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﻿ Sentencia 2007-00072 de marzo 15 de 2012
SENTENCIA 2007-00072 DE 15 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. SÓLO HASTA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 574 DEL 2007, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DETERMINÓ LOS COSTOS MÍNIMOS DEL METRO CUADRADO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA POR CONSIGUIENTE, ANTES DE ESTA REGLAMENTACIÓN, LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA SE PODÍA DETERMINAR DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE OBRA ESTIMADO, SIN QUE LOS CONTRIBUYENTES ESTUVIERAN SUJETOS A OBSERVAR COSTOS MÍNIMOS POR METRO CUADRADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE TIMBRE, SANCIÓN POR INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
Sentencia 2007-00072 de marzo 15 de 2012
Rad. 25000-23-27-000-2007-00072-01(17719)
Actor: José Alberto Castro Hoyos y CÍA SCA Constructora Nacional de Obras Civiles.
Demandado: Secretaría de Hacienda Distrital, Dirección Distrital de Impuestos.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala decidirá si se ajusta a derecho la Resolución 11762 DDI 083506, mediante la cual, el Distrito Capital de Bogotá practicó la liquidación oficial de revisión de la declaración del impuesto de delineación urbana presentada por la parte actora el 27 de febrero de 2004 por la obra ubicada en la calle 138 Nº 56 - 30 de la ciudad de Bogotá D.C.
Concretamente, la Sala decidirá sobre i) la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 71 y 74 del Decreto 352 de 2002 ii) si la base gravable determinada por la administración para calcular el impuesto de delineación se ajusta a la normativa aplicable y, iii) si era procedente imponer la sanción por inexactitud.
1) De la excepción de inconstitucionalidad del impuesto de delineación urbana.
A juicio de la parte actora, los artículos 71 y 74 del Decreto 352 de 2002 contravienen el artículo 338 de la Constitución, porque con estas normas, equivocadamente, se creó un impuesto cuando en realidad, por las obligaciones que este tributo genera, se configura una tasa. Por tanto, solicitó que en el presente caso, por vía de excepción, se inaplicarán estas disposiciones.
La excepción de inconstitucionalidad es uno de los mecanismos de control establecidos para garantizar la supremacía de la Constitución(2), cuyo fundamento deviene del artículo 4º superior y faculta a todas las autoridades administrativas y judiciales para que, en la resolución de una situación particular y concreta, inapliquen una disposición legal o reglamentaria por ser contraria a la Constitución(3).
La Corte Constitucional estableció que para inaplicar las normas contrarias a la Carta Política, se debe verificar que el contenido de la disposición sobre la que se predica la inconstitucionalidad sea evidentemente contrario a la Constitución(4).
De tal manera que, el concepto de incompatibilidad es elemento esencial para que la inaplicación sea procedente, ya que, de no existir, quien está llamado a aplicar la ley no puede argumentar la inconstitucionalidad de la norma para evadir su cumplimiento.
En este sentido, valiéndose del significado del vocablo incompatibilidad(5), la Corte ha dicho que son incompatibles dos normas que, dada su mutua contradicción, no pueden imperar ni aplicarse al mismo tiempo, razón por la cual una debe ceder ante la otra; en la materia que se estudia, tal concepto corresponde a una oposición tan grave entre la disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento constitucional que aquella y este no puedan regir en forma simultánea. Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe(6).
Esta Sala, de otra parte ha señalado en idéntico sentido que, si bien debe existir armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango, de no ser así, la Carta Política ordena en forma categórica que se aplique la norma constitucional en aquellos casos en que sea manifiesta, palmaria y flagrante la oposición entre el texto constitucional y la disposición cuya inaplicación se pretende, sin que sea necesaria una elaboración jurídica que busque establecer o demostrar que existe(7).
Las normas de las que se solicita aplicar la excepción de inconstitucionalidad, vigentes al momento de los hechos que suscitan la presente controversia, disponen lo siguiente:
“ART. 71.—Hecho generador. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Bogotá(8).
ART. 74.—Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana los propietarios de los predios en los cuales se realiza el hecho generador del impuesto”.
La parte actora estima que los anteriores preceptos legales contravienen el artículo 338 de la Constitución que establece lo siguiente:
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.
