Source: http://prdjalisco.mx/blog/2016/08/
Timestamp: 2018-01-19 03:17:17+00:00

Document:
agosto 2016 - PRDPRD
En el año 2012 Jalisco se convirtió en el primer Estado de la República mexicana en instituir el #DíaDeLaParticipaciónCiudadana
“Por una sociedad de diálogo, razón y virtud”
El PRD Jalisco tiene una premisa fundamental, y ésta es que sólo podemos ser solidarios y capaces de la participación social, si somos iguales en la ley y plenamente libres, es decir, si se crean las condiciones para que realmente podamos contar con las capacidades y posibilidades suficientes para desarrollar nuestro proyecto de vida en comunidad y con dignidad humana.
Toda democracia se debe basar en garantizar la dignidad humana, en un plano de igualdad y que se den las circunstancias para que la población pueda, de manera informada y crítica, deliberar para construir y consolidar nuestra democracia constitucional.
Es por eso que en el PRD propusimos y logramos que se aprobara que se reconozca en la Constitución Política del Estado, el derecho humano al mínimo vital como eje rector de la planeación democrática. Somos el primer estado a nivel nacional en incluir este derecho, consideramos que en la medida en que toda persona tenga garantizando una canasta básica de derechos humanos, entonces podrán disminuirse las desigualdades sociales que impiden a la población participar activamente y ser gestores del bien común, atendiendo a una planeación democrática para el desarrollo.
También hemos propuesto que la gestión pública de calidad sea un derecho humano, para que la población pueda activamente participar en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas, pues así como hoy reconocemos la participación social a través del voto, también la democracia se desarrolla a través de la participación proactiva y en el diálogo, reiterando que la única democracia legítima, es una inteligente y coherente, porque cuando el gobierno no corresponde con la razón y la integridad, sólo existe absolutismo y la demagogia.
Es por ello que en este día se debe celebrar también el poder que tiene la población para romper paradigmas, sobre todo el mito de la delimitación entre lo público y lo privado para poder hacer frente a una cultura que hable más de deberes de la persona en comunidad, de corresponsabilidad para lograr una cultura de paz y probidad, pues en tanto no se logre unir los principios democráticos con el deber que nos corresponde con los demás, de poco servirá el gobierno de los muchos, si con la mayoría se atropellan los derechos de los menos.
Para concluir, como fracción quisiéramos invitar a todos a una osadía, a superar las barreras de la ciudadanía y reconocernos en los demás, pasar a una sociedad de isegoría, de diálogos y comprensión entre iguales, con la única diferenciación que señaló en su momento nuestro padre fundador José María Morelos y Pavón, “entre el vicio y la virtud.”
Coordinadora de la Fracción del PRD en el Congreso Local de Jalisco
PRD por fortalecer independencia de ASEJ
(PRD) en el Congreso
de Jalisco presentó una iniciativa
de reforma los artículos 35 y 35
Bis de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, con la finalidad
de reforzar la autonomía de la
de Jalisco (ASEJ) y armonizar la
legislación local con el Sistema
Nacional Anticorrupción y el
La propuesta perredista pretende
hacer de la ASEJ un ente
dinámico que no solo se sujete
a auditorías anuales y programadas,
sino permitir auditorías
extraordinarias incluso derivadas
de denuncias provenientes de la
“Esta reforma constitucional
integra las recomendaciones
como la Organización Internacional
Superiores, y de la Organización
de las Naciones Unidas; también
considera la opinión de expertos
de la UNAM, del Instituto Mexicano
para la Competitividad así
como del Consejo Económico y
Social del Estado de Jalisco para
el Desarrollo y la Competitividad”
señaló en su posicionamiento la
coordinadora de la fracción del
PRD en el Congreso, Mónica
Almeida López.
Además se busca contemplar
Jalisco pueda realizar auditorías
especiales, de procesos, de
desempeño, forenses y demás
que señalen en su momento las
leyes secundarias para permitir
así una fiscalización adecuada del
gasto del recurso público. Otra
de las facultades que tendría el
órgano fiscalizador sería el de
emitir recomendaciones para
fortalecer los presupuestos y
leyes de ingresos vigentes, paraprevenir riesgos financieros.
“Integrar a la sociedad civil,
sector académico e iniciativa
privada al constituir un Consejo
Social de Políticas Públicas
para que ayuden en la labor de
fiscalización de la Auditoría,
facultando a la población para
realizar denuncias ante anomalías
públicos”. Finalmente pretenden
terminar con la eternización de
los dictámenes disminuyendo
los plazos hasta en menos de
cuatro meses para aprobar las
“Cuando el gasto público no
corresponde con la razón y la
integridad, sólo existe absolutismo
y demagogia. Con esta propuesta
apostamos por una fiscalización
de planeación para una cultura
de legalidad, de desarrollo y
de derechos humanos, y sobre
todo, de resultados” puntualizó
“Bachelajara”
Con el periodo de lluvias se agudiza lo que ya es crónico en la ciudad, no hablamos de la periférica, sino del mismísimo centro de la cuidad: los baches. Calles como Juan Manuel, Mariano de la Bárcena, Rayón, Libertad, Hidalgo, 8 de Julio, Enrique González Martínez y Nueva Galicia hacen honor al sobrenombre que desde hace mucho los propios tapatíos han tenido a bien bautizar “Bachelajara”. Aunque lo anterior pudiera sonar a manera de burla y ser causante de risa de más de algún externo, lo cierto es que para los que vivimos la ciudad, esto entre cosas nos hace más bien padecerla.
Es necesario mencionar que el afloramiento proviene del subsuelo, muchas de las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara han sido una y otra vez revestidas con asfalto que al paso del tiempo abre camino, literalmente al empedrado que una una vez vistió las calles, que hoy son intransitables. Uno de los muchos problemas es que los pavimentos se han excedido a la duración para la que fueron creados.
Pareciera que nuestras autoridades no caminan sus calles, no se han pochado una llanta del auto, o no han sido testigos de algún accidente entre aquel automovilista que por intentar sacarle al bache se ha llevado en el paso a un ciclista. Es urgente que las autorides salgan a las calles no solo en campaña, y se den cuenta de que las lluvias solo vienen a sacar a relucir el sin fin de fallas que éstos intentan cubrir con chapopote. Sin duda el reclamo de los vecinos de la zona es legítimo y necesario. De oriente a poniente no hay calle sana, les comparto imágenes.
Guadalajara, Jalisco., 18 de Agosto de 2016
Imparte PRD taller sobre “Violencia Política” en Jalisco
A fin de mantener el protocolo de la erradicación de la violencia política contra las mujeres, la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional, Paloma Castañón Hernández, acompañada por la secretaria de Derechos Humanos del PRD en Jalisco, Olga Gómez Flores, así como por la secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo, y el presidente del Sol Azteca en la entidad Raúl Vargas López, impartió un taller: Se llama violencia política y nos afecta a todos, el cual se está replicando en cada estado de la República,
Paloma Castañón, mencionó que el partido impulsará talleres para erradicar ese problema y sobre todo para dar a conocerlas formas de actuación, pues la idea es impartir un taller informativo en cada entidad del país, principalmente en los 13 estados donde habrá elecciones el próximo mes de junio. “En este proceso electoral no podemos permitir que haya una mujer política violentada y mucho menos dentro del PRD”, expresó Castañón Hernández.
Por su parte el Vargas López, condenó el artero asesinato de Humberto Ortiz García, ex presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco, además demandó una investigación a fondo sobre los hechos. El cuerpo fue hallado el jueves por la noche en el interior de un vehículo abandonado cerca de un canal, en las inmediaciones del fraccionamiento Marimar al poblado Punta de Agua, en el municipio de Manzanillo.
Al respecto, el dirigente estatal del PRD exigió el esclarecimiento del crimen y castigo para los culpables.
El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Jalisco, a través de su Secretaria de Derechos Humanos, invitan al “Taller: Se llama Violencia Política, y nos afecta a todas y todos”. Cuyo principal objetivo es visualizar los actos de violencia del que son objeto las mujeres en la esfera política y como esto nos afecta a todas y todos, para así fomentar la igualdad de nuestro partido.
En la inauguración del Taller, estará presente Paloma Montserrat Castañón, Secretaria de Derechos Humanos a nivel nacional, acompañada por Olga Gómez Flores, Secretaria de Derechos Humanos del PRD Estatal, Raúl Vargas López, presidente del partido del Sol Azteca en Jalisco.
La cita es el día, sábado 13 de agosto a las 11.30 horas, en el Centro Cultural Independencia ubicado en la calle Independencia #744 esquina Mezquitán, Colonia Centro.
