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Timestamp: 2018-01-23 23:57:20+00:00

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Un país no crece económicamente por accidente, sino porque tiene instituciones democráticas sólidas y se respetan las reglas del juego y además porque su gente tiene visión de futuro, aseguró el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma Terán, durante un seminario denominado El rol del periodista en el Sistema Penal Acusatorio , realizado en Panamá.
Cuarezma dijo a los periodistas que cubren temas judiciales, durante el evento organizado por la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial de Panamá, que Panamá con este modelo de justicia acusatorio resolverá sus conflictos sociales de forma más democrática y sin burocracia, lo cual impactará en mejor calidad de vida y crecimiento económico para el país.
En la inauguración del seminario realizado en la Escuela Judicial del Órgano Judicial de Panamá participó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente consultivo de la Escuela Judicial, Harley James Mitchell, para quien, los periodistas deben tener conocimiento del sistema procesal penal acusatorio para que su crítica pueda permitir su aplicación eficaz y eficiente en los derechos de las personas involucradas.
Este sistema respeta los derechos, a través de garantías que van a asegurar el derecho del implicado para llegar a la verdad, dijo Mitchell a los asistentes.
El seminario fue impartido por Cuarezma, catedrático de Derecho Penal; Nohelia González, jefa de Información del Diario LA PRENSA, y José Correa, director de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA).
La jefa de Información de LA PRENSA compartió la experiencia del rol del periodista en el modelo procesal acusatorio y recordó que, aunque en otras experiencias esto no se da con mucha rigurosidad, es fundamental que el periodista respete los derechos y garantías de la persona sometida al proceso penal y a la víctima del delito.
El modelo procesal acusatorio de Panamá es transparente, humano, permite al periodista mayor acceso al hecho para informar, lo cual obliga a hacerlo con mayor veracidad, diligencia y responsabilidad sin crear fricciones con los derechos fundamentales de la persona, dijo.
El exmagistrado Cuarezma Terán advirtió del valor intangible de la justicia independiente y de calidad para el crecimiento humano y económico de un país.
El nuevo Sistema Penal Acusatorio se implementó en Panamá a partir del 2 de septiembre de 2011 en las provincias de Cocle y Veraguas. Posteriormente se implementó en Herrera y Los Santos y a partir del 2 de septiembre próximo se implementará en Chiriquí y Bocas del Toro y la comarca Gnäbe Buglé. El próximo año se implementará en Ciudad Panamá.
Tomado de:http://www.laprensa.com.ni/2015/07/13/nacionales/1865942-la-justicia-base-del-crecimiento
Esta semana ha entrado en vigor el nuevo Código Penal. Trae con él novedades en lo que se refiere a la responsabilidad penal de las empresa. A éstas, a partir de ahora, se les exige, para estar exentas de responsabilidad penal, una especie de Plan de Prevención de riesgos penales para prevenir delitos y luchar contra la corrupción.
Pero, ¿qué supone esto en la práctica?¿Cómo afecta, por ejemplo, a una cadena hotelera? Repasamos junto con Jaime Campaner, doctor en Derecho Procesal por la UCM y responsable de Formación Penal del Colegio de Abogados de Baleares, Icaib, las novedades del Código. Primero, definiciones: ¿Qué es la responsabilidad penal para una empresa ante delitos como la apropiación indebida, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes…? «La responsabilidad penal de empresa implica que ésta puede ser sujeto pasivo de un procedimiento penal y se le pueden imponer penas (y, previamente, medidas cautelares) que van desde la multa, pasando por el cierre de establecimientos o la intervención judicial, hasta la pena de muerte para la empresa (su disolución), explica el abogado.
Entre los cambios, Campaner señala como uno de los más transcendentales la posibilidad de instaurar un programa de prevención de delitos penales. «Se recoge por primera vez en nuestro Derecho la figura del compliance officer (una persona de la empresa a la que el órgano de administración le confía poderes autónomos de control del cumplimiento normativo), lo cual supone un reto a nivel formativo así como la necesidad de que las empresas se asesoren debidamente en materia penal», señala el letrado. Ahora, destaca, «para que una persona jurídica quede exenta de responsabilidad criminal, no basta con que compre un compliance program y designe a un compliance officer, sino que tal exención requiere más: que el programa preventivo sea personalizado -no valen aquí los modelos- y eficaz, así como que la empresa realice verificaciones periódicas del programa preventivo, incluso modificaciones cuando se ponga de manifiesto alguna carencia o se detecte algún nuevo peligro».
Se abre un nuevo abanico laboral para los abogados:«Al penalista siempre se le ha considerado un médico de urgencias, alguien que trata de poner remedio a un problema», explica Campaner. Con esta reforma será además médico preventivo. Ahora bien, el abogado recuerda que «no cualquiera está en condiciones de implantar un compliance program». Este tipo de «protocolos preventivos» ya «funcionan en otros países que tienen más arraigada la cultura preventiva», si bien, en España, indica, «desde 2010, venimos implantando por imperativo de la Ley de Blanqueo de Capitales protocolos de prevención de esta concreta tipología delictiva a empresas de diversos sectores de riesgo y, realmente, no es tan distinto».
Este Plan de Prevención no es obligatorio, pero sí recomendable, puesto que el Código prevé que la empresa que lo tenga quedará exenta de responsabilidad penal en caso de delito.
Una empresa hotelera, por ejemplo, ¿qué tendrá que cambiar en su departamento legal?
Digamos que tendrá que reforzarlo: formar específicamente a sus componentes y designar a un compliance officer. Posiblemente incluso no sea suficiente con esto, sino que deberán asesorarse permanentemente con expertos en responsabilidad penal de empresa.
El Código, ¿simplifica o complica la política empresarial de nuestro país? Y centrándonos en Baleares, con la de empresas turísticas que operan internacionalmente, ¿qué ventajas y desventajas ofrece?
Se obliga a la empresa a invertir en prevención pero se le garantiza seguridad jurídica. El Estado ha decidido regular una autorregulación empresarial, lanzando un mensaje muy claro, aplicable también, obviamente, a empresas turísticas baleares: autodiagnostíquese, establezca normas y controles internos, canales de denuncias y procedimientos para la imposición de sanciones a sus componentes y yo le garantizo que si ha ejercido el debido control y ha seleccionado a los profesionales idóneos para llevar a cabo esta autorregulación no sufrirá ninguna consecuencia penal ni reputacional.
Campaner está seguro de que con esta nueva regulación vamos a ver empresas más responsables:«Sin duda, esta reforma fomenta la ética empresarial y el buen gobierno corporativo», dice. Es más, asegura que con estas normas se evitarán grandes pufos empresariales, como los que hemos vivido con la descapitalizada Marsans. «En efecto, así es. Con un debido control interno, difícilmente se habrían dado estos supuestos, o, al menos, se habrían detectado a tiempo», desgrana.
Ahora bien, se muestra más «escéptico» cuando se le pregunta si con estos planes de prevención se va a recuperar más dinero en caso de fraude. Aunque sí confía en que «tal vez se defraudará menos dinero». Respecto a esa recuperación, hace hincapié en que «la reforma de los delitos fiscales, contra la seguridad social y fraude de subvenciones, incorpora un régimen de suspensión de la ejecución de las penas, exigiendo al defraudador el abono de la deuda para no ingresar en prisión (aunque no sea superior a dos años y carezca de antecedentes penales)».Es decir, se fomenta la recuperación del dinero.
Como abogado, ¿qué recomienda a las empresas baleares?
Que estudien en profundidad la reforma y que entiendan que, en materia penal, más vale prevenir que curar, aunque ello suponga una inversión inicial a la hora de instaurar un compliance program, designar un officer y una partida anual para asesoramiento externo y verificaciones periódicas del modelo preventivo. Y que tengan claro que la detección de riesgos penales en una empresa y la implantación de los programas preventivos no es como comprar un antivirus: cada empresa requiere un estudio y tratamiento específico y singular, por lo que huiría de determinadas ofertas económicas pero vacías de contenido real.
