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Timestamp: 2020-02-28 12:32:06+00:00

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Sentencia de Tutela nº 152/14 de Corte Constitucional, 13 de Marzo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 520285610
Vida digna, salud. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Se le endilga a varias entidades promotoras de salud la vulneración de derechos fundamentales de varios pacientes que sufren enfermedades congénitas o accidentales y que son personas de avanzada edad o sujetos de especial protección constitucional y que requieren de insumos médicos como pañales desechables o de apoyo permanente de un tercero para realizar actividades diarias, los cuales son negados bajo el argumento de estar excluidos del plan obligatorio de salud. Se analiza temática relacionada con el derecho a la salud, los presupuestos jurisprudenciales para acceder a los servicios médicos no contemplados en el plan obligatorio de salud y la obligatoriedad del precedente y de la carga argumentativa que debe asumir el juez de tutela para apartarse del precedente constitucional. Se concede el amparo solicitado y en el caso en donde los jueces de instancia negaron la tutela, se ordena a estas autoridades judiciales proferir un nuevo fallo.
Referencia: expedientes T-4.121.894, T-4.122.827, T-4.122.832, T-4.123.006, T-4.123.626, T-4.124.580, T-4.124.839, T-4.142.482 y T-4.143.049. Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Riohacha del 10 de septiembre de 2013, que revocó la providencia proferida por el Juzgado Único de Ejecución de Penas de la misma ciudad del 31 de julio de 2013, que amparó los derechos invocados (Exp. T-4.121.894); sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá del 25 de julio de 2013, que decidió negar el amparo (Exp. T- 4.122.827); sentencia del Juzgado Veintinueve Penal Municipal de Bogotá del 5 de septiembre de 2013 que resolvió no tutelar el derecho a la salud (Exp. T-4.122.832); sentencia del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Manizales del 2 de septiembre de 2013 que declaró improcedente la acción de tutela (Exp. T-4.123.006); sentencia del Juzgado Segundo Penal Municipal de Itagüí del 13 de agosto de 2013 que negó el amparo de los derechos invocados (Exp. T-4.123.626); sentencia del Juzgado Trece Civil Municipal de Cali del 20 de agosto de 2013 que tuteló el derecho a la salud (Exp. T-4.124.580); sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del 15 de agosto de 2013 que confirmó la providencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de Bogotá del 9 de julio de 2013, que amparó los derechos fundamentales invocados (Exp. T-4.124.839); sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá del 13 de agosto de 2013 que concedió el amparo del derecho de petición (Exp. T-4.142.482) y sentencia del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Palmira del 28 de agosto de 2013 que amparó los derechos fundamentales invocados (Exp. T-4.143.049). Accionantes: M.U.B. (Exp. T-4.121.894), A.C.A. (Exp. T-4.122.832), G.D.G. actuando como agente oficioso de R.F.G. (Exp. T-4.122.827), A. G.S. (Exp. T-4.123.006), C.A.T. Toro (Exp. T-4.123.626), D.S. (Exp. T-4.124.580), E.R. actuando como agente oficioso de A.M. (Exp. T-4.124.839), L.M.I. R. en representación de V. Bejarano Ipia (Exp. T-4.143.049) y B. G.D. (Exp. T-4.142.482). Accionados: Nueva EPS, C. EPS, Cruz Blanca EPS, Cafesalud EPS, Salud Vida EPS y Saludcoop EPS. Magistrados de la S. Segunda de Revisión: M.G.C., L.G.G.P. y G.E. M.M.. Magistrado ponente: M.G. CUERVO.
Expediente T-4.121.894.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la demanda presentada por M.U.B., actuando como agente oficioso de la señora J.B., contra Nueva EPS.
1.2.1. La señora J.B., de 77 años de edad[2], está afiliada al régimen de seguridad social en salud a través de Nueva EPS en calidad de beneficiaria desde el 1 de agosto de 2008.
1.2.2. La señora J.B. padece de alzheimer[6], hipertensión, incontinencia urinaria y trombosis crónica, razón por la cual desde noviembre de 2011 le han prescrito oxigeno domiciliario, atención de enfermería y varios medicamentos.
1.2.3. Por medio de petición del 13 de febrero de 2013, su hija solicitó a la Nueva EPS el suministro del oxigeno, H.C. domiciliario, la atención de enfermería durante 8 horas al día, terapias físicas, el uso de pañales desechables y el seguimiento por parte de medicina general[7]. Sin embargo, a la fecha de interposición de la acción de tutela, la EPS no ha suministrado respuesta a su solicitud.
1.3.1. El apoderado judicial de Nueva EPS[8] solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela dado que la entidad no se ha negado a suministrar los procedimientos y medicamentos Pos o No Pos que han sido prescritos a las señora J.B.. Señaló que la paciente se encuentra activa en el régimen contributivo y su ingreso base de cotización es de $589.500. Así, informó que la atención mensual domiciliaria no ha sido solicitada a la entidad, pero sí se ha autorizado el suministro del servicio de oxigeno y de los medicamentos prescritos (metropolol, acido acetil salicílico, amlodipino, levetiracetam, oxcarbazepina). Respecto a la atención domiciliaria sostuvo que la actora pretende reemplazar al cuidador del paciente por la asistencia permanente de la enfermera, ya que lo que refiere la historia clínica es que el paciente necesita ayuda en sus actividades cotidianas, por ejemplo: comer, vestirse, bañarse, tener compañía. Por último, sostuvo que los pañales son exclusiones expresas del Plan Obligatorio de Salud, de conformidad con el artículo 49 del Acuerdo 029 de 2011.
Decidió amparar los derechos a la salud y vida digna de la señora J.B., por lo cual ordenó a Nueva EPS dar respuesta a la solicitud del 19 de febrero de 2013, mediante la cual requirió el servicio de enfermería, atención domiciliaria y que se determine la necesidad de continuar con alguna de las prestaciones de acuerdo con los lineamientos que otorgue el médico tratante. Ordenó que se suministre de forma periódica los pañales desechables, los medicamentos Pos y No Pos prescritos por el médico tratante y el cilindro de oxigeno, advirtiendo que debe suministrarlos sin demora. Además, autorizó el recobro al Fosyga, de conformidad con el Decreto 806 de 1998 y la Resolución No. 00458 de 22 de febrero de 2013. Lo anterior, por considerar que la atención domiciliara fue (i) prescrita, (ii) esta incluida en el Pos y (iii) con ello se protege la vida y la salud de la paciente y (iv) es necesario otorgar los demás insumos prescritos y que sean requeridos con necesidad por parte de la actora. Asimismo, señaló que si bien los pañales no están en el Pos y no son en estricto sentido un servicio médico, si se trata de un elemento indispensable para la salud y para preservar el goce de una vida en condiciones dignas, así no se allegue una prescripción médica; teniendo en cuenta que se trata de un adulto mayor, que padece de alzahimer, que no controla esfínteres y que su situación económica no le permite costearse los artículos de aseo que por su situación especial requiere.
