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Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema. Octubre- Diciembre Extracto Jurisprudencial Sala de Casación Civil. Relatoría Sala de Casación Civil - PDF
Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema. Octubre- Diciembre Extracto Jurisprudencial Sala de Casación Civil. Relatoría Sala de Casación Civil
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José Antonio Valenzuela Herrero
1 Corte Suprema de Justicia Corte Suprema Octubre- Diciembre 2011 Extracto Jurisprudencial Sala de Casación Civil2 CONTENIDO Corte Suprema de Justicia 1-Miembros de la Sala de Casación Civil 2-Jurisprudencia Sala de Casación Civil Sala de Casación Civil mes de Octubre Sentencia de Exequátur de 4 de octubre de 2011 Exp Mp. Pedro Octavio Munar Cadena...1 Sentencia de Casación de 13 de octubre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutierrez...3 Sentencia de Exequátur de 13 de octubre de 2011 Exp. : Mp. Ruth Marina Díaz Rueda...7 Sentencia Sustitutiva de 13 de octubre de 2011 Exp Mp. William Namén Vargas...8 Sentencia de Casación de: 13 octubre de 2011 Exp. : Mp. Ruth Marina Díaz Rueda...11 Sentencia Sustitutiva de 13 de octubre de 2011 Exp. : Mp. William Namén Vargas...15 Sentencia de Exequátur de 14 de octubre de2011 Exp Mp. Jaime Alberto Arrubla Paucar...18 Sentencia de Exequátur de 14 de octubre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez...20 Sentencia de Casación de 14 de octubre de 2011 Exp Mp.:Jaime Alberto Arrubla Paucar...22 Sentencia de Exequátur de 14 de octubre de 2011 Exp Mp.: Arturo Solarte Rodríguez...26 Sentencia SUSTITUTIVA de 19 de octubre de 2011 Exp Mp. William Namén Vargas...27 Sentencia de Casación de 20 de octubre de 2011 Exp Mp. William Namen Vargas...31 Sentencia de Revisión de 20 de octubre de 2011 Exp Mp. William Namen Vargas...33 Sentencia de Revisión de 21 deoctubre de 2011 Exp. : Mp. Jaime Alberto Arrubla Paucar...34 Sentencia de Casación de 24 deoctubre de 2011 Exp Mp. Pedro Octavio Munar Cadena...36 Sentencia de Exequatur de 24 de octubre de 2011 Exp Mp. Pedro Octavio Munar Cadena...37 Sentencia de Revisión de 24 de octubre de 2011 Exp Mp.: Pedro Octavio Munar Cadena...38 Sentencia de Revisión de 24 de octubre de 2011 Exp Mp.: Pedro Octavio Munar Cadena...40 Sentencia de Casación de 28 de octubre de 2011 Exp Mp. Ruth Marina Díaz Rueda...42 Sentencia Sustitutiva de 28 de octubre de 2011 Exp Mp..Arturo Solarte Rodríguez...44 Sentencia de Casación de 31 de octubre de 2011 Exp Mp Fernando Giraldo Gutiérrez...47 Sala de Casación Civil mes de Noviembre Sentencia de Casación de 1 de noviembre de 2011 Exp Mp.: Ruth Marina Díaz Rueda...49 Sentencia de Casación de 1 de noviembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez...53 Sentencia de Casación de 2 de noviembre de 2011 Exp Mp. William Namen Vargas...56 Sentencia de exequatur 03 de noviembre de 2011 Exp Dr William Namén vargas...57 Sentencia de Exequátur de 4de noviembre de 2011 Exp Mp.Jaime Alberto Arrubla Paucar...60 Sentencia de Exequátur de 8 de noviembre de 2011 Exp Mp.William Namen Vargas...62 Sentencia de Exequátur de 09 de noviembre de 2011 Exp Mp.: Ruth Marina Díaz Rueda...66 Sentencia de Casación de 10 de noviembre de 2011 Exp Mp.: Jaime Alberto Arrubla Paucar...68 Sentencia de Casación de 9 de noviembre de 2011 Exp Mp. Ruth Marina Díaz Rueda...713 Sentencia de Sustitutiva de 17 de noviembre de 2011 Exp Mp. William Namén Vargas...72 Sentencia de Casación de 22 de noviembre de 2011 Exp Dr Ruth Marina Díaz Rueda...77 Sentencia de Casación de 23 de noviembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez...80 Sentencia de Revisión de 28 de noviembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez...81 Sentencia de Casación de 28 de noviembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez...83 Sentencia de Exequátur de 29 de noviembre de 2011 Exp Mp.: Arturo Solarte Rodríguez...88 Sentencia de Exequátur de 29 de noviembre de2011 Exp Mp.: Arturo Solarte Rodríguez...90 Sentencia de Casación de 30 de noviembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez...92 Sentencia de Casación de 30 de noviembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez...96 Sentencia de Casación de 30 de noviembre de 2011 Exp Mp. Ruth Marina Díaz Rueda...98 Sala de Casación Civil mes de Diciembre Sentencia de Exequátur de 1 de diciembre de 2011 Exp Mp. Pedro Octavio Munar Cadena Corte Suprema de Justicia Sentencia de Exequátur de 1 de diciembre de 2011 Exp Mp. Ruth Marina Díaz Rueda Sentencia de Exequátur de 1 de diciembre de 2011 Exp Mp. Ruth Marina Diaz Rueda Sentencia de Casación de 1 de diciembre de 2011 Exp Mp.: Ruth Marina Díaz Rueda Sentencia de Casación de 1 de diciembre de 2011 Exp Mp.: Ruth Marina Díaz Rueda Sentencia de Casación de 2 de diciembre de 2011 Exp Mp. William Namen Vargas Sentencia de Casación de 02 de diciembre de 2011 Exp Mp. William Namen Vargas Sentencia de Casación de 02 de diciembre de 2011 Exp Mp.: William Namén Vargas Sentencia de Casación de 5 de diciembre de 2011 Exp Mp.William Namén Vargas Sentencia de Casación de 5 de diciembre de 2011 Exp Mp. Jaime Alberto Arrubla Paucar Sentencia de Casación de 5 de diciembre de 2011 Exp Mp. William Namén Vargas Sentencia de Casación de 5 de diciembre de 2011 Exp Mp. William Namén Vargas Sentencia de Casación de 6 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez Sentencia de Casación de 7 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez Sentencia de Casación de 9 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez Sentencia de Casación de 9 de diciembre de 2011 Exp Mp. William Namén Vargas Sentencia de Casación de 9 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez...1394 Sentencia de Casación de 9 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez Sentencia de Casación de 9 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez Sentencia de Casación de 12 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez Sentencia de Casación de 13 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Casación de 14 de diciembre de 2011 Exp Mp. Ruth Marina Diaz Rueda Sentencia de Casación de 14 de diciembre de 2011 Exp Mp. Pedro Octavio Munar Cadena Sentencia de Casación de 16 de diciembre de 2011 Exp Mp. William Namén Vargas Sentencia de Casación de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Casación de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Casación de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Arturo Solarte Rodríguez Sentencia de Casación de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Revisión de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Revisión de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Exequátur de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Casación de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Pedro Octavio Munar Sentencia de Exequatur de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez Sentencia de Casación de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Pedro Octavio Munar Sentencia de Exequátur de 19 de diciembre de 2011 Exp Mp. Fernando Giraldo Gutiérrez...1995 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL MIEMBROS DE LA SALA Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez Presidente Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar Dra. Ruth Marina Díaz Rueda Dr. Pedro Octavio Munar Cadena Dr. William Namén Vargas Dr. Arturo Solarte Rodríguez RELATORIA CIVIL Dra. Piedad Lorena Obando Beltrán Relatora Marcela Giraldo Marín Auxiliar Judicial Yenny Alexandra Antolinez Claudia Milena Montoya Auxiliares Judiciales de Descongestión6 EXEQUATUR- Sentencia de adopción de menor