Source: https://es.scribd.com/document/160754458/Sentencia-T-1078-12-Dignidad-H
Timestamp: 2019-04-18 17:35:47+00:00

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Género y Esclavitud Guayaquil
Sentencia T-1078/12 Referencia: expediente T- 3’158.
818 Acción de Tutela instaurada por Amalia contra Vitaliano Sánchez Castañeda y Eunice Beltrán de Sánchez. Derechos fundamentales invocados: derechos a la identidad, a la familia, a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alexei Egor Julio Estrada y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá, el 14 de junio de 2011, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, el 1 de mayo de 2011, en el proceso de tutela promovido por Amalia contra Vitaliano Sánchez Castañeda y Eunice Beltrán de Sánchez. Antes de relatar los antecedentes, la Sala aclara que para proteger el derecho a la intimidad de la tutelante, su nombre y el de sus familiares serán suprimidos del presente fallo para evitar su identificación. La peticionaria será identificada en adelante como Amalia, su presunta madre como María y su presunto tío como Pedro. 1. 1.1. SOLICITUD Amalia interpuso acción de tutela contra Vitaliano Sánchez Castañeda y Eunice Beltrán de Sánchez, por estimar que han vulnerado por largos años sus derechos fundamentales a la identidad, a la familia, a la ANTECEDENTES
justicia, a la verdad, a la reparación, a la libertad, a la integridad sexual y a la dignidad humana. Su demanda se fundamenta en los siguientes hechos: 1.2. HECHOS
1.2.1. Afirma que desde el 1º de julio de 1963 y hasta el 5 de febrero de 1964, Vitaliano Sánchez Castañeda fue nombrado como Alcalde Militar de Anzoátegui, Tolima. 1.2.2. Relata que durante ese período, el demandado logró, de alguna manera que desconoce, apoderarse de ella, quien en la época era una pequeña niña campesina de aproximadamente seis o siete años de edad. 1.2.3. Indica que el señor Sánchez Castañeda la desplazó a Bogotá y la entregó a su suegra, María Odilia Franco de Beltrán, en calidad de “esclava”. 1.2.4. Asegura que desde ese momento y durante aproximadamente doce años, fue objeto de explotación, maltrato físico, abuso sexual y tortura por parte de distintos miembros de la familia. Explica que la señora Franco de Beltrán la explotaba, la maltrataba y la “prestaba” a sus familiares para que también a ellos les sirviera. 1.2.5. La accionante relata que posteriormente estuvo “sometida definitivamente” a la familia del capitán Vitaliano Sánchez Castañeda, y que durante este tiempo fue víctima de actos sistemáticos de violencia sexual por parte de éste, y de maltrato físico por parte de su esposa, Eunice Beltrán de Sánchez. 1.2.6. Señala que a principios de los años 70, logró huir de la casa de la familia Sánchez Beltrán, con la ayuda de un chofer de la Armada y de una joven vecina, hija de otro oficial. 1.2.7. Manifiesta que después de huir se enfrentó a un mundo que desconocía, indocumentada y sin identidad. Indica que con los fragmentos de información que ha oído acerca de su historia, ha tratado de reconstruir su pasado, pero no ha sido posible. 1.2.8. Afirma que años más tarde, regresó en varias ocasiones a la casa de esa familia con el fin de que le dieran información referente a su identidad. Relata que en una de estas visitas, halló una escritura pública de “contrato de adopción”, firmado y sellado por el entonces Alcalde de Anzoátegui, en el que se afirma que la señora María entregaba a su hija, a la señora María Odilia Franco de Rojas “(…) en carácter de adopción para que vele por su educación y formación hasta su edad completa y mancipada por la Ley.” Asevera que en dicho documento no constan las firmas de las señoras y sólo se encuentran las firmas de tres testigos. La accionante supone que la niña a la que se hace referencia es ella.
1.2.9. Explica que con base en el documento mencionado, en el año 1977, acudió a la Alcaldía Municipal de Anzoátegui, Tolima, con el fin de obtener su registro civil de nacimiento; afirma que para el efecto suministró la información que creía corresponder a su identidad, esta es que nació en el año 1955, que se llama Amalia y que es hija extramatrimonial de la señora María. 1.2.10. Sin embargo, asevera que no está segura de que el documento de “contrato de adopción” encontrado corresponda a su identidad, ya que indica que ella no fue la única víctima de los abusos de la familia Sánchez Beltrán, pues otras menores de edad también fueron sometidas a esos tratos. Por esta razón, indica que hasta la actualidad, desconoce la verdad acerca de su historia, su nombre, el nombre de su madre, cuál es su familia, las circunstancias en las que se apropiaron de su vida y las razones que tuvieron para hacerlo. 1.2.11. Explica que hasta el año 2011, nunca había acudido ante una autoridad para denunciar los hechos de los cuales fue víctima. 1.2.12. Asegura que a la fecha no tiene certeza de cuál es su nombre, su edad, ni la identidad de sus padres. 1.2.13. Manifiesta que la avanzada edad de los demandados, la hace temer que en cualquier momento mueran sin revelar cuál es su origen. 1.3. PRETENSIONES
1.3.1. La tutelante solicita que se ordene a los perpetradores de los abusos de los cuales fue víctima, que en un término no mayor a 48 horas, respondan una serie de preguntas, con el fin de ver tutelados sus derechos a la verdad y a la justicia. Estas preguntas son: - “¿Cuáles fueron las circunstancias en que el capitán Vitaliano Sánchez logró apoderarse de esa niña campesina y arrebatarla de su familia para desplazarla a Bogotá? - ¿Cuál es su verdadero nombre, el nombre de su madre y otros nombres que puedan ayudarla a ubicar a su verdadera familia y su historia? - ¿Dónde y cuándo ocurrieron estos hechos? - ¿Poseen ellos o saben en dónde se encuentran sus documentos originales de identidad?” 1.3.2. Con el fin de ver protegido su derecho a la justicia, solicita que, para terminar la situación injusta a la que ha sido sometida desde su niñez, los demandados respondan las siguientes preguntas: - “¿No les da vergüenza? - ¿Por qué sí y por qué no?”
1.3.3. Con el fin de que se tutele su derecho a la reparación, pide que se ordene a los demandados el pago de una indemnización por los daños que le causaron y que considera le siguen causando a su salud emocional, integridad y dignidad. 1.4. TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA De la demanda se corrió traslado a los accionados. A continuación se recibió un oficio firmado por Carlos V. Sánchez Beltrán, hijo de los demandados, quien afirmó que la dirección a la que se dirigió el oficio no es el lugar de residencia de su padre. De igual manera, manifestó que su madre se encontraba en el Hospital Militar Central por presentar un cuadro avanzado de problemas respiratorios. 1.4.1. Contestación de Vitaliano Sánchez Castañeda El 2 de mayo de 2011, el demandado presentó respuesta a la acción de tutela, en la que señaló que los hechos relatados por Amalia son falsos. Afirmó que la única relación que tuvo con la familia de “Ema” –como llama a la accionante- fue con su tío Pedro, preso en la cárcel municipal de Anzoátegui, quien se había constituido en persona de confianza del despacho de la Alcaldía de Anzoátegui, donde se desempeñaba en calidad de estafeta. Narró que el mencionado señor manifestó que tenía una hermana en el corregimiento de Palomar y ella tenía una niña de unos 5 o 6 años, pero que como “(…) su conducta era muy desordenada, conviviendo con uno u otro, la niña recibía muy mal ejemplo y por tanto, me pedía que la ayudara, ubicándola con alguien de mi familia, en donde seguramente iba a estar bien. Yo efectué las coordinaciones del caso con mi esposa, Eunice Beltrán de Sánchez, y finalmente la adoptó mi suegra, María Odilia Franco de Rosas, con quien formalizaron los papeles de adopción.”1 Anotó que sólo vio a la mamá de la tutelante por espacio de cinco minutos, el día que recibió a la niña para llevarla en un bus a Bogotá. Señaló que jamás volvió a ver a la mujer ni a tener noticias de ella. Por otro lado, sostuvo que “Ema” vivió con su suegra y después se convino que iría a vivir a su casa, en donde fue presentada a sus hijos como su hermana adoptiva. En este sentido, expuso que la niña tuvo un trato “prácticamente similar” al que recibieron sus seis hijos biológicos, con los que convivió fraternalmente. Alegó que nunca la agredió sexualmente.
Folio 67, Cuaderno Principal
en sentencia del 1° de mayo de 2011. como se acostumbraba en la época. a pesar de que la accionante tiene derecho a conocer su origen.1.5 Además. El a quo estimó que en el caso objeto de análisis se presenta un conflicto entre derechos fundamentales. y aunque afirma que no es su interés solicitar que se revivan términos procesales frente a los delitos ya prescritos. 1. Expresó que. En conclusión. así como también sus derechos al debido proceso y a no autoincriminarse. observó que la madre de la tutelante le manifestó que el nombre de la niña era Ema. la presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación. con las sanciones o medidas correctivas también propias de la época para sus travesuras. los cuales además se fundamentan en normas de orden público. . por cuanto los delitos supuestamente cometidos por los accionados se encuentran prescritos. lo que no prosperó por detalles que no recuerda. señaló que el referido documento fue elaborado en la época en la que el alcalde era el capitán Luis Perea. pero jamás supe de tratos inhumanos o degradantes como los que se pretende acomodar en el escrito de esta Tutela. la justicia y la reparación. a hallar a su familia y a ver satisfechos sus derechos a la verdad. estableció que. Decisión de primera instancia El Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá.5. puesto que Amalia pone de presente la ocurrencia de unas conductas delictivas de las cuales fue víctima. afirmó que. bajo el argumento de que la tutela es improcedente. frente a la escritura pública de “contrato de adopción” presentada. por lo que desconoce por qué el nombre de la niña quedó registrado como Amalia. sus pretensiones colisionan con los derechos fundamentales de Vitaliano Sánchez Castañeda y Eunice Beltrán de Sánchez. DECISIONES JUDICIALES 1. mencionó que su esposa intentó proveerle educación en una pequeña escuela del centro de Nariño. en caso de acceder a la solicitud de la accionante. violaría la presunción de inocencia de la parte demandada. la niña colaboró durante su estadía en las labores domésticas y “(…) en la medida de sus posibilidades como niña pequeña. es decir.5. donde entonces vivían. en este caso prevalecen los derechos de los accionados. después de su salida de Anzoátegui. Indicó que el juez de tutela no puede desconocer instituciones procesales como la prescripción de la acción penal. En este sentido. Además.” Por otra parte. denegó la protección de los derechos de Amalia.
2.1. y vecina del Municipio de Anzuátegui (sic).6. que entre las que suscribimos a saber [María].2 Debido a la importancia que tiene este documento para el caso concreto. garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos. el mismo brilla por su ausencia. También señaló que la accionante no acreditó estar ante el peligro de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia de la tutela como excepción al requisito de subsidiariedad.5.” 1. las siguientes pruebas: 1. mujer mayor de edad. denota la falta de urgencia de la protección pedida. hacemos constar el contrato de 2 Folio 13. Impugnación La accionante resaltó que el juez de primera instancia negó la protección por considerar que existe un supuesto conflicto de derechos.6. una acción de tutela presentada 50 años después de los hechos presuntamente violatorios de las garantías constitucionales.Copia de la escritura pública de “contrato de adopción”. En segundo lugar. aseguró que la accionante debió acudir a la jurisdicción penal.1. Tolima. pero bajo el argumento de que la demanda resulta improcedente por incumplir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Pruebas relevantes aportadas por las partes 1. su contenido se transcribe a continuación: “Conste por el presente documento. por cuanto lo que pretende es ver protegido su derecho a la identidad.6 1.1. Cuaderno Principal . al tratarse de un mecanismo preferente y sumario.5.6. conflicto que realmente es inexistente. toda vez que. 1. PRUEBAS En el trámite de la acción de tutela se aportaron. a fin de poner en conocimiento de la autoridad las conductas delictivas de las cuales fue víctima. requisito sine quanom (sic) de la acción de tutela. Decisión de segunda instancia El Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá. entre otras. afirmó que “(…) en lo que tiene que ver con el principio de inmediatez. En primer lugar. celebrado en la Alcaldía Militar de Anzoátegui. sin documentos de identificación de una parte y de la otra parte MARIA ODILIA FRANCO DE ROSAS. mediante sentencia del 14 de junio de 2011.3. no la persecución penal de los tutelados. confirmó el fallo impugnado. el 15 de febrero de 1964.
La primera de las ya nombradas en carácter madre legitima de la menor (…).7 “ADOPCION" de la menor (…). a los quince dias (sic) del Mes de Febrero de mil novecientos sesenta y cuatro. SEGUNDA. 2221216 C.C. DE URIBE_ C. 28585934 ALCALDIA CIVIL Y MILITAR. TERCERA. Presntes (sic) las partes interesadas. sin la madre tener que reconocer emolumento alguno por la formación y educación que la menor haya tenido. entendiendose (sic) que la adoptante se pagará con los mismos servicios que preste durante su formación la adoptiva. __ PABLO E. la entrega a la segunda de las nombradas o séa (sic) a la señora Maria (sic) Odilia Franco de Rosas en carácter de adopción para que vele por su educación y formación hasta su edad completa mancipada por la Ley. si quiere seguir con su madre puede perfectamente.La madre de la adoptada queda ampliamente facultada para estar vigilando por la formación de su hija sin que la adoptada pueda prohibirselo (sic) y lo mismo de común acuerdo entre la adoptante y la adopatada (sic) aceptan que una vez cumpliendo su edad prematura la adoptiva. NÚÑEZ__ TESTIGOS: PABLO E. La adoptante. manifiestan que aceptan las Cláusulas incertadas (sic) en el presente. – La adoptada acepta desde ahora las condiciones arriba estipuladas y se compromete a velar por la formación y educación de la adptiva (sic) y hacer las veces de madre mientras este a lado suyo. __[Pedro]_ A ruego manifiesta no saber firmar. . NÚÑEZ___ _POLICARPA VDA.C. firman el presente por ante testigos (rogados por cada una de las partes) en el Municipio de Anzoátegui. (sic) [Pedro] La adoptada. . y el que de común acuerdo hemos celebrado y que es el que se rige por las siguientes Clásulas (sic): PRIMERA. EL SUSCRITO ALCALDE ANZOATEGUI TOLIMA. CIVIL Y MILITAR DE CERTIFICA: Que las formas que anteceden corresponden a: [Pedro]. por hallarlas conformes y a su sactifacción (sic) y en tal virtud.
