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Timestamp: 2016-08-26 03:53:38+00:00

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreN°105 02/05/2008Fallo N° 105 de fecha 02/05/2008 Tipo de Fallo: SENTENCIA Tribunal Emisor: TRIBUNAL SUPERIOR Fuero: PENAL Título Principal: RECURSO DE CASACION PENAL - PROCESO PENAL - FINALIDAD - PRESUPUESTO LEGALIDAD DE LA PRUEBA - PRUEBA - TEORÍA DEL FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO - ALCANCE ALLANAMIENTO - GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO - PROCEDENCIA PARTES INTERVINIENTES EN EL FALLO Actor: LEYVA JORGE JUÁN Demandado: Objeto: PSA RETENCIÓN INDEBIDA ETC - RECURSO DE CASACIÓNFirmantes: AIDA TARDITTI BLANC GERZICICH de ARABEL,Maria de las Mercedes CAFURE de BATTISTELLI, Maria Esther PENAL
REFERENCIAS  Referencias Jurisprudenciales: ------------------------ Referencias Normativas: CON N 000000 0000 41 000 , CPP 000000 0000 191 000 , CPP 000000 0000 194 000 , CPP 000000 0000 203 000 , CON N 000000 0000 18 000 , CON 000000 0000 45 000 Sumario:1-Hoy en día resulta indiscutido que el fin inmedIAto del proceso penal, es la consecución de la verdad objetiva. La verdad objetiva exige como presupuesto la legalidad de las pruebas obtenidas para alcanzarla, por lo que está prohibida la valoración -en contra del imputado-, no sólo del elemento de prueba que ha sido obtenido con vulneración de las garantías constitucionales que a su favor se han estatuido, sino también la prueba que es consecuencIA de aquél, puesto que admitir a éstas como válidas significaría desnaturalizar la garantía lesionada al punto tal de legalizar el fruto de su violación. La Constitución ProvincIAl en el art. 41, in fine, declara que los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacIA PROBATorIA. La ineficacIA se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancIAs del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencIA necesarIA de ella.2-Cuando el cauce procesal con el que se sanciona la ineficacIA de un acto violatorio de garantías constitucionales por concurrir una exclusión PROBATorIA viene conformado por la vía de la nulidad, como acontece la mayoría de las veces el efecto extensivo de dicha ineficacIA viene regulado tanto por lo dispuesto por el art. 191 del C.P.P., por tratarse de una nulidad, como por lo establecido por el art. 194 del C.P.P. –coincidente con el art. 41 de la Const. PcIAl.-, por tratarse de una exclusión PROBATorIA. La extensión contemplada por el art. 191 del C.P.P. se funda en la conformación del proceso como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos y la alteración que produce en esa cadena, la declaración de la ineficacIA de uno sus eslabones. Por lo que relevante estará dado por la dependencIA procesal directa que se advierta entre el acto anulado y los actos posteriores. En cambio en el caso de la difusión de la ineficacIA por exclusiones PROBATorIAs, lo que se pretende es evitar la proyección del acto inválido en vulneraciones larvadas de las garantías constitucionales. 3-Para determinar si se está en presencIA de un "fruto" del "árbol envenenado" será necesario recurrir a un doble juicio de derivación. En primer término, el iudicante deberá consultar las circunstancIAs del caso, a fin de determinar si suprimido mentalmente el acto vicIAdo, desaparece la prueba en cuestión. En segundo lugar y de acuerdo al tenor literal de los arts. 41 de la C.Prov. y 194 del C.P.P., también se requerirá un segundo juicio de derivación en el que el a quo también deberá indagar las circunstancIAs del caso concreto a la luz de las reglas de la experiencIA, a fin de establecer si la prueba en cuestión constituye una consecuencIA materIAlmente necesarIA de dicho acto ilícito, y no de una consecuencIA meramente casual, contingente . De modo que sólo serán "frutos" del "árbol venenoso", aquellas pruebas que tengan como única fuente, el acto violatorio de garantías constitucionales, y que -además- materIAlmente sean consecuencIAs necesarIAs (y no meramente casuales) de dicho acto ilícito.4-La resolución en crisis declaró la nulidad del allanamiento practicado en el domicilio del encartado. La aplicación de dicha sanción procesal se fundó en que la orden carecía de una disposición fundante prevIA que la sustentara. Requisito previsto bajo pena de nulidad por los ordenamientos rituales nacional y provincIAl, y cuyo incumplimiento determina la vulneración de la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio que amparaba al acusado encartado según lo
dispuesto por los arts. 45 C. PcIAl., 18 C.N., 203 y cctes. del C.P.P.. Por lo que se trata de un caso de invalidación en el que concurre tanto una sanción de nulidad, como una exclusión PROBATorIA. Se advierte que tanto desde la perspectiva formal del art. 191 del C.P.P. como desde la óptica materIAl del art. 194 de dicho ordenamiento ritual, la ineficacIA del allanamiento debe extenderse a una serie de actos posteriores que determinan la invalidación de la sentencIA condenatorIA atacada, en cuanto condena al encartado por el referido delito de tenencIA de arma de guerra y ordena el decomiso del arma. Texto: SENTENCIA NÚMERO:CIENTO CINCO En la Ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de mayo de dos mil ocho, siendo las ocho y treinta horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal Aída Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados “LEYVA, Jorge Juan p.s.a. retención indebida, etc. –Recurso de Casación-” (Expte. “L”, 1/2006), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. Jorge Alberto Valverde, en su carácter de defensor del prevenido Jorge Juan Leyva, contra la sentencia número ciento cuarenta y siete del veinte de diciembre de dos mil cinco, dictada por al Sala Unipersonal de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto integrada por la Sra. Vocal Dra. Silvia E. Marcotulio. Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes: 1°) ¿Es nula la sentencia por falta de fundamentación legal? 2°) ¿Qué resolución corresponde dictar? Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel. A LA PRIMERA CUESTIÓN La señora Vocal, doctora Aída Tarditti, dijo: I. Por sentencia número ciento cuarenta y siete del veinte de diciembre de dos mil cinco, la Sala Unipersonal de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto integrada por la Sra. Vocal Dra. Silvia E. Marcotulio dispuso, en lo que aquí interesa “...I) Declarar la nulidad de las órdenes de allanamiento de domicilio de fs. 107/108 y de fs. 193/194... VI) Declarar a Jorge Juan Leyva, ya filiado, autor material y penalmente responsable del delito de tenencia de arma de guerra (hecho único del cuarto proceso), en los términos del art. 189 bis –cuarto párrafo- del C.P., VERSIÓN LEY 25.086), y condenarlo a la pena de tres años de prisión en suspenso y costas (arts. 5, 9, 26, 29 inc. 3°, 40 y 41 y cc. Del C.P. y 412, 550 y 551 y cc. Del C.P.P.), imponiéndole las obligaciones de los incs. 1° y 3° del C. Penal por el término de dos años. VII) Disponer el decomiso de la pistola cal. 40, marca Tanfoglio N° M01383 y los nueve cartuchos cal. 40 S&W...” (fs. 311/327 vta.). II. Contra dicha resolución interpuso recurso de casación el Dr. Jorge Alberto Valverde, en su carácter de defensor del prevenido Jorge Juan Leiva, invocando el motivo formal del art. 468 inc. 2° del C.P.P. (fs. 329/336). Expresa el recurrente que la resolución en crisis carece de una debida fundamentación al basarse en prueba incorporada ilegalmente a la causa para sustentar la atribución del ilícito en cuestión al prevenido Leyva. Por lo que la misma se hace pasible de la sanción de nulidad contemplada por el art. 413 inc. 3° del C.P.P. Refiere al respecto, que el propio decisorio condenatorio de su asistido declaró la nulidad del allanamiento practicado en el domicilio del prevenido Leyva, consignado en el acta de fs. 193/195 de autos, que aunque originalmente tenía por objeto la obtención de efectos relacionados con al ley 23.037, permitió el hallazgo y secuestro del arma y de los proyectiles cuya tenencia ilícita se le imputó a partir de ese momento en base a dicho secuestro. Es que, anulado el allanamiento por vulnerar garantías constitucionales, el secuestro del arma realizado durante su desarrollo carece de toda eficacia probatoria. A la vez, que excluido el mismo, no es posible tener por acreditada la existencia material del hecho atribuido. Destaca en ese mismo sentido, que el propio sentenciante acepta que el único elemento que da cuenta de dicha tenencia fuera del referido secuestro, se conforma con las declaraciones indagatorias prestadas por el encartado para ejercer su defensa contra dicha imputación durante la investigación penal preparatoria y el debate, y su reconocimiento de la presencia del arma secuestrada en su domicilio en tales oportunidades, aunque alegando que la misma no se encontraba en su poder. Sin embargo, lo declarado por el encartado en sus declaraciones indagatorias obedeció a su necesidad de ejercer su defensa material frente al hecho que se le imputó en base al referido secuestro, que por ello le fue intimado en la ocasión. Por lo que siendo ineficaz este último, también lo son tales manifestaciones, toda vez que se trata de efectos derivados directamente del acto nulo anterior, de acuerdo con lo normado por los arts. 41 de la Const. Pcial, 191, 194 y cctes. del C.P.P.. De modo que declarada la nulidad del allanamiento, su ineficacia debe extenderse a la imputación deducida contra el encartado, a sus declaraciones indagatorias, al requerimiento de elevación a juicio, al debate y finalmente a la sentencia recurrida. A lo que agrega que el decisorio atacado asimismo ha invertido la carga de la prueba al afirmar que el encartado debió acreditar los distintos extremos de la declaración que formuló en su descargo, lo que asimismo resulta vulneratorio del derecho de defensa y del principio de inocencia erigido en garantía constitucional por nuestro ordenamiento. Finalmente destaca en su favor los dichos del sentenciante en cuanto a que si frente al secuestro ilegal “...se hubiera opuesto el silencio absoluto del acusado o la negativa de que la cosa estaba en su casa y se careciera de otra prueba independiente, la consecuencia hubiera sido la absolución...”, pues no existe en autos “...otra prueba independiente ni otra línea investigativa...” (fs. 335). III. Adelantamos que asiste razón al recurrente y que, por ende, su planteo debe prosperar. 1. En efecto, este Tribunal ha señalado reiteradamente que hoy en día resulta indiscutido que el fin inmediato del proceso penal, es la consecución de la verdad objetiva (Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, t. II, ps. 124/125; Clariá Olmedo, Jorge A., Tratado de Derecho Procesal Penal, t. I. 436/437; Torres Bas, Raúl E., El Procedimiento Penal Argentino, t. I, p. ed. Lerner, Cba. 1986; Ayán, Manuel N., La Actividad Probatoria en el Proceso Penal, Cuadernos de Institutos de Derecho Procesal de la U.N.C., N° 7, año 1967, p. 169; Cafferata Nores, José I., Introducción al Derecho Procesal Penal, p. 40, ed. Lerner, Cba. 1994; de La Rúa, Fernando, La Instrucción Suplementaria; Maier, Julio B., Derecho Procesal Penal, t. I -Fundamentos- p. 852, 2da. edición, Ed. Editores del Puerto, 1996, Bs. As.; Schmidt, Eberhard, Los Fundamentos Teóricos y Constitucionales del Derecho Procesal Penal, p. 202, trad. por José M. Núñez, ed. E.B.A., Bs. As. 1957; Manzini, Vincenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal, t. I, p. 259 y ss. Ed.
E.J.E.A., Bs. As. 1951; Leone, Giovanni, Tratado de Derecho Procesal Penal, t. I. p. 187/188 Ed. E.J.E.A., Bs. As., 1963) (T.S.J., Sala penal, “Peñalba", S. nº 52, 19/6/2002; "Sala Penal", “Sánchez”, S. n° 45, del 8/6/2000; “Rodríguez”, S. n° 6, 12/3/04). Sin embargo, también se ha puntualizado que la verdad objetiva exige como presupuesto la legalidad de las pruebas obtenidas para alcanzarla, por lo que está prohibida la valoración -en contra del imputado-, no sólo del elemento de prueba que ha sido obtenido con vulneración de las garantías constitucionales que a su favor se han estatuido, sino también la prueba que es consecuencia de aquél, puesto que admitir a éstas como válidas significaría desnaturalizar la garantía lesionada al punto tal de legalizar el fruto de su violación (Maier, Julio B., op. cit., p. 695 y ss.; Cafferata Nores, José I., “Los Frutos del Árbol Envenenado”, en Doctrina Penal, p. 491, Ed. Depalma, 1986; y en La prueba en el Proceso Penal, p. 18/19, Ed. Depalma, Bs. As. 1998; Carrió, Alejandro, Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, p. 238 y ss., 4ta. edición, Ed. Hammurabi, 2000, Bs. As.; Edwards, Carlos, La Prueba Ilegal en el Proceso Penal, p. 89 y ss., Ed. Lerner, 2000, Córdoba) (T.S.J., Sala Penal, “Rodríguez”, S. n° 6, 12/3/04). Para despejar cualquier hesitación acerca de ello, la Constitución Provincial en el art. 41, in fine, declara que "...Los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella..." (el destacado es nuestro). En términos similares se expide el actual art. 194 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Y en igual sentido se ha pronunciado sobre el tema el máximo Tribunal de la Nación en "Rayford" (Fallos 308:733, S. del 13/5/1986), citando la doctrina de resoluciones anteriores ("Montenegro", S. del 10/12/1981, Fallos 303:1938; "Ruiz", S. del 17/9/87, Fallos 310:1847; "Francomano" S. del 19/11/87, Fallos 310:2384; "Daray", S. del 22/12/94, Fallos 317:1985). Doctrina de la que asimismo se ha hecho eco este Tribunal (T.S.J., Sala Penal, “Rodríguez”, S. n° 6, 12/3/04). Siendo así las cosas debe señalarse que cuando el cauce procesal con el que se sanciona la ineficacia de un acto violatorio de garantías constitucionales por concurrir una exclusión probatoria viene conformado por la vía de la nulidad, como acontece la mayoría de las veces (Hairabedián, Maximiliano, Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas, Edit. Ad-Hoc, Bs. As., p. 60), el efecto extensivo de dicha ineficacia viene regulado tanto por lo dispuesto por el art. 191 del C.P.P., por tratarse de una nulidad, como por lo establecido por el art. 194 del C.P.P. –coincidente con el art. 41 de la Const. Pcial.-, por tratarse de una exclusión probatoria. Pero los criterios y alcance del carácter difusivo asignado a la invalidez del acto difieren en una y otra disposición. En efecto, la extensión contemplada por el art. 191 del C.P.P. se funda en la conformación del proceso como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos y la alteración que produce en esa cadena, la declaración de la ineficacia de uno sus eslabones. Por lo que relevante estará dado por la dependencia procesal directa que se advierta entre el acto anulado y los actos posteriores (Arocena, Gustavo, La nulidad en el proceso penal, 2ª ed. ampliada y actualizada, edit. Mediterránea, Córdoba, 2004, pp. 145 y 148). Dicho de otro modo, por la vinculación normativa, de dependencia formal entre ellos, que requerirá que el uno sea presupuesto legal del otro, de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento ritual (Cafferata Nores, José Ignacio; Tarditti, Aída, Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. Comentado, edit. Mediterránea, Córdoba, 2003, t. 1, p. 470). En cambio en el caso de la difusión de la ineficacia por exclusiones probatorias, lo que se pretende es evitar la proyección del acto inválido en vulneraciones larvadas de las garantías constitucionales. Por lo que para ello debe recurrirse a criterios materiales que permitan individualizar todas sus consecuencias necesarias e inmediatas que se tornan ilícitas por derivación, sin importar si esos actos dependen formal o jurídicamente o no del acto inicialmente ineficaz (Cafferata Nores, José Ignacio; Tarditti, Aída, Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. Comentado, edit. Mediterránea, Córdoba, 2003, t. 1, p. 497), por lo que sólo interesará la conexión lógica o factual con el acto defectuoso. En resumidas cuentas, en materia de nulidad rige una concepción más legalista y restrictiva de los efectos invalidantes del acto sancionado que se proyecta en la exigencia de una conexión jurídica que no es necesaria desde la perspectiva más amplia de los efectos de las exclusiones probatorias, pues, por ejemplo, aunque la nulidad de la confesión, formalmente no signifique que también lo sea la prueba obtenida en consecuencia, ello sí ocurrirá desde la perspectiva material de las exclusiones probatorias (Hairabedián, Maximiliano, Eficacia de la prueba ilícita y sus derivadas, Edit. Ad-Hoc, Bs. As., p. 61). Dicho de otro modo, bastará que en términos fácticos, la prueba derivada se presente como el fruto o resultado necesario de la primera invalidada (Minvielle, Bernadette, “La prueba ilícita en el derecho procesal penal”, Opúsculo de derecho penal y criminología n° 25, edit. Lerner, Córdoba, 1987, p. 48). Así las cosas, debe señalarse que el máximo Tribunal de la Nación ya se ha pronunciado en relación con dicho extremo, a lo que se ha adherido esta Sala señalando que "la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional. Ya ha dicho esta Corte que conceder valor a esas pruebas y apoyar en ellas una sentencia judicial, no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito por el que se adquirieron tales evidencias... Apreciar la proyección de la ilegitimidad del procedimiento sobre cada elemento probatorio es función de los jueces, quienes en tal cometido deben valorar las particularidades de cada caso en concreto. Resulta ventajoso para esa finalidad el análisis de la concatenación causal de los actos, mas no sujeta a las leyes de la física sino a las de la lógica, de manera que por esas vías puedan determinarse con claridad los efectos a los que conduciría la eliminación de los eslabones viciados..." (C.S.J.N., Fallos 308:733, S. del 13/5/1986, “Rayford”; T.S.J., Sala Penal, “Rodríguez”, S. n° 6, 12/3/04). En consecuencia, para determinar si se está en presencia de un "fruto" del "árbol envenenado" y por ende, si se presenta la referida relación de dependencia material, será necesario recurrir a un doble juicio de derivación. Así, en primer término, el iudicante deberá consultar las circunstancias del caso, a fin de determinar si suprimido mentalmente el acto viciado, desaparece la prueba en cuestión (Cfr. T.S.J., Sala Penal, "Suárez y otro", S. nº 19, 30/10/1989), pues, si sólo se exigiera el mentado juicio hipotético a fin de descubrir los "frutos" del acto viciado, podrían calificarse como tales, incluso, sus consecuencias materiales meramente casuales (p.e.,
cuando la policía allana un domicilio sin orden, a fin de detener a un sospechoso, y halla casualmente en dicho lugar a un testigo clave del crimen) (T.S.J., Sala Penal, “Rodríguez”, S. n° 6, 12/3/04). En segundo lugar y de acuerdo al tenor literal de los arts. 41 de la C.Prov. y 194 del C.P.P., también se requerirá un segundo juicio de derivación (decimos esto porque ambas normas emplean una conjunción copulativa "y" para separar la siguiente exigencia, de la que recién examinamos), en el que el a quo también deberá indagar las circunstancias del caso concreto a la luz de las reglas de la experiencia, a fin de establecer si la prueba en cuestión constituye una consecuencia materialmente necesaria de dicho acto ilícito, y no de una consecuencia meramente casual, contingente (T.S.J., Sala Penal, “Rodríguez”, S. n° 6, 12/3/04). De modo que sólo serán "frutos" del "árbol venenoso", aquellas pruebas que tengan como única fuente, el acto violatorio de garantías constitucionales, y que -además- materialmente sean consecuencias necesarias (y no meramente casuales) de dicho acto ilícito (T.S.J., Sala Penal, “Rodríguez”, S. n° 6, 12/3/04). Todo lo cual habrá de establecerse recordando que en esa materia, el tribunal de casación actúa "como juez de hecho" a efectos de comprobar si es verdad que la actividad procesal no se ha desarrollado con las formas debidas. Para lo que puede recurrir a la comprobación de las circunstancias de la causa e incluso producir una investigación para indagar el verdadero cumplimiento de las formas (De la Rúa, Fernando, ob. cit., p. 70) (T.S.J. "Sala Penal" S. 21, del 15/05/97 "Cabello"; S. 68, 7/8/2000 "Ariza"; S. 96, 13/11/2000 "Ortega"). 2. En el marco de las razones señaladas, corresponde referirse ahora a la situación concreta que se presenta en autos. La resolución en crisis declaró la nulidad del allanamiento practicado en el domicilio del encartado, de cuya realización da cuenta el acta de fs. 193/195 de autos. La aplicación de dicha sanción procesal se fundó en que la orden carecía de una disposición fundante previa que la sustentara. Requisito previsto bajo pena de nulidad por los ordenamientos rituales nacional y provincial, y cuyo incumplimiento determina la vulneración de la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio que amparaba al acusado encartado según lo dispuesto por los arts. 45 C. Pcial., 18 C.N., 203 y cctes. del C.P.P.. Por lo que se trata de un caso de invalidación en el que concurre tanto una sanción de nulidad, como una exclusión probatoria. Siendo así las cosas y de acuerdo con lo que hemos dicho, al haberse empleado la vía de la nulidad para dar cauce a dicha exclusión probatoria, la ineficacia de dicho allanamiento debe extenderse los actos posteriores que dependan jurídicamente de él. Pero, tratándose al mismo tiempo de una declaración de ineficacia que encauza una exclusión probatoria, tal invalidez debe difundirse también, a todos aquellos actos que aunque no dependan jurídicamente del ineficaz, sí dependan fáctica o materialmente del mismo en los términos señalados precedentemente. En ese contexto, debe señalarse que un examen de la causa, revela que no se contaba con noticia previa alguna en relación con la presencia del arma allí, por lo que tanto el hallazgo del arma en el domicilio del encartado como su inmediato secuestro, se produjeron con motivo y durante la realización del allanamiento invalidado, en el que en realidad se buscaban efectos relacionados con la ley 23.037. Asimismo se desprende de las constancias de autos, que el secuestro del arma fue el único elemento incriminatorio del encartado con el que se contó para fundar su imputación. Y que fue en virtud de dicha imputación que el prevenido Leyva fue citado a declarar para ejercer su defensa material, generándose la ocasión en la que éste, intimado por el hecho, prestó su primera declaración indagatoria, aceptando la presencia del arma de fuego en su domicilio. También resulta claro en la causa, que dicho secuestro y tal aceptación por el encartado de la presencia del arma en su domicilio, fueron los dos únicos elementos que se tuvieron en cuenta para elevar la causa a juicio y abrir el debate, en la que al receptar nueva declaración indagatoria al encartado, éste ratificó lo sostenido inicialmente en cuanto a la presencia de dicha arma en su domicilio. Y, finalmente, surge de la fundamentación de la resolución atacada, que son esas tres circunstancias (el secuestro del arma en el domicilio del encartado y su reconocimiento de tal presencia en sus dos declaraciones indagatorias), las únicas que fundamentan la sentencia que condena del encartado por dicho ilícito y el decomiso de su arma. Siendo así las cosas, se advierte que tanto desde la perspectiva formal del art. 191 del C.P.P. como desde la óptica material del art. 194 de dicho ordenamiento ritual, la ineficacia del allanamiento debe extenderse a una serie de actos posteriores que determinan la invalidación de la sentencia condenatoria atacada, en cuanto condena al encartado por el referido delito de tenencia de arma de guerra y ordena el decomiso del arma. En efecto, desde una perspectiva formal de dependencia jurídica requerida por el art. 191 C.P.P., se advierte que el secuestro del arma dependió del allanamiento anulado (arts. 203, 204, 210 “a contrario sensu” y cctes. del C.P.P.), la imputación del encartado de dicho secuestro (art. 306 C.P.P.), el llamado a prestar declaración indagatoria de dicha imputación (art. 306 C.P.P.), la elevación de la causa a juicio de dicha declaración indagatoria (art. 354 C.P.P.), el debate de dicha elevación a juicio (arts. 360 y ccts. C.P.P.), y el dictado de la sentencia condenatoria del encartado de la realización dicho debate (art. arts. 385, 390, 395, 405 y cctes. del C.P.P.). Tales relaciones también se advierten desde una perspectiva material, de tipo lógico y factual como la prevista por el art. 194 C.P.P., pues resulta clara la dependencia material que se advierte entre el allanamiento nulo y el hallazgo casual del arma -y su secuestro-; entre la realización de este último acto y la imputación del encartado por el delito del art. 189 bis inc. 2° 4to. párrafo del C.P.P. por la que fue llamado a prestar declaración indagatoria; entre dicho secuestro y los dichos de Leyva aceptando la presencia del arma en su vivienda al prestar declaración indagatoria; entre dicho secuestro y su segunda declaración indagatoria en el debate, en la que reconoció nuevamente la presencia del arma en ese lugar; y entre dicho secuestro y la fundamentación de la sentencia, sobre la que se sustentó la condena del encartado por el referido delito de tenencia de arma de guerra y el decomiso del arma. Por lo tanto, conforme al desarrollo expuesto, existe una conexión tanto formal como material entre los actos anulados, las pruebas excluídas y la declaración del imputado que conducen a la nulidad de la sentencia que se asienta en ella para afirmar la existencia del hecho y de la participación. Voto, pues, afirmativamente a esta cuestión. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente las presentes cuestiones. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de
idéntica forma. A LA SEGUNDA CUESTIÓN: La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido y anular la resolución atacada atendiendo a lo dispuesto por los arts. 118 C.N., 41 3er. párrafo y 45 C. Pcial., y 203 1er. párrafo, 184, 186, 190, 194 y cctes. del C.P.P.. Sin costas, atento el resultado obtenido (arts. 550/551 del C.P.P.). Asimismo se advierte, que por las particularidades del caso, resulta innecesario reenviar la causa para que el tribunal renueve parcialmente la sentencia, dada la inexorable absolución que en ese caso correspondería disponer en relación con el encartado, por el único delito por el que ha sido condenado, como consecuencia de la sanción de ineficacia a la que se ha aludido. Por lo que corresponde directamente ordenar la absolución de Jorge Juan Leyva, ya filiado, por el delito de tenencia de arma de guerra (art. 189 bis, 45º. Párrafo del C.P.) que se le atribuía (hecho único del cuarto proceso), en virtud de lo dispuesto por los arts. 118 C.N., 41 3er. párrafo y 45 C. Pcial., y 203 1er. párrafo, 184, 186, 190, 194, 411 y cctes. del C.P.P.. Así voto. La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. Aída Tarditti, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma. En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal; RESUELVE: I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Dr. Jorge Alberto Valverde, en su carácter de defensor del prevenido Jorge Juan Leyva, contra la sentencia número ciento cuarenta y siete, del veinte de diciembre de dos mil cinco, dictada por al Sala Unipersonal de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de la ciudad de Río Cuarto integrada por la Sra. Vocal Silvia E. Marcotulio y anular la resolución atacada en cuanto ha sido motivo de impugnación (arts. 118 C.N., 41 3er. párrafo y 45 C. Pcial., y 203 1er. párrafo, 184, 186, 190, 194 y cctes. del C.P.P.). II. Absolver al prevenido Jorge Juan Leyva, ya filiado, por el delito de tenencia de arma de guerra (hecho único del cuarto proceso) que se le atribuía en virtud de lo dispuesto por el art. 189 bis, 4to. párrafo del C.P. (ley 25.086) en virtud de lo dispuesto por los arts. 118 C.N., 41 3er. párrafo y 45 C. Pcial., y 203 1er. párrafo, 184, 186, 190, 194, 411 y cctes. del C.P.P. (arts. 550 y 551 C.P.P.). III. Sin costas (arts. 550 y 551 C.P.P.). Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.
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