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Timestamp: 2020-01-20 18:24:02+00:00

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C-316 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020020789CC-SENTENCIAC316200230/04/2002CC-SENTENCIA_C_316__2002_30/04/2002200207892002Sentencia C-316/02 CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Previa suscripción /CAUCION PRENDARIA EN MATERIA PENAL -Concepto CAUCION EN EL PROCESO -Concepto y alcance En términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además, (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismos de seguridad y de indemnización dentro del proceso. CAUCION EN MATERIA PENAL -Finalidad En materia penal, la finalidad de las cauciones es asegurar la comparecencia al proceso del sujeto investigado. En esos términos, la caución penal es del primer tipo, es decir, asegura, garantiza y afianza el cumplimiento de un compromiso adquirido durante el proceso: el de hacerse presente en él. El hecho de que en materia penal la caución no tenga una función indemnizatoria es consecuencia de la naturaleza misma del procedimiento: ya que en la causa penal no es dable hablar de pretensiones y, por consiguiente, de contraparte, la caución como mecanismo indemnizatorio de los posibles perjuicios ocasionados mediante el ejercicio de actuaciones procesales no tiene aplicación en tales diligencias. CAUCION COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO -Modalidades que asumía CAUCION EN MATERIA PENAL -Régimen anterior CAUCION EN MATERIA PENAL -Transformación por nuevo régimen de procedimiento DETENCION PREVENTIVA COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO UNICA CAUCION COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO AUTONOMA -Nueva legislación descartó la prendaria y juratoria /CAUCION PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Prescindencia de la juratoria LIBERTAD PERSONAL -Protección privilegiada respecto de vinculación al proceso de quien fue acusado LIBERTAD -Privación por violaciones de mayor gravedad a previstas en régimen anterior CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Necesidad de recurrir es más escasa CAUCION PRENDARIA EN MATERIA PENAL -Monto mínimo LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO PENAL -Determinación de estructura LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL -Determinación de estructura /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL -Reducción de instituciones MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO -Reducción a la detención preventiva LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CAUCION JURATORIA -Eliminación /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL- Inclusión o exclusión de institución LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL -Competencia El legislador es el único competente para determinar el diseño de los procedimientos, diseño que responde a las necesidades de una política legislativa concreta cuyo control excede las funciones propias del juez constitucional. POLITICA CRIMINAL -Determinación legislativa PROCEDIMIENTO JUDICIAL -Eliminación de estructura no quebranta per se derechos sustanciales que se vinculan /PROCEDIMIENTO JUDICIAL -Realización del derecho La eliminación de una estructura procedimental no quebranta per se los derechos sustanciales que con ella se vinculan. Es sabido que las normas y las instituciones procesales son entidades que sirven de instrumentos para garantizar la realización del derecho. En ese sentido, como las instituciones del procedimiento no son fines en sí mismas, sino vías a través de las cuales se realiza la justicia, su desaparición no afecta automáticamente ningún derecho sustancial. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL -Límites a autonomía /CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL -Alcance Aunque en principio las decisiones legislativas que determinan la estructura y diseño de los procedimientos son autónomas, por lo que su cuestionamiento no le está permitido hacerlo al juez constitucional, aquellas resultan susceptibles de reproche jurisdiccional cuando por su conducto se quebrantan principios y garantías constitucionales. La Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de configuración que le confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal determina si la potestad configurativa se ejerció respetando los principios constitucionales y las garantías protegidas por el constituyente o si éstas han quedado desamparadas por la decisión legislativa que se estudia. Precisamente sobre este particular, la Corte Constitucional ha dicho que el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, no obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquél esté obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política. CAUCION PRENDARIA -Cuantía mínima CAUCION PRENDARIA Y CAUCION JURATORIA -Vecindad temática y jurídica entre cuantía mínima y eliminación CAUCION PRENDARIA -Garantía de comparecencia del procesado PRINCIPIO DE IGUALDAD EN CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Cuantía mínima desconoce realidad económica y social El quebrantamiento del principio de igualdad constitucional vendría de la mano de un desconocimiento de la realidad económica y social del país por virtud de la cual, no todas las personas sometidas al imperio de la justicia tienen la misma capacidad económica o, por lo menos, capacidad económica suficiente para cancelar una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual a fin de obtener una excarcelación. Es específicamente respecto de dichos individuos que se predica el trato desigual conferido por la norma. JUICIO DE IGUALDAD -Criterio de razonabilidad y requisito de proporcionalidad CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Capacidad económica por debajo de cuantía mínima Lo que sí parece constituir una desproporción es que se desconozca que la capacidad económica de muchos colombianos se encuentra por debajo del monto señalado por la norma como cuantía mínima de la caución prendaria. En efecto, no hace falta adelantar mayores investigaciones socio-económicas ni aportar extensas estadísticas sobre la realidad de la Nación para averiguar que hoy por hoy, muchas personas y muchas familias subsisten mensualmente con menos de un salario mínimo legal. CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Incapacidad económica de cancelar cuantía mínima CAUCION PRENDARIA -Graduación conforme a capacidad económica se rompe por cuantía mínima JUICIO DE IGUALDAD EN CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Cuantía mínima CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL -Cuantía mínima no consulta condiciones sociales y económicas del país y desconoce igualdad real y efectiva SOCIEDAD -Desigualdad económica /ESTADO -Nivelación social JUICIO DE IGUALDAD -Tratamiento diferenciado a población económicamente menos favorecida DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA -Imposición de requisito económico rígido POLIZA DE GARANTIA -Implica erogación Referencia: expediente D-3762
MANUEL FIDENCIO TORRES GALEANOCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, que estipula la caución prendaria.D3762Identificadores20020020790true35671Versión original20020790Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, que estipula la caución prendaria.
Actor: Manuel Fidencio Torres Galeano
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución Política, el ciudadano Manuel Fidencio Torres Galeano demandó la inexequibilidad del artículo 369 de la ley 600 de 2000 por considerarlo contrario a los artículos 1º, 13, 43 y 46 de la Carta Política.
Actuando en representación del ente de la referencia, intervino en el proceso el ciudadano Gustavo Morales Marín con el fin de solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la norma.
En representación de la mentada academia, intervino en el proceso el ciudadano Jorge Enrique Valencia M., uno de sus Miembros Correspondientes, quien solicitó a la Corte declarar exequible la norma demandada.
Actuando dentro del término legal establecido para los efectos, el señor Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, solicitó a la Corporación declarar la exequibilidad de la medida inserta en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000.
En relación con la cuantía mínima para prestar caución prendaria, el Procurador señala que no es desproporcionada si se tiene en cuenta que aquella es aplicable para garantizar la comparecencia de sindicados de delitos cuya gravedad denota una afectación seria de los intereses de la comunidad. Además, dicha cuantía no constituye una suma imposible de pagar cuando se está frente a la posibilidad de recuperar la libertad, donde, "valga señalar, debió habérsele dado al interno los mecanismos para que pueda trabajar y con ello obtener ingresos e ir redimiendo la eventual pena.". La cuantía de la caución debe ser tal que el inculpado tema perderla al dejar de comparecer al proceso penal al cual se encuentra vinculado. De allí que sea necesario fijarle un monto mínimo.
2. Pronunciamientos previos de la Corte Constitucional sobre la materia
En primer lugar debe precisarse que los cargos de la demanda no van dirigidos contra la totalidad del texto del artículo 369 de la Ley 600 de 2000 sino, exclusivamente, contra el aparte de la norma que consagra la cuantía mínima de la caución prendaria. En este sentido, debe entenderse que la parte acusada de la disposición es aquella que dice"uno (1)", refiriéndose a un salario mínimo como cuantía de la mencionada caución.
Ni los intervinientes ni el Procurador General de la Nación consideran por su parte que la cuantía mínima de la caución prendaria vulnere los derechos de lo sindicados ya que, a su juicio, la existencia de una vía alterna para garantizar la comparecencia del procesado al despacho judicial, como lo es la suscripción de una póliza de garantía ante el despacho judicial que tramita la investigación, permite que quienes no tienen los medios económicos para sufragar la caución, puedan obtener el beneficio de la libertad provisional que concede la Ley.
De acuerdo con el artículo el artículo 365 de la Ley 600 de 2000, por la cual se expidió el Nuevo Código de Procedimiento Penal, el sindicado que se encuentre privado de la libertad puede obtener el beneficio de la libertad provisional si se cumple alguna de las 8 causales mencionadas en la norma[1].
En términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además, (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismos de seguridad y de indemnización dentro del proceso[2].
En primer lugar, el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 estableció como la única medida de aseguramiento la detención preventiva, concentrando en ella las funciones de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir la fuga o la continuación de la actividad delictiva o de las labores que realice para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria (Art. 355ibídem). La detención preventiva como medida de aseguramiento se impone, según previsión de la norma penal, cuando el mínimo de la pena de prisión establecida para el delito que se investiga sea o exceda los 4 años o en cualquiera de los delitos enumerados en el numeral 2º del mismo artículo.
A juicio de la Corporación, la decisión del Legislador de reducir las medidas de aseguramiento a la detención preventiva resultó ajustada a la Carta Política pues"el fundamento de dicha modificación radica en la potestad del legislador para crear y suprimir figuras legales, siempre y cuando se respeten los cánones constitucionales que deben regir toda la actividad legislativa.".
"Ciertamente, nada obliga al legislador a mantener incólumes las medidas de aseguramiento imponibles dentro del proceso penal, pues ellas no hacen parte del derecho fundamental al debido proceso. Son simples formas que se utilizan para asegurar el cumplimiento y el desarrollo de la investigación y la etapa de juzgamiento, de tal forma que en vez de favorecer al sindicado, implican una carga que lo obliga a comparecer al proceso. Así, si el legislador considera que no es necesario consagrar varias medidas de aseguramiento, sino una sola, tiene plena facultad de hacerlo.". (Sentencia C-620/01, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería)
"La selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración."[3]
Así mismo, la eliminación de una estructura procedimental no quebrantaper se los derechos sustanciales que con ella se vinculan. Es sabido que las normas y las instituciones procesales son entidades que sirven de instrumentos para garantizar la realización del derecho. En ese sentido, como las instituciones del procedimiento no son fines en sí mismas, sino vías a través de las cuales se realiza la justicia, su desaparición no afecta automáticamente ningún derecho sustancial.
"En ejercicio de esta facultad, ha dicho también la Corte, el legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración legislativa, limitado solamente por aquellas disposiciones de carácter superior que consagran las garantías constitucionales que conforman la noción de 'debido proceso'. En este sentido ha expresado:
'…debe la Corte, además, puntualizar que el Legislador goza de amplia libertad para definir el régimen procedimental de los juicios, actuaciones y acciones a que da lugar el derecho sustancial, de acuerdo a razones de política legislativa, comoquiera que el Constituyente, al tenor de lo preceptuado en los numerales 1º. y 2º. del artículo 150 de la Carta, le ha conferido en esa materia, un amplio margen de apreciación discrecional.
'Como lo ha señalado esta Corporación en numerosas decisiones[4], en las materias en las que compete al Congreso de la República ´'expedir códigos en todos los ramos de la legislación," este goza de una importante "libertad de configuración legislativa," a la que son inherentes mayores prerrogativas de valoración y de regulación normativa, pues, sin ella, no sería posible que, mediante el desarrollo de la función de "expedir las leyes,' pudiese atender los requerimientos y particularidades propias de las cambiantes exigencias de la realidad nacional.
'Esto no significa obviamente que el Congreso pueda configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos, pues -ciertamente- la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a la igualdad (CP art. 13), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables y proporcionadas, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado en numerosas sentencias[5].
' Ahora bien, en la medida en que la propia Constitución atribuye al órgano legislativo la atribución de legislar en esta materia, es entendido que el Congreso tiene amplia discrecionalidad para regular los procesos y procedimientos judiciales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política.'
"Así, pues, corresponde a ese órgano político evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos integrantes de los procedimientos mediante los cuales se adelanten los procesos judiciales."[6]
6. Examen de razonabilidad de la medida demandada
El criterio que toma como fundamento la capacidad de pago del individuo para determinar un trato diferencial, en este caso, para señalar el monto de una imposición dineraria, no es opuesto,per se, al principio de igualdad constitucional. Por el contrario, su reconocimiento garantiza que las cargas económicas guarden relación proporcional con el patrimonio disponible de quienes las soportan, constituyéndose este balance en ejemplo fehaciente de la aplicación del principio de equidad constitucional.
Lo que sí parece constituir una desproporción, a la luz de dichos criterios, es que se desconozca que la capacidad económica de muchos colombianos se encuentra por debajo del monto señalado por la norma como cuantía mínima de la caución prendaria. En efecto, no hace falta adelantar mayores investigaciones socio-económicas ni aportar extensas estadísticas sobre la realidad de la Nación para averiguar que hoy por hoy, muchas personas y muchas familias subsisten mensualmente con menos de un salario mínimo legal[7]. Tampoco es difícil imaginar -dolorosamente, es fácil hacerlo- que la satisfacción de las necesidades básicas de muchos individuos depende de lo que puedan producir o puedan recibir día a día en el desempeño de humildes oficios[8], debido a las altas tasas de desempleo que se incrementan a diario en el país[9].
En Colombia, la existencia de personas incapaces de cancelar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual constituye una realidad verosímil, actual y cotidiana, antes que una circunstancia extraña o excepcional[10]. La pobreza y sus degradantes niveles son, en el país, un hecho notorio.
De allí que la regla de proporcionalidad que establece la necesidad de graduar la caución prendaria de acuerdo con la capacidad económica del procesado se rompa con la fijación de una cuantía mínima, pues dicho monto impide que el criterio económico opere por igual para el universo de individuos que pudieran estar en situaciónsub judice.
La pregunta obvia que sigue a esta reflexión es, entonces, ¿por qué si se consulta la capacidad económica de quienes pueden pagar desde uno a mil salarios mínimos legales mensuales, no se hace lo propio con quienes sólo pueden sufragar una cantidad menor La forma en que ha sido planteado este interrogante deja al descubierto la desigualdad que subyace a la norma. A través suyo se llega a la paradoja de que para los más necesitados no se aplica el principio de la proporcionalidad y de que por esa vía, además, se desconoce también su derecho a la libertad personal, pues, como quedó establecido en la primera parte de la providencia, la ausencia de una alternativa no económica, como en el régimen anterior lo era la caución juratoria, hace imposible conservar en condiciones de igualdad los derechos procesales de los menos favorecidos.
La medida por la cual se establece una cuantía mínima a la caución prendaria no consulta las condiciones sociales y económicas del país y se erige en institución que desconoce la igualdad real y efectiva de los asociados. Por esa vía, la norma contraría el artículo 13 de la Constitución que prescribe que"el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados."
"Cuando la norma demandada impone un porcentaje fijo para todo aquél que pretenda someter su caso a la jurisdicción, no es inequitativa en apariencia, pues toma como base la cuantía de la presunta deuda.Aunque a primera vista puede parecer justa la medida, no toma en cuenta la capacidadreal de pago del demandante, ni sus condiciones específicas. No contempla, dentro de las situaciones disímiles que pretende abarcar, aquélla en la que el demandante no tenga acceso al mercado financiero, o no pueda llenar las exigencias de una póliza. Con esto, recibe un trato desigual con respecto a otros deudores de obligaciones fiscales que se encuentran en su misma situación, y queda desprovisto de toda posibilidad de solucionar su problema con la administración de impuestos.
"18. En consecuencia, habiendo encontrado una solución legal que respeta los derechos constitucionales involucrados y consulta los fines de la ley tributaria y, por ende, consciente de que no existirá un vacío legal en el procedimiento en cuestión, la Corte declarará la inconstitucionalidad de la norma demandada; en su lugar, el juez contencioso deberá regirse por lo preceptuado en el artículo 140 del CCA,y fijar la cuantía y tipo de garantía que debe constituir el demandante para respaldar su pretensión, demostrar la seriedad de su demanda y, en caso de un fallo adverso a sus intereses, garantizar en parte el pago de su obligación tributaria.
"En el caso de un ciudadano que no esté en capacidad de constituir una caución sin comprometer los recursos necesarios para su congrua subsistencia, tendrá derecho al denominado "amparo de pobreza", reconocido en el artículo 2° de la LEAJ y en los artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil, ordenamiento que, como se sabe, se aplica al procedimiento contencioso administrativo en lo no previsto por las leyes especializadas en la materia (art. 267 CCA)". (Sentencia C-318 de 1998 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz; subrayas fuera del original)
El mismo criterio resulta aplicable a los argumentos que esgrimen los intervinientes y el Procurador General de la Nación en relación con la póliza de garantía. En efecto, aquellos sostienen que la póliza de garantía es una opción procesal que le permite obtener la libertad provisional a los procesados que se encuentran en incapacidad económica de sufragar el depósito de un salario mínimo legal mensual. No obstante, tales argumentos desconocen que para la suscripción de una póliza de garantía también es necesario hacer una erogación, y que esta, por disposición del mismo artículo 369 del C. de P. P., debe ser tal que garantice una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, lo cual hace suponer que también existe un mínimo económico que debe ser cancelado para gozar por esta vía del beneficio de la libertad provisional.
De acuerdo con lo dicho, esta Corte estima que la expresión"uno (1)", contenida en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, es inexequible y, por tanto debe ser retirada del ordenamiento jurídico. En esa medida, como no existe, a partir de esta providencia, monto mínimo al que deba atenerse el funcionario judicial para imponer la caución prendaria, éste podrá, consultando la capacidad económica del procesado, imponer una caución por un monto menor, llegando incluso hasta prescindir de la caución si la capacidad del pago del inculpado es a tal extremo precaria.