El apoderado de la Nueva EPS impugnó la decisión del juez de primera instancia, aduciendo que en el POS no está contemplado el servicio de enfermería permanente, pues es un servicio que se puede incluir en el Plan de Atención Domiciliaria siempre que las actividades sean parte del tratamiento de la patología de acuerdo con la guía de manejo para la enfermedad que el paciente padezca. Por lo tanto, considera que en el caso concreto lo que se solicita no es parte del tratamiento prescrito, sino que se pretende reemplazar al cuidador del paciente por la asistencia permanente de la enfermera, ya que lo que refiere la historia clínica es que el paciente necesita ayuda en sus actividades cotidianas. Respecto a los pañales, reiteró que son exclusiones expresas del POS
Expediente T-4.122.827.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la demanda presentada por la señora G.D.G., actuando como agente oficiosa de su madre, R.F. de G., contra Nueva EPS.
1.2.1.La señora R.F., de 80 años de edad[14], se encuentra vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la Nueva EPS en el régimen contributivo, en calidad de beneficiaria desde el 1 de abril de 2013, después de haber sido trasladada de Colpatria EPS.
1.2.2. La señora F. fue diagnosticada con enfermedad cerebrovascular, dependencia funcional severa, síndrome de inmovilismo crónico y úlcera[16]. Además depende de oxigeno las 24 horas del día y usa pañales desechables pues se encuentra postrada en una cama.
1.2.3. Afirma la accionante que cuando la señora F. estaba afiliada a la empresa promotora de salud Colpatria, le autorizaban terapias físicas, respiratorias, ocupacional y de lenguaje, servicio de ambulancia, citas médicas especializadas, enfermera 24 horas, cuidados de gastronomía, citas médicas por 14 horas vía telefónica, y que con el traslado a la Nueva EPS se han desmejorado las condiciones de prestación del servicio médico, razón por la cual se vulneran sus derechos a la salud y la vida digna.
1.3.1. El apoderado judicial de la Nueva EPS[17] solicitó que deniegue el amparo de los derechos fundamentales invocados, pues la entidad ha autorizado la atención domiciliaria mediante oficio No. 27012233. Sin embargo, estimó que para el servicio de enfermería no hay prescripción del médico tratante, ni para las citas con especialista, razón por la cual la EPS no ha vulnerado los derechos fundamentales. Por otra parte, informó con respecto al servicio de medico vía telefónica, que no es un servicio disponible por modelo de atención de Nueva EPS. Finalmente, recordó que el tratamiento integral, se suministra al paciente de acuerdo con las necesidades médicas y a la cobertura establecida en el Plan Obligatorio de Salud.
Decidió no tutelar los derechos fundamentales invocados. Consideró que la entidad accionada no ha vulnerado el derecho a la salud, pues conforme a la respuesta a la acción de tutela, la Nueva EPS remitió autorización de servicios de fecha 1 de julio de 2013, donde se ordenó el paquete de atención domiciliaria que incluye: visitas médico general, como mínimo 1 al mes y las que requiera, visitas de jefe de enfermería, visitas de psicología, nutricionista, mínimo 1 cada 4 meses, visitas de auxiliar de enfermería y trabajadora social, terapias física, respiratoria, ocupacional y/o de lenguaje, así como la visita médica para definir el requerimiento de enfermería y/o cuidador solicitado, aspectos estos que permiten determinar como la aquí petente de amparo, se le están brindando el tratamiento requerido. Respecto al servicio de enfermería 24 horas, la ambulancia, las citas con especialistas, médico por vía telefónico y que se incrementen el número de terapias, no obra en el expediente ninguna orden médica que permitan inferir la necesidad de los mismos, ni su utilidad, cantidad o periodicidad. Sin embargo, exhorto a la EPS para que continúen brindando todos los elementos y servicios médicos en la cantidad y periodicidad que requiera la señora F. para el manejo específico de su patología, conforme a lo prescrito por sus médicos tratantes.
Expediente T-4.122.832.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la demanda iniciada por la señora A.C.A.B., actuando en representación de su hija mejor de edad, N.X.S.A., contra Cafesalud EPS.
1.2.1. N.S.[20], afiliada al régimen contributivo en calidad de beneficiaria a través de Cafesalud EPS, fue diagnosticada de encefalopatía hipóxica por paro cardiorrespiratorio
1.2.3. El 17 de junio de 2013, la madre de menor le solicitó al médico tratante que le suministraran pañales desechables y pañitos húmedos, implementos de aseo que requiere la menor para garantizar su vida en condiciones de dignidad. Sin embargo, le respondieron que no se formuló pañitos y pañales, ya que esto es un insumo personal, no médico[22].
1.3.1. El apoderado judicial de Cafesalud EPS[24] solicitó que niegue por improcedente la acción de tutela. Señaló que la menor N.X. se encuentra afiliada en el régimen contributivo en calidad de beneficiaria de su padre, quien cotiza con un ingreso base de liquidación de $640.000 pesos. Manifestó que la EPS ha garantizado el acceso a todos los servicios médicos que requiere de acuerdo con las prescripciones realizadas por los médicos tratantes. Por otro lado, informó que el valor que los accionantes están obligados a pagar por concepto de cuotas moderadoras equivale a $2.300 pesos por servicio médico y por copagos el tope máximo por servicio es de $169.187 pesos para el manejo de una sola patología; lo cual no implica una afectación al mínimo vital de la familia, teniendo en cuenta el salario que recibe el cotizante. Respecto al suministro de pañales desechables indicó que no es un servicio médico de salud y están expresamente excluidos del POS.
Decidió no tutelar los derechos fundamentales a la salud y la vida digna de la menor N.X.S.. Estimó que al no existir orden del médico tratante sobre los pañales y los pañitos húmedos, no se puede determinar que la paciente requiera el servicio pues es el médico tratante quien conoce las necesidades propias de su patología y no el juez de tutela quien puede determinar su viabilidad, por ello no se puede inferir que la EPS haya vulnerado los derechos fundamentales de la menor. Sobre el tratamiento integral, consideró que no es procedente ordenar la protección respecto a hechos inciertos y futuros. Por último, sobre la exoneración de copagos, manifestó que no hay prueba que contradiga que la actora carece de medios económicos para costearse los procedimientos médicos, dado que está afiliada en el régimen contributivo y dicha exoneración procede cuando se trata de personas calificados con Sisben 1 o cuando el paciente tenga una enfermedad terminal.
Expediente T-4.123.006.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la demanda instaurada por A.G. contra Saludvida EPS.
1.2.1. A.G., de 43 años de edad[27], se encuentra afiliada en el régimen subsidiado a través de Saludvida EPS, calificada con Sisben Nivel 2.
1.2.2. El 28 de febrero de 2012, la accionante fue diagnosticada de leiomioma del útero[30], por lo cual fue intervenida quirúrgicamente para extraérselo y, como consecuencia de una mala praxis médica tiene una fístula en la vejiga, debiéndole realizar dos operaciones para corregir el daño, sin que haya tenido ningún éxito.
Declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora A.G. contra Saludvida EPS. Estimó que la accionante no ha solicitado a la EPS el suministro de los pañales, sino que se los requirió de manera verbal a la IPS donde le practicaron erróneamente la cirugía que conllevo a la incontinencia, razón por la cual la actora no agotó los trámites administrativos necesarios para proteger sus derechos fundamentales. Por otro lado, consideró que ante la ausencia de orden médica que indique la necesidad del uso de pañales no se puede concluir que los requiera. Además, estimó que la actora tiene programada una cirugía de corrección de fístula en la Clínica Aman el 9 de septiembre de 2013, en la cual tendrá la posibilidad de recuperar su estado de salud sin necesidad del suministro de los insumos.
Expediente T-4.123.626.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la acción de tutela interpuesta por el señor C.A.T. actuando en representación de su hija M.A.T.M. contra Cruz Blanca EPS.
1.2.1. M.A.T.[36], de 4 años de edad, se encuentra afiliada en el régimen contributivo en calidad de beneficiaria por medio de Cruz Blanca EPS, y padece de encefalopatía crónica y parálisis cerebral.
1.2.3. Afirma el accionante que en virtud de la discapacidad de la menor, solicitó el 26 de abril de 2013, el suministro de pañales desechables[38]. Sin embargo, la EPS negó su petición aduciendo que el servicio no se encuentra autorizado para su uso y ejecución o realización por la respectiva norma vigente.
1.3.1. La apoderada judicial de Cruz Blanca EPS[39] respondió extemporáneamente la acción de tutela, informando que la menor M.A. es una paciente de 4 años con diagnostico de parálisis cerebral infantil, cuadriparesia espástica y epilepsia por lo que necesita pañales desechables, que es una exclusión taxativa del POS, el cual fue sometido a consideración del Comité Técnico Científico y no fue aprobado pues, se trata de una prenda de vestir y no existe un riesgo inminente para la vida o salud del paciente.
Expediente T-4.124.580.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la demanda de tutela presentada por D.S. actuando como representante legal de su hijo, J.C.S.M., contra C. EPS.
1.2.1. El señor J.C.S., de 25 años[42], está afiliado en el régimen contributivo como beneficiario y se encuentra postrado en la cama como consecuencia del diagnostico de secuelas raquimedular, paraplejia de miembros inferiores y superiores, posterior a un accidente que tuvo el 11 de enero de 2010.
1.2.2. El señor S. fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 80.85%[45] por parte de la EPS C., razón por la cual requiere del servicio de enfermería en casa, pañales, pañitos húmedos, silla de ruedas, crema lubriderm simple, pasta lassar y rehabilitación con fisioterapia.
1.2.3. El 8 de julio de 2013, el Comité Técnico Científico decidió no aprobar el servicio de pañales, pues consideró que no tiene pertinencia, ya que no cumple con los requerimientos necesarios para su aprobación, sin encontrarse en riesgo la salud y vida del paciente, () por ser un insumo cosmético o suntuario[47], ni aprobó el suministro de una silla de ruedas reclinable.
1.2.4. Manifiesta el accionante que no cuenta con los recursos económicos suficientes para sufragar los servicios médicos que requiere su hijo, pues él se desempeña como cortero de caña y es cabeza de hogar[48], razón por la cual requiere que la EPS le suministre los medicamentos, servicios y tratamientos que su hijo necesita, además de la exoneración de copagos.
1.3.1. El Analista Jurídico de C. EPS[49] solicitó que se negará el amparo de los derechos fundamentales, informó respecto al tratamiento integral que no es permitido que se tutelen derechos inciertos. Además afirmó que la EPS no ha vulnerado ningún derecho, pues no hay prescripción médica frente al servicio de enfermería y en virtud del principio de corresponsabilidad es obligación del Estado, los hijos y los representantes legales, el cuidado de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, expidió la autorización el 13 de agosto de 2013 para manejo médico en casa, quién definirá el número de horas requeridas para enfermería. Por ultimo, respecto al suministro de pañales, pañitos húmedos, cremas humectantes y la silla de ruedas, informó que al estar excluidos del POS no son obligación de la EPS autorizarlos.
Decidió tutelar el derecho fundamental a la salud y ordenó a la EPS C. que autorice el suministro de pañales en la talla que se determine, sin embargo negó la entrega de pañitos húmedos, crema antipañalitis y lubriderm y la silla de ruedas, pues consideró que se tratan de insumos cosméticos que pueden ser sufragados por la familia o ser solicitados al Comité Técnico Científico para su aprobación. Igualmente negó la exoneración de copagos. Lo anterior, con fundamento en que no todos los servicios médicos deben ser suministrados por las entidades prestadoras de salud. Así, como quiera que no existe orden médica emanada por parte de la EPS que permita demostrar que el señor J.C.S. requiere del servicio de enfermera en casa por 12 horas, los pañitos húmedos, las cremas y la silla de ruedas, el juez de tutela no puede ordenar el suministro de los mismos. Sin embargo, estimó que la EPS expidió autorización de servicios para el manejo médico en casa y en aquella oportunidad se podrá determinar la necesidad de la atención domiciliaria y los demás insumos médicos.
Expediente T-4.124.839.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la demanda presentada por E.R. actuando como agente oficioso de su madre, A.M., contra Nueva EPS.
1.2.1. La señora A., de 80 años[54], se encuentra afiliada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la Nueva EPS en el régimen contributivo en calidad de cotizante. Además le ha sido diagnosticado artritis reumatoidea, trastorno de deglución, dispescia e incontinencia, razón por la cual requiere 90 pañales desechables mensualmente, cita con gastroenterología y transporte convencional. Lo anterior, fue solicitado por medio de petición del 22 de abril de 2013.
Expediente T-4.142.482.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la acción de tutela interpuesta por B.G.D., actuando en representación de su hijo, J.C.G., contra Nueva EPS.
1.2.1. El menor J.C., de 16 años, se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo, a través de la Nueva EPS, en calidad de beneficiario.
1.2.3. J. fue diagnosticado con discapacidad cognitiva severa, epilepsia y no control de esfínteres, [60] razón por la cual requiere de pañales desechables.
1.3.4. Extemporáneamente, el apoderado general para tutelas de la Nueva EPS[64] solicitó que se deniegue por improcedente la acción de tutela interpuesta por B.G., puesto que los pañales desechables son elementos de aseo, de acuerdo con la clasificación del INVIMA y por lo mismo se encuentran expresamente excluidos del POS.
Decidió conceder el amparo del derecho de petición, toda vez que estimó que la omisión de la EPS de no dar respuesta a la solicitud elevada por la señora B.G., vulnera no solo sus derechos sino los de su menor hijo, quien requiere de los pañales desechables. Por lo tanto ordenó a la Nueva EPS que se pronuncia de manera clara, concreta y precisa frente a lo solicitado por intermedio de derecho de petición del 26 de junio de 2013.
