Source: http://www.todanelo.com/es/actualidad?page=1
Timestamp: 2018-12-19 17:07:12+00:00

Document:
Actualidad | Page 2 | Toda & Nel-lo Abogados
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que los agentes comerciales tienen derecho a ser indemnizados a la terminación del contrato aunque el contrato llegue a su fin durante el periodo de prueba.
La decisión responde al siguiente caso: una empresa (principal) contrató a otra empresa para que actuara como agente, encargándole la venta de veinticinco viviendas. El contrato establecía un período de prueba de doce meses, pudiendo cada una de las partes resolver el contrato respetando el plazo de preaviso previsto en el contrato. Habiendo transcurrido seis meses, el principal resolvió el contrato justificando su decisión en el incumplimiento del contrato por parte del agente, el cual en cinco meses solo había vendido una de las veinticinco viviendas. Estando el agente en periodo de prueba, el principal entendía que nada debía indemnizar.
La Corte francesa presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE, requiriendo que se pronunciara sobre la posibilidad de indemnizar al agente cuando el contrato hubiera sido resuelto durante el periodo de prueba.
Resuelve el TJUE que es voluntad de la Directiva 86/653, de la que deriva la normativa reguladora del contrato de agencia, proteger los intereses del agente comercial en sus relaciones con el empresario. Por ello entiende que el agente no puede ser privado de la indemnización por el único motivo de que la terminación del contrato hubiera tenido lugar durante el período de prueba
A propósito del 8M… sobre el derecho de huelga
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se convocó una huelga para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres... fue sin duda una buena oportunidad para reflexionar sobre el derecho de huelga, su regulación actual y sobre la necesidad de modificar el actual marco normativo.
La aparición y desarrollo del derecho de huelga tiene lugar en el contexto de consolidación del capitalismo liberal en Europa. En una primera etapa, desde finales del s. XVIII hasta finales del s. XIX, la huelga era considerada delito. Posteriormente hay una era de tolerancia, pero no están reguladas ni protegidas por las leyes. Finalmente viene la era de la reglamentación legal del derecho de huelga y en la actualidad la mayoría de países recogen el derecho a la huelga dentro de sus textos constitucionales, otorgándole el carácter de derecho fundamental.
En nuestro país, la consagración de la huelga como derecho se produjo con el Real Decreto Ley 17/1977. La Constitución de 1978 reconoce el derecho de huelga como derecho fundamental en su artículo 28.2, que establece que "Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".
Del artículo 28.2 de la Constitución se desprende que el derecho de huelga no es absoluto ni incondicional, si bien la interpretación ha de hacerse con criterio restrictivo a fin de no imponer a las personas otras limitaciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales que las que exigen el bien común y el respeto a los derechos de los demás.
La norma vigente de 1977 no es una mala ley, pero no parece que en la actualidad cumpla la función que se debe de atribuir a una norma que trata de regular el ejercicio del derecho de huelga. Por ello sería necesaria una nueva ley de huelga que regulara por encima de todo lo que son los servicios mínimos esenciales indispensables con ocasión del conflicto. Asimismo, deberían establecerse los mecanismos para fijar esos servicios mínimos, la forma de resolver los desacuerdos entre las partes y las garantías formales para la comunicación de los servicios mínimos esenciales a los trabajadores designados para cumplirlos. El incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los trabajadores debería comportar una sanción proporcional a la infracción cometida.
El aumento sustancial de los flujos de datos personales a la hora de realizar actividades como consecuencia de la rápida evolución tecnológica y la globalización, requerían un marco Europeo más sólido y coherente para la protección de datos, por lo que en mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, con el objetivo de unificar para todas las empresas que operan en la Unión Europea un único conjunto de normas de protección de datos con independencia de dónde tengan su sede, concediendo un plazo de dos años de margen para su implementación, siendo de obligada aplicación a partir del próximo 25 de Mayo de 2018.
Nos encontramos pues en la cuenta atrás para que las organizaciones adapten sus estructuras, protocolos y políticas, con las medidas necesarias para estar en condiciones de cumplir con las previsiones de este RGPD en el momento que sea de aplicación.
En este contexto, el RGPD contiene muchos conceptos y principios similares a los establecidos actualmente en materia de Protección de Datos, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 era una de las más maduras respeto al tratamiento de datos personales respecto al resto de los Estados miembros. Por ello, aquellas organizaciones que en la actualidad ya cumplen con la normativa de protección de datos tienen una buena base de partida para adaptarse al nuevo Reglamento.
Los dos aspectos más relevantes e innovadores del Reglamento para los responsables de tratamientos, y pilar del que deben partir las organizaciones son los siguientes:
El principio de responsabilidad proactiva: Las organizaciones deben adoptar una actitud consciente, diligente y proactiva frente a todos los tratamientos de datos personales que lleven a cabo, a fin de garantizar y poder demostrar que las medidas técnicas y organizativas que han adoptado son conformes al Reglamento.
El enfoque del riesgo: La aplicación de las medidas previstas por cada organización para garantizar el cumplimiento del Reglamento debe adaptarse a las características de la misma y los tratamientos que presenten, en función del riesgo para los derechos y las libertades de los titulares de los datos.
En definitiva las organizaciones deberán analizar todos los tratamientos de bases de datos de carácter personal, la finalidad de los mismos, el tiempo en los que se realiza, a quién transfiere sus datos y la aplicación, desde el inicio de cualquier actividad, de una política de responsabilidad activa que reduzca al máximo cualquier riesgo para los derechos y libertades de los interesados, porque son éstos al fin y al cabo, la principal razón de esta normativa: la protección al derecho fundamental de las personas físicas de protección de sus datos personales.
Sin embargo, adaptarse a esta nueva normativa debe ser considerado para las organizaciones como una oportunidad para ganar competitividad y fidelización de sus clientes y consumidores, pues les permitirá conocer en profundidad los datos de que disponen y encontrar un nuevo valor a este tipo de información, pues una vez adaptadas sus políticas, habrán ordenado aquellos cajones olvidados por muchas organizaciones llenos de datos de carácter personal obsoletos, garantizando que sólo se traten aquellos que sean necesarios para los fines del tratamiento (lo que el RGPD llama privacidad por defecto), y estableciendo un equilibro entre los datos y su flujo dentro de su actividad económica.
Finalmente, dentro de todo este proceso de adaptación, deberemos también considerar en su momento la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Española, cuyo Proyecto se encuentra en fase de tramitación, y si se elaborará asimismo un Reglamento de Desarrollo una vez se apruebe la nueva Ley.
Actualmente el texto de este Proyecto de Ley de Protección de Datos destaca como elementos novedosos respecto al RGPD por ejemplo; que adelanta a los trece años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos, hace referencia el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, y en caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión.
A nivel práctico, las principales novedades del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), respecto la situación jurídica actual en cuanto a protección de datos, y que deberán cotejar las organizaciones y en su caso aplicarlas antes del próximo 25 de Mayo, son:
La base legal sobre la que se desarrollan los tratamientos: Documentar e identificar claramente los intereses legítimos en los que se fundamentan las operaciones de tratamiento. El nuevo Reglamento no acepta formas de consentimiento tácito o por omisión, o cualquier consentimiento basado en la inacción, pues el consentimiento debe ser INEQUÍVOCO añadiendo en el caso de situaciones específicas, esto es, cuanto se traten datos sensibles, se adopten decisiones automatizadas o en caso de transferencias internacionales además se exigirá un consentimiento EXPLÍCITO.
Este cambio implica que deban revisarse todos los tratamientos iniciados con anterioridad al inicio de aplicación del Reglamento, pues únicamente seguirán siendo legítimos cuando el consentimiento lo hubieran prestado mediante una afirmación o acción afirmativa, o aquellos que puedan apoyarse en otra base legal, como puede ser el nuevo concepto de interés legítimo, debiendo de acreditar en cualquier caso el responsable este cumplimiento.
