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Timestamp: 2017-06-25 13:51:12+00:00

Document:
Informació documental | Universitat Rovira i Virgili
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VIII Legistarura
Serie B: PROPOSICIONES DE LEY 23 de abril de 2004 Núm. 34-1
Capítulo 2. Del cooperante
Capítulo 3. De la entidad contratante
Capítulo 4. Del contrato del cooperante
122/000020 Reguladora del Estatuto del cooperante.
122/000020
Proposición de Ley reguladora del Estatuto del cooperante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2004.-P. D. La Secretaria General del Congreso de los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
Don Josep Antoni Durán i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley reguladora del Estatuto del cooperante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2004.-Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El artículo 38.2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, prevé la aprobación de un Estatuto del cooperante, en el que se recojan, entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, su particular régimen de incompatibilidades, su formación, la homologación de los servicios que prestan y sus modalidades de previsión social.
La presente Ley da cumplimiento a tal mandato legal.
El ámbito de aplicación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, es el de la cooperación internacional para el desarrollo entendida como transferencia, de modo directo o indirecto, de recursos públicos de la Administración del Estado a los países en vías de desarrollo. La ley, no obstante, reconoce que la realidad de la cooperación española es mucho más rica. En ella participan tanto las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, como el conjunto de la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros agentes sociales.
La presente Ley no puede sino ser consecuente con la diversidad de instituciones y entidades que, en España, actúan en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Las entidades con las que el cooperante puede contratar para merecer tal consideración son pues todas aquellas que participan en la puesta en práctica de la cooperación, ya sean de naturaleza pública o privada, en cuyo caso la actividad a realizar habrá de estar desprovista de un fin lucrativo.
La presente Ley regula el Estatuto del cooperante, previsto en el artículo 38 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por el que se determina el régimen jurídico de su prestación de servicios, derechos y obligaciones, régimen de incompatibilidades, formación, homologación de dichos servicios y modalidades de previsión social, siempre que no resulte de aplicación lo previsto en otras normas, según resulta de los siguientes artículos.
1. Serán sujetos de la cooperación al desarrollo, en el ámbito de la presente Ley, los cooperantes y las entidades contratantes.
2. Cooperantes son quienes, poseyendo una adecuada formación o titulación académica oficial y una probada experiencia profesional, tienen encomendada la ejecución de un determinado proyecto o programa en el marco de la cooperación para el desarrollo, según lo previsto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Acción Humanitaria.
3. Entidades contratantes son las Administraciones Públicas, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las universidades, las organizaciones empresariales y los sindicatos; y cualesquiera entidades de derecho público o privado, legalmente constituidas, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según su propia normativa, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo, siempre que realicen estas actividades sin ánimo de lucro.
Artículo 3. Ámbito de la aplicación de la Ley.
1. Por medio de esta Ley se regulan las relaciones jurídicas entre los cooperantes que, con independencia de su nacionalidad, sean contratados en España en régimen de trabajo por cuenta ajena, y las entidades contratantes a que se refiere el apartado 3 del artículo 2 para el desempeño en un país o territorio receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo de actividades cuyo objetivo sea contribuir al progreso económico y social de tal país, de conformidad con los principios, objetivos y prioridades de la política española de cooperación internacional para el desarrollo.
2. Son países o territorios receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo aquellos que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define como países y territorios beneficiarios.
3. Los principios, objetivos y prioridades de la política española de cooperación internacional para el desarrollo están recogidos en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y en los sucesivos Planes Directores cuatrienales previstos en dicha Ley.
4. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley, aun cuando pudieran desempeñar funciones que tanto por su naturaleza como por sus objetivos sean en todo similares a las de los cooperantes: a) Las personas físicas que suscriban con alguna de las entidades a que se refiere el artículo 2 un contrató de arrendamiento de obras o servicios.
b) Las personas físicas que contraten en países o territorios receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo con las entidades a que se refiere el artículo 2.
c) Los voluntarios que participen en actividades constitutivas de cooperación para el desarrollo, a quienes se aplica el artículo 37 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, en lo no previsto en él, la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
d) Los becarios de alguna de las entidades a que se refiere el articulo 2 que reciban una formación práctica en cooperación para el desarrollo.
e) Cualquier otra relación jurídica que no entre en el ámbito de aplicación de esta Ley.
Artículo 4. Derechos del cooperante.
1. Además de lo establecido en el ordenamiento jurídico laboral, el cooperante tendrá derecho a: a) Ser informado, con carácter previo a la firma del correspondiente contrato, sobre la actividad a realizar, los cometidos que a él corresponda desempeñar y los deberes y derechos que le incumben.
b) Siempre que las características del puesto y duración de la misión lo permitan, el abono por la entidad contratante de los gastos de viaje, tanto del cooperante como del cónyuge e hijos menores que convivan con él, desde su domicilio en España hasta el lugar de trabajo y, posteriormente, al término del contrato, de vuelta a España o a otro lugar de trabajo, también en el extranjero.
c) En el territorio donde se encuentre, la protección consular de la Representación Diplomática permanente u Oficina Consular de España y, si no las hubiera, de la Representación Diplomática u Oficina Consular del Estado que represente a España en ese territorio.
d) Para aquellos que sus hijos cursen estudios en centros en el exterior, la concesión de ayudas al estudio que cada año convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para alumnos españoles y extranjeros.
e) Participar en las actividades de formación y perfeccionamiento que programen y desarrollen las Administraciones Públicas o bien instituciones privadas especializadas, debidamente reconocidas o autorizadas para tal fin, siempre y cuando no se perjudique el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
f) Obtener de la entidad contratante, al finalizar el contrato, una certificación acreditativa de las funciones desempeñadas y su duración.
Dicha certificación podrá inscribirse en un registro abierto a tal efecto en la Agencia Española de Cooperación Internacional.
g) Las prerrogativas y exoneraciones que se recojan en el acuerdo que, en su caso, tengan suscrito la entidad contratante con el gobierno del país del destino con el fin de facilitar la labor de los cooperantes.
h) Derecho a la vacunación y los reconocimientos médicos, tanto físicos como psicológicos, recomendados para quienes se desplacen al país de destino, al que podrán someterse el cooperante o los familiares a su cargo, ya sea antes, después o durante la prestación de sus servicios, con cargo al sistema público de salud.
i) Derecho a la asistencia médica gratuita. Cuando no exista convenio de seguridad social con el país de destino, la Administración compensará a las organizaciones por los gastos en los que éstas incurran por la contratación de un seguro a favor del cooperante, su cónyuge y los hijos menores a cargo del cooperante que establezca, al menos, las siguientes prestaciones: asistencia sanitaria y farmacéutica en el país de destino y repatriación a España, tanto en caso de enfermedad o accidente, previo dictamen médico, como de fallecimiento.
j) Derecho a un procedimiento especial de reinserción profesional (a definir..., subsidio de desempleo, cursos de reciclaje profesional, etc.).
2. Para la determinación del período mínimo de vacaciones anuales retribuidas, a los treinta días naturales de vacaciones se añadirá, con el mismo carácter, el doble de la duración habitual del viaje desde el lugar de trabajo del cooperante hasta España, o hasta el país que constituya el domicilio habitual que se establezca en el contrato, calculada en días completos.
Artículo 5. Deberes del cooperante.
El cooperante estará obligado a: a) Evitar la realización de actos que pudieran repercutir negativamente en el buen desarrollo de la actividad para la que ha sido contratado, así como en el prestigio de la entidad contratante o de la cooperación española en general.
b) Mantener la confidencialidad respecto de las materias que expresamente le sean comunicadas como reservadas por la entidad contratante.
c) Respetar las instituciones, autoridades, costumbres y usos sociales del país receptor, siempre y cuando no obliguen al cooperante a incurrir en conductas que entrañen conculcación de derechos humanos.
Artículo 6. Seguridad Social.
1. El cooperante, en su condición de trabajador por cuenta ajena, deberá ser dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales que en cada caso resultaran de aplicación.
2. La entidad contratante asumirá los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social.
3. En aquellos casos en los que no exista Convenio de Seguridad Social con el país de destino, se establecerá un sistema, de acuerdo con el artículo 4.i) de la presente Ley que permita el mismo nivel de prestaciones del que disfrutan los trabajadores españoles en España.
1. La Agencia Española de Cooperación Internacional contará con un programa de becas y ayudas para prácticas, así como de cursos de formación para quienes trabajen o deseen hacerlo en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, con objeto de mejorar su formación y, en último término, el rendimiento de su labor.
Para tales iniciativas de formación, la Agencia Española de Cooperación Internacional podrá recabar la colaboración de otros organismos, entidades, instituciones y empresas de carácter público o privado.
2. Las universidades y otras entidades que promueven los estudios en este ámbito podrán asimismo organizar cursos donde se imparta una formación integral o especializada en cooperación internacional para el desarrollo.
El tiempo servido como cooperante será considerado como mérito en los sistemas de selección para personal funcionario o laboral de las Administraciones Públicas, cuando las tareas realizadas guarden relación con las funciones que desempeñan los Cuerpos y Escalas de funcionarios o las plazas de personal laboral.
Artículo 9. Registro Público de Cooperantes.
1. Se creará en la Agencia Española de Cooperación Internacional un Registro Público de Cooperantes, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el que los interesados podrán inscribir sus datos personales, la certificación a que se refieren los artículos 4 y 11, así como cualquier otra información sobre sus actividades en el campo de la cooperación para el desarrollo, que a su juicio pudiera ser relevante para futuras contrataciones.
2. Los interesados podrán solicitar de tal Registro la expedición de certificaciones acreditativas de los datos que consten en su inscripción.
3. Para la obtención de los beneficios públicos a los que se hace mención en la presente Ley será preceptiva la inscripción en el Registro Público de Cooperantes.
Capítulo 3. De la entidad contratante<
Artículo 10. Derechos de la entidad contratante.
La entidad contratante podrá: a) Adoptar las medidas que crea convenientes para verificar el cumplimiento por el cooperante de sus obligaciones laborales.
b) Determinar la formación, titulación y experiencia que deba poseer el cooperante, que en todo caso habrán de ser las adecuadas para la realización de las funciones que tenga encomendadas en aplicación del contrato de trabajo suscrito con él.
Artículo 11. Deberes de la entidad contratante.
Además de las establecidas en el ordenamiento jurídico laboral, la entidad contratante estará obligada a: a) Poner a disposición del cooperante los medios e instrumentos necesarios para la realización de sus funciones.
b) El abono puntual de la remuneración del cooperante.
c) Cuando no existiera convenio de seguridad social entre España y el país de destino del cooperante al que éste pudiera acogerse o lo hubiera pero insuficiente, suscribir con una compañía un seguro a favor del cooperante, su cónyuge y los hijos menores a cargo del cooperante que establezca las siguientes prestaciones: asistencia sanitaria y farmacéutica en el país de destino y repatriación a España tanto en caso de enfermedad o accidente, previo dictamen médico, como de fallecimiento.
La Administración, en estos casos, compensará a la entidad contratante por dichos gastos.
d) En caso de que no hubiera suscrito con el gobierno del país de destino un acuerdo que establezca el régimen local de prerrogativas y exoneraciones de los cooperantes, instar a la entidad pública o privada a que se refiere el apartado g) del artículo 12 a que solicite y obtenga de las autoridades locales competentes los permisos y autorizaciones necesarios para que el cooperante pueda permanecer o residir en el país, abrir cuentas bancarias a su nombre, importar temporalmente vehículos y enseres o alquilar una vivienda, conforme a la normativa local o a los convenios suscritos por España con dichos países. Sin perjuicio de lo anterior, la representación diplomática en el país de destino prestará, a estos efectos, el apoyo y la colaboración necesaria que le sea requerido por parte de las organizaciones.
e) Pagar los gastos de todos los viajes que deba realizar el cooperante por indicación de la entidad contratante fuera de su lugar de trabajo, ya sea por anticipado o después de efectuado el viaje, reembolsándole por los mismos cuando los hubiera adelantado.
f) Entregar al cooperante, al término de su contrato, un certificado en el que consten la naturaleza y duración de las labores realizadas.
Capítulo 4. Del contrato del cooperante<
Artículo 12. Contenido del contrato del cooperante.
La relación jurídica que se establezca entre el cooperante y la entidad de cooperación se formalizará por escrito mediante un nuevo tipo de contrato de trabajo cuyo contenido se regirá, además de las previsiones de la presente Ley, por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En dicho contrato deberán constar, al menos, las siguientes menciones:
d) Jornada de trabajo, descanso semanal, fiestas, permisos y vacaciones anuales.
e) Descripción de las funciones a realizar por el cooperante.
f) Remuneración y forma en que se efectuará su abono.
g) En su caso, indemnizaciones suplementarias a percibir y gajes a disfrutar en atención a cuales sean la calidad y carestía de la vida en el país o territorio donde se haya de realizar el trabajo y la situación familiar del cooperante.
h) Disposiciones especiales para el caso de despido.
i) El lugar de trabajo así como las funciones asignadas al cooperante podrán ser modificadas, de común acuerdo, cuando por razones de urgencia humanitaria, debidamente acreditadas, así se requiera y por un período de tiempo no superior a dos meses.
Disposición adicional primera. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Estarán exentas del IRPF las gratificaciones extraordinarias satisfechas por las organizaciones por la participación en misiones humanitarias, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Para los cooperantes que realicen trabajos en el extranjero para una ONG inscrita en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional, será de aplicación la exención prevista en el artículo 7.p) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que sea necesaria la constitución por parte de la ONG de un establecimiento permanente.
Asimismo, les será de aplicación la exención de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia.
Serán de aplicación a los y las cooperantes destinados por una ONG al extranjero, las exoneraciones previstas en el artículo 8.A.2.a) y 8.A.3.b) 4.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el único requisito de que el destino en el extranjero implique el cambio de la residencia habitual del personal cooperante.
Disposición adicional segunda. Personal funcionario y estatutario.
La relación de servicio que presten los funcionarios públicos en el ámbito de la cooperación internacional se regirá por la legislación de la Función Pública y la que preste el personal que no tenga dicha condición se regirá por las normas administrativas o estatutarias que les sea de aplicación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Disposición adicional tercera. Cooperación de las confesiones religiosas.
A los cooperantes unidos a Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas les será de aplicación su propio derecho interno.
Disposición adicional cuarta. Enfermedades profesionales.
El Gobierno, antes de seis meses después de la aprobación de la presente Ley, procederá a modificar el Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, a los efectos de contemplar aquellas enfermedades profesionales que pueden afectar a los cooperantes en el desarrollo de su actividad.
Disposición transitoria primera. Contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley.
Los contratos existentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley continuarán rigiéndose por sus propias estipulaciones y por la normativa aplicable hasta ese momento, sin perjuicio de que las partes puedan acogerse a él, de mutuo acuerdo y por escrito. El tiempo trabajado conforme a dichos contratos será computado a efectos de obtención del certificado previsto en los artículos 4 y 11.
Disposición transitoria segunda. Adaptación de las entidades a la Ley.
Las entidades que a la entrada en vigor de esta Ley cuenten con personal cooperante dispondrán de un plazo máximo de dos años para ajustarse a lo previsto en la misma.
Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior a la presente Ley, en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la misma.
Disposición final primera. Legislación laboral supletoria.
En lo que no prevea la presente Ley, será de aplicación a la relación laboral jurídica de los cooperantes con las entidades contratantes la legislación laboral española.
Se faculta al Gobierno para que dicte cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

References: artículo 38
 artículo 38

Artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 37

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 4

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 12

Artículo 12
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 30
 Real Decreto