Expediente T-4.143.049.
1.2. Fundamentos de la pretensión de la demanda de tutela presentada por L.M.I.R., actuando en representación de su hija, V.B.I. contra Saludcoop EPS.
1.2.1. V.B., de 13 años de edad[68], se encuentra afiliada a Saludcoop EPS como beneficiaria y padece de encefalopatía hipoxicoisquemica, síndrome compulsivo y parálisis cerebral, por lo cual requiere de pañales desechables, pañitos húmedos, pediasure, mangueras para su nutrición, silla de ruedas y el transporte a citas de control.
1.3.1. La apoderada judicial de Saludcoop EPS[70] solicitó que se negará el amparo de los derechos fundamentales invocados, por existir carencia actual de objeto. Informó que la EPS ha brindado la atención de urgencias, valoración por especialistas, apoyos paraclínicos, procedimientos y medicamentos prescritos. Por su parte, los suplementos nutricionales ya fueron autorizados desde el 31 de julio de 2013 por 3 meses consecutivos. Además, en cumplimiento de la medida provisional se autorizó las bolsas de nutrición y equipo de macrogoteo. Sobre los pañales, la crema antipañalitis y la silla de ruedas, especificó que no hay orden médica y son insumos excluidos del POS, algunos de ellos por tratarse de elementos de aseo.
Decidió amparar los derechos fundamentales a la vida y la salud. Así, decidió confirmar la medida provisional proferida el 13 de agosto de 2013 por medio de la cual ordenó a Saludcoop EPS el suministro de los medicamentos ordenados para la adecuada nutrición de la menor V.. Sin embargo, no accedió a las pretensiones de autorizar los pañales, los pañitos húmedos y la silla de ruedas, al no haber sido autorizados por un médico tratante, ni existir fórmula médica que soporte la pertinencia del suministro de los mismos. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de un sujeto de especial protección constitucional y que si bien los medicamentos para la nutrición están excluidos del POS, existe una prescripción médica que da cuenta de que la menor los requiere con necesidad para efectos de garantizar su vida y condiciones dignas; además no hay medicamento incluido en el POS que tenga mayor eficacia que los ordenados por su médico tratante. No autorizó el recobro ante el Fosyga.
2.2. Legitimación activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
2.2.2. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 consagra que () se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
2.2.3. En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional[75] ha reconocido que se pueden agenciar derechos ajenos, siempre y cuando quien actué en nombre de otro: (i) exprese que está obrando en dicha calidad, (ii) demuestre que el agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de ejercer su propia defensa, condición que puede ser acreditada de manera tácita o expresa, y que, (iii) se identifique plenamente a la persona por quien se intercede (), como quiera que la primera persona llamada para propender por el amparo de los derechos aparentemente vulnerados es el propio afectado, en ejercicio de su derecho a la autonomía y en desarrollo de su dignidad. Lo anterior, por cuanto la agencia oficiosa tiene como límite la autonomía de la voluntad del titular de los derechos fundamentales.
2.2.4. Tal es el caso de las señoras M.U.B., G.D.G., E.R. que actúan como agentes oficiosos de sus madres, J.B. -80 años-, R.F. de G. -77 años- y A.M. -80 años-, respectivamente. Como quiera que las accionantes manifestaron en la solicitud de la tutela que actuaban como agente oficiosos de sus familiares, identificaron plenamente al agenciado y se puede justificar su intervención, en la medida en que aquellas se encuentran incapacitadas por padecer diferentes diagnósticos médicos y ser sujetos de la tercera edad, por lo cual se concluye que se encuentran legitimadas para actuar por activa.
En el caso de la señora A.G.S. siendo la titular de los derechos fundamentales a la salud y vida digna, instauró acción de tutela en ejercicio directo. Por su parte, el señor C.A.T. actúa en representación de su hija M.A.T.M.[78], el señor D.S. actúa como representante legal de su hijo, J.C.S.M., la señora B.G.D. actúa en representación de su hijo, J.C. y L.M.I.R., actúa igualmente en representación de su hija, V.B.I.. Así las cosas, considera la S. que todos los actores se encuentran legitimados en la causa por activa.
2.3. Legitimación pasiva. Las entidades promotoras de salud Nueva EPS, Saludcoop, Cafesalud, C., Saludvida y Cruz Blanca, son entidades particulares prestadoras del servicio público de salud a las cuales se encuentran afiliados los accionantes[79]. Por lo tanto, son demandables en el proceso de tutela (C.P, art. 86; D. 2591/91, art. 42).
2.4. S.. Aun cuando esta S. en ocasiones anteriores y ante casos semejantes ha analizado el requisito de subsidiaridad a la luz del mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, que a través de la Ley 1438 de 2011 agilizó el procedimiento y se ampliaron las competencias jurisdiccionales de esta entidad; en el caso concreto, se concluirá que no existe otro mecanismo judicial eficaz e idóneo para la protección de los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social de la los accionantes, razón por la cual procede la acción de tutela.
2.4.2. Así las cosas, en desarrollo del artículo 2 de la Constitución Política, el Estado debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, por lo cual, como en el caso concreto no se logró comprobar la idoneidad del mecanismo judicial previsto en la Ley 1438 de 2011, esta S. opta por realizar el mandato de efectividad del derecho fundamental a la salud de varios menores de edad en situación de discapacidad y personas de la tercera edad.
2.5. Inmediatez. La demanda de tutela presentada por la señora M.U.B. fue presentada tres meses después[83] de que la accionante por medio de una petición a la EPS, solicitará el suministro de los insumos médicos que reclama vía acción de tutela (Exp. T-4.121.894). En el segundo caso, la actora instauró la tutela un mes y diez días después de que fuera trasladada de la entidad promotora de salud Colpatria a la Nueva EPS (Exp. T-4.122.827). En el tercer caso, la señora A.A. interpuso la acción de tutela dos meses después de que le solicitará al médico tratante el suministro de los insumos que requiere su hija (Exp. T-4122.832). El cuarto caso, la demanda de tutela fue interpuesta seis meses después de que le practicaran una cirugía que como consecuencia de una mala praxis médica conllevo a que la actora padezca de incontinencia urinaria, sin embargo, tal como lo afirma la EPS y la misma accionante, en el transcurso de tiempo entre esa cirugía y la presentación de la acción de tutela, ha sido sometida a dos operaciones para corregir el daño (Exp. T-4.123.006).
