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Timestamp: 2020-01-18 04:15:21+00:00

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Registro Oficial No.905- Lunes 19 de Diciembre de 2016 Suplemento
Última modificación: Lunes, 19 de junio de 2017 | 18:42
Lunes, 19 de Diciembre de 2016 (R. O. SP 905, 19-diciembre-2016)
Disuélvese la Fundación Ecofondo, domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca: Viceministerio de Acuacultura y Pesca:
Expídese la Norma técnica para la comercialización de especies bioacuáticas capturadas y/o criadas, producto de la investigación experimental
Apruébese el estatuto y otórguese personalidad jurídica a la Fundación ?Casa de la Mujer?, domiciliada en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha
Otórguese a los GAD provinciales y municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca, que consten acreditados como Autoridades Ambientales de Aplicación responsable (AAAr) ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), las competencias de regularización, control y seguimiento ambiental varias actividades
Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP:
CNT EP.-GG-0065-2016
0020-16-IN
Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado Activo: Luis Antonio Posso Salgado y otros asambleístas provinciales
0054-16-IN
Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado Activo: Carlos David Calero Andrade, Director de la firma ?El Asesor Contable, expertos en tributación?
0055-16-IN
Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado Activo: Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Coordinadora Nacional del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana
Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado Activo: Milton Gehovat Carpio Acosta, Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón La Maná
0076-16-IN
Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado Activo: Hernán Rodrigo Gómez Villagrán y otra
0077-16-IN
Acción pública de inconstitucionalidad. Legitimado Activo: Daniel Salazar Marín y otros
-Cantón La Maná: Reforma integral a la Ordenanza sustitutiva para la determinación, gestión, recaudación e información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras ejecutadas
Que, la Fundación ECOFONDO fue aprobada en esta Cartera de Estado, mediante Acuerdo Ministerial Nº 036 del 10 de marzo de 2010.
Que, el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXX del Libro I de la Codificación del Código Civil y en las leyes especiales, contempla en el artículo 23 el procedimiento para la Disolución Voluntaria de las organizaciones sociales.
Que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Estatuto de la Fundación ECOFONDO, y mediante resolución adoptada por el único miembro de la Fundación, la Compañía Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A, representada legalmente por el señor Andrés Mendizábal Mochkofsky, en Asamblea Extraordinaria, realizada el día 22 de abril de 2016, en la que decide disolver a la Fundación ECOFONDO; de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, del Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en el Registro Oficial No. 570, del 21 de agosto de 2015.
Que, el señor Edwin Santiago Sarasti Sánchez, representante legal de la FUNDACIÓN ECOFONDO, declara bajo juramento que el patrimonio de la Fundación es cero y que no tiene pasivos ni deudas, con ninguna persona natural o jurídica;
Que, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y del Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en el Registro Oficial No. 570, del 21 de agosto de 2015.
Art. 1.- Disolver a la Fundación ECOFONDO, con domicilio en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, aprobada mediante Acuerdo Ministerial Nº 036 del 10 de marzo de 2010, el mismo que queda sin efecto en virtud del presente Acuerdo Ministerial.
Art. 3.- El presente Acuerdo, tendrá vigencia a partir de la suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, 28 de octubre de 2016.
f.) Dr. Jaime Piedra Maridueña, Coordinador General Jurídico, Delegado del Ministro del Ambiente.
No. 0100A
Que, el artículo 73 de la Constitución de la República dispone: ?El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Que, el artículo 226 de la Constitución dispone ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador, norma que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos apropiados de forma permanente;
Que, el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en su Artículo 11 ?Prácticas Post-captura y Comercio?, numeral 11.1.5 expone; ?Al formular las políticas nacionales para el desarrollo y la utilización sostenibles de los recursos pesqueros, los Estados deberían prestar la debida consideración a la función económica y social del sector pesquero empleado en las actividades posteriores a la captura?.
Que, el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en su Artículo 11.3 ?Leyes y reglamentos para el comercio pesquero?, numeral 11.3.6 expone; ?Los Estados deberían armonizar en la medida de lo posible sus normas aplicables al comercio internacional de pescado y productos pesqueros de conformidad con las disposiciones pertinentes reconocidas internacionalmente?.
Que, la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero dispone:
Artículo 4.- El Estado impulsará la investigación científica, y en especial, la que permita conocer las existencias de recursos bioacuáticos de posible explotación, procurando diversificarla y orientarla hacia una racional utilización;
Artículo 13: ?El Ministro del ramo queda facultado para resolver y reglamentar los casos especiales y los no previstos que se suscitaren en la aplicación de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del Art. 171 de la Constitución de la República.?
Artículo 29: ?El Ministerio del ramo realizará la pesca de investigación, a través de sus organismos especializados; podrá también autorizarla a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con sujeción al reglamento?.
Art. 40 dispone: ?Para dedicarse a la comercialización al por mayor de productos pesqueros se requiere la autorización correspondiente
Sólo las empresas clasificadas podrán exportar productos pesqueros.
Art. 52.- Para hacer uso de los beneficios generales y específicos que concede la presente Ley, las empresas deberán solicitar y obtener la clasificación en una de las categorías ?Especial?, ?A? o ?B?...?
Art. 54.- Podrán clasificarse en categoría ?A? las empresas nacionales o mixtas que ejecuten proyectos que constituyan un aporte significativo para el desarrollo del sector
Que, El Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero vigente dispone:
Art. 1.1 establece; ?Entiéndase por actividad pesquera a la captura, extracción, recolección, transporte, procesamiento e investigación de los recursos bioacuáticos?, y también manifiesta que ?Para ejercer la actividad pesquera, en cualquiera de sus fases, se requerirá estar expresamente autorizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca...?
Art. 1.6. Pesca de investigación es aquella actividad desarrollada con fines científicos la misma que puede ser exploratoria que es aquella que a través del uso de equipos de detección, artes y aparejos de pesca, determina la potencial existencia de recursos pesqueros, de prospección que se desarrolla especialmente para capturar cierto tipo de especie, o experimental que es aquella que a través del uso de artes o aparejos y sistemas específicos determina las propiedades de estos y sus efectos en la especie y evaluar el impacto sobre el ecosistema.
Art. 34.- del Reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero literal d) establece ?Entregar a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros el volumen de la pesca obtenida, con excepción de aquellas cantidades que sirvan como muestras, según el plan de investigación?.
Que, mediante Acuerdo Ministerial 227 suscrito el 1 de septiembre de 2015, se expide el Plan Nacional de Control, para el Instituto Nacional de Pesca, que garantiza la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas.
Que, mediante comunicación MAGAP-SRP-2016- 26693-M, de fecha 19 de octubre de 2016, la Subsecretaria de Pesca, (Subrogante), remite a la Viceministra de Acuacultura y Pesca el ?Informe Técnico que justifica la Comercialización de las especies provenientes de la Investigación y Experimentación Pesquera?, mediante el cual concluye y recomienda lo siguiente
?Los esfuerzos implementados para recursos que no han sido explotados deben ser retribuidos hacia la empresa privada que colabora y facilita mediante su inversión al desarrollo de las capacidades nacionales de investigación, a la sosteníbilidad de la actividad pesquera y a la aplicación de conocimientos para el ordenamiento pesquero?.
Emitir normativa secundaria para que las capturas obtenida en la investigación pesquera puedan ser comercializados sujetándose a las disposiciones establecidas en el marco regulatorio de la actividad y por las autoridades competentes en esta materia.
Que, mediante comunicación MAGAP-SUBUACUADSA- 2016-770-M, de 14 de octubre de 2016, el señor Subsecretario de Acuacultura, remite el informe técnico respectivo mediante el cual recomienda al señor Viceministro de Acuacultura y Pesca (Subrogante), la emisión de una norma técnica que permita a las empresas que realicen actividades de investigación debidamente autorizadas, así como la comercialización de los productos bioacuáticos que se han capturado y / o criados como efecto de su actividad de investigación.
Así mismo se determina que los proyectos de investigación, experimentales o tipos pilotos buscan, mediante estudios preliminares comprobar las estrategias del cultivo así como establecer el potencial y viabilidad económica, es decir definir los costos e ingresos vinculados de una nueva actividad a escala tal, que permita tener valores lo más real posible y a la vez evite tener pérdidas elevadas en caso de que los resultados del cultivo indique que no sea rentable.
Que, mediante comunicación MAGAP-INP-2016- 3223-M, de 16 de octubre de 2016 la señora Directora (E) del Instituto Nacional de Pesca, remite el informe técnico mediante el cual recomienda al Viceministro de Acuacultura y Pesca, (Subrogante), la emisión de una norma técnica mediante la cual se regule la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas producto de los proyectos de investigación que se ejecutan en el Viceministerio, con la finalidad de solventar los gastos generados por las actividades de investigación o experimentación para actividades acuícolas y pesqueras por parte de las personas naturales o jurídicas que se encuentren ejecutando los citados proyectos.
Que, mediante Acción de Personal No. 0798 de fecha 11 de septiembre de 2015, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, nombra a la Abogada Pilar del Rocío Proaño Villareal, para que ocupe en cargo de Viceministra de Acuacultura y Pesca;
En ejercicio de las competencias y atribuciones establecidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca:
EXPEDIR LA NORMA TÉCNICA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES BIOACUATICAS CAPTURADAS Y/O CRIADAS PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
Art. 1.- Autorizar a las personas naturales y jurídicas que realicen y ejecuten proyectos de investigación experimental acuícolas y /o pesqueros, de manera excepcional, a comercializar en el mercado interno y/o externo los recursos hidrobiológicos que han criado y/o capturado en el proceso de su actividad, para lo cual se clasifica a estas personas en categoría ?A?
Esta autorización alcanza a los productos y subproductos derivados de esta actividad, cuya vigencia será similar a la duración del proyecto de investigación aprobado por la Actividad competente.
Art. 2.- Disponer a las personas naturales y/o jurídicas que ejerzan actividad pesquera o acuícola de investigación, realicen la comercialización interna o externa de los recursos capturas o criados a través de empresas asociadas o de manera independiente.
Art. 3.- Las muestras establecidas por las autoridades competentes para los análisis que se requieran no serán objeto de comercialización.
Art. 4.- Los productos y subproductos pesqueros o acuícolas a comercializar deberán cumplir con las normas sanitarias establecidas en la normativa técnica legal vigente.
Art. 5.- Corresponde por una parte, al Instituto Nacional de Pesca otorgar los certificados sanitarios y de calidad de los productos acuícolas y pesqueros, así como también las certificaciones relacionadas con la sanidad e inocuidad del producto, y a las Subsecretarias Temáticas entregar los certificados de captura o cosecha o sus equivalente para demostrar el origen de los productos.
Art. 6.- Las descargas de capturas o cosechas resultantes de la actividad de pesca o marinocultura de investigación se realizarán única y exclusivamente en los puertos autorizados, en presencia de un Inspector de Pesca quien emitirá el Certificado de Monitoreo y Control de la Pesca y las respectivas Guías de Movilización del producto pesquero.
Art. 7.- Las personas naturales o jurídicas que estén autorizadas a realizar actividades de pesca o marinocultura experimental, que no se sujeten a lo establecido en este Acuerdo Ministerial se les revocará la Autorización correspondiente para la realización de la actividad.
Art. 8.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial encárguese la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, la Subsecretaría de Acuacultura y el Instituto Nacional de Pesca.
Dado en Manta, a los 31 día(s) del mes de Octubre de dos mil dieciséis.
f.) Abg. Pilar Proaño Villarreal, Viceministra de Acuacultura y Pesca.
VICEMINISTERIO DE ACUICULTURA Y PESCA.- Es fiel copia del original.- 09 de noviembre de 2016.- Responsable: f.) Ilegible, Gestión Documental.
Mariela López Lascano
DE ASESORÍA JURÍDICA,
DELEGADA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA,
Que el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. (?);
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente de la República, cambia la denominación de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la de ?Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.?;
Que mediante Acción de Personal No. 000544 de 19 de octubre de 2015, la doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombró como Coordinadora General de Asesoría Jurídica a la abogada Mariela López Lascano;
Que mediante solicitud ingresada en esta cartera de Estado con documento No. MJDHC-CGAF-DSG-2016-2496-E de 02 de marzo de 2016, suscrita por el señor Galo Vicente Grandes, en su calidad de Presidente Provisional de la Fundación ?Casa de la Mujer?, domiciliada en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, solicita la aprobación de la personalidad jurídica de la mencionada Fundación, acogiendo las observaciones planteadas en el oficio No. MJDHC-CGAJ-DAJ-2016- 0016-O de 24 de febrero de 2016, suscrito por el Director de Asesoría Jurídica;
Que mediante memorando No. MJDHC-CGAJ-DAJ- 2016-0035-M de 02 de marzo de 2016, el Director de Asesoría Jurídica (e) comunicó a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de la codificación y reforma al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, por parte de la Fundación ?Casa de la Mujer?; y,
En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 66 numeral 13), y 154 numeral 1) de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 11 literal k) y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); de conformidad con los artículos 2, 8, 11 y 15 de la Codificación y Reforma al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y al Acuerdo Ministerial No. 0082 de 28 de agosto de 2013,
Artículo 1.- Aprobar el estatuto y otorgar personalidad jurídica a la FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?, con domicilio principal en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, como persona jurídica de derecho privado sin fi nes de lucro, que para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, el Titulo XXX del Libro Primero del Código Civil, y la Codificación y Reformas al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas.
Artículo 2.- Disponer a la FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?, obtener el certificado de existencia emitido por el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil ? RUOSC, controlado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
Artículo 3.- La FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?, debe poner en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en el estatuto, integrantes de su gobierno interno, inclusión y salida de miembros, y demás información relevante de las actividades que la organización realice en apego a la normativa legal vigente y su normativa interna.
Artículo 4.- Disponer a la FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?, realizar los trámites pertinentes en el Servicio de Rentas Internas, a fin de obtener el Registro Único de Contribuyente - RUC.
Artículo 5.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las siguientes personas: Calderón Suárez Pedro Manuel, Grandes Naranjo Galo Vicente, Huerta Suárez Carmen Inés, Huerta Vélez Ángel Ernesto, López Pérez Clemencia Marilys, Ruíz Pozo Ricardo Isaías, Ruíz Suárez Luz Del Alva Rocío y Suárez Carmita Inés, quienes suscribieron el acta constitutiva de la Fundación.
Artículo 6.- Disponer a la FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?, convocar a Asamblea General para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Acuerdo Ministerial, conforme lo dispone el artículo 18 de la Codificación y Reformas al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas.
Artículo 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico vigente, cancelará el registro de la FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?.
Artículo 8.- Disponer al Director de Asesoría Jurídica, notificar a la FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?, con el presente Acuerdo Ministerial.
Artículo 9.- Disponer al Director de Asesoría Jurídica, incorporar la información de la FUNDACIÓN ?CASA DE LA MUJER?, al Registro Único de Información de Organizaciones Sociales, a través del portal web del SUIOS.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 03 de marzo de 2016.
f.) Mariela López Lascano, Coordinadora General de Asesoría Jurídica.
MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que la(s) foja(s) 1-4 es(son) fi el copia(s) del original del documento que reposa en los archivos de la Dirección de Secretaría General.- Fecha: 29 de agosto de 2016. f.) Dra. Paola Carrera Izurieta, Directora de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Mgs. Juan Carlos Soria Cabrera, Dr.
MINISTRO DEL AMBIENTE, SUBROGANTE
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.?;
Que, el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: ?El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.?;
Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: ?El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.?;
Que, el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: ?El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:
11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.?;
Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: ?El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y efi ciencia.?;
(?) Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.?;
Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: ?El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.?;
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que: ?Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.
El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.
Los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos ejercerán la facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente.?;
Que, el artículo 111 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que: ?Son aquellos en los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se reserva todas sus competencias y facultades, dada su decisiva influencia económica, social, política o ambiental.
La facultad de rectoría y la definición del modelo de gestión de cada sector estratégico corresponden de manera exclusiva al gobierno central. El ejercicio de las restantes facultades y competencias podrá ser concurrente en los distintos niveles de gobierno de conformidad con este Código.
Son sectores estratégicos la generación de energía en todas sus formas: las telecomunicaciones; los recursos naturales no renovables; el transporte y la refinación de hidrocarburos: la biodiversidad y el patrimonio genético; el espectro radioeléctrico; el agua; y los demás que determine la Ley.?;
Que, el artículo 114 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que: ?Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno.?;
Que, el artículo 116 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que: ?Las facultades son atribuciones para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno. Son facultades la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión, y son establecidas por la Constitución o la ley. Su ejercicio, a excepción de la rectoría, puede ser concurrente. (?)?.;
Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que: ?De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.
Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial.
(?) En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales. (?)?.;
Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece que: ?Ámbito. La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fi n de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios.?;
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece que: ?Definición de telecomunicaciones. Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por inventarse. (?)?.;
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece que: ?Otras Definiciones. Para efectos de la presente Ley se aplicarán las siguientes definiciones:
(?) Estación.- Uno o más transmisores o receptores o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para la operación de un servicio vinculado con el uso de espectro radioeléctrico. (?)?.;
Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece que: ?Competencias del Gobierno Central.
El Estado, a través del Gobierno Central tiene competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico y el régimen general de telecomunicaciones. Dispone del derecho de administrar, regular y controlar los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, lo cual incluye la potestad para emitir políticas públicas, planes y normas técnicas nacionales, de cumplimiento en todos los niveles de gobierno del Estado. (?)?.;
Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece que: ?Redes de telecomunicaciones. Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada.
En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto. (?)?.;
Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece que: ?Tipos de Servicios. Se definen como tales a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan sobre redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, usuarios.
Dentro de los servicios de telecomunicaciones en forma ejemplificativa y no limitativa, se citan a la telefonía fija y móvil, portadores y de valor agregado.
Los prestadores de servicios de telefonía fija o móvil podrán prestar otros servicios tales como portadores y de valor agregado que puedan soportarse en su red y plataformas, de conformidad con la regulación que se emita para el efecto. (?)?.;
Que, el artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos establece que: ?El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país o importarlos.?
Que, el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental considera: ?Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.?;
Que, el artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental establece que: ?Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.
Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental.?;
Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado establece que: ?Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común.?;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: ?Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.?;
Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: ?Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial.
Que, el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: ?La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó.?;
Que, el artículo 3 del Reglamento a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones señala: ?Definiciones.- Para la aplicación del presente Reglamento General, además de las contenidas en la Ley y en las definiciones dadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, se considerarán las siguientes definiciones:
6. Régimen general de telecomunicaciones.- El régimen general de telecomunicaciones es el conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan todas las actividades relacionadas con el establecimiento, instalación y explotación de redes, y con la prestación de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Se excluye, expresamente, los contenidos comunicacionales que se encuentran desarrollados, protegidos y regulados, en el ámbito administrativo, por la Ley Orgánica de Comunicación.
Cuando en el presente Reglamento General se trate o se refiera al ?régimen general de telecomunicaciones?, se entenderá que incluye, en su conjunto redes públicas, tanto para los servicios de telecomunicaciones como para los servicios de radiodifusión y redes privadas. (?)
10. Servicios de telecomunicaciones.- Los servicios de telecomunicaciones están destinados a permitir y facilitar la transmisión y recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes y usuarios. (?)?.;
Que, el artículo 35 del Reglamento a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones señala: ?Consideraciones generales.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre el espectro radioeléctrico, considerado sector estratégico, bien de dominio público, recurso limitado y escaso; en consecuencia inalienable, inembargable e imprescriptible.?;
Que, el artículo 1 del Reglamento de Operaciones Hidrocarburiferas establece que: ?La finalidad de este reglamento es regular y controlarlas operaciones hidrocarburíferas. Las operaciones hidrocarburíferas comprenden las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que incluyen las actividades de exploración, las actividades de perforación exploratoria y de desarrollo, y las actividades de transporte, almacenamiento, refi nación, industrialización y producción de petróleo y gas natural.?
Que, el del artículo 9 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en el Registro Oficial No. 316 de 4 de mayo de 2015) establece: ?Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental de l

References: artículo 23
 resolución 
 artículo 23
 artículo 154
 artículo 73
 artículo 226
 artículo 281
 Artículo 11
 Artículo 11

Artículo 4

Artículo 13

Artículo 29
 artículo 17

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 18

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 226
 artículo 239
 artículo 260
 artículo 261
 artículo 313
 artículo 314
 artículo 7
 artículo 111
 artículo 114
 artículo 116
 artículo 136
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 36
 artículo 68
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 35
 artículo 17
 artículo 55
 artículo 57
 artículo 3
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 9