Source: https://informe.cepad.org.mx/resistencias-despojo/
Timestamp: 2019-07-23 09:17:15+00:00

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"A como dé lugar: las resistencias frente al despojo en Jalisco" | Rubén Martín Martín - Informes Cepad
A COMO DÉ LUGAR:
LAS RESISTENCIAS FRENTE AL DESPOJO EN JALISCO 2015
Javier López todavía recuerda cuando la quema de palapas en Mismaloya en 1983, en un intento para correr a la gente del lugar: “mis abuelos ahí nacieron, mis papás, yo nací ahí, tengo 41 años, mis hijos ahí nacieron. No me conviertan en un asesino, porque voy a defender mi patrimonio a como de lugar, todos lo haremos”.1
Los sujetos en resistencia frente a los despojos en Jalisco en 2015 no tuvieron tregua. Desde Temacapulín en Los Altos de Jalisco, hasta activistas en Madrid, España; desde las alturas de la sierra en San Sebastián Teponahuaxtlán hasta el nivel del mar en Mismaloya; desde El Salto hasta los Pueblos de la Barranca; desde el Cerro de la Reina, hasta Arcos de Guadalupe. Los distintos sujetos organizados frente a los procesos de acumulación por despojo enfrentaron la intensificación de proyectos de inversión privada; leyes, políticas y programas gubernamentales de megaproyectos y planes; y todo además en un contexto marcado por la violencia en contra de los defensores del territorio, de los recursos y bienes comunes que históricamente han sido puestos a la reproducción de la vida y que ahora se pretende que sirvan a la reproducción del capital. Al igual que en el mundo y el resto del país, en Jalisco los procesos de acumulación por despojo se dan en un contexto de guerra que implica el hostigamiento, la amenaza, persecución, desplazamiento, criminalización, encarcelamiento, asesinato o desaparición de los sujetos que enfrentan estas dinámicas depredadoras de territorios o bienes comunes para los grandes negocios capitalistas.
2015 fue además un año simbólico, pues varias luchas sociales cumplieron una década de resistencia: Temacapulín en defensa de su pueblo que pretende ser inundado por el megaproyecto hidráulico de El Zapotillo;2 el Comité Salvabosque cumplió diez años el 18 de mayo en defensa de El Nixticuil.3 La agrupación Un Salto de Vida, otra lucha de resistencia emblemática contra la contaminación, enfermedad y muerte, nació en enero de 2006.4 En un contexto de intensificación de la legislación y las políticas estatales ocurrieron las luchas de resistencia al despojo en Jalisco en 2015.
Oposición a El Zapotillo y al acueducto a León
La lucha contra la inundación de los poblados alteños de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la presa El Zapotillo y en contra del trasvase de agua de Los Altos a León, fue una de las más constantes el año pasado. El Comité Salvemos Temaca mantuvo una tenaz lucha jurídica y política contra la presa. A fines de enero el comité lanzó la campaña “#Gober, es tiempo de cumplir”, para recordar que en 2013 el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se comprometió a no inundar Temacapulín.5 Además de las manifestaciones abiertas, se dedicaron varios esfuerzos a la defensa jurídica contra el megaproyecto hidráulico: el 27 febrero había seis recursos jurídicos contra la presa que fueron respondidos con 30 recursos legales interpuestos por los gobiernos federal y estatal. Hacia marzo se llevó a cabo el Festival del Agua y la Resistencia. En 2015 la lucha contra El Zapotillo inició con un pronunciamiento de la diócesis de San Juan de los Lagos, con una dura crítica al gobierno de Aristóteles Sandoval al cuestionarle el trasvase, la falta de atención a la crítica de los expertos y de la población de Los Altos y señalándole que el agua es un derecho para todos, no un negocio privado para unos cuantos. La carta fue firmada por el sacerdote de la diócesis José Luis Aceves González, como miembro del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.6 El 5 de febrero, medio millar de personas de municipios alteños de Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Temacapulín, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos se manifestaron en la plaza principal de esta última localidad para exigir que el presidente municipal firmara un acuerdo en la defensa de sus intereses ante el despojo de agua por la presa El Zapotillo.7 Fue la primera ocasión que la población alteña pidió públicamente la cancelación del trasvase.
A los cuestionamientos a la presa se sumaron las trabas para el inicio de la construcción del acueducto de 139 kilómetros, por donde se pretende trasvasar el agua despojada de la cuenca alteña al complejo industrial-inmobiliario de León. Ejidatarios y propietarios de terrenos alteños denunciaron presión de enviados de la Conagua para vender sus terrenos para el paso del acueducto. Alejandra Guillén dio cuenta de este conflicto ocurrido a principios de febrero de 2015:
El caso que más recuerdan es el de un señor que no quiere vender su rancho. Un día llegaron trabajadores de la dependencia federal y no les permitió entrar. Los funcionarios lo amenazaron y el agricultor le llamó a otros vecinos; unos 30 llegaron al lugar, le echaron gasolina al vehículo de la Conagua y les advirtieron que tenían que irse o le prendían fuego al carro. “Para que vea que la gente no se va a dejar tan fácil. Y pues si uno no manda en su casa, ¿entonces dónde? ¿Por qué el gobierno va a venir a mandarnos? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no queremos, no entran. Nosotros hemos ido a Conagua a que nos den información y ahí nos dejan en la calle. Ahora que vienen con nosotros a presionarnos, tampoco los vamos a recibir”, explica Artelio Gallardo.8
Por su parte, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua el 18 de junio criticó que la reubicación del poblado de Acasico se diera mediante engaños de la asociación civil México Sustentable, contratada por Conagua para tratar de convencer a los pobladores de la reubicación y criticó la desatención del gobierno a las 58 recomendaciones emitidas por ese organismo: “es una traición a la población, a la gente que los votó”.
La oposición a El Zapotillo se hizo global. En junio, más de 50 profesores y representantes de movimientos sociales españoles se solidarizaron con los opositores a la construcción de la presa El Zapotillo y el trasvase de agua a León. Los manifestantes entregaron una carta en las sedes de las empresas constructoras españolas fcc y Abengoa.9 Por la parte oficial, dos informaciones parecieron indicar que la Conagua aceptaba ante los jueces federales que revisan los amparos de los opositores a El Zapotillo, que la cortina de la presa quedará en 80 metros; admitió que la presa requiere “adecuaciones técnicas”; y reconoció que las obras del acueducto a cargo de la empresa española Abengoa estaban estancadas.
La lucha contra El Zapotillo tuvo un logro político muy importante este año: las acciones, denuncias y distintas posturas de los sujetos que resisten este megaproyecto hidráulico estatal-privado consiguió que esta lucha se viera no sólo como la resistencia de tres pueblos para evitar ser inundados por una presa (Temacapulín, Acasico y Palmarejo) y lograron colocar en un plano más amplio el problema del trasvase de agua de la cuenca del río Verde, a la zona metropolitana de León. Con esto se cuestionó el argumento de agencias estatales como la Comisión Nacional del Agua (cna) y Comisión Estatal del Agua (cea) de que la presa El Zapotillo era esencial para abastecer de agua a poblaciones urbanas que carecían de ella en las zonas metropolitanas de Guadalajara y León. Los sujetos que resisten este megaproyecto hidráulico desnudaron las verdaderas razones del trasvase: se trata del despojo del agua de una parte de la población de Los Altos, donde se producen 88% del huevo y 22% de la proteína de México, para beneficio de los intereses del capital industrial, comercial e inmobiliario asentado en el llamado Puerto Seco o Guanajuato Puerto Interior en León; además de que en sí la infraestructura hidráulica (presa y acueducto) representa un negocio lucrativo para las constructoras y para la empresa española Abengoa, a quien se le concesionó el manejo del agua, si es que el proyecto se lleva a cabo.10
En el pueblo wixárika, las comunidades de Wuat+a San Sebastián Teponahuaxtlán y Kurixi Manuwe Tuxpan denunciaron incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron con los gobiernos federal, de Jalisco y Nayarit para la restitución de 10 mil hectáreas de sus tierras.11 El acuerdo referido se logró en agosto de 2014, tras la movilización e instalación de plantones de cientos de indígenas wixaritari ante las sedes de dos tribunales agrarios federales con sede en Jalisco para exigir a los juzgadores que emitieron la sentencia de restitución de tierras. Pero en abril de 2015, ocho meses después de emitida la sentencia de restitución, representantes de las comunidades mencionadas denunciaron la falta de cumplimiento de dicha sentencia y amenazas a los voceros de la comunidad.12 En ese contexto, estas comunidades wixaritari anunciaron que anularían sus votos en las elecciones federales y locales, para exigir a los gobiernos federal y de Jalisco y Nayarit el cumplimiento de la sentencia de restitución de tierras. Sin embargo, el año terminó sin que la autoridad cumpliera con la devolución de las tierras, por lo que en noviembre anunciaron, en el marco de una reunión del Consejo Regional Wixárika, que ejecutaría “por sus propios medios” dicha medida:
OCTAVO.- Que la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán declara que ante la inacción de la autoridad judicial competente (Tribunal Unitario Agrario) de los mandatos legales por la restitución de sus territorios en el conflicto que sufren con supuestos pequeños propietarios del poblado vecino mestizo de Huajimic, La Yesca, Nayarit; decide ejecutar por sus propios medios, la recuperación del territorio que por derecho le corresponde.13
El 10 de agosto, en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las comunidades wixaritari exigieron el cese de proyectos mineros, turísticos y gubernamentales en sus territorios. “[…] la amenaza más reciente está en el río San Pedro, Nayarit, donde el gobierno federal pretende construir una hidroeléctrica y expropiar sitios sagrados”.14 El 22 de septiembre de 2015, unos 200 indígenas marcharon en Mezquitic, para reclamar programas sociales y mejora en los servicios públicos en sus comunidades. Las autoridades comunales citaron a funcionarios de diversas secretarías del gobierno del estado a dar respuesta a sus exigencias.15 El 6 de noviembre, representantes de las cuatro cabeceras comunales del pueblo wixárika lanzaron un pronunciamiento en el marco de un foro en el que reclamaron a los gobiernos la desatención a sus pueblos y la exigencia de políticas sociales y programas de salud, educación, seguridad, economía y medio ambiente en su región.
