Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632253.html
Timestamp: 2019-03-24 11:04:57+00:00

Document:
as201632253
Auto Supremo Nº 253/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.384/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 209 vta. a 211, interpuesto por Olga Duran Uribe y Brenda Erika Siñani Rojas, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 106 de 30 de marzo de 2015 de fs. 206 a 207, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de reclamación de pensiones, seguido por Nancy Hurtado Alpire Vda. de Heredia, contra la entidad recurrente, la respuesta de fs. 217 a 218, el Auto que concedió el recurso de fs. 219 y vta.; los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de renta única de vejez interpuesto por Nancy Hurtado Alpire Vda. de Heredia, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, pronunció la Resolución N° 00001749 de 19 de mayo de 2014 de fs. 147 a 148, resolviendo desestimar la renta única de viudedad solicitada por Nancy Hurtado Alpire Vda. de Heredia, de conformidad al art. 32 del Manual de Prestaciones de Renta en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) aprobado por Resolución Secretarial (RS) N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 y art. 46 del Código de Familia (CF).
Que, al derechohabiente impugna la Resolución Nº 00001749, mediante recurso de reclamación de fs. 149 a 150, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR mediante Resolución Nº 741/14 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 156 a 160, confirmando la Resolución Nº 00001749, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas cursante de fs. 147 a 148.
Ante esta determinación, la derechohabiente interpuso recurso de apelación de fs. 186 vta. a 187, que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 106, por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que revocó las Resoluciones Nos 00001749 de fecha 19 de mayo de 2014, emanada por la Comisión Calificadora de Rentas y la Resolución de la Comisión de Reclamación 741/14 de fecha 29 de septiembre de 2014, ordenando a la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, la calificación de la Renta de Viudedad en favor de Nancy Hurtado Alpire en su calidad de derechohabiente de Julio Heredia Farel, a partir de diciembre del 2012. Sin Costas.
Ante esta determinación, las representantes del SENASIR interpusieron de fs. 209 vta. a 211 recurso de casación en el fondo, manifestando:
Que, el tribunal ad quem al emitir el auto de vista recurrido, transgredió el art. 141 del CF, ya que el tribunal de sala estableció de manera errada que la declaración de divorcio se retrotrae al momento de la celebración, siendo que de conformidad al mencionado artículo la sentencia de divorcio disuelve el matrimonio desde el día en que pasa en autoridad de cosa juzgada y en el presente caso el proceso de divorcio ingresó al sistema Ianus el 29 de enero de 2013, es decir dos meses después del fallecimiento del señor Julio Heredia Farel y obtuvo la calidad de cosa juzgada en fecha 09 de enero de 2014, lo que demostraría que hasta esa fecha la señora Nancy Hurtado Alpire no contaba con libertad de estado, tomando en cuenta que la señora Nancy Hurtado estaría unida en matrimonio con el señor Ignacio Céspedes, habiéndose llevado un proceso de divorcio en contra de Ignacio Céspedes de manera posterior al fallecimiento del causante; acotan en este entendido que para considerar la libertad de estado la misma está determinada cuando no existe otro matrimonio y en este caso si existió otro matrimonio.
Que, el art. 172 del CF, menciona: “no producen los efectos anteriormente reconocidos las uniones inestables y plurales así como las que no reúnen los requisitos prevenidos por los arts. 44, 46 al 50 del presente código aunque sean estables y singulares”; por lo que, si bien Nancy Hurtado tuvo una vida en común con Julio Heredia de acuerdo a la verdad material estaba viciada por tener la señora Hurtado un matrimonio anterior por lo que existe una mala interpretación y aplicación de dicha normativa.
Que, se ha violado el art. 52 del Código de Seguridad Social (CSS), al señalar que el matrimonio es válido, no tomando en cuenta que: “la viudedad se pagará a la esposa o a falta de esta a la conviviente que hubiere estado inscrita como tal en los registros de la caja por lo menos un año antes del fallecimiento del causante, siempre que no hubiese existido impedimento legal para contraer matrimonio…”, de conformidad al mencionado art. 52; en el presente caso existe un impedimento legal para contraer matrimonio, puesto que el causante se encontraba casado con anterioridad.
Que, el Auto de Vista Nº 106, habría transgredido el art. 46 del CF ya que no puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior, ya que se pretende reconocer un matrimonio sobrepasando la ley y los preceptos establecidos en normas vigentes.
