Source: https://es.scribd.com/doc/27036892/texto-proyecto-Ley-Contraloria-Social
Timestamp: 2016-05-01 08:48:24+00:00

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La Contraloría Social la podemos entender, no solamente como un mecanismo o medio, sino también como un nuevo derecho ciudadano emergente que viene a complementar el derecho político a la participación directa en la toma de decisiones en la gestión pública y evaluación de sus resultados. Este nuevo derecho emergente se sustenta a su vez en otros derechos constitucionales como lo son: el derecho a la información, la consulta, la petición y en la conocida rendición de cuentas. La contraloría social tiene como fin primordial el ejercicio del derecho a la participación en los procesos de planificación, ejecución, supervisión, sistematización y evaluación de todas las actividades, programas y proyectos desarrollados por la administración pública o por sectores privados que afecten negativamente los intereses colectivos de los ciudadanos, así como del patrimonio público y de todos los bienes servicios y recursos del dominio público. La contraloría social ya es un tema introducido en el marco legal vigente en el país. Sin embargo, la contraloría social aún no poseía una ley específica y propia, con normas y procedimientos que determinen con precisión su contorno y formas de operación institucional. Veamos un resumen de sus menciones legales más significativas. Primero, la Constitución Bolivariana (1999), la considera (de manera directa o indirecta) en varios de sus artículos. Se incluye en el derecho a petición (artículo 51); y como un derecho y expresión de protagonismo ciudadano (artículo 62); se establece en la obligación de rendición de cuentas de parte las autoridades ante los electores (artículo (6). La Carta Magna también la consagra en los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas; y el derecho a la información oportuna y veraz de los ciudadanos y ciudadanas (artículos 55, 62, ]0, 135, 141, 143, 173 Y 315); Y finalmente, determina la inclusión de la ciudadanía en los procesos de control y evaluación de la gestión local (artículos 168 y 184). Segundo, la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) consagra categóricamente el control social sobre la gestión pública (artículo 138). Tercero, la Ley Orgánica de Planificación (2001) de igual manera, define en forma expresa, el control social en materia de planificación (artículo 14); así como también el derecho a participación ciudadana en ese ámbito funcional (artículo 58); la obligación a promocionar dicha participación por parte de los organismos oficiales (en su artículo 59); y la obligación a suministrar información al pueblo (artículo 60). Cuarto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y el Sistema de Control Fiscal (2001) contienen una serie de preceptos bien precisos. Establece como un derecho, el control ciudadano sobre la gestión pública (artículo 1); además determina que los órganos responsables de la función contralora deben fomentar la participación de los ciudadanos (artículo 6). Entre las atribuciones y obligaciones del Contralor General, queda determinada el fomento de la participación ciudadana en el control de la gestión pública (artículo 14). De igual manera, los
ciudadanos son considerados como parte del Sistema de Control Fiscal (artículo 24), y la participación ciudadana queda definida como un principio rector del Sistema de Control Fiscal (artículo 25). La misma ley determina que el Contralor o Contralora, dicte normas destinadas al tratamiento de la atención a las iniciativas de la comunidad en el proceso de participación, las e alto impacto económico, financiero y social (artículo 75). Por último, indica que las comunidades organizadas y las organizaciones representativas de sectores de la sociedad pueden postular candidatos a los órganos de control fiscal (artículo 76). Quinto, la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (2002), le otorga a tales instancias funciones de evaluación y control de la gestión de planificación de las agencias estatales (artículo 9). Igual ocurre con la reciente reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública 2002, cual determina funciones de seguimiento, evaluación y control a los CLPP; ante la , gestión gubernamental de carácter local (artículo 5). Sexto, la Ley Orgánica de Poder Público Municipal (2005), se ocupa del tema de la Contraloría Social de una manera amplia. Por ejemplo, las Juntas Parroquiales desempeñan un papel fundamental. Primero, son las llamadas a promover los procesos comunitarios de contraloría social (artículo 37), y también se encuentran obligadas a brindar la información necesaria a la ciudadanía sobre la gestión municipal. Por otra parte, esta ley determina que las alcaldías deben implantar la utilización de la telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de gestión (artículo 77). En materia de rendición de cuentas, la LOPPM obliga al alcalde a presentar un informe a las comunidades sobre su gestión. También indica que el contralor o contralora municipal podrá ser destituido (y esto es importante) por la inobservancia reiterada por las comunidades en el ejercicio de la contraloría social. Pero algo bien trascendente en la LOPPM, es el reconocimiento al derecho de los ciudadanos a organizarse en contralorías sociales, con el apoyo de la contraloría municipal (artículo 259). Por si fuera poco, la LOPPM consagra la contraloría social como un medio de participación popular en el ejercicio de su soberanía. En tal sentido, la contraloría social es un mecanismo de vigilancia ciudadana sobre el gobierno (artículo 272), que tiene una expresión organizativa y funciones específicas: tales como: informar al resto de la ciudadanía de su actividad, presentar informes a las entidades oficiales y presentar denuncias ante los organismos competentes sobre hechos u omisiones que afectaren los intereses de la colectividad (artículo 274). Además se establece que las autoridades municipales deben dar la mayor publicidad posible a sus actos administrativos y de interés general; tales como: proyectos, licitaciones, contrataciones, y sus costos y otros aspectos relevantes (artículo 275). Séptimo, la muy reciente Ley de los Consejos Comunales (2006), define a estos consejos como medios para ejercer "la formulación, ejecución, control y evaluación" de las políticas públicas (artículo 1) e incluso crea una "Unidad de Contraloría Social" cuyo objeto sería la realización de actividades de contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal; así como sobre los programas y
proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal (artículo 23). El ejercicio pleno de la contraloría social depende de la acción combinada del sector público y de las comunidades. De ambos actores, se requiere una actitud positiva. Corresponde al Estado la obligación de garantizar las condiciones operativas mínimas para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer este derecho, sin trabas. De allí que, el acceso a la información sobre la gestión programática de cada entidad oficial tiene que ser fácil y desprovisto de las interminables "formalidades burocráticas". Otro tema es la necesidad de emprender un programa de reforma o transformación administrativa en la estructura y los procesos de gobierno. Este programa de transformación tendría que estar dirigido a superar la atención endógena del aparato público; para centrar1a en los planteamientos, recomendaciones y observaciones que formulen los ciudadanos. Por otra parte, la profesionalización de la burocracia pública y su capacitación y adiestramiento es otra tarea impostergable por parte del Estado y sus gestores para contribuir al desarrollo efectivo de la contraloría social. Un detalle adicional, es la definición de lapsos, reglas y procedimientos claros para la realización de los procesos de contraloría social; por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. En términos generales podemos afirmar que la misma busca el desarrollo y la consolidación de la corresponsabilidad. La participación de los ciudadanos en el control de gestión pública, no es una cosa nueva, como mencionamos anteriormente, ya existían y existen ciertos medios de control, entre los que destaca la rendición de cuentas. Uno de los principales antecedentes de 10 que hoy conocemos como contraloría social, lo encontramos en el ideario bolivariano, a través de los pensamientos de Simón Bolívar se puede apreciar la evolución de los diferentes enfoques e implicaciones de la acción contralora. Simón Bolívar señaló durante un discurso en el Convento de San Francisco, en la ciudad de Caracas, el 02 de febrero de 1814. "La hacienda nacional no es de quienes os gobiernan. Todos aquellos a los que habéis hecho depositarios de vuestros intereses, tienen la obligación de deciros el uso que de ellos han hecho". Este primer aspecto inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, está asociado con lo que en los actuales momentos, conocemos como uno de los principales controles del ejercicio de la democracia representativa "la rendición de cuentas públicas"; En él se señala que la rendición de cuentas es una "obligación" de los funcionarios públicos que ejerzan acciones de gobierno o maneje los recursos de la hacienda nacional o rentas públicas. Posteriormente duran te el Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1.81 <), Bolívar, va más allá de la simple rendición de cuentas, al afirma que: "Es el deber de todo ciudadano vigilar sobre la legítima inversión de las rentas públicas en beneficio de la sociedad". De esta afirmación se desprende varios elementos claves de la actual contraloría social, primero que es un "deber" de
