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Agroalimentario - Enero 2015 - Lexology
Agroalimentario - Enero 2015
Spain January 14 2015
I. Agroalimentario Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural (BOE de 20 de diciembre de 2014) Este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable para el periodo 2015-2020 a los siguientes regímenes de ayuda comunitarios establecidos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común: a) un pago básico a los agricultores («régimen de pago básico»); b) un pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; c) un pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola; d) un régimen de ayuda asociada voluntaria; e) un pago específico al cultivo del algodón. Igualmente, se regula un régimen simplificado para los pequeños agricultores y se establecen las bases para la aplicación en España del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios, sistema que será también de aplicación a las medidas de desarrollo rural listadas en el artículo 67.2, del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común. Constituyendo una de las principales finalidades de la reordenación de la PAC la apuesta por una agricultura más profesional y activa frente al apoyo a la producción y a la superficie del sistema anterior, se define la figura de agricultor activo y se fijan los requisitos que le permiten entrar en el sistema de pagos directos, con las excepciones a los requisitos de agricultor activo que se establecen en el artículo 9 del reglamento y las actividades excluidas ex artículo 10. Los requisitos que definen al agricultor activo se contienen en el artículo 8.1 y consisten en que: a) sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos supongan, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo disponible más reciente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 8; y b) el solicitante se encuentre inscrito en los registros que las autoridades competentes tengan dispuestos de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios en el momento de la solicitud.Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Enero 2015 2 Destacado objetivo de la nueva PAC es también la mejora del comportamiento medioambiental, resultando obligatorio para los pagos directos el apoyo a prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Estas prácticas agrícolas, que no tendrán que aplicarse en las superficies dedicadas a cultivos permanentes, se concretan en la diversificación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y el establecimiento de superficies de interés ecológico en sus explotaciones. En cuanto al pago suplementario para los jóvenes agricultores, tendrán derecho al mismo aquellos que: (i) no tengan más de 40 años en el año de presentación de su primera solicitud de derechos de pago básico; (ii) se instalen por primera vez en una explotación agraria como responsables de la misma, o se hayan instalado en dicha explotación, como responsables, en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico; (iii) tengan derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico y hayan activado los correspondientes derechos de pago; (iv) cumplan las condiciones establecidas para los jóvenes agricultores, tanto personas físicas como jurídicas, en el marco de la asignación de derechos de la Reserva Nacional de Pago Básico regulada en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común. Se concederá una ayuda asociada a los agricultores de determinados cultivos que afronten dificultades con el objeto de incentivar el mantenimiento de los actuales niveles de producción. Asimismo, se concederá una ayuda a los agricultores que produzcan algodón con determinados requisitos. Esta ayuda asociada adoptará la forma de un pago anual por hectárea de superficie cultivada y se concederá únicamente a los agricultores que cumplan la definición de agricultor activo. Por su parte, la ayuda asociada voluntaria a ganaderos de determinados sectores que afronten dificultades adoptará la forma de un pago anual por animal debidamente identificado y registrado, sin que ningún animal pueda recibir ayuda asociada por más de una de las ayudas asociadas establecidas con independencia de que pudiera reunir los requisitos de elegibilidad simultáneamente para más de una de ellas. El régimen simplificado para pequeños agricultores incluirá de forma automática a los agricultores que en 2015 posean derechos de pago básico y su importe total de pagos directos a percibir sea inferior a 1.250 euros, salvo que expresamente decidan no participar en dicho régimen y así lo comuniquen antes del 15 de octubre de 2015. Los agricultores que participen en este régimen quedarán exentos de aplicar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente y no serán controlados con base en el artículo 100 relativo a la aplicación de la condicionalidad. Tampoco se les aplicarán las penalizaciones previstas por declaración incompleta de las superficies de todas las parcelas agrícolas de la explotación en la solicitud única. Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común (BOE de 20 de diciembre de 2014) La asignación de nuevos derechos de pago se basa, como regla general, en el número de hectáreas admisibles a disposición de los agricultores en 2015, primer año de aplicación del régimen. El régimen de pago básico se aplicará con base en un modelo nacional de regionalización, utilizando la comarca agraria como unidad básica para establecer la regionalización. A su vez, las comarcas agrarias se dividen según las orientaciones productivas que presentaban en la campaña de referencia 2013: tierras de cultivo, cultivo permanente y pasto permanente; y, en el caso concreto de las tierras de cultivo, se subdividen en tierras de cultivo de secano y tierras de cultivo de regadío. Además, se utiliza el potencial agrario regional, basado en los rendimientos y capacidad productiva de las comarcas agrarias en la campaña 2013. Finalmente, se tiene también en cuenta el criterio socioeconómico para ponderar la importancia de determinados cultivos y producciones en algunas comarcas agrarias. Sobre la base de los citados tres criterios, las regiones se establecen agrupando las diferentes orientaciones productivas comarcales, siguiendo como criterio de agrupación un potencial agrario regional semejante.Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Enero 2015 3 Para el cálculo del valor unitario inicial se tomará como referencia el nivel de pagos percibidos en la campaña 2014, antes de reducciones y exclusiones, correspondientes a los esquemas de ayudas pagados en dicha campaña y cuyos importes se mantienen desacoplados o pasan a desacoplarse parcial o totalmente a partir de 2015. El acercamiento de los valores unitarios iniciales hacia el valor medio regional se realizará de forma progresiva hasta la campaña 2019 para evitar grandes impactos a nivel individual, sectorial y territorial. Por otra parte, para evitar valores unitarios de derechos que disten mucho de su media regional y alcanzar el objetivo final de la convergencia de las ayudas, los derechos de pago en 2019 no tendrán un valor inferior a un determinado porcentaje de la media de la región correspondiente. Los agricultores con derechos de elevado valor unitario financiarán esta convergencia mediante la reducción del valor de los derechos de pago que en 2019 tengan un valor superior al de la media, aunque para evitar pérdidas desproporcionadas para algunos agricultores, se fija un techo máximo en tales reducciones. Adicionalmente, para evitar que un incremento de la superficie admisible atenúe desproporcionadamente el importe de los pagos directos por hectárea y afecte al proceso de convergencia interna, cuando se efectúe la primera asignación de los derechos de pago se establecerá una limitación individual de la superficie, de forma que se asignen tantos derechos de pago básico como el menor número de hectáreas resultante de comparar el total de las hectáreas admisibles declaradas en la solicitud única 2013 y el total de las hectáreas admisibles declaradas en la solicitud única 2015. Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (BOE de 20 de diciembre de 2014) Este real decreto establece las normas de aplicación en España del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) y su utilización como instrumento de gestión en el marco del sistema integrado de gestión y control y resto de regímenes de ayuda relacionados con la superficie de la política agrícola común. El SIGPAC es un registro público de carácter administrativo, dependiente del Fondo Español de Garantía Agraria y de las consejerías con competencias en materia de agricultura de las comunidades autónomas, que contiene información de las parcelas susceptibles de beneficiarse de las ayudas comunitarias relacionadas con la superficie y dispone de soporte gráfico del terreno y de las parcelas y recintos con usos o aprovechamientos agrarios definidos. Se configura como una base de datos geográfica que contiene la delimitación geográfica de cada recinto con su referencia individualizada, el atributo correspondiente a su uso agrario y otra información relevante, además de otras cartografías necesarias para cumplir su función, y ortofotografías y mapas de referencia de todo el territorio nacional. A los efectos de las solicitudes de ayudas de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, pagos al desarrollo rural y cualesquiera otras subvenciones o registros públicos en los que se utilice el SIGPAC como referencia para la declaración de superficies, el agricultor que declara los recintos SIGPAC por los cuales se solicitan dichas ayudas o la inscripción en el registro correspondiente es el responsable último de que la información, tanto gráfica como alfanumérica, registrada en el SIGPAC, sea verídica y coincidente con la realidad, debiendo comprobar que la delimitación gráfica y el uso del recinto SIGPAC se corresponden con la realidad del terreno y que el recinto no contiene elementos no elegibles. Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Enero 2015 4 Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola (BOE de 20 de diciembre de 2014) Los beneficiarios de los pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola establecidos en el artículo 1 del real decreto, habrán de cumplir las normas de condicionalidad relativas a medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrícolas de la tierra, salud pública, sanidad animal y fitosanidad, que se contienen en el anexo I, así como las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra establecidas a nivel nacional definidas en el anexo II, y lo que se establezca en la normativa autonómica en desarrollo de estas obligaciones. Las normas de condicionalidad también incluirán el mantenimiento de pastos permanentes en 2015. El FEGA, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un plan nacional de controles de la condicionalidad en el que se recogerá cualquier aspecto que se considere necesario para la realización coordinada de controles sobre el terreno y controles administrativos, determinando el incumplimiento de las obligaciones de condicionalidad previstas la aplicación de penalizaciones en forma de reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC. Entre los cambios más relevantes del sistema de condicionalidad para el nuevo periodo, se encuentran la reorganización de los requisitos legales de gestión y normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra en una única lista agrupada por áreas y temas (agua, suelo, reservas de carbono, biodiversidad y el paisaje, así como un nivel mínimo de mantenimiento de la tierra) y la exclusión de una serie de requisitos y normas anteriormente considerados que simplifican la ordenación de la materia. Los agricultores incluidos en el régimen de pequeños agricultores quedan exentos de la condicionalidad, de su sistema de control y, en consecuencia, de la aplicación de penalizaciones por su incumplimiento. Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE de 20 de diciembre de 2014) El presente real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable a las siguientes medidas recogidas en el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018 en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola: a) promoción de mercados en terceros países; b) reestructuración y reconversión de viñedos; c) eliminación de subproductos; d) inversiones; e) innovación; y f) cosecha en verde. Podrán ser objeto de las medidas de promoción en mercados de terceros países los vinos con denominación de origen protegida, los vinos con indicación geográfica protegida y los vinos en los que se indique la variedad de uva de vinificación. En cuanto a la reestructuración y reconversión de viñedos, será de aplicación a los viñedos que se destinen a la producción de uva para vinificación. Podrá concederse apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos para la reimplantación de viñedos, reconversión varietal y mejora de las técnicas de gestión de viñedos. Por otra parte, podrá concederse apoyo a la replantación a los viticultores que hayan sido obligados a arrancar una superficie de viñedos por motivos sanitarios o fitosanitarios por haberlo así establecido la autoridad competente de la comunidad autónoma, y siempre que en dicho arranque se haya cumplido lo dispuesto en la Directiva 2000/29/CE del Consejo y en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. La obligación que se impone a los productores de eliminar los subproductos obtenidos en la transformación no resulta de aplicación a aquellos que, en la campaña vitícola que se trate, no produzcan más de 25 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones.Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Enero 2015 5 Con objeto de mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como de aumentar su competitividad, se concederá apoyo financiero a las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola y estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles. Por otra parte, con la finalidad de mejorar la comercialización y la competitividad de los productos vitivinícolas, se concederá apoyo a las inversiones tangibles o intangibles destinadas al desarrollo de nuevos productos, procedimientos y tecnologías, relacionados con los productos que se describen en el anexo VII parte II del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y que se hayan producido en el territorio español. Por último, y para evitar crisis de mercado y recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá decidir antes del 15 de abril de cada año, previa solicitud debidamente justificada de una o varias comunidades autónomas, conceder una ayuda a la cosecha en verde, entendiéndose por ésta la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas cuando todavía están inmaduros, de manera que se reduzca a cero el rendimiento de la parcela, sin que puedan existir uvas sin vendimiar en la parcela de viñedo objeto de la ayuda. Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020 (BOE de 20 de diciembre de 2014) El presente real decreto mantiene los mecanismos establecidos por el Real Decreto n.º 1113/2007, de 24 de agosto, por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas regionales de desarrollo rural (Marco nacional, Comité Nacional de seguimiento y organismo de coordinación de las autoridades de gestión), e incorpora la creación de un Programa nacional de desarrollo rural, en aplicación del artículo 6.2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dotado de su propia autoridad de gestión. Además, se crea el Comité de coordinación de las autoridades de gestión, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y compuesto por todas las autoridades de gestión de los programas regionales, a fin de debatir y acordar conjuntamente los aspectos comunes que afecten a la aplicación y ejecución de los programas. Por otra parte, en este periodo de programación desaparece el antiguo Comité de Participación de la Red Rural Nacional, que quedaría ahora incluido en la estructura del Comité de Seguimiento del programa nacional que, como programa de desarrollo rural, tiene la obligación reglamentaria de contar con un comité de seguimiento propio. En cumplimiento de la normativa comunitaria, el proyecto exige que el contenido de los programas regionales y nacional de desarrollo rural se ajuste a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento n° (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y en el Reglamento de ejecución (UE) n° 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del anterior. Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación (BOE de 30 de diciembre de 2014) Mediante este real decreto se persigue el refuerzo de las garantías sanitarias ofrecidas por el sistema de certificación veterinaria para la exportación y la mejora de la coordinación y la comunicación entre las autoridades competentes que participan en dicho sistema, así como la simplificación de la obtención de certificados veterinarios de exportación mediante la utilización de sistemas electrónicos de comunicación y la creación de una aplicación en línea para la gestión integral de la solicitud y el procedimiento de emisión.Novedades Jurídicas Agroalimentarias | Enero 2015 6 Entre otros, se concretan las necesarias actuaciones de los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera, que serán quienes tendrán competencia exclusiva para la emisión de certificados veterinarios de exportación, previa realización de las comprobaciones y controles precisos, bien documentales, de identidad o físicos, según proceda, para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el certificado veterinario de exportación solicitado, la correspondencia de la mercancía con los datos suministrados en la solicitud, su estado general o cualquier otra comprobación que resulte precisa. Tras la realización de los controles, los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera comunicarán la no intervención, emitirán el certificado veterinario de exportación, o notificarán al exportador la propuesta de rechazo de la solicitud, según corresponda, caso este último en el que el exportador podrá formular alegaciones y aportar documentación adicional, tras lo que se adoptará la resolución final correspondiente frente a la que podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Este real decreto establece las obligaciones y responsabilidades de los exportadores, de los agentes certificadores, de los veterinarios oficiales de los Servicios de Inspección Veterinaria en Frontera y de los organismos independientes de control, y clasifica los certificados veterinarios de exportación en específicos o genéricos en función de los requisitos de certificación que los países importadores exijan para cada tipo de producto. Por otra parte, se crea el Comité de certificación veterinaria para la exportación, adscrito a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, para la coordinación de las autoridades intervinientes en el proceso de certificación veterinaria para la exportación y de las actuaciones previstas en el real decreto.
Sobre la problemática cesión y «retracto» de créditos litigiosos *

References: Real Decreto 
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 artículo 67
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 100
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 artículo 1
 Real Decreto 
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 artículo 6
 artículo 8
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 resolución 
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