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Timestamp: 2017-05-22 19:17:22+00:00

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Derecho Internacional Privado | Temas de Derecho
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Deja un comentario	Definición de Matrimonio
Desde el punto de vista del derecho venezolano, el matrimonio plantea una serie de pro­blemas en cuanto a la determinación de la ley competente, de sus efectos civiles e incluso en lo que se refiere a su validez. Esto se debe fundamentalmente a la diversidad de ordenamien­tos jurídicos con sus diversas concepciones, las cuales dan lu­gar a apreciaciones Jurídicas y, por lo tanto, a verdaderos con­flictos de leyes. Una de las fuentes de estos conflictos estriba en el establecimiento en ciertos ordenamientos jurídicos de la concepción canónica del matrimonio. De manera que un ma­trimonio, válido según un ordenamiento es inválido según otro por no haberse cumplido en este matrimonio las exigencias ca­nónicas exigidas por esta última legislación. Estos son los lla­mados “matrimonios claudicantes”, válidos en una parte e inválidos en otra.
Desde un punto de vista jurídico el matrimonio es una institución social que por su contexto jurídico tiene las exi­gencias de forma y fondo del contrato y, por lo tanto, genera obligaciones y derechos como todo contrato. Desde este punto de vista, el matrimonio modifica y crea un nuevo estado, modifica y crea nueva capacidad emancipando al menor, por ejem­plo, e interviene profundamente en materia de bienes, pues a partir del matrimonio, se vivirá en comunidad, se hayan aportados bienes o no al mismo.
Elementos integrantes del matrimonio
Dentro de esta institución se pueden distinguir dos elementos: uno intrínseco; el otro extrínseco. Los primeros son los elementos constitutivos que versan sobre el fondo de la misma institu­ción como son el consentimiento y la capacidad. En cambio, los segundos versan sobre la forma, es decir, los requisitos de forma y demás solemnidades necesarias para la celebración del matrimonio.
¿Cómo se aprecian estos elementos desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado? Se debe observar en primer término uno de los elementos intrínsecos como es el de la capacidad. Es evidente que para contraer matrimonio es necesario tener habilidad para ello, es decir, ser capaz. Esta capacidad, ¿por qué ley se determina? ¿Por la ley de donde se ha celebrado el matrimonio o por la ley de la nacionalidad de los contrayentes o por la del domicilio común? Igualmente cual sería la legislación competente para determinar la validez del matrimonio atendiendo a su forma, ¿la legislación donde se celebró o la legislación donde se reclaman sus efectos civiles?
Tales problemas plantean la apreciación jurídica del matrimonio desde el punto de vista de la disciplina en estudio. Y para la debida solución de ellos se han establecido ciertos sistemas jurídicos atendiendo a la existencia de determinados factores de conexión vinculados al matrimonio como son el domicilio, la nacionalidad y el lugar de la celebración.
De seguidas se pasa a tratar cada uno de estos sistemas:
Sistemas jurídicos aplicables:
a) En lo que se re­fiere a la capacidad. Casi todos los sistemas jurídicos estable­cen una capacidad especial para contraer matrimonio. Por ejem­plo, la legislación venezolana estatuye que es hábil para realizarlo el varón de 16 años y la hembra de 14 años en adelante.
Esta capacidad puede ser apreciada por dos sistemas ju­rídicos, a saber, el de la ley personal y el de la ley territorial.
