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Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la playa” | Catálogo Digital de Publicaciones DC
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Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la playa”
Allemanni, Lorena C.
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº30
Año X, Vol. 30, Noviembre 2009, Buenos Aires, Argentina | 232 páginas
Las zonas costeras constituyen sistemas territoriales sumamente dinámicos y complejos, ya que tanto los elementos geomorfológicos que los componen como los procesos físicos que las afectan varían en tiempos relativamente breves, mientras que están
El sistema territorial es el conjunto de todos los elementos, procesos naturales y artificiales existentes en el territorio, y se considera formado por el medio físico (territorio y recursos naturales), la población y sus actividades de producción (consumo y relación social), la configuración espacial e infraestructura de relación de los asentamientos urbanos y por el marco legal e institucional. (Gómez Orea 1993, en López y Marcomini 2000)
Las zonas costeras constituyen sistemas territoriales sumamente dinámicos y complejos, ya que tanto los elementos geomorfológicos que los componen como los procesos físicos que las afectan varían en tiempos relativamente breves, mientras que están sometidas a una intensa presión de uso por la actividad de las poblaciones que se asientan en ellas.
La zona litoral bonaerense ha sufrido grandes cambios desde el inicio de su urbanización, a fines del siglo XIX, en términos del uso dado al territorio, las condiciones socioeconómicas que lo determinaron, sus consecuencias y los procesos naturales actuantes sobre la zona. En la actualidad, se trata de una de las regiones de mayor desarrollo y crecimiento económico del país, situación que ha traído aparejada una serie de problemas ambientales.
En el presente trabajo se analizan los cambios en el uso y manejo de la zona de médanos litorales de la Provincia de Buenos Aires, en función de la valorización social de dicho territorio como recurso, junto con sus efectos e impactos sobre el sistema costero. Se ha trabajado mediante el relevamiento de las normas jurídicas que reglamentaron la ocupación del área costera poniendo especial énfasis en los cambios de percepción sobre la misma, así como la toma de una creciente conciencia en cuanto a la degradación que provoca su explotación irracional.
Previamente al boom turístico que se registró a partir de mitad del siglo XX, la zona costera del sudeste de la Provincia de Buenos Aires era considerada un territorio marginal, dada su nula aptitud para la producción agrícola. Tanto era así que la Ley Provincial Nº 3487/1913, bajo la cual se rigieron los primeros pueblos litorales, no planteaba ninguna definición de playa ni tenía en cuenta sus aspectos dinámicos, hasta el punto que se fundaban villas balnearias adosadas al cordón litoral. No contemplaba la regulación de los usos y forma de ocupación de los terrenos, como tampoco la prestación de servicios de tierras de uso público.
En la década de 1930, la crisis del modelo agro-exportador impulsó el loteo de las estancias para valorizar las tierras, dedicadas ahora a uso urbano. Simultáneamente, algunos propietarios, entre los cuales se destacó Carlos Gesell, comenzaron a forestar los campos de dunas, con fines productivos en primer lugar y turísticos luego.
En 1950, se sancionó el Decreto 9196, que reglamentaba los fraccionamientos sobre la costa Atlántica, prohibiendo lotear sobre zonas de médanos vírgenes. Se aprecia una mayor percepción del carácter particular del litoral en relación a la zona pampeana circundante, ya que se definen la playa y zonas posteriores de uso público, y se determina la línea de ribera en base a un criterio hidrodinámico. Así, se diferencian tres zonas adyacentes al mar.
La playa propiamente dicha, que se corresponde con la zona intermareal (considerando tanto mareas normales como extraordinarias) y abarca hasta la línea de ribera. Ribera externa, que comprende la zona de playa posterior Avenida costanera, contigua a la anterior y de 100 m de ancho, que comienza en el pie de duna y abarca la anteduna.
En el año 1968 se aprobó el decreto 7513, cuyo propósito era consolidar el cordón de dunas de la costa Atlántica convirtiendo su fisonomía “desértica” en un cordón forestal. En su primer artículo establece que dichas tierras serían fijadas a razón de un 5% anual, desde la línea de ribera hacia el interior. El mismo comenzó a aplicarse entre los años 1969 y 1972, dependiendo de las localidades, estando los trabajos a cargo de los productores. Un folleto emitido por la División Forestal del Ministerio de Agricultura bonaerense (1969) refleja claramente la concepción sobre la zona costera como un terreno árido a modificar a fin de poder ser explotado: “(...) considerando que la densidad [de siembra de especies forestales] es un factor relacionado con el capital suelo, esta densidad deberá ser la normal, es decir aquella capaz de obtener la renta justa a ese capital”.
El uso de la zona de médanos para explotación forestal determinó un proceso de fijación de dunas, el cual se realizaba en varias etapas. El primer paso consistía en la instalación de un obstáculo para “limitar e impedir” el intercambio de material eólico entre la playa y el continente. A tal fin se recomendaba la construcción de “quinchados” de ramas, asegurados con postes y alambres para formar una empalizada. Los mismos se emplazaban a aproximadamente 100 m de la línea de máxima marea. La acumulación de arena así lograda era llamada “antiduna”, ya que disminuía la movilidad de los médanos tras la misma al interrumpir el aporte de sedimento desde la playa. A fin de que constituyera una barrera efectiva, una vez lograda la acreción se la consolidaba mediante la praderización y forestación.
Por lo tanto el segundo paso, la fijación propiamente dicha, consistía en la inmovilización de la arena con cubierta muerta y/o praderización. Para la cobertura muerta se recomendaba el uso de rastrojos (500 fardos de paja por hectárea), ramas (aproximadamente 15.000 por hectárea) o un emulsionante asfáltico (mulch) que actuaba como aglutinante de la arena. El mulch se aplicaba a razón de 35.000 litros por hectárea junto con una mezcla de semillas de forrajeras de descarte (trébol blanco, centeno, pasto llorón y alfalfa). En caso de optarse por la praderización se utilizaban matas de arundo (Ammophila
arenaria), una especie nativa, sembradas en damero (60.000 matas por ha). Esta especie se eligió por ser una gramínea perenne, con gran cantidad de rizomas y raíces muy ramificadas capaces de entrampar arena. Otra opción era la siembra de Spartina ciliata.
En general las especies usadas para estos procedimientos eran leguminosas y gramíneas de alta producción de semillas con el fin de lograr resiembra natural en lo sucesivo. Por otro lado, en algunos casos la elección reflejaba la vinculación de esta actividad con la explotación agrícola predominante en la zona, ya que las semillas sembradas junto con la aplicación de mulch se juntaban del barrido de silos y vagones. En ese sentido, también cabe destacar que la paja de rastrojo utilizada como cubierta muerta provenía de los campos circundantes.
En una etapa posterior, una vez lograda un área de reparo efectiva gracias a la antiduna, en un 20% de la superficie a forestar se implantaban especies colonizadoras cuya función era proteger a las plantas definitivas.
Las colonizadoras eran plantas perennes elegidas por su carácter halófito, resistencia al viento y a la abrasión por material de voladura (favorecido por su fisonomía achaparrada, obligada o facultativa), follaje compacto y ramificación simpodial. Las especies mas empleadas fueron Acacia longifolia, Tamarix gallica, Myoporun laetum y Acacia saligna. El tamarisco en particular se implantaba en primera línea, por ser capaz de rebrotar de cepa.
Por último se implantaban los árboles que iban a constituir la plantación definitiva, ocupando un 70% del terreno (el 10% restante se destinaba a caminos y cortafuegos). Las densidades de plantación dependían de la especie y el uso (mera barrera eólica o silvicultura, el caso más común) pero en general variaban de 3.500 a 4.444 árboles por hectárea.
En las zonas mas desprotegidas se utilizaba Pinus pinaster y P. thumbergii. En zonas de mayor reparo se plantaban otras especies menos resistentes a la brisa marina, entre ellas P. radiata, P. pinea, P. halepensis, Cupressus arizonica, C. lusitanica, Eucalyptus globulus y Acacia melanoxylon. La actividad turística comenzó a desarrollarse en el sudeste de la Provincia desde mediados del siglo XX, con la fundación de numerosas localidades balnearias concebidas específicamente con fines vacacionales. Impulsado por este cambio en el uso de la tierra, de producción forestal a urbano y recreacional, vino una nueva valorización de la playa como un valioso recurso.