Cambios para las empresas y partidos
El ‘compliance program’. Como si de un Plan de riesgos laborales se tratara, las empresas pueden contar a partir de ahora con un Plan de prevención de riesgos penales:un ‘compliance program’. El plan servirá para eximirla de culpabilidad en caso de delito de un trabajador o directivo. Autorregulación. Es la base de la normativa: «El mensaje es muy claro, autodiagnostíquese, establezca normas y controles internos y si ha ejercido el debido control, no sufrirá ninguna consecuencia penal ni reputacional», explica Jaime Campaner. Financiación ilegal de partidos políticos. Se introduce un nuevo delito consistente en la financiación ilegal de partidos políticos que castiga la aceptación y recepción de donaciones ilegales. La novedad es el castigo penal de estas conductas. Se prohíben donaciones anónimas, o de una misma persona por más de 50.000 euros al año y donaciones de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica.
http://www.elmundo.es/baleares/2015/07/05/5598f09a22601d95118b4572.html#comentarios
Se estima que el noventa por ciento de los inversionistas que han seleccionado a Nicaragua han modelado su plan de inversión mediante la utilización de fusión mercantil, como resultado de toma de decisiones agresivas de captar mercado con mayor celeridad, proceso que debe llevarse con el mayor cuidado y diligencia debida.
¿Qué es una fusión de sociedades?, curiosamente nuestra legislación mercantil vigente no proveeuna definición, por ello acudimos a literatura mercantil y para el jurisconsulto francés Durand, fusión es “la reunión de dos o más sociedades preexistentes, bien sea que una u otra sea absorbida por otra o que sean confundidas para constituir una nueva sociedad subsistente y esta última hereda a título universal los derechos y obligaciones delas sociedades intervinientes”.
A continuación mencionamos las tareas importantes que deberán ser atendidas en las distintas áreas de trabajo en el proceso de fusión (por absorción) y que en nuestra experiencia, la mejor manera de administrarlo es mediante la elaboración y seguimiento de un cronograma de tareas o “schedule” del proceso, como son:
Aspectos societarios: Los cambios y decisiones en cada una de las empresas deberán formalizarse según dispongan los estatutos aprobados en cada sociedad, como son: convocatoria a sesión extraordinaria, actas de sesión general extraordinaria de accionistas de ambas empresas donde se acuerdan llevar a cabo la fusión, acta de sesión general extraordinaria de accionistas de aprobación de las condiciones que regirán la fusión (acuerdo general), protocolización o elevación a Escritura Pública del Acuerdo General de Fusión.
De conformidad con el artículo 263 C.C., el Acuerdo General de Fusión deberá ser publicado en La Gaceta Diario Oficial para fines de posible oposición de terceros. Transcurrido el período de oposición, deberá diligenciar ante juez competente la aprobación respectiva y de reforma al pacto social de la sociedad subsistente. A la fecha efectiva de la fusión, deberán cancelarse y emitirse nuevos títulos (certificados accionarios) del nuevo patrimonio contable de la sociedad absorbente.
Aspectos registrales: Atendiendo el principio de publicidad registral (por los efectos que tendrá frente a terceros), la certificación de la resolución judicial de aprobación de la fusión dictada por el Juzgado competente, deberá ser inscrita ante el Registro Público Mercantil respectivo, momento que en la mayoría de los casos determina la fecha efectiva de fusión.
Al respecto, el artículo 264 CC nos aclara que la fusión solo tendrá efecto transcurridos los tres meses desde la publicación del respectivo acuerdo; a no ser que conste de modo auténtico que se hayan satisfecho todas las deudas de cada una de las sociedades que tratan de fusionarse, esta disposición tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las sociedades fusionadas previo a su materialización. Finalmente, proceder con cambios registrales en bienes susceptibles de inscripción ante registro público como efecto jurídico de la fusión.
Aspectos fiscales: Partiendo que la obligación tributaria es personal e intransferible (art 12 C.T.), la sociedad a ser absorbida (fusión por absorción) o sociedades a disolverse (fusión por disolución), deberán preparar y presentar Declaración Anual de Impuesto sobre la Renta (IR) (actividades económicas), a partir del cierre contable con la cual liquidarían el Impuesto sobre la Renta a la fecha de la decisión de disolución. Las implicaciones fiscales atribuibles a los accionistas las abordaremos en un artículo por separado por su especialidad.
La sociedad absorbente será solidariamente responsable de obligaciones tributarias de la absorbida para períodos no prescritos (4 años), tiempo en el que deberá conservar en buen estado la documentación y de más soportes contables (numeral 3, Art 103 C.T.). Finalmente, llevar el proceso de cierre de obligaciones ante las autoridades tributarias.
Aspectos contables: El tratamiento contable a la adición de activos y pasivos de la absorbida en la absorbente se encuentra establecido en la Sección 19 NIIF Pymes, “Combinación de Negocios y Plusvalía, debiendo asignarse a los activos a adicionar, el valor razonable, teniendo en cuenta que en el caso de que el monto pagado en la transacción exceda de dicho valor, deberá representar para la sociedad adquirente o absorbente un activo inmaterial o “Goodwill”.
Sinergias: Consiste en el análisis cuidadoso de las ventajas y oportunidades que podría generar el proceso de integración de ambos negocios, logrando eficiencia en áreas de la organización como son —Ventas y Mercadeo (marcas a subsistir). —Finanzas, Operaciones y Recursos Humanos, mediante el aprovechamiento de fuerzas de ventas, medios de publicidad, renegociaciones de instrumentos financieros, centralización de logística operativa, reorganización del personal, entre otras.
El Anteproyecto del Nuevo Código de Comercio, brinda concepto de fusión, tipos de fusión, sus efectos, el contenido que debería contener el acuerdo de fusión e inclusive de la escisión como un tipo de reorganización de sociedades.
El aurtor es Gerente Senior de Servicios de Impuestos & Legal Deloitte, con colaboración de Claudia Moreno G., miembro de la práctica.
Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2015/06/22/economia/1854157-fusiones-y-adquisiciones-en-nicaragua-opinion-economica
Ponemos a su disposición el interesante articulo sobre Narcotraficantes y narcodependientes. Breves consideraciones sobre el art. 358 y 561 CP de Nicaragua, del profesor Osman Soza Mendoza, Juez I Local Penal de Masaya, Nicaragua, docente del Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ-CSJ), de 4 de junio del 2015.
Narcotraficantes y narcodependientes.
Recientemente me vi en una conversación con un conocido fiscal con el que salió a colación el tema de la “estética”, en los juicios.
Para las personas que penetran en las salas de vistas de la Justicia de toda España, por vez primera, lo que más les llama la atención es eso, precisamente, la “estética”.
O la falta de estética, hay que decirlo claro y alto.
En concreto, la costumbre extendida en todos los tribunales penales de que el fiscal esté ya en la sala, junto con los jueces, charlando amigablemente con ellos, como si se conocieran de toda la vida y fueran amigos íntimos.
Antes que el abogado defensor y su cliente.
Esto, hay que decirlo, pone públicamente en tela de juicio –al menos en apariencia- la neutralidad, imparcialidad e independencia del propio tribunal.
Los letrados, fogueados en mil juicios, lo tienen ya asumido y hacen como si no fuera con ellos.
El fiscal, del que hablaba al principio de esta columna, me miró con sorpresa a los ojos. Como si yo fuera un extraterrestre.
“Así que cada vez que termine un juicio el fiscal tendría que salir de la sala, esperar fuera y volver a entrar. ¿Y si son varios los juicios en los que tiene que intervenir ante ese tribunal esa mañana? ¡Pues vaya lío! ¡No lo veo!”, me contestó.
¡No lo veía!
“Pues deberían verlo. Y deberían hacerlo cuanto antes”, le contesté con una sonrisa amigable.
Y tenerlo en cuenta para cuando se elabore la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, el código procesal penal que sustituirá al vigente, redactado en su primera versión en 1882.
Entre muchos letrados se comparte al ciento por ciento esta visión, pero no se le ve ninguna salida, tengo que decirlo.
“Es cierto, tienes toda la razón. Es una mala costumbre. pero ahí está, ¿cómo la cambias?”, me decía uno de ellos.
La cara de los clientes, cuando les toca vivir esto, es siempre la misma: Una mezcla de perplejidad y sorpresa.
Porque tienen la impresión de que entre jueces y fiscales el “pescado está todo vendido”.
“¿Cómo era eso de la igualdad de armas de la que me hablabas el otro día, que decías que pone la ley? Eso de que el juez es como un árbitro en un combate de boxeo y de que vosotros y los fiscales sois como dos púgiles y que vuestros golpes son el uso que hacéis de las pruebas en el juicio en cada momento. Pues, querido abogado, con jueces tan amigos de los fiscales como estos, aquí no veo victoria. Es la impresión que me dan”, cuenta el letrado que le dijo un cliente antes de un juicio.