Modificación a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado De Jalisco y sus Municipios: Por un Gasto Público Inteligente y Democrático
Quiebra y Riesgo en la Operación de Programas Municipales
Prevenir riesgos financieros o en la operación de los programas municipales a efecto que se coadyuve a que éstos tengan finanzas sanas, y cuyas políticas públicas sean de mayor calidad, eficaz y eficientes.
Legislación que se pretende adicionar y reformar:
Se adiciona un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
Conceptos Básicos de la Iniciativa:
De acuerdo a la propuesta, ¿qué es la quiebra municipal?
La insolvencia financiera grave de un determinado ayuntamiento que afecte su adecuado funcionamiento, declarada por el H. Congreso del Estado de Jalisco.
¿Cuáles son los supuestos por los que se puede considerar que un ayuntamiento puede entrar en un procedimiento de quiebra municipal?
1. El incumplimiento de llevar a cabo los lineamientos y demás directrices por parte de los entes obligados cuando cuenten con un endeudamiento elevado de conformidad con lo contemplado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
2. El que un ayuntamiento no pueda hacer frente a más del ochenta por ciento de sus pasivos, de conformidad con información actualizada contemplada en el Registro Estatal de Deuda Pública, afectando dicha situación el adecuado funcionamiento del ayuntamiento; y
3. La inaplicación de la mayor parte de sus programas presupuestarios ante la imposibilidad financiera de poder llevarlos a cabo por un uso indebido de los recursos públicos.
¿Qué es el Riesgo en la Operación de Programas Municipales?
Es la Declaratoria que realiza el Congreso del Estado cuando observa inconsistencias manifiestas e irregularidades en la aplicación de programas municipales, en relación a la planeación estatal y municipal de desarrollo que podría poner en riesgo el adecuado funcionamiento.
¿Cuáles son los supuestos por los que se puede iniciar un procedimiento de riesgo en la operación de programas municipales?
1. Ante el incumplimiento de llevar a cabo los lineamientos y demás directrices por parte de los entes obligados cuando cuenten con un endeudamiento elevado de conformidad con lo contemplado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
2. El que no pueda hacer frente a más del ochenta por ciento de sus pasivos, de conformidad con información actualizada contemplada en el Registro Estatal de Deuda Pública, afectando dicha situación el adecuado funcionamiento del ayuntamiento; y
¿Cuál es el nombre del procedimiento que se propone proceda ante los supuestos de una probable quiebra o riesgo en la operación de programas municipales; y qué personas y autoridades están facultades para dar inició a éste?
a) En caso que se den dichos supuestos procede un proceso de investigación ante la Auditoría Superior del Estado, ya sea de oficio, o a petición de cualquier persona. En este segundo supuesto se debe de hacer por escrito en donde se cumplan los siguientes requisitos:
* Nombre del o los denunciantes, señalando domicilio para recibir todo tipo de notificaciones; en caso de ser persona pública se seguirán los lineamientos contemplados en las leyes respectivas;
* Ayuntamiento que incurre en los supuestos mencionados;
* Los antecedentes con los responsables que dieron pie a que se de los supuestos que se mencionan;
* El conjunto de pruebas que se adjuntan para mostrar el que el ayuntamiento se encuentra en los supuestos en cuestión;
* La argumentación jurídico y fáctica que muestra de manera manifiesta que el ayuntamiento se encuentra en cualquiera de los supuesto que se contemplan;
* Firma o firmas autógrafas o en su caso electrónica de quienes promueven la denuncia en cuestión
¿Cuáles son los alcances de este procedimiento de investigación?
El que la ASEJ investigue dicha petición, elaborando en su caso un expediente preventivo a manera de recomendación a efecto que el Ayuntamiento pueda hacer frente a los riesgos financieros o en la aplicación de sus programas municipales, el cual contendrá los siguientes elementos:
a) Diagnóstico financiero/ programas del ayuntamiento;
b) Factores financieros de riesgo/ programas;
c) Opiniones de expertos;
d) Medidas a tomar con sus debidos plazos; y
e) Firma autógrafa o en su caso electrónica del Auditor Superior del Estado.
¿Qué ocurre si el ayuntamiento incumple con las recomendaciones que emita la ASEJ?
Elaborará un dictamen para emitir una declaratoria de quiebra o de riesgo en la operación de programas municipales, enviándolo a las Comisiones de Hacienda y Vigilancia del H. Congreso del Estado para que ésta la aplique atendiendo a los lineamientos que la ASEJ haya emitido.
¿Qué acciones se planean contemplar para evitar que el ayuntamiento sea escuchado a través del procedimiento?
a) Durante la discusión de la propuesta de la ASEJ, se manda llamar a dicha dependencia, a la SEPAF y al ayuntamiento de referencia para que puedan determinar en qué medida complementar las medidas y demás acciones que recomienda la Auditoría.
b) Además, una vez notificado los ayuntamientos, e iniciado el procedimiento, podrán éstos solicitar el que se aplace la declaratoria por una vez, justificando sus razones, y siempre que se aprueben por las Comisiones, a efecto que pueda remediar dicha situación.
Si en quince días las comisiones y el pleno determinan que hay lugar a aplazarla, se dará dicha circunstancia, pero, a condición que se cumplan las medidas acordadas.
¿Qué ocurre si un ayuntamiento es omiso en incumplir con la medida de aplazamiento?
a) De manera inmediata se remite a la ASEJ, a efecto que vuelva a dictaminar la declaratoria, remitiéndola al Congreso para que ordene a la ASEJ y SEPAF realicen las operaciones correspondiente para que se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la declaratoria correspondiente;
b) Se faculta a la ASEJ a promover juicio político en contra de todos los integrantes del ayuntamiento. Además todo lo actuado durante dicho procedimiento cobra valor como prueba plena, por lo que se revierte la carga de la prueba en contra del ayuntamiento para mostrar que tenía causa justificada para incumplir en el aplazamiento.
¿Cuáles son los efectos de una declaratoria de quiebra o de riesgo en la operación de programas municipales?
a) El que se tomen medidas urgentes y conducentes que hayan fijado la ASEJ, la SEPAF, y las comisiones de Vigilancia y Hacienda; y
b) Restaurar el adecuado funcionamiento operativo y financiero del ayuntamiento tanto en el corto, mediano y largo plazo.
¿Cuáles fueron los antecedentes de la iniciativa a nivel internacional y nacional?
a) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual en su artículo 9º se señala la importancia que tiene realizar una adecuada vigilancia de los recursos públicos que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas, y pone énfasis al final del artículo en adoptar medidas que prevengan riesgos en el uso de los recursos y logren en su caso implementarse medidas correctivas (1); y
b) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016, señala que las entidades federativas y municipios deberán de adoptar un régimen que garantice que sus presupuestos sean sostenibles, y acordes a sus Planes Estatales y Municipales de Desarrollo.
(1)Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (octubre 2003) disponible en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
Pertinencia y alcances de la propuesta
¿En qué coadyuva esta propuesta a mejorar la gestión pública, así como el desarrollo del Estado?
a) En que los ayuntamientos hagan un uso adecuado, racional de los recursos públicos, diseñando, elaborando, implementando y evaluando sus programas municipales de manera que sean coherentes con el Plan Estatal de Desarrollo
b) Se tenga una mayor rendición de cuentas por parte de los ayuntamientos;
c) Se fortalezcan a los ayuntamientos como unidad de gobierno, mejorando la calidad de sus servicios;
d) Fortalecer las finanzas de los ayuntamientos, previniendo se tomen riesgos innecesarios en perjuicio de la población.
¿En que ayudará esta propuesta a prevenir la corrupción?
Esta propuesta se elabora dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, al fortalecer el sistema de rendición de cuentas y transparencia desde una perspectiva preventiva en donde se otorga a todos los actores de la sociedad las herramientas para que todos coadyuven a mejorar las finanzas y políticas públicas municipales.
Así mismo, sobre el Procedimiento de Aprobación o Rechazo de los Informes Finales de la Auditoría Pública en los cuales determinen la totalidad de cargos de un ejercicio fiscal y que el monto rebase el 10% del total del presupuesto, previo a la votación en este Pleno del Congreso del Estado, se llevará a cabo la evaluación de la documentación aclaratoria, a través de un perito experto en la materia y así poder determinar la autenticidad de los mismos, agendándose para su aprobación o rechazo una vez emitido el dictamen pericial.
Por un Gasto Público Inteligente y Democrático
En la fracción Parlamentaria del PRD consideramos que la única manera de dar garantía al apropiado uso de los recursos públicos es con la participación de todos, buscando desde un enfoque preventivo, evitar riesgos financieros para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, sobre todas las municipales.