M PONENTE : DR.PEDRO OCTAVIO MUNAR FECHA : DECISIÓN :Concede Exequátur PROCESO : PROCEDENCIA : Valencia (España) SOLICITADO POR : María Amparo Zapata Marín : Willem Schaaij ASUNTO: La parte actora solicitó la homologación de la sentencia proferida en España en la que se decretó la adopción de un menor, admitida a trámite la petición la Sala de Casación Civil de la Corte luego de identificar el cumplimiento de los requisitos de reciprocidad diplomática en la materia entre ambos países concedió la petición. En Colombia mediante el trámite del exequátur se confiere efecto jurídico a las sentencias proferidas en un país foráneo, siempre y cuando cumplan las exigencias legales, particularmente las previstas en los artículos 693 y 694 del estatuto procesal civil. Claro está, que esa homologación presupone que, ya por vía diplomática o, en subsidio, por vía legislativa, el Estado extranjero otorgue igual valor a los fallos dictados por las autoridades judiciales patrias (artículo 693 Ibídem). En ese orden de ideas, lo cual significa que prioritariamente debe estarse a las estipulaciones de los tratados que el país haya celebrado con el Estado de cuyos jueces provenga la providencia que se pretenda hacer valer en el territorio nacional; y sólo a falta de derecho convencional se acogerán las normas extranjeras para darle a tal decisión la misma fuerza que ellas le conceden a los fallos emitidos por nuestros juzgadores. Los requerimientos de las citadas normas conciernen, por un lado, con la debida aportación de la sentencia extranjera, en lo que atañe con su autenticación, traducción, legalización y ejecutoria; y, por el otro, con el contenido de la resolución, por cuanto no puede contravenir las normas de orden público, ni versar sobre derechos reales respecto de bienes situados en el país, como tampoco recaer en asuntos de resorte exclusivo de las autoridades colombianas o respecto de las cuales exista proceso en curso o sentencia en firme. RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA- Cuando la adopción del menor no ostenta el carácter de internacional no se aplica el convenio sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional (...) el fallo materia del exequátur demandado fue proferido en España, país que, al igual que Colombia, suscribió el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, celebrado en la Haya el 29 de mayo de 1993, aprobado en nuestro país mediante la Ley 264 de 25 de enero de 1996, declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia de 22 de agosto de esa anualidad; no obstante, dicho tratado no rige el caso de que aquí se trata, como lo alega la actora, por cuanto la adopción de la menor Daniela Ochoa Zapata no ostenta el carácter de internacional, que es la especie de adopción que regula dicho instrumento y a la cual se aplica el mismo, según emerge de su texto. En efecto, el acuerdo internacional en cuestión versa sobre la adopción internacional, la cual presupone que el adoptado y los adoptantes tengan su residencia habitual en diferentes Estados (artículo 2º), condición que no cumple la adopción decretada en la sentencia objeto de la homologación reclamada, pues tanto la niña adoptada como el padre adoptante, residen en el país en que cursó el proceso en que fue dictada dicha decisión -España-, sin que tal trámite 17 hubiese determinado la estadía de la menor allí, pues ésta viajó con el propósito de vivir con su madre, quien tiempo después contrajo matrimonio con el solicitante, el que luego de la convivencia matrimonial decidió adoptar la hija de su cónyuge. RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA- aplicación del convenio sobre ejecución de sentencias civiles de mayo de 1908 entre Colombia y España No obstante, la inaplicación de la referida convención al caso aquí planteado no es óbice para reconocer la existencia de reciprocidad diplomática entre Colombia y España, dado que estos países, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 30 de mayo de 1908 suscribieron un tratado, aprobado mediante la Ley 6ª de esa anualidad, en el que convinieron que las sentencias emitidas por los tribunales comunes serían ejecutadas en uno y otro Estado, siempre y cuando sean definitivas y estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país en que se haya dictado, bajo el presupuesto que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución. Y con relación a la ejecutoria de tales fallos pactaron que se acreditaría con el certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y de Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el Agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización. ÓRDEN PÚBLICO-exequátur de la decisión de adopción de menor de edad proferida en España Por otra parte, los actores adosaron a la demanda copia del fallo de adopción apostillado, el que no contraría, en modo alguno, el orden público interno, pues no choca con los principios que inspiran la institución de la adopción en Colombia. Ciertamente, el adoptante es el cónyuge de la progenitora de la menor adoptada, quien dio su consentimiento para la adopción; además, y cuando se decretó la adopción era mayor que la adoptada en más de 15 años, (...), amén que el servicio social conceptúo que la susodicha medida de protección era oportuna y adecuada a la situación familiar de la niña. 28 ACCIÓN DE GRUPO - PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA La posición privilegiada de quien desarrolla una actividad comercial necesariamente no involucra un monopolio del mercado SENTENCIA DE CASACIÓN M.PONENTE : DR.FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ FECHA : DECISIÓN : NO CASA PROCESO : DEMANDANTE : Orlando Sarmiento Rojas DEMANDADO : Frigorífico Vijagual SA ASUNTO: Presentan los demandantes acción de grupo reclamando la responsabilidad de la sociedad demandada por el beneficio que obtiene al apropiarse unilateralmente de los subproductos resultantes en las labores de degüello y faenado de ganado bovino, en subsidio, se declare el incumplimiento de ese contrato y se ordene su restitución cancelando una suma igual al valor recibido desde el año 2002 debidamente indexada hasta la fecha del fallo. Enterada la persona jurídica del auto admisorio, se opuso a las pretensiones negando algunos hechos y aceptando la comercialización de los subproductos una vez transformados y con fines meramente ambientales, además la transferencia según las facturas de venta de esa propiedad; adelantado el trámite de rigor el Juez de primera instancia le puso fin mediante providencia en la que negó los pedimentos,recurrida en alzada, resultó nuevamente adversa alos intereses de los demandantes, se cimentó en la anuencia a la estipulación de que los subproductos quedaran en propiedad de la contratista al haber continuado acordando las labores propias de sacrificio además de que ellos podían acceder a otras centrales de beneficio de animales y contratar el servicio. Contra ese proveído los demandantes formulan recurso de casación con apoyo en la causal primera, acusan el fallo de violar indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 6, 669, 713, 1519, 1523, 1603, 1740, 1741, 1742 y 1746 del Código Civil, 822, 830, 871 y 899 del Código de Comercio, 8º de la Ley 153 de 1887, 2º de la Ley 155 de 1959 y 47 numeral 7 y 50 numeral 3 del Decreto 2153 de 1992; y aplicación indebida del inciso final del artículo 1622 del primero de los estatutos, como consecuencia de los errores hecho del sentenciador en la apreciación de las pruebas allegadas al proceso entre ellas el escrito de demanda, la documental que la acompañaba, los dictámenes periciales; las confesiones del escrito de contestación, los