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Timestamp: 2019-01-20 21:20:52+00:00

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Sentencia nº 73/2015 de AP Toledo, Sección 2ª, 5 de Junio de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 578495690
Sentencia nº 73/2015 de AP Toledo, Sección 2ª, 5 de Junio de 2015
Número de Recurso: 128/2014
CONDUCCIÓN SIN LICENCIA O PERMISO. El tipo penal tiene, la finalidad preventiva de evitar los riesgos previsibles para el tráfico viario atribuibles a la conducta de quien, debido al número de sanciones, ha mostrado su peligrosidad para los bienes jurídicos que tutela la norma penal. Estos bienes son la seguridad del tráfico como bien intermedio directamente afectado, y como bienes indirecta o... (ver resumen completo)
Rollo Núm. ....................128/2014.-Juzg. Penal Núm. 2 de Toledo.-Juicio Oral Núm. ..........289/2012.- SENTENCIA NÚM. 73
En la Ciudad de Toledo, a cinco de junio de dos mil quince.
Visto en juicio oral y público el presente recurso de apelación penal, Rollo de la Sección núm. 128 de 2014, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo, en el que han actuado, como apelante el Ministerio Fiscal.
Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL CANCER LOMA, que expresa el parecer de la Sección, y son,
Por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo, con fecha 31 de julio de 2014, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO libremente a Luis Antonio del delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción sin permiso por no haberlo obtenido nunca, previsto y penado en el art. 384, párrafo segundo, del Código Penal, del que venía siendo acusado en las presentes actuaciones, con declaración de oficio de las costas procesales". SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por el MINISTERIO FISCAL, dentro del término establecido, se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes intervinientes, sin que conste presentado escrito alguno; y formalizado el recurso se remitieron los autos a esta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo y nombrado Magistrado-Ponente, quedaron vistos para deliberación y resolución.
SE REVOCAN los hechos probados, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida manteniendo el propio relato he hechos de la sentencia por las razones de hecho y de derecho que más tarde exponemos, en cuanto no se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son
Se declara probado que el acusado, Luis Antonio sobre las 13:10 horas del día 20 de octubre de 2011 circulaba a los mandos del vehículo marca SKODA, modelo Octavia, matrícula D-....-DX, por la carretera CM-4011, careciendo de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca, cuando a la altura del Punto kilométrico 10'500, término municipal de Fuensalida (Toledo), fue parado por Agentes de la Guardia Civil que procedieron a su identificación.
El acusado fue condenado por sentencia firme de 8 de febrero de 2010 del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Toledo por un delito de conducción sin licencia o permiso a la pena de 8 meses de multa y 90 días de trabajos en beneficio de al comunidad, ejecutoria nº 1032/2010".
Se impugna por el Ministerio Fiscal la resolución dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Toledo en cuya virtud absolvió al acusado D. Luis Antonio por el delito contra la seguridad del tráfico objeto de imputación invocando, como motivo único, la infracción de precepto legal por indebida inaplicación del artículo 384 del Código Penal .
Esta Audiencia ha tenido oportunidad de recordar en múltiples ocasiones precedentes el criterio tradicionalmente seguido por nuestro Tribunal Supremo cuando señala que una sentencia absolutoria puede ser impugnada y revisada por infracción de ley o precepto constitucional sustantivo, corrigiendo el Tribunal de apelación, con pleno respeto al relato fáctico, los posibles errores de incardinación o no de esa conducta en un determinado tipo delictivo o en la interpretación y aplicación de las normas penales y de la doctrina jurisprudencial.
Esta función esencial de los Tribunales de apelación contribuye a lograr la efectividad de los principios de legalidad, igualdad en la aplicación de la ley y seguridad jurídica.
Desde esta perspectiva nuevamente se plantea a esta Sala un problema de exégesis jurídica que va más allá de la mera literalidad del tipo de injusto, recordando que siempre ha de concordar el significado aparentemente claro de al norma con el sentido de la Ley. La promulgación de nuestra Constitución obliga a todo intérprete a tener presentes los principios básicos y valores esenciales que informan nuestro Ordenamiento Jurídico. De ahí la necesidad de interpretar cualquier norma de conformidad con la Constitución, pudiendo (incluso) plantear ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad si la considera incompatible con la Carta Magna, aunque debe agotar previamente todas las posibilidades de interpretación en conformidad con el texto constitucional. Existe por tanto la posibilidad de que el Tribunal, sin corregir el contenido de la Ley, pueda restringir el alcance de su formulación literal, si su enunciado fuera inadecuado para ajustarla a esos principios inspiradores de nuestro Derecho Penal.
Teniendo presentes estas ideas, centramos nuestra atención en primer lugar en el exordio que se refleja en el Preámbulo de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, recuerda, en un momento concreto, que la reforma sobre los delitos contra la seguridad vial cuenta con un amplio consenso de los grupos parlamentarios en torno a las propuestas formulada ante la Comisión sobre Seguridad Vial. Por ello, se presenta esta proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, cuyo contenido básico persigue, de una parte, incrementar el control sobre el riesgo tolerable, que a partir de determinadas fuentes de peligro (entre las que alude expresamente a excesos de velocidad que se han de tener por peligrosos o de niveles de ingestión alcohólica que deben merecer la misma consideración) describe diferentes conductas injustas, trazando un arco que abarca desde el peligro abstracto hasta el perceptible desprecio por la vida de los demás, como ya venía haciendo el Código.
Es evidente que la lectura del preámbulo de la Ley permite vislumbrar que en la modificación del Código Penal pesó más la opinión de quienes denuncian las graves consecuencias que los accidentes de tráfico han generado para muchos usuarios de la vía inocentes que han sido víctimas de accidentes provocados por conductores que, en abierta infracción de las normas reguladoras de los conductores y de la circulación, carecían de las aptitudes psicofísicas y conocimientos técnicos necesarios para conducir de forma segura, solo objetivamente constatables tras completar un periodo de formación adecuada superando previamente las pruebas de aptitud psicofísica, de control de los conocimientos, habilidades y comportamientos que le permitan (como expresa el artículo 42 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento General de Conductores):
Dominar el vehículo con el fin de no crear situaciones peligrosas y reaccionar de forma apropiada
cuando éstas se presenten.
Discernir los peligros originados por la circulación y valorar su gravedad,
Observarlas disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, en particular las que tengan por objeto prevenir los accidentes de circulación y garantizar la fluidez y seguridad de la circulación.
Contribuir a la seguridad de todos los usuarios, en particular de los más débiles y los más...
ATC 35/2017, 27 de Febrero de 2017
STS 446/2009, 28 de Abril de 2009

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 384
 artículo 42
 Real Decreto