Según la parte actora, las obligaciones que surgen de las normas que regulan el impuesto de delineación urbana antes transcritas, son las propias de la prestación de un servicio, de tal manera que el gravamen económico que se impone al sujeto pasivo cuando recurre a la expedición de una licencia es una tasa, mediante la cual se recuperan los costos en los que incurre el Estado por su prestación.
De la redacción de artículo 338 de la Constitución se desprende que en el sistema fiscal colombiano se configuran por lo menos tres tipos de tributos(9), a saber, los impuestos, las tasas y las contribuciones. Sin embargo, constitucionalmente no existen definiciones de cada una de estas categorías, por lo que ha sido la doctrina judicial la que ha determinado los elementos que permiten diferenciarlas. Así, la Corte Constitucional ha conceptuado sobre los impuestos y las tasas en los siguientes términos:
“Las condiciones básicas del impuesto son: (i) tiene una vocación general, lo cual significa que se cobran sin distinción a todo ciudadano que realice el hecho generador; (ii) No guardan una relación directa e inmediata con un beneficio específico derivado para el contribuyente; (iii) en cuanto ingresan a las arcas generales del Estado conforme al principio de unidad de caja, este puede disponer de dichos recursos de acuerdo con lo previsto en los planes y presupuestos nacionales; (iv) su pago no es opcional ni discrecional, lo que se traduce en la posibilidad de forzar su cumplimiento a través de la jurisdicción coactiva; (v) la capacidad económica del contribuyente es un principio de justicia y equidad que debe reflejarse implícitamente en la ley que lo crea, sin que por ello pierda su vocación de carácter generas”.
“De la evolución de las nociones jurisprudenciales y doctrinales que se han elaborado alrededor del concepto de las tasas, estas se pueden definir como aquellos ingresos tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella (origen ex lege), a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público. Por su propia naturaleza esta erogación económica se impone unilateralmente por el Estado a manera de retribución equitativa de un gasto público, que no obstante ser indispensable para el contribuyente, tan solo se origina a partir de su solicitud.
En este orden de ideas, se consideran tasas aquellos gravámenes que cumplan las siguientes características: (i) La prestación económica necesariamente tiene que originarse en una imposición legal; (ii) La misma nace como recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, un bien o servicio público; (iii) la retribución pagada por el contribuyente guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido, así lo reconoce el artículo 338 superior al disponer que: “La ley [puede] permitir que las autoridades fijen las tarifas de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten”; (iv) los valores que se establezcan como obligación tributaria excluyen la utilidad que se deriva de la utilización de dicho bien o servicio; (v) aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar el acceso a actividades de interés público o general, su reconocimiento tan solo se torna obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, por lo que las tasas indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación directa y referida de manera inmediata al obligado; (vi) el pago, por regla general, es proporcional, pero en ciertos casos admite criterios distributivos, como por ejemplo, con las tarifas diferenciales”(10) (El resaltado no hace parte del texto citado).
El Consejo de Estado por su parte, en providencia mediante la que se decidió sobre la nulidad de los artículos 71 del Decreto 352 de 2002, 9º del Acuerdo 28 de 1995 y 61 del Decreto 423 de 1996, referentes al hecho generador del impuesto de delineación urbana en el Distrito Capital de Bogotá, dijo que el hecho imponible de este tributo no está constituido por la expedición de una licencia de construcción sino por el desarrollo de las actividades de construcción y refacción de inmuebles. Al respecto dijo esta corporación:
“La demandante alega que el Distrito Capital interpretó erróneamente el literal g) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 y el artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, porque cuando expidió las normas demandadas interpretó que el hecho generador del impuesto de delineación urbana era la licencia de construcción, cuando en realidad lo es, la construcción en sí misma o la refacción de edificaciones.
Las normas transcritas aluden a la actividad de construir y refaccionar como hecho generador del impuesto. Construir es “fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública”(11). Y refaccionar es “restaurar o reparar, especialmente edificios”(12).
En consecuencia, una interpretación finalista y sistemática de las normas que regulan la autonomía fiscal y de ordenamiento territorial y de los artículos 1º de la Ley 97 de 1913 y del 233 del Decreto Ley 1333 de 1986, permite concluir que constituyen el hecho generador del impuesto de delineación urbana las actividades de construcción y refacción, pero su causación puede tener lugar en oportunidades diferentes al momento en que se realiza el hecho imponible, cuando la autoridad competente así lo determine de manera justificada”(13).
