Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7793
Timestamp: 2020-08-06 06:33:52+00:00

Document:
Mediante decreto reglamentario no se pueden revivir normas derogadas, de lo contrario el Ejecutivo desborda su potestad reglamentaria.
ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 11 (PARCIAL) DEL DECRETO 2474 DEL 7 DE JULIO DE 2008.
ARTÍCULO 11. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 1150 de 2007, en tanto no entre en vigor el artículo 6 ídem, las entidades verificarán la información de los proponentes a que se refiere el numeral 1º del artículo 5º ibídem, sin perjuicio de que se exija la presentación del certificado del Registro único de Proponentes para efectos de determinar la clasificación y calificación de los proponentes cuando corresponda.
¿Puede el Presidente de la República mediante decreto reglamentario, establecer la posibilidad de exigir el certificado de Registro Único de Proponentes para clasificar y calificar a quienes presentan sus ofertas ante la administración, invocando el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007?
«(…) La determinación de cuándo entra en vigencia la ley, y a partir de cuándo se deroga una norma sólo precisa del operador jurídico que se detenga en cada uno de estos momentos para extraer las respectivas conclusiones: a) El artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 condicionó la derogatoria del artículo 22 de la Ley 80 – que regulaba el RUP- al momento de su entrada en vigencia; b) El artículo 33 de la Ley 1150 de 2007 a su vez estableció que empezaría a“…regir seis (6) meses después de su promulgación…”; c) La fecha exacta en que la Ley 1150 de 2007 entró a regir es el 17 de enero de 2008, y es a partir de esta fecha que queda abrogado el artículo 22 de la Ley 80; d) El Decreto 2474 de 2008 se profirió el 7 de julio de 2008, fecha en la cual ya había entrado a regir la Ley 1150 de 2007; e) Toda vez que en el momento de proferirse la disposición acusada ya se encontraba derogado el artículo 22 de la ley 80, no podía ésta so pretexto de reglamentar, habilitar a las autoridades administrativas para que solicitaran el registro único de proponentes como instrumento para verificar requisitos habilitantes de los oferentes, y; f) la no posibilidad de exigencia del RUP no implica en ningún momento que se exonere a la entidad de la obligación de verificar la información de los proponentes a que se refiere el numeral 1 del artículo 5, tal como se desprende de aquellos apartes de la disposición acusada que no fueron objeto de demanda. (…)»
El Presidente de la República no puede, mediante decreto reglamentario, establecer la posibilidad de exigir el certificado de Registro Único de Proponentes para clasificar y calificar a quienes presentan sus ofertas ante la administración, invocando el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, porque el Ejecutivo no podía so pretexto de reglamentar sin desbordar su potestad reglamentaria, habilitar a las autoridades administrativas para que solicitaran el registro único de proponentes como instrumento para verificar requisitos habilitantes de los oferentes, al hacerlo revive el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, el cual fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
DECLÁRASE la nulidad de la expresión “…sin perjuicio de que se exija la presentación del certificado del Registro Único de proponentes, para efectos de determinar la clasificación y calificación de los proponentes cuando corresponda…”, contenida en el artículo 11 del Decreto 2474 de 2008, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de ésta demanda.
Ley 1150 de 2007, Artículo 32
Registro Único de Proponentes. «(…) “El registro de proponentes constituye, por regla general, un requisito previo para la contratación con el Estado. Su formación se traduce en la certificación de la capacidad de las personas inscritas para poder contratar, en tanto la inscripción las habilita para participar en las licitaciones o concursos y celebrar contratos con la administración pública, respecto al tipo de contratos en los que la ley lo exige. La inscripción y calificación en el registro de proponentes es un acto administrativo como lo es también su cancelación, y por consiguiente, está sometida a los mecanismos de control de legalidad de la actividad administrativa, esto es, tanto a los recursos de la vía gubernativa como a las acciones judiciales[1]. (…)»
Potestad reglamentaria. «(...) Posibilidad que se reconoce en cabeza del Gobierno Nacional para la expedición de disposiciones que gozan de un valor normativo y que se caracterizan por las notas de generalidad, obligatoriedad e impersonalidad. Las normas que se producen en ejercicio de esta potestad se denominan reglamentos y su objeto no es otro distinto que servir de instrumento y complemento de la norma superior que justifica su existencia. [2](...)»
[1] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Noviembre 28 de 2002. M. P. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 14040.
Ficha: Mediante decreto reglamentario no se pueden revivir normas derogadas, de lo contrario el Ejecutivo..

References: ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 11
 artículo 33
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 22
 artículo 33
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 32
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 artículo 32
 artículo 11
 Artículo 32