Copia de un extracto de la hoja de vida de Vitaliano Sánchez Castañeda.4.6.5 1. NUÑEZ y POLICARPA B. 2.6.6.1.1. efectuado el 3 de agosto de 1977.216 de Ibagué. con fecha del 8 de febrero de 2011.Mediante auto del 26 de enero de 2012. Secretario.3. Cuaderno Principal .Copia del certificado de tiempo de servicio militar de Vitaliano Sánchez Castañeda. dirigida a los mismos. a los quince días del mes de Febrero de mil novecientos sesenta y cuatro. Que es la que usan en todos los actos públicos y privados.3 1.” 1. quienes se identificarón (sic) con las cédulas Nos.7 1.6.1.6. Cuaderno Principal 7 Folios 85 – 90.8 PABLO E.5. Cuaderno Principal Folio 23.6.6. Cuaderno Principal 5 Folios 24 – 25.221.585. Vda. hija de los accionados. y Cédula de Ciudadanía No. (ii) ordenó la recepción de los testimonios de Amalia. ALCALDE. 3 4 Folio 14.6.244. Dado en el Despacho de la Alcaldía Civil y Militar de Anzoátegui Tolima. Cuaderno Principal 6 Folios 15 – 21.Carta escrita por Mónica Sánchez Beltrán. ______________________________ JOSE ORLANDO ORTEGON A.900 de éste (sic) lugar. Pruebas solicitadas en sede de revisión 1.2.2. Cédula de ciudadanía No. en la que relaciona los hechos conocidos y reclama para la accionante verdad y reparación.6 1.1.1.Copia del certificado de la radicación del registro civil de nacimiento de la tutelante.1. ___________________________ CAP.934 de Anzoátegui. la Sala Sexta de Revisión de Tutelas (i) puso la demanda en conocimiento de Eunice Beltrán de Sánchez con el fin de que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. FAC. 28.2. LUIS PEREA B.Copia del informe psicosocial emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro del proceso de tutela. 2.4 1. De URIBE.
6.1 remitido por el Jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y recibido el 12 de junio de 2012. En este documento se informa que existen dos registros de investigaciones penales para el nombre de “Vitaliano Rodríguez”.6. (ii) e invitó a los siguientes centros de investigación y organizaciones a emitir un concepto técnico sobre los hechos que dieron lugar a la demanda: grupos de investigación en Derechos Humanos y en Derecho Penal de la Universidad del Rosario.6.3.1. el 24 de mayo de 2012.2.11 8 9 Folios 28 y 29. Cuaderno Principal. Escuela de Estudios de Género y la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Resumen de la entrevista realizada por la Defensoría del Pueblo a Mónica Sánchez Beltrán.2. mediante el cual informa: “(…) esta Dirección no tiene competencia en materia de búsqueda de personas perdidas o desaparecidas”.3.10 1. Folios 39-40. posibles familiares de la tutelante. Oficio DNI No.8 1. (iv) solicitó al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicar un examen físico y sicológico a la demandante a fin de determinar las presuntas secuelas dejadas por los hechos relatados en la demanda. 293-2012 del 15 de febrero de 2012. 1.3. Pruebas documentales recibidas en sede de revisión 1. Cuaderno Principal.9 Vitaliano Sánchez Castañeda y Eunice Beltrán de Sánchez sobre los hechos que dieron lugar al presente caso. facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.6.3. la Sala Sexta de Revisión de Tutela (i) decretó nuevas pruebas dirigidas a establecer el paradero de “María” y “Pedro”. e (v) invitó a varias instituciones educativas y expertos en la materia para que emitieran un concepto técnico sobre el caso.4. 11 Folios 172-181. mediante el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que su base de datos se encontraron dos personas con fecha de expedición de cédula de ciudadanías entre 1960 y 1965 en Anzoátegui o municipios aledaños.Mediante auto del 25 de mayo de 2012.6. Oficio DNF-02530 remitido el 6 de febrero de 2012. 10 Folio 103. que responden a los nombres de María y Pedro y aún se encuentran vivas. por la Dirección Nacional de Fiscalías.9 1.6. Oficio No.3. facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y la Fundación Esperanza. Cuaderno Principal. hija de los demandados. 1.3. Cuaderno Principal.2. 0455/DIPOL-ASJUD 15. . (iii) dispuso otras pruebas dirigidas a ubicar a los familiares de la tutelante y a otros testigos de lo ocurrido.
143589 remitido por el Ministerio de Salud el 12 de julio de 2012.3.15 1. por la Secretaría General del Municipio de Anzoátegui. Cuaderno Principal. por medio del cual informa que María y Pedro no se encuentran afiliados al sistema de salud.3.6. 17 Folios 307 a 314. (ii) se indica: “[e]n cuanto se refiere de los registros de personas desaparecidas de la época y lugar de los hechos.5 de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. la Tesorería Municipal. . desconocemos de cualquier información que permita argumentar una respuesta positiva”. Oficio No. por medio del cual la Fiscalía General de la Nación informó que “(…) revisado el sistema de información administrativo y financiero (…) no se encontraron registrados (…) los nombres de [María] (…) y [Pedro]”16.3. desde el 3 de febrero de 1990. Cuaderno Principal.6.6. Cuaderno Principal. Oficio 1300000 Rad. mediante el cual la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional informa que “[c]onsultada la Base de datos que administra el Grupo de Información estratégica Operacional de la Dirección de Investigación Crminal e INTERPOL. y (iii) se remite copia de la Directiva Administrativa Permanente 007 DIPON-INSGE-23.6. 14 Folio 271.8. recibido el 6 de junio de 2012. por medio del cual hace llegar a la Corporación certificaciones en las que se indica que en las bases de datos del Sisben. 16 Folio 305. Folios 208-220.9. Oficio del 26 de septiembre de 2012.1 “Implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas”.6. 1. hijos y sobrinos. Oficio DCE-1335 remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 9 de julio de 2012. S-2012-049288-DIJIN-ASJUD-1.5. donde se consolida información de Agustín Codazzi.11. Oficio S-2012-085356-DIJIN-ASJUD 38. Cuaderno Principal. Copia de la carta elaborada por Mónica Sánchez Beltrán y dirigida a sus hermanos. Cuaderno Principal. Oficio remitido el 12 de octubre de 2012.6.3. el régimen subsidiado de salud del municipio. mediante el cual informa que “Pedro” se encuentra habilitado para ejercer el derecho al sufragio en el puesto de la cabecera municipal de Anzoátegui. Cuaderno Principal.7.3. Catastro Distrital.13 1. Notariado y Registro y Procuraduría General.12 1.14 1. por medio del cual (i) se informa cuál es el mecanismo actual para la búsqueda de personas desaparecidas. se estableció que a nombre de [María] 12 13 Folios 182-184. no existen registros de María y Pedro17.10 1.10 del 27 de septiembre de 2012. 1. 15 Folio 274.6.3.3. la Inspección de Policía y la Secretaría General.6. según la información registrada en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema General de Seguridad Social –BDUA.10.
23 1. 20 Folio 319. Grupo de Clínica Forense.3.13. Cuaderno Principal.Oficio remitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.1.4.Oficio No.4. 23 Folios 122-135.2.Acta de la diligencia de declaración de parte de Vitaliano Sánchez Castañeda. Cuaderno Principal. El contenido de esta prueba será analizado al resolver el caso concreto.5. Cuaderno Principal. mediante el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El contenido de esta prueba será analizado al resolver el caso concreto. los cuales son aportados18. por el Departamento Nacional de Planeación.11 (…) y [Pedro] (…) no registran ninguna clase de información”. no están registrados como usuarios María ni Pedro. Conceptos técnicos recibidos en sede de revisión 1. 1.6.6. por medio del cual informa que en la base nacional consolidada del Sisben con corte a 16 de mayo de 2012.12. por medio del cual informa los resultados del examen físico practicado a la peticionaria el 3 de febrero de 201224. 1. Cuaderno Principal. También señaló que existen algunos datos de direcciones de otras personas con el mismo nombre. Folios 317 a 318. informa los resultados del examen psiquiátrico forense practicado a la tutelante25.6. practicada el 10 de febrero de 2012.6. 25 Folios 79-82.6.22 1.4.5.3. 18 19 Folio 316. Cuaderno Principal. recibido el 10 de febrero de 2012. identificados con los números de cédula aportados por el Despacho19. practicada el 10 de febrero de 2012. Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense. 1. en el que el INPEC señala que no se registra en su base de datos el número de cédula señalado por el Despacho como correspondiente a Pedro20. recibido el 10 de febrero de 2012. Oficio 8120-OFAJU-81204-GRUTU-11457 radicado en la Corporación el 3 de octubre de 2012.4. Cuaderno Principal.5. 21 Folios 98 a 109.6.2. practicada el 10 de febrero de 2012. Declaraciones recibidas en sede de revisión 1.6. 24 Folios 75-78. Cuaderno Principal. 1.6.Acta de la diligencia de declaración de parte de Amalia.Acta de la diligencia de declaración de parte de María Eunice Beltrán de Sánchez.6. .21 1. Cuaderno Principal. Oficio remitido el 26 de septiembre de 2012.1. 22 Folios 110 a 121.3. 2012-002593-00011.
o indefensión. 29 Cfr. explican: “[Amalia] presenta síntomas depresivos.12 1. Cuaderno Principal. el Trastorno de estrés Postraumático (TEPT) aparece cuando la persona ha sufrido o ha sido testigo de una agresión física o una amenaza para la vida de uno mismo o de otra persona y cuando la reacción emocional experimentada implica una respuesta intensa de miedo. obtuvo una puntuación de 33 puntos. los expertos explicaron la situación de Amalia así: 26 27 Folios 148-171. preocupaciones físicas y pérdida de interés sexual”28. Cuaderno Principal. y en la puntuación total de la gravedad del TELP en un rango de 0 a 51. En el DSM-IV (American Psychiatric Association. En la escala complementaria que mide manifestaciones somáticas de la ansiedad en relación con el suceso en un rango de 0-39. Después de practicar la prueba de “escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático”. de 3 en la evitación y de 2 en aumento de activación.Concepto técnico elaborado por los sicólogos Luis Alberto Bonilla y Andrea del Pilar García de la Defensoría del Pueblo. folio. los que se presentan con mayor frecuencia están relacionados con la pérdida de interés por las cosas. Al respecto. obtuvo una puntuación de 42 puntos.5. folio. 28 Cfr. En esta definición hay algo fundamental y es el énfasis en la reacción de la persona y no tanto el tipo de acontecimiento traumático”29 (negrilla fuera del texto). Cuaderno Principal. recibido por esta Corporación el 7 de junio de 201226. Cuaderno Principal. 158.6. dificultades para conciliar el sueño. que no han sido tratados psicológicamente. de conformidad con el test de Beck. pérdida de apetito. En relación con la prueba MINIMULT. 159. 1994) Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales. en los síntomas de evitación en un rango de 0-21 obtuvo 15. Los sicólogos indicaron. para identificar la presencia de Estrés Postraumático se requiere la presencia de al menos 1 síntoma en el apartado de re-experimentación . que la tutelante presenta “depresión moderada-severa”27.3. Lo anterior muestra la presencia de síntomas que indican Trastorno por Estrés Postraumático. Cfr. los expertos anotaron: “En los resultados encontrados en la Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático aplicado a [Amalia] encontramos que en los síntomas de Reexperimentación en un rango de 0 a 15 puntos obtuvo 15. de duración (demorado) por que (sic) la presencia de los síntomas han perdurado más de 10 años. . en los síntomas de activación en un rango de 0 a 15 el (sic) obtuvo 12. folios 160-161.
La prueba muestra a [Amalia] con grandes dificultades para enfrentar y resolver por ella misma sus problemas. que muestra una gran desconfianza y resentimiento debido a las situaciones traumáticas a las que fue expuesta a lo largo de su vida. 10.”30 Más adelante. es posible que se deba a situaciones experimentadas como el desprendimiento de la retina del ojo derecho sucedida a los veinticinco años sobre la que no se puede descartar la incidencia de golpes recibidos durante la infancia y adolescencia.13 “LoO (sic) anterior permite establecer que [Amalia] presenta una limitada conciencia de su situación y las consecuencias de las vivencias traumáticas experimentadas durante su infancia. por ejemplo. sino con el maltrato que recibió durante su infancia y adolescencia así como con el desenlace vivido por [Amalia] una vez decide escapar de la casa de la Familia Sánchez Beltrán. no solo en la infancia con la separación de su mamá biológica. existe una gran preocupación por su integridad física. en el acápite de discusión. se podría decir solo desde el momento en que se instauró la acción de tutela. muestra de ello es que la iniciativa de instaurar una tutela para reivindicar sus derechos no partieron de ella sino de elementos externos como la sugerencia realizada por Mónica Sánchez Beltrán. física y psicológica a lo largo de su vida. (sic) En la evaluación de la prueba del Minimult se puede decir que [Amalia] se siente en general insatisfecha. 12 años aproximadamente. Cuaderno Principal. necesitando de la ayuda y apoyo de otras personas. [Amalia] comenzó a comprender lo trascendental y lo importante de las afecciones originadas en su pasado traumático. la escala de Gravedad de Síntomas que evalúa la presencia del Trastorno de Estrés Postraumático. se evidencia la existencia de rasgos depresivos los que sitúan a [Amalia] vivenciando situaciones que le ocasionan o le han ocasionado mucho dolor según la prueba de Minimult las personas que obtienen puntajes altos en las escalas 2 y 7 son personas que han sido expuestas a lo largo de su vida a situaciones dolorosas y traumáticas. arrojó una alta presencia de síntomas de experimentación. a pesar de que el suceso de violencia sexual ocurrió cuando [Amalia] tenía 9. evitación y activación. folios 166-167. aspectos que se correlacionan con lo reportado por [Amalia] en la entrevista así como lo planteado por Mónica Sánchez Beltrán.. en ese mismo sentido los síntomas depresivos 30 Cfr. las afecciones producidas por estos hechos con el paso del tiempo han permanecido intactas como se evidencian (sic) en los resultados de las escalas aplicadas. los expertos aseguraron: “[Amalia] ha tenido diferentes situaciones de violencia sexual. .
al no tener una infancia sana. Oficio No.5. informa cuál es el mecanismo actual para la búsqueda de personas desaparecidas. OPTB-393/2012 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior. en su criterio. *Baja Autoestima. no se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable. que a la luz del derecho quizá no sea comprensible. Cuaderno Principal. Agregó que de acuerdo con los decretos 200 de 2003. folio 169. pero sí a partir de la exploración de este caso paradigmático de otras áreas de conocimiento.6. . ya que creció sin el sustento emocional que todos adquirimos en nuestros primeros años de vida. *Pérdida de interés en establecer relaciones sociales con otras personas. como la psicologíca. SECUELAS EMOCIONALES *Trastorno de Estrés Postraumático de gravedad Crónica. y precisa que el Ministerio “(…) no tiene 31 32 Cfr. recibido el 6 de junio de 2012. el grupo de expertos identificó las siguientes “lesiones y secuelas emocionales”: “LESIONES PSIQUICAS *Dificultad para tomar decisiones.14 también permanecen . *Pérdida de interés en las actividades. es fácil entender por qué [Amalia] nunca denunció estos hechos. afectivo y social. crece sin los elementos necesarios que le permitan reconocerse como un sujeto de derechos. *Pérdida de interés sexual. pero afectan sustancialmente la calidad de vida de [Amalia].”31 Finalmente.4. *Dificultad para establecer un proyecto de vida. 4530 de 2008 y 2893 de 2011.”32 1. “el Ministerio del Interior no ha tenido dentro de sus competencias funciones específicas en materia de búsqueda de personas desaparecidas”. *insomnio. por otra parte. *Sentimientos negativos: culpa. *Pérdida de Apetito. por cuanto. por medio del cual solicitó confirmar los fallos de instancia. la demandante cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa. presenta una baja autoestima. es a penas ‘normal’ esta situación. Cfr. aunque en menor grado que los síntomas de Estrés Postraumático. un bajo autoconocimiento y limitada conciencia de su situación. folios 167-168. no existe evidencia de la vulneración alegada en 1963 y no se presentaron las respectivas denuncias penales oportunamente. en este mismo sentido. Cuaderno Principal. lo cual determina un impacto negativo en su desenvolvimiento personal.
el artículo 3 de la ley 985 de 2005. Cuaderno Principal. la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional. ya que su dignidad humana fue menoscabada debido a los vejámenes a los que se vio sometida y su proyecto de vida fue afectado. Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. eliminó su capacidad de agencia. la comprensión y un ambiente de afecto y seguridad moral necesarios para su desarrollo. toda vez que fue privada del amor. “(…) puesto que fue obligada a cumplir con las labores domésticas en una situación de encierro”. en tanto la tutelante no tuvo oportunidad de “manejar su propia existencia”. la peticionaria fue víctima de “una forma moderna de esclavitud que ha generado la violación sistemática de derechos humanos puesto que fue esclavizada al ser obligada a trabajar sin remuneración alguna. también aclaran que este derecho no solamente tiene aplicación en el contexto de la justicia transicional.34 Señalaron que las disposiciones aplicables al caso son. (vii) a la intimidad. Aseguraron que conforme a estos estándares normativos. así como de la posibilidad del disfrute de la “mutua convivencia entre padres e hijos como elemento fundamental de la vida de familia”. entre otras: el artículo 17 de la Constitución que prohíbe la esclavitud. En particular.33 1. a servir. (ii) a la identidad. a someterse.5. el artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los convenio 29 y 182 de la OIT. el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. (iii) a la verdad. lo que le ha imposibilitado establecer vínculos familiares. sobre si para la época de los hechos. el Protocolo para Prevenir.5. a callar”. entidad estatal alguna llevaba un registro de personas desaparecidas”. sino que es un derecho fundamental que se debe garantizar en una amplia gama de contextos. . porque fue reducida a condición de objeto y se le impidió tomar sus propias decisiones y definir su proyecto de vida. (vi) a la honra. recibido el 13 de junio de 2012. sostuvieron que Amalia sufrió la vulneración de sus derechos fundamentales (i) a la libertad (artículo 18 de la Carta). (iv) a la familia. “fue separada totalmente de su núcleo familiar” y la situación anuló su capacidad de decisión. (viii) a la integridad personal por los maltratos y trabajos forzados 33 34 Folios 221-227. Concepto técnico elaborado por las profesoras Beatriz Londoño Toro y Diana Rocío Bernal Camargo del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. pues no ha logrado la reconstrucción de su pasado. ya que la demandante no tiene claridad sobre su nombre ni su origen familiar.6. a tener relaciones sexuales con el Capitán. la servidumbre y la trata de seres humanos. sino que fue manejada por los demandados desde que fue extraída de su casa. (v) al libre desarrollo de la personalidad. Folios 228-249. es decir. Cuaderno Principal.15 información. específicamente a tener y formar una familia.
Agregaron que en la sentencia del caso de la Masacre de Ituango v. la violencia sexual de la que fue víctima la tutelante fue una forma de presión y control ejercida por el demandado. Expresaron que el caso es un ejemplo de violencia contra la mujer. Colombia. aislamiento o confinación’ y respecto de la ‘falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio’ lo definió como la ‘ausencia de consentimiento o de libre elección en el momento del comienzo o continuación de la situación de trabajo forsozo. las investigadoras concluyeron que fue sometida a trabajo forzoso. en concordancia con el Convenio 29 de la OIT. y por haber sido extraida cuando era pequeña del seno de su familia. Resaltan que un ofrecimiento no puede tomarse como una declaración de voluntad cuando media el empleo de la fuerza o la coerción. Recordaron que según el Convenio 29 de la OIT. el engaño o la coacción psicológica’. teniendo en cuenta que –en su concepto. los servicios forzosos son todos aquellos “exigidos a un individuo bajo la amenaza de una pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. violencia física. sugirieron que se de aplicación al artículo 25 del decreto 2591 . lo que a su vez le generaba situación de indefensión y temeridad. de la retención de los documentos de identidad. de las cuales las más extremas son aquellas que implican coacción. lo que puso en riesgo su desarrollo También indicaron que la tutelante fue víctima de servidumbre doméstica como forma de trata de personas o de servicios forzosos. señaló que el trabajo forzado consta de dos elementos: “i) el trabajo o el servicio que se exige ‘bajo amenaza de una pena’ y. en los terminos del artículo 1 de la Convención de Belém do Pará. y que en el caso concreto. Esta puede darse por distintas causas. la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Con fundamento en estas consideraciones y pese a que la tutelante no se encontraba bajo la amenaza de una pena. que puede asumir formas y graduaciones heterogéneas. por ejemplo. Para terminar. Señalaron que las niñas en zonas rurales están en mayor medida expuestas a este tipo de riesgos. En su sentir.la accionante no cuenta con otra vía judicial para solicitar la reparación de los daños sufridos. la peticionaria “(…) se encontraba en una situación equivalente puesto que fue trasladada a una ciudad capital a muy temprana edad. a lo que se agrega que a partir de ese momento no tuvo contacto alguno con su familia biológica”. ii) estos se llevan a cabo de forma involuntaria. tales como la privación ilegal de la libertad. lo cual puede devenir. en una ciudad con la que no tenía relación alguna más allá de la relación de servidumbre con el accionado y su familia. señalando que la amenaza e una pena se entiende como ‘la presencia real y actual de una intimidación.16 a los que fue sometida.
puesto que las acciones de tipo penal ya prescribieron. como ordenar a los demandados suministrar información veraz y completa sobre los antecedentes familiares de la demandante. sostuvieron que la tutela es procedente en este caso. resaltan que según la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. justicia y reparación). en especial en relación con los perjuicios morales sufridos por la peticionaria. Beatriz Eugenia Luna de Aliaga y Diego Luna de Aliaga. . (ii) garantías de no repetición.6. derechos de los niños y niñas. Aseguraron que por esta razón. identidad personal y familiar. y ante la avanzada edad de los demandados. en un primer momento derivada de que la primera era una niña que dependía de los segundos y de la explotación a la que era sometida. (iii) la tutela es el único mecanismo judicial con el que cuenta la demandante. como instar a las autoridades nacionales para que tomen medidas legislativas y de política pública que impidan la venta o sustración de menores de edad para labores de servicio doméstico. y (iii) una indemnización compensatoria. rehabilitación y garantías de no repetición. la peticionaria se encontraba en una situación de mayor vulnerabilidad derivada de su condición de menor de edad y mujer. justicia y reparación. En este sentido. En segundo lugar. Cuaderno Principal. ya que (i) los derechos afectados son de naturaleza fundamental (dignidad humana. y derechos a la verdad.6. indicaron que en el momento en que ocurrieron los hechos. además de las garantías de una reparación adecuada. sugirieron las siguientes medidas de reparación: (i) órdenes para que cese la vulneración. proferida en 2005. 1. el Estado tenía un deber de protección especial. Teniendo en cuenta lo anterior y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. dirigido a impedir cualquier forma de explotación. a la familia. comprenden la restitución. las reparaciones consisten en medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. además lesiona los 35 Folios 250-263. Concepto elaborado por Mauricio Luna Bisbal. a la familia y a la dignidad. de modo que son un concepto más amplio que la indemnización. Indican que la ausencia de verdad. Argumentaron que los hechos revelan que a la demandante se le vulneraron sus derechos a la verdad. En primer lugar. (ii) entre la peticionaria y los demandados existe una relación de subordinación e indefensión. por ejemplo. y actualmente derivada de la impotencia de poder lograr la verdad de parte de los accionados. con mayor razón al advertir que las secuelas de los maltratos aún perduran y afectan el proyecto de vida de la demandante. rápida y proporcionada a la gravedad de las violaciones y el daño. quienes trabajan con la Fundación Esperanza. recibido el 13 de junio de 201235.17 de 1991. efectiva.5.
El 14 de febrero de 2012.6. Concepto técnico elaborado por la Fundación Esperanza.1. 1. Folios 33 . y que las afecciones causadas por tales violaciones aún persisten. pues “(…) hemos entendido que cumplimos una labor humanitaria en la que bien pudimos cometer errores de buena fe. anotaron que aunque en el momento de los hechos no existía norma penal que sancionara la trata de personas. reconocidos en varios instrumentos internacionales.5. a la identidad. También conceptuaron que a la demandante se le vulneraron varios derechos fundamentales. Aseguró que “(…) la situación de graves trastornos sicológicos” de su hija Mónica es parte importante del proceso. 1. pero que de ningún modo son los hechos atroces que presentan en este asunto”. Cuaderno Principal. y traslado de la peticionaria para efectos de explotación y servidumbre.7. servidumbre y trabajos forzados. en el que manifestó lo siguiente:37 Sostuvo que está extrañada con la demanda. esto no puede ser excusa para dejar de tutelar los derechos de la demandante. pues hubo violencia y engaño.7.38. como el derecho a no ser sometida a esclavitud. con lo que sugiere que ella motivó la interposición de la demanda. a él le fue entregada la niña para protegerla de un 36 37 Folios 276-286. a la dignidad. en concordancia con el artículo 3 del Protocolo para Prevenir. . En relación con el origen familiar de la demandante. manifestó: “(…) el Capitán de Fragata en retiro Vitaliano Sánchez Castañeda.7. recibido el 16 de julio de 2012. al libre desarrollo de la personalidad y a la familia. la Corporación recibió un memorial suscrito por María Eunice Beltrán de Sánchez. Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. inicialmente de Vitaliano Sánchez y posteriormente de su familia. a la igualdad y no discriminación –en particular por razones de sexo-. MEMORIALES RECIBIDOS EN SEDE DE REVISIÓN 1.36 Afirmó que en el presente caso se reúnen todos los elementos del delito de trata de personas. Por último. Cuaderno Principal.18 derechos de la demandante al nombre y a estructurar una personalidad en la cual estén presentes las figuras materna y paterna. Consideraron que el Estado colombiano debe reconocer la infracción de los derechos de la peticionaria y tomar medidas para repararla de manera eficaz.
