Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A128-00.htm
Timestamp: 2018-12-10 04:29:21+00:00

Document:
A128-00
Auto 128/00
Referencia: expediente I.C.C.-144
Conflicto de competencias entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, respecto de la acción de tutela incoada por Victor Manuel Villalobos contra la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.
Bogotá, D.C., noviembre ocho (8) de dos mil (2000).
1.Victor Manuel Villalobos Gutiérrez, en su calidad de representante legal de la Sociedad AEROVILLA LTDA, instauró acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por considerar que se violó el derecho al debido proceso dentro de las diligencias de incautación de la aeronave.
Manifiesta el accionante que la sociedad AEROVILLA LTDA, es arrendataria de la aeronave Cessna 182 N, de matricula HK 1462, identificada con el número de serie 18260358.
La citada aeronave fue detectada en flagrancia por los sistemas de seguridad de la F.A.C., en momentos en que se encontraba desviada de su ruta y su piloto efectuaba un reporte de posición falso.
La situación descrita dio lugar a que las autoridades de defensa aérea dispusieran la aprehensión del infractor y la inmovilización de la aeronave, por intermedio de la Policía Nacional, en virtud de lo cual, ésta fue sellada y puesta a disposición de la Aeronáutica Civil.
La aeronave completa 39 días de encontrarse inmovilizada y a disposición de la Aeronáutica Civil, situación que ha generado pérdidas millonarias a la empresa.
La Aeronáutica Civil se rehusa a entregar la aeronave a pesar de haber solicitado, casi a diario, por escrito y en forma verbal la entrega de la aeronave, sin que ningún funcionario se pronuncie formalmente al respecto.
A la fecha no existe auto de apertura de investigación, ni formulación de cargos, ni tampoco se ha notificado auto alguno en que se adopten medidas preventivas que justifiquen la inmovilización arbitraria e injusta.
Por estas razones solicitó al juez de tutela, disponer la entrega inmediata de la aeronave, la cual se encuentra a disposición de la Aeronáutica Civil, desde el 17 de agosto de 2000 y que se ordene dar cumplimiento al debido proceso tal como debió surtirse en el presente caso.
2. El Juzgado Primero Civil de Circuito de Villavicencio, mediante providencia de 25 de septiembre de 2000, dispuso el envío del expediente a la Administración Judicial, para su reparto, en consideración a que la tutela está dirigida contra una autoridad pública del orden Nacional.
3. El Tribunal Administrativo del Meta, a quien correspondió el negocio por reparto, mediante providencia de 27 de septiembre de 2000, se declaró incompetente, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, reglamentario del artículo 37 del decreto 2591 de 1991, según el cual las acciones de tutela dirigidas contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental, son de conocimiento en primera instancia de los jueces del circuito.
1. Tal como lo ha venido sosteniendo esta Corporación en abundante jurisprudencia, los conflictos de competencia surgidos en el trámite de las acciones de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas, en los términos previstos por las normas del Código de Procedimiento Civil, ya que el ordenamiento legal que regula estas acciones, no tiene previsto un trámite específico para estos fines.
2. Sin embargo, cuando los jueces trabados en el conflicto de competencias no tengan superior jerárquico común, le corresponde a esta Corporación, como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, entrar a definir el conflicto suscitado.
4. El Gobierno Nacional en cumplimiento de lo establecido por los artículos transitorios 5º literal b) y 6º de la Carta, expidió el decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. En el artículo 37 del referido decreto se dispuso que son competentes para conocer de la acción de tutela, en primera instancia, a prevención los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
5. El Presidente de la República, mediante el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, y en desarrollo de la potestad reglamentaria, estableció un régimen de reparto de las acciones de tutela, con lo cual le introdujo modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia judicial para conocer de dichas acciones, en la medida en que allí se establecen reglas precisas en tal sentido, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad demandada.
6. Dispone además el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, que si la acción de tutela se ejerce “contra más de una autoridad” el asunto será de conocimiento del “juez de mayor jerarquía”, según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
7. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como derecho de toda persona la de ejercitar la “acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales”, el Decreto 1382 de 2000 limita ese derecho, al asignar de competencia a distintos funcionarios judiciales, según la categoría de las autoridades públicas contra las cuales se dirige la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar, como expresamente lo dispuso la norma Constitucional.
8. Por lo demás, se observa que el art. 1 del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, viola el principio de la reserva legal, porque invade la competencia del Congreso para regular la materia atinente a “los recursos y procedimientos” relacionados con la protección de los derechos fundamentales.
“Dada la especial naturaleza de la acción de tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador mediante ley estatutaria conforme a lo preceptuado en el artículo 152 de la Carta Política, cuyo literal a) establece que mediante leyes de esa estirpe regulará el Congreso de la República lo atinente a los “derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.
En virtud de los razonamientos anteriores y del criterio de la Corte sobre el particular, resulta claro que si el actor, presentó la acción de tutela ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, significa, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, será ese despacho judicial al que corresponda la tramitación de la misma.
Primero. INAPLICAR, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.
Segundo. Dirimir el conflicto de competencia suscitado en el presente caso entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, en el sentido de que el conocimiento de la acción de tutela instaurada por AEROVILLA LTDA, representada por Víctor Manuel Villalobos Gutiérrez contra la Aeronáutica Civil, corresponde al primero de los despachos judiciales mencionados, al cual será enviado el expediente para que, adelante de inmediato el trámite de la acción de tutela referida.

References: artículo 37
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 152
 artículo 37
 artículo 1