Source: http://grupoonce.com/2014/03/29/boletin-informativo-marzo-2014/
Timestamp: 2019-01-21 13:00:13+00:00

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BOLETÍN INFORMATIVO: MARZO 2014 – Grupo ONCE
Sábado, 29 marzo 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- SE DICTA ACUERDO PARA LA CERTIDUMBRE EN MATERIA TRIBUTARIA. El pasado 27 de Febrero, en el marco de la reunión del gabinete especializado en política económica, denominado Gabinete Especializado de un México Próspero, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, dio a conocer el “Acuerdo para la certidumbre en materia tributaria”, el cual fue adoptado por los integrantes de dicho gabinete por instrucciones del Presidente de la República.
Según explicó el Secretario de Hacienda y Crédito Público, este acuerdo tiene por objeto que, tras la aprobación de la reciente reforma hacendaria, se genere certeza y certidumbre a la sociedad mexicana sobre cuáles serán las reglas que en materia fiscal regirán durante los próximos años.
Así, a través del citado acuerdo, el Ejecutivo Federal asume los siguientes compromisos:
1°.- No modificar la legislación tributaria.
A partir del día de hoy y hasta el 30 de noviembre de 2018, es decir, el último día de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo Federal se compromete a no proponer al Honorable Congreso de la Unión cambios en la estructura tributaria.
En específico, el Ejecutivo Federal se compromete ante la sociedad mexicana a no proponer al Congreso de la Unión nuevos impuestos, a no proponer al Congreso de la Unión aumentar las tasas de los impuestos existentes y a no proponer al Congreso de la Unión reducciones o eliminación de beneficios fiscales o exenciones existentes.
Lo anterior implica un compromiso del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a partir de hoy y hasta el final de su mandato, de que no se propondrán ajustes a la tasa, tarifas y bases imponibles del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, así como las aplicables al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, distintas a las ya aprobadas por el Congreso de la Unión.
2°.- Combate a la evasión fiscal y promoción de la formalidad.
El Gobierno de la República se compromete a combatir la evasión fiscal y promover la incorporación a la formalidad, con objeto de generar una competencia leal entre todos los agentes económicos y para que todos puedan contribuir al gasto público como lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior incluye la promoción de la incorporación de contribuyentes a la formalidad, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, así como fomentar una cultura de cumplimiento de las disposiciones tributarias entre la sociedad civil en general para lograr un sistema fiscal más justo y eficiente.
3°.- Pleno respeto a los derechos constitucionales de los contribuyentes y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación.
El Gobierno de la República respeta plenamente los derechos constitucionales de los contribuyentes, respecto a la presentación de demandas de amparo contra las disposiciones tributarias recientemente aprobadas, así como la libertad de todos los miembros de la sociedad mexicana para expresar sus puntos de vista y opiniones, y plantear propuestas relacionadas con la política hacendaria en el país.
4°.- Mejorar la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia en los ingresos y en el ejercicio del gasto.
El Ejecutivo Federal se compromete a implementar acciones de mejora para orientar los recursos a aquellas actividades que generen mayor valor público en un contexto de cercanía al ciudadano y modernidad administrativa, que mejore la eficiencia, eficacia, economía y desempeño del gobierno. Asimismo, se compromete a un ejercicio oportuno de los recursos públicos.
5°.- Mantener una trayectoria de déficit decreciente.
El Ejecutivo Federal se compromete a proponer al Honorable Congreso de la Unión niveles de déficit consistentes con la trayectoria decreciente planteada en los Criterios Generales de Política Económica para 2014 en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, cada una de las dependencias que conforman el Gobierno Federal establecerá las medidas necesarias para que se cumpla con el balance público aprobado por el Honorable Congreso de la Unión.
6°.- Excepciones para realizar modificaciones a las decisiones tributarias.
En el periodo que abarca desde el día de hoy hasta el 30 de noviembre de 2018 el Ejecutivo Federal sólo propondría modificaciones, en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales y extraordinarios ante los cuales sea inevitable realizar ajustes al marco tributario.
De no presentarse este tipo de eventos, el Gobierno Federal, como ya se ha dicho, no propondrá al Congreso de la Unión ajustes al marco tributario.
7°.- Régimen Fiscal en el sector energético.
Además de lo ya dicho en el punto anterior, sólo se propondrán modificaciones ante el Congreso de la Unión como parte de la Legislación Secundaria que deriva de la aprobación de la Reforma Energética constitucional del año pasado.
Al respecto, es necesario modificar el régimen fiscal que aplica al sector energético para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad puedan contar con los recursos que permitan alcanzar una mayor producción de hidrocarburos, así como una producción de electricidad más eficiente que permita reducir las tarifas eléctricas de forma sostenida.
8°.- Comunicación cercana y permanente con la sociedad civil.
Todas las dependencias y organismos miembros del Gabinete Especializado de México Próspero, deberán mantener una comunicación permanente y cercana con las distintas organizaciones y miembros de la sociedad civil, a fin de contar con una retroalimentación sobre la evolución y desempeño de la economía.
Asimismo, se emplearán mecanismos ya establecidos, en particular el Consejo Consultivo Empresarial para el Crecimiento Económico de México, para evaluar y proponer medidas de política pública que fomenten la inversión, la productividad y competitividad de la economía, así como la creación de empleos formales.
SEGUNDO.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESULEVE CONTRADICCION DE TESIS 451/2013. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos la Contradicción de Tesis 451/2013, en la cual determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercero interesado en los juicios de amparo promovidos en contra del auto de formal prisión dictado por la comisión de delitos fiscales.
Para tales efectos, la Primera Sala argumentó que tratándose de la comisión de delitos fiscales, dicha secretaría no posee la calidad de víctima u ofendida, por lo que la misma no puede tener el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo promovido en contra del auto de término constitucional; ni siquiera cuando ésta haya formulado la querella correspondiente por considerar que se cometió un delito en perjuicio del fisco federal, toda vez que tal querella la formula en carácter de autoridad fiscal derivado de sus funciones oficiales de recaudación, inherentes a la citada dependencia de la Administración Pública Federal, en su carácter de representante de los intereses patrimoniales del Estado.
Sobre esa base, los ministros remarcaron que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, sólo le otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la representación del Estado para las actuaciones expresamente señaladas en éste, sin que se deba considerar que la tiene para cualquier acto jurídico relativo al proceso penal respectivo, y que por lo tanto, al no haber establecido el legislador federal que dicha secretaría debe representar al Estado también en los juicios de amparo respectivos, entonces no se puede considerar que la ostenta en tratándose de dicha actuación.
Lo anterior dio lugar a la siguiente jurisprudencia (aún pendiente de publicación):
Contradicción de tesis 451/2013. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 5 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.
