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Timestamp: 2019-07-22 18:32:58+00:00

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Nueva Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid - El Derecho Local
Nueva Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid
Vigente desde 01/01/2020 | BOCM 94/2019 de 22 de Abril de 2019
Mediante esta Ley se establece la regulación de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública. Y, además se establecen mecanismos de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.
Las previsiones que se recogen en la Ley prácticamente se limitan, en aras a la claridad normativa, a la reproducción de la regulación del derecho de acceso a la información pública, regulado y garantizado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene el carácter de legislación básica estatal, con el desarrollo de aquellos extremos que se precisan para su desarrollo y aplicación en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a su ámbito subjetivo de aplicación, comprende tanto la Administración pública de la Comunidad de Madrid, la Administración pública de las entidades locales y de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid en todo aquello que no afecte a su autonomía constitucionalmente garantizada, como las entidades públicas y privadas vinculadas o dependiente de las mismas.
Se exige a los sujetos obligados por esta Ley disponer de un sistema integral de información y conocimiento en formato electrónico que garantice la transparencia de la información pública. Esta exigencia se fundamentará o en el Portal de Transparencia de la Comunidad o en los portales, sedes electrónicas o sitios web propios, cuyos enlaces han de estar disponibles en el Portal de Transparencia de la Comunidad.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de Administración local y en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley facilitará, en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a las entidades locales que lo soliciten, la herramienta web para cumplir con las obligaciones que esta Ley les impone en relación con la transparencia de la actividad pública y la participación. Así, promoverá una convocatoria anual para que los municipios de menos de 5.000 habitantes concreten las necesidades materiales y económicas que garanticen el cumplimiento de esta Ley.
Será competencia del Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los Ayuntamientos, así como de las entidades vinculadas o dependientes de los mismos.
En el ámbito normativo, una vez efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el pleno de la Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse por las entidades locales en ejercicio de su autonomía. Además están obligadas a hacer públicos y mantener actualizados los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos que les afecten.
El alcalde o presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administración local, será competente para la resolución de los procedimientos sancionadores o disciplinarios que se establecen en la Ley.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad creará el Registro de Transparencia, que actuará como registro de la Administración de la Comunidad, y establecerá los criterios e instrumentos necesarios para facilitar la adhesión, integración e interconexión de los registros de los entes locales.
La Sección 1.a del Capítulo I, establece la facultad de las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid de impulsar y fomentar la participación de la ciudadanía a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua, ya sea a título individual o a través de las entidades ciudadanas en las que se integre la ciudadanía. La Sección 2.a, se ocupa de regular los instrumentos de participación y colaboración ciudadana, que constituyen los mecanismos utilizados por las Administraciones públicas para hacerla efectiva. Se pondrán en marcha los ficheros de participación y colaboración ciudadana con la finalidad de que se inscriba aquella ciudadanía interesada en recibir información sobre materias específicas y poder participar activamente en los instrumentos que se prevean, entre los cuáles se encuentran las consultas públicas, los foros de consulta, los paneles ciudadanos y los grupos colaborativos. En la Sección 3.a se contemplan los derechos específicos, tales como el de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas, en la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración pública, el de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general, el derecho a proponer iniciativas reglamentarias, el de formular propuestas o actuaciones de interés público y el de recabar la colaboración de la Administración pública en las actividades ciudadanas. Para el ejercicio de estos derechos debe abrirse el correspondiente procedimiento participativo cuyo resultado deberá plasmarse en un informe.
Por último, en las disposiciones finales se procede, en primer término, a la modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, añadiendo un apartado 4 al artículo 10 de la Ley 14/1995, de 21 de abril, en el que se establece el régimen de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Consejo de Gobierno y de los altos cargos.
a) La Administración pública de la Comunidad de Madrid.
b) Los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entidades de carácter institucional a que se refiere la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
c) Las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
d) Las asociaciones constituidas por la Administración pública de la Comunidad de Madrid y por los demás organismos y entidades previstos en este apartado.
e) Las empresas públicas, que por ejercer una posición dominante, en los términos establecidos en la legislación estatal, hayan sido adscritas al sector público autonómico.
f) En los términos establecidos en la disposición adicional octava, las entidades que integran la Administración local, las asociaciones, fundaciones y demás entes constituidos por las entidades locales, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como las empresas públicas que por ejercer una posición dominante, conforme a la legislación estatal, hayan sido adscritas al sector público local.
a) La Asamblea de Madrid, en los términos de la disposición adicional sexta.
b) La Cámara de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional séptima.
c) Las Corporaciones de Derecho público madrileñas.
d) Las federaciones y clubes deportivos.
b) Las entidades privadas que perciban dichas ayudas o subvenciones en una cuantía superior 60.000 euros o cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 30 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
a) Transparencia: la acción administrativa, proactiva y permanente de los sujetos obligados por esta Ley, del deber de dar a conocer, elaborar, actualizar, copiar, difundir, publicar, y poner a disposición de cualquier persona, también previa solicitud, de manera accesible, la información pública que posean y de dar a conocer el proceso y las decisiones adoptadas prevista en esta Ley, en el ejercicio de sus competencias, sin más limitaciones que las establecidas legalmente.
b) Información pública: los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones.
c) Acceso a la información pública: derecho subjetivo de carácter universal, que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información veraz que obre en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título, sin más requisitos y condiciones que los establecidos en la legislación vigente.
d) Portal de Transparencia: espacio en el sitio web del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que tiene por objeto, conforme a las definiciones de este artículo, centralizar, publicar, facilitar y poner a disposición de cualquier persona, toda clase de servicios y la información que deba hacerse pública de acuerdo con esta Ley, relacionada con la Comunidad de Madrid. Igualmente tendrá por objeto el ejercicio del derecho de acceso a la información y participación.
e) Publicidad activa: obligación de difundir la información pública y de garantizar la transparencia de la actividad pública de oficio, de forma permanente y veraz, atendiendo a los criterios establecidos en el Capítulo II del Título II.
f) Personas o entidades obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia: personas o entidades sea cual sea su estatuto jurídico, que, desarrollando sus actividades en la Comunidad de Madrid, realizan actuaciones de participación activa en políticas públicas o en procesos de toma de decisiones, con la finalidad de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 en defensa de intereses propios, de terceras personas, organizaciones o intereses generales.
g) Datos abiertos: Aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, sin necesidad de permisos específicos o licencias, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría, conforme a la legislación vigente.
h) Participación y colaboración ciudadana: la intervención individual o colectiva de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y actuaciones públicas mediante instrumentos y procesos que permitan su comunicación con las entidades públicas.
a) Principio de transparencia pública, en virtud del cual toda la información pública, es accesible en los términos y con los límites establecidos en la Ley.
b) Principio de libre acceso a la información pública, en virtud del cual cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública. Toda información pública es en principio accesible y el acceso sólo puede restringirse, motivadamente, en los supuestos previstos legalmente.
c) Principio de veracidad, en virtud del cual la información pública ha de ser cierta, exacta y trazable.
d) Principio de accesibilidad, en virtud del cual la información estará a disposición de todas las personas, con independencia de si tienen o no algún tipo de discapacidad, de modo que se proporcionará por medios o formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensible, facilitando su identificación y su búsqueda, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
f) Principio de reutilización, en virtud del cual se promoverá que la información sea publicada en formatos y bajo condiciones y licencias que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento, debiendo utilizarse estándares de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
g) Principio de participación ciudadana, en virtud del cual se promueve y garantiza la implicación de la ciudadanía en la planificación, el diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como en la toma de decisiones.
h) Principio de inscripción única, en virtud del cual:
1.o Se facilitará que los ciudadanos puedan realizar las gestiones establecidas en esta Ley a través de la Administración que le sea más cercana.
2.o Las Administraciones públicas facilitarán la interconexión e interoperabilidad de todas aquellas gestiones que aun afectando a distintos departamentos tienen un mismo objetivo, con salvaguardia de las competencias en la gestión de cada uno de ellos.
i) Principio de neutralidad tecnológica, que impone la utilización y promoción de software de código abierto en su funcionamiento y el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática.
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus respectivas sedes electrónicas, páginas web o portales propios, un directorio de la información relativa a la organización, los responsables, las materias y actividades de su interés, ordenada por tipos y categorías para facilitar su comprensión y accesibilidad, así como aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, con indicación expresa de la fecha en que se actualizó por última vez y, si es posible, de la fecha en que ha de volver a actualizarse.
b) Elaborar y difundir en su página web o portal propio un índice de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
c) Establecer y mantener medios de consulta de la información solicitada, incluyendo en todo caso un buscador que permita acceder de forma rápida a cualquier archivo y que incorpore mecanismos de alerta sobre datos que se han actualizado.
d) Establecer mecanismos de gestión de información adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad, la geolocalización, la reutilización y la divulgación de la información pública.
e) Publicar la información sujeta a la obligación de transparencia haciendo uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio.
g) Difundir los derechos que reconoce esta Ley a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
h) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
a) El Estatuto de Autonomía y las normas que les sean de aplicación y, en particular, los estatutos y normas de organización y funcionamiento.
b) La estructura organizativa de sus instituciones, detallando su composición, sus funciones y competencias, así como las reglas básicas de funcionamiento.
c) La composición, funciones y funcionamiento básico de su gobierno.
d) En el caso de la Comunidad de Madrid, los enlaces a las páginas web de todos los sujetos comprendidos en el artículo 2.
e) Las agendas completas de trabajo y de reuniones de los responsables públicos en los términos desarrollados en el apartado 4 de este artículo.
a) En caso de que esta información pudiera contener datos personales de categoría especial, en particular en atención a la naturaleza de las entidades participantes en la reunión, habrá de estarse a lo establecido en el artículo 35.1.
b) Si la información no contuviera datos personales de categoría especial y se refiriese a miembros del gobierno, altos cargos, directivos públicos, profesionales, empleados públicos o personal de sujetos obligados por esta Ley, se facilitarán únicamente los datos personales identificativos de los participantes que tuvieran, al menos, la condición de titulares de responsabilidades administrativas hasta el nivel de subdirecciones generales o unidades asimiladas, los titulares de los organismos directivos de las entidades de carácter institucional, las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de su Administración pública, que tengan atribuida la condición de directivos en los estatutos o normativa reguladora de éstos así como el personal eventual que desarrolle funciones que incidan en el proceso de toma de decisiones de la entidad.
c) En los restantes supuestos, la información del personal estatutario se limitará a la identificación de los sujetos por razón de su cargo y la condición en la que asisten.
d) Si la agenda de trabajo o reunión hiciese referencia a los sujetos inscritos en el Registro de Transparencia, la información identificativa se limitaría al documento que acredite su identificación y la materia a tratar.
e) Cuando las reuniones se celebren con personas físicas no obligadas a inscribirse en el Registro de Transparencia deberá ponderarse en cada caso la procedencia del otorgamiento del acceso atendiendo a la condición de dicha persona y la condición en que asiste a la reunión (persona experta, particular, etc.), sin que sea posible establecer un criterio general de ponderación en estos casos.
f) Igualmente podrá facilitarse la información referida a otras personas, no incluidas en los anteriores criterios, si las mismas cumplen con las bases legitimadoras establecidas para las Administraciones públicas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
g) En todo caso, los criterios anteriores se adaptarán a las nuevas interpretaciones que de los mismos pudieran adoptar conjuntamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, conforme establece la disposición adicional quinta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
a) Los departamentos, concejalías o consejerías, detallando las áreas funcionales que le corresponden, los órganos superiores, territoriales y colegiados, así como los organismos y entidades públicas adscritas, las competencias y funciones de sus órganos, las personas titulares de los mismos y la relación de puestos de trabajo de los departamentos, concejalías o consejerías con carácter semestral.
b) Los organismos autónomos, empresas públicas, órganos de gestión sin personalidad jurídica y demás entidades de carácter institucional, especificando las funciones y competencias, los recursos que financian sus actividades, régimen presupuestario y contable, los órganos de dirección y su composición, y personas titulares de los mismos.
d) Las fundaciones públicas, consorcios, entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y demás entes que se integren en el sector público de la Administración pública en la que participe, especificando el objeto social, fin fundacional o funciones de los mismos, estatutos, normas de organización y funcionamiento, capital social, dotación fundacional o participación, los recursos que financian sus actividades, sus órganos y composición, las personas titulares de los órganos de dirección, y el número de personas que prestan servicios en la entidad.
a) Personas que desempeñan altos cargos en los departamentos, concejalías o consejerías, especificando lo siguiente:
1.o Identificación, nombramiento y datos de contacto.
2.o Perfil y trayectoria profesional completa.
3.o Funciones.
4.o Órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro.
5.o Actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad.
b) Personal directivo de los organismos y entidades públicas, así como de las sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios integrantes del sector público de su Administración pública, especificando:
a) Número de empleados públicos y su distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación estatutaria, así como, en el caso del personal funcionario, los de carrera y los interinos, y para el personal laboral, los fijos, los indefinidos y los temporales.
b) Número de empleados desagregados según su estructura orgánica.
c) El número de liberados sindicales existentes en los distintos departamentos de su Administración pública, así como en sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, identificando el sindicato al que en cada caso pertenece. Asimismo se dará información sobre el número de horas sindicales utilizadas.
d) La oferta de empleo público, las convocatorias y los resultados de los procesos selectivos de acceso.
e) Las convocatorias de selección temporal de sus empleados, interinos o laborales, y los integrantes de las bolsas de trabajo constituidas.
a) Información de las retribuciones anuales de los representantes locales, de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, así como de los gastos de representación que tienen asignados. Asimismo se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
b) Información de las retribuciones anuales del personal de confianza o asesoramiento especial, articulada en función de la clase y/o categoría.
c) Información de las retribuciones anuales del personal estatutario, articulada en función de los niveles y cargos existentes.
d) Información sobre las condiciones para el devengo y las cuantías de las indemnizaciones que corresponden por razón del servicio en concepto de viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales.
e) La declaración inicial, complementaria y final de bienes y actividades de los consejeros, altos cargos, representantes locales y órganos directivos, con omisión de los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles, garantizando la privacidad y seguridad de sus titulares. Asimismo, se publicará como parte de las declaraciones de bienes la información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.
f) Los gastos protocolarios, indicando medio de pago, las dietas y gastos de viaje de la presidencia, consejeros, representantes locales, titulares de los órganos directivos y máximos responsables de las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios sujetos a la Ley, así como del personal al servicio de las entidades comprendidas en el artículo 2, hasta el nivel de subdirección general, con indicación del motivo, identificación y cargo de quien efectúa el pago.
a) Los anteproyectos de ley en el momento en el que se aprueban, cuando, tras la preceptiva elevación por la Consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se solicite el dictamen, en su caso, de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Y, finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.
b) Los proyectos de reglamento cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública. Asimismo, se publicarán cuando se solicite, en su caso, el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. La publicación de los proyectos reglamentarios no supondrá, necesariamente la apertura de un trámite de audiencia.
c) Las memorias, informes y dictámenes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, incluidos los señalados en los apartados anteriores, con ocasión de la publicidad de los mismos.
d) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.
e) El resultado de la participación en los proyectos reglamentarios y demás documentos que estén sujetos a participación pública, o en aquellos casos en que no siendo preceptiva la misma se haya acordado someterlos a información pública.
f) La relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
g) La relación de su normativa vigente, que se mantendrá permanentemente actualizada y a disposición de la ciudadanía.
h) La relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por su Administración.
c) Las listas de espera existentes para el acceso a cualquiera de los servicios que preste su Administración pública, sin perjuicio de las singularidades que se puedan establecer en diferentes ámbitos. En el ámbito social, sanitario y educativo la actualización de las listas de espera se realizará semanalmente, informando a los usuarios de los servicios de la situación en la que se encuentra su petición, sin perjuicio de que la información agregada del número de personas y tiempo de espera sea público de forma abierta para cualquier ciudadano.
e) El catálogo de procedimientos administrativos, con la información básica necesaria sobre los requisitos y los trámites de gestión.
g) El número de reclamaciones presentadas y el número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los interesados, así como el listado de quejas y reclamaciones habituales.
