Source: https://www.scribd.com/document/130452511/La-Reeleccion-Presidencial-en-Bolivia-2010-2013
Timestamp: 2018-11-18 17:28:07+00:00

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Este es un documento en el cual he logrado compilar los distintos artículos de opinión que escribí desde el año 2010 hasta el presente año 2013 sobre la REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN BOLIVIA, incluyendo el análisis sobre el reciente Proyecto de Ley elaborado por la Asamblea Legislativa de Bolivia, para habilitar la Segunda Reelección Presidencial de Evo Morales en Bolivia, lo cual considero absolutamente inconstitucional.
La Reeleccion Presidencial en Bolivia (2010 - 2013...
UNA TIPOLOGÍA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES.
Apuntes sobre la Reelección Presidencial en el Estado Plurinacional de Bolivia (2010 - 2013
el Presidente puede ser reelegido inmediatamente por un mandato más; b) En Bolivia, el 25 de enero del pasado año 2009, los bolivianos fuimos impulsados (y en otros casos, fueron determinados a apoyar la “consigna masista”) a decidir por la aprobación mediante voto popular (referéndum constituyente) del nuevo texto constitucional entre cuyas disposiciones se establece: “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua” (Artículo 168, NCPE), abriéndose de esta forma, las puertas para la reelección presidencial consecutiva, ¿o es que acaso solamente nos fijamos en los nuevos derechos y garantías, y las demás cosas bonitas que nos pintaban los slogans televisivos de fuentes gubernamentales sobre la Nueva Constitución, para aprobarla en el referéndum? REELECCIÓN PRESIDENCIAL INMEDIATA Ciertamente una de las grandes discusiones actuales a nivel constitucional se refiere a la reelección presidencial inmediata: vale decir, la eventualidad de que un Presidente en ejercicio de sus funciones, pueda volver a postularse para el cargo, en las elecciones inmediatamente posteriores al término de su mandato. Esta posibilidad obviamente tiene sus aspectos favorables y sus connotaciones perjudiciales: como ventaja, tiene la de extender una gestión gubernamental con un programa y un equipo de gobierno (alterable) durante un periodo prolongado, asegurando así su implementación (siempre y cuando exista efectivamente esa necesidad real para el mejor desarrollo de la sociedad); pero sin embargo también provoca una desventaja para otros adversarios políticos o fórmulas alternativas de cambio, a quienes únicamente les queda luchar desde las calles o a través de algún medio de comunicación que les abra las puertas para su “pequeña campaña”, mientras que el Presidente en funciones aprovecha su posición hegemónica para hacer su propia propaganda desde el mismo centro de poder, y en base a los relativos “logros” alcanzados en su gestión de gobierno, y un ejemplo de ello es lo que ha sucedido precisamente en nuestro país, en ocasión del Referéndum Revocatorio, y las Elecciones Generales del año 2009, habiéndose dispuesto y utilizado indebidamente los recursos económicos del Estado en una “campaña presidencial”, más que electoral. Por otro lado se debe anotar también que otra de las desventajas consistirá en que los adversarios políticos saquen provechos de los errores cometidos en su gestión (que por ejemplo ahora ya son muchos y que suman cada día más en la actual gestión de gobierno), y mucho más si se considera la notable disminución de la popularidad del gobernante de turno y todo su séquito de Ministros de Estado (la mayoría de ellos cuestionados en su accionar de manera inconsulta, por parte de las organizaciones sociales), drásticamente infectada por asuntos políticos, económicos, sociales y otros, que ciertamente no fueron atendidos en forma oportuna, quedando en consecuencia absolutamente irresueltos y pendientes, ya sea por falta de tiempo suficiente para afrontarlos, ya sea por el desinterés en su solución inmediata y pacífica (o talvez sea porque los actores sociales no estaban enclaustrados en una mina por varios días, para ser escuchados en sus demandas y
