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Timestamp: 2019-05-20 01:10:41+00:00

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Cámara de Representantes - Repartido 226 de julio/2015
Carpeta Nº 333 de 2015 Repartido Nº 226
Artículo 1º.- Toda persona y toda familia tienen derecho a la vivienda adecuada. Es deber del Estado generar las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese-derecho.
Artículo 2º.- Declárese de interés nacional, el establecimiento de políticas públicas de vivienda, el financiamiento con un presupuesto justo y los subsidios a los planes y proyectos de acceso a la vivienda por ayuda mutua con autoconstrucción; el desarrollo de los mismo con celeridad y el fomento de la creación de cooperativas de vivienda.
Artículo 3º.- Será cometido de la Agencia Nacional de Vivienda ejecutar la construcción de viviendas como servicio social y asegurar que los recursos asignados a este fin alcancen para la satisfacción de las necesidades y para alcanzar los objetivos señalados en esta ley.
Artículo 4º.- El Estado y todos los organismos de derecho público que financien, promuevan, construyan, reglamenten o asistan en cualquier forma a la construcción de viviendas, ajustarán su acción a los principios y declaraciones establecidos en los artículos precedentes.
Artículo 5º.- El presupuesto para la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular será el equivalente al 1% del Producto Bruto Interno tomándose como referencia el ejercicio anterior.
Artículo 6º.- Créase el Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, como patrimonio de afectación que se nutrirá con el aporte anual de Rentas Generales necesarios para alcanzar el equivalente mínimo indicado en el primer inciso.
Artículo 7º.- Las viviendas se construirán por la Agencia Nacional de Vivienda quien podrá licitar la construcción por empresas, que deberán emplear mano de obra y materiales preferentemente nacionales y dentro de las mismas preferentemente locales.
Asimismo tendrán prioridad en las licitaciones las cooperativas de trabajo conformadas por obreros de la construcción.
Artículo 8º.- La Agencia Nacional de Vivienda será la responsable de instrumentar los llamados y asignaciones de licitación de las empresas para la construcción.
Artículo 9º.- El Estado suministrará los materiales básicos al menor costo posible y se encargará de realizar las importaciones de los materiales necesarios fijando el precio en el mercado nacional.
Artículo 10.- La Agencia Nacional de Vivienda junto a los organismos correspondientes realizará el seguimiento y control de las obras.
Artículo 11.- Declárense de utilidad pública de acuerdo con los artículos 32, 231, 232 y 275 de la Constitución de la República las expropiaciones de inmuebles para la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular.
Artículo 12.- Se construirá en tierras improductivas e inutilizadas de cualquier organismo público que sean aptas para el desarrollo del Plan.
Artículo 13.- La expropiación de tierras privadas se hará en el siguiente orden de preferencia:
Artículo 14.- El Estado realizará todas las obras de agua, saneamiento y servicios públicos necesarios para asegurar el desarrollo pleno de la vida. Asimismo garantizará de ser necesario, otros servicios como el acceso al transporte, a centros educativos y de salud.
Artículo 15.- Todas las viviendas que se construyan bajo el Plan Nacional de Vivienda Popular cumplirán con el mínimo habitacional.
Artículo 16.- Defínase como mínimo habitacional el que resulta de cumplir con las siguientes condiciones:
A) La superficie habitable de una vivienda no será inferior en ningún caso a 50 m2. Este mínimo será aplicable a las viviendas que tengan un dormitorio. Por cada dormitorio adicional se incrementará el mínimo en 12 m2. En todos los casos se exigirá como mínimo, el número de dormitorios necesario definido en el artículo 15 de esta ley.
Artículo 17.- Para calcular el número de dormitorios necesarios se aplicarán los siguientes criterios:
B) Al resto de los componentes se les asignará dormitorios y admitiendo hasta dos personas por dormitorio, cuando éstas sean mayores de seis años y hasta tres cuando tengan como máximo esa edad;
Artículo 18.- En los casos de construcción de conjuntos de viviendas, deberán construirse locales de uso múltiples.
Artículo 19.- Serán beneficiarios del plan, las personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales sean iguales o menores a veinte Bases de Prestaciones y Contribuciones.
No se tendrán en cuenta los antecedentes crediticios y financieros, incluso los contenidos en bases de datos, de los integrantes del núcleo familiar. Tampoco se exigirá ahorro previo alguno.
Artículo 20.- No se computarán como ingresos las prestaciones de seguridad social, ni las prestaciones de asistencia social del Ministerio de Desarrollo Social ni otras similares a cargo del Estado. Tampoco se computarán las sumas que se perciban por concepto de obligaciones alimentarias.
Artículo 21.- Será condición excluyente para ser beneficiario del plan, no ser propietario de otro bien inmueble con destino a vivienda.
Artículo 22.- Se priorizarán los núcleos familiares que posean alguna de estas características:
A) Jefatura de hogar monoparental
Artículo 23.- Los beneficiarios deberán pagar desde el momento de la ocupación, el equivalente al 10% de los ingresos mensuales del núcleo familiar hasta amortizar el valor de la misma, o por un plazo máximo de 25 años sí no se llegara a amortizar.
Artículo 24.- Los adjudicatarios de la vivienda tendrán derecho a la propiedad y la posesión en las condiciones que establecen los artículos siguientes.
Artículo 25.- La Agencia Nacional de Vivienda deberá escriturar en favor del adjudicatario al terminar la amortización o cumplir con el pago durante 25 años.
Sólo estará permitida la venta con autorización previa de la Agencia Nacional de Vivienda, en los casos de beneficiarios que hayan ocupado la vivienda y pagado las cuotas durante por lo menos diez años.
Artículo 26.- Cuando los ingresos del núcleo familiar disminuyeran al valor de un salario mínimo nacional, podrá pedirse el reajuste de la cuota ante la Agencia Nacional de Vivienda, la cual resolverá atendiendo al caso, pudiendo llegar a la suspensión provisoria del pago de las cuotas o incluso al subsidio de las mismas en casos extremos.
Artículo 27.- Sólo estará permitida la venta de la vivienda con autorización previa de la Agencia Nacional de Vivienda, quien tendrá prioridad para la compra. Si ésta declinara, la Agencia deberá ofrecerla a otro organismo público y en caso de falta de compradores podrá ofrecerse sólo a terceras personas físicas que no fueran beneficiarias del plan, pero que reúnan los requisitos establecidos en la presente ley.
Artículo 28.- La inobservancia a lo establecido en los artículos precedentes será sancionada con la pérdida de la calidad de beneficiario.
Artículo 29.- Los inmuebles construidos en el Plan Nacional de Vivienda Popular son inembargables.
Artículo 30.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 60 días.
Montevideo, 21 de julio de 2015.
Artículo 45 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay: Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin".
Actualmente la mayoría de la población del país se encuentra en condiciones materiales desfavorables para garantizar por sus propios medios las condiciones mínimas para el desarrollo de la vida plena en toda su dimensión. En materia salarial, según cifras del Instituto Cuesta Duarte, en la actualidad existen 120.000 trabajadores que ganan menos del salario mínimo nacional, el 40% de los trabajadores uruguayos gana menos de $ 15.000 líquidos y el 60% de los trabajadores gana menos de $ 20.000 líquidos. A lo que se le debe sumar la altísima tasa de desempleo, entre los jóvenes uruguayos la tasa de desempleo ronda el 20% mientras la del total de la población se sitúa en 8.1%. El INE informa que existen unos 139 mil hogares con jefatura joven, un 40% de los jóvenes alquila y solo el 32% de los jóvenes son propietarios.
La principal institución es el MVOTMA, en el balance del año 2013 realizado por dicho Ministerio plantea la concreción de 13.813 "soluciones habitacionales", entre las cuales se contabilizan garantías de alquiler, reestructuración de deudas, créditos para refacción de hogares. De las 13.813 "soluciones habitacionales" el 60% corresponden a los programas del MVOTMA y el 40% restante al BHU, institución que producto de sus requisitos deja de ser una opción de acceso a la vivienda para la inmensa mayoría de los trabajadores con recursos económicos bajos, de las personas que se presentan en búsqueda de los planes de vivienda, solo el 25% cumplen con los requisitos y solo 30 de cada 100 personas acceden al préstamo. Apenas el 11% de los jóvenes entre 18 y 29 años -unos 61.800- cumplen con los requisitos para solicitar un crédito hipotecario.
En cuanto a viviendas construidas la cifra se reduce a tan solo 2.500 aproximadamente entre lo producido por la DINAVI y el Plan de Mejoramiento de Barrios. A estas debe sumársele las 210 viviendas construidas por inversores privados, los cuales gozan del beneficio de estar exentos del pago de impuestos, beneficio que no se reflejan en el precio final de la vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda divulgó que el precio medio de viviendas se incrementó un 8% en 2014 y que el metro cuadrado se ubicó en US$ 1.962, claramente estos valores excluyen a la mayoría de los trabajadores de este país.
Otra propuesta voluntarista del gobierno para resolver el problema de la vivienda es el "Plan Juntos" creado en el 2010. Dicho plan se sustenta con el aporte estatal de 10 millones de dólares anuales y con la "solidaridad voluntaria de personas y empresas". Los logros de dicho plan es de tan solo 1.500 "soluciones habitacionales".
El déficit habitacional se encuentra en torno a las 80.000 viviendas, para contener dicho déficit es necesario construir, según el MVOTMA, unas 14.000 viviendas anuales. Si analizamos lo realizado por el gobierno en materia de vivienda vemos que estas cifras confirman que se está muy lejos de contener y más lejos aún de solucionar la carencia de viviendas, dejan ver que el MVOTMA no tiene una solución real al gran problema de la vivienda que sufre la mayoría de la población con salarios reducidos tal como lo reconoció públicamente la Ministra De León y el ex-presidente de la Agencia Nacional de Vivienda Beltrame.
Partiendo de esta realidad y teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución y en los acuerdos internacionales suscriptos: Declaración Universal de DDHH (artículo 25) y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), se hace imperioso el incremento del presupuesto a las políticas de vivienda al 2% del PBI y realizar un plan de construcción masivo de viviendas populares de calidad, donde sea el Estado quien garantice su ejecución y controle la construcción de miles de viviendas. De esta manera cumplirá con el derecho humano al acceso a la vivienda.
Dicho plan denominado "Plan Nacional de Vivienda Popular" será el principal medio de acceso a la vivienda para los miles de trabajadores que no cuentan con posibilidades de ahorro pero si de pago de una módica cuota. A tales fines debe destinarse el 1% del PBl.
Utilizando todos los recursos con los que cuenta el Estado y facilitando la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular se podrán construir miles de viviendas por año que no solo resolverán la penosa situación en que viven los trabajadores más humildes, sino que también se generarán fuentes de trabajo permanente y segura para los miles de trabajadores de la construcción que hoy se encuentran desempleados. En los últimos meses se cortaron más de 15 mil puestos de trabajo directos en la construcción y otro tanto de indirectos, se estima que en los próximos meses otros 5.000 correrán la misma suerte según la Cámara de la Construcción.
Se construirán viviendas y se le brindará todos tos servicios necesarios en las tierras que sean aptas y se encuentren en desuso o improductivas ya sean del Estado o de privados. Entre los distintos entes del Estado existen 465 hectáreas libres en su poder, de ellas 97 serían factibles para destinarlas a la construcción de viviendas. También se sabe que el 63% de los asentamientos se encuentran en tierras públicas. Según la cátedra de Sociología Urbana de la Facultad de Arquitectura se identifica la existencia de 133 hectáreas de suelo vacante solamente en 26 barrios de Montevideo.
Las viviendas serán construidas por empresas, con materiales y mano de obra nacional, priorizando las cooperativas obreras. La calidad de las viviendas será la justa y necesaria para cualquier familia trabajadora. El pago de la vivienda será por medio de cuotas mensuales equivalente al 10% del ingreso del núcleo familiar hasta cubrir su costo o durante 25 años. El acceso a una vivienda digna es fundamental para el desarrollo de la vida en todos sus sentidos, de la mano de la vivienda viene la dignidad, la salud, la educación.
En el tercero, se detallan quiénes serán los beneficiarios, este plan se dirige a todas las personas que perciban menos de veinte Bases de Prestaciones y Contribuciones, fijándose prioridad a los núcleos familiares que posean alguna de las siguientes características: jefatura de hogar monoparental; integrantes discapacitados a cargo; contar con niños, niñas y/o adolescentes a cargo; contar con personas mayores de sesenta años de edad; contar con personas afectadas por enfermedades raras o con personas afectadas por enfermedades crónicas o con personas pacientes oncológicas.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 45