TERCERO.- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DETERMINA QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBERÁ PAGAR LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES CONFORME AL SALARIO REAL. Al resolverse la contradicción de tesis 481/2013 sustentada por distintos tribunales colegiados de circuito, en relación con el supuesto de incumplimiento por parte del patrón de afiliar a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario que realmente perciben, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el referido Instituto deberá subrogarse en los derechos del trabajador y otorgarle las prestaciones que a éste le corresponden conforme al salario realmente percibido, siempre y cuando ello quede fehacientemente acreditado en el juicio laboral.
Al respecto, señaló que lo anterior no implica una repercusión en el patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues dicho organismo está en condiciones de exigirle al patrón el pago de las diferencias respectivas, así como de los recargos y accesorios correspondientes.
Asimismo, los ministros resolvieron que en el caso de que se haya demandado también al patrón, éste será condenado al pago de las diferencias entre el salario declarado y el que realmente percibió el trabajador y, por el contrario, en aquellos casos en que el patrón no hubiere sido llamado a juicio, no será necesario que en éste se le condene al pago de las cuotas omitidas, ya que el Instituto está facultado para fincar al patrón responsabilidad por los capitales constitutivos que procedan por dicha omisión.
CUARTO.- PRODECON ESTIMA QUE LA NUEVA MEDIDA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVA A LA PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CUYAS OPERACIONES SE PRESUMEN INEXISTENTES, NO VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES. Recientemente se publicaron en el Portal de Internet de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, diversos criterios sustantivos adoptados por dicha Procuraduría al dictar el Acuerdo de No Responsabilidad 1020-1-QRI-158/2014-D, en el cual se analizó si la disposición prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1º de Enero de 2014, relativa a la publicación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, de aquellos contribuyentes cuyas operaciones se presuman inexistentes, viola o no los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, protección de datos personales, principio de irretroactividad de las leyes, principios de presunción de inocencia y buena fe, así como si dicha disposición atenta contra la honra y nombre de los contribuyentes.
Al respecto, en lo que refiere al derecho fundamental de audiencia y debido proceso, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente determinó que el mismo no se ve afectado con la medida prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, argumentando que en la disposición analizada sí se verifican los elementos que integran el derecho humano al debido proceso, dado que esta primera publicación implica únicamente una presunción y es de carácter provisional, pues ante la actualización de la hipótesis prevista en el citado precepto, es decir que la autoridad fiscal detecte que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura, capacidad u otros elementos necesarios para prestar los servicios o enajenar los bienes amparados en los comprobantes respectivos; el procedimiento inicia con la notificación respectiva, para que los contribuyentes puedan manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos, en un plazo de quince días contado a partir de la fecha de la última notificación, y posteriormente la autoridad en un plazo de cinco días valorará las pruebas y defensas hechas valer y notificará la resolución a la que llegue, lo que ocasionará la publicación del listado definitivo en la página de internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación; por lo que a juicio de la Procuraduría, la medida analizada no vulnera el derecho de audiencia y debido proceso.
Por otro lado, en lo que atañe al derecho fundamental a la protección de datos personales, señala que con la medida analizada no se produce violación al mismo, en virtud de que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regular éste derecho en sus artículos 6º y 16, prevé que la ley podrá establecer supuestos de excepción, entre otros casos, tratándose de disposiciones de orden público o para proteger los derechos de terceros. De ahí que, al establecerse en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación la excepción al secreto en materia fiscal respecto de aquellos contribuyentes cuyas operaciones se presumen inexistentes, no se vulnera el citado derecho.
De igual manera, con respecto a los principios de presunción de inocencia y de buena fe, la Procuraduría estimó que éstos no se ven vulnerados, y que la medida analizada tampoco atenta contra la honra y el nombre de los contribuyentes; argumentando que no puede hablarse de presunción de inocencia y buena fe o afectación de la honra y el nombre, ya que el legislador determinó, atendiendo al interés público, que la reserva de datos no procede cuando se trate de contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal presume que se actualizan los supuestos del primer párrafo del artículo 69-B citado; pues esa publicación tiene precisamente como objeto, entre otros, permitir que los terceros que recibieron o puedan recibir esos comprobantes, conozcan la presunción que la autoridad les imputa, es decir, que se encuentra involucrado el interés público.
Finalmente, a juicio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la publicación de los contribuyentes cuyas operaciones se presumen inexistentes no viola el principio de irretroactividad de las leyes, aún cuando dicha publicación se efectué con motivo de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición contenida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; postura que sostiene en base al señalamiento de que el citado precepto legal, al establecer un procedimiento, tiene el carácter de norma adjetiva; por lo que estima que la misma sí puede aplicarse a situaciones jurídicas o hechos acontecidos con anterioridad a su entrada en vigor.
Así, fue en base a los anteriores razonamientos que la Procuraduría de la Defesa del Contribuyente dictó el Acuerdo de No Responsabilidad 1020-1-QRI-158/2014-D, determinando que la medida prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no viola los derechos fundamentales del contribuyente antes analizados; lo cual dio lugar a la emisión de los Criterios Sustantivos 2/2014/CTN/CS-SPDC, 3/2014/CTN/CS-SPDC, 4/2014/CTN/CS-SPDC, 5/2014/CTN/CS-SPDC y 6/2014/CTN/CS-SPDC, de rubros siguientes:
PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.
PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES.
PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. LAS CAUSAS Y MOTIVOS ESPECÍFICOS POR LOS QUE SE INCLUYE A UN CONTRIBUYENTE, SÓLO DEBEN PORMENORIZARSE EN LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y NO EN LAS NOTIFICACIONES PÚBLICAS.
PUBLICACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE BUENA FE, Y TAMPOCO ATENTA CONTRA LA HONRA Y EL NOMBRE DE LOS CONTRIBUYENTES.
Registro: 2005488
Tesis: I.1o.A.43 A (10a.)
Página: 2299
COMPROBANTES FISCALES SIMPLIFICADOS. EL CONTRIBUYENTE NO ESTÁ OBLIGADO A CONSERVARLOS DE MANERA IMPRESA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL DOCE). Mediante reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once, los requisitos de ese tipo de comprobantes, que antes se preveían en distintas disposiciones fiscales federales, fueron concentrados en el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación, el cual, a su vez, remite al diverso 29-A, fracciones I y III, del mismo ordenamiento. Entre los requisitos que prevén esas disposiciones, no está el relativo a que deban ser emitidos en original y copia. En estas condiciones, aun cuando el artículo 86, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, dispone la obligación del contribuyente de conservar a disposición de la autoridad fiscal, una copia de los comprobantes fiscales que expida, no precisa en qué forma, de suerte que su interpretación sistemática con el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación permite concluir que el legislador dio al contribuyente la posibilidad de conservar el registro de las operaciones gravables que realiza electrónicamente, esto es, mediante el uso de máquinas registradoras, equipos o sistemas de comprobación. Por tanto, no está obligado a conservar los comprobantes de manera impresa.
