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﻿ Sentencia SL12059-2014 de junio 18 de 2014
SENTENCIA SL12059-2014 DE 18 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:PRINCIPIO "URIS NOVIT CURIA". EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE DERECHO PROCESAL IURIS NOVIT CURIA EL JUZGADOR DEBE APLICAR LA NORMA QUE REGULA LA CONTROVERSIA, INCLUSO SI NO HA SIDO LA INVOCADA POR LAS PARTES. ESTA CIRCUNSTANCIA NO AFECTA LA CONGRUENCIA NI IMPIDE EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DEL OTRO EXTREMO PROCESAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LAS MATERIAS OBJETO DEL PROCESO. ASÍ MISMO, EL JUZGADOR NO ESTÁ ATADO A LAS NORMAS Y ARGUMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS EN LA DEMANDA, SINO QUE DEBE RESOLVER CON LOS PRECEPTOS QUE REGULEN EL CASO SOMETIDO A SU CONOCIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPETENCIA DEL JUEZ, JUEZ, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, PRINCIPIO DE IURA NOVIT CURIA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ACTUACIÓN DEL JUEZ, CRITERIO DEL JUEZ, CONOCIMIENTO DEL JUEZ
Sentencia SL12059-2014 de junio 18 de 2014
SL12059-2014
Radicación 45491
Dada la orientación jurídica de los cargos no se discuten los hechos atinentes a que: i) el actor cumplió 60 años de edad el 27 de diciembre de 1996; ii) era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad; iii) que en toda la vida laboral acumuló 1251 semanas de aportes a distintas cajas de previsión y al instituto; iv) que el instituto mediante Resolución 1713 de 2004, le reconoció pensión de vejez a partir del 16 de junio de 2001, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990 por tener más de 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, en cuantía inicial de $ 454.197; v) que con posterioridad mediante Resolución 1000 de 2006, se modifica la anterior para establecer que la pensión debía ser concedida con arreglo al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, integrando las cotizaciones a otras cajas del sector público.
1. Le asiste razón al opositor, en cuanto los cargos contienen impropiedades de técnica, pues a pesar de su orientación jurídica hacen alusión a aspectos fácticos y pruebas del proceso como las que contienen la liquidación del IBL de la pensión del demandante. En ese orden de ideas, no podría la Corte en estas acusaciones de pleno derecho abordar el estudio relativo a la presunta equivocación del tribunal por no haber supuestamente revisado la liquidación del IBL, en la perspectiva que la plantea el recurrente como una preterición de la prueba, en armonía con la pretensión de la demanda inicial en los términos de su corrección (fl. 47), donde se solicita la reliquidación porque “tomaron como salario base de cotización un valor inferior al realmente cotizado”. Ese análisis naturalmente implica verificar las pruebas del expediente, lo que se itera, está vedado en el sendero jurídico por el que se encaminan los ataques.
Por lo demás, ese aspecto en concreto no fue objeto de pronunciamiento por el tribunal, por lo que el remedio procesal adecuado habría sido una solicitud de sentencia complementaria en los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la integración prevista en el artículo 145 del estatuto procesal laboral y de la seguridad social, y no el recurso extraordinario de casación.
2. No obstante lo anterior, la Corte rescata un cargo autónomo en los términos del numeral 4º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, de las alegaciones jurídicas referidas a que se infringieron directamente las regulaciones alusivas al monto o tasa de reemplazo de la pensión por aportes en las personas de régimen de transición, y a ese punto se circunscribirá el examen.
El tribunal fundamentó su negativa a acceder a la pretensión de reliquidar la pensión del actor con el 75% del ingreso base de liquidación, con el argumento de que si bien es su criterio, en verdad la prestación del sub examine, era una pensión por aportes, prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, la súplica se encaminó al reajuste con base en el artículo 20 de Acuerdo 49 de 1990.
Para la Sala si bien es cierto el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en esta materia por así permitirlo el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ya citado, prevé que la sentencia debe estar “en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda”, también lo es que en virtud del principio de derecho procesal iuris novit curia el juzgador quien es el conocedor del derecho, debe aplicar la norma que regula la controversia, incluso si no ha sido la invocada por las partes, caso en el cual no se afecta la congruencia en cuanto esto no implica modificación en las materias objeto del proceso.
