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Timestamp: 2013-05-24 16:39:30+00:00

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Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, notificación con audiencia de sustitución
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0613/2011-R Sucre, 3 de mayo de 2011 Expediente: 2009-20842-42-AL
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Sandra Angélica Escobar Liquitaya contra Roger Valverde Pérez y Rolando Sarmiento Tórrez, Jueces Octavo y Noveno, respectivamente, de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de noviembre de 2009, cursante de fs. 12 a 13 vta., la accionante manifiesta que, el 3 del mismo mes y año, a horas 11:30, fue detenida en inmediaciones de la Alcaldía Municipal de La Paz, por dos agentes de la fuerza pública, quienes valiéndose de un mandamiento de aprehensión emitido por el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, la trasladaron a celdas de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz.
Continuó señalando que, revisado obrados, el mandamiento de aprehensión fue emitido a causa de una supuesta inasistencia a una audiencia de consideración de revocatoria de medidas sustitutivas, de la cual no tuvo conocimiento, pues en ningún momento fue notificada personalmente con ese actuado, conforme lo establece el art. 163.III del Código de Procedimiento Penal (CPP), pese a que en obrados está establecido su domicilio real, y mucho menos se notificó a su abogada patrocinante, quien se apersonó al proceso el 21 de septiembre de 2009, señalando además domicilio procesal; por lo que el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, al emitir el mandamiento de aprehensión, la dejó en total estado de indefensión vulnerando derechos y garantías constitucionales, pues no pudo asumir defensa formal ni material en audiencia. Asimismo, la notificación que cursa en obrados, donde se habría notificado por cédula a su ex abogado, es irregular, por cuanto fue realizada a su ex causídico, quien dejó de patrocinarlos hace más de tres meses.
Agrega que, ya en audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, llevada a efecto el 4 de noviembre de 2009, a horas 10:00, fue realizada imponiéndosela un abogado de oficio que ni conocía, y donde el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, ordeno su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, con total desconocimiento de su aprehensión ilegal.
La accionante estima vulnerados sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 23.I, 24, 115.I, 116.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); así como también, el art. 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con estos antecedentes solicita se declare “procedente” la acción de libertad, disponiendo su inmediata libertad, por correr peligro su vida, ya que debido a su encarcelamiento su estado de salud empeoró.
Celebrada la audiencia pública el 6 de noviembre de 2009, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 20, en presencia de la parte accionante, del Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, y en ausencia del Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, quien presentó informe escrito; y del representante del Ministerio Público, pese a su legal notificación; se produjeron los siguientes hechos:
La abogada de la parte accionante, señaló que su defendida se encontraba con medidas sustitutivas, como el no acercarse a sus hijas; asimismo, señaló también que, saliendo de la Alcaldía Municipal es sorprendida por dos funcionarios policiales quienes le mostraron un mandamiento de aprehensión conduciéndola a celdas de la Corte Superior; “la señora queda sorprendida y me llama inmediatamente, yo soy su defensora indicándome lo que había pasado y apersonándome señor Juez al juzgado para ver que era lo que estaba pasando, porque le habían aprehendido a mi defendida, revisando en obrados veo que se había emitido un mandamiento de aprehensión en base a una resolución de una audiencia de medidas cautelares” (sic); de igual forma, revisando el proceso no se encuentra notificación a su defendida ni a su persona como abogada; además la audiencia se llevó a efecto sin que esté presente su abogado defensor que conocía del caso.
Róger Valverde Pérez, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, por medio del informe escrito que cursa a fs. 16, señaló que: a) Mediante Resolución 342/2009, se dispuso la libertad provisional de la imputada, aplicándose medidas sustitutivas, en esa oportunidad fue conducida en calidad de aprehendida por el Ministerio Público; b) El 20 de octubre de 2009, la autoridad fiscal solicitó la revocatoria de las medidas sustitutivas, por incumplimiento de las mismas, para lo cual se señaló audiencia para el 28 de ese mismo mes y año, acto al que no asistió la accionante ni su abogada, por lo que a solicitud de la parte querellante se expidió el mandamiento de aprehensión a objeto de que sea conducida a la autoridad judicial, aspecto que se encuentra reflejado en el acta correspondiente; y, c) Se alega que se expidió mandamiento de aprehensión vulnerando sus derechos, ya que existiría un nuevo apersonamiento con otro abogado, a este respecto, revisado antecedentes no existe tal apersonamiento; además, la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas no se ha sustentado en el mandamiento de aprehensión conforme se puede establecer en la Resolución que pronunció el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal.
Rolando Sarmiento Tórrez, Juez Noveno de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, en el informe verbal prestado en audiencia, señaló: 1) La accionante fue imputada por el delito de lesiones graves agravadas y parricidio en grado de tentativa, y en audiencia de medidas cautelares se dictó la Resolución 342/2009 de 21 de agosto, donde se le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva; posteriormente, la autoridad fiscal, mediante memorial de 20 de octubre, solicitó su revocatoria, señalada la audiencia, la imputada no asistió a la misma, por lo que se expidió mandamiento de aprehensión; 2) Con relación al nuevo domicilio procesal presentado por su actual abogada, siendo ésta la razón por la que no tuvieron conocimiento de la audiencia, por cuanto se notificó en el anterior domicilio procesal; sin embargo, lo extraño es que el memorial de apersonamiento no existe en el cuaderno de control jurisdiccional, siendo obvio que la notificación se la realice en el domicilio que se tenía conocimiento; asimismo, si el 21 de septiembre, se han apersonado, la obligación de la abogada era hacer el seguimiento de ese memorial; empero, ésta jamás se apersonó habiendo pasado incluso más de un mes; 3) De forma temeraria se manifiesta que la abogada no estuvo en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares; sin embargo, en la intervención de esta audiencia, señala que se constituyó a celdas donde se encontraba la accionante para saber el motivo de su detención; consecuentemente, tenía conocimiento que al día siguiente se llevaría a cabo dicha audiencia; 4) Manifiesta que, se le impuso un abogado; sin embargo, no señala quién, pues el día de la audiencia la accionante ingresó con un abogado, y cuando éste empezó a realizar su fundamentación, la actual abogada se hizo presente, intervino y fundamentó lo que ahora está señalando, situación que consta en la cinta magnetofónica que se tiene en el Juzgado, por lo que no es cierto que se le impuso un abogado; y, 5) Las razones para revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva y disponer la detención de la accionante en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, se encuentran explicadas en la misma Resolución que se emitió en audiencia.
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 76/2009 de 6 de noviembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., declaró “improcedente” la acción de libertad, con el siguiente fundamento: i) La Resolución 461/2009 de 4 de noviembre, por la que el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, revocó las medidas sustitutivas que le fueron impuestas a la accionante, es susceptible de apelación, por lo que siguiendo la línea jurisprudencial de las SSCC “0160/2005-R de 23 de febrero y 0514/2006-R de 31 de mayo”, la accionante tiene el recurso correspondiente “y/o modos procesales ordinarios” para expresar agravios y solicitar la modificación de dicha Resolución, no pudiendo acudir directamente a la acción de libertad; ii) Con relación a que no se habría notificado en el nuevo domicilio procesal, este argumento es impertinente, por cuanto de los informes emitidos por las autoridades denunciadas, como de la revisión del cuaderno, se establece que no existe memorial alguno que señale nuevo domicilio; y, iii) La Resolución 461/2009 de 4 de noviembre, cumple con la última parte del art. 123 del CPP, consecuentemente la acción de libertad es inviable.
Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal a través de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales, presentadas a partir del 7 de febrero de 2009; es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de causas.
II.1.Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2009, Sandra Angélica Escobar Liquitaya, se apersonó dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el supuesto delito de lesiones graves y leves, señalando su domicilio procesal en calle Batallón Colorados 24, edificio “El Cóndor”, piso 1, oficina 106 (fs. 3).
II.2.Del certificado médico emitido por Víctor Farfán Torrico, el 18 de septiembre de 2009, se tiene que la accionante continúa con tratamiento médico, antidepresivo y anti-inflamatorio, recomendando reposo absoluto hasta su recuperación (fs. 4).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la defensa, aduciendo que: a) El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, emitió en su contra un mandamiento de aprehensión, sin que sea notificada personalmente con la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas a la detención preventiva; a más de que con dicho acto se notificó en el domicilio procesal de su ex abogada, pese a que su actual patrocinante se apersonó y constituyó nuevo domicilio procesal; y, b) El Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, dispuso su detención en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, desconociendo su aprehensión ilegal, sin la presencia de su abogada e imponiéndole un causídico al cual no conocía. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad La acción de libertad establecida en la Constitución Política del Estado, tiene por objeto tutelar el derecho a la vida y a la libertad, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro, y cuando ésta sea objeto de una persecución ilegal, un indebido procesamiento u objeto de privación en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en cualquiera de las situaciones antes expresadas, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; así, su art. 125, señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.
En ese entendido, si bien la acción de libertad se constituye en el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, sin embargo, para que ésta opere, previamente se deben agotar todos los mecanismos de protección específicos de defensa, es decir, antes de de activar ésta acción constitucional, se deben utilizar los medios y recursos que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido; por lo que la acción de libertad solamente deberá operar en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Entendimiento asumido en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, donde se estableció que la acción de libertad es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente al derecho a la vida y a la libertad: “… empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”. (Las negrillas son nuestras).
Es así que ampliando este criterio jurisprudencial la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció tres aspectos que se deben tomar en cuenta, en los cuales de manera excepcional no es posible ingresar al fondo de la problemática planteada, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, siendo el segundo supuesto el siguiente: “Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar, por ende, que afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionadas a actividad procesal defectuosa, o relacionada al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”.
Este razonamiento se centra en el hecho de que todas las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, son objeto de apelación, así lo establece el art. 251 del CPP, al señalar en su primera parte que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el término de setenta y dos horas”, por lo este recurso se convierte en el medio más idóneo e inmediato de defensa contra las supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de todo imputado, pues a través de ella se puede lograr una reparación pronta y oportuna de los derechos y garantías presuntamente vulnerados, así como una protección eficaz a su derecho a la libertad; asimismo, el mencionado artículo nos señala el procedimiento a seguir, dando a conocer que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación, resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; consecuentemente, antes de activar la acción de libertad, el accionante debio haber interpuesto el recurso de apelación, a menos, que exista una manifiesta y absoluta indefensión, o que dicho acto sea la causa directa de la privación de su libertad.
III.2. Análisis del caso concreto III.2.1 Sobre la denuncia de la emisión del mandamiento de aprehensión sin ser notificada personalmente y la supuesta aprehensión ilegal
En el presente caso, la accionante sin adjuntar prueba que demuestre los fundamentos de la acción de libertad, a más de un memorial de apersonamiento por la que se habría señalado nuevo domicilio procesal y un certificado médico, solicita a través de la presente acción tutelar, disponer su libertad inmediata, toda vez que a raíz de la detención preventiva que le fue impuesta, su estado de salud empeoró, puesto que se encontraba en tratamiento médico; sin embargo, del informe emitido por el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal y que no fue objetado por la accionante, se tiene que en audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas “la señora entró con un Abogado y cuando estaba empezando hacer su fundamentación el Abogado de la defensa, la abogada se ha hecho presente y esto consta en la cinta magnetofónica que tenemos en el Juzgado de la intervención de los Abogados, consecuentemente es ella quien ha intervenido y ha fundamentado lo que ahora está diciendo” (sic) (fs. 19); lo que lleva a deducir a éste Tribunal, que los hechos denunciados como ser que se emitió en su contra un mandamiento de aprehensión, sin ser notificada personalmente con la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, la notificación con ese actuado en el domicilio procesal de su ex abogada y no así en el de su actual patrocinada, y la aprehensión ilegal, fueron analizados por el Juez Noveno de Instrucción en lo penal, en audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas, por lo que la accionante, si consideraba que pese a la decisión asumida por esa autoridad aún persistía las supuestas ilegalidades denunciadas, debió interponer el recurso de apelación incidental, en sujeción de los arts. 251 y 403.3 del CPP, a través del cual podía lograr una reparación pronta y oportuna de los derechos y garantías presuntamente vulnerados, y por ende una protección de su derecho a la libertad, pues este recurso se constituye en el medio idóneo para la reparación de los derechos que se estima vulnerados y especialmente su derecho a la libertad, e inmediato en atención a su agilidad en su procedimiento, al exigir su interposición en el término de setenta y dos horas de notificada con la resolución que imponga la medida cautelar, siendo el deber del juez remitir antecedentes en veinticuatro horas al tribunal superior, quienes además tienen la obligación de resolverla en tres días.
Consecuentemente, el accionante no podía acudir directamente a la acción de libertad, haciendo abstracción de los mecanismos legales efectivos de protección que tenía a su alcance, conforme a la ley procesal común, situación que determina se deniegue la tutela solicitada, por cuanto en aplicación del principio de subsidiariedad que rige excepcionalmente en la presente acción tutelar, correspondía acudir a la jurisdicción constitucional, solamente una vez agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, razón por la que no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
III.2.2. Con relación a lo denunciado por la accionante, en sentido de que se le impuso un abogado Este extremo impugnado, se relaciona con una supuesta vulneración al debido proceso, que no constituyen el origen o causa de su restricción a la libertad física o derecho de locomoción, puesto que ella obedece a un proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra la ahora accionante, por el cual el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, pronunció la Resolución 461/2009 de 4 de noviembre, revocando la Resolución que dispuso las medidas sustitutivas, ordenando su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, por cuanto -dice en su informe- incumplió la prohibición expresa de acercarse a sus hijas, situación que evidencia que la privación de libertad obedece a otras circunstancias, por lo que lo denunciado debe ser reclamado y en su caso reparado por los jueces y tribunales ordinarios competentes a través de los medios y recursos reconocidos por la norma adjetiva penal, y sólo agotados éstos, la parte afectada podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional; asimismo, tampoco se evidencia la existencia de un absoluto estado de indefensión, por cuanto la accionante tiene conocimiento del proceso, muestra de ello es que tenía conocimiento de las medidas sustitutivas que se impuso, además se apersonó al proceso a través de otro profesional abogado; por lo que lo denunciado no está en relación directa con la restricción de la libertad, sino más bien son cuestiones que atañen al debido proceso, que no pueden ser analizados a través de este medio de protección, situación que determina la imposibilidad de otorgar la tutela a través de la presente acción de libertad. Entendimiento asumido en la amplia jurisprudencia constitucional entre ellas la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, al señalar que “…en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción; en los demás casos, las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del amparo constitucional, como medio idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones invocadas, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, hoy acción de libertad y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso, por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional...” (las negrillas nos corresponden).
Por último si bien la accionante hace énfasis en que la SC 0110/2006-R de 1 de febrero, otorgó tutela cuando no se notificó personalmente con la audiencia de medidas cautelares; sin embargo, debe tenerse presente que la Sentencia señalada, hace referencia a otro caso con circunstancias distintas a la que ahora se analiza, pues se denunció que el Juez demandado, celebró audiencia de medidas cautelares, sin notificarles personalmente, como impone el art. 163.1 del CPP, es decir, se refería a la primera notificación respecto de las partes, y no así del señalamiento de audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas como ocurre en el presente caso; por lo que no puede ser utilizado como precedente para el caso de autos.
Por lo precedentemente señalado, el caso no se encuentra dentro de las previsiones y alcances de la acción de libertad, por lo que el Tribunal de garantías al haber declarado “improcedente” la acción, aunque con terminología incorrecta, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y aplicado debidamente los alcances de esta acción tutelar.
POR TANTO El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.1 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 76/2009 de 6 de noviembre, cursante de fs. 21 a 22 vta., dictada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
No interviene el Magistrado, Dr. Ernesto Félix Mur, por no haber conocido el asunto.

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