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Timestamp: 2019-10-15 12:28:38+00:00

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Poder Judicial de Entre Ríos – LEY Nº 7.061 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (B.O. 2/2/1983)
LEY Nº 7.061 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (B.O. 2/2/1983)
TÍTULO I – PROCESO Y MATERIA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA
Artículo 1º: Competencia. Principio General.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo, conocerá y resolverá en las acciones que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo regido por ley, decreto, reglamento, resolución, contrato, acto o cualquier otra disposición de carácter administrativo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Superior Tribunal de Justicia tendrá competencia originaria y exclusiva: en aquellos casos en que la acción se dirija contra los actos del Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de la función administrativa. (Texto s/ Ley 10052 -B.O. 21.9.11)
Art. 7.- Control de legitimidad. No serán precedentes las acciones de este Código cuando tratándose de la impugnación de decisiones administrativas, de órganos desconcentrados o de entidades descentralizadas de la Administración Pública Provincial, de entidades no estatales o de personas privadas que ejercen función administrativas, no se hayan previamente agotado los procedimientos tendientes a hacer efectivo el control administrativo de legitimidad que corresponda a la máxima autoridad administrativa del poder respectivo. Cuando se trate de decisiones de Colegios Profesionales, la vía se agotará en la forma que lo establezcan las respectivas normas de creación o reglamentos dictados en su consecuencia. (Texto conf. Ley 9676)
Artículo 11º: Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia entre un tribunal ordinario de la Provincia y las Cámaras en lo Contencioso Administrativo serán resueltos por el Superior Tribunal de Justicia de acuerdo a lo previsto en el Art. 37, inciso 11 de la Ley Nº 6.902, previo dictamen del Sr. Procurador General de la Provincia. (Texto s/ Ley 10052 -B.O. 21.9.11).
Art. 12.- Improrrogabilidad de la competencia. La competencia contencioso administrativa es improrrogable, pero el tribunal podrá comisionar a otros Tribunales la realización de diligencias en las causas sometidas a su decisión.
TÍTULO II – PARTES Y TERCEROS
También tendrán capacidad procesal con la correspondiente intervención facultativa y no obligatoria, la máxima autoridad administrativa de los tres poderes del estado Provincial, incluyéndose en este concepto, únicamente, al Gobernador de la Provincia, al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, al Presidente de la H. Cámara de Senadores y al Presidente de la H. Cámara de Diputados, en aquellos juicios en que se cuestione un acto, decisión, hecho o denegación de carácter tácito, sea imputable o provenga de las mismas autoridades, cuando discrecionalmente lo consideren necesario u oportuno, en resguardo de sus propias potestades constitucionales. (Texto conf. Ley 9676)
TÍTULO III – ACCIÓN
Capítulo I – Contenido de la acción y pretensiones
Capítulo II – Plazos y prescripciones
Artículo 19º: Caducidad de la Acción. La acción para deducir alguna de las pretensiones de los incisos a) b), c) y d) del Art. 17 de este Código, caduca al año, el que se computará desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa, no operándose la misma en los casos de denegatoria tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11)
Capítulo III – Suspensión de la ejecución de las decisiones administrativas
Capítulo IV – Medidas precautorias o cautelares
Capítulo V – Acumulación de acciones
Capítulo VI – Caducidad de la instancia
Capítulo VII – Modos anormales de terminación del proceso
TÍTULO IV – DEMANDA, ADMISIÓN Y OPCIÓN
Art. 41.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor;
b) Nombre y domicilio de la demandada y de la máxima autoridad administrativa en los casos previstos en el artículo 13°, si fueren conocidos. De lo contrario, las diligencias realizadas para conocerla, los datos que puedan servir para individualizarla y el último domicilio conocido;
d) Los hechos en que se funde explicados con claridad y precisión; e) El derecho expuesto sucintamente;
f) La petición o peticiones en términos claros, precisos y positivos. (Texto s/ Ley 9676)
Artículo 45º: Admisión del Proceso. Recibidos el o los expedientes administrativos, o
vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la Cámara dentro de los diez (10) días se pronunciará sobre la admisión del proceso. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11).
Artículo 47º: Contra la resolución que declare inadmisible el proceso podrá interponerse recurso de revocatoria ante la Cámara respectiva dentro del término de cinco días de la notificación, la que resolverá en el plazo de diez días. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11)
Artículo 51º: Procedimiento sumario. Si optare por el procedimiento sumario, la prueba se limitará a la documental o instrumental contenida e incorporada en las actuaciones administrativas.
Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el Artículo 44, el Presidente de la Cámara librará oficio a la autoridad a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el Artículo 53, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, se hará pasible a una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, cuyo importe se hará efectivo al particular reclamante, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio.
Todo ello, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondiere aplicar.
Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el tribunal actuante fijará a la Administración Pública un plazo no mayor de sesenta (60) días para su reconstrucción y remisión. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11)
TÍTULO V – PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Capítulo I – Traslado y contestación
Artículo 53º: Notificación. La demanda se notificará:
b) Si se promoviera contra un ente estatal autárquico o descentralizado, al Presidente del
Directorio o a quien ejerza el cargo equivalente.
Si lo fuere contra una Municipalidad, se cumplirá la diligencia con el Presidente Municipal;
d) En la acción por pretensión de lesividad, a él o los beneficiarios del acto impugnado.
Las notificaciones previstas en el presente articulado lo son sin perjuicio de las que necesariamente deben efectuarse al Fiscal de Estado, conforme al Artículo 209 de la Constitución provincial. En los casos en que debe notificarse a la Provincia, la diligencia se cumplimentará en la persona del gobernador. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11)
a) Si se accionare por actos imputables a: 1°) la Administración centralizada o descentralizada, al Gobernador; 2°) Órgano del Poder Legislativo o a la Presidencia de una de sus Cámaras, a la Presidencia de la Cámara respectiva; 3°) Órgano del Poder Judicial o a la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, a la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia; 4°) Tribunal de Cuentas, a su Presidente.
b) Si se promoviera contra un ente estatal autárquico o descentralizado, al Presidente del Directorio o a quien ejerza el cargo equivalente. Si lo fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el Presidente Municipal.
d) En la acción de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado.
Las notificaciones previstas en el presente articulado lo son sin prejuicio de las que necesariamente deben efectuarse al Fiscal de Estado, conforme al Artículo 139 de la Constitución Provincial. (Texto conf. Ley 9676)
Capítulo II – Excepciones previas
Artículo 58º: Del escrito en que se interponen excepciones, se correrá traslado al actor por diez (10) días, notificándosele por cédula. Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, y no habiéndose ofrecido prueba el tribunal, previa vista por diez (10) días al Fiscal, llamará autos para resolver, debiendo pronunciarse en el plazo de diez (10) días. Si se hubiere ofrecido prueba, el tribunal fijará audiencia para producirla dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días. Producida la prueba, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11)
Capítulo III – Prueba
Capítulo IV – Procedimiento acelerado
Capítulo V – Alegato
Artículo 66º: Puro derecho. Si no hubieren hechos controvertidos y el tribunal no considerase necesario disponer medidas de pruebas, ordenará correr un nuevo traslado a las partes por el plazo de diez (10) días comunes, para que argumenten en derecho y a su vencimiento, previa vista por igual término al Fiscal, llamará autos para sentencia. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11).
Artículo 67º: Alegato. Habiéndose producido prueba y no existiendo ninguna pendiente, los autos se pondrán en la oficina para alegar, disponiendo cada parte de diez (10) días, por su orden. Los respectivos escritos se reservarán en Secretaría hasta la presentación del último. Agregados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, se llamará autos para sentencia, previa vista por diez (10) días al Fiscal. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11).
“Artículo 67º Bis: Avocación del Superior Tribunal:
Dentro de los cinco (5) días de notificado el llamamiento de autos por la Cámara para sentencia definitiva, cualquiera de las partes puede solicitar que el Superior Tribunal de Justicia se avoque al conocimiento de la causa por existir interés institucional suficiente o trascendente.
A este efecto, se deberá fundar por escrito la pretensión ante la Sala que entiende en el asunto y se acompañará copia de las actuaciones que considere relevantes para acreditar dicho interés. En los mismos supuestos el Superior Tribunal de Justicia se podrá avocar de oficio.
La Sala luego de presentado el escrito, no podrá dictar válidamente sentencia hasta tanto
medie pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia sobre el avocamiento solicitado.
Aquélla debe elevar al Superior Tribunal de inmediato y sin otro trámite, el escrito y la copia indicada. Radicadas las actuaciones ante el Superior Tribunal el mismo debe pronunciarse sobre la avocación dentro de los treinta días (30) contados a partir de la fecha de ingreso de aquéllos.
Del pedido de la avocación, y como único trámite, se correrá vista al Procurador General de la Provincia por cinco (5) días para que dictamine sobre la existencia del interés invocado.
La providencia lleva implícita la de “auto para resolver”.
El Superior Tribunal de Justicia, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, puede rechazar el avocamiento por falta de interés institucional suficiente o
cuando la cuestión planteada resulte insustancial o carente de trascendencia. Caso contrario debe requerir de inmediato y sin otro trámite la elevación inmediata de las actuaciones para su resolución definitiva”. (Texto incorporado por Ley 10052 -B.O. 21.9.11).
