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Timestamp: 2018-12-19 02:06:22+00:00

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﻿ Sentencia 30849 de octubre 14 de 2009
SENTENCIA 30849 DE 14 DE OCTUBRE DE 2009
CONTENIDO:COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HABILITAN PARA EXAMINAR EL PROCEDIMIENTO ADELANTADO EN EL PAÍS, PERO NO DETERMINAN SI SE PRESENTÓ UNA VIOLACIÓN, POR LO TANTO CARECEN DE FUERZA VINCULANTE
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, INVESTIGACIÓN, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EJECUCIÓN DEL DELITO
Sentencia 30849 de octubre 14 de 2009
Proceso 30849
El principio de la cosa juzgada implica que a quien se le haya definido su situación jurídica por sentencia ejecutoriada o providencia con la misma fuerza vinculante, no se le puede someter nuevamente a juicio por la misma conducta, aun cuando se le dé una denominación jurídica. Esta garantía, que hace parte del debido proceso y se correlaciona con el postulado non bis in ídem, se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, norma superior a su vez desarrollada por los artículos 8º del Código Penal de 2000 y 19 del Código de Procedimiento Penal del mismo año.
Dicho postulado, sin embargo, tiene como excepción la acción de revisión, pues en virtud de la misma es posible remover la cosa juzgada para hacer cesar la injusticia material contenida en una decisión, cuya verdad procesal es diametralmente opuesta a la verdad histórica del acontecer objeto de investigación o juzgamiento. Desde luego, para ello se requiere demostrar la presencia de alguna de las causales establecidas de manera específica por la ley.
En el caso materia de análisis, la pretensión revisora se sustenta en la causal 3ª prevista en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, atendido el alcance que le fijó la Corte Constitucional en la Sentencia C-004 de 2003, pero también en la causal 4ª contemplada en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004. Para el efecto, el demandante se apoya en el informe No. 32 del 25 de septiembre de 1992, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo siguiente:
“... Que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los artículos 4º (derecho a la vida), 5º (derecho a la integridad personal) y 25 (sobre protección judicial), en conexión con el artículo 1.1., consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, respecto del asesinato del señor Martín Calderón Jurado y de don Primitivo Silva, persona que conducía el vehículo en que se movilizaba”.
Por lo anterior, la Comisión recomendó al mismo Gobierno de Colombia realizar, entre otras acciones, lo siguiente:
“... disponer se complementen las investigaciones en relación con el asesinato del señor Martín Calderón Jurado y del conductor del vehículo don Primitivo Silva y se sancione a los culpables de tan execrable hecho”.
Pues bien, en orden a resolver la controversia en cuestión, la Sala juzga del caso abordar en este caso las siguientes temáticas: (i) la pertinencia del motivo de revisión invocado, (ii) la legitimidad del demandante, (iii) Naturaleza y alcance de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento interno, y (iv) el caso concreto. A ello entonces se procede.
1. La pertinencia del motivo de revisión invocado:
El numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 establece como causal de revisión la siguiente hipótesis:
Al pronunciarse sobre la exequibilidad de esa disposición, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-004 de 2003, condicionó su conformidad con la Carta en dos sentidos, a saber:
Y, en segundo lugar, la acción de revisión procede “contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones”.
Como se observa, la sentencia de constitucionalidad amplió la cobertura de la aludida causal para permitir la acción de revisión también contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, dictadas en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates o, en caso de no darse esos presupuestos, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones.
En esencia, la decisión de la Corte Constitucional constituyó motivo para que el legislador erigiera como causal independiente de revisión el condicionamiento efectuado por dicha corporación, al establecer como tal en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 lo siguiente:
“Cuando después del fallo (absolutorio)(1) en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates”.
Vista, pues, la identidad de las regulaciones existentes en torno a la mencionada temática, refulge obligado concluir que el Procurador 35 Judicial II acertó cuando, para sustentar la demanda, invocó tanto la causal 3ª de la Ley 600 de 2000, como la 4ª de la Ley 906 de 2004. Es necesario sí precisar que aun cuando esa última disposición solamente contempla la posibilidad de interponer la acción de revisión contra sentencias, ya la Sala ha tenido la oportunidad de señalar que también las decisiones de cesación de procedimiento y preclusión de la investigación son susceptibles de removerse a través de ese mecanismo extraordinario de defensa judicial, por el sendero de las aludidas causales.
