Source: http://espanito.com/sala-de-casacin-laboral-v3.html
Timestamp: 2018-02-22 18:47:39+00:00

Document:
Descargar 38.79 Kb.
Tamaño 38.79 Kb.
Radicación No.21588
Acta No.62
Magistrada Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de LUIS JORGE MEDINA, JOSÉ MARÍA GALINDO VEGA, GERARDO SANTOS ALMONACID DÍAZ, LUIS JORGE ESPINEL RODRÍGUEZ y NELSON VEGA GAITAN contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., el 14 de febrero de 2003, en el juicio que adelantan en contra del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
En lo que interesa al recurso de casación, LUIS JORGE MEDINA, JOSE MARIA GALINDO VEGA, GERARDO SANTOS ALMONACID DIAZ, LUIS JORGE ESPINEL RODRIGUEZ Y NELSON VEGA GAITAN demandaron al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, para que se condenara a pagarles, entre otras pretensiones, las sumas que resulten por la reliquidación de sus cesantías definitivas, de sus primas de navidad por los últimos cuatro años y la indemnización moratoria en cuantía de un día de salario por cada día de retardo a partir de los treinta días hábiles con los que contaba la demandada para pagar las prestaciones sociales y hasta cuando sean canceladas las acreencias laborales.
Indicaron como fechas de vinculación, cargos y salarios para cada uno, los que a continuación se discriminan: LUIS JORGE MEDINA 18 de octubre de 1977 - 20 de junio de 1996 - chofer - $297.060; JOSE MARÍA GALINDO VEGA 1 de septiembre de 1987 - 20 de junio de 1996 - celador - $230.160; GERARDO SANTOS ALMONACID DÍAZ 28 de febrero de 1983 - 10 de julio de 1996 - operador de retroescabadora - $326.190; LUIS JORGE ESPINEL RODRIGUEZ 16 de enero de 1978 - 10 de julio de 1996 – ranchero - $241.800; NELSON VEGA GAITAN 24 de febrero de 1994 - 20 de junio de 1996 – obrero - $229.980; agregaron que estuvieron vinculados con el Departamento de Cundinamarca mediante contrato de trabajo a término indefinido; que eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo suscrita con el sindicato de trabajadores oficiales; que se acogieron al plan de retiro voluntario que diseñó el empleador y suscribieron actas de conciliación extrajudicial, dando por terminados sus contratos de trabajo; que, al momento de liquidar la cesantía definitiva, la demandada no incluyó como factores salariales: las primas anuales, de alojamiento y de navidad, la totalidad del sueldo básico, los viáticos, las horas extras ni los festivos; que, al liquidar la prima de navidad durante los últimos años de servicio, no se incluyeron esos pagos, como tampoco el sueldo básico, ni la prima de vacaciones.
La demandada, en la respuesta a la demanda (fls. 81 a 93, C. Ppal.), se opuso a las pretensiones de los actores; aceptó que los demandantes se acogieron al plan de retiro voluntario, que suscribieron actas de conciliación extrajudicial en las que dieron por terminado el contrato de trabajo, con efectos de cosa juzgada y que el plan de retiro voluntario se diseñó para empleados oficiales y sin fines de desvinculación masiva; los demás hechos los negó o los remitió a prueba. En su defensa propuso las excepciones de pago, cosa juzgada y prescripción.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, D. C., mediante sentencia del 21 de octubre de 2002 (fls. 551 a 559), absolvió al Departamento de Cundinamarca.
Para que se surtiera la consulta ordenada respecto a la sentencia del a quo, el expediente fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá, y mediante sentencia del 14 de febrero de 2003 (fls. 567 a 575 C. Ppal.), revocó parcialmente el numeral primero del fallo del a quo, para condenar a la entidad demandada a pagar a los actores la indemnización moratoria que tazó individualmente para cada uno, confirmándolo en lo demás.
