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Timestamp: 2015-09-01 07:53:14+00:00

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TODO LEYES DEL URUGUAY
ESTE BLOG O PAGINA DE LA WEB ES UNA RECOPILACION DE LAS LEYES DEL URUGUAY, TRATADOS, PACTOS, CONVENCIONES, CARTAS Y CONVENIOS.SON LAS NORMAS JURIDICAS QUE REGULAN NUESTRO DERECHO POSITIVO, DEL DERECHO PENAL, LABORAL, PROCESAL, COMERCIAL,CIVIL, ETC.TAMBIEN TRATARE DE INCLUIR LOS CODIGOS URUGUAYOS COMO EL CIVIL, PROCESAL, COMERCIAL, PENAL, PROCESO PENAL, ADUANERO, DEL NIÑO, MAS NUESTRA CONSTITUCION E INCLUSO NORMAS DEL MERCOSUR.
http://www.informaticajuridicaderechoinformatico.blogspot.comInformaciones básicas Ratificaciones Informes Aplicación de las NIT Legislación Perfiles legislativos Documentos Links jurídicosPrincipales textos de derecho laboralUruguay - Principales texto en NATLEX01) Disposiciones generalesLey núm. 14188 sobre Juicios laborales.01.01) ConstitucionesConstitución de la República Oriental del Uruguay [versión consolidada].01.03) Códigos civiles, Códigos de comercioLey por la que se aprueba la compilación del Código Civil.01.04) Códigos penales, Códigos de procedimiento penalDecreto-ley núm. 15738 por el que se dicta el Código del Proceso Penal.Ley núm. 9414 de 29 de junio de 1934 por la que se dicta el Código Penal[en su tenor actualizado hasta 1975]01.06) Política económica y socialLey núm. 15921 de zonas francas.02) Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laboralesLey núm. 17940 de libertad sindical.Ley núm. 15587 por la que se aprueban disposiciones para proteger a los trabajadores contra actos discriminatorios que menoscaben la libertad sindical en relación con su empleo.04) Eliminación del trabajo infantil, protección de los niños y jóvenesLey 17823 por la que se dicta el Código de la Niñez y la Adolescencia.05) Igualdad de oportunidades y de tratoLey núm. 11577, por la que se limita el horario, se dan normas para el trabajo y las indemnizaciones en las industrias consideradas insalubres y se crea una comisión para clasificarlas.Ley núm. 16045 por la que se prohibe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector de la actividad laboral.05.01) No-discriminaciónLey núm. 17817 de lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.08.01) Trabajadores inválidosLey núm. 16095, por la que se establece un sistema de protección integral a las personas discapacitadas.10) Seguridad del empleoLey núm. 10489, por la que se establece la indemnización por despido11) CooperativasLey núm. 17794 de Cooperativas de Producción o Trabajo Asociado.12) Condiciones de empleoLey núm. 9910, sobre trabajo a domicilio12.02) SalariosLey núm. 3299 de protección del salario13) Condiciones de trabajoLey núm. 11577, por la que se limita el horario, se dan normas para el trabajo y las indemnizaciones en las industrias consideradas insalubres y se crea una comisión para clasificarlas.13.01) Horas de trabajo, descanso semanal y vacaciones pagadasLey núm. 12590, sobre vacaciones15.02) Prestaciones de vejez, invalidez y supervivenciaLey núm. 16713 por la cual se crea el sistema previsional que se basa en el principio de universalidad y comprende en forma inmediata y obligatoria a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.Ley núm. 17847 de pensiones por discapacidad.15.03) Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionalesLey núm. 16074 por la que se declara la obligatoriedad del seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que regula todo lo referente a siniestros en actividad, indemnizaciones y rentas permanentes.16) Protección de la maternidadLey núm. 17215 por la que se dictán normas que comprenden a toda trabajadora pública o privada que se encontrare en estado de gravidez o en período de lactancia.22.10) Funcionarios y trabajadores del servicio públicoLey núm. 16127 sobre funcionarios públicos.<>>
*Esta página de la Web está dedicada a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Aquí podrán encontrar todas las Leyes del Derecho Comercial, Procesal, Civil, Penal, y otras leyes, con sus modificaciones y actualizaciones. Aparte también encontrarán los Códigos: Civil, Penal, General del Proceso, Proceso Penal, Aduanero, Del Niño, Normas Constitucionales, Tratados, Pactos, Convenciones, Cartas (OEA, ONU) y MERCOSUR en una segunda parte de “Todo leyes de Uruguay”.Publicada D.O. 9 abr/987 - Nº 22361Ley Nº 15.859CODIGO DEL PROCESO PENALPRISION PREVENTIVAEl Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,DECRETAN:Artículo 1º.- Además de los casos previstos en el artículo 71 del Código del Proceso Penal, no se dispondrá la prisión preventiva del procesado cuando concurrieran simultáneamente las siguientes circunstancias:A)Si fuere presumible que no habrá de recaer en definitiva pena de penitenciaría.B)Si, a juicio del Magistrado, los antecedentes del procesado, su personalidad, la naturaleza del hecho imputado y sus circunstancias, hicieren presumir verosímilmente que no intentará sustraerse a la sujeción penal ni obstaculizar, de manera alguna, el desenvolvimiento del proceso.Artículo 2º.- El procesado a quien no se imponga prisión preventiva deberá afianzar su libertad mediante la constitución de caución real, caución personal o caución juratoria, orden de preferencia que el Juez deberá cumplir en el momento de exigirlas. Dichas cauciones se otorgarán con los alcances, responsabilidades y formas previstas por los artículos 141 a 155 del Código del Proceso Penal.La violación de los deberes impuestos al procesado de conformidad con las normas citadas, así como la modificación de las circunstancias establecidas en el artículo 1º de esta ley, facultarán al Juez para disponer, de oficio o a petición del Ministerio Público, la prisión preventiva de aquél. Contra la providencia respectiva podrá interponerse recurso de apelación con el solo efecto devolutivo.Artículo 3º.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores se decretará la prisión preventiva del procesado cuando el hecho que se le imputa hubiera causado o pudiera causar, a juicio del Magistrado, grave alarma social.Artículo 4º.- Quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los perjuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva -el exceso de ella, en su caso- le hubieren causado.Quedan excluidos de lo dispuesto precedentemente los casos de clausura del proceso por muerte del reo, desistimiento de la instancia por el ofendido, remisión, eliminación del delito por ley posterior al procesamiento y sobreseimiento por gracia o amnistía, así como aquellos en que la pena se reduzca por aplicación de una ley más benigna posterior y en general, todas las situaciones análogas a las anteriores.Las acciones indemnizatorias se sustanciarán con el Fiscal de Hacienda de Turno en representación del Estado, tramitándose por la vía incidental.El Estado podrá repetir lo pagado contra los terceros declarados y responsables del perjuicio causado, de conformidad a la Constitución y a las leyes.Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de marzo de 1987.ENRIQUE E. TARIGO,Presidente.Mario Farachio,Secretario.MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURAMontevideo, 31 de marzo de 1987.Habiendo expirado el plazo previsto en el artículo 144 de la Constitución de la República, cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.SANGUINETTI.ADELA RETA.Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.postamble();Publicada D.O. 2 oct/989 - Nº 22958Ley Nº 16.058PROCESAMIENTO SIN PRISIONSE MODIFICA EL ARTICULO 1º DE LA LEY 15.859El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,DECRETAN:Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la ley 15.859, de 31 de marzo de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:"ARTICULO 1º.- Además de los casos previstos en el artículo 71 del Código del Proceso Penal podrá no disponerse la prisión preventiva del procesado cuando concurran, simultáneamente, las siguientes circunstancias:A)Si fuere presumible que no habrá de recaer, en definitiva, pena de penitenciaría;B)Si, a juicio del Magistrado, los antecedentes del procesado, su personalidad, la naturaleza del hecho imputado y sus circunstancias hicieren presumir verosímilmente que no intentará sustraerse a la sujeción penal ni obstaculizar, de manera alguna, el desenvolvimiento del proceso;C)Si a criterio del Juez, del examen de las circunstancias mencionadas en el literal B) se pudiere inferir que el procesado no incurrirá en nueva conducta delictiva.No obstante lo dispuesto precedentemente, el Juez decretará la presión preventiva, en todos los casos, si se tratare de procesado reincidente o que tuviere causa anterior en trámite. En la consideración de este extremo el Juez estará provisoriamente, a los dichos del imputado así como a los demás elementos de juicio de que pueda disponer en ese momento y, en definitiva, a las resultancias de la planilla de antecedentes judiciales que el Instituto Técnico Forense deberá expedir".Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de agosto de 1989.ENRIQUE E. TARIGO,Presidente.Mario Farachio,Secretario.MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURAMontevideo, 27 de agosto de 1989.Habiendo expirado el plazo previsto en el artículo 144 de la Constitución de la República, cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y DecretosSANGUINETTI.ADELA RETA.Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.postamble();Publicada D.O. 25 may/004 - Nº 26508Ley Nº 17.773CÓDIGO DEL PROCESO PENALSE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 113El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,DECRETAN:Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 113 del Código del Proceso Penal, por el siguiente:"ARTÍCULO 113. (Garantías a los indagados, reserva de la instrucción e igualdad procesal).-Cuando una persona es conducida o citada a una sede judicial como indagada por la comisión de un presunto delito, antes de tomarle la primera declaración, se le intimará la designación de un defensor que lo patrocine y si no lo hiciere, se designará defensor de oficio.Los indagados y sus defensores tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario, salvo resolución fundada del Juez basada en la posible frustración de las pruebas a diligenciar.Asimismo, los defensores podrán proponer el diligenciamiento de pruebas e interrogar testigos.El presumario tendrá carácter reservado.Cesa el carácter reservado:1)Porque se dictó el auto de procesamiento.2)Porque se dispone el archivo de las actuaciones.3)Porque ha transcurrido un año desde el inicio de las actuaciones presumariales.Si transcurrido un año se optara por continuar las actuaciones presumariales, únicamente tendrán carácter reservado las subsiguientes al cumplimiento del plazo.Ninguna actuación podrá tener carácter reservado por más de un año.Bajo su más seria responsabilidad funcional, los Jueces velarán por la igualdad procesal entre fiscales y defensores en esta etapa del proceso".Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de mayo de 2004.LUIS HIERRO LÓPEZ,Presidente.Mario Farachio,Secretario.MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE DEPORTE Y JUVENTUDMontevideo, 20 de mayo de 2004.Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.BATLLE.LEONARDO GUZMÁN.DANIEL BORRELLI.WILLIAM EHLERS.ALVARO ROSSA.YAMANDÚ FAU.LUCIO CÁCERES.JOSÉ VILLAR.SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO.CONRADO BONILLA.MARTÍN AGUIRREZABALA.JUAN BORDABERRY.SAÚL IRURETA.Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.postamble();Publicada D.O. 19 set/005 - Nº 26835Ley Nº 17.897LIBERTAD PROVISIONAL Y ANTICIPADASE ESTABLECE UN RÉGIMEN EXCEPCIONALEl Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,DECRETAN:CAPÍTULO IDEL RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE LIBERTAD PROVISIONAL Y ANTICIPADAArtículo 1º. (Libertad anticipada y provisional excepcionales).- El régimen excepcional de libertad anticipada y provisional que se establece en la presente ley se aplicará, por única vez, a los procesados y penados que estaban privados de libertad al 1º de marzo de 2005.Esta disposición no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos:A)El delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal .B)Los delitos de lesiones gravísimas (artículo 318, Código Penal).C)Los delitos de violación y atentado violento al pudor (artículos 272 y 273, Código Penal).D)El delito de corrupción (artículo 274, Código Penal).E)El delito de rapiña agravado por la circunstancia agravante específica de uso de armas, o cuando la rapiña concurre con el delito de lesiones (artículos 344, numeral 1º del 341, 317 y 318, Código Penal).F)Los delitos de rapiña con privación de libertad -copamiento- y de extorsión (artículos 344 bis y 345 Código Penal).G)Los delitos de quiebra fraudulenta y culpable y de insolvencia fraudulenta (artículos 253, 254 y 255, Código Penal).H)El delito previsto en el artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893.I)Los delitos previstos en la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927, y sus modificativas.J)Los delitos previstos en la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, y sus modificativas.K)Los delitos de cohecho y soborno transnacionales previstos por el artículo 29 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, y el delito de blanqueo de activos previsto por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998.L)Los delitos previstos en los artículos 30 a 34 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y leyes modificativas.Artículo 2º.- El Juez, de oficio y sin más trámite, otorgará la libertad anticipada de los penados comprendidos en el artículo 1º de esta ley, cuando hayan cumplido:A)Las dos terceras partes de la pena impuesta, y la misma sea superior a tres años de penitenciaría.B)Cuando hayan cumplido la mitad de la pena impuesta en el caso que la misma fuese de hasta tres años de penitenciaría.Artículo 3º.- El Juez o Tribunal que esté conociendo en la causa otorgará de oficio y sin más trámite, la libertad provisional, bajo caución juratoria a los procesados comprendidos en el artículo 1º de esta ley, conforme al siguiente estado de su causa:A)Si el proceso se encuentra en estado de sumario, cuando hayan cumplido las dos terceras partes del máximo de la pena establecida para el más grave de los delitos imputados, si éste superara el máximo de tres años. Si no superara dicho plazo, cuando hayan cumplido la mitad de la pena establecida para el más grave de los delitos imputados.B)Si el proceso se encuentra en plenario cuando hayan cumplido las dos terceras partes de la pena requerida por la acusación fiscal, si ésta superara el máximo de tres años, y cuando hayan cumplido la mitad de la pena requerida si fuera menor a dicho plazo.C)Si el proceso se encuentra en segunda instancia o en casación, cuando hayan cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta por sentencia no ejecutoriada de primera o segunda instancia en su caso, si ésta superara el máximo de tres años; y cuando hayan cumplido la mitad de la pena impuesta en la respectiva sentencia si fuera menor a dicho plazo.D)Si se encuentra pendiente la unificación de penas, cuando hayan cumplido las dos terceras partes de la pena unificada que el Juez estimare provisionalmente con arreglo a lo dispuesto por el artículo 54 del Código Penal y la Acordada de la Suprema Corte de Justicia Nº 7114, si ésta superara el máximo de tres años; y cuando se haya cumplido la mitad de la pena unificada si la misma fuera menor a dicho plazo.Artículo 4º.