La corporación en Sentencia CSJ SL, 27 jul. 2000, rad. 13507, reiterada recientemente en la CSJ SL 4457-2014, señaló que “el principio de congruencia en ningún caso quiere decir que las condenas impuestas en la sentencia deben ser un calco de las pretensiones de la demanda, pues bien puede ocurrir que la solución jurídica, resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo en el ordenamiento normativo, sea distinta a la propuesta por el demandante”.
De lo anterior se deriva que el juzgador no está atado a las normas y argumentos jurídicos invocados en la demanda, sino que debe resolver con los preceptos que regulen el caso sometido a su conocimiento.
En el sub lite no cabe duda que la pretensión de la demanda estaba encaminada a obtener la reliquidación de la pensión con una tasa de reemplazo del 75%; la circunstancia de haber el demandante invocado en apoyo de su pedimento el artículo 20 del Acuerdo 49 de 1990, no excusaba al juzgador ad quem de conferir lo solicitado, si como afirmó en las motivaciones de su providencia, para él era indubitable que la prestación del demandante como beneficiario del régimen de transición, era una pensión por aportes regulada por el artículo 7º de la Ley 71 de 1998 y su Decreto Reglamentario 2709 de 1994.
Ha precisado esta corporación que el régimen de transición garantiza a sus beneficiarios de cara a la prestación por vejez o jubilación, y en relación con la normatividad que venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho, y el monto de la prestación en lo que toca con la tasa de reemplazo.
En el caso de la pensión por aportes, el artículo 8º del Decreto 2709 de 1994, que reglamentó el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, previó que “El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75% del salario base de liquidación”.
Así las cosas, el tribunal infringió directamente dichos preceptos por lo que los cargos prosperan y el fallo del tribunal será parcialmente casado, en cuanto confirmó la absolución del juzgado frente a la pretensión de reliquidación de la pensión aplicando el 75% sobre el ingreso base de liquidación y la indexación.
En sede de instancia, además de lo dicho con ocasión del recurso extraordinario, se ha de señalar que el ingreso base de liquidación corresponde a la suma de $ 721.496,35 calculado conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por tratarse de una persona en régimen de transición y por faltarle a la entrada en vigencia del sistema menos de 10 años para adquirir el derecho, y así lo consideró el instituto (fls. 28 y 29), aspectos que no fueron objeto de controversia en casación. Al aplicarle a ese IBL la tasa de reemplazo del 75% arroja como valor de la primera mesada pensional a partir del 16 de junio de 2001, la cantidad de $ 541.122,26, como se explica a continuación:
Ingreso base de liquidación = $ 721.496,35
Fecha de pensión = 16/06/2001
Valor primera mesada = $ 541.122,26
Valor primera mesada reconocida = $ 454.197,00
Diferencia = $ 86.925,26
Se ha de precisar que la parte demandada propuso la excepción prescripción. El demandante agotó la vía gubernativa frente a la pretensión concreta del reajuste de la pensión con el 75% del IBL, el 9 de marzo de 2006 (fls. 20 y 21), por lo que al ser una obligación de tracto sucesivo están prescritas las diferencias pensionales causadas hasta el 8 de marzo de 2003. La demanda fue presentada el 7 de junio de 2007 (fl. 7). En consecuencia se fija el valor de las diferencias pensionales debidas entre el 9 de marzo de 2003 y el 30 de junio de 2014, en la suma de $ 20.928.942,74. Todo de conformidad con el siguiente cuadro:
Fechas Nº de pagos Valor pensión reconocida Valor pensión reajustada Diferencia mesada Valor mesadas Valor indexación
16/06/2001 31/12/2001 $ 454.197,00 $ 541.122,26 $ 86.925,26 Prescrito Prescrito
