Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2002/nov/20021126-I.html
Timestamp: 2020-02-27 23:19:20+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año IV, número 1138-I, martes 26 de noviembre de 2002
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1138-I, martes 26 de noviembre de 2002
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley General de Educación.
Voto particular del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el proyecto de dictamen que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para establecer que el monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto.
Segundo. Mediante oficio número CCFI/001520/2001, de fecha 17 de mayo de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la comisión del contenido de la mencionada iniciativa.
Artículo 104. Los prestadores de servicios de certificación deben cumplir las siguientes obligaciones:
I. Comprobar, por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suyos, la identidad de los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante;
7. Si existe un medio para que el firmante dé aviso al prestador de servicios de certificación de que los datos de creación de la firma han sido de alguna manera controvertidos, y
8. Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia del certificado. Artículo 105. La Secretaría coordinará y actuará como autoridad certificadora, y registradora, respecto de los prestadores de servicios de certificación, previstos en este Capítulo.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, DE CULTURA, DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION
Una de las mayores aspiraciones de la sociedad mexicana del nuevo milenio es, sin duda, la de lograr una educación pública de calidad para todas y todos los mexicanos durante toda la vida, en los términos señalados por el artículo tercero constitucional. Los partidos políticos son fieles portavoces de esta demanda social, fenómeno que se constata en las plataformas políticas con las que compiten por ganar el voto popular. Asimismo, los legisladores queremos ser congruentes con la representación ciudadana, la cual año con año se expresa en múltiples y diversas manifestaciones a las puestas de este Palacio Legislativo, con un reclamo común: elevar los recursos que la federación destina a la educación pública. Maestros, padres de familia, estudiantes, sindicatos, investigadores y todos aquellos actores del proceso educativo coinciden en ello.
La recesión económica definitivamente no debe causar recorte en el presupuesto educativo. Por el contrario, creemos que los tiempos de crisis, son tiempos de invertir más en educación, pues sólo así estaremos mejor preparados para superarla. En efecto, el ambicioso proyecto educativo en el que hemos convenido las mexicanas y los mexicanos, requiere imprescindiblemente de acrecentar los montos de los ramos que conforman el presupuesto destinado a la educación.
Por eso, con el propósito de dar respuesta positiva a esta sentida demanda de la sociedad mexicana, y con fundamento en los numerales 1º y 3º del artículo 39, así como en los artículos 44, 45 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Soberanía el presente dictamen, fundamentado en los siguientes:
1. Con fecha del 14 de septiembre de 2000, la Dip. Hortensia Aragón Castillo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación con objeto de alcanzar un presupuesto federal destinado a la educación equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto de México para el año 2006.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la entonces Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública, fecha previa al acuerdo para la reforma a la Ley General de Congreso de la Unión del 29 de septiembre de 2000, por la cual pasaron a formarse las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos; Cultura; y Ciencia y Tecnología.
3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se instaló el 19 de octubre de 2000 y el día 30 del mismo realizó una reunión plenaria en la que creó subcomisiones para el análisis de los asuntos turnados y la elaboración de anteproyectos de dictamen, entre los cuales, se encontró esta iniciativa.
4. Las comisiones a las que fue turnada la iniciativa ha recibido dos excitativas: la primera, con fecha del 14 de diciembre de 2000, presentada por el Dip. Ramón León Morales, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y la segunda, con fecha del 20 de septiembre de 2001, presentada por el Dip. Manuel Duarte Ramírez, del mismo Grupo Parlamentario. Con motivo de la segunda excitativa, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a que diesen respuesta para el día 4 de octubre de 2001.
La exposición de motivos remite al artículo tercero constitucional como el sustento sobre el que el Estado ha creado las instituciones que permiten dar cumplimiento a la garantía de la educación. No obstante, se ha conducido al sistema educativo a una situación delicada que le ha impedido abatir sus rezagos en los distintos niveles y modalidades, y que se agudizan en las entidades más pobres del país. La comparación con países desarrollados evidencia la enorme disparidad competitiva que tenemos en desventaja con éstos.