En lo que interesa exclusivamente al recurso extraordinario, consideró el ad quem, respecto a la pretensión de reliquidación del auxilio de cesantía, que les correspondía a los demandantes demostrar que los factores salariales, que dicen no les incluyeron en su liquidación, sí fueron devengados por ellos durante el último período laboral; que únicamente acreditaron los factores que se tuvieron en cuenta para la liquidación de cada uno de ellos, de acuerdo con las documentales de folios 236 – 244, 249 – 253, 258 – 263, 268 – 273, 278 – 281, 324, 326, 330, 332, 460, “...sin que se extraiga cuáles de los factores efectivamente devengados no se incluyeron en las liquidaciones pertinentes.”.
En cuanto a la diferencia por reliquidación de la prima de navidad, consideró que, de la prueba documental de folios 236 – 281 y 497 – 520, se desprende que “...durante los últimos tres años al fenecimiento de la relación laboral, a los demandantes se les canceló las sumas allí aludidas por concepto de prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, sin que se demostrara que estos rubros eran inferiores a los que verdaderamente les correspondían, o que se habían liquidado con un sueldo diferente al que devengaban...”.
Por último, al referirse a la indemnización moratoria, señaló que “...apunta a su causación, respecto de todos los demandantes, toda vez que de la documental de (folios 324, 326, 333, 330, 460) se deduce que estas no se cancelaron dentro del término estipulado en la cláusula 7 de las conciliaciones (fl. 529, 535, 523, 526, 532), pues fueron notificados después de fenecer el término pactado en el acuerdo conciliatorio, configurando la mala fe presunta y por consiguiente generando la mora, la cual se tomará desde el momento del vencimiento de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de conciliación, hasta el momento de la notificación, pues la discusión no se refirió al impago de las mismas, sino a su extemporaneidad, hecho 20 de la demanda (fl. 14) y al no precisarse la fecha de pago, por lo menos para la época de notificación de la resolución reconocedora del derecho, el Departamento se hallaba en mora de pagar a los demandantes citados, siendo factible extender los efectos de esa indemnización hasta esa fecha, sin que el departamento argumentará razones para no pagar oportunamente...”.
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y que, en sede de instancia, luego de revocar parcialmente la del a quo, profiera decisión que acoja las pretensiones de los actores, condenando en costas a la demandada.
Acusa la sentencia de infringir la ley sustancial en forma indirecta, por aplicación indebida de:
“Artículo 1618 del C.C., Artículo 11° del Decreto 3135 de 1.968 modificado por el Artículo 1° del Decreto 3148 de 1.968; Artículo 33 del Decreto Ley 1045 de 1.978, Artículo Primero del Decreto 797 de 1.949, reglamentario del Artículo 11 de la Ley 6ª de 1.945; Artículos 1°, ordinal e) del Artículo 17, 19, numera 3° del Artículo 26 del Decreto 2127 de 1.945, reglamentario del Artículo 1° de la ley 6ª de 1.945, art. 2 de la ley 65 de 1.946; Artículos 46 y 49 de la Ley 6ª de 1.945; como violación medio los Artículos 20 y 78 del Estatuto Procesal Laboral, por ERRORES DE HECHO MANIFIESTOS en la valoración de la prueba así:
“ERRORES MANIFIESTOS DE HECHO
“1. Dar por demostrado sin estarlo que la prima de navidad durante los años 1995 y 1996 fue liquidada correctamente.
“2. No dar por demostrado estándolo que la prima de navidad por los años de 1995 y 1996 fue liquidada en forma incorrecta.
“3. Dar por demostrado sin estarlo que la cesantía definitiva se liquidó correctamente.
“4. No dar por demostrado estándolo que la cesantía definitiva fue liquidada en forma incorrecta”.
“PRUEBAS ERRONEAMENTE APRECIADAS
“1. Certificación de salarios y certificación de cesantía definitiva (fls. 326, 258 a 263; 330, 268 a 273; 332, 236 a 244; 460, 278 a 281 y 324, 249 a 253, 236-281, 236 – 281 y 497 – 520)”.
En la demostración del cargo, luego de transcribir los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el art. 1° del Decreto 3148 de 1968 y el 33 del Decreto Ley 1045 de 1978, manifiesta que el Tribunal se rebeló contra la última de las normas mencionadas, porque sólo tuvo en cuenta para liquidar la prima de navidad, el salario básico, la prima anual de servicio y el subsidio de transporte y que, de haberlo aplicado correctamente, habría llegado necesariamente a una conclusión totalmente distinta por simples operaciones aritméticas; que a las primas de navidad, por los años 1995 y 1996, no las afectó la prescripción, y que como las mismas constituyen factor salarial para la liquidación del auxilio de cesantía, éste sufre automáticamente una variación, “Ello por cuanto que el Artículo 2° de la Ley 65 de 1.946 determina que para liquidar el Auxilio de Cesantía, su cómputo debe hacerse teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios”.
Luego se ocupa de la indemnización moratoria, para señalar que desde la contestación de la demanda se infiere “...que la demandada insistió que la cesantía definitiva y las primas de navidad estaban liquidadas correctamente, conducta que ya había asumido la demandada desde el agotamiento de la vía gubernativa, lo que permite predicar que la entidad demandada, no se preocupó en lo más mínimo por establecer si la reclamación de los trabajadores era o no justa y lo único fue negar de manera caprichosa estas reliquidaciones que como está demostrado en el proceso están llamadas a prosperar. Tampoco en la contestación de la demanda se alegó como excepción la buena fe, por lo que en consecuencia debe soportar la indemnización moratoria de que trata el Artículo primero del Decreto 747 de 1.949”.
Con reseña de la prueba documental que denuncia como indebidamente apreciada, procede luego respecto de cada uno de los demandantes a hacer la reliquidación de la prima de navidad correspondiente a los años 1995 y 1996 y del auxilio de cesantía.
Aduce que los contratos de los demandantes terminaron mediante conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada; que la prima de navidad se encuentra consagrada en el artículo 85 de la Convención Colectiva, por lo que el recurrente debió citar el artículo 467 del C. S. del T., como ya tuvo oportunidad de pronunciarse esta Sala en caso anterior.
Incurre el censor en el error de técnica de involucrar por la vía indirecta, que sólo se ocupa de analizar el sustrato fáctico de la decisión de primer grado, consideraciones estrictamente jurídicas como las referentes a que “...el Tribunal se rebeló de manera flagrante contra el Artículo 33 del Decreto Ley 1045 de 1.978...” o que “...de haber aplicado correctamente el Artículo 33 del Decreto Ley 1045 de 1.978, habría llegado necesariamente a una conclusión totalmente distinta por simples operaciones aritméticas.”, que por demás, sea del caso decirlo, involucran sub motivos de violación de la misma disposición que son excluyentes entre sí, como son la infracción directa y la aplicación indebida.
No obstante lo anterior, y lo que es más grave aún, los errores que le endilga la censura al Tribunal, están fincados sobre los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968 y 33 del Decreto 1045 de 1978, los cuales transcribió; el primero de ellos consagra el derecho a la prima de navidad y el segundo contiene los factores para su liquidación, que no son aplicables al asunto sometido a examen, como se pasa a ver:
El Decreto 3135 de 1968, salvo su artículo 5º que tuvo aplicación en los ámbitos nacional y territorial, hasta cuando se expidieron las normas relativas a los servidores oficiales departamentales y municipales, es de aplicación exclusiva de los empleados oficiales del orden nacional en cuanto a su régimen prestacional, como ya tuvo oportunidad de definirlo la jurisprudencia de esta Sala, en casos similares al presente, en donde se ha demandado a la entidad territorial aquí accionada, como son, entre otras, las sentencias de agosto 8 (Rad. 20694), septiembre 17 (Rad. 21528) y octubre 22 (Rad. 20700) todas de 2003.
En lo que respecta al Decreto 1045 de 1978, también se ha dicho en los fallos relacionados, delimita claramente su campo de aplicación en sus artículos 1º y 2º. El primero, fija las reglas generales a las cuales deben sujetarse algunas entidades de la Administración Pública del orden nacional para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de su personal; y el segundo, define lo que debe entenderse por entidades de la administración pública del orden nacional, señalando como tales a la Presidencia de la República, los ministerios, los departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales. En tal clasificación no se incluyeron las entidades territoriales.
En consecuencia, como el recurrente fundamentó los supuestos yerros atribuidos al juzgador, en unas normas que no se aplican al caso, su acusación se desestima. Además debe destacarse que aun con abstracción de los argumentos jurídicos que contiene el cargo, la impugnación no se ocupa de demostrar cuál fue la equivocada valoración probatoria en la que incurrió el ad quem.
Y en lo que respecta a la condena por indemnización moratoria, el fundamento del fallo de segunda instancia estribó en que, de acuerdo con el hecho 20 de la demanda, la petición se fundamentó en el pago extemporáneo de las prestaciones y no en su falta de pago, tal como se observa claramente a folio 574, en el que figura que esa sanción “... se tomará desde el momento del vencimiento de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de conciliación, hasta el momento de la notificación, pues la discusión no se refirió al impago de las mismas, sino a su extemporaneidad, hecho 20 de la demanda (fl. 14)...”.
Argumento éste que no es atacado por la censura y que, por lo mismo, continúa sosteniendo la decisión, pues como lo ha manifestado incansablemente la jurisprudencia de esta Sala, es obligación del recurrente en casación, si quiere salir airoso en su acusación, socavar todos los pilares de la sentencia impugnada, so pena de que ella se mantenga soportada en aquellos que no fueron objeto de censura y que, por lo mismo, continúan cobijados por la presunción de legalidad y de acierto de que se encuentra investida.
Así las cosas, se desestima el cargo.
Acusa la sentencia de infringir la ley sustancial, en forma directa por aplicación indebida, las siguientes disposiciones:
“Artículo 1618 del C.C., Artículo 11° del Decreto 3135 de 1.968 modificado por el Artículo 1° del Decreto 3148 de 1.968; Artículo 33 del Decreto Ley 1045 de 1.978, Artículo Primero del Decreto 797 de 1.949, reglametario del Artículo 11 de la Ley 6ª de 1.945; Artículos 1°, ordinal e) del Artículo 17, 19, numero 3° del Artículo 26 del Decreto 2127 de 1.945, reglamentario del Artículo 1° de la Ley 6ª de 1.945, art.2 de la Ley 65 de 1.946; Artículos 46 y 49 de la Ley 6ª de 1945; como violación medio los Artículos 20 y 78 del Estatuto Procesal Laboral”.
En la demostración señala que conforme a los hechos de la demanda no fueron incluidos todos los factores para liquidar la prima de navidad y la cesantía definitiva; que a los demandantes les son aplicables los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968 y 33 del Decreto 1045 de 1978, porque así lo dispuso el artículo 4º de éste último, sin discriminar a qué tipo de trabajadores oficiales se aplicaba, de lo cual concluye:
“...el Tribunal se reveló –sic- de manera flagrante contra el Artículo 33 del Decreto Ley 1045 de 1.978, porque se limitó a predicar que a los demandantes se les canceló las sumas allí aludidas por conceptos de prima de navidad, afirmando que no se demostró que estos rubros eran inferiores a los que verdaderamente les correspondía, o que se habían liquidado con un sueldo diferente al que devengaban, porque teniendo los distintos conceptos salariales devengados por los demandantes (folios 236 – 281, 497 – 520), porque si hubiese dado el alcance necesario al artículo 33, necesariamente hubiese de haber practicado las operaciones aritméticas correspondientes para determinar si efectivamente o no se había liquidado correctamente la prima de navidad.
“Igual cosa sucede con la liquidación de la cesantía definitiva, porque en el evento expuesto en la demanda, el Tribunal debió haber efectuado las operaciones aritméticas correspondientes para determinar si se incluyó entre otras cosas la prima de navidad”.