Transparencia e información a los interesados: La información a los interesados tanto respecto a las condiciones de los tratamientos que les afecten como en las respuestas a los ejercicios de los derechos, deberá proporcionarse de forma clara, inteligible, y de fácil acceso. Así el nuevo Reglamento establece una lista exhaustiva de la información que debe proporcionarse a los interesados, más amplia que la que hasta la fecha contenía la LOPD en su artículo 5, incorporando en líneas generales los siguientes detalles;
El plazo o criterios de conservación de la información
El derecho a presentar reclamación ante las autoridades de control
Deberán por ello adaptarse todas las notas legales existentes en los procedimientos de recogida de datos de las organizaciones, teniendo en cuenta principalmente que debe hacerse compatible esta mayor exigencia de información que introduce el Reglamento, y la voluntad que la información básica sea ofrecida a los interesados en el mismo momento y medio en que se recojan los datos.
Derechos: El Reglamento contiene los ya tradicionales derechos ARCO de la LOPD (acceso, rectificación, cancelación y oposición), ampliándolos además con el derecho de supresión (derecho al olvido), derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad de los datos y derecho de oposición y decisiones individualizadas de datos. Con carácter general, las principales obligaciones a tener en cuenta por las organizaciones en cuanto a los procedimientos de estos derechos son:
Se requiere a los responsables que posibiliten el ejercicio de esos derechos a través de procedimientos visibles, accesibles y sencillos, por medios electrónicos, especialmente cuando el tratamiento se realiza por estos medios y gratuitos.
El responsable deberá atender cualquier solicitud en el plazo de un mes, pudiéndose extender hasta dos meses más cuando se trate de solicitudes complejas.
El responsable que trate una gran cantidad de datos sobre un interesado podrá pedir a éste que especifique la información a la que se refiere su solicitud.
El RGPD contiene obligaciones específicas expresamente dirigidas a los encargados de tratamiento en cuanto al ejercicio de estos derechos.
Relaciones Responsable – Encargado: Según el RGPD, el responsable deberá adoptar medidas apropiadas, incluida la elección de los encargados de tratamiento, de forma que garantice y esté en condición de demostrar que el tratamiento que subcontrata se realiza conforme el RGPD, vinculando esta exigencia con el principio de responsabilidad activa, pilar fundamental del RGPD en cualquier actividad de tratamiento de datos. Por ello, los contratos vigentes a la aplicación del RGPD deberán modificarse y adaptarse para que sean válidas, sin ser válidas remisiones genéricas al artículo del RGPD que lo regula.
Los contratos menores en la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: ¿son los cambios aparentes?
El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Uno de los aspectos que más revuelo ha generado es la nueva redacción de la regulación sobre los contratos menores o de adjudicación directa.
Así, el legislador se ha centrado en reforzar la transparencia, reducir los umbrales económicos y evitar el fraccionamiento indebido del objeto de la prestación en sucesivos contratos menores. Además, se ha extendido la aplicación de su régimen a aquellos poderes adjudicadores que no tienen el carácter de Administración Pública. Sin embargo, a pesar de las novedades introducidas en el procedimiento de adjudicación, lo cierto es que este tipo de contratos mantiene sus características y aplicación práctica.
De este modo, si bien la modificación de mayor calado suponía aparentemente la prohibición de contratar directamente con un mismo adjudicatario prestaciones por valor igual o superior a 15.000 euros (servicios y suministros) o a 40.000 euros (obras) en el período de un año, las interpretaciones efectuadas por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (“JCCPE”) han diluido esta limitación “por adjudicatario”.
Así, de conformidad con la interpretación efectuada por la JCCPE en sus Informes núms. 41/2017, 42/2017 y 5/2018:
“(…) la exigencia de que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen el umbral establecido debe interpretarse de modo que lo que la norma impide no es que se celebren otros contratos menores por el mismo operador económico sin límite alguno, sino que la conducta prohibida y que, por consecuencia, debe ser objeto de la necesaria justificación, consiste en que se celebren sucesivos contratos cuyas prestaciones constituyan una unidad y cuya fragmentación resulte injustificada en dos supuestos: bien por haber existido un previo contrato de cuantía superior al umbral y que, sin embargo, se desgaja sin motivo en otros contratos menores posteriores con prestaciones que debieron formar parte del primer contrato, o bien porque esto se haga fraccionando indebidamente el objeto en sucesivos contratos menores”.
Por lo tanto, de acuerdo con la interpretación de la JCCPE, en realidad la nueva Ley no prohíbe la contratación menor con un mismo contratista en cuantías iguales o superiores a 15.000 o a 40.000 euros, sino la injustificada fragmentación de las prestaciones que deban constituir un mismo contrato.
Siendo así, en la tramitación del expediente administrativo del contrato menor resultará conveniente no sólo la acreditación de la necesidad del contrato, sino también de la inexistencia de fragmentación del objeto del mismo.
En definitiva, resulta evidente que la interpretación de la “nueva” limitación, que aparentaba ser una ruptura con el anterior sistema, supone en realidad la continuidad del régimen jurídico, si bien con la obligación adicional de justificar la no fragmentación de los contratos.
La adquirente de una empresa no es responsable solidaria de las deudas que la concursada adquirida tuviera con la Seguridad Social
Recientemente el Tribunal Supremo ha resuelto un supuesto en el que una empresa había adquirido otra empresa declarada en concurso que mantenía deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social. La TGSS declaró responsable solidaria a la empresa adquirente respecto de las deudas que la empresa adquirida tenía pendientes con la Seguridad Social por cuotas y recargos.
La TGSS defendía que la adquisición de una empresa o de una unidad productiva, cuando se mantenía la identidad, debía regirse por las normas generales de sucesión de empresas, debiendo asumir la empresa adquirente no solo las deudas laborales sino también las deudas con la Seguridad Social.
El TS (Sala de lo Contencioso-administrativo) en Sentencia núm. 113/2018 de 29 de enero, resuelve aplicando la Ley Concursal por ser ley especial para entidades en concurso. Entiende el Alto Tribunal, que en estricta aplicación del artículo 149.2 de la Ley Concursal , en caso de adquisición de una unidad productiva en un procedimiento concursal, esta es « sólo a efectos laborales », con exclusión de las deudas de la Seguridad Social, no pudiendo hacerse responsable solidaria a la empresa adquirente.
La DGRN, en sus últimas resoluciones (entre otras la de 19 de enero de 2017), declara que una mayoría reforzada para la toma de decisiones en la junta general que, en la práctica, exija la unanimidad de todos los socios, es válida e inscribible en la medida en que formalmente no se exige estatutariamente la unanimidad (prohibida por el art. 200 LSC). En concreto, la DGRN acuerda que la situación fáctica en la que pueda encontrarse una sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada momento sean titulares del capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos siempre y cuando no todos los socios estén de acuerdo, no implica la vulneración del artículo 200 de la LSC en el que se prohíbe exigir la unanimidad para la adopción de un acuerdo.
El mencionado artículo 200 LSC establece que para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables superior al establecido por la ley, sin llegar a la unanimidad. En base a este precepto, una sociedad se podría encontrar en una situación en la cual en sus estatutos, para un determinado acuerdo, se requiere una mayoría de votos favorables y que por la situación accionarial de ese momento de la sociedad, ese acuerdo sólo pudiera ser aprobado si todos los socios de la misma votaran en el mismo sentido.
Un ejemplo de esta situación es el resuelto por la Resolución de la DGRN de 19 de enero de 2017, en la que los estatutos de la sociedad en cuestión requieren una mayoría que suponga el voto favorable del setenta por cien (70%) de los votos cuando la sociedad tiene 3 socios y cada uno de ellos ostenta la titularidad de un tercio del capital social, por lo que para alcanzar el 70% requerido sería necesario que los tres socios votaran en el mismo sentido, es decir, el 100% del capital, la unanimidad.
La DGRN entiende que los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con sujeción a las normas de carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras nos sean modificados y que por el hecho de que en un momento determinado todos los socios de la sociedad tengan que votar en el mismo sentido para la aprobación de un acuerdo, eso no significa que en los estatutos se haya incluido la unanimidad como mayoría reforzada.

References: Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 5
 artículo 149
 artículo 200
 artículo 200
 Resolución