Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/23934
Timestamp: 2019-07-23 13:05:29+00:00

Document:
Concepto: 4201814000008345
Reglamentación del derecho de turno a través de Circular externa expedida por Colombia Compra Eficiente; plazo para estipular el interés moratorio una vez la Entidad Estatal deba realizar el pago al contratista; plazo máximo para cancelar una liquidación después de firmada por las partes; consecuencia por el no cumplimiento del registro de presentación para el pago al contratista; aplicación del derecho de turno en relación con la tipología contractual; desequilibrio económico por la demora en el pago al contratista.
4201814000008345
El peticionario solicita a Colombia Compra Eficiente expedir una circular externa que reglamente el procedimiento de pago al contratista de acuerdo con el derecho por turno previsto en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007.
Colombia Compra Eficiente no tiene competencia para expedir decretos reglamentarios. En todo caso, consideramos que el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 no necesita ser reglamentado para su cumplimiento. Por otra parte, le informamos que las Circulares Externas son actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van dirigidas al público en general o a las Entidades, y son de obligatorio cumplimiento siempre que hayan sido publicadas y/o divulgadas
en el Diario Oficial o en el órgano de divulgación que la Entidad del Estado tenga para el efecto.
1. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la potestad reglamentaria es una facultad permanente que tiene el Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa y la ejerce “mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”; la función de los decretos reglamentarios es la de desarrollar y permitir la ejecución de las leyes, o de la regulación, teniendo por lo mismo
sus enunciados, fuerza vinculante inferior a la de la ley.
2. De acuerdo con el Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente tiene competencia para expedir Circulares externas en materia de Compra Pública.
3. Las Circulares Externas son actos administrativos que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van dirigidas al público en general o a las Entidades vigiladas con el objetivo principal de divulgar el conocimiento de la ley y prevenir su oportuno cumplimiento por parte de ellas.
4. Su fundamento está en la propia ley, reglamento o norma superior que divulga para su cabal observancia, en desarrollo de las competencias que le asignan sus normas orgánicas.
5. De igual forma, las circulares en su calidad de actos administrativos generales gozan de la presunción de legalidad y son obligatorios siempre y cuando la Entidad haya realizado la publicación en el Diario Oficial y el órgano de divulgación que la Entidad tenga para el efecto.
6. Por lo tanto, no es competencia de Colombia Compra Eficiente la expedición de decretos reglamentarios.
¿Cuándo una Entidad Estatal sin justificación alguna toma varios meses en pagar una cuenta después de aprobada o liquidada el contrato, debe cancelar intereses moratorios?
El contratista tiene derecho a recibir la remuneración pactada por los servicios prestados y la Entidad Estatal tiene la obligación de pagar por los servicios efectivamente recibidos. Si el pago del bien o servicio ejecutado está sujeto a un plazo establecido en el contrato o en la liquidación y este aún no ha vencido, la Entidad Estatal no debe pagar intereses moratorios. Ahora, una vez vencido ese plazo, la Entidad Estatal deberá reconocer el valor adeudado junto con los intereses causados,
ya sea los pactados en el contrato o a falta de este pacto, será el correspondiente a la tasa equivalente al doble del interés legal civil; en todo caso, es necesario tener en cuenta que para establecer los intereses moratorios en el contrato, las partes tienen como límite el interés de usura.
1. Los contratos son ley para las partes y, en consecuencia, los mismos deben cumplirse en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que en ellos se hubieran pactado.
2. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.
3. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, los contratistas tienen derecho a recibir el pago de forma oportuna. Para esto, debe tenerse en cuenta lo pactado en el contrato respecto a la forma de pago y al término que existe para que la Entidad Estatal cumpla con esta obligación.
4. El Consejo de Estado ha establecido respecto a los intereses moratorios que: “Una Entidad pública no puede negarse a pagar los intereses de mora generados por el pago tardío de sus obligaciones en un contrato estatal argumentando que estos no fueron pactados en el contrato, ya que esta es una obligación que se tiene frente a cualquier contrato sea comercial o estatal. En los contratos estatales la entidad tiene la obligación de pagar los intereses moratorios que se acuerden en el contrato, y en el caso de no existir dicho acuerdo, se deben pagar tal como establece el numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, que
es “la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”, y no como se regula en el Código de Comercio”.
5. Por interés moratorio se entiende la indemnización o sanción impuesta en virtud del incumplimiento de la prestación, la renta, utilidad o beneficio que rinde algún dinero, en virtud del contrato o por disposición legal.
6. En ese sentido, el Consejo de Estado establece que la obligación principal de la administración para con el contratista es la de pagarle oportunamente el valor de las obras ejecutadas o de los servicios prestados. De ahí que si la administración incumple con esta obligación deba reconocer los perjuicios moratorios que causó con su incumplimiento, los cuales se presumen y en cuanto se refieren a deber una suma líquida de dinero se traducen en el pago de intereses moratorios.
“¿Cuál es el plazo máximo para cancelar una liquidación una vez se ha firmado por las partes?”.
El plazo máximo para efectuar los pagos derivados de la liquidación se define según el procedimiento de liquidación que se haya el plazo máximo para llevar a cabo la liquidación será de dos (2) años contados a partir de la clase de liquidación que se realice, (mutuo acuerdo o unilateral). Ahora bien, cuando en el acta de liquidación no quedó establecido un plazo para el pago, el acreedor de dicha deuda podrá hacerla efectiva mediante un proceso ejecutivo en la medida en que ese documento presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en este sentido, el plazo para su pago será proporcional al tiempo que se demore el proceso judicial.
1. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo requieren liquidación. En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión no será obligatoria la liquidación, sólo en aquellos casos en que la Entidad Estatal lo considere necesario, en razón al objeto y las obligaciones a ejecutar.
2. Con la liquidación del contrato las partes terminan una relación jurídica patrimonial haciendo un balance final de cuentas en el que se determinan los derechos y obligaciones que aún subsisten a favor de ellas.
3. En el acta de liquidación deben constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
4. El acto de liquidación del contrato presta mérito para para su cobro coactivo y constituye un título ejecutivo siempre que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5. La liquidación de los contratos debe llevarse a cabo en los siguientes plazos: (i) de mutuo acuerdo dentro del plazo convenido y a falta de éste, dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del término del contrato; (ii) unilateralmente por parte de la entidad, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación por mutuo acuerdo, cuando intentando aquella el contratista no se hace presente o no se llega a ningún acuerdo; y (iii), dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los dos meses ya señalados, tiempo que corresponde a la caducidad del medio de control de controversias contractuales.
¿Qué consecuencia tiene una Entidad Estatal por no llevar a cabo el registro de presentación, por no respetar el derecho de turno previsto en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, y por pagar las cuentas radicadas con posterioridad a la misma?
Colombia Compra Eficiente no es competente para pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas que pueda tener una Entidad Estatal por la omisión de sus deberes, esto es competencia de los órganos de control quienes deben verificar el cumplimiento de las actividades y los deberes que tienen las Entidades Estatales e imponer así las sanciones correspondientes. En todo caso, le informamos que las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicas que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas.
. La ley 1150 de 2007 señala que Las Entidades Estatales respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.
2. Así mismo, dicha Ley establece que las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.
3. La Ley 80 de 1993 prevé en cuanto a la responsabilidad de las entidades del Estado que estas “responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicas que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista.
¿El derecho de turno aplica a todos los contratos estatales o existe alguna excepción según la tipología contractual?
La normativa del Sistema de Compra Pública no hace ninguna distinción en razón a la tipología contractual para efectos de ejercer el derecho de turno que tiene el contratista para el pago de sus prestaciones ejecutadas. Ahora bien, el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, establece de manera excepcional que sólo por razones de interés público, el jefe de la Entidad podrá modificar el orden de llegada de la presentación de los pagos, dejando constancia de tal actuación.
1. La ley 1150 de 2007 ha señalado que las Entidades Estatales respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.
2. Para el efecto, las Entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos
pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan.
3. El Sistema de Compra Pública no excluye el orden de presentación de los pagos por parte del contratista en razón a la tipología contractual.
¿Si la Entidad Estatal demora en los pagos de un contrato se genera un desequilibrio económico afectando así el patrimonio económico del contratista?
Colombia Compra Eficiente no tiene competencia para determinar si la omisión de un pago al contratista genera un desequilibrio económico de contrato. En todo caso, le informamos que el rompimiento del equilibrio económico de un contrato se produce cuando hay situaciones extraordinarias e imprevisibles que se presentan con posterioridad a su celebración y que afectan la ecuación financiera de manera anormal y grave y que, sin imposibilitar la ejecución del contrato, sí hace la hace mucho más onerosa para una de las partes. En este sentido, la demora en el pago de las prestaciones ejecutadas por el contratista no corresponde en principio a un desequilibrio económico sino a un incumplimiento por parte de la Entidad Estatal, si esta ha excedido los plazos previstos en el contrato para hacer dicho pago.
1. La Ley 80 de 1993 establece que las Entidades Estatales deben adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.
2. Así mismo, esa Ley establece que los contratistas tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
3. El equilibrio económico contractual nace al momento de la celebración del contrato, y debe mantenerse durante su ejecución y este debe restablecerse cuando ha sido alterado, y esta corresponde a la ecuación contractual que surge una vez las partes celebran el negocio jurídico, de conformidad con la cual las prestaciones a cargo de cada una de las partes se miran como equivalentes a las de la otra.
4. El Consejo de Estado ha determinado frente al desequilibrio económico que “Una vez las partes suscriben el contrato, éste se convierte en ley para ellas y se torna obligatorio su cumplimiento en los términos pactados, de acuerdo con el principio pacta sunt servanda (art. 1602, C.C.), lo que no descarta que situaciones extraordinarias, posteriores a la celebración del contrato, imprevistas e imprevisibles, ajenas a las partes (en el caso de la teoría de la imprevisión) o imputables a una actuación legal de la contratante (en el caso del hecho del príncipe), puedan alterar la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, de tal manera que sin imposibilitar su ejecución, la hagan mucho más onerosa para la parte afectada, en lo que se conoce como el rompimiento del equilibrio económico del contrato, caso en el cual, en virtud del principio rebus sic
stantibus, surge el deber de restablecerlo, bien sea mediante una indemnización integral de perjuicios, en el caso del hecho del príncipe, en el cual la afectación de la ecuación contractual proviene de una medida de carácter general proferida por la misma persona de derecho público contratante, o llevando al contratista a un punto de no pérdida (art. 5º, Ley 80/93), mediante el reconocimiento de los mayores costos en los que incurrió, por hechos imprevistos e imprevisibles para las partes”.
5. Así mismo, el Consejo de Estado ha señalado que el desequilibrio económico más que buscar proteger el interés individual del contratista lo que pretende es amparar fundamentalmente el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.
6. Por lo tanto, el pago tardío sufrido por parte del contratista no genera en principio un desequilibrio económico sino un incumplimiento por parte de la Entidad Estatal, siempre que este se haya llevado a cabo con posterioridad al plazo previsto en el contrato para ello.
Constitución Política, artículo 189.
Decreto 4170 de 2011, artículo 10, numeral 13.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Radicación No 1110 del 18 de agosto de 1989, C.P. Jaime Abella Zárate.
Ley 80 de 1993, artículos 5, 8, 40 y 68
Código Civil, artículos 717, 1602 y 1603.
Código de Comercio, articulo 884
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 17 de mayo de 2001, Exp. 13.635, que reitera sentencia de 28 de octubre de 1994, Exp. 8092
Ley 80 de 1993, artículos 4, 5, 25 y 60.
Decreto 019 de 2012, artículo 217.
Colombia Compra Eficiente, Guía para la Liquidación de los Procesos de Contratación, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_liquidacion_pro
cesos.pdf
Ley 1150 de 2007, artículo 11, 19 y 50
Ley 1150 de 2007, artículo 19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 9 de mayo de 1996, Radicación No. 37670, C.P: Daniel Suarez Hernández
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 5 de
octubre de 2016, Radicación No. 51018.
Ficha: 4201814000008345

References: artículo 19
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 artículo 5
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 artículo 99
 artículo 297
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 artículo 10
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 artículo 11
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