Source: http://registrocivildetodos.blogspot.com/2014/11/
Timestamp: 2017-04-23 09:55:47+00:00

Document:
No a la privatización del Registro Civil: noviembre 2014
La turbia privatización del Registro Civil, por Javier Martínez del Moral
Reproducimos a continuación el artículo escrito por Javier Martínez del Moral, Notario de Santa Cruz de Tenerife, publicado en la Revista el Notariado del Siglo XXI en su número de septiembre-octubre 2014.
Desde finales del pasado siglo el colectivo de registradores estudió la conveniencia de ampliar el negocio registral en el plano subjetivo (a todas las personas físicas y jurídicas) en el plano objetivo (desplazando al catastro a través de bases registrales y creando un estrafalario registro de bienes muebles y de derechos inmateriales), en el plano funcional (a todos los actos, registros y archivos que puedan integrarse en el Ministerio de Justicia) y en el ámbito extrafuncional (a través de la extensión de las competencias de las oficinas liquidadoras de impuestos municipales y autonómicos).
Las leyes 24/2001 y 24/2005 convirtieron esa conveniencia en necesidad. La razón hay que buscarla en la pérdida de oportunidad de la calificación registral y en el proceso de unificación europea.
En síntesis, la calificación registral se justifica porque hay que cubrir el desfase informacional que media entre el momento en que se alumbra el título inscribible y su presentación registral, dado que la situación registral basada en el tracto y la prioridad puede haber cambiado.
La extensión de la secuencia temporal del desfase es directamente proporcional a la necesidad de calificación registral. A mayor desfase cronológico, mayor necesidad. Si no hay desfase, la calificación registral deja de ser una actividad de seguridad jurídica complementaria y se convierte en una duplicidad ineficiente e innecesaria.
El paso de la consulta presencial a la solicitud de información y presentación por fax llevó al colectivo a extender la calificación a todo lo divino y lo humano, parafraseando a don Jerónimo, dando lugar a una sobrecalificación material para compensar la pérdida de protagonismo cronológico en la seguridad contractual.
Las leyes 24/2001 y 24/2005 constitucionalizaron el procedimiento registral (el último de los procedimientos administrativos en adaptarse a la Constitución) y diseñaron las nuevas herramientas tecnológicas que permitieran la homologación en eficiencia a los sistemas de la UE.
El acceso directo, sin intermediación del registrador y a tiempo real a todo el contenido registral por jueces, funcionarios y notarios, así como la presentación telemática a tiempo real de los títulos públicos, tenían como objetivo superar las ineficiencias del rancio sistema de seguridad jurídica diferida, para lograr un eficiente y genuino sistema de seguridad jurídica preventiva, ofreciendo certeza plena en el momento de la verdad contractual, porque siempre es mejor prevenir y evitar el coste, que imputar titularidades, responsabilidades y riesgos (a través del 34 de la LH y la reglas de la prioridad y tracto). En suma, se diseñó un escenario mucho más eficiente que elimina el desfase informacional, porque lo óptimo no es la protección del tercero, que siempre será a costa de otro a quien se le desplaza el daño, sino evitar el choque de prioridades y tractos, que elimina el daño y el coste.
Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, el coste por el fallo del sistema es el mismo tanto si quien se ve despojado de su titularidad es el verus dominus como si es el tercer adquirente. En caso de litigio entre un tercer adquirente y un verus dominus uno de los dos siempre tiene que perder y pierde exactamente lo mismo. Venza uno u otro la pérdida siempre es la misma e inevitable. Por tal razón, lo que mejora el sistema institucional no consiste en privilegiar a uno sobre el otro sino en que el sistema no presente fallos. Es decir, que no se dé la disparidad entre verus dominus y adquirente. La solución está en que no se dé el problema. Y eso no se consigue aunque “la calificación sea eficaz” porque cuando la calificación se produce ya es tarde, ya existe la disparidad.
Se percibe con claridad que la insumisión registral a la aplicación de estas leyes responde a la defensa de egoístas razones crematísticas, a costa de causar un grave perjuicio a los usuarios y al mercado.
Añádase que la sistemática liberalización de profesiones altamente reguladas en la UE amenaza con hacer visible en Bruselas la dudosa legalidad de las rentas de monopolio del colectivo registral, no sólo porque se perciban del mercado sin estar en el mercado, sino también porque es el monopolista quien interpreta lo que ha de pagar el usuario cautivo.
La llamada “reforma integral de los registros” reconvertida en “hagamos el Estado registral por partes” pretende salir al paso de estos problemas. En particular, la absorción del registro civil por el colectivo registral tiene por objeto crear nuevos desfases informacionales entre la actividad jurisdiccional y notarial, la realidad y el contenido registral, que justifiquen esa participación y facturación registral en el triple concepto de pirómanos, bomberos y reforestadores, aun a costa de contradecir las enseñanzas de Guillermo de Ockham a base de proponer soluciones complejas para atajar problemas simples1.
La regeneración democrática pasa por la derogación de la privatización del Registro Civil, por beneficiar al colectivo al que pertenece Rajoy y su familia
Hoy ha acudido al Congreso de los Diputados el Sr. Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, para exponernos su enésimo plan contra la corrupción política y la regeneración democrática. Corrupción que afecta principalmente al Partido Popular, del que es Presidente. ¿Alguien se cree el discurso de Rajoy en este tema? Poca gente. ¿Alguien recuerda que se hayan implementado las medidas anunciadas al respecto en los últimos 3 años, incluida su comparecencia ante las Cortes Generales por el caso Bárcenas? Nadie. Rajoy siempre propone hacer tábula rasa con la corrupción a partir de ahora, pero lo que ha sucedido antes, los beneficios obtenidos por muchos políticos en operaciones de dudosa legalidad amparándose en información privilegiada o su cercanía a los ámbitos del poder no se toca, salvo que algún Juez le dé por investigar. Hoy ha tenido Rajoy una oportunidad de oro para hacerse creible. Le bastaba con anunciar la derogación de la asunción del Registro Civil por los Registradores, colectivo al que pertenece junto con su familia, impuesto en un Real Decreto Ley aprobado en el verano, sin debate alguno. Una vez más, ha desperdiciado la ocasión. Tal y como dice Pedro Sánchez, Rajoy no está capacitado ni legitimado para limpiar la democracia. La asunción del Registro Civil por los Registradores Mercantiles (antes de la Propiedad) fue ideada para apuntalar los privilegios del Cuerpo de Registradores y garantizar la subsistencia de esta función, tal como hoy es prestada, durante las próximas décadas. Mucho ha tenido que ver el que el anterior Director y el Subdirector de la Dirección General de los Registros y del Notariado fueran registradores y que Rajoy y su familia pertenezcan a este Cuerpo; es el resultado de la iniciativa del lobby registral y no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría o la mejoría del servicio público.
