Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-alava-31-01-2000-118251
Timestamp: 2019-09-18 15:42:49+00:00

Document:
Núm. Resolución: R000006
El hecho de que las prestaciones por desempleo dejen de estar exentas en el IRPF a partir del 1 de enero de 1994 responde a la voluntad del legislador plasmada en una disposición legal, cuyo cumplimiento no puede soslayarse bajo el pretexto de que el derecho a su percepción fuera reconocido en el año 1993.
En Vitoria-Gasteiz, a treinta y uno de enero de dos mil.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 240/96 interpuesta por D. con DNI y domicilio a efectos de notificaciones en , contra resolución del Jefe de Sección del IRPF de 19 de enero de 1996, que confirma la liquidación nº 95/318423 por el ejercicio 1994; cuantía: 146.053 pts.
Primero.-La liquidación de referencia incrementa los ingresos de trabajo declarados en 619.114 pts. percibidas del Instituto Nacional de Empleo.
Segundo.-Contra la resolución que la confirma formula el Sr. la presente reclamación y solicita se imputen al ejercicio 1993, año en el que no estaban gravadas por el impuesto, pues son prestaciones de desempleo reconocidas en 1993 y pagadas en ése y en el siguiente. Subsidiariamente solicita se eliminen las últimas 38.694 pts., porque corresponden al primer pago pero son retenidas hasta el final como medida de garantía del propio Instituto.
Primero.-La cuestión a resolver se circunscribe al tratamiento tributario de las prestaciones por desempleo en el IRPF del ejercicio 1994 y, más en concreto, a si pueden imputarse al ejercicio anterior, año de su reconocimiento, en que estaban sujetas y exentas del impuesto.
Segundo.-El motivo de la reclamación no es otro que el cambio normativo producido con la Ley 21/93, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, y su correlativo Decreto Normativo de Urgencia Fiscal, nº 2/94, de 15 de febrero, del Territorio Histórico de Álava, que modifica el art. 9.b) de la Norma Foral del impuesto.
Tercero.-En la resolución impugnada la Hacienda Foral correctamente fundamenta el gravamen en el artículo 14.Dos del Reglamento, de 10 de marzo de 1992, que lo transcribe así:'A efectos de lo previsto en el apartado anterior(criterio general de imputación temporal de ingresos y gastos), se entenderá que se han devengado los ingresos en el momento en que sean exigibles por el acreedor'.
Al reclamante no le parece suficiente el rango normativo del precepto y contraargumenta con el artículo 56.Cuatro de la Norma Foral de 11 de diciembre de 1991:'En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se imputarán proporcionalmente a medida que se efectúen los cobros correspondientes, salvo que el sujeto pasivo decida imputarlas al momento del nacimiento del derecho.'
Cuarto.-El principio general que la normativa establece es el de independencia de ejercicios, de forma y manera que la base imponible estará constituída por el importe de la renta en el período de la imposición. De los distintos componentes de la renta, los ingresos en concreto se imputan al período en que se devengan, con independencia de cuándo se realicen los respectivos cobros -art. 56. Uno de la Norma-. La determinación de qué hay que entender por devengo se encuentra en el artículo 14.Dos antes transcrito, que lo equipara al criterio de exigibilidad.
Esta regla general tiene reconocidas diversas excepciones en los arts. 56 de la Norma y 14 y 15 del Reglamento, referidos a incrementos y disminuciones de patrimonio, sociedades transparentes, operaciones a plazos, saldos en divisas y rendimientos de trabajo. Para estos últimos en concreto el apartado Seis del art. 14 prevé que cuando por causas no imputables al sujeto pasivo se perciban en año distinto de aquél en que eran exigibles se imputarán a éste practicando liquidación complementaria. Como la cantidad liquidada por la Hacienda Foral se percibió y era exigible en 1994, no hay regla de imputación singular que resulte aplicable, ni siquiera por la cantidad que corresponde a 1993, pues, como hemos visto, el devengo se liga a la exigibilidad y ésta no se produce hasta 1994.
Quinto.- El argumento de considerar estas percepciones operaciones a plazos o con precio aplazado es de imposible encuadramiento en el actual sistema de la imposición directa de las personas físicas, ya que no existe la más mínima similitud entre las operaciones con precio aplazado a las que se refiere el apartado Cuatro del art. 14 del Reglamento del impuesto y las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
En efecto, el término 'operaciones' que utilizan el Plan General de Contabilidad, el derecho mercantil y las normativas reguladoras de los Impuestos de Sociedades, IRPF, IVA y Transmisiones Patrimoniales se refiere a contratos, transacciones o negocios realizados por los empresarios y comerciantes que ordenan su actividad por cuenta propia y corren con el riesgo y ventura de la misma, obligados a contabilizar todas sus operaciones y hechos de relevancia económica so pena de incurrir en las infracciones previstas.
De acuerdo con esta concepción, aplicable al IRPF y al Impuesto de Sociedades, el art. 89 del Reglamento de este último, de 15 de octubre de 1982, entonces vigente, disponía que se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas ventas y ejecuciones de obra cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos; y las normativas de ambos impuestos arbitran un criterio especial de imputación, el de caja, para no incidir en la tesorería del sujeto pasivo hasta el extremo de provocarle problemas de liquidez, al tener que satisfacer tributos sobre rendimientos obtenidos pero no percibidos.
De otro lado, como el art. 56.Cuatro de la Norma es aplicable no sólo a los rendimientos sino a las rentas en general, el mismo criterio de imputación podrá utilizarse en los casos de incrementos y disminuciones de patrimonio resultantes de operaciones no estrictamente empresariales, esto es, las del sujeto pasivo no empresario que opera con precio aplazado en relación a su patrimonio personal.
Por el contrario, las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social, sean de desempleo, de pensiones o de haberes pasivos, calificadas por el art. 24 de la Norma Foral del impuesto como rendimientos de trabajo, son las que derivan o son consecuencia de una relación laboral, según expresión del artículo citado, entendiendo por tal la de quien presta servicios retribuídos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otro.
Llevado a sus últimos extremos el argumento que aquí se ha traído supondría que en el año en que el trabajador pasa a situación de jubilación podría tributar por todas las prestaciones que vaya a percibir en el futuro, lo que resulta totalmente fuera de lugar, pues el reconocimiento del derecho a una prestación, por sí solo, ninguna obligación fiscal conlleva, menos aún si es de desempleo, que se deja sin efecto en el mismo momento en que el beneficiario desarrolla un trabajo.
Sexto.- Por lo anteriormente expuesto y razonado procede desestimar la presente reclamación y confirmar los actos impugnados que sujetaron a gravamen las prestaciones por desempleo percibidas durante el ejercicio 1994.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 240/96 interpuesta por D. ,contra resolución del Jefe de Sección del IRPF de 19 de enero de 1996, que confirma la liquidación nº 95/318423 por el ejercicio 1994,RESUELVEDESESTIMAR la misma y confirmar los actos administrativos impugnados, por ser conformes a Derecho.
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 artículo 14
 artículo 56
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