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Timestamp: 2016-10-23 08:10:56+00:00

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⭐República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA
María Soledad Carrizo Río
1 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0169/14 Referencia: Expediente núm. TC , relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Juan A. Díaz Cruz y Consorcio de Bancas de Apuestas Deportivas Empresas J.D. contra los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 del Reglamento núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), modificado por el Decreto núm del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de agosto del año dos mil catorce (2014). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla, Justo Pedro Castellanos Khoury, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución y 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del dos mil 11 del (2011), dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 162 I. ANTECEDENTES 1. Descripción del Reglamento impugnado 1.1. El reglamento objeto de la presente acción directa de inconstitucionalidad es el núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), sobre Administración y Cobro de las Licencias e Impuestos a las Bancas Deportivas y que comisiona a la Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR), actual Ministerio de Deportes, a establecer la forma de pago del impuesto establecido por la Ley núm del veinte (20) de junio de dos mil dos (2002), así como los procedimientos y mecanismos que estime de lugar para agilizar el cobro de los mismos, específicamente en sus artículos 8, 9, 10, 11 y 15. Este reglamento fue modificado por el Decreto núm Las disposiciones del indicado reglamento atacadas en inconstitucionalidad disponen: ARTÍCULO 8. PAGO TARDIO. Todo propietario de Banca de Apuestas que pagare tardíamente las cuotas a que se refiere el Artículo 5 del presente Reglamento, será sancionado con 10s recargos que establecen las leyes y el Código Tributario. ARTÍCULO 9. CANCELACION DE LICENCIAS. Si transcurrieren mis de noventa (90) días sin que el propietario de una Banca de Apuestas haya renovado la licencia que le hubiere sido expedida. SEDEFIR establecerá las sanciones de lugar. PARRAFO. Procederá igualmente la cancelación de la licencia de Bancas de Apuestas, cuando en forma reiterada, el beneficiario de la Página 2 de 163 licencia hubiese realizado operaciones en violación a las disposiciones de 10s Artículos 8, 9, 10 y 11 del presente Reglamento. ARTÍCULO 10. CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS. Sin perjuicio de las demás sanciones aplicables, toda Banca de Apuestas que opere sin haber obtenido la correspondiente licencia, será clausurada y los bienes que se encontraren en los locales en los que la misma funciona, serán confiscados con apego al régimen de sanciones establecido. Los propietarios de la misma deberán pagar las cuotas vencidas hasta el momento en el que hubiere sido clausurado el establecimiento, más los recargos que se hubieren generado hasta la fecha de la clausura. ARTÍCULO 11. IMPOSICION DE LAS SANCIONES. Corresponderá a SEDEFIR la aplicación de toda sanción administrativa que tuviere su origen en la violación de las disposiciones del presente Reglamento. ARTÍCULO 15. ÓRDENES DE PAGO. Toda jugada o apuesta que hubiere acertado en 10s términos establecidos para reputar gananciosa la misma, deberá ser pagada a1 apostador del ticket dentro de las veinticuatro (24) horas después de haber terminado el partido sobre el cual la misma fue hecha. PARRAFO I. Todo jugador que habiendo ganado una apuesta en una banca deportiva, no le haya sido pagado el dinero que hubiere ganado en el término establecido anteriormente, podrá requerir a la SEDEFIR toda la información que necesite para proceder legalmente contra la banca responsable. Página 3 de 164 PARRAFO 11. En todo caso, la SEDEFIR deberá requerir a1 propietario de la banca información inmediata sobre la razón de la demora, pudiendo, en caso de no serle otorgada o de no ser razonable el motivo dado, proceder a la clausura temporal del establecimiento hasta tanto no medie decisión judicial que ordene lo contrario. 2. Pretensiones de los accionantes 2.1. Los accionantes, mediante instancia regularmente recibida el once (11) de agosto de dos mil seis (2006), interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones constitucionales, una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 del Reglamento núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), modificado por el Decreto núm del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), sobre Administración y Cobro de las Licencias e Impuestos a las Bancas Deportivas que comisiona a la Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR), actual Ministerio de Deportes, a establecer la forma de pago del impuesto establecido por la Ley núm del veinte (20) de junio de dos mil dos (2002), así como los procedimientos y mecanismos que estime de lugar para agilizar el cobro de los mismos En tal virtud los impetrantes solicitan lo siguiente: PRIMERO: En cuanto a la forma, declara buena y válida la presente acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad en contra de los artículos 8,9,10,11 y 15 del Reglamento No , de fecha 31 de enero del 2003, modificado por el decreto No , de fecha 07 de junio del 2004, por haber sido hecha de conformidad con los textos legales de nuestra ley sustantiva, con los principios de la doctrina y conforme a las orientaciones jurisprudenciales que rigen la materia, y Página 4 de 165 por ser regular en la forma y justa en el fondo; SEGUNDO: En cuanto al fondo, declarar la inconstitucionalidad o nulidad erga omnes de los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 del reglamento No , de fecha 31 de enero del 2003, modificado por el Decreto No , de fecha 04 de julio del 2004, por ser contrarios c los artículos 4, artículo 8 numeral 2 literal j, artículo 37 numeral 1, artículo 37 numeral 10 y articulo 63 de la Constitución de la República; TERCERO: Declarar la inconstitucionalidad de oficio y sin el cumplimiento de ninguna otra formalidad de cualesquiera otras disposiciones del Reglamento No. No , de fecha 31 de enero del 2003 y sus modificaciones, y que éste alto tribunal de justicia considere son contrarios a la Constitución de la República. 3. Infracciones constitucionales alegadas 3.1. Los impetrantes invocan la declaratoria de inconstitucionalidad contra el referido reglamento, contra los cuales formulan alegada violación a los artículos 4, 8, numeral 2, literal j; 37, numeral 1, 10 y46 de la Constitución de la República Dominicana de 2002, (actuales artículos 4, 6, 69, numeral 7, 93 numeral 1, literales a, y h ), los cuales disponen lo siguiente: Artículo 4. Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Página 5 de 166 Artículo 6. Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Artículo 69. Numeral 7: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. Artículo 93. Numeral 1: Literal a: Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia: 1) Atribuciones generales en materia legislativa: a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión; Literal h: Aumentar o reducir el número de las cortes de apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia. 4. Hechos y argumentos jurídicos de los accionantes 4.1. Los accionantes fundamentan su recurso de inconstitucionalidad, expresando, en síntesis, lo siguiente: Página 6 de 167 a. Que estas normas atacadas en inconstitucionalidad contradicen los preceptos establecidos en los artículos 4, 69, numeral 7; 93, numeral 1, literales a, h y 6, de la Constitución de la República Dominicana. b. En cuanto a lo establecido en el art. 4 de la Constitución de la República, expresan que la obligación de pagar los tributos y las exoneraciones de los mismos son atribuciones que le confiere la Constitución de manera exclusiva al Congreso, por lo que el Reglamento núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), modificado por el Decreto núm del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), no puede variar la ley en lo que concierne a los tributos, por cuanto los tribunales judiciales son los facultados para imponer dichas sanciones. c. En tal virtud, el cierre de negocios, incautación de mercancías y objetos mobiliarios no debe de ser llevado a cabo por autoridades administrativas, sino que estas sanciones deben ser impuestas por los tribunales del orden judicial, a fin de no violar el derecho de defensa establecido en el artículo 8, numeral 2, literal j, de la Constitución de la República. d. Por otro lado, se debe establecer un impuesto justo y equilibrado para el negocio de las bancas de apuestas deportivas, en virtud del principio de equidad y capacidad contributiva, que establece que cada cual debe contribuir con las cargas fiscales según su capacidad contributiva. 5. Pruebas Documentales 5.1. En el trámite de la presente acción directa de inconstitucionalidad, los documentos depositados por los accionantes son los siguientes: Página 7 de 168 1. Copia del Reglamento núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), publicado en el periódico El Caribe el trece (13) de septiembre de dos mil tres (2003). 2. Copia del Decreto núm , del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004). 3. Copia de la Ley núm , publicada en la Gaceta Oficial núm Intervención Oficial En el presente caso intervino y emitió opinión el Procurador General de la República Opinión del procurador general de la República El procurador general de la República, en su opinión del once (11) de octubre de dos mil seis (2006), solicitó a la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones constitucionales, acoger parcialmente la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Juan A. Díaz Cruz y Consorcio de Bancas de Apuestas Deportivas, Empresas J.D, contra los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 del Reglamento núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), modificado por el Decreto núm del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), en virtud de que es el derecho de defensa el que hace operativo todas las garantías constitucionales y al atribuirle a la Secretaría de Deportes y Educación Física (SEDEFIR), hoy Ministerio de Deportes, la facultad de imponer sanciones, obviamente se está coartando el derecho de defensa de Juan A. Díaz Cruz y Consorcio de Bancas de Apuestas Deportivas Empresas J.D. Página 8 de 169 Asimismo, agrega que los artículos 10 y 11 del referido decreto que contiene el Reglamento de aplicación de la Ley núm , sobre Bancas de Apuestas al Deporte Profesional, son contrarios a la Constitución de la República En ese sentido, el Ministerio Público solicita lo siguiente: ÚNICO: Que procede ACOGER parcialmente la acción directa en declaración de inconstitucionalidad interpuesta por el señor JUAN A. DIAZ CRUZ, a través de sus abogados DR. RAFAEL RODRÍGUEZ LARA, MARTÍN W. RODRIGUEZ BELLO Y JORGE RODRIGUEZ PICHARDO, y DECLARAR NO CONFORME a la constitución de la República los artículos 10 y 11 del Decreto No que contiene el Reglamento de aplicación de la Ley Sobre Bancas de Apuestas al Deporte Profesional, por los motivos expuestos; y haréis justicia. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Competencia 7.1. Este tribunal constitucional tiene competencia para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad, en virtud de lo que disponen los artículos de la Constitución dominicana y el 36 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales La Constitución de la República establece, en su artículo 185.1, que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de Página 9 de 1610 las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 8. Legitimación activa o calidad de la parte accionante 8.1. El accionante, a través de instancia depositada el once (11) de agosto de dos mil seis (2006), somete una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el Reglamento núm , del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), sobre Administración y Cobro de las Licencias e Impuestos a las Bancas Deportivas, modificado por el Decreto núm del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), por alegadamente vulnerar los artículos 4, 8, numeral 2, literal j; 37, numerales 1 y 10, 46 de la Constitución de la República Dominicana de 2002, (actuales artículos 4, 6, 69, numeral 7; 93, numeral 1, literales a, y h, respectivamente de la Constitución de 2010) Al tratarse de un asunto formulado por la accionante en el año dos mil seis (2006), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución dominicana de dos mil dos (2002), que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su calidad de parte interesada En ese orden de ideas, los accionantes desarrollan el negocio de la banca de apuestas deportivas, por tanto, estaba sometida al alcance del referido Reglamento núm y, en tal virtud, ostentaban la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa. Página 10 de 1611 9. Inadmisibilidad de la acción República Dominicana 9.1. En la especie, los accionantes pretenden que se declare la inconstitucionalidad del Reglamento núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), modificado por el Decreto núm del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), el cual complementa las disposiciones contenidas en la Ley núm que aumentó el valor de las licencias o permisos de operación de las bancas deportivas y pone a cargo de la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (SEDEFIR), actual Ministerio de Deportes, el cobro y control de estos impuestos El accionante impugnó dicho reglamento al entender que por tratarse de una sanción contemplada para la comisión de delitos tributarios, el cierre o clausura de las bancas de apuestas de deporte profesional debe ser impuesto por los tribunales ordinarios, y no por la entonces Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (SEDEFIR), actual Ministerio de Deportes, a fin de no contravenir las normas relativas al debido proceso Ahora bien, ha sido criterio reiterado de este tribunal constitucional que para someter una norma al escrutinio constitucional, es esencial que la misma se encuentre vigente al momento de ser impugnada 1. De modo que una condición sine qua non para el examen de la norma atacada en inconstitucionalidad se contrae a que la misma debe surtir efectos jurídicos al momento de ser sometida al examen o control constitucional En el caso que nos ocupa, resulta verificable que al momento de incoarse la acción directa de inconstitucionalidad, las disposiciones del Reglamento núm , que están siendo atacadas, se encontraban vigentes. Sin embargo, durante el tiempo en que el presente caso estuvo pendiente de fallo ante la 1 Ver Sentencias TC/0023/12 del año 2012, TC/0126/13, TC/265/13 del año 2013 entre otras que reafirman esta postura. Página 11 de 1612 Suprema Corte de Justicia, fue promulgada la Ley núm que modificó expresamente el artículo 5 de la Ley núm , con lo cual derogó tácitamente el referido reglamento Tal derogación tácita opera a consecuencia de la relación de dependencia del reglamento respecto de la ley. En efecto, este tribunal constitucional, en la Sentencia TC/0032/12, establece que: las normas reglamentarias, al no tener rango de ley, están afectadas por el principio de jerarquía normativa que las subordina, precisamente, a la ley, dado que el reglamento es secundario, subalterno, inferior y complementario de las leyes, por cuanto es un producto de la administración, a diferencia de la ley que se legitima en la voluntad popular. Esta subordinación del reglamento a la ley se debe a que el primero persigue la ejecución de la segunda, desarrollando y completando en detalle las normas contenidas en ella. Por tanto, el reglamento no puede exceder el alcance de la ley ni tampoco contrariarla, sino que debe respetarla en su letra y espíritu. El reglamento es a la ley lo que la ley es a la Constitución, por cuanto la validez de aquél debe estimarse según su conformidad con la ley. El reglamento es la ley en el punto en que ésta ingresa en la zona de lo ejecutivo; es el eslabón entre la ley y su ejecución, que vincula el mandamiento abstracto con la realidad concreta De manera que, la subordinación a la cual está sometido el Reglamento núm al imperio de la Ley núm sobre Bancas de Apuestas al Deporte Profesional, derogada expresamente por la Ley núm del 2 SENTENCIA TC/0032/12 del 15 de agosto de Página 12 de 1613 veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011), comporta su inexistencia, al tener como fuente de legitimidad una ley que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico En efecto, el artículo 4 y su párrafo, de la Ley núm establece lo siguiente: Artículo 4. Se modifica el Artículo 5 de la Ley No , para que en lo adelante rija de la siguiente manera: Artículo 5. La Dirección General de Impuestos Internos será la responsable de la recaudación y fiscalización del impuesto previsto en el Artículo 4, de la Ley No.80-99, quedando los sujetos pasivos de esta obligación supeditados a lo dispuesto por el Código Tributario de la República Dominicana, así como al cumplimiento de los deberes formales en lo referente al pago del impuesto sobre la renta y los demás tributos. Párrafo. El Ministerio de Hacienda velará por el fiel cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley en relación con el control y funcionamiento de las bancas deportivas radicadas en el territorio nacional y percibirá la tasa prevista en el Párrafo II de la presente ley En tal virtud, el régimen sancionatorio contenido en el Reglamento 71-03, y atacado en la presente acción directa en inconstitucionalidad, pasa también a formar parte de la potestad sancionadora de la administración tributaria, a raíz de la comisión de las infracciones de tal naturaleza y cuyo régimen jurídico está contenido en el Código Tributario. Página 13 de 1614 9.9. Por tanto, al quedar sin efecto el artículo 5 de la Ley núm , en razón del prealudido artículo 4 de la Ley núm , en la actualidad el órgano encargado de la fiscalización y recaudación del impuesto previsto en la Ley núm es la Dirección General de Impuestos Internos y el facultado para el control y funcionamiento de las bancas deportivas radicadas en el territorio nacional es el Ministerio de Hacienda En tal sentido, este tribunal constitucional estima que aun cuando no fue derogado de manera expresa el artículo 6 de la Ley núm , al ser la Ley núm una ley posterior que también está dirigida a establecer un sistema impositivo común y equitativo para los diferentes tipos de juegos, que garantice el aprovechamiento de rentas a favor del Estado, quedando facultada la Dirección Nacional de Impuestos Internos (DGII) como entidad responsable de la recaudación y fiscalización del impuesto previsto en la referida ley núm , este tribunal constitucional entiende que el artículo 6 queda implícitamente derogado Por tanto, al desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico el reglamento cuestionado, la presente acción directa en inconstitucionalidad queda sin objeto, en virtud de que se eliminó la competencia del Ministerio de Deporte para el cobro y fiscalización del impuesto a las Bancas Deportivas Por consiguiente, en razón de que el presente recurso tiene por objeto una cuestión de estricto contenido sustantivo, tal y como se indica en el título 2 de la presente sentencia, relativo a las pretensiones del accionante, y al tratarse de una acción in abstracto dirigida a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico, no tendría sentido pronunciarse sobre preceptos que ya no surten ningún efecto jurídico en su integridad. Es así, que pueda concluirse que ha desaparecido de forma sobrevenida el objeto de la presente acción de Página 14 de 1615 inconstitucionalidad deducida contra los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 del Reglamento núm Por tales razones, y al resultar la falta de objeto un medio de inadmisión admitido tradicionalmente por la jurisprudencia dominicana, procede, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la presente acción directa en inconstitucionalidad. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Juan A. Díaz Cruz y Consorcio de Bancas de Apuestas Deportivas Empresas J.D. contra los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 del Reglamento núm del treinta y uno (31) de enero de dos mil tres (2003), modificado por el Decreto núm del siete (7) de junio de dos mil cuatro (2004), por carecer de objeto en razón de que el mismo fue derogado por las modificaciones que se realizaron a la Ley núm mediante la Ley núm del veinticuatro (24) de junio del dos mil once (2011). SEGUNDO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). Página 15 de 1616 TERCERO: ORDENAR la notificación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al Procurador General de la República; así como a las partes accionantes, Juan A. Díaz Cruz y Consorcio de Bancas de Apuestas Deportivas Empresas J.D. CUARTO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 16 de 16 Documentos relacionados
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 ARTÍCULO 10
 ARTÍCULO 11
 ARTÍCULO 15
 artículo 8
 artículo 37
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 Artículo 4
 Artículo 6
 Artículo 69
 Artículo 93
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 artículo 8
 artículo 185
 artículo 5
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 artículo 6
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 artículo 7
 artículo 10
 artículo 33
 ARTÍCULO 105
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