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Timestamp: 2019-02-22 12:48:04+00:00

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﻿ DECRETO 895 DE MAYO 29 DE 2017
DECRETO 895 DE 29 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE CREA EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN EL DERECHO ELECTORAL, SISTEMA ELECTORAL, PARTIDO POLÍTICO, CAMPAÑA POLÍTICA, RÉGIMEN ELECTORAL PARA ALCALDES, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD PÚBLICA, AGRUPACIONES POLÍTICAS, OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TERMINACIÓN DE CONFLICTO ARMADO, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
DECRETO-LEY 895 DE 2017
“Por el cual se crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”.
Que el constituyente, mediante el Acto Legislativo 1 de 2016, con el fin de facilitar y asegurar el cumplimiento del Acuerdo Final, confirió al Presidente de la República una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional específicamente diseñada para este fin, en virtud de la cual se encuentra facultado para expedir decretos con fuerza material de ley;
Que el presente decreto-ley se expidió dentro del término de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016, que según el artículo 5º de ese mismo acto legislativo es a partir de la refrendación del 30 de noviembre de 2016;
Que en el punto 3.4.8 del Acuerdo Final se establece la creación del programa integral de seguridad para las comunidades y organizaciones en los territorios, para lo cual el gobierno, según sus competencias reglamentará la materia, con la participación activa de las organizaciones sociales y comunidades en los territorios;
Que de acuerdo con lo anterior, existe un vínculo cierto y verificable entre el contenido del Acuerdo Final y la materia del presente decreto-ley, pues este se circunscribe a expedir las disposiciones necesarias e imprescindibles para la adecuada formulación e implementación, entre otros, de los puntos 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.2 y 3.4.7 del Acuerdo Final.
Que en cumplimiento del requisito de conexidad estricta o juicio de finalidad, el presente decreto-ley responde en forma precisa a aspectos definidos y concretos del Acuerdo Final. A continuación, se identifica el contenido preciso del Acuerdo que es objeto de implementación y se demuestra que cada artículo de este decreto-ley está vinculado estrechamente con los puntos 2.1.2 y 3.4 del Acuerdo Final, y en especial los puntos 2.1.2.1, 2.1.2.2, 3.4.7.
En virtud de los artículos 1º, 2º y 3º se crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política como parte de una concepción moderna de seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos particularmente en protección de los derechos y libertades de los que ejercen la política, el cual tiene por objeto contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución, así como sus fines, todo lo cual constituye un desarrollo preciso del punto 2.1.2 y 3.4 del Acuerdo Final.
El artículo 4º desarrolla lo referente a los elementos del sistema, al identificar expresamente i) la adecuación normativa e institucional, ii) la prevención, iii) la protección y iv) la evaluación y seguimiento, aspectos que son precisamente acordados en los puntos 2.1.2.1, 2.1.2.2 y 3.4.7 del Acuerdo Final.
El artículo 5º organiza e identifica de manera concreta cuáles son las instancias del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.
Los artículos 6º, 7º, 8º y 9º básicamente desarrollan una de las instancias que conforman el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, como es la instancia de alto nivel, la cual esta acordada de manera puntual en los puntos 2.1.2.1 letra a), 3.4.7.2 y 3.4.7.3 del Acuerdo Final.
De igual manera los artículos 10 y 11 establecen el objeto que deberán tener otras instancias del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política como son la Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y el Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, todo en consonancia con los puntos 2.1.2.1 letras a) y d), 2.1.2.2 letra d) y 3.4.7.2 del Acuerdo Final.
Que en el punto 6.1.10 del Acuerdo Final, se establece el calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final, conforme con lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016, donde se establece como una prioridad, la expedición de la ley y/o normas de desarrollo sobre sistema integral de garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz;
Que en cumplimiento del requisito de conexidad suficiente el presente decreto-ley es instrumental a la realización de los objetivos o compromisos del Acuerdo Final comoquiera que expresamente crea el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, como parte de una concepción moderna de seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos particularmente en protección de los derechos y libertades de los que ejercen la política. Así mismo, establece e identifica los elementos del sistema y sus diferentes instancias, así como también, determina la creación del programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, todo lo cual fue objeto de acuerdo en los puntos 2.1.2 y 3.4, de tal manera que las normas contempladas en el presente decreto-ley constituye el marco legal que permiten facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final;
Que el artículo 15, en concordancia con el Acuerdo Final crea un programa de promotores(as) comunitarios de paz y convivencia con el objetivo de impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria.
Que el presente decreto-ley regula materias para las cuales ni el trámite legislativo ordinario ni el procedimiento legislativo especial previsto en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2016 son idóneos, pues la regulación que aquí se adopta tiene un carácter urgente e imperioso y, por tanto, no es objetivamente posible su tramitación a través de los canales deliberativos ordinario o del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz;
ART. 1º—Creación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Créase el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, como parte de una concepción moderna de seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos particularmente en protección de los derechos y libertades de los que ejercen la política. Este sistema, estará constituido por el conjunto de normas, programas, proyectos, planes, comités, las entidades públicas en los órdenes nacional y territorial y las organizaciones e instancias encargadas de formular o ejecutar los planes, programas y acciones específicas, tendientes a garantizar la seguridad y protección de los sujetos individuales y colectivos beneficiarios de que trata el presente decreto.
ART. 2º—Objeto. El sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política tiene por objeto contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución.
ART. 3º—Fines del sistema. El sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política busca cumplir con un marco de garantías de los derechos y libertades, fomentar la convivencia y la tolerancia, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia, adoptando mecanismos para promover la permanencia de los líderes sociales en sus territorios y brindar garantías de no repetición.
ART. 4º—Elementos del sistema. Constituyen elementos del sistema, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentren asignadas a las diferentes autoridades públicas:
ART. 5º—Instancias del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Las instancias que hacen parte del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, son las siguientes:
PAR. 1º—El programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización, se diseñará y ejecutará por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.
PAR. 2º—Las instituciones del Estado trabajarán de manera coordinada y promoverán la corresponsabilidad para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en el marco de este sistema.
ART. 6º—Instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Créase la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, cuyo objeto será la implementación del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, la cual estará integrada, así:
8. El director de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
PAR. 1º—Si el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, decide asignar al Vicepresidente de la República la función de asistir como miembro de la instancia de alto nivel, el Vicepresidente de la República presidirá la instancia de alto nivel, en ausencia del Presidente de la República.
PAR. 2º—Se garantizará la participación de los partidos y movimientos políticos especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de las mujeres.
PAR. 3º—Cuando se considere pertinente, podrán ser invitados a las sesiones de la instancia, un delegado de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegados de entidades del Estado y órganos judiciales y de control, como el director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
(Nota: Se declara exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-555 de 2017, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en el entendido que la expresión “participación permanente” contenida en el numeral 9º no implica la calidad de integrante de la instancia allí regulada.)
ART. 7º—Funciones de la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. La instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad tendrá a su cargo, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentren asignadas a las diferentes autoridades públicas, las siguientes funciones:
ART. 8º—Secretaría técnica de la instancia de alto nivel. La secretaría técnica de la instancia de alto nivel será ejercida por un delegado presidencial quien será un servidor público del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República.
ART. 9º—Funciones de la secretaría técnica. Corresponde a la secretaría técnica, ejercer las siguientes funciones:
ART. 10.—Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección. El Gobierno Nacional implementará y pondrá en marcha una Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, con el fin de hacer seguimiento a los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política. La comisión contará con representación de partidos y movimientos políticos. Todo lo anterior, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentre asignadas a las diferentes autoridades públicas.
ART. 11.—Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política. Se creará un Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política y aquellos que atenten especialmente contra quienes se declaren en oposición, y defensores de derechos humanos, el cual tendrá en cuenta el enfoque de género. Todo lo anterior, sin perjuicio de las funciones y competencias que constitucional, legal y reglamentariamente se encuentren asignadas a las diferentes autoridades públicas.
ART. 12.—Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Créase el programa de protección integral, el cual se encargará de coordinar con las demás entidades estatales pertinentes, la implementación de las políticas, programas, acciones y medidas que tiendan a la protección integral de los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, sedes y actividades, así como a los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo. El Gobierno Nacional reglamentará el programa.
ART. 13.—Presunción de riesgo extraordinario. Las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, tendrán presunción de riesgo extraordinario de acuerdo a criterios razonables presentados por sus representantes ante la mesa técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción de riesgo extraordinario.
ART. 14.—Programa integral de seguridad para las comunidades y organizaciones en los territorios. Se creará el programa integral de seguridad y protección para comunidades, líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres y de género a cargo del Ministerio del Interior en los territorios, incluyendo las garantías de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos. Para su adecuada implementación, concurrirán la unidad nacional de protección y la Policía Nacional, de conformidad con las obligaciones que legal y constitucionalmente les han sido atribuidas. El programa de protección será reglamentado por el Gobierno Nacional.
ART. 15.—Programa de promotores(as) comunitarios de paz y convivencia. Se creará a instancias del Ministerio del Interior, y en coordinación con el Ministerio de Justicia, el programa de promotores(as) comunitarios de paz y convivencia, el cual tendrá como propósito el impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria. El programa de promotores será reglamentado por el Gobierno Nacional.
ART. 16.—Seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. En concordancia con lo establecido en el estatuto de la oposición, la unidad nacional de protección articulará programas de protección y seguridad para los directivos y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición.
ART. 17.—Sistema de alertas tempranas. El Gobierno Nacional, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, reglamentará el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, así como cualquier hecho o conducta criminal en contra de quienes hayan sido elegidos popularmente, quienes se declaren en oposición, líderes comunitarios, comunidades rurales, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y/o defensoras de derechos humanos y sus miembros, líderes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales y el nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. El sistema emitirá alertas de forma autónoma. La respuesta rápida del Estado y las acciones del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política deberán articularse con los mecanismos preventivos y de protección, descritos en este decreto.
ART. 18.—Evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo de los sujetos de protección del presente decreto, deberá tener en cuenta los informes o insumos del sistema de prevención y alerta a cargo de la Defensoría del Pueblo, y los resultados de la reacción rápida que realice el gobierno; la participación de los sujetos beneficiarios durante el proceso de evaluación y los demás informes de organizaciones en el terreno pertinentes para cada caso. Sus resultados deberán ser debidamente motivados informando los elementos tomados en consideración para fundar la decisión y ser puestos en conocimiento del solicitante o colectivo.

References: artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 15
 resolución 
 artículo 1
 resolución