Amparo directo 588/2013. Krispy Kreme México, S. de R.L. de C.V. 26 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: Ana Margarita Mejía García.
Registro: 2005545
Tesis: 2a./J. 165/2013 (10a.)
Página: 1051
Registro: 2005583
Tesis: I.2o.A.8 A (10a.)
Página: 2348
DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA POR CORREO. EL ARTÍCULO 13, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL DISPONER QUE DEBE DEPOSITARSE EN EL LUGAR DONDE RESIDE EL DEMANDANTE, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer que la demanda con la que se da inicio al juicio de nulidad puede ser presentada vía correo certificado del Servicio Postal Mexicano cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala que deba conocer del asunto, siempre y cuando el envío se efectúe en el lugar en que resida, resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, así como en los diversos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si bien prevé dicho mecanismo de presentación para evitar que los gobernados tengan que trasladarse hasta la sede del órgano jurisdiccional, evitándoles gastos de trasporte y facilitándoles el acceso a la justicia contencioso administrativa, la condicionante referida resulta injustificada e inexplicable, puesto que desconoce que, en la práctica, puede existir un gran número de circunstancias por las cuales la parte actora se encuentre, al momento en que deba presentar su demanda de nulidad, en un lugar distinto de donde reside regularmente, sin que se advierta la existencia de una causa objetiva y razonable para que no pueda hacerlo desde donde se encuentre. Lo anterior es así, pues permitir que la demanda sea presentada por correo desde cualquier lugar donde se encuentre el interesado, en sí mismo no representa ninguna ventaja indebida para el actor en perjuicio del demandado, en tanto que no se traduce en la ampliación del término que tiene para impugnar el acto en cuestión, ni en que quede eximido de cumplir con los requisitos procesales correspondientes, y en cambio resulta una medida efectiva para evitarle gastos innecesarios de transporte y permitirle acceder a la justicia, pues en los casos referidos el texto de la norma lo obliga a regresar a su domicilio habitual a presentar la demanda por correo, o a acudir a la ciudad donde se encuentre la sede de la Sala competente para entregarla directamente. En otras palabras, no se advierte qué bien jurídico o institución procesal se pretende salvaguardar con la prohibición de presentar la demanda en una oficina de correos distinta a la del lugar habitual de residencia del actor, a pesar de que el propio artículo establece que podrá señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en cualquier parte de la República -o incluso por Internet cuando se opte por el juicio en línea-, siendo así contradictorio que se le exija presentar la demanda en un solo lugar, y después se le permita recibir notificaciones por correo en cualquier otro sitio del país; sobre todo en una época donde muchas personas encuentran su sustento en actividades económicas, profesionales o comerciales que suelen llevar a cabo sin tener una residencia permanente, fenómeno frente al cual el Estado debe responder con normas que sean acordes a una realidad económica, social y cultural de gran dinamismo, enmarcada en un entorno globalizado, donde la geografía deja de ser un punto de referencia importante para la determinación de los derechos de los individuos. Desde otra perspectiva, el precepto que se examina limita indirectamente la defensa del gobernado, pues lo sujeta a buscar asesoría jurídica en su lugar de origen o, en caso de pedirla fuera de él, a realizar un doble traslado para regresar y presentarla en el primero, lo cual hace que dicha exigencia se torne innecesaria, exagerada y finalmente gravosa, tanto en lo económico como en la disponibilidad de tiempo, que en estos casos es un elemento de gran valor, porque es implacable y no se puede manejar caprichosamente. Así, el precepto referido no resiste un test de proporcionalidad, puesto que no se advierte cuál pudiera ser el fin constitucionalmente válido o legítimo que se persiga con tal limitación al derecho fundamental de acceso a la justicia, y no existiendo tal finalidad, menos puede determinarse si la medida controvertida es apta para conseguirlo; si pudiera existir una menos gravosa para lograrlo bajo el principio de mínima intervención, o si tal medida procura algún beneficio mayor que justifique la intervención o limitación del derecho que, en principio, tiene todo gobernado para presentar una demanda de nulidad por correo a fin de no trasladarse hasta la sede del órgano jurisdiccional correspondiente.
Amparo directo 564/2013. J. Jesús Padilla Padilla. 26 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Gaspar Paulín Carmona. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Ulises Oswaldo Rivera González.
Registro: 2005645
Tesis: PC.XXX. J/6 A (10a.)
FIRMA AUTÓGRAFA EN EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD. APLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 195/2007 Y 2a./J. 13/2012 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LA ACTORA AFIRME QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CARECE DE AQUÉLLA Y LA DEMANDADA REFUTE ESE ARGUMENTO SOSTENIENDO QUE EN LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN SE ASENTÓ QUE SE HIZO ENTREGA DE ESA RESOLUCIÓN EN ORIGINAL, INCLUYÉNDOLA. Los referidos criterios jurisprudenciales son aplicables en caso de que en un juicio contencioso administrativo la actora arguya que la resolución impugnada carece de validez por la ausencia de firma autógrafa de la autoridad que la emitió, en términos del artículo 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, y al contestar la demanda ésta afirme que dicha resolución fue notificada a la accionante con firma autógrafa (y para acreditar esta aseveración aporte las constancias relativas); de ahí que corresponde a la autoridad emisora la carga de la prueba, aun cuando exista la constancia del notificador que afirme que sí la contiene, pues si bien lo asentado por el notificador tiene la presunción de legalidad prevista en los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para establecer las cargas probatorias debe atenderse al sistema de distribución previsto al efecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles y no en la presunción de legalidad referida. Por tanto, basta que la autoridad afirme en su contestación que el acto contiene firma autógrafa, para que quede obligada a demostrarlo, pues la mayor facilidad de prueba, que en general tiene el hecho positivo, la obliga a ofrecer la prueba pericial grafoscópica, que constituye el único medio idóneo para acreditarlo.
Contradicción de tesis 2/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 6 de diciembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín, Lucila Castelán Rueda y Silverio Rodríguez Carrillo. Disidentes: Esteban Álvarez Troncoso y Álvaro Ovalle Álvarez. Ponente: José Luis Rodríguez Santillán. Secretaria: Wendolyne de Jesús Martínez Padilla.
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos 211/2010, 260/2012, 351/2013, 445/2013 y 517/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver los amparos directos 1151/2012, 36/2013, 373/2013, 431/2013 y 444/2013.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 195/2007 y 2a./J. 13/2012 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 243, y Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 770, con los rubros: “FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ÉSTE LA CONTIENE.” y “FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SÍ LA CONTIENE.”, respectivamente.
Registro: 2005755
Tesis: IV.3o.A.22 K (10a.)
