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Timestamp: 2019-03-23 08:40:18+00:00

Document:
as201412053
AUTO SUPREMO Nº 053/2014-RRC
Sucre, 24 de febrero de 2014
Expediente : Cochabamba 62/2013
Parte imputada : Anival Oscar Mérida Arce
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2013, cursante de fs. 670 a 672, Anival Oscar Mérida Arce interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 18 de octubre de 2013, de fs. 665 a 667, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público e Inocencia Guzmán Rojas contra el recurrente, por el delito de Estupro, previsto y sancionado por el art. 309 del Código Penal (CP).
En mérito al requerimiento fiscal de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público (603 a 605 vta.), y desarrollada la audiencia de consideración de dicha salida alternativa, se pronunció la Sentencia de 5 de marzo de 2013 (fs. 643 vta. a 646 vta.), emitida por el Juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró al imputado Anival Oscar Mérida Arce, autor del delito de Estupro, previsto por el art. 309 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, con costas, daños y perjuicios en favor del Estado y la víctima.
Contra la mencionada Sentencia, la querellante formuló recurso de apelación restringida (fs. 653 y vta.), resuelto por Auto de Vista de 18 de octubre de 2013, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente la apelación planteada y anuló totalmente la Sentencia apelada, motivando que el imputado formule el recurso de casación que ahora se analiza.
Del memorial que cursa de fs. 670 a 672, se extraen los siguientes motivos:
En el primer motivo del recurso titulado: “EL CAMBIO DE TIPIFICACION DE VIOLACION PROVISIONAL POR EL ILICITO DE ESTUPRO NO ES DEFECTO ABSOLUTO” (sic), reclama el recurrente, que la tipificación de los delitos no es absoluta ni definitiva, puede tener cambios, considerando la etapa preparatoria, como ocurre en el caso, el Ministerio Público, compulsando los datos del proceso y las pruebas aportadas, llega al convencimiento de que la acción corresponde a la tipificación de Estupro, no a Violación como insiste la querellante. Los fundamentos jurídicos del Auto impugnado no consideran a cabalidad esos elementos, menos fundamentan su procedencia y consiguiente nulidad de la Sentencia.
En la segunda denuncia, el recurrente señala que el: “SOMETIMIENTO A PROCESO ABREVIADO NO ES FAVORITISMO SINO UN ACTUADO PROCESAL LEGITIMO” (sic), cumpliendo los requisitos procesales y la Sentencia Constitucional (SC) 1659/04-R de 11 octubre, la Jueza llegó a la convicción de que era procedente la salida alternativa de procedimiento abreviado. Con relación a la oposición de la víctima fundada en el argumento de que no se estableció el delito de Estupro y por ello existiría defecto absoluto, previsto por el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), afirma que no es evidente, ya que en la audiencia de consideración de la salida alternativa, intervino la querellante reclamando este extremo, habiéndose debatido y llegado a establecer que se configura el delito de Estupro y no el de Violación, de modo que la procedencia del procedimiento abreviado no vulnera el inc. 3) del art. 169 del CPP, pues no se inobserva ni se viola ningún derecho o garantía constitucional.
Conforme la doctrina y jurisprudencia, el defecto absoluto se presenta, por ejemplo, cuando se lleva adelante una audiencia en ausencia del juez o fiscal en aquellos casos donde su presencia sea obligatoria, conforme señala el art. 180 del CPP, garantizando el art. 169 del CPP en sus tres incisos, el derecho a la defensa y el cumplimiento de las formalidades legales “en todos aquellos casos del proceso” (sic) y cuya inobservancia esté penada con nulidad, invocando al efecto el Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005, respecto a la configuración de defectos absolutos y su incidencia para disponer la nulidad, para finalmente, extractando una porción del referido Auto, añadir que, no se probó la existencia de razones jurídicas sólidas para considerar como defecto absoluto la nueva tipificación del delito inicial de Violación por el de Estupro.
