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Timestamp: 2020-07-14 20:46:25+00:00

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﻿ SENTENCIA 2007-00359 DE JULIO 12 DE 2018
SENTENCIA 2007-00359 DE 12 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:NO CONSTITUYE FALLO EXTRA PETITA ORDENAR INDEXACIÓN POR PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO. EL PROBLEMA JURÍDICO CONSISTE EN ESTABLECER SI FUE EXTRA PETITA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA AL RECONOCER, A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO UNA COMPENSACIÓN POR DESVALORIZACIÓN MONETARIA, CUANDO LO SOLICITADO FUERON LOS INTERESES MORATORIOS. DE ESTE MODO, SE ESTABLECIÓ QUE EL CONCEPTO DE INDEXACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE UNA DEUDA O CORRECCIÓN MONETARIA ES UNA ADECUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA ATENDIENDO LA REALIDAD DEL MOMENTO EN QUE ES CANCELADA. ELLO TODA VEZ QUE GOZA DE NATURALEZA COMPENSATORIA, ES DECIR, LA CORRECCIÓN MONETARIA ES UNA FIGURA CREADA EN CONTRAPRESTACIÓN A LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA QUE SUCEDE POR EL PASO DEL TIEMPO. EN OTRAS PALABRAS, ADVIRTIÓ QUE LA INDEXACIÓN SIRVE COMO UN INSTRUMENTO EQUILIBRADOR DEL FENÓMENO DE LA DEPRECIACIÓN QUE SUFRE LA MONEDA NACIONAL POR EFECTO DE LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO, DEBIDO A LAS FLUCTUACIONES DEL SISTEMA ECONÓMICO DEL PAÍS. POR LO QUE, EL DISPONER LA INDEXACIÓN, ES UNA DECISIÓN AJUSTADA A LA LEY Y UN ACTO DE EQUIDAD, CUYA APLICACIÓN POR PARTE DEL JUEZ ENCUENTRA SUSTENTO EN NUESTRO MÁXIMO ORDENAMIENTO JURÍDICO, COMO LO CONSAGRA EL ARTÍCULO 230 DE LA CONSTITUCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, INDEXACIÓN, SENTENCIA EXTRA PETITA, MONEDA, VALOR DE LA MONEDA
Sentencia 2007-00359 de julio 12 de 2018
SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN
Rad.: 25000-23-24-000-2007-00359-01
Dr. Rocío Araújo Oñate
Actor: Servicios Médicos Integrales de Salud Ltda - Servim
Demandado: Cajanal S.A. EPS en liquidación
Bogotá D.C., doce de julio de dos mil dieciocho
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del citado acuerdo, el Despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
En el caso concreto la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso(21), de conformidad con el cual “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
El Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio manifestó impedimento para conocer y decidir en segunda instancia la acción de la referencia, comoquiera que, cuando fungió como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, participó de la Sala y suscribió la sentencia de primera instancia del 14 de marzo de 2013.
El Consejero, entonces, consideró estar incurso en la causal 2ª del artículo 141 del Código General del Proceso —anteriormente contenida en el mismo numeral del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil—, cuyo texto es del siguiente tenor:
“Son causales de recusación las siguientes:(…) 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.
Por consiguiente, en aras de garantizar plena objetiva e imparcialidad a la hora de resolver el presente asunto, se aceptará el impedimento manifestado por el doctor Carlos Enrique Moreno Rubio y le separará del conocimiento del caso.
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la providencia del 14 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, para lo cual se deberán resolver el siguiente problema jurídico:
¿Fue extra petita la sentencia de primera instancia al reconocer, a título de restablecimiento del derecho una compensación por desvalorización monetaria, cuando lo solicitado fueron los intereses moratorios causados hasta el 30 de diciembre de 2004?
4. El caso en concreto.
En primer lugar, la Sala advierte que en el trámite de la primera instancia, el apoderado de la parte actora presentó un escrito de reforma parcial de la demanda, con el fin de suprimir la petición de restablecimiento del derecho derivado del pago de las facturas nos. 6158, 6159, 6155, 6318, 6994, 6742, 6939, 7019, 7076, 7377, 7770, 7866, 8033, 8509 y 8469, las cuales están, relacionadas con el contrato de prestación de servicios médicos No. 1297 de 2000 suscrito entre Cajanal S.A. EPS en liquidación y Servimédicos Ltda. debido a que el pago de dichas facturas fue reconocido mediante laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el 7 de noviembre de 2008.
De conformidad con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia, en auto del 11 de junio de 2009 se rechazó por extemporánea la solicitud de reforma de la demanda, sin embargo, se aceptó el desistimiento parcial de las citadas pretensiones de restablecimiento del derecho.
Hecha la claridad anterior, la Sala encuentra que las súplicas de la demanda están encaminadas a desvirtuar la legalidad de las Resoluciones números 000291 de 8 de noviembre de 2005, 000300 de 15 de noviembre de 2005, 000992 de 22 de noviembre de 2006, 000140 del 8 de marzo de 2007 y 000222 del 4 de mayo de 2007 proferidas por el Liquidador de Cajanal S.A. EPS en liquidación.
5.1. La existencia o no del fallo extra petita en el sub lite.
La Sala entra a determinar cuál fue el alcance de las pretensiones presentadas por la parte accionante en el sub lite, ello para establecer si la decisión de primera instancia reconoció lo que no fue solicitado.
De la lectura del escrito de demanda, se tiene que en las pretensiones, relacionadas con el restablecimiento del derecho, el actor solicitó lo siguiente:
Décima octava: Que como consecuencia de las declaraciones 1ª, 2ª, 3ª 4ª y 5ª se restablezca el derecho y se ordene el pago por los intereses adeudados hasta la fecha en que entró en liquidación la EPS, es decir hasta el día 30 de diciembre de 2004 en relación con el fallo del laudo arbitral que fueron fallados a favor de la IPS y que corresponden a la suma de tres millones veintiséis mil doscientos noventa y tres pesos ($ 3.026.293) en relación con el contrato 273 de 2000, esto como consecuencia de la nulidad de los Actos Administrativos contenidos en las resoluciones 291 del 8 de noviembre de 2005. 992 del 22 de diciembre de 2006. de la Resolución 140 del 8 de marzo de 2007 y 222 del 4 de mayo de 2007 expedida por EL AGENTE LIQUIDADOR DE CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACION (sic).
Décima novena: Que como consecuencia de las declaraciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª se restablezca el derecho y se ordene el pago por los intereses adeudados hasta la fecha en que entró en liquidación la EPS, es decir hasta el día 30 de diciembre de 2004 en relación con el fallo del laudo arbitral que fueron fallados a favor de la IPS y que corresponden a la suma de treinta y siete millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y siete pesos M-L ($ 37.998.877.28) por fallo en relación con el contrato 089 de 1997, esto como consecuencia de la nulidad de los Actos Administrativos contenidos en las resoluciones 291 del 8 de noviembre de 2005, 992 del 22 de diciembre de 2006, de la Resolución 140 del 8 de marzo de 2007 y 222 del 4 de mayo de 2007 expedida por EL AGENTE LIQUIDADOR DE CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACION (sic).
Vigésima: Que como consecuencia de las declaraciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª se restablezca el derecho y se ordene la liquidación de los intereses moratorios hasta el día 30 de diciembre de 2004 día en que entró en liquidación la EPS, y el pago de los intereses a favor del contratista Servimédicos Ltda., esto como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 291 del 08 de noviembre de 2005. 992 del 22 de diciembre de 2006, de la Resolución 140 del 8 de marzo de 2007 y 222 del 4 de mayo de 2007 expedida por EL AGENTE LIQUIDADOR DE CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACION (sic).
Las anteriores pretensiones dan cuenta de que el demandante incluyó peticiones relacionadas con el reconocimiento de los intereses moratorios, causados sobre el valor ordenado en los laudos arbitrales del 19 de marzo de 2004 y 2 de septiembre del mismo año, hasta el momento en que entró en liquidación la entidad, es decir 30 de diciembre de 2004(22).
Ahora, en el fallo de primera instancia el tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados en tanto en estos y en particular en el anexo 14 de la Resolución 992 del 22 de diciembre de 2006 no se reconoció el pago de la desvalorización o pérdida del valor adquisitivo de dichos créditos en los términos, requisitos y condiciones preestablecidos para el efecto en el artículo 30 del Decreto-Ley 2211 de 2004, sustituido luego por el artículo 9.1.3.2.8 del Decreto-Ley 2555 de 2010 el cual dispone:
Pérdida del poder adquisitivo. Con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por la falta de pago oportuno, una vez atendidas las obligaciones excluidas de la masa y a cargo de ella, así como el pasivo cierto no reclamado, si hay lugar a él, si quedare un remanente se reconocerá y pagará desvalorización monetaria a los titulares de los créditos que sean atendidos por la liquidación, cualquiera sea la naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que correspondan a gastos de administración. La cuantía por este concepto y su exigibilidad se determinará según las reglas dispuestas en el artículo 9.1.3.5.8 del presente decreto.
Para efectos de la notificación de la resolución que reconozca la pérdida de poder adquisitivo, así como de los recursos interpuestos contra la misma, se atenderá el procedimiento previsto en los artículos 9.1.3.2.5 y 9.1.3.2.6 del presente decreto.
El tribunal de primera instancia encontró que dicha norma resultaba aplicable al caso en concreto, por la remisión legal expresa contenida en el artículo 291 numeral 17(23) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable a su vez por la remisión que a dicho cuerpo normativo previo el artículo 1º(24) del Decreto-Ley 254 de 2000 por el cual se expide el régimen de liquidación para las entidades públicas del orden nacional, el cual fue modificado por la Ley 1105 de 2006, regulación en la cual se incluyó la remisión antes mencionada.
Se recuerda que las resoluciones cuya nulidad se pretende son la 291 de 8 de noviembre de 2005, 300 de 15 de noviembre de 2005, 992 de 22 de noviembre de 2006, 140 del 8 de marzo de 2007 y 222 del 4 de mayo de 2007 proferidas por el liquidador de Cajanal S.A. EPS en liquidación.
Para la Sala, la anterior determinación de la sentencia de primera instancia no constituye lo que se conoce como sentencia extra petita, pues es evidente que el juez a quo realizó una interpretación de la demanda, para concluir que en el caso en concreto, frente a las sumas adeudadas se debía reconocer una indexación por la pérdida de poder adquisitivo.
En efecto, es importante aclarar que la actualización del valor de una deuda, o corrección monetaria es una adecuación de la obligación dineraria atendiendo la realidad del momento en el que es cancelada, ya que goza de naturaleza compensatoria, es decir, la corrección monetaria es una figura creada en contraprestación a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que sucede por el paso del tiempo.
En otras palabras, como lo ha indicado la jurisprudencia de esta corporación, “la indexación sirve como un instrumento equilibrador del fenómeno de la depreciación que sufre la moneda nacional por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, debido a las fluctuaciones del sistema económico del país. El ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que disminuye, en forma continua, el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación, es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como lo consagra el artículo 230 de la Carta”(25).
Ahora, para el caso de las entidades públicas que se encuentran en procesos liquidatorios, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que no corren intereses moratorios debido a la situación especial en la cual se encuentra la misma.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 14 de marzo de 2013 proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5.2. Costas.
No hay lugar a condenar en costas en esta instancia, por cuanto los argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada prosperaron parcialmente, sin que se encuentre acreditada una inadecuada conducta de alguna de las partes que dé lugar a condenarla por este concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Carlos Enrique Moreno Rubio y, en consecuencia, SEPARARLO del concomimiento del presente asunto, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
2. CONFIRMAR la sentencia del 14 de marzo de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. No se condena en costas en esta instancia, por no aparecer causadas.
4. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
21 Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 627 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar fue concedido mediante auto del 26 de agosto de 2014, el presente asunto se encuentra para fallo en vigencia del Código General del Proceso (1º de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero).
22 Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004 Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la Sociedad Cajanal S.A., EPS – Ministerio de la Protección Social.
23 17. Se podrán establecer mecanismos para compensar con cargo a los activos de la entidad la pérdida de poder adquisitivo o los perjuicios por razón de la pérdida de rendimiento que puedan sufrir los depositantes, ahorradores o inversionistas por la falta de pago oportuno.
24 “ART. 1º—Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a las entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución.
En lo no previsto en el presente decreto deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad”.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda Sentencia del 23 de marzo de 2017. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Rad. 68001-23-31-000-2008-00329-01(2284-13).

References: ARTÍCULO 230
 artículo 129
 artículo 328
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 artículo 150
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 30
 artículo 9
 artículo 9
 resolución 
 artículo 291
 artículo 1
 artículo 230
 artículo 627
 artículo 627