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Sala de casacion civil margarita cabello blanco
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SALA DE CASACION CIVIL
Magistrada Ponente
STC7280-2015
Radicación n°. 05001-22-03-000-2015-00227-01
(Aprobado en sesión de tres de junio de dos mil quince)
Bogotá D. C., once (11) de junio de dos mil quince (2015).
Se decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de abril de 2015, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó la acción de tutela promovida por Leobardo Alcides Medina Ruiz en contra del Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de la misma ciudad, vinculándose a José David Salazar Osorio.
1. El gestor demandó la protección constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada.
2. Arguyó, como sustento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:
2.1. El señor José David Salazar Osorio le formuló demanda ejecutiva con garantía real con base en dos pagarés por la suma $50’000.000,oo, suscritos por Mauricio Medina Castro, a quien, mediante Escritura Pública número 33087, de 22 de diciembre de 2006, otorgada en la Notaría 6 de Medellín, le compró los inmuebles con matrículas inmobiliarias números 001-509216, 001-509217 y 001-509223, y, el 12 de enero de 2011 el Juzgado 17 Civil del Circuito de esa misma ciudad libró mandamiento de pago (fls. 2 y 3 cdno. 1).
2.2. El 16 de junio siguiente contestó el libelo y propuso las excepciones de «integración de Litis consortes necesarios- art. 51 del C. de P.C», «no haber sido el demandado quien suscribió el título valor», «prescripción de los títulos valores» y, «alteración de los títulos valores» y, el 5 de agosto posterior se ordenó la práctica de «prueba pericial en orden a verificar la alteración de los títulos» (fl. 3 ibídem).
2.3. El 14 de diciembre de esa anualidad el grafólogo rindió el dictamen en el que concluyó que «[l]os anteriores análisis, digno efecto de discusión y abstracción realizados al material de estudio, nos remiten a considerar de manera positiva la alteración plena de estos documentos que obviamente, por los mismos efectos se logra establecer que en uno de ellos existía un lugar para un dígito correspondiente al año en que debería pagarse dicha obligación, y en el otro de estos enmendado el guarismo completo», del que solicitó aclaración el ejecutante y, el 16 de marzo de 2012 fue ratificado (fls. 3 y 4 cdno. 1).
2.4. El 21 de agosto siguiente el expediente fue enviado al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongestión y el 29 de noviembre posterior dictó sentencia acogiendo sus defensas y «resolviendo el cese de la ejecución, además de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares y condenando en costas a la parte demandante», la que fue apelada y, el día 12 de diciembre de 2013, el Tribunal Superior de Medellín la revocó (fl. 4 cdno. 1).
2.5. El 9 de septiembre de 2014 el despacho censurado «fija fecha de remate para el día 10 de octubre de 2014» y, el 8 de octubre del mismo año presentó incidente de nulidad que fue rechazado y, declarado desierto el remate el 10 de octubre posterior, providencia que recurrió, manteniéndola con proveído de 20 de febrero de 2015 y se fija nueva fecha para realizar la almoneda el día 26 de marzo del año en curso (fl. 4 ib.).
3. Pidió, conforme lo relatado, se «decrete la nulidad del auto de febrero 20 de 2015» (fl. 6 ibídem).
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS
1. El funcionario de ejecución civil del circuito querellado señaló que el accionante «pretendió invocar incidente de nulidad, porque en su sentir, el secuestro efectuado sobre los bienes gravados con hipoteca era inexistente, toda vez que el comisionado reemplazó al secuestre nombrado por el Juzgado sin facultad expresa para hacerlo» y allí mismo «quiso poner de presente la supuesta existencia de un Litis consorcio necesario, toda vez que frente al inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria N° 001-509223, además del gravamen hipotecario acá cobrado, existían otras dos hipotecas, la una contenida en la anotación 8, otorgada por los señores MAURICIO MEDINA CASTRO y LUISANA DEL CARMEN MORALES NAVARRO, en favor del señor JUAN ROBEIRO GONZALEZ ACEVEDO y la otra registrada en la anotación N° 10, gravamen constituido por los señores MAURICIO MEDINA CASTRO y LUISANA DEL CARMEN MORALES NAVARRO, en favor de la señora MARLENNI DEL SOCORRO TOBON GRAJALES, hipoteca ésta última que en su sentir no ha sido cancelada y, por ende, tenía que haber sido citada la acreedora», pero por auto de 10 de octubre de 2014, la rechazó de plano porque «respecto a la supuesta irregularidad presentada al momento de realizar la diligencia de secuestro, tenía que haber sido alegada dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto que ordenó agregar dicho Despacho Auxiliado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del C. de P. Civil, lo cual no hizo».