Página: 2418
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA DE FORMA INDUDABLE Y MANIFIESTA SI PRETENDE RECLAMARSE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA, EN TANTO QUE LA EVENTUAL RESTITUCIÓN QUE HABRÍA DE OTORGARSE AL QUEJOSO EN SUS DERECHOS IMPLICARÍA DAR EFECTOS GENERALES A LA SENTENCIA, LO CUAL PROSCRIBE EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD QUE LA RIGE, AUN CUANDO EL QUEJOSO ADUZCA QUE EL ACTO IMPUGNADO TRANSGREDE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL. La figura de la improcedencia constituye un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo. En esa virtud, el juzgador se encuentra facultado para analizar si los efectos de una eventual concesión de la protección de la Justicia Federal pueden ejecutarse, a fin de restituir al quejoso en el derecho que aduce transgredido. Así, constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable, como acontece cuando para ello se violan los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de relatividad que rige las sentencias en la materia, previsto en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, dicha improcedencia se actualiza de forma manifiesta e indudable si pretende reclamarse una omisión legislativa, en tanto que la eventual restitución que habría de otorgarse al quejoso en sus derechos implicaría dar efectos generales a la sentencia, lo cual proscribe el principio de relatividad mencionado, aun cuando el quejoso aduzca que el acto impugnado transgrede un instrumento internacional, pues en virtud del reclamo mencionado, no pueden soslayarse las instituciones procesales existentes en el derecho interno, como son los principios rectores de este medio extraordinario de defensa.
Queja 105/2013. Ricardo Encarnación Chávez Pérez. 13 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Domínguez Rodríguez.
Registro: 2005496
Tesis: VII.2o.A.3 A (10a.)
Página: 2423
IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL DE GASOLINAS O DIESEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. COMO EL HECHO IMPONIBLE SE ACTUALIZA AL REALIZARSE LA VENTA DEL COMBUSTIBLE AL “PÚBLICO EN GENERAL”, Y ESA FRASE EQUIVALE A “CONSUMIDOR FINAL”, ES IRRELEVANTE SI LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LA OPERACIÓN CONTIENEN O NO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece un tributo específico que se causa por la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas o diesel, el cual se calcula aplicando las cuotas ahí señaladas por litro de combustible. También dispone que quienes realicen la venta final (sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria) trasladarán al comprador un monto equivalente al impuesto causado, con lo que se busca que el efecto económico del tributo impacte en el consumidor final, y se evidencia que el objeto del gravamen es la venta final al público en general, entendido como el consumidor del combustible, esto es, quien lo adquiere para su propio uso y no para su venta posterior. Por otra parte, su naturaleza de impuesto al consumo se ha definido en la jurisprudencia P./J. 5/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1113 del Tomo XXIX, abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: “GASOLINAS Y DIESEL. EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE ESOS PRODUCTOS, GRAVA SU CONSUMO FINAL.”. De esta manera, del análisis sistemático de la ley mencionada, de la interpretación jurisprudencial realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa y en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, relativos a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007 al ordenamiento señalado, se colige que, con la expresión “público en general”, contenida en el artículo 2o.-A, fracción II, mencionado, se hace referencia al “consumidor final”, en la inteligencia de que tiene ese carácter cualquier persona distinta de los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien, las estaciones de servicio, tan es así que únicamente las ventas realizadas a estas personas se encuentran exentas de la contribución referida, acorde con el artículo 8o., fracción I, inciso a), de la propia ley. Lo anterior evidencia que el significado y alcance de la locución “público en general” utilizada en la configuración del impuesto a la venta final de gasolinas o diesel se desprenden de la propia mecánica del tributo; de ahí que no procede acudir al artículo 14, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación ni al 8o., fracción I, inciso d), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para desentrañar su sentido, pues si bien es verdad que dichos preceptos prevén que no se considerará enajenación con el “público en general” cuando se expidan comprobantes con los requisitos del artículo 29-A del código citado, dicha noción no tiene utilidad para efecto de dilucidar cuándo se causa el impuesto a la venta final al público en general de gasolinas o diesel. Por tanto, es irrelevante si los comprobantes expedidos por la enajenación contienen o no los requisitos de referencia, ya que, se reitera, para la actualización del hecho imponible basta que la venta se realice al “consumidor final”. Corolario de lo anterior es que el hecho de que al comprador de gasolina o diesel se le expida un comprobante con los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, no lo libera de la carga de aceptar el traslado del impuesto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Revisión fiscal 180/2013. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Salvador Pazos Castillo.
Registro: 2005687
Tesis: I.13o.A.2 A (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE PREVÉ SU PROCEDENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. La procedencia del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria por razón de la cuantía, se rige por el penúltimo párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que establece, como regla general, la siguiente: “… Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.” y, como excepción a esa regla prevé que cuando se impugnen resoluciones en las que las autoridades fiscales fijen créditos fiscales federales en cantidad líquida, en las que exijan el pago de éstos o aquellas que resuelvan recursos administrativos sobre esos conceptos: “sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones.”. Sin embargo, al no establecer ese precepto qué debe entenderse por “un mismo acto”, ni precisarse el concepto de “resolución”, a fin de definir el alcance de la regla general y su excepción, debe tomarse en cuenta que el acto administrativo es la declaración concreta de voluntad de un órgano de la administración en el ejercicio de su potestad administrativa, que produce un orden jurídico para un caso individual y, a diferencia de éste, una resolución es la decisión que dicta una persona investida de autoridad en el ejercicio de sus funciones, sobre un asunto o negocio de su competencia, de carácter imperativo, cuya validez se precisa en la esfera propia del órgano del Estado del cual emana y, por su propia sustancia, implica el poder de decidir, mandar, fallar u ordenar, que se manifiesta en “un acto de autoridad” como expresión general o particular de la actividad administrativa, lo que lleva a estimar que el acto administrativo, como declaración concreta de voluntad de las autoridades, es el continente, y la resolución, como decisión que se toma en ese acto, es el contenido, que puede expresarse en una, dos o más decisiones, por lo que el penúltimo párrafo del artículo citado debe interpretarse en el sentido de que un solo acto administrativo expresado en un documento u oficio puede contener una, dos o más resoluciones o decisiones sobre un asunto o negocio competencia de la autoridad emisora. De ahí que, si en el juicio contencioso administrativo se impugna un solo acto que contenga dos o más decisiones en las que se fije en cantidad líquida más de un crédito fiscal; se exija el pago de éste; se impongan dos o más multas o sanciones, pecuniarias o restitutorias, por infracción a las normas administrativas federales; se requiera el pago de dos o más obligaciones garantizadas en una póliza de fianza o de dos o más garantías que hubieren sido otorgadas en favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de entidades paraestatales de aquélla o recaigan a recursos administrativos, para la fijación de la cuantía de los asuntos, con el objeto de determinar la procedencia del juicio en la vía sumaria, de acuerdo con la regla general, debe considerarse en lo individual, sin acumularse cada una de las resoluciones o decisiones tomadas en el acto administrativo impugnado, expresado en un solo documento u oficio y, en el supuesto de excepción, en el cual se impugnen resoluciones en las que las autoridades fiscales fijen dos o más créditos fiscales federales en cantidad líquida, exijan el pago de éstos o resuelvan recursos administrativos sobre esos conceptos, para la consideración individual, sin acumulación, de cada una de las resoluciones tomadas en un solo acto, “sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones.”
Registro: 2005638
Tesis: 2a./J. 168/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 395/2013. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar y Joel Isaac Rangel Agüeros.
Tesis de jurisprudencia 168/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de diciembre de 2013.
Registro: 2005511
Tesis: P./J. 1/2014 (10a.)
RENTA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto establece que no se consideran créditos de las personas morales para efecto del ajuste anual por inflación los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. Ahora bien, de su interpretación conforme con el principio de proporcionalidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que no incluye los créditos que, aun cuando reúnan esas características, resulten estrictamente indispensables para la generación de ingresos de la persona moral, es decir, que son necesarios para la consecución del objeto social de la empresa y, por ende, requieren llevarlos a cabo para generar los ingresos que grava la ley de la materia, pues en este caso sí es posible considerarlos para determinar el ajuste anual por inflación, cuyo resultado puede ser acumulable o deducible. Así, el artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el citado principio constitucional, al reconocer que la inflación en las operaciones y bienes incrementa, disminuye o modifica su valor por el transcurso del tiempo y, por tanto, trasciende en la determinación de la base del tributo a cargo del contribuyente; esta congruencia significa que se considera la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de la relación tributaria, en la medida en que debe pagar más el que tenga una mayor capacidad contributiva y menos quien la tenga en menor proporción.
Registro: 2005512
Tesis: P./J. 2/2014 (10a.)
RENTA. EL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado numeral, al disponer que las instituciones de crédito, para determinar el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, en términos del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerarán como créditos los señalados en la fracción I del artículo 47 del citado ordenamiento (los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes), establece un trato diverso injustificado en razones objetivas y válidas, ya que pasa por alto que el fenómeno inflacionario afecta por igual las deudas y los créditos de todas las instituciones que componen el sistema financiero, además de que el trato distinto injustificado se dispone respecto de dos deberes que son a cargo de todas estas instituciones, a saber, el cálculo del ajuste anual por inflación y la determinación de la base gravable y el pago de la contribución correspondiente. Por tanto, no es racional ni constitucionalmente aceptable esa desigualdad en el trato, no obstante la diferencia en actividades, giro u operaciones de cada entidad financiera, toda vez que se está en presencia de un fenómeno que afecta por igual a todas las instituciones. Así, el artículo 52, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de equidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al distinguir, sin racionalidad alguna, a entidades que son impactadas, por igual, en sus deudas y créditos por la inflación económica, cuyos efectos, además, tienen que reconocer para realizar, de la misma manera, el cálculo del ajuste anual por inflación acumulable o deducible. Acorde con lo expuesto, la inconstitucionalidad del referido artículo 52, párrafo segundo, tiene como consecuencia que todas las instituciones del sistema financiero, sin distinción, para los efectos del ajuste inflacionario, podrán considerar como créditos los previstos en el artículo 47, fracción I, del citado ordenamiento, en la inteligencia de que deberán acreditar que son titulares de aquéllos y que constituyen un gasto estrictamente indispensable para la consecución de su objeto social.
Contradicción de tesis 5/2012. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8 de octubre de 2013. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos con salvedades, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández en contra de las consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número 2/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.
Registro: 2005642
Tesis: 2a./J. 163/2013 (10a.)
VISITA DOMICILIARIA. ALCANCES DEL TÉRMINO “DE INMEDIATO” CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Acorde con los artículos 28, 30, 44, fracción I, 45, 46, 49, fracción I y 53 del citado ordenamiento tributario, los contribuyentes, sus representantes legales o la persona con quien se entienda una visita domiciliaria, están obligados a conservar en su domicilio fiscal la contabilidad que conforme a las disposiciones fiscales tenga que llevarse y mantenerla a disposición de la autoridad fiscal. En ese sentido, si la visita domiciliaria constituye un acto de molestia desarrollado invariablemente en el domicilio fiscal del contribuyente y su objetivo consiste en que la autoridad revise en ese momento la contabilidad del visitado, a fin de conocer su situación fiscal, lo dispuesto en el inciso a) del referido artículo 53, respecto a que en el caso de que durante el curso de una visita domiciliaria las autoridades fiscales soliciten al contribuyente, responsable solidario o tercero, los libros y registros que formen parte de su contabilidad o, en su caso, los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, éstos deberán presentarse “de inmediato”, no significa que la persona visitada tenga un plazo para cumplir el requerimiento, sino que se entiende que tal documentación debe exhibirse inmediatamente después de haberse solicitado, esto es, de manera contigua o muy cercana y sin tardanzas, pues el contribuyente está obligado a tenerla a la mano en el lugar en el que se desarrolla la visita y siempre a disposición de la autoridad fiscal. En el entendido de que no debe considerarse un incumplimiento sancionable el que no se exhiba al instante o en el segundo inmediatamente posterior al requerimiento, pues la obligación de presentarla inmediatamente sólo significa que debe exhibirse sin tardanzas, y no que ni siquiera se tenga el tiempo indispensable para localizar lo solicitado en los libros, documentos, registros o archivos.
Contradicción de tesis 393/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Registro: 2005790
Tesis: I.13o.A.5 A (10a.)
Página: 2659
VISITA DOMICILIARIA. LA VIOLACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES PARA SU SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE LA NO ATENCIÓN POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE A DOS O MÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FORMULADAS POR LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El artículo 46-A, fracción IV, parte final, del Código Fiscal de la Federación establece una hipótesis en la cual podrán suspenderse los plazos, genérico y sus excepciones, para concluir las visitas domiciliarias, tratándose de la no atención por parte del contribuyente visitado a dos o más solicitudes de información formuladas por las autoridades tributarias, por un periodo que no podrá exceder de un año. Así, el bien jurídico tutelado por esa norma lo constituye la inviolabilidad del domicilio, derecho sustantivo protegido por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; regla general que encuentra su excepción en el antepenúltimo párrafo de ese precepto constitucional, donde se advierte que si bien es cierto que el Constituyente previó la posibilidad de que las autoridades fiscales practicaran visitas domiciliarias para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones fiscales, también lo es que acotó esa actuación a la irrestricta observancia de las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. En estas condiciones, el artículo 46-A citado, en su último párrafo, prevé una consecuencia para el caso de que se incumpla con el plazo máximo con que cuenta la autoridad para culminar con el ejercicio de sus facultades de comprobación, que no considera para cuando ésta exceda el de doce meses para suspender la diligencia, no obstante, éste guarda relación con aquél, en tanto que el objeto o bien jurídico tutelado, en ambos casos, es resguardar la inviolabilidad del domicilio frente al arbitrio de la autoridad fiscalizadora. Entonces, si de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 2/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 516, de rubro: “VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. SU CONCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.”, la autoridad fiscalizadora que continúa la visita domiciliaria o la revisión de gabinete hasta dictar la resolución liquidatoria, no obstante haber concluido el procedimiento fiscalizador con infracción del artículo 46-A, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, actualiza con su proceder la hipótesis de nulidad lisa y llana en el juicio contencioso. A fin de procurar la garantía de seguridad jurídica, debe concebirse similar consecuencia a la violación del plazo máximo de doce meses para la suspensión de la visita domiciliaria en la hipótesis inicialmente descrita, pues si el cómputo del plazo para su conclusión se hace sin tomar en cuenta el de suspensión y éstos no se apegaron a los plazos legales, no puede concluirse que la fiscalización se efectuó dentro de los doce meses que establece el artículo 46-A referido, pues ese cómputo partiría de una actuación ilegal de la autoridad fiscalizadora.
Revisión fiscal 404/2013. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, del Servicio de Administración Tributaria. 18 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretario: Moisés Manuel Romo Cruz.
VII-J-SS-74
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- FUNDA­MENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, SI ACTÚA COMO AUTORIDAD FISCAL FEDERAL, CONFORME A LA LE­GISLACIÓN VIGENTE HASTA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.- Conforme a las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, octava, décimo primera y décima tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, y su acuerdo modificatorio publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de agosto de dos mil tres y el tres de marzo de dos mil ocho respectivamente, el Distrito Federal asumió la administración de los ingresos federales en materia de diversos impuestos, así como las facultades de comprobación y cobro respectivas. Por su parte, conforme la fracción VIII del artículo 15, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal con relación al numeral 3 del inciso B) de la fracción VIII del artículo 7, así como las fracciones I, VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 81 del Reglamento Interior de la Adminis­tración Pública del Distrito Federal, la Subtesorería de Fiscalización, de la Tesorería del Distrito Federal, de la Secretaría de Finanzas de esa entidad federativa tiene competencia para ejercer las facultades de comprobación establecidas en las disposiciones fiscales federales, ello conforme al citado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Por tales motivos, la competencia territorial de la Subtesorería de Fiscalización no está fundada suficientemente sólo con la cita de la Cláusula Tercera del referido Convenio y el artículo 9 de la Ley Orgánica citada, porque la Cláusula Tercera sólo dispone que el Distrito Federal administrará los ingresos coordinados y ejercerá las facultades de comprobación con relación a las personas que tengan su domicilio fiscal dentro de su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades, mientras que el referido artículo 9 prevé únicamente los límites territoriales del Distrito Federal, máxime que en términos del Có­digo Financiero de esa Entidad Federativa, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, tampoco se desprende su competencia territorial.
Contradicción de Sentencias Núm. 24373/10-17-08-5/YOTRO/492/13- PL-07-01.- Resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de mayo de 2013, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/8/2014)
VII-J-1aS-91
REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL CONTRIBUYENTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA CONTROVERTIR LAS ACTUACIONES DESPLEGADAS EN DI­CHO PROCEDIMIENTO, AL SERLE AJENO.- De conformidad con lo previsto por los artículos 42 antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 55 fracción II y 56 del Regla­mento de dicho ordenamiento, se considera que el inicio de las facultades de comprobación, en relación con los contribuyentes que hayan presentado dictamen de estados financieros, se suscita cuando la autoridad fiscal requiera directamente al contribuyente la información y documentación que le permita verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo; por lo que, si el contribuyente auditado pretende controvertir en juicio la legalidad de las actuaciones realizadas por la autoridad fiscal al amparo de la revisión del dictamen de estados financieros efectuada con el Contador Público que lo emitió, dichos argumentos deberán ser desestimados al ser inoperantes, pues en la especie, el contribuyente carece de interés jurídico para controvertir actuaciones que le son ajenas, al no formar parte de la revisión de gabinete a que se encontró sujeto.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-5/2014)
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13836/10-17-04-9/1555/11-S1-02- 04.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de abril de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19424/12-17-10-5/542/13-S1-02- 04.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.
VII-P-1aS-730
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26517/09-17-04-8/203/11-S1-05- 04.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de agosto de 2013, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de agosto de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 27. Octubre 2013. p. 294
VII-P-1aS-731
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13364/11-17-10-5/851/13-S1-02- 04.- Resuelto por la Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de septiembre de 2013)
VII-P-1aS-756
(Tesis aprobada en sesión de 8 de octubre de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 28. Noviembre 2013. p. 210
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el dieciséis de enero de dos mil catorce.- Firman el Magistrado Guillermo Domínguez Belloc, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del Con­suelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.
ANTICIPOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1-B PRIMER PÁRRAFO, 17 Y 18 PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA COMPELIDO AL PAGO DEL IMPUESTO RESPEC­TIVO.- Conforme a lo establecido en los artículos 1-B primer párrafo, 17 y 18 primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efecti­vo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe; o bien, cuando el interés del acreedor haya quedado satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Por ello, cuando los ingresos deriven de un contrato de depósito, figura prevista en los artículos 2516 del Código Civil Federal y 335 del Código de Comercio, los contribuyentes se encuentran obligados al pago del impuesto al valor agregado, toda vez que los ingresos que se perciben con motivo del depósito en garantía no son de cantidades que se cobren al cliente como contraprestación del servicio pactado, sino en todo caso un anticipo de la contraprestación pactada; porque en el depósito, el depositario tiene la obligación de restituir el bien, y el anticipo se recibe a cuenta del precio que se pagará por la prestación de un servicio.
INGRESOS NOMINALES POR CONCEPTO DE GANANCIA CAM­BIARIA, NO PROCEDE DISMINUIR LA PÉRDIDA CAMBIARIA, PUES ELLO CORRESPONDE A UNA DEDUCCIÓN ÚNICAMENTE APLICABLE PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL IM­PUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL MAS NO PROVISIONAL.- De los artículos 9° y 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se advierte que las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, tendrán el mismo tratamiento que la Ley del Impuesto sobre la Renta establece para los intereses; es decir, se considerarán ingresos acumulables, y respecto de ellos, el contribuyente se encontrará obligado a los pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio de que se trate. En ese entendido, tratándose de pagos provisionales; es decir, pagos que se efectúan a cuenta del impuesto del ejercicio, se determinan en forma estimativa, lo que implica que no se realiza deducción a los ingresos sino la aplicación de un coeficiente de utilidad determinado. De lo que se colige, que para determinar los ingresos nominales por concepto de ganancia cam­biaria, no procede disminuir la pérdida cambiaria, pues ello corresponde a una deducción únicamente aplicable para efectos de la determinación del impuesto del ejercicio, mas no de los pagos provisionales, porque la me­cánica para el cálculo de los pagos provisionales establecida en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no prevé disminución alguna por ese concepto (deducción), sino que únicamente permite la disminución de la pérdida fiscal que se hubiere generado en el ejercicio anterior al que se trate.
VII-P-1aS-794
RÉGIMEN ESPECIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 36 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE REQUIERE CONTAR CON RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA APLICARLO.- El artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación, establece que las resoluciones administrativas de carácter individual en materia de impuestos que otorguen una autorización favorable a un particular y determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en que se concedan; asimismo, establece que al concluir el ejercicio para el que fue otorgada la autorización correspondiente, el contribuyente podrá someter a consideración de la autoridad las circunstancias para que se dicte otra resolución similar con otra vigencia. En ese contexto, se puede concluir, que mediante una autorización la autoridad fiscal, en ejercicio de una potestad discrecional, resuelve una situación específica y singular en función de las particularidades del sujeto y del caso, permitiendo que el contribuyente realice determinada conducta no prevista en ley, constituyéndose en su favor un régimen fiscal especial; pero dicho régimen fiscal especial, no puede subsistir sin una reso­lución expresa que lo autorice; por lo que, aun existiendo autorización para un ejercicio fiscal, si no existe otra autorización expresa para otro diverso, el contribuyente estará impedido para continuar aplicando un régimen fiscal especial, si no cuenta con la resolución de autorización respectiva.
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA­DES DE LAS EMPRESAS. SU DETERMINACIÓN, EN MATERIA FISCAL, NO ESTÁ CONDICIONADA A LA DEMOSTRACIÓN DE QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA TRABAJADORES EN EJERCI­CIO REVISADO.- De conformidad con el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 constitucional el monto de las utilidades participables es la base del impuesto sobre la renta, es decir, la prevista en el artículo 10 de la ley de la materia. En este contexto, si la autoridad, derivado del ejercicio de una facultad en comprobación fiscal, determina ingresos acumulables omitidos o rechaza deducciones, es evidente que se modificara la base gravable de ese tributo. De ahí que, la liquidación del reparto adicional de utilidades, en una resolución en materia fiscal, es una consecuencia fiscal por la modifi­cación de la base del impuesto sobre la renta. Por tal motivo, su liquidación no está supeditada a que la autoridad demuestre que el contribuyente tenía trabajadores, pues la determinación de dicho monto no es de carácter laboral, sino exclusivamente fiscal por la modificación de la referida base gravable.
VII-P-2aS-408
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. METODOLOGÍA PARA LA INAPLICACIÓN DE NORMAS LEGA­LES EN EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al expediente varios 912/2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011; se desprende que en el ejercicio de la delicada obligación constitucional de los juzgadores que les permite inaplicar una ley en el caso concreto, es necesario agotar, de manera sucesiva y consecuente, una metodología que tiene tres etapas: I) Parámetro de análisis.- En esta primera etapa, el juzgador debe identificar si la norma legal en cuestión tiene una posible colisión con algún derecho humano establecido en: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitu­ción Federal –así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación-; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes del citado órgano de justicia internacional, cuando aquel no haya sido parte; II) Interpretación.- En caso de subsistir la posible colisión entre la norma legal en cuestión y el derecho humano, en esta segunda etapa, partiendo del principio de la presunción de constitucionalidad de las leyes, los juzgadores deben proceder a realizar un contraste previo entre el Derecho humano a preservar y la norma legal en cuestión, a través de dos tipos de interpretación: a) Interpretación conforme en sentido amplio.- Los juzgadores deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, o b) Interpretación conforme en sentido estricto.- Cuando hay varias interpreta­ciones jurídicamente válidas, los juzgadores deben preferir aquella que haga a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y III) Inaplicación.- Cuando las alternativas de interpretación anteriores no sean posibles para resolver el caso concreto, en esta tercera etapa, el juzgador debe proceder a inaplicar la ley o norma en cuestión, sin hacer una declaratoria general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las que se consideren contrarias a los derechos humanos.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14931/11-17-09-7/66/12-S2-09- 03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fe­deral de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2012)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 55
-P-2aS-360
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 213/12-17-07-2/1736/12-S2-09- 03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 25. Agosto 2013. p. 778
VII-P-2aS-361
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5168/10-07-01-8/AC1/98/13- S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 818/12-20-01-4/AC1/689/13- S2-09-07.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de septiembre de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas.
VII-CASR-2NE-2
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A TRAVÉS DE IN­TERNET O FACTURA ELECTRÓNICA. SU VALORACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL.- En el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, particularmente en la fracción V, se establece que el comprobante fiscal digital que al efecto entregue un contribuyente a sus clientes, hará su similar al comprobante fiscal que al efecto se entregue en forma impresa, los cuales pueden ser validados y acreditados ante la auto­ridad fiscal, atendiendo que en las impresiones se contiene la cadena digital de los contribuyentes emisores. Ahora bien, en términos del numeral 29 del Código Fiscal de la Federación como de las reglas de carácter general contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, particularmente la indicada como I.2.7.1.2. no existe ninguna facultad para que la autoridad desconozca el valor de los comprobantes fiscales aportados en forma impresa por el contribuyente, bajo el supuesto que deban ser aprobados a través de validadores que tiene la autoridad, máxime que el Código Fiscal de la Fe­deración señala que los comprobantes impresos tienen el mismo valor que los denominados CFDI; en esta tesitura, si el contribuyente busca acreditar un derecho subjetivo como lo es la devolución de contribuciones, a través de documentos impresos de CFDI, la autoridad no tiene argumento alguno con el cual no pueda darle un valor probatorio a los mismos, mucho menos si de dichos documentos se desprende el sello digital del comprobante, pues este constituye un resumen de los datos plasmados en el cuerpo mismo del comprobante, que debe señalarse es autorizado por el propio Servicio de Administración Tributaria.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1975/13-06-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 de septiembre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Alejandra Rosas Ramírez.- Secretario: Lic. Hugo Armando Tenorio Hinojosa.
VII-CASA-V-19
INEXISTENCIA DEL ACTA FINAL. DERIVADA DE UN CITATO­RIO INEXISTENTE.- Si el citatorio previo a la notificación del acta final de la visita domiciliaria, se estima inexistente, resulta obligado concluir que carece de efectos legales y la autoridad no puede levantar el acta final, derivada de dicho citatorio, haciendo efectivo el apercibimiento legal de entender la diligencia con quien se encuentre en el domicilio, puesto que no efectuó la cita previa de manera legal. Al ser así, el acta final no se levantó, lo que se traduce en que la visita aún no concluye, pese a haberse emitido la liquidación correspondiente y se contraviene el plazo de conclusión de la misma establecido en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 461/13-QSA-2.- Expediente de origen Núm. 932/12-10-01-2.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de octubre de 2013.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Dolores Omaña Ramírez.- Secretaria: Lic. Eva María González Madrazo.
VII-CASA-V-23
PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO OPERA CUANDO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA SE DICTA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTEN­CIA.- En términos del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 del Código referido. No obstante, cuando se trata de una resolución en la que se determinan contribuciones omitidas, dictada en cumplimiento a una sentencia, resulta inaplicable el plazo de seis meses establecido en el citado artículo 50, pues este precepto rige el procedimiento con el cual culminó la resolución que fue materia de examen en la referida sentencia; pero no la que pretende su cumplimiento, ya que en este supuesto la autoridad queda sujeta al cumplimiento de un plazo legal distinto para dictar su resolución, establecido en el artículo 57, fracción I, inciso b, pá­rrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 552/13-QSA-3.- Expediente de origen Núm. 1016/13-10-01-1.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de octubre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina Paredes Hernández.
VII-CASA-V-25
FUSIÓN DE SOCIEDADES. LA QUE SUBSISTA TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL CRÉDITO DETERMINADO A LA SOCIEDAD EXTINTA Y EL DEBER DE TOMAR A CARGO LAS OBLIGACIONES DE ESTA.- Conforme al párrafo tercero del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extintas; por tanto, en el caso de que la autoridad haya ejercido facultades de comprobación, con anterioridad al acuerdo de fusión, que originen un crédito a la empresa fusionada y por ende exista obligación de cumplir con el pago de ese crédito, la sociedad que subsista a la fusión tiene tanto interés jurídico para controvertirlo en el juicio contencioso ad­ministrativo, como el deber de tomar a su cargo dicha obligación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 568/13-QSA-1.- Expediente de origen Núm. 181/13-10-01-8.- Resuelto por la Quinta Sala Auxiliar del Tri­bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de octubre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Claudia Selene Sagrero Rosas.
VII-TASR-NOIII-21
INDEMNIZACIÓN POR GASTOS Y PERJUICIOS. SUPUESTO EN EL CUAL NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE FALTA GRAVE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- El artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, señala que dicho órgano desconcentrado deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los gastos y perjuicios en que incurrió, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trate. Para estos efectos, se establece que únicamente se considera falta grave cuando la resolución impugnada: I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia; II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave y III. Se anule por desvío de poder. En ese orden de ideas, si se declara la nulidad de manera lisa y llana de la resolución impugnada, al ser la consecuencia de una solicitud de información y documentación en la que la autoridad incurrió en un vicio de indebida -por insuficiente-fundamentación de su competencia material para requerir la exhibición de los estados de cuenta del contribuyente, no se actualiza la causal de “falta grave” prevista en el artículo 34, fracción I, de la Ley del Servicio de Ad­ministración Tributaria, debido a que tal supuesto es totalmente distinto al contemplado en dicha fracción.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2286/11-03-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de abril de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Aguilar García.- Secretario: Lic. Hugo Arturo Gamboa de la Cruz.
VII-TASR-NOIII-22
INDEMNIZACIÓN POR GASTOS Y PERJUICIOS. SUPUESTO EN EL CUAL NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE FALTA GRAVE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- El artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria señala que dicho órgano desconcentrado deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los gastos y perjuicios en que incurrió, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trate. Para estos efectos, se establece que únicamente se considera falta grave cuando la resolución impugnada: I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia; II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave; y III. Se anule por desvío de poder. Teniendo en cuenta ello, se considera que no puede existir falta grave por parte de la autoridad demandada ni tampoco por parte de la unidad encargada de defenderla, si al resolverse un juicio, se determina que no fue la resolución impugnada, sino la solicitud de información y documentación que fue su antecedente, la que resultaba ilegal por una indebida fundamentación de la competencia material de la autoridad, y por ende, se considera que fue esa solicitud la que resulta contraria a diversas jurisprudencias que se refieren a la debida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. De igual forma, tampoco se actualiza esa falta grave, si se declara ilegal el acta de notificación de la resolución impugnada por ser contraria a una jurispruden­cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad, debido a que es esa diligencia y no la propia resolución impugnada, la que se considera violatoria de la jurisprudencia.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2286/11-03-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 17 de abril de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Aguilar García.- Secretario: Lic. Hugo Arturo Gamboa de la Cruz.465
VII-TASA-III-59
AUTODETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, SE GENERA CON EL RECONOCIMIENTO DEL ADEUDO HECHO POR EL CONTRIBUYENTE, SU AUTOCORRECCIÓN Y LA SOLICITUD QUE HAGA DE SU PAGO EN PARCIALIDADES, AUN CUANDO SU DETECCIÓN DERIVE DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y NO SE HAYA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR.- Más allá de que la detección de la omisión en el pago de la contribución, derive del ejercicio de facultades de comproba­ción, como puede ser la práctica de una visita domiciliaria –que igual puede ser una revisión de gabinete o cualquier otra facultad de comprobación–, es inconcuso que si antes de que dicha facultad de comprobación concluya o el procedimiento fiscalizador se agote; y si antes de que se emita determinación crediticia alguna por la fiscalizadora, la propia contribuyente reconoce sus adeudos fiscales; decide corregir su situación fiscal existente y entera en términos del artículo 66, fracción II del Código Fiscal de la Federación un tanto del adeudo fiscal, a efecto de realizar la solicitud (en forma voluntaria) de autorización para efectuar el pago del saldo insoluto de las contribuciones omitidas restantes en parcialidades; es decir, de manera voluntaria opta por el pago en parcialidades, incuestionablemente ello conlleva a la generación de una autodeterminación y hace inconducente e innecesaria ya una deter­minación crediticia de la autoridad fiscalizadora, pues lo anterior implica asimismo la existencia de un crédito fiscal líquido, exigible y determinado por la contribuyente, mismo que acepta tácitamente la autoridad fiscal al identificarlo con un número, por el monto relativo, produciendo entonces la exigibilidad del crédito; la que nace desde que el gobernado se coloca en la hipótesis normativa; sin que por ello se pueda consentir, ha de enfatizarse, en que la autoridad no deba de cualquier manera concluir el ejercicio de la facultad de comprobación que haya desplegado, como lo es el levantar el Acta Final relativa, el Oficio de Observaciones, etc.; de ahí lo infundado del argumento de la impetrante de legalidad de que no existe crédito fiscal determinado y notificado legalmente y de ahí que tal autodeterminación del crédito fiscal debe prevalecer, dado el reconocimiento del adeudo y autocorrección hechas por el contribuyente, aun y cuando la detección de dicho adeudo haya derivado del ejercicio de facultades de comprobación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2293/12-TSA-1.- Expediente de origen Núm. 481/12-05-01-4.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de septiembre de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo Hernández.- Secretario: Lic. José Luis Lee Elías.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE MARZO 2014

References: artículo 92
 ARTÍCULO 69
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 ARTÍCULO 13
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 RESOLUCIÓN 
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 ARTÍCULO 2
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 artículo 2
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 ARTÍCULO 58
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 ARTÍCULO 47
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 artículo 9
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 artículo 123
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 artículo 29
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 ARTÍCULO 50
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 artículo 48
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 artículo 57
 artículo 224
 ARTÍCULO 34
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 ARTÍCULO 34
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 artículo 66