interrogatorios absueltos por los accionantes, la circular que advertía sobre el cambio de condiciones contractuales y las copias de las facturas de venta. La Sala de Casación Civil al no encontrar la advertida apreciación indebida de los medios de convicción por parte del fallador no dio paso a la reclamación. ACCIÓN DE GRUPO - Responsabilidad derivada de la apropiación de subproductos en el desarrollo del degüello y faenado de ganado por una empresa que goza de posición privilegiada en el mercado Para señalar, por un lado, que nunca han renunciado a los subproductos, de los cuales se ha venido apropiando la demandada sin su consentimiento, complementando por el otro que tal situación obedece a la imposición de políticas unilaterales ejercidas por una empresa con capacidad para determinar precios en el mercado porque es la única que presta el servicio de faenado en el área metropolitana de Bucaramanga, constituyéndose en un abuso de su posición dominante ( ) los cánones 47 numeral 7 y 50 numeral 3 del Decreto 2153 de 1992, que establecen simultáneamente como 39 acuerdos contrarios a la libre competencia y abuso de la posición dominante los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, pero restringido al cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre promoción de la competencia y prácticas mercantiles restrictivas. Es claro que las últimas normas enunciadas se refieren a obligaciones netamente administrativas, a ser consideradas por las autoridades competentes en el ejercicio de la facultad de intervención del Estado en la economía, como desarrollo del artículo 334 de la Constitución, sin que logren configurar en su conjunto el componente sustancial pretendido, máxime cuando el punto de discordia se refiere a la apropiación, por la empresa a quien se encomienda el sacrificio, de algunas partes conformantes de las reses sometidas a tal labor, dejando de lado lo correspondiente a las tarifas establecidas para el efecto ACCIÓN DE GRUPO- finalidad El artículo 88 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, contempla el ejercicio de las acciones de grupo, encaminadas a obtener la indemnización de perjuicios ante la reclamación conjunta de personas que reúnen condiciones uniformes, cuando se consideran afectados por una misma causa que les ocasiona perjuicios individuales. Como se puede ver es un mecanismo judicial con fines eminentemente económicos y reparadores, ya que a pesar de que se puede actuar para varios lo que se pretende en últimas es el resarcimiento individual del daño, sólo que en aras del principio de economía procesal se contempla la posibilidad de acumular pretensiones conexas frente a una parte que podría considerarse dominante si se enfrentara de manera aislada, alejándose del campo de las acciones populares, encaminadas estas a la protección del interés común y con una connotación cívica. PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA- La posición privilegiada de quien desarrolla una actividad comercial necesariamente no involucra un monopolio del mercado / MONOPOLIO - La posición privilegiada no involucra necesariamente monopolio del mercado. Precisamente, uno de los principios en cuyo amparo se instituyó fue el de la libre competencia económica, el cual responde a las necesidades del mercado de capitales y actúa en contraposición a las prácticas monopolísticas, proscritas en la Carta Magna al tenor del artículo 336, salvo que se instituyan como arbitrio rentístico con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. ( ) Para tal efecto, se debe tener en cuenta que el principio constitucional de la libre iniciativa privada y de empresa contemplado en el artículo 333 de la Carta Política, debe ser apreciado con las limitaciones del 336 ibídem, respecto a la intervención del Estado en la economía en relación con la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano y el 78 id que alude a la regulación del control y calidad de los bienes y servicios ofrecidos a la comunidad, así como la responsabilidad de quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Es innegable que la libertad de empresa redunda en el beneficio de los consumidores, quienes son los destinatarios de los productos y servicios ofrecidos, para cuya satisfacción se debe tener en cuenta los constantes avances tecnológicos y el establecimiento de medidas de calidad que permitan un alto grado de satisfacción, así como una disminución de costos que les posibilite a unos ser más competitivos frente a los otros. Tal situación riñe con la práctica de actividades encaminadas a acaparar o que puedan derivar en prácticas monopolísticas, entendidas estas como fallas del mercado en el cual existe un productor o prestador de servicio que, en virtud a una posición privilegiada, por ser único oferente, tiene la facultad de imponer los términos de las relaciones mercantiles de su interés. Quiere decir lo anterior, que cuando una actividad lucrativa es desempeñada por varios mercantes, existe la posibilidad 410 de escoger el que más le convenga al destinatario, dependiendo de las diferentes especificaciones como se presente un producto o se brinde un servicio, quien asume los riesgos propios que se puedan derivar de aceptar una u otra propuesta, superándose así situaciones de control e imposición lesivas a sus intereses. BENEFICIO DE GANADO - regulación normativa y características En relación con el asunto sometido a debate, debe tenerse en cuenta que la labor desarrollada por Frigorífico Vijagual S.A. corresponde al beneficio de animales, la cual cuenta con una regulación restrictiva, teniendo en cuenta su alto impacto en la salud pública y el medio ambiente, y que comprende dos etapas, inicialmente la de sacrificio, que corresponde al proceso que se efectúa en un animal para consumo humano para darle muerte, desde el momento de la insensibilización hasta su sangría mediante la sección de los grandes vasos, y, posterior a aquella, la de faenado o separación progresiva del cuerpo de un animal en canal y otras partes comestibles o no, relacionada con el destino final de los productos. Así, mediante la Ley 9 de 1979, por medio de la cual se dictaron medidas sanitarias, dentro del título V que establece las normas específicas para los establecimientos industriales y comerciales que produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o exporten alimentos, contempla en su artículo 307 que [e]l sacrificio de animales de abasto público sólo podrá realizarse en mataderos autorizados por la autoridad competente, con el cumplimientos de los requisitos legales y ajustándose a las normas que sobre sacrificio, faenado y transporte, dicte el Ministerio de Salud. En virtud de la facultad reglamentaria del gobierno, se expidieron los decretos 2278 de 1982 y 1036 de 1991, que eran los vigentes para la época en que empezó a funcionar el matadero contra el que se acciona, en los cuales se contemplaba la viabilidad de funcionamiento de cinco clases de centrales de sacrificio, diferenciadas por la capacidad instalada para tal labor y con limitaciones respecto al destino de sus carnes. Así, los de clase I y II podían hacerlo para el consumo nacional, pero solo podían exportar los primeros, mientras que los de clase III, IV y mínimos sólo podían hacerlo para comercialización y consumo dentro de la jurisdicción de la localidad donde estuviera situado. Tales normas fueron derogadas por el Decreto 1500 de 4 de mayo de 2007, que entró en vigencia con antelación a la presentación de la demanda el 9 de agosto de 2007, en el cual se establecieron los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en las actividades de producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación de carne y sus derivados, obviándose la clasificación previa y regulando de manera genérica las plantas de beneficio animal, contemplando excepcionalmente algunas de régimen especial, pero quedando a cargo del Invima establecer si los productos pueden destinarse al consumo internacional, nacional o local. Quiere decir ello que la actividad de beneficio de ganado cuenta con las siguientes particularidades: a) No es un servicio público, como inicialmente lo contemplaba el literal e) del artículo primero del Decreto Extraordinario 753 de 1956, declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-075 de 1997, en razón que el legislador no le ha dado tal connotación en ejercicio de la facultad constitucional consagrada en el artículo 56 de la Carta Fundamental de b)no ha sido establecida como monopolio con fines de arbitrio rentístico, a la luz del artículo 336 de la Constitución. c) Corresponde a una labor regulada por su alto impacto a la salud y al medio ambiente, que debe responder a patrones reglamentarios de distintas instituciones del orden administrativo. d)puede ser desarrollada por cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con todas las exigencias establecidas en la legislación vigente. NULIDAD ABSOLUTA - Su declaración oficiosa por el juez no constituye una obligación perentoria está delimitada por su configuración de bulto en un vicio del acto mismo siendo improcedente la interpretación que involucre los demás medios probatorios La prerrogativa reclamada se encuentra contemplada en el artículo 2 de la ley 50 de 1936, subrogatario del 1742 del Código Civil, al señalar que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria. 511 No obstante, esa facultad no es absoluta ni constituye una obligación perentoria para los administradores de justicia de analizar en todos los asuntos contractuales la existencia de vicios que invaliden lo convenido entre las celebrantes, ya que, como claramente lo delimita la preceptiva, para que opere ante ausencia de alegación por las partes involucradas, debe aparecer configurada de bulto y emanar del acto mismo, sin que pueda provenir de una interpretación que involucre los demás medios probatorios obrantes. Esto por cuanto la labor del fallador no puede suplir los deberes propios de los litigantes relacionados con establecer de manera coherente y definitoria los marcos del debate, constituyéndose en un control de legalidad a la actividad negocial que se ejerce de manera excepcional ante flagrante violación del ordenamiento jurídico. Así lo tiene entendido la Corporación como se expuso en sentencia de 14 de diciembre de 2007, expediente , que reiteró lo dicho previamente en casación N 020 de 11 de marzo de 2004, expediente 7582 ( ) NORMA SUSTANCIAL - No tiene ese carácter el artículo 1622 del Código Civil Finalmente se invoca indebidamente aplicado el inciso final del artículo 1622 del Código Civil, que alude a que las cláusulas de un contrato se interpretarán o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte, en el entendido de que del material probatorio no se puede tener por establecido el tácito consentimiento dado por los usuarios para que el Frigorífico Vijagual S.A. se apropiara de los subproductos resultantes del sacrificio de los bovinos que le eran entregados, o que los usuarios siguieron concurriendo libremente ante el frigorífico a pesar de que en Bucaramanga existía otro ( ) Por el contrario ellas lo que en verdad dicen es que los demandantes se opusieron a esa apropiación y que si continuaron solicitando el servicio en Frigorífico Vijagual S.A., lo fue porque debían acudir forzosamente allí puesto que en el Área Metropolitana de Bucaramanga no existía otro. Es importante tener en cuenta que la parte de la norma en cita que se dice afectada, corresponde al principio de interpretación sistemática, la cual carece de un componente sustancial que permita su análisis, al menos al señalarse de la manera autónoma como se hace. 612 EXEQUATUR Sentencia de divorcio M. PONENTE : DRA.RUTH MARINA DÍAZ RUEDA FECHA : DECISIÓN : NO CONCEDE PROCEDENCIA : Condado de Montgomery- Maryland (EEUU) PROCESO : SOLICITADO POR : Gloria Inés Ramírez Cortés ASUNTO: Decretada en Meryland USA el divorcio absoluto en proceso adelantado por el cónyuge que adujo como causal la separación de hecho por más de doce meses sin posibilidad de reconciliación, presenta ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia petición de homologación la que resulta denegada por no encontrarse acreditados los presupuestos legales para su concesión. En la época contemporánea el Derecho Internacional Privado se inclina por permitir que decisiones adoptadas en un determinado Estado surtan efecto en otro y en armonía con esa tendencia Colombia ha incorporado en el ordenamiento interno disposiciones que regulan el trámite del exequátur como el mecanismo judicial habilitado para la homologación de las sentencias foráneas, garantizando de esa manera la posibilidad de hacer efectivo su cumplimiento en el territorio patrio. CARGA DE LA PRUEBA- corresponde al solicitante la demostración de la reciprocidad diplomática, la legislativa y los restantes requisitos legales/reciprocidad DIPLOMÁTICA-inexistencia de tratados entre Colombia y los Estados Unidos sobre el reconocimiento recíproco de pronunciamientos de autoridades jurisdiccionales La actividad probatoria en esta clase de trámite está orientada a verificar tanto la correspondencia mutua entre los respectivos Estados en punto de las posibilidades otorgadas para el cumplimiento de los fallos judiciales <<reciprocidad diplomática o legislativa>> a que se ha hecho mención -, así como los restantes requisitos legalmente establecidos, carga que es del resorte de la accionante, de conformidad con el canon 177 del Código de Procedimiento Civil. Al examinar los elementos de convicción que obran en el expediente, se descarta la <<reciprocidad diplomática>>, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la inexistencia de tratados o convenios vigentes entre Colombia y los Estados Unidos de América en cuanto al (...) reconocimiento recíproco del valor de sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países, en causas matrimoniales SENTENCIA EXTRANJERA- haberse corregido la providencia por un error mecanográfico no suple la constancia de ejecutoria (...) sobre la <<reciprocidad legislativa>>, además de las exigencias contempladas en el artículo 694 del ordenamiento ut supra. Fijando la atención en estas últimas, en lo atinente a la legalización e incorporación del fallo cuya convalidación se demanda, se advierte que fueron satisfechas de forma parcial, pues aunque se trajo el texto en el idioma original con el apostillaje que corresponde (...) y su traducción al castellano la efectuó una experta oficialmente autorizada para esa actividad (...); faltó acreditar la <<ejecutoria de la providencia de conformidad con la ley del país de origen>>, y no obstante las medidas adoptadas oficiosamente(...). Como es evidente, este criterio contrasta con el entendimiento que sobre el particular expuso el Agente del Ministerio Público, como quiera que la circunstancia de haberse corregido la sentencia por un error mecanográfico, no puede suplir en forma alguna, ni aún por inferencia, la <<constancia de ejecutoria>> a que se ha hecho mención, ni siquiera desde la perspectiva del ordenamiento procesal interno, pues el artículo 310 indica que el fallo puede ser enmendado, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier tiempo, lo que incluye el <<término de ejecutoria>>. Ahora, si aquella situación procesal <<la ejecutoria>>-tiene otra forma de concretarse o si no existe un mecanismo específico para dar cuenta de su consolidación, ha debido traerse la norma o elemento de convicción que lo indique, pero nada de ello se hizo y ante la imposibilidad de superar esa incertidumbre, las aspiraciones de la actora quedan truncadas, porque es evidente que no actuó con la diligencia debida. 