Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-febrero-2017/
Timestamp: 2018-03-20 04:05:09+00:00

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1.- Notificación vía SOL
Mediante Resolución de Superintendencia No. 039-2017/SUNAT (15.02.2017) se ha dispuesto que las Resoluciones de Multa emitidas en procedimientos distintos al de fiscalización parcial electrónica puedan notificarse a través de medios electrónicos vía SOL.
La norma entra en vigor el 16.02.2017.
2.- Incorporación de Dependencias de SUNAT que pueden llevar el expediente electrónico del procedimiento de cobranza coactiva
Mediante Resolución de Superintendencia No. 041-2017/SUNAT (15.02.2017) se han incorporado al Anexo a que se refiere el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia No. 084-2016/SUNAT Dependencias de SUNAT que implementan el llevado del expediente electrónico del procedimiento de cobranza coactiva. Dentro de ellas destacan las siguientes:
Intendencia de Principales contribuyentes Nacionales (IPCN)
La norma bajo comentario entra en vigor el 16.02.2017.
3.- Disposiciones Reglamentarias de la Ley que aprueba el “IGV Justo”
Mediante Decreto Supremo No. 026-2017-EF (16.02.2017) se han aprobado las normas reglamentarias para la aplicación de la Ley que aprueba el “IGV Justo”, Ley 30524 publicada con fecha 13.12.2016.
A continuación damos cuenta de lo más resaltante de la norma en comentario:
-Prórroga del plazo de pago original: La opción de prorrogar el plazo de pago original se ejerce respecto de cada periodo, al momento de presentar la declaración jurada mensual del IGV (hasta la fecha de vencimiento). De optarse por la prórroga, el plazo de pago original se posterga hasta la fecha de vencimiento que corresponda al tercer periodo siguiente a aquel por el que se ejerce la opción.
-Determinación de las ventas anuales: Las ventas anuales se calculan sumando, respecto de los últimos 12 periodos anteriores a aquel por el que se ejerce la opción de postergación de pago del IGV, según el régimen tributario en que se hubiera encontrado la MYPE en dichos periodos, lo siguiente:
– Los ingresos netos obtenidos en el mes, en base a los cuales se calculan los pagos a cuenta del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario del IR.
– Los ingresos netos mensuales provenientes de las rentas de tercera categoría, en base a los cuales se calcula la cuota mensual del RER.
– Los ingresos brutos mensuales, en base a los cuales se ubica la categoría que corresponde a los sujetos del Nuevo RUS.
Si la MYPE tiene menos de 12 periodos de actividad económica, se consideran todos los periodos desde que inició esta. Si la empresa recién inicia sus actividades, no le es exigible que cumpla con el límite de ventas anuales.
– Evaluación de los supuestos para que no se pueda ejercer la opción de postergación de pago del IGV: La Ley 30524 establece que no podrán acogerse al beneficio las MYPES con deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 1 UIT en el ejercicio anterior, ni las que tengan como titular a una persona natural o socios que hubieren sido condenados por delitos tributarios. Tampoco quienes se encuentren en proceso concursal, ni las MYPE que no hubieren presentado sus declaraciones o efectuado el pago de sus obligaciones del IGV o IR al que se encuentren afectas, correspondientes a los 12 periodos anteriores, salvo paguen o fraccionen dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 días previos al acogimiento.
La norma reglamentaria prevé que estos supuestos se deberán verificar el último día calendario del periodo por el que se ejerce la opción de prórroga.
Tratándose de MYPES que no hubieren presentado sus declaraciones o efectuado el pago de sus obligaciones del IGV o IR al que se encuentren afectas, correspondientes a los 12 periodos anteriores, salvo que se regularicen pagando o fraccionando dichas obligaciones en un plazo de hasta 90 días previos al acogimiento, se deberán verificar además otros requisitos.
-Aplicación de intereses moratorios: Los intereses moratorios se aplican desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la declaración jurada, hasta la fecha de pago.
-Verificación de condiciones y fiscalización posterior: El cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley 30524 para que opere la prórroga del plazo de pago original está sujeto a verificación o fiscalización posterior por parte de la SUNAT, dentro de los plazos de prescripción previstos en el Código Tributario.
Tanto la Ley 30524 como la norma bajo comentario entran en vigor el 01.03.2017.
4.- Modificación de Normas referidas a Libros y Registros Vinculados a Asuntos Tributarios
Mediante Resolución de Superintendencia No. 045-2017/SUNAT (16.02.2017) se ha dispuesto lo siguiente:
– Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 300 UIT (antes se señalaba 150) hasta 500 UIT deben llevar como mínimo lo siguiente:
*Libro diario,
*Libro mayor,
*Registro de compras, y;
*Registro de ventas e ingresos.
Los contribuyentes que hubieren generado ingresos brutos anuales desde 500 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar como mínimo los libros y registros antes señalados y además del Libro de Inventarios y Balances.
La norma bajo comentario entra en vigor el 17.02.2017.
5.- Generalización de emisión de recibos por honorarios electrónicos
Mediante Resolución de Superintendencia No. 043-2017/SUNAT (17.02.2017) se ha dispuesto la generalización de la emisión de los Recibos por Honorarios Electrónicos a partir del 01.04.2017. Así, bastará que el sujeto perceptor de rentas de cuarta categoría cuente con su código de usuario y clave SOL.
Por otro lado, se han derogado las disposiciones sobre el llevado del Libro de Ingresos y Gastos por los sujetos antes mencionados a fin de adecuar la norma comentada a la modificación de la LIR dispuesta por el Decreto Legislativo No. 1258 que eliminó dicha obligación.
La norma bajo comentario entra en vigor el 01.04.2017
6.- Modifican el Reglamento de Ley del Impuesto a la Renta
A través del Decreto Supremo No. 033-2017-EF (28.01.2017) se ha publicado el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1258 que modificó los artículos 46° y 75° de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de permitir la deducción de gastos de las rentas del trabajo hasta el importe de 3 UIT y señalar que para determinar las retenciones por rentas de quinta categoría no se considerarán los citados gastos.
En ese sentido, el reglamento ha dispuesto lo siguiente:
En los casos de trabajadores que hubieran percibido remuneraciones de más de un empleador en un mismo ejercicio, para efecto de la retención, el nuevo empleador considerará las remuneraciones y retenciones acreditadas de acuerdo a lo que señale la SUNAT mediante resolución de superintendencia. En tanto no entre en vigencia la mencionada resolución, las remuneraciones y retenciones deberán ser acreditadas por el trabajador mediante una declaración jurada.
En el caso de los intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, deben corresponder a créditos hipotecarios otorgados a personas naturales, sociedades conyugales o uniones de hecho para la adquisición o construcción de una primera vivienda siempre que tales créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas. Se incluyen en esta categoría los créditos para la adquisición o construcción de una primera vivienda propia que a la fecha de la operación no es posible constituir sobre ellos la hipoteca individualizada que deriva del crédito otorgado (bienes futuros). Los gastos por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda no incluyen los intereses moratorios.
Los gastos por honorarios profesionales de médicos y odontólogos efectuados para la atención de la salud de hijos mayores de 18 años con discapacidad serán deducibles a partir de la inscripción de aquellos en el registro de personas con discapacidad a cargo del CONADIS.
Los gastos por aportaciones al ESSALUD serán deducibles por el contribuyente que se encuentre inscrito como empleador en el Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar, Trabajadores del Hogar y sus Derechohabientes.
Los gastos efectuados por una sociedad conyugal o unión de hecho se consideran atribuidos al cónyuge o concubina(o) al que se le emitió el comprobante de pago. Los gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento e intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda efectuados por una sociedad conyugal o unión de hecho podrán ser atribuidos por igual a cada cónyuge o concubina (o) siempre que ello se comunique a la SUNAT.
Los gastos por intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda efectuados en copropiedad se consideran atribuidos al copropietario al que se le emitió el comprobante de pago, salvo que se comunique a la SUNAT la cuota ideal de cada uno de los copropietarios en la forma, plazo y condiciones que esta establezca mediante resolución de superintendencia.
La norma comentada entrará en vigencia el 1.03.2017.
7.- Modifican el Reglamento de la Ley del IGV
Con fecha 28.02.2017 se publicó el Decreto Supremo No. 029-2017-EF el cual modifica el Reglamento de la Ley del IGV a fin de perfeccionar la reglamentación de la Ley No. 30524.
De esa manera, se precisa lo siguiente:
A efectos de considerar que nos encontramos ante una MYPE (ventas anuales hasta 1700 UIT), las ventas anuales se calculan sumando, respecto de los meses de enero a diciembre del año anterior al periodo por el que se ejerce la opción de prórroga, según el régimen tributario en que se hubiera encontrado la empresa en dichos meses.
En el supuesto de que la empresa hubiera iniciado su actividad económica durante el año anterior al periodo por el que se ejerce la opción de prórroga, para calcular el límite de ventas anuales se consideran todos los meses de ese año desde que inició aquella. Si la empresa inicia sus actividades en el año al que corresponde el periodo a prorrogar, no le es exigible que cumpla con el límite de ventas anuales.
A fin de que surta efecto la regularización del incumplimiento en la presentación de la declaración y/o pago de las obligaciones tributarias, la MYPE debe presentar la declaración y/o pagar o fraccionar el pago de dichas obligaciones, según corresponda, hasta la fecha límite de regularización.
La norma entró en vigencia el 1.03.2017.
8.- Aprueban nueva versión del PDT IGV – Renta Mensual, formulario virtual No. 621
A través de la Resolución de Superintendencia No. 052-2017/SUNAT (28.02.2017), se aprueba la nueva versión del PDT IGV Renta Mensual, Formulario Virtual No. 621, versión 5.5. La mencionada versión, se encontrará a disposición en SUNAT Virtual a partir del 1.03.2017.
La norma en comentario entra en vigencia el 1.03.2017.
1.- Beneficio Tributario aplicable a los gastos en proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica (“I+D+i”)
En relación con el beneficio tributario aplicable a los gastos en I+D+i otorgado por la Ley No. 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, se formularon a SUNAT las siguientes interrogantes:
Para determinar en el ejercicio de que se trate el monto de la deducción adicional del 50% o 75% a que hace referencia la Ley No. 30309, tratándose de proyectos de I+D+i que implican la construcción de un activo fijo, ¿los gastos que integran su costo de construcción se entenderán producidos en el ejercicio en el que se incurren, desembolsen o se aplicarán las reglas de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento?
En caso la respuesta a la pregunta precedente sea que en el supuesto anterior debe aplicarse las reglas de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento:
¿Se aplicarían aunque esta tenga lugar en un período posterior al de la calificación del proyecto de I+D+i?
¿Cabría deducir vía depreciación las partidas asociadas al beneficio, inferiores al límite legal de 1,335 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), aun después del año 2019?
¿Puede un contribuyente deducir el saldo del beneficio de la deducción adicional (porción que excedió el límite anual de 1,335 UIT correspondiente al período en el cual se obtuvo la calificación del proyecto de I+D+i) de la renta de los periodos siguientes hasta agotarlo, o el beneficio corresponde a un límite anual y único correspondiente al ejercicio en que obtuvo la calificación de dicho proyecto?
SUNAT en el INFORME 008-2017-SUNAT/5D0000, concluyó como sigue:
Para determinar en el ejercicio de que se trate el monto de la deducción adicional del 50% o 75% a que hace referencia dicha ley, tratándose de proyectos de I+D+i que implican la construcción de un activo fijo, los gastos que integran su costo de construcción se deducirán aplicándose las reglas de depreciación establecidas en la LIR y su reglamento.
En el supuesto a que se refiere el numeral anterior:
Los gastos por depreciación de ejercicios posteriores al de la obtención de la calificación del proyecto I+D+i, deben imputarse a los ejercicios a los que corresponde dicha depreciación.
No es posible deducir vía depreciación las partidas asociadas al beneficio, inferiores al límite legal de 1,335 UIT después del año 2019.
No es posible que un contribuyente deduzca el saldo del beneficio de la deducción adicional (porción que excedió el límite anual de 1,335 UIT correspondiente al período en el cual se obtuvo la calificación del proyecto de I+D+i) de la renta de los periodos siguientes hasta agotarlo.
1.- ¿Quién debe probar la relación laboral, SUNAT o el Contribuyente?
Durante la fiscalización tributaria a una empresa, ésta alegó que no llevaba planilla electrónica, toda vez que no contaba con ningún trabajador máxime cuando tercerizaba sus actividades con otra empresa. Por su parte, agregó que, la persona que atendió a los auditores fiscales era una trabajadora del Estudio Contable que le prestaba los respectivos servicios (de contabilidad).
SUNAT señaló que, la empresa fiscalizada no cumplió con la exhibición de la planilla electrónica por lo que estaba incursa en la comisión de la infracción tributaria tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario.
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF No. 706-4-2016, falló a favor de la empresa, bajo el siguiente razonamiento:
-La carga de la prueba en cuanto a la existencia del contrato de trabajo corresponde a la SUNAT, toda vez que es ésta quien debe sustentar la acotación realizada así como la sanción impuesta.
-Si bien es cierto SUNAT sostuvo que la empresa fiscalizada contaba con un trabajador dependiente no deja de ser menos cierto que aquella (SUNAT) no demostró con documento alguno que la empresa fiscalizada tuviera la condición de entidad empleadora.
2.- Delitos cometidos contra el contribuyente ¿La carga de la prueba puede recaer en SUNAT?
La empresa fiscalizada fue objeto de robo, reflejando tal hecho como un gasto. La SUNAT procedió a reparar el mismo. La empresa fiscalizada arguyó que, en aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica, la carga probatoria hubo de recaer en SUNAT pues ante cualquier duda sobre hechos delictivos en agravio de los administrados (contribuyentes) conforme a la Constitución Política se delimita la investigación de hechos de tal naturaleza a la Policía Nacional así como la Ministerio Público, por lo que es claro que ella (empresa fiscalizada) no puede intervenir.
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 1889-8-2015, falló en contra de la empresa fiscalizada, bajo el siguiente razonamiento:
-De la lectura del artículo 37, d, de la LIR, se desprende que son los contribuyentes quienes tienen que acreditar judicialmente el hecho delictuoso o acreditar que es inútil ejercer la acción judicial correspondiente.
-En lo tocante a la aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica invocada por la empresa fiscalizada, quien está en mejor posición para probar el hecho delictivo o que resultaba inútil ejercitar acción judicial no era otra que la empresa fiscalizada, más aún si tenía la condición de denunciante y consecuentemente parte agraviada del presunto delito de robo. En esta situación, SJNAT era ajena a las acciones legales seguidas por la empresa fiscalizada. Siendo ello así, la contribuyente no acreditó haber cumplido con los requisitos previstos en el artículo 37, d, de la LIR.
1.- Prorrogan plazo de implementación del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC en el ámbito territorial de Lima Metropolitana
Mediante Resolución Ministerial Nº 032-2017-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 25 de febrero del 2017 se prorroga el plazo de implementación del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC en el ámbito territorial de Lima Metropolitana hasta el 31 de mayo del 2017, debido a que mediante un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática correspondiente al año 2015 existe un número muy alto de personas que laboran en el sector Construcción Civil
1.- De la realidad: pruebas que determinaron que los contratos de locación de servicios encubrían una relación laboral entre el trabajador y un grupo de empresas
Mediante Casación 10967-2015-Lima, publicada con fecha 30 de enero del 2017, un recurrente solicitó el pago de beneficios sociales, sustentándose en que los contratos de locación de servicios y de plazo fijo que había suscrito con tres empresas de un grupo empresarial (sector minero) fueron desnaturalizados. Alegó que había laborado para dos proyectos mineros en condiciones de subordinación y bajo distintas modalidades contractuales. En primera y segunda instancia se declaró fundada la demanda respecto del pago de beneficios sociales. En su recurso de casación las demandadas denunciaron la infracción normativa de los arts. 4 y 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
En el fallo, la denuncia por infracción normativa es infundada, pues en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad se ha acreditado que el empleador pretendió encubrir la relación laboral mediante la suscripción de contratos de locación de servicios. Las razones son las siguientes:
– Los servicios prestados había sido de carácter personalísimo pues de la revisión de diversos correos electrónicos se aprecia que el demandante se encontraba sujeto a directivas del empleador, emitía informes respecto de la labor desempeñada y reportaba las incidencias generadas durante el desarrollo de sus actividades.
– Las labores del demandante estaban sujetas a fiscalización. En una de las cláusulas del contrato de locación se estableció que: “…que mientras preste el servicio, … EL COMITENTE … está de acuerdo a someterse a sus términos y condiciones sin reserva ni limitación alguna”.
– Al demandante le fue entregado un fotocheck que consignaba el área a la que pertenecía, así como una laptop.
Respecto de que el trabajador prestó servicios para tres empresas, las siguientes pruebas demuestran que éstas tienen la calidad de codemandadas y responsables al formar parte de un grupo económico empresarial:
– De la revisión de los contratos se aprecia que las fechas en que el trabajador había realizado labores para las empresas se superponen.
– Una de las empresas demandadas había sido nombrada gerente de una de ellas.
– Las demandadas contaban con el mismo domicilio fiscal.
– Los proyectos mineros en que laboró el demandante habían sido ejecutados por las demandadas (según información de la página web de una de ellas).
2.- Registro de asistencia: obligación de conservar el registro de asistencia del ex trabajador
Mediante Resolución 297-2016-SUNAFIL/ILM de fecha 31 de octubre de 2016, se cuestionó si al extinguirse el vínculo laboral ¿el empleador tiene la obligación de conservar el registro de asistencia del ex trabajador?
El fallo dijo que sí, por las razones siguientes:
– El art. 5 del Decreto Supremo 004-2006-TR establece la obligación del empleador de poner a disposición de la Autoridad Administrativa de Trabajo el Registro de Control de Asistencia cuando sea requerido. Dicha norma se complementa con el artículo 6 del citado Decreto, según el cual el empleador debe conservar los registros hasta por 5 años después de ser generados. Lo señalado se sustenta en que los derechos laborales pueden ser reclamados aun después de que el vínculo laboral sea extinguido.
– La obligación de conservar los registros no está condicionada a la vigencia del vínculo laboral, sino por el transcurso del tiempo (5 años después de que el registro se haya generado). El incumplimiento de esta obligación configura la infracción prevista en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, art. 25, numeral 25.19.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 177
 artículo 37
 artículo 37
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6