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Timestamp: 2018-11-18 04:35:51+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 1363/2002 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia Nº 1.363/02
EXPEDIENTE: “JOSÉ MANUEL BOBEDA MELGAREJO Y LINO CESAR OVIEDO SELVA S/ AVOCAMIENTO Y/O RECURSO DE APELACIÓN”.- AÑO: 1999 - N°: 53.-
Asunción, República del Paraguay, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dos, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, Excmos. Señores Ministros, Doctores RAÚL SAPENA BRUGADA, LUIS LEZCANO CLAUDE, ANTONIO FRETES, ENRIQUE SOSA ELIZECHE, BONIFACIO RÍOS AVALOS, JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES, WILDO RIENZI GALEANO y el Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala. Dr. CARMELO CASTIGLIONI, quien integra la Corte Suprema de Justicia, por inhibición del Doctor CARLOS FERNANDEZ GADEA, por ante mí el Secretario autorizante se trajo al acuerdo de expediente caratulado: "JOSÉ MANUEL BOBEDA MELGAREJO Y LINO CESAR OVIEDO SILVA S/ AVOCAMIENTO Y/O RECURSO DE APELACIÓN”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abog. Jaime José Bestard en representación de la Asociación Nacional Republicana (A.N.R.).-
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación dio el siguiente resultado: Dres. SAPENA BRUGADA, CASTIGLIONI, LEZCANO CLAUDE, FRETES, SOSA ELIZECHE, RIOS AVALOS, IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO.-
A su turno el Doctor RAUL SAPENA BRUIGADA dijo: Se presenta ante esta Corte el Abogado Jaime José Bestard, en representación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), bajo patrocinio del Abogado Darío Filártiga, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia Nº 1/99 de fecha 11 de febrero de 1999, dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.-
Se agravia el accionante manifestando que la inclusión o exclusión del Registro Cívico Nacional de un afiliado al Partido Colorado, por la comisión de delito que merezca pena de más de dos años de penitenciaria, está estrechamente relacionada con la suspensión de sus derechos del afiliado y consiguiente con su elegibilidad para cargos electivos del partido, como en representación del partido en cargos electivos nacionales mientras dure la condena. Sigue diciendo que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral no tienen competencia para juzgar loa actos de la Corte y que es inadmisible qué un tribunal inferior se arrogue la facultad de juzgar a un superior, negándose a cumplir sus decisiones.-
La acción no puede prosperar.-
El Acuerdo y Sentencia impugnado por esta vía de inconstitucionalidad resolvió hacer lugar al recurso de apelación planteado por los Sres, JOSÉ MANUEL BÓVEDA MELGAREJO y LINO CESAR OVIEDO SILVA y en consecuencia revocar las disposiciones tomadas por el Encargando de Despacho de la Dirección del Registro Electoral, en virtud a la nota N° 8/99 del 3 de febrero de 1999. El Encargado de Despacho de la Dirección del Registro Electoral, Lic. Ricardo Maldonado, procedió a la cancelación de la inscripción electoral del Sr. Lino César Oviedo Silva, dando cumplimiento a la nota sin N° 11/99 remitida por la Corte Suprema de Justicia, firmada por el entonces Presidente Dr. Wildo Rienzi Galeano, de fecha 05 de febrero de 1999. Por dicha nota el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Electoral y en la Ley N° 633/95 con relación a lo dispuesto el Acuerdo y Sentencia N° 45 de fecha 02 de diciembre de 1998 dictada por esta Corte en el expediente:”ACCIÓN DE INCONSTTTUCIONALIDAD S/ DECRETO N° 117 de fecha 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo”-
La presente acción de inconstitucionalidad es planteada por la Asociación Nacional Republicana (ANR) es necesario señalar que la misma no fue parte en ningún estado del proceso iniciado ante la Dirección del Registro Electoral y su posterior avocamiento al Tribunal Superior de Justicia Electoral. En efecto, la Dirección del Registro Electoral procedió a la exclusión del padrón nacional de loa Sres. Bóveda Melgarejo y Oviedo Silva a raíz de una orden emanada de la Corte Suprema de Justicia. Los afectados apelaron la medida tomada y consecuencia de esto es la Sentencia N° 1/99 emitida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral objeto de la presente inconstitucionalidad.-
La Asociación Nºacional Republicana no tiene la legitimación activa pertinente para plantear esta demanda. El Art. 550 del C.P.C. estipula: “Procedencia de la acción y juez competente. Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrán facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capitulo" La norma es clara al establecer que toda persona lesionada en sus legítimos derechos tendrá facultad de promover la acción de inconstitucionalidad y quienes no reúnan los requisitos pretendidos por el articulo mencionado están procesalmente impedidos para promover válidamente esta acción.-