Desde noviembre de 2012 el Gobierno ha ido perfilando la atribución al Cuerpo de Registradores de la llevanza del Registro Civil, en sustitución de los jueces actualmente a su cargo. Ya desde el nefasto Borrador de Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros, y aprovechando la coyuntura, no sólo se procedía a extender a este registro los principios de funcionamiento del Registro de la Propiedad -lo que es completamente inadecuado- sino además los mismos parámetros de retribución, lo que implicaba la patrimonialización de un servicio público extraordinariamente sensible en beneficio de intereses particulares. Hoy se dice que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, pero por la puerta de atrás sacan de su ámbito los expedientes de Registro Civil para dárselos a los Notarios, que cobrarán el oportuno arancel, y se preparan para cobrar el acceso a las bases de datos de Registro Civil por parte de las Administraciones Públicas y Notarios y hacer suyos los beneficios de otros Registros, como el de últimas voluntades. En dicho borrador de Anteproyecto se pretendía absorber a su vez las actuales prerrogativas de funcionamiento del Registro Civil por el de la Propiedad y el Mercantil, con la finalidad de investir casi con la autoridad judicial las decisiones de los registradores en todos estos ámbitos, de forma que no pudieran ser revisadas por la Administración del Estado, sino únicamente por el órgano judicial "superior". La reforma, auspiciada por el entorno de Rajoy, les configuraba como un poder independiente del Estado situado al margen de cualquier exigencia de responsabilidad efectiva. Hoy ese borrador , calificado de escandaloso y mesiánico, duerme en un cajón, pero el Gobierno va poco a poco implementado las ideas fundamentales contenidas en el mismo con la única finalidad de fortalecer la posición monopolística de los Registradores en el tráfico jurídico y en la seguridad preventiva, y así se ha aprobado, por la puerta de atrás, la privatización del Registro civil en un Real Decreto Ley infame e inconstitucional. Si Rajoy creyera en la regeneración democrática, sabría que como dice el refrán el Presidente del Gobierno y los miembros del mismo no sólo deben ser gente honrada, sino que además deben también parecerlo. Rajoy podría haber anunciado la derogación de la privatización del Registro Civil porque él y su familia son supuestos beneficiarios de dicha privatización, y la búsqueda de un consenso con todas las fuerzas políticas, tal y como el que alumbró la Ley 20/2011 de Registro Civil, pero no ha querido, y por eso Rajoy sigue igual que siempre, o sea, fatal para la democracia en España. No hay comentarios:
Adjuntamos a continuación un artículo publicado en la Revista El Notariado, en su número de septiembre - octubre de 2014, escrito por Juan José Pretel, Registrador Mercantil de Sevilla y Ex Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil. En estos momentos el Registro Civil se encuentra en medio de una polémica que dura ya varios años y que no sabemos cuándo acabará. Hay polémica especialmente entre los Registradores, de los Registradores con el Ministerio de Justicia y de los sindicatos de funcionarios contra el Gobierno, además de que el tema se ha convertido también en objeto de declaraciones de los partidos políticos (basta con leer las noticias que recurrentemente salen en los periódicos principalmente bajo el lema de “no a la privatización del Registro Civil”). El Registro Civil, en sus líneas fundamentales, proviene del año 1870. Pueden decirse de él muchas cosas, pero lo que no ha sido nunca es una institución objeto de polémica. ¿Qué ha pasado para ahora ocurra lo contrario? Aunque puede discutirse dónde esté el origen de la problemática, entendemos que se encuentra en la Ley 20/2011, de 21 de Julio, de Registro Civil. Hasta ese momento teníamos un sistema registral basado en la Ley de 1957 y su Reglamento de 1958; a pesar de los importantes cambios producidos en el derecho de la persona en general y, especialmente en el derecho de familia, a pesar de los años transcurridos y a pesar de tratarse de una normas preconstitucionales, su notable calidad técnica hizo que no fuera necesaria su derogación, sino simplemente su adaptación. A lo más que se llegó fue a elaborar un borrador de reforma, que a pesar de estar terminado en el Ministerio de Justicia, nunca vio la luz, sencillamente porque no era un tema que políticamente se pensara que fuera acuciante.
Pero de pronto, a falta de otra cosa que hacer, pensaron los grupos parlamentarios que era de una gran modernidad elaborar una nueva Ley de Registro Civil y se pusieron todos ellos de acuerdo (la ley se aprobó por unanimidad) para introducir un cambio radical en el sistema. La nueva norma se basa en los siguientes principios: el Registro Civil pasa a ser único para toda España, con una base de datos única, informatizado y accesible electrónicamente, al que se aplicarán técnicas y normativa de naturaleza administrativa y que dejará de llevarse por los Jueces para pasar a serlo por funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que le sustituya y entre Secretarios judiciales. Lo único que ocurre es que legislador se da cuenta que tan radical cambio no es fácil de hacer, por lo que establece tres mecanismos que le ayuden en la tarea: a) un amplio período de vacatio legis (tres años desde la publicación en el BOE, es decir hasta el 22 de Julio de de 2014, que nuevamente ha sido prorrogado); b) una constante referencia al futuro Reglamento como norma que resolverá los problemas, y c) la utilización de los Ayuntamientos y de los Juzgados de Paz por los particulares, dado que se permite a los mismos que puedan acudir a este tipo de oficinas para presentar y solicitar la documentación.
- Josu Erkoreka ha reiterado que el Gobierno vasco quiere que los Registros Civiles continúen siendo públicos y gratuitos, y que se mantengan en el ámbito de la Administración de Justicia. El Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, se ha reunido esta mañana con el Decano en Euskadi de los registradores, Leopoldo Sánchez Gil, para analizar la decisión del Gobierno español de trasladar las funciones de los Registros Civiles (gestionados en la actualidad en el ámbito de la Administración de Justicia) a los Registros Mercantiles (en manos del colectivo de registradores).
Catalá se apoya en Esquerra Republicana de Catalunya para justificar la privatización del Registro Civil
Como a Catalá se le acaban los argumentos para justificar la privatización del Registro Civil, ha tirado de hemeroteca, tal y como hizo en su día Gallardón, y ha intentado justificar la privatización del Registro Civil, que ha sido rechazada por todos los partidos políticos del parlamento excepto el PP, recordando que durante la tramitación de la Ley 20/2011 Esquerra Republicana de Catalunya propuso dar el Registro Civil a registradores y según Catalá "nadie le consideró sospechoso de privatizarlo".
Así lo ha hecho Catalá en una entrevista concedida a Actualidad Jurídica Aranzadi, según anuncia Europa Press. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que "difícilmente" puede entenderse que el Registro Civil vaya a ser privatizado porque los registradores son "funcionarios públicos". De hecho, ha recordado que, cuando el PSOE aprobó la ley que desjudicializa este servicio, ERC propuso que su gestión fuera asumida por los registradores y "no parece que sea un partido sospechosos de querer privatizar nada".
