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Timestamp: 2020-05-24 23:30:21+00:00

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Título: Autores:: Legislacion Minera Venezolana | Minería | Propiedad | Бесплатная 30-дневная пробная версия | Scribd
Título: Autores:: Legislacion Minera Venezolana
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Informe Canon Minero
LEGISLACION MINERA VENEZOLANA
COLLAO FERNANDEZ, Narela CORTEGANA CRUZADO, Sughey HOLGUÍN CHOMBA, Claudia GÁLVEZ CABRERA, Fernando
CORONEL CAJAN, Carlos
El presente informe trata de explicar la legislación minera de país de Venezuela basándonos en las leyes de la producción minera, las propiedades del sub suelo, recursos naturales, yacimientos. Desde el punto de vista se puede decir que Venezuela es un país rico en yacimientos mineros, finalmente basándonos en leyes jurídicos y etapas de la minería realizaremos una comparación entre la legislación minera peruana y venezolana.
 Comparar la legislación minera venezolana de la legislación minera peruana.
Identificar la legislación minera Venezolana de la legislación minera peruana.
Determinar las actividades mineras de la legislación minera de Venezuela.
Explicar las diferentes tipos de leyes Venezolanas y peruanas.
EVOLUCION DE LA LEGISLACION MINERA VENEZOLANA
La minería en nuestro país es una actividad económica que se inicia en el siglo XVI con la explotación del oro, aunque sin alcanzar el auge que tuvo en otras colonias hispanoamericanas. Los conquistadores conocen la existencia del oro por las pequeñas
cantidades obtenidas de económico.
Los Welser trajeron trabajadores mineros, al obtener de la corona española la concesión de percibir el 1% del valor del oro y la plata fundidos y marcados en la Provincia de Venezuela, la concesión incluía los derechos de fundición y los de producción. La regalía minera colonial estuvo representada por el “quinto real” (20%), que correspondía al soberano español como consecuencia de la extracción de minerales, en virtud de que las leyes españolas atribuían a la corona la propiedad de las minas. Los colonos estaban obligados además a pagar el derecho de fundidor, que equivalía al uno por ciento (1%) del metal limpio, el cincuenta por ciento de este impuesto pertenecía a la Corona y el resto al fundidor.
El 29 de octubre de 1829, dictó un Decreto sobre Minas que transfiere la propiedad de las minas a la República, estableciendo que las minas solo podrían ser explotadas mediante concesión del Estado. Así mismo, disponía la observancia provisoria de las ordenanzas de Minería de Nueva España mientras se formara una propia. Esta legislación republicana se produjo 25 años después, en 1854, con la promulgación del Primer Código de Minas. En los años 1857, 1885, 1891, 1893, 1904 y 1910 se dictaron nuevos códigos que derogaron a los anteriores. En 1915 se promulga la primera Ley de Minas, a la cual le siguieron las promulgadas durante los años 1918, 1920, 1922, 1925, 1928, 1934, 1936, 1943 y 1945. La Constitución Federal de 1864 otorgaba la facultad, a los diferentes estados, para que se encargaran de la administración de las minas que se encontraban dentro de su jurisdicción territorial; es así como los estados otorgaban bajo la figura de la “Concesión”, la posibilidad de que se explorasen y explotasen las minas. En la Ley de Minas de 1920, se estableció que la explotación de los hidrocarburos, carbón y demás minerales combustibles se regula por una ley especial; hasta esa fecha estos minerales habían estado regidos por las anteriores leyes de minas. Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, se estableció y organizó el régimen de control administrativo sobre las concesiones mineras. En el período de 54 años que permaneció vigente la Ley de Minas de 1945, cambió radicalmente la situación económica y social del país. Por lo que, aún cuando no se le hizo ninguna reforma, los distintos gobiernos a través de decretos y resoluciones, fueron modificando la aplicación de sus normas, a tal punto que muchos años antes de ser sustituida, gran parte de sus disposiciones dejaron de aplicarse.
CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DE MINAS DE 1945.
Es de vital importancia hacer referencia en este trabajo a la Ley de Minas de 1945, por cuanto durante su vigencia se desarrolló la actividad minera durante la mitad del siglo XX, configurándose la estructura de un sector económico que no ha contribuido al crecimiento del país en la medida que pudiese esperarse, dado el potencial de riqueza que representan los reservorios de minerales que poseemos. La Ley de Minas, publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela de fecha 18 de enero de 1945, N° 121 Extraordinario, estaba constituida por tres (3) libros, caracterizados por los siguientes elementos: El Libro Primero: contiene las disposiciones generales, destacándose en primer lugar la declaratoria de utilidad pública de las minas, el “denuncio” como mecanismo para la obtención de concesiones de minerales metálicos, el “libre aprovechamiento” para la explotación de minerales de aluvión y la asignación de la propiedad de las piedras de construcción y otros minerales no metálicos al propietario del suelo. El derecho de 29 explotación se otorga mediante concesiones, con plazo no mayor a veinte (20) años prorrogables por veinte (20) años más, a juicio del Ejecutivo Federal. El Libro Segundo: trata lo relativo a los procedimientos de la exploración, la obtención y extinción de los derechos mineros, así como la recaudación de la renta de minas (declaración, liquidación y pagos). El Libro Tercero: dispone todo lo relacionado con los procedimientos para el otorgamiento de concesiones en zonas reservadas, lo que constituye la aplicación del sistema dominal, sin que exista una declaratoria expresa de la propiedad del Estado sobre las riquezas mineras.
CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DE MINAS DE 1999
Tras cincuenta y cuatro (54) años de vigencia de la Ley derogada, se cumplió con la tan esperada armonización de la normativa que regula la actividad minera en nuestro país, en la cual se integran gran cantidad de disposiciones dispersas en decretos y resoluciones emitidas a través del tiempo, para ir adecuando la actividad a las exigencias de las políticas económicas de los distintos gobiernos. Este planteamiento, encuentra su ratificación en la exposición de motivos de la vigente Ley, en la cual se expresa.
Esta nueva legislación introduce cambios significativos al atribuir al Estado la obligación exploratoria y el inventario de los recursos mineros En materia tributaria el aspecto más resaltante es que se retoma el principio de la legalidad, que había sido desvirtuado a partir de la promulgación en 1977, del Decreto N° 2.039, el cual establecía que los solicitantes de concesiones ofrecerían bajo la figura de “ventajas especiales” a favor de la Nación, entre otros aspectos “un régimen tributario satisfactorio para el Fisco Nacional”, lo que significó que los impuestos que pagaba el concesionario eran objeto de negociación, entre éste y el Ministerio de Energía y Minas, no obstante que la Ley establecía los impuestos a la actividad y sus respetivas tarifas. La Ley de Minas (1999) tiene por objeto regular lo referente a las minas y a los minerales existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su origen o presentación, incluida su exploración y explotación, así como el beneficio, o almacenamiento, tenencia, circulación, transporte y
comercialización, interna o externa, de las sustancias extraídas, salvo lo dispuesto en otras leyes (artículo 1).