Considera que el crecimiento de la matrícula al que hacen referencia los informes de gobierno, "no refleja el fenómeno de la constante expulsión de miles de educandos, de un nivel a otro, ni reconoce que sólo una parte muy pequeña de la población tienen acceso a la educación superior. Tampoco registra los problemas de calidad y pertinencia de la educación".
Señala la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, el cual, desde 1982, ha perdido el 57.7 por ciento, por lo que, más de la mitad de ellos tienen que trabajar en una segunda plaza o en otra actividad que les permita completar un ingreso para el sustento familiar. Destaca el dato de que el 25 por ciento de los profesores son interinos. Hay que considerar también que las condiciones en las que se tiene que realizar su ejercicio docente son, en muchas ocasiones, inadecuadas para la enseñanza. "Estas condiciones -dice la exposición de motivos-, repercuten en su desempeño profesional y en la calidad de la enseñanza que imparten".
Asevera que, aunque en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Educativo de la administración anterior se caracterizó a la educación como la más alta prioridad, "ello no se vio reflejado en las finanzas públicas? La baja presupuestal durante el gobierno de Ernesto Zedillo impidió el abatimiento de los rezagos y el cumplimiento de las metas".
Atribuye la huelga estudiantil de la UNAM a "la escasez de recursos en que se debaten las instituciones públicas de educación superior, pues asegura que hay "algunos estudios especializados" han demostrado que hay disminuciones en el gasto de educación media superior y superior de 1994 a 1998.
Los problemas señalados anteriormente, están relacionados, argumenta, con el financiamiento educativo. Por lo que demanda al Estado a asumir un compromiso creciente con el sostenimiento de la tarea educativa, con independencia de la inversión estatal y municipal que se realice en los próximos años.
Cita el compromiso de campaña del Presidente Vicente Fox Quesada ante el Comité Nacional de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando dijo: "........deberemos incrementar el presupuesto para la educación pública, laica y gratuita de calidad. Pasar del cinco por ciento de producto interno bruto a por lo menos el ocho por ciento en lo próximos seis años, a fin de hacer una cruzada por la infraestructura educativa de calidad que pueda generar educandos de calidad." Propone que a partir del ejercicio fiscal correspondiente a 2001 se incremente el presupuesto educativo un punto porcentual año con año, para que en el año 2004 se alcance la meta que nos permita alcanzar la cifra recomendada por la UNESCO, "y tomar las medidas de política económica indispensable para no afectar a otros renglones del gasto social".
Reconocer las dificultades presupuestales que conllevaría su aprobación, pero apela a "reorientar varios renglones de la política económica y presupuestal", tales como: el pago de la deuda pública interna y externa; el financiamiento de la deuda contraída por el IPAB; "la estrategia de rescate a empresas privadas que han asumido actividades públicas; el gasto superfluo e innecesario en varias dependencias de gobierno; y una política fiscal regresiva". Recursos que, se deduce, serían, en unos casos, presupuestados como gasto público programable en los ramos destinados a educación, en lugar de destinarse al gasto público no programable; otros recursos provendrían de la resignación de recursos dentro del propio gasto programable; y, otros más, serían resultado de una reforma fiscal que generara mayores ingresos.
Propone que, de manera complementaria, la Cámara de Diputados aprobaría anualmente "los renglones del gasto a los que se destinarían los incrementos propuestos, en consulta con los sectores involucrados".
La fracción 25 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al H. Congreso de la Unión a "dictaminar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público?", fundamento por el cual esta iniciativa se encuentra plenamente sustentada por nuestra Carta Magna, en cuanto a que esta Soberanía pueda demandar al Ejecutivo los recursos que considere necesarios para brindar los servicios educativos que requiere el país.