En dicha entrevista Catalá recuerda que ha retomado el diálogo con el Colegio de Registradores, analiza las reformas de su departamento y advierte sobre la "sensación de desanimo" que genera la existencia de macroprocesos de corrupción que "parecen eternos" en los tribunales.
Muy mal lo tiene que ver Catalá cuando se tiene que apoyar en ERC para justificar la privatización del Registro Civil. ERC debe estar contenta de que a partir de ahora apoye sus postulados políticos, igual hasta se ha vuelto Catalá independentista. Por otro lado, una mentira como que los Registradores son funcionarios, por mucho que la repita no por eso se convierte en verdad; la consideración de funcionarios públicos que hace la Ley Hipotecaria es a efectos de derechos, pero no de deberes, responsabilidad o incompatibilidades. La Unión Europea no les considera funcionarios públicos, y por tanto sus operaciones están sujetas a IVA, y su personal, al que pueden contratar y despedir libremente como cualquier empresario, no son funcionarios públicos. Quizás Catalá no recuerda que la Ley 20/2011 fue aprobado por el consenso de todos los partidos políticos, incluido el PP que decía entonces que no hacía falta aprobar una nueva Ley de Registro Civil, y que la Ley 20/2011 mantiene en todo caso al Registro Civil dentro del ámbito de las Administraciones Públicas, servido por empleados públicos del primero al último, y con ejercicio de competencias ejecutivas por parte de las Comunidades Autónomas, todo lo cual resulta imposible con la privatización del Registro Civil mediante su entrega a los Registradores Mercantiles. Catalá, hasta ERC votó la Ley 20/2011. No hay comentarios:
1ª.-El
Borrador de Ley de Reforma Integral de los Registros del Ministerio de Justicia
debe ser retirado, habida cuenta que vulnera la CE y el Derecho Comunitario.
2ª.-Las
Disposiciones Adicionales 20 a 24 del
Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, relativas a la privatización del
Registro Civil a favor de los Registradores Mercantiles, son nulas de pleno
derecho al vulnerar la CE y el Derecho Comunitario. 3ª.-La
regulación del Registro Civil ha de hacerse con el mayor consenso político y
social para que duren en el tiempo como lo han hecho los legisladores
decimonónicos, de tal manera que se cumpla la aspiración de SILVELA,
quien, con motivo de la discusión parlamentaria sobre la Ley del Jurado el 21
de abril de 1887 decía que “las
reformas se hagan sin propósito de destruirlas por los Partidos que las
combaten cuando alcancen el Poder sino de cumplirlas y respetarlas”.
convine olvidar que el PSOE ya ha anunciado que derogará la norma y cambiará el sistema, si llega al Gobierno en
la falta de consenso, es una temeridad política mantener la entrada en vigor
(15 de julio de 2015) de la privatización del Registro Civil a favor de los
Aún estamos a tiempo para que los grupos parlamentarios mayoritarios se
pongan de acuerdo en considerar al
Registro Civil como una institución del Estado para garantizar la privacidad de
la intimidad de la persona, protegida por los artículos 10.1 y 18.1 de la CE,
que no puede salir del ámbito de la Administración Pública. 5ª.-Los
políticos no deben olvidar la historia y la experiencia legislativa, a través
de los años, debiendo encomendar el
Registro Civil a los Secretarios Judiciales , quienes desde el año 1870 lo han controlado eficazmente como depositarios exclusivos de la fe pública
judicial, que han sido preteridos injustificadamente por el legislador.
6ª.-Pensamos
que, si las fuerzas políticas no
consiguen evitar el desmantelamiento y la privatización del Registro Civil ,
correremos el riego de que, si el
Tribunal Constitucional o, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea declaran la nulidad de dicha
privatización, se producirán graves perjuicios para los ciudadanos y para la Administración Pública.
8ª.-El
nuevo Ministro de Justicia , conocedor del panorama de la Justicia, tendrá que
revisar las extravagancias legislativas
de su antecesor y poner en su sitio al Registro Civil que va hacia un destino
incierto muy peligroso y , para lo cual sería conveniente prorrogar la entrada
en vigor de la Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011.
9ª.-Nos
da la impresión de que los promotores de la nueva normativa del Registro Civil han pretendido sobretodo proteger y
favorecer a los Registradores, olvidándose de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por JESÚS SEOANE
CACHARRON Doctor en
Derecho Procesal y Secretario Judicial.
Asociado de Derecho Procesal.
Ex Presidente y colegiado de honor del Colegio
Nacional de Secretarios Judiciales.
Ex Vicepresidente y Miembro de Honor de la Unión de
Vocal de la Ponencia de la Comisión General de
Codificación en el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2005.
El proyecto de Gallardón y Catalá de privatizar el Registro Civil se basa en dos premisas que son son falsas y no se cree nadie: los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos y todas las actuaciones seguirán siendo gratuitas para los ciudadanos.
La defensa del Sr. Catalá en el día de hoy ante el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, constituye un claro ejemplo de que el Registro Civil va a dejar de ser gratuito para los ciudadanos. Este proyecto de Ley, con la excusa de regular las solicitudes de concesión de nacionalidad a los sefardíes, introduce dos cuestiones completamente ajenas a lo que tradicionalmente han sido los procedimientos de concesión de la nacionalidad española: la tramitación de estas concesiones de nacionalidad por los Notarios y no por los Registros Civiles, y el establecimiento de una tasa para hacer frente al procedimiento regulado en esta ley y para todos los procedimientos de obtención de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza o dispensa.
En cuanto a la tasa la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley establece que "el devengo de la tasa se produce con la presentación de la solicitud, con independencia del resultado del procedimiento", y su importe será de 75 euros. Al proyecto de Ley le resulta indiferente los recursos económicos de los solicitantes o si se solicita la nacionalidad para uno o varios miembros de una familia. Además el pago de la tasa es independiente, en caso de los sefardíes y de los futuros expedientes de nacionalidad que también tramitarán los Notarios si sigue adelante este Gobierno con sus proyectos privatizadores, del pago de los correspondientes aranceles a los Notarios, y de las tasas que habrá que pagar al Instituto Cervantes para acreditar el conocimiento de la lengua y cultura española. Vamos, que hacerse español saldrá por una pasta y muchos no podrán afrontarlo, simplemente porque preferirán dar de comer a sus hijos. Catalá compagina la gratuidad del Registro Civil con el pago de estas tasas porque estas actuaciones dejarán de hacerlas los Registros Civiles. Pura privatización, Catalá, pura privatización. ¿No se os cae la cara de vergüenza?
Justicia cambia la cúpula de los registradores y se replantea cómo continuar con la 'privatización' del Registro Civil
El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado un lavado de cara completo a la Dirección General de los Registros y el Notariado y ha cesado al 'número uno' y al 'número dos' de este departamento: Joaquín Rodríguez y Javier Vallejo, respectivamente. Hasta 30 personas que trabajaban en el equipo de Rodríguez han dejado también sus puestos, la mayoría registradores que estaban en comisión de servicios en la dirección general, revocando así sus plazas. Entre ellos, Javier Angulo, que formó parte del equipo que recibió el encargo de Justicia de desbloquear el colapso que en el Ministerio provocaba la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Un encargo que levantó polémicas y suspicacias por los intereses que Angulo había tenido en una empresa privada que se benefició en la tramitación de esos expedientes, según adelantó 20minutos. Rafael Catalá ha decidido poner al frente de la dirección general a Javier Gómez Gálligo. Los cambios que han llegado con Catalá no son solo orgánicos. La reforma del registro civil, uno de los proyectos estrella del ya exministro Alberto Ruiz Gallardón y que tanta tensión ha provocado en el colectivo de registradores, se está replanteando. Esta reforma supone un cambio de gestión en los registros, que ahora están en manos de los jueces y secretarios judiciales, y que el Ejecutivo quería que fueran dirigidos por los registradores mercantiles. El anterior director general, Joaquín Rodríguez, amigo de Enrique Rajoy (otro registrador hermano del presidente del Gobierno) era uno de los grandes defensores de la reforma. El problema de la reforma es que Justicia quería obligar a los registradores a costear el mantenimiento del Registro Civil y les retiraba el control de todo el sistema informático para llevarlo a cabo. Algo que no sentó nada bien a la mayoría. De hecho, en octubre de 2013, se forzaron nuevas elecciones en el Colegio de Registradores. Joaquín Rodríguez y Enrique Rajoy hicieron campaña a favor de la candidatura que perdió, la del antiguo decano Alfonso Candau. Ganó los comicios Gonzalo Aguilera, que representa a las bases del colectivo descontentas con las reformas que quería introducir Justicia. Las elecciones fueron muy reñidas. Aguilera logró hacerse con un total de 489 votos, frente a los 424 de su oponente. En la candidatura de los derrotados estaba la nuera del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón: Teresa Touriñan Morandeira, registradora de la propiedad de Villalba (Lugo). Ahora, según fuentes consultadas, Catalá viene con el mandato de replantearse la reforma del registro y negociarlo todo con los registradores. Más información »
La Junta de Andalucía cree que la privatización del Registro Civil les priva de potestades de gestión que le corresponden
En respuesta a una pregunta oral del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, De Llera ha pedido al ministro del ramo, Rafael Catalá, que aclare el sistema que va a utilizar para cofinanciar la justicia gratuita tal y como se comprometió en el Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia celebrada en Madrid el pasado 6 de noviembre.
En primer lugar, el titular andaluz de Justicia ha recordado que el Gobierno "está incumpliendo el artículo 11 de la Ley de Tasas ya que no ha recogido en los Presupuestos Generales del Estado una partida para hacer entrega, a las comunidades autónomas, de las cantidades correspondientes a las tasas recaudadas".
Según informa la Junta en un comunicado, De Llera también se ha congratulado de que el nuevo responsable de Justicia del Gobierno central tienda puentes con las comunidades autónomas a través del diálogo, ya que su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, "hacía oídos sordos a las reivindicaciones de las distintas regiones y a las peticiones de los operadores jurídicos".
Por otro lado, el consejero ha mostrado su preocupación por la "privatización" del Registro Civil y ante la posibilidad de que la nueva norma "invada competencias propias de las comunidades autónomas porque las priva de potestades de gestión que les corresponden".
El Govern catalán ve vulneración de competencias en la ley de medidas urgentes para el crecimiento, entre ellas en materia de Registro Civil
El Govern ha aprobado este martes en Consell Executiu pedir un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) por posible vulneración de competencias de la ley estatal de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, este paso, previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, responde a que la normativa española podría invadir competencias del Ejecutivo catalán en materia de comercio, energía, empleo, relaciones laborales, autonomía financiera y Registro Civil.
Entre los artículos con los que no está de acuerdo el Govern figuran algunos que incidirían en la regulación de las zonas de gran afluencia turística --sobre las que ya presentó recurso de inconstitucionalidad en 2012, pendiente de sentencia--.
También destaca que la ley estatal podría afectar a la autonomía financiera de la Generalitat y vulnerar su competencia para crear tributos, específicamente en lo relacionado con el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.
Otros artículos que deberá analizar el CGE afectan a la política de desarrollo de la red de transporte de gas, la eficiencia energética, el fomento de la ocupabilidad y el empleo, y las competencias ejecutivas de la Generalitat en materia de Registro Civil.
Europa Press, 18.11.2014
LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (IV)
II.-LA CESION DEL REGISTRO
CIVIL A LOS REGISTRADORES MECANTILES VA HACIA UN DESTINO INCIERTO MUY PELIGROSO.
pone de manifiesto la portada (“ Las incertidumbres de la cesión del Registro
Civil“) y el editorial (“La
cesión del registro Civil: un salto a lo desconocido“) de la revista El Notario del siglo
XXI de septiembre-octubre de 2014, existen serias incertidumbres en la
cesión del Registro Civil, lo
que supone un salto desconocido, poniendo de manifiesto como un asunto de tanta
trascendencia se haya podido hacer con semejante precipitación, dejando
importantísimas cuestiones abiertas o por resolver , siendo la principal
incógnita la financiación, de tal manera que parece inevitable que sean los
emprendedores y los usuarios del Registro Mercantil los que tengan que sufragar
la millonaria inversión y su futuro mantenimiento. Además señala como la cesión
plantea graves problemas de legalidad e incluso de inconstitucionalidad y apuesta, por tanto, que lo que saldrá de la
caja, una vez abierta, no va a ser nada bueno para ninguno de los sujetos
la misma Revista critican y ponen en duda la ubicación del Registro Civil en
las oficinas de los Registros Mercantiles que abre todo un conjunto de incertidumbre para el futuro del
funcionamiento de un servicio hasta
ahora ejemplar y publican sendos
artículos los Notarios RODRIGO TENA y
MARTINEZ DEL MORAL.
RODRIGO TENA (“La cesión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. Rien ne va
plus“) pone de manifiesto como, si
la solución resulta un fracaso o un escándalo será imprescindible la
intervención del Estado salvador que se puede llevar por delante, con mucha
facilidad, al menos el estatuto de los Registradores implicados.
pregunta ¿A que se debe entonces esa pasión por el riesgo.?.Añade “Quizás no lo
sepamos todo “.Entre otras cosas, señala
la empresa que va a resultar beneficiaria del proceso de contratación para la creación y mantenimiento del sistema informático aplicable a todos los Registros, incluido el
Civil, denunciando la opacidad porque
parece que el proceso va a encomendarse a la empresa pública “Ingeniería de Sistemas para la defensa de
España “, entre cuyos atributos no figura precisamente la transparencia.
Un 'doble' de Rajoy recauda dinero ante la privatización del Registro Civil
Trabajadores y miembros del sector de Justicia CC OO volvieron el pasado jueves a realizar una peculiar protesta ante la inminente privatización del Registro Civil, que deja en el aire las condiciones laborales de 3.500 puestos de trabajo a nivel nacional.
En esta ocasión, los representantes sindicales y trabajadores organizaron a las puertas de la Ciudad de Justicia una cuestación popular con la ayuda de un ‘doble’ de Mariano Rajoy con el objetivo de denunciar que el Gobierno «quiere beneficiar al colectivo de los registradores de la propiedad», profesión que ejerce el presidente del Ejecutivo y sus dos hermanos, «regalándoles el Registro Civil para que los mercantilice y lo exploten económicamente en perjuicio de los ciudadanos». Los trabajadores mantendrán la protesta durante las próximas semanas.
El Ideal de Córdoba.com, 14.11.2014
LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (III)
La tramitación del Real Decreto Ley 18/2014 como proyecto de Ley y el
rechazo de las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados.
Por la gran mayoría de los
Grupos Parlamentarios de la oposición se han presentado 38 enmiendas en el
Congreso, solicitando la supresión de las disposiciones adicionales del Real
Decreto Ley que se refieren al Registro Civil.
El Congreso (28 de agosto de 2014), con los votos del PP, dio luz
verde a la reforma del Registro Civil, rechazando todas las enmiendas de la
esta sesión, muy acalorada, los portavoces de los grupos de la oposición
rechazaron la reforma al considerar que se trata de una privatización del servicio.
El diputado socialista Julio Villarrubia solicitó ampliar la “vacatio legis“ hasta el 1 de
enero de 2016 para tratar de conseguir un consenso entre los grupos
parlamentarios y los colectivos de la Justicia y evitar que el PSOE cambie el sistema si gana las próximas elecciones ,
con graves perjuicios para los ciudadanos. Afirma que el actual Registro Civil
exhibe los mejores resultados de toda la UE.
El mismo parlamentario, a la salida del Congreso (Diario Público.es de
6 de septiembre de 2014) ha aclarado que si su partido llega al
Gobierno se derogará la norma que
privatiza el Registro Civil y que otorga
su gestión a los Registradores Mercantiles y que retrotraerá el servicio
público tal como funciona hasta ahora .Y finaliza sus declaraciones
diciendo que “es un aviso a los que están esperando el negocio, que a lo
mejor en corto y medio plazo no pueden consolidar “.
Los portavoces del PSOE, IU y PNV ( El Economista de 29 de agosto de 2014 ) abogaron en defensa de sus
enmiendas por su apoyo al modelo del Registro Civil llevado por los Secretarios
Judiciales a los que consideran mas idóneos por tratarse de un cuerpo superior
jurídico , con carácter de `autoridad, de ámbito nacional y dependiente
su parte la portavoz de UPYD Irene Lozano calificó el Proyecto de chapuza y engaño a la sociedad, al tiempo que
dudaba de la gratuidad del futuro sistema.
El portavoz del PP José Castillo, defendió el proyecto y nos sorprendió cuando dijo que “ el Gobierno
ha puesto la condición de la gratuidad de las certificaciones “.¿que pasa con
las inscripciones y con los expedientes?.Quizás en esta incertidumbre estará
el engaño a la sociedad de que hablaba la portavoz de UPYD.
Rechazo de enmiendas en el
Senado y publicación de la Ley 18/ 2014.-
gran mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición en el Senado han
presentado un total de 29 enmiendas en la línea de las rechazadas en el Congreso.
el pleno del Senado de 1 de octubre de
2014 se ha aprobado el texto remitido por el Congreso, rechazando todas las
enmiendas presentadas por la oposición.
La Ley 18/ 2014 de 15 de octubre de 2014, (publicada en el BOE del día 17) de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia ha consolidado la entrega del Registro Civil a
los Registradores Mercantiles.
espadas están en alto; ahora la última palabra la tendrán el Tribunal
Constitucional o, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Comisiones Obreras denuncia al Presidente del Gobierno y al ex
Ministro de Justicia por atribuir el
Registro Civil a los Registradores Mercantiles.
El Registro Civil de Pamplona no puede dar citas al irse media plantilla y no cubrir el Gobierno los traslados
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pamplona, encargado del Registro Civil de la capital navarra, acordó ayer suspender en este los servicios de información y cita previa, así como la emisión de certificados en el momento salvo aquellos que por las prioridades que establece la Ley deban emitirse, es decir, los más urgentes por nacimientos, defunciones....
Ayer ya se empezaron a recibir quejas por escrito aunque todavía no se han suspendido citas señaladas, circunstancia que como parece que el cierre de servicios se va a alargar en el tiempo podría darse la semana que viene.
“ES COMPLEJO, PERO SE VAN A CUBRIR” La pírrica situación es consecuencia de la falta de previsión de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra que solo ha repuesto una de las seis plazas (1 gestora y 5 tramitadores) de funcionarios (de los 11 que trabajan) que acaban de cesar para marcharse a otras plazas de la Administración de Justicia tras participar en el concurso de traslados anual. La resolución del concurso era conocida por el Ejecutivo foral desde el 4 de noviembre y, de hecho, la Sala de Gobierno del TSJN ya había advertido del déficit de personal que se iba a crear en el Registro, pero desde el Ejecutivo achacan esta “disfunción a la complejidad y laboriosidad del proceso de sustitución, en el que los llamamientos se realizan primero a internos y luego se acude a listas de contratación. Eso causa retraso”.
Aunque el Gobierno garantizó ayer que “todas esas plazas se van a cubrir”, el encargado del Registro Civil ya advierte en el acuerdo adoptado que este no volverá a prestar todos los servicios que tiene encomendados al público “hasta que la situación en cuanto a la sustitución y formación de las personas que se designen para los puestos que han quedado vacantes se regularice”. Por lo tanto, no solo hay que nombrar a los funcionarios sustitutos sino que también se les debe dar un periodo mínimo de formación para que puedan llevar las riendas de su nuevo puesto. No está de más recordar que la salida de esos funcionarios se produce ante la incertidumbre por la privatización del Registro Civil, servicio que el Gobierno central quiere entregar a los registradores de la propiedad.
Noticias de Navarra.com, 14.11.2014
Nota: así es como Rajoy se carga un servicio público modélico, que siempre había funcionado muy bien en Pamplona. El personal especializado, atento y con años de experiencia deja el Registro porque Rajoy quiere hacer del mismo su negocio privado.
UGT critica la paulatina privatización de algunos servicios de la Justicia
La UGT ha denunciado hoy "la paulatina" privatización de algunos de los servicios que presta la Administración de Justicia y que ha comenzado con las prestaciones del Registro Civil.