Lo anterior porque los presupuestos a partir de los cuales se estableció en el Código de Procedimiento Penal de 2004 como motivo de revisión el surgimiento de decisión proveniente de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos en la cual se constante un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente las violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se avienen totalmente a los criterios referenciados por la Corte Constitucional para ampliar el radio de acción de la causal 3ª de revisión del estatuto procesal penal de 2000, abriendo de esa forma la posibilidad de derrumbar cualquier decisión con efecto de cosa juzgada(2).
De otra parte, es de advertir que para la aplicación en este caso de las normativas procesales en mención no constituye obstáculo la circunstancia de que los hechos base de la investigación en la cual la justicia Penal Militar dictó la cesación de procedimiento a favor de Plinio Rodríguez Villamil hubiesen ocurrido en el año de 1988, es decir, antes de la vigencia de la Ley 906 de 2004 e, incluso, antes de proferirse la Sentencia C-004 de 2003, en donde se estableció por primera vez como causal de revisión la hipótesis objeto de análisis en el presente pronunciamiento.
Como también lo definió ya la Sala(3), lo relevante frente a dicha discusión no es la legislación vigente al momento de los hechos, sino el marco constitucional en que ocurrieron los mismos y se impulsó la investigación objeto de la acción de revisión. Y, en ese sentido, debe partirse de lo previsto en el inciso 1º del artículo 93 de la Constitución Política de 1991, conforme al cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno, norma fundamento del concepto de bloque de constitucionalidad, referente a las disposiciones superiores que no están consagradas directamente en la Carta, pero que regulan principios y valores a los cuales remite esta.
Así, se tiene que la Convención Americana de Derechos Humanos fue aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 16 de 1972, instrumento internacional ratificado el 31 de julio de 1973. Dicha convención contempla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, erigiéndola en órgano de protección de los derechos humanos adscrita a la Organización de Estado Americanos —OEA—.
En tal virtud, necesario es concluir que la Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad, resultando obligatoria en el orden interno y que sus disposiciones estaban vigentes para el 8 de octubre de 1988, cuando se produjo la muerte violenta de los ciudadanos Martín Calderón Jurado y Primitivo Silva Villamizar.
2. La legitimidad del demandante:
A este respecto, encuentra la Sala que el Procurador 35 Judicial Penal II promovió la acción de revisión en ejercicio de la comisión que expresamente le confirió el Procurador General de la Nación mediante decisión del 22 de junio de 2007, sin que el funcionario demandante fuese quien intervino en el curso de la actuación penal seguida en la justicia Penal Militar.
Podría pensarse que dicha situación se opone a lo previsto tanto en el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, como en el 193 de la Ley 906 de 2004, pues de acuerdo con esos preceptos la titularidad para el ejercicio de la acción de revisión radica en los sujetos procesales con interés jurídico, siempre y cuando hayan sido reconocidos en el proceso penal.
Sin embargo, como lo precisó la Sala en reciente fallo(4), “la legitimidad del demandante deviene, no en razón a las funciones específicas que como sujeto procesal le asignan las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, sino como consecuencia de las facultades generales previstas en el artículo 277 de la Constitución Política, en cuanto señala:
‘El Procurador General de la Nación, por sí mismo o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
2ª) Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo...’ (resalta la Sala)”.
Desde luego, conforme lo señaló también la Corte en la decisión precitada, el ejercicio de esas facultades generales requiere, cuando el Procurador General actúa a través de alguno de sus delegados, asignación puntal de competencia efectuada dentro de los lineamientos que para el efecto establece el estatuto procesal penal. Tal presupuesto, como quedó visto, se cumplió en el presente evento, y de ahí que ningún reparo amerite la legitimación del demandante.
3. Naturaleza y alcance de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento interno:
En recientes sentencias, entre ellas, las proferidas dentro de los radicados 26703 y 26077, citadas en precedencia, la Sala consideró que mientras las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —órgano judicial autónomo— tienen carácter vinculante, en cuanto así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que sus fallos son “motivados, obligatorios, definitivos e inapelables”, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, no revisten fuerza obligatoria.