. vino a vernos a nuestra residencia fiscal en el Edificio de la Armada en Teusaquillo y habló conmigo unos momentos. pues mi propio conocimiento y el de mi madre fue aún menor. Solo he tenido esas referencias ya anotadas y nunca recibí más información adicional.19 ambiente familiar nada propicio para su desarrollo. como también se lo requería a sus propios hijos. no sólo a leer y escribir. y resaltó que su nutrición. Si el conocimiento de su esposo acerca de su familia fue el del relato de un tío que estaba en la cárcel y le pedía esta ayuda humanitaria. y que ella “(…) aprendió de mi madre y de toda la familia. vestuario y bienestar era el mismo que suministraba a sus hijos. pero jamás 38 Cfr. Nunca más volvió ni se comunicó conmigo.” Reconoció que la demandante “(…) colaboraba en las labores de la casa en la medida de sus posibilidades”. salvo por una única ocasión en que una señora que se presentó algún día de sorpresa como la madre de [Ema]. y como tal fue necesario muchas veces corregirla y educarla en similares condiciones que las aplicadas a mis hijos propios.y en medio de un ambiente regional de terrible violencia. Acotó que la peticionaria “(…) fue una niña muy traviesa. Afirmó que siempre brindó a la tutelante el mejor ambiente posible dentro de sus limitaciones económicas. Luego se fue sin dejar sus referencias.”38 También aseveró que no tiene conocimiento de algún trámite de adopción de la tutelante por su mamá. folios 34-35. con las limitaciones propias de la época. nunca más nos contactó alguien de nuevo. se enteró de cómo vivía la niña y me dijo que ella no podía ofrecerle para nada una vida mejor. comportamiento que quizá obedecía al entorno de violencia y promiscuidad en que vivió en sus primeros años de infancia en el Tolima. debido a la promiscuidad de su madre con quien compartía habitación – según el mismo familiar relatara y que fue incluso narrado más tarde por [Ema] quien manifestó a manera de gestos su triste realidad. sino también un poco de matemáticas u otros temas de su edad y de la formación en valores personales o morales. al que mi marido fue comisionado por unos pocos pero eternos meses como Alcalde Militar. Aclaro que nosotros continuamos viviendo en Bogotá y esa señora tuvo igual oportunidad de ubicarnos en otras dos residencias fiscales de la Armada donde residimos en Bogotá durante unos diez años más mientras mi esposo continuó en servicio activo en la Armada Nacional. y luego tan rápido como la entrega de la niña en la escalerilla de un bus. Cuaderno Principal. y que ella y su esposo tampoco trataron de adoptar a la niña.
numeral 9°. logró la inscripción de la niña en el Colegio del Centro Nariño.1. y aún las varias veces que vino a vernos procuramos ayudarla. no se amañó y no quiso volver allí. y por haberla sometido posiblemente a maltratos y hasta abusos sexuales.2. PROBLEMA JURÍDICO Corresponde a la Sala determinar si los derechos de la peticionaria a la identidad. a la verdad. es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. al parecer por haberla extraído de su casa cuando era una niña de aproximadamente 7 años de edad. CONSIDERACIONES DE LA CORTE COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional. la servidumbre y la trata de seres humanos. a la libertad. la Sala examinará (i) el contenido del artículo 17 de la Constitución. a la reparación. aseguró: “(…) siempre acogimos a [Ema] con cariño. procede la revisión en virtud de la selección realizada por la sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. haberla forzado a realizar trabajo doméstico sin remuneración hasta aproximadamente la edad de 15 años. de la Constitución. pero “[e]lla sencillamente no encajó en el Colegio. a la integridad sexual y a la dignidad humana.20 con actos de tanta maldad y sevicia como Mónica escribe en su texto. en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241. así como los derechos fundamentales que usualmente resultan lesionados cuando se incumple . el cual prohíbe la esclavitud. que muy recientemente mi hijo Carlos le regaló un computador que estaba necesitando para su hija al ingresar a la universidad. a la justicia. 2. Explicó que con la ayuda de un sacerdote. 2. Baste mencionar como ejemplos que se le dio un aporte económico importante como ayuda para la adquisición de la casa en la que vive hoy en día. lo que en ocasiones pudo ser inclusive una mala influencia para mis hijos”. aun en una época en la que dos de mis propios hijos estaban tal vez en la misma situación de necesidad. Para resolver este problema jurídico. han sido vulnerados por Eunice Beltrán de Sánchez y Vitaliano Sánchez. 2. entre otros. Además. Debo incluso mencionar que [Ema] fue bastante más complicada de educar que mis propios hijos. a la familia. e incluso tratamos de ayudarla con trabajo para su hijo que terminaba sus estudios”.” Finalmente. Fue expulsada de ese colegio porque no asistía y además convidaba a eso a mi hijo Jaime que por un corto tiempo también estuvo en ese colegio.
entre otros. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre.” 41 Este precepto señala: “1. 3. como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.3. el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT de 1930. 2. la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. el artículo 16 que garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tales trabajos o servicios deberán 39 . Nadie estará sometido a esclavitud. reprimir y sancionar la Este artículo dispone: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada. el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 196941. aparte de los mencionados en el inciso b). c) No se considerarán como ‘trabajo forzoso u obligatorio’. para los efectos de este artículo: a. El artículo 17 de la Constitución dispone: “Se prohíben la esclavitud. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio. Nadie estará sometido a servidumbre. El artículo 17 debe interpretarse además en concordancia con varias disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a Colombia. SERVIDUMBRE Y TRATA DE SERES HUMANOS 2. se resolverá el caso concreto. el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 196640. la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud.1. como la Convención sobre la Esclavitud de 1926.3. la Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de la OIT de 1957. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. 3. según el cual uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho colombiano es el respeto de la dignidad humana. en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados. y (ii) las obligaciones del Estado colombiano derivadas del artículo 17 superior.21 dicha prohibición. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. en los países donde se admite la exención por razones de conciencia. a los efectos de este párrafo: i) Los trabajos o servicios que. el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia. ii) El servicio de carácter militar y. esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.” 40 Este artículo señala: “1. o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional. 2. el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 194839. 2. Con fundamento en esas consideraciones. la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”. la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956. Esta disposición se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 1 superior. el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente. el artículo 12 que proscribe la tortura y los tratos crueles. PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD. el Protocolo para prevenir. y el artículo 28 que reconoce el derecho a la libertad. b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe. inhumanos o degradantes. y tanto éstas. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
o uno de ellos. si los servicios prestados. como garantía de una deuda. o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél. el servicio militar y. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad. violencia física o moral. el artículo 1 de la Convención sobre la esclavitud de 1926 define este término como “(…) el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.22 trata de personas. no se aplican al pago de la deuda. o los de alguien sobre quien ejerce autoridad. En particular. es necesario resaltar algunas definiciones de los fenómenos proscritos en el artículo 17 constitucional contenidas en los instrumentos internacionales citados. y d. y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos”.” 42 El artículo 1 indica que son prácticas análogas a la esclavitud: “a) La servidumbre por deudas. el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales. con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven”42. c. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. En primer lugar. en los países donde se admite exención por razones de conciencia.2. mediante remuneración o sin ella. y el trabajo forzoso u obligatorio. adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle. y la trata de esclavos como “(…) todo acto de captura. la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956 precisa algunas prácticas que constituyen esclavitud. y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares. el cual incluye en su artículo 3 entre las prácticas prohibidas: “(…) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. compañías o personas jurídicas de carácter privado. en los artículo 19 y 32 de la Convención sobre los derechos del niño y en el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. secuestro. especialmente mujeres y niños de 2000 –Protocolo de Palermo-. todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo. adquirido para venderle o cambiarle. La obligación del Estado de proteger a los niños frente a este tipo de prácticas es también resaltada en el derecho internacional. entre las que se destaca la referencia a “toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres. b. abuso sexual. explotación laboral y económica y trabajos riesgosos”. realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas. venta. entre otros. incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”. la servidumbre por deudas y la condición de siervo. como la venta y el tráfico de niños. a otra persona. el artículo 44 superior ordena su protección específica “(…) contra toda forma de abandono. o por su tutor. En el caso de los niños. equitativamente valorados. por ejemplo.3. . 2. o sea. las cuales ayudan a interpretar el contenido dicho precepto. La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud.
es decir. o por su tutor. y en general. aislamiento o confinación.” 43 Ratificado por Colombia en 1969. a la muerte de su marido. Caso de las Masacres de Ituango vs.” 45 Cfr. La ‘falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio’ consiste en la ausencia de consentimiento o de libre elección en el momento del comienzo o continuación de la situación de trabajo forzoso. guerra. (c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial. tales como incendios. así como la amenaza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado los conceptos de “amenaza de pena” y “falta de voluntad” de la siguiente manera: “161. o uno de ellos. sentencia del 1° de julio de 2006. violencia física. a otra persona. pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad. a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares. con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven. compañías o personas jurídicas de carácter privado. Corte Interamericana de Derechos Humanos. a condición de que la misma población o sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de esos trabajos. los trabajos realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma. a su tutor. determinados servicios. invasiones de animales. d) Toda institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres. Colombia. sin libertad para cambiar su condición. c) Toda institución o práctica en virtud de la cual: i) Una mujer. por consiguiente. 44 A continuación señala cuales no son trabajos forzosos: “(a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar. la condición de la persona que está obligada por la ley. tales como la privación ilegal de libertad. por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta. (…) 164. b) La servidumbre de la gleba. de las cuales las más extremas son aquellas que implican coacción. puede consistir en la presencia real y actual de una intimidación. la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera. a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas. (d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor. puede ser transmitida por herencia a otra persona. para efectos del presente caso.23 Por su parte. el artículo 2 del Convenio de la OIT sobre trabajo forzoso43 define este último término como “(…) todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”44. ii) El marido de una mujer. Esta puede darse por distintas causas. (b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo. La ‘amenaza de una pena’. de insectos o de parásitos vegetales dañinos. en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. sin que la asista el derecho a oponerse. hambre. inundaciones. epidemias y epizootias violentas. mediante remuneración o gratuitamente. o sea. trabajos que. mediante remuneración o sin ella. que puede asumir formas y graduaciones heterogéneas. el engaño o la coacción psicológica”45. iii) La mujer. temblores de tierra. es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres. siniestros o amenaza de siniestros. (e) los pequeños trabajos comunales. . es decir.
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. En esa providencia la Corte indicó que condicionar el cambio de club deportivo de un deportista a la autorización del club de origen.P. los trabajos forzosos y la trata de seres humanos tiene fundamento en los derechos fundamentales que tales prácticas lesionan. Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá: OIM y Universidad de los Andes. al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. 48 Ver por ejemplo Elena Vargas Trujillo. M. los trabajos o servicios forzados. esta Corporación ha indicado que el artículo 17 de la Carta protege los derechos a la libertad física y a la dignidad. contraria a la libertad y la dignidad humana. el artículo 3 del Protocolo de Palermo47 define la trata de personas como “(…) la captación. equivaldría a establecer una carta de esclavitud. Carmen Elisa Florez y Laura María Mendoza Simonds. También es importante resaltar que el Protocolo enfatiza que el consentimiento dado por la víctima en estos eventos no tiene validez. cuya jurisprudencia sirve de guía para interpretar el derecho internacional de los derechos humanos. la proscripción de esas prácticas parte del reconocimiento de que envuelven graves y serias violaciones de derechos fundamentales que ameritan respuestas estatales tan extremas como las de tipo penal. los cuales proscriben que una persona sea reducida a la condición de un objeto sobre el que se ejerce dominio y se limite su autonomía para determinar su proyecto de vida y su cuerpo49. Sección Segunda. “Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema”. En el caso de las mujeres. otras formas de coacción que generen miedo en la víctima –como el miedo a ser arrestado en virtud del estatus migratorio . Finalmente. la servidumbre y el trabajo forzoso como modalidades de trata de personas. En efecto. al engaño. 26 de julio de 2005. al fraude. la servidumbre o la extracción de órganos”. La prohibición de la esclavitud. cuando las prácticas en cuestión son realizadas debido precisamente al género de las víctimas. razón por la cual las políticas y medidas dirigidas a combatir estos problemas se encuentran dentro del concepto amplio de medidas contra la trata de personas48. con fines de explotación”. la acogida o la recepción de personas. Francia. a la luz del 46 Ver Corte Europea de Derechos Humanos. En este sentido.24 La Corte Europea de Derechos Humanos. Vale la pena advertir que varios expertos y organismos internacionales clasifican la esclavitud. 2011. .3.son equiparables a la amenaza de una pena46. el traslado. al rapto.3. la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. el transporte. también ha señalado que para efectos de esta definición. la servidumbre. 49 Ver la sentencia T-498 de 1994. 2. caso de Siliadin v. 47 Incorporado al ordenamiento colombiano mediante la ley 800 de 2003. y precisa que algunas modalidades de trata son “(…) la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.
53 Ver sentencias T-572 de 2009. constituyen violaciones de obligaciones convencionales y consuetudinarias de Derecho Internacional Humanitario.” 51 La Corte expresó: “III. sin razón. debido a los estereotipos sobre los roles y labores femeninas. constituyen una forma de violencia contra la mujer que lesiona su integridad. maltrato y abuso sexual. los trabajos forzosos y la trata de seres humanos usualmente significan la separación de los niños de sus familias. del derecho a la protección de la familia53. 2011. T-671 de 2010. establecimientos de salud o cualquier otro lugar. contraviene la prohibición de la esclavitud y del trabajo abusivo no remunerado. 55. el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales.4. El artículo 8 de la misma convención obliga al Estado a adoptar medidas específicas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. “el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”. que en sí misma debe ser combatida por las autoridades colombianas en virtud de las obligaciones adquiridas por el Artículo 6 de la Convención Interamericana para prevenir. M. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Carmen Elisa Florez y Laura María Mendoza Simonds. Según este estudio. a propósito del problema de la explotación y la trata de mujeres en el marco del conflicto armado. entre otras. Bogotá: OIM y Universidad de los Andes. y Corte Interamericana de Derechos Humanos.P. Nilson Pinilla Pinilla. y c. ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer.P. (…) para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”. en contravía de los artículos 44 de la Constitución y 9 de la Convención sobre los derechos del niño. la esclavitud. M. por parte de los actores armados ilegales.P. entre otros. T-502 de 2011. Indicó además que estos estereotipos deben ser combatidos por las autoridades51. abuso sexual. Chile. en la que la Corte señaló: “(…) pese a la influencia que en los últimos tiempos han tenido las políticas de género.1.” 52 Ver al respecto Elena Vargas Trujillo. implícitamente. b. la Corte resaltó que las mujeres en sociedades patriarcales como la nuestra están más expuestas al riesgo de servidumbre y explotación en labores domésticas. 50 Convención interamericana para prevenir. prostitución forzada. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. M. secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo. y pueden dar lugar a la configuración de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. entre otros. Juan Carlos Henao Pérez. En el caso de los niños. dondequiera que ocurra.25 artículo 2 de la Convención de Belém do Pará50.7. entre otros. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. tortura. P. sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. la esclavización y la explotación de trabajos no remunerados o abusivos. “Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema”. . trata de personas. En el marco de conflictos armados internos como el colombiano. forma parte. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende. y que comprende. violación. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. su dignidad y su derecho a la igualdad. aún hay quienes creen. Así. Humberto Antonio Sierra Porto.fueron mujeres. En el auto 092 de 2008. Ver también la sentencia C310 de 2007. El artículo 2 señala: “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física.P. prejuicio que quizás explica porqué históricamente la participación femenina en este tipo de labor es muy significativa. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. La mayor vulnerabilidad de las mujeres a las prácticas censuradas es resaltado además por múltiples estudios a nivel mundial52. T-572 de 2010. así como en instituciones educativas. sexual y psicológica: a. en el periodo 2005 a 2010. la servidumbre. sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. el 90% de las víctimas de trata de personas del país –al menos en los casos documentados. En este sentido. que basta con “ser mujer” para ejercer tareas del hogar socialmente poco valoradas. violación. afectivas y psicológicas del niño y que el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia. M.P. la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han resaltado que la familia es la primera llamada a satisfacer las necesidades materiales. en virtud del cual el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye. M. entre otros. Ello se aúna al hecho de que este riesgo está fundamentado en una noción sociocultural tradicional estereotipada y machista sobre las labores propiamente “femeninas”.
57 Ver artículo 9 del Protocolo de Palermo. etc. y las labores que son obligadas a realizar deterioran su bienestar físico. 55 Convenio de la OIT sobre Trabajo Forzoso. los trabajos forzosos y la trata de personas constituyen graves violaciones de derechos humanos. es obligada a trabajar en horarios extenuantes. Carmen Elisa Florez y Laura María Mendoza Simonds.26 Otros derechos que suelen ser quebrantados en las situaciones bajo examen son la integridad física. (ii) adoptar medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales prohibiciones. (iii) vigilar sus fronteras para impedir y detectar la trata de seres humanos58. la víctima además de no ser remunerada por su trabajo. (iv) proteger y garantizar los derechos de las víctimas. campañas educativas. razón por la cual han sido proscritos y censurados en el ordenamiento internacional y en nuestro ordenamiento constitucional. “Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema”. a la educación. 2011. el derecho a elegir profesión u oficio. como la prevención. 2. entre otros.suele ser afectado por los maltratos y las precarias condiciones de vida. el derecho a la salud. varios instrumentos internacionales. garantizar la efectividad de los principios. ya que la víctima es obligada a realizar trabajos en contra de su voluntad. Adicionalmente.4.2. entre otros54. la servidumbre. puesto que el nivel de salud de las víctimas –físico y emocional. la esclavitud.4. el derecho al trabajo en condiciones justas.. Además. 58 Ver artículo 11 del Protocolo de Palermo. en su vida. EL TRABAJO FORZADO Y TRATA DE SERES HUMANOS 2. a la vivienda. LA SERVIDUMBRE. la trata de seres humanos y el trabajo forzado. OBLIGACIONES DEL ESTADO PARA ERRADICAR LA ESCLAVITUD. creencias y demás derechos y libertades. 56 Artículo 5 del Protocolo de Palermo. y los derechos a la alimentación. El artículo 2 de la Carta señala que son fines esenciales del Estado colombiano. honra. que proscriben la servidumbre. Las víctimas de estos fenómenos enfrentan traumas y otros daños derivados de las vulneraciones de sus derechos que suelen prolongarse por muchos años. 50. estableciendo mecanismos para Ver Elena Vargas Trujillo. En resumen. 54 . bienes. 2. investigación y penalización de delitos tales como la trata de personas56. Bogotá: OIM y Universidad de los Andes. pues en muchos casos el sometimiento de la víctima se logra a través de la violencia física y las agresiones sexuales. en precarias condiciones de salubridad. indica que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. derechos y deberes consagrados en la Constitución. campañas sociales y otros mecanismos de difusión57. disponen la obligación de los estados de (i) impedir que se imponga trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares. por ejemplo. ya que cuando existe servidumbre o trabajos forzosos.1. de compañías o de personas jurídicas de carácter privado55.4. P.
El decreto previó que el Comité tendría entre sus responsabilidades revisar las políticas del Gobierno para combatir el tráfico de personas. la explotación y abuso sexual de las mujeres.4. .o su delegado. el Ministerio del Interior mantuvo la competencia de coordinar la política pública en materia de trata de personas. por medio del decreto 1974 de 1996. en particular por intermedio del Grupo de lucha contra la trata de personas de la Dirección de gobierno y gestión territorial61 Mediante la ley 985 de 2005 también se dispuso la adopción de otras medidas como la implementación de una “Estrategia Nacional contra la Trata de Personas”. y en el caso de fenómenos trasfronterizos. después de la escisión del Ministerio del Interior y de Justicia. quien lo preside. el Director(a) General de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero -UIAF. y encargó sus secretaría técnica al Ministerio de Justicia60. El Comité está integrado por El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado. 2. y la 59 60 Ver artículos 6 y ss. el Director(a) de Fondelibertad o su delegado. La ley 985 de 2005 –Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. el Ministro de la Protección Social o su delegado (hoy Ministro del Trabajo). y proveerles alojamiento. brindando asesoramiento e información sobre sus derechos. 61 Ver decreto 2893 de 2011 y resolución 2434 de 2011.3. el Ministro de Educación o su delegado. y (v) prevenir la revictimización. coordinar el diseño e implantación de un sistema de información y procesamiento de datos de las actividades y desplazamientos de las redes criminales nacionales e internacionales y de las víctimas potenciales en Colombia. el Subdirector General de la Oficina de Interpol en Colombia o su delegado. sugerir otras acciones y medidas de prevención. del Protocolo de Palermo. el Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.. En 2011. Niñas y Niños como organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las sesiones que desarrolle el Estado Colombiano para combatir el tráfico. el Fiscal General de la Nación o su delegado. ofreciendo protección frente a los victimarios. o su delegado. el Director General de la Policía Nacional o su delegado. oportunidades de empleo. el diseño de programas de asistencia a las víctimas para retornar a sus hogares. el Consejero(a) Presidencial para la Equidad de la Mujer o su delego(a). el Director General del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. contribuyendo a la repatriación de la víctima59. asistencia legal.o su delegado.27 su recuperación física. la realización –bajo la coordinación del Ministerio del Interior. se creó el “Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres. el Procurador General de la Nación o su delegado. sicológica y social. el Ministro de Relaciones Exteriores o el director de Asuntos Consulares y de Comunidades Colombianas en el Exterior. entre otras. para dar cumplimiento a estas obligaciones. etc.o su delegado. En el caso de Colombia. niñas y niños”. si lo desean.de campañas y programas de prevención de la trata de personas con enfoque de derechos humanos y con énfasis en las poblaciones más vulnerables. ahora presidido por el Ministerio del Interior. además de la tipificación y persecución penal de la trata de personas. a nivel orgánico.cambió el nombre de este comité por el de “Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas”. el Defensor del Pueblo o su delegado.
La demandante aseguró en la diligencia de interrogatorio que obtuvo ese documento en la casa de la familia Sánchez Beltrán. La Sala resalta que en el expediente obra un documento titulado “contrato de adopción”.5.5. de Uribe. Mediante dicho documento. Bogotá: OIM y Universidad de los Andes. Vitaliano Sánchez trasladó a Amalia del municipio de Anzoátegui a Bogotá. 2. 65 Fol. También se creó un “Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas” administrado por el Ministerio del Interior. El documento no tiene la firma María ni de María Odilia Franco. Hechos probados 2. Pablo E. Los testimonios y otros documentos también coinciden en que la niña fue entregada a María Odilia Franco de Beltrán. EXAMEN DEL CASO CONCRETO 2. Núñez y Policarpa Vda.4. cuya finalidad es “(…) atender gastos tendientes a propiciar la prevención.1.1. Carmen Elisa Florez y Laura María Mendoza Simonds. La adoptante se comprometía a la crianza y educación de la niña. y se indica que se pagaría “(…) con los mismos servicios que preste durante su formación la adoptiva”. pero sí de los testigos Pedro. y los documentos aportados por estos últimos al proceso apuntan a que aproximadamente en 1963. donde permaneció cerca de tres años64. 2011. . el fortalecimiento de la investigación judicial y la acción policiva y el fortalecimiento de la cooperación internacional”62. “Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema”. 62 63 Artículo 27 del decreto 2893 de 2011. protección y asistencia de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas. suscrito al parecer el 15 de febrero de 1964 en el municipio de Anzoátegui65.28 provisión de medidas de protección cuando cooperan como testigos.1.5. donde permaneció hasta la edad aproximada de 15 años.4. la tutelante tenía cerca de 7 años de edad. y del entonces alcalde militar de Anzoátegui. Los demandados. 67 Cuaderno Principal) y las actas de la diligencia de interrogatorio. 13 Cuaderno Principal. estudios recientes muestran que la situación en Colombia sigue siendo preocupante y se requieren mayores medidas para combatir el problema63. entre otras. Para aquella época. Los testimonios de la tutelante y los demandados. Pese a las medidas adoptadas. Ver Elena Vargas Trujillo. madre de la demandada. el Capitán de la FAC Luis Perea B. 64 Ver el escrito enviado por Vitaliano Sánchez el 2 de mayo de 2011 (fol. Luego fue trasladada a la casa de los demandados. 2. María manifestó que entregaba en adopción la niña Amalia a María Odilia Franco de Rosas.
Y la señora Pola. Durante los años que la demandante permaneció en la casa de María Odilia Franco y la familia Sánchez Beltrán –aproximadamente 13 años-. pues. nunca conocí ningún detalle” (Cfr. Vitaliano Sánchez sugirió que ese documento era una carta que le entregó la mamá de la niña y que él remitió directamente a su suegra. de otro. si bien señaló que es confuso. 110 a 121 Cuaderno Principal). ah porque mi mamá dijo que ella inclusive la adoptaba (…)” (Cfr. fol. Por su parte. Luego agregó que Vitaliano “me dijo que ahí había un papel de adopción para mi mamá porque mi mamá iba a adoptar a [Ema] entonces le dije: ‘mijo pero si ella no quiso tenerla recién que llegó pero si quiere ella adoptarla perfecto que la adopte’” (Cfr. 33 a 38 Cuaderno Principal). fol 116 Cuaderno Principal). no controvirtieron la autenticidad del documento. El señor Cárdenas era el representante de la Federación Nacional de Cafeteros allá en ese pueblo. esas cosas” (Cfr. antes de morir. doña Pola era una persona relativamente joven. Sin embargo. reconoció haber conocido a los testigos que lo firmaron cuando vivió en Anzoátegui66. asear la casa y contribuir al cuidado de los hijos de los demandados68. 68 Vitaliano Sánchez reconoce expresamente que Amalia realizaba labores domésticas en el documento remitido el 2 de mayo de 2011 (fol. y cuando ya los hicieron fue cuando ella comenzó con el cuento de que se voló. fol 123 Cuaderno Principal). me mandaron de cómo se llama.2. encargado de las compras de café. Eunice Sánchez. me van a mandar de Anzoátegui un papel que yo pedí que es él. que limpiar los muebles. los papeles no se hicieron aquí. contiene nombres y datos de personas que efectivamente hacían parte de la comunidad de Anzoátegui hacía 1964. La Sala estima que ese documento es auténtico. aseguró que “colaboraba en las labores de la casa en las medida de sus posibilidades” (fols. don Pablo Núñez y doña Pola o Policarpa viuda de algún apellido. seguramente no se iba a prestar para alguna maniobra que tuviera alguna. y dada la edad de la demandante para aquella época y el hecho de que no retornó al municipio. de un lado. esto no significa que el documento tenga validez jurídica. de tez blanca. y era lo único que llamaba la atención de ella. que. cuando ya se quisieron hacer las estas antes de que se muriera mi mamá”. su autenticidad no fue controvertida por los demandados y. Ver también las declaraciones rendidas por Vitaliano Sánchez y Eunice Beltrán. Afirmó que el documento lo firmaron a ruego dos personas que “(…) eran muy respetables.. muy respetado. Por su parte. Además. y era persona pues muy conocida. ese es un pueblo netamente cafetero. en el documento remitido a la Corporación el 14 de febrero de 2012. y posaba pues como de muy juvenil. fol 124 Cuaderno Principal). para la Sala el documento solamente es indicativo de que efectivamente la tutelante fue entregada a la madre de Eunice Beltrán alrededor de 1964 y que ella “pagaría su crianza” mediante la realización de trabajos domésticos. En esta oportunidad indicó lo siguiente al ser interrogado sobre las la rutina de la demandante: “(…) me imagino.29 por su parte. que el aseo normal de una casa.5. En el caso de Vitaliano Sánchez. bañar a los niños pequeños. 61 Cuaderno Principal) y en la declaración que rindió el 10 de febrero de 2012 (fols. Polita que le decíamos.1. es difícil creer que haya podido falsificar los datos. 66 . Eunice Beltrán sugirió que ese documento fue elaborado porque su madre María Odilia Franco. la cuestión de adopción. Los datos que suministró confirman la existencia de los testigos y su pertenencia a la comunidad de Anzoátegui para la época de los hechos. quería adoptar a la accionante67. 67 Eunice Beltrán declaró al respecto: “(…) No firmó mi mamá porque primero. de Uribe creo que es. pues joven quiero decir por ahí de algunos 35 años. 114 Cuaderno Principal). realizó labores domésticas tales como preparar alimentos. 2. pero era una persona absolutamente respetable. Además. Luego relató que Vitaliano le dijo “sabe mija (sic). María Odilia Franco en algunas oportunidades la envío a casa de otros familiares para que también realizara trabajos domésticos. se pintaba mucho.