En el artículo 2 se expresa la propiedad de la República sobre las minas o yacimientos minerales y se les declara bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.
El artículo 7, establece que la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos mineros sólo podrá hacerse mediante las siguientes modalidades: a. Directamente por el Ejecutivo Nacional. b. Concesiones de exploración y subsiguiente explotación. c. Autorizaciones de explotación para el ejercicio de la pequeña minería. d. Mancomunidades mineras; y, e. Minería artesanal.
El artículo 24 define que la concesión minera es el acto del Ejecutivo Nacional mediante el cual se otorgan derechos e imponen obligaciones a los particulares para el aprovechamiento de recursos minerales. La concesión minera confiere a su titular el derecho exclusivo a la exploración y explotación de las sustancias minerales otorgados que se encuentren dentro del ámbito espacial concedido.
Según el artículo 26, el derecho de exploración y explotación que se deriva de la concesión es un derecho real inmueble y como tal, puede ser enajenado, gravado, arrendado, subarrendado, traspasado o celebrar sobre el mismo sub-contrataciones para la explotación, mediante permiso previo otorgado por el Ministerio del Poder Popular del Petróleo y Minería.
En su artículo 35, señala que el Ministerio del Poder Popular del Petróleo y Minería podrá estipular ventajas especiales para la República, en materia de suministro de tecnología, abastecimiento interno, provisión de infraestructura, dotación social y obligaciones de entrenamiento, capacitación, formación y especialización geológico minera. Cabe señalar aquí, que en esta nueva Ley se elimina del régimen de ventajas especiales, todo lo concerniente a ofrecimientos de carácter tributario. El capítulo V del Reglamento de la Ley de Minas,
artículos 35 al 37, trata la materia referente a las ventajas especiales. En los artículos 40 al 47 se establecen los procedimientos para el otorgamiento de las concesiones. En lo relativo a la exploración, el artículo 49 establece que el período exploratorio tendrá una duración no mayor de tres (3) años y podrá ser prorrogado por una sola vez por un lapso no mayor de un (1) año.
El artículo 58 define que una concesión está en explotación, cuando “se estuviera extrayendo de las minas las sustancias que la integran o 40 haciéndose lo necesario para ello, con ánimo inequívoco de aprovechamiento económico”.
Así mismo, el artículo 61 dispone que “las parcelas objeto de los derechos mineros deben ponerse en explotación en un lapso máximo de siete (7) años, contados a partir de la publicación del respectivo certificado en la Gaceta Oficial”. El Título VI trata de la
fiscalización y vigilancia de la actividades mineras, asignando esta competencia Ministerio del Poder Popular del Petróleo y Minería (artículo 88) y creando el Resguardo Nacional Minero, con el carácter de órgano auxiliar del Ministerio del Poder Popular del Petróleo y Minería, ejercido por el Ministerio de la Defensa por órgano de las Fuerzas Armadas de Cooperación (Guardia Nacional) (artículo 89).
El principio básico que rige la actividad minera es la propiedad de la mina; determinar quién es el dueño originario de las minas constituye el punto de partida de relaciones jurídicas que han sido resueltas, a través del tiempo, asignando el derecho de propiedad entre aquellos que lo reclaman, a saber: el Rey o Estado; el propietario del suelo, el primer ocupante y el descubridor.
En este sentido, según la propiedad se atribuya a unos u otros se crearan condiciones legales distintas para la explotación de las minas.
(Amorer, 1998), señala que en la evolución del derecho de propiedad encontramos:
a. El sistema de la accesión: la propiedad del suelo abarca todo lo que se encuentre por debajo de la superficie, ya que la mina se considera un accesorio de la superficie.
b. El sistema de la ocupación: la propiedad de los minerales corresponde al descubridor o al primer ocupante, ya que la mina se considera cosa distinta de la propiedad del suelo y es, originalmente, cosa de nadie.
c. El sistema regalista: las minas son propiedad del Estado, quien tiene la obligación de otorgarlas en concesión al primero que manifieste su voluntad y cumpla los requisitos exigidos por la Ley, lo cual constituye un otorgamiento forzoso.
d. El sistema dominial: las minas son propiedad del Estado y éste, puede explotarlas directamente, o bien otorgar concesiones discrecionalmente, rechazando o condicionando las solicitudes que se le formulen, lo cual constituye un otorgamiento potestativo.
En este sentido, (Duque, 1974) comenta que: “Cada uno de estos sistemas impone un régimen distinto a la propiedad y condiciones legales a la explotación de las minas, amplía o restringe los derechos y facultades de los particulares, extiende o limita las atribuciones del Estado respecto a las disponibilidades de los mismos”.
Los sistemas de la accesión y de la ocupación han recibido serios reparos de orden técnico, jurídico y social, razón por la cual han dejado de estar presentes en las legislaciones mineras de los distintos países, en los cuales predomina actualmente el sistema dominial.
Por otra parte, las minas tienen un especial interés colectivo que deriva de su capacidad para producir riqueza y otros elementos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, de allí el interés social de que sean explotadas racionalmente y el fundamento del beneficio colectivo que deriva de esta explotación.
El legislador, tomando en cuenta la extraordinaria importancia que tienen las minas, consideró necesario declarar toda la actividad relacionada con las mismas, como de utilidad pública, a fin de que en todo momento la industria minera esté al servicio de la colectividad y no se ejerza en exclusivo interés de los particulares.
La titularidad de las minas y la declaratoria de utilidad pública se encuentran establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 12:
2. El carácter especial de la legislación minera.
La naturaleza particular del derecho de propiedad sobre las minas y su finalidad de utilidad pública, fundamentan el carácter especial de la legislación minera.
En este sentido, (Duque, 1974) enfatiza que: “Las características de la explotación minera, la naturaleza particular de la industria, el campo especial en que ella se desenvuelve, las condiciones de las relaciones que engendra, imponen la adopción de normas jurídicas propias, en consonancia con las minas”.
Las bases en que se fundamenta la legislación minera, según (Duque, 1974) son:
a. Bases Económicas: la normativa debe conducir el desarrollo de la explotación minera hacia el logro de beneficios, no sólo de quienes la practican, sino en provecho de la sociedad y del Estado en sí mismo.
b. Bases Técnicas: la legislación debe considerar el arte de explotar las minas, desde el punto de vista geológico, ambiental y de los métodos de explotación, a los fines de una producción ordenada y eficiente acorde con los planes de desarrollo de la actividad que se proponga el Estado.
c. Bases de Derecho Público – Administrativo: la normativa debe considerar que esta actividad es ejercida por los particulares en bienes del Estado o del dominio público, de lo que se derivan importantes consecuencias y derechos.
d. Bases de Derecho Privado: igualmente esta actividad genera relaciones entre particulares que deben ser consideradas en la legislación minera.
3. Naturaleza jurídica de las concesiones.
La concesión en términos generales es el acto por el cual el Estado otorga a un particular el derecho de gestión de determinado servicio público o la explotación de determinada riqueza del patrimonio del Estado, obligándose el concesionario a realizar la explotación por su cuenta y riesgo, sometido a las condiciones impuestas por el Estado, a cambio de las ganancias resultantes de la prestación del servicio o de la explotación.
El contrato de concesión se deriva pues, de un acto administrativo en el cual las partes no están en igualdad de condiciones. La Administración Pública, concedente, está en situación privilegiada, respecto al otro contratante, el concesionario. Tanto la facultad de rescisión y la ejecutoriedad de ella por tratarse de un acto administrativo, como el poder disciplinario, respecto del concesionario y el control constante sobre la ejecución y prestación de los servicios, son condiciones especiales que destacan su naturaleza. El fundamento de esta prevalencia radica en el interés colectivo de una entidad pública, que en la gestión y tutela de las necesidades o simples intereses públicos, debe proceder investido del poder que tiene necesariamente. Lo cual no ocurre cuando se trata de actos de gestión privada, de allí que no puede considerarse la concesión (acto administrativo) al igual que un contrato celebrado por la Administración que tiene por objeto otro servicio (arrendamiento) en cuyo caso obra como persona jurídica.
La doctrina ha sostenido diversos criterios con relación a la naturaleza jurídica de la concesión minera, por una parte se considera un contrato esencialmente administrativo, por otra se señala que la concesión está integrado por elementos propios del acto administrativo y por los que corresponden al contrato administrativo.
(Duque, 1974), expone los conceptos emitidos por distintos autores con relación a los contratos de concesión minera en nuestro país, en los siguientes términos:
Monsalve Casado, en su “Manual de Ciencia Jurídica Minera” concluye que “la concesión minera en un acto administrativo de carácter contractual; concede derechos temporales, es un contrato principal, de adhesión, solemne, sinalagmático, oneroso y aleatorio, celebrado entre el Ejecutivo Federal y un particular”.
El Dr. Eloy Lares Martínez, en su “Manual de Derecho Administrativo”, les reconoce el carácter de contratos administrativos, “en vista de que las leyes respectivas declaran de utilidad pública todo lo concerniente a las minas e hidrocarburos”.
El Dr. Arístedes Rengel Romberg, en un trabajo sobre “El Derecho de Reversión en la Legislación de Minas e Hidrocarburos de Venezuela” señala que “en las concesiones de minas e
versan sobre un bien patrimonial
concesiones de servicio público, se sostiene que el acto de otorgamiento de la concesión crea un derecho o un complejo de derechos a favor del concesionario, Indica el autor que en las concesiones de minas e hidrocarburos, estamos en presencia del tipo de normas o reglas jurídicas denominadas “reglas finales” que son contrapuestas a las verdaderas y propias normas obligatorias, en el sentido de que mientras en estas últimas la Ley prescribe a la Administración una determinada conducta obligatoria, en cambio, en las llamadas “reglas finales”, la Ley deja libre a la Administración de realizar o adoptar determinada conducta, pero si las realiza debe hacerlo conforme a las prescripciones o procedimientos pautados de antemano por la Ley, por lo cual no se puede considerar que existe una verdadera discrecionalidad.
(Duque, 1974), por su parte, expone su criterio así: “por sobre todas esas características atribuidas a la concesión minera, priva un régimen esencialmente “legal”, que la sitúa fuera de la esfera de la autonomía contractual”. La concesión minera no es en su naturaleza intrínseca un Contrato, ya que el complejo jurídico que ella representa se consolida en un status legalmente pre-establecido. No hay lugar, por tanto, a la creación de situaciones o de normas jurídicas individualizadas que son las únicas que pueden nacer de una estructura contractual”.
(Ramirez, 2010), define la “Concesión” como un complejo jurídico integrado por derechos y obligaciones, tanto de parte del Estado como de parte del concesionario, que constituyen verdaderos contratos.
El vínculo entre el Estado y el concesionario, se determina por las cláusulas y estipulaciones contenidas en el título mismo de la concesión o por leyes vigentes en el momento de su otorgamiento, lo que constituye una especie del género contratos administrativos, entendiendo por éste último, a aquel acuerdo bilateral realizado entre dos o más personas jurídicas, una de las cuales es la administración pública actuando en función administrativa, con la finalidad de servicio público y el efecto de crear una situación jurídica individual y subjetiva.
Por su parte, (Amorer, 1998) señala que:
“La concesión es el acto por el que la Administración, en virtud de las atribuciones derivadas del ordenamiento positivo, confiere a una persona un derecho o un poder que antes no tenía. La concesión otorga así un status jurídico, una condición jurídica, un nuevo derecho. La característica esencial del acto administrativo de concesión radica en la circunstancia de ser un acto eminentemente creador de derechos, pero sin que la administración transfiera o transmita nada.
Así resulta que respecto de las actividades mineras, la concesión minera es aquella que otorga a su titular, únicamente el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, pero no otorga la titularidad del medio en el cual los mismos se encuentran eventualmente ubicados, el cual es entendido como un bien inmueble distinto de la concesión”.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 14 de marzo de 1991, señalaban que:
“Las concesiones mineras, caben dentro del género de contratos administrativos, que no obstante presentar una parte legal o estatutaria, sin embargo, no dejan de tener una naturaleza fundamentalmente contractual”.
 CODIGO DE COMERCIO
(materializado en un
título) y que confiere a una
natural, jurídica o al propio Estado, la facultad para
desarrollar las actividades de exploración y explotación del área o terreno solicitado.
entidades autónomas,
personalidad jurídica plena, y quedan obligados a
mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, cumplir y hacer cumplir la
Constitución y la ley de la República.  EL PODER PÚBLICO MUNICIPAL Son unidades políticas primarias que tienen personalidad
jurídica propia y autonomía. Se
les considera primordial dentro de la organización nacional. Está enmarcado dentro de lo
que se denomina las Entidades Locales, constituidas por:
4. Y las mancomunidades y demás formas de asociaciones descentralizadas que se
formen en un Municipio.
 EL PODER PÚBLICO NACIONAL
Es de competencia del Poder Público Nacional: la
política y la actuación internacional
dela República. La defensa de la República, los servicios de identificación, la policía
 LEGISLACIÓN Conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado o una actividad determinada.
 MPETROMIN (ministerio del poder popular del petróleo y minas)
 OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN.
Institucion encargada en el registro y solicitación de concesiones en venezuela
 UML(Unified-Modeling-Languaje)
para especificar, construir, visualizar y documentar los artefactos de
orientado a objetos (OO). Un artefacto es una
utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de software.
El otorgamiento de derechos mineros para la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos mineros es potestad del Ejecutivo Nacional, el cual podrá emplear las siguientes modalidades, (art.7):
• De manera directa por el Ejecutivo Nacional. • Concesiones de exploración y subsiguiente explotación. • Autorizaciones de explotación para el ejercicio de la pequeña minería (oro y diamantes). • Mancomunidades mineras. • Minería artesanal. La aplicación de dichas modalidades tendrá en cuenta la ubicación, su importancia geopolítica, incidencia ambiental y social, las inversiones requeridas etc. No podrán traspasarse las concesiones sin previo consentimiento del Ejecutivo Nacional(art.29) y esos actos lo mismo que el de otorgamiento, deberán protocolizarse ante la Oficina Subalterna de Registro de la Circunscripción de ubicación de la concesión.
Para solicitar una concesión minera, hay una serie de requisitos y un procedimiento establecido en la Ley de Minas:
Identificación del solicitante con indicación de su domicilio, nacionalidad, estado civil y carácter con que actúa. Si fuere una Compañía, su nombre o razón social, su domicilio y el lugar de su constitución; y si ésta hubiere sido en el extranjero deberá llenar todas las formalidades establecidas en el artículo 19 de la mencionada Ley. Indicación de la clase del mineral, superficie aproximada y los linderos del área solicitada, ubicación geográfica acompañada del croquis de área, debidamente firmado por un Ingeniero de Minas, Geodesta, Agrimensor o cualquier otro profesional legalmente autorizado para ello, la denominación que le dé el solicitante, ventajas especiales que se ofrezcan a la República y demás datos exigidos por la Ley. Indicación de la declaración de si el terreno es baldío, ejido o de propiedad particular y sus colindantes, y en el último caso, expresar el nombre del propietario. Comprobar a satisfacción del Ministerio de Energía y Minas, su capacidad técnica, económica y financiera. Cualquier otra, información que establezcan los reglamentos o solicite el Ministerio de Energía y Minas, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y demás Leyes de la materia. Cuando, el concesionario ofreciera ventajas especiales conforme a lo establecido en el artículo 35 de dicha Ley, las mismas deberán ser presentados en sobre separado y cerrado, el cual será abierto en el momento de la toma de decisión de la solicitud, por un comité integrado por el Ministro, el Consultor Jurídico y el Director de Minas. Presentada la solicitud de concesión minera con los recaudos pertinentes y obtenida la ocupación del territorio de parte del organismo competente, el Ministerio de Energía y Minas admitirá o rechazará dicha solicitud, y notificará su resultado al interesado dentro de los cuarenta (40) días continuos siguientes a la fecha de la presentación, pudiendo ser prorrogado dicho lapso por un período no mayor de diez (10) días hábiles a juicio del MPETROMIN. De no haber la notificación, la solicitud quedará de pleno derecho rechazada; sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario por la falta de notificación. Admitida la solicitud, el Ministerio dispondrá su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los veinte (20) días continuos siguientes a la fecha de su admisión. Dentro de un lapso igual, contado a partir de la publicación anterior, el interesado publicará la solicitud en un diario de reconocida circulación en el país y en otro de la localidad donde se encuentre la concesión solicitada o, en su defecto, del lugar más cercano a ella, todo a los fines de la oposición que pudiera surgir en caso de ser afectados los derechos mineros de terceros. El Ministro del poder popular de petróleo y minería, dentro de (20) días continuos siguientes al vencimiento del lapso de la oposición o de la decisión que la declare sin lugar, otorgará la concesión si se han cumplido todos los requisitos establecidos en esta Ley, y expedirá el Título de Exploración mediante resolución que se publicará, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. El concesionario deberá protocolizar la resolución en la Oficina Subalterna de Registro de Circunscripción de ubicación de la concesión, dentro de veinte (20) días continuos siguientes a su publicación.
DETERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA
La determinación en el régimen actual de la concesión minera la conseguimos ubicada en la Ley de Minas en el Título III, referente al & UML; Ejercicio de las Actividades Mineras¨; en su Capítulo IV, ¨De las Concesiones¨; en el cual se le dedican cuarenta artículos, divididos en dos secciones, para desarrollar lo relativo a ellas. El artículo 25 de la Ley de Minas establece lo siguiente:
Art. 25: ¨Las Concesiones que otorgue el Ejecutivo Nacional conforme a esta Ley serán únicamente de exploración y subsiguiente explotación…¨
o sociedades que se formen para la exploración o explotación de minas, se constituirán con arreglo al Código de Comercio y tendrán el carácter de civiles. Las compañías o sociedades legalmente constituidas en el país que tengan por objeto el desarrollo de cualquier actividad relacionada con esta Ley, deberán hacer la correspondiente participación al Ministro del poder popular de petróleo y minería, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su constitución, con expresión del domicilio y del nombre del representante legal. Además, acompañarán a la participación, copia certificada del documento de constitución y otros instrumentos pertinentes. Mientras las compañías o sociedades no cumplan con los anteriores requisitos, no se le dará curso a las solicitudes que presenten ante el mencionado Despacho.
El Código de Comercio establece los siguientes requisitos para la Constitución de una Sociedad:
El contrato de sociedad se otorgará por documento público o privado.
un periódico que se edite en la jurisdicción del mismo Tribunal, un extracto del contrato de compañía en nombre colectivo o en comandita simple. Si en la jurisdicción del Tribunal no se publicare periódico, la publicación se hará por carteles fijados en los lugares más públicos del domicilio social. La publicación se comprobará con un ejemplar del periódico o con uno de los carteles desfijados, certificado por el Secretario del Tribunal de Comercio.
Los nombres y domicilio de los socios que no sean simples comanditarios y los de éstos, si no han entregado su aporte, con expresión de la clase y de la manera como ha de ser entregado.
La firma o razón social adoptada por la compañía y el objeto de ésta.
La suma de valores entregados o por entregar en comandita.
El tiempo en que la sociedad ha de principiar y él en que ha de terminar su giro.
por acciones deberán expresar:
denominación y el
domicilio de la sociedad, de sus establecimientos
La especie de los negocios a que se dedica.
El importe del capital suscrito y el del capital enterado en caja.
El nombre, apellido y domicilio de los socios, o el número o valor nominal de las acciones, expresando si éstas son nominativas, o al portador, si las nominativas pueden convertirse en acciones al portador, y viceversa, y del vencimiento e importe de las entregas que los socios deben realizar.
El valor de los créditos y demás bienes aportados.
Las reglas con sujeción a las cuales deberán formarse los balances y calcularse y repartirse los beneficios.
Las ventajas o derechos particulares otorgados a los promotores.
El número de individuos que compondrán la junta administrativa, y sus derechos y obligaciones, expresando cuál de aquéllos podrá firmar por la compañía; y si ésta fuere en comandita por acciones, el nombre, apellido y domicilio de los socios solidariamente responsables.
El número de los comisarios.
Las facultades de la asamblea y las condiciones para la validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto, si respecto a este punto se establecieren reglas distintas de las contenidas en los artículos 278, 280 y 285 del Código de Comercio.
El tiempo en que debe comenzar el giro de la compañía y su duración.
Además deberán acompañarse a la escritura constitutiva los documentos que contengan las suscripciones de los socios y los comprobantes de haber depositado la primera cuota conforme a lo establecido en el artículo 252 del Código de Comercio.
El documento constitutivo de las sociedades de responsabilidad limitada deberá expresar:
El monto de la cuota de cada socio, si se ha aportado en dinero o en especie; y en este último caso, con indicación del valor que se atribuye a los créditos y demás bienes aportados y los antecedentes y razones que justifiquen esa estimación.
El número de personas que hayan de ejercer la administración y representación de la sociedad.
El tiempo en que la sociedad ha de comenzar y terminar su giro.
Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer, cuya aplicación no prohíban este Código u otra Ley.
Además deberán acompañarse a la escritura constitutiva los comprobantes de haberse depositado los aportes en dinero conforme a lo establecido en el artículo 313 del Código de Comercio.
Dentro de los quince días siguientes a la celebración del contrato de compañía en nombre colectivo, se presentará al Juez de Comercio de la jurisdicción o al Registro Mercantil de la misma, el extracto a que se refiere el artículo 212 eiusdem, firmado por los socios solidarios. Esta presentación se hará por los otorgantes, personalmente o por medio de apoderado. El funcionario respectivo, previa comprobación de estar cumplidos los requisitos legales, ordenará su registro y publicación.
 Dentro de los quince días siguientes al otorgamiento del documento constitutivo de la compañía anónima, de la compañía en comandita por acciones o de la compañía de responsabilidad limitada, el administrador o administradores nombrados presentarán dicho documento, al Juez de Comercio de la jurisdicción donde la compañía ha de tener su asiento o al Registrador Mercantil de la misma; y un ejemplar de los estatutos, según el caso. El funcionario respectivo, previa comprobación de que en la formación de la compañía se cumplieron los requisitos de ley, ordenará el registro y publicación del documento constitutivo y mandará archivar los estatutos.
Para la Pequeña Minería: Los interesados en obtener una autorización de explotación deberán presentar por ante el MPETROMIN, una solicitud acompañada del plano o
croquis de la parcela donde realice o aspire realizar las labores mineras. El plano deberá cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 50 de la ley de minas.
 Para las Mancomunidades Mineras: Los titulares de autorizaciones de explotación, interesados en la formación de una mancomunidad deberán hacer la solicitud por ante el MPETROMIN, la cual se acompañará del proyecto minero que justifique las ventajas que se deriven de la formación de la mancomunidad minera, con expresión de las condiciones técnicas, económicas y la repercusión social de la misma; proyecto del convenio entre los interesados, del acta constitutiva que regule la forma societaria adoptada y planos del área a desarrollar.
Para la Minería Artesanal: Deberá ser realizada con estricto acatamiento de la normativa ambiental y el ejercicio de la misma estará sujeta al pago de los impuestos previstos en la Ley de Minas que le sean aplicables.
No obtendrán, ni aspiraran a los derechos mineros referidos anteriormente, y en la ley de minas, salvo por herencia o legado, los siguientes miembros del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal:
 El Presidente de la República, los Ministros y Vice-Ministros, miembros, del Congreso de la República, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los Diputados de las Asambleas Legislativas, Alcaldes, Concejales, el Procurador General, el Fiscal General y el Contralor General de la República, los Gobernadores de Estado, el Gobernador del Distrito Federal, los miembros, del Consejo. de la Judicatura, los funcionarios del MPETROMIN y del Ambiente y de los Recursos Naturales.
Los Presidentes, o Directores de Institutos Autónomos y de Empresas del Estado.
Las personas afectadas por las incapacidades establecidas, no podrán adquirir derechos mineros al tanto de no haber transcurrido un lapso no menor de cinco (5) años, desde la cesación del impedimento que las originó.
Dentro del territorio nacional no podrán ser titulares de derechos mineros los extranjeros. Si se trate de entes que dependen de dichos gobiernos o de empresas en las que posean una participación tal, que por capital o estatutos, les conceda el control de la empresa, para el otorgamiento del derecho minero, requerirán la aprobación previa del Congreso de la República.
Clases de Sociedades Mineras.
Pequeña Minería: Es la actividad ejercida por personas naturales o jurídicas para la explotación de oro y diamante, en áreas previamente establecidas mediante resolución, por el Ministerio de Energía y Minas, para ser laborada por un número no mayor de treinta (30) trabajadores individualmente considerados.
Mineras: Son
aprovechamiento de los recursos mineros, facilitar las operaciones técnicas mejorar el rendimiento de las explotaciones y proteger, recursos naturales y el ambiente.
Minería Artesanal: Solo
y diamante de aluvión,
equipos manuales,
procesamiento rudimentarios.
En Venezuela, las empresas extranjeras necesitan establecer una sucursal o tener un representante domiciliado en el país. DERECHOS DE EXPLORACIÓN: denominación, duración y extensión física; en Venezuela se otorga una concesión única de exploración y subsiguiente explotación. La Concesión tendrá una duración de veinte años susceptibles de máximas prórrogas de diez cada una, solicitadas durante los últimos tres años anteriores a su expiración, se utilizan sistemas de
proyección UTM en extensiones rectangulares a través de lotes cuyas unidades parcelarias en total no excedan las 6.156 hectáreas y una sola persona no podrá tener más de dos lotes de esas dimensiones. El período exploratorio no podrá ser mayor de tres años, con una prórroga posible por un año adicional. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, hábil en derecho y domiciliada en el país puede obtener derechos mineros, (art.17). No pueden adquirir concesiones los Gobiernos, cuando se trate de entes que dependan de dichos gobiernos o de empresas de las cuales ellos tengan una participación tal, que les confiera el control de la misma, el otorgamiento del derecho minero requerirá la aprobación previa del Congreso de la República, (art. 23). Para dedicarse a las actividades mineras, las compañías extranjeras deberán llenar los requisitos exigidos por el Código de Comercio para operar en el país y tendrán un representante legal, venezolano o extranjero domiciliado en el país, (art. 19)1. Para el otorgamiento de las concesiones facultativas, el Ejecutivo Nacional tendrá en consideración los siguientes aspectos respecto al aspirante:
Idoneidad técnica y capacidad económica.
Obligación de manufacturar o refinar el mineral en el país.
Régimen tributario satisfactorio.
Suministro de tecnología a la industria minera y transferencia a favor del país.
 Obligación de revertir los bienes a la Nación a la extinción de la concesión por cualquier causa. Esta situación se ve reforzada con el texto del artículo 102 de la nueva ley, en donde se determina que las tierras, obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte integral de ellas, cualesquiera bienes muebles o inmuebles tangibles o intangibles adquiridos con destino a las actividades mineras pasarán a la plena
propiedad de la República libres de gravámenes y cargas, sin indemnización alguna, a la extinción de dichos derechos, cualquiera sea la causa de la misma. Sobre esta materia, se amplía en los artículos 103 en donde se establece la obligatoriedad, no se dice en que momento, de presentar un inventario detallado acerca de todos los bienes adquiridos, para la actividad prevista, de los cuales no podrán disponerse sin previa autorización del Ministerio y el 105 que estipula que el titular de derecho minero que pretenda utilizar equipos o bienes de terceros(leasing?) deberá obtener la autorización previa, por escrito del Ministerio. Se determina con claridad quiénes no pueden ser sujetos de derechos mineros: funcionarios públicos encabezados por el Presidente de la República, sus ministros, miembros del poder judicial, del legislativo en todos sus niveles y por supuesto del MPETROMIN, ni sus familiares en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tampoco los gobiernos extranjeros, (art. 20, 21 y 22).
CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y SUBSIGUIENTE EXPLOTACIÓN
A) DURACIÓN Y EXTENSIÓN FÍSICA
La concesión minera es un acto del Ejecutivo Nacional y confiere a su titular el derecho exclusivo a la exploración y explotación de las sustancias minerales otorgadas que se encuentren dentro del ámbito especial concedido, (art.24). Las concesiones que otorgue el Ejecutivo Nacional serán únicamente de exploración y consecuente explotación y no excederán de veinte años incluido el período de exploración, se podrá prorrogar si lo solicita el concesionario dentro de los tres años previos a su extinción, por un tiempo no superior al original, (art. 25 y 49). La extensión superficial de la concesión será de forma rectangular determinada por puntos fijos y líneas rectas sobre la superficie terrestre cuya unidad de medida será la hectárea, en lotes conformados por unidades parcelarias, las cuales representan la unidad mínima de división, los lotes máximos tendrán seis mil ciento cincuenta y seis hectáreas(6.156) y no se podrá otorgar lotes en concesión a un solo titular sobre más de dos
lotes (art.28). El concesionario, sus herederos o causahabientes, tendrán derecho a explorar dentro del área concedida y elegir para su explotación la superficie que determine el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental, que en ningún caso podrá ser mayor de la mitad del área concedida para la exploración, en parcelas que dentro de ella seleccione sin exceder las quinientas trece hectáreas (513) cada una, según planos que presente al Ministerio del poder popular de petróleo y mineria, (art. 48). En las zonas libres y reservas nacionales según lo señalado por el art. 47, se determina un procedimiento que pasa por el Ministerio del poder popular del petróleo y mineria, quien determina las reservas nacionales y qué zonas hay libres mediante resolución, ante esa instancia el interesado formulará la petición y este la estudiará y determinará su respuesta de acuerdo con su criterio, incluidas las oposiciones.
B) OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
El concesionario, además de la observancia de la ley está obligado a:
Ejecutar todas las operaciones mineras de acuerdo con los principios y prácticas
científicas aplicables a cada caso. Evitar por todo los medios el desperdicio de minerales.
Cumplir todas las normas vigentes sin perjuicio de los derechos mineros que ostenta.
 Proporcionar a los funcionarios del Ministerio del poder popular de petróleo y minería todas las facilidades para el mejor desempeño de sus funciones, (art. 5).
Deberá el concesionario estar domiciliado en el país, (art.17).
 En virtud del título minero, el concesionario está obligado a presentar las fianzas ambientales en conocimiento del Ministerio (art.59) y poner la concesión en explotación en un lapso máximo de siete años, (art. 61). La autoridad minera podrá autorizar la suspensión por un lapso no mayor de un año, excepto en los casos fortuitos o de fuerza mayor que deberán ser informados a la autoridad, quien decidirá al respecto. En el caso de invasión de una concesión ajena el valor bruto del mineral se dividirá por mitades con el colindante, en el evento de acción dolosa el invasor pagará dos veces el valor de lo extraído, (art. 63). Los concesionarios están obligados, además a (art.37):
 Informar cada mes o año por año2, al Ministerio de Minas y Energía acerca de las actividades cumplidas en los períodos respectivos, sin perjuicio de cualquier
información que le exija dicho ministerio. Los informes serán reglamentados conforme con la ley. Durante la explotación, a informar al Ministerio cuando encuentre minerales diferentes
al de su título, (art.62). Con respecto a las aguas del dominio público, todo concesionario minero tiene derecho al uso y aprovechamiento racional limitados por ellas, (art. 14).Además en los baldíos, deberá para las indemnizaciones por expropiación o servidumbres en las mejoras de los particulares. Así mismo el beneficiario tiene derecho a la expropiación o al establecimiento de servidumbres para el aprovechamiento y uso de las aguas de dominio privado en su actividad minera, (art. 14). Todo beneficiario de derechos mineros para ejercer las actividades reguladas por esta ley, podrá solicitar la constitución de servidumbres, la ocupación temporal y la expropiación de bienes (art.11), así mismo las servidumbres de diversa especie, necesarias para el ejercicio de las actividades mineras, se constituirán sólo en la medida indispensable por el objeto a que se destinen. El derecho de exploración y de explotación que se deriva de la concesión es un derecho real inmueble y como tal podrá enajenarse, gravarse, arrendarse, sub–arrendarse, traspasarlo o celebrar sobre el mismo sub–contratos para la explotación mediante permiso previo otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, (art. 29).
2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CONCESIONARIOS
En Venezuela el beneficiario de una concesión tiene derecho exclusivo de explorar y explotar en las áreas otorgadas, podrá solicitar la constitución de servidumbres, utilizar baldíos, a usar y aprovechar las aguas de dominio público o a establecer servidumbres sobre las aguas de dominio privado. Por solicitud especial que será resuelta por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, se le puede ampliar la zona más allá de las restricciones fijadas por ley, deberá presentar informes mensuales y anuales de sus actividades, pagar los impuestos que se fijen, presentar una propuesta de factibilidad técnico económica y ambiental. No puede deteriorar
el ambiente, ni desperdiciar el mineral, y debe comenzar a operar dentro de los siete primeros años de la concesión, no pudiendo abandonar los trabajos por más de un año.
En Venezuela se deberá presentar una solicitud, que identifique al peticionario, el área y el mineral pedidos y demostrar capacidad técnica.
