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Timestamp: 2017-03-23 04:19:27+00:00

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Jueves 15 de Diciembre de 2016Gaceta: LXIII/2PPO-71/68176	Jueves 15 de Diciembre de 2016Gaceta: LXIII/2PPO-71/68176	Iniciativas De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.Ver Sinopsis Español:Propone que la Federación, las entidades federativas y los municipios, fomenten la cultura de la no violencia, posicionando al diálogo y a la tolerancia como mecanismos para la resolución de conflictos en la familia, así como identificar mediante visitas domiciliarias; los hogares con propensión a la violencia familiar y realizar intervenciones para la prevención de la misma, a través de pláticas de mediación y toma de conciencia; e identificar las zonas de riesgo en las comunidades, a través de la revisión de las estadísticas sobre la incidencia de agresiones contra las mujeres. Y fomentar el dialogo y la convivencia en las comunidades, como un mecanismo para la adopción de la cultura de no violencia.Ver Sinopsis Ingles:It proposes that the Federation, the federative entities and the municipalities, promote a culture of non-violence, positioning dialogue and tolerance as mechanisms for conflict resolution in the family, as well as identifying through home visits; Households with a propensity for family violence and to carry out interventions to prevent it, through mediation and awareness-raising talks; And identify risk areas in communities, through the review of statistics on the incidence of assaults against women. And foster dialogue and coexistence in the communities, as a mechanism for the adoption of a culture of non-violence.
Articles Reform: Reform articles 8 and 17 of the General Law on Women's Access to a Life Free of Violence.
Sen. Yolandade la Torre ValdezLa suscrita YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo expresado en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, Fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente:
La violencia es una conducta social que privilegia el uso de la fuerza, como forma para resolver los conflictos, se inscribe a través del dominio que ejercen ciertos grupos o individuos sobre sus pares, a quienes por causas primordialmente biológicas se les considera mayormente débiles en relación a sus agresores. Esta conducta no es particular por situaciones de género, raza, edad o alguna otra característica humana que permita diferenciar a través de la cuantía de fuerza y poder, a las personas y a los grupos.
La violencia no es un problema diferenciado entre víctimas y agresores, porque al estar inscrita en todas las situaciones de conflicto de la sociedad, el papel de verdugo y víctima se intercambian, por citar un ejemplo; dentro de la familia el varón ejerce violencia hacia su pareja y sus hijos, pero igualmente la mujer ejerce violencia sobre los hijos y estos a su vez la reproducen en contra de niños más pequeños, sean sus hermanos o no.
Esta conducta ha sido estudiada con detalle por diversos investigadores sociales, Hanna Arendt (2005) realizó un estudio sobre las bases teóricas de la violencia, concluyendo que ésta es la expresión más contundente del poder y surge de la tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se enraíza en lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en los principios más antiguos que fundaron nuestro pensamiento. (Jimenez-Bautista, 2012). Es decir, la idea de la violencia está íntimamente ligada con el ejercicio del poder, la mayoría y de acuerdo a la cita, reforzada en la concepción androcéntrica del mundo, reforzando el hecho que: La violencia es la peor cara de la especie humana porque es contraria al sentido de la vida, es responsable de marginaciones, dolor, sufrimiento, e incluso muerte. Es una degradación que procede de la propia especie humana, y por esta razón es tan difícil discriminarla, porque está estrechamente ligada a las condiciones de nuestra existencia. La violencia es una regulación de los conflictos discriminatoria y perjudicial. Esto se debe a que, frente a los diversos proyectos y objetivos que existen para regular los conflictos, opta por discriminar el usufructo de los recursos disponibles perjudicando innecesariamente a alguna de las partes. (Martin Morillas, 2007)
Es entonces que las acciones enfocadas a garantizar una vida libre de violencia a las personas, en particular a ciertos grupos sociales, como son mujeres y niñas, niños y adolescentes, deben considerar las múltiples aristas donde se manifiesta la violencia en los entornos donde se desarrollan cada individuo para aspirar a realizar todo su potencial, lo cual debe significar que la violencia sea sustituida por otros mecanismos para la resolución de conflictos, en particular incentivar el diálogo como una forma de resolución de conflictos y la tolerancia como el valor sustancial para la convivencia en la familia, la escuela, la comunidad y otros entornos.
La violencia es igualmente un problema de salud pública, ya que: […]la violencia contra miembros del entorno más íntimo, la familia y contra la propia persona, como expresión de patologías en la esfera de la Salud Mental, en tal sentido identifica los aspectos etiológicos y epidemiológicos del mal: un enfermo, que es al mismo tiempo el portador y agente transmisor (el agresor) y por otro lado el resto de los miembros del medio familiar, como potenciales víctimas de violencia y como potenciales enfermos de violencia, puesto que está probado que una gran mayoría de los agresores, en el pasado fueron víctimas. Cabe aclarar que este enfoque no es, en absoluto, incompatible con el legítimo derecho al bienestar y la felicidad de los más débiles y vulnerables, es más, pretende ser complementario y contribuir positiva y efectivamente al control social de este mal. Sin embargo, debe quedar también claro que la Salud Publica no busca un culpable sino un enfermo; no aplica una sanción, prescribe un tratamiento o un sistema de cura; identifica las posibles causas y los mecanismos de transmisión y reproducción del mal y en función de estos elementos diseña un sistema de prevención. (INE, 2003)
Es entonces que la violencia debe abordarse multifactorialmente como un problema de discriminación, salud pública, seguridad y siempre desde una perspectiva de Derechos Humanos, sin catalogar imperativamente a agresores y víctimas, ya que una visión reduccionista no permite identificar los factores que insertan a las personas en la espiral de violencia.
Es el interés de la Iniciativa incorporar al marco normativo nacional, las atribuciones necesarias para que las autoridades competentes, consideren que:
El combate frontal a la violencia a través de medios punitivos, no reconstruye las relaciones de las personas y mantiene esta conducta como el medio principal de resolución de conflictos en la sociedad. La violencia debe considerar a las personas que la ejercen como sujetos de atención de la política pública, orientando su actuar hacia el diálogo y la tolerancia, de lo contrario seguirán insertos en la espiral de violencia. Las personas víctimas de violencia, deben igualmente recibir la orientación necesaria para que destierren esta conducta en su vida diaria, identificando acciones que a priori no representan agresión alguna, pero que, vistas desde la perspectiva de no violencia, se transforman en hechos que dañan la vida propia y la de sus semejantes. Finalmente, las autoridades deben considerar el empoderamiento y el acceso en equidad a los derechos humanos como el mejor medio para desterrar la violencia de la sociedad. La persecución punitiva de la violencia como un delito, no es una política suficiente para erradicarla de la sociedad,la investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa publicó recientemente un enriquecedor artículo en la revista Nexos (Perez Correa, 2016), de la cual la Iniciativa cita los siguientes párrafos a fin de definir la anterior premisa:
A pesar de la complejidad del problema de violencia en contra de las mujeres parecería que creemos que tiene una potencial solución sencilla. En contra del acoso callejero o laboral, para frenar la violencia obstétrica o para garantizar la pensión alimenticia, se invoca como conjuro al derecho penal. Con nuevos tipos penales como el feminicidio o la persecución oficiosa de delitos de violencia doméstica buscamos que el Estado haga justicia a través del vehículo mediante el cual suele ser complaciente y cómplice. Así, como en otros ámbitos de la vida social, el derecho penal se ha convertido en la principal herramienta para enfrentar este problema. ¿Puede el derecho penal ser una herramienta exitosa de igualación de género y/o de protección de las mujeres? (Perez Correa, 2016)
El derecho penal no es una herramienta que vaya a permitir que las mujeres nos libremos de la mano masculina que nos acosa en el transporte público, en la calle, en la casa, en el trabajo o en la escuela. Tampoco será la razón por la que finalmente nos reconozcan como iguales los varones. Pero peor aún, nuestro derecho penal, que hoy es sinónimo de encarcelamiento, hace lo contrario: sirve para extorsionar, empobrecer y subyugar a miles de mujeres. Así, la herramienta de liberación que hemos buscado conquistar para frenar la violencia genera nuevas condiciones de violencia hacia las mujeres. (Perez Correa, 2016).
El sistema penal es además elitista en la elección de sus causas, una herramienta que deja enormes márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en manos de funcionarios públicos que la usan, las más de las veces, para su propio beneficio. Para las mujeres, como para otros grupos vulnerables, es lento, torpe e ineficaz. Entre más pobre la mujer, más lento e ineficiente es el sistema. Cuando una mujer quiere denunciar un delito de violencia en su contra suele ser rechazada, la importancia de su causa minimizada. Quizá por ello, o por temor a represalias, la enorme mayoría de mujeres violentadas optan por no usarlo. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), por ejemplo, señala que del total de mujeres casadas o unidas que fueron violentadas por su pareja sólo 9% pidió ayuda o denunció el hecho. De éstas, 61.6% lo hizo ante el Ministerio Público y el resto acudió a otras instituciones. La poca frecuencia con que las víctimas de este tipo de violencia acuden a las instancias penales en busca de protección debería alertarnos de lo inadecuada que es la justicia penal para resolver el problema de violencia en contra de las mujeres. (Perez Correa, 2016).
No propongo que el derecho penal nunca sea usado o que no se sancione a homicidas, golpeadores o violadores. Todo adulto responsable debe responder por el daño que cause a los derechos de otro u otra. Pero la insistencia en el uso del derecho penal como solución parece obviar la naturaleza violenta y selectiva del derecho penal. Pareciera olvidar que los aplicadores del sistema (las policías, los ministerios públicos, los militares, los custodios de las prisiones) son parte del problema y que difícilmente servirán como vehículo para transformar nuestra realidad. (Perez Correa, 2016).
Este enriquecedor artículo orilla a la Exposición de Motivos a formular la siguiente premisa: Ante la violencia solo el diálogo provee de una salida que permite que las personas cambien la manera en cómo se relacionan entre sí.
En el año de 2002 la Organización de las Naciones Unidas publicó un detallado informe sobre la situación de la violencia en el mundo, donde aborda una serie de acciones que pueden prevenirla en la sociedad, mismas que se citan a continuación:
• Formación parental: estos programas tienen como objetivo mejorar los vínculos emotivos entre los padres y los hijos y alentar a los padres a utilizar métodos de crianza coherentes y ayudarlos a desarrollar el autocontrol. Pueden utilizarse en los casos en los que los niños corren el riesgo de ser maltratados por sus padres y para intentar prevenir la futura delincuencia cuando el comportamiento de unos niñospequeños suscita preocupación. • Programas de tutoría: consisten en emparejar a una persona joven, en particular una que corra el riesgo de tener comportamientos antisociales, con un adulto ajeno a la familia que se preocupe por él o ella y pueda actuar como guía y modelo. • Programas de terapia familiar: con ellos se busca mejorar la comunicación y las interacciones entre los miembros de la familia, así́ como enseñar aptitudes de resolución de problemas que ayuden a padres e hijos. • Programas de visita domiciliaria: en estos programas, una enfermera u otro profesional sanitario visita periódicamente los hogares de las familias con especial necesidad de apoyo y orientación en el cuidado de los hijos, o en los que se ha identificado un riesgo de maltrato de menores. Estos programas se utilizan también para prevenir ulteriores comportamientos delictivos. Las intervenciones pueden consistir en asesoramiento, formación y envío a especialistas u otros organismos. • Formación en aptitudes relacionales: por lo general, estos programas reúnen a grupos mixtos de hombres y mujeres con un «moderador», a fin de analizar problemas de género y de relación que intervienen en la violencia y adquirir las aptitudes para afrontarlos.
Igualmente propone diversas estrategias enfocadas a la prevención de la violencia en las comunidades, las cuales se citan a continuación:
• Campañas de educaciónpública utilizando los medios de comunicación para dirigirse a comunidades enteras, o campañas educativas para ámbitosespecíficos como escuelas, lugares de trabajo y centros de atención de salud u otro tipo de instituciones. • Modificaciones del medio físico, como mejorar la iluminación de las calles, establecer rutas seguras para que los niños y jóvenes vayan y vengan de la escuela, y vigilar y eliminar los contaminantes ambientales que puedan afectar al desarrollo infantil. • Actividades extraescolares para los jóvenes, como deportes, teatro, arte y música.
• Formación de los policías, los profesionales de la salud y la educación, y los empleadores para mejorar su capacidad de identificar los distintos tipos de violencia y darles respuesta. • Programas de policía comunitaria para crear fórmulas de colaboración entre la policía y diversos grupos a nivel de la comunidad. • Programas para ámbitosespecíficos, como escuelas, lugares de trabajo, campos de refugiados e instituciones sanitarias (hospitales, clínicas y residencias de ancianos, entre otros). Estos tipos de programas se basan en modificar el entorno del centro mediante políticas, directrices y protocolos adecuados. • Intervenciones comunitarias coordinadas, que involucran a muchos sectores con el propósitode mejorar los servicios y programas. Actualmente la legislación nacional cuenta con dos instrumentos que dentro de sus atribuciones están el garantizar el derecho a una vida libre de violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas deben considerar acciones puntuales en materia de prevención de acuerdo al grupo social que les atañe y no reducir a una persecución punitiva de la violencia a través de la justicia penal. Las cuales pueden ser abordadas desde la perspectiva de derechos humanos que describe el Informe Mundial sobre Violencia de la ONU, citado con anterioridad.
ÚNICO.Se modifican los artículos 8 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
VII.- Fomentar la cultura de la no violencia, posicionando al diálogo y a la tolerancia como mecanismos para la resolución de conflictos en la familia.
VIII.- Identificar mediante visitas domiciliarias; los hogares con propensión a la violencia familiar y realizar intervenciones para la prevención de la misma, a través de pláticas de mediación y toma de conciencia.
IV. Identificar las zonas de riesgo en las comunidades, a través de la revisión de las estadísticas sobre la incidencia de agresiones contra las mujeres.
V. Fomentar el dialogo y la convivencia en las comunidades, como un mecanismo para la adopción de la cultura de no violencia.
Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: I – VI.
Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de: Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de: I – III.
Dado en el Pleno del Senado de la República a los 13 días del mes de diciembre de 2016.
Senadora de la República http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68176 INFOMEX

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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Artículo 8
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Artículo 17
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