En cuanto al primer sistema, la capacidad para contraer ma­trimonio debe ser determinada por la ley del domicilio o de la nacionalidad. El principio del domicilio es el que está estable­cido en la legislación angloamericana y, según este sistema ju­rídico, la ley competente para determinar la capacidad para contraer matrimonio es la ley del domicilio de los futuros con­trayentes. De manera que esta ley es la que determina si la persona es hábil para contraer matrimonio, independientemen­te de la ley de su nacionalidad. Esto, dentro de esta escuela, ha sido producto de una evolución jurídica. En efecto, al prin­cipio la jurisprudencia inglesa no distinguía entre elementos intrínsecos (fondo) y extrínsecos (forma) del matrimonio, ya que en razón de esa no distinción, la jurisprudencia conside­raba, por ejemplo, el consentimiento de los ascendientes, co­mo requisito de fondo y en cambio en otros pronunciamientos se le consideraba como simple formalidad. En los últimos tiem­pos se han deslindado suficientemente bien esos campos y así el consentimiento y la capacidad para contraer matrimonio que­daron comprendidos dentro de los elementos de fondo regidos por la ley del domicilio, y la parte formal, regida por la ley del lugar de la celebración, independizando completamente el acto del matrimonio del contexto jurídico de los contratos.
Dentro del principio del domicilio una variante sumamen­te importante es la opinión de Savigny según la cual la ley apli­cable para la determinación de la validez del matrimonio en lo que se refiere a los requisitos de fondo es la ley del domicilio del marido al tiempo del mismo. Esta tesis jurídica se basa en el hecho de que el marido es el eje del hogar desde el punto de vista jurídico y lo es desde el momento en el cual con­trae el matrimonio. Por lo tanto, es este factor de conexión todo un régimen jurídico aplicable, determinado precisamen­te por el domicilio que tenga el marido al tiempo de la ce­lebración del matrimonio. Y tal como estaba previsto en la le­gislación venezolana derogada, el marido establecía un domici­lio legal para la mujer, pues para cualquier acto de la vida del matrimonio, para reclamar sus efectos o para su anulación o di­solución, era competente la ley de la jurisdicción del domicilio del marido, independientemente del domicilio de hecho de la mujer. En la reforma que sufrió el Código Civil en 1982, el Ar­tículo 33 hace determinar el domicilio conyugal por el domicilio que individualmente tengan cada uno de los cónyuges que bien puede ser común o bien establecido en distintas jurisdicciones en atención a que cada uno de ellos separadamente tenga en distintos lugares el asiento principal de sus respectivos intereses o negocios.
Este concepto del domicilio actualmente vigente en el Có­digo Civil venezolano está en concordancia con lo establecido en la novísirna Convención interamericana sobre domicilio de la persona física (Montevideo, 1979), en la cual el artículo 4 expre­sa que el domicilio de los cónyuges será aquél en el cual éstos vi­van de consuno, sin perjuicio del derecho de cada uno de los cónyuges de fijar su domicilio en la forma prevista y en su orden en el artículo 2 de la misma Convención, a saber, 1) el lugar de la residencia habitual; 2) el lugar del centro principal de sus ne­gocios; 3) el lugar de la simple residencia; y, 4) el lugar en don­de se encontrare.
En cuanto al principio de la nacionalidad, su influen­cia se ha debido fundamentalmente a la escuela jurídica de Mancini. El Código Civil italiano de 1865, redactado bajo la referida inspiración, las conclusiones del Primer Congreso de Derecho Internacional Privado celebrado en París en 1874, el Primer Congreso de Derecho Internacional Privado cele­brado en América, Lima, 1878, el Código español de 1888 así como el anteproyecto de Código Civil belga, preparado por Laurent en esa época, todos estaban inspirados en esas ideas mancinianas.
En el derecho convencional se ha establecido la ley de la nacionalidad para regir el matrimonio en el Tratado de Lima de 1878, como ya se ha expresado, cuando allí se estipule, que la capacidad jurídica para contraer matrimonio se juzgaría por la ley nacional de los contrayentes y que los extranjeros estaban sometidos a la ley local en cuanto a la apli­cación de los impedimentos dirimentes. De la misma manera el Convenio de La Haya de 1902 estableció como com­petente para determinar la capacidad o derecho a contraer matrimonio la ley nacional de cada uno de los contrayentes, a menos que una disposición de esa ley nacional no se refiriera expresamente a otra, en cuyo caso esta última era la competen­te.