1.o El límite de gasto no financiero aprobado para el ejercicio.
2.o El proyecto de Presupuestos y los presupuestos, con la descripción de las partidas presupuestarias anuales y los datos de su ejecución.
3.o Las cuentas anuales que deban rendirse.
4.o La ejecución trimestral de los presupuestos, con los datos al mismo nivel de detalle que en los propios presupuestos.
5.o Los créditos extraordinarios, suplementos y modificaciones de créditos, relativos a los Presupuestos y su justificación.
6.o Los presupuestos de los entes y organismos del sector público (empresas públicas, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones públicas, y demás entidades).
7.o Las cuentas anuales de las entidades del sector público.
8.o Los Informes de auditoría y de fiscalización de la Cámara de Cuentas que sobre ellos o sus entidades del sector público se emitan.
9.o Los informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
10.o Los planes económico-financieros aprobados para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto.
11.o Los planes de reequilibrio aprobados para los supuestos de déficit estructural.
12.o Los planes de ajuste aprobados por medidas de apoyo a la liquidez.
13.o Los informes de seguimiento de los planes relacionados en los apartados 10.o, 11.o y 12.o anteriores.
14.o Las razones de desviación en todas aquellas partidas reales comparadas con presupuesto que excedan el 10 % de la cantidad prevista.
b) Información de los ingresos y gastos:
1.o La información básica sobre la financiación de su Administración: tributos propios, tributos cedidos, Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, Fondo de suficiencia global de convergencia.
2.o En el caso de la Comunidad de Madrid, la proporción que representa el déficit/superávit público de la Comunidad Autónoma sobre el PIB regional; los ingresos fiscales por habitante: Capítulos I, II y III de Ingresos/Número de habitantes; el gasto por habitante en la Comunidad Autónoma; La inversión realizada por habitante en la Comunidad Autónoma.
3.o Los gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total. Asimismo, se especificarán los gastos derivados del personal directivo y eventual, así como los derivados de los liberados sindicales, expresando en todos los casos su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el gasto total.
4.o El gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles.
5.o Los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 22, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias, incluyendo el desglose de gastos por campaña y presupuesto asociado por medios de comunicación y los criterios para ese reparto. Será de aplicación lo dispuesto en la legislación que regula estas materias.
6.o El gasto realizado en concepto de patrocinio.
7.o El gasto total efectuado en concepto de ayudas o subvenciones para actividades económicas.
8.o Gastos en las distintas políticas y su porcentaje sobre el gasto total.
c) Información sobre endeudamiento.
1.o El importe de la Deuda pública actual de su Administración y su evolución a lo largo de los cinco ejercicios anteriores, recogiendo, en el caso de la Comunidad de Madrid el endeudamiento público por habitante y el endeudamiento relativo (Deuda de la Comunidad de Madrid/Presupuesto total de la Comunidad de Madrid).
2.o Las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública, así como las entidades con las que se realizan estas operaciones en todas sus modalidades, realizadas por los entes del sector público de la Administración pública a la que pertenecen.
3.o Los avales y garantías prestados en cualquier clase de crédito por las entidades del sector público de su Administración pública.
4.o Las operaciones de arrendamiento financiero por las entidades del sector público de su Administración pública.
a) La relación de bienes demaniales afectos al uso general o servicio público.
b) La relación de bienes inmuebles de que sean titulares o sobre los que se ostente algún derecho real, especificando si están ocupados o no por las dependencias de sus órganos o servicios, así como los cedidos a terceros por cualquier título y, en su caso, la persona o entidad beneficiaria y el destino de la cesión, así como la cuantía.
c) La relación de bienes inmuebles arrendados y cedidos, y en su caso, el destino de uso o servicio público de los mismos, así como la cuantía del arrendamiento individual de cada uno.
d) El número de vehículos oficiales de los que sean titulares y los arrendados, y la función para la que están reservados.
a) Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación, incluyendo las actas de adjudicación anonimizadas, las valoraciones de cada oferta y la composición de las mesas de contratación y cargos de sus miembros.
d) Persona o entidad adjudicataria.
e) Persona o entidad subcontratada.
f) Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso, las prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución que se hayan concedido.
g) Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista.
h) Administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma.
b) La información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas, incluyendo las razones detalladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
d) La composición y convocatorias de las mesas de contratación, con los cargos, y las actas anonimizadas completas de adjudicación que firman.
a) Los contratos formalizados, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los motivos que justifican el procedimiento seguido, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios, las ofertas económicas y, en su caso, porcentaje de baja de su oferta y relación con el resto de licitadores y resultados de las evaluaciones.
c) Información de los contratos menores formalizados, trimestralmente, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Se especificará también el importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de contratos formalizados.
c) Obligaciones económicas, con indicación de las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes.
a) La entidad a la que se realiza la encomienda o encargo.
b) Número y categorías profesionales de las personas, en su caso, incluidas en cada encomienda o encargo, así como el importe total destinado a gastos de personal.
c) Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a disposición de la encomendada o encargada para la realización del trabajo.
e) El objeto y el presupuesto de la encomienda o el encargo.
g) Las modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios, así como, en su caso, la liquidación final de la encomienda o encargo.
h) Porcentajes de las encomiendas o los encargos a medios propios.
i) Las subcontrataciones efectuadas, en su caso, con indicación del procedimiento seguido para ello, la persona o entidad adjudicataria y el importe de la adjudicación.
d) Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rijan dicha concesión.
e) Los estándares mínimos de calidad del servicio público que rija dicha concesión.
f) Cargo de la persona responsable del contrato.
g) Las direcciones electrónicas a las que pueden dirigirse las reclamaciones de responsabilidad patrimonial y las quejas.
h) Número, categoría y titulación del personal adscrito.
i) Las evaluaciones de servicio llevadas a cabo por las entidades responsables.
j) Las sanciones firmes.
k) Los acuerdos de modificación del contrato de concesión.
1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, respecto de las ayudas y subvenciones de sus órganos y de los órganos de los organismos y entidades vinculadas o dependientes, harán pública y mantendrán actualizada la información de las ayudas y subvenciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siguiente:
a) Los planes estratégicos de ayudas y subvenciones aprobados. Asimismo, dichos planes deberán ser publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación.
c) La relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio, indicando su importe, así como la fórmula empleada para hacer el cálculo y los resultados de los mismos que lleven a ese importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Además, la relación de subvenciones concedidas sin promover la concurrencia, especificando la persona o entidad beneficiaria, el importe, el destino y las motivaciones para su concesión, se publicará trimestralmente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural.
3. La publicación de los beneficiarios de las ayudas y subvenciones concedidas prevista en el apartado 1 del presente artículo no se realizará cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
e) Su estado de tramitación y desarrollo, incluyendo las fechas de aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento y gestión, así como los informes sectoriales emitidos por las Administraciones y organismos competentes.
f) Las modificaciones y revisiones aprobadas con indicación de las fechas de publicación de las mismas.
g) La información geográfica, económica y estadística de elaboración propia cuya difusión permita el conocimiento general, facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados.
h) La información medioambiental ha de hacerse pública de conformidad con la normativa vigente.
i) Las resoluciones judiciales firmes que afecten a la vigencia de cualquiera de sus determinaciones.
a) Coordinación de la acción de todas las Consejerías para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley.
b) Elaboración y aprobación de las directrices aplicables a la publicación de la información.
c) Gestión del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
d) Seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información.
e) Apoyo y asesoramiento técnico a todas las Consejerías.
f) Elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de derecho de acceso en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.
g) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico.
a) Coordinar la acción de todos los órganos y entidades dependientes de la Consejería para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley.
b) Requerir de los órganos y entidades dependientes de su Consejería la elaboración, puesta a disposición y actualización de información que deba de hacerse pública en sus respectivos ámbitos.
c) Seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.
d) Apoyo y asesoramiento a las unidades de la Consejería.
e) Asesoramiento y orientación ciudadana en materia de transparencia.
f) Elaboración de una memoria anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.
a) Coordinación de la acción de todas las áreas de gestión para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.
c) Gestión de su página web o portal.
e) Apoyo y asesoramiento técnico a sus órganos de gestión.
f) Elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso.
a) Ofrecer el acceso a toda la información obligada por este Título y proveniente de cualquiera de los sujetos obligados.
b) Facilitar la identificación de la información en el documento o documentos que se puedan encontrar en el mismo Portal.
c) Localizar la información de obligada publicación.
d) Ofrecer el derecho de acceso por vía electrónica y la información adecuada para ejercerlo, así como los procedimientos de reclamación.
e) Ofrecer la información en las condiciones que permitan utilizarla para su fin (consulta, análisis comparativo, difusión o procesado para que el usuario obtenga otros datos).
f) Informar trimestralmente, con estadísticas, de las solicitudes más frecuentes, los indicadores y los temas más consultados y solicitados a través del derecho de acceso por los ciudadanos.
g) Facilitar los mecanismos de participación ciudadana conforme al Título IV.
a) Se ofrecerá la información en formatos abiertos y reutilizables, atendiendo a normas de estandarización aprobadas por la legislación española y europea, facilitando su integración en bases de datos de ámbito superior al autonómico y siguiendo los criterios marcados por los Consejos de Transparencia nacional y autonómico.
b) El catálogo de la información será reutilizable y permitirá la interoperabilidad con otros catálogos de información pública conforme a las normas técnicas del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
c) El Portal dispondrá de un buscador que permita un acceso rápido, fácil y comprensible a su contenido.
d) El Portal incorporará mecanismos de alerta sobre la información que se ha actualizado o incorporado.
e) La información se actualizará, con carácter general, de forma continua y en los términos establecidos en esta Ley cuando así se especifique. Se indicará en todo caso la fecha de actualización de cada información por última vez y, si es conocida o previsible, la fecha en que volverá a actualizarse.
f) La información catalogada e indexada se organizará de acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas reglamentariamente y no tendrá caducidad.
a) La fecha de presentación de la solicitud o reclamación.
b) La identidad del solicitante o reclamante.
c) La descripción concisa de la información solicitada o reclamada y la motivación si la hubiera.
d) En su caso, la forma o formato de acceso.
e) Datos de contacto, a efectos de comunicación con el interesado.
f) El tiempo en que se ha atendido la solicitud, y, en caso de que la respuesta se haya realizado fuera del plazo, las razones que han motivado la demora.
g) El tipo de respuesta que se ha dado a la solicitud, y, en caso de denegación, los motivos de la misma.
a) En el ámbito de la Administración pública y demás organismos o entidades incluidos en el artículo 2 será competente para resolver el titular del órgano o de la entidad que posea la información solicitada.
b) En el caso de que se solicite información de las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, así como de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 3, será competente para resolver el órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o en la materia.
a) Acceder a la información pública de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
b) Ser informadas de si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información obran o no en poder del órgano o entidad.
e) Recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
h) Usar, reutilizar y compartir la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las impuestas por la legislación vigente.
a) Realizar el acceso a la información concretando lo más precisamente posible la petición.
c) Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información esté depositada.
d) Respetar las obligaciones establecidas en la licencia y condiciones de uso de la información obtenida y en la normativa básica para la reutilización. Dichas obligaciones serán explicadas de forma clara por el suministrador de la información.
e) Abonar las tasas que pudieran establecerse para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original.
1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales de categoría especial se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública.
a) La identidad del solicitante, sin necesidad de acreditación electrónica. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 31, el solicitante tendrá derecho a hacer pública su identidad en el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, debiéndolo hacerlo constar de manera expresa.
b) No podrá considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo los informes preceptivos ni aquellos otros documentos que sin serlo hayan servido de forma total o parcial, en su caso, directamente de motivación a resoluciones.
c) No podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión de la información la que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.
d) Las que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada, debiendo motivar las causas de este cambio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos los sujetos comprendidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
a) El nombre y apellido del solicitante, sin necesidad de acreditación electrónica.
b) La indicación de la resolución expresa contra la que se reclama.
c) Los motivos por los que se reclama.
d) La dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación.
a) Promoverán y desarrollarán los mecanismos para facilitar y garantizar la participación en proyectos normativos, planes y programas objeto de su competencia.
b) Impulsarán instrumentos de participación ciudadana mediante canales de comunicación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre ellos y los ciudadanos.
c) Fomentarán la cultura de la participación, tanto en la ciudadanía como entre los empleados públicos.
a) Las entidades privadas sin ánimo de lucro:
1.o Que estén válidamente constituidas, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
2.o Cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad de Madrid.
3.o Que tengan entre sus fines u objetivos, de acuerdo con sus estatutos o norma de creación, la participación ciudadana, o bien la materia objeto del proceso participativo de que se trate.
b) Las entidades representativas de intereses colectivos cuyo ámbito de actuación se desarrolle en el territorio de la Comunidad de Madrid.
c) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente, cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad de Madrid, debiendo designarse una comisión y un representante de la misma. Las personas agrupadas, las que formen parte de la comisión y el representante deberán acreditar su personalidad y el cumplimiento de los requisitos del apartado 1, así como la determinación de intereses, identificación, fines y objetivos concretos respecto al proceso participativo de que se trate, su carácter circunstancial o temporal, en su caso, y el resto de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
a) La información de forma inteligible, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los canales de comunicación institucional y los medios electrónicos.
b) El derecho a expresar observaciones y opiniones en un período abierto de exposición pública, que nunca será inferior a un mes, y que serán tenidas en cuenta con carácter previo a la decisión definitiva.
c) En todos los procesos regulados en este Título, cuando el órgano competente del gobierno autonómico o local se apartara o asumiera el resultado de un proceso participativo, deberá motivar expresamente cuáles son las razones o intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado proceso en el plazo máximo de treinta días, contados desde la finalización del proceso del que se trate. La motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, portal o página web del órgano que ostenta la iniciativa para la convocatoria del proceso y en los boletines oficiales si se considera oportuno.
d) La comunicación, a quienes participen, de las observaciones y opiniones y de la publicación del informe del apartado anterior.
a) Fomentará activamente la implicación de aquellos sectores sociales en los que se haya constatado una mayor dificultad en su participación y colaboración en los asuntos públicos.
b) Inscribirá en los ficheros de participación y colaboración ciudadana a toda la ciudadanía que voluntariamente quiera implicarse y se haya comprometido a participar y colaborar.
c) Dará prioridad al uso de las nuevas tecnologías y lo canalizará fundamentalmente a través del portal de transparencia o página web propia, sin perjuicio de promover otros cauces que, en determinados ámbitos, favorezcan la mutua interrelación.
a) Consultas públicas, con el fin de recabar la opinión ciudadana a partir de una propuesta de la Administración competente, los ciudadanos interesados en participar, pueden plantear sus opiniones antes de que se adopte una decisión sobre el objeto de la consulta.
4. A estos ficheros les será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
a) Aquellos planes o programas en que se acuerde su tramitación o aprobación por razones de urgencia.
b) Los que tengan exclusivamente un carácter organizativo, procedimental o análogo.
c) Los planes y programas de carácter general que tengan como único objetivo la seguridad pública, la protección civil en casos de emergencia o el salvamento de la vida humana.
d) Los planes y programas de carácter general que se rijan por una normativa específica de elaboración y aprobación en la que ya existan actos o trámites de audiencia o información pública.
a) Los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local, con la finalidad antes mencionada.
b) La preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición.
c) La organización de actos, reuniones, actividades promocionales, conferencias o actos sociales si se envían invitaciones a cargos, directivos, profesionales, personal estatutario u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
d) Las contribuciones voluntarias y la participación en consultas oficiales o audiencias sobre disposiciones normativas, políticas públicas u otras consultas abiertas.
e) La prestación de asesoramiento profesional, mediante la representación y la mediación, y el suministro de material promocional, incluidos la argumentación y redacción, cuando estén destinadas a influir en las Administraciones públicas, sus cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
f) La prestación de asesoría táctica o estratégica, incluidas cuestiones cuyo alcance y calendario de comunicación estén dirigidos a influir en las Administraciones públicas, cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
a) Defender los intereses de las partes afectadas en procedimientos administrativos en tramitación.
b) Informar a un cliente sobre un asunto particular.
c) Realizar actividades de arbitraje, conciliación o mediación en el marco de una ley ya existente.
