Source: https://boe.vlex.es/vid/liberalizacion-telecomunicaciones-15368318
Timestamp: 2019-02-22 18:50:41+00:00

Document:
LEY 12/1997, de 24 de Abril, de Liberalizacion de las Telecomunicaciones. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15368318
LEY 12/1997, de 24 de Abril, de Liberalizacion de las Telecomunicaciones.
Marginal: BOE-A-1997-8876
Norma citada en: 401 sentencias, 55 artículos doctrinales, 50 resoluciones administrativas
Para el cumplimiento de este objeto, la Comisión ejercerá las siguientes funciones:
Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre operadores de redes y servicios del sector de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo, así como en aquellos otros casos que puedan establecerse por vía reglamentaria, cuando los interesados lo acuerden.
El otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación a terceros, en condiciones de concurrencia, de los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo, excepto cuando el título habilitante se obtenga mediante procedimiento de concurso.
Velar por la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones, equilibrando, en su caso, las situaciones discriminatorias y asignando la numeración a los operadores, para lo que dictará las resoluciones oportunas.
El control del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se impongan a los titulares de los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo, y de los medios para su financiación, dictando al efecto las resoluciones que procedan.
La resolución vinculante de los conflictos que se susciten entre operadores en materia de interconexión de redes si los obligados a permitirla no lo hicieren voluntariamente, o si no llegaren los interesados a un acuerdo satisfactorio sobre la forma y condiciones en que aquélla deba llevarse a efecto.
Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la libre competencia en el mercado, en particular en lo que se refiere a la pluralidad de oferta de servicios, al acceso a las redes de telecomunicaciones por los operadores y a la interconexión de las redes y suministro de red en condiciones de red abierta; a la política de precios y de comercialización de los operadores de los servicios, y en general a todas aquellas actividades que pudieran constituir prácticas contrarias a la libre competencia. A estos efectos, la Comisión podrá dictar instrucciones para las entidades que operen en el sector, que serán vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
Igualmente, la Comisión ejercerá las competencias de la Administración General del Estado para interpretar las cláusulas de los contratos concesionales que protejan la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo.
Ejercer el control sobre los procesos de concentración de empresas, de las participaciones en el capital y de los acuerdos entre los agentes participantes en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo.
Informar las propuestas de tarifas de los servicios de telecomunicación prestados en exclusiva y en aquellos casos en los que exista una posición de dominio en el mercado, a fin de salvaguardar el principio de competencia efectiva entre los operadores. Con el mismo fin, informará preceptivamente toda propuesta de determinación de tarifas, sean éstas fijas, máximas o mínimas, o de regulación de precios de servicios de telecomunicación. La Comisión vigilará la debida aplicación de estas tarifas por los operadores, adoptando al efecto las resoluciones que procedan.
Fijar los precios máximos de interconexión que deban regir en las relaciones comerciales entre los operadores.
Asesorar al Gobierno y al Ministro de Fomento, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, en los asuntos concernientes al mercado y a la regulación de las telecomunicaciones y de los servicios a que se refiere el número 1 del apartado dos de este artículo, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente, podrá asesorar a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, a petición de los órganos competentes de cada una de ellas.
Solicitar la intervención del Ministerio de Fomento para la inspección técnica de los servicios, instalaciones y emisiones radioeléctricas en aquellos supuestos que la Comisión estime necesario para el desempeño de sus funciones.
El ejercicio de la potestad sancionadora por el incumplimiento de las instrucciones dictadas para salvaguardar la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones y de los acuerdos y resoluciones que adopte en ejecución de las funciones públicas que se le atribuyen; así como por el incumplimiento de los requerimientos de información formulados por la Comisión en el desarrollo de sus funciones.
Denunciar ante los servicios de inspección de las telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, las conductas contrarias a la legislación de ordenación de las telecomunicaciones cuando no le corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora, y, en su caso, instar la actuación de los órganos de defensa de la competencia.
La llevanza de un registro general de operadores de redes y prestadores de los servicios a que se refiere el apartado 1 de este artículo, en el que se inscribirán todos aquellos cuya actividad requiera un título habilitante.
Dicho Consejo estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y siete Consejeros, que serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto adoptado a propuesta del Ministro de Fomento, entre personas de reconocida competencia profesional relacionada con el sector de las telecomunicaciones y la regulación de los mercados, previa comparecencia del Ministro ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados, para informar sobre las personas a quienes pretende proponer.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejeros se renovarán cada seis años, pudiendo los inicialmente designados ser reelegidos por una sola vez.
El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros cesarán en su cargo por renuncia aceptada por el Gobierno, expiración del término de su mandato o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente por el Ministro de Fomento, por incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, incumplimiento grave de sus obligaciones, condena por delito doloso o incompatibilidad sobrevenida.
Los recursos de la Comisión estarán integrados por:
Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas, cánones, precios públicos y sanciones, devengados por la realización de actividades de prestación de servicios y gestión del espacio público de numeración, y en general, los derivados del ejercicio de las competencias y funciones a que se refiere el apartado dos del presente artículo.
En particular, constituirán ingresos de la Comisión las tasas a que hace referencia la disposición adicional séptima de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, correspondientes a las funciones asignadas en el apartado dos del presente artículo; así como el canon establecido en el apartado tercero del artícu lo 15 de dicha Ley.
La recaudación de estas tasas, cánones y precios públicos, así como del importe de las sanciones, corresponderá a la Comisión, sin perjuicio de los convenios que pudiera establecer con las entidades y de la facultad ejecutiva que corresponda a otros órganos del Estado en el caso de ingresos de derecho público.
Las transferencias que, en su caso, efectúe el Ministerio de Fomento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La Comisión elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto con la estructura que determine el Ministerio de Economía y Hacienda, y lo remitirá a dicho Departamento para su elevación al Gobierno. Este último, previa su aprobación, lo enviará a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto tendrá carácter estimativo y sus variaciones serán autorizadas de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
El control económico y financiero de la Comisión se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.
Artículo citado en: 74 sentencias, 19 artículos doctrinales, 18 resoluciones administrativas
Reglamentariamente, y para garantizar el cumplimiento de estos principios, podrán establecerse condiciones distintas para los diferentes prestadores de servicios portadores en razón de la posición que cada uno de ellos ocupe en el mercado, así como para salvaguardar la seguridad en el funcionamiento de la red, mantener su integridad y posibilitar la interoperatividad de los servicios.
El Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, por Real Decreto a propuesta del Ministro de Fomento y previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá establecer los supuestos de aplicación de tarifas fijas, máximas o mínimas y los de regulación de precios, así como los criterios para la fijación de éstos, en función del grado de concurrencia en el mercado de los distintos servicios, de forma tal que se garantice la competencia, el control de las situaciones de abuso de posición dominante y la accesibilidad a los servicios públicos de telecomunicaciones por parte de los ciudadanos.
e) El incumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones de los servicios públicos de telecomunicación, así como el de los acuerdos adoptados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para interpretar las cláusulas concesionales que protejan la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
Se añaden tres nuevas letras al apartado 2 del artículo 33, redactadas en los siguientes términos:
i) El incumplimiento de las instrucciones, acuerdos y resoluciones dictados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para salvaguardar la libre competencia en el mercado.
k) El incumplimiento reiterado de los requerimientos de información formulados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el ejercicio de sus funciones.
La actual letra i) del apartado 2 del artículo 33 pasa a ser la letra l).
Se modifica la letra b) del apartado 3 del artícu lo 33, que queda redactada del modo siguiente:
b) El incumplimiento de las condiciones de las concesiones de los servicios públicos de telecomunicación, así como el de los acuerdos adoptados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para interpretar las cláusulas concesionales que protejan la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones, salvo que deba considerarse como infracción muy grave conforme a lo previsto en el número anterior.
3. La competencia sancionadora atribuida por el apartado 1 se entenderá, asimismo, sin perjuicio de la que corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto por la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones.
1. Los titulares de redes de telecomunicaciones abiertas al público, facilitarán el acceso a éstas por parte de todos los operadores de servicios que lo deseen para permitir la interconexión de circuitos y la interoperabilidad de los servicios. La interconexión se facilitará en condiciones transparentes, no discriminatorias, objetivas, igualitarias y proporcionales a las condiciones de que disfruta el propio titular de la red o las empresas por él participadas.
5. Reglamentariamente, y para garantizar el cumplimiento de estos principios, podrán establecerse condiciones distintas para los diferentes operadores de redes y prestadores de servicios en razón de la posición que cada uno de ellos ocupe en el mercado.
A partir del 1 de enero de 1998, desaparecerá la figura del Delegado del Gobierno en elefónica de España, Sociedad Anónima'', correspondiendo al Ministerio de Fomento las funciones propias de la Administración que le confiere a aquél la disposición adicional segunda de esta Ley.
Artículo citado en: una sentencia, 3 artículos doctrinales, 8 resoluciones administrativas
Artículo 3 Modificación de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable.
Uno. Se da nueva redacción al apartado 4 del ar tículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:
La alteración del ámbito de las demarcaciones ya constituidas y en las que existan concesiones otorgadas, se llevará a cabo, previo informe de la Comunidad Autónoma correspondiente, por los Ayuntamientos que las hubieran aprobado, siempre que las demarcaciones resultantes no excedan de sus respectivos términos municipales. El acuerdo de alteración de la demarcación deberá notificarse al órgano competente para otorgar la concesión a los efectos que procedan en relación con las concesiones vigentes.
Las sociedades concesionarias estarán obligadas a aportar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones los datos que les requiera y a colaborar con ella en cualquier actuación.
El Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en la que se determinen los criterios que definan la posición de dominio o abuso en el mercado, podrá suprimir o modificar las prohibiciones establecidas en el párrafo primero de este apartado.
Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta veinticinco años, que se determinará en función de las inversiones que sean necesarias para la explotación de los servicios, y podrán renovarse por períodos sucesivos de cinco años, previa petición del concesionario un año antes de su expiración, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Cuando el operador de cable actúe como prestador de servicios finales le será, asimismo, de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, y sus normas de desarrollo para cada uno de dichos servicios.
En el párrafo primero del apartado 2, la expresión: «Con carácter previo a la convocatoria del concurso a que se refiere el artículo 6, una vez aprobados (...)», se sustituye por: «Con carácter previo a la convocatoria del concurso a que se refiere el artículo 6, y en el plazo máximo de un mes una vez aprobados (...)».
En el párrafo segundo del apartado 2, la expresión: «La contestación de elefónica de España, Sociedad Anónima'', será vinculante (...)», se sustituye por: «La contestación de elefónica de España, Sociedad Anónima'', que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, será vinculante (...)».
3. Obtenido el título habilitante, elefónica de España, Sociedad Anónima'', podrá iniciar la prestación del servicio transcurridos dieciséis meses a contar desde la resolución del concurso de concesión del servicio de telecomunicaciones por cable en la correspondiente demarcación o inmediatamente después de la resolución del concurso en caso de declararse éste desierto.
El Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá retrasar hasta un máximo de veinticuatro meses o adelantar la fecha de inicio de las actividades de elefónica de España, Sociedad Anónima'', en los supuestos en que tal medida resulte necesaria para la existencia de una competencia efectiva en la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable y no resulte contraria a los intereses de los usuarios.
5. elefónica de España, Sociedad Anónima'', prestará el servicio en las demarcaciones para las que obtenga el correspondiente título habilitante a través de una sociedad en cuyo capital participe en más del 50 por 100. Estas participaciones sociales se aportarán a una filial al 100 por 100 propiedad de elefónica de España, Sociedad Anónima'', en la que no podrán integrarse otros servicios de telecomunicaciones en cuya prestación, bien elefónica de España, Sociedad Anónima'', bien alguna de sus filiales, ostenten algún tipo de derecho exclusivo. A esas sociedades les será de aplicación lo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la presente Ley, en igualdad de condiciones con el resto de los operadores de cable.
Reglamentariamente, podrá establecerse la posibilidad de prestar el servicio regulado por la presente Ley mediante sistemas distintos al del cable, de forma transitoria hasta la puesta en servicio de la actividad a través del cable, o permanentemente en tramos de la demarcación, atendiendo a las dificultades derivadas del grado de dispersión de la población y de la topografía del terreno, o para atender a áreas no cubiertas de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1.a) de esta Ley.
A partir del 1 de enero de 1998 los operadores de cable, en sus respectivas demarcaciones, podrán prestar el servicio final de telefonía básica a todos los usuarios, previa comprobación por el Ministerio de Fomento del cumplimiento por aquéllos de los requisitos que se fijen reglamentariamente para este servicio.
Hasta su total liberalización, la prestación del servicio final telefónico básico en el ámbito de la correspondiente demarcación habrá de realizarse, entre el punto de terminación de red y el nodo local de conmutación, a través de la propia red e infraestructura del concesionario, pudiendo efectuarse las oportunas interconexiones para establecer comunicación con los abonados de otros operadores. Las modalidades urbana, interurbana e internacional del servicio telefónico básico podrán ser objeto de títulos habilitantes específicos.
Artículo citado en: 7 sentencias, 3 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
Nueve. 1. Una vez constituida la sociedad a que se refiere el apartado dos, y previa aprobación por Acuerdo del Consejo de Ministros de la valoración de esta compañía, el Ente público RETEVISIÓN adjudicará por procedimiento restringido, mediante concurso, el 51 por 100, como mínimo, del capital social de aquélla. El concurso garantizará las reglas de objetividad en la selección entre los licitadores concurrentes. Particularmente, se observarán las siguientes: la aportación de infraestructuras y derechos de paso, la experiencia del licitador en la explotación de redes, su situación patrimonial, la oferta económica, las inversiones comprometidas y la maximización de las aportaciones a la economía nacional.
El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará los requisitos exigibles a las personas que deseen participar en el concurso y los criterios que habrán de regir para la selección de los participantes y resolución del mismo. En lo demás se aplicará lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. En la convocatoria y resolución de dicho concurso público, será de aplicación lo dispuesto en la letra d) del artículo 157 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Para la resolución del concurso se tendrán especialmente en cuenta los siguientes criterios:
La experiencia del licitador en la explotación de redes y servicios de telecomunicaciones y en la comercialización de redes dirigidas al público en general.
La aportación y puesta a disposición de la sociedad, por cualquier título jurídico válido, de infraestructuras y derechos de paso utilizables para la prestación de servicios de telecomunicación. Se valorará especialmente el grado de integración de los activos en el patrimonio de la sociedad, las condiciones de la aportación o puesta a disposición de derechos de paso o infraestructuras, así como la complementariedad de los mismos para la prestación de los servicios de telecomunicación en el territorio español.
La maximización de aportaciones a la economía nacional que resulten del desarrollo de la sociedad como operador de redes y servicios de telecomunicación, valorándose especialmente las aportaciones directas o indirectas a la creación de empleo.
Las mejoras en las condiciones de prestación establecidas en el contrato de gestión de servicio público a que se refiere el párrafo primero de la disposicional adicional única de esta Ley.
Las inversiones a las que se compromete el licitador para el desarrollo de la sociedad como operador de redes y servicios de telecomunicación y, en su caso, el compromiso de suscribir una o varias ampliaciones de capital en los términos que se establezcan en el oportuno pliego de cláusulas administrativas particulares.
El compromiso del licitador de permanencia en el capital de la sociedad, con la misma o superior participación a la que inicialmente suscriba, por un plazo mínimo de cinco años.
La viabilidad y desarrollo futuro del plan estratégico que proponga el licitador para la sociedad como empresa de servicios de telecomunicaciones, dentro de un entorno competitivo.
Otras aportaciones que permitan incrementar el valor del negocio actual y futuro.
Disposición citada en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
Disposición citada en: una sentencia, 2 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
Disposición citada en: 137 sentencias, un artículo doctrinal, 7 resoluciones administrativas
Disposición citada en: 23 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
Disposición transitoria tercera RETEVISIÓN.
Disposición transitoria cuarta Primer mandato de los miembros del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Disposición transitoria quinta Forma de nombramiento de los miembros del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Disposición transitoria sexta Vigencia del Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
REAL DECRETO 1912/1997, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento tecnico y de Prestacion del Servicio final telefonico basico y de los S...
DECRETO FORAL 368/2004, de 13 de diciembre, por el que se incluye el municipio de Valtierra dentro de la relación de municipios y zonas que se declaran auxiliables por el Decreto Foral 327/2004, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas excepcionales para la reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública, dañadas por...
Instrumento de Adhesión de España al Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 14 de mayo de 1954.
DECRET de 28 de novembre de 1978, sobre regulació de l'exercici de les competències transferides a la Generalitat en matèria d'Interior i d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 33

Artículo 3
 artículo 6
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 artículo 157
 resolución 
 resolución 

REAL DECRETO