Source: http://psicolog.org/eje-14-defensa-seguridad-y-derechos-humanos.html?page=24
Timestamp: 2019-04-21 02:36:42+00:00

Document:
De jueces y periodistas: el flagelo de la prisión preventiva como violación de derechos humanos
Página 24/25
La prisión preventiva: naturaleza jurídica, uso y abuso
La responsabilidad de los medios de comunicación y de los jueces y juezas
El caso de D.M.: un ejemplo de hasta dónde puede llegar el absurdo de la prisión preventiva
Viagem do Presidente João Goulart aos Estados Unidos da América e ao México.
Visita do Presidente Kennedy ao Brasil.
Visita do Presidente Kennedy.
Visita ao Brasil dos Senhores Robert Kennedy e Edwin Martin.
Estado e Oposição no Brasil (1964-1984)
Alan Diego Vogelfanger
En los últimos años, por las orientaciones de “mano dura” en las discusiones sobre seguridad, se puso en discusión un principio que parecía consolidado en los años de democracia, que sostiene una separación tajante entre las esferas de seguridad interior y defensa nacional354. A raíz de un contexto en el que priman la lucha contra el narcotráfico, la criminalización de la protesta social y las campañas mediáticas tendenciosas, existe una línea regional en América Latina que impulsa involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna355, cuestión que no ha contribuido a solucionar la problemática356 sino más bien lo contrario357.
Tal como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH), se ha producido "una progresiva militarización de la policía y sus operativos, y una atribución de competencias en materia de seguridad ciudadana al ejército, especialmente en los países más afectados por la violencia y el actuar del crimen organizado"358. Más aún, agregó que, en general, esta estrategia no redujo el clima de inseguridad sino que, por el contrario, "muchos países han experimentado un recrudecimiento de la violencia además de reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado"359. En definitiva, el común denominador de las estrategias de seguridad en la región incluye la atribución de mayores competencias a las fuerzas de seguridad del Estado (policía y ejército)360.
Ahora bien, por más de que se pretenda reivindicar el principio de demarcación y lograr que las fuerzas armadas no intervengan en asuntos locales, eso no significa en absoluto que la policía estatal funcione correctamente: la preeminencia de la prisión preventiva, las pésimas condiciones carcelarias y los abusos que allí se cometen lo acreditan al representar una de las mayores vulneraciones de derechos humanos en nuestro país y en nuestro continente.
El objetivo del presente artículo es involucrar en este análisis a las actuaciones de los jueces y de los medios de comunicación, más allá del funcionamiento de los cuerpos militares y policiales, que suelen ser los protagonistas principales al momento de hablar de seguridad, defensa y derechos humanos. En este sentido, se comenzará con un estudio de la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, que incluirá los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estadísticas sobre el uso del encarcelamiento preventivo. Asimismo, se focalizará en un caso puntual, trabajado por la Clínica Jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Finalmente, se expondrán las conclusiones a fin de concientizar acerca las posibles razones que generaron la situación actual y la necesidad de revertir esta tendencia, apoyándose en el derecho internacional de los derechos humanos.
La prisión preventiva puede definirse técnicamente como el encarcelamiento del imputado mientras se sustancia el proceso penal que determinará su culpabilidad o no. Vale destacar que se trata de una medida cautelar, no punitiva361, que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad362. Tal como lo sostuvo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “la prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible”363. Esto es así porque se trata de la medida más severa que se le puede aplicar al acusado de un delito y la regla general debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal364. Solamente se puede restringir la libertad del detenido para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia365, debiéndose fundar el riesgo en circunstancias objetivas366. En caso contrario, la prisión preventiva equivaldría a anticipar la pena a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido todavía determinada367, lo que significaría violar la presunción de inocencia. Más aún, las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva368.
Además, según los estándares internacionales, las personas bajo prisión preventiva tienen derecho a una revisión judicial periódica de los fundamentos para su detención, de conformidad con las garantías al debido proceso. Al respecto, la CIDH ha establecido que el riesgo procesal tiende a disminuir con el paso del tiempo; o dicho de otra manera, la explicación que ofrezca el Estado de la necesidad de mantener a una persona en prisión preventiva debe ser más convincente y mejor sustentada a medida que pasa el tiempo369.
Asimismo, en un informe de 2011, la CIDH recomendó a los Estados latinoamericanos realizar reformas legislativas e institucionales para asegurar un uso más racional de la prisión preventiva y pidió que realmente se recurra a esta medida de forma excepcional, que se promueva el uso de medidas alternativas o sustitutivas y que se observen los plazos máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva370.
Para finalizar esta cuestión, si bien es cierto que, al analizar la obligación de los Estados de proteger la seguridad de sus ciudadanos, la propia CIDH ha reconocido que razones de seguridad pública pueden justificar restricciones a la libertad o la extensión de los períodos normales de detención preventiva o administrativa371, debe aclararse que lo ha hecho específicamente en el marco de un análisis sobre terrorismo y también respetando las garantías del debido proceso. Es decir, por un lado, no se hacía referencia a cualquier crimen sino que se apunta a uno de los flagelos más grandes en el contexto internacional, y por otro lado, ello tampoco quiere decir que el Estado puede vulnerar todo tipo de garantías de la persona detenida, independientemente del delito del que se la acusa.
Como se puede presuponer, en Argentina -y en América Latina en general- la prisión preventiva está muy lejos de ser la excepción y de ninguna manera todos los detenidos bajo este régimen están acusados de terrorismo: esta medida se aplica casi automáticamente y abarca la mayoría de los delitos que llegan a judicializarse. En términos de Alberto Bovino, “el abuso del encarcelamiento preventivo de nuestros sistemas de justicia penal constituye una vulneración grave del principio de inocencia, que es otro de los pilares fundamentales del esquema de derechos humanos que protege a toda persona sometida a persecución penal”372.
Según los datos del Registro Único de Detenidos (RUD) de la Procuración General de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del total de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires sólo el 39,6 % se encuentra condenado con sentencia firme373. El CELS también coincidió en que más del 60% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires y en el sistema federal no tienen condena firme374 y Amnistía Internacional, al hablar de la perspectiva regional en América, afirmó que “decenas de miles de personas permanecían recluidas en espera de juicio durante largos periodos debido a las demoras en los sistemas de justicia penal”375.
Por último, quedan por destacar dos cuestiones. En primer lugar, el hecho de que la persona detenida haya recibido una sentencia condenatoria en primera instancia no quiere decir que se revierta terminantemente su presunción de inocencia y que su encarcelamiento deje de enmarcarse en este régimen de prisión preventiva. En otras palabras, mientras exista una posibilidad real de que un tribunal superior revierta la sentencia, la persona no puede ser considerada culpable, no corresponde sostener que por contar con sentencias de primera instancia y/o de casación disminuye o se atenúa su presunción de inocencia y su detención seguirá constituyendo una medida cautelar376. Y en segundo lugar, los Estados no pueden alegar su excesiva carga de trabajo, la cantidad de causas judiciales que tienen o el “colapso” de sus tribunales como excusa para no cumplir con los tiempos correspondientes en el juzgamiento de los delitos377; incluso, las personas que se encuentran detenidas deberían tener prioridad en el tratamiento de sus expedientes y éstos deberían ser conducidos con mayor celeridad378.
Quizás una de las preguntas más interesantes y complejas de responder ante esta situación es ¿por qué? ¿a qué se debe esta preeminencia de la prisión preventiva cuando casi todas las normas, sentencias judiciales y estándares internacionales nos dirigen hacia el camino contrario? Como se mencionó anteriormente, una posible hipótesis -aunque lejos de pretender dar una respuesta final a esta cuestión- indicaría que la desidia judicial y la presión mediática/popular pueden ser los grandes responsables.
