Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-534-12.htm
Timestamp: 2019-07-17 01:03:10+00:00

Document:
C-534-12
Sentencia C-534/12
ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA SUSCRITO ENTRE COLOMBIA Y PORTUGAL-Se ajusta a los postulados y normas constitucionales
El Acuerdo binacional aprobado mediante la Ley 1456 de 2011, y esta misma, se ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales normativamente establecidos al efecto. Igualmente en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es “el deseo común de establecer y desarrollar la cooperación cultural y educativa entre ambos países y de promover el intercambio de actividades y tradiciones culturales, respetando la diversidad cultural y la libre expresión de sus pueblos”, alcanzado en plena observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho asumido como modelo político, económico y social por la República de Colombia.
De conformidad con lo establecido en el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, corresponde a esta Corte el examen de exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación por el Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar su contenido introduciendo nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si, el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para determinar si aquéllas se ajustan o no a la Constitución Política.
ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA SUSCRITO ENTRE COLOMBIA Y PORTUGAL-Contenido
PROYECTO DE LEY SOBRE ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA SUSCRITO ENTRE COLOMBIA Y PORTUGAL-Trámite legislativo
ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA SUSCRITO ENTRE COLOMBIA Y PORTUGAL-Finalidad/EDUCACION-Doble función/EDUCACION-Carácter de derecho fundamental
El Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa, firmado en Lisboa en enero 8 de 2007, entre la República de Colombia y la República Portuguesa, e incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1456 de 2011, que ahora se revisan, constituye una refrendación del “deseo común de establecer y desarrollar la cooperación cultural y educativa entre ambos países y de promover el intercambio de actividades y tradiciones culturales, respetando la diversidad cultural y la libre expresión de sus pueblos”. Adicionalmente, las partes que suscriben el Acuerdo incluyeron consideraciones que justifican su adopción, por la importancia de afianzar nexos entre Colombia y Portugal en áreas culturales y educativas, “bajo un criterio de correspondencia, generando espacios de movilidad e intercambio de experiencias e información, así como la transferencia de expertos en las distintas áreas sobre la materia”, con reciprocidad en el apoyo intelectual, intercambio de experiencias, la divulgación mutua de conocimientos y la cooperación en diferentes ámbitos, hacia la mejor comprensión, vinculación e integración entre el pueblo colombiano y el portugués. Desde otro ángulo, nada de lo acordado engendra contradicciones ni dificultades frente a la preceptiva constitucional colombiana y, por el contrario, encuadra dentro de su marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, en reconocimiento de “los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”, según lo estatuido en el numeral 4° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor para Colombia por su aprobación mediante la Ley 74 de 1968. Aunado a ello, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales referidos en la Constitución de 1991, el artículo 67 consagra la educación como una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de la persona y un servicio público que tiene una función social, pretendiendo el acceso “al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” por cuyo intermedio se “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, correspondiéndole al Estado regular y ejercer la “suprema inspección y vigilancia”, velando por su calidad y el cumplimiento de sus fines. Así la Carta Política reconoce a la educación una doble función: ser un derecho de la persona encaminado a garantizarle su propio desarrollo, y un servicio público con función social, hallándose comprometido el Estado a proporcionar los medios para su cumplimiento. Frente a lo cual, esta Corte ha señalado que la Constitución “ha reconocido a la educación el carácter de derecho fundamental, en cuanto constituye el medio idóneo para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y consustancial al hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de igualdad material contenido en el preámbulo y los artículos 5° y 13 superiores, pues ‘en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona’”.
Referencia: LAT- 369
Examen de constitucionalidad del “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, suscrito en Lisboa el 8 de enero de 2007 y de la Ley 1456 de junio 29 de 2011, mediante la cual fue aprobado
En julio 5 de 2011 la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1456 de junio 29 de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa’, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007”.
Mediante providencia de julio 25 de 2011, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Posteriormente, mediante auto de noviembre 15 del mismo año, se requirió al Secretario General de la Cámara de Representantes, para que enviara copias auténticas, impresas o en medio magnético, de las actas correspondientes a las sesiones de los días 10, 11 y 17 de mayo del 2011 de esa célula legislativa.
Cumplido lo anterior, mediante auto de diciembre 16 siguiente se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Educación y de Cultura, para los efectos pertinentes. En la misma providencia se determinó que por la Secretaría General de esta corporación se fijara en lista el proceso y se surtiera el traslado al Procurador General de la Nación, para el concepto respectivo.
Los textos del “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, firmado en Lisboa en enero 8 de 2007 y de su ley aprobatoria, objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial N° 48.116 de junio 30 de 2011:
Artículo 1o. Apruébase el ‘Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa’, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007,
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el ‘Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa’, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA.”
Este Ministerio presentó, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos Internacionales, escrito mediante el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la ley cuya constitucionalidad se revisa.
Como fundamento de esta solicitud, explica que el convenio aprobado “reviste singular importancia para el interés nacional, en la medida en que el intercambio y la cooperación en los dominios educativo y cultural, contribuirá a un mejor conocimiento de la cultura portuguesa y de experiencias educativas, lo que aportará de manera significativa al desarrollo en esos ámbitos. Es preciso, adicionalmente, destacar la importancia de la experiencia portuguesa en temas culturales, particularmente en los aspectos de patrimonio cultural, como un elemento estratégico para el fortalecimiento del sistema cultural colombiano”.
Adicionalmente, resalta que “en el proceso histórico de las relaciones entre la República de Colombia y la República Portuguesa, los dos Estados han procurado mantener la actitud dinámica y un dialogo fluido en distintos escenarios”.
Por conducto de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, este Ministerio hizo llegar extemporáneamente a la Corte un breve escrito en el que señala “que no se tiene objeción alguna respecto del contenido de la ley aprobatoria del Acuerdo”.
En concepto N° 5306 recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 14 de febrero de 2012, el Procurador General de la Nación solicitó a esta corporación devolver al Congreso de la República la Ley 1456 de junio 29 de 2011, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007”, debido a que se incurrió en vicios de forma en el trámite legislativo.
Inicialmente, el jefe del Ministerio Público examina de manera detallada el trámite surtido en el Congreso de la República del proyecto radicado con los números 104 de 2009 Senado – 171 de 2010 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1456 de 2011, cuya constitucionalidad ahora se revisa. Como resultado de este análisis, opina que el proceso legislativo adelantado no cumplió con todas las exigencias constitucionales existentes en relación con un proyecto de este tipo, por lo que a este respecto la ley examinada debe ser devuelta al Congreso de la República, para que se subsane el vicio cometido en su proceso de formación y se adelante el procedimiento adecuado para su debate y aprobación.
Lo anterior, debido a que al examinar el anuncio para primer debate y la aprobación del proyecto, efectuado en la Cámara de Representantes “no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, por cuanto el anuncio, según aparece en el Acta 36 del 10 de mayo de 2011, omite indicar una fecha determinada o al menos determinable para el debate en el cual se estudiará la aprobación del proyecto”.
No obstante, en seguida hace mención del contenido del instrumento internacional sub examine, concluyendo que no observa contradicción entre dicho convenio y la carta. Por el contrario, señala que “además de respetar los principios y las reglas del derecho internacional, corresponde a un desarrollo de lo dispuesto en el Preámbulo y en los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución, en la medida en que contribuye a promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de nuestro país, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
Finalmente, afirma que dicho acuerdo tiene una especial importancia respecto de los derechos sociales, económicos y culturales, previstos en el Capítulo II del Título II de la Constitución, “como es el caso de los derechos a la educación, a la cultura y a la ciencia”, regulados en los artículos 67, 68, 69 y 71 superiores, reconocidos también en los artículos 26 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Gobierno Nacional remitió a esta corporación en julio 5 de 2011, copia auténtica de la Ley 1456 de junio 29 de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa’, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007”, para su control constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 10° de la carta política, dentro del término de los seis días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición.
Sobre este aspecto debe indicarse que, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el convenio cuya aprobación se formaliza mediante la Ley 1456 de 2011 fue suscrito en enero 8 de 2007 por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, con sujeción a lo previsto en el artículo 7°, numeral 2°, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 [2].
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1456 de 2011
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 104 de 2009 Senado
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los entonces Ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, de Educación Nacional, Cecilia María Vélez White y de Cultura, Paula Marcela Moreno el día 21 de agosto de 2009, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 150 núm. 16, 189 núm. 2° y 224 superior.
El texto inicial junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 775 del 25 de agosto de 2009, en las páginas 16 a 20. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 1.188 de noviembre 20 de 2009, páginas 1 a 3.
El proyecto de ley 104 de 2009 fue anunciado por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, según consta en el acta N° 29 de junio 2 de 2010, la cual aparece publicada en la Gaceta N° 473 de julio 30 del mismo año (págs. 1 y 4, está en negrilla en el texto original), así:
- Proyecto de ley 104 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007.
Publicaciones proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 775 de 2009.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso número 1188 de 2009. ”
A continuación, en cumplimiento de lo anunciado, la discusión y votación de este proyecto se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 8 de junio de 2010, diligencia que contó con la participación de 9 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el acta Nº 30 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 473 de 2010, páginas 11, 15 y 16, de la cual finalmente se lee:
Me permito informarle al señor Presidente que ha sido votado y aprobado con nueve (9) votos a favor, ninguno en contra… ”
La ponencia para segundo debate, fue presentada por la misma Senadora Moreno Piraquive, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 832 de octubre 28 de 2010, páginas 6 a 8.
Según certificación expedida en agosto 4 de 2011 por el Secretario General del Senado de la República[3], el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate, en la sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2010, según consta en el Acta de Plenaria N° 33, publicada en la Gaceta del Congreso N° 78, de marzo 10 de 2011, paginas 207 y 208, de la siguiente forma:
· Proyecto de ley número 104 de 2009 senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa’, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007.”
Así mismo, dicho Secretario certificó que este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate en la sesión ordinaria del 15 de diciembre, según consta en el acta N° 34 publicada en la Gaceta del Congreso N° 80 de marzo 11 de 2011, con una votación nominal de 54 votos. Como puede cotejarse, el texto definitivo del proyecto de ley 104 de 2009 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 1.116 de diciembre 22 de 2010, página 8.
La ponencia para el debate en dicha Comisión, fue presentada por el Representante Telésforo Pedraza Ortega, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 232 de mayo 4 de 2011, páginas 7 a 12.
Según la certificación enviada por el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en agosto 5 de 2011[4], el proyecto fue anunciado en sesión del 10 de mayo de 2011, según consta en el acta N° 36, publicada en la Gaceta N° 482 de julio 1° de 2011, página 15, así:
Honorables Representantes les agradezco su atención y nos convocamos para mañana a las diez de la mañana.”
Posteriormente, según puede constatarse en el acta N° 37 de esa Comisión, publicada en la Gaceta N° 482, en la sesión de mayo 11 de 2011 no se mencionó el referido proyecto de ley. Sin embargo, se observa que esa reunión estuvo enteramente dedicada a tratar asuntos muy diferentes a debate, votación o aprobación de algún proyecto de ley, como por ejemplo:
“… La idea es que le demos modificación al orden del día para que en primer lugar tratemos lo que propongan los Honorables Representantes, en segundo lugar los negocios sustanciados por Presidencia.
Yo quiero dejar una constancia por la situación ayer del municipio de Medellín…
Señor Presidente, yo sé que esta comisión hoy tiene muy poco tiempo y usted me entenderá y me entenderán los compañeros que ante una situación tan delicada no podíamos dejar pasar sin dejar constancias de que el Estado tiene que estar presente allí con todas sus fuerzas porque no podemos permitir que estos delincuentes sean los que tengan el control sobre una comunidad en el área metropolitana de Medellín. Gracias Presidente…”
En mayo 17 de 2011 se llevó a cabo la subsiguiente sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, según acta N° 38, publicada en esa Gaceta del Congreso N° 482, páginas 22 a 27, en la cual se lee:
“… llamar a los honorables Representantes toda vez que viene una ponencia del doctor Telésforo Pedraza que está lista para presentarla a la comisión.
Tercero. Primer debate al Proyecto de ley No. 171 de 2010 Cámara, 104 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación cultural y educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa firmado en Lisboa el 8 de enero de 2007.
Como tal la ponencia de segundo debate para la plenaria de Cámara de Representante, la hará el honorable Representante Telésforo Pedraza.”
Con ello, queda claro que la sesión en la que se abordó el análisis de la ponencia anunciada (“hay un proyecto de ley para anunciar y que se pondrá a consideración cuando haya aprobación de proyectos de ley”) fue la consecutiva de tal finalidad, efectuándose de conformidad con el mandato constitucional del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Telésforo Pedraza y publicada en la Gaceta Nº 313 de mayo 25 de 2011, páginas 14 y siguientes.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de agosto 5 de 2011, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, da cuenta de haber sido producido el 9 de junio de 2011, según consta en el acta N° 71 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 607 de agosto 19 de 2011, así:
Proyecto de ley número 171 de 2010 Cámara, 104 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa, Firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007.
De acuerdo con la misma certificación y con el contenido del Acta de Plenaria N° 72 de la Cámara de Representantes, luego publicada en la Gaceta Nº 732 de septiembre 28 de 2011, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate, durante la sesión realizada el miércoles 15 de junio de 2011, que tuvo quórum deliberatorio y decisorio, comprobándose como votación efectiva “Por el Sí: 89 votos // Por el No: 0 votos”, a partir de constatarse la participación de los Representantes Carlos Correa y Bernardo Flórez.
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el Proyecto de Ley 104 de 2009 – Senado / 171 de 2010 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1456 de 2011, la Corte extracta lo siguiente:
El proyecto de ley surtió de manera satisfactoria la totalidad de los requisitos previstos en la Constitución y en el reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154 Const.); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada una de las cámaras, con el quórum y las mayorías normativamente exigidas; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en plenaria, fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) entre el primero y el segundo debate en cada cámara, como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (vii) fue enviado a esta Corte para su revisión de constitucionalidad, dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial.
2.5. Análisis material sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante la Ley 1456 de 2011
Desde otro ángulo, nada de lo acordado engendra contradicciones ni dificultades frente a la preceptiva constitucional colombiana y, por el contrario, encuadra dentro de su marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, en reconocimiento de “los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”, según lo estatuido en el numeral 4° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor para Colombia por su aprobación mediante la Ley 74 de 1968.
Aunado a ello, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales referidos en la Constitución de 1991, el artículo 67 consagra la educación como una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de la persona[5] y un servicio público que tiene una función social, pretendiendo el acceso “al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” por cuyo intermedio se “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, correspondiéndole al Estado regular y ejercer la “suprema inspección y vigilancia”, velando por su calidad y el cumplimiento de sus fines.
Frente a lo cual, esta Corte ha señalado que la Constitución “ha reconocido a la educación el carácter de derecho fundamental, en cuanto constituye el medio idóneo para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y consustancial al hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de igualdad material contenido en el preámbulo y los artículos 5° y 13 superiores, pues ‘en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona’”.[6]
En los artículos 1° y 2° hace referencia específica a la cooperación en el campo de la educación no superior, mediante el intercambio de información, experiencias y el posible reconocimiento recíproco de equivalencias, certificados, calificaciones y diplomas, otorgados en uno u otro país.
Respecto al nivel de educación superior, el artículo 3° resalta la enseñanza de la lengua y la cultura respectivas, con la formación de docentes e investigadores. Los artículos 4° y 5° plantean estimular el otorgamiento de becas de estudio en áreas de interés para ambos países, el apoyo al desarrollo de proyectos conjuntos, la promoción de intercambio de investigadores, especialistas y profesores universitarios, determinando, de acuerdo con la respectiva legislación, los métodos y condiciones del reconocimiento de certificados de años lectivos y títulos académicos obtenidos en el territorio de la otra Parte.
En cuanto a arte y cultura, plantea el artículo 6° su divulgación, por medio de exposiciones, intercambios, publicaciones culturales, productos multimedia, promoción de traducciones y ediciones de obras literarias, participación en conferencias, festivales de cine e intercambio de experiencias en artesanías y en bienes y servicios culturales.
Los artículos 7° y 8° aportan el compromiso recíproco de proteger y garantizar los derechos de autor en cada territorio, así como impedir la importación, exportación y circulación ilícita de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, según las respectivas legislaciones.
Frente a las facilidades de acceso y salida de personas y bienes, plantea el artículo 9° que cada gobierno estudie la posibilidad de conceder facilidades para la entrada y estadía de personas, al igual que para importación de material y equipos con fines no comerciales.
Paralelamente, el artículo 10° incentiva la cooperación y el intercambio entre las respectivas organizaciones en los campos de la juventud y el deporte.
El artículo 13 determina que esté Acuerdo no perjudicará lo atinente al cumplimiento de lo estipulado en otras convenciones internacionales, mientras el 14 remite a la vía diplomática la solución de controversias; el 15 precisa el momento de la entrada en vigor del Acuerdo; el 16 lo relacionado con la revisión y enmiendas; y el 17 estipula la vigencia durante 5 años renovables automáticamente por periodos iguales, y que en caso de denuncia, “cualquier programa de cooperación, intercambio, plan o proyecto permanecerá en ejecución hasta su conclusión”.
Adicionalmente, las previsiones bilaterales están palmariamente determinadas dentro de un marco de equidad, reciprocidad, conveniencia nacional, respeto a la soberanía de los Estados signatarios y a la autodeterminación de los pueblos, que realzan el acatamiento de lo así mismo instituido en los artículos 9°, 150 numeral 16 y 226 de la carta política, paralelamente a que las ventajas que emanan del Acuerdo podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, por nacionales de ambos países.
Todo ello evidencia que la participación de Colombia en este convenio tiene un claro sustento constitucional y contribuye a la realización de los mandatos superiores, para el caso, los referentes a la promoción y fomento de la educación y la cultura (arts. 67 a 71 Const.), lo que desvirtúa cualquier eventual objeción para que sea incorporado al derecho interno y el Estado colombiano se comprometa formalmente a su cumplimiento.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, firmado en Lisboa el 8 de enero de 2007.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1456 de junio 29 de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa’, firmado en Lisboa, el 8 de enero de 2007”.
[5] Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-539 de septiembre 23 de 1992, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y T-009 de mayo 22 de 1992, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[6] T-638 de agosto 31 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

References: artículo 241
 artículo 241
 artículo 15
 artículo 67
 artículo 241

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 154
 artículo 157
 artículo 8
 artículo 15
 artículo 67
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 13