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Timestamp: 2017-01-18 18:08:12+00:00

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[Sentencia C-646/10]- Constitucionalidad contra el inciso 2° del artículo 2º de la Ley 768 de 2002- Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta | laboralparatodos.com
[Sentencia C-646/10]- Constitucionalidad contra el inciso 2° del artículo 2º de la Ley 768 de 2002- Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
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2.1.2. Sostiene, tras un breve escrutinio doctrinal y jurisprudencial relativo a la cláusula general de competencia legislativa y a la figura de la reserva de ley , que el Acto Legislativo 03 de 1989, no obstante ser reformatorio de la Constitución de 1886, se mantiene vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, en cuanto fue propósito del Constituyente de 1991 el de conservar el régimen y carácter delineado por aquella Carta Política para el Distrito de Santa Marta, razón por la cual el artículo 328 Superior constituye una excepción a la derogatoria que del Texto Fundamental de 1886 se hizo expresa a través del artículo 380 ejusdem .
2.1.4. Bajo esa perspectiva, la ciudad de Santa Marta es, entonces, el único distrito del actual ordenamiento jurídico cuya organización fue concebida con abstracción de la normativa que, de ordinario, se aplica a los municipios, producto del querer del Constituyente de 1886, el cual, en todo caso, fue posteriormente refrendado en 1991. De suerte que, sin duda, el Acto Legislativo 03 de 1989, atinente a la adopción del régimen político, administrativo y Fiscal del Distrito de Santa Marta, aún continúa gozando de fuerza normativa y, por lo tanto, hace parte íntegra de la actual Carta Política .
En primer lugar, insiste en el hecho de que el Constituyente de 1991 no dotó al legislador de una facultad absoluta para establecer a discreción el régimen aplicable al Distrito de Santa Marta ni para modificar el ámbito de validez de las normas constitucionales que lo gobiernan. De hecho destaca que, contrario a los distritos de Bogotá, Barranquilla y Buenaventura , en este caso no se prevé para su organización una remisión a las disposiciones propias del régimen ordinario municipal.
1.	Instituto Colombiano de Derecho Procesal
2.	Ministerio del Interior y de Justicia
Y es que basta con citar la Sentencia C-313 de 2009 , para resaltar que ya hasta la jurisprudencia constitucional, en sede de control abstracto, ha abordado la temática de la aplicación subsidiaria de la normatividad prevista para los municipios a los distritos, en lo no dispuesto en sus regímenes legales especiales. En efecto, en dicho pronunciamiento, se aceptó que la finalidad del Constituyente al elevar ciertos municipios a la categoría de distritos, era sustraerlos de la aplicación del régimen municipal ordinario, pero no al punto de hacer nugatoria su aplicación, en aquellos casos en los que las disposiciones especiales no regulen una específica situación.
Para reforzar tal aserto, trae nuevamente a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que, por virtud de acciones públicas de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley 768 de 2002, se ha examinado el alcance del régimen jurídico especial de varios distritos, entre los que se encuentra el de Santa Marta. Específicamente, alude a la Sentencia C-538 de 2005 , para apuntar que, en efecto, el régimen del Distrito Capital le es por entero aplicable.
3.	Universidad del Rosario
–	Como primera medida, puntualiza que, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional, la limitante señalada por el actor respecto de la remisión supletiva al régimen jurídico del Distrito de Bogotá, no se deriva del texto literal del Acto Legislativo 03 de 1989, toda vez que de éste sí emerge una limitación, pero dirigida a que el legislador no aplique las disposiciones previstas para el régimen municipal ordinario.
–	En lo concerniente a la fórmula de sujeción del régimen distrital de Santa Marta a aquel previsto de ordinario para los municipios, menciona que, no obstante que la Corte aún no haya precisado su alcance, lo cierto es que para el caso del Distrito de Santa Marta también cabe su aplicación subsidiaria, dado que en los demás actos legislativos mediante los cuales se organizó a municipios como Barranquilla y Cartagena, como distritos, sí se previó tal remisión a las normas que regulan a las entidades territoriales constituidas como municipios, hecho que, per se, no los despoja de su principal nota característica, cual es, el establecimiento de su régimen político, fiscal y administrativo mediante normas de carácter especial.
