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Timestamp: 2020-07-07 21:44:40+00:00

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Jurisprudencia nueva justicia laboral: 26 de abril de 2009
MONITORIO; I. Corte de Apelaciones de Iquique; 29 enero 2009; rol N°1-2009; rechaza nulidad; procedencia del procedimiento para desafuero maternal.
IQUIQUE, veintinueve de enero de dos mil nueve.-
Se ha interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 17 de diciembre de 2008 por don Felipe Salas Torres, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, en la causa RUC 08-4-0005413-5, RIT M-40-2008 que, en procedimiento monitorio, acogió la demanda presentada por el Fisco de Chile, en representación de la Fiscalía Regional del Ministerio Público, Primera Región de Tarapacá, en contra de doña Sara Aranda Reyes, autorizando al actor para poner término a la relación laboral en virtud de la causal contemplada en el artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, eximiendo a la demandada del pago de las costas.
El recurso ha sido presentado por el abogado de la demandada, don Gonzalo Moya Avendaño Reyes, a fin se invalide totalmente el procedimiento de autos y la sentencia recurrida, procediendo a determinar el estado en que quede el proceso y ordenando que conozca del mismo un tribunal no inhabilitado.
Con fecha 7 de enero en curso, la Corte declaró admisible el recurso de nulidad interpuesto a favor de doña Sara Milicen Aranda Reyes, sólo respecto de la causal prevista en el artículo 477 del Código del T rabajo, declarándolo inadmisible respecto de la causal subsidiaria que se fundó en el artículo 478, letra e) del referido cuerpo legal.
En la vista del recurso alegó por el recurrente el abogado don Mario Meza Adriazola, reiterando los argumentos vertidos en su recurso de 30 de diciembre último, en sustento de la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo. Por el Fisco de Chile lo hizo doña Paola Jorquera, solicitando el rechazo del recurso. Se efectuó un registro de audio de las referidas intervenciones.
PRIMERO: Que el abogado don Gonzalo Moya Avendaño Reyes dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por don Felipe Salas Torres, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, fundado en la causal del artículo 477 del Código del ramo, y en forma subsidiaria invocó la causal del artículo 478, letra e) del mismo cuerpo legal. Esta Corte, con fecha 7 de enero en curso, declaró admisible el recurso de nulidad fundado en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, declarándolo inadmisible respecto de la causal subsidiaria;
SEGUNDO: Que fundamentando la causal el recurrente expone que en la sentencia se infringió el artículo 477 del Código del Trabajo, por cuanto se vulneraron garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y de normas de protección a la maternidad, como asimismo la violación a las normas del debido proceso al haberse admitido a tramitación una demanda de desafuero maternal de acuerdo a las normas de procedimiento Monitorio, debiendo aplicarse las normas del Procedimiento de Aplicación General. Sostiene en concreto que del artículo 19 de la Constitución se vulneraron las garantías del N° 1°, el derecho a la vida; N° 3°, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; N° 9°, el derecho a la protección de salud; y el N° 16, la libertad de trabajo y su protección, en relación con el artículo 5° y 6° del mismo cuerpo constitucional; asimismo se vulneraron las normas relativas a la protección de la maternidad establecidas en el artículo 194 y siguientes del Código del Trabajo;
TERCERO: Que, en primer término, corresponde hacerse cargo de la alegación de la improcedencia de la aplicación del procedimiento monitorio al caso de la acción subjudice; al efecto hay que tener presente que la acción de autos se inició por demanda interpuesta por el señor Abogado Procurador Fiscal de Iquique, por el Consejo de Defensa del Estado, asumiendo la representación del Ministerio Público, y solicitando autorización judicial para poner término al contrato de trabajo de doña Sara Milicen Aranda Reyes, de conformidad a lo previsto en el artículo 174 del Código del Trabajo, al encontrarse embarazada la demandada y resultarle aplicable el fuero laboral contemplado en dicha norma, según lo previsto en el artículo 201 del mismo estatuto jurídico;
