Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/2707
Timestamp: 2020-05-28 15:14:02+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 190/1994
SENTENCIA 190/1994, de 20 de junio
ECLI:ES:TC:1994:190
En el recurso de amparo núm. 2.701/92, promovido por don Juan Manuel Romero Fernández, representado por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ortíz de Cañavate y Puig Mauri, contra Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 8 de octubre de 1992, en proceso seguido por insulto a un superior. Han comparecido la parte, representada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ortíz de Cañavate y Puig Mauri y asistida de la Letrada doña Cristina Muñoz Pérez y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal con fecha 11 de noviembre de 1992, el Procurador de los Tribunales don José Luis Ortíz de Cañavate y Puig Mauri interpuso recurso de amparo en nombre y representación de don Juan Manuel Romero Fernández. El recurso se dirigía contra el Auto, de 8 de octubre de 1992, de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, por el que se declaraba inadmitido el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en La Coruña en causa 45/01/90, en la que se le condenaba a la pena de un año y un mes de prisión por un delito de insulto a un superior.
"Siendo recurrible en casación la resolución y habiéndose cumplido los requisitos de tiempo y forma señalados en el art. 856 L.E.Crim, procede tener por preparado el referido recurso de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma interpuesto por la representación del procesado, con arreglo al art. 858 de la expresada ley procesal".
Por todo ello, acordó la Sala "Tener por preparado el recurso de casación... promovido por la representación del procesado, librándose en el plazo de tres días la certificación de la Sentencia, expidiéndose asimismo la certificación del art. 861.2 L.E.Crim. y, una vez librada, remítase la causa con dicha certificación, previo emplazamiento de las partes, para que comparezcan ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo a usar de su derecho, en el plazo de quince días".
e) La Sala, en su resolución hoy impugnada, tuvo por no preparado el recurso, fundándose para ello en que, en el momento en que el escrito de preparación tuvo entrada en la Relatoría del Tribunal Militar Territorial Cuarto se había excedido con mucho el plazo concedido al efecto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Consideraba la Sala que "habiéndose tramitado, visto y fallado el presente procedimiento por el Tribunal Territorial Cuarto, con sede en La Coruña... no encuentra esta Sala motivo alguno que jurídicamente pueda justificar y dar validez a la presentación de un escrito que, aunque encabezado con la designación del Tribunal competente, fue presentado en un Juzgado ordinario de Logroño, en la fecha de expiración del plazo legal, sin que pudiera ser recibido dentro de su término en el Tribunal en quien correspondiera en su caso su admisión a trámite".
Todo ello porque "ningún precepto de las leyes procesales militar y común... autoriza o contempla este supuesto", debiendo remitirse a lo previsto en el art. 855 L.E.Crim., que prevé la presentación del escrito sólo "ante el Tribunal que haya dictado la resolución definitiva".
El plazo de cinco días otorgado por la legislación procesal vigente para preparar el recurso de casación es manifiestamente insuficiente para permitir que el actor, destinado en Logroño, donde reside también su Letrado, presentase el escrito de preparación dentro del tiempo concedido ante el Juzgado Militar Territorial Cuarto, cuya sede se encontraba en La Coruña. Consultada la Sala si contaba con algún medio técnico que permitiera la transmisión simultánea de escritos (fax, por ejemplo), la Sala carecía de ellos y, además, se le indicó que la práctica habitual era utilizar el órgano de la jurisdicción ordinaria que desempeñase funciones de Juzgado de Guardia como sede adecuada para la presentación de documentos. Todas estas preguntas y respuestas fueron efectuadas telefónicamente, pero, a juicio de la parte, debe subrayarse el dato, fundamental, de que a todo lo largo del procedimiento ante el Tribunal Militar Territorial, éste se sirvió de los órganos de la jurisdicción ordinaria para efectuar a la parte las correspondientes notificaciones y demás actos de notificación. Y, así, en cumplimiento de esta práctica, el citado Tribunal Militar tuvo por preparado el recurso de casación al que se contraen las presentes actuaciones, emplazando a las partes ante el Tribunal Supremo con los resultados que se desprenden de los anteriores fundamentos de hecho.
Considera el actor que se ha dado una interpretación excesivamente formalista a los arts. 212.2 y 856 L.E.Crim., atendiéndose sólo a su tenor gramatical y desconociendo las circunstancias concurrentes en el caso. De ello resulta que se ha impedido el acceso a la vía de recurso con una fundamentación constitucionalmente inadmisible. Es más, si, como la Sala afirma, no existe precepto legal alguno que contemple esta posibilidad, debiera arbitrarse, de lege ferenda, tal mecanismo, para evitar la inseguridad jurídica y potencial indefensión a los que conduce. En atención a todo lo expuesto, solicitaba de este Tribunal que dictase Sentencia estimatoria, declarando la nulidad del Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1992, y reconociendo el derecho del actor a obtener una resolución sobre el fondo del asunto en el recurso de casación.
5. Con fecha 29 de marzo de 1993, la Sección acordó dar plazo común de veinte días a la parte y al Ministerio Fiscal para que efectuasen las alegaciones que tuviesen por convenientes. El actor, por escrito registrado el 26 de abril de 1993 efectuó las suyas, en las que reproducía sustancialmente las contenidas en la demanda.
6. Por escrito registrado el 23 de abril de 1993 el Ministerio Fiscal evacuó el trámite conferido, expresando su parecer favorable a la estimación de la demanda de amparo.
Consideraba el Ministerio Público que en el presente caso existen dos notificaciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 160 L.E.Crim. ("Las Sentencias definitivas se leerán y notificarán a las partes y a sus Procuradores"): una, la realizada al condenado, tuvo lugar con fecha 9 de abril de 1992; la segunda, dirigida a su Letrada, tuvo lugar el 22 del mismo mes y año. De este modo, cuando el escrito de preparación del recurso de casación tuvo entrada en la Relatoría del Tribunal Militar Territorial (el día 27 de abril de 1992), no había transcurrido el plazo de cinco días que a estos efectos concede el art. 856 y 212.2 L.E.Crim., puesto que dicho plazo debe computarse "dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la Sentencia o Auto" que sería -mantiene el Ministerio Público- la de notificación al Letrado del actor. Esta omisión de la Sala es, sin duda, involuntaria, porque no figura en las actuaciones la segunda notificación (aunque sí se mencionase en el Auto que tiene por preparado el recurso) y en todo caso genera una vulneración de las normas sobre casación que, normalmente, pertenecería al ámbito de legalidad ordinaria, pero que en este caso adquiere relevancia constitucional, al impedirse el acceso al recurso.
1. El objeto del presente recurso de amparo lo constituye el Auto del Tribunal Supremo (Sala Quinta), de 8 de octubre de 1992, que resolvió tener por no preparado el recurso de casación interpuesto por el hoy actor contra la Sentencia del Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en La Coruña, por haberse recibido el escrito de preparación en la Relatoría del referido Tribunal una vez transcurrido el plazo previsto al efecto en el art. 212.2, en conexión con el art. 856 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, L.E.Crim.). Ello a pesar de que el escrito se había presentado dentro del plazo de cinco días desde la notificación al condenado en el Juzgado de Guardia de Logroño, donde el actor estaba destinado como Guardia Civil, y donde también residía su Letrado.
2. La cuestión de fondo planteada afecta, pues, a la virtualidad del art. 24.1 C.E., en cuanto garantía del derecho a la doble instancia en materia penal. Como ha mantenido una jurisprudencia de este Tribunal tan reiterada que excusa su cita exhaustiva, "el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con el cual han de interpretarse las normas sobre derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a tenor de lo dispuesto en el art. 10.2 de ésta, consagra (art. 14.5) el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley", lo que "obliga a considerar que entre las garantías del proceso penal a las que genéricamente se refiere la Constitución, se encuentra la del recurso ante un Tribunal superior" (STC 42/1982, fundamento jurídico 3º). Por ello, si, en general, la existencia de un recurso legalmente previsto impone a Jueces y Tribunales una interpretación de la norma procesal teleológicamente fundada y orientada a no impedir el acceso al conocimiento judicial, por formalismos irrazonables (SSTC 54/1984, 59/1988, 174/1988, ó 175/1988, entre otras) esta interpretación flexible viene aún más reforzada por su relevancia constitucional cuando el recurso tiende a revisar una resolución sancionadora en materia penal, dada la trascendencia que el proceso impugnatorio tiene por sí mismo (SSTC 19/1983, 154/1987, 37/1988, 106/1988, 83/1992, ó 91/1994, entre otras) desde la perspectiva del art. 24 C.E..
3. A la luz de esta doctrina debe valorarse lo sucedido en el caso. Y al respecto el Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo, en primer lugar, por considerar que la Sala del Tribunal Supremo incurrió en una posible inadvertencia que condujo al rechazo del recurso de casación. En opinión del Ministerio Público, la Sala no tuvo en cuenta que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 en conexión con el art. 160 L.E.Crim., en el caso había existido una doble notificación -al condenado y a su Letrado-, habiendo tenido lugar la última de ellas el 22 de abril de 1992, como consta en las actuaciones. De este modo, a pesar del retraso en llegar el escrito, en el momento en que se registró en la Relatoría del Tribunal de Instancia el escrito de preparación del recurso -27 de abril-, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 212 L.E.Crim., todavía no había transcurrido el plazo de cinco días previsto en el precepto legal.
1º. Declarar el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.).
2º. Declarar la nulidad del Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1992.
3º. Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la resolución anulada, para que por la Sala se dicte otra que respete el derecho fundamental del actor.
Dada en Madrid, a veinte de junio de mil novecientos noventa y cuatro
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 2701-1992
Contra Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo inadmitiendo recurso de casación interpuesto contra Sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto, por delito de insulto a un superior.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: indefensión imputable al órgano judicial
Como hemos dicho reiteradamente, «el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con el cual han de interpretarse las normas sobre derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, consagrada (art. 14.5) el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley». lo que «obliga a considerar que entre las garantías del proceso penal a las que genéricamente se refiere la Constitución, se encuentra la del recurso ante un Tribunal superior» (STC 42/1982). Por ello, si, en general, la existencia de un recurso legalmente previsto impone a Jueces y Tribunales una interpretación de la norma procesal teleológicamente fundada y orientada a no impedir el acceso al conocimiento judicial por formalismo irrazonables, esta interpretación flexible viene aún más reforzada por su relevancia constitucional cuando el recurso tiende a revisar una resolución sancionadora en materia penal, dada la trascendencia que el presente proceso impugnatorio tiene por sí mismo desde la perspectiva del art. 24 C.E. [F.J. 2]
Como este Tribunal ha tenido ya ocasión de reiterar, el computo de los plazos para la presentación de escritos en el proceso pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria y corresponde en consecuencia su interpretación a los Jueces y Tribunales, siempre que no obtengan unas conclusiones manifiestamente formalistas o injustificadamente restrictivas del acceso al recurso [F.J. 3]
En suma, tratándose de aplicar aquí una variante de la jurisprudencia de este Tribunal sobre las consecuencias del error de la parte inducido por el comportamiento del órgano judicial (por todas, STC 107/1987), no puede sino extraerse como consecuencia que la resolución de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, al desconocer las circunstancias concurrentes en el caso, y cerrar el acceso a la vía del recurso por no considerarlo adecuadamente preparado, ha hecho recaer sobre el justiciable todas las consecuencia de una conducta errónea de la que aquél no era el sólo responsable, y por ello la conclusión extraída deviene desproporcionada, vulnerando el art. 24.1 C.E. [F.J. 4]
Artículo 212.2, f. 1
Artículo 855, f. 1
Artículo 856, f. 1
Artículo 273, f. 4
Auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1992
Cooperación judicialCooperación judicial, Concepto, f. 4
Cooperación judicialCooperación judicial, f. 4
Doble instancia penalDoble instancia penal, ff. 1, 2, 3, 4
Recurso de casación penalRecurso de casación penal, ff. 1, 2, 3, 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
de lege ferenda
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 212

Artículo 855

Artículo 856

Artículo 273