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Timestamp: 2018-10-22 19:08:05+00:00

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﻿ SENTENCIA T-67 DE FEBRERO 24 DE 1993
SENTENCIA T-67 DE 24 DE FEBRERO DE 1993
CONTENIDO:PROTECCIÓN DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE. ACCIONES POPULARES Y ACCIÓN DE TUTELA
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN POPULAR
PONENTE:ANGARITA BARÓN, CIROMORÓN DÍAZ, FABIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:258 DE JUNIO DE 1993, PÁG.565
Sentencia T-67 de febrero 24 de 1993
PROTECCIÓN DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
ACCIONES POPULARES Y ACCIÓN DE TUTELA
EXTRACTOS: «1. Con fecha diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), el señor Gerardo Ardila “actuando en nombre del ejecutivo nacional de la Alianza Democrática M-19”, presentó ante el juez setenta y nueve (79) de instrucción criminal ambulante, en la ciudad de Santafé de Bogotá , un escrito en el que interpone la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, contra “la decisión del consejo nacional de estupefacientes consistente en la orden de utilizar desfoliantes prohibidos en especial de fumigar con glifosato los cultivos de amapola”. Pide que se ordene la suspensión inmediata de las fumigaciones con aquel producto.
— La situación creada por causa de la determinación a la cual alude el peticionario no puede subsanarse a través de la acción excepcional prevista en la Constitución denominada acción de tutela; ésta se halla prevista para los casos en que se presenta violación de los derechos constitucionales fundamentales y en el asunto planteado, no se aprecia la existencia de quebrantamiento alguno a los derechos que aparecen consagrados en el capítulo primero del título 2 de la Constitución.
— Según lo dispone el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no es procedente cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución; por el contrario, la Constitución defiere a la ley la regulación de las acciones populares orientadas a la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la salubridad pública y el ambiente. Así, la propia Constitución, en forma expresa, dejó por fuera de la acción de tutela el examen judicial de situaciones como la planteada por el peticionario.
Para que fuera procedente la acción de la referencia, el peticionario, si no estaba impedido para actuar como se verá más adelante, debió intentar una acción popular con fines concretos o ejercer la acción de tutela basando su petición en el amparo judicial específico de un derecho constitucional fundamental. Por estas razones, que son las mismas del juez cuya sentencia se revisa, se confirmará la denegación de la tutela pedida.
En estas condiciones, como las personas jurídicas sólo son titulares de muy determinados derechos constitucionales fundamentales, sólo pueden ejercer esta acción para obtener el amparo de los mismos y no de otros; desde otro punto de vista, las personas jurídicas pueden interponer la acción de tutela actuando en nombre de una persona natural o jurídica para obtener el amparo judicial específico y directo de precisos derechos constitucionales fundamentales de aquéllas.
Se reitera por último que la acción de tutela tiene muy precisas connotaciones jurisdiccionales de rango constitucional, que no son compatibles en todos los casos con el ejercicio de la actividad política partidista, regulada en la Constitución (arts. 103, 107, 108, 109, 110, 111 y 265, nums. 5º, 6º 8º, 9º y 10); para estos efectos el amplio espectro de garantías constitucionales enderezadas a promover la participación democrática de los ciudadanos y de sus organizaciones políticas, es asunto bien distinto de las connotaciones jurídicas de la acción de tutela como instrumento o pieza fundamental del Estado de derecho en favor de la jurisdicción constitucional de la libertad.
La definición y alcance del derecho al medio ambiente sano consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política, ha suscitado interpretaciones y decisiones diferentes en algunas salas de revisión de tutela.
I. La acción de tutela y las acciones populares.
a) El artículo 86 de la Constitución Nacional
1. La acción de tutela es un mecanismo de protección judicial rápido y eficaz, que consagró la Constitución de 1991, para ser utilizado por los colombianos cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Opera cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para la protección de su derecho, o cuando existiendo otro medio, este sea inadecuado para la protección efectiva de su derecho.
Para lograr el propósito de la efectividad, la acción ha sido ideada de tal manera que sus formalidades sean mínimas. Es una acción que se encuentra al alcance de todos. No se requiere de conocimientos jurídicos especiales, ni de habilidad en el uso del lenguaje o de la retórica. De esta manera desmitifica los rituales propios del derecho y acerca las normas constitucionales al ciudadano mismo, para que este haga uso de ellas cuando lo requiera.
b) El artículo 88 de la Constitución Nacional.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares...”.
Igual predicado se hace sobre las acciones populares con fines concretos, previstas específicamente para la protección de los derechos e intereses colectivos (art. 88, inc. primero) y sobre las acciones de grupo o de clase (art. 88, inc. segundo), para proteger todo tipo de derechos que resulten “dañados” en un grupo amplio de personas.
Además, la Carta señala la posibilidad de establecer por vía legislativa los casos de responsabilidad civil objetiva por daños inferidos a los derechos e intereses colectivos, los que pueden reclamarse —se repite— en ejercicio de las acciones ordinarias que procuran la indemnización o reparación individual y/o de las de grupo o de clase, que obedecen a la lógica de los intereses difusos y permiten especiales modalidades de tramitación del proceso y de ejecución del fallo:
c) El amparo judicial del derecho a gozar de un ambiente sano.