CUARTO: Que en el artículo 496 del Código del Trabajo se establece el ámbito de aplicación del procedimiento monitorio, para las contiendas por término de la relación laboral, contemplando dos hipótesis, la primera en relación a la cuantía y la segunda referida a las contiendas del artículo 201 del Código, norma ésta que se refiere precisamente al fuero laboral que ampara a la mujer durante el periodo de embarazo, por lo tanto habiendo el legislador establecido el procedimiento monitorio para las contiendas por fuero laboral por embarazo o maternidad, el procedimiento empleado en autos es el adecuado, debiendo rechazarse la alegación de que se ha vulnerado la garantía del debido proceso;
QUINTO: Que tampoco se divisa de que modo la sentencia habría infringido las garantías constitucionales denunciadas, esto es las consagradas en los numerales 1°, 3°, 9° y 16° del artículo 19 de la Carta Magna, por cuanto la acción emprendida por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio Público, sólo busca hacer efectiva la desvinculación laboral de una trabajadora, que siendo contratada a plazo fijo, presentó posteriormente un embarazo. Al efecto hay que tener presente que el Ministerio Público es un organismo estatal que se rige por un estatuto propio, cual es la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional, y por los reglamentos que en conformidad a ella se dicten, y como todo organismo público tiene contemplado una planta determinada de funcionarios;
SEXTO: Que en el caso de la demandada, señora Aranda Reyes, como se ha asentado en el fallo recurrido, fue contratada el 23 de noviembre de 2007, en el cargo de Administrativo grado 17, de la planta del personal del Ministerio Público, a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2007, habiéndose renovado el 1 de enero hasta el 29 de febrero de 2008 y finiquitado notarialmente el 15 de abril de 2008. Posteriormente el 23 de de junio de 2008 fue nuevamente contratada a plazo fijo hasta el 17 de diciembre del mismo año, en calidad de suplente para reemplazar a una funcionaria que había solicitado permiso sin goce de remuneraciones; y en estas circunstancias fue que, el 8 de octubre de 2008, la demandada informó en el Ministerio Público que se encontraba embarazada;
SÉPTIMO: Que, en las circunstancias descritas precedentemente, el organismo empleador estaba en su derecho para instar porque la administrativa suplente cesara efectivamente en sus funciones en la fecha pactada, por lo que debido al estado de embarazo que presentaba la trabajadora forzosamente se debía recurrir a solicitar la autorización judicial requerida por el artículo 174 del Código del Trabajo;
OCTAVO: Que, por lo tanto, el incoar la presente causa no implica desconocer la protección a la maternidad, reconocida tanto por nuestro constituyente como por el legislador, en el caso sub lite se trata de cumplir un contrato laboral pactado a plazo fijo, en que la trabajadora fue contratada para cubrir temporalmente un cargo administrativo en la Fiscalía Regional del Ministerio Público, con lo cual, so pretexto de protección a la maternidad, en la práctica se pretende crear un nuevo cupo laboral en circunstancias que se trata de un órgano del Estado cuya dotación de personal se encuentra determinado por ley;
NOVENO: Que, en consecuencia, tanto en la sustanciación de la causa como en la dictación del fallo, el tribunal a quo no ha incurrido en los vicios de nulidad denunciados en el presente recurso, por lo que éste debe ser rechazado;
Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, SE RECHAZA el recurso de nulidad interpuesto por el abogado defensor de la demandada, doña Sara Milicen Aranda Reyes, en contra de la sentencia definitiva dictada por don Felipe Andrés Salas Torres, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, sentencia que es válida.
Regístrese, dése a conocer a los intervinientes, sin perjuicio de su no tificación por el estado diario.
Devuélvase la carpeta con su respectivo registro de audio.
Rol Corte N° 1-2009 Reforma Laboral.-
SENTENCIA DEL JUZGADO DEL TRABAJO DE IQUIQUE
En Iquique a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
PRIMERO: Que comparece don Marcelo Jaime Cabezón abogado procurador fiscal de Iquique consejo de defensa del estado, asumiendo la representación judicial del Fisco de chile, fiscalía regional del ministerio público primera región de Tarapacá persona jurídica de derecho público con domicilio ambos en calle Sotomayor #528 quinto piso, quien deduce demanda de juicio de desafuero maternal en contra de doña Sara Milicen Aranda Reyes run 14.501.350-k domiciliada en calle Riquelme #1049 en Iquique.
Sostiene que atendido lo dispuesto en la Ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, dicho organismo no tiene personalidad jurídica distinta al fisco y en mérito de lo expuesto corresponde su representación al consejo de defensa del Estado esto es el Abogado procurador fiscal.
Señala que doña Sara Milicen Aranda Reyes fue contratada el 23 de noviembre de 2007 para el cargo de administrativo grado 17 de la planta del personal del Ministerio Público con una remuneración bruta, equivalente a la de dicho grado, escalafón de empleados del poder judicial, dicha relación se pactó a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2007, siendo renovada por una sola vez con fecha 1 de enero hasta el 29 de febrero de 2008, fecha de término de la relación laboral, mediante finiquito firmado, el día 15 de abril de 2008 ante notario, señala que con fecha 23 de junio de 2008 se celebró un nuevo contrato, para prestar servicios en calidad de suplente por un permiso sin goce de remuneraciones de una funcionaria con el mismo grado, esta relación se pacto hasta el 17 de diciembre y que el contrato de trabajo fue autorizado bajo resolución fn /mp 1256 /2008 y 13058/2008, y el 8 de octubre la referida funcionaria informó al ministerio público que se encontraba embarazada mediante licencia médica por 14 días y posteriormente presentó una segunda licencia por 15 días, una tercera licencia extendida por 15 días y una cuarta licencia por un día.
En esas condiciones y ante el inminente vencimiento del contrato a plazo fijo, el Ministerio Público no puede perseverar en los servicios de la demandada más allá del 17 de diciembre de 2008, fecha límite de su contrato, pero que al haber quedado embarazada antes del término de la relación laboral se hizo acreedora del fuero maternal por lo que sólo se puede poner término en virtud de una resolución judicial. La autorización de desafuero se encuentra expresamente permitida en situaciones como la descrita, esto es, el vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo y así se desprende lo dispuesto en al artículo 174 inciso primero del Código del Trabajo en relación al artículo 159 número 4 del mismo cuerpo que señala el vencimiento del plazo convenido en el contrato, en esas condiciones el término de la relación laboral, resulta procedente acoger la solicitud del Ministerio Público en orden a poner término al contrato que los vincula, debiendo, en definitiva, acogerse la demanda por desafuero y solicita la autorización de este Tribunal, por lo tanto pide acoger la demanda poner término al contrato a plazo fijo de fecha final 17 de diciembre de 2008 y con expresa condena en costas.
Por su parte, la demandada pidió que se rechace la acción en todas sus partes, en atención a doña Sara Milicen Aranda Reyes actualmente es administrativa, su remuneración constituye sus único ingreso mensual, de tal manera que es el sólo sustento del cual ella goza para poder satisfacer sus necesidades y gastos en su calidad de embarazo, lo que dice solamente relación con su remuneración actual, la que es percibida a través del Ministerio Público, institución en la cual ella trabaja efectivamente.
En cuanto al derecho, entiende que se están vulnerando normas de carácter constitucional, dado que ella señala el derecho de la vida del que está por nacer, dicha garantía, también dice relación con la integridad y vulnera todos los derechos garantizados por la constitución, ya que afecta física y psíquica y consecuentemente a la criatura que esta por nacer.
Adicionalmente, es importante agregar que resulta que es el Estado es el que debe proteger la salud y el derecho al trabajo, dentro de ese contexto, es el rol del Estado, y resulta que en este caso el órgano que esta ejerciendo la acción laboral es parte del Estado, hay una contradicción entre lo que efectivamente producen los hechos y la realidad.
Considera que efectivamente debe primar la primacía de la realidad en el sentido de que esta parte cree que el ánimo de la institución, efectivamente es generar un contrato de carácter indefinido, y no así un contrato a plazo fijo en virtud de los continuos contratos, existen los artículos 6 y 5 de la constitución, en la parte final dice que es deber del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por ella, consagrados a nivel internacional, además, en virtud de esos artículos, nos encontramos con el efecto horizontal de los derechos fundamentales, por , tanto no es lícito poner término a la relación laboral en los términos consignados por la demandante de autos, además esta parte considera que se estarían vulnerando la normas a la protección de la maternidad, las cuales se encuentran amparadas en el fuero maternal y le son aplicables las normas del articulo 194 y siguientes del mismo, por lo tanto debe ser rechazado ya que su aceptación sería una vulneración a las normas y a la protección, en el mismo sentido se debe proceder al rechazo del desafuero, dado que la contraria pretende hacer prevalecer su criterio económico, en cuanto a la facultad del tribunal, y considerando que despedir a una mujer embarazada le corresponde solo a S.S., por tanto, en mérito de lo expuesto, ruego tener por contestada la demanda y rechazada en todas sus partes y con costas para la demandante.
SEGUNDO: Que a fin de acreditar su pretensión la parte del Fisco de Chile presentó las siguientes pruebas consistente en, y será una relación somera de los mismos,
1.-Copia simple la resolución URH 64-27 de fecha de 22 de noviembre de 2007 que designa en calidad de suplente en el cargo de administrativo a doña Sara Milicen Aranda Reyes en la fiscalía local de Iquique a contar del 23 de diciembre de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007.
2.-Copia de contrato de trabajo a plazo fijo fecha 23 de noviembre de 2007 entre el ministerio público y fiscalía regional de Tarapacá con duración hasta el 31 de diciembre de 2007,
3.-Copia simple de resolución URH 672/2007 de fecha 31 de diciembre de 2007 que aprueba modificación de vigencia del contrato de trabajo de la funcionaria Sara Milicen Aranda Reyes de la fiscalía local de Iquique a contar del 1 enero de 2008 y hasta el día 29 de febrero de 2008
4.-Copia original del finiquito firmado entre el ministerio público fiscalía de la región de Tarapacá con doña Sara Milicen Aranda Reyes con fecha 15 de abril de 2008 ante notario público de Iquique, doña María Antonieta Niño de Cepeda Parra.
5.-Copia simple de resolución FNMP 1256/2008 Santiago, de junio de 2008, en la que se selecciona en el cargo como funcionaria suplente a contar del 18 de junio de 2008 hasta el 17 de diciembre de 2008.
6.-Copia simple de contrato a plazo fijo de fecha 23 de junio de 2008 entre el ministerio público y fiscalía regional de Tarapacá con duración hasta el 17 de diciembre de 2008.
7.-Set de 4 colillas de licencia médicas presentadas al ministerio público por doña Sara Milicen Aranda Reyes a contar del 8 de octubre de 2008 siendo la última presentada el 21 noviembre de 2008 y por último, resolución FNMP 1273-2008 del 11 de junio de este año, que autoriza permiso sin gozo de remuneraciones a doña Gilda Cortés Araneda run 14.511.215 por el término comprendido entre el 18 de junio de 2008 hasta el 17 de diciembre de 2008 ambas fechas inclusive firmado por don Pedro Bueno Figueroa director ejecutivo nacional del Ministerio Público .
La demandada no presentó prueba alguna y en la parte pertinente señaló básicamente que los documentos eran conocidos por ellos y además ratifica el estado de gravidez que tiene doña Sara Aranda Reyes
TERCERO: Que el artículo 174 del Código del Trabajo establece que en el caso de los trabajadores sujeto a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez competente.
A su turno el artículo 201 inciso 1º del Código citado establece que durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, la trabajadora estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174 del Código laboral, o sea, a fuero laboral.
A su vez, el artículo 174 del Código del Trabajo dispone que el juez podrá autorizar al empleador para poner término al contrato de una mujer que se encuentra protegida por el fuero maternal, entre otras, por la causal contemplada en el artículo 159 Nº 4 del Código laboral, esto es, el vencimiento del plazo convenido en el contrato.
Que la regla general es que la autorización judicial previa para ponerle término al contrato de trabajo de una empleada sujeta a fuero maternal en razón del vencimiento del plazo convenido, debe solicitarse durante la vigencia del contrato a plazo fijo.
CUARTO: Que en la situación en estudio, el estado de embarazo de la demandada Sara Milicen Aranda Reyes no es un hecho controvertido en la causa, por cuanto ambas partes lo reconocen, incluso acompañando cuatro certificados médicos y reconociendo la parte demandada que a la sazón tiene un embarazo de 18 semanas.
QUINTO: Que en relación a la época en que el empleador tomó conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora, señala que éste fue con fecha 08 de octubre de 2008, oportunidad en la cual informó al Ministerio Público que se encontraba embarazada mediante licencia médica extendida por 14 días por el médico ginecólogo señor Roberto González, y situación que tampoco fue controvertida.
SEXTO: Que cabe consignar que el contrato a plazo fijo es aquel cuya duración en el tiempo se encuentra limitada a un período determinado, días, meses o un año. El contrato expira cuando llega el plazo que las partes han convenido para su duración, es decir, termina conforme su naturaleza, en forma normal, por el solo vencimiento del plazo acordado. En el caso de un contrato a plazo fijo el cumplimiento del período convenido para la duración del mismo constituye causal de término que autoriza para separar a quien goza de fuero.
En la situación convocante, el hecho que haya existido en el periodo de un año una prórroga del contrato, por el término de dos meses, a saber, desde el dos de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008 y que posteriormente, el 23 de junio de 2008 se haya celebrado otro contrato hasta el 17 de diciembre del presente año, en modo alguno puede considerarse como que el contrato se ha transformado en indefinido, según lo que al parecer y dentro de sus -obligaciones también señaló la defensa, por las siguientes razones:
1°.- En todos y cada uno de los contratos rendidos por el actor se lee claramente que el contrato consistía en una suplencia, lo que en concepto de la jurisprudencia judicial y administrativa mayoritaria, hace que dicho contrato finalice por expresa disposición de la ley. En efecto, la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa rol N° 593-2007, señaló, en su cuarta motivación que “la Contraloría General de la República en su carácter de fiscalizadora de la gestión de una municipalidad, emite dictámenes que deben ser acatados y sobre el particular existen los dictámenes Nºs. 2203 de 2005, 32.967 de 1998 y 21.945 de 2002, que en resumen señalan que no obstante que una trabajadora se encontraba protegida por el fuero maternal y tratándose de reemplazos y suplencias, este fuero lo tiene mientras dure su desempeño, pero al cumplir el plazo al término del cual debe asumir su titular la funcionaria debe dejar el cargo, siendo la ley y no la autoridad administrativa la que pone término a los servicios de la reemplazante, no teniendo cabida en estos casos, las reglas sobre estabilidad en el empleo. Cabe recordar sobre el punto que el Ministerio Público, atendido lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 71 de su Ley Orgánica, es precisamente La Contraloría General de la República el ente encargado del registro de los funcionarios, lo que encuentra su corroboración en el timbre de Contraloría que se aprecia en la copia simple de la resolución N° URH-672/2007, de 31 de diciembre de 2007, que aprueba la modificación de vigencias del contrato de trabajo de Sara Milicen, situación que denota el control que ejerce dicha repartición estatal.
2°.- Que, tampoco se ha dado ningún supuesto que autorice a entender que el contrato de marras ha pasado a ser de plazo fijo, debido a que no se observa que hayan concurrido las situaciones que lo autorizan, a saber, que ha prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados desde la primera contratación, ni ha existido renovación de un contrato de plazo fijo.
En efecto, ha existido sólo una prórroga de un contrato, al cual se le dio término el 29 de febrero del presente año, según consta del finiquito firmado el 17 de marzo del año en curso y que fue acompañado al juicio, y el 23 de junio de este mismo año, se celebró un nuevo acuerdo, es decir, sólo hubo una renovación y luego se prestó, por una sola vez, un servicio discontinuo del primero pactado, por lo que no puede, ni con mucho, entenderse que ha existido una novación del contrato, de plazo fijo a uno indefinido, por no darse los supuestos para ello.
SEPTIMO: Que así las cosas corresponde a la parte demandante probar la existencia de la causal invocada para solicitar el desafuero de la trabajadora demandante, al efecto rindió prueba documental la cual ha sido detallada, lo cual apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, según razones jurídicas, lógicas y de experiencia, resulta acreditado que entre el Ministerio Público y la trabajadora se celebraron los contratos apuntados y de los cuales da cuenta en la demanda, los cuales tampoco fueron controvertidos siendo el último de ellos un contrato de plazo fijo de duración entre el día 23 de junio al 17 de diciembre, ambas fechas del 2008.
OCTAVO: Que, por otro lado, se encuentra acreditado que el empleador dedujo demanda laboral por desafuero en contra de la demandada Sara Aranda Reyes el 09 de diciembre de 2008.
NOVENO: Que así las cosas, son hechos de la causa que la demandada estaba vinculada con el empleador demandante por contrato de trabajo a plazo fijo que vence este día, y que a la fecha y tal como ha sido reconocido dicha empleada se encontraba embarazada. Así las cosas, el empleador dedujo demanda laboral por desafuero en la oportunidad ya anotada.
DECIMO: Que de conformidad con lo reseñado precedentemente, el artículo 174 del Código del Trabajo autoriza expresamente al tribunal competente para conceder autorización con el objeto de poner término al contrato de trabajo de la empleada que goza de fuero por concurrir la causal de expiración del contrato establecida en el artículo 159 Nº 4 del citado texto legal, esto es, el vencimiento del plazo convenido para el contrato.
UNDÉCIMO: Que es necesario hacer presente que el legislador no exige, en el evento de configurarse la causal prevista en el artículo 159 Nº 4 del Código laboral, que el empleador acredite además la concurrencia de otros hechos para conceder la autorización. En efecto se ha fallado: “El legislador en momento alguno, en el evento de haberse configurado dicha causal, o alguna de las causales de caducidad del contrato establecidas por la ley, deba acreditar además la concurrencia de otros hechos para conceder la autorización (Corte de Apelaciones de Santiago. 20.01.1988. Corte Suprema rechazó recurso de queja, 11.05.1988, rol 6957. Citado en Jurisprudencia Laboral y de Seguridad Social. Ediar Ediciones, página 479). La Excma. Corte Suprema ha señalado que: “Si la trabajadora, sujeta a un contrato de trabajo a plazo fijo, se embaraza, se ajusta a derecho la sentencia que acoge la demanda de desafuero maternal y autoriza su despido (Sentencia de 22.09.1999. Citado en Manual de Consultas Laborales y Previsionales. Enero 2002. Código del Trabajo. Tomo II, página 710).
Que en la situación en análisis, la trabajadora sólo podrá invocar hechos tendientes a demostrar que no se habría configurado la causal esgrimida por el empleador para solicitar la autorización para despedirla, en ese sentido ninguna prueba rindió, por lo tanto, no hay nada que ponderar.
En consecuencia, de conformidad con lo razonado se sigue que la solicitud de la demandante en relación a que se le autorice para poner término al contrato de trabajo de la demandada que goza de fuero maternal, es perfectamente procedente, máxime si se considera que no se ha acreditado que existan hechos que impidan aportar la decisión de poner término al contrato de trabajo sin que las alegaciones de la parte demandada hagan cambiar el criterio de este sentenciador, toda vez que lo que se ha alegado son normas de orden humanitario pero en este caso, la protección jurídica se materializa mediante la autorización judicial para proceder al despido ,siendo esa la forma como la normativa ha protegido al trabajador, toda vez que si no estuviera amparado por la legislación se podría proceder a su despido y mas que ha su despido a la terminación de su relación laboral lisa y llanamente, sin haber solicitado en caso alguno una autorización judicial. En ese sentido también La Corte Suprema lo ha resuelto, por vía meramente ejemplar, en sentencia del 25 de enero de 2007, Rol 4.313–2005, y de 23 de septiembre de 2008, rol 4.295–2008.
Por estas razones y atendido lo dispuesto en los artículos 159 nº 4, 174, 201, 415 y siguientes, 496 a 501 del Código del Trabajo; 1698 del Código Civil, SE RESUELVE:
I: Que se acoge la demanda presentada por el Fisco de Chile en contra de doña Sara Aranda Reyes y en consecuencia se autoriza a la parte demandante para poner término a la relación laboral en virtud de la causal contemplada en el articulo 159 N°4 del código del trabajo a contar de esta fecha.
II: Que no se condena en costas a la parte demandada por estimar que ha tenido motivo plausible para litigar.
M-40-2008
RUC 08- 4-0005413-5
DICTADA POR DON FELIPE ANDRES SALAS TORRES, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE IQUIQUE.
Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se encuentra grabado en el audio y a disposición de los intervinientes. Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, diecisiete de Diciembre de dos mil ocho.-
Publicado por César Toledo Corsi en 19:40 No hay comentarios:
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