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Timestamp: 2017-02-20 22:20:26+00:00

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Justia Chile :: Nacionales > Leyes > Ley Nº 20.000 :: Ley de Chile
Justia Chile Inicio Nacionales Leyes Sustituye Ley N° 19.366, Que Sanciona El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias Sicotrópicas. Ley Nº 20.000
Tipo Norma :Ley 20000
Fecha Publicación :16-02-2005
Fecha Promulgación :02-02-2005
Título :SUSTITUYE LA LEY Nº 19.366, QUE SANCIONA EL TRAFICO ILICITO
Tipo Version :Texto Original De : 16-02-2005
Inicio Vigencia :16-02-2005
Fin Vigencia :13-11-2005
URL :http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=235507&idVersion=200
5-02-16&idParte
Artículo 2º.- La producción, fabricación, elaboración, distribución,
transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de
precursores o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la
preparación de drogas estupefacientes o sustancias sicotrópicas para perpetrar, dentro o
fuera del país, alguno de los hechos considerados como delitos en esta ley, será
castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y
multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se hubiere realizado sin
conocer el destino de los precursores o de las sustancias químicas esenciales por
negligencia inexcusable, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a medio.
Artículo 3º.- Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chilequienes trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se
refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier
medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias.
Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente,
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren,
Artículo 4º.- El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o
porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas,
productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para
obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del
artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de
diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están
destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal
exclusivo y próximo en el tiempo.
En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a
cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con
el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro.
Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y
próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada,
guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo
descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean
indiciarias del propósito de traficar a cualquier título.
Artículo 5º.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier
título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno, tolueno u
otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a
máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.
Atendidas las circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la clausura a que
hace referencia el artículo 7º.
Artículo 6º.- El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete
alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o
terapéutica, será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de
cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Artículo 7º.- El que, encontrándose autorizado para suministrar a cualquier
título las sustancias o drogas a que se refiere el artículo 1º, o las materias que
sirvan para obtenerlas, lo hiciere en contravención de las disposiciones legales o
reglamentarias que lo regulan, será sancionado con presidio mayor en sus grados mínimo a
medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Atendidas las
circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la medida de clausura temporal del
establecimiento por un plazo no inferior a sesenta días ni superior a ciento veinte
días, aun cuando el autor del hecho sea empleado o dependiente de cualquier modo en dicho
establecimiento. En caso de reiteración, podrá imponerse la clausura definitiva y la
prohibición perpetua para el autor de tales ilícitos de participar en otro
establecimiento de igual naturaleza.
Artículo 8º.- El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante,
cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su
grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas
unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o
consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán
las sanciones de los artículos 50 y siguientes.
Según la gravedad del hecho y las circunstancias personales del responsable, la pena
podrá rebajarse en un grado.
Artículo 9º.- La autorización a que se refiere el artículo anterior será
otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero. No podrá otorgarse dicha autorización a
las personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación,
decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del
Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles
contempladas en esta ley o en las leyes 19.366 y 19.913. Tampoco se otorgará a las
personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o administradores,
y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se encuentren en alguna de
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chiledichas situaciones.
Se suspenderá la autorización concedida por el solo ministerio de la ley si, con
posterioridad a ésta, se formaliza la investigación por alguno de los delitos aludidos;
y se entenderá cancelada definitivamente, de igual modo, desde que se encuentre
ejecutoriada la respectiva sentencia de término condenatoria.
Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán al
Servicio Agrícola y Ganadero tan pronto se encuentren firmes. Dicho Servicio, a la
brevedad, dictará la correspondiente resolución, de carácter declarativo, y la
comunicará a los interesados.
Artículo 10.- El que, estando autorizado para efectuar las siembras, plantaciones,
cultivos o cosechas a que se refiere el artículo anterior, desvíe o destine al tráfico
ilícito alguna de las especies vegetales allí señaladas, o sus rastrojos,
florescencias, semillas u otras partes activas, será penado con presidio mayor en sus
Si, por imprudencia o negligencia culpable, abandonare en lugares de fácil acceso al
público plantas, sus rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas, o no
cumpliere con las obligaciones establecidas en el reglamento sobre cierro y destrucción
de tales especies, será castigado con reclusión o relegación menores en su grado
mínimo y multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales.
Artículo 11.- El propietario, poseedor, mero tenedor o administrador a cualquier
título de bienes raíces o muebles que, aun sin concierto previo, los facilite a otro a
sabiendas de que serán destinados a la comisión de alguno de los delitos contemplados en
los artículos 1º, 2º, 3º u 8º, será penado con la misma sanción establecida para el
respectivo delito.
Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento
de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo,
establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o
permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º,
será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a
doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción mayor
por su participación en el hecho.
El tribunal podrá, además, imponer las medidas de clausura a que hace referencia el
artículo 7º. Artículo 13.- El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento
de alguno de los delitos contemplados en esta ley y omita denunciarlo al Ministerio
