Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25130
Timestamp: 2020-02-26 07:35:35+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 180/2016
SENTENCIA 180/2016, de 20 de octubre
ECLI:ES:TC:2016:180
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2001-2014 interpuesto por doña Silvia Doménech Alegre, Letrada del Parlamento de Navarra, en la representación que por su cargo ostenta, contra los apartados 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 30, 31 y 38 del art. 1, las disposiciones adicionales novena y decimoquinta y transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad en la Administración local, por vulneración de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra (arts. 148.1.1 y 148.1.2 CE y art. 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra; en adelante, LORAFNA), por vulneración de las bases estatales (art. 149.1.18 CE), y otros preceptos constitucionales (arts. 135, 137, 140 y 142 CE). Ha sido ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal.
Respecto de la repercusión de los preceptos impugnados en el sistema competencial del régimen foral navarro se analiza, en primer lugar, el fundamento constitucional de la Ley y el marco normativo en el que se inserta. Así, la norma legal se basa en las competencias atribuidas al Estado en los apartados 14 —hacienda general y deuda del Estado— y 18 —bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios— del art. 149.1 CE. Sin embargo, a pesar de la estrecha vinculación de la reforma operada por la Ley 27/2013 a las exigencias derivadas de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, no se invoca el art. 135 CE, ni el art. 149.1.13 CE. Esto se debe a que, si bien el art. 135 CE contempla un mecanismo a concretar en garantía de la efectividad del principio de estabilidad, la mera invocación de la finalidad consagrada por este precepto constitucional no autoriza al Estado, al socaire de la competencia prevista en el art. 149.1.13 CE, a dictar cualesquiera disposiciones transversales que afecten a materias que sean competencia de las Comunidades Autónomas. Es decir, las facultades estatales podrán afectar al ámbito de decisión autonómico siempre que se desvíen del objetivo fijado o lo incumplan, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pero lo que no cabe es sustituir tales mecanismos preferentes por medidas legales preventivas, con vigencia nacional uniforme, emanadas por el Estado, en materias sobre las que carece de competencia. En otras palabras, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas están obligados por el art. 135 CE a adoptar las disposiciones dirigidas a realizar el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero habrán de hacerlo en legítimo ejercicio de las competencias de cada uno.
a) El artículo primero, 5, de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que da una nueva redacción al art. 13 LBRL, sobre modificación del régimen de creación, supresión y fusión de municipios, se impugna por contravenir las bases estatales del art. 149.1.18 CE y vulnerar los arts. 148.1.2 CE y 46 LORAFNA.
El nuevo art. 13 LBRL habría desbordado los límites del art. 149.1.18 CE al contener una regulación detallada de la fusión de municipios que deja fuera del proceso a las Comunidades Autónomas y les impide desarrollar una política propia a partir de los principios establecidos por el legislador estatal.
También se impugna el art. 13.6 LBRL, que prevé un convenio de fusión de los municipios que culmina con la aprobación por mayoría simple de cada uno de los Plenos de los municipios fusionados, sin intervención alguna de la Comunidad Foral como Administración competente en materia de alteración de los términos municipales, sin perjuicio de las bases estatales. En la medida en que este artículo se interprete de manera que se excluya a la Comunidad Foral del proceso de decisión, se estará vulnerando la competencia foral sobre alteración de términos municipales. En este sentido, se argumenta que, cuando el art. 13.4 LBRL dispone que los municipios podrán acordar su fusión mediante convenio, parece que está atribuyendo la decisión final sobre la fusión a los propios Ayuntamientos y la normativa autonómica (“sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica”) reduce su alcance a determinar el procedimiento, pero no la decisión final que, según la normativa estatal impugnada, correspondería solo a los municipios.
b) El artículo primero, 7, de la Ley 27/2013, que incluye el nuevo art. 24 bis LBRL, sobre modificación del régimen de las entidades de ámbito territorial inferior, se impugna por vulnerar los arts. 149.1.18 y 148.1.2 CE y 46 LORAFNA.
El precepto estaría limitando injustificadamente la libertad autonómica de creación de este tipo de entes en contra de la doctrina constitucional (STC 214/1989) y de los arts. 149.1.18 y 148.1.2 CE y 46 LORAFNA, dejando sin contenido su facultad para crear entes locales menores con personalidad jurídica propia, cuyo ejercicio, el Tribunal Constitucional ha desvinculado al Estado y, por tanto, no encuentra cobertura en el art. 149.1.18 CE.
c) El artículo primero, 8, de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que da una nueva redacción al art. 25 LBRL, sobre las materias de competencia propia de los municipios, así como la disposición adicional decimoquinta y las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, se impugnan por cuanto a través de ellas se atribuyen a las Comunidades Autónomas la titularidad de competencias propias de los municipios, con contravención de las bases de los arts. 149.1.18 CE y 46 LORAFNA.
La impugnación del art. 25 LBRL se circunscribe a su posible aplicación directa, obviando los efectos que sobre este precepto debe tener necesariamente la disposición adicional segunda de la Ley 27/2013, que establece el régimen aplicable a la Comunidad Foral de Navarra, permitiendo que la Comunidad Foral pueda atribuir otras competencias propias a los Municipios y al resto de las Entidades Locales de Navarra, complementarias de las que el Estado ha decidido con carácter básico. Es decir, si el art. 25 LBRL se entiende aplicable a la Comunidad Foral íntegramente, interpretando que la regulación básica impide a la Comunidad Foral ampliar las competencias propias de los entes locales navarros, y que no tienen más competencias propias que las derivadas del listado del art. 25.2 LBRL, este precepto será inconstitucional por vulnerar la competencias de la Comunidad Foral (art. 46 LORAFNA) y exceder de las bases del art. 149.1.18 CE.
d) El artículo primero, 10, de la Ley 27/2013, que da una nueva redacción al art. 27 LBRL, sobre delegación de competencias de las Comunidades Autónomas en los municipios, así como, por conexión, el artículo primero, tres, de la Ley 27/2013, que da nueva redacción al art. 7.3 LBRL, en relación a los elementos a incluir en la delegación, y la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, se impugnan por cuanto todos ellos vulneran la autonomía de las Comunidades Autónomas reconocida en el art. 137 CE y suponen una extralimitación de las bases estatales (art. 149.1.18 CE) y, por tanto, vulneran el art. 46 LORAFNA.
La disposición adicional novena de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local desbordaría el art. 149.1.18 CE toda vez que impone para el 31 de diciembre de 2014 la adaptación a la Ley de los convenios ya suscritos entre las Comunidades Autónomas y los entes locales que conllevan financiación de las competencias delegadas, quedando sin efecto en caso contrario.
e) El artículo primero, 16, de la Ley 27/2013, que da nueva redacción al art. 57 LBRL, sobre la regulación de los consorcios, se impugna por extralimitación de las bases estatales (art. 149.1.18 CE).
f) El artículo primero, 21, de la Ley 27/2013, que da una nueva redacción al art. 85.2 LBRL, sobre las formas de gestión de los servicios públicos, se impugna por extralimitación de las bases estatales (art. 149.1.18 CE).
El art. 85.2 LBRL se impugna únicamente respecto a su posible aplicación directa, obviando la previsión contenida en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2013. Por tanto ese precepto se entenderá inconstitucional en la medida que se aplique a la Comunidad Foral obviando la precitada disposición adicional, pues en ese caso se produciría una vulneración de las competencias de la Comunidad Foral (art. 46 LORAFNA) con exceso de las bases del art. 149.1.18 CE. La prelación de unas formas de gestión de los servicios públicos sobre otras no puede considerarse incluidas en los principios básicos que corresponde establecer al Estado y dejar a la Comunidad Foral sin espacio normativo para el desarrollo de esas bases.
g) La disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, que regula la disolución de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, se impugna por vulnerar las competencias autonómicas sobre las corporaciones locales (art. 148.1.2 CE) y la organización de sus instituciones de autogobierno (art. 148.1.1 CE), con extralimitación de las bases estatales del art. 149.1.18 CE y vulneración del art. 46 LORAFNA.
La disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013 prevé la disolución de las entidades locales de ámbito territorial inframunicipal cuando, antes de una determinada fecha, no hayan presentado sus cuentas ante el Estado y las Comunidades Autónomas. Según el escrito de interposición, a la vista de la doctrina constitucional (SSTC 179/1985, de 19 de diciembre y 214/1989, de 21 de diciembre), no ofrece dudas que la legislación básica no alcanza a los requisitos relativos a la creación y extinción de estas entidades, que están sujetas a un fuerte grado de interiorización autonómica. La disposición controvertida llega incluso a prever la disolución como efecto de la ausencia de rendición de cuentas ante el Estado desconociendo que la tutela financiera es una competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma. La norma exige, además, que la disolución se acuerde por Decreto del gobierno autonómico en contra de la competencia autonómica de autoorganización (art. 148.1.1 CE).
h) La disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, que regula las mancomunidades de municipios, se impugna por vulnerar las competencias autonómicas sobre corporaciones locales (art. 148.1.2 CE) y auto organización (art. 148.1.1 CE) con extralimitación de las bases estatales (art. 149.1.18 CE) y vulneración del art. 46 LORAFNA.
La disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013 incurriría en inconstitucionalidad porque, de un lado, se restringen las competencias autonómicas exclusivamente a la realización de obras y la prestación de servicios públicos, vulnerándose así las competencias de la Comunidad Foral para fijar las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre entes locales, excediendo los límites en que puede desenvolverse la legislación básica; y, de otro, se vulneraría la competencia autonómica de autoorganización (art. 148.1.1 CE) al asignar al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma la función de iniciar y resolver los procedimientos de disolución de tales mancomunidades sin permitirles regular el correspondiente procedimiento en ejercicio de su competencia.
Se traslada al municipio la carga de demostrar que, con el consorcio, se permite una asignación más eficiente de los recursos económicos y no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera. Sin embargo, el legislador básico estatal no incluye ninguna justificación o “razón suficiente” (en términos de la STC 214/1989) para introducir esta limitación a la capacidad de autoorganización del municipio en la prestación de sus servicios, de manera que se está lesionando la autonomía de los municipios para decidir sobre la “gestión de sus respectivos intereses” (art. 137 CE). Esta restricción choca igualmente con el derecho de los municipios a asociarse para el cumplimiento adecuado de sus competencias, derecho reconocido en el marco de la autonomía local por la Carta Europea de la Autonomía Local.
c) El artículo primero, 21, de la Ley 27/2013, que da una nueva redacción al art. 85.2 LBRL, sobre las formas de gestión de los servicios públicos locales, se impugna por cuanto prioriza determinadas formas de gestión, sin aducir justificación, o “razón suficiente” para limitar la potestad de auto organización de los entes locales. Al primarse la gestión por la propia entidad local o el organismo autónomo local frente a la entidad pública empresarial o la sociedad mercantil local (todas ellas opciones permitidas por el ordenamiento jurídico aplicable a los entes locales) se está limitando la capacidad de autoorganización del municipio sin ninguna justificación específica para ello, más allá de presunciones implícitas. Con esta disposición se está condicionando la capacidad de decisión de la entidad local, debilitando con ello la “autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” (art. 137 CE) sin justificar la razón (en términos de la STC 214/1989).
El nuevo art. 116 bis LBRL incorpora una regulación de los planes económico-financieros para las entidades locales distinta a la establecida en la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, innovando y adicionando sustancialmente el contenido que se exigirá a los planes municipales. Se restringe de forma absolutamente desproporcionada la autonomía local con la pormenorizada y casuística enumeración de las medidas que inexcusablemente han de llevarse ahora al plan económico-financiero. Mientras que el art. 21.2 Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en lógica correspondencia con el necesario respeto a la autonomía de las entidades territoriales constitucionalmente garantizada, deja un amplio margen de maniobra a la Administración incumplidora para fijar los “medios” o las “vías” a través de las cuales se corregirá el exceso de déficit, de endeudamiento o de gasto, el nuevo art. 116 bis.2 LRBRL comprime —hasta anularlo— el espacio de libre decisión de los gobiernos locales, al imponer pormenorizadamente a la entidad local las concretas medidas que han de llevarse al plan.
También es cuestionable esta disposición desde la perspectiva de la regulación constitucional de las fuentes del Derecho. El nuevo art. 116 bis de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local contradice la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la que remite la Constitución para establecer los supuestos excepcionales de superación de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones (por ello, también de la administración local) así como la forma y plazo de corrección de las desviaciones que pudieran producirse (art. 135.5.a CE).
Por último se señala que el art. 135.5 CE reserva a una Ley Orgánica el desarrollo de los principios a que se refiere este artículo, así como la responsabilidad de cada Administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Por tanto, en la medida que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local incorpora medidas concretas de corrección para el caso de incumplimiento, se entiende que el art. 116.bis en sus apartados 2 y 3, vulneran el art. 135.5CE, por no tener rango de Ley Orgánica.
e) El artículo primero, 31, de la Ley 27/2013, que introduce el art. 116 ter LBRL, sobre el “coste efectivo de los servicios”, se impugna por cuanto lesiona la dimensión financiera de la autonomía local. Por conexión, también se impugna el artículo primero, trece, de la Ley 27/2013, que modifica el art. 36 LBRL, por cuanto permite trasladar la prestación de servicios municipales a otra administración como consecuencia del “coste efectivo del servicio”, lesionando con ello igualmente la dimensión financiera de la autonomía local.
El criterio del coste efectivo puede ser un criterio a utilizar por el nivel de gobierno responsable de garantizar la suficiencia financiera municipal, al objeto de dotarles de un montante de recursos “mínimo” que asegure un nivel estándar de prestación de los servicios. Pero siempre en el bien entendido de que ese "mínimo" puede ser mejorado por el municipio recurriendo a la reasignación de los recursos entre los diversos servicios o a las fuentes de financiación propias. Es decir, determinar que coste va a asignarse a cada uno de los servicios constituye, inequívocamente, una decisión política consustancial a un ente dotado de autonomía. La autonomía local protegida por la Constitución se proyecta igualmente en la vertiente de los ingresos [SSTC 19/1987, FJ 4; 221/1992, FJ 8, y 233/l999, FFJJ 10 b) y 18].
f) El artículo primero, 38, de la Ley de racionalización y sostenibilidad en la Administración local, que introduce una nueva disposición adicional decimosexta LBRL, en la que se prevé la aprobación por la junta de gobierno local de acuerdos que normalmente corresponden al Pleno —en concreto, para aprobar el presupuesto municipal, el plan económico financiero, el plan de saneamiento o la entrada en mecanismos extraordinarios de financiación—, se impugna por cuanto se lesiona el principio democrático representativo al excluirse a la oposición de la participación en decisiones fundamentales del municipio.
3. Mediante providencia de 27 de mayo de 2014 el Pleno del Tribunal Constitucional acuerda admitir a trámite el presente recurso, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones; y ordenar la publicación de la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”; publicación que se produce, en el de 31 de mayo de 2014.
El indicado escrito dedica una primera parte a contextualizar el objeto del recurso y a describir el sentido de la reforma que lleva a cabo la Ley 27/2013, con exposición de los títulos competenciales afectados, dedicando una especial referencia al título derivado del art. 135 CE en relación con el recogido en el art. 149.1.13 CE. A continuación aborda, precepto por precepto, la defensa de la constitucionalidad de esta Ley teniendo en cuenta el particular régimen foral de Navarra y comienza con una serie de consideraciones generales destinadas a plantear el sentido de la reforma legal operada por la 27/2013.
En cuanto a los títulos competenciales que sustentarían la reforma, el Abogado del Estado se refiere a los apartados 18, 14 y 13 del art. 149.1 CE. El primero, sobre bases del régimen local, cubriría las regulaciones que concretan la autonomía constitucionalmente garantizada (arts. 137, 140 y 141.1 CE) y los restantes aspectos del régimen jurídico básico de todos los entes locales, “sin que quepa equiparar ‘régimen local’ o ‘régimen jurídico de las Administraciones locales’ con ‘autonomía local” porque “los imperativos constitucionales derivados del art. 137 CE, por un lado, y del art. 149.1.18 CE, por otro, no son coextensos” (SSTC 11/1999, de 11 de febrero, FJ 2, y 240/2006, de 20 de julio, FJ 8).