Lo mismo que en el anterior cargo, dice que de haber liquidado correctamente la prima de navidad, por los años 1995 y 1996, que consideró el Tribunal no los cobijaba la prescripción, habría reajustado automáticamente el auxilio de cesantía, con aquel factor salarial.
Con iguales términos que lo hizo en el primer cargo, sostiene respecto a la indemnización moratoria que desde la contestación de la demanda se infiere “...que la demandada insistió que la cesantía definitiva y las primas de navidad estaban liquidadas correctamente, conducta que ya había asumido la demandada desde el agotamiento de la vía gubernativa, lo que permite predicar que la entidad demandada, no se preocupó en lo más mínimo por establecer si la reclamación de los trabajadores era o no justa y lo único fue negar de manera caprichosa estas reliquidaciones que como está demostrado en el proceso están llamadas a prosperar. Tampoco en la contestación de la demanda se alegó como excepción la buena fe, por lo que en consecuencia debe soportar la indemnización moratoria de que trata el Artículo primero del Decreto 747 de 1.949”.
Nuevamente procede a hacer la reliquidación, que considera se debe realizar de la prima de navidad por los años 1995 y 1996 y del auxilio de cesantía.
Dice que en la demanda no se especificaron cuáles factores no se le tuvieron en cuenta para liquidar el auxilio de cesantía, no siendo esta la oportunidad para hacerlo; que de acuerdo con jurisprudencia de esta Sala las normas invocadas por el censor no son aplicables a los trabajadores de las entidades territoriales; y que hubo buena fe por parte del Departamento, pues canceló las prestaciones a que tenían derecho los demandantes.
La decisión del Tribunal estuvo fundamentada esencialmente en que los demandantes no demostraron que los factores salariales que, dicen, no se les tuvieron en cuenta para la liquidación del auxilio de cesantía, “...si fueron devengados por ellos, durante el último período laboral...” y que, tampoco acreditaron que los rubros por concepto de prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones que se les cancelaron “...eran inferiores a los que verdaderamente le correspondía, o que se habían liquidado con un sueldo diferente al que devengaban...”.
Lo equivocado de la vía escogida se evidencia en la sustentación del cargo, donde aparecen mezclados argumentos jurídicos, propios de la vía directa, con argumentos fácticos encaminados a desconocer la valoración probatoria en que se basó la decisión recurrida, cuando se ha dicho insistentemente que todo ataque dirigido por violación directa de la ley, en sus modalidades de la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, siempre supone plena y real conformidad del recurrente con la valoración de las pruebas efectuada en el fallo acusado y con los hechos que éste haya dado por establecidos como fundamento de su resolución.
Además, en lo que respecta a lo jurídico, el censor parte de la base de la aplicabilidad de los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968 y 33 del Decreto 1045 de 1978, el primero de los cuales consagra el derecho a la prima de navidad y el segundo contiene los factores para su liquidación, que según se dijo al despachar el primer cargo, no son las normas reguladoras del asunto sometido a examen.
En conclusión el cargo es inestimable.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 14 de febrero de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., dentro del juicio ordinario laboral que le adelantan LUIS JORGE MEDINA, JOSÉ MARÍA GALINDO VEGA, GERARDO SANTOS ALMONACID DÍAZ, LUIS JORGE ESPINEL RODRÍGUEZ y NELSON VEGA GAITAN al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de los recurrentes.
GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ
CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DÍAZ
MARÍA ISMENIA GARCÍA MENDOZA

References: in fine
 resolución 
 Artículo 11
 Artículo 1
 Artículo 33
 Artículo 11
 Artículo 17
 Artículo 26
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 85
 artículo 467
 Artículo 33
 Artículo 33
 artículo 5
 Artículo 11
 Artículo 1
 Artículo 33
 Artículo 11
 Artículo 17
 Artículo 26
 Artículo 1
 artículo 4
 Artículo 33
 artículo 33