- En los casos de procesados y penados que se encuentren en condiciones de acceder al beneficio, el Juez o Tribunal que esté entendiendo en la causa dispondrá de un plazo máximo de sesenta días hábiles para otorgar las libertades, las que se concederán de conformidad con la reglamentación que a tales efectos establezca la Suprema Corte de Justicia.Artículo 5º.- Los procesados y penados a quienes se les otorgue la libertad conforme a las prescripciones de la presente ley, estarán sujetos a un régimen de atención y vigilancia a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en las condiciones del artículo 102 del Código Penal y las que se establecieran por vía reglamentaria. En el caso de los procesados, el régimen de vigilancia cesará al dictarse la respectiva sentencia absolutoria o de condena, en este último caso, sin perjuicio del régimen legal aplicable por su condición de penado.A los efectos del emplazamiento y notificación de las personas bajo vigilancia, el Patronato podrá solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública. En caso de incumplimiento de las medidas impuestas de conformidad al artículo 102 del Código Penal, el Patronato deberá comunicar dicho incumplimiento a la justicia penal a los efectos pertinentes.En caso de incumplimiento al régimen de vigilancia, el Juez decretará de oficio y sin más trámite, la revocación del beneficio, debiéndose reintegrar el procesado o penado al establecimiento de detención donde cumplía la medida cautelar o la condena en su caso. En caso de revocación no se computará como pena el tiempo que el condenado estuviera en libertad bajo vigilancia.Artículo 6º.-Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, facúltase al Ministerio del Interior a disponer de hasta veinte funcionarios más en comisión, en aplicación de las disposiciones del Decreto Nº 417/85, en lo referido a la provisión de recursos humanos con destino al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.Artículo 7º.- El liberado provisional o anticipadamente por la presente ley podrá ser autorizado a salir del país por el Juez de la causa, en las condiciones pertinentes previstas en el artículo 155 del Código del Proceso Penal.CAPÍTULO IIDE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PROVISIONALESArtículo 8º. (Medidas de seguridad provisional para imputados y condenados enfermos y otras situaciones especiales).- Sustitúyese el artículo 131 del Código del Proceso Penal por el siguiente:"ARTÍCULO 131.- Si se presumiera que el imputado en el momento de cometer el delito, el procesado, o el penado durante el cumplimiento de su condena, se encontraren en alguno de los estados previstos por el artículo 30 del Código Penal, podrá disponerse su internación en un establecimiento especial, previo dictamen pericial.Si se tratare de enfermedad grave o de circunstancias especiales que hicieran evidentemente perjudicial para el imputado su internación inmediata en prisión, o la continuidad de la privación de libertad en el centro de reclusión en que se encuentre, el Juez podrá, previo los peritajes que estime pertinentes, disponer la prisión domiciliaria u otras medidas asegurativas.Igual criterio se adoptará respecto de la situación de la mujer cuando se encuentre en los últimos tres meses de estado de gravidez, así como durante los tres primeros meses de lactancia materna. En tal caso, el Juez requerirá previamente informe pericial del Instituto Técnico Forense acerca de la conveniencia o necesidad respecto de la adopción de la medida.La persona procesada o penada respecto de quien se haya dispuesto la prisión domiciliaria, únicamente podrá abandonar su domicilio para efectuar controles médicos pertinentes a su estado y condición. El incumplimiento a dicha disposición implicará la revocación inmediata del beneficio.Habiendo cesado cualquiera de las hipótesis contempladas en el presente artículo, el procesado o penado en su caso, deberá reintegrarse al establecimiento de detención donde cumplía la medida cautelar o la condena".Artículo 9º. (Prisión domiciliaria).- Agréganse al artículo 127 del Código del Proceso Penal, las siguientes disposiciones:"El Juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de setenta años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido.Esta última disposición no será aplicable a los procesados y condenados que hayan cometido los siguientes delitos:1)El delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal.2)El delito de violación.3)Los delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley Nº 17.510, de 27 de junio de 2002)".CAPÍTULO IIIDE LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO DEL PROCESO PENAL Y A LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANAArtículo 10.(Libertad condicional).- Sustitúyese el artículo 327 del Código del Proceso Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:"ARTÍCULO 327.- Si al quedar ejecutoriada la sentencia condenatoria el penado se hallara en libertad provisional se suspenderá su reintegro a la cárcel y los autos serán examinados por el Juez dentro de tres días de aprobada la liquidación de la pena.Previo informe de la Jefatura de Policía respectiva, el Juez se expedirá sobre el otorgamiento de la libertad condicional, cualquiera haya sido el tiempo de detención. Se fundará en las pruebas aportadas sobre la conducta del penado desde que recuperó la libertad y demás datos sobre su personalidad, formas y condiciones de vida, que permitan formar juicio sobre su recuperación moral. Si el penado hubiera cometido un nuevo delito durante el lapso que estuvo en libertad provisional, será preceptivo el informe del Instituto Nacional de Criminología.De inmediato elevará los autos a la Suprema Corte de Justicia, quien en definitiva resolverá, previo dictamen del Fiscal de Corte.El liberado condicionalmente queda sujeto a la vigilancia de la autoridad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 102 del Código Penal.Resuelta la situación del condenado, la Suprema Corte de Justicia devolverá los autos al Juez quien dispondrá la liquidación del saldo de pena a cumplir en libertad condicional, determinando su duración y vencimiento".Artículo 11. (Libertad anticipada).- Sustitúyese el numeral 3) del artículo 328 del Código del Proceso Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:"3) Si el penado ha cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, la Suprema Corte de Justicia concederá la libertad anticipada. Sólo podrá negarla, por resolución fundada, en los casos en que los signos de rehabilitación del condenado no sean manifiestos".Derógase el numeral 3º) del inciso primero del artículo 328 del Código del Proceso Penal en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 16.349, de 10 de abril de 1993.Artículo 12. (Salidas transitorias).