En base a este título competencial corresponde al Estado el desarrollo normativo del nivel local de gobierno, en virtud de la competencia que ostenta sobre las “bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” ex artículo 149.1.18 CE [SSTC 4/1981, FFJJ 1 B) y 3 y 32/1981, FJ 5]. De este modo, la normativa estatal sobre régimen local amparada en el artículo 149.1.18 CE “tiende a asegurar un nivel mínimo de autonomía a todas las Corporaciones locales en todo el territorio nacional, sea cual sea la Comunidad Autónoma en que estén localizadas” (SSTC 213/1988. FJ 2 y 259/1988, FJ 2). Es decir, en virtud de este título competencial, y de acuerdo con la doctrina constitucional, corresponde al Estado establecer la garantía institucional básica que asegure a los entes locales su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente a su círculo de intereses, fijando unas directrices que primen los principios de descentralización y máxima proximidad a la gestión administrativa de los ciudadanos, reglas básicas que las Comunidades Autónomas, en virtud de sus competencias estatutarias en materia de “régimen local”, podrán desarrollar y ejecutar.
El art. 149.1.14 CE, sobre hacienda general, cubriría específicamente la normativa estatal sobre las instituciones comunes a las distintas haciendas, la coordinación entre las haciendas estatal y locales y la garantía de la suficiencia financiera de los entes locales prevista en el art. 137 CE (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 4, y las Sentencias que allí se citan). La estrecha vinculación entre el régimen local y la hacienda local justificaría que la Ley 27/2013 cite conjuntamente ambos títulos, tal como ha admitido la doctrina constitucional (STC 233/1999), sin perjuicio de que varias de sus disposiciones serían directamente incardinables en el art. 149.1.14 CE.
La Ley 27/2013 no cita específicamente el art. 149.1.13 CE, sobre ordenación general de la economía, pero, en realidad, sería el “título fundamental” que la habilita. La reforma no desarrolla estrictamente el nuevo art. 135 CE, pero se justifica primariamente en sus principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Trata, en particular, de ajustar el régimen jurídico básico de los entes locales a la Ley de bases de régimen local. La estabilidad presupuestaria sería una exigencia material de supervivencia de la Unión Europea, asumida formalmente por el constituyente español, que afecta a la distribución de competencias y a los cánones de enjuiciamiento aplicables. La mencionada Ley Orgánica, antes de la reforma constitucional, habría debido apoyarse en los apartados 11, 13, 14 y 18 del art. 149.1 CE (STC 134/2011, de 20 de julio); ahora está directamente habilitada por el art. 135 CE (STC 157/2011, de 18 de octubre, y otras). Por lo mismo, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local se apoyaría ahora de modo fundamental, dado el nuevo contexto constitucional, en el art. 149.1.13 CE. Este título justificaría una mayor extensión de las bases del régimen local, teniendo en cuenta que en todo caso el concepto de bases es dinámico y, por tanto, variable en función tanto de las apreciaciones del titular de la competencia como de las circunstancias. De las nuevas circunstancias y, en particular, de la grave crisis económica que atraviesa el euro se habría hecho eco el Tribunal Constitucional (AATC 95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5; 108/2011, de 5 de julio, FJ 5; 147/2012, de 16 de julio, FJ 6, y 160/2011, de 22 de noviembre, FJ 3).
Los factores de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las Administraciones locales serían principios rectores que funcionan ahora con la misma intensidad que la garantía de la autonomía local (arts. 137, 140, 141 CE). Tal garantía habría resultado “modalizada” por aquellos objetivos que, en consonancia con la política financiera de la Unión Europea, ha acogido el legislador constitucional; objetivos que tendrían un carácter esencial en su realización desde abajo dentro del régimen jurídico de los entes locales (se cita el Dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de la Ley controvertida).
A continuación, el Abogado del Estado se refiere a la adaptación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local al régimen foral navarro pues el recurso del Parlamento Foral de Navarra se centra, casi exclusivamente, en la afectación a las peculiaridades de su régimen foral de las previsiones de la Ley 27/2013, que asume las particularidades del régimen foral navarro cuando, en su disposición adicional segunda, bajo el título “Régimen aplicable a la Comunidad Foral de Navarra”, prevé el régimen de aplicación de sus preceptos. Esta disposición contiene importantes excepciones al régimen común introducido por la Ley 27/2013, que tratan de cohonestar la finalidad de dicha Ley con las especialidades forales, no sólo en el ámbito del régimen local, sino también en el ámbito de la función pública o en aspectos financieros, cohonestándose así con lo establecido en la disposición final tercera de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria.
Para el caso de apreciarse “contraposición” entre la LORAFNA y la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, habría de entenderse que prevalece la legislación básica trasladando, a tal fin, mutatis mutandis, la relación entre los Estatutos de Autonomía y la legislación básica analizada en la STC 31/2010, de 28 de junio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la cual insiste en la doctrina del “carácter bifronte del régimen local” al señalar (FJ 36) que, “en principio ninguna objeción puede formularse a que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, en tanto que su norma institucional básica, contenga las líneas fundamentales o la regulación esencial, con el fin de vincular al legislador autonómico, del régimen local en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, debiendo respetar en todo caso las previsiones estatutarias, como es obvio, la competencia básica que al Estado corresponde en la materia en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE, por cuanto la expresión `bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas´ engloba a las Administraciones locales … aquella concurrencia, como no podría ser de otra manera, ineludiblemente pervive en cuanto el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de régimen local ha de ajustarse, necesariamente, a la competencia que sobre las bases de la misma corresponde al Estado ex art. 149.1.18 CE, por lo que la regulación estatutaria ha de entenderse, en principio, sin perjuicio de las relaciones que el Estado puede legítimamente establecer con todos los entes locales”.
a) Respecto del artículo primero, ocho, de la Ley 27/2013, que da una nueva redacción al art. 25 LBRL, sobre las materias de competencia propia de los municipios, así como la disposición adicional decimoquinta y las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, señala que la Constitución incluye listados competenciales en relación con la distribución del poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 148 y 149 CE) sin referirse explícitamente a las competencias locales. En ausencia de una predeterminación constitucional del contenido de la autonomía local (art. 137 CE), el legislador competente dispone de un margen de configuración, sin perjuicio de que debe garantizar a los entes locales la participación efectiva en los asuntos que les atañen (STC 121/2012, de 5 de junio, FJ 5). De acuerdo con el art. 149.1.18 CE, “corresponde al Estado optar, de entre los posibles, por un determinado modelo municipal” (STC 103/2013, FJ 5). Corresponde al legislador básico establecer los mínimos que dotan de contenido y efectividad a la garantía de la autonomía local, así como fijar los principios que deben aplicar las Comunidades Autónomas al detallar las competencias locales (STC 214/1989, de 21 de diciembre).
La Ley de bases de régimen local distingue ahora tres tipos de competencias locales: las propias, que son las determinadas por Ley (art. 25.2), las delegadas por el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 27) y las demás, que son las que, diferenciadas de las anteriores, quedan sometidas al régimen del artículo 7.4. La enumeración de competencias de una u otra clase supone un abanico lo suficientemente amplio para entender respetada la garantía constitucional de la autonomía local. El art. 25.2 LBRL, en particular, indica una serie de materias que “en todo caso” el legislador competente debe atribuir a los municipios, sin que por tanto se produzca vulneración del art. 137 CE. A su vez, la indicada previsión se mantiene dentro de lo básico, sin invadir las competencias autonómicas, porque, en rigor, no atribuye competencias municipales; regula el régimen jurídico de su atribución, exigiendo la determinación legal. A su vez, da a entender implícitamente que las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias propias en materias distintas de las que enumera, con tal que la atribución se realice mediante Ley.
El carácter básico del nuevo tratamiento jurídico del art. 27 LBRL supone que no haya razón alguna para considerar que se exceda de la competencia estatal conforme al art. 149.1.118 CE ni que sus previsiones sean contrarias al núcleo esencial de la autonomía local, y ello en la medida en que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del mismo art. 27, resulta necesaria la aceptación de la delegación por parte del municipio receptor para la efectividad jurídica de la misma.
