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Timestamp: 2019-08-19 04:49:06+00:00

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Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen servicios mínimos para la huelga general, convocada por distintas organizaciones sindicales, que se desarrollará el día 8 de marzo de 2019.
Tramitado el expediente de fijación de servicios mínimos por esta Consejería y en base a los siguientes,
Primero.—Convocada huelga general para el próximo día 8 de marzo de 2019 por diversas organizaciones sindicales, tal y como consta en los preavisos obrantes en la Dirección General de la Función Pública, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y por los empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado español incluido, por tanto, el personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias y organismos públicos vinculados o dependientes de ella, o bien con convocatoria dentro del ámbito territorial propio de Asturias, resulta imprescindible mantener cubiertos en dicho día determinados puestos de trabajo para garantizar la prestación de los servicios públicos dependientes de esta Consejería y del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Con la finalidad de garantizar el derecho a la protección de la salud, contenido en el artículo 43 de la Constitución Española, y la defensa de los consumidores y usuarios, prevista en el artículo 51 de la misma, y atendida la necesidad de garantizar el normal desarrollo de unos servicios públicos que se consideran esenciales a la Comunidad, como son los servicios sanitarios, se procede a fijar los servicios mínimos para la huelga de referencia.
Segundo.—Por lo que se refiere a la Consejería de Sanidad, se fija como servicios mínimos un total de 23 trabajadores/as, que supone menos del 10% del total de la misma, considerado como el número mínimo indispensable para poder asegurar la prestación del servicio público a los usuarios.
Entre las competencias de la Consejería se encuentran las relativas a la salud pública, el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de inspección de centros y servicios sanitarios, así como la inspección farmacéutica, la información y protección de los consumidores y consumidoras, la realización de las acciones de vigilancia y control de riesgos para la salud pública derivados del consumo de alimentos, y de la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en el medio ambiente. Asimismo, corresponde a la Consejería la dirección, implantación, y seguimiento de los programas de control alimentario y de sanidad ambiental en las unidades territoriales de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, y el control sanitario de los mataderos del Principado de Asturias, así como el mantenimiento del Sistema de Alertas de Salud Pública, destinada a la identificación e intervención rápida ante la presencia de riesgos puntuales para la salud de la población, y el desarrollo y mantenimiento de las redes centinelas para aquellas enfermedades que se considere oportuno.
También corresponde a la Consejería de Sanidad la gestión y control de las infraestructuras de equipamiento informático y de comunicaciones que sustentan el Sistema de Información Sanitario, y el mantenimiento y gestión de los sistemas y tecnologías de la información en el ámbito de la Consejería de Sanidad, y en los centros del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Por todo ello, se establecen servicios mínimos para llevar a cabo las funciones de inspección médica, inspección farmacéutica, inspección sanitaria de mataderos, control de alertas epidemiológicas, de alertas alimentarias, y de alertas de consumo, gestión informática, así como la atención al público.
Asimismo se fija un servicio mínimo para el registro. El motivo radica en que actualmente se atiende al ciudadano digitalizando toda la documentación que presenta, no siendo posible recepcionar por cualquier persona los escritos y sellando de “entrada” la copia con la que se quede. El sistema de registro ha cambiado y requiere una persona autorizada que lo atienda. Además, hay procedimientos, como el de contratación, en el que los licitadores tienen la obligación expresa de presentar sus ofertas en el Registro de la Consejería de Sanidad, no siendo válidos otros. Con lo cual, de haber algún procedimiento abierto, se les estaría limitando en un día el plazo que tienen para presentarse.
Teniendo en cuenta los criterios expuestos, se ha procedido a fijar los servicios mínimos de la Consejería como se detalla en el anexo I, de manera proporcionada y que garantice el correcto funcionamiento de los servicios, y el respeto del derecho fundamental a la vida, salud e integridad física de los/as usuarios/as.
Tercero.—Por lo que se refiere al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), no cabe duda el carácter de servicio esencial de la asistencia sanitaria, pues afecta notablemente al derecho a la salud de los usuarios, que se configura como un bien constitucionalmente protegido (artículo 43 CE).
El legítimo ejercicio del derecho de huelga por los trabajadores, debe conjugarse, en el caso de los servicios sanitarios, con el derecho a la vida y a la integridad física de los usuarios de aquellos servicios, de modo que una disposición inadecuada de los servicios mínimos cuando se trata, como en el caso que nos ocupa, de funciones desarrolladas en centros sanitarios, implicaría una vulneración del derecho fundamental a la salud, tanto de pacientes como del personal, en la amplísima dimensión que resulta de su configuración constitucional.
De ahí que, por razones suficientemente fundadas, y dado que son trabajos desarrollados para Instituciones Sanitarias, los servicios esenciales se han establecido teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: El carácter de “huelga general”, su duración (1 día laborable en plena actividad), los recursos disponibles habitualmente en los centros en cada turno y las necesidades en puntos críticos (principalmente áreas de urgencias, emergencias, quirófanos, y dispositivos de urgencias y puntos de atención continuada en Atención Primaria). En definitiva, se han señalado los servicios mínimos en número suficiente para poder mantener en funcionamiento todos los centros y dispositivos asistenciales en todas las áreas y poder prestar íntegramente los servicios sanitarios que tienen carácter de servicios esenciales para la comunidad, evitando perjuicios excesivos a los usuarios.
Cuarto.—Convocada huelga general para el próximo día 8 de marzo de 2019, procede adoptar las medidas pertinentes para, entre otras, determinar los servicios mínimos en el ámbito de los Servicios Centrales del SESPA, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la actividad esencial en los mismos como son la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, esto es: comparecencia en los procesos judiciales, la atención, gestión y resolución de incidencias que puedan darse en el ámbito de las infraestructuras informáticas del SESPA, la atención sanitaria urgente y, por último, efectuar un adecuado seguimiento del desarrollo de la huelga y resolución de incidencias derivadas de la misma en los distintos centros e instituciones de las gerencias del SESPA.
A tal efecto, se establecen en los anexos de la presente Resolución los servicios mínimos de la Consejería de Sanidad, los del SESPA y de los Servicios Centrales del mismo, que se estiman necesarios para el buen funcionamiento de dichas entidades.
Quinto.—En alguna de las convocatorias se precisa expresamente, que si bien la convocatoria de huelga está prevista para la jornada del día 8 de marzo de 2019,
“…en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuará en el primer turno, aunque empiece antes de las 0.00 horas del día 8, y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 24 horas del día 8….”
Dicha precisión afecta de forma relevante a nuestro ámbito específico, pues en los centros sanitarios existe una disparidad de turnos relevante que ha de tenerse en cuenta a la hora de establecer los servicios mínimos que se proponen, pues la duración de la huelga no se ciñe a 24 horas sino que afectará con carácter general a cuatro turnos de trabajo de cada una de las categorías de personal que presta servicios en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, esto es, el turno que comienza a las 22.00 h. del día 7 de marzo que y que finaliza a las 8.00 h. del día 8, el turno que comienza a esa hora y finaliza a las 15.00 h, el que comienza a las 15.00 h y finaliza a las 22.00 h, y por último el turno que comienza a las 22.00 h del día 8 y finaliza a las 8.00 h. del día 9 de marzo.
Establece la normativa (Art. 10.2 Real Decreto Ley 17/1977) que, cuando la huelga se declara en entidades encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa puede acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.
Define la jurisprudencia los “servicios esenciales”, como aquellos sin los cuales peligraría la vida, la salud y la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, esto es, en definitiva los servicios destinados a satisfacer los derechos fundamentales y bienes protegidos constitucionalmente y que priman sobre el derecho de huelga (las sentencias STC 26/81, 51/86, 53/86, 27/89 (sector sanitario), 43/90 y 123/90)
No cabe duda sobre el carácter de servicio esencial de la asistencia sanitaria, pues afecta notablemente al derecho a la salud de los usuarios, que se configura como un bien constitucionalmente protegido (Art. 43 CE). En ese sentido, el derecho de los trabajadores a defender sus intereses mediante el ejercicio del derecho a la huelga, tiene su límite legítimo en el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, a través de la determinación de los “servicios mínimos”, para lo cual, deben ponderarse en cada caso los bienes y derechos afectados, el ámbito de la huelga, su duración y demás circunstancias, de modo que exista una razonable proporción entre los servicios que se impongan a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos. Para ello, establece reiteradamente la Jurisprudencia que los elementos esenciales que han de sustentar las medidas adoptadas en orden al establecimiento de los servicios mínimos son, por un lado, la proporcionalidad, debiendo ponderarse todos los aspectos (ámbito territorial y personal de la medida, la duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, las concretas necesidades del servicio, y la naturaleza de los derechos constitucionalmente protegidos sobre los que repercute) y por otro lado, la motivación. Los servicios mínimos que se establezcan, han de ser suficientemente motivados y explicitar los criterios seguidos para fijar el nivel de tales servicios, siendo en este sentido uniforme la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en el sentido de considerar que el acto por el que se establecen los servicios mínimos que se deban prestar a la comunidad en jornadas de huelga, debe de estar debidamente motivado, justificando su necesidad con el fin de que los destinatarios conozcan las razones y criterios con los que fueron adoptados.
En definitiva concurre una obligación de la Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que “exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios”. La sentencia TC 1147/1997 establece un resumen claro de los criterios en esta materia:
— El derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionales protegidos, siempre que no rebasen su contenido esencial.
— Una de esas limitaciones, expresamente previstas por la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad, entendidos como tales los que garantizan o atienden el ejercicio de derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos.
— La clase y número de trabajos que hayan de realizarse para cubrir esa exigencia y el tipo de garantías que han de adoptarse no pueden ser determinados de forma apriorística, sino tras una valoración y ponderación de los bienes o derechos afectados, del ámbito personal, funcional o territorial de la huelga, de su duración y demás circunstancias que concurran para alcanzar el mayor equilibrio entre el derecho a la huelga y aquellos otros bienes que el propios servicio esencial satisface.
A la vista de lo anteriormente expuesto, y a fin de proceder a la determinación de los servicios mínimos necesarios, el SESPA, propone, de forma coordinada y de conformidad con las necesidades señaladas en cada caso por cada una de las Gerencias de las Áreas Sanitarias, los servicios mínimos que se contienen en el anexo II de la presente Resolución.
Para el establecimiento de los servicios mínimos propuestos, se han tenido en cuenta los criterios asistenciales que se han seguido en recientes huelgas celebradas en nuestro ámbito, así como las siguientes circunstancias: El carácter de “huelga general”, su duración, el marco de conflictividad a nivel de Servicio de Salud que se está desarrollando en el último mes, los recursos disponibles habitualmente en los centros en cada turno y las necesidades en puntos críticos (principalmente áreas de urgencias, emergencias, quirófanos, y dispositivos de urgencias y puntos de atención continuada en Atención Primaria).
En primer lugar, se ha de comentar que el carácter de huelga general se imprime desde el momento en que se encuentran convocados todos los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa u organismo, tanto del ámbito público como privado. Con ello, evidentemente se está englobando a los colectivos del sistema público, y en concreto, por lo que nos afecta, al personal de todos los centros dependientes del SESPA, independientemente de su categoría y régimen jurídico.
Por otra parte, en lo que respecta a la duración de la huelga convocada, si bien en el caso de la huelga convocada por CSI se enuncia que la huelga se convoca durante las 24 horas de la jornada correspondiente al día 8 de marzo de 2019, no es así en el caso del Servicio de Salud, pues interpretando textualmente el enunciado de la convocatoria presentada en el que se precisa que en los centros de trabajo donde se desarrollen las tareas en un sistema de turnos de trabajo, la duración comprenderá desde el comienzo del primer turno, aunque empiece antes de las 0.00 horas del día 8, finalizando una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 24 horas del día 8. Con ello, la duración de esta huelga resulta “indeterminada” en nuestro ámbito, y ello es debido a la disparidad de turnos, y horarios que concurren en los centros sanitarios, en los que concurren turnos “corridos de 24 horas”, turnos de 7 y de 10 horas, módulos de guardias de 17 horas, etc...Esta diversidad, y las circunstancias concurrentes en cada centro, hacen que la tarea de designación de los servicios mínimos a efectuar sea complicada y tiendan a adoptarse criterios garantistas en orden al mantenimiento de la asistencia. Todo ello además ha de considerarse desde el punto de vista de que la huelga se celebrará en un día laborable de plena actividad (un viernes del mes de marzo).
