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Timestamp: 2018-09-26 06:51:47+00:00

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Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile - Comisión interamericana de derechos humanos
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En este caso, la Corte Interamericana examinó un reclamo interpuesto por Marcelo Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton contra el Estado de Chile por haberles denegado el acceso a la información solicitada sobre un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en Chile por una empresa extranjera. Las víctimas solicitaron al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) del Estado chileno información sobre un proyecto productivo de la empresa Trillium que podría tener impactos ambientales. Ante el pedido de información realizado por Reyes, Cox y Longton, la CIE respondió tarde y en forma incompleta649.
La Corte Interamericana estableció que la información que no fue entregada por el Estado era de interés público650. Además, la Corte Interamericana estableció que dicho pedido de información guardaba relación con la verificación del adecuado actuar y cumplimiento de funciones por parte de un órgano estatal651. La Corte consideró que la restricción aplicada al derecho de acceso a la información de las víctimas no estaba basada en una ley652, y no respondía a un objetivo legítimo permitido por la Convención Americana ni era necesaria en una sociedad democrática, ya que la autoridad encargada de responder la solicitud no adoptó una decisión escrita que diera cuenta de las razones por las cuales no se permitió el acceso a toda la información requerida653.
La Corte concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención y que incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, al no haber adoptado las medidas necesarias y compatibles con la Convención para hacer efectivo el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, la Corte concluyó que Chile incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención654.
Como medidas de reparación, la Corte condenó al Estado el pago de costas y gastos655 y dispuso que debía “entregar la información solicitada por las víctimas, en su caso, o adoptar una decisión fundamentada al respecto”656; publicar el capítulo de hechos probados y la parte resolutiva de la sentencia en el diario oficial y en otro medio de amplia circulación657; adoptar “las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados”658; así como capacitar a los funcionarios estatales encargados de atender las solicitudes de acceso a la información sobre la normatividad y los estándares interamericanos que rigen este derecho659.
Mediante resolución del 24 de noviembre de 2008, la Corte Interamericana dio por concluido el caso al considerar que el Estado había dado pleno cumplimiento a la sentencia660.
En este caso, la Corte Interamericana estudió la situación del periodista y escritor argentino Eduardo Kimel, quien fue condenado por el delito de calumnia a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización. La condena se dio a raíz de la publicación de un libro escrito por el periodista, en el cual criticaba duramente la actuación de un juez en relación con la investigación de unos homicidios cometidos durante la dictadura militar661.
La Corte Interamericana concluyó que el Estado argentino violó el artículo 13 de la Convención Americana, al haber utilizado en forma innecesaria y desproporcionada su poder punitivo en contra del periodista Kimel662. Según la Corte, dado que la crítica del periodista se refería a las actuaciones de un juez en ejercicio de su cargo frente a un tema de notorio interés público, el Estado debía mostrar mayor tolerancia frente a las afirmaciones realizadas por aquel, en tanto las mismas hacían parte de un ejercicio de control democrático a través de la opinión pública663. Resaltó además que en el debate sobre asuntos de interés público, la Convención protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como “aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”664.
En vista de lo anterior, la Corte determinó que el Estado debía pagar una suma de dinero por concepto de los daños material e inmaterial sufridos por el peticionario665, así como pagar las costas y gastos procesales666. Igualmente, dispuso que el Estado debía dejar sin efectos la sentencia penal proferida contra el señor Kimel, eliminar su nombre del registro de antecedentes penales667, así como publicar el capítulo de hechos probados y la parte resolutiva de la sentencia en el diario oficial y en otro medio de amplia circulación668. Adicionalmente ordenó que se adecuara la normatividad interna, para corregir las imprecisiones de las disposiciones penales sobre calumnias e injurias, de tal modo que no se afecte la libertad de expresión669. Finalmente, por primera vez en un caso de esta naturaleza, ordenó al Estado llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad670.
Mediante resolución del 18 de mayo de 2010, la Corte Interamericana declaró que el Estado había dado cumplimiento a las obligaciones de realizar los pagos, eliminar el nombre del señor Kimel del registro de antecedentes penales, publicar los apartes indicados de la sentencia y adecuar el derecho interno671. Posteriormente, mediante resolución del 15 de noviembre de 2010, la Corte determinó que el Estado había cumplido la obligación de realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, pero resolvió mantener abierto el procedimiento de supervisión hasta el cumplimiento de la obligación de dejar sin efecto la condena penal impuesta al señor Kimel672.
Caso Tristán Donoso Vs. Panamá
La Corte Interamericana se refirió en este caso a la situación del abogado Tristán Donoso, quien fue condenado a 18 meses de prisión y al pago de una indemnización por el delito de calumnia, debido a las acusaciones que efectuó contra el Procurador General de la Nación en una rueda de prensa en la que afirmó que ese funcionario había interceptado y usado ilegalmente sus comunicaciones privadas. Al día siguiente de esta rueda de prensa, el señor Tristán Donoso interpuso una denuncia penal contra el funcionario en cuestión, por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, cargo por el cual fue finalmente absuelto. Simultáneamente, el Procurador General acusó por difamación y calumnia al señor Tristán Donoso por haberle imputado la intervención, grabación y publicación de sus llamadas telefónicas. El señor Tristán Donoso fue absuelto en primera instancia, sin embargo la decisión fue revocada en apelación y éste fue sentenciado a pagar una suma dineraria que de no ser pagada se convertiría en una pena privativa de libertad por el término de 18 meses. El incumplimiento del pago por parte del señor Donoso resultó en que se ordenara su detención673.
Ante esta situación, la Comisión decidió otorgar medidas cautelares a favor del señor Tristán Donoso, para lo cual “solicitó al Estado panameño la suspensión de la ejecución del fallo (la detención) hasta tanto la Comisión Interamericana concluyera el examen del caso y adoptara el respectivo informe de fondo, en aplicación del precedente establecido por la Corte Interamericana en el caso de ‘La Nación’, donde se ordenó la suspensión de la ejecución de una sentencia judicial”674.
En su sentencia, la Corte Interamericana consideró que la sanción penal impuesta contra el señor Tristán Donoso fue manifiestamente innecesaria y por tanto constituyó una violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención675. En primer lugar, el Tribunal tuvo en cuenta que las afirmaciones por las cuales Tristán Donoso fue condenado se referían a “una persona que ostentaba uno de los más altos cargos públicos en su país [el Procurador]”676. Asimismo, advirtió que las declaraciones se referían a un tema de interés público, como lo es el de las interceptaciones de comunicaciones privadas, sobre el cual existía en ese momento un amplio debate en Panamá677. Finalmente, la Corte Interamericana consideró que, dados los elementos de juicio con los cuales contaba el abogado al momento de proferir las aseveraciones estudiadas, “no era posible afirmar que su expresión estuviera desprovista de fundamento, y que consecuentemente hiciera del recurso penal una vía necesaria”678. Todo lo anterior, a pesar de que Tristán Donoso efectivamente imputó al Procurador General de la Nación la comisión de un delito del cual luego fue absuelto judicialmente.
De conformidad con lo anterior, la Corte condenó al Estado de Panamá a pagar una suma de dinero por concepto del daño inmaterial sufrido por el señor Tristán Donoso679. Para la fijación de esta medida de reparación, el Tribunal tuvo especialmente en cuenta que “fue violada la vida privada del señor Tristán Donoso y que éste fue desacreditado en su labor profesional, primero ante dos públicos relevantes, como lo eran las autoridades del Colegio Nacional de Abogados y la Iglesia Católica a la cual prestaba asesoría jurídica; luego socialmente, debido a la condena penal recaída en su contra”680. El tribunal se abstuvo sin embargo de condenar al pago por daños materiales dado que estos no fueron probados en el proceso681. Adicionalmente, la Corte ordenó que se dejara sin efectos, en todos sus extremos, la sentencia penal proferida contra el peticionario682; y dispuso la publicación de varios apartados de la sentencia en el diario oficial y en otro medio de amplia circulación683. Finalmente, el tribunal condenó al Estado al pago de gastos y costas684.
Por otro lado, la Corte se abstuvo en este caso de ordenar varias de las medidas de reparación solicitadas. Así, el tribunal no ordenó la adecuación de la normatividad interna debido a que el Estado de Panamá ya había implementado reformas que excluían la sanción penal en los delitos de calumnia e injuria cuando los ofendidos son determinados servidores públicos685. Igualmente se abstuvo de ordenar la realización de un acto público de reconocimiento y la capacitación de funcionarios judiciales sobre estándares de protección del derecho a la honra y la libertad de expresión en asuntos de interés público, pues estimó que resultaba innecesarias en vista de las demás medidas de reparación adoptadas686.
En relación con las reparaciones dictadas, la Corte Interamericana, mediante resolución de 1 de septiembre de 2010, dio por terminado el caso y decidió archivar el expediente al comprobar que el Estado había dado pleno cumplimiento a la sentencia687.
Caso Ríos y otros Vs. Venezuela
En este caso la Corte se refirió a la vulneración del derecho a la libertad de expresión de algunos periodistas del canal de televisión RCTV, quienes fueron objeto de actos contra su integridad física y de distintos tipos de hostigamiento por parte de particulares, durante el ejercicio de sus labores periodísticas. Tales actos ocurrieron en un contexto de alta polarización política, en el cual se emitieron diversos discursos oficiales de altos funcionarios estatales en los que se relacionaba a los dueños y directivos del referido canal de televisión con planes de desestabilización política y actividades terroristas688.
La Corte Interamericana determinó, inter alia, que el Estado venezolano era responsable por el incumplimiento de sus obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 13 de la Convención de garantizar el ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir información. El tribunal advirtió que los actos de violencia y hostigamiento cometidos por particulares contra los periodistas del canal RCTV limitaron o anularon sus posibilidades de buscar y recibir información689. Según el tribunal, en vista de esta situación, las declaraciones de funcionarios estatales sobre el canal de televisión resultaban incompatibles con la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 13.1 de la Convención, por cuanto las mismas “contribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas vinculadas con ese [canal de televisión]”690, de tal modo que el Estado, en lugar de cumplir con su obligación de prevenir los hechos que afectaron a los periodistas, los colocó en una posición de mayor vulnerabilidad691.
Como medidas de reparación, la Corte determinó que el Estado debía “conducir eficazmente las investigaciones y los procesos penales que se encuentran en trámite y los que se llegaren a abrir para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea”692. Igualmente dispuso que debía publicar varios apartados de la sentencia, incluyendo su parte resolutiva, en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación nacional693, así como adoptar “las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir información de las presuntas víctimas”694. Finalmente, el Estado fue condenado a pagar costas y gastos695.
A la fecha de cierre del presente informe, la Corte Interamericana no había emitido ninguna resolución de supervisión de cumplimiento de esta sentencia.
Caso Perozo y otros Vs. Venezuela
En esta sentencia la Corte se refirió a una situación semejante a la del Caso Ríos y otros vs Venezuela, esta vez en relación con periodistas vinculados al canal de televisión Globovisión. Las víctimas en este caso también fueron objeto de actos de violencia y hostigamiento que obstaculizaron sus labores periodísticas. Asimismo, funcionarios estatales de alto nivel emitieron pronunciamientos en relación con los dueños y directivos del canal, que acentuaron la situación de vulnerabilidad de los periodistas víctimas de los ataques696.
Por razones idénticas a las expuestas en el Caso Ríos y otros vs Venezuela, la Corte concluyó que en este caso el Estado era responsable por el incumplimiento de sus obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 13 de la Convención de garantizar el ejercicio de la libertad de buscar, recibir y difundir información697. En este sentido, ordenó las mismas medidas de reparación establecidas en el caso anterior, esta vez en relación con los periodistas víctimas vinculados con el canal Globovisión698.
Caso Usón Ramírez y otros Vs. Venezuela
La Corte se refirió en este fallo a la situación del señor Usón Ramírez, militar en retiro quien fue condenado por el delito de “injuria contra la Fuerza Armada Nacional” por haber emitido una opinión en un programa televisivo acerca de la actuación de dicha institución en el llamado caso del “Fuerte Mara”. Concretamente, al peticionario le fue impuesta una pena de cinco años y seis meses de prisión por haber respaldado la hipótesis según la cual, las graves quemaduras que sufrieron un grupo de soldados en un incendio en una celda de castigo de Fuerte Mara, podrían haber sido ocasionadas por el uso premeditado de un lanzallamas699.
La Corte Interamericana estimó que la norma penal del Código Orgánico de Justicia Militar aplicada en este caso, que castigaba a quien “en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades”, no cumplía con las exigencias del principio de legalidad estricta que es preciso observar al restringir la libertad de expresión por la vía penal700. Asimismo, la Corte advirtió que la sanción penal impuesta al señor Usón Ramírez no era idónea, necesaria y proporcional, en la medida en que las afirmaciones de aquel estaban especialmente protegidas por referirse a entidades del Estado en un tema de notorio interés público701. La Corte Interamericana determinó, inter alia, que el Estado violó el principio de legalidad y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, reconocidos en los artículos 9, 13.1 y 13.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma702.
En virtud de lo anterior, la Corte Interamericana ordenó al Estado que adoptara las medidas necesarias para dejar sin efecto el proceso penal militar adelantado contra el peticionario703. Asimismo, ordenó al Estado establecer, en un plazo razonable, “límites a la competencia de los tribunales militares, de forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a militares en ejercicio y por delitos de función”704 y “derogar toda disposición de la normativa interna venezolana que no resulte conforme con dicho criterio”705. Adicionalmente, la Corte dispuso que se debía reformar el artículo 505 del Código de Justicia Militar que tipifica la injuria contra la Fuerza Armada Nacional, por cuanto este no delimitaba de modo estricto la conducta delictiva706. De otro lado, ordenó la publicación de varios apartados de la sentencia, incluyendo su parte resolutiva707. Finalmente, condenó al Estado al pago de una indemnización a favor de la víctima por concepto de daño material y moral, así como al pago de costas y gastos procesales708.
En este caso la Corte se refirió a la responsabilidad del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial por motivos políticos del senador Manuel Cepeda Vargas, quien fuera director del semanario Voz, líder de la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano y prominente figura del partido político Unión Patriótica709. El Estado colombiano aceptó su responsabilidad por la violación del derecho a la libertad de expresión del senador asesinado, en tanto “no protegió ni garantizó el ejercicio de la libertad de expresión del senador, ya que fue arbitrariamente impedido de manifestar su propio pensamiento, al haber sido asesinado”710.
En vista de que el Estado admitió su responsabilidad por la violación del derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual, la Corte presentó sus consideraciones en relación con la vulneración de este derecho en su dimensión social, aspecto que analizó en conjunto con las alegadas violaciones a los derechos políticos y a la libertad de asociación. Advirtió el Tribunal que el senador Cepeda ejerció su oposición crítica a distintos gobiernos en un contexto de amenazas y hostigamientos permanentes, y aunque pese a esto “pudo ejercer sus derechos políticos, libertad de expresión y libertad de asociación, ciertamente fue el hecho de continuar ejerciéndolos lo que conllevó su ejecución extrajudicial”711. De acuerdo con la Corte, el Estado “no generó condiciones ni las debidas garantías para que […] el Senador Cepeda tuviera una oportunidad real de ejercer el cargo para el que fue democráticamente electo, en particular mediante el impulso de la visión ideológica que representaba a través de su participación libre en el debate público, en ejercicio de su libertad de expresión”712, lo cual no solo comportó “restricciones o presiones indebidas o ilegítimas de sus derechos políticos, de libertad de expresión y de libertad de asociación”, sino también “un quebrantamiento de las reglas del juego democrático”713.
Como medidas de reparación frente a las múltiples violaciones de derechos derivadas de la ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, la Corte dispuso las siguientes medidas de satisfacción: la utilización de los medios necesarios para investigar, individualizar y sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador714; la publicación de varios apartados del fallo y de su parte resolutiva en el diario oficial y en otro de amplia circulación, y su publicación íntegra en un sitio web oficial715; la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional716; la realización y difusión de una publicación y un documental sobre la trayectoria política y periodística del senador Cepeda Vargas717; el otorgamiento, por una sola vez, de una beca con el nombre de Manuel Cepeda Vargas que cubra una carrera profesional en ciencias de la comunicación o periodismo en una universidad pública de Colombia718. Adicionalmente, estableció que el Estado debía ofrecer atención médica y psicológica gratuita a los familiares del Senador, previo consentimiento de estos719. Finalmente, condenó al Estado por concepto de indemnización por daños inmateriales y reintegro de costas y gastos720.

References: artículo 13
 artículo 1
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 505