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Timestamp: 2019-07-19 11:13:46+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 75-4, de 06/06/2014
cve: BOCG-10-A-75-4
Núm. 75-4
121/000075 Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del texto aprobado por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, tramitado con competencia legislativa plena, de conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Constitución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, ha aprobado con competencia legislativa plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Constitución, el Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario con el siguiente texto:
La Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, pretendía establecer un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito nacional y medir la representatividad en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado. La condición de funcionamiento de dicha ley era que las comunidades autónomas convocaran elecciones a Cámaras Agrarias o sus órganos representativos agrarios, a fin de poder determinar qué organizaciones alcanzaban el porcentaje mínimo exigido para ser considerada más representativa en el ámbito nacional. Sin embargo, como la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, había derogado la Ley 23/1986, de 2 de diciembre de 1986, por la que se establecían las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, las comunidades autónomas disponían desde 2005 de varias posibilidades para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en su territorio y todas ellas igualmente válidas. La existencia de varios criterios hace difícil determinar la representatividad estatal, ya que es imposible considerar simultáneamente resultados electorales y resultados de otros procedimientos. Ni siquiera reduciendo dicha representatividad a los resultados obtenidos en nueve comunidades autónomas, tal como prevé la Ley 10/2009, de 20 de octubre, es posible agregar datos homogéneos.
La Ley 10/2009, de 20 de octubre, que ahora se deroga, disponía dos procedimientos para reconocer la representatividad: obtener el 15 por ciento de los votos emitidos en nueve procesos electorales o bien el reconocimiento por otros medios en diez comunidades autónomas. Si el primero no se ha podido aplicar, al no haberse celebrado simultáneamente procesos electorales en al menos nueve de las CCAA que han optado por este procedimiento, y el segundo no tiene en cuenta el peso real del número de agricultores en el total nacional.
Esta situación ha coincidido con cambios relevantes en el sector agrario que hace más necesaria que nunca una interlocución eficaz con las OPAS, por lo que resulta imprescindible clarificar cuanto antes la cuestión de su representatividad, con el fin de garantizar el derecho de participación de los agricultores en los asuntos públicos y mejorar la gobernanza de las políticas agroalimentarias.
Se contemplan tres formas de acceder al censo para las personas físicas: por afiliación a la Seguridad Social por actividades empresariales agrarias, por la obtención de ayudas agrícolas de la Unión Europea
superiores a una cantidad establecida y por la declaración de rentas agrarias iguales o superiores al 25 por ciento de la renta total.
En cuanto a las personas jurídicas, el censo incluirá a las sociedades mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria y que acrediten una facturación mínima de 10.000 euros en, al menos, uno de los dos ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.
El motivo de la consulta no es elegir una lista de personas para ocupar los puestos de un órgano ejecutivo, sino determinar la representatividad de las organizaciones agrarias, lo que simplifica el procedimiento y es más coherente con la naturaleza del órgano que se trata de constituir. No se trata por tanto un proceso electoral, ni es directamente aplicable la normativa electoral, aunque se han adoptado para la consulta garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales. Como en la consulta no se eligen personas sino organizaciones, las que hayan obtenido algún puesto en el Consejo Agrario, deben proponer una relación de personas para su nombramiento. Dichas personas no tienen un mandato directo de los electores, sino de las organizaciones a las que los electores han otorgado su confianza. En la relación de personas existirá un equilibrio entre varones y mujeres.
Este nuevo marco de interlocución determina un nuevo status en el que la opinión defendida por cada organización pasa a ponderarse en función de su representatividad real, medida como resultado de una consulta en toda España. Esta circunstancia da carta de naturaleza a unas entidades representantes que devienen en interlocutores permanentes de la Administración General del Estado, y que, en consecuencia, habrá de tener reflejo en la normativa sectorial, por ser el ámbito en el que han de reconducirse las consultas previstas en el artículo 105 de la Constitución, y es exclusivamente aplicable a la Administración General del Estado, con base en el principio de autoorganización y compatible con otros sistemas de representación de los agricultores ante las comunidades autónomas.
