Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23623
Timestamp: 2019-09-15 06:05:17+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 176/2013
SENTENCIA 176/2013, de 21 de octubre
ECLI:ES:TC:2013:176
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 3 de marzo de 2010, la Procuradora de los Tribunales Margarita López Jiménez, en nombre y representación de don Francisco Álvarez-Cascos Fernández y doña María Porto Sánchez, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia a la que se hace referencia en el encabezamiento, alegando vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
a) Los solicitantes de amparo formularon demanda de juicio ordinario de protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio contra don Javier Sardá Tamaro, don Boris Rodolfo Izaguirre Lobo y contra las entidades Gestevisión Telecinco, S.A., y Gestmusic Endemol, S.A., por considerar que los comentarios vertidos por los dos primeros demandados en el programa “Crónicas Marcianas” de la noche del 7 de enero de 2004, en el cual se hicieron diversos comentarios sobre la relación sentimental de los demandantes y la estancia vacacional que acababan de disfrutar durante el mes de diciembre anterior (2003), concretamente en el hotel Princesa Yaiza de Lanzarote, junto con algunos de los hijos menores de cada uno de ellos. En el citado programa se mostraron, además, imágenes de todos ellos en el interior del hotel, captadas mediante teleobjetivos y sin el consentimiento de los afectados.
b) Contra la anterior resolución, todas las partes interpusieron recurso de apelación. Por Sentencia de 8 de septiembre de 2006, la Sección Octava de lo Civil de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó los interpuestos por los demandados, si bien rectificó el pronunciamiento de la Sentencia del Juzgado en el punto de considerar que el codemandado don Boris Rodolfo Izaguirre Lobo no participó en la difusión de las imágenes, sino sólo en los comentarios verbales, y por eso no vulneró el derecho a la imagen de los actores. Por otro lado, estimó parcialmente el recurso planteado por los demandantes-apelantes elevando la indemnización para cada uno de ellos, a la suma de dieciocho mil euros (18.000 €). Afirma la Audiencia Provincial que: 1) el programa invadió ilegítimamente la esfera de la intimidad personal y familiar, al dar al público conocimiento relaciones de intimidad; 2) las fotografías fueron realizadas sin consentimiento en un lugar semipúblico (terraza-jardín infantil del hotel) en el curso de un viaje privado de vacaciones; 3) es indiferente que el Sr. Álvarez-Cascos aceptara con anterioridad “cierta” publicidad de acontecimientos relativos a su vida privada; 4) la información carecía de relevancia pública, especialmente porque doña María Porto Sánchez no es una personalidad pública; 5) la divulgación de esas relaciones era innecesaria para la información y crítica relacionada con el desempeño del cargo público que ejercía el Sr. Álvarez-Cascos; 6) era indiferente que el Sr. Cascos hubiera hecho afirmaciones sobre la institución familiar, porque son insuficientes para dotar a la noticia de interés general en un programa que carece de matices políticos; 7) las manifestaciones de don Boris Izaguirre sobre la incoherencia del comportamiento de don Francisco Álvarez-Cascos y la proximidad al proceso electoral no justifican las intromisiones en la intimidad, dado el carácter de entretenimiento que tiene el programa; 8) no hubo reportaje neutral y, de haberlo, era indiferente, pues la veracidad de lo informado resulta intrascendente; 9) la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada no es aplicable al caso; 10) don Boris Izaguirre fue ajeno a la captación y difusión de las imágenes; 11) no se quebrantó la inviolabilidad del domicilio; 12) para fijar la indemnización no pueden tomarse parámetros no establecidos legalmente como la tenencia de recursos económicos; y 13) las ventajas reportadas y la difusión han sido cuantificadas, pues la indemnización se fija atendiendo a la gravedad de las intromisiones y a la difusión que tiene el medio.
c) Ambas partes interpusieron sendos recursos de casación frente a la anterior resolución. Por Sentencia de 16 noviembre 2009, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó el presentado por los actores y declaró haber lugar al recurso de los demandados, al considerar la prevalencia en este caso del derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE] sobre los derechos fundamentales del artículo 18.1 CE invocados por los demandantes. Tras los pertinentes fundamentos jurídicos, en los que la Sala reproduce textualmente todas las Sentencias de instancia y los motivos de cada uno de los recursos de casación interpuestos, la Sentencia entra en el análisis y resolución del recurso de la parte demandada en el fundamento décimo, señalando la prevalencia, en el caso examinado, del derecho a la información.
