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Timestamp: 2018-01-20 18:41:46+00:00

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Ley 4 de 1913 Nivel Nacional
Fecha de Expedición: 05/11/1912
Modificada por la Ley 19 de 1958
Ver el Decreto Nacional 1333 de 1986
ARTICULO 1. La legislación relativa al ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes legislativo y ejecutivo; a la organización general de los departamentos, provincias y municipios; a la atribuciones de los empleados o corporaciones de estas tres últimas entidades; a las atribuciones administrativas del ministerio público, y a las reglas generales de administración, constituye el régimen político y municipal.
ARTICULO 2. Los actos del congreso de carácter general se denominan leyes; los de las asambleas departamentales, ordenanzas, y los de los concejos, acuerdos. Los primeros rigen en todo el país; los Segundos en el respectivo departamento, y los últimos, en el correspondiente municipio.
ARTICULO 3. Son agentes del poder ejecutivo, cooperan al ejercicio de dicho poder: el Gobernador, en cada departamento: el prefecto, en cada provincia, y el alcalde y sus subalternos, en cada municipio.
ARTICULO 4. En la presente ley se organiza solo la parte de la administración pública relativa a los ramos político y municipal. Los demás ramos administrativos se rigen por sus leyes respectivas.
ARTICULO 5. Derogado por el Decreto 3074 de 1968, art. 1. Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Los empleos civiles de la rama ejecutiva integran el servicio civil de la república.
Quienes presten al Estado servicios ocasionales, como peritos; obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra, son meros auxiliares de la administración pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales cargos.
ARTICULO 6. No habrá empleo que no tenga funciones detalladas en la Constitución, en ley o reglamento, u ordenanza o acuerdo, en su caso.
ARTICULO 7. Los gobernadores de los departamentos darán cuenta al poder ejecutivo de las elecciones de senadores y representantes, y participarán su elección a los nombrados, advirtiéndoles que si no aceptan el cargo deben avisarlo oportunamente.
ARTICULO 8. El que sea nombrado senador o representante, que no manifieste oportunamente su no aceptación, se entiende que acepta, y es obligado a concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a menos que se excuse ante el gobernador del departamento, si la cámara no está reunida, o ante esta, si lo está.
ARTICULO 9. El poder ejecutivo, al convocar a sesiones extraordinarias, señalará los locales para las sesiones de las cámaras. La convocación se participará individualmente a cada uno de los senadores y representantes, por conducto del gobernador del respectivo departamento, sin perjuicio de la publicación del correspondiente decreto.
ARTICULO 10. Lo dispuesto en el artículo anterior no obsta para que los suplentes puedan, por su orden, concurrir por derecho propio a ocupar en la respectiva cámara el puesto que no haya ocupado del principal.
ARTICULO 11. La instalación, en las reuniones ordinarias del congreso, tendrá lugar el 20 de julio de cada año. En las extraordinarias, el día que fije el poder ejecutivo en el respectivo decreto de convocación.
ARTICULO 12. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. El día en que debe verificarse la instalación concurrirán los miembros de cada cámara al local señalado, a la una de la tarde, y se instalarán en junta preparatoria, presididos por el individuo que señale el respectivo reglamento. El presidente nombrará un secretario de la junta, que debe ser miembro de la cámara".
ARTICULO 13. Instalada la junta preparatoria, un empleado del Ministerio de Gobierno entregará al presidente un oficio del ministro, al cual debe acompañar una lista de los miembros del a cámara, principales y suplentes, con expresión de los que se han excusado o manifestado que no aceptan. Se acompañará también una lista alfabética de los que deben concurrir a las sesiones.
ARTICULO 14. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. Llenada las formalidades reglamentarias, e instaladas las cámaras por el presidente de la república, si este lo desea hacer, se procederá a la elección de dignatarios y a la prestación del juramento constitucional.
ARTICULO 15. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. Si no hubiere el número necesario en alguna cámara, la junta preparatoria apremiará a los ausentes para que concurran, en la forma que prescriben los reglamentos
ARTICULO 16. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. El presidente de la junta preparatoria y el secretario funcionarán como presidente y secretario de la respectiva cámara, hasta que se posesionen los que fueron nombrados en definitiva
ARTICULO 18. Por acuerdo mutuo las dos cámaras podrán trasladarse a otro lugar; y en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el punto que designe el presidente del senado o quien deba remplazarlo conforme a la Construcción.
ARTICULO 19. Toda reunión de miembros del congreso que, con la mira de ejercer el poder legislativo, se efectúe fuera de las condiciones expresadas, será ilegal; los actos que expida, nulos; y los individuos que en las deliberaciones tomen parte serán castigados conforme a las leyes.
ARTICULO 20. La credencial que deben exhibir los miembros de las cámaras al tiempo de entrar a funcionar consistirá en el oficio en que se participó la elección.
ARTICULO 21. El presidente de la república no puede conferir empleo a los senadores y representantes principales durante el período de las funciones de estos ni a los suplentes cuando estén ejerciendo el cargo, con excepción de los de ministros y viceministros del despacho, jefe de departamento administrativo, gobernador, alcalde de Bogotá, agente diplomático y jefe militar en tiempo de guerra. La aceptación de cualquiera de aquellos empleos por un miembro de congreso, produce vacante transitoria por el tiempo en que desempeñe el cargo. Derogado Constitución Nacional de 1886., art. 109.
ARTICULO 22. Declarado inexequible por la corte Suprema de Justicia, por medio de Sentencia de 7 de noviembre 1914, "G.J." XXIII, 190.
Los suplentes de los senadores y representantes no quedan comprendidos en la prohibición del artículo anterior, aún cuando ejerzan transitoriamente las funciones de los principales, a menos que por la separación definitiva de estos entren a llenar la vacante.
ARTICULO 23. Los senadores y representantes no pueden hacer por si ni por interpuesta persona, contrato alguno con la administración, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios que tengan relación con el gobierno de Colombia.
ARTICULO 24. En caso de falta de un miembro del congreso, sea absoluta o temporal, lo subrogará el respectivo suplente
ARTICULO 25. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. El presidente de cada cámara tiene la facultad para exigir el auxilio de la fuerza pública y de los particulares, para mantener el orden en ella y dar protección y seguridad a sus miembros.
Puede, al efecto, con aprobación de la cámara, crear un cuerpo de guardia y nombrar el jefe y el oficial que deban mandarlo. El gobierno será obligado a suministrar armas, municiones y racionales; pero no puede en ningún caso pretender intervenir en la organización de dicha guardia, ni darle órdenes de ninguna clase.
ARTICULO 26. Ningún empleado puede estacionar tropa en el local de las sesiones, ni a sus puestas o inmediaciones, con pretexto alguno, a menos que la cámara haya dispuesto expresamente que se haga venir dicha fuerza, o que el gobierno lo disponga para dar protección a las cámaras, cuando estas se encuentren imposibilidad de pedirla.
ARTICULO 27. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. Las penas correccionales que pueden imponerse a los que concurran a la barra y turben el orden de las sesiones o irrespeten a la cámara o a su presidente son las siguientes:
1. Declaración de haber faltado al orden.
2. Expulsión del recinto de la cámara, la cual se llevará a cabo aún haciendo uso de la fuerza.
3. Multa hasta de cincuenta pesos; y
4. Arresto hasta por cincuenta días.
"El penado puede apelar ante la cámara, y esta decidirá el punto sin discusión, oyendo apenas la explicación del presidente acerca de los motivos de su procedimiento, si tiene a bien hacerlo.
"Pueden imponerse dos o más de dichas penas a la vez, si la gravedad de la falta lo exige.
"Estar penas pueden imponerse por una resolución verbal que se hará constar en el acta, y se ejecutarán en la forma que disponga el presidente.
"Los responsables quedan, además, sujetos a las penas que señal el código Penal respecto de los hechos especiales que ejecuten.
ARTICULO 28. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. Cada cámara tendrá un primer secretario y un secretario auxiliar, elegidos en votación secreta, por mayoría absoluta de votos. Tendrá además un oficial mayor y los empleados subalternos de la secretaría determinados por ley especial.
ARTICULO 29. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. El oficial mayor y demás empleados de la secretaría serán nombrados por la comisión de la mesa.
ARTICULO 30. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. El primer secretario y el auxiliar durarán el tiempo de las sesiones y los días más que fije la comisión de la mesa para el arreglo de los asuntos de la secretaría; pero pueden ser removidos por faltas graves, como los demás dignatarios de la cámara, y por ineptitud o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a juicio de la respectiva cámara.
ARTICULO 31. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. El oficial mayor y los empleados subalternos durarán por el tiempo de las sesiones, y pueden ser removidos, con justa causa, por la comisión de la mesa.
ARTICULO 32. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. Cuando falte el secretario por cualquier motivo, lo remplazará el secretario auxiliar o el oficial mayor mientras la cámara nombra otro secretario, sea en propiedad o provisionalmente.
ARTICULO 33. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. El Secretario es el jefe de la oficina: a él están subordinados los subalternos, y es responsable por las faltas de estos cuando haya negligencia de su parte.
"El oficial mayor trabajará o órdenes del secretario, y vigilará los trabajos de los escribientes, quienes le están subordinados.
Los escribientes desempeñarán los trabajo que les ordene los secretario y el oficial mayor"
ARTICULO 34. El secretario y sus subalternos son responsables de los daños en el mueblaje y demás efectos de la cámara, si dan lugar a ello, aunque sea solo por negligencia, descuido o imprevisión.
ARTICULO 35. El ramo civil comprende las leyes relativas al estado civil de las personas y derechos y obligaciones concernientes a él; adquisición, uso y goce de los bienes de propiedad pública o particular; sucesiones y donaciones; contratos o cuasicontratos; disposiciones especiales sobre comercio y minas.
ARTICULO 36. El ramo penal comprende las leyes relativas a los delitos y penas; persona punibles y personas excusables; prescripción y ejecución de penas, y organizaciones de los establecimientos de castigo; indultos y amnistía.
ARTICULO 37. El ramo judicial comprende las leyes relativas a la organización de los tribunales y juzgados, división judicial; enjuiciamiento civil y enjuiciamiento criminal, finalmente, la intervención del ministerio público en la administración de justicia.
ARTICULO 38. El ramo militar comprende las leyes relativas a la organización, servicio y disciplina militar, penas y recompensas exclusivamente militares, y procedimientos para aplicarlas y concederlas
ARTICULO 39. El ramo fiscal comprende las leyes relativas a la organización, recaudación e inversión de los impuestos nacionales, manejo, administración y disposición de los bienes del Estado.
ARTICULO 40. El ramo administrativo comprende los demás asuntos que sean materia de legislación, de los cuales los principales son: el régimen político y municipal, división política, elecciones populares, policía, instrucción pública, caminos, correos, telégrafos, agricultura, estadística, civilización de indígenas, y otros de semejante naturaleza.
ARTICULO 41. Desde el punto de vista de la codificación actual, se dividen las leyes en tres grupos: códigos nacionales, leyes de carácter general y leyes de carácter especial.
ARTICULO 42. Los proyectos de ley presentados por los ministros del despacho o por los miembros de las cámaras que tiendan a reformar o adicionar los códigos y leyes generales, se amoldarán a clasificación legal, de suerte que un mismo proyecto no debe tener disposiciones pertenecientes a materias que deben ser objeto de distintos códigos o leyes.
ARTICULO 43. Los códigos o leyes generales, para arreglar una o más materias, se dividirán en libros, estos, en títulos; los títulos en capítulos, y estos últimos, en artículo.
ARTICULO 44. Se adoptará un tamaño uniforme para la impresión de las leyes y código, y a cada volumen se le agregará una anotación de los códigos y leyes reformados por las disposiciones que en él se contienen, y un índice alfabético minucioso y exacto de dicha disposiciones.
ARTICULO 45. Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador.
ARTICULO 46. Las leyes se citan por su número, el año en que se expidieron y la materia de que tratan. Los códigos pueden citarse por su solo título.
ARTICULO 47. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los ministros del despacho, o de las comisiones permanentes cuando se trata de proyectos relativos a la materia civil o a la de procedimiento judicial, en los términos prevenidos en la Constitución.
ARTICULO 48. En el primer debate se examinará la conveniencia o inconveniencia del proyecto en general; en el segundo debate se examinarán las disposiciones del proyecto, una a una, menos las que se reduzcan a conservar una disposición vigente, las cuales se tendrán como aprobadas, y no se discutirán especialmente sino a petición de algún miembro de la cámara. En el primer debate y en el curso del segundo bastará que concurra la tercer parte de los miembros de la cámara; para cerrar este último se requiere la mayoría absoluta de los miembros que la componen; y se reputará como tal cualquiera exceso sobre la mitad.
ARTICULO 49. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los reglamentos de las cámaras puede disponer se dé a ciertos proyectos una tramitación especial, con subordinación a los preceptos constitucionales.
ARTICULO 50. Cuando una de las cámaras negare un proyecto de ley enviado por la otra, esta podrá designar uno o dos oradores de su seno para que sostengan ante la primera las opiniones de la cámara. Con este fin presentes los oradores en la que hubiere negado el proyecto, a solicitud de ellos volverá este al debate en que se negó. De igual modo se procederá cuando se negaren artículos que constituyan la parte más importante del proyecto; en este caso los oradores de la cámara respectiva podrán pedir ante la otra que el proyecto vuelva a segundo debate, si se considerare en tercero.
ARTICULO 51. El proyecto de ley objetado en su conjunto por el presidente volverá en las cámaras a tercer debate, El que fue objetado solo en parte, será reconsiderado en segundo debate, con el objeto de tomar en cuenta las observaciones del gobierno.
PROMULGACION Y OBSERVANCIA DE LAS LEYES
ARTICULO 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada.
ARTICULO 53. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes.
ARTICULO 54. Se procurará que las leyes se publiquen e inserten en el periódico oficial dentro de los diez días de sancionadas. Cuando haya para el efecto un inconveniente insuperable, se insertarán a la mayor brevedad.
ARTICULO 55. En cada municipio se publicarán por bando las leyes, a medida que llegaren a conocimiento del alcalde, bien porque estén en el periódico oficial o porque se le comuniquen oficialmente. Este acto se anotará en su registro especial, y cada anotación se firmará por el alcalde y su secretario.
ARTICULO 56. No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla, después de que esté en observancia, según los artículos anteriores.
ARTICULO 57. Las leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive a los extranjeros, sean domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de estos, los derechos concedidos en los tratados públicos.
ARTICULO 58. Cuando una ley se limite a declarar el sentido de otra, se entenderá incorporada en ella para todos sus efectos; pero no alterará lo que se haya dispuesto en decisiones ejecutoriadas antes de que entre a regir.
ARTICULO 59. Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas, pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.
ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.
ARTICULO 63. En receso del congreso, el presidente, de acuerdo con la corte Suprema, puede trasladar transitoriamente la capital de la república a otro lugar, por graves motivos de necesidad pública, provenientes de circunstancias extraordinarias.
ARTICULO 64. En el caso de que se le impida por la fuerza el ejercicio de sus funciones al presidente, se encargará del poder ejecutivo alguno de los que deban remplazarlo, en el correspondiente orden de prelación. Principiará a funcionar el primero que esté expedito, y les cederá el puesto a los que tengan derecho preferente, a medida que puedan irlo ocupando.
ARTICULO 65. Todos los empleados políticos y administrativos, en asuntos de la administración pública de la nación, dependen del presidente, como jefe superior de la república; pero en los demás ramos ejercen sus funciones con independencia.
ARTICULO 66. Todo lo relativo a la administración general de la república, que no esté especialmente atribuido a otros poderes públicos, conforme a la Constitución y a las leyes, corresponde al presidente.
ARTICULO 67. Derogado Ley 202 de 1936, art. 6. El presidente puede delegar a sus subalternos determinadas funciones, detalladas expresa y minuciosamente, salvo los casos prohibidos por la constitución o las leyes.
ARTICULO 68. Corresponde al presidente de la república, como suprema autoridad administrativa:
8. Promover por medio del ministerio público la anulación de las ordenanzas de las asambleas departamentales y de los acuerdos de los concejos municipales, cuando a su juicio no sean aceptables;
ARTICULO 69. Derogado por la Ley 202 de 1936. Art. 6. Los ministros y los jefes de departamentos administrativos, como jefes superiores de la administración, y los gobernadores, como agentes del gobierno, pueden ejercer, bajo su propia responsabilidad, determinadas funciones de las que corresponden al presidente de la república, como suprema autoridad administrativa, según lo disponga el presidente. Las funciones que pueden ser delgadas serán señaladas por la ley.
La delegación exime al presidente de responsabilidad, lo cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar el presidente, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.
ARTICULO 70. Las funciones del presidente en determinados ramos de administración serán señaladas en las leyes que los organicen.
ARTICULO 71. Los decretos y resoluciones del poder ejecutivo, de carácter permanente, se compilarán anualmente, para facilitar su consulta y ejecución.
ARTICULO 72. Modificado por el Código de Procedimient6o Penal, art. 449. En el mismo auto en que se decrete la detención preventiva de un funcionario o empleado público tratándose de sindicación por delito no excarcelable, se ordenará a la corporación o autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio de su cargo. Mientras se cumple la orden de suspensión se adoptarán las medidas de vigilancia y seguridad necesarias para evitar que el sindicato eluda la acción de la justicia.
ARTICULO 73. El despacho administrativo del gobierno se divide en siete ministerios, a saber: gobierno, relaciones exteriores, hacienda, guerra instrucción pública, tesoro y obras públicas.
ARTICULO 74. Cada ministro presentará al congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, un informe sobre el estado de los negocios adscritos a su departamento y sobre las reformas que la experiencia aconseje que se introduzcan. Este informe debe ir acompañado de los datos estadísticos correspondientes.
ARTICULO 75. Son atribuciones de los ministros, fuera de las que quedan expresadas:
ARTICULO 76. Las faltas absolutas o temporales de los ministros pueden llenarse por nombramiento de propietario o interino, según el caso.
ARTICULO 77. Derogado por el Decreto 550 de 1960, art. 21 a 58. En cada ministerio habrá un secretario, que será a la vez jefe de la sección 1ª.
ARTICULO 78. Derogado por el Decreto 550 de 1960, art. 21 a 58. Son deberes del secretario.
6. Señalar término al os jefes de sección para estudiar los asuntos, y presentar proyectos de resolución;
8. Cuidar de que los jefes de sección despachen oportuna y debidamente los negocios que les corresponda, y arreglar cuidadosamente el expediente de cada uno;
9. Autenticar los impresos y autorizar las copias que fuera necesario;
10. Hacer todo lo posible a fin de que los asuntos sean despachados con oportunidad, y que haya pulcritud, limpieza y exactitud rigurosa en las resoluciones, oficios y demás documentos que deban formarse por el presidente o por el ministro;
12. Señalar, de acuerdo con el ministro, los documentos que deban publicarse, y vigilar la corrección de los que se publiquen;
13. Desempeñar las comisiones especiales que le confíe el ministro o el presidente, y
ARTICULO 79. Derogado por el Decreto 550 de 1960, art. 21 a 58. El Personal de Los ministerios será determinado en ley especial.
ARTICULO 80. Derogado por el Decreto 550 de 1960, art. 21 a 58. Son deberes de los jefes de sección:
2. Llevar un registro de órdenes verbales, en el cual anotará las que reciban diariamente del ministro y del secretario. Al margen anotarán lo que hayan hecho en cumplimiento de cada orden;
3. Cuidar de que todo lo que se despache en su sección que escrito correctamente y en los precisos términos en que fue acordado;
4. Vigilar la conducta de sus subalternos y dar cuenta de ella al secretario o al ministro;
5. Entregar al secretario la correspondencia abierta, para que le de el curso correspondiente;
6. Presentar al ministro, en las horas que este les fije, la correspondencia que haya para la firma;
8. Mantener rigurosa reserva en los asuntos que cursen en su sección. Cuando sean solicitudes de particulares, informarán a estos el estado en que se encuentre, y les notificarán o comunicará las resoluciones que se dicten;
9. Cuidar de que el archivo de la sección este perfectamente arreglado y legajado;
10. Presentar al secretario los asuntos que este debe firmar, según el reglamento de la oficina, y
ARTICULO 81. Derogado por el Decreto 550 de 1960, art. 21 a 58. Los oficiales sirven a órdenes de los respectivos jefes de sección, y cumplen los deberes que les señalen el reglamento y las órdenes del ministro, del secretario y el jefe y subjefe de su respectiva sección.
ARTICULO 82. Derogado por el Decreto 550 de 1960, art. 21 a 58. Los conserjes son encargados especialmente del aseo de las piezas del despacho, y cumplen los demás deberes que les señalen el reglamento y las órdenes de los empleados del ministerio, relativas al servicio público. Lo propio se dice de los porteros").
ARTICULO 83. El ministro o el secretario pueden encargar a cualquiera de los empleados subalternos el cuidado especial de la biblioteca del ministerio, el manejo y distribución de los útiles de escritorio y cualquier otro asunto o ramo especial, como mejor convenga al buen servicio público.
ARTICULO 84. Ninguna persona que directa o indirectamente tenga negocios de comercio, de bando o de documentos de crédito, o que sea proveedor o contratista de cosas u objetos que deban pagarse con fondos públicos, podrá ejercer destinos que pertenezcan al Ministerio del Tesoro.
ARTICULO 85. Los departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución.
ARTICULO 86. Modificado por la Constitución Nacional, art. 185. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales, y remplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral. Para ser diputado se requieren las mismas calidades que para ser representante.
ARTICULO 87. Las asambleas se reunirán cada año en la capital del departamento, el día 1 de marzo. Cuando no puedan reunirse en la capital, por algún inconveniente insuperable, se reunirán en el lugar que designe el gobernador del departamento, y por graves motivos podrán trasladarse a otro lugar, después de instaladas.
ARTICULO 88. Modificado por la Constitución Nacional, art. 185. Las sesiones ordinarias de las asambleas durarán por el término de cuarenta días, prorrogable a su juicio por veinte días más, si así lo acordaren los diputados, por los dos tercios de los votos.
ARTICULO 89. Las asambleas se reunirán extraordinariamente cuando sean convocadas por los respectivos gobernadores. En estas sesiones se ocuparán preferentemente en los asuntos sometidos a su consideración por dichos gobernadores, y después, en los otros que estimen convenientes.
ARTICULO 90 Las asambleas necesitan para instalarse y para funcionar, la mayoría absoluta de sus miembros.
ARTICULO 91. En general, para la instalación de las asambleas se procederá de una manera análoga a como se procede para la instalación del congreso, con las variaciones que exija la naturaleza de aquellas corporaciones. Las ordenanzas determinarán los detalles de dicho procedimiento sobre la regla general sentada en este artículo.
ARTICULO 92. Es prohibido a los diputados gestionar asuntos ajenos ante el gobernador del departamento. Se les prohíbe igualmente celebrar contratos por sí o como representante de otros, con los respectivos gobernadores. Estas prohibiciones se extienden a todo el tiempo del período legal de sus funciones.
ARTICULO 93. Los diputados no serán responsables por las opiniones que emitan en el curso de los debates, ni por los votos que den en las deliberaciones.
ARTICULO 94. El tiempo de duración a las asambleas departamentales es de dos años, pero pueden ser reelegidos indefinidamente.
ARTICULO 95. El Secretario o secretarios del gobernador y el respectivo director de instrucción pública tendrán voz, pero no voto, en las deliberaciones de la asamblea.
ARTICULO 96. Corresponde al gobernador oír y decidir las excusas y renuncias de los diputados, en receso de la asamblea. Si la admite, llamará a los suplentes respectivos.
ATRIBUCIONES DE LAS ASAMBLEAS.
ARTICULO 97. Son funciones de las asambleas:
3. Establecer y organizar los impuestos que se necesiten para atender a los gastos de la administración pública, con arreglo al sistema tributario nacional, pero sin gravar artículos que sean materia de impuestos de la nación, a menos que para hacerlo se les dé facultad expresa por la ley;
28. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916Las asambleas departamentales podrán imponer a los que infrinjan sus ordenanzas penas de multas que no excedan de quinientos pesos, y de arresto, prisión y trabajos en obras públicas hasta por un año. En caso de violación grave de las ordenanzas de policía, la pena puede ser hasta de un año de reclusión, y de confinamiento en determinados territorios por igual tiempo;
ARTICULO 98. Es prohibido a las asambleas departamentales
ARTICULO 99. Los actos de las asambleas departamentales destinados a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su incumbencia se denominarán ordenanzas; lo que tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un punto determinado, que no imponen obligaciones ni crean derechos a los asociados, se denominarán en general resoluciones.
Las primeras se ajustarán a las prescripciones del capitulo siguiente, y miembros presentes en la sesión.
ARTICULO 100. Tienen derecho de proponer proyectos los diputados de las asambleas y el gobernador, por conducto de sus secretarios, o el respectivo director de instrucción pública.
ARTICULO 101. Todo proyecto de ordenanza debe discutirse y aprobarse en tres debates, en días distintos. En el primero se discute el proyecto en general; en el segundo se examinará una a una sus disposiciones; en el tercero se decide si debe ser ordenanza tal como quedó en el segundo.
ARTICULO 102. Aprobado un proyecto en tercer debate, pasará al gobernador, para su sanción y para que ordene su promulgación.
ARTICULO 103 El gobernador dispone del término de cuatro días para devolver con objeciones cualquier proyecto, cuando no conste de más de cincuenta artículos; de seis días, cuando el proyecto contenga de cincuenta y uno a doscientos artículos, y hasta de diez días, cuando los artículos pasen de doscientos.
ARTICULO 104. La asamblea necesita de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes para declarar infundadas las objeciones del gobernador. Obtenido este número de votos, el gobernador debe sancionar la ordenanza.
ARTICULO 105. Llamase sanción ejecutiva el acto del jefe superior del departamento que manda ejecutar el proyecto que le envía la respectiva asamblea y con el cual reviste a este del carácter de ordenanza.
ARTICULO 106. Sancionada la ordenanza, se publicará en el periódico oficial del departamento; uno de los ejemplares autógrafos se archivará en la gobernación, y el otro se devolverá a la asamblea.
ARTICULO 107. Las sesiones de la asamblea serán públicas, a menos, que en casos especiales resuelva considerar algún asunto en sesión secreta.
ARTICULO 108. Los detalles de procedimiento en las asambleas serán señalados por sus reglamentos.
ARTICULO 109. Las ordenanzas rigen en todo el territorio del departamento, treinta días después de su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, las asambleas pueden reglamentar este punto como a bien lo tengan; pero en todo caso ninguna ordenanza podrá ser obligatoria antes de su promulgación.
ANULACION DE LAS ORDENANZAS
ARTICULO 110. Es nula toda ordenanza que sea contraria a la Constitución y a las leyes, o cuando viole derechos de particulares legalmente adquiridos.
ARTICULO 111. Las ordenanzas son obligatorias mientras no sean anuladas o suspendidos por la autoridad judicial.
ARTICULO 112. Los arts. 111 a 119 fueron derogados por la Ley 130 de 1913, art. 52 a 71. Toda persona natural o jurídica que se crea agraviada por alguna ordenanza, en cuanto considere que esta es contra a la Constitución o la ley, que viola derechos civiles, puede pedir su anulación al tribunal del respectivo distrito judicial.
ARTICULO 113. El tribunal competente para conocer el asunto podrá sus pender el acto denunciado, por pronta providencia, cuando se trate de un perjuicio notoriamente grave, suspensión que comunicará en seguida al gobernador, para los efectos a que haya lugar.
ARTICULO 114. El tribunal dará traslado de la demanda de nulidad al agente del ministerio público, por el término de tres días; hará practicar las diligencias necesarias para asegurar su fallo, y decidirá en sala de acuerdo, por mayoría absoluta, dentro de los diez días siguientes a la contestación del traslado, si anula o no la ordenanza.
ARTICULO 115. La resolución del tribunal es apelable para ante la Corte Suprema, por el fiscal del tribunal o por el interesado que haya promovido la anulación. Si no se apelare, se consultará la resolución, pero en todo caso esta se cumple mientras no sea revocada por el superior.
ARTICULO 116. La Corte, una vez recibido el expediente, dará traslado al procurador por tres días, hará practicar las diligencias necesarias para asegurar el fallo, y decidirá sobre la anulación pedida, dentro de los diez días siguientes ala devolución de los autos.
ARTICULO 117. La anulación de las ordenanzas podrá ser pedida también por el gobernador respectivo, o por el fiscal del tribunal, y la solicitud será sustanciada y decidida conforme a lo prescrito en los artículos precedentes.
ARTICULO 118. El procurador general de la nación puede asimismo promover, por conducto del fiscal respectivo, la anulación de las ordenanzas en los casos de la ley; pero siempre se decidirá el asunto en primera instancia por el tribunal superior del distrito judicial correspondiente.
ARTICULO 119. El procedimiento determinado para el caso de anulación de ordenanzas se observará también cuando se trata de actos de los gobernadores que, según la ley, estén equiparados a los actos generales de los gobernadores que, según la ley, estén equiparados a los actos generales de los extinguidos consejos administrativos de los departamentos.
ARTICULO 120. Las disposiciones sobre derogación de las leyes se hacen extensivas a las ordenanzas.
ARTICULO 121. Son también anulables, como las ordenanzas, los acuerdos expedidos por los extinguidos consejos administrativos departamentales.
ARTICULO 122. Las denuncias sobre nulidad de las ordenanzas no afectan los derechos constituidos conforme a ellas y durante su vigencia.
ARTICULO 123. En cada departamento habrá un gobernador, que será jefe de la administración Seccional y agente del poder ejecutivo.
ARTICULO 124. La residencia habitual del gobernador será la capital del departamento, pero puede ausentarse de ella en ejercicio de sus funciones y con permiso o por orden del gobierno, por razones de buen servicio público. Cuando se ausente dejará encargado del despacho para los asuntos urgentes a uno de sus secretarios.
ARTICULO 125. Los gobernadores serán nombrados para un periodo de dos años, a partir del 1 de mayor de 1913.
ARTICULO 126. Los gobernadores estarán sujetos a responsabilidad administrativa y judicial. Son amovibles por el gobierno y responsables ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 127. Reglamentado por el Decreto Nacional 2235 de 1971 Son atribuciones de los gobernadores las siguientes:
PARAGRAFO. La facultad de nombrar alcaldes puede ser delgada por los gobernadores a los prefectos;
PARÁGRAFO. Cuando el gobernador hallare irregularidades en los acuerdos municipales, podrá, dentro de los quince días siguientes al recibo, devolverlos a los concejos, con las observaciones del caso, para que sean corregidos, pero si la municipalidad insistiere, y la objeción versare sobre punto de inconstitucionalidad o ilegalidad, los pasará al poder judicial.
ARTICULO 128. El gobernador presentará a la asamblea, al principiar las sesiones, un informes sobre los distintos ramos de la administración que está a su cargo y las reformas que en ella convenga introducir.
ARTICULO 129. Los bienes de los departamentos, así como los de los municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades de los particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El gobierno nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales y municipales.
ARTICULO 130. Los bienes que por leyes o por decretos del gobierno nacional, o por cualquier otro título, pertenecieron a los extinguidos estados soberanos, continuarán siendo propiedad de los respectivos departamentos. Exceptúanse los inmuebles que se especifican en el artículo 202 de la Constitución.
Los Arts. 131 a 139 fueron derogados por la Constitución Nacional, art. 5.
ARTICULO 131. Los departamentos continuarán divididos en provincias, y estas con la organización que hoy tienen.
ARTICULO 132. Cada provincia será regida por un prefecto de libre nombramiento y remoción del gobernador, de quien es agente inmediato.
ARTICULO 133. El periodo de duración del prefecto de libre nombramiento y remoción del gobernador, de quien es agente inmediato.
ARTICULO 134. Cada prefecto tendrá un secretario y los empleados subalternos que determine la asamblea departamental, todos los cuales serán de libre nombramiento y remoción del primero.
ARTICULO 135. Cada prefecto tendrá un suplente, que remplazará al principal en las faltas absolutas temporales o accidentales.
Si faltaren el principal y el suplente, se encargará del destino el alcalde de la capital, y si es también faltare, lo hará el secretario de la prefectura, mientras el gobernador dispone lo conveniente. Al efecto, se dará a éste inmediatamente cuenta de lo ocurrido; el que se encargue de la prefectura tiene el ejercicio pleno de las funciones del empleo, y debe ser reemplazado en el otro puesto que servía.
ARTICULO 136. El prefecto residirá ordinariamente en la capital de la provincia, pero podrá ausentarse de ella por razón de visita oficial o comisión que le confíe el superior.
ARTICULO 137. Cuando el prefecto esté ausente de la capital de la provincia, el alcalde municipal hará sus veces para el despacho de los asuntos administrativos que no requieran mando o jurisdicción. Los que lo requieran podrán ser despachados por el prefecto en el lugar donde se encuentre.
ARTICULO 138. Cuando el prefecto se ausente de la capital de la provincia podrá quedar encargado del despacho de los asuntos el Secretario, cuando así lo disponga el prefecto, con aprobación del gobernador. En este caso el prefecto podrá nombrar de secretario que autorice sus providencias a cualquiera de sus subalternos.
ARTICULO 139. Son atribuciones del prefecto de cada provincia;
1. Comunicar las leyes órdenes a los empleados municipales de la provincia;
3. Vigilar la conducta de los empleados de la provincia, y promover lo conveniente para que se les exija la responsabilidad en que incurran por faltas u omisiones en el cumplimiento de su deber;
6. Imponer multas hasta de cincuenta pesos ($ 50.00) y arresto hasta de diez días a los que desobedezcan sus órdenes o le falten al debido respeto
8. Suspender a los empleados administrativos de la provincia o del municipio, cuando, la urgencia sea tal que no permita aguardar la resolución del gobernador, y consultar con este inmediatamente las resoluciones que al efecto dicte;
REGIMEN DE LOS MUNICIPIOS
ARTICULO 140. El territorio sometido a la jurisdicción del alcalde constituye con sus habitantes el distrito municipal o municipio.
ARTICULO 141. La organización municipal comprende la creación, nombre y demarcación del municipio, y la forma de su régimen municipal.
ARTICULO 142. Las ordenanzas organizan los municipios y arreglan la administración sobre las bases de la presente ley.
ARTICULO 143. Cada concejo puede arreglar los detalles de la administración, sin contravenir a las disposiciones de las leyes y ordenanzas.
ARTICULO 144. La ley no reconoce otros intereses municipales que los de los municipios. Las obras o establecimientos públicos de la nación o del departamento se consideran de interés general para sus respectivos habitantes.
ARTICULO 145. La administración de los intereses del municipio está a cargo del concejo, y la representación del mismo corresponde al personero municipal, pero el concejo puede confiar a cualquiera persona la representación del municipio en cualquier asunto determinado.
ARTICULO 146. La sanción, promulgación y ejecución de los acuerdos del Concejo corresponde al alcalde respectivo.
MUNICIPIO Y CORREGIMIENTOS.
ARTICULO 147. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. Para que una porción de territorio de un departamento pueda se erigida en municipio, se necesita que concurran las siguientes condiciones:
1. Que tenga por lo menos 20.000 habitantes y que el municipio o municipios de los cuales se segrega quede cada uno con una población no inferior a 25.000 habitantes, según certificación detallada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
2. Que en los tres últimos años fiscales haya aportado en rentas y contribuciones al municipio o municipios de los cuales se segrega una suma no inferior a ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000.00) anuales y que además, estos distritos queden cada uno con un presupuesto no inferior a doscientos mil pesos ($ 200.000.00), anuales sin computar en dichas sumas las trasferencias que reciban de la nación y del departamento, todo de conformidad con las certificaciones motivadas que expida la respectiva contraloría departamental.
3. Que a juicio de los organismos departamentales de planeación, tenga capacidad para organizar un presupuesto anual no inferior a doscientos mil pesos ($ 200.000.00), sin computar las trasferencias que recibe de la nación y el departamento.
4. Que en poblado destinado a cabecera residan no menos de 3.000 personas, según certificado del Departamento Administrativo nacional de Estadística; que existan allí mismo locales adecuados para el funcionamiento de oficinas pública, casa municipal, cárcel, centro de salud, y escuela, como mínimo, o que cuente con recursos suficientes para construirlos o que se establecimiento esté previsto en los programas nacionales, regionales o departamentales.
5. Que la creación sea solicitada por no menos de cuatro mil ciudadanos domiciliados dentro de los límites que se piden para el nuevo municipio, y que las firmas de los solicitantes estén autenticadas por el juez del municipio o municipios de los cuales se segrega el que se pretende crear.
6. Que los organismos departamentales de planeación conceptúen sobre la conveniencia económica y social de la nueva entidad, teniendo en cuenta su capacidad fiscal, sus posibilidades económicas y su identificación como área territorial de desarrollo.
ARTICULO 148. Modificado por la Ley 14 de 1969, art.1. Los individuos que quieran promover la creación de un municipio principiarán por elevar la solicitud de que habla el ordinal 3 del artículo anterior, y comprobarán con la lista de electores que la solicitud ha sido firmada por más de la mitad de los ciudadanos que habitan dentro de los límites que se piden para el nuevo municipio. Acompañarán, además, un plano general del territorio respectivo y las pruebas de los demás hechos o condiciones que se determinan en el articulo precedente.
ARTICULO 149. Si el gobernador estimare suficientes las pruebas aducidas, pedirá informe sobre el asunto a los concejos de los municipios que han de suministrar el territorio para el nuevo, y a los prefectos de las provincias a que pertenezca dicho territorio. Si el gobernador no estimare suficientes las pruebas, las mandará completar, y luego que lo estén, procederá como queda dicho.
ARTICULO 150. Sea que los concejos y los prefectos acompañen o no pruebas a sus informes, los que estén interesados en la creación de un nuevo municipio podrán reforzar las que acompañaron a la solicitud primitiva.
ARTICULO 151. El gobernador del departamento pasará el expediente a la asamblea departamental con un informe fundado, en que manifieste su parecer sobre estos dos puntos: primero, si están probadas las circunstancias que exige la ley para la creación del municipio, y segundo, si hay conveniencia pública en dicha creación.
ARTICULO 152. Si la asamblea creyere fundada la solicitud, y conveniente la medida, expedirá la respectiva ordenanza, en la cual, si el territorio del nuevo municipios perteneciere a dos o más provincias, determinará a cual de ellas se agrega.
ARTICULO 153. De una manera análoga a la explicada en los artículos anteriores se procederá cuando se quiera segregar un territorio determinado de un municipio para agregarlo a otro.
ARTICULO 154. En los municipios que por su escasa población y falta de recursos no puedan sostener el tren administrativo ordinario, puede disponer el gobernador que una misma persona desempeñe los destinos de tesorero y recaudador de hacienda, y otra los e secretario de alcalde, del juez y del concejo, según fueren las circunstancias de cada localidad.
ARTICULO 155. Cuando un municipio tenga caseríos de alguna importancia, en los cuales convenga establecer una administración especial, se erigirán en corregimientos y serán administrados por un corregidor, que ejercerá sus funciones bajo la dependencia del alcalde y de acuerdo con las instrucciones de este.
ARTICULO 156. En las intendencias nacionales el poder ejecutivo podrá crear y organizar corregimientos o comisarías especiales, si lo estima conveniente, para la mejor administración de ellas.
ARTICULO 157. En caso de que lleguen a crearse los corregimientos o comisarías de que trata el artículo anterior, el poder ejecutivo señalará por medio de decreto el personal que debe servirlos, la remuneración de este y las atribuciones de los corregidores o comisarios, teniendo para ello en cuenta las necesidades de cada corregimiento o comisarías los lugares en que se hayan creado, y las funciones que deben desempeñar los respectivos empleados.
ARTICULO 158. Las partidas necesarias para dar cumplimiento a los dos artículos anteriores se considerarán incluidas en los respectivos presupuestos.
ARTICULO 159. Modificado por la Ley 30 de 1969, art. 1. Los concejos municipales se compondrán de los siguientes concejales:
ARTICULO 160. Los miembros del concejo se denominarán concejales.
ARTICULO 161. El concejo tendrá un presidente, un vicepresidente y un secretario, y se reunirá ordinariamente una vez al mes, por lo menos y demás cuando lo determine su reglamento. A sesiones extraordinarias puede ser convocado por el presidente y por el alcalde, siempre que haya asuntos en qué ocuparse.
ARTICULO 162. Los secretarios llevará el libro de actas y los demás que determinen las ordenanzas y acuerdo respectivos, o que orden el presidente.
ARTICULO 163. Para instalarse o para funcionar un concejo necesita la mayoría absoluta de sus miembros; y para aprobar cualquier proyecto o resolución, la mayoría absoluta de los que estén presentes en la sesión. El empate reiterado se tiene por negativa.
ARTICULO 164. Aprobado un proyecto o resolución cualquiera, puede ser reconsiderado y modificado o anulado, pero no se pueden revocar nombramientos ya comunicados, y cuando se trate de un acuerdo la revocación tiene que ser por medio de otro.
ARTICULO 165. Todo individuo tiene derecho a pedir copia de documentos que hagan parte del archivo del concejo, pero son de su cargo los gastos de amanuense.
ARTICULO 166. Cuando por cualquiera circunstancia el concejo no pudiere instalarse el 1 de noviembre siguiente a la elección, continuará funcionando el del año anterior hasta que la instalación tenga lugar.
ARTICULO 167. El prefecto, el alcalde, el tesorero y el personero municipales inspectores de instrucción pública, médicos oficiales, inferiores municipales y presidentes de juntas de beneficencia tienen voz, pero no voto en las sesiones del concejo, y pueden presentar proyectos de acuerdo en los asuntos de su ramo.
ARTICULO 168. Cuando no se reúna el quórum necesario, los concejales presentes apremiarán a los ausentes con multas sucesivas de cinco a diez pesos.
ARTICULO 169. Son atribuciones de los concejos.
ARTICULO 170. Es obligación de los municipios que tengan más de 25.000 habitantes establecer casas de asilo para mendigos, con el objeto de que puede prohibirse la mendicidad en lugares públicos.
ARTICULO 171. Es prohibido a los concejos:
ARTICULO 172. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y por los empleados de que trata el artículo 167.
ARTICULO 173. Todo proyecto de acuerdo debe sufrir dos debates en dos días distintos; y para se aprobado necesita la mayoría absoluta de los miembros presente a la sesión.
ARTICULO 174. Aprobado en segundo debate un acuerdo, se pasará al alcalde para su sanción.
ARTICULO 175. El alcalde, dentro de los dos días siguientes al en que reciba un acuerdo, debe sancionarlo o devolverlo con observaciones. Esto último puede ser por motivos de inconstitucionalidad incompetencia o inconveniencia.
ARTICULO 176. Si el concejo declara infundadas las observaciones del alcalde, este tiene que sancionara el acuerdo.
ARTICULO 177. El alcalde pasará al gobernador copia de todos los acuerdo que sanciones, y cuando crea que son inconstitucionales o ilegales, lo expresará así, explicando de razones en que se funda.
ARTICULO 178. Sancionado un acuerdo, será publicado por bando, en un día de concurso y en el periódico oficial del municipio, si lo hubiere, y desde ese día principia su observancia, a menos que el mismo acuerdo disponga otra cosa.
ARTICULO 179. Son nulos los acuerdos expedidos en contravención a las disposiciones de la Constitución, de las leyes o de las ordenanzas.
ANULACION DE LOS ACUERDOS
ARTICULO 180. Los acuerdos de los concejos son obligatorios mientras no sean anulados por la autoridad judicial.
ARTICULO 181. Derogado por la Ley 130 de 1913. Los particulares agraviados por actos de los concejos podrán pedir al juez que anule tales actos, y el juez, por pronta providencia, suspenderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalidad o de ilegalidad.
PARAGRAFO. 1. El juez del circuito a quien se pida la anulación de un acuerdo resolverá definitivamente o que estime legal, dentro de diez días, contados desde la fecha en que la demanda haya sido presentada. Dentro de este término podrá practicar, de oficio las diligencias que estime necesarias para fundar su fallo.
PARAGRAFO 2. La resolución definitiva del juez del circuito se consultará, en todo caso, con el tribunal superior del distrito judicial correspondiente, quien decidirá en el fondo, dentro del término de diez días, previo traslado por setenta y dos horas al fiscal respectivo.
ARTICULO 182. Derogado por la Ley 130 de 1913. Cualquier agente del ministerio público podrá promover ante el juez del circuito respectivo a la anulación de los acuerdos inconstitucionales o ilegales, y en este caso regirá el procedimientos establecido en el artículo anterior".
ARTICULO 183. El alcalde es el jefe de la administración pública en el municipio, ejecutor de los acuerdos del concejo y agente inmediato del prefecto. El alcalde es, además, jefe superior de policía en el territorio de su jurisdicción.
ARTICULO 184. Las atribuciones de los alcaldes son las siguientes:
ARTICULO 185. El período de duración del alcalde es de un año, a partir de 1 de enero siguiente a su elección, y puede ser reelecto.
ARTICULO 186. El alcalde tendrá dos suplentes, que se denominarán primero y segundo, nombrados por el gobernador, los cuales desempeñarán, por su orden, la alcaldía, cuando por cualquier causa falte el principal.
ARTICULO 187. El alcalde tendrá un secretario, de su libre nombramiento y remoción, y en los municipios en que las rentas lo permitan, tendrá los subalternos que el concejo disponga.
ARTICULO 188. El despacho de la alcaldía estará siempre en la cabecera del municipio.
ARTICULO 189. Los corregidores durarán un año en el desempeño de sus funciones, y son de libre nombramiento y remoción del alcalde.
ARTICULO 190. Los corregidores tendrán por inmediato superior al alcalde del municipio a que pertenezca el caserío que administran.
ARTICULO 191. Los corregidores tomarán posesión ante el alcalde respectivo.
ARTICULO 192. Los corregidores tendrán a los alcaldes al corriente de todas las disposiciones que dicten, para que sean aprobadas, modificadas o improbadas.
ARTICULO 193. El corregidor tendrá un secretario de su libre nombramiento y remoción, el cual podrá ser a la vez recaudador auxiliar de rentas públicas en el corregimiento.
ARTICULO 194. Los empleos de alcalde y de corregidor serán de forzosa aceptación, y pueden ser remunerados o no, según lo dispongan las asambleas respectivas.
ARTICULO 195. Pertenecen a los municipios los bienes que por cualquier título integran hoy su patrimonio, especialmente los bienes vacantes y mostremos que se hallen ahora o después dentro de sus límites; los edificios, puentes y demás obras cuya construcción se haya hecho con los fondo del municipio, y los que les señalen las leyes y ordenanzas.
ARTICULO 196. Las asambleas departamentales fijarán los impuestos que pueden establecer los municipios, sin permitirles gravar objetos gravados por el Estado, y pueden aquellas ceder a estos el todo o parte de los que les correspondan conforme a las leyes.
ARTICULO 197. Las asambleas departamentales pueden reformar o derogar las leyes de los extinguidos Estados, relativas al régimen municipal, sin contravenir a las disposiciones legales.
ARTICULO 198. Los bienes de los municipios gozan de las mismas garantías que las propiedades de los particulares, y en consecuencia no podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos y con los mismos requisitos que lo sean las de los particulares. Dichos bienes no pueden ser gravados con impuestos directos nacionales o departamentales.
ARTICULO 199. Los gastos de cargo de los municipios serán determinados por las respectivas asambleas departamentales, pero no podrán señalarse gastos que la ley haya impuesto al Estado o al departamento.
ARTICULO 200. Los bienes que por su fundación y origen estén destinados a un objeto especial no podrán tener en ningún caso otra aplicación.
ARTICULO 201. Todo solar perteneciente al común, que exista dentro del área de la población y que no sea necesario para algún uso público, se podrá vender con las formalidades aquí prevenidas.
ARTICULO 202. Modificado por la Ley 71 de 1916. Los demás bienes que a juicio del concejo se hagan más productivos, vendiéndolos a censo que manteniéndolo en arrendamiento, podrán ser enajenados de esta manera. Esta venta no se llevará a efecto sino con la aprobación del gobierno, quien para darla oirá los informes del personero municipal y del gobernador.
ARTICULO 203. Derogado por el art. 18, Ley 71 de 1916. Cuando un objeto de necesidad o de utilidad pública exija que se aplique a él el valor de algún bien del municipio, podrá el concejo acordar la venta de tal bien con el objeto expresado, pero sea necesaria la aprobación del gobernador, en los términos del artículo anterior.
ARTICULO 204. En toda venta voluntaria de una finca del común se observará las reglas siguientes:
Se anunciará la venta en el periódico oficial del departamento, con sesenta días de anticipación, por lo menos, y por el mismo termino se fijará el anuncio en lugares públicos de la cabecera del municipio en que exista la finca, en la de los tres municipios más inmediatos y en la capital del departamento;
El anuncio de que trata la regla anterior debe expresar el valor de la finca y el día y la hora del remate, y las condiciones sustanciales de él;
El remate debe hacerse en la cabecera del municipio en que exista la finca, en día de concurso y precediendo pregones por el espacio de una hora, a los menos, en que se anuncien las posturas y mejoras que se hagan;
En los tres días de concurso que precedan inmediatamente al del remate se anunciará este por medio de un pregón;
Cuando ocurriere antes del remate fundado motivo para creer que hubo fraude, colusión o error en el avalúo, dispondrá el concejo que se repita este por diversos peritos. Después de celebrando el remate, solo podrá anularse cuando haya lesión enorme en perjuicio del común, y
ARTICULO 205. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los lotes para monumentos o sepulturas y las bóvedas de los cementerios, cuya propiedad y administración han conservado, de acuerdo con las leyes vigentes, algunos municipios, lotes y bóvedas que pueden enajenarse como lo dispongan los respectivos acuerdos.
ARTICULO 206. Sin cláusula expresa que permita hacerlo, nadie podrá redimir ni traspasar un principal del común, sino con el consentimiento del concejo, el personero municipal y el gobernador, quienes no lo darán sino en el caso de no desmejore la seguridad.
ARTICULO 207. Todo arrendamiento de fincas municipales se hará en pública subasta, y podrá celebrarse hasta por cinco años, prorrogables por cuatro más, cuando el arrendatario haya hecho mejoras considerables en la finca, y las deje a favor del común.
ARTICULO 208. Las vías puentes y acueductos públicos no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Toda ocupación permanente que se haga de estos objetos es atentatoria a los derechos del común, y los que en ello tengas parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables.
ARTICULO 209. Sustituido por la Ley 6 de 1928, art. 4. Los concejos podrán con autorización del gobierno, contratar empréstitos dentro o fuera de la república, para emplearlos exclusivamente en sus mejoras materiales a los municipios que lo soliciten, para gravar los bienes que les pertenezcan, y pignoran sus rentas municipales a fin de asegurar la devolución de los capitales que obtengan y el pago de los respectivos intereses.
ARTICULO 210. Sustituido por la Ley 6 de 1928, art. 4. La solicitud de la autorización ira acompañada de la determinación de la obra y obras que se intenta llevar a cabo, de los planos y estudios que demuestren su conveniencia y utilidad para el respectivo municipio, y del acuerdo por el cual se haya decretado la ejecución de la obra.
ARTICULO 211. Sustituido por la Ley 6 de 1928, art. 4. El gobierno podrá, si lo juzga conveniente, garantizar el cumplimiento de obligaciones de la naturaleza indicada en los artículos procedentes, y aun gravar bienes y rentas nacionales en seguridad de obligaciones.
ARTICULO 212. Todo individuo que sea nombrado tesorero o recaudador de rentas municipales deberá asegurar su manejo, ante el alcalde respectivo, con caución hipotecaria, o con la personal, de uno o más fiadores de reconocida responsabilidad.
ARTICULO 213. Los tesoreros o recaudadores municipales tendrán jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro puntual de los impuestos municipales.
ARTICULO 214. Las cuentas de los tesoreros serán fenecidas en primera instancia por los concejos, y en segunda, por el tribunal departamental de cuentas.
ARTICULO 215. El ministerio público será ejercido por la cámara de representantes y el procurador general de la nación, los fiscales de que trata el Código Judicial, los personeros municipales y los empleados especiales que se nombren en determinados casos.
ARTICULO 216. El objeto primordial de los empleados del ministerio público es la defensa de los intereses del Estado, del departamento, del municipio y en general de la sociedad; la vigilancia constante en la ejecución de las leyes, ordenanzas, acuerdos y órdenes de las autoridades, y en la conducta de los empleados públicos; la averiguación de los delitos y el castigo de los delincuentes.
ARTICULO 217. Siempre que se necesite un empleado del ministerio público y no exista o esté impedido, se nombrará uno que lo remplace en cada asunto determinado. Este cargo es forzoso, y se toma posesión de él ante el empleado que haga el nombramiento.
ARTICULO 218. El procurador es el jefe del ministerio público, y le están subordinados todos los demás empleados del ramo, aunque no todos inmediatamente.
ARTICULO 219. Modificado por la Constitución Nacional, art. 144. El procurador general de la nación será elegido por la cámara de representantes, de tema enviada por el presidente de la república, para un período de cuatro años, y deberá reunir las mismas condiciones que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
ARTICULO 220. Modificado por la Constitución Nacional, art. 144. El procurador general de la nación durará en su destino tres años, y tendrá un suplente que lo remplazará en las faltas temporales y en las absolutas mientras se provee el puesto.
ARTICULO 221. Modificado por la Ley 83 de 1936, art. 1. La Procuraduría General de la nación tendrá las siguientes dependencias:
ARTICULO 222. Son funciones del procurador general:
ARTICULO 223. El ministerio público será ejercido en los tribunales y juzgados por los funcionarios de que trata el Código Judicial y las leyes que lo adicionan y reforman.
ARTICULO 224. El período de duración de los fiscales de los tribunales y juzgados es el de dos años, y se permite la reelección indefinida.
ARTICULO 225. Cada uno de os fiscales de los tribunales o juzgados tendrá dos suplentes, nombrados por el mismo que elige los principales, distinguidos con las denominaciones de 1 y 2.
ARTICULO 226. Los suplentes remplazan a los principales en los casos de faltas absolutas o temporales, mientras el gobierno resuelve otra cosa.
ARTICULO 227. Si faltaren los principales y los suplentes, el gobernador del departamento nombrará fiscales interinos, mientras se hacen los nombramientos respectivos por quien corresponda.
ARTICULO 228. Cuando en un circuito haya dos fiscales, las faltas accidentales de los unos serán llenadas por los otros, en el orden de numeración.
ARTICULO 229. Son funciones de los fiscales de los tribunales de distrito judicial:
ARTICULO 230. Son atribuciones de los demás fiscales o de los empleados llamados a remplazarlos:
ARTICULO 231. El informe de cada fiscal se limitará a los asuntos de que debe conocer y a la estadística relacionada con el tribunal o juzgado respectivo y de los juzgados municipales, corregimientos y demás oficinas subalternas. Cuando haya dos o más fiscales de circuito se dividirán el trabajo relativo a las oficinas subalternas de la manera como los disponga el fiscal del tribunal superior respectivo.
ARTICULO 232. En cada municipio habrá un agente del ministerio público, llamado personero municipal, que tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal.
ARTICULO. 233. El período de duración del personero es de un año, y puede ser reelecto indefinidamente, pero no obligado a servir dos períodos consecutivos.
ARTICULO 234. Son atribuciones del personero municipal:
8. Otorgar o aceptar las escrituras y cualesquiera otros documentos en que tenga interés el municipio, representando los de este y observando las instrucciones del concejo; Ver el Concepto de la Secretaría General 74 de 2003
ARTICULO 235. Modificado por la Constitución Nacional, art. 16. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
ARTICULO 236. Para alcanzar esos grandes e importantes objetos se detallarán en el presente título las principales reglas generales que deben tenerse presentes en el ramo administrativo, a fin de obtener la buena marcha de la cosa pública.
ARTICULO 237. La ley establecimientos, bienes y rentas de la nación; establecimientos, bienes y rentas de los departamentos, y establecimientos, bienes y rentas de los municipios.
ARTICULO 238. En general, son empleados administrativos nacionales los que intervienen exclusivamente en asuntos del Estado; departamentales, los que tienen a su cargo los asuntos del departamento, aunque intervengan en la administración nacional; y municipales, los que manejan asuntos del municipio, aunque tengan algunas intervenciones en los del Estado y del departamento.
ARTICULO 239. A los empleados nacionales no se les puede imponer deberes sino por la leyes, por los reglamentos del gobierno y por las órdenes de sus respectivos superiores.
ARTICULO 240. INEXEQUIBLE. El orden de preferencia de disposiciones contradictorias en asuntos nacionales será el siguiente: la ley, el reglamento ejecutivo y la orden del superior.
Sentencia de la Corte Constitucional C-37 de 2000
ARTICULO 241. Pueden ser nombrados para los destinos públicos, de mando o jurisdicción, todos los ciudadanos en actual ejercicio, menos cuando la Constitución o la ley exijan determinados requisitos y cualidades o establezcan prohibiciones determinadas.
ARTICULO 242. El vicio de la beodez es impedimento absoluto para ejercer cualquier empleo público.
ARTICULO 243. La facultad de conferir empleos comprende la de proveerlos en propiedad o en interinidad, y la de hacer la designación de principales y suplentes de cada cargo o puesto público, exceptuando los destinos de elección popular y aquellos respecto de los cuales la ley disponga otra cosa.
ARTICULO 244. Siempre que se provea un empleo se comunicará la elección al nombrado y a las oficinas que deben tener conocimiento del hecho.
ARTICULO 245. Todo empleado público puede ser electo indefinidamente, salvo los casos exceptuados expresamente por la Constitución o la ley; pero el que sirvió un destino oneroso por más de la mitad de un período no es obligado a aceptar en el período siguiente.
ARTICULO 246. Los destinos remunerados son, por regla general, de voluntaria aceptación; y los onerosos, obligatorios, salvo los casos exceptuados especialmente en las leyes.
ARTICULO 247. El que sea nombrado para servir un destino obligatorio debe posesionarse a más tardar el día en que ha de entrar a ejercerlo. Si se le nombra después de principiado el período, se posesionará a más tardar en los días siguientes al en que reciba el oficio del nombramiento, más el término de la distancia, si la hubiere, a manejos que pida permiso, con justa causa, para demorar la posesión.
ARTICULO 248. El individuo nombrado para el empleo de voluntaria aceptación tendrá diez días para aceptarlo o rehusarlo, y otros diez para posesionarse y entrar a servicio. Si ya el período principio o correr, o no residiere en el lugar, tendrá además el términos de la distancia y noventa días más
ARTICULO 249. Cuando faltare absolutamente un empleado que no pueda ser reemplazado por el suplente o suplentes, la primera autoridad política el lugar nombrará el empleado interino y dará cuanta en el acto al que debe proveer el empleo.
ARTICULO 250. Los destinos públicos se proveen por la autoridad que en cada caso designen las leyes, ordenanzas, acuerdos o reglamentos. En caso de silencio o duda, regirán las reglas siguientes: si el destino fuere del orden nacional, lo proveerá el presidente de la república, si del orden departamental, el gobernador del departamento, y si del orden municipal, el alcalde del municipio.
ARTICULO 251. Ninguno funcionario entrará a ejercer su cargo sin prestar juramente de sostener y defender la Constitución, y de cumplir las deberes que le incumba. Estos es lo que se llamas posesión del empleo, o bien, tomar posesión de él.
ARTICULO 252. De todo acto de posesión se dejará constancia en una diligencia que firmarán el que da la posesión, el que la toma y el secretario de la oficina, y en su defecto, los testigos.
ARTICULO 253. El presidente de cada cámara se posesionará ante ella, y cada uno de sus miembros, antes el presidente.
ARTICULO 254. El presidente de la república se posesionará ante el Congreso, y en su receso, ante la Corte Suprema, y por falta de esta, ante dos testigos.
ARTICULO 255. Los ministros del despacho ejecutivo se posesionarán ante el presidente de la república.
ARTICULO 256. Los presidentes de las asambleas departamentales se posesionarán ante ellas, y cada uno de sus miembros, así como el secretario y subalternos, ante el presidente.
ARTICULO 257. Los gobernadores de los departamentos se posesionarán ante las asambleas departamentales, y en su defecto, ante el respectivo tribunal superior, residente en el lugar.
ARTICULO 258. Los prefectos se posesionarán ante la primera autoridad judicial de la capital de la provincia; y si hubiere dos o más jueces, ante el primero de lo civil. En casos graves y excepcionales puede posesionarse ante cualquiera autoridad que ejerza jurisdicción, o ante dos testigos.
ARTICULO 259. Los presidentes de los concejos tomarán posesión ante dichas corporaciones, y los miembros de ellas, secretario y subalternos, si los hubiere, ante el presidente.
ARTICULO 260. El alcalde se posesionará ante el juez municipal, y en caso grave o urgente, ante dos testigos. El secretario y subalternos, si los hubiere, ante el alcalde.
ARTICULO 261. Los jefes de cuerpos especiales de policía, ante la autoridad política de quien dependan inmediata y directamente; los subalternos, ante su respectivo jefe.
ARTICULO 262. Los empleados nacionales del orden administrativo y fiscal se posesionarán ante el ministro respectivo, el gobernador del departamento, el prefecto de la provincia o el alcalde municipal, según el lugar de su residencia, prefiriendo siempre el empleado de mayor categoría.
ARTICULO 263. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general de la nación se posesionará ante el presidente de la república; y el Secretario y subalternos, ante el presidente de la Corte y ante el procurador, respectivamente.
ARTICULO 264. Los magistrados de los tribunales y los fiscales de los mismos se posesionarán ante el gobernador; en su defecto, ante el prefecto de la provincia, y en defecto de este, ante el alcalde. El secretario y subalternos, ante el presidente del tribunal y fiscal de quien dependan.
ARTICULO 265. Los jueces superiores y de circuito y sus fiscales se posesionarán ante el prefecto de la provincia, y en su defecto ante el alcalde. Los secretarios y subalternos, ante los jueces o fiscales de quien dependan.
ARTICULO 266. Los jueces municipales se posesionarán ante el alcalde, y los secretarios y subalternos, si los hubiere, ante los jueces respectivos.
ARTICULO 267. Los empleados creados por ordenanzas o acuerdo se posesionarán ante los funcionarios que determinen dichas ordenanzas o acuerdos. Si nada dijeren sobre el particular, se seguirán las reglas de este capítulo.
ARTICULO 268. Si hubiere empleados no comprendidos en las anteriores disposiciones, se posesionarán en la forma siguiente: los jefes de oficinas, ante la primera autoridad política que haya en el lugar, y en su defecto, ante dos testigos; los Secretarios y subalternos, ante los respectivos jefes.
ARTICULO 269. Por regla general, cuando la autoridad correspondiente se negare, sin causa legal, a dar posesión a un empleado cuyo nombramiento emane de otra, aquel puede posesionarse ante cualquier empleado que ejerza autoridad o jurisdicción, o ante dos testigos, dando cuenta de ello a quien le hizo el nombramiento.
ARTICULO 270. El período de duración del presidente será de cuatro años, a contar del 7 de agosto de 1910. Lo propio se dice de los ministros y de los demás empleados del despacho ejecutivo.
ARTICULO 271. Los senadores durarán en sus destinos cuatro años, y los representantes dos, contados para cada uno desde el 20 de julio siguiente a su elección.
ARTICULO 272. Los diputados a las asambleas departamentales durarán en sus destinos dos años, contados del 1 de marzo siguiente a su elección. Los secretarios y subalternos de dichas asambleas, el tiempo que estas les señalen.
ARTICULO 273. Los gobernadores de departamento durarán en su destino dos años. Servirá de fecha inicial el 1 de mayo de 1913. Los secretarios y subalternos durarán el tiempo que lo quiera el gobernador.
ARTICULO 274. Los prefectos, sus secretarios y subalternos durarán en sus destinos un año, contado desde el 1 de enero.
ARTICULO 275. Los alcaldes y subalternos respectivos durarán un año, contado del 1 de enero.
ARTICULO 276. Los jefes y subalternos de cuerpos especiales de policía durarán en sus destinos el mismos tiempo que la autoridad política de quien dependan inmediata y directamente.
ARTICULO 277. Los fiscales de los tribunales y juzgados durarán en sus destinos dos años. La fecha inicial de estos períodos es el 1 de julio de 1913.
ARTICULO 278. Los períodos de los empleados creados por ordenanzas y acuerdos serán fijados por las respectivas asambleas o concejos, en los mismos acuerdos u ordenanzas, y en su defecto, por las reglas generales de la presente ley.
ARTICULO 279. Los períodos de los empleados no comprendidos en las reglas de los artículos anteriores se computarán en la forma siguiente:
ARTICULO 280. Declaro EXEQUIBLE Sentencia Corte Constitucional 448 de 1997. Siempre que se haga una elección después de principiado un período, se entiende hecha solo ara el resto del periodo en curso.
ARTICULO 281. Ningún empleado administrativo dejará de funcionar, aunque su período haya terminado, sino luego que se presente a remplazarlo en que haya sido nombrado para el efecto, o el suplente respectivo.
ARTICULO 282. La determinación del periodo de duración de un empleado no coarta en nada la facultad de removerlo, si se le ha conferido especial y expresamente a alguna autoridad.
DESPACHO PÚBLICO.
ARTICULO 283. Los empleados públicos que por razón de sus funciones deban tener despacho diario, mantendrán abierta su oficina el tiempo necesario para despachar los asuntos en los términos que las leyes señalen.
ARTICULO 284. Las cámaras legislativas, las asambleas departamentales, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito, la corte de cuentas, los concejos y en general las corporaciones públicas, señalarán las horas de despacho obligatorio, salvo lo dispuesto expresamente en leyes especiales.
ARTICULO 285. Los jefes de las oficinas tienen el deber de vigilar la conducta de sus subordinados y obligarlos al cumplimiento de sus deberes.
ARTICULO 286. El jefe de cada oficina distribuirá el trabajo entre sus subalternos de una manera equitativa, y variará la distribución cuando lo juzgue necesario o conveniente al buen servicio público.
ARTICULO 287. Los reglamentos pueden imponer penas correccionales de apercibimiento, multa hasta de veinte pesos, suspensión y remoción por falta de asistencia alas oficinas o por mal desempeño de sus funciones.
ARTICULO 288. El local, el mueblaje y útiles de escritorio de las oficinas departamentales o provinciales, de cargo del departamento, y los de las oficinas municipales, del municipio.
ARTICULO 289. Los jefes de las oficinas vigilarán que los secretarios reciban los archivos por inventario y que arreglen convenientemente el que corresponda al tiempo que funcionen. Al efecto impondrán multas sucesivas a los secretarios que han funcionado o funcionen, para que cumplan con sus deberes. Estas multas se reputan penas correccionales.
ARTICULO 290. Las ordenanzas arreglarán los demás detalles, para conseguir una administración pública enteramente satisfactoria en las oficinas departamentales, provinciales y municipales.
ARTICULO 291. Todo el que desempeñe un empleo lucrativo, de voluntaria aceptación, tiene derecho a una licencia de sesenta días al año, seguidos o divididos de la manera que estime conveniente.
Si concurre justa causa, la licencia se prolongará por el tiempo que aquella dure.
ARTICULO 292. El que obtenga licencia para separase de un destino lucrativo de voluntaria aceptación debe encargarse de él al terminar su licencia, a más tardar; si así no lo verifica, queda de hecho vacante el destino, y se provee por quien corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad por el abandono del destino.
ARTICULO 293. El suplente o interino que reemplace al principal en caso de licencia, tiene derecho al sueldo integro del destino. El que obtenga la licencia no tiene derechos a parte alguna del sueldo en ningún caso.
ARTICULO 294. Todo el que sirva un empleo oneroso tiene derecho a que se le conceda una licencia hasta de treinta días en el año, bien sea seguidos o con los intervalos que quiera.
ARTICULO 295. El que desempeñe un destino obligatorio, sea o no remunerado, que obtenga una licencia, debe volver a encargarse de él día en que esta termine o el siguiente por la mañana, a más tardar.
ARTICULO 296. La licencia no puede revocarse por el que la concede, pero puede en todo caso renunciarse por el agraciado.
ARTICULO 297. Toda licencia da lugar a una falta temporal, que se llenará con el respectivo suplente, a menos que el que la conceda tenga derecho a hacer libre nombramiento y remoción y quiera designar un interino mientras dura la licencia.
ARTICULO 298. El empleado a quien se conceda una licencia no puede separarse de su puesto mientras son se posesiones el que deba emplazarlo; y el que reemplace al que está con licencia debe funcionar hasta que se cargue del despacho el principal, o quien deba remplazarlo.
ARTICULO 299. Todo el que sirva un destino de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente. Si el empleado que oye la renuncia creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública en no admitir la renuncia, podrá negarla, pero si se insistiere en ella, la aceptará.
ARTICULO 300. Son motivos suficientes para eximirse de servir destinos obligatorios:
ARTICULO 301. El empleado que quiera eximirse de un empleo de forzosa aceptación acompañará a su solicitud los comprobantes respectivos. Si el empleado que debe resolver el asunto los encontrare deficientes; puede hacerlos ampliar, si le parece justo y razonable, antes de decidir.
ARTICULO 302. Todo empleado que conceda una renuncia o una excusa dispondrá lo conveniente par que se llene la falta, a menos que puede prescindirse de ese empleado sin perjuicio de la buena marcha de la administración pública.
ARTICULO 303. Respecto a los empleados ante quienes se deben solicitar las licencias o presentar las excusas y las renuncias, se observarán las reglas siguientes:
ARTICULO 304. En casos urgentes en que las circunstancias no permitan que se ocurra ante el empleado a quien debe pedirse la licencia, la concederá la primera autoridad política del lugar, pero solo por el tiempo necesario para que se ocurra al empleado competente.
ARTICULO 305. Son faltas absolutas las que provienen de renuncia admitida, excusa definitiva aceptada, muerte, destitución y declaración de vacancia.
ARTICULO 306. Ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente la autoridad política o civil y la judicial o la militar.
ARTICULO 307. Por regla general, una misma persona no puede desempeñar a un tiempo dos o más destinos remuneradas. Se exceptúan los casos siguientes:
ARTICULO 308. Cuando un individuo fuere llamado para ejercer a la vez dos o más destinos incompatibles, preferirá el que fuere de su voluntad.
ARTICULO 309. En general, los empleados con jurisdicción, que extiendan sus funciones a toda la república, pueden castigar a los que les desobedezcan o falten al debido respecto, con penas correccionales, consistente en multas hasta de ciento pesos y arresto hasta por quince días; si sus funciones se extienden a varias provincias de uno o de diversos departamentos, las multas no pueden exceder de cincuenta pesos, ni el arresto de ocho días; si funcionan en varios pueblos de una misma o diversas provincias, la multa no excederá de veinticinco pesos ni el arresto de cinco días; y finalmente, si funcionan en un mismo municipio, la multa no excederá de diez pesos ni el arresto de tres días, salvas en todo caso las disposiciones especiales de la ley.
ARTICULO 310. Para imponer una pena correccional es necesario probar primero la falta, bien con una certificación escrita del secretario, o con declaraciones de dos o más testigos presenciales.
Si este reclamare en los dos días siguientes a la notificación, el empleado examina y resuelve la reclamación. Esa decisión es inapelable, pero el empleado que abuse de su poder, a pretexto de ejercer la facultad referida, será castigado con arreglo a la ley penal.
ARTICULO 311. Se entiende por penas correccionales las que imponen los empleados que ejercen jurisdicción a los que les desobedecen o faltan al debido respeto, y las demás a las cuales la ley atribuya especialmente esa calidad.
ARTICULO 312. Ningún empleado tiene obligación de imponer penas correccionales por desobediencia o irrespetos, pues en esos casos puede disponer que la falta se juzgue o castigue por la vía ordinaria.
ARTICULO 313. Al que sea castigado correccionalmente por una falta no se le puede seguir causa por la vía ordinaria por la misma falta, a menos que se haya ejecutado un hecho que constituya a la vez desacato o desobediencia al empleado público, y un delito o falta diversa definidos especialmente en la ley penal.
ARTICULO 314. Sustituido por la Ley 84 de 1915, art. 4. Todo empleado público puede ejerces sus funciones fuera de la cabecera de la entidad política de su jurisdicción y a cualquier hora, siempre que así lo requiera el servicio público, y salvo los actos que según la ley o las ordenanzas deban ejecutarse en lugar o tiempo determinados. Fuera de tales casos estarán obligados a permanecer en la indicada cabecera.
ARTICULO. 315. Los secretarios de las corporaciones y autoridades públicas dan fe en los certificados que expida relativamente a los negocios que les están confiados por razón de su empleo.
ARTICULO 316. Todo individuo puede pedir certificados a los jefes o secretarios de las oficinas, y los primeros los mandarán dar si el asunto de que se trata no fuere reservado. Si lo fuere, el certificado se extenderá, pero se reservará en la oficina hasta que cese la reserva y pueda entregársele al interesado.
ARTICULO 317. Los jefes de las oficinas pueden disponer, de oficio, que, se extiendan certificados sobre los asuntos que estimen convenientes, en el libro de que habla el artículo anterior.
ARTICULO 318. Cuando se trate de llevar a efecto una obra que interese a varios municipios, y las autoridades municipales no pudieren ponerse de acuerdo sobre el asunto al ejecutarla, decidirá el punto el prefecto de la provincia a que pertenezcan los municipios; si pertenecieren a varias provincias, el gobernador del departamento respectivo, si fueren de varios departamentos, el gobierno.
ARTICULO 319. Cada ocho años se hará el censo general de la república, observándose al efecto las prescripciones de la ley de la materia, y desde que se apruebe por el congreso regirá en todos los actos oficiales. El congreso puede aprobar el censo total o parcialmente, cuando en algunas localidades no se hayan ejecutado los trabajos o se hayan ejecutado de una manera indebida.
ARTICULO 320. Todo individuo tiene derecho a que s ele den copias de los documentos que existan en las secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan carácter de reserva; que el que solicite la copia suministre el papel que debe emplearse y pague al amanuense, y que las copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la oficina y sin embarazar los trabajo de esta.
Ningún empleado podrá dar copia de documentos que según la Constitución o la ley tenga carácter de reservados, ni copia de cuales quiera otros documentos, sin orden del jefe de la oficina de quien dependa. Ver el Concepto de la Secretaría General 70 de 2003
ARTICULO 321. Todo empleado público debe firmar poniendo con todas sus letras el nombre y apellido. Solo es permitido poner con las iniciales los segundos nombres y apellidos que se usen para distinguirse de otros individuos.
ARTICULO 322. El gobierno dispondrá el distintivo que deben usar los empleados de policía para que puedan ser reconocidos a primera vista por los particulares.
ARTICULO 323. El empleado de una oficina de manejo, que negocie en papeles de crédito público del Estado o de los departamentos, será removido de su destino. Esta pena se reputa correccional y se aplica por el jefe de la oficina respectiva.
ARTICULO 324. El gobierno puede hacer extensiva la disposición del artículo anterior a todos aquellos empleados respecto de los cuales juzgue que haya graves inconvenientes en que puedan negociar con papeles de crédito público.
ARTICULO 325. Ningún empleado público podrá ejercer poderes, ni gestionar ni patrocinar directa ni indirectamente reclamaciones que se rocen con los intereses nacionales o seccionales, encomendados a la oficina donde preste sus servicios.
ARTICULO 326. Todo empleado del orden administrativo que, debiendo presentar en determinado tiempo algún informe, no lo hiciere, pagará una multa de veinte a doscientos pesos. La pena se reputa correccional y se impone por le respectivo superior.
ARTICULO 327. Todo empleado público debe respeto y obediencia a sus superiores, y cortesía y deferencia a los particulares.
ARTICULO 328. Todo empleado público es directa y personalmente responsable de los actos punibles que ejecute, aunque sea a pretexto a ejercer sus funciones, a menos que pruebe haber procedido por orden superior, de aquellas cuyo cumplimiento es ineludible, según la Constitución y la ley.
ARTICULO 329. Los empleados públicos deberán sujetarse estrictamente a los reglamentos que dicte la autoridad competente, para el buen servicio interior de las respectivas oficinas.
ARTICULO 330. Los jefes de las oficinas públicas pueden admitir ayudantes que trabajen sin remuneración, con el fin de instruirse prácticamente en la manera de desempeñar los diversos destinos públicos.
ARTICULO 331. Reglamentado por el Decreto Nacional 2235 de 1971 La administración nacional y las del departamento, provincia y municipios, pueden auxiliar sus trabajos con el concurso de juntas o comisiones patrióticas, en ramos especiales, y en su caso pueden dotar los empleados subalternos que dichas juntas o comisiones necesiten.
ARTICULO 332. Solo en los casos de omisión en el cumplimiento de sus deberes, o de retardo o denegación en el despacho, serán compelidos los empleados administrativos a llenar sus funciones por los respectivos superiores, con los apremios legales.
ARTICULO 333. Es vecino de un municipio, para los efectos políticos:
ARTICULO 334. El gobierno reglamentará la manera de proceder en los asuntos administrativos de carácter nacional, sobre las bases siguientes:
3. Que se definan bien los casos de impedimento, a fin de asegurar la imparcialidad de los empleados, y se disponga claramente la manera de remplazar a los impedidos; y
ARTICULO 335. El poder ejecutivo puede, en los casos no previstos que ocurran, disponer lo que juzgue conveniente y equitativo en cuanto al procedimiento de los empleados nacionales, y puede también modificar o reformar los reglamentos sobre el particular, cuando lo crea justo y razonable.
ARTICULO 336. Las asambleas departamentales quedan autorizadas para fijar reglas de procedimiento en los asuntos departamentales y municipales.
ARTICULO 337. El gobierno, en los asuntos nacionales, y las asambleas departamentales, en los que los departamentos y municipios, dispondrán lo conveniente respecto del arreglo de los archivos, la contabilidad de los fondos públicos y los demás detalles relativos a los mismos asuntos.
ARTICULO 338. Ninguna autoridad podrá conceder permiso para encerrar dentro de cercados u ocupar con cultivos o habitaciones porción alguna de las vías públicas.
ARTICULO 339. Cuando el congreso o cualquiera de sus cámaras o las asambleas departamentales tengan por ley o por ordenanza la faculta de hacer nombramientos se entenderá que tales entidades pueden ejercer esa atribución desde la sanción de la ley o de la ordenanza que dispone el nombramiento.
ARTICULO 340. Deróganse la ley 149 de 1888, la ley 20 de 1908 y la ley 88 de 1910, a excepción del artículo 67 de esta última, que continuará en vigor.
Ley 4 de 1913 Nivel Nacional MODIFICADA POR LA LEY 19 DE 1958
ARTICULO 12 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 14 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 15 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 16 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 25 . DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 27 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 28 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 29 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 30 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 31 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 32 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 33 . DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
numeral 15, ARTICULO 68 . MODIFICADO POR EL DECRETO 2536 DE 1955
numeral 15, ARTICULO 97 MODIFICADO POR LA LEY 71 DE 1916, ART. 4.
numeral 22, ARTICULO 97 MODIFICADO POR LA LEY 71 DE 1916
numeral 23, ARTICULO 97 MODIFICADO POR LA LEY 71 DE 1916
numeral 28, ARTICULO 97 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
numeral 33, ARTICULO 97 MODIFICADO POR LA LEY 71 DE 1916
ARTICULO 127 REGLAMENTADO POR EL DECRETO NACIONAL 2235 DE 1971
ARTICULO 147 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 202 MODIFICADO POR LA LEY 71 DE 1916
ARTICULO 203 DEROGADO POR EL ART. 18, LEY 71 DE 1916
ARTICULO 280 DECLARO EXEQUIBLE SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL 448 DE 1997
ARTICULO 331 REGLAMENTADO POR EL DECRETO NACIONAL 2235 DE 1971

References: resolución 
 resolución 
 artículo 202
 resolución 
 resolución 
 artículo 167
 resolución 
 artículo 67