a) Organizaciones agrarias: Las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional constituidas y reconocidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, que tengan entre sus fines estatutarios la defensa de los intereses generales de la agricultura, entendiendo por tal las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, así como la defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores. Igualmente se consideran organizaciones agrarias las coaliciones de organizaciones agrarias y la integración de organizaciones en otra de ámbito nacional, aún conservando cada una de ellas su denominación originaria.
Artículo 2. Determinación de la representatividad.
Artículo 3. Consulta.
Artículo 4. Electores.
1. Tendrán derecho a participar en la consulta las personas físicas y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en el censo a que se refiere el artículo 6.
4. La participación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., en la consulta, en su calidad de operador designado para la prestación del servicio postal universal, se regulará a través del correspondiente convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el citado operador, en el que se establecerán las obligaciones de servicio público que se impongan al mismo para salvaguardar el normal desarrollo del proceso electoral y la correspondiente compensación.
Artículo 5. Organizaciones agrarias más representativas.
Artículo 6. Censo.
1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará el censo, para lo que atribuirá tal competencia a uno de los centros directivos del Departamento que se encargará de ello, con la denominación de Dirección del Censo. El censo incluirá a las personas físicas y jurídicas que acrediten actividad agraria y reúnan los demás requisitos dispuestos en el presente artículo.
a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por cese anticipado en la actividad agraria.
b) Percibir pagos directos superiores a 3.000 euros, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Además, se incluirán en este censo, a su instancia, aquellos agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje igual o superior al 25 por ciento de su renta total, de acuerdo con los datos que ellos mismos suministren para su verificación o con los que se recaben de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con su autorización expresa. En el caso de que la renta procedente de la actividad agraria sea por pagos directos exclusivamente, éstos deberán ser superiores a 3.000 euros.
b) Acreditar una facturación mínima de 10.000 euros en, al menos, uno de los dos ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.
6. El censo elaborado de oficio se cerrará un mes antes de la convocatoria de la consulta y se publicará en los tablones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de los Ayuntamientos a fin de que se puedan comprobar las inscripciones y presentar las reclamaciones oportunas. Además el censo será publicado en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con las debidas garantías a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 10.2.
7. Las personas a que se refieren el párrafo segundo del apartado 4 y el apartado 5 que deseen ser inscritas en el censo, deberán solicitarlo a la Dirección del Censo en cualquier momento antes de que transcurran veinte días desde la convocatoria. En el caso del apartado 4, párrafo segundo, la solicitud incluirá la declaración de ingresos y una autorización expresa para que la Dirección del Censo compruebe
su veracidad en las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o bien, la autorización expresa para que aquéllos se recaben de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
8. Las personas que no consten inscritas en el censo y se consideren con derecho a participar en la consulta, podrán reclamar ante la Dirección del Censo, en el plazo de diez días desde su publicación. El plazo para resolver y notificar las reclamaciones será de cinco días y la resolución podrá ser recurrida en tres días ante el superior jerárquico de la Dirección del Censo, cuya resolución, que se notificará en tres días, pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 7. Organizaciones agrarias candidatas.
3. Las organizaciones agrarias que deseen concurrir a esta consulta deberán presentar sus candidaturas en el plazo de diez días desde la fecha de anuncio de la convocatoria. En el plazo de siete días la Dirección del Censo notificará a las candidaturas las admitidas y las inadmitidas. Los representantes de las candidaturas podrán interponer recurso ante la Comisión Central en el plazo de siete días desde que reciban la notificación, reclamación que será resuelta y notificada en el plazo de siete días.
4. La publicación de las candidaturas admitidas se verificará en el plazo de cuarenta días desde la fecha de inicio de la convocatoria. La lista de organizaciones agrarias candidatas se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" ordenadas por provincias con el nombre completo y sus siglas. Contra esta publicación podrán interponerse los recursos ordinarios que procedan.
Artículo 8. Organización de la consulta.
1. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará, mediante orden ministerial, la consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que se celebrarán a los cincuenta y siete días de la fecha de inicio de la consulta, de acuerdo con el cronograma que se adjunta en el anexo.
Estará presidida por la Secretaria General de Agricultura y Alimentación y actuará de secretario el Secretario General Técnico del Ministerio. Formarán parte de la Comisión el Director General de Servicios, la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal y el Abogado del Estado del Departamento.
5. Se constituirá una mesa de consulta en cada capital de provincia y en cada isla que cuente, al menos, con directorio insular y tantas mesas locales como sean necesarias en función del censo de la demarcación territorial. La Comisión Central publicará la relación de mesas y su ubicación a los diez días del inicio de la consulta.
Las mesas estarán formadas por el número de urnas que sean necesarias con un máximo de 500 votantes. Las urnas estarán formadas por seis vocales menores de sesenta y cinco años, tres titulares y
tres suplentes, seleccionados aleatoriamente entre los que se encuentren inscritos en el censo de la Mesa. Entre los vocales se designará un presidente. El representante de cada candidatura podrá designar un interventor por cada urna, con voz y sin voto, entre los inscritos en el censo de la Mesa diez días antes de la votación.
6. Cada Mesa dispondrá de un censo de electores con derecho de voto ordenado alfabéticamente, en el que constarán los electores que han hecho uso del voto por correo. En cada Mesa existirá un número de papeletas al menos igual a su censo por cada organización candidata. El modelo de papeleta será único, adaptado a las candidaturas provinciales y será aprobado por la Comisión Central.
Artículo 9. Escrutinio.
e) El presidente de la Mesa y todos los miembros firmarán el acta de la sesión que junto al acta de constitución, se introducirá en un sobre con la documentación que proceda, siendo firmado por el presidente y los Interventores. Esta documentación se entregará a continuación al responsable de la Junta Provincial, que la trasladará a la Comisión Central.
f) El escrutinio general se realizará el tercer día siguiente al de la votación por la Comisión Central. Los representantes disponen de un plazo de tres días para presentar las reclamaciones, que sólo podrán referirse a lo recogido en las actas de constitución y sesión de las Mesas. La Comisión Central resolverá sobre las mismas en el plazo de diez días y proclamará los resultados.
Artículo 10. Disposiciones generales sobre la consulta.
1. Las candidaturas presentadas serán publicadas en la página oficial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Igualmente se publicará la ubicación de las Mesas y las localidades que agrupará cada Mesa. Las comunicaciones y las consultas se podrán realizar por medios telemáticos.
Artículo 11. Cesión en uso de bienes inmuebles de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.
2. La cesión de dichos bienes inmuebles estará sujeta a término y condición. Las organizaciones cesionarias deberán destinar estos inmuebles a fines y servicios de interés general agrario. Las citadas organizaciones ostentarán el derecho de uso de los mismos y serán responsables de su gestión mientras dure el mandato, transcurrido el cual, revertirán en el mismo estado en que fueron cedidos al objeto de proceder a una nueva distribución en los términos del apartado anterior. Igualmente, procederá la revocación de la cesión en caso de incumplimiento del fin de interés agrario, en cuyo caso se integrarán en el Patrimonio del Estado.
4. Asimismo, se cederá a las Confederaciones Estatales de Cooperativas del sector agroalimentario en proporción a su representatividad los bienes inmuebles de titularidad de la citada Comisión Gestora que tuvieran cedidos al momento de entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo 13. Creación y naturaleza del Consejo Agrario.
b) Conocer e informar sobre las medidas de la política agrícola común y estatal que sean sometidas a su consideración.
1. El Consejo Agrario se compone de diez consejeros nombrados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta.
2. El Presidente del pleno del Consejo Agrario será el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que podrá ser substituido por el titular de un órgano directivo, con al menos rango de Subsecretario, del Ministerio designado por aquél.
3. Actuará como secretario un funcionario, con rango al menos de Subdirector General, designado por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que actuará con voz pero sin voto.
Artículo 16. Atribución de consejeros.
Artículo 17. Requisitos de los consejeros.
d) No haber sido sancionado por infracciones administrativas firmes en vía administrativa relacionadas con ayudas públicas, medio ambiente o agricultura, ganadería o silvicultura en los últimos cuatro años, ni estar condenados por sentencia firme durante el período que dure la pena. No haber sido sancionado por infracciones muy graves en el orden social en materia de Seguridad Social reguladas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Artículo 18. Organización y funcionamiento del Consejo Agrario.