Por las consideraciones que anteceden y por carecer la Asociación Nacional Republicana (ANR) la legitimación procesal requerida, en el presente caso corresponde rechazar esta Acción de Inconstitucionalidad. Es mi voto.-
A su tumo el Doctor CASTIGLIONI dijo: El primer problema a resolver es si el recurrente de inconstitucionalidad tiene o no legitimación para incoarla. Esto en atención a que el Fiscal General del Estado sustenta en su Dictamen N° 256 de fecha 16 de marzo de 1999, en ese entonces a cargo del Dr. Aníbal Cabrera Verón, que "LA ASOCIACIÓN NACIONAL REPUBLICANA (A.N.R.) NUNCA FUE PARTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO INICIADO ANTE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL Y SU POSTERIOR AVOCAMIENTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL, POR LO QUE CORRESPONDE SEA RECHAZADA LAS PRETENSIONES PROCESALES DE LA MISMA POR SU NOTORIA ILEGITIMIDAD ACTIVA PARA EL CASO DE AUTOS". Sobre este punto cabe señalar que la inconstitucionalidad lo ha sido por la vía de la acción y no por la vía de la excepción. En este último caso se entiende realizado dentro de un juicio en trámite, y en el otro, corresponde a una acción directa contra una norma que contradice un principio constitucional, y que afecta o perjudica al recurrente. Tratándose de la vía de la acción sólo corresponde ver si estén dados los presupuestos para la acción en forma genérica y a mi criterio sí lo está. La confusión proviene de la misma redacción de la Constitución Nacional, en el que pareciera distinguir entre norma jurídica y resolución judicial, pero esta realizada con otro propósito y la misma no tiene la entidad suficiente para cambiar la corriente doctrinaria que ve a la resolución doctrinaria como una norma jurídica particular. Sin embargo el art 550 del C.P.C. es más esclarecedor, pues señala que "TODA PERSONA LESIONADA EN SUS LEGÍTIMOS DERECHOS POR ......RESOLUCIONES U OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE INFRINJAN EN SU APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, TENDRÁ FACULTAD DEPROMOVER ANTE LA CORTE SUPREMA, LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD…”. Resultaría errada entonces, la tesis del Ministerio Público que desconoce legitimación activa a quien no haya sido parte "DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO". La única condición es que exista la lesión, y en este caso, parece existir pues la resolución recurrida afecta a un afiliado o ex-afiliado de dicho partido político y el hecho que los órganos electorales los incluyan o excluyan afecta o puede afectar al funcionamiento de dicho partido.-
Además, el Dictamen Fiscal se refiere al procedimiento y no hubo tal, en el sentido jurisdiccional, si hubo mi acto administrativo, y que en su revisión por avocamiento produjo una nueva resolución que puede o no perjudicar al recurrente. En este caso la resolución administrativa es una norma jurídica, y puede ser recurrida directamente por la vía de la acción.-
Existe suficiente legitimación activa, pues, la resolución dictada no lo fue dentro de un juicio en trámite, consecuentemente es absurdo hablar de partes. La legitimación activa, por la vía de la acción, sólo requiere la. invocación de una lesión, y en el caso de autos, se lo ha hecho por lo tanto es procedente reconocer que tiene legitimación por tratarse de una acción contra una resolución administrativa, que no fue dada dentro de un proceso, por lo tanto, no existe la calidad de parte, lo cual hubiera requerido la vía de la excepción. No es el caso. La falta de legitimación sólo se hubiese dado si existiera un proceso anterior pero no lo hay. Además, el interés es la medida de la acción y otorgándose la inconstitucionalidad con efecto erga omnes, a su interés o no esta conectado con dicho efecto, en forma práctica y, consecuentemente, corresponde analizar la cuestión de fondo.-
Que la acción de inconstitucionalidad lo es en contra del Acuerdo y Sentencia N° 1/99, dictado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en fecha 11 de febrero de 1999, y, por el cual, este órgano del Poder Judicial, resuelve "hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por los señores José ML Bóveda Melgarejo y Lino César Oviedo Silva, y en consecuencia revoca las disposiciones tomadas por el Encargado de Despacho de la Dirección del Registro Electoral, en virtud de la Nota N° 8/99 del 5 de febrero del cte".-
La inconstitucionalidad alegada se sustenta en que, por la resolución recurrida, se han violentado los artículos 259 y 260 de la C.N.-
Que entrando al análisis de la cuestión sometida a estudio, es necesario recordar que la inconstitucionalidad es el medio jurisdiccional para corregir la incoherencia introducida en el orden jurídico a través de una norma inferior que entra en contradicción con la Ley Suprema de la Nación y cuya jerarquía irrebasable esta establecida en el art. 137 CC. La norma citada se yergue como el sustento jurídico de la facultad de control constitucional en el sistema. En este orden de idea, cabe señalar que la resolución del S.T.J.E., por la vía del recurso de apelación revoca la resolución del Encargado de Despacho de la Dirección del Registro Electoral, realizado por mandato de la Corte Suprema de Justicia, y, por la cual, se cancela la inscripción electoral del señor Lino Cesar Oviedo Silva y la del señor José M. Bóveda Melgarejo, en el Registro Cívico Nacional.-
Así el problema planteado se circunscribe a si un órgano inferior puede erigirse en revisor de un órgano superior. Prima facie, cabe decir que esta clase de acto quebranta el principio de legalidad, que implica una jerarquía entre los actos jurídicos, en la cual los de grados inferiores deben estar contestes con los de grados superiores, y que según Maurice Duverger "el control de la legalidad consiste en observar esta conformidad o su ausencia y sacar las consecuencias de ella". El citado autor nos ilustra en que "EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD SIGNIFICA QUE TODOS LOS ACTOS GUBERNAMENTALES Y ADMINISTRATIVOS ESTÁN SUBORDINADOS A LAS LEYES (LO QUE CORRESPONDE AL SENTIDO LITERAL DE LA PALABRA LEGALIDAD) PERO SIGNIFICA TAMBIÉN QUE EXISTE UNA JERARQUÍA ENTRE LOS ACTOS GUBERNAMENTALES Y ADMINISTRATIVOS". Concluye, en otra parte, que "LA JERARQUÍA DÉ LOS ACTOS ES TAMBIÉN CONSECUENCIA DE LA JERARQUÍA DE LOS ÓRGANOS".-
Por el Acuerdo y Sentencia N° 1/99 se encubre un grave acto de subversión al orden jurídico constitucional, pues, en realidad, en la resolución recurrida, no se revoca la resolución del Encargado de Despacho sino que directamente se revoca la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia, dispuesta a través de su Presidente en ejercicio, quien ha actuado en cumplimiento de un mandato jurisdiccional y constitucional. Esta conducta violenta el principio de legalidad señalado, pues la Dirección de Registro Electoral sólo ha dado cumplimiento al oficio remitídole, el cual resulta un acto de ejecución, pero la resolución dictada corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por lo que la resolución Nº 1/99 al revocar la resolución de la Dirección de Registro Electoral, revoca la resolución dispuesta en el oficio comisivo, quebrantando el principio de legalidad en sus dos aspectos: a) el no ceñirse a la ley y, b) en la violación al principio de jerarquía de los órganos jurisdiccionales también establecida constitucionalmente.-
Efectivamente el mencionado encargado de despacho sólo ha dado cumplimiento a la Orden de un Oficio del Presidente de la Corte. Suprema de Justicia, y, consecuentemente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que jerárquicamente está por debajo de la Corte Suprema de Justicia, ha entrado a Juzgar y revocar la decisión de un órgano que constitucionalmente está por encima del mismo y sobre el cual no tiene ninguna competencia de superintendencia y menos facultades de revisión.-
El articulo 137 de la C.N. dispone que “carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución", El Superior Tribunal de Justicia Electoral, que de acuerdo al art 247 C.N. tiene un rango inferior y no puede Juzgar ni revocar actos de autoridad de la Corte Suprema de Justicia, y los mismos en caso de producirse, como efectivamente se produjo, deviene contraria a la Constitución Nacional, El art. 275 C.N. respecto del Tribunal Superior de Justicia Electoral, establece que "SUS RESOLUCIONES SERÁN RECURRIBLES, ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA” con lo cual, en forma expresa se establece el orden jerárquico con el que se debe proceder, y, es, un adefesio jurídico y una absoluta incoherencia revertir dicho orden constitucional, en beneficio de potestades no autorizadas dentro de la pretendida competencia del órgano electoral. Si las decisiones del Superior Tribunal de Justicia Electoral devienen recurrible ante la Corte Suprema de Justicia , aquel no puede erigirse en censor y revisor de los actos de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la superintendencia del todos los órganos del Poder Judicial y entre cuyos componentes se cuenta al Superior Tribunal de Justicia Electoral.