Que como nos lo conceden las legislaciones nacionales e internacionales, el Estado mexicano y todas las instituciones emanadas de ella, contemplen, consulten y hagan partícipes al pueblo Wixárika y las comunidades que la integran, del diseño y operación de las políticas sociales, programas y reglas de operación dirigidos a nuestro pueblo en materias de educación, salud, seguridad pública, economía y medio ambiente; con la finalidad de que éstas respondan eficazmente a nuestras necesidades y aspiraciones.16
En el contexto de lucha contra las invasiones, y el reclamo por la desatención estatal, la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitán anunció en agosto la recuperación de su sitio ceremonial Paso del Oso, dañado en 2007 por la construcción del trazo carretero por su territorio, en un proceso donde el gobierno del estado alteró y falsificó actas de supuestas asambleas de comuneros.
Para la comunidad nahua de Ayotitlán, ubicada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, 2015 fue nuevamente un año de duro conflicto con la minera Benito Juárez – Peña Colorada, propiedad de la corporación global Ternium. El 21 de febrero, pobladores de la comunidad Las Parotas denunciaron que empleados de la minera Peña Colorada destruyó con su maquinaria un rancho para usar el terreno como depósito de desechos, dejando a una familia sin hogar. El rancho era propiedad del señor José Ramos, quien junto con su esposa Alondra Denisse Gerardos y sus ocho hijos, fueron desplazados de su propiedad.17 El conflicto con la minera Peña Colorada, que explota 1,200 hectáreas de la comunidad en la mina de hierro más importante del país, ha motivado diversas formas de enfrentarlo al interior de Ayotitlán. Una parte de ellos, presentó en marzo un recurso jurídico contra la renta de terrenos para tirar desechos. Este grupo de ejidatarios, asesorados por el ex diputado local del prd Pedro León Corrales y el Instituto de Derecho Ambiental ac, decidió bloquear las actividades de la mina el 22 de julio, “cuando 250 ejidatarios interrumpieron diversas acciones de extracción de mineral demolido y de vertido de desechos que realizaba la empresa”.18 Los representantes de los ejidatarios exigían a la compañía, con domicilio fiscal en Minantitlán, Colima, 1,200 millones de pesos por 50 años de usufructo de 1,200 hectáreas de su propiedad. La demanda fue calificada como una extorsión por el director general de Peña Colorada, alegando que en este momento la empresa no explota las hectáreas referidas, sino otras de su propiedad. Al día siguiente la policía de Colima detuvo a 34 personas (33 ejidatarios y un abogado) acusados por los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del Consorcio Minero Benito Juárez – Peña Colorada. Según el Procurador de Justica de Colima, Marcos Santana Montes, los ejidatarios podrían alcanzar una pena de hasta 40 años de prisión sin derecho a fianza.19 La detención de los pobladores de Ayotitlán por la fuerza pública de Colima motivó la intervención del gobierno de Jalisco. Luego de reclamos de los familiares de los detenidos, protestas locales y nacionales, y las negociaciones entre ambos gobiernos, el 31 de julio se anunció la liberación de 33 de los detenidos; únicamente se mantuvo preso al abogado de Idea, Eduardo Mosqueda.20 La decisión de bloquear la minera y exigir indemnización de 1,200 mdp no fue compartida por toda la comunidad. El 20 de agosto, Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores Nahuas de Ayotitlán, habló a nombre de 27 comunidades y miembros del Cuerpo Consultivo Agrario y denunció que los asesores mintieron a los ejidatarios que llevaron a cabo el bloqueo de la empresa con la promesas de obtener medio millón de pesos, cada uno, de la indemnización que reclamaban a la empresa. En dicha asamblea, Gaudencio Mancilla sostuvo que se defiende a los ejidatarios pero pidió que no metan las manos algunos abogados y asesores.
No es que defendamos a la empresa, la empresa tiene un convenio firmado por el ejido, lo que quieren estas gentes, es dividir a la comunidad, por eso votamos y firmamos un comunicado donde manifestamos que no queremos que metan las manos en el ejido Ayotitlán las siguientes personas: Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera, Rogelia Justo Elías y Oscar González Gary” manifestó Gaudencio Mancilla, integrante del Consejo de Mayores.21
La defensa del territorio del pueblo nahua de Ayotitlán se saldó con dos detenciones en el mes de noviembre. El 15 de noviembre Miguel Monroy Gerardo, ejidatario y líder de la comunidad, fue detenido en la madrugada en Loma Colorada, por la presunta comisión del delito de despojo, proceso que fue iniciado en el año 2013. En un operativo paralelo, la fiscalía de Jalisco detuvo también a Marciana de los Santos López en la comunidad de La Huaca, también en Cuautitlán de García Barragán. Otras 20 órdenes de aprehensión contra igual número de ejidatarios fueron suspendidas debido a un amparo solicitado por su abogado defensor. Marciana de los Santos López fue liberada antes de Navidad, sin embargo Miguel Monroy sigue preso, a pesar de que se denunciara en la Cámara de Diputados que fue aprehendido ilegalmente,22 pues el proceso en su contra es promovido por Marcelino Bracamontes, cacique de la región que ha invadido terrenos de los ejidatarios, como lo denunció el abogado de los ejidatarios, Jaime Hernández Lamas de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (uaci) de la UdeG.23
Al igual que las resistencias de otros pueblos indígenas de la entidad, en 2015 la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción, asentada en la ribera del lago de Chapala en el municipio de Poncitlán, debió enfrentar no sólo las distintas caras del despojo, sino al mismo tiempo conflictos internos y retos organizativos a fin de continuar con la defensa de su territorio. Fue un año de victorias y retos en la defensa de la comunidad. Tras cuatro años y medio, el Poder Judicial local absolvió a nueve comuneros que enfrentaban un juicio por presunto daños a las cosas, lo que quitó una carga jurídica, económica y política que pesaba sobre este pueblo. Fue un proceso plagado de irregularidades, una fabricación de delitos en contra de la comunidad, que desnudó nuevamente la complicidad que existe entre autoridades y el invasor. Este caso fue denunciado nacionalmente por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 73 organizaciones de 21 estados del país, en febrero.24
El proceso jurídico contra los pobladores inició el 14 de abril de 2011 cuando el prestanombres del invasor, Crescenciano Santana, presentó una denuncia por robo, a la que luego se sumó el empresario que ha invadido el territorio, Guillermo Moreno Ibarra. La asamblea de comuneros de Mezcala decidió en asamblea el 22 de marzo de 2011 designar una comisión para subir al predio El Comal, desmontar una represa y un panel solar con el que pretendía abastecerse de agua. Antes de ejecutar la decisión comunal, se buscó dialogar con el invasor el 10 de abril del mismo año, pero hombres armados que vigilan la finca del invasor detonaron sus armas de fuego. Cancelado el diálogo se desmontó el panel solar y se llevó a la casa comunal para resguardo. Fue el pretexto para iniciar un proceso jurídico en contra de diez comuneros y pobladores de Mezcala, que duró cuatro años y medio. Inicialmente se les denunció por robo y al no poder configurar el delito, el ministerio público lo cambió por daño a las cosas. El 6 de septiembre de 2011, haciéndose pasar por periodistas, policías investigadores de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron a Rocío Moreno en las instalaciones del diario Milenio Jalisco. La solidaridad y movilización política, las denuncias nacionales y la falta de pruebas obligaron a las autoridades a liberarla, pero el juicio en contra de los otros pobladores continuó. El 18 de septiembre de 2011 el Juez Penal decretó auto de formal prisión por el delito de daño en las cosas, contra los comuneros y pobladores Casciano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos González, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria Claro, proceso que enfrentaron en libertad bajo caución, tras depósito de una cuantiosa fianza. A pesar de las irregularidades, de las pruebas aportadas por la defensa, el 27 de mayo de 2015, el Juez Penal de Ocotlán dictó sentencia en contra de los miembros de la comunidad, condenándolos a 2 años 6 meses y 15 días de prisión. La sentencia fue apelada y turnada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.25 El 6 de noviembre de 2015 los magistrados que integran la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justica del Estado, Manuel Higinio Ramiro Ramos (presidente), Celso Rodríguez González y Esteban de la Asunción Robles Chávez, absolvieron a los nueve comuneros y pobladores imputados. En esos cuatro años y medio se cometieron estas irregularidades en contra de los mezcalenses:
• Violaciones al debido proceso (desde el ministerio público y el juez penal de Ocotlán)
• Derecho de Audiencia
• Violaciones a la seguridad jurídica y personal de los acusados
• Privación ilegal de la libertad en contra de Rocío Moreno
• No aplicación del “Protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• No aplicación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos indígenas de los que el Estado Mexicano es parte.26
Si bien la absolución contra los nueve comuneros imputados por una fabricación de delitos fue justa e importante, el riesgo de despojo permanece en Mezcala debido a que aún sigue pendiente el juicio agrario en contra del invasor. En este otro litigio la comunidad tuvo avances, pero también alertas preocupantes. Por un lado, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa Arturo Murguía, concedió razón a la comunidad, al ordenar al Tribunal Superior Agrario dejar sin efecto la sentencia que establece reponer el procedimiento agrario, y dictar una nueva sentencia en la que no considere el argumento de Guillermo Moreno por no tener calidad de comunero al momento en que invadió el terreno comunal. Si bien la comunidad ganó este amparo y está a la espera de la resolución final del juicio agrario en la que exige la restitución del territorio invadido, un riesgo importante es que ya las autoridades agrarias reconocieron al invasor como comunero, debido a la cesión de derechos que consiguió de otro miembro de la comunidad.27
El riesgo es alto, como lo hizo notar Rubén Ávila Tena, abogado agrario que acompaña a la comunidad, durante un foro en defensa de Mezcala celebrado el 19 de noviembre en el cucsh de la UdeG. Ávila Tena dijo que la resolución final para el juicio de restitución de tierras puede durar dos años, pero en años previos el invasor ha logrado penetrar en la comunidad, comprando lealtades, de forma tal que ahora ya como “comunero”, el empresario-invasor pretende hacerse con el control de las autoridades agrarias, con la compra de lealtades. Ávila Tena advirtió a decenas de mezcalenses que si no son capaces de revertir el avance que ha tenido el invasor, y si se hace de la asamblea de comuneros, Mezcala podría dejar de existir como comunidad en un plazo de cinco a diez años. La advertencia parece severa, pero no lo es. Es una advertencia realista. Si el invasor se hace del gobierno local, existe la posibilidad real de que el territorio empiece a ser privatizado y vendido para fines inmobiliarios, turísticos, comerciales e industriales, quitando a los pobladores el control comunitario de su territorio centenario. Sería así el final de una comunidad indígena agraria que se ha defendido de los intereses privatizadores que ofrecen llevar el “desarrollo” capitalista.28 Los comuneros son conscientes de este riesgo, pues el mismo invasor ha declarado cínicamente su mesiánico propósito de llevar el “desarrollo” a Mezcala: “Él decía: ‘Yo estoy aquí construyendo, ellos no me tienen que molestar; estoy trayendo el progreso a la comunidad, déjenme avanzar”.29 En efecto, no se trata sólo de si un burgués de Guadalajara invade diez hectáreas en una de las mejores vistas a todo el lago de Chapala para su goce privado. Este invasor ha sido punta de lanza de otros intereses, como los del Club Enduro de Motocross, que llevaron a cabo una carrera los domingos 22 de febrero y 1 de marzo sin permiso de la comunidad y dañando bosque (como ya lo habían hecho en 2004); o los intentos del gobierno municipal de Poncitlán, para cambiar los usos de suelo con la pretensión de abrir el privilegiado territorio de Mezcala a la inversión privada. Rocío Moreno, representante de la comunidad, declaró que la lucha contra el invasor de El Pandillo es también una lucha para impedir la llegada de intereses empresariales para seguir con la construcción de fraccionamientos en los cerros ubicados frente al lago de Chapala. “Sospechamos que quieren seguir con la línea de fraccionamientos en los cerros, a manos de privados, ricos y extranjeros. Si entra él, entran todos”.30
Colonos, barrios, organizaciones vs despojos urbanos
La zona metropolitana de Guadalajara padece una oleada de despojos de territorios y espacios públicos para ponerlos, todos, al servicio del capital inmobiliario-comercial y gubernamental. El Comité Salvabosque mantuvo constante, a lo largo del año, su denuncia contra proyectos inmobiliarios y otros emprendimientos que invadieron el bosque. El 16 de enero denunciaron un incendio provocado; en febrero denunciaron que la constructora Spinelli y su proyecto Bosque Encantado mutiló cerca de 125 árboles con permiso del ayuntamiento de Zapopan. A raíz de esa tala masiva, el Comité Salvabosque recolectó 178 firmas de personas en 35 barrios de toda la ciudad para demandar la expropiación del terreno para el proyecto Bosque Encantado de Spinelli Corporation. A lo largo del año, la brigada del comité identificó, reportó y apagó decenas de incendios, muchos de ellos provocados para destruir el bosque y abrir paso a los desarrollos inmobiliarios. Además de los proyectos del capital industrial, el Comité Salvabosque denunció y resistió invasiones de parte de empresas industriales. El 4 de agosto denunciaron que detuvieron una construcción dentro del área protegida de El
En el otro extremos de la zona metropolitana, en Tonalá, emergió en este año un movimiento en defensa del Cerro de la Reina, emblemático punto histórico, ambiental, religioso y de esparcimiento de los tonaltecas. Diversas personas y organizaciones empezaron a movilizarse al conocer el Proyecto Yolkan, un megaproyecto de inversión pública y privada que el gobierno de Tonalá y del estado decidieron construir en un área de 13 hectáreas en el Cerro de la Reina. De ese total, se planeaba destinar cinco hectáreas a un hotel de lujo, según anunció el presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana, el 10 de febrero de 2015: “Se va a concesionar un hotel de cinco estrellas en el Cerro de la Reina porque se espera que tengamos miles de visitantes, no solamente de la zona metropolitana, sino del país y del extranjero”. En ocho hectáreas restantes se planeaba edificar el Centro Cultural Yolkan, con un jardín botánico, un centro de artesanías y un teleférico que irá desde la parte alta del cerro hasta el centro de Tonalá. En total se estimaba una inversión de 400 millones de pesos.32 La decisión de ocupar todo el Cerro de la Reina para el complejo hotelero-artesanal-comercial sorprendió y molestó a los tonaltecas que consideran dicho espacio público como emblemático, especialmente quienes viven en la cabecera municipal. A partir de entonces, vecinos inconformes con el megaproyecto oficial empezaron a recabar información, difundirla, organizar manifestaciones públicas, y hacer acampadas en el mismo cerro, lo que detonó el mayor movimiento social de Tonalá en muchos años. Los distintos vecinos y colectivos se organizaron en el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, que no sólo cuestionó sino paró el proyecto. Ante las muestras de inconformidad con el proyecto Yolkan, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo que si no lo querían los tonaltecas, otros municipios recibirían gustosos esos recursos.33 Pero luego se echó atrás y a principios de 2016, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tonalá volvieron a “socializar” el proyecto Yolkan tratando de convencer a los pobladores de sus beneficios. Pero la resistencia que ve ese proyecto como despojo de un parque público, un área de esparcimiento, espacio cultural y religioso, se ha fortalecido y presentado argumentos históricos, culturales, ambientales y sociales consistentes que no han sido rebatidos por las autoridades.34 En el camino de defender el Cerro de la Reina, este movimiento se ha encontrado con otros movimientos que luchan contra otros despojos urbanos, organizando encuentros y foros para afrontar luchas comunes.
