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Timestamp: 2020-04-02 12:07:26+00:00

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¿Es la subcontratación causa de la siniestralidad laboral?
El gobierno planea la regulación de la subcontratación. Esto podría obligar a las empresas principales a contratar a los empleados de la subcontrata.
Todos los analistas de Prevención de Riesgos Laborales coinciden en apuntar a la subcontratación como una de las principales causas que influyen en la siniestralidad. Sin duda esta , a demás de la precariedad laboral, es una de las causas que pueden haber inducido a la regulación de la subcontratación.
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La descentralización productiva ha hecho que la actividad de empresas contratadas para la prestación de servicios tengan una gran influencia dentro de los procesos de las propias organizaciones.
También lo tienen en sus resultados, es por ello, que los procesos de selección de contratas, la evaluación de sus competencias y el cumplimiento por éstas, tanto de la normativa legal como las normas internas de las que se doten las organizaciones, se ha convertido en una necesidad para garantizar su éxito.
De esta forma las diferentes normas ISO contemplan expresamente la necesidad por parte de las organizaciones de establecer procesos de control y seguimiento de la actividad de las contratas.
La norma ISO 9001:2015 establece que se deberá controlar que las empresas externas cumplen sus especificaciones cuando:
Los productos y servicios son proporcionados por proveedores externos para su incorporación en los productos y servicios propios de la organización
Los productos y servicios son proporcionados directamente al cliente por los proveedores externos, en nombre de la organización
Un proceso o parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo, como resultado de una decisión de la organización de externalizar un proceso o función.
En estos casos la organización debe establecer y aplicar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y re-valuación de los proveedores externos, con base en su capacidad para suministrar procesos, productos y/o servicios, de acuerdo con los requisitos especificados.
«… la organización debe establecer y aplicar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y re-valuación de los proveedores externos…»
El control de los contratistas tampoco es ajeno a la norma ISO 14001:2015 . Ésta establece que todos los procesos contratados de forma externa tienen que ser controlados por la organización y tiene que quedar definidos dentro del Sistema de Gestión Ambiental de tal modo que quede especificado el grado de control que se ha de aplicar a los diferentes procesos contratados de manera externa.
La ISO 19600 Sistema de gestión de compliance en su punto 8.3 contempla los procesos de externalización y establece que estos deben ser controlados y se debe realizar un seguimiento sobre los mismos.
Deja claro la norma que la externalización de las operaciones de una organización no le libera de sus obligaciones legales. Sus responsabilidades de compliance deben extenderse a aquellas y solicitar a la empresa a la que se le haya externalizado alguna de las actividades de la organización que cumpla con sus estándares y compromisos de compliance, asegurándose que estos no son rebajados.
La organización debe tener en cuenta los riesgos compliance relacionados con los procesos externalizados y establecer controles sobre los contratistas para asegurarse que cumplen con sus requisitos y con los contenidos del contrato de forma eficaz.
También en el borrador de la ISO 45001, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se contempla expresamente la relación con los contratistas. En su punto 8.5 establece cuales son los procesos que se deben implantar en la organización.
Contempla varios supuestos de relaciones entre la organización y los contratistas. En todos ellos de deberán establecer los procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos.
Los supuestos que pueden ser fuentes riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores son:
Las actividades y operaciones de los trabajadores de los contratistas para los trabajadores de la organización.
Las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas.
Las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar del trabajo.
Las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas
Estos procesos de identificación y comunicación de riesgos ya vienen recogidas en el Real Decreto 171/2004 , por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de coordinación de actividades empresariales. Así como, la obligación de las contratas de incluir estos riesgos en su evaluación de riesgos para evaluarlos y establecer las medidas correctoras adecuadas, para su control.
Además, la norma establece que se deben establecer los procesos para asegurar que los contratistas y sus trabajadores cumplen con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud de la organización, a través de sistemas de seguimiento y control de la actividad de los contratistas y sus trabajadores.
Por último, establece la necesidad de que los procesos establezcan los criterios de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir las contratas de tal forma que su cumplimiento debe ser condición previa para su homologación y su incumplimiento motivo para que el contratista no pueda acceder a nuevas contrataciones.
«… todas las normas ISO comentadas contemplan la necesidad de establecer procesos de control de la actividad de las empresas contratistas..»
En conclusión vemos que todas las normas ISO comentadas contemplan la necesidad de establecer procesos de control de la actividad de las empresas contratistas de tal forma que se pueda garantizar que cumplen con los requisitos de sus sistemas de gestión.
Estos procedimientos deben contemplar con carácter previo a la contratación que los contratistas cumplen con los requisitos del sistema a través de un proceso de homologación y posteriormente un sistema de control del cumplimiento del sistema y del desempeño y una reevaluación en base a los resultados.
Estos procesos de adecuación de los contratistas a los diferentes sistemas tienen que estar documentados.
En este orden de cosas e-coordina se presenta como una herramienta especialmente eficiente para la gestión y control documental de los requisitos, incluido el del cumplimiento normativo (compliance) no solo para la coordinación de actividades empresariales, sino para el resto de requisitos que contemplan el conjunto de normas ISO.
Íñigo Martínez Sola
Los responsables de Salud Laboral destacan la necesidad de establecer sistemas de gestión CAE
Un 40 % de los accidentes que sufren los trabajadores en la industria se produce entre los empleados de empresas subcontratadas.
Recientemente se ha celebrado en Bilbao la Feria de Subcontratación. En ésta hizo acto de presencia el Director del Instituto Vasco de Salud Laboral-OSALAN, Alberto Alonso. Alonso hizo hincapié en la necesidad de establecer un sistema de gestión de la coordinación de actividades empresariales, como informa aquí Eldiario.es
OSALAN pone de manifiesto que un 40 % de los accidentes de trabajo en la industria se produce en subcontratas. Los accidentados son los trabajadores de empresas subcontratadas que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa principal o titular.
Por otro lado, es común encontrarse en las publicaciones especializadas en seguridad y salud laboral noticias en que las empresas hacen gala de la inexistencia de accidentes en sus centros de trabajo, buscando prolongar los tiempos de carencia de accidentes de trabajo.
Estas dos situaciones parecen contradictorias y me hacen preguntarme si las empresas tienen en cuenta la accidentabilidad de los trabajadores de las subcontratas en sus estadísticas.
Cuando una empresa dice que en su centro de trabajo no ha habido accidentes de trabajo tiene en cuenta sólo sus trabajadores o también tiene en cuenta los trabajadores de las subcontratas que prestan sus servicios.
Desconocemos cual es la realidad de cada empresa. Desde el punto de vista preventivo, es claro, que debiéramos tener en cuenta todos los accidentes que se produzcan en nuestro centro de trabajo, tanto si los perjudicados son trabajadores de nuestra plantilla como si son trabajadores de subcontratas.
No cabe medir la seguridad con raseros dependiendo si los trabajadores son nuestros o son de terceras empresas, no cabe entender que a la hora de la seguridad existen trabajadores de diferentes categorías. La exigencia de las mismas medidas de seguridad a la hora de realizar las tareas, sean trabajadores propios o ajenos, ha de ser uno de los valores que deben regir el funcionamiento de todas las empresas.
Este principio debe recogerse en la política de seguridad y salud de cada empresa, debe ser aprobado e impulsado por la dirección y se tienen que establecer las correspondientes medidas de seguimiento y control de su cumplimiento.
Si desde los departamentos de compra, para la homologación de proveedores, se utilizan criterios financieros, de calidad, de cumplimiento de compromisos ,etc.. también se deben utilizar criterios de seguridad y salud laboral y dentro de estos , es fundamental el control de los índices de accidentabilidad de nuestros proveedores.
Hay que tener en cuenta el índice de frecuencia o el índice de incidencia y establecer el límite admisible, de tal forma que de superarse se desestime la contratación de la subcontrata.
Establecer unos criterios claros seguridad y salud laboral para la homologación de proveedores y hacerlos cumplir va a permitir que estas estadísticas que estamos manejando disminuyan notoriamente y que las empresas tengan en cuenta en sus estadísticas todos los accidentes.
Cuando nos planteamos como objetivo en nuestro centro de trabajo accidentes cero, deberemos integrar a nuestras contratas en el sistema. Una vez los hayamos realizado sabremos que cuando una empresa dice que en su centro de trabajo no ha habido accidentes es una realidad y no discriminará entre accidentes propios y ajenos.
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En este artículo queremos comentar la Norma Internacional SA8000 de Responsabilidad Social. Esta norma establece los requisitos a cumplir por los empleadores en el lugar de trabajo, incluyendo los derechos de los trabajadores, las condiciones en el centro de trabajo y los sistemas de gestión, basándose para ello en la legislación nacional de la empresa, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y los convenios de la OIT.
Under : Artículos técnicos
Validación documental Coordinación Actividades Empresariales
La Coordinación de Actividades Empresariales tiene como objetivo final conocer y prevenir los riesgos generados en situaciones de concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo. En última instancia, esta coordinación se lleva a cabo mediante un intercambio mutuo de documentación entre empresa titular del centro de trabajo y empresas contratistas y subcontratistas que realicen en dicho centro sus tareas.
Esa solicitud documental busca comprobar el correcto cumplimiento de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, al mismo tiempo que garantiza para la empresa titular que todas las empresas subcontratadas cumplen con los requisitos administrativos necesarios (pago de salarios a sus trabajadores, seguros sociales, responsabilidad civil, etc.).
Para controlar ese intercambio documental, e-coordina crea su software de gestión de la coordinación de actividades empresariales, que tiene como finalidad organizar esta parte documental de la prevención de riesgos laborales en relaciones de subcontratación. Realizar una buena CAE supone para nuestros clientes aumentar las garantías de que todas las empresas que realicen trabajos en sus instalaciones cumplen con las medidas preventivas exigidas por ley para con sus trabajadores.
Pero para que esta coordinación sea eficaz es imprescindible una correcta revisión de los documentos intercambiados entre empresa titular del centro de trabajo, contratas, subcontratas, proveedores, etc. Es decir, la coordinación de actividades empresariales se queda en un mero intercambio documental si la documentación entregada por estas empresas no es revisada bajo unos criterios basados en requisitos legales.
Por eso, desde e-coordina, ponemos a disposición de nuestros clientes a un equipo de profesionales especializados. Su trabajo consiste en unificar criterios de validación con cada uno de los clientes en función de requisitos legales en primer lugar, así como en función de sus necesidades específicas, para posteriormente revisar los documentos cargados por las empresas en coordinación y validar esa documentación, si procede, en base a dichos criterios. El permiso de acceso al centro de trabajo dependerá de si la documentación entregada es válida, de manera que exista un control efectivo sobre los trabajadores que acceden a las instalaciones de la empresa titular.
Para mitigar el efecto que estas exigencias documentales puedan tener sobre las contratas, este servicio se complementa, con un servicio de soporte técnico a contratas, vía telefónica o e-mail, pensado para solventar todas las dudas que puedan surgir con respecto al uso de la aplicación o la revisión documental y ayudar a las contratas de cada cliente en este proceso de intercambio documental.
Si quieres conocer más detalles sobre este y otros servicios ofrecidos por e-coordina, basta con que solicites información en este enlace o pidas una demo online gratuita.
Control de accesos en relaciones de subcontratación
Control de accesos cuando no hay garita de seguridad
Plataforma CAE, ¿quién ayuda a mis contratas?
Under : Actualidad e-coordina
En las relaciones de subcontratación, nos encontramos con empresas de diferente nivel, con diferente tipo de sociedad, de la misma o distinta actividad, autónomos con y sin trabajadores a cargo… Clientes, contratas y proveedores confluyen en un mismo organigrama en el que es necesaria una buena organización, tanto legal como efectiva, para cumplir con los principios de la prevención de riesgos laborales. Para conseguir esta buena organización, es fundamental planear y llevar a cabo una correcta coordinación de actividades empresariales.
Por eso, si optamos por usar un software o aplicación informática para la gestión de la coordinación de actividades empresariales, no es suficiente con un mero intercambio documental.
e-coordina, además de servir como gestor documental para la CAE como ya vimos en esta entrada, nos puede ayudar en la organización de todas las empresas con las que tenemos una relación de subcontratación. Dentro de una misma pantalla, podemos tener a golpe de vista un conocimiento de la situación real de empresas que acceden a cada uno de nuestros centros de trabajo, con el resultado – positivo o negativo – de su solicitud documental y los trabajadores, maquinarias y vehículos que estarán en nuestras instalaciones (o en las de nuestros clientes). Lo vemos más claro con el siguiente ejemplo:
En la imagen podemos ver un organigrama esquematizado con las diferentes empresas que acceden a cada centro de trabajo u obra – sean propios o de nuestros clientes -, así como sus trabajadores, maquinaria vehículos. En cada línea tenemos una columna de «preselección» que establece la solicitud documental que hemos elegido para cada una de las empresas, en función de su tipo de sociedad (empresas con asalariados, autónomos sin asalariados, etc.) y/o su actividad (empresas de mantenimiento, transportistas, contrata o subcontrata de obra, etc.).
Estas preselecciones se configuran previamente por cada empresa principal o titular con la solicitud documental que será requerida a cada empresa subcontratada según su tipo de sociedad y actividad. Las preselecciones son 100% configurables y es cada uno de los clientes quien elige qué documentos quiere solicitar en cada preselección. Además, la aplicación permite crear documentos y preselecciones de forma ilimitada para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa.
Asimismo vemos el (los) destinatario(s) o usuario(s) asignados a cada empresa – esto es, la persona o personas que se encargan de subir la documentación a la aplicación -, y dos últimas columnas con un semáforo de colores rojo-verde que indican el resultado de su solicitud documental en lo referente al pago (en función del estado de los documentos requeridos para el pago de facturas) y al acceso al centro de trabajo. En esta otra entrada ya vimos la herramienta de control de accesos disponible en e-coordina y su versión móvil con lector de códigos QR.
Así, de un solo vistazo tenemos el resultado de todo el proceso de solicitud documental de una forma organizada y clara.
Además, desde esta misma pantalla podemos consultar un informe de situación de cada empresa, en el que figuran los datos de la empresa consultada, así como el centro de trabajo al que está asignada, el acceso denegado o permitido (y hasta qué fecha) y los documentos pendientes de entregar en caso de que tenga el acceso denegado. Este informe se puede exportar a un formato PDF o enviar por correo electrónico directamente desde la aplicación.
Para más información sobre el software de coordinación de actividades empresariales e-coordina y sus servicios, se puede solicitar una demo online gratuita en este enlace o llamando al teléfono 91 696 48 21
Under : Actualidad e-coordina, Sin categoría
Nueva Tarjeta Profesional de la Construcción
La Tarjeta Profesional de la Construcción es una herramienta estrechamente vinculada con la formación en materia de prevención de riesgos laborales que está a disposición de todos los trabajadores del sector de la construcción. La tarjeta es un documento mediante el cual se acredita la formación recibida por el trabajador del sector en materia de prevención de riesgos laborales, su categoría profesional y sus periodos de ocupación en las distintas empresas en las que haya ejercido su actividad.
Para los trabajadores, ser titular de la TPC supone acreditar que han recibido, al menos, la formación inicial en materia de PRL y cualquier otro tipo de formación recibida, acreditar la categoría profesional y la experiencia en el sector, así como el haber sido sometido a los reconocimientos médicos según lo estipulado en el Convenio General del Sector de la Construcción.
Para las empresas, esta tarjeta les permite certificar que sus trabajadores disponen, como mínimo, de la formación inicial en materia de PRL, constatar que los trabajadores de nueva incorporación y los trabajadores pertenecientes a las empresas subcontratistas tienen asimismo esta formación inicial.
Beneficiarios de la Tarjeta Profesional de la Construcción
Pueden solicitar la TPC los trabajadores en alta, o en situación de incapacidad temporal, que presten sus servicios en empresas encuadradas en el ámbito del Convenio General del Sector de la Construcción; así como aquellas personas en situación de desempleo (siempre que tengan acreditados, al menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en dicho Convenio en el periodo de sesenta meses inmediatamente anterior a la fecha de solicitud). También los trabajadores por cuenta propia (autónomos) sin trabajadores a cargo, así como los profesionales colegiados.
Para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción es requisito imprescindible haber recibido, al menos, la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales.
Renovación de la Tarjeta Profesional de la Construcción
El BOE publicó el pasado 23 de febrero de 2016 la modificación del contenido del V Convenio General del Sector de la Construcción respecto a la regulación de la TPC. El cambio producido se refiere a la caducidad de la tarjeta, que vuelve a caducar a los cinco años de su emisión.
Los usuarios de la tarjeta que la tengan caducada pueden solicitar su renovación, disponiendo de todo el año 2016 para hacerlo.
La nueva TPC cuenta con un nuevo diseño, que incluye un código QR. Este código de respuesta rápida permite la lectura de la formación preventiva homologada del usuario mediante cualquier dispositivo Smartphone mediante una app de lectura de códigos QR. Por otro lado, se ha añadido un holograma identificativo de la Fundación Laboral de la Construcción, con el fin de evitar falsificaciones.
NTP – Coordinación de Actividades Empresariales: planificación
En la entrada de la semana pasada sobre las Notas Técnicas de Prevención para la Coordinación de Actividades Empresariales comentamos la nota técnica de prevención (NTP) nº 1.052 sobre los criterios de eficiencia para lograr un adecuado control de los riesgos en situaciones de concurrencia empresarial. Tratamos hoy la NTP nº 1.053 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) como continuación de la anterior, aunque orientada a los aspectos fundamentales de cada una de las etapas del proceso de coordinación de actividades empresariales. Además, incluye un supuesto práctico como ejemplo de buenas prácticas. Resumimos en este artículo el primero apartado, centrado en la planificación.
En el momento en el que se toma la decisión de contratar una empresa y ante la previsión de una concurrencia empresarial en un centro de trabajo, cada empresario deberá tomar medidas que garanticen una correcta gestión de las actividades del proceso de CAE. El RD 171/2004 sobre coordinación de actividades empresariales, señala la obligación de establecer los medios de coordinación necesarios con carácter previo al inicio de las actividades. Es decir, es necesario planificar las medidas que se aplicarán durante la concurrencia de las actividades evitando, de esta forma, improvisaciones o situaciones de riesgo que podrían haberse eliminado en origen.
Cualquier empresa o trabajador autónomo que concurra en un mismo centro de trabajo tiene la obligación de cooperar en la aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, independientemente del papel desempeñado por cada uno de ellos (concurrente, empresario titular o principal). Esta obligación se concreta, como mínimo, en un intercambio recíproco de información. El objetivo de este intercambio no es archivar documentación de las empresas contratadas, sino obtener información que permita a cada empresario adaptar su forma de trabajar a la nueva situación creada por la simultaneidad de actividades.
Para ello, el RD 171/2004 establece la obligación de informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos que puedan afectar a trabajadores de otras empresas. Del mismo modo, se incluirán las instrucciones necesarias para actuar en caso de emergencia. La información resultante del intercambio permitirá a cada empresa concurrente establecer los medios de coordinación más adecuados, así como adaptar sus evaluaciones de riesgos (y la planificación de sus actividades) y, en consecuencia, sus procedimientos de trabajo a la situación real de concurrencia.
Establecimiento de los medios de coordinación
A la hora de determinar los medios de coordinación será aquel que actúe como nexo de unión entre las empresas y trabajadores autónomos presentes en el centro de trabajo quien tome la iniciativa. De ahí que el RD 171/2004 señale al empresario titular con trabajadores en el centro o, en su defecto, al empresario principal, como sujetos responsables. Así, deberán facilitar a las empresas concurrentes el resultado del análisis de la información recibida y acordar con ellas el establecimiento de los medios de coordinación más adecuados en cada caso.
En una situación de concurrencia, es importante garantizar que el desarrollo de una actividad no genere riesgos a los trabajadores que la realizan ni a terceros. Bajo estas consideraciones, cada empresario deberá adaptar sus procedimientos preventivos a la situación que resultará de la concurrencia. Para ello, cada empresa hará uso de la información intercambiada en esta etapa y, si es preciso, modificará sus procedimientos para garantizar el control de los nuevos riesgos que puedan generarse.
De acuerdo con lo anterior, la información intercambiada sirve, en muchos casos, como requisito previo a la autorización dada por el empresario titular o principal para que las contratas puedan acceder a sus instalaciones. Por ello, se trata de una fase muy “sensible” dado que durante esta fase las empresas no podrán acceder al centro de trabajo y, por lo tanto, no podrán comenzar a desarrollar su actividad.
En esta etapa de planificación se encuadra el deber del empresario principal de exigir a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten, por escrito, que han realizado la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva y que han cumplido con las obligaciones en materia de información y formación. El RD 171/2004 únicamente obliga a “acreditar por escrito” que estas se han realizado, pero no especifica la necesidad de entregarlas. Sin embargo, el empresario principal podrá requerir aquella documentación que le resulte de utilidad para cumplir con su deber de vigilancia.
En el ejemplo práctico de esta fase de planificación dado por el INSHT se expone el caso de una empresa de logística (EMPRESA PRINCIPAL) que contrata los servicios de una empresa dedicada a la soldadura (CONTRATA) para la reparación de varias estanterías deterioradas. Se usará para este trabajo una plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) propiedad de la EMPRESA PRINCIPAL.
1.Determinar el papel de cada empresa en la concurrencia
Primero se debe analizar si la actividad contratada es “propia actividad” o no. De aquí resultará el papel de cada parte: empresa principal, titular y concurrente.
2. ¿Qué información debe facilitar la EMPRESA PRINCIPAL?
Información sobre la zona de trabajo (con accesos y zonas de tránsito), el riesgo del uso de la PEMP y la actuación ante emergencias.
3. ¿Qué información debe entregar la CONTRATA a la EMPRESA PRINCIPAL?
Información sobre los riesgos recíprocos teniendo en cuenta las características del emplazamiento y la presencia de otros trabajadores en la zona de trabajo. También deberá entregar acreditación escrita que confirme la realización de la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, así como copia del procedimiento de trabajo elaborado tras la recepción de la información aportada por la EMPRESA PRINCIPAL.
La CONTRATA deberá acreditar que han informado y formado a sus trabajadores sobre los riesgos de su puesto.
4. ¿Cómo se intercambia la información?
El departamento encargado de la contratación informa a la CONTRATA sobre el procedimiento de trabajo para la realización de las tareas contratadas. Este procedimiento integrará las medidas de prevención y contemplará los riesgos recíprocos.
5. ¿Qué hace la CONTRATA con la información aportada por la EMPRESA PRINCIPAL?
Realiza su procedimiento de trabajo con la información dada previamente por la EMPRESA PRINCIPAL, a quien enviarán dicho procedimiento en el plazo estipulado.
6. ¿Qué hace la EMPRESA PRINCIPAL con el procedimiento de trabajo de la CONTRATA?
El jefe de almacén (en este ejemplo práctico) revisa ese procedimiento para asegurarse que han tenido en cuenta la información previa de la EMPRESA PRINCIPAL. Del mismo modo, le ayuda a identificar los riesgos recíprocos originados por la CONTRATA para adoptar las medidas necesarias que eliminen o reduzcan estos riesgos.
7. ¿Qué medios de coordinación se planifican para el resto de etapas?
Inicio de los trabajos: reunión previa al inicio de los trabajos para revisar el procedimiento de trabajo. La convocatoria de reunión la hace el propio jefe de almacén.
Medios de comunicación: se designa al interlocutor del proceso, en este caso, al jefe de almacén, quien servirá de vínculo con el encargado de la CONTRATA.
Medios de seguimiento: supervisión in situ y reuniones periódicas.
Fuente: INSHT, NTP nº 1.053, 2015: Coordinación de actividades empresariales: criterios de eficiencia (II)
Formación específica del puesto (art. 19)
NTP: Coordinación de Actividades Empresariales
En el año 2011, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) publicó las Notas Técnicas de Prevención (NTP) nº 918 y 919, en las que se abordaban las obligaciones que tienen cada una de las empresas o trabajadores autónomos en relación con la coordinación de actividades empresariales (CAE). Como conclusión, se puso de manifiesto la necesidad de fomentar el establecimiento de procedimientos de gestión en esta materia.
Como complemento de lo anterior, se han elaborado otras dos NTP con objeto de proporcionar orientaciones para establecer una coordinación de actividades empresariales eficiente.
Veremos en este artículo un resumen de la NTP nº 1.052, que busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿qué medidas son las más eficientes para lograr un adecuado control de los riesgos en una situación de concurrencia empresarial?
Los objetivos de esta NTP (junto con la nº 1.053) son los siguientes:
Identificar las etapas que constituyen el proceso de coordinación de actividades empresariales
Para cada una de las etapas del proceso, analizar los factores que tienen una mayor incidencia en su eficacia y en su eficiencia
Presentar ejemplos de buenas prácticas que puedan servir de orientación a la hora de adecuar el proceso de coordinación de actividades empresariales y de seleccionar los medios de coordinación más oportunos
Alcance de las obligaciones CAE
Las obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales (CAE) tienen un carácter universal: son de aplicación a cualquier situación en la que concurran dos o más empresas con independencia de su sector productivo o de su localización.
En el caso específico de las obras de construcción, existen documentos adicionales de referencia en materia de CAE en este sector.
Resulta frecuente pensar que pensar que en el contexto de las pequeñas y medianas empresas (PYME) la aplicación de medidas de CAE pudieran no tener cabida. Al contrario: es importante recordar que, en la mayoría de las ocasiones, serán precisamente estas PYME las empresas que concurrirán en los centros de trabajo de las de mayor tamaño.
En cualquier caso, las soluciones expuestas habrán de entenderse en el contexto real de cada situación particular que pueda presentarse.
Factores transversales de la CAE
La gestión de la coordinación de actividades empresariales sigue la secuencia clásica de cuatro etapas: planificación, organización (incluida la ejecución), control y mejora continua. Este proceso está influenciado por una serie de factores transversales críticos: un mal funcionamiento de cualquiera de ellos puede afectar a la totalidad de la actividad de coordinación.
Determinación del papel desempeñado por cada empresa en el escenario de concurrencia
El RD 171/2004 sobre Coordinación de Actividades Empresariales diferencia tres situaciones en las que puede encontrarse cada una de las empresas que concurran en un centro de trabajo:
empresa concurrente
Cada una de ellas deberá ser consciente de que las obligaciones y actividades preventivas a realizar dependerán del papel que asuma en la concurrencia.
En este sentido, uno de los aspectos previos que debe precisar el empresario que contrata una actividad es si esta es “propia actividad” o no, a efectos de determinar si actúa como empresario principal y por lo tanto tiene el “deber de vigilancia”. La NTP nº 918 aporta ciertos “indicios” que pueden ayudar a determinar si un empresario actúa como principal:
La actividad contratada forma parte del proceso productivo de la empresa
Se imparte a la empresa contratada instrucciones sobre los procedimientos de trabajo que deben seguir
Se facilitan equipos de trabajo a la empresa contratada para el desarrollo de las tareas
Se contrata la actividad de forma continua y habitual
La empresa cuenta, en su propia estructura, con recursos que habitualmente realizan las actividades contratadas
Está previsto contratar una empresa externa. En materia de coordinación de actividades empresariales: ¿qué papel debe desempeñar el servicio de prevención de riesgos laborales? La “Guía técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa” publicada por el INSHT en 2008 habla de la necesidad de involucrar, en la coordinación de actividades empresariales, a la unidad o departamento encargado de llevar a cabo la contratación, en contra de la tendencia extendida de considerarla una actividad “especializada” cuya gestión debiera recaer en exclusiva sobre el servicio de prevención.
La CAE forma parte del proceso de contratación gestionado por la unidad de la empresa que corresponda (generalmente distinta del servicio de prevención) y debería contar con el apoyo y asesoramiento del servicio de prevención para que todas las áreas implicadas en la contratación y ejecución de servicios conozcan y lleven a cabo sus cometidos en relación con el proceso de CAE. El servicio de PRL debe proponer, junto al resto de áreas o departamentos, las medidas y los medios de coordinación más adecuados a cada caso.
Los medios de coordinación son la herramienta con la que cuentan las empresas para dar respuesta a la pregunta básica de la CAE: ¿cómo puedo coordinar? Algunos de ellos están contemplados en el propio RD 171/2004, pero otros muchos son fruto de la experiencia de cada empresa. La selección de estos medios de coordinación se realizará en función del grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, del número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo y de la duración prevista de la concurrencia de las actividades, entre otros aspectos. Los medios de coordinación deben favorecer el intercambio fluido de información entre las empresas concurrentes.
Ver entrada: Medios de coordinación
Ninguna medida de coordinación tendrá sentido si la empresa no es capaz de transmitir la información de forma adecuada al usuario final: el trabajador. Además, se debe facilitar una comunicación continua durante la ejecución de las actividades para garantizar un seguimiento adecuado de las mismas. En este sentido, el empresario titular, o en su defecto el empresario principal, debe determinar los canales de comunicación que se emplearán entre las empresas concurrentes para que el intercambio de información durante el desarrollo de las actividades sea fluido.
Ver entrada: ¿Por qué documentar la coordinación de actividades empresariales?
El RD 171/2004 destaca la importancia de los delegados de prevención y comités de seguridad y salud. En esta línea, se deberá tener presente que el papel de estos representantes de los trabajadores no se limita a una recepción pasiva de información, sino a un protagonismo activo en esta materia
Fuente: INSHT, NTP nº 1.052, 2015: Coordinación de actividades empresariales: criterios de eficiencia (I)
Cláusulas abusivas y responsabilidad solidaria
El R.D. 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (ley LISOS) establece en su artículo 42.3 que la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas, durante el período que dure la contrata, del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 24, apartado 3) en relación a los trabajadores que acudan a los centros de trabajo de la empresa principal. Esta responsabilidad solidaria se dará en supuesto de infracción de las obligaciones, siempre que dicha infracción se haya producido en el centro de trabajo del empresario principal.
Si bien el contenido de la norma es taxativo, en la práctica muchas empresas han considerado que esta declaración de solidaridad de la responsabilidad no era un mandato imperativo. En estos casos se aplicaba el principio de autonomía de la voluntad, por el que las partes pueden pactar en contrato otro régimen de responsabilidades. Bajo esta interpretación, la responsabilidad derivada del incumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales en general y de coordinación de actividades empresariales en particular, podría derivarse a las empresas contratadas.
De hecho, es común ver en los contratos cláusulas de estas características:
El incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal del subcontratista podrá suponer su automática exclusión de la obra, sin derecho a liquidación y/o indemnización como consecuencia de esta exclusión. Desde ese momento, el subcontratista asume cualesquiera responsabilidades, incluidas las económicas, relativas a actas de infracción o expedientes de recargo de prestaciones que sean impuestas al contratista principal por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud del personal subcontratista. Sin perjuicio de ello, la contratista principal deducirá su importe de las cantidades pendiente de abono al subcontratista, así como de las retenidas en garantía en virtud de la estipulación sexta. La deducción se efectuará en el momento de recibir la notificación del acta de infracción o la resolución que inicie un expediente de recargo de prestaciones sin perjuicio de lo que resulte por los recursos que se pudieran interponer.
La empresa subcontratista y su personal son responsables de la adopción y cumplimiento de todas las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medicina de Empresa establecidas en la legislación que sea vigente en cada momento, siendo responsable de la puesta en práctica de las mismas así como de las consecuencias que se derivasen de su incumplimiento… Las sanciones que por parte de los organismos laborales competentes sean impuestas a la empresa principal, por incumplimiento de las medidas de seguridad y salud del personal de la empresa subcontratista., le serán repercutidas y deducidas de sus facturas.
Este tipo de cláusulas no están permitidas de acuerdo con el párrafo tercero del número 3 del artículo 42 de la ley LISOS, pues considera que los pactos que tengan por objeto la elusión (en fraude de ley) de las responsabilidades establecidas en este apartado, son nulos y no producirán efecto alguno.
Sentencias sobre cláusulas abusivas y responsabilidad solidaria
En aplicación de este precepto, los tribunales se han pronunciado en numerosas ocasiones considerando como nulas este tipo de cláusulas contractuales. Pongamos por ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia del 3 de diciembre de 2013, en la que determina:
(…) La sola lectura de la cláusula en cuestión revela que su única finalidad es eludir la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 42.3 del RDL 5/2000 por parte de la empresa principal, ahora recurrente, que aprovecha su mejor posición respecto de la subcontratista para trasladar a ésta toda responsabilidad respecto del personal empleado en la ejecución de la obra subcontratada, contraviniendo de esta forma el régimen de responsabilidad previsto legalmente. A tal efecto, en la propia cláusula se exige de forma claramente abusiva a la subcontratista que garantice con documentos suficientes el pago de multas e indemnizaciones provenientes de accidentes laborales, falta de seguridad en la obra, relaciones laborales con sus asalariados etc., liberando a la contratista de cualquier implicación económica por responsabilidad solidaria o subsidiaria. La cláusula integra, por tanto, los elementos del tipo infractor aplicado.
Queda claro que el régimen de responsabilidad solidaria viene determinado por la norma y no cabe pacto en contrario, de tal forma que cualquier trato realizado para modificar este régimen de responsabilidad será considerado como nulo y no tendrá efecto.
Además, la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos de subcontratación de obras o servicios son constitutivas de una infracción tipificada en al artículo 13 de la ley LISOS como una infracción muy grave. En concreto se establece que será falta muy grave la suscripción de pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las responsabilidades establecidas en el apartado 3 del artículo 42 de esta ley.
De esta forma, de acuerdo con la doctrina de los tribunales, la mera inclusión de una cláusula de este tipo en un contrato es suficiente para considerar que se ha incurrido en una infracción del artículo 13 de la ley LISOS, lo que conlleva una sanción pecuniaria de un importe mínimo de 40.986 €.
En conclusión: no cabe incluir en los contratos cláusulas por las cuales se pretenda modificar el régimen de solidaridad de las empresas principales. En primer lugar porque se va a poder esgrimir ante los tribunales, que la van a considerar como una cláusula nula y, por tanto, no tendrá ningún efecto jurídico. Y en segundo lugar, porque la inclusión de una cláusula de este tipo en los contratos dará lugar a una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales de conformidad con la ley LISOS
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References: Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 42
 resolución 
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 13