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Timestamp: 2019-12-14 03:32:01+00:00

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En transparencia todo cambia para que todo siga igual
Escrito por Ana Cristina Ruelas
Uno de los grandes logros de la reforma constitucional en material de Transparencia era otorgar, por fin, el carácter de definitivas e inatacables a las resoluciones de los organismos garantes del derecho de acceso a la información. Es decir, los sujetos obligados no podrían impugnar las decisiones del Instituto en las que hubiere decidido que existe un interés público de la sociedad en conocer la información.
Además de esto, la reforma eliminó el régimen de excepción existente para que partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos; personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad fueran sujetos obligados. Es decir, todas las empresas que reciben y gastan dinero público también deben rendir cuentas y transparentar información.
Por su parte, desde el 2007 – año en el que se fijaron las bases y principios para la garantía del derecho de acceso a la información- la publicidad proactiva de toda la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos es una obligación constitucional que no sufrió cambios.
Pero como siempre, la claridad de las letras constitucionales parece perderse cuando quienes la interpretan son quienes reciben o ejercen este presupuesto. La Constitución cambió, se creó una Ley General y está por aprobarse una Ley Federal, pero la cultura de opacidad en las autoridades y el encubrimiento, sigue igual.
Veamos, la semana pasada se otorgó la suspensión definitiva a la empresa Autopistas de Vanguardias, filial de Grupo Higa, tras la impugnación de una resolución del INAI que ordenaba la publicidad de los documentos del crédito que le otorgó Banobras -en 2012- por 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de la autopista Naucalpan – Toluca.
Por absurdo que parezca, la suspensión se dio en un momento en el que, de acuerdo al marco jurídico existente y vigente desde febrero de 2014: a) Autopistas de Vanguardia es un sujeto obligado a transparentar la información derivada del ejercicio del gasto público; b) ningún sujeto obligado puede impugnar una resolución del INAI y; c) la materia, motivo del amparo, es información que constitucionalmente debería estar disponible en el portal de Banobras y, con la implementación de la Ley General, en el de Autopistas de Vanguardia.
No es cierto que la orden del INAI de publicar esta información atente contra ningún derecho de Autopistas de Vanguardia, pues al recibir 2 mil 775 millones de pesos del erario y, posteriormente gastarlo, se convierte en un sujeto obligado a transparentar dicha información. La sociedad no pide que rinda cuentas sobre el rendimiento de activos propios de la empresa, si no de los que le pertenecen.
El derecho de acceso a la información es claro y lo ha sido desde hace décadas. Si se recibe dinero del pueblo, se tiene que decir qué se hizo con él y cuál es el beneficio que genera. Si se llevan a cabo actividades que le corresponden al estado, se tiene que decir cómo se desarrollaron. Todo se documenta y, cuando se trata de dinero, las facturas se tienen que entregar. Si no hay la intención de rendir cuentas a la sociedad, entonces, simplemente, no se recibe y ejerce el dinero de esta.
Mujeres por una educación digna
Escrito por Eunice Sánchez
Los alumnos de la escuela Primaria Comunitaria Emiliano Zapata Salazar se quedaron sin clases, porque sus maestros se unieron a la huelga nacional de maestros contra la reforma educativa. Dejando alrededor de 112 alumnos sin posibilidades de terminar el ciclo escolar.
Aprovechando esta situación, y presionada por las quejas de la comunidad de Montes Azules perteneciente al Municipio de Palenque, Chiapas, la coordinadora de los maestros en la entidad ofreció una única opción para que los maestros se reintegren a las aulas. Que la comunidad pague $5,000 mil pesos por cada maestro que regrese a clases.
Sin embargo, que los maestros regresen a clases es apenas una parte del problema, ya que como refiere la Socióloga Sylvia Schemelkes, en su artículo “Educación y pueblos indígenas: problemas de medición”[1], “el 50% de los maestros de las escuelas indígenas no cuenta con grado de licenciatura”, además de la falta de una oferta para la formación bilingüe de los mismos. Por ello, la preocupación de la comunidad de Montes Azules de integrar a los alumnos de Preescolar y Primaria a un sistema federal que, a pesar de sus propias deficiencias, mejore la educación que reciben sus hijos y aumente sus probabilidades de continuar con sus estudios.
En Chiapas, de los más de 4 millones de habitantes, sólo el 28% ha concluido la primaria[2].
Es ese contexto, padres de familia de la comunidad Montes Azules, conociendo previamente el Derecho de Acceso a la Información se unieron para hacer llegar una carta al Secretario de Educación del estado de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, para conocer el estado en que se encuentra la incorporación de esta escuela al sistema federal, explicando la falta de oportunidades y capacidad económica que tienen los padres de familia de pagar la educación de sus hijos. Además de expresar su preocupación por el futuro de los jóvenes estudiantes.
*Los datos personales de los solicitantes fueron suprimidos de la presente comunicación en virtud de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares).
[1] Sylvia Schemelkes, es socióloga con Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana (UIA) y Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la UIA. http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/Doctos/RDE_08_opt.pdf
[2] Las cifras del INEGI refieren que sólo 1,881,617 personas en todo Chiapas de 5 años en adelante habían concluido la primaria para 2011. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=7
Por: Marcela Zendejas / @marcezendejas y Ana Cristina Ruelas / @anaruelas
“Mi voz es mi fuerza y es magia para la comunidad”
Trabajando en la ciudad en una organización que lucha por la libertad de información, el acceso a la misma parece algo cotidiano. Sin embargo, no lo es para las mujeres de las comunidades en la selva norte de Chiapas y los pantanos de Tabasco. En estos espacios el acceso a las tecnologías de información y comunicación es casi nulo. En la mayoría, la información “oficial o pública” se difunde de boca en boca y pocas veces está apegada a la realidad. Incluso, este mecanismo de difusión, se vuelve una herramienta que genera incertidumbre. Las autoridades se valen de la inaccesibilidad para sembrar miedo y este, a su vez, rompe los tejidos que enlazan a los miembros de la comunidad.
Por esto, un grupo de mujeres se han propuesto trabajar en conjunto para fortalecer los hilos de su comunidad, buscando información que dicen, es una puerta hacia la libertad. Estas mujeres colaboran desde hace ocho meses con la Casa de la Mujer (CAM) y con ARTICLE19 en un proyecto que busca promover el ejercicio del derecho a la información como herramienta para la exigencia de otros derechos.
Ellas son 16, casi todas bilingües; entre Ch´ol, Tzeltal y español explican en sus términos y descubren cuál es el significado de la información y para qué les sirve. Entre ellas se animan y aunque al principio pensaron que el gobierno “les iba a decir puras mentiras”, poco a poco han notado que la información está ahí, que la pueden utilizar y que no basta con las palabras de los promotores de programas sociales, de los médicos o presidentes municipales, hay pruebas, información pública para comprobar la veracidad de sus dichos.
A través de la información, este grupo de mujeres ha participado en las decisiones de sus comunidades como antes no lo hacían. Han denunciado la coacción del voto tras el conocimiento de las reglas de operación de los programas sociales y, en conjunto con los hombres, han exigido la instalación de médicos ausentes y la asignación de medicinas en los Centros de Salud una vez que la Secretaría de Salud informó sobre el presupuesto asignado y ejercido en este concepto.
Estas mujeres, han utilizado la información como una forma para unir lazos entre las comunidades; aportan ideas y participan para la construcción de colectividades en defensa de la tierra.
En el último encuentro que sostuvimos decía Chonita que si este colectivo de mujeres tuviera un nombre sería el de “hormigas arrieras” porque trabajan durante la noche abriendo los caminos para construir sus colonias sin que muchos las perciban. Son fuertes, pues acarrean lo necesario para nutrir a su comunidad y aunque pueden parecer vulnerables, juntas no lo son.
Estas mujeres han generado cambios en su entorno a través de una participación activa en sus comunidades. La información ha cambiado su forma de ver las cosas y de sentirse mujeres en lugares en dónde tradicionalmente las voces que más se escuchan son las de los hombres. Rosy, por ejemplo, relata que este proceso de conocimiento le ha ayudado a sentirse espiritualmente libre y sin miedo, que ahora se siente feliz de ser portavoz. Alma Rosa, afirma que tener información le ha dado seguridad al hablar. Irma dijo “es un reto, hay riesgos, pero tenemos que seguir adelante, buscar información para nosotras y nuestros hijos”.
http://guiapublica.articulo19.org/wp-content/uploads/2015/09/Derecho-a-la-información-para-las-mujeres-SD.mp4
Los cambios son lentos y hay muchos caminos para lograrlos, pero en este momento “saber” es uno, desde adentro y hacia afuera.
La información es poder para las mujeres.
Cuando la información cura
Mucho se habla del derecho a la información como un instrumento para el ejercicio de otros derechos. La falta de información impacta radicalmente en la vida de las personas y el escrutinio público de la actividad del Estado puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Por esto, la información que provee el sistema de salud a las y los ciudadanos es tan importante, más aún en contextos de marginación. Saber no solo genera certidumbre sobre las intervenciones a las que seremos sometidos sino también nos permite tomar mejores decisiones sobre la forma en la que queremos vivir nuestra vida. La restricción del ejercicio del derecho de acceso a la información en temas de salud implica la limitación de la posibilidad de gozar de la misma.
A pesar de esto, falta un largo camino por recorrer para hablar de la eficiencia de las políticas de acceso a la información sobre salud. El propio gobierno reconoció que la falta de información fue una de las causas de incumplimiento de la 5ª meta de desarrollo del milenio (abatir la muerte materna). Existe poca transparencia y cuestiones tan simples como los nombres del personal asignado a un Centro de Salud Comunitario y los horarios que deben cubrir, requieren de una solicitud de información.
Sumado a esto, la inexistencia de tecnologías de comunicación e información y la falta de reconocimiento de la multiculturalidad dentro de estas regiones hace más sinuoso el camino, pues aun cuando la información se encuentre disponible en las grandes ciudades o en las cabeceras municipales o en español, es casi inaccesible.
Por esto es que vale la pena reconocer la dimensión social de este derecho que, en algunas comunidades como en la selva de Chiapas, está funcionando como llave para exigir a su gobierno una mejora en el servicio de salud. Por ejemplo, el pasado 5 de agosto la comunidad de Lázaro Cárdenas y Nuevo Egipto del Municipio de Palenque presentaron una carta a las autoridades chiapanecas en las cual solicitaban que el Centro de Salud de su comunidad contara con un médico de base y con los insumos necesarios para su funcionamiento. Lo anterior, tomando en cuenta que fue la propia Secretaría de Salud del Estado quien afirmó a través de una respuesta de solicitud de información sobre la “contratación” de un médico de base con un salario aproximado de $28,000.00 y un presupuesto mensual de $15,778.00 pesos para medicamentos.
Desde hace varios años ARTICLE 19 ha sido enfático al señalar que la generación y el flujo libre de información sobre salud es esencial para construir políticas de salud basadas en evidencias reales. Sin embargo, existe una variedad de barreras que pueden limitar su acceso por falta de información. Estas barreras pueden ser la pobreza, la exclusión, la discriminación y el estigma. En México, los grupos vulnerables tales como indígenas, mujeres y población joven son los que más obstáculos enfrentan para acceder a información sobre salud.
*Texto publicado el 7 de agosto de 2015 en Animal Político.
Por: Miriam Jacqueline Villarruel Ortega[1]
Desde enero de 2015 ARTICLE 19 y la Casa de Apoyo a la Mujer desarrollan un proyecto que busca empoderar a las mujeres de las comunidades de la Selva Norte de Chiapas y los Pantanos de Tabasco en el ejercicio del derecho de acceso a la información para la exigencia de otros derechos, además de encontrar mecanismos alternativos para difundir información entre poblaciones marginadas.
Una de las solicitudes recurrentes sobre las afectaciones a las comunidades se vinculan con las reglas de operación del programa PROSPERA, que señalan que ningún servidor público puede establecer condicionamientos no previstos a las beneficiarias. A pesar de esto, los funcionarios y promotores vulneran constantemente este principio y aprovechan la desinformación para condicionar los apoyos. Entonces ¿cómo resistir, responder o creer en la efectiva implementación de estas reglas?
Condicionar el voto no sólo es una violación a las reglas de operación de PROSPERA, es una violación grave a los derechos de elección, participación y libertad de decisión de la ciudadanía en cualquier orden de gobierno. Sin embargo y aun con esa claridad, sigue siendo una práctica cotidiana en los estados en beneficio de algunos partidos políticos.
De esta manera, los días previos a las elecciones para diputado federal en la zona norte de Chiapas, se vivieron bajo el miedo y las amenazas que ejerció un funcionario de PROSPERA a las mujeres beneficiarias con el fin de ganar votos para el candidato del PRI-PVEM.
Ante esta situación, la Casa de Apoyo a la Mujer junto con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas realizaron una denuncia pública en la que se advierte que en siete comunidades dichos funcionarios ejercieron coacción para beneficiarse del voto. Esto comenzó, cuando uno de ellos amenazó a las mujeres beneficiarias con quitarles PROSPERA si no votaban por el PRI, y en sentido contrario, promoviendo que si votaban por el partido serían recompensadas con una televisión de 42´. De acuerdo a las mujeres, el “servidor público”, les pedía que no hablaran al respecto con los hombres de la comunidad o personas ajenas al lugar, indicando que de nada serviría la denuncia, ya que el programa y la petición venían “desde arriba”.
Las mujeres conscientes de la importancia de tener información y multiplicarla, “llamaron a Asamblea” para construir un acuerdo comunitario que permitiera hacer frente a esta situación, ¿la respuesta? Un sentimiento generalizado de impotencia ante las palabras “arriba”, “callar” y “quitar”.
Días después un grupo de mujeres de la misma comunidad acompañadas de Casa de la Mujer se reunieron para reconstruir la historia y reflexionar acerca de qué papel juegan las instituciones como FEPADE, INE, PRÓSPERA, y los partidos políticos; en este espacio se compartieron experiencias de otras comunidades en todo el país y el estado, concluyendo que se vive la misma situación de coacción. Así, decidieron romper el cerco del miedo y denunciar la violación a sus derechos políticos de parte de los funcionarios del Programa.
Esta reflexión fue motor para invitar a otras comunidades a encontrarse, compartir información y generar un frente ante cualquier amenaza que provenga de dicho Programa o de cualquier funcionario que quiera condicionar el voto. En el caso de tres comunidades, se llegó a una denuncia formal y se fortaleció la organización comunitaria, aun cuando existe poca credibilidad de las instituciones mencionadas.
En conclusión, el derecho a la información es un eje transversal para el ejercicio de otros derechos, ya que el conjunto de saberes y compartires motivan y dan fuerza para la movilización de la ciudadanía. Independientemente del partido ganador, el acierto, es que ningún funcionario para las próximas elecciones de julio se ha acercado a las comunidades que denunciaron con la finalidad de condicionar el programa.
¿Los nuevos retos? Generar constantemente reflexión informada que fortalezca la fuerza comunitaria y la violación de los derechos por parte de cualquier autoridad.
[1] Jacqueline coordina el trabajo de campo del proyecto de Transparencia Proactiva en ARTICLE 19, México y Centroamérica y es colaboradora del Casa de Apoyo a la Mujer en Palenque Chiapas.
¿Alianza para el Gobierno Abierto en los espacios locales?
Escrito por Ricardo Luevano
El 4 de mayo el titular del ejecutivo promulgó la Ley general de transparencia y acceso a la información pública e invitó a diversos actores de la comunidad de práctica de transparencia, acceso a la información y archivos, y a diversos funcionarios públicos que poco o nada de práctica han tenido en tal materia –al contrario- pero que honraron con su presencia aunque lo suyo haya sido la opacidad.
El reflector, las sonrisas, los aplausos, y un discurso que ya hace tiempo se encuentra en campaña: “…está Ley es un ejemplo que se relaciona con el concepto de gobierno abierto que hoy expande las fronteras del Estado democrático donde las autoridades deben ser proactivas y se debe establecer un nuevo estándar de corresponsabilidad por parte de todos los representantes del Estado Mexicano”. Ahí -con fuerte entonación- el concepto del año: Gobierno abierto.
Gobierno abierto es un modelo muy abordado pero aún en construcción, como un metaconcepto tan abierto como su nombre, y muy echado pa´delante. Se fundamenta en la colaboración y la corresponsabilidad entre diversos actores sociales y el gobierno, para señalar soluciones a diversos problemas públicos. Si le suena a gobernanza, haga usted caso omiso e integre diferentes plataformas electrónicas.
Para llevar al ejercicio y la posible garantía de este dichoso alud conceptual, se han generado diversos foros en 63 países en los que se discuten compromisos entre sociedad civil, académicos, empresarios y diferentes dependencias de gobierno que proponen soluciones a problemas de difícil solución por la exigencia unilateral y que en un porcentaje importante (a nivel global) se cumplen con jiribilla y eventos cargados de optimismo y co-creación.
Estos foros –impulsados por Barack Obama desde 2009– nombrados en conjunto Open Government Partnership o Alianza para el Gobierno Abierto junto con el tema de los Sustainable Development Goals son los temas globales más trascendentes en objetivos o compromisos sobre garantía de derechos humanos, transparencia, tecnologías de la información, participación ciudadana, rendición de cuentas, etc.
En México se han realizado dos foros de este tipo que han arrojado una serie de compromisos (del segundo veintiséis) que deberán cumplirse a finales de Octubre de este año. El tablero de avances describe los detalles y las etapas de cumplimiento y al observar los diferentes objetivos y acuerdos nos muestra que es posible que para la fecha de entrega se cumplan un 80% aproximadamente.
El 20% de los compromisos que tienen retrasos considerables (y que es poco probable que se cumplan) están vinculados a la reforma energética y a temas como las detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos policiacos, el ejército y la marina, y el escabroso tema de la desaparición forzada. Al respecto seguimos trabajando en conjunto confiando en la disposición que ha presentado el gobierno con la meta de hacerlos cumplir.
Pero, hay un detalle –no menor- del “tercer plan de acción” (el propuesto después de saber si se han cumplido o no los compromisos anteriores) que supone una reflexión para Central Municipal por su distribución en diversos espacios locales. Los compromisos descritos, se han realizado en los anteriores dos ejercicios en el orden federal, esto (en todos los países) por la lógica de control y colaboración que se mantienen entre las secretarias de Estado, lo que supone la viabilidad de los acuerdos.
Sin embargo, en este plan de acción, se ha considerado integrar a diversos estados de la República, con la alianza de los gobernadores (y sus instituciones de gobierno) y los órganos garantes de transparencia local, una supuesta estrategia de inclusión sin mucha claridad y riesgos discursivos que dañarán la posibilidad de interacción y compromiso real entre los actores de la sociedad civil local y las posibles soluciones a discutir de no hacerse con un método claro y una guía sensible a las diferentes realidades locales.
Esta preocupación fue claramente expuesta el 4 de mayo de 2015 por el núcleo de sociedad civil (CIDAC, Artículo 19, Fundar, GESOC, IMCO, Transparencia Mexicana, Cultura Ecológica y SocialTIC) al señalar que “El núcleo de sociedad civil no avalará ninguna acción unilateral o señalada por los actores locales como una alianza simulada”, al respecto tememos -por experiencias previas- que en el foro se incluya a sociedad civil que favorece la relación con los gobiernos locales y no a aquellas que señalan los problemas de las entidades de forma incomoda y reactiva. La Alianza para el Gobierno Abierto establece criterios de interacción que deben fomentar la inclusión de la sociedad civil activa y los grupos que reconocen las dinámicas –en este caso locales- que impiden la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, o el camino a un gobierno abierto, como los empresarios, las instituciones de educación, los centros de investigación, o las y los líderes sociales con la probidad y el interés legítimo de alcanzar una mayor exigencia de derechos y planeación de políticas públicas.
Por lo anterior hemos integrado –con y sin el INAI- diversas mesas de diálogo para impedir la simulación y robustecer los canales de comunicación entre los gobiernos estatales y las y los actores descritos.
La posibilidad de que los acuerdos en los estados sean respetados dependerá de la capacidad de interlocución y la legitimidad en la solución de controversias entre las autoridades de cada dependencia para comprometerse a resolver las complejidades de los problemas en cada entidad. Pero también es fundamental incorporarse con la idea de que no es un espacio de exigencia y tampoco es una mesa de dialogo, se ha construido como un acuerdo entre dos sectores –generalmente contrarios- a los que les cuesta mucho trabajo comprometerse a establecer alianzas, es una herramienta más, con propósitos muy claros (al menos en el orden Federal).
Si la mesa no funciona o se limita a la unilateralidad de los señalamientos o la imposibilidad de realizar los acuerdos, los caminos para exigir mayor transparencia, rendición de cuentas, y participación ciudadana serán los tradicionales por parte de la sociedad civil. Pero de integrarse compromisos (dependerá del formato) viables, que integren exigencias sociales y soluciones posibles, puede ser el inicio de una relación y sinergias progresivas dentro de los espacios locales para impulsar otra forma de gobernar. No es optimismo, es una posible vía y se debe tomar como tal, pero ¿quién si no ustedes para sentarse a describir la experiencia regional?
*Texto publicado en el número de Junio de la revista Central Municipal.
Archivos vivos o archivos abiertos
Escrito por David Mora
¿Cómo justificar el cierre en consulta directa de los archivos ubicados en la Galería 1 por ser “históricos confidenciales”?
El cierre en consulta directa de los archivos ubicados en la Galería 1 del Archivo General de la Nación (AGN) llamó la atención de ARTICLE 19, en marzo, cuando se hizo público a través de diferentes denuncias en La Jornada, El Universal, Emeequis, entre otros medios. A más de un historiador, periodista, investigador y usuario frecuente del AGN, nos tomó por sorpresa. Si bien era latente desde la publicación de la Ley Federal de Archivos en enero de 2012, y la consulta y revisión de estos nunca han dejado de ser incómodos para los gobiernos, el súbito cambio en la forma de acceder a la información prevenía una nueva barrera ante la verdad histórica.
La razón: se clasificaron como “archivos históricos confidenciales” los documentos relacionados con la Guerra Sucia y otros hechos atroces de los años 60, 70 y 80, resguardados celosamente en el fondo de la Dirección Federal de Seguridad.
Para guiar la discusión, parto del fundamento de que los documentos históricos contienen -naturalmente- datos personales. De hecho, el valor histórico de un documento en muchos casos depende de los datos personales que éste contiene. No obstante, esto no implica que se deban clasificar como confidenciales porque la naturaleza de un documento histórico es pública, por lo que su consulta debe ser en versiones íntegras y no testadas.
Luego, ¿es cierto que estas condiciones vulneran los derechos de terceros? Falso. Una vez que un documento agota su valor administrativo, jurídico, fiscal o contable, sólo mantiene su valor histórico para la preservación a largo plazo, por lo que la privacidad de terceros adquiere un valor menor que el interés público de la información.
Entonces, ¿cómo justificar el cierre en consulta directa de los archivos ubicados en la Galería 1 por ser “históricos confidenciales”?
Veo dos posibles explicaciones:
Una. La Ley es inequívoca, los servidores públicos se sujetan irrestrictamente a ésta y son paladines de la privacidad de los gobernados.
Dos. El cierre obedece a un “miedo al pasado”, a los documentos e información que allí se resguarda.
Difícilmente opto por la primera. Explico por qué:
Primero, la Ley no es inequívoca. De hecho, gran parte del problema actual en el acceso a los archivos históricos surge por una limitada técnica legislativa. De entrada, la Ley Federal de Archivos regula acceso a la información (Artículos 26 – 30) en un ámbito ajeno a su competencia; y las leyes de acceso, Federal y General, no contienen excepciones para la consulta de archivos históricos, que debe proceder conforme al que establezcan los propios archivos históricos y no al procedimiento regular de acceso a la información pública.
Además, leídos en conjunto, los instrumentos que norman el marco legal se contradicen entre sí. Basta con echar un vistazo, por ejemplo, a los conceptos de “archivo histórico” (Artículo 4 fracción VI de la Ley Federal de Archivos), y “datos personales” (Artículo 18 tercer párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Artículo 120 fracción I de la Ley General), para que el concepto de “archivos históricos confidenciales” (Artículo 27 de la Ley Federal de Archivos) caiga por su propio peso.
Por otra parte, el AGN no ha demostrado apego irrestricto a los principios de acceso a la información y transparencia. ARTICLE 19 ha conocido de negativas a la consulta directa de los archivos alojados en la Galería 1, en las que personal del Archivo Histórico Central argumenta que sólo procede el acceso a través de solicitudes en el portal Infomex. Siguiendo esta instrucción, nos dimos a la tarea de ingresar solicitudes relacionadas con expedientes en versiones públicas muy bien identificados, y la incongruente respuesta de la Unidad de Transparencia es que sólo procede el acceso a estos bajo la modalidad de consulta directa en las instalaciones del AGN, previa acreditación de un interés legítimo que justifique la consulta.
Finalmente, no dejo de señalar que estos arranques de preocupación de los gobernantes por la privacidad de sus gobernados son, cuando menos, paradójicos. Hay esmero, por ejemplo, por resguardar fielmente los datos personales con más de 30 años de antigüedad, pero hay preocupantes silencios frente a la intervención estatal de comunicaciones –como la acción de inconstitucionalidad que nunca fue–.
Descartada la primera explicación, resta “el miedo al pasado” como motivo para el cierre de la Galería.
Nota: el pasado 09 de junio, Día Internacional de los Archivos, el AGN impulsaba el hashtag #ArchivosVivos para conmemorarlo. Yo sugeriría #ArchivosAbiertos.
Proyecto #MemoriaYVerdad
Por: Ana Ruelas (@anaruelas) y David Mora (@dmoravera)
La historia reciente de México está marcada por una serie de eventos que aún duelen. Desde 1960 a la fecha, han ocurrido un sin número de delitos que se mantienen en la impunidad; con miles de víctimas que aún buscan saber la verdad y conocer la justicia, una sociedad que parece haberlo olvidado y un gobierno que incumple sus deberes de memoria. La cultura oficial de olvido y secretismo en el país dificulta cualquier proceso de restauración de confianza cívica en las instituciones.
La crisis inminente de derechos humanos, que se ha acentuado en los últimos años, requiere acciones urgentes en materia de seguridad y justicia, sí, pero también acciones de memoria y verdad. Legitimar el olvido del pasado remoto y reciente fomentará la amnesia y provocará sombras sobre los hechos más vigentes en nuestro presente. Es una verdad universal que la memoria es la mejor salvaguarda para la no repetición de los hechos atroces.
Por eso, ARTICLE 19 y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información iniciamos los trabajos del Proyecto Memoria y Verdad. Invitamos a organizaciones de derechos humanos, instituciones y periodistas para que nos acompañen a sistematizar y ordenar la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridas en México desde 1960 a la fecha. Es un espacio colectivo que busca integrar la información pública existente de casos como Tlatelolco, la Guerra Sucia, Aguas Blancas, el Halconazo, Acteal, Atenco, San Fernando I y II, Cadereyta, Tlatlaya, Ayotzinapa, entre otros, con el objetivo de fomentar la memoria y ayudar a construir la verdad.
Como dijo el Comisionado Joel Salas, en el marco de la presentación del Proyecto, el pasado lunes 18 de mayo, “acontecimientos como el de Ayotzinapa hicieron evidente la violencia, la corrupción y la falta de efectividad en las acciones de los gobiernos y desencadenaron lo que hace tiempo no sucedía: miles de ciudadanos han salido a las calles del país para exigirle a las autoridades respuesta, resultados, justicia y verdad”.
Los gobiernos no pueden seguir apostando a olvidar y a no reconocer un presente y un pasado institucional profundamente marcado por violencia oficial y otras conductas punibles. Esto sólo incrementará la exigencia de justicia, la perturbación social y un futuro sin certeza para la vigencia irrestricta de los derechos humanos. Somos muchos los que esperamos respuestas, muchos los que hacemos parte de una sociedad que busca un “nunca más”, una sociedad que exige que las instituciones expliquen sus acciones y –por fin– rindan cuentas. Hasta hoy, los ejercicios de verdad han sido infructuosos. Respecto a graves violaciones y delitos de lesa humanidad, las instituciones se han quedado cortas en satisfacer la dimensión colectiva de este derecho, que exige la divulgación proactiva, dentro de otros elementos, de la más completa verdad histórica posible, de los resultados de los procesos penales e investigativos, aclarando los patrones de actuación, de la identidad de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades.[1] En el ámbito de las víctimas, el atraso puede ser aún mayor, en relación con sus obligaciones de fincar responsabilidades, reparar el daño, garantizar la no repetición y generar la reconciliación.
