Source: http://www.upinion.org/7/siete.html
Timestamp: 2019-02-20 10:21:40+00:00

Document:
Informe de la sesión 07
Viceministro de Educación; Rector; Representante del Presidente de la República; Representante de los Ex-rectores; Representante del CESU; Designado por el Consejo Académico; Representante de los Profesores; Representante de los Estudiantes. 7/8
Informa que la Universidad Nacional de Colombia se une a la conmemoración de los cincuenta años de los lamentables hechos del 8 y 9 de junio de 1954, en donde un grupo de sus estudiantes perdió la vida a manos de las Fuerzas Armadas. Hace entrega del texto de una Resolución del CSU en donde se destaca que la conmemoración representa un símbolo de la lucha de los estudiantes por un país democrático, poniendo de relieve el papel que cumple la Universidad en la construcción de una nueva sociedad libre, pensante y equitativa. Resalta el solemne acto oficial en que participaron varias personalidades de la época de los trágicos hechos y las sentidas expresiones de quienes intervinieron. El consejero Hakim recuerda los trágicos acontecimientos y el acto fúnebre de Uriel Gutiérrez. El rector hace una breve alusión a la historia política de Colombia correspondiente a la época que rodeó los acontecimientos del 8 y 9 de junio de 1929.
La representante de los estudiantes solicita claridad acerca de si ciertamente el periodo institucional de su representación, vencido el 31 de mayo de 2004, fue extendido en virtud de la Resolución de Rectoría 0562 de 2004, y si su asistencia a la presente reunión del CSU implica capacidad de voto. El representante profesoral recuerda que en la reunión del CSU del 4 de mayo de 2004 manifestó que era necesario tener claridad jurídica sobre las posibles implicaciones de aplazar la convocatoria para la elección de representantes profesorales y estudiantiles, más allá del periodo institucional fijado estatutariamente. Añade que algunos representantes profesorales se han negado a asistir a sus respectivos consejos de facultad más allá de la fecha de terminación de su periodo institucional, pero hay otros que han continuado asistiendo y posiblemente estén participando con su voto en decisiones que eventualmente podrían ser impugnadas. El representante profesoral da lectura a una carta abierta de la representación profesoral ante el Consejo de Sede de Medellín, en la cual se señala que desde el 31 de mayo de 2004 no existe comité de representantes profesorales de dicha sede, y que en consecuencia, la actual representación profesoral ante el mencionado Consejo de Sede dejará de participar en él y en su correspondiente comisión delegataria. Agrega la carta que no es competencia del Rector ni del CSU, sin mediar una reforma estatutaria, prolongar el período de los actuales representantes profesorales.
El Rector aclara que la Resolución Rectoral 0562 de 2004 en su parte resolutiva expresa que los representantes estudiantiles y profesorales ante los consejos respectivos, seguirán asistiendo, y que una vez expedida la reglamentación, el Rector convocará al respectivo proceso de elección. Además señala que la parte aludida es coherente con lo decidido por el CSU.
Con la asesoría de la Dirección de la Oficina Jurídica Nacional, se presenta una discusión acerca de las posibles implicaciones políticas y jurídicas del aplazamiento de la convocatoria a elección de representantes profesorales y estudiantiles. Frente a eventuales quejas ante la Procuraduría, se concluye que ellas pueden ser afrontadas.
Sobre la legalidad de expedir un reglamento en el cual se fije un umbral de participación y unas calidades académicas mínimas para la representación profesoral, se discutieron aspectos generales, sin que exista hasta el momento un proyecto particular de Acuerdo. Se examinó el Decreto 1210 de 1993 en lo relacionado con la elección directa e indirecta de los representantes estudiantiles. Es decir, que en el caso de los estudiantes, al no obtenerse un umbral de participación, queda la vía indirecta para asegurar que este estamento no se quede sin representantes. En el caso de los representantes profesorales, solo se contempla en el Decreto la vía de elección directa, lo cual impone que no se pueda colocar un umbral, debido al riesgo de que algunos organismos colegiados se puedan quedar sin representantes profesorales. Sobre la introducción de calidades académicas mínimas para los representantes profesorales, la ley y el estatuto aparentemente lo permiten, debido a que la elección de representantes profesorales se realiza según reglamentación o normas expediditas por el CSU.
El representante profesoral presenta una queja suscrita por el profesor Alonso Correa, actual representante profesoral ante el Consejo de Sede de Bogotá, y dirigida al CSU, en la cual describe hechos interferentes en la realización de publicidad dirigida a citar una asamblea de profesores, publicidad que no fue autorizada por el Vicerrector de Sede. En la queja el profesor Correa interroga si desde el seno del CSU se ha expedido algún mandato en la dirección de impedir la libre reunión de los profesores y el debate abierto de las ideas. El representante profesoral resume la queja indicando que presuntamente se pudo haber violado la libertad de expresión y reunión. Se concluye que el Rector directamente responderá la queja, teniendo en cuenta si la modalidad de publicidad, perifoneo, podría violar alguna norma relativa a la polución auditiva o alterar las actividades académicas.
La representante de los estudiantes hace algunas observaciones acerca de las invitaciones al evento del TLC organizado por la Universidad. Manifiesta que faltó equidad en las tendencias de los ponentes que tomaron parte en el evento, lo que no posibilitó el debate; agrega que la asistencia fue muy pobre y los costos muy altos, lo que lo hizo excluyente para los estudiantes de menos recursos.
El Rector dice que hubo calidad y equilibrio en los expositores y que no cree que haya habido desbalance, dado que estuvieron presentes diferentes tendencias. Resume señalando que se inscribieron 150 participantes y que los ingresos cubrieron los costos de los ponentes invitados; reconoce que la infraestructura para realizar el evento no tuvo toda la magnitud requerida. El representante profesoral añade que el evento sobre el TLC, al igual que cualquier otro evento institucional relacionado con el impacto de las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial sobre la educación superior colombiana, hace parte de sus compromisos programáticos, y que en efecto, hace varios meses, habló con el Vicerrector Académico sobre el tema, recomendándole los nombres del senador Jorge Robledo, del economista Eduardo Sarmiento y del ex-ministro Rudolph Homes.
El representante profesoral somete a consideración del CSU la iniciativa de la asamblea de profesores de la Sede de Medellín en la cual se solicita que en concertación con el Rector se reglamente y se de apoyo financiero a la realización de un Congreso Nacional de Profesores de la Universidad Nacional, con el objeto de analizar los proyectos de reforma estatutaria presentados por la Rectoría. Además, en la misma comunicación se solicita que se aclaren los términos en los cuales el CSU le aprobó al Rector la utilización de 15 mil millones de los excedentes de Unisalud con destino a un Hospital Universitario de la Sede de Bogotá.
Se aclara que fue la Junta Directiva de Unisalud la que autorizó esta suma para dicho propósito. El Rector responde que aunque ciertamente la Junta Directiva le autorizó utilizar tal cuantía, los 30 mil millones que se incluyeron en el Plan Global de desarrollo para la adquisición o construcción del Hospital Universitario, no provienen de los excedentes de Unisalud, sino de recursos de inversión de la Universidad Nacional, y que por lo tanto, no se utilizará la suma aprobada por la junta Directiva de Unisalud.
Sobre la propuesta del Congreso de Profesores de la Universidad Nacional, se conceptúa que ésta debe ser mas concreta en términos del número de participantes, el lugar, los costos, su duración, para que pueda ser considerada. También se sugiere considerar la posibilidad de realizar un congreso virtual a través de la red.
El Decano (e) de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Profesor Ramón Fayad, informa que de acuerdo con las conversaciones que ha sostenido con los profesores de esa facultad, considera que las condiciones están dadas para que posiblemente en agosto del presente año se proceda a realizar la convocatoria para la inscripción de aspirantes a la decanatura en propiedad, una vez hayan regresado los estudiantes de vacaciones.
Se procede a la discusión del proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el artículo 7, numeral 5, del Acuerdo 13 de 1999 del Consejo Superior Universitario – Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia, y se suprime el parágrafo del mismo. También se discute el proyecto de Acuerdo por el cual se reglamenta el nombramiento del Rector General en la Universidad Nacional de Colombia.
La modificación estatutaria propuesta quedaría así: “5. Nombrar al Rector General para un periodo de tres (3) años. Para esos efectos el Consejo Superior Universitario reglamentará el nombramiento de Rector General observando los criterios de consulta previa a la comunidad académica de los planes y programas presentados por los aspirantes, y de análisis y valoración de sus calidades. El cargo de Rector General sólo se podrá ejercer por dos (2) periodos consecutivos”. “Suprimir el parágrafo del artículo 7 del Acuerdo 13 de 1999 del Consejo Superior Universitario”. “Reglamentación. El Consejo Superior Universitario reglamentará el nombramiento de Rector General.” En la discusión se modifica la redacción de tal manera que un rector nombrado por dos periodos consecutivos, no quede impedido de volver a ejercer el cargo en el futuro.
La discusión del reglamento para nombramiento de Rector General fue particularmente extensa. El Artículo 2 del proyecto de Acuerdo establecía: “Aspirantes a Rector. Podrá aspirar a ser Rector de la Universidad Nacional de Colombia, el ciudadano colombiano que inscriba su nombre o aquellos ciudadanos que sean postulados por una corporación pública, instituciones públicas o privadas, organizaciones sociales o académicas o por los gremios de la producción, que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 13 del Decreto 1210 de 1993”.
En el debate se insiste en que la Universidad Nacional no es propiedad privada, particular o corporativa de grupos, sino que pertenece a la sociedad colombiana toda, y que en consecuencia cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de ley, puede aspirar a la posición de rector; que cualquier institución pública o privada, organización social, académica o del sector productivo tiene el derecho a postular nombres que igualmente cumplan con los requisitos de ley. Sin embargo, se enfatiza que cualquier aspirante debe someterse al cumplimiento de reglamentos, procedimientos y requisitos estatutariamente definidos por la Universidad Nacional.
La representante de los estudiantes señala inconveniencias en que aparezcan aspirantes a nombre de los gremios, por la connotación que para algunos sectores de la comunidad universitaria ello podría tener en términos de interese no necesariamente académicos.
El representante profesoral comparte que la Universidad Nacional no es propiedad privada de ningún grupo particular de la comunidad universitaria, pero considera que el marco legal al establecer que puede aspirar al cargo de rector cualquier ciudadano colombiano que cumpla los requisitos legales, está dando espacio a prácticamente cualquier miembro de la sociedad civil y del mismo Estado. Por lo tanto considera innecesario aludir a organizaciones o instituciones en particular, lo cual expone los aspirantes a aparecer macartizados frente a la comunidad académica, donde existen diversas opiniones acerca de los compromisos políticos de los aspirantes.
Se discute en el proyecto de Acuerdo la presentación de los candidatos inscritos a la comunidad académica mediante la disposición de medios impresos y electrónicos con el fin de que esta conozca sus hojas de vida, planes y programas de los aspirantes y el informe de gestión del Rector en ejercicio, en caso de que este aspire.
Sobre la consulta a la comunidad académica se discutió la posibilidad de que la opinión se exprese en la forma de firma electrónica, y de que esta se realice en apoyo de hasta tres aspirantes. Los Consejos de Facultad, Centro o Instituto considerarían los nombres de aquellos candidatos que hayan recibido el apoyo de al menos alguno de los grupos constituidos por 100 firmas de profesores, 200 de estudiantes o 300 de egresados. Cada uno de los miembros del Consejo de Facultad, Centro o Instituto con derecho a voto, apoyaría hasta tres aspirantes de su preferencia. La Secretaría General consolidaría los resultados y remitiría al CSU la documentación de los cinco candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos. El CSU en pleno o mediante comisiones, entrevistaría a los postulados. El CSU en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, nombraría al Rector.
Una vez agotada la discusión y sometido a consideración lo propuesto, es aprobado por 5 votos contra 2 en primera vuelta. La representante de los estudiantes y el representante de los profesores votaron negativamente. El texto oficial de lo aprobado en el CSU en primera vuelta, con las modificaciones introducidas, será puesto a disposición de la comunidad universitaria oportunamente por la Secretaría General.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 2
 artículo 13