Es casi indudable que las campañas mediáticas muchas veces distorsionan la magnitud y el sentido del problema de la inseguridad379 y que las prácticas del sistema penal son permeables a los mensajes de endurecimiento que llegan desde los actores políticos y periodísticos380. Proliferan en diarios, radio y televisión discursos sobre “jueces garantistas”, frases del estilo de “dejan en libertad a personas que vuelven a robar, matar o violar”, “las leyes están hechas para favorecer a los delincuentes” o “los derechos humanos son solamente para los chorros”, y pedidos relacionados con penas más duras, bajar la edad de punibilidad, restricciones en las excarcelaciones; en definitiva: más policía, más vigilancia, más castigo y más cárcel. A todo esto, el CELS lo ha calificado como “propuestas de medidas de inflexibilidad penal, inútiles para reducir el delito y con graves consecuencias para los derechos humanos”381; entre ellas, que la prisión preventiva sea uno de los dispositivos centrales de la política de seguridad382. ¿Por qué se recurre a esta medida? Porque permite demostrar un resultado concreto: se encarcela al principal acusado del delito (o a veces, ni siquiera eso) y se pretende brindar una sensación de que ya está resuelto el problema y que no volverá a suceder. Más aún, por ejemplo, la metáfora de la “puerta giratoria”, un diagnóstico repetido hasta el cansancio en los medios masivos de comunicación y en el discurso político, también oculta e impide un debate serio sobre el negativo impacto de lo carcelario en la vida de las miles de familias que transitan por esta experiencia383. Y ni hace falta mencionar las consecuencias en cuanto a sobrepoblación carcelaria, violencia institucional, hacinamiento, pésimas condiciones de salud, etcétera.
Si bien puede sostenerse en algunas ocasiones que existe una “debilidad de las distintas fuerzas políticas para afrontar esta agenda con independencia de las presiones de los poderes corporativos mediáticos o de las propias policías”384, por otro lado, también debe aclararse que esto sucede en el mejor de los casos, y desde una postura optimista: muchas veces, los gobiernos están alineados con estas posturas de demagogia punitiva. Asimismo, los índices de criminalidad, el retardo en las causas, la débil capacidad de respuesta de la administración de justicia frente a los procesos en juzgados pendientes y la falta de confianza de la ciudadanía en general hacia este sistema también concurren como factores que inciden sobre jueces y fiscales para optar por la prisión preventiva casi de forma automática, sacrificando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad385. Aunque, igualmente, muchas veces son los propios jueces los que fomentan posiciones restrictivas sobre la libertad durante el proceso386, como se verá a continuación.
La práctica profesional en la carrera de abogacía es obligatoria para todos los estudiantes y consiste en asistir jurídicamente, por un año, a personas que no pueden acceder a un abogado particular, ya sea desde la recepción de consultas directamente en el Palacio de Tribunales o a través de la colaboración con organizaciones no gubernamentales avocadas a esta tarea. Durante el año 2013, en el CELS, una de las asociaciones donde se puede realizar esta práctica profesional, se recibió un caso que demuestra empíricamente la problemática de la prisión preventiva.
D.M. se encontraba detenido desde hacía más de 10 años, a pesar de no tener en su contra una sentencia de carácter firme y definitiva. La persona había sido condenada a 18 años de prisión por homicidio agravado por alevosía y codicia en grado de tentativa y luego la Cámara de Casación Penal redujo la condena a 16 años. Esta decisión fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero todavía estaba pendiente la resolución del recurso extraordinario presentado para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se analizarán dos cuestiones en particular: 1) el argumento de la “pena en expectativa” y 2) el principio que consagra que ningún imputado puede tener un trato más desfavorable al de un condenado.
En primer lugar, a D.M. se le negaron todos los pedidos de beneficios (excarcelación, salidas transitorias, libertad condicional, etcétera) por un supuesto peligro de fuga -una de las razones válidas para justificar la prisión preventiva- basado únicamente en lo que se conoce como “pena en expectativa”. De forma sistemática, y no solamente en este caso en particular, varios jueces sostienen la prisión preventiva sin analizar el caso concreto y basándose exclusivamente en que los imputados (detenidos sin condena firme por más de 7 u 8 años) eludirán la acción de la justicia simplemente por el mero hecho de que existe una posibilidad de que sean condenados a varios años de prisión. Esto es claramente contrario a lo sostenido anteriormente, donde se determinó que el riesgo supuesto debe ser sometido a verificación concreta que permita afirmar fundadamente la existencia de peligro procesal y que la posibilidad de ordenar la detención se encuentra supeditada a la condición de que el peligro concreto no pueda ser neutralizado con medidas cautelares menos graves387. En términos jurídicos, se termina imponiendo una presunción que no puede ser desvirtuada y que no admite prueba en contrario (iuris et de iure) puesto que no se analizan los distintos factores en concreto: si la pena es mayor a siete años, se presume un peligro de fuga y se condena al imputado a prisión preventiva automáticamente. Es decir, no se utiliza a la prisión preventiva como medida excepcional, se atenúa el principio de inocencia por condenas preliminares, se presume un peligro de fuga en abstracto sin considerar las particularidades de cada situación, se rechazan medidas de coerción personal alternativas y no se respeta el principio de proporcionalidad.
En segundo lugar, el uso del argumento del peligro de fuga para negar la libertad condicional u otras medidas implica una vulneración al principio que consagra que ningún imputado puede tener un trato más desfavorable al de un condenado. Si el rechazo de este beneficio se sustenta únicamente en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia, su situación se torna absurdamente más gravosa que si hubiese sido condenado, ya que en esta última circunstancia no se podría utilizar dicho argumento. En otras palabras, se utilizan fundamentos para negarle un beneficio a un imputado que no podrían usarse para negarle el mismo derecho a un condenado. La posibilidad de aplicar ciertos institutos (salidas transitorias, prisión domiciliaria, libertad asistida y libertad condicional) al procesado en prisión preventiva es directa consecuencia de la observancia del principio de proporcionalidad del encarcelamiento procesal, según el cual, como medida cautelar, no puede ser más gravoso que la propia pena388. Es decir, la situación de un procesado nunca puede ser peor que la de un condenado389.
En definitiva, todo esto constituye una vulneración de los derechos fundamentales: se ven afectados los principios de excepcionalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, se supera la razonabilidad de su duración y se coloca al imputado en una situación más gravosa que si hubiese sido condenado.
Los desafíos que se presentan al hablar de seguridad, defensa y derechos humanos no competen únicamente a las fuerzas de seguridad (policía, gendarmería, ejército y todas sus variables) o a los políticos. Existen otros grupos de poder que tienen, por lo menos, las mismas responsabilidades que quienes ejecutan las medidas.
En Argentina, y generalmente en América Latina, las condiciones de inseguridad y la violencia son importantes factores de preocupación que, en muchas ocasiones, conllevan graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas390. Su impulso, muchas veces, proviene de la prensa, y los responsables de tolerarlo y actuar de conformidad son los jueces y juezas. Las respuestas de los Estados ante estos contextos se basan primordialmente en políticas fuertemente centradas en los aspectos de control coercitivo y de represión punitiva391. Es decir, se prioriza el sistema penal y la privación de la libertad, en detrimento de programas de rehabilitación y reinserción social392. El motivo es que se propaga una “noción de que entre el sistema penal y la seguridad existe una relación directa que se podría resumir en la fórmula a más dureza penal, más seguridad”393. Experiencias empíricas en distintos países, incluido el nuestro, han demostrado que no es así e incluso que el endurecimiento penal trae asociada mayor violencia394. Estas políticas buscan mostrar resultados a corto plazo pero no logran abordar adecuadamente las causas subyacentes ni se enfocan suficientemente en las causas estructurales, en la prevención ni en programas de inversión social y promoción de derechos395.