En cuanto al segundo sistema, es decir, la ley territorial, es competente para determinar la validez de un matrimonio en lo que se refiere a la capacidad, la ley del lugar de la ce­lebración. El gran expositor clásico de esta materia ha sido Story, quien, en el párrafo 121 de su obra, da los fundamentos teóricos de este sistema. Según el mencionado jurista, la validez o invalidez de un matrimonio celebrado entre personas sui juris debe ser juzgado por la ley del lugar donde se ha celebrado. Si es válido allí, debe ser válido en todas par­tes. “Todas las naciones civilizadas permiten los contratos de matrimonio. Estos son iuris gentium y los súbditos de todas las naciones están igualmente interesados en ellos. Males y con­fusión infinita se seguiría necesariamente para los súbditos de todas las naciones sobre legitimidad, sucesiones y otros dere­chos, si las leyes respectivas de países diferentes sólo hubieran de observarse en cuanto a los matrimonios contraídos por los súbditos de esos países en el extranjero; y, por consiguiente, todas las naciones han consentido, o se presume que consientan para ventaja y beneficio común, en que tales matrimonios serán buenos o no, según que sean o no conformes con las le­yes del país donde se celebran”. Y para corroborar es­ta tesis el mencionado jurista pone el ejemplo de un matrimo­nio celebrado en Francia, válido según esa legislación, pero in­válido según la legislación inglesa. En un país los hijos serían legítimos y en el otro ilegítimos. Y lo mismo podría decirse de los bienes pertenecientes a cada cónyuge por el hecho del matrimonio. En consecuencia, es la regla lex loci contractus la que puede evitar confusiones y enredos.
Este sistema ha sido acogido en un buen número de legislaciones nacionales. Entre ellas se puede citar a la Argen­tina, cuya ley de matrimonio civil artículo 2, expresa que la validez del matrimonio “sea juzgada en la República por la ley del lugar en que se haya celebrado, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no sujetarse a las formas y leyes que en él rigen”.
En este mismo sentido de la aplicación de la ley de la celebración para determinar la validez del matrimonio se ha pronunciado el Tratado de Derecho Civil de Montevideo, el cual en su artículo 13 determina que “la capacidad de las per­sonas para contraer matrimonio, la forma del acto y la exis­tencia y la validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en donde se celebra”. Según el mismo artículo, el principio del locus regit actum no tendría aplicación cuando se hubiese vi­ciado algunos de estos impedimentos: 1) la falta de edad de uno o ambos de los contrayentes, 14 años para el varón y 12 para la mujer; 2) parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, legítimo o ilegítimo; 3) el parentesco entre hermanos legítimos o ilegítimos; 4) el hecho de haber dado muer­te a uno de los cónyuges, sea como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge supérstite; y 5) el matri­monio anterior no disuelto legalmente.
b) En cuanto a la forma del matrimonio. En esta materia la regla o principio general predominante es el del locus regit actum. De acuerdo con este principio, la ley competente para regir la celebración del matrimonio es la ley del lugar de la celebración.
Sin embargo, aparentemente, este principio comporta tres excepciones que son: 1) cuando el matrimonio se efectúa en fraude a la ley; 2) cuando un Estado exige expresamente la observancia de sus propias formas del matrimonio en el ex­tranjero; y 3) en el caso de matrimonios celebrados ante fun­cionarios diplomáticos o consulares. Con relación a la primera excepción hay que tener en cuenta que el matrimonio se efec­túa en fraude a la ley cuando el agente realiza el matrimonio en un lugar distinto del que normalmente debía realizarse por existir en aquél formas consensuales o de otra naturaleza que no existen o son restrictivas en su legislación de origen.
