Source: http://justiciaparanuestrashijas.blogspot.com/2010_08_29_archive.html
Timestamp: 2017-04-25 10:33:35+00:00

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Justicia para Nuestras Hijas: 29/08/10 - 5/09/10
Informe de legisladoras sobre falta de cumplimiento Conocerá CoIDH estado que guarda sentencia por Feminicidio
BOLETIN DE PRENSASeguimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana dictada al Estado Mexicano
La Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios Registrados en México (CEF), en seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero”, sostuvo reuniones en junio y julio del presente año con funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); la Procuraduría General de la República (PGR); el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con la Procuradora del Gobierno de Estado de Chihuahua y con el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, responsables de cumplir y hacer cumplir la Sentencia. Y recibió también un informe enviado por los familiares de las víctimas. La mencionada Sentencia responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de: Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un terreno conocido como “campo algodonero”, de Ciudad Juárez Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. La resolución de la Corte es un instrumento de primera importancia en torno a la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres, ante las violaciones a los derechos que tutela la Convención de Belém do Pará, en el Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos. Su cumplimiento es fundamental para que los gobiernos de las entidades de la República Mexicana garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y se vean alentados a asumir lo establecido por la CoIDH, en materia de búsqueda, investigación, tratamiento y atención de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente los feminicidios. A través de los encuentros realizados, la Comisión Especial obtuvo información directa y suficiente para señalar que no hay evidencia suficiente para afirmar que se están cumpliendo los resolutivos de la Sentencia y aunque se advierte el trabajo de algunas de las instituciones involucradas para alcanzar acuerdos entre niveles de gobierno para hacerlo, hay una gran inercia institucional y obstáculos para dar cabal cumplimiento a los resolutivos de la Corte. Estos obstáculos se originan tanto en la descoordinación entre instancias federales como en el conflicto entre ámbitos de competencia entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Este es el caso particular del proceso penal en torno a las investigaciones de los feminicidios y de las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia, que competen al ámbito estatal, y en los que el Gobierno Federal no quiere incidir.
Es también el caso del retraso en el pago inmediato de las indemnizaciones a los familiares, a pesar de que el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “cuando se trate de un Estado constituido como federal, al gobierno nacional le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de ese instrumento, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones”. Las autoridades responsables del cumplimiento de la Sentencia insistentemente refirieron la ausencia de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento exhaustivo y puntual a la misma, como son un Fondo económico ad hoc y una Ley que establezca el marco jurídico para la ejecución de las resoluciones o sentencias de los órganos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Las diputadas recordaron que las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables, es decir, que no aceptan ningún medio de impugnación, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplirlas en sus términos y en los plazos estipulados. Asimismo, señalaron que la ausencia de un marco jurídico como el que se comenta, no exime del cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero. La Comisión Especial prevé la presentación de diversas iniciativas de ley relativas a lograr el cabal cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las resoluciones internacionales en contra del Estado mexicano. Las diputadas de la Comisión Especial trabajan en la difusión, compromiso y adopción en todo el país de los resolutivos de la Sentencia que versan sobre las medidas para la búsqueda, investigación y tratamiento de las desapariciones y de los homicidios de niñas y mujeres, para garantizar el acceso a la justicia y para establecer las sanciones correspondientes a las autoridades omisas o negligentes en caso de incumplimiento, y señalaron que mantendrán un seguimiento estrecho de las dependencias encargadas de ejecutar la Sentencia. Las diputadas informarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer sobre estas conclusiones de las primeras reuniones que sostuvieron con las instituciones involucradas en el cumplimiento de la Sentencia. Asistieron las diputadas de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades correspondientes en relación a los Feminicidios registrados en México, la Presidenta Teresa Incháustegui Romero, las secretarias Ma. Antonieta Pérez Reyes, Adriana Terrazas Porras y las integrantes Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Caritina Sáenz Vargas, Teresa Ochoa Mejía y Mariela Pérez de Tejada.
Comunicado de prensa: La SCJN, con la oportunidad histórica de hacer obligatorias las sentencias de la CoIDH en las normas internas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debate sobre la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, en lo que representa una oportunidad para que el máximo tribunal se ubique a la vanguardia del desarrollo jurídico en la nación, así como lo han hecho otros países latinoamericanos como Argentina Perú y Colombia, donde sus cortes supremas han sido fundamentales para la incorporación de los sistemas de la Convención Americana de Derechos Humanos en su normativa interna.La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos remitió a la SCJN el pasado lunes 30 un amicus curiae en el que se allegan elementos a los ministros para dimensionar adecuadamente la importancia de un pronunciamiento por parte de la máxima instancia judicial de la nación, en el sentido de reconocer la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH, en casos donde el Estado mexicano sea parte, lo anterior a la luz de una creciente participación del Estado mexicano en procedimientos contenciosos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.Conforme al artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se otorgan facultades expresas a la CoIDH para la resolución de casos a través de su competencia contenciosa(1) y prevé la obligación explícita de los Estados de cumplir con sus fallos(2), los cuales además se consideran definitivos e inapelables.Además esta consulta representa una oportunidad de ampliar los alcances de los derechos ya contenidos en nuestra Constitución a través de la incorporación de los estándares internacionales contenidos en la jurisprudencia de la CoIDH, esto se lograría al reconocer la obligatoriedad de dicha jurispridencia así como su valor de herramienta de interpretación de las normas nacionales(3).Este jueves 2 de septiembre se prevé que la SCJN continúe la discusión sobre la implementación del fallo de la CoIDH para los jueces mexicanos. La discusión se dará en audiencia pública en el recinto del máximo tribunal del país a la que acudirá Tita Radilla de AFADEM, integrantes de la CMDPDH así como de organizaciones de la sociedad civil para estar atentos a la discusión y posible resolución de la Suprema Corte.(1) Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 62.3
-- Sergio Leñero Reveles
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC
5564.2582

References: resolución 
 artículo 28
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 artículo 62