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Timestamp: 2019-03-24 20:23:33+00:00

Document:
RCL 1979\21
RCL 1979\21 Legislación
Ley 62/1978, de 26 diciembre
BOE 3 enero 1979, núm. 3, [pág. 76];
1. El ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, gozará de las garantías jurisdiccionales que en la misma se establecen.
Derogado por disp. derog. única.1 de Ley 38/2002, de 24 octubre (RCL 2002, 2480). Téngase en cuenta que la entrada en vigor de esta derogación es el 28 de abril de 2003, tal y como establece la disp. final 3ª.
Sección 1ª. Garantía jurisdiccional penal
3. Cuando el conocimiento y fallo corresponda a la Audiencia Provincial, el trámite utilizado será el que dispone el Capítulo III del Título III del Libro IV de dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las siguientes modificaciones:
1ª Los artículos de previo pronunciamiento se propondrán en el escrito de calificación provisional y serán resueltos en la sentencia definitiva.
2ª El plazo para instrucción y calificación que concede el artículo 797 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se entenderá común, y de cinco días, para todas las partes acusadoras, y también común, y de la misma duración, para las partes acusadas.
1. Para el enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de la imprenta, el grabado u otros medios mecánicos de publicación, sonoros o fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, cinematógrafo u otros similares, se seguirán los trámites señalados en el Título V del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las modificaciones señaladas en el párrafo 3 del artículo anterior.
1. Cuando los delitos a que se refiere el artículo anterior sean los de calumnia o injuria, previstos y penados en los Capítulos 1º y 2º del Título X del Libro II del Código Penal, en los supuestos a que se refiere el artículo 463 del mismo Texto, bastará denuncia de la persona agraviada o, en su caso, de su representante legal, sin necesidad de acto de conciliación.
La tramitación de las causas a que se refieren los artículos anteriores tendrá carácter urgente y preferente, y su duración, desde la iniciación del procedimiento hasta la sentencia, no podrá exceder de 60 días en las del artículo 2 ni de 45 en las del artículo 3.
Sección 2ª. Garantía contencioso-administrativa
1. Contra los actos de la Administración pública, sujetos a Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, mencionados en el artículo 1.2, de esta Ley, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con las reglas de procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta de previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1956, 1890), cuya aplicación será supletoria.
Derogado por disp. derog. 2.c) de Ley 29/1998, de 13 julio (RCL 1998, 1741).
3. De esta solicitud, y en pieza separada, se dará traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, y se requerirá al órgano del que dimane el acto impugnado para que en el plazo de cinco días puedan informar acerca de la solicitud de suspensión.
4. Deducidos los dictámenes e informes a que se refiere el párrafo anterior o transcurrido el plazo concedido al efecto, la Sala acordará la suspensión del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general, suspensión que podrá concederse con o sin afianzamiento de los perjuicios de cualquiera otra naturaleza que pudieran derivarse.
6. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, que no fueren aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, poniendo, al mismo tiempo, en conocimiento de la autoridad tal interposición para que ésta remita inmediatamente el expediente a la Audiencia. Dentro del plazo improrrogable de cinco días, el Tribunal, poniendo de manifiesto el expediente, convocará al Abogado del Estado, al Ministerio Fiscal y a los promotores o a la persona que éstos designen como su representante, a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso sobre el mantenimiento o revocación de la prohibición o de las modificaciones propuestas.
1. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto impugnado, si fuere expreso. En caso de silencio administrativo, el plazo anterior se computará una vez transcurridos 20 días desde la solicitud del interesado ante la Administración, sin necesidad de denunciar la mora.
La resolución administrativa que ordene la remisión del expediente se notificara de inmediato a todos los interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer ante la Sala en el plazo de cinco días.
4. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, la Sala, dentro del siguiente día, pondrá de manifiesto el expediente y demás actuaciones al recurrente para que en el plazo improrrogable de 8 días pueda formalizar la demanda y aportar la documentación que estime conveniente. Acto seguido se dará traslado al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a quienes se hubieren personado, para que en el plazo común e improrrogable de ocho días efectúen, en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes. A los escritos de contestación a la demanda podrá acompañarse la documentación que se considere oportuna.
5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Tribunal una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 2 de este artículo, se pondrá de manifiesto a las partes por término de 24 horas y sin alteración del recurso del procedimiento.
6. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 4 anterior, con o sin alegaciones, la Sala decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba en su caso. El período probatorio no será superior a veinte días, comunes para la proposición y práctica, a prudente arbitrio de la Sala, sin que en ningún supuesto sea procedente el término extraordinario.
1. Contra la sentencia podrá interponerse, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto, ante el Tribunal Supremo.
2. La propuesta de manifiesto de las actuaciones se sustituirá, cuando sea posible, por la entrega de fotocopia de las mismas, debidamente cotejada.
Sección 3ª. Garantía jurisdiccional civil
Derogado por disp. derog. única.2.3º de Ley 1/2000, de 7 enero (RCL 2000, 34).
1ª El plazo de contestación a la demanda será común para todos los demandados e intervinientes.
2ª No cabrá el plazo extraordinario de prueba.
3ª La vista, en caso de solicitarse, habrá de celebrarse antes de los siete días siguientes al de formulación de la petición.
2. Podrán interponer el recurso quienes conforme al artículo doce se hallen legitimados para actuar como demandantes o demandados.
1. Las apelaciones se sustanciarán por los trámites establecidos en la Sección 3ª del Título VI del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las siguientes modificaciones:
1ª El plazo de pruebas, en su caso, será de diez días.
2ª La vista tendrá lugar dentro de los siete días siguientes a la conclusión del plazo concedido al ponente para instrucción.
3ª Entre la citación y la vista se pondrán los autos de manifiesto a las partes en la Secretaría, para que puedan instruirse de ellos.
Dentro de los dos meses desde la entrada en vigor de la Constitución (RCL 1978, 2836), y entre tanto se regula definitivamente el procedimiento jurisdiccional de amparo o tutela de los derechos reconocidos en la misma, el Gobierno, por Decreto Legislativo, previa audiencia del Consejo de Estado, podrá incorporar al ámbito de protección de esta Ley los nuevos derechos constitucionalmente declarados que sean susceptibles de ella.
Se derogan los incisos B), C), D) y E) del apartado 2 del artículo 64 de la vigente Ley de Prensa (RCL 1966, 519), el Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril (RCL 1977, 753) y el Real Decreto 1048/1977, de 13 de mayo (RCL 1977, 1026) y cualesquiera otras disposiciones que se opongan a lo prevenido en esta Ley.

References: artículo 797
 artículo 463
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 resolución 
 artículo 64
 Real Decreto