Lo anterior porque aunque la comisión corresponde a un órgano de protección de los derechos humanos que hace parte del sistema interamericano de derechos humanos y tiene como función presentar informes a los gobiernos de los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos, dichos informes no solucionan el problema de violación de derechos humanos planteado por el solicitante, al punto que para ese efecto, en caso de no cumplirse los dictados de la comisión, es necesario que el informe sea publicado y el asunto remitirse a la Corte Interamericana.
Para predicar tal postura, la Sala se apoyó en pronunciamientos de la propia Corte Interamericana, así como en decisiones de la Corte Constitucional colombiana. En ese orden, recordó que el primero de dichos órganos, en sentencia del 8 de diciembre de 1995(5), señaló que el término “recomendaciones” usado por la Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente, dado que la misma no le asignó un significado especial, lo cual permite afirmar que el informe de la Comisión no tiene el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado.
Por su parte, respecto de la Corte Constitucional evocó, entre otras sentencias, la T-558 del 10 de julio de 2003 en donde consideró que las recomendaciones, si bien constituyen actos jurídicos unilaterales, carecen de efecto vinculante y se limitan a proponerle a sus destinatarios un determinado comportamiento, aun cuando precisó que dicha aseveración debe matizarse, o por lo menos, analizarse en el caso concreto, de modo que el operador jurídico habrá de tomar en consideración (i) la naturaleza del órgano internacional que adoptó la recomendación; (ii) si se trata de una invitación dirigida al Estado para que tome medidas legislativas o administrativas encaminadas a enfrentar situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos o si por el contrario se alude a un caso concreto; y (iii) finalmente, los principios y las disposiciones del tratado internacional con base en los cuales la recomendación fue adoptada.
Concluyó así la Sala que al carecer la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de fuerza vinculante, la decisión de esa instancia internacional no es suficiente para dar por establecida la violación de garantías fundamentales. Dicha recomendación habilita sí examinar el procedimiento adelantando en el país, pero la determinación de si se presentó la aducida violación le corresponde única y exclusivamente a la Corte Suprema.
En el caso sometido a estudio, la recomendación contenida en el Informe 32 del 25 de septiembre de 1992 proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual permite afirmar que la misma no reviste carácter vinculante, aun cuando sí habilita a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia para establecer si en realidad se produjo la violación de los derechos fundamentales referidos por la comisión.
4. Caso concreto:
La prosperidad de la acción de revisión, frente a una decisión de cesación de procedimiento, preclusión de la investigación, absolución o, incluso, acorde con la Sentencia C-979 de 2005, condenatoria, requiere la demostración de los siguientes aspectos:
1) Que los hechos investigados tengan relación con violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario.
2) Que se haya constatado un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
En cuanto se refiere al primero de esos aspectos, debe decirse que en este caso se trata de un episodio de violación de derechos humanos.
En efecto, según doctrina expuesta sobre el tema, los derechos humanos configuran un conjunto de obligaciones de respeto y garantía del Estado para con las personas, de manera que solamente se consideran como violaciones de dichos derechos las actuaciones de esa naturaleza que proceden de los agentes estatales(6).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que también le son atribuibles al Estado aquellas conductas de los particulares cuando, por acción u omisión de sus agentes derivadas de su posición de garantes, incumple las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos(7).
Al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado colombiano se comprometió, según así quedó previsto en su artículo 1º, “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Uno de los derechos reconocidos en la Convención es el de la vida. Así lo tiene establecido su artículo 4º, al tenor del cual: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Pues bien, en el proceso que culminó con cesación de procedimiento proferido por la justicia Penal Militar se investigó la muerte de los ciudadanos Martín Calderón Jurado y Primitivo Silva Villamizar ocurrida el día 8 de octubre de 1988. En el curso de la actuación se recaudó, entre otras pruebas, las declaraciones rendidas por César Manuel Carrillo Martínez y Jairo Alberto Carvajal Tarazona.