4.	Universidad Nacional de Colombia
V.	CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2.	Alcance de la presente demanda
2.1. En el caso bajo análisis, el actor le solicita a la Corte que declare inexequible la expresión “ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios”, contenida en el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 768 de 2002. Considera que la citada norma, al establecer que el Distrito de Santa Marta debe sujetarse a las disposiciones dispuestas para los municipios, en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, contraría los artículos 4° y 328 de la actual Carta Política, en concordancia con el Acto Legislativo 03 de 1989, en cuanto éstos prohíben expresamente la sujeción de tal distrito al régimen municipal ordinario. Al respecto, explica, que la ciudad de Santa Marta es el único distrito de los reconocidos por la Constitución, cuya organización fue concebida con total abstracción de la normativa que, de ordinario, se aplica a los municipios, razón por la cual, la decisión legislativa de hacerle extensivo dicho régimen común, con carácter subsidiario, afecta el principio de supremacía constitucional y el mandato superior que obliga a la adopción de un régimen especial integral para los distritos (C.P. arts. 4 y 328). Sobre el particular, aclara el actor que, aun cuando la prohibición de aplicarle al Distrito de Santa Marta el régimen ordinario de los municipios se expresa en el Acto Legislativo 03 de 1989, tal mandato fue refrendado por el artículo 328 de la actual Carta Política, al prever éste que los distritos de la costa atlántica conservarán su régimen y carácter.
2.3. De acuerdo a los planteamientos expuestos, advierte la Corte que la presente demanda se estructura a partir de una interpretación que hace el actor del Acto Legislativo 03 de 1989, y de los artículos 4° y 328 de la actual Carta Política, en el sentido de considerar que éstos prevén una reserva de ley para someter al Distrito Turístico de Santa Marta a un régimen legal especial, y, en su defecto, al régimen del Distrito Capital, prohibiendo en todo caso la aplicación de la normatividad ordinaria prevista para los municipios. Sobre esa base, le atribuye a la norma acusada el desconocimiento de las disposiciones constitucionales en cita, por el hecho de permitir que se le aplique al Distrito de Santa Marta la regulación ordinaria de los municipios. 2.4. La circunstancia de que la controversia planteada esté sustentada en una lectura que hace el demandante, tanto de las disposiciones constitucionales presuntamente transgredidas, como de la propia norma acusada, le impone a la Corte la necesidad de entrar a verificar previamente, antes de cualquier consideración de fondo, si la presente demanda cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad. Ello, en razón a que el proceso de inconstitucionalidad se lleva a cabo a partir de la confrontación objetiva entre las disposiciones constitucionales citadas y la norma legal impugnada, lo cual exige a su vez, que la acusación se apoye en contenidos normativos reales y ciertos, y no en proposiciones jurídicas deducidas por el actor.
Ha explicado la jurisprudencia que existen razones “(i) claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y de fácil entendimiento, (ii) ciertas, si la acusación recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor, (iii) específicas, en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política, (iv) pertinentes, cuando se utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia, y (v) suficientes, en la medida en que contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado” .
3.	Contexto legal en el que se inscribe la norma impugnada
3.1. La disposición parcialmente acusada en la presente causa es el artículo 2º de la Ley 768 de 2002, “por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”. 3.2. Tal y como lo indica el propio título, la Ley 768 de 2002 consagra las normas especiales que integran el Estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta. La misma tiene como objetivo (i) dotar a tales distritos de las facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, así como también, (ii) promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, propósito que está llamado a cumplirse a partir del aprovechamiento de los recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que los mencionados distritos presentan, particular e individualmente considerados (art. 1°).
3.3. En concordancia con el propósito que persigue la citada ley, el artículo 2° parcialmente impugnado se integra al Título I, que trata lo referente a los principios generales. De manera particular, en él se regula lo referente al régimen jurídico que le es aplicable a los Distritos de la Costa Atlántica. Al respecto, dispone en su inciso 1°, que los Distritos de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, son entidades territoriales organizadas de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial autorizado por la propia Carta, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado colombiano. Conforme con el mandato que reconoce su sometimiento a un régimen legal propio, precisa la misma norma, en su inciso 2°, que las disposiciones de carácter especial que rigen para los Distritos de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales. No obstante ello, se aclara en el mismo inciso 2°, en el apartado objeto de cuestionamiento, que “en aquellos eventos no regulados por las normas especiales o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales previstas en la C.P. y la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios”.
–	En él se identifican los distritos a los que se le aplicará el régimen especial comprendido en la ley, señalando que se trata de los distritos especiales de la Costa Atlántica, como son los de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta.
