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Ley de Transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León (Ley 15/2002, de 28 de noviembre) - Normativa de Castilla y León - Legislación - VLEX 73253686
Publicado en: BO Castilla y León de 11 de Diciembre 2002
CAPÍTULO I. Normas comunes - arts. 8 y 9
CAPÍTULO II. Servicios regulares - arts. 10 a 13
CAPÍTULO III. Servicios discrecionales - arts. 14 y 15
CAPÍTULO I. Normas generales - arts. 16 a 18
CAPÍTULO II. Procedimientos de coordinación - arts. 19 a 22
CAPÍTULO I. Licencias de autotaxis - arts. 23 a 28
CAPÍTULO II. Vehículos afectos a las licencias - arts. 29 y 30
CAPÍTULO III. Condiciones de prestación de los servicios - arts. 31 a 35
CAPÍTULO II. Infracciones - arts. 40 a 42
CAPÍTULO III. Sanciones - arts. 43 a 51
Ley desarrollada por el Decreto 16/2007, del 22 de Febrero, publicado en el BO Castilla y León del 28 de Febrero de 2007.
A su vez, las Cortes Generales, mediante la Ley Orgánica 5/1987, de 30 dejulio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas, en relación con los Transportes por Carretera y por Cable, delegaron en la Comunidad de Castilla y León las funciones de titularidad estatal en dichas materias.
El Título III esta dedicado a solucionar los problemas derivados de la necesidad de coordinar los servicios de transpone urbano e interurbano. Se trata con ello de resolver las dificultades que se plantean en aglomeraciones urbanas con intensas relaciones intermunicipales. Como instrumento básico de coordinación se configuran los Planes Coordinados de Explotación, cuyo contenido y tramitación se ha simplificado todo lo posible y que, al entroncar con las previsiones de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, resultarán muy eficaces a la hora de regular las relaciones entre servicios urbanos e interurbanos o de potenciar el funcionamiento integrado de las redes de transporte en aglomeraciones urbanas.
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico y administrativo para la prestación de los servicios de transporte público urbano de viajeros en la Comunidad de Castilla y León y determinar los mecanismos necesarios para asegurar su coordinación con el resto de los servicios de transporte que se prestan en el ámbito territorial de competencia de la Comunidad, a fin de facilitar la movilidad, la accesibilidad, el respeto al medio ambiente y contribuir a la cohesión de la red de transpones públicos que operan en dicho ámbito.
ARTÍCULO 2 Competencias de los municipios.
Corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes funciones:
La ordenación y gestión de los transportes urbanos de viajeros que transcurran íntegramente dentro de su territorio, sin perjuicio de las facultades de coordinación y ordenación general de los transportes de viajeros que corresponden a la Comunidad de Castilla y León y de las funciones que esta última pueda delegar o encomendar a las entidades locales.
La tramitación y otorgamiento de títulos habilitantes relativos a los servicios de transporte urbano de viajeros de su competencia, tanto regulares como discrecionales, así como el ejercicio de las funciones de control, inspección, vigilancia y sanción relacionadas con los mismos.
La emisión de informe preceptivo en relación con las paradas urbanas de los servicios de transporte interurbano de viajeros.
La colaboración, en su caso, con la Consejería competente en materia de transporte en la inspección y vigilancia de los servicios de transporte interurbano cuando transcurran por zonas urbanas.
Las competencias municipales se ejercerán con sujeción a lo dispuesto en las normas de la Comunidad de Castilla y León y del Estado que regulen dichos transportes.
ARTÍCULO 3 Competencias de la Comunidad de Castilla y León.
Corresponde a la Comunidad de Castilla y León velar por el funcionamiento de la red de transportes públicos de Castilla y León, ejerciendo las funciones de ordenación y coordinación con arreglo a lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Corresponde, asimismo, a la Comunidad de Castilla y León el ejercicio de las funciones que, en materia de intervención de precios le están legalmente atribuidas.
En los términos previstos en la Ley 3/1998, de 24 de junio, corresponde a la Comunidad de Castilla y León, velar por la accesibilidad y supresión de barreras en los medios de transpone público.
A los efectos de esta Ley se entenderá por servicios de transporte público los que se presten por cuenta ajena mediante contraprestación económica. En función de la regularidad de su prestación se clasifican en regulares y discrecionales.
Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados. Estos servicios se dividen, a su vez, en:
Temporales: Cuando se destinen a atender tráficos de carácter excepcional o coyuntural y de duración temporalmente limitada, si bien, puede darse en los mismos una repetición periódica, tales como los de ferias, mercados, vacaciones, u otros similares.
De uso general: Dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado.
De uso especial: Destinados a servir, exclusivamente, a un grupo específico de usuarios tales como escolares, universitarios, trabajadores, militares, o grupos homogéneos similares.
La autoridad local competente establecerá, con sujeción a la normativa general de precios, el régimen tarifario de los transportes públicos urbanos de viajeros.
Los procedentes de las recaudaciones obtenidas directamente de los usuarios de los servicios y la explotación de otros recursos de las empresas o entidades encargadas de la prestación del servicio.
Los procedentes de la recaudación de tributos que, con esta específica finalidad, se pudieran establecer por los organismos o entidades competentes.
Las Administraciones competentes para el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones y licencias previstas en esta Ley habilitarán los recursos financieros y mecanismos de financiación oportunos para promover, cuando sea necesario, la reestructuración de los transpones públicos de viajeros en sus respectivos territorios.
ARTÍCULO 6 Compensaciones.
La autorización o concesión de servicios de transpone público coincidentes con otros preexistentes determinará la obligación de compensar a los titulares de estos últimos cuando se vea afectado el equilibrio económico de su explotación.
La responsabilidad de dicha compensación recaerá, salvo acuerdo interadministrativo en contrario, en la Administración Pública que otorgue la nueva autorización o concesión o apruebe, aunque sea provisionalmente, la modificación que dé lugar a la concurrencia.
La compensación podrá revestir carácter monetario, basarse en la participación del titular de los servicios afectados en la prestación de los nuevos servicios o en otros que sean de su interés, o cualquier otra modalidad que las partes estimen conveniente y resulte legalmente admisible.
ARTÍCULO 7 Usuarios del transporte.
Los usuarios participarán, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica de consumidores y usuarios, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general referentes al transporte que les afecten.
La Administración fomentará la constitución y desarrollo de asociaciones de usuarios y potenciará su participación en la planificación y gestión del sistema de transporte.
La Administración mantendrá informados a los usuarios de las prestaciones del sistema de transportes que en cada momento se encuentren a disposición de los mismos, así como de sus modificaciones.
TÍTULO II De los transportes urbanos Artículos 8 a 15
CAPÍTULO I Normas comunes Artículos 8 y 9
A los efectos de la presente Ley, se consideran servicios de transporte urbano de viajeros los que discurran íntegramente por suelo clasificado como urbano o urbanizable, de conformidad con la normativa urbanística, o estén exclusivamente dedicados a comunicar núcleos de población ubicados en dichas clases de suelo situados dentro de un mismo término municipal.
No obstante la regla general expuesta en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de transportes podrá extender, de forma debidamente justificada, la consideración de transporte urbano a otros servicios, siempre que los mismos se presten íntegramente dentro del correspondiente término municipal.
Cuando los servicios a que se refieren los puntos anteriores afecten a intereses que trasciendan los puramente municipales, las competencias de los correspondientes entes locales se ejercerán de forma coordinada con las competencias de las demás entidades afectadas, de acuerdo con lo que, en su caso, establezcan las correspondientes normas de la Comunidad.
CAPÍTULO II Servicios regulares Artículos 10 a 13
ARTÍCULO 10 Servicio público.
ARTÍCULO 11 Régimen de prestación.
La prestación de los servicios públicos regulares permanentes de viajeros de uso general se realizará con carácter general en régimen de concesión administrativa.
No obstante lo previsto en el apanado anterior, cuando existan motivos que lo justifiquen, la entidad local competente podrá decidir que la explotación se lleve a cabo a través de cualquiera de los restantes medios de gestión de servicios públicos previstos en la legislación vigente.
ARTÍCULO 12 Gestión pública directa.
ARTÍCULO 13 Prohibiciones de coincidencia.
No existirán prohibiciones de coincidencia para el establecimiento de servicios regulares permanentes o temporales de viajeros de competencia municipal; no obstante, para establecer servicios de transporte urbano de viajeros cuyos tráficos coincidan con servicios regulares de transporte interurbano preexistentes, será necesaria la justificación de la insuficiencia del servicio existente para atender las necesidades de los usuarios y la previa conformidad del órgano concedente de estos últimos.
Tendrán la consideración de tráficos coincidentes los que se realicen entre paradas en las que el servicio interurbano preexistente estuviera autorizado a tomar y dejar viajeros o puntos próximos a las mismas que supongan atender demandas de transporte sustancialmente idénticas.
A los efectos de este artículo se equipara al establecimiento de servicios la modificación de los ya existentes cuando dé origen a situaciones de concurrencia con tráficos preexistentes.
CAPÍTULO III Servicios discrecionales Artículos 14 y 15
ARTÍCULO 14 Título habilitante.
Los Ayuntamientos podrán otorgar autorizaciones habilitantes para realizar transporte discrecional de viajeros con carácter exclusivamente urbano.
Para la prestación de servicios discrecionales de transpone urbano de viajeros con vehículos con capacidad superior a nueve plazas más el conductor, será necesaria la previa obtención del correspondiente título habilitante, una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa autonómica o estatal que resulte de aplicación.
Las autorizaciones estatales o autonómicas de transpone discrecional de viajeros en autobús habilitarán para realizar tanto transporte urbano como interurbano, dentro del ámbito a que las mismas estén referidas.
ARTÍCULO 15 Prestación de servicios discrecionales.
TÍTULO III Coordinación de servicios urbanos e interurbanos Artículos 16 a 22
CAPÍTULO I Normas generales Artículos 16 a 18
ARTÍCULO 16 Finalidades yprincipios.
La coordinación de los servicios de transporte tendrá como finalidad:
Integración en una sola red articulada de los servicios de transpone que se relacionan en el artículo siguiente en aquellas zonas donde existan núcleos urbanos dependientes de diferentes municipios que, por su configuración urbanística, asentamientos y volumen de población, o bien por circunstancias de orden económico y social, presenten problemas de coordinación entre sus redes de transporte.
