma gravedad. Sobre el particular expuso:
“Quiere decir lo anterior que en el primer caso, lo que se juzga es la ruptura del pacto político existente entre el elector y el elegido, elemento fundamental de la democracia representativa; cuando el candidato se presenta ante el electorado hace una declaración, a veces implícita, de no estar incurso en causal de inhabilidad, que impida su elección; si tal declaración no resulta cierta, el elegido, en este caso el Congresista, viola dicho pacto político, caso en el cual procede, por mandato de la Constitución, la pérdida de la investidura cuya finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad política, sin perjuicio de las consecuencias personales que el decreto de la medida acarrea de conformidad con el artículo 179, numeral 4 de la Constitución Política” .
Así mismo, ese cuerpo colegiado ha establecido que el representante popular debe exponer las razones que le impidieron cumplir con su obligación constitucional con los electores, las cuales deben corresponder a situaciones de fuerza mayor. Lo anterior, por cuanto no basta con expresar “la simple dificultad que pueda tener (…) el llamado para tomar posesión del cargo legislativo en un momento dado”.
En este sentido, el máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo precisó respecto al numeral 3, artículo 48, de la Ley 617 de 2000, lo siguiente: “las personas que han sido elegidas por el voto popular como miembros de una corporación administrativa de carácter territorial tienen el deber legal de tomar posesión del cargo dentro del término perentorio previsto en ella, so pena de incurrir en causal de pérdida de investidura. Esta consecuencia, sin embargo, no opera cuando medie fuerza mayor que impida al elegido cumplir con tal obligación” .
Como se indicó, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece los casos en los cuales los diputados, concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales pueden perder su investidura. El numeral 3 indica que una de las causales para recibir la sanción es no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación de la respectiva Corporación. Por su parte, el parágrafo 1° de dicha norma establece que la causal citada no tendrá aplicación cuando medie fuerza mayor .
Sobre las características de la fuerza mayor, vale la pena citar la sentencia del 20 de noviembre de 1989 de la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se explicó que el hecho imprevisible es aquel “que dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia”. Por su parte, el Consejo de Estado ha enseñado que “la fuerza mayor es una de las especies que conforman el fenómeno jurídico denominado causa extraña” .
De otro lado, el hecho irresistible es aquel “que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias”. La imprevisibilidad, por ende, hace referencia a un hecho que no se podía establecer con anterioridad a su ocurrencia , en tanto la irresistibilidad hace referencia a una situación inevitable que no puede exigir de la persona que la sufre un comportamiento para que no ocurra.
Igualmente, la jurisprudencia sobre la materia ha señalado que la fuerza mayor requiere de la concurrencia de ambas condiciones (imprevisibilidad e irresistibilidad), razón por la que aún los ejemplos mencionados por el Código, a saber, “un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.,” podían no ser, en determinados casos, eventos de fuerza mayor, si por ejemplo: “el deudor a sabiendas se embarca en una nave averiada, que zozobra; si temerariamente se expone a la acción de sus enemigos o comete faltas que lo coloquen a merced de la autoridad; o no toma las medidas adecuadas que hubieran evitado la inundación de su propiedad, sin embargo de que se cumple un acontecimiento por naturaleza extraño o dominador, no configuraría un caso fortuito”. Lo anterior también implica que la fuerza mayor no hace referencia exclusivamente a hechos de la naturaleza frente a los cuales el ser humano no puede actuar, puesto que existen otro tipo de casos en los que también concurren los elementos propios de la fuerza mayor .
Justamente sobre este particular, bien ha precisado la S. en jurisprudencia uniforme, que "la fuerza mayor no es una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos” por eso, entonces, "la calificación de un hecho como fuerza mayor o caso fortuito, debe efectuarse en cada situación específica, ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y lugar) que rodearon el acontecimiento -acompasadas con las del propio agente-". Desde luego que ello no obsta para que puedan trazarse ciertas directrices que, por su fuerza intrínseca, a la par que jurídica, permitan singularizar y, por ende, dotar de fisonomía al fenómeno en cuestión, el cual, por vía de ejemplo, no puede concurrir con la culpa del demandado que haya tenido un rol preponderante en la causación del daño ”.
Ahora bien, según ha determinado el Consejo de Estado al momento de analizar procesos en los cuales se demanda la pérdida de investidura de un concejal , cuando interviene la voluntad del candidato no se está en presencia de una situación de fuerza mayor. La referida providencia expuso lo siguiente: “siempre que en una decisión intervenga la libertad para adoptarla, per se, se descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues estas suponen la ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir”.
