Source: https://ru.scribd.com/document/74999809/recursos-menores-valedor
Timestamp: 2020-01-21 09:37:31+00:00

Document:
recursos-menores_valedor | Adopción | Estado (política)
сохранитьСохранить «recursos-menores_valedor» для последующего чтения
Вы находитесь на странице: 1из 425
MENORES VULNERABLES:
DESPROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD PENAL
CAPÍTULO 1. MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN
Plan Estratégico Gallego de la Infancia y Adolescencia
3. Competencias en el ámbito autonómico
4. Principios rectores de la actuación de los poderes públicos
5. La eficacia de las leyes protectoras de los niños/as y adolescentes
6. Instituciones y organismos en la protección de la infancia y adolescencia
Vicepresidencia da Igualdade e do
Especial referencia a los Equipos Técnicos del Menor
Valedor do
7. La prevención de las situaciones de
Trascendencia de las medidas preventivas
8. Situación de riesgo
9. Situación de desamparo
La declaración de desamparo y la asunción de la tutela administrativa
10. La guarda
11. El acogimiento
El acogimiento
Concepto, clases e importancia de la
El acogimiento familiar en Galicia. Tendencia y
Programas de Familias Acogedoras Ajenas: Cruz Roja Española
Breve apunto histórico
Los centros residenciales de protección a la infancia y adolescencia
Principios de la atención
Derechos de los menores internos
Especial referencia a los menores extranjeros no acompañados
Especial referencia a los
14. Los centros residenciales de protección en Galicia
Los centros visitados
CENTRO DE MENORES “VIRXE DO CARME”.
CENTRO EDUCATIVO “SOUTOMAIOR”.
CENTRO FOGAR “CIUDAD DE LOS MUCHACHOS AGARIMO”. ARTEIXO
CENTRO DE MENORES “SAN JOSÉ DE CALASÁNZ”. A CORUÑA.121
CASA DE FAMILIA “ALFREDO VICENTI”. A
CASA DE FAMILIA “ARELA”. SANTIAGO DE COMPOSTELA
CASA DE FAMILIA “DIGNIDAD”.
CENTRO DE MENORES “XOAN VICENTE VIQUEIRA”. SANTIAGO DE
CENTRO “SANTO ANXO DA GARDA”. RÁBADE
CENTRO DE MENORES “NUESTRA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES”.
CASA DE FAMILIA “HOGARES Y APOYO AL MENOR-LAR”.
CASA DE FAMILIA DE RELIGIOSAS ADORATRICES. OURENSE
CENTRO EDUCATIVO DE MENORES “A CARBALLEIRA”.
CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES “MADRE DE DIOS”. SOBRADO DO BISPO. BARBADÁS CASA DE FAMILIA “HOGARES Y APOYO AL MENOR-LAR”.
CASA DE FAMILIA PRIMERA INFANCIA
CASA DE FAMILIA “CRUZ GÓMEZ”. RESIDENCIA “O SEIXO”. VIGO ALDEA INFANTIL “SOS – VENTOSELA”. Centro de Hogares San Paio. Vigo
Centros de Atención a Menores Casa Hogar Berce I y Berce II. Vigo. 231
CIUDAD INFANTIL “PRÍNCIPE FELIPE”.
CASA DE FAMILIA “ARELA”.
CHAVEA. CENTRO DE MENORES – VILAGARCÍA DE
VIVIENDA TUTELADA MENTOR –
Permanencia en la familia
Satisfacción prioritaria de las necesidades del menor
Sobre los equipos de menores
Sobre el acogimiento
Sobre el acogimiento residencial en general
Sobre el personal de los centros residenciales
Centros para menores con problemas especialmente graves (mentales, drogodependencias, discapacidades importantes
Centros para menores con problemas conductuales
Servicios específicos para madres
Centros próximos al entorno familiar de los
Unidades de Primera Acogida y Valoración
Sobre los menores extranjeros no
El paso a la mayoría de edad
Sobre la inversión presupuestaria en general. Y sobre las asignaciones presupuestarias en los centros colaboradores y en las familias colaboradoras
CAPÍTULO 2. LOS MENORES INFRACTORES
1. Alcance de la justicia de menores
La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores
El Ministerio Fiscal y el Equipo
Competencia objetiva y
Reglamentos y normas de desarrollo de la Ley del
3. Los centros de internamiento
4. La delincuencia de menores en Galicia: datos
Porcentaje de menores infractores desde la entrada en vigor de la LO 5/2000.317
Delitos y faltas en el año 2006:
Edad de los menores en el momento de la comisión del delito
La ejecución de medidas judiciales: datos
Menores que ejecutaron medidas por género y año
Medidas ejecutadas según el año y el tipo de medida
Medidas de internamiento según año y tipo de internamiento
Medidas de medio abierto según año y tipo de medida
Los medios y recursos para la ejecución de las medidas de medio abierto
Los medios y recursos para el internamiento de menores en la comunidad gallega.
Los centros de internamiento en
“AVELINO MONTERO”- PONTEVEDRA
“MONTEALEGRE” -
“CONCEPCIÓN ARENAL”. - A
“MONTELEDO”. –
“MONTEFIZ”.-
La delincuencia juvenil y estrategias a seguir
Insuficiencia de recursos para el cumplimiento de los fines de la Ley Penal del
Especialización y formación de los agentes implicados en la
Polémica centro público/centro
Nueva reestructuración de los
Condiciones materiales de los centros de
Atención dispensada y actividades en los centros de internamiento
Población sujeta a medidas. Causas y tipos de
Asistencia y defensa del menor. El abogado de oficio
Sobre los centros de
“Avelino Montero”
“Montealegre”
“Concepción Arenal”
“Monteledo”:
“Montefiz”:
DE BUEN FUNCIONAMIENTO
Adecuación de las sanciones a las previsiones de la
Reconocimientos y visitas
Unidades Convivenciales de Acogida y
Los menores de edad, sea cual sea el límite en que se fije esa minoría, son portadores de derechos pero no son ciudadanos autónomos. Están en un momento en el que es necesario protegerles y educarles. Además por su incapacidad para defender y ejercitar sus derechos y por su debilidad ante cualquier abuso, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y por ello necesitan de toda la fuerza protectora de la legislación, de la administración y de la sociedad como garantes de su desarrollo personal.
El Valedor do Pobo como Alto Comisionado del Parlamento de Galicia, designado por este, tiene como función primordial la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución Española y en el Título Preliminar del Estatuto de Autonomía. A estos fines y en el ejercicio de las funciones que le encomiendan el Estatuto de Autonomía y la Ley del Valedor do Pobo deberá supervisar la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma gallega.
Dentro de dicho ámbito de competencia, y de acuerdo con el propio espíritu y esencia de la Institución del Valedor do Pobo le compete de forma especial indagar y amparar en su caso la situación de los menores infractores así como la de los que se encuentran en situación de desamparo, por encontrarse ambos en “la banda de vulnerabilidad”.
Y esto es así, porque si bien es cierto que el art. 14 de la Ley del Valedor do Pobo establece que podrá reclamar la atención del Valedor do Pobo toda persona que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna; no pudiendo constituir impedimento para ello, entre otras circunstancias, la minoría de edad; también lo es que los menores, por sus propias características de minoría de edad, tienen dificultades para exponer sus problemas y quejas ante las instituciones públicas y solicitar la protección de las mismas y entre ellas el Valedor do Pobo. De ahí que el Valedor do Pobo no pueda adoptar una postura receptiva, sino que tiene que ir al encuentro de los menores y suplantando sus llamadas, ponerse en su lugar e indagar en su caso la posible vulneración de sus derechos.
Atendiendo a dichas razones, por encargo del Valedor do Pobo, Excmo. Sr. José Ramón Vázquez Sandes, la Vicevaledora Segunda do Pobo, D.ª Mª Dolores Galovart Carrera realizó el trabajo que sigue, que explora por una parte la situación de los menores desprotegidos en general y de forma especial la de los internados en los centros
residenciales y por otra la situación en la que se encuentran los menores infractores en los centros de internamiento. Para ello la Vicevaledora Segunda ha visitado la totalidad de los centros de internamiento de menores infractores y un elevado porcentaje de centros residenciales de menores en régimen de protección, realizando entrevistas con la dirección
y con el personal, entrevistas y encuestas con los internos y teniendo acceso por lo general
a la documentación de los centros. En nuestro estudio hemos intentado estar especialmente
diligentes y activos en detectar cualquier situación que pudiera implicar una vulneración de
los derechos de este colectivo y, por ello, además de las visitas realizadas y como consecuencia de las mismas, hemos iniciado también investigaciones de oficio cuando hemos considerado que se pudiera haber producido tal vulneración, a las que se les ha dado el curso correspondiente.
El presente informe, como decíamos, se divide en dos partes netamente diferenciadas. La primera parte corresponde al análisis del sistema de intervención con los menores, que por diversas circunstancias se encuentran en situación de riesgo y desamparo así como la descripción de una parte significativa de los centros existentes, poniendo de manifiesto aquellas anomalías que en nuestra opinión existen y creemos deben ser en su caso subsanadas y también obviamente las fortalezas que concurren. La segunda parte de este informe corresponde al estudio en su conjunto del sistema de intervención con menores infractores así como el estudio descriptivo de la situación actual de los centros de internamiento existentes y la propuesta de modificaciones en aquellos casos en los que nos ha parecido que la situación no es la que corresponde a un sistema que debe primar el amparo y desarrollo de aquellos que se encuentran en zonas de desprotección como es el caso de los menores que nos ocupan.
Guía a todo este informe lo que es el espíritu de la Institución del Valedor do Pobo: proteger, instando y colaborando con la administración, los derechos de aquellos que
no pueden ejercer sus derechos y/o los desconocen o que no han encontrado en primer término el remedio a sus problemas.
Como no podría ser de otra forma, nuestro trabajo trata de ser lo más colaborador y positivo en la relación con las administraciones públicas, sin hacer dejación de poner al descubierto aquellos casos, en que creemos que indebidamente se vulneran o restringen los derechos de los menores, intentando ayudar a una correcta y eficaz aplicación de la normativa sobre justicia de menores y así como aquellas dificultades que surgen en el devenir de los menores en situación de riesgo o desamparo. Pretendemos aportar al Parlamento, a las instituciones y a la administración autonómica nuestra visión sobre la situación en la práctica de esos menores con el fin de que la misma pueda servir como herramienta de ayuda para la adopción de políticas y estrategias positivas para los mismos.
Como reiteradamente se irá poniendo de manifiesto a lo largo del trabajo, ya desde este primer momento queremos dejar constancia del impulso que al tratamiento de los menores en riesgo o desamparo e infractores se ha hecho por parte de la administración autonómica con la aprobación del Plan Estratégico Gallego de la Infancia y Adolescencia 2007-2010, cuyas directrices compartimos en su totalidad y esperamos que se pongan en práctica.
Dibujo efectuado por un menor de un centro.
1. INTRODUCCIÓN 1 .
No hay sociedad que se libre de casos de abandono de menores por parte de sus progenitores o de sus tutores. No hay sociedad que se libre de casos de maltrato físico y/o psíquico hacia los menores por parte de sus cuidadores.
Por ello todas las sociedades modernas han establecido mecanismos de sustitución, con diversas extensiones, de la labor que genuinamente corresponde de forma genérica a sus progenitores.
Galicia no es una excepción, y si bien sus cifras no destacan por excesivas, comparativamente hablando, sí existe una bolsa importante y significativa de menores desprotegidos, en situación de vulnerabilidad.
El “sacar” a los menores adelante no es una cuestión sencilla. El sustituir un medio familiar por un medio institucional, en el que lógicamente los afectos son más “burocráticos” representa una enorme dificultad. En ese camino se ha evolucionado y se progresa para mejorar el trabajo con los menores desprotegidos.