En el quinto caso, el señor C.A.T. interpuso la acción de tutela cuatro meses después de que le solicitará a la EPS el suministro de pañales para su hija de 4 años (Exp. T-4.123.626)[89]. En sexto lugar, el señor S. instauro la acción de tutela un mes después de que el Comité Técnico Científico no autorizará el suministro de pañales desechables ni la silla de ruedas que requiere su hijo (Exp. T-4.124.580). En el séptimo caso, la demanda de tutela fue presentada un mes y doce días después de que la EPS suministrará respuesta a la petición elevada por la accionante, negándose a autorizar la entrega de ciertos insumos médicos y el transporte (Exp. T-4.124.839). El octavo caso, la señora G. interpuso acción de tutela dos meses después de que elevará una solicitud ante la EPS requiriendo unos servicios médicos para su hijo (Exp. T-4.142.482). En el último caso, la demanda fue presentada veinte días después de que el médico tratante le prescribiera pediasure y mangueras para la nutrición de la menor V.B. (Exp. T-4.143.049). En todos los casos, considera la S. que se trata de términos razonables para el ejercicio de la acción.
De acuerdo con los antecedentes narrados previamente, corresponde a la S. establecer si: ¿las entidades promotoras de salud accionadas vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida digna de los pacientes, al negarse a suministrar insumos médicos que requieren con necesidad y por estar excluidos del Plan Obligatorio de Salud, tratándose de personas de especial protección constitucional que afirman estar en imposibilidad económica de sufragarlos por su cuenta?
4.1. La Constitución Política consagra el derecho a la salud en el artículo 49 estableciendo que: la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
() la atención en salud debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario para el restablecimiento de la salud del/ de la paciente.
El principio de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico. Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento.[90]
4.3. Presupuestosjurisprudenciales para acceder a los servicios médicos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud.
4.3.1. El Acuerdo 029 de 2011 por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud, expedido por la Comisión de Regulación en Salud, prevé en el artículo 49, las exclusiones del plan de beneficios.
Que el servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico[93].
Así las cosas, en jurisprudencia reiterada y pacífica proferida por varias S.s de Revisión, la Corte ha reiterado que cuando los servicios médicos no contemplados en el POS sean requeridos con necesidad, las EPS tiene el deber constitucional de garantizar su suministro. Tal como lo expuso la sentencia T-760 de 2008 una entidad de salud viola el derecho a la salud si se niega a suministrar un servicio que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud, cuando el mismo se requiera con necesidad.[94]
La sentencia T-752 de 2012, proferida por la S. Primera de Revisión, recogió la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional en la que se protegió el derecho a la salud y a la vida digna, ordenando el suministro de pañales desechables, cuando se cumple con los siguientes presupuestos:
"(i) las personas que requerían el servicio sufrían de enfermedades congénitas, accidentales o como consecuencia de su avanzada edad (deterioro) (i) que les afectaron el control sobre sus esfínteres, (ii) los hicieron dependientes del apoyo permanente de un tercero, para movilizarse, alimentarse y realizar sus necesidades fisiológicas, y (iii) finalmente, que en los casos considerados, los usuarios no tenían la capacidad económica, ni su familia en forma subsidiaria, para sufragar el costo de los pañales desechables de forma particular.
T-565 de 1999 A.B. S. M.. 76 años. Demencia senil avanzada. No controla esfínteres. Régimen contributivo Recibía una pensión de $150.000 para la fachea de expedición de la sentencia, destinada al pago de vivienda, alimentación y vestido. Personas a cargo: su esposo, también adulto mayor.
T-099 de 1999 A.B.S. M.. I. Cerebral. No controla esfínteres. Caja Previsión Social de La Superintendencia Bancaria Pensionada. Asegura que no cuenta con los recursos para comprar los pañales, afirmación que no fue desvirtuada por la EPS.
T-899 de 2002 A.B.S. H.. 74 años. Incontinencia urinaria como consecuencia de una Cirugía de próstata. Instituto de Seguros Sociales No hizo ninguna manifestación sobre su situación económica
T-1219 de 2003 R.E.G. H.. 85 años. Derrame cerebral, parcialmente inmóvil. Incontinencia urinaria total. Régimen especial del M. P.. Personas a cargo: su esposa, también adulto mayor. Asignación pensional destinada al pago de servicios públicos, alimentación, arriendo, medicamentos y transporte.
T-829 de 2006 M.J.C. E. H.. 39 años. Accidente cerebro vascular embolico con parálisis izquierda. No controla esfínteres. Régimen subsidiado Madre del agenciado se encuentra desempleada. Se sostienen con ayuda de familiares y amigos.
T-155 de 2006 A.B.S. N.. 12 años. Mielitis transversa. No controla esfínteres. Dirección General de Sanidad Militar Padre de la menor es suboficial de las Fuerzas Militares. No tiene capacidad económica para sufragar el valor de los pañales, porque su salario no le alcanza sino para satisfacer las necesidades mínima de su familia. Su sueldo está destinado a vivienda, alimentación y educación de su grupo familiar.
T-733 de 2007 M.J.C. E. H.. 68 años. Accidente cerebrovascular, parcialmente inmóvil. Infección urinaria. Régimen contributivo Afirmó no contar con los recursos para costear el valor de los pañales.
T-965 de 2007 C.I.V. H. H.. 39 años. M. tuberculosa. No controla esfínteres. Régimen contributivo Afirmó no contar con los recursos para costear el valor de los pañales.
T-591 de 2008 J.C. T. H.. A.F. y postración. Régimen contributivo Padre del agenciado trabaja como obrero de construcción. Personas a cargo: dos hijos. Indica que no cuenta con los recursos suficientes para sufragar los costos de los pañales, pues su salario lo destina al pago de impuestos, servicios públicos, alimentación, vestuario y transporte.
T-632 de 2008 M.G.C. H.. 85 años. Parkinson. No puede caminar. Deterioro funcional general. Régimen contributivo P.. Recibe una pensión de $ 683.874. Personas a cargo: su esposa, también adulto mayor.
T-202 de 2008 N.P. P. M.. 85 años. A.. No controla esfínteres. Régimen contributivo D. afirmó no contar con los recursos para comprar los pañales.
T-212 de 2008 J.A. R. N.. S.W. (le generó retardo sicomotor, crisis convulsivas y parálisis derecha). Régimen contributivo Núcleo familiar está constituido por cuatro personas. Accionante es ama de casa por lo que los ingresos del hogar están a cargo de su esposo, quien trabaja como operario, devengando un salario de $600.000.
T-975 de 2008 H.A.S.P. N.. 13 años. Incontinencia a raíz de un problema congénito de cadera. Régimen subsidiado. Respecto de su situación económica la demandante no hizo ninguna manifestación.
T-788 de 2008 J.C. T. H.. H. espástica izquierda como consecuencia de un trauma cráneo encefálico severo. Régimen subsidiado. D. se encuentra en el nivel uno del Sisben. Indicó que carece de los recursos económicos para sufragar el costo de los pañales.
T-143 de 2009 M.G.C. M.. Incontinencia fuerte como consecuencia de accidente cerebro vascular. Régimen contributivo Los gastos de la accionante se derivan de la pensión del esposo que asciende a $1.093.00. Mensuales. El núcleo familiar se conforma de la pareja de esposos.