713 SIMULACIÓN Diferencia entre la declaración de simulación y Nulidad Absoluta. SETENCIA SUTITUTIVA M. PONENTE : DR.WILLIAM NAMÉN VARGAS FECHA : DECISIÓN :Confirma la sentencia de 1 instancia PROCESO : DEMANDANTE : Josefa Leonor Maya y otros. DEMANDADO : Hernando Quintero Castro & CIA S en C. ASUNTO: Solicita el demandante declarar la nulidad absoluta de la compraventa de bien inmueble determinado por su dimensión ubicación linderos en la demanda, dejar sin efecto su inscripción en el folio inmobiliario, inscribir la sentencia y condenar en costas a los demandados; sustento sus pretensiones aduciendo la simulación adelantada por su cónyuge con dos sociedades en las cuales funge como socio gestor con el propósito de excluir el bien de la sociedad conyugal. Admitida a trámite y notificados los opositores sin aceptar las acusaciones se allanaron a la pretensión de nulidad absoluta, solicitando su declaración oponiéndose a la condena en costassustentando la ausencia de culpa lo que propusieron como excepción. El Juez de Primera Instancia declaró la simulación absoluta del contrato en consecuencia su nulidad absoluta, ordenó volver las cosas al estado anterior, cancelar el instrumento público contentivo de la compraventa con su inscripción, y tuvo por probada la excepción propuesta, decisión, que en sede de apelación resultó revocada por el Tribunal Superior quien al denegarlas pretensiones impuso costas en ambas instancias a la demandante y ordenó el levantamiento de las cautelas. La Corte, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandante, casó la sentencia del ad quem, en sede de instancia luego del decretó y la práctica de algunas pruebas de oficio profirió sentencia en la que confirmó la de primer grado salvo en la declaración de nulidad absoluta del negocio simulado por considerarla incluida en la de simulación. SIMULACIÓN ABSOLUTA- contrato de compraventa de bienes integrantes de la sociedad conyugal / SIMULACIÓN- prueba / INDICIO- valoración del juez como prueba de la simulación de contrato de venta En punto a esta particular cuestión, impera el principio de la libertad probatoria y por ende, las partes y terceros son admitidos a demostrar la simulación con todos los elementos probatorios permitidos por el ordenamiento, ad exemplum, la confesión de parte, los testimonios de terceros, los documentos, los indicios, las inspecciones judiciales y dictámenes periciales, de cuya apreciación lógica, sistemática y racional derive inequívocamente (cas. civ. sentencias de 25 de septiembre de 1973, CXVII, Nos a 2377, pp. 65 a 68; 28 de febrero 28 de 1979, CLIX, No. 2400, pp. 49 a 51; 10 de marzo de CCXXXIV, pp. 406 y ss; 15 de febrero de 2000, exp. 5438, S-029 y 15 de marzo de 2000, exp. 5400). En especial, la Corte ha destacado la importancia de la prueba de indicios, mediante la cual a partir de determinados hechos, plenamente establecidos en el proceso, como lo exige el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador despliega un raciocinio mental lógico que le permite arribar a otros hechos desconocidos. Por tanto, como es natural en el desarrollo de la actividad judicial, la valoración ( ) en cuanto a la demostración de los hechos indicadores, al igual que respecto de la gravedad, concordancia y convergencia de los indicios o acerca de su relación con las demás pruebas, constituye una tarea que se encuentra claramente enmarcada dentro de la soberanía de los sentenciadores para examinar y ponderar los hechos, por lo que su criterio o postura sobre ellos está, en principio, amparada por la presunción de acierto... (Sentencia de 23 de febrero de 2006, exp , no publicada aún oficialmente) (cas. civ. sentencia de 24 de octubre de 2006, exp ). Como concluyó el a quo, la simulación absoluta del contrato de compraventa, aparece probada con los elementos de 814 convicción del proceso. En efecto, en la compraventa plasmada en la Escritura Pública 1490 otorgada el 6 de junio de 2007, el precio se pactó en $ , los cuales manifiesta el vendedor tener recibidos del representante legal de las sociedades compradoras (fls. 7 vto., y 8, cdno. 1); el aviso de prensa publicado en el diario Vanguardia Liberal, el 27 de junio de 2007 (fl. 48, cdno. 1) ofrece al público la venta de lotes integrantes del fundo a un precio de $ y el dictamen pericial lo avalúa en $ (fl. 38, cdno. de pruebas); no existe prueba de la contabilidad de las sociedades demandadas ni del pago por medio diferente a lo expresado en el instrumento público (artículos 19, numeral 3º, 48, 271, Código de Comercio); tampoco de la entrega de los predios; los testimonios de Tania Rosa Castro Maya y Gloria Beatriz Armenta de Mesa coinciden en la conservación de la posesión del predio por Hernando Quintero Castro del inmueble, el desarrollo de una urbanización y venta de los lotes (fls , cdno. de pruebas), la inspección judicial practicada el 16 de noviembre de 2007 confirma la conservación de la posesión sobre el inmueble por el demandado (fls , cdno. de pruebas); las compradoras cada una con capital de $ son sociedades constituidas por Hernando Quintero Castro en carácter de gestor con sus hijos Hernando José y Juan Felipe (Hernando Quintero Castro & Cía. S. En C., fl. 32, cdno. de pruebas), Clemente y María Elena Quintero Gámez (Quintero Castro & Cía. S. En C., fl. 40, cdno. de pruebas), representadas todas por aquél, con un capital de $ adquieren y no hay prueba de la obtención de otros recursos, para el pago del precio, ni de una venta al fiado. Con estas premisas, refulge palmaria la simulación absoluta de la compraventa, de donde, la alegada falta de prueba, resulta inaceptable. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA- interés jurídico de uno de los cónyuges para demandar la declaración de simulación de un contrato celebrado por el otro respecto de bienes integrantes de la sociedad conyugal La legitimación para ejercer la acción de simulación de un contrato presupone un interés legítimo y de ella son titulares no sólo las partes que intervinieron o participaron en el concilio simulatorio y, en su caso, sus herederos, sino, también, los terceros, cabalmente, cuando el acto fingido les acarrea un perjuicio cierto y actual. Puede afirmarse, ha dicho la Corte, que todo aquel que tenga un interés jurídico, protegido por la ley [ ], está habilitado para demandar la declaración de simulación. Mas para que en el actor surja el interés que lo habilite para demandar la simulación, es necesario que sea actualmente titular de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la conservación de ese acto le cause un perjuicio (G. J. CXIX, pág. 149), esto es, un menoscabo tangible de sus derechos. En esa ocasión, señaló la Corte acerca del interés jurídico de uno de los cónyuges para demandar la declaración de simulación de un contrato celebrado por el otro respecto de bienes integrantes de la sociedad conyugal, que una vez disuelta la sociedad conyugal los cónyuges están legitimados para demandar la simulación de los actos celebrados por el otro. El interés jurídico es patente en ese caso porque disuelta la sociedad por cualquiera de las causas legales, se actualiza el derecho de cada uno de los cónyuges sobre los bienes sociales para la determinación de los gananciales que a cada uno correspondan. Pero antes de esa disolución puede existir ya el interés