En el tercer motivo denuncia: “NO EXISTE DISPOSICION EXPRESA SOBRE LA OPOSICION PLANTEADA” (sic), expresando que no existen disposiciones claras sobre la oposición que pueda plantear la víctima en un proceso abreviado, así como la nueva tipificación que se produzca conforme señala el propio Auto de Vista, correspondiendo para su improcedencia, que debe existir una oposición fundada que en la especie no se presenta, por cuanto no sólo debe fundamentarse en forma oral, sino con prueba y además que el procedimiento ordinario permita un mejor conocimiento de los hechos, en tal sentido, la sola oposición de la víctima a esta salida alternativa no es suficiente.
Finalmente, el recurrente denuncia en su recurso de casación que la: “TIPIFICACION DE ILICITOS ESTA SUJETA A LAS PRUEBAS Y CRITERIO DEL JUZGADOR” (sic), el cambio de tipificación efectuado en el presente caso no puede servir de fundamento para la improcedencia del procedimiento abreviado, menos para disponer la nulidad de la Sentencia, por cuanto, si bien la denuncia fue por el delito de Violación, esa calificación es provisional, tal como ocurrió al considerase a posteriori como delito de Estupro, siendo que la resolución de salida alternativa como la que lo aceptó, están plenamente fundadas conforme el art. 124 del CPP, conteniendo razonamientos objetivos, habiéndose motivado el hecho y aplicado el derecho en que se basaron esas decisiones tanto el Ministerio Público como la Jueza Cautelar, sin que el Auto de Vista impugnado haya considerado a plenitud estos aspectos, aplicando un derecho riguroso que puede ser la máxima injusticia, desconociendo las pruebas de descargo como la pericia psicológica, que fue corroborada por la prueba testifical de descargo, sin que hayan sido desvirtuadas, y que llevaron a la convicción para hacer viable la nueva tipificación de Estupro, al igual que el sometimiento al procedimiento abreviado.
El recurrente pide se dicte Auto Supremo “CASANDO” (sic) su recurso, manteniendo firme la Sentencia apelada.
Mediante Auto Supremo 357/2013-RA de 30 de diciembre, cursante de fs. 678 a 680 vta., se admitió el recurso al cumplir los requisitos mínimos establecidos por los arts. 416 y 417 del CPP.
II.1. Dentro de la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, la Jueza Séptima de Instrucción Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 5 de marzo de 2013 (fs. 643 vta. a 646 vta.), declarando a Anival Oscar Mérida Arce, autor del delito de Estupro, tipificado y sancionado por el art. 309 con relación al art. 20 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, más costas, daños y perjuicios a favor del Estado y la víctima. Asimismo, determinó la suspensión condicional de la pena, imponiéndole las siguientes obligaciones de conformidad con lo previsto por el art. 24 del CPP: 1) Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juez; 2) Prohibición de frecuentar o tener contacto de una u otra manera con la víctima, familiares; y, 3) La obligación de presentarse ante la autoridad de Ejecución penal.
II.2 Contra la mencionada Sentencia, Inocencia Guzmán Rojas formuló recurso de apelación restringida (fs. 652 y vta.) y haciendo referencia al acta de denuncia, la querella, el certificado médico forense, acta de declaración de la víctima y el nacimiento del menor producto de la agresión sexual, afirma que el imputado fue favorecido por el procedimiento abreviado, ya que existían suficientes elementos de convicción de que cometió el delito de Violación, utilizando violencia física e intimidación, por lo que no correspondía lo determinado en el procedimiento abreviado, incurriéndose en defecto absoluto por la inobservancia y violaciones de derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, pidiendo se admita el recurso y se lo declare procedente, en consecuencia; se revoque la sentencia apelada.
II.3 El Auto de Vista de 18 de octubre de 2013 (fs. 665 a 667), pronunciado por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Inocencia Guzmán Rojas; consiguientemente, revocó y anuló la sentencia condenatoria, pronunciada por la Jueza Séptima de Instrucción Penal Cautelar y dispuso la programación de audiencia para considerar la aplicación del procedimiento abreviado y emitir pronunciamiento fundado respecto a la oposición de la víctima y procedencia de la solicitud de procedimiento abreviado.
Esta resolución contiene los siguientes fundamentos: La denuncia e informe de inicio de investigación fue realizada por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, calificación provisional que tuvo que ser respaldada con la acreditación de elementos de convicción suficientes porque se impuso al imputado la medida cautelar de detención preventiva.
Concluida la investigación, en su requerimiento conclusivo la representante del Ministerio Público recalificó el hecho por el delito de Estupro y solicitó la aplicación de procedimiento abreviado a la que se opuso la querellante por existencia de un defecto absoluto debido a la vulneración de derechos y garantías; esta oposición, fue rechazada por la Jueza Cautelar por falta de fundamentación y respaldo, sin tomar en cuenta los antecedentes que informan el caso, pues si la investigación y posterior resolución de imputación fueron tramitadas bajo la calificación provisional del delito de Violación debía determinarse si la calificación modificada correspondía a los hechos y elementos de prueba acompañados, resultando fundamental que a tiempo de establecer los requisitos previstos por el art. 373 del CPP se compulsara la existencia del hecho punible, la responsabilidad del imputado, la situación de la víctima, que en el caso es una menor de edad en situación de vulnerabilidad porque era dependiente del imputado, existiendo por tanto una diferencia de edad importante. Debió tenerse en cuenta también, que no fue acusado por un hecho de agresión sexual, sino por la comisión de varios acontecimientos en diferentes momentos; en ese entendido, resultaba necesaria la evaluación y análisis, bajo las reglas de la sana crítica racional de la autoridad competente, que debió ingresar al análisis de fondo respecto a la oposición de la víctima para asumir la determinación correspondiente fundada en derecho, conforme lo exige el art. 124 del CPP, con criterios objetivos, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basa su decisión, estableciendo el valor que otorgó a los medios de prueba.
III. VERIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN DENUNCIADA ENTRE EL AUTO DE VISTA Y EL PRECEDENTE CONTRADICTORIO
En el presente recurso, el recurrente impugnó el Auto de Vista que dispuso la nulidad de la Resolución emitida en procedimiento abreviado, con el argumento de que el Tribunal de alzada no fundamentó la nulidad dispuesta, no consideró que la Sentencia cumplió los requisitos procesales y la SC 1659/04-R de 11 de octubre, que la oposición no fue fundada con prueba y por tanto, no existía el defecto absoluto previsto por el art. 169 in. 3) del CPP; pues se estableció que el hecho se adecuó al tipo penal Estupro y no al de Violación, siendo posible el cambio de calificación, amparándose al efecto en la valoración de la prueba. Citó como precedente contradictorio el Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005, en cuyo mérito a los fines de resolver el recurso, es menester identificar la doctrina legal aplicable establecida en el precedente, efectuar precisiones respecto a la fundamentación de las resoluciones judiciales y finalmente analizar el caso concreto.
III.1. Del precedente contradictorio invocado por el recurrente.
El referido Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005, fue pronunciado dentro del recurso de casación interpuesto por G.S.J. impugnando el Auto de Vista de 9 de febrero de 2005, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, y resolvió que: “Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal.
El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; consecuentemente, el tribunal de alzada, velando por su observancia y la economía procesal, debe proceder a anular únicamente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista violación al debido proceso que amerite valoración probatoria deberá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Lo contrario significaría incurrir en violación procesal establecida en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal e incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal.
Resulta perjudicial y contradictorio, contra el principio de celeridad que rige el juicio oral, público y contradictorio, el anular la sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes”.
Con esos fundamentos el precedente dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y determinó que la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida y las normas legales previstas para el caso en concreto.
III.2. Fundamentación de las resoluciones judiciales.
Conforme lo dispone el art. 124 del CPP, las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de la partes.
La motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el Tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que le ha sido encomendada, dirimiendo la controversia sometida a su conocimiento, en aplicación del derecho.
Por medio de la motivación de la resolución, el juez da a conocer las razones que le han determinado a tomar su decisión, cualquiera que esta sea, permitiendo a las partes apreciar tales fundamentos y, a la vez, posibilitar su control. En orden a esos fines, esa exigencia de motivación, no demanda extensión o un pormenorizado y exhaustivo razonamiento, sino que se entenderá satisfecha si el tribunal da a conocer los criterios jurídicos esenciales de la decisión.
De manera particular, respecto a la labor de los tribunales de apelación, esta Sala por Auto Supremo 085/2013-RRC de 28 de marzo, precisó: “Como se tiene desarrollado ampliamente por este Tribunal, cabe recordar que entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional al debido proceso, se encuentra la debida fundamentación de toda resolución judicial, que debe ser observada por todos los Tribunales de justicia, incluidos los de apelación. La motivación implica que la autoridad que dicte un fallo, en este caso en apelación, tiene la ineludible obligación de exponer los razonamientos que le llevan a asumir una decisión, ya sea en uno u otro sentido; dicho de otro modo, implica la exigencia de una fundamentación de hecho y de derecho, que sustenta la parte dispositiva del Auto de Vista; además, esta obligación abarca el inexcusable deber del Tribunal de apelación, de pronunciarse sobre cada uno de los aspectos cuestionados o reclamados, no pudiendo acudirse a criterios restrictivos u omisivos que tiendan a evadir una respuesta a todos los reclamos del apelante, en cuyo caso se vulneraría la garantía al debido proceso” (Negrillas añadidas).
Inicialmente debe recalcarse que este Tribunal al admitir el recurso de casación sujeto al presente análisis, concluyó que el recurrente denunció que el entendimiento asumido en el Auto de Vista impugnado para anular la sentencia es contrario al Auto Supremo invocado como precedente, que considera la existencia de defectos absolutos cuando en la Sentencia o en el Auto de Vista no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, pues en el caso, en el planteamiento del recurso, el Auto de Vista no está debidamente fundamentado porque no correspondía la nulidad de la Sentencia, pues el Tribunal de alzada no consideró que ella cumplió con los requisitos procesales y la SC 1659/04-R de 11 de octubre, no existía una oposición fundada con prueba y no era evidente la existencia del defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, al haberse establecido que el hecho se adecuaba al tipo penal Estupro y no al de Violación, siendo posible el cambio de calificación amparándose al efecto en la valoración de la prueba.
Delimitado al ámbito de análisis, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el Tribunal de alzada declaró procedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Inocencia Guzmán Rojas, revocó y anuló la Sentencia condenatoria, pronunciada por la Jueza Séptima del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar, con el argumento de que efectivamente no se consideraron los antecedentes que informaba el caso para determinar si la calificación modificada correspondía a los hechos y elementos de prueba, haciendo referencia a la denuncia e imputación por la supuesta comisión del delito de Violación Niña, Niño o Adolescente y a la medida cautelar de detención preventiva asumida contra el imputado. Además, añadió que a tiempo de establecerse los requisitos previstos por el art. 373 del CPP, se compulsó la existencia del hecho punible, la responsabilidad del imputado, la situación de la víctima menor de edad en situación de vulnerabilidad por ser dependiente del imputado, con quien media una diferencia de edad importante; y, que no sólo se le acusó al imputado por un hecho de agresión sexual, sino de varios acontecimientos en diferentes momentos. En ese entendido, consideró necesario que la autoridad competente evalúe y analice, bajo las reglas de la sana critica racional de la autoridad competente, la pretensión contenida en la oposición de la víctima para asumir la determinación que corresponda, fundando en derecho su determinación, conforme lo exige el art. 124 del CPP, con criterios objetivos, expresando los motivos de hecho y de derecho que basen su decisión, estableciendo el valor otorgado a los medios de prueba.
De la relación precedente, se tiene que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, abrió su competencia ante la interposición del recurso de apelación restringida formulado por la madre de la víctima que acusó la existencia de un defecto absoluto vulneratorio de sus derechos y garantías, porque no obstante la existencia de suficientes elementos de convicción de que el imputado cometió el delito de Violación, al haber utilizado violencia física e intimidación, no correspondía la aplicación del procedimiento abreviado; y, resolvió declarar procedente el referido medio de impugnación revocando y anulando la Sentencia condenatoria, pronunciada por la Jueza Séptima del Juzgado de Instrucción Penal Cautelar, con la debida fundamentación estableciendo razones y criterios sólidos que fundamentan su determinación y sustentan la parte dispositiva del Auto de Vista impugnado; razón por la cual, al no advertirse la existencia de contradicción con el Auto Supremo citado como precedente, corresponde declarar infundado el recurso de casación interpuesto.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1. de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Aníbal Oscar Mérida Arce.
Magistrado Relator Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 370
 artículo 169
 artículo 1
 artículo 169
 artículo 413
 resolución 
 resolución