Agregó que, en cuanto a la falta de notificación a la otra acreedora hipotecaria, «la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá ser alegada por la persona afectada, situación que no ostentaba el demandado; además, en caso de que el demandado estuviera legitimado para invocar tal nulidad, ésta no se había presentado, por cuanto después de revisar el certificado de libertad del inmueble sobre el cual se alegaba la misma, se pudo advertir que el gravamen contenido en la anotación 10 que había sido otorgado por los señores MAURICIO MEDINA CASTRO y LUISANA DEL CARMEN MORALES NAVARRO, en favor de la señora MARLENNI DEL SOCORRO TOBON GRAJALES, había sido cancelado con la anotación 15 del mismo certificado, en el que se informaba que se cancelaba la hipoteca constituida por los señores MAURICIO MEDINA CASTRO y LUISANA DEL CARMEN MORALES NAVARRO, en favor de la señora MARLENNI DEL SOCORRO TOBON GRAJALES, ya que el hecho de que en dicha anotación se indicaba que se cancelaba la anotación 9, lo cierto es que ésta última anotación correspondía a la cancelación del gravamen contenido en la anotación 8, es decir, la anotación 9 no hacía alusión a la constitución de ningún gravamen»
Seguidamente expuso que frente a esa decisión el inconforme formuló reposición que fue resuelta de manera desfavorable el 20 de febrero del año en curso, sin que se advierta ninguna irregularidad con la que se le estén vulnerando los derechos fundamentales que aduce conculcados y, que más bien se advierten maniobras dilatorias para evitar la realización de la diligencia de remate.
Agrega que «el hecho que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no identifique correctamente en la anotación N° 15, que el gravamen que cancela con la misma, corresponde a la anotación N° 10, es una circunstancia que no puede servir de excusa para entrabar el proceso y crear en el demandante una carga adicional e innecesaria de ordenarle efectuar la notificación a un acreedor hipotecario a quien ya se le pagó la obligación» (fls. 26 y 27 cdno. 1).
2. El abogado Jorge Iván Arango Restrepo, quien dijo ser el «apoderado» del ejecutante, señaló que en desarrollo de ese proceso, el actor instauró otra tutela contra el Tribunal Superior «que fue fallada en primera instancia por dicho tribunal declarando la improcedencia de la misma y confirmada por la Corte Suprema de Justicia» y, en relación con los hechos de la presente solicitud de amparo adujo que «[s]e debe observar como lo estableció expresamente el Juez de conocimiento que en el certificado de tradición y libertad del inmueble objeto del gravamen, todas las hipotecas anteriores se encuentran canceladas y que si es un error que en la anotación quince, donde aparece la cancelación de la hipoteca de TOBON GRAJALES MARLENY DEL SOCORRO a MEDINA CASTRO MAURICIO Y OTRA, se determina que se cancela la anotación Nro. 9 en realidad se cancela la anotación decima (sic); pues como dice el Juez está (sic) perfectamente determinadas las partes intervinientes en dicha escritura» y que, «las irregularidades que pretende hacer valer en este momento el demandado en el proceso de la referencia, las debieron haber interpuesto en su momento oportuno» dado que «no interpuso el recurso de apelación de auto interlocutorio Nro., 0221 con fecha del 20 de febrero del 2015; el cual quedo en firma (sic)y fue notificado en debida forma en febrero 24; por lo tanto allí agoto (sic) dicha providencia judicial y quedo (sic) en firma, mal haría presentar acción de tutela para así su despacho conocer por este medio un recurso de apelación que lo pudo haber interpuesto el apoderado de la parte demandada en su momento» (fls. 30 a 35 cdno. 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal negó el amparo, tras señalar que «las partes disponen del término "de los cinco días siguientes al de notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente", para alegar la nulidad de diligencia practicada por comisionado al tenor del Código Procesal Civil art. 34 inc. 2°» y que en este proceso «la diligencia de secuestro de los inmuebles hipotecados propiedad del ejecutado perseguidos por el ejecutante, se realizó por comisionado en mayo 12 de 2011 (expediente matriz f. 88) y en auto de junio 14 de 2011 (f. 91 ib.), el cognoscente de ese entonces Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín adjuntó el despacho diligenciado al expediente, decisión que se notificó por estados en junio 20 de igual calenda, para cuando el ejecutado Leobardo Alcides Medina Ruiz ya se había enterado personalmente del auto admisorio de la demanda desde junio 9 de 2011 (f. 90 ib.), el cual dentro del término legalmente fijado no propuso la nulidad de la diligencia de secuestro, sino que esperó hasta octubre 8 de 2014 para invocar la nulidad, 3 años 4 meses después, olvidando que los términos procesales son "fatales", es decir "perentorios e improrrogables" por mandato imperativo del art. 118 ib., norma que por ser de orden público es de ineludible aplicación (art. 6o ib.), de manera que cuando el demandado acató invocar nulidad de la diligencia de secuestro, ya había operado el postulado cardinal de la preclusión que informa el debido proceso», por lo que «procedía el rechazo de plano de la nulidad y por ser extemporáneo el pedimento, pues si alguna nulidad afecta la diligencia de secuestro como el ejecutado no la alegó oportunamente la misma se saneó (arts. 144 inc. 1° apte. 1°, 143 inc. 4° ib.), como lo decidió el juzgado, de donde se sigue que su resolución se supeditó en un todo al ordenamiento jurídico procesal rector, por lo que entonces no se encuentra por esa resolución vulneración al deber jurídico de respeto que al juez correspondía de cara al ejecutado; en consecuencia no procede la concesión de tutela jurídica constitucional suplicada».
Seguidamente señaló que «si el certificado registral historia a terceros acreedores hipotecarios, en el mandamiento ejecutivo el juez ordenará su citación (art. 555 regla 5a ib.), omisión al respecto configura la causal de nulidad taxativamente enlistada en el art. 140 apte. 9° ib.» pero que en el presente caso «así no procedió el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín cuando admitió la demanda, seguramente porque no encontró que existieran otras hipotecas, pues las preexistentes fueron canceladas; luego el proceso llegó a segunda instancia a conocimiento del Honorable Tribunal Superior de Medellín Sala Cuarta de Decisión Civil, que imperativamente y por mandato del art. 358 inc. 4° ib. tenía que ejercer control de legalidad sobre el proceso para la (sic) eliminar la incursión en primera instancia en causal de nulidad, escrutinio del que no encontró la configuración de ninguna como lo dijo en la sentencia de diciembre 12 de 2013».
Puntualizó que «el proceso se forma por el procedimiento serie de actos procesales que confluyen a uno que los congrega la sentencia, que una vez en firme y ejecutoriada produce efectos de cosa juzgada, lo que al decir del Inmortal Maestro Eduardo J. Couture constituye la "máxima preclusión", cosa juzgada que es un sello que cierra la sentencia a manera de plenitud hermética, cerradura que ahora no se puede correr vía tutela jurídica constitucional enmendando la plana al juez ordinario con la conclusión de que se configuró nulidad y porque no se citó a terceros acreedores hipotecarios, no historiados en el certificado registral, que al parecer son fruto de la fantasía de la imaginación del ejecutado», por lo que concluyó que por dicho tópico «tampoco incurrió en yerro el Juzgado Segundo Civil de Ejecución del Circuito de Medellín y que merezca protección por la senda de la tutela jurídica constitucional» (fls. 92 a 108 cdno. 1).
La formuló el gestor señalando que la decisión de primera instancia carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la decisión por cuanto se depreca que «sólo existe en mi mente e imaginación el hecho de que exista una hipoteca que afecta el bien y que ésta se halla sin cancelar, solo es hacer un pequeño estudio de las anotaciones citadas y se dará perfecta cuenta que en efecto se ordena la cancelación de una anotación que cancelaba una hipoteca, ello da como corolario que subsiste la mencionada hipoteca y que a él Juez no le está permitido "suponer" que en efecto ésta se encuentra cancelada, si fue o no un error de la respectiva Oficina de registro de instrumentos públicos, que sea ella quien lo subsane y no una suposición de un juez de la República». Que no se puede «dejar al garete» la interpretación de las normas y a «elucubraciones subjetivas las decisiones que pueden entrar a disminuir la potestad del individuo a protegerse». (fls. 88 a 90 ibídem).
1. Lo primero que advierte la Sala es que si bien, en pretérita oportunidad el querellante formuló otra acción constitucional de la misma naturaleza por hechos que guardaban relación con el trámite del juicio hipotecario, lo cierto es que lo pretendido en la primera tutela era que se dejara sin efecto la providencia de 12 de diciembre de 2013 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que revocó la sentencia de primer grado y dispuso continuar adelante la ejecución, por lo que no guarda identidad con el objeto de la presente petición de salvaguarda.
2. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).
El concepto de vía de hecho fue fruto de una evolución pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en razón de la necesidad de que todo el ordenamiento jurídico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la disposición contemplada en el artículo 4 de la Carta Política. Así hoy, bajo la aceptación de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepción la posibilidad de amparar esa afectación siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: «a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela» y, 2. Especiales: «a) Defecto orgánico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto fáctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente y h) Violación directa de la constitución» (C-590/2005, reiterada, entre otras, SU-913/2009 y T-125/2012).
3. Observada la inconformidad planteada, es evidente que el reclamante, considera que el funcionario de ejecución acusado incurrió en causal específica de procedibilidad por defectos fáctico y procedimental, por cuanto con proveído de 10 de octubre de 2014, que fue objeto de reposición la que se desató negativamente con auto de 20 de febrero de 2015, le rechazó de plano el incidente de nulidad de la diligencia de secuestro que le planteó con fundamento en que el funcionario comisionado, excediendo las facultades otorgadas por el comitente, relevó a la secuestre, por lo que dicho acto carece de validez y, porque se dejó de citar a terceros acreedores hipotecarios incurriendo en indebida notificación de estos.
4. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:
a) Demanda hipotecaria impetrada por José David Salazar Osorio contra Leobardo Alcides Medina Ruiz y, mandamiento de pago de enero 11 de 2011 (fl. 49 a 54 cdno. 1).
b) Copia de la diligencia de secuestro efectuada el 12 de mayo siguiente por la Inspección Primera Civil especializada de Medellín, que fue atendida por el gestor (fl. 58 ibídem).
c) Acta de notificación del actor surtida el 9 de junio posterior (fl. 60 ib.).
d) Proveído de día 14 de ese mismo mes y año que «anexa al expediente el despacho comisorio N° 042 de fecha Marzo 22/2011, debidamente diligenciado» (fl. 61 ib.).
e) Escrito de incidente de nulidad y, proveído de 10 de octubre de 2014 que lo rechaza (fls. 10 a 13 ib.).
f) Recurso de reposición contra la anterior decisión y, providencia de 20 de febrero de 2015 que lo resuelve negativamente (fls. 8 y 9 cdno. 1).
5. Analizadas las providencias cuestionadas, advierte la Sala que no se observa proceder constitutivo de los defectos fáctico y procedimental que el gestor le endilga y que amerite la intervención del «juez constitucional» toda vez que la argumentación que las fundamenta, se sustentó en las particularidades fácticas del caso, donde se valoró de manera razonada la normatividad que regula las nulidades y su trámite (art. 34, 140 y 143 del Estatuto Procesal Civil) así como el mérito probatorio de los documentos aportados (art. 174 y 187 del C.P.C.) según las reglas de la sana crítica, de forma tal que su decisión no luce de manera alguna, caprichosa o carente de fundamento legal.
En efecto, para adoptar su resolución el funcionario censurado señaló que «en lo tocante a las inconformidades frente a la diligencia de secuestro, para el momento se encuentra precluida la oportunidad para alegar cualquier irregularidad frente a ésta, ya que de conformidad con la normativa procesal Civil, la nulidad de aquella sólo se podrá alegar por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligencia (sic) al expediente, advirtiéndose que el Despacho Comisorio se agregó al expediente desde el pasado 14 de junio de 2011» y, que respecto a la nulidad por no haberse notificado un acreedor hipotecario, «la parte demandada no está legitimada para alegar dicha nulidad, razón por la que se rechaza» por cuanto, «en lo que concierne a la notificación (sic) por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada, situación que no ostenta el nulidicente; además, en caso de que el peticionario estuviera legitimado para invocar la nulidad, esta se encuentra saneada, por cuanto ésta no fue alegada al momento de comparecer al proceso, por así disponerlo el inciso 6 del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, que indica que no podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5° a 9° del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva casual sin proponerla, estando el demandado notificado de manera personal desde el 9 de junio del año 2011 (ver folios 90) sin haber alegado la supuesta nulidad en su momento».
Pese a lo anterior, advierte que «del inmueble objeto de la ejecución identificado con la M.I. N° 001-509223 se han registrado tres hipotecas, de las que para el momento únicamente se encuentra vigente la que es objeto de ejecución en la presente Litis, tal y como se pasa a relacionar seguidamente: -Anotación N°8, hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida por los señores Mauricio Media Castro y Luisa del Carmen Morales Navarro a favor del señor Juan Robeiro González Acevedo, la cual se canceló mediante anotación N° 9. –Anotación N° 10, hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida por los señores Mauricio Medina Castro y Luisa del Carmen Morales Navarro a favor de la señora Marlenni del Socorro Tobón Grajales, la cual se canceló mediante anotación N° 15, que si bien se indicó que se cancelaba la anotación N° 9, se entiende que es la N° 10, ya que allí se hace alusión a las partes que la constituyen. – Anotación N° 18, que contiene la hipoteca que se demanda en la actualidad».
6. Con independencia de que se comparta o no la interpretación del juez acusado, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la disposición judicial sea el resultado de un proceder arbitrario, abiertamente contrario a la normatividad jurídica reguladora del asunto y violatoria de las garantías fundamentales, circunstancias que, como ya se dijera, no se configuran en el presente asunto.
Por demás, ha de señalarse que las presuntas irregularidades en que incurrió el funcionario comisionado en la práctica de la diligencia de secuestro han debido alegarse a más tardar en el término que prevé el artículo 34 de la ley adjetiva civil, esto es, «dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente» lo que no ocurrió y, de otro lado, el incidentante carece de legitimación para alegar la nulidad por indebida notificación del acreedor hipotecario, conforme al inciso 3° del artículo 143 del Estatuto Procesal Civil que consagra que «sólo podrá alegarse por la persona afectada».
En relación con lo anterior, la Corte ha considerado que:
Sobre este particular ha sido prolija la jurisprudencia de esta Sala, la que ha destacado, de vieja data, que “Dirimida una controversia tras el agotamiento de las correspondientes etapas procesales, precisamente establecidas en orden a otorgar a las partes un escenario adecuado para el ejercicio de sus derechos, no queda opción distinta que acatar sin miramientos el designio judicial, que se torna inmutable y definitivo” (Sent. de nov. 3/99, exp. 7410). Por consiguiente, para que el Juez constitucional pueda superar tan caro valladar, como es la cosa juzgada, “no basta que exista una equivocación es indispensable que ésta sea abiertamente ilegal y, por ello, inadmisible, a fuerza que paladina e inobjetable” (Sent. de oct. 11 de 2000, exp. 491-01); con otras palabras, es necesaria la presencia de ‘un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo’ (Sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 0183)” (Sent. de feb. 23/04, exp. 41-01), ya que “Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere (C. Const. Sent. T-231, mayo 13/94)”(CSJ STC, 10 May. 2005, Rad. 00142-00, reiterada el 6 Sep, 4 Oct. 2012, Rads. 00617-01 y 00066, 24 y 29 Ene. 2013, Rads. 00034-00 y 2012-00568-01).
Así mismo, como lo ha sostenido la Sala, la circunstancia de que la decisión adoptada en la providencia censurada resulte desfavorable a una de las partes del proceso, es cuestión que en si misma considerada, escapa al ámbito del juez constitucional, como quiera que este:
«No puede entrar a descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir no se está demostrando el efecto apuntado en la demanda , ya que con ello desconocerían normas de orden público (…) y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses» (CSJ STC 11 Ene. 2005, Rad. 1451, reiterada, entre otras, en STC 7 Abr. 2011, Rad. 00604-00 y STC 1 Jul. 2013, rad. 00251-01).
7. Así las cosas, se impone ratificar el fallo impugnado, conforme a las razones expuestas en precedencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.
Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

References: artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 143
 artículo 140
e contrario
 artículo 34
 artículo 143