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Timestamp: 2018-06-22 11:26:02+00:00

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Interpretación de las normas jurídicas — adeprin
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El Título Preliminar del Código Civil establece en su artículo 3.1 “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.
– El artículo 1.4 en cuanto que se refiere a los principios generales del derecho, pues, a su función supletoria añaden su carácter informador de todo el ordenamiento jurídico “Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”.
– El artículo 1.6, establece que “La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”.
– El artículo 3.2 que señala que “La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita” y
– El artículo 4.1 que dispone “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón”.
Dentro de la interpretación sistemática debe diferenciarse entre los criterios gramaticales, lógicos y sociológicos. Teniendo particular relieve lo expresado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1929, al decir que “si la justicia ha de administrarse recta y cumplidamente, no ha de atenderse tanto a la observancia estricta y literal del texto del precepto legal como a su indudable espíritu, recto sentido y verdadera finalidad”, ya que la disposición legal debe, ante todo, responder al fin supremo de la justicia, el cual “únicamente puede estimarse debida y razonablemente cumplido cuando el precepto se aplica en forma tal que permita, usándose por el Juzgador de una adecuada y justa flexibilidad de criterios acomodarse a las circunstancias del caso”.
Lo anterior ha de venir complementado con el carácter informador de los principios generales del derecho, inducidos de las propias normas, de acuerdo con el artículo 1.4 del Código Civil de modo que, como nos enseña la Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de octubre de 1990, “cada norma singular no constituye un elemento aislado e incomunicado en el mundo del Derecho, sino que se integra en un ordenamiento jurídico determinado, en cuyo seno, y conforme a los principios generales que lo informan y sustentan, deben resolverse las antinomias y vacíos normativos, reales o aparentes, que de su articulado resulten”.
Las normas jurídicas no deben ser interpretadas de manera que conduzcan a soluciones que no se adaptan al contenido y filosofía que inspira el cuerpo legal en el que están insertas o cuando las mismas lleguen a ser absurdas e inoperantes. O la de 5 de junio de 1992: “La utilización de los principios generales del derecho como criterios de interpretación (carácter informador del ordenamiento jurídico) no cabe admitirla como sustitutivo de toda la valoración legal del caso, sino como elemento de contraste, con la interpretación concreta de una determinada norma”, o la Sentencia de 24 de julio de 1993: “La equidad, en su sentido estricto, no es fuente de derecho sino más bien una regla de interpretación y de posible aplicación de las leyes, con virtualidad y eficacia ante la existencia de vacío legal”, lo que lleva a hacer una breve referencia de la equidad.
La equidad, en su sentido estricto, no es fuente de derecho sino más bien una regla de interpretación y de posible aplicación de las leyes. Dispone el artículo 3.2 del texto legal “La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”, legalizando la aplicación judicial de la equidad, si bien sólo podrá invocarse como factor ponderativo, cuando la norma aplicable no se adapte concreta y claramente al caso controvertido, y la Ley expresamente lo permita.
a) Que la equidad como elemento jurídico judicial permitido por la ley no puede ser aplicada incondicionalmente, que tiene que hallarse justificada por la necesidad de aplicar una norma “ponderándola”, y
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References: artículo 3
 artículo 1
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 artículo 4
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