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Timestamp: 2020-08-10 06:15:14+00:00

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POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD JUDICIAL: PIDEN DESTITUCIÓN DEL RECTOR Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UDCH
Autoridades de la Universidad de Chiclayo incumplen hace dos años sentencia que ordenó nuevas elecciones para la Asamblea Universitaria.
Dos años después que el Poder Judicial ordenara que la Universidad Particular de Chiclayo y su Comité Electoral realicen un nuevo proceso eleccionario para la designación de representantes de docentes ante la Asamblea Universitaria, la sentencia sigue sin cumplirse, lo que configura un flagrante desacato a la autoridad jurisdiccional, razón por la que se ha requerido la destitución del actual rector Alberto Ortiz Prieto, pero además de los integrantes del máximo órgano de gobierno de la casa superior de estudios.
El mandato dispuso que las nuevas elecciones se celebrasen con las mismas listas y los mismos integrantes que participaron en las votaciones del 23 de enero del 2017: “Docencia Universitaria Independiente” (DUI) y “Organización de Facultades Unidas” (OFU).
Durante este tiempo, ante la renuencia de las autoridades de la universidad, el Poder Judicial realizó varios requerimientos. Uno de ellos es el que se concretó con la Resolución N° 15, del 6 de agosto del año pasado, con la que ordenó el cumplimiento de la sentencia en un plazo máximo de cinco días bajo apercibimiento de multa, mandato que fue desatendido.
El 20 de diciembre del 2018, con la Resolución N° 18, el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo volvió a presentar el requerimiento, otorgando tres días de plazo para que se cumpla con la sentencia bajo apercibimiento de multa, el mismo que tampoco fue atacado, tan igual como sucedió con la Resolución 22, del 4 de marzo de este año. En esta última resolución se otorgó tres días para el cumplimiento de la sentencia en todos sus extremos en un plazo de tres días, esta vez bajo apercibimiento de denuncia al amparo del Artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Nuevamente la UDCH hizo caso omiso.
El caso se inició tras la presentación de un recurso de amparo presentado por los exdocentes Nelson Espinoza Guerrero, Juan Prado Quispe, Germán Galecio Carrera, Geni Cueva Caramantín y María Farro Arboleda.
Lejos de dar cumplimiento al mandato, el 11 de enero de este año la Universidad Particular de Chiclayo solicitó la extromisión del proceso de los amparistas, solicitud que fue declarada improcedente por el Poder Judicial el 22 de enero.
En marzo último, cuando el juzgado emitió la Resolución 22, resolvió también oficiar al Ministerio Público para que determine la responsabilidad penal de los demandados por desobediencia y resistencia a la autoridad, remitiendo copias certificadas de las piezas procesales pertinentes.
Con ello se generó el Caso N° 2847-2019, actualmente en etapa de investigación preliminar en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, en el que resulta como imputado Alberto Ortiz Prieto, rector de la Universidad Particular de Chiclayo, y agraviado el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, cuyo mandato se encuentra pendiente de cumplimiento.
A ello se suma que el 2 de mayo, con Resolución 26, el juzgado declaró improcedente la solicitud presentada por la universidad para que se aplique la conclusión y archivo del proceso pese a que no se ajustó a los mandatos judiciales, ordenándole que en tres días “cumpla con indicar el procedimiento realizado para el nuevo acto eleccionario para representantes de los docentes a la Asamblea Universitaria, esto es, cómo se eligieron los Comités Electorales, debiendo acompañar las actas de dichas asambleas”.
Asimismo, se dispuso que la universidad informe sobre la situación laboral de los docentes que presentaron el recurso de amparo que dio origen al proceso, los mismos que fueron despedidos por la administración de la casa superior de estudios. A estos nuevos requerimientos la UDCH también se ha mantenido renuente.
Por el contrario, el 11 mayo la universidad publicó en el Diario La República la convocatoria a elecciones para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud para el 20 de ese mes, convocado por un Comité Electoral sin tener en cuenta la legalidad de los comités electorales. A decir de los amparistas, esto representa una burla y desobediencia reiterada a los mandatos judiciales.
“Tenemos dos años de notificada la sentencia con el mandato judicial sin cumplir, tres requerimientos de cumplimiento, un apercibimiento de desobediencia a la autoridad en ejecución, un apercibimiento de multa, un requerimiento de informe sobre los Comités Electorales formados, y todo sin cumplimiento que desnaturaliza el Artículo 22 del Código Procesal Constitucional, pues la sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa en sus propios términos por el juez de la demanda y deben cumplirse bajo responsabilidad”, afirma Juan Prado Quispe.
Explica que la sentencia emitida por el Quinto Juzgado Civil, que ordenó el nuevo proceso eleccionario para la designación de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria, es de actuación inmediata, pues se violaron los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos.
“Siendo un proceso judicial constitucional, al desacatar el mandato, burlándose del órgano jurisdiccional, el agravio constitucional es de gran magnitud, por lo que hemos requerido que la Universidad Particular de Chiclayo cumpla la sentencia en sus propios términos, realizando un nuevo proceso electoral ordenado e informe al juzgado sobre el modo de conformación de los comités electorales en el plazo de tres días bajo apercibimiento de destitución del cargo del rector responsable Alberto Ortiz Prieto”, señala.
Prado Quispe ha solicitado al juzgado hacer extensivo el apercibimiento de destitución de sus cargos en la universidad a los miembros del Consejo Universitario, debido a que es este órgano el que arribó al acuerdo Resolución N° 125-2019-CU-UDCH y a la Resolución N° 191-2019-CU-UDCH, con la que se convocó a elecciones para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud.
“Con estas publicaciones queda debidamente verificado que los miembros integrantes del Consejo Universitario al ordenar la publicación, a sabiendas que no se ha regularizado el funcionamiento de la Asamblea Universitaria y sus Comités Electorales, están también desacatando e incumpliendo el mandato judicial, constituyendo una actitud desafiante al órgano jurisdiccional. Estará a salvo quien haya tenido voto discordante”, precisa Prado Quispe.
De conformidad con el Artículo 58 de la Ley Universitaria N° 30220, concordante con el Artículo 14 del Estatuto de la UDCH, “el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la Universidad”, y está integrado por el rector (que lo preside), los vicerrectores, un cuarto del número total de decanos elegidos por y entre ellos, el director de la Escuela de Posgrado, los representantes de los estudiantes regulares que constituyen el tercio del número total de los miembros y un representante de los graduados con voz y voto.
“Los acuerdos se adoptan en sesión del Consejo Universitario y deben constar en acta respectiva y se publican mediante resolución. Entonces es en sesiones, donde se adoptaron los acuerdos de publicar las convocatorias a actos electorales, autorizando al Comité Electoral las publicaciones mencionadas, en fragrante desafío al órgano judicial, por lo que deben ser comprendidos en el desacato y desobediencia a su autoridad”, indica Prado Quispe.
El exdocente añade que como quiera que se desconoce a los integrantes del Consejo Universitario, con excepción del rector, se ha pedido al Quinto Juzgado Civil de Chiclayo que ordene a este alcanzar la nómina personalizada de los miembros del Consejo Universitario a mayo del 2019, lo que permitiría individualizar la imputación de resistencia y desobediencia a la autoridad; bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad y remisión de partes al Ministerio Público para los efectos pertinentes.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 22
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 22
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 58
 Artículo 14