T-292 de 2009 C.E.R. G. M.. Accidente cerebro vascular. Incontinencia urinaria. Régimen contributivo Afirmó insuficiencia económica para sufragar con los gastos médicos.
T-246 de 2010 L.E.V. S. H.. 76 años. A. y paraplejía. Régimen contributivo P.. 1 SMLV. Otros ingresos: ayuda eventual de sus hijos. Convive con uno de sus ellos.
T-664 de 2010 L.E.V. S. H.. 23 años. Trauma raquimedular, postración. Vejiga neuropática. Régimen contributivo Argumentó ser una persona de escasos recursos económicos.
T-574 de 2010 J.C.H. P. H.. Paraplejia, postración. No controla esfínteres. Régimen subsidiado. Argumento ser una persona de escasos recursos económicos.
T-437 de 2010 J.I. P.C. H.. 84 años de edad. Parálisis general como consecuencia de un accidente cerebro vascular. No controla esfínteres. Régimen contributivo P., su mesada mensual es de $346.640
T-827 de 2010 J.I. P.C. 1. Mujer. 80 años. Enfermedad renal crónica, infección del tracto urinario, neuropatía crónica, Alzheimer, y trastorno psiquiátrico. No controla esfínteres. 2. Hombre. 69 años. Incontinencia urinaria permanente y severa como consecuencia de una prostatitis aguda y cancerígena. Ambos de régimen contributivo 1. Se encuentra internada en un hogar geriátrico cuyo costo mensual es de $750.000 que se derivan del canon de arrendamiento de un apartamento de su propiedad. 2. Pensionada, su mesada es $1.575.356.
T-749 de 2010 N.P. P. M.. 74 años. Enfermedad cerebral multinfarto y crisis hipertensiva. No controla esfínteres. Régimen contributivo Afirmó no tener ingresos económicos. Convive con la hija.
T-160 de 2011 H.A.S.P. H.. 60 años. Parkinson. No controla esfínteres. Régimen contributivo No tiene recursos económicos suficientes para sufragar costos médicos. Convive con la cónyuge.
T-212 de 2011 J.C.H. P. 1. Niño. 3 años Microcefalia severa, licencefalia y deformidades congénitas de cadera. No controla esfínteres. 2. Mujer. 36 años. Esclerosis múltiple, no camina, ni controla esfínteres. 3. Niño de 2 años. Hidrocilingomelia de la T8 a la T12, ausencia del hueso sacro y trastorno de toda la línea media que le origina discapacidad física y mental. Régimen contributivo/ subsidiado 1. Depende económicamente de su padre, el salario mensual de él es $3.331.819. 2. Vive con sus padres. No tiene recursos. 3. Convive con una tía y 3 hijos de ella. Depende económicamente de su padre.
T- 233 de 2011 J.C.H. P. 1. Hombre. 37 años Inválido. 2. Hombre de la tercera edad. I. cerebral que le ocasionó parálisis del hemisferio derecho. 3. Hombre. R.. No controla esfínteres. 4. Niño. 8 años. Parálisis cerebral. 5. Niña. 12 años. Parálisis cerebral severa. No puede movilizarse. Régimen contributivo/ subsidiado 1. Alegó no tener recursos. 2. Convive con su madre. 3. Ingresos derivados de labores de agricultura. 4. Recibe un subsidio cada tres meses, para la tercera edad por parte del Estado, de $ 80.000. Convive con su cónyuge. 5. Alegó no contar con recursos económicos.
T-320 de 2011 Dr. J.I. P.P.. Señor de la tercera edad con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, evento cerebro vascular que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, traqueostomía y gastrostomía. De manera intempestiva la EPS dejo de suministrar los pañales que requiere. Régimen contributivo El accionante alega no tener recursos económicos.
Sin embargo, la decisión proferida en la sentencia T-752 de 2012, en la cual se estudiaron 18 casos acumulados cuyo elemento común eran personas en su mayoría de la tercera edad y menores de edad- con diferentes diagnósticos médicos que los hacía depender del apoyo de un tercero para alimentarse, vestirse, movilizarse y realizar sus necesidades fisiológicas; después de hacer un recuento de la jurisprudencia reiterada y pacifica de esta Corporación frente al tema de pañales desechables, consideró que los jueces de tutela estaban imponiendo una barrera adicional a la prestación del servicio de salud y por ende al goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud y la vida digna al apartarse del precedente fijado por la Corte Constitucional, sin alegar una justificación legal, argumentada en cada caso concreto, del por qué el juez constitucional y las EPS siguen negándose a autorizar servicios no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud que los usuarios requieren con necesidad.
Por lo tanto, la S. Primera de Revisión decidió no resolver de fondo los 18 casos concretos, sino que dejó sin efectos las sentencias de tutela objeto de revisión al no aplicar el precedente fijado por el órgano de cierre sobre el alcance del goce efectivo del derecho a la salud, ni haber justificado de forma razonable ni suficiente las razones por las cuales se apartaron del mismo, para que en su lugar volvieran a proferir un fallo en los casos objeto de revisión, teniendo en cuenta las normas constitucionales, el precedente de la Corte Constitucional y el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En virtud de lo anterior, esta S. seguirá los planteamientos realizados en la mencionada sentencia T-752 de 2012-, pues en los ocho casos que se estudian en esta oportunidad, la situación fáctica es semejante y en virtud del artículo 13 de la Constitución, las autoridades judiciales deben resolver casos iguales, aplicando reglas iguales. No sin antes hacer unas breves consideraciones sobre la obligatoriedad del precedente constitucional.
Así mismo, la sentencia C-133 de 1993 que revisó la constitucionalidad de varias disposiciones normativas del Decreto 2067 de 1991, específicamente el artículo 23 que consagraba el valor de la doctrina constitucional con carácter obligatorio. La Corte declaró inexequible la palabra obligatorio, con fundamento en que es la propia Corte a quien corresponde precisar los efectos de sus sentencias a la luz del artículo 243 de la Constitución. En segundo lugar, porque la misma Carta reconoció determinadas categorías a las fuentes formales del derecho, con carácter principal a la ley y la jurisprudencia y la doctrina como criterios auxiliares de la administración de justicia. En tercer lugar, por el carácter erga omnes de los fallos de constitucionalidad de esta Corporación, lo cual implica el deber de todas las autoridades y los particulares de aplicarlas o reproducirlas nuevamente. Por último, al determinar que la cosa juzgada constitucional corresponde a la parte resolutiva de las sentencias y la parte motiva que guarda relación con el sentido con la decisión adoptada ratio decidendi; mientras que las consideraciones consagradas en la parte motiva, son de carácter auxiliar.
La S. concluyó que cumplir con dicha carga argumentativa, permite al juez que en la aplicación e interpretación del derecho en casos fácticamente semejantes, se supere la barrera que el derecho a la igualdad impone a quienes administran justicia. En dicho caso, la Corte decidió amparar el derecho a la igualdad, pues comprobó que el juez ordinario no justificó por qué se apartaba de su mismo precedente y de la interpretación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que el fundamento legal de ambos casos era el mismo, la entidad demanda era la misma y las dos personas se dedicaban a las mismas labores.