Sin verdad, el camino se trunca para forzar el regreso. El incremento de las violaciones a derechos humanos como las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones arbitrarias, son síntomas de gobiernos que pugnan por limitar la participación de sus ciudadanos, coartar sus libertades y mantener un “autoritarismo democrático”.
Por esto, invitamos a todas y todos a aportar información al Proyecto, construyamos la historia.
[1] Véase, inter alia, Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 195; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 192
La apertura gubernamental es un factor decisivo en el análisis de la calidad de las democracias. En la medida en la que el acceso a la información y la transparencia se vuelven pilares o sendas de acción, la administración pública adquiere nuevas capacidades con las que se hacen más visibles los actos de corrupción, el diseño de las políticas públicas, las prioridades de los gobiernos o aquellos criterios con los que se garantiza la legalidad que supone vivir en un Estado de derecho.
Desde el 2009 Barack Obama propuso una alianza global fundamentada en el concepto de gobierno abierto, que aporta a las democracias una vía para resolver diversos problemas públicos por medio de compromisos entre gobierno y sociedad civil, monitoreados por herramientas y metodologías de notable claridad. Así fue creada la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA por sus siglas).
Los diversos compromisos reposan sobre diferentes plataformas electrónicas, adquieren la importancia pública del conocimiento por medio de la transparencia y el acceso a la información, actúan por medio de la co creación social vinculada a la participación ciudadana y se legitiman por medio de diferentes acciones supeditadas a la rendición de cuentas.
La AGA es un espacio de intercambio entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, y personas con una trayectoria considerable en ámbitos como el derecho ambiental, la seguridad pública, la migración o las telecomunicaciones y funcionarios gubernamentales de instituciones como Presidencia o Función Pública, y diversas Secretarías como Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales o la de Desarrollo Social.
En el caso de México se han realizado previamente dos planes de acción –así se nombra al conjunto de compromisos que derivan de esos espacios de intercambio-, el primero inició en el año 2011 y terminó de integrarse en el 2012 y el segundo está en proceso de cumplimiento desde el año 2013 con la visión de constituirse parcial o totalmente en este 2015.
El resultado sobre el cumplimiento de estos veintiséis compromisos se tendrá el 22 de julio, día en el que podremos hacer una evaluación sobre los alcances y las metas de los acuerdos nacionales, que tienen fundamento en preocupaciones de alcance global.
Respecto a la importancia de los compromisos, podemos observar como ejemplos, el número 5, formulado para reorganizar y mejorar la base de datos de personas extraviadas o desaparecidas que actualmente se encuentran integradas en el RENPED, con estadísticas más sólidas que permitan la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos humanos de las personas extraviadas o desaparecidas y las de las víctimas indirectas o familiares; no es necesario abordar la importancia, si reflexionamos acerca de la coyuntura en la que nos encontramos desde el año pasado respecto a la exigencia ciudadana ante las atrocidades cometidas a los normalistas de Ayotzinapa.
Otros ejemplos sobre la importancia de la Alianza pueden observarse en el compromiso 22, llamado “Petróleo en beneficio de todos” que presenta una opción de gobierno abierto como puerta de escrutinio público a la reciente reforma energética; o el compromiso 23 “Minería para todos” que propone transparentar y hacer que se rindan cuentas sobre uno de los sectores históricamente más opacos en este país.
La Alianza para el Gobierno Abierto tiene posibilidades sobresalientes de interlocución y co-creación por el tipo de actores tomadores de decisiones, tiene una plataforma y metodologías globales que lo blinda de subjetividades caóticas y mantiene compromisos alineados a la viabilidad técnica y normativa con diseños para ser evaluados y monitoreados.
El tercer plan de acción se realizará en los primeros meses de 2016 y está abierta a cualquier organización o persona que considere puede aportar a la agenda pública nacional. Actualmente el Comité Coordinador de la Sociedad Civil (el contrapeso a las decisiones gubernamentales) está conformado únicamente por ocho organizaciones de la sociedad civil (Artículo 19, CIDAC, Cultura Ecológica, GESOC, Fundar, IMCO, SocialTIC, Transparencia Mexicana), sin embargo se pretende que a finales de este año se abra una nueva convocatoria para integrar nuevas organizaciones a las decisiones del Secretariado Técnico Tripartita (el espacio ejecutivo de toma de decisiones de la AGA).
El límite de la AGA es la voluntad política y la opacidad gubernamental, pero no hay marco teórico, normativo o político que sobreviva a la percepción estatal de que la mejor opción para salvaguardar a la nación es la discreción y la cerrazón gubernamental.
*Publicado el 25 de mayo de 2015 en Fondos a la vista
Sólo el poder dividido es un poder limitado
El gobierno federal y el Congreso no pueden olvidar la división básica entre gobernar y legislar. No por ser ésta menos radical que la expectativa de separación entre Ejecutivo y Judicial, y a pesar de estar notoriamente ausente en las transacciones políticas recientes.
La característica sustancial de todo Estado de derecho es el imperio de la ley y la irrestricta sumisión de todas las autoridades a ésta. Así, el control último de la actividad y no actividad de las autoridades recae naturalmente en los juzgadores, es decir, el Poder Judicial. Por esto, la trascendencia de fomentar juzgados, tribunales y cortes independientes y autónomos frente a cualquier intento de control que provenga de las mismas autoridades. Esta primera división es absoluta y no admite reparo alguno.
Ahora bien, además de ser un Estado de derecho, formalmente el mexicano lo es democrático. De esta segunda cualidad se infiere que los partidos y las fuerzas políticas compiten libre y equitativamente por las posiciones y, respaldados por el voto ciudadano, forman gobiernos y congresos en contrapesos verticales y horizontales. Sin embargo, a pesar de que la competencia democrática les da un origen común al Legislativo y Ejecutivo, es también deber del primero, con los instrumentos que la Constitución le otorga, controlar la actividad del segundo.
Pese a la trias politica sobre la cual se funda el Estado mexicano, el control del Legislativo sobre el gobierno se ha rezagado notoriamente, no por falta de instrumentos para hacerlo, sino por carencia de pluralidad legislativa y sensatez partidista. Esto no sólo permite que en la práctica el poder Ejecutivo predomine sobre el Legislativo, sino que abre el camino para que así también sea sobre el Judicial.
Así, el Senado fomenta este rezago con su silencio[1] cuando el Ejecutivo irrumpe en la práctica de su facultad legislativa (el instrumento natural de control al gobierno), a través de la Consejería Jurídica en el marco de la discusión de la iniciativa de Ley General de Transparencia. Fueron organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19,[2] y no legisladores quienes denunciaron la forma opaca y las potenciales regresiones que el consejero “comentaba” a senadoras (léase “dictaba línea” para el caso de la bancada priísta y del Verde Ecologista), haciendo un claro llamado a transparentar el proceso de la Ley de Transparencia –desafortunadamente, no es una tautología–.
Claudican en su independencia los senadores y senadoras al Ejecutivo, y de paso ponen en riesgo la autonomía e idoneidad del Poder Judicial, si estando frente a otro instrumento de control (la facultad de aprobar las designaciones presidenciales) esgrimen posiciones vacías como las declaradas por el Senador Omar Fayad, refiriéndose a la candidatura de Eduardo Tomás Medina Mora (“Nosotros no tenemos una sana distancia, como se dice por ahí. Somos priistas que respaldamos al Presidente”[3]), o recurren al intercambio de una Ley por una designación, como algunos medios han difundido.[4]
Finalmente, diluyen la frontera entre estos dos poderes públicos la senadora que en cuestión de pocos días solicita una licencia, el Presidente que la designa y sus antiguos pares que la ratifican para encabezar la Procuraduría. También lo hacen la Subprocuradora que deja su oficina buscando una diputación plurinominal por el partido del gobierno; la Subsecretaria que hace lo propio, pero arropada por el Partido Verde Ecologista, y los muchos otros senadores, senadoras, funcionarios y funcionarias que, en desbandada y sin reparo a estar en medio de funciones, corren de un lado a otro intentando agarrar el puesto que más les retribuya.[5]
Estos amarres y transacciones vulneran, sin duda, la división de poderes y su objetivo más noble: limitarse y controlarse recíprocamente; y paradójico pero cierto, no hay nada ilegal en ellos. Todos los procesos que brevemente se mencionaron están fundados en una u otra figura constitucional que bien valdría la pena repensar, como las licencias legislativas o los mismos procesos de designación. No obstante, no por ser estas figuras legales y la división de poderes estar nominalmente en la Constitución, podemos obviar que en todo Estado democrático y de derecho son irreductibles las divisiones y controles, no sólo formales sino materiales, algo que el Ejecutivo actual ha manifiestamente olvidado.
[1] Hasta ahora, pocos senadores, como el senador Javier Corral o el senador Alejandro Encinas, han dado sus justas proporciones a este hecho. El Senador Corral, por ejemplo, llamó a que el Pleno del Senado convoque al Consejero Jurídico para que, de manera presencial y pública, sostenga los argumentos entregados secretamente al Senado.
[2] Ver acá.
[3] Ver acá.
[4] Ver, por ejemplo, “Liga AN voto a Medina a ley de transparencia”, publicado en Reforma del 04 de marzo.
[5] Una práctica que no es exclusiva a un partido ni a un nivel de gobierno; existen varios casos de otros institutos políticos que en época electoral promueven la “puerta giratoria” entre congresos y gobiernos.

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 19
e contrario
 Artículo 120
 Artículo 19