Capítulo VI – Sentencia
Art. 73.- (Derogado por Ley 8918) Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos.
Capítulo VII – Recursos contra las resoluciones judiciales
Art. 74.- Recurso de reposición. Procede el recurso de reposición respecto de las providencias meramente interlocutorias, a fin de que se las deje sin efecto, o se las modifique por contrario imperio. Deberá interponerse directamente en las audiencias cuando se trate de providencias dictadas en esas oportunidades. Cuando éstas han sido proveídas en actos fuera de las mismas, el recurso deberá ser interpuesto por escrito fundado, dentro de los cinco (5) días de la notificación. El recurso se resolverá por el tribunal sin sustanciación si la resolución hubiera sido dictada de oficio, y si hubiera sido a pedido del interesado se resolverá con un solo traslado a la otra parte. El auto deberá dictarse en el plazo de cinco (5) días de quedar en estado, y contra el mismo no procederá nueva revocatoria.
“Artículo 77º Bis: Recurso de Inaplicabilidad de Ley. Contra la sentencia definitiva dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo sólo será admisible el Recurso de Inaplicabilidad de Ley por ante el pleno del Superior Tribunal de Justicia, el cual se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial en todo lo que no esté aquí modificado.
Antes de dictarse sentencia se le correrá vista al Procurador General de la Provincia”. (Texto incorporado por Ley 10052 -B.O. 21.9.11).
Capítulo VIII – Ejecución de la sentencia
Artículo 79º: Ejecución directa. Vencido el plazo que establece el artículo anterior, sin que la sentencia haya sido cumplimentada a petición de parte el tribunal ordenará la ejecución directa, mandando que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, determinado concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deben realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la responsabilidad que establece la Constitución de la Provincia. El Tribunal actuante podrá adoptar aun de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio las atribuciones que le confiere la Constitución, sin que puedan oponerse a aquellas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes o en actos de administración; pero no podrá trabarse embargo en los bienes afectados al uso público o a un servicio público ni sobre las contribuciones fiscales afectadas por ley a servicios públicos. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11).
Art. 79.- Ejecución directa. Vencido el plazo que establece el artículo anterior, sin que la sentencia haya sido cumplimentada a petición de parte el tribunal ordenará la ejecución directa, mandando que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, determinado concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deben realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la responsabilidad que establece la Constitución de la provincia. El Superior Tribunal de Justicia podrá adoptar aun de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio las atribuciones que le confiere la Constitución, sin que puedan oponerse a aquellas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes o en actos de administración; pero no podrá trabarse embargo en los bienes afectados al uso público o a un servicio público ni sobre las contribuciones fiscales afectadas por ley a servicios públicos.
Capítulo IX – Suspensión o sustitución de la ejecución de la sentencia
a) Determinase la supresión o suspensión prolongada de un servicio público; b) Motivase fundados peligros de trastornos al orden público;
Artículo 85º: Trámite y resolución. Del pedido de suspensión o sustitución se correrá traslado por cinco (5) días a la contraparte; si ésta al contestar no se allanare, el tribunal fijará dentro de los diez (10) días siguientes audiencia para que se agregue, realice y alegue sobre las pruebas las que deberán ofrecerse en los respectivos escritos.
El tribunal antes o después de la audiencia, podrá decretar las medidas para mejor proveer que considere pertinentes, debiendo dictar la resolución, previa vista por cinco (5) días al Fiscal dentro de los diez (10) días de encontrarse los autos en estado.
Si se resolviese la suspensión fijará el plazo máximo de la misma y el monto de la indemnización.
Esta deberá depositarse dentro de los sesenta días de la notificación.
En caso de no depositarse en término la suspensión quedará sin efecto. Si se resolviese la sustitución se procederá, en lo pertinente, de conformidad a lo establecido en el párrafo precedente. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.11)
Artículo 87º: Reglas específicas. El procedimiento sumario se regirá por las reglas del procedimiento ordinario previstas en el título V con las siguientes modificaciones:
e) Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo se correrá vista al Fiscal por diez (10) días, evacuada la misma o vencido el plazo llamará autos para sentencia”. (Texto s/Ley 10052 -B.O. 21.9.13).
Art. 88.- Reenvío legislativo. Son aplicables a los procesos contencioso administrativos, analógica y supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial.
Art. 92.- Regístrese, etc..
LEY Nº 10.052
(B.O. 21.09.11)
Modifica Ley 7061 C.P.A.
Art. 1º: Modifícanse los Artículos 1º, 11º, 19º, 45º, 47º, 51º, 53º, 58º, 66º, 67º, 79º, 85º y 87º de la Ley Nº 7.061, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 1º: Competencia. Principio General.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Superior Tribunal de Justicia tendrá competencia originaria y exclusiva: en aquellos casos en que la acción se dirija contra los actos del Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de la función administrativa.
Artículo 11º: Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia entre un tribunal ordinario de la Provincia y las Cámaras en lo Contencioso Administrativo serán resueltos por el Superior Tribunal de Justicia de acuerdo a lo previsto en el Art. 37, inciso 11 de la Ley Nº 6.902, previo dictamen del Sr. Procurador General de la Provincia.
Artículo 19º: Caducidad de la Acción. La acción para deducir alguna de las pretensiones de los incisos a) b), c) y d) del Art. 17 de este Código, caduca al año, el que se computará desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa, no operándose la misma en los casos de denegatoria tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.
vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la Cámara dentro de los diez (10) días se pronunciará sobre la admisión del proceso.
Artículo 47º: Contra la resolución que declare inadmisible el proceso podrá interponerse recurso de revocatoria ante la Cámara respectiva dentro del término de cinco días de la notificación, la que resolverá en el plazo de diez días.
Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el tribunal actuante fijará a la Administración Pública un plazo no mayor de sesenta (60) días para su reconstrucción y remisión.
Las notificaciones previstas en el presente articulado lo son sin perjuicio de las que necesariamente deben efectuarse al Fiscal de Estado, conforme al Artículo 209 de la Constitución provincial. En los casos en que debe notificarse a la Provincia, la diligencia se cumplimentará en la persona del gobernador.
Artículo 58º: Del escrito en que se interponen excepciones, se correrá traslado al actor por diez (10) días, notificándosele por cédula. Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, y no habiéndose ofrecido prueba el tribunal, previa vista por diez (10) días al Fiscal, llamará autos para resolver, debiendo pronunciarse en el plazo de diez (10) días. Si se hubiere ofrecido prueba, el tribunal fijará audiencia para producirla dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días. Producida la prueba, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 66º: Puro derecho. Si no hubieren hechos controvertidos y el tribunal no considerase necesario disponer medidas de pruebas, ordenará correr un nuevo traslado a las partes por el plazo de diez (10) días comunes, para que argumenten en derecho y a su vencimiento, previa vista por igual término al Fiscal, llamará autos para sentencia.
Artículo 67º: Alegato. Habiéndose producido prueba y no existiendo ninguna pendiente, los autos se pondrán en la oficina para alegar, disponiendo cada parte de diez (10) días, por su orden. Los respectivos escritos se reservarán en Secretaría hasta la presentación del último. Agregados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, se llamará autos para sentencia, previa vista por diez (10) días al Fiscal.
Artículo 79º: Ejecución directa. Vencido el plazo que establece el artículo anterior, sin que la sentencia haya sido cumplimentada a petición de parte el tribunal ordenará la ejecución directa, mandando que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, determinado concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deben realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la responsabilidad que establece la Constitución de la Provincia. El Tribunal actuante podrá adoptar aun de oficio todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio las atribuciones que le confiere la Constitución, sin que puedan oponerse a aquellas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes o en actos de administración; pero no podrá trabarse embargo en los bienes afectados al uso público o a un servicio público ni sobre las contribuciones fiscales afectadas por ley a servicios públicos.
En caso de no depositarse en término la suspensión quedará sin efecto. Si se resolviese la sustitución se procederá, en lo pertinente, de conformidad a lo establecido en el párrafo precedente.
e) Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo se correrá vista al Fiscal por diez (10) días, evacuada la misma o vencido el plazo llamará autos para sentencia”.-
Art. 2º: Incorpórase al texto de la Ley Nº 7.061, como Art. 67º Bis, el siguiente:
cuando la cuestión planteada resulte insustancial o carente de trascendencia. Caso contrario debe requerir de inmediato y sin otro trámite la elevación inmediata de las actuaciones para su resolución definitiva”.-
Art. 3º: Incorpórase al texto de la Ley Nº 7.061, como Art. 77º Bis, el siguiente:
Antes de dictarse sentencia se le correrá vista al Procurador General de la Provincia”.-
Art. 4º: Vigencia de la Ley. Normas Transitorias.
Las modificaciones dispuestas por la presente ley entrarán en vigor a partir de la creación e instalación de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo.
LEY 10.016 (B.O. 02/05/11) REGISTRO PROVINCIAL DE DATOS GENETICOS

References: Artículo 1

Artículo 11

Artículo 19
 artículo 13

Artículo 45

Artículo 47
 resolución 

Artículo 51
 Artículo 44
 Artículo 53

Artículo 53
 Artículo 209
 Artículo 139

Artículo 58

Artículo 66

Artículo 67
 resolución 
 resolución 

Artículo 79

Artículo 85

Artículo 87

Artículo 11

Artículo 19

Artículo 47
 resolución 
 Artículo 209

Artículo 58

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 79
 resolución