Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531330.html
Timestamp: 2019-03-19 21:08:54+00:00

Document:
as201531330
Auto Supremo Nº 330
Expediente: 52/2011-S
Demandante: Daniel Ángel Espinar Molina
Demandado: Universidad Mayor de San Andrés
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 411 y vta., interpuesto por Teresa Rescala Nemtala, en su condición de Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de fs. 419 a 423 interpuesto por Daniel Ángel Espinar Molina, respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 068/2010 de 21 de abril, emitido por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido por Daniel Ángel Espinar Molina contra la UMSA, representada legalmente por Teresa Rescala Nemtala, la respuesta de fs. 419 a 423, el Auto de fs. 427 que concedió los recursos, los antecedentes del proceso; y:
Tramitada la demanda, la Jueza Segunda del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 014/2009 de 12 de febrero (fs. 366 a 370), declarando probada en parte la demanda, disponiendo que la UMSA a través de su representante legal cancele al actor la suma de Bs. 38.727,84.- (treinta y ocho mil setecientos veintisiete 84/100 bolivianos), por el tiempo de servicios de 2 años 4 meses y 20 días, por conceptos de indemnización, sueldos devengados (de febrero a junio de 2008), desahucio, aguinaldo (gestión 2009), conforme al sueldo promedio indemnizable de Bs. 2.927,16.-.
En grado de apelación, interpuesto por la UMSA y el actor (fs. 376 a 377 y 381 a 385), la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 068/2010, de 21 de abril (fs. 402 a 404) que revocó en parte la Sentencia pronunciada, disponiendo no haber lugar al pago de desahucio conforme los fundamentos de la resolución además de disponer la indemnización por un año de trabajo; sobre los seis meses trabajados posteriormente no ha lugar a desahucio ni indemnización, manteniéndose firmes los demás aspectos, esto es: por indemnización de 1 año, sueldos devengados y aguinaldo, ascendiendo a un total de Bs. 24.881,11.- (veinticuatro mil ochocientos ochenta y uno 11/100 bolivianos).
Contra el referido Auto de Vista, la Universidad demandada y el actor interpusieron los recursos de casación de fs. 411 y vta. y 419 a 423, respectivamente, con los siguientes fundamentos:
II.1 Recurso de casación interpuesto por la Universidad Mayor de San Andrés
En tiempo hábil interpone recurso de casación en la fondo contra el Auto de Vista Nº 968/10 de 21 de abril, cursante de fs. 402 a 404, porque -dice- incurrió en incongruencia, pues pese a que en sus fundamentos afirmó que: “la vigencia del tercer contrato evidentemente tuvo una interrupción de 4 meses, por lo que no ingresa a conformar el primer grupo de contratos y no son aplicables los alcances del D.S. 16187” (sic), seguidamente, en el por tanto señaló: “Tiempo de servicios tercer contrato: 6 meses” dispone hacer efectivo el pago a la Universidad Mayor de San Andrés “Sueldos devengados (febrero a junio y aguinaldo por la suma de total que asciende a Bs. 19.026,79.-), sin tomar en cuenta que el demandante fue recontratado el 1 de julio de 1999 (3er contrato) en calidad de abogado externo, lo que significa que en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1999 no realizó ningún trabajo para la UMSA, consecuentemente, no correspondía pago alguno a favor del actor, además la liquidación de Bs. 19.026,79.- es por seis meses, cuando de febrero a junio son solamente cinco meses.
Solicitó a la entonces Corte Suprema de Justicia, case parcialmente el Auto de Vista impugnado y, en estricta aplicación del art. 274 del Código de Procedimiento Civil (CPC), disponga que la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Superior del Distrito de La Paz, dicte nuevo Auto de Vista resolviendo correctamente el recurso de apelación interpuesto por la UMSA.
