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Timestamp: 2020-07-07 05:27:08+00:00

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El sistema de pensiones costarricense ha respondido históricamente a una visión de mundo a un modelo de desarrollo socioeconómico y cultural del país
Con una visión de mundo que buscaba la modernización y el fortalecimiento del Estado Nacional, se creó el primer fondo nacional de pensiones con la promulgación de la Ley General de Educación Común (ley 21) en 1886, que en su artículo 50 aseguraba la pensión de retiro a los maestros una vez cumplidos los veinte años de servicio, siendo el gremio de educadores el que se beneficia por primera vez con una iniciativa de financiamiento para las pensiones[1]. Ello se da en el marco de la reforma educativa propuesta por Mauro Fernández, Secretario de Instrucción pública (lo que es hoy el Ministro de Educación) para dotar al país de un sistema educativo integral, centralizado en el estado, secular y con independencia administrativa, generaliza la educación primaria, garantiza su gratuidad, obligatoriedad y calidad democrática; organiza la educación secundaria bajo la guía del Estado y crea instituciones educativas (Liceo de Costa Rica, Instituto de Alajuela, Colegio Superior de Señoritas) que contemplaban la formación de educadores que el sistema requería. Es decir, la Reforma Educativa “apuntalaba el discurso y la práctica educativa como pilares de un ideario de sociedad y de nación”[2] y reconocía que la educación no podía modernizarse sin el aporte de los educadores.
En ese marco, la creación del fondo de pensiones para los maestros era parte del esfuerzo de una reforma educativa sustentada en la concepción de la educación como base de la democracia y pilar fundamental del país, que permitía la formación de calidad de todos los ciudadanos como requisito del progreso y alcance de su modelo de desarrollo y en la visión de un educador con formación, prestigio y reconocimiento económico y social como elemento esencial para su logro. Visión que le permitió al país contar con la capacidad de pensamiento crítico y creativo para el logro de avances significativos desde el siglo XIX hasta nuestros días, en los ámbitos de la salud y la seguridad social, el ambiente, la agricultura, el comercio, la industria y la tecnología, es decir para crecer y destacarse en el desarrollo socioeconómico, cultural y de salud con paz y estabilidad política.
El principio solidario estaba presente desde esa ley de 1886 que se manifiesta al fijar las fuentes de financiamiento de las pensiones: las rentas del fondo escolar de pensiones constituidas por las sumas destinadas por el Estado, particulares y asociaciones y con el 1% anual del sueldo de los maestros. El fondo escolar tenía autonomía financiera[3]. La ley vinculó así desde el inicio el tema de las pensiones con un concepto de sociedad y progreso a partir de los valores de la educación, la solidaridad y la democracia[4]. La ley 59 de 1916 modificó algunos artículos de la ley de 1886, ampliando la cobertura a los docentes de secundaria, aumentando las fuentes de financiamiento del sistema, manteniendo y fortaleciendo el principio solidario del Fondo de Pensiones.
Entre 1950 y 1970 se da la expansión del Sistema Educativo costarricense, con el auspicio de la UNESCO se realiza un diagnóstico de las necesidades educativas, se desarrollaron programas de educación rural, se inició la educación técnica, se mejoró el presupuesto y se creó el Consejo Superior de Educación. En este contexto se aprueba en 1958 la Ley 2248 del Magisterio Nacional[5] que crea la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, mantiene el principio de solidaridad, con una cotización tripartita: 5% el trabajador, 5% el patrono y 5% el Estado. Establece que el monto de la pensión es un 100 por ciento del mejor salario de los últimos cinco años, sin que el monto de la pensión supere el salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica (monto máximo de pensión).
La crisis de los años 80 que desmejoró los indicadores macroeconómicos aumentó la inflación, incrementó la devaluación, el alza del precio del petróleo, aunado al proceso de transición demográfica y envejecimiento de la población, en un contexto de regímenes de pensiones actuarialmente deficitarios, lleva en 1992 a la aprobación de la Ley marco de pensiones 7302. Esta ley crea el régimen de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y consolida el otorgamiento de todas las jubilaciones y pensiones de los regímenes contributivos que tenían como base la prestación de servicios al Estado. Asimismo, unifica los llamados regímenes especiales de pensiones con excepción de las referentes a los funcionarios que pertenezcan al Magisterio Nacional y al Poder Judicial, quienes continúan cotizando a sus respectivos regímenes de pensiones y jubilaciones.
Con el paso de los años, el régimen de pensiones maduró y aumentó el número de personas a jubilarse, la sociedad alcanzó mayor esperanza de vida y se dieron eventos que redujeron el crecimiento económico de los países y transformaron la estructura del mercado laboral. De acuerdo con Escrivá et al[6], esto aunado a políticas económicas incorrectas, escasa disciplina fiscal y monetaria, gestión financiera equivocada y poco eficiente gestión de los fondos de pensiones que conduce a que los rendimientos reales reflejen rentabilidades negativas, además del peso de las decisiones políticas que llevaron a utilizar los fondos de jubilación para el desarrollo de obras públicas o los gastos corrientes del gobierno central[7]. Y en este contexto el Estado costarricense no fue la excepción, no creó el fondo autosustentable con el exceso de cotizaciones del régimen magisterial, y desvió esos excesos hacia gasto ordinario, dejando al Magisterio sin fondo de pensiones. De acuerdo con Robles[8], “nunca se creó un fondo para el pago de pensiones del régimen del Magisterio, sino que el dinero recaudado siempre ingresó a las arcas del Estado, el cual se encarga de hacer los pagos de los beneficios. En sus inicios, los aportes eran superiores al pago de pensiones y ese sobrante se utilizó en otros rubros del gasto o inversión estatal”. Reservas estimadas al 2012 indican que si el fondo se hubiera creado y no se hubiera particionado el régimen del Magisterio habría 5 billones (millones de millones) de colones[9]. Tal desvío es incluso de dominio público y se menciona en informaciones que datan del 2003 y el 2005 (Semanario U,pág.6, 7/8/2003; La República, pág. 10, 15/4/2005).
La ley de pensiones se fue modificando a lo largo de los años, limitando progresivamente el monto neto de las pensiones magisteriales en las últimas décadas: del 100% del mejor salario de los últimos 5 años (ley 2248, 1958), pasó al promedio de 12 mejores salarios de los últimos 24 meses (ley 7268, 1991), y luego al 80% de promedio de mejores 32 salarios de los últimos 60 meses (ley 7531, 1995). Y para el RCC, el 60% del salario promedio de las primeras 240 cotizaciones, más 0.1% de ese promedio por cada cuota adicional (dato de JUPEMA[10]). Si bien estas modificaciones disminuían los beneficios de los pensionados, mantuvieron el principio solidario hasta 1995, año en que con la ley 7531 se modifica la ley del Magisterio Nacional creando el Régimen de Capitalización Colectiva RCC (cuyos fondos son administrados por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional) y dejando el Régimen Transitorio de Reparto RTR como un Régimen cerrado a cargo al presupuesto de la República. Queda así el RTR sin fondo autosustentable, con ingresos únicos por cotizaciones corrientes a cargo de sus beneficiarios y activos, y el Estado se compromete en el artículo 115 al pago de los derechos jubilatorios del régimen transitorio de reparto a futuro (Así adicionado mediante ley 7946 (art. 2) de 1999). Es decir, eliminó el principio solidario creado desde 1886 y lo sustituyó por la garantía de pago del Estado, cosa que en este momento está indicando que no le es posible hacer.
Las personas pensionadas del Magisterio han cotizado siempre para su jubilación según lo establecido en las leyes de la República, en el sistema de pensiones y sus reformas, vigentes y aprobadas todas por la Asamblea Legislativa. Las cotizaciones de los pensionados del Magisterio han sido siempre mayores que las del IVM-CCSS. Así, de 1958 a 1991 las personas pensionadas del Magisterio cotizaron el doble que los pensionados del IVM-CCSS, de 1991 a 1995 cotizaron el triple, de 1997 al 2010 cotizaron de 4 a 4.6 veces más, del 2010 al 2012 cotizaron de 3.7 a 6 veces más, del 2012 al 2015 de 3.2 a 6 veces más y del 2015 al 2018 entre 3 y 5.6 veces más[11]. Por ejemplo, una persona que gana 4 millones cotizó en el régimen RTR un 14.4% mientras que una persona en la CCSS cotizó un 3.84% para el mismo salario, es decir 3.75 veces más cotizó el del RTR[12]. Eso sin contar los aportes por impuesto de la renta, seguro enfermedad y maternidad de la CCSS.
Las pensiones del Régimen Transitorio de reparto (RTR) han estado sujetas a topes, cotizaciones y contribuciones solidarias. Desde 1991 la Ley 7268 en su artículo 12 inciso 5 establece que quienes perciban pensiones o jubilaciones superiores al tope máximo establecido en el párrafo primero del artículo 9 de esta ley, aportarán además del porcentaje indicado en el párrafo inmediato anterior, una contribución especial con destino específico de fortalecimiento del Fondo según una escalerilla que se describe. Asimismo, la Ley 7531 de 1995, en su Artículo 70 establece que todos los funcionarios activos cubiertos por este Régimen, así como los pensionados, sea que hayan adquirido su derecho al amparo de esta ley o de cualquiera de las anteriores, sean estas la No. 2248, del 5 de setiembre de 1958 y sus reformas o la No. 7268, del 14 de noviembre de 1991 y su reforma, cotizarán según la tabla descrita. Además, de acuerdo con el Artículo 71 los pensionados y los jubilados cuyas prestaciones superen los montos que se fijarán, contribuirán en forma especial, solidaria y redistributiva, de acuerdo con la tabla descrita. El total de deducciones por cotización y contribución especial aplicado a las pensiones del RTR oscila entre 26% para pensiones de 2 millones y 51% para pensiones de 10 millones. Las deducciones totales ya sobrepasaron el 55% máximo de deducciones del monto bruto de pensión establecido por la OIT para las pensiones más altas, por entrada en vigencia de plan fiscal recién aprobado en 2018[13].
El Régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional RTR no es un régimen de privilegio. Las personas pensionadas del RTR no reciben una pensión “de lujo”. El 81% de sus pensiones son menores a 1.5 millones, y el 98.25% menores al tope de catedrático universitario con dedicación exclusiva y 30 anualidades que es el tope establecido en la ley vigente; solo 1.75 % de las pensiones son superiores al tope[14]. Y únicamente el 0.70% tienen postergación de la pensión por más de 7 años y de acuerdo con la ley vigente cuando ellos se pensionaron no pagan el artículo 71 de contribución solidaria.
Las personas pensionadas del Régimen de Reparto del Magisterio han estudiado, se han preparado, han trabajado y han jugado un papel importante en el desarrollo del país aportando con la investigación y producción científica, el trabajo con sectores comunales y la formación de los cuadros de talento humano que hoy gestionan el país en los diferentes sectores. Han contribuido sensiblemente en la construcción de una visión país y de una cultura que respeta los valores de equidad, solidaridad, paz, justicia social y democracia. Como adultos mayores pensionados tienen derecho a una pensión, una pensión por la cual han cotizado debidamente de acuerdo con las leyes vigentes, por la cual han cotizado el doble el triple o más que las personas que cotizan al IVM-CCSS, una pensión que les permita una vida digna en su vejez y que no es una pensión de lujo.
Hoy debemos enfrentar otro reto como país y definir cómo vamos a actuar como sociedad, que decisiones vamos a tomar, que oportunidades de mejora tenemos ante la cuarta revolución industrial que requiere como insumo del talento humano, del conocimiento, habilidades y destrezas de trabajo en equipo, de liderazgo, de razonamiento crítico, empoderamiento y creatividad. Todo lo cual requiere una educación de alta calidad. Y para lograr una educación de esta calidad se requiere de educadores de alto nivel, con excelente formación y conocimientos, con experiencia y espíritu de servicio y compromiso, de actualización y aprendizaje permanente, motivados por la gran tarea que les toca enfrentar. Y para contar con esos educadores que el país requiere, es necesario en primer lugar que la sociedad los respete y los valore, que tengan autoestima y prestigio, que sean reconocidos como lo fueron los grandes educadores de antaño. Deben ser seleccionados de entre los mejores con base en requisitos establecidos y compensados social y económicamente, atraídos con salarios adecuados, con una expectativa de calidad de vida ahora y cuando se pensionen. Ellos son los forjadores de una ciudadanía con espíritu emprendedor, responsables, sensible a las necesidades sociales y del ambiente, con alma propia del ser costarricense y como tales deben ser tratados. Es la visión que está privando en el mundo, por ejemplo, Finlandia que entre otros ha establecido una serie de políticas públicas en relación con la educación.