La Ley Provincial del Uso del Suelo (Nº 8912), sancionada en 1977, en pleno auge de crecimiento de las localidades balnearias, pretendió frenar los loteos ilimitados. En su artículo 23 se establecía que: Solo se podrán crear o ampliar núcleos urbanos y zonas de usos específicos en terrenos con médanos o dunas después que los mismos se encuentren fijados o forestados. En dichos casos se preservará la topografía natural del área y se adoptarán en el proyecto soluciones altimétricas que aseguren un correcto escurrimiento de las aguas pluviales.
El tipo de uso, intensidad de ocupación y parcelamientos admitidos serán los que permitan garantizar la permanencia de la fijación y forestación.También se reglamentaba el régimen de propiedad de dichos terrenos mediante el artículo 58, que establecía que:
Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con el océano Atlántico, deberá delimitarse una franja de 100 m de ancho, medida desde la línea de pie de médano o de acantilado, lindera y paralela a las mismas, destinada a usos complementarios al de playa, que se cederá al Fisco de la Provincia, fijada, arbolada y parquizada y con espacios para estacionamiento de vehículos. Asimismo, dentro de las áreas verdes y libres públicas que corresponda ceder, no menos del 70% de ellas se localizarán en sectores adyacentes a la franja mencionada, con un frente mínimo paralelo a la costa de 50 m y con una profundidad mínima de 300 m, debidamente fijada y forestada. La separación máxima entre estas áreas será de 3.000 m.
Estas citas permiten apreciar que el principal interés (y conflictos a ser dirimidos por el poder público) giraban en torno a la consolidación del modelo de modificación de la zona costera para uso urbano y la propiedad de los terrenos así “ganados” a los campos de dunas. Esto ocurría en un contexto en que el alto contraste entre el ámbito rural y las nuevas ciudades balnearias, en acelerada expansión, llevaban a la modificación del régimen jurídico-administrativo del territorio, quedando
conformados tres Municipios Urbanos en la zona en el año 1978 (denominación que se cambió por Partidos en 1983).
En 1981, la ley 9762 introduce una nueva definición al declarar que “quien marca la línea de ribera que marca el límite entre los dominios público y privado es la Provincia”. La necesidad de hacer explícita esta atribución de la Provincia indica el alto valor económico alcanzado por el recurso playa, al surgir recién luego de más de un siglo de ocupación del litoral Atlántico bonaerense. La falta de coordinación entre las distintas esferas de gestión (municipal, provincial y nacional), la ignorancia con respecto a las características y la dinámica del sistema litoral, la percepción de las dunas como un estorbo al crecimiento de los núcleos urbanos y de la playa como un elemento inmutable del paisaje resultaron en un crecimiento desordenado que trajo aparejados varios problemas siendo los más graves la erosión de las playas y dificultades en el abastecimiento de agua potable.
La Ley 12.257, llamada Código de Aguas, refleja un cambio importante en esta visión, promovido por la toma de conciencia de las dificultades acarreadas por los usos dados a la zona costera. En sus considerandos, esta norma declara que la zona aledaña al océano Atlántico, incluyendo los médanos comprendidos dentro de la misma, son ambientes especialmente frágiles y la “voluntad de protección” que la inspira se hace extensiva a los mismos.
En su artículo 152, prohíbe el loteo y la edificación sobre los médanos en una franja de 150 m desde la línea de ribera, e incluso a más distancia sobre aquellos médanos que formen una cadena que llegue hasta el mar. En base a estas y otras consideraciones, durante el año 2006 se aprueba el Decreto 3202 en cuyo antecedente reconoce que el avance del ejido urbano amenaza la conservación de playas de “enorme valor económico”, así como la recarga y la sustentabilidad de la explotación de las aguas subterráneas, al tiempo que ha generado graves problemas erosivos y de contaminación.
El ordenamiento territorial establecido por dicho decreto limita la expansión de los centros urbanos actuales, la creación de otros nuevos y la densidad poblacional permitida, pero además es innovador en cuanto a incluir normativas tendientes a respetar la integridad de los médanos.
En particular, la ampliación de las áreas urbanizadas se limita a un porcentaje del frente costero disponible, ponderado según el espacio ya ocupado y el remanente. Más precisamente, en el artículo 4 se establece que:
Frente costero urbanizable (en metros lineales) = A + B
donde A = 25 % del frente costero consolidado
B = 20% del frente costero que permanece libre antes del 30 de mayo del 2006
El frente urbanizable podrá extenderse si se afecta una franja de por lo menos 5 Km. del frente costero como Reserva Natural o como Zona de Recuperación de Dunas (en ese caso se suma el 10 % de la longitud de la reserva), o si más del 90% de las parcelas del área urbanizada sean ocupadas por vivienda unifamiliar, y la densidad neta promedio sea inferior a 60 hab/ha (hasta un 30% de lo obtenido según la fórmula anterior).
Cabe mencionar que un decreto provincial anterior (Nº 1549/1983) estipulaba que el número máximo de habitantes en zonas costeras residenciales y comerciales era de 80 por hectárea. Además de limitar la extensión de la construcción sobre la línea de costa, según este decreto los nuevos núcleos urbanizados deben respetar una distancia mínima entre sí. No solo se respeta la franja de 150 m entre las edificaciones y la línea de ribera establecida por normas anteriores, sino que además se define un área de resguardo, tal que queda una franja de protección de la costa no inferior a 250 m a 300 m según se trate de un nuevo centro o la ampliación de uno preexistente. Por último, establece que:
Los médanos de la primera cadena, como las otras áreas afectadas a la protección ambiental, no podrán ser removidos, atravesados por calles ni interrumpidos para abrir brechas de acceso a la playa, que deberán resolverse mediante la instalación de pasarelas peatonales desmontables, que se ubiquen por encima de los médanos sin interrumpir el movimiento natural de la arena.
Esos sectores no podrán ser forestados, ni recibir construcciones o instalaciones complementarias, con excepción de
los servicios de apoyo de las áreas balnearias que tendrán una superficie máxima de 200 m2 por cada kilómetro de playa, y deberán ser construidos en madera y elevados sobre pilotes permitiendo el libre desplazamiento de los médanos de acuerdo con lo establecido por las normas IRAM 42.100 (Directrices para la calidad de la gestión ambiental de playas y balnearios).
Las urbanizaciones podrán aproximar al frente de mar garantizando un acceso público vehicular hasta la playa sin superar la primera línea de médanos, cada 1000 m de frente costero.
El trazado del sistema circulatorio deberá respetar la topografía natural del terreno efectuando un tratamiento que garantice su transitabilidad y el escurrimiento de las aguas superficiales que no resulten erosivos de las dunas contiguas a la playa. Toda la red vial será de dominio municipal.
En suma, a la hora de planificar el crecimiento de los municipios costeros se ha considerado el grado de presión sobre el sistema litoral ejercido por la población actual, el potencial de ocupación en el futuro y la posibilidad de mantener parte de la dinámica original de las playas, mediante la preservación de zonas de médanos intactas y la correcta gestión de los que queden dentro del radio urbano. Esta legislación, a diferencia de las anteriores, muestra un intento de conciliar el crecimiento económico del área con la conservación del recurso en el cual se basa y el manejo sustentable del mismo. Sin embargo, el decreto ha sido sumamente cuestionado por diversos sectores.
Algunos Municipios han adherido a este decreto otros se apoyan sobre sus propias normas. Una de las principales críticas
es el cuestionamiento de la aplicación de una fórmula matemática al crecimiento urbano, otra es al artículo 5 que estipula “(…) por no tratarse de un área rural, dentro de las áreas de médanos no será autorizado el desarrollo de urbanizaciones bajo la modalidad de barrios cerrados o clubes de campo”. Las modificaciones anteriormente mencionadas podríamos decir que van produciendo variaciones en el territorio que algunas veces son provocadas por cambios culturales que tienen que ver con el uso del suelo, la economía, etc. y probablemente sigan produciéndose pero cada vez con un mayor conocimiento ambiental del área.
Estas modificaciones suelen provocar cambios que directa o indirectamente afectan el ecosistema en el que se implanta. El caso que más relación tiene con lo dicho es el de la erosión costera. Mediante la inmovilización, forestación y urbanización del campo de dunas el sedimento que antes permanecía disponible para que la dinámica del ecosistema lo disponga, actualmente va perdiendo capacidad de transporte sumándose a ello el impedimento de erosión en zonas de acantilados
(en las que este es un fenómeno natural y el hombre lo evita) dando como resultado el paisaje actual con sus elementos y problemáticas al que profesionales y gestiones enfrentaran como un nuevo desafió.
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Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la playa” fue publicado de la página 123 a página129 en Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº30

References: artículo 23
 artículo 58
 artículo 152
 artículo 4
 artículo 5
 Resolución