A) PARA OBTENER LA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y SUBSIGUIENTE EXPLOTACIÓN
Se presenta solicitud al Ministerio del poder popular de petróleo y mineria que contenga, (art. 40):
La identificación del solicitante, con domicilio, nacionalidad, estado civil y carácter con
el que actúa, si es una compañía su nombre o razón social, domicilio, si esta es extranjera deberá estar constituida de acuerdo con el Código de Comercio y tener un representante legal nacional o extranjero, con residencia en Venezuela.  Indicar el mineral, superficie aproximada y linderos del área solicitada, localización geográfica, junto con un croquis de la misma, firmado por un ingeniero de minas, geodesta, agrimensor o similar autorizado para ello, denominación dada por el solicitante, ventajas especiales ofrecidas a la República y demás datos pedido por la ley.
Indicación de si el terreno afectado es baldío ejido o propiedad particular y sus
colindantes con sus nombres. Comprobar a satisfacción del MPETROMIN su capacidad técnica, económica y
financiera. Toda la información solicitada en los reglamentos o que solicite el MPETROMIN, de
acuerdo con los ordenamientos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Las ventajas en el evento de ser ofrecidas, se deberán presentar en un sobre
separado y cerrado, que se abrirá en el momento de la toma de decisión por parte del Ministerio, en un comité conformado por el Ministro, el consultor jurídico y el Director de Minas. El artículo 41 establece que una vez presentada la solicitud, con los recaudos pertinentes y obtenida la ocupación del territorio de parte del organismo competente, el Ministerio del poder popular de petróleo y minería admitirá o rechazará la solicitud, notificándose al interesado la suerte de su petición en un plazo no mayor de cuarenta días, existiendo la posibilidad de
extender este plazo hasta por diez días adicionales. Si se admite la solicitud, no se admitirá otra en el mismo lugar y para el mismo mineral. Una vez admitida la solicitud el Ministerio del poder popular de petróleo y minería publicará ese acto administrativo en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, dentro de los siguientes veinte días después de su admisión. El interesado avisará mediante publicación en un diari0 de reconocida circulación en el país y en otro local de la zona en donde se encuentre su solicitud, todo ello para fines de permitir las oposiciones (art. 42), que la podrán hacer quienes tengan una concesión otorgada en la misma área, o pudieran resultar invadidos de manera parcial al ser otorgada la nueva solicitud, y cualquier otro titular que se sienta afectado en razón del área o del mineral solicitado. La oposición se efectuará ante el Ministerio del poder popular de petróleo y minería, dentro de los treinta días siguientes, contados desde la última de las publicaciones, acto seguido el Ministerio notificará al solicitante la oposición, en un plazo no mayor de cinco días después de la recepción, él a su vez contará con un plazo de quince días continuos siguientes l vencimiento del plazo para oponerse, para contradecirla, en tal caso se evacuarán las pruebas presentadas y se oirán los alegatos de las partes, el Ministerio abrirá un tiempo probatorio de treinta días continúas siguientes al vencimiento de ese lapso, (art.43). El Ministerio decidirá, dentro de los quince días continuos siguientes a partir del vencimiento del tiempo probatorio, salvo que por una sola vez y con una resolución prorrogue ese período hasta por quince días adicionales., contados a partir del vaciamiento del lapso probatorio original, excepto cuando expertos soliciten un tiempo mayor par la práctica de las experticias de rigor, lo cual será aprobado por el Ministro mediante autor razonado. Agotado este trámite y resuelta la oposición se agota la vía administrativa, (art.44). De no haber oposición o en caso de ser denegada ésta y cumplidos los trámites de rigor, dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del período de oposición, o de la decisión denegatoria, el Ministro otorgará la concesión, expedirá el título mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, debiendo el beneficiario protocolizar dicha resolución en la Oficina Subalterna de Registro de la circunscripción de ubicación de la concesión, en un plazo no mayor de veinte días continuos siguientes a su publicación. (art.45). Cuando la solicitud fuere denegada, el Ejecutivo Nacional le informará al interesado mediante resolución.
El solicitante acompañará a la solicitud la documentación pertinente para comprobar su idoneidad técnica y experiencia en actividades propias de la minería, cónsonas con la materia de la concesión, todo ello a satisfacción de la autoridad minera. Para comprobar su idoneidad
económica, se debe acompañar balance general. Se debe asimismo adjuntar un cronograma de todas las actividades a realizar previas a la explotación, con su correspondiente cronograma de inversiones anuales, (arts. 4, 5 y 6, Resolución Nº 115 de 20–3–1990). El Ejecutivo Nacional está facultado para estipular con los solicitantes de concesiones Ventajas Especiales para la Nación en materia de impuestos u otros aspectos referidos a las concesiones mineras (numeral 3 artículo 47) . El Ejecutivo tomará en cuenta las Ventajas Especiales que ofrezca cada solicitante las cuales como mínimo incluirán lo siguiente (art. 9 Resolución Nº 115 de 20–3–90):
El pago de 30 bolívares por hectárea por concepto de exploración.
El pago de impuestos superficiales por hectárea de explotación superiores a lo
estipulado en el Régimen Tributario de la Ley de Minas. Se hace la diferencia entre las concesiones de oro y diamante y los demás minerales con excepción del carbón (que se rige por el régimen de la Ley de Minas). Asimismo, se estipulan montos superiores al régimen fiscal ordinario por concepto de explotación. El solicitante podrá ofrecer como Ventaja Especial la de contribuir, de manera cuantificable e indicando el tiempo de su realización, al mejoramiento de las condiciones físicas, culturales, sociales y económicas de las poblaciones en el área de concesión y vecinas (art. 13 Resolución Nº 115 20–3–90).
4. CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN
En Venezuela, se caduca la concesión por incumplimiento reiterado en pagos, en informes en faltas susceptibles de multas, por dejar de producir o no iniciar dentro de los siete primeros años, por deficiencias en los informes. La Ley de Minas diferencia entre nulidad, extinción y caducidad de los derechos mineros.
Todo acto realizado en contravención de lo dispuesto en relación con las inhabilidades de los funcionarios públicos, el tiempo de esa inhabilidad y la imposibilidad de los gobiernos extranjeros
para poseer títulos mineros, artículos 20/21/22, será nulo de pleno derecho. En el caso de traspaso a un Estado extranjero se producirá, además, la caducidad del derecho, ( art. 96).
Los derechos mineros concesiones se extinguen por el vencimiento del término por el cual fueron otorgados, sin necesidad de pronunciamiento algunode su duración, (art.97). En el artículo 46 se habla de las concesiones renunciadas que pasan a ser parte de las zonas libres y el Ministerio las anotará, pero no se especifica ni la forma ni el modo y las responsabilidades temporales, parciales de quien renuncia. Estas responsabilidades se reglan en el artículo 100 donde se estipula la extinción por renuncia hecha mediante un escrito auténtico del titular presentado al Ministerio del poder popular del petróleo y mineria, el cual una vez recibido se hará constar en resolución que se publicará en la Gaceta oficial de la República de Venezuela. La extinción de los derechos mineros no libera a su titular de las obligaciones causadas para el momento de la extinción, (art.101).
Podrá declararse caduca la concesión por las causas siguientes, (art.98, 99):
Cuando no se efectúe la exploración dentro del lapso previsto en el artículo 49 de la ley
(tres años, con uno de prórroga). Cuando no se presenten los planos dentro del lapso establecido en el artículo 50, o
durante la prórroga que se hubiere otorgado conforme a la ley. Cuando no se inicie la explotación dentro del lapso previsto en el artículo 61: siete años.
 La paralización de la explotación por un lapso mayor al establecido en el artículo 61: un año.
Cuando no se entregue el estudio de factibilidad técnico, financiero y ambiental en el
lapso previsto, conforme a las normas aplicables (sic). El incumplimiento de cualesquiera de las ventajas especiales ofrecidas por el solicitante.
 Incurrir en más de tres ocasiones en un período de seis meses en infracciones legales que hayan originado la aplicación de las sanciones pecuniarias máximas establecidas en la ley. Así mismo se contempla en el artículo 99 las siguientes causales de caducidad para las autorizaciones de explotación:
La paralización de la explotación por más de un año sin causa justificada.
 Cualquier otra causa prevista de manera específica en la autorización de explotación
respectiva. La extinción de derechos y las caducidades se declararán por resolución del Ministero del poder popular de petróleo y minería que se publicará en la Gaceta O de la República de Venezuela. Contra esa resolución se podrán ejercer los recursos a que haya lugar conforme con la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, (art. 108). Las concesiones vuelven a poder del Estado libres de gravámenes y con todas las obras y mejoras, (arts. 61 y 198). Las concesiones extinguidas, renunciadas, caducadas o aquellas que sean anuladas por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, serán consideradas zonas libres y el Ejecutivo Nacional podrá otorgarlas de manera parcial o total, teniendo en cuenta o no los linderos de la concesión original y pueden volver a otorgarse con sujeción a lo siguiente, (art. 47):
 El Ministerio del poder popular de petróleo y minería, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, indicará las zonas libres y las reservas nacionales sobre las cuales se podrán formular solicitudes para obtener concesiones, así como las condiciones de las mismas, las cuales deben mantener la igualdad de oportunidades entre los concurrentes y el lapso dentro del cual deberán presentarse dichas solicitudes.
Los que aspiren a obtener una concesión en las áreas indicadas en este artículo, dirigirán
al Ministerio del poder popular de petróleo y minería sus solicitudes. El Ejecutivo Nacional podrá estipular ventajas especiales con el solicitante conforme con
lo establecido en el artículo 35 de la ley (ventajas espaciales ofrecidas por los particulares interesados). Dentro del lapso fijado para oír las solicitudes podrán formular oposiciones todas aquellas personas que consideren afectados sus derechos mineros, dicha oposición se tramitará
conforme con el procedimiento previsto de oposiciones consagrado en el artículo 42 y subsiguientes.  Vencido el lapso que se hubiere fijado para oír las solicitudes sin que se haya formulado oposición o si la misma hubiese sido declarada sin lugar, el Ministerio del poder popular de petróleo y minería, adjudicaría la buena pro a la solicitud que a su juicio hallaré más favorables para los intereses de la República, lo cual comunicará al solicitante favorecido, otorgándole el título dentro de los quince días subsiguientes.
Comparación de la legislación peruana y venezolana
Perú: es un país eminentemente minero. Por su ubicación geográfica se encuentra en una zona geológicamente rica en minerales metálicos y no metálicos. Esta importante condición posesiona al sector minero como la principal industria generadora de divisas en nuestro país. La minería representa más del 50% de contribuciones al fisco. Es una industria eminentemente de interés público, ya que interviene de hecho en la economía de nuestro país. La minería también contribuye al desarrollo de su entorno social mediante las relaciones que deben mantener con las comunidades aledañas a sus operaciones mineras: la Licencia Social.El Perú en el orden mundial es:
1° productor de Zinc en el mundo, 2° productor de Bismuto y Plata, 3° productor de Telurio y Estaño, 4° productor de Plomo,
5° productor de Cobre Gran parte del territorio nacional no ha sido explorado, esto nos lleva a la conclusión de poder afirmar que un ordenamiento jurídico atractivo, como el que mantiene nuestra legislación minera nacional, podría generar inversión extranjera en esas zonas aún no exploradas. l cateo y la prospección minera, la exploración y la explotación, así como el consiguiente desarrollo de las concesiones mineras, de beneficio, de labor general, de transporte minero reconocidas y tuteladas en el Texto Único Ordenado.
Nuestra legislación minera tiene su fundamento en la Legislación española, imbuida del Sistema Regalista, según la cual, "…los yacimientos mineros pertenecen al Soberano, teniendo por objeto satisfacer las personales necesidades de los príncipes, quienes pueden concederlos a los súbditos mediante 'mercedes reales', en virtud de las cuales los interesados se obligan a prestar a los señores determinadas regalías'' (PLANCHART en AMORER, 1991).
Las raíces de este Sistema Regalista se encuentran en el derecho romano antiguo, en el cual el propietario de la superficie era propietario de las minas situadas en su fundo. Pero, bajo los Emperadores, se modifica el sistema de la propiedad de las minas, dando nacimiento al Sistema Regalista, mediante el cual se impone a aquellos que exploten minas en la propiedad de otro, la obligación de pagar dos tributos de a un décimo de los productos, uno al fisco y el otro al propietario de la superficie. En este sistema no sólo el propietario tiene derecho a explotar las minas, el tercero lo adquiere siempre que pague un décimo al propietario del suelo y otro décimo al príncipe, impuesto que da origen al derecho de regalía. Este derecho de regalía pasó a la legislación francesa y a la española y de esta última lo toma la legislación patria (AMORER, 1991).
 Concluimos que el estado venezolano se ha reservado una parte de los recursos minerales además del interés de protección del ambiente.
 El estado venezolano durante muchos años descuido el desarrollo organizado a gran escala.
 La ley de minas vigente recoge en su normatividad las modalidades para el ejercicio de las actividades mineras, los procedimientos para el otorgamiento de los derechos mineros, el régimen tributario aplicable a los mecanismos de fiscalización y vigilancia de las actividades mineras.
 Concluimos que la legislación minera y venezolana tiene el mismo sistema regalista además que la legislación minera peruana es de interés público que interviene en la economía de nuestro país .y la legislación venezolana pertenece a la autoridad eminente.
 Epitome de Legislación y Derecho Minero Venezolano. Tomo I, Tipografía Americana,
Caracas, Venezuela  Acedo, G. (1996, julio 3). Nueva Ley de Minas. El Universal. Caracas.
 Alfonso, I. (1991). Técnicas de Investigación Bibliográfica. (8ª ed.) …  Caracas: Contexto.  Amorer, E. (1998). Estudio sobre los Proyectos de “Ley de Reforma de la
Ley de Minas” y de la “Ley Orgánica de Minas”. Caracas: SUMMA
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