3. En la demanda de amparo se alega como principal motivo de amparo la vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE), por cuanto la Sentencia recurrida habría efectuado una ponderación constitucionalmente incorrecta de los derechos en conflicto, en este caso los invocados por los recurrentes y el derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE].
En primer lugar, con cita del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de junio de 2004 (caso Von Hannover c. Alemania, parágrafo 68) y de la jurisprudencia de este Tribunal sobre el deber de veracidad de la información, la demanda de amparo, que reconoce la condición de personaje público del codemandante don Francisco Álvarez-Cascos, trae a colación la necesaria exigencia de la relevancia pública en la noticia divulgada para que pueda prevalecer el derecho de información. Trascendencia pública que se niega en este caso por el demandante, puesto que, “en la sociedad de nuestros días no tiene el menor significado político el hecho de que un alto cargo —hombre o mujer— de cualquiera de las instituciones constitucionales pase un fin de semana con otra persona del mismo o distinto sexo sin estar unidos matrimonialmente”. A ello añade que la naturaleza o género del programa televisivo en el que se emitieron las imágenes y se formularon los comentarios objeto del litigio —conocido popularmente como “del corazón”— tiene por finalidad satisfacer la curiosidad sobre los aspectos íntimos de la vida privada de los personajes con alguna proyección pública y, por tanto, no contribuye a suscitar debate alguno de interés general para la sociedad española. En este sentido, se afirma que no resulta de aplicación, en el presente supuesto, la excepción contemplada en el art. 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982 (“que predomine un interés histórico, científico, o cultural relevante”), ni la prevista para el derecho a la propia imagen en alguno de los apartados del artículo 8.2 de la misma Ley. Sin embargo, la resolución recurrida equipara el interés relevante al que se refiere el precepto con la curiosidad intrascendente.
El segundo motivo de amparo alegado es el derecho a la inviolabilidad del domicilio (ex art. 18.2 CE), en atención al lugar y las circunstancias que rodearon la captación de las imágenes (se recuerda que se encontraban dentro del recinto de un hotel). Al respecto se afirma que, prescindiendo de que sus instalaciones comunes puedan reputarse o no como domicilio, parece claro que no están destinadas al público sino al alojamiento de sus huéspedes, encontrándose en lugar aislado “al abrigo de la gente”. A mayor abundamiento, las imágenes no se captaron desde el exterior sino con cámara oculta que llevaban unos paparazzi en el interior del hotel, sin consentimiento de los interesados. Todo lo cual no ha sido tomado en cuenta por la Sentencia, que no sólo niega la condición de domicilio a las dependencias del hotel distintas a las habitaciones, sino que tan siquiera aplica lo previsto en la Ley canaria 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, que al referirse a los derechos del “usuario turístico” incluye entre otros el derecho “a tener garantizada en el establecimiento (hotelero) su seguridad, tranquilidad e intimidad personal [art. 15.2 c)]”, y que “todo usuario turístico tendrá derecho a la intimidad y tranquilidad [art. 19]”. Según la demanda de amparo, esto significa que la Ley canaria no se limita a aludir a las habitaciones, sino “que habla del conjunto, o sea, de todas las instalaciones para el uso cotidiano en el desarrollo de una actividad doméstica normal”. Invocando el carácter “creador” de la jurisprudencia, ex art. 6.1 del Código civil, se pide a este Tribunal, como ya lo hicieran en la vía judicial ordinaria, que se extienda el concepto de domicilio a aquellas instalaciones comunes del hotel.
4. Por providencia de 22 de julio de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales para que remitieran certificación adverada de las actuaciones y emplazaran a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a fin de que en el término de diez días pudieran comparecer en este proceso y formular las alegaciones pertinentes.
5. Mediante providencia de la misma fecha se acordó la apertura de la correspondiente pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión solicitado, concediéndose un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre el particular, conforme a lo previsto en el art. 56 LOTC. Evacuado dicho trámite, la Sala Segunda, por Auto de 14 de marzo de 2011, acordó denegar la suspensión interesada.