II.2 Recurso de casación interpuesto por el actor
Impugna el Auto de Vista 068/2010 de 21 de abril y su Complementario de 27 de septiembre de 2010, por ser gravosos a sus intereses y contrario al debido proceso y la seguridad jurídica, conforme a los siguientes fundamentos:
1. Los derechos adquiridos ante la UMSA, no han sido correctamente evaluados porque no se le otorgó los que le correspondía, puesto que la liquidación de Bs. 72.762,85.- no consideró actualizaciones de ley tampoco la prueba aportada de su parte cursante de fs. 41 a 200 que demostraba fehacientemente que trabajó de manera ininterrumpida durante el transcurso de la relación laboral. No basta que la autoridad judicial disponga que la indemnización y el desahucio sean actualizados, conforme lo dispone el Decreto Supremo (DS) Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992, sino también debió disponer la correcta aplicación del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 en lo referente al cálculo, actualización e incumplimiento de las obligaciones laborales, por lo que considera que se han vulnerado los arts. 13 y siguientes de la Ley General del Trabajo (LGT) modificado por Decreto Ley (DL) de 16 de febrero de 1979.
2. El Auto de Vista señaló que no correspondía el pago de vacaciones basándose en la Ley Nº 22 de 26 de octubre de 1949, sin embargo la jurisprudencia enerva dicho argumento, pues los profesionales sujetos a la Ley General del Trabajo, entre ellos, los abogados están amparados por el artículo 1 del DS Nº 1906 de 26 de enero de 1950, artículo único del DS Nº 12058, art. 1 del DS Nº03150 de 19 de agosto de 1952, por lo que se vulneraron sus derechos reconocidos en la legislación laboral, máxime si precisamente ha sido la autoridad judicial y la entidad demandada, mediante la Sentencia y el Auto de Vista que han reconocido que prestó servicios en la UMSA por dos años, cuatro meses y veinte días, aspecto contradictorio que le causa agravio.
3. De igual manera el Auto de Vista y su Complementario se limitaron a señalar que el fallo de 12 de octubre de 2009, dispuso la devolución de gastos judiciales solicitada sin haber sido demostrada con prueba fehaciente, sin embargo en la demanda su abogado señaló sus honorarios situación que no le compete determinar debiendo ser el resultado de la litis la que determine ese extremo, al respecto la jurisprudencia laboral establece que los jueces de grado tienen la facultad de otorgar al trabajador los beneficios que hubiera omitido demandar estando estos probados, así el Auto Supremo Nº 6 de 11 de enero de 1989.
De lo señalado la debida liquidación debe comprender todo el tiempo de servicios: dos años, cuatro meses y veinte días debiéndose pagar por los siguientes conceptos: a) Bs. 5.854.- aguinaldo; b) Bs. 5.854,32.- por falta de pago de aguinaldo, conforme las disposiciones del Ministerio de Trabajo; c) Bs. 5.8554,32.- por concepto de vacaciones, d) Bs. 6.992,66.- indemnización, e) Bs. 8.781,48.- desahucio; f) Bs. 35.125,92.- sueldos devengados y g) Bs. 13.000.- por gastos judiciales y otros, estableciéndose un total general de Bs. 81.463,02.-, suma a la que debe aplicarse los DDSS Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992 y Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, conforme determinaciones procesales.
Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, solicitando a la entonces Corte Suprema de Justicia que tomando conocimiento de los errores de hecho y de derecho del Tribunal de Alzada, deliberando en el fondo case el Auto de Vista recurrido y su Complementario, por existir en obrados suficiente prueba que demuestra de manera fehaciente las equivocaciones manifiestas en la valoración de la prueba y aplicación de la normativa legal por parte del Tribunal ad quem, correspondiendo enmendar tales errores y dar correcta aplicación de la normativa laboral señalada en el recurso.
II.3. Respuesta a los recursos de casación
Daniel Ángel Espinar Molina, a tiempo de interponer el recurso de casación respondió el interpuesto de contrario, señalando que sus argumentos no tuvieron en cuenta los fundamentos de la sentencia que afirmó que su pretensión estaba demostrada documentalmente. El carácter protectivo de la norma laboral hace que los derechos del trabajador sean irrenunciables, en el caso, demostró la relación laboral permanente, la Universidad debió demostrar lo contrario, dada la inversión de la prueba pero no lo hizo porque la relación era irrebatible.