Co­mo ya se ha explicado, la intención del agente en la realiza­ción del fraude a la ley es sumamente difícil de apreciar. De manera que la concomitancia de este elemento con los otros sería lo que daría la noción cierta de que el matrimonio que se ha celebrado bajo el imperio de una legislación distinta de la normalmente competente se ha realizado in frauden legis. Es­ta determinación de los elementos constitutivos del fraude y sobre todo el de la intencionalidad es sumamente difícil de pro­bar y desde un punto de vista jurídico estricto se escapa un poco de las funciones normales del derecho civil como lo ha dicho Sánchez de Bustamante y Sirven. Por consiguien­te, tratándose, como lo será en la mayoría de los casos, de matrimonios celebrados bajo la forma legal distinta de la que normalmente sería la competente por razón del domicilio o la nacionalidad, en los cuales la evasión de la ley nacional es por motivo de conciencia y no de conveniencia material, es comple­tamente inaceptable la teoría del fraude a la ley de matrimo­nios celebrados en esa forma.
En lo que se refiere a la segunda supuesta excepción, es decir a las exigencias del Estado del cual son nacionales o es­tán domiciliados los contrayentes de que se observen tales exi­gencias so pena de considerar inválido el matrimonio efec­tuado en contravención de ellas, es una excepción más aparente que real, pues no tiene fondo jurídico alguno. En efec­to, el propósito del principio o regla locus regít actum es el de facilitar la vigencia extraterritorial de los actos jurídicos y que, como se ha explicado en su oportunidad, dicha re­gla no es absoluta sino más bien conlleva algunas excepciones. Sin embargo, la bondad del principio hace que un matrimonio celebrado bajo la forma de una legislación extranjera sea vá­lido en otra nacional. Y la bondad del principio está efectiva­mente en el acatamiento que se hace del acto jurídico cum­plido en el extranjero, pues en otra forma reinaría el caos en los actos humanos y, por lo tanto, no habría seguridad jurídica.
No obstante ello, algunos Estados haciendo uso de ese poder omnímodo que tienen de crear normas de orden público o en atención de sus particulares concepciones de las institu­ciones sociales, exigen ciertas formalidades, generalmente de carácter religioso que los contrayentes deben cumplir además de las formas locales, lo cual constituye en la práctica una ex­cepción al principio del locus regit actum, pues el matrimonio aunque celebrado de acuerdo a la ley local es inválido en el país de origen de los contrayentes por no haberse observado los requisitos adicionales considerados como inexcusables.
En este sentido está inspirada la Convención de La Haya sobre matrimonio de 1902 cuando allí se expresa que los paí­ses cuya legislación exijan una celebración religiosa del matri­monio podrán dejar de reconocer como válidos aquellos matri­monios que se hayan celebrado con inobservancia de tales pres­cripciones, llegando incluso a establecer que un matri­monio celebrado en el extranjero, pero inválido según la legis­lación local, se le concederá validez en los demás Estados si han sido observadas las formas prescritas por los países de los cuales son nacionales los contrayentes.
La tercera excepción, como las anteriores, tiene un fun­damento jurídico más aparente que real, pues se basa en ese poder omnímodo que tienen los Estados de crear normas ju­rídicas imperativas, incluso de vigencia extraterritorial, orien­tándose los Estados en este sentido por caminos de verdaderos abusos de derecho. En realidad, se trata esta excepción de los matrimonios celebrados en las sedes de las representaciones di­plomáticas o consulares. En este caso los contrayentes obser­van la forma de su legislación nacional y quedan casados con prescindencia de la legislación local.
Desde un punto de vista jurídico estricto es muy discu­tible una disposición legislativa positiva de carácter material o convencional que consagre una norma de tal naturaleza. En realidad, el matrimonio es una institución jurídica que corres­ponde al Estado territorial autorizar y vigilar y los Estados, conscientes de este derecho, deben ser los primeros en evitar tales abusos legislativos. Con tales medidas, la celebración de matrimonios en consulados o sedes diplomáticas, lo que se lo­gra es substraer del control del Estado territorial la vigilancia del matrimonio, hecho que no tiene nada de jurídico, pues pre­cisamente lo contrario sí lo es. Es decir, respetar el matrimo­nio realizado en el extranjero con observancia de las leyes lo­cales en atención del principio locus regit actum.
Criterio legal venezolano
En Venezuela, el régi­men legal del matrimonio está basado en el principio de la ley personal. Según este principio, las leyes concernientes al estado y capacidad obligan a los venezolanos, así residan o ten­gan su domicilio en país extranjero. Por lo tanto, no es competente para regir el matrimonio la ley del domicilio sino la de la nacionalidad.
Este régimen legal podría ser analizado en tres casos, a saber, matrimonio de venezolano en el exterior; matrimonio de extranjero en Venezuela; y matrimonio de extranjero en el ex­terior. De acuerdo con el primer caso, el venezolano está obli­gado a acatar el principio de la nacionalidad consagrado en el Artículo 9 del Código Civil, pues el matrimonio es el acto jurídico por excelencia que modifica el status jurídico de la persona en cuanto al estado y para el cual la ley establece una capacidad especial.
Por consiguiente, la ley establece que el matrimonio del venezolano en el exterior se celebra con observancia de la ley venezolana referente a su estado y capacidad y, por lo tanto, el venezolano deberá remitir, dentro de los seis meses de ha­berse celebrado el matrimonio, copia legalizada del mismo a los efectos de su inserción en los registros del estado civil que se lleva en Venezuela en la parroquia o municipio de su último domicilio en el país. Como ya ha sido expuesto, esta es la obligación que se tiene establecida con motivo de la realización del matrimonio por parte de venezolano en el exterior, pues el requisito establecido en el Código Civil del 22 de que el Juez de Primera Instancia examinara las actas matrimoniales antes de su inserción a los efectos de compro­bar si se habían cumplido las leyes venezolanas referente al estado y capacidad, quedó abolido por el Código vigente. Por consiguiente, todo matrimonio de venezolano en el exterior, válido según la ley local pero inválido según la ley venezo­lana, se regirá en Venezuela por las causas de anulación que trae el Código Civil en sus artículos 17 a 130, sin necesidad de que haya un pronunciamiento previo antes de su inserción.
El segundo caso se refiere al matrimonio del extranjero en Venezuela. Con relación a ello, se debe dejar sentado que tal matrimonio se rige, como en el caso del venezolano en el exterior, por la ley personal. Por consiguiente, el matrimonio se regirá, en lo que se refiere al estado y capacidad del extranjero, no por la ley venezolana sino por su ley personal. Esto es un resultado evidente del acatamiento que se debe a los principios del Derecho Internacional Privado y a un mandato expreso de nuestra legislación, según la cual al extranjero, excepcio­nalmente, se le aplicarán leyes extranjeras en aquellos casos permitidos por el Derecho Internacional Privado. En consecuen­cia, el Código Civil venezolano dispone que el extranjero antes de celebrar el matrimonio en Venezuela compruebe fehaciente­mente de que es soltero, viudo o divorciado y de que es hábil para contraer matrimonio según su ley personal. Uno de los medios de prueba que prevé el Código es un justifi­cativo levantado ante una Notaría o un Tribunal, según sea el caso, en el cual testigos capaces en número de tres den testimonio fundado y circunstanciado de que dicho extranjero es hábil para contraer matrimonio según su ley personal, por tener la edad requerida para ello y ser soltero, viudo o divor­ciado, todo conforme a su ley nacional. Es evidente que la prueba de la viudez o divorcio o anulación de un matrimonio anterior no podrá suplirse sino por la respectiva acta de defun­ción del extinto cónyuge o justificativo judicial o por la sentencia definitivamente firme y ejecutoriada que ha pronunciado el di­vorcio o la anulación y debidamente pasada por el exequátur si ello ha ocurrido en el exterior.
Debe dejarse bien establecido que a pesar de ser compe­tente la ley personal del extranjero para celebrar su matrimonio en Venezuela, la propia ley venezolana establece que, no obstante autorizarlo esa ley personal, no podrán celebrarse en Venezuela matrimonios con infracción de los impedimentos dirimentes establecidos por el Código Civil; no tendrán de la misma manera validez aquellos impedimentos que según la referida ley personal se funden en diferencias de raza, rango o religión; ni tampoco, por último, la falta de permiso y del acto respe­tuoso que como previo, exija la referida ley personal, salvo el consentimiento que si debe obtenerse de los ascendientes, tutores o representantes legales, por ser ello un requisito de fondo regido por lo tanto por dicha ley.
El tercer caso que se presenta es el del matrimonio del extranjero en el exterior. Este matrimonio es válido en Venezue­la en atención del principio lucus regit actum contenido en el Art. 11 del Código Civil, porque la ley competente para calificar de válido el matrimonio en cuanto a sus requisitos intrínsecos como los extrínsecos es la ley local en donde se celebró y no la venezolana.
En el caso de que ese matrimonio extranjero se domiciliase en Venezuela tiene como obligación presentar dentro del primer año de su venida al país a la Primera Autoridad de la Parroquia o Municipio respectivo, copia legalizada del acta de su matri­monio para su correspondiente inserción en los libros de regis­tros de matrimonios que lleva dicha autoridad. Tal registro es indispensable para reclamar cualquier efecto civil de ese matrimonio en Venezuela, ya que dicha copia constituye la prueba de su celebración.
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1 respuesta	EL FRAUDE A LA LEY
Derecho Interno El artículo 11 de la Ley de Naturalización consagra las causales de pérdida de la nacionalidad venezolana derivada, entre las que se encuentran las de los ordinales 4° y 6° de dicho artículo. Establece el ordinal 4° la pérdida de la nacionalidad adquirida, cuando ésta “se ha obtenido con el fin de sustraerse a determinados efectos de una legis­lación”, con lo que se tipifica un supuesto de fraude a la ley en Dere­cho Internacional Privado. Al comentar esta causal y ubicarla dentro de la disciplina, dice Brewer Carías:
Definición La segunda restricción formulada por Savigny a la concepción universalista de la comunidad de Derecho entre las naciones es la Institución Desconocida. Esta figura consiste en la imposibilidad de aplicar las instituciones jurídicas extranjeras que no se conocen en el ordenamiento del Estado sentenciador: “Instituciones de un Estado extranjero cuya existencia no está reconocida en el nuestro y que, por consiguiente, no pueden pretender la protección de los tribunales”.
Una calificada doctrina ha considerado que una institución ex­tranjera es desconocida en un país cuando tiende a resolver, en ~l medio donde realmente existe, problemas jurídicos que no se han planteado en el Estado sentenciador, o que si se han suscitado, han sido resueltos con normas basadas en una técnica jurídica diferente. Solución venezolana El establecimiento de la Institución Desconocida en la legisla­ción venezolana introduce una restricción respecto a la aplicación del Derecho extranjero; pero tal restricción se limita a los casos en que no sea posible encontrar instituciones análogas en la legislación del foro. En consecuencia: sólo podrá rechazarse la aplicación del Dere­cho extranjero cuando no exista en el Derecho venezolano ninguna institución o procedimiento adecuado que sean semejantes a las ins­tituciones extranjeras desconocidas. Bibliografía
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Deja un comentario	Jurisdicción y Competencia Afirma Bonnemaison (2008), que la jurisdicción es la potestad estatal para resolver conflictos intersubjetivos mediante decisiones judiciales que adquieren fuerza de cosa juzgada. En sintonía con el sistema de legalidad que impera en los Estados contemporáneos, la jurisdicción se define con estas palabras: es la función estatal que se destina a la creación judicial de una norma jurídica individual, necesaria para determinar la significa­ción jurídica de la conducta de los particulares en sus conflictos de intereses. Esta función del Estado está dotada de poder para asegurar por la fuerza, si fuere el caso, la ejecución práctica de la norma indivi­dual creada por el juez.
Inderogabilidad de la Jurisdicción Este principio se encuentra consagrado en el Código de Proce­dimiento Civil, mediante una fórmula que prescribe la prohibición de que la jurisdicción venezolana se derogue convencionalmente en fa­vor de una jurisdicción extranjera o de árbitros que resuelvan en el extranjero, cuando se trate de estas cuestiones: controversias sobre bienes inmuebles situados en el país, materias que interesen al orden público o las buenas costumbres.
Regulación de la Jurisdicción La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte en cualquier estado o grado de la causa. En el caso de que se proceda a instancia de parte, se suspende el juicio hasta que el asunto de juris­dicción sea decidido. Si el fallo afirma la jurisdicción, la causa sigue su curso en el estado en que se encuentre; si se niega, la sentencia que así lo declare tiene consulta con la Sala Político-Administrativa del máxi­mo Tribunal, que resolverá en definitiva.
Litispendencia Es una excepción para el conocimiento de una causa determi­nada cuando existan dos pleitos entre las mismas partes y con el mismo objeto, antes dos tribunales. Ante esta hipótesis práctica, el articulo 58 LDIP dispone que la jurisdicción de los tribunales vene­zolanos no queda excluida por hallarse pendiente ante un juez ex­tranjero la misma causa u otra conexa con ella.
Sumisión Procesal Es cuestión generalmente aceptada en el Derecho Procesal Internacional la sumisión de las partes a los tribunales de un Estado. Esta figura, admitida ya en el Código Bustamante, consiste en asumir voluntariamente una jurisdicción de un Estado y renunciar al fuero al que el sujeto está normal y originalmente vinculado. Es de dos clases: expresa y tácita.
El funcionamiento y procedencia de los recursos procesales están determinados por la regla del forum regit processum. De acuerdo con la doctrina especializada, los asuntos que están en el ámbito del Derecho Internacional Privado presentan mayores dificultades que las demás cuestiones que deben conocer los tribuna­les de un Estado, ya que la aplicación de las leyes de conflicto del sentenciador y la de las leyes extranjeras, cuando proceda, tienen mayores inconvenientes que la aplicación del propio Derecho mate­rial. De aquí que los errores judiciales sean más frecuentes, y por ello hay más necesidad de los recursos de impugnación.
Referencia al Recurso de Casación Se ha debatido ampliamente la materia relacionada con el re­curso de casación con motivo de la aplicación de leyes extranjeras. El pensamiento clásico asimilaba el Derecho extranjero a una cuestión de hecho (quid facti) y, de consiguiente, planteaba la improcedencia del recurso en los casos de infracción o incorrección respecto de la aplicación judicial de las normas del Derecho foráneo, con el argu­mento fundamental de que la casación no conoce de los hechos sino del Derecho.
a) Supuesto de indebida aplicación Cuando el juez de instancia aplica un Derecho extranjero en los casos en que le está ordenado aplicar su propio derecho.
b) Supuesto de falta de aplicación Cuando la sentencia se funda en el Derecho nacional y debió fundarse en el Derecho extranjero. c) Supuesto de errónea interpretación Cuando el Derecho extranjero no ha sido interpretado de manera correcta, por contravención u omisión de los prin­cipios y reglas pertinentes del sistema jurídico de donde procede.
En todos los casos en que se niegue la aplicación de una norma extranjera, o se aplique indebidamente preceptos extranjeros, o se incurra en interpretación errónea de la ley extranjera adecuada para resolver la controversia en litigio, hay siempre la obligación de de­mostrar la infracción y su trascendencia en la suerte del juicio, como es menester en todas las denuncias en sede de casación. Bibliografía
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 artículo 13
 Artículo 9
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