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Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. TÍTULO III. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y RELATIVAS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (Vigente hasta el 20 de Diciembre de 2006).
MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y RELATIVAS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 5 de la Ley 1/1992, de 27 de abril, del Consejo Económico y Social, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Corresponde al Presidente del Gobierno solicitar del Consejo la emisión de informes y dictámenes cuando así lo haya acordado el Gobierno, o lo interese cualquiera de sus miembros. En este último supuesto no será preceptiva la toma en consideración previa del Gobierno.
3. Los informes y dictámenes preceptivos deberán emitirse en el plazo de un mes desde que se reciban las peticiones por el Consejo, o, si el Gobierno acuerda motivadamente la tramitación de urgencia, en el de 15 días o aquel otro, inferior y suficiente, que el propio Gobierno haya fijado. Transcurridos dichos plazos sin que el informe o dictamen se trasladen al peticionario, se entenderá cumplido el trámite.»
1. Se añade una letra c) al apartado 6 del artículo 82, con la siguiente redacción:
«c) En el caso del cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.»
2. Se añade un nuevo artículo 85-bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 85-bis
2. Por el titular de la consejería competente en materia de función pública, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda, se establecerá el valor hora y la forma de cálculo de dicha deducción, tomando como base la totalidad de las retribuciones que perciba el funcionario.»
3. Se añaden tres nuevos apartados al Grupo A.2. Cuerpo Superior Facultativo, de la disposición adicional primera, con el siguiente texto:
«2.4. Escala de Astrofísicos.
2.6. Escala de Inspectores Farmacéuticos.»
4. Se añade una nueva disposición adicional octava, con el siguiente texto:
2. La Escala de Astrofísicos tendrá asignadas las funciones correspondientes a la especialidad de Astrofísica. La Escala de Inspectores Médicos tendrá asignadas las funciones de vigilancia y control de la asistencia sanitaria prestada por el Sistema Canario de Salud. La Escala de Inspectores Farmacéuticos tendrá asignadas las funciones de vigilancia y control de la asistencia farmacéutica prestada por el Sistema Canario de Salud.»
5. La disposición transitoria séptima queda redactada en los siguientes términos:
« Séptima
d) No tendrán la consideración de mejoras retributivas las derivadas de perfeccionamiento de nuevos trienios, ni la percepción de retribuciones complementarias que no tengan el carácter de fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.»
1. Los funcionarios del Parlamento, del Consejo Consultivo, del Diputado del Común y de la Audiencia de Cuentas de Canarias podrán participar en los procedimientos para la provisión de los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y, recíprocamente, los funcionarios de ésta podrán participar para cubrir los puestos de aquellas Instituciones de acuerdo con los demás requisitos de las respectivas relaciones de puestos de trabajo y de conformidad a lo dispuesto en las Normas de Gobierno Interior del Parlamento y en la Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria. A estos efectos, los Cuerpos o Escalas de las distintas Instituciones se entenderán equivalentes en razón a la afinidad de las funciones asignadas a cada uno de ellos y a la identidad de la titulación exigida para el ingreso en los mismos.
2. El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica establecerá en el plazo de seis meses mediante Decreto la equivalencia entre los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Consejo Consultivo, previa consulta a éste, con los de las demás Instituciones mencionadas.
Recíprocamente, la Mesa del Parlamento resolverá sobre la equivalencia entre los Cuerpos y Escalas de éste; del Diputado del Común y de la Audiencia de Cuentas de Canarias con los de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y Consejo Consultivo. En todo caso, en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo sólo podrán ser tenidas en cuenta las equivalencias en lo que sean compatibles el Decreto del Gobierno y la Resolución de la Mesa del Parlamento.
3. Hasta tanto se dicte el Decreto y la Resolución de la Mesa al que se refiere el apartado anterior, será requisito para autorizar la participación de funcionarios procedentes de Institución o Administración distinta de la convocante del procedimiento de provisión, los informes favorables de los órganos competentes en materia de personal de cada una de ellas.
Se modifica el artículo 31 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, al que se añade un apartado 3, nuevo, del tenor siguiente:
«3. Tampoco se considerará publicidad los carteles informativos que indiquen lugares, centros, o actividades culturales o de interés turístico excepcional.»
Se modifica el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, transportes y distribución de energía eléctrica en Canarias, a los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, al igual que la imposición de las servidumbres de paso de líneas eléctricas. La declaración de utilidad pública, que se tramitará a petición de parte en el caso de autorizaciones y de oficio cuando se trata de licitaciones, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o el establecimiento de servidumbre de paso sobre los terrenos precisos, cualquiera que fuera su titularidad o calificación jurídica, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
La resolución del expediente será acordada por la consejería competente en materia de energía, sin perjuicio de la competencia del Gobierno de Canarias en caso de oposición de organismos u otras entidades de Derecho público.»
1. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias previstas en el artículo 5.1 a) de la Ley territorial 7/1984, de 11 de diciembre de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo capital sea íntegramente de titularidad pública, tendrán la consideración de medio instrumental y servicio técnico propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, a los efectos de la ejecución de las obras, trabajos, asistencias técnicas y prestación de servicios que se les encomienden por aquéllas, cuando se les reconozca tal condición por decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta del consejero de Economía, Hacienda y Comercio y del titular del departamento al que se encuentre adscrita la respectiva empresa pública.
Dichas obras, trabajos y actividades encomendadas se considerarán ejecutadas por la propia Administración.
2. La contratación que se realice por las empresas públicas con terceros a los efectos en el marco de la ejecución de las obras, trabajos y actividades encomendadas, previstos en el apartado anterior, se someterá a los mismos criterios contenidos en la legislación de contratación de las Administraciones Públicas en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación.
3. Las relaciones entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma y las empresas públicas, en los supuestos previstos en el apartado 1, se regularán mediante los correspondientes convenios, que deberán ser autorizados por el titular del departamento al que esté adscrita la respectiva empresa pública, previo informe de la Dirección General del Servicio Jurídico y de la Intervención General.
4. El importe de las obras, trabajos, asistencias técnicas, consultorías, suministros, servicios y demás actividades realizados por medio de las empresas públicas, en los supuestos previstos en el apartado 1, se determinará atendiendo a los costes en que hubieran incurrido, aplicando a las unidades ejecutadas las correspondientes tarifas aprobadas o, si no hubiera, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución que previamente hubiese aprobado la Administración.
5. Las empresas públicas a que se refiere el apartado 1 y sus filiales no podrán participar en procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ello no obstante, cuando no concurra ningún licitador se podrá encargar a las empresas públicas referidas la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.
6. Sin perjuicio de las facultades que les confiere la legislación de régimen local, las entidades locales canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán encomendar a las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local la ejecución de cualquiera de las actividades previstas en el apartado 1 que precisen para el ejercicio de sus competencias y funciones, así como las que resulten complementarias o accesorias de las mismas, siempre en el ámbito del respectivo objeto social de dichas empresas, y sin más limitaciones que las que vengan establecidas por la normativa estatal básica en materia de contratación de las Administraciones Públicas y de Régimen Local, así como en las normas de Derecho comunitario europeo directamente aplicables.
Tal encomienda podrá realizarse, igualmente, a las sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente la entidad local respectiva, siempre que el resto de su capital pertenezca a otra Administración Pública.
7. Las Administraciones Públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán encomendar a cualesquiera de ellas la ejecución de las actividades previstas en el apartado 1 que precisen para el ejercicio de sus competencias y funciones, así como las que resulten complementarias o accesorias de las mismas, pudiendo preverse en el convenio que regule la encomienda que dichas actividades sean ejecutadas por las Administraciones Públicas a través de las sociedades mercantiles de capital íntegramente público en cuyo capital participen mayoritariamente, siempre en el ámbito del respectivo objeto social de dichas sociedades, y con las mismas limitaciones previstas en los apartados anteriores.
Tales encomiendas y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el respectivo convenio, por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, en su caso, por lo dispuesto en la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio.
Tratándose de empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, será, igualmente, de aplicación lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
8. La gestión directa de servicios públicos de titularidad de las Administraciones Públicas canarias se regirá por lo dispuesto en la legislación básica estatal sobre contratación administrativa de las Administraciones Públicas y, en su caso, en la normativa de régimen local aplicable.
9. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, podrán encomendar a la empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) la realización de los trabajos de su objeto social, de acuerdo con el régimen establecido en la normativa estatal por la que se rige dicha entidad.
Efectos / Aplicación: 20 diciembre 2006
El órgano competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá encargar a la Sociedad Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, Sociedad Anónima, mediante convenio específico, la gestión y ejecución de las actividades de prestación de servicios y la elaboración de proyectos y estudios en materia de seguridad y emergencias, siempre que no supongan ejercicio de autoridad.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el tipo impositivo previsto en el artículo 9 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, aplicable a la gasolina a la que se le han añadido aditivos destinada a sustituir a la gasolina con plomo, se fija en 38.642 pesetas (232,24 euros), por mil litros. La Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias determinará la clasificación en el Código NC que corresponda al citado combustible.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley, así como las siguientes: el artículo 38 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico; la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996, y el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 26 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, modificado por el artículo 8 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias.
L 11/1990 de 13 Jul. CA Canarias (prevención del impacto ecológico) L 9/1995 de 28 Dic. CA Canarias (presupuestos generales para 1996) L 1/1999 de 29 Ene. CA Canarias (residuos)
Se autoriza al Gobierno de Canarias para refundir, en el plazo de doce meses y en un solo texto, las disposiciones vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se faculta al titular de la consejería competente en materia de hacienda para dictar las disposiciones que, en materia de gestión presupuestaria y financiera, así como relativas a la contabilidad, sean necesarias para la adaptación al euro.
Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de la presente Ley.

References: artículo 5
 artículo 82
 artículo 85
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 31
 artículo 8
 artículo 52
 resolución 
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 38
 artículo 26
 artículo 8