Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500178.html
Timestamp: 2019-03-23 11:13:50+00:00

Document:
se201500178
SENTENCIA: 178/2015.
EXPEDIENTE Nº: 312/2009.
PARTES: Batallón de Seguridad Física de Cochabamba contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
MAGISTRADA RELATORA: Rómulo Calle Mamani.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por el Batallón de Seguridad Física de Cochabamba contra la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria AGIT.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 26 a 29, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0094/2009 de 11 de marzo; la providencia de admisión de fs. 32; el memorial de apersonamiento y contestación negativa a la demanda de fs. 36 a 39; el proveído de fs. 58 por el cual se tiene por renunciado a la réplica y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: El demandante manifiesta que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, inició contra la institución a la que representa, el trámite del Sumario Contravencional por incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Modulo LCV, correspondiente al periodo fiscal septiembre 2007 (incumplimiento de deberes formales), empero las diligencias en cuanto a los avisos de visita y la notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 00084914300 de 25 de marzo de 2008, no se efectuó en el domicilio Tributario del Batallón de Seguridad Física (calle Tarata Nº 1102, zona San Antonio) sino en el Comando Departamental de Policía de Cochabamba (Plaza 14 de septiembre, acera norte), lo que vulnero los arts. 37, 70 núm. 3, 83 y 85 del Código Tributario (Ley Nº 2492), que conlleva a la nulidad de notificación, ya que esta notificación fue devuelta por el Comandante Departamental de la Policía, por la ilegalidad del acto, al no efectuarse en el domicilio Tributario del Batallón.
También indica que por nota DGC/DF/PE/R-1984/08 de 30 de junio, el plazo para la presentación de descargos había vencido y que el Auto Inicial de Sumario Contravencional continuaría con su trámite, es decir, sin responder a la solicitud de nulidad, y que el 29 de septiembre de 2006 les notificaron con la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/253-08 de 9 de junio, que impone multa de UFV 500, en la que tampoco se efectúa un pronunciamiento sobre la nulidad de la notificación, dejando en total indefensión al Batallón de Seguridad Física que vulnera los derechos a la defensa, debido proceso, a la igualdad y seguridad jurídica, previstos en los arts. 16. II y IV, 6. I y 7 inc. a) todos de la CPE.
La Resolución Sancionatoria antes mencionada, fue impugnada mediante recurso de alzada que por Resolución de Recurso de Alzada resuelve anular la Resolución Sancionatoria, hasta que la Administración Tributaria resuelva la nulidad planteada, empero de manera contradictoria, por Resolución de Recurso Jerárquico la Superintendencia Tributaria General, revoca totalmente la Resolución de Recurso de Alzada, dando por bien hecho las ilegalidades cometidas por la Administración Tributaria, sin haber realizado una valoración de la prueba producida, y que el memorial presentado el 19 de junio de 2008, relacionado con el incidente de nulidad planteado se encontraba fuera de plazo de 20 días para la formulación de descargos, lo que no puede existir plazo vencido si se trata de una ilegal notificación.
Por todo lo expuesto, solicitan declarar probada la demanda y dejar sin efecto la Resolución Jerárquica STG-RJ/0094/2009 de 11 de marzo, y se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/253-08 de 9 de junio, disponiendo la nulidad de obrados hasta que se notifique legalmente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 32, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose Rafael Vergara Sandoval en su condición de Superintendente Tributario General a.i. quien contesta negativamente por memorial que cursa de fs. 36 a 39 de obrados, manifestando que:
La Administración Tributaria, con el objeto de dar cumplimiento a la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional al Batallón de Seguridad Física, procedió a dejar el primer aviso de visita en el domicilio de la calle Tarata Nº 1102, y al día siguiente de igual forma en el mismo domicilio, sin que en ninguna de las dos oportunidad haya constancia de la observación del domicilio o se haya devuelto los avisos de visitas. Posteriormente luego de realizarse la representación, en cumplimiento del art. 85.II del Código Tributario se procedió a la notificación mediante cedula en el domicilio antes señalado (calle Tarata Nº 1102 zona /Barrio San Antonio), sin que tampoco esta actuación hubiera sido observada o devuelta por el receptor. Si bien esta actuación fue considerada como ilegal por haberse realizado en un domicilio equivocado, esta notificación debió ser devuelta inmediatamente al SIN y no esperar 20 días, o poner en conocimiento al Batallón de Seguridad Física que depende del Comando Departamental de la Policía Nacional, por lo que la Administración Tributaria aplicó correctamente todo el procedimiento descrito en el art. 85 de la Ley Nº 2492, para la notificación mediante cedula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional.