En la referencia que hace la exposición de motivos al Plan Nacional de Desarrollo de sexenio pasado, hay que considerar también que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se postula a la educación "como columna vertebral del desarrollo", por lo que, asegura, se impulsará una "revolución educativa" que permita a México elevar su competitividad ante el mundo, "así como la capacidad de todos los mexicanos para tener acceso a mejores niveles de calidad de vida", proyecto que también crea expectativas de que se asignen recursos significativamente crecientes a los ramos educativos presupuestales.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el numeral XIV del artículo 31, señala que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le corresponde: "Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional". Así, reconocemos que es facultad del Ejecutivo presentar el Proyecto de Propuesto de Egresos de la Federación ante esta Soberanía, pero tiene la responsabilidad de considerar la atención a las necesidades educativas de la nación, en congruencia con el alto valor que se le ha dado a la educación como política del desarrollo nacional, por lo que el tratamiento presupuestal debe ser congruente con esta prioridad.
Asimismo, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, en conformidad con lo que determina el artículo 6º de la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinación, quedando explícito en esta mismo ley, por lo que determina en el artículo 15, según el cual, "el Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expresar, durante el periodo de un año a partir del 1º de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen".
La iniciativa hace referencia a la recomendación que hace la UNESCO para que los países en vías de desarrollo destinen a la educación recursos crecientes. Cabe señalar que México signó con la UNESCO el compromiso de destinar a la educación, según se constata en el documento titulado PROYECTO principal de Educación en América Latina y El Caribe, el cual recoge el trabajo de conferencias de países miembros de la UNESCO entre 1979 y 1981, y entre los requisitos para el logro de sus objetivos señala: "Destinar a la educación presupuestos que lleguen a constituir gradualmente hasta el 7 u 8% del Producto Nacional Bruto".
Precisamente, entre los Marcos de Acción Regionales de la Conferencia de la UNESCO de Dakar, en la Declaración de Recife de los Países del Grupo E - 9, aprobada entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2000, en la reunión de ministros de educación y representantes de este grupo, del cual México forma parte, éstos consignaron el siguiente compromiso: "Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentado las asignaciones de recursos para la EDUCACIÓN PARA TODOS, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la EDUCACIÓN PARA TODOS y a que participen en ella".
Además, la aprobación de la iniciativa contribuiría, efectivamente, a establecer un marco legal que favoreciera el cumplimiento de las expectativas creadas durante su campaña por el presidente Vicente Fox Quesada, tal como se comprometió ante los maestros del país en la ocasión en que señala la exposición de motivos. Habría que agregar que en esa ocasión, el entonces candidato Vicente Fox Quesada, dijo lo siguiente: "?es un compromiso firme, que adquiero delante de todos ustedes, de hacer de la educación la columna vertebral del proyecto de gobierno que está por empezar? a la que se le asigne todo el presupuesto necesario, tenga lo que tenga que hacerse. Habremos de asegurar este avance del 5 al 8 por ciento del Producto Interno Bruto a través de una reforma fiscal integral, que, sin aumentar las tasas impositivas, aumento el ingreso del Estado? Y ratifico mi compromiso de conectar todo el ingreso del petróleo y de PEMEX directamente al sistema de educación pública nacional, laica y gratuita? Todo recursos adicional por la vía de reforma fiscal, por la vía del ahorro al interior del gobierno, por la vía del ingreso del petróleo o de PEMEX, lo vamos a conectar directamente al sistema de educación pública nacional". Declaraciones como la citada, no cabe duda, constituyen un bono de confianza que hacen creer factible la instrumentalización de medidas fiscales, administrativas y presupuestales que permitan dar cumplimiento a la reforma propuesta por esta iniciativa.
Los periodos temporales propuestos por la iniciativa para ir incrementado anualmente recursos equivalentes a un punto porcentual de PIB, resultan desfasados por la evidente razón de que se trató de una propuesta previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001. No obstante, proponemos resolver este problema, dejando abierta la reforma para que se cumpla en un periodo de tiempo no limitativo.
La iniciativa no considera los aspectos condicionantes de la Ley de Ingresos -con el principio de anualidad y las variables eventuales contingentes que le caracterizan- , para que efectivamente sea factible un egreso por un monto como el requerido. Tampoco considera que el proyecto de presupuesto que recibe la Cámara de Diputados, además de estar acotado por ingresos estimados limitados, responde a un conjunto de compromisos que en cada ramo es necesario cumplir, por lo que muy difícilmente permite reasignar recursos de un ramo a otro. La realidad es que el Poder Legislativo no puede disponer a su antojo de los recursos propuestos por el Ejecutivo para signarlos a su libre criterio.
