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04003-2012-PHD/TC
Un miembros de la Asamblea Universitaria solicita a la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) información relacionada a préstamos, compras y adquisiciones realizadas por la Universidad. En primera y segunda instancia se rechazó la demanda de hábeas data al considerar que el demandante no había probado ser miembro de la Asamblea Universitaria de la UPLA, careciendo de representación procesal. El Tribunal Constitucional aclara que no es necesario acreditar representación en los procesos de hábeas data, ya que su titularidad corresponde a cualquier ciudadano. Sin embargo, declara improcedente la demanda pues, según el artículo 9° del T.U.O. de la Ley de Transparencia, las empresas privadas que brindan servicios públicos solo están obligadas a informar respecto a: a) las características de los servicios públicos que prestan; b) sus tarifas; y, c) funciones administrativas que ejercen (bajo concesión, delegación o autorización del Estado)
Universidad Peruana Los Andes (UPLA)
06759-2008-PHD/TC
03994-2012-PHD/TC
Se solicita a la empresa estatal Electro Puno S.A.A. copia de diversos documentos. El Tribunal Constitucional, dejándo de lado el criterio que solo puede solicitarse a empresas estatales información relacionada a: a) características de los servicios públicos que realiza; b) tarifas; c) funciones administrativas que ejerce, establece que la presencia de accionariado estatal y el control por parte del Estado de la empresa permite acreditar el interés público sobre la información que maneja. Por lo tanto, es posible darles el mismo tratamiento que a las entidades públicas y aplicar el principio de publicidad sobre toda la información que posean; salvo lo señalado en la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1031, la cual señala expresamente que la información confidencial de las empresas del Estado comprende también el secreto comercial así como toda aquella información cuya divulgación puede ocasionar un perjuicio a la empresa.
Entidades públicas Secreto comercial
Electro Puno S.A.A.
03156-2009-PHD/TC
00987-2012-PHD/TC
T.U.O. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. 043-2003-PCM) > TITULO III: ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO > Artículo 9.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios públicos
03859-2012-PHD/TC
Se solicita a la empresa SCI Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A. a) información documental sobre la transferencia de deuda por el Banco Wise Sudameris, b) se justifique la información de riesgo reportada ante la SBS y, c) se suprima dicha información. Respecto a la información documental sobre la transferencia de deuda, la empresa demanda manifestó haber informado verbalmente a la accionante sobre la situación de su deuda, sin embargo el Tribunal Constitucional considera que la entrega de lo solicitado no se satisface de forma verbal, debiendo cumplir con entregar copias fedateadas de la información. Por otro lado, respecto a las pretensiones b) y c), el Tribunal Constitucional declara improcedente dichos extremos de la demanda pues no se ha comprobado que la información de riesgo enviada a la SBS sea errónea.
SCI Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.
03774-2012-PHD/TC
El demandante solicita a la Oficina de Normalización Previsional copia de su expediente administrativo, con expresa condena de pago de costos procesales. En primera y segunda instancia se declara fundada la demanda, sin embargo se exonera el pago de costos y costas en aplicación del artículo 413° del Código Procesal Civil. El Tribunal Constitucional, revocando dicho extremo de la decisión, ordena el pago de costos procesales pues el artículo 56° del Código Procesal Constitucional establece la obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda, aclarando que la aplicación supletoria del Código Procesal Civil solo es posible cuando existe un vacío o defecto legal.
04242-2012-PHD/TC
El demandante interpone proceso de hábeas data contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solicitando información concerniente a su solicitud de calificación por la Comisión Ejecutiva creada por el artículo 6° de la Ley N.° 27803. En primera y segunda instancia se rechaza la demanda al considerar que el Ministerio dió respuesta sobre el estado de su solicitud de evaluación. Finamlente, el Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda al no haberse acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional, pues en sede administrativa se solicitó la inscripción en el registro de extrabajadores cesantes, en un recurso de apelación se solicitó información sobre la revisión de su cese y en sede judicial se solicitó copia del acta de evaluación e individualización de su expediente, no existiendo relación entre lo solicitado en sede administrativa y lo peticionado en sede judicial.
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References: artículo 9
 Artículo 9
 artículo 413
 artículo 56
 artículo 6
 artículo 62