Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2005-21609.htm
Timestamp: 2017-12-15 02:27:32+00:00

Document:
Real Decreto 1612/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes espaÃ±oles.
Las pensiones asistenciales por ancianidad establecidas mediante el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, se configuran como un mecanismo de protecciÃ³n que garantiza, en tÃ©rminos de derecho subjetivo, un mÃ­nimo de subsistencia para los espaÃ±oles de origen residentes en el extranjero, que emigraron de nuestro paÃ­s y que, habiendo alcanzado la edad de jubilaciÃ³n, carecen de recursos. Con ello se extiende el sistema de protecciÃ³n social pÃºblica a los espaÃ±oles no residentes en EspaÃ±a. El citado Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes espaÃ±oles seÃ±ala que la base de cÃ¡lculo de las pensiones asistenciales por ancianidad serÃ¡ la que se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n en su modalidad no contributiva. A partir de dicha cuantÃ­a se determina la base de cÃ¡lculo correspondiente a cada paÃ­s de residencia de los espaÃ±oles beneficiarios, que serÃ¡ el resultado de multiplicar aquÃ©lla por un coeficiente que relacione el nivel de renta del paÃ­s de residencia y el de EspaÃ±a. La base de cÃ¡lculo asÃ­ obtenida referencia, igualmente, el umbral de renta e ingresos por debajo del cual permite al beneficiario el acceso a estas pensiones. La experiencia acumulada a lo largo de mÃ¡s de doce aÃ±os de vigencia de la normativa referenciada, acredita una serie de deficiencias que, de alguna manera, desvirtÃºan la finalidad Ãºltima de estas pensiones asistenciales por ancianidad, que no es otra que, como se ha seÃ±alado anteriormente, un mÃ­nimo de subsistencia a los beneficiarios de las mismas. En este sentido, se considera necesario modificar la base de cÃ¡lculo de las pensiones asistenciales por ancianidad, al objeto de insertarla en el entorno socioeconÃ³mico donde se percibe. Se trata, en definitiva, de que la cuantÃ­a de la pensiÃ³n se acomode a la realidad y a las caracterÃ­sticas de los paÃ­ses de residencia del emigrante. A estos efectos, los indicadores de renta per cÃ¡pita, salario mÃ­nimo, salario medio y pensiÃ³n mÃ­nima de carÃ¡cter contributivo en los respectivos paÃ­ses de residencia, ofrecen un razonable punto de partida como elementos configuradores de la base de cÃ¡lculo de la correspondiente pensiÃ³n. De otra parte, se considera oportuno abordar un nuevo planteamiento de la protecciÃ³n de los beneficiarios de las pensiones asistenciales por ancianidad que, desde una concepciÃ³n mÃ¡s integral, permita subsumir en la prestaciÃ³n, tanto una percepciÃ³n de carÃ¡cter econÃ³mico, como una protecciÃ³n sanitaria, a la vista de las necesidades y carencias del colectivo afectado. Igualmente, se procede a modificar el concepto de unidad econÃ³mica familiar en consonancia con el criterio utilizado en otras prestaciones del sistema espaÃ±ol de la Seguridad Social, considerando a estos efectos que existe unidad econÃ³mica familiar en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarios, unidos con aquÃ©l por matrimonio por lazos de parentesco por consanguinidad o por adopciÃ³n hasta el segundo grado. Asimismo, al objeto de mejorar la gestiÃ³n de estas pensiones, se modifican algunos preceptos relativos al procedimiento de solicitud, resoluciÃ³n y extinciÃ³n de estas pensiones. Por otra parte, a los emigrantes espaÃ±oles que retornen a EspaÃ±a y que reÃºnan los requisitos para tener derecho a una pensiÃ³n de jubilaciÃ³n en su modalidad no contributiva del sistema espaÃ±ol de la Seguridad Social, salvo el referido a los periodos de residencia en territorio espaÃ±ol, exigidos en el artÃ­culo 167 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se elimina el requisito aÃ±adido de que hayan sido beneficiarios durante un periodo mÃ­nimo de dos aÃ±os consecutivos e inmediatamente anteriores al retorno de las pensiones asistenciales que se regulan en el presente Real Decreto. Con ello, se trata de cubrir situaciones de necesidad de emigrantes retornados que carecen de cualquier tipo de pensiÃ³n o prestaciÃ³n econÃ³mica pÃºblica. Por Ãºltimo, este real decreto ha sido sometido a consulta del Consejo General de la EmigraciÃ³n. En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 30 de diciembre de 2005,
ArtÃ­culo Ãºnico. ModificaciÃ³n del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes espaÃ±oles.
El Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes espaÃ±oles, queda modificado como sigue:
Â«ArtÃ­culo 2. Beneficiarios de la pensiÃ³n asistencial por ancianidad.
TendrÃ¡n derecho a la pensiÃ³n asistencial por ancianidad, los espaÃ±oles de origen que cumplan los siguientes requisitos: a) Ostentar la condiciÃ³n de emigrante.
b) Haber cumplido sesenta y cinco aÃ±os de edad en la fecha de solicitud. c) Residir legal y efectivamente en el extranjero, salvo lo previsto en la disposiciÃ³n adicional tercera, en relaciÃ³n con los emigrantes retornados. d) No pertenecer a institutos, comunidades, Ã³rdenes y organizaciones religiosas que, por sus reglas o estatutos estÃ©n obligados a prestarles asistencia. e) Carecer de rentas o ingresos suficientes en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 5 de este real decreto. f) No poseer bienes muebles o inmuebles con un valor patrimonial superior a la cuantÃ­a establecida en la base calculo de la pensiÃ³n asistencial por ancianidad correspondiente al paÃ­s de residencia, valorÃ¡ndose dichos bienes segÃºn las normas establecidas para el impuesto que lo grave. g) No haber donado bienes, en los cinco aÃ±os anteriores a la solicitud de la pensiÃ³n, por un valor patrimonial superior a la cuantÃ­a establecida en la base calculo de la pensiÃ³n asistencial por ancianidad correspondiente al paÃ­s de residencia, valorÃ¡ndose dichos bienes segÃºn las normas establecidas para el impuesto que lo grave.
Se exceptÃºa de lo establecido en el apartado f) de este artÃ­culo la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario de la pensiÃ³n.Â»
Dos. El artÃ­culo 4 queda redactado como sigue:
Â«ArtÃ­culo 4. Naturaleza de las pensiones.
1. Las pensiones tienen el carÃ¡cter de personales e intransferibles y no podrÃ¡n darse como garantÃ­a de ninguna obligaciÃ³n, salvo lo establecido en los apartados siguientes.
2. Cuando el beneficiario de la pensiÃ³n se encuentre acogido en un Centro asistencial cuyo mantenimiento estÃ© subvencionado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, la DirecciÃ³n General de EmigraciÃ³n podrÃ¡ abonar una parte de la pensiÃ³n a un representante autorizado del Centro para participar en el coste de la financiaciÃ³n de los gastos de estancia del interesado, entregando el resto directamente al mismo.
En ningÃºn caso la cantidad abonada en concepto de gastos de estancia al centro de acogida podrÃ¡ ser superior al coste real de los mismos, ni al 75 por ciento del importe de la pensiÃ³n asistencial establecida para cada beneficiario en concreto.Â»
Tres. Se incorpora un nuevo artÃ­culo 4 bis.
Â«ArtÃ­culo 4 bis. Asistencia sanitaria.
En el caso de que el beneficiario de la pensiÃ³n asistencial por ancianidad carezca de la cobertura de asistencia sanitaria en el paÃ­s de residencia o cuando teniendo derecho a ella, su contenido y alcance se considere insuficiente, los servicios competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrÃ¡n habilitar, siempre que sea posible, los mecanismos necesarios para garantizar la cobertura de dicha contingencia de asistencia sanitaria. A estos efectos se podrÃ¡n suscribir convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento jurÃ­dico que permita la cobertura de esta contingencia y que determinarÃ¡ las condiciones concretas de la prestaciÃ³n de asistencia sanitaria y su financiaciÃ³n.