Arcos de Guadalupe: resistir el despojo de un parque público:
Lamentablemente la realidad de la zona metropolitana de Guadalajara es que los intereses de unos pocos ricos valen más que los derechos de los ciudadanos. La zona metropolitana de Guadalajara ha sido el escenario para el despojo de las áreas verdes, el atropello de los derechos de los ciudadanos, esto no solo pasa en nuestra colonia sino también en Los Colomos, en Huentitán, en el Cerro de la Reina y en muchas más zonas alrededor de Guadalajara, para dar cabida a los intereses de unos empresarios que poco les interesa conservar las pocas áreas verdes de nuestra ciudad. En la Colonia de Arcos de Guadalupe está ocurriendo cada fechoría para dejar que Plaza VyD siga construyendo y destruyendo ¡una área verde!35
En este sucinto primer párrafo los vecinos de Arcos de Guadalupe denuncian, en una petición en Internet, el despojo de lo que era su parque público. Los vecinos crearon la asociación civil Ecológica y Sustentable Arcos de Guadalupe para tratar de impedir el despojo de su parque. La historia en breve de este despojo es que en esa colonia zapopana existía un parque público que fue entregado en comodato al Club Carneros de futbol americano. Los vecinos se enteraron a fines de 2014, por un volante comercial, que se estaba planeando la construcción de un proyecto inmobiliario. A principios de 2015 arrancó la construcción del proyecto Espacio Galerías que pretende alzar dos torres de 20 pisos con 160 departamentos en total, con centro comercial, lobby lounge, gimnasio, home theater, ludoteca, y front desk entre otras amenidades, según reza su página comercial. La obra es del grupo inmobiliario VyD, de varios empresarios tapatíos. Los vecinos de Arcos de Guadalupe han realizado varias acciones de resistencia para denunciar este despojo y tratar de parar la obra: difusión de información, manifestaciones, plantones, solicitudes de información y contactos con otras resistencias urbanas contra el despojo. A pesar de las evidencias de las irregularidades avaladas por el Tribunal Administrativo del Estado (tae) y el gobierno anterior de Zapopan de Héctor Robles Peiró, el actual alcalde de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, no ha detenido la obra. En su resistencia frente a este despojo, los vecinos de Arcos de Guadalupe han sido hostigados, fotografiados, filmados y golpeados por grupos de seguridad privada, ante la vista de la policía de Zapopan.36
Otras resistencias frente a despojos urbanos en 2015 se manifestaron en demanda para recuperar el parque Puerta de la Barranca, por parte del Colectivo Civilidad para Transformar, junto a otras organizaciones como Frente Unido por Huentitán.37 Por su parte, Ejidatarios de San Juan de Ocotán, se manifestaron el 29 de junio para informar a la comunidad que aún y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya los reconoció como propietarios de 129 hectáreas de terreno, exigen la ejecución de sentencia de restitución de tierras.38
Pero no todas las luchas contra el despojo alcanzan a organizarse de manera colectiva. Muchas de ellas son resistencias individuales, como las de vecinos de la colonia Ladrón de Guevara, quienes han denunciado a las autoridades de Guadalajara por autorizar la construcción de un condominio que viola los planes parciales. Patricia Camacho es una de las más afectadas con la construcción de un edificio de diez pisos ubicado exactamente a espaldas de su casa, con daños evidentes ocasionados por la construcción que no cuenta con la aprobación de los vecinos. “Ya basta de autorizar edificios al antojo de las especuladoras”, escribió en una manta colocada afuera de su casa.39 Las resistencias individuales como ésta, se reproducen por cientos en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pueblos y barrios vs la devastación ambiental
La resistencia de pueblos, comunidades y barrios en contra de la contaminación o la devastación ambiental es una constante en Jalisco desde hace al menos una década. En El Salto, el Comité Defensa Ambiental denunció en febrero de 2015, al cumplirse siete años de la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha, que desde 2007 murieron 547 pobladores por enfermedades presuntamente provocadas por la contaminación del río, la tierra y el aire de la zona. El mismo comité anunció en octubre que denunciará al gobierno de Jalisco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) por el incumplimiento de sus responsabilidades en materia ambiental. El 27 febrero el despacho Rincón, Mayorga, Román e Illanes anunció la presentación una demanda colectiva contra las empresas que provocan la contaminación del río Santiago. Pero más allá de las acciones públicas que llegan a los medios de información, las organizaciones Grupo Ecologista El Roble y Un Salto de Vida se han volcado a procesos de organización en sus propias comunidades, para enlazar los padecimientos individuales, escarbar en la memoria y formar a los pobladores en prácticas de autonomía para superar, desde la vida cotidiana, el entorno de devastación ambiental. Un Salto de Vida, por ejemplo, organizó talleres de medicina, de saberes, de serigrafía, geopolítica, “oratorios” políticos y colaboró en la elaboración de cinco documentales participativos para exponer la situación de contaminación que viven cotidianamente.40
Los Pueblos de la Barranca del río Santiago, por su parte, continuaron con sus denuncias públicas por los escurrimientos de lixiviados de los basureros de Picachos (municipal) y Hasar’s (privado).
El despojo avanza en la costa
La costa de Jalisco continúa con su acelerado proceso de privatización de playas y recursos de las comunidades ejidales, comunitarias o de pequeña propiedad para pasar a manos de particulares, muchas veces corporaciones extranjeras como el Hotel Louis Vüitton en la playa Careyes.
Despojo en Mismaloya: “Nos quieren dejar sin hogar, sin escuela. Qué le espera al futuro de nuestros hijos. Nunca nos rendiremos ni dejaremos el patrimonio de nuestra vida”. Éste es el mensaje de resistencia que 300 familias de Mismaloya mandan a un empresario que pretende desalojarlos de sus casas, parques, tiendas, comercios, escuelas, iglesia y calles de ese poblado localizado al sur de Puerto Vallarta. Tres veces corrieron el peligro de ser desalojados a lo largo de 2015, y tres veces se movilizaron para impedirlo. La primera el 1 de marzo, cuando ante el rumor de una sentencia para desalojarlos, los pobladores hicieron un paro de labores de todos los servicios y negocios turísticos. Como la mayoría de las historias de despojo, la de Mismaloya comienza con un litigio de tierras. El empresario Fernando Beltrán y Puga ganó un juicio agrario por 10 hectáreas del lugar, de las cuales seis es donde se asienta una población de 300 familias y más de mil personas. El poblado de Mismaloya está ubicado en el ejido del mismo nombre, dotado a campesinos costeños en 1937 por Lázaro Cárdenas mediante resolución presidencial publicada el 4 de diciembre de 1937 en el Diario Oficial de la Federación. Lázaro Cárdenas dotó con 1,160 hectáreas a vecinos del poblado de Boca de Tomatlán, ejido al que en ese entonces pertenecía Mismaloya y que “se encuentra distribuido en dos núcleos, situados ambos en el margen de la ensenada de Tomatlán, denominándose uno Tomatlán y otro Mismaloya, que ambos núcleos se hallan en terrenos de la Hacienda de Quimixto”.41 El conflicto por la tierra que hoy tiene en resistencia a los pobladores de Mismaloya inició en 1970 cuando Jorge Beltrán y Puga adquirió 10 hectáreas al ejido, aunque “terminó reclamando muchas más. Los habitantes de Mismaloya acusan a los herederos de Beltrán y Puga de haber alterado los términos del contrato original para reclamar más tierra de la que inicialmente compró su padre”, e incluso señalan que el comprador incumplió el trato al pagar solamente 5,000 pesos a cada ejidatarios, adeudándoles otros 10,000 pesos. La familia Beltrán y Puga continuó con el litigio y en 2008 el magistrado Sergio Luna Obregón, del Tribunal Agrario Número 13 en Guadalajara, dictó una sentencia a favor de Fernando Beltrán y Puga, hijo del supuesto comprador.42 A principios de septiembre el empresario Fernando Beltrán y Puga se presentó en la localidad con más de medio centenar de personas con la intención de poner una malla en un terreno aledaño a la escuela del lugar, pero se corrió la voz entre los pobladores y decenas de ellos se lo impidieron.43 Pero el 27 de octubre de 2015, el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, del Tribunal Agrario nº 13 de Guadalajara, emitió una orden de desalojo que, según las autoridades agrarias es válida, pero ha sido resistida por los pobladores de Mismaloya. Los habitantes de esta conocida playa sostienen que la resolución fue emitida mediante irregularidades e incluso denuncian que el empresario que los pretende despojar tiene decenas de demandas de fraude en varias partes del país.44 Rafael Núñez, abogado de los afectados, dijo que el magistrado no admitió pruebas contundentes y no tomó en cuenta la resolución presidencial publicada de 1937. La fuerza de la resistencia de la población ha impedido que la resolución para despojarlos se ejecute, y han obligado a las autoridades estatales y municipales a no enviar la fuerza pública (como se pide en la resolución) para sacarlos de sus casas y negocios, a pesar del riesgo de ser acusados de desacato. Los pobladores se han organizado y llevado a cabo diversas manifestaciones, plantones, conciertos, páginas de difusión, peticiones en línea para impedir el desalojo. Dicen que están dispuestos a todo y han declarado que defenderán su patrimonio, “aunque la sangre corra en Mismaloya”.45 “Estamos en pie de guerra en una lucha y no queremos ser una comunidad como Tenacatita, como Bahía de Banderas que le ha entregado a los extranjeros su patrimonio, su hogar por unos cuantos pesos. Nosotros no queremos unos cuantos pesos, queremos nuestro hogar en el que hemos permanecido cinco generaciones unidas”, dijo una habitante en un video de denuncia subido a YouTube el 1 de marzo de 2015.46 Por su parte, Francisco Villaseñor Pacito, uno de los voceros de la comunidad, declaró: “la gente ya está decidida a todo, la gente ya no la vas a controlar en caso de que vean a la persona que viene con el juez, que trae máquinas y todo eso; la gente va a tapar la carretera y le va a valer ‘güilson’ a la gente, y ya. Ya la gente quiere de una vez de saber se quedan en sus casas o se van al panteón. Esa es la propuesta de todo el pueblo de Mismaloya”.47
Tal como viene ocurriendo desde años atrás, el despojo de territorios, playas y recursos en la costa de Jalisco ocurre para beneficio de empresas trasnacionales, y para la construcción de negocios dedicados al turismo de muy alto nivel. En 2015 continuó la construcción del que se presenta como el hotel más lujoso (y probablemente más caro) de México. Se trata del Hotel Cheval Blanc en Careyes, municipio de La Huerta, a cargo del conglomerado multinacional francés Louis Vüitton Moët Hennessy (lvmh). La empresa anunció que en una primera etapa invertiría 230 millones de dólares. Dicho hotel, que abrirá en 2017, contará con 52 habitaciones, donde la noche de hospedaje costaría unos 4,000 dólares, aproximadamente 80 mil pesos. El hotel del conglomerado Louis Vüitton es el primero de la compañía en América, con una clasificación de 7 estrellas. Junto a ese hotel se desarrollan los hoteles Four Seasons y One and Only. Los tres negocios comparten un campo de golf de 18 hoyos y una marina para yates.48 En conjunto, estos tres hoteles conformarán uno de los complejos turísticos más excluyentes no sólo de Jalisco, sino del país y del continente, lo que confirma la política de despojo impulsada por las autoridades estatales y federales. A fin de complacer a los turistas ricos que se esperan en ese complejo y que sólo viajan en aviones privados, el gobierno de Jalisco aceptó regalar 90 millones de pesos para construir una aeropista en la zona, informó el secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos Flores.49
Ahuisculco, un pueblo en defensa de su agua
En septiembre de 2015 los pobladores de Ahuisculco, ubicado en el municipio de Tala, se enteraron que una empresa con distintos nombres (entre ellas Laboratorios Pisa) estaba construyendo depósitos de grandes dimensiones para almacenar melaza. La construcción de estos depósitos industriales encendió la alarma en esta localidad de 5,000 habitantes. Dichos depósitos contaminarían los nacimientos de agua de la zona, que es 99% potable. La alarma corrió con rapidez y desde el 6 de octubre los pobladores instalaron un plantón para exigir a la empresa, al gobierno municipal de Tala, al gobierno estatal y a los diputados locales, la cancelación del proyecto. El plantón duró casi cien días mantenido de forma ininterrumpida por toda la población mediante la organización de turnos por barrios y familias. El tamaño de su lucha y tenacidad era proporcional al riesgo de perder sus limpios y transparentes manantiales de donde la población se abastece para su vida diaria. “Ahuisculco, es uno de los pocos lugares en México donde los residentes pueden abrir sus grifos y beber agua fresca y limpia. De hecho, puede ser el único lugar donde esa agua llega hasta las cocinas, desde las montañas, por la mera fuerza de la gravedad. Esas raras aguas azules de manantiales cristalinos son un tesoro”, escribió la periodista ambiental estadounidense Tracy Barnett.50 La resistencia, que tomó como nombre Comité de Defensa de Recursos Naturales de Ahuisculco, consiguió una defensa exitosa de sus recursos. El 20 de enero de 2016 el presidente municipal de Tala acudió al plantón que los pobladores mantuvieron durante tres meses e informó que el gobierno municipal ofreció a la empresa una permuta por un terreno más cerca de la cabecera municipal; el terreno donde se pretendía construir los contenedores de melaza se convertirá en una cancha deportiva, informó Juan Carlos Montes Medina, uno de los voceros de la comunidad. La lucha en defensa del agua transformó al pueblo y el comité que nació para defender los manantiales, ahora luchará por otros problemas que enfrenta el pueblo. “Queremos ser un ejemplo y queremos ser un parteaguas en esta región donde se vea que la voluntad del pueblo está por encima de nuestros gobernantes”.51
Resistencias en contexto de guerra
La panorámica general de los sujetos que resistieron procesos de despojos en Jalisco durante 2015 confirma que el proceso general está enmarcado en un contexto de guerra y violencia en México y Jalisco. Y contra lo que sostiene el discurso oficial, esta violencia no es sólo entre miembros de la delincuencia organizada, ni es un conjunto caótico de enfrentamientos, asesinatos y desapariciones. Buena parte de esa violencia se dirige contra los pueblos, comunidades y organizaciones que padecen despojo. Y una parte de esa violencia y guerra ocurre contra pueblos y comunidades cuyo territorio se quiere despojar, como es el caso de las comunidades wixaritari que defienden sus territorios y sitios sagrados de los intereses de los negocios mineros, de las concesiones de agua o de los negocios turísticos; o la embestida contra la comunidad de Mezcala; o la persecución, criminalización, desaparición y asesinato con la que se despoja en la costa de Jalisco; o los más de 30 muertos y media docena de desaparecidos que ha pagado la comunidad nahua de Ayotitlán por defender su territorio de la minería y la tala de bosques de las empresas legales e ilegales. Visto desde los territorios despojados o que se pretende despojar, la violencia cobra otro sentido: es funcional para los planes y proyectos de acumulación por despojo. Como sostiene Carlos Fazio:
La guerra asimétrica de Felipe Calderón (diseñada en Estados Unidos) tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto diera paso a una posterior enloquecida carrera trasnacional para el despojo.52
El resultado principal de esta guerra es que logra un reordenamiento del territorio, y por tanto, de las poblaciones. Es una dinámica que busca “desordenar/destruir/reconstruir/reordenar”, sostiene Carlos Fazio. Este empalme entre guerra y violencia, con su larga cadena de desapariciones y asesinatos, y despojos de territorios valiosos para negocios capitalistas puede cotejarse en los trabajos de cartografía elaboradas por CartoCrítica de Manuel Llano. En esos mapas, que superponen los territorios de los pueblos indígenas, las áreas naturales protegidas, con las concesiones mineras, de agua o para la actual explotación petrolera, la relación violencia-despojo aparece casi nítida.53
En todos los casos de despojo hablamos de reterritorializar, es decir, cambiar-modificar el sentido del territorio. El territorio puede estar destinado a la siembra, a la pesca, al esparcimiento en un parque público, pero mediante distintas dinámicas, estrategias y maniobras el gobierno o las corporaciones privadas se apropian, conquistan o colonizan esos territorios para darles usos privados para la acumulación de capital. Así ocurre en Arcos Guadalupe, en el cerro de la Reina en Tonalá, o el bosque El Nixticuil en Zapopan. Así ocurre con la invasión en El Pandillo en Mezcala, el despojo de playas en Careyes para hoteles de lujo; y ocurre también en los megaproyectos de gobierno como El Zapotillo, o el Macrolibramiento.
En este contexto de guerra, en muchos casos el despojo se impone (o trata de imponer) mediante la represión, el hostigamiento, e incluso con el asesinato y las desapariciones. En 2015 (el 13 de julio) cumplió cuatro años de asesinado Aureliano Sánchez Ruiz, líder de las cooperativas pesqueras de la Costa Sur de Jalisco;54 el 24 de marzo cumplieron cuatro años de desaparecidos José de Jesús Romero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Ríos, pescadores de Cruz de Loreto, defensores de su trabajo y de su comunidad y críticos del negocio turístico Hotelito Desconocido, a quienes se vio por última vez luego de ser convocados a una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) de Jalisco;55 el 23 de octubre cumplió tres años desaparecido Celedonio Monroy Prudencio, defensor del territorio del pueblo nahua de Ayotitlán.56 La lista de los que faltan es inmensa.
Recursos de la resistencia
El despojo es una política de Estado, que se origina con la legislación para la desposesión que se ha ido aprobando desde hace tres décadas, que cuenta con el aparato administrativo, la fuerza pública y, en ocasiones, con la violencia del crimen organizado para imponerse en los territorios que se pretenden valorizar para el capital. Es una fuerza enorme. Muchas veces a sus agencias, leyes y fuerza pública, el Estado se hace valer de organizaciones civiles o no gubernamentales para imponer sus políticas de despojo, como es el caso de la agrupación México Sustentable, denunciado por pobladores de Acasico y Temacapulín por servir a los objetivos de Conagua y cea para imponer la presa El Zapotillo y reubicar sus pueblos, o los activistas y consultores ciudadanos que trabajan para el proyecto de Ciudad Creativa Digital; o la asociación Idea, denunciada en Ayotitlán por trabajar con gobiernos al mismo tiempo que dice representar luchas sociales. En este conjunto de estrategias oficiales, los gobiernos han ido creando “observatorios ciudadanos” para el agua, el transporte, y otros donde no se atienden las observaciones emitidas (como las 58 presentadas por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el estado), pero trata de usarlos para legitimarse.
Los sujetos que resisten el despojo se ven obligados a desplegar un abanico de recursos para oponerse a esa fuerza asimétrica que se les impone, muchas veces de forma sorpresiva a intempestiva. Casi de forma reactiva, los sujetos que enfrentan el despojo acuden a los recursos legales que el Estado liberal ofrece para denunciar, para solicitar información, para tratar de revertir medidas o para denunciar despojos en curso, o consumados. Casi todos estos recursos fracasan, además, recurrir a esa vía implica altos costos físicos y económicos para los sujetos que resisten. En algunos casos, los recursos jurídicos alcanzan a ganar algunas batallas, como es el caso de los diversos amparos que los abogados que acompañan a Temacapulín han interpuesto contra la presa El Zapotillo y el trasvase de agua a León. En 2015 se ensayó el recurso de la demanda colectiva contra la contaminación del río Santiago, aunque hasta ahora no se sabe su resultado.
La denuncia pública es otro recurso para la resistencia. Esta denuncia empieza muchas veces con cartulinas o volantes repartidos en los lugares del despojo, y luego se busca multiplicar la denuncia acudiendo a los medios informativos comerciales y tradicionales. Pero cada día son más los movimientos que producen sus propios medios de información con resultados más exitosos; los medios informativos de los movimientos son ocasionalmente impresos, pero cada vez más se recurre a publicaciones electrónicas como blogs, páginas propias en Internet, páginas en Facebook o cuentas en Twitter. Varios movimientos contra despojos utilizaron la firma de peticiones en línea (como Change.org) para difundir su caso (como Mismaloya o Ahuisculco), con resultados contrastantes. La búsqueda de solidaridad de otros movimientos o abiertamente ante la sociedad es otro recurso de los movimientos. Se busca localmente, y en ocasiones a escala nacional, como fue en el caso de la comunidad de Mezcala, a partir de las redes de las organizaciones de derechos humanos. No obstante, muchas veces se trata de una solidaridad mecánica que no consigue los objetivos deseados.
Entre los recursos utilizados en 2015 destacan las acampadas o plantones, desplegados por los movimientos que resistieron despojos en Mismaloya, Ahuisculco, el Cerro de la Reina en Tonalá o los colonos de Arcos Guadalupe en Zapopan. En Mismaloya, la vigilia de la comunidad para impedir la ejecución de una sentencia de desalojo se activó de manera exitosa al menos en tres ocasiones; Es el caso de una comunidad completamente movilizada para este objetivo y lo consiguieron. En Arcos de Guadalupe, los plantones en defensa del parque público invadido para un negocio inmobiliario han sido agredidos por guardias privados de la empresa, pero han servido para difundir su denuncia de manera ampliada. El movimiento contra el proyecto Yolkan en Tonalá llevó a cabo varias acampadas en el Cerro de la Reina que sirvieron no sólo para la denuncia, sino para sumar más vecinos y organizaciones y para dar fortaleza e identidad a su movimiento. Quizá el caso más grande de acampadas o plantones en 2015, ocurrió en Ahuisculco, en Tala donde la mayoría de los 5,000 pobladores se involucraron de una u otra manera, con la organización de las guardias en el plantón en el sitio donde se pretendía montar una instalación industrial; las guardias y sus alimentos eran mantenidas de forma organizada por barrios y familias. Este dispositivo de resistencia fue clave para que la población de Ahuisculco terminara sacando a la empresa de su territorio, defendiendo con éxito su agua.
Las resistencias meten en crisis a los despojos
A pesar de la relación asimétrica que existe entre las dinámicas que buscan la acumulación por desposesión y los recursos limitados de las comunidades, pueblos, barrios y organizaciones que enfrentan estas dinámicas, las resistencias están metiendo en crisis a los despojos. Los ejemplos abundan. Los megaproyectos de infraestructura hidráulica o de movilidad, están parados o retrasados significativamente. Por ejemplo, el Macrolibramiento de la zona metropolitana de Guadalajara que el gobierno federal construye entre Tala y Zapotlanejo, se inició en 2008 y se esperaba que entrara en funcionamiento en 2012, según declaró en diciembre pasado el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Bernardo Gutiérrez Navarro. Según el calendario del gobierno, la presa El Zapotillo ya debería estarse llenando, con los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo empezando a inundarse; lo mismo ocurre con el acueducto El Zapotillo-León: según los diseños del poder, el acueducto iniciaría en febrero de 2012 y concluiría en febrero de 2015, pero el calendario de la resistencia dice que no se ha construido un metro de esa obra (aunque la empresa española Abengoa ya ha cobrado 800 mdp). El proyecto de Chalacatepec o Nuevo Cancún fue anunciado en enero de 2010; hasta ahora no ha avanzado debido a las resistencias de los integrantes del ejido Morelos y ejido Campo Acosta de Tomatlán. Las resistencias han hecho fracasar u obligado a reconvertir negocios inmobiliarios en El Nixticuil, o han obligado a cancelar (así sea temporalmente) proyectos como el Yolkan en Tonalá. De este modo puede confirmarse que las resistencias meten en crisis a los proyectos de despojo. Posiblemente no los detengan, o los impidan, pero los meten en crisis.
1 Carolina Gómez Aguiñaga. “Desalojarán a 650 habitantes de Mismaloya”, portal Prensa Global, 1 de marzo 2015. Consultado en: http://www.prensaglobal.com/notas/79316.html
2 Juan Yves Palomar. “El pueblo contra la presa: Diez años de lucha en Temacapulín, Jalisco”, 25 de junio de 2015. Consultado en: http://cronicadesociales.org/2015/06/25/el-pueblo-contra-la-presa-diez-anos-de-lucha-en-temacapulin-jalisco/
3 Un relato del origen, alcance e historia del Comité Salvabosque se encuentra en esta entrevista en Cosa Pública 2.0, Radio UdeG, 6 de julio de 2015. Se puede consular en: http://udgtv.com/noticia/comit%C3%A9-salvabosque-el-nixticuil
4 En este link se puede leer una ficha de la propia organización: http://www.fame2012.org/fr/cartographie-luttes-alternatives/salto-de-vida/
5 El 29 de enero de 2013, a unos días de tomar posesión del cargo, Aristóteles Sandoval publicó en su cuenta de Twitter: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”. Posteriormente, el 21 de abril de 2013 (ya como gobernador) visitó Temacapulín, caminó sus calles, habló con los pobladores y reiteró su promesa de no inundar esa localidad. Aquí el mensaje en Twitter y la visita del gobernador a Temacapulín. https://www.youtube.com/watch?v=P7qku4hlUB0
6 Aquí la carta: “Diócesis alteña, levanta la voz por Temaca”. Semanario de la diócesis de Guadalajara, 29 de diciembre de 2014. Consultado en: http://www.semanario.com.mx/ps/2014/12/observatorio-ciudadano-para-la-gestion-integral-del-agua-del-estado-de-jalisco/
7 Agustín del Castillo. “Alteños exigen cancelar trasvase a León”. Milenio, 5 de febrero de 2015. Consultado en: http://www.milenio.com/region/Altenos-exigen-cancelar-trasvase-Leon-El_Zapotillo_0_458954451.html
8 Alejandra Guillén. “Denuncian presiones para vender sus tierras”. Más por Más, 17 de febrero de 2015. Consultado en http://cronicadesociales.org/2015/02/17/denuncian-presiones-para-vender-sus-tierras/
9 Raúl Torres. “Llevan lucha contra presa El Zapotillo a España”. El Universal, 25 de junio de 2015. Consultado en: http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/llevan-lucha-contra-presa-el-zapotillo-a-espania-1110054.html
10 Una explicación concisa de estos argumentos se dieron a conocer en la campaña “Conagua negocia con el agua”, publicados en el folleto “¿Quién gana con el acueducto El Zapotillo-León?”, del Comité Salvemos Temaca, imdec, Colectivo de Abogados y Fundación Rosa Luxemburg.
11“En 1953 una resolución presidencial reconoció a la comunidad wixárika con 240 mil hectáreas, una parte fue invadida por pobladores que dividieron la superficie en 64 lotes, en el área de La Yesca, Nayarit. La comunidad demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, mediante 45 juicios: 10 expedientes estuvieron a su favor, pero con recurso de impugnación, en las cuales hay 2,600 hectáreas; otros 22 expedientes están en litigio con una extensión de 3,600 hectáreas. Los 13 juicios restantes fueron a su favor, en estado de ejecución inminente. Así que los indígenas están por recuperar 3,500 hectáreas. “Ya nos van a regresar las tierras por la vía legal”, mencionó Ubaldo Valdez”. Elizabeth Ortiz, “Ganan batalla en recuperación de tierras”. Diario NTR, 11 de agosto de 2015. Consultado en: http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=12042
12 Entrevista a Ubaldo Valdez, secretario del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. Cosa Pública 2.0, Radio UdeG. 22 de abril de 2015. Se puede consultar en: http://udgtv.com/noticia/entrevista-con-ubaldo-valdez-secretario-del-comisariado-de-bienes-comunales-de-la-comunidad
13 Pronunciamiento del Consejo Regional Wixárika en defensa de Wirikuta en torno al foro: “Retos y desafíos del pueblo wixárika frente a las intervenciones del Estado”. 6 de noviembre. Consultado en: http://www.consejoregionalwixarika.org/content/pronunciamiento-del-consejo-regional-wix%C3%A1rika-en-defensa-de-wirikuta-en-torno-al-foro-retos
14 Mireya Blanco. “Piden comunidades indígenas cesen proyectos mineros y turísticos”. Notisistemas, 10 de agosto. Consultado en: http://www.notisistema.com/noticias/piden-comunidades-indigenas-cesen-proyectos-mineros-y-turisticos/
15 Agustín del Castillo. “Huicholes tomaron las calles de la cabecera de Mezquitic”. Milenio, 24 de septiembre de 2015. Consultado en: http://www.milenio.com/region/Huicholes-tomaron-calles-cabecera-Mezquitic_0_597540260.html
16 Consejo Regional Wixárika. Pronunciamiento del Consejo Regional Wixárika en defensa de Wirikuta en torno al foro: “Retos y desafíos del pueblo wixárika frente a las intervenciones del estado”. Consultado en: http://www.consejoregionalwixarika.org/content/pronunciamiento-del-consejo-regional-wix%C3%A1rika-en-defensa-de-wirikuta-en-torno-al-foro-retos
17 Montserrat Ramírez. “Destruye Peña Colorada rancho en Las Parotas y deja a 10 personas sin hogar”. Perriodismo.com.mx, 21 de febrero de 2015. Consultado en: http://www.perriodismo.com.mx/2015/02/21/destruye-pena-colorada-rancho-en-las-parotas-y-deja-a-10-personas-sin-hogar/
18 Agustín del Castillo. “Ejidatarios toman extracción minera de Peña Colorada”. Milenio, 22 de julio de 2015. Consultado en: http://www.milenio.com/region/Ejidatarios-extraccion-minera-Pena-Colorada_0_559144298.html?print=1
19 Juan Pablo Sánchez. “Detienen a 34 ejidatarios de Ayotitlán tras irrumpir en Peña Colorada”. Ángel Guardian.mx, 23 julio 2015. Consultado en: http://angelguardian.mx/beta/detenidos-34-ejidatarios-de-ayotitlan-tras-irrupcion-en-la-minera-pena-colorada/
20 Pedro Zamora Briseño. “Liberan a 33 indígenas que tomaron minera en Colima, pero queda preso su defensor”. Proceso, 31 de julio de 2015. Consultado en: http://www.proceso.com.mx/411957/liberan-a-33-indigenas-que-tomaron-minera-en-colima-pero-queda-preso-su-defensor
21“Mienten a ejidatarios de Ayotitlán para tomar a la minera Peña Colorada”. Tukari, 22 de agosto de 2015. Consultado en: http://www.tukari.udg.mx/noticia/mienten-ejidatarios-de-ayotitlan-para-tomar-la-minera-pena-colorada
22 Juan Carlos G. Partida. “Exige MC liberar a líder nahua en Jalisco”. La Jornada, 8 de febrero de 2016. Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/08/exige-mc-liberar-a-lider-nahua-en-jalisco-201.html
23 Entrevista a Jaime Hernández, de la uaci. Cosa Pública 2.9 Radio UdeG, 23 de diciembre de 2015. Consultado en: http://udgtv.com/noticia/jaime-hern%C3%A1ndez-de-la-unidad-de-apoyo-las-comunidades-ind%C3%ADgenas-uaci-entrevistas-del-23-de
24 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”. “Exigimos un alto a la criminalización de la comunidad indígena de Mezcala de Asunción, Jalisco, México”. 20 de febrero de 2015. Consultado en: http://redtdt.org.mx/?p=2068
25 Todo el caso de criminalización y persecución contra los comuneros de Mezcala se puede encontrar detallado en el documento AU/CEPAD/01/2015 del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ac (Cepad). “Acción Urgente: se absuelva a integrantes de la comunidad indígena coca de Mezcala de delitos fabricados”, del 6 de octubre de 2015. Consultado en: https://cepad.org.mx/accion-urgente-se-absuelva-a-integrantes-de-la-comunidad-indigena-coca-de-mezcala-de-delitos-fabricados/. El testimonio de los comuneros se puede encontrar aquí: Rubén Martín y Jesús Estrada. Entrevista a Rocío Moreno, de la comunidad de Mezcala. Programa Cosa Pública 2.0. Radio UdeG. Consultado en: http://udgtv.com/noticia/roc%C3%ADo-moreno-de-la-comunidad-de-mezcala-0
26 Cepad. “Boletín: miembros de la comunidad indígena coca de Mezcala quedan absueltos de los delitos fabricados es su contra”. 17 de noviembre de 2015. Consultado en: https://cepad.org.mx/boletin-miembros-de-la-comunidad-indigena-coca-de-mezcala-quedan-absueltos-de-los-delitos-fabricados-es-su-contra/
27 Cepad. “Comunicado de prensa: La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción recibe fallo favorable en juicio agrario contra Guillermo Moreno Ibarra”, 11 de noviembre de 2015. Consultado en: https://cepad.org.mx/comunicado-la-comunidad-indigena-coca-de-mezcala-de-la-asuncion-recibe-fallo-favorable-en-juicio-agrario-contra-guillermo-moreno-ibarra/
28 Rubén Martín. “Mezcala, dos noticias y una historia”. El Informador, 4 de noviembre de 2015. Consultado en: http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2015/11/24/mezcala-dos-noticias-y-una-historia/?m=t
29 Así recordó el abogado de la comunidad, Salvador López, las palabras del invasor en una audiencia de conciliación que no terminó bien, el 4 de febrero de 2015. Jorge Covarrubias. “Embestida judicial contra Mezcala”. Proceso, 7 marzo 2015. Consultado en: http://www.proceso.com.mx/397815/embestida-judicial-contra-mezcala
30 César Octavio Huerta. “Mezcala, una comunidad indígena en peligro de ser despojada”. Proyecto Diez, 16 de octubre de 2015. Consultado en: http://www.proyectodiez.mx/mezcala-una-comunidad-indigena-en-peligro-de-ser-despojada/
31 El recuento de acciones de resistencia se pueden seguir detalladamente en sus propios medios de información y divulgación. Su blog: http://comitesalvabosquetigre2.blogspot.mx/; página en Facebook: https://www.facebook.com/Comite.Salvabosque.Tigre.II/; y en su cuenta de Twitter: https://twitter.com/bosquenixticuil.
32 Juan Valdovinos. “Postegan ‘Aranaférico’ para 2016”. Mural, 10 de febrero de 2015. Consultado en: http://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=460920
33 Thamara Villaseñor. “Tonaltecas expresan al gobernador su negativa al parque Yolkan”. El Informador, 20 de octubre de 2015. Consultado en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/621007/6/tonaltecas-expresan-al-gobernador-su-negativa-al-parque-yolkan.htm
34 Rubén Martín y Jesús Estrada. Entrevista con Tunuary Chávez, del Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina. Cosa Pública 2.0, Radio UdeG, 18 de diciembre de 2015. Consultado en: http://udgtv.com/noticia/tunuary-ch%C3%A1vez-del-colectivo-defendamos-el-cerro-de-la-reina-entrevista-del-18-de-diciembre
35 Colonos de Arcos de Guadalupe. “Los parques son de todos, las plazas son de algunos. Para la construcción en Arcos de Guadalupe”. Petición en Change.org. Consultada en: https://www.change.org/p/los-parques-son-de-todos-las-plazas-son-de-algunos-para-la-construcci%C3%B3n-en-arcosdguadalupe?recruiter=63953101&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog
36 Las fuentes para conocer esta resistencia: la página en Facebook de los vecinos en resistencia: https://www.facebook.com/ArcosdeGpe/; Alejandra Guillén, “Zapopan deja perder un parque”. Más por Más, 10 de febrero de 2016. Consultado en: http://cronicadesociales.org/2016/02/10/zapopan-deja-perder-un-parque/; Rubén Martín y Jesús Estrada, entrevista con Norma Valle en Cosa Pública 2.0 Radio UdeG, 3 noviembre 2015: http://udgtv.com/noticia/norma-valle-vecina-de-la-colonia-arcos-de-guadalupe-en-zapopan
37 Las actividades de Civilidad para Transformar se pueden seguir en su página en Facebook: https://www.facebook.com/Civilidad-para-Transformar-AC-137829956384088/
38 José Luis Jiménez Castro. “Ejidatarios de San Juan de Ocotán se manifiestan”. Notisistema, 29 de junio de 2015. Consultado en: http://www.notisistema.com/noticias/ejidatarios-de-san-juan-de-ocotan-se-manifiestan/
39 Rafael Hernández Guizar. “Acabarán con nuestras casas: Vecinos de Ladrón de Guevara”. Página 24, 24 de junio de 2015. Consultado en: http://pagina24jalisco.com.mx/local/2015/06/24/acabaran-con-nuestras-casas-vecinos-de-ladron-de-guevara/
40 Los pasos de Un Salto de Vida se pueden seguir en su página: https://www.facebook.com/unsaltodevida
41 Carolina Gómez Aguiñaga. “Desalojarán a 650 habitantes de Mismaloya”, portal Prensa Global, 1 de marzo de 2015. Consultado en: http://www.prensaglobal.com/notas/79316.html
42 Luis Alberto Alcaraz. “Mismaloya en pie de guerra”. Noticias Vallarta.com, 28 de octubre de 2015. Consultada en: http://www.noticiasvallarta.com/local/mismaloya-en-pie-de-guerra/
43 Carina Elizondo y Martha Ramírez Ruiz. “Zozobra por desalojo enciende falsa alarma en Mismaloya”, Contralínea, 9 septiembre 2015. Consultado en: http://www.contralinea.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8574:zozobra-por-desalojo-enciende-falsa-alarma-en-mismaloya&catid=25:nota-principal&Itemid=101
44“El Señor Puga el Paracaidista y fraudulento personaje de los Bienes raíces en Lomas de Mismaloya, Lomas del pacífico y quien tiene decenas de demandas por fraude en diferentes destinos turísticos del país y ahora planea despojar al pueblo de
45 Carolina Gómez Aguiñaga. “Desalojarán a 650 Habitantes de Mismaloya”, portal Prensa Global, 1 de marzo de 2015. Consultado en: http://www.prensaglobal.com/notas/79316.html
46“Playa Mismaloya. Paro de labores”. YouTube, 1 de marzo de 2015. Consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=TNaRVisZiSc
47 Rubén Martín y Jesús Estrada. Entrevista a Francisco Villaseñor, ejidatario de Mismaloya. Cosa Pública 2.0, Radio UdeG, 30 de octubre de 2015. Consultado en: http://udgtv.com/noticia/francisco-villase%C3%B1or-ejidatario-de-mismaloya-al-sur-de-puerto-vallarta-jalisco
48“Louis Vuitton construirá en La Huerta el hotel más lujoso del país: 4 mil dólares por noche”. Letra Fría (Autlán), 4 de febrero de 2016. Consultado en: http://www.letrafria.com/index.php/mpios/9973-louis-voitton-construira-en-la-huerta-el-hotel-mas-lujoso-del-pais-20-mil-dolares-por-noche%20v%C3%ADa%20@LetraFria
49“Chalacatepec tendrá aeropuerto en 18 meses”. El Informador, 17 de marzo de 2015. Consultado en: http://www.informador.com.mx/economia/2015/581713/6/chalacatepec-tendra-aeropuerto-en-18-meses.htm
50 Tracy L. Barnett. “Una comunidad de Jalisco se enfrenta a las retro excavadoras para proteger su agua”. El portal informativo Animal Político, 19 de diciembre de 2015. Consultado en: http://www.animalpolitico.com/2015/12/una-comunidad-de-jalisco-se-enfrenta-a-las-retro-excavadoras-para-proteger-su-agua/
51 Rubén Martín y Jesús Estrada. Entrevista con Juan Carlos Montes, del Comité de Defensa de Recursos Naturales de Ahuisculco. Cosa Pública 2.0, Radio UdeG, 21 enero 2016. http://udgtv.com/noticia/juan-carlos-montes-integrante-del-colectivo-ahuisculco-se-defiende
52 Carlos Fazio. “Geopolítica y despojo”, La Jornada, 26 de octubre de 2015. Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/26/opinion/019a1pol
53 CartoCrítica se presenta como “una iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que busca acercar el uso de tecnologías de la información geográfica a la promoción de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente”. Su impulsor es Manuel Llano Vázquez Prada. Su sitio es: http://www.cartocritica.org.mx/. Un ejemplo de cartografía del despojo puede verse en este mapa sobre la minería en Wirikuta, el sitio sagrado del pueblo wixárika: http://www.cartocritica.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/wirikutafest_concesiones.jpg
54 Agustín del Castillo y Sergio Hernández. “Asesinan a defensor de playas públicas”. En Verde Bandera, 15 de julio de 2011. Consultado en: http://verdebandera.com.mx/asesinan-a-defensor-de-playas-publicas/
55 Alejandra Guillén. “Los desaparecidos del Hotelito Desconocido”. Más por Más, 28 septiembre 2015. Consultado en: http://cronicadesociales.org/2015/09/28/los-desaparecidos-del-hotelito-desconocido/
56 Pedro Zamora Briseño. “Celedonio Monroy, defensor indígena desaparecido en tierra de pobres”. Colima 3.0, 31 de octubre de 2014. Consultado en: http://172.81.119.58/~colima30/celedonio-monroy-defensor-indigena-desaparecido-en-tierra-de-pobres-especial/
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