La responsable federal del sector de la Administración de Justicia de la UGT, Victoria Carrero, ha indicado en una rueda de prensa que ya se ha dado un primer paso en la privatización del Registro Civil con las tasas por los expedientes de nacionalidad que cobrarán los registradores de la propiedad y los notarios.
Victoria Carrero ha asegurado que, aunque la privatización del Registro no se llevará a cabo hasta el 2017, el cobro de estas tasas ya es un primer indicio y ha informado de que la prueba de idioma que han de pasar los extranjeros que pidan la nacionalidad española costará 30 euros.
También ha recordado que el pasado 1 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria que, después de su tramitación parlamentaria, propiciará que los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán de los expedientes registrales.
También los notarios se ocuparán de los expedientes relativos a la de herederos cuando no haya testamento y de los testamentos ológrafos, es decir manuscritos, y los otorgados verbalmente, así como de enlaces matrimoniales, separaciones y divorcios.
Para evitar su implantación completa, según ha asegurado Victoria Carrero, la UGT ya iniciado contactos con los grupos parlamentarios del PSOE y de IU, cuyos representantes han garantizado a este sindicado que se opondrán en la tramitación parlamentaria y que, de ser aprobada, será derogada en el caso de alcanzar una mayoría en las próximas elecciones generales.
La representante de la UGT ha criticado que los recursos de la Administración de Justicia son "escasos" y que el 25 por ciento de sus trabajadores son interinos, algunos de ellos con una antigüedad superior a los 20 años.
Carrero ha anunciado que los sindicatos ya han reclamado al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que negocie la convocatoria de concursos-oposición para los empleados de la Administración de Justicia, en la que se tardan alrededor de tres años en cubrir las plazas vacantes por jubilación.
La Vanguardia.com 13.11.2014
CCOO solicita al Grupo Socialista que apoye todas las iniciativas para detener la privatización del Registro Civil
CCOO se reunió en el día de ayer 13 de noviembre con los portavoces de Justicia del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, tras los cambios producidos en su grupo después de la elección del nuevo secretario general del PSOE.
En la reunión, CCOO trasladó a la portavoz de la comisión de Justicia del Congreso del grupo parlamentario socialista, Rosa Aguilar, la denuncia que CCOO presentó ante la FGE y la carta remitida a Rajoy por presunta corrupción en la decisión de privatizar el Registro Civil, iniciativas que ha acogido de forma muy positiva:
* CCOO ha solicitado que el grupo socialista apoye todas las iniciativas que está adoptando, y las que va a impulsar en los próximos días, para detener la privatización del Registro Civil. Se ha comprometido no solo a apoyarlas, sino también a defender hasta el final que el Registro Civil siga siendo un servicio público servido por el personal de la Administración de Justicia. Ante un hipotético cambio de Gobierno el próximo año, el grupo socialista se ha comprometido a echar abajo la ley de Rajoy (Ley 18/2014) que privatiza el Registro Civil.
LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (II)
Reacciones al anuncio del Ministro de Justicia de la entrega del
Registro Civil a los Registradores Mercantiles
El Ministro de Justicia manifiesta en el Senado su posición a favor de
los Registradores Mercantiles
(Diarios El Derecho, Cinco Días de 25 de
junio de 2014 y Diario La Ley de 26 de junio de 2014), alegando la especial
preparación de estos profesionales en relación con el registro de las personas
jurídicas. Es decir, con una falta de lógica aplastante, se minusvalora la
especial dedicación, con plena imparcialidad, durante 144 años de los
Secretarios Judiciales, dando preferencia a un operador jurídico que solo se
mueve por intereses económicos y que no
goza de la imparcialidad que se exige a los funcionarios de la Administración del
Estado en el artículo 103.3 de la CE .
Todos lo operadores jurídicos afectados se manifiestan contrarios a
esta última postura del Ministro de Justicia. Los Colegios de Secretarios Judiciales y de Registradores rechazan de plano la propuesta (Diario la Ley de
26 de junio de 2014).
Las Asociaciones de Secretarios Judiciales (UPS y SISEJ) denuncian la privatización del
Registro Civil y la infravaloración de los Secretarios Judiciales (El Derecho
de 26 de junio de 2014).
interesante destacar cómo el Decano del Colegio de Registradores (La Vanguardia y Diario El País de 26 de junio
de 2014) pone de manifiesto como la atribución del Registro Civil a los
Registradores Mercantiles puede originar problemas jurídicos y de
organización además de entrar en
colisión con normas de Derecho Comunitario y su jurisprudencia. Puntualiza que
han sido los Registradores que trabajan en el Ministerio los que han impulsado
esta solución. Y termina diciendo que será un agravio para los usuarios de los
Registros Mercantiles que verían que los
aranceles que ellos pagan se usarán indirectamente para mantener el Registro
Civil y se plantea la siguiente pregunta: ¿qué pensará un autónomo cuando vea que lo que paga para registrar un
acto de su empresa va a financiar la inscripción del divorcio de otro
sorprendente que el Gobierno por Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio de
2014, se atreva a privatizar
el Registro Civil, entregándolo a los Registradores Mercantiles, dando la
impresión de actuar como una apisonadora sobre un derecho fundamental de
los sufridos ciudadanos, aprovechando la
mayoría parlamentarios del Partido Popular, que le soporta, en beneficio de
la vista del mencionado Real Decreto-Ley
el Colegio de Registradores en una nota de prensa (4 de julio de
2014) reitera expresamente su absoluta
disconformidad con la atribución del
Peculiaridades del Real Decreto-Ley 8/ 2014, de 4 de julio , relativas
al Registro Civil.
Gobierno aprovecha este Real Decreto-Ley, que se publica al da siguiente en el
BOE. Se trata de una norma de las denominadas “ómnibus “ en la que regulan
materias tan distintas como de carácter fiscal, social , de infraestructuras,
etc, con una materia tan sensible para la intimidad de los ciudadanos como es
el registro de su estado civil que afecta directamente a su intimidad personal
y familiar que goza de una protección especial en el artículo 18.1 de la CE.
nuestro juicio el Gobierno pretende entregar el Registro Civil a una empresa
dirigida por los Registradores Mercantiles con un desprecio absoluto de los
este curioso Real Decreto-Ley se titula
“De aplicación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia”.El tratamiento del Registro Civil nada tiene que ver con el anuncio
de esas medidas ,y en todo caso no necesita de un tratamiento urgente, salvo lo
que se refiere al aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley 20/2011.Por
esta razón las Disposiciones 20 a 24 serían inconstitucionales, conforme al
articulo 86 de la CE. Las
peculiaridades, recogidas en las Disposiciones Adicionales 19,20, 21, 22, 23 y
24, son las siguientes:
CCOO advierte al Ministro Catalá que el Gobierno no podrá llevar a cabo la privatización del Registro civil ni privar de sus derechos al personal de la Administración de Justicia Las numerosas reuniones que ha mantenido el ministro Catalá con diferentes colectivos en los últimos días destapan que carece de razonamientos sólidos para proceder a la privatización del Registro Civil Tráfico de influencias y presunta corrupción.- El nuevo ministro de Justicia sigue intentando vender ante la opinión pública y las Comunidades Autónomas las bondades de la privatización del Registro civil, mediante su asunción por los Registradores Mercantiles a partir de julio de 2015, negándose a echar marcha atrás en un proyecto cuyo verdadero autor es Mariano Rajoy en lo que puede constituir un claro ejemplo de tráfico de influencias e incluso de corrupción. Catalá se sigue negando a paralizar la privatización del Registro Civil argumentando que es un proyecto de Ley ya aprobado, pero sin embargo ello no le supone inconveniente para afirmar que revisará las tasas judiciales (se niega no obstante a derogar esa ley tan injusta y clasista), o paralizar la creación de la corporación de derecho público que iba a gestionar la contratación del nuevo sistema informático del Registro Civil y que el Consejo de Estado descalificó, pese a que también se tratan de leyes aprobadas. Parece que lo que verdaderamente impide paralizar este proyecto es la intención de Rajoy de que siga adelante por todos los medios, en beneficio propio y de su colectivo. Los registradores mercantiles no son funcionarios públicos.- El Ministro de Justicia, en sus reuniones con las organizaciones sindicales, con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia y en sus notas de prensa, sigue justificando la privatización del Registro Civil en que “ya se lo han dado hecho”, y en razones que demuestran la fragilidad de sus postulados: los registradores mercantiles son funcionarios públicos, se garantiza la gratuidad del registro civil para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales. En cuanto a sus argumentos según aparecen en las notas de prensa, a cuál más frágiles.
El Ministerio de Justicia no podrá garantizar que el Registro Civil, tras ser asumido por los Registradores Mercantiles, cuente con los medios personales y materiales necesarios para su adecuado funcionamiento
Hace unos días un buen amigo mío me vino con un sofoco de aupa: tras más de 20 años trabajando en el Registro de la Propiedad de su municipio, el Registrador, que viene en AVE tres días a la semana para firmar y cobrar, le citó a su despacho junto con otro compañero del Registro, y sin previo aviso o advertencia, les dio la carta de despido y cheque de indemnización alegando despido por causas objetivas: el Registro de la Propiedad ya no ganaba tanto como antes, debido a la crisis económica, y eso que había remontado algo los últimos meses, y había que reducir gastos y por tanto personal. Mi amigo no salía de su asombro: siempre ha sido considerado por los diversos Registradores que han pasado por su municipio como un trabajador ejemplar, con profundos conocimientos del derecho, rápido, trabajador, eficiente, buen compañero, etc. En su Registro existen otras personas con menos antigüedad que él, no ha tenido problema alguno con el nuevo Registrador. Es verdad que el trabajo ha bajado, de hecho él ha visto cómo su salario también ha caido con la crisis económica, pero me asegura que aun así, en el peor de los meses, su Registrador gana neto más de 6 veces lo que gana el Magistrado mejor pagado de España. Todo esto viene a demostrar, una vez más, por qué el Registro Civil no debe ser privatizado y pasar a ser gestionado por los Registradores Mercantiles. Los Registradores son empresarios, y aunque ejerzan una función pública que les haga ser considerados por la Ley Hipotecaria como funcionarios públicos, su régimen de trabajo es el de una empresa en que buscan maximizar ingresos y reducir gastos, para obtener los mayores beneficios posibles. Esto es lógico, pues no perciben una retribución del Estado como todos los funcionarios públicos, sino que obtienen sus ingresos de los aranceles que pagamos los ciudadanos que requerimos de sus servicios, y con dichos ingresos tienen que hacer frente a los gastos de personal, alquiler de local (aunque este gasto luego pueda revertir en beneficio de los mismos, pues muchos son partícipes de la empresa propietaria de sus locales), ordenadores, luz, etc. Para ellos, como empresarios, lo importante son los beneficios que obtienen a final de mes, no el servicio público que prestan, que además hacen en régimen de monopolio: los ciudadanos no podemos elegir a qué Registro de la Propiedad o Mercantil acudimos, sino que debemos acudir al correspondiente a nuestra finca o al del domicilio de nuestro negocio. ¿Puede funcionar así un servicio público esencial como es el Registro Civil? Evidentemente no. En un servicio público debe primar la prestación de dicho servicio en beneficio de los ciudadanos en las mejores condiciones posibles teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias. No se busca tener ganancias, pues raramente se cobra por dicho servicio, sino una rentabilidad social, y es que todos los ciudadanos se beneficien del mismo a un coste razonable y posible que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Ni siquiera el uso en las Administraciones Públicas de herramientas de gestión utilizadas habitualmente en las empresas privadas ha cambiado este concepto de servicio público. En la Administración Pública se puede cambiar al responsable de un servicio público si su gestión no es adecuada, y en último término cada 4 años podemos votar a los políticos responsables del gobierno de nuestras Administraciones; sin embargo no podemos sustituir al Registrador Mercantil responsable del Registro Civil si éste no está bien gestionado, sino confiar en su buen hacer y en las admoniciones que le puedan hacer sus compañeros, como en tiempos del sindicalismo franquista.
La privatización del Registro Civil, un pelotazo de 5 millones sin aclarar
La operación ideada por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez y continuada por su sucesor Rafael Catalá Polo de entregar al Colegio de Registradores de la Propiedad la gestión de los expedientes de nacionalidad con la excusa de resolver el colapso –la dilación no ha bajado de dos años- supuso la aplicación del software informático que los registradores debían utilizar y que costó al Colegio la apreciable suma de 5,15 millones de euros. La primera sorpresa fue que el jefe del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo nombrado por Gallardón en enero de 2012, el registrador Javier Angulo Rodríguez, era a su vez el administrador de la sociedad de matriz rumana Futuver Consulting que diseñó y vendió elsoftware.
Los registradores exigen que la tecnología aporte seguridad (apliquen este artículo a la privatización del Registro Civil)
"Las reformas big-bang no existen en materia de Registros, salvo que se pretenda destruir un sistema. Las reformas son graduales, requieren tiempo y responder a las verdaderas exigencias de los ciudadanos", ha afirmado Nicolás Nogueroles, secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (Ipra Cinder), en el transcurso de su intervención en la inauguración del Congreso Mundial de Derecho Registral, celebrado en Santiago de Chile.
Trascendencia jurídica
La adopción de nuevas tecnologías fue el tema que vertebró su reflexión sobre el futuro de los Registros de la Propiedad, un asunto controvertido, por cuanto el empleo de bases de datos hace que algunos Gobiernos se olviden de la trascendencia jurídica que tienen como garantes de la seguridad jurídica de los propietarios y, por ende, como impulsores de los mercados inmobiliarios y de la construcción.