Así mismo, la jurisprudencia de ese mismo Tribunal ha tenido la oportunidad de precisar que la fuerza mayor tiene que ser objetivamente verificada a la luz de sus elementos constitutivos, como lo son: (i) la irresistibilidad, (ii) la imprevisibilidad y (iii) la externalidad. Por consiguiente, aducir como fuerza mayor hechos que subjetiva o personalmente sean considerados por el actor como constitutivos de ese fenómeno sin que satisfagan dichos elementos puede ser considerado como una burla ostensible al mandato constitucional. En este sentido, expuso lo siguiente:
En igual línea de pensamiento, la S. Plena del Consejo de Estado , en el marco de procesos de pérdida de investidura contra congresistas, ha considerado que solo en eventos en los cuales se evidencia que no hay actos superiores a la voluntad de quien los alega es posible que se configure esta institución. En la sentencia de 21 de octubre de 2011 precisó que: “el caso fortuito o la fuerza mayor son circunstancias eximentes de responsabilidad, que ante actos o hechos superiores a su voluntad no puede cumplir con la prestación de la obligación convenida (…) es claro que, en términos generales, para que pueda hablarse de la existencia de fuerza mayor, el hecho que se aduce como constitutivo de ella debe ser extraño, es decir, que quien lo alega en su favor no ha contribuido con su conducta a su producción”.
Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de fecha 3 de noviembre de 2016 precisó que cuando la razón por la cual un concejal no se posesiona le es jurídicamente imputable debe prosperar la declaratoria de pérdida de investidura conforme lo precisa el artículo 48 de la ley 617 de 2000. En este sentido, manifestó lo siguiente :
La Sección Primera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de precisar que no puede catalogarse como fuerza mayor las situaciones que pudieran sortearse con mediano cuidado o aquellas que son evitables . Esto lo expuso en un caso en el cual: (i) se analizó la solicitud de pérdida de investidura adelantada contra un concejal del municipio de Trinidad para el período 2012-2015, (ii) el cual no pudo posesionarse el día 2 de enero de 2012 por encontrarse en delicado estado de salud, (iii) y la segunda vez que se solicitó su presencia su vuelo en la aerolínea se retrasó y llegó a las 7 de la noche a su municipio, hora en que intervino en el recinto y el presidente del Concejo se negó a darle posesión porque ya había cerrado la sesión. En dicha oportunidad se expuso:
“Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 del Código Civil Colombiano, subrogado por el artículo 1° de la Ley 95 de 1890, Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Según se desprende de la anterior definición legal, la situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser un hecho extraño a quien la alega, totalmente imprevisible e irresistible, capaz de determinar y justificar el incumplimiento o inejecución de determinado deber u obligación por parte de éste (…) En el caso sub examine, la S. considera atinada la decisión del Tribunal al considerar que la inasistencia del actor a la sesión del dos de enero de 2012 se explica por la situación de salud en la que se encontraba, no obstante lo cual, si en gracia de discusión se acepta que la posesión fue pospuesta para el 10 de enero porque el Presidente del Concejo desconocía el reglamento e ignoraba que para posesionar a un concejal no se requería que hubiese sesión plenaria, sin embargo en esa fecha no se posesionó. Por lo tanto no puede atribuirse a un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, no solo porque no hay constancia o prueba en el expediente sobre la demora del vuelo que el señor F.C.M. había reservado para el 10 de enero a las 3 P.M., sino también porque, como acertadamente lo afirma el a quo, “con mediano cuidado los retrasos de las aerolíneas son previsibles y evitables, mediante el mecanismo elemental de viajar el día antes o con más anticipación”, en lugar de tomar el vuelo pocas horas antes de la sesión”.
Así mismo, en lo que respecta a la exterioridad de la causa y a la imposibilidad de considerar como fuerza mayor hechos derivados de la culpa del causante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha expuesto lo siguiente: “en lo relacionado con la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna ”.
Esta reiterada postura ha sido igualmente acogida por la Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil, la cual en sentencia de fecha 28 de abril de 2014 precisó que para constituir el fenómeno de fuerza mayor es indispensable que se demuestre que el acontecimiento es exterior a quien lo alega, es decir, que se originó por fuera del área de control de a quien se le imputa. En este sentido, la referida decisión expuso lo siguiente: “Para que el demandado se libere completamente de su responsabilidad se requiere que la conducta de la víctima reúna los requisitos de toda causa extraña, en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad ”.
Análisis de la renuncia o no posesión en un cargo de elección popular con el objeto de aspirar a otro cargo o trabajo como hecho constitutivo de fuerza mayor.
En este sentido, en sentencia del 20 de junio de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado , conoció de una demanda en la cual se solicitaba declarar la pérdida de investidura de un concejal que ocupó una curul en el municipio de Chinchiná (Caldas), reelegido para el periodo 2012-2015, ya que dicho concejal no tomó posesión del cargo el día 2 de enero de 2012, ni dentro de los tres días siguientes. En esa misma fecha fue designado como S. de Desarrollo Social del referido municipio. En dicha providencia, al igual que en la que aquí se analiza, se estudió si: (i) se habían ejercido simultáneamente las calidades de concejal y S. de Desarrollo Social y (ii) si se incumplió el deber de posesionarse como concejal. En lo que respecta al primero de los aspectos mencionados se expuso:
Y es que el hecho de que previamente a dichos términos legales hubiera manifestado ante el Presidente del Concejo Municipal de Chinchiná su deseo de no posesionarse por voluntad propia en el mencionado cargo no constituye hecho alguno de fuerza mayor que le excusara del cumplimiento oportuno de tal deber legal, pues no se trata de un hecho externo al concejal demandado que fuera imprevisible e irresistible y que le impidiera en forma absoluta cumplir esa obligación. En este caso lo anterior solo constituye una manifestación de no tomar posesión del cargo para el cual fue elegido, la cual si bien es libre y debe ser aceptada como una expresión (negativa) del derecho fundamental a la conformación del poder político, trae como consecuencia por expreso mandato de la ley la pérdida de investidura de quien la realiza ”.