3. Asimismo quedarán excluidas del Registro las actividades que respondan al derecho de petición regulado en la Constitución.
a) Cumplir con las exigencias de transparencia previstas en los Anexos I y II.
b) Aceptar que la información proporcionada se haga pública, excepto aquella que condicione su entrega a que se mantenga confidencial.
c) Garantizar que la información proporcionada es completa, correcta y fidedigna y que se mantendrá actualizada de forma periódica, de conformidad con lo previsto en la Ley.
d) Aceptar de forma expresa el Código ético, como requisito previo a su inscripción en el Registro.
e) Facilitar el nombre de las personas legalmente responsables de las personas o entidades inscritas en el Registro.
f) Aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización y las medidas correspondientes, en caso de incumplimiento del Código ético o de lo establecido por la Ley.
a) Actuar en defensa de intereses propios, de terceras personas o entidades o incluso de intereses generales ante los cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local quienes tendrán la obligación de recibirlos y publicarlo en sus agendas conforme al artículo 10.
b) Formar parte de la lista de distribución que se puedan crear para recibir avisos automáticos sobre actos públicos y consultas públicas en materia de interés de las personas o entidades inscritas.
c) Obtener un documento de identificación, haciendo constar la inscripción en el Registro de Transparencia.
d) Ejercer los derechos de participación establecidos en el Capítulo I de este Título.
a) No difundir la información de carácter confidencial que pudieran conocer con motivo de las tareas que se ejercen.
b) Comportarse con integridad y honestidad en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones con autoridades, cargos públicos, miembros electos y personal al servicio de las Administraciones públicas y no llevar a cabo ninguna actuación que pueda ser calificada como deshonesta o ilícita.
c) No influir ni intentar influir de manera deshonesta en la toma de decisiones, ni obtener información a través de un comportamiento inapropiado y, en consecuencia, no ofrecer ningún obsequio ni favor o servicio que pueda comprometer la ejecución íntegra de las funciones públicas.
d) No vender a terceros copias o documentos obtenidos de las Administraciones públicas.
e) Aceptar el compromiso y cumplir las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley o por el Código ético.
f) No tener personal a su servicio incurso en incompatibilidades.
g) Respetar las instituciones y personas con quienes se relacionan en el ejercicio de su actividad.
h) Informar a las personas o entidades a quienes representen de la existencia de este Código ético y de las obligaciones que incluye.
i) No representar intereses contradictorios o adversos sin el consentimiento informado de las personas o entidades afectadas.
j) No hacer uso abusivo del alta en el Registro para hacerse publicidad, ni dar a entender que éste les otorga una situación de privilegio ante los poderes públicos.
k) Colaborar con el órgano responsable del Registro para llevar a cabo todas las actuaciones de control y fiscalización.
a) Por expiración del mandato. En este supuesto, los consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.
b) Por renuncia expresa dirigida a la presidencia de la Asamblea.
c) Por muerte o incapacidad permanente para el ejercicio de su función.
d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito.
f) Por incumplimiento grave de las obligaciones propias de su cargo, incluidas las derivadas del código ético.
a) La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
b) El control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el Título II por los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
c) La formulación de instrucciones y recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones, establecidas en esta Ley, relativas a la transparencia y participación.
d) El asesoramiento en materia de transparencia y participación.
f) La emisión de dictámenes cuando sea requerido por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley sobre cuestiones referidas a la aplicación de la misma.
g) La resolución de las reclamaciones en materia de publicidad activa.
h) La resolución e investigación de las reclamaciones o denuncias establecidas en el Título IV, cuando no den lugar a un expediente sancionador.
i) La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores conforme a lo previsto en el Título VI.
j) Las demás que se le atribuyan en esta Ley y en el ordenamiento jurídico.
a) Las denegaciones de solicitudes de acceso a la información acordadas por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y los motivos en que se han fundado.
b) Las reclamaciones presentadas contra las denegaciones de solicitudes de acceso a la información, expresando su número, los motivos de la reclamación y los acuerdos adoptados en las mismas por el Consejo.
c) Los incumplimientos del deber de publicidad de la información relacionada en el Título II y los requerimientos formulados para su subsanación.
d) Los procedimientos disciplinarios y sancionadores incoados e instruidos por la comisión de las infracciones prevista en esta Ley.
e) Las recomendaciones emitidas relativas al cumplimiento e interpretación de la Ley del derecho de acceso a la información pública, de publicidad de la información y de participación.
f) La actividad de asesoramiento realizada en materia de transparencia y participación.
h) Los demás datos, hechos o consideraciones que estime pertinentes el Consejo, y específicamente, la designación de los órganos y autoridades que no han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley.
a) El incumplimiento de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando se haya desatendido más de tres veces, en un período de dos años, el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Participación.
b) El incumplimiento más de tres veces, en un período de dos años, de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
c) La reincidencia en la comisión de faltas graves. Se entenderá por reincidencia la comisión, en el término de un año, de más de una infracción grave cuando así haya sido declarado por resolución firme.
a) El incumplimiento reiterado, cuando no constituya reincidencia, de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Participación.
b) El incumplimiento injustificado y reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
c) Publicar o suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas de los principios establecidos en el artículo 6.
d) El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 4.1.
e) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión, en el término de un año, de más de una infracción leve cuando así haya sido declarado por resolución firme.
a) El incumplimiento de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando no sea una infracción grave o muy grave.
b) La ausencia de motivación en la denegación de la información solicitada.
c) La entrega injustificada de información incompleta, parcial o distinta a la solicitada o reclamada.
d) El retraso injustificado en el suministro de la información.
a) El incumplimiento por más de tres veces en dos años de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c).
b) El ejercicio, por tercera vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
c) Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por tercera vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
a) El incumplimiento por más de dos veces en dos años de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c).
b) El ejercicio por segunda vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
c) Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por segunda vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
d) El incumplimiento manifiesto de las obligaciones establecidas en el artículo 69.
e) Autorizar el incumplimiento manifiesto de las obligaciones establecidas en el artículo 69.
f) La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
a) El incumplimiento de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c), cuando no sea infracción grave o muy grave.
b) El ejercicio, por una sola vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
c) Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por una sola vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
a) De las infracciones en materia de transparencia:
1.o La persona que tenga la condición de alto cargo o asimilado en la Comunidad y los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.o El personal al servicio de las Administración pública autonómica o local y de las entidades y organismos recogidos en el artículo 2.1 cuando les sea imputable una acción u omisión tipificada como infracción de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
3.o El resto de los altos cargos y del personal al servicio de las instituciones u organismos a los que se refiere el artículo 2 cuando les sea imputable una acción o una omisión tipificada como infracción, de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
4.o Los sujetos obligados, a los que hace referencia el artículo 3.
5.o Las personas obligadas a suministrar información, a las que se refiere el artículo 4.
b) De las infracciones en materia de participación en los asuntos públicos:
1.o La persona que tenga la condición de alto cargo o asimilado en la Comunidad y los municipios de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2.o El personal al servicio de las Administración pública autonómica y local y de las entidades y organismos recogidos en el artículo 2.1 cuando les sea imputable una acción u omisión tipificada como infracción de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
4.o Los sujetos a los que hace referencia el artículo 3.3, por el incumplimiento de sus deberes de registro o de las obligaciones previstas en el Capítulo II del Título IV.
a) Por la comisión de infracciones muy graves, la destitución del cargo.
1.o La suspensión de funciones y retribuciones durante un período de entre tres a seis meses para el ejercicio de alto cargo o asimilado.
2.o La declaración de incumplimiento de la Ley y la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
1.o La amonestación.
2.o La publicación de la infracción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
1.o Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros.
2.o Retirada del documento de identificación y suspensión, durante un período de un año y un día a cinco años de la inscripción en el Registro de Transparencia.
3.o Inhabilitación para beneficiarse de ayudas públicas o para contratar con las Administraciones públicas durante un período de un año.
1.o Multa comprendida entre 5.001 y 30.000 euros.
2.o Retirada del documento de identificación y suspensión durante un período máximo de un año de la inscripción en el Registro de Transparencia.
c) Por la comisión de infracciones leves, la amonestación.
3. Los criterios aplicables para determinar el tipo y alcance de la sanción de los apartados anteriores, serán los establecidos en la legislación de régimen jurídico del Sector público, así como los derivados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno.
a) Cuando el presunto responsable sea una persona que tenga la consideración de alto cargo o asimilado de la Administración pública autonómica o local, el procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la normativa que regule las incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad de Madrid o de las entidades locales y supletoriamente en lo dispuesto en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En lo no previsto en la normativa anterior, se aplicarán las normas procedimentales vigentes para la exigencia de la responsabilidad disciplinaria del personal estatutario al servicio de la Administración pública de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos.
b) Cuando el presunto responsable sea un alto cargo o asimilado o personal al servicio de una institución u organismo diferente de los previstos en el apartado anterior, el procedimiento sancionador se ajustará a la normativa específica que le sea de aplicación.
c) Cuando el presunto responsable tenga la consideración de sujeto o persona obligada conforme a los artículos 3 y 4, el procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación básica del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del régimen jurídico del Sector público.
d) En el caso de infracciones imputables al personal al servicio de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2, el procedimiento disciplinario, se ajustará a la normativa reguladora del personal estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.
a) El Consejo de Gobierno cuando el responsable tenga la consideración de alto cargo, salvo que corresponda a la presidencia de la Comunidad.
b) El alcalde o presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administración local.
c) El rector, en el caso de universidades públicas.
d) El titular del órgano competente en materia de Administración pública, en el caso de otras autoridades.
e) El establecido en la normativa aplicable en cada caso, cuando se trate de personal al servicio de las entidades y organismos incluidos en el artículo 2.
f) El titular del órgano que otorga la subvención o ayuda pública, o el competente en la materia a la que se refiera el concierto, cuando el responsable sea uno de los sujetos relacionados en el artículo 3.1 y 2.
g) El titular del órgano que tenga atribuidas las competencias del artículo 65, cuando el responsable sea uno de los sujetos comprendidos en el artículo 66.
h) El titular del órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia al que deba suministrar la información, cuando el responsable sea una persona obligada a la que se refiere el artículo 4.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 resolución 
 artículo 31
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 4
 resolución 
 artículo 53
 artículo 66
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 53
 artículo 66
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 69
 artículo 69
 resolución 
 artículo 53
 artículo 66
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 4