atendidos personalmente por el Presidente). Y precisamente por estas razones, encontramos que en varios países de Latinoamérica está prohibida la reelección presidencial inmediata. REELECCIÓN PRESIDENCIAL INDEFINIDA Algunos países limitan la reelección presidencial en cantidad de veces. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se permite la reelección presidencial inmediata; ahora bien, la Enmienda 22 de la Constitución Norteamericana permite ser electo presidente sólo dos veces (consecutivas o no). En la Federación Rusa, en cambio, si bien sólo se permite una reelección consecutiva, sí se permite ser presidente varias veces. En Venezuela se sometió a plebiscito un proyecto de reforma constitucional en el año 2007 que promovía la reelección presidencial indefinida, entre otros cambios que se planteaban, siendo rechazado por un estrecho margen. Pero hubo otro referéndum en el mes de febrero de 2009, donde finalmente la opción reeleccionista resultó ganadora. Por otro lado, entre aquellos países que prohíben de manera absoluta la reelección presidencial, por ser claramente incompatible con el sistema democrático y representativo el hecho de confiar el ejercicio de la función ejecutiva en una misma persona, sin plazo determinado y con manifiesto propósito de perpetuación, son ejemplos dignos de mencionar los países de: Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Así por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República “en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”. Finalmente, un caso particular (y de no pocas discusiones) lo constituye la reelección del presidente en ejercicio, en caso de reforma constitucional, teniéndose la disyuntiva respecto a si cabe computar el periodo corriente como "primer periodo" o no. Tal discusión originó fuertes controversias en la Argentina de Carlos Saúl Menem y en el Perú de Alberto Fujimori, y que ahora también se pone en el tapete de la discusión en el Estado Plurinacional de Bolivia, después de que durante una entrevista que el Presidente Morales concedió el 20 se septiembre en Nueva York a la cadena CNN, la periodista Adriana Hausser quien, con indisimulada intención, preguntó al Mandatario Boliviano: ¿Cuál es su posición en cuanto a la reelección indefinida?, ¿estará usted dispuesto a postularse nuevamente?, y la respuesta del Presidente fue: que la “Carta Magna” permite una sola reelección, que su actual gestión presidencial sería presuntamente la primera en el marco del Estado Plurinacional (¿?) y que esa eventualidad no depende de él, sino del pueblo boliviano.
Pero si consideramos la notable mayoría parlamentaria que posee el Movimiento Al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (aunque ya cuenta con algunos disidentes), y la disimulada forma que tienen las instancias gubernamentales de manipular y desinformar a la ciudadanía, imponiéndoles una consigna basada en la voluntad del Presidente y su cúpula partidaria (“lo que el Evo dice, se hace”, según
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN BOLIVIA Previamente cabe recordar que desde una perspectiva jurídica, la Constitución es la Ley suprema de todo el ordenamiento jurídico del Estado, cuyas normas regulan el sistema constitucional, es decir la forma en que se organiza y estructura el Estado, proclamando a su vez los valores supremos y principios fundamentales sobre los que se asienta el mismo, consagrando los derechos fundamentales y las garantías constitucionales para hacerlos efectivos, definiendo y delimitando la estructura social, económica-financiera, jurídica y política, así como su régimen de gobierno y los órganos a través de los cuales será ejercido el poder político, determinando su organización y el ámbito específico de competencias de cada una de sus instituciones. Por otro lado, y desde una perspectiva política, la Constitución se define como un pacto social y político adoptado por el pueblo, y que fija las normas y reglas básicas de convivencia pacífica para el desarrollo y la construcción democrática de la sociedad; es decir que se trata de un ordenamiento en el cual las libertades de los ciudadanos en relación con las autoridades gubernamentales, se hallan protegidas a través de la división del ejercicio del poder político, en una coordinación separada de órganos y funciones estatales. Asimismo, se debe tener presente que en el constitucionalismo contemporáneo se considera que una Constitución desempeña funciones de vital importancia en la organización y funcionamiento de un Estado Democrático Constitucional de Derecho, y una de ellas consiste precisamente en garantizar la construcción democrática de la sociedad, lo que significa que la Constitución al definir la configuración del Estado y la Sociedad, determina las condiciones para el ejercicio del poder político sobre ciertas bases, como por ejemplo: i) la voluntad ciudadana como base y fundamento del poder político del estado; ii) la concepción plural de la Sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que interaccionan los diferentes grupos sociales, situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano y que, a la par, proporcionan a éste la posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad; iii) la participación ciudadana como principio rector de la vida social y política; y, iv) la democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia.