En esta medida, la referida providencia precisó que no posesionarse en el cargo en el cual fue electo alegando su posesión como S. de Desarrollo Social no puede ser considerado como un hecho constitutivo de fuerza mayor. Este precedente es importante para el asunto sub examine ya que la sentencia que se cuestiona se limitó a reiterar la subregla que en aquella oportunidad el Consejo de Estado estableció según la cual después de que un concejal es electo nace la obligación ineludible de posesionarse en su curul y, por tanto, renunciar o no posesionarse en el cargo con el objeto de aspirar a otro puesto público, curul o trabajo, no puede ser considerado como un hecho de fuerza mayor, ya que el elemento de externalidad no concurre en estas situaciones.
El referido precedente ha sido reiterado en sentencia de 6 de agosto de 2015, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. En dicha oportunidad el máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoció de una demanda en la cual se solicitaba se declarara la pérdida de investidura de un concejal que ganó una curul en el municipio de Colombia, H., para el periodo 2012-2015, el cual no se posesionó dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo aduciendo que renunció por razones de orden público que nunca probó o justificó .
Así mismo, en sentencia de 2 de junio de 2016 , la Sección Primera del Consejo de Estado conoció de la demanda de pérdida de investidura en un caso en el cual una persona: (i) fue elegida concejal del municipio de Rosas (Cauca) en las elecciones del 30 de octubre de 2011, para ejercer tal labor en el período constitucional 2012–2015; (ii) no tomó posesión como concejal en la sesión de instalación del concejo municipal, celebrada el 2 de enero de 2012, ni dentro de los 3 días siguientes a la fecha de instalación del concejo municipal, conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 617 de 2000; (iii) argumentando la existencia de una incompatibilidad entre el ejercicio del cargo para el cual fue electa y la práctica que debía realizar para obtener el título de abogada (judicatura). En dicha providencia se reiteró el precedente existente en lo relacionado al requisito según el cual si interviene la voluntad del concejal en la no posesión no puede hablarse de fuerza mayor ya que no se satisface el carácter de externo del hecho que se alega:
En igual línea de pensamiento, en sentencia del 7 de junio del 2016, la Sección Quinta, del Consejo de Estado analizó cuál derecho debía primar entre la confianza al mandato de los votantes o el proyecto político individual de un aspirante cuando este renuncia a un cargo para postularse a otro. Debe aclararse que si bien en dicha providencia (i) se estaba en presencia de un proceso de nulidad electoral y no de pérdida de investidura, (ii) se analizaban las incompatibilidades previstas para alcaldes y gobernadores contenidas en los artículos 31.7 y 32 y.7 y 39 de la Ley 617 de 2000 y no las propias de los concejales, y (iii) se discutía la legalidad de las actuaciones de la gobernadora del Departamento de la Guajira y no de los cargos colegiados de elección popular. Esta Corporación considera que los razonamientos expuestos en dicha sentencia permiten establecer si la renuncia a un cargo para postularse a otro puede ser considerado como un acto acorde a la Constitución y confianza de los votantes. La decisión indicó lo siguiente:
“Así, no es que la S. desconozca que el elegido puede renunciar en cualquier momento al mandato que le fue otorgado como también lo es que trascurrido un año del mismo aquel le puede ser revocado, -Ley 131 de 1994, modificada por la Ley 741 de 2002-. Solo que la dimisión no le da el derecho a acceder a otro cargo de elección popular hasta tanto no transcurra el período para el cual fue electo, pues el compromiso con los electores era la permanencia y la terminación efectiva del mismo. Es claro que ese interés personal, no se puede anteponer al cumplimiento del mandato popular que, se repite, tiene entre sus elementos, el espacio temporal en que aquel se debe desarrollar.
Es importante, en este punto, recordar que la estructura del Estado en el diseño que ideó el Constituyente y que se confirma con las últimas reformas a la Carta, busca ejercer controles a efectos de evitar la utilización del poder, especialmente el conferido a través del sufragio, con el propósito de precaver la perpetuación en el mismo o su uso para el logro de los intereses particulares de quien lo detenta (...) Si bien es cierto el elegido tiene derecho a renunciar a un cargo que ha obtenido por mandato popular, ese mismo mandato, le impone que, mientras dure el período para el cual fue electo, no puede buscar el favor del electorado para acceder a otros de mayor jerarquía en la estructura estatal .”