Sin embargo, esta es una situación presente, que no obsta para que en el mediano o largo plazo pueda resolverse este inconveniente, por lo que la iniciativa no pierda la fuerza de su propuesta, aun cuando la coyuntura actual no favorezca en este momento su cumplimiento. Dicho de otro modo, el principio de la federación destine recursos a la educación que sean equivalentes a 8 por ciento del producto interno bruto del país es suscribible, es necesario y es imperativo, por lo que debe quedar explícito en la ley. Y será responsabilidad del Ejecutivo de la Federación, planear e instrumentar las medidas conducentes que permitan su cumplimiento.
Por las razones enumeradas anteriormente, estas comisiones someten a la consideración del pleno de esta Soberanía el siguiente
ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2002.
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Diputados: Enrique Meléndez Pérez, Presidente (rúbrica); Jorge Luis García Vera, secretario (rúbrica); Alonso Vicente Díaz, secretario; Oscar Ochoa Patrón, secretario; Miguel Bortolini Castillo, secretario (rúbrica); Rosa Elena Baduy Isaac (rúbrica); Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica); Juan Nicolás Callejas Arrollo (rúbrica); Cutberto Cantorán Espinosa (rúbrica); José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); José Ramírez Gamero (rúbrica); Gerardo Sosa Castelán; Olga Margarita Uriarte Rico (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón; Luis Artemio Aldana Burgos; Silvia Alvarez Bruneliere; José Carlos Luna Salas; Héctor Méndez Alarcón; Eduardo Rivera Pérez; Rodolfo Guadalupe Ocampo Velázquez; José María Tejeda Vázquez; Fernando Ugalde Cardona; María Isabel Velasco Ramos; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica); Ramón León Morales (rúbrica); Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica); José del Carmen Soberanis González (rúbrica); María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica); Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica); Bertha Alicia Simental García.
Comisión de Cultura; Diputados: José Manuel Correa Ceseña (rúbrica); Cutberto Cantoran Espinoza (rúbrica); Celita Trinidad Alamilla Padrón; Oscar Romero Maldonado; Elías Martínez Rufino (rúbrica); Juan Alcocer Flores (rúbrica); Benjamín Ayala Velázquez (rúbrica); Celestino Bailón Guerrero (rúbrica); Rafael Barrón Romero (rúbrica); María Teresa Campoy Ruy (rúbrica); Florentino Castro López (rúbrica); María Elena Chapa Hernández (rúbrica); Manuel Duarte Ramírez (rúbrica); Uuc-kib Espadas Ancona (rúbrica); Roberto Javier Fuentes Domínguez (rúbrica); Concepción González Molina (rúbrica); Justino Hernández Hilaria (rúbrica); Jorge Alberto Lara Rivera; Esther López Cruz (rúbrica); Gregorio Arturo Meza de la Rosa; Rodrigo David Mireles Pérez; Miguel Angel Donaciano Moreno Tello (rúbrica); Luis Gerardo Rubio Valdés; Verónica Sada Pérez; Luis Fernando Sánchez Nava; Mario Sandoval Silvera; Bertha Alicia Simental García (rúbrica); Alfonso Vicente Díaz; Joel Vilche Mares; Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (rúbrica).
Comisión de Ciencia y Tecnología; Diputados: Silvia Alvarez Bruneliere, PAN; Aarón Irízar López (rúbrica), PRI; Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), PRI; Luis Aldana Burgos (rúbrica), PAN; Francisco Patiño Cardona (rúbrica), PRD; José Marcos Aguilar Moreno, PAN; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), PRD; Jorge Carlos Berlín Montero (rúbrica), PRI; Diego Cobo Terrazas (rúbrica), PVEM; Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), PRI; Armando Enríquez Flores, PAN; Sergio García Sepúlveda, PAN; Silverio López Magallanes (rúbrica), PRI; Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (rúbrica), PAS; José Carlos Luna Salas, PAN; Oscar R. Maldonado Domínguez, PAN; Humberto Mayans Canabal (rúbrica), PRD; Angel Artemio Meixueiro González (rúbrica), PRI; Enrique Meléndez Pérez (rúbrica), PAN; Gerardo Morales Barragán, PAN; María del Rosario Oroz Ibarra (rúbrica), PRI; José Rivera Carranza, PAN; Luis Gerardo Rubio Valdez (rúbrica), PRI; Jorge Schettino Pérez (rúbrica), PRI; Mónica Leticia Serrano Peña, PAN; José María Tejeda Vázquez, PAN; Fernando Ugalde Cardona, PAN; Armín José Valdés Torres (rúbrica), PRI.
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Diputados: Luis Alberto Pazos de la Torre, Guillermo Hopkins Gámez (rúbrica), Abel Trejo González (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Jaime Alcántara Silva (rúbrica), José Carlos Borunda Zaragoza, Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Abel Ignacio Cuevas Melo, Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), Abelardo Prieto Escobar, Vìctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), Marcelo García Morales (rúbrica), Miroslava García Suárez (rúbrica), Raúl Homero González Villalba (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Julián Hernández Santillán, Fernando Herrera Avila, Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), César Alejandro Monraz Sustaita, José María Eugenio Núñez Murillo, David Penchyna Grub (rúbrica), Marcos Pérez Esquer, Roberto Preciado Cuevas (rúbrica), Jaime Salazar Silva, Gregorio Urías Germán (rúbrica), Simón Iván Villar Martínez (rúbrica).
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL SOBRE EL PROYECTO DE DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION PARA ESTABLECER QUE EL MONTO ANUAL QUE EL ESTADO DESTINE AL GASTO EN EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS NO PODRA SER MENOR AL OCHO POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
VOTO PARTICULAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SOBRE EL PROYECTO DE DICTAMEN QUE REFORMA EL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PARA ESTABLECER QUE EL MONTO ANUAL QUE EL ESTADO DESTINE AL GASTO EN EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS NO PODRÁ SER MENOR AL OCHO POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
A las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto que Reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de Septiembre del año 2000 por la Diputada Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para establecer que el monto anual que la Federación destine al gasto en educación pública no podrá ser menor al 8 por ciento del Producto Interno Bruto:
Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente
De conformidad con los siguientes antecedentes: I.- El 14 de septiembre del año 2000, la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.
II.- El 19 de octubre del año 2000, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, creó Subcomisiones para el análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.
III.- Después de tres excitativas, la Mesa Directiva del Cámara de Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a que diesen respuesta a más tardar el 12 de noviembre del año 2002.
IV.- El 29 de octubre del año 2002, la diputada Silvia Álvarez Bruneliére presentó una iniciativa sobre el mismo asunto, a nombre del Partido Acción Nacional, la cual fue turnada a las mismas comisiones que la iniciativa presentada por el PRD.
V.- El jueves 14 de noviembre de 2002 se publico en la Gaceta Parlamentaria el dictamen correspondiente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual no contempla la iniciativa de Acción Nacional. A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que suscriben el presente voto particular, exponemos los siguientes
1.- En términos generales la iniciativa del PRD tiene un objetivo loable, que busca un incremento muy considerable en el gasto federal en educación. No obstante, consideramos que el dictamen correspondiente es perfectible en términos de considerar la participación de la sociedad civil en el gasto educativo y, que para dar cumplimiento a la disposición de alcanzar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2006, se requiere considerar el incremento gradual tanto de los ingresos como los egresos del Estado.
2.- La Ley General de Educación reglamentaria del artículo tercero constitucional y con aplicación en todo el sistema educativo nacional, tiene el propósito sustancial de atender las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos, así como conservar y ampliar los principios sociales, educativos y democráticos; lo que significa que es una ley marco de la actuación de los tres ámbitos de gobierno en el ámbito educativo, cuyo fin es inducir a las entidades federativas a que cuenten con sus propias leyes.