El primero de los referidos testigos manifestó que el deceso de los prenombrados se produjo cuando llevaban un viaje de papa en el camión de propiedad de Calderón Jurado. Sobre la forma como ocurrieron los hechos, dijo haberlos conocido a través de la denuncia formulada por el entonces Personero municipal de El Cerrito (Santander), Jairo Alberto Carvajal Tarazona, ante la Procuraduría General de la Nación, en donde puso en conocimiento su presencia en una reunión informal realizada en la ciudad de Pamplona, en la cual el sargento del ejército David Puentes Ramírez comentó detalladamente los pormenores del homicidio de los dos campesinos perpetrados con armas de fuego.
Según el deponente, en dicha denuncia se reseña que Puentes Ramírez refirió “cómo el teniente Coronel del ejército Plinio Rodríguez Villamil por esa época Comandante del Batallón García Rovira había estado siguiendo a Martín Calderón (,) se dio cuenta de los preparativos del viaje por radio teléfono (,) se comunicó con sus subalternos sargento César Augusto Jiménez Ruiz y David Puentes Ramírez para que interceptaran el vehículo de Martín Calderon, dando datos de placa, tipo de camión y color del mismo...”(8).
Precisó Carrillo Martínez que Calderón Jurado era miembro del Comité de Solidaridad y Derechos Humanos de García Rovira y que por el ejercicio de esa actividad, según lo comentó el afectado en el marco del segundo foro por la paz y en defensa de la vida celebrado en Málaga, en agosto de 1987, recibió amenazas de muerte respecto de las cuales inculpaba a miembros del Ejército Nacional, cuya denuncia pública quedó registrada en grabaciones magnetofónicas efectuadas en dicho foro(9).
El declarante Jairo Alberto Carvajal Tarazona, a su turno, afirmó que, en efecto, puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación los hechos en los cuales fallecieron los ciudadanos Martín Calderón Jurado y Primitivo Silva Villamizar. Aclaró que supo de tales acontecimientos 15 días después de sucedidos, por casualidad, cuando se encontraba sentado en el sitio denominado “Camellón” de Pamplona, porque en ese momento unos sujetos que se encontraban en otra mesa comentaban la forma como ejecutaron los homicidios, precisando que quien dio la orden fue “mi coronel Plinio”(10).
De las reseñadas pruebas testimoniales se desprende que los dos homicidios fueron obra de miembros del Ejército Nacional, quienes los habrían ejecutado en razón a las actividades de defensa de los derechos humanos adelantadas por Martín Calderón Jurado en la región de García Rovira. Si bien los mencionados declarantes no percibieron directamente los acontecimientos ocurridos el 8 de octubre de 1988, lo cierto es que los señalamientos surgidos de sus versiones se corroboran, de alguna forma, con las amenazas de muerte denunciadas en su momento por el propio Calderón Jurado, en cuanto este las atribuyó, precisamente, a miembros del Ejército Nacional.
Surge así, como ya lo anticipó la Sala, que los hechos objeto de investigación en la actuación que culminó con cesación de procedimiento a favor de Plinio Rodríguez Villamil se relacionaban con violaciones de derechos humanos.
Ahora bien, en cuanto se refiere al segundo aspecto requerido para la prosperidad de la acción de revisión, atendida la causal objeto de estudio, se tiene lo siguiente:
La posibilidad de remover una decisión con fuerza de cosa juzgada dictada en procesos relacionados con violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario tiene como sustento la especial obligación a cargo del Estado de garantizar a las víctimas sus derechos a la reparación, verdad y justicia, porque en esos casos le corresponde adelantar una investigación seria e imparcial, en orden a sancionar a los responsables de tales violaciones y a obtener, en lo posible, las respectivas reparaciones para las víctimas. Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-004 de 2003.
“La Corte concluye entonces que existe una afectación particularmente intensa de los derechos de las víctimas (C.P., art. 229), que obstaculiza gravemente la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º), cuando existe impunidad en casos de afectaciones a los derechos humanos o de violaciones graves al derecho internacional humanitario. Esta impunidad es aún más grave si ella puede ser atribuida al hecho de que el Estado colombiano incumplió con su deber de investigar, en forma seria e imparcial, esas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, a fin de sancionar a los responsables”.
Una investigación seria y parcial supone su realización por parte de un juez natural, garantía que forma parte del debido proceso y cuyo acatamiento, por tanto, se predica tanto para el acusado como para la víctima.