En el caso de los municipios de Jalisco, tenemos a Guadalajara como el segundo municipio del país con mayor endeudamiento, así como Zapopan que se ubica en el octavo lugar a nivel nacional, ascendiendo a las cantidades de $2 mil, 680 millones 701 mil 760 pesos, y $ mil 297 millones de pesos respectivamente, de acuerdo a la información financiera que cuenta el Gobierno del Estado (1). Ante esta circunstancia el Instituto Mexicano para la Competitividad en su Índice de Información Presupuestal Municipal 2015 recomendó emplear mecanismos que garanticen el uso adecuado de los recursos públicos y garantizar el correcto funcionamiento de los ayuntamientos.(2)
Ante este reto, proponemos reformar la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria del Estado de Jalisco y sus Municipios con objeto de dotar a la población y al Gobierno de las herramientas para incorporar de manera preventiva las figuras de la Declaratoria de Quiebra Municipal así como la Declaratoria de Riesgo en la Operación de Programas Municipales, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización.
Con estas dos instituciones jurídicas se pretende que con el consenso y las recomendaciones necesarias, se cuente con un sistema de investigación y
prevención para los ayuntamientos que pudieran estar en riesgo financiero y en posibilidad de incumplir con su función sustantiva.
Esto se hace para que se puedan corregir los factores que incidan en dicha circunstancia, tomando las medidas adecuadas a tiempo. Además, se faculta a la Auditoría Superior para que pueda contar con la opinión de expertos para que, de manera conjunta con los ayuntamientos, se logre trabajar para fortalecer desde el diseño, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Sólo en casos extremos se contempla sancionar a los funcionarios que resulten responsables del incumplimiento con las medidas que se contemplen, facultando al Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que habrá de integrarse en armonía con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (3) para que se interpongan las acciones legales que correspondan incluyendo el juicio político contra las autoridades señaladas.
En un ánimo de innovación y participación responsable, exhortamos su apoyo en esta propuesta para disminuir la deuda pública, prevenir riesgos financieros para que el ayuntamiento siga siendo un pilar del pacto federal, y de consolidación de un gasto público que sea inteligente y democrático.
(1) Jalisco. Gobierno del Estado. Información Fiscal. Deuda Pública. Informes de Deuda Pública abril 2016. (vi agosto 2016) disponible en: http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/deuda_publica_mensual_abril_2016.pdf
(2) IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2015 (IIPM) (vi julio 2016) disponible en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-municipal-2015-iipm/
(3) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016
Iniciativa de Ley que tiene por objeto adicionar un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización.
Con fundamento en la facultad que otorga el artículo 28 fracción I de la Constitución Política y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I, 150 y 153 párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco; los que suscriben, la C. Diputada Mónica Almeida López, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y el C. Diputado Saúl Galindo Plazola, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos poner a consideración de esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa de ley que tiene por objeto adicionar un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización al tenor de la siguiente:
La globalización ha traído consigo un entorno singularmente complejo, caracterizado por cambios vertiginosos y profundos en prácticamente todos los órdenes de la vida económica y social de la humanidad. Este fenómeno está imponiendo enormes retos a los gobiernos de cada país en materia de competencia y productividad de la actividad económica, y de eficiencia y calidad en el desempeño gubernamental, tanto en las estructuras institucionales, como en los ámbitos de la transparencia y la rendición de cuentas. La revolución de la información y los cambios tecnológicos y científicos que han hecho posible la globalidad, han impactado notablemente la relación entre el funcionamiento de los mercados y la gestión estatal, en un contexto político marcado por la extensión del modelo democrático. Este proceso no ha sido terso, pues junto a los avances económicos alcanzados, se han presentado crisis recurrentes y resultados diferenciados en materia social.
Lo anterior ha generado como consecuencia, que los diseñadores y ejecutores de las políticas públicas, al evaluar críticamente estos resultados, sean más perceptivos y tiendan a mostrar una
comprensión más aguda de la relevancia que tiene la calidad institucional sobre el buen desempeño económico.
Derivado de esta evaluación crítica, se ha comenzado a observar en gobiernos en varias latitudes que han aplicado reformas a su marco jurídico interno en materia de fiscalización, con la finalidad de adaptar a las nuevas realidades de la globalización, sus instituciones sociales y políticas. Así, con el avance de la democracia y la mayor pluralidad política, los cambios institucionales se han orientado a fortalecer el sistema de contrapesos, tan necesario para consolidar los procesos democráticos. La experiencia internacional demuestra que un entorno de alta calidad institucional es una condición sine qua non, para que pueda garantizarse un crecimiento y desarrollo económico más estable y duradero. En este conjunto de transformaciones institucionales alrededor del mundo, destaca el creciente peso que se otorga a las entidades de fiscalización superior.
El crecimiento registrado en el tamaño del gobierno, su mayor complejidad y la participación cada vez más demandante de la sociedad, han impuesto como cuestión prioritaria la evaluación de las operaciones del gobierno en todos los niveles, con énfasis en la rendición de cuentas.
Asimismo, que el mantenimiento de los objetivos específicos de auditar el uso apropiado y efectivo de los fondos públicos; vigilando el
desarrollo de una administración financiera sana; una adecuada ejecución de las actividades administrativas públicas; y una comunicación expedita de los hallazgos encontrados, tanto a las autoridades públicas como al público en general a través de la emisión de reportes objetivos; es una tarea necesaria para la estabilidad y el desarrollo de los Estados.
Las entidades de fiscalización superior se han desarrollado en ese contexto de cambios en las condiciones políticas y económicas, y en las expectativas acerca del papel del gobierno y de la gestión pública. En lo particular, la preocupación creciente por una gestión pública de calidad orientada a resultados, ha incidido de manera fundamental en la conducta de los organismos fiscalizadores, situación que se ha traducido en una estructura de auditorías más especializada. Antaño, las auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores se concentraban en el cumplimiento de la legalidad y en los aspectos financieros generados de las aplicaciones presupuestarias.
A lo largo de las diversas modificaciones a la propia Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco, surge la necesidad de perfeccionar la norma para hacer más eficiente la labor de fiscalización, combatir la corrupción, así como acotarse y adaptarse a las reformas a nivel federal y apegarse a los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), es por ello que derivado de los diversos componentes que conforman esta labor, queda claro que existen muchas lagunas aun en nuestra legislación estatal, para buscar la eficiencia y obligar a los entes auditados a que lleven a cabo la comprobación de su gasto de manera transparente y eficiente y buscar los mecanismos para que de esta misma manera la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado coadyuven en la evaluación y determinación de cargos en los casos que así se requiera.
Dentro de este contexto nacional han surgido dos reformas constitucionales trascendentales para el adecuado manejo de los recursos públicos en las materias de disciplina financiera y en materia para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, ambas del mes de mayo de 2015 (1). La primera enmienda representa un cambio singular para el adecuado uso de la hacienda pública, ya que establece condicionantes para que el Gobierno en sus diversos niveles se pueda endeudar.
Esto se hizo ante los crecientes niveles de deuda en los que han incurrido los ayuntamientos así como varios gobiernos, poniendo en riesgo el adecuado funcionamiento de la administración pública. A manera de ejemplo el Instituto Mexicano para la Competitividad en su índice de Información Presupuestal Municipal 2015 (IIPM) recomendó la necesidad de emplear mecanismos que garanticen un uso adecuado de los recursos públicos para que no se caiga en este caso. (2)
En el caso de Jalisco, tenemos a Guadalajara como el segundo municipio con mayor endeudamiento del país, así como Zapopan que se ubica en el octavo lugar a nivel nacional. Si bien se tratan de deudas que pueden ser pagadas, y las cuales ascienden a $2,680 millones 701 mil 760 M.N., y $1,297 millones M.N, de acuerdo a la información financiera que cuenta el Gobierno del Estado (3), es importante que se tomen medidas adecuadas para que no sean tan elevadas.
De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016, además de las medidas ya señaladas, las entidades federativas y municipios deberán de adoptar un régimen que garantice que sus presupuestos sean sostenibles, de conformidad con el artículo 6 de dicho ordenamiento jurídico cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. (4)
Esto implica que al realizar las respectivas leyes de ingresos y de egresos se debe aplicar criterios que garanticen que efectivamente se va a dar un uso adecuado a los recursos públicos. En este tenor, también se contempló en el artículo 5 y 18 de esta legislación el que todo presupuesto estatal y municipal deberá de ser acorde a los planes estatales y municipales de desarrollo, y los programas derivados de los mismos incluyendo necesariamente “objetivos anuales, estrategias y metas” (5).