(iii) Por encima del derecho a ser elegido, se deben imponer criterios de prevalencia del interés general para la protección de la democracia, estableciendo restricciones o limitaciones a este derecho, con el objeto de proteger a los electores .
De igual modo, el Consejo de Estado, ha precisado el deber de las autoridades públicas de garantizar que la actividad política satisfaga los intereses colectivos de la sociedad antes que la protección de las aspiraciones personales y familiares. En este sentido, en sentencia de 5 de marzo de 2015, proferida por la Sección tercera, esa Corporación adujo lo siguiente:
Debe tenerse en cuenta que actualmente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha unificado criterios respecto a las consecuencias jurídicas de: (i) no posesionarse en un cargo de elección popular dentro del término fijado en la ley o la constitución para hacerlo ; (ii) renunciar ante la autoridad competente antes de la posesión para aspirar a otro cargo público o empleo, o (iii) posesionarse en un cargo de elección popular y posteriormente renunciar para postularse a otro que coincida así sea parcialmente en el mismo periodo constitucional . En los dos primeros eventos la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que se constituye una causal de pérdida de investidura, mientras que en el tercero la Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que se presentaría una causal de nulidad electoral.
En suma, de lo expuesto puede observarse que el Consejo de Estado al momento de ponderar cuál derecho debe primar entre la protección de un proyecto político individual y el respeto al pacto político realizado con los votantes, se ha inclinado por darle mayor prevalencia al segundo. Sobre el particular, vale la pena resaltar como la providencia que declaró la nulidad electoral de la gobernadora de la Guajira Oneida Pinto precisó como en dicha tensión deben ponderarse los derechos de la totalidad de las partes involucradas, pero siempre reconociendo que “no puede perderse de vista que el derecho del elegido es el derecho del elector y que, por ende, en esta materia el principio pro homine opera a favor del segundo y no del primero, lo que se traduce en pro hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores) ”.
Conforme con los antecedentes del presente asunto corresponde a la S. Plena determinar: (i) si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción contra sentencias; (ii) si las decisiones proferidas por la S. Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Primera del Consejo de Estado incurrieron en un defecto fáctico al no valorar las pruebas que según el accionante demostraban su renuncia; y (iii) si las decisiones que se cuestionan incurrieron en un defecto sustantivo al efectuar una equivocada interpretación de las inhabilidades previstas en el artículo 179, numeral 8, de la Carta Política, y en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000.
Previo a abordar las censuras presentadas por el señor C.A.M.L., la S. Plena definirá si en el caso se cumple con los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a los parámetros definidos en la sentencia C-590 de 2005.
Además, la importancia del caso está justificada por la vigencia que implicaría la protección de los derechos fundamentales invocados, como el debido proceso y la participación política, pues a pesar de que el periodo aplicable al actor ya terminó, lo que podría llevar a declarar la existencia de una carencia actual de objeto por daño consumado , lo cierto es que la eventual protección de derechos en el presente asunto está vigente debido a la inhabilidad permanente surgida de la sanción.
(ii) Agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. En la sentencia T-214 de 2010 se desarrollaron cuidadosamente los términos de la subsidiariedad aplicable a la tutela contra los fallos dictados por la Sección Primera del Consejo de Estado que decretan la pérdida de investidura de un servidor en segunda instancia . En síntesis, allí se ilustró que con base en la Ley 617 de 2000, ese Tribunal ha declarado la improcedencia del recurso extraordinario-especial de revisión previsto por la Ley 144 de 1994 , sin embargo, a partir de la sentencia C-520 de 2009 se abrió la posibilidad de impetrar el recurso extraordinario de revisión, regulado hoy en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 siempre y cuando este sea idóneo ni eficaz en el asunto especifico .
Sobre el particular observa la S. que en este caso se agotaron las instancias ordinarias, sin embargo, no se acudió al recurso extraordinario de revisión. Como ha señalado esta Corte, para proceder al estudio de una acción de tutela contra una providencia judicial es requisito que la discusión jurídica hubiese sido agotada ante los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, debido a que, como regla general, estos medios creados por el legislador constituyen el escenario natural para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los asociados.
En diversas ocasiones la Corte ha resaltado la finalidad que cumple el recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada, ya que permite enmendar los errores o irregularidades cometidas en determinada providencia, para que en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico.
El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 regula el recurso extraordinario de revisión y lo define de la siguiente manera: “[e]l recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la S. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”. Por su parte, el artículo 250 de la misma ley, expone las siguientes causales por las cuales procede el citado recurso:
Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
La S. observa que el accionante alega la existencia de los defectos sustantivo y fáctico. Los dos en contra de la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado en la que se adujo que su renuncia para aspirar al cargo de alcalde no era una situación de fuerza mayor que lo eximiera de su deber de posesionarse en el puesto para el que fue elegido popularmente.