jurídico en uno de los cónyuges para demandar la simulación de un contrato celebrado por el otro sobre bienes adquiridos por éste a título oneroso durante el matrimonio cuando la demanda de simulación es posterior a la existencia de un juicio de separación de bienes, o de divorcio, o de nulidad del matrimonio, los cuales al tener éxito, conllevan la disolución de la sociedad conyugal (G. J. CLXV 211), caso en el cual se exige que una de tales demandas definitorias de la disolución de dicha sociedad se haya notificado al otro cónyuge, antes de la presentación de la demanda de simulación (Sentencia de Casación Civil de 15 de septiembre de 1993); por supuesto que en eventos como los señalados, asoma con carácter definido una amenaza grave, cierta y actual a los derechos del demandante, toda vez que, sin lugar a dudas, la preservación del negocio simulado acarrea una mengua a sus derechos (cas. civ. Sentencia 091 de 30 de octubre de 1998, Exp. N 4920). ESTADO CIVIL- Prueba de la calidad de cónyuge La calidad de cónyuge por concernir al estado civil y derivar del matrimonio, a más de la inscripción imperativa de 915 su celebración (artículo 1º, 5º, 67 y ss. Decreto 1260 de 1970), debe acreditarse con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos por la autoridad encargada del registro civil (artículo 105, ídem), pues, [n]inguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro (artículo 106, ibídem). Sobre este mismo tópico, la Corte, tiene dicho que, [l]a trascendencia que reviste el estado civil para un persona, ha conducido al legislador a reglamentar, en forma estricta y detallada, la manera como ha de llevarse a cabo el registro de los diferentes hechos que determinan tal estado y a señalar, taxativamente, los medios a través de los cuales puede acreditarse su existencia, prueba que, como es sabido, ha variado con las diferentes disposiciones legales que sobre la materia han regido en el país desde 1887, a las que debe referirse brevemente la Sala, por cuanto varios de los demandados nacieron entre los años 1912 a Obsérvase, entonces, que el artículo 22 de la ley 57 de 1887 dispuso que constituían pruebas principales del estado civil respecto de nacimientos..de personas bautizadas..en el seno de la Iglesia Católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales (se subraya). La ley 92 de 1938, a su turno, estableció que a partir de su vigencia eran pruebas principales las copias auténticas de las partidas de registro del estado civil, (art. 18) y que a falta de ellos podían suplirse en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales extendidas por los respectivos Curas Párrocos, (se subraya; art. 19). Finalmente, el decreto 1260 de 1970 expresa en su artículo 105 que Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se probaran con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos (Se subraya). Es claro, entonces, que los hechos y actos constitutivos o declarativos del estado civil anteriores a la vigencia de la Ley 92 de 1938, o acaecidos dentro de la vigencia de ésta y antes de la vigencia del artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 (el 5 de agosto de este año, fecha en que fue publicado oficialmente), o que ocurran a partir de este momento, pueden acreditarse, según el caso, así: los primeros, mediante la copia de las actas eclesiásticas correspondientes, como prueba principal; los segundos, mediante la copia de registro del estado civil como prueba principal y, como prueba supletoria, entre otras, con la copia de las actas eclesiásticas correspondientes; y los últimos, únicamente, mediante la copia del registro del estado civil pertinente. Sobre el mismo particular, esta Sala ha expresado que en materia de pruebas del estado civil de las personas corresponde al juez sujetarse a las pruebas pertinentes que, según la época en que se realizó el hecho o, acto del caso, determina su aplicación, sin perjuicio de acudirse a los medios probatorios de la nueva ley (art. 39 decreto ley 153 de 1887). Por consiguiente, los estados civiles generados antes de 1938 pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del registro civil, y las posteriores a ese año y anteriores al 5 de agosto de 1970, lo pueden ser con el registro civil y, en subsidio, con las actas eclesiásticas; y a partir de esa fecha, solo con copia del registro civil (CCLII, 683) (cas. civ. sentencia de 7 de marzo de 2003, [S ], expediente 7054). SIMULACION ABSOLUTA - Diferencia con la nulidad absoluta / INEXISTENCIA- del negocio simulado Por manera que, si la simulación absoluta envuelve un negocio inexistente, y la nulidad absoluta es modalidad concreta de ineficacia predicada de los negocios existentes, el acto jamás es inexistente e inválido en forma simultánea. La nulidad absoluta exige y se predica de los negocios existentes. 1016 ACCIÓN REIVINDICATORIA MALA FE POSESORIA -FRUTOS No reconocer una prerrogativa probada de menor extensión a la solicitada implica vulneración del Artículo 305 Inc. 3 CPC SENTENCIA DE CASACIÓN M.PONENTE : DRA.RUTH MARINA DIAZ RUEDA FECHA : PROCESO : DECISIÓN : CASA DEMANDANTES : Margarita María Silva, María Georgina Ramírez y Martha Lucia H. DEMANDADO : Marco Tulio Orjuela Garzón ASUNTO: Segregado un lote en dos partes por su propietario uno denominado San Luis y el otro Santa Inés, fue dado en venta aquel a una única dueña y el otro quedo a nombre de la comunidad formada por ella con un tercero, permitiéndole a un cuidandero vivir y pastar su ganado allí, transcurrido un tiempo, el tenedor demandó ante las autoridades judiciales la declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria sobre la parte de terreno que alegaba poseer. Admitido y notificado el libelo, fue oportunamente respondido por sus dueños, quienes se opusieron a la prosperidad de las aspiraciones, calificaron de falsos la mayoría de los hechos y propusieron como excepción la genérica (todas aquellas que se funden en hechos probados en el proceso), adicionalmente, reconvinieron pretendiendo la reivindicación de los terrenos Santa Ines y San Luis, sus mejoras y frutos civiles o naturales que se hubiesen podido producir con mediana diligencia, desde el inicio de la supuesta posesión hasta el día en sucediera la entrega material del inmueble, finalmente, deprecaron se declarara la posesión de mala fe de los demandados en reconvención y por tanto la ausencia de derecho al reconocimiento y pago de las mejoras que pudiesen haber hecho en el bien; a su turno el reconvenido resistió el éxito de esas aspiraciones, propuso las defensas de falta de identidad del predio a reivindicar con el objeto de pertenencia; fraude procesal y autodemanda, surtido el procedimiento de rigor el a quo negó las pretensiones tanto del libelo inicial como el de mutua petición; las primeras fundado en que el predio descrito en la demanda no correspondía al identificado en la inspección judicial y en el dictamen pericial practicado en el curso del proceso, y éstas debido a que lo pedido difería de lo poseído, pues la acción reivindicatoria recayó sobre la totalidad de los predios Santa Inés y San Luís, cuando los citados en reivindicación solo poseían una fracción de este último. El ad quem al decidir la censura propuesta por ambas partes, confirmó la de primer grado. Tres cargos formulan las demandantes en reivindicación frente a la sentencia del Tribunal, todos bajo el amparo de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil; el primero por violación directa y los restantes por indirecta destacan el yerro de hecho del Tribunal al negar la existencia de la prueba de los linderos pues en su sentir al referir que éstos no se hallaban determinados, desconoció los medios de persuasión que sí los señalan; creó la regla de que no es posible la reivindicación parcial de un predio y de que quien pide el todo no pide las partes y, dejó de aplicar las normas relativas al derecho del propietario a ser restituido en la posesión. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en estudio del asunto abrió paso a los dos últimos cargos, en sede de instancia revocó el punto de la sentencia que en primer grado negó las pretensiones de la reivindicación, concediéndoles ordena la cancelación de la demanda en el folio de matrícula del predio, la restitución y condenó en frutos y costas del proceso a la parte reconvenida. 1117 ACCIÓN REIVINDICATORIA- Singularidad de la cosa que se reivindica y la identidad entre ésta y la que se halla bajo el poder de hecho del demandado- En la demanda reivindicatoria fueron delimitados tanto el predio San Luís, original, como el Santa Inés, segregado de aquel, acorde con la descripción que contienen los instrumentos públicos de enajenación Los títulos escriturarios Nos del 26 de junio de 1979, del 23 de septiembre de 1992 y 0064 del 26 de enero de 1993 otorgados en las Notarías 4ª, 27 y 28, respectivamente, del Círculo de Bogotá determinan y confirman los linderos de los inmuebles precitados, ratificándolos los certificados de tradición y libertad Nos. 50N y 50N , que en su orden, identifican los predios San Luís y Santa Inés, aunque solo éste, es señalado en el último de los referidos instrumentos En la inspección judicial se estableció el fragmento poseído por los reconvenidos y, el dictamen pericial lo concretó a la mayor parte del fundo Santa Inés, pues una fracción de éste es disfrutado por las actoras, ocurriendo cuestión similar con el San Luís, ya que éstas ostentan señorío sobre la porción demarcada dentro de los puntos 42, LL, L, 26, 87, 88, 90 y 42, mientras aquellos la detentan sobre el resto (folio 242 c.2). ( ) Ahora, para la efectividad de la reivindicación han de concurrir como elementos, la singularidad de la cosa que se reivindica y la identidad entre ésta y la que se halla bajo el poder de hecho del demandado, como se desprende del contenido de los artículos 946 a 952 ejusdem, a más de que para el momento de presentación del libelo incoatorio, debe hallarse estructurada la actualidad de la posesión del llamado, debido a que en principio, la pretensión objeto del juicio lo constituye dicha circunstancia, requiriéndose por tanto, la acreditación del derecho del accionante y la posesión del convocado. ( ) Justamente, ejercida la actio reivindicatio por el dueño de la cosa, sobre éste gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (artículos 43 y 54 del D de 1970; cas. civ. sentencias de 30 de julio de 2001, exp y 6 de octubre de 2005, exp. 7895) y también debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aquél cuyo dominio invoca y de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado. 9.- Como la ausencia de individualización de los terrenos cuya reivindicación pretenden las señoras Margarita María Silva Hurtado y Martha Lucía Hernández Andrade fue el soporte del fallo del Tribunal y, las mismas le enrostran a éste haber desatendido las pruebas demostrativas de que los linderos si fueron determinados en el proceso, y que también malinterpretó el escrito incoatorio, puesto que al pedir la restitución de la parte del predio San Luís que los demandados dicen ocupar en posesión, la cosa singular quedó determinada, se impone acudir a los medios de persuasión para establecer la existencia o no del yerro endilgado ( ) Efectuado el cotejo del contenido objetivo de los precitados elementos de convicción, con lo reclamado por las reconvenientes y lo concluido por el Tribunal, la Sala advierte estructurada la equivocación enrostrada a éste. En efecto, si como lo anota el censor, en la demanda se concretó el pedimento reivindicatorio al predio Santa Inés y a la parte del San Luis que los citados dicen ocupar en posesión, describiendo tales inmuebles en su integridad, y los medios persuasivos dan cuenta de que dentro de la demarcación de cada uno de éstos se hallan las porciones detentadas por los accionados, pero el ad quem negó tal aspiración porque no se individualizaron las fracciones a reivindicar, en realidad se malinterpretó el libelo pretensor y los elementos materiales de prueba que singularizan los segmentos terrenales pedidos por aquellas. De acuerdo con lo anterior, la apreciación del sentenciador de segundo grado, como lo refiere el recurrente, deviene de la premisa equivocada, consistente en que no se individualizó la porción a restituir, dado que como se ha visto, atendiendo la demarcación plasmada en la escritura de compraventa N del 23 de septiembre de 1992 supracitada, en la demanda de reconvención se demarcaron los inmuebles San Luís y Santa Inés y en el decurso 1218 procesal se demostró, alinderó y singularizó el segmento de ellos detentado por los llamados. ( )queda desvirtuado el principal argumento del Tribunal, según el cual, no se individualizaron o singularizaron las porciones a reivindicar y por tanto, resulta equivocado afirmar, como lo hizo el sentenciador, que cuando se pide más de lo probado, no puede reconocerse esto último, pues tal planteamiento transgrede lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 305 del Estatuto Procesal Civil. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA- Acción reivindicatoria Con base en ello y en el artículo 952 ibídem, el llamado a soportar dicha acción es el actual poseedor de la cosa singular, de donde entonces, éste y el propietario integran la legitimidad como demandado y demandante, respectivamente. INFRA PETITA - La decisión que concede o reconoce una prerrogativa en extensión menor de la demandada, pero en todo caso dentro del contexto en el que se depreca De todas formas, según lo ya expuesto, se hallan perfectamente establecidos los fragmentos señoreados por los citados, lo que permite ese reintegro a sus dueñas, dado que de acuerdo con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. RESTITUCIONES MUTUAS- Acción reivindicatoria mala fe del poseedor vencido Lo precedentemente expuesto ha de conllevar a la consecuente restitución de las fracciones poseídas por los señores Marco Tulio Orjuela Garzón y María Georgina Ramírez a sus propietarias, con observancia de los previsto en los artículos 961 y 962 del Código Civil. ( ) 6.- Con base en lo anterior, los demandados deberán restituir frutos del predio en la forma que indica el inciso primero del artículo 964 del Código Civil, es decir, todos los que las actoras hubieran podido percibir desde cuando aquellos asumieron poder sobre los predios, mala fe que los privaría del reconocimiento de las mejoras útiles, de haber existido, pero como probatoriamente se determinó la inexistencia de ellas y además, no se pidieron, no hay lugar a su concesión. TITULO DE DOMINIO - Intervención del título delata la mala fe del poseedor consecuencia que impone la ley / BUENA FE - buena fe posesoria / MALA FE - posesoria De acuerdo con el precepto acabado de mencionar La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.- En todos los otros, la mala fe deberá probarse. Por su parte, el canon 2531 del estatuto civil, señala que en la prescripción extraordinaria se presume la buena fe sin embargo de la falta de título adquisitivo de dominio, [p]ero la existencia de un título de mera tenencia, hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 1a.) Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos veinte (20) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción.- 2a.) Que el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. 5.- De acuerdo con los elementos de persuasión que integran el expediente, los accionados ingresaron a los inmuebles cuya reivindicación se pretende, con un título de mera tenencia, que posteriormente intervirtieron. En estas condiciones, la buena fe posesoria, es decir la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato, como lo prevé el artículo 768, inciso 2º del Código Civil, se encuentra desvirtuada, porque el diligenciamiento pone de presente que los demandados conocían de antemano su condición de tenedores y sin embargo deliberadamente la mutaron a la de poseedores y en eventos como este, según lo expuesto, la mala fe es reputada por la misma ley (artículo 2531 ejusdem). 1319 Así las cosas, demostrada la calidad de tenedores con que inicialmente ingresaron los accionados a los plurimentados fundos de propiedad de las promotoras de la acción de dominio y al no estructurarse las circunstancias consagradas en el precepto 2531 de la Codificación Civil, ni existir prueba de que ellos tuvieron la conciencia de haber adquirido las porciones reclamadas por las titulares del derecho de dominio por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio (artículo 768, ibídem), han de considerarse de mala fe, para efectos de las restituciones mutuas. FRUTOS - Determinación de los debidos por el poseedor que utilizó el predio para el pasto de ganado / PRUEBA PERICIAL- Fijación de frutos debidos por el poseedor - pasteo de ganado En virtud de que las actoras aseveraron haberle permitido al demandado Marco Tulio Orjuela que pastara ganado de su propiedad en los predios San Luís y Santa Inés, con la condición de que los cuidara y mantuviera en buen estado las cercas y como pericialmente se determinó que tales fundos no han tenido ninguna clase de tecnificación, la Sala acogerá la segunda opción que cuantificó aquellos, es decir, la que tuvo en cuenta el valor del pastaje, máxime cuando los convocados aceptan esta clase de explotación. El perito señaló que para el cálculo del valor mensual de pastaje producido naturalmente para el predio San Luís, pretendido en pertenencia, con un área aproximada de metros cuadrados ( hectáreas), para el año 2006, se tuvo en cuenta que el predio en mención no presenta tierras mejoradas, lo cual genera que se obtengan máximo tres (3) pastadas anuales y que el consumo aproximado de pastaje es de tres (3) vacas por hectárea. Además los valores o precios tomados como referencia, corresponden a los más comunes comercialmente manejados en la zona. En resumen, el auxiliar de la justicia precisó que [e]l valor del pastaje por vaca para el año 2006 es de treinta y dos mil ($ oo) pesos m/cte., por mes y realiza la siguiente operación: 3 vacas x $ oo x hectáreas = $ Por tanto, el valor de la pastada mensual, para el año 2006 será: $ x 3 pastadas año/12 meses = $ oo por mes. Así las cosas, como además el experto calculó el valor del pastaje del año 2002 a razón de $38.554,40 mensuales, que aplicando el I.P.C. incrementó a $48.590,oo para 2006, resulta admisible tomar como punto de partida para el cálculo de los frutos la anotada estimación y el procedimiento por él adoptado, solo que por la fracción que corresponda de aquella anualidad. 1420 SIMULACIÓN La creación de una sociedad en compañía de hijos legítimos no es indicio suficiente de simulación y burla de derechos herenciales SENTENCIA SUSTITUTIVA M PONENTE : DR.WILLIAM NAMÉN VARGAS FECHA : DECISIÓN : Confirma la sentencia de primera instancia PROCESO : DEMANDANTE : Fabio Martín Ruiz Blanco y otros DEMANDADOS : Herederos de Luis Emilio Ruiz Sierra ASUNTO: Mediante escritura pública debidamente registrada se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada entre el padre su esposa e hijos matrimoniales dejando por fuera a los extramatrimoniales para ese entonces menores de edad, sociedad en la que como aporte transfirió el dominio de todos sus bienes. El padre por intermedio de esa sociedad cedió o transfirió en lo que parecía un acuerdo de venta, la totalidad del interés social que poseía como socio de mayor aporte en la mencionada persona jurídica a otra conformada por sus hijos nietos y nueras. Los demandantes excluidos por su padre, quien nunca quiso reconocerlos como hijos, declarados así por la autoridad competente, accionan en calidad de herederos para reclamar mediante demanda reformada la declaración de simulación de esos contratos de compraventa y la reivindicación de todos los bienes trabados en la litis al causante socio de mayor aporte y representante legal de la sociedad primigenia con sus frutos naturales y civiles, tanto los hijos legítimos como la mencionada sociedad protestaron las pretensiones, aceptaron unos hechos, negaron otros y propusieron por excepciones la prescripción de la acción ordinaria de simulación, y la falta de legitimación de la causa por pasiva. Por su lado, el curador ad litem de los herederos indeterminados, puntualizó algunos aspectos, memoró la carga probatoria y pidió el decreto de pruebas. La sentencia de primer grado, no acogió las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante, providencia confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial al decidir la apelación interpuesta por los demandantes. La Corte, casó el fallo de segunda instancia al advertir el desacierto fáctico del ad quem en la interpretación de la demanda y su reforma al concluir como única pretensión incoada la simulación absoluta del negocio jurídico impugnado pese a hallar evidenciada de que se formulaba la relativa y abstenerse de declararla. En sede de instancia declara la falta de legitimación por pasiva de la sociedad demandada confirmando la sentencia que deniega las pretensiones. SOCIEDAD- Definición elementos de existencia constitutivos y de validez La sociedad se constituye en virtud de un contrato, por cuya inteligencia, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciados en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social (art. 98 C. co), definición legal de la cual surgen sus elementos esenciales definitorios, esto es, la pluralidad de personas, los aportes, el reparto de utilidades y el animus contrahendae societatis, y para cuya existencia deben concurrir íntegros sus elementos esenciales, o sea, la calidad de asociado, los aportes y la participación o distribución de riesgos, pérdidas y utilidades (artículos 2079 Código Civil y 98 Código de Comercio), cohesionados en el acuerdo asociativo (animus contrahedae societatis, animus societatis, afectio societatis), pues sin ellos, todos o uno, es inexistente o degenera en un tipo negocial distinto (artículo 898 C. de Co) (cas. civ. sentencia de 30 de junio de 2010, exp ). La sociedad, anota la Corte, resulta de la figura jurídica llamada contrato. La autonomía de la voluntad y su corolario la libertad contractual, sin otras limitaciones que las que les imponen las leyes por motivos de interés social y aun 15 Mostrar más
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 artículo 336
 artículo 333
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 artículo 56
 artículo 336
 artículo 2
 artículo 1622
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 artículo 694
 artículo 310
 artículo 248
 artículo 22
 artículo 105
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 Artículo 305
 artículo 368
 artículo 305
 artículo 952
 artículo 305
 artículo 964
 artículo 768
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 3
 Artículo 769
 artículo 19
 artículo 232
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 Artículo 553
 ARTÍCULO 1
 artículo 240
 Resolución 
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 2
 ARTÍCULO 50
 Resolución 
 artículo 148