Source: https://cumasinvestigacion.com/2015/10/
Timestamp: 2018-02-23 02:28:20+00:00

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octubre | 2015 | Cumas investigación
En la costa… se divorcian más
Tradicionalmente relacionamos la playa con conceptos positivos como el descanso, las vacaciones o el buen tiempo. Sin embargo, el último estudio publicado por el Consejo del Poder Judicial asegura que no es oro todo lo que reluce. Y es que según los datos, las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana son las dos comunidades que registraron más peticiones de divorcio durante el segundo trimestre de 2015, en concreto más de 0.80 por cada 1.000 habitantes.
Tras ellas, Cataluña, Murcia, Andalucía o Galicia con índices entre 0.70 y 0.80, seguidas de Extremadura, Aragón (con 0,68), o Castilla La Mancha. Los últimos puestos -por debajo de 0.60- los ocupan La Rioja, País Vasco y Canarias.
Si nos referimos a los datos concretos de peticiones de divorcio en España, según el artículo publicado en El País, titulado ‘Las regiones costeras son las que registran más peticiones de divorcio’, “tras una tendencia a la baja que comenzó en 2007 y que se acentuó con la llegada de la crisis, la cifra de rupturas empezó a subir de nuevo en 2010 y continúa haciéndolo trimestre a trimestre. En 2014, las demandas de disolución matrimonial crecieron un 6,9% respecto a 2013: de 124.975 a 133.643, la cifra más alta desde 2007, antes del comienzo de la crisis económica”.
Si atendemos a las estadísticas del pasado año, las demandas de divorcio ascendieron a 32.616 en 2015 -entre mutuo acuerdo y consensuadas- entre el 1 de abril y el 30 de junio. Un millar más que durante el mismo periodo que en 2014.
Este mes de octubre de 2015 se ha llevado a cabo la modificación de la
para la “agilización de la justicia pena y el fortalecimiento de las garantías procesales y la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica”, según publicaba hace tan solo unos días el Boletín Oficial del Estado. Dichas modificaciones entrarán en vigor en diciembre de 2015.
1. Transpone en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (modificación de los artículos 118, 509, 520 y 527 de la LECrim y nuevo artículo 520 ter).
2. Adapta la legislación a las formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologías (modificación del artículo 579 LECrim y nuevo artículo 579 bis; nuevas medidas de investigación tecnológica: Capítulos V a VII del Título VIII del Libro II de la LECrim). Toda medida de intervención deberá responder al principio de especialidad: la actuación de que se trate deberá tener por objeto el esclarecimiento de un hecho punible concreto, prohibiéndose las medidas de investigación tecnológica de naturaleza prospectiva.
– Las medidas de investigación tecnológica deben satisfacer los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, cuya concurrencia debe encontrarse suficientemente justificada en la resolución judicial habilitadora.
– Se autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. Pero será el juez, ponderando la gravedad del hecho que está siendo objeto de investigación, el que determine el alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares; por tanto, la resolución habilitante deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida.
– La solicitud policial de intervención deberá estar suficientemente motivada. Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella.
– Para asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposición del juez, se impone la utilización de un sistema de sellado o firma electrónica que garantice la información volcada desde el sistema central.
– No caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones orales de carácter general o indiscriminadas: esta medida solo podrá acordarse para encuentros concretos que vaya a mantener el investigado, debiéndose identificar con precisión el lugar o dependencias sometidos a vigilancia.
– Se regula la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización y la grabación de la imagen en espacio público sin necesidad de autorización judicial, en la medida en que no se produce afectación a ninguno de los derechos fundamentales del artículo 18 CE. Se regula el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informáticos.
– Se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imágenes y grabar conversaciones, siempre que recaben específicamente una autorización judicial para ello; y se regula la figura del agente encubierto informático, que requiere autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación (puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria) y que a su vez, requerirá una autorización especial (sea en la misma resolución judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra distinta) para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación.
3. Se adapta el lenguaje de la LECrim a los tiempos actuales, en particular, eliminando determinadas expresiones usadas de modo indiscriminado en la ley sin rigor conceptual: Así “investigado” servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito, mientras que con el término “encausado” se designará, de manera general, a aquél a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo concreto.

References: artículo 520
 artículo 579
 artículo 579
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 resolución