La influencia de los medios de comunicación, como formadores de opinión, en la determinación de políticas públicas y cursos de acción resulta innegable. El abordaje de una gran parte de los diarios y programas de radio y televisión sobre el crimen y el delito impulsa un clima propicio para la vulneración de derechos humanos, que luego los jueces se encargan de confirmar a través de vericuetos legales inconstitucionales, tal como se demuestra, por ejemplo, en el caso de D.M. Es decir, podríamos estar hablando prácticamente del primer y del último eslabón de la cadena, aunque a veces suelen pasar desapercibidos en esta discusión. Por supuesto que no se propone desde acá un ejercicio de censura previa o una revolución judicial, sino advertir la existencia de ciertos factores relevantes para la discusión y exigir que sean debidamente tenidos en cuenta a la hora de analizar posibles soluciones ante este panorama. Por ejemplo, a través de capacitaciones y de concientizar acerca de lo fundamental que resulta su trabajo en este contexto. Las herramientas jurídicas en la materia son abundantes y accesibles, lo necesario es reconocer el papel fundamental que cumplen estos actores, abstraerse de los discursos de moda y, en definitiva, adecuarse a los estándares internacionales en derechos humanos.
- Alberto Bovino. Problemas del Derecho Procesal Contemporáneo, Editores del Puerto, 1998.
- Amnistía Internacional. "Informe 2014/2015: La situación de los derechos humanos en el mundo".
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA) y otros. Uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas, Informe presentado en el 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1 de noviembre de 2012.
- Centro de Estudios Legales y Sociales. Nuevos embates al principio de demarcación entre seguridad y defensa. Lecciones de la historia de la Argentina y de la región, en "Derechos Humanos en Argentina: Informe Anual 2015".
- Centro de Estudios Legales y Sociales. Realineamientos punitivos en los debates sobre seguridad y las derivaciones en la política criminal, en "Derechos Humanos en Argentina: Informe Anual 2015".
Informe No. 12/96, Caso 11.245, Jorge A. Giménez vs. Argentina.
Informe No. 35/07, Caso 12.553, Peirano Basso vs. Uruguay.
Informe sobre las personas privadas de la libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 de diciembre de 2011.
Hacia el cierre de Guantánamo, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 20/15, 3 de junio de 2015.
Violencia, niñez y crimen organizado, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 40/15, 11 noviembre 2015.
- Comisión Provincial por la Memoria. "Informe anual 2015: El sistema de la crueldad IX".
- Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.
Caso Tibi Vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135.
Caso García Asto y Ramírez Rojas, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137.
Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141.
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170.
Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187.
Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206
- Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
Observación General N°8: Artículo 9 - Derecho a la libertad y a la seguridad personales, 1982.
Sundara Arachchige Lalith Rajapakse vs. Sri Lanka, Comunicación No. 1250/2004, U.N. Doc. CCPR/C/87/D/1250/2004, 5 de septiembre de 2006.
- Julio B. Maier. “Derecho Procesal Penal: Fundamentos”, Editores del Puerto, 2002.
- Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Sala 1, Causa N° 55.733 caratulada “S., V. A. s/ Hábeas Corpus”, 14 de noviembre de 2012.
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Čevizovic vs. Germany, Application No 49746/99, 29 de octubre de 2004.
- Tribunal Oral en lo Criminal N°14. Causa n° 2253 “Carrera, Fernando Ariel” -incidente de excarcelación-, 6 de junio de 2012.
1 Tesista de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Facultad de Ciencias Humanas, Tandil. Diplomatura en Defensa y Geopolítica Latinoamericanas (PLED-CCC y UBA). Mariano.delpopolo@gmail.com
2Ver http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/
3 Ver “Contributors to United Nations peacekeeping operations. January 2016” http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2016/jan16_1.pdf
4 Ver “Panetta reitera asociación y amistad con Chile” http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/04/201204304807.html#axzz3wJHksIjx
5 Ver http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
6 Ver “U.S. Army's Top Pacific Commander Visits Chile”. 17 de Abril, 2015. http://www.pacom.mil/Media/News/tabid/5693/Article/585425/us-armys-top-pacific-commander-visits-chile.aspx
7 Ver XII Reunión del Comité Consultivo de Defensa entre Estados Unidos y Chile. http://chiledefensa.blogspot.com.ar/2012/06/xii-reunion-del-comite-consultivo-de.html
8 Ver “Subsecretario Robledo co-preside XV Reunión del Comité Consultivo de Defensa Chile-Estados Unidos” http://www.defensa.cl/noticias/robledo-preside-comite-consultivo-chile-eeuu/
9 Ver http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/Jets-from-USS-George-Wasington-train-with-Chilean-Air-Force-in-%27Blue-Sky-V%27-exercise.aspx
10 Ver http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/US-Marines,-multinational-troops-conduct-urban-ops-training-in-Chile.aspx
11 Ver http://www.lanacion.cl/armada-base-en-concon-es-el-centro-de-entrenamiento-para-cascos-azules/noticias/2012-04-17/212341.html
12 Ver http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/Army-South-Builds-Peacekeeping-Training-MOUT-Site-in-Chile.aspx
13 Perón, Juan D., conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, 10 de junio de 1944.
14 Perón, Juan D., Acta de Santiago, 21 de febrero de 1953.
15 Perón, Juan D., Acta de Santiago, 21 de febrero de 1953.
16 Perón, Juan D., Escuela Nacional de Guerra, 11 de noviembre de 1953.
17 ABC fue un ambicioso proyecto que nucleaba a los países Argentina, Brasil y Chile con miras a un mercado común e integración política, en los inicios de la década del 50.
18BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Viagem do Presidente João Goulart aos Estados Unidos da América e ao México. Rio de Janeiro: Seção de Publicações do MRE, 1962, p. 33.
20 Idem, ibidem.
21BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Viagem do Presidente João Goulart aos Estados Unidos da América e ao México. Rio de Janeiro: Seção de Publicações do MRE, 1962, p. 35.
22 Idem, p. 11-12. Grifos nossos.
23BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Viagem do Presidente João Goulart aos Estados Unidos da América e ao México. Rio de Janeiro: Seção de Publicações do MRE, 1962, p. 179.
24Idem, p. 63-193.
25Até então, a única ação que desabonava a imagem de Kennedy era sua participação nos episódios da Baia dos Porcos. Ele era tido como um jovem, idealista e competente líder político de ideias progressistas – tais quais a Aliança para o Progresso e sua política para os direitos civis em seu país. Sua verdadeira política para Cuba; a máfia orbitando seu governo; as denúncias a respeito de sua eleição; sua participação na política para o Vietnã seria de conhecimento público apenas na década seguinte ao seu assassinato, em especial a partir de 1975, quando foi instaurada a Comissão Church (seu presidente era o senador Frank Church)no Senado dos EUA para investigar ações da CIA (HERSH; 1998: 194-210).
26BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Viagem do Presidente João Goulart aos Estados Unidos da América e ao México. Rio de Janeiro: Seção de Publicações do MRE, 1962, p. 125.
27 Discurso do Presidente João Goulart durante comemorações do Dia do Trabalho em 1º de maio de 1962 apud FICO, 2014: 243.
28Discurso do Presidente João Goulart durante comemorações do Dia do Trabalho em 1º de maio de 1962 apud FICO, 2014, p.244-245.
29 Despacho telegráfico para a Embaixada em Washington. Num. 440. URGENTE. Assunto: Visita do Presidente Kennedy ao Brasil. Data: 12 de julho de 1962. AHMRE, Palácio do Itamaraty. Brasília/DF.