En el mismo sentido, desde el año 1999 diferentes S.s de Revisión de la Corte Constitucional han concedido el amparo del derecho a la salud y la vida en condiciones de dignidad, de sujetos de especial protección constitucional afiliadas tanto el régimen contributivo como el subsidiado, a quienes las entidades promotoras de salud les negaba el suministro de los pañales desechables y demás insumos excluidos el Plan Obligatorio de Salud, que los pacientes requerían con necesidad. En los casos estudiados y que fueron transcritos en las consideraciones de esta sentencia, se trataba de personas que presentan las siguientes características: (i) sufren enfermedades congénitas, accidentales o que como consecuencia de su avanzada edad requerían con necesidad los pañales desechables, (ii) no controlan esfínteres, (iii) requieren del apoyo permanente de un tercero para realizar las actividades diarias y básicas y, (iv) son usuarios del sistema que afirman no tener capacidad económica, ni sus familiares, para costear los pañales desechables de manera particular.
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que los jueces de tutela deben asumir una carga argumentativa mínima para apartarse del precedente constitucional, la S. no dará trámite a la revisión de los expedientes que se estudian en esta oportunidad. Por lo cual se ordenará dejar sin efectos las sentencias de tutela objeto de revisión porque no aplicaron el precedente fijado por esta Corporación como órgano de cierre en lo ateniente al alcance del derecho a la salud, ni se apartaron del precedente justificando de forma razonable y suficiente su decisión. En este orden de ideas, los jueces de tutela deberán proferir nuevamente un fallo de tutela en los casos de la referencia.
Sin embargo, como los accionantes son sujetos de especial protección, la S. ordenará como medida provisional, que las EPS accionadas suministren los servicios de salud que requieren y que fueron solicitados mediante las acciones de tutela objeto de revisión en esta ocasión, debiendo seguir las instrucciones de los especialistas en lo referente a la cantidad, calidad y periodicidad de los mismos. Lo anterior, para efectos de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud mientras se realiza nuevamente el trámite correspondiente.
Sin embargo, en el caso T-4.124.580, en el cual el juez de instancia amparó el derecho a la salud y la vida digna de J.C.S., se confirmará la decisión de instancia, pero se darán órdenes adicionales para garantizar la protección a los derechos fundamentales invocados. Por lo tanto, se ordenará a C. EPS, que practique una valoración médica al señor J.C.S., la cual deberá estar a cargo de dos especialistas en el manejo de la patología que padece, adscritos a la entidad y con base en su historia clínica. Y si en la valoración se determina que es pertinente autorizar los servicios solicitados a través de esta acción (crema hidratante lubriderm, pañitos húmedos, silla de ruedas reclinable y el transporte) C. EPS deberá autorizarlo, siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y periodicidad de los servicios a suministrar, y sin endilgarle al usuario o a su familia el trámite administrativo que la entidad debe surtir ante el Comité Técnico Científico para su respectiva autorización.
PRIMERO.- CONFIRMAR las sentencias proferidas por la S. Penal del Tribunal Superior de Bogotá del 15 de agosto de 2013 que confirmó la providencia emitida por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de Bogotá, del 9 de julio de 2013 que amparó los derechos fundamentales de la señora A.M. de R., en la acción de tutela interpuesta por E.R. contra la Nueva EPS Exp. T-4.124.839.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Trece Civil Municipal de Cali, del 20 de agosto de 2013 que decidió tutelar el derecho fundamental a la salud dentro del proceso de tutela iniciado por D.S. actuando en representación de su hijo, J.C.S., contra C. EPS Exp. T-4.124.580. En virtud de esta decisión, se resuelve, además:
-ORDENAR a C. EPS, si aún no lo ha hecho, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, practique una valoración médica al señor J.C.S., la cual deberá estar a cargo de dos especialistas en el manejo de la patología que padece, adscritos a la entidad y con base en su historia clínica. Y si en la valoración se determina que es pertinente autorizar los servicios solicitados a través de esta acción (crema hidratante lubriderm, pañitos húmedos, silla de ruedas reclinable y el transporte) la entidad accionada deberá hacerlo, siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y periodicidad de los servicios a suministrar, y sin endilgarle al usuario o a su familia, el trámite administrativo que la entidad debe surtir ante el Comité Técnico Científico para su respectiva autorización.
TERCERO.-DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Riohacha del 10 de septiembre de 2013, que revocó la providencia proferida por el Juzgado Único de Ejecución de Penas de Riohacha del 31 de julio de 2013, que amparó de los derechos invocados en la acción de tutela instaurada por la señora M.U.B., actuando como agente oficioso de la señora J.B. contra la Nueva EPS (Exp. T-4.121.894).
3.1. ORDENAR al Tribunal Superior de Riohacha que, en el término de cinco (05) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, vuelva a proferir fallo dentro del proceso de tutela iniciado por la señora M.U.B., actuando como agente oficioso de la señora J.B., contra Nueva EPS, atendiendo las reglas constitucionales reiteradas en esta providencia.
3.2. ORDENAR PROVISIONALMENTE a la Nueva EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, suministre a la señora J.B. los servicios solicitados mediante la presente acción (pañales desechables, seguimiento por medicina general, fisioterapia, servicio de atención domiciliaria, enfermería de doce horas y oxigeno), siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los mismos. Esta orden estará vigente hasta que el juez de la causa profiera nuevo fallo, y el juez de primera instancia confirme su cumplimiento.
CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá el 25 de julio de 2013, que decidió negar el amparo en la acción de tutela interpuesta por la señora G.D.G., actuando como agente oficiosa de su madre, la señora R.F. de G., contra la Nueva EPS (Exp. T- 4.122.827).
4.1. ORDENAR al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá que, en el término de cinco (05) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, vuelva a proferir fallo, dentro del proceso de tutela de la señora G.D.G., actuando como agente oficiosa de su madre, R.F. de G., contra la Nueva EPS, atendiendo las reglas constitucionales reiteradas en esta providencia.
4.2. ORDENAR PROVISIONALMENTE a la Nueva EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, suministre a la señora R.F. de G. los servicios solicitados mediante la presente acción (pañales desechables, el servicio de una enfermera, servicio de transporte, terapia física, de lenguaje y ocupacional), siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los mismos. Esta orden estará vigente hasta que el juez de la causa profiera nuevo fallo, y el juez de primera instancia confirme su cumplimiento.
QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO sentencia del Juzgado Veintinueve Penal Municipal de Bogotá del 5 de septiembre de 2013 que resolvió no tutelar el derecho a la salud, en la acción de tutela presentada por la señora A.C.A.B., actuando en representación de su hija mejor de edad, N.X.S.A.[96], contra Cafesalud EPS (Exp. T-4.122.832).