Además.5.3. no empleada. Ocupaba su cuartito que tienen normalmente todos los apartamentos o casas. pues por lo menos por parte mía no. lo que confirma el estatus que tenía en la casa de la familia Sánchez Beltrán. como reconoció Vitaliano Sánchez en su declaración.1. que ella se hace cargo de la educación y de la formación normal de ella y que se considera que ella no queda obligada pues a pagar nada por esa crianza pues a lo que se refiere. en el mismo documento de adopción convienen que ella. señaló: “(…) yo por lo general no me metía con las muchachas del servicio (…)” (Cfr. sino pues alguien especial que estaba criándose en nuestra familia. se acostaba temprano puesto que al otro día había que ir a los colegios respectivos. 118 Cuaderno Principal. Amalia relata que no se le permitía tener dinero. 119 Cuaderno Principal). yo no sé si se emplean esa palabrita. como reconocieron los demandados en la diligencia de declaración. 115 Cuaderno Principal. que el documento pues es el que hemos visto que es con mi suegra. fol.” Cfr. alojamiento y vestuario. 70 El demandado declaró: “(…) a ella se le consideraba como la empleada del servicio doméstico. Más adelante. Ella tal vez se levantaba un poquito antes para adelantar las labores de preparar el desayuno y despacharlos y ese desempeño normal de una persona que ayuda en las labores de la casa. en criterio de los accionados. en la que negó que hubiera presentado a Amalia a sus hijos como “hermanita adoptiva” – afirmación que había hecho en la contestación de la tutela-: “[m]ucho menos se la iba a poner pues a la par como hija nuestra de una vez y todo eso y a decirles que era su hermanita adoptiva”72. como a ella se le daba todo. fol. la tutelante nunca obtuvo ninguna remuneración. 71 Ver fol. de los muchachos nuestros” (Cfr. era suficiente con darle alimentación. 69 . Por ejemplo. fol. 116 Cuaderno Principal). nunca compartía pues los dormitorios de los. En relación con dicho estatus. 72 Cfr. también vale la pena citar el siguiente aparte de la declaración de Vitaliano Sánchez.30 La jornada de trabajo de la peticionaria.y terminaba en la noche. 16 Cuaderno 1. Vitaliano Sánchez declaró lo que sigue al ser interrogado sobre si alguna vez había remunerado el trabajo de la demandante: “No. comenzaba temprano en la mañana –pues debía preparar el desayuno de los hijos de los demandados y ayudarlos a arreglar para ir al colegio. su cuartito de la del servicio. su vestuario y todo pues no nunca se formalizó una forma de pago. al ser interrogado sobre el trato que daba a la peticionaria. de los. fol. como relataron ella. porque la que se entendía con esas cosas. Vitaliano Sánchez70 y su hija Mónica Sánchez en la carta aportada con la demanda71. La tutelante dormía en el cuarto del servicio. Por el trabajo realizado. después de preparar la comida y asear la cocina69. 2. pero que eso se considera que es pues Sobre el horario de la demandante manifestó: “Bueno pues eso tiene apenas una relación normal de lo que es el modus vivendi de una familia.
y solamente fue matriculada en una institución educativa en una Cfr. comida. Vitaliano Sánchez también indicó: “Pago como salario. De otro lado. La examinada. golpes con zapatos de tacón y distintos tipos de insultos. teniendo en cuenta el tiempo y las pruebas que obran en el expediente.1. 81 Cuaderno Principal. fols. de un programa especial que había que era como Compartir o algo así. hasta la. (…)” Cfr.también indican que la primera fue víctima de agresiones sexuales de parte de Vitaliano Sánchez y dos hermanos de Eunice Beltrán. no les digo que hasta el reloj que me regaló mi papá (…)”74. 77 Los expertos manifestaron: “Si bien los hechos materia de la demanda ocurrieron hace muchos años (…). todo lo que me. emitido después de entrevistar a la demandante.5. fol.5. Eunice Beltrán explicó lo siguiente cuando fue interrogada sobre el pago: “No porque yo le daba todo doctora. para que supuestamente tuviera una mejor calidad de vida. y me pidió que le ayudara con la cuota inicial y le ayudé”. las ayudas que ella va a prestar en la casa” 73 Por su parte. todo lo que me dañaba. Adicionalmente. 134 Cuaderno Principal 75 Ver fol. concuerdan en que a la primera cuando era niña se le decía de forma reiterada que su madre era una prostituta y por eso la había entregado a Vitaliano Sánchez. Aprendió a leer junto con los niños que cuidaba. 76 Ver fol. 15 y ss Cuaderno 1. Además. como señalan todas las declaraciones y la carta de Mónica Sánchez. sin embargo. 73 . que más que darle ropa. fol. dada la dificultad semiótica de establecer hechos tan remotos). la demandante nunca fue enviada al colegio ni educada formalmente. 74 Cfr.relatan castigos como meterla en la alberca porque se orinaba en la casa. confirma el maltrato al que fue sometida76. el informe del examen psicológico practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que los relatos de la demandante no son fantasiosos77. Amalia y Mónica Sánchez –esta última en la carta aportada con al demanda. nunca. la peticionaria fue sometida a varios tipos de maltrato. 117 y 118 Cuaderno Principal. la Sala concluye que no es posible confirmar quienes fueron específicamente los agresores.4. clínicamente no impresionan ni delirantes ni fantasiosos (en principio. Amalia afirma que ese señalamiento le causó muchos conflictos internos. La Sala también advierte que durante ese tiempo.31 compensado con la ayuda. clínicamente no presenta manifestaciones de un trastorno mental delirante. 167-168 Cuaderno Principal. la Sala considera que no hay razones para tildar estos relatos como fantasiosos.5. 2. El concepto técnico de expertos de la Defensoría del Pueblo. ella pues más que todo le ayudaba económicamente y en alguna ocasión me visitó en mi oficina en la Flota Mercante Gran Colombiana y me pidió ayuda porque tenía la oportunidad de que le adjudicaran una casa. los testimonios tanto de la demandante como de los demandados. Teniendo en cuenta los conceptos técnicos de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además. la accionante y Mónica Sánchez75 –hija de los accionados. Por ejemplo. 2.1.
La Sala de Revisión decretó varias pruebas con el fin de obtener información sobre la ubicación de los posibles tío y madre de la demandante. En 1977 viajó a Anzoátegui y obtuvo una partida de bautismo a nombre de Amalia. los demandados nunca hicieron nada para ayudarla a obtenerlos.8. En la actualidad.1. por ello su registro civil de nacimiento fue registrado en agosto de 197779. fue llamada Ema. el nombre que cree que le dieron sus padres y que concuerda parcialmente con el del documento “contrato de adopción” que encontró en la casa de los accionados. pero tal como ellos lo manifestaron en la diligencia de interrogatorio y en otros escritos aportados al proceso. de la carta de Mónica Sánchez y de las declaraciones de los demandados que dan cuenta de su edad y su sujeción a sus órdenes.5. Esto se puede deducir de la declaración de Amalia. porque era una niña sin educación que no conocía la ciudad y no tenía dinero. sin éxito.1. Amalia no tuvo documentos de identidad. a la que asistió dos meses.7.32 oportunidad. como ellos lo reconocieron en sus declaraciones. Durante el tiempo que permaneció bajo el poder de la familia Sánchez Beltrán. 18 Cuaderno 1). 33 a 38 Cuaderno Principal) y la carta de Mónica Sánchez aportada con la demanda (fol. 78 Ver declaraciones de Vitaliano Sánchez y Eunice Beltrán. 2. como reconocen los demandados. 14 Cuaderno Principal. En oportunidades posteriores ha solicitado a los demandados información sobre su familia. .5.6. 2. En dicho viaje. 2. adicionalmente. el documento remitido a la Corporación por Eunice Beltrán el 14 de febrero de 2012 (fols. quien hacía las labores de estafeta en la cárcel del municipio de Anzoátegui cuando aquél se desempeñaba como alcalde militar. cerca de Anzoátegui. Con esa partida hizo gestiones para obtener documentos de identificación. Mónica Sánchez y la peticionaria también relatan que esta última fue reprendida por aprender a leer y escribir.1. Amalia no podía disponer de su tiempo ni podía abandonar la casa de la familia Sánchez Beltrán porque no se lo permitían y. como se pudo constatar en la diligencia de declaraciones. quienes cree son sus familiares. pero no tiene certeza sobre si ese es el nombre que le dieron sus padres. y (ii) su madre se llama María y residía en el corregimiento de Palomar. solamente le han informado que (i) fue entregada a Vitaliano Sánchez por su tío Pedro. 79 Fol.5. Amalia desconoce su origen familiar y su verdadero nombre. la tutelante informó que también hizo averiguaciones sobre el paradero de María y Pedro. En ese momento tenía cerca de 9 años78. Durante el tiempo que permaneció en la casa de la familia Sánchez Beltrán. Además. sin obtener dato alguno.
158 Cuaderno Principal. 75 a 78 Cuaderno Principal. contribuyeron a que en la actualidad Amalia presente “depresión moderada-severa”80 y “Trastorno por Etrés Postraumático”81. fols. [Amalia]. *Dificultad para establecer un proyecto de vida. por lo cual deberían establecerse. . 82 Cfr. afectivo y social. *Baja Autoestima.33 2. no es posible establecer si los hechos antes relatados causaron secuelas físicas a la peticionaria84. 160 Cuaderno Principal. *Pérdida de interés en establecer relaciones sociales con otras personas. *Pérdida de interés en las actividades. en lo posible. bajo autoconocimiento y limitada conciencia de su situación. secuelas psíquicas. el concepto de la Defensoría del Pueblo que proviene de expertos con experiencia cercana al tipo de eventos materia de la tutela. SECUELAS EMOCIONALES *Trastorno de Estrés Postraumático de gravedad Crónica. lo que impacta negativamente su desenvolvimiento personal.El concepto remitido por expertos de la Defensoría del Pueblo demuestra que los hechos ocurridos entre aproximadamente 1963 y 1975. 84 Los expertos del Instituto señalaron: “Si bien se observan cicatrices en la superficie corporal. *Sentimientos negativos: culpa. Los expertos resumieron las consecuencias así: “LESIONES PSIQUICAS *Dificultad para tomar decisiones. tampoco las descartó del todo. Estas afecciones deterioran su calidad de vida. por el tiempo de evolución de las mismas. *insomnio.”82 El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló: “No encontramos en la examinada. *Pérdida de interés sexual. que la examinada relaciona con los hechos objeto de investigación. Cuaderno Principal. 83 Cfr. de conformidad con el informe de examen físico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Sala estima que si bien es cierto el Instituto no halló secuelas psíquicas. De otro lado. ofrece suficientes elementos de juicio para concluir la existencia de la causación por los demandados de daños emocionales y psíquicos a la tutelante. por otros medios probatorios”83. Cuaderno Principal. *Pérdida de Apetito.5. Cfr. pues producen síntomas como baja autoestima. Fol. respecto a los hechos materia de la presente demanda. folio 169. 80 81 Fol. lo cual no quiere decir que no hayan existido. En este sentido. folio 82.1. no es posible determinar un nexo de causalidad entre los hechos y lo evidenciado al examen”.9. clínicamente sustentables.
entre ellos la inacción de las autoridades públicas.34 2. a través de la presión social que puede causar su utilización. En la sentencia T-210 de 1994. por la forma irracional. . La Corte también ha indicado algunos ejemplos de relaciones de indefensión así: “No existe definición ni circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto. T-379 de 1995.iii) la existencia de un vínculo afectivo.sentencias 174 de 1994. diversos factores de hecho. el que un particular haga o deje de hacer algo en favor 85 Cfr. T-036. Procedencia de la acción de tutela A diferencia de lo argumentado por los jueces de instancia. entre socios. éste puede consistir. en la práctica.2. la petición se dirige contra unos particulares respecto de los cuales la tutelante se encuentra en estado de indefensión. Eduardo Cifuentes Muñoz. M.P.5. no normativa. M. irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias T-605 de 1992. amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales. T-. como lo ha reconocido la jurisprudencia. Sentencia T-611 de 2001. pues. entre otros en: i) la falta. contrarrestar los ataques o agravios que. por las siguientes razones: 2. moral. como señalaron algunos conceptos técnicos. T-351 de 1997.” . etc. En estos casos. entre cónyuges. que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes v. la relación entre padres e hijos. Jaime Córdoba Triviño. entre otras-. ii) la imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital.P. social o contractual. contra sus derechos constitucionales fundamentales.2. que le permitan al particular que instaura la acción.5. T-529 de 1992. 190 de 1994 y 498 de 1994. T-375 de 1996 y T-801 de 1998.gr. entre coopropietarios. material o físico. La indefensión no es una circunstancia que pueda ser analizada en abstracto. sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción -sentencias T-573 de 1992. al juez de tutela corresponde verificar si efectivamente se configura una situación o relación de indefensión en la que esté en juego algún derecho fundamental que deba ser tutelado. pueden dar lugar a la desprotección y consecuente indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular. ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal. requiere de un vínculo entre quien la alega y quien infringe que permita asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental”85. en esta oportunidad la Sala considera que la tutela sí es procedente. La jurisprudencia constitucional ha señalado que las relaciones de indefensión se originan “(…) en la situación fáctica de falta total o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir o repeler la agresión. in abstracto el ordenamiento jurídico dispone de medios de defensa judicial para la protección de los derechos e intereses.1. T-233 de 1994. Pese a que. entre otras.En primer lugar. iv) El uso de medios o recursos que buscan. que coloca a la persona en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su voluntad. la Corte explicó sobre el punto: “(…) La situación de indefensión es una circunstancia empírica.
Sentencia T-277 de 1999. P. se encontraba en una situación de desventaja desde el punto de vista material que le impedía gozar de sus derechos fundamentales y que. v. mientras la tutelante estuvo bajo el dominio de los peticionarios. En este caso. M. Ver Elena Vargas Trujillo. tales acciones no eran en todo caso idóneas para la protección de los derechos fundamentales de la peticionaria. de un lado. Sin embargo. En la actualidad. debe tenerse en cuenta que cuando 86 87 Cfr.P. puede calificarse como indefensión. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995. 2.la utilización de personas con determinadas características -chepitos-. su desconocimiento de la ciudad y la ausencia de una red de apoyo. pues tal argumento desconoce la complejidad de los fenómenos de trata de personas y sometimiento a trabajo forzoso.gr. manifestó que aún siendo adulta sentía temor frente a Eunice Beltrán y le tomó muchos años llenarse de valor para denunciar lo sucedido. etc”86. es su limitada conciencia de las consecuencias de las vivencias traumáticas que experimentó. continúa en una situación de desventaja frente a los accionados derivada (i) del temor que parece aún prodigarles. 166 Cuaderno Principal.35 de otro. precisamente por la dificultad que tienen las víctimas para auto reconocerse como tales. 50. por tanto. En la actualidad. Esa fue la situación de Amalia. para efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-.5. 2011. 88 Ver fol. y (ii) de la imposibilidad de lograr por otros medios que le suministren datos adicionales sobre su identidad y su familia. Carmen Elisa Florez y Laura María Mendoza Simonds. Amalia no dispone de otros mecanismos judiciales de defensa.En segundo lugar. y las acciones de responsabilidad civil ya caducaron. Bogotá: OIM y Universidad de los Andes. “Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema”.2. lo que condujo a que tardara años en presentar la tutela y lo hiciera por sugerencia de terceros88. . la prescripción y caducidad de las acciones no puede ser imputada a la demandante y. En el mismo sentido. los expertos de la Defensoría del Pueblo resaltaron que una manifestación del trauma por estrés postraumático que presenta Amalia. como indicó el juez de primera instancia.2. dada su corta edad. en particular la dificultad que tienen las víctimas para auto reconocerse como tales y superar su miedo frente a los perpetradores para denunciar87. de otro lado. En efecto. lo cual es aún más grave si se tiene en cuenta que solo ellos pueden proveer tal información. Además. Alfredo Beltrán Sierra. Un estudio reciente de OIM y la Universidad de los Andes resaltan los bajos niveles de denuncia de la trata para servicio doméstico. su imposibilidad de dejar la casa y de autodeterminarse por el temor que sentía. las eventuales acciones penales que se hubieran podido adelantar contra los demandados ya prescribieron. quien en la declaración rendida ante esta Sala de Revisión. no puede declararse improcedente la tutela bajo el argumento de que Amalia dejó caducar y prescribir los mecanismos judiciales que tenía a su alcance. a juicio de la Sala.
que a la luz del derecho quizá no sea comprensible.Por último. la supuesta inacción que reprochó el juez de primera instancia. Sobre este punto también llamaron la atención los expertos de la Defensoría del Pueblo. 89 . Para la Sala. la Sala concluye que (i) Amalia fue sometida a trabajos forzosos. es decir. ya que creció sin el sustento emocional que todos adquirimos en nuestros primeros años de vida. Examen de las vulneraciones alegadas A partir de los hechos probados.y (ii) en todo caso los efectos en la salud emocional de la demandante de pasadas vulneraciones de derechos continúan. afectivo y social. Por tanto. En este orden de ideas. las acciones de reparación civil tampoco eran idóneas en este caso. 2. la Sala advierte que tampoco es cierto lo señalado por el juez de segunda instancia en el sentido de que la tutela es improcedente por falta de inmediatez. pues (i) la demandante no busca la condena penal de sus victimarios sino la tutela de sus derechos fundamentales.3. pues su finalidad es simplemente reparatoria y suponen la existencia de daños ya causados. Cfr.5. al no tener una infancia sana.3. es fácil entender por qué [Amalia] nunca denunció estos hechos. lo cierto es que (i) algunas violaciones al parecer aún persisten –como en el caso del derecho a la identidad. crece sin los elementos necesarios que le permitan reconocerse como un sujeto de derechos. lo cual determina un impacto negativo en su desenvolvimiento personal. 168 Cuaderno Principal. fol. Por otra parte. (ii) como consecuencia. quienes resaltaron que la demandante creció sin sustento emocional y sin los elementos necesarios para reconocerse como sujeto de derechos. en criterio de la Sala. no sirven para poner fin a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales con independencia de los daños acaecidos. a trata de personas e incluso a cierta modalidad de esclavitud. la acción penal no es el único mecanismo de defensa de los derechos de la demandante y tampoco el más idóneo.2. como la psicológica”. por otra parte.36 Amalia huyó del hogar de la familia Sánchez Beltrán.5. erró también el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Garantía de Bogotá al sostener que la demandante debía haber acudido a la acción penal. por Vitaliano Sánchez y Eunice Beltrán de Sánchez. si bien es cierto la vulneración presunta de los derechos de la demandante comenzó en 1963 o 1964. continuaba siendo una niña sin educación e ignorante de sus derechos y de las autoridades ante quienes podía acudir. es a penas ‘normal’ esta situación. En este caso. la Sala concluye que la tutela es procedente. un bajo autoconocimiento y limitada conciencia de su situación. Adicionalmente. y (ii) la protección de la víctima en el proceso penal está supeditada a la comprobación de la existencia de un delito. pero sí a partir de la exploración de este caso paradigmático de otras áreas de conocimiento. no puede ser imputable a la peticionaria. los demandados vulneraron y aún Los expertos de la Defensoría afirmaron: “presenta una baja autoestima. 2. lo que explica su omisión en denunciar por tantos años89.
en realidad. En este caso. los fenómenos de trabajo forzoso. con el fin de que realizara trabajos . teniendo en cuenta que. Amalia nunca se ofreció voluntariamente a realizar el trabajo. como a continuación se explica. y (ii) la falta de voluntariedad del individuo que realiza el trabajo o servicio –“el individuo no se ofrece voluntariamente”. bajo amenazas de violencia física y ultrajes psicológicos que. cuando era una niña indefensa y vulnerable. De otro lado. Amalia. sumados a su corta edad y su indefensión por falta de apoyo familiar. como ya tuvo la Sala la oportunidad de explicar. a la luz de la definición de trata de personas del Protocolo de Palermo –para efectos de este caso no como delito sino como violación de derechos humanos-. lo que evidencia que Amalia estaba bajo su subordinación.5. La Sala aclara que el análisis que se llevará a cabo a continuación no se realiza desde la perspectiva penal sino desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la víctima. este fenómeno se presenta cuando se reúnen dos elementos: (i) la realización de un trabajo o la prestación de un servicio bajo la amenaza de una pena cualquiera u otra amenaza asimilable. trata de personas e incluso esclavitud conllevan la vulneración grave de varios derechos de la víctima.decidió huir del hogar de los demandados.3. la Sala observa que en este caso se reúnen los requisitos señalados por el derecho internacional para declarar que los demandados sometieron a la tutelante a trabajos forzosos. la falta de familia y su falta de educación.37 siguen lesionado varios derechos fundamentales de la peticionaria. los demandados calificaron su partida como una huida. en este caso se presentaron los siguientes elementos: (i) el traslado de una persona. ya que efectivamente fue obligada a desarrollar labores domésticas en jornadas extenuantes. es por ello que son proscritos por el derecho internacional y por el artículo 17 de la Constitución.y luego de la familia Sánchez Beltrán. no tenía otra alternativa. De acuerdo con el artículo 2 del Convenio de la OIT sobre trabajo forzoso. dada su corta edad. fue trasladada por Vitaliano Sánchez de Anzoátegui a Bogotá. prueba adicional de la falta de voluntariedad. Tan pronto obtuvo un grado mayor de autonomía –aproximadamente a los 15 años. De otro lado. Además. Ciertamente. fueron más que suficientes para generarle un temor serio frente a sus victimarios. pero que en todo caso deben ser reparadas en virtud del derecho a la reparación. (ii) aprovechando su vulnerabilidad. 2. en la casa de María Odilia Franco –aproximadamente 3 años. (iii) con fines de explotación.1.Para comenzar. a trata de personas e incluso a una modalidad de esclavitud. los hechos probados demuestran que tales elementos se reunieron en el caso de Amalia. (iii) las violaciones de los derechos de la demandante han causado además daños cuya reparación ya no puede reclamar por otras vías judiciales.
mediante remuneración o sin ella. las autoridades competentes determinen. Por ello el artículo 7 de la Convención de los derechos del niño reconoce el derecho de los niños a conocer quiénes son sus padres. pues la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud. la madre y el tío de Amalia la entregaron cuando era niña a Vitaliano Sánchez con el propósito de que fuera explotada laboralmente. En este caso. a reserva de revisión judicial. Además. A continuación la Sala explica los fundamentos de esta conclusión: Los hechos revelan que los demandados han quebrantado el derecho de Amalia a tener una familia y no ser separado de ella. primero en la casa de su suegra.5. vestuario y comida. Nunca hubo una auténtica “intención humanitaria”. el documento “contrato de adopción” y las declaraciones de los demandados demuestran que nunca hubo intención de remunerar el trabajo de Amalia. que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.3. pues (i) nunca se pensó siquiera en una remuneración. Incluso podría hablarse en este caso de una modalidad de esclavitud. De hecho. para ellos bastaba con suministrarle alojamiento.38 domésticos no remunerados. los demandados ejercía un poder que les permitía señalar donde debía prestar sus servicio y le impedía disponer de su tiempo e incluso de su cuerpo. especialmente en el caso de los niños. y . y luego en su propia casa. toda aquella “(…) en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es entregado por sus padres. (ii) la niña fue sometida a trabajos y jornadas que excedían claramente sus capacidades –ni siquiera había cumplido la edad que la normativa exige para que un menor de 18 años pueda empezar a trabajar-.” En este caso. Aunque Eunice Beltrán y Vitaliano Sánchez aseguraron que recibieron a la niña “por razones humanitarias”. lo cierto es que dieron origen a la vulneración de varios derechos fundamentales de Amalia. a largas jornadas de trabajo y nunca fue remunerada. como resaltaron varios conceptos técnicos. y el 9 indica que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos. con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño o del joven”.2. la Sala observa que independientemente de la clasificación que se de a los hechos. pues la niña no fue educada en el sistema formal de educación.En este caso en particular. o uno de ellos. confluyen los demás elementos de la definición de esclavitud de la Convención de 1926. fue sometida a maltratos. la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956 indica que es una práctica que constituye esclavitud. excepto cuando. de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables. El reconocimiento de este derecho se fundamenta en la importancia de la familia. Amalia fue separada de su familia biológica sin justificación. o por su tutor. lo cierto es que se aprovecharon de su vulnerabilidad para extraerla de su pueblo natal y obligarla a realizar labores domésticas. a otra persona. ya que sobre Amalia. 2. para su desarrollo físico y emocional.
Como consecuencia de la separación. al nombre. pues impidió que el Estado conociera de su existencia y limitó sus posibilidades de reclamar protección y ejercer sus derechos de ciudadanía. Amalia ha sido privada de la posibilidad de conocer el nombre que le dieron sus padres y su origen familiar. se le restringió la posibilidad de abandonar el hogar de los demandados. Adicionalmente. Esta violación se ha prolongado en el tiempo. la madre de Amalia y un tío decidieron entregarla a Vitaliano Sánchez con la esperanza de una vida mejor. y de otro. toda vez que el poder que ejercían sobre ella impidió que pudiera determinar su proyecto de vida. quienes estaban a cargo de su cuidado. a las relaciones familiares. los maltratos a los que fue sometida lesionaron su salud física y emocional. Caso Gelman VS. económicos. no podía abandonar sola la casa ni disponer de su tiempo. de un lado. ya que la demandante no ha podido reunirse nuevamente con su familia biológica. ha señalado la Corte Interamericana lo siguiente: “(…) el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica. no hicieron nada para que la niña obtuviera documentos de identificación. El actuar de los demandados también ha infringido el derecho a la identidad de la demandante.39 posteriormente se le impidió retomar el contacto con sus familiares. Esta situación fue agravada por la falta de educación. entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana. pues a la fecha Amalia aún no conoce su origen familiar. Según el artículo 8 de la Convención sobre los derechos del niño. no hicieran nada para permitir que la niña mantuviera el contacto con su familia biológica y luego para ayudarla a ubicarla. dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles. En la actualidad.90 Además. La falta de documentos de identidad acentuó la situación de vulnerabilidad e indefensión del la peticionaria. 90 . como dejó ver el concepto de expertos de la Defensoría del Pueblo. y los demandados. la nacionalidad. La conducta de los demandados afectó la dignidad de la demandante. la demandante fue privada del apoyo emocional de su familia biológica y de los beneficios en términos de desarrollo personal de contar con figuras paternas y una red de apoyo familiar. a la nacionalidad. || (…) la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia. sin embargo sí censura que. La Sala no desconoce que. políticos. la accionante por muchos años careció de documento de identidad –su registro civil lo obtuvo hasta 1977-. Uruguay. Sentencia del 24 de febrero de 2011. los hechos dan cuenta de la vulneración de los derechos de la demandante a la libertad y a la integridad. en particular en su faceta de autonomía. como se puede constatar en las declaraciones de los demandados. ya que. Corte Interamericana de Derechos Humanos. al parecer. son elementos de la identidad. sociales y culturales”. el nombre y las relaciones familiares. las Sobre la importancia del derecho a la identidad. Cfr. La vulneración continúa. En este caso. mientras estuvo sujeta al poder de los accionados. a la inscripción en el registro civil.
no hayan sido violados . pues Amalia tiene dificultades para tomar decisiones y enfrentar sus problemas. etc. Fue expulsada de ese colegio porque no asistía y además convidaba a eso a mi hijo Jaime que por un corto tiempo también estuvo en ese colegio”. el hijo de la pareja Sánchez Beltrán.Finalmente.3. en qué circunstancias fue extraída de su familia biológica.40 consecuencias de esta vulneración continúan. En consecuencia. Por último. tenía cerca de 9 años. sigue sin tener datos de su familia. Amalia presenta varias secuelas psicológicas que continúan afectando su calidad de vida. puesto que (i) aún desconoce quién son sus padres. y (iii) no ha obtenido ninguna reparación por las consecuencias de las violaciones de derechos sufridas. pues según cálculos de los demandados. no significa que los derechos de Amalia –y probablemente muchas otras personas en su misma situación. 2.5. como cualquier otro niño. comida y vestuario.3. Para la Sala no es de recibo el argumento de Eunice Beltrán en el sentido de que la tutelante “(…) no encajó en el Colegio. según concepto de expertos de la Defensoría del Pueblo. si sus padres están vivos. la Sala desea advertir que el hecho de que para la época de los acontecimientos probados en este proceso fuera una práctica común que niños. lo que sí ocurrió con Jaime. especialmente sus relaciones personales y sociales. como aseguró Eunice Beltrán. los hechos ponen en evidencia la violación de los derechos de Amalia a la verdad. Amalia ya no puede buscar la reparación de tales daños por las vías ordinarias –como las acciones de responsabilidad civil extracontractual o la acción penal. justicia y reparación. (ii) el aparato judicial no se ha puesto en movimiento para poner fin a la vulneración de sus derechos. la niña solamente permaneció dos meses en el colegio y luego no se hicieron nuevos intentos para matricularla en otra institución.. especialmente campesinos. fueran llevados a casas de familia para realizar labores domésticas a cambio de alojamiento. la Sala reitera que.5. requiere la intervención del juez de tutela para lograr la realización de su derecho a al reparación.por razones que no le son imputables. Además.4. lo que le ha impedido una construcción completa de su identidad. 2. Los demandados desconocieron el derecho a la educación de Amalia. para la época en que la demandante fue inscrita en el Colegio. Vale la pena también destacar que. es decir. Como se indicó en apartes previos. probablemente tenía algunos problemas en el colegio. pues nunca le suministraron educación formal.Respecto al derecho a la reparación.3. no se amañó y no quiso volver allí. todavía desconoce su pasado. se trataba de una pequeña niña quien. es decir.
con el propósito de poner fin a la vulneración de los derechos fundamentales de Amalia a la identidad. a la familia y otros conexos. como se demostró en el aparte anterior91. Por ejemplo. como lo evidencia el concepto técnico aportado por el Ministerio del Interior. La Sala observa con sorpresa que incluso muchas autoridades. confirmó este hecho (ver fol. 2011. 93 Ver ley 985 de 2005. ya estaban en vigor varios instrumentos internacionales que proscriben la esclavitud. 92 Ver Elena Vargas Trujillo. pues para la época. Grupo de lucha contra la trata de personas. los trabajos forzosos y la trata personas. la Sala ordenará al Ministerio del Interior. y esos instrumentos eran vinculantes en el Estado colombiano también para los particulares.41 gravemente. el Ministerio del Interior deberá remitir un informe al juez de primera instancia –competente para verificar el cumplimiento del fallo.5.1. decreto 2893 de 2011 y resolución 2434 de 2011. por factores culturales. al cabo de seis meses contados a partir de la notificación de esta providencia.5. en la carta aportada con la demanda. la servidumbre.4. Mónica Sánchez. Bogotá: OIM y Universidad de los Andes. Por las anteriores razones la Corte revocará los fallos de instancia y concederá la tutela. en particular de mujeres. el trabajo forzado y la servidumbre doméstica de menores de 18 años. P. siguen sin ser reconocidas como modalidades de trata de personas y como formas de discriminación y violencia por razones de género. las investigaciones necesarias para encontrar a su familia y permitirle reconstruir su pasado. la misma Eunice Beltrán reconoció que tuvo otras empleadas domésticas que venían del campo y que llegaron a su casa cuando tenían entre 12 y 15 años de edad. “Trata de personas en Colombia: una aproximación a la magnitud y comprensión del problema”. como coordinador del Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas y ente a cargo de la política del Gobierno Nacional en materia de prevención de la trata de personas y asistencia a las víctimas93. Sin embargo. 52.En primer término. . 2. Carmen Elisa Florez y Laura María Mendoza Simonds.4. Esa práctica tampoco justifica el actuar de los demandados. La Sala observa con preocupación que según datos de expertos y organismos internacionales.y al Despacho con las labores realizadas y los logros alcanzados. continúan con esa visión precaria del problema. este tipo de prácticas aún existen en nuestro país. La Sala observa con preocupación que los mecanismos que en la actualidad apoyan la búsqueda de personas desaparecidas –como el Registro Nacional de Desaparecidos y las investigaciones de la Fiscalía 91 Esa era una práctica reiterada en la familia Sánchez Beltrán. 20 Cuaderno 1). Remedios a adoptar 2. Para verificar el cumplimiento de esta orden. brindar asistencia a la accionante y coordinar con las entidades que conforman el Comité. un estudio de 2011 de OIM y la Universidad de los Andes muestra que el trabajo forzado es la segunda modalidad de trata de personas que más se denuncia en el país92.
tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente.P. Luis Ernesto Vargas Silva. .42 y la Policía94. requieren la existencia de una investigación penal. 2. M. dentro de los seis meses siguientes. Mauricio González Cuervo. si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte. para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. 96 M. La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste. se condenará a los accionados a pagar una indemnización en abstracto a la peticionaria para resarcir el daño psicológico y emocional detectado por los expertos de la Defensoría del Pueblo. Ver entre otras.5. El artículo 25 del decreto 2591 de 1991 dispone en lo pertinente: “ARTICULO 25. todo ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas.” Esta Corporación ha resaltado que dada la naturaleza subsidiaria y la finalidad de la acción de tutela –poner fin a la amenaza o vulneración de un derecho fundamental-. y T-458 de 2010. La Sala reitera que la categoría de víctima de fenómenos como la trata de personas. las sentencias T-299 de 2009. para garantizar el derecho a la reparación de la peticionaria y dado que ya no cuenta con otros mecanismos de defensa. Mauricio González Cuervo. Más que un asunto de política criminal. de oficio. la aplicación del precepto citado debe ser excepcional95.En segundo término. INDEMNIZACIONES Y COSTAS.P. civiles o penales en que haya incurrido. la trata de personas es un problema de violación de derechos humanos y desde esa perspectiva deben protegerse los derechos de las víctimas. y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. ha señalado que solamente tiene cabida en las circunstancias excepcionales sintetizadas en la sentencia T-299 de 200996 así: 94 95 Ver al respecto las respuestas enviadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.2. y que la perspectiva penal no puede ser la única ni la más importante para abordar el problema. además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores. en aplicación del artículo 25 del decreto 2591 de 1991. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial. En este orden de ideas. en el fallo que conceda la tutela el juez.P. no puede supeditase a la existencia de un proceso penal. M.4. por el trámite incidental. para poder ser puestos en movimiento.
(iv) no es suficiente la violación o amenaza del derecho sino que es necesario que esta sea evidente y consecuencia de la acción clara e indiscutiblemente arbitraria del accionado. como en años posteriores en la medida que no han contribuido a que cesen su afecciones emocionales. José Gregorio Hernández Galindo. (viii) si el juez de tutela. para efectuar la correspondiente liquidación’97”. ‘debe establecer con precisión en qué consistió el perjuicio. como se concluyó en la sección anterior. reconstruya su pasado y se reúna nuevamente con su familia. entre otros.P. la demandante no cuenta con otras vías judiciales para solicitar que cese la violación de sus derechos y se reparen los daños causados como consecuencia de tal violación. según que se trate de condenas contra la administración o contra particulares. (v) debe ser necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho del tutelante. “ . a no ser separada de su familia. deberá tener en cuenta los daños emocionales y psicológicos plenamente probados en el dictamen de los expertos de la Defensoría del Pueblo. a la dignidad. cuál la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y cuáles serán las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o el juez competente. cuál es la razón para que su resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho fundamental. y la ausencia de datos sobre su identidad y origen familiar.: Dr. En este orden de ideas. (vi) se debe garantizar el debido proceso al accionado. (ii) la lesión de los derechos de Amalia a la identidad. cuál es el hecho o acto que dio lugar al perjuicio. secuelas que la Defensoría del Pueblo resalta que deterioran su calidad de vida y sus relaciones personales. para realizar la liquidación de la indemnización en abstracto que se ordenará en esta providencia. en todo caso. (iv) la indemnización debe resarcir las secuelas emocionales y psicológicas que las experiencias traumáticas de 1963 y 1975. tanto entre 1963 y 1975. la Sala estima que se reúnen los elementos anteriores. y (vii) sólo cobija el daño emergente.43 “(iii) solo procede cuando no existe otra vía judicial para el resarcimiento del perjuicio. cuando tuvieron bajo su poder a la demandante. el juez administrativo. fundado en la viabilidad de la condena ‘in genere’ accede a decretarla. En esta oportunidad. familiares y sociales. 97 “Sentencia T-403 del 14 de 1994. a la libertad y a la integridad. y deriva directamente de las acciones y omisiones de Eunice Beltrán y Vitaliano Sánchez. no es procedente cuando se concede la acción de tutela como mecanismo transitorio. M. es evidente. por lo cual. por las siguientes razones: (i) como la Sala ya tuvo la oportunidad de explicar. el perjuicio y no la ganancia o provecho que deja de reportarse. esto es. han dejado en Amalia. (iii) la indemnización en abstracto es indispensable para garantizar el derecho a la reparación de la tutelante.
trata de personas y trabajo forzoso. de la peticionaria. a la libertad. como garantía de no repetición. realizar de campañas dirigidas a erradicar definitivamente. En particular. En su lugar. prácticas como las que dieron lugar a la presente decisión.3. que si bien el proceso penal es un mecanismo importante para garantizar los derechos de las víctimas de esclavitud. TUTELAR los derechos fundamentales a la identidad. la Sala desea recordar a las autoridades con responsabilidades en la materia. no es el único ni el más idóneo. a la integridad sexual y a la dignidad humana. en concordancia con la ley 985 de 2005. CUARTO.5.En consecuencia. En cumplimiento de esta orden. que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá. Para efectos de la liquidación de la indemnización.REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá. el diseño de tales mecanismos debe tener en cuenta que en muchas ocasiones las víctimas están en imposibilidad de denunciar y participar en un eventual proceso penal debido al poder que siguen ejerciendo sus victimarios sobre ellas –pueden temer por su integridad o la de sus familiares-. de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. RESUELVE: PRIMERO. Por tanto. servidumbre. a la reparación.4.. entre otras razones. porque supedita la protección de las víctimas a la comprobación de la ocurrencia de un delito. el juez respectivo deberá tener en cuenta el concepto técnico . el Ministerio del Interior deberá remitir un informe al juez de primera instancia y a esta Corporación con detalles de las labores realizadas y los logros alcanzados. a la justicia..– LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS decretada mediante auto del 26 de enero de 2012. las autoridades deben diseñar otros mecanismo que aseguren la realización de los derechos de las víctimas y que atiendan a la complejidad de los fenómenos. en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia.Finalmente. SEGUNDO. la Sala ordenará al Ministerio del Interior. el 14 de junio de 2011. a la verdad. Además. TERCERO..44 2. el 1 de mayo de 2011. a la familia. las investigaciones necesarias para encontrar a su familia y permitirle reconstruir su pasado.CONDENAR a Vitaliano Sánchez y a Eunice Beltrán de Sánchez al pago de una indemnización a favor de la tutelante. con énfasis en las áreas rurales de país. ORDENAR al Ministerio del Interior brindar asistencia a la accionante y coordinar con las entidades que conforman el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas. de conformidad con el artículo 25 del decreto 2591 de 1991.
45 remitido por la Defensoría del Pueblo sobre las secuelas psicológicas y emocionales que presenta Amalia como consecuencia de las vulneraciones de derechos que se reconocieron en esta providencia. comuníquese y cúmplase. QUINTO. Cópiese. prácticas como las que dieron lugar a la presente decisión. de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. notifíquese.. Grupo de lucha contra la trata de personas. con énfasis en las áreas rurales de país. realizar campañas dirigidas a erradicar definitivamente. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General .ORDENAR al Ministerio del Interior.
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