Lo que me trajo a la memoria una conversación que mantuve en su día con Enrique Bacigalupo cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Bacigalupo, hoy reconvertido en abogado, me dijo que ese era, precisamente, su planteamiento.
“En ningún país de nuestro entorno, salvo en el nuestro, el tribunal está sentado cuando el público penetra en la sala. Es al contrario. Sucede como en las películas que todos conocemos”, relataba el magistrado.
“En todos los países entran primero las partes; el fiscal, el abogado defensor, el acusado, el público. Y cuando están todos sentados en la sala se da la voz clásica: ‘¡En pié! Entran los señores magistrados’. Entonces todo el mundo se pone de pie y así permanece, hasta que el tribunal da la orden de que se sienten. Y empieza el juicio”, añadió Bacigalupo.
En esto España es anómalamente distinta.
En los juicios que le tocó presidir el tribunal en el Supremo Bacigalupo siempre lo hacía así. Al estilo europeo. O americano. Fueron varios.
Acabó con la impresión pública de conchabeo antiestético.
Sin embargo, su iniciativa no se generalizó entre sus compañeros.
Parecía como si a ellos les diera reparo, vergüenza o pudor seguir una mal llamada “tradición” que no era española.
Así que se echó en el baúl de los recuerdos una vez que Bacigalupo dejó el Alto Tribunal.
Tengo que decir que el conocido magistrado no lo hizo porque sí.
Se amparó en la inexistencia de una norma específica en la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal que estableciera que se hiciera de esta forma concreta.
No pone en ningún sitio que el tribunal y el fiscal tienen que estar en la sala antes de comenzar el juicio y que, después, entran el abogado y su cliente.
Tampoco dice que no se puede hacer como se hace en el resto del mundo.
“Desde mi punto de vista, esta escenografía realza más la figura del tribunal como árbitro neutral ante las partes”, relataba Bacigalupo.
El conocido magistrado se sirvió del viejo principio del derecho: “Lo que no está prohibido está permitido”.
Es decir, si nada lo impide de forma expresa, se puede.
Es evidente que esta es una costumbre poco adecuada para los tiempos que vivimos.
¿Por qué no cambiarla?
El artículo 120 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y que los jueces y magistrados la administran en su nombre.
La base de la legitimidad de los hombres y mujeres que hacen justicia en nuestro país se puede resumir en dos palabras: confianza pública.
Confianza pública en su trabajo, en su profesionalidad, en su independencia y neutralidad.
No hay peor disolvente de la confianza pública hacia los jueces y hacia los fiscales, que esta mala costumbre.
“La mujer del César además de ser honrada debe parecerlo”, dice el viejo dicho.
¿Por qué no parecerlo?
Tomado de: http://www.confilegal.com/carlos-berbell/costumbre-antiestetica-31052015-1733
Leía hace nada en estas mismas páginas –o mejor dicho, pantallas- un interesante artículo de opinión acerca de la estética de los juicios, y en particular del modo en que jueces y fiscales se sitúan en los momentos previos al mismo y la impresión que ello puede producir. Y digo interesante porque tal me parecen todas las opiniones, aunque no las comparta, como es el caso, siempre que sean respetuosas. Y de todo se aprende.
Pero como la libertad de expresión es lo que tiene, por fortuna, decidí ejercitar la mía, y contar por qué no comparto tales afirmaciones, o la mayoría de ellas. Y he de reconocer que mi sugerencia fue recibida al instante. Así que ahí va.
A jueces y fiscales se nos atribuye una costumbre como antiestética, la de estar o permanecer en la sala de vistas antes que los letrados, y que éstos nos encuentren allí en amigable conversación. En cuanto a lo primero, justo es reconocer que es lo que ocurre habitualmente, aunque no sea exactamente una costumbre, como veremos. En cuanto a lo segundo, ni siempre ocurre ni tiene por qué ocurrir. Ni siempre hay conversación ni siempre es amigable. Pero ésa es otra cuestión.
Lo bien cierto es que al decir que puede generar cierta desconfianza al justiciable observar que juez y fiscal están, por así decirlo, a partir un piñón, parece olvidarse la misión del Ministerio Fiscal en nuestro Derecho y, desde luego, que tener buena sintonía no empece en absoluto la imparcialidad ni la profesionalidad de uno u otro, como tampoco la obstaculiza tenerla con uno o varios de los Letrados. Pero vayamos por partes.
Parece que se está partiendo de un supuesto concreto: los juicios penales, en que hay un solo señalamiento. Y que, además, se toma el cliché que muchos conocen a través de la cultura audiovisual de películas y series americanas, cuyo modelo jurídico es bien diferente al nuestro. Y se está olvidando que un altísimo porcentaje de los juicios que se celebran en España no son en salas de vistas de los más altos tribunales ni en sesión única. Qué más quisiéramos, la verdad. La mayoría de nuestro trabajo se desarrolla en salas de vistas de pueblos y ciudades que celebran una docena de juicios –si hablamos de Juzgados de lo Penal- o hasta treinta o cuarenta –si se trata de juicios de faltas, que pronto se convertirán en juicios por delitos leves, o mejor “levitos”- por sesión diaria. ¿Se imaginan al fiscal saliendo y entrando cuarenta veces de la sala, teniendo en cuenta que no tiene despacho en esa sede? ¿Qué puede hacer si no tiene ni una triste silla en el ínterin entre juicio y juicio si hay alguna suspensión? ¿Y cómo combinamos esto con el hecho de que los fiscales estén adscritos a un juzgado, precisamente ése donde están celebrando?. No parece razonable ni operativo, por más que se aleguen motivos estéticos.
Pero la cuestión es mucho más profunda, además de estos inconvenientes meramente logísticos. Y es que el Ministerio Fiscal, tal como lo configura nuestra Constitución, no es una parte sin más. Hace ya mucho tiempo que se superó la figura del fiscal como un mero acusador público, y su papel es asumir la defensa de la legalidad. Y no solo en el procedimiento penal. Los fiscales también intervenimos en el proceso civil, en el de Menores –con un papel esencial, ya que nos corresponde la instrucción- y en multitud de materias donde lo que se ventila es un interés público o la defensa de los derechos, como ocurre en materia contencioso administrativa o social. Y este papel es lo que nos convierte en algo diferente de una parte del procedimiento. No se es más ni menos, sino diferente, o, dicho en términos más pedantes, no es un plus sino un aliud. Por eso precisamente la propia ley establece que el Ministerio Fiscal está integrado con autonomía en el poder judicial. Por más que algunos no lo crean.
Ciertamente, no estamos en Estados Unidos. Y los países de nuestro entorno jurídico contemplan la figura del Ministerio Fiscal en pie de igualdad con la de los jueces, como miembros de una carrera única, y con pasarelas de ida y vuelta a una y otra carrera. Nuestro sistema no llega a esos extremos, pero la oposición es única, y se elige una vez aprobado la pertenencia a uno u otro cuerpo. Y en el ámbito militar, por ejemplo, sí que hay carrera única. Por eso se puede afirmar que no se trata de una parte sin más, sino que es una función que va mucho más allá y como tal debe tratarse. En todo, incluido el vestuario, por supuesto, toga, placa y puñetas o no según la categoría. Y es precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial la que afirma sin género de dudas que jueces y fiscales son iguales en cargos, honores y tratamientos. Y otro tanto ocurre en los actos públicos, donde las más altas autoridades de ambas carreras deben ocupar sitio parejo, lo que algunas veces ha ocasionado algún desacuerdo, por cierto. ¿Acaso se imagina alguien a la Fiscal General del Estado saliendo de un acto público hasta que entren todos los magistrados? Pues eso.
Pero es que, además, la ley no establece eso. Nuestro ya vetusto Reglamento –de 1969, nada menos- establecía que el fiscal esperaría en su despacho hasta ser avisado para acudir a la Sala. Y en los principios de mi actividad profesional, alguna vez ví hacerlo así, aunque hace mucho tiempo que de eso nada de nada, porque además es inviable. El despacho del fiscal puede estar perfectamente a cien kilómetros de la sala de vistas en cuestión.