La nueva regulación, configurada bajo los títulos competenciales del art. 149.1.18ª y 14 CE, se hacía precisa tras la reforma del art. 135 CE y en este sentido, los apartados 4, 6 y 7 del art. 27 LBRL, en la redacción dada por la Ley 27/2013, participan o se hallan inspirados por los principios del art. 135 CE.
Las competencias susceptibles de delegación conforme al nuevo art. 27 LBRL suponen una forma de entender en un sentido más funcional la posición institucional de las Entidades Locales pues, tras la reforma del art. 135 CE, el concepto básico de autonomía local deja de tener un significado estático para configurarse de una manera más bien evolutiva o dinámica, susceptible de ser desarrollado y modulado sobre la base de los ámbitos competenciales previamente determinados por la ley como competencias susceptibles de delegación. Téngase en cuenta que el art. 7.1 LBRL, determina que “[l]as competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación”. Una vez atribuida la delegación puede decirse, grosso modo, que son competencias de las entidades locales en la medida en que la ley debe garantizar su ejercicio con un margen de autonomía. Esto entra dentro del margen de libertad de configuración de legislador básico sobre régimen local general.
En consecuencia, como ha expuesto el Consejo de Estado en dictámenes núms. 567/2013, de 24 de mayo, y 338/2014, de 22 de mayo, a la vista de la doctrina constitucional invocada, es el legislador estatal quien, en el ejercicio de la competencia que le reconoce el art. 149.1.18 CE, puede y debe establecer una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio español, configurando un modelo local común que comprenda tanto la vertiente subjetiva o de construcción institucional de los entes locales, como la objetiva de determinación de las competencias que se les atribuyen, incluyendo igualmente la regulación de las relaciones de estos entes entre sí y con otras Administraciones públicas. Se trata, en todo caso, de una regulación de carácter básico que, como tal, debe permitir un ulterior desarrollo por las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía les atribuyen, con distinto alcance, competencias en materia de régimen local.
La expresión “en todo caso”, que figura tanto en el inciso inicial del apartado 2 del artículo 25, al enumerar las competencias propias de los municipios, y en el apartado 1 del artículo 26, en la enumeración de los servicios que las entidades locales municipales deberán prestar, no debe interpretarse en el sentido materialmente restrictivo y limitador de que esos listados de ámbitos materiales operen como listados excluyentes.
El nuevo parámetro de constitucionalidad del art. 135 CE inspira forzosamente el aspecto funcional del régimen de atribución de competencias a las entidades locales previsto en la Ley 27/2013. La nueva regulación trae causa de la necesidad de adaptar la normativa local a las previsiones de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aprobada precisamente en desarrollo del art. 135 CE. Así, dice el preámbulo de la misma Ley 27/2013 que “la reforma del art. 135 CE, en su nueva redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas … Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero”.
A este respecto, el Tribunal Constitucional ha declarado que el principio de estabilidad presupuestaria establecido en el art. 135 CE contiene “un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes públicos y que por tanto, en su sentido principal, queda fuera de la disponibilidad —de la competencia del Estado— y de las Comunidades Autónomas”, constituyendo además, y esto es lo decisivo, “un nuevo canon de constitucionalidad” (STC 157/2011, de 18 de octubre, FJ 3).
f) Para el Abogado del Estado, al abordar la impugnación del artículo primero, apartado quinto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que da una nueva redacción al art. 13 LBRL, la adición de un nuevo requisito para la creación de nuevos municipios consistente en exigir que se trate de núcleo de población territorialmente diferenciada con al menos 5.000 habitantes tiende a evitar la proliferación de entidades locales que por su escasa población son inviables económica y financieramente. Por otro lado, exigir como requisito para la fusión que el municipio cuente con medios y recursos suficientes para financiar sus servicios, esto es, que sea sostenible financieramente, ha de interpretarse en el sentido descrito por los arts. 4 y 13 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como “capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites del déficit y la deuda pública”, requisito este que ya se exigía por la redacción inicial de la Ley reguladora de las bases de régimen local.
La nueva regulación de incentivos a la fusión prevé mejoras en el sistema de financiación local, dispensa de prestar nuevos servicios mínimos y le otorga preferencia para la asignación de planes de cooperación y otras subvenciones. La redacción del nuevo precepto se remite expresa y terminantemente a la legislación de las Comunidades Autónomas para la regulación de la fusión del municipio y llama a su intervención para la coordinación de la integración de los servicios resultantes de la fusión. Sobre la fusión de municipios invoca el Abogado del Estado la doctrina contenida en las SSTC 214/1989 [“en relación a las alteraciones municipales, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 148.1 y 2 CE, el Estado ostenta también competencia para fijar los criterios básicos a los que debe sujetarse el ejercicio de las correspondientes competencias autonómicas, y ello como resultado del juego combinado de los arts. 137, 140 y 149.1.18 CE, que obligan necesariamente a atribuir al Estado la regulación básica de su propia estructura”] y 103/2013, de 5 de abril [FJ 3 b)].
Considera que el título competencial contenido en el art. 149.1.18 CE permite al Estado optar por la reconfiguración del régimen jurídico de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, sin afectar a la autonomía local y sin interferir en las competencias de las Comunidades Autónomas, a cuya regulación se remite el nuevo artículo 24 bis en todo lo demás.
Como el art. 137 CE solo menciona como entidades integrantes de la administración local y por tanto sólo garantiza la autonomía de los municipios y las provincias, el resto de entidades locales quedan a la libertad de configuración del legislador. El Estado no interfiere en su creación, que corresponderá a las Comunidades Autónomas, sino en su régimen jurídico, por mor de la competencia que le atribuye el art. 149.1.18 CE.
h) En relación con la impugnación del artículo primero, apartado 16, de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que da una nueva redacción al art. 57 LBRL, el Abogado del Estado señala que lo que se pretende es poner coto a una situación de dispersión, falta de información y utilización abusiva de la figura del consorcio como modo de externalización de recursos y controles propios de las entidades locales que lo conforman. El art. 10.1 de la Carta Europea de Autonomía Local no establece un derecho ilimitado y absoluto de asociación municipal sino en los términos y con los límites que en cada caso establezca el legislador nacional en base a la competencia atribuida al Estado en el art.149.1.18 CE (STC 50/1999, FJ 3). La regulación acometida por la Ley 27/2013 en absoluto supone la imposición de límites ablativos al asociacionismo local, ni siquiera condiciona de modo determinante e irreversible esta facultad de las entidades locales. Finalmente, en ningún caso, la Constitución exige que la ley explicite las razones o motivos de la concreta regulación de una materia.
i) Sobre la impugnación del artículo primero, apartado 21, de la Ley 27/2013, por el que se modifica el art. 85 LBRL, el Abogado del Estado considera que este precepto no coarta la libertad de organización de la entidad local para la prestación directa de los servicios que tiene encomendados, sino que se limita a exigir dos requisitos para que el municipio pueda optar por formas “empresariales” de prestación del servicio.
j) Sobre la impugnación del artículo primero, apartado 31, de la Ley 27/2013 por el que se añade un nuevo artículo 116 ter a la Ley reguladora de las bases de régimen local en relación con el coste efectivo de los servicios, el Abogado del Estado señala que el cálculo del coste efectivo de los servicios configurado en el nuevo precepto se justifica como medida de transparencia y de mejora de la información disponible. La finalidad de la medida consiste en posibilitar el conocimiento por los ciudadanos y electores del coste que supone la prestación de cada servicio por habitante. El efecto jurídico del cálculo es la posibilidad de que la Provincia asuma la coordinación de la prestación de determinados servicios si el municipio no los presta a un coste efectivo inferior, evitando desigualdades o discriminaciones con entidades enclavadas en otros entornos. El concepto de “coste estándar” que se contenía en el proyecto, se sustituyó por el de “coste efectivo” en el texto definitivo de la ley de una manera conceptualmente más precisa.
Se refiere el Abogado del Estado, en segundo lugar, a los límites a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y las principales consideraciones que caben extraer de la jurisprudencia constitucional son las siguientes: a’) Respecto al encuadramiento de las normas internas vinculadas al derecho comunitario, el Tribunal señala que la institución de la estabilidad presupuestaria “constituye un elemento esencial de la política económica comunitaria en materia presupuestaria”, que vincula a los Estados miembros de la Unión Europea (STC 134/2011, FJ 7). El Tribunal considera que el Estado está legitimado para dictar la legislación de estabilidad presupuestaria, en ejercicio de su competencia de “dirección de la actividad económica general” y sobre la hacienda general, aunque tal ejercicio competencial ha de respetar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas; b’) En nada varía tampoco la doctrina constitucional acerca de la configuración de la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas (STC 134/2011, FJ 8). La autonomía política de las Comunidades Autónomas, consagrada en los arts. 2 y 137 CE, no es sino la capacidad de autogobierno que se manifiesta, sobre todo, en la capacidad para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia. La libertad para establecer el plan de ingresos y gastos, en suma, el presupuesto, “no se establece constitucionalmente con carácter absoluto” pues la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas “no excluye la existencia de controles, incluso específicos”; c’) Bajo las anteriores premisas, el Tribunal avala la plena constitucionalidad de los principios rectores y directrices básicas establecidas en la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que entraña limitaciones a la capacidad financiera y presupuestaria de las Comunidades Autónomas y del propio Estado.
Así, lo que recoge el artículo 116 bis.2 respecto del plan económico financiero de las entidades locales es un desarrollo singularizado respecto de ellas y atendiendo a su especificidad, la ley ha seguido las recomendaciones del Consejo de Estado, validadas en su dictamen 334/2014. El art. 21.2 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece un “contenido mínimo” de alcance general de los planes económico-financieros que el nuevo art. 116 bis.2 LBRL desarrolla, adecuándolo a las particularidades de la Administración local. La regulación es, por ello, más pormenorizada, sin que esta mayor concreción suponga, por sí sola, una lesión para la autonomía local.
En tal sentido, puede destacarse que la “supresión de competencias” que deben contemplarse en el plan [art. 116 bis a)] afecta únicamente a las competencias distintas de las propias y de las ejercidas por delegación, es decir, a competencias que no forman parte del núcleo irreductible de la autonomía local. Además, a las entidades locales corresponde determinar cuáles serán las competencias eliminadas. Asimismo, la gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la entidad local [art. 116 bis b)] es una elemental medida de reducción de costes en situaciones de incumplimiento de los parámetros de estabilidad presupuestaria o sostenibilidad financiera, que se enuncia con amplitud suficiente para que las corporaciones locales puedan decidir las formas de gestión más apropiadas en cada caso. Del mismo modo, las entidades locales seguirán teniendo capacidad para determinar cuáles serán las fuentes y la cuantía del “incremento de ingresos” necesario para financiar los servicios obligatorios que presta la entidad local [art. 116 bis c)]. También permanece intacta la capacidad de decisión de las corporaciones locales para la adopción de medidas de “racionalización organizativa” [art. 116 bis d)], más allá de la necesidad de contemplar la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipal [art. 116 bis, e)] o una propuesta de fusión con municipios colindantes [art. 116 bis f)].
m) En relación con la impugnación de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, señala el Abogado del Estado que esta disposición contiene una regulación puramente adjetiva, tendente a fijar un plazo o término de adaptación a la nueva ley, de los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales que se hallaran suscritos y vigentes a la entrada en vigor de la Ley 27/2013. Las previsiones contenidas en la disposición adicional novena suponen una lógica adecuación destinada a facilitar, por la misma Ley de reforma, la transición de un régimen jurídico a otro. No se advierten —desde la constitucionalidad de la regulación contenida en los arts. 7.4, 25, 27 LBRL— motivos de reproche de legalidad constitucional respecto de una norma cuyo único objetivo es establecer un período de adaptación de los acuerdos o convenios preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 en cuyo contenido se pudiera advertir alguna forma de incompatibilidad en relación con el nuevo régimen jurídico de atribución de competencias configurado por el legislador ordinario.
1. La Letrada del Parlamento de Navarra, en la representación que ostenta de dicha Asamblea, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 30, 31 y 38 del artículo 1 y las disposiciones adicionales novena y decimoquinta, transitorias primera a cuarta y undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, por invasión de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra (arts. 148.1.1 y 148.1.2 CE y art. 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra; en adelante, LORAFNA), por contravención de las bases estatales (art. 149.1.18 CE) y otros preceptos constitucionales (arts. 135, 137, 140 y 142 CE). El Abogado del Estado se opone al recurso, razonando que los preceptos impugnados se ajustan a la Constitución.
2. La STC 41/2016, de 3 de marzo, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad núm. 1792-2014 interpuesto por la Asamblea de Extremadura (“BOE” núm. 85, de 8 de abril de 2016), después de analizar la constitucionalidad de los apartados 3, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 21 y 30 del art. 1 y las disposiciones adicionales octava, novena, undécima y decimoquinta y transitorias primera a cuarta y undécima de la Ley 27/2013, pronunció el siguiente fallo:
“1º Declarar inconstitucionales y nulos el art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), las disposiciones adicional undécima y transitorias primera, segunda y tercera, así como los incisos ‘Decreto del órgano de gobierno de’ y ‘el Órgano de Gobierno de’, incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias cuarta.3 y undécima, párrafo tercero, todos de la referida Ley 27/2013.
2º Declarar que la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, no es inconstitucional, interpretada en los términos del fundamento jurídico 13 e) de la referida STC 41/2016, de 3 de marzo.
3º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.”
La STC 111/2016, de 9 de junio, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad núm. 1959-2014 interpuesto por la Junta de Andalucía (“BOE” núm. 170 de 15 de julio de 2016), después de analizar la constitucionalidad de los apartados 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 30, 31, 36 y 38 del art. 1, el art. 2.2 y las disposiciones adicionales octava, undécima y decimoquinta, transitorias primera a cuarta y final primera de la Ley 27/2013, resolvió como sigue:
“1º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación del art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), y de las disposiciones adicional undécima y transitorias primera, segunda y tercera, así como del inciso ‘Decreto del órgano de gobierno de’ incluido en la disposición transitoria cuarta.3, siempre de la Ley 27/2013.
a) los siguientes incisos del art. 26.2 de la Ley 7/1985, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013: ‘al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas’ y ‘para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera’.
c) El inciso ‘El Consejo de Gobierno de’ incluido en el segundo párrafo, in fine, del art. 97 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 27/2013.
3º Declarar que los arts. 36.1 g) y 36.2 a), segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción introducida por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, no son inconstitucionales interpretados en los términos de los fundamentos jurídicos 11 y 12 c), respectivamente, de esta Sentencia.
En fin, la STC 168/2016, de 6 de octubre, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad núm. 1995-2014 interpuesto por el Principado de Asturias, declaró que la disposición adicional sexta de la Ley 27/2013 no era inconstitucional, interpretada en los términos del fundamento jurídico 4 b) de dicha Sentencia y reiteró la extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, del análisis de las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta.3 en cuanto al inciso “Decreto del órgano de gobierno de”, y los incisos del art. 26.2 en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013: “al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” y “Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera”, desestimando el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
a) El presente recurso impugna algunas previsiones que ya las SSTC 41/2016, 111/2016 y 168/2016, como se desprende de sus respectivos fallos transcritos en el fundamento jurídico anterior, han declarado inconstitucionales y nulas: (a) la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), en la redacción dada por el art. 1.38 de la Ley 27/2013, y (b) las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, así como (c) los incisos “Decreto del órgano de gobierno de” y “el Órgano de Gobierno de”, incluidos, respectivamente, en la disposición transitoria cuarta.3 y undécima, todas de la Ley 27/2013. De acuerdo con la consolidada doctrina constitucional [por todas, STC 139/2011, de 14 de septiembre, FJ 3 b)], la expulsión del ordenamiento jurídico de estas previsiones determina la pérdida sobrevenida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad en lo que se refiere a las impugnaciones dirigidas contra aquellas previsiones.
b) Los recursos de inconstitucionalidad resueltos en las SSTC 41/2016, 111/2016 y 168/2016 coinciden con el presente en las normas impugnadas, y en gran medida los cuatro invocan como sostén de sus pretensiones de inconstitucionalidad idénticos motivos, por lo que la doctrina de las Sentencias referidas sirve para responder a buena parte de las impugnaciones aún subsistentes en este asunto. Siguiendo el criterio adoptado en la STC 111/2016, ya reiterado en nuestra doctrina (por ejemplo, SSTC 138/2013, de 6 de junio, FJ 1, y 28/2016, de 18 de febrero, FJ 2), cabe dar aquí por reproducidos los fundamentos jurídicos que la STC 41/2016 dedica a la presentación de la Ley 27/2013 (FFJJ 2 y 10), al encuadramiento de la controversia competencial (FFJJ 3 y 4), al significado de la garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE) y al alcance de las bases del régimen local (art. 149.1.18 CE), singularmente en lo relativo a la organización y las competencias locales (FFJJ 5 y 9).
1) del art. 7.4 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.3 de la Ley 27/2013), sobre la exigencia de informes de otras administraciones públicas para que el municipio pueda ejercer competencias “impropias”. Este recurso, como el resuelto en la STC 41/2016, le reprocha desconocer la autonomía local (art. 140 CE);
También por este mismo motivo, y al igual que ocurría en la STC 41/2016, se dirige el presente recurso contra la imposición de que se prevean técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia (art. 7.3 —aunque por inadvertencia se mencionara el 7.4 en la STC 41/2016, FJ 11— introducido por el art. 1.3 Ley 27/2013), rechazándose porque estas facultades son “consubstanciales a la técnica de la delegación …[hallando fundamento] en que la Administración delegante es titular de la competencia sin que pueda desentenderse de los intereses supralocales que justifican que haya retenido la titularidad” [FJ 11 a)].
4) del art. 57 LBRL (introducido por el art. 1.16 de la Ley 27/2013), “específicamente en su párrafo tercero”, relativo a los presupuestos exigibles para constituir consorcios, al que tanto uno como otro recurso tachan de invadir el ámbito competencial que los textos estatutarios reservan a las Comunidades Autónomas;
d) La STC 111/2016 desestimó otra impugnación, formulada allí por la Junta de Andalucía, que el presente recurso suscita de un modo análogo, lo que conlleva ahora su desestimación en virtud de los mismos motivos allí utilizados, que se dan aquí por reproducidos. Se trata del reproche dirigido frente al art. 116 ter LBRL (en la redacción dada por el art. 1.31 de la Ley 27/2013), así como contra “las referencias al coste efectivo de los servicios incluidas en el art. 36 LRBRL” [en la redacción dada por el art. 1.13 de la Ley 27/2013].
“El art. 116 ter LBRL impone dos obligaciones a los entes locales que en modo alguno entrañan una injerencia en su autonomía: calcular el «coste efectivo» de sus servicios conforme a una serie de criterios, que habrá de desarrollar una orden ministerial (ya adoptada: Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre); y comunicar el cálculo resultante al Estado para su publicación. No por ello los entes locales han visto menoscabadas sus posibilidades de intervención en los asuntos que les afectan. No hay injerencia alguna sobre su ámbito competencial … Ciertamente, no puede excluirse en abstracto que los preceptos que se sirven del concepto de «coste efectivo» regulado en el art. 116 ter LBRL vulneren la garantía constitucional de la autonomía local. No obstante, ello habrá de analizarse respecto de cada precepto concreto y, en todo caso, si la vulneración se produjera, sería imputable a ese precepto, no al art. 116 ter LBRL. Por eso procede desestimar la impugnación del art. 116 ter LBRL, introducido por el art. 1.31 de la Ley 27/2013.”
Respecto del art. 36 LRBRL debemos destacar en primer lugar que el recurso de inconstitucionalidad se limita a la transcripción que ha quedado consignada, de modo que no realiza el “pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan” que incumbe al recurrente “cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico” [por todas, STC 118/2016, de 23 de junio, FJ 3 g)]. No obstante, por atender a un criterio de unidad de doctrina, no está de más recordar que la STC 111/2016, FJ 12 c), desestima la impugnación dirigida contra el art. 36.2 a) LBRL siempre que se entienda en los términos que allí se indican y aquí se reproducen:
“[E]l párrafo segundo del art. 36.2 a) LBRL sería contrario a los arts. 137 y 140 CE si fuera interpretado como previsión que atribuye por sí unas facultades de coordinación cuyo concreto alcance hubiera de fijar la propia diputación a través de los correspondientes planes de cooperación. Sin embargo, está interpretación ha de excluirse, habida cuenta de que hay otra que, siendo igualmente razonable, resulta conforme a la Constitución. De acuerdo a esa otra interpretación, el art. 36.2 a) LBRL es una previsión básica que, en cuanto tal, no pretende ni puede pretender agotar la regulación de la materia. Se refiere a una submateria —competencias locales— en la que las Comunidades Autónomas disponen de amplios márgenes de desarrollo y en la que, en todo caso, concurren regulaciones sectoriales [STC 41/2016, FJ 7 c)]. Bajo esta perspectiva, la ausencia de precisión característica de la previsión impugnada no resulta en sí problemática desde la perspectiva de la autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE).”
4. La Letrada del Parlamento de Navarra alega en la demanda que la distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra en materia de régimen local presenta particularidades que se derivan del art. 46 LORAFNA, reconocidas a su vez en la disposición adicional tercera LBRL (“La presente Ley regirá en Navarra en lo que no se oponga al régimen que para su Administración local establece el art. 46 LORAFNA. A estos efectos, la normativa estatal que, de acuerdo con las Leyes citadas en el mencionado precepto, rige en Navarra, se entenderá modificada por las disposiciones contenidas en la presente Ley. De acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del citado artículo 46, será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra lo establecido en el número 2 de la disposición adicional primera de esta Ley”) y en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2013, que dispone:
“Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a la Comunidad Foral de Navarra.
2. La Comunidad Foral de Navarra, podrá, en su ámbito competencia/, atribuir competencias como propias a los municipios de su territorio así como del resto de las Entidades Locales de Navarra, con sujeción en todo caso, a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL.
6. En el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y en virtud de las competencias reconocidas a Navarra, a las que se hace referencia en el punto primero de esta disposición, la Comunidad Foral de Navarra determinará los límites máximos totales del conjunto de las retribuciones y asistencias de los miembros de las Corporaciones Locales, del personal eventual y del resto del personal al servicio de las mismas y su sector público. La determinación de tales retribuciones atenderá a los principios y estructura establecidos, en su caso, por la legislación estatal.”
Este planteamiento general se refleja en que el epígrafe de cada una de las quejas de signo competencial —las primeras, numeradas de la una a la ocho de la demanda— se menciona el art. 46 LORAFNA como infringido. Sin embargo, en el desarrollo de varios de tales motivos del recurso no se expone razón alguna conectada con la especialidad foral. Falta, de este modo, el “pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan” que incumbe al recurrente “cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico” [por todas, STC 118/2016, de 23 de junio, FJ 3 g)]. En algunos otros de dichos motivos del recurso sí se consignan ciertos razonamientos conectados con la garantía foral, por lo que estos reproches se analizan a continuación.
5. El recurso se dirige contra el art. 24 bis LBRL (introducido por el art. 1.7 de la Ley 27/2013). Alega que los entes locales distintos a municipios y provincias “entra[n] en cuanto a su propia existencia en el ámbito de disponibilidad de las Comunidades Autónomas que dispongan de la correspondiente competencia” (STC 214/1989), negándose “la posibilidad de que el Estado cree o mantenga en existencia por decisión propia” tales entes (STC 179/1985), de modo que, a su entender, “cuando el art. 24 bis regula [que] estos entes de ámbito territorial inferior al municipio carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada, está limitando de manera injustificada” la competencia autonómica. Este motivo ya fue considerado y desestimado en la STC 41/2016, FJ 7 b), al cual nos remitimos.
También sostiene que “el art. 24 bis alude directamente a los ‘concejos’ que constituyen una institución tradicional de Navarra sometida al régimen jurídico foral y por tanto ante una materia que forma parte de la competencia histórica de Navarra prevista en el art. 46.1 a) LORAFNA, y que encuentra un completo desarrollo en la Ley Foral de Administración local, en la sección primera del capítulo II, del título 1, arts. 37 a 44, ya que el art. 37.1 reconoce expresamente como ámbitos territoriales inferiores al municipio y ‘con personalidad jurídica para la gestión y administración de sus intereses en el ámbito de las competencias atribuidas a los mismos por esta Ley Foral’.”
La STC 31/2010 declaró que las disposiciones estatutarias en materia de régimen local condicionan solo al legislador autonómico, no prevaleciendo por tanto frente a la legislación básica en caso de conflicto. No es posible, sin embargo, hacer lo propio en este caso, pues el marco competencial en materia de régimen local difiere de un modo esencial en el caso de Navarra, pues las previsiones de la LORAFNA, en la parte que reflejen derechos históricos, enraízan en la disposición adicional primera de la Constitución que, por lo que aquí interesa, desplaza respecto a esta entidad foral la competencia estatal de dictar legislación básica ex art. 149.1.18 CE (STC 140/1990, de 20 de noviembre, en cuanto a la legislación básica sobre funcionarios públicos, en especial, FJ 2, 3 y 4).
Las atribuciones que reserva el art. 46 LORAFNA al ente foral en materia de Administración local responden al respeto y actualización de los derechos históricos solo en parte, al consignarse, de manera expresa en el texto legal: “Las facultades y competencias que actualmente ostenta, al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de dieciséis de agosto de mil ochocientos cuarenta y uno, en el Real Decreto-ley Paccionado de cuatro de noviembre de mil novecientos veinticinco y disposiciones complementarias”, según el artículo 46.1 a). Hay otro conjunto de competencias autonómicas en esta materia que corresponden, de la misma forma que a cualquier otra Comunidad Autónoma, al ente foral como legislador de desarrollo de la legislación básica: “Las que, siendo compatibles con las anteriores, puedan corresponder a las Comunidades Autónomas o a las Provincias, conforme a la legislación básica del Estado”, añade el art. 46.1 b) LORAFNA.
El Real Decreto-ley paccionado de 4 de noviembre de 1925, que fija las bases para la aplicación en Navarra del estatuto municipal aprobado por Real Decreto-ley de 8 de marzo de 1924 sin conculcar los principios recogidos en la Ley paccionada de 16 de agosto de 1841, contiene una base segunda que lleva por rúbrica “Organización concejil”. El reglamento para la Administración municipal de Navarra de 2 de febrero de 1928, que merece ser considerada una de esas “disposiciones complementarias” ex art. 46.1 a) LORAFNA porque desarrolla las mencionadas bases, dedica el capítulo III del título I a la “Organización y funcionamiento de los Concejos”, integrado por los arts. 18 a 44, el primero de los cuales dispone que “bajo la denominación general de Concejo se comprenden los Pueblos y lugares pertenecientes a un término municipal (Valle, Distrito o Cendea), con territorio, jurisdicción y bienes propios y los que, sin poseerlos, tengan reconocida Administración independiente de la del municipio a que se hallen agregados”, recogiendo los demás preceptos su forma de gobierno, que se realiza según el número de habitantes mediante concejo abierto o juntas de oncena, quincena o veintena, y de funcionamiento.
La organización local en Navarra ha mantenido ininterrumpidamente la presencia relevante de los concejos y el art. 46 LORAFNA ha actualizado esta especialidad histórica tanto al remitirse expresamente a las normas indicadas en el art. 46.1 a) LORAFNA como al referirse en el art. 46.2 LORAFNA “a los Municipios, Concejos y Entidades Locales de Navarra”.
Esta apreciación no conduce, sin embargo, a la estimación de esta impugnación y consiguiente declaración de inconstitucionalidad del art. 24 bis LBRL (introducido por el art. 1.7 de la Ley 27/2013) porque la disposición adicional tercera de la Ley de bases de régimen local, que es aplicable también a los preceptos introducidos en la Ley de bases de régimen local por la Ley 27/2013, prevé expresamente que “la presente Ley regirá en Navarra en lo que no se oponga al régimen que para su Administración local establece el art. 46 LORAFNA”. De este modo, el art. 24 bis LBRL (introducido por el art. 1.7 de la Ley 27/2013) no invade la competencia del ente foral dado que la disposición adicional tercera de la Ley de bases de régimen local deja claro que el ámbito de aplicación de aquél no alcanza al territorio foral. Todo ello sin perjuicio de que a las entidades locales navarras le sean aplicables los controles de eficiencia que, en virtud del art. 149.1.14 CE, el Estado ha dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con las especialidades que en su aplicación al territorio foral prevé la disposición adicional tercera de esta última norma.
6. La Letrada del Parlamento de Navarra insta también la declaración de inconstitucionalidad del art. 25 LBRL (introducido por el art. 1.8 de la Ley 27/2013) y de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2013, que contienen disposiciones sobre la delimitación de las competencias propias del municipio. Expone que “la posible tacha de inconstitucionalidad que se realiza por parte de la Comunidad Foral respecto al art. 25 LRBRL y la disposición adicional citada se circunscribe a su posible aplicación directamente y obviando los efectos que sobre estos preceptos debe tener necesariamente la disposición adicional segunda de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”. Y alega exactamente lo mismo en un epígrafe posterior respecto del art. 85.2 LBRL (introducido por el art. 1.21 de la Ley 27/2013), relativo a las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Procede desestimar estas impugnaciones porque se sustentan en una “posible aplicación” de los preceptos impugnados cuando es doctrina constitucional reiterada que los “presupuesto[s] hipotético[s], basado[s] en una mera conjetura interpretativa … ya de por sí priva[n] de fundamento a la impugnación” (SSTC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 8; 236/2005,de 19 de noviembre, FJ 6).
Ahora bien, la demanda deduce contra el art. 57.3 LBRL una segunda queja, consistente ésta en que “el legislador básico estatal no incluye ninguna justificación para introducir esta limitación a la capacidad de autoorganización del municipio en la prestación de sus servicios”, con lo que desconocería la autonomía local constitucionalmente garantizada (arts. 137 y 140 CE).
El consorcio, como instrumento que permite la colaboración voluntaria del ente local con otras Administraciones públicas en relación con los servicios locales y los asuntos de interés común (art. 57.1 LBRL), se conecta directamente con la potestad de aquéllos de elegir una u otra forma organizativa a través de la que ejercitar las competencias que tiene atribuidas para la realización de los intereses locales. En este sentido el art. 57.3 LBRL, al configurar la fórmula consorcial como subsidiaria de la vía convencional y, en todo caso, condicionada al cumplimiento de criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera, limita la indicada capacidad de decisión y, de este modo, incide en el ámbito protegido por la autonomía local, pero no lo hace de un modo inconstitucional por los siguientes motivos: a) En primer lugar, porque los entes locales conservan amplios espacios de opción organizativa. b) En segundo lugar porque la legislación estatal, con esa previsión restrictiva, se orienta a la realización de los principios generales de buena gestión financiera (art. 32.1 CE) y sostenibilidad financiera (art. 135 CE). c) Por último, como afirma la STC 111/2016 respecto de otros límites impuestos al margen de decisión de los entes locales [FJ 12 a)], la relativa ausencia de determinación “no puede entrañar un problema en el contexto de una regulación afirmada como básica y, por tanto, incompleta o necesitada del complemento autonómico; a la que se añade la legislación sectorial del Estado y las Comunidades Autónomas, que es la encargada de definir concretamente las competencias locales” [SSTC 214/1989, FJ 3, letras a) y b) y c) y 41/2016, FJ 9].
Aduce que la necesidad de adoptar todas y cada una de estas medidas, que es lo que a su juicio significa la expresión “incluirá al menos”, “comprime hasta anularlo el espacio de libre decisión de los gobiernos locales [pues] le impone pormenorizadamente las concretas medidas que van a llevarse al plan”, con lo que vulnera la garantía constitucional de autonomía local. Además, al regular esta materia estaría invadiendo un ámbito que el art. 135.5 CE reserva a una ley orgánica, reserva que ha venido a atender la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuyo art. 21 resulta, en su opinión, contradicho por este art. 116 bis.2 LBRL.
La STC 41/2016, FJ 15, resolvió una impugnación dirigida contra el apartado 3 art. 116 bis LBRL (introducido por el art. 1.30 de la Ley 27/2013). Con tal motivo hizo algunos pronunciamientos que son de utilidad para decidir la presente impugnación. Afirmó que “la previsión controvertida [art. 116 bis LBRL] complementa esta regulación añadiendo una serie de medidas a las previstas en el art. 21 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera…”. Y añadió que “las medidas reguladas están estrechamente vinculadas a la configuración básica de la diputación provincial (arts. 31 a 38 LBRL), las competencias locales (en especial art. 7.4 LBRL), la gestión integrada de los servicios municipales obligatorios (arts. 26, 44 y 57 LBRL), los entes menores o inframunicipales (art. 24 bis LBRL), la organización local (arts. 19 a 24 bis LBRL) y la fusión de municipios (art. 13 LBRL). Esta conexión directa justifica que el Estado las incluya en la LBRL sin por ello vulnerar la reserva de ley orgánica (art. 135.5 CE)”.
Estos criterios conducen directamente a rechazar que el art. 116 bis LBRL invada la reserva de ley ex art. 135.5 CE y a descartar igualmente que contradiga lo establecido en la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pues, como apuntó la STC 41/2016, el art. 116 bis LBRL “complementa esta regulación añadiendo una serie de medidas a las previstas en el art. 21 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Resta aún por decidir acerca de si este precepto limita la autonomía de los gobiernos locales de un modo inconstitucional. El apartado 1 del art. 116 bis LBRL muestra que el plan económico financiero se formulará en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, con el propósito, explicitado por el art. 21.1 de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de que “permita en un año el cumplimiento” de tales objetivos y de la regla de gasto.
Esta naturaleza causal del mecanismo examinado conlleva, en pura lógica, que las actuaciones que han de conformar su contenido serán las que se tengan por imprescindibles para alcanzar el indicado propósito. De este modo, cuando el art. 116 bis.2 LBRL dispone que “el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas” no ha de entenderse que el ente local está vinculado a recoger en dicho plan todas esas medidas, perdiendo así todo margen de opción en sus decisiones de gasto, sino que debe introducirlas si fueran imprescindibles para recobrar la senda del cumplimiento y en la medida en que lo sean. La cláusula “al menos” significa que el ente local también deberá incluir en el plan otras medidas distintas de las enumeradas en el art. 116 bis.2 LBRL cuando el fin al que se orienta aquél lo exija.
1º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en la redacción dada por el art. 1.38 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), y de las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, así como de los incisos “Decreto del órgano de gobierno de” y “el Órgano de Gobierno de”, incluidos, respectivamente, en la disposición transitoria cuarta.3 y undécima, todas de la Ley 27/2013.
2º Declarar que el art. 36.2 a), segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción introducida por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, no es inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico 3 d) de esta Sentencia.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 2001-2014
Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Se enjuicia la constitucionalidad de varios preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, relativos al ejercicio de competencias por las entidades locales; régimen de creación y supresión de municipios; regulación de entes territoriales inferiores al municipio; competencias municipales y régimen de delegación de competencias a los municipios; creación de consorcios; gestión de servicios públicos; aplicación del principio de estabilidad presupuestaria; coste efectivo de los servicios prestados y asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas.
En aplicación de la doctrina contenida en la STC 111/2016, de 9 de junio, la Sentencia realiza una interpretación conforme con la Constitución del precepto que regula el plan provincial de obras y servicios. Se trata de un presupuesto básico que no agota la regulación de la materia, sino que se refiere a una submateria en la que las Comunidades Autónomas disponen de un amplio margen de desarrollo y en la que concurren regulaciones sectoriales. Sobre la base de esta premisa, la falta de precisión que caracteriza la previsión impugnada no entra en conflicto con la autonomía municipal.
Se desestima el recurso en todo lo demás en base a la doctrina sentada en las SSTC 41/2016, de 3 marzo, y 168/2016, de 6 de octubre.
Aplica la doctrina sentada en la STC 111/2016 sobre interpretación conforme con la Constitución en relación con los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal [FJ 3 d)].
Reitera la doctrina contenida en las SSTC 41/2016 y 111/2016 en relación con la presentación de la Ley impugnada, sobre encuadramiento de la controversia competencial, significado de la garantía constitucional de la autonomía local y alcance de las bases del régimen local, singularmente en lo relativo a la organización y las competencias locales [FJ 3 b)].
Los presupuestos hipotéticos, basados en una mera conjetura interpretativa ya de por sí privan de fundamento a la impugnación relativa a la delimitación de competencias propias del municipio (SSTC 214/1989 y 236/2005) [FJ 6].
Las disposiciones estatutarias en materia de régimen local condicionan solo al legislador autonómico, no prevaleciendo por tanto frente a la legislación básica en caso de conflicto (STC 31/2010) [FJ 5].
La relativa ausencia de determinación no puede entrañar un problema en el contexto de una regulación afirmada como básica y, por tanto, incompleta o necesitada del complemento autonómico; a la que se añade la legislación sectorial del Estado y las Comunidades Autónomas, que es la encargada de definir concretamente las competencias locales (STC 111/2016) [FJ 7].
Articulo 1.13
Artículo 135, ff. 1, 7, 8
Artículo 135.5, f. 8
Artículo 137, ff. 1, 3, 7, 8
Artículo 140, ff. 1, 3, 7, 8
Artículo 46, ff. 1, 3 a 5
Artículo 7.3 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 3
Artículo 7.4 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 3, 4, 8
Artículo 13 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 3, 8
Artículo 19 a 24 bis (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 8
Artículo 24 bis (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 5, 8
Artículo 25 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 6
Artículo 25.3 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 4
Artículo 25.4 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 4
Artículo 25.5 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 4
Artículo 26 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 8
Artículo 27 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 3
Artículos 31 a 38, f. 8
Artículo 36 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 3
Artículo 36.1 g) (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 2
Artículo 36.2 a) (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 2, 3, 8
Artículo 44 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 8
Artículo 57 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 3, 8
Artículo 57.1 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 7
Artículo 57.3 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 7
Artículo 85.2 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 3, 6
Artículo 116 bis (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 8
Artículo 116 bis, apartado 1 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 8
Artículo 116 bis, apartado 2 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 8
Artículo 116 bis, apartado 3 (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 8
Artículo 116 ter (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 3, 4
Disposición adicional segunda, ff. 4, 5
Disposición adicional decimosexta (redactada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), ff. 2, 3, 8
Artículo 97, párrafo 2 in fine (redactado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 2
Artículos 18 a 44, f. 5
Disposición final tercera, ff. 4, 5
Articulo 1.2, f. 2
Articulo 1.3, ff. 1 a 3
Artículo 1.7, ff. 1, 2, 5
Artículo 1.8, ff. 1, 2, 5
Articulo 1.13, ff. 1 a 3, 8
Articulo 1.16, ff. 1 a 3
Articulo 1.17, f. 2
Articulo 1.18, f. 2
Articulo 1.19, f. 2
Artículo 1.21, ff. 1 a 3, 6
Articulo 1.30, ff. 1, 2, 8
Artículo 1.31, ff. 1 a 3
Articulo 1.36, f. 2
Artículo 1.38, ff. 1 a 3, 8
Disposición adicional decimoquinta, ff. 1, 2, 6
Disposición transitoria primera, ff. 1 a 3, 8
Disposición transitoria segunda, ff. 1 a 3, 8
Disposición transitoria tercera, ff. 1 a 3, 8
Disposición transitoria cuarta, ff. 1, 2, 5
Disposición transitoria cuarta, apartado 3, ff. 2, 3, 8
Disposición transitoria undécima, ff. 1 a 3, 8
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre. Se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales
Autonomía localAutonomía local, ff. 3, 4, 7 , 8
Autonomía provincialAutonomía provincial, f. 3
Competencias de coordinaciónCompetencias de coordinación, f. 3
Competencias en materia de régimen localCompetencias en materia de régimen local, ff. 4 a 6
Principio de eficiencia en el gasto públicoPrincipio de eficiencia en el gasto público, f. 7
Responsabilidad financieraResponsabilidad financiera, f. 7
Interpretación conforme con la ConstituciónInterpretación conforme con la Constitución, f. 3 d)
Reserva de ley orgánicaReserva de ley orgánica, f. 8
Servicios públicos municipalesServicios públicos municipales, f. 7

References: artículo 149
 artículo 149
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 24
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 1
in fine
 Real Decreto 
 artículo 46
 artículo 46

Artículo 135

Artículo 135

Artículo 137

Artículo 140

Artículo 46

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 13

Artículo 19

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 36

Artículo 36

Artículo 36

Artículo 44

Artículo 57

Artículo 57

Artículo 57

Artículo 85

Artículo 116

Artículo 116

Artículo 116

Artículo 116

Artículo 116

Artículo 97
in fine

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 1