Asimismo esta ley da cabida a reglamentar la participación de la sociedad civil con el fin de apoyar la función educativa del Estado, en tanto promover y atender todos los niveles, tipos y modalidades educativas.
3.- Particularmente en el aspecto del financiamiento de la educación puede afirmarse que, en el marco de la federalización, es una tarea concurrente que deben realizar el gobierno federal y los gobiernos de cada entidad federativa, pero que el artículo 25 es claro, al señalar que deben sujetarse a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables.
El artículo 27 establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional, por lo que señala que en todo tiempo procurarán las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.
Asimismo, para apoyar la equidad educativa, el artículo 34 establece que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, en el marco de la celebración de convenios en los que se acuerden las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.
En este sentido, la Ley General de Educación considera el destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública, como procurar más presupuestos relativos a aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten. Por lo que corresponde al Ejecutivo Federal proponer el monto presupuestario para el rubro educativo por ser el responsable de determinar los criterios de política económica que sustentan el ejercicio de gasto de cada año fiscal. Motivo por el cual envía a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto y ésta, de acuerdo al artículo 74 constitucional, fracción IV, tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.
4.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), principal organismo internacional en materia de educación tiene como uno de sus propósitos aumentar la disponibilidad de recursos para educación, por lo que para implementar reformas educativas eficaces plantea llegar a consensos sociales en cada país sobre el financiamiento de la educación por parte del sector público y privado.
Después de la reunión técnica sobre el tema de movilización de recursos externos para el financiamiento de la educación (1988), la UNESCO preparó la publicación "El Financiamiento de la Educación en período de Austeridad Presupuestaria" (1990), que entre otros aspectos sirvió para realizar un documento conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para establecer la estrategia que hasta la fecha se sigue para el desarrollo y la cooperación internacional en el sector educación, de la cual se desprende el estudio "Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad" (1992). En dicho trabajo se estimó el costo y financiamiento de la estrategia y sugiere que el esfuerzo debe aumentar en 50 por ciento para asegurar que el sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad, incluyendo una contribución media del sector público de 6.5 por ciento del PIB. Esta propuesta fue presentada por UNESCO en la Séptima Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe (1996) como uno de los desafíos de la educación.
Para 1997, diversos estudios muestran que los países de la región dedican, en promedio, un 7% de su PIB con la concurrencia de la sociedad civil en educación y la formación de recursos humanos, de los cuales un 4.5% es financiado con recursos públicos.
En este sentido, la recomendación de la UNESCO es clara respecto a una mayor inversión en educación considerando a todos los sectores de la sociedad que permita más recursos prioritariamente a la inversión e innovación educativas.
1. En este orden de ideas, los que suscribimos este voto particular consideramos que el dictamen de la iniciativa del PRD, no es una propuesta acorde a las recomendaciones de los organismos internacionales, ni a la capacidad presupuestal del gobierno en el plazo temporal propuesto, ni tampoco por la composición de los recursos que se canalicen al gasto educativo; puesto que las recomendaciones señalan que será conjuntamente con recursos públicos y con el apoyo de la sociedad civil, a través de los cuales se alcanzará dicha meta.
2. Lograr una educación que sirva como medio de desarrollo personal, social y nacional no radica en fijar metas cuantitativas, sino los medios que permitirán colocarla en efectivo vehículo de desarrollo; lo cual, conlleva a destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública, así como en las reformas necesarias para diversificar las fuentes de financiamiento y conseguir que la eficiencia de ese gasto se traduzca en calidad y equidad educativa.
3. El dictamen no considera que para dar cabal cumplimiento de destinar al menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para los sectores de educación y ciencia y tecnología para el año 2006, se requiere contemplar un incremento gradual anual tanto en los ingresos como en los egresos del erario público.
Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de una educación de calidad, de una educación integral, de una educación que forme personas conscientes, capaces y comprometidas con su Nación. Ello sólo será posible a través de múltiples acciones, entre ellas de asignarle mayores recursos, pero de recursos que efectivamente introduzcan cambios sustanciales en la calidad, eficiencia y equidad del sistema educativo nacional.
Acción Nacional está convencido de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad más prospera, justa, democrática, tolerante, armónica, solidaria y respetuosa de la Ley. Por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el Sistema Educativo Nacional, como la de movilizar mayores recursos públicos, hasta alcanzar gradualmente por lo menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2006, en concurrencia con otros sectores, que garanticen el acceso a la educación para todos los niños y jóvenes del país.
Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de esta medida, siempre y cuando vaya acompañada de una planeación estratégica que termine con los rezagos, produzca educandos, educadores, académicos e investigadores de excelencia.
Estamos a favor de esta medida, siempre y cuando actuemos con sensatez y responsabilidad sobre la integralidad del gasto público y no descuidemos otras áreas estratégicas para el desarrollo social y económico del país. Asumimos esta postura conscientes y en concordancia con la responsabilidad y compromiso que tenemos con el pueblo de México, de manejar transparente, justa y eficientemente el origen y destino de los recursos, procurando su buen uso, la consideración del resto de las prioridades nacionales y el equilibrio de las finanzas públicas.
Estamos a favor de esta medida siempre y cuando contemos con los ingresos suficientes que sufraguen esta erogación de recursos y no caigamos en la demagogia de asentar montos sin el respaldo correspondiente. Siempre y cuando actuemos con apego a lo que nuestra Constitución mandata, así como lo que prevé la legislación secundaria y en específico, el artículo de la Ley General de Educación que hoy nos ocupa.
El artículo 25 de la ley vigente es muy claro en señalar que tanto el gobierno federal como las entidades federativas "con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos".
A los legisladores de Acción Nacional nos preocupa que aún cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar y fortalecer la educación, no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos, y peor aún que con la aprobación de este dictamen sentemos un precedente muy dañino para la tarea legislativa del Congreso, en tanto que estamos acotando nuestra propia facultad como Cámara de Diputados para determinar la asignación presupuestal anual de nuestro país. Pues aunque se nos presentara un proyecto de presupuesto, éste ya vendría atado; y más peligroso aún, sin el marco de referencia económico a partir del cual se estiman los ingresos de que dispone el Estado.
No olvidemos que la educación es un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica, así como promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual se auxilia del apoyo de la sociedad. Difícilmente podremos avanzar como país si no contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el paternalismo. Hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias de la acción gubernamental.
Por lo tanto, no sólo debemos permitir, sino alentar la participación de la sociedad civil, ya que la educación es deber del Estado pero nunca monopolio suyo.
El mismo proyecto de dictamen, del cual hacemos este voto particular, menciona en la sección de "Valoración de la iniciativa" que en los Marcos de Acción Regionales de la Conferencia de la UNESCO en Dakar, México signó un compromiso que a la letra dice: "Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentando las asignaciones de recursos para la EDUCACIÓN PARA TODOS, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la EDUCACIÓN PARA TODOS y a que participen en ella".
Claramente se expone que la educación es una tarea de todos. Donde la acción gubernamental es necesaria pero no suficiente y por ello es fundamental la participación de los demás sectores de la sociedad.
Acción Nacional desea dejar constancia de su participación activa y a favor de establecer gradualmente un monto mínimo del 8% del PIB en educación para el 2006, firmemente comprometido en que ésta se convierta en la columna vertebral del desarrollo del país pero no en los términos que establece el dictamen.
Por todo lo anterior proponemos la siguiente redacción sobre el dictamen a discusión.
Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios- y la sociedad civil destinen al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas.
Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos de ingresos y egresos del Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, de manera concurrente con la sociedad civil, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que considera la presente reforma.
Diputados: Alfonso Vicente Díaz, Oscar Ochoa Patrón, Silvia Álvarez Bruneliére, Celita Alamilla Padrón, José Carlos Luna Salas (rúbricas).

References: artículo 25
 artículo 25

Artículo 104
 Artículo 105
 artículo 39
 artículo 25
 artículo 73
 artículo 31
 artículo 6
 artículo 15
 resolución 
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 88
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 34
 artículo 74
 artículo 25
 resolución 
 artículo 25