Por su parte, la UMSA mediante su representante legal, respondió el recurso de casación formulado por el actor señalando que el mismo fue presentado de manera extemporánea, fuera del plazo legal, toda vez que el referido fue notificado con el Auto de Vista a horas 16:10 del 22 de septiembre de 2010, habiendo presentado su recurso de casación a través de su abogado el 12 de noviembre del mismo año a horas 14:15, por lo que solicitó su rechazo, de conformidad con lo previsto por el art. 211 del Código Procesal del Trabajo (CPT) al haber sido interpuesto después de más de cincuenta días de su legal notificación.
El Auto de Vista Nº 068/2010 de 21 de abril, pronunciado por la Sala Social Administrativa Primera de la entonces Corte Superior de la ciudad de La Paz, fue impugnado por ambas partes. La Universidad demandada señaló que la resolución impugnada era incongruente porque sus fundamentos contradicen la parte resolutiva. Por su parte el actor, afirmó que la resolución: 1) Vulneró los arts. 13 y siguientes de la LGT modificado por el DL de 16 de febrero de 1979, porque no tuvo en cuenta sus derechos adquiridos, pues la liquidación de Bs. 72.762,85.- no consideró las actualizaciones de ley ni su prueba cursante de fs. 41 a 200 que demuestra la relación laboral; 2) Conculcó derechos reconocidos en la legislación laboral al señalar que no le correspondía el pago de vacaciones, basándose en la ley Nº 22 de 26 de octubre de 1949, cuando los profesionales sujetos a la ley del trabajo están amparados por el artículo 1 del DS Nº 1906 de 26 de enero de 1950, artículo único del DS Nº 12058, artículo 1 del DS Nº 03150 de 19 de agosto de 1952; 3) Le negó la devolución de gastos judiciales, aduciendo que no fueron demostrados, cuando la jurisprudencia señala que los jueces tienen la facultad de otorgar al trabajador los beneficios que hubiera omitido demandar estando estos probados.
Al efecto, es imprescindible para quien acusa la vulneración de un derecho realice una clara exposición del hecho que ha generado la vulneración, el derecho vulnerado y el agravio sufrido o dicho de otro modo la vinculación entre el hecho y el derecho vulnerado. La UMSA acusó la vulneración del debido proceso en su componente de congruencia, señalando que la resolución impugnada era incongruente, pues por una parte afirmó que: “la vigencia del tercer contrato evidentemente tuvo una interrupción de 4 meses, por lo que no ingresa a conformar el primer grupo de contratos y no son aplicables los alcances del D.S. 16187” (sic), pero en el por tanto señaló: “Tiempo de servicios tercer contrato: 6 meses” dispone hacer efectivo el pago a la Universidad Mayor de San Andrés “Sueldos devengados (febrero a junio y aguinaldo por la suma de total que asciende a Bs. 19.026,79.-), sin tomar en cuenta que el demandante fue recontratado el 1 de julio de 1999 (3er contrato) en calidad de abogado externo, lo que significa que en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1999 no realizó ningún trabajo para la UMSA, consecuentemente, no correspondía pago alguno, además la liquidación de Bs. 19.026, 79.- corresponde a seis meses, cuando de febrero a junio son solamente cinco meses.