30O Estado de São Paulo, 04 de outubro de 1962, p. 3. BSF. Brasília/DF.
31 Telegrama da Delegação do Brasil na ONU. Num. 44. SECRETO. URGENTE. Assunto: Visita do Presidente Kennedy ao Brasil. Data: 07 de outubro de 1962. AHMRE, Palácio do Itamaraty. Brasília/DF.
32 Telegrama da Delegação do Brasil na ONU. Num. 44. SECRETO. URGENTE. Assunto: Visita do Presidente Kennedy ao Brasil. Data: 07 de outubro de 1962. AHMRE, Palácio do Itamaraty. Brasília/DF.
33 Despacho telegráfico para a Embaixada em Washington. Num. 538. SECRETO. Assunto: Visita do Presidente Kennedy. Data: 10 de outubro de 1962.AHMRE, Palácio do Itamaraty. Brasília/DF.
35 Idem, ibidem.
36 Idem, ibidem.
37 Telegrama da Embaixada em Washington. Num. 743. SECRETO. Assunto: Visita do Presidente Kennedy ao Brasil. Data: 15 de outubro de 1962. AHMRE, Palácio do Itamaraty. Brasília/DF
38 Idem.
39O Estado de São Paulo, 14 de outubro de 1962, p. 8. BSF. Brasília/DF. Também estava sendo programada uma visita de Jacqueline Kennedy ao bairro “Aliança” onde o estado da Guanabara “constrói casas para favelados com recursos da Aliança para o Progresso”. O Estado de São Paulo, 21 de outubro de 1962, p. 7. BSF. Brasília/DF.
40O Estado de São Paulo, 18 de outubro de 1962, contracapa. BSF. Brasília/DF.
41O Estado de São Paulo, 19 de outubro de 1962, contracapa.BSF. Brasília/DF.
42O Estado de São Paulo, 21 de outubro de 1962, p. 7. BSF. Brasília/DF.
43O Estado de São Paulo, 24 de outubro de 1962, contracapa. BSF. Brasília/DF.
44 Idem.
45O Estado de São Paulo, 25 de outubro de 1962, contracapa.BSF. Brasília/DF.
47 O Estado de São Paulo, 26 de outubro de 1962, contracapa BSF. Brasília/DF.
48O Estado de São Paulo, 26 de outubro de 1962, contracapa BSF. Brasília/DF
49 Carta do presidente John Kennedy ao presidente João Goulart apud O Estado de São Paulo, 27 de outubro de 1962, contracapa. BSF. Brasília/DF.
50Idem.
51 Idem.
52 Telegrama da Embaixada em Washington. Num. 815. SECRETO. URGENTE. Assunto: Questão de Cuba. Data: 01de novembro de 1962. AHMRE, Palácio do Itamaraty. Brasília/DF. Grifos nossos.
54 Também fortalece nossa interpretação o fato de que no dia 30 de outubro, quando já estavam sendo implementadas as negociações Kennedy-Kruschev, o presidente dos Estados Unidos recebera na Casa Branca 80 oficiais brasileiros membros da Escola Superior de Guerra – que, em geral, mantinha aversão a respeito do nacional-reformismo de João Goulart e de seus subprodutos como a Política Externa Independente. O Estado de São Paulo, 31 de outubro de 1962, p. 2. BSF. Brasília/DF.
55 “A posição brasileira na crise dos mísseis cubanos foi intolerável para Kennedy”(FERREIRA; 2011: 320).
56 “Se o presidente norte-americano assassinado em Dallas, desde a crise dos mísseis cubanos, afastara-se de João Goulart, por considerá-lo um perigo á segurança nacional dos Estados Unidos, seu sucessor, Lyndon Johnson, manteve idêntica avaliação. Para eles, a recusa de Goulart em apoiar a intervenção militar em Cuba, bem como romper relações diplomáticas e comerciais com a ilha, foi imperdoável” (FERREIRA; 2011: 400). .
57O Estado de São Paulo, 17 de novembro de 1962, contracapa. BSF. Brasília/DF.
58O Estado de São Paulo, 30 de novembro de 1962, p. 3. BSF. Brasília/DF.
59 Nessa reunião, além do presidente dos EUA, participaram o vice-presidente Lyndon Johnson, o secretário de Defesa Robert McNamara, o secretário de Estado Dean Rusk, o secretário do Tesouro Douglas Dillon, o procurador-geral Robert Kennedy, o diretor da CIA John McCone, o chefe da Junta Militar Maxwell Taylor, o conselheiro especial de Segurança Nacional McGeorgeBundy, o secretário assistente de Assuntos Interamericanos Edwin Martin, os conselheiros especiais Ralph Dungan e Arthur Schlesinger Jr e o embaixador no Brasil Lincoln Gordon (SILVA; 2008: 197).
60 Políticas de Curto Prazo dos Estados Unidos para o Brasil apud SILVA, op.cit., p. 198.
61Políticas de Curto Prazo dos Estados Unidos para o Brasil apud SILVA, op.cit., p. 198.
62Idem.
63Idem, p. 200. Grifos nossos.
64Iddem, p. 202.
65 Idem, p. 203.
66O Estado de São Paulo, 16 de dezembro de 1962, p. 6. BSF. Brasília/DF.
67 Telegrama da Embaixada em Washington. Num. 921. URGENTE. Assunto: Visita ao Brasil dos Senhores Robert Kennedy e Edwin Martin. Data: 13 de dezembro de 1962. AHMRE, Palácio do Itamaraty, Brasília/DF.
68 James Green e Abigail Jones publicaram um interessante artigo no qual confrontam as memórias de Gordon com a documentação diplomática que foi sendo liberada pelo governo dos Estados Unidos recentemente e que fora produzida pelo próprio embaixador (GREEN; JONES; 2009: 67-89).
69 Registro da conversa ocorrida entre o presidente João Goulart e o procurador-geral Robert Kennedy, no Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 17 de dezembro de 1962, das 11h15 às 14h30 apud GORDON, op.cit.
70Idem, p. 372.
71Idem, ibidem.
72Idem, p. 373.
73Idem, ibidem.
74Idem, ibidem.
75Idem, p. 374.
76 Idem, ibidem.
77Registro da conversa ocorrida entre o presidente João Goulart e o procurador-geral Robert Kennedy, no Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 17 de dezembro de 1962, das 11h15 às 14h30 apud GORDON, op.cit.p. 382. Grifos nossos.
78 Registro da conversa ocorrida entre o presidente João Goulart e o procurador-geral Robert Kennedy, no Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 17 de dezembro de 1962, das 11h15 às 14h30 apud GORDON, p. 385. Grifos nossos.
79 Idem, p. 386.
80 Idem, ibidem.
81Idem, p. 390.
82 SERGIO RICO FRENANDEZ, Magister en Ciencias Políticas, Director de la Cátedra de Estrategia, Docente y Director del Centro de Estudios Estratégicos del CALEN, Director del Curso de Prospectiva en dicho Centro, integrante del CURI (Consejo uruguayo de relaciones internacionales).
83 Krause, Martín “Problemas ambientales en América Latina”, Oct 2012, Buenos Aires
84 Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
85 XXVII Asamblea General de las Naciones Unidas
86 Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el medio ambiente.
87 XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 31 de enero al 3 de febrero del 2012, Quito, Ecuador
88 Encuesta “Las Am{ericas y el Mundo: opinión pública y Política exterior” realizada en 2014-2015, la pregunta fue: ¿Qué tan importante debe ser cada uno de los siguientes objetivos para la política exterior de su país?
