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Timestamp: 2020-05-26 22:38:06+00:00

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"Derecho de autodeterminación"... ¿de qué hablamos? - Hay Derecho
“Derecho de autodeterminación”… ¿de qué hablamos?
14 febrero, 2020 /6 Comentarios/en Blog /por Pedro Burgos Ródenas
Cuando los Estados que regían el mundo acordaron el 26 de febrero de 1895 el Acta de Berlín, firmaron un documento absolutamente laico, a pesar de la invocación a Dios en su comienzo, y poco respetuoso con los posibles derechos de los pueblos coloniales. El propósito del Acta de Berlín era tratar de que la colonización fuera pacifica entre los Estados europeos, sin importarle cuáles pudieran ser los derechos de los colonizados para autodeterminarse. Era lo que Varela Ortega ha llamado los “dos ordenamientos globales diversos”: el ordenamiento para Europa y sus extensiones y el aplicable a los pueblos no civilizados. La dualidad está resumida en el texto del Tratado de Paris de 1856 en el que las Potencias Europeas declaran a la Sublime Puerta “admise à participer aux advantages du droit public et du concert Européens”.
La secularización había hecho olvidar los colonialismos basados en la obligación de evangelizar a los pueblos que no conocían la verdadera religión y en el Papado, como autoridad legitimadora que, con una simple Bula, podía dividir el mundo entre España y Portugal.
La Bula papal únicamente obligaba al requerimiento a los infieles para su conversión a la verdad y, si el requerimiento no era obedecido, se pasaba a la acción. Ahora, en Berlín, simplemente se respetaban los derechos adquiridos de los ocupantes y se sometían las nuevas colonizaciones, así como los protectorados, a la notificación por parte de la potencia ocupante a los otros Estados y a la efectividad de la ocupación.
El derecho a disponer libremente de los pueblos coloniales caducó con la firma del Pacto de la Sociedad de Naciones. En otro tiempo las potencias vencedoras se hubieran repartido el imperio alemán y el otomano. Pero la influencia del Presidente Wilson hizo que se estableciera el régimen de mandatos que instituía su artículo 22. El Pacto reconocía que esas colonias y territorios estaban habitadas por pueblos todavía no preparados para dirigirse a sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno. El matiz estaba en el adverbio todavía y significaba que dichos pueblos no tenían, a día de entonces, el derecho a la autodeterminación, pero lo tendrían con el paso del tiempo. Mas aun, el Pacto declara que el “bienestar y el desarrollo de esos pueblos constituyen una misión sagrada de civilización” que debe ser garantizada por la Sociedad de Naciones.
El Pacto introducía también un control anual por parte de la Sociedad. Así el Pacto sometía al colonialismo a la temporalidad, al interés de los pueblos colonizados y a la vigilancia por la Organización internacional global.
Cierto que el nuevo régimen de mandatos era solo aplicable a las colonias de los imperios vencidos y no a los imperios de los vencedores, pero una vez enunciado el principio era difícil que no se extendiera a todo el mundo colonial.
La carta de las NNUU va a heredar los principios de la Sociedad de Naciones. Los mandatos son sustituidos por el Régimen internacional de tutela al que se acogerían los territorios bajo mandato, las colonias de los países vencidos en la guerra y cualquier otro cuya potencia administradora prestase su acuerdo.
Como el Pacto, la Carta de la ONU diseña un anticolonialismo light capaz de convivir con los Imperios británico y francés. El problema es que la Carta termina de escribirse un día, pero debe interpretarse durante muchos años después. Las décadas de los cincuenta y sesenta iban a ser las décadas de la descolonización, y la tímida regulación de la Carta iba a ser superada por la interpretación práctica de la Organización.
La modificación que la práctica de la ONU va a traer al Derecho internacional opera de tres formas diferentes. Las NNUU definen el derecho a la autodeterminación y quiénes son sus sujetos, y definen el ejercicio de ese derecho y quién lo controla.
El derecho de autodeterminación se define, en la Resolución 1514, que es la biblia de la descolonización, como el derecho a la independencia de los pueblos sujetos a “una subyugación, dominación y explotación extranjeras”. Dentro de cada Estado no existe autodeterminación que sí existe para los pueblos coloniales o sometidos a dominación extranjera. La ONU trata de conseguir que las colonias se conviertan en Estados miembros de la ONU, tras lo cual el derecho descolonizador dejará de aplicarse. Así se establece en el artículo 78 de la Carta.
El ejercicio del derecho a la autodeterminación se somete a varias reglas y principios. Se prohíbe la violencia contra la autodeterminación, por lo que de algún modo se legitiman las llamadas guerras de liberación nacional. Además la autodeterminación pasa a regirse por el principio uti possidetis iuris, definido como “regla general de derecho internacional aplicable en la determinación de las fronteras de los Estados nacidos de un proceso descolonizador”; ”reconoce y acepta como fronteras internacionales, en la fecha de la sucesión colonial, tanto las antiguas delimitaciones administrativas establecidas dentro de un mismo imperio colonial como las fronteras ya fijadas entre colonias pertenecientes a dos imperios coloniales distintos”. El principio uti possidetis iuris está claramente enunciado en el párrafo 6 de la Resolución 1514, pero de la lectura de esta Resolución y de la 1541 se deduce que la autodeterminación está también regida por el llamado principio de agua salada.
En la Resolución 1541 se determina que tiene derecho a la autodeterminación un territorio que está separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales. La separación geográfica entre colonia y metrópoli suele ser consecuencia de la existencia de agua salada. Cierto que puede haber autodeterminación aunque exista contigüidad territorial pero, la realidad del colonialismo que la ONU quería extinguir, era la de una metrópoli separada de su colonia por el mar.
Por último el poder legitimador respecto a la autodeterminación se entrega a la Asamblea General que, como antes el Papado, legitima o, mas bien, deslegitima las situaciones concretas.
Como las grandes asambleas son poco operativas, las competencias de hecho fueron, y son hoy, ejercidas por un Comité de descolonización. A partir de ahí lo relevante es si una posible descolonización está, o no, inscrita en la agenda del Comité de descolonización.
La Resolución 1514 termina, en su último párrafo, diciendo que ésta debe cumplirse “sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial”. Lo que subyace es la voluntad de que los Estados miembros de la Organización se refuercen y que las colonias se conviertan en nuevos Estados miembros y que, en lo posible no se vean afectadas por movimientos secesionistas o disgregadores. Por eso se reconoció la autodeterminación del Zaire pero no la de Katanga.
El proceso de descolonización que tuvo lugar en la década de los sesenta fue un hecho importantísimo que cambió el mundo, generalizando su división en Estados soberanos. Un mundo de Estados, colonias e imperios se convirtió en un mundo de Estados. La ONU vino a ayudar a construir más Estados de los existentes hasta entonces. Pero para que estos nuevos Estados fueran viables, la Carta incluyó una disposición que prohibía a la Organización intervenir en los asuntos de la jurisdicción de cada Estado, salvo en caso de quebrantamiento de la paz. De lo que cabe deducir que la ONU es el complemento que los Estados necesitan para desarrollarse.
La doctrina clásica del Derecho internacional afirmaba que “el derecho internacional no se ocupa del nacimiento de un nuevo Estado hasta el momento en que ya se ha producido el hecho del nacimiento que será tomado como punto de partida para la situación de derecho”. Esta doctrina sigue vigente, como se puso de manifiesto en la opinión consultiva del Tribunal de La Haya sobre la independencia de Kosovo. Eso sí, el Derecho derivado de la ONU reconoció que las colonias tenían una existencia separada de las metrópolis y habilitó los procedimientos para hacer efectivo ese reconocimiento. De forma paralela y separada hay un reconocimiento internacional de los derechos humanos que protege a las personas y a los grupos étnicos maltratados, pero esa es otra cuestión que nada tiene que ver con la autodeterminación, que solamente fue lo que fue y fue mucho.
La descolonización dio lugar a disputas jurídicas de mucho alcance, como sobre Namibia y Rodesia del Sur. También hubo guerras que pretendieron obtener la autodeterminación que la ONU negaba como en Katanga y en Biafra.
Sin embargo, ninguna región europea pretendió utilizar este proceso y ello porque el derecho de autodeterminación nada tiene que ver con Baviera ni con Cataluña.
Etiquetas: autodeterminación, ONU
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14 febrero, 2020 en 09:51
Además del tema que tan acertadamente reflejas, tenemos otro que era previsible, la inviabilidad económica del régimen autonómico y el fraude a los ciudadanos que supone.
“Hacienda rechaza devolver los 2.500 millones del IVA de 2017 a las autonomías “( noticia general en los medios, el 8 de febrero de 2020)
“ No se entiende como una deuda se compensa dando un préstamo”( Alonso PSOE)
7 noviembre, 2015 , publiqué en HD un artículo “Independencia y/o progreso” en que después de denunciar el camino errado del régimen autonómico establecía una previsión y eso que estábamos en un período de recuperación y de ajuste .
“Mientras los grandes países europeos pasaban a convertirse en una especie de provincias de un nuevo Estado, para asegurar el futuro económico y social de sus pueblos, nuestro país continuó un proceso contradictorio con las obligaciones que había asumido como socio de un proceso de integración política y económica generando, en paralelo a la creación de nuevos órganos y funciones supranacionales con sus costes correspondientes, una estructura territorial inadecuada e inviable económicamente y desarrollando una fragmentación legal contraria a los fundamentos económicos y al régimen constitucional comunitario.
Si la gestión pública cambiara de rumbo en favor de nuevas propuestas políticas opuestas a la consolidación fiscal y sin un programa que incentive la capacidad productiva, los prestamistas considerarían que tienen un grave problema en este país con tan enorme endeudamiento. El ajuste ya no lo harán nuestros políticos que tienen que cuidar a su clientela sino los prestamistas exteriores que tendrían otra preocupación mayor que la electoral.
Y entonces, sufriremos lo que hemos señalado reiteradamente que “en los pueblos insolventes, la dirección política, su programa de gobierno y hasta sus proyectos de futuro, no los deciden sus ciudadanos sino otros que no participan en sus elecciones, el voto de los acreedores”.
¿Cuanto dinero se ha invertido en “costes electorales” estos últimos meses? ¿ Que les dirán a sus ciudadanos los dirigentes autonómicos cuando comprueben los recortes a sus prestaciones sociales?
14 febrero, 2020 en 11:25
“Un pueblo que no ha sabido escoger, controlar ni corregir a sus dirigentes, no merece quejarse de los fracasos de su gestión”
La promesa de que Cataluña sería un nuevo estado de la UE era un fraude . A la sociedad catalana los independentistas le prometían que sería “Cataluña , nuevo estado de Europa“( lema de la Diada 2012, con 1.500.000 de manifestantes , que lo pueden acreditar) y que :“Once estados europeos reconocerán a Catalunya el día siguiente del referéndum (…) Un Estado no europeo muy solvente nos prestará dinero”. Que no teman los pensionistas“ . Si el Estado español cierra el grifo del FLA (…) os puedo adelantar que hay dos fondos de inversión internacionales, no europeos, que nos abrirán una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros. El Govern de la Generalitat podrá pagar todas las pensiones, todos los sueldos de los funcionarios”. Santi Vidal ( La Vanguardia)
Una de las personas mas admiradas por los nacionalistas Joaquim Muns el 29/9/13 ya nos avisó que “La continuidad de Catalunya en la UE si se separase del Estado español es imposible según el derecho comunitario y el derecho internacional… la declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno catalán ..sería una garantía del total aislamiento internacional de Catalunya..Querer ignorar los condicionantes políticos y económicos del mundo que nos rodea sólo puede conducir al desprestigio internacional de Catalunya “.
Bastaría que exigiéramos una garantía personal de sus dirigentes y del entorno que los apoya, para que este engaño desapareciera.
Creo que el debate actual, no solo en Cataluña sino en las democracias, es la necesidad que los ciudadanos cuenten con instrumentos legales para exigir un régimen de responsabilidad a los dirigentes públicos cuando utilizan su gestión para “hacer política” sin asumir sus costes.
Y otro, el de la responsabilidad de los votantes ¿ Por qué se quejan de los políticos si los han escogido ellos?
14 febrero, 2020 en 11:56
Se habla últimamente del “derecho de autodeterminación” con toda naturalidad, como algo incuestionable: como si fuera algo tan defendible e inobjetable como el derecho a la educación, o a la protección de la salud, o a la libertad de expresión, u otro derecho humano básico.
La locución “derecho de…” parece conferir a la autodeterminación una estela de derecho indiscutible, de modo que cualquier oposición a ella parecería autoritaria o regresiva. Es, una vez más, la embaucadora trampa de las palabras.
Sin embargo, quienes defienden la existencia de ese supuesto derecho (consistente en que los residentes de un territorio puedan decidir por sí solos erigirse en Estado independiente, sin contar en absoluto con la voluntad de los demás ciudadanos que no residan en ese territorio), no explicitan la concreción práctica y detallada de ese pretendido derecho.
No es correcto que se juegue frívolamente con el concepto “autodeterminación” sin al mismo tiempo asumir todo lo que supondría la concreción y materialización real de esta figura.
Su aplicación efectiva significaría que cada territorio (en España puede tomarse como base la Comunidad Autónoma, pero también cabría plantear otras posibilidades) decidiría mediante referéndum de sus residentes (sólo los de ese territorio) seguir formando parte de España, o bien constituirse como Estado independiente.
Parece que el primer territorio español donde se promovería su aplicación mediante el correspondiente referéndum, dadas las actuales circunstancias, sería Cataluña.
Pero es esperable que surgieran movimientos o colectivos a favor del referéndum (por la similitud de su lengua cooficial) en Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana. Aquí quizá se plantearía no solo su constitución como Estados independientes, sino también su escisión de España para formar un Estado conjuntamente con Cataluña (lo que algunos llaman “Països Cataláns”).
También es presumible que por algunos colectivos o grupos se planteara la secesión del País Vasco, con o sin integración de Navarra.
No es descartable tampoco que, una vez abierta la vía o cauce legal (constitucional), hubiera colectivos o grupos que plantearan iniciativas similares en otros territorios de España.
Cada uno de estos referendos (en Cataluña, en Islas Baleares, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, en Navarra, etc) podría arrojar un resultado favorable, o bien contrario, a la secesión.
Algunos afirman que, una vez celebrado el correspondiente referéndum en cada territorio donde se plantee, la controversia quedaría definitivamente zanjada.
Sin embargo, ello no es así en absoluto. Antes bien, lo esperable es que, si el “referéndum de autodeterminación” no obtiene el resultado deseado por los grupos partidarios de la secesión, éstos se movilicen para promover un nuevo referéndum pasados unos pocos años. Argumentarían que, del mismo modo que periódicamente la sociedad puede cambiar de gobernantes mediante elecciones, también puede modificar su opinión sobre la pertenencia o no al Estado.
En definitiva, estaría constantemente discutiéndose la integridad territorial del Estado, de modo intermitente y en múltiples referendos sucesivos a celebrar en otros tantos territorios, siempre que un grupo o colectivo con cierta relevancia lo plantease.
Lo que acaba de describirse puede parecer una pesadilla. Un panorama descabellado fruto de una imaginación calenturienta.
Pero la REALIDAD es que el “derecho de autodeterminación” forma parte del proyecto REAL de partidos políticos que concurren a las elecciones y obtienen un relevante apoyo electoral. Por tanto, la hipótesis es ficticia, pero no retorcida ni morbosa. No estamos hablando de una entelequia.
A renglón seguido hay que preguntarse si, en esas condiciones, sería posible el funcionamiento de la administración y los servicios públicos; si podría proporcionarse a los ciudadanos lo que esperan de sus instituciones: sanidad, educación, empleo, protección social, acceso a la vivienda, desarrollo económico, seguridad jurídica, prosperidad, futuro esperanzador para ellos y sus hijos, redistribución justa y equitativa de la riqueza y de la renta…
Hay que preguntarse si, a pesar de las energías sociales y políticas sustraídas por el continuo e incesante cuestionamiento de la integridad territorial del Estado, quedaría espacio para ocuparse de esas otras “bagatelas”.
¿Y cómo se decidirán las inversiones colectivas, las obras públicas, las infraestructuras, las comunicaciones… teniendo en cuenta que en cualquier momento cada territorio que reciba el esfuerzo inversor de todos puede separarse y quedarse con lo gastado?
¿Cómo se repartirán en caso de secesión las obligaciones y compromisos internacionales del Estado, la deuda pública, etc?
¿Qué pasará con las cotizaciones a la S.S. de quienes pasen a ser ciudadanos de otro Estado?
Y después de responder a todo esto tendremos que decidir si lo que algunos llaman “autodeterminación” debe ser considerado como un derecho, o más bien constituye un despropósito insostenible en un marco estatal democrático en que todos los ciudadanos y territorios poseen plena igualdad de derechos sociales, civiles y políticos; así como pleno respeto a sus lenguas y culturas.
De modo que el verdadero derecho quizá sea el de la “determinación de TODO por TODOS”: o sea, que TODOS los asuntos que afecten al conjunto de la sociedad se decidan por TODA la ciudadanía en su conjunto, y no sólo por una parte de ella.
Juan Aguayo Dice:
14 febrero, 2020 en 11:59
El artículo demuestra la importancia de la historia para entender los conceptos jurídicos y manejarlos con propiedad y precisión. El artículo protege al lector de la manipulación política.
14 febrero, 2020 en 18:04
El problema está cuando la manipulación política del Estado la realizan sus propios administradores en aras de intereses más o menos ocultos. Hace ya muchos años que está en marcha el proyecto llamado de “regionalización” de los estados-nación para debilitarlos frente a poderes económicos. Hay nombres y apellidos conocidos, organizaciones cerradas, fundaciones filantrópicas (en teoría), medios de comunicación y hasta personajes de la realeza, que colaboran en este proyecto de sometimiento y de ingeniería social.
En estos momentos, el gobierno de España parece estar más en esa línea (federalización lo llaman) que en el mantenimiento de la nación española. Su aparente connivencia con el mundo separatista no es sólo que trate de “engatusarlos”, sino que parece comprenderlos y apoyarlos con sus pretendidas reformas legales “a medida”. Pero de esto se habla poco y, a los que lo dicen, les tachan de todo tipo de calificativos.
17 febrero, 2020 en 13:12
El llamado Derecho de Autodeterminación sólo se admite por la Comunidad Internacional en los supuestos que todos conocemos. Su convertibilidad manipulada en el llamado “derecho a decidir” es una falacia orquestada por sus partidarios. Ni en Quebec(Ley de Claridad) ni en Escocia( Parlamento Británico ) lo pongan como ejemplos algunos…otra cosa es su manipulación. El llamado a su vez derecho a decidir sobre esta o cualquier otra cuestión como si fuera un derecho individual como el de expresión o de libertad de circulación solo existe en los Estados Democráticos cuando sus respectivas Constituciones aprobadas o reformadas por las mayorìas establecidas así lo establezcan.- Todo lo demás es burda manipulación torticera.- No se puede ontológicamente “conceder” ni siquiera “permitir” sin reforma del Pacto Constitucional que así lo permita.- Punto.- Y se pongan como se pongan los manipuladores con sus derechos oprimidos y demás falacias .- Seamos serios y firmes de una vez.-
.Ejemplo Cataluña.-
Los fondos de inversión en el fútbol profesional Legalidad y legitimidad jurídica: la equidad como punto de encuentro

References: artículo 22
 Resolución 
 artículo 78
 Resolución 
 Resolución 
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