Source: https://red-juridica.com/estado-alarma-o-excepcion/
Timestamp: 2020-05-29 23:19:48+00:00

Document:
Ayer se publicó en el BOE la Resolución del Congreso de los Diputados por la que se prorrogaba el estado de alarma por un periodo de quince días adicionales, es decir, hasta las 00:00 horas del 12 de abril. El documento establece que este estado “se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo“, si bien en las últimas 24 horas, las restricciones han aumentado y se han paralizado todas las actividades no esenciales por un periodo de diez días.
En el plano filosófico, Giorgio Agamben lleva tiempo señalando la “tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno“. Asegura que el coronavirus es el nuevo pretexto para hacerlo, una vez “agotada la excusa del terrorismo“. Para este filósofo italiano no cabe duda de que nos encontramos inmersos actualmente en un estado de excepción, compuesto de medidas jurídicas que se encuentran en la paradójica situación de que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho habitual.
Y es que el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal (es la autorización jurídica de saltarse el ordenamiento jurídico) y sus consecuencias son “la limitación de la libertad, aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla“.
Como apunta un artículo de Todo por Hacer, “el estado de excepción [cuyo origen se remonta a la Asamblea Constituyente francesa de 1791] se situaría sobre la expresión de “plenos poderes”, lo cual implica un retorno a un estado original de absolutismo en el que no se realiza la separación y distinción de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Las leyes de “plenos poderes”, instituidas desde las guerras mundiales, otorgan al ejecutivo un poder de reglamentación excepcionalmente amplio, favoreciendo en una progresiva erosión del poder legislativo parlamentario, que se limita a menudo a ratificar disposiciones emanadas del ejecutivo en forma de decretos de ley. Una tendencia a transformarse en indefinida praxis de gobierno, borra las invisibles líneas de ficción política democrática y reluce mucho más autoritaria. Las disposiciones casi dictatoriales de los sistemas constitucionales modernos, no pueden realizar controles efectivos sobre la concentración de los poderes. En consecuencia, todas estas instituciones corren el riesgo de ser transformadas en sistemas totalitarios, si se presentan condiciones favorables para ello“.
Esto es lo que lo distingue del estado de excepción, que se puede decretar únicamente cuando “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo” (artículo 13 de la misma ley). Es decir, el estado de alarma es la herramienta jurídica previstas para afrontar crisis sanitarias y el de excepción para hacer lo propio con “aspectos del orden publico“.
Para el catedrático de Derecho Constitucional, Miguel Presno Linera, no cabe duda de que en el presente caso solo cabe decretar (o prorrogar) el estado de alarma. Los supuestos que prevé la Ley de 1981 para que éste se pueda declarar son los que concurren ahora (crisis sanitarias, catástrofes, etc). Y añade que el estado de excepción sólo se puede decretar en casos de desórdenes públicos: “En la Ley Orgánica 4/1981 no habla de «orden público» hasta que no se llega al estado de excepción y ello implica que no hay un paso intermedio -estado de alarma- entre el “orden” y el “desorden” públicos sino que se pasa directamente de la situación de normalidad al estado de excepción, sin que quepan situaciones intermedias más o menos ambiguas“, dice. Por ello, no cabe decretar el estado de excepción mientras los derechos y libertades de la ciudadanía no se vean en peligro por desórdenes públicos. “En suma, tenemos un gravísimo problema sanitario con gravísimas consecuencias personales, familiares, sociales, laborales, económicas, culturales… No tenemos un problema de orden público“.
Sostienen que el Real Decreto de 14 de marzo, por el cual se declaró el estado de alarma (y que fue prorrogado ayer) suspende el derecho de los residentes en el Estado español a salir a la calle y a moverse libremente por el territorio nacional. En otras palabras, suprime la libertad deambulatoria reconocida en el artículo 19 de la Constitución. Y añaden que el artículo 55.1 de la Constitución establece que distintos derechos (entre los cuales se encuentra la libertad deambulatoria del artículo 19 CE) “podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción“, pero no así el estado de alarma.
Pues bien, el artículo 7 de este Real Decreto establece lo siguiente: “Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada“.
No, no se han prohibido los despidos durante el estado de alarmaDUDAS CORONAVIRUS – ¿Puedo cometer un delito de desobediencia por salir a la calle durante el estado de alarma?

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 55
 artículo 19
 artículo 7
 Real Decreto