Satisfacción de las necesidades de desplazamiento de la Comunidad, mediante un régimen específico que fomente el transporte público y asegure la existencia de un sistema armónico de transporte, impidiendo que se produzcan situaciones de segregación e injusticia social debidas a deficiencias en el sistema de transpones.
Contribuir a la cohesión social y desarrollo económico de la región, mediante el diseño de unos servicios de transporte accesibles y que mejoren las conexiones con el exterior.
Impulsar el respeto al medio ambiente, propiciando la introducción de tecnologías que minimicen las emisiones y ruidos contaminantes, la utilización de combustibles y otros materiales renovables.
Obtención de economías de escala e implantación de sistemas tarifarios integrados que garanticen la optimización de recursos y aseguren unos niveles adecuados de calidad de los servicios.
Eficacia en la gestión, con el mínimo coste económico y social.
Autonomía de las entidades locales en la gestión de los servicios de transporte.
Respeto a los derechos preexistentes de las empresas prestadoras de servicios públicos de transporte.
ARTÍCULO 17 Servicios e infraestructuras a coordinar.
Los servicios de transporte público regular urbano de viajeros de la demarcación territorial afectada.
Los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros de competencia de la Comunidad de Castilla y León que se presten dentro de dicha demarcación territorial.
Los servicios de autotaxi y actividades similares.
Los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal que se presten en el ámbito afectado en el marco de distribución de competencias vigentes en la materia.
Las redes viarias y, en su caso, ferroviarias si resultaran necesarias para la prestación de los servicios.
Las instalaciones de transporte que se consideren necesarias y, en todo caso, las intermodales.
Cuantos otros servicios, tráficos, infraestructuras o instalaciones de transporte se consideren necesarias, en el marco de distribución de competencias vigente, y cumplan las finalidades y principios establecidos en el artículo anterior.
ARTÍCULO 18 Modos de coordinación.
Las finalidades previstas en el capítulo I del presente Título podrán llevarse a cabo a través de:
La constitución de una Entidad Metropolitana, de acuerdo con la legislación de régimen local.
La aprobación de Planes Coordinados de Explotación elaborados con arreglo a lo establecido en esta Ley.
La fijación de los puntos de parada urbana de los servicios interurbanos.
Los Planes Coordinados de Explotación previstos en la letra b) del punto anterior podrán estructurarse organizativamente bien mediante convenios entre las entidades competentes o bien a través de la creación de una entidad pública supramunicipal, consorcial o cualquier otra de las previstas en la normativa sobre régimen local que realice con autonomía la ordenación unitaria de los servicios de transporte en la zona de que se trate.
La Administración de la Comunidad y, en su caso, la Administración del Estado participarán en los órganos de gobierno de las entidades a que se refiere el punto anterior, siempre que sus competencias o intereses resulten afectados.
CAPÍTULO II Procedimientos de coordinación Artículos 19 a 22
ARTÍCULO 19 Planes Coordinados de Explotación.
Identificación de la red de transporte preexistente.
Valoración de la oferta y la demanda actuales y previstas, factores del entorno y justificación de los servicios nuevos o modificados que se pretendan implantar.
Definición de las medidas de coordinación a implantar, con precisión de la estructura organizativa del Plan y de los sistemas de gestión.
Marco tarifario resultante con indicación de los criterios para el reparto de ingresos.
Determinación de los instrumentos de relación entre los agentes sociales afectados.
Organización y recursos humanos necesarios para su desarrollo.
Determinación del régimen aplicable al título de transporte o billete a utilizar.
Medidas compensatorias que, en su caso, deban aplicarse en favor de los prestadores de servicios existentes para garantizar el equilibrio económico de la explotación.
Programa de ejecución del Plan con arreglo, en su caso, a los instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio.
Análisis económico-financiero del Plan, que al menos contemplará el plan de inversiones y el de renovación del material afectado.
Supuestos de revisión del Plan.
ARTÍCULO 20 Elaboración de los Planes Coordinados de Explotación de competencia municipal.
Corresponde a los municipios, de oficio, a instancia de los operadores de transporte interesados o a requerimiento de la Consejería competente en materia de transportes, elaborar, tramitar y aprobar los Planes Coordinados de Explotación que no rebasen el ámbito territorial de sus competencias. Si afectaren a servicios públicos de titularidad de la Comunidad de Castilla y León será necesario informe vinculante de la misma que se emitirá por los órganos competentes.
En la tramitación de estos Planes podrán aplicar, en la medida que resulten compatibles, las normas de procedimiento fijadas en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 21 Planes Coordinados de Explotación de ámbito supramunicipal.
Los ayuntamientos o las entidades locales competentes, de oficio, a instancia de los operadores de transporte o a petición de la Consejería competente en materia de transportes, elaborarán los Planes Coordinados de Explotación de ámbito superior al municipal. Serán estas entidades quienes adopten el acuerdo de formulación del Plan, oída, en todo caso, la Administración de la Comunidad. A este fin, encargarán su redacción inicial a una Comisión Técnica cuya constitución, composición y funcionamiento se determinarán en el acuerdo de formulación del Plan. En la composición de cada Comisión deberá estar representada, necesariamente, la Administración de la Comunidad y, en su caso, la del Estado.
Elaborado el borrador del Plan, se remitirá a la Consejería competente en materia de transportes que, tras comprobar que cumple las determinaciones mínimas previstas en el artículo 19 de la presente Ley y que contiene el suficiente grado de detalle, lo someterá a información pública por espacio de veinte días, mediante anuncio que se publicará en el 'Boletín Oficial' de la provincia y en el 'Boletín Oficial de Castilla y León' y mediante notificación a los demás ayuntamientos del mismo área, a las asociaciones de empresarios de transporte de la provincia y de la región y a los titulares de servicios regulares de transporte de viajeros que puedan verse afectados, total o parcialmente, en el ámbito de influencia del Plan. Asimismo, se recabará el informe del Consejo Regional de Transportes de Castilla y León.
Recibidos los anteriores informes, observaciones, alegaciones y sugerencias, la Consejería competente en materia de transportes remitirá, junto con su informe, el borrador del Plan a los Ayuntamientos o Entes Locales competentes que procederán a su aprobación provisional, una vez atendidos, en su caso, los informes, observaciones y sugerencias recibidas. Después lo enviarán a la Consejería competente en materia de transportes debidamente diligenciado.
Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes proponer a la Junta de Castilla y León la aprobación definitiva de los Planes Coordinados de Explotación, que se llevará a cabo mediante Acuerdo publicado en el 'Boletín Oficial de Castilla y León'. La aprobación definitiva podrá denegarse cuando:
Se altere el equilibrio económico de los servicios regulares permanentes de viajeros de transportes interurbanos preexistentes;
Existan defectos no subsanables en la tramitación del Plan; o
Resulte incompatible con la planificación municipal o autonómica en materia de infraestructuras, transpones, urbanismo, ordenación del territorio o no se ajuste a la normativa vigente, especialmente la referida a tráfico, protección del medio ambiente, paisaje y patrimonio histórico artístico y accesibilidad.
Si alguna entidad local incumple lo determinado en el Plan Coordinado de Explotación se aplicará lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
ARTÍCULO 22 Paradas urbanas de servicios interurbanos.
Con carácter general, en los municipios que dispongan de estación de autobuses será obligatoria su utilización para todos los servicios interurbanos que tengan parada en ese municipio. Excepcionalmente, los servicios de corto recorrido, podrán ser eximidos de esta obligación por la Consejería competente en materia de transportes.
Corresponde a la Consejería competente en materia de transportes, por propia iniciativa o a propuesta del ayuntamiento interesado, establecer la ubicación de las paradas en que los servicios regulares de transpone interurbano estén autorizados a tomar o dejar viajeros.
El establecimiento de paradas de servicios regulares interurbanos, tanto de uso general como de uso especial, en el ámbito del suelo clasificado como urbano o urbanizable y en núcleos dotados de servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, requerirá el previo informe del ayuntamiento correspondiente. El informe se referirá, en todo caso, a la repercusión de la parada sobre la circulación urbana, sobre el medio ambiente y, caso de producirse coincidencia de tráfico, a la incidencia en el servicio de transporte urbano preexistente.
El número de las paradas urbanas se establecerá en proporción inversa a la longitud del itinerario del servicio, según sean éstos de corto, medio o largo recorrido, respectivamente, teniendo en cuenta que, para estos últimos servicios, el establecimiento de paradas urbanas tendrá siempre carácter excepcional.
Número de usuarios afectados.
Incidencia en la prestación del servicio y en las condiciones económicas de su explotación.
Accesibilidad a los servicios de transporte urbano, centros sanitarios, educativos y de trabajo.
El establecimiento de paradas urbanas para servicios interurbanos no facultará, en ningún caso, para la realización de tráficos urbanos al amparo de concesiones de servicios interurbanos.
TÍTULO IV Transporte de viajeros en vehículos de turismo Artículos 23 a 35
CAPÍTULO I Licencias de autotaxis Artículos 23 a 28
ARTÍCULO 23 Concepto de servicio de autotaxi.
ARTÍCULO 24 Exigencia de licencia de autotaxi.
ARTÍCULO 25 Otorgamiento de las licencias de autotaxi.
Para la obtención de la licencia municipal de autotaxi será necesario, con carácter general, obtener simultáneamente la autorización que habilite para la prestación de servicios de transporte interurbano de viajeros en automóviles de turismo.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrán otorgarse excepcionalmente licencias municipales de autotaxi sin el otorgamiento simultáneo de autorización de transporte interurbano de viajeros en automóviles de turismo, en el supuesto de que se justifique la necesidad y rentabilidad del servicio con carácter estrictamente urbano. Cuando se produzca dicho supuesto, no podrá otorgarse al titular de la licencia municipal ninguna autorización de transporte interurbano de viajeros en automóviles de turismo hasta que hayan transcurrido al menos cinco años contados desde el momento del otorgamiento.
La coordinación del otorgamiento de las licencias municipales de autotaxi con las autorizaciones de transporte interurbano en dichos vehículos se realizará de conformidad con las reglas previstas en las normas reguladoras de tales autorizaciones.
Las licencias municipales de autotaxi se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención de la licencia y la constatación periódica de dicha circunstancia.
ARTÍCULO 26 Régimen jurídico de las licencias de auto- taxis.
El régimen de otorgamiento y utilización, suspensión, modificación y extinción de las licencias de autotaxi se ajustará a las normas establecidas, en su caso, en la correspondiente Ordenanza Municipal de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica y estatal en la materia. En todo lo no previsto en su legislación específica se aplicará la normativa que regule los transportes discrecionales de viajeros.
La pérdida o retirada, por cualquier causa legal, de la autorización de transporte interurbano dará lugar, asimismo, a la cancelación de la licencia municipal, salvo los casos en que, dándose las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 25, la Administración competente sobre la licencia decida expresamente su mantenimiento. No se aplicará lo previsto en este párrafo cuando se pierda la autorización de transporte interurbano por falta de visado.
La pérdida o cancelación, por cualquier causa legal, de la licencia municipal dará lugar, asimismo, a la retirada de la autorización de transporte interurbano.
ARTÍCULO 27 Número de licencias de autotaxis.
ARTÍCULO 28 Transmisión de las licencias de autotaxis.
Las licencias municipales de autotaxi podrán transmitirse por actos inter vivos a quienes reúnan los requisitos exigidos para su obtención en la correspondiente Ordenanza Municipal. La adquisición de licencias por vía hereditaria no faculta por sí misma para la prestación del servicio sin la concurrencia de los demás requisitos exigidos.
La transmisión de las licencias municipales de autotaxi por actos inter vivos estará sujeta a los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración que las otorgó, en los términos que se determinen en la correspondiente Ordenanza Municipal.
La transmisibilidad de las licencias de autotaxi quedará, en todo caso, condicionada al pago de los tributos y sanciones pecuniarias que recaigan sobre el titular por el ejercicio de la actividad.
CAPÍTULO II Vehículos afectos a las licencias Artículos 29 y 30
ARTÍCULO 29 Características de los vehículos.
ARTÍCULO 30 Conducción de vehículos autotaxi.
CAPÍTULO III Condiciones de prestación de los servicios Artículos 31 a 35
La prestación de los servicios de transporte en autotaxi se regirá por las normas que se establezcan a través de la correspondiente Ordenanza Municipal.
Los órganos competentes para el otorgamiento de licencias de autotaxis podrán establecer las normas que consideren necesarias en cuanto al régimen de paradas, descansos, servicios obligatorios y demás condiciones que garanticen la adecuada prestación del servicio y su integración en el sistema de transporte en coordinación con los demás modos que lo componen.
ARTÍCULO 32 Modalidad de contratación.
Los servicios de transporte en automóviles de turismo tendrán carácter discrecional, debiéndose realizar, con la salvedad prevista en el párrafo siguiente, mediante la contratación global de la capacidad total del vehículo.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, en zonas de baja accesibilidad y débil tráfico que no se hallen debidamente atendidas por los servicios regulares de transporte de viajeros, los Ayuntamientos, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de transportes, o esta última, cuando se trate de servicios interurbanos, podrán autorizar la contratación por plaza con pago individual.
Artículo 32, modificado por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas.
ARTÍCULO 33 Inicio de los transportes interurbanos de autotaxi.
Los servicios de transporte interurbano en autotaxi deberán iniciarse en el término del municipio al que corresponda la licencia de transporte urbano, salvo en los supuestos en que la normativa estatal o autonómica permita que los vehículos que hubiesen sido previamente contratados puedan tomar pasajeros fuera del municipio en que se hallen residenciados.
A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá que el inicio del transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros.
ARTÍCULO 34 Supuestos especiales de demanda.
Cuando de la existencia de puntos específicos, tales como aeropuertos, estaciones ferroviarias o de autobuses, ferias, mercados u otros similares en los que se genere un tráfico importante que afecte a varios municipios, se deriven necesidades de transporte que no se encuentren suficientemente atendidas por los titulares de autorizaciones y licencias correspondientes al municipio en que dichos puntos estén situados, o se den otras circunstancias de carácter económico o social que así lo aconsejen, la Consejería competente en materia de transportes, previo informe del ayuntamiento afectado, podrá establecer un régimen específico que incluya la posibilidad de que vehículos con licencia residenciados en otros municipios, realicen servicios con origen en los referidos puntos de generación de tráfico.
Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de transportes, previa audiencia de los ayuntamientos afectados, podrá autorizar la recogida de viajeros en aquellos municipios en que no existan licencias, y además no se considere necesario su otorgamiento, por parte de los titulares de licencias de otros municipios.
ARTÍCULO 35 Áreas territoriales de prestación conjunta.
En las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios, de forma que la adecuada ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de ellos, la consejería competente en materia de transportes podrá establecer o autorizar áreas territoriales de prestación conjunta en las que los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para la prestación de cualquier servicio, ya tenga carácter urbano o interurbano, que se realice íntegramente dentro de dichas áreas, incluso si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo. En todo caso, los vehículos tendrán que disponer de aparatos taxímetros y se aplicará un régimen común de tarifas para todo su ámbito.
La iniciativa para el establecimiento de áreas territoriales de prestación conjunta corresponderá a la consejería competente en materia de transportes o a las entidades supramunicipales creadas conforme a cualquiera de los procedimientos regulados en la legislación vigente, siendo necesario en todo caso, para tal establecimiento, el informe favorable, en el ámbito urbano, de al menos el municipio de mayor población y, como mínimo, un tercio del resto de los municipios o bien los municipios que representen un tercio de la población excluidos los de más de 20.000 habitantes, y en el ámbito rural de, al menos, la mayoría de los ayuntamientos que aglutinen más del 50% de la población global de los municipios o alternativamente los ayuntamientos que reúnan el 70% de la población, con independencia de su número.
Corresponderá a la consejería competente en materia de transportes o a los órganos rectores de la entidad supramunicipal, la facultad de otorgar las autorizaciones habilitantes para realizar servicios en las áreas territoriales de prestación conjunta, así como las facultades de regulación, ordenación, gestión, régimen tarifario, inspección y sanción de los citados servicios. El ejercicio de dichas facultades podrá delegarse en alguno de los municipios integrados en el área, siempre que exista informe favorable de los municipios cuyo número y población sean, como mínimo, los necesarios para el establecimiento del área.
Serán asimismo de aplicación las reglas establecidas en esta ley en cuanto a la coordinación del otorgamiento de las autorizaciones del área y las de carácter interurbano.
Artículo 35, modificado por la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 29 de Diciembre de 2014.
TÍTULO V Inspección, infracciones y sanciones Artículos 36 a 51
Corresponde a las Administraciones competentes para el otorgamiento de los títulos habilitantes para la prestación de los servicios de transporte de viajeros previstos en esta Ley y, en su caso, a los entes de gestión de transporte, la vigilancia e inspección de dichos servicios.
El personal encargado de las labores de inspección y vigilancia a que se refiere el párrafo anterior que ejerza funciones de dirección tendrán, en el ejercicio de las actuaciones inspectoras, la consideración de autoridad pública a todos los efectos y gozarán de plena independencia en el desarrollo de las mismas. El resto del personal encargado de la inspección tendrá en el ejercicio de la misma la consideración de agente de la autoridad.
Los titulares de las concesiones, autorizaciones y licencias facilitarán al personal de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a vehículos e instalaciones y permitirán el examen de la documentación exigida con arreglo a esta Ley y las disposiciones que la desarrollen o la legislación general en materia de transportes. Quienes se encuentren en los vehículos o instalaciones citadas colaborarán, en todo caso, con el personal de la inspección en el ejercicio de sus funciones.
El personal de la inspección podrá requerir la presentación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior en las propias dependencias de la Administración únicamente en la medida en que esta exigencia resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes.
Las actuaciones del personal de la inspección se reflejarán en actas que recojan los antecedentes o circunstancias de los hechos que motiven la actuación inspectora, las disposiciones que, en su caso, se consideren infringidas, y la conformidad o disconformidad motivada de los interesados.
En casos de necesidad, para un eficaz cumplimiento de su función, los miembros de la inspección podrán solicitar el apoyo necesario de las unidades o destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales. Corresponde a las Policías Locales, de conformidad con la legislación local y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, colaborar en la vigilancia del régimen de paradas urbanas de líneas interurbanas formulando las oportunas denuncias.
ARTÍCULO 37 Responsabilidad.
La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los transportes y actividades auxiliares del mismo, corresponderá:
En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes sujetos a concesión, autorización o licencia administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión, autorización o licencia.
En las infracciones cometidas con ocasión de transportes realizados sin la cobertura del correspondiente título administrativo, a la persona física o jurídica titular de la actividad auxiliar o propietario del vehículo.
En las infracciones cometidas por usuarios o, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora de los transportes terrestres, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.
La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el punto 1, sin perjuicio de que éstas puedan deducir las acciones que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.
El procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ley se ajustará a lo dispuesto a las normas del procedimiento administrativo sancionador.
En todo lo concerniente a la prescripción y caducidad de las infracciones y sanciones, serán de aplicación las normas vigentes que, sobre estas mismas materias, establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso el plazo de prescripción será de un año.
ARTÍCULO 39 Clasificación de las infracciones.
CAPÍTULO II Infracciones Artículos 40 a 42
La realización de transporte público, o de actividades auxiliares o complementarias del mismo, incumpliendo los requisitos personales exigidos en el punto 1 del artículo 42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio y demás normativa aplicable. No se apreciará dicha falta cuando la misma concurra con la carencia del necesario título habilitante, en cuyo caso será únicamente esta última la que será objeto de la correspondiente sanción.
La realización de transportes urbanos de viajeros, o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para los cuales se exija título administrativo habilitante con arreglo a lo previsto en esta Ley, careciendo de la preceptiva licencia, concesión o autorización.
Llevar en un lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte, para cuya realización no se halle facultado por el necesario título habilitante.
La utilización de títulos habilitantes, expedidos a nombre de otras personas sin realizar previamente la transmisión de los mismos, de conformidad con lo establecido en esta Ley. La responsabilidad por esta infracción corresponderá, tanto a los que utilicen títulos administrativos ajenos, como a las personas a cuyo nombre estén éstos, salvo que demuestren que la utilización se ha hecho sin su consentimiento.
La no iniciación, el abandono o la paralización de los servicios durante los plazos que al efecto se determinen, antes de que haya tenido lugar la finalización del plazo de la concesión, autorización o licencia, sin el consentimiento de la Administración y su puesta en conocimiento.
La comisión de una infracción grave cuando en los doce meses anteriores el responsable de la misma haya sido objeto de sanción, mediante resolución definitiva, por idéntica infracción tipificada en el artículo 41 de la presente Ley.
ARTÍCULO 41 Infracciones graves.
El incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión o autorización administrativa, salvo que deba calificarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo 40 de la presente Ley.
La iniciación de los servicios interurbanos en vehículos de turismo dentro del municipio otorgante de la correspondiente licencia;
el ámbito territorial establecido en el título habilitante;
la disposición del número mínimo de conductores que en su caso reglamentariamente se exijan;
la plena dedicación del titular de la preceptiva licencia o autorización habilitante al ejercicio de la actividad, salvo los casos en que se prevea expresamente lo contrario;
la contratación global de la capacidad del vehículo, salvo las excepciones expresamente previstas al efecto;
el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas al vehículo, así como la instalación y adecuado funcionamiento de los instrumentos que obligatoriamente hayan de instalarse en el mismo para el control de las condiciones de prestación del servicio;
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre revisión periódica, tanto del vehículo como de los instrumentos de control;
el mantenimiento de las condiciones adecuadas de aseo del personal y vehículos;
el cumplimiento de las órdenes concretas de los viajeros del servicio de autotaxi.
El falseamiento de la hoja de ruta u otra documentación obligatoria.
La carencia o no adecuado funcionamiento, imputable al transportista, o la manipulación del tacógrafo, taxímetro, sus elementos u otros instrumentos o medios de control que deban ir obligatoriamente instalados en el vehículo.
El incumplimiento del régimen tarifario. La responsabilidad corresponderá, en todo caso, al transportista ya¡ intermediario.
La realización de transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a otros transportistas o utilizar la colaboración de los mismos fuera de los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser considerada falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.5 de esta Ley. En idéntica infracción incurrirán los transportistas que actúen como arrendadores o colaboradores, incumpliendo las condiciones que les afecten. Se considerará asimismo incluida en este supuesto la utilización de vehículos distintos a los que, en su caso, se hallen adscritos al título habilitante para la prestación del servicio.
Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de los usuarios, negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Inspección del Transporte Terrestre, de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
El exceso superior al 20 por 100 en los tiempos máximos de conducción permitidos, salvo que dicho exceso deba ser considerado falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.2 de esta Ley.
El incumplimiento de los servicios obligatorios o del régimen de descansos que, en su caso, se establezcan.
La prestación de servicios públicos de transporte utilizando la mediación de persona física o jurídica no autorizada para ello, sin perjuicio de la sanción que al mediador pueda corresponderle, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la presente Ley.
La falta de atención a la solicitud de un usuario estando de servicio el vehículo.
La negativa u obstrucción de la actuación de los servicios de inspección cuando no se den las circunstancias previstas en el artículo 40.6 de la presente Ley.
La comisión de una infracción leve cuando en los doce meses anteriores el responsable de la misma haya sido objeto de sanción mediante resolución definitiva por idéntica infracción tipificada en el artículo 42 de esta Ley, salvo que se trate de infracciones contenidas en el artículo 42.11 de esta Ley, que tengan distinta naturaleza.
La realización de transportes o actividades auxiliares, para los cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija la previa obtención de título habilitante, careciendo del mismo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicho título, el cual hubiera podido ser obtenido por el infractor.
No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vigente, relativos al tipo de transporte que aquél esté autorizado a realizar, o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.4 de la presente Ley.
Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, salvo que dicha infracción deba calificarse como muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 40.3 de la presente Ley.
La carencia o falta de datos esenciales de la hoja de ruta u otra documentación obligatoria con arreglo a la legislación de transportes.
Incumplir las normas generales de policía en vehículos o instalaciones fijas, salvo que dicho incumplimiento deba ser calificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de esta Ley.
No proporcionar al usuario cambio de moneda en metálico o billetes en los supuestos en que regiamentariamente resulte exigible.
No comunicar datos esenciales que reglamentariamente se determinen y que deban ser inscritos en los Registros oficiales de transportistas o puestos por otra causa en conocimiento de la Administración. Cuando dicha falta de comunicación fuera determinante para el conocimiento por la Administración de hechos sancionables, se considerará interrumpido el plazo de prescripción hasta que la comunicación se produzca.
El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, conforme a las reglas de utilización del servicio previstas en la normativa aplicable, salvo que la misma considere expresamente su incumplimiento como falta grave, y en particular las siguientes prohibiciones:
Toda acción que implique deterioro o cause suciedad en los vehículos o, en general, que perjudique los intereses de la empresa titular de la correspondiente licencia o autorización.
CAPÍTULO III Sanciones Artículos 43 a 51
ARTÍCULO 45 Infracciones muy graves.
ARTÍCULO 46 Determinación de la cuantía.
ARTÍCULO 47 Medidas accesorias.
La comisión de las infracciones previstas en los artículos 40.1, 40.3 y 40.4 de esta Ley podrá implicar, independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el transporte y la retirada conjunta de la correspondiente autorización o licencia, así como la clausura del local en el que, en su caso, vengan ejercitando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan, y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
La infracción prevista en el artículo 40.5 de esta Ley, además de la sanción pecuniaria que corresponda, llevará aneja la retirada de la correspondiente licencia o autorización y, asimismo, cuando ésta estuviera otorgada en la modalidad prevista en el apartado c) del punto 1 del artículo 92, de la Ley 16/1987, de 30 de julio, la retirada al titular administrativo de dicha autorización, de otra del mismo ámbito territorial, o subsidiariamente dos, del ámbito territorial inmediatamente inferior.
Cuando los responsables de las infracciones clasificadas como muy graves con arreglo a la presente Ley hayan sido sancionados mediante resolución definitiva, por infracción tipificada en el mismo artículo en los doce meses anteriores a la comisión de la misma, la infracción llevará aneja la retirada temporal de la correspondiente autorización administrativa, al amparo de la cual se realizaba la actividad, o se prestaba el servicio, por el plazo máximo de un año. La tercera y sucesivas infracciones en el citado plazo de doce meses llevarán aneja la retirada temporal, por un período superior a un año, o definitiva de la autorización. En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los períodos en que no haya sido posible realizar la actividad, o prestar el servicio por haber sido temporalmente retirada la autorización.
Cuando para la prestación del servicio sean necesarias conjuntamente una autorización especial y una autorización habilitante para el transporte discrecional de viajeros, la retirada a la que se refiere este apartado se producirá únicamente en relación con la autorización especial, a no ser que la autorización de transporte discrecional haya sido otorgada conjuntamente con ella, en cuyo caso se producirá la retirada de ambas.
Cuando, circulando el vehículo, sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los artículos 40.1, 40.2 ó 42.7 de esta Ley, podrá ordenarse la inmediata paralización del mismo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la Administración adoptar las medidas necesarias, a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
ARTÍCULO 48 Caducidad de concesiones y revocación de autorizaciones.
ARTÍCULO 49 Requisitos de aplicación.
Lo dispuesto en los artículos 40.8, 41.1 5 ó 47.3 de la presente Ley, únicamente será de aplicación cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:
Cuando las infracciones se hayan cometido con motivo de la prestación de servicios o realización de actividades sometidas a una misma concesión o autorización administrativa especial. Cuando para la prestación del servicio sean conjuntamente necesarias una concesión o autorización especial y una autorización habilitante para el transporte discrecional de viajeros, se entenderán prestados, a estos efectos, al amparo de la correspondiente concesión o autorización especial.
Cuando las infracciones se hayan cometido al realizar actividades que no consistan en la prestación material de servicios de transporte, pero que efectúe la misma empresa, como complementarias a dicha prestación material, aun cuando los servicios estén sometidos a autorizaciones diversas y éstas no correspondan al mismo tipo de transportes, según lo que se dispone en el apartado b) de este punto.
Cuando las infracciones hayan sido cometidas con ocasión de servicios o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título habilitante, siempre que aquéllas lo hayan sido al efectuar un mismo servicio o actividad, entendiendo por tales las que deberían haberse realizado al amparo de un título habilitante, único, o la prestación material de un mismo tipo de transporte, según lo que se dispone en el apartado b) de este punto.
Cuando las infracciones resulten imputables aun mismo responsable de entre aquéllos a que se refiere el artículo 37.1 de la presente Ley.
No serán de aplicación los artículos 40.8, 41.1 5 ó 47.3 de esta Ley, cuando la persona física o jurídica sancionada por infracción anterior a cualquiera de dichos preceptos como responsable administrativo, según el artículo 37.1 de la presente Ley, acredite, en virtud de resolución judicial o administrativa, que la responsabilidad material de dicha infracción era imputable a otra persona, según el supuesto previsto en el punto 2 del último artículo citado.
Los órganos competentes para el otorgamiento de las concesiones, autorizaciones o licencias de transporte de viajeros ejercerán la potestad sancionadora en relación con los servicios de su competencia.
Por constituir fundamentalmente materia de seguridad vial, la competencia para sancionar las infracciones tipificadas en el artículo 40.2 de esta Ley corresponderá a los órganos competentes en relación con la ordenación del tráfico y la seguridad vial.
ARTÍCULO 51 Exigencia de pago de sanciones.
Con independencia de la exigencia de pago de las sanciones impuestas con arreglo a lo previsto en la legislación que rige el procedimiento administrativo, el abono de las sanciones pecuniarias, impuestas por resolución definitiva, será requisito necesario para que proceda la realización del visado así como la autorización administrativa a la transmisión de las autorizaciones habilitantes para la realización de transporte o de actividades auxiliares o complementarias del mismo.
Régimen de otorgamiento, modificación, transmisión y extinción de las licencias de autotaxi.
Características y sustitución de los vehículos dedicados a la prestación de los servicios.
Establecimiento de límites a través de un régimen de incompatibilidades de los titulares de las licencias o del número de conductores y requisitos personales necesarios.

References: ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21
 artículo 19
 artículo 107

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26
 artículo 25

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 32

Artículo 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

Artículo 35

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 39
 artículo 42
 resolución 
 artículo 41

ARTÍCULO 41
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 37
 artículo 40
 resolución 
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 40
 artículo 40

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47
 artículo 40
 artículo 92
 resolución 

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49
 artículo 37
 artículo 37
 resolución 
 artículo 40

ARTÍCULO 51
 resolución