01/01/2002 31/12/2002 $ 488.943,07 $ 582.518,11 $ 93.575,04 Prescrito Prescrito
09/03/2003 31/12/2003 11,73 $ 523.120,19 $ 623.236,13 $ 100.115,94 $ 1.174.693,68 $ 652.612,49
12/06/2004 31/12/2004 14 $ 557.070,69 $ 663.684,15 $ 106.613,46 $ 1.492.588,48 $ 711.701,57
01/01/2005 31/12/2005 14 $ 587.709,58 $ 700.186,78 $ 112.477.20 $ 1.574.680,84 $ 639.663,46
01/01/2006 31/12/2006 14 $ 616.213,49 $ 734.145,84 $ 117.932,35 $ 1.651.052,87 $ 575.333,49
01/01/2007 31/12/2007 14 $ 643.819,86 $ 767.035,58 $ 123.215,72 $ 1.725.020,03 $ 478.033,65
01/01/2008 31/12/2008 14 $ 680.453,21 $ 810.679,90 $ 130.226,69 $ 1.823.173,67 $ 352.089,91
01/01/2009 31/12/2009 14 $ 732.643,97 $ 872.859,05 $ 140.215,08 $ 1.963.011,09 $ 287.979,33
01/01/2010 31/12/2010 14 $ 747.296,85 $ 890.316,23 $ 143.019,38 $ 2.002.271,32 $ 241.389,23
01/01/2011 31/12/2011 14 $ 770.986,16 $ 918.539,25 $ 147.553,09 $ 2.065.743,32 $ 172.451,92
01/01/2012 31/12/2012 14 $ 799.743,94 $ 952.800,77 $ 153.056,82 $ 2.142.795,54 $ 108.591,32
01/01/2013 31/12/2013 14 $ 819.257,70 $ 976.049,11 $ 156.791,41 $ 2.195.079,75 $ 65.566,23
01/01/2014 30/06/2014 7 $ 835.151,29 $ 994.984,46 $ 159.833,16 $ 1.118.832,15 $ 8.310,96
Total $ 20.928.942,74 $ 4.293.723,56
El valor de la mesada para el año 2014 se ubica en $ 994.984,46.
En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tiene establecido la jurisprudencia de la Sala que no son procedentes en tratándose de reliquidaciones o reajustes pensionales. Dijo la corporación en sentencia de 3 de septiembre de 2003, rad. 21027, criterio que ha permanecido invariable:
“Además, ha sostenido esta corporación que los intereses moratorios ‘... solo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial’ (Rad. 13717 - jun. 30/2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en ‘los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior’”.
En consecuencia, se confirmará la absolución del juzgador de primer grado en ese punto.
Por el contrario, es viable la condena a la indexación de las sumas causadas y no pagadas, porque se trata simplemente de reconocer la pérdida que sufrió el dinero por el paso del tiempo. Esa actualización se hizo conforme a la fórmula:
El valor a pagar por ese concepto es de 4.293.723,56, como se explicó en el cuadro inserto.
Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad de los cargos. Las de las instancias en un 70% a cargo de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el tres (3) de diciembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Fernando Augusto Jiménez Acuña contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó la absolución del juzgado frente a la pretensión de reliquidación de la pensión del demandante aplicando el 75% sobre el ingreso base de liquidación e indexación de la deuda. No la casa en lo demás. En sede de instancia, revoca parcialmente el fallo de 16 de diciembre de 2008, del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, en cuanto absolvió de dichos conceptos y en su lugar, fija el monto inicial de la pensión del actor en el 75% del ingreso base de liquidación, que corresponde a $ 541.122,26, a partir del 16 de junio de 2001. Se determina que el valor de la mesada pensional para el año 2014 es de $ 994.984,46. Se condena al instituto al pago por concepto diferencias de mesadas pensionales causadas entre el 9 de marzo de 2003 y el 30 de junio de 2014, en la suma de $ 20.928.942,74. Por indexación de la deuda se impone la suma de $ 4.293.723,56. Se declara parcialmente probada la excepción de prescripción que cobija las diferencias pensionales causadas hasta el 8 de marzo de 2003. Se confirma en lo demás.

References: artículo 36
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 33
 artículo 311
 artículo 145
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 305
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 36
 artículo 141