Para empezar señalaremos que entre los elementos integradores del debido proceso, es posible identificar el principio de congruencia; ahora bien, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, el principio de congruencia se constituye en una prohibición para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron identificados por las partes como puntos de discusión o consideración; y, segundo, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella debe existir un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
De la revisión minuciosa de los antecedentes se colige que, pronunciada la Sentencia, la Universidad ahora recurrente interpuso recurso de apelación, identificando un único punto de agravio. En ese sentido, corresponde a este Tribunal examinar el planteamiento del recurrente para luego comparar con el Auto de Vista impugnado, a fin de establecer si esta última decisión judicial cumple con las exigencias de validez, labor que será cumplida a continuación:
En el recurso de apelación, como único punto de impugnación adujo la inexistencia de una relación laboral con el actor ya que el mismo fue contratado como abogado externo sin que se den las condiciones de subordinación, exclusividad, horario etc., al respecto, de una revisión minuciosa del Auto de Vista cuestionado de ilegal se concluye que el Tribunal de apelación resolvió los recursos de apelación presentados por ambas partes, fundamentando en lo sustancial respecto al recurso de apelación de la UMSA, después de varias consideraciones concluyó que: “…el abogado Daniel Ángel Espinar, solo fue incorporado a plazo fijo como dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés durante el primer contrato, el que fue variado al dictarse la segunda Resolución, disponiéndose otra modalidad de contrato. Hasta aquí ambos contratos al ser sucesivos coinciden en una prestación de servicios profesionales por el año pactado inicialmente, concluyendo ambos plazos en enero de 1999. Por el objeto y las características similares, ambos contratos son laborales y no civiles, menos recaen en la previsión del art. 7 del DS 1592” contratos por los que –dice- es merecedor del pago de indemnización por un año, acogiéndose a la previsión del art. 13 de la LGT por ser contrato a plazo fijo, sin lugar al pago del desahucio. Añadió que el tercer contrato con una duración de seis meses no tiene solución de continuidad respecto de los anteriores mismo que debe ser pagado no obstante el antecedente del proceso penal y que el hecho de que el actor hubiera incurrido en una falta grave, correspondiendo también el pago de aguinaldo por los meses trabajados. El pago debe ser realizado con los descuentos legales y previa presentación del informe legal correspondiente.
Revisada la parte dispositiva de la resolución impugnada conforme el fundamento, se advierte que en cuanto a la determinación del pago del tercer contrato existe error sobre la consignación de los meses que deben ser cancelados, pues indica los meses de febrero a diciembre, cuando lo que correspondía según los datos era disponer el pago de los meses de julio a diciembre; no obstante este error, el monto consignado corresponde a los seis meses del contrato que es el plazo que debe ser cancelado. En síntesis la resolución guarda coherencia y el error nominal que efectivamente contiene no puede ser considerado una vulneración del derecho al debido proceso, en su componente de debida congruencia, pues este derecho es mucho más complejo y los estándares a considerar son más altos, más aun cuando este error puedo ser corregido de oficio o a través de la solicitud de enmienda.
Ahora bien, conforme se tiene demostrado, la resolución impugnada ha respondido los motivos del recurso de casación de la Universidad con una razonable motivación y fundamentación, pues pueden entenderse las razones y motivos por las que el Tribunal de apelación revocó en parte la Sentencia, por lo que no se advierte la vulneración del debido proceso en su componente de congruencia.
Recurso de casación interpuesto por el actor
Con relación al reclamo de los derechos adquiridos que no fueron correctamente considerados, en razón a que la liquidación de Bs. 72.762,85.- no consideró las actualizaciones de ley y tampoco la prueba aportada de su parte, cursante de fs. 41 a 200 que demostraba fehacientemente que trabajó de manera ininterrumpida durante el transcurso de la relación laboral. Solicitó la aplicación del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006 en lo referente al cálculo, considerando vulnerados los arts. 13 y siguientes de la LGT modificado por el DL de 16 de febrero de 1979.
Sobre el particular, el Tribunal de apelación señaló que la Sentencia dispuso la actualización de los beneficios sociales aplicando al efecto el DS Nº 23381, entonces en vigencia al no haber sido cancelados dentro de los 15 días siguientes al retiro. Aclaró además que no era aplicable la previsión del DS Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, por ser posterior al inicio de la acción, criterio que comparte esta sala, por lo que no advierte vulneración acusada.
