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Timestamp: 2020-03-30 00:09:26+00:00

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STC 96/2000, 10 de Abril de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 143879
STC 96/2000, 10 de Abril de 2000
Número de Recurso: 3521/1996
RA 3521/96. Promovido por don Jesús G. Z. y por doña Inmaculada B. S. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que desestimó su recurso de apelación, confirmando su condena por un delito de alzamiento de bienes. Supuesta vulneración del derecho a la prueba, y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: error patente en la identificación de una de las fincas aportadas a una sociedad mercantil, que puede tener relevancia en la aplicación del tipo penal.
Sentencia citada en: 1252 sentencias, 26 artículos doctrinales, un formulario, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 3521/96, promovido por don Jesús G. Z. y por doña Inmaculada B. S. , representados por la Procuradora doña Sofía Pereda Gil y bajo la dirección del Letrado don Vicente Baixauli Soria, contra la Sentencia núm. 17/96 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 29 de junio de 1996, que revisó las penas pero desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la dictada con núm. 469/95 por el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Valencia, el 30 de septiembre de 1995, en procedimiento abreviado 282/95, por delito de alzamiento de bienes. Ha sido parte ALTAE BANCO, S.A., representado por el Procurador don José Llorens Valderrama y asistido del Letrado don Vicente Carrau Giner. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
El día 27 de septiembre de 1996 tuvo entrada en el Registro de este Tribunal la demanda de amparo constitucional a la que ya se ha hecho referencia en el encabezamiento, presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil en nombre y representación de don Jesús G. Z. y de doña Inmaculada B. S. .
Los hechos más relevantes que fundamentan la pretensión de amparo son, en síntesis, los siguientes:
Los recurrentes, socios de TIDEN, S.A., en unión de una tercera persona suscribieron el día 1 de diciembre de 1992 con el Banco de Crédito y Ahorro en Valencia una póliza de crédito de cuenta corriente por un límite máximo de 10.000.000 pesetas, prestando todos ellos fianza personal y solidaria. Igualmente suscribieron con la misma entidad bancaria una póliza para la negociación de documentos mercantiles y otras operaciones crediticias con un límite de 20.000.000 pesetas, con las mismas garantías que la anterior.
Antes de que se produjera el vencimiento de las indicadas pólizas y como quiera que los deudores habían incumplido sus obligaciones de pago, el Banco interpuso contra TIDEN, S.A., y contra los socios que como fiadores solidarios habían garantizado las pólizas suscritas, dos demandas ejecutivas, una por una cantidad de 9.191.814 pesetas y otra por una cantidad de 15.066.610 pesetas. Para satisfacer su crédito, la entidad demandante señaló para embargo bienes muebles e inmuebles de los recurrentes. Las dos demandas fueron estimadas, acordando los respectivos Juzgados de Primera Instancia despachar ejecución por las cantidades referidas. Remitidos por tales Juzgados civiles los oportunos mandamientos para las anotaciones de embargo, resultó que los inmuebles habían sido cedidos entre los meses de abril y mayo de 1993 a dos entidades, GABATXU, S.L., y LIMPIEZA DE SOLARES, S.L., constituidas, entre otros, por los ahora demandantes de amparo.
La entidad bancaria acreedora paralizó entonces los procedimientos ejecutivos e interpuso querella contra los recurrentes de amparo y otra persona, por delito de alzamiento de bienes. El Juzgado de lo Penal núm. 6 de Valencia, mediante Sentencia núm. 469/95 dictada el 30 de septiembre de 1995, incluyó en su relación de hechos probados que la entidad bancaria solicitó el embargo -entre otros inmuebles- de una vivienda unifamiliar, situada en la Avenida de las Gaviotas e inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia núm. 11 como finca 6.856, y que la anotación de embargo de dicha finca fue denegada "porque la misma había sido cedida, por título de aportación, a la entidad LIMPIEZA DE SOLARES, S.L., por escritura de fecha 18 de mayo de 1993". La mencionada resolución condenó a los recurrentes como autores del delito de alzamiento de bienes a la pena de dos años de prisión menor, accesorias legales y costas; asimismo declaró la nulidad de las aportaciones de los bienes inmuebles a las ya mencionadas mercantiles GABATXU, S.L., y LIMPIEZA DE SOLARES, S.L., entre los que se encontraba el siguiente:
Vivienda unifamiliar en la Avda. de las Gaviotas nº(...), inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia XI al Tomo 1544, libro 111 folio 108, finca 6.856.