Lo anterior porque, como lo expresó la Sala en las sentencias de fecha 1º de noviembre de 2007 y 3 de marzo de 2008, aquí citadas: “La competencia para juzgar es uno de los principios basilares del debido proceso que atañe con el principio del juez natural y la organización judicial, expresamente consagrado en el artículo 29 constitucional cuando refiere al juzgamiento ante el “juez o tribunal competente”. Por lo tanto, el desconocimiento a este principio constituye una violación del derecho al debido proceso, ya que implica la ausencia de uno de sus elementos fundamentales, esto es, que la valoración jurídica sea llevada a cabo por quien tiene la facultad y la autoridad para hacerlo, de modo que exista un fundamento para asumir las cargas e implicaciones que de ella se derivan”.
En ese orden, para establecer si en una investigación adelantada contra un militar se respetó el principio del juez natural, es decisivo determinar si el hecho a él atribuido está relacionado con el servicio, pues la responsabilidad derivada de la existencia o no de la mencionada relación será distinta. De esa manera, el primer elemento para conocer la verdad de lo acaecido y establecer quiénes son los responsables depende, en buena medida, de que se acredite si el acto reunía dichas calidades(11).
Pues bien, tanto la jurisprudencia constitucional como la de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia han coincidido en enfatizar el carácter excepcional de la competencia asignada a la justicia penal militar para juzgar a los miembros de las fuerzas armadas, señalando que la expresión “servicio” contemplada en los artículos 221 y 250 de la Constitución Política se refiere a las actividades concretas que, de acuerdo con la misma codificación superior, se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerza militares y de la Policía Nacional, como son, en el primer caso, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional y, en el segundo, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercido de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica(12).
En ese sentido, también se ha dicho por la jurisprudencia que para admitir configurado el fuero penal militar se requiere la existencia de un vínculo próximo y directo entre el delito y la actividad del servicio, en tal forma que el primero corresponda a una extralimitación o abuso de poder. Por consiguiente, el nexo no puede ser hipotético o abstracto y, en todo caso, se rompe cuando el agente desde el inicio actúa con propósitos criminales o se trata de un delito de lesa humanidad(13).
Resulta evidente que los hechos en los cuales murieron los ciudadanos Martín Calderón Jurado y Primitivo Silva Villamizar no se relacionan con actos del servicio militar. Las pruebas recaudadas en manera alguna indican, como en forma apresurada lo consideró el extinto juzgado segundo de instrucción criminal cuando remitió la actuación a la justicia castrense, que tales sucesos ocurrieron en desarrollo de operativos militares. Contrariamente, los testimonios de César Manuel Carrillo Martínez y Jairo Alberto Carvajal Tarazona dan cuenta que se trató de una ejecución extra judicial ordenada por un alto mando militar, acción que entonces estuvo motivada desde sus inicios por propósitos criminales.
Ciertamente, de acuerdo con lo referido por los declarantes en mención, el homicidio de las víctimas ocurrió cuando transportaban un viaje de papa en la camioneta de propiedad de Martín Calderón Jurado, momento en que fueron acribillados, sin fórmula de juicio, por los ejecutores materiales del hecho, acción atribuida a dos miembros del Ejército Nacional.
Se impone, por tanto, concluir que la actuación adelantada con ocasión de las referidas muertes no cumplió el presupuesto del juez natural, lo cual, consecuencialmente, condujo a afectar el debido proceso y, por ende, a vulnerar el derecho de acceso material a la justicia, pasándose por alto de manera flagrante los principios de imparcialidad del juez y seriedad en la investigación.
Es de anotar que la ausencia de una investigación seria e imparcial se pone aún más de manifiesto cuando se observa que la justicia Penal Militar omitió, incluso, vincular a la misma a los presuntos ejecutores materiales del acaecer delincuencial, también miembros del Ejército Nacional, limitándose a dirigir la acción penal exclusivamente contra el ex oficial Plinio Rodríguez Villamil, para luego favorecerlo con la decisión de cesación de procedimiento.