Es claro que los colectivos convocados prestan un servicio esencial a la comunidad, cuya paralización, durante el día de huelga afectaría indudablemente a la salud y a la vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello esta Administración se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial mediante la fijación de los presentes servicios mínimos. Por ello, en el señalamiento de estos servicios mínimos, especialmente en los puntos, unidades o servicios “críticos” como son las unidades de atención a las urgencias hospitalarias, la atención a las emergencias (SAMU), y los puntos de atención continuada y urgencias en el ámbito de Atención Primaria, así como en unidades quirúrgicas, se han señalado servicios mínimos más elevados que en el resto de servicios o unidades, con el objeto de garantizar una óptima cobertura de esas unidades que atienden las necesidades y patologías urgentes de la población y que requieren atención inmediata, pues de lo contrario se podría poner en grave riesgo vital la salud de los pacientes. En el resto de unidades, se mantendrá el menor número de trabajadores necesario para la correcta atención de los usuarios.
En definitiva se han fijado los servicios mínimos en número suficiente para poder mantener en funcionamiento todos los centros y dispositivos asistenciales en todas las áreas y poder asegurar la prestación de los servicios que sean necesarios para la cobertura mínima del derecho a la salud, evitando en definitiva el riesgo vital en la protección de la salud de los usuarios y perjuicios excesivos a los mismos.
Para todo ello, se han tenido en cuenta, en cada caso, entre otros, los siguientes factores:
— Plantillas de los centros y demanda estimada.
— Extensión de la huelga.
— Modalidad de prestación y características concretas de las categorías y de los puestos de trabajo.
— Número de dispositivos en cada área de salud.
— Modalidad de organización de los dispositivos sanitarios.
Sexto.—Detallando en mayor medida los criterios bajo los cuales se fijan los servicios mínimos que se acompañan, obran en el expediente informes en los que se especifica al detalle los servicios mínimos fijados en cada una de los centros sanitarios por las Gerencias, que se sintetizan en los siguientes términos:
En el ámbito de la Atención hospitalaria, para el establecimiento de los mínimos se ha valorado la necesidad de mantener los efectivos precisos para atender las demandas de carácter urgente y/o preferente, sin considerar la dotación complementaria que habitualmente cubre la actividad ordinaria.
Así, respecto al Personal facultativo se establecen los servicios mínimos en número suficiente como para:
— Mantener, el 100% del funcionamiento previsto de los servicios de urgencias, unidades de cuidados críticos, unidades de vigilancia intensiva, unidades de coronarias, y por extensión aquellas que aborden patologías de carácter urgente o crítica.
— Garantizar el 100% de la actividad de atención continuada, tanto en guardias de presencia física como localizadas.
— Garantizar la atención al 100% de la actividad de trasplantes, partos y urgencias obstétricas o ginecológicas que puedan plantearse. Asimismo deberán poder cubrirse en su totalidad las eventualidades que puedan presentarse tales como abortos, cesáreas o realización de anestesia epidurales.
— Garantizar la correcta atención de los enfermos ingresados, teniendo en cuenta que las demoras en las altas hospitalarias de varios días de duración pueden ocasionar graves repercusiones en la vida normal del paciente y riesgos nosocomiales e iatrogénicos. Además la demora puede generar indisponibilidad de camas y recursos críticos para otros pacientes que pueden generar efectos perversos para la salud de los pacientes.
— Garantizar la continuidad de los tratamientos de día de oncología médica y radioterápicas, teniendo en cuenta que su demora o interrupción pueden generar perjuicios significativos en el pronostico vital o en las posibilidades de curación de los pacientes.
— Garantizar la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis, teniendo en cuenta la patología renal grave que se abordan en estas unidades y que las demoras en aquellas interconsultas y pruebas diagnósticas que puedan significar un ajuste en el tratamiento, puede generar perjuicios significativos en el pronóstico vital o en las posibilidades de curación de estos pacientes.
