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PAISAJES CULTURALES URBANOS, ENTRE LA PROTECCIÓN Y LA DESTRUCCIÓN
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Lourdes Soriano Gil
1 Boletín de la Asociación de Paisajes Geógrafos culturales Españoles urbanos, N.º 57 entre , la págs. protección y la destrucción I.S.S.N.: PAISAJES CULTURALES URBANOS, ENTRE LA PROTECCIÓN Y LA DESTRUCCIÓN M. Antonio Zárate Martín Departamento de Geografía. UNED RESUMEN La entrada en vigor del «Convenio Europeo del Paisaje» a partir del 1 de marzo de 2008 introduce un elemento nuevo para la conservación y gestión del paisaje en España. Décadas de crecimiento económico y un proceso de urbanización que da lugar a que el 84 % de los edificios tengan menos de 50 años, explican que haya preocupado más la creación de suelo urbano que la protección del paisaje. En este artículo se analizan las dinámicas sociales y los mecanismos legales que explican los conflictos entre conservación del patrimonio y urbanismo. Palabras clave: paisaje, urbanismo, patrimonio, legislación, protección, especulación, zonas de protección de paisaje. ABSTRACT The implementation of the «European Agreement of the Landscape» in Spain from March 1, 2008 introduces a new element for the conservation and management of the landscape in Spain. The strong economic growth of the country and a process of urbanization from the 1960 that there gives place to which 84 % of the buildings has less than 50 years explain that there should have worried more the creation of urban soil than the protection of the landscape. In this article there are analyzed the social dynamics and the legal mechanisms that explain the conflicts between protection and destruction. Key words: landscape, urbanism, patrimony, legislation, protection, speculation, protection zones of landscape. Fecha de recepción: marzo Fecha de aceptación: octubre Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º2 M. Antonio Zárate Martín I. UN LEGADO NO SIEMPRE VALORADO Y BIEN PROTEGIDO En un mundo dominado por la globalización y la pérdida de memoria espacial, los paisajes culturales urbanos dan seguridad emocional a la sociedad. Por eso es preciso detener los procesos de destrucción inherentes a las dinámicas del capitalismo que los amenazan y poner en marcha mecanismos de gestión que posibiliten su conservación. Todas las aproximaciones al paisaje coinciden en definirlo como estructura que resulta de la interacción sobre el territorio de elementos naturales y humanos. Así, el Convenio Europeo del Paisaje, hecho público por el Consejo de Europa el 20 de octubre en Florencia en el 2000, lo define como «cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y /o humanos». A partir de esta definición genérica, el Convenio extiende en su Artículo 2º su preocupación por la conservación y gestión de todas sus tipologías, «tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados. Es evidente que dentro de los paisajes excepcionales están los «paisajes culturales urbanos», socialmente los más emblemáticos aunque los más difíciles de conservar por la complejidad de intereses que confluyen en ellos. En todos los casos, estos paisajes son espacios de geometría variable pero de excepcional valor dentro del imaginario colectivo de los ciudadanos. En general, se identifican con la silueta de nuestras ciudades, como eran aproximadamente hasta los años 1950, con determinados ejes viarios, con ciertos lugares públicos y con barrios de fuerte personalidad por la naturaleza de su entramado, características arquitectónicas y significado cultural. En resumen, son paisajes de escalas diferentes y localización distinta que representan el alma colectiva de las ciudades, al tiempo que refuerzan sentimientos de identidad territorial e identificación con el pasado (Zárate, 2001). El artículo 1º de las «Directrices para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural», de 1992, define a su vez los paisajes culturales «como una obra conjugada del hombre y de la naturaleza: puede ser un jardín o un parque, un paisaje reliquia o un paisaje vivo marcado por su historia o un paisaje que se asocia elemento natural a un hecho religioso, artístico o cultural». En 2002, ya había 30 paisajes culturales en la lista del Patrimonio Mundial y en nuestros días existen más de 40, muy diversos por sus desiguales características morfológicas y sociales. La acumulación de monumentos, las referencias literarias, las imágenes plásticas y la especial belleza de los lugares sobre los que se construyen determinados paisajes urbanos, son componentes determinantes para hacerles merecedores de la categoría de culturales. De este modo, todos los paisajes culturales urbanos sobresalen por la singularidad de sus emplazamientos, sus entramados y sus construcciones, en definitiva, por elementos patrimoniales que reflejan sociedades y modos de producción que se han sucedido a lo largo de la historia. Por eso, los paisajes culturales urbanos son elementos privilegiados que permiten la lectura e interpretación del ayer y encierran un insustituible potencial didáctico para la sociedad. Por si eso fuera poco, en una época en la que triunfan las dinámicas de la globalización y se impone la «urbanalización» (Muñoz, 2008), su singularidad les dota de valor especial y justifica los esfuerzos por protegerlos y, en la medida de lo posible, recuperarlos. Sin embargo, la importancia de los intereses especulativos, la reducida sensibilidad política y el escaso apego de la sociedad hacia los valores paisajísticos explican la desaparición 176 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º3 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción de muchos de ellos o su transformación hasta hacerlos irreconocibles. En España, uno de los países con mayor patrimonio monumental, con un turismo cultural extranjero que viene atraído en parte por reclamos paisajísticos, son frecuentes los atentados contra los paisajes urbanos: el palacio de exposiciones junto a las murallas de Ávila y el entorno de Segovia son dos ejemplos. Qué pensar de una sociedad que reacciona débilmente contra la urbanización del entorno de