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Derecho de acceso universal a Internet y Ayuntamientos – Nosoloaytos
Ayuntamientos, TIC
Publicado por valmonacid el noviembre 3, 2019 noviembre 3, 2019
El derecho de acceso a Internet es uno de los derechos digitales que posee toda persona para acceder a Internet con el fin de ejercer y disfrutar de sus derechos a la libertad de expresión entre otros derechos humanos fundamentales que conforman la democracia, de forma que los estados y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo restringir injustificadamente el acceso de una persona a Internet. El acceso a Internet está reconocido como un derecho fundamental por las leyes de varios países. (fuente Wikipedia)
Es el caso de España, y así viene recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), cuyo artículo 81 (Derecho de acceso universal a Internet) dispone:
1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.
2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.
3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral.
4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.
5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales.
6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales.
Por lo demás, este artículo no puede entenderse de forma aislada, sino que debe ponerse en relación con los recogidos en los artículos 79 a 97 de la misma LOPDGDD (ver Anexo), con mención especial al 80 (neutralidad) y al 82 (seguridad).
A nivel normativo también debe tenerse en cuenta, por supuesto, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, así como alguna de sus normas de desarrollo, como el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, con gran incidencia en el ámbito de la Administración Local. ¿Alguna más? Sí, por sorprendente que a algunos les parezca, la normativa sobre régimen local…
Y ello porque estamos ante un servicio público local. En “El servicio público municipal de WiFi: propio y obligatorio” defendíamos precisamente que estamos ante un servicio propio, obligatorio y de prestación municipal o provincial, según los casos. Ahora añadiríamos “y universal”, por influencia de la citada LOPDGDD y suponiendo que alguien entienda que esta expresión no va ya implícita en el concepto de obligatorio. También señalábamos una serie de ítems para avalar esta teoría:
Servicio propio: Hay un artículo en la LBRL que se incorporó nada menos que hace once años y que prácticamente defiende solo nuestra teoría.
Servicio obligatorio: Según la LAESP (Ley 11/2007, referencia que por supuesto hoy en día cabe entender realizada a la Ley 39/2015), los ciudadanos no sólo tienen el derecho a relacionarse con la administración por medios electrónicos, sino que esta debe facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso (arts. 1.1 y 3.2). Evidentemente mientras exista la llamada brecha digital y algunos ciudadanos carezcan de conexión a Internet, es imposible hablar de un derecho de aquellos a utilizar la administración electrónica. En este sentido, el servicio de WiFi es de alguna manera un servicio accesorio del de administración electrónica (realización de trámites vía on line). Se trata en definitiva de un derecho de los ciudadanos recogido en la LAESP y también en el art. 18.1.g) LBRL. Y donde hay un derecho del ciudadano hay una obligación de la administración. Por si queda alguna duda la LAESP imponer este deber de facilitar el acceso. Este servicio no aparece en el citado art. 26 LBRL, pero qué duda cabe de que es obligatorio desde el momento en que la administración titular del servicio de administración electrónica tiene la citada obligación.
Servicio de prestación provincial: Lo es, según los términos analizados, en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Véase también Diputación electrónica.
Internet es bueno (además de un derecho). Lo que puede llegar a ser malo es el uso que le dan algunas personas…
En cuanto a la forma de prestar el servicio, en la citada entrada reflexionábamos:
“Si, tal y como indicamos, estamos ante un servicio público municipal y no ante el ejercicio de una actividad económica, en principio el Ayuntamiento debe prestar este servicio a través de alguno de los medios previstos en el art. 85 LBRL. Sin embargo esto no es posible porque en la materia existe normativa sectorial que acota mucho las formas de gestión, avocando directamente a la prestación por parte de una mercantil, que incluso podría ser pública (no es el mejor momento para la creación de nuevas empresas de capital público), pero que en condiciones normales será una empresa privada que a buen seguro coincidirá con uno de los clásicos teleoperadores (que de este modo quedan también incluidos en esta nueva etapa en la evolución de los servicios WiFi, como es el WiFi público. En efecto, el art. 9.3 de la Ley General de Telecomunicaciones, establece:
Una Administración Pública sólo podrá instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros a través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas”.
Por último, decir que en la actualidad, como ha estudiado recientemente el Prof. Moisés Barrio Andrés, el debate jurídico se centra primero en la “funcionalidad” del acceso a Internet, es decir, que la garantía jurídica comprenda no sólo una velocidad sino también parámetros de calidad de la conexión. Y también se viene discutiendo si el acceso a Internet debe plasmarse en las Constituciones como un nuevo derecho fundamental (fuente Wikipedia). En cuanto a la calidad, precisamente la CNMC, sobre la conexión a la red pública desde una ubicación fija, necesaria para el acceso a Internet, pone de manifiesto la necesidad de actualizar la velocidad garantizada en el servicio universal (que actualmente es de 1 Mbps).
Anexo. TÍTULO X LOPDGDD. Garantía de los derechos digitales
Artículo 79 Los derechos en la Era digital
Artículo 80 Derecho a la neutralidad de Internet
Artículo 81 Derecho de acceso universal a Internet
Artículo 82 Derecho a la seguridad digital
Artículo 83 Derecho a la educación digital
Artículo 84 Protección de los menores en Internet
Artículo 85 Derecho de rectificación en Internet
Artículo 86 Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
Artículo 87 Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
Artículo 88 Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
Artículo 89 Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo
Artículo 90 Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral
Artículo 91 Derechos digitales en la negociación colectiva
Artículo 92 Protección de datos de los menores en Internet
Artículo 93 Derecho al olvido en búsquedas de Internet
Artículo 94 Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
Artículo 95 Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
Artículo 96 Derecho al testamento digital
Artículo 97 Políticas de impulso de los derechos digitales
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noviembre 4, 2019 de 5:46 pm

References: artículo 81
 Real Decreto 

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97