Source: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38291
Timestamp: 2017-11-19 06:51:32+00:00

Document:
Concepto 22 de 2010 Oficina Jurídica Nacional
Doctor Juan Camilo Restrepo, Secretario Comité Nacional de Matrículas - Director Nacional de Bienestar.
Oficio J-006 del 29 de enero de 2010 y Oficio CNM. 012 del 15 de marzo de 2010. Caso del señor Carlos Hernán Romero Charria.
Teniendo en cuenta sus oficios de la referencia donde solicitan concepto de este despacho sobre el procedimiento que se debe adelantar por la Universidad y la competencia para conocer asuntos en los cuales, como en el caso del señor Carlos Hernán Romero Charria, se ha presentado un documento posiblemente falso para ingresar a la Universidad, al respecto se observa:
- La Oficina de Registro y Matrícula en el proceso de verificación de la documentación entregada por cada uno de los admitidos a los programas de las Sedes encontró algunas inconsistencias en el documento de pruebas de estado presentado por el señor Carlos Hernán Romero Charría.
- Siguiendo las sugerencias Suministradas a la Oficina de Registro y Matrícula por la Secretaría General en oficio SG 1266 de 2009 y debido a la inconsistencia encontrada en el documento Pruebas de Estado se solicitó al Icfes certificará el número de registro y la respuesta textual de la citada institución fue:
"Que el señor Romero Charria Carlos Hernán identificado con documento de identidad número 14.702. 492 no figura presentando examen de Estado en el año 2005. La copia de la prueba de Estado presentada por el señor Romero Charria han sido modificadas y no son copia fiel de las que obtienen de nuestra base de datos ingresando a www.icfesinteractivo.gov.co";
- En consideración a lo anterior conforme a la ley 30 de 1992, artículo 14 el que dispone: "Son requisitos para el ingreso a la Educación Superior, además de lo que señale cada institución, los siguientes: parágrafo a. Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado Examen de Estado para ingreso a la Educación Superior", La Jefe de Registro y Matrícula de la Sede Palmira ofició al señor Carlos Hernán Romero Charria (Oficio RM- 424 del 9 de diciembre de 2009) advirtiéndole que no puede hacer uso de su cupo hasta tanto no se defina su situación, informándole que el Consejo Superior Universitario en su acuerdo 116 de 1986 determinó sanciones sobre fraude y falsificación de documentos para lo cual dio traslado de su caso al Consejo Superior Universitario;
- Mediante oficio RM 425 del 9 de diciembre de 2009 la Oficina de registro y Matrícula de la Sede Palmira remite el asunto al Consejo Superior Universitario para su consideración y fines pertinentes;
- Por oficio SG- 1376 de 2009 del 17 de diciembre de 2009 el Secretario General reitera lo indicado a la Oficina de Registro y Matrícula de la Sede Palmira en el sentido de indicar: "1. En relación con el caso del señor CARLOS HERNÁN ROMERO CHARRIA es indispensable que se de cumplimiento a los establecido en el Acuerdo 116 de 1986 del Consejo Superior Universitario 2. Sin perjuicio de lo anterior y con el debido acompañamiento de la Oficina Jurídica de la Sede, deberá darse inicio a las acciones correspondientes, denuncia ante la Fiscalía General de la Nación".
- Así las cosas Mediante Oficio CSU- 015 -10 del 21 de enero de 2010 el Secretario General devuelve la documentación remitida por la Jefe de Registro y Matrícula.
- Mediante oficio RM-007 del 20 de enero de 2010 la Jefe de la Oficina de Registro y matrícula remite los antecedentes del asunto a la Asesora Jurídica de la Sede Palmira explicándole que de conformidad con los oficios remitidos por la Secretaría General no existe legislación sobre esos casos diferente al Acuerdo 116 de 1986 por consiguiente no hay claridad sobre la competencia y el procedimiento a realizar.
- Mediante oficio J-006 del 26 de enero de 2010 la Asesora Jurídica de la Sede Palmira remite a este despacho los documentos recibidos para que se estudie el trámite a seguir ya que considera que en el Acuerdo 116 de 1986 no se encuentra el procedimiento ni competencias establecidas para su aplicación.
- Adicionalmente mediante oficio RM- 021 del 1 de febrero de 2010 la Oficina de Registro y Matrícula de la Sede le remitió el caso al Comité Nacional de Matrículas por ser un admitido no matriculado, al considerar que la competencia sobre la ejecución de un proceso sancionatorio posiblemente corresponda al "Comité Nacional de Admisión y no a la Sede".
- El Secretario del Comité Nacional de Matrículas mediante oficio CNM del 15 de marzo de 2010 solicita concepto a este despacho sobre la instancia competente para la ejecución de un proceso sancionatorio por falsedad en documentos.
1. Ley 30 de 1992
2. Acuerdo 101 de 1977 del Consejo Superior Universitario.
3. Acuerdo 116 de 1986 del Consejo Superior Universitario
4. Acuerdo 58 de 1986 del Consejo Superior Universitario
5. Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario
5. Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior Universitario
6. Resolución 334 de 2007 de la Rectoría
7. Resolución 236 de 2009 de la Vicerrectoría Académica
1. Sentencia T- 870 de 2000 de la Corte Constitucional
2. Sentencia t- 496 de 2000 de la Corte Constitucional
¿Qué acciones puede iniciar la Universidad en contra de un admitido que se presentó a un programa académico de la institución utilizando un documento presuntamente falso?
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 008 de 2008 el admitido sólo adquiere la calidad de estudiante una vez se efectúe la matrícula inicial, así las cosas la reglamentación interna de la Universidad con relación a los estudiantes no le es aplicable al mencionado aspirante quien es un seleccionado por la institución a quien sólo le son aplicables las normas de admisión a la Universidad, en ese sentido las acciones que puede iniciar la Universidad frente a dicho aspirante se limitan a dar aplicación a la reglamentación en materia de admitidos entre ellas el Acuerdo 116 de 1984 y a instaurar la denuncia penal ante las autoridades competentes.
A. LEY 30 DE 1992:
"ARTÍCULO 14. Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, además de los que señale cada institución, los siguientes:
c) Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título profesional o título en una disciplina académica".(subrayado fuera de texto)
B. NORMATIVIDAD INTERNA DE LA UNIVERSIDAD
1. Acuerdo 101 de 1977 O ANTERIOR ESTATUTO ESTUDIANTIL:
"ARTÍCULO 24. La matrícula es el acto por el cual el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante; al estampar su firma en el respectivo documento, se compromete a cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en la Universidad.
2. ACUERDO 008 de 2008 o NUEVO ESTATUTO ESTUDIANTIL:
"DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE:
ARTÍCULO 8. Inscripción. La inscripción es el proceso por el cual los estudiantes o los admitidos inscriben las asignaturas que cursarán o las actividades académicas que desarrollarán en el periodo académico correspondiente cuantificadas en créditos de acuerdo con las normas de su plan de estudios y en las fechas establecidas por la Universidad para tal fin". (Subrayado fuera de texto).
c. Realizar la inscripción. (subrayado fuera de texto)
(subrayado fuera de texto)".
3. ACUERDO 116 DE 1986 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO:
"Por la cual se determinan sanciones sobre fraude y falsificación de documentos"
Considerando: Que incurre en falta grave los estudiantes a quienes se compruebe falsificación.
Artículo 1. Quien falsifique documentos, use documento falso, suministre información falsa o cometa cualquier otro fraude por ingresar a la Universidad Nacional o para obtener cualquiera de los servicios que ella preste, se hace acreedor a las siguientes sanciones:
1. Si se trata de ingreso, no podrá ser admitido en un plazo de diez años, contados desde el momento de la comisión de la falta-
2. Si se trata de obtención de servicios que presta la Universidad se hará acreedor a la cancelación de la matrícula o expulsión
Artículo 2. A iguales sanciones se hará acreedor quien de cualquier forma participe en los hechos a que refiere el artículo anterior.
Artículo 3. La resolución por medio de la cual se otorga la sanción será comunicada al Instituto Colombiano para el fomento de la Educación, ICFES.
Artículo 4. Las anteriores sanciones se entienden sin perjuicio del informe que deba darse a las autoridades penales respectivas". (subrayado fuera de texto)
4. ACUERDO 044 DE 2009 Por el cual se adopta el Estatuto Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia
ARTÍCULO 1. Campo de aplicación. El presente Estatuto se aplica a los estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad Nacional de Colombia conforme al Artículo 1 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario.
ARTÍCULO 33. Tipos de sanciones. Por conductas previamente definidas como violatorias del régimen disciplinario en el presente estatuto, se podrá imponer alguna de las siguientes sanciones:
1. Imposición de nota mínima: Es la anulación de una prueba o un trabajo de carácter académico que será calificado con nota cero punto cero (0.0)
2. Amonestación privada: Es la recriminación que le hace la autoridad al estudiante explicando el contenido violatorio del régimen disciplinario de su conducta y generando un espacio de reflexión para el estudiante, Podrá ser efectuada verbalmente o mediante comunicación escrita
3. Amonestación pública: Es la recriminación pública que le hace la autoridad al estudiante, explicando el contenido violatorio del régimen disciplinario e su conducta y generando un espacio de reflexión colectivo para los estudiantes. Será hecha por resolución motivada del Consejo de Facultad, que será fijada en un lugar público y podrá ser divulgada por los diferentes medios de comunicación de la Universidad.
4. Matrícula a condición de cumplir con una conducta determinada por un periodo de tiempo definido, no superior a un (1) periodo académico
5. Suspensión. Es la exclusión temporal del estudiante de los programas regulares de la Universidad hasta por dos (2) periodos académicos, que empezarán a cumplirse una vez impuesta la sanción. Copia de esta sanción se registrará en la hoja académica del estudiante.
6. Expulsión. Es la cancelación definitiva de la matrícula y la consecuente imposibilidad para el estudiante de volver a ingresar a cualquiera de los programas académicos regulares o no regulares que ofrece la Universidad, hasta un plazo máximo de tres (3) años. Copia de esta sanción se registrará en la hoja académica del estudiante.
Artículo 35. Aplicaciones de las sanciones: De acuerdo con las clases de faltas definidas en el presente Estatuto, las sanciones disciplinarias que se imponen son las que se enuncian a continuación:
1. Sanciones por faltas leves: Las faltas leves se sancionan con imposición de la nota mínima, amonestación privada o pública o matrícula condicional.
2. Sanciones por faltas graves: Las faltas graves se sancionan con suspensión.
3. Medidas a faltas especialmente graves: Las faltas especialmente graves se sancionan con expulsión.
Parágrafo: La acción disciplinaria y la aplicación de las sanciones serán procedentes aunque el estudiante se haya retirado de la Universidad.
Artículo 36: Autoridades que imponen medidas disciplinarias. En la Universidad Nacional de Colombia impondrán medidas disciplinarias los profesores respecto a la nota mínima, Los Consejos de Facultad, Los Consejos de Sede, El Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario.".
5. Resolución 236 de 2009. Por la cual se reglamenta la admisión a los programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia.
Artículo 1. Los procesos de admisión a la Universidad Nacional de Colombia, realizados a través de la Dirección Nacional de Admisiones, son aquellos mediante los cuales se seleccione, de los aspirantes inscritos, a los nuevos estudiantes de la Universidad, mediante la aplicación de pruebas de admisión.
Artículo 8. Para ser admitido a un programa académico de la Universidad Nacional de Colombia se requiere cumplir en totalidad con las siguientes condiciones:
a. Inscribirse dentro de las fechas y bajo las condiciones establecidas en la convocatoria, seleccionando el programa académico por el cual participa en primera opción. Los aspirantes que así lo deseen pueden inscribir programas en segunda opción, de acuerdo con las disposiciones de la convocatoria.
Artículo 14. Las pruebas o resultados de las mismas deberán anularse cuando se incumplan las condiciones previstas en este reglamento o cuando se presenten hechos de fraude: copia, sustracción del material de la prueba, intento de suplantación de persona; o cuando los controles de aplicación y calificación indiquen la ocurrencia de circunstancias irregulares en su desarrollo, que afecten la validez de la prueba. Quienes incurran en fraude quedarán inhabilitados para presentar pruebas de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, por un periodo de un (1) a cinco (5) años, lo cual se ha por resolución motivada e la Dirección Nacional de Admisiones, teniendo como segunda instancia la Vicerrectoría Académica. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en quienes incurran en las faltas mencionadas y dependiendo el tipo de falta, se adelantarán las acciones judiciales y administrativas que sean del caso.
Artículo 23: La Dirección Nacional de Admisiones informará a la Dirección de Registro de cada Sede el número de estudiantes en cada asignatura de nivelación para su inscripción automática
Artículo 24. Son deberes del Admitido, entre otros:
a. Consultar los resultados de la prueba de Admisión.
b. Consultar el calendario del proceso de registro y matrícula.
c. Cumplir con todos los requisitos para el proceso de registro y matrícula, dentro de las fechas establecidas para adquirir la calidad de estudiante.
d. Presentar las pruebas de clasificación que le correspondan, de acuerdo con la citación emitida por la Dirección Nacional de Admisiones." (subrayado fuera de texto)
C .NORMAS SOBRE COMPETENCIAS:
a. Competencia de la División de Registro y Matrícula:
1. Determina el Acuerdo 58 de 1986 del Consejo Superior Universitario (16 de julio de 1986)1 por el cual se reglamentan algunos Artículos del Estatuto General de la Universidad- Acuerdo 44 de 1986:
Artículo 26: La Universidad tendrá un Departamento de Registro y Matrícula en la Sede y
Una Sección de Registro y matrícula en cada Seccional. Estas dependencias estarán
PARAGRAFO: El Departamento de Registro y Matrícula coordinará la Información referente
al registro estudiantil en toda la Universidad: estudiantes matriculados, retirados, graduados.
3. Acuerdo 002/03 del Consejo Superior Universitario, artículo 1., literal c. "Por el cual modifica el Acuerdo 101 de 1977 -Estatuto Estudiantil- en el sentido de redefinir los términos establecidos en los artículos 13o. y 14o."
c. Registrado: Estado que se adquiere como resultado de la verificación (por la División de Registro) de que el admitido se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto ante la Universidad.
Para estar a paz y salvo ante la Universidad, el admitido debe presentar los documentos requeridos, recibir la liquidación de matrícula con la correspondiente autorización de pago, pagar y adelantar las diligencias pertinentes ante la División de Salud estudiantil.
Artículo 3. Los artículos 13o. y 14o. del Acuerdo 101 de 1977 del Consejo Superior Universitario se modifican en lo relativo a las definiciones de Registrado e Inscrito.
3. Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario:
De ahí que le compete a la División de Registro y Matrícula, entre otros, recibir la documentación exigida para la matrícula inicial y otorgar los paz y salvos al respecto, facultad dentro de la cual se entiende que está el análisis respecto a la aceptación o no de la documentación entregada por los admitidos.
b. Competencia Dirección Nacional de Admisiones:
La Resolución 334 de 2007 por medio de la cual se establecen las funciones generales de las dependencias del nivel nacional de la Universidad determina respecto a la Dirección Nacional de Admisiones.
1.Realizar los procesos de inscripción de aspirantes a los programas de pregrado y posgrado de la Universidad.
2.Coordinar la elaboración y aplicación de las pruebas generales y específicas para la selección de aspirantes de pregrado y posgrado
3. Realizar las labores de calificación y procedimiento de resultados de las pruebas aplicadas a aspirantes de pregrado y posgrado
4. Verificar el cumplimiento de las normas universitarias que establecen requisitos para la admisión de aspirantes de pregrado y posgrado
5. Mantener el banco de datos y de estadísticas sobre aspirantes admitidos, carreras ofrecidas y cupos para diferentes programas
6. Divulgar las convocatorias para programas académicos e informar las condiciones de los procesos que desarrolla
8. Realizar las labores de convocatoria, inscripción, revisión de requisitos, adecuación de puntajes para la realización del programa de becas para estudiantes sobresalientes de posgrado
10. Prestar servicios de asesoramiento, aplicación y procesamiento de pruebas a otras instituciones o entidades que lo requieran y colaborar con dependencias universitarias en el procesamiento de pruebas
11. Las demás que se deriven de la ley, los estatutos, reglamentos de la Universidad y aquellas que le deleguen instancias competentes
Por lo que se tiene que entre las Facultades de la Dirección nacional de Admisiones no está la relacionada con la aceptación o no de la documentación entregada por los admitidos.
c. Competencia del Comité de Matrículas:
Artículo 6.: Se faculta al Rector de la Universidad para que establezca mediante Resolución. (...)
c. La composición, funciones y procedimientos de los comités de matrícula encargados de velar por la correcta aplicación del sistema, de evaluar su funcionamiento y de resolver situaciones especiales"
Por lo que se tiene que entre las Facultades del Comité de Matrículas no está la relacionada con la aceptación o no de la documentación entregada por los admitidos.
Artículo 10.: Con el fin de vigilar el cumplimiento de lo establecido en esta Resolución y en el acuerdo 100 de 1993, de evaluar su aplicación y de establecer criterios y políticas para resolver las situaciones especiales relacionadas con la liquidación y el pago de los derechos de matrícula, crease el Comité Nacional de Matrículas¿"
Artículo 5.: Funciones del Comité de Matrículas de las Sede: Son funciones del Comité de Matrículas de las respectiva sede:
Parágrafo: El comité levantará actas de sus reuniones, con base en las cuales la dependencia encargada del registro actualizará la información socioeconómica y elaborará los recibos correspondientes a las solicitudes de los aspirantes admitidos." (Subrayado nuestro)
Jurisprudencia sobre la materia:
Con relación a la autonomía universitaria y la potestad reglamentaria de los entes autónomos ha dicho la Corte Constitucional:
Sentencia T- 870 de 2000: "Ha sido profusa la jurisprudencia constitucional relacionada con el tema de la autonomía universitaria y de los diversos derechos que confluyen y se interrelacionan dentro del ejercicio de las actividades académicas, en la educación superior. Sobre el tema será pertinente, entonces, poner de presente algunos parámetros que por el momento ha tomado en consideración la jurisprudencia constitucional, para resolver varios de los casos puesto en su conocimiento, en virtud de su competencia. Algunos de los principales parámetros sobre el tema, son los siguientes[1]:
a)El artículo 69 de la Constitución de 1991 reconoce en forma expresa la autonomía de los centros de educación superior, como una garantía institucional que busca preservar la libertad académica y el pluralismo ideológico, en los cuales se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho (C.P. art. 1.).
b) Así pues, la autonomía universitaria se relaciona íntimamente con las libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje e investigación (C.P. art. 27), con los derechos a la educación (C.P. art. 67), al libre desarrollo de la personalidad (C.P. 16) y a escoger libremente profesión u oficio (C.P. art. 26); lo cual explica porque en algunas circunstancias puede ser vista como una garantía y en otras como un "derecho limitado y complejo"[2].
c) Puede definirse la autonomía universitaria como la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior, "de manera que proclame su singularidad en el entorno"[3].
d) En lo concerniente a la dirección ideológica del centro educativo, como elemento integrador de la autonomía universitaria, la institución cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación. Se colige, en consecuencia, que el contenido de la autonomía universitaria se concreta especialmente en la capacidad libre para definir sus estatutos o reglamentos. Sin embargo, la potestad para dotarse de su propia organización interna, es otro elemento característico, que se concreta igualmente en las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes.
e) Por regla general, la Universidad se rige por el principio de plena capacidad de decisión, lo cual implica un grado importante de acción libre de injerencia legislativa y judicial, necesaria para desarrollar un contenido académico que asegure un espacio independiente del conocimiento, la capacidad creativa y la investigación científica. Sin embargo, ello no significa que esa prerrogativa es ilimitada, ni que el legislador está impedido para configurar la autonomía, ni que le está vedado a la jurisdicción, la salvaguarda de la ley y de la Constitución. Por consiguiente, la autonomía universitaria no es soberanía educativa, pues si bien otorga un margen amplio de discrecionalidad, a la institución superior se le impide la arbitrariedad, como quiera que "únicamente las actuaciones legítimas de los centros de educación superior se encuentran amparadas por la protección constitucional"[4] Así, la autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común. Sentencias T-492 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-649 de 1998 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
f) Para conocer los límites de la autonomía universitaria, se debe tener en cuenta lo siguiente: i) la enseñanza está sometida a la inspección y vigilancia del Presidente de la República (C.P. arts. 67 y 189-21); ii) la prestación del servicio público de la educación exige el cumplimiento estricto de la ley (C.P. art. 150-23). Por ende, la autonomía universitaria no excluye la acción legislativa, como quiera que ésta "no significa que haya despojado al legislador del ejercicio de regulación que le corresponde"[CC1][5]; iii) el respeto por los derechos fundamentales también limita la autonomía universitaria. Sentencias T-574 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-513 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía. A modo de ejemplo encontramos que los derechos laborales[6], el derecho a la educación[7], el debido proceso[8], la igualdad[9], limitan el ejercicio de esta garantía. Sentencia C-194 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-547 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-420 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara.
g) Ahora bien, el Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo esencial. Por lo tanto, existe control estricto sobre la ley que limita la autonomía universitaria. Sentencias T-02 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-299 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-06 de 1996 y C-053 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz.
h) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución. Sentencias T-123 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-172 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-506 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía, T-515 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
i) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. Sentencia C-547 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-237 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
j) La institución educativa superior puede fijar fechas límites para pagos y matrículas de sus alumnos. Ahora bien, por el carácter de derecho-deber[10] de la educación, se impone al estudiante la obligación de pagar oportunamente el costo de la matrícula, pues la determinación de las fechas no corresponde a la autonomía individual del estudiante, sino a una decisión de organización interna de la universidad. Por lo tanto, estima la Corte que el sólo hecho de que exista una decisión de las directivas de la universidad de no autorizar matrículas extemporáneas, no transgrede los derechos a la educación ni el de libre desarrollo de la personalidad.[11]
Un ejemplo claro de lo expuesto, se encuentra en la sentencia T-384 de 1995[12], en donde la Sala de Revisión concedió la tutela contra la Universidad Gran Colombia, como quiera que se evidenció que la institución educativa "no justificó el trato preferencial" que se dio a algunos alumnos en detrimento del accionante en esa oportunidad. En consecuencia, la actuación ilegítima de la universidad, susceptible de reproche judicial, no es el trato diferente sino el trato sin justificación, esto es, el trato arbitrario. En este orden de ideas, en ejercicio de su autonomía, la universidad puede tratar de manera diferente a los estudiantes que solicitan autorización de pagos extemporáneos, siempre y cuando su decisión se justifique en situaciones objetivas, esto es, en circunstancias susceptibles de verificación que sustenten y expliquen el trato diferente.
k) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual. Sentencias T-187 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-02 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-286 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía, T-774 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-798 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-019 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
l) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria. Sentencia T-061 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-515 de 1995 y T-196 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
m) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa. Sentencia T-237 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-184 de 1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
n) Los reglamentos universitarios son normas vinculantes a toda la comunidad educativa, esto es, son obligatorios para las directivas, profesores y estudiantes de la universidad. No obstante, ello no significa que los aspirantes a obtener un cupo en el centro educativo no tienen normas que los regulan. Por el contrario, aún los futuros alumnos deben cumplir reglas de conducta para acceder a la universidad, las cuales deberán aceptarse expresamente con la firma de la matrícula. En caso de no compartir las regulaciones del reglamento no están obligados a ingresar en el centro educativo que aspiran a estudiar. Sentencia T-496/00. M.P. Alejandro Martínez Caballero". (subrayado fuera de texto).
Este último punto lo ha desarrollado la Corte Constitucional
"Lo anterior descarta de plano la pretendida vulneración de los derechos fundamentales reclamados en la demanda, pues se entiende que con el ingreso al programa, el alumno ejerce su derecho a escoger profesión u oficio en la rama de su predilección y somete a sacrificios particulares la remuneración económica de su trabajo, más no el derecho mismo, pues éste lo desarrolla dentro del programa asistencial y en contraprestación de su preparación profesional"3.
También ha dicho la Corte Constitucional sobre el problema jurídico planteado:
"Los reglamentos universitarios son normas vinculantes a toda la comunidad educativa, esto es, son obligatorios para las directivas, profesores y estudiantes de la universidad. No obstante, ello no significa que los aspirantes a obtener un cupo en el centro educativo no tienen normas que los regulan. Por el contrario, aún los futuros alumnos deben cumplir reglas de conducta para acceder a la universidad, las cuales deberán aceptarse expresamente con la firma de la matrícula. En caso de no compartir las regulaciones del reglamento no están obligados a ingresar en el centro educativo que aspiran a estudiar.
En el caso sub iudice está plenamente demostrado que la actora no firmó la matrícula académica, la cual es indispensable para adquirir el carácter de estudiante del centro educativo accionado, tal y como lo establece claramente la guía general sobre el proceso de inscripción y matrícula de la Universidad de Cartagena y la orden de matrícula que fue entregada a la actora. En efecto, el primer documento preceptúa que "el pago de los derechos de matrícula no es la matrícula académica y si no cumple con ésta en los plazos fijados en la orden de matrícula se pierde el cupo el cual se asignará de acuerdo a lo establecido en el reglamento estudiantil". Así mismo, la orden de matrícula resaltó que "si no firma la matrícula académica en las fechas establecidas pierde el cupo y este se asignará al aspirante que sigue en orden descendente". Por consiguiente, la actora incumplió con una de las condiciones fijadas por la universidad para el ingreso al pénsum académico.
Ahora bien, como se explicó en precedencia, la autonomía universitaria faculta a la institución accionada a organizar su funcionamiento y gestión administrativa. Por ende, también puede señalar requisitos razonables de ingreso a los programas y establecer condiciones de pérdida de cupo por incumplimiento de aquellos, los cuales, en principio, obligan a todos los aspirantes, aún sin que exista relación formal con la universidad. Por lo tanto, la Sala no comparte el argumento de la actora, según el cual la orden de matrícula no la vinculaba, pues una interpretación que lo acepte eliminaría el núcleo esencial de la autonomía universitaria y permitiría que los requisitos de ingreso a los centros superiores de educación sean fijados por los aspirantes"4.(Subrayado fuera de texto).
E. DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD y JURISPRUDENCIA CITADA SE OBSERVA:
1. Ámbito de aplicación de las normas de la Universidad:
Tal y como lo ha advertido la Corte Constitucional en las sentencias que se han citado los reglamentos universitarios son normas vinculantes a toda la comunidad educativa, esto es, son obligatorios para las directivas, profesores y estudiantes de la universidad.
Así las cosas tal como lo estipuló el acuerdo 101 de 1977 y lo recoge el Acuerdo 008 de 2008 la matrícula es el acto por el cual el aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante; al estampar su firma en el respectivo documento, se compromete a cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en la Universidad.
Lo anterior no obsta según lo determinado por la Corte para que las normas relativas a admisión estipuladas en los reglamentos de la Universidad tengan un ámbito de aplicación más amplió y cobijen a los aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia.
Así bien lo ha dicho la H. Corte Cuando ha determinado como una facultad propia de la autonomía universitaria señalar requisitos razonables de ingreso a los programas y establecer condiciones de pérdida de cupo por incumplimiento de aquellos, los cuales, en principio, obligan a todos los aspirantes, aún sin que exista relación formal con la universidad.
Así se tiene que los reglamentos universitarios son normas vinculantes a toda la comunidad académica llámense docentes, estudiantes o personal administrativo, pero en un momento dado las normas de admisión establecidas en los reglamentos de la Universidad vinculan a los aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia quienes al querer ser estudiantes de esta institución educativa se sujetan a las normas de admisión.
Así las cosas es pertinente determinar en el marco de la reglamentación interna de la Universidad qué acciones podría tomar la entidad frente a un aspirante que presentó a un programa académico de la institución utilizando documentación falsa.
2. Acciones administrativas: De conformidad con lo dicho por la Corte Constitucional al aspirante a la Universidad Nacional de Colombia le aplica las normas sobre admisiones, esto es, las establecidas por la ley 30 de 1992 y la reglamentación interna de la Universidad (reglamentos estudiantiles) en lo que tiene que ver con requisitos de admisión, los cuales de no cumplirse implican la pérdida del cupo y sanción hasta por diez años.
3. Acciones disciplinarias:
El estatuto disciplinario o Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia tiene un ámbito de aplicación para los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad conforme al artículo 1 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, por lo tanto no le es dable a la institución universitaria tomar medidas de este tipo en contra de los aspirantes a la Universidad.
4. Aplicación del acuerdo 116 de 1986 del Consejo Superior Universitario:
Tal y como se observa en la normatividad mencionada, ni el Acuerdo 008 de 2008 ni la Resolución 236 de 2009 por la cual se reglamentó la admisión a los programas de pregrado de la Universidad regularon alguna sanción para el ingreso a la Universidad, sólo contemplaron sanciones previstas para situaciones irregulares que se presenten en pruebas de admisión a la Institución, por lo que se entiende que con relación al tema relacionado con situaciones irregulares que se presenten en el ingreso a la Universidad el Acuerdo 116 de 1986 está vigente.
Así lo ha expresado de conformidad con las funciones dispuestas por la Resolución 337 de 2004 el Secretario General de la Universidad en oficio J-006 del 26 de enero de 2010: "No obstante lo anterior es indispensable aclarar que pese a que la Vicerrectoría Académica expidió la Resolución 236 de 2009, que reglamenta la admisión a los programas de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, ésta sólo hace referencia a los hechos que constituyen fraude con ocasión de las pruebas de admisión a la Universidad, dejando así vigente las sanciones contenidas en el Acuerdo 116 de 1986 del Consejo Superior Universitario relacionadas con la falsificación de documentos, el uso de documentos falsos, el suministro de información falsa o la comisión de cualquier otro tipo de fraude para ingresar a la Universidad".
Así las cosas estando vigente el Acuerdo 116 de 1986 con relación al tema de las sanciones para el ingreso a la Universidad se procede a estudiar su aplicabilidad:
a. Si se trata de ingreso, no podrá ser admitido en un plazo de diez años, contados desde el momento de la comisión de la falta-
b. Si se trata de obtención de servicios que presta la Universidad se hará acreedor a la cancelación de la matrícula o expulsión
Artículo 4. Las anteriores sanciones se entienden sin perjuicio del informe que deba darse a las autoridades penales respectivas".
Así las cosas, vale la pena estudiar si se observa un argumento lo suficientemente razonable que justifique que a los aspirantes de la Universidad se les pueda aplicar la sanción prevista en el Acuerdo 116 de 1986, esto es que no puedan ser admitidos en un plazo de diez años, contados desde el momento de la comisión de la falta.
Así si sometemos la medida al test de igualdad o razonabilidad, doctrina constitucional estructurada por la jurisprudencia de la corte constitucional en la sentencia C- 022 de 19965, que se debe aplicar para demostrar que una decisión es proporcional, en este caso, la aplicación a los aspirantes de la Universidad de la sanción prevista en el Acuerdo 116 de 1986 esto es que no pueda ser admitido en un plazo de diez años, contados desde el momento de la comisión de la falta, es menester tener en cuenta los siguientes criterios:
- La medida debe perseguir un fin constitucionalmente válido.
- La proporcionalidad entre el medio implementado y el fin perseguido.
- El medio implementado para obtener ese fin debe ser el menos oneroso, es decir aquel que sacrifique lo menos posible otros principios o valores constitucionales.
Para el caso particular procederemos a aplicar el mencionado test el cual desde el punto de vista metodológico desarrolla tres fases generales:
I. En primer lugar debe analizarse si la medida, persigue un bien determinado y permitido por la constitución. Por lo que se considera que si el fin perseguido por la medida es sancionar a un aspirante a ser estudiante de la Universidad Nacional de Colombia por falsificar un documento y transgredir en ese sentido la trasparencia en el proceso de selección de los aspirantes a ser estudiantes a la Universidad y confianza de la institución, tal propósito resulta ajustado a los lineamientos constitucionales en la medida en que es legítimo que la Universidad como ente universitario autónomo del orden Nacional, en el marco de lo dispuesto por el artículo 69 de la constitución política que garantiza su autonomía, aplique su potestad reglamentaria la cual está dirigida a la comunidad académica y también a los aspirantes a ser estudiantes a la Universidad que con el mero hecho de su inscripción se sujetan a las normas de admisión establecidas por la Universidad Nacional de Colombia.
Así las cosas la medida a juicio de este despacho persigue un bien constitucional.
II. Una segunda fase del test evalúa si la medida tomada para alcanzar el objetivo o fin perseguido es adecuada, esto es, responde a la pregunta ¿Es el acto absolutamente indispensable para alcanzar el fin propuesto?6:
Para determinar la adecuación de la medida es procedente establecer que las posibilidades que tiene la Universidad frente al aspirante están determinadas de la siguiente manera:
a. La primera es reglamentar la admisión a la Universidad Nacional estableciendo unos requisitos de acceso razonables que de cumplirse implican un cupo en la Universidad Nacional de Colombia;
b. La segunda es establecer que quienes no cumplen con esos requisitos de acceso no tienen un cupo en la Universidad;
c. La tercera es determinar que quien engaña a la Universidad para lograr ese cupo lo pierde y se compulsan copias a la justicia penal para que determine la sanción que le debe imponer la sociedad por su falta.
d. La cuarta no sólo es determinar que quien engaña a la Universidad para lograr ese cupo lo pierde sino que debe ser sancionado con una sanción consistente en no poder ser admitido en un plazo de diez años.
Este paso del test debe responder al interrogante de si la sanción prevista en el Acuerdo 116 de 1986 resulta indispensable para proteger el bien escaso de la educación pública, la transparencia en el proceso de selección a la Universidad y la confianza que le dio la Universidad al seleccionado.
En un sistema jurídico que se define como un Estado social de derecho, con una autonomía universitaria propia de los entes de educación superior, donde el derecho a la educación se torna como un bien escaso se estima que la medida de sancionar por diez años a quien transgredió los principios de transparencia que rigen la actuación de la Universidad Nacional de Colombia responde al fin propuesto, puesto que constituye la única vía para lograr la protección deseada.
Así la sanción al aspirante le cohíbe de ingresar a la educación superior pública medida que se ve indispensable a fin de lograr la finalidad pretendida, esto es, proteger y garantizar la educación pública a quien efectivamente cumple los requisitos de este bien escaso y proteger la transparencia del proceso de selección.
Así revisadas las tres opciones que tiene la Universidad, la opción d. correspondiente a sancionar a los seleccionados cuando ya han perdido el cupo, en consideración de esta oficina es adecuada, pues en cualquier evento, la misma presenta una medida congruente con el desarrollo de los fines de la Institución.
III. Ya en una tercera etapa del test de razonabilidad, se analiza si es necesaria y proporcional la adopción de la medida a adoptarse por la universidad para lograr su objetivo perseguido.
En consideración de esta oficina, la medida planteada por el acuerdo se torna desproporcional frente a los aspirantes a la Universidad dado que se sustenta en razones de autonomía universitaria determinada en la libertad para establecer normas internas, a través de los estatutos, por lo que se percibe onerosa ya que pone en riesgo y sacrifica más valores y derechos constitucionales, toda vez que se observa que con ella se vulnera el derecho a la educación de los aspirantes y el derecho a la escogencia de profesión u oficio, máxime cuando:
1. La justicia penal de encontrar probada la falsedad podrá imponer al señor Charría pena de prisión entre 3 y 6 años.
2. La Resolución 236 de 2009 ha dispuesto una sanción para quienes cometan irregularidades en la prueba de admisión de inhabilidad para presentar pruebas de ingreso para un periodo entre 1 a 5 años
3. El estatuto de Bienestar estudiantil ha previsto como máxima sanción para los estudiantes que contravengan el estatuto disciplinario de la Universidad, la expulsión por un periodo máximo de 3 años.
Así se tiene que no se ve proporcional la medida que regula el Acuerdo 116 de 1986 consistente en no ser admitido en esta institución durante 10 años.
De ahí que considera este despacho que determinar que la sanción prevista en el Acuerdo 116 de 1986 le es aplicable a los aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia, obliga a ponderar entre los fines de la institución frente a los derechos fundamentales de esos aspirantes, por lo que se concluye que en el razonamiento se da tanta prevalencia a la autonomía universitaria y a la transparencia en el proceso de selección que debe caracterizar a la Universidad Nacional de Colombia que se olvida que puede llegar a violentar el núcleo esencial de los derechos de los aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia.
Así la medida o sanción consistente en no ser admitido en esta institución durante 10 años, vacía completamente el núcleo esencial de los referidos derechos fundamentales, dejando de ser proporcional su ejercicio de ponderación frente a las otras sanciones que ha previsto la Universidad en materia sancionatoria.
Resultando entonces desproporcional la medida que se pretende imponer a un aspirante de la Universidad, considera este despacho que la medida para ser aplicada debe ser evaluada y adecuada al ámbito de la Constitución Política de 1991 en concordancia con el nuevo estatuto estudiantil y su reglamentación.
5.Acción Penal:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Código Penal se tiene:
Territorialidad: la Ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional.
La conducta Punible se considerará realizada:
2. En el lugar donde debió realizarse la acción omitida
3. En el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado
Así las cosas dada la conducta por lo menos reprochable adelantada por el aspirante a la Universidad que altera la prueba de estado "icfes" para acceder a la Universidad Nacional de Colombia, el mismo pudo haber incurrido en: "Falsedad Material en documento público", tipo penal regido por el artículo 287 del régimen penal colombiano el que determina:
"El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años".
Al respecto ha dicho la Jurisprudencia: " la Sala no comparte la tesis de que un particular, por no tener función certificadora o documentadota, no incurra en esa conducta cuando crea totalmente un documento público y si cuando lo altera parcialmente. Si de lo que se trata es de proteger la fé pública y, por ende, la confianza de los asociados, resulta menos que lógica una conclusión de esa naturaleza, porque precisamente el agente se está aprovechando del crédito que su calidad pública genera en la comunidad para introducir al tráfico jurídico un documento con tal apariencia y de esa manera obtener su propósito a sabiendas de que sólo es posible mediante la utilización de un documento con esas características.
De modo que si se regresa al concepto genérico de falsedad- hacer aparecer como real algo que no lo es- no queda descartada la hipótesis de la que se viene hablando, porque precisamente se está haciendo aparecer como público, un documento que en realidad no lo es.
De ahí que también resulte absurdo que el reproche sea menor para quien crea totalmente un documento público falso para quien lo altera parcialmente.
Los anteriores argumentos sirven a la vez de precedente, para que la sala manifieste su disentimiento con los falladores de instancia al condenar a los procesados por el delito de falsedad en documento privado sobre la base de que no pueden ser sujetos activos de esta conducta por no estar investidos de la calidad de funcionarios públicos.
Si se analiza de una manera global el material probatorio obrante en autos y sin hacer referencia a algún procesado en particular allí aparece claro que se alteraron copias de registros de defunción que además luego fueron autenticados; se elaboraron íntegramente registros de matrimonio y bautismo; así como informes de accidente de tránsito, documentos que fueron puestos en circulación por los sentenciados y con ello engañaron a la compañía para obtener el beneficio ya conocido. Ante estas circunstancias indudablemente se encuentra tipificada la conducta descrita en el artículo 220 del Código Penal7" (Corte Suprema de Justicia mayo 6 de 1997 M.P. Carlos Escobar Mejía).
Así las cosas considera este despacho que de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal y en consideración a las obligaciones que tiene todo servidor público según la cual le corresponde denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, le compete a consideración de este despacho al funcionario de la Sede Palmira que tuvo conocimiento del presunto delito cometido por el aspirante a la Universidad poner en conocimiento de las autoridades competentes el mismo, para lo cual tendrá el apoyo del asesor jurídico de la mencionada Sede quien ejerce la representación judicial y administrativa.
1. De conformidad con lo anotado anteriormente y de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia citada, respecto a la actuación desplegada por Carlos Hernán Romero Charria le correspondía a la Universidad Nacional de Colombia adelantar la acción administrativa que ya tomó en virtud de lo dispuesto en la ley 30 de 1992 esto es no otorgarle cupo en virtud a que no cumplió los requisitos para la admisión a la Universidad Nacional de Colombia e independientemente de lo anterior le corresponde a la institución- Sede Palmira instaurar la denuncia penal pertinente por una posible falsedad en documento público.
2. Las acciones disciplinarias tienen un ámbito de aplicación para los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad conforme al artículo 1 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, por lo tanto no le es dable a la institución universitaria tomar medidas de este tipo en contra de los aspirantes a la Universidad.
3. Respecto a la sanción prevista en el Acuerdo 116 de 1986 del Consejo Superior Universitario esta es, a juicio de este despacho, aplicable al señor Carlos Hernán Romero Charria por parte de la División de registro y Matrícula de conformidad con las funciones que le han sido otorgadas por la normatividad interna de la Universidad, esto es, recibir la documentación exigida para la matrícula inicial y otorgar los paz y salvos al respecto, facultad dentro de la cual se entiende que está el análisis respecto a la aceptación o no de la documentación entregada por los admitidos, a quien le compete dictar un acto que establezca la sanción en consideración a la irregularidad cometida contra la normatividad interna de la Universidad y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 116 de 1986.
4. Debe señalarse que el acto que imponga la medida proporcional, está sometido a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa, por lo que considera este despacho que deberá otorgársele al sancionado frente al mismo, recurso a efecto de garantizarle que ejerza sus derechos frente a la decisión adoptada por la institución
5. Ahora bien, de conformidad con el análisis efectuado, considera este despacho que el Acuerdo debe ser adecuado al ámbito de la Constitución Política de 1991, en concordancia con las disposiciones del nuevo estatuto estudiantil y su reglamentación, teniendo como consecuencia una sanción proporcional y efectivamente constitucional, adecuación que implica una modificación a la norma y le corresponde efectuar al Consejo Superior Universitario.
2 El estudiante que presente documentación que no corresponda con la situación socio-económica real, oculte información o trate de evadir el pago de los derechos de matrícula, pagará en el periodo lectivo correspondiente la matrícula máxima (9.879 veces el salario mínimo legal mensual vigente), sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes y de lo dispuesto en los Acuerdos 101 de 1977 y 116 de 1986.
3 Sentencia T- 585 de 1999
4 Sentencia T- 496 -00 Mp Alejandro Martínez Caballero
6 Sentencia C-355/06
7 La Sala Hace relación al artículo 220 del Decreto 100 de 1980 o anterior Código Penal que establecía: Art. 220. - Falsedad material de particular en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.

References: artículo 14
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 artículo 69
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 artículo 287
 artículo 220
 artículo 1
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