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⭐ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN KLRA2015-
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Ramona Río Maestre
1 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN RAFAEL BEY NAZARIO, JAVIER BIAGGI CABALLERO, WILFREDO VÉLEZ HERNÁNDEZ, JESÚS GARCÍA OYOLA, MAGDA RAMÍREZ MOLINA, MARCOS CHACÓN MOYA, CARLOS MARIO GARCÍA BERRIOS, LUISA MARGARITA ÁGUILA NIEVES, IVÁN F. ELÍAS RODRÍGUEZ, TERESA SÁNCHEZ, BASURA CERO INC., CIUDADANOS EN DEFENSA DEL AMBIENTE (CEDDA) RECURRENTES V. JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL RECURRIDA ENERGY ANSWERS, ARECIBO LLC KLRA2015- REVISIÓN ADMINISTRATIVA proveniente de la Junta de Calidad Ambiental RES. NUM.: R SOBRE: Permiso de construcción bajo Reglamento para el control de la contaminación atmosférica PFE I-II-III-C AL HONORABLE TRIBUNAL: ESCRITO DE REVISIÓN Comparecen las partes recurrentes, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente, EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN: I. INTRODUCCIÓN El presente recurso de revisión plantea una controversia sumamente sencilla ante la consideración de este Honorable Tribunal de Apelaciones sobre el contenido de una resolución final de una agencia administrativa. A pesar del tenor literal de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm , 3 LPRA 2172 (2015) (en adelante LPAU), y las expresiones reiteradas del Tribunal Supremo en cuanto a que las resoluciones finales de una agencia deben incluir determinaciones de hecho y de derecho, la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental rechazó una solicitud de2 procedimiento adjudicativo sin celebrar vista para resolver las controversias de hecho y sin fundamentar su determinación. La resolución final de la Junta para el procedimiento adjudicativo solicitado solo resuelve no ha lugar. Las partes recurrentes iniciaron un procedimiento adjudicativo para impugnar la decisión de la Junta de conceder un permiso de construcción de una fuente mayor de contaminación atmosférica para la planta de incineración que propone la parte con interés, Energy Answers Arecibo LLC (en adelante EA). La incineradora propuesta estaría en funcionamiento al menos 30 años, periodo durante el cual se pretenden quemar no menos de 22,995,000 toneladas de residuos. La quema de 2,100 toneladas diarias de desperdicios sólidos implica que emitirá no menos de 27,600,000 toneladas de contaminantes atmosféricos, y generará 5,201,250 toneladas de cenizas, a razón de 475 diarias. Las aquí comparecientes han intentado activamente cuestionar, mediante los medios administrativos pertinentes, las determinaciones de la Junta sobre proyecto, pero su obstinación en impedir la participación ciudadana en el procedimiento las obliga a recurrir una vez más a la Rama Judicial. Este foro no debe validar el que la Junta imposibilite la participación de las recurrentes, en violación de los derechos que les cobijan. II. JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL Se invoca la jurisdicción de este Honorable Tribunal en virtud del inciso (c) del Artículo de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm , según enmendada, 4 LPRA 24 y (2013), la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm , según enmendada, 3 LPRA 2172 (2013), y la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57 (2013). III. DECISIÓN CUYA REVISIÓN SE SOLICITA Las partes comparecientes solicitan revisión de la Resolución Núm. R , emitida por la Junta de Calidad Ambiental el 23 de julio y notificada por 23 correo electrónico el 28 de julio de 2015, 1 relacionada a la solicitud de impugnación del permiso de construcción núm. PFE I-II-III-C. 2 En dicha Resolución la JCA declara no ha lugar la solicitud de impugnación de permiso presentada por las partes recurrentes. IV. BREVE RELACIÓN DE HECHOS a. Sobre las partes comparecientes Las partes aquí comparecientes son residentes del Municipio de Arecibo que se verían afectados por las emisiones atmosféricas contaminantes de EA al instalar y operar un incinerador de residuos sólidos en el Barrio Cambalache de este municipio. Sus direcciones son las siguientes: 1. Javier Biaggi Caballero, residente de Arecibo en la Calle 6, número C-72, Urb. Las Brisas, lugar donde reside desde hace 30 años. Su residencia está localizada aproximadamente a 2.5 millas de la localización propuesta para el incinerador de la proponente Energy Answer, por lo que se verá directamente afectado por las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. Es miembro de Basura Cero. 2. Rafael Bey Nazario, quien cuenta con 70 años de edad y reside en la Urbanización Martel C-11, en Arecibo desde el Su casa está localizada aproximadamente a 1.5 millas del lugar propuesto para el incinerador y dentro del área de no-logro de plomo, según designada por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), por lo que se verá directamente afectado por las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. El señor Bey Nazario sufre de asma crónica y sinusitis, y toma medicamentos a diario para atender ambas condiciones. Como se argumentará en el presente escrito, las personas que padecen de estas condiciones se verán sumamente agraviadas como resultado de las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. 1 Anejo 10, en las págs del Apéndice. 2 Anejo 4, en las págs del Apéndice 34 3. Wilfredo Vélez Hernández, quien cuenta con 77 años de edad y reside en la calle 19, núm. W-2, Urbanización Villa los Santos en Arecibo desde el Sufre de alergias y enfermedades respiratorias. Su esposa, Eunice Santana, padece de asma y enfisema, para cuyas enfermedades toma medicamentos a diario. Como se argumentará en el presente escrito, las personas que padecen de estas condiciones se verán sumamente agraviadas como resultado de las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. El señor Vélez es miembro fundador de Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) desde Jesús García Oyola reside en el Barrio Hato Viejo, Sector San Pedro, Carretera 10, Interior en Arecibo. El señor García Oyola es una persona de mayor edad, ha residido en Arecibo toda su vida y pertenece a la Coalición En Contra del Incinerador. Le preocupa grandemente el efecto sobre su salud y la de su familia y su Comunidad de la planta de incineración que pretende establecer la proponente Energy Answer. 5. Magda Ramírez Molina reside en Los Llanos, Calle 6, E-27, Barrio Santana en Arecibo. Su residencia está localizada muy cerca del lugar donde Energy Answer propone construir la incineradora, por lo que se verá directamente afectado por las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. La señora Ramírez es una persona mayor de edad y tanto ella como su esposo padecen de condiciones de salud que van a empeorar si se establece dicho incinerador. 6. Marcos Chacón Moya, residente del Municipio de Hatillo, con dirección física en el Barrio Naranjito, Sector Betancourt, Carr. 130, Km. 3. El señor Chacón está preocupado por los efectos de contaminación en el ambiente y en la salud que traerá la construcción y operación de la propuesta por Energy Answer. 7. Carlos Mario García Berrios reside en Barrio Islote Km 8 Carr. 681, Arecibo Es residente de Arecibo hace 25 años y padece de condiciones de salud que se agravarán con las emisiones del incinerador. Además, está sumamente preocupado por el problema de contaminación con plomo en 45 Arecibo el cual empeorará con la construcción de la planta de incineración propuesta por Energy Answers. 8. Luisa Margarita Águila Nieves, también conocida como Maggie Colón, reside en la Calle 8 #3 del Barrio Islote de Arecibo. Tiene 69 años y ha residido en el Barrio Islote por cerca de 40 años. Ha sufrido de alergias y fibromialgia. Como se argumentará en el presente escrito, las personas que padecen de estas condiciones se verán sumamente agraviadas como resultado de las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. Además, cuida de su bisnieto de 1.5 años en su casa, mientras sus padres trabajan. Entiende que las emisiones de la incineradora afectarán su salud y la de su familia, especialmente su pequeño bisnieto. 9. Iván F. Elías Rodríguez reside en la Carr. PR 681, Km. 12, Bo. Islote, en Arecibo. El señor Elías es miembro de Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDA). Visita con frecuencia los cuerpos de agua cercanos a las posibles instalaciones de Energy Answers para su uso y disfrute al mismo tiempo que contribuye a su protección y conservación, por lo que se verá directamente afectado por las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. Está en contra del establecimiento del incinerador propuesto por Energy Answer ya que el mismo ocasionará contaminación y efectos adversos sobre la salud. Además, agravará el problema de contaminación con plomo existente en Arecibo. 10. Teresa Sánchez reside en el Barrio Esperanza, Sector San Rafael, Km 8, Hm 2, Carretera Rural 635, Arecibo, padece de enfermedades respiratorias y teme se agravaran si se construye la planta de incineración propuesta por Enegy Answer. Como se argumentará en el presente escrito, las personas que padecen condiciones respiratorias se verán sumamente agraviadas como resultado de las emisiones de contaminantes atmosféricos autorizadas por el permiso de la JCA. 11. Basura Cero es una organización sin fines de lucro cuya misión es educar, envolver y persuadir a las personas a cambiar su cultura en cuanto 56 a la basura a una de recuperación de recursos a través de la reducción, el reúso, reciclaje y preparación de composta. 12. Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) es una corporación sin fines de lucro, que realiza actividades educativas sobre medioambiente y recursos naturales, y es miembro de la Coalición Contra la Incineración. Ha participado en innumerables vistas públicas y procedimientos relacionados a la solicitud de permiso aquí impugnado, por sí y en representación de sus integrantes, la mayoría de los cuales son residentes en áreas cercanas al lugar en el cual se propone construir el proyecto en cuestión. Dado su interés en promover la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en la región Norte de la Isla, particularmente en el Municipio de Arecibo, CEDDA entiende que sus fines se verán afectados directamente por la construcción del proyecto autorizado por la JCA. Como puede apreciar este Honorable Tribunal, las partes recurrentes son residentes de los municipios de Arecibo y Hatillo. Estos se verán afectados por la construcción y operación del incinerador, cuyas emisiones atmosféricas afectar sus derechos más básicos, como su salud y bienestar. Afectará también los intereses ambientales a los que se dedican las organizaciones recurrentes. Es, además, especialmente relevante que la actuación de la agencia ha causado un claro daño en contra de los aquí comparecientes. Según se detallará a continuación, la JCA privó a los aquí recurrentes de su derecho a un debido proceso de ley, particularmente que se atendieran los méritos sus reclamos. Como parte, los recurrentes tenían derecho a un debido proceso de ley, incluyendo una adjudicación imparcial, a una decisión fundamentada en el expediente administrativo, y la notificación adecuada. La actuación de la JCA ha causado, pues, un daño procesal a las partes aquí comparecientes. b. Relación de hecho relevantes El pasado 8 de octubre de 2011, Energy Answer Arecibo, LLC presentó una solicitud para construir una nueva fuente de emisiones atmosféricas, asociadas a la operación de un incinerador de desperdicios municipales en el 67 Barrio Cambalache de Arecibo. 3 La incineradora propuesta estará en funcionamiento al menos 30 años, periodo durante el cual se pretenden quemar no menos de 22,995,000 toneladas de residuos. La quema de 2,100 toneladas diarias de desperdicios sólidos implica que emitirá no menos de 27,600,000 toneladas de contaminantes atmosféricos, a razón de 9,200,00 toneladas/año, y generará 5,201,250 toneladas de cenizas, a razón de 475 diarias. El 12 de noviembre de 2012, la JCA celebró vistas públicas sobre el borrador del permiso de construcción para dicha fuente. El 30 de octubre del 2014, la JCA notificó su resolución número R , mediante la cual decidió aprobar una Solicitud para la Aprobación de Ubicación y la Solicitud para Construir una Fuente de Emisión de EA. Esta determinación autorizó la ubicación del incinerador y ordenó al Área de Calidad de Aire de la JCA a emitir y publicar electrónicamente el Permiso Final. En o alrededor del 7 de noviembre de 2014, el Área de Calidad de Aire notificó el permiso de construcción final a EA. La JCA incluyó en el apercibimiento de permiso que indicaba que si EA no presentaba comentarios a dicho documento, éste advendría final. Además, expresaba que una vez fuera final el permiso, la parte que solicitó el permiso, si no estaba conforme, podía iniciar un procedimiento adjudicativo para impugnarlo. Ninguna de las partes aquí comparecientes recibió notificación de este permiso. El 18 de noviembre de 2014, algunos de los aquí comparecientes presentaron una recurso de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para obtener acceso a los documentos del expediente administrativo de este permiso. Los ahora recurrentes presentaron ante la JCA, el 20 de noviembre de 2014, un escrito titulado Solicitud de Resolución Sobre Derecho de Impugnación se Permiso y/o de Reconsideración. 4 En dicha moción, las aquí comparecientes solicitaron a la JCA que aclarara que, según el Derecho vigente, cualquier persona adversamente afectada por su determinación de expedir el permiso 3 Anejo 1, en las págs del Apéndice 4 Anejo 2, en las págs del Apéndice 78 aquí impugnado podrá solicitar un remedio de la agencia o el foro judicial correspondiente. El 26 de noviembre, presentaron un nuevo escrito ante la JCA, titulado Escrito de querella y/o solicitud de que se deje sin efecto consulta y permiso de construcción de fuente mayor de emisión y de procedimiento adjudicativo. 5 El 1ro de diciembre de 2014, los aquí comparecientes recurrieron a la jurisdicción de este Tribunal de Apelaciones. En su recurso de revisión judicial de determinación administrativa, al que le fue asignado el número KLRA , sostuvieron principalmente, que la JCA debió haber reconocido en el apercibimiento del permiso el derecho de terceros afectados a impugnar dicha determinación administrativa, según había interpretado el Tribunal Supremo en Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 DPR 177, (2010). El 4 de diciembre, EA presentó comentarios al permiso previamente publicado por la JCA. La versión final del permiso (en adelante, Permiso) fue eventualmente publicada en o alrededor del 16 de diciembre de Ninguna de las partes aquí comparecientes recibió notificación de este permiso. Este Honorable Tribunal de Apelaciones notificó su Sentencia sobre dicha revisión judicial el 6 de febrero de Este Alto Foro desestimó el recurso presentado por falta de jurisdicción. Entendió el Tribunal que [e]n ausencia de una orden o resolución final de una agencia, o de la presencia de alguna de las excepciones permitidas, carecía de jurisdicción. 8 No obstante, luego de hacer un repaso de la jurisprudencia aplicable, señaló el Honorable Tribunal: una vez la JCA finalice el procedimiento evaluativo y conceda o deniegue finalmente el permiso a Energy, deberá apercibir que cualquier parte afectada, con capacidad e interés puede impugnar el permiso autorizado 5 Anejo 3, en las págs del Apéndice 6 Anejo 4, en las págs del Apéndice 7 Anejo 5, en las págs del Apéndice 8 Anejo 5, en las pág. 190 del Apéndice 89 finalmente. 9 Inconforme con este dictamen, la JCA recurrió, sin éxito, al Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari. 10 Así la cosas, las aquí recurrentes nuevamente acudieron a la JCA. El 18 de febrero, las ahora recurrentes presentaron ante dicha agencia una Solicitud de apercibimiento en cumplimiento con determinación del Tribunal de Apelaciones. 11 En ella, las comparecientes, dado que evidentemente no podía quedar duda sobre su derecho a impugnar el permiso, solicitaron a la JCA que enmendara el error en el permiso expedido. Ante la inacción de la JCA, el 24 de marzo presentaron Impugnación y/o querella sobre permiso de construcción de fuente mayor de emisión. 12 En dicho escrito, las solicitantes fundamentaron los motivos por los que no debió expedirse el permiso de construcción de epígrafe. El 30 de junio, sin que la JCA se hubiera expresado sobre los escritos anteriores, las aquí comparecientes presentaron Moción reiterando solicitud de procedimiento adjudicativo de impugnación, 13 en la que solicitaban a la JCA que tomara una determinación sobre las mociones aún ante su consideración. El 14 de julio de 2015, EA presentó su réplica a nuestra impugnación, en un escrito titulado Oposición a impugnación y/o querella sobre permiso de ubicación y construcción de fuente mayor de emisión radicada por los opositores. 14 El 28 de julio de 2015, la JCA notificó mediante correo electrónico una Resolución y Notificación de su Junta de Gobierno del 23 de julio, con el número R Mediante esta escueta Resolución de solo dos páginas, la Junta de Gobierno de la JCA declara No ha Lugar a los escritos titulados Impugnación y/o querella sobre permiso de construcción de fuente mayor de emisión y Moción reiterando solicitud de procedimiento adjudicativo de 9 Anejo 5, en las pág. 189 del Apéndice 10 El 15 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo dispuso no no ha lugar del recurso de certiorari presentado por la JCA el 20 de abril de 2015 bajo el número CC Anejo 6, en las págs del Apéndice 12 Anejo 7, en las págs del Apéndice 13 Anejo 8, en las págs del Apéndice 14 Anejo 9, en las págs del Apéndice 910 impugnación. 15 La Resolución no incluye determinaciones de hecho o de derecho. Tampoco incluye un apercibimiento a las partes sobre sus derechos ante la acción de la agencia. V. SEÑALAMIENTOS DE ERROR PRIMER ERROR: ERRÓ LA JCA DISPONER DE LA SOLICITUD DE IMPUGNACIÓN SIN ANTES CELEBRAR UNA VISTA ADJUDICATIVA. SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA JCA AL NO EMITIR UNA DECISIÓN QUE INCLUYERA DETERMINACIONES DE HECHO Y DE DERECHO, Y UN APERCIBIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PARTES. VI. DISCUSIÓN DE LOS ERRORES SEÑALADOS a. Derecho aplicable a todos los errores Los procedimientos administrativos para la concesión de un permiso o franquicia no es uno propiamente adjudicativo, y surge del Capítulo V de la LPAU, precisamente sobre la concesión de licencias, franquicias, permisos y acciones similares. 3 LPRA ; William Vázquez Irizarry, Derecho Administrativo, 80 REV. JUR. UPR 637, 648 (2011). Por ello, terceros que sean afectados por la concesión de un permiso no pueden utilizar el mecanismo de intervención para hacer valer sus derechos dentro de ese procedimiento. Id. Este déficit participativo fue parte de lo que motivó la decisión de Más Alto Foro en San Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement Co., 154 DPR 374 (2001). En el contexto precisamente de permisos sobre emisiones atmosféricas, el Tribunal validó el derecho de un competidor de impugnar permisos ya fueren temporeros o permanentes. El Tribunal Supremo recalcó la importancia de que pueda cuestionarse en un proceso adjudicativo la procedencia o no de un permiso. También enfatizó, al reconocer el derecho de un competidor, la necesidad de proteger el interés público de que se garantice el que los permisos y franquicias hayan sido correctamente otorgados. Véase id. 15 Anejo 10, en las págs del Apéndice. 1011 La impugnación de un permiso se puede hacer a través de un procedimiento adjudicativo. Dispone la LPAU: Toda persona a la que una agencia deniegue la concesión de una licencia, franquicia, permiso, endoso, autorización o gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación de la agencia por medio de un procedimiento adjudicativo. 3 LPRA El Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado, además, que este procedimiento adjudicativo que surge luego de que la agencia determina otorgar o denegar una licencia, permiso o franquicia, está disponible tanto para los solicitantes a quienes se les denegó dicha autorización como a terceros que interesen impugnar lo concedido por la agencia. Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 DPR 177, 207 (2010). Véanse además Ranger American v. Loomis Fargo, 171 DPR 6670 (2007). 16 Los procedimientos adjudicativos ante una agencia gubernamental se pueden iniciar por una acción de la agencia o con la presentación de una querella, solicitud o petición. 3 LPRA 2152 (2015). Dentro de estos procedimientos, la agencia tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las partes. Como mínimo, debe respetar el derecho a una notificación oportuna, a presentar evidencia, a una adjudicación imparcial, y a que la determinación administrativa sea basada en el expediente. 3 LPRA 2151 (2015). La adjudicación final en el procedimiento puede delegarse a jueces administrativos, o se hace luego de un oficial examinador presida los procedimientos. 3 LPRA La agencia puede celebrar una vista 16 Estos casos han sido objeto de interpretación por este Tribunal de Apelaciones, y consistentemente se ha determinado que terceros afectados por la emisión de un permiso puede iniciar el procedimiento adjudicativo de impugnación a pesar de que no eran ni podían ser parte en el procedimiento de evaluación del permiso. En Montaña Marías Corp. v. ARPE, KLRA , Sentencia del 9 de abril de 2011, interpretó: cuando una parte con interés legítimo cuestiona la concesión de un permiso y solicita su revocación, luego de haberse otorgado el mismo, esta iniciativa da lugar a un proceso adjudicativo. Continua el Tribunal [e]ste es un proceso en el cual ha de adjudicarse si el tenedor del permiso tiene o no derecho a retener la eficacia del permiso concedido. Id. (citando a San Antonio Maritime, supra). Luego, en San Juan Cable LLC, H/N/C Onelink Communications v. PRTC, KLRA , Sentencia del 9 de mayo de 2012, interpretó este Foro apelativo: la sección 5.4 de la [LPAU] activa el proceso adjudicativo, una vez la JRT tome la determinación de denegar o conceder la franquicia de cable tv a PRTC. En este momento es que Onelink o cualquier parte con capacidad e interés legítimo y sustancial podría solicitar intervenir. También ha sido interpretado así por la doctrina. Explica el profesor William Vázquez Irizarry sobre Claro TV: la decisión del Tribunal es un esfuerzo por tratar de crear un marco procesal para canalizar el interés del opositor que no esté de acuerdo con la concesión de un permiso, licencia o franquicia. William Vázquez Irizarry, Derecho Administrativo, 80 REV. JUR. UPR 637, 648 (2011). 1112 adjudicativa para dilucidar las controversias planteadas durante el procedimiento. 3 LPRA Todo procedimiento adjudicativo concluye con una orden o resolución final, que a diferencia de una resolución parcial, pone[] fin al caso ante la agencia y que tiene[] efectos sustanciales sobre las partes. Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 DPR en la pág Esta resolución u orden final, debe incluir y exponer separadamente determinaciones de hecho, conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad de del recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley. 3 LPRA 2151 (2015). Además, cuando existe información contradictoria en el expediente, la resolución tiene que reflejar que el organismo ha considerado y resuelto los conflictos de pruebas, y sus determinaciones deben describir tanto los hechos probados como los que fueron rechazados. Mun. De San Juan v. JCA, 149 DPR 263, 280 (1999). Finamente la orden o resolución debe incluir un apercibimiento a las partes sobre el derecho a solicitar la reconsideración o revisión de la misma, con expresión de los términos correspondientes. Id. La LPAU regula también el alcance de la revisión judicial de las determinaciones administrativas. En particular, la sección 4.5 de la ley dispone: 3 LPRA 2175 (2003). El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el peticionario tiene derecho a un remedio. Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que las decisiones de las agencias merecen respeto y deferencia y que sus determinaciones de hechos no deben alterarse por los Tribunales si están apoyadas por evidencia sustancial. Mun. de SJ v. JCA, 152 DPR 673 (2000), Misión Industrial de PR, Inc. v. JCA, 145 DPR 908 (1998). En cuanto a las conclusiones de derecho, la 1213 LPAU es clara en que serán revisables en todos sus aspectos. 3 LPRA 2175 (2003). De esta manera, el tribunal puede revisar las conclusiones de derecho del organismo administrativo, las cuales están sujetas al mandato de la ley y la Constitución. Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 DPR 64 (1998). La revisión judicial está limitada a determinar si la actuación administrativa fue razonable y cónsona con el propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o si medio abuso de discreción. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999). Para que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer su función revisora, es indispensable que las agencias fundamenten adecuadamente sus determinaciones finales. Ha dicho nuestro Más Alto Foro: es vital que las agencias expresen claramente sus determinaciones de hecho y las razones para su dictamen, incluyendo los hechos básicos de los cuales, a través de un proceso de razonamiento e inferencia, se derivan aquéllos. La expresión de los fundamentos de una decisión no puede ser pro forma, y debe reflejar que la agencia ha cumplido con su obligación de evaluar y resolver los conflictos de prueba del caso ante su consideración. De igual forma, en los procedimientos adjudicativos informales, aun cuando no se exige una explicación basada en determinaciones de hecho a la manera de los procedimientos formales, deben mediar razones suficientes que pongan en conocimiento a las partes y al tribunal de los fundamentos que propiciaron tal decisión. En virtud de este esquema, podemos colegir que en materia administrativa los tribunales tienen la tarea de verificar si la agencia ha cumplido con las obligaciones impuestas por ley (L.P.A.U. y su Reglamento) y si su determinación está sustentada por la evidencia sustancial que obra en el expediente. Torres v. Junta Examinadora de Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004) citas internas omitidas)(énfasis suplido). La deferencia debida a los organismos administrativos no alcanza el permitir las actuaciones ilegales, arbitrarias o caprichosas de los entes administrativos. Com. Ciudadanos vs. GP Real Property, 132 DPR 998 (2008). Además, debe recordarse también que las agencias vienen obligadas a observar estrictamente los reglamentos que promulgan. Hernández Chiquez v. FSE, 152 DPR 941, 952 (2001); García Cabán v. UPR, 120 DPR 167, 175 (1987). 1314 b. Discusión de los errores señalados i. Primer error: la JCA erró al disponer de la solicitud de impugnación sin celebrar una vista adjudicativa. Las partes aquí comparecientes iniciaron un procedimiento adjudicativo para impugnar la concesión del permiso de construcción de epígrafe al presentar un escrito de veinticuatro páginas, en el que se fundamentó de manera detallada las razones por las que la JCA no debió conceder dicho permiso. También solicitaron a la JCA que celebrara una vista adjudicativa de forma que las aquí comparecientes tuvieran la oportunidad de presentar evidencia, incluyendo evidencia pericial, en apoyo a sus argumentos. Es la contención de las partes recurrentes que la JCA incidió en su apreciación de la solicitud de impugnación ante su consideración. La Junta no debió resolver la impugnación sin antes celebrar una vista adjudicativa. El procedimiento adjudicativo que prescribe el Artículo 5.4 de la LPAU es el único procedimiento administrativo en el que los recurrentes tienen la oportunidad de impugnar la decisión de la JCA de conceder un permiso de construcción de fuente mayor de contaminación para el incinerador. Conforme a esto, ni los recurrentes ni ninguna otra persona, podían solicitar intervención, ni contrainterrogar, ni presentar testigos, ni beneficiarse en general de las salvaguardas de los procesos adjudicativos administrativos que reconoce el Derecho vigente, sino hasta tanto se concediera el permiso y se solicitara su impugnación en virtud del artículo 5.4 de la LPAU. Nótese que la vista pública del 12 de noviembre de 2012 no era de naturaleza adjudicativa, sino informativa, por lo que la participación de los recurrentes estaba limitada a deponer sobre el borrador del permiso, sin posibilidad de presentar prueba propiamente. En atención a las disposiciones de la LPAU y la jurisprudencia, la JCA no permite la intervención de partes durante el proceso de evaluación y concesión de un permiso por no ser éste proceso uno adjudicativo. Reiteramos que surge claramente del Derecho aplicable, que este procedimiento adjudicativo está disponible tanto para los solicitantes a quienes se les denegó dicha autorización como a terceros que interesen 1415 impugnar lo concedido por la agencia. Claro TV, 179 DPR en la pág El Tribunal Supremo ha reconocido la finalidad del proceso de concesión de un permiso es proteger el interés público, y que el proceso de impugnación está altamente ligado al mismo. Id., en las págs Puesto que el proceso de evaluación de solicitudes de permisos no es revisable por los tribunales, el proceso administrativo para impugnar un permiso se torna de vital importancia para proteger el interés público. Esto no es un hecho desconocido para la JCA. Incluso, fue recogido en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones antes aludida, que las aquí comparecientes tenían y tienen el derecho a impugnar la decisión de la Junta de conceder el permiso de epígrafe. En las palabras de este Tribunal, al desestimar el recurso de revisión KLRA : Mientras la concesión o denegación del permiso no sea final, éstos [los recurrentes] carecen de legitimación para cuestionar la concesión de éste mediante la activación del proceso adjudicativo provisto en la sección 5.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. En ese momento es que los recurrentes o cualquier tercero afectado podría impugnar la concesión por violar las leyes y reglamentos de la JCA o cualquier otra consideración que entiendan procedente. 17 Huelga precisar que a pesar de que dicha Sentencia claramente enunció como estado de Derecho que las recurrentes tienen el derecho de impugnar el permiso, e incluso que tenían que ser apercibidas de tal derecho, la JCA ha rehusado a actuar conforme a lo expresado por este Tribunal. Ni siquiera enmendó el apercibimiento en el permiso final. Pese a ello, los aquí comparecientes presentaron una Impugnación y/o querella sobre permiso de construcción de fuente mayor de emisión. 18 La JCA descartó la solicitud de impugnación de las partes recurrentes con un somero no ha lugar. En su escrito, las partes recurrentes argumentaron de forma detallada que la JCA no debía conceder el permiso de construcción. Los argumentos sustantivos allí levantados incluyen: (1) la JCA no formuló determinaciones y conclusiones adecuadas respecto a los diversos elementos requeridos por la 17 Anejo (Sentencia, p. 15.) (énfasis suplido). 18 Anejo 15 Mostrar más
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