Que evidentemente el memorial del Batallón de Seguridad Física fue presentado el 19 de junio de 2008, pero este se encontraba fuera de plazo de 20 días, ya que venció el 26 de mayo del mismo año, conforme prescribe el art. 168 de la Ley Nº 2492, por lo que la Administración Tributaria ajustó sus actuaciones a derecho.
Con estos fundamentos, concluye solicitando declarar improbada la demanda contencioso administrativo, planteada y mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0094/2009, de 11 de marzo.
CONSIDERANDO III: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato de los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, en concordancia con los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias acreditadas o no, conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.
CONSIDERANDO IV: Que de la compulsa de los datos procesales como la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes extremos:
Que la Administración Tributaria al haber detectado el incumplimiento de deberes formales (presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci –Modulo LCV, correspondiente al periodo fiscal septiembre 2007), del contribuyente Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, el 28 de abril de 2008, la funcionaria de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, se constituyó en el domicilio Tributario (calle Tarata Nº 1102) del contribuyente, con el objeto de proceder a su notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional formulado en su contra, y al no ser habido el representante legal de dicha institución, se dejó el primer aviso de visita, y al día siguiente de la misma forma el segundo aviso (fs. 6 y 7 del anexo), para finalmente el 5 de mayo de 2008 notificar mediante cédula en el mencionado domicilio.
Por memorial que cursa a fs. 11 del anexo, el 28 de mayo, José Copa Mormery, Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba devuelve la notificación cedulonaria, con el argumento de que se hubiera notificado en un domicilio equivocado y que la notificación no corresponde.
El 19 de junio de 2008, (fs. 13 a 14 del anexo) el representante legal del Batallón de Seguridad Física formula nulidad de notificación, que fue observado por Carta GDC/DF/PE/R-1902/08 de fs. 16 del anexo, y subsanado por memorial de fs. 17 del anexo, ante lo cual la Administración Tributaria indicó que el plazo para presentar descargos había vencido, y que se debía proseguir el tramite con la emisión de la Resolución Sancionatoria; el 9 de junio se emitió la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/253-08, para después precederse a la notificación del contribuyente mediante cédula.
Una vez notificado con la Resolución Sancionatoria citada, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada que fue resuelto por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, quien resolvió mediante Resolución STR-CBA/0005/2009 de 9 de enero, anulando la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/253-08, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN contra el Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, hasta que la Administración Tributaria resuelva las nulidades planteadas.
Ante éste hecho, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución STG-RJ/0094/2009 de 11 de marzo, pronunciado por la Superintendencia Tributaria General, que resolvió revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/0005/2009, dando origen a la demanda contenciosa administrativa.
De la normativa aplicable y de los antecedentes de la demanda se tiene que al existir denuncia de vulneración de derechos, procedimientos administrativos, que ocasionaron posibles vicios de nulidad en el procedimiento, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de controversia se refiere a determinar:
- Si corresponde la nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo, o sea hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, al Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, porque no se hubiera practicado la misma en el domicilio Tributario del Contribuyente.
En ese marco y de la compulsa de los datos procesales, así como del anexo adjunto, se llega a las siguientes conclusiones:
La nulidad es la ineficacia de los actos procesales realizados con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal prevé para su validez, en materia de nulidades rige los siguientes principios: a) Principio de especificidad o legalidad, por el que la nulidad del acto procesal debe estar expresamente determinada por ley, no siendo suficiente que la ley prescriba una formalidad para que su omisión o defecto origine su nulidad; b) Principio de finalidad del acto, por el que, no obstante la irregularidad del acto denunciado de nulo, no podrá declararse su nulidad si dicho acto cumple la finalidad o función que se le había asignado; c) Principio de trascendencia, por el que, no podrá declararse la nulidad de un acto, si el mismo no ha ocasionado perjuicio cierto e irreparable, que solo pueda subsanarse mediante la declaración de nulidad; y, d) Principio de convalidación o consentimiento; por el que, no todo acto que podría ser declarado nulo, deberá serlo, si quien alega la nulidad, la hubiera consentido expresa o tácitamente: al presentarse al proceso ratificando el acto viciado de nulidad, o al no impugnarlo por los medios idóneos de manera oportuna, pese a tener conocimiento del mismo.
Por otro lado la SC 731/2010-R de 26 de julio, estableció también que “Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos «No hay nulidad, sin ley específica que la establezca» (Eduardo Cuoture, «Fundamentos de Derecho Procesal Civil», p. 386); b) Principio de finalidad del acto, «la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto» (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, «en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento» (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, «Nulidades Procesales»)”.
También el art. 35 de la Ley Nº 2341 señala: (NULIDAD DEL ACTO).
I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:
a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio;
b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;
c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido;
d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,
e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.
II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.
Y el art. 36 de la misma norma indica: (ANULABILIDAD DEL ACTO).
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.
III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.
Finalmente el art. 55 del DS Nº 27113 (Reglamento al Procedimiento Administrativo) establece que: (NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS) “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”.
En el presente caso, la pretensión del contribuyente, Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, es la nulidad de obrados, hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional PEV2/253-08 de 9 de junio, argumentando que la notificación con el mismo, fue practicada en un domicilio equivocado (en las oficinas del Comando Departamental de Policía de Cochabamba ubicado en la plaza 14 de septiembre), siendo lo correcto el domicilio del Batallón de Seguridad Física de Cochabamba (calle Tarata Nº 1102, zona San Antonio), lo que habría originado la vulneración al derecho a la defensa, más aún al no recibir respuesta al incidente de nulidad de notificación.
De la revisión de antecedentes procesales, se evidencia que de fs. 2 del anexo, cursa el Certificado de Inscripción del Padrón Nacional de Contribuyente, en el que señala como domicilio fiscal del contribuyente Batallón de Seguridad Fisca, la calle Tarata Nº 1102, zona San Antonio de la ciudad de Cochabamba, y que de fs. 6 y 7 del anexo, cursa el 1º y 2º Aviso de Visita en los que textualmente indica que los mismos fueron dejados en la calle Tarata Nº 1102, zona San Antonio, que son corroborados por los testigos de actuación y receptor de los avisos de visita, quienes firman en constancia, de lo que se infiere que los Avisos de Visita y posterior notificación mediante cedula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional fueron practicados en el domicilio fiscal señalado, conforme establece el art. 85 de la Ley Nº 2492 que a la letra dice: “I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente, II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, y III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia”, máxime si esta situación no fue desvirtuada por el recurrente, por la documentación presentada en calidad de prueba que fue analizada en Resolución Jerárquica, además, que el fundamento vertido por el contribuyente no justifica, ni demostró que la supuesta mala notificación le habría ocasionado algún perjuicio o qué trascendencia tendría en su derecho a la defensa, que se enmarque y adecue a los preceptos establecidos en la normativa y Sentencia constitucional antes transcrita que se vinculan al caso de autos, para proceda la nulidad inculpada, ya que la posibilidad de presentar prueba y desvirtuar lo acusado no feneció con la emisión de la Resolución Sancionatoria, teniendo expedita las vías recursivas (Alzada y Jerárquico) según prevé los arts. 143 num. 2 y 144, ambos de la Ley Nº 2492, para que pueda asumir defensa, por lo que la nulidad de notificación solicitada por el Batallón de Seguridad Física de Cochabamba no es evidente.
Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0094/2009 de 11 de marzo, fue emitida en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción, errónea aplicación de la norma legal administrativa y tributaria que vulneran derechos, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar la resolución de recurso jerárquico.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 26 a 29, en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0094/2009 de 11 de marzo, emitida por la Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria AGIT.

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