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Timestamp: 2020-07-11 20:12:50+00:00

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Derechos de pacientes con enfermedades huérfanas by Defensoría del Pueblo - Issuu
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Alfonso Cajiao Cabrera Vicedefensor del Pueblo con funciones de Defensor del Pueblo Norberto Acosta Rubio Delegado para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad EQUIPO INVESTIGADOR Alexandra Orjuela Guerrero Médica. Especialista en Salud Familiar y en Seguridad Social. Lyda Mariana González Lizarazo Abogada. Especialista en Derecho Público y en Seguridad Social.
Adriana Carolina Caballero Pérez Terapeuta Ocupacional. Magíster en Sociología Política. Jhon Alberto Marulanda Restrepo Médico. Especialista en Medicina Nuclear y Magíster en Ciencias de la Economía de la Salud. Calle 55 No. 10-32 A.A. 24299 Bogotá, D. C. Tel: 314 73 00 – 314 40 00 www.defensoria.gov.co ISBN: 978-958-8895-20-8
SIGLAS DE USO FRECUENTE ARL.
Derechos de los pacientes con enfermedades hu茅rfanas en materia de salud
SIVIGILA.	Sistema de Vigilancia en Salud P煤blica SGSSS.	Sistema General de Seguridad Social en Salud SNS. Superintendencia Nacional de Salud RLCPD. Registro para la Localizaci贸n y Caracterizaci贸n de Personas con Discapacidad UGD.	Unidades Generadoras de Datos
INTRODUCCIÓN La Defensoría del Pueblo en su labor de divulgación y promoción de los derechos humanos, específicamente en lo que respecta al derecho fundamental a la salud y a su goce efectivo, continúa elaborando y actualizando instrumentos de información que orienten a los usuarios del Sistema de Salud, para conocer sus derechos. Por este motivo, la entidad hace entrega de la doceava cartilla de la serie Derechos y Deberes en Salud, que describe los derechos que tienen los pacientes con diagnóstico de Enfermedades Huérfanas, de aquellos con discapacidad según la normatividad nacional vigente, así como su derecho de acceder a cuidados paliativos. Las enfermedades huérfanas son enfermedades con una alta tasa de mortalidad pero de baja prevalencia que por lo general tienen una evolución crónica muy severa, son dege-
nerativas y en muchos casos causaron deficiencias en el movimiento, en los sentidos y en el conocimiento, presentando un alto nivel de complejidad clínica que dificulta su diagnóstico. Para su tratamiento, es necesario la interacción de áreas interdisciplinarias y de un abordaje integral, que contribuyan a la reducción de la morbilidad, de la mortalidad prematura, y de la mejora en la calidad de vida de las personas con estas patologías. Reconociendo que muchos de estos pacientes presentan situaciones de discapacidad, este documento hace referencia al compromiso asumido por el Estado colombiano, mediante la expedición de la Ley 1346 de 2009, que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, enalteciendo su dignidad inherente.
De igual manera, con la expedición de la Ley 1733 de 2014 mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles, Colombia esta comprometida con ofrecer una mejor calidad de vida para los pacientes y su entorno familiar.
La Defensor铆a del Pueblo considera que este documento constituye un instrumento que ayuda a la poblaci贸n para pueda exigir del Estado y de los actores del sistema de salud la materializac贸n de sus derechos. Alfonso Cajiao Cabrera Vicedefensor del Pueblo con funciones de Defensor del Pueblo
1. Al cuidado paliativo. Todo paciente afectado por enfermedad terminal, crónica, degenerativa, irreversible de alto impacto en la calidad de vida tiene derecho a solicitar libre y espontáneamente la atención integral del cuidado médico paliativo. Las actividades y servicios integrales del cuidado paliativo se deberán prestar de acuerdo al manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud y las guías de manejo que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social.
2. A la información. Todo paciente que sea diagnosticado de una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, tiene derecho a recibir información clara, detallada y comprensible,
por parte del médico tratante, sobre su diagnóstico, estado, pronóstico y las alternativas terapéuticas de atención paliativa propuestas y disponibles, así como de los riesgos y consecuencias en caso de rehusar el tratamiento ofrecido.
4. A Obtener un diagnóstico y tratamiento con oportunidad, continuidad, calidad y suficiencia en la atención a su enfermedad.
Los pacientes con EH tienen derecho a un diagnostico temprano y a que los tratamientos se inicien en el momento que lo requieren, y se mantengan durante el tiempo necesario, con el fin de minimizar las secuelas. Para ello resulta necesaria la atención por profesionales capacitados y servicios especializados para su atención.
6. A suscribir el documento de Voluntad Anticipada. Este documento consiste en la manifestación expresa de sus decisión, en el caso de estar atravesando una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida de someterse o no a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida digna en el paciente y, en el caso de muerte su disposición o no de donar órganos. Toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, con total conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho podrá suscribir dicho documento de Voluntad Anticipada.
7. A participar de forma activa en el proceso de atención y la toma de decisiones en el cuidado paliativo. Los pacientes con diagnóstico de enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de vida tendrán el derecho a participar de forma activa frente a la toma de decisiones sobre los planes terapéuticos del cuidado paliativo. •	Si el paciente que requiere cuidados paliativos es un niño o niña menor de catorce (14) años, serán sus padres o adultos responsables de su cuidado quienes tomen la decisión. •	Si se trata de un paciente adulto que está inconsciente o en estado de coma, la decisión sobre el cuidado paliativo la tomará su cónyuge e hijos mayores y faltando estos sus padres, seguidos de sus familiares más cercanos por consanguinidad.
8. A recibir atención en instituciones de salud que estén habilitadas con todas las condiciones y la infraestructura adecuada para la atención integral de la enfermedad.
9. A que las autoridades del sector salud, de orden nacional y territorial, ejerzan mayor vigilancia y control, con el fin de que se garantice la atención integral de la patología. 10. A que si es necesario el empleo extraordinario de las medidas de aislamiento o contención física y farmacológica, éste se lleve a cabo con pleno respeto a la dignidad de la persona. 11. A que las entidades de aseguramiento realicen los paraclínicos necesarios con oportunidad y entreguen los medicamentos ordenados por el médico tratante de manera completa e inmediata. 12. A vivir con dignidad hasta el momento de su muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo requieran asistencia espiritual. 13. A que no se deleguen los trámites administrativos a los pacientes, ni se les impongan barreras de acceso.
14. A que se autoricen y presten los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud de manera oportuna. En cuanto a los no incluidos, ordenados por su médico tratante, a que la autorización sea lo más pronto posible1. 15. A que en caso de urgencia, reciba atención de manera inmediata sin que le exijan documentos o dinero. 16. A recibir por parte de los profesionales de la salud, trato digno y respetuoso en todo momento, lenguaje claro y adecuado protección, respeto de la honra y vida privada; además de actos de cortesía y amabilidad. 17. A elegir libremente a la entidad de aseguramiento (EPS), a la Institución Prestadora de Salud (IPS) y al profesional de la salud dentro de la red disponible. 18. A que como cotizante le paguen las licencias y las incapacidades médicas, incluido el derecho a obtener una pensión por invalidez. 19. A recibir un trato digno sin discriminación alguna.
1 En el entendio que una vez sea reglamentada la Ley 1751 de 2015, se hablará de exclusiones explícitas.
2. ¿Cómo están divididas las Enfermedades Huérfanas? Estas se dividen en: raras, ultrahuérfanas y olvidadas. 2.1. ¿Qué es una enfermedad rara? Son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general por lo que son consideradas como graves, crónicas (regularmente) y progesi3. Es la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad dentro de un periodo particular de tiempo
vas. A la fecha, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 2048 de 2015 elaboró listado de 2149 EH. Se considera que el 80% de las EH son de origen genético, los signos generalmente se observan desde el nacimiento, sin embargo más del 50% de ellas aparecen en la edad adulta. Al momento no existe curación para la mayoría de enfermedades raras, pero un tratamiento y cuidado médico adecuado, mejora la calidad de vida de los afectados y amplía su esperanza de vida. 2.2. ¿Qué es una enfermedad ultra huérfana? Es aquella que refiere condiciones extremadamente raras. Se cree que hay una prevalencia de 0,1-9 por 100 mil 2.3. ¿Qué son enfermedades olvidadas?
Son propias de los países en desarrollo y afectan ordinariamente a la población más pobre que tampoco cuentan con tratamientos eficaces, adecuados ni accesibles a toda la población afectada. Por lo general son enfermedades infecciosas, muchas de ellas parasitarias,
que afectan a poblaciones con limitado acceso a los servicios de salud y que habitan en áreas rurales remotas y en barrios marginales. Para que una patología pueda ser considerada como olvidada, debe cumplir con tres requisitos: i) que afecte de forma desproporcionada a los países pobres, ii) que no existan adecuados productos para su tratamiento y prevención, y iii) que no haya un mercado suficientemente atractivo para atraer la inversión privada bajo el modelo tradicional de patentes y propiedad intelectual4.
3. ¿Se conocen las causas últimas de las enfermedades huérfanas? No. Sin embargo para gran parte de la población, el problema se puede originar en mutaciones o cambios en los genes, que pueden pasar de generación en generación, lo que explica que algunas de las EH son familiares. Para otros, existen factores ambientales que las producen, como hacer dieta, fumar, o exponerse a químicos, que además, pueden aumentar la gravedad de una enfermedad. 4 . http://www.ranf.com/enfermedades-olvidadas/1206-%C2%BFqu%C3%A9-son-las-enfermedades-olvidadas.html
4. ¿Cuántas enfermedades huérfanas existen? En el mundo se han identificado entre 6,000 y 7,000 enfermedades huérfanas. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de un listado que elaboraró para el año 2015, declaro 2.149 EH que se encuentran relacionadas en la Resolución 2048 de 2015.
6. ¿Está establecido en Colombia el número de personas que tienen una enfermedad huérfana? 28
Según cifras del Ministerio de Salud, hasta 2013 se tenían 13.168 pacientes diagnosticados en Colombia con alguna enfermedad huérfana.
III. DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES HUÉRFANAS 30
Algunos de los problemas que enfrentan los pacientes con estas patologías son: •	Dificultades en la obtención del diagnóstico exacto. •	Escasa o insuficiente investigación disponible sobre las enfermedades. •	Tratamientos limitados ya que solo un pequeño porcentaje de pacientes con EH pueden tratarse, la mayoría deben recibir cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida. •	Falta de profesionales médicos o de IPS con experiencia en estas enfermedades. •	Tratamientos muy costosos para algunas de ellas, productos biotecnologicos elaborados en su mayoría por un productor único.
•	Problemas al solicitar servicios en salud, ya que los pacientes deben ser atendidos en sitios especializados, y que ofrezcan la posibilidad de un abordaje integral de la enfermedad. •	Falta de información adecuada, de apoyo psicológico, social, económico y cultural.
IV. PACIENTES CON ENFERMEDADES HUÉRFANAS EN EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO 34
1. ¿Cuáles normas protegen, amparan y consagran derechos a los pacientes diagosticados con EH en el sistema de salud colombiano? Algunas normas que protegen a los pacientes con EH son: •	Ley 1751 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. •	Ley 1392 de 2010. “Por medio de la cual se reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a la población que padece de enfermedades huérfanas y sus cuidadores”.
•	Decreto 1954 del 2012. “Por el cual se dictan disposiciones para implementar el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas”. •	Decreto 481 de 2004. “Por el cual se dictan normas tendientes a incentivar la oferta de medicamentos vitales no disponibles en el país”. •	Resolución 2048 de 2015. “Por la cual se actualiza el listado de enfermedades huérfanas y se define el número con el cual se identifica cada una de ellas en el sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas”.
2. ¿Qué beneficios aporta la Ley 1751 de 2015 a los pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas? •	Las personas diagnosticadas con estas patologías son consideradas como sujetos de especial protección, por lo que su atención en salud no puede estar limitada por ningún tipo de restricción administrativa ni económica.
•	Estas enfermedades quedaron excluidas de las excepciones de la Ley.
•	Al estar excluidos, pueden acceder a tratamientos y medicamentos que no cuentan con registro INVIMA en Colombia, siempre que éstos sean ordenados por su médico tratante.
3. ¿Qué se pretendió con la expedición de la Ley 1392 de 2010? •	Reconocer que las EH son de especial interés en salud debido a su baja prevalencia en la población, pero por su complejidad y el elevado costo de atención, de algunas de estas patologías dentro del sistema de salud colombiano, requieren un mecanismo de aseguramiento diferente al utilizado para las enfermedades generales. Por ser procesos de atención altamente especializados también demandan un seguimiento administrativo. •	Mantener una lista unificada de enfermedades huérfanas, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social debe actualizarla y emitirla cada 2 años. •	Reconocerlas como de interés nacional, garantizando así su acceso a los servicios de salud, tratamiento y rehabilitación de las personas diagnosticadas.
4. ¿Cómo se financian los tratamientos integrales no incluidos en el plan de beneficios de las EH? La Ley 1392, en su articulo 5, determina que en los casos en que los pacientes requieran de prestaciones en salud no POS y no tengan capacidad de pago, serán cubiertas: •	En el Régimen Subsidiado, con cargo a los recursos del Sistema General de Participación, señalados en la Ley 715 de 2001 y las demás normas que financien la atención de la población pobre no asegurada, y de los afiliados al Régimen Subsidiado en lo no cubierto con subsidios a la demanda . (…) se podrá disponer de manera excepcional de los recursos excedentes de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito–ECAT, del Fosyga. •	En el Régimen Contributivo, son “financiados con cargo a los recursos de la Subcuenta de Compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía–Fosyga , que no afecten los
destinados al aseguramiento obligatorio en salud”.
5. ¿Qué se pretende con la implementación del registro de información de pacientes con EH? •	Tener mayor conocimiento sobre la incidencia de los casos, la prevalencia, la mortalidad o en su defecto el número de casos detectados en cada área geográfica. •	Identificar los recursos sanitarios, sociales y científicos, que se requieran. •	Disminuir la intermediación en servicios y medicamentos. •	Evitar el fraude y garantizar que cada paciente y su cuidador o familia en algunos casos, reciban efectivamente el paquete de servicios diseñado para su atención.
6. ¿Cómo se garantiza el acceso a los medicamentos en los pacientes con EH? La Ley 1392 faculta al Gobierno Nacional para que adopte un sistema de negociación y compra con las farmacéuticas y laboratorios productores e importadores de medicamentos y tecnologías diagnósticas necesarias para esas patologías.
7. ¿Qué incentivos se generan con la Ley 1392 de 2010 para el desarrollo del conocimiento científico de las EH? •	La conformación de una red de centros de referencia integrada por centros de diagnóstico, de tratamiento y red de farmacias para suministro y seguimiento a tratamientos farmacológicos. •	La promoción de capacitación a nivel de pregrado, posgrado y docente asistencial sobre el conocimiento de las EH, a todas las ocupaciones y profesiones de la salud. •	Estimulación de mecanismos de promoción y participación, para la investigación científica de los diagnósticos tempranos y posibles medicamentos, tratamientos preventivos, aspectos sicológicos y psiquiátricos asociados con estas enfermedades, no solo desde el punto de vista de los pacientes, sino también de sus familiares. •	El diseño de estrategias que propendan la inclusión e integración social de la población de pacientes con enfermedades huérfanas como el acceso a bienes y servicios, a educación y al mercado laboral.
El reporte es de carácter obligatorio y se constituirá en requisito para acceder a los recursos de la Subcuenta de Compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), para las prestaciones de salud no POS del Régimen Contributivo; así como para el pago excepcional de lo no POS con los recursos excedentes de la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT del Fosyga prestadas a los afiliados al Régimen Subsidiado.
10 ¿En qué consisten las fases para la recopilación y consolidación de la información? Son dos fases. La fase inicial consistente en el censo de pacientes, comprende la recepción y validación de datos al momento del reporte y cruce entre entidades, la cual debe realizarse por una única vez a través del organismo de administración conjunta de la Cuenta de Alto Costo, quien además, debe adelantar la interventoría a la auditoría que realice el MSPS o la entidad que se contrate, fase que ya culminó.
La segunda fase se da con el reporte obligatorio de los pacientes que son diagnosticados, los cuales se reportarán al MSPS a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), de acuerdo con las fichas y procedimientos establecidos.
12. ¿Qué establece el Decreto 481 de 2004 respecto a los medicamentos vitales no disponibles en el país? Este Decreto permite la importación de medicamentos vitales no disponibles cuando son indispensables e irremplazables “para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o un grupo de pacientes y que por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización no se encuentran disponibles en el país o cuando sus cantidades no son suficientes”. (Art. 2).
13. ¿Quién actualizó el sistema de información de los pacientes con EH establecido en la Ley 1392 de 2010?? Con el fin de cumplir lo ordenado en la Ley 1392 de 2010, el MSPS organizó una mesa de trabajo para actualizar el listado de enfermedades huérfanas5, integrado por las asociaciones de pacientes, el observatorio interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, la academia y las sociedades científicas, que participan activamente en el componente científico para su identificación.
14. ¿A cuáles entidades se le aplica la Resolución 2048 de 2015? A las EPS, a las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud, a las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, y a las IPS, que deberán incluir el listado de enfermedades huérfanas en sus sistemas de información.
5 El primer listado de EH fue establecido con la Resolución 430 de 2013.
1. ¿Cómo comprender la discapacidad? El artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que ‘personas con discapacidad’ incluye: “… a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Lo anterior significa que existe una concepción novedosa con respecto a la discapacidad, trasciende una esfera clínica-biológica, para acercarse a una comprensión social de la misma , según un enfoque de capacidades. Esta perspectiva reconoce que las barreras se encuentran en el entorno y no en la persona, es decir, que cuando hablamos de discapacidad no hacemos referencia a “un atributo de la persona”, sino al conjunto de condiciones que existen en su contexto y que condicionan su interacción7. 7 Palacios, A. El Modelo Social de la Discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid; Ediciones Cinca. 2008. P. 107.
2. ¿Cuál es la importancia de que Colombia haya aprobado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? La Convención, de acuerdo con Palacios, A. constituye, una nueva herramienta jurídica, vinculante, para asegurar la visibilidad de las personas con discapacidad, que promueve el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y su exigibilidad. Desde este enfoque de derechos humanos, y comprendiendo la importancia del lenguaje en la interpretación del ser humano y para la transformación de la realidad, la Convención propone una serie de retos para el respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad8: ¿Cuáles expresiones se deben evitar para referirse a la discapacidad?
3. ¿Cuáles compromisos adquirió el Estado Colombiano a partir de la Convención? El Estado colombiano a partir de la aprobación de la Convención (Ley 1346 de 2009), se comprometió a asegurar para todas las personas con discapacidad:
•	El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. •	La no discriminación. •	La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
•	El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. •	La igualdad de oportunidades. •	La accesibilidad. •	La igualdad entre el hombre y la mujer. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad9.
4. ¿Cuáles normas nacionales responden a las aspiraciones de la Convención? El Estado colombiano promulgó la Ley 1752 de 2015 para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. Por medio de esta ley, el tipo penal sobre “actos de discriminación” (artículo 134ª del Código Penal), incluye las sanciones 9 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organización de las Naciones Unidas. 2006.
de privación de libertad y multa para todo aquel que “impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su discapacidad”. Con esta ley se reconoce que uno de los principios generales de la Convención es la “no discriminación”. En este mismo sentido, es importante hacer mención a la Ley Estatutaria No. 1618 del 27 de febrero de 2013. Esta Ley establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el país, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, así como eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad.
5. ¿Cuáles son los conceptos principales para comprender el contenido y alcance de esta Ley Estatutaria10?: Los términos más utilizados son: inclusión social, acciones afirmativas y ajustes razonables.
10 Las definiciones aquí contenidas corresponden a las disposiciones del artículo 2° de la Ley Estatutaria No. 1618 de 2013.
8. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en las políticas públicas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás11. 11 Tomado del artículo 2° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
9. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Ley 1618 de 2013? En lo concerniente al ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión, esta ley establece en su Título IV:
•	Derecho a la cultura •	Derecho al acceso a la justicia. Derechos de los niños y niñas con discapacidad
10. ¿Qué establece la Ley 1618 de 2013 con respecto a la exigibilidad de estos derechos? •	El Estado debe integrar mecanismos especiales de inclusión de los niños y niñas a las políticas y estrategias de atención y protección para el ejercicio para la garantía de derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas (art. 7°). Establecer programas de detección precoz y atención temprana de la discapacidad. •	El Sistema General de Seguridad Social y Salud debe incorporar en sus planes de beneficios obligatorios, la cobertura completa de los servicios de habilitación y rehabilitación integral, respetando las necesidades y posibilidades para cada persona (art. 9°).
•	El Ministerio de Salud debe asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios, Plan Decenal de Salud, Planes Territoriales en Salud y en el Plan De Salud Pública de Intervenciones Colectivas garantice la calidad y prestación oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para la habilitación y rehabilitación integral en
salud de las personas con discapacidad, con un enfoque diferencial y desarrollo de sus actividades básicas cotidianas (art. 10°). •	El Ministerio de Educación Nacional debe definir el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa, bajo un enfoque basado en la inclusión (art. 11). •	Las entidades territoriales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deben establecer programas de apoyo, acompañamiento y formación a las familias de las personas con discapacidad (art. 13). •	El Ministerio del Trabajo debe garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad y sus familias y establecer mecanismos que favorezcan la formalización de su empleo (arts.12 y 13). •	El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , y demás entidades competentes, deben hacer cumplir con las normas sobre accesibilidad y acceso a la información en los medios de comunicación, promoviendo estrategias de información y educación permanentes, para el cambio de imaginarios sociales (art. 16).
•	El Ministerio de Cultura debe garantizar que las entidades y los espacios culturales cumplan con las normas de acceso a la información y de comunicación, así como con la accesibilidad ambiental y arquitectónica (art. 17). •	El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe asignar subsidios de vivienda para las personas con discapacidad de los estratos 1, 2 y 3, de manera prioritaria , y subsidios especiales para ajustes locativos (art. 20). •	El Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF debe proponer los ajustes y reformas al actual sistema de interdicción judicial, en reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y a la promoción de su toma de decisiones con apoyos (art. 21).
11. ¿Cómo se han asumido estos retos normativos en Colombia?
A través del Documento Conpes Social 166 se definió la “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”, una política de desarrollo humano con un enfoque de derechos, cuyas estrategias se articulan para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad.
14. ¿Para qué se utiliza el certificado de discapacidad? Se utiliza para solicitudes de subsidios ante Cajas de Compensación Familiar, Fondo de Solidaridad Pensional, Fondo de Solidaridad y Garantía, solicitudes dirigidas a los empleadores o personas que requieran este certificado, a fin de acceder a beneficios que están establecidos en leyes especiales12. Deben ser expedidos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo o subsidiado, a la que se encuentre afiliado el interesado13 . 12 Leyes 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad” Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo” 13 Decreto 1507 de 2014, artículo 2°, inciso 2°
15. ¿Es lo mismo el certificado de discapacidad y la calificación de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional? No. A una persona con o sin discapacidad se le puede determinar su pérdida de capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen, conforme al Manual Único dispuesto en el Decreto 1507 de 2014. Esto se realiza para otros trámites, particularmente, aquellos referidos al reconocimiento del derecho a la pensión por invalidez, y no como condición para acceder a los programas de la “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”.
16. ¿Es requisito realizar alguna inscripción para acceder a los servicios y programas sociales? No, pero sí es importante que cada una de las personas con discapacidad en el país sea incluida en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapaci-
dad (RLCPD).
3. ¿Cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? Lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran el morir como un proceso normal. Estos cuidados no
adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte integral para el paciente y su familia.
7. ¿Cuáles normas protegen este derecho? •	La Ley 1733 de 201414. Reglamenta el derecho que tienen las personas con enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, a la atención en cuidados paliativos que pretende mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan estas enfermedades, como de sus familias. Además, esta Ley manifiesta el derecho de estos pacientes a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamien14 “LEY CONSUELO DEVIS SAAVEDRA, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.”
tos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna para el paciente, específicamente en casos en que haya diagnóstico de una enfermedad en estado terminal. •	Resolución 1216 de 201515. Enuncia el procedimiento administrativo de la eutanasia siempre y cuando el paciente haya recibido cuidados paliativos.
8. ¿Tienen las EPS la obligación de garantizar el servicio de cuidado paliativo? Sí. Las EPS están en la obligación de garantizar a sus afiliados la prestación del servicio de cuidado paliativo en caso de una enfermedad en fase terminal, crónica, degenerativa, irreversible y de alto impacto en la calidad de vida con especial énfasis en cobertura, equidad, accesibilidad y calidad dentro de su red de servicios en todos los niveles de atención por
15 Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia T 970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad”
niveles de complejidad, de acuerdo con la pertinencia médica y los contenidos del Plan Obligatorio de Salud16.
10. ¿Cómo se puede acceder a los medicamentos opioides? El MSPS, el Fondo Nacional de Estupefacientes y las EPS, garantizarán la distribución de estos de manera permante con accesibilidad y disponibilidad. Las aseguradoras otorgarán las autorizaciones necesarias para garantizar la suficiencia y la oportunidad para el acceso a los medicamentos opioides de control especial para el manejo del dolor. 16 En el entendio que una vez sea reglamentala la Ley 1751 de 2015, se hablará de exclusiones explícitas.
1. Deberes del Gobierno Nacional. •	Establecer a través de las guías de atención las directrices, criterios y procedimientos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con EH. Estas guías deben basarse en metodología aprobada y basada en evidencia. •	Evaluar y definir los servicios de pruebas diagnósticas que necesariamente se deban incluir en el POS con su respectivo ajuste de UPC, para que las aseguradoras de planes de beneficios puedan garantizar su estudio y diagnóstico. •	Estudiar, coordinar, promover e implementar con organismos especializados públicos y privados, del orden nacional e internacional, el desarrollo de investigaciones en procura de estudiar las enfermedades huérfanas, buscando la posibilidad de diagnósticos tempranos en pro de una mejor calidad y expectativa de vida.
•	El MSPS en conjunto con las diferentes asociaciones de pacientes y científicas, entre otros grupos interesados, debe establecer las acciones conducentes a la divulgación de las EH, con el objetivo de crear sensibilidad y conciencia social.
2. Deberes de los pacientes •	Tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud. Obligación que se extiende a los familiares, representantes legales y otras personas que los acompañen o visiten. •	Cuidar su propia salud, ejerciendo actividades de autocuidado con la colaboración de su familia y de la comunidad, para la adopción de estilos de vida saludables. •	Suministrar información veraz, completa y clara sobre su condición de salud y los tratamientos a los que se ha sometido.
•	Cumplir con los tratamientos ordenados para recuperar su salud y con los cuidados que requiere su enfermedad.
•	Hacer uso racional de los recursos que en salud le ofrecen, cuidándolos y utilizándolos adecuadamente. •	Estar informados de los servicios de salud, instituciones que prestan servicios y cumplir oportunamente con las citas médicas programadas. •	Respetar la intimidad y las creencias religiosas de los demás pacientes y de sus familiares. •	Respetar el reglamento interno de los establecimientos, lo que se hace extensivo a sus representantes legales, familiares y visitas. •	Procurar informarse acerca del funcionamiento del establecimiento y sobre los procedimientos de consulta y reclamo establecidos. •	Cuidar las instalaciones y equipamiento que el prestador mantiene a disposición.
VIII. RECUERDE QUEâ&#x20AC;Ś
1.	Para la exigibilidad de su derecho fundamental a la salud es importante que como paciente solicite a su médico tratante la información pertinente sobre su estado de salud y la necesidad y condiciones inmediatas de su tratamiento, pidiéndole, además, que ambos aspectos consten en su historia clínica. 2.	Si el profesional niega la anterior información, usted debe acudir a la oficina de atención al usuario de la IPS e interponer la respectiva queja o reclamo. 3.	Cuando le nieguen un servicio en salud, usted debe solicitar el formato de negación de servicios a la IPS y enviarlo a la Superintendencia Nacional de Salud. En caso de que no lo entreguen, usted puede diligenciarlo en una hoja con la firma de dos testigos y también enviarlo a esa entidad.
4.	Así mismo, mediante el ejercicio del derecho fundamental de petición (Art. 23 de la C.P.), usted puede presentar una solicitud verbal o escrita ante la IPS cuando exista la autorización de la EPS o ante esta directamente cuando no haya sido autorizado el servicio, con la finalidad de que se haga efectivo su derecho a acceder al servicio que requiere. 5.	Sin perjuicio de adelantar las acciones anteriores, usted puede interponer una Acción de Tutela en cualquier momento para proteger su derecho fundamental a la salud.
1.	La EPS deberá informar cuales son los servicios administrativos de contacto disponibles las 24 horas. 2.	El médico tratante debe presentar ante el Comité Técnico Científico los servicios NO POS para su debida autorización. 3.	Los medicamentos deben ser entregados de manera inmediata. De no ser así deben hacérselos llegar a su lugar de residencia en las siguientes 48 horas. 4.	La Defensoría del Pueblo cuenta con 36 Defensorías Regionales a las que pueden acudir con el fin de solicitar apoyo en su caso. 5.	Igualmente, cuenta con el observatorio de enfermedades huérfanas, que tiene como finalidad empoderar a los pacientes y fortalecer sus aptitudes frente al sistema, en la búsqueda de una atención integral y de calidad.
Este observatorio vincula a otras entidades del sector público como el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Cuenta de Alto Costo, con el fin de lograr mejorar la calidad y oportunidad en la atención de estos usuarios. La misión del observatorio es la de incidir en las políticas públicas en pro de mejorar la atención integral en la prestación de los servicios de grupos vulnerables de la sociedad civil.
Ciudad Respetados señores: A través del presente escrito, me permito denunciar el hecho ocurrido hoy (día) de (mes) del (año) en la institución (nombre de la clínica, hospital o institución a la que acudió), donde al presentarme para solicitar el servicio para mi ( o si es para un familiar, colocar el nombre y apellido del paciente) de (escribir el motivo por el cual fue a la institución), el señor (colocar el nombre, apellido y cargo del funcionario) me manifestó que el servicio que requería no sería prestado por (escribir las razones de la negación del servicio expresado por el funcionario). Igualmente manifiesto que en dicha institución declaran no conocer el formato de negación de servicios que emitió la Superintendencia Nacional de Salud, para diligenciar en estos casos (opcional). Agradezco la atención prestada,
_________________ Nombre del usuario Dirección Teléfono Testigo 1 Testigo 2 ___________	________________ Nombre Nombre Dirección Dirección Teléfono Teléfono
3.	MODELO DE TUTELA Bogotá D. C., ___ de _______de 20____ Señor JUEZ PENAL MUNICIPAL Reparto Ciudad REF: Acción de tutela de Contra EPS – (escribir el nombre de la entidad de aseguramiento.) Respetado Señor Juez:
Yo, (escribir el nombre del accionante), identificado con la cédula de ciudadanía (escribir número) de (escribir lugar de expedición), actuando en representación (propia) o de mi hij@ (escribir nombre del menor), quien es menor de edad, acudo a su despacho para interponer
ACCIÓN DE TUTELA, en defensa de sus derechos Constitucionales Fundamentales a la vida, a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la integridad física. La acción de tutela se dirige contra EPS – (escribir nombre de la entidad de aseguramiento). 1. HECHOS 1.	Soy cotizante del Régimen Contributivo de Salud de la EPS (escribir nombre de la entidad de aseguramiento), motivo por el cual (soy) o mi hij@ es beneficiari@, tal como lo acredita el carne que le expidió la misma EPS. 2.	Sufro o Mi hij@ sufre de (escribir el diagnóstico o enfermedad) que consiste en (escribir consecuencias de la enfermedad), lo que hace que presente complicaciones que incluso pueden comprometer (mi) o (su) vida. En consulta externa con la Institución Prestadora de Salud (escribir nombre), su medico tratante doctor(a) (escribir nombre), especialista en (escribir especialidad), determinó la realización de (escribir la actividad, procedimiento, medicamento o lo que se le haya ordenado) para (escribir lo que se busca con dicha actividad, procedimiento, medicamento, etc.).
3.	Señor juez, para que el tratamiento sea completo y efectivo, se requiere su orden para que se aplique un tratamiento integral, consistente en cirugías, tratamientos, procedimientos, los medicamentos y si es necesario órtesis y prótesis que se requieran, todos eso sí, debidamente ordenados por su médico tratante y que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS-. Estos tratamientos (me o) ayudarán, mejorarán y mantendrán en mi hij@ un nivel de vida con calidad. 4.	Con la respectiva orden de (la cirugía, examen, medicamento, etc.), solicitado por el médico tratante, me dirigí a autorizaciones de la EPS (escribir nombre) con el fin de que autorizaran el (escribir lo que el médico le prescribió) ordenado, obteniendo como respuesta la negativa a la misma por no encontrarse establecido en el Plan Obligatorio de Salud, sin tener en cuenta el criterio profesional que el doctor (escribir nombre), quien es especialista en (escribir especialidad), tuvo al solicitar la autorización de (escribir lo ordenado), justificándolo en que la no realización de dicho procedimiento ocasionaría disfunción y disminución de la calidad de vida de mi hij@.
5.	Señor Juez, considero que con esta negativa se encuentra en peligro (mi) o la vida de mi hij@ en condiciones dignas, su salud y que pueda desarrollar una mediana calidad de vida, ya que es claro según lo ha manifestado el médico tratante que su estado de
salud es delicado y que si no se realiza el tratamiento requerido para ella, sufriría enormemente su salud, su calidad de vida y su dignidad. DERECHOS VULNERADOS De los hechos expuestos y con el respaldo de las pruebas que para su veracidad se aportan, considero que se está ante una flagrante vulneración a los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal (colocar nombre) Entidad Promotora de Salud, al negarse a suministrar (escribrir lo que se solicita) que requiere (o) para llevar una mediana calidad de vida, así como para soportar la (o mi) enfermedad. La vida humana esta consagrada en la Constitución Política como un valor superior que, de acuerdo al preámbulo debe asegurar, la organización política cuyas autoridades, de conformidad con el artículo 2, justamente están instituidas para protegerla. De conformidad con este valor, en cuanto constituye proyección del mismo, en el capítulo correspondiente a los derechos fundamentales, aparece el derecho a la vida, artículo 11 C. P., caracterizado
por ser el de mayor vínculo, toda vez que se erige en el valor ontológico para el goce y ejercicio de todos los otros derechos, ya que cualquier facultad llega a ser inútil ante al inexistencia de un titular al cual puedan serle reconocidos. Por tanto es preciso, agregar, que unido al derecho a la vida, nuestra Constitución contempla la dignidad humana que se expresa la finalidad de orientar el sistema público y jurídico a la promoción de la persona, de modo que, las exigencias de la dignidad humana ponen de presente que la vida, que constitucionalmente se garantiza, no se reduce a la pura existencia biológica sino que expande su ámbito para abrigar las condiciones que la hacen digna. 1. De los derechos a la vida en condiciones dignas, la salud y la integridad física. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al señalar:
“Cuando se habla del derecho a la salud, no se está haciendo cosa distinta a identificar un objeto jurídico del derecho a la vida, y lo mismo ocurre cuando se refiere al derecho a la integridad física, es decir, se trata de concreciones del derecho a la vida, mas no
de bienes jurídicos desligados de la vida humana, porque su conexidad próxima es inminente.” El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecer cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser……………………………….. Siendo así que la salud supone “un estado completo de bienestar físico, metal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Sentencia T-59/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 14 de 1968 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y goce de los beneficios del progreso científico. En (mi caso o en) el caso de mi hij@ está demostrado que (soy cotizante o beneficiari@) en salud, hecho acreditado documentalmente, es claro entonces, el derecho que le asiste y
que lo hace acreedor a las prestaciones propias del derecho subjetivo a la seguridad social, específicamente de aquellos que se relaciona con la atención integral: procedimientos quirúrgicos, suministro de medicamentos, prótesis y rehabilitación física y en general todos los requerimientos que demanda una adecuada recuperación de la salud. De no asumirse la totalidad del procedimiento necesario lo más rápido posible, la entidad accionada está afectando seriamente (mi o la) integridad física de mi hij@ con una desmejora progresiva de su salud y también de la tranquilidad personal y familiar, lo que redunda en el desconocimiento de su derecho a una vida digna. JURISPRUDENCIA
A través del tiempo y a partir de la nueva Constitución Políticas de Colombia de 1991, las personas se han visto abocadas a la defensa de sus derechos con la oportunidad consagrada en la ACCION DE TUTELA, y en lo que respecta específicamente al derecho a la vida, y al derecho a la salud, consagrados en la Constitución como derechos fundamentales; es así como en diferentes oportunidades los altos magistrados se han pronunciado al respecto y
por tanto podemos mirar y analizar varios apartes de decisiones tomadas en tutelas presentadas y falladas de acuerdo al mismo o similar tema: SENTENCIA T – 760 DE 2008 MAGISTRADO PONENTE. DR MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA “3. El derecho a la salud como derecho fundamental El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por
la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna. A continuación, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en los términos en que ha sido consignado por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Ley y la jurisprudencia.” 4.4. Derecho a que las entidades responsables garanticen el acceso a los servicios de salud con calidad, eficacia y oportunidad. 4.4.1. El derecho a acceder a los servicios que se ‘requieran’.
Toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso efectivo a los servicios que requiera, esto es, servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su dignidad. El orden constitucional vigente garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los servicios de salud de los cuáles depende su mínimo vital y su dignidad como persona. La forma en que se garantiza su acceso al servicio de salud, depende de la manera en que la persona se encuentre vinculada al Sistema de Salud.
4.4.2. El concepto científico del médico tratante es el principal criterio para establecer si se requiere un servicio de salud, pero no es exclusivo. En el Sistema de Salud, la persona competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce al paciente. La jurisprudencia constitucional ha considerado que el criterio del médico relevante es el de aquel que se encuentra adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio; por lo que, en principio, el amparo suele ser negado cuando se invoca la tutela sin contar con tal concepto. 4.4.4. Regla para solucionar conflictos entre el médico tratante y el Comité Técnico Científico. 4.4.4.1. Como se dijo antes (ver apartado 4.4.3.2.3.), existe un vacío en la regulación, por cuanto si el servicio de salud es distinto a un medicamento, el Comité Técnico Científico, no tiene competencia para autorizar el servicio, y por tanto, la entidad promotora tampoco. En estos casos, el medio de defensa con el que cuenta toda persona para que se le garantice su derecho a acceder a un servicio de salud que requiere, y el cual no está
contemplado en el plan de servicios, es recurrir a la protección del juez constitucional, mediante una acción de tutela.
4.4.4.2. Ahora bien, también existe una laguna en la regulación, respecto de las reglas para solucionar los conflictos entre el médico tratante y el Comité Técnico Científico, en torno a si una persona requiere o no un servicio de salud no incluido dentro del POS. En el año 2002, luego de constatar que existía una laguna normativa en torno a la cuestión, y que la misma representaba un obstáculo al goce efectivo del derecho a la salud, la Corte Constitucional decidió que “mientras no se establezca un procedimiento expedito para resolver con base en criterios claros los conflictos entre el médico tratante y el Comité Técnico Científico de una EPS, la decisión de un médico tratante de ordenar una droga excluida del POS, por considerarla necesaria para salvaguardar los derechos de un paciente, prevalece y debe ser respetada, salvo que el Comité Técnico Científico, basado en (i) conceptos médicos de especialistas en el campo en cuestión, y (ii) en un conocimiento completo y suficiente del caso específico bajo discusión, considere lo contrario.” En caso de que existan tratamientos sustitutos dentro del Plan Obligatorio de Salud para tratar la enfermedad que la persona padece, y el médico tratante insista, sin embargo, en que se autorice el suministro de un servicio no incluido dentro del plan obligatorio de salud, la aplicación de la regla anterior, asegurará que el concepto del médico tratante no se desconozca, salvo que existan razones médicas para ello.”
SENTENCIA T-332 de 2009 MAGISTRADO PONENTE JUAN CARLOS HENAO PÉREZ En esta sentencia La corte Constitucional tuteló el derecho a la salud de la accionante en la cual el Comité Técnico Científico de la EPS Sanitas le negó la solicitud manifestando: “En este caso, la Sala no encuentra que la negativa del Comité Técnico Científico tenga como fundamento algún concepto médico, que denote un conocimiento completo y suficiente sobre la historia clínica de la actora que justifique su decisión en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional. Adicionalmente, al señalar que no se han agotado las alternativas del POS para tratar la enfermedad de la actora, es una obligación del Comité Técnico Científico, si pretende desconocer la orden del médico tratante, indicar clara y expresamente cuáles alternativas médicas han dejado de ser empleadas como posibles medidas terapéuticas. En este sentido, las afirmaciones genéricas sobre la no utilización de todas las posibilidades del POS, no constituyen un criterio suficiente para desconocer la orden del médico tratante . Por todo lo anterior, en el presente asunto la Sala encuentra, como en otras ocasiones, que resulta necesario respetar el criterio médico sobre el concepto del Comité Técnico Científico de la demandada.
Ya no es necesario recurrir a la tutela para acceder a tratamiento médico completo; Corte desarrolla principio de integralidad. Sentencia T-0830 (T-1379485). Corte Constitucional. Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y evitar al paciente interponer una acción de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por el médico tratante, la Corte Constitucional desarrolló el principio de integralidad, con el cual se estableció que el juez de tutela debe ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir el tratamiento requerido. En virtud de lo anterior la Sala agregó que: “la atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y otros componentes que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites
1.	Fotocopia de mi cédula de ciudadanía. 2.	Fotocopia del registro civil y del carné de afiliación de mi hij@. 3.	Fotocopia de la solicitud y requerimiento realizado a la EPS (escribir nombre) por parte del doctor (escribir nombre), donde requiere para (mi o para mi hij@) la realización de (escribir actividad, procedimiento, medicamento, etc ordenado). 4.	Fotocopia de la respuesta enviada por la EPS (colocar nombre), donde niega la realización del (procedimiento, cirugía, medicamento, examen, etc.) 5.	Las que usted considere pertinente practicar señor Juez.
PRETENSIONES Con fundamento en los hechos relacionados, me permito solicitar respetuosamente, al Señor Juez, disponer y ordenar a (escribir nombre de la entidad de aseguramiento) y a favor (mío o de mi hij@):
1.	Tutelar los derechos fundamentales constitucionales a la vida, a la salud, a la igualdad y a la dignidad humana por la negativa de la EPS (escribir nombre) a suministrar (escribir lo ordenado) y el TRATAMIENTO INTEGRAL que requiera para (mi) la completa recuperación de mi hij@ y que sean formulados por los médicos tratantes. 2.	Que como consecuencia de lo anterior se ordene: 1.	Asumir la totalidad de los costos que demanda el tratamiento integral, en consideración a la enfermedad que padece mi hija(o).
2. De manera permanente y hasta que las circunstancias así lo ameriten, suministrar el tratamiento integral con cirugías, Prótesis, Rehabilitación, medicamentos, terapias (físicas, ocupacionales, de lenguaje) y demás tratamientos necesarios para (mi) la completa recuperación de mi hij@, que sean formulados por los médicos tratantes y que no se
encuentren en el POS, los cuales ayudarán a superar la enfermedad de mi hij@ y que le permitirán llevar una mejor calidad de vida. FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamento mi accionar en lo dispuesto en los artículos 23 y 86 de la Constitución Nacional, decretos 2591 y 306 de 1991 y ley 24 de 1992. JURAMENTO Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he instaurado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y derechos y contra la misma autoridad a que se contrae la presenta, ante ninguna autoridad judicial. ANEXOS 1. Copia de la demanda para el archivo del juzgado. 2. Fotocopia de los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
NOTIFICACIONES Recibo notificaciones en la (escribir dirección). Barrio (escribir nombre). Teléfono (escribir número). La EPS (escribir nombre), recibe notificaciones en sus oficinas principales. Del Señor Juez, Atentamente.
4. MODELO DE DERECHO DE PETICIÓN Ciudad, día, mes y año Señores: NOMBRE DE LA CLÍNICA, HOSPITAL O INSTITUCIÓN Ciudad Respetados señores: Yo, (Nombre completo)_________________________________, identificado con el documento de identidad (Número)_________________________ de _____________, en ejercicio del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Nacional y, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, me dirijo ante (Nombre de la Entidad)_________________________________________, en razón a (Describir brevemente la situación que motiva la petición. Ejemplo: “Al haberme sido ordenado el medicamento XXXX por mi médico tratante, etc”)___________________
___________________________________________________________________ __________________________________________________________________, a fin de que (Expresar de manera clara lo que se pretende –Información, petición o consulta ante la Entidad-. Ejemplo: “Me sea autorizado el procedimiento XXXX ordenado por mi médico tratante”) __________________________________________________
Mis datos de notificación son: (Incluir dirección de correspondencia, teléfono y, si aplica, dirección electrónica____________________________________________________
______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Cordialmente, NOMBRE 106
5. DIRECTORIO DEFENSORÍAS REGIONALES DEPENDENCIA REGIONAL AMAZONAS Celular: 310 853 92 59 REGIONAL ANTIOQUIA
NOMBRE JORGE IVAN VILLAMIZAR LÓPEZ
amazonas@defensoria.gov.co
Calle 13 No. 11-61 Avenida Victoria Regía Leticia – Amazonas
Carrera 49 No.49-24 Edificio Bancomercio Pisos 3,4,5 y 6 Medellín – Antioquia
(094)5114381 2514779 2512243
3101/3102 3103/3104
Secretaria: Eva L. Castro Mori GLORIA ELENA BLANDÓN VELÁSQUEZ
(098) 5928142 FAX: 5923983
Celular: 310 853 94 29
Secretaria: Sonia Inés Vergara Gallego
REGIONAL ARAUCA Celular: 310 853 92 39
GLORIA LILIA CUITIVA ORJUELA ( E )
arauca@defensoria.gov.co
Calle 23 No.17-30 Arauca – Arauca
(097)8856730 8851177
GLORIA SOFHIA LAMUS RODRÍGUEZ (C)
atlantico@defensoria.gov.co
Secretaria : Zully Taty Castillo
Calle 68B No.50-119 Barranquilla- Atlántico
(095) 3560320 3606357 3600005
Celular: 310 853 93 38
Calle 55 No.10-46 Bogotá D.C.
2337/2538 2444/2401 2549
mrubio@defensoria.gov.co
Carrera 10 No.55-51 Bogotá D.C.
2539/2467 2466
bolivar@defensoria.gov.co
Callejón Santa Clara No.24-28 Barrio de Manga Cartagena, Bolívar
(095) 6604003
REGIONAL BOGOTÁ Celular: 313 888 58 94
WILLIAM AUGUSTO SUAREZ SUAREZ Secretaria: Doris Helena Fernández H
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - U.A.C.
MARY LUZ RUBIO GONZÁLEZ
Celular: 310 853 93 92
DEPENDENCIA REGIONAL BOYACÁ Celular: 310 853 92 31
REGIONAL CALDAS Celular: 310 853 94 27
REGIONAL CAQUETÁ Celular: 310 853 94 79
REGIONAL CASANARE Celular: 310 853 93 45 REGIONAL CAUCA Celular 310 853 94 04 REGIONAL CESAR Celular: 310 853 93 64
REGIONAL CÓRDOBA Celular: 310 853 93 47
NOMBRE TANIA VICTORIA OROZCO BECERRA
(098) 7443333 7425779 FAX:7422548
3160 / 3161
caldas@defensoria.gov.co
Carrera 21 No.20-58 P.6 Edificio BBVA Manizales
(096) 8848983 8807210 8807230 FAX.8848110
3170/3171 3172-3173
caqueta@defensoria.gov.co
Carrera 15 No.14-27 Florencia – Caquetá
098)435779 3 4351045
casanare@defensoria.gov.co
Calle 13 No.25-32 Yopal – Casanare.
(098)6359638 FAX: 6359638
Carrera 4 No.0-55 Popayán – Cauca
YAZMIN GÓMEZ AGUDELO Secretaria: Vianey Ramírez Rincón
Secretaria: Melba Sanabria Mora JOSÉ LUIS SANJUAN MARTÍNEZ Secretaria:Lucy Adiela Sotelo Salazar OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS
cesar@defensoria.gov.co
Calle 13b bis No.15-76 Barrio Alfonso López Valledupar – Cesar
Calle 22 No.8B-20 Montería – Córdoba
Secretaria: VICTOR DANIEL CASTILLA PLAZA Secretaria : Sandra Isabel Bula Vides
Calle 21 No.10-70 Tunja – Boyacá
YAZMIN GÓMEZ AGUDELO
DIANA PATRICIA PUENTES SUÁREZ
boyaca@defensoria.gov.co
Secretaria: Flor Alba Ulloa
Secretaria : María I. Ballesteros Triana
(092) 8244929 8208972 FAX: 8244874 (095)5802357 FAX: 5744724 (094) 7822357 7814696 FAX: 7824655
3185/3186 3187/3188
3200/3201
REGIONAL CUNDINAMARCA Celular: 314 336 10 56
ANDRÉS ORLANDO PEÑA ANDRADE
REGIONAL CHOCÓ Celular: 310 853 94 03
REGIONAL GUAINÍA Celular: 310 853 93 44
REGIONAL GUAJIRA Celular: 310 853 93 65
Secretaria: Liliana Ramírez Casares
Secretaria: Nidia E. Ballesteros P. FRANCY ASTRID GONZÁLEZ CASTRO
TRÍÁN JESÚS ZUÑIGA RUEDA
REGIONAL HUILA Celular: 310 853 92 32
YENNY GERTRUDIS SÁNCHEZ ANAYA (C )
Celular: 311 462 71 10
REGIONAL MAGDALENA MEDIO Celular 310 853 92 33
ANGÉLICA MARÍA GAONA GALINDO
Secretaria: Lida Isabel Avila Moreno
Secretario: Juan Mauricio Roa C.
Secretaria : Martha Cecilia Segura
Calle 30 Avenida Aeropuerto 10-235
(094) 6710339
guajira@defensoria.gov.co
Calle 20 No.9-82 Puerto Inírida - Guaina
(098) 5656177 FAX: 5656319
Carrera 15 Av. los Estudiantes No.14-20 Riohacha - Guajira.
(095)7280535 FAX:7274757
guaviare@defensoria.gov.co
Calle 7 No.24-127 Barrio 20 de Julio San José del Guaviare
(098) 5841155
huila@defensoria.gov.co
Calle 13 No.5-112/120 Neiva – Huila
(098) 8710402 FAX : 8710899
3130/3131 3132
(095) 4216947 FAX: 4215324
3141/3142 3140/3143
(097) 6212666 6212999
Secretaria: Celenia Gamez Martínez
REGIONAL GUAVIARE Celular: 310 853 93 40
Cundinamarca@defensoria. gov.co
Secretaria: Lucila Sandoval Ortega SORAYA MERCEDES ESCOBAR ARREGOCES
Calle 14 No.15-107 magdalena@defensoria.gov.co
magdalenamedio@defensoria. gov.co
Calle 55 No.18A-23 Barrancabermeja-S/der.
2537/2479 2559/2561
DEPENDENCIA REGIONAL META Celular: 310 853 93 37
REGIONAL NARIÑO Celular: 310 853 94 36 REGIONAL NORTE DE SANTANDER Celular: 310 853 92 38
REGIONAL OCAÑA Celular: 320 838 85 03
NOMBRE LUIS FERNANDO CEPEDA BARRETO (C )
CORREO ELECTRÓNICO meta@defensoria.gov.co
Secretaria: Sandra Liliana Barrera M. GILMA DEL SOCORRO BURBANO VALDES
nariño@defensoria.gov.co
Secretaria: María Angélica Moncayo WILLIAM EDUARDO GONZÁLEZ TARAZONA Secretaria: Erika Suárez Silva NELSON ENRIQUE ARÉVALO CARRASCAL
nortesantander@defensoria. gov.co
FABIAN SNEIDER VARGAS BUSTOS
Celular: 310 853 92 98
Secretario:Jaime Alexander Cuesvas
REGIONAL QUINDIO Celular: 310 853 94 37 REGIONAL RISARALDA Celular: 310 853 94 38
FREDY PLAZA MAÑOSCA Secretaria: Martha Lucía Quintero
(098) 661 0666 661 0472
Calle 21 No.29-84 Barrio La Cuadras
(092) 7315257 7315344
FAX: 7313235
Calle 16 No.3-03/07 Barrio la Playa
(097) 5833055 5833344 5714937 FAX : 5833199
3225/3226 3227/3228
3230/3231 3232/3233
FAX : 662 2688
(097) 5693464
putumayo@defensoria.gov.co
Carrera 14 No.12-17 Mocoa – Putumayo
(098) 4296410 FAX :4296409
quindio@defensoria.gov.co
Carrera 13 No.16 Norte-46 Armenia–Quindío.
(096)7499961 7499963
Calle 25 No.748 P.11 y 12 Pereira–Risaralda
(096)3240165 3240378 3240221
risaralda@defensoria.gov.co
Carrera 40 A No.3317 Barrio Barzal Alto Villavicencio – Meta
Carrera 14 No.11-56 Local 101–Barrio La Luz Ocaña, Norte de Santander
PIEDAD CORREAL RUBIANO Secretaria: Marta Lucía Arango B.
ocana@defensoria.gov.co
Secretaria: Tania Yaruro REGIONAL PUTUMAYO
FAX: 7378468
3150/3151 3152
3220/3221 3222/3221
3240/3241 3242/3243 3245/3246 3247/3248
Celular: 310 853 94 85
Secretaria: Marinella Kelly James
KADIR CRISANTO PILONIETA DÍAZ
Celular: 310 853 92 37
REGIONAL SUCRE Celular: 3108539391
OSCAR LUIS HERRERA REVOLLO ( C )
REGIONAL URABÁ Celular: 310 853 94 75
WILLIAM GONZÁLEZ DE LA HOZ
REGIONAL TOLIMA Celular: 310 853 92 99
REGIONAL VALLE DEL CAUCA Celular: 310 853 94 54
REGIONAL VAUPÉS Celular: 310 853 94 82 REGIONAL VICHADA Celular 310 203 46 75
Secretaria :Dayana Milena Acevedo
santander@defensoria.gov.co
Carrera 22 No.2807 Barrio Alarcón Bucaramanga- S/der.
(097) 6454444 FAX 6347222
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Carrera 12 No.15-25 Mitú – Vaupés
CARLOS JAVIER BOJACÁ GALVIS
Secretario: Angel Alberto Reina H.
(098) 5129992 5122822 FAX:5123257
Secretaria : Claribel Peralta Reinoso
Secretaria: Omaira Gómez Ch.
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Secretaria: Martha Cecilia Baza G.
Secretaria: Gina Marcela Cárdenas
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(098) 5642308 5642351
FAX: 5642308 (098) 565 4477
Esta cartilla, de la serie de la Defensoría del Pueblo sobre derechos de los usuarios en salud y seguridad social, contiene todo lo que uste...

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 Resolución 
	Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
	Resolución 
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 23