DeclararINEXEQUIBLE la expresión "uno (1)" del artículo 369 de la Ley 600 de 2000.
Inexequible la expresión ... Artículo 369 LEY_600_2000_24/07/2000
[1] Artículo 365. Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:
[2] Numerosos ejemplos de éste segundo tipo de cauciones se encuentran en el derecho civil. Así, a manera de ejemplo, en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil se establece la obligación para el agente oficioso de prestar caución para responder porque el demandante ratificará su actuación. Si así no sucede, la garantía indemniza los perjuicios causados por su actuación procesal. Del mismo modo, se establece en el artículo 519 de la misma regulación que se deberá prestar caución para impedir o levantar embargos dentro del proceso ejecutivo; así como se dispone, en el artículo 513 que dentro del proceso ejecutivo, deberá prestarse caución para solicitar medidas cautelares con el fin de garantizar el pago de los perjuicios que dichas medidas pudieran ocasionar al demandado o a terceros.
[3] Sentencia C-187 de 1997
[4] Véase las Sentencias C-38 DE 1995; C-032 y C-081 de 1996; C-327, C-429 y C-470 de 1997;y, C-198 de 1998.
[7] De conformidad con el boletín informativo SISD 30 del Departamento Nacional de Planeación, publicado por dicha dependencia en Diciembre de 2001, "Colombia reune en la actualidad la mayor parte de las características negativas esbozadas por la CEPAL (se refiere al informe de dicha organización, publicado en el año 2000): una severa crisis económica, los mayores niveles de desempleo de su historia, catástrofes naturales, conflicto armado, violencia, desplazamiento forzado, etc; elementos que en su conjunto configuran el marco en el que se espera se agudicen las condiciones de pobreza en el país."
[8] Entre los diferentes índices utilizados por el DNP para calcular los niveles de pobreza de la población colombiana se destaca el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que califica como pobre a quien carece de vivienda construida con materiales apropiados, si tiene servicios públicos inadecuados, si tiene nivel de hacinamiento crítico, si el grado de dependencia económica es alto y si uno de sus niños entre 7 y 11 años no asiste a un establecimiento escolar. De acuerdo con este índice, en el año 2000 el 23.0% de la población colombiana tenía al menos una NBI. Por su parte, el índice de Línea de Pobreza (LP) determina la población nacional que no recibe un nivel de ingresos suficientes para satisfacer los niveles básicos nutricionales de su familia. De conformidad con el DNP, "este indicador muestra que en el país continúa incrementándose la pobreza, el porcentaje de personas por debajo de la Línea de Pobreza que en 1999 era de 56.3%, en 2000 se acerca a 60%; en valores absolutos significa un aumento en el número de pobres, por este concepto, de 2 millones de personas (22.647.877 en 1999 y 24. 610.844 en 2000). En términos de indigencia, el panorama es igualmente desalentador; el porcentaje de personas en estas condiciones pasa de 19.7% en 1999 a 23.4% en 2000.".
[9] "Infortunadamente, Colombia se encuentra en una etapa en donde la incidencia del desempleo es muy elevada y sin signos claros de recuperación (...), con todas sus connotaciones negativas. La tasa de desempleo para el total del país, pasa de 16.3% en 1999 a 16.6% en 2000. A pesar que en términos relativos el deterioro no parece ser significativo, en valores absolutos el incremento en el número de desempleados se acerca a los 350 mil (2'900.000 en 1997 y 3'247.000) en el 2000), lo que refleja la gran limitante que tiene el aparato productivo para generar puestos de trabajo." SISD 30. DNP
[10] "El impacto directo sobre la pobreza provocado por la caída de los ingresos es, a pesar de los enormes diferenciales, tan grave en la zona urbana como en la rural -sostiene el informe del DNP-. En septiembre de 1999 el porcentaje de población por debajo de la Línea de Pobreza (LP) en la zona urbana era del orden de 47% y en la rural de 80%, en 2000 en la primera de las zonas el porcentaje se incrementa en 4 puntos y en la rural en 3 puntos. Es preciso advertir que el DANE no ha estimado líneas de pobreza rural; estas corresponden a estimaciones de investigadores privados.".

References: artículo 369
 artículo 369
 artículo 241
 artículo 369
 artículo 369
 artículo 369
 artículo 365
 artículo 356
 artículo 150
 artículo 13
 artículo 140
 artículo 2
 artículo 369
 artículo 369
 artículo 369
 Artículo 369
 Artículo 365
 artículo 47
 artículo 519
 artículo 513