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Timestamp: 2019-10-14 16:05:51+00:00

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﻿ Sentencia 2003-00745 de marzo 31 de 2011
SENTENCIA 2003-00745 DE 31 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:COSA JUZGADA ABSOLUTA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA SENTENCIA QUE NIEGUE LA NULIDAD PEDIDA PRODUCIRÁ COSA JUZGADA ERGA OMNES PERO SÓLO EN RELACIÓN CON LA CAUSA PETENDI JUZGADA Y NO EN RELACIÓN CON NORMAS ADICIONALES A LAS INVOCADAS. EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA OPERAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SOLO OTORGA DERECHOS TEMPORALES DE OPERACIÓN, QUE ESTÁN SOMETIDOS A LAS NUEVAS DISPOSICIONES QUE FUNDADAS EN LA REGULACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA, BUSQUEN GARANTIZAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA COMUNIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONES DEL ALCALDE, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COSA JUZGADA
Sentencia 2003-00745 de marzo 31 de 2011
Rad.: 25000-23-24-000-2003-00745-01
Actor: Diego Humberto Julio Castañeda
Demandado: Alcalde Mayor de Bogotá
Ref. : Apelación sentencia.
Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil once.
La norma demandada es la totalidad del Decreto 115 de 2003, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., cuyo tenor es:
“Por medio del cual se establecen los criterios para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito Capital”
Sin perjuicio de lo anterior, la planeación y desarrollo del transporte público de Bogotá D.C. procurará la complementariedad de los sistemas de transporte público colectivo y masivo, en orden a garantizar a los usuarios de Bogota, D.C., el principio de acceso al transporte establecido en el numeral 1º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993.
ART. 2º—Restricciones a la circulación del transporte público colectivo urbano e intermunicipal por las troncales del sistema Transmilenio. En desarrollo de los principios contenidos en el artículo 3º numeral 1º letra c) de la Ley 105 de 1993, se facilitará la operación de las nuevas troncales del sistema Transmilenio.
Se exceptúan los casos en los que la Secretaría de Tránsito y Transporte autorice expresamente la circulación de transporte publico colectivo sobre tramos o carriles paralelos a las troncales del sistema Transmilenio, lo cual procederá en forma excepcional y únicamente cuando existan limitaciones insuperables en la malla vial que impidan ofrecer servicios de transporte publico colectivo por vías alternativas, siempre que tales servicios se encuentren técnicamente justificados y únicamente mientras las restricciones en la malla vial subsistan, o cuando así lo justifiquen necesidades insatisfechas de transporte que no sea posible atender a través de otras soluciones.
ART. 3º —Pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público colectivo por la implantación de troncales del sistema Transmilenio. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los permisos de operación de rutas que circulen por el corredor de la troncal de TransMilenio que se implante, perderán su vigencia desde la fecha en la que entren en operación las troncales del sistema de transporte masivo que se implementen en la ciudad, salvo los casos en los que dichas rutas o servicios hayan sido objeto de reestructuración, y su recorrido haya sido excluido de la troncal. Para estos efectos la Secretaría de Tránsito y Transporte, en cumplimiento de sus facultades adelantará las actuaciones administrativas que correspondan.
ART. 5º—Capacidad transportadora global del servicio de transporte colectivo. La capacidad transportadora global del servicio público de transporte colectivo para el Distrito Capital, corresponderá a la suma de las capacidades mínimas requeridas por las rutas o servicios autorizados para prestar servicios de transporte publico colectivo en la ciudad, según las necesidades de movilización establecidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte con base en los estudios técnicos respectivos, incrementada en un porcentaje máximo del 5% que se concederá para la flota de reserva; en ningún caso la capacidad transportadora máxima autorizada a la totalidad de las empresas de transporte público colectivo de la ciudad podrá superar la capacidad transportadora global.
ART. 7º—Reducción de la capacidad transportadora de las empresas de transporte público colectivo en función de las necesidades de movilización. Se reducirá la capacidad transportadora autorizada de cada una de las empresas habilitadas para la prestación de servicios de transporte público colectivo en Bogotá, D.C., cuando las necesidades de movilización establecidas con base en estudios técnicos por la Secretaría de Tránsito y Transporte así lo justifiquen, y adicionalmente, en los siguientes casos:
ART. 8º—Declaración de vacancia de rutas. La autoridad de tránsito y transporte de Bogotá D.C. mantendrá vigilancia sobre la adecuada, oportuna y regular prestación del servicio de transporte público colectivo en las rutas respecto de las cuales la empresa cuente con permiso de operación, y declarará la vacancia de la ruta en todos los casos donde se compruebe que la misma ha sido abandonada, no se ha iniciado la prestación del servicio o se ha reducido el servicio por debajo de los limites mínimos aceptados por las normas vigentes.
