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Timestamp: 2017-12-14 07:48:52+00:00

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Así se expresa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) número 34/2009 de 16 de febrero al manifestar que "el propio artículo 48.1 de la Ley Concursal, en su mención final, únicamente atribuye a los administradores concursales el derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados, pero no el derecho de arrogarse los cargos representativos en sustitución de los que legalmente los tienen conferidos al albur de la suspensión de los administradores sociales en otro tipo de funciones, y en definitiva han de limitar su actuación a las concretas facultades que les vienen otorgadas legalmente, de asistencia y voz con relación a su intervención en la junta, pues necesariamente ha de interpretarse que si el legislador hubiera querido establecer otras atribuciones así lo hubiera dispuesto expresamente y sin que quepa llevar a cabo una interpretación extensiva".
En relación a lo primero, parece evidente que la suspensión del deudor, tal y como se delimita en el artículo 40-2 de la Ley Concursal, no es equivalente a una inhabilitación universal del deudor en tanto restringe la sustitución del deudor en relación a actos que tenga la consideración de administración y disposición patrimonial. Sin embargo, resulta difícilmente comprensible validar un concepto unívoco, válido cualquiera que sea la naturaleza del deudor cuando es difícilmente discutible que la naturaleza del deudor, que determina el componente decisorio, sí condiciona la propia configuración del concepto de administración que, desgajada del sentido patrimonial que sin duda tiene en su conexión con los actos de disposición, debería entenderse ampliada a los actos de gestión complementarios para la eficacia de los actos de administración y disposición entendidos en sentido más restrictivo o, si se prefiere, propiamente dichos, solo sea en atención a la necesidad de conformar de manera colegiada, democrática y plural, una voluntad que no presenta la complejidad indicada cuando de la persona natural se trata. Esta afirmación, puesta en relación con el artículo 48-1 de la Ley, que parte del principio inexorable del mantenimiento de los órganos sociales, nos lleva a una conclusión preliminar, la de que debería tenderse un puente entre la deferencia a la administración concursal de los actos –los que se trate- de administración, y los actos complementarios propios del régimen societario vinculados a ellos. Un buen ejemplo ilustrativo de lo que se quiere razonar –traído a colación atendido el tenor de una reciente Sentencia de la Sección nº 28 de la Audiencia Provincial de Madrid-, puede ser el caso de la aprobación de las cuentas anuales.
En efecto, obsérvese que no obstante dos reglas generales, la que resulta, por un lado, del artículo 40-2 de la Ley Concursal cuando delimita el ámbito de la suspensión, de otro, la que deriva del artículo 48-1 cuando, sin restricción, establece que los órganos de la persona jurídica deudora se mantienen al margen de los efectos que sobre ellos produzca el régimen de suspensión o intervención en relación al ejercicio de las facultades de los mismos sobre la administración y disposición, resulta que cuando menos hay excepciones legales a una interpretación amplia de tal combinación de preceptos pues la propia ley concursal sí se preocupa de calificar de acto de administración de los comprendidos en el artículo 40-2 la formulación de cuentas anuales –art 46-2 LC- desde el momento que expresamente prevé que la formulación de las cuentas anuales...corresponderá al deudor bajo la supervisión de los administradores concursales en caso de intervención, y a estos últimos en caso de suspensión, de donde se deduce que cuando menos, tratándose del caso en régimen de suspensión, sí tiene lugar la sustitución plena del administrador societario respecto de la formulación de cuentas anuales y siendo así, dado que éstas, como podríamos generalizar cuando por su especialidad, se trata de actos que requieren de aprobación en Junta, el acto complementario, es decir, la convocatoria debería entenderse en todo caso atribuida a quienes la ley les confiere, en caso de concurso, la facultad de elaboración, en el supuesto referido de cuentas anuales, a la administración concursal ya que, con ser un acto, como dice la SAP Madrid, Secc. Nº 28, de 13 de julio de 2010, de administración orgánica, un acto neutro dice también la resolución, su realización requiere del acuerdo correspondiente por el gobierno corporativo de la sociedad, un acto de voluntad o decisión respecto del que necesariamente ha de contemplarse la hipótesis negativa, decisión de no convocar o, simplemente, de la falta de decisión por parte de la administración social, lo que de mantener que en todos los casos, también en éste, que la facultad de convocatoria corresponde solo a la administración social y no a la concursal, produciría una disfunción en el normal desenvolvimiento del funcionamiento de la persona jurídica en perjuicio del concurso en el que, no obstante estar las facultades de administración asumidas por la administración concursal resultaría a la postre, que por una interpretación limitada, la suspensión sería inútil o en nada contribuiría a paliar las disfunciones más sencillas de compensar, sin que pueda entenderse, desde esta perspectiva, que los criterios de responsabilidad de administradores puedan paliar en absoluto tal disfunción.
Se nos plantea el supuesto de a quién le corresponde la competencia para convocar la junta general (de accionistas o de socios) en una sociedad declarada en concurso respecto a la cual se ha acordado la suspensión del ejercicio de facultades patrimoniales. Recordemos que el artículo 40.2 Ley Concursal (LC) literalmente dice que lo que se suspenden son las "facultades de administración y disposición sobre su patrimonio" mientras que en el mismo artículo, su apartado 6, parece precisar qué facultades son las que quedan intervenidas o suspendidas al indicar que "se referirán a las facultades (...) sobre los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso". Esta regulación se completa con lo que establece el artículo 48.1 LC, sobre el mantenimiento de los órganos de la persona jurídica durante la tramitación del concurso, hasta la apertura de la liquidación, "sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o suspensión de sus facultades de administración y disposición"; este mismo artículo otorga a los administradores concursales el derecho de ser oídos en las sesiones de los órganos colegiados. Este es el punto de partida normativo, desde la perspectiva concursal, que debe completarse con lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, concretamente en el artículo 209, que indica que es competencia de los administradores "la gestión y representación de la sociedad" y el artículo 166 que dispone que la junta general será convocada por los administradores y, en su caso, los liquidadores de la sociedad. Si atendemos exclusivamente al tenor literal parece que la competencia de los administradores sociales excede a la de los administradores concursales, puesto que estos últimos limitarían su intervención o suspensión a los bienes, derechos y obligaciones que deban integrarse en el concurso (como señala Aurora MARTINEZ FLOREZ en el Comentario a la Ley Concursal, pág. 782, se trata de limitaciones que se imponen como titular de un patrimonio destinado a un fin específico: la satisfacción de los acreedores). Si la suspensión se limita a las facultades patrimoniales, deberíamos concluir que la convocatoria de la junta deberá realizarla el órgano de administración de la sociedad (así lo entiende Emilio BELTRAN, op.cit., pág. 968).
Si el legislador hubiera querido que la facultad de convocatoria se transfiera también a la administración concursal en los casos de suspensión, no tiene sentido que precise en el apartado 6 del artículo 40 LC, que las facultades sólo se referirán a los bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso, hubiera sido suficiente con la referencia a la gestión y la disposición que se hace en el apartado 1 del mismo artículo (que abarcan la administración a la que se refiere la LSC). De igual forma, el inciso final del artículo 48.1 LC, no tendría que haber precisado la intervención de los administradores concursales en los órganos colegiados (que se refieren sólo a su audiencia y voz). Además, la Ley Concursal se preocupa de precisar la actuación de los administradores concursales en los supuestos de suspensión cuando podría haber alguna duda (véase el artículo 54 LC, sobre las acciones ejercidas por la concursada o el artículo 46 LC sobre la formulación de las cuentas anuales). En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de febrero de 2009 (AC 2009/314) consideró nula una junta en la que había actuado como presidente el administrador concursal (la resolución no indica quién efectuó la convocatoria de la junta) indicando que: "nada se establece expresamente que pueda venir a conculcar, fuera de esos estrictos márgenes otras atribuciones de los administradores concursales". Precisamente dicha Sentencia hace referencia que el inciso final del 48.1LC sólo atribuye a los administradores concursales el derecho de asistencia y voz, "pero no el derecho de arrogarse los cargos representativos en sustitución de los que legalmente los tienen conferidos al albur de la suspensión de los administradores sociales en otro tipo de funciones".
La normativa de las sociedades de capital coincide en asignar la competencia para convocar la Junta General al órgano de administración. A fecha de promulgación de la Ley Concursal, el artículo 100 LSA atribuía el derecho-deber de convocar la Junta a los administradores sociales. De la misma manera se pronunciaba el artículo 45 LSRL para las sociedades de responsabilidad limitada. La promulgación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC), no ha supuesto ninguna variación en este punto, puesto que su artículo 166 continúa atribuyendo al órgano de administración –o, en su caso, a los liquidadores- la competencia para la convocatoria de la Junta General.
La Ley Concursal no se refiere, de manera expresa, a que la atribución de la competencia para la convocatoria de Juntas Generales que acabamos de exponer se vea alterada como consecuencia de la declaración del concurso. Las dudas se pueden justificar por la redacción del artículo 48.1 LC que dispone que "durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición...".
En relación con dicho precepto –que se encuentra sistemáticamente ubicado dentro del Capítulo I del Título III "Los efectos de la declaración del concurso. De los efectos sobre el deudor"- y contempla algunas de las consecuencias que la declaración de concurso produce sobre los órganos de la persona jurídica, deben hacerse dos observaciones. En primer lugar, no es exacta la mención a que la extensión temporal de los efectos que sobre los órganos de administración de la persona jurídica declarada en concurso se producirá "durante la tramitación del concurso", puesto que su eficacia se debe ceñir, fundamentalmente, a la fase común del concurso –y, en su caso, a la fase de convenio hasta la aprobación de la propuesta- ya que, aprobado el convenio –que no es causa de conclusión del concurso (vid. artículos 141 y 176 LC)- "cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio" (artículo 133.2 LC). Y, en caso de apertura de la fase de liquidación, como se encarga de poner de manifiesto el mismo artículo 48.1 LC, el órgano de administración cesa –como de manera correspondiente prevé el artículo 145.3 LC- quedando sustituido por los Administradores concursales.
En segundo lugar, debe destacarse que el artículo 48.1 LC establece que durante la tramitación del concurso "se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora". Consideramos que esta previsión debe interpretarse en el sentido de que la atribución de competencias regulada en la normativa que les venía siendo de aplicación permanece inalterada salvo en aquello que la Ley Concursal disponga otra cosa.
Llegados a este punto, puede comprobarse que la salvedad que el artículo 48.1 LC hace a las facultades de los órganos de gobierno de la persona jurídica declarada en concurso al decir "sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición" supone una alusión a las limitaciones que para las facultades del deudor concursado se contemplan en el artículo 40 LC. En efecto, según las previsiones del artículo 40 LC, la declaración de concurso entraña o bien la intervención –regla general para el caso del concurso voluntario- o bien la suspensión –regla general para el caso de concurso necesario- de las facultades de administración o disposición del deudor sobre su patrimonio.
Siendo las cosas así, las limitaciones a las facultades de administración o disposición del deudor tienen su impacto limitado sólo sobre el patrimonio del deudor. Por tanto, en caso de intervención, las decisiones de administración o disposición del patrimonio del deudor exigirán la autorización o conformidad de la Administración concursal; y, en el caso en que se acuerde la suspensión, corresponderá a la Administración concursal asumir las facultades para llevarlas a cabo. Pero la competencia para convocar Juntas Generales que legalmente –como hemos visto- se atribuye al órgano de administración de la persona jurídica no es una facultad de administración o de disposición de contenido patrimonial. Es, más bien, un acto de gestión social exento de contenido patrimonial.
De ahí que concluyamos que, al no poderse realizar una interpretación extensiva de las normas limitativas de derechos –como lo es el artículo 40 LC- la competencia para convocar Juntas Generales no se ve alterada como consecuencia de la declaración de concurso de una persona jurídica y permanece incólume en los mismos términos previos a la declaración de concurso. Y ello, sin perjuicio, como prevé el artículo 48.1 LC, del derecho de los administradores concursales de "asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados".
Pese al pronunciamiento de la Audiencia, no puede considerarse que se esté ante una cuestión zanjada. De hecho, no en vano la Dirección General de los Registros y del Notariado, ciertamente antes de la Sentencia de 13 de julio de 2010, mantenía un planteamiento alineado con la Sentencia de primera instancia en su Resolución de 1 de febrero de 2008, que confirmó la calificación del Registrador Mercantil denegatoria de la inscripción de la escritura de elevación a público del nombramiento de administradores de la misma sociedad. La doctrina está también dividida. Así, a favor de la competencia de los administradores concursales se pronuncia Sánchez Calero Guilarte, J., "Los efectos de la suspensión sobre la administración de la sociedad en concurso (Comentarios de urgencia a la Resolución de 1 de febrero de 2008 de la Dirección General de los Registros y del Notariado)", en Anuario de Derecho Concursal, nº 14, 2008-2, pp. 631 y ss.; mientras que consideran que la competencia corresponde a los administradores sociales Beltrán, E., "Efectos sobre el deudor persona jurídica (art. 48)", en Rojo-Beltrán, Comentario de la Ley Concursal, Tomo I, Madrid, 2004, p. 968; Valpuesta Gastaminza, E. "Art. 48", en Comentarios a la Ley Concursal, Tomo I, Cordón Moreno, F. (dir.), Navarra, 2010, pp. 551 y ss., o Cabanas Trejo, R., "Efectos de la declaración de concurso sobre la persona jurídica: pronunciamientos jurisprudenciales (1)", en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 10, 2009, pp. 347 y ss. Hay incluso quien se decanta por la posibilidad de afirmar la competencia compartida de administradores concursales y administradores sociales, como es el caso de Álvarez Royo de Villanova, S., "Cuestiones y conflictos entre la administración concursal de una sociedad y sus órganos sociales", en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 11, 2009, pp. 403 y ss.
Planteado en los términos indicados el estado de la cuestión, el análisis del problema exige, como no podía ser de otra manera, partir de las previsiones establecidas en la Ley Concursal ("LC") sobre los efectos del deudor persona jurídica en caso de suspensión de las facultades de administración y disposición de sus administradores. Son dos las normas a las que se han de acudir: los artículos 40 y 48. Comencemos por este último. Según el artículo 48.1 LC, "durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición y salvo el supuesto en que, a consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, se declare el cese de los administradores o liquidadores. Los administradores concursales tendrán derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados". Este precepto establece como principio general el mantenimiento o continuidad de los órganos de la sociedad en concurso, incluso en los casos de suspensión de las facultades de administración y disposición, sin perjuicio de los efectos que la suspensión pueda producir sobre su funcionamiento. Como puede comprobarse, se trata de una norma cuyos destinatarios principales son los propios órganos sociales. Desde este punto de vista, cabe afirmar que los administradores de la compañía conservan la facultad (y el correlativo deber) de convocar Junta General para la adopción de acuerdos que sean de su competencia. Adviértase que el propio artículo 48.2 LC establece el derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados, lo que, como bien se dice en la Sentencia de 13 de julio de 2010, presupone la celebración de esas sesiones para el tratamiento de los asuntos y la adopción de las decisiones que establece el ordenamiento societario en cada caso.
Frente al artículo 48 LC, está el artículo 40 LC, que sirvió de base a la Sentencia de primera instancia para afirmar el desplazamiento de la competencia para convocar la Junta de los administradores sociales hacia los administradores concursales. Según el artículo 40.2 LC, "en caso de concurso necesario, se suspenderá el ejercicio por el deudor de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales". Ello determinaría, siguiendo el razonamiento de esa Sentencia, que el sometimiento al régimen de suspensión derivado de la declaración de concurso necesario impedía a la sociedad concursada la realización de un acto de administración como la convocatoria de Junta, que sólo podían decidir los administradores concursales.
El artículo 40.2 LC se refiere a las "facultades de administración y disposición" sobre el patrimonio del deudor. Hay, pues, una clara referencia al contenido o trascendencia patrimonial de las actuaciones que se prohíben al deudor y se desplazan a la administración concursal. Son, así, actuaciones que trascienden la esfera puramente societaria u orgánica y que adquieren una dimensión externa o de relación entre la sociedad y terceros. No en vano el destinatario de la restricción es propiamente el deudor, no sus órganos sociales. De ahí que la Sentencia de 13 de julio de 2010 diga que "se considera, en general, que son actos de administración (de carácter patrimonial y no meramente orgánico) aquellos que se encuentran encaminados a la explotación e incremento del patrimonio y los de percepción y utilización de sus frutos o productos (arrendamiento, recolección, venta de productos etc...), así como aquellos otros que tienden a su conservación y defensa (reparación, custodia, reclamaciones a terceros etc...). Y se consideran actos de disposición los de transmisión, gravamen, modificación o extinción de derechos subjetivos".
En este punto, conviene recordar que en el trámite parlamentario no prosperó la enmienda 276 del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que proponía una redacción del artículo 47, que después pasó a ser el actual artículo 48, en la que se contenía un apartado 2 según el cual "en todo caso, la convocatoria de la junta por los administradores de la sociedad deudora requerirá autorización de los administradores judiciales". Este dato refuerza el argumento de que, en ausencia de limitaciones específicas, los administradores conservan las competencias para realizar actos de administración interna u orgánica entre los que se incluye la convocatoria de la Junta General.

References: artículo 48
 artículo 40
 artículo 48
 artículo 40
 artículo 48
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 48
 artículo 209
 artículo 166
 artículo 40
 artículo 48
 artículo 54
 artículo 46
 resolución 
 artículo 100
 artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 166
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 145
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 48
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 47
 artículo 48