— Atender a las consultas externas de aquellos pacientes con solicitud de carácter preferente, así como primeras consultas en las que se desconoce el motivo y la cualificación de la urgencia de la atención, y aquellas en las que su demora implique riesgo clínico relevante. Asimismo se deberá garantizar la atención a las consultas que lleguen desplazados de otros municipios.
— Garantizar actividad quirúrgica programada en los procesos con carácter preferente o cuya demora implique un aumento de riesgo vital, riesgo para la integridad física o en general riesgo para la salud integral de los pacientes y en especial la patología tumoral. En especial también se procura garantizar aquellas intervenciones que hayan sido previamente suspendidas, y ello al objeto de evitar que su demora origine riesgos innecesarios para la salud de los pacientes.
— Mantenimiento de la actividad en servicios de pruebas diagnósticas necesarias y vinculadas a los procesos mencionados anteriormente en consultas, hospitalización, cirugía o urgencias, especialmente las pruebas vinculadas a preoperatorios, sin las cuales los procesos quirúrgicos no pueden avanzar.
En todo caso, garantizar la continuidad asistencial en aquellos pacientes en los que, desde el punto de vista clínico, no deba interrumpirse la asistencia. En este sentido se deberá garantizar que aquellos pacientes cuya consulta originó una presunción diagnóstica que hace aconsejable la realización de pruebas complementarias de inmediato, o la realización de un tratamiento inmediato (procesos cardiacos, respiratorios, oncológicos, etc), no deben ser sometidos a una interrupción en el proceso asistencial.
Respecto a las categorías de Personal Sanitario No Facultativo, se han propuesto los servicios mínimos en número necesario para:
— Apoyar y garantizar la actividad urgente y preferente, la atención a los pacientes ingresados, las urgencias y las intervenciones quirúrgicas así como las consultas que se consideren urgentes según criterios señalados para el personal facultativo.
— Garantizar los cuidados asistenciales en plantas de hospitalización, Urgencias, UCI, Hemodinámica, Diálisis, Reanimación y Neonatología.
En el resto de categorías de Personal No Sanitario, se establece personal en número suficiente como para garantizar la actividad asistencial en los servicios generales y la correcta atención a los usuarios, así como para la realización de tareas urgentes y solventar cualquier eventualidad que pueda producirse.
En el ámbito de Atención Primaria, se ha tenido en cuenta la dispersión de los puntos asistenciales y la dotación de los mismos, pues aquellos consultorios unipersonales han tenido que ser señalados unos servicios mínimos del cien por cien, pues de otro modo tendrían que cerrarse durante la celebración de la huelga. Concretamente, respecto al Personal Facultativo se ha establecido personal en número suficiente como para:
— Garantizar la atención a las urgencias que se produzca tanto en el centro como en domicilios.
— Garantizar la atención a enfermos que precisen asistencia continuada en su tratamiento.
— Garantizar las prescripciones farmacéuticas necesarias para instaurar o proseguir un tratamiento urgente.
— Garantizar los programas de vacunaciones que se encuentren en curso.
— Para garantizar la asistencia, en horario de atención continuada se establece el 100% de la dotación que presta servicios habitualmente.
En cuanto a colectivos de Personal Sanitario No Facultativo, se han seguido los mismos criterios que para el personal facultativo.
Respecto al Personal No Sanitario, se han señalado los servicios mínimos necesarios para desarrollar el trabajo que permita cumplir los mínimos citados al personal facultativo y sanitario.
En el ámbito de Atención a las Urgencias y Emergencias (SAMU), se establece personal en servicios mínimos en cantidad necesaria para la íntegra atención de los servicios habituales que prestan y que tienen carácter de emergencias. Así, los servicios mínimos en las UVIs móviles, al tratarse de puestos unipersonales, se han señalado en su totalidad con el fin de dar cobertura a todas las UVIs que han de estar disponibles durante las 24 horas de los días en los que se desarrolló la huelga.
A su vez, en el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Médicas, dada la necesidad de dar respuesta las 24 horas del día, se considera que en todo momento debe haber al menos un facultativo, lo que supone un 50% de servicios mínimos. En cuanto a los auxiliares administrativos con funciones de operadores, dada la índole de las funciones que prestan -la atención de las llamadas de urgencia que tengan carácter sanitario, que suponen de media alrededor de un 80% del total que recibe el 112- se considera que sólo se puede prescindir de una persona por turno. Respecto al resto de personal de gestión y servicios, se considera imprescindible al menos una persona por turno, lo que supone unos servicios mínimo de un 100% dada la escasez de efectivos, exceptuando el turno de mañana respecto a los técnicos no titulados, que siendo dos habitualmente cabe establecer servicios mínimos del 50%.