En estos supuestos, del importe de la pensiÃ³n se detraerÃ¡ el coste de financiaciÃ³n de la cobertura de la asistencia sanitaria. En ningÃºn caso, la cantidad detraÃ­da podrÃ¡ ser superior al coste de cobertura de la contingencia. La cuantÃ­a mÃ­nima de la pensiÃ³n a reconocer serÃ¡, en cualquier caso, igual al 20 por ciento de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n a que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 7 del presente real decreto.Â»
Cuatro. El apartado 3 del artÃ­culo 5 queda redactado del siguiente modo:
Â«3. ExistirÃ¡ unidad econÃ³mica familiar en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarios, unidos con aquÃ©l por matrimonio o por lazos de parentesco por consanguinidad o adopciÃ³n hasta el segundo grado.Â»
Cinco. El apartado 3 del artÃ­culo 6, que queda redactado del siguiente modo:
Â«3. Cuando el solicitante o los miembros de la unidad econÃ³mica en que estÃ© inserto, dispongan de bienes muebles o inmuebles, cuyo valor patrimonial sea inferior a la cuantÃ­a establecida en la base calculo de la pensiÃ³n asistencial por ancianidad correspondiente al paÃ­s de residencia, se tendrÃ¡n en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos se valorarÃ¡n segÃºn las normas establecidas para el impuesto que los grave con la excepciÃ³n, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario.Â»
Seis. Se modifican los apartados 1, 4 y 6 del artÃ­culo 7 que quedan redactados del siguiente modo:
Â«1. La base de cÃ¡lculo de las pensiones asistenciales por ancianidad correspondiente a cada paÃ­s de residencia de los espaÃ±oles beneficiarios se fijarÃ¡ en moneda local relacionando los fondos que anualmente se consignen en la correspondiente partida presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con los indicadores econÃ³micos y de protecciÃ³n social de cada paÃ­s de residencia. A estos efectos se tendrÃ¡n en cuenta los siguientes indicadores: a) Renta per cÃ¡pita.
b) Salario mÃ­nimo interprofesional. c) Salario medio de un trabajador por cuenta ajena. d) PensiÃ³n mÃ­nima de Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales establecerÃ¡ el mecanismo de fijaciÃ³n de las bases de cÃ¡lculo de las pensiones asistenciales por ancianidad, previo informe del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, a partir de los indicadores anteriormente referenciados.
La DirecciÃ³n General de EmigraciÃ³n fijarÃ¡ anualmente la base de cÃ¡lculo de las pensiones asistenciales por ancianidad correspondiente a cada paÃ­s en euros y en moneda local, establecida conforme a lo seÃ±alado anteriormente, con efectos de 1 de enero de cada aÃ±o natural, sin que su determinaciÃ³n pueda verse afectada por las oscilaciones del tipo de cambio entre el euro y la respectiva moneda local que puedan producirse a lo largo del aÃ±o, salvo que la depreciaciÃ³n experimentada por la moneda local supere el 15%, supuesto en el que se podrÃ¡n revisar las correspondientes bases de cÃ¡lculo al objeto de corregir las desviaciones monetarias citadas.Â» Â«4. En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios con personas no beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad econÃ³mica mÃ¡s la pensiÃ³n o pensiones asistenciales por ancianidad, calculadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, supera el lÃ­mite de acumulaciÃ³n de recursos establecidos en el artÃ­culo 5, la pensiÃ³n o pensiones se reducirÃ¡n, para no sobrepasar el mencionado lÃ­mite, disminuyendo en igual cuantÃ­a cada una de las pensiones.Â» Â«6. La cuantÃ­a mÃ­nima de la pensiÃ³n a reconocer serÃ¡, en cualquier caso, igual al 25 por 100 de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n a que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo, aunque el cÃ¡lculo resultante de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en los apartados 2 y 3, hubiera dado un resultado inferior a dicho porcentaje. De esta cuantÃ­a mÃ­nima se detraerÃ¡, en su caso, el coste de la asistencia sanitaria en los tÃ©rminos reseÃ±ados en el artÃ­culo 4 bis.Â»
Siete. Se suprime el apartado 7 del artÃ­culo 7.
Ocho. El artÃ­culo 8 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 8. Procedimiento.
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a las pensiones asistenciales por ancianidad a espaÃ±oles no residentes en EspaÃ±a se iniciarÃ¡ por el interesado a su representante legal y se ajustarÃ¡ a lo dispuesto en este real decreto y a lo previsto con carÃ¡cter general en la normativa vigente sobre procedimiento administrativo.
La solicitud se presentarÃ¡ en las consejerÃ­as de Trabajo y Asuntos Sociales de las embajadas, en las secciones de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su defecto, en los consulados o secciones consulares de las embajadas. Asimismo, podrÃ¡ presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artÃ­culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn. 2. Las solicitudes deberÃ¡n acompaÃ±arse de los siguientes documentos:
a) Pasaporte espaÃ±ol vigente en el que conste la inscripciÃ³n en el Registro de MatrÃ­cula Consular como residente o, en su defecto, certificaciÃ³n consular que acredite este extremo, tanto del solicitante como, en su caso, del cÃ³nyuge, si Ã©ste fuera espaÃ±ol.
b) DNI del paÃ­s de emigraciÃ³n del solicitante y, en su caso, del cÃ³nyuge y demÃ¡s miembros que componen la unidad econÃ³mica de convivencia. c) CertificaciÃ³n acreditativa de la convivencia familiar, en su caso. d) Libro de familia, si procede. En su defecto, se aportarÃ¡ certificado de matrimonio y nacimiento del resto de los miembros de la unidad familiar. e) En caso de separaciÃ³n legal o divorcio, se aportarÃ¡ la correspondiente sentencia judicial firme o certificaciÃ³n registral. f) Partida de defunciÃ³n del cÃ³nyuge, en su caso. g) CertificaciÃ³n o justificante acreditativo de los ingresos, rentas o pensiÃ³n de cualquier naturaleza que perciba el interesado y/o los miembros de la unidad econÃ³mica de convivencia, o de no percibirse, declaraciÃ³n responsable del solicitante de que ningÃºn miembro de la unidad econÃ³mica de convivencia, incluido el interesado, percibe ingresos, rentas o pensiÃ³n de cualquier naturaleza. h) AcreditaciÃ³n del valor de los bienes donados. En caso de no haber donado bienes, declaraciÃ³n responsable del interesado. i) DeclaraciÃ³n responsable del interesado de que ningÃºn miembro de la unidad econÃ³mica de convivencia, incluido el solicitante, posee otros bienes, a excepciÃ³n de la residencia habitual, y de poseerlos acreditaciÃ³n del valor de los mismos conforme a las normas del impuesto que grave el patrimonio.
3. Las consejerÃ­as de Trabajo y Asuntos Sociales serÃ¡n competentes para realizar todos los actos de instrucciÃ³n, de los expedientes relativos a los espaÃ±oles residentes en el Ã¡mbito geogrÃ¡fico de los paÃ­ses en los que tengan acreditaciÃ³n. En los paÃ­ses en que no estÃ© acreditada dicha consejerÃ­a los expedientes se instruirÃ¡n por los servicios correspondientes de las representaciones diplomÃ¡ticas u oficinas consulares de EspaÃ±a en el extranjero.
El mencionado Ã³rgano instructor deberÃ¡ solicitar los justificantes o documentaciÃ³n procedente para verificar la situaciÃ³n personal y econÃ³mica del solicitante. PodrÃ¡, igualmente, llevar a cabo cuantas actuaciones considere oportunas, cuando con la documentaciÃ³n aportada no se hallen suficientemente acreditados los extremos necesarios para resolver. 4. Una vez ultimadas las actuaciones anteriores, el Ã³rgano instructor transmitirÃ¡ a la mayor brevedad posible mediante la utilizaciÃ³n de los medios mÃ¡s idÃ³neos, incluidos los telemÃ¡ticos, a la DirecciÃ³n General de EmigraciÃ³n las solicitudes debidamente cumplimentadas, certificando las comprobaciones y las valoraciones efectuadas a efectos de la resoluciÃ³n de los expedientes. 5. Corresponde al Ã³rgano instructor la custodia y archivo de la documentaciÃ³n integrante del expediente que haya servido de base para llevar a cabo lo establecido en los apartados anteriores. 6. Si el Ã³rgano competente para resolver comprueba fehacientemente que existe ocultaciÃ³n de datos o documentos por el interesado o que los aportados por Ã©ste no se corresponden con la situaciÃ³n econÃ³mica o personal del solicitante, procederÃ¡ a la denegaciÃ³n de la solicitud de pensiÃ³n por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artÃ­culo 2 de este real decreto.Â»
Nueve. El artÃ­culo 10 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 10. Efectos econÃ³micos.
1. Los efectos econÃ³micos de la prestaciÃ³n se producirÃ¡n a partir del dÃ­a primero del trimestre natural siguiente a aquel en que se hubiese presentando la solicitud.
2. Los efectos econÃ³micos de las prestaciones extinguidas, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 13 de este real decreto, se extenderÃ¡n hasta el Ãºltimo dÃ­a del trimestre natural en el que se haya producido la causa determinante de la extinciÃ³n del derecho. 3. La caducidad del derecho al cobro de la pensiÃ³n se producirÃ¡ transcurrido el plazo de un aÃ±o, a contar desde el dÃ­a siguiente al primer dÃ­a en que pudo hacerse efectivo el cobro por el interesado.Â»
Diez. El artÃ­culo 10 bis queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 10 bis. Abono de mensualidades devengadas y no percibidas.
En caso de fallecimiento del beneficiario de la pensiÃ³n asistencial por ancianidad, el importe de las mensualidades devengadas y no percibidas se abonarÃ¡ a quien acredite actuar en interÃ©s de los herederos o de la comunidad hereditaria.Â»
Once. El artÃ­culo 11 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 11. Incompatibilidades entre prestaciones.
La condiciÃ³n de beneficiario de la pensiÃ³n asistencial por ancianidad es incompatible con la percepciÃ³n de pensiÃ³n, subsidio o ayuda de cualquier AdministraciÃ³n pÃºblica espaÃ±ola, siempre que la cuantÃ­a de la pensiÃ³n, prestaciÃ³n o subsidio supere la establecida para la base de cÃ¡lculo de la pensiÃ³n asistencial del paÃ­s de que se trate, salvo que legalmente se prevea la compatibilidad.Â»
Doce. El artÃ­culo 12 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los espaÃ±oles residentes en el extranjero perceptores de las pensiones asistenciales por ancianidad, vendrÃ¡n obligados a comunicar, en el plazo mÃ¡ximo de treinta dÃ­as desde la fecha en que se produzca, cualquier variaciÃ³n de su situaciÃ³n de convivencia, estado civil, residencia, recursos econÃ³micos propios o ajenos computables y cuantos otros puedan tener incidencia en la conservaciÃ³n o cuantÃ­a de aquÃ©lla.
Cuando del incumplimiento de esta obligaciÃ³n se derive la percepciÃ³n indebida de la pensiÃ³n, el interesado deberÃ¡ reintegrar las cantidades no prescritas, indebidamente percibidas, a contar desde el primer dÃ­a del trimestre natural siguiente a aquel en que se hubiese producido la variaciÃ³n. 2. Los beneficiarios de las pensiones deberÃ¡n presentar todos los aÃ±os, en el plazo que reglamentariamente se establezca, la fe de vida y una declaraciÃ³n de los ingresos o rentas computables de la respectiva unidad econÃ³mica familiar, referidos al aÃ±o inmediatamente anterior, a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho a la conservaciÃ³n de la pensiÃ³n asistencial. 3. Los expedientes a que den lugar las comunicaciones de los beneficiarios a las que se refieren los apartados anteriores se tramitarÃ¡n de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 8 en relaciÃ³n con las distintas fases del procedimiento, correspondiendo a las consejerÃ­as de Trabajo y Asuntos Sociales certificar las comprobaciones y valoraciones efectuadas a efectos de la resoluciÃ³n de los expedientes, asÃ­ como la custodia y archivo de la documentaciÃ³n integrante de Ã©stos.Â»
Trece. El artÃ­culo 13 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 13. ExtinciÃ³n del derecho.
El derecho a la pensiÃ³n asistencial por ancianidad se extinguirÃ¡ cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Retorno a EspaÃ±a, salvo que concurran las circunstancias a que se refiere la disposiciÃ³n adicional tercera de este real decreto.
b) Renuncia a la nacionalidad espaÃ±ola. c) Disponer de rentas o ingresos suficientes en los tÃ©rminos que se definen en el artÃ­culo 5 de este real decreto. d) Fallecimiento. e) Residencia en paÃ­s distinto al de emigraciÃ³n por un perÃ­odo superior a seis meses. f) No presentar la fe de vida y declaraciÃ³n de rentas o ingresos a que se refiere el artÃ­culo 12.2 de este real decreto en el plazo establecido. g) Cuando se compruebe fehacientemente que ha existido ocultaciÃ³n de datos o falsedad documental en relaciÃ³n con los requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento del derecho a la pensiÃ³n asistencial.Â»
Catorce. El artÃ­culo 14 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 14. Competencia.
Corresponde a la DirecciÃ³n General de EmigraciÃ³n la gestiÃ³n, reconocimiento y pago de las pensiones asistenciales por ancianidad para los espaÃ±oles no residentes en EspaÃ±a, sin perjuicio de las competencias atribuidas en relaciÃ³n con la instrucciÃ³n y custodia de los expedientes a las consejerÃ­as de Trabajo y Asuntos Sociales, asÃ­ como a los demÃ¡s Ã³rganos a los que se refiere el artÃ­culo 8 y con independencia de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de CooperaciÃ³n en materia de protecciÃ³n y asistencia a los espaÃ±oles en el exterior, reconocidas en el Derecho internacional e interno.Â»
Quince. El artÃ­culo 15 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 15. Recursos.
Contra las resoluciones dictadas por el Director General de EmigraciÃ³n podrÃ¡ interponerse recurso de alzada ante la SecretarÃ­a de Estado de InmigraciÃ³n y EmigraciÃ³n, conforme a lo establecido en los artÃ­culos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.Â»
DiecisÃ©is. El artÃ­culo 16, queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 16. FinanciaciÃ³n y pago.
El pago de las pensiones asistenciales por ancianidad se efectuarÃ¡ con periodicidad trimestral, dentro de los lÃ­mites establecidos en la correspondiente partida presupuestaria anual del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.Â»
Diecisiete. Se suprime la disposiciÃ³n adicional primera.
Dieciocho. La disposiciÃ³n adicional tercera queda redactada del siguiente modo:
Â«DisposiciÃ³n adicional tercera. Emigrantes espaÃ±oles retornados.
1. Los emigrantes espaÃ±oles que retornen a EspaÃ±a podrÃ¡n ser beneficiarios de pensiÃ³n asistencial por ancianidad, siempre que acrediten los requisitos, salvo el referido a los periodos de residencia en territorio espaÃ±ol, exigidos en el artÃ­culo 167 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para tener derecho a una pensiÃ³n de jubilaciÃ³n en su modalidad no contributiva del sistema espaÃ±ol de Seguridad Social, hasta que alcancen el derecho a una pensiÃ³n del sistema de Seguridad Social o a otra pensiÃ³n pÃºblica, prestaciÃ³n o subsidio de cualquier AdministraciÃ³n pÃºblica espaÃ±ola, teniendo en cuenta lo establecido en el artÃ­culo 11 de este real decreto.
Las solicitudes podrÃ¡n presentarse en la DirecciÃ³n General de EmigraciÃ³n y en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artÃ­culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn. Corresponde a la DirecciÃ³n General de EmigraciÃ³n la instrucciÃ³n, reconocimiento y pago de estas pensiones asistenciales. 2. La cuantÃ­a de las pensiones concedidas al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior serÃ¡ la que se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n en su modalidad no contributiva del sistema de Seguridad Social, en cÃ³mputo anual. 3. Los efectos econÃ³micos de las pensiones reguladas en la presente disposiciÃ³n adicional se producirÃ¡n en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 10 de este real decreto. 4. El pago de dichas pensiones se efectuarÃ¡ con la periodicidad que se establece en el artÃ­culo 16 de este real decreto. 5. El derecho a las pensiones asistenciales percibidas por los emigrantes espaÃ±oles retornados se extinguirÃ¡ cuando concurra en el beneficiario alguna de las siguientes circunstancias:
a) PÃ©rdida de la condiciÃ³n de residente legal en EspaÃ±a o traslado de la residencia fuera del territorio espaÃ±ol por tiempo superior a noventa dÃ­as a lo largo de cada aÃ±o natural, salvo que dichas ausencias estÃ©n motivadas por causas de enfermedad debidamente justificadas.
b) Disponer de rentas o ingresos suficientes de acuerdo con la normativa aplicable a las pensiones de jubilaciÃ³n en su modalidad no contributiva del Sistema espaÃ±ol de Seguridad Social. c) Fallecimiento. d) No presentar la fe de vida y declaraciÃ³n de rentas o ingresos a que se refiere el artÃ­culo 12.2 de este real decreto en el plazo establecido. e) Reunir los requisitos para alcanzar derecho a una pensiÃ³n del sistema de la Seguridad Social u otra pensiÃ³n pÃºblica, prestaciÃ³n o subsidio reconocido por cualquier AdministraciÃ³n PÃºblica, teniendo en cuenta lo establecido en el artÃ­culo 11 de este real decreto. f) Cuando se compruebe fehacientemente que ha existido ocultaciÃ³n de datos o falsedad documental en relaciÃ³n con los requisitos exigidos para el acceso y mantenimiento del derecho a la pensiÃ³n asistencial.Â»
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. Referencias normativas.
Las referencias que se hacen en el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, a la DirecciÃ³n General de OrdenaciÃ³n de las Migraciones, han de entenderse realizadas a la DirecciÃ³n General de EmigraciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Beneficiarios de las pensiones asistenciales por ancianidad.
1. Las cuantÃ­as de las pensiones asistenciales por ancianidad vigentes a la entrada en vigor de este real decreto, se ajustarÃ¡n a los importes que resulten de la aplicaciÃ³n de las nuevas bases de cÃ¡lculo fijadas en el apartado cinco del artÃ­culo Ãºnico de este real decreto, asÃ­ como a la nueva composiciÃ³n de la protecciÃ³n en la que se integra la asistencia sanitaria. 2. Las revisiones anuales de las pensiones asistenciales por ancianidad vigentes a la entrada en vigor de este real decreto, se llevarÃ¡n a cabo conforme a lo establecido en su artÃ­culo 12.2.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Solicitudes pendientes de resoluciÃ³n.
1. Las solicitudes de pensiones asistenciales por ancianidad pendientes de resoluciÃ³n a la entrada en vigor de este real decreto por falta de disponibilidades presupuestarias, se resolverÃ¡n, en su caso, con efectos econÃ³micos de 1 de enero de 2006. 2. La carencia de rentas o ingresos computables para el reconocimiento del derecho a la pensiÃ³n asistencial por ancianidad se determinarÃ¡ conforme a lo previsto en el artÃ­culo 5 del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, en relaciÃ³n con la cuantÃ­a que se establezca en aplicaciÃ³n del artÃ­culo 7, segÃºn la redacciÃ³n dada a dichos preceptos por este real decreto.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. AplicaciÃ³n retroactiva de este real decreto a los emigrantes espaÃ±oles retornados.
Lo establecido en la disposiciÃ³n adicional tercera del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, en los tÃ©rminos previstos por el artÃ­culo Ãºnico punto diecisiete de este real decreto, serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los emigrantes espaÃ±oles que hubieran retornado a EspaÃ±a en los dos aÃ±os anteriores a la entrada en vigor del mismo, siempre que presenten la correspondiente solicitud en el plazo de un aÃ±o contado a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo establecido en este real decreto.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a 1 de enero de 2006.

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