De allí se desprende que toda posible erogación de recurso cuenta con un marco normativo, es decir, con una teleología axiológica encaminada a ampliar y desarrollar el pleno disfrute de los derechos humanos de la población, acorde al paradigma post positivista que ha venido a coadyuvar a consolidar nuestra democracia constitucional desde junio de 2011.
Es importante para lograr dicho cometido que el sistema de fiscalización sea pertinente. De lo contrario, todo el sistema no logra operar de manera adecuada. Con independencia de que se haya incorporado un sistema de alarmas en la legislación secundaria en materia de disciplina financiera, son las auditorías estatales las que cobran un papel importante para vigilar que los recursos públicos se usen atendiendo a las finalidades, con programas para lograr que la gestión pública sea acorde a que nuestra sociedad sea una con base en la dignidad humana.
Para fortalecer dicha postura, la reforma constitucional de mayo de 2015 incorpora por primera vez el sistema nacional anticorrupción, y en julio de 2016 se desarrolla a través de las legislaciones secundarias, y contempla el rol importante que tienen los órganos de fiscalización estatal, al incorporar a la Auditoría Superior de la Federación dentro del Comité Coordinador de dicho sistema, así como el órgano encargado de dirigir los esfuerzos para integrar el Sistema Nacional de Fiscalización para homologar los sistemas de vigilancia y auditoría de los recursos públicos. (6)
Inclusive la fracción II del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, eje importante dentro del sistema nacional anticorrupción, menciona que la Auditoría Superior de la Federación pueda emitir recomendaciones, o emplear demás actos para garantizar que los recursos públicos federales se apeguen al Plan Nacional de Desarrollo. Se muestra así como el tópico del uso de los recursos públicos responde a un uso responsable de éstos, en donde lo importante es que éstos se traduzcan en resolución a los problemas que vive la ciudadanía ante una gestión pública coherente con los valores democráticos contemplados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta visión es acorde con los convenios internacionales en materia corrupción de los que México ha sido parte como es el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual en su artículo 9º se señala la importancia que tiene realizar una adecuada vigilancia de los recursos públicos que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas, y pone énfasis al final del artículo en adoptar medidas que prevengan riesgos en el uso de los recursos y logren en su caso implementarse medidas correctivas.(7)
Si bien los instrumentos jurídicos que recientemente a nivel nacional se han incorporado para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar un mayor nivel de eficacia y eficiencia, consideramos que son insuficientes, ya que se requiere implementar medidas preventivas que logren mejorar el uso funcional de los recursos públicos.
Entre las diversas medidas que se han adoptado en el marco del sistema de disciplina financiera y de combate a la corrupción, se adopta un paradigma en su mayor parte sancionatorio, sin que trascienden un enfoque de prevención que sea acorde para remediar cualquier tipo de situación irregular en este sector. Sobre todo en el Estado de Jalisco, en la legislación actual en materia de fiscalización, el que un servidor público sea omiso o incumpla con rendir sus informes en materia de gestión financiera, denominación que se le otorga al señalar sobre el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de resultados acordes a los planes estatales de desarrollo, sólo amerita a lo mucho una multa de 500 días de salarios mínimos. (8) Se trata de un enfoque que además de buscar la punición, no se justifica el por qué debe traducirse en esos montos, cuando inclusive, podrían ser mayores.
Es necesario que se incluya una postura que sea eminentemente preventiva, y que se aplique un ámbito sancionatorio mayor en caso que se incumpla con lo que marque la ley. Lamentablemente, al no ocurrir esto, se corre el riesgo que sigan los mismos vicios, sin que se atiendan los problemas de una gestión pública adecuada de fondo.
Analizando por ejemplo al ya citado ordenamiento jurídico nacional en materia de disciplina financiera, el sistema de indicadores para determinar situaciones ante riesgos en dicha materia deja un margen bastante amplio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los casos en los que se incurre en endeudamiento con observaciones o elevado. (9) Es importante por lo tanto que, en aras de complementar dicha legislación, sin contrarrestarla, se pueda analizar el nivel de deuda atendiendo a un fenómeno que hasta la fecha no se ha legislado, el de la quiebra municipal.
En contra de esta postura se podrían sostener dos cuestiones, una consistente en que si financieramente es posible que un ayuntamiento puede entrar en quiebra; y la otra, consistente en si es viable jurídica y políticamente hablando. En el primer supuesto se podría afirmar que toda vez que el cabildo es un ente que siempre recibe de alguna u otra manera alguna aportación económica, entonces jamás entraría en este supuesto, lo cual es impertinente. Reiterando el alto nivel de discreción con el que cuenta la Secretaría de Hacienda y las entidades federativas para determinar las medias a emplear en caso de un endeudamiento elevado, sin que la población cuente con la seguridad jurídica de que serán adecuadas, ni que se traducirán en un alto grado de funcionamiento.
Esta primera cuestión es equivalente a tener la falsa creencia de que siempre quien esté en la administración tendrá la suficiente sapiencia para que las medidas financieras sean adecuadas, o que sin importar el nivel de ingresos que reciban podrán proyectar presupuestos sostenibles, alejándose de aquellas prácticas nocivas que puedan desfavorecer a la población.
El segundo argumento que se podría usar en contra de legislar la figura de la quiebra municipal consiste en que implicaría un sistema de alarma que inhibiría las inversiones a favor de diversos municipios. Se podría afirmar que es preferible un sistema de alertas amplio como el que ya se incluye a nivel federal a uno que establece supuestos fijos en caso de incurrir en deuda desmedida como el caso de una quiebra declarada, ya que les daría mayor previsibilidad a los inversionistas en el pago de los créditos que tengan a su favor.
Esta inferencia es inverosímil ya que todo depende a que como se pueda configurar dicha figura. Lo que no cabe es desconocer que se da este fenómeno en la realidad, el cual requiere una regulación adecuada, con el enfoque preventivo ya mencionado, sobre todo para prevenir desfiguraciones cuando los estados de deuda de los municipios son investigados y dados a conocer por los medios de comunicación. A manera de ejemplo, en el 2012, el Maestro Antonio Rocha Santos especialista en derecho administrativo detalló que 80 de 125 municipios no contaba con la suficiencia financiera para hacer frente a sus obligaciones, menguando así la facultad que tienen para poder funcionar de manera adecuada.(10)
Sin embargo, jamás se precisa que se entiende por quiebra municipal cuando salen a la luz estas circunstancias, y en que supuestos se puede catalogar como tal. Lo que si queda claro es que es factible que así como ocurre en las empresas, los municipios lleguen a un estado de insolvencia frente acreedores, lo cual pueda comprometer la calidad en la gestión pública. Por ende, el ser omisos en legislar un hecho que puede ser apreciable desde distintas ópticas puede ser contraproducente para mantener unas finanzas públicas municipales que permitan el desarrollo de dicho nivel de gobierno.
Problemática en la ejecución de los Planes Estatales de Desarrollo
En este mismo sentido, se reitera que la reducción de la emisión de recomendaciones e imposición de multas ante el incumplimiento de las entidades federativas en relación a la aplicación adecuada de los objetivos y programas relativos a los planes estatales de desarrollo resulta contraproducente, al obviar la dimensión preventiva que podrían realizar los entes fiscalizadores de los recursos públicos.
Siendo que para las democracias constitucionales contemporáneas es importante que la gestión pública sea de calidad, tal como lo señala la Carta Democrática Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública de la cual México es parte (11), es indispensable que los entes públicos pero sobre todo, los municipios cuenten con sistemas de prevención ante cualquier riesgo en el incumplimiento de sus programas presupuestarios, objetivos o metas a alcanzar.
En Jalisco es la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas quien se encarga de cumplir con este cometido al ser su función principal el desarrollo sostenible de todo el Estado; sin embargo, atendiendo al contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco también debe ser más proactiva en diagnosticar cualquier riesgo en la labor preventiva en su íntima vinculación con el ejercicio de los recursos públicos.
De no atender esta circunstancia, se corre el riesgo de que varios municipios se queden rezagados en una nueva dinámica de gestión pública que requiere la población, cuando precisamente, cada vez es más importante que los ayuntamientos empleen una visión más científica y técnica del quehacer público, donde se implemente a cabalidad un marco lógico que sea capaz de traducirse en resultados.
En este tenor cabe traer a colación las recomendaciones hechas por CESJAL en su obra intitulada “La agenda global de desarrollo y las políticas públicas en Jalisco”, de marzo de 2016, en donde en sus conclusiones muestra que en el Estado se requieren implementar centros y formar personal capacitado en materia de políticas públicas, sobre todo a nivel municipal.(12) Es por ello que es de gran importancia que ante la necesidad de empezar a construir la infraestructura y personal adecuado en este sector, se requiere que se aprovechen las instituciones existentes para que de manera preventiva, se vayan tomando las medidas que sean pertinentes.
PROBLEMÁTICA RELACIONADA A SOLVENTAR OBSERVACIONES
Otra problemática que se da en materia de fiscalización consiste en que el ente auditado al tener la obligación de presentar documentación aclaratoria en el momento oportuno ante la Auditoria Superior del Estado de Jalisco previo al primer informe, en un segundo momento en el caso en que se remita informe con cargo ante el Congreso del Estado de Jalisco, el propio ente auditado tiene la oportunidad nuevamente de presentar los documentos que solventen dichas observaciones para una nueva evaluación por parte de la auditoria, de ahí se deriva que si persisten dichas inconsistencias en el segundo informe final devuelto de la Auditoria al Congreso del Estado, según sea el caso, se someten a votación dictámenes con cargo que en pleno son rechazados, entendiéndose así que no se toma en cuenta la evaluación técnica de auditoría, apartándose del informe y dándole un sentido contrario a la imposición de cargos, tomándose como base para rechazar los cargos o responsabilidades, opiniones técnicas e integración de anexos con documentación aclaratoria, lo que desencadena suspicacia de la real procedencia de dicha documentación, al tomarse las mismas, como pruebas supervenientes, a lo que la propia comisión de vigilancia de buena fe integra los documentos y en la mayoría de las ocasiones bajo esta premisa se rechaza el cargo exonerando a los funcionarios responsables de los cargos fincados.
Es por ello que existe la imperante necesidad de evitar que se siga esta práctica en el Congreso, que se tenga la certeza de que no están exonerando del cargo a funcionarios que causaron daño al erario o que exista corrupción en asuntos de esta naturaleza, razón por la cual el alma de la presente iniciativa versa en una fiscalización exhaustiva, precisa y con certeza jurídica, en la cual se busca que cuando el total de los cargos señalados por el informe final rebase del 10% del monto correspondiente al presupuesto anual del ente auditado respecto del año fiscal de que se trate se tendrá que llevar a cabo la revisión precisa de la documentación aclaratoria a través de un perito experto según sea el tipo de documento, el cual deberá emitir un dictamen en el cual se tenga la seguridad y la fidelidad del documento controvertido, y de esta manera evitar la creación de documentación falsa o posterior a los actos observados, burlando de esta manera el principio y el espíritu de fiscalización, teniendo como consecuencia que en caso de determinarse como documentación falsa o posterior a la fecha señalada en el documento, se tenga por aprobado el cargo que se contiene en el informe final de Auditoría.
Atendiendo a lo anterior es que se propone por un lado adicionar un capítulo III al Título Quinto a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el cual se denominará “De las medidas preventivas en materia de deuda municipal y gestión financiera”, con la finalidad de incorporar el
articulado por el cual se incorpore la figura de la quiebra municipal así como las acciones jurídicas que se podrán tomar, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para prevenir riesgos financieros sobre todo en el sector municipal.
Tratándose de la primera figura, se propone que se defina a la quiebra municipal como la declaratoria jurídica que hace la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en donde se muestre insolvencia financiera grave de un determinado ayuntamiento que afecte su adecuado funcionamiento. Para que opere dicha declaratoria, se incorporará un sistema de investigación, donde cualquier persona incluyendo a los integrantes del ayuntamiento, puedan dar a conocer a la Auditoría Superior del Estado que un municipio se encuentre en los siguientes supuestos que a continuación se enuncian:
a) Ante el incumplimiento por parte de los entes obligados de llevar a cabo los lineamientos y demás directrices cuando cuenten con un endeudamiento elevado de conformidad con lo contemplado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Este primer supuesto permitirá que cualquier persona, pueda ser un vigilante responsable ante el uso adecuado de los recursos públicos en caso que la Auditoría Superior del Estado no actúe por oficio ante dicho supuesto;
b) El que no pueda hacer frente a más del ochenta por ciento de sus pasivos, de conformidad con información actualizada contemplada en el Registro Estatal de Deuda Pública, afectando dicha situación el adecuado funcionamiento del ayuntamiento. Este supuesto toma su origen de la Ley de Concursos Mercantiles, debido a que requiere un alto nivel de endeudamiento para que proceda, el cual podría ser inclusive concurrente aunque no necesariamente con el anterior. Por otro lado bajo este tenor, se estima que los ayuntamientos piensen de manera prudente el tipo de deudas que podrán contraer estableciendo límites en especial con diversos proveedores.
c) La inaplicación de la mayor parte de sus programas presupuestarios ante la imposibilidad financiera de poder llevarlos a cabo debido a un uso indebido de los recursos públicos. Este supuesto tiene como objeto que los ayuntamientos apliquen esquemas de financiamiento inteligentes a efecto de no afectar programas que incidan a la población, evitando que se puedan crear de esta manera elefantes blancos que sólo acaban debilitando la legitimidad de las instituciones municipales.
El hecho de que se haya propuesto que cualquier persona pueda iniciar una investigación, se debe a que las finanzas públicas no es un
mero asunto entre partes como sería en un pleito privado. A toda persona le compete el conocer la situación financiera de su ayuntamiento, pudiendo tomar las medidas cuando los recursos que realmente le pertenecen, se ponen en riesgo.
De esta manera se permite una participación social proactiva que incida en las finanzas públicas. En cada supuesto se establecen candados, donde se deba demostrar la situación, evitando denuncias frívolas ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco que tengan un afán de persecución política.
Además, se propone que el primer órgano que conozca de estos supuestos ante una solicitud de investigación sea la Auditoría, previniendo que un ánimo político sea el motor de las investigaciones que se desprendan de los hechos mencionados. De conocer la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, dado el carácter político del Poder Ejecutivo, el partido que esté en el gobierno fácilmente podría tergiversar u obstruir cualquier hecho.
En cambio, la Auditoría, por ser un ente que trasciende las diversas administraciones públicas, y cuyos integrantes son elegidos vía examen de oposición; con el añadido que ahora integrará parte de un Sistema Estatal Anticorrupción liderado por un Consejo Ciudadano, la investigación se encuentra protegida ante estos supuestos.
Una vez presentada la solicitud de investigación, se propone que la ASEJ, en un plazo no mayor a diez días naturales la admita o la deseche de plano, pudiendo prevenir hasta en una ocasión al solicitante para que en un plazo no mayor de cinco días naturales enmiende las inconsistencias que se detecten en ésta. Admitida la solicitud de investigación, la ASEJ hará uso de sus facultades de verificación, analizando cuentas públicas anteriores, sin que por esto se desprenda que abrirá nuevamente dichas cuentas, o en su caso solicitando la información que requiera de los entes municipales para llevar a cabo la investigación.
Se contempla que este periodo de investigación dure un plazo no mayor de treinta días naturales, informando en cada caso a los entes competentes de lo que será en su momento el Sistema Estatal Anticorrupción, y llevando a cabo las mejores prácticas internacionales, a efecto de que al final, se elabore un expediente preventivo de recomendaciones financieras a llevar a cabo por parte de los ayuntamientos para que ya sea en el corto, mediano o largo plazo pueda solventar las inconsistencias y evitar la posible situación de quiebra, y el cual se turnará a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que complemente las recomendaciones que estime pertinente, haciendo las anotaciones correspondientes en el Registro Estatal de Deuda Pública.
En cada caso se estará notificando al ayuntamiento correspondiente para que a su vez, éste pueda señalar lo que a su derecho corresponda, buscando ante todo crear un intercambio de ideas y opiniones para poder fortalecer las finanzas municipales.
Dicho expediente deberá de contemplar los siguientes supuestos:
a) Diagnóstico financiero del ayuntamiento;
b) Factores financieros de riesgo;
e) Firma Autógrafa en su caso Electrónica del Auditor Superior del Estado
Este expediente permitirá otorgarles una oportunidad a los ayuntamientos de enmendar aquellas situaciones que lo pongan en riesgo de que se declare una quiebra municipal. En cambio, en caso de que el ayuntamiento sea omiso en responder a los señalamientos que se desprendan del expediente se prevé entonces que la ASEJ
comience el proceso para emitir una declaratoria de quiebra municipal. Éste estará integrado por las siguientes etapas:
a) Elaboración de dictamen de quiebra municipal en donde la ASEJ:
i. Informa el incumplimiento del ayuntamiento de las medidas que debería de adoptar;
ii. El riesgo financiero en el cual incurre el ayuntamiento de no adoptar dichas medidas; y
iii. Las acciones financieras que deberá llevar a cabo el ayuntamiento.
b) Notificación del dictamen a la Comisión de Vigilancia y Hacienda del Congreso del Estado a efecto de que elaboren de manera conjunto un dictamen de declaratoria de quiebra municipal el cual:
i. Integre las demás acciones que considere pertinentes;
ii. Se modifiquen las leyes de ingresos y presupuestos de egresos para garantizar que en la emisión de la declaratoria se cumplan las medidas para subsanar los riesgos financieros y los incumplimientos incurridos por los ayuntamientos;
c) Turno del dictamen de declaratoria de quiebra municipal al Pleno del H. Congreso del Estado de Jalisco para que:
i. Se integren observaciones finales, las cuales se podrán incorporar a la Declaratoria Final, previa aprobación de la mayoría de los presentes, a efecto que se envíen al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, cuyo titular deberá, en un plazo no mayor de quince días naturales, instruir a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas lleve a cabo las medidas necesarias para que no se afecte la planeación municipal;
ii. La Auditoría empiece a vigilar las finanzas municipales para que el ayuntamiento no incurra en actos irregulares y se ciña de manera completa a la declaratoria.
Se propone que a través de este proceso el ayuntamiento afectado esté presente, así como la SEPAF y la ASEJ, a efecto de que se pueda negociar hasta en una ocasión el aplazamiento de la declaratoria. En un primer supuesto, las comisiones de vigilancia y hacienda, escucharán a la ASEJ, a la SEPAF y al Ayuntamiento, en caso que este último solicite el aplazamiento. Si la ASEJ o la SEPAF dan el visto bueno a favor del ayuntamiento, las comisiones votarán el aplazamiento de la declaratoria o su negativa a efecto de que ésta se turne al Pleno del H. Congreso del Estado.
Si la mayoría de los integrantes del Pleno del H. Congreso del Estado que estén presentes determina el aplazamiento, situación que también se dará en caso que no se logre la mayoría requerida, la ASEJ con las directrices y plazos que fije de manera conjunta en materia de Planeación SEPAF, vigilarán que ésta se lleve a cabo.
Si se da nuevamente un caso de incumplimiento por parte del ayuntamiento, se propone que la ASEJ informe de dicha circunstancia a las comisiones mencionadas, incluyéndose las observaciones finales, turnándose a su vez éstas al Pleno, en donde participe la SEPAF para complementar éstas en lo que estime conveniente, previa votación mayoritaria de los participantes ya señalados, a efecto que una vez que se aprueben éstas ante la Asamblea del Poder Legislativo se lleve a cabo en su integridad la declaratoria.
En caso de que ocurra de nuevo el incumplimiento, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, informará al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en armonía con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,13 para que interponga juicio político, o las acciones legales que correspondan en contra de los funcionarios que resulten responsables, haciendo prueba plena del incumplimiento señalado para los efectos legales correspondientes.
Esto permitirá que se garantice, de manera complementaria el sistema de alertas del sistema de disciplina financiera, y el adecuado uso de los recursos públicos, en un sistema transparente en donde la población también sea parte.
Por último, se propone crear la figura de la declaratoria de riesgo en la operación de programas municipales, el cual seguirá el mismo procedimiento en los siguientes supuestos:
a) El municipio no cuente con programas municipales de manera fehaciente;
b) No exista correspondencia y/o coherencia manifiesta entre los recursos, metas, indicadores y objetivos correspondientes a un determinado programa o entre varios que deben de estar necesariamente correlacionados; o entre uno o varios que debiendo de estar conectados no guarden una relación lógica necesaria con el Plan Estatal de Desarrollo; y
c) La mayor parte de los programas municipales no tiene relación manifiesta alguna con el Plan Estatal de Desarrollo o se muestra en su momento de manera plena que la mayor parte son de imposible realización.
Esta segunda declaratoria también es importante, ya que también permitirá el que se modifiquen las leyes de ingresos y egresos municipales, pero sobre todo, el que se refuerce la estructura municipal como nivel básico de gobierno, tal como lo contempla el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar que en ningún momento se estaría violentando la autonomía hacendaria municipal, ya que, de conformidad con el nuevo sistema de disciplina financiera, así como el Sistema Nacional Anticorrupción, se permiten este tipo de medidas al momento que la Carta Magna Federal permite que las legislaturas locales determinen los montos de endeudamiento de este nivel de gobierno.
Atendiendo a la problemática relacionada con la necesidad de solventar observaciones de la ASEJ, se propone adicionar los artículos 89 Bis y 89 Ter contemplando tutelar en todo momento los principios rectores de la ley en mención, como lo son la legalidad, confiabilidad, certeza e imparcialidad, con esta medida se estaría implementando de manera real y no como un ideal estos principios, donde al Congreso del Estado de Jalisco le compete aprobar previo análisis y evaluación, la medición y revisión del desempeño de los órdenes de Gobierno Estatal y Municipal, más sin embargo a pesar de apoyarse en la Auditoria Superior del Estado de Jalisco para emitir un acto jurídico, tiene la facultad de aparatarse de lo dispuesto por los informes finales siempre y cuando se encuentre fundado y motivado tal y como se establece en el artículo 89 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo que se traduce que la fundamentación y motivación versa sobre los documentos aclaratorios y los razonamientos por los cuales no se pudieron comprobar en el momento procesal oportuno, de ahí deviene que nuestra legislación no cuenta con el mecanismo adecuado para poder evaluar la fiabilidad de los documentos, por lo que existe esta carencia legal que no genera certeza para un posible rechazo de cuenta pública con cargos.
La Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado quien es el órgano técnico profesional e interdisciplinario del Congreso del Estado encargado de auxiliar a la Comisión en su tarea de fiscalización y revisión de informes finales de cuenta pública, es menester señalar que no cuenta con los elementos técnicos ni humanos para determinar la confiabilidad de los documentos, ya que solo se acotan
a la conformación de un expediente y su relación con las observaciones de auditoría, así como los elementos técnicos y jurídicos aportados por los entes para poder presentar de manera fundamentada y motivada los elementos necesarios de convicción a los diputados para un rechazo del dictamen con cargo.
De aprobarse esta propuesta tendrá la pertinencia económica consistente en que transformar el paradigma presupuestario municipal en uno que sea responsable, en constante cambio para beneficio de la sociedad, e inteligente, en donde participe la sociedad de manera activa y conjunta con el Gobierno para el beneficio de ésta. Sobre todo, tiene la pertinencia de hacer el gasto público más funcional, a efecto de que, desde una óptica preventiva, se eviten riesgos financieros en pasivos o en programas presupuestarios inviables.
En cuanto a los costos que ésta reforma representa para la población, dependerán en gran medida de la manera en la que se apliquen estas reformas. Sin embargo, a efecto de garantizar su viabilidad, se contemplará un transitorio con la finalidad de que una vez aprobada, su entrada en vigor será a la par del Sistema Estatal Anticorrupción. De esta manera se logra una
homologación adecuada, sin sobrepasar los límites de esta coyuntura de trascendencia para el Estado de Jalisco.
En lo jurídico, esta propuesta tienen la pertinencia consistente en fortalecer la seguridad jurídica de la población, coadyuvando a consolidar el Estado de Derecho, delimitando el ámbito de discrecionalidad de los municipios de manera adecuada, sin violar su autonomía hacendaria constitucional, en donde la población tendrá conocimiento pleno de los movimientos financieros de estos entes públicos, pudiendo intervenir ante irregularidades manifiestas. En este tenor, cabe resaltar que en ningún momento se estará violando el debido proceso del ayuntamiento a través del procedimiento propuesto, pudiendo exhibir las pruebas que considere adecuadas, a efecto de buscar en la negociación y el consenso, soluciones viables poniendo en el centro a la población.
En lo social, se estima que esta propuesta fortalecerá la legitimidad de las instituciones municipales, así como de las Estatales, a efecto de dignificarlas dentro del contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, y en su momento, en la implementación del Estatal. Sobre todo, atendiendo a una visión profesional de investigación, que busque eliminar redes de corrupción, pero desde una perspectiva de buena fe, esta propuesta transformará la visión que las personas tienen de este nivel de gobierno, para que sea un motor de gobernanza en la dignidad y los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto y conforme a los artículos 147 párrafo 1 fracción I y 148 párrafo 1, 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; sometemos a consideración de esta Asamblea Legislativa bajo los términos propuestos, la siguiente:
INICIATIVA DE LEY que tiene por objeto adicionar un Capítulo III al Título Quinto, así como los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de fortalecer el funcionamiento financiero y operativo de los ayuntamientos, y del proceso general de fiscalización para quedar como sigue:
Del Procedimiento de Revisión de Cuentas Públicas o
Estados Financieros por la Auditoría Superior
De las medidas preventivas en materia de deuda municipal y gestión financiera
Artículo 66 Bis.-Será de interés público el establecimiento de las medidas preventivas que se mencionan en este capítulo con la finalidad de evitar que los ayuntamientos incurran en situaciones de riesgos financieros, o en incumplimiento generalizado de programas, objetivos y metas de éstos en el uso adecuado de los recursos públicos.
Artículo 66 Ter.-Serán obligatorias para salvaguardar el interés público las investigaciones, medidas, recomendaciones y más acciones que la Auditoría Superior del Estado de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, y los demás entes públicos mencionados en este capítulo para lograr los cometidos mencionados en el artículo anterior.
Artículo 66 Quáter.-Se considerará quiebra municipal la declaratoria que haga el H. Congreso del Estado en donde se
muestre fehacientemente la insolvencia financiera grave de un determinado ayuntamiento que afecte su adecuado funcionamiento.
De oficio o a petición de cualquier ciudadano, se podrá iniciar un proceso de investigación, por escrito, cuando un ayuntamiento incurra en los siguientes supuestos de probable quiebra municipal ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, adjuntando para tal efecto los documentos probatorios que muestren fehacientemente dichas circunstancias:
3. La inaplicación de la mayor parte de sus programas presupuestarios ante la imposibilidad financiera de poder
llevarlos a cabo por un uso indebido de los recursos públicos.
Artículo 66 Quinquies.-Se considerará condición de riesgo en la operación de los programas municipales, cuando se realice declaratoria por parte del H. Congreso del Estado en donde se muestre fehacientemente el que éstos son inexistentes; o representan inconsistencias desde su diseño, elaboración, implementación o evaluación; o el que guardan incompatibilidad con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo. De oficio o a petición de oficio se podrá denunciar por cualquier ciudadano el que se den los siguientes supuestos, adjuntando las pruebas que muestren plenamente éstos a efecto que los entes públicos competentes se pronuncien en su momento si se verifican o no:
1. No exista correspondencia y/o coherencia manifiesta entre los recursos, metas, indicadores y objetivos correspondientes a un determinado programa o entre varios que deben de estar necesariamente correlacionados; o entre uno o varios que debiendo de estar conectados no guarden una relación lógica necesaria con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo; y
2. La mayor parte de los programas municipales no tiene relación manifiesta alguna con los Planes Estatal y
Municipal de Desarrollo o se muestra en su momento de manera plena que la mayor parte son de imposible realización.
Artículo 66 Sexies.-En los supuestos de ambos artículos precedentes se seguirá el procedimiento común que se menciona en este capítulo, en donde las pruebas se valorarán de manera libre atendiendo a las reglas de la lógica y sana experiencia. En caso que a través del procedimiento se detecten otras irregularidades, se tomarán las acciones legales que correspondan. Además, se atenderá que en todos los casos se lleven a cabo las mejores prácticas internacionales en su investigación.
Artículo 66 Septies.-Las personas que soliciten iniciar proceso de investigación ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco por considerar que un municipio se encuentre en los supuestos contemplados en los artículos 66 Quáter y 66 Quinquies, deberá de cumplir con los siguientes requisitos:
1. Nombre del o los solicitantes de la investigación, señalando domicilio para recibir todo tipo de notificaciones; en caso de ser persona pública se seguirán los lineamientos contemplados en las leyes respectivas;
2. Ayuntamiento que incurre en los supuestos mencionados;
3. Los antecedentes con los responsables que dieron pie a que se de los supuestos que se mencionan;
4. El conjunto de pruebas que se adjuntan para mostrar el que el ayuntamiento se encuentra en los supuestos en cuestión;
5. La argumentación jurídico y fáctica que muestra de manera manifiesta que el ayuntamiento se encuentra en cualquiera de los supuesto que se contemplan;
6. Firma o firmas autógrafas o en su caso electrónica de quienes promueven la solicitud de investigación en cuestión
En el caso de recibir más de una solicitud de investigación, la Auditoría determinará acumularlas a la primera que se presente o desechará justificando lo anterior.
Artículo 66 Octies.-Una vez que se presente la solicitud de proceso de investigación, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en un plazo no mayor a diez días naturales la admita o la deseche, pudiendo prevenir hasta en una ocasión al solicitante para que en un plazo no mayor de cinco días naturales enmiende las inconsistencias que se detecten en ésta. Iniciado el proceso de investigación, la Auditoría hará uso de sus facultades de verificación, analizando cuentas públicas anteriores, sin que por esto se desprenda que abrirá nuevamente dichas cuentas, o en su caso solicitando la información que requiera de los entes municipales para llevar a cabo la investigación.
Artículo 66 Nonies.-Se notificará al ayuntamiento correspondiente para que a su vez, éste pueda señalar lo que a su derecho corresponda, buscando en cada caso crear un intercambio de ideas y opiniones para poder fortalecer las finanzas municipales, abriendo un expediente de recomendaciones preventivas para cada situación que contemplará los siguientes elementos
Artículo 66 Decies.-En caso que el ayuntamiento sea omiso en responder a los señalamientos que se desprendan del expediente, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco comenzará el procedimiento para emitir una declaratoria de quiebra municipal o de riesgo en la operación de los programas municipales. Éste estará integrado por las siguientes etapas:
1. Elaboración de dictamen correspondiente en donde la Auditoría Superior del Estado de Jalisco informa al ayuntamiento:
a) El incumplimiento de las medidas que debería adoptar;
b) El riesgo en el cual incurre de no adoptar dichas medidas; y
c) Las acciones que deberá llevar a cabo.
2. Notificación del dictamen a la Comisión de Vigilancia y Hacienda del Congreso del Estado a efecto de que elaboren de manera conjunta un dictamen de declaratoria correspondiente el cual:
a) Integre las demás acciones que considere pertinente;
b) Se modifiquen las leyes de ingresos y presupuestos de egresos para garantizar que en la emisión de la declaratoria se cumplan las medidas para subsanar los riesgos financieros y los incumplimientos incurridos por los ayuntamientos;
3. Turno del dictamen de declaratoria al Pleno del H. Congreso del Estado de Jalisco para que:
a) Se integren observaciones finales, las cuales se podrán incorporar a la Declaratoria Final, previa aprobación de la mayoría de los presentes, a efecto que se envíen al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, cuyo titular deberá, en un plazo no mayor de quince días naturales, instruir a la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas lleve a cabo las medidas necesarias para que no se afecte la planeación municipal;
b) La Auditoría empiece a vigilar las finanzas municipales para que el ayuntamiento no incurra en actos irregulares y se ciña de manera completa a la declaratoria.
Artículo 66 Undecies.- Durante dicho procedimiento se dará participación a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que pueda proponer ante las Comisiones señaladas las observaciones y demás acciones y medidas que desee complementar, siempre que éstas sean avaladas por la mayoría de los integrantes presentes en cualquier etapa.
El procedimiento señalado en el artículo que antecede no podrá tener una duración mayor a cuarenta días naturales, permitiendo que hasta en una sola ocasión se pueda aplazar la declaratoria a petición del ayuntamiento, de la Auditoría o de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas. Para tal efecto se realizará lo siguiente:
1. Una vez iniciado el procedimiento, y en un plazo no mayor de cinco días naturales de notificados el ayuntamiento y la SEPAF del inicio de éste, podrá solicitarse por
parte del ayuntamiento, la Auditoría, o la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, el aplazamiento de la declaratoria a las comisiones ya mencionadas en donde se funde y motive las causas para el aplazamiento, las medidas a emplear; y en donde se muestre que no existe riesgo de ningún tipo al otorgarse.
2. Dicha petición deberá resolverse en un plazo no mayor a quince días naturales en donde las comisiones en cuestión, escucharán a la Auditoría superior del Estado, a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y al ayuntamiento en cuestión, resolviendo lo conducente
3. Ambas comisiones votarán el aplazamiento de la declaratoria o su negativa a efecto de que se turne al Pleno del H. Congreso del Estado para los efectos correspondientes. En caso que se conceda el aplazamiento se redactará el dictamen atendiendo al sentido de la votación en donde se señalarán los plazos a los que debe ceñirse el ayuntamiento para solventar lo observado.
4. Si la mayoría de los integrantes del Pleno del H. Congreso del Estado que estén presentes determina el aplazamiento, la Auditoría Superior del Estado con las
directrices y plazos que fije de manera conjunta en materia de planeación la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, vigilarán que éstos se lleven a cabo.
5. Si se da nuevamente un caso de incumplimiento por parte del ayuntamiento, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco informará de inmediato de dicha circunstancia a las comisiones mencionadas, incluyéndose las observaciones finales, en donde participe la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas para complementar éstas en lo que estime conveniente, turnándose a su vez éstas al Pleno, previa votación mayoritaria de los participantes ya señalados, a efecto que una vez se aprueben éstas ante la Asamblea del Poder Legislativo se lleve a cabo en su integridad la declaratoria.
6. En caso de que se determine que no es de aprobarse el aplazamiento solicitado, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco comenzará el procedimiento para emitir una declaratoria de quiebra municipal o de riesgo en la operación de los programas municipales como corresponde.
Artículo 66 Duodecies.-La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, informará al Consejo Ciudadano del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción para que interponga juicio político, o las acciones legales que correspondan en contra de los funcionarios que resulten responsables del incumplimiento con las medidas contempladas en el aplazamiento, o en la declaratoria que se emita, haciendo prueba plena de todo lo actuado para los efectos legales correspondientes.
Del Informe Final de las Cuentas Públicas o Estados Financieros
Del Procedimiento de Aprobación o Rechazo de los Informes
Finales de la Auditoría Pública
Artículo 89 bis. Tratándose de informes finales en los cuales determinen la totalidad de cargos de un ejercicio fiscal y que el monto rebase el 10% del total del presupuesto de egresos del ente auditado, previo a la votación en Pleno del Congreso del Estado, se llevará a cabo la evaluación de documentos presentados como documentación aclaratoria para ser
dictaminados, a través de un perito experto en la materia y así poder determinar la autenticidad de los mismos, agendándose para su aprobación o rechazo una vez emitido el dictamen pericial.
Artículo 89 ter. En los casos señalados en el artículo anterior, se solicitará perito correspondiente al tipo de documento o documentos controvertidos de que se trate, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 37 fracción XV de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.-Dichas medidas se empezarán a regir una vez que se apruebe en su totalidad el Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco a 11 de agosto de 2016
C. SAÚL GALINDO PLAZOLA
INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
(1) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Reformas Constitucionales en Orden Cronológico. (mayo 2015) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
(3) Jalisco. Gobierno del Estado. Información Fiscal. Deuda Pública. Informes de Deuda Pública abril 2016. (vi agosto 2016) disponible en http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/deuda_publica_mensual_abril_2016.pdf
(4) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. (abril 2016) Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
(6) Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. LXIII Legislatura. Leyes Federales Vigentes. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (julio 2016) disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
(7) Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. (octubre 2003) disponible en: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
(8) Biblioteca Virtual. Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. (mayo 2008) disponible en: http://congresoweb.congresojal.gob.mx
(9) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Leyes Federales Vigentes. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
(10) 44 Contenido Multimedia. En quiebra más de 80 municipios de Jalisco. (septiembre 2012) disponible en: http://udgtv.com/node/10567
(11) CLAD. Centro Iberoamericano de Administración para el Desarrollo. Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. (octubre 2008) disponible en: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-calidad-en-la-gestion-publica/view
(12) Cesjal. Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Recomendaciones. (marzo 2016) disponible en: http://www.cesjal.org/recomendaciones/recomendacion-para-la-incorporacion-de-los-lineamientos-de-la-agenda-global-de-desarrollo-en-el-proceso-de-diseno-implementacion-monitoreo-y-evaluacion-de-las-politicas-publicas-en-el-estado-de-jalisco-y-sus-municipios-
Posicionamiento ante el trabajo de la Alcaldesa de Tlaquepaque
Muy lejano quedó aquél 7 de Junio de 2015 cuando los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, salieron dispuestos a votar por la tan ansiada alternancia. Los colores novedosos de la contienda auguraban un gran futuro, como también suelen ser las modas pasajeras. Pero como reza lo que bien suena como un viejo proverbio: “más tardo en raparme, que en darme cuenta de que no es lo que en realidad quería”. Hoy en día tenemos la evidencia de la ilusión rota, manifiesta en María Elena Limón García, la Alcaldesa de Tlaquepaque.
Hablamos de un personaje que no es capaz de gobernar ni siquiera a su propio Ayuntamiento. Lo grave del asunto es que esa ingobernabilidad que posee al interior, permea en todo el municipio. A la Alcaldesa, se le ha ido en enredarse en pleitos constantes, desacuerdos contra las fuerzas de su propio partido, contra fuerzas externas, incluso la funcionaria ha llegado al grado esquizoide de pelar hasta con su propia sombra. Vive la Alcaldesa enredada en desacuerdos con cualquier persona, animal o cosa, que dé muestras de discrepancia hacia la sagrada voluntad de hacer lo que le venga en gana.
Se ha impuesto una agenda tan complicada que no es de sorprender que en último lugar de sus pendientes esté gobernar en beneficio de las y los ciudadanos de su municipio. Nos referimos a los mismos que depositaron en ella la confianza para velar por los intereses de la ciudadanía en general, y no sólo por los intereses de aquellos que en campaña gritaban a los cuatro vientos que no eran iguales los políticos tradicionales.
Cuando le preguntaron sobre las necesidades imperantes que tenía y tiene el municipio, contestó (quiero imaginar) como aquel carismático personaje de la cáustica serie de Los Simpson que gobierna por eternidad la ciudad: “Esto requiere verdadero liderazgo, y como primera acción de gobierno me subiré el salario”. Hay que verlo así, de otra forma es difícil comprender que esa acción acompañe la realidad de arrebato, insuficiencia y depredación por parte del actual gobierno municipal de Tlaquepaque.
De verdad resulta frustrante aumentarse el salario haya sido su primera maniobra de gobierno, y que ya ha casi un año sea lo único que se recuerde. Eso sin contar con el maremoto de despidos y movimientos de cargos y funciones en su administración.
En ese mismo tenor de agravios a los ciudadanos de Tlaquepaque, la falta de cumplimiento de las promesas de campaña nos hacen recordar los viejos tiempos del “atole con el dedo”. Y es que la revocación de mandato fue una de las principales ofertas de campaña del partido que gobierna en turno, y nuestra Alcaldesa en un acto de magia, lo desapareció como tema de las sesiones de cabildo.
Por eso los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque, exigimos al gobierno municipal, que cesen las pugnas internas y que en verdad se dedique a resolver las necesidades del municipio. Le recordamos que los partidos políticos son entidades sociales, con la misión específica de garantizar la prosperidad de las comunidades, no la propia.
Exhortamos al Congreso del Estado que ahora que se está tratando quitar el fuero a la clase política, para que también se estipule la figura del delito de fraude en el claro entendido de engaño subyacente cuando un candidato ofrece algo en campaña y no lo cumple, como es el caso de la ya mencionada revocación de mandato. Es necesario esto para que quede tipificado en el código penal del Estado Jalisco, que el político que mienta a la ciudadanía con una oferta democrática incumplida, incurrirá en dicho delito.
Se trata de poner el ejemplo de que la clase política emergente, sí está tratando de hacer las cosas de manera distinta, que sí se está trabajando en la ardua misión de recobrar la confianza en la ciudadanía, o al menos esa es la postura del único partido de izquierda en este país, el Partido de la Revolución Democrática. Recordemos, si no somos nosotros quienes vamos a luchar por la igualdad de clases y del derecho, porque la ley trate igual al mendigo que al príncipe, por el acceso a los Derechos Humanos Universales integrales, entonces, ¿Quién lo hará? #QuiénVaLuchar.
Lic. Marthell Bracamontes Serrano
Tlaquepaque, Jal. 1° de Agosto de 2016
Presidente del comité municipal de San Pedro Tlaquepaque
4to. Encuentro Regional de Mujeres de Izquierda
El 4to. Encuentro Regional de Mujeres de Izquierda:
Liderazgo político de las mujeres y paridad de género
A realizarse el próximo 6 de agosto, de las 10:00 a las 19:00, con sede en Tomatlán, Jalisco.
Distrito 5 y 18. Sede Tomatlán.
El encuentro está dirigido a mujeres líderes de izquierda que participan en la militancia de los comités municipales del PRD y para líderes de movimientos sociales interesadas en los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres simpatizantes del partido.
Objetivo: Fortalecer el liderazgo y promover la participación política de las mujeres en el contexto de la construcción de la estructura de la
Organización de Mujeres de Izquierda del PRD Jalisco y su incursión en la
Se llevará a cabo en: Calle Angel Chavarria no. 75 entre Galeana y Privada del Camprsino, Colonia Centro.
El encuentro se realizara en la casa de la Comunidad Indigena.
Guadalajara, Jalisco; a 26 de julio 2016

References: artículo 9
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 14
 resolución 
 artículo 9
 artículo 36
 artículo 115
 artículo 89

Artículo 66

Artículo 66

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Artículo 89

Artículo 89
 artículo 37