Público, a los funcionarios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones,
o de Gendarmería en los casos de los delitos cometidos dentro de los recintos
penitenciarios, o ante cualquier tribunal con competencia en lo criminal, será castigado
con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas
Artículo 14.- El personal militar a que se refiere el artículo 6º del Código de
Justicia Militar, con excepción de los conscriptos, el de la Policía de Investigaciones
de Chile, el de Gendarmería de Chile y el de aeronáutica a que se refiere el artículo
57 del Código Aeronáutico que consuma alguna de las sustancias señaladas en los
artículos 1º y 5º de esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en sus
grados mínimo a medio.
No obstante, si consumieren tales sustancias en los lugares o situaciones mencionados
en el artículo 5º, Nº 3º, del Código de Justicia Militar, la sanción será presidio
menor en sus grados medio a máximo.
Los conscriptos que consuman alguna de las sustancias señaladas en los artículos
1º y 5º de esta ley, en los lugares o situaciones indicados en el artículo 5º, Nº
3º, del Código de Justicia Militar, serán castigados con la pena de presidio menor en
Las mismas penas expresadas en los incisos anteriores se aplicará al respectivo
personal si guarda o porta consigo dichas sustancias, aun cuando sean para su uso o
Esta pena no se aplicará a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de
dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico.
Corresponderá a la autoridad superior de cada organismo prevenir el uso indebido de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas, debiendo ordenar la realización periódica de
controles de consumo conforme a las normas contenidas en un reglamento que se dictará al
Artículo 15.- Los oficiales y el personal de Gente de Mar de dotación de buques de
la marina mercante, de naves especiales y de artefactos navales que, a bordo o en el
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chilecumplimiento de sus funciones, porten para su exclusivo uso personal y próximo en el
tiempo o consuman alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5°, serán
sancionados con presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo y multa de
diez a cien unidades tributarias mensuales.
Dichas penas no se aplicarán a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia
de alguna de dichas sustancias en la atención de un tratamiento médico. Artículo 16.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de
los delitos contemplados en esta ley serán sancionados, por este solo hecho, según las
normas que siguen:
1.- Con presidio mayor en sus grados medio a máximo, al que financie de cualquier
forma, ejerza el mando o dirección, o planifique el o los delitos que se propongan.
2.- Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, al que suministre vehículos,
armas, municiones, instrumentos, alojamientos, escondite, lugar de reunión o cualquiera
otra forma de colaboración para la consecución de los fines de la organización.
Si el autor, cómplice o encubridor del delito establecido en este artículo
cometiere, además, alguno de los delitos contemplados en esta ley, se estará a lo
dispuesto en el artículo 74 del Código Penal para los efectos de la aplicación de la
Artículo 17.- La conspiración para cometer los delitos contemplados en esta ley
será sancionada con la pena asignada al delito respectivo, rebajada en un grado.
Artículo 18.- Los delitos de que trata esta ley se sancionarán como consumados
desde que haya principio de ejecución.
Artículo 20.- En los delitos contemplados en esta ley no procederá la atenuante de
responsabilidad penal contenida en el número 7 del artículo 11 del Código Penal.
Artículo 21.- Para determinar si existe reincidencia en los delitos castigados en
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chileesta ley, se considerarán las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun
cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.
Se utilizará esta técnica de investigación cuando www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chilee presuma fundadamente que ella facilitará la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero, como, asimismo, el cumplimiento de alguno de los fines descritos en el inciso anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, no regirá lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 222 de ese Código, en cuanto a indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida, siendo suficiente consignar las circunstancias que lo www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chileindividualizaren o determinaren.
Artículo 27.- El Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía que
decrete las siguientes medidas cautelares, sin comunicación previa al afectado, antes de
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chilela formalización de la investigación:
a) impedir la salida del país de quienes, a lo menos, se sospeche fundadamente que
están vinculados a alguno de los delitos previstos en esta ley, por un período máximo
de sesenta días. Para estos efectos, deberá comunicar la prohibición y su alzamiento a
la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile. En todo caso, transcurrido este
plazo, la medida de arraigo caducará por el solo ministerio de la ley, de lo cual
deberán tomar nota de oficio los organismos señalados, y b) ordenar cualquiera medida cautelar real que sea necesaria para evitar el uso,
aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier clase de bienes, valores o dineros
provenientes de los delitos materia de la investigación. Para estos efectos, y sin
perjuicio de las demás facultades conferidas por la ley, el juez podrá decretar, entre
otras, la prohibición de celebrar determinados actos y contratos y su inscripción en
toda clase de registros; retener en bancos o entidades financieras depósitos de
cualquiera naturaleza que sean; impedir transacciones de acciones, bonos o debentures y,
en general, cuanto conduzca a evitar la conversión del provecho ilícito en actividades
que oculten o disimulen su origen delictual.
También con la autorización del juez de garantía, otorgada de conformidad al
artículo 236 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público podrá, sin comunicación
previa al afectado, recoger e incautar la documentación y los antecedentes necesarios
para la investigación de los hechos, en caso de aparecer indicios graves que de esta
diligencia pudiere resultar el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o
circunstancia importante para aquélla. Se aplicará, al efecto, lo dispuesto en los
artículos 216 y 221 del Código Procesal Penal.
Artículo 28.- Los notarios, conservadores y archiveros deberán entregar al
Ministerio Público, en forma expedita y rápida, los informes, documentos, copias de
instrumentos y datos que se les soliciten.
El otorgamiento de los antecedentes mencionados en este artículo será gratuito y
libre de toda clase de derechos e impuestos.
Artículo 29.- El que se resista o se niegue injustificadamente a entregar al
Ministerio Público los informes, documentos y demás antecedentes que se le soliciten en
conformidad al artículo precedente, será castigado con la pena de presidio menor en sus
b) que su domicilio sea fijado, para efectos de notificaciones y citaciones, en la sede de la fiscalía o del tribunal, debiendo el órgano interviniente hacerlas www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chilellegar reservadamente a su destinatario, y
Artículo 31.- Dispuesta que sea la medida de protección de la identidad a que se
refiere el artículo anterior, el tribunal, sin audiencia de los intervinientes, deberá
decretar la prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidad de testigos o
peritos protegidos, o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Asimismo,
deberá decretar la prohibición para que sean fotografiados, o se capte su imagen a
través de cualquier otro medio.
La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión
menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En
caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se
impondrá, además, a su director, una multa de diez a cincuenta unidades tributarias
Artículo 32.- Las declaraciones del cooperador eficaz, de los agentes encubiertos,
agentes reveladores, informantes, y, en general, de testigos y peritos, cuando se estimare
necesario para su seguridad personal, podrán ser recibidas anticipadamente en conformidad
con el artículo 191 del Código Procesal Penal. En este caso, el juez de garantía podrá
disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que
impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá
disponerse por el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso.
Si las declaraciones se han de prestar de conformidad al inciso precedente, el
tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo o perito, en
particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de
nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio.
Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya
del debate cualquier referencia a la identidad que pudiere poner en peligro la protección
En ningún caso la declaración de cualquier testigo o perito protegido podrá ser
recibida e introducida al juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a
contrainterrogarlo personalmente, con los resguardos contemplados en los incisos
Dispuesta por el fiscal la protección de la identidad de los testigos en la etapa de
investigación, el tribunal deberá mantenerla, sin perjuicio de los otros derechos que se
confieren a los demás intervinientes.
Artículo 33.- De oficio o a petición del interesado, durante el desarrollo del
juicio, o incluso una vez que éste hubiere finalizado, si las circunstancias de peligro
se mantienen, el fiscal o el tribunal otorgarán protección policial a quien la
necesitare, de conformidad a lo prevenido en el artículo 308 del Código Procesal Penal.
Artículo 34.- Las medidas de protección antes descritas podrán ir acompañadas, en
caso de ser necesario, de otras medidas complementarias, tales como la provisión de los
recursos económicos suficientes para facilitar la reinserción del sujeto u otra medida
que se estime idónea en función del caso.
Artículo 35.- El tribunal podrá autorizar a estas personas para cambiar de
identidad, con posterioridad al juicio, en caso de ser necesario para su seguridad.
La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación adoptará
todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas,
conforme al reglamento que se dicte al efecto.
Todas las actuaciones judiciales y administrativas a que dé lugar esta medida serán
secretas. El funcionario del Estado que violare este sigilo será sancionado con la pena
de presidio menor en sus grados medio a máximo.
Quienes hayan sido autorizados para cambiar de identidad sólo podrán usar sus
nuevos nombres y apellidos en el futuro. El uso malicioso de su anterior identidad será
sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.
Artículo 36.- Cuando se trate de la investigación de los delitos a que se refiere
esta ley, si el Ministerio Público estimare que existe riesgo para la seguridad de los
agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, peritos y, en general, de
quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento podrá disponer que determinadas
actuaciones, registros o documentos sean mantenidos en secreto respecto de uno o más
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de ChileSe aplicará lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, pero el
Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la
investigación. Además, deberá adoptar medidas para garantizar que el término del
secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas mencionadas en el inciso anterior.
Artículo 37.- La violación del secreto de la investigación y de la identidad de
las personas a que se refieren los artículos precedentes será castigada con presidio
Artículo 39.- Tratándose de la investigación de los delitos establecidos en esta
ley, el plazo contemplado en el inciso segundo del artículo 132 del Código Procesal
Penal podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de cinco días,
cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia.
El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y
resuelta de conformidad con lo prevenido en el artículo 9º del Código Procesal Penal.
Artículo 40.- Los instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos incautados
de los delitos a que se refiere esta ley y de que se hace mención en los artículos 187 y
188 del Código Procesal Penal, podrán ser destinados por el juez de garantía, a
solicitud del Ministerio Público, a una institución del Estado o, previa caución, a una
institución privada sin fines de lucro, que tenga como objetivo la prevención del
consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la
drogadicción, o el control del tráfico ilegal de estupefacientes, oyendo a la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. Estos
bienes deberán ser utilizados en los fines propios de la entidad que los reciba, la que
deberá acreditar recursos suficientes para hacerse cargo de los costos de conservación.
La incautación de las armas se regirá por la ley Nº 17.798, sobre Control de
Armas. Los dineros se depositarán en el Banco del Estado de Chile, en cuentas o valores
Si la incautación recae sobre establecimientos industriales o mercantiles,
sementeras, plantíos o en general frutos pendientes, el juez de garantía, a solicitud
del Ministerio Público, designará un administrador provisional, quien deberá rendir
cuenta de su gestión a este último, a lo menos trimestralmente. La incautación de un
inmueble comprende la de sus frutos o rentas.
Si el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, estimare conveniente la
enajenación de alguna de las especies a que se hace mención en este artículo, lo
dispondrá en resolución fundada. Si se tratare de bienes sujetos a corrupción, o
susceptibles de próximo deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa,
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chiledeberá, en todo caso, procederse a su enajenación. La enajenación se llevará a cabo
por la Dirección General del Crédito Prendario en subasta pública, salvo que el
tribunal, también a petición del Ministerio Público, dispusiere la venta directa.
En este último caso y en el evento de que la sentencia no condene a la pena de
comiso de las especies enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e intereses serán
restituidos a quien corresponda. Lo mismo sucederá con los dineros aludidos en el inciso
El Ministerio Público deberá informar al Ministerio del Interior, trimestralmente,
sobre los dineros, valores y demás bienes incautados conforme a esta ley. Artículo 41.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, las sustancias y
especies a que se refieren los artículos 1º, 2º, 5º y 8º y, en su caso, las materias
primas empleadas en su elaboración, que sean incautadas en conformidad a la ley, deberán
ser entregadas dentro de las veinticuatro horas siguientes al Servicio de Salud que
Con todo, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, el juez de garantía, a
solicitud del Ministerio Público, podrá ampliar este plazo hasta en cuarenta y ocho
horas, a solicitud de los funcionarios que hubieren incautado las referidas sustancias o
Las sustancias estupefacientes o sicotrópicas y sus materias primas y las que
contengan hidrocarburos aromáticos deberán destruirse en el plazo de quince días por el
Servicio de Salud respectivo, una vez separada una cantidad técnicamente suficiente para
los análisis de que trata el artículo 43, siempre que respecto de dichas sustancias no
se discuta su legítima tenencia o posesión por terceros.
Artículo 42.- Los funcionarios responsables del retardo en el cumplimiento de las
obligaciones impuestas en el artículo anterior serán sancionados con una multa a
beneficio fiscal equivalente al cinco por ciento de su remuneración imponible mensual,
por cada día de atraso, sin que pueda exceder del total de dicha remuneración. Artículo 43.- El Servicio de Salud deberá remitir al Ministerio Público, en el
más breve plazo, un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, en el
que se identificará el producto y se señalará su peso o cantidad, su naturaleza,
contenido, composición y grado de pureza, como, asimismo, un informe acerca de los
componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad
que revista para la salud pública.
Conservará, en todo caso, una determinada cantidad de dicha sustancia para el evento
de que cualquiera de los intervinientes solicite nuevos análisis de la misma, de
conformidad a los artículos 188, inciso tercero, y 320 del Código Procesal Penal.
Esta muestra se conservará por el plazo máximo de dos años, al cabo del cual se
destruirá. De los procedimientos administrativos de destrucción se levantará acta,
copia de la cual deberá hacerse llegar al Ministerio Público dentro de quinto día de
haberse producido.
Efectuado el análisis a que se refiere el inciso primero, los precursores y
sustancias químicas esenciales deberán ser enajenados en la forma dispuesta en el inciso
cuarto del artículo 40.
Artículo 44.- Cuando las sustancias estupefacientes o sicotrópicas incautadas, las
plantas o materias primas, con excepción de los precursores y sustancias químicas
esenciales, hagan difícil, por su cantidad, lugar de ubicación u otras circunstancias,
su traslado y almacenamiento, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público,
decretará su incineración o destrucción en el mismo lugar donde hubieren sido
encontradas, debiendo, en este caso, darse cumplimiento a las demás normas de los
artículos 40 a 43. Artículo 45.- Sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso
los bienes raíces; los muebles, tales como vehículos motorizados terrestres, naves y
aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios; y, en general, todo otro
instrumento que haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de cualquiera de
los delitos penados en esta ley; los efectos que de ellos provengan y las utilidades que
hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, o las transformaciones que
hubieren experimentado, como, asimismo, todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por
terceros a sabiendas del destino u origen de los mismos.
Igual sanción se aplicará respecto de las sustancias señaladas en el inciso
primero del artículo 2º, y de las materias primas, elementos, materiales, equipos e
instrumentos usados o destinados a ser utilizados, en cualquier forma, para cometer alguno
de los delitos sancionados en esta ley.
Artículo 46.- Los bienes decomisados en conformidad a esta ley serán enajenados en
subasta pública por la Dirección General del Crédito Prendario, la que podrá, además,
ordenar su destrucción, si carecieren de valor.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de ChileEl producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en
tal situación ingresarán a un fondo especial del Ministerio del Interior, con el
objetivo de ser utilizados en programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento
y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción. Un reglamento
establecerá la forma de distribución de los fondos, así como los mecanismos que
garanticen la transparencia de los actos tendientes a su traspaso.
Igual aplicación se dará al monto de las multas impuestas en esta ley y al precio
de la subasta de las especies de que hace mención el artículo 470 del Código Procesal
Penal. Se exceptúan de esta disposición las armas de fuego y demás elementos a que se
refiere la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas.
El tribunal deberá informar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para el
Control de Estupefacientes sobre los bienes que hubieran sido declarados en comiso, así
como de las multas impuestas en conformidad con esta ley, dentro de los quince días
hábiles a la fecha en que la sentencia que así lo decreta haya quedado ejecutoriada.
En lo no contemplado en esta ley, regirán las reglas generales contenidas en el
Párrafo 2º del Título VIII del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.
El Fondo a que se refiere este artículo será el continuador del Fondo establecido
en el artículo 28 de la ley Nº 19.366.
Artículo 48.- Los delitos de esta ley serán susceptibles de extradición, tanto
activa como pasiva, aun en ausencia de reciprocidad o de tratado sobre la materia.
Artículo 49.- El Ministro de Justicia podrá disponer, de acuerdo con los tratados
internacionales vigentes sobre la materia o sobre la base del principio de reciprocidad,
que los extranjeros condenados por alguno de los delitos contemplados en esta ley cumplan
en el país de su nacionalidad las penas corporales que les hubieren sido impuestas.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de ChileArtículo 50.- Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace mención el artículo 1º, en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música; o en establecimientos educacionales o de capacitación, serán sancionados con alguna de las siguientes penas:
Artículo 52.- Si el sentenciado no pagare la multa impuesta sufrirá, por vía de sustitución, la pena de reclusión, regulándose un día por cada media unidad www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chiletributaria mensual. En todo caso, la reclusión no podrá exceder de seis meses.
Artículo 53.- Las disposiciones de este Título se aplicarán también al menor de
dieciocho años, el que será puesto a disposición del juez de menores correspondiente.
El juez, prescindiendo de la declaración de haber obrado o no con discernimiento respecto
del que tuviere más de dieciséis años, podrá imponer al menor alguna de las medidas
establecidas en la ley Nº 16.618 o de las siguientes, según estimare más apropiado para
a) asistencia obligatoria a programas de prevención, hasta por sesenta días, o
tratamiento o rehabilitación, en su caso, por un período de hasta ciento ochenta días,
en instituciones consideradas idóneas por el Servicio de Salud de la ciudad asiento de la
Corte de Apelaciones respectiva. Esta medida se cumplirá, en lo posible, sin afectar la
jornada escolar o laboral del infractor.
b) participación del menor, con acuerdo expreso de éste, en actividades
determinadas a beneficio de la comunidad, a propuesta del departamento social de la
municipalidad respectiva, hasta por un máximo de treinta horas, o en cursos de
capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o
arte objeto del curso. El juez de menores deberá indicar el tipo de actividades de que se
trate, el lugar en que se desarrollarán y el organismo o autoridad encargada de su
supervisión. Esta medida se cumplirá sin afectar la jornada escolar o laboral del
Artículo 54.- Las faltas a que aluden los artículos 50 y 51 serán de conocimiento
del juez de garantía, de acuerdo a las reglas generales establecidas en el Título I del
Libro Cuarto del Código Procesal Penal.
Los autores de las faltas contempladas en este Título serán citados por los agentes
de la policía para que comparezcan a la fiscalía correspondiente, a la cual se remitirá
Si las personas señaladas en el inciso anterior no tuvieren, manifiestamente,
control sobre sus actos y hubiere riesgo de que pueda afectarse su integridad física o de
terceros, los agentes de la policía podrán conducirlos al recinto hospitalario más
cercano, para que reciban la atención de salud que según el caso se necesite.
El tribunal determinará la sanción correspondiente teniendo en cuenta las
circunstancias personales del infractor y su mayor probabilidad de rehabilitación. Para
estos efectos, el juez establecerá la obligación del infractor de ser examinado por un
médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente, con el fin de determinar si
es o no dependiente de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, el grado de dependencia
y el tratamiento que debiera seguir el afectado. En todo caso, el aludido examen podrá
ser decretado desde que se inicie el respectivo procedimiento.
En caso de resistencia o negativa del infractor a practicarse el examen decretado, el
juez ordenará las medidas conducentes a su cumplimiento.
La Secretaría Regional Ministerial de Justicia, previo informe de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud, entregará a la Corte de Apelaciones respectiva la nómina
de facultativos habilitados para practicar los exámenes y remitir los informes a que se
El fiscal, con el acuerdo del infractor, podrá solicitar al juez de garantía la
suspensión condicional del procedimiento, en los términos previstos en los artículos
237 y siguientes del Código Procesal Penal. En tal evento, se podrá imponer como
condición la asistencia obligatoria a programas de prevención, tratamiento o
rehabilitación, en su caso, por el tiempo que sea necesario, de acuerdo al informe a que
se refiere el inciso cuarto de este artículo, en instituciones consideradas idóneas por
el Servicio de Salud competente.
Si el imputado sirviere un cargo público que, legalmente, no puede ser desempeñado
por una persona que tenga dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o
sicotrópicas, el juez de garantía enviará al organismo respectivo copia de la sentencia
ejecutoriada que lo condene por alguna de estas faltas o de la resolución que dispone la
suspensión condicional del procedimiento, en su caso, a fin de que se adopten las medidas
pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias que procedan.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de ChileArtículo 55.- Las personas naturales o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas por el reglamento a que alude el artículo 58 como susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de drogas estupefacientes o sicotrópicas, deberán inscribirse en un registro especial que el Ministerio del Interior creará para tal efecto.
Artículo 56.- Para inscribirse en el registro se deberán presentar antecedentes que
permitan la plena individualización de la persona interesada y del domicilio en que
funciona la industria. En caso de tratarse de una persona jurídica, se requerirán
además los antecedentes de su constitución legal, el número de rol único tributario y
los poderes vigentes de el o los representantes legales. Para los efectos de evaluar la
circunstancia mencionada en el inciso siguiente, se deberán acompañar los certificados
de antecedentes penales respectivos.
La inscripción en el registro especial sólo podrá ser denegada a las personas
naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la
suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código
Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas
en esta ley o en las leyes Nºs. 19.366 y 19.913. También se podrá denegar respecto de
las personas jurídicas, cuando cualesquiera de sus representantes legales o
administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean anónimas, se
encuentren en alguna de dichas situaciones.
Del mismo modo, la inscripción en el registro será suspendida si, con posterioridad
a ella, se formaliza la investigación por alguno de los delitos aludidos y se cancelará,
desde que se encuentre ejecutoriada la respectiva sentencia de término condenatoria.
Ministerio del Interior tan pronto se encuentren firmes. El Ministerio, a la brevedad,
dictará la correspondiente resolución, de carácter declarativo, y la comunicará a los
interesados. Artículo 57.- Las personas que se encuentren registradas en conformidad al artículo
55 deberán mantener un inventario de las existencias de las sustancias a que se refiere
dicho artículo y una relación completa y actualizada del movimiento que éstas
experimenten, los que deberán encontrarse disponibles para ser remitidos o examinados por
la autoridad responsable del registro con la frecuencia y bajo las modalidades que el
reglamento indique. Asimismo, comunicarán a la referida autoridad las operaciones de
importación y exportación, con antelación a la fecha prevista para el embarque o para
el envío legal de la exportación, respecto de lo cual el Ministerio del Interior
notificará al país importador.
El intercambio de información que se realice con organismos internacionales y con
otros Estados, por aplicación de lo señalado en el inciso precedente, se sujetará a lo
dispuesto en las convenciones y tratados internacionales, o en su defecto, al principio de
reciprocidad, y se condicionará a que el Estado que reciba la información mantenga el
carácter confidencial con que se le remite.
Artículo 58.- El reglamento determinará el listado de precursores y sustancias
químicas esenciales catalogadas como susceptibles de ser utilizadas para la fabricación
ilícita de drogas estupefacientes o sicotrópicas, el que será actualizado
periódicamente; las características que tendrá el registro especial; el período de
renovación de las inscripciones; la forma, plazos y otras modalidades con que se
ejecutarán las obligaciones impuestas por este Título; las normas relativas a su control
y fiscalización y la coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas y demás entidades
públicas con competencia relativa al control del movimiento de las sustancias antes
mencionadas. Artículo 59.- La infracción a las obligaciones de registrarse, de mantener
inventario y relación de movimientos e informar sobre los mismos cuando la autoridad lo
requiera, y de informar importaciones y exportaciones, será sancionada con multa de
cuarenta a mil unidades tributarias mensuales. El producto de las multas ingresará al
fondo especial a que se refiere el artículo 46 de esta ley y se destinará a los fines
que allí se contemplan.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de ChileArtículo 60.- Las personas que se encuentren registradas en conformidad al artículo
55 deberán informar inmediatamente a las autoridades competentes cualquier operación de
la que sean parte y sobre la cual tengan certeza o indicio de que precursores o sustancias
químicas esenciales catalogadas por el reglamento puedan ser desviadas para la
fabricación ilícita de drogas estupefacientes o sicotrópicas, absteniéndose de
realizar la operación sin efectuar previamente la comunicación.
Artículo 62.- No se aplicará ninguna de las medidas alternativas contempladas en la
ley Nº 18.216 a la persona que haya sido condenada con anterioridad por alguno de los
crímenes o simples delitos contemplados en esta ley o en la ley Nº 19.366, en virtud de
sentencia ejecutoriada, haya cumplido, o no, efectivamente la condena, a menos que le sea
reconocida la circunstancia atenuante establecida en el artículo 22.
Artículo 63.- Un reglamento señalará las sustancias y especies vegetales a que se
refieren los artículos 1º, 2º, 5º y 8º; los requisitos, obligaciones y demás
exigencias que deberán cumplirse para el otorgamiento de las autorizaciones a que se
refiere el artículo 9º, y las normas relativas al control y fiscalización de dichas
Artículo 64.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º transitorio,
derógase la ley Nº 19.366. Toda referencia legal o reglamentaria a dicha ley debe
entenderse hecha a esta ley.
Artículo 65.- Para los efectos de lo establecido en el Nº 3 del artículo 6º del
Código Orgánico de Tribunales, en cuanto al sometimiento a la jurisdicción chilena de
crímenes y simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República, las
disposiciones de esta ley se entenderán comprendidas en el párrafo 14 del Título VI del
Libro II del Código Penal, sobre crímenes y simples delitos contra la salud pública.
Artículo 67.- Suprímese, en el artículo 193 del Código Aeronáutico, la frase "o
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chilede drogas estupefacientes o sicotrópicas" y la coma (,) que la sigue.
Artículo 68.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº
1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001:
1.- Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, en el artículo 40, pasando el
actual inciso segundo a ser inciso tercero:
"No podrá ser Ministro de Estado el que tuviere dependencia de sustancias o drogas
estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un
tratamiento médico. Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una
declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de
inhabilidad.".
"Artículo 55 bis.- No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe
superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración
del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere
dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que
justifique su consumo por un tratamiento médico.
Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración
jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.".
"Corresponderá a la autoridad superior de cada órgano u organismo de la
Administración del Estado prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas
estupefacientes o sicotrópicas, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento.
El reglamento a que se refiere el inciso anterior contendrá, además, un
procedimiento de control de consumo aplicable a las personas a que se refiere el artículo
55 bis. Dicho procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o
sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria; se aplicará en forma
reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones
de la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal. Sólo será
admisible como prueba de la dependencia una certificación médica, basada en los
exámenes que correspondan.".
"En el caso de la inhabilidad a que se refiere el artículo 55 bis, junto con
admitirla ante el superior jerárquico, el funcionario se someterá a un programa de
tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones que autorice el reglamento.
Si concluye ese programa satisfactoriamente, deberá aprobar un control de consumo
toxicológico y clínico que se le aplicará, con los mecanismos de resguardo a que alude
el artículo 61, inciso cuarto.".
b) En el inciso segundo, que pasa a ser inciso tercero, sustitúyese la frase "esta
norma" por "cualquiera de estas normas", y agrégase la siguiente oración, pasando el
punto aparte (.) a ser punto seguido (.): "Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación
de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, si
procedieren, tratándose de la situación a que alude el inciso segundo.".
Artículo 69.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.175,
Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido fue
fijado por el decreto Nº 291, de 1993, del Ministerio del Interior:
"No podrá ser intendente o gobernador el que tuviere dependencia de sustancias o
drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un
"No podrá ser consejero regional el que tuviere dependencia de sustancias o drogas
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chiletratamiento médico. Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración
Artículo 70.- Introdúcese el siguiente inciso segundo en el artículo 73 de la ley
Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado,
sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.704, de
2002, del Ministerio del Interior:
"No podrá ser alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas
tratamiento médico.".
Artículo 71.- Agrégase en el artículo 10 de la ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, el siguiente inciso final:
"En forma previa al juramento o promesa, el Presidente y los Ministros prestarán una
declaración jurada en la cual acrediten que no se encuentran afectos a ninguna causal de
Artículo 72.- Agrégase en el artículo 2º de la ley Nº 18.460, Orgánica
Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, el siguiente inciso final:
"En forma previa al juramento o promesa, los Ministros prestarán una declaración
jurada en la cual acrediten que no se encuentran afectos a ninguna causal de
Artículo 73.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.640,
Orgánica Constitucional del Ministerio Público:
"Artículo 9º bis.- Asimismo, el Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y los
fiscales adjuntos, antes de asumir sus cargos, deberán efectuar una declaración jurada
en la cual acrediten que no tienen dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o
sicotrópicas ilegales o, si la tuvieren, que su consumo está justificado por un
"Sin embargo, no se aplicará la medida de remoción respecto del fiscal adjunto que
incurra en la prohibición a que se refiere el artículo 9º bis, siempre que admita ese
hecho ante su superior jerárquico y se someta a un programa de tratamiento y
rehabilitación en alguna de las instituciones que autorice el reglamento. Si concluye ese
programa satisfactoriamente, deberá aprobar un control de consumo toxicológico y
clínico que se le aplicará, con los mecanismos de resguardo a que alude el inciso
segundo del artículo 66. El incumplimiento de esta norma hará procedente la remoción,
sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con
el desempeño del cargo, si procedieren.".
"En el reglamento se contendrán normas para prevenir el consumo indebido de
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas. Además, se establecerá un
9º bis. Dicho procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o
sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria, se aplicará en forma
Artículo 74.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.840,
Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile:
"Artículo 14 bis.- No podrá ser consejero el que tuviere dependencia de sustancias
o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chileun tratamiento médico.
Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que
acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.".
"Artículo 81 bis.- No podrá desempeñar las funciones de directivo superior, o su
equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes ilegales, a
menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir alguno de esos
cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se
encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.
El Reglamento del Personal establecerá normas para prevenir el consumo indebido de
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas.
Dicho reglamento contendrá, además, un procedimiento de control de consumo
aplicable a las personas a que se refiere el inciso primero. Dicho procedimiento de
control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se
determinará en forma aleatoria; se aplicará en forma reservada y resguardará la
dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones de la ley Nº 19.628, sobre
protección de los datos de carácter personal. Sólo será admisible como prueba de la
dependencia una certificación médica, basada en los exámenes que correspondan.
En el caso de la inhabilidad a que se refiere el inciso primero, junto con admitirla
ante el superior jerárquico, el funcionario se someterá a un programa de tratamiento y
precedente. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud
irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, si procedieren.".
Artículo 75.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de
"Artículo 100.- La Corte Suprema, mediante auto acordado, dictará normas para
prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas por
parte de los funcionarios judiciales.
Ese auto acordado contendrá, además, un procedimiento de control de consumo
aplicable a los miembros del escalafón primario. Dicho procedimiento de control
comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se
determinará en forma aleatoria, se aplicará en forma reservada y resguardará la
dependencia una certificación médica, basada en los exámenes que correspondan.".
"Artículo 251.- No puede ser juez la persona que tuviere dependencia de sustancias o
"Artículo 323 ter.- Asimismo, antes de asumir sus cargos, los miembros del
escalafón primario deberán prestar una declaración jurada que acredite que no se
encuentran afectos a la causal de inhabilidad contemplada en el artículo 251.
En caso de inhabilidad sobreviniente, el funcionario deberá admitirla ante su
superior jerárquico y someterse a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna
de las instituciones que autorice el auto acordado de la Corte Suprema. Si concluye ese
segundo del artículo 100. El incumplimiento de esta norma dará lugar al correspondiente
juicio de amovilidad, salvo que la Corte Suprema acuerde su remoción. Lo anterior es sin
perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con el
desempeño del cargo, si procedieren.". Artículo 76.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se
financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de ChileArtículo 1º.- Esta ley sólo se aplicará a los hechos delictivos cometidos con
posterioridad a su entrada en vigencia. En consecuencia, la ley Nº 19.366, el artículo
299 bis del Código de Justicia Militar y el artículo 193 del Código Aeronáutico
continuarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos
contemplados en sus disposiciones y perpetrados con anterioridad a la publicación de esta
ley, sin perjuicio de las normas relativas a la pena, en que regirá lo dispuesto en el
artículo 18 del Código Penal. Asimismo, la tramitación de los respectivos procesos, la
prueba y la apreciación de la misma, se regirán por las normas de dichos cuerpos
En el caso de los procesos que, una vez en vigencia esta ley, se continúen
tramitando conforme a las leyes procesales penales anteriores a la entrada en vigor del
Código Procesal Penal, la autorización a que se refiere el artículo 9º no se
concederá a los acusados y se suspenderá respecto de quienes se dicte auto de
procesamiento. Asimismo, se denegará respecto de los procesados la inscripción en el
registro especial a que se refiere el Título V y se suspenderá la que ya se hubiere
practicado respecto de quienes sean sometidos a proceso.
Artículo 2º.- En tanto no se dicte el reglamento a que se refiere el artículo 63,
regirá el actual. Artículo 3º.- En la Región Metropolitana de Santiago, mientras no se implemente el
Ministerio Público, ni entre a regir el Código Procesal Penal establecido en la ley Nº
19.696, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se mantendrá vigente la ley Nº 19.366, en lo relativo a las normas procesales de
carácter orgánico y penal que ésta contempla, salvo en lo que respecta al inciso
tercero del artículo 31, que se reemplaza por el siguiente:
"Las medidas no podrán decretarse por un plazo superior a sesenta días,
prorrogables por períodos de igual duración.".
b) El Consejo de Defensa del Estado conservará sus actuales facultades y la
estructura prevista por la ley Nº 19.366 para el ejercicio de las mismas.
c) La resolución judicial que otorgue la libertad provisional a los procesados por
los delitos a que se refieren los artículos 1º, 2º, 3º y 16 de esta ley, deberá
siempre elevarse en consulta, y la sala deberá resolver sólo con titulares.
d) Los jueces de letras con competencia en lo criminal ejercerán las atribuciones
que confieren al Ministerio Público los artículos 23, 30 y 31 de esta ley, relativos a
las entregas vigiladas o controladas y a las medidas de protección a testigos, peritos,
agentes encubiertos, reveladores, informantes y cooperador eficaz.
e) Al comenzar a regir la reforma procesal penal en dicha Región, no surtirán
efecto las modificaciones que el artículo 4º de la ley Nº 19.806 introdujo a la ley Nº
19.366 y cuya entrada en vigencia estaba condicionada a ese hecho, por mandato del inciso
segundo del artículo transitorio de la misma ley Nº 19.806.
Artículo 4º.- Facúltase al Ministerio de Bienes Nacionales para que, dentro de un
plazo de ciento veinte días, contados desde la publicación de esta ley, proceda, con
consulta al Ministerio del Interior, a enajenar en subasta pública las especies
decomisadas que hubieran sido puestas a su disposición en virtud de la ley Nº 19.366,
debiendo ingresar el producto de estas enajenaciones al fondo especial del Ministerio del
Interior a que se refiere el artículo 46 de la presente ley.
Tratándose de dineros, efectos de comercio o valores mobiliarios, el Ministerio de
Bienes Nacionales, de oficio, efectuará los depósitos que corresponda en el fondo
especial aludido en el inciso anterior.". Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del artículo 82 de la
Santiago, 2 de febrero de 2005.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-
Jorge Correa Sutil, Ministro del Interior (S).- Jaime Campos Quiroga, Ministro de Justicia
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Carlos Varas
González, Subsecretario del Interior Subrogante.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de ChileEl Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de los artículos 26, 27, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 permanentes y 3º transitorio del mismo, y por sentencia de 25 de enero de 2005, dictada en los autos Rol Nº 433, declaró:
1. Que los artículos 26, 27 -salvo la letra a) de su inciso segundo-, 54, 68, 69, 70, 72, 73, 74 -sin perjuicio de lo señalado en la declaración segunda- , 75 -sin perjuicio de lo señalado en la declaración tercera-, y 76 permanentes y 3º transitorio del proyecto remitido, son constitucionales.
2. Que, igualmente, el artículo 74, Nºs. 2 y 3, del proyecto remitido es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando cuadragésimo noveno de esta sentencia.
3. Que, de la misma manera, el artículo 75, letra b), del proyecto remitido es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando quincuagésimo cuarto de esta sentencia.
4. Que la letra a) del inciso segundo del artículo 27 del proyecto remitido es inconstitucional y debe ser eliminado de su texto.
5. Que el artículo 71 del proyecto remitido es inconstitucional y debe ser eliminado de su texto.
6. Que el artículo 63, inciso segundo, del proyecto remitido es igualmente inconstitucional y debe ser eliminado de su texto.

References: Artículo 2

Artículo 3
 artículo 1

Artículo 4

artículo 1

Artículo 5
 artículo 7

Artículo 6
 artículo 1

Artículo 7
 artículo 1

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 237

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 1

artículo 7
 Artículo 13

Artículo 14
 artículo 6
 artículo
57
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 15
 Artículo 16
 artículo 74

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20
 artículo 11

Artículo 21
 artículo 222

Artículo 27

artículo 236

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 191

Artículo 33
 artículo 308

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 182

Artículo 37

Artículo 39
 artículo 132
 artículo 9

Artículo 40
in fine
 resolución 
 Artículo 41
 artículo 23
 artículo 43

Artículo 42
 Artículo 43
 artículo 40

Artículo 44
 Artículo 45
 artículo 2

Artículo 46
 artículo 470
 artículo 28

Artículo 48

Artículo 49
 artículo 1

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54
 resolución 
 artículo 58

Artículo 56
 artículo 237
 Artículo 57
 artículo
55

Artículo 58
 Artículo 59
 artículo 46
 artículo
55

Artículo 62
 artículo 22

Artículo 63
 artículo 9

Artículo 64
 artículo 1

Artículo 65
 artículo 6

Artículo 67
 artículo 193

Artículo 68
 artículo 40
 artículo
55
 artículo 55
 artículo 61

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 73

Artículo 71
 artículo 10

Artículo 72
 artículo 2

Artículo 73
 artículo 9
 artículo 66

Artículo 74

Artículo 75
 artículo 251
 artículo 100
 Artículo 76
 artículo
299
 artículo 193

artículo 18
 artículