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Timestamp: 2019-08-18 20:12:16+00:00

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diariolaley - Documento relacionado Audiencia Provincial de Les Illes Balears, Sección 4ª, Sentencia 31/2019 de 31 Ene. 2019, Rec. 663/2018
S APIB 31/1/2019
Audiencia Provincial de Les Illes Balears, Sección 4ª, Sentencia 31/2019 de 31 Ene. 2019, Rec. 663/2018
Ponente: Oliver Koppen, Gabriel Agustín.
Nº de Sentencia: 31/2019
LA LEY 15904/2019
PAREJAS DE HECHO. PATRIA POTESTAD. Las limitaciones de la madre en el conocimiento del idioma español no son causa para restringir el ejercicio de la patria potestad. No consta que la demandada no se implique en la educación de su hijo, sino más bien que, dada la mala relación entre los progenitores, el padre no consultó la decisión sobre el centro escolar al que debía acudir el menor. CUSTODIA COMPARTIDA. Ambos progenitores están capacitados para el cuidado del menor, no constando ni que el cuidado del menor haya sido ejercido en exclusiva por el padre, ni una desatención de la madre. Se fija una alternancia semanal y un día de visita.
La AP Baleares revoca la sentencia de instancia, declara que la patria potestad será ejercida de forma compartida por ambos progenitores y establece igualmente un régimen de custodia compartida.
La patria potestad se configura como el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y sobre los bienes de sus hijos no emancipados, constituyendo a la par un conjunto de deberes que, como inherentes a dicha patria potestad, deben asumir y cumplir los padres respecto de sus hijos. Es una función al servicio del hijo, dirigida a prestarle la asistencia de todo orden ( artículo 39.3 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) ), por lo que todas las medidas judiciales relativas a ella han de adoptarse considerando primordialmente el interés superior del hijo, como indica la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, artículos 3.1 (LA LEY 3489/1990), 9 (LA LEY 3489/1990), y 18.1, en cuyo beneficio está concebida y orientada esta institución.
La regla general es el ejercicio conjunto de la patria potestad, así se deriva de lo dispuesto en el artículo 156 del Código civil (LA LEY 1/1889) , que contiene en su apartado 5º una norma de cierre para cuando no resulte regulado su ejercicio en caso de que los progenitores no convivan. La limitación del ejercicio a uno solo de los progenitores adoptada en resolución judicial supone una excepción al régimen general de titularidad y ejercicio conjunto que exige la concurrencia de especiales circunstancias que así lo aconsejen.
Este ejercicio conjunto supone que las decisiones importantes relativas a los menores serán adoptadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo. Para facilitar los acuerdos, habrán de establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias, obligándose a respetarlo y cumplirlo. Si no lo señalan, la comunicación se hará por correo electrónico o burofax, debiendo contestar el otro progenitor por alguno de estos medios, entendiéndose, si no lo hace, que presta su conformidad. En caso de discrepancia, resolverá el Juzgado conforme al trámite previsto en el artículo 156 del Código Civil (LA LEY 1/1889) . A título indicativo, son decisiones incluidas en el ámbito de la patria potestad las relativas a las siguientes cuestiones:
El artículo 92 del Código civil (LA LEY 1/1889) , tras la reforma introducida por la Ley 15/2005, de 8 de julio (LA LEY 1125/2005), regula dos supuestos en los que procede la adopción de la guarda y custodia compartida: a) El primero a instancia de ambas partes en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a un acuerdo en el transcurso del procedimiento, previo informe del Ministerio Fiscal, audiencia a los menores que tengan suficiente juicio. b) Cuando lo solicite una de las partes fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
La reforma exigía el informe "favorable" del Ministerio Fiscal. La mención "favorable" fue declarada inconstitucional y nula por la sentencia del TC 185/2012, de 17 de octubre (LA LEY 153054/2012) .
Sobre la decisión sobre el régimen de guarda y custodia ha recordado el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de abril de 2018 (LA LEY 22594/2018) que:
"1.- La sala viene reiterando (sentencia 296/2017, de 12 de mayo (LA LEY 40710/2017) , y 442/2017, de 13 de julio , entre otras recientes) la bondad del sistema de guarda y custodia compartida ( SSTS de 4 de febrero de 2016 , 11 de febrero de 2016 , 9 de marzo de 2016 ; 433/2016 , de 27 de junio ). Por tanto ( STS de 17 de marzo de 2016 rec. 2129/2014 (LA LEY 20628/2016) ), no tiene sentido cuestionar la bondad objetiva del sistema tras la constante y uniforme doctrina de la sala, con el cambio sustancial que supuso la doctrina del Tribunal Constitucional ( STC 185/2012, de 17 de octubre (LA LEY 153054/2012) ).
2.- Consecuencia de lo expuesto es que se haya de partir de que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable ( STS de 16 de febrero de 2015, Rc. 2827/2013 (LA LEY 4585/2015) ), señalando la Sala (SSTS de 29 de abril de 2013 , 25 abril 2014 , 22 de octubre de 2014 ) que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en cuanto lo sea.
Este interés, que ni el artículo 92 CC (LA LEY 1/1889) ni el artículo 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LA LEY 167/1996) , desarrollada en la Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel ( SSTS de 19 de julio de 2013 ; 2 de julio de 2014 ; 9 de septiembre de 2015 )".
Sobre la incidencia de la mala relación entre los cónyuges sobre la adopción de un régimen de guarda y custodia compartido también se ha pronunciado con reiteración el Tribunal Supremo. Al efecto se puede citar la sentencia de 24 de abril de 2018 (LA LEY 33154/2018) , en la que se dice:
"La custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad ( sentencias 619/2014, de 30 de octubre ; 242/2016, de 12 de abril ; 529/2017, de 27 de septiembre ; 579/2017, de 25 de octubre (LA LEY 152024/2017) ). Pero ello no empece a que la existencia de desencuentros, propios de la crisis matrimonial, no autoricen per se este régimen de guarda y custodia, a salvo que afecten de modo relevante a los menores en perjuicio de ellos. Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial ( sentencias 566/2014 de 16 de octubre (LA LEY 149440/2014) ; 433/2016, de 27 de junio , 409/2015, de 17 de julio )".
Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) , y siendo la presente resolución estimatoria del recurso de apelación, no se hará especial mención a las costas causadas en esta alzada.
En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009) , complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la devolución del depósito consignado para recurrir.
Este ejercicio conjunto supone que las decisiones importantes relativas al menor serán adoptadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo. Para facilitar los acuerdos, habrán de establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias, obligándose a respetarlo y cumplirlo. Si no lo señalan, la comunicación se hará por correo electrónico o burofax, debiendo contestar el otro progenitor por alguno de estos medios, entendiéndose, si no lo hace, que presta su conformidad. En caso de discrepancia, resolverá el Juzgado conforme al trámite previsto en el artículo 156 del Código Civil (LA LEY 1/1889) . A título indicativo, son decisiones incluidas en el ámbito de la patria potestad las relativas a las siguientes cuestiones:
Recursos.- Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LA LEY 58/2000), contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.
Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15.ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre (LA LEY 19390/2009) , el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección cuarta de la Audiencia Provincial n.º 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

References: artículo 39
 artículo 156
 resolución 
 artículo 156
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 9
 artículo 398
 resolución 
 artículo 156