La inconstitucionalidad es patente pues la resolución recurrida quebranta el orden constitucional al atribuirse por las mismas facultades que escapan a SU competencia y el hecho de querer encubrirla .corno revocación de un acto de autoridad de un funcionario de jerarquía inferior, no es suficiente pues la resolución del funcionario de la justicia electoral ha sido resultado del cumplimiento de mi oficio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien ha obrado dentro de sus funciones jurisdiccionales y que el funcionario administrativo no estaba facultado a cuestionar por expreso mandato del art. 257 C.N. y sólo debía limitarse a cumplirlo. En estas condiciones lo que sucedido es que por la Resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral se ha revocado una disposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quién ha actuado en cumplimiento de una resolución anterior dictada por la máxima instancia judicial y esto contradice en primer lugar el art. 3º C.N. conforme al cual "NINGUNO DE ESTOS PODERES PUEDE ATRIBUIRSE, NI OTORGAR A OTROS NI A PERSONA ALGUNA, INDIVIDUAL O COLECTIVA, FACULTADES EXTRAORDINARIAS". El Tribunal Superior de Justicia Electoral se ha arrogado facultades extraordinarias al revocar una resolución solo disponía el cumplimiento de un Oficio de la Corte Suprema de Justicia, careciendo de facultad para proceder de esa manera.-
Además el art. 248 C.N. expresamente prohíbe que "EN NINGÚN CASO OTROS FUNCIONARIOS, PODRAN ARROGARSE ATRIBUCIONES JUDICIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN ESTA CONSTITUCJON..." y, por lo que concluyendo de ello, el Tribunal Superior de Justicia Electoral no es un órgano de revisión de la Corte Suprema de Justicia, entonces, cuando por el Acuerdo y Sentencia Nº 1/99 se revoca la decisión de un funcionario que sólo cumplía la orden de la Corte-Suprema de Justicia, no ha hecho otra cosa que atribuirse funciones que la ley no le faculta y consecuentemente .debe aplicarse la última parte del segundo párrafo del art. 248 C.N. que enfáticamente dispone que "actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable". Si la misma Constitución ya establece la solución al caso, sólo debe cumplirse la misma y, en ese entendimiento acoger favorablemente la acción de inconstitucionalidad instaurada. Es mi voto.-
A su turno los Doctores LEZCANO CLAUDE, FRETES, SOSA ELIZECHE, RÍOS AVALOS, IRALA BURGOS, PAREDES y RIENZI GALEANO, manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante Doctor SAPENA BRUGADA, por los mismos fundamentos.- Con lo se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante mi' de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue
SENTENCIA NÚMERO: 1.363
Asunción, 3 de diciembre del 2.002.-
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RESUELVE:
RECHAZAR la presente acción de inconstitucionalidad presentada por el Abog. Jaime José Bestard en representación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), por las razones expuestas precedentemente.
Prof. Dr. Jerónimo Irala Burgos
Prof. Dr. Bonifacio Ríos A.
Ministro de la C. S. J.
Abog. Hector Fabián Escobar Díaz

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