Los ahora recurrentes de amparo formularon recurso de apelación contra la resolución que se acaba de citar, alegando que había existido un error respecto a la identificación de dicha vivienda, ya que no había sido cedida a nadie y seguía siendo de su titularidad; aducían asimismo que se había producido error en la apreciación de las pruebas e infracción del art. 519 CP 1973 por no cumplirse los elementos configuradores de dicho tipo penal. Solicitaban igualmente que se practicara como diligencia de prueba la aportación por la entidad querellante del resto de los efectos impagados, y reiteraban la petición, ya denegada en la instancia, de que se aportara asimismo el Informe emitido por la Central de Informes de Riesgos del Banco de España (CIRBE), con el que pretendían demostrar que los créditos se habían concedido no por el patrimonio de los garantes, sino que se habían otorgado a la entidad TIDEN, S.A., por razón de sus proyectos inmobiliarios.
Mediante Sentencia 17/96, de 29 de junio de 1996, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación contra la Sentencia condenatoria de instancia y aceptó los hechos declarados probados por ésta, entre los que se incluían la ya referida vivienda unifamiliar con idéntica descripción. Por aplicación de las normas más beneficiosas de la Ley Orgánica 10/1995, que aprobó el nuevo Código Penal, la Sala revisó en la misma resolución las penas impuestas, decidiendo imponer a cada uno de los acusados la pena conjunta de un año de prisión con su accesoria de suspensión de cargo público y de multa de doce meses, con cuotas diarias de 2.000 pesetas, y con arresto sustitutorio de ciento ochenta días en caso de impago; señalaba asimismo que los condenados podían beneficiarse de la suspensión de ejecución prevista en el art. 80 del nuevo Código penal.
Con posterioridad a la interposición de este recurso de amparo, y en el trámite de ejecución de la Sentencia de instancia, el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Valencia ordenó, mediante Auto de 29 de octubre de 1996, remitir mandamiento al Registro de la Propiedad de Benidorm para que anotara la nulidad de la cesión de dicha vivienda a LIMPIEZA DE SOLARES, S.L. Contra dicho Auto los ahora recurrentes de amparo interpusieron recurso de reforma alegando nuevamente el error de hecho en que se había incurrido.
Mediante providencia de 19 de noviembre de 1996 el Juzgado decidió admitir el recurso, indicándose lo siguiente:
En su demanda de amparo los recurrentes solicitan la nulidad de ambas Sentencias, de instancia y apelación, alegando que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE) y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE). Tales lesiones se argumentan del modo que se indica a continuación:
El derecho a la tutela judicial efectiva se habría vulnerado porque las resoluciones impugnadas incurren en el error material de confundir la finca antes descrita y registrada con el núm. 6.856 con la núm. 6.866, cuando verdaderamente aquélla nunca fue transmitida a LIMPIEZA DE SOLARES, S.L. Los recurrentes han aportado certificación del Registro de la Propiedad núm. 11 de Valencia, donde se acredita que, efectivamente, con posterioridad a los hechos la finca núm. 6.856 se halla inscrita a favor de la CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA" por adjudicación judicial, tras la oportuna subasta, con fecha 16 de julio de 1996, habiendo pertenecido con anterioridad a los recurrentes. Aunque se alegó este error ante los órganos judiciales, no pudo aportarse en la apelación ninguna prueba al respecto por no haber sido admitida su práctica. La Sentencia de la Audiencia Provincial ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no sólo por incurrir en este error patente, sino además por no examinar los motivos y la argumentación incluidos en el recurso de apelación, limitándose únicamente a rechazar los motivos de otra de las partes personadas.