No podemos ir a contracorriente en el mundo, bajando las condiciones y expectativas de beneficios y calidad de vida, precarizando la educación, con lo cual ¿qué tipo de personal vamos a reclutar para formar a los formadores de educadores, para formar a los educadores, sin prestigio y condiciones, qué recurso humano llegará?, ¿con qué cualidades? Así nadie querrá ser educador, ¿cómo vamos a contar con el talento humano con la capacidad intelectual y humana para avanzar en el desarrollo humano sostenible que el país requiere?
En una democracia solidaria, como ha sido siempre históricamente la aspiración de los costarricenses, la equidad es un valor esencial, asegura una posición más humana en el abordaje de los derechos, un principio muy discutido desde la época de Aristóteles. Equidad entendida como brindar las condiciones y oportunidades para que todos tengan los mismos derechos y superen las diferencias para lograr las metas, para una vida digna para una calidad de vida. En ese sentido todos los sectores de la sociedad, no solo los educadores, no únicamente los pensionados, no solo la clase media cada vez más estrujada, deben contribuir en la redistribución solidaria de la justicia social. No solo los pensionados académicos que desde las universidades hemos contribuido a formar el talento humano del país, a incrementar el desarrollo socioeconómico, cultural y de salud, la inversión extranjera directa, a aportar desde la investigación a solucionar problemas e innovar, tienen el deber de pagar la deuda interna y externa del país. Los otros sectores de la sociedad tienen la misma responsabilidad solidaria, los empresarios, las cooperativas, y todos los otros grupos de poder tienen también esa responsabilidad solidaria y del respeto del principio de equidad. ¡Costa Rica siempre ha sabido resolver sus problemas manteniendo el respeto a los principios de seguridad social y ahora también podemos hacerlo!
[1] Robles, E. 15 aniversario de la ley de protección al trabajador. Grupo Raíces S. A. 2015. Litografía e Imprenta Lil, S. A. San José Costa Rica
[2]Robles, E. Idem
[3] Robles, E. idem
[4] Dengo, M. E. (2004), La Educación en Costa Rica en el siglo XX, Eugenio Rodríguez (editor). San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, pp. 1-87. pp.46-60. citada por Robles, E. Grupo Raíces S. A. 15 aniversario de la ley de protección al trabajador. 2015Litografía e Imprenta Lil, S. A. San José Costa Rica
[5] Dengo, M. E. (2004), La Educación en Costa Rica en el siglo XX, Eugenio Rodríguez (editor). San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, pp. 1-87. pp.46-60. citada por Robles, E. Grupo Raíces S. A. 15 aniversario de la ley de protección al trabajador. 2015Litografía e Imprenta Lil, S. A. San José Costa Ric
[6] Escrivá, J et al 2010. Las reformas de los sistemas de pensiones en Latinoamérica: avances y pendientes. España: Pensiones,
[7] Escrivá, J et al 2010. Las reformas de los sistemas de pensiones en Latinoamérica: avances y pendientes. España: Pensiones, citado por Robles, E. Grupo Raíces S. A. 15 aniversario de la ley de protección al trabajador. 2015Litografía e Imprenta Lil, S. A. San José Costa Rica
[8] Robles, E. Grupo Raíces S. A. 15 aniversario de la ley de protección al trabajador. 2015Litografía e Imprenta Lil, S. A. San José Costa Rica
[9] Departamento Actuarial JUPEMA 19/12/18.
[10] Página Web de JUPEMA.
[11] Página Web de JUPEMA; JR Espinoza, Comisión Pensiones UNA, LN, pág. 14 A, 10/8/95
[12] Marozzi M. Porras, R. Bermúdez, E. Datos de JUPEMA correspondientes a junio 2019
[13] Datos del Departamento Actuarial de JUPEMA, 23/7/19.
[14] Marozzi, M. Porras, R. Bermúdez, E. Datos de JUPEMA correspondientes a junio 2019

References: artículo 50
 artículo 115
 artículo 12
 artículo 9
 Artículo 70
 Artículo 71
 artículo 71