Adicionalmente, ha aceptado que el recurso de revisión no se identifica con algunos de los reproches que pueden ser formulados en sede de tutela a través de la doctrina de los defectos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-935 de 2009 se advirtió que los defectos sustantivo y fáctico alegados por el actor en dicha oportunidad no tenían “cabida dentro de las causales legalmente previstas para la procedencia de dicho recurso, al tenor de lo señalado por el artículo 188 del mismo estatuto [C.C.A.], por lo tanto, tampoco era menester agotarlo en el caso concreto” .
Como consecuencia, siguiendo la técnica adoptada en las sentencias T-935 de 2009, T-214 de 2010 y SU-501 de 2015, esta S. comprueba que ninguno de los defectos alegados por el accionante consiste en un hecho sobreviniente y, en consecuencia, atendiendo que no cuenta con más medios de defensa, concluye que el caso cumple con este criterio general de procedibilidad.
Cumplidos los criterios generales de procedibilidad la S. pasará a examinar si se configuran los defectos alegados por el accionante en el escrito de tutela, es decir, si la sentencia proferida tanto en primera como en segunda instancia incurrieron en: (i) defecto fáctico por desconocer las pruebas que acreditaban la renuncia a la curul de concejal electo del municipio de B. (Antioquia) período 2012-2015; y (ii) defecto sustantivo al efectuar una equivocada interpretación de las inhabilidades previstas en el artículo 179, numeral 8, de la Carta Política y en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000 consistentes en ejercer simultáneamente dos cargos para el mismo periodo y no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo municipal.
Bajo esas condiciones, la S. procederá a estudiar, en primer lugar, las irregularidades que supuestamente consolidaron un defecto fáctico y sustantivo, no sin antes precisar lo siguiente:
(i) Aunque de una lectura inicial de las causal objeto de examen pareciere que la proporcionalidad e incluso necesidad de la norma que establece la pérdida de investidura por no posesionarse en el término indicado en la Constitución y la ley resulta, en principio, problemática, pues en estricto sentido incurrir en esta conducta y la subsiguiente defunción política no parecen consecuencias lógicas una de la otra; no puede olvidarse que dicha sanción al ser voluntad del Constituyente de 1991 es una medida que aunque pudiera ser controversial tiene debe aplicarse por el Consejo de Estado como órgano encargado de conocer de la pérdida de investidura que se adelanta contra congresistas (S. Plena en única instancia) o concejales (Sección Primera en segunda instancia).
Teniendo en cuenta lo anterior, la S. procederá a estudiar, en primer lugar, las irregularidades que supuestamente consolidaron un defecto fáctico.
Según se precisó en el escrito de tutela por el señor C.A.M.L., entre el 16 y 19 de diciembre de 2011 renunció a su curul para el período 2012-2015 ante: (i) las directivas del partido conservador del municipio de B. , (ii) la Registraduría Nacional del Estado Civil y (iii) el Consejo Nacional Electoral .
En este sentido, la decisión que aquí se cuestiona inicialmente analizó la legalidad de la renuncia presentada ante el concejo municipal de B. en el periodo 2008-2011, en los siguientes términos: “Ahora bien, en el acervo probatorio se encuentra la renuncia presentada por el señor C.A.M.L. al cargo de concejal del Municipio de B. (Antioquia), cuyo contenido es el siguiente(…) Me permito presentar a partir de la fecha renuncia irrevocable al cargo que vengo desempeñando como Concejal del Municipio de B., cargo para el cual fui elegido dentro del período 2008-2011, no sin antes agradecerles el trato recibido por usted y demás corporados (folio 212, Expediente)”.
Según precisó la Sección Primera del Consejo de Estado dicha renuncia fue aceptada mediante la Resolución No. 205 de noviembre 11 de 2011, expedida por el Concejo Municipal de B. (Antioquia), cuyo contenido es el siguiente:
Primero: Que el día 11 de noviembre del año 2011 el C.C.A.M.L., identificado con la cédula N° 98.574.508 presentó renuncia irrevocable, al cargo que venía desempeñando como Concejal en la Corporación Concejo del Municipio de B., para el período 2008-2011.
Segundo: Que dicha renuncia obedece a nuevas aspiraciones como ciudadano, como candidato a la alcaldía del Municipio de B., para el período 2012-2015, para las elecciones a realizarse el próximo 18 de diciembre de 2011.
Tercero: Que esto se da, dando cumplimiento con la Ley 136 de 1994 en sus artículos número 53 y 161 y al Reglamento Interno del Concejo de B. en sus artículos números 2 y 3 y demás normas concordante.
Cuarto: Que en la sesión plenaria del Concejo de B. realizada el 11 de noviembre de 2011 le fue aceptada, por 11 votos de los 12 concejales presentes en el momento de solicitarse la renuncia irrevocable presentada por el C.C.A.M.L.. Teniendo en cuenta que posteriormente, se hicieron presente los 7 concejales faltantes de los 19 que componen el Concejo de B..
