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Timestamp: 2020-02-19 09:27:26+00:00

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DECRETO 304/1993, de 26 de noviembre, por el que se regula la obligación de información relativa a las operaciones económicas con terceras personas que incumbe a los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario. - BOC. Boletín Oficial de Canarias - Legislación - VLEX 15351656
DECRETO 304/1993, de 26 de noviembre, por el que se regula la obligación de información relativa a las operaciones económicas con terceras personas que incumbe a los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario.
El artículo 59.1.e) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, sobre modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, configura la obligación a cargo de los sujetos pasivos del Impuesto General Indirecto Canario de presentar información relativa a las operaciones económicas con terceras personas. En desarrollo de esta previsión legislativa, y en el ejercicio de las competencias de desarrollo normativo conferidas en favor de este Gobierno Autónomo por la Disposición Adicional Décima Dos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, el artículo 38 del Decreto 182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los actos dictados en aplicación del mismo, matizó algunos aspectos sustanciales y procedimentales de esta obligación legal.
Sin embargo, la parquedad de estos preceptos, unida a la conveniencia de procurar una homogeneidad normativa con la regulación estatal de la materia, que redunde en una simplificación para los sujetos pasivos en el cumplimiento de sus obligaciones formales, aconsejan una reformulación en el desarrollo reglamentario del deber legal de información, sin modificación de sus presupuestos esenciales.
En esta línea se introducen dos innovaciones que facilitan al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones formales como son la adopción de la facturación como criterio de imputación y la presentación del modelo en mayo de cada ejercicio natural. La primera responde a la dificultad que supone para el emisor de la información el controlar en qué operaciones se ha devengado el impuesto aunque todavía no se haya documentado en factura y la segunda, a no hacer coincidir más obligaciones de presentación ante las Administraciones Tributarias de modelos, en un mes ya sobrecargado de las mismas.
Por otra parte, se establece la entrada en vigor el 1 de enero de 1994 para determinados aspectos que no cubre el mencionado artículo 38 pero cuya regulación se hace necesaria por lo expuesto anteriormente.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 26 de noviembre de 1993,
1. A tenor de lo dispuesto en los artículos 111 de la Ley General Tributaria y 59 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, los sujetos pasivos a quienes se refiere el artículo 19 de la Ley 20/1991, estarán obligados a presentar una declaración anual relativa a sus operaciones económicas con terceras personas, consignando en ella los datos indicados en el artículo 3 de este Decreto.
2. La Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, la Comunidad Autónoma, los Cabildos, los demás entes locales y organismos de ellos dependientes presentarán declaración anual de operaciones, incluso de las adquisiciones no empresariales, bien de la totalidad o de cada uno de los sectores de su actividad que tenga asignado un código de identificación diferente.
3. No están obligados a presentar esta declaración:
a) Quienes realicen en Canarias actividades empresariales o profesionales sin tener en el Archipiélago la sede de su actividad económica, su domicilio fiscal o algún establecimiento permanente.
b) Quienes realicen exclusivamente operaciones sujetas y exentas del Impuesto General Indirecto Canario, incluso las contenidas en el artículo 10.1 apartados 27 y 28 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del...
Orden INT/2006/2007, de 25 de junio, por la que se crea el Centro de Inserción Social «Torre Espioca», en Picassent (Valencia).
Decreto 183/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios transferidos por la Administración del Estado en materia de ejecución de la legislación sobre Propiedad Intelectual y se adscriben a la Consejería de Educación y Cultura.
Instrumento de Adhesión de España al Convenio Europeo acerca de la Información sobre el Derecho Extranjero, hecho en Londres el día 7 de junio de 1968.
Decreto 175/1996, de 4 de Julio, por el Que Se Declara Bien de Interes Cultural, Con Categoria de Zona Arqueologica, a Favor del Yacimiento del Dolmen de «La Ermita», En Galisancho (Salamanca).
DECRETO 6/2002, de 22 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se asignan al Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
ORDRE ENS/389/2002, de 14 de novembre, de convocatòria d'ajuts corresponents a les accions descentralitzades de la segona fase del Programa Sòcrates de la Unió Europea, per al període comprès entre l'1 de juny de 2003 i el 31 de juliol de 2004.

References: artículo 59
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 10