En los servicios centrales del SAMU es preciso distinguir de una parte, el personal que presta servicios en el Unidad de Transporte Sanitario Programado, siendo necesario garantizar, al menos, la asistencia de una persona en cada turno, en el turno de mañana los servicios mínimos se quedarían en un 50%, pero la tarde, así como la existencia de un solo facultativo, obliga a unos servicios mínimos del 100%. De otra parte, respecto al personal de gestión y servicios se considera suficiente con la presencia de una persona, lo que supone un 20% de servicios mínimos.
Por otra parte, mención especial ha de hacerse al personal residente, que se encuentra específicamente incluido en el ámbito de afectación de la convocatoria. A este respecto se ha de señalar que no se han establecido servicios mínimos respecto de este personal, y ello se debe a que según reiterado criterio jurisprudencial, si bien el personal en formación para la obtención de la especialidad no se encuentra exceptuado del derecho constitucionalmente reconocido del ejercicio de huelga, resulta improcedente señalar a dicho personal como servicios mínimos por cuanto que al desempeñar una relación laboral especial de residencia para la obtención del título de especialista en Ciencias de la Salud, no realizan actividad asistencial propiamente dicha pues la realizan en la medida requerida para su formación y especialización. Así el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones (Sentencias TS 16/11/1993, 16/12/1993, 19/05/2003 y 27/1/2005 entre otras), ha manifestado que el personal MIR es “personal en formación”, la colaboración que presta este personal en las tareas asistenciales de los centros sanitarios, lo es en cuanto a actividad requerida para la formación que ha de realizarse con el fin de obtener el título de Médico especialista. Así las funciones asistenciales del MIR, autorizadas bajo la supervisión de los facultativos del centro, tiene u carácter instrumental al servicio de la formación especializada y no tratan de suplir ni de completar las que incumben a los Médicos que integran la plantilla del centro sanitario, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades asistenciales.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el establecimiento de los servicios mínimos que se detalla en el anexo, se ha de considerar suficientemente motivada y ajustada a la legalidad pues mantiene una proporción variable, según los servicios y unidades, en atención a los criterios anteriormente expuestos.
En este sentido ha de tenerse en cuenta el incremento de la media porcentual de los servicios mínimos señalados, que trae causa de la inclusión del 100% de la actividad de “atención continuada” derivada del desarrollo de los cuatro turnos que la presente huelga abarca, así como de los mínimos señalados para el SAMU, también en porcentaje elevado por la vital y peculiar actividad que desarrolla ese servicio.
Séptimo.—Los servicios mínimos han sido objeto de negociación con los representantes sindicales, en reunión mantenida el día 1 de marzo de 2019, en el Edificio de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, y dado que resulta obligado armonizar el interés general presente en el servicio prestado por la Consejería de Sanidad, y por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, y el derecho de huelga, esta Consejería establece por la presente Resolución unos servicios mínimos esenciales mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de aquellos servicios que, limitando lo menos posible el contenido de dicho derecho, sean a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial para los intereses de la Administración del Principado de Asturias.
Único.—Visto el artículo 17 e) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así como el R.D. Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, y la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de octubre de 2006, que ha declarado nulo el apartado l) del artículo 15.2 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, por el que se atribuía la competencia para el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga al Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, previa negociación con los representantes sindicales en reunión de 1 de marzo de 2019, por la presente,
Primero.—Establecer como servicios mínimos precisos para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales a la comunidad dependientes de esta Consejería de Sanidad, y del Servicio de Salud del Principado de Asturias, los que figuran como anexos I, y II, a la presente Resolución.
Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de marzo de 2019.—El Consejero de Sanidad, Francisco del Busto de Prado.—Cód. 2019-02158.

References: Resolución 
 artículo 43
 artículo 51
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 38
 artículo 15
 Resolución