cada ciudadano; en segundo lugar que ese deber se concreta, a través de la acción de "vigilancia" que debe ejercer todo ciudadano sobre las rentas públicas y en tercer lugar que tanto la hacienda pública como el ejercicio del deber de vigilar la misma, deben estar orientadas al "beneficio de la colectividad" que constituyen la sociedad en todo su conjunto. En el contenido del Decreto del 18 de marzo de 1.824, podemos apreciar un avance significativo en el pensamiento de Bolívar, en relación al alcance de la acción contralora por parte de los ciudadanos al señalar que: "Todo ciudadano tiene el derecho de velar sobre la hacienda nacional, su conservación es de interés general. Los que la defrauden son enemigos capitales; y en este caso, la delación, lejos de degradar al que la hace es una prueba de su ardiente celo por el bien público" en este decreto se consolida la contraloría social como un acto de defensa conservación o resguardo de los bienes públicos y se consagra la misma como un "derecho", es decir que el contenido del Discurso de Angostura en donde destaca la vigilancia como un deber, ahora es complementado por el derecho de velar y vigilar las rentas o la hacienda pública nacional. Este derecho atribuido a los ciudadanos, lo caracteriza como un derecho individual pero que también es un derecho colectivo al afirmar que es de "interés general" y en "beneficio de la sociedad", el derecho de velar sobre la hacienda nacional para su resguardo, defensa o conservación. En tal sentido podemos ubicar el reconocimiento de este derecho, dentro de la categoría de los derechos o intereses difusos. Otro aspecto importante del contenido es que la vigilancia de las rentas públicas va acompañada por la activación de la denuncia (delación) cuando los ciudadanos se percaten de actos de corrupción, es decir que la vigilancia es complementada por la acción propiamente de control de la gestión. La contraloría social bajo el enfoque del ideario bolivariano queda expresada, como un deber y un derecho de todo ciudadano y en la obligación de rendición de cuentas públicas por parte de los funcionarios públicos. Los cuales se concreta, a través de la vigilancia y el control expresado mediante la activación de las los mecanismo propiamente de control (denuncias), porque de lo contrario pasaríamos formar parte del sistema de complicidad, en donde tiene su origen la impunidad de los delitos. Por último, a este instrumento jurídico se le categoriza como orgánico bajo dos premisas fundamentales: 1.- Operativiza el derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar libre, voluntaria y democráticamente en todos los asuntos públicos en virtud de los medios de participación y protagonismo del pueblo reconocidos por el constituyentista en los artículos 62 y 70 de la Carta Magna. 2.- Regula un derecho constitucional de carácter político atribuible al contexto de derecho humano, tratándolo de manera frontal y directa. En el marco de estas premisas, se subsume entonces esta Ley a la categoría normativa de Ley Orgánica de acuerdo a los tipos normativos previstos en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto de la Ley Artículo 1.- El objeto de la presente Leyes regular y desarrollar los mecanismos y las condiciones para el ejercicio de la Contraloría Social, todo ello, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, las leyes y las demás disposiciones que emanen del Estado de Derecho y Justicia, en tanto consagren la participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio pleno de su soberanía y la corresponsabilidad social, mediante la vigilancia, supervisión, seguimiento y su integración a la función de control de la gestión pública; así como de todas las actividades públicas y privadas relacionadas con el bien común y con el financiamiento, producción, distribución, comercialización, intercambio, prestación y consumo de bienes, servicios y conocimientos en los ámbitos públicos, privados y comunitarios. Definición Artículo 2.- La Contraloría Social es un medio de participación ciudadana y protagonismo del pueblo en el ejercicio de la función social de control, vigilancia, supervisión, seguimiento, evaluación e integración en la cogestión de los asuntos de interés social públicos, privados y comunitarios. Se constituirán por iniciativa libre y voluntaria de los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela. En el ejercicio de sus funciones los contralores y contraloras sociales son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público, sin perjuicio de las normas y procedimientos establecidos en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Naturaleza de la Contraloría Social Artículo 3.- La Contraloría social emana de la participación ciudadana a través del ejercicio del Poder Popular y tendrá como fin democratizar la cultura de participación social en el control, vigilancia, supervisión, seguimiento, evaluación e integración comunitaria, fortaleciendo los conocimientos y valores para el desarrollo humano integral sustentable, la solidaridad, la convivencia justa y la paz social, para la construcción del Estado Socialista Comunal. Ámbito de Aplicación Artículo 4.- Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a todas las instancias del Poder Público, el sector privado y las distintas expresiones del Poder Popular en sus múltiples interrelaciones. La Contraloría Social participa en la vigilancia, control, seguimiento y supervisión de la gestión pública y comunal en sus distintos niveles políticoterritoriales y de todas las actividades públicas y privadas relacionadas con el interés social.