Artículo 19. Escisión, fusión y extinción de las organizaciones y disolución de coaliciones.
d) En caso de disolución de una coalición, las organizaciones preexistentes conservarán el grado de representatividad obtenido en la consulta imputando a cada una de ellas el porcentaje del mismo que pactaron en sus acuerdos de asociación y, en ausencia de éstos, se imputará la representación a partes iguales entre las organizaciones resultantes. Se procederá a un nuevo reparto de asientos en el Consejo Agrario conforme a lo dispuesto en el artículo 16.
3. Son sujetos responsables los miembros de los órganos que crea esta norma y los Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales, así como sus suplentes, y las autoridades y funcionarios y cualesquiera otras personas que cometieran alguna de las conductas tipificadas en el presente capítulo.
5. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de ilícito penal, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.
Artículo 21. Infracciones cometidas por autoridades y funcionarios, así como miembros de los órganos y mesas, y sus sanciones.
Artículo 22. Infracciones cometidas por particulares y sus sanciones.
a) Quienes con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto.
2. El particular que depositare dos o más veces papeleta en la misma consulta o que participare dolosamente sin capacidad para hacerlo será castigado con multa de 150 a 1.000 euros.
Artículo 23. Gradación de las sanciones.
Disposición adicional segunda. Subvenciones vinculadas a la representatividad.
Disposición adicional tercera. Simultaneidad de la consulta con otros procesos electorales.
Con el objeto de mejorar la coordinación de las consultas simultáneas se podrán establecer mecanismos de colaboración con la Comunidad Autónoma para utilización conjunta y ampliación en su caso de los instrumentos necesarios para realizar el procedimiento regulado en esta Ley.
Disposición adicional cuarta. Asociaciones de mujeres rurales.
Disposición adicional quinta. Fecha límite de celebración de la primera consulta.
La primera consulta se convocará en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.
Disposición transitoria única. Comité Asesor Agrario.
El Comité Asesor Agrario creado por la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, continuará ejerciendo sus funciones hasta que se reúna por primera vez el Consejo Agrario, lo que se verificará en el plazo máximo de seis meses desde que tenga lugar el escrutinio.
Queda derogada la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, y el Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar la cadena alimentaria.
"Disposición adicional quinta. Relaciones contractuales de la Organización Común de Mercados de los productos agrarios.
Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de la regulación específica del sector lácteo contenida en el Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus condiciones de contratación, o demás disposiciones que el Estado, previa justificación de su necesidad y proporcionalidad y siempre que
no obstaculicen el correcto funcionamiento del mercado interior, pueda dictar al amparo de los artículos 148 y 149, o de la sección 5.ª del capítulo III del título II de la parte II, del Reglamento 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, las cuales prevalecerán en caso de conflicto con esta Ley."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2014.-El Presidente de la Comisión, José Ignacio Llorens Torres.-El Secretario de la Comisión, Arsenio Pacheco Atienza.
Fecha;Plazo
D;Día de inicio del proceso de consulta que especifique la convocatoria.
D+3;Constitución de la Comisión Central.
D+7;Constitución de las Juntas Provinciales.
D+10;Publicación de la relación de Mesas.
D+10;Publicación del censo.
D+10;Final de presentación de candidaturas.
D+14;Reclamaciones contra la delimitación de Mesas.
D+17;Notificación de no admisión de candidatura.
D+20;Final de reclamaciones contra el censo.
D+20;Final de presentación de autorización AEAT.
D+25;Notificación de las reclamaciones contra el censo.
D+27;Final del plazo de reclamaciones contra la inadmisión de candidaturas.
D+28;Recurso contra las resoluciones sobre el censo.
D+31;Notificación de las resoluciones de recursos sobre el censo.
D+34;Resolución recursos de inadmisión de candidaturas.
D+35;Resolución de reclamaciones contra el censo.
D+35;Final del plazo para solicitar voto por correo.
D+40;Publicación de las candidaturas admitidas.
D+47;Final plazo para remitir la documentación para votar por correo.
D+47;Fin del plazo para designar interventores.
D+56;Recepción del voto por correo.
D+57;Votación.
D+60;Escrutinio general.
D+63;Reclamaciones al escrutinio.
D+73;Resolución de reclamaciones al escrutinio.

References: artículo 97
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 105

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 6

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 10
 resolución 

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 16

Artículo 17
 Real Decreto 

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 16
 resolución 

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto