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Timestamp: 2017-06-28 10:27:28+00:00

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(Originalmente publicado el 19 de enero de 2016 en: Monitor Político).Todo parece indicar que la postura defensiva que han generado los críticos del veto que emitió el Ejecutivo el viernes pasado recae en que éste no era necesario, que los errores eran mínimos o meramente de interpretación (solamente ortográficos, afirmó un diputado), de forma y que no ameritaban esta medida.Lo cierto es que, como hemos venido señalando en días pasados, los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.Aunque ya se hizo público por esta vía un texto que expone las 10 ilegalidades más graves que fueron lamentablemente insertadas en la Ley de Participación Ciudadana (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993), es nuestra intención no dejar duda alguna en la ciudadanía de que la gravedad de las situaciones expuestas, generadas por los diputados, no nos dejó otra opción más que recurrir al veto de la Ley.Sin avergonzarnos de vetar, pues se hará cada vez que así lo ameriten las circunstancias en beneficio del estado de Nuevo León, quisiera demostrarles la gravedad de las pifias legislativas.Así, el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana que vetamos establecía: “Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.” Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?En la sección relativa a la Revocación de Mandato del Diputado Local, el artículo 85 establece “El Congreso del Estado solventará el procedimiento relativo a la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en la presente Ley, actuando como órgano investigador y de rendición de pruebas, para ello deberá de crear una comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento.” ¿Qué significa esto? Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato…Y en total DESIGUALDAD, el artículo 62 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Gobernador exige: O la firma del 10% de los registrados en la lista nominal, o el voto de 2/3 de los diputados del Congreso a la solicitud expresa del Gobernador, cuando el artículo 64 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Diputado Local solo procede: Con la firma del 10% de los registrados en la lista nominal o si el mismo diputado solicita la Revocación para sí mismo. Así es: La única manera de revocar al Diputado es con la firma del 10% de la lista nominal (firmas que requieren de mucha organización, tiempo y recursos, tanto humanos como materiales) o si éste mismo lo solicita; pero si se trata del Gobernador, no se necesitan las firmas, sino que con el voto de tan solo 28 diputados (miembros de partidos políticos que desde que entramos han hecho hasta lo imposible por oponernos) es suficiente para dar pie a la Revocación. 0 Comments
(Originalmente publicado el 16 de enero de 2016 en: Monitor Político).Los vetos emitidos por el Ejecutivo del estado de Nuevo León al decreto de Ley que reforman la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo del Tabaco que permite fumar en espacios cerrados y al decreto que crea la Ley de Participación Ciudadana, han creado una gran polémica, especialmente en el segundo caso, que se está prestando al abuso de medios de comunicación y actores políticos para engañar a la ciudadanía y ponerla en contra del Gobierno Independiente. Los que desinforman y manipulan les dirán que la razón del veto es que el Bronco le teme a la Revocación del Mandato, pero no podría esto más falso, pues desde principios del año pasado él ha sido de los principales promotores de esta clase de figuras. Como bien lo expresó el Secretario General de Gobierno, el verdadero motivo recae en que las leyes están plagadas de errores, pifias y violaciones jurídicas que vuelve inoperante su operación a raíz de los litigios que surgirían a raíz de ello en su momento. Es por esto que validar una Ley inconstitucional sería demagógico y representaría un engaño a la gente, pues nunca podría beneficiarse de las figuras de participación ciudadana contenidas. Es por ello que en dos semanas, el Ejecutivo presentará una iniciativa de Ley de Participación Ciudadana que esté a la altura de Nuevo León, en donde se corrijan todos los errores. Termino exponiendo las diez pifias más graves encontradas por el grupo de abogados: 1. La revocación de mandato viola la Constitución Federal como lo determinan las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. 2- La revocación de mandato viola el equilibrio de poderes, pues establece que el Congreso pueda iniciar el procedimiento en contra del Gobernador y Alcaldes, pero no viceversa. 3. Los diputados se autojuzgan para decidir si inician o no la revocación de mandato a ellos mismos. 4. Si se le revoca el mandato a un diputado, se queda su suplente y no pierde el escaño. 5. Se le imponen mayores restricciones a la iniciativa popular que las contenidas en la Constitución del Estado, lo cual representa un retroceso en el tema y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos. 6. Permite que cualquier asociación civil, sin mayor limitación que tenga como objeto vigilar al Gobierno, tenga el derecho de fiscalizar y exigirle información al Ejecutivo del Estado, Municipios, organismos descentralizados y fideicomisos. A todos puede exigirle información, menos al mismo Congreso. 7. Establece obligaciones para el Tribunal Superior de Justicia sin modificar sus competencias constitucionales ni la Ley Orgánica respectiva. 8. El procedimiento de validación de firmas de la Consulta Popular viola el principio de certeza jurídica, pues no establece un procedimiento de verificación de la identidad de los solicitantes. 9. Obliga al ciudadano a ejercer sus derechos, coartando su derecho humano de libertad. ​10. En resumen, los diputados violan el equilibrio de poderes porque se adjudican el desarrollo de la mayoría de los procedimientos de las figuras cuando debería ser un órgano independiente de los poderes en comento para evitar ser juez y parte.
(Originalmente publicado el 14 de enero de 2016 en: Monitor Político).Después de leer los comentarios y opiniones negativas en torno al proceso de designación de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), es mi deber moral como persona que participó en dicho proceso explicar su desarrollo para que los lectores que han sido malinformados, puedan tener claridad sobre los hechos, y entonces formar su propia opinión sin los sesgos provocados por algunos críticos y hasta participantes que se sometieron al proceso y únicamente después de no ser seleccionados, lo criticaron.Partiendo de que la Constitución del Estado consagra la absoluta libertad del Gobernador a proponer como candidato a la Presidencia de la CEDHNL a quien desee, ante el Congreso del Estado, de manera absolutamente voluntaria, sin estar obligado a ello, a propuesta del Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.Es así como se publica en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tuvieran deseos de ser la próxima ‘ombudsperson’ de Nuevo León. Para que pudieran participar la mayor cantidad de personas, se exigieron los requisitos indispensables que establece la Constitución (E.g.: Título de Licenciatura en Derecho), así como sus currículos y planes de trabajo, para que el Comité Evaluador, en luz de las bases allí establecidas, tuviese gran flexibilidad para elegir.Se inscribieron aspirantes hasta determinarse que 15 de ellos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que a todos ellos se les dio fecha y tiempo para exponer sus motivos y plan de trabajo en la CEDHNL.​Fueron invitadas en buena medida organizaciones civiles y universidades de renombre en la entidad; unas aceptando formar parte del proceso inédito y otras declinando la invitación.Así las cosas, se formó un Comité de 8 miembros: 3 representantes de la Secretaría General de Gobierno únicamente, 1 representante de las organizaciones civiles, y 4 representantes de las universidades; todos con acceso a una carpeta con los perfiles de los aspirantes. Cabe destacar que, en su conjunto, los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.Destacando el alto nivel de algunos participantes después de las comparecencias, hasta se llegó a un empate en primer lugar, que en la última ronda, creada solo para tal propósito, tras 8 preguntas del Comité y 2 de la ciudadanía por medio de redes sociales (muy al estilo Bronco), se rompió el empate y hubo un ganador.Todo es perfectible, pero partiendo del dedazo de las pasadas administraciones para su selección (que hasta donde yo recuerdo ni fue criticado), ¿siguen pensando que fue tan malo este ejercicio caracterizado por su transparencia, apertura y participación ciudadana? ​
(Originalmente publicado el 5 de enero de 2016 en: Monitor Político).Incongruencia política monumental, la que demuestran los diputados del Congreso de Nuevo León, que con tanta enjundia y convicción lucharon por eliminar totalmente el pago de tenencia el primer año, echar abajo la verificación vehicular a pesar de la grave situación ambiental de Nuevo León (al grado de que algunos salieron a las calles a pegar calcomanías en los coches oponiéndose a la medida), entre otros medios de ingreso para el Gobierno del Estado que tacharon de “recaudatorios”, y que por otro lado decidieron aprobar sin problema alguno, y prácticamente sin debate, aumentos a los valores catastrales de algunos municipios que implicarían un aumento sustancial en el pago de los impuestos del contribuyente neoleonés, como es el caso específico del Predial. Vaya sorpresa que se llevarán los ciudadanos de Monterrey, San Pedro, Apodaca, Santa Catarina, Escobedo y San Nicolás que pensaban que los Diputados (y Ayuntamientos) estaban genuinamente preocupados por la cantidad de impuestos que pagaban, pues con una mano se rasgan las vestiduras por una verificación vehicular de 450 pesos (que aún estaba abierto a considerarse un subsidio u otros apoyos), y con otra aumentan el costo del Impuesto Predial hasta en un 30%. Si bien la primera tenía una finalidad ambiental y repercutía en los propietarios de automóviles, la segunda no tiene finalidad más que recaudar y repercute en TODA la población; parejo. Esta incongruencia que para algunos puede no quedar muy claro al hacer cosas diametralmente distintas, puede explicarse con lo sucedido el 7 de junio del año pasado: Perdieron la elección y con ello, el control de las arcas del Gobierno Estatal. Pero la elección no fue una derrota total, pues 50 de los 51 municipios aún conservan gobiernos de mayoría partidista. Si bien antes de la ola independiente los partidos controlaban todo el dinero público, ahora solo administran los recursos municipales y, por ende, están actuando de conformidad. ​Si bien la estrategia de regocijarse en los municipios tras su derrota electoral podrá funcionarles, la pregunta es: Al paso en declive que van los partidos políticos, ¿para dónde se van a hacer en 2018 cuando además de haber perdido la gubernatura, pierdan ahora a los municipios?
(Originalmente publicado el 15 de diciembre de 2015 en: Monitor Político)Establece la Constitución Federal en su artículo 123, apartado A, fracción VI, que los salarios mínimos deben “ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”Con la ínfima cantidad de 70.10 pesos diarios, difícilmente se cumple con este dispositivo constitucional. Es por esta razón que, después de un análisis económico, financiero y político de profundidad que durante los últimos dos años ha sido enriquecido por debates, tanto de funcionarios, particulares y académicos, se determinó que sería necesaria una reforma constitucional en la que se desvinculara/desindexara el salario mínimo de tarifas, multas y financiamiento de partidos políticos, pues a través de los años este concepto ha trascendido de su estricta esfera laboral, para constituir un parámetro de índole diversa.En razón de lo anterior, para evitar que un aumento sustancial en el salario mínimo tuviera afectaciones indeseables en rubros ajenos al estrictamente laboral, se propuso en el Congreso de la Unión la desvinculación del salario mínimo. De esta forma, se crea la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que sustituiría al salario mínimo como valor de referencia para estos rubros, y este último subsiste para determinar exclusivamente la cantidad a percibir como mínimo por los trabajadores.Como la anterior propuesta implica modificaciones a dispositivos constitucionales, el procedimiento a seguir antes de la promulgación correspondiente, es el aval de ambas cámaras del Congreso de la Unión por mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes, y la posterior aprobación de la mayoría simple (la mitad más uno) de los estados.Lo que llama la atención de esta temática es lo sucedido el día sábado 12 de diciembre, pues a pesar de que la fecha límite para fijar los salarios mínimos para el 2016 es el último día hábil de diciembre, y aún y que ya existía aprobación por parte de 18 estados (superando la mayoría necesaria y solo faltando su promulgación por parte del Ejecutivo Federal), la Conasami fijó un raquítico aumento de menos de 3 pesos, para quedar en 73.04.​Tomando en consideración la anuencia del Congreso de la Unión, así como el pronunciamiento a favor de la mayoría necesaria de las legislaturas y, por ende, no existiendo obstáculo alguno más que el tiempo natural para la improrrogable promulgación por parte del Ejecutivo Federal, la decisión anticipada de la Conasami no es más que un contrasentido de la voluntad popular que desafía el mismísimo espíritu del Constituyente Permanente. Tan grave es que no solo pone en fuerte duda la probidad e intereses de sus funcionarios, sino que es ahora objeto de debate la permanencia o extinción misma del propio organismo.
(Originalmente publicado el 10 de diciembre de 2015 en: Monitor Político)A raíz de la conservación del registro del Partido del Trabajo, que supo tomar la oportunidad presentada en luz de las elecciones extraordinarias de Aguascalientes para aliarse con Movimiento Ciudadano y el PRD, resurge como tema el costo económico que representan los partidos políticos para México y con ello, algunas confusiones. A diferencia de lo que se piensa, el hecho de que el PT conserve su registro, o incluso aunque hubiera cinco partidos políticos nuevos, no nos cuesta un peso adicional a los mexicanos. Enseguida lo expongo. Los partidos políticos nacionales obtienen financiamiento público por tres rubros: Para sus actividades ordinarias permanentes, para las actividades de obtención del voto durante elecciones federales, y para las actividades específicas. El artículo 41, fracción II de la Constitución Federal dispone el financiamiento de los partidos políticos de la siguiente forma: El financiamiento público de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se efectuará de manera anual, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (85’647,870) por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo (El salario mínimo es de 70.1 pesos en 2015, el 65% del mismo es 45.565 pesos). Esto arroja 3,902’545,197 pesos anuales, que habrá de repartirse entre todos los partidos políticos. El 33% de esa cantidad se divide en partes iguales, y el restante se reparte en función de la última elección de diputados federales. Ojo, del monto que reciba cada partido por este rubro, deberán destinar el 3% a actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a tareas editoriales. Sumado a lo anterior, cada vez que haya elecciones federales, existe un financiamiento adicional equivalente al 50% del ordinario (1,951’272,599 pesos) cuando se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, y equivalente al 33% (1,300’848,399 pesos) cuando se elijan solamente a los últimos. En luz de lo anterior, se puede apreciar fácilmente que independientemente del número de los partidos políticos, el costo que nos representan va a sernos exactamente el mismo mientras este imperativo constitucional permanezca inmodificado. Así que al margen de la conservación del registro del Partido del Trabajo, que en muy poco nos afecta a los ciudadanos, la atención debemos ponerla en la cantidad exorbitante que nos cuestan los partidos políticos. Este año costaron más de cinco mil millones de pesos, y en tres años que sean las elecciones presidenciales se estima nos cuesten seis mil millones de pesos (y esto solo a nivel nacional, pues sumado a esto, existe financiamiento estatal). ​Si en Nuevo León quedó demostrado que con un financiamiento público inferior a los cuatrocientos mil pesos no solo se puede ganar una elección, sino arrasarla, entonces, ¿para qué gastar tanto en los partidos? 0 Comments
(Originalmente publicado el 21 de noviembre de 2015 en: Monitor Político)Se armonizan los poderes en Nuevo León.Por más dolorosos que sean los tropiezos, siempre existe una enseñanza: Se identifica el error cometido, y se toman acciones para no repetirlo.En el caso de nuestro estado, y siendo conservador con mis afirmaciones, puedo sostener que nunca habíamos experimentado una separación de poderes tan doctrinal. Y es que es la primera vez en nuestra historia que quien gobierna no tiene un grupo político de los mismos colores en el Congreso del Estado.Esta ecuación inédita en la política de Nuevo León crea un nuevo paradigma político digno de utopías (y más considerando la cantidad de votos obtenidos por el Gobernador en las urnas), y como tal, acabamos de experimentar una de las primeras curvas de aprendizaje con la aprobación y vetos de la tenencia y la Ley de Coordinación Hacendaria.Como todos recordamos, el Congreso comenzó por proponer la eliminación total de la tenencia el siguiente año. Ante esto, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, acudió a reunirse con los líderes de las fracciones de los diputados a exponer de manera sucinta, pero concreta, la inviabilidad económica de eliminar este impuesto de tajo el primer año, ante la crisis financiera más grande que ha tenido Nuevo León.Así, muy razonablemente, se acordó una eliminación gradual de la tenencia vehicular: En 2016 se pagaría el 60%, en 2017 el 30% y en 2018 ya habría quedado eliminada completamente.En este orden de ideas, el Ejecutivo con mucho gusto dio a conocer la noticia, pues había sido promesa de campaña. El impacto financiero se había medido, y en los términos negociados era viable para todos.Sin embargo, después del acuerdo el Congreso aprobó la creación de una nueva Ley de Coordinación Hacendaria.A pesar de que contemplaba elementos positivos como la fijación de plazos, actualizaciones e intereses para evitar el famoso “jineteo de los recursos”, lo cual a todas luces se percibió como positivo por el Ejecutivo, también contemplaba el aumento en las transferencias de las participaciones federales a los municipios, así como la forzosa creación de fondos de apoyo.El impacto adicional a las finanzas de dicha Ley obligó al Ejecutivo a romper con el acuerdo de la tenencia, pues la suma de ambas propuestas descuidaba irresponsablemente las arcas del estado, orillándolo a vetarlas para poder negociar la promulgación de ambas en términos que sí fueran viables después de hacer las corridas necesarias.Y como dirán: El resto fue historia.Se alcanzó una negociación digna de políticos responsables con excelentes resultados: Se elimina la tenencia gradualmente, se establecen candados para evitar el “jineteo” de recursos y se crean fondos de apoyo a los municipios.​Felicidades, Nuevo León.
(Originalmente publicado en: El Norte.)Acarreos multitudinarios, manipulación ciudadana al por mayor, aprovechamiento de las necesidades básicas de los sectores marginados, uso de programas de desarrollo social con fines electorales, bombardeo publicitario masivo, parcialidad mediática y compra de votos...Así es, de nuevo hay comicios en México.Esto no sólo significa todas las artimañas a las que ya estamos acostumbrados, sino que debido a una pluralidad de factores, tanto legislativos como sociopolíticos, las elecciones intermedias de este año pintan ser aún más coloridas que las que hemos tenido que tolerar en el pasado.Comenzando con la reforma política que tanto se usó como moneda de cambio el año pasado, nos encontramos ahora con un Instituto Nacional Electoral, que además de organizar las elecciones federales, supervisará, dará lineamientos y podrá hasta asumir directamente la realización de actividades que correspondan a los órganos electorales locales en función de sus elecciones (lo bueno es que México es una federación).Por otro lado, y teniendo matices más demagógicos que democráticos, a nivel nacional se concretizan las candidaturas independientes.¿Quiénes serán los valientes que luchen cuesta arriba contra los mismos partidos políticos que actualmente dominan el sistema en condiciones de radical desigualdad, teniendo que recabar una gran cantidad de firmas ciudadanas en un plazo corto, con recursos propios, sin acceso sensato a radio, televisión y recursos públicos? Una analogía con David y Goliat palidecería ante este escenario.No sólo cambió el terreno, sino también los personajes: unos más golpeados y agonizantes que nunca, y otros que desde nuevas plataformas se suman a este moderno "Juego de Tronos".Y es que apenas el año pasado, los principales partidos políticos sufrieron golpes tan severos que el resto de los contendientes hasta pudieran tener una verdadera oportunidad.Comenzando con los casos de discriminación por clase, religión y raza a cargo de funcionarios y militantes del PAN, destacándose el que le dio la bienvenida al astro del futbol Ronaldinho, llamándole "simio" en redes sociales; sin olvidar la fiesta de algunos Diputados y operadores con presuntas "bailarinas de table dance" que resultó en la destitución del coordinador y vicecoordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados.De gravedad mayor resalta la tragedia de Ayotzinapa, señalada por algunos como crimen de Estado, pero no sin notar que los Gobiernos municipal y estatal en su tiempo eran del PRD, pudiendo atribuírseles, en el menor de los casos, niveles de negligencia inéditos; mismos que hasta la fecha no han podido evitar el anarquismo delictivo desenfrenado que aterroriza a Guerrero.Debido a esto, a la renuncia de su líder moral y fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, y al cada vez más impopular Gobierno de Mancera, se pone en riesgo el bastión capitalino del PRD en lo que aparentaría ser un oportuno surgimiento de Morena como la principal fuerza política de izquierda.Pero no olvidemos al PRI. Comenzando con Cuauhtémoc Gutiérrez, ex líder del partido en la Ciudad de México, a quien le fue descubierta una red de prostitución solventada con la nómina del partido; seguido del actuar del Gobierno federal, que además de dejar mucho que desear sobre las investigaciones de los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, encontramos que la esposa del Presidente y el Secretario de Hacienda tienen relaciones comerciales con el grupo empresarial que ha ganado la mayoría de las licitaciones públicas en los Gobiernos de Peña Nieto.Con candidatos independientes, nuevos partidos políticos, antiguos personajes abofeteados, y un vivo sentimiento nacional de inconformidad, no sería ilusorio tener un poco de esperanza electoral.

References: artículo 90
 artículo 85
 artículo 62
 artículo 64
 artículo 123
 artículo 41