6. Por escrito registrado el 16 de septiembre de 2010, el Procurador de los Tribunales don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de don Javier Sardá Tamaro, don Boris Rodolfo Izaguirre Lobo y las entidades Gestevisión Telecinco, S.A., y Gestmusic Endemol, S.A., se personó en el proceso de amparo y solicitó que se entendieran con él las actuaciones sucesivas.
7. Mediante diligencia de ordenación de 22 de marzo de 2011 se acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Manuel Lanchares Perlado, en nombre y representación de don Javier Sardá Tamaro, don Boris Rodolfo Izaguirre Lobo y las entidades Gestevisión Telecinco, S.A., y Gestmusic Endemol, S.A. Asimismo se acordó dar vista de las actuaciones recibidas, por un plazo común de veinte días, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, de conformidad con el art. 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones pertinentes, con la salvedad referida a don Javier Sardá Tamaro, don Boris Rodolfo Izaguirre Lobo y las entidades Gestevisión y Telecinco, S.A., para que en el plazo de diez días el Procurador don Manuel Lanchares Perlado acredite, mediante el oportuno poder notarial, la representación que dice ostentar respecto de aquéllos, con el apercibimiento que de no verificarlo continuará la tramitación del recurso sin su intervención. Tal requerimiento fue atendido mediante escrito presentado el 16 de mayo de 2011.
8. A través de escrito presentado el 26 de abril de 2011, la representación de los demandantes de amparo dio por reproducidas las alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso de amparo.
9. Finalmente, el Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 9 de mayo de 2011. En dicho escrito interesa la desestimación del amparo por entender, en primer lugar, que la demanda incurre en un defecto de procedibilidad por falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse interpuesto el preceptivo incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo. Con cita de la doctrina establecida en el ATC 200/2010, afirma que el incidente resultaba absolutamente imprescindible, puesto que la vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE), cuya alegación constituye el fundamento nuclear de la pretensión de amparo, tuvo su origen ex novo en esa Sentencia en cuanto estimó el recurso de casación interpuesto por los demandados, descartando la existencia de intromisión ilegítima en dichos derechos fundamentales que, sin embargo, había sido apreciada en las dos instancias anteriores. Igualmente incide esta causa de desestimación en relación con la alegación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por insuficiencia de motivación, incongruencia, error notorio y arbitrariedad, y en la misma situación se encontraría la alegación de la vulneración relativa a la condena en costas procesales en sede de casación.
10. No han formulado alegaciones la representación de don Javier Sardá Tamaro, don Boris Rodolfo Izaguirre Lobo y las entidades Gestevisión Telecinco, S.A., y Gestmusic Endemol, S.A.
11. Por providencia de 17 de octubre de 2013 se señaló para votación y fallo del presente recurso, para el día 21 de octubre del 2013.
1. El presente recurso de amparo tiene por objeto la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2009, a la que se atribuye lesión de sus derechos a la intimidad, a la propia imagen (art. 18.1 CE), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Dicha Sentencia absolvió a los demandados, al estimar el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia dictada en sede de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 8 de septiembre de 2006, la cual amplió la cuantía de la indemnización concedida por la Sentencia de fecha 27 de abril de 2005, del Juzgado de Primera Instancia núm. 52 de Madrid.
2. Alega el demandante que la Sentencia impugnada vulneró los derechos a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE) por cuanto efectúa una ponderación constitucionalmente incorrecta entre tales derechos y el derecho a la libertad de información [art. 20.1 d) CE], al declarar la prevalencia de este último en base en la condición de personaje público del demandante don Francisco Álvarez-Cascos, en el interés general de la información y en el carácter abierto del lugar en que se tomaron las fotografías difundidas por el programa televisivo, criterios estos que se rebaten. Razona que, aun siendo cierto que el demandante sea “persona pública”, esa circunstancia, por sí sola, no justifica la difusión de cualquier información, especialmente si los hechos revelados afectan a su intimidad. Tampoco concurriría la excepción contemplada en el art. 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982 (“que predomine un interés histórico, científico, o cultural relevante”), ni la prevista para el derecho a la propia imagen en cualquiera de los apartados del art. 8.2 de la misma Ley, pues las imágenes y la información divulgada no satisface un interés general, sino solamente la frívola curiosidad intrascendente sin relevancia alguna. Finalmente, se aduce que las imágenes difundidas fueron captadas de manera clandestina, sin contar con la autorización o consentimiento de los implicados, y en un lugar que debe ser equiparado a un domicilio, dadas las circunstancias concurrentes, a los efectos de brindar una adecuada protección constitucional de los derechos fundamentales vulnerados.
3. Expuestas las pretensiones defendidas por las partes que intervienen en el recurso, procede entrar en el análisis de los motivos que sostiene la demanda de amparo, a cuyos efectos han de efectuarse dos consideraciones previas. La primera, en orden a la correcta delimitación del objeto del debate, es que ha de darse la razón al Ministerio Fiscal cuando pone de manifiesto en su escrito de alegaciones que las quejas de los recurrentes referidas al art. 24 CE no guardan una sustantividad propia, sino que no pasan de ser una discrepancia con el juicio de ponderación de los derechos fundamentales sustantivos que lleva a cabo la Sentencia impugnada, aunque también se intente dotar a esa discrepancia de un alcance procesal, con el fin de intentar una segunda vía de control constitucional de la fundamentación jurídica de la Sentencia. Por tanto, en cuanto meramente tributarias o subsidiarias de las quejas referentes al juicio mismo de ponderación del fondo del asunto, procede reconducir su estudio a ese aspecto.
4. Aun cuando la apreciación de la lesión de los derechos fundamentales que se denuncia es eminentemente circunstancial, nuestra doctrina (por todas, SSTC 139/2001, de 18 de junio, y 83/2002, de 23 de abril) proporciona criterios generales, cuya aplicación al caso nos permitirán determinar si la difusión de las imágenes de los recurrentes en el programa y los comentarios que sobre ellas se efectuaron supusieron una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y, a su vez, en el derecho a la propia imagen. En el proceso a quo quedó probado que dichas imágenes fueron tomadas por algunos paparazzi (es decir, reporteros o fotógrafos de la prensa) y se acreditó que fueron emitidas durante la noche del 7 de enero de 2004, en el programa de entretenimiento “Crónicas Marcianas”, sin previamente haber recabado el consentimiento de quienes aparecen en ellas.
5. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia declaró, y la Audiencia Provincial confirmó, que la difusión de las imágenes en el programa emitido por la cadena de televisión Telecinco en fecha de 7 de enero de 2004 “Crónicas Marcianas”, constituyó una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los demandantes de amparo. De acuerdo con los hechos probados, las imágenes, que fueron grabadas de manera subrepticia mediante el uso de una cámara con teleobjetivo, reflejan a los recurrentes junto a sus hijos menores de edad durante su estancia en un hotel de Lanzarote. Asimismo, y sobre el contenido de las imágenes, los intervinientes en el programa televisivo realizaron comentarios, principalmente referidos a la contradicción existente entre la conducta del Sr. Álvarez Cascos y los valores y pautas de comportamiento por las que aboga la formación política a la que aquél pertenecía.
6. Pues bien, los recurrentes aducen que las imágenes difundidas en el espacio televisivo “Crónicas Marcianas” vulneraron su derecho a la propia imagen y su derecho a la intimidad, dos derechos fundamentales consagrados en el art. 18.1 de la Constitución que, a pesar de su estrecha relación en tanto que derechos de la personalidad, tienen, no obstante, un contenido propio y específico (STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 3). Su naturaleza autónoma (STC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2) requiere que debamos enjuiciar por separado las vulneraciones esgrimidas y, a efectos de determinar el canon de enjuiciamiento aplicable, examinar respecto de cada derecho si ha existido una intromisión en su contenido y si, a pesar de ello, esa intromisión resulta o no justificada por la existencia de otros derechos o bienes constitucionales más dignos de protección dadas las circunstancias del caso (STC 156/2001, FJ 3).
7. Procede examinar ahora si la difusión de las imágenes y los comentarios los que posteriormente fueron objeto en el programa televisivo “Crónicas Marcianas” constituyó también una intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar de los recurrentes. Coincide en esta alegación el Ministerio Fiscal, quien estima que las imágenes revelarían una relación sentimental entre los protagonistas cuya divulgación supuso un ataque a su intimidad, sin estar amparada por el cargo público que ostentaba en aquel momento don Francisco Álvarez-Cascos, ni mucho menos doña María Porto Sánchez, en quien tan siquiera concurre el carácter de personaje público.
De otro lado, hemos de insistir en que no toda información que se refiere a una persona con notoriedad pública goza de esa especial protección, sino que para ello es exigible, junto a ese elemento subjetivo del carácter público de la persona afectada, el elemento objetivo de que los hechos constitutivos de la información, por su relevancia pública, no afecten a la intimidad, por restringida que ésta sea (STC 197/1991, FJ 4). Y es en este punto donde quiebran los argumentos dados por la Sentencia impugnada. La notoriedad pública del recurrente en el ámbito de su actividad política, no le priva de mantener, más allá de esta esfera abierta al conocimiento de los demás, un ámbito reservado de su vida como es el que atañe a sus relaciones afectivas, sin que su conducta en su actividad política elimine el derecho a la intimidad de su vida personal, si por propia voluntad decide mantenerla alejada del público conocimiento, ya que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que se reserva . De nuevo, las circunstancias en que las imágenes fueron captadas, difundidas y presentadas ponen de relieve que, en este caso, no se justifica el descenso de las barreras de reserva impuestas por los propios recurrentes. A tal efecto es irrelevante el solo dato de que las imágenes fueran captadas en las dependencias de un establecimiento hotelero, pues ello no elimina la relevante circunstancia de que aquéllas fueron obtenidas clandestinamente por un reportero profesional de los especializados en este tipo de captación de imágenes (paparazzi), y sin que los recurrentes abrieran su ámbito reservado al público conocimiento.
Sobre este particular, y aplicando la doctrina que este Tribunal ha tenido ocasión de dictar recientemente a propósito del uso de dispositivos de captación de imagen y voz ocultos o clandestinos (STS 12/2012, de 30 de enero, FJ 6), el carácter oculto que caracteriza la actividad de los reporteros conocidos como paparazzi, impide que la persona que está siendo grabada pueda ejercer su legítimo poder de exclusión frente a dicha grabación, oponiéndose a su realización y posterior divulgación, pues el contexto secreto y clandestino se mantiene hasta el mismo momento de la emisión y difusión televisiva de lo grabado. “La ausencia de conocimiento y, por tanto, de consentimiento de la persona reproducida respecto a la intromisión en su vida privada es un factor decisivo en la necesaria ponderación de los derechos en conflicto … La finalidad frecuente de las grabaciones de imágenes y sonido obtenidas mediante la utilización de cámaras ocultas y teleobjetivos es su difusión no consentida en el medio televisivo cuya capacidad de incidencia en la expansión de lo publicado es muy superior al de la prensa escrita (en este sentido, la STEDH de 23 de septiembre de 1994, Jersild c. Dinamarca, § 31). No hay duda de que ello hace necesario reforzar la vigilancia en la protección de la vida privada para luchar contra los peligros derivados de un uso invasivo de las nuevas tecnologías de la comunicación, las cuales, entre otras cosas, facilitan la toma sistemática de imágenes sin que la persona afectada pueda percatarse de ello, así como su difusión a amplios segmentos del público, como subrayaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a un caso de captación fotográfica a cientos de metros de distancia (STEDH de 24 de junio de 2004, Von Hannover c. Alemania, §70)”. E igualmente ese mismo Tribunal ha subrayado que “en la elección de los medios referidos, la libertad reconocida a los periodistas no está exenta de límites, y que en ningún caso pueden considerarse legítimas aquellas técnicas que invaden derechos protegidos, ni aquellos métodos que vulneren las exigencias de la ética periodística en cuanto a la solvencia y objetividad del contenido informativo (SSTEDH de 18 de enero de 2011, MGN Limited c. Reino Unido, § 141; y de 10 de mayo de 2011, Mosley c. Reino Unido, § 113)”.
8. Se ha alegado por los demandantes la vulneración de su derecho a la inviolabilidad del domicilio (ex art. 18.2 CE), con la finalidad de que este Tribunal realice una interpretación extensiva de su ámbito constitucional, que no sólo incluya las habitaciones destinada al alojamiento de huéspedes, sino también las zonas comunes del hotel donde se habrían tomado parte de las imágenes difundidas de los recurrentes, tomando como base para tal extensión lo dispuesto por los arts. 15.2 c) y 19 de la Ley 7/1995 de ordenación del turismo en Canarias, o la Ley Orgánica 4/1997 sobre utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos.
9. En último lugar, los demandantes solicitan el reconocimiento constitucional del derecho a la indemnización por daños morales, teniendo en cuenta su previsión en el art. 8 de la Ley Orgánica 1/1982 y, por consiguiente como extensión de los derechos fundamentales a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar, debiendo fijarse su cuantía conforme al criterio de proporcionalidad ex art. 9.1 CE. Así, se insiste en la necesidad de que el Tribunal Constitucional entre a valorar y a cuantificar los daños producidos por la intromisión ilegítima en dichos derechos “como un aspecto importantísimo de la eficacia práctica de la protección de estos derechos fundamentales, determinar cuál sea el título jurídico que legitime la reparación patrimonial ofrece una especial trascendencia constitucional”.
1º Reconocer los derechos fundamentales de los demandantes a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE).
2º Anular la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 16 de noviembre de 2009, pronunciada en el recurso de casación núm. 719-2009.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1783-2010
Promovido por don Francisco Álvarez-Cascos Fernández y doña María Porto Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda por las imágenes y comentarios difundidos en el programa "Crónicas Marcianas".
El programa televisivo “Crónicas Marcianas” difundió, sin consentimiento de los interesados, imágenes de quien fuera Ministro y Vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, su pareja e hijos menores de edad, durante su estancia vacacional en un hotel. Esta difusión y los comentarios realizados dieron lugar a sendas sentencias condenatorias, en primera instancia y en apelación, posteriormente revocadas en casación.
Se otorga el amparo declarando la nulidad de la sentencia enjuiciada por vulnerar los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los recurrentes. La captación de imágenes relativas a un personaje público en momentos de su vida privada conlleva la intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad y a la propia imagen, salvo que el acontecimiento revista interés público o la imagen se haya divulgado con consentimiento. En este caso, no existió un interés público constitucionalmente prevalente, que amparase la difusión de las imágenes, dado que la revelación de las relaciones afectivas de los recurrentes no afecta al conjunto de los ciudadanos ni a la vida política del país. La notoriedad pública del recurrente en el ámbito de su actividad política no le priva de mantener un ámbito reservado de su vida privada, sin que su conducta en su actividad política elimine el derecho a la intimidad de su vida personal, si por propia voluntad decidió mantenerla alejada del público. El derecho a la intimidad de la Sra. Porto, quien carece de notoriedad pública, no puede considerarse accesorio ni sujeto al interés general de divulgación de la imagen del Sr. Álvarez-Cascos. Los términos en que se obtuvieron y registraron las imágenes, clandestinamente por un reportero profesional, constituyen una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen, porque impidió que la persona afectada pudiera ejercer su legítimo poder de exclusión.
Respecto del incidente de nulidad de actuaciones, la Sentencia afirma que no se puede reprochar a los recurrentes su falta de interposición ante el Tribunal Supremo, pues es a la sentencia de este Tribunal a la que se reprocha la lesión de los derechos a la intimidad y a la propia imagen, lo que conllevaría que ese mismo Tribunal reconsiderase el fondo de su resolución con argumentos semejantes a los ya empleados en la vía judicial.
La divulgación de imágenes relativas a un personaje público, tomadas en un lugar público sin su consentimiento, en momentos de carácter eminentemente privado, constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, que no puede encontrar protección en el derecho a comunicar libremente información veraz (STC 139/2001, 83/2002) [FJ 6].
Doctrina sobre el derecho a la propia imagen, ex art 18.1 CE (STC 81/2001, 83/2002) [FJ 6].
La notoriedad pública del recurrente en el ámbito de su actividad política no le priva de mantener un ámbito reservado de su vida, como es el que atañe a sus relaciones afectivas, si por propia voluntad decide mantenerla alejada del público conocimiento, ya que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que se reserva (SSTC 197/1991, 115/2000) [FJ 7].
La difusión de las imágenes controvertidas por el programa de entretenimiento, al revelar relaciones afectivas de los recurrentes, propósito indiscutible de dicha emisión, invadió ilegítimamente la esfera de la intimidad personal y familiar de los mismos, vulnerando con ello su derecho fundamental a la intimidad reconocido por el art. 18.1 CE [FJ 7].
El carácter accesible al público de algunas dependencias de un establecimiento hotelero no sitúa la captación y registro de las imágenes de los recurrentes, por reporteros o fotógrafos de la prensa, extramuros del ámbito de protección del derecho a la intimidad, pues ante una faceta estrictamente reservada de su vida privada y no existiendo consentimiento expreso, dicha actuación constituye una intromisión ilegítima en su derecho fundamental [FJ 7].
La difusión de las controvertidas imágenes no estuvo amparada en un interés público constitucionalmente prevalente, pues la revelación de las relaciones afectivas de los recurrentes carece en absoluto de cualquier trascendencia para la comunidad, al no afectar al conjunto de los ciudadanos ni a la vida política del país (SSTC 29/1992, 115/2000) [FJ 7].
Doctrina sobre el derecho a la intimidad personal y familiar, ex art. 18.1 CE (STC 73/1982, 115/2000) [FJ 7].
Doctrina sobre la protección de la vida privada frente al uso de dispositivos de captación de imagen y voz ocultos o clandestinos (STS 12/2012; SSTEDH casos Jersild c. Dinamarca, de 23 de septiembre de 1994, MGN Limited c. Reino Unido, de 18 de enero de 2011 y Mosley c. Reino Unido, de 10 de mayo de 2011) [FJ 7].
No existen razones que justifiquen la conveniencia de extender el concepto de domicilio a las zonas comunes de un hotel, pues el hecho de que éstas sean de uso común para todos los huéspedes y terceros, impide tal consideración a efectos constitucionales (SSTC 22/1984, 209/2007) [FJ 8].
El domicilio comporta un ámbito de intimidad específico, que conlleva la garantía constitucional de su inviolabilidad, entendida como ámbito espacial de privacidad de la persona que resulta inmune a cualquier tipo de invasión o agresión exterior de terceras personas o de la autoridad pública, incluidas las que puedan realizarse, sin penetración física en el mismo, por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos (SSTC 22/1984, 10/2002) [FJ 8].
En casos de conflicto entre derechos fundamentales sustantivos, el Tribunal Constitucional debe resolver aplicando los cánones de constitucionalidad propios de dichos derechos, aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos judiciales, ya que los fundamentos de éstos no le vinculan ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de las resoluciones judiciales (SSTC 134/1999, 83/2002) [FJ 4].
No puede reprocharse al demandante que no plantease ante el propio Tribunal Supremo incidente de nulidad de actuaciones, con la pretensión de que éste reconsiderase el fondo de su resolución con argumentos semejantes a los ya empleados en la vía judicial, pues, aun cuando el incidente de nulidad pudiera ser formalmente procedente, resultaba materialmente inútil porque comportaba pedirle al órgano judicial que se retractase sobre lo que ya había resuelto en varias resoluciones previas (STC 182/2011) [FJ 3].
Artículo 18.1, ff. 1 a 3, 5 a 7
Artículo 18.2, ff. 1, 3
Artículo 20.1 d), ff. 2, 6
Artículo 8.2 a), ff. 5, 6
Artículo 241.1 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 3
Artículo 400, f. 3
§ 31, f. 7
§ 70, f. 7
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2009 (recurso de casación núm. 719-2009)
§ 141, f. 7
§ 113, f. 7
Concepto constitucional de domicilioConcepto constitucional de domicilio, f. 8
Derecho a comunicar libremente informaciónDerecho a comunicar libremente información, ff. 6, 7
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, Alcance, ff. 4, 6, 7
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, ff. 4, 5, 6, 7, 9
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad, Vulnerado, ff. 4 a 8
Derecho a la propia imagenDerecho a la propia imagen, Vulnerado, ff. 4 a 6
Entidad de los datos divulgadosEntidad de los datos divulgados, f. 7
Interés generalInterés general, ff. 5 a 7
Ponderación entre el derecho al honor y la libertad de informaciónPonderación entre el derecho al honor y la libertad de información, ff. 4, 5, 7, 9
Relevancia pública de la informaciónRelevancia pública de la información, ff. 4, 5, 7, 9
Reportaje sobre la vida privada de una persona con relevancia públicaReportaje sobre la vida privada de una persona con relevancia pública, ff. 4, 5, 6, 7, 8
Acompañantes de personas con relevancia públicaAcompañantes de personas con relevancia pública, ff. 5 a 7
ConsentimientoConsentimiento, ff. 6, 7
Personas con relevancia públicaPersonas con relevancia pública, ff. 6, 7

References: artículo 18
 resolución 
 artículo 7
 artículo 8
 resolución 
 artículo 51
 resolución 
 resolución 

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 8

Artículo 241

Artículo 400