1. La concepción jurídica de los derechos ha tenido por siglos su centro de gravedad en la idea de derecho subjetivo, esto es, en una facultad o prerrogativa otorgada por el derecho y que responde a la naturaleza misma del hombre. Una de las implicaciones más complejas de las nuevas relaciones impuestas por el Estado social de derecho, tiene que ver con el surgimiento de otro tipo de derechos construídos bajo categorías diferentes a la de los derechos subjetivos. Estos nuevos derechos son el resultado del surgimiento de nuevas condiciones sociales y económicas que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y el goce de sus derechos y para las cuales los mecanismos jurídicos clásicos de protección de derechos resultan insuficientes.
2. Los últimos decenios han puesto en evidencia el hecho de que los grandes riesgos que afectan a las comunidades —e incluso pueden poner en peligro su supervivencia— ya no se limitan a la confrontación bélica o a la dominación tiránica por parte de los gobernantes. La dinámica misma del comercio, de la industria y en general de la actividad económica capitalista, puede convertirse en la causa de males tan graves o peores que los derivados de la violación de derechos subjetivos. Es el caso de la protección del medio ambiente, del espacio público, de los productos que reciben los consumidores, etc. Estos nuevos ámbitos han generado intereses cuya protección resulta hoy indispensable. La doctrina ha agrupado este tipo de intereses bajo el título de intereses colectivos o difusos(1).
(1) Algunos autores distinguen entre intereses colectivos e intereses difusos, diciendo que los primeros se refieren a aquéllos que pertenecen a un grupo de personas organizado e identificable, mientras que los segundos se predican de un grupo indeterminado de personas. Renato Federeci, Gli interessi della collettivitá e L''azione collettiva, en Revista di Diritto Processuale, 1983, N.1 p.25-26.
3. En el Estado liberal clásico los derechos violados eran siempre derechos del individuo; todo lo relacionado con intereses colectivos tenía trámite en el proceso político que finalmente conducía a la elección de representantes y a la expedición de leyes. En la democracia participativa, se plantea la posibilidad de que el ciudadano, sin la intermediación de sus representantes, se convierta en vocero efectivo de intereses generales o comunitarios. Esta posibilidad representa una ventaja democrática en relación con el sistema anterior, en la medida en que el trámite del derecho se encuentra al alcance de los ciudadanos. Sin embargo, su misma vinculación con los intereses colectivos y por ello mismo, su similitud con cuestiones políticas hace difícil su tratamiento jurídico. En todo caso, de esta dificultad no se puede derivar una falta de importancia, o el desconocimiento de la necesidad de protección.
4. La existencia de esos nuevos intereses y de los derechos que de allí surgen plantea serios problemas procesales para su protección. La naturaleza especial de estos derechos hace que la idea de extender los mecanismos clásicos de protección jurídica a estos nuevos ámbitos resulte inoperante. Las siguientes son algunas de las razones que explican la insuficiencia del procedimiento tradicional:
b) Las garantías procesales.
c) Los efectos de la sentencia.
2. La aplicación por conexidad ha sido reconocida desde 1972 en la declaración de Estocolmo sobre el ambiente humano, en la cual se establece un vínculo entre derechos fundamentales y protección ambiental:
La interrelación entre derechos fundamentales expresamente consagrados y la protección ambiental ha sido planteada a nivel internacional de dos maneras: tomando esta última como prerrequisito de su disfrute.
“La noción de no matar está suficientemente descrita en el código penal, pero la idea de permitir la vida no tiene un correlato semejante. Sólo mediante la aplicación de principios generales del derecho o por la extensión de las normas provenientes del derecho civil, podría considerarse posible la delimitación más o menos segura de un ámbito de protección jurídica del ser y de su integridad, considerada ésta última como la preservación de sus condiciones física y consecuente inalterabilidad de los sentidos”(2).
(2) E Pigretti y otros. la responsabilidad por daño ambiental. Centro de Publicacione s Jurídicas y Sociales. Buenos Aires, 1986.
La segunda posibilidad de protección consiste en consagrar el derecho al medio ambiente sano como un derecho fundamental. Así ha ocurrido en diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en desarrollo de la declaración de Estocolmo, sobre todo a partir de 1980.
“Los derechos fundamentales y la protección ambiental son dos de las preocupaciones fundamentales del derecho constitucional moderno. Ellos representan valores sociales diferentes pero interrelacionados por un conjunto de metas comunes. Los esfuerzos para realizarlos ambos buscan lograr y mantener la más alta calidad de vida humana. En ese ámbito, los derechos humanos fundamentales dependen de la protección ambiental y la protección ambiental depende del ejercicio de los derechos fundamentales ya existentes como el derecho a la información y el derecho a la participación política”(3).
(3) Dinah Shelton. Human Rights Enviromental Rights and the Right to Enviroment. Stanford Journal of International Law. Vol. 23, Tomo 128. pp 103 y ss.
3. El medio ambiente y la intervención del juez.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 79 de Instrucción Criminal Ambulante el 18 de febrero de 1992, en el caso de la tutela solicitada por el ciudadano Gerardo Ardila en nombre de la Alianza Democrática M-19.
2. Adoptar los siguientes principios y criterios para la protección del derecho al medio ambiente sano:
a) Principios de interpretación
2. Principio de derecho
3. Principio de ponderación
Comuníquese la presente decisión al despacho judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991».
(Sentencia T-67 de febrero 24 de 1993. Magistrados Ponentes: Dr. Fabio Morón Díaz - Dr. Ciro Angarita Barón).

References: artículo 86
 artículo 6
 artículo 88
 artículo 79
 artículo 86
 artículo 88
 artículo 36