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Timestamp: 2018-12-10 02:23:30+00:00

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﻿ Auto 2010-01739 de diciembre 1º de 2011
AUTO 2010-01739 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL. EN RELACIÓN CON EL PERÍODO DE LA INHABILIDAD EN LA CAUSAL DE VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES POR CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, ESTÁ LIMITADO AL AÑO ANTERIOR A LA ELECCIÓN Y NO A UN PERÍODO POSTERIOR A ÉSTA, DE MANERA QUE LAS INHABILIDADES PARA SER CONCEJAL TANTO ELEGIDO COMO LLAMADO A OCUPAR LAS CURULES VACANTES, SE APLICAN EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN Y NO DE LA POSESIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ELECCIÓN DEL CONCEJAL, PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL, INHABILIDADES PARA SER CONCEJAL
Auto 2010-01739 de diciembre 1º de 2011
Rad.:76001-23-31-000-2010-01739-01(PI)
Actor: Ernesto Garzón
Demandado: José Ermis Marín López
Bogotá, D.C., diciembre de dos mil once.
Está acreditado en el proceso que la demandada ostenta la investidura objeto de la demanda, al posesionarse en reemplazo de un concejal electo, según consta en Acta 022 de 5 de mayo de 2010, visible a folios 21 a 33 del expediente, y por consiguiente es sujeto pasivo de la presente acción.
La causal en que se fundamenta la demanda es la de violación al régimen de inhabilidades, por cuanto el demandado suscribió con el municipio de Restrepo (Valle del Cauca), un contrato de prestación identificado con la orden de servicios 034-2009, a través de la cual se suministró al municipio de Restrepo una carpa para mesa de galería por valor de $ 250.000, firmada el 23 de octubre de 2009 y pagado el 31 de octubre de 2010, circunstancia esta que reitera el actor en el recurso de apelación.
En relación con la violación al régimen de inhabilidades, que en el artículo 48 citado no aparece contemplada como causal de pérdida de investidura de los diputados, concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales, la Sala Plena en varias sentencias del año 2002,(2) precisó que la misma no desapareció como causal de pérdida de investidura con la Ley 617 de 2000, tesis acogida y resumida por esta sección así:
6. Que, por el contrario, el proyecto de ley de origen gubernamental tenía por finalidad-según lo expresado en sus motivaciones, además del saneamiento fiscal de las entidades territoriales, establecer reglas de transparencia de la gestión departamental y municipal a través del fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades lo cual pensaba lograrse con “la ampliación de las causales de pérdida de investidura para concejales y diputados”, según se lee, de manera textual, en una de las motivaciones del proyecto.
8. Que carecía de justificación variar el tratamiento igualitario dado en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 a la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, donde se prevé que ambas circunstancias constituyen causales de pérdida de investidura, para disponer que la primera ya no tiene tal carácter, pues desde el punto de vista de su gravedad y del reproche que merece una u otra violación deben estar sometidas a la misma sanción. Que no bastaba para admitir esa diferenciación el hecho de que frente al primer evento cabe ejercitar la acción electoral, lo que no sucede respecto del segundo, pues si bien ello es cierto no lo es menos que por su celeridad e implicaciones la acción de pérdida de investidura exhibe mayor eficacia en aras de lograr la transparencia de la gestión departamental y municipal a través del fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, fin que, en lo pertinente, inspiró la expedición de la Ley 617 de 2000.
De manera pues que la violación del régimen de inhabilidades, consagrada en la Ley 136 de 1994, sí es causal de pérdida de investidura, en este caso, para los concejales”(3).
Definido que la violación al régimen de inhabilidades si constituye un motivo de pérdida de investidura para los concejales, es necesario dilucidar ahora si en el presente caso se presentó la causal alegada por el actor y consagrada en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
La causal que se invoca en este caso para la pérdida de investidura es la consagrada en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, cuyo tenor es el siguiente:
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito (negrilla fuera del texto).
Sea lo primero advertir que, en relación con el periodo de la inhabilidad en la causal de violación al régimen de inhabilidades por celebración de contratos, de acuerdo con la jurisprudencia de la corporación ha señalado que este, está limitado al año anterior a la elección y no a un periodo posterior a esta, de manera que las inhabilidades para ser concejal, tanto elegido como llamado a ocupar las curules vacantes, se aplican en función de la fecha de la elección y no de la posesión.
Lo anterior es razonable considerando que: (i) las causales de inhabilidad tienen como finalidad impedir la utilización del poder o los recursos del Estado con fines electorales en beneficio propio o de familiares cercanos, o que personas que hayan incurrido en conductas contrarias a los principios que deben regir el ejercicio de los cargos de elección popular accedan a ellos; (ii) las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de interpretación restrictiva; y (iii) la vocación de ser llamado a ocupar la curul ante las faltas temporales o definitivas del titular, se adquiere de manera mediata por las elecciones.
Precisado lo anterior y analizadas las pruebas obrantes en el proceso, se puede tener como acreditado que el señor José Eremis Marín López fue llamado a ocupar la vacante de una curul en el Concejo del municipio de Restrepo (Valle del Cauca), efecto para el cual se posesionó el 5 de mayo de 2010, conforme consta en el Acta 022 de esa fecha, visible a folios 21 a 33 del expediente.
La elección de concejales para el periodo 2008-2011, en la cual participó el demandado como candidato, se llevó a cabo el 28 de octubre de 2007(4) y el contrato en comento se celebró el 23 de octubre de 2009, conforme consta a folio 8 del expediente, lo que pone de manifiesto que, en principio, el periodo inhabilitante estaría comprendido entre el 28 de octubre de 2006 y el 28 de octubre de 2007, por lo que, no se configura la causal alegada.
Así las cosas, si bien está demostrado que el concejal demandado intervino en la celebración del contrato de prestación identificado con la orden de servicios 034-2009, a través de la cual se suministró al municipio de Restrepo una carpa para mesa de galería por valor de $ 250.000, firmada el 23 de octubre de 2009, no estaría incurso en la causal alegada por el demandante, dado que el contrato mencionado se celebró el 23 de octubre de 2009,(5) documento que no fue tachado de falso por la parte demandante.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1º de diciembre de 2011».
(2) Entre ellas la del veintitrés (23) de julio de dos mil dos (2002) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, D.C. Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicación: 68001-23-15-000-2001-0183-01(IJ-024). Actor: Julio Vicente Niño Mateus, que recoge lo dicho en providencias de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de quince (15) de agosto de dos mil dos (2002). Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicación: 17001-23-31-000-2001-0907-01(7751). Actor: Procuradora Judicial 29 delegada para asuntos administrativos; del veintidós (22) de octubre de dos mil cuatro (2004). Consejera ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. Radicación: 50001-23-31-000-2004-90387-01. Actor: Montegranario Toro Saavedra y del veintitrés (23) de octubre de dos mil ocho (2008). Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación: 19001-23-31-000-2008-00085-01(PI). Actor: Procuraduría 40 Judicial Administrativa.
(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil cinco (2005). Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicación: 05001-23-31-000-2004-05843-01 (PI). Actor: Procuraduría 31 delegada ante el tribunal administrativo.
(4) Folios 6 y 7 del expediente.
(5) Por fuera del periodo inhabilintante, que lo fue del 26 de octubre de 2002 a 26 de octubre de 2003.

References: artículo 48
 artículo 55
 artículo 43
 artículo 40
 artículo 43
 artículo 40