Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810264.html
Timestamp: 2019-11-19 08:47:30+00:00

Document:
as201810264
AUTO SUPREMO Nº 264/2018-RRC
Expediente : Santa Cruz 98/2017
Parte Imputada : Alfredo Urquiza Montoya y otros
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2017, cursante de fs. 875 a 879, Alfredo Urquiza Montoya, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 20 de 28 de octubre de 2016, de fs. 855 a 857, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Macedonio Balderrama Serrano, Luís Alberto Quintanilla Carrillo y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m) y 53 de la Ley del régimen de la Coca Sustancias Controladas (Ley 1008), respectivamente.
Por Sentencia 7/2016 de 7 de marzo (fs. 785 a 791), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados Alfredo Urquiza Montoya, autor de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 76 de la Ley 1008, imponiendo la pena de seis años y ocho meses de privación de libertad, más el pago de doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos 00/100) por día y costas a favor del Estado y con relación a Macedonio Balderrama Serrano y Luis Alberto Quintanilla Carrillo, los declaró absueltos de culpa y pena de la comisión de los delitos acusados.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Alfredo Urquiza Montoya, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 804 a 809), resuelto por Auto de Vista 20 de 28 de octubre de 2016, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia apelada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 689/2017-RA de 8 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente describiendo los fundamentos expuestos a tiempo de formular su recurso de apelación restringida, denuncia que el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista impugnado no efectuó un adecuado control legal sobre la defectuosa valoración probatoria reclamada, vulnerándose las reglas dispuestas en los arts. 173 y 359 del CPP, pronunciándose en todo caso con una defectuosa fundamentación; además, revalorizando prueba al señalar que: “…el ciudadano Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, las actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y que producto de esta investigación es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria”; aspecto que, constituye defecto absoluto y por ende la vulneración del debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y principio de legalidad.
En cuanto a la problemática planteada invoca los Autos Supremos 36/2009 de 7 de febrero y 275/2014 de 2 de junio.
El recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, ordenando que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dicte nuevo Auto de Vista.
Mediante Auto Supremo 689/2017-RA de 8 de septiembre, cursante de fs. 888 a 889 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el imputado Alfredo Urquiza Montoya, para el análisis de fondo.
Por Sentencia 7/2016 de 7 de marzo, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Alfredo Urquiza Montoya, autor de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en grado de Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 48 con relación al 76 de la Ley 1008, imponiendo la pena de seis años y ocho meses de privación de libertad, más el pago de doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos 00/100) por día y costas a favor del Estado, bajo los siguientes hechos probados:
Se llega a la conclusión de que el imputado incurrió en el hecho antijurídico mediante el flujo de llamadas que había con Walter Camacho Romero.
Se ha probado la relación entre el condenado Walter Camacho Montero y Alfredo Urquiza Montoya (imputado), a través de la declaración del condenado Walter Camacho Montero, quien manifiesta que el dueño de la droga es Alfredo Urquiza y es quien proporciona las direcciones de este último.
Una vez detenido Walter Camacho Montero, los llevó a los oficiales de la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) a la casa del imputado donde fue detenido, no negando ni enervando en ningún momento las declaraciones de Walter Camacho Montero en su contra; es decir, que era dueño de la droga y que antes de ser detenido habían realizado envíos de la misma forma.
Que el imputado sin negar los hechos acusados manifestó en la entrevista policial que fue contratado por Mario Choquito que lo citaba en diferentes lugares para entregarle el dinero por los envíos realizados, situación que da lugar a que no exista duda sobre la participación en la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en grado de Complicidad.
Que el conjunto de las pruebas de cargo, fueron suficientes para demostrar el delito acusado, basados en el principio de inmediación, de acuerdo a la sana crítica, la lógica, experiencia y reglas de la vida cotidiana, una vez concluida la fase de producción de la pruebas, la valoración armónica de la prueba de cargo y descargo producida e incorporada en el juicio oral, cumpliendo con todas las formalidades legales, demostrando el Ministerio Público, la actuación dolosa del imputado en la comisión del delito acusado.
