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Timestamp: 2019-10-21 20:08:28+00:00

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Así afectará el Real Decreto Ley del alquiler a los contratos que se firmen a partir de mañana
Limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC, amplía a 5 años la prórroga de la duración del contrato y limita a dos meses de renta la fianza Se acaba con los desahucios abiertos (sin fecha y hora), y se obliga al juez a avisar a los servicios sociales si va a efectuar un lanzamiento de personas vulnerables.
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Confilegal | 05 marzo, 2019
El Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de alquiler, que limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del mismo, entrará en vigor mañana tras su publicación hoy en el BOE.
Con este real decreto se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces y sólo operará como techo.
Esta medida solo será de aplicación para los nuevos contratos que se suscriban a partir de mañana.
DESCARGAR: REAL DECRETO LEY DE ALQUILER
Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, celebrados con anterioridad a su entrada en vigor de la nueva norma, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación.
Aunque el borrador del real decreto recogía una bonificación del 80% del IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por este índice de precios, la norma aprobada da a los ayuntamientos y comunidades la posibilidad de que decidan su política de vivienda de acuerdo con su marco fiscal.
Contempla la eliminación de la obligación de que el inquilino repercuta el IBI en el caso de las viviendas sociales, y ofrece de nuevo a los ayuntamientos la posibilidad de dar a las viviendas en alquiler de renta limitada por una norma jurídica una bonificación del 95% de la cuota íntegra del IBI.
AMPLÍA DE TRES A CINCO AÑOS LA PRÓRROGA DE LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS
El real decreto incluye la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años (o a 7 años si el arrendador es persona jurídica).
Durante este plazo, la potestad de recuperación de la vivienda por el propietario (persona física) debe quedar «expresamente recogida en el contrato de alquiler».
También amplía la prórroga tácita de uno a tres años y el plazo de preaviso, por el que se establecen cuatro meses para el arrendador y dos meses para el arrendatario.
Además, la norma recoge que el comprador de la vivienda tendrá que respetar el contrato de alquiler esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad.
De igual forma, establece una excepción para pactar la renuncia a la subrogación en los contratos de arrendamientos de larga duración.
Indica que en caso de fallecimiento del arrendatario, en situaciones de vulnerabilidad, se pueda mantener la vivienda arrendada por el familiar con el que estuviese conviviendo.
También establece la notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales, por lo que se tendrá más tiempo para analizar las posibles situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, introduce como novedad la regla de la cuantía en la tramitación de los procedimientos arrendaticios.
El texto recoge también la limitación a dos meses de renta la fianza que puede exigirse al arrendatario y fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización deberá asumirlos el arrendador si es persona jurídica o que se favorece la realización de mejoras en la vivienda durante el contrato, si existe acuerdo entre las partes.
El Real Decreto Ley también muestra la obligatoriedad de las obras de accesibilidad cuando estén financiadas en un 75% por ayudas.
Retoma las limitaciones al alquiler turístico en comunidades de propietarios. Se introduce así la posibilidad de que por acuerdo de una mayoría de tres quintas partes de los propietarios se puedan limitar o condicionar los pisos turísticos, estableciendo la posibilidad de acordar una mayor contribución de estos a los gastos generales (hasta un 20% más).
El Colegio Nacional de Letrados Judiciales niega que se mejore el régimen retributivo con el Real Decreto
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