Demostrados como se encuentran los presupuestos de la causal de revisión invocada, la Sala dejará sin valor las decisiones proferidas por el Comandante de la Quinta Brigada y el Tribunal Superior Militar, fechadas 10 de noviembre de 1992 y 26 de julio de 1993, mediante las cuales, en su orden, se decretó la cesación de procedimiento en beneficio de Plinio Rodríguez Villamil y se confirmó esa determinación en sede de segunda instancia.
Sobre este punto, se tiene que la procuradora tercera delegada solicita se extienda la invalidación desde el acto procesal mediante el cual la justicia ordinaria ordenó remitir la actuación a la penal militar. Sin embargo, la Sala no atenderá ese pedimento, pues, como lo ha definido en anteriores oportunidades, no tratándose el presente asunto de un caso seguido contra un aforado la nulidad no tiene por qué abarcar los actos de investigación, sino apenas los momentos procesales en los cuales se demanda de competencia objetiva del respectivo funcionario judicial. Sobre el particular, en decisión del 6 de mayo de 2001(14), citada en la sentencia de revisión del 1º de noviembre de 2007(15), se acotó lo siguiente:
“No existe ninguna razón para acceder a la invalidación de toda la actuación, que fue lo que solicitó el procurador delegado en su concepto. Uno de los fines de la investigación es el esclarecimiento de los hechos y naturalmente la determinación de si se ha infringido o no la ley penal, por lo que los actos de instrucción orientados a esa finalidad se consideran válidos ante la eventualidad de que como producto de los mismos se genere una conclusión de cambio de competencia. La jurisprudencia de la Sala ha sido reiterada al respecto y ha considerado que solo es viable extender el vicio de incompetencia al auto de apertura de la instrucción en casos de fuero por razón del cargo, en atención a que en los mismos el privilegio se deriva de una circunstancia puramente objetiva, que como tal se puede advertir antes de la iniciación del proceso(16).
Ordenará la Sala, finalmente, remitir la presente actuación a la Fiscalía General de la Nación, fiscalía seccional con jurisdicción territorial en Cácota (Norte de Santander), a efectos de que asuma el conocimiento de este asunto y continúe la investigación correspondiente, no sin antes precisar, tal como ya lo ha hecho en pretéritas ocasiones, que a partir de la recepción del proceso por parte de la fiscalía competente se reanudará la contabilización del término de prescripción de la acción penal, sin que haya lugar, en todo caso, a considerar para ese efecto ni el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de la providencia en la cual se decretó la cesación de procedimiento, ni el que tomó la Corte para decidir la presente acción de revisión(17).
1. Declarar fundada la causal de revisión invocada por la Procuraduría 35 Judicial Penal II.
2. Declarar sin valor la providencia del 10 de noviembre de 1992, mediante la cual el Comandante de la Quinta Brigada decretó la cesación de procedimiento a favor de Plinio Rodríguez Villamil, así como la decisión proferida por el Tribunal Superior Militar el 26 de julio de 1993, confirmatoria de la anterior.
3. Ordenar la remisión del proceso a la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente sentencia.
(1) La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible en la Sentencia C-979 de 2005.
(2) Cfr. Sentencia del 3 de marzo de 2008, radicación 26703.
(3) Cfr. Sentencia del 1º de noviembre de 2007, radicación 26077.
(4) Sentencia del 1º de noviembre de 2007 antes citada.
(5) Caso Caballero Delgado y Santana-Colombia.
(6) Cfr. Rodrigo Uprimny. Derechos humanos, democracia y desarrollo en América Latina, Bogotá: noviembre 1993.
(7) Sentencia del 15 de septiembre de 2005, dictada en el caso conocido como “Masacre de Mapiripán”.
(8) Folios 209 y 210.
(9) Folio 210.
(10) Folio 228.
(11) Sentencias fechadas 1º de noviembre de 2007 y 3 de marzo de 2008.
(12) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de febrero de 2005, radicación 20222.
(13) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-358 de 1997.
(14) Radicación 13004.
(15) Radicación 26077.
(16) Cfr. Sentencia del 18 de septiembre de 1996, radicación 9.9.96.
(17) Al respecto, sentencia del 15 de junio de 2006, radicado 18769.

References: artículo 29
 artículo 220
 artículo 192
 artículo 1
 artículo 220
 artículo 192
 artículo 93
 artículo 221
 artículo 277
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 29