Pero como todo no va a ser echarnos flores, también hay que hacer autocrítica, o sana crítica, si se prefiere. Porque una cosa es una conversación educada, y otra que nos encuentren en franco compadreo, risas incluidas, al llegar abogados o imputados. Y eso sí que no, que las formas y el respeto hay que cuidarlos, como es de sentido común.Recuerdo hace años que una juez contaba que, desde que oyó como los médicos que la operaban de menisco, con anestesia local, discutían sobre fútbol en lugar de fijarse en su rodilla, decidió ser más cuidadosa en la sala por no causar el mismo efecto. Afortunadamente, he de decir que tanto ella como su rodilla siguen perfectamente. Pero el ejemplo es muy gráfico. Tampoco parece razonable permanecer en la sala mientras los magistrados deliberan, o que ellos lo hagan en presencia del fiscal, pero esto es pura sensatez. Y también lo es permitir que letrados y fiscal puedan pactar una conformidad sin la presencia del juez que ha de juzgar, sea él quien se retire, o seamos los otros. Y así me consta que se hace en muchos casos.
No obstante, quizás si nos retrotraemos a un momento anterior al juicio, podamos tener una perspectiva diferente que nos permita vislumbrar la especialidad de nuestra labor. Y así, en la guardia, el fiscal aún no puede ser parte, porque todavía no ha tomado una decisión. Está presente en la declaración, hace sus preguntas, escucha las de lo demás y, a la vista de todo ello, toma la decisión que proceda sobre si acusa o pide el sobreseimiento, o si pide prisión o libertad, o solicita una orden de protección o no lo hace. Y esa decisión es esencial para determinar la marcha del procedimiento. Se siente donde se siente. Es más, incluso ambos, juez y fiscal, nos salimos discretamente cuando traen al detenido para que pueda entrevistarse reservadamente con su Letrado, porque hacerlo en un pasillo poco tiene de reservado. Así que somos nosotros quienes vamos al pasillo, y tampoco pasa nada. Ni se nos caen los anillos, vaya que no.ç
Por todo ello, hay que concluir que no se pueden simplificar las cosas y pretender que los juicios sean como los que vemos en televisión, porque nada es del todo blanco o del todo negro. Salvo las togas, claro. Del juez, del fiscal y del secretario judicial, pero también del abogado y del procurador.
Y así son las cosas, a mi entender. Tal vez sea orgullo, pero tampoco pasa nada por enorgullecerse de la profesión que una ejerce lo mejor que puede. Probablemente, estaría igual de orgullosa de ser juez, o secretaria judicial, y hasta tornero fresador, pero no es el caso. Y si nosotros mismos no nos reivindicamos, no creo que nadie vaya a venir a hacerlo. Pero igual me equivoco.
Tomado de: http://www.confilegal.com/susana-gisbert/jueces-fiscales-juicios-etica-estetica-02062015-0837
Foto Recuperada: https://www.google.com.ni/search?q=Jueces,+fiscales+y+juicios:+%C3%89TICA+Y+EST%C3%89TICA&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QXlwVYvVMcHfoASAtIN4&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=Jueces%2C+fiscales&imgrc=ifqVZMYPppl9CM%253A%3BknzlVjZPhwjHbM%3Bhttps%253A%252F%252Fnoticiasmicrojuris.files.wordpress.com%252F2013%252F10%252Fshutterstock_138223571.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Faldia.microjuris.com%252Ftag%252Ffiscales%252F%3B1000%3B667
En Confilegal ha surgido una interesante polemica sobre el comportamiento habitual de jueces y fiscales de estar en la sala de vistas normalmente conversando entre sí, antes de que entren los justiciables y sus abogados. Y de permanecer en ella entre los distintos juicios.
La tesis de Carlos Berbell director de este medio -con gran experiencia periodistica en los juzgados y tribunales- es que eso crea en los justiciables la idea de que existe una preeminencia del fiscal sobre los abogados. Con la consecuencia de la consiguiente merma de la confianza publica en la imparcialidad del sistema.
Esta praxis contrasta con la de numerosos países, y precisa, según mi opinión, que sea corregida mediante la normativa adecuada.
A esta tesis se opone la fiscal Susana Gisbert que, en síntesis, contraargumenta, de un lado, con la relevancia de la función del fiscal y su equiparación estatutaria a los jueces. Y aduce razones logísticas y operativas para mantenerla.
Alude Gisbert a otras actuaciones del Ministerio Fiscal, más allá de las vistas penales.
Pero eso es extralimitar la polémica referida.
Por ello, solo me centraré sólo a las vistas penales.
Hay un hecho cierto que ambos aceptan, y es la existencia de dicha practica, que es un hecho evidente y notorio, constatable por cualquiera que se acerque a un juzgado un día de vistas, en cualquier pueblo o ciudad.
Discrepo, a efectos dialécticos del planteamiento de Gisbert, que, en síntesis dice que, a diferencia de los Estados Unidos, el Ministerio Fiscal no es una parte del proceso sin más, pues actúa en defensa de la legalidad.
No es un plus sino un aliud, integrado con autonomía en el Poder Judicial. Sus miembros tienen similitud de estatus a jueces y magistrados (oposición idéntica, honores, sueldo, rango, etc).
La regulación del Ministerio Fiscal, sin embargo, debe verse a nivel constitucional y de legislación orgánica y ordinaria.
Según el artículo 125 de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos, etc., ejerciendo sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica. Y dice que la Ley regulara su estatuto orgánico.
El artículo 126 se refiere, por su parte, a la dependencia de la policía judicial de jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal. El artículo 127 establece sus incompatibilidades y las asimila a las de los jueces.
Finalmente, el 172 le atribuye la legitimación para interponer el recurso de amparo.
No hay mas referencias al Ministerio Fiscal en la Carta Magna.
Me pregunto ahora, ¿supone eso equiparar el Ministerio Fiscal al Poder Judicial? En mi opinión, no.
De los jueces sí dice la Constitución, en su artículo 117, que sí son independientes. Entre ellos no hay jerarquía de mando, salvo, como es lógico, la procesal, de instancias superiores de resolución vía recurso.
Lo más importante es que la Constitución dice de forma expresa y clara que la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso corresponde “exclusivamente” a los juzgados y tribunales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Por tanto, pese al estatus funcionarial idéntico –por rango legal no constitucional- la diferencia es sustancial. Pues sólo juzgan los jueces, y solo éstos son personalmente independientes, dentro de la legalidad.
Los fiscales, por el contrario, están sometidos al principio de jerarquía.
Según el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, reformado en 2003 y 2007, el, o la, fiscal general del Estado puede darles instrucciones generales y específicas.
Otro artículo, el 26, dice que puede llamarles a su presencia y darles instrucciones. El Ministerio Fiscal es, por lo tanto –mutatis mutandi- un “ejército jurídico”.
El fiscal general, como todos sabemos, es nombrado por S.M. el Rey a propuesta del Gobierno.
Por otro lado, la equiparación del estatus jurídico funcionarial no la hacen ni la Constitución Española ni la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en su artículo 541, remite al Estatuto Orgánico. El ya citado, de 1981. Ley ordinaria que sí establece la mencionada equiparación, no de funciones en que prevalece, sin duda, la judicial, pues es quien, en definitiva, decide.
En esta polémica, sin embargo, nos olvidamos de algo muy importante. Vital. Fundamental: la relevancia constitucional del Abogado, recogida en el artículo 24 de la Constitución, que habla de la asistencia de letrado. Y del 125, que menciona la acción popular, importantísima en España, que convierte al ciudadano en figura acusadora, como verdadero fiscal independiente del Poder.
Una función que tiene que ejercer a través de un letrado, contemplado en el artículo 162, en cuanto legitima a interponer recurso de amparo, y en el reconocimiento de los colegios profesionales, del artículo 36, recogido a instancias del entonces decano del Colegio de Abogados de Madrid y senador real en las Cortes Constituyentes, Pedrol Rius.
Volviendo al debate planteado, la apariencia de imparcialidad e independencia del juez del Ministerio Fiscal exige que se modifique el escenario de celebración del juicio.
La aparente complicidad de jueces y fiscales atenta gravemente, sí, contra la percepción popular sobre la imparcialidad y neutralidad del sistema, aunque sus protagonistas, encerrados en su burbuja, en su mundo, no se enteren o no quieran enterarse.
No legitima la costumbre las deficiencias de instalaciones, asunto en el que acierta la fiscal Gisbert. Esto exige respuestas materiales de las autoridades competentes, que tienen la obligación de proveer de medios a la Administración de Justicia, que se haya inmersa en un caos administrativo por la absurda distribución de competencias materiales entre el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial.
De otro lado, se debería hacer ya un protocolo procesal de actuaciones en estrados que haga visible la separación de poderes e influencias en las salas de vistas.
Ni al Juez ni al Ministerio Fiscal le beneficia esa imagen de compadreo de la que hablaba Berbell en su artículo, por lo que suscribo su planteamiento de acabar con ello. O de limitarlo, en lo posible.