Se necesitan muchos medios económicos como elemento básico para poder operar en la finalidad de amparo y educación. Pero una vez comprometidos y empleados los recursos económicos, que son siempre escasos, se necesita una legión de trabajadores militantes de la causa.
Se ha llegado a decir que un sistema social es plenamente democrático si es capaz de preocuparse de aquellos, si bien minoría, que constituyen grupos carenciados. En el caso de los menores, desprotegidos, además sin haber elegido ni optado por ello.
1 Cuando este trabajo se encontraba en curso de realización se hizo público por la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia el Plan Estratégico Gallego de Infancia y de Adolescencia 2007-2010,con cuyas directrices generales queremos dejar constancia de nuestro acuerdo, al tratarse de una apuesta decidida en busca de la mejora de las condiciones de los menores en riesgo o desamparo. No se nos escapa la dificultad que conlleva la puesta en práctica. Y en ese camino el Valedor do Pobo ofrece toda su colaboración.
La Institución Valedor do Pobo es consciente de que no puede adoptar una postura pasiva y esperar a que se le presenten quejas por parte de los propios interesados que probablemente no llegarán nunca, al no estar capacitados en la práctica para ello. Por eso ha salido al encuentro del problema y en sus conclusiones hace un llamamiento a la administración para que tome medidas preventivas en aquellos casos en los que las situaciones son corregibles en el seno de las familias y producidos los desastres familiares hace también un llamamiento, no sólo para poner al descubierto, en su caso, situaciones que creemos irregulares sino también para la siempre posible mejora de las políticas de estancias en los centros y del futuro de los menores tutelados.
2. LEGISLACIÓN REGULADORA.
Por efectos prácticos vamos a distinguir las disposiciones legales existentes en función del ámbito de donde emanan y así diferenciaremos la normativa internacional de la estatal y la autonómica, sin perjuicio de señalar ya desde este momento las copiosas coincidencias y la enjundiosa transposición de principios de unas a otras.
- Declaración de los Derechos del Niño. Resolución 1386 (XIV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. La Declaración establece una relación de los derechos que corresponden a los niños señalando las medidas esenciales -y no mecanismos de garantía- de protección de los mismos. En concreto el art. 3 establece que:
“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”
- Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre competencia de las
autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores. Ratificado por España
el 29 de abril de 1987. Este Convenio establece disposiciones comunes sobre la competencia de las autoridades, judiciales y administrativas, y la ley aplicable en dicha materia.
- acogimiento de los niños, de 3 de noviembre de 1977.
- Recomendación R (81) 3, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 23 de enero de 1981, relativa a la acogida y la educación del niño desde su nacimiento hasta los ocho años.
- Resolución 41/85 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de
diciembre de 1986 sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional.
- Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de
noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. La Convención establece que los niños son portadores de derechos que han de ser garantizados por los Estados sin discriminación alguna, recogiendo en su art. 20.1 que: “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en este medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. Se trata de una protección especial según se contempla en el enunciado de la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. La Convención reconoce a los niños como sujetos de derechos, añadiendo a los derechos sociales incluidos en las Declaraciones mencionadas el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de
la infancia así como el principio del interés superior del niño. Se trata además de un texto vinculante que obliga a los Estados que lo suscriben.
- Declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del
niño. Plan de Acción. Cumbre mundial a favor de la infancia. Nueva York, 30 de septiembre de 1990.
- Carta Europea sobre los Derechos del Niño, aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992.
- Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional. La Haya 29 de mayo de 1993.El Convenio establece disposiciones comunes que toman en consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, –especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños–, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional.
- La Constitución Española (CE) de 1978 que normativiza los acuerdos
internacionales de aplicación interna en España (“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” art. 39.4) y acoge un sistema de protección de menores mixto basado en la colaboración entre el ámbito público (poderes públicos) y privado (familia); ambos obligados a proteger a los menores asegurándoles el disfrute de sus derechos y el pleno desarrollo de su personalidad. Es así que el art. 39.2 y 3 dispone que “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil…”. “Los padres deberán prestarles asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.
En virtud de lo dispuesto en el art. 39 CE y en los instrumentos jurídicos internacionales firmados por España se llevó a cabo una renovación de nuestro ordenamiento jurídico respecto a los menores. De dicho cambio son exponentes la Ley 11/1981, de 13 de mayo, que suprime la distinción entre filiación legítima e ilegítima y equipara al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la guarda potestad e introdujo la investigación de la paternidad; Ley 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela; Ley 21/987, de 11 de noviembre por el que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; Ley Orgánica 1/1996,de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos de los extranjeros y su integración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica; Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros; Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos; Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio; Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
- La LO 1/1996 ha supuesto el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en la persona del menor y de su capacidad para ejercerlos, teniendo como eje director las necesidades de los menores; señalando como uno de los principios rectores de la acción administrativa que “las Administraciones Públicas, en los ámbitos que le son propios, articularán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia”. La Ley
transciende y modifica las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en
un amplio marco jurídico de protección que vincula a
el Código Civil, construyendo “
todos los Poderes Públicos, a las instituciones específicamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y a los ciudadanos en general”.
En virtud de las previsiones contenidas en el art. 148.1.20 CE, el Estatuto de Autonomía de Galicia (art. 27.23) ha recogido la competencia exclusiva en materia de asistencia social lo que legitima la actuación legislativa de la Comunidad Autónoma en el campo de la protección de la familia, la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de la aplicación necesaria de la legislación del Estado en todos aquellos aspectos institucionales que sean de su exclusiva competencia.
En el ejercicio de esa competencia exclusiva se dictaron: la Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales; la Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la infancia y la adolescencia y la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, que modifica o actualiza instituciones propias del derecho privado de Galicia y da cabida a la regulación relacionada con la protección de menores.
La Ley 4/1993, ordena y regula los aspectos básicos de un sistema integrado de protección social. Y en su artículo 26.3º establece la competencia para la regulación de los centros y servicios, públicos y privados, con o sin ánimo de lucro, que presten servicios sociales, estableciendo las condiciones para su apertura y funcionamiento, modificación, capacitación de su personal y cierre.
La Ley 3/1997, de 9 de junio, de la familia, infancia y adolescencia (LGF), se hace eco de un cambio de óptica, que superando la privacidad de las regulaciones familiares, haga posible la consideración de la familia como una de las estructuras básicas de integración social.
En este sentido el art. 1 establece que el objeto de la Ley es “el establecimiento de un marco general de actuaciones que habrán de promover los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia en el ámbito de sus respectivas competencias, dirigidas a procurar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 de la Constitución, la protección jurídica, económica y social de la familia, la infancia y la adolescencia, así como la protección y asistencia de los menores que se encuentren en una situación de posible desprotección, desamparo o conflicto social”.
Asimismo, en el ejercicio de la competencia antedicha, fundamentalmente se aprobaron:
- Decreto 243/95, de 28 de julio, por el que se regula el régimen de autorización y
acreditación de centros de servicios sociales, estableciendo los requisitos generales que deben cumplir dichos centros para su creación, apertura y puesta en funcionamiento; Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regulan los requisitos específicos que deben reunir los centros de menores y de atención a la infancia; Orden de 1 de agosto de 1996, por la que se regulan los contenidos mínimos del Reglamento de Régimen Interior y el proyecto educativo de los centros de atención de menores.
- Decreto 42/2000, de 7 de enero, que refundió la normativa reguladora en materia
de familia, infancia y adolescencia, modificado por el Decreto 406/2003, de 29 de octubre. En su artículo 60, “Centros de acogida”, establece que “Todos los centros de atención a
menores contarán con un proyecto educativo general y un reglamento de régimen interno. En cuanto a sus contenidos mínimos habrá de atenerse a lo establecido en la normativa por la que se regulen estos, debiendo respetar los derechos de los menores”.
Decreto 276/2002, de 6 de septiembre, establece los trámites de los centros de menores de titularidad propia; Decreto 329/2005, de 28 de julio –que deroga la Orden de 29 de febrero de 1996, modificada por la Orden de 6 de noviembre de 2000– por la que se regulan los requisitos específicos que deben reunir los centros de menores y los centros de atención a la infancia, así como las prestaciones mínimas que les deben ofertar a los usuarios para que se autorice su funcionamiento.
En lo que se refiere a la organización y funcionamiento, ha de señalarse que el órgano de la Xunta de Galicia que tiene atribuidas las competencias en materia de menores es la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, en virtud del Decreto 232/2005, de 11 de agosto, modificado por los Decretos 332/2005, de 18 de agosto y 454/2005, de 1 de septiembre, por el que se fija la estructura orgánica de los departamentos de la Xunta de Galicia y el Decreto 517/2005, de 6 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
Asimismo han de destacarse las siguientes Circulares de la Secretaría Xeral do Benestar sobre: tramitación del Programa de atención de día; del Programa de atención a menores; el Programa de gastos extraordinarios de los menores ingresados en instituciones colaboradoras; el Programa de apoyo para la integración de menores en fase de desinstitucionalización; el Programa de Inserción Laboral “Mentor”; el Programa de niños maltratados y abusados en el contexto familiar; normas para el desarrollo de los convenios de colaboración suscritos con los Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos para la atención odontológica de los menores que se encuentran en situación de guarda y tutela.
Por último ha de señalarse que el marco de desarrollo de las actuaciones en materia de menores lo constituyen el “Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2006-2009”, aprobado por el Consejo de Ministros de 16 de junio de 2006, y el “Plan Estratéxico Galego da Infancia e da Adolescencia 2007–2010” presentado el 10/04/2007 por el Vicepresidente da Igualdade e do Benestar en el Parlamento de Galicia.
Plan Estratégico Gallego de la Infancia y Adolescencia 2007–2010.
Singular importancia tiene la elaboración por parte de la Xunta de Galicia (Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar) del Plan Estratégico Gallego de la Infancia y Adolescencia 2007-2010, que sigue la línea trazada por el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006–2009, y que tiene como objetivo promover el bienestar de la infancia y de la adolescencia incrementando su calidad de vida y el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos activos de sus derechos.
Se trata de una encomiable iniciativa que realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la población gallega entre 0 y 18 años y que persigue para los años 2007– 2010 los objetivos siguientes:
- Programación de una prevención primaria.
- Orientar las medidas de protección en contextos familiares normalizados.
- Aplicar el acogimiento residencial como último recurso.
El Plan Estratégico Gallego prevé los recursos económicos para la ejecución del
Plan, que tendrán que ser aprobados en los próximos presupuestos de la Comunidad, y que ascienden a la cantidad total para toda la vigencia del Plan de 159.700.000 euros.
3. Competencias en el ámbito autonómico gallego.
Como ya hemos dicho la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Galicia legitiman la actuación legislativa de la Comunidad Autónoma en el campo de la protección a la infancia y la adolescencia, en virtud de la misma nuestra Comunidad ha venido legislando para proceder a la ordenación de un marco normativo en el que se inscriban y tengan referencia el conjunto de actuaciones públicas en materia de infancia y adolescencia.
Para llevar adelante las competencias señaladas, el art. 5 LGF distingue la atribución de competencias de la Xunta de Galicia, los municipios y las diputaciones provinciales.
A la Xunta de Galicia se le atribuyen las siguientes competencias: La dirección,
planificación, programación y ordenación de objetivos y medidas reglamentarias y de gestión, así como la coordinación de actuaciones; la gestión pública del procedimiento adoptivo, la evolución y seguimiento de los programas de asistencia y protección a la infancia y adolescencia, así como la promoción de su ambiente familiar; la autorización, habilitación, inspección y control de las entidades y centros que presten servicio de atención a la familia la infancia y la adolescencia; la creación y gestión de los centros y programas que por su naturaleza, ámbito y otras circunstancias concurrentes asuma la administración autonómica, y la tutela de menores desamparados y el ejercicio de las funciones de protección de los mismos según la legislación vigente.
Por lo que se refiere a los municipios ejercen sus competencias en materia de protección a la familia, la infancia y la adolescencia a través: de la participación en la detección de las necesidades de carácter sanitario, educativo, económico, sociolaboral, familiar y otras análogas; la provisión directa de servicios y prestaciones destinadas a las
familias residentes que presenten aspectos carenciales; la información y orientación respecto a los recursos existentes; la prevención, apreciación e intervención en las situaciones de riesgo que puedan encontrarse los menores; la colaboración en el seguimiento de las medidas de protección adoptadas por la Xunta de Galicia, todo ello sin perjuicio de las competencias que ésta tiene en la materia. A tales efectos la Xunta de Galicia prestará a los municipios la asistencia técnica necesaria para el efectivo cumplimiento de estas funciones. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local y en la ley gallega de servicios sociales.
Aunque más adelante volveremos a ello, no es superfluo el señalar que, en primera instancia, los servicios sociales de los entes locales, son fundamentales para actuar en la prevención de las situaciones de desprotección así como para el seguimiento de los menores que hayan logrado o estén en vías de hacerlo, pudiendo afirmarse que una adecuada red asistencial de protección de menores evita un importante número de casos de riesgo y desamparo.
Por último y en este reparto de competencias establecido en el ámbito autonómico hemos de consignar el papel atribuido a las Diputaciones Provinciales de apoyo y articulación de la actuación local, en el marco de lo que establece la legislación autonómica. El art. 5.3 de la LGF dispone que de conformidad con las competencias que les atribuye la legislación de régimen local y la Ley gallega de servicios sociales, a las Diputaciones les corresponde garantizar la prestación integral y adecuada, en la totalidad del territorio provincial, de los servicios de competencia municipal establecidos, coadyuvando a su mantenimiento y financiación especialmente respecto a los municipios de menos de 20.000 habitantes y en aquellos casos en que, para su prestación, sea necesario acudir a las asociaciones de municipios.
4. Principios rectores de la actuación de los poderes públicos.
Como hemos venido señalando el conjunto de las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales y las leyes marco estatales sobre la materia han venido reflejando una serie de principios de orden irrenunciable, que se han plasmado en la legislación autonómica y que podemos resumir en los siguientes:
- La primacía del interés superior del niño/a o adolescente sobre cualquier otro interés legítimo que concurra con él.
- El respeto de los derechos que les reconocen y garantizan la Constitución y las leyes estatales y autonómicas.
- La prevención de todas aquellas situaciones de riesgo y desamparo que pueden perjudicar su desarrollo personal.
- El favorecimiento de la integración familiar y social del menor, procurando, salvo que no sea conveniente para su interés, el mantenimiento en su medio familiar de origen y entorno comunitario.
- El carácter fundamentalmente educativo y sociabilizador que deberá tener toda medida que se adopte en relación con el menor.
- La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.
- La concepción de la atención en los centros como última medida, aplicable solamente cuando no haya otra opción y de forma temporal.
- La aplicación racional de los recursos normalizados, ya sea a través de los servicios primarios o de los especializados.
- La cooperación, colaboración y coordinación con todo tipo de organismos e instituciones, públicas o privadas, que intervengan en el ámbito de la atención al menor y en la defensa y promoción de sus derechos.
- La confidencialidad de todas las actuaciones relativas a los menores que promuevan las administraciones públicas e instituciones privadas.
- El fomento de la solidaridad y la sensibilidad social ante situaciones de indefensión de la infancia y la adolescencia, promoviendo criterios comunes y actuaciones múltiples en los órdenes familiar, educativo, sanitario, cultural y social.
- El fomento en los menores de los valores de la tolerancia, solidaridad, respeto e igualdad y en general de los principios de convivencia recogidos en nuestra Constitución.
El correlato de un sistema normativo ha de cerrarse con la instauración de mecanismos para hacerlo efectivo. Y si eso es necesario en los ámbitos generales de la convivencia social mucho más lo es en aquellos casos, como el que nos ocupa, en que sus titulares tienen enormes dificultades para instar la aplicación de sus derechos.
El Informe especial 1999 del Defensor de Pueblo Andaluz sobre el sistema de protección de los menores señalaba que “largas y prolijas son las declaraciones de derechos con alusiones más o menos directas a los menores de edad, pero la práctica jurídica cotidiana nos enseña como lo esencial en estos derechos no es tanto su enunciado y su plasmación positiva, como que pudieran ser ejercitables por su titular, el menor, y que encuentren en el ordenamiento jurídico la adecuada protección frente al sujeto obligado a hacer efectivo su contenido”.
En este sentido, ha de indicarse que la LOPJM establece que “…en todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por la falta de recursos básicos”.
La cuestión no es sencilla, la falta de recursos afecta los derechos económicos, sociales, políticos y civiles de los menores así como a sus derechos a la integridad física y psíquica, a la seguridad, a la libertad y a la familia. Y para garantizar el disfrute efectivo de estos derechos, sin discriminación alguna, es necesario alterar aquellas condiciones familiares y sociales que impiden o limitan esos derechos.
Dicho lo anterior no se nos escapa que los legitimarios para exigir el cumplimiento de los derechos carecen de los instrumentos adecuados para instar su cumplimiento; es más desconocen cuáles son los derechos a los que pueden acceder. Es por ello que son los poderes públicos y también sin duda esta Institución los que tienen que mantener una actitud vigilante en aras al cumplimiento de la normativa sobre los menores.
6. Instituciones y organismos en la protección de la infancia y adolescencia.
Las previsiones legislativas han establecido una serie de órganos e instituciones de orden administrativo y jurisdiccional tendentes al establecimiento de un entramado que asegure la protección para aquellos que no la pueden ejercer por sí mismos, es decir para los menores de edad.
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
La Xunta de Galicia, a través de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, ejerce la protección integral de los menores que residan o se encuentren transitoriamente en Galicia y asume la tutela de los que se encuentren desamparados en los casos y términos establecidos en la legislación vigente. Habiendo de promover, asimismo, actuaciones tendentes a garantizar los derechos del menor y a disminuir las situaciones de riesgo, desamparo o marginación en que pueda encontrarse; correspondiendo a este respecto a la Dirección Xeral de Acción Social –órgano directivo dependiente jerárquicamente del Vicepresidente da Igualdade e do Benestar e adscrito a la Secretaría Xeral do Benestar– proteger y tutelar a los menores en situación de riesgo o desamparo y la ejecución de las medidas dictadas por los Juzgados de Menores en los términos establecidos en la legislación específica.
Para el desarrollo de sus funciones la Dirección Xeral de Acción Social se organiza entre otras con la Subdirección Xeral de Menores a la que corresponde las funciones de gestión, coordinación, asistencia técnica, seguimiento, evaluación y control de los programas de los centros dedicados a la atención de los menores en situación de riesgo o desamparo, bien de titularidad propia o dependientes de iniciativa social o privada así como todas las funciones de la aplicación y desarrollo de la LO 5/2000, de 12 de enero, para la ejecución de las medidas judiciales en nuestra Comunidad Autónoma. Para el desarrollo de estas funciones se ha instituido, dependiente de la Subdirección Xeral de Menores, el servicio de Defensa del Menor. Al servicio le corresponde la implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas contenidos en el Plan Integral de
Apoyo a la Familia, tanto en lo que se refiere a la promoción y defensa de los derechos de la infancia, como en las actuaciones de prevención ante situaciones de riesgo o de desprotección social que puedan afectar a los menores; la coordinación de los equipos provinciales del menor y las propuestas de desarrollo normativo en las materias de su competencia así como cuantas otras le correspondan en su ejercicio.
Por último se configura el servicio de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Menores –dependiente en cada provincia de la delegación provincial de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar– que desarrolla las funciones propias de la Dirección Xeral de Acción Social en el respectivo ámbito provincial en las áreas sociales, de personas mayores y discapacitadas así como menores.
Las delegaciones provinciales da Igualdade e do Benestar de la Vicepresidencia para el ejercicio de sus competencias tienen bajo su dependencia a los Equipos Técnicos del Menor que tienen carácter multidisciplinar y que son objeto de estudio en el siguiente apartado.
Especial referencia a los Equipos Técnicos del Menor.
Los equipos técnicos de menores constituyen la clave de bóveda del sistema de protección de los menores. En éste servicio se estructuran, dentro del ámbito de cada provincia, los equipos técnicos de valoración y atención a los menores, los equipos de acogimiento y adopción y, en su caso, el equipo itinerante y el equipo de niños maltratados y abusados.
Sus competencias son las siguientes:
- Desarrollar los programas preventivos y de intervención de la Secretaría Xeral do Benestar.
- Recibir los casos de niños/as adolescentes que se puedan encontrar en una situación de desprotección e investigar y confirmar su situación personal, familiar, educativa y social.
- Elaborar el plan de actuación y elevar al Delegado/a Provincial la propuesta de actuación mas ajustada para el menor.
- Ejecutar el plan de actuación y seguimiento de las medidas que se adopten.
- Valorar técnicamente la idoneidad de los solicitantes de acogimiento familiar y de adopción, y elevar al Delegado/a provincial las correspondientes propuestas.
- Supervisar el buen funcionamiento y efectuar asesoramiento técnico a las instituciones de atención de los menores en su ámbito de actuación.
- Coordinar las actuaciones que se vayan desarrollando con las personas e instituciones implicadas en la problemática de los menores atendidos.
- Valorar las solicitudes de guarda y formular las propuestas de actuación que elevarán al Delegado/a Provincial proponiendo la guarda u otras medidas de apoyo.
Los equipos de los servicios de menores se estructuran en los ámbitos de cada provincia y por ello nos vamos a referir a cada uno de esos ámbitos en la práctica:
En esta provincia (junio de 2006) funcionan dos equipos técnicos de valoración y atención a los menores, un equipo de acogimiento y adopción, un equipo de psicólogas itinerantes y el equipo EMMA (de menores maltratados y abusados).
Cada equipo de valoración y atención –integrado por dos trabajadores sociales, dos psicólogos y pedagoga– tenía abiertos, a la fecha señalada, 427 expedientes de protección, según datos de la delegación provincial de Ourense de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. El criterio de asignación de expedientes es personal, pues los expedientes se reparten a cada equipo de forma correlativa y dentro de cada equipo se hace
la correspondiente asignación a una trabajadora social y a un técnico superior que llevarán el expediente hasta el cierre del mismo.
También se reparten en dos equipos –miniequipos– el equipo de acogimiento y adopción: uno para adopción, integrado por un psicólogo, y uno para acogimiento, integrado por una pedagoga, y compartiendo ambos miniequipos una trabajadora social 2 .
El equipo de psicólogos itinerantes está integrado por dos psicólogas que realizan terapias con menores internados en los centros, trabajando, a junio de 2006, con 21 menores, según los datos de la mencionada Delegación Provincial.
El equipo EMMA está formado por un trabajador social y un psicólogo.
Como resulta de los datos anteriores, la ratio de 427 expedientes abiertos para los 5 profesionales que constituyen cada equipo de valoración es elevada, máxime teniendo en cuenta la cantidad de funciones y tareas que se despliegan en cada expediente. También resulta una ratio elevada (119 expedientes de adopción) para un sólo psicólogo, así como también 164 expedientes de acogimiento para una sola pedagoga, con la dificultad añadida de que una falta laboral de dichos profesionales, por ser únicos en cada equipo, no puede ser suplida por ningún otro compañero.
En esta provincia (junio 2006) funcionan cuatro equipos de intervención (zona norte, sur y dos de centro); un equipo de centros; un equipo de adopción y acogimiento, y un equipo de niños maltratados y abusados.
Cada equipo de intervención está integrado por un psicólogo y una trabajadora social. El equipo de Zona Norte atiende a 65 menores; el de Zona Sur a 50 menores y cada uno de los de Zona Centro, a 59. La asignación de los expedientes de protección es territorial.
2 Durante el año 2005 se iniciaron 119 expedientes de adopción y 164 de acogimientos, según datos de la delegación provincial.
El equipo de centros está compuesto por 2 psicólogas –una de ellas apoya al equipo de adopción–, educadora y pedagoga, atendiendo a 185 menores.
El equipo de adopción y acogimiento está formado por una psicóloga y dos trabajadoras sociales; lleva 44 menores en régimen de acogimiento ordinario y 22 menores en acogimiento especial.
El equipo de niños maltratados y abusados, atiende a 33 menores con una psicóloga y una trabajadora social.
Como resultante de los anteriores datos, aportados por la delegación provincial, la ratio de expedientes abiertos por el equipo de intervención es aceptable.
En esta provincia (junio 2006), los equipos de menores se estructuran en dos equipos de valoración e intervención con criterios y asignación territorial (Norte y Sur), un equipo de adopción y un equipo de atención individualizada (itinerante).
El equipo norte de valoración e intervención, con 850 expedientes abiertos, está compuesto por 3 psicólogos, pedagogo, 3 trabajadores sociales, asesor y administrativo.
El equipo sur de valoración e intervención, con 730 expedientes abiertos, se integra con 2 psicólogos, 2 pedagogos, 3 trabajadores sociales, asesor/a y administrativo.
El equipo de adopción cuenta con 3 psicólogos, 3 trabajadores sociales, asesor/a, administrativo. Tiene abiertos 90 expedientes de menores, 622 expedientes de familias demandantes de adopción nacional en diferentes fases de tramitación y 1.442 expedientes de familias demandantes de adopción internacional en diferentes fases de tramitación.
El equipo itinerante de atención individualizada cuenta para toda la provincia de A Coruña con 2 psicólogos y atiende a 25 expedientes.
De los datos citados resulta una gran desproporción entre el elevado número de expedientes abiertos (1.580) y el escaso número de profesionales (14, más 2 asesores y 2 administrativos) de los equipos de valoración e intervención que se ocupan de su gestión. Se echa en falta un equipo de acogimiento y el de adopción no hace frente a la totalidad de las demandas de adopción. Además, la atención psicológica que el equipo itinerante presta a los centros residenciales de la provincia es mínima.
En esta provincia (junio 2006), los equipos técnicos son: de urgencia, de valoración e intervención (Vigo, Norte, Sur) –con distribución territorial por ayuntamientos–; de Centros (itinerante) –con distribución por centros–; de acogimiento; de adopción y EMMA.
El equipo de urgencias (intervención inmediata en toda la provincia y atención al teléfono do Neno) atiende a 226 expedientes, cuenta con 3 profesionales (2 psicólogos y trabajadora social).
El equipo de Vigo tiene 599 expedientes y cuenta con 5 profesionales (pedagogo, psicólogo, educador y 2 trabajadores sociales).
El equipo Norte tramita 663 expedientes y cuenta con 4 profesionales (pedagogo, psicólogo, trabajador social y educador).
El equipo Sur, para 312 expedientes, tiene 3 profesionales (pedagogo y 2 psicólogos).
El equipo de acogimiento (familias ajenas y extensas) cuenta con 4 profesionales (2 psicólogos, trabajadora social y educador) para 390 expedientes.
El equipo de adopción (para toda la provincia) está compuesto por 4 profesionales (psicólogos y trabajadores sociales) y atiende 77 expedientes de menores en acogimiento preadoptivo.
El equipo de atención psicológica (itinerante), con distribución por centros, tiene
2 psicólogas que prestan atención psicológica en los centros y cuenta con 132 expedientes.
Como se desprende de los datos expuestos facilitado por la delegación provincial de la Vicepresidencia, es evidente en líneas generales la sobresaturación de trabajo.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente respecto a las cuatro provincias, ha de indicarse que en el año 2006 se han creado 5 nuevos equipos de adopción y se ha puesto en marcha el Programa de Adopciones especiales para menores acogidos en hogares de protección que aún estando en situación para ser adoptados no lo son porque tienen discapacidades, enfermedades, son niños mayores o grupos de hermanos, distintos de los que normalmente desean adoptar las familias adoptivas
Los escasos recursos con los que cuentan los equipos de menores hacen casi imposible hacer frente al complicado trabajo de la protección infantil y a los múltiples problemas que ello conlleva, y no se corresponden con un modelo de calidad del sistema de protección de menores. Modelo que debería ser de cumplimiento exigible a la administración competente.
Por otra parte se echa en falta la deseable uniformidad de criterios en los diferentes equipos de menores.
A lo largo de las visitas realizadas a los centros y examen de la documentación
pertinente, hemos podido constatar, salvo en la provincia de Lugo, que los equipos de menores se encuentran desbordados por la carga de trabajo que pesa sobre ellos. Y es que según datos proporcionados por la Secretaría Xeral de Vicepresidencia, el número de expedientes abiertos y reabiertos de 01-01-2006 a 31-12-2006 fue de 6.433, siendo 15.912 el número de expedientes cerrados en ese mismo periodo. Con esta elevada cifra y con el escaso personal trabajando en los equipos es materialmente imposible hacer frente a las tareas y funciones antes señaladas. Existe un retraso generalizado en la tramitación de los
expedientes, sólo se resuelven en tiempo los más urgentes, quedando en el olvido los que se consideran “menos urgentes”.
Las carencias acabadas de mencionar implican que se efectúa muy poco trabajo preventivo con los menores y sus familias. Los menores ingresan en los centros la mayoría de las veces sin la documentación mínima exigible; no existe la necesaria coordinación y comunicación con los educadores de los centros ni con los servicios sociales de base, prescindiendo en general de sus opiniones e informes; no se les consulta y se adoptan decisiones sobre el menor sin comunicación previa; el conocimiento de los niños/as y adolescentes es muy formalizado, fundamentalmente a través de informes, y no de entrevistas personales con ellos; el seguimiento de los menores y sus familias es mínimo; es escasísima la intervención con las familias de cara a la reincorporación de los menores a las mismas, de tal manera que en demasiadas ocasiones, cuando los menores vuelven a ellas, allí se encuentran con la misma situación que provocó su separación de las mismas y el consiguiente ingreso en el centro; y, por último, se formalizan muy pocas propuestas de acogimiento familiar y de adopción.
Es por ello que se hace indispensable dotar a los equipos de menores de personal especializado necesario así como de suficientes medios para poder desarrollar las múltiples y delicadas tareas que tienen asignadas.
Otro grave problema detectado es que por parte de los equipos de menores se dan excesivas oportunidades a las familias biológicas que han demostrado un absoluto desinterés por sus hijos, sin que exista expectativa alguna de que sus hijos puedan reincorporarse a las mismas. Así, mientras que los equipos esperan inútilmente a que los padres estén en condiciones de asumir sus obligaciones, los menores van creciendo en los centros y haciéndose mayores adolescentes, con la consiguiente pérdida de oportunidad de poder crecer y desarrollarse en el seno de una familia de acogida o de adopción, cada día con menos posibilidades pues ha de recordarse que los adolescentes internados son pocos propicios a integrarse y adaptarse a una nueva familia, siendo por demás escasas las propuestas de adopción/acogimiento para menores adolescentes.
Para evitar la estancia prolongada y a veces innecesaria de muchos menores en los centros en detrimento de otras vías, de acogimiento familiar o adopción (especialmente con los de niños de menor edad), sería conveniente la confección de un Protocolo, de obligado cumplimiento para los equipos de menores, en el que se establezca que los planes de trabajo con las familias en el momento inicial de las medidas de protección han de tener objetivos claros y evaluables en un plazo máximo de 18 meses. Cumplido ese plazo, los equipos de menores estarían obligados a tomar una decisión sobre la alternativa a tomar con el menor interno (familia biológica, acogimiento familiar y/o adopción) y sólo en casos extremos el mantenimiento en el centro.
Debe evitarse la divergencia de criterios de los equipos que se viene dando no sólo entre los equipos de las distintas provincias sino también dentro de la misma provincia, lo que implica soluciones diferentes para casos al menos aparentemente homogéneos.
Con el fin de garantizar la igualdad de criterios para todos los menores es deseable que, después de un debate sobre las directrices que están adoptando los diferentes equipos, se configure un Protocolo de actuación para todos los equipos existentes en nuestra Comunidad en el que se recojan los criterios aplicables.
La situación descrita se agrava por el continuo cambio de técnicos y el grave absentismo laboral que sufren así como también porque se sustituye al personal titular de baja laboral por personal interino que muchas veces no posee formación especializada sobre la intervención con menores. Sustituciones que se hacen con profesionales de una lista general de demanda de empleo público sin la cualificación adecuada en ocasiones.
Valedor do Pobo.
Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley reguladora de la Institución del Valedor do Pobo, que data de 1984, la LGF ha especificado y enfatizado la relación del Valedor do Pobo con los menores y así en su art. 9 además de la referencia genérica a la posibilidad de que los menores le presenten las quejas que crean por conveniente, adscribe a uno de los Vicevaledores de modo permanente a los asuntos relacionados con los
mismos, ordenando de forma redundante y pormenorizada que el Vicevaledor responsable prestará especial atención a:
- Defender los derechos de la infancia y la adolescencia a todos los niveles.
- Velar por el respeto de la legislación vigente en materia de protección de la infancia y adolescencia.
- Proponer, a través del Valedor do Pobo, medidas susceptibles de mejorar la protección de la infancia y adolescencia o de perfeccionar las ya existentes.
- Promover ante la sociedad gallega la información sobre los derechos de la infancia y adolescencia y sobre las medidas que se han de tomar para su mejor atención y cuidado.
De tales encargos que el legislador ha hecho al Valedor do Pobo, como decíamos después de la propia Ley constitutiva, no cabe la menor duda de que se trata de una nueva función especial que pone de relieve la preocupación del legislador con los “asuntos” de los menores, y que añade al Valedor do Pobo una responsabilidad muy concreta que se desmarca de las tradicionales funciones de un Ombudsman, de intercesión en las relaciones administración/administrado.
Lo que la LGF ordena al Valedor do Pobo es un encargo en toda regla de defender los derechos de los menores con independencia de las reclamaciones que los mismos puedan efectuar; proponer medidas de cambio e informar a la sociedad gallega sobre el estado de la cuestión, lo cual abre una vía autónoma de actuación en las funciones del Valedor do Pobo que no ha sido hasta la actualidad explorada.
En resumen la Institución Valedor do Pobo y los menores han de encontrar en el maridaje legislativo vigente un camino de fructífero trabajo.
Por imperativo legal, recogido en el Estatuto del Ministerio Fiscal, a éste le compete el asumir, o en su caso promover la representación y defensa en juicio o fuera de él, de quienes por carecer de la capacidad de obrar o de representación legal no pueden actuar por sí mismos, así como promover la constitución de los organismos tutelares que las leyes civiles establezcan y formar parte de aquellos otros que tengan por objeto la protección y defensa de los menores y desvalidos.
En esta función de velar por la protección del menor, al Ministerio Fiscal le incumbe la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor.
El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, y promoverá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias.
La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del ministerio Fiscal las anomalías que observe (art. 174 CC).
Se pretende con la regulación legal existente, como es obvio, que los menores no dejen de ejercitar sus derechos por falta de capacidad procesal o material, lo cual pone de relieve la importancia de la función del Ministerio Público.
Todo el entramado administrativo y social construido para proteger a los menores encuentra su último estamento decisor y controlador en la Administración de Justicia. A los jueces le corresponde en aplicación de lo previsto en los arts. 154 y ss. del CC proveer la patria potestad a alguno o ambos progenitores, otorgar las guardas y custodias, nombrar
tutor en los casos que proceda, atribuir alimentos etc. Es decir es en el Código Civil, que rige las relaciones entre los ciudadanos, donde se han residido las decisiones claves en la vida de los menores.
Por otra parte a la Administración de Justicia le corresponde el control jurisdiccional de las decisiones que las diversas administraciones tomen en referencia a los menores.
7. La prevención de las situaciones de desprotección.
El éxito de las políticas sociales para con los menores es evitar que se produzcan situaciones de riesgo o desamparo. Y posiblemente mas que con ninguna otra política social los resultados son ostensibles al tratarse de un material tan maleable como es el de los menores. Es pues característica de un Estado Social el velar y dedicar quehaceres y recursos económicos a las poblaciones que pueden entrar en riesgo o desamparo. Y si por algo se han de caracterizar las políticas sociales es por actuar preventivamente, en cuyo curso los esfuerzos y los éxitos son más posibles que cuando las situaciones no deseables se han producido.
Trascendencia de las medidas preventivas.
Las administraciones públicas están obligadas por ley a prevenir aquellas situaciones que puedan poner en peligro la vida, la integridad física y el desarrollo personal del menor.
Por lo general, las antenas detectoras de situaciones de desprotección son los servicios sanitarios, educativos, policiales, judiciales y los servicios sociales de base así como también los vecinos e incluso la familia extensa; no pudiendo rechazarse las informaciones que puedan facilitar los menores. A pesar de todo ello no siempre la detección se practica con la intensidad que sería conveniente, produciéndose abundantes casos en que se llega a una situación de desprotección calamitosa sin que el sistema las haya detectado en las fases previas que pueden afectar a la vida y la integridad física y/o psíquica de los niños/as y adolescentes.
Es por ello deseable que la administración autonómica y local desarrollen dispositivos que permitan la detección precoz de situaciones de riesgo y de desprotección, de forma que se pueda llevar a cabo una intervención temprana. Ello exige potenciar los servicios asistenciales de base de los ayuntamientos, coordinarlos con los servicios especializados autonómicos, rapidez en la toma de decisiones, mayor y mejor implicación de otros agentes sociales, educativos, sanitarios, policiales y judiciales; la pronta creación
del registro unificado de maltrato infantil así como programas de información ciudadana para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a los menores.
A mayor abundamiento hemos de señalar que en algunos casos la descoordinación
entre las administraciones y entre los profesionales y las instituciones y los sistemas de protección socio–educativo, sanitario y servicios sociales se convierten en uno de los puntos débiles del sistema de protección, lo que implica un tratamiento específico.
El legislador ha sido tajante con la detección de los problemas y así el art. 13 de la LOPJM establece una exigencia de que “toda persona o autoridad”, y especialmente aquellas que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comuniquen a la autoridad o a sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.
Sin embargo esta obligación legal no es mas que una expresión de buenos deseos, al no existir una cultura de colaboración por parte de los ciudadanos, que en no pocas ocasiones entienden se trata de una cuestión de ámbito privado. Al tiempo tampoco las instituciones o los profesionales receptores de las “noticias” no siempre actúan con la suficiente celeridad al tratarse de conductas que muchas veces sólo anticipan el riesgo, pero éste aún no ha llegado a producirse.
A este respecto es conveniente que a los agentes sociales–educativos, sanitarios,
policiales y judiciales se les ofrezca información sobre el sistema de servicios sociales, protocolos de detección precoz y de actuación del maltrato y abuso infantil, formación sobre el papel de los mismos en el abordaje de la desprotección de la infancia, para que en definitiva puedan interpretar las señales y síntomas de una situación de desprotección, pues ocurre que las únicas situaciones que estos agentes suelen detectar son las de malos tratos físicos y abusos sexuales, pero no las de abandono físico, desatención y negligencia por parte de sus progenitores.
Pero de poco sirve una mayor y mejor implicación de los ámbitos mencionados si los servicios sociales de base no dan respuestas rápidas a sus denuncias y requerimientos,
siendo deseable también que, respetando el principio de confidencialidad, los agentes sociales tengan una información de la evolución y resultado del caso que han denunciado a fin de fomentar su motivación y colaboración con la red de protección.
Asimismo ha de señalarse que pocas respuestas pueden dar los servicios de base si los ayuntamientos no disponen de medios materiales y humanos para cumplir sus funciones para con la infancia; si a las personas que lo integran no se las forma sobre protección a la infancia, dándoles conocimientos básicos sobre maltrato y abandono
infantil que sirvan para ayudarles a valorar y actuar ante una situación de riesgo; si no se desarrolla un sistema de trabajo "de calle", en el propio medio, con visitas a los domicilios,
Porque sólo así –y con la colaboración de los agentes sociales,
vecinos, y familias extensas–, podrán conocer las situaciones de riesgo que existen en su
colegios, pediatras
municipio. Sólo así, y en la medida de lo posible, se podrán evitar sucesos como el fallecimiento por inanición de un niño de dos años en Ponteareas (Pontevedra) en septiembre de 2006, sin que los vecinos ni los servicios sociales hubiesen detectado esa situación prolongada en el tiempo.
A este respecto ha de señalarse que uno de los ejes fundamentales en los que se asienta el Plan Estratégico Gallego de la Infancia y de Adolescencia es la prevención. En este ámbito el Plan pretende como objetivos estratégicos “sensibilizar a la ciudadanía en el conocimiento, respecto a la asunción de derechos de la infancia gallega y mundial y sensibilizar a la población infantil sobre su derecho al buen trato por parte de la sociedad” y como objetivos específicos: “programar, ejecutar y evaluar una prevención primaria que tenga como destinatarios a toda la sociedad gallega y como población diaria a los niños/as hasta los 18 años y que en un período de cuatro años llegue a consolidarse como necesario en el entramado social gallego y establecer líneas de colaboración y coordinación con otros agentes sociales que intervengan con los niños/as menores de 18 años”.
Para la ejecución de estos objetivos el Plan Estratéxico Galego diseña el “Programa de Prevención Primaria 2007–2010” para la promoción del buen trato a la infancia. Para implantar este Programa pretende colaborar con 60 ayuntamientos de las cuatro provincias.
Sin perjuicio de lo anterior, el Plan señala que para que la prevención sea verdaderamente efectiva se precisa de la colaboración de las Consellerías de Educación, Sanidad y Presidencia, de las demás administraciones, de las entidades que trabajan con menores, de los medios de comunicación y de las asociaciones vecinales. Para canalizar esta colaboración, el Plan prevé la creación de la “Mesa Galega de Protección á Infancia”, formada por profesionales de los servicios sociales, de la sanidad, de la justicia, de la educación, representantes de las fuerzas de seguridad, de las entidades de iniciativa social y de las asociaciones vecinales.
Sin duda una prevención temprana podrá evitar situaciones de desamparo y la consiguiente separación del menor de su núcleo familiar y social así como la probabilidad de que su conducta actual y futura tienda a apartarse de la normalidad.
Una vez detectada una situación de riesgo, la intervención de los Servicios de Protección de la Infancia ha de ser rápida, priorizándola en la familia, pues es en este
contexto donde, en principio, se satisfacen mejor las necesidades de los niños/as y adolescentes. Se trata de prestar ayudas asistenciales a las familias, en el plano económico, psicológico y educativo para evitar que sus carencias hagan caer al menor en desamparo. Se trata de favorecer, siempre que sea posible, la permanencia en el grupo familiar, mediante programas de prevención y atención comunitaria y de intervención familiar (prestación de recursos de atención domiciliaria, de atención de día, de apoyo escolar o de
para evitar o reconducir las situaciones de riesgo.
Por lo que se refiere a la intervención familiar ésta ha de basarse más en el principio de cooperación y participación que en el método coercitivo, con el fin de lograr la implicación de la familia, que precisamente por sus circunstancias, por lo general, rechazan el apoyo de los servicios sociales.
El éxito de la intervención en la familia depende de que sus miembros tomen conciencia de sus problemas y aspiren a la resolución de los mismos a través de los servicios de base.
En este orden de cosas, los centros de día son un recurso de apoyo intensivo a las familias en crisis, evita la separación del menor y también pueden ser un medio de transición previo a la reintegración en el núcleo familiar del menor que previamente ha sido objeto de una medida de separación. Estos centros proporcionan a los niños/as y adolescentes durante el día una serie de servicios de apoyo socio-educativo y familiar con el objeto de favorecer su proceso de normalización.
La responsabilidad de la atención de los niños/as y adolescentes en situación de desprotección social corresponde a la administración autonómica, que tiene transferidos los servicios en esta materia.
A los ayuntamientos, a través de los servicios sociales de base, les corresponde la detección de las situaciones que requieren de algún tipo de intervención así como la valoración inicial de las necesidades del menor. Es así que, si los referidos servicios sociales valoran que un menor se encuentra en situación de riesgo, de forma inmediata han de proporcionarle, a él y a su familia, los recursos comunitarios precisos para que continúe en su medio familiar y social. Si por el contrario dichos servicios valoran la situación como de desamparo, han de remitir el caso a los servicios especializados de la comunidad autónoma, a los equipos técnicos que han de valorar los casos y proponer las medidas más adecuadas a aplicar mediante los servicios propios o bien a través de servicios concertados.
La decisión de los servicios sociales sobre si se trata de una situación de riesgo o de desamparo supone la permanencia del caso en ese servicio o su traslado al servicio especializado que, en caso de confirmar el desamparo, por ley, ha de asumir la tutela y separar al niño del núcleo familiar.
8. Situación de riesgo.
El concepto de situación de riesgo es general y abierto y tiene carácter residual, pues se define de modo negativo a la situación de desamparo. Así se considera situación de riesgo cualquiera que perjudique el desarrollo personal o social del niño/a o adolescente, sin llegar a ser suficientemente grave como para declararlo en situación de desamparo y que, por lo tanto, no exige la asunción de la tutela por ministerio de ley o la tutela administrativa.
La situación de riesgo es una situación de desprotección que obliga a los poderes públicos, en el ámbito familiar, a eliminar o reducir los factores de riesgo y a realizar el seguimiento de la evolución del menor en la familia.
Como ya se ha indicado en el anterior apartado dedicado a la prevención, los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la detección y erradicación de las situaciones de riesgo, habiéndose señalado también en dicho apartado las medidas a adoptar dentro de la familia por los servicios sociales de base.
9. Situación de desamparo.
Concepto y efectos.
Se puede definir la situación de desamparo como “la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”. (art. 172–1 párf. 2º CC). Esta definición legal, de acuerdo con la Instrucción 3/2003 de la Fiscalía General de Estado, hace depender el desamparo de dos requisitos encadenados: uno de carácter subjetivo, representado por la falta de asistencia moral o material que sufre el menor de edad, y otro objetivo, el incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección que provoca el estado carencial, afectivo o material en el menor de edad.
Sin perjuicio de esta definición general, la legislación autonómica concreta las siguientes situaciones de desamparo:
- El abandono del niño/a o adolescente.
- La existencia de malos tratos físicos o psíquicos o de abusos sexuales por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de estos.
- La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.
- La drogadicción o el alcoholismo habitual del niño/a con el consentimiento o con la tolerancia de los padres o guardadores.
- El trastorno mental grave de los padres o guardadores que impida ejercer correctamente el cuidado del menor.
- La convivencia en un medio socio–familiar que perjudique gravemente el desarrollo del menor.
- La falta de personas que ejerzan la guarda sobre el menor o la imposibilidad en su ejercicio.
- Cualquier otra situación de desprotección que provoque que el menor quede privado de la asistencia moral o material.
La lista mencionada no es cerrada, pues el sistema será siempre de númerus apertus, siendo lo fundamental que la situación le prive al menor de la necesaria asistencia material o moral.
Cuando se da cualquiera de estas situaciones, procede la declaración de la situación de desamparo, que obliga a tomar las medidas de protección precisas, principalmente la separación del menor, y la tutela sobre el mismo se atribuye automáticamente, ex lege, a la comunidad autónoma y, en concreto, al órgano autonómico que ésta designe como tal. En nuestra comunidad autónoma corresponde a las delegaciones provinciales de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
La declaración de desamparo y la asunción de la tutela administrativa.
La entidad pública a la que en el respectivo territorio esté encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, guardadores o tutores, en un plazo de cuarenta y ocho horas (art. 172.1 CC.).
La declaración de desamparo es una resolución, que ha de ser motivada, del delegado provincial de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, que pone fin al procedimiento administrativo, asumiendo automáticamente la tutela administrativa y en la que han de hacerse constar las medidas de protección que se adoptarán, las causas que la originaron y los planes de actuación que se efectúan.
La asunción de la tutela lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la
tutela ordinaria; la suspensión del ejercicio directo por los padres o tutores de las facultades
de guarda y custodia del menor y, en definitiva, la separación de la familia.
Las medidas que la tutela puede conllevar son: apoyo a la familia del niño/a mediante ayudas; la guarda; el acogimiento familiar, residencial o preadoptivo; la propuesta de adopción; y cualquier otra medida de carácter asistencial, educativo o terapéutico.
Ha de señalarse que la situación de tutela administrativa tiene carácter provisional
y que dura hasta que desaparezcan las causas que lo motivaron, se proceda a la
constitución de la tutela ordinaria, o el niño/a sea adoptado, se emancipe o llegue a la mayoría de edad.
Dentro de las delegaciones provinciales son los equipos técnicos (ET) de las mismas los encargados de investigar si un menor se encuentra en situación de desamparo
así como elaborar el informe y la propuesta de actuación que se eleva al delegado provincial para resolución pudiéndose impugnar la declaración de desamparo y la asunción
de tutela ante la jurisdicción civil.
En cumplimiento de sus competencias, los equipos mencionados han abierto, reabierto y cerrado los siguientes expedientes en el intervalo 01/01/2006 -31/12/2006:
EXPEDIENTES REABIERTOS
S. Soc. At. Primaria
A petición del menor
Desaparición motivos apertura
Mayoría de edad/emancipación
Fallecimiento del menor
Traslado otra comunidad autónoma
Cumplimiento de medida judicial
No existe situación desprotección
No idoneidad
Renuncia del solicitante
Cese del acogimiento
Denuncia no probada
Imposibilidad. localización del menor
Fuente: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral do Benestar
El cuadro que antecede ha de interpretarse teniendo en cuenta que la aplicación informática que emplean los ET y la Secretaria Xeral do Benestar es muy deficiente debido a que los datos estadísticos que se manejan, en general, no están bien computados (repetidos, omitidos, inespecíficos), habiéndose de señalar a este respecto que los apartados
“Otros” del cuadro constituyen un cajón de sastre al que van a parar datos sobre los que se desconoce las situaciones que engloban. Según nos han informado responsables de la mencionada Secretaria Xeral do Benestar, se han cursado órdenes a los ET provinciales para que clausuren dicho apartado estadístico.
10. La guarda administrativa.
La guarda administrativa es una figura jurídica recogida en la legislación estatal y autonómica a la que se da lugar cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no pueden cuidar del niño/a y solicitan a la entidad pública competente (la delegación provincial de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar) que asuma la guarda del mismo. Una vez asumida la misma, la entidad pública debe velar por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurar una formación integral, manteniendo intacta la patria potestad por lo que los padres siguen teniendo responsabilidad sobre sus hijos (derecho de representación legal, de administración de bienes y visitas, y de reintegración del menor).
El fin de esta medida es no dejar a los menores sin los necesarios amparos y resortes educativos. Se trata de una medida transitoria o intermedia entre la normalidad y el desamparo.
Constatadas, caso por caso, las circunstancias alegadas por los padres, la entidad pública ha de asumir, por resolución, la guarda, ejerciendo el cuidado del menor en régimen de acogimiento familiar –responsabilizándose la persona/s que determine la entidad pública– o acogimiento residencial –responsabilizándose el director del centro donde quede internado el menor–.
Ha de señalarse, asimismo que las circunstancias alegadas por los padres como condicionantes de la situación han de ser graves, temporales y de posible superación, porque si se comprueba que las mismas tienen carácter estructural o permanente, la resolución final sería de declaración de desamparo del menor.
Según datos de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, en Galicia a 31 de diciembre de 2006 había 305 menores en situación de guarda administrativa.
11. El acogimiento.
Cualquier intervención de la administración con la infancia en situación de desprotección exige como primer paso un trabajo previo en la familia y su entorno, dando, si se puede, oportunidad a los padres para que modifiquen las circunstancias en que se encuentran mediante apoyo que puede ser económico, social y educativo.
Pero, más allá de voluntarismos, hay casos en los que se hace inviable la intervención bien sea por las propias características de la familia –rota, maltrecha o inadecuada para el menor–, o bien, lo que ocurre no sin cierta habitualidad, porque los servicios sociales de atención de los ayuntamientos no han detectado a tiempo la problemática familiar. En definitiva queremos decir que esos son los momentos, cuanto antes mejor, en que debe plantearse la tesis del acogimiento.
Concepto, clases y duración.
El acogimiento es una medida de protección consistente en la inserción del menor en un ambiente de desarrollo, sustitutivo al de su familia, que le proporcione seguridad, afecto y cobertura de sus necesidades. Se puede adoptar desde que se declara la tutela administrativa y por imperativo normativo se toma cuando se acepta por la administración la guarda voluntariamente solicitada por padres o tutores (arts. 21 y 23 LGF).
La estancia del menor, en cualquiera de los acogimientos posibles, tiene vocación de transitoriedad, por lo que durará, de forma habitual, el tiempo necesario para que se remuevan los obstáculos que hacen no aconsejable la permanencia del menor en su familia biológica, o en otro caso el tiempo en que la administración tarda en decidir una reubicación, en principio definitiva, para el menor, generalmente la adopción.
El acogimiento puede ser familiar o residencial según el lugar en donde pase a vivir el menor, bien con una familia bien en un centro de protección.
Pero más allá de esa posibilidad dual de acoger al menor, todo nuestro sistema de protección 3 está orientado a buscar un nuevo entorno de base familiar, ya facilitándole un ambiente alternativo a través del acogimiento familiar (familia extensa o ajena) o bien por medio de la adopción. Y en teoría, y sólo cuando los anteriores intentos fallen, tendría cabida el acogimiento residencial
3 La Convención de Derechos del Niño, reconoce el derecho fundamental del niño/a a la vida familiar. Tanto el marco legislativo general del Estado como el autonómico tienen como común denominador la consideración del medio familiar como el más idóneo para el desarrollo del menor.
12. El acogimiento familiar.
Concepto, clases e importancia de la medida.
Cuando nos encontramos un menor en situación de desamparo, la administración viene compelida a poner en marcha sus previsiones y obligaciones atinentes al caso. La primera medida a adoptar, que la administración se plantea, es la búsqueda de una familia (o persona) que transitoriamente quiera hacerse cargo del desprotegido, y que además ofrezca garantías de que lo pueda hacer idóneamente, sabiendo que en esa situación ha de permanecer hasta tanto se hayan superado las circunstancias personales concretas que en su momento impidieron la permanencia con su familia o hasta tanto se busque otra solución, ya definitiva, como es la adopción.
Desde el punto de vista jurídico el acogimiento familiar es una figura que otorga la guarda de un menor a una persona o núcleo familiar con la obligación de cuidarlo, alimentarlo y educarlo por un tiempo, con el fin de integrarlo en una vida familiar que sustituya o complemente temporalmente la suya natural. Y es que el acogimiento, salvo excepciones, no supone una ruptura total con la propia familia, subsistiendo la relación de padres e hijos salvo limitación o suspensión del mismo. Es así que ni los padres biológicos ni los acogedores tienen necesariamente la exclusividad sobre el menor.
En virtud del acogimiento familiar se integra a un menor en una familia que no es la constituida por sus padres biológicos o tutor, sin crear vínculos de parentesco con ella. No obstante, los acogedores tienen todas las obligaciones derivadas de la guarda del menor (velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral).
Para la adopción de esta medida, han de tenerse en cuenta los siguientes criterios ordenadores: a) dar prioridad a su utilización sobre el acogimiento residencial. b) evitar, en la medida de lo posible, la separación de hermanos y procurar su acogimiento en la misma familia. c) favorecer la permanencia del menor en su propio ambiente, procurando que el acogimiento se produzca en familia extensa, salvo que no fuese
aconsejable para el interés del menor o menores del grupo familiar adoptante (art. 25 LGF).
En definitiva se trata de una medida de protección provisional que pasa por la separación del menor de la familia de origen y que tiene por finalidad evitar su internamiento y proporcionarle un ambiente familiar normalizado, constituyéndose como una de las medidas idóneas para los menores en situación de desprotección o de necesidad especial.
Es una medida que proporciona al menor desamparado un mayor nivel de bienestar al ser en una familia donde los niños pueden desarrollarse de forma más plena:
favorece vínculos afectivos más estables y la adquisición de pautas sociales normalizadas. Es así que el acogimiento familiar no es sólo una medida puramente asistencial sino educativa e integradora que favorece que el menor crezca sano y que evita los efectos perversos del asistencialismo que se da con frecuencia en los centros residenciales.
Pero el acogimiento no es sólo un recurso para los menores en situación de desprotección, gravemente deteriorados, sino que debe ser también una medida preventiva, orientada a evitar la marginación de los mismos, antes de que la situación se deteriore o se haga crónica y cuando la crisis de la familia se prevea temporal; cuando se puede implicar a los padres y, en definitiva, cuando no haya otras soluciones menos traumáticas.
La temporalidad de la medida indica que se ha de procurar reintegrar al menor en su familia de origen y para ello es preciso trabajar con ella con el fin de recuperarla para el menor, fomentando que las familias acogedoras respeten la biografía del menor y sus relaciones con su familia de origen.
Si bien el acogimiento se formaliza en el plano administrativo ya desde su iniciación está sometido al control del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Familia competente.
La legislación estatal y autonómica establecen tres tipos de acogimiento familiares: a) Simple (de carácter transitorio para reinsertar al menor en su propia familia o mientras se adopta otra medida de protección más estable); b) Permanente (con más estabilidad en el tiempo del menor en la familia acogedora en la medida en la que no se prevé el retorno del menor con su familia de origen); c) Preadoptivo (el menor está con la familia de acogida mientras se eleva la propuesta de adopción al juez por la entidad pública o mientras se adapta a la familia antes de elevarse al juez dicha propuesta).
Sin perjuicio de la anterior clasificación, los acogimientos pueden ser en familia extensa o ajena.
Otras tipologías de acogimiento familiar de orden subsidiario son las de Fin de Semana, de Vacaciones, de Día (que ofrece apoyo a aquellas familias que durante el día no pueden encargarse del cuidado de sus hijos, generalmente por motivos laborales); de Convivencia Plena (el menor convive con la familia acogedora durante la totalidad del día mientras dura el acogimiento), Especializado, Profesionalizado y de Urgencia (en el que el menor inicia la convivencia con la familia acogedora tras la retirada inminente de su familia de origen).
El acogimiento familiar en Galicia. Tendencia y evolución.
El principio de dar preferencia al acogimiento familiar sobre la atención residencial, siempre que sea posible, es común a los países miembros de la Unión Europea y, como no podía ser de otra forma, también en nuestra Comunidad Autónoma. Este criterio se remonta a los años 50 a partir de la crítica efectuada a la atención residencial, fundamentalmente por los efectos adversos que suele tener para el desarrollo psicosocial de los menores.
Al anterior criterio habría de sumarse el derivado de una eficaz rentabilización de los recursos económicos que abogaría por la utilización del acogimiento familiar, más económico que el residencial 4 .
Sin embargo, los datos ofrecidos por la Secretaría Xeral de Benestar Social, por los centros residenciales y también por la Cruz Roja discrepan del principio teórico a favor de la prioridad del acogimiento familiar, al aparecer un número muy significado de acogimientos residenciales. ¿Las causas?. Es posible que las mayores complicaciones burocráticas y de fondo que el acogimiento familiar conlleva.
Por otra parte los datos no parecen responder a los mismos patrones, siendo distintos según las provincias, posiblemente obedeciendo a criterios diversos de los equipos de menores. Según los datos recogidos por el Plan Estratégico el acogimiento familiar ha descendido en la provincia de Pontevedra un 24,54% en el año 2006 respecto del 2003 mientras que se incrementó en el mismo período en la provincia de A Coruña un 20%. Y en las provincias de Ourense desciende para el mismo período un 6,77% y en la de Lugo un 12%.
De los datos globales facilitados por la Secretaría Xeral do Benestar Social resulta que el 29/09/2006 se encontraban acogidos en familia extensa 1.086 menores, en familia ajena 116 y en internamiento 885 5 .
4 El Plan Estratégico Gallego prevé una nueva dotación de 9.000.000 euros para los años 2007-2010 con el fin de dignificar y potenciar el acogimiento familiar. 5 Si bien del análisis de los datos creemos, al concretarse los acogimientos a un día determinado, que no se recogen las estancias previas de los menores acogidos en familias a su paso por el acogimiento residencial, que es de un 80% para los 1.086 de familia extensa y de un 100% para los 116 de familia ajena. En nuestra opinión habría de recogerse las estancias por cómputos anuales y no cerradas en un día.
*Datos de la Secretaria Xeral da Igualdade e do Benestar a día 29/09/2006. ** La cifra total de menores adoptados se refiere a los menores adoptados en el primer semestre de
El fenómeno no es achacable sólo a nuestra Comunidad. Según el Grupo de Investigación “Derecho y Menores” de la Universidad Pontificia ICAI-ICADE la cifra media estatal de acogidos residencialmente, llega hasta el 40% del conjunto de los acogidos, con oscilaciones de un 29% en unas comunidades hasta el 90% en otras. Lo que no hace más que indicarnos hasta que punto las administraciones autonómicas en general echan mano del recurso más fácil y cómodo que es el enviar a los menores en fase de acogimiento a un centro común.
Para terminar con la dialéctica acogimiento residencial versus acogimiento familiar, hemos de señalar que no todos los menores que están en centros residenciales son susceptibles de acogida familiar –en atención a sus especiales circunstancias, en concreto la edad, en la que, cuanto mayor es el menor mas se dificulta su probabilidad de integración en familia–. Pero la realidad es más plural; en nuestra opinión, el alto número de acogimientos residenciales no responde sólo a razones virtuosas sino a las ya apuntadas de tratarse de un sistema más simple y fácil que no necesita de una búsqueda de medios familiares y de seguimientos y en los que no se producen aparentemente tantos fracasos.
Lo recomendado por todos los operadores y por las distintas normativas, como ya hemos venido reiteradamente diciendo, es que cuanto antes el menor pase a vivir con una familia acogedora y siempre antes de que empiece su adolescencia en la que ya es muy difícil integrarse en un nuevo núcleo familiar.
A estos efectos hemos de poner de manifiesto que los datos de la edad en que se producen los acogimientos suelen ser en nuestra comunidad aceptables. Lo criticable es el número no el tiempo.
No se nos oculta que la potencial familia acogedora, extensa o ajena, ha de trabajarse, es decir se necesita buscarla.
De esta realidad que venimos señalando y de la necesidad de invertirla se hace eco el Plan Estratégico Gallego que expresamente establece como único objetivo estratégico en el ámbito de la protección el “reducir a utilización do recurso de internamento e potenciar simultáneamente outras medidas menos interventoras, especialmente o acollemento familiar e a atención de día”.
Como ya tuvimos ocasión de apuntar, el acogimiento familiar es uno de los instrumentos fundamentales del sistema de protección y su grado de aplicación sirve de barómetro respecto a la sensibilidad de los poderes públicos para llevar a cabo el interés superior del menor.
Programas de Familias Acogedoras Ajenas: Cruz Roja Española.
El acogimiento en familia ajena se lleva a cabo a través del Programa de Familias Acogedoras que desarrolla la Cruz Roja Española en Galicia desde 1995 mediante un convenio específico con la Xunta de Galicia. La labor fundamental que realiza la Cruz Roja es la búsqueda de familias que de forma voluntaria reciban en sus hogares a los menores propuestos por el equipo de acogimiento de la respectiva delegación provincial.
El Programa de Familias Acogedoras se desarrolla en cada una de las provincias gallegas por profesionales especializados (psicólogo y trabajador social) a los que ayudan voluntarios de esta ONG.
De acuerdo con la Memoria del 2006, en Galicia en dicho año disfrutaron del acogimiento familiar un total de 180 menores: 78 en la provincia de A Coruña, 17 en Lugo, 27 en Ourense y 58 en Pontevedra. Y si tomamos el desarrollo histórico del programa, desde el año 1995 en que comienza su andadura concretamente en la provincia de Pontevedra, tal como se recoge en la gráfica que sigue, resulta que hasta el año 2006 se produjeron 683 acogimientos familiares, lo que supone una media de 63 nuevos acogimientos cada año. Dichos datos no pueden hacernos olvidar el más concreto y
anteriormente citado de que el acogimiento en familia ajena en 2006 se circunscribió a 180
menores. De dichos datos se desprende también el relevantemente bajo número de
acogimientos nuevos en el año 2006 que ascendieron a 52 (menos que por ejemplo el año
2003 que fueron 80 o el año 2002 que fueron 81).
También de los datos que maneja Cruz Roja se denota la disparidad de criterios de los equipos técnicos provinciales sobre la idoneidad del acogimiento familiar al no corresponderse, según los datos que recoge el cuadro que sigue, los números de acogimiento con los índices de población provincial. Es más la evolución de los acogimientos por provincias denota disparidades al aumentar significativamente la cuantía de los acogimientos en la provincia de A Coruña, a diferencia de aumentos pocos importantes o incluso bajadas en el resto de las provincias, lo que ampara la afirmación ya hecha de criterios diferentes.
INCREMENTO DE ACTIVIDAD DEL AÑO 2004 AL 2006
Para conocer más de cerca el éxito, en su caso, de la medida, resulta interesante
realizar una “auditoria” de los acogimientos vigentes.
Decíamos anteriormente que en al año 2006 se gestionaron 180 acogimientos. De ellos, al finalizar el año, se dieron por terminados 59. Las razones de ello se recogen en el cuadro que sigue.
Del análisis de cuadro se colige que de los 59 acogimientos finalizados 6 ; 28 son casos de retorno familiar o de adopción; 24 de crisis en el acogimiento (decisión de familia de acogimiento, decisión del equipo técnico, decisión del menor, retorno al centro residencial); 7 de mayoría de edad y uno de acogimiento en familia extensa.
Los datos en sí mismos son neutrales y lo interesante sería poder desmenuzarlos y conocer las razones de esos 24 fracasos en acogimiento. Sólo así se podría valorarlos debidamente, operarse en su caso e intentar evitar su repetición. A priori intentando dar respuesta a la cuestión anterior, creemos, que hay un mal de origen y es que cuando se da un niño/a en acogimiento se celebra como un éxito final, lo que nosotros creemos que debía ser un éxito inicial. Es decir, el acogimiento es un viaje de largo recorrido al que hay que regar y seguir desde las instituciones y no dejarlo sólo en la buena voluntad de la familia acogedora. En resumen, lo que tratamos de decir es que es necesario hacer inicialmente una preparación del menor y de la familia acogedora y posteriormente realizar un seguimiento, formación y apoyo por parte de los medios institucionales.
6 Aunque hay 60 casos numéricos, en realidad se trata de 59 al coexistir en un solo supuesto dos causas de finalización del acogimiento.
En el año 2006, en todas las provincias, destacan los acogimientos de duración inferior a 1 año, lo que confirma el principio de temporalidad de la medida. No obstante, esta variable debe de cruzarse inevitablemente con las causas antes mencionadas de finalización de los acogimientos. Lo interesante para valorar el tiempo de duración de la medida sería, también en este caso, el conocer las causas de las duraciones largas, que aparentemente no son convenientes, pero que pueden venir justificadas por la oportunidad de cada caso. El cuadro que sigue nos muestra la duración de los acogimientos, que como decíamos es, en una primera lectura, aceptable.
Por lo que se refiere a la edad al inicio del acogimiento, ésta es mayoritariamente baja, como se demuestra en la gráfica que sigue. En más del 50% de los casos la edad de los menores al inicio del acogimiento es inferior a 6 años, y menos del 20% estarían dentro del período adolescente.
Uno de los datos que maneja la Memoria de la Cruz Roja y que nos revela la necesidad de impulsar su programa, es el que se refiere a la lista de espera existente, al haber 70 menores, de un universo de 180 acogidos (97 niños y 83 niñas) en 2006, que de alguna u otra forma y duración tuvieron que esperar hasta que se le encontró una familia. Ha de destacarse que el mayor número corresponde a la provincia de A Coruña donde el volumen de casos derivados desde la delegación de Menores es más elevado lo que, en ocasiones, supera la capacidad de la Cruz Roja.
El programa de la Cruz Roja es especialmente complejo y poco conocido. Y además pone a prueba la solidaridad de la sociedad. Por causas varias hay pocas familias dispuestas a acoger a menores. El proyecto contaba en el 2006 con un número de 350 familias en teoría receptadoras, habiéndose incrementado en un 18% respecto al año anterior. Pero la realidad es que sólo un 35% de ellas, 123 familias, participaron activamente en el programa de acogida, es decir recibieron a menores, el resto 7 se encuadra en el concepto “a la espera” que quiere decir que por causas diversas, sin salirse del programa, no llegaron a acoger a menores durante el 2006. (Sigue cuadro explicativo).
7 Las 44 familias que se recogen en el cuadro además de estar en espera, participaron en otras actividades del programa. Las 88 y las 44 familias del cuatro no suman 109 puesto que hay familias en espera voluntaria que participaron en otras actividades. Se trata de indicadores que coexisten.
NIVEL PARTICIPACIÓN FAMILIAS ACOLLEDORAS NO PROXECTO EN 2006
Familias que acolleron en 2006
Familias en espera en 2006
Familias en espera voluntaria en
Familias en espera que colaboraron en 2006
Por otra parte, el grado de participación de las familias es también diferente según el tipo de acogimiento. Éstos, como más arriba dijimos pueden ser simples, permanentes y urgentes o de día, de fin de semana, de vacaciones o de convivencia plena. A efectos de su conocimiento incluimos los cuadros realizados por Cruz Roja.
El cuadro que sigue refleja que entre los distintos tipos de acogimiento que lleva a cabo el programa destaca como más numeroso el acogimiento simple, detrás del se sitúa el acogimiento urgente y por último el permanente.
Otra manera de clasificar los acogimientos aparece en el siguiente cuadro. Entre los tres tipos de acogimiento que aparecen en el mismo y que también lleva a cabo el programa de la Cruz Roja, destaca especialmente el de convivencia plena. Esta modalidad incluye los acogimientos simples, permanentes y de urgencia, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, una modalidad deriva en otra.
Ha de destacarse también que el acogimiento de día es una modalidad todavía incipiente y poco frecuente en nuestra comunidad.
Por último y por lo que se refiere a los problemas de “encontrar” familias, es la dificultad añadida en aquellos casos de hermanos, que obviamente se ha de perseguir el que permanezcan juntos. Hecho corriente, pues cuando se produce una crisis familiar, con incapacidad de atender a los hijos, es común que se trate de familias con varios a su cargo. En 2006, de los 180 menores acogidos, 31 fueron acogimientos múltiples, de grupos de entre dos a cinco hermanos/as.
Como resumen de lo que venimos diciendo y de los datos recogidos, entendemos que el programa de acogimiento en familia ajena de la Cruz Roja es básico e imprescindible y por ello debe impulsarse institucional y económicamente.
En el orden institucional, Cruz Roja ha detectado carencias respecto a la divulgación del proyecto y a la coordinación con la administración, lo que hace imprescindible el retocarlas. Y en el orden económico un proyecto de estas características necesita medios importantes. Bien es verdad que el Plan Estratégico recoge un significativo aumento de la cantidad presupuestada y que además en los dos últimos años se ha ido aumentando 8 .
En nuestra opinión, el presupuesto debe atender a las necesidades, lo que quiere decir que no se debe dejar de hacer un acogimiento familiar por falta de recursos.
8 Para el desarrollo del proyecto de acogimiento en familia ajena, la Cruz Roja contó durante el año 2005 con un presupuesto de 284.193,93 €, de los cuales la Xunta de Galicia aportó el 75% y la Cruz Roja el 25%.En 2006 el presupuesto fue de 363.878 euros, de los cuales la Xunta de Galicia aportó 81% y Cruz Roja
13. El acogimiento residencial.
Breve apunto histórico.
Las instituciones específicas para la infancia surgen a partir del siglo XVI, con las casas de expósitos o inclusas, donde se recogían menores abandonados, y con la implantación de los hospicios –paradigma de la institucionalización– a finales del siglo XVIII, que tenían el mismo fin. Esas instituciones o macroresidencias, carentes de una visión integral de las necesidades del menor, serán las encargadas de la atención de la infancia desprotegida hasta principios de los años 80, en el siglo pasado.
Los centros se caracterizaban por su marcado cariz de beneficencia, la masificación de los internos, la dispersión y descoordinación de los recursos, la no
planificación de los mismos, un personal poco cualificado y de diferentes procedencias y unas instalaciones de calidad muy dispar, tal y como lo hizo constar el Defensor del Pueblo en su Informe de 1991. Entonces eran el único recurso con el que se contaba para proteger
a la infancia y a la adolescencia con la consiguiente institucionalización del menor y un resultado a veces indeseable que ha dado lugar a todo tipo de referencias literarias y cinematográficas.
En la década de los 80, se produjo un giro copernicano en la filosofía que ha de servir de eje para el tratamiento de menores abandonados, que coincide con la asunción de
competencias por parte de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales. A ello se añadió una política institucional para intentar dotar de coherencia y de coordinación
a la amalgama desordenada de recursos existentes
Esta reestructuración no se produjo de forma casual, sino con motivo de la aparición de tendencias y principios teóricos y normativos, nacionales e internacionales, que consagraron el derecho del menor a la protección integral, pasando los niños de ser objeto de protección a ser sujeto de derechos.
En virtud de esas nuevas tendencias y principios, se fue produciendo en nuestro país un tránsito paulatino de las macroresidencias a residencias mucho más pequeñas y a hogares normalizados. Se pretende con ello que los niños/as y adolescentes se desarrollen
en un clima familiar y que utilicen los servicios comunitarios (sanitarios, educativos, de
y, en definitiva, la normalización de los mismos. Por ello las grandes residencias
que han quedado tuvieron que reconvertirse y redistribuir sus espacios en diferentes unidades de convivencia autónomas para reproducir ese clima de hogar tan necesario para
el desarrollo de los niños.
De conformidad con las tendencias expuestas, los derechos de cada niño y la satisfacción de sus distintas necesidades han de constituirse en el eje sobre el que ha de pivotar toda la normativa aplicable al acogimiento residencial, y, en definitiva, la atención residencial.
La medida de protección en acogimiento residencial consiste en la separación de un menor de su familia, ingresándolo en un centro, residencia o institución, pública o colaboradora, que ha de ser adecuado a las necesidades y características del menor.
Es una medida de protección que podrá adoptar la entidad pública cuando, agotadas todas las posibilidades de mantenimiento del menor en su familia mediante en su caso la utilización de recursos preventivos y asumida la tutela o la guarda sobre el mismo, no sean posibles o no se consideren adecuados el acogimiento familiar o la adopción. Esta medida se mantendrá el tiempo estrictamente necesario, procurándose la integración del menor en su entorno social y la accesibilidad a los sistemas ordinarios educativos, sanitarios y laborales, entre otros (art. 29 LGF).
De lo dicho resultan los siguientes caracteres del acogimiento residencial:
a) provisionalidad, es decir, el niño/a adolescente permanecerá en el centro el menor tiempo posible y estará separado de su familia biológica el tiempo estrictamente necesario, pues no se trata de una medida definitiva, sino de un instrumento para guardar el menor en tanto en cuanto no se decidan opciones sobre el mismo; b) subsidiariedad, que significa
que sólo se adoptará el acogimiento residencial cuando las demás alternativas de protección no sean posibles o adecuadas para el menor; c) su finalidad es la reintegración del menor en su familia; de ahí la conveniencia de que el centro se encuentre próximo de su entorno familiar y social.
Y es así, derivado de lo anterior, que el acogimiento residencial ha de cumplir fundamentalmente funciones de acogida de urgencia; de servicio de transición a acogimiento familiar; de servicio de recogida en caso de fracaso del acogimiento familiar/adopción así como también, y sólo en los casos indispensables, como servicio de larga duración.
Los centros residenciales de protección a la infancia y adolescencia.
Los centros residenciales de menores son lugares creados por la iniciativa pública o privada para facilitar una atención especializada a aquellos menores que necesitan ser separados de su familia o carentes de la misma.
Los centros, apartados de las macroresidencias del pasado, deben en la medida de lo posible reproducir las condiciones de vida del menor de la forma más cercana a la de una familia normalizada, desde el formato de la vivienda hasta su atención integral.
Las residencias se estructuran de forma jerárquica presididas por un director al que corresponde la guarda del menor acogido, bajo la supervisión de la administración autonómica y del Ministerio Fiscal.
Dependiendo de la forma de gestión que escoja la administración para realizar sus servicios, los centros pueden ser públicos (propios) o privados (colaboradores). Estos últimos han de ser autorizados y acreditados por la administración pública y se constituyen como entidades sin ánimo de lucro que suscriben un acuerdo de colaboración con la administración.
La opción elegida por la administración no implica fundamentales diferencias de régimen jurídico ni puede suponer diferente trato para los menores y sus familias. En
ambos casos, la administración es la responsable y garante de la atención residencial, actuando los centros colaboradores por delegación de funciones. En uno y otro tipo de centros, a los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la entidad pública ha de realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente o siempre que así lo exijan las circunstancias. Asimismo, la administración ha de procurar las medidas idóneas para asegurar la mejora de la atención, tanto se trate de centros propios como de centros colaboradores (art. 11 y 21 LOPJM).
De acuerdo con el art. 8 del Decreto 329/2005, los centros residenciales de menores se clasifican en las siguientes tipologías: casas de primera acogida, casas de familia, miniresidencias, centros con hogares, centros de reeducación, viviendas tuteladas, viviendas de transición a la vida autónoma, y centros con talleres formativos.
− Casas de primera acogida, son aquellos centros en los que se instala temporalmente a menores en situación de extrema urgencia en los casos en que se vean privados de su domicilio debido a situaciones extremas causadas por problemas familiares, malos tratos, abandono y otros supuestos análogos.
− Casas de familia, son centros residenciales de dimensiones reducidas, instaladas en viviendas normalizadas, plenamente integradas en la comunidad y con una capacidad máxima de 8 plazas.
− Miniresidencias, son equipamientos residenciales de dimensiones reducidas instaladas en viviendas normalizadas, con una capacidad máxima de 15 plazas.
− Residencias, son establecimientos de carácter asistencial y educativo, con una capacidad máxima de 25 plazas.
− Centros con hogares son aquellos centros residenciales distribuidos en unidades de convivencia que permiten la adecuación de los espacios y ritmos de vida autónomos dentro de la organización general. Tienen una capacidad máxima por cada unidad de convivencia de 10 plazas.
− Viviendas tuteladas son centros instalados en viviendas normalizadas y sus usuarios son menores próximos a cumplir la mayoría de edad que debido a su situación socio– familiar necesitan apoyos para alcanzar su autonomía definitiva, funcionando en régimen de autogestión bajo la supervisión técnica de los/as educadores/as. Su capacidad máxima es de 8 plazas.
− Viviendas de transición son equipamientos ubicadas en viviendas normalizadas para jóvenes que debido a su situación socio familiar necesitan apoyos para alcanzar su autonomía definitiva, funcionando en régimen de autogestión bajo supervisión técnica externa de un educador/a. Su capacidad máxima es de 4 a 6 plazas.
− Centros con talleres formativos son equipamientos destinados a menores que al terminar la escolaridad obligatoria necesitan formarse para su futura incorporación al mundo laboral, mediante el aprendizaje de un oficio. Pueden estar integrados en otros equipamientos residenciales o de modo independiente.
− Centros de atención específicos son centros en los que se realiza una atención educativa especializada o tratamiento específico destinados a menores sujetos a medidas judiciales que padezcan adicciones o disfunciones psíquicas, si bien también pueden ser usuarios de dichos centros, de educación especializada o tratamiento específico, los menores tutelados que padecen dichas anomalías y dependencias.
Además de la anterior enumeración, por su importancia, ha de hacerse mención a los centros de atención de día, por ser equipamientos que proporcionan durante el día a menores en situación de riesgo, desamparo o conflicto social, una serie de servicios de apoyo socioeducativo y familiar, con el objeto de favorecer su proceso de normalización. Pueden funcionar como centros específicos de atención de día o como unidades de atención de día integradas en centros residenciales de menores.
De acuerdo con el art. 7 del Decreto 329/2005 son características comunes de los centros residenciales los siguientes:
− Estar situados, preferentemente, en núcleos de población, lugares de fácil acceso, con una red de transportes públicos adecuados y próximos a equipamientos sanitarios, educativos y servicios comunitarios para su atención.
− Deberán proporcionar una atención integral basada en las siguientes prestaciones:
manutención, alojamiento, apoyo psicológico–social y educativo, con particular atención a la promoción de la igualdad y a la eliminación de discriminaciones entre los jóvenes, asesoramiento escolar, promoción de la salud, animación planificada del tiempo libre, formación en las habilidades sociales básicas y colaboración, apoyo y orientación a las familias de los menores.
− Reunir las condiciones de habitabilidad recogidas en la normativa vigente y dispondrán
de una zona de estar –diferenciada de la zona de alojamiento–, comedor, cocina, lavandería, espacios con condiciones adecuadas para el estudio (en la propia habitación
o en una sala específica), dormitorios (e

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 26
 artículo 60
 resolución 
 resolución 
 resolución