Source: https://www.adelaprat.com/2017/11/operatoria-bancaria-la-csjn-revoca-la-sentencia-que-impuso-sanciones-de-multa-a-un-banco-provincial-y-a-algunos-directivos-en-sentido-contrario-a-lo-aconsejado-por-la-sra-procuradora-fiscalconfirmar/
Timestamp: 2017-11-23 16:59:05+00:00

Document:
Se trata de la sentencia dictada por la Sala II, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal que impuso sanción de multa al Banco de la Provincia
de Córdoba y multa más inhabilitación a algunos de sus Directivos,en el marco de un Su-
mario Administrativo sustanciado conforme con el art.41º de la Ley Nº 21.526 (L.E.F.),
con el objeto de determinar la responsabilidad de quienes intervinieron en las opera-
torias investigadas.
La Corte fundamenta su sentencia en que la Cámara omitió pronunciarse sobre el planteo
de inconstitucionalidad del artículo 41º de la Ley de Entidades Financieras 21.526, dado que
no determina los topes “máximos“ de las multas. Asimismo invoca las respuestas genéricas
y dogmáticas dadas por la Cámara a las impugnaciones articuladas, el rechazo de planteos
sobre la base de consideraciones generales y la mera transcripción literal de los motivos de
la Resolución administrativa al tratar los cuestionamientos contra cada uno de los cargos
infraccionales. En suma, la Corte estima que existe una “falta de respuesta”.
Finalmente,coincide con el dictamen respecto de que corresponde desestimar la defensa
de prescripción opuesta por los actores. La Cámara deberá dictar nueva sentencia, en
un todo de acuerdo con lo sostenido por la CSJN.
-CSJ 707/2013 (49-B) /CS1-
-CSJ 708/2013 (49-B) /CS1-
-CSJ 709/2013 (49-B) /CS1-
“Banco de la Provincia de Córdoba SA y otros c/ BCRA Resol. 155/11 (expte.
100655/02 sum. fin 1118) s/ recurso”
-Fecha: 09/11/2017.
Impugnación de la Resolución dictada por la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias del Banco Central.
Sanciones de Multa e Inhabilitación por supuestas operaciones irregulares.
Sentencia de Cámara que rechaza los planteos sobre la base de consi-
deraciones generales, al tratar los cuestionamientos contra cada uno
de los cargos infraccionales se limita a realizar una transcripción lite-
ral de los motivos invocados en la resolución administrativa, sin dar
respuesta a las impugnaciones articuladas.
Omisión de expedirse sobre la impugnación de la constitucionalidad
del art. 41º de la Ley Nº 21.526. Se revoca la sentencia apelada.
Vistos los autos:”Recursos de hecho deducidos por los actores en la causa
Banco de la Provincia de Córdoba y otros c/ BCRA Resol. 155/11 (expte.
100655/02 sum fin 1118) s/recurso“ para decidir sobre su procedencia.
I.El Tribunal comparte y hace suyos los fundamentos vertidos en los puntos
1 a 4 del dictamen de la señora Procuradora Fiscal obrante a fs. 167/173 de
la causa CSJ 708/2013 (49–B) /CS1, a cuyos fundamentos corresponde
remitirse en razón de brevedad.
II.”Las conductas del Banco de la Provincia de Córdoba y sus autoridades
que dieron origen a las actuaciones sumariales y al dictado de la Resol.155/11
por parte del BCRA, fueron resumidas en dos imputaciones concretas:
(i)El otorgamiento de asistencia financiera a la Provincia de Córdoba en violación
a la normativa que Prohíbe el financiamiento al Sector Público No Financiero(Co-
municación BCRA “A” 3054) y, a su vez, el incumplimiento de las políticas de
liquidez, aumento del activo total, la omisión de procedimientos para otorgar
financiaciones significativas y la inobservancia de formalidades en registraciones
contables de dichas operaciones (Comunicación “A“ 2879, “A“ 3016, “A“ 3558
y “A“ 3873); y
(ii)En el marco de esas operaciones financieras, la transgresión a diversos
requerimientos de documentación y observaciones efectuados por la veeduría
que el Banco Central dispuso en el Banco de la Provincia de Córdoba.
(art. 34 de la Ley Nº 21.526).
III.”A fin de desvirtuar los hechos centrales que dieron sustento a las sanciones
aplicadas por la autoridad de contralor, los sumariados procuraron demostrar la
inexistencia de financiamiento al Sector Público No Financiero en transgresión a la Co-
municación BCRA “A“ 3054.En ese orden, plantearon que el Banco de Córdoba actuó
bajo una franquicia brindada por la Resol. BCRA 680/02 y como agente financiero de
la Provincia de acuerdo con el decreto provincial 1440/02, en el marco de un contexto
de emergencia y con el objeto de eliminar de la circulación la cuasimoneda local LECOR
y la Nacional (LECOP).
Por otro lado,analizaron cada uno de los incumplimientos accesorios al financiamiento
al Sector Público,calificándolos como “infracciones colaterales” y esgrimiento argumen-
tos puntuales que, a su criterio, justificaron el accionar de la Entidad financiera y sus
directivos (cfr. Capítulo X del recurso directo ante la Cámara).
IV.”Frente a dichos planteos, el a–quo, luego de relevar los agravios de los apelantes y
declarar la improcedencia de la prescripción planteada, desarrolló diversas considera-
ciones genéricas sobre el control judicial de las sanciones aplicadas por el BCRA,
la relación de sujeción especial que vincula a dicha agencia estatal con las entida-
des Financieras controladas y la aplicación de los principios de Derecho Penal al
ámbito disciplinario.
A continuación,al tratar los cuestionamientos contra cada uno de los cargos infrac-
cionales, se limitó a realizar una transcripción literal de la totalidad de las motiva-
ción del acto impugnado sin dar respuesta a las impugnaciones planteadas. (cfr.
considerando XI de la sentencia de Cámara y puntos 1º a 3.d. de la Res. BCRA 155/11).
Asimismo,al resolver el agravio referido a la existencia de autorización del BCRA para
llevar a cabo financiaciones al sector público no financiero (Resol. BCRA 680/02), el
Tribunal consideró aplicable el principio de inderogabilidad singular del reglamento
(considerando XII, párrafos 5º a 10º),sin advertir que esa doctrina no encuentra
asidero práctico en el sub lite,ya que la norma general supuestamente infringida
contempla expresamente la posibilidad de que la autoridad dispense su cumpli-
miento a los obligados en situaciones particulares.
En efecto, la Comunicación BCRA “A“ 3054, luego de fijar la prohibición de otorgar
asistencia al Sector Público No Financiero (art. 2.1.), incluyendo los títulos públicos y
los pases activos como los que habrían vinculado a los presuntos infractores con la
Provincia de Córdoba (arts. 3.1.1. y 3.1.3), prevé expresamente la posibilidad de que
el BCRA otorgue excepciones al cumplimiento de esa prohibición con relación al
Sector Público No Financiero Provincial (art. 4.1.1.).
Lo dicho impide la aplicación del referido principio,y exige analizar los alcances de la
Resol. BCRA 680/02 pueda haber tenido sobre las infracciones imputadas, en la
medida en que habría dispuesto,”excluir, hasta septiembre de 2003, de las limita-
ciones dispuestas sobre Financiamiento al Sector Público No Financiero, a la tenencia
de las Letras de Cancelación de la Deuda Provincial emitidas por hasta el importe de
$ 150 millones que mantenga el Banco de la Provincia de Córdoba con motivo de la
adquisición a tenedores del sector privado, a fin de facilitar la recomposición de
su capital de trabajo“.
Por lo demás, la sentencia apelada omite expedirse sobre la impugnación a la
constitucionalidad del art.41º de la Ley 21.526 norma que, a criterio de los
apelantes,comportaría una delegación de facultades sancionatorias en pugna
con el principio de legalidad por carecer de tope máximo para las sanciones
de multa e inhabilitación.
V.En estas condiciones, sin que lo aquí decidido implique emitir opinión sobre el fondo
del asunto y sobre la legitimidad de las sanciones aplicadas, lo cierto es que la decisión
recurrida,bajo fundamentaciones aparentes–la transcripción literal de la motivación del
acto sancionatorio impugnado y la aplicación del principio de inderogabilidad singular
del reglamento-,ha omitido el análisis de la normativa y extremos conducentes para la
solución del litigio planteado entre las partes.
En consecuencia, parte central de la solución adoptada se apoya en conclusiones
dogmáticas e inferencias sin sostén jurídico o fáctico con el solo sustento de la
voluntad de los Jueces (conf. doctrina de Fallos: 326:3734; 322:2880; 315:503).
VI.En esas condiciones, la sentencia apelada debe ser dejada sin efecto,
salvo en lo atinente al planteo de prescripción de acuerdo a lo resuelto en
el considerando 1º por remisión al dictamen de la Procuración (G) de la Nación.
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a las quejas, se
declaran formalmente admisibles los recursos extraordinarios y se revoca
la sentencia apelada.Agréguense las quejas al principal y reintégrense los
depósitos efectuados. Notifíquese y devuélvanse los autos al Tribunal de
origen a fin de que, por quién corresponda, se dicte nueva sentencia
con arreglo a lo decidido en la presente.
S.C., B. 708, L. XLIX.
I.La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II) confirmó
la Resol. 155/11 dictada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
del Banco Central de la República Argentina (BCRA),mediante la cual se impusieron di-
versas sanciones al Banco de la Provincia de Córdoba SA y a algunos directivos,
en el marco del sumario financiero 1118 (expediente 100.655/02), sustanciado en los
términos del art.41 de la Ley Nº21.526, con el objeto de determinar la responsabilidad
de quienes intervinieron en las operaciones investigadas.
Para así decidir,el Tribunal recordó que el BCRA formuló dos cargos:
(i)Por el otorgamiento de asistencia crediticia al Sector Público No Financiero, contra-
riando la Normativa que Prohíbe financiaciones de esa índole,además de no encuadrar
en las excepciones previstas; y
(ii)Por no acatar las instrucciones impartidas por la veeduría de signada en virtud
del Plan de Regularización y Seguimiento exigido a la Entidad.
Luego de tramitar el Sumario respectivo,la Autoridad de competente impuso las
(i)Al Banco de la Provincia de Córdoba SA: una multa de $ 1.152.000;
(ii)Al Sr. DGP una multa de $ 1.308.000 e Inhabilitación de seis años;
(iii)A cada uno de los Sres. LER., JHM., JDR., JHA. y RDO. una multa de
$ 1.152.000 más Inhabilitación de cinco años;
(iv)Al Sr. FHO. una multa de $ 1.040.000 e Inhabilitación por cuatro años;
(v)A los Sres. RRS. y FLLA., una multa de $ 112.000.
-Rechazo de la defensa de prescripción-
En primer lugar,la Cámara rechazó la defensa de prescripción alegada por los actores,
pues entendió que en autos existieron actos o diligencias del procedimiento inherentes
a la sustanciación del Sumario que dan cuenta de una actividad continua de la
administración, con idoneidad interruptiva con respecto al curso del plazo de la
prescripción, que dispone el art. 42º de la Ley 21.526.
Tras efectuar una reseña de las operatorias irregulares investigadas y comprobadas
durante la tramitación del Sumario –que dieron lugar a la imposición de las sanciones-,
el Tribunal consideró que resultó razonable la conclusión del BCRA al determinar
que el Banco de la Prov.de Córdoba prestó asistencia financiera al gobierno provincial,
aún cuando tal proceder se encontraba vedado por la Normativa aplicable, sin que la
operatoria en cuestión pudiera quedar subsumida dentro de alguna de las excepciones
Añadió que tal criterio se ratifica desde una perspectiva que atienda a la realidad eco–
nómica-financiera subyacente de las operaciones bajo examen, sin detenerse
en las apariencias creadas por las partes para determinar la adecuación o corrección
del obrar investigado.
Como consecuencia de la referida asistencia, se cometieron otras irregularidades,
a lo que se suma la falta de veracidad de las registraciones y la falta de correspon-
dencia con la realidad financiera por la que atravesaba la Entidad investigada.
-Resolución BCRA 680/02-
Al respecto la Cámara sostuvo que no resulta suficiente para justificar o dotar de
impunidad a las infracciones cometidas en el marco de la Ley de Entidades Financieras,
el considerar aplicable el principio rector del Derecho Público sobre la inderogabilidad
singular de los reglamentos y en razón de que dicho acto no puede convertirse,para una
Entidad que obra de buena fe y con la debida diligencia,en elemento idóneo a los efectos
de inducir a error excusable ni a la duda sobre el alcance de las normas y reglamen-
tos de la actividad bancaria.
Concluyó que no hay motivos para otorgar a dicha resolución un carácter derogatorio
del ordenamiento vigente.
-No pudo actuar como Agente Financiero provincial-
La Cámara rechazó la defensa fundada en que el Banco actuó como agente financiero provin-
cial por cuenta y orden del decreto local 1440/02, al considerar que esta argumentación
desconoce el principio de supremacía que surge del art.31º de la Constitución Nacional
y que, por lo tanto,las previsiones de la Ley de Entidades Financieras deben prevalecer so-
bre la regulación opuesta en el ámbito local.
-Planteo de inconstitucionalidad y Graduación de sanciones-
Finalmente,la Cámara desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del
art.42º de la Ley Nº 21.526,en cuanto dispone el efecto devolutivo del recurso que prevé
contra las sanciones impuestas por el BCRA y rechazó los agravios relativos a la
En tal sentido, sostuvo que el cambio de reglamentación de las escalas mediante la resolución
84/10 resulta de aplicación inmediata por tratarse de una norma adjetiva que reviste
una inmediata operatividad desde su dictado.
Añadió que no se advierte irrazonabilidad en el ejercicio del poder sancionatorio
desplegado por la Autoridad de Control,pues la graduación de las multas y la inhabilitación
impuesta a los actores dependió de la evaluación técnica realizada con respecto a cada uno
de los cargos imputados,las particulares circunstancias en que participaron en los hechos
ilícitos y su período de actuación.
II.Disconforme con esta decisión,el Banco de la Provincia de Córdoba SA interpuso el
recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.
Se funda en los siguientes agravios:
(i)Sostiene que la sentencia niega la garantía de ser juzgado en un plazo razonable,
menciona jurisprudencia según la cual ciertos actos del proceso–como la apertura a
prueba, la clausura y los actos de defensa-, carecen de efecto interruptivo del
plazo de prescripción;
(ii) El contrato aprobado por el Banco vinculado a la cesión del préstamo que debía
otorgar el Banco Mundial,no constituye infracción a la prohibición de otorgar asistencia
al Sector Público No Financiero (Comunicación “A“ 3054), pues entre las excepciones
que contempla se encuentran aquéllos casos que considere el BCRA, cuando exista
autorización para contraer el endeudamiento y autorización del Mº de Economía
para la financiación.Dice que no está controvertido que tal cesión no se perfeccionó
y que su objeto era pedir asistencia financiera al BCRA y no proveerla des-
de el Banco de la Provincia de Córdoba.
(iii)Respecto a las operaciones con Letras de Cancelación de Obligaciones provinciales
(LECOP) ,y Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales de Córdoba (LECOR),
expresa que no constituyeron una asistencia a la provincia,sino la adquisición
de esos valores a quienes cobraban sueldos,jubilaciones o facturas en LECOP o LECOR.
Además afirma que se han dictado dos actos eximentes de responsabilidad: la
Resol.BCRA 680/02 y el decreto provincial 1440/02,normas que la sentencia descarta
lesionando garantías fundadas en legislación federal.
La Resolución BCRA 680/02 que la Cámara descalificó invocando la inderogabilidad
singular de los reglamentos, fue dictada por el BCRA en ejercicio de sus facultades discre-
cionales propias,a fin de permitir que el Banco se excediera en las relaciones técnicas
vinculadas con el Endeudamiento de Sector Público, en un contexto de crisis financiera
De ese modo, omitió tener en cuenta que aquél principio no es absoluto y que no se aplica
cuando el mismo reglamento prevé excepciones, como ocurre en el caso con la Sección 4
de la Comunicación “A“ 3054.
Por otra parte,sostiene que el decreto provincial 1440/02 no infringe norma nacional alguna
y no ejerce ninguno de los poderes delegados a la Nación, porque los LECOR no eran moneda
sino deuda de la Provincia y aquél decreto le permitía al Banco –que por entonces era una
entidad autárquica provincial-,recibir depósitos de los LECOR que pagara a sus Proveedores,
con una remuneración, operación equivalente a un alquiler de Títulos Públicos lícita.Seña-
la que este aspecto fue introducido por la sentencia sin existir objeción de las partes, lo que
importa una violación a la garantía de defensa en juicio.
(iv)La decisión no tiene en cuenta que la Ley 21.526 impone como garantía de los afectados
que las sanciones obedezcan al “perjuicio ocasionado a terceros” y al “beneficio generado
para el infractor” y, en el caso, no se ha demostrado que no se configura ninguno de tales
presupuestos,motivo por el cual entiende que el BCRA carece de poder para aplicar san-
(v)Se omite el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 41º de la Ley 21.526–mo-
dificado por la Ley 24.144– en cuanto delega al BCRA la facultad de legislar la cuantía de
las multas y el tiempo de Inhabilitación que puede imponer, sin disponer “máximos“, lo
que violaría el principio de legalidad y afectaría el derecho de defensa en juicio;
(vi)Se convalidaron multas dispuestas según la Escala prevista en la Resol.BCRA 84/10,
dictada con posterioridad a los hechos investigados, lo que viola el principio
de legalidad de la pena (art.18,C.N.),pues no regula el procedimiento sino que se trata
de una norma sustantiva que debió ser emitida como ley formal. Duplicó los mon-
tos de las multas previstos en la Resol. 465/02 vigente al tiempo de los hechos.
III.Cabe señalar que los agravios relativos a la defensa de prescripción,no pueden
prosperar pues,las reglas que la rigen constituye materia propia de los Jueces de
la causa y ajenas,por principio,a la jurisdicción extraordinaria,por tratarse de cuestiones
fácticas,de derecho común y procesal,salvo que la sentencia recurrida carezca de funda-
mentación suficiente o se aparte de la normativa aplicable,supuestos de excepción que
no concurren en el presente,desde que la Cámara dio por integrado el trámite dentro
de los plazos procesales establecidos por la LEF 21.526 (art.42) sin que se advierta
arbitrariedad en su examen.
IV.Sentado lo anterior, “entiendo que el recurso extraordinario interpuesto es formalmente
admisible, toda vez que se halla en juego la aplicación e interpretación de normas de carácter
federal y la decisión del superior Tribunal de la causa ha sido adversa a las pretensiones que
el apelante funda en ellas (art.14, inc. 3º, Ley 48).Por lo demás,cabe recordar que,en la tarea
de establecer la inteligencia de normas de la índole mencionada,la Corte no se encuentra li-
mitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes,sino que
le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado, según la interpretación que
rectamente le otorgue. (Fallos: 326:280).
VI.Opino, por tanto, que corresponde declarar la admisibilidad de la queja y del recurso
extraordinario interpuestos y confirmar la sentencia apelada.
Recordamos que la CSJN sigue el dictamen de la Sra.Procuradora Fiscal,sólo en los
puntos I.a IV.y que sentencia la revocación de la sentencia de Cámara, mientras
que la Procuradora finaliza confirmando la sentencia de Cámara. (verla en el
encabezamiento del dictamen)
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References: artículo 41
 Resolución 
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