89 Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Perspectivas Regionales
90 La redefinición de seguridad/amenaza no surgió en ese momento, sino que se venía articulando desde principios de los ’70. Esto se ve reflejado en el proceso e incidencia de la Comisión Trilateral (EEUU, Europa, Japón). A inicios de los ’90, las reuniones llevadas a cabo por esta comisión dan cuenta de las concepciones de seguridad y amenazas desde la percepción de los expertos de los Estados centrales. Incluyen la inestabilidad, las migraciones, la pobreza, los desastres naturales, el cambio climático, además del crimen organizado (Trilateral Commission 1991-1992). El “enemigo” es más ambiguo aún que “la subversión” asociada al comunismo. Estas “amenazas” cobrarán aún más visibilidad luego del ataque a las Torres Gemelas.
91 Ver Tulchin, Manaut Benítez y Diamint (2006). López y Sain (2003). Buzan y Hansen (2009)
92 Ver: https://cmiguate.org/el-partido-patriota-es-una-macroestructura-criminal/
93 Ver informe completo en: http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/2016-Posture-Statement-to-Congress.aspx
94 Este material es un extracto del artículo de una de las autoras, publicado en: http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/
95Ver:http://www.letrap.com.ar/nota/2015-12-22-macri-ordeno-reprimir-la-protesta-de-los-trabajadores-de-cresta-roja
96 Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales en Tucumán denunciaron posterior a los festejos del bicentenario de la independencia en dicha ciudad, la presencia de un grupo de ex militares en el desfile bajo la consigna “Soldados del Operativo Independencia” dado que bajo ese nombre operaba un grupo de tareas durante la última dictadura militar. (Tucumán Noticias, 13/07/2016) Disponible en: http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia/actualidad/organismos-de-ddhh-de-tucuman-repudiaron-las-expresiones-desarrolladas-en-el-desfiles-del-9-de-julio-153289.html
97 MARTINS FILHO, João Roberto. Os Estados Unidos, a Revolução Cubana e a contra insurreição. Revista de Sociologia e Política, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, n. 12, 1999, p. 67-82.
98 DAVIS, Mike. O imperialismo nuclear e a dissuasão extensiva. In: THOMPSON, Edward. Exterminismo e Guerra Fria. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 74.
99 DULLES apud MARTINS FILHO, op. cit., p. 71
100 MARTINS FILHO, João Roberto. A influência doutrinária francesa sobre os militares brasileiros nos anos de 1960. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, n. 67, jun. 2008, p. 41.
101 MARTINS FILHO, João Roberto. Tortura e ideologia: os militares brasileiros e a doutrina da guerre révolutionnaire (1959-1974). In: SANTOS, Cecília Macdowell; TELES, Edson; TELES, Janaína de Almeida (orgs.). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil. v. 1. São Paulo: Hucitec, 2009. p. 179-202.
102 GODOY, Marcelo. A casa da vovó: uma biografia do DOI-Codi (1969-1991), o centro de sequestro, tortura e morte da ditadura militar. São Paulo: Alameda. p. 69.
103 LUJÁN MARTÍNEZ, Horacio. Carl Schimittt e a ressignificação de seu conceito de “inimigo interno” pelo terrorismo de Estado argentino (1974-1973). In: BRANCO, Guilherme Castelo (org.). Terrorismo de Estado. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
104 Campo psicossocial. Fonte do verbete: Conselho de Segurança Nacional, Série Políticas de Segurança Nacional, Subsérie Estudos, BRANBSB N8.0.PSN.EST.086. In: ISHAQ, Vivien; FRANCO, Pablo E.; SOUSA, Teresa E. A escrita da repressão e da subversão: 1964-1985. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012. p. 79-81.
105 QUADRAT, Samantha. A preparação dos agentes de informação e a ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985). Varia Historia, Belo Horizonte, v. 28, n. 47, jan./jun. 2012, p. 22.
106 Rio de Janeiro. CPDOC-FGV. Síntese da Conjuntura interna dos últimos doze anos. Documento confidencial, [s.d.], p. 21-22. QUADRAT, Ibid., p. 40-41.
107 GODOY, op. cit., p. 408.
108 COELHO, Waldyr. A guerra revolucionária e a subversão e o terrorismo em São Paulo apud GODOY, op. cit, p. 81.
109 CASTRO, Adyr Fiúza de. Depoimento [mar. 1993]. Entrevistadores: Maria Celina D´Araújo e Gláucio Ary Dillon Soares. In: D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Gláucio Ary Dillon; CASTRO, Celso (orgs.). Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 75.
110 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Bauru/SP: Edusc, 2005. p. 48.
111 BRASIL. Escola Superior de Guerra. Manual básico. ESG: Rio de Janeiro, 1976. p. 433-434.
112 Idem, Ibid., p. 99.
113 Idem, Ibid., p. 110. Grifos da autora.
114 ANTUNES, Priscila Carlos Brandão. SNI & ABIN: uma leitura da atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2002.
115 Idem, Ibid., p. 21.
116 Idem, Ibid., p. 27.
117 Decálogo de Segurança. Fonte do verbete: SNI, BRANBSB V8, caixa 03, pasta 15. In: ISHAQ, Vivien; FRANCO, Pablo E.; SOUSA, Teresa E. A escrita da repressão e da subversão: 1964-1985. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012. p. 125-26. O primeiro decreto que ordenou a custódia de documentos sigilosos no Brasil, o “Regulamento para a salvaguarda das informações que interessam à segurança nacional”, foi editado no ano de 1949, já num contexto de Guerra Fria. Em 1967, durante a ditadura brasileira, houve alterações, sendo que em 1977 a regulamentação foi novamente modificada. Cf. FIGUEIREDO, Lucas. Lugar nenhum: militares e civis na ocultação dos documentos da ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
118 RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Segurança Pública. Classificação dos informes na fonte. [s.d.]. fl. 01. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Acervo da Luta Contra a Ditadura. Fundo: Secretaria de Segurança Pública. Subfundo: Polícia Civil. Departamento de Polícia do Interior. Delegacia Regional de Santo Ângelo. SOPS/SA – 4._.137.12.1.
119 Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Acervo da Luta Contra a Ditadura. Fundo: Secretaria de Segurança Pública. Subfundo: Polícia Civil. Departamento de Polícia do Interior. Delegacia Regional de Cachoeira do Sul. SOPS/CS – 4._.4697.58.17.
120 BRASIL, Escola Superior de Guerra, Manual básico, op. cit., p. 566.
121 Idem. Ibid., p. 559.
122 RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Segurança Pública. Classificação dos informes na fonte. [s.d.]. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Acervo da Luta Contra a Ditadura. Fundo: Secretaria de Segurança Pública. Subfundo: Polícia Civil. Departamento de Polícia do Interior. Delegacia Regional de Santo Ângelo. SOPS/SA – 4._.137.12.1.
123 Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Acervo da Luta Contra a Ditadura. Fundo: Secretaria de Segurança Pública. Subfundo: Polícia Civil. Departamento de Polícia do Interior. Delegacia Regional de Lagoa Vermelha. SOPS/LV – 4._.5750.52.18.
124 Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Acervo da Luta Contra a Ditadura. Fundo: Secretaria de Segurança Pública. Subfundo: Polícia Civil. Departamento de Polícia do Interior. Delegacia Regional de Lagoa Vermelha. SOPS/LV – 4._.5750.52.18.
125 CASTRO, Adyr Fiúza de. Depoimento [mar. 1993], op. cit., p. 47.
126 MAGALHÃES, Marionilde Dias Brepohl. A lógica da suspeição: sobre os aparelhos repressivos à época da ditadura militar no Brasil. Revista Brasileira de História, são Paulo, v. 34, n. 17, 1997.
127 Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Acervo da Luta Contra a Ditadura. Fundo: Secretaria de Segurança Pública. Subfundo: Polícia Civil. Departamento de Polícia do Interior. Delegacia Regional de Lagoa Vermelha. SOPS/LV – 4._.5750.52.18.
128 ANTUNES, op. cit, p. 31-36.
129 Idem, Ibid., p. 33.
130 Autor de la ponencia: Omar Vázquez Heredia. Adscripción institucional: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Título de la ponencia: Estado y su aparato militar en la Revolución Bolivariana. La unión cívico-militar y el nacionalismo petrolero. Eje temático: Defensa, seguridad y derechos humanos.
131 Fragmento de discurso desarrollado en marzo del año 2009 en el cuartel “Fuerte de Los Caribes” del Pao (Cojedes), con motivo de la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional, el Ejercito, la Aviación y la Milicia.
132 El dirigente político José Vicente Rangel, abogado y periodista, fue el civil venezolano más influyente en Hugo Chávez en su condición de Presidente de la República, desde el año 1999 hasta el 2007 fue Canciller (1999-2001), Ministro de la Defensa (2001-2002) y Vicepresidente de la República (2002-2007).
133 En el año 2016 el General de División en situación de retiro Víctor Cruz Weffer, antiguo responsable del Plan Bolívar-2000, estuvo entre los venezolanos que aparecieron con cuentas off shore en los documentos difundidos en el denominado “Panamá Papers”.
134 En mi experiencia como Director General de la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional, ante la necesidad burocrática de colmar el Hemiciclo Protocolar del Palacio Legislativo Nacional, en distintas actividades políticas para que participarán como espectadores invité a la milicia bolivariana y a la guardia patrimonial de la Plaza Bolívar.
135 Criminólogo de la Universidad de los Andes Venezuela. Investigador Acreditado del Centro Internacional Miranda (CIM) y reconocido como PEII – A1 por la República Bolivariana de Venezuela. Maestrante Ciencias Sociales UNGS – IDES Argentina. carlosluisavendano@gmail.com
136 El término “Progresista” es una categoría analítica que utilizaremos para referirnos a países que en su discurso se identifican con políticas de izquierda de los que no lo hacen en la región.
137 El sub-registro también es llamado la cifra negra u oculta de la criminalidad. Son los delitos que no son conocidos por las fuentes oficiales, generalmente por no ser denunciados, en caso del homicidio cuando se conoce de un fallecido se realiza una investigación sin necesidad de una denuncia formal.
138 Bolivia no se incluye en el gráfico, sin embargo forma parte de los países incluidos en la categoría de progresistas
139 Es importante aclarar que las cifran presentadas en el gráfico N°1 corresponden a los datos suministrados por organismos oficiales según estaban disponibles.
140 El índice Gini es el indicador utilizado para medir la distribución del ingreso de un país, sus valores están entre 0 y 1 donde 0 corresponde a una perfecta igualdad y 1 a una perfecta desigualdad (Instituto Nacional de Estadística, 2001)
141 Se desconoce el número de armas de fuego en el país, pero algunas investigaciones citadas por la Comisión Presidencial del Desarme estiman entre tres y siete millones.
142 Ante la decisión del Estado de mantener en reserva las cifras oficiales desde el año 2012 los medios de comunicación presentan datos especulativos, por ejemplo: reportan la cantidad de muertes violentas ingresadas en las morgues y dichas “muertes violentas” no pueden ser atribuidas en su totalidad a la criminalidad como causa. Sin embargo, en el discurso de los medios no está claro, por lo que se incrementa la incertidumbre en la población general.
143 Un militar con rango de General que venía de ocupar funciones en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
144 Abogada Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Candidata a Magíster en Análisis Político Universidad Complutense de Madrid, España. Magister en curso en Ciencia Política, Seguridad y Defensa Nacional, en Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. ANEPE, Santiago de Chile. (Proceso de tesis). E-mail: dianapinzon23@gmail.com
145 Lic. Relaciones Internacionales (UP) 2010. Posgrados en UE-AL (Univ. Bologna, Argentina 2010, 2011, 2012) Posgrado Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UBA 2012). Maestrando en Relaciones Internacionales (UBA, tesis en curso) 2013-2014. Miembro del Proyecto de Investigación de la Maestría en RR.II UBA 2014-2016. Miembro del Departamento del área de Seguridad y Defensa en IRI, La Plata. Miembro del departamento de Paz y Seguridad en unitedexplanatios.org. Miembro investigador en Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (COPLA). Docente en UCES. E-mail: mariano.corbino@gmail.com
146http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf (consultado el 23 de junio de 2016)
147 http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/leyes/391-ley-25246-1 (consultado el 23 de junio de 2016)
148 http://www.egmontgroup.org/ (consultado el 23 de junio de 2016)
149 http://www.fatf-gafi.org Financial Action Task Force- Groupe d’action financière (consultado el 23 de junio de 2016)
150 http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/sobre-el-lavado-de-activos/121 (consultado el 23 de junio de 2016)
151 Resolución 26.608/2002 Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. (consultado el 1 de julio de 2016)
152 http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/leyes/391-ley-25246-1 (Consultado el 1 de julio de 206)
153 http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/leyes/19-26683. (Consultado el 1 de Julio de 2016)
154 Resolución UIF 15/2003: Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Resolución UIF 18/2003: Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Resolución UIF 04/2005: Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
155 http://www.sueddeutsche.de/ (visto el 15 de julio de 2016)
156 https://www.icij.org/ (Visto el 19 de julio de 2016)
157 https://www.nuix.com/ (Visto el 19 de julio de 2016)
158 Martinez-Villalba, Lucas. FARC y Terrorismo: El conflicto armado colombiano en el contexto del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Tesis (Maestro en Derechos Humanos). México, Universidad Iberoamericana, 2013. 295pp.
159 Reinares, Fernando. Conceptualizando el terrorismo internacional. Análisis del Real Instituto Elcano, s.l. (N 82):s.p, Julio 2005. Disponible en: http://biblioteca.ribei.org/803/1/ARI-82-2005-E.pdf
160 Op. Cit.
161 Op. Cit.
162 MAKARENKO, Tamara. “The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism,” Global Crime, Vol. 6, No. 1, February 2004. P131.
163 Ibíd.
164 Ibíd.
165 OJEDA Bennett, Carlos. Amenazas Multidimensionales, una realidad en Suramérica. Santiago, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. 2013. p11.
166 REALUYO, Celina. Rastreando el Dinero para Combatir el Terrorismo, Crimen Organizado Trasnacional y la Corrupción [diapositiva]. Washington D.C., Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa Universidad Nacional de la Defensa, 2016, 30 diapositivas, col.
167 Op. Cit.
168 Los principales elementos conceptuales de esta estrategia provienen de la teoría de las ventanas rotas, desarrollada por George L. Kelling, Catherine Coles y James Q. Wilson, quienes postulan que el desorden callejero y las incivilidades tienen una relación causal con la criminalidad y también con el temor al delito. La decadencia urbana y el mal uso del espacio público estaría asociada con una mayor percepción de inseguridad en las comunidades. (Wilson y Kelling, 2001)
169Para el periodo 1994-1996 según los datos oficiales se redujo en 37% el total de delitos, mientras que lo más significativo fue la baja en 50% de los hechos de homicidios (Dammert y Salazar; 2009:55)
170Para citar un ejemplo, el informe “Mataste a mi hijo”: Homicidios cometidos por la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro revela que casi el 16% de los homicidios registrados en la ciudad en los últimos cinco años fueron cometidos por agentes de policía que estaban de servicio: en total, 1.519 homicidios policiales. Correpi, por su parte, en la Argentina registra 300 casos de gatillo fácil por año.
171Hablamos de los gobiernos que surgen en Venezuela (2002), Brasil (2003), Argentina (2003), Uruguay (2004), Bolivia (2006), Ecuador (2007), Nicaragua (2007), Paraguay (2008) y El Salvador (2009).
172 Ya se ha hecho referencia al carácter polisémico de este concepto y la dificultad en el campo académico para llegar a un consenso sobre su significado que vaya más allá de una definición por la negativa.
173Nos referimos a las misiones. Las mismas consisten en diferentes políticas sociales y productivas que hacen a la inclusión de la población en temas de salud, educación, vivienda, alimentos, entre otros objetivos, teniendo una incidencia territorial significativa y provocando un proceso de inclusión de la sociedad de manera masiva (Elorza, 2015)
174 Se incorpora la forma de propiedad cooperativa de evitar la “burocratización y el secuestro de la propiedad estatal” (Elorza, 2015:115). El objetivo es que sean los trabajadores directos y no la burocracia quienes manejen los medios de producción.
175De ALBA forman parte Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Constituye un modelo de integración económica pero también política y cultural con un carácter expresamente latinoamericanista, antiimperialista y antineoliberal. UNASUR en cambio, se trata una alianza más amplia que reúne a todos los países de Suramérica y cumple el rol de ejercer una voz en los asuntos político-económicos que conciernen a la región.
176Entre los cuales se incluyen países como China, India, Sudáfrica, Rusia y Brasil.
177Particularmente, el crecimiento acelerado del “gigante asiático” y la incorporación de millones de su población al consumo capitalista, brindaron una significativa oportunidad a las economías latinoamericanas las cuales se vieron beneficiadas por el incremento en la demanda de materias primas y la importante mejora en los términos de intercambio en sus productos.
178 Así, además del conocido caso Blumberg en Argentina, en Venezuela en el año 2006 como respuesta a un crimen que conmocionó a la opinión pública, los estudiantes identificados con sectores de la oposición realizaron una protesta frente al Ministerio de Interior y Justicia, y luego convocaron a un acto masivo de rechazo a la violencia y la inseguridad. En 2007, las protestas convocadas por sectores opositores en contra de la inseguridad también jugaron un lugar relevante en el escenario. De hecho, en ese mismo periodo el número de protestas que tienen como motivo la inseguridad se ha visto aumentadas. Por ejemplo, en el 2006 fue la quinta causa de movilizaciones de calles, aportando un 25% de las mismas.
179Así, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde se elaboró el “Plan Nacional de Seguridad Integral” planteando la construcción de un enfoque de seguridad centrado en el “bienestar del ser humano” (RE, 2011) no existió, no obstante, una producción equivalente de políticas y discursos en la materia. En los casos de Brasil y Bolivia si bien cabe un análisis más pormenorizado, sus diagnósticos y propuestas no abonan a la construcción de un paradigma que contenga elementos claramente diferentes de los que están presentes en los modelos de seguridad pública del neoliberalismo (Ministerio de Justicia de Brasil, 2000; EPB, 2012).
180En este marco, la tasa de encarcelamiento siguió subiendo en Argentina -creció un 17% entre 2002 y 2005. (Sozzo, 2014b)
181 La tasa de encarcelamiento pasó de 144 presos cada 100.000 en el 2005 habitantes a 133 en el 2007, es decir un descenso del 8%.
182 La más significativa de ellas sin duda lo constituye la creación del Ministerio de Seguridad y el impulso al “Paradigma de Seguridad Democrática” del que hablamos previamente; aunque también es posible nombrar en el ámbito penal la aprobación de reformas que persiguen más fuertemente los delitos de trata, femicidio y ofensas sexuales o el impulso a la creación de un Código Penal más progresivo que finalmente quedó trunco. Ahora bien, estas iniciativas democratizantes resultaron de carácter limitado y en efecto, no pudieron dar vuelta la dinámica punitivista
183En efecto, las medidas de reforma coexistieron con otras que reforzaron el despliegue policial en barrios pobres de la CABA y Provincia de Buenos Aires y cuya función democrática ha generado por lo menos discusiones (Sozzo, 2014a). Nos referimos a los Operativos “Centinelas” y “Cinturón Sur” que implicaron el despligue de miles de efectivos de fuerzas de seguridad no policiales (Prefectura y Gendarmería) en la zona sur del conurbano bonaerense y la CABA.
184La misma supuso entre otras cosas; el tránsito del sistema inquisitorio al acusatorio, el predominio del Ministerio Público en la investigación penal, el uso excepcional de la prisión preventiva, el desarrollo de formas abreviadas de juicio y la positivización de garantías tanto procesales como en la ejecución penal (Antillano, 2012).
185 Por ejemplo, la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (promulgada en 2007) y la Ley Orgánica del Servicio de policía y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana
186 Es el caso de las sucesivas reformas del Código Orgánico Procesal Penal, que han implicado el uso generalizado de la prisión preventiva, o la reforma del Código Penal del año 2005, que aumentó las penas de numerosos delitos y redujo la posibilidad de acceder a medidas alternativas a la prisión
187 A modo de ejemplo, durante el año 2001 una cuarta parte de los 50 conflictos armados se relacionaba con el acceso y el control de los recursos naturales estratégicos. Tomado de: Michael Renner, The Anatomy of Resource Wars. Workdwatch Institute, Paper 12, octubre 2002.
188 Se asocia con Petróleos de Venezuela para crear Petrosur
189 Ver Libro Blanco de la Defensa, ed. 1999, Pág., 6-51
190 El caso de Ayacucho, en el año 2011fue paradigmático, ya que hubo una revuelta en que se llegó a atentar contra el domicilio particular del intendente, a partir de la muerte súbita de un bebé en el domicilio de una familia que denunció que había sido víctima de un robo, cuyos autores habrían matado al niño. El robo nunca existió, y por lo tanto la versión era falsa. En el caso de Monte Hermoso en el año 2015, el asesinato de una joven produjo también el incendio de una Comisaría, atentados contra la Fiscalía y casas particulares de distintos funcionarios, entre ellos el Secretario de Seguridad de la comuna.
191 Esto es lo que Marcelo Sain señala como el pacto de reciprocidad entre los gobiernos y la policía: el primero garantiza la no injerencia en los asuntos propiamente policiales, fundamentalmente el control legal e ilegal del delito, y el segundo garantiza cierta cuota de tranquilidad social, entre otros puntos del acuerdo (Saín 2015:136)
192 Aquellos que hayan transitado por las escuela de formación policial conocen lo que muchos docentes policiales en general recomiendan sobre las materias jurídicas: “no les presten atención a lo que le dicen los profesores de Derechos Humanos (o la materia que sea), nosotros les vamos a enseñar cómo se trabaja en la calle” o “que no les cuenten lo que son los derechos humanos, que esos nunca estuvieron pateando la calle”, o expresiones similares.
193 Esto es así por las urgencias de los distintos gobiernos en presentar los adelantos en materia de seguridad, los cuales siempre se reducen a más policías en las calles. Ante este panorama, un tiempo mayor de formación, siempre implica que no se llega a la foto previa a alguna elección con los nuevos egresados de las Escuelas, sino se acortan los tiempos de esa formación.
194 Nos referimos a que se realizó en un año donde había renovación de mandatos de presidente y gobernador, donde ninguno de los titulares podía constitucionalmente renovar el cargo, donde el gobernador era candidato a presidente por el partido oficialista, y el titular del ejecutivo municipal intentaba renovar por segunda vez su mandato, también por el partido oficialista, todo ello enmarcado en doce años continuos del mismo partido a nivel nacional, y ocho del mismo gobernador e intendente, que con los resultados de las elecciones en los tres niveles del Estado, se presentó como un “fin de ciclo”.
195 No estamos aquí realizando un crítica al poder judicial en tanto poder “contra mayoritario”, más allá de lo interesante de la discusión. Lo que estamos poniendo en resalto, que resulta muy útil a los poderes ejecutivo y legislativo, escudarse en las decisiones de estos funcionarios, para opacar sus propias negligencias en materia de seguridad pública.
 Ponencia producto de investigación en el marco del proyecto “Democracia y justicia en los sistemas de protección a los derechos humanos: Un balance de las funciones de monitoreo a los derechos humanos del Sistema Interamericano y de los mecanismos de vigilancia y supervisión de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, reflexiones a partir de la situación colombiana. 1991- 2014” que se encuentran desarrollando los autores.
 Doctor en sociología jurídica e instituciones políticas. Master en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales -IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en sociología jurídica, Universidad Externado de Colombia. Abogado, Universidad Nacional y Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor Asociado de la Facultad de Derecho Universidad Nacional de Colombia. Docente de la Maestría en Derecho, Universidad La Gran Colombia. Correo electrónico. jecarvajalma@gmail.com
 Abogado y Magister en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derechos Humanos y Democratización. Profesor de la facultad de Derecho de la Universidad la Gran Colombia. Correo electrónico. andres.guzman@ugc.edu.co
196 Es interesante la forma como se revive el tema, en términos casi obsesivos, de la seguridad y el orden, en comparación con el periodo de la segunda mitad del siglo XIX, época marcada por huelgas, desordenes e inconformidad social, donde para los políticos, los publicistas, los intelectuales y los teóricos de la sociología, el orden llega a constituirse en una cuestión principal. Entre todo ellos, el ejemplo que refleja al autor más importante, es Emil Durkheim (1965).
197 En realidad, se trata de la aplicación de un modelo de poder, que no sólo define los alcances de la idea de “seguridad”, sino que además identificará los blancos de las políticas de dominación, dentro del marco del ejercicio del control social, cono acertadamente lo anota Shelley (2000).
198 Cabe aclarar que la calificación de terrorista, al igual que otras, como la de criminal, es resultado de una definición política, fundada en un juicio de valor y derivada de decisiones, pues no existen fenómenos sociales que sean terroristas o criminales. Dicho en otras palabras, lo criminal no tiene una naturaleza ontológica. De allí que los gobiernos, como el de Uribe, por ejemplo, le concedan o despojen a grupos guerrilleros o de autodefensas paramilitares del status de terroristas, delincuentes políticos, rebeldes o sediciosos indistintamente. Sobre ese carácter político de las definiciones de terrorista o criminal véase Silva (1998).
199 O “Projeto Brasil: Nunca mais” incorporou a definição de “tortura” da Associação Médica, “a imposição deliberada, sistemática e desconsiderada de sofrimento físico ou mental por parte de uma ou mais pessoas, atuando por própria conta ou seguindo ordens de qualquer tipo de poder, com o fim de forçar uma outra pessoa a dar informações, confessar, ou por outra razão qualquer”. Disponível em: http://bnmdigital.mpf.mp.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=REL_BRASIL Acesso em: 10 de agosto de 2015.
200 PADROS, Enrique. Terrorismo de Estado: reflexões a partir das experiências das Ditaduras de Segurança Nacional. In: GALLO, Carlos; RUBERT, Silvania (Orgs.). Entre a Memória e o Esquecimento: estudos sobre os 50 anos do Golpe Civil-Militar no Brasil. Porto Alegre: Deriva, 2014. p. 21
201 De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde é considerada “violência sexual” “quaisquer atos sexuais ou tentativas de realizar um ato sexual, comentários ou investidas sexuais não consentidos, atos para comercializar ou de outra forma controlar a sexualidade de uma pessoa através do uso da coerção, realizados por qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a vítima, em qualquer ambiente, incluindo, sem estar limitados, a residência e o trabalho. Abrange toda ação praticada em contexto de relação de poder, quando o abusador obriga outra pessoa à pratica sexual ou sexualizada contra a sua vontade, por meio de força física, de influência psicológica (intimidação, aliciamento, indução de vontade, sedução) ou do uso de armas e drogas”. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. v.1. Brasília: CNV. 2014. p. 418.
202 O uso da palavra guerra tem mais sentido figurado do que literal, pois, compreendemos que o período ditatorial que atingiu o Brasil de 1964 a 1985 não foi uma guerra com dois lados de forças iguais. Entretanto, a prática de botim (apropriação de pertences, bens e corpo das mulheres do grupo vencido) que foi milenarmente utilizada em contextos de guerras também, em certos graus, foi usada na conjuntura das ditaduras do Cone Sul.
203 Conceito utilizado pela socióloga Olívia Joffily. Ver em: JOFFILY, Olívia R. O corpo como campo de batalha. In: PEDRO. Joana; WOLFF, Cristina, S. (orgs.). Gênero, Feminismo e Ditaduras no Cone Sul. Florianópolis: Mulheres, 2010.
204 Os processos administrativos do indenizados políticos são referentes a lei Estadual nº 11.042, de 18 de novembro de 1997 onde o Estado do Rio Grande do Sul reconheceu sua responsabilidade pelos danos físicos e psíquicos causados a diversas pessoas que foram detidas por motivações políticas entre 1961 a 1979 e estabeleceu uma Comissão Estadual de Indenização para analisar os processos administrativos a fim de conceder indenizações estipuladas entre R$ 5000,00 a R$ 30.000,00. O fundo “Comissão Especial de Indenização de Ex-presos Políticos/RS” (CEIEP/RS) estão sob o resguardo do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS).
205 Disponível em: http://www.cnv.gov.br/component/content/article/41-documentos-citados-no-volume-i-do-relatorio/617-documentos-citados-capitulo-10.html.
206 SOARES, Maria Victória de Mesquita B. Tortura no Brasil, uma herança maldita. In: Brasil, Secretaria de Direitos Humanos. Tortura. Brasília, 2010, p. 29.
207 Chacinas são, inclusive, televisionadas como um espetáculo e uma forma de demonstração de poder, como o caso da chacina no presídio Carandiru.
208 Amarildo de Souza é um entre tantos desaparecidos. Segundo matéria do portal de web da Revista Carta Capital, o Instituto de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontou que entre novembro de 2012 a outubro de 2013 cerca de 6.034 pessoas foram desaparecidas. Embora movimentos sociais denunciem constantemente estas práticas realizadas por forças policiais, podemos perceber que parte da sociedade nada se sensibiliza perante estes crimes. Agência Pública. Desaparecidos e esquecidos. Carta Capital, 27/02/2014. Disponível em < http://www.cartacapital.com.br/sociedade/desaparecidos-e-esquecidos-1402.html> Acesso em: 22 de abril de 2016.
209 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1987.
226 Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Federal: Comissão de Direitos Humanos. Assunto: tortura praticada pela Polícia Civíl, Inês Etienne Romeu. Disponível em < http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/doc/DEPOIMENTO_INES.pdf> Acesso em: out. 2015.
251 Testimonio de Walter Mario Pereyra, 23/12/55, AGN, AI, FNRP, com. 47, caja 3,n. de archivo 39, expte. 22057, fs. 16.
285Acta policial labrada el 17 de agosto 1952 en estación del Ferrocarril General Belgrano, Formosa, donde se detiene a una mujer recibe encomienda dirigida a ella que contiene 200 ejemplares del periódico “Nuestra Mujer”, AGN. AI. M.I. exptes. S.C. y R, caja 118, expediente 198, Gobernación de Formosa. En el mismo sitio un día antes hay un caso similar:

References: resolución 
e contrario
 Artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución