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Timestamp: 2018-10-17 17:04:31+00:00

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El Proyecto para una nueva Constitución de la República de Cuba 2018: los desafíos políticos – ANTIIMPERIALISTA
galería	El Proyecto para una nueva Constitución de la República de Cuba 2018: los desafíos políticos
Mauricio Álvarez Arce
Las siguientes notas sobre el proyecto constitucional cubano responden a la necesidad de situar el análisis sobre sus componentes políticos centrales. Para abordar esta dimensión política, será necesario comprender la propuesta en función de la estructura y las funciones de gobierno, la relación esencial que presupone entre los ciudadanos con respecto al Estado y sus instituciones, así como la naturaleza del pacto social que define, en última instancia, el carácter del régimen político. Sin menospreciar otras aristas disciplinarias, el esfuerzo crítico intenta aportar argumentos al debate y ampliar los marcos de participación que reclama el anhelo Martiano: luchar por alcanzar la dignidad plena del hombre.Obviaré discutir dos preceptos de la propuesta constitucional: el reconocimiento a un único partido y la pretendida irrevocabilidad del socialismo. Respecto al unipartidismo, es una discusión que necesita replantearse críticamente tanto los esquemas socialistas, comunistas, republicanos, como los fundamentos liberales. Con relación a la irrevocabilidad sistémica, entra en conflicto con cualquier interpretación de la dialéctica, por tanto, lo considero más un elemento de la teología mística propia de los estudios de carácter religioso.
Estructuraré mis observaciones siguiendo la lógica del documento constitucional. [1]
Este razonamiento contradice el espíritu unitario del proceso histórico del cual es consecuencia, y no origen, el actual estado nacional, reconocido, además, en el preámbulo del anteproyecto. Pareciera un intento de establecer una unanimidad ideológica por dictado y no como fruto del consenso, la actividad política democrática y la voluntad general. Concretamente esta interpretación se realiza en el artículo 3 que vincula en un mismo sentido la defensa de la patria socialista con la traición, transformando de un plumazo lo que antes era un apartado situado en la sección de derechos, deberes y garantías (artículo 65) [2] en un fundamento político de la Nación, cuando lo adecuado sería plantearlo con relación al Estado.
Sobre el artículo 5 y su derivación paternalista (el artículo 6) no me detendré, para no llover sobre mojado . La formulación generalista contradice nuevamente el Artículo 10 toda vez que puede interpretarse como la suplantación por parte de la autoridad partidista de la soberanía popular: No existe ninguna ley que regule su proceder así como la relación del partido comunista con los órganos estatales y de gobierno. Intenta legitimar una función de vanguardia que en términos prácticos adorna más el papel que una condición real, toda vez que es una posición política que está en disputa permanentemente y no depende únicamente del partido sino también del reconocimiento de la sociedad, que es quién en última instancia legitima las hegemonías.
Título VI Estructura del Estado
La representación ciudadana queda así subsumida por un aparato ejecutivo relativamente pequeño que monopoliza el poder y ejerce sus funciones con unos márgenes enormes de discrecionalidad y una disposición temporal con la que no cuenta la propia asamblea. Como ha demostrado el funcionamiento formal del parlamento nacional cubano históricamente desde 1976, [3] a falta de ejercicio permanente y profesional de sus diputados, estos no tienen más remedio que suplir su ausencia de dominio, información y competencias con la ratificación generalmente unánime, de las disposiciones generales de gobierno concentradas en el Consejo de Estado.
En términos políticos, ello implica una centralización vertical de las funciones de gobierno y administración en ese “ petit comité”. Esta estructura favorece y propicia la consolidación de formas y acciones propias de una “oligarquía política” que ejecuta y decide aparentando imparcialidad, al mismo tiempo que posee y es “dueña” en la práctica de los recursos públicos nacionales. Si a esta acumulación de poder construida constitucionalmente le sumamos que está planteado [4] el ejercicio de estos cargos de representación y gobierno junto a la dirección del partido comunista, se genera una concentración excesiva de las decisiones, sin mediaciones de ningún mecanismo institucional, en manos de unas pocas figuras dirigentes de la estructura política del Estado.
La limitación de mandatos en el cargo de Presidente de la República, [5] una restricción constitucional enfocada a limitar el ejercicio del Poder, no alcanza para conjurar aquellas consecuencias no deseadas de éste, entre otras cosas porque no se excluye la posibilidad de rotar de posición entre estructuras que comparten funciones paralelas. Tampoco se asumen las mismas restricciones para los diputados nacionales, el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario de la Asamblea Nacional y la estructura del Consejo de Estado.
Se establece, no obstante, un límite a la integración [6] de este último cuerpo, que persigue afianzar la subordinación de organismos vitales de la estructura del Estado en unos casos al Presidente de la República y en los otros a la Asamblea Nacional del Poder Popular-Consejo de Estado, enfatizando la independencia funcional, más no institucional.
Sección Tercera: Consejo de Estado- Capítulo III: Presidente y Vicepresidente de la República
La relación entre el Consejo de Estado y el Presidente de la República, que son las dos instancias máximas de poder en el funcionamiento formal del gobierno y el estado, queda poco precisa. Se aprecian paralelismos en sus competencias, y subordinaciones en la administración de poder entre una y otra que, en caso de controversia, demuestran la urgencia de reclamar un órgano de jurisdicción que la resuelva. Dado que no se contempla en la estructura de gobierno tal órgano y que esta área de resolución pertenecería, al menos declarativamente, a la Asamblea Nacional, [7] que como he señalado permanece acotada debido a su ordenamiento funcional a una actividad temporal escasa, cualquier diferencia, definición o desacuerdo se encontrará orbitando alrededor de la ambigüedad o voluntad interpretativa de las posiciones de poder en disputa. Tampoco, la constitución niega que ambas instancias puedan ser ocupadas por la misma persona, lo cual si es establecido como práctica, desecha el esfuerzo en el sentido de diferenciar sustantivamente estos ámbitos de decisión.
Constituye un rasgo antidemocrático en sentido estricto del modelo nacional pues en última instancia determina, gobierna y administra una estructura que no es fruto de una concurrencia electoral o de otros elementos de participación decisoria por parte de la población, si no que obedece a normas y regulaciones internas de una burocracia no electa por esa sociedad. Sin ese límite esencial nada evitará que sea recurrente esta tensión, y que se haga más evidente uno de los aspectos negativos de la propuesta de modelo político cubano, que es la concentración y simultaneidad de funciones, advertida hace ya mucho tiempo por diferentes especialistas e investigadores [8].
Otra ambigüedad en la propuesta constitucional se evidencia al atribuírsele al municipio la capacidad de aprobar y controlar el plan de la economía, el presupuesto y el plan de desarrollo, [9] pero al mismo tiempo se obvia su capacidad de definir estas agendas, presentar programas y metas, conjunto de políticas, etc. Aun cuando no se niegue explícitamente, en el caso de que se presuma, que la aprobación [10] lleva implícito diseñar y renegociar propuestas distintas a las que se orientan desde los cuerpos superiores de gobierno, sería imprescindible disponerlo con claridad.
[4] Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en la clausura de la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 19 de abril de 2018, “Año 60 de la Revolución”. (Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado).
[6] Artículo 116: … No pueden integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros, ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control estatal.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=246786
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References: artículo 3
 artículo 5
 artículo 6
 Artículo 10
 resolución 
 Artículo 116