Notificado con la Sentencia, Alfredo Urquiza Montoya interpuso recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:
Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados y valoración defectuosa de la prueba; afirma que lo involucran en el proceso por la simple expresión verbal de Walter Camacho Montero, que no tuvo connotación en otras pruebas o evidencias en el día de los hechos, salvo una llamada promovida por los propios policías antidrogas, no por su voluntad o desesperación, resultando su aprehensión ilegal porque le forzaron a salir de su domicilio a horas de la madrugada sin intervención fiscal, ni abogado defensor, sin control jurisdiccional, actuaciones ilegales que se encuentran refrendadas en el informe policial del asignado al caso, imputación formal y en la acusación fiscal, arrastrando también la Sentencia ese vicio absoluto procesal, en su acápite fundamentos de derecho sexto párrafo donde alegó: “Alfredo Urquiza Montoya sin negar los hechos acusados manifiesta en ENTREVISTA POLICIAL QUE FUE CONTRATADO POR UNA PERSONA DE NOMBRE MARIO CHOQUITO que lo citaba en diferentes lugares para entregarle el dinero por el envío realizado, situaciones estas que no dan lugar a duda Sobre la participación en la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en grado de Complicidad, por lo que el Tribunal considera que el Ministerio Público ha probado la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad por el acusado ALFREDO URQUIZA MONTOYA, por lo que corresponde dictar una sentencia condenatoria”.
Que en el séptimo párrafo establece: “Finalmente, concluimos que el conjunto de las pruebas de cargo han sido suficientes para demostrar el tráfico de la sustancia controlada al imputado ALFREDO URQUIZA MONTOYA”, que estos dos párrafos evidencian la ilegalidad de la Sentencia; ya que, la decisión lo hace sobre la base de una entrevista, no observando la previsión de los arts. 93, 100 del CPP y 23.III de la Constitución Política del Estado (CPE), que prohíben que al imputado se lo sometan a coacciones, amenazas, promesas, a declarar contra su voluntad, que la declaración del imputado sin la presencia del fiscal y de su abogado defensor que contenga una confesión del delito será nula, además que en el operativo de incautación no se halló ningún elemento que incrimine a su persona; que horas después lo obligan a levantarse ante una llamada de Walter Camacho, que por vía de coacción, amenazas y promesas lo entrevistan y supuestamente sindica a su persona como dueño de la droga resultando la maniobra de investigación ilegal; ya que, no existía presencia de fiscal ni abogado defensor conforme quedó demostrado en actas, además voluntariamente dejó entrar a su casa, no logrando encontrar evidencia alguna, que los policías Cap. Juan Carlos Mérida, Sgto. Darlyn Ramírez Turpo y Sgto. Pablo Corazón Arias, fueron testigos e intervinientes del operativo en el aeropuerto de Viru Viru, que al concurrir a juicio alegaron que no recuerdan haber visto el día del hecho al Fiscal, que la presunta comunicación entre teléfonos celulares de su persona con Walter Camacho Montero o con otras personas no estaba respaldado con prueba lícita, pues una certificación de un servicio telefónico no constituiría prueba plena.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia apelada con costas, bajo los siguientes argumentos:
Que la Sentencia procedió de forma correcta y conforme a derecho; ya que, tomó en cuenta e interpretó correctamente lo determinado por el art. 365 del CPP, porque la prueba aportada por el Ministerio Público es suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. Que el apelante argumenta como defectos que la sentencia tendría vicios previstos por el art. 370 inc. 3), 4), 5) y 6) del CPP, que de la simple lectura de la sentencia advierte que realizó la determinación circunstanciada del proceso y los hechos sometidos a juzgamiento; puesto que, relata el inicio de la investigación, la etapa preliminar, los datos de los imputados y demás actos procesales para el inicio del juicio oral, habiéndose llegado a demostrar en el juicio oral con certeza los hechos probados con relación a la participación secundaria del imputado Alfredo Urquiza Montaya en su condición de Complicidad en Tráfico de Sustancias Controladas, al haber cooperado y facilitado para la consumación del hecho principal, no habiéndose violentado su derecho a la legítima defensa; ya que, desde el inicio de la investigación el imputado se sometió al proceso y ejerció su amplio derecho a la defensa.
Añade, que el Tribunal inferior no solo se ha basado en los informes policiales para dictar la sentencia; sino también, en las demás pruebas que han sido judicializadas e insertadas al juicio oral por su lectura conforme al art. 333 del CPP, Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, los actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y producto de esa amplia valoración es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria.
Que respecto al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, si bien existe un desfase en cuanto al número de caso; sin embargo, ese aspecto es irrelevante; ya que, no afecta al fondo del asunto; en cuanto, a la falta de fundamentación de la Sentencia no es evidente ya que la Sentencia cumple con lo normado por los arts. 124 y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP; puesto que, contiene los motivos de hecho y de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, el fallo de mérito contiene una relación del hecho histórico; es decir, se ha fijado clara, precisa y circunstanciadamente la especie que estima acreditada y sobre el cual se ha emitido el juicio, que es lo que se conoce como fundamentación fáctica, además de la sentencia se puede extraer que se sustenta en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio oral, sin incurrir en lo previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; ya que, el Tribunal al valorar las pruebas de cargo y descargo desarrolló una actividad intelectual de forma conjunta y armónica de exclusividad jurisdiccional, con el fin de determinar, si los datos fácticos obtenidos en la producción de la prueba desfilada en la audiencia del juicio oral, público, continuado y contradictorio, poseían la entidad y cualidad suficiente y requerida para corroborar la presunción de inocencia o permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos como la ciencia, conciencia y experiencia conforme los arts. 171 y 173 del CPP.
En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista impugnado, no efectuó un adecuado control sobre la defectuosa valoración probatoria reclamada, pronunciándose en todo caso con una defectuosa fundamentación, además revalorizando prueba al señalar que: “Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, las actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y que producto de esta investigación es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria”; aspecto que, constituiría defecto absoluto y vulneración del debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y principio de legalidad; consecuentemente, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.
El recurrente invocó el Auto Supremo 36 de 7 de febrero de 2009, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde constató que el Tribunal de alzada a tiempo de cambiar la situación jurídica de la imputada de absuelta a condenada incurrió en revalorización de la prueba, lo que infringió el principio de contradicción; aspecto por el que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “El tribunal de Alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba debiendo circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida, conforme al artículo 419 del Código de Procedimiento Penal que establece: ´Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal`".
También invocó el “Auto Supremo Nº 275/2014 de 2 de junio de 2014”, que buscado por su numeración y año de emisión, se encontró dos Autos Supremos que son: 275/2014-RRC de 27 de junio, emitido por la Sala Penal y 275/2014 de 1 de septiembre dictado por la Sala Penal Liquidadora, ambos de este Tribunal Supremo de Justicia; empero, ninguno corresponde a la fecha que señala el recurrente, además que ninguna de las dos resoluciones encontradas contiene doctrina legal aplicable; puesto que, el emitido por la Sala Penal declaró el recurso de casación infundado y el dictado por la Sala Penal Liquidadora, corresponde a una Resolución de admisibilidad; consecuentemente, la Resolución invocada por el recurrente, no será contrastada con el Auto de Vista recurrido; toda vez, que resulta inexistente.
Como una consideración previa antes de ingresar a resolver la problemática planteada, mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley; así la Constitución Política del Estado en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.
En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha precisado que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.
El recurrente refiere, que el Auto de Vista impugnado no efectuó un adecuado control sobre la defectuosa valoración probatoria reclamada, pronunciándose con una defectuosa fundamentación, además revalorizando prueba al señalar que: “Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, las actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y que producto de esta investigación es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria”, constituyendo defecto absoluto y la vulneración del debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y principio de legalidad.
Al respecto, se entiende que el recurrente reclama tres aspectos que son: que ante su reclamo concerniente a la defectuosa valoración probatoria, el Auto de Vista recurrido: i) No efectuó un adecuado control; ii) Incurrió en una defectuosa fundamentación; y, iii) Incurrió en revalorización de la prueba al señalar que: “Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, las actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y que producto de esta investigación es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria”, constituyendo defecto absoluto y la vulneración del debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y principio de legalidad; en cuyo efecto, a los fines de una mejor comprensión, serán analizadas de forma separada:
Respecto a que ante su denuncia concerniente a la defectuosa valoración probatoria, el Auto de Vista recurrido no efectuó un adecuado control e incurrió en una defectuosa fundamentación.
A los fines de resolver las problemáticas planteadas necesariamente se debe acudir al Auto Supremo invocado por el recurrente, a objeto de verificar si se contradijo o no el mismo. Es así que el Auto Supremo 36 de 7 de febrero de 2009, conforme se señaló en el acápite III.1 de esta Resolución, fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde constató que el Tribunal de alzada a tiempo de cambiar la situación jurídica de la imputada de absuelta a condenada incurrió en revalorización de la prueba, lo que infringió el principio de contradicción, aspecto por el que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida; sin embargo, en el caso en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; toda vez, que el recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido ante su denuncia referente a la defectuosa valoración probatoria no efectuó un adecuado control e incurrió en una defectuosa fundamentación, denuncias que no guardan relación alguna con los fundamentos del precedente invocado que advirtió que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir nueva sentencia incurrió en revalorización de la prueba.
Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación que fue explicado en el apartado III.2 de este Auto Supremo, queda establecido que el precedente invocado no resulta aplicable respecto a los motivos concernientes a que el Auto de Vista recurrido no efectuó un adecuado control e incurrió en una defectuosa fundamentación ante su reclamo concerniente a la defectuosa valoración probatoria; toda vez, que no resultan problemáticas similares; en consecuencia, los puntos reclamados devienen en infundados.
En cuanto, a que ante su denuncia de defectuosa valoración probatoria, el Auto de Vista recurrido incurrió en revalorización de la prueba al señalar que: “Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, las actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y que producto de esta investigación es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria”, lo que constituiría defecto absoluto y la vulneración del debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y principio de legalidad.
Acudiendo al Auto Supremo invocado por el recurrente, conforme se expresó en el acápite III.1 de esta Resolución, la doctrina legal aplicable fue sentada; por cuanto, el Auto de Vista entonces recurrido incurrió en revalorización de la prueba, problemática similar al caso de autos; consecuentemente, corresponde ingresar al análisis de la denuncia.
Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria contra el recurrente, formuló recurso de apelación restringida donde evidentemente acusó, “Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados y valoración defectuosa de la prueba”; respecto a lo cual, conforme se extractó en el acápite II.3 de este Auto Supremo, el Tribunal de alzada abrió su competencia alegando que la Sentencia procedió de forma correcta y conforme a derecho, que la prueba aportada por el Ministerio Público es suficiente para generar en el Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. Que el Tribunal inferior, no solo se ha basado en los informes policiales para dictar la sentencia; sino también, en las demás pruebas que han sido judicializadas e insertadas al juicio oral por su lectura conforme al art. 333 del CPP, que Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, los actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y producto de esa amplia investigación es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria.
De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que evidentemente el Auto de Vista recurrido, arguyó que “Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, los actas de secuestro, de requisa y demás elementos de prueba y producto de esa amplia investigación es que se ha ingresado al juicio oral donde se logró emitir una sentencia condenatoria”; no obstante, dicha expresión no constituye revalorización de prueba como asevera el recurrente; toda vez, que de un análisis de la Sentencia, el Tribunal de apelación se refirió a los hechos establecidos; ya que, en su acápite destinado a la fundamentación de hecho, la Sentencia haciendo referencia a la prueba documental de cargo, citó el acta de aprehensión, acta de requisa personal, acta de requisa de domicilio, acta de secuestro de documentos y acta de secuestro de evidencias, flujo de llamadas con Walter Camacho Montero y el acta de declaración de Walter Camacho Montero, concluyendo que dichas pruebas probaban la comunicación que había entre ellos, entendiéndose entre Walter Camacho Montero y el imputado, resultando coherente el fundamento asumido por el Tribunal de alzada, que producto de esa investigación se ingresó al juicio oral donde se logró emitir la sentencia condenatoria, argumento que no establece ni tiene como probado un hecho nuevo que no hubiere sido probado en Sentencia, ni modifica la situación jurídica del imputado; toda vez, que se limitó a confirmar la Sentencia, que si bien el Tribunal de alzada arguyó que Walter Camacho Montero ha firmado las pruebas, dicho aspecto no desvirtúa ni modifica los hechos establecidos y probados en Sentencia.
De los fundamentos expuestos, se concluye que el Auto de Vista recurrido no incurrió en contradicción al precedente invocado que fue extractado en el acápite III.1 de este Auto Supremo; puesto que, a tiempo de resolver el recurso de apelación formulado por el recurrente no incurrió en revalorización de la prueba; toda vez, que lo expuesto por el Tribunal de alzada no establece ni tiene como probado ningún hecho nuevo que desvirtúe o modifique los hechos establecidos y probados en Sentencia; consecuentemente, no se advierte la concurrencia de defecto absoluto ni la vulneración al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica y legalidad como arguyó el recurrente, por lo que el presente motivo deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alfredo Urquiza Montoya.

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 Resolución 
 artículo 419
 Resolución 
 Resolución 
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