Ahora bien, según lo previsto por el artículo 168 de la NCPE respecto del período de funciones del Presidente del Estado Plurinacional (elegido mediante voto popular) se ha establecido que: “El período de mandato de la Presidenta o del Presidente, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. De manera idénticamente similar, respecto de los miembros de la Asamblea Legislativa (cuya mayoría corresponde al partido de gobierno), en el artículo 156 de la NCPE se ha establecido también que: “El tiempo de mandato de las y los asambleístas es de cinco años pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua”. En sentido contradictorio a lo anterior, la nueva Ley del Órgano Judicial, respecto al Período de Funciones de las máximas autoridades judiciales (elegidas por voto popular), en su artículo 35 prevé que las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tendrán su período de mandato por seis años computables a partir del día de su posesión y no podrán ser reelegidas ni reelegidos; asimismo la nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 14 también prevé que las Magistradas y Magistrados de este Tribunal, desempeñarán sus funciones por un período personal de seis años, computables a partir de la fecha de su posesión, no pudiendo ser reelegidas ni reelegidos de manera continua. Conforme se puede ver, las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, que en ejercicio de sus derechos políticos postulan en calidad de representantes nacionales, y que son elegidos mediante voto popular y directo de la ciudadanía, para desempeñar funciones en el Órgano Ejecutivo y en el Órgano Legislativo SÍ PUEDEN SER REELECTOS DE MANERA CONTINUA, y sin embargo los mismos miembros de la sociedad boliviana, que por tener la formación profesional de Abogados (porque se requiere mínimamente esa calidad para administrar justicia a nivel nacional), y cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, postulen para desempeñar funciones públicas de servicio a la sociedad en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional, pese a haber sido elegidos mediante voto popular NO PUEDEN SER REELECTOS inmediatamente de haberse cumplido el período de su mandato, sin que se pueda considerar que los mismos hayan demostrado su idoneidad y capacidad profesional suficientes para continuar desempeñándose en el cargo por un período adicional. ¿A qué se debe ese trato diferenciado (y acaso discriminatorio) establecido por la misma Constitución hacia los miembros de la judicatura -ordinaria o constitucional- que también conforman la población boliviana?; ¿es que acaso no constituye unos de los fines y funciones del Estado Plurinacional, el constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales? (artículo 9 numeral 1 constitucional); ¿No es cierto entonces que el Estado Plurinacional prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de (…) condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción (…) u otras que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos (civiles y/o políticos) de toda persona? (artículo 14, parágrafo II constitucional). Por tanto, se evidencia que se trata de un problema de fondo, contenido en la misma Ley Fundamental, elaborada por el sector mayoritario de la Asamblea Constituyente (proveniente del partido oficialista), reformada posteriormente por el entonces H. Congreso Nacional (¿?), y actualmente vigente desde el pasado año 2009, en la cual el derecho a la participación no es en ninguna forma equitativo, ni mucho menos se realiza en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres (artículo 26 parágrafo I constitucional), de donde resulta finalmente que el denominado “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional (…)” instaurado por la Constitución, no parece ser tan democrático como tanto se ha pregonado (sólo para lograr la aprobación del texto constitucional mediante referéndum popular), siendo que recién ahora pueden verse las consecuencias del trato diferenciado que brinda a unos sectores frente a otros. De manera adicional, en lo referido a nuestro régimen electoral, se debe señalar que ciertamente mediante Ley Nº 4021 del Régimen Electoral Transitorio instaurado en el mes de abril de 2009, se convocó a elecciones generales de Presidente, Vicepresidente y miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional en todo el territorio del Estado Plurinacional para el día domingo 6 de diciembre de 2009, por un periodo constitucional de cinco años, sin embargo, esta Ley en su artículo 25 también dispuso que: “(…) En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la CPE, el cómputo de mandatos constitucionales se regirá de conformidad a lo siguiente: a) Se computará como primer periodo, el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado; b) Para el efecto del cómputo se considerarán los mandatos correspondientes al mismo cargo”. Actualmente, habiendo finalizado la vigencia de la referida disposición legal (con la disposición abrogatoria