Respecto al reclamo de la falta de valoración de la prueba presentada por el actor cursante de fs. 41 a 200, debe tenerse en cuenta que, al constituir la casación un recurso extraordinario, asimilado a una demanda nueva de puro derecho, tratándose de la valoración y compulsa de la prueba, ésta inicialmente no es posible para el Tribunal de casación, puesto que es atribución privativa de los Jueces de instancia e incensurable en casación, a menos que se alegue y demuestre la existencia de error de hecho o de derecho conforme lo dispone el art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC); es decir, “error de derecho o error de hecho” en el que se hubiese incurrido al apreciar y valorar las pruebas, situación que no ocurrió en el caso de autos, además es imprescindible que el error se encuentre evidenciado por documento o acto auténtico, señalando a tal propósito la prueba que demuestre el mismo, lo que no ocurre en el caso presente, pues el recurrente al no observar estas exigencias pretenda una revalorización de la prueba presentada, sin especificar si el error era de hecho o de derecho, en qué consiste la mala o falsa apreciación de la prueba o la aplicación de la norma, no pudiendo por lo mismo este Tribunal revisar la valoración de la prueba desarrollada por el Tribunal de apelación, menos volver a valorar la misma.
Sobre el reclamo de la negativa al pago de su vacación por parte del Tribunal de apelación al señalar que no le correspondía el pago de vacaciones, basándose en la Ley Nº 22 de 26 de octubre de 1949.
Revisada la resolución apelada en cuanto al reclamo del pago de la vacación el Tribunal de apelación señaló que no correspondía su pago porque el actor suscribió contratos a plazo fijo, no un contrato indefinido, único caso en el que habría procedido el pago de la vacación en aplicación del DS Nº1906 de 26 de enero de 1950. Al respecto, este Tribunal no comparte la determinación asumida por el Tribunal ad quem, pues fue el mismo Tribunal que concluyó que entre el actor y la Universidad demandada existió una relación laboral por el plazo de un año emergente de la suscripción dos contratos a plazo fijo, y siendo que la vacación es el derecho al descanso remunerado anual que se otorga a los trabajadores que hubieren cumplido un año, con el objeto de reponer la fatiga que ocasiona el trabajo, en el caso de autos se evidencia que al haber transcurrido un año de trabajo continuo del actor, y al no haber hecho uso de dicho derecho, el mismo se hizo acreedor al pago de sus vacaciones por una gestión; que al no haberse demostrado el uso de este derecho por el empleador conforme era su obligación en atención al principio de inversión de la carga de la prueba contenido en los arts. 3. h), 66 y 150 del CPT, corresponde disponer su pago.
Finalmente, el reclamo de la indebida negativa de la devolución de gastos judiciales, aduciendo que no fueron demostrados, cuando la jurisprudencia señala que los jueces tienen la facultad de otorgar al trabajador los beneficios que hubiera omitido demandar estando estos probados.
Al respecto es necesario aclarar que una cosa son las costas procesales y otra los derecho o beneficios del trabajador, el pago o no pago de costas está determinado en la ley y a ella deben someterse las partes.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la UMSA, representada legalmente por Teresa Rescala Nemtala y respecto del recurso de casación interpuesto por el actor corresponde: CASA EN PARTE el Auto de Vista de fs. 419 a 423 y, deliberando en el fondo modifica dicha resolución, respecto al pago de la vacación, debiendo la UMSA, cancelar al actor la vacación correspondiente al año de trabajo reconocido como relación laboral. Sin multa por ser excusable, conforme a la siguiente liquidación:
Tiempo de servicio de los dos primeros contratos: 1 año
Promedio indemnizable: Bs. 2.927,16.-
Indemnización Bs. 2.927,16
Aguinaldo Bs. 2.927,16
Vacación Bs. 2.972,16
TOTAL Bs. 8.781,48
Tiempo de servicios Tercer contrato: 6 meses
Sueldos devengados febrero a junio Bs. 17.562,96
Aguinaldo (6 duodécimas) Bs. 1.463,83
TOTAL Bs. 19.026,79
TOTAL A CANCELAR Bs. 27.808,27.-

References: resolución 
 artículo 1
e contrario
 resolución 
 artículo 1
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 resolución 
 resolución 
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