Según Nogueroles, los países que han sido capaces de evolucionar hacia un Registro de derechos han necesitado muchos años, incluso siglos, y lo han hecho progresivamente (Australia, Escocia o Irlanda). "La simple introducción de nuevas tecnologías no supone necesariamente una mejora de la tecnología jurídica, antes al contrario, si no se mejora la tecnología jurídica puede perpetuar los vicios e inseguridades anteriores y aun potenciarlos", ha afirmado.
Denunció también que las empresas informáticas, multinacionales en algunos casos, pretenden imponer productos sin tener en cuenta el sistema legal de cada país y desconociendo el capital humano, dicho en otros términos, en lugar de adaptar un sistema informático a un registro, es el registro el que se adapta al sistema informático que la empresa vende en todos los países. Y a este respecto añadió que "además de olvidarse de la tecnología jurídica, esto suele llevar una dependencia de los sistemas registrales respecto a la compañía informática, creando un nuevo poder feudal al margen de las instituciones".
PSE-EE reclama que Euskadi asuma la gestión de los registros civiles para impedir su privatización El Grupo Parlamentario Socialistas Vascos pide al Gobierno vasco "que promueva e impulse negociaciones" para el traspaso y asunción de las competencias de gestión y ejecución de las actuales Oficinas de Registro Civil antes de que entre en vigor el Decreto que prevé su privatización el 15 de julio de 2015, con el objetivo de que éste servicio siga siendo público y gratuito "ahora y siempre". En una proposición no de ley, la portavoz socialista de Justicia, Miren Gallástegui, recuerda que el Gobierno de España "pretende dejar en manos de intereses privados el Registro Civil, mediante la entrega de la gestión del mismo a los registradores mercantiles, y pone en cuestión el mantenimiento de los Juzgados de Paz y de los actuales partidos judiciales". Esta privatización, advierte, supondrá "la pérdida de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y especializados en materia de registro civil, así como la eliminación de gran parte del cometido de los Juzgados de Paz como medida previa a la supresión de los mismos". "De hecho, las reformas de la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial deja la puerta abierta a la supresión no sólo de los Juzgados de Paz sino de también de la mayoría de los partidos judiciales, de manera que solo existan juzgados en las capitales de provincia", añade, para afirmar que esto, unido a la entrega de la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles, "vacía de contenido, aún más, las funciones de los juzgados de Paz, y deja abierta la puerta a la supresión de los mismos". Gallástegui añade que, aunque el Real Decreto Ley 8/2014 determina que el servicio será gratuito, estos servicios estarán sujetos a tasas, porque los registradores mercantiles, a pesar de ser "funcionarios públicos" en la forma de acceso al puesto, y en la función que desarrollan en régimen de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel. Por ello, dice, esos aranceles se aplicarán los trámites de Registro Civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano y los que reflejan "todos sus hechos vitales, como la inscripción de nacimientos, los libros de familia, las defunciones, la expedición de certificados, o la fe de vida y estado". Más información »
LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (I)
Adjuntamos a continuación un artículo escrito por JESÚS SEOANE CACHARRON, Doctor en Derecho Procesal, Secretario Judicial y Ex Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, sobre la privatización del Registro Civil.
Este artículo se va a dividir en 5 partes, que se irán publicando de forma sucesiva, y el último día se colgará un enlace al artículo íntegro.
I.-DEL BORRADOR DE REFORMA INTEGRAL DE LOS REGISTROS A LA LEY
18/2014 DE 15 DE OCTUBRE.
Peculiaridades del Borrador de Reforma Integral de los Registros en
cuanto afecta al Registro Civil.
Registro Civil desde la Ley de 17 de junio de 1870 estaba encomendado a los
Jueces Municipales. Ahora, según el artículo 86 de la LOPJ de 1 de julio de
1985, está a cargo de los Juzgados de Primera Instancia y de los Jugados de
Paz. Se rige por los artículos 325 a 332 del CC de 1889 y por la Ley del
Registro Civil de 8 de junio de 1957 y disposiciones que la complementan.
fecha de 21 de julio de 2011 se aprobó la Ley 20/2011, del Registro Civil, adoptando un nuevo modelo desjudicializado, siendo asumida su llevanza
por funcionarios públicos (Secretarios Judiciales u otros Licenciados en Derecho
del grupo A). Su vigencia tiene una “vacatio legis” de tres años desde su publicación en el BOE
de 22 de julio de 2011 y por lo tanto entraría en vigor el 23 de julio de 2014.
finales del año 2012 se filtró a los
medios de comunicación social un Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros con la pretensión de encomendar el Registro
Civil a los Registradores de la
En síntesis las peculiaridades de la reforma incluida en dicho
Borrador son las siguientes:
a).-Actos inscribibles.
los artículos 4.15º , 16º, 17º, y 18 de la Ley del Registro Civil(en adelante
LRC) se incluyen como actos inscribibles la representación voluntaria de las personas físicas,, su
domicilio , sus seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, testamentos
y demás actos de última voluntad.
b).- Encargados del Registro Civil
tenor de la reforma de los artículos 21.3 y 4 de la LRC, los Encargados de
las Oficinas del Registro Civil serán
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, salvo en el extranjero que lo
serán las Oficinas Consulares.
c).-Ámbito de las Oficinas del
la nueva redacción de los artículos 21.1 y 2 de la LRC existirían Oficinas del
Registro Civil en todas las capitales de
provincia, en las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife,
Puerto Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera y Valverde.
d).-Reserva en exclusiva
de la celebración del matrimonio civil ante Notario y la calificación de su
legalidad por el Registrador.
reforma el artículo 51.1 del Código Civil y 58.1 de la LRC en sentido
imperativo de que el matrimonio Civil se
celebrará ante el Notario o ante la Oficina Consular.
a la nueva redacción del artículo 58.2 y 4 de la LRC, el Registrador calificará
la legalidad del matrimonio, lo que a nuestro juicio supone una invasión de la
función notarial, que puede dar lugar a sendos conflictos entre profesiones en
perjuicio de los derechos de los ciudadanos.
e).-Remisión de los Notarios por
medio telemático de los documentos públicos que den lugar a asiento en el
impone, como vemos, la inscripción obligatoria de los documentos notariales relativos
al registro civil (articulo 35 de la LRC).
f).-Desaparece la gratuidad del
se dice en el texto reformado el artículo 21.5 de la LRC que los Registradores cobrarán los
correspondientes aranceles.
Reacciones criticas negativas a la pretendida privatización del
Registro Civil a favor de los Registradores de la Propiedad
reacciones al mencionado Borrador no se
“No está claro cómo se garantizará la gratuidad del Registro Civil”, afirma el Presidente del Consejo del Notariado
Los notarios deben poder acceder a los registros sin intermediación del registrador. Más información »

References: Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 11
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 103
 artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 86
 artículo 51
 artículo 58
 artículo 21