La impresión puede ser falsa, es cierto, pero basta con que la ciudadanía la dé por verdadera, por la mera observación directa, para que se cierne la sombra de la duda sobre la confianza pública que debe existir, hacia el trabajo de ambos.
Por eso, hay que cuidar tanto, o más, las formas que el fondo.
Quiero, por último, recordar la preocupación expresada en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, aprobado en la Haya en 2002, basados fundamentalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también hacen referencia a la confianza publica en la independencia judicial.
La Administración de Justicia es la última trinchera en la defensa del sistema democrático. Se está demostrando que es así en estos tiempos de corrupción generalizada.
¿Por qué, entonces, ponerla en peligro de esta manera, con costumbres como estas, que no son las adecuadas?
Tomado de: http://www.confilegal.com/reflexion-jueces-fiscales-apariencias-04062015-0046
Audiencia Provincial de Murcia, Sección 2ª, Sentencia de 24 Ene. 2012, rec. 504/2009
Ponente: Poza Cisneros, María del Carmen.
Nº de Sentencia: 29/2012
Nº de Recurso: 504/2009
Diario La Ley, Nº 7817, Sección La Sentencia del día, 13 Mar. 2012, Año XXXIII, Editorial LA LEY
LA LEY 4900/2012
AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 2 MURCIA
SENTENCIA NÚM. 29/12
ÁLVARO CASTAÑO PENALVA
DÑA. MARIA POZA CISNEROS
DÑA. BEATRIZ L. CARRILLO CARRILLO
En la Ciudad de Murcia, a veinticuatro de enero de dos mil doce.
Habiendo visto, en grado de apelación, la Sección Segunda de esta Ilustrísima Audiencia Provincial, el Proceso Abreviado que, por delito de LESIONES, se ha seguido en el Juzgado de lo Penal número Dos de los de Lorca, bajo el núm. 504/09, y antes en el Juzgado de Instrucción núm. Tres de Totana como Procedimiento Abreviado núm. 15/09 y, antes, como Diligencias Previas núm. 1367/08 contra Pascual, representado por el Procurador D. Pascual Aguirre Soubrier y defendido por el Letrado Don Pascual María Campoy Camacho; contra Cándido, representado por el Procurador D. Juan Cantero Meseguer y defendido por el Letrado don Juan Alberto Negroles Paredes; y, por FALTAS DE LESIONES, contra Juana, representada por el Procurador D. Juan Alberto Cañizares Millán y defendida por el Letrado don Juan Carlos Peñarrubia Blanch, y contra Alberto, Javier, Carlos y Tamara, todos ellos representados por el Procurador D. Pascual Serrano Caro y defendidos por el Letrado don Pascual Francisco Rocamora Sánchez, habiendo sido partes en esta alzada el Ministerio Fiscal que actúa como apelado, así como los acusados Cándido y Pascual que lo hacen como apelantes. Es ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. María Poza Cisneros, que expresa la convicción del Tribunal.
PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal citado dictó en los referidos autos sentencia con fecha 9 de octubre de 2010, sentando como hechos probados los siguientes:
«PRIMERO.- Resulta probado, y así se declara, que en la Playa de Bahía de Puerto de Mazarrón, Partido judicial de Totana, a una hora no determinada de la mañana del día 23 de junio de 2008, se encontraron, por un lado, Tamara, mayor de edad (nacida el día 5 de julio de 1989), con DNI, y sin antecedentes penales, y su novio Alberto, también mayor de edad (nacido el día 17 de agosto de 1981), con DNI, y con antecedentes penales no computables al efecto de la agravante de reincidencia, y, por otro lado, Juana, mayor de edad (nacida el día 5 de enero de 1982), con DNI, y sin antecedentes penales, que había estado casada anteriormente con Alberto, manteniendo desde la ruptura matrimonial una profunda enemistad, y la pareja de amigos de ésta, compuesta por Isabel y Pascual, mayor de edad (nacido el día 26 de abril de 1985), con DNI, y con antecedentes penales no computables al efecto de la agravante de reincidencia.
Y por causa de la enemistad que existe entre Juana y Alberto, se entabló una discusión entre la actual pareja de éste Tamara y Juana, que derivó en un violento altercado físico entre ellas, con el resultado de lesiones en ambas, que han renunciado al ejercicio de cualquier acción derivada del mismo.
Posteriormente, acudieron todos ellos al Puesto de la Guardia Civil de Mazarrón con la intención de interponer las correspondientes denuncias por los hechos ocurridos en la Playa de Bahía y al encontrarse se increparon mutuamente miembros de los dos grupos, fundamentalmente por la enemistad que existe desde tiempo atrás y por causas no suficientemente acreditadas entre las familias de Pascual y de Alberto, y teniendo los Agentes de la Guardia Civil de servicio que intervenir para calmar los ánimos, y quienes informaron a Tamara y a Alberto de que, puesto que aquélla presentaba lesiones, debían acudir primeramente, antes de formular la denuncia, a recibir asistencia en un centro médico, donde se le facilitaría el oportuno parte de lesiones, por lo que Tamara y Alberto decidieron dirigirse a la casa de éste último con la finalidad de que ésta cogiera la cartilla sanitaria para luego dirigirse al Centro de Salud de Mazarrón; si bien, antes de hacerlo, Alberto llamó por teléfono a su hermano Javier, mayor de edad (nacido el día 12 de marzo de 1990), con DNI, y sin antecedentes penales, y le dijo que se encontraba con su novia en el Cuartel de la Guardia Civil, por la pelea habida, y que se dirigían a la casa a recoger la cartilla sanitaria para luego acudir al centro médico de Mazarrón. Tras la llamada, Javier y su hermano Carlos, mayor de edad (nacido el día 16 de abril de 1987), con DNI, y sin antecedentes penales, decidieron dirigirse al Puesto de la Guardia Civil, para ver a su hermano Alberto.
Por su parte, Pascual llamó también por teléfono a su hermano Cándido, mayor de edad (nacido el día 21 de octubre de 1981), con DNI, y sin antecedentes penales, diciéndole que «se encontraba en el Cuartel de la Guardia Civil y que le habían pegado y que le iban a volver a pegar»; lo que motivó que Cándido acudiera inmediatamente al Puesto de la Guardia Civil, pero al llegar al mismo ya no se encontraban allí Tamara y Alberto, que habían ido al domicilio de éste a recoger la cartilla sanitaria; por lo que Cándido y Pascual, dejando en el Puesto de la Guardia Civil a Isabel y a Juana, con la intención de enfrentarse a Alberto, se dirigieron hasta el domicilio de éste, sito en el número 10 de la calle Melilla de Puerto de Mazarrón (Mazarrón).
Mientras tanto, Javier y Carlos llegaron al Puesto de la Guardia Civil, donde no vieron a su hermano Alberto y a su novia, por lo que decidieron de nuevo regresar a la casa del número 10 de la calle Melilla.
A la llegada de Pascual y Cándido a dicha vivienda, Tamara se encontraba en su interior cogiendo la cartilla sanitaria y Alberto la esperaba, mientras hablaba con su hermana Berta, que contaba con 15 años de edad, que encontraba en el interior del vehículo en el que iban a trasladarse al centro médico y a través de la ventanilla del mismo.
Los hermanos Cándido y Pascual se apearon del vehículo en el que viajaban, llevando Pascual en la mano una fusta, de color marrón de unos 63 centímetros de larga, y Cándido un regle o nivel metálico, de los que se emplean en la construcción, de unos 83 centímetros de largo, con los que tenían intención de golpear a Alberto, al que se dirigieron; y cuando habían llegado a su altura, Berta que veía a los hermanos Cándido y Pascual acercarse con dichos instrumentos, alertó a su hermano Alberto de la presencia de aquéllos y al girarse éste, fue golpeado en la cabeza con el regle metálico por Cándido, partiéndose el regle y cayendo Alberto a consecuencia del golpe directamente al suelo, donde continuaron golpeándole Pascual y Pascual; y salió del vehículo Berta para auxiliar a su hermano Alberto, que continuaba en el suelo, interponiéndose entre éste y Pascual y Pascual, por lo que fue golpeada igualmente por Pascual con la fusta que llevaba.
En ese momento llegaron, procedentes del Cuartel de la Guardia Civil, Javier y Carlos, que al presenciar cómo Pascual y Cándido golpeaban a su hermano Alberto, que estaba en el suelo, y a su hermana Florentina, se apresuraron a separar a aquellos acusados de sus hermanos, recibiendo de esa manera también golpes de aquéllos, y procediendo Carlos y Javier igualmente a golpear a Pascual y Cándido con la intención de dañarles físicamente.
En un momento determinado del altercado, Pascual se dirigió hasta el turismo Renault Laguna en el que se había desplazado con su hermano hasta allí y lo puso en marcha, se dirigió hasta donde se encontraba su hermano Pascual, que se subió también en el vehículo, y cuando ya se marchaban del lugar, realizaron un giro y se dirigieron nuevamente hacia sus contrarios, a pesar de que Cándido intentaba desviar la trayectoria que quería seguir su hermano Pascual, golpeando, finalmente, con el vehículo a Carlos levemente en una rodilla e también de manera frontal a Berta, que se encontraba sobre la acera, provocando que la misma saltara e impactara contra el parabrisas delantero; y marchándose seguidamente del lugar Pascual y Cándido.
SEGUNDO.- Resultaron a consecuencia de los hechos relatados lesiones en la persona de Alberto, consistentes en policontusiones, esguince cervical y traumatismo cráneo-encefálico sin alteraciones neurológicas, para cuya curación preciso, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico con puntos de sutura sobre herida en región frontal izquierda, y de las que tardó en curar 107 días, durante los que permaneció impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, quedándole como secuela algia postraumática, valorada en un punto en informe médico-forense; lesiones también en la persona de Berta, consistentes en policontusiones y esguince cervical, para cuya curación preciso, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento rehabilitador, y de las que tardó en curar 90 días, permaneciendo durante 60 de ellos impedida para el desempeño de sus ocupaciones habituales, y quedándole como secuela síndrome postraumático cervical, valorado en un punto.
Igualmente resultaron lesiones en la persona de Javier, consistentes en cervicalgia, para cuya curación precisó una única asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 10 días, permaneciendo durante 5 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin que le quedaran secuelas, y lesiones en la persona de Carlos, consistentes en contusiones en rodilla y espalda, para cuya curación precisó sólo la primera asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 5 días, permaneciendo durante 2 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin que le quedaran secuelas.
Asimismo, resultaron lesiones en la persona de Pascual, consistentes en contusión en brazo izquierdo y cervicalgia postraumática, para cuya curación precisó una sola asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 10 días, permaneciendo durante 7 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin que le quedaran secuelas; y, finalmente, lesiones en la persona de Cándido, consistentes en policontusiones, escoriaciones en espalda y antebrazo izquierdo y herida inciso-contusa en deltoides izquierdo, para cuya curación precisó una sola asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 7 días, permaneciendo durante 3 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin secuelas.»
SEGUNDO.- Estimando el Juzgador recurrido que los referidos hechos probados eran constitutivos de delito, dictó el siguiente «FALLO: Que debo condenar y condeno Pascual, como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de lesiones, con empleo de instrumento peligroso, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años y nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, en el orden civil, a que indemnice a Alberto en la cantidad de seis mil trescientos veintitrés, con cincuenta y cuatro, euros (6.323,54 €.), por los perjuicios derivados de su incapacidad temporal; y, asimismo, debo condenar y condeno a Cándido, como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de lesiones, con empleo de instrumento peligroso, también definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años y nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, en el orden civil, a que indemnice a Berta en la cantidad de cuatro mil setecientos sesenta y dos, con diez, euros (4.762,10 €.-), por los perjuicios derivados de su incapacidad temporal.
Que debo condenar y condeno a Pascual y a Cándido, como responsables criminalmente en concepto de autor de dos faltas de lesiones cada uno de ellos, también definidas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, por cada una de las faltas, y, en el orden civil, a que indemnicen conjunta y solidariamente a Javier en la cantidad de cuatrocientos tres, con sesenta y cinco, euros (403,65 €.-), por los perjuicios derivados de las lesiones que sufrió, y a Carlos en la cantidad de ciento ochenta y nueve, con setenta y dos, euros (189,72 €.-), también por los perjuicios derivados de las lesiones sufridas.
Que debo condenar y condeno a Javier y a Carlos, como responsables criminalmente en concepto de autor de dos faltas de lesiones cada uno de ellos, también definidas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, a razón de una cuota diaria de cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, por cada una de las faltas, y, en el orden civil, a que indemnicen conjunta y solidariamente a Pascual en la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos, con siete, euros (452,07 €.-), por los perjuicios derivados de las lesiones que sufrió, y a Cándido en la cantidad de doscientos setenta, con cuarenta y cinco, euros (270,45 €.-), también por los perjuicios derivados de las lesiones sufridas.
Y todo ello, con imposición a Pascual y a Cándido de una cuarta parte de las costas causadas en este procedimiento a cada uno de ellos, y a Javier y a Carlos de una cuarta parte de las costas causadas a ambos; y con aplicación sobre las cantidades fijadas como responsabilidad de lo establecido en cuanto a intereses por el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Finalmente, debo absolver y absuelvo a Alberto, a Juana y a Tamara de las faltas de lesiones de que se les acusaba, con declaración de la cuarta parte de las costas causadas de oficio.».
TERCERO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, la representación de Pascual y Pascual interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes, oponiéndose el Ministerio Fiscal, que impugnó ambos recursos. Teniéndose por interpuesto el recurso en ambos efectos, se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno Rollo bajo el núm. 136/11. Por providencia de 16.1.12, se señaló la deliberación, votación y fallo de la causa para el 24.1.12 siguiente, en que ha tenido lugar.
CUARTO.- En la substanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
ÚNICO.- No se admite la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, que ha quedado transcrita, por los motivos que a continuación se exponen.
PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia, reacciona la representación procesal de los condenados Pascual y Pascual, invocando, en recursos sustancialmente idénticos, en primer lugar, la nulidad del juicio, por ausencia de imparcialidad en el juez, causante de indefensión, y, en segundo lugar, error en la apreciación de la prueba. En particular, la invocada nulidad traería causa de la conversación que habría tenido lugar inmediatamente después de terminar la celebración del juicio oral, el día 7 octubre 2010, en el Juzgado de lo Penal Número dos de Lorca, en el mismo momento en el que el Letrado de los recurrentes abandonaba la Sala de Vistas, junto a uno de sus clientes, Cándido. Esta conversación, por no haber sido interrumpido oportunamente el dispositivo tecnológico que permite la grabación de juicios, quedó también registrada, con imagen y sonido, a continuación del juicio. El tenor de esta conversación, en el que intervendrían, además del Juzgador, la representante del Ministerio Fiscal y la Sra. Secretaría Judicial, demostraría, para los recurrentes, que el juzgador, lejos de adoptar una posición imparcial, habría prejuzgado lo sucedido.
SEGUNDO.- Una vez delimitado el concreto objeto devolutivo, es preciso proceder a su análisis, teniendo en cuenta que, una vez examinada la documentación videográfica y, en concreto, la que se refiere a lo sucedido inmediatamente después de concluido el juicio, se comprueba que, en efecto, la transcripción que la recurrente realiza de lo que se dijo en esos breves momentos es fiel reflejo de lo sucedido. Así, tras urgir, de alguna manera, al letrado de la recurrente, para que abandonase la sala de vistas, ya solos en ella el Juzgador, la representante del Ministerio Fiscal y la Secretaria judicial, el primero dice, en tono coloquial, «de verdad… que una cosa,… qué juicio…, a mí me agotan estas cosas…a mí me agotan… la sentencia la pongo esta tarde, porque si no, de pensar en ver esto otra vez…». A continuación, la representante del Ministerio Fiscal observa «y a mí, a mi me desespera… uno en contra de todos», interviniendo la Secretaria Judicial, con el comentario «ay, ay, ay,…¿ y la última testigo?…». El juez, en este momento, interviene de nuevo: «¿Y la testigo? La última, era camionera total, camionera… pero bueno, ¿no ha venido un poco borracha, no habéis visto vosotros un punto raro?» La Secretaria añade «como si fuera a lo suyo». El Juez, nuevamente, interviene, con el comentario «pero claro, si se han contradicho éstos, porque yo no me estudiado las declaraciones a ese límite, y ésta viene ratificando lo que han dicho después, es mentira todo… vamos no venía a defenderlos… dice bueno uno o el otro o el otro alguno le había dicho que estaba como de aquí a aquí, uno de esos testigos elaborados… pero qué mala pinta me ha causado ella y, cuando la he visto entrar con esos pantalones…» A continuación, se suceden determinados comentarios referidos a los letrados. En palabras del Juez, en referencia a uno de los abogados, afirma que es correctísimo, «pero éste… (al parecer en referencia al letrado de los recurrentes)…éste se extiende… éste lo temo ya yo un poco», añadiendo (lo que omite el recurrente) «y es muy agradable y todo…», a lo que añade la Secretaria «sí, éste es más peligroso, a mi me parece éste está más en su sitio». Procede, pues, examinar si esta conversación vulnera, de alguna manera, el derecho a un proceso con todas sus garantías y, en concreto, el derecho a ser enjuiciado por juez imparcial que asiste a los recurrentes, con el consiguiente efecto de nulidad del juicio que se pretende.
TERCERO.- La imparcialidad del Juez o Tribunal sentenciador representa el primer atributo y presupuesto del mismo juzgador, consagrado tanto en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, cuyo art. 6.1 dispone que «toda persona tiene derecho a que su causa sea conocida… por un Tribunal independiente e imparcial», y en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna , que lo incluye en el haz de derechos inherentes a un proceso con todas las garantías. Una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional ha afirmado que la imparcialidad del Tribunal forma parte de las garantías básicas del proceso (art. 24.2 CE ), constituyendo, incluso, «la primera de ellas: ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, lo que son notas esenciales que caracterizan la función jurisdiccional desempeñada por Jueces y Magistrados, de modo que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso judicial» (ATS de 3.2.11). La dimensión más evidente de la imparcialidad judicial se refiere a la ausencia de una relación del juez con las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas. Junto a ella convive su vertiente objetiva, que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizá existir a raíz de una relación o contacto previo con el objeto del proceso, vertiente de imparcialidad objetiva sobre la que, conforme a una consolidada doctrina, no pueden establecerse parámetros generales, sino que habrá de analizarse caso a caso, a la luz de sus concretas características y bajo los presupuestos de que en principio la imparcialidad del juez ha de presumirse y los datos que puedan objetivamente poner en cuestión su idoneidad han de ser, por una parte, probados, y de que, por razones obvias de estricta y peculiar vinculación del juez a la Ley, tal imparcialidad es especialmente exigible en el ámbito penal (por todas, SSTC 39/2004, de 22 de marzo, F. 3; 41/2005, de 28 de febrero, F. 3; 202/2005, de 18 de julio; 240/2005, de 10 de octubre, F. 3; 306/2005, de 12 de diciembre, F. 3). También ha declarado el Tribunal Constitucional en la STC 41/2005, de 28 de febrero, con cita de la STC 39/2004, de 22 de marzo, que: «la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, está implícita en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE ), constituyendo una exigencia que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional, con una especial trascendencia en el ámbito penal. El reconocimiento de este derecho exige –por estar en juego la confianza que los Tribunales deben inspirar en una sociedad democrática–, que se garantice al acusado que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial». En segundo lugar, resulta esencial destacar, como sugería ya la STC 145/1988, de 12 de julio, la importancia de evitar, incluso, la mera «impresión de que el Juez no acomete la función de juzgar sin (con) la plena plena imparcialidad que le es exigible». Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión sobre el caso «De Cubber», de 26 de octubre de 1984, y ya antes en la recaída sobre el caso «Piersack», de 1 de octubre de 1982, ha insistido en la importancia que en esta materia tienen las apariencias, de forma que debe abstenerse todo Juez del que puedan temerse legítimamente una falta de imparcialidad , pues va en ello la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática han de inspirar a los justiciables, comenzando, en lo penal, por los mismos acusados». Son estas apariencias, precisamente y no, obviamente, las dudas acerca de la imparcialidad real del Juzgador, ni tampoco los errados argumentos de las recurrentes relativos a una anunciada dejación de una inexistente obligación de visionado de la grabación del juicio por el Juez, las que resultan, a juicio de la Sala, decisivas para la anulación del juicio.
CUARTO.- Comenzando por las últimas consideraciones que son, sustancialmente, las de las recurrentes, se argumenta en el recurso, que el prejuicio que se imputa al juzgador se revelaría por su anuncio de que pondría la sentencia ahora recurrida, esa misma tarde, sin haber estudiado, en sus propias palabras, en profundidad, las previas declaraciones, y sin ver nuevamente la grabación del juicio. Frente a lo que parecen sugerir las recurrentes, no existe obligación alguna de visionado de la grabación, con carácter previo a la redacción de la sentencia, representando aquélla una forma, prioritaria, pero no necesariamente obligatoria, de documentación del acto, que representa una garantía, en especial, para las partes, al objeto de someter al sistema de recursos, en las mejores condiciones, la decisión de la causa en sentencia, facilitando, eventualmente, con el limitado efecto que la doctrina constitucional le confiere ya a este visionado, la labor del tribunal de segunda instancia. Pero nada impide, obviamente, que el juzgador de instancia, en especial cuando, como es el caso, anuncia una redacción inmediata de la sentencia, prescinda absolutamente de un visionado innecesario, en cuanto conserva memoria de lo sucedido en el acto del juicio y en concreto, del resultado de la prueba practicada. De hecho, por ejemplo en STS de 24.2.11, la inmediatez en la redacción de la sentencia, con eventual recurso al auxilio de notas o grabación, merece un juicio lógicamente positivo en esta reflexión: «En cuanto al derecho a un proceso con todas las garantías, la alegación del recurrente se basa en una suposición según la cual el Tribunal habría abandonado cualquier consulta, estudio, consideración o deliberación sobre lo actuado en el proceso tras la finalización del juicio oral. Es claro que tratándose de cuestiones complejas nada impide que el Tribunal, ayudándose de las notas tomadas, del acta y, en su caso, de la grabación realizada conforme a medios técnicos más avanzados, prolongue la deliberación manteniendo vivo el recuerdo del juicio e incluso precise de un tiempo mayor del habitual para alcanzar una redacción de la sentencia que sea aceptada por todos los componentes de la Sala. Estas consideraciones no son contrarias a la constatación de la conveniencia de evitar el transcurso de un tiempo excesivo entre la finalización del juicio oral y el dictado de la sentencia». No existe, por tanto, en este anuncio, en las palabras iniciales del juzgador, en el segmento de conversación que se somete a examen, atisbo alguno de parcialidad, ni real, ni aparente. Una valoración que, sin embargo, por los motivos que a continuación se exponen, no puede extenderse a la totalidad de dicha conversación.
QUINTO.- En principio, parece que debería prestarse mayor atención a lo que el juez dice que a lo que el juez escucha. Bajo esta premisa, son relevantes los comentarios relativos a una testigo de la defensa y a los respectivos abogados de las partes. Respecto de la primera, el juez, más allá de expresar lo que ya es, prácticamente, una convicción posterior a la práctica de la totalidad de la prueba, realiza determinados comentarios respecto al atuendo, aspecto y posible intoxicación etílica de una testigo que se afirma ha causado, nada más entrar, por su vestimenta, una mala impresión en el juzgador. En la sentencia, la declaración de la testigo en cuestión, Ana, es objeto de descalificación, en la valoración conjunta de la prueba, calificándola de evidencia de la falsedad de la versión ofrecida por los ahora recurrentes, por razón de su proposición en el acto del juicio, sin tener noticia de ella anteriormente, afirmando que «existen motivos para dudar de las manifestaciones de una testigo que en ningún momento ha sido mencionada, pese a los graves hechos enjuiciados». Más adelante, se afirma que esta testigo negó la existencia de atropello alguno «con la misma seguridad en sus manifestaciones de la que Ana quiso hacer gala en todo momento», cuestionando, en fin, el apoyo de sus manifestaciones a la versión de los recurrentes, calificando su actitud de posicionamiento junto a los hermanos Cándido y Pascual y «defensa a ultranza de la conducta de éstos». No se duda que este juicio se corresponda, exactamente, con una cabal valoración de la prueba en su conjunto y del testimonio en particular. Pero parece evidente que estas afirmaciones, precedidas del conocimiento de comentarios relativos al aspecto y aparente embriaguez de la testigo, inmediatamente después del juicio, antes de ser dictada sentencia y con referencia, incluso, a una primera impresión negativa, antes de comenzar la declaración, generan, en el hombre medio, una impresión, una apariencia, de prejuicio y, por tanto, de parcialidad. No se juzga, por el contrario, trascendente, el comentario relativo a la comparación de los letrados, en el que los recurrentes omiten, deliberadamente, el reconocimiento positivo del carácter o trato «agradable» de un letrado, al que si algo, manifiesta temer el juzgador.
SEXTO.- En cualquier caso, como recuerda la STS 2.2.11«no se trata de primar los deseos o preferencias del justiciable respecto a la composición personal del órgano de enjuiciamiento, ni tampoco de atender sus dudas basadas en meras apreciaciones o impresiones personales, sino que para que pueda afirmarse que un Tribunal puede no ser imparcial es preciso que las dudas sobre la imparcialidad estén objetivamente justificadas». Pero, nuevamente, las apariencias son importantes, aunque las dudas sobre la imparcialidad, para ser atendidas, no puedan basarse en meras impresiones, exigiendo una justificación objetiva (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). La imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3;162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). Como señala la reciente y conocida STS 2.2.11, «el Juez ha de ser, y ha de aparecer, como alguien que no tenga respecto a la cuestión concreta sobre la que ha de resolver y en cuanto a las personas interesadas en ella, ninguna idea preconcebida ni ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad. El TEDH se ha referido al punto de vista del acusado respecto de la imparcialidad del Tribunal, para decir que aunque su visión de la cuestión es importante, no es sin embargo decisiva. Mayor importancia ha concedido al hecho de que sus sospechas puedan valorarse como objetivamente justificadas. (Entre otras en la STEDH de 25 septiembre 2001, Caso Kizilöz contra Turquía; en la STEDH de 25 julio 2002 Caso Perote Pellón contra España, y en la STEDH de 17 de junio de 2003, Caso Pescador Valero c. España). La misma línea ha seguido el Tribunal Constitucional, que en la STC 69/2001, de 17 de marzo, con cita de otras muchas resoluciones, recordaba que «para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la Ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. Por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas». Como señala en la STC 60/2008, entre otras, «la imparcialidad judicial se encuentra dirigida, en efecto, a asegurar que la pretensión sea decidida por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio y que se someta exclusivamente al Ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: primera, que el Juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2»). En aplicación de esta doctrina caso, debemos comenzar por advertir que, frente a lo que pudiera sugerir alguna referencia incidental contenida en la misma sentencia que se transcribe, relativa a un comentario de una magistrada durante la declaración de un acusado, la circunstancia de que la conversación, el comentario, haya tenido lugar, en este caso, cuando el juicio oral había concluido ya, no es decisiva, pues, a) no siendo públicos esa conversación ni esos comentarios, han sido conocidos por terceros y, en concreto, por la otra parte en el juicio y b) hasta que, se insiste, no se anticipa oralmente una sentencia, con suficiente motivación, sin perjuicio de su ulterior documentación por escrito o hasta que no se firma por el Juez o Tribunal, no ha concluido, en rigor, el juicio en la instancia (e incluso, cabe prolongar esta fase a través de eventuales aclaraciones).
Y ello sin contar con que, en relación con la testigo, el Juzgador admite la existencia de un cierto prejuicio durante el juicio, basada en una primera impresión. Por mantener el paralelismo, se exterioriza y se conoce, sin la voluntad del Juzgador en este caso, después del juicio, pero se admite que existía antes de que llegara a su fin y se corresponde, aunque no se sugiere en modo alguno que en relación causal, con una valoración negativa y contraria a los intereses de los recurrentes, del testimonio en cuestión. En estas circunstancias, las dudas de los recurrentes sobre la imparcialidad del Juzgador deben considerarse objetivamente justificadas.
SÉPTIMO.- Y, con todo, el aspecto más preocupante, en términos de apariencia de parcialidad, que revela el visionado de este pequeño segmento, se refiere a la posible interferencia, en una decisión todavía no formalizada, de lo que las recurrentes denominan comentarios de otras personas, ya sean secretarios, fiscales etc., pese a conectar esta reflexión con la insistencia en el visionado de la grabación del juicio con carácter previo a la redacción de la sentencia. Pero sucede que, precisamente, esta posible interferencia, provocada al entrar en conversación, por distendida e informal que sea, inmediatamente después del juicio, con quien era todavía parte en el mismo, esto es, con la representante del Ministerio Fiscal que acababa de tomar parte en él, vulnera el derecho a la igualdad de armas y genera, a la vez, para el observador, y, en este caso, para los enjuiciados, una importante apariencia de parcialidad. En la conversación, el juez se dirige, fundamentalmente, en sus reflexiones, a la representante del Ministerio Fiscal, que, además de hacer visibles gestos de asentimiento, introduce algún comentario, valorando el resultado de la práctica de la prueba, considerando que se trataba de un caso de «todos contra uno». El juzgador, al permitir, sin atisbo de mala voluntad, sin apartarse de lo que, con toda probabilidad, es manifestación de un hábito forense arraigado, que una de las partes, en ausencia de la otra, concluidos los informes que tienen por objeto la valoración de la prueba, está concediendo a una de las partes, a la acusación, una posición de ventaja, una capacidad de influir, eventualmente, en su convicción, de la que carece la otra parte. Y lo permite en un momento todavía «sensible» en términos de imparcialidad, esto es, con carácter previo a la redacción de una sentencia, que concluye el juicio, sólo cuando es suscrita por la firma del juzgador, sin que importe, a estos efectos, que aparentemente la íntima convicción esté formada ya al concluir el acto del juicio oral, en cuanto cabe siempre la posibilidad de modificarla, tras proceder al examen de toda la causa e, incluso al hilo de la redacción, de la argumentación escrita, que puede revelar, por ejemplo, que la convicción alcanzada no resiste el contraste con el proceso de motivación de la prueba. Si esta oportunidad concedida sólo a una de las partes afecta al principio de igualdad, a la vez, para el espectador medio, la confianza y el privilegio para una de las partes que esta conversación aparenta, compromete, desde el punto de vista, relevante, de las apariencias, la imparcialidad del juzgador. No desconoce la Sala que la reiterada coincidencia de jueces y fiscales en la celebración de juicios, en especial en localidades relativamente pequeñas, así como, desde un punto de vista orgánico y constitucional, la propia función de defensa de la legalidad que atribuye el ordenamiento al Ministerio Fiscal, propicia relaciones de mayor confianza y proximidad entre aquéllos, que las que, en la mayoría de los casos, establecen los jueces con los profesionales de la Abogacía, más numerosos, y comprometidos siempre en la defensa de su cliente. Esta evidencia no permite ignorar, sin embargo, que cuando un justiciable, como es el caso, tiene acceso directo, mediante el visionado de una grabación, al modo en que esa relación de confianza se extiende al tratamiento de lo sucedido en juicio, antes de ser juzgado y en ausencia de su propio letrado, es razonable que cuestione la imparcialidad de quien todavía no ha emitido un juicio sobre los hechos que le han sido sometidos y del que depende su absolución o condena. Este involuntario acceso a lo que de ordinario se tolera por jueces, fiscales y hasta por los propios letrados, revela una apariencia que, para el ciudadano, en cuya confianza en la imparcialidad de los jueces descansa, en buena medida, la fiabilidad del sistema de justicia, pone en tela de juicio esa imparcialidad. Una apariencia que, una vez revelada, ha de ser objeto de tan lamentable como enérgica y necesaria reacción como la representada por la declaración de nulidad del juicio y su necesaria repetición ante juez distinto, sin entrar, obviamente, a considerar otros motivos de los recursos.
VISTOS los preceptos legales citados en la sentencia y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS PRIMERO DE ESPAÑA,
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Juan Cantero Meseguer y Antonio Aguirre Soubrier, en nombre y representación de Cándido y Pascual, respectivamente, contra la sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado número 504/09 seguido ante el Juzgado de lo Penal núm. Dos de Lorca, y desestimando la oposición al recurso sostenida por el Ministerio Fiscal, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS ÍNTEGRAMENTE DICHA RESOLUCIÓN, con declaración de la NULIDAD DEL JUICIO del que trae causa y que deberá repetirse ante Juez distinto, declarando de oficio las costas causadas en este recurso.
Notifíquese la presente resolución y llévese certificación de la misma al Rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.
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Amigos y amigas: El Colegio de Abogados de Costa Rica, la Asociación de abogados y abogadas de la zona sur y el Instituto para la Promoción del Derecho procesal invitan a su IX congreso internacional de derecho procesal que se realizará los días 28, 29 y 30 de mayo en Costa Rica.
Descargar aquí programa del congreso PDF.
PROGRAMA IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL (1)

References: artículo 263
 resolución 
 artículo 264
 artículo 120
 artículo 125
 artículo 126
 artículo 127
 artículo 117
 resolución 
 artículo 25
 artículo 541
 artículo 24
 artículo 162
 artículo 36
 artículo 576
 resolución 
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