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Timestamp: 2020-08-14 15:14:19+00:00

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La discutible cobertura constitucional del real decreto ley 10/2020 y la discriminación entre ciudadanos - Hay Derecho
3 abril, 2020 /9 Comentarios/en Blog /por Critilo
El pasado domingo 29 de marzo se publicó el Real Decreto Ley que establece el permiso retribuido para trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. En su exposición de motivos el RDL señala que la: “La prioridad de la regulación contenida en esta norma es, por tanto, limitar al máximo la movilidad. Y los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras se excluye del disfrute obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad”.
A su vez la Orden SND/307/2020, 30 de marzo del Ministerio de Sanidad que establece los criterios para la aplicación del permiso retribuido ya aclara en su exposición de motivos que no es aplicable a los trabajadores por cuenta propia : “En consecuencia, los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto suspendidas por las medidas de contención previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el resto de normas que lo desarrollan, pueden continuar prestando sus servicios normalmente”.
Por tanto, se ha establecido un régimen distinto de restricción del art. 19 de la Constitución que regula el derecho fundamental a la libertad deambulatoria en función de si es trabajador por cuenta propia o ajena. Al trabajador por cuenta propia puede ir a trabajar aún cuando no es un servicio esencial tal y como lo define el RDL 10/2020; el trabajador por cuenta ajena, no.
¿Está amparada esta medida discriminatoria en nuestra constitución? El Tribunal Constitucional en su sentencia 86/2016 dictada en el caso de la declaración del estado de alarma por el asunto de los controladores aéreos ya nos dice cuál es la regulación constitucional en el caso de anormalidad constitucional que requiere la declaración del estado de alarma: La decisión gubernamental tiene además un carácter normativo, en cuanto establece el concreto estatuto jurídico del estado que se declara. En otras palabras, dispone la legalidad aplicable durante su vigencia, constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos administrativos. La decisión gubernamental viene así a integrar en cada caso, sumándose a la Constitución y a la Ley Orgánica 4/1981, el sistema de fuentes del derecho de excepción, al complementar el derecho de excepción de aplicación en el concreto estado declarado. Y esta legalidad excepcional que contiene la declaración gubernamental desplaza durante el estado de alarma la legalidad ordinaria en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar.
La declaración del estado de alarma, a diferencia de las otras dos situaciones de anormalidad, no permite la suspensión de derechos fundamentales, pero sí su limitación; en especial, la libertad deambulatoria. Pero, con independencia de la discusión sobre si las medidas de limitación de la libertad deambulatoria son, de facto, un supuesto de suspensión del derecho que debería estar amparado por una declaración de estado de excepción, lo que sí es claro es que la única norma que puede limitar derechos fundamentales es la propia declaración del estado de alarma que, además, se convierte en el marco constitucional en que se pueden dictar las normas de desarrollo incluidas las leyes. La declaración del estado de alarma no limita la movilidad para ir y volver al puesto de trabajo a unos servicios esenciales; de hecho, no se recoge ninguna referencia a esta limitación, que es novedosa en un RDL dictado en el marco de la propia declaración del estado de alarma y que por imperativo constitucional (art. 86 CE) no puede afectar a derechos fundamentales.
El estado de alarma ha sido prologado por acuerdo del Congreso de los Diputados el pasado 25 de marzo, en los mismos términos en que se declaró el pasado 14 de marzo. Y sólo 4 días después se dicta un RD que establece limitación a la movilidad no previstas en la norma de cobertura: la citada declaración del estado de alarma. La prórroga podría haber establecido una modificación de las condiciones iniciales y prever, previa discusión en el seno del Congreso con todos los grupos parlamentarios, la posibilidad de llegar a esta limitación a la movilidad a los servicios no esenciales. Pero se ha perdido esa oportunidad. A ello se añade la sospecha sobre la forma de proceder del Gobierno, ya que, si se hubiera establecido esa limitación aplicable a todos los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, el estado debería prever una cobertura económica para este colectivo más allá del subsidio por pérdida de la facturación previsto para los autónomos.
En estas situaciones de anormalidad constitucional en las que se dan poderes excepcionales al ejecutivo debería cuidarse con esmero los cauces previstos para la participación del congreso de los diputados, que es el representante de la soberanía popular, no el gobierno, y cuidar la forma y procedimiento para limitar derechos fundamentales sin establecer discriminaciones entre españoles no amparadas por nuestra constitución.
Etiquetas: Coronavirus, Derecho Constitucional, Medidas económicas, Pandemia
3 abril, 2020 en 12:34
Bastante de acuerdo en la tesis fundamental del artículo, resaltando los deberes de los poderes públicos en relación con el respeto, en la debida forma, de la Constitución y los derechos fundamentales reconocidos en la misma a los ciudadanos.
Coincidiendo en el tono sarcástico, que subjetivamente intuyo, en el desarrollo de la tesis fundamental, echo en falta la consideración de la otra discriminación por la intensidad de la limitación deambulatoria de los ciudadanos que no son amigos de tener mascotas en casa
3 abril, 2020 en 15:18
Fueron muchos, inclusos letrados del Consejo de Estado los que advirtieron que el contenido del Decreto-Ley estableciendo el Estado de Alarma tenía muchos elementos propios de un Estado de Excepción y que lo consideraba inconstitucional (otra cosa es que el extremadamente politizado Tribunal Constitucional español así lo diga).
Si uno compara el artículo 11 letra a y el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/1981 que regula los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, parece que estemos en un Estado de Excepción. He visto al ejército patrullando las calles y preguntando a la gente que estaba en la calle (sin perro) a donde iba.
3 abril, 2020 en 18:23
Hace unos días el conocido economista Sala i Martin hizo una brillante intervención en TV3 sobre su visión de la crisis desde una perspectiva económica y social. Cree que la prioridad es acabar con el virus pero hay que proteger la economía y a los ciudadanos. Si el estado obliga a las empresas a cerrar sus actividades debe compensarles con reducción de impuestos y facilitarles ingresos para evitar su cierre y sentar las bases de la recuperación y lo mismo para los ciudadanos si les obliga a confinarse debe proporcionarles renta y garantía en su trabajo. Pero en relación a EEUU las medidas que le parecieron adecuadas de ingresos directos a las familias y empresas ( era contrario al crédito con aval e intermediarios) veía un riesgo el que penalizara a los medios que le critican. Yo lo apliqué al gobierno español que ha demostrado una querencia por el ejercicio autoritario y escasamente democrático del poder. Las ayudas a las televisiones de 15 millones en época de crítica por su gestión, la penalización de las autonomías que no son nuestras y la falta de respeto por la ley e incluso por las instituciones, hasta de Rey , hace que necesite un control de la parte de la sociedad con más conocimientos jurídicos si queremos evitar el riesgo que denunciamos cuando sucedió a Rajoy . Si quiere mejorar las notas de España en el grupo de democracia plena, por qué va de la mano los partidarios de regímenes autoritarios? Y “ si no te importa que dirijan el gobierno partidarios del régimen cubano o de Maduro no te quejes de que tengas cada vez menos libertad, independencia judicial, estado de derecho y cada vez más corrupción, paro, gasto inútil y apropiación de propiedades porque si están entre los regímenes autoritarios no es por casualidad sino por las notas negativas en esos campos”
3 abril, 2020 en 20:37
En relación a este post y los comentarios anteriores , acabo de leer en Voz Populi que Leguina y economistas como Guillermo dela Dehesa y otros promueven un manifiesto contra el confinamiento avisando a parte de los riesgos conocidos , los que afectan al edificio constitucional y a las libertades de los ciudadanos. Creen que se trata de una medida de dudosa legalidad, adoptada brutal e irracionalmente , draconiana que tendrá impactos devastadores a todos los niveles. y que supone más problemas que soluciones., ver resto en artículo
3 abril, 2020 en 21:54
También creo que la expresión correcta es “devastadores” o “suicidio colectivo” o “caer de la sartén al fuego”. Efectos tremendamente dañinos del confinamiento y de la paralización medidos en millardos de Euros y muy superiores a los efectos directos del covid-19. Incluso habrá muertes causadas por los efectos derivados de la crisis y los despidos.
Espero estar totalmente equivocado y decir “me equivoqué”, y que los expertos y expertas ministros y ministras del gobierno, Sra. Calviño incluida, tengan mejores datos, más experiencia y sepan lo que están haciendo. Un economista debe ver también las consecuencias a medio y largo plazo de sus decisiones y los efectos que prima facie no se ven.
A los de UNIDAS PODEMOS les puede dar igual, y pueden aprovechar la ocasión para meter más miedo, vender las bonanzas de lo público, decir que todo fue culpa de “los recortes” (salvo en Cataluña, Andalucia y otras comunidades donde gobernasen ellos y sus socios y donde sí hubo recortes e importantes) e intentar estatalizar y socializar todos los sectores de actividad económica, a parte de educación y sanidad, empezando por las televisiones.
Es irónico; pero me temo que ahora solo el PNV puede cambiar esto. Creo que al sr. una Comunidad muy industrial, los políticos jetzales están recibiendo más presiones o lo están entendiendo mejor.
Añado que solucionar las crisis con más deuda pública “monetizada”, es decir deuda pública comprada por el Banco Central emisor, con dinero-fiduciario creado de la nada con un apunte contable, y mientras los socios centro europeos lo permitan, es pasar el globo caliente cada vez más inflado hasta que explote (“Kicking the can down the road”, “pasar el marrón” cada vez más inflado y a punto de explotar).
4 abril, 2020 en 11:28
Voz Populi ha concentrado esta semana una gran cantidad de artículos que denuncian al contaminado sector informativo que está avalando el proceso de destrucción del país y del futuro. En el número uno de leídos está el manifiesto completo que os adelanté en la respuesta anterior, es más importante que lo que refleja el titular. Para la historia deberían quedar en la memoria los que han luchado para evitar la catástrofe y los que han sido cómplices de ella. No os perdáis el artículo de Gregorio Morán “ Naufragio “ que aporta a la noche de nuestro Titanic un plus de calidad literaria también en Voz Populi .
4 abril, 2020 en 21:15
Lo más preocupante de la situación es que se pretenda utilizar para la implantación de medidas determinadas que limiten los derechos fundamentales de forma no razonable, pero que sirvan para avanzar en el diseño de un Estado de corte totalitario “guay” que es lo que parece estar en la mente de algunos gobernantes, más influidos por los “juegos de tronos”, que por el conocimiento o la experiencia de lo que significa la gestión pública en un país democrático. La “okupación” de los órganos institucionales y su utilización electoral prioritaria, ya es algo considerado normal en el sistema político actual. Su justificación es que “están aprendiendo” (como ocurría en el ayuntamiento de Madrid), pero la honestidad y la decencia exigen que a los cargos se vaya aprendido (algo que, como sociedad, también deberíamos hacer).
P.D.- Es interesante el cuadro de Barceló que preside la sala del consejo de ministros. Dice mucho sobre el tema.
6 abril, 2020 en 21:14
Estamos viviendo la imposición de multas y amonestaciones completamente arbitrarias basadas en ninguna norma. Vivo en un estado de excepción de facto y me siento muy desprotegido. ¿Cómo es posible que nadie haga nada? ¿No hay voces que impongan la cordura? ¿Cómo podemos ver que a unos policías de tres al cuarto agredan e inmovilicen a cualquier persona que sin violencia física exponga su desacuerdo con las indicaciones y que nadie diga nada e incluso se aplauda desde los balcones?… este país está completamente alienado y en estado de hipnosis. Y a los pocos que levantamos la voz nos tachan de imbéciles y de desalmados insolidarios… y lo peor es el precedente… si esto no cambia ya sabemos que a la próxima de cambio no les temblará el pulso para tomar estas medidas cuando les plazca… total nadie se queja
10 abril, 2020 en 19:20
Totalmente de acuerdo con David. Podemos comenzar con la absurda prohibición de que no podamos salir en bici cuando los repartidores sí. Por otro lado me asombra que el criterio de denunciar o multar dependa del capricho del policía con que encuentras en la calle y que no se hable de la derogación de la ley mordaza. Los guardias, policías y militares que patrullan las calles, se quejan estos días de que el gobierno no les medios de protección suficiente y yo digo: ya disponen de la mordaza para acallarnos a los que no estamos de acuerdo con este estado de casi excepción. Debemos de expresar nuestra protesta de todas las formas posibles, en foros e incluso desde nuestras terrazas.
Imprevisión, imprecisión e incertidumbre significan crisis: análisis de las... Reduciendo los derechos de los consumidores en tiempo de COVID-19: limitaciones...

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 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 20
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