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Timestamp: 2019-12-13 14:28:38+00:00

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Semanario Judicial de la Federación - Sistema Precedentes 25322
Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 25322 1 de 1
Plenos de Circuito Libro 12, Noviembre de 2014 , Tomo II, página 1818.
PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del presidente de la República, y el administrador de Amparo e Instancias Judiciales "3" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del titular de dicho órgano, quienes tienen el carácter de autoridades responsables en los juicios de amparo de los que derivan los recursos de queja en que se pronunciaron los criterios aparentemente contradictorios.
TERCERO. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron los siguientes criterios:
1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Resolución emitida el trece de agosto de dos mil catorce en el expediente QA-158/2014-568.
El tribunal tomó como punto de partida, que la parte quejosa solicitó la protección de la Justicia Federal contra el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, además de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., el artículo décimo tercero transitorio, y el anexo 24 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce.
Advirtió que el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que las promoventes no estén obligadas a ingresar mensualmente su información contable en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, es decir, para que no les fuera aplicado el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en tanto que las autoridades recurrentes alegaron que esa decisión es contraria a derecho, porque con el otorgamiento de la medida suspensional se infringe el interés social y se contravienen disposiciones de orden público.
El tribunal estableció que el artículo 28, fracción IV, del citado código, contiene la obligación para todos los contribuyentes de ingresar mensualmente en el portal del Servicio de Administración Tributaria su información contable, mientras que el artículo 42, fracción IX, del mismo ordenamiento, prevé que la autoridad hacendaria puede ejercer sus facultades de comprobación a través de revisiones electrónicas que tomen como base dicha información.
Agregó que los efectos impresos a la medida cautelar pueden trascender sobre las facultades de comprobación, en virtud de que, eventualmente, la autoridad no podría llevar a cabo la revisión electrónica de la información contable de las quejosas; sin embargo, concluyó el Tribunal Colegiado de Circuito, que dicha circunstancia es insuficiente para considerar que con el otorgamiento de la suspensión se infringe el interés social y el orden público, porque lo objetivamente cierto es que la permisión de no ingresar electrónicamente su contabilidad no las exime de registrarla en los medios ordinarios y mantenerla a disposición de la autoridad, ni de liquidar las contribuciones que les correspondan, de suerte que no resulta afectado el derecho que asiste a la colectividad, relativo a que sus miembros cumplan la obligación de contribuir con el gasto público ni se impide en forma trascendental que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación.
El tribunal expuso, que esta postura se robustece si se tiene presente que asiste a las solicitantes del amparo la apariencia del buen derecho, tomando en cuenta que la remisión mensual de la información contable de los contribuyentes a la autoridad, puede significar que estén sometidas en forma indefinida a una fiscalización de carácter genérico, en la que podrían ser auditadas sin el debido aviso sobre el inicio y la conclusión de tal actividad, lo que significaría, la contravención a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional, sin que para tal efecto, sirva de justificación la necesidad de eficientar los mecanismos fiscales de recaudación y comprobación.
El órgano judicial, citó como apoyo las jurisprudencias 1a./J. 22/2002 y 2a./J. 176/2011 (9a.), de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena y Décima Épocas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002 y Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, páginas 430 y 3544, Números de Registro IUS: 187036 y 160387, respectivamente, de rubros: "VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1995 A 1997), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO A QUE NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES."; y, "ORDEN DE VERIFICACIÓN. SI SE PRECISA CLARAMENTE SU OBJETO, LA CITA DE DIVERSOS ARTÍCULOS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES A VERIFICAR NO LA VUELVE GENÉRICA."
Adicionalmente, el tribunal estableció que, contrario a lo alegado por la recurrente, no se imprimieron efectos restitutorios a la medida suspensional, ya que solamente se paralizaron, hasta la resolución de la suspensión definitiva, los efectos y consecuencias derivados de la norma controvertida, lo que es acorde a lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo.
Sobre esa base, confirmó el auto impugnado.
2. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Resolución emitida el treinta de julio de dos mil catorce, en el expediente QA-185/2014.
El tribunal tomó como punto de partida, que la parte quejosa solicitó la protección de la Justicia Federal contra los artículos 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, y 34, párrafo primero, de su reglamento, además de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., y el artículo décimo tercero transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, mientras que el Juez de Distrito, negó la suspensión provisional solicitada con la explicación de que si se permite a la quejosa que no remita su contabilidad en vía electrónica se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, porque se impediría el manejo pronto y eficaz de información relevante en el ámbito tributario.
El Tribunal Colegiado de Circuito estableció, que esa decisión se encuentra apegada a derecho, partiendo de que en la iniciativa que motivó la adición de las fracciones III y IV del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, se explicó que lo que se pretende es modernizar los esquemas de comprobación fiscal para hacer frente a los retos que representan la creciente evasión y elusión fiscal, de suerte que, aun cuando no se cause perjuicio a alguna persona en concreto o no se deje de contribuir con el gasto público, el otorgamiento de la suspensión solicitada agravia el interés social y el orden público, pues se impediría el manejo pronto y eficaz de la información contable y el abatimiento de la evasión y elusión fiscal.
Agregó que si bien el juzgador debe ponderar la apariencia del buen derecho para resolver sobre la suspensión solicitada, el resultado de ese examen no constriñe a conceder la medida porque, en todo caso, debe privilegiarse la salvaguarda del interés social y el orden público, como se hizo en el caso concreto.
Por otro lado, el órgano judicial estableció, que con la negativa de la suspensión no se infringe el derecho humano a la privacidad de la quejosa, partiendo de que mediante los artículos reclamados no se dotó a la autoridad hacendaria de una nueva atribución, sino que se reguló una modalidad de las facultades de comprobación previamente conferidas por el orden jurídico.
Finalmente, después de desestimar los argumentos de la recurrente, relativos a que los actos reclamados son de ejecución inminente e imposible reparación, a la indebida interpretación del artículo 148 de la Ley de Amparo, a la indebida aplicación del principio pro persona y a que el juicio de amparo pudiera quedar sin materia, el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó el auto impugnado.
3. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Resolución emitida el veintiocho de julio de dos mil catorce en el expediente QA-170/2014.
El tribunal advirtió, que la parte quejosa solicitó la protección de la Justicia Federal contra los artículos 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, y 34, párrafo primero, de su reglamento, además de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., y el artículo décimo tercero transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce.
También tuvo en cuenta, que el Juez de Distrito negó la suspensión provisional con el argumento de que su otorgamiento significaría la constitución de un derecho a favor de la quejosa en contravención a las normas reclamadas, cuya observancia es de orden público.
El Tribunal Colegiado de Circuito expuso que las normas reclamadas imponen a los contribuyentes las obligaciones de almacenar su información contable en medios electrónicos y enviarla a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria con determinada periodicidad y características.
Agregó que los artículos 42, fracción IX, y 53-B del Código Fiscal de la Federación regulan una nueva modalidad de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, consistente, en las revisiones electrónicas, cuyo desahogo tomará como base la información que los contribuyentes remitan mediante la citada página de Internet.
Concluyó que no es procedente, otorgar la suspensión de los artículos reclamados en virtud de que las obligaciones reguladas por tales preceptos guardan estrecha relación con la facultad de comprobación denominada, revisión electrónica, la cual es de interés social y orden público porque persigue el cumplimiento del deber constitucional que tienen todos los gobernados de contribuir con el gasto público, máxime que la sociedad está interesada en la simplificación administrativa en materia tributaria, tendente a facilitar el pago de impuestos, captar nuevos contribuyentes y acortar los tiempos en que se compruebe el cumplimiento de obligaciones fiscales.
El órgano judicial citó como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, julio de 2009, página 457, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."
Explicó que de concederse la suspensión, se permitiría que el quejoso evadiera la revisión electrónica, haciéndose nugatoria la atribución regulada por los artículos 42, fracción IX, y 53-B del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad no contaría con la información necesaria para tal efecto. Además, en ese caso, se producirían mayores perjuicios a la sociedad que los que resentiría el quejoso si se negara, pues se afectarían la prosecución y conclusión de los procedimientos administrativos que persiguen la recaudación de ingresos.
Adicionalmente, el tribunal expuso que con la negativa de la medida suspensional no se afectan los derechos a la intimidad y privacidad respecto de la información contable de la quejosa, ya que, por una parte, sólo la autoridad tendrá acceso a esos datos y, por otra, el artículo 110, fracción IV, del código en consulta, prevé como delito fiscal el uso inadecuado del buzón tributario y la información almacenada en ese medio, y lo sanciona con pena privativa de libertad de tres meses a tres años.
Finalmente, después de hacer una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, el órgano judicial determinó que debe prevalecer este último, porque las normas reclamadas protegen un bien jurídico relevante para la sociedad, razón por la que debería confirmarse el auto impugnado.
CUARTO. Enseguida, corresponde determinar si existe o no la contradicción de criterios planteada.
Para tal efecto, se tiene en cuenta, que en los juicios de amparo de los que derivan los recursos de queja en que se emitieron los criterios examinados se reclamaron los siguientes actos:
1. En el juicio de amparo del que deriva el expediente QA-158/2014-568, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se reclamaron el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, y las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., el artículo décimo tercero transitorio, y el anexo 24 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce.
2. En los juicios de amparo de los que derivan los expedientes QA-185/2014 y QA-170/2014, de los índices del Noveno y el Décimo Tribunales Colegiados de la materia y circuito mencionados se reclamaron los artículos 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, 34, párrafo primero, de su reglamento, además de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7., y el artículo décimo tercero transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce.
Se estima conveniente informar el contenido de tales preceptos:
"Artículo 34. Para los efectos del artículo 28, fracción III del código, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación y, en su caso, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y conservación de documentos electrónicos."
Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce
"I.2.8.6. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF y 34 de su reglamento, los contribuyentes, obligados a llevar contabilidad, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica ‘Mis cuentas’, deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente:
"I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo; a éste se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT contenidos en el anexo 24, apartados A y B.
"II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden; en el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren. Se deberán identificar todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto; así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, conforme al anexo 24, apartado C.
"III. Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación, asimismo debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC de éste, conforme al anexo 24, apartado D.
"Las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de la secretaría, que estén obligadas a cumplir las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, en lugar de utilizar el código agrupador del SAT dispuesto en la fracción I de la presente regla, deberán utilizar el catálogo de cuentas previsto en las disposiciones de carácter general referidas."
"I.2.8.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica ‘Mis cuentas’, deberán enviar a través del buzón tributario conforme a la siguiente periodicidad:
"I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla I.2.8.6., fracción I o segundo párrafo, según corresponda, por única vez en el primer envío y cada vez que dicho catálogo sea modificado.
"II. De forma mensual, en el mes inmediato posterior al que correspondan los datos, los archivos relativos a la regla I.2.8.6., fracción II o segundo párrafo, según corresponda, conforme a lo siguiente:
"III. El archivo

References: artículo 9
 artículo 227
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 42
 artículo 16
 ARTÍCULO 46
 ARTÍCULO 16
 resolución 
 artículo 148
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 148
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 42
 artículo 110
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 28