Source: http://aureliennewenmapuche.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
Timestamp: 2014-07-28 14:22:32+00:00

Document:
Informacion Mapuche del Chile: mars 2011
Elisa Loncon: “Hay mucha indiferencia e ignorancia por parte del gobierno hacia la niñez indígena"
La académica y experta en educación intercultural del Departamento de Educación de USACH, Elisa Loncon, se refirió al informe sobre Violencia Institucional contra la Niñez Mapuche en Chile que presentaron diversas organizaciones en Whashington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay mucha indiferencia e ignorancia por parte del gobierno chileno respecto a la niñez indígena, hay una falta de atención y no sólo en la zona de conflicto como la Araucanía sino en todo el país. No se ha focalizado una política pública que libere a la sociedad de la discriminación y el racismo. Faltan acciones de protección, pero también de valoración de la identidad y la cultura de los pueblos originarios”, puntualizó la académica Loncon. KATIA MIRANDA, PERIODISTA Este informe concentra información recabada de violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas mapuches en Chile perpetradas por instituciones del Estado como Carabineros y Policías de investigaciones (PDI). El informe documenta casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados y pateados, torturados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus colegios, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia institucional que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos once años. Dicha investigación se presentó ante la primera audiencia para tratar la temática de la niñez indígena en Chile siendo la quinta a nivel continental. Las organizaciones que realizaron la acción fueron: Fundación ANIDE junto con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), contando con el apoyo de Kindernothilfe y Save The Children, y el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC). En palabras de la académica Loncon “las familias mapuches en territorio militarizado son constantemente investigadas, allanadas y hostigadas en sus casas, esta situación de violencia aunque no fuera directamente al niño lo afecta y perjudica causando daños irreparables, por eso el llamado es a que el Estado chileno se haga urgentemente cargo, ya que está en falta con su país y con todos los tratados internacionales sobre derechos humanos”. La experta en interculturalidad precisó el caso de la niña Vanía Queipul, estudiante mapuche de 15 años, que sufrió en 2010 la detención al interior de su establecimiento educacional en horas de clases, por ser aparentemente responsable del delito de daños simples, consistente en lanzar una piedra al edificio del Ministerio Público de la ciudad de Collipulli. “Esta niña fue procesada e investigada para finalmente salir sin cargos, pero la trataron como delincuente, la expusieron como conflictiva frente ante sus compañeros, y profesores, y ¿quién repara eso?”, señaló la académica. Para la académica es esencial que el Estado garantice a todos las y los niños indígenas el artículo Nº 30 de la Convención de los Derechos del Niño (1989) el que indica “Es derecho de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma” . Por otro lado, a su juicio “los medios de comunicación reproducen la discriminación y la poca valoración social de los pueblos en la entrega de información, muestran a los indígenas en condiciones de violencia, radicalizados, no dejando ninguna opción que la asimilación forzada, la integración”, enfatizó Loncon. “Es necesario cambiar esta práctica, de ahí la importancia de que la legislación chilena se ajuste a los tratados y convenios internacionales, que protegen a la niñez indígena, su integridad humana, su cultura y lengua. No es justo que a nombre del progreso y de los intereses económicos de los más ricos, entre ellos de las forestales, se maltrate a la infancia más vulnerada; esto habla muy mal de nosotros como país”, subrayó Loncon, De este modo Elisa Loncon sostiene que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general deben “recuperar los derechos políticos que les competen en cuanto a pueblos”, porque el tema de fondo no es sólo económico, es político, de participación en la toma de dediciones y también de valoración y aceptación, por parte de la sociedad de sus diferencias culturales y lingüísticas”. Este país debe pensarse y construirse con la diversidad de pueblos existentes; y aquí estamos en deuda con los pueblos indígenas La CIDH hará una visita en los próximos meses para recoger datos del Gobierno sobre cuántos menores mapuche han sido detenidos, procesados y por qué motivos.
Por los niños y niñas masacrados en el norte del Cauca - Colombia
ACIN: "Nuestros más sinceros y dolidos sentimientos de horror y dolor ante estos hechos. Nuestro rechazo a gritos a los bandos en guerra, a quienes disparan y a quienes los mandan, vengan de donde vengan. Nuestra repugnancia porque este terror y esta guerra son para el Capital que ahora cobardemente masacra niños y niñas para robarse el territorio y quienes dicen resistirlo, las FARC, que le ayudan a matar, a despreciar la vida poniéndose en el otro bando para eliminar pueblos. Nos duele por las comunidades, las familias, las madres, hermanas, la gente toda". ¿Quién sigue asesinando en estos territorios? ¿Cuáles son las razones de fondo de los controles territoriales que se quiere hacer en el Cauca? ¿Tiene que ver la expansión e imposición de las industrias extractivas como la minera? Monstruos y cobardes detrás de asesinatos de niños y niñas. Tejido de Comunicación de la ACIN http://nasaacin.org Por los niños y niñas masacrados en el norte del Cauca Nuestros más sinceros y dolidos sentimientos de horror y dolor ante estos hechos. Nuestro rechazo a gritos a los bandos en guerra, a quienes disparan y a quienes los mandan, vengan de donde vengan. Nuestra repugnancia porque este terror y esta guerra son para el Capital que ahora cobardemente masacra niños y niñas para robarse el territorio y quienes dicen resistirlo, las FARC, que le ayudan a matar, a despreciar la vida poniéndose en el otro bando para eliminar pueblos. Nos duele por las comunidades, las familias, las madres, hermanas, la gente toda. Nos duele. Llamamos desde el dolor a no permitir que esta masacre sea en vano, a no dejar que se convierta en una denuncia y nada más. Que se levante ese pueblo desde abajo, todo el Territorio del Gran Pueblo (Cxhab Wala Kiwe) y ponga todas sus capacidades y recursos en resistir a un sistema que masacra, despoja, compra, invade y engaña para enriquecerse. Cada muerto es un comunero, una comunera menos. Cada asesinado, busca que no pasemos de la denuncia y que nos traguemos el dolor. Vienen a robarse la cultura, el territorio, el proceso. Vienen con balas, con proyectos, con negocios. Vienen a privatizar el agua, la tierra, las minas. Vienen a convertir el trabajo de la gente en mano de obra para los mega-proyectos. Vienen a convertir a los niños y las niñas muertas, en cifras que justifiquen plata para proyectos. Convierten en mercancía el dolor. El 26 de marzo de 2011, a las 2 y 25 de la mañana, en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó, Municipio de Toribio, la policía nacional, con apoyo aéreo del “comando jungla antinarcóticos”, bombardeó un campamento del Sexto Frente de las FARC, de milicianos recién reclutados. Resultaron, según las fuentes publicadas, 16 muertos (la mayoría de ellos menores de edad) y 4 heridos por parte de los guerrilleros. Los combates siguieron todo el día y la noche siguiente: por un lado los helicópteros y avionetas sobrevolaban la zona mientras la policía se quedaba con los cuerpos en el campamento destruido y, por otro lado, los guerrilleros disparaban en dirección del campamento desde lugares cercanos. Aparte de esta lamentable violencia entre grupos armados legales e ilegales, lo que se denuncia acá, y se saca a la luz es la situación de los pobladores de la zona, los pueblos indígenas, atrapados en esta guerra. Hay que romper el círculo de silencio, de desinformación de los medios masivos, pues, mientras el señor Santos se jacta de “otro gran golpe a las FARC”, las comunidades enfrentan el incremento de la militarización, las balas impactando las casas y la tristeza de ver a sus hijos caer en medio de la guerra. Lo que viven los pobladores en las veredas de Gargantillas, La Esperanza, El Triunfo, Soto y La Playa, entre otras, no es lo que vieron los demás colombianos en los noticieros oficiales. Para ellos, la pesadilla empezó en la madrugada del sábado como contaron los habitantes de estas comunidades, toda la noche no pudieron dormir por el ruido de las explosiones de las bombas lanzadas por los aviones, cerca de las casas. “El bombardeo fue horrible, el movimiento de las casas fue terrible, hasta las siete de la mañana”, declara un habitante de la vereda de Gargantillas, “los niños están aterrados” añade. Entre la incertidumbre, la comunidad tuvo que soportar la “operación conjunta de nuestras Fuerzas Armadas” (según las palabras del Presidente), luego, la repuesta de la guerrilla. Ellos empezaron a disparar con tiros de balas y otras bombas desde sitios muy cercanos a las casas, poniendo en peligro toda la comunidad. Algunos comuneros se quedaron en sus casas, luego huyeron hasta lugares más seguros, lejos de la lluvia de balas, mientras otros salieron a buscar familiares de quienes no tenían noticias. Se colgaron las banderas blancas, única protección en situación de combate, porque ¿quién iba a protegerlos? ¿Cuál autoridad del gobierno iba a meterse entre las balas para atender a la gente? ¿Será que importa más los “éxitos” de las Fuerzas Armadas que los pueblos indígenas? No, los pueblos indígenas tenemos que atendernos nosotros mismos, a través de las autoridades indígenas que se encargaron de organizar a la gente en Asamblea Permanente para tomar medidas de protección. Son ellas, junto con los comuneros, que investigaron para saber lo que había pasado, para informar a los pobladores del lugar y para verificar si había civiles o bienes afectados. Mientras las cámaras de los medios masivos mostraban imágenes sensacionales de avionetas de la policía controlando la zona, del humo junto a las detonaciones, los comuneros aguantaban la ansiedad y se preguntaban con temor si los cadáveres detenidos por la policía eran hermanos, tíos o hijos. Se preguntaban si el niño que hace unos meses jugaba con los demás de la comunidad hace parte de los menores de edad que componen la mayoría de los cuerpos empacados en las bolsas de plástico, allá en el monte. Porque las primeras víctimas de los conflictos armados son los indígenas, son los niños involucrados en la guerrilla por estrategias de reclutamiento. A pesar del trabajo de las autoridades indígenas y de la Guardia indígena para tratar de detener el reclutamiento de sus jóvenes, haciendo asambleas, generando discusiones sobre el tema en las familias, proponiendo proyectos productivos y culturales, los guerrilleros siguen armando campamentos cerca de las viviendas, poniendo armas entre las manos de los niños. Quizá los periodistas de los medios masivos, nacionales e internacionales, mientras preparan su material de prensa sigan celebrando la coincidencia de este ataque con el tercer aniversario de la muerte del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, pasando desapercibido el horror de los niños masacrados y la suerte de mujeres, niños, mayores y familias enteras expulsadas de sus casas, andando bajo la lluvia sin siquiera saber dónde ir. “Llegaron con los carros, bajaron las bombas, nosotros recogimos los niños y salimos a correr para acá, porque no queremos estar metidos allí.” cuenta una madre de familia de la vereda del Triunfo. “Ellos dijeron que teníamos que salirnos rápido, porque iban a tirar algo más, nos asustamos, no sabíamos para dónde ir, estaba lloviendo” declara una joven de 14 años, “nos salimos, nos fuimos corriendo y cuando empezaron a disparar, las balas pasaban por allí.” Esta misma adolescente es la que salió casi de noche para pedir a los guerrilleros que pararan de disparar. Nadie ha escuchado su voz, aparte de las autoridades indígenas, ni la de una madre cargando sus dos niños, llorando por no haber podido darles de comer desde que la sacaron de su casa en la mañana; tampoco la del comunero, a quien le dijeron que su hijo estaba allá, en esas bolsas. Ahora las familias piden que los cuerpos sean entregados para poder exhumarlos y despedirse de sus familiares, a pesar de que hayan sido involucrados en la guerra. Las Autoridades Indígenas denuncian que las primeras víctimas de estos tipos de acciones siguen siendo los niños y niñas, comuneros de los pueblos indígenas. El gobierno ejecuta acciones de guerra como la que sucedió, poniendo en riesgo las poblaciones, causando daños irreparables. Frente al terror de los grupos armados, los pueblos indígenas queremos la autonomía en nuestros territorios, y no ser instrumentados por ninguno actor gubernamental, ni armado legal o ilegal, que actúan por intereses económicos y por control del poder. Como Nasas que somos, exigimos levantarnos desde el dolor a resistir, a echar a los guerreros, a los negociantes, a las transnacionales, a los que sacan ventaja del territorio. Para que la muerte no niegue el futuro a nuestro pueblo. Tejido de Comunicación de la ACIN
Los dirigentes Fabiola Flores representando a la Mesa Social Termoeléctrica Castilla Fuera, Región de Atacama, Alicia Monardes Presidenta de Junta de Vecinos de Totoral y Lucio Cuenca Director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, encabezaron marcha desde plaza de armas de Copiapó hasta Corte de Apelaciones donde presentaron Recurso de Protección solicitando se anule la ilegal Resolución de Calificación Ambiental entregada el 1 de Marzo al proyecto Termoeléctrica Castilla del multimillonario brasileño Eike Batista.www.olca.cl Con esta presentación se expresa el repudio del conjunto de las organizaciones sociales y ambientales de la Región y el país, además del pueblo de Totoral directamente afectado por el proyecto contaminante que impulsa la empresa CGX S.A. Los principales fundamentos del recurso dicen relación con la ilegal separación del proyecto en dos Estudios ambiental independientes, lo que impidió que la Comisión de Evaluación dimensionara la totalidad de los impactos que implica este Mega proyecto de Puerto, Planta térmica, desaladora y cancha de acopio de cenizas. Adicionalmente, se denuncia la ilegal modificación de la Central Castilla que siendo una industria contaminante, fue calificada por el Seremi de Salud como “Molesta” permitiendo que se ajuste al ordenamiento territorial de la zona Punta de Cachos y de esta manera facilitar que se le otorgara el permiso ambiental. Esta acción legal es complementaria con el Recurso de Protección, presentado contra el Seremi de Salud de Atacama, que ya está en trámite en la misma corte, a la espera de los descargos de la autoridad sanitaria, y que persigue anular la ilegal modificación de la clasificación industrial del proyecto. La marcha de un centenar de dirigentes de toda la Región realizada al medio día en Copiapó, culminó con la adhesión a la presentación judicial de los Diputados Lautaro Carmona y Alberto Robles, Alcalde de Vallenar Cristián Tapia, Concejales de Vallenar y Copiapó, Miembros de la Comisión de Medio Ambiente del CORE Atacama, Rosa Ahumada presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Copiapó, Jorge Godoy de la Coordinadora de Defensa del Agua de Copiapó, Antonio Llauco CONFUSAM y Javier Castillo presidente de la CUT regional, entre otros.
Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile presentado ante CIDH; por ANIDE
Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile. Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 141 Periodo de Sesiones; 25 de Marzo de 2011 Buenas tardes Presidenta e ilustres comisionados. Agradecemos a la Comisión por concedernos esta audiencia. Mi nombre es Carlos Muñoz Reyes y soy vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile. Me acompañan en esta audiencia Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto Pichikeche de Fundación ANIDE. Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor Fundación ANIDE. Georgina Villalta, del Comité coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 1) Para poner en su conocimiento la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche perteneciente a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales. 2) Solicitar el arbitrio de las medidas necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; El esquema de esta presentación es: I. Planteamiento de la situación de la violencia institucional en contra de la niñez mapuche. II. Casos de violencia institucional, ambos puntos expuestos por Ana Cortez Salas. III. Vulneraciones de derecho ejercida por el Estado de Chile hacia la niñez mapuche: la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y Ley Antiterrorista a personas menores de 18 años, expuestas por Lorenzo Morales Cortés. IV. Peticiones al Estado de Chile y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuestas por quien habla. I. Planteamiento de la situación de violencia institucional contra la niñez mapuche En Chile, se ha mantenido una política de represión y criminalización de las demandas sociales del pueblo mapuche, reflejadas en la militarización de las zonas de mayor conflicto territorial, persecución judicial de sus dirigentes y autoridades tradicionales. La violencia institucional ejercida por el Estado en las comunidades mapuche está afectando directamente a los niños y las niñas mapuche, repercutiendo en su vida cotidiana, en su desarrollo y en su integridad física y psicológica. II. Casos de violencia institucional ejercida por el Estado de Chile hacia la niñez mapuche: Las comunidades mapuche de las Regiones del Bío Bío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos se encuentran desde el año 2001 en el centro de un conflicto con el Estado chileno por su reconocimiento étnico, sus tierras ancestrales y por la deuda histórica con el pueblo mapuche. Los niños y niñas señalan con claridad una trayectoria de violencia institucional que se inicia con la vivencia de allanamientos masivos en sus comunidades, siendo uno de los elementos más graves la acción policial violenta y desproporcionada que actúa sin protocolos y ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia, conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile. Múltiples informes y declaraciones de instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, han constatado que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, las niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, éstos son objeto de violencia desmedida y acciones policíacas no reguladas ni enmarcadas en el debido proceso. Pese a que Fundación ANIDE y la RED de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, manejan una base de datos que supera los 130 casos documentados, sólo se presentan en el presente informe una sistematización de una cincuentena de casos, que datan desde el 2001 a la fecha. Estos casos presentados han sido motivo de querellas y recursos de protección, medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, motivo de informes de derechos humanos de diferentes organismos, sujeto de reportajes de medios de comunicación, respaldados con documentación oficial de carácter clínico. Una de las razones por las cuales no se presenta la totalidad de casos, es el temor a represalias del estado chileno a la presentación de una denuncia pública. Por otra parte, está la falta de confianza y de credibilidad en el sistema de administración de justicia que tienen las comunidades mapuche en conflicto con el Estado. Por último, declaramos que no existen estudios cuantitativos de los casos de violaciones a los derechos de los niños y niñas mapuche, perpetrados por el Estado chileno, y que estas violaciones a sus derechos han sido invisibilizadas. A continuación, se enumeran los siguientes casos presentados en el informe. 1. Homicidio de una persona menor de 18 años, Alex Lemun Saavedra el año 2002, en el marco de una protesta social por recuperación de tierras. 2. Heridas productos de balines en diferentes partes del cuerpo a niños y niñas, como por ejemplo el caso de un bebé de 9 meses de edad de la comunidad Juan Catrilaf II, octubre del 2009. 3. Asfixias por bombas lacrimógenas en casa habitación y recinto escolar, como por ejemplo el allanamiento a la comunidad tradicional de Temucuicui, en octubre del 2009. 4. Encañonamiento y golpes con armas de fuego, y patadas como el caso de las comunidades Pascual Coña y Venancio Ñeguey, agosto del 2009. 5. Tortura y tratos inhumanos durante la detención como por ejemplo los casos de tres jóvenes menores de 18 años, imputados por Ley Antiterrorista, entre el año 2008 – 2009. 6. Rapto, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, como el caso de un niño de 14 años de la comunidad de Rofúe, octubre del 2009. 7. Interrogatorios ilegales en establecimientos educacionales, como el caso de la Escuela Blanco Lepín Rewe Kimun, de la comuna de Lautaro, octubre del 2010. 8. Discriminación racial y violencia psicológica de corte racista, como el caso de un niño de 15 años, de la comunidad de Temucuicui, febrero del 2008. 9. Detenciones arbitrarias, como el caso del niño de 16 años, de la comunidad Autónoma de Temucuicui, diciembre del 2008. 10. Interrogatorios que no respetan el debido proceso, como por ejemplo el caso de una niña de 5 años de edad detenida e interrogada en el sector de Yeupeko, diciembre del 2006. 11. Detenciones sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, como el caso de un niño de 17 años, primer imputado por Ley Antiterrorista. 12. Hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, como el ocurrido en la Escuela Chihuahue, en julio del 2006. 13. Amenazas de muerte, como el caso de un niño de 8 años ocurrido en febrero del 2009. 14. Registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres, como el caso de los 14 niños y niñas detenidos en el Liceo de Ercilla, julio del 2009. Todos estos casos ilustran una política del Estado de Chile que vulnera los derechos de los niños y niñas mapuche. Adicionalmente, no existe una política pública adecuada y con pertinencia cultural que repare los daños a la salud mental de niños, niñas y sus familias producto de la violencia institucional de las fuerzas policiales. Lo que indica que no ha habido respuesta del Estado en materia de protección especial. III. Vulneraciones de derecho ejercida por el Estado de Chile hacia la niñez mapuche: la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y Ley Antiterrorista. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) tuvo como objetivo adecuar la legislación interna a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a las pautas mínimas requeridas para la administración de justicia a personas menores de 18 años. Sin embargo, en los casos que detalla el Informe se puede constatar que en su aplicación se hace caso omiso de este principio, aplicándose: 1. Técnicas de inteligencia policial 2. Interrogatorios ilegales 3. Ofrecimiento para ser “colaborador” a cambio de una recompensa monetaria 4. Extracción de sangre de personas menores de 18 años sin la presencia ni la anuencia del tutor, ni menos de su abogado defensor. A modo de ejemplo de la deficiente aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, presentamos el caso del adolescente mapuche L.Q.P de 17 años de edad, de la comunidad Chequenco, que el 20 de octubre del año 2009 fue herido por Carabineros con 176 perdigones en el cuerpo, resultando con una lesión de ocho centímetros en su pantorrilla izquierda, teniendo como consecuencia una discapacidad grave. Dos meses después, mientras se encontraba en recuperación médica, fue detenido por Policía de Investigaciones de Chile en la ciudad de Santiago, donde se había trasladado para recibir ayuda médica. En ese lugar, y debido a su grave condición de salud, sufrió un paro cardiorrespiratorio, siendo trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Fue imputado por los delitos de homicidio frustrado contra Carabineros de Chile, incendio intencional, robo con intimidación y porte ilegal de armas. Posteriormente, fue trasladado hasta un centro de detención con medida cautelar de Internación Provisoria por seis meses, siendo finalmente absuelto en dos juicios orales entre junio y septiembre del 2010. Sobre la aplicación a personas menores de 18 años mapuche de la Ley 18.314 (ref.20.467) que determina conductas terroristas. Desde el año 2008, esta ley ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años mapuche. El año 2010 tuvo lugar una prolongada huelga de hambre de 34 comuneros mapuche, en la cual participaron dos personas imputadas por supuestos delitos terroristas que habrían cometido a los 17 años. Al finalizar la huelga, se acordó modificar la Ley Antiterrorista en varios puntos, entre ellos para excluir a las personas menores de 18 años de su aplicación. Sin embargo, a pesar de esta reforma, el Ministerio Público ha insistido en la invocación de esta Ley en casos de personas menores de 18 años. Por otra parte, el Servicio Nacional de Menores llegó a un acuerdo con uno de los jóvenes en huelga de hambre que estaba bajo su responsabilidad y custodia, para generar la puesta en marcha de un observatorio de infancia, y la creación de una defensoría de infancia, acuerdos que hasta la fecha no han tenido cumplimiento. A modo de ejemplo, presentamos el caso de L.M.C. de 17 años, de la comunidad Cacique José Guiñón, imputado por homicidio frustrado terrorista, incendio y asociación ilícita terrorista. El joven fue detenido cuando se encontraba en la sala de clases del Liceo Técnico Profesional Pailahueque, por personal de civil, no identificado. Fue interrogado ilegalmente, y sometido a apremios ilegítimos. El joven permaneció 9 meses en reclusión, y se encuentra actualmente con arresto domiciliario parcial desde el día 11 de febrero del presente año. IV. Tomando en cuenta los hechos expuestos en el contexto de violencia hacia la niñez mapuche, las peticiones A.- Al Estado de Chile son: Peticiones de cambios normativos internos e institucionalidad. - Que el Estado diseñe y aplique protocolos explícitos que regulen el uso de la fuerza de las policías en los procedimientos que involucren a niños, niñas y adolescentes, y que estos sean coherentes con los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales. - Que Chile de cumplimiento a la aplicación efectiva del Protocolo Facultativo contra la Tortura, y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos, creando la instancia nacional de prevención. - Que se proponga con suma urgencia, desde el poder legislativo y con respaldo del ejecutivo, una moción parlamentaria de total exclusión de la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref.20.467) a personas menores de 18 años en cualquier etapa del proceso judicial. - Que el Estado genere, en conjunto con la sociedad civil, y con la participación activa de los niños y las niñas, una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez que se ajuste a los principios de la Convención Internacional de Derechos del Niño. - Que se creen mecanismos de protección y asistencia expedita a los niños y niñas víctimas de violencia institucional y vulneración de derechos; - Que el Estado cree la figura del Defensor Autónomo de la Niñez, para contar con un sistema integral de protección a la niñez. Peticiones de políticas públicas: - Que el Estado de cumplimiento a cabalidad a los acuerdos suscritos por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) con los jóvenes imputados por Ley Antiterrorista siendo personas menores de 18 años. - Que el Estado genere espacios de participación de la sociedad civil y la niñez para el diseño de una política de protección integral. - Que se generen instancias obligatorias de capacitación en enfoque de derechos de la niñez para todos los funcionarios públicos, incluidos jueces, fiscales, defensores públicos, personal de la salud, trabajadores del área de educación, las fuerzas armadas, de seguridad pública, incluidas sus Fuerzas Especiales, las Agencias de Inteligencia, y otras. Aprovechando este espacio en el cual se encuentran representantes del Estado chileno junto a la Comisión, Es oportuno presentar algunas de las peticiones hechas por los adultos, los niños y las niñas de las comunidades mapuche Cacique José Guiñón y Mateo Ñirripil, que ellos identifican como causales de la violencia institucional de Estado: - Que se restituyan las Tierras Ancestrales usurpadas. - Que se termine con la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche, y que se libere a los presos políticos mapuche. - Que se retiren a las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de sus comunidades; IV. Para finalizar nuestra presentación, las instituciones solicitantes y las comunidades mapuche, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: - Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formule recomendaciones al Estado de Chile para la adopción de medidas urgentes que pongan fin a la violencia institucional descrita en este informe; y haga un seguimiento a sus recomendaciones al Estado de Chile, en conjunto con los peticionarios de esta audiencia. - Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicite al Estado de Chile una invitación para una visita in loco, junto al Relator de la Niñez y de Pueblos Indígenas, con el objetivo de visitar las comunidades en conflicto con el Estado, y abordar exclusivamente las graves violaciones a los derechos de los niños y niñas mapuche con estas comunidades, y los peticionarios. - Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publique los resultados de su visita in loco en un informe. - Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitoree el acatamiento de las recomendaciones al Estado de Chile en el marco de las peticiones de esta audiencia. - Por último, como instituciones que trabajamos por los derechos de todos los niños y niñas en Chile, y en América Latina y el Caribe, no podemos dejar de manifestarle a la Comisión nuestra profunda preocupación por las graves vulneraciones de derechos de las que han sido víctimas los niños y niñas del Pueblo Rapa Nui en un contexto similar al del Pueblo Mapuche. (FIN/NIÑEZ INDIGENA EN CHILE /CIDH/MARZO 2011)
Javier sabía todo sobre los pájaros. De lejos, un puntito en el viento era un halcón cortejando a una halcona. Un sonido en el bosque, como cuando una rama se quiebra, eran dos chochines jugando al tú la llevas. Cuando culminaba una cima catalana, Javier sacaba de su mochila una flauta y con sus notas tocaba cuentos de cóndores sudamericanos a los pájaros de allí. Cuando subió los Andes, a los pájaros autóctonos les habló del Oriol y elPitroig de los Pirineos. Y de tanto cantarles historias avícolas y tanta mediación intercultural, aprendió su idioma. Javier y sus sabidurías de ornitólogo daban conferencias, charlas y talleres. Según él -cuando nadie decía eso- había que tomar en serio a los pájaros, pues le contaban que el clima estaba cambiando, que estaba caprichoso. Que llovía sin nubes y que los rayos del Sol abrasaban más de lo normal. Que los aires estaban sucios, que se respiraba mal, y que los médicos diagnosticaban muchos asmas en patos y muchas alergias en palomas por tanta suciedad volátil de esas chimeneas. El agua de los ríos, las garzas y los correlimos la escupían –le decían- porque sabía a detergente y a nitratos. Y cada vez el problema inmobiliario era más acuciante por tantos árboles talados y tantas selvas quemadas. Cada año, en los finales del invierno, Javier era el primero en ver llegar las golondrinas. «Cuando veas las primeras bandadas de golondrinas- decía- tienes que revolcarte con la barriga en el suelo y tendrás un año de fortuna y sin dolores de vientre». Y él lo hacía siempre cada año, estuviera donde estuviera, estuviera con quien estuviera. Pero ese año de estaciones cambiadas las golondrinas no llegaron y Javier no pudo retozar en la tierra, rebozarse con ella, ser parte de ella. Y le entró una tristeza impropia. Pasó, según el calendario, la primavera falsa. Y fue cuando llegó un verano mentiroso, que Javier y su amada subieron tres montaña y dos colinas para observar el nacimiento de un bebe quebrantahuesos. Y fue cuando una tormenta de nieve imprevista y brutal los cubrió por completo. A los dos. Por eso, desde entonces, si ustedes se fijan bien, verán que quien anuncia la primavera, son siempre dos golondrinas juguetonas y felices, que pían. -¡Vuelvan a la tierra! -- Gustavo Duch Guillot ------------------------------ PALABRE-ANDO: http://gustavoduch.wordpress.com LO QUE HAY QUE TRAGAR: http://loquehayquetragar.wordpress.com/ "Porque contar es otra forma de caminar"
Agentes estatales Militarizan Territorio Mapuche para “Inaugurar Escuela de Niñ@s”
Según ha informado la Alianza Territorial Mapuche, en horas de la mañana de hoy, un gran contingente de la policía militar chilena literalmente han invadido los sectores aledaños a la escuela “Chakaimapu” enclavada en la comunidad Wañako Millao, colindante con el lof Temucuicui, al parecer, con el objetivo de resguardar a las autoridades wigka (chilenas) que concurren a dicha escuela con la finalidad de inaugurar sus nuevas dependencias materiales...Imagen: archivo Internet FUENTE: PU LOF XAWVN Ercilla, territorio mapuche wenteche, 30 de marzo de 2011 - Según han informado dirigentes y autoridades de las comunidades mapuche de la zona de Ercilla, en horas de la mañana de hoy miércoles 30 de marzo, gran contingente de la policía militar chilena literalmente han invadido los sectores aledaños a la escuela “Chakaimapu” enclavada en la comunidad Wañako Millao, colindante con el lof Temucuicui, al parecer, con el objetivo de resguardar a las autoridades wigka (chilenas) que concurren a dicha escuela con la finalidad de inaugurar sus nuevas dependencias materiales. Para el Longko de dicho territorio mapuche Juan Carlos Curinao, aquello no sería sólo un acto de provocación hacia la gente que transita libremente los caminos del sector “sino un claro acto de discriminación y abuso de poder, porque no es habitual ver que la simple inauguración de una escuela deba movilizar una fuerza policial temeraria como ésta”, indicando que hay una molestia generalizada de su gente contra carabineros por la represión que ha ejercido recientemente en su contra a causa de la reivindicación territorial. Cabe recordar que allí, se ha construido una nueva escuela dado que las antiguas dependencias habían sido destruidas producto de un incendio, donde la Municipalidad de Ercilla es propietaria de la misma. Sin embargo, para el Longko del sector, lo importante no dice relación tanto con la infraestructura como con la calidad que históricamente ha significado la presencia de la escuela en su comunidad, manifestando que “aquí no tiene ninguna relevancia construir si quieren el edificio del más avanzado que exista, porque los niños seguirán rindiendo los peores resultados educativos como ha sido hasta ahora, debido a que los profesores wigka que vienen no saben, lo que les interesa aprender y menos enseñar, partiendo por la directora de la escuela Miriam Valdivia que odia a los mapuche”, señaló el Longko Curinao. Para la autoridad mapuche “lo más grave es que desprecian a los mapuche y niegan nuestra lengua y nuestra cultura. Entonces, como mapuche quedamos doblemente perjudicados con la escuela, por una parte nos quita la lengua la historia y la cultura y por otra parte nos deja igual de analfabetos en el conocimiento wigka. Ahora, seguramente usaran a nuestros niños para hacer bailecitos mapuches para la prensa y las autoridades chilenas”, indicó con mucha molestia el Longko. En ese contexto, dirigentes de la ATM en otros sectores del territorio mapuche han expresado también su preocupación en materia educacional, en tanto se sigue vulnerando a los niños mapuche en la obtención de una educación de calidad y, al mismo tiempo la permanente negación de la educación mapuche. Lo cual, se intenta blanquear con la folklorización de las demandas mapuche, en la medida que ya no se ven actos públicos en la región donde el gobierno chileno no utilice a niños mapuche para danzar frente a los medios con vestimentas tradicionales.
RESUMEN DE PERITAJES POR CONTAMINACIÓN CELULOSA CELCO EN VALDIVIA
Resumen de las principales conclusiones de los peritajes judiciales de la demanda Consejo de Defensa del Estado (CDE) por contaminación de la Planta Nueva Aldea de Celulosa Celco – Arauco en el río cruces y sus impactos a los ecosistemas de Valdivia. / Conclusión Final: CELCO CONTAMINA…Gentileza: Aldea Comunicaciones Resumen de las principales conclusiones de los peritos judiciales: Peritajes entregados el 14 de marzo de 2010: Perito Irma Vila (limnóloga) estimó que lo que ella calificó como “cambios ambientales” y no daño ambiental, sería una consecuencia de procesos ecológicos naturales del humedal, como la sedimentación y factores climáticos. Sin embargo, es necesario tener presente, que su opinión era esperable ya que ella formó parte del equipo que trabajó en la elaboración de una hipótesis que planteó el profesor Marín de la Universidad de Chile y que fuera invocada por Celco como argumento de su defensa. Por ello, en su momento, el CDE ante la designación de la Sra. Vila como perito judicial, interpuso los recursos correspondientes haciendo presente al tribunal, que la Sra. Vila no reunía el requisito de la imparcialidad necesaria para un perito, porque ya había anticipado su opinión públicamente a través de un informe invocado y acompañado por Celco en el expediente para buscar exculpar su responsabilidad, atribuyendo los cambios a causas naturales y no asociadas a Celco. Perito Juan Enrique Sánchez concluye: “la empresa Celco, es la única responsable de la desaparición total y repentina del luchecillo en los ríos Cruces, Cayumapu, Pichoy, debido a los vertidos químicos de Celco en su puesta en marcha del año 2004”. Perito José Pedro Reyes concluye: “El colapso ecosistémico del humedal del río Cruces está directamente correlacionado con la conducta de los responsables de la empresa por medio de sus acciones de incumplimiento de las normas ambientales”. Perito Julia Rodriguez concluye: “Los daños en el medio ambiente que originaron el colapso ecosistémico del humedal del río Cruces, fueron originados por la conducta de la empresa a través de sus acciones transgresoras de las normas ambientales” Perito Lohengrin Cavieres (Doctor en Ciencias Biológicas) concluye: “En mi opinión, los altos contenidos de clorato del efluente de la Planta Valdivia de la empresa Celco, que en varias ocasiones sobrepasaron lo permitido entre los meses de febrero a abril del año 2004, tuvieron una ingerencia importante en predisponer al luchecillo a una menor capacidad de tolerar la exposición a la intemperie (sequía) en la zona de los bañados en las bajas mareas, y las bajas temperaturas del invierno” Peritajes entregados el 25 de marzo de 2010: Perito Jorge Alvarado, concluye: "Una mayor cantidad de evidencia a favor de la hipótesis de contaminación industrial, la cual es la única capaz de explicar la totalidad de los hechos y patrones tales como, desaparición de la casi totalidad de las plantas acuáticas sumergidas, que esta desaparición haya ocurrido en todo el ámbito de influencia del cuerpo de agua del humedal, que se hayan visto afectadas (intoxicadas) las aves acuáticas herbívoras, que estos efectos se hayan presentado en unos pocos meses luego de la puesta en marcha de la planta Celco y que no haya ocurrido recuperación del sistema". Perito Pedro Victoriano, concluye: "De acuerdo a los registros sobre los compuestos vertidos por la Planta Celco, el anión clorato fue detectado en cantidades importantes en el efluente, desde la puesta en marcha por más de dos meses durante el 2004. Dada la naturaleza química del clorato, que le confiere alta estabilidad y su carácter de biocida, debió afectar negativamente a la población de luchecillo del río Cruces. Estos efectos se sumaron a las condiciones ambientales desfavorables a las que había estado sometido el luchecillo generando su disminución drástica"
Werkén Francisco Vera Millaquén sobre el Proyecto de Reforma Constitucional y Pueblos Indígenas, el desconocimiento de Derechos y el proceso viciado p
“Uno de los argumentos que nosotros tenemos para objetar ese reconocimiento, ese proyecto, precisamente es que hoy día no se ha hecho consulta”, afirma Francisco Vera. Durante este mes, el Gobierno ha planteado su intención de realizar la consulta respecto del proyecto de ley para ajustarse a lo que determina el Convenio 169. Sin embargo, en la discusión inicial de la iniciativa, los pueblos indígenas no fueron consultados. No sólo se incumple una obligación internacional, sino que además se vulnera una garantía constitucional consagrada en el artículo 5° de la Constitución.Por Mariana Ardiles y Cristián Sanhueza Sentidos Comunes http://www.sentidoscomunes.cl/2011/03/por-que-los-mapuches-desaprueban-el-proyecto-de-reconocimiento-constitucional-a-los-pueblos-indigenas/ Francisco Vera Millaquén es werkén de la comunidad mapuche huilliche Pepiukelen, en Pargua, Calbuco. Desde allí ha realizado diversas gestiones orientadas a reivindicar los derechos de su pueblo. Fue en Calbuco donde, en 2005, se creó un Consejo de Organizaciones Indígenas que hoy reúne a seis agrupaciones de la zona. Ese año, Francisco participó en un programa del Minsal referido a salud y pueblos indígenas, y en 2007 comenzó a trabajar con otra organización mapuche en un proceso de lobby parlamentario en torno a la Ley de Borde Costero para Pueblos Originarios que se tramitaba en ese entonces. En marzo, Vera Millaquén estuvo en Santiago para reunirse con la Comisión de de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Anteriormente había estado en la Comisión de Pueblos Originarios. ¿El motivo? El proyecto de Ley de Reconocimiento Constitucional a los Pueblos Indígenas, cuyo contenido no los deja conformes y no se ajusta al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en marzo de 2008, luego de un largo trámite parlamentario -el proyecto del Convenio se ingresó al Parlamento en enero de 1991-. El proyecto de Ley de Reconocimiento Constitucional comenzó a discutirse a fines del año 2007, a partir de dos proyectos distintos que más tarde se unieron para formar uno solo. En octubre de 2010, la iniciativa incluso estuvo en urgencia de discusión inmediata -es decir, con un plazo de tres días para la tramitación- luego de que la huelga de hambre de los presos mapuches pusiera en la mira al gobierno chileno respecto de su trato hacia los pueblos indígenas. Pero la urgencia tuvo que ser retirada prontamente, ante la presión de varios dirigentes hacia los parlamentarios, pues se oponían a que se aprobara un proyecto inconsulto. Tan estrecho plazo para discutir la iniciativa impedía aplicar lo que dicta el Convenio 169 en la materia… y que sigue sin aplicarse. “Para nosotros este reconocimiento constitucional no es tal. No es un reconocimiento, más bien es un desconocimiento que se quiere hacer constitucional”, dice Vera Millaquén. Como consta en su carta a los parlamentarios y a los miembros del Instituto Nacional de DD.HH., el werkén pide que el proyecto actual se archive y que se ingrese uno nuevo, que sea consultado con los pueblos indígenas. ¿Cuáles son las falencias que, según denuncia, existen en la iniciativa legal que se tramita actualmente? NO SE HA CONSULTADO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR EL PROYECTO Según establece el Convenio 169 de la OIT, cuando éste se aplica, el Gobierno deberá “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (artículo 6, IA). Y es que la consulta constituye la columna vertebral del Convenio, tal como lo ha señalado la misma OIT. El Estado chileno está en la obligación de consultar a los pueblos originarios, en tanto que el mismo Tribunal Constitucional sostuvo que las normas que regulan el derecho a consulta son jurídicamente vinculantes, distinguiendo entre normas “programáticas” y “autoejecutables”. La razón: el ministro Secretario General de Gobierno de la época, José Antonio Viera-Gallo, manifestó que gran parte del Convenio eran normas programáticas que se cumplirían en la medida de lo posible. Esta expresión revela la importancia que el acuerdo tenía para el Gobierno. “Uno de los argumentos que nosotros tenemos para objetar ese reconocimiento, ese proyecto, precisamente es que hoy día no se ha hecho consulta”, afirma Francisco Vera. Durante este mes, el Gobierno ha planteado su intención de realizar la consulta respecto del proyecto de ley para ajustarse a lo que determina el Convenio 169. Sin embargo, en la discusión inicial de la iniciativa, los pueblos indígenas no fueron consultados. No sólo se incumple una obligación internacional, sino que además se vulnera una garantía constitucional consagrada en el artículo 5° de la Constitución. A opinión del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, una reforma constitucional —con el objeto de un reconocimiento a los pueblos indígenas— cumplirá con el Convenio 169 en la medida en que considere la opinión de los pueblos originarios mediante una consulta previa, informada, de buena fe, sistemática, adecuada y a través de las instituciones representativas. Es una tarea importante para un Estado que al momento de legislar sobre el decreto que regula hoy la consulta en Chile tampoco les preguntó. Así, realizar una consulta en el actual estado de las cosas significaría aplicar un Decreto de dudosa constitucionalidad. LA NACIÓN ÚNICA E INDIVISIBLE El texto propuesto en el proyecto de ley reemplaza el actual artículo 4º de la Constitución por el siguiente: “La nación chilena es única, indivisible y multicultural”. Única e indivisible: Los pueblos indígenas no están de acuerdo con calificar a la nación chilena de esa manera. “Para nosotros es ofensivo y es discriminador inmediatamente”, dice el werkén mapuche. “Antes de que se fundara Chile había pueblos en este lugar, que eran los pueblos originarios y eso hoy día no se quiere reconocer”, agrega. La clase política, perteneciente en mayor medida a la Alianza por Chile, persiste en sostener la unicidad de la nación. Cuando la ecuación da como resultado el concepto “pueblo” originario y su reconocimiento, la configuración de un Estado debe ser, necesariamente, plurinacional. Es una cuestión que a la derecha le molesta, pues creen que debilita la soberanía de Chile. Yendo más lejos, el jurista e historiador Bartolomé Clavero dijo en una visita a nuestro país: “Una Reforma Constitucional en Chile que no considere como cuestión clave la autonomía política (…) evidentemente no estaría cumpliendo con el Convenio 169”. Tras las palabras de Clavero se encuentra el ADN de la situación: el Convenio tiene por fin empoderar a los pueblos originarios con la responsabilidad de definir su propio futuro en cuanto a indígenas. Un espacio consagrado para el debate soberano. EL NO RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico no contiene una definición clara del asunto y que tampoco contempla acciones “colectivas” por regla general —salvo en la Ley del Consumidor—, los instrumentos internacionales sí la tienen y con bastante claridad. Tanto el Convenio 169 como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas —ambos ratificados y vigentes en Chile— consagran derechos colectivos, pero ¿qué es realmente lo colectivo? La Constitución asegura a todas las personas un conjunto de derechos fundamentales que todo individuo debe respetar y que el Estado está en la obligación de tutelar. Éstos no están en clave de colectivos como sujeto de derecho: están pensados en un plano de igualdad, pues toda persona sin distinción de clase, raza, ideología, etcétera, los posee en tanto que ser humano. Hablamos del paradigma de los derechos liberales, más personales. En otra hipótesis, hablamos de derechos colectivos cuando la ley contempla dentro de su propia prescripción el reconocimiento de derechos a un grupo determinado de personas en su condición de tal. Cuando hablamos de pueblos originarios no se trata de un grupo de personas que comparten un derecho personal. No es que cada uno detente tal derecho y todos juntos también, pero cada uno por sí solo. Por el contrario, los pueblos indígenas son un titular de derecho en su conjunto: en el pueblo es en el que recaen los derechos específicos y que la ley prescribe. A este sujeto plural lo envuelven derechos que lo elevan a ser titular de derechos, en este caso, fundamentales (Convenio 169). Por ello, la reforma constitucional debe asumir la colectividad como sujeto de derecho y así estar en sintonía con las obligaciones internacionales. NO SE RECONOCEN LOS PUEBLOS ANCESTRALES La ausencia de un reconocimiento explícito a la calidad de pueblos ancestrales de los indígenas implica que tampoco se reconocen los territorios de dichos pueblos. Francisco Vera explica cómo desde los tiempos de la Colonia, la Corona española reconocía la autonomía del territorio mapuche desde el Biobío hasta Chiloé. En 1825, durante el gobierno de Ramón Freire, se reconoció ese territorio mediante el Tratado de Tapihue. Allí se establecía el Biobío como la frontera en la que se iniciaba el territorio mapuche. Sin embargo, con la llamada pacificación de la Araucanía, en la segunda mitad del siglo XIX, se concretó el avance militar y la anexión de la zona. Actualmente, Vera Millaquén denuncia la alta presencia policial en el sector, una militarización, y cuenta que es a partir de la reivindicación del territorio que se han producido detenciones y arrestos. “Toda esta situación con los juicios que ha habido, en territorio mapuche principalmente, no podría existir habiendo un reconocimiento real, porque todos los presos políticos que hay hoy día están presos justamente por reivindicar el derecho del territorio”, explica. La aplicación de la Ley Antiterrorista en casos de reivindicaciones de territorios mapuches ha marcado la pauta. Mientras que bajo la tutela de la justicia militar el responsable de la muerte de Matías Catrileo fue condenado a tres años de firmas, al líder de un movimiento indígena se le condena a 25 años de privación de libertad, con un método que, por cierto, vulnera un debido proceso en un Estado de Derecho. De esta forma, mediante la presencia de un Estado Policial —como objeto simbólico— y de una justicia militar —como sanción ejemplificadora— Chile evita enfrentar un diálogo necesario con los pueblos involucrados con el fin de llegar a un consenso democrático y justo a una reivindicación con carácter de lucha social. Francisco Vera Millaquén plantea que, de realizarse un reconocimiento constitucional con las características que ellos plantean, se debería dejar de judicializar las causas indígenas, que, según explica, corresponden a reivindicaciones territoriales. Además, se tendrían que desmilitarizar las zonas de población indígena. “Ese tipo de cosas deberían ser efectos inmediatos de un reconocimiento real”, dice el werkén.
MAPUCHES DEFIENDEN EL VALLE DE ACONCAGUA ANTE AMENAZA DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO
El pasado sábado 26 de marzo, Mapuches del Valle del Aconcagua realizaron una oración ancestral al lado del río Aconcagua por la vida del territorio y efectuar su más enérgico rechazo a la posible construcción del nefasto Proyecto Aconcagua o Represa Puntilla del Viento, según señalaron.La ceremonia fue encabezada por el lonko Manuel Currilen, su señora Mónica Liempi y dirigentes Mapuche del Valle de Aconcagua. Sobre el proyecto que amenaza Currilen señaló que dicho proyecto adolece de regularidades y es inconstitucional, pues no respeta la normativa vigente y los tratados internacionales que se refieren a la consulta y participación de los Pueblos Indígenas en proyectos Medioambientales, normativa internacional que está consagrada en el Convenio N° 169 de la OIT para Pueblos Indígenas, por lo tanto, los resultados mediomabientales y los técnicos no tienen ninguna validez jurídica ya que no consultó a los Pueblos Indígenas afectados por este Proyecto. “Por lo tanto, quien falta a la verdad y no cumple con los protocolos y obligaciones internacionales acordados es el propio estado y sus funcionarios, y en conclusión, dicho proyecto de Embalse no tiene ningún sustento de derecho jurídico y moral, ya que, casi todo su proceso ha conculcado los derechos de las familias indígenas afectadas que aquí viven”, dijo Manuel Currilen. “El estado” -dijo el Lonko Currilen Cheuquel- “ha olvidado que aquí viven los Mahuida (apellido único y totémico de este lugar), los Cona, los Curin, Los Imilmaqui, Iniñir y tantos otros que lucharan por defender estas tierras y el río... Si el estado se mete con un mapuche, se mete con todo su Pueblo y sus dirigentes.. y nosotros no dejaremos solos a nuestro hermanos, por lo tanto, este caso se lo estamos presentando a nuestros máximos dirigentes indígenas que participan en la ONU y OEA para que se sepa lo que aquí se está fraguando”... Más información en: http://consejoaconcaguaarriba.blogspot.com/ y película en: http://www.vimeo.com/21504707
Bolivia: Lecos tienen un plan de vida para manejar su territorio
El plan contempla áreas de trabajo como son salud, educación, servicios básicos, cultura, control territorial y aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables... FUENTE: AINI La Paz, Bolivia - El pueblo indígena Leco cuenta con un Plan de Vida donde los y las indígenas han establecido sus prioridades, el tipo de relación que quieren con el Estado y la sociedad, su relación con la naturaleza y las potencialidades productivas que tiene su territorio. Angel Durán, dirigente leco que ha trabajado en el Plan de Vida asegura que después de avanzar en el saneamiento de su territorio decidieron iniciar la planificación territorial con la intención de ir avanzando en la autonomía indígena. “El plan de vida nos ha costado dos años construirlo desde el 2008, dentro del plan hemos hecho un diagnostico comunal; después un censo comunal poblacional, un mapeo de nuestro territorio por zona, lo cual refleja todas nuestras necesidades de desarrollo pero con identidad”, asegura Durán. Para la elaboración del plan se realizaron 100 talleres comunales donde han participado 17 comunidades y contaron con el apoyo técnico de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB. El plan de vida leco es una guía que permite al pueblo indígena avanzar hacia lo que ellos consideran el vivir bien y no permitir la imposición de proyectos. “Todas las instituciones que quieran hacer algún proyecto tienen que hacerlo sobre la base de nuestro plan de vida, con la participación de nuestros dirigentes comunales” asegura el dirigente leco. El plan contempla áreas de trabajo como son salud, educación, servicios básicos, cultura, control territorial y aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables. Por ejemplo, en el área de aprovechamiento de recursos naturales, a decir de Durán, ya se tiene algunos avances. “Nuestra primera experiencia ha sido con el aprovechamiento del majo de donde se extrae leche de majo, otra iniciativa es con el fondo indígena donde nos han aprobado un proyecto de 900 mil dólares para la construcción de un albergue eco turístico en la comunidad indígena de Toreba. Ahora también estamos en la etapa de realizar un convenio con el gobierno para apoyar el tema de ganadería y café ecológico en la TCO, en el tema de minería las comunidades están sacando oro de forma artesanal del rio San Lorenzo y finalmente estamos con el tema del arroz ecológico para el consumo interno” dice Durán.
Fotografía de Survival.- FUENTE: Servindi Ante la grave problemática que afecta a los pueblos indígenas en aislamiento, el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay (CIPIACI) propuso establecer un mecanismo de prevención y monitoreo regional de la situación de los derechos de esta población. Planteó además, agilizar el otorgamiento de medidas cautelares solicitadas con fines de protección; y promover medidas concretas a nivel de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Estas fueron algunas de las medidas expuestas por Jaime Corisepa, Coordinador General del CIPIACI, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública realizada el pasado viernes, en el marco del 141° periodo de sesiones de esta entidad. El líder indígena resaltó también la necesidad de efectuar acciones concretas para frenar los procesos de genocidio que están sufriendo estos pueblos a través de los contactos forzados, invasión territorial y asesinatos. Agregó, que desde la CIDH se debe promover la aplicación de políticas transfronterizas para la protección de los pueblos en aislamiento que habitan esas zonas. E instó a los estados a que paralicen inmediatamente las acciones que afectan de forma directa o indirecta la integridad territorial de los pueblos en aislamiento. Asimismo, recomendó elaborar un informe especial sobre la problemática y situación de los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, en el que se incluyan recomendaciones a los gobiernos para frenar las agresiones que vienen sufriendo. “Dentro del estudio, sería importante que la comisión realice una interpretación de cómo aplicar los derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la situación específica de los que están en aislamiento”. Corisepa manifestó que es necesario informar y sensibilizar a los estados miembros de la OEA respecto a la vulnerabilidad y los derechos humanos de estas comunidades. Y sugirió a la CIDH, entre otros aspectos, visitar los países con presencia de indígenas en aislamiento para conocer la problemática en situ. Por su parte, la CIDH señaló que estudiará introducir un artículo específico sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la futura declaración de los derechos de los pueblos indígenas, que se encuentra en fase de redacción. Los derechos más vulnerados La intensa explotación de los recursos naturales de la amazonía y la consecuente deforestación, la ejecución de megaproyectos, y la concesión de los territorios generan una situación de violación sistémica de los derechos humanos de la población indígena en aislamiento. Mikel Berraondo, abogado asesor del CIPIACI, explica que los principales problemas que afectan a estas comunidades –y que se replican en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay– se refieren a la vulneración de los derechos a la vida, salud, territorios y acceso a la justicia. “Los pueblos indígenas en aislamiento están sufriendo una situación de exterminio paulatino, que conlleva a su desaparición física y cultural. En todos los países de la región amazónica y el gran chaco paraguayo hay una violencia sistemática a estos grupos, se les hostiga y persigue para que abandonen sus tierras. Se está produciendo procesos de genocidio”. Añade que estos pueblos también se ven amenazados por epidemias de gripe, diarrea, hepatitis y otras enfermedades a causa de contactos forzados con madereros ilegales, misioneros y otros invasores de los territorios donde viven. “Los estados deberían garantizar los derechos territoriales de estos pueblos, aplicando el artículo 21 de la comisión y toda la jurisprudencia, pero ninguno lo hace incluso cuando existen reservas y parque delimitados. Si no se garantiza este derecho, no se puede hablar de protección y supervivencia”. Otro problema existente es la garantía de la tutela judicial efectiva y la situación de impunidad. En ningún país se realizan investigaciones judiciales sobre agresiones cometidas contra los pueblos en aislamiento. Tampoco se da respuesta a las acciones que distintas organizaciones intentan interponer para hacer valer los derechos de esta población. Datos importantes: * Ecuador es el único país que cuenta con una norma que penaliza el contacto forzado entre los pueblos en aislamiento voluntario y otras comunidades, contemplado como etnocidio (2009). * Con la violación sistemática de los derechos humanos de la población indígenas en aislamiento se vulneran los artículos 1, 4, 5, 8, 11, 24 y 25, entre otros, de la CIDH. * En Colombia, los Nukab Maku son una de las etnias que sufre la invasión de sus territorios en el marco de la violencia interna en Colombia. Hace diez años, agrupaba a más de 1200 personas y ahora son menos de 400. * En Brasil, las principales amenazas a las comunidades originarias en aislamiento lo representan la construcción de hidroeléctricas –como la que se localiza en el río Madeira y Xingu– y la invasión de mineros. * Aunque en el Perú, existen cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento reconocidas por el Estado, no hay ninguna voluntad política para implementar mecanismos de protección para salvaguardar a integridad física de estos pueblos. * La delimitación de estos territorios se realizó bajo el principio de respeto del derecho de la autodeterminación. Es decir, se recabó información sobre áreas de desplazamiento en centros poblados cercanos sin ingresar a sus territorios, reconociendo el desplazamiento que efectúan los indígenas para abastecerse de alimentos. Noticias Relacionadas - ONU: Piden cancelar proyectos que afecten a pueblos en aislamiento y contacto inicial http://servindi.org/actualidad/24687 - Internacional: Suscriben “Declaración de Asunción” por los pueblos en aislamiento http://servindi.org/actualidad/5612 - Internacional: Tala ilegal amenaza sobrevivencia de pueblos aislados de Perú. Los empuja al Brasil http://servindi.org/actualidad/39565 - Perú: Indígenas Hárakmbut sufren efectos del cambio climático http://servindi.org/actualidad/36996 - Amazonía: IIRSA y los pueblos indígenas aislados y vulnerables http://servindi.org/actualidad/35776
Bruselas, 25 de Marzo 2011 - Durante La Primera Conferencia Europea que Examina la Situación Mapuche en Chile, convocada en el Parlamento Europeo el 24 marzo 2011, Oriol Junqueras Vies MEP señaló que “la cooperación entre representantes indígenas, los MEPs y la UE es clave para mejorar la situación”. Para responder a las actuales violaciones de los derechos humanos en Chile, al uso inadecuado de la ley antiterrorista y a la huelga de hambre retomada por los activistas Mapuche, los representantes Mapuche, ONGs y funcionarios europeos se unieron en un debate sobre la situación actual que el pueblo Mapuche afronta y el futuro de la cooperación UE-Chile. Gentileza: Nataliia Klymova En un comunicado, Marino Busdachin, Secretario General de UNPO, señaló que espera que el gobierno chileno 'incluya las voces de los Mapuches... y se convierta en un ejemplo de compromiso con la diversidad en la región". Teniendo en cuenta la actual situación, sin ningún interés de las autoridades chilenas por participar en la conferencia, parece una ardua labor para los representantes Mapuches y los políticos europeos. Por otra parte, María Railaf (FOLIL) señaló que "el gobierno chileno ha ignorado las recomendaciones de la ONU de no aplicar la ley antiterrorista contra los Mapuche que defienden sus derechos. Nicola Murray (SEAE) informó sobre las relaciones entre la Comisión Europea y Chile con énfasis en los derechos humanos, al mismo tiempo admitiendo que "esto no significa un cambio radical del rumbo". Lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillale en el sur de Chile, narró su experiencia personal como mujer Mapuche, habiendo sido encarcelada por defender los derechos indígenas y habiendo visto a su hija de 8 años siendo obligada a buscar asilo político en Suiza. Ella constató que “tenemos derecho a desarrollarnos en nuestro propio país. Yo no me quiero ir, no quiero ser una extranjera... pero no tenemos ningún poder... ¿dónde están los derechos de los pueblos indígenas, de mi pueblo? “ Teniendo en cuenta que la Cumbre UE-Chile 2012 se acerca, Ana Miranda Paz, de ALE en el Parlamento Europeo, señaló que 38 MEPs ya han firmado una carta de apoyo al pueblo Mapuche y que esperan reunir aún más apoyo a sus “continuos esfuerzos por buscar justicia para el pueblo Mapuche.” La conferencia se cerró con el compromiso de continuar con el trabajo para concienciar sobre las dificultades y las necesidades de los Mapuches, y abrió una importante vía de cooperación entre el pueblo Mapuche y el Parlamento Europeo. Más información sobre el evento disponible en: http://www.unpo.org/article/12281
Un año y casi un mes ya ha pasado de la detención de Pascual Pichun Collonao, un joven mapuche de 27 años que lucha por defender sus derechos, su identidad, su territorio, su familia. Fue apresado en Temuco, Chile, el 26 de febrero de 2010, después de vivir auto exiliado en Argentina durante 7 años. Pascual Pichun –como su hermano Rafael- fue condenado a 5 años y un día de cárcel y al pago de una multa millonaria de 12 mil dólares., acusado falsamente de atentado incendiario, a un camión forestal de la empresa Mininco, en el Fundo Nancahue, propiedad del abogado, ex ministro, y latifundista Juan Agustín Figueroa. Volvió para ser libre, pero encontró mucho más que eso Por Zulema Enriquez -zulemaenriquez@hotmail.com http://argentina.indymedia.org/news/2011/03/776708.php Pascual Pichún Collonao es preso político mapuche en Chile. El comunicador mapuche vivió exiliado en Argentina 7 años. A un año de su detención relata su situación, sus proyectos, sus sueños. Foto: Pascual en la cárcel de Traiguen Un año y casi un mes ya ha pasado de la detención de Pascual Pichun Collonao, un joven mapuche de 27 años que lucha por defender sus derechos, su identidad, su territorio, su familia. Fue apresado en Temuco, Chile, el 26 de febrero de 2010, después de vivir auto exiliado en Argentina durante 7 años. Pascual Pichun –como su hermano Rafael- fue condenado a 5 años y un día de cárcel y al pago de una multa millonaria de 12 mil dólares., acusado falsamente de atentado incendiario, a un camión forestal de la empresa Mininco, en el Fundo Nancahue, propiedad del abogado, ex ministro, y latifundista Juan Agustín Figueroa. En el 2003 los hermanos Pichún fueron declarados prófugos de la justicia. Rafael seria detenido y cumpliría la condena más tarde. Mientras que Pascual pediría refugio político en Argentina, algo que nunca se le otorgaría. Manuel Lonkopan es el nombre que uso en Argentina, con el que firmaba notas periodísticas y trabajaba. Así lo conocían sus amigos y compañeros. Manu estudiaba en la Facultad de Periodismo de Universidad Nacional de La Plata, participaba de varios medios de comunicación, difundiendo la lucha y la resistencia de los pueblos originarios en general, no solamente del mapuche. Daba clases en la cárcel, colaboraba con la Secretaria de DDHH de la Facultad, era solidario, comprometido pero sobre todo muy sencillo. Fue un año largo el que pasó, con tristezas y alegrías, con encuentros y pérdidas, como si el tiempo cobrara revancha, es que ninguna deuda es gratuita. Pascual ahora junto a su familia, preso, sabe que el tiempo también es sabio, y entiende lo que está viviendo. “Cuando yo decidí esta situación de mi vuelta (a Chile), sabía que lo más seguro era que tenía que cumplir con la cárcel, y bueno es lo que estoy haciendo ahora, me sentía preparado, al menos me mentalicé para eso y es lo que he estado cumpliendo en este tiempo, después son muchas las cosas que se ganan, más de las que se pierden, en términos afectivos lo es la familia. Yo siempre dije que una persona para ser completa, íntegra, siempre tiene que estar cerca de los afectos y eso es lo que lo hace ser y tener la fortaleza a uno, en ese sentido estoy tremendamente contento de estar acá, ahora todos los domingos intento ir a la comunidad a encontrarme con mis peñis, con los hermanos, así que de a poquito voy reinsertándome. Y obviamente se extraña las cosas que uno hacia allá (en Argentina), se extraña algunas amistades, el afecto de esa gente linda que conocí principalmente en la ciudad de La Plata”, dice Pascual en su salida dominical de la cárcel, desde su casa, en su comunidad Temulemu, en la Novena Región al sur de Chile. Ya en casa… cerca de la libertad Traiguén es una ciudad pequeña, donde la mayor parte del año llueve. El penal esta ubicado a pocos metros de la plaza principal de la ciudad. Es pequeño, pero tiene mucha historia, por allí pasaron Rafael, el hermano de Pascual y el lonko Pascual Pichún, su padre, que fue condenado por la Ley Antiterrorista, dictada por Pinochet y utilizada para perseguir a opositores políticos, hoy es figura legal y estratégica del Estado chileno para encarcelar mapuches en la pelea por tierras a manos de inversionistas empresariales y de multinacionales. En los días de encierro, la escritura y la lectura son una forma de desahogo, pero los talleres de carpintería y platería lograron ser una forma de escape y refugio para la meditación y la angustia de todo aquello que te roba los barrotes de una celda. Aquello que solo la soledad y el compañerismo del hermano, del peñi que está al lado puede entender. Pero hay un día donde todo tiene otro color, donde sale el sol. Los domingos desde muy temprano tienen aroma familiar. La casa de los Pichún, en el medio de la comunidad, sobre territorio recuperado, con orgullo es un emblema de la lucha ganada. Es imponente el paisaje verde de cientos de hectáreas no subyugadas. Es una casa humilde pero grande y rica de afecto. La alegría se hace sentir entre los niños que corren y juegan. Doña Flora y Doña María hacen que todo sea mas cálido, claro, con la calidez que todas las mamas tienen. La familia otra vez se ha reunido. Solo se puede disfrutar tanta alegría después haber sufrido y vivido tanto porque la lucha también se vive con alegría, eso enseñan los Pichún. Temulemu está llena de resistencia, sueños y futuro, así lo expresa Pascual. “El compromiso de los jóvenes está bien presente aquí, y es bueno, es super fortalecedor, porque demuestra que estamos revitalizados, se sigue esta lucha y las comunidades también siguen ese proceso a pesar de la represión que hay, de la persecución de los presos políticos, no hay un retroceso en la fortaleza de las comunidades sino mas bien una maduración en el proceso de lucha que se lleva adelante”. Por eso es tan importante los proyectos que de a poco van poniéndose en marcha, Radio Comunitaria Tralkan es uno de ellos, “son herramientas, son armas, para decirlo de alguna forma que las vamos tomando, transformando y haciéndolas propias y eso ayuda al proceso y desarrollo que se hace desde las comunidades. Y armas de comunicación tan fuertes como lo es la radio es super importante, además la administra, maneja y gestiona la comunidad, eso es una muestra más del proceso de maduración que ha tenido el movimiento mapuche”, concluye Pascual, quien tiene un programa de 2 horas los domingos. Sobre por qué se llama Tralkan la radio, esto explica, “Significa Trueno, queremos a través de la radio, generar ciertas reacciones en la gente, como cuando hay un trueno, cuando hay un ruido, entonces la radio intenta eso, generar cosas, pero no solamente para la comunidad sino para todos”. Un medio de comunicación propio de la comunidad, donde las voces, las historias, los conflictos sean contados por los mismos mapuches es un sueño que de a poco va tomando forma. Con la mirada al Puelmapu Significa “tierra del este”, al este de la cordillera de Los Andes, para los estados es Argentina. A pesar de los motivos que llevaron a Pascual o al Toto (como le dicen sus seres queridos) a cruzar para este lado de la cordillera, éste fue un período de crecimiento, maduración y capacitación, donde los lazos con los amigos y compañeros fueron tan fuertes como necesarios, por varias razones.. “Es sumamente importante que a partir de mi caso se haya podido informar un poco mas sobre lo que nos pasa como pueblo, pero obviamente que falta mucho, acá la situación es bien complicada, hay muchos presos políticos, hay mucha persecución, la represión sigue estando, entonces es bueno que se informen de alguna forma y que también se puedan hacer aportes para generar cierta presión desde afuera para la situación que se vive aquí en Chile” reflexiona el Toto, con la convicción de que no está solo, nunca lo estuvo. El caso de Pascual Pichún Collonao sirvió para que desde Argentina se tomara conciencia y conocimiento de lo que sucedía con el pueblo mapuche en Chile, con asesinatos de jóvenes mapuches, niños enjuiciados por el mismo Estado, presos condenados por Ley anti terrorista, represión violenta y políticas excluyentes a los mapuches. Sin dejar de olvidar y visibilizar lo que sucede en nuestro territorio argentino, un muerto diaguita en 2009 y otros 2 muertos qom en el año 2010, todos casos impunes, represión policial, amenazas y desalojos a comunidades en distintas provincias. Y una historia oficial que parece encaprichada en querer hacernos olvidar de nuestro origen indio. Pero la tierra y sus hijos hablan, gritan y se hacen ver. Para Pascual la solidaridad es fortalecedora, “es importante el papel que se juega afuera, no solamente para la lucha del pueblo mapuche sino en general, de los pueblos originarios, ahí en Argentina hay muchos pueblos originarios que luchan día a día y es necesario que la sociedad en general se informe un poco más, de la historia, sobre la realidad de esos pueblos”. Quizás porque no existen fronteras, somos todos hermanos herederos de los mismos despojos y luchas. Todavía falta que la Justicia chilena dictamine a favor o en contra del pedido de media prescripción que realizaron los abogados de Pascual en agosto del año pasado. Si esto fuera positivo, Pascual quedaría en libertad, de lo contrario todavía le queda condena por cumplir. Más allá de eso en abril comenzará a salir sábados y domingos de la cárcel. Así los días tendrían menos pesar. “Quiero mandar un saludo y agradecimiento grande, mío y en nombre de mi familia, de las cosas que se están realizando (pidiendo por su libertad) en Argentina. Estamos muy agradecidos de eso y las puertas están abiertas a los amigos que nos quieran visitar, que quieran conocer más de la realidad que vivimos. Espero pronto nos volvamos en encontrar por allá, en alguna parte de nuestro querido Puelmapu”. Pascual sabe que queda mucho trabajo por hacer, su gente lo necesita y allá debe estar, construyendo eso que siempre quiso, un pueblo digno y libre. Acá a lo lejos también hay mucho por hacer, seguimos por el mismo camino querido amigo.
El desastre de Valdivia por contaminación: CELCO ES RESPONSABLE
Valdivia - Por Claudia Sepúlveda / El momento de la verdad en el juicio contra CELCO-ARAUCO por el desastre de Valdivia: LA EMPRESA ES RESPONSABLE Y SIEMPRE LO SUPO. "Los informes periciales que hoy hemos terminado de conocer son de una importancia fundamental. Ellos vienen a reparar la grave omisión de no haber contado durante todos estos años con un pronunciamiento claro sobre la responsabilidad de una empresa que, como dicen los peritos, ha sido negligente con las normas ambientales, ha ocultado información, ha montado una dañina campaña de incertidumbre científica, y ha mostrado una conducta arrogante sobre los efectos de sus acciones. Todo indica que CELCO-ARAUCO siempre supo que era responsable"... Gentileza: ALDEA COMUNICACIONES El momento de la verdad en el juicio contra CELCO-ARAUCO por el desastre de Valdivia: LA EMPRESA ES RESPONSABLE Y SIEMPRE LO SUPO Por Claudia Sepúlveda Luque Estudiante de Doctorado en Geografía Humana University of British Columbia, Canadá Los informes periciales que hoy hemos terminado de conocer son de una importancia fundamental. Ellos vienen a reparar la grave omisión de no haber contado durante todos estos años con un pronunciamiento claro sobre la responsabilidad de una empresa que, como dicen los peritos, ha sido negligente con las normas ambientales, ha ocultado información, ha montado una dañina campaña de incertidumbre científica, y ha mostrado una conducta arrogante sobre los efectos de sus acciones. Todo indica que CELCO-ARAUCO siempre supo que era responsable. El desastre del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces marcó un antes y un después en la historia ambiental de Chile. El movimiento valdiviano surgido en respuesta a la masiva muerte de cisnes de cuello negro –que tenían en este humedal protegido internacionalmente la mayor colonia reproductiva de dicha especie– conmovió al país con su masividad, fuerza y perseverancia. Las repercusiones provocaron una crisis de proporciones en la institucionalidad ambiental, cuyo efecto final fue la reforma legal aprobada por el Congreso a fines del 2009 y vigente desde el 2010, que se tradujo en la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental. Resulta difícil entender que habiendo provocado tales repercusiones el movimiento valdiviano no haya logrado su principal objetivo: detener el desastre y recuperar el Santuario. Aunque cueste creerlo, CELCO-ARAUCO no sólo ha seguido descargando sus desechos directamente al Río Cruces sino que volvió a operar al 100% durante el 2008 y hace poco inició el trámite para duplicar su producción. De ser aprobado, éste último supondrá más insumos, más desechos y, por tanto, más contaminación. La consecuencia directa ha sido que los cisnes y el Santuario siguen sin recuperarse, como lo revelan los informes mensuales realizados por CONAF, y que el Río Cruces presenta niveles de contaminación que superan con mucho los parámetros históricos, particularmente en compuestos altamente biotóxicos como los cloratos, cuya única fuente conocida es la planta de celulosa de CELCO-ARAUCO. ¿Cómo se explica que el desastre haya persistido si la empresa ya fue identificada como la única responsable por científicos de la Universidad Austral de Chile? Efectivamente, en abril del 2005 científicos de dicha universidad valdiviana concluyeron que los efluentes de CELCO-ARAUCO “bastaban para explicar el desastre”. Sin embargo la CONAMA, que había contratado el estudio, nunca se pronunció sobre dicha conclusión y entregó el informe científico al Consejo de Defensa del Estado. Fue éste último el que interpuso una acción civil en contra de la empresa con el fin de obligarla a reparar el daño causado. Ni el requerimiento de retirar las descargas del Río Cruces ordenado el 2005 por la COREMA de Puerto Montt ni el plan para recuperar el Santuario iniciado el 2006 por CONAF tuvieron mayor efecto, limitándose a un par de consultorías irrelevantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Consejo de Defensa de Estado ha mantenido invariable su convicción sobre la responsabilidad de CELCO-ARAUCO, la falta de un pronunciamiento oficial dejó libre el camino para que la empresa sembrara la incertidumbre. Atacando el informe de la Universidad Austral y contratando a “connotados” científicos que propusieron rebuscadas explicaciones exculpatorias, CELCO-ARAUCO impuso la tesis del ecólogo de la PUC Fabián Jaksic sobre la imposibilidad de demostrar “de forma irrefutable” su responsabilidad. Tal campaña fue apoyada por prominentes figuras, como el ex candidato presidencial y senador por Valdivia Eduardo Frei, quien ofició de chaperón en el Congreso de uno de los consultores contratados por CELCO-ARAUCO. La empresa reiteró hasta el cansancio que su tecnología de punta y su impecable manejo la exculpaban, invirtiendo sumas millonarias en donaciones y campañas de imagen. El efecto fue inmovilizador. Las instituciones, confundidas, temieron responsabilizar erróneamente a la empresa y las medidas de restauración comprometidas por Chile ante la Convención Ramsar se convirtieron en un absurdo: ninguna acción tendría efecto mientras la planta de celulosa siguiera operando. El desastre continuó. Por eso es tan relevante que hoy se hayan conocido los últimos informes periciales encargados por la jueza Gloria Hidalgo, del 1er Juzgado Civil de Valdivia, como parte del juicio del Estado de Chile en contra de CELCO-ARAUCO iniciado hace casi 6 años exactos. Seis peritos independientes de un total de siete –incluyendo geógrafos, ecólogos, biólogos e ingenieros químicos– han concluido que existe una relación directa entre las descargas de CELCO-ARAUCO y el desastre. Según los peritos, la empresa provocó el colapso ecológico del humedal, “la muerte súbita y total” de las plantas acuáticas –entre ellas el luchecillo– , la masiva mortandad de cisnes y otras especies, la pérdida de biodiversidad, y el aumento drástico de la contaminación en las aguas y sedimentos del Santuario. Los peritos independientes destacan el accionar negligente de CELCO-ARAUCO que se refleja en el incumplimiento reiterado de las condiciones de aprobación de la Planta Valdivia, las que fueron sistemáticamente sobrepasadas como lo comprueban 17 procesos sancionatorios. Los peritos subrayan como agravante que la empresa, con toda su experiencia en operaciones similares, no haya tenido en cuenta los efectos desastrosos en el Santuario causados por las descargas tóxicas de emergencia que realizó durante episodios de “fuera de control” que promediaron uno diario durante el primer año de operaciones. A ello se suma la constatación de escurrimientos superficiales al Río Cruces de sustancias peligrosas que la empresa no sólo negó, sino que recién a partir del 2007 comenzó a tratar como lo exige la ley. Los peritos también consideran como agravante que la empresa no haya realizado “ninguna iniciativa de restauración, remediación, compensación o preocupación significativa relacionada con el Santuario en estos 8 años” (sic). Finalmente, hacen notar los sistemáticos esfuerzos de desinformación emprendidos por CELCO-ARAUCO al continuar “culpando a terceros con extrañas hipótesis y débiles explicaciones, evadiendo su responsabilidad o autoría en los hechos que produjeron el colapso y degradación ambientales hasta el día de hoy del humedal” (sic). Es decir, los peritos asumen que CELCO-ARAUCO debió saber los efectos de sus acciones y que negligente (o dolosamente, podríamos decir) no sólo persistió en ellas sino que las negó y ocultó, desinformando y confundiendo a autoridades y ciudadanos. En otras palabras, la empresa derechamente mintió sobre la gravedad de los impactos ambientales que generó, como claramente consta en el expediente. Solo el informe de la limnóloga Irma Vila Pinto –quien integra el equipo de la Universidad de Chile que el año 2007 levantó una de tales “extrañas hipótesis”– apunta a factores climáticos como los causantes del desastre. Los restantes 6 peritos independientes, en cambio, descartaron de plano tales causas “naturales” señalando que los estudios que las sustentan presentan problemas metodológicos y son inconsistentes con la temporalidad de los eventos y con los antecedentes empíricos disponibles. Se trata por tanto ─como los peritos insisten─ de un daño ambiental, social y económico que ha continuado ocurriendo día a día en el Santuario y en Valdivia, donde la industria turística que operaba en torno al humedal colapsó junto al ecosistema. Los peritajes destacan que durante el año 2005, por ejemplo, se produjo una baja de un 50% en el turismo de la Comuna de Valdivia, impactando negativamente al PIB regional. Los 6 peritos independientes consideran que debido a su responsabilidad directa en el desastre, así como a los agravantes de su accionar negligente, CELCO-ARAUCO debe compensar por los costos de los perjuicios ambientales, tributarios, al turismo y al comercio, así como por daños inestimables causados “al activo potencial turístico y sentido de identidad de la comunidad valdiviana” (sic). El costo de estos daños ascendería a 86 mil millones de pesos. Además, los peritos consideran que la empresa debe financiar la restauración del Santuario y pagar por haber usado el humedal como planta de tratamiento cuaternario para sus efluentes líquidos. La claridad, contundencia y convicción de los informes que hoy hemos terminado de conocer son de una importancia fundamental. Ellos vienen a reparar la grave omisión de no haber contado durante todos estos años con un pronunciamiento claro sobre la responsabilidad de una empresa que, como dicen los peritos, ha sido negligente con las normas ambientales, ha ocultado información, ha montado una dañina campaña de incertidumbre científica, y ha mostrado una conducta arrogante sobre los efectos de sus acciones. Las comunidades afectadas han pagado un costo demasiado alto que no podrá ser fácilmente compensado. No sólo han visto desaparecer parte de su patrimonio ambiental, sino que se han visto obligadas a convivir con la incertidumbre sobre los riesgos a la salud derivados de la contaminación que día a día se acumula en el entorno de Valdivia y otras localidades. Lo que es más grave, han presenciado impotentes cómo esta empresa ambientalmente irresponsable limpia su imagen con generosas donaciones –la última recibida por la propia Universidad Austral– mientras insiste en no tener relación con lo ocurrido en el Río Cruces. Dos son las principales implicancias de estos informes. Primero, demuestran que la operación planta de celulosa de CELCO-ARAUCO es incompatible con la recuperación del Santuario. La reparación ambiental que la empresa debería realizar supone por tanto la detención de su descarga a Río Cruces. Segundo, que confirman que la empresa supo desde un comienzo que era responsable pero prefirió negarlo con millonarias campañas y estudios cuyo efecto ha sido agravar el daño causado, comprometiendo de paso la credibilidad de instituciones como la ciencia. Lo que los peritos han dicho hoy los ciudadanos lo dijeron hace años basados en los mismos o similares antecedentes. Pero lo que hoy ha cambiado es que la responsabilidad de CELCO-ARAUCO ha quedado por fin oficialmente establecida. La empresa tiene hoy la última oportunidad de reconocerlo públicamente, como debió hacerlo desde un inicio. Con ello no sólo contribuiría a un proceso real de restauración del Santuario sino que podría finalmente dar una señal de tener la voluntad de actuar correctamente. Por el bien de la comunidad a la que tanto ha dañado.
Organizaciones se reunirán con Presidente de Corte Suprema, Milton Juica, por sentencias en juicio de Cañete
Dos semanas en huelga de hambre cumplen hoy los comuneros mapuche condenados en Cañete. Mientras la defensa prepara la presentación de un recurso de nulidad del juicio para esta semana, agrupaciones sociales se reunirán hoy con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para analizar el caso. Por Macarena Sheuch Radio Universidad de Chile http://radio.uchile.cl/noticias/108309/ Diversas agrupaciones reunidas en la Nueva Fuerza de Izquierda se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para expresarle su preocupación por la forma en que el Poder Judicial ha llevado a cabo el juicio contra cuatro comuneros mapuche realizado en Cañete. El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, fue condenado a 25 años de cárcel por el atentado al fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008 y robo con intimidación, mientras que Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche recibieron 20 años como pena por los mismos delitos. Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo que el principal planteamiento sería la solicitud de poner término a la aplicación de la Ley Antiterrorista, unalegislación que calificó como injusta, que atenta contra los Derechos Humanos y que va en contra de la ley interna y de tratados internacionales vigentes. En este sentido, Taborga dijo que el recurso de nulidad sería una oportunidad para que el Poder Judicial restablezca el imperio de la ley al acogerlo, puesto que no se ha cumplido el debido proceso. Natividad Llanquileo, vocera de los mapuche que hoy cumplen dos semanas en huelga de hambre, manifestó su esperanza de que este recurso sea admitido por la justicia chilena y afirmó que “nos vamos a preparar esperando que la Corte Suprema pueda acoger este recurso y no volver a recurrir a la Corte Interamericana. Nosotros esperamos que los tribunales chilenos se pronuncien y no tener que ir a instancias internacionales donde a Chile se le ha condenado por atropello a los Derechos Humanos al negarle la justicia a los pueblos indígenas”. Luego de la toma de la parroquia de Cañete, aseguró Natividad Llanquileo, tuvieron una conversación con el Arzobispo de Concepción, Pedro Ossandón, quien comprometió la ayuda de la Iglesia Católica en este proceso y aseguró entender la lucha de los mapuche por la recuperación de tierras. En tanto, Pamela Pesoa, pareja de Llaitul, señaló que el fin de semana visitaron a los comuneros en la cárcel de Angol, donde le entregaron detalles del encuentro que sostuvieron el pasado jueves con la Defensora Nacional Paula Vial, en compañía del defensor regional del Biobío, Georgy Schubert. Según Pamela Pesoa, los mapuche detenidos le comentaron las diversas situaciones que habían ocurrido durante el juicio, en especial el uso de testigos sin rostro y el doble procesamiento al que fueron sometidos, que incluso podría llegar a un tercero. “Si la Corte de Apelaciones decide no ratificar la resolución de los tribunales militares, entendemos que sería algo inédito al ser tres veces juzgados,. Primero fueron juzgados por la justicia militar y fueron absueltos, luego con la misma causa en Cañete fueron condenados y esta misma causa está en la Corte de Apelaciones de Concepción, algo que la defensora Pública no podía ocurrir, pero los mapuche le señalaron que así había ocurrido” indicó Pesoa. La pareja de Héctor Llaitul advirtió que éste ha bajado rápidamente de peso, perdiendo cerca de siete kilos, y que la situación de los demás condenados es similar, siendo incluso levemente peor que en la extensa huelga de hambre del año pasado. Pamela Pesoa cuestionó además la situación en la que se encuentran los comuneros, puesto que sólo reciben dos horas de visita al contrario de las visitas extendidas que tenían en Lebu, entre otras garantías, y criticó que hay nula voluntad de parte del alcaide para mejorar estas condiciones.
La abogada especialista en Derechos Humanos se refiere a los puntos establecidos por la OIT sobre la obligación estatal de consulta a los Pueblos Indígenas. También, a lo estipulado por el relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas; y a la jurisprudencia en el sistema interamericano que aborda el cómo y a quién debiera consultarse. Asimismo hace mención sobre los alcances de la buena fe. Cabe mencionar que los procedimientos de consultas que intentan imponerse, como el reglamento por el decreto 124, están lejos de cumplir con las obligaciones estatales de conformidad al Derecho y al estándar internacional. Imagen - Foto: Nancy Yáñez (El Mostrador) Por Alfredo Seguel / Mapuexpress Nancy Yáñez Fuenzalida es co directora del Observatorio Ciudadano. Licenciada en Ciencias jurídicas, abogada. Con una maestría en derechos humanos en Estados Unidos y una amplia experiencia dedicada al estudio de los temas sobre Derechos Indígenas, en especial de los derechos sobre la tierra y recursos naturales. La profesional nos da de manera muy amable su impresión sobre la consulta en Chile, atendiendo el escenario complejo y nebuloso que en este último tiempo se ha venido haciendo con relación a la obligación estatal de implementarlo. En efecto, en Octubre del 2010 el Gobierno puso urgencia a un Proyecto de reforma constitucional sobre Pueblos Indígenas al que han llamado de “reconocimiento”, sin procedimiento de consulta de acuerdo a C169. En enero del 2011, diversas bancadas parlamentarias de todos los sectores, aprobó un "Proyecto de Acuerdo" para pedir al Gobierno asigne suma urgencia y aprobar de inmediato una iniciativa legislativa, todo esto, también, sin consulta… A fines del mismo mes (enero 2011) Un grupo de parlamentarios, para intentar enmendar lo inconsulto, presentó otro proyecto de Ley para regular la ejecución de la consulta; y recientemente, el senado, esta semana, también está en discusión la implementación de la consulta. A esto se agrega, los anuncios del Director Nacional de Conadi que, se implementará “la gran consulta” anunciada, de acuerdo a un reglamento estipulado por un decreto 124 que a todas luces es considerado fraudulento y atentatorio contra el mismo convenio de la OIT. Atendiendo esto y de acuerdo a su juicio, sobre cómo debería implementarse un procedimiento de consulta y a quién debiera consultarse, Nancy Yáñez, de manera muy sucinta nos dice: “La OIT ha establecido claros lineamiento respecto a la forma en que debe implementarse un proceso de consulta y a quienes se consulta. Estos lineamientos son los siguientes: ** Los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de participar en todas y cada una de las etapas de un proyecto, política o programa; **También se permitirá dicha participación durante la concepción o diseño de políticas, programas o proyectos hasta su aplicación y evaluación; **Dichos pueblos participarán en la adopción de decisiones a todos los niveles (local, nacional o regional), sea de instituciones políticas electivas o administrativas” Agrega: “La participación se efectuará a través de las propias instituciones tradicionales u organismos representativos de los pueblos interesados, y no mediante estructuras impuestas desde fuera de la comunidad, salvo que ésta las acepte”. Yáñez con relación a la jurisprudencia señala: “Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Pueblo Saramaka v. Surinam, afirma que el Estado tiene el deber de consultar con los pueblos indígenas según sus costumbres y tradiciones, tomando en cuenta los métodos tradicionales de los pueblos indígenas para la toma de decisiones” ¿Quién tiene la responsabilidad de ejecutar el procedimiento de consulta desde el estado? La Co directora del Observatorio Ciudadano dice: “Según ha sido consignado en la respuesta precedente la obligación pesa sobre el Estado y sus instituciones, quienes deben garantizar que el procedimiento de consulta se efectúe de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias”. Con respecto a los principios y alcances de la buena fe que debería atender los gobernantes, Nancy Yáñez se explaya: “La buena fe exige que el mecanismo de consulta sea consensuado con los pueblos indígenas y que acorde a ello el proceso se efectúe en un marco de confianzas, considerando las particularidades de los pueblos y con miras a obtener su consentimiento sobre lo que se consulta”. Agrega: “Se requiere, además, que el proceso de consulta sea sistemático y transparente”. Finalmente, en este punto, Yáñez nos indica: “La consulta es uno de los mecanismos a través del cual los Pueblos Indígenas ejercen su derecho de participación política. Así lo ha consignado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de admisibilidad Caso 12.741 Diaguitas Huascoaltinos c. Chile”…. A continuación nos comparte la indicación textual de la CIDH: “Finalmente, la Comisión observa que la falta de consulta a la comunidad implicaría la falta de un mecanismo de participación colectiva conforme a la ley, mediante las formas tradicionales de organización y participación como pueblo indígena en el proceso de participación ciudadana para la aprobación de estudios ambientales. En la presente petición, dicho proceso de participación política es de especial relevancia para la comunidad debido a los efectos que se alegan podrían producir en el ejercicio de sus actividades económicas tradicionales, costumbres y formas de vida, asunto que será tratado en el fondo. Por lo tanto, la Comisión considera que dicha omisión tiende a caracterizar una presunta violación al artículo 23 de la Convención Americana, que consagra el derecho ciudadano a la participación política. “ Sobre la Consulta para la Reforma Constitucional y Pueblos Indígenas En este otro punto, la abogada hace alusión del informe del Relator ONU sobre Pueblos Indígenas “El Relator Especial para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas James Anaya, se pronunció expresamente sobre el punto. En un Informe dirigido al Estado de Chile estableció los principios internacionales aplicables a la consulta en relación a la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas. En este documento el Relator Anaya es enfático en señalar que la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas previo a la adopción de medidas legislativas, administrativas o políticas que les afecten directamente está indiscutiblemente asentada en el derecho internacional de los derechos humanos y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado infractor”. Para Yáñez, el Relator Especial llamó la atención sobre la falta de una consulta y participación adecuada de los pueblos indígenas en la tramitación de la reforma constitucional chilena. “Además ha hecho un llamado a que el contenido de la reforma se ajuste al estándar internacional de derechos de Pueblos Indígenas”, indicó.. Finalmente nos señala: “Su recomendación específica, tomando la experiencia de otros países de la región y la complejidad de instaurar un proceso de consulta de incidencia general como la reforma constitucional, fue consensuar con los Pueblos Indígenas un procedimiento específico para aplicarse a la Reforma Constitucional que establezca “criterios claros en cuanto a la forma de la consulta y la representatividad”.
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References: Resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 21
 resolución 
 artículo 23