Principios Artículo 5.- El ejercicio de la Contraloría Social se hará conforme a los principios de objetividad, disciplina, transparencia, rectitud, participación, coordinación, justicia, equidad, imparcialidad, corresponsabilidad, honestidad, deber social, eficiencia del gasto, eficiencia del servicio, flexibilidad y simplicidad de las formas. CAPÍTULO II DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Atribuciones Artículo 6.- La Contraloría Social comprende la vigilancia, control, seguimiento y supervisión de: 1.- Todas las actividades de interés social, tanto públicas como, privadas y comunitarias que afectan la vida de la población. 2.- Las relaciones sociales de propiedad, producción, distribución, intercambio y consumo, así como las laborales. 3.- La gestión del Estado y todas sus instituciones; el uso de los recursos, los Ingresos y gastos públicos. 4.- La gestiones de las organizaciones integrantes del Poder' Popular y todas sus actividades sociales y económicas: el uso de sus recursos, gastos e ingresos. 5.- Él uso de los bienes y servicios que sean de utilidad pública e interés social, tanto públicos como privados y comunitarios. 6.- Los servicios públicos, prestados directamente por entes del Estado en sus distintos niveles político territoriales y por entidades privadas y/o comunitarias. 7.- El acceso de las personas a bienes y servicios de utilidad pública e interés social, así como sus precios y costos. 8.- El libre y oportuno acceso a la información de los entes públicos, y comunitarios; y de los entes privados cuyo conocimiento sea de interés social. 9.- La actuación de funcionarios y funcionarias públicos. De la Organización Artículo 7.- A los fines de la organización de la Contraloría Social se establece lo siguiente: 1.- Se podrá conformar y expresar en todos los ámbitos de la vida social, y en todos los niveles de la división político territorial del Estado; en especial en el ámbito geográfico del consejo comunal, la comuna y demás formas organizativas del Poder Popular. 2.- Se ejerce de forma individual o colectiva por iniciativa propia de las ciudadanas y los ciudadanos, siguiendo los principios establecidos en la Constitución y en las leyes.
3.- De manera autónoma e independiente, podrá coordinar y articular acciones con los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal y Parroquia!. 4.- Se podrá organizar en comités o redes de ciudadanos, en todos los ámbitos de la gestión pública, privada y comunitaria, así como en los bienes y servicios que sean de utilidad pública e interés social, y cualquier otro aspecto que influye en la vida de la sociedad. 5.- Los comités de los Consejos Comunales y otros órganos integrantes del Poder Popular podrán ejercer la contraloría social en el ámbito y en los temas de su competencia. 6.- La contraloría social contará para el ejercicio de sus funciones con órganos permanentes en todos los niveles político territoriales del Estado, cuando los consejos comunales y en algunos casos, otras formas de organización del Poder Popular, (así como otras organizaciones sociales populares), se asocien para actuar de manera conjunta en su ámbito geográfico o en los diversos ámbitos de la vida social. Único: En el ejercicio de sus funciones de contraloría social, los ciudadanos y ciudadanas en su carácter de servidores sociales, no podrán ser objeto de imposición de medidas administrativas, policiales y penales que obstruyan su libre acción y desenvolvimiento, sin perjuicio del cumplimiento estricto del marco jurídico normativo vigente. En el caso de que la contraloría social surja por parte de los trabajadores y trabajadoras dentro de sus espacios de trabajos tanto públicos como privados, éstos gozarán de inamovilidad laboral por cualquier causa inherente al ejercicio de sus funciones contraloras. En todos los casos, los contralores sociales gozarán de protección especial del Estado cuando existan riesgos derivados del cumplimiento de sus funciones para ellos o sus familias. De la Duración Articulo 8.- El ejercicio de la Contraloría Social es un derecho y deber político constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela, cuya acción es potestativa de manera libre y voluntaria. Eventualmente, cuando quienes decidan ejercerla transitoriamente y se centren en una materia específica, su duración finalizará cuando culmine la ejecución del hecho o situación que generó su conformación. La Contraloría Social podrá en el ejercicio de sus funciones, constituirse en órganos permanentes cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el artículo anterior. Requisitos Articulo 9.-. Las ciudadanas y los ciudadanos que integren la instancia organizativa de la Contraloría Social deben: 1.- Ser ciudadanas y ciudadanos de reconocida solvencia moral.
2.- Ser mayores de edad y con vínculos de permanencia en el ámbito territorial. 3.- Ser electo en asamblea de ciudadanos y ciudadanas, o en Asamblea General en el caso de tratarse de una organización del Poder Popular. 4.- Conocer los instrumentos legales que guarden relación con las contralorías sociales y la participación ciudadana. De las limitaciones Artículo 10. Los miembros de una Contraloría Social no podrán celebrar contratos por sí o por interpuestas personas que redunden en la obtención de beneficios económicos derivados del objeto de la contraloría que desarrollen. Conformación Artículo 11. La Contraloría Social se integrará de forma libre y voluntaria, bajo la forma organizativa que sus miembros decidan. En todo caso, las contralorías sociales permanentes contarán con una dirección colectiva en la que todos sus integrantes tienen igualdad de potestades. A los efectos operativos, estas contarán por lo menos con Un Coordinador de la contraloría Social y un Subcoordinador, y una secretaría; en caso de necesidad, las demás responsabilidades serán definidas entre sus integrantes de manera horizontal y no subordinada. Atribuciones del Coordinador de la Contraloría Social Artículo 12. Son atribuciones del Coordinador de la Contraloría Social: 1.- Coordinar las reuniones de los miembros de la Contraloría y las Asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas por la Contraloría Social. 2.- Ejercer la representación jurídica de la Contraloría Social ante los organismos públicos y privados. 3.- Convocar a la comunidad a las asambleas para informarle acerca de las obras que se estén realizando en el ámbito territorial. 4.- Controlar, supervisar y evaluar las actividades previstas en esta Ley. 5.- Firmar conjuntamente con la secretaría el libro de actas, comunicaciones, notas y demás documentos que emanen de la Contraloría Social 6.- Hacer cumplir las resoluciones de la asamblea y demás disposiciones que emanen de las reuniones de los miembros de la Contraloría Social 7.- Redactar junto con la secretaría los informes que se tengan que realizar. Atribuciones del Subcoordinador Articulo 13. Son atribuciones del Subcoordinador: 1.- Suplir al Coordinador de la Contraloría Social en su ausencia parcial o temporal y asumir sus funciones, cuando así lo decidan la mayoría de los miembros de la Contraloría Social. 2.- Mantener informados a los vecinos sobre las obras que se están ejecutando en su
sector. 3.- Comunicar el contenido de los informes suscritos por los miembros de la Contraloría Social, en los cuales se indicarán las observaciones y sugerencias de los vecinos a las empresas contratistas, acerca de los trabajos que se estén realizando en sus comunidades. 4.- Vigilar que los materiales que se estén utilizando en las construcciones de las obras sean de buena calidad y que cumplan con las normas de control establecidas. 5.- Levantar las actas sobre las denuncias, observaciones y sugerencias que se tengan de las obras y consignarlas ante la secretaría para su posterior discusión y análisis en las reuniones de los miembros de la Contraloría Social. Deberes de la Secretaría de la Contraloría Social Artículo 14.- Son atribuciones y deberes de la Secretaría de la contraloría Social. 1.- Llevar las actas de las reuniones y asambleas que realicen los miembros de la Contraloría Social 2.- Llevar al día el libro de actas 3.- Llevar el control de la correspondencia 4.- Elaborar el programa de actividades de la Contraloría Social y hacer el seguimiento del cumplimiento de éste. Del Registro Artículo 15.- La contraloría social que decida adoptar la figura enunciada en el artículo anterior u otra forma organizativa se registrarán ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Participación Ciudadana, con lo cual, adquirirán su personalidad jurídica. Todas aquellas organizaciones con fines de contraloría social, que adquieran su personalidad jurídica mediante otro procedimiento, harán la inscripción en el registro que a tales fines lleve el Ministerio del Poder Popular en materia de participación Ciudadana. CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO Artículo 16.- El procedimiento a realizar, una vez constituida la Contraloría Social, será el siguiente: 1.- Informar a los organismos de control fiscal, comunitario, local, regional y nacional respectivamente de la apertura del procedimiento, según su ámbito de competencia. 2.- La información deberá realizarse por escrito e indicando sus características: individual, colectiva, comunitaria, transitoria o permanente, así como el objeto de controlo monitoreo. 3. Consignar el cronograma provisional de trabajo y el listado de los recursos, informaciones o herramientas que requerirán para desarrollar la contraloría.
4.- Recabar y constatar las pruebas del hecho irregular. 5.- Consignar las pruebas ante el organismo administrativo correspondiente, para que imponga las medidas, sanciones y multas administrativas, civiles y penales según sea el caso. 6.- En caso de omisión, inhibición o contumacia del órgano administrativo legalmente facultado para imponer las sanciones correspondientes derivadas de la acción de la Contraloría Social, en los plazos previstos en las leyes de la República a través de sus organismos, el Poder Popular podrá actuar de manera directa con el acompañamiento de la Policía Nacional, Guardia Nacional o las milicias bolivarianas ejecutando sus decisiones, sin perjuicio de las medidas y sanciones de las cuales serán objeto las autoridades a las cuales correspondía ejecutar tales acciones. Funciones Específicas Artículo 17.- Son funciones específicas de la Contraloría Social constituida: 1.- Realizar observaciones y registro en relación con el objeto de control o monitoreo. Para ello podrá: revisar documentos, observar hechos, entrevistar a ejecutores y beneficiarios del proyecto y cualquier otra actividad de monitoreo que le permita una apreciación objetiva en relación con el objeto sujeto a control. 2.- Realizar averiguaciones que permitan: identificar el o los hechos; los presuntos autores y una síntesis de los soportes que fundamentan la averiguación. 3.- Elaborar informes, diagnósticos, parciales y definitivos basados en toda la información recopilada y su interpretación. El borrador del informe definitivo deberá ser del conocimiento público con la finalidad de que se puedan recoger opiniones y modificar o ampliar su contenido. 4.- El informe definitivo debe contener conclusiones claras y un cuerpo de recomendaciones dirigidas al mejoramiento de lo monitoreado. 5.- El informe definitivo debe ser divulgado a través de cualquier medio de difusión: un medio impreso o electrónico, persona a persona, pequeños grupos y su contenido socializado en la Asamblea Comunitaria de Ciudadanas y Ciudadanos y en cualquier otro espacio que así lo permita. 6.- La Contraloría Social constituida, tiene el deber de emprender las acciones que juzgue pertinente en relación con los resultados de su observación. Así, podrá elevar peticiones, denuncias o querellas cuando encuentre presuntos delitos u omisiones para lograr que sus hallazgos sean investigados por las instancias correspondientes y se tomen los correctivos que sean necesarios de acuerdo con la legislación vigente. 7.- Los integrantes de la Contraloría Social deberán tener especial cuidado en fundamentar y constatar con hechos y pruebas tangibles cada uno de los señalamientos
que hagan. Inicio Artículo 18.- Se inicia la averiguación por denuncia, noticia criminis, petición iniciativa de la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, así como de toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento sobre la irregularidad de la prestación del servicio o ejecución de una obra que sea de interés colectivo. Legitimados Artículo 19.- Toda persona podrá dirigir denuncias o peticiones ante las Contralorías Sociales, sobre los asuntos relacionados con las obras y servicios programados en su comunidad o sobre las ejecuciones de éstos y en general sobre cualquier actividad irregular que haya realizado cualquier funcionario de los organismos públicos ubicados en el Municipio. Documentos y pruebas Articulo 20.- Toda denuncia debe ser avalada con las pruebas correspondientes y acompañada de sus respectivos soportes. Sustanciación Articulo 21. Las denuncias o hechos ilícitos que se presenten o surjan en la ejecución de una obra, prestación de un servicio o programa social en las comunidades de las parroquias deberá, estar sustanciadas y contenidas en un expediente con los respectivos soportes, avalados por los miembros de la Contralaría Social y por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. La Contraloría Social una vez culminada la investigación deberá ejercer las acciones legales a que hubiera lugar ante los órganos jurisdiccionales competentes. Contenido de la Averiguación Articulo 22.- Las averiguaciones deben contener: 1.- Identificación de los hechos 2.- Identificación de los presuntos autores 3.- Una síntesis de los soportes donde fundamentan la investigación. Actas Articulo 23. En toda actuación del órgano de Contralaría Social, deberá levantarse acta, que firmaran todos los presentes y que servirá de Auto de Proceder. Libros de Actas Articulo 24. Las Contralorías Sociales deberán llevar un libro de actas de sus reuniones y en la primera reunión deberán asentar el nombre completo de la Contraloría Social, el ámbito que representa, su ubicación geográfica y la población aproximada del ámbito territorial que representa. Resultados
Articulo 25. Todo informe de la Contraloría Social deberá terminar con un proyecto de análisis acerca del asunto a que se contrae o con la proposición o proposiciones que se haya encomendado a investigar. Informes Articulo 26. Los informes de la Contralaría Social serán sometidos a consideración de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, para su discusión y aprobación, pudiendo la Asamblea, hacer las observaciones que considere pertinente. Acuerdos Artículo 27.- Los acuerdos o decisiones de los miembros de la Contraloría Social se tomarán por mayoría simple. CAPITULO VI DE LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO O CIUDADANA EN LA FUNCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL Escuela Social de Contra lo ría Artículo 28.- A los fines de consolidar las funciones previstas en la presente Ley sobre el ejercicio de la Contraloría Social, se creará con carácter permanente los diferentes ámbitos, instancias y espacios de la vida social la Escuela Social de Contralaría. A estos efectos, la Contraloría General de la República, las contralorías estadales, municipales, comunales, los ministerios del poder popular con competencias en materias de finanzas, planificación y participación ciudadana, así como los órganos del Poder Ciudadano, colaborarán con recursos humanos, técnicos y financieros en la creación, desarrollo y funcionamiento de dicha Escuela. Finalidades Artículo 29.- La Escuela Social de Contraloría tiene como finalidad formar al ciudadano y ciudadana de manera integral en áreas técnicas, legales, sociales y en cualquier otra área del conocimiento inherente al mejor desempeño de las funciones de contralor o contralora social, aplicando los principios objetividad, disciplina, transparencia, rectitud, participación, coordinación, justicia, equidad, imparcialidad, corresponsabilidad, honestidad, responsabilidad social, eficiencia del gasto, eficiencia del servicio, flexibilidad y simplicidad de las formas, lo cual fortaleciendo los conocimientos y valores para el desarrollo humano integral sustentable bajo el esquema de la solidaridad, la convivencia justa y la paz social, para la construcción del Estado Socialista Comunal. Conformación de la Escuela Artículo 30.- La Escuela Social de Contraloría, será un centro de confluencia de saberes, formación ciudadana, convivencia social de estudio y discusión, abiertos a la participación
de todos los ciudadanos y ciudadanas sin limitaciones de arden político, ideológico, religioso, económico, étnico y social. Ámbito de acción Artículo 31. La sede de la Escuela Social de Contraloría se irá consolidando de acuerdo a la dinámica de participación ciudadana, quienes determinarán su ámbito de acción sin atender limitaciones por área geográfica o poblacional. CAPITULO V DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Dentro de los seis primeros meses, contados a partir de la publicación de la gaceta oficial de la presente Ley, el Poder Ejecutivo Nacional elaborará y dictara el Reglamento de la presente Ley. Segunda. Mientras se adecua el marco jurídico para convertir al Poder Popular en una instancia de decisión, se tomará el artículo 17 de la presente Ley, como una medida ejecutoria excepcional, dada la realidad social actual.
CAPITULO VI DISPOSICIONES DEROGATORIA Única. Queda derogadas todas las normas y actos que colidan con la presente Ley. En aquellas materias contenidas en leyes de rango superior podrán aplicarse de manera concatenadas con el contenido de la presente Ley, respetando las especialidades de los asuntos regulados en este texto normativo. CAPITULO VII DISPOSICIÓN FINAL Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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References: artículo 59
 artículo 203
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 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 artículo 17