–	Determina que tales distritos son entidades territoriales que tienen un régimen especial autorizado por la Constitución, en los que sus órganos y autoridades están provistos de atribuciones diferentes a las fijadas para los municipios en el régimen ordinario que los rige.
–	Establece una cláusula general de interpretación, disponiendo la aplicación preferente de las normas especiales sobre las normas generales. A partir de ello, en lo que es objeto de censura, prevé la aplicación supletoria de las normas que rigen para el Distrito Capital y de las disposiciones ordinarias previstas para los municipios, en caso de vacíos normativos que puedan surgir de la ley especial que desarrolla.
4.	El régimen jurídico aplicable a los Distritos especiales de la Costa Atlántica y su relación con los regímenes fijados para el Distrito Capital y para los municipios
4.2. Ha sostenido la Corte, que la determinación o señalamiento de las categorías de las entidades territoriales es un aspecto que debe estar definido directamente en la Constitución, pues en ellas se “expresan la voluntad del constituyente acerca de la organización política del Estado” . Conforme con ello, el artículo 286 de la Carta Política consagra que son entidades territoriales “los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”, dejando abierta la posibilidad para que adquieran tal condición, también las regiones y provincias que se constituyan en los términos que la propia Constitución y la ley definan . 4.3. La jurisprudencia constitucional ha destacado igualmente, que, en materia de organización territorial, la Carta Política de 1991 introdujo cambios esenciales, permitiendo que se pasara de un esquema con centralización política y descentralización administrativa, que venía rigiendo bajo la vigencia de la Constitución Centenaria de 1886, a un sistema de autonomía a favor de las entidades territoriales, sin perder de vista la unidad del Estado (C.P., arts. 1°, 287 y 288). En esa dirección, el artículo 287 de la Constitución prevé que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, haciendo manifiesta tal autonomía en los derechos reconocidos a éstas para: (i) gobernarse por autoridades propias (autonomía política), (ii) ejercer las competencias que le correspondan (autonomía administrativa), (iii) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (autonomía fiscal), y (iv) participar en las rentas nacionales (autonomía fiscal).
4.4. En relación con el régimen jurídico aplicable a las entidades territoriales, esta Corporación ha dicho que la Constitución contempla dos modalidades . El de las entidades territoriales sujetas a régimen especial propio, siendo éste el caso del Distrito Capital (C.P., arts. 322 a 327), los distritos especiales (C.P., art. 328) y el del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (C.P., art. 310). Y el de las entidades territoriales sujetas a un régimen general u ordinario, que es la situación en que se encuentran las demás entidades no sometidas a regulación especial (C.P., arts. 297 a 321). 4.5. Tratándose de los distritos, los mismos han sido erigidos por la Constitución como entidades territoriales diferentes de los municipios que alguna vez fueron, en el propósito de dotarlos de un régimen político, fiscal y administrativo particular e independiente, distinto del previsto para los municipios, que le permita a sus órganos y autoridades gozar de facultades especiales para la promoción y desarrollo de sus territorios y habitantes, a partir de las condiciones muy particulares que presentan, y que los hicieron merecedores de su reconocimiento como tales. En reciente decisión, la Corte expresó al respecto, que el fin constitucional de elevar ciertos municipios a la categoría de distritos, se expresa en los propios actos de constitución o reconocimiento de los mismos, en los que se ha dejado en evidencia, que lo que se busca con ello es “sustraerlos del régimen municipal ordinario y dotarlos, en cambio, de un régimen legal especial” , sin perjuicio de que subsidiariamente, “en lo no dispuesto en éste, le sean aplicables las disposiciones del régimen municipal ordinario…” . 4.5. Es de interés mencionar, como ya lo ha hecho antes este Tribunal, que en la actualidad existen en Colombia los siguientes distritos especiales:
Distrito	Norma de Creación	Tipo de Distrito
Bogotá	Acto Legislativo 1 de 1945
(Actualmente reconocido y regulado en los artículos 322 a 327 de la C.P.)	Distrito Capital
Cartagena	Acto Legislativo 1 de 1987
(Actualmente reconocido en el artículo 328 de la C.P.)	Distrito Turístico y Cultural
Santa Marta	Acto Legislativo 3 de 1989
(Actualmente reconocido en el artículo 328 de la C.P.)	Distrito Turístico, Cultural e histórico
Barranquilla	Acto Legislativo 1 de 1993
(Actualmente reconocido en el artículo 328 de la C.P.)	Distrito Especial, Industrial y Portuario
Buenaventura	Acto Legislativo 2 de 2007
(Actualmente reconocido en el artículo 328 de la C.P.)	Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico
4.6. En cuanto hace a los distritos especiales de la Costa Atlántica, esto es, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e histórico de Santa Marta y el Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, el artículo 328 dispone que éstos “conservarán su régimen y carácter”. Tal mandato ha sido interpretado por la Corte, en el sentido de considerar que la voluntad del Constituyente, expresada en dicha norma, fue la de permitir que tales distritos conserven el régimen descrito en los Actos Legislativos que les dieron origen. Así se pronunció la Corte en la Sentencia C-503 de 1993, al señalar: “b) Por disposición constitucional expresa, los distritos de Cartagena y Santa Marta, conservaron su régimen y carácter anterior, es decir, el que se había señalado en los actos legislativos que determinaron su creación (…). Luego, la voluntad del constituyente, expresada en el artículo 328, fue la de remitir a ordenamientos jurídicos anteriores, de carácter constitucional y legal, lo relativo al régimen jurídico de dichos distritos.”
“ ‘El artículo 328 de la Constitución Política, recogió la voluntad del constituyente, en el sentido de conservar para los Distritos de Cartagena y Santa Marta, “su régimen y carácter”, es decir que su naturaleza y régimen jurídico continuaba siendo el mismo que se había previsto para el Distrito Especial de Bogotá, según lo expresado por los referidos actos legislativos.
En los artículos 322 a 327 de la Constitución Política, se regula el régimen político, fiscal y administrativo que, en esencia, es aplicable a Santafé de Bogotá, Distrito Capital; la normatividad legal anterior, esto es, el estatuto orgánico expedido para el Distrito Especial de Bogotá (decreto extraordinario 3133 de 1968), vino a ser remplazada por el decreto 1421 de 1993, dictado por el Gobierno en uso de las facultades que le fueron conferidas por el art. 41 transitorio de la Constitución Política’ . Así pues, el artículo 328 de la Constitución Política de 1991 conservó para las ciudades de Santa Marta y Cartagena el carácter de distritos especiales”.
“Artículo 1o. La ciudad de Cartagena de Indias será organizada como un Distrito Turístico y Cultural. El legislador podrá dictar para él un estatuto especial sobre su régimen fiscal, administrativo y su fomento económico, social y cultural.
“Artículo 2o. Lo dispuesto para el Distrito Especial de Bogotá, por la Constitución Nacional en sus artículos 171, 182 y parágrafo del 189 y 201, se aplicará al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. 4.9. Posteriormente, con el Acto Legislativo 03 de 1989, se erigió a la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, en Distrito Turístico, Cultural e Histórico. En el artículo 1° del citado acto, se precisó que la ciudad de Santa Marta sería organizada sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las facultades que fije la ley, atribuyéndole al legislador la competencia para dictar un estatuto especial sobre su régimen fiscal, administrativo y su fomento económico, social, cultural, turístico e histórico. No obstante, en el artículo 2° se precisó también, como ya había ocurrido para el Distrito de Cartagena, que lo dispuesto por la Constitución para el Distrito Especial de Bogotá, se aplicaría al Distrito de Santa Marta. Sobre el particular, consagra la norma: “Artículo 1o. La ciudad de Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, será organizada como un Distrito Turístico, Cultural e Histórico, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley, el Legislador así mismo dictará para ella un estatuto especial sobre su régimen fiscal, administrativo y su fomento económico, social, cultural e histórico. La ley podrá agregar otro u otros municipios circunvecinos al territorio de la capital del Magdalena, siempre que sea solicitada la anexión por las tres cuartas partes de los Concejales del respectivo municipio.
“Artículo 2o. Lo dispuesto para el Distrito Especial de Bogotá por la Constitución Nacional en sus artículos 171, 182 y parágrafo 189, se aplicará al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”.
“Artículo 1º. La ciudad de Barranquilla se organiza como Distrito Especial, Industrial y Portuario. “El Distrito abarcará además la comprensión territorial del barrio de Las Flores de esta misma ciudad, el corregimiento de la Playa del Municipio de Puerto Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el Río Magdalena, sector Ciénaga de Mayorquín, en el Departamento del Atlántico. “Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las disposiciones vigentes para los municipios.” (Negrillas fuera del original) 4.11. Cabe destacar, que si bien los citados actos legislativos previeron para los Distritos de la Costa Atlántica el sometimiento a un régimen legal especial propio, definido por el legislador, también en ellos se dispuso aplicar el régimen del Distrito Especial de Bogotá contenido en la Constitución Política. En el caso específico del Distrito de Barranquilla, el Constituyente derivado de 1993 fue más allá, en el sentido de haber previsto la aplicación de las disposiciones vigentes para los municipios, en lo no dispuesto en las normas especiales. El interés que asistió a los Constituyentes Derivados de la época, para extender a los Distritos Especiales de la Costa Atlántica el régimen del Distrito Especial de Bogotá, se hizo evidente durante el trámite de aprobación de las respectivas reformas. En efecto, tanto en las exposiciones de motivos, como en las ponencias a los proyectos de acto legislativo que dieron origen a los distritos de, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, expresamente se menciona, en cada uno de ellos, la intención de extender a estas ciudades el régimen jurídico del entonces Distrito Especial de Bogotá, transformado por la Constitución de 1991 en “Distrito Capital”. Así, en la exposición de motivos al Acto Legislativo número 15 de 1986, “por medio del cual se erige la ciudad de Cartagena de Indias, Capital del Departamento de Bolívar, en Distrito Especial”, se afirmó sobre el particular:
“Como es de todos conocido, el artículo 199 de la Carta contempla la figura del Distrito Especial de Bogotá, y autoriza su no sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. A su vez, nuestra constitución, en su artículo 6°, consagra estatutos especiales para el régimen fiscal, administrativo y el fomento económico, social y cultural. Simplemente, queremos extender la posibilidad de estos beneficios a una ciudad como nuestra Cartagena, declarada por la UNESCO patrimonio de la humanidad y merecedora de todo estímulo para su progreso.” (Negrillas y subrayas fuera del original).
En el mismo sentido, en la exposición de motivos al Proyecto de Acto Legislativo N° 33 de 1988, “por el cual se erige a la ciudad de Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, en distrito Especial”, se dijo al respecto: “Como es por todos conocido, el artículo 199 de la Carta contempla la figura del Distrito Especial para Bogotá y autoriza su no sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la ley. A su vez, nuestra constitución consagra en su artículo 6°, estatutos especiales para el régimen fiscal, administrativo y el fomento económico, social y cultural. Simplemente deseo y pretendo entonces con mi proyecto, extender la posibilidad de esos beneficios, a una ciudad como nuestra Santa Marta, reconocida por muchos como paraíso de Colombia y merecedora de todo estímulo para su progreso.” Por su parte, entre las justificaciones que se dieron para la creación del Distrito Especial de Barranquilla, se mencionó la necesidad de darle a esta ciudad un tratamiento similar al que el constituyente le ha dado al Distrito Capital y a los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta. En este sentido, se mencionó en la ponencia para primer debate del proyecto de acto legislativo que dio paso al Acto Legislativo 03 de 1993:
“…el gran volumen del comercio mundial transita por el mar y naturalmente nuestras ciudades costeras son la puerta de Colombia hacia el Atlántico, especialmente Barranquilla, por su privilegiada condición de puerto marítimo y fluvial y porque evidentemente se ha convertido en centro industrial de la región Caribe. Pero la costa norte necesita la colaboración de todos los colombianos para poder ocupar el lugar que le corresponde en el proceso económico que hemos iniciado. Es evidente que la región presenta un preocupante desequilibrio respecto de la zona central del país, e incluso de la oriental…”.
“En consecuencia sugerimos darle a Barranquilla un tratamiento similar al que el constituyente le ha dado al Distrito Capital y a los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, en el sentido de asignarle un porcentaje preferencial en el reparto de los recursos del Situado Fiscal.” 4.12. Del anterior recuento histórico y normativo, la jurisprudencia de la Corte ha hecho precisión sobre los siguientes aspectos: (i)	el artículo 328 de la Constitución Política, recogió la voluntad del constituyente, en el sentido de conservar para los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla , “su régimen y carácter”, es decir, la condición de distritos especiales conforme a lo previsto en los Actos Legislativos 01 de 1987, 03 de 1989 y 01 de 1993, respectivamente, que determinaron su creación.
(ii)	Fue el propio Constituyente, a través de los citados actos legislativos, quien expresamente previó que los Distritos Especiales de la Costa Atlántica se sometan a un régimen legal especial, estableciendo así una reserva de ley que implica a su vez, que sea sólo el legislador, y ninguna otra autoridad del Estado, el llamado a regularlo de manera directa, mediante una ley especial. (iii)	Sin contrariar el objetivo de someter los Distritos Especiales de Cartagena de Indias, Santa Marta y Barranquilla a un régimen propio, la intención del Constituyente fue la de extender a los tres distritos especiales de la Costa Atlántica, el régimen jurídico especial de la ciudad de Bogotá y, por esa vía, la aplicación subsidiaria, frente a eventuales vacíos normativos, del régimen común dispuesto para los municipios.
4.13. En relación con este último punto, es menester reiterar que, por expreso mandato del artículo 328 de la actual Carta Política, los Distritos Especiales de Cartagena de Indias, Santa Marta y Barranquilla, mantuvieron el régimen previsto en los actos legislativos que los erigieron como tal, los cuales a su vez previeron que el régimen constitucional que regula a Bogotá, Distrito Capital, le es también aplicable a ellos, con arreglo a las prescripciones especiales que establezca la ley. Ello significa, que habiendo conservado la regulación contemplada en sus actos de creación, a los citados distritos de la Costa Atlántica, y en particular al Distrito de Santa Marta, le son aplicables los artículos 322 a 327, que bajo la vigencia de la actual Constitución Política, son los que consagran el régimen especial para Bogotá. 4.14. A este respecto, se tiene que el artículo 322 de la Carta, en su inciso 2°, prevé expresamente que el régimen político, fiscal y administrativo de Bogotá, Distrito Capital, “será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios”. De ello se deduce, conforme a una interpretación sistemática de la Carta, que el régimen jurídico de los distritos especiales, incluyendo el de Santa Marta, se integra, entonces, con las disposiciones constitucionales sobre la materia, las leyes especiales expedidas para ellos, la normatividad del Distrito Capital, y en lo no regulado por éstas, con las preceptivas legales aplicables a los municipios.
4.15. Esta posición ha sido sostenida por la Corte, de forma unívoca, en los distintos pronunciamientos dictados sobre la materia. Así, en la Sentencia C- 503 de 1993, arriba citada, la Corporación llevó a cabo un estudio relativo al alcance del régimen jurídico especial de los distritos de Cartagena y Santa Marta, concluyendo que el mismo correspondía en un todo al del Distrito Especial de Bogotá, trasformado por la Carta de 1991 en Distrito Capital. En dicho fallo, se adelantó el juicio de constitucionalidad del aparte del artículo 1° de la Ley 78 de 1986, que disponía que “Los Alcaldes de distrito, de capitales de departamento, intendencia y comisaría, se denominarán Alcaldes Mayores”. Se demandó la inconstitucionalidad de la citada norma, sobre la base de estimar el actor, que al ser el alcalde de Bogotá el único que de acuerdo con la Carta se revestía de la calidad de alcalde mayor, los de los demás municipios o distritos del país no podían recibir esa denominación. Al respecto, sostuvo la Corte que, aun cuando dentro de una interpretación literal de los artículos 314, 315 y 322 de la Constitución, podía llegar a concluirse que solamente dentro del régimen jurídico de Bogotá estaba prevista la existencia de la figura del alcalde mayor, pues los alcaldes de los demás municipios se denominaban escuetamente “alcaldes”, el artículo 328 de la Constitución Política había recogido la voluntad del constituyente de conservar para los Distritos de Cartagena y Santa Marta, “su régimen y carácter”, que era el previsto para el Distrito Especial de Bogotá, según lo expresado en los actos legislativos de 1987 y 1989 que los habían creado. Sobre el particular, se expresó en el citado fallo:
Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluyó que, dado que la categoría de alcalde mayor conferida al alcalde de Bogotá por la Constitución y la ley, hacía parte integral del régimen jurídico especial que es propio de los Distritos de Cartagena y Santa Marta, no cabía duda que también los alcaldes de Cartagena y Santa Marta tenían el carácter de “alcaldes mayores”. Agregó que “interpretando la voluntad del constituyente, el régimen constitucional que regula a Santafé de Bogotá, Distrito Capital, es igualmente aplicable, con arreglo a las prescripciones especiales que establezca la ley, a los Distritos de Cartagena y Santa Marta.” 4.16. Posteriormente, en la Sentencia C-538 de 2005, la Corte reiteró su posición, al decidir sobre una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 3° de la Ley 768 de 2002, en el cual se prevé que solamente aquellos distritos especiales “que cuenten con una población mayor de seiscientos mil habitantes” podrán ser divididos en máximo tres localidades. El mencionado precepto fue acusado en dicha oportunidad, por considerar el demandante que el mismo violaba el artículo 328 de la Carta, en razón a que a los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta les asiste el derecho a las mismas prerrogativas de la Capital, entre ellas la facultad de dividir sus territorios en localidades, con los beneficios que de estas divisiones administrativas se desprenden. Al adelantar el juicio de inconstitucionalidad de la referida norma, la Corte mantuvo la posición esbozada en la Sentencia C-503 de 1993, resaltando una vez más, que los actos legislativos que dieron origen a la creación de los distritos especiales de la Costa Atlántica tuvieron como propósito extender el régimen jurídico especial de Bogotá a las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla (en este último caso, a través de la previsión de aplicar las normas generales de los municipios), con lo cual, la posibilidad de dividir en localidades el territorio de los distritos especiales del litoral caribe es una facultad de estirpe constitucional, reconocida por el artículo 322 de la Carta para el Distrito Capital y que se extiende a éstas. El punto fue explicado en la Sentencia C-538 de 2005, en los siguientes términos:
Costa Atlántica de dividir su territorio en localidades: Como arriba se vio, los actos legislativos que dieron origen a la creación de los distritos especiales de la Costa Atlántica tuvieron como propósito extender el régimen jurídico especial de Bogotá a las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla; a esta conclusión se llega con facilidad a partir del estudio de la exposición de motivos de los proyectos correspondientes, y de lo dicho durante el debate parlamentario que llevó a la consagración de las respectivas reformas constitucionales, cuando expresamente se aludió a la intención de cubrir a dichas ciudades del litoral caribe con los “beneficios” del régimen especial de la capital de la República. De otro lado, la Constitución Política de 1991, proferida por la Asamblea Nacional Constituyente después de la erección de Cartagena y Santa Marta como distritos especiales, expresamente indica que, bajo el nuevo régimen constitucional instaurado, dichas ciudades “conservarán su régimen y carácter”. Por eso, la Sentencia C- 503 de 1993 reconoció que el régimen especial de estos distritos costeros correspondía al del Distrito Especial de Bogotá, trasformado por la Carta de 1991 en Distrito Capital, con arreglo a las prescripciones especiales que estableciera la ley. Además, en este mismo pronunciamiento la Corte afirmó que, interpretando la voluntad del constituyente, no sólo en Bogotá existía un “alcalde mayor”, sino que también en los distritos especiales de la Costa Atlántica el burgomaestre tenía tal calidad, con lo cual implícitamente reconoció la posibilidad de que en estos distritos existan alcaldes menores o locales, estos últimos con vocación administrativa sobre las localidades o alcaldías menores. De todo lo anterior se desprende que la posibilidad de dividir en localidades el territorio de los distritos especiales del litoral caribe es una facultad de estirpe constitucional. Además, la Corte estima que corresponde a la facultad también constitucional de los municipios de dividir sus jurisdicciones en comunas o corregimientos, competencia a que alude el artículo 318 superior. ” 4.17. Recientemente, en la Sentencia C-313 de 2009, al resolver una demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 19 de la Ley 617 de 2000, en el que se regula el tema de la viabilidad financiera de los distritos y municipios, la Corte se refirió nuevamente al régimen jurídico aplicable a los distritos especiales de la Costa Atlántica, destacando que el mismo “se integra con las disposiciones constitucionales correspondientes, las leyes especiales dictadas para ellos, las normas especiales de remisión expresa y, en lo no regulado por éstas, con las normas legales que conforman el régimen municipal ordinario”. El punto fue explicado en el citado fallo, de la siguiente forma:
“4.1.4. Esta especificidad de los distritos que los sustrae del régimen ordinario de los municipios, se aprecia claramente en los actos de creación de los distritos, antes y después de la vigencia de la Constitución de 1991. Desde que Bogotá se erigió como Distrito Especial a través del Acto Legislativo 1 de 1945, se dispuso que el régimen municipal ordinario no lo cobijaría, posición que fue reiterada más adelante en el Decreto 3640 de 1954, que organizó al Distrito Especial, cuando en su artículo primero se dispuso que “La ciudad de Bogotá, capital de la República, se organiza como un Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario”. Tal posición de exclusión del régimen ordinario se reproduce en los actos legislativos 1 de 1987 y 3 de 1989, que erigen como distritos a Cartagena y Santa Marta respectivamente, dotándolos de un estatuto especial sobre su régimen fiscal, administrativo y su fomento económico, social y cultural; para el caso de Santa Marta se contempla la exclusión expresa de la aplicación de las normas ordinarias relativas a los municipios. Una vez dictada la Constitución de 1991, se siguió en la línea de la independencia de los distritos frente al régimen municipal, determinando la existencia de un régimen especial, concibiendo las normas generales que regulan los municipios como subsidiarias, frente a las especiales dictadas como régimen de los distritos . Igualmente, los dos distritos creados con posterioridad a la Constitución de 1991 – Barranquilla y Buenaventura -contemplan en sus actos de creación que su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los municipios”.
“al examinar el articulado del proyecto, se tuvo en cuenta las consideraciones que sobre el tema de los Distritos ha sentenciado la h. Corte Constitucional C-503 de 4 de noviembre de 1993, M.P. Doctor Antonio Barrera Carbonell. En ella conceptuó que el régimen constitucional que regula al distrito Capital de Santafé de Bogotá, debe ser igual e incluso aplicable a éstos. Siendo así las cosas, las normas para los Distritos inexorablemente deben guardar semejanza con las del Distrito Capital, con arreglo a las prescripciones especiales que establezca la ley que así lo desarrolle.” 4.19. Así las cosas, aun cuando es cierto que los Distritos Especiales de la Costa Atlántica, por su condición de tal, se encuentran sometidos a un régimen legal propio, que implica sustraerlos del régimen ordinario de los municipios, una interpretación sistemática de la Constitución permite concluir que es posible extenderles a éstos, la aplicación supletoria de las normas que rigen para el Distrito Capital y las previstas para los municipios, en caso de vacíos normativos que puedan surgir de la ley especial que las cobija.
5.	Decisión inhibitoria por presentarse el fenómeno de la ineptitud sustantiva de la demanda
5.1. De acuerdo con lo esbozado en el apartado anterior, para la Corte es claro que la demanda bajo análisis se estructura a partir de una interpretación errada, tanto de las disposiciones constitucionales que regulan el tema referente a los Distritos Especiales (C.P. arts. 322 a 327 y 328), como del precepto que dio origen al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (Acto Legislativo 3 de 1989). Según quedó explicado, de las normas superiores que el actor invoca como violadas, no puede deducirse que exista una supuesta “reserva de ley” respecto del régimen especial que gobierna al Distrito de Santa Marta, que impida que le sean aplicables de manera subsidiaria, las disposiciones vigentes para el Distrito Capital y para los municipios, conforme lo prevé la norma impugnada. 5.2. Tal y como se desprende del texto del artículo 2° de la Ley 768 de 2002, acusado en esta causa, los Distritos Especiales de la Costa Atlántica son entidades territoriales que tienen un régimen especial autorizado por la Constitución, en los que sus órganos y autoridades están provistos de atribuciones diferentes a las fijadas para los municipios en el régimen ordinario que los rige. A partir de tal premisa, la norma en cita introduce una cláusula general de interpretación, según la cual, las normas especiales deben primar sobre las normas generales, previendo también una aplicación supletiva de las disposiciones que rigen para el Distrito Capital y para los demás municipios, en caso de vacíos normativos que puedan surgir de la ley especial.
5.6. Atendiendo a lo dicho, no queda duda que la presente demanda es inepta, pues en ella no se estructura un verdadero cargo de inconstitucionalidad. Como ha sido explicado, la acusación formulada carece de certeza y pertinencia, toda vez que no recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada, como lo exigen los citados requisitos, sino sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor, a partir de una interpretación equivocada que el mismo hace de las disposiciones constitucionales que cita como violadas. Bajo esas condiciones, no es posible llevar a cabo la confrontación objetiva entre las disposiciones constitucionales citadas y la norma legal impugnada, propia del juicio de inconstitucionalidad, pues para ello es necesario que la acusación se apoye en contenidos normativos reales y ciertos, situación que no se presenta en el caso bajo estudio.
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo acerca de la expresión “ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios”, contenida en el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 768 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda. Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

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