Nuevamente hacen mención a los arts. 172 y 141 del CF, y art. 52 del CSS, bajo los mismos parámetros enunciados anteriormente.
Que el auto de vista del tribunal ad quem obvia la parte final del art. 34 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial (RS) N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 que menciona “si la conviviente estuvo casada y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada y cuando hubieren quedado dos o más concubinas situación que será comprobada mediante procedimiento especial”
Concluyen solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia case el auto de vista recurrido y confirme las Resoluciones de la Comisión de Reclamación N° 00001749 de fecha 19 de mayo de 2014 y Resolución de la Comisión de Reclamación N° 741/14 de fecha 29 de septiembre de 2014, sea previa las formalidades de rigor.
Que, en el presente caso, las representantes del SENASIR, cuestionan el fallo del Tribunal de segunda instancia por haber ordenado a favor de la derecho habiente la calificación de la renta de viudedad a partir del mes de diciembre del 2012, transgrediendo de esta manera los arts. 46, 141 y 172 del CF, art. 52 del CSS y 34 del MPRCPA aprobado por RS N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
Que, en cuanto a que el tribunal ad quem al emitir el auto de vista recurrido, transgredió el art. 141 del CF, debido a que el tribunal de sala estableció de manera errada que la declaración de divorcio se retrotrae al momento de la celebración, siendo que de conformidad al mencionado artículo la sentencia de divorcio disuelve el matrimonio desde el día en que pasa en autoridad de cosa juzgada, lo que demostraría que la señora Nancy Hurtado Alpire no contaba con libertad de estado.
Que, de obrados se observa a fs. 85 fotocopia legalizada de 23 de julio de 1977 afiliación a la caja ferroviaria de seguro social en la cual dentro de los beneficiarios en el numeral 3, se encuentra el nombre de la demandante Nancy Hurtado Heredia como esposa, bajo la matrícula 515705-HAN; demostrando con esta documentación que para todos los derechos en salud la cónyuge era Nancy Hurtado Alpire; de fs. 86 a fs. 88 se tienen tres certificados de nacimiento de sus hijos (originales), los cuales evidencian los nombres de Marilin, María Lourdes y José Eduardo Heredia Hurtado, estableciéndose los nombres de los padres como Julio Heredia Farell (padre) y Nancy Hurtado Alpire (madre), estando claramente establecido que hubo una convivencia en la cual procrearon hijos y por lo que se deduce que tuvieron un hogar en común; a fs. 90 cursa el certificado de matrimonio entre Julio Heredia Farell y Nancy Hurtado Alpire, de fecha 16 de abril de 1983, en este aspecto se denota que hubo una unión matrimonial legal entre un hombre y una mujer para la comunidad de la vida, por 29 años y que solo la muerte los separó; a fs. 117 corre el certificado de defunción de Julio Heredia Farel por insuficiencia respiratoria aguda, acreditando su fallecimiento en fecha 15 de noviembre de 2012; a fs. 118 la solicitud de renta por derecho habiente presentada al SENASIR el 23 de noviembre de 2012 por Nancy Hurtado Heredia; de fs. 122 a fs. 126 se adjunto el testimonio de algunas piezas del expediente original del proceso ordinario de divorcio seguido por Nancy Hurtado Alpire contra Ignacio Céspedes Flores, acreditando que dicha sentencia de desvinculación matrimonial se encuentra debidamente ejecutoriada.
Que, evidentemente, como manifiesta el Auto de Vista N° 106, el art. 32 del MPRCPA aprobado por RS N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, en su parte in fine establece como condición para ser titular del derecho reclamado es la convivencia por dos o más años con el de cujus, presupuesto cumplido y explicado en el auto de vista.
Que, el art. 97 del CF establece los deberes comunes por el cual los esposos se deben fidelidad, asistencia y auxilios mutuos. Están obligados a convivir en el domicilio conyugal elegido por ambos. En este aspecto se evidencia que ellos convivieron juntos, tuvieron hijos, habitaron un domicilio conyugal; y para su entorno social estuvieron casados legalmente, desde el 16 de abril de 1983 hasta la fecha de fallecimiento del esposo (noviembre de 2012).
Que, la función principal del SENASIR, es el de proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar, en este aspecto la seguridad social es un conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra riesgos en situaciones de necesidad, es un instrumento jurídico y económico que establece el Estado de otorgar buena calidad de vida, para que las personas que habitamos en nuestro territorio nacional tengan las condiciones económicas para llevar una vida digna.
Que, los tratadistas Sainz García y Sánchez León, en sus obras “Diez años de reformas a la seguridad social en México” y “Derecho mexicano de la seguridad social” respectivamente, consideran a la seguridad social, como “la más alta expresión de la solidaridad humana entre los trabajadores, como un conjunto de normas jurídicas de orden público que tienden a realizar la solidaridad social”; la seguridad social es una forma de proteger a la clase trabajadora en sus relaciones de trabajo subordinado, cuando el producto de su trabajo es la fuente principal de subsistencia. Su finalidad es garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas, para hacer frente a determinadas contingencias que pueden situar a la persona (y a quienes dependan de ella) en situación de necesidad.
La seguridad Social tiene como principal función proteger la vida, en este sentido la Sentencia Constitucional (SC) Nº 1560/2010-R de 11 de octubre de 2010 dice: “El derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos por el art. 15.I de la Constitución Política del Estado (CPE). Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección (SC Nº 0687/2000-R de 14 de julio)”,
Respecto al derecho a la salud, “El derecho a la salud previsto por el art. 18.I de la CPE, y desarrollado por los arts. 35 al 44 de dicha norma Suprema, Sección II 'La Salud y a la Seguridad Social' del Capítulo Quinto sobre los 'Derechos Sociales y Económicos', Título Segundo 'Derechos Fundamentales y Garantías', de la Primera Parte de la 'Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías', es 'el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social que garanticen el mantenimiento de esas condiciones.
El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'. SC Nº 0026/2003-R de 8 de enero. Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que la salud es un valor y fin del Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien, como previene el art. 8.II de la CPE; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9.5 de la CPE, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”;
El derecho a la seguridad social, se halla desarrollado en la Sección II 'La Salud y a la Seguridad Social' del Capítulo Quinto sobre los 'Derechos Sociales y Económicos', Título Segundo 'Derechos Fundamentales y Garantías', de la Primera Parte de la 'Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías' de la Constitución Política del Estado, concretamente en el art. 45.I, determina que: 'Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social'.
La jurisprudencia constitucional señaló que el derecho a la seguridad social es: “… la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares' (SC Nº 0062/2005 de 19 de septiembre).
Este derecho, derivado del derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el 'vivir bien', consecuentemente, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien sostiene, dirige y administra, por tanto, también es responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, puesto que el art. 45.II de la CPE establece el control y participación social”.
Que, en este contexto el art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia siendo inembargables e imprescriptibles.
La Ley Fundamental vigente, en el Capítulo Quinto de la Segunda Parte, derechos sociales y económicos, en la Sección II, desarrolla los derechos a la salud y a la seguridad social. Así sobre este último derecho, el art. 45 de la CPE, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia.
Por otro lado, debemos considerar que el derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, conocido como "Norma Mínima en Seguridad Social", También fue reconocido en el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuando señala: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad", Por su parte, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH), en el artículo XVI, señala: "Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia".
Conforme a dichas normas, el derecho a la seguridad social se encuentra íntimamente vinculado con otros derechos fundamentales, como lo reconoció el Preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en el que se sostuvo que existe una estrecha relación “entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble, que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”.
Que, en el caso de autos, de acuerdo a todo el análisis y razonamiento realizado se tiene la certeza de que la cónyuge supérstite acompañó a su esposo desde la fecha de su matrimonio hasta los últimos días de su vida así lo establecen las documentales adjuntadas, siendo esta una verdad irrefutable.
Que, existe una verdad “la verdad material” por la cual se debe lograr una decisión adecuada por parte de la administración pública.
En ese razonamiento, el SENASIR debe tener en cuenta que los aportes realizados por los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que el SENASIR con cualquier pretexto sin fundamento legal pretenda negar, un derecho que les corresponde incurriendo en excesiva retardación de los trámites, como en este caso, en grave perjuicio para la derecho habiente de la renta de viudedad o vejez.
En consecuencia, las supuestas violaciones de las normas señaladas por la institución recurrente no son evidentes, al contrario el tribunal de alzada aplicó correctamente las normas vigentes y la constitucional como norma suprema que rigen la materia, por lo que corresponde resolver en la forma prevista por los arts. 271.2 y 273 del CPC, aplicables por disposición de los arts. 630 y 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS) y 32 del MPRCPA aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 209 vta. a 211, interpuesto por el SENASIR.
Sin costas, por mandato del art. 39 de la Ley 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990, y artículo 52 del Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
in fine
 artículo 52