Numancia y se inquieta poco de las amenazas sobre paisajes del siglo XVI tan bien conservados como los de Toledo, hoy en peligro? (Zárate, 2007). A diferencia de otros países con mayor sensibilidad cultural, la defensa de los valores paisajísticos recae casi de manera exclusiva en Reales Academias de las Ciencias Históricas y de Bellas Artes, Asociaciones y Fundaciones Culturales. El resto de la sociedad permanece impasible, cuando no inquieta porque considera la defensa de los valores paisajísticos como un obstáculo a una pretendida modernidad o a la construcción de viviendas, sobre todo cuando se justifican como sociales. Tampoco los partidos políticos muestran mucho interés por los valores patrimoniales y menos por el paisaje. Ninguno de los tres partidos políticos mayoritarios, de ámbito nacional, recogió referencia alguna al paisaje en sus programas para las últimas elecciones al Parlamento europeo (7 de junio de 2009). En cualquier caso, la singularidad de los paisajes culturales urbanos y su fragilidad son más que evidentes, a pesar de su consideración como elementos patrimoniales (Walter, 2007). La mayoría de estos paisajes necesitan estrategias específicas de gestión pero, lamentablemente, incluso cuando existen, no se desarrollan medios suficientes para su conservación o recuperación. Así, ocurre con el «Plan de Calidad de Paisaje Urbano de Madrid» y con las «Leyes de Paisaje de Cataluña y de Valencia». II. URBANISMO, PATRIMONIO Y PAISAJE: UNA RELACIÓN CONFLICTIVA Paradójicamente, el primer problema para la conservación de los paisajes culturales resulta de unas prácticas urbanísticas que no se preocupan por este aspecto o que si lo hacen, sólo se interesan por ello de manera supeditada a intereses ajenos. Las leyes de ensanche del XIX, que vinieron a dar respuesta a las necesidades de crecimiento de nuestras ciudades, según los modelos de Madrid y Barcelona, con fuerte expansión de zonas residenciales y adaptación del interior a nuevas infraestructuras y usos del suelo, determinaron el nacimiento de otros paisajes e hicieron posible un tratamiento de la ciudad distinto al anterior (Gómez Mendoza, 2009). Sin embargo, la preocupación esencial fue garantizar la movilidad y crear desarrollos urbanísticos acordes con planteamientos higienistas, de racionalidad y eficacia en la ocupación del suelo, no hubo interés estético y menos de conservación de valores históricos (Bonet Correa, Miranda y Lorenzo, 1985). En las décadas de los años 1960 y 1970, coincidiendo con la mayor expansión de nuestras ciudades, la atención otorgada por las Leyes del Suelo a la conservación del patrimonio y el paisaje ha sido insuficiente. Es cierto que la «Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana», contemplaba el paisaje en su articulado, concretamente recogía la posibilidad de desarrollar «planes especiales de protección del paisaje» (Título I, del Planeamiento urbanístico, capítulo I, sección 2), pero la atención se centraba en la creación de suelo para responder a una expansión que durante décadas y especialmente en los años 1960, en la etapa de mayor desarrollo de la economía española, fue por delante de Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º4 M. Antonio Zárate Martín Figura 1 VISTA DE MADRID DESDE LA PRADERA DE SAN ISIDRO PINTADA POR GOYA toda planificación urbana si exceptuamos pocos casos aislados, Vitoria el más significativo (Zárate, 1981). En Madrid, el Plan General de Ordenación Urbana de 1963 fue incapaz de garantizar la construcción del cinturón verde previsto por el Plan General anterior, de 1946, y que, entre otras cosas, habría permitido conservar el frente monumental de la ciudad histórica y el entorno de la pradera de San Isidro, el mejor paisaje cultural madrileño, presente en descripciones literarias, grabados y pinturas desde el siglo XVI. El resultado del urbanismo de los años 1960 y 1970 fue el opuesto, las viviendas llegaron a las orillas del Manzanares, con una elevada densidad residencial; se construyó un enorme estadio de fútbol, casi sobre el cauce del río, y se trazó la primera autovía de circunvalación, la M-30. Y esa misma o todavía peor suerte fue la sufrida por la Vega de Granada (Bosque, 2003). En los años 1970, el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, sobre «Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1975», recogía entre los objetivos específicos de los planes generales municipales en suelo no urbanizable: «preservar dicho suelo del proceso de desarrollo urbano y establecer, en su caso, medidas de protección del territorio y del paisaje» (Art. 11, 3). Ese mismo Real Decreto obligaba a fijar «medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza y defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e históricoartísticos, de conformidad en su caso con la legislación específica» (Art. 12, 1, d,). Se trataba de incluir en la norma lo que la legislación de patrimonio venía haciendo en las ciudades «conjunto histórico-artístico» (Instrucciones de Bellas Artes para la protección del paisaje de la ciudad de Toledo de 1965). El Artículo 17 de la Ley del Suelo de 1975 fue aún más allá al exigir la redacción de «planes especiales para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, protección del paisaje y de las vías de comunicación...», pero su operatividad quedó reducida en la norma al añadirse que esos planes serían elaborados sólo cuando así se estimara necesario y sin sustituir nunca a los «planes generales municipales». El Artículo 19 de la misma Ley añadía que los «planes especiales de protección del paisaje» se aplicarían también «a bellezas naturales, 178 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º5 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción predios rústicos de especial significado, edificios aislados de valor destacado o perímetros edificados de valores tradicionales y estéticos». Por último, en el Artículo 73 se recogía la obligación de adaptar las construcciones al ambiente en que estaban situadas. En su apartado b se dice: «en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigura la perspectiva propia del mismo». Las leyes del Suelo, de 1992 y 1998, y la más reciente, la de 2007, mantienen consideraciones parecidas para la conservación del patrimonio cultural y del paisaje pero los resultados son los mismos, la indiferencia ante la protección del paisaje cultural urbano, tanto a escala de silueta urbana como de actuación de detalle. En la década de los años 1980, bajo los efectos de la crisis del petróleo y de la reconversión industrial, con una reducción en las tasas de crecimiento demográfico, hasta considerarse que las ciudades dejarían de crecer como antes, con nuevos planteamientos ideológicos tras la quiebra de los valores del positivismo científico y en plena vigencia del «urbanismo de la recuperación», surgieron esperanzas para la conservación de los paisajes culturales heredados. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, con su lema «Recuperar la ciudad construida», y las estrategias de revitalización de los centros históricos que por entonces empezaron a tener protagonismo, alentaron las ilusiones en favor de la protección del patrimonio construido y la conservación de sus paisajes. Los «planes especiales de protección y reforma interior» (PERI), previstos en las Leyes del Suelo de 1956 y 1975, las «áreas de rehabilitación integrada» (ARI), creadas a partir del Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, de «protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano», y la Orden de 3 de noviembre de 1983, fueron los principales mecanismos para facilitar el engarce entre urbanismo, patrimonio y paisaje. Sin embargo, la práctica urbanística dio pronto al traste con muchas de aquellas ilusiones. En Madrid, una de las actuaciones más emblemáticas de recuperación, la operación «Pasillo Verde», que se justificó como la transformación del suroeste del casco histórico mediante la sustitución de fábricas, instalaciones ferroviarias y depósitos de mercancías por nuevos usos residenciales y dotacionales, se convirtió en una operación especulativa. El agente económico más beneficiado fue RENFE y uno de sus resultados, impedir la prolongación del Parque del Oeste hasta la estación del Norte, reduciendo más las vistas sobre el conjunto monumental de la cornisa del Manzanares. Los espacios ferroviarios fueron sustituidos en su mayoría por bloques de viviendas que explican un fuerte incremento demográfico en las inmediaciones del Manzanares como se puede apreciar en la figura 2. Por otra parte, los cambios en la gestión del suelo introducidos por la Constitución tampoco han favorecido la conservación de los paisajes culturales urbanos. Al reconocer la gestión del territorio, el urbanismo y la vivienda como competencias exclusivas de las Comunidades autónomas (Art ª), el Gobierno central perdía capacidad de control sobre el suelo, y por lo tanto sobre el paisaje. Las «Leyes de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística» (LOTAU), elaboradas por las Comunidades autónomas, se han convertido en las normas fundamentales para la creación del suelo urbano. Los planes generales Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º6 M. Antonio Zárate Martín Figura 2 POBLACIÓN EN 2009 RESPECTO AL ÍNDICE 100 EN 1986 EN LA CORNISA DEL MANZANARES Y SUS INMEDIACIONES Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los padrones municipales. de ordenación urbana (PGOU), ahora «planes de ordenación municipal» (POM), son aprobados provisionalmente por los propios ayuntamientos y definitivamente por los gobiernos regionales, con lo que las responsabilidades en la creación y gestión del suelo recaen sobre poderes demasiados cercanos a los administrados y por lo tanto sujetos a más intereses y presiones económicas. De ese modo, el urbanismo aparece con excesiva frecuencia como una fuente de corrupción y conflicto. En el mejor de los casos, la creación de suelo ha funcionado como mecanismo de financiación de los ayuntamientos, como instrumento de intereses electorales y procedimiento para manejar voluntades al margen de planteamientos éticos. En ese marco, lo menos importante han sido el paisaje y el patrimonio, y siempre con indiferencia del signo político del partido en el poder. Los escándalos en la gestión urbanística se han repetido por toda nuestra geografía. Además, las «Leyes Autonómicas de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística» (LOTAU) han introducido mecanismos que desestabilizan todo lo que puede ser 180 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º7 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción Figura 3 EDIFICIOS CONSTRUIDOS ENTRE 2000 Y 2007 EN TANTO POR CIENTO RESPECTO AL TOTAL DE EDIFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro. conservación y protección de valores patrimoniales y paisajísticos. La figura del «agente urbanizador» como promotor inmobiliario, los «programas de actuación urbanística» y los «convenios urbanísticos» como instrumentos de planificación y actuación, han impulsado la proliferación desordenada de urbanizaciones por todos los municipios, cerca de las aglomeraciones, en las inmediaciones de los grandes ejes de comunicaciones y en el litoral. Basta un promotor inmobiliario constituido en «agente urbanizador», la elaboración de un «programa de actuación urbanística» y la suscripción de un «convenio urbanístico» con las autoridades regionales y los municipios, conjunta o separadamente, para que un suelo rural sea transformado en urbano y quede listo para acometer un desarrollo urbanístico. Otro efecto de las «Leyes Autonómicas de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística» (LOTAU) ha sido el estimulo de desarrollos urbanísticos en los municipios más pequeños pero bien situados respecto a los ejes de comunicaciones; en la figura 3, en las carreteras de Madrid a Toledo y de Andalucía, y en las inmediaciones de Toledo o de Talavera de la Reina. La razón se encuentra en que las localidades de carácter más rural, de Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º8 M. Antonio Zárate Martín menos de 5000 habitantes, no necesitaban disponer de un «Plan de Ordenación Municipal» y no tenían que establecer reservas de suelo para viviendas de protección pública. Esta obligación sólo afectaba a los núcleos de más de habitantes; incluso los intermedios, de 5000 a 2000 habitantes, sólo tenían que hacerlo si se veían inmersos en formas de conurbación o si así era decidido por Decreto del Consejo de Gobierno Regional. No obstante, también es cierto que las LOTAU recogen de manera enfática en sus preámbulos el respeto por los valores medioambientales (natural y cultural), la compatibilidad con el crecimiento económico-social, el compromiso con el desarrollo sostenible y la apuesta por la mejora de la calidad de vida. Y siempre bajo el pretexto de querer hacer realidad «el derecho constitucional de todos a una vivienda digna y adecuada» (Art.48.3 de la Constitución Española). Contando con esos instrumentos legales, el gobierno regional de Castilla-León aprobó el 27 de septiembre de 2007 la urbanización del entorno de Soria, en la linde del sitio arqueológico de Numancia (BOC y L nº 201), y el de Castilla La Mancha, en ese mismo año, un POM para Toledo que prevé la urbanización de Las Vegas del Tajo y la construcción de viviendas, compactar la ciudad y unir sus barrios dispersos, todo lo cual provocará daños irrecuperables para la silueta urbana y no resolverá sus problemas (Zárate, 2006). En ambos casos, las protestas de la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academias de Ciencias Históricas y de Bellas Artes de Toledo, junto con las de otras instituciones, universidades y asociaciones culturales, han resultado insuficientes y sólo han conseguido éxitos parciales. En Numancia (Soria), la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (22 de diciembre de 2009) ha fallado a favor del recurso interpuesto por la familia Marichalar contra la expropiación de sus tierras lindantes con el sitio arqueológico en las que iba a construir el polígono industrial Soria II. En este caso, ha sido esta misma familia la que ha encabezado la defensa del paisaje y la oposición al proceso urbanizador municipal, deseando conservar el carácter histórico del sitio, el primero en ser declarado en 1882 bien de interés cultural en España. Se producía así una continuidad con la voluntad del abuelo de la generación actual, D. Luis Marichalar, vizconde de Eza, senador y diputado por Soria, que es quien cedió al Estado los terrenos de su propiedad en los que se ubicaba el yacimiento de Numancia. En Toledo, el presidente Barreda ha sido el principal responsable de la paralización del PAU «Vega Baja», anterior al POM vigente, y después de que la Empresa Municipal Vega Baja S.A. hubiera vendido ya allí parcelas para la construcción de 1300 viviendas. A él se debe también la decisión de sustituir esa construcción, el 26 de julio de 2006, por un parque arqueológico que recuperará elementos de la que fue capital de la Hispania visigoda en los siglos VI y VII. En esos terrenos se levantará un Centro Internacional de la Época Visigoda que incluirá un Museo, un Centro de Interpretación de la Vega Baja y un Centro de Investigación. El presidente regional ha respondido así al empeño por conservar el patrimonio de la Vega Baja, entre otros, de los arqueólogos e instituciones como la Real Fundación de Toledo y las academias de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y de San Fernando. 182 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º9 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción Figura 4 PLANES PARCIALES PREVISTOS POR EL POM ACTUAL DE TOLEDO DE 2007 Fuente: Memoria POM de Toledo. III. INSUFICIENCIA DE LA NORMATIVA DEL PATRIMONIO PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE Pero si la legislación de ordenación del territorio no ha servido para proteger los paisajes culturales urbanos, tampoco la legislación de patrimonio ha sido eficaz a esos efectos, a pesar de que España dispone de una de las legislaciones más antiguas de protección del patrimonio. En 1803, una Real Cédula estableció el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos o que fueran descubiertos en el Reino, y en el siglo pasado, el Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 hizo extensible la declaración de «monumento» a «conjuntos urbanos», a la vez que introducía la preocupación por la conservación del entorno. Con ese fin se creó la figura de las «zonas de protección de paisaje». Poco después, la Ley del 13 de mayo de 1933, del «Tesoro Artístico», aportó la denominación de «conjunto histórico-artístico» para preservar los sitios urbanos y rústicos de especial belleza e importancia monumental. Córdoba (1929), Granada (1929), Toledo (1940) y Santiago de Compostela (1940) fueron las primeras ciudades declaradas «conjunto histórico artístico» y, gracias a ello, han conservado valores patrimoniales y paisajísticos que otras localidades han perdido casi íntegramente. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º10 M. Antonio Zárate Martín Figura 5 TOLEDO Y UBICACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL Fuente: R. García-Pablos, En Toledo, las «Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes» de 1965, que definieron con claridad unas «zonas de protección de paisaje», han sido determinantes para conservar su rico patrimonio monumental y paisajes poco alterados desde el siglo XVI. Todavía se pueden reconocer las imágenes trasmitidas por George Braun, Wingaerde o El Greco. Incluso, cuando se decidió la instalación en esta ciudad de un polígono industrial a principios de los años 1960, su ubicación, 4 kilómetros aguas arriba del casco histórico, en la finca de Santa María de Benquerencia, se justificó allí por razones paisajísticas y medioambientales. Se quería evitar interferencias visuales con la imagen histórica de la ciudad y el posible deterioro de los monumentos por la contaminación industrial. Su localización al este de la ciudad, cuando los vientos dominantes son de componente oeste, garantizaba que los humos no molestarían a los habitantes de la ciudad y no perjudicarían la conservación de sus monumentos. Prevista la zona residencial del polígono para habitantes a finales del siglo XX, en una primera fase, y en una segunda, en la actualidad no llega a los habitantes, lejos de los objetivos iniciales, aún cuando es el barrio de mayor población de la ciudad y con mayores posibilidades de expansión. De hecho, muchas funciones administrativas se han traslado a esta zona de Toledo, aquí se construye un nuevo hospital y una barriada ecológica. En 2006, los habitantes del Polígono de Santa María de Benquerencia estaban lejos de las previsiones para finales del siglo XX. Sin embargo, su calidad en cuanto al diseño del conjunto, el trazado del viario y la tipología de las construcciones, supera la de cualquiera de los otros barrios modernos. Es más, la ordenación del Polígono mediante zonas de usos del suelo industrial, verde y residencial, que se disponen en bandas paralelas a la línea férrea y próximas al río, sobre 612,5 hectáreas, constituye un ejemplo interesante de urbanismo lineal relacionado conceptualmente con los «desurbanistas» soviéticos de los años 1930 del pasado siglo. Es un modelo que recuerda las propuestas para nuevas ciudades 184 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º11 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción de la URSS hechas, entre otros, por Miljutin, en respuesta al deseo de superar las contradicciones campo-ciudad desde la ideología marxista y la dialéctica hegeliana. Posteriormente, los planes generales de ordenación urbana de 1968 y 1986 y el Plan Especial del Centro Histórico de 1997 respetaron en Toledo los anteriores criterios de conservación, incluidas las «zonas de protección de paisaje» delimitadas por las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes en Ha habido que esperar al POM actual, aprobado por la Junta de Castilla-La Mancha el 26 de marzo de 2007, para que se suprimieran esas «zonas», pocos antes de que el Gobierno español ratificara el Convenio Europeo de Paisaje (6 de noviembre de 2007) y de que Madrid, que tanta influencia ejerce sobre Toledo, fuera dotada de un «Plan de Calidad del Paisaje Urbano». Por otro lado, la Constitución española recoge la obligación de los poderes públicos de conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico, haciéndose eco de la legislación anterior y de una sensibilidad internacional creciente por la defensa y rehabilitación de los espacios construidos, sobre todo desde que la «Carta de Ámsterdam» de 1975 llamara la atención sobre el estado de conservación en que se encontraban los centros históricos de las ciudades europeas. En esa misma dirección, tuvo gran resonancia el «Coloquio de Quito» de 1977, que propugnó la regeneración de los interiores urbanos mediante estrategias de recuperación integral, siempre desde planteamientos conservacionistas frente al modelo despilfarrador de los años 1950 y En el artículo 46 de la Constitución española se dice concretamente: «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que Figura 6 ZONAS DE PROTECCIÓN DE PAISAJE SEGÚN EL PLAN ESPECIAL DE TOLEDO DE 1997 Fuente: Memoria Plan Especial del Centro Histórico de Toledo, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º12 M. Antonio Zárate Martín sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio». Y el artículo 149 señala entre las «Competencias exclusivas del Estado», apartado 28ª, «la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación...» Si a eso se añaden las facultades atribuidas por la «Ley del Patrimonio Histórico Español» de 1985 al Gobierno de España en estas materias, ratificadas por Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991, sobre la anterior Ley y los Bienes Históricos recogidos en ella (BOE, 21 de febrero de 1991), se hace evidente que el poder central podría desempeñar funciones de control en la protección del patrimonio y el paisaje. Por último, todas las Comunidades han desarrollado leyes y normas de protección de patrimonio histórico y artístico que hacen suyos los anteriores planteamientos. La aprobación de esas disposiciones se ha hecho como resultado de las responsabilidades y competencias en conservación del patrimonio que la Constitución Española les atribuye en su artículo 148, apartados 15ª y 16ª. A diferencia de lo que sucede en materias de ordenación del territorio y urbanismo, el Gobierno central podría ejercer con todo derecho, al menos, un papel de intermediación y control en asuntos de patrimonio y, por lo tanto, también en cuestiones de paisajes culturales. Sin embargo, esa intervención, que se debería acometer a través del Ministerio de Cultura, ha sido mínima en temas de paisaje y cuando la ha habido, como sucede en el barrio marinero del Cabanyal, en Valencia, ha generado conflictos entre los distintos agentes sociales y económicos que intervienen en la construcción y uso de la ciudad y, desde luego, entre administraciones, sobre todo, cuando pertenecen a fuerzas políticas diferentes. A todo lo anterior, hay que añadir los inconvenientes que derivan de la escasa relación entre la legislación general de urbanismo y ordenación del territorio y la de protección del patrimonio. Hubo que esperar a la «Ley del Patrimonio Histórico Español» en 1985 para que se hiciera un esfuerzo decidido en este sentido. La «Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español», obliga a los ayuntamientos de las localidades calificadas de «conjunto histórico artístico» a elaborar «planes especiales» de protección de los mismos. Así, en el Art se dice exactamente «La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas». De ese modo, la «Ley del Patrimonio Histórico Español» enlazaba con el mandato de la Constitución española dado en su Art.46 «a los poderes públicos para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico». Además, la Ley del Patrimonio de 1985 formula la preocupación por el paisaje, aunque sin utilizar este término, al precisar en su Artículo 17 que «en la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto Histórico, deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno». Igualmente, las posteriores «Leyes autonómicas de Patrimonio Histórico y Cultural» contemplan la conservación de los sitios históricos, las zonas y los conjuntos arqueológicos. En su articulado, siempre hay alusiones a las estructuras urbanas o la arquitectura, se menciona la «silueta paisajística» y se explicita la necesidad de proteger el ambiente de esos conjuntos, sitios o zonas. 186 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º13 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción En la actualidad, la mayoría de las ciudades históricas disponen de «planes especiales» ajustados a la «Ley del Patrimonio Histórico-Español», con «Zonas de Protección de Paisaje», como ocurrió en Toledo con su «Plan Especial de su Casco Histórico» aprobado en Sin embargo, el problema ha venido después, de la mano de «planes generales de ordenación municipal» y de «planes de actuación» que modifican la normativa anterior. Las «Zonas de Protección de Paisaje» son suprimidas y se facilita su urbanización, con los riesgos que ello comporta para la conservación del paisaje. Así en Soria, una ciudad de habitantes, se ha aprobado una modificación del último Plan de Ordenación para desarrollar el «Polígono Industrial Soria II» y unidades residenciales que afectan a puntos importantes desde cualquier perspectiva histórica, cultural y paisajística, como Numancia, la Ermita del Mirón, el Cerro del Castillo, el Monte de las Animas, los Templarios y ambientes «machadianos» (ORDEN FOM/1625/2007, de 27 de septiembre, sobre la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Soria en el Polígono Industrial Soria II. B.O.C. y L., N. º 201, martes, 16 de octubre 2007). El resultado de la descoordinación entre patrimonio y urbanismo es la incapacidad para conservar paisajes sometidos a intereses especulativos y que los poderes públicos no defienden convenientemente, unas veces por dejación de atribuciones, otras, por intereses ocultos y electoralistas. Lo que sucede en el barrio valenciano del Cabanyal es otro ejemplo de descoordinación entre patrimonio y urbanismo. El Cabanyal fue un municipio independiente de Valencia hasta 1897 llamado «Poble Nou de la Mar» y luego un barrio. En el tránsito del siglo XIX al siglo XX, adquirió su configuración como barrio de pescadores y trabajadores del puerto, con una trama reticular que deriva de las alineaciones de antiguas barracas junto al mar y edificaciones modernistas como la «Casa dels Bous» y la «Lonja de Pesca». Su situación atrajo a principio del siglo XX a la burguesía valenciana que compró algunas casas de pescadores y levantó «hotelitos» para disfrutar de la playa. Parte del barrio se convirtió en una zona descanso citada entre otros por Blasco Ibáñez. El valor histórico del barrio y sus características justificaron su calificación como «Bien de Interés Cultural» por la Generalitat Valenciana mediante decreto de 3 de mayo de 1993, pero antes, el «Plan General de Ordenación Urbana» había decidido su desaparición parcial al proyectar la prolongación del Paseo de Blasco Ibáñez desde los Viveros, facilitando la unión de la ciudad con el mar. Desde entonces el proyecto ha estado detenido por la presión vecinal y sucesivos recursos judiciales, pero el 7 de enero de 2010, la Generalitat aprobado un decreto que da vía libre al «Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-El Canyamelar» que permite el derribo de 450 edificios dentro de la zona calificada de BIC y que el Ministerio de Cultura había suspendido. En la actualidad, el Cabanyal es motivo de tensión entre el Gobierno de España, el Ayuntamiento y la Generalitat. Mientras el Ministerio de Cultura y el movimiento vecinal, apoyado por la plataforma «Salvem El Cabanyal», creada el 22 de abril de 1988, defienden su conservación integral, anteponiendo valores patrimoniales y de paisaje, el Ayuntamiento y la Generalitat propugnan la desaparición de parte del mismo, colocando en primer lugar criterios urbanísticos. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º14 M. Antonio Zárate Martín IV. RECUPERACIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES URBANOS: UNA TAREA CASI IMPOSI- BLE En contraposición con la realidad española, aparece una sensibilidad creciente por la protección del paisaje y algunas cosas empiezan a cambiar, en parte como consecuencia de un entorno internacional que valora cada vez más los conceptos de «paisaje», «ambiente» y «entorno» (Luginbühl, 2001). En esta dirección es importante el papel del «Consejo Internacional de Monumentos y Sitios», ICOMOS, organismo asesor de la UNESCO. Preocupado por la degradación, el deterioro y la destrucción de las áreas urbanas históricas, ICOMOS aprobó un documento que ha tenido gran eco: la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (Carta de Toledo-Washington), En este documento se valoran las áreas históricas y se pone el acento sobre sus relaciones con el entorno natural y construido, lo que resulta fundamental y, en su momento, fue novedoso desde el punto de vista de la preocupación por el paisaje. En el texto se señala la necesidad de conservar: «el carácter histórico de la ciudad o conjunto y la suma de los elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente (...) la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres, (...) las relaciones entre la ciudad y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre (...). Y también se afirma que «todo ataque a estos valores comprometería la autenticidad de la ciudad histórica, cascos, centros, barrios, barriadas, arrabales u otras zonas que posean dicho carácter histórico con su entorno natural o hecho por el hombre». No obstante, la referencia esencial para la conservación y gestión del paisaje es el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 6 de noviembre de 2007, publicado en el BOE el 5 de febrero de 2008, y en vigor desde el 1 de marzo de ese mismo año. Su influencia se ha dejado sentir, incluso antes de su ratificación por el Gobierno español, a través de una serie de normas de carácter legal que indican un cambio de actitud y de sensibilidad hacia los valores paisajísticos. Entre los primeros documentos que recogen la influencia directa del «Convenio Europeo del Paisaje», se encuentran: la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Comunidad Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, y la Ley Catalana 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. Por primera vez, el paisaje aparece como motivo central de preocupación de los responsables de la gestión del territorio y la noción de paisaje deja de ser simple elemento analítico para convertirse en instrumento de ordenación del territorio (Zoido, 2002). Tanto la Generalitat Valenciana como el Parlamento de Cataluña toman conciencia a través de estos textos de la importancia del paisaje para defender el equilibrio ambiental y valores patrimoniales, culturales e históricos. Ambas leyes autonómicas reconocen también el potencial económico del paisaje, su papel en la prevención de riesgos naturales y sus connotaciones simbólicas y educativas. En definitiva, se llama la atención sobre valores y significados que contienen todos los paisaje y que son recogidos en el «Convenio del Paisaje Europeo». En este contexto, merece consideración especial el «Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid», recogido como compromiso político en el programa electoral de 188 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º15 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción Figura 7 FUNCIÓN TURÍSTICA EN EL EJE RECOLETOS-PRADO-RONDA DE ATOCHA, DE MADRID Fuente: Elaboración propia. las elecciones municipales, de 27 de mayo de 2007, (propuesta nº 377) y presentado el 21 de julio de Este «Plan de Calidad del Paisaje Urbano» se muestra como expresión de una nueva «cultura del paisaje», como respuesta a las dificultades que comporta el tratamiento del paisaje urbano y como consecuencia de una voluntad política que quiere disponer de medidas para proteger, conservar y gestionar el paisaje. Su ámbito de aplicación es todo el término municipal madrileño, en él se definen unidades paisajísticas y se plantea un tratamiento específico para el centro histórico. En relación con la estrategia paisajística del ayuntamiento de Madrid, tienen especial interés dos actuaciones actualmente en ejecución: el acondicionamiento de la superficie liberada por el soterramiento de la M-30 junto al río Manzanares y la renovación del eje urbano Recoletos-Prados. En este último caso, el carácter cultural resulta de su significado a través de la historia como escenario de poder y representación política y económica, pero también por concentrar la mayor densidad museística de Europa en torno a la pintura en un espacio relativamente reducido, lo que contribuye a que sea la zona de mayor función turística de la ciudad, entendiendo por esa tasa el número de plazas hoteleras por habitante de cada una de las demarcaciones censales en las que se ubican los hoteles. En este eje cultural y alrededores Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º16 M. Antonio Zárate Martín Figura 8 DOTACIÓN FUNCIONAL RESPECTO A SU POBLACIÓN EN LA CORNISA DEL MANZANARES Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid. se concentra el mayor número de hoteles de Madrid, lo que también se explica por la localización del Congreso y de actividades económicas relacionadas con el mundo de las finanzas. El eje Recoletos-Prado es por razones históricas, junto a la cornisa del Manzanares, el otro paisaje cultural más emblemático de la ciudad. La proximidad al palacio del Buen Retiro, edificado en tiempos de Felipe IV y precedente de lo que representó poco después en Francia el palacio de Versalles, configuró su entorno como espacio de calidad ambiental. A su alrededor, se levantaron residencias de la nobleza española y la acción urbanística del siglo XVIII, especialmente la acometida por Carlos III, hizo del «Salón del Prado» el lugar obligado de paseo y de encuentro de los diferentes grupos sociales de la ciudad. Sin embargo, desde el punto de vista del esfuerzo por recuperar valores culturales y paisajísticos, resulta especialmente interesante el «Proyecto Madrid Río», a pesar de las críticas que ha merecido (Muelas, 2008, entre otras), pero siempre desde la preocupación esencial por la movilidad y con unas conclusiones que merecerían ser contrastadas una vez terminada la obra. El soterramiento de 6 kilómetros de la M-30 y de la avenida de Portugal, 190 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º17 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción entre el paseo de Extremadura y la M-30, ha permitido recuperar casi 50 hectáreas libres de edificación a orillas del río para el conjunto de la ciudad y especialmente para barriadas de antigüedad diferente y, sobre todo, de características morfológicas, sociales y de dotación funcional muy distintas, como se observa en la figura 8. Está previsto también el traslado a otro lugar de la ciudad de la antigua fábrica de cervezas Mahou y del estadio de fútbol «Vicente Calderón», construido casi sobre el cauce del Manzanares. Son instalaciones de los años 1960 que constituyen dos de las barreras arquitectónicas más perjudiciales por su volumetría para la silueta urbana del Madrid histórico. Su desaparición, sobre todo la del Estadio, permitirá recuperar parte de la tradicional silueta urbana de la cornisa del Manzanares. De todos modos, la operación «Madrid Río» revela también las dificultades que plantea la recuperación de cualquier paisaje cultural una vez destruido o dañado seriamente por la acción urbanística de décadas anteriores. Por eso mismo, las intervenciones reseñadas en Madrid dentro de objetivos de calidad paisajística y sostenibilidad, merecen ser destacadas como ejemplo en un doble sentido: 1. Como manifestación de lo que no se debe hacer y se hizo en el pasado: «la práctica eliminación del paisaje cultural urbano madrileño más emblemático, el del frente monumental del Manzanares y las orillas del río» (MADRID OFICINA MUNICIPAL DEL PLAN. Madrid, cuarenta años de desarrollo urbano: ). 2. Y como prueba de lo que sí se debe hacer, pero que es complicado, limitado en resultados y a veces casi imposible: «la recuperación de valores paisajísticos». V. CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE UNA PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE LOS PAISAJES CULTURALES URBANOS La entrada en vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje, las normas autonómicas preocupadas por el paisaje y el «Plan de Calidad Urbana de la Ciudad de Madrid», abren expectativas de mejora de la gestión del paisaje. Sin embargo, todas estas disposiciones llegan cuando gran parte del daño está hecho y cuando las posibilidades de recuperación de los valores paisajísticos resultan muy difíciles. Prácticamente todo el litoral mediterráneo y buena parte del insular están construidos y pocas de nuestras ciudades han podido conservar sus paisajes más emblemáticos. Qué queda de la silueta urbana de Granada y de su vega? Y de la silueta del Madrid pintado por Goya? En este contexto, cómo se pueden entender actuaciones como las que amenazan ahora los paisajes culturales de Toledo y Soria y que han sido denunciadas ante el Parlamento europeo? La complejidad de intereses por el uso de la ciudad, las herencias recibidas del pasado, los mecanismos perversos de las leyes de ordenación del territorio autonómico (LOTAU), la dificultad de armonizar ordenación del territorio y patrimonio, la excesiva proximidad de los responsables de la gestión del territorio a los administrados y la ausencia de capacidad del Gobierno central para ejercer papel de árbitro en los conflictos territoriales, son obstáculos para conservar nuestros paisajes y más cuando se trata de paisajes culturales urbanos, objeto a menudo de una ambición especulativa alejada de las necesidades reales de construcción de viviendas. Sólo el 10,4 % de los edificios de Madrid son anteriores a 1950 y el 6,0 %, en Toledo, y a la inversa, más del 50 % de las construcciones de los muni- Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º18 M. Antonio Zárate Martín cipios próximos a las grandes ciudades han sido levantados entre el 2000 y el 2010, según datos del Catastro. La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Generalitat Valenciana (4/2004, de 30 de junio), la Ley de Protección, Gestión y Ordenación del paisaje, de Cataluña (8/2005, de 8 de junio) y el Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid son muestras de una sensibilidad nueva hacia el paisaje por parte de los poderes públicos, pero serán suficientes para corregir errores del pasado y frenar actuaciones programadas o en ejecución que suponen graves atentados a los paisajes actuales? Y eso sin contar con problemas específicos de esas mismas normas que revelan algunos de sus puntos débiles; por ejemplo, en el caso de Madrid, su «Plan de Calidad de Paisaje Urbano» carece de base jurídica en el ámbito legal de la Comunidad de Madrid. Frente a un carácter normativo se ha optado por darle rango de «Propuestas y Recomendaciones». Sin pasar un año después de la presentación del Plan de Calidad de Paisaje Urbano de Madrid, ya han surgido diferencias entre sus objetivos y la práctica urbanística del día a día. La aprobación por el Ayuntamiento del «Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del río Manzanares (Vistillas)», el 27 de febrero de 2009, se ha efectuado en medio de una polémica en la que se denuncia la construcción de cinco edificios para la Iglesia, propietaria en origen de la totalidad del terreno, y dos para el Ayuntamiento. A pesar de que la edificación en el entorno de las Vistillas y San Francisco el Grande, un total de metros cuadrados, se realizaría en talud para respetar la silueta urbana de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, su ejecución supondría una pérdida de posible zona verde de metros cuadrados. Además, se desaprovecharía una ocasión para esponjar una zona de alta densidad edificatoria. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante fallo hecho público el 21 de mayo de 2010, ha paralizado el proyecto, dando la razón al recurso interpuesto por la «Asociación Amigos de La Cornisa- Las Vistillas» contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 4 de octubre de 2007, que aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en la zona de La Cornisa. Por todo lo señalado, no habrá que empezar por corregir las consecuencias perversas para el paisaje de las legislaciones actuales de ordenación del territorio y de patrimonio? En la actualidad, cuando se trabaja en una nueva «Ley del Patrimonio Histórico Español», parece imprescindible introducir en ella referencias expresas al paisaje. Y lo mismo en cuanto a reforzar los mecanismos de encuentro entre patrimonio y ordenación del territorio, como se plantea en otros países (Marcel, 2008). De no ser así, seguirán sin resolverse problemas esenciales para la conservación y gestión del paisaje y seguirá faltando un esquema legal claro y bien definido al respecto a pesar de los avances experimentados en el marco del Convenio Europeo del Paisaje (Cortina, 2008). Por otra parte, y dada la lamentable experiencia de la gestión local y regional en la protección del paisaje, no convendrá que el Gobierno de España recupere competencias en ordenación del territorio y consecuentemente en el paisaje? La excesiva proximidad de los responsables políticos, de ayuntamientos y gobiernos autonómicos, a los intereses económicos locales y regionales ha resultado con frecuencia más inconveniente que ventaja para el paisaje y los valores culturales en su conjunto. En cualquier caso, no sería también necesario definir los paisajes culturales urbanos como una categoría necesitada de especial 192 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º19 Paisajes culturales urbanos, entre la protección y la destrucción protección? Así, se facilitaría el engarce entre patrimonio y urbanismo y se evitarían actuales amenazas sobre el paisaje. BIBLIOGRAFÍA AGUILO ALONSO, M. ed. (2005): Paisajes culturales. Madrid, Ed. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J. L. (2004): Estudios Jurídicos sobre el patrimonio cultural de España. Madrid, Ed. Marcial Pons. ARIAS SIERRA, P. (2003): Periferias y nueva ciudad. El problema del paisaje en los procesos de dispersión urbana. Sevilla, Universidad de Sevilla. BETHEMONT, J. (2009): «Les paysages au risque des politiques». En Le paysage, un projet politique, Bédard, M. (dir.). Québec, Presses de l`université du Québec, pp BONET CORREA, A., ed. (2009): La ciudad del futuro. Madrid, Ed. 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 Artículo 1
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