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia irrevocable, presentada el 11 de noviembre de 2011 por el concejal, C.A.M.L. con C.C. No. 98.574.408, en el cargo que venía desempeñando como concejal, en la Corporación Concejo del Municipio de B.. La cual se acepta por mayoría de votos, a partir del 11 de noviembre de 2011. (…) folio 213-214)”
Posteriormente, la Sección Primera procedió a analizar las otras renuncias presentadas por el accionante, para su curul del periodo 2012-2015, en los siguientes términos: “el demandante expresó al Presidente del Partido Conservador de B., que presentaba renuncia (…) irrevocablemente a partir de la fecha a mi curul de concejal ganada en franca lid en el Municipio de B. para el período constitucional 2012-2015. (…)”, motivada por “(…) la necesidad política de someter mi nombre como candidato al Alcaldía (sic) de B. para el certamen electoral que se celebrará el próximo 18 de diciembre de 2011. (…) S. en consecuencia sea aceptada mi renuncia de la manera más rápida posible, comunicar esta decisión al directorio Nacional del Partido Conservador, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil y llamar al candidato que sigue en la lista para que tome posesión del cargo (…)”
“se encuentran comunicaciones del Directorio Conservador del Municipio de B., fechadas el 16 de diciembre de 2011, en las cuales su presidente le informa a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegada para el Municipio de B., y al Consejo Nacional Electoral, que el demandado presentó renuncia a su curul correspondiente al período 2012-2015 y que la misma le había sido aceptada.”
Así mismo, el Consejo de Estado tuvo la oportunidad de apreciar las fechas de radicación de tales renuncias. Téngase lo expuesto en dicha oportunidad: “a pesar de que las comunicaciones del Directorio del Partido Conservador de B. (Antioquia) de 16 de diciembre de 2011 (folios 100-103, Expediente), en las que se informa al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil de la renuncia del demandante a su curul en el concejo municipal para el período 2012-2015, no contengan la fecha en que fueron radicadas en dichas entidades”.
Ahora bien, lo que el señor C.A.M.L. claramente extraña es que a pesar de que se valoraran dichas pruebas, en ningún momento el Consejo de Estado hubiera precisado si las mismas eran válidas o no, aspecto que sí realizó el Tribunal Administrativo de Antioquia . Sin embargo, lo que el accionante claramente no comprendió o simplemente pretende desconocer, es que en este caso la jurisprudencia tanto del Tribunal Administrativo de Antioquia como de la Sección Primera del Consejo de Estado consideran que más allá de la legalidad de dichas renuncias e incluso de que eventualmente llegar a considerarse que sí existió renuncia ante el Concejo Municipal de los periodos 2008-2011 como 2012-2015, el demandado incurriría en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, al no haber tomado posesión del cargo de concejal dentro de los tres (3) días siguientes a la instalación del concejo.
En otras palabras, para el Consejo de Estado determinar la validez de la renuncia presentada por el señor C.A.M.L. a su curul para el período 2012-2015, ante las directivas del partido conservador del Municipio de B. , la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral , era un aspecto intrascendente para la decisión a adoptar. Ello debido a que el problema jurídico para la Sección Primera del Consejo de Estado debía centrarse en determinar si aun en el hipotético caso de haber renunciado el señor C.A.M.L. con los requisitos legales establecidos, dicha situación podría ser considerada como un caso de fuerza mayor.
“El Tribunal Administrativo de Antioquia encontró que el demandante incurrió en la causal de pérdida de investidura señalada en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. La Corporación estimó acreditado que el señor C.A.M.L. no se posesionó como concejal del municipio de B. (Antioquia) para el período constitucional 2012-2015, pese a ser elegido en las elecciones efectuadas para dicho período el día 30 de octubre de 2011.
Consideró, de un lado, que del acervo probatorio que reposa en el proceso, no se pudo establecer una situación de fuerza mayor que le hubiera impedido posesionarse en el cargo, ni que el demandado hubiera presentado renuncia a la curul obtenida en las elecciones mencionadas. De otro lado y con sustento en la jurisprudencia de esta S., afirmó que “(…) parece indicar que un concejal electo tiene la obligación inexorable de posesionarse en la oportunidad legal para el período correspondiente, so pena de incurrir en la causal de pérdida de investidura (…)”, esto es, que ni siquiera una manifestación realizada con anterioridad a la fecha en que debía posesionarse como concejal de aquel municipio, eximiría al demandado de tal obligación”.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia centró su argumentación en analizar la legalidad de las renuncias presentadas y solo de manera tangencial expresó que estas aun siendo válidas bajo la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado llevarían de todos modos a decretar la pérdida de investidura, no empleando la causal contemplada en el artículo 179 de la Carta Política y la Ley 136 de 1994 , sino la prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 ; para la Sección Primera, dicho argumento no era determinante en la situación a analizar a tal punto que no fue necesario determinar la legalidad de la renuncia, sino que se basó en la inexistencia de fuerza mayor en la no posesión en el término de tres días despues de la instalación del consejo, como la única causal a estudiar.
Así las cosas, como lo precisó la entidad demandada al momento de contestar la presente tutela, el actor cometió el error de cuestionar los argumentos empleados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, cuando estos ni siquiera se encontraban produciendo efectos, ya que el fallo de la Sección Primera que decretó la pérdida de investidura del señor C.A.M. descartó el análisis de la vulneración del artículo 179 de la Carta Política y la Ley 136 de 1994 y centró su fundamentación principalmente en la segunda teoría (valoración del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000). De lo anterior se concluye que las pruebas sí fueron valoradas en debida forma.
En conclusión, es claro que los argumentos expuestos por el señor C.A.M.L. según los cuales el Consejo de Estado no valoró las pruebas obrantes en el expediente es a todas luces una afirmación contraria a la realidad, ya que de la simple lectura de la providencia que se cuestiona puede observarse que las renuncias presentadas fueron objeto de valoración, sin embargo, cuestión diferente fue que la segunda instancia al fundamentar su decisión invocó una causal según la cual la legalidad de dichas renuncias no afectaría en nada la declaratoria de pérdida de investidura.
Para el señor C.A.M.L. en la sentencia de fecha 28 de enero de 2016, la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por la equivocada interpretación hecha a la causales de pérdida de investidura consagradas en el numeral 8° del artículo 179 de la Carta Política y en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000.
Expuso el accionante que la citada inhabilidad no se configura en su caso debido a que si bien resultó elegido para una Corporación (concejal) y un cargo (alcalde), donde los períodos coinciden en el tiempo, la renuncia a alguno de ellos eliminó la inhabilidad lo cual en su entender le permitió aspirar válidamente en las elecciones atípicas convocadas. En este sentido, expuso el actor que la renuncia presentada: “fue oportuna y eficazmente presentada tanto ante el Presidente del Partido Conservador en el Municipio de B., ante el Presidente del Consejo Nacional Electoral y ante los Registradores Municipales de B.”.
Visto el contexto en el cual se inscribe el asunto en cuestión y los fundamentos expuestos por la Sección Primera del Consejo de Estado, para privar de su investidura al señor C.A.M.L., procede esta S. a analizar si la providencia que decretó la referida sanción incurrió en un defecto sustantivo, al efectuar una aplicación irrazonable del artículo 179, numeral 8, de la Carta Política y el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000, como lo plantea el actor en su escrito de tutela.
Según se indicó en el análisis efectuado, si bien el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que efectivamente el demandado incurrió en la violación al numeral 8, del artículo 179, de la Carta Política, por cuanto no encontró probado que le hubiere expresado al concejo municipal de B. (Antioquia) su intención de no posesionarse en el cargo de concejal, con anterioridad al 18 de diciembre de 2011, fecha dispuesta para la elección atípica del alcalde de dicho municipio, lo cual originó que quedara elegido para los dos cargos; dicho razonamiento según la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado carecía de pertinencia para resolver el asunto puesto a consideración, debido a que:
(v) No cabe duda que el incumplimiento de la obligación de posesionarse en el cargo de concejal dentro del término señalado en la ley es el resultado de una serie de actos conscientes del demandado que van desde su decisión de presentarse como candidato a la alcaldía del municipio de B. (Antioquia) con el objetivo de emprender un proyecto político para el período constitucional 2012-2015, hasta su misma posesión en el citado cargo público, a pesar de haber sido elegido como concejal del citado municipio.
Así las cosas, en relación con el primero de los cargos formulados por el accionante esta Corte advierte que la sentencia proferida por la Sección Primera de la S. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de ninguna manera comportó una equivocada interpretación de las inhabilidades previstas en el artículo 179, numeral 8, de la Carta Política, por cuanto en la sentencia de segunda instancia no se encontró configurada la inhabilidad que se le atribuyó en la demanda con fundamento en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, y 44 de la Ley 136 de 1994. En esta medida, la Sección no se pronunció sobre el alegado entendimiento de la norma ya que lo consideró inane porque al momento de la elección no existía concurrencia de periodos.
“Se considera que la elección que ha debido ser discutida no era la del cargo de concejal del municipio de B. (Antioquia), pues para la fecha de inscripción y elección para el citado cargo, el demandante no se encontraba inhabilitado, sino la elección para la Alcalde Municipal pues para la fecha de dicha elección (18 de diciembre de 2011), el demandante ya había sido elegido concejal del municipio de B. (Antioquia).
Resulta ser, entonces, inane el análisis de los supuestos fácticos para la configuración de la inhabilidad puesto que al momento de la elección del demandado como concejal del municipio de B. (Antioquia), no había transgredido el régimen de inhabilidades de los concejales.”
Para esta S. la interpretación que de las normas citadas realizó el Consejo de Estado y, en particular, la Sección Primera no solamente es razonable y respetuosa del precedente de esa Corporación aplicable sobre la materia, sino que, además, se inscribe dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar, que cuando una decisión judicial se profiere de conformidad con un determinado criterio jurídico, con una lógica y razonable interpretación de las normas aplicables al caso, con la debida valoración del material probatorio obrante en el expediente y con conocimiento del precedente jurisprudencial aplicable, como sucede en esta causa; no resulta admisible la procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales, toda vez que ello supone una intromisión arbitraria del juez de tutela, que afecta gravemente la autonomía e independencia judicial, en la medida en que restringe la competencia de los jueces para aplicar la ley y fijar su sentido y alcance en un asunto determinado.
Así, frente al escenario de si el accionante conocía su obligación de posesionarse y que tal circunstancia solo era excusable ante la existencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor como elemento para descartar su culpabilidad, encuentra la S. Plena que tal condición no se configuró en este caso, pues el haberse postulado al cargo de alcalde en las elecciones atípicas no constituye un hecho externo imprevisible e irresistible, por lo que se concluye que los actos adelantados por el actor configuraron la causal que llevó a declarar la pérdida de investidura, los cuales contaron con su consciencia y voluntad.
Entonces, en este caso no se presenta un defecto sustantivo por indebida interpretación de las inhabilidades previstas en el artículo 179, numeral 8º de la Constitución, en la medida que la autoridad judicial accionada bajo argumentos coherentes y razonables explicó que dicha causal no era aplicable en este caso. Tampoco se configura el defecto alegado respecto de la interpretación de la sanción prevista en el artículo 48.3 de la Ley 617 de 2000, ya que no se acreditó la existencia de un evento de fuerza mayor que impidiera al accionante posesionarse como concejal del municipio de B..
Por otra parte, es viable advertir que la Sección Primera del Consejo de Estado lo único que hizo fue limitarse a reiterar el precedente de esa Corporación de 20 de junio de 2013 . Para la S. Plena la reiteración de dicho precedente y subregla constitucional en el caso sub examine no se observa como una conducta caprichosa ni arbitraria que amerite la revocatoria de los fallos cuestionados, más aún si se tiene en cuenta que:
(i) El caso analizado en la decisión de 20 de junio de 2013 y la sentencia del señor C.A.M.L. compartían iguales pretensiones (decretar la pérdida de investidura).
(ii) Los cargos ocupados en el caso que sirvió de precedente, como el del señor C.A.M.L. son los mismos, es decir, concejales municipales.
(v) Finalmente, los dos alegaron prácticamente las mismas circunstancias, el primero la imposibilidad de posesionarse, ya que fungía como S. de Desarrollo Social del referido municipio y el accionante ya que se desempeñaba como cabeza de la administración municipal.
En este orden de ideas, si se tiene en cuenta que en la sentencia de fecha 20 de junio de 2013, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, llegó a la conclusión, según la cual no posesionarse en el cargo de concejal para aspirar a otro cargo público lleva a la declaratoria de pérdida de investidura bajo la causal consagrada en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 2000; esta Corporación no evidencia que extender dicho precedente al accionante y aplicar los mismos fundamentos teóricos sea una conducta caprichosa ni arbitraria que atente contra los derechos del señor C.A.M.L. al debido proceso y a la participación política, ni genere una interpretación errada de la causal analizada.
En suma, queda demostrado que el Consejo de Estado en lo referente a la aplicación de la causal de pérdida de investidura por no posesión en el cargo, ha adoptado una interpretación histórica de la expresión “fuerza mayor” dando así cumplimiento a los deseos de la Asamblea Nacional Constituyente , la cual buscó que los congresistas y los funcionarios de elección popular cumplieran a cabalidad sus obligaciones y se condujeran con el mayor cuidado, decoro y seriedad en sus actuaciones.
Además, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 163 de 1994 “Corresponde a las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales hacer el escrutinio de los votos depositados para Alcaldes Distritales y Municipales, C. y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales; declarar su elección y expedir las respectivas credenciales.”. Es así como con dicha credencial acredita estar electo, sin embargo, el ejercicio del cargo requiere que empiece el periodo y la posesión.
Así las cosas, es claro que a diferencia de lo que el accionante solicita no es posible que esta Corporación realice una interpretación correctora de los deseos del Constituyente primario y de alguna forma flexibilice el concepto fuerza mayor, empleado tanto en la Constitución como en la Ley, para dar cabida a situaciones en las cuales las decisiones personales o profesionales de un funcionario tengan la potencialidad de ser entendidas hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de quien lo invoca.
Por lo expuesto, la S. Plena confirmará el fallo de tutela de única instancia proferido el 17 de noviembre de 2016 por la Sección Segunda, Subsección A de la S. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual negó la solicitud invoca por el accionante al considerar que las sentencias del 10 de octubre de 2013 y el 28 de enero de 2016 proferidas por la S. Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado en contra del señor C.A.M.L., no incurrieron en ninguna causal de procedencia de la acción de tutela contra sentencias.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de única instancia proferida el 17 de noviembre de 2016 por la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política alegados por el señor C.A.M.L. dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado en su contra.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002014-01343-00 de 3 de Julio de 2014

References: Resolución 
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e contrario
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 Resolución 
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