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Timestamp: 2019-05-26 13:47:03+00:00

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﻿ SENTENCIA 155 DE JUNIO 20 DE 1986
SENTENCIA 155 DE 20 DE JUNIO DE 1986
CONTENIDO:NEGACIÓN INDEFINIDA. NO REQUIERE PRUEBA. EL ERROR DE HECHO DEBE SER MANIFIESTO Y TRASCENDENTE PARA QUE PUEDA DAR ORIGEN AL QUEBRANTO DE LAS NORMAS QUE SE INDICAN COMO VIOLADAS POR LA VÍA DIRECTA. FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN EN EL DERECHO LABORAL. APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, ERROR DE HECHO, PROCESO LABORAL, PRUEBA, HECHO EXENTO DE PRUEBA, PROCEDIMIENTO LABORAL
Sentencia 155 de junio 20 de 1986
NEGACIÓN INDEFINIDA. NO REQUIERE PRUEBA
La negación indefinida no requiere de prueba, pues así lo preceptúa el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil ... “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que de ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren de prueba”.
ERROR DE HECHO NO SE CONFIGURÓ
El error de hecho debe ser manifiesto y trascendente para que pueda dar origen al quebranto de las normas que se indican como violadas por la vía directa
FENÓMENO DE LA COMPENSACIÓN EN EL DERECHO LABORAL. APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
(Reiteración jurisprudencial contenida en sentencia de 20 de noviembre de 1954 del Tribunal Supremo del Trabajo G.J. Nº 228 y 229)
INDEMNIZACIÓN MORATORIA. APLICACIÓN INDEBIDA
Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez
Radicación Nº 155. Acta Nº 19
Bogotá, D.E., veinte de junio de mil novecientos ochenta y seis.
Humberto Barrero Ramos identificado con la cédula de ciudadanía Nº 117.681 de Bogotá, mediante apoderado judicial demandó a la empresa denominada Industria Harinera S.A., para que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo se la condenara a pagarle la indemnización por despido sin justa causa, la suma de $ 30.500 que le fue descontada del monto de las prestaciones debidas; el reconocimiento y pago de la pensión sanción y la indemnización moratoria.
“1. El señor Humberto Barrero Ramos, mi mandante, prestó sus servicios, en desarrollo de un contrato laboral, a la empresa Industria Harinera S.A., entre el 16 de febrero de 1962 y el 15 de junio de 1981, es decir, durante 19 años y 120 días.
2. El día 15 de junio de 1981 la demandada liquidó algunas prestaciones del trabajador y lo retiró del servicio aduciendo una presunta renuncia que el demandante nunca presentó.
3. En la liquidación definitiva de prestaciones la empresa descontó al trabajador la suma de $ 30.500 sin autorización previa y escrita de éste.
4. El salario promedio mensual devengado por el actor fue de $ 12.945.02.
5. A la terminación del contrato la empresa demandada no le pagó al demandante la totalidad de prestaciones debidas ni la indemnización por terminación del contrato sin justa causa.
6. Tampoco le ha pagado hasta la fecha la pensión sanción a que tiene derecho por haber sido despedido sin justa causa a los 19 años y 120 días de servicios.
7. Mi mandante cumplió 50 años de edad el día 18 de junio de 1983”.
Por intermedio de apoderado judicial la parte demandada dio respuesta a la demanda, oponiéndose a las pretensiones del actor, aceptando los hechos primero, cuarto y sexto, negando los demás y proponiendo las excepciones de inexistencia del despido, inexistencia de la obligación de pagar indemnización, inexistencia de la obligación de pagar pensión sanción, compensación, prescripción y la genérica.
Cumplido el trámite de primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo fue el Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en fallo de fecha 5 de julio de 1985 resolvió condenar a la empresa Industria Harinera S.A. a pagar al demandante las siguientes cantidades: $ 258.900 por concepto de indemnización por despido injusto; $ 30.500 por descuento ilegal; $ 9.449.86 moneda corriente, mensuales a partir del 18 de junio de 1983, por concepto de pensión sanción de jubilación, sin perjuicio de los reajustes legales a que haya lugar; $ 435.50 diarios, desde el 16 de junio de 1981, hasta cuando se cancele al demandante el descuento ilegalmente efectuado, por concepto de indemnización moratoria. Condenó a la parte demandada a pagar las costas de la primera instancia y declaró no probadas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.
Apeló el apoderado de la demandada, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia de fecha 27 de septiembre de 1985 confirmó en todas sus partes la decisión del a quo y condenó en costas a la empresa demandada.
Recurrió en casación el apoderado de Industria Harinera S.A. Concedido el recurso por el tribunal y admitido por esta sala de la Corte, se decidirá, previo el estudio de la demanda extraordinaria y la réplica del opositor.
El impugnador presenta dos cargos fijando al final de cada uno de ellos el alcance de la impugnación. Los cargos se decidirán en su orden.
“La acuso de violar por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida, con violación de fin, los artículos 61, 62, 64, 65, 59, 149 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º de la Ley 171 de 1961, y 1º de la Ley 4ª de 1976 y con violación de medio, los artículos 175, 176, 177, 195, 197, 258, 278 del Código de Procedimiento Civil en relación con el 145 del Código Procesal del Trabajo, debido a manifiestos errores de hecho en la apreciación de las siguientes pruebas:
“a) La demanda y su contestación (fls. 2-4, 14-16);
b) Interrogatorios de parte absueltos por el demandante (fl. 35) por el demandado (fl. 27), y
c) Inspección judicial y sus documentos anexos (fls. 48 a 65)”.
Los errores de hecho en que incurrió el ad quem fueron:
“1. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el trabajador fue despedido y que lo fue sin justa causa.
2. No haber dado por probada, estándolo, la total ausencia de prueba del despido del demandante”.
En el acápite “I. Indemnización por despido. Pensión sanción”, luego de copiar el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, sostiene el sentenciador”. A renglón seguido el recurrente transcribe apartes de la sentencia acusada, y continúa diciendo:
“Pero el hecho transcrito y su contestación no contienen confesión alguna respecto de la manera como se terminó el contrato de trabajo. En efecto: cuando el apoderado del demandante afirma que la empresa “lo retiró del servicio aduciendo una presunta renuncia que nunca presentó”, lo que está sosteniendo es que hubo un despido, ya que aducir una renuncia no presentada para terminar el contrato de trabajo equivale a despedir al trabajador. Y este hecho es favorable a éste dentro de su presentación de cobrar indemnización por despido y pensión sanción.
Lo propio sucede con la afirmación del apoderado de la demandada al manifestar que la terminación del contrato se debió a “mutuo acuerdo sobre la base de la renuncia voluntaria del entonces trabajador señor Humberto Barrero”. Esta aseveración es igualmente favorable a la empresa que la hace.
El numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil expresa que la confesión requiere “que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante y favorables a la parte contraria” y lo manifestado por las partes en el hecho 2º de la demanda y en su contestación a que el ad quem se refiere, no reúnen la condición transcrita.
La verdad de este proceso es que el demandante afirma que la empresa “lo retiró (subrayo) del servicio aduciendo una presunta renuncia que nunca presentó”. Es un eufemismo que no cambia la realidad de que sostiene que fue despedido. A tal punto es esto cierto que en la petición 1 de la demanda solicita el pago de “la indemnización por despido sin justa causa” y en la 3ª “el reconocimiento y pago ... de la pensión sanción ... por haberlo despedido sin justa causa”.
Y de esa inexistente confesión, el tribunal deduce que se produjo una “inversión de la carga de la prueba” “desapareciendo esta carga para el demandante y recayendo exclusivamente sobre el demandado”. Esta tesis carece de toda consistencia jurídica: lo que algunos autores llaman inversión de la carga de la prueba y otros niegan y otros juzgan que consiste en un desplazamiento de la misma, se predica de las presunciones legales, en cuanto que en ellas quien invoca una presunción en su favor, si demuestra el antecedente en que la presunción funda la ley, lo dispensa de acreditar la consecuencia, por lo cual incumbe a la contraparte aportar la demostración de que, a pesar del antecedente, no se cumplió la consecuencia. Así cuando el trabajador acredita que mantuvo una relación de trabajo con un patrono, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo da por probado que existió un contrato laboral y el patrono a es al a quien corresponde demostrar que no se configuró tal vínculo, v. gr., porque no hubo subordinación jurídica. De otra parte, el derecho procesal moderno no tiene ya las presunciones como medios de prueba y, por eso, el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil no las enumera entre ellos y las sitúa como una regla en el 176 ibídem.
Todo lo anterior precisa el manifiesto error en que cayó el ad quem al mirar en el caso de autos una “inversión de la carga de la prueba”, a fin de librar al demandante de la demostración del despido y hacer recaer exclusivamente en el demandado el onus probandi. Que aquél sostiene el haber sido despedido sin justa causa es innegable y así lo dicen las peticiones de la demanda, sin lugar a la menor duda. Luego, le incumbía demostrar el despido, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esa sala y de los autores que tratan el punto, como por ejemplo Eduardo J. Couture al sentar los principios de la sana crítica en sus estudios de derecho procesal civil.
Asienta el tribunal que el patrono no probó le renuncia que afirma le presentó el trabajador. Pero a este respecto es necesario tener en cuenta que dicha renuncia no requiere prueba específica, ni la ley exige solemnidad alguna para acreditarla. Más aún: el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo en su literal b indica como uno de los modos de terminación del contrato de trabajo el “mutuo consentimiento”, sin la menor alusión a la renuncia como medio de terminarlo. Y ese mutuo consentimiento, que es el que la demandada invoca al contestar el hecho segundo de la demanda a que el ad quem se refiere, se produjo en este negocio entre trabajador y patrono, mediante el pago de una contraprestación o bonificación de $ 245.704, hecho que, según lo ha explicado recientemente esa sala, no hace perder el carácter de mutuo consentimiento a la terminación del contrato (Sent. feb. 28/86, Rad. 21. Clemencia Ramírez Gnecco contra Bavaria S.A.).
En la liquidación de prestaciones sociales consta esa contraprestación o bonificación (fl. 47) y el trabajador la firmó, sin salvedad alguna, con esta constancia: “Recibí de la Industria Harinera S.A. la suma de trescientos cuarenta mil cuatrocientos diez pesos con 24/100 moneda corriente ($ 324.410.24) como valor de mi liquidación al retirarme de la compañía y de conformidad con los cálculos aritméticos que encuentro correctos” (he subrayado).
En resumen: no se ha probado en forma alguna que el trabajador hubiese sido despedido y, por consiguiente, carece de toda base sostener que ese supuesto despido fue injusto, en razón de lo cual las condenas impuestas como indemnización por el inexistente despido y por pensión sanción causada por el mismo, lo fueron con aplicación indebida de los artículos 61, 62 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 171 de 1961, pues no eran aplicables al presente caso en que no se acreditó el despido.
De esta manera dejo sustentado este primer cargo y ruego que, si esa sala lo encuentra fundado, case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la condena al pago de indemnización por despido y pensión sanción, a fin de que en sede de instancia, revoque los literales a y c del fallo del a quo y, en su lugar, absuelva a mi patrocinada por esos mismos conceptos”.
El opositor responde al respecto:
“1. Si la aceptación de una renuncia no presentada (en lo cual están de acuerdo la sentencia y el cargo), equivale o no a despido injustificado es cuestión eminentemente jurídica, de interpretación de la ley, propio de un cargo por la vía directa y no por la indirecta, como lo plantea equivocadamente el recurrente.
2. La proposición jurídica es incompleta, pues brillan por su ausencia los artículos 6º (lits. b y h), 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965; el primero sobre los modos de terminación del contrato, el segundo sobre terminación unilateral del contrato y el tercero sobre indemnización. El casacionista menciona normas del Código Sustantivo del Trabajo subrogadas por estas disposiciones y que por ende no están vigentes, por lo que la Corte, como lo enseña la reiterada jurisprudencia sobre el particular no puede llenar oficiosamente estas omisiones.
3. Si a pesar de las deficiencias reseñadas se entrare a estudiar el fondo del cargo, puede observarse que la sentencia del tribunal, con ponencia de la magistrada Auristella Daza, contiene un planteamiento coherente, lógico y avenido con la realidad probatoria. En efecto, al hecho segundo de la demanda contesta la demandada: “No es cierto. La Industria Harinera el 15 de junio de 1981, le liquidó al trabajador la totalidad de las prestaciones sociales, en razón a la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo sobre la base de la renuncia voluntaria del entonces trabajador señor Humberto Barrero” (se subraya).
Como la demandada no solamente negó el hecho sino que afirmó que el contrato había terminado por mutuo acuerdo “sobre la base de renuncia del trabajador”, es evidente que ha debido demostrar en el proceso que tal renuncia sí existió; mas no lo hizo, pues en ninguna parte del expediente aparece documento alguno en este sentido; por el contrario, en la inspección judicial se constató que no existió, por lo que fue tinosa la conclusión de los juzgadores de instancia al llegar al aserto cuestionado por el recurrente y al fulminar las condenas respectivas.
“Así mismo en el interrogatorio de parte el demandante niega haber renunciado. En consecuencia, el tribunal no incurrió en yerro alguno como lo pretende el cargo del distinguido jurista y como es dable corregirlo de su lógica argumentación”. Seguidamente el opositor transcribe apartes de la sentencia impugnada, y continúa expresando:
4. No escapa al ilustrado criterio de la Corte las consecuencias que se derivarían de admitir la estrategia empresarial que insinúa el cargo, pues con ella no habría nunca indemnizaciones por despido injusto, por cuanto bastaría con que las empresas terminaran los contratos de trabajo, aceptando renuncias inexistentes, con el pretexto de que es al trabajador a quien corresponde probar el despido, cuando es lógico que en estos eventos quien debe probar que la renuncia efectivamente se presentó es quien lo afirma con arreglo al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como lo sostuvieron con acierto el a quo y el ad quem.
5. Sostiene el casacionista, contra la evidencia de los hechos, que sí se produjo el mutuo consentimiento, basado en la simple afirmación de que la demandada pagó una bonificación, lo que acredita un hecho totalmente distinto, sin conexidad alguna con el presunto mutuo acuerdo, que como ya se dijo, no existió, como lo concluyó el tribunal al examinar no sólo el interrogatorio de parte del demandante (que lo niega categóricamente), sino también la inspección judicial, pruebas éstas que el recurrente no controvierte absolutamente para nada, no obstante que fueron junto con la contestación de la demanda, los cimientos probatorios de la decisión del sentenciador, la que en consecuencia queda incólume por no socavarse esos soportes esenciales.
6. No incurrió pues el tribunal en el yerro endilgado y menos con las características de “manifiesto” que imputó infundadamente el recurrente, por lo que considero que el cargo no debe prosperar”.
Respecto al despido del trabajador el tribunal dice lo siguiente después de transcribir el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil que se ocupa de la confesión del apoderado judicial:
“Se afirma en el hecho segundo de la demanda que: “El día 15 de junio de 1981 la demandada liquidó algunas prestaciones del trabajador y lo retiró del servicio aduciendo una presunta renuncia que el demandante nunca presentó”.
Al contestar este hecho, el apoderado judicial de la demandada, dice: “No es cierto. La Industria Harinera el 15 de junio de 1981, le liquidó al trabajador la totalidad de las prestaciones sociales en razón a la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo sobre la base de la renuncia voluntaria del entonces trabajador señor Humberto Barrero”.
Así las cosas, de conformidad con lo establecido por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Y por cuanto la afirmación que el demandante hace, consistente en que la demandada lo retiró del servicio con base en una renuncia que nunca presentó, es una negación indefinida que no requiere prueba, por cuanto es imposible su demostración. Y como el patrono demandado no se limita a negar este hecho, sino que afirma a su vez, que el trabajador sí presentó renuncia, da como resultado la inversión de la prueba desapareciendo esta carga para el demandante y recayendo exclusivamente sobre el demandado, quien a través del debate probatorio no acreditó que efectivamente el actor hubiese renunciado” (fl. 78, cuaderno de instancia).
El casacionista critica esa conclusión del ad quem diciendo, entre otras cosas, que no existe “confesión alguna respecto de la manera como se terminó el contrato de trabajo. En efecto: cuando el apoderado del demandante afirma que la empresa “lo retiró del servicio aduciendo una presunta renuncia que nunca presentó”, lo que está sosteniendo es que hubo un despido, ya que aducir una renuncia no presentada para terminar el contrato de trabajo equivale a despedir al trabajador. Y este hecho es favorable a éste dentro de su presentación (sic) de cobrar indemnización por despido y pensión sanción.
Lo propio sucede con la afirmación del apoderado de la demandada al manifestar que la terminación del contrato se debió a “mutuo acuerdo sobre la base de la renuncia voluntaria del entonces trabajador señor Humberto Barrero”. Esta aseveración es igualmente favorable a la empresa que la hace” (fls. 8 y 9, cuaderno de la Corte).
Le asiste razón al tribunal al considerar que el hecho 2 de la demanda contiene una negación indefinida que no requiere prueba, pues así lo preceptúa el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Esta clase de negaciones y afirmaciones indefinidas tienen la virtud de desplazar la carga de la prueba de quien las hace a la otra parte que, para defenderse, debe invalidar la una o la otra, según lo enseña la jurisprudencia y la doctrina.
En este caso no se infirmó dicha negación del demandante por la demandada, quien debió acreditar la renuncia del actor y no limitarse a afirmar que éste presentó renuncia, pues el documento de folio 47, singularizado por el casacionista, no demuestra plenamente que el trabajador renunció, ya que allí éste expresa que recibió de la empresa demandada la suma de $ 340.410.24 “como valor de la liquidación final al retirarme de la compañía...”, lo cual no determina que realmente renunció y que le fue aceptada la renuncia, terminando así por mutuo acuerdo el contrato de trabajo como se asevera en la contestación de la demanda.
En estas circunstancias no encuentra la sala que el ad quem haya incurrido en los errores de hecho que el casacionista le atribuye en la censura, los cuales deben ser manifiestos y trascendentes para que puedan dar origen al quebranto de las normas que se indican como violadas por la vía directa.
Por las razones anteriores el cargo no prospera.
Acuso la sentencia impugnada de violar por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos 59, 149 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 56 del Código de Régimen Político y Municipal debido a manifiestos errores de hecho en la apreciación de las siguientes pruebas:
“a) La contestación de la demanda (fls. 14-16);
b) La liquidación de prestaciones sociales (fl. 47), y
c) La inspección judicial y sus anexos (fls. 48 a 65), y por falta de apreciación, el interrogatorio de parte absuelto por el demandante a las preguntas 6ª y 7ª (fl. 37)”.
Los errores de hecho en que cayó el ad quem consistieron:
“1. En dar por demostrado, habiendo prueba en contrario, que el descuento efectuado por la empresa de las prestaciones sociales del trabajador careció de buena fe.
2. En no tener por acreditado, estándolo, que la demandada actuó en ese descuento con razones valederas y atendibles.
Es cierto que la empresa dedujo de las prestaciones sociales del actor la suma de $ 30.500, correspondientes a varias deudas suyas con ella. La deducción consta en la liquidación de prestaciones sociales.
El origen de esa suma está confesado por el demandante al responder las preguntas 6ª y 7ª del interrogatorio de parte, a que fue sometido, en forma clara y precisa: dicha suma provenía de diversos préstamos que le hizo la empresa por caja menor.
Los descuentos anexos a la inspección judicial ostentan la comprobación de cada uno de tales préstamos, la mayor parte de los cuales contiene la forma de su respectivo pago con cargo a las diferentes primas y bonificaciones o a los intereses de las cesantías, etc., lo que implica sin la menor duda autorización para llevar a cabo los descuentos respectivos.
Por exceso de condescendencia con el demandante no se hicieron oportunamente esos descuentos y al retirarse del servicio se hallaban insolutos esos préstamos, razón por la cual la empresa optó por deducir su valor del monto de las prestaciones sociales. No existe en esta conducta señal de mala fe. Existía una autorización indudable de descuento al manifestar el actor en los nombrados documentos: “Para cancelar con la prima de junio”, “para cancelar con la bonificación de junio”, “para cancelar con la prima de Semana Santa”, “para cancelar de un mil quinientos pesos ($ 1.500) quincenales”, etc., etc., y el haber hecho valer la empresa esa autorización al liquidarle las prestaciones definitivas al trabajador se apoya en una razón atendible, lógica, valedera y no acredita un proceder contrario a la buena fe.
Lo que ocurrió fue que el tribunal aplicó automáticamente contra reiterada jurisprudencia de esa sala, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al sostener que, por haber efectuado la deducción de las sumas debidas por el ex trabajador de sus prestaciones incurrió en “conducta sobre la cual no puede predicarse buena fe”, sin examinar si efectivamente las autorizaciones arriba indicadas mostraban lo contrario, es decir, que había razones aceptables para que esa deducción se llevara a cabo.
El argumento del ad quem consistente en que esa actuación no conlleva buena fe “por cuanto la ignorancia de la ley no sirve de excusa es inaceptable, porque tal principio se halla establecido con relación a aquel otro de que la ley se presume conocida de todos y con relación a la buena o mala fe con que haya procedido una persona. El texto que consagra dicho principio es el artículo 56 del Código de Régimen Político y Municipal, incorporado en el título preliminar, capítulo 3º del Código Civil, que establece: “No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla, después de que esté en observancia, según los artículos anteriores”. Y en el presente caso mi patrocinada no ha alegado ignorancia de los artículos 59 y 149 del Código Sustantivo del Trabajo para excusarse de cumplirlos, sino que por existir autorizaciones anteriores a la terminación del contrato en cuya virtud la empresa podía descontar los préstamos efectuados de determinadas prestaciones o salarios, consideró lógicamente que le era dable hacerlo a la terminación del mismo. De esta conducta sí puede predicarse buena fe, porque se apoya en documentos emanados del propio trabajador que autorizaban descontar los préstamos, en cada caso, de bonificaciones, primas y salarios.
Por otra parte, el demandante suscribió, sin observación o salvedad alguna la liquidación final de sus prestaciones sociales en que aparece el descuento, que, además, acepta lisa y llanamente al responder la pregunta 6ª del interrogatorio de parte (fl. 37), diciendo: “Sí es cierto que las tenía (las deudas) por caja menor y me las descontaron de lo que me dieron”. No aparece de esta respuesta que hubiese considerado ilegal o inexplicable la deducción de valor de lo que debía a la empresa.
“Pretendo con este cargo que se case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la condena al reintegro de $ 30.500 y a la indemnización moratoria, a fin de que, en sede de instancia, revoque los literales b y d del fallo del a quo y, en su lugar, absuelva a mi patrocinada por esos mismos conceptos.
En subsidio, solicito que se case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la condena al pago de indemnización moratoria, a fin de que, en sede de instancia, revoque el literal d del fallo del a quo y, en su lugar, absuelva a mi patrocinada de dicha condena”.
“1. La proposición jurídica es incompleta porque el recurrente no cita el artículo 249 del código sobre el auxilio de cesantía, ni la Ley 52 de 1975 sobre intereses sobre cesantía cuya inclusión era obligatoria por haberse efectuado el descuento de estas prestaciones sociales.
2. Es evidente, como lo acepta el censor y lo confiesa la demandada, que se produjo un descuento en las prestaciones sociales que le correspondían al demandante a la terminación del contrato, tal como consta claramente en la liquidación respectiva. Dicho descuento por su naturaleza no es de los legalmente permitidos. En consecuencia, para su validez era menester la autorización expresa y escrita del trabajador, la que no existió respecto de las prestaciones debidas a la terminación del contrato.
3. Es cierto que durante el contrato existieron algunos préstamos que fueron deducidos de las primas y bonificaciones de junio o de Semana Santa que correspondían al empleado. Y sólo respecto de éstos podían hacerse las deducciones correspondientes y no con relación a las cesantías y demás prestaciones debidas a la terminación del contrato como lo hizo arbitrariamente la demandada.
4. Cuanto (sic) al finiquito, tiene decidido en constante jurisprudencia esa honorable corporación que su valor es relativo y no absoluto porque ellos sirven es para demostrar el pago de prestaciones en la cuantía en ellos detallada, pero sin que la declaración de “paz y salvo” anule el derecho del trabajador a reclamar judicialmente las sumas adeudadas o ilegalmente descontadas, como en el caso presente.
5. Para que el descuento efectuado de las cesantías tuviera validez, era necesario que el trabajador previamente y por escrito lo autorizara. Además, al exigir la ley que sea para cada caso, ha debido mediar la respectiva autorización para las prestaciones debidas a la terminación del contrato, la que no existió como se comprobó en la inspección judicial, que el recurrente no ataca, en la cual se lee que sí existen recibos de pago por préstamos, pero “no aparece la autorización escrita y suscrita por el demandante y dirigida a la empresa para el descuento del salario o prestaciones por valor de $ 30.500”.
6. Fue tan evidente que no existió la autorización del descuento para ese caso, que los recibos presentados por la empresa en la inspección arrojan una suma diferente a los $ 30.500 descontados ilegalmente.
7. Aun admitiendo, en gracia de discusión, que el demandante adeudara a la empresa la cantidad de $ 30.500, el descuento “por la derecha” lejos de acreditar buena fe, lo que demuestra es precisamente lo contrario, pues se hizo contra la expresa prohibición legal contenida en el numeral 1º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Si la demandada consideró que el demandante debía esas sumas ha debido, si pretendía demostrar buena fe, intentar la autorización del trabajador, o hubiera podido consignar esas sumas hasta que la justicia decidiera, lo que no hizo, sino precisamente lo contrario, evidenciando con ello no sólo ausencia de buena fe sino una mezquina manifestación y un proceder totalmente apartado de la ley, porque además inventó una renuncia que el demandante nunca presentó y cuando le faltaban escasos días para cumplir sus 20 años de servicios a la empresa saliéndose de un expediente admisible.
En consecuencia, considera respetuosamente que el cargo no debe prosperar.
Devuelvo el expediente que había retirado y renuncio al término restante del traslado”.
En relación con la deducción de la deuda del trabajador que el patrono hizo a la terminación del contrato de trabajo, concluye el tribunal diciendo: “Al examinar los documentos de créditos (fls. 48 a 61) de donde dependen las deducciones, se encuentran demostrados los préstamos que recibió el demandante, pero en ningún momento se acreditó que éste hubiese autorizado por escrito al patrono para deducir de prestaciones sociales la parte de la deuda insoluta, a la terminación del contrato de trabajo. En consecuencia, fue ilegal la deducción y como el juez del conocimiento llegó a la misma conclusión, se confirmará su decisión” (fl. 79, cuaderno de instancias).
En los documentos de folios 48 a 61, citados por el casacionista los cuales fueron anexados al proceso en la diligencia de inspección ocular (fls. 62 a 65), constan varios préstamos en dinero que la entidad demandada le hizo al trabajador durante la vigencia del contrato de trabajo; tales documentos aparecen firmados por el actor y en ellos se expresa la forma de sus respectivos pagos, lo que indica, como lo dice el censor, la autorización escrita de los descuentos correspondientes.
En el interrogatorio de parte absuelto por el actor, prueba que no fue apreciada por el ad quem, se acepta por aquél al responder las preguntas 6ª y 7ª, que tenía deudas pendientes con la empresa por concepto de préstamos que ascendían a la suma de $ 30.500 al momento de sus retiro (ver fl. 37). En el documento de folio 47, mencionado en el estudio del cargo precedente, contentivo de la liquidación final de salarios y prestaciones sociales, aparece la deducción de $ 30.500 que hace la entidad demandada al actor por concepto de préstamos.
Es evidente que el artículo 59, numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe al patrono deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, similar cosa preceptúa el artículo 149 ibídem, pero se ha visto que está demostrado que la demandada le hizo varios préstamos en dinero al actor con la previa autorización escrita para sus deducciones y que éste aceptó en el interrogatorio de parte que al momento de su retiro le debía a la empresa en cantidad de $ 30.500 por concepto de préstamos en dinero que le hizo durante la vigencia del contrato de trabajo. La prohibición establecida en los referidos artículos del Código Sustantivo del Trabajo se ha entendido por la jurisprudencia constante desde el Tribunal Supremo que rige durante la existencia de la vinculación laboral, pero una vez terminada ésta le es permitido al patrono hacer la liquidación de salarios y prestaciones sociales correspondientes al trabajador, compensar las deudas laborales que haya contraído el trabajador con el patrono.
No existe razón alguna ni fundamento jurídico o social que se oponga a que el trabajador pague lo que en derecho debe a su patrono y a que, terminado el contrato, se pueda reclamar en juicio un decreto que compense sus deudas, total o parcialmente con el valor de las prestaciones sociales causadas por el servicio. Las prohibiciones que sobre el particular consagra la legislación del trabajo y concretamente las del artículo 59 del Código Sustantivo tienen un carácter protector del salario y de las prestaciones, determinado por el espíritu general de este derecho y encaminado a defender al trabajador de posibles abusos, explotaciones, fraudes, coacción, etc., a que está expuesto, o presumiblemente puede estarlo, en razón de su inferioridad económica y social y de su subordinación jurídico-personal. Pero no constituyen ellas, ni podrían constituir, un privilegio de tal naturaleza que coloque fuera del comercio jurídico los dineros en que se concreten dichos salarios y prestaciones, en términos de que no puedan aplicarse a la solución de las deudas del trabajador, ni aun a los provenientes del mismo vínculo de trabajo. Semejante entendimiento es contrario a las reglas del dominio obligacional, al espíritu de coordinación económica y equilibrio social que procura el nuevo derecho, y hasta a las propias conveniencias del trabajador que hallaría recortado su haber laboral por condiciones, causas y supuestos limitadores de su capacidad económica para contraer obligaciones y extinguirlas”.
“Considera, por tanto, el Tribunal Supremo que el fenómeno de la compensación es lícito y jurídico en el derecho laboral, en donde constituye también un modo de extinguir las obligaciones; que él puede tener lugar respecto de prestaciones debidas al trabajador, con la sola condición, para que sea reconocido en juicio de esta índole, de que se establezca con otra deuda que provenga igualmente del contrato de trabajo” (Tribunal Supremo, Sent. nov. 20/54, G.J. Nº 228 y 229) (Derecho de obligaciones de empleadores y trabajadores, págs. 39 y 40).
Acerca de la indemnización moratoria dice el tribunal:
“En lo que respecta a la indemnización moratoria, la sala encuentra aplicable el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto la sociedad demandada sin autorización previa del trabajador ni mandato judicial, dedujo ilegalmente sumas de las prestaciones del trabajador, conducta sobre la cual no puede predicarse buena fe, por cuanto la ignorancia de la ley, no sirve de excusa” (fl. 79, C. 1).
Ha quedado establecido que la demandada se ajustó a derecho al deducir o compensar la deuda del trabajador, de lo cual se desprende que el tribunal aplicó indebidamente la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por las razones anteriores prospera el cargo con los efectos que se expresarán posteriormente.
Las motivaciones expresadas al estudiar el segundo cargo son suficientes y de recibo en esta sede de instancia, debiendo observarse que la excepción de compensación fue alegada en la contestación de la demanda inicial.
Por consiguiente, se revocarán las condenas del a quo por concepto de descuento ilegal e indemnización moratoria.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el día veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), en el juicio ordinario laboral de Humberto Barrero Ramos contra Industria Harinera S.A., en cuanto confirmó las condenas por concepto de descuento ilegal e indemnización moratoria y en sede de instancia REVOCA los literales c y d del numeral primero de la parte resolutiva del fallo de primer grado dictado el cinco (5) de julio de mil novecientos ochenta y cinco (1985) por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en el mencionado juicio, y en su lugar se absuelve a la entidad demandada por lo conceptos de descuento ilegal e indemnización moratoria.
No casa en lo demás la sentencia acusada.
Manuel Enrique Daza Álvarez—Nemesio Camacho Rodríguez—Fernando Uribe Restrepo.

References: artículo 177
 artículo 197
 artículo 195
 artículo 24
 artículo 175
 artículo 61
 artículo 177
 artículo 197
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 65
 artículo 56
 artículo 249
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 149
 artículo 59
 artículo 65
 artículo 65