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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2007-12352
Documento consolidado BOE-A-2007-12352
Publicado en: «BOE» núm. 150, de 23/06/2007.
Entrada en vigor: 24/06/2007
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/06/22/11/con
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Ir a: [Preámbulo] TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5 TÍTULO PRIMERO Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8 Artículo 9 TÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO I Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 CAPÍTULO II Sección 1 Artículo 13 Sección 2 Artículo 14 Artículo 15 Artículo 16 Sección 3 Artículo 17 Artículo 18 Artículo 19 Artículo 20 Sección 4 Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 CAPÍTULO III Sección 1 Artículo 24 Artículo 25 Artículo 26 Sección 2 Artículo 27 Artículo 28 CAPÍTULO IV Artículo 29 Artículo 30 Artículo 31 Artículo 32 TÍTULO TERCERO CAPÍTULO I Artículo 33 Artículo 34 CAPÍTULO II Artículo 35 Artículo 36 Artículo 37 Artículo 38 Artículo 39 TÍTULO CUARTO CAPÍTULO I Artículo 40 CAPÍTULO II Artículo 41 Artículo 42 Artículo 43 Artículo 44 CAPÍTULO III Artículo 45 Artículo 46 Disposición adicional primera Disposición adicional segunda Disposición adicional tercera Disposición adicional cuarta Disposición adicional quinta Disposición adicional sexta Disposición transitoria única Disposición derogatoria única Disposición final primera Disposición final segunda Disposición final tercera Disposición final cuarta Disposición final quinta Disposición final sexta Disposición final séptima Disposición final octava [Firma] ANEXO
Determinadas edades de la humanidad han recibido su denominación de las técnicas que se empleaban en las mismas y hoy podríamos decir que las tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. El tiempo actual –y en todo caso el siglo XXI, junto con los años finales del XX–, tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, impensable hace sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.
No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posición servicial de las Administraciones Públicas. Éstas no pueden cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos –en que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales– la relación con el ciudadano debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.
En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración –la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar– hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.
De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los «medios técnicos de que dispongan».
El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos –que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos– a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas.
La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero la hora actual demanda otra regulación que garantice, pero ahora de modo efectivo, un tratamiento común de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las Administraciones Públicas. Las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han ido poniendo de manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la información, la importancia que una regulación clara, precisa y común de los derechos de los ciudadanos y el cambio de circunstancias tecnológicas y sociales exige actualizar el contenido, muy diferente al de 1992, de la regulación básica que esté hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulación común exige, hoy, por ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos –y no sólo la posibilidad– de acceder mediante comunicaciones electrónicas a la Administración.
En todo caso, la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración, suscita la cuestión no ya de la adaptación de ésta –recursos humanos y materiales– a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.
La consagración de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración suscita, también, por ejemplo, la cuestión de la forma de utilizar y archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea tanto en lo que podría considerarse la formación del expediente o el archivo de oficina –el vinculado a la tramitación de los expedientes–, como en lo que se refiere al archivo de los expedientes ya tramitados.
Redactado el apartado VI, primer párrafo conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 158, de 3 de julio de 2007. Ref. BOE-A-2007-12871.
Se modifica el apartado 3 por el art. 3.1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725.
Texto original, publicado el 23/06/2007, en vigor a partir del 24/06/2007.
[Bloque 14: #tsegundo]
Se modifica el apartado 2.b) por el art. 24.1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre. Ref. BOE-A-2014-9467.
Téngase en cuenta para su aplicación lo dispuesto en la disposición adicional 8.
Se suprime el apartado 2 por el art. 24.2 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre. Ref. BOE-A-2014-9467.
[Bloque 43: #civ]
[Bloque 48: #ttercero]
[Bloque 52: #cii-2]
[Bloque 58: #tcuarto]
[Bloque 59: #ci-3]
Se añade la letra c) al apartado 2 por el art. 3.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725.
[Bloque 66: #ciii-2]
[Bloque 69: #daprimera]
[Bloque 70: #dasegunda]
[Bloque 71: #datercera]
[Bloque 72: #dacuarta]
[Bloque 73: #daquinta]
[Bloque 74: #dasexta]
[Bloque 75: #dtunica]
5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los ciudadanos.
Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando se deban ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración previstos en el apartado anterior.
Se añade el apartado 5 por la disposición adicional 7.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo. Ref. BOE-A-2011-4117.
Los programas mencionados en el apartado 5 deberán ser objeto de aprobación y publicación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, según establece la disposición adicional 7.2.
[Bloque 80: #dfcuarta]
– sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
– su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 artículo 103
 artículo 45
 artículo 6