De acuerdo con los anteriores criterios, el cargo no está llamado a prosperar porque no se advierte una contradicción manifiesta y evidente entre el artículo 338 de la Constitución y los artículos 71 y 74 del Decreto 352 de 2002, que permita inaplicarlos por vía de excepción, pues, contrario al entendimiento de la parte actora, el hecho generador del impuesto de delineación urbana no es la expedición de una licencia, por lo que, de tajo, se descarta que se trate de la prestación de un servicio.
2) De la base gravable del impuesto de delineación urbana.
El impuesto de delineación urbana fue creado por la Ley 97 de 1913, en cuyo artículo 1º se establece lo siguiente:
Por su parte, el Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá, estableció en su artículo 158:
“ART.—158. Delineación urbana. La base gravable para la liquidación del impuesto de delineación urbana en el Distrito Capital será el monto total del presupuesto de la obra o construcción. La entidad distrital de planeación fijará mediante normas de carácter general el método que se debe emplear para determinar el presupuesto y podrá establecer precios mínimos de costo por metro cuadrado y por estrato. El impuesto será liquidado por el contribuyente.
El concejo fijará la tarifa entre el uno (1) y el tres por ciento (3%). Hasta tanto el Concejo adopte dicha determinación se aplicará la que resulte de sumar las tarifas vigentes para los impuestos de delineación urbana y ocupación de vías.
Elimínase el impuesto de ocupación de vías”. (El resaltado no hace parte de la norma citada).
Luego, en cumplimiento de lo dispuesto en la anterior disposición, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital expidió la Resolución 1291 de 1993, que estableció el método para determinar el presupuesto de obra que sirve de base gravable para liquidar el impuesto de delineación urbana, en los siguientes términos:
“ART. 1º—El presupuesto de la obra de construcción para liquidar el impuesto de delineación urbana será el que resulte de sumar el costo estimado de mano de obra, adquisición de materiales, compra y arrendamiento de equipos y, en general, todos los gastos y costos diferentes a la adquisición de terrenos, financieros, impuestos, derechos por conexión de servicios públicos, administración, utilidad e imprevistos.
Finalmente, el Decreto 352 de 2002, por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria que se debe aplicar en el Distrito Capital, señaló en el artículo 75 que la base gravable del tributo es el monto total del presupuesto de obra o construcción.
Esta Sala ha señalado que para el año 2005, periodo en el que se presentaron las declaraciones del impuesto de delineación urbana sobre las que se practicó la liquidación oficial de revisión controvertida en aquella oportunidad, la normativa vigente antes transcrita permitía que el contribuyente determinara la base gravable del impuesto con base en el presupuesto de obra, resultante de sumar el costo estimado de mano de obra, adquisición de materiales, compra y arrendamiento de equipos y, en general, todos los gastos diferentes a la adquisición de terrenos, financieros, impuestos, derechos por conexión de servicios públicos, administración, utilidad e imprevistos(14).
En esta misma providencia, la Sala precisó que solo hasta la expedición de la Resolución. 574 del 2007, la Secretaría Distrital de Planeación determinó los costos mínimos del metro cuadrado para la declaración y pago del impuesto de delineación urbana. Que, por consiguiente, antes de esta reglamentación, la base gravable del impuesto de delineación urbana se podía determinar de acuerdo con el presupuesto de obra estimado, sin que los contribuyentes estuvieran sujetos a observar costos mínimos por metro cuadrado.
En consecuencia, la Sala consideró que la cuantificación de la base gravable del impuesto de delineación urbana estaba determinada por aquellas erogaciones en que incurriera el contribuyente en la realización de la obra. Que, estos costos no corresponden necesariamente con los costos de la obra una vez ejecutada, por cuanto, al momento de solicitar la licencia de construcción, se pueden estimar ciertos valores que en el desarrollo de la obra podrían variar, ya sea para aumentar o disminuir los gastos inicialmente presupuestados.
1. En el presente caso, son relevantes para decidir, los siguientes hechos no discutidos:
El 27 de febrero de 2004, la parte actora presentó la declaración privada del impuesto de delineación urbana correspondiente a la obra ubicada en la calle 138 Nº 56-30 de Bogotá D.C.(15), conforme con los siguientes valores relacionados como presupuesto de obra(16).
1 Costo estimado de mano de obra $ 652.264.000
2 Costo estimado de adquisición de materiales $ 1.630.660.00
3 Costo estimado de compra de equipos $ 0
4 Costo estimado de arrendamiento de equipos $ 652.265.000
5 Costo estimado de todos los costos y gastos $ 326.132.000
6 Total $ 3.261.3210000
El 6 de febrero de 2006, el Distrito expidió el Auto de Inspección Tributaria 200EE1295, mediante el cual le informó a la parte actora que, una vez verificadas sus bases de datos y de acuerdo con la información suministrada por la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, estableció que el presupuesto consignado en la declaración del impuesto de delineación urbana presentada el 27 de febrero de 2004 difería del presupuesto calculado con base en los valores de costo promedio establecidos por Camacol en los siguientes términos:(17)
Total del presupuesto calculado con base en el costo promedio de Camacol $ 7.986.050.757
Total del presupuesto declarado por el contribuyente $ 3.261.320.000
Diferencia $ 4.724.307.757
El 23 de febrero de 2006, el Distrito profirió el Requerimiento Ordinario 2006EE27218, mediante el cual solicitó a la parte actora información sobre las licencias de construcción que le fueron expedidas durante el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2004 y el 30 de diciembre de 2005(18).
El 10 de marzo de 2006, la parte actora respondió el requerimiento ordinario 2006EE27218 del 23 de febrero de 2006, mediante el cual remitió la relación de gastos incurridos en el proyecto denominado Almería de San Luis 3-4-5, cuya declaración del impuesto de delineación urbana fue presentada el 27 de febrero de 2004, en los siguientes términos(19).
1 Costo estimado de mano de obra $ 3.111.145.000
2 Adquisición de materiales $ 2.847.935.000
3 Compra y arrendamiento de equipos $ 57.644.000
4 Otros $ 1.100.721.000
5 Total del presupuesto de construcción $ 7.122.445.000
El 4 de julio de 2006, la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá profirió el Requerimiento Especial 2006EE202668, mediante el cual propuso modificar la declaración del impuesto de delineación urbana presentada por la parte actora el 27 de febrero de 2004 teniendo como presupuesto de obra el siguiente: (20)
El 21 de diciembre de 2006, la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá profirió la Resolución 11762 DDI 083506, mediante la cual formuló la liquidación oficial de revisión a la declaración del impuesto de delineación urbana presentada por la parte actora el 27 de febrero de 2004, con las modificaciones propuestas en el requerimiento especial(21).
La Sala verifica que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de que el Distrito inició su actividad fiscalizadora a partir de la diferencia que encontró entre el presupuesto declarado por la parte actora en la liquidación privada presentada del 27 de febrero de 2004 y el presupuesto calculado por la propia administración con base en el valor del costo promedio de construcción suministrado por la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol.
De igual manera, la Sala constata que el distrito, tanto en el requerimiento especial como en la liquidación oficial de revisión, determinó la base gravable del impuesto a partir de la relación de gastos en que la parte actora efectivamente incurrió en la ejecución de la obra, según la información por ella misma suministrada al dar respuesta al requerimiento de información.
En consecuencia, para la Sala es claro que el Distrito tomó como base gravable del impuesto de delineación urbana el valor del costo de la obra una vez ejecutada, cuando, en su lugar, debió tener en cuenta el presupuesto proyectado de la obra, pues según el criterio de esta Sala, la normativa vigente en el año 2004, no exigía tasar el impuesto de delineación urbana sobre el presupuesto definitivo de la obra ejecutada(22). En consecuencia, si bien es cierto que existe una diferencia significativa entre el presupuesto proyectado y el presupuesto ejecutado, no existe prueba en el expediente que permita inferir que el presupuesto de la obra proyectada que tuvo en cuenta la parte actora fue subvalorado, como lo insinuó la administración. Por lo anterior, el cargo propuesto es procedente.
La parte actora dijo que la administración liquidó la sanción por inexactitud de $ 160.624.000 que no era procedente ya que la declaración no contenía datos o factores falsos, desfigurados, equivocados e incompletos, como equivocadamente lo concluyó la administración.
Sobre la sanción por inexactitud, es criterio reiterado de la Sala que esta tiene naturaleza accesoria, pues deviene como consecuencia de la comprobación de los presupuestos que consagra el artículo 647(23) del estatuto tributario para su imposición y que se relacionan directamente con los datos e información contenida en la declaración, vale decir con los factores sobre los cuales se calcula el impuesto y del que se deriva el saldo a pagar o a favor, según corresponda(24).
En consecuencia, por cuanto la glosa propuesta por la administración fue desvirtuada, no es procedente imponer la sanción por inexactitud.
1. REVÓCASE la sentencia del 12 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. En su lugar, DECLÁRASE la nulidad de La Resolución 11762 DDI 083506 del diciembre 21 de 2006, por la cual se formuló Liquidación Oficial de Revisión a la declaración del impuesto de delineación urbana presentada por la sociedad José Alberto Castro Hoyos y CIA. SCA. Constructora Nacional de Obras Civiles, el 27 de febrero de 2004, por la obra ubicada en la calle 138 Nº 56 - 30 de la ciudad de Bogotá D.C..
2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE la firmeza de declaración del impuesto de delineación urbana presentada por la sociedad José Alberto Casto Hoyos y CIA. S.C.A. Constructora Nacional de Obras Civiles, el 27 de febrero de 2004, por la obra ubicada en la calle 138 Nº 56 – 30 de la ciudad de Bogotá D.C..
3. RECONÓCESE personería a la abogada Raquel Rangel Rodríguez como apodera del Distrito Capital de Bogotá.
(2) “ART. 4º—La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
(3) Sentencia C-600 de 1998. MP José Gregorio Hernández Galindo.
(4) Entre otras providencias ver Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda y T-150 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. La Corte ha señalado que la excepción se debe aplicar cuando se presenten las siguientes condiciones: i) que se constate que la aplicación de las normas administrativas o legales amenaza o impide la protección de los derechos constitucionales, ii) que no existe vía alternativa igualmente eficaz para remover el obstáculo en el momento necesario, iii) que se deduce claramente de la Constitución la necesidad de garantizar un derecho constitucional, siempre que el obstáculo normativo para avanzar en su sea materialización específicamente señalado. Corte Constitucional. Auto 035 2009. Referencia: Sentencia T-760 de 2008. Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(5) DRAE. Incompatibilidad: repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o de dos o más personas entre sí.
(6) Sentencia T-614 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia Bogotá, D.C. 26 de octubre de 2009. Radicación 25000-23-27-000-2006-01189-01. Número interno: 16718. Actor: Fernando Arturo Rubio Fandiño Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En esta providencia de cita, a su turno, la Sentencia del 4 de mayo de 2006, Exp. 14576, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
(8) Artículo derogado por el artículo 18 del Acuerdo Distrital 352 de 2008.
(9) Para la Corte Constitucional, los tributos han sido reconocidos como aquellas prestaciones que se establecen por el Estado en virtud de la ley, en ejercicio de su poder de imperio, destinados a contribuir con el financiamiento de sus gastos e inversiones en desarrollo de los conceptos de justicia, solidaridad y equidad (C.P. arts. 95-9, 150-12, 338, 345 y 363). En el caso colombiano, esta corporación ha señalado que es posible identificar la existencia de por lo menos tres clases de tributos en el actual sistema fiscal, a saber: Los impuestos, las tasas y las contribuciones. Estos aun cuando son fruto del desenvolvimiento de la potestad impositiva del Estado tienen características propias que los diferencian. Ver Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(10) Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(11) DRAE
(12) DRAE
(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 30 de mayo de 2011. Radicación 25000-23-27-000-2005-01665-01(17269). Actor: Flor María Torres Rodríguez. Demandado: Distrito Capital-Alcaldía Mayor de Bogotá.
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. William Giraldo Giraldo. Bogotá, D. C., 5 de diciembre de 2011. Referencia: 250002327000200800206 0. Nº interno: 1795. Actor: Alianza Fiduciaria S.A. Demandado: Distrito Capital de Bogotá.
(15) Folio 47 del C.P.
(16) Folios 7 y 8 del C.P.
(17) Folios 3 y 4 del CAA.
(18) Folios 5 a 8 del CAA.
(19) Folios 15 al 40 del CAA.
(20) Folios 93 y 94 del CAA.
(21) Folio 37 del C.P.
(22) Op.Cit. Sentencia del 5 de diciembre de 2011.
(23) Artículo 647. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior. (...).

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 338
 artículo 4
 resolución 
e contrario
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 338
 artículo 1
 artículo 233
 artículo 338
 artículo 1
 artículo 158
 Resolución 
 artículo 75
 Resolución 
 artículo 647
 Resolución 
 artículo 18
 Artículo 647