El derecho a la presunción de inocencia habría sido ignorado por cuanto la Sentencia de apelación no ha permitido demostrar que los recurrentes no eran insolventes total o parcialmente. Estos siempre han alegado la existencia de bienes suficientes para satisfacer los legítimos derechos del Banco acreedor. Tales bienes son, en primer lugar, la vivienda sobre la que se ha incurrido en error; y en segundo lugar, dos fincas rústicas, respecto de las que la Sentencia de instancia considera que no son garantía suficiente para garantizar la deuda de sus acreedores, y que los recurrentes valoran en 87.598.002 pesetas, según una tasación de los mismos efectuada para la concesión de un préstamo hipotecario. Pues bien, aunque sobre las acusaciones pesa la carga de la prueba, en el presente caso éstas nunca han acreditado, sino meramente alegado, que los bienes de los recurrentes carecieran del valor suficiente para el pago de los legítimos derechos del acreedor. Por otro lado, la insolvencia debe demostrarse después del embargo de todos los bienes del deudor y su pública subasta, para, en su caso, interponer después la correspondiente querella; por el contrario, en este caso el Banco acreedor no ha esperado a que finalizara el procedimiento de apremio para conocer si los bienes embargados eran suficientes para el cobro de lo adeudado, sino que presentó antes de ese momento la querella por alzamiento de bienes. La insolvencia no ha quedado demostrada, pudiendo incluso darse la contradicción de que, no obstante haber sido impuesta una condena por delito de alzamiento de bienes, posteriormente el acreedor llegara a cobrar la deuda en los dos procedimientos ejecutivos.
La Sentencia de apelación ha infringido el principio de legalidad penal porque la conducta de los recurrentes no es constitutiva de delito. El alzamiento de bienes presupone una insolvencia total o parcial que impide hacer frente a las deudas asumidas. Sin embargo, los recurrentes no han incurrido en ninguna de las dos modalidades de insolvencia, sino que simplemente han transferido parte de sus bienes a unas sociedades de las que son accionistas, recibiendo a cambio participaciones sociales. Pero es que estas participaciones no disminuyen el valor de los inmuebles aportados, sino que constituyen el contravalor de los mismos. Y además, las participaciones son embargables mediante el rápido procedimiento previsto en el art. 31 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sin que la entidad bancaria acreedora haya instado su embargo. El delito de alzamiento de bienes no persigue la inmovilidad absoluta del patrimonio del deudor, sino la insolvencia del deudor que impide la satisfacción de sus obligaciones, de acuerdo con el principio de responsabilidad universal del deudor establecido en los arts. 1111 y 1911 CC. Puesto que los recurrentes movilizaron sus bienes de una forma lícita, que no implica ocultación -dada la publicidad de los Registros de la Propiedad y Mercantil-, se les ha condenado por una conducta lícita, atentando así contra el principio de legalidad penal.
El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ha sido vulnerado porque se ha impedido la práctica de dos pruebas: la primera pretendía que se aportaran por el Banco querellante los efectos que obren en su poder de la póliza de negociación de documentos mercantiles; y la segunda iba dirigida a que dicha entidad aportara igualmente el informe de la Central de Informes de Riesgo del Banco de España (CIRBE). La denegación de estos medios de prueba fue inmotivada por parte del órgano judicial de instancia, reiterando la defensa la necesidad de su práctica en el acto del juicio oral con la consiguiente protesta tras su inadmisión, y volviendo a solicitar su práctica en el recurso de apelación, sin que tampoco esta vez accediera a ello la Audiencia Provincial.
Tras la subsanación de diversos defectos advertidos en la demanda y la aportación de diversos certificados del Registro de la Propiedad, la Sección Tercera de este Tribunal, mediante providencia de 7 de abril de 1997, acordó conceder a los demandantes de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que, de conformidad con el art. 50.3 LOTC, formularan con las aportaciones documentales procedentes las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
La representación de los recurrentes presentó su escrito de alegaciones con fecha 25 de abril de 1997. La vulneración de la tutela judicial efectiva por las resoluciones impugnadas se concreta en cuatro aspectos: incurrieron en un error manifiesto acerca de la identificación de la vivienda; adoptaron una decisión arbitraria al declarar que los terrenos de Orcheta (Alicante) carecían de valor; no establecieron lo efectivamente adeudado, ya que los librados aceptantes pagaron los efectos mercantiles con posterioridad a su reclamación en el procedimiento ejecutivo; y, por último, dichas resoluciones consideraron como insolvencia la paralización de los procedimientos ejecutivos por decisión unilateral del ejecutante, pese a tener bienes embargados, siendo incluso algunas de tales anotaciones las primeras. Todas estas circunstancias han determinado que se considere insolventes a los actores de amparo, cuando verdaderamente no lo eran. A lo que hay que añadir que la Sentencia de la Audiencia Provincial ignoró su recurso de apelación y se limitó a contestar las alegaciones del recurso de otro acusado.
Por medio de escrito registrado el 6 de mayo de 1997, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó que se dictara providencia de admisión a trámite del presente recurso de amparo, por no resultar manifiesta la posible carencia de contenido constitucional de la demanda.
La misma Sección Tercera acordó, mediante providencia de 27 de mayo de 1997, admitir a trámite la demanda y ordenó, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir las actuaciones a la Audiencia Provincial y al Juzgado de lo Penal, y que este último emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto los recurrentes de amparo, para que pudieran comparecer, si lo deseaban, en el presente recurso de amparo.
El 17 de junio de 1997 el Procurador don José Llorens Valderrama solicitó, en representación de ALTAE BANCO, S.A., se le tuviera por personado y parte en el presente proceso, a lo que accedió la Sección Tercera de este Tribunal mediante providencia de 3 de julio de 1997, pero condicionándolo a que acreditara la representación que decía ostentar. En la misma providencia se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, para que en un plazo de veinte días pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
El Procurador don José Llorens Valderrama, tras aportar el poder para pleitos otorgado a su favor por el BANCO DE CREDITO Y AHORRO, S.A., y tras acreditar el cambio de denominación de esta entidad por la de ALTAE, S.A., presentó sus alegaciones el 23 de julio de 1997. Rechaza en primer lugar que se haya producido una vulneración de la tutela judicial efectiva por error patente. Ya en la propia querella la entidad bancaria hacía referencia a la transmisión de la finca 6.866 a la Sociedad LIMPIEZA DE SOLARES, S.L., y no a la 6.856. Cuando fue advertido el error por parte del Juzgado al admitir el recurso de reforma formulado por los condenados, ALTAE, S.A., no se opuso a la rectificación, advirtiendo que se trataba de un simple error material, que podía ser rectificado en cualquier momento a tenor de lo dispuesto en el art. 267.2 LOPJ. El propio Juzgado subsanó el error padecido mediante providencia de 19 de noviembre de 1996, por lo que ya no subsiste en la actualidad.
La representación de los recurrentes formuló sus alegaciones mediante escrito presentado el 1 de agosto de 1997, en el que básicamente se reiteraban los argumentos de la demanda y de su escrito anterior presentado con motivo del trámite del art. 50.3 LOTC.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó su escrito de alegaciones el 8 de agosto de 1997, en el que solicitaba la desestimación del recurso de amparo.
Tras resumir los hechos y enumerar las vulneraciones alegadas, analiza en primer término la referida al derecho a la presunción de inocencia. Aprecia que existió una abundante actividad probatoria de cargo, lo que de acuerdo con la doctrina constitucional, descarta la vulneración denunciada. Destaca a estos efectos que la Sentencia de instancia consideró acreditada, mediante las pruebas testifical y documental practicadas en el juicio oral, la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (LIMPIEZA DE SOLARES, S.L.) en fechas inmediatamente anteriores (27 de abril de 1993) a las ulteriores reclamaciones ejecutivas; así como las ampliaciones de capital a esa y a la otra sociedad (GABATXU), en gran parte con aportaciones de los socios y en fechas próximas a la constitución de las mismas o a los Autos de la jurisdicción civil que ordenaron despachar la ejecución. Los argumentos expuestos a este respecto por los recurrentes aluden más a cuestiones de valoración de la prueba practicada, que al derecho fundamental que se invoca, no pudiéndose olvidar el importante criterio del Tribunal Constitucional de que, en todo caso, la valoración de la prueba corresponde, por aplicación del art. 741 LECrim al Juez ordinario (STC 43/1997, de 10 de marzo), conforme a su conciencia.
El Fiscal considera que se debe desestimar la queja referida a la quiebra del principio de legalidad. Recuerda la doctrina sobre dicho principio de este Tribunal Constitucional, así como la interpretación jurisprudencial del art. 519 del hoy derogado CP de 1973. Dentro de este segundo apartado, destaca, por un lado, que el alzamiento se configura hoy en día como una ocultación o sustracción que el deudor hace de todo o parte de su activo, de modo que el acreedor encuentra dificultades para hallar bienes con los que poder cobrarse (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1992); y por otro lado, que la expresión "en perjuicio de sus acreedores", que utiliza el art. 519 CP 1973, ha sido siempre interpretada por el Tribunal Supremo no como exigencia de un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito, sino en el sentido de intención del deudor que pretende salvar algún bien o todo su patrimonio en su propio beneficio o en el de alguna otra persona allegada, obstaculizando así la vía de ejecución que podrían seguir sus acreedores.
A juicio del Fiscal, no es posible decir que las dos resoluciones impugnadas se aparten de los anteriores criterios interpretativos, si se tienen en cuenta los hechos declarados probados. Y para ello se basa en dos circunstancias. En primer lugar, que, sin motivo aparente, con fecha 17 de abril de 1993, se constituyó mediante escritura pública una sociedad, LIMPIEZA DE SOLARES, S.L., cuyos socios eran precisamente los dos recurrentes de amparo y el tercero de los acusados; y asimismo que, apenas transcurridos veinte días, se otorga una nueva escritura pública, fechada el día 18 de mayo de 1993, en la que se ampliaba el capital social de dicha Mercantil con la aportación de una serie de bienes inmuebles, entre los que se encontraba la vivienda unifamiliar inscrita con el núm. 6.866 en el Registro de la Propiedad 11 de Valencia, que hasta entonces figuraba a nombre del acusado G. R. , no recurrente en amparo.
El escrito de alegaciones del representante del Ministerio Público rechaza, a continuación, la queja referida al derecho de utilizar los medios de prueba. Para ello, analiza detenidamente la doctrina de este Tribunal al respecto y llega a la conclusión de que la prueba consistente en requerir a la entidad querellante para que aportara a la causa los efectos impagados al objeto de acreditar el monto de la deuda, no fue propuesta en el momento oportuno ni era necesaria. La solicitud de su práctica pudo ser efectuada en el escrito de defensa o incluso al inicio de las sesiones de la vista oral, previendo las contingencias que podrían suscitarse en el plenario; como no ocurrió así, la proposición de dicha prueba en la fase de apelación no podía ser incluida en ninguno de los supuestos que permite el art. 795.3 LECrim, por lo que su desestimación fue correcta. Asimismo la prueba era innecesaria, pues de su práctica únicamente podía deducirse con exactitud la cuantía de la deuda contraída por los acusados respecto a la entidad querellante, pero en ningún caso podía servir para acreditar la existencia de la misma deuda, única circunstancia relevante a efectos de determinar o no la responsabilidad criminal de tales acusados; por ello, la inadmisión de esta diligencia probatoria no generó ninguna indefensión material.
El escrito del Ministerio Fiscal deja para el final la alegación de error patente, por entender que podría revestir mayor predicamento que los anteriores y porque constituía el eje central del recurso de amparo. Se trata de que en el relato de hechos probados de la Sentencia de instancia aparece la finca 6.856 como aportada a la mercantil LIMPIEZA DE SOLARES, S.L., cuando la que verdaderamente se incorporó fue la consignada con el núm. 6.866, perteneciente al tercero de los acusados, el Sr. G. R. , no recurrente en amparo. A continuación recuerda la doctrina constitucional acerca del error patente, indicando que el derecho a la tutela judicial efectiva no ampara un derecho al acierto de la resolución judicial (SSTC 184/1994, de 20 de junio; 2/1997, de 13 de enero), salvo en aquellos supuestos en que dicha resolución sea manifiestamente infundada, arbitraria o incursa en error patente, que haya generado verdadera indefensión material para la parte.
Por providencia de 6 de abril de 2000 se acordó señalar el día 10 del mismo mes y año, para deliberación y votación de la presente Sentencia.
Los recurrentes, que fueron condenados por un delito de alzamiento de bienes, fundamentan su pretensión de amparo en la vulneración de cuatro derechos fundamentales: a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, al principio de legalidad penal y al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, según el orden en que aparecen desarrollados en la demanda. Sin embargo, para estructurar nuestro análisis resulta preciso partir de la naturaleza y efectos de cada uno de ellos y simultáneamente de la necesidad de que quede salvaguardado el carácter subsidiario del proceso de amparo constitucional. En consecuencia, de acuerdo con nuestra doctrina resulta necesario anteponer el examen de los más netamente formales respecto a los que afectan directamente al fondo de la cuestión, al objeto de que, en la hipótesis de que se estimara uno de aquéllos, de naturaleza más formal, los órganos judiciales ordinarios pudieran restablecer el derecho eventualmente lesionado, para después pronunciarse sobre los hechos sin prejuicios, así como interpretar las normas y aplicarlas a los referidos hechos.
Los demandantes de amparo se quejan de que propusieron que el Banco querellante, que ahora se denomina ALTAE, S.A., aportara tanto los efectos impagados que obraran en su poder, para poder determinar el montante de la deuda, como el informe de la Central de Informes de Riesgo del Banco de España (CIRBE), con el objeto de demostrar que los créditos se habían concedido sobre la base de los proyectos inmobiliarios de la sociedad, y no por el patrimonio de los recurrentes, que habían garantizado el pago de tales créditos. Frente a este criterio, la referida entidad bancaria, que es parte en el presente proceso, opina que tales medios de prueba, y en especial el Informe CIRBE, son impertinentes, ya que aunque se llegara a probar que los créditos se concedieron por la solvencia de la entidad de los ahora recurrentes, éstos seguirían habiendo ocultado su patrimonio en perjuicio de sus acreedores. Por su parte, el Ministerio Fiscal califica a ambas diligencias probatorias de extemporáneas e innecesarias, ya que ni fueron propuestas en el momento oportuno, ni eran pertinentes a los efectos de demostrar la inocencia de los acusados.
Aplicada la anterior doctrina al presente caso, no puede calificarse como manifiestamente irrazonable, arbitraria o incursa en error patente la conclusión alcanzada por el órgano judicial de que el medio de prueba relativo a que la entidad bancaria ALTAE, S.A., aportara el Informe CIRBE fue propuesto de manera extemporánea, mediante un escrito registrado el 7 de julio de 1995 (folio 278), esto es, con posterioridad a la formulación del escrito de defensa, registrado el 2 de junio de 1995 (folio 250), que es donde debe incluirse la proposición de pruebas, en virtud de lo dispuesto por el art. 790.6, penúltimo párrafo, LECrim. Es cierto que el art. 791.1 LECrim permite que, en el caso de que no se presente el escrito de defensa, se pueda proponer prueba para practicarla en el acto del juicio oral, así como interesar que se libren las comunicaciones necesarias, pero siempre que se haga con antelación suficiente respecto de la fecha señalada para el juicio. Pues bien, en el supuesto de hecho que nos ocupa no se cumplió ni el presupuesto de este precepto, puesto que la representación procesal de los acusados formuló oportunamente su escrito de defensa pero sin proponer la prueba en cuestión, ni tampoco el requisito de que se pudiera practicar en el acto del juicio, o con la suficiente antelación respecto a éste.
Los recurrentes reprochan a la Sentencia de instancia que ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por haber incurrido en un error sobre la identificación de uno de los bienes inmuebles que los recurrentes aportaron a una entidad, supuestamente para impedir que la entidad bancaria lograra la satisfacción de sus créditos. Dicha resolución incluye en la relación de hechos probados que la entidad ALTAE, S.A., solicitó el embargo de una vivienda unifamiliar, registrada con el número 6.856, y que dicho embargo no fue posible por haber sido aportada la misma a una entidad denominada LIMPIEZA DE SOLARES, S.L., que estaba constituida por los propios recurrentes de amparo; la misma Sentencia determina en su parte dispositiva la nulidad de esta aportación. Los actores de amparo indican en su demanda que dicha aportación nunca se realizó y han advertido posteriormente que la resolución judicial confundió dicha finca con la registrada con núm. 6.866, que pertenecía a otro acusado y que sí fue aportada por éste a la mercantil LIMPIEZA DE SOLARES, S.L.
Aunque recientemente nos hemos referido a las particularidades de la figura del error patente que recae sobre la argumentación jurídica (STC 214/1999, de 29 de noviembre), principalmente esta institución viene relacionada con aspectos de carácter fáctico. Así, la STC 68/1998, de 30 de marzo, se refiere a ella como "indebida apreciación de los datos de la realidad condicionantes de la resolución adoptada". De modo similar, la STC 112/1998, de 1 de junio, relaciona el error patente con la determinación de los hechos objeto del juicio o con la determinación y selección del material de hecho sobre el que se asienta la decisión. Y la STC 100/1999, de 31 de mayo, lo aplica a un "dato fáctico indebidamente declarado como cierto".
A la luz de la doctrina que se acaba de exponer, en el presente caso resulta que el error se mueve en el ámbito de lo fáctico, de la realidad condicionante de la resolución impugnada, puesto que forma parte del relato de hechos probados. Por otra parte, nada acredita que el mismo sea imputable a la negligencia de la parte recurrente, que precisamente lo ha puesto de manifiesto a los órganos judiciales en cuantas ocasiones ha tenido oportunidad de hacerlo. Asimismo el error no sólo ha sido reconocido por todos los que intervienen en este proceso, sino que los demandantes han aportado al mismo una certificación del Registro de la Propiedad núm. 11 de Valencia, donde no consta que la finca 6.856 hubiera sido aportada al tiempo de los hechos a la mercantil LIMPIEZA DE SOLARES, S.L.
El otorgamiento del amparo por la lesión del derecho fundamental que se acaba de apreciar conlleva la necesidad de anular la Sentencia de instancia del Juzgado de lo Penal por haber incurrido en el error patente ya definido, así como la dictada en apelación por la Audiencia Provincial al no haberlo subsanado. Igualmente se hace preciso retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a aquél en el que fue dictada la Sentencia de instancia, al objeto de que el Juzgado dicte una nueva resolución sin incurrir en el error padecido. Son los órganos de la jurisdicción ordinaria los encargados de subsanar el defecto y de extraer las oportunas consecuencias de ello, caso de que las hubiere, tanto respecto al relato de hechos probados como, en su caso, respecto a la calificación jurídica de los mismos. En consecuencia, no procede que nos pronunciemos sobre las quejas formuladas en la demanda relativas a la presunción de inocencia y al principio de legalidad penal para no prejuzgar el fondo del asunto, ni tampoco sobre la eventual incongruencia omisiva atribuida a la Sentencia de apelación, con el objeto de garantizar eventualmente la doble instancia.
Restablecerles en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia núm. 469/95 del Juzgado de lo Penal núm. 6 de Valencia, de 30 de septiembre de 1995, dictada en el procedimiento abreviado 282/95, así como la Sentencia núm. 17/96 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, dictada con fecha 29 de junio de 1996.
Retrotraer las actuaciones judiciales al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia del Juzgado, para que éste dicte una nueva Sentencia en la que se respete el derecho fundamental lesionado.
STSJ País Vasco , 21 de Marzo de 2000
ATS, 14 de Enero de 2005

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