1. Cuando se disminuya injustificadamente el servicio autorizado en más de un 50%, la autoridad de tránsito y transporte de Bogotá, D.C., solicitará a la empresa ajustar su operación para atender plenamente los servicios autorizados, y le dará la oportunidad de solicitar la modificación del servicio para la reducción de frecuencias y de flota, si ello fuere técnicamente viable.
2. Cuando se disminuya injustificadamente el servicio autorizado en más de un 75 %, la autoridad de tránsito y transporte de Bogotá, D.C., iniciará de oficio las actuaciones administrativas necesarias para la revocatoria de la ruta por abandono, reduciendo en el mismo acto la capacidad transportadora autorizada.
ART. 12.—Principios de equidad e igualdad. Todas las decisiones que se tomen en materia de reestructuración del servicio se inspirarán en los principios de igualdad y equidad.
ART. 20.—Índice de reducción de sobreoferta para el mejoramiento de la calidad del servicio. Con el propósito de verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio en los términos del artículo 3º de la Ley 336 de 1996, las empresas de transporte público habilitadas y que cuenten con permiso de operación para prestar servicios de transporte público colectivo en Bogotá, D.C., deberán acreditar el cumplimiento del índice de reducción de sobreoferta para el mejoramiento de la calidad de servicio.
Dicho índice define el número de vehículos que cada empresa transportadora debe retirar de circulación de la ciudad de Bogotá, D.C., por cada vehículo que tenga vinculado para cumplir la capacidad transportadora autorizada, racionalizando los equipos de acuerdo con la demanda.
ART. 23.—Condiciones para la certificación del índice de reducción de sobreoferta para el mejoramiento de la calidad del servicio. La certificación del índice de reducción de sobreoferta para el mejoramiento de la calidad del servicio sólo se expedirá cuando la fiduciaria haya agotado en su totalidad el siguiente proceso, a nombre o en favor de la empresa de transporte fideicomitente:
ART. 25.—Inclusión del factor de calidad del servicio para la compra de vehículos en la tarifa. Los recursos necesarios para la compra de los vehículos que se retirarán de circulación para la acreditación del índice de reducción de sobreoferta, se originarán en el factor de calidad del servicio en materia operativa que se incorporará a la tarifa, según el valor que determine la Secretaria de Transito y Transporte.
Este factor, que tendrá una destinación especifica, será recaudado directamente por las empresas de transporte bajo esquemas operativos que centralicen en la empresa el recaudo de la tarifa por la utilización de los servicios de transporte. Con los recursos recaudados por concepto del factor de calidad del servicio para la compra de vehículos, se constituirá un patrimonio autónomo a través del cual la fiduciaria los administrará y utilizará como fuente de pago para los efectos previstos en el numeral 2º del artículo 23 del presente decreto.
5. La celebración del contrato de compraventa o de cualquiera otro que le permita disponer del vehículo para los fines previstos en este capítulo, conforme a lo previsto en el numeral 2º del artículo 23 del presente decreto.
ART. 27.—Sanciones. El Organismo de Tránsito y Transporte de Bogotá, D.C., impondrá a las empresas que incumplan las disposiciones del presente decreto las sanciones establecidas por la ley y demás normatividad vigente sobre la materia, especialmente las establecidas por los artículos 10 de la Ley 105 de 1993 y 46 numeral e) de la Ley 336 de 1996.
Corresponde a la Sala definir si el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., excedió sus facultades al expedir el Decreto 115 de 2003 y con ello quebrantó el artículo 58 de la Constitución Política y el acto se encuentra viciado por falsa motivación, incompetencia y desviación de poder.
Lo primero que observa la Sala en el presente caso es que cuando en la sentencia que ocupa la atención de la Sala el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decide estarse a lo dispuesto en la sentencia del 28 de julio de 2005, Expediente 2003-0834, Actor Juan Carlos Martínez Sánchez, en cuanto a la legalidad de los artículos 3º, 4º, 5º, 20 a 26 y los numerales 2º y 5º del artículo 7º del Decreto Distrital 115 de 16 de abril de 2003 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, lo que hace es confirmar la nulidad de esas disposiciones señalada en la citada providencia.
Por otra parte, al resolver la apelación presentada contra el fallo del 28 de julio de 2005, Expediente 2003-0834, actor Juan Carlos Martínez Sánchez, esta sección, mediante sentencia del 26 de abril de 2007(1), decidió revocarla y denegar las pretensiones de la demanda, después de un prolijo análisis de todas las normas demandadas, frente a los cargos allí planteados.
En esa ocasión el demandante invocó como violados los artículos 6º, 29, 121, 122, 123, 338 de la Constitución Política; 12 y 38, numeral 1º y 4º, y 156 del Decreto 1421 de 1993; 1º, 2º, literal B; 3º, numerales 2º, 6º, inciso 3º, y 7º; 5º, 6º y 10 de la Ley 105 de 1993; 16 y 43 de la Ley 336 de 1996; 12, 17, 41, 42 y 43 del Decreto 170 de 2001, y el Acuerdo Distrital 04 de 4 de febrero de 1999.
Posteriormente, en sentencia del 8 de abril de 2010(2), la Sala, al resolver la apelación contra la sentencia del 3 de mayo de 2007, mediante la cual la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accede a las pretensiones de la demanda, interpuesta contra el Decreto 115 de 2003 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, ratificó lo dicho en la providencia del 26 de abril de 2007, citada.
La Sala consideró que los cargos que se ventilaban confluían en tres acusaciones básicas, a saber: i) la incompetencia del alcalde para expedir el decreto y adoptar las disposiciones contenidas en los diferentes artículos enjuiciados, que en realidad es la inculpación principal; ii) la falsa motivación del mismo por invocar como fundamento normas superiores que no son pertinentes al contenido de cada uno de esos artículos y, consecuencialmente, iii) violación de normas superiores a las que está sujeto, de las cuales unas son de orden constitucional, otras de rango legal y otras reglamentarias.
Lo anterior indica que no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada absoluta, pues de conformidad con el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que “niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero sólo en relación con la “causa petendi” juzgada” y en el presente caso se consideran violadas normas adicionales a las invocadas en aquella ocasión, por lo cual procederá la Sala a estudiar la impugnación.
“El artículo 9º es la reiteración de uno de los efectos de la entrada en funcionamiento de las rutas o troncales del sistema masivo de transporte público Transmilenio atrás precisados, esto es, la revocación de permisos de operación, agregándose la eliminación de la ruta correspondiente a esos permisos, lo cual va aparejado a la revocación de los mismos; pero dejándose a salvo la posibilidad de ajustar, modificar o reestructurar dichas rutas, precisamente en función del criterio rector ya comentado, el de las necesidades de movilización que se identifiquen en el resto de la ciudad, y el consabido previo estudio técnico que justifique la viabilidad del traslado.
Lo anterior también encuentra soporte en lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, cuando señala que “Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda”.
Como puede observarse, esta sección interpretó el artículo 9º demandado en armonía con las normas que le sirven de fundamento, de manera que para que una ruta del transporte público colectivo de pasajeros pierda utilidad en relación con las necesidades de movilización de la ciudad establecidas por la autoridad de tránsito y transporte “por cualquier otra causa” no se está dejando la decisión al arbitrio y capricho de la administración, pues esa otra causa debe estar soportada en las necesidades de movilización que se identifiquen en el resto de la ciudad, y el respetivo estudio técnico previo.
2. En cuanto al cargo de desviación de poder, que el actor sustenta que la norma demandada, so pretexto de reorganizar fue expedida realmente para discriminar un segmento concreto de oferentes, y la verdadera finalidad de la norma es dar “garrote a todo lo que no sea Transmilenio”, la Sala precisa que tales afirmaciones carecen de respaldo probatorio y no obra en el expediente el más mínimo indicio que permita colegir que la administración haya proferido los actos acusados inspirada en fines contrarios a derecho. Por lo mismo, este cargo no tiene ninguna vocación de prosperidad.
No encuentra tampoco la Sala que exista violación del artículo 58 de la Carta(3) por desconocimiento de derechos adquiridos, pues como lo ha señalado la Corte Constitucional, el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte solo otorgan derechos temporales de operación, que están sometidos a las nuevas disposiciones que fundadas en la regulación legal y reglamentaria, busquen garantizar los derechos e intereses de la comunidad.
Al respecto la citada corporación manifestó:
No puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales —lo ha dicho la Corte— aquellos que “se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”. Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinar los con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población”(4).
4. Para alegar su desacuerdo con el fallo apelado, el apoderado del Distrito Capital se extiende en refutar los argumentos planteados por el tribunal en la sentencia del 28 de julio de 2005 que, como ya se dijo, fue revocada por esta sección.
Al respecto cabe reiterar lo dicho por esta Sala en providencias del 26 de abril de 2007 y el 8 de abril de 2010, así:
En su inciso segundo prevé que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero que “En todo caso, el estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.
De allí que el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 prevea que “Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal. Así mismo el Ministerio de Transporte reglamentará todo lo pertinente al transporte turístico contemplado en la Ley 300 de 1996”.
El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 105 de 1993 incorpora como parte del sistema nacional de transporte a los organismos de tránsito y transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden que tengan funciones relacionadas con esta actividad. (subrayas de la Sala).
El artículo 3º de esa ley consagra los principios del transporte público, en cuyo numeral 1º incluye el “Del acceso al transporte”, dentro de cuyas diversas “implicaciones” señala la del literal c) de ese numeral, consistente en “Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo”.
A su turno, el artículo 3º de la Ley 336 de 1996 prevé que en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle la eficiente prestación del servicio básico, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo; mientras que el artículo 5º de la misma, le imprime carácter de servicio público esencial a dicho servicio público y le atribuye la consecuente prelación del interés general sobre el particular.
Sin embargo, la Sala encuentra que el artículo 10 del precitado Decreto 170 de 2001 sí las precisa, y entre ellas incluye a los alcaldes en las jurisdicciones distrital y municipal o los entes en los que ellos deleguen esa atribución. (...).
(...), los artículos 1º a 7º del decreto enjuiciado,(...), la Sala encuentra que fueron adoptados con competencia del Alcalde Mayor del Distrito Capital, pues los temas señalados y esa clase de medidas les están asignados a las autoridades competentes en su respectiva jurisdicción administrativa territorial, y la autoridad de transporte competente en la jurisdicción territorial del Distrito Capital es su Alcalde mayor, según atrás quedó establecido. (subrayas no son del texto).
Al artículo 20 se le censura que establece un nuevo requisito para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en el Distrito capital, lo cual no corresponde a la realidad, pues en su texto se lee claramente que se trata de un deber de las empresas que prestan el servicio, sin que se establezca que su no cumplimiento les impide prestarlo. (...).
(...), el artículo está dentro de las atribuciones del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en tanto es la autoridad de transporte competente en ese distrito y la medida que contiene está comprendida dentro de las facultades de tales autoridades, pues está implícita en los principios y fines que les corresponde materializar en su respectiva jurisdicción. (...).
Además, es necesario agregar que toda la temática sobre la capacidad transportadora está sustentada sobre el presupuesto según el cual las empresas solo deben prestar el servicio con los vehículos legal y estrictamente requeridos para ello, consideración que excluye categóricamente el concepto de “sobreoferta” y que explica la necesidad de eliminarla en beneficio de la racionalización del parque automotor y de la calidad del servicio. Este criterio inequívocamente se desprende de lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 170 de 2001: ” La capacidad transportadora es el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios autorizados”(5). El artículo 21 regula la composición del referido índice, lo que de suyo también y de manera obvia es del resorte de las autoridades en mención, pues si tienen facultad para establecerlo, con más razón para precisar los aspectos necesarios para su delimitación y aplicación. Por lo tanto, bien podía el Alcalde Mayor especificar cómo debe determinarse dicho índice, quién debe determinarlo y cuando y como debe ajustarse, dado lo variable de las circunstancias atinentes al transporte público y la movilización de las personas, sin que de ello se deduzca violación a norma superior alguna..
C.3. Financiación del índice de reducción de sobreoferta.
El artículo 25 del decreto se ocupa del aspecto económico o financiero de la reducción de la sobreoferta para el mejoramiento de la calidad del servicio, estableciendo la “inclusión del factor de calidad del servicio para la compra de vehículos en la tarifa” como fuente de los recursos para la compra de los vehículos que cada empresa debe retirar en razón de su correspondiente índice de reducción de esa sobreoferta, (...).
C.4. Carácter del factor calidad como fuente de recursos.
En efecto, sea lo primero señalar que dicho factor está instituido como parte de la tarifa de los respectivos servicios públicos de transporte colectivos en el Distrito Capital, luego su causa se presume que está dada por los costos en que se ha de incurrir por la prestación de esos servicios, más el margen de utilidad que se prevé para el prestador de los mismos, atendiendo el artículo 3º de la Ley 105 de 1993, en tanto prevé que “El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica” (subrayas de la Sala). De allí que el artículo 7º del Decreto 170 de 2001 defina la tarifa como “El precio que pagan los usuarios por la utilización del servicio público de transporte en una ruta y nivel de servicio determinado”.
(...), el cuestionado factor no encuadra en ninguna de las clases de tributos, pues no es impuesto por cuanto contrario a éste se encuentra ligado directamente a la contraprestación de un servicio proporcionado con carácter de industria, esto es, con ánimo de lucro; se paga al oferente del servicio y no al Estado, y no pasa a engrosar el fisco. Tampoco es tasa toda vez que no se paga por el uso de un servicio prestado o gestionado directamente por el Estado a los contribuyentes, conocido en la doctrina y la jurisprudencia como servicios administrativos, sino por un servicio de carácter industrial, como se ha anotado, el cual lo es independientemente de que sea prestado por empresas privadas o por empresas estatales, sin perjuicio de su carácter de servicio público esencial.
Tampoco es contribución, por cuanto no se origina en los beneficios recibidos por una obra pública, que es lo propio de las contribuciones de valorización; ni es una contribución parafiscal, por cuanto no es un gravamen y por ende no hace parte del erario(6)....
El primero y segundo se sustentan en idénticas razones de derecho, toda vez que le atribuyen al decreto acusado que con su expedición el Alcalde Mayor excedió las competencias que le fija el Decreto 1421 de 1993 en materia reglamentaria y se apartó de las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y el Decreto 170 de 2001, de donde extralimitó sus funciones al determinar procedimientos distintos de los previstos en dichas leyes para modificar y reducir la capacidad transportadora de las empresas y racionalizar equipos, señalando parámetros para disminuir la sobreoferta, con lo cual usurpa competencias del Presidente de la República, el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá, al tiempo que viola el debido proceso para esos efectos y para la salida de vehículos de la prestación del servicio público de transporte; sin poder establecer tributos estableció uno cuando determinó que con un valor correspondiente a la tarifa se compraría la sobreoferta del transporte en Bogotá; con lo cual se estarían violando los artículos 6º, 29, 121, 122, 123, 338 de la Constitución Política; 1º, 2º, 12 y 38, numeral 1º y 4º, y 156 del Decreto 1421 de 1993.
3.2. En cuanto al tercer cargo, donde se predica la violación de los artículos 1º, 2º, literal B; 3º, numerales 2º, 6º, inciso 3º, y 7º; 5º, 6º y 10 de la Ley 105 de 1993, por no atenderse los criterios de coordinación al proferirse el decreto atacado; invocarse erróneamente la tercera norma citada; desconocerse el permiso otorgado a las empresas de transporte al disponerse que perderán su vigencia por el sistema Transmilenio; por ser al Ministerio de Transporte y Tránsito y al Gobierno Nacional a quienes les corresponde definir las políticas generales sobre el transporte y tránsito; a que la vida útil de un vehículo está fijada en 20 años por la Ley 105 y el Decreto 115 dispone la reducción de la capacidad transportadora mediante el retiro del número de vehículos que determine la administración, y que por lo tanto el alcalde incurrió en incompetencia y en falsa motivación, ya que invoca la Ley 105 de 1993, pero se aparta de ella, lo cual implica también violación de la norma en que debía fundarse; debe decirse que tales cuestiones en su mayoría están resueltas en los apartes precedentes.
En relación con el desconocimiento de los permisos otorgados de manera indefinida, por la revocación de rutas debido a la entrada en vigencia de Transmilenio, se pone de presente que aunque hubiesen sido otorgados de manera indefinida, quedó claro que los permisos para la prestación del servicio público de pasajeros, como cualquier otro permiso, está sujeto a que se preserven las condiciones y circunstancias de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, de las cuales son determinantes en materia de servicio público de transporte de pasajeros las necesidades de movilización y la demanda en razón de las cuales fueron otorgados, tanto que de no existir esas necesidades no hay lugar a otorgar permiso alguno para ese servicio; de allí que el artículo 15 de la Ley 336 de 1996 tenga señalado que “La habilitación será indefinida, mientras subsistan las condiciones originariamente exigidas para su otorgamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por las disposiciones pertinentes”, y que “la autoridad competente podrá en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, verificar su cumplimiento.” (subraya la Sala).
Lo anterior, en armonía con el artículo 17 ibídem que establece: “El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso, para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización”.
No por otra razón el artículo 3º , numeral 5º, inciso segundo, de la Ley 105 de 1993 establece que “El otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos”, y es sabido que esos permisos están sujetos a modos y condiciones tal como atrás se explicó; mientras que el artículo 18 de la Ley 336 de 1996 prevé que “El permiso para la prestación del servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas”. (subrayas de la Sala).
..., el decreto está acorde con esas disposiciones invocadas como violadas, tal como se ha puesto de presente, pues en cuanto a las condiciones de los permisos se refiere, lo que se señala es precisamente la extinción o modificación de éstos en virtud de los cambios en esas condiciones que conduzcan a lo uno o a lo otro, amén de que se prevé que sean esas condiciones atinentes a la demanda y a las necesidades insatisfechas del movilización las que determinen su permanencia o retiro del ordenamiento jurídico, por lo cual el decreto no hace más que dar aplicación a las citadas normas en lo que se refiere a ese punto.
Lo relativo a la capacidad transportadora mínima también quedó dilucidado, habiéndose encontrado que el decreto no entró en los detalles de los conceptos de capacidad transportadora mínima ni máxima de las empresas específicamente consideradas, sino a la capacidad transportadora global del Distrito, según las necesidades de movilización, a la que deberán ajustarse consecuentemente las empresas en los términos del artículo 42 del Decreto 170 de 2001, una vez superado el tema de la sobreoferta en cada caso (...)(7).
Como quiera que en presente caso no se ha desvirtuado la legalidad de la norma atacada y no se han planteado razones que lleven a la Sala a apartarse de las anteriores conclusiones, éstas se reiteran y en consecuencia la Sala revocará la sentencia del 4 de mayo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera —Subsección “A”—. en cuanto anuló los artículos 3º, 4º, 5º, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, así como los numerales 2º y 5º del artículo 7º del Decreto Distrital 115 de 2003, y la confirmará en cuanto niega las demás pretensiones de la demanda.
1. REVÓCASE la sentencia del 4 de mayo de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera —Subsección “A”—. en cuanto anuló los artículos 3º, 4º, 5º, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, así como los numerales 2º y 5º del artículo 7º y decretó la nulidad de la expresión “o por cualquier otra causa” contenida en el artículo 9º del Decreto Distrital 115 de 2003 y, en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda encaminadas a la declaratoria de nulidad de dichos artículos.
2. CONFÍRMASE la sentencia apelada en cuanto niega las demás pretensiones de la demanda.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 31 de marzo de 2011.
(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007). Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número 25000-23-24-000-2003-00834-02 Actor: Juan Carlos Martínez Sánchez.
(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil diez (2010). Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número 25000-23-24-000-2003-00494-01 Actor: Conaltur y otros.
(3) ART. 58.—Modificado Acto Legislativo 01 de 1999. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
(4) Sentencia C-043-98 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa reiterada en C-1078 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) A su vez, el artículo 22 de la Ley 336 de 1996 dice: “Toda empresa operadora del servicio público de transporte contará con la capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de los servicios otorgados”.
(6) “En nuestro ordenamiento jurídico la figura de la parafiscalidad constituye un instrumento para la generación de ingresos públicos, caracterizado como una forma de gravamen que se maneja por fuera del presupuesto —aunque en ocasiones se registre en el—.
” Corte Constitucional Sentencia C-543 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(7) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007). Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número 25000-23-24-000-2003-00834-02 Actor: Juan Carlos Martínez Sánchez. Reiterada en providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del ocho (8) de abril de dos mil diez (2010). Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número 25000-23-24-000-2003-00494-01 Actor: Conaltur y otros.

References: ARTÍCULO 175
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 58
 artículo 7
 artículo 175
 artículo 9
 artículo 34
 artículo 9
 artículo 58
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 42
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 42
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 22