Source: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1069&Itemid=334
Timestamp: 2013-05-23 01:43:02+00:00

Document:
Gobernabilidad Democrática / Participación Ciudadana - Compromisos
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fundamenta los derechos humanos en la "dignidad intrínseca" de todas las personas. La Declaración consagra el principio de igualdad de los derechos humanos al proclamar que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2).
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 1966, su Protocolo Facultativo, 1966
El Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1966. Sin embargo, no fue hasta 10 años después que recibió las firmas suficientes para entrar en vigor. Al ser un Pacto tiene fuerza de ley para los países que lo han ratificado. El PIDCP desarrolla una serie de derechos civiles y políticos que tienen como finalidad fijar los límites del poder estatal, protegiendo a las personas frente a los excesos del poder del Estado. El principio de igualdad queda recogido en el Artículo 3 que establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
En su artículo 25 indica que “todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2 [sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social], y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 1969
El artículo 23; Derechos Políticos, señala que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979 y su Protocolo Facultativo, 1999 (Ver CEDAW) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) representa el estatuto internacional de derechos para las mujeres y referencia obligatoria en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Fue aprobada en por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, entrando en vigor en 1981.En el preámbulo de la Convención se constata que, a pesar de los instrumentos jurídicos existentes que consagran la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la discriminación contra la mujer sigue existiendo en todas las sociedades y se reafirma que ésta atenta contra la dignidad humana y obstaculiza el bienestar de la sociedad y la familia. El Artículo 1 define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Afirma que “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.”
En su artículo 6 señala que “los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales”. Y en su artículo 8 añade que “los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos”.
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1993, su importancia fundamental radica en que por primera vez en un instrumento internacional se reconoce “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”
Además, en su artículo 3 reconoce que “la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole.”
La Convención de Belem do Pará, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 1994, es el primer instrumento legal internacional que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos.Todos los países de América Latina y el Caribe la han ratificado, con lo que se han comprometido jurídicamente a adoptar la diversidad de políticas y programas indicados en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La Convención contempla la posibilidad de que una persona, grupo de personas u organización no gubernamental presente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias por violaciones a los derechos en ella enunciados. En su artículo 4 destaca que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros… el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social + 5, Ginebra, 2000
El propósito de esta Sesión Especial de la Asamblea General; "Más allá de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social: Logrando un Desarrollo Social para Todos en un Mundo Globalizado", fue revisar las acciones realizadas desde la Cumbre de Copenhague (1995) e identificar nuevas iniciativas y propuestas.Este documento plantea reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que viven en la pobreza extrema; asegurar la enseñanza primaria a todos los niños y niñas del planeta; disminuir en dos terceras partes la tasa de mortalidad infantil, y en tres cuartas partes la mortalidad materna, y asegurar servicios de salud reproductiva para quienes lo necesiten. A su vez, para el 2005, se propuso avanzar hacia la igualdad entre los géneros, y "dar poder a las mujeres".En su Quinto compromiso indica además que se debe promover el pleno respeto de la dignidad humana, lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer y reconocer y aumentar la participación y la función directiva de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural y en el desarrollo. Para lo cual se proponen acciones que han de ser implementadas para el mejoramiento de la participación de la mujer en la vida pública.
En 2007, 24 países representados en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, acordaron el Consenso de Quito en el cual se analizaron dos temas de importancia estratégica para la región: i) participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, y ii) la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en relación con el trabajo no remunerado. Así, en su apartado primero se acuerda; “i) Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas medidas legislativas, presupuestarias y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, así como garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan cumplir sus mandatos; ii) … garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas; viii) Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado; ix) Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales internas, a fin de lograr la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de toma de decisiones; x) Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos”.

References: Artículo 3
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 23
 Artículo 1
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 4