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Timestamp: 2019-04-22 10:57:31+00:00

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﻿ Sentencia 2013-00021 de octubre 23 de 2013
SENTENCIA 2013-00021 DE 23 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:NOMBRAMIENTO DE SUPERINTENDENTES. EN LA DESIGNACIÓN DE ESTOS SERVIDORES PÚBLICOS, LA POTESTAD NOMINADORA ES EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. POR TANTO EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS SUPERINTENDENTES NO ES NECESARIO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA FIRMA DE LOS MINISTROS, YA QUE SON ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO CORRESPONDEN A ACTOS DE GOBIERNO, SINO A ACTOS POTESTATIVOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EXPEDIDO COMO SUPREMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, RECURSO DE SÚPLICA, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENTE, NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE
Sentencia 2013-00021 de octubre 23 de 2013
Dr. Susana Buitrago Valencia
Expediente 11001-03-28-000-2013-00021-00
Demandantes: Tito Llerena Salazar y otro
Demandado: Luis Fernando Lozano Forero, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
Acción de nulidad electoral - Recurso ordinario de súplica
Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil trece.
2.1. Oportunidad y procedencia del recurso.
De conformidad con el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “... el auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica”. En este caso, se trata de un proceso de nulidad electoral de única instancia y se recurre la decisión de ponente que desestimó las excepciones previas de “indebida integración del litisconsorcio pasivo necesario y de falta de legitimación en la causa por pasiva”, que, respectivamente, propusieron el demandado y el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la primera audiencia, que tiene por objeto proveer al saneamiento del trámite del proceso, fijar el litigio y decretar pruebas de conformidad con los artículos 283 y 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Esa decisión se notificó en estrados y fue recurrida en súplica por el apoderado de la Presidencia de la República en la misma diligencia. Entonces, se tiene que el recurso es procedente y se interpuso y sustentó en término.
2.2. Cuestión previa.
Si bien en el acta de la audiencia se dejó constancia de que el demandado, señor Luis Fernando Lozano Forero, coadyuvó los argumentos expuestos en el recurso de súplica que presentó el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es necesario precisar que en su debida oportunidad no recurrió la decisión que negó la excepción por él propuesta. Por el contrario, manifestó que “acogía lo decidido por el despacho”.
Solo hasta después de que el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República sustentara la súplica, el demandado afirmó que coadyuvaba la presentación de dicho recurso. Por esta razón, no se atenderá su coadyuvancia.
2.3. Tema a resolver.
Se trata de establecer si como lo planteó el recurrente, el auto admisorio de la demanda debe notificarse al Ministerio de Defensa Nacional, debido a que esta cartera intervino en la adopción del acto acusado y de conformidad con lo que señala el numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o si, por el contrario, como lo concluyó el despacho ponente, basta con notificarlo al Presidente de la República, por intermedio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, toda vez que fue la autoridad que lo expidió.
2.4. De la decisión sobre la súplica.
El recurrente solicita que al presente proceso de nulidad electoral se vincule al Ministerio de Defensa Nacional, debido a que el acto demandado se produjo con su concurso.
Al respecto, la Sala analiza lo siguiente:
El nombramiento de los superintendentes, de conformidad con el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, es facultad atribuida al Presidente de la República, solo él interviene en la nominación. En consecuencia, en la designación de estos servidores públicos la potestad nominadora es exclusiva del Presidente de la República.
Además de lo anterior, es imperioso tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política, que señala:
“ART. 115.—El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.
El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el ministro o director de departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el gobierno.
Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables” (destacado fuera del texto original).
Del estudio de la anterior norma, precisa la Sala que los actos de nombramiento y remoción de los Superintendentes también hacen parte de la excepción establecida en el artículo transcrito, toda vez que es una potestad exclusiva del Presidente de la República en virtud de su calidad de suprema autoridad administrativa.
Entonces, en el caso del decreto acusado, el acompañamiento al Presidente por parte del Ministro de Defensa Nacional, con su firma, no constituye requisito de validez del mismo, pues se trata de un acto administrativo que no corresponde propiamente a un acto de gobierno, sino a un acto potestativo del Presidente de la República, expedido como suprema autoridad administrativa.
Por otra parte, se debe aclarar que cuando el numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, alude a la necesidad de notificar el auto admisorio también a la entidad que intervino en su adopción, se refiere a la autoridad que ha participado en el trámite previo de postulación de los candidatos, cuando la elección de que se trate comporte esta etapa inicial, que no es el caso presente.
Se advierte, que para ocupar el cargo de Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada no se requiere de la postulación de candidato por el Ministerio de Defensa Nacional. El Presidente de la República, en uso de la facultad directa y autónoma que le otorga la Constitución Política, lo designa.
Respecto de la alegación del suplicante en el sentido de que en el presente caso la regla de representación que se debe aplicar para determinar a quien se notifica el auto admisorio de la demanda de nulidad electoral, instaurada contra el acto de designación del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada que profirió el Presidente de la República con la firma del Ministro de Defensa, no debe ser la que preceptúa el inciso 5º del artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sino el segundo, la Sala responde que el Presidente de la República está representado para efectos judiciales, cuando se trata de demandas contra actos que él produjo como suprema autoridad administrativa y para cuya validez excepcionalmente esos actos no requieren de la firma del ministro del ramo correspondiente, (como es el caso de los actos de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, a la luz del artículo 115 superior), por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pues se reitera, en tales actos administrativos no es exigencia ad substantiam actus que estén suscritos y sean comunicados por el ministro del ramo respectivo.
Por lo tanto, el auto admisorio de la demanda en este caso, estuvo bien notificado al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en su calidad de representante judicial del señor Presidente de la República, dada la naturaleza jurídica del acto demandado en el cual él actuó como suprema autoridad administrativa y porque se trata de la designación de un acto de nombramiento que es de su exclusiva potestad.
En consecuencia, no se suplicará la decisión pues no hay lugar a declarar probada la excepción previa que se propuso por falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por indebida integración del contradictorio, al no haber notificado el auto admisorio de la demanda al señor Ministro de Defensa Nacional.
No obstante lo anterior, y comoquiera que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y por ende puede asistirle interés en las resultas de este proceso, se considera que a título no de demandado sino de interesado, debe notificársele el auto admisorio de la demanda.
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará el auto suplicado y ordenará notificar, como posible interesado en las resultas del proceso, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, toda vez que el parágrafo del artículo 76 de la Ley 1151 de 2007 la dotó de personería jurídica.
En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
1. CONFÍRMASE el auto suplicado.
2. NOTIFÍQUESE, como posible interesado en las resultas del proceso, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
3. DEVUÉLVASE el expediente al despacho de la consejera ponente, doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, para que continúe su trámite.

References: artículo 180
 artículo 277
 artículo 189
 artículo 115
 artículo 277
 artículo 159
 artículo 115
 artículo 76