establecida por la nueva Ley Nº 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010), cabe recordar que la NCPE, a pesar de haber sido redactada y elaborada “a medida” del actual gobernante, por parte de sus “sastrecillos valientes” del año 2007, en su DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA, Parágrafo II dispone expresamente que “los mandatos anteriores a la vigencia de ésta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”, salvo que éste aspecto proveniente de la voluntad de los representantes del pueblo boliviano, no sea consecuente con la reciente “idea-capricho” de una tercera reelección, aún no estando concluido el segundo período de mandato presidencial instaurado después de la supuestamente “arrasadora” victoria electoral de Diciembre del pasado año 2009. Finalmente para reflexionar sobre la tendencia prorroguista que se deja ver a nivel latinoamericano, cabe señalar que cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia de Venezuela en el año 1999, la Constitución venezolana no permitía la reelección. Con tal motivo, ese mismo año llevó a cabo una Asamblea Constituyente, donde,
entre otras cosas, se extendió el periodo presidencial a seis años, permitiéndose la reelección. Posteriormente, en el año 2009, luego de 10 años en el poder, se impulsó un referéndum para permitir la reelección indefinida. De manera idéntica, cuando Evo Morales asumió la Presidencia de nuestro país, la entonces vigente Constitución boliviana no permitía la reelección en periodos consecutivos, sin embargo Morales (siguiendo el ejemplo de Chávez), también convocó una Asamblea Constituyente en el año 2007, y ahora la nueva Constitución boliviana aprobada el año 2009 permite la reelección consecutiva, instrumento con el cual Evo Morales apostó a ganar un segundo período de mandato en las elecciones de Diciembre del pasado año, y lo logró. Por tanto, y considerando que el período constitucional del Presidente y Vicepresidente, no se encuentra en el ámbito de las bases fundamentales del Estado ¿creen ustedes que sería una novedad si mañana, el partido mayoritario y de filiación masista en la Asamblea Legislativa, se vuelve a reunir para modificar la Constitución y así asegurar una tercera reelección del Presidente Morales?1
¿Una Reelección Presidencial MAS en Bolivia?(*)
Esta reciente iniciativa, ha provocado la reacción contraria por parte de algunos líderes políticos de la oposición, quienes le recordaron al Gobierno que existe un acuerdo previo al referéndum para la aprobación de la Constitución, y que consiste en tomar en cuenta el primer Gobierno de Evo Morales, que comenzó en 2006, por lo que ahora está en curso su segunda gestión, para la que fue reelegido en diciembre de 2009. Inclusive se ha planteado la posibilidad de convocar a un referéndum nacional para modificar la Constitución, con carácter previo a habilitar al actual Presidente para su tercera reelección, y es indudable que este asunto, si las circunstancias lo exigen, tendrá que ser dilucidado en su momento por el Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián e intérprete de la Constitución. El pensamiento bolivariano sobre la Reelección Presidencial Sobre la posibilidad de reelección presidencial, es interesante recordar las palabras del Libertador Simón Bolívar, quien dejó sentadas las bases de un buen gobierno republicano y democrático, y que a pesar de todo el tiempo transcurrido, aún recobran vigencia, por su innegable utilidad para el mejor desenvolvimiento de los regímenes democráticos en los “países bolivarianos”. Es así que, en su Discurso ante el Congreso de Angostura (1819) el Libertador dejó establecido que: "La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía (…)". Este certero pensamiento, pretende poner en evidencia que, desde cualquier punto de vista, el poder político es el más codiciado entre los hombres, dado que unos sólo lo buscan para dominar, para imponerse sobre los demás; otros, para adueñarse de la mayor cantidad posible de bienes de la nación, para enriquecer a sus familias, y algunos otros más, simplemente para vengarse de sus enemigos y lograr satisfacer así sus bajas pasiones. Ciertamente, son muy pocos quienes codician y buscan el poder para hacer el bien a los demás, para servir plenamente a la patria que los ha elegido para ese fin, transformando a ésta, en grande y gloriosa. De ahí que, en la historia sólo se ha llegado a conocer algunos excepcionales ejemplos, claros y palpables, de semejante cualidad humana: El Libertador Simón Bolívar, el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, el Mariscal de Zepita Andrés de Santa Cruz, entre otros. Y es que, son muy pocos los que realmente piensan en el origen del poder, es decir, que todo poder proviene del pueblo soberano, y que toda autoridad de los poderes públicos (en los máximos Órganos del Estado) si no es un usurpador, entonces debe representar dignamente al pueblo, ejerciendo sus poderes por delegación, y rindiendo cuenta de todos sus actos.