5.1. ORDENAR al Juzgado Veintinueve Penal Municipal de Bogotá que, en el término de cinco (05) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, vuelva a proferir fallo, dentro del proceso de tutela de la señora A.A. en representación de su hija, N.X.S.A., contra Cafesalud EPS, atendiendo las reglas constitucionales reiteradas en esta providencia.
5.2. ORDENAR PROVISIONALMENTE a Cafesalud EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, suministre a la menor N.X.S.A. los servicios solicitados mediante la presente acción (pañales desechables y pañitos húmedos), siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los mismos. Esta orden estará vigente hasta que el juez de la causa profiera nuevo fallo, y el juez de primera instancia confirme su cumplimiento.
SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO sentencia del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Manizales del 2 de septiembre de 2013 que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por A.G.S. contra Saludvida EPS (Exp. T-4.123.006).
6.1. ORDENAR al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Manizales que, en el término de cinco (05) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, vuelva a proferir fallo, dentro del proceso de tutela presentada por A.G. contra Saludvida EPS, atendiendo las reglas constitucionales reiteradas en esta providencia.
6.2. ORDENAR PROVISIONALMENTE a Saludvida EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, suministre a la señora A.G.S. el servicio solicitado mediante la presente acción (pañales desechables), siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los mismos. Esta orden estará vigente hasta que el juez de la causa profiera nuevo fallo, y el juez de primera instancia confirme su cumplimiento.
SÉPTIMO.- DEJAR SIN EFECTO sentencia del Juzgado Segundo Penal Municipal de Itagüí del 13 de agosto de 2013 que negó el amparo del derecho a la salud en la acción de tutela presentada por el señor C.A.T. actuando en representación de su hija M.A.T.M., contra Cruz Blanca EPS (Exp. T-4.123.626).
7.1. ORDENAR al Juzgado Segundo Penal Municipal de Itagüí que, en el término de cinco (05) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, vuelva a proferir fallo, dentro del proceso de tutela de instaurado por C.A.T. actuando en representación de su hija M.A.T.M., contra Cruz Blanca EPS, atendiendo las reglas constitucionales reiteradas en esta providencia.
7.2. ORDENAR PROVISIONALMENTE a la Cruz Blanca EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, suministre a la menor M.A.T. los servicios solicitados mediante la presente acción (pañales desechables y el tratamiento integral), siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los mismos. Esta orden estará vigente hasta que el juez de la causa profiera nuevo fallo, y el juez de primera instancia confirme su cumplimiento.
OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTO sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá del 13 de agosto de 2013, que concedió el amparo del derecho de petición de la señora B.G.D., actuando en representación de su hijo, J.C.G. contra la Nueva EPS (Exp. T-4.142.482).
8.1. ORDENAR al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá que, en el término de cinco (05) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, vuelva a proferir fallo, dentro del proceso de tutela de B.G.D., actuando en representación de su hijo J.C. contra la Nueva EPS, atendiendo las reglas constitucionales reiteradas en esta providencia.
8.2. ORDENAR PROVISIONALMENTE a la Nueva EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, suministre a J.C. los servicios solicitados mediante la presente acción (pañales desechables), siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los mismos. Esta orden estará vigente hasta que el juez de la causa profiera nuevo fallo, y juez de primera instancia confirme su cumplimiento.
NOVENO.- DEJAR SIN EFECTO sentencia del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Palmira del 28 de agosto de 2013 que amparó los derechos fundamentales invocados por L.M.I.R., actuando en representación de su hija, V.B.I. contra Saludcoop EPS, ordenando sólo los insumos de nutrición prescritos (Exp. T-4.143.049).
9.1. ORDENAR al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Palmira que, en el término de cinco (05) días contados a partir de la comunicación de esta providencia, vuelva a proferir fallo, dentro del proceso de tutela de L.M.I.R., actuando en representación de su hija, V.B.I. contra Saludcoop EPS, atendiendo las reglas constitucionales reiteradas en esta providencia.
9.2. ORDENAR PROVISIONALMENTE a Saludcoop EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, suministre a V.B.I. los servicios solicitados mediante la presente acción (pañales desechables, pañitos húmedos, silla de ruedas, crema antipañalitis, alimentación de N. junior pediasure 24 tarros, bolsas y mangueras de nutrición) siguiendo las órdenes de los especialistas con respecto a la cantidad, calidad y regularidad de los mismos. Esta orden estará vigente hasta que el juez de la causa profiera nuevo fallo, y el juez de primera instancia confirme su cumplimiento.
[2] Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía, la señora J.M.B. nació el 28 de septiembre de 1937. (Folio 5).
[13] Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía, la señora R.F. de G. nació el 4 de diciembre de 1932 (Folio 16).
[26] De acuerdo a la copia de la cédula de ciudadanía, la señora A.G. nació el 5 de septiembre de 1969 (Folio 10).
[41] De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía, el señor J.C.S.M. nació el 25 de marzo de 1988 (Folio 8).
[52] Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía, la señora A.M. nació el 22 de febrero de 1933.
[66] De acuerdo con la tarjeta de identidad, V.B.I. nació el 2 de febrero de 2001. (Folio 5).
[72] En Auto del catorce (14) de noviembre de 2013 la S. de Selección de tutela Número Once de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de las mencionadas providencias, se acumularon por presentar identidad de pretensiones y se procedió a su reparto. Así mismo, en Auto del veintiocho (28) de noviembre de 2013, la misma sala de selección de la Corte dispuso la revisión de los casos T-4.142.482 y T-4.143.049 y ser acumulados con el expediente T-4.121.894, por presentar unidad de materia.
[78] El artículo 306 del Código Civil establece: La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres.
En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse a cualquiera de sus padres, para que lo represente en la litis. Si ninguno pudiere representarlo, se aplicarán las normas del Código de procedimiento Civil para la designación de curador ad litem.
[81] La señora F. fue trasladada el 1 de abril de 2013 e interpuso la acción de tutela el 10 de julio.
[83] La señora A.G. fue sometida a una cirugía de leiomioma del útero, el 28 de febrero de 2012 e interpuso la acción de tutela el 16 de agosto de 2012. Si bien en el expediente no consta las fechas exactas de las posteriores cirugías a la que fue sometida para reparar la fístula de vesícula, sin ningún éxito tal como lo informa el Director Médico de la IPS donde fue sometida a los procedimientos quirúrgicos. (Folios 27).
[84]El señor T. solicitó el 26 de abril de 2013 el suministro de pañales desechables e interpuso la acción de tutela el 2 de agosto de 2013.
[85] El 8 de julio de 2013 el Comité Técnico Científico de C. EPS decidió no aprobar el suministro de la silla de ruedas y los pañales desechables. La acción de tutela fue presentada el 1 de agosto de 2013.
[89] De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su inmediatez. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.
[95] a. Que la falta del servicio amenace o vulnere el derecho a la salud, a la vida digna o a la integridad personal;
Que el servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico. (Sentencia T-970 de 2010, entre otras).

References: artículo 49
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 243
 artículo 306