- Sustitúyese el artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.470, de 2 de diciembre de 1975, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 16.928, de 3 de abril de 1998, por el siguiente:"ARTÍCULO 62.- Para la concesión de la salida transitoria, se requerirá poseer buena conducta y podrá ser otorgada toda vez que el recluso, personalmente o por intermedio de su Defensor, presente solicitud por escrito ante la Dirección del Establecimiento donde se encuentre recluido.En un plazo que no excederá de los veinte días desde la presentación de la solicitud, la autoridad carcelaria formulará un informe al Juez de la causa.Si el informe carcelario fuera opuesto a la concesión de la salida transitoria, sea porque el recluso no tiene buena conducta o por existir otro motivo que determine la inconveniencia de su otorgamiento, se hará saber al Juez de la causa el que, en definitiva, resolverá, en forma fundada, previo dictamen del Ministerio Público.Si el informe de la autoridad carcelaria fuera favorable a la salida transitoria, deberá establecer, en forma precisa, el régimen a seguirse y, en especial:A)El lugar o distancia máxima a que podrá trasladarse el recluso.B)Las normas de conducta que el recluso deberá observar durante la salida, así como las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes.C)El tiempo de duración de la salida, el motivo y el grado de seguridad que se adopte.D)Cualquier otro requisito o condición que se estime necesario para el mejor cumplimiento del régimen.El referido informe será presentado por la autoridad carcelaria, bajo la más seria responsabilidad, a la sede judicial competente, donde al momento de recibirse, se sellará la copia y se la devolverá con la constancia del día y hora de presentación.El Actuario del Juzgado, bajo la más severa responsabilidad, deberá poner el informe al despacho del Juez en forma inmediata, quien, sin más trámite, dará vista al Ministerio Público, por un plazo de cinco días hábiles. Vuelto el expediente, el Juez de la causa, dentro de igual plazo y bajo su más seria responsabilidad, conforme a lo previsto por los artículos 109 y siguientes de la Ley Orgánica de la Judicatura Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, y normas concordantes, deberá expedirse sobre el régimen propuesto o sobre las modificaciones que entendiere pertinentes al mismo.La resolución que se dicte no será pasible de recurso alguno.Si la autorización de salida transitoria fuera en definitiva denegada el recluso no podrá presentar nueva solicitud, hasta que no hayan transcurrido noventa días desde la anterior denegatoria.Al recluso que, autorizado a la salida transitoria, retardare su regreso al establecimiento de detención, sin causa justificada, se le incrementará el mínimo para obtener la libertad anticipada, a razón de dos días por cada día de retraso. La autoridad carcelaria deberá comunicar el hecho al Juez de la causa, en un plazo no mayor de diez días, a partir del momento en que el recluso se reintegre al establecimiento.A los fines del presente régimen, se entenderá por autoridad carcelaria a los Directores de los Establecimientos Penitenciarios de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación y de las Jefaturas Departamentales en sus respectivas jurisdicciones".CAPÍTULO IVDEL RÉGIMEN DE REDENCION DE LA PENAArtículo 13. (Redención de pena por trabajo o estudio).- El Juez concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les conmutará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.La autoridad carcelaria determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro penitenciario, los que junto con los trabajos realizados durante las salidas transitorias autorizadas por el Juez competente, serán los únicos válidos para redimir pena.También procurará los medios necesarios para crear fuentes de trabajo, industriales, agropecuarias o artesanales según las circunstancias y las posibilidades presupuestales.Para los efectos de la evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una Junta Asesora formada por personal designado por la autoridad carcelaria.El Juez concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de libertad. A los procesados y condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.Se computará como un día de estudio la dedicación a dicha actividad durante seis horas semanales, así sea en días diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo no mayor de ciento cincuenta días desde la promulgación de la presente ley.La fecha de aprobación de la reglamentación determinará la fecha de entrada en vigencia del presente artículo.Las disposiciones de este artículo también serán aplicables a las personas que se encuentren en régimen de salidas transitorias.Artículo 14. (Inserción laboral de personas liberadas).- Inclúyese en todos los pliegos de licitaciones de obras y servicios públicos, la obligatoriedad del o de los empresarios contratantes, de inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá establecer un sistema de bonificaciones para aquellas empresas que inscriban liberados registrados en la Bolsa de Trabajo referida, por encima del 5% (cinco por ciento) estipulado precedentemente.El Poder Ejecutivo, a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, promoverá acuerdos con los Gobiernos Departamentales para establecer regímenes similares respecto de las obras y servicios públicos departamentales.CAPÍTULO VDE LAS DEROGACIONES DE DISPOSICIONES PENALESArtículo 15.- Derógase el artículo 64 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, suprimiéndose el inciso final del artículo 344 del Código Penal.Artículo 16.- Sustitúyese el artículo 341 del Código Penal, con la redacción dada por el artículo 65 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, y por el artículo 18 de la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003, por el siguiente:"ARTÍCULO 341. (Circunstancias agravantes).- La pena será de doce meses de prisión a ocho años de penitenciaría cuando concurran las siguientes agravantes:1º)Si el sujeto llevara consigo armas o narcóticos, aun cuando no hiciera uso de ellos.2º)Si la sustracción se efectuara sobre persona en estado de inferioridad psíquica o física.3º)Si el hecho se cometiera con intervención de dos o más personas, o por solo una, simulando la calidad de funcionario público o con la participación de un dependiente del damnificado.4º)Si el delito se cometiera sobre objetos o dinero de los viajeros, cualquiera fuese el medio de transporte, durante la conducción, así como en los depósitos y estaciones, albergues y cualquier otro lugar donde se suministran alimentos o bebidas.5º)Si el delito se cometiera sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas.6º)Cuando la víctima fuere un encargado de numerario o valores".Artículo 17.- Derógase el artículo 67 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, suprimiéndose el inciso final del artículo 272 del Código Penal.Artículo 18.- Deróganse el artículo 72 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000 (artículo 346 bis del Código Penal); el artículo 76 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000 (artículo 348 bis del Código Penal) y la Ley Nº 17.549, de 22 de agosto de 2002.CAPÍTULO VIDEL CENTRO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y COMISIONESArtículo 19. (Centro de Atención a las Víctimas).- Créase el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito en el marco de la estructura actual de la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito. El Centro tendrá como cometido principal la asistencia primaria a víctimas de la violencia y del delito y a sus familiares, así como la promoción de sus derechos y la prevención. Los cometidos accesorios serán la difusión, capacitación e investigación.El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición y definirá la estructura del Centro a través de la ley de presupuesto y en un plazo no mayor a ciento ochenta días desde la promulgación de la presente ley.La reglamentación deberá atender, en lo pertinente, a lo establecido en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.Artículo 20. (Atención a las víctimas).- Sustitúyese el artículo 140 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:"ARTÍCULO 140.- La Dirección Nacional de Prevención Social del Delito concentrará sus objetivos en la atención y protección a las víctimas del delito y de la violencia y a sus familiares, desarrollando para ello acciones de tipo promocional, formativo y asistencial".Artículo 21. (Comisión para la reforma del proceso penal).- Créase una Comisión para elaborar las bases de la reforma del proceso penal, la que será integrada por un representante del Poder Ejecutivo quien la presidirá, de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, la Universidad de la República, la Asociación de Magistrados Judiciales, la Asociación de Magistrados Fiscales, la Asociación de Defensores de Oficio, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Actuarios Judiciales y el Ministerio de Economía y Finanzas.Artículo 22. (Comisión para la reforma del Código Penal).- Créase una Comisión para elaborar las bases de la reforma del Código Penal, las que estarán inspiradas en modernos principios de política criminal e incluyan normas ejemplarizantes en relación a la persecución del crimen organizado. La Comisión será integrada por un representante del Poder Ejecutivo quien la presidirá, de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, la Universidad de la República, la Asociación de Magistrados Judiciales, la Asociación de Magistrados Fiscales, la Asociación de Defensores de Oficio, el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación de Actuarios Judiciales.CAPÍTULO VIIDISPOSICIÓN TRANSITORIAArtículo 23.- Esta ley entrará en vigencia desde su promulgación por el Poder Ejecutivo.Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de setiembre de 2005.VICTOR VAILLANT,Presidente.Santiago González Barboni,Secretario.MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALMontevideo, 14 de setiembre de 2005.Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.RODOLFO NIN NOVOA.Vicepresidente de la Repúblicaen ejercicio de la Presidencia JOSÉ E. DÍAZJORGE BROVETTO.MARIO BERGARA.LUIS LAZO.MARTÍN PONCE DE LEÓN.EDUARDO BONOMI.MARÍA JULIA MUÑOZ.JOSÉ MUJICA.HÉCTOR LESCANO.MARIANO ARANA .MARINA ARISMENDI.Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.postamble();Publicada D.O. 26 de ago/002 - nº 26078Ley nº 17.542Modificaciones a la Ley nº 14.412(LEY DE CHEQUES)El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN:Artículo 1. Agrégase al artículo 36 del Decreto-Ley nº 14.412, de 8 de agosto de 1975, el siguiente numeral:"10)Cuando el Banco girado se encontrare con sus actividades suspendidas por resolución fundada del Banco Central del Uruguay. Deberá hacerse constar la negativa al pago en el mismo documento, en los términos del artículo 39, excepto lo dispuesto en el inciso segundo de dicho artículo. En la constancia deberán figurar los datos de identificación del librador, tales como cédula de identidad, número de Registro Único de Contribuyentes u otros, si fuera del caso, además de los datos exigidos en el artículo 39.Puesta la constancia de la presentación y de la falta de pago del cheque por este motivo, el cheque constituirá título ejecutivo sin ningún otro requisito".Artículo 2. Prorrógase por treinta días corridos el plazo establecido en el artículo 12 de la Ley nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, para la presentación al cobro de todo cheque.Artículo 3. El tenedor del cheque devuelto con la constancia de falta de pago por actividad suspendida, previo a la ejecución, deberá intimar al librador su pago con plazo de tres días, por telegrama colacionado, intimación judicial o acta notarial.Artículo 4. Si en el plazo previsto en el artículo 3º, el librador no pagare, el tenedor deberá ponerlo en conocimiento del Banco Central del Uruguay a los efectos de su inclusión en el Registro de Infractores a la Ley de Cheques que lleva dicho Banco. La inscripción se mantendrá en el Registro por el período de un año. A petición del infractor, el Banco Central del Uruguay considerará su situación, pudiendo disminuir dicho plazo en casos debidamente justificados.Artículo 5. Esta ley entrará en vigencia a partir de la promulgación de la Ley nº 17.523, de 4 de agosto de 2002.Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de agosto de 2002.GUILLERMO ÁLVAREZPresidenteHoracio D. CatalurdaSecretarioMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASMontevideo, 21 de agosto de 2002.Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.BATLLEALEJANDRO ATACHUGARRYpostamble();Publicada D.O. 26 de ago/002 - nº 26078Ley nº 17.542Modificaciones a la Ley nº 14.412LEY DE CHEQUESEl Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN:Artículo 1. Agrégase al artículo 36 del Decreto-Ley nº 14.412, de 8 de agosto de 1975, el siguiente numeral:"10)Cuando el Banco girado se encontrare con sus actividades suspendidas por resolución fundada del Banco Central del Uruguay. Deberá hacerse constar la negativa al pago en el mismo documento, en los términos del artículo 39, excepto lo dispuesto en el inciso segundo de dicho artículo.En la constancia deberán figurar los datos de identificación del librador, tales como cédula de identidad, número de Registro Único de Contribuyentes u otros, si fuera del caso, además de los datos exigidos en el artículo 39.Puesta la constancia de la presentación y de la falta de pago del cheque por este motivo, el cheque constituirá título ejecutivo sin ningún otro requisito".Artículo 2. Prorrógase por treinta días corridos el plazo establecido en el artículo 12 de la Ley nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, para la presentación al cobro de todo cheque.Artículo 3. El tenedor del cheque devuelto con la constancia de falta de pago por actividad suspendida, previo a la ejecución, deberá intimar al librador su pago con plazo de tres días, por telegrama colacionado, intimación judicial o acta notarial.Artículo 4. Si en el plazo previsto en el artículo 3º, el librador no pagare, el tenedor deberá ponerlo en conocimiento del Banco Central del Uruguay a los efectos de su inclusión en el Registro de Infractores a la Ley de Cheques que lleva dicho Banco. La inscripción se mantendrá en el Registro por el período de un año. A petición del infractor, el Banco Central del Uruguay considerará su situación, pudiendo disminuir dicho plazo en casos debidamente justificados.Artículo 5. Esta ley entrará en vigencia a partir de la promulgación de la Ley nº 17.523, de 4 de agosto de 2002.Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de agosto de 2002.GUILLERMO ÁLVAREZPresidenteHoracio D. CatalurdaSecretarioMINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASMontevideo, 21 de agosto de 2002.Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el RegistroNacional de Leyes y Decretos.BATLLEALEJANDRO ATACHUGARRYLey 17.523 del 2.002LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA BANCARIOEl Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN:Artículo 1. Créase un Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario que se integrará con los desembolsos de los organismos multilaterales de crédito por un monto total de US$ 1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) otorgados con la finalidad de proveer los recursos necesarios para la aplicación de la presente ley.A dichos efectos el Banco Central del Uruguay en su calidad de Agente Financiero del Estado, abrirá una cuenta especial de la cual informará periódicamente al Poder Ejecutivo.Artículo 2. Sin perjuicio de la garantía del Estado establecida en sus respectivas cartas orgánicas, el Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario garantiza el total cumplimiento de los depósitos de los ahorristas del Sector No Financiero en moneda extranjera existentes al 30 de julio de 2002 en el Banco de la República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario del Uruguay, tanto en cuenta corriente como en caja de ahorros. Las sumas que suministre el Fondo a dichos Bancos lo serán en carácter de préstamo en los términos que establezca la reglamentación.Artículo 3. Prorróganse los vencimientos de los depósitos existentes en el país y constituidos a plazo fijo en moneda extranjera en el Banco de la República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario del Uruguay, antes del día 30 de julio de 2002. Lo dispuesto precedentemente, no comprende a los intereses generados o que generen tales depósitos, que serán atendidos normalmente.Artículo 4. La prórroga establecida cesará en un término máximo de un año para el 25 % (veinticinco por ciento) de las sumas depositadas; en dos años para el 35 % (treinta y cinco por ciento) y en tres años para el restante 40 % (cuarenta por ciento). Los plazos mencionados se computarán a partir de los respectivos vencimientos.Los referidos plazos podrán abreviarse o podrán realizarse entregas anticipadas cuando la situación de liquidez bancaria lo permita, según decisión que deberá adoptarse por unanimidad del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, previa autorización unánime del Directorio del Banco Central del Uruguay. La resolución deberá comunicarse al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General, publicándose en el Diario Oficial y por medios de difusión.Artículo 5. Los depósitos cuyos plazos se prorrogan por la presente ley, generarán durante la vigencia de la prórroga legal, un interés trimestral a una tasa por encima del promedio del mercado para el mismo tipo de operaciones. Dichas tasas las fijará el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay por unanimidad, con amplia difusión pública.Artículo 6. Todo depositante tendrá derecho a canjear por Certificados de Depósitos, el valor total o parcial de sus depósitos comprendidos en el artículo 3º de esta ley, en cualquier momento durante el transcurso de la prórroga dispuesta.A dichos efectos, el Banco de la República Oriental del Uruguay, deberá emitir Certificados de Depósitos por valores diversos en la misma moneda del depósito. Dichos documentos tendrán libre circulación en el mercado y se transmitirán por simple entrega, generando la tasa preferencial a que refiere el artículo 5º.El Banco de la República Oriental del Uruguay aceptará los Certificados de Depósitos para el pago total o parcial de sus propios créditos y de los del Banco Hipotecario del Uruguay, anteriores al 31 de julio de 2002, lo que se efectuará por el valor nominal de dichos títulos.Artículo 7. Lo dispuesto en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la presente ley, no será de aplicación a los depósitos que se constituyan a partir de la fecha de su promulgación.Artículo 8. Las obligaciones del Banco Hipotecario del Uruguay por depósitos en moneda extranjera, serán asumidas por el Banco de la República Oriental del Uruguay, a quien se transferirán dichas cuentas como pasivo a título universal dentro del plazo máximo de treinta días de vigencia de la presente ley.El Banco de la República Oriental del Uruguay, recibirá certificados de adeudo del Banco Hipotecario del Uruguay, con garantía del Estado, como contrapartida de los depósitos a plazo transferidos.El Banco de la República Oriental del Uruguay recibirá, por las cuentas corrientes y cajas de ahorros transferidas, un crédito contra el Banco Central del Uruguay, con cargo al Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario.El Banco Central del Uruguay computará como asistencia al Banco Hipotecario del Uruguay, los saldos de los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro transferidos del Banco Hipotecario del Uruguay al Banco de la República Oriental del Uruguay.Artículo 9. Con la finalidad de mantener la continuidad y liquidez de la cadena de pagos y sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, facúltase al Banco Central del Uruguay a efectuar pagos con subrogación (artículos 953 y siguientes del Código de Comercio) o adelantos a los ahorristas del Sector No Financiero, de los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro en moneda nacional y extranjera.El Banco Central del Uruguay, con la aprobación unánime de su Directorio, podrá ejercer dicha facultad en las instituciones financieras que no se encuentren en funcionamiento y que hasta la fecha de la promulgación de la presente ley hayan recibido apoyo a través de las previsiones del Decreto Nº 222/002, de 17 de junio de 2002, hasta un monto máximo de US$ 420.000.000 (cuatrocientos veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América) y sólo respecto a los depósitos en moneda extranjera, utilizando los recursos del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario, que a estos efectos serán administrados en una subcuenta especial de la mencionada en el artículo 1º de la presente ley.El Banco Central del Uruguay, queda autorizado a abonar el monto total o parcial de dichos depósitos, subrogándose de pleno derecho y sin otro requisito que el pago, en los derechos del depositante ante la institución, en idéntico lugar, orden y prelación, o en su caso, reclamar a los ahorristas los adelantos otorgados en las condiciones que determine.Artículo 10. El Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador de las empresas de intermediación financiera (artículo 41 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992), con la aprobación unánime de su Directorio podrá contratar directamente los servicios profesionales que fueren necesarios para actuar en calidad de liquidadores delegados. El mencionado Banco con cargo preferente sobre la masa, podrá establecer y adelantar los costos y demás gastos que se generen por dicho concepto.Artículo 11. Autorízase al Poder Ejecutivo a aplicar la garantía prevista en el artículo 6º de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, en caso de celebrarse un convenio de adelantos de fondos para el financiamiento de la presente ley, entre el Banco Central del Uruguay y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. En tal caso, los recursos correspondientes integrarán el Fondo al que refiere el artículo 1º de la presente ley, hasta que sean sustituidos por los recursos provenientes de los organismos multilaterales de crédito.Artículo 12. Amplíase el plazo para la presentación al cobro de todo cheque, establecido en el artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.412, de 8 de agosto de 1975, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.839, de 14 de noviembre de 1978, hasta cinco días hábiles siguientes a la fecha de finalización del feriado bancario dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo de 30 de julio de 2002.Artículo 13. Los cheques con fecha de pago a partir del día 30 de julio de 2002 y hasta cuatro días hábiles siguientes al día de finalización del feriado bancario dispuesto por Decreto Nº 288/002, de 30 de julio de 2002, y ampliado por Decreto del día 31 de julio de 2002, no podrán ser rechazados por el motivo dispuesto en el numeral 2º) del artículo 36 del Decreto-Ley Nº 14.412, de 8 de agosto de 1975, hasta el quinto día hábil siguiente a la finalización del referido feriado bancario.Artículo 14. Incorpórase al artículo 17 bis del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, el párrafo final siguiente:"El Banco Central del Uruguay podrá restringir las operaciones que los Bancos y las cooperativas de intermediación financiera pueden realizar en forma exclusiva, mediante el establecimiento de distintos tipos de habilitación".Artículo 15. Se autoriza al Banco de la República Oriental del Uruguay, con carácter excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2003, a exceder en hasta un 25 % (veinticinco por ciento) los límites de crédito establecidos en su Carta Orgánica, en el caso de las empresas principalmente orientadas a la exportación.Artículo 16. Esta ley regirá a partir de la fecha de su promulgación por el Poder Ejecutivo.Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de agosto de 2.002.GUILLERMO ÁLVAREZ, Presidente.Horacio D. Catalurda, Secretario.MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASMontevideo, 4 de agosto de 2.002Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.BATLLEALEJANDRO ATCHUGARRYVolver a DerechoVolver a la EDApostamble();Ley N° 13.988COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITOSE ESTABLECEN LAS NORMAS QUE LAS REGIRANEl Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN:Artículo 1. Las Cooperativas de ahorro y crédito se regirán por las disposiciones de la presente ley y por la ley nº 10.761, de 15 de agosto de 1946, no rigiendo para este tipo de cooperativas la prohibición establecida en el artículo 11 del decreto de 5 de marzo de 1948.En lo pertinente estas cooperativas quedarán sometidas a las normas que dicte el Banco Central del Uruguay, en el marco de las disposiciones vigentes.Artículo 2. Serán consideradas cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas físicas o personas jurídicas sin fines de lucro, relacionadas entre ellas por un vínculo común debidamente acreditado (ya sea territorial, ocupacional o de cualquier otra especie) y que tengan por objeto promover el ahorro permanente y sistemático de sus socios y proporcionarles créditos y otros servicios, a fin de obtener una mayor capacitación económica y social de los mismos. Estas cooperativas podrán operar solamente con sus socios.Para poder fundar una cooperativa de este tipo se necesitarán 20 (veinte) personas como mínimo. A los dos años de su fundación deberá contar, para poder seguir funcionando, por lo menos, con 100 (cien) socios.Artículo 3°.Deberán incluir obligatoriamente en los estatutos los siguientes principios:A)La Asamblea General o el Consejo Directivo deberán designar un Comité de Crédito de tres personas como mínimo, a cargo del cual estará la aprobación de los préstamos, de acuerdo a la Reglamentación de Préstamos que apruebe la Asamblea o el Consejo Directivo, según lo prevean los estatutos;B)La distribución de excedentes estará sujeta a las siguientes normas:1°Se destinará un 20 % (veinte por ciento) a laconstitución de un fondo de reserva para préstamos incobrables;2°Un 10 % (diez por ciento) para un fondo de educación cooperativa;3°Del resto se pagarán intereses a las partes sociales hasta con el máximo del interés corriente en plaza;4°El remanente se distribuirá entre los socios que hubieren retirado créditos de la sociedad y en proporción a los intereses pagados en el año.C)Ningún socio podrá tener (en partes sociales o ahorros) más del 10 % (diez por ciento) del total de partes sociales y ahorros de la cooperativa;D)Ningún miembro del Comité de Crédito, del Consejo Directivo o de la Comisión Fiscal, podrá obtener crédito superiores al monto de sus partes sociales y ahorros, a menos que su solicitud sea aprobada por un número no menor de los 2/3 de los restantes miembros de los tres referidos cuerpos, reunidos en sesión especial convocada a ese fin;E)Deberán depositar en cuentas en el Banco de la República Oriental del Uruguay propias, o de los organismos de segundo grado cuando ellos se creen, el efectivo recaudado, ya sea por partes sociales, ahorro o amortización de créditos;F)Ningún socio podrá percibir créditos superiores al 50 % (cinco por ciento) del monto total de partes sociales y ahorros de su cooperativa, salvo que su solicitud sea aprobada mediante el mecanismo previsto en el literal D) de este artículo. Pero en ningún caso se podrá superar el 10 % (diez por ciento) del monto total de partes sociales y ahorros:G)Para que sus Asambleas puedan sesionar validamente, se necesitará un quórum del 50 % (cincuenta por ciento) de sus socios habilitados.Artículo 4°.Las cooperativas podrán constituir centrales, federaciones o confederaciones, por el voto conforme de dos tercios de presentes de su Asamblea General. Las disposiciones de esta ley serán aplicables, en lo pertinente, a los organismos de segundo grado o tercer grado que se creen.Toda cooperativa deberá estar afiliada obligatoriamente a una Federación. Para que su Balance General, pueda ser aprobado por la Inspección de Hacienda, deberá contar necesariamente, con un informe de auditoría a cargo de la Federación.Artículo 5°.Se las autoriza a gestionar y obtener créditos para financiar la producción de sus socios, en fuentes nacionales o extranjeras. Con referencia a estos fondos no regirá la prohibición establecida en el literal F) del articulo 3.o de esta ley.Artículo 6°.Cuando las cooperativas se organicen de acuerdo a la presente ley, las Instituciones o empresas públicas o privadas, estarán obligadas a descontar del sueldo de sus funcionarios, las retenciones que las cooperativas les comuniquen y entregar el dinero dentro de los cinco días subsiguientes. Las retenciones, ya sean por aporte de partes sociales, ahorro a amortización de créditos, no podrán superar el 20 % (veinte por ciento) del sueldo nominal.Artículo 7. Comuníquese, etc..Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de Julio de 1971. JORGE L. VILA Presidente G.COLLAZO MORATORIO Secretario Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Educación y Cultura.Montevideo, 19 de julio de 1971.Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese. publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. PACHECO ARECO CARLOS M. FLEITAS PEDRO W. CERSOSIMOLey 14.433ESTABLECIMIENTOS ESTABLECEN NORMAS SOBRE ENAJENACIONES COMERCIALES.El Consejo de Estado ha aprobado el siguientePROYECTO DE LEYArtículo 1°.Desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio, la promesa de enajenación de establecimientos comerciales confiere al adquirente derecho real respecto de cualquier enajenación, gravamen o embargo posterior y, cuando se haya pagado o se pague toda la prestación y se hayan cumplido las obligaciones estipuladas le acuerda acción para exigir la transferencia y entrega del bien que constituye el objeto de la prestación.En la promesa deberá consignarse la referencia precisa al origen inmediato del bien al título y modo adquisitivo del enajenante.La enajenación de establecimientos comerciales deberá hacerse siempre por escritura pública.Artículo 2°.Dentro de los quince días de la fecha en que el promitente comprador tome posesión del establecimiento comercial - lo que constará en acto notarial - deberán solicitarse los certificados que las leyes exigen para el otorgamiento de la escritura definitiva, los cuales serán expedidos por las respectivas oficinas dentro de los ciento ochenta días de solicitados.Si el promitente vendedor no solicitare los certificados dentro del plazo de los quince días indicados, será pasible de una multa equivalente al 20 % (veinte por ciento) del precio estipulado, sin perjuicio a ser compelido a la escrituración forzada. En este caso, el promitente comprador o el profesional actuante, quedan facultados para efectuar la solicitud de certificados.Si dentro del plazo de ciento cincuenta días no se hubiere realizado la liquidación definitiva del adeudo tributario el organismo encargado de la expedición del certificado habilitante practicará una liquidación provisoria disponiendo al efecto de un plazo de treinta días y consignado su importe, expedirá el recaudo pedido con las reservas que correspondan.Transcurridos dichos plazos sin que se expida el certificado ni se practique la liquidación definitiva o provisoria, las partes estimarán la deuda tributaria que tuviere el establecimiento comercial a enajenar y consignarán su importe ante el organismo recaudador correspondiente. Si éste no lo admitiera, lo depositarán en el Banco de la República Oriental del Uruguay.El comprobante de depósito tendrá el carácter de certificado y será suficiente para otorgar la enajenación del establecimiento comercial y demás actos relativos al mismo.En estos casos, el adquirente y el escribano quedan liberados de la responsabilidad solidaria que pudiere corresponderles.Cuando se proceda a la escrituración forzada se aplicarán las normas que anteceden y, no obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3°, el adquirente sólo quedará liberado de su responsabilidad solidaria en caso de haberse gestionado y obtenido el certificado o haberse realizado el depósito sustitutivo.Artículo 3°.Cuando el promitente enajenante se negare a otorgar la escritura definitiva o no pudiere hacerlo por ausencia, concurso, quiebra o fallecimiento o cualquier otro impedimento, el promitente adquirente podrá exigir la escrituración de oficio.El enajenante será el tradente y el Juez su representante legal. En estos supuestos y al solo efecto de la escrituración, se prescindirá de todos los certificados, constancias, declaraciones y documentos necesarios para otorgar e inscribir la enajenación.El Juez interviniente dispondrá la cancelación de las inscripciones posteriores a la fecha de inscripción del compromiso de compraventa.Las oficinas competentes inscribirán al adquirente, a su pedido o por mandato judicial, como sucesor del enajenante de dicho establecimiento comercial.Artículo 4°.Las sentencias recaídas en los juicios promovidos por rescisión judicial de promesa o enajenación de establecimientos comerciales, sólo serán oponibles a terceros si las respectivas demandas hubieran sido inscriptas en el Registro Público de Comercio.Artículo 5°.Se declaran nulas, por contrarias al orden público, las cláusulas que establezcan:A)La renuncia anticipada a los beneficios establecidos en los artículos que anteceden.B)La prohibición de transferir el compromiso sin previo consentimiento del promitente enajenante.C)La configuración de la mora de pleno derecho. Sólo se incurrirá en mora luego de transcurrido un plazo de treinta días, contados a partir de la respectiva intimación judicial o notarial.Artículo 6°.Podrá estipularse el pacto comisorio y la condición resolutoria expresa; pero el plazo computado desde la toma de posesión, cuando ella se compruebe en la forma establecida en el artículo 2° no excederá de la mitad del establecido para el pago total del precio y caducará automáticamente cuando se haya abonado el 50 % (cincuenta por ciento) del mismo.Artículo 7°.Dentro del plazo de ciento veinte días, a contar de la publicación de esta ley, se podrán inscribir las promesas anteriores en las que no se hubiera cumplido este requisito. Si se tratara de documentos privados cuyas firmas no hayan sido certificadas a su otorgamiento, se requerirá la previa ratificación ante, escribano.Si el enajenante se negare a efectuar la ratificación, el adquirente podrá compelerlo judicialmente según el procedimiento determinado en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil.Artículo 8°.Comuníquese, etc.Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 23 de setiembre de 1975. ALBERTO DEMICHELI Presidente NELSON SIMONETTI Secretario Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio de Economía y Finanzas.Montevideo, 30 de setiembre de 1975.Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. BORDABERRY DANIEL DARRACQ ALEJANDRO VEGH VILLEGASMontevideo, abril de 1998. Poder Legislativo.Ley 2.904 de 1.904ESTABLECIMIENTO COMERCIALArtículo 1. Toda enajenación a título singular de un establecimiento comercial, deberá ser precedida de avisos publicados durante veinte días en dos diarios de la capital, designados cada año por el Tribunal Pleno llamando a los acreedores del enajenante para que concurran al domicilio que se expresará en los avisos, a percibir el importe de sus créditos dentro del término de treinta días contados desde el siguiente a la primera publicación.Art. 2. Las enajenaciones realizadas después de las publicaciones y del término establecido en el artículo 1 hacen responsable al adquirente, solidariamente, con el enajenante de las deudas de éste que consten de los libros de la casa y de los que se hayan presentado durante el término prefijado en el mismo artículo.Art. 3. Si la enajenación se realiza sin hacer el número de publicaciones prevenidas en el artículo 1, o antes de vender el plazo de treinta días señalado

References: artículo 71
 artículo 1
 artículo 144
 artículo 1
 artículo 71
 artículo 144
 ARTÍCULO 113
 artículo 113
 resolución 
 artículo 76
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 54
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 40
 artículo 67
 artículo 155
 artículo 131
 artículo 30
 artículo 127
 artículo 327
 artículo 102
 artículo 328
 resolución 
 artículo 328
 artículo 3
 artículo 62
 artículo 3
 resolución 
 artículo 64
 artículo 344
 artículo 341
 artículo 65
 artículo 18
 artículo 67
 artículo 272
 artículo 72
 artículo 76
 Resolución 
 artículo 140
 artículo 36
 resolución 
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 36
 resolución 
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 12
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 11
in fine
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 258
 artículo 1
 artículo 1