Es el poder, algo que incita y embriaga como un afrodisiaco, y el que lo ejerce por primera vez, queda inevitablemente enviciado, con el deseo de seguir ejerciéndolo. Es por ello, que el Libertador asegura que nada es tan peligroso, como dejar permanecer el poder en un mismo ciudadano por largo tiempo, dado que aquello deriva en dos consecuencias funestas para toda sociedad: el pueblo se acostumbra a obedecerle, y el gobernante a mandarlo, de lo cual se origina la usurpación y la tiranía. Y el gobernante que se acostumbra a mandar, experimenta enseguida la tentación totalitaria, usurpando el poder como algo que le pertenece por derecho, y como todo el que usurpa, teme la crítica y teme la reacción del pueblo, transformándose en un tirano. Por otro lado, el pueblo que se acostumbra a obedecer ciegamente, pierde su sentido crítico y la capacidad de resistencia a la opresión. Debe recordarse que resistencia y obediencia son las virtudes inherentes al ciudadano: por la obediencia asegura el orden, y por la resistencia, asegura la libertad; de ahí que, orden y libertad son elementos indisolubles y correlativos a la existencia del hombre en sociedad. “La libertad no va sin orden; el orden no vale nada sin libertad. Obedecer, resistiendo, he aquí todo el secreto. Lo que destruye la obediencia es la anarquía; lo que destruye el orden es la tiranía”. Por último, otro efecto evidente de la usurpación y al tiranía es el retroceso a la barbarie. Los pueblos se embrutecen bajo el terror del despotismo, porque donde se destruye la libertad, se destruye también el principal factor de creación, progreso y superación de los pueblos2. Las Declaraciones Internacionales sobre Derechos Políticos Respecto a la vigencia de los derechos políticos fundamentales (derechos democráticos) a nivel latinoamericano, cabe señalar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos -aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948-, consagra los siguientes: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos; 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (…)”. Asimismo el Artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada por la IX Conferencia Interamericana (Bogotá, 1948) establece el derecho de sufragio y de participación en el gobierno, en los siguientes términos: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.
Dichos preceptos de carácter universal, establecen los derechos políticos fundamentales de las personas, también denominados como “derechos democráticos”, y comprenden precisamente: el derecho a elegir y ser elegido (que no puede ser vulnerado sólo por afanes prorroguistas de un Presidente), el derecho a desempeñar cargos públicos (que comprende a todos los ciudadanos, y no sólo a los que pertenezcan al partido de gobierno), el derecho de dirigir, individual o colectivamente, peticiones a las autoridades (que comprende el legítimo derecho de demandar la revocatoria de mandato en cualquier tiempo), el derecho de formar y organizar partidos políticos o agrupaciones ciudadanas (lo que impide la existencia del partido único en el poder), el derecho de libre asociación (con cualquier finalidad que no afecte al interés colectivo y/o derechos individuales), etcétera; y éstos derechos precisamente se hallan reconocidos en los distintos ordenamientos constitucionales de los países latinoamericanos, consagrando indudablemente la tendencia de alternabilidad en el gobierno, debiendo considerarse que la observancia y/o el desconocimiento de estos preceptos por parte de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, determinará el grado de avance democrático de los Estados. Sobre este aspecto, es importante considerar, que conforme se ha establecido en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la Primera Sesión Plenaria de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, reafirmando que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia; se ha establecido que: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (artículo 3). Similares disposiciones se encuentran establecidas tambien la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también denominada Pacto de San José de Costa Rica, 1969), en cuyo artículo 23, a tiempo de reconocer y consagrar expresamente los derechos políticos inherentes a las personas, prevé que: “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y; c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
¿Qué es la Reelección Presidencial? La reelección presidencial surge de aquel precepto constitucional de carácter político, que permite a un ciudadano elegido democráticamente para el ejercicio de una función pública sujeta a un período de tiempo previamente establecido por la Constitución Política del Estado, el derecho de volver a postularse y ser nuevamente electo una o más veces para la misma función pública, regularmente mediante voto popular y/o referéndum en el cual participen todos los ciudadanos, lo cual se conoce también “continuismo” o “prorroguismo”. Ciertamente en la actualidad, a nivel latinoamericano se vive el fenómeno de la reelección en las tres modalidades generalmente conocidas: la inmediata (sin interrupción entre períodos de mandato), la alterna (con un período de cese intermedio) y la indefinida (de carácter prorroguista puro), debiéndose considerar que nunca antes desde el retorno de la democracia en algunos países de la región, habían existido tantos casos de presidentes reelegidos. Por tanto, es de hacer notar que la reelección presidencial es permitida en varios países de Latinoamérica de manera inmediata o consecutiva, pero también en algunos casos está prohibida la reelección presidencial indefinida, tal es el caso de: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, y también de nuestro país Bolivia. Así por ejemplo, entre los países que permiten más de una elección al cargo presidencial pero la prohíben inmediatamente, toda vez que deben transcurrir al menos un mandato presidencial están: Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Por otro lado, la reelección presidencial no es permitida, por lo menos hasta el momento, en Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Es evidente la tendencia que existe en la región por modificar y reformar sus respectivas Constituciones para que se permita la reelección presidencial; tanto así, que en países donde no estaba permitida esa posibilidad, ya ha sido aprobada y se puede decir que ya forma parte del paisaje político de Latinoamérica. ¿Qué nos dice la Constitución Boliviana? En los últimos años, varios países de la región han atravesado profundos procesos de reformas constitucionales, para introducir en sus Constituciones la reelección presidencial, teniéndose al respecto los siguientes casos a manera de ejemplo: a) En Argentina, el Presidente puede ser reelegido inmediatamente por un mandato más; b) En Bolivia, el 25 de enero del pasado año 2009, los bolivianos fuimos impulsados (y en otros casos, fueron determinados a apoyar la “consigna masista”) a decidir por la aprobación mediante voto popular (referéndum constituyente) del nuevo texto constitucional entre cuyas disposiciones se establece que el período de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, pudiendo ser reelectos por una sola vez de manera continua (Artículo 168, NCPE), abriéndose de esta forma, las puertas para la reelección presidencial consecutiva, un aspecto que no se pintaba
en los slogans televisivos de fuentes gubernamentales sobre la Nueva Constitución, para aprobarla en el referéndum popular del año 2009. Como se puede ver, es la misma Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, la que establece las directrices generales del régimen semi-presidencial que rige en Bolivia. En este sentido, se debe recordar que si bien el Artículo 168 de la actual Constitución –aprobada en base al “voto consigna” que el mismo Gobierno se encargó de implementar y difundir por todos los medios posibles–, prevé expresamente que: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”; sin embargo, existe también una regla constitucional, de aplicación preferente, que define el tema de la reelección presidencial; de ahí que, la misma Constitución, a pesar de haber sido redactada y elaborada “a medida” por parte de los “sastrecillos valientes” de la Asamblea Constituyente instaurada el año 2007, en su Disposición Transitoria Primera, parágrafo II, dispone expresamente que “los mandatos anteriores a la vigencia de ésta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”. Y precisamente aquí, cabe recordar que Evo Morales fue elegido en el año 2005 mientras estaba vigente la Constitución aprobada el año 2004 (actualmente abrogada), pero no llegó a concluir su mandato, debido a que convocó a elecciones anticipadas en el año 2009, a fin de adecuarse a la Constitución, oportunidad en la cual ganó los comicios, habilitándose para gobernar aproximadamente hasta mediados del año 2015, en tanto se posesione al(la) nuevo(a) Presidente(a). Por tanto, las reglas para una eventual reelección presidencial, se encuentran claramente reguladas en el pacto social y político aprobado por el pueblo boliviano en enero de 2009, por lo que no admiten mayor discusión, salvo que éstas normas provenientes de la voluntad del soberano (pueblo boliviano), no sean consecuentes con la reciente idea-capricho del Presidente Morales y su comitiva, sobre la posibilidad de una tercera reelección, a la conclusión de su segundo período de mandato presidencial, instaurado después de su “arrasadora” victoria electoral de Diciembre del pasado año 2009.
LA “APLICACIÓN NORMATIVA” PARA UNA SEGUNDA REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN BOLIVIA(*)
constitucionalidad–, utilizándolo como si fuera parte del procedimiento legislativo ordinario, lo cual si bien no está previsto en nuestra Constitución, es un mecanismo idóneo para asegurar la compatibilidad de los proyectos legislativos, frente a los Principios Fundamentales y Valores Supremos previstos en el texto constitucional, a fin de que éstos no sean vulnerados por las disposiciones legales que se pretenden poner en vigencia. Para este efecto, la misma Constitución ha previsto como atribución del TCP (articulo 202, numeral 7), conocer y resolver: “Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio” (Conc. atribución 8va., del art. 12 de la Ley Nº27 del TCP). Asimismo, se debe tener presente que en el sistema constitucional boliviano, y de acuerdo a las normas ahora previstas por el nuevo Código Procesal Constitucional (Artículo 10), las Resoluciones que puede adoptar el TCP pueden ser: Sentencias Constitucionales (cuando resuelven las Acciones de Defensa, Demandas y Recursos), Declaraciones Constitucionales (que se emiten en caso de Consultas realizadas al TCP) y Autos Constitucionales (que son decisiones de admisión o rechazo, desistimiento y/u otras). 2º La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, al someter a control previo de constitucionalidad el mencionado Proyecto de Ley para su interpretación constitucional, está reconociendo públicamente que sólo el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el supremo intérprete de la Constitución boliviana. Y es que precisamente, el TCP ha sido configurado como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad adicional de defensor de los Derechos Fundamentales, y por lo mismo, su función principal es la de ejercer en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. 3º En consecuencia, la Asamblea Legislativa está renunciando de manera implícita, a cualquier posibilidad de realizar una “interpretación auténtica” de la Constitución, reconociendo la inutilidad política y jurídica de la norma prevista en la segunda parte del parágrafo IV del artículo 4º de la Ley Nº27 del Tribunal Constitucional Plurinacional6, que precisamente establecía una dualidad interpretativa, al reconocer que el TCP es el intérprete supremo de
la Ley Fundamental, con una salvedad: “sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular”, norma cuya defectuosa redacción afectaba todo el sistema de control concentrado de constitucionalidad previsto por la misma Constitución para su defensa y protección eficaz. Sin embargo, al someter a control de constitucionalidad el mencionado Proyecto de Ley, se está pretendiendo que el TCP ingrese a realizar una interpretación de normas de la Constitución que no son contradictorias, y que tampoco se encuentran afectadas por insuficiencia, obscuridad ni mucho menos ambigüedad en su contenido, sino que por el contrario, brillan por su claridad, y en la claridad no cabe la interpretación. En este sentido, la Disposición Transitoria Primera, en su parágrafo II, prevé expresamente que: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Según ésta disposición, los mandatos constitucionales que fueron conferidos por el pueblo, a través de elecciones libres y democráticas, al Presidente y Vicepresidente del Estado, a los representantes nacionales y demás autoridades electas, con anterioridad a la vigencia de la Constitución aprobada el año 2009, serán considerados como el primer período constitucional a los fines de reelección, de manera que podrán ser reelegidos inmediatamente, pero por una sola vez, de acuerdo a lo previsto por el artículo 168 constitucional que dispone claramente: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Cabe advertir que la mencionada Disposición Transitoria, no condiciona su aplicación a que el Presidente y Vicepresidente, o cualquier autoridad democráticamente elegida, tenga que haber concluido su período constitucional para que se compute como un período constitucional a los fines de su reelección inmediata. Sin embargo, en inobservancia de ésta disposición constitucional, el oficialismo pretende llevar a una nueva reelección al Presidente Morales, quien por cierto, fue elegido como Presidente en Diciembre del año 2005, y asumió el cargo en enero del año 2006 por un período de cinco años (hasta el año 2010). Por tanto, conforme a la norma prevista en el parágrafo II de la Disposición Transitoria Primera, el mandato asumido en enero de 2006 a diciembre de 2010, constituye el primer período constitucional del Presidente Morales. Considerando que en virtud de la norma prevista en el parágrafo I de la Disposición Transitoria Primera, se habilitó al Presidente para que pueda postularse a la reelección inmediata, éste presentó su candidatura para las Elecciones Generales de Diciembre del año 2009, en las que fue reelegido como Presidente (por mayoría absoluta), asumiendo el cargo en enero de 2010, de manera que éste resulta ser su segundo mandato constitucional que vence en Diciembre del año 2014.
En consecuencia, y realizando una interpretación sistemática de las normas previstas por el artículo 168 y el parágrafo II de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, es posible concluir que el actual Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, carece de la legitimación necesaria para postularse a una nueva reelección, dado que el contenido de las citadas normas –como bien se reconoce en la Exposición de Motivos del mencionado Proyecto de Ley– “(…) deviene del absoluto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas a momento de la aprobación del nuevo texto constitucional el 25 de Enero de 2009, ya que la nueva Constitución establece la vigencia de una nueva forma de organización del Estado, el, Estado Plurinacional social comunitario y con autonomías”; por lo tanto, actuar en sentido contrario (argumentando que se debe computar el período presidencial desde el momento de la vigencia del Estado Plurinacional, y no así desde la vigencia de la propia Constitución), sería una flagrante quebrantamiento de las reglas establecidas por el sistema constitucional boliviano, en directa vulneración de lo previsto en el citado artículo 168 constitucional, que sólo permite la reelección inmediata por una sola vez, y no así por dos veces, como ahora se pretende a través de la formulación de un Proyecto de “Ley de Aplicación Normativa” que convalide legalmente esa posibilidad, previo control de constitucionalidad. En definitiva, habilitar una segunda reelección presidencial constituiría la legitimación de un régimen de abuso de poder, ilegal e ilegítimo, además de una peligrosa concentración del poder político en el Primer Mandatario, quien directa o indirectamente, ha venido ejerciendo presión e influencia decisiva en las funciones y actividades de las demás autoridades y Órganos del Estado, lo que resulta intolerable en un Estado Constitucional de Derecho, que se basa en el Principio de Separación de Funciones (artículo 12 constitucional), y que implica que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”. Ahora, es deber imperativo de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, elegidos por voto popular, actuar estrictamente en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución, aclarando los alcances de la prohibición constitucional existente para una segunda Reelección Presidencial en Bolivia, a fin de preservar el régimen democrático de gobierno, como garantía de seguridad de nuestros derechos y libertades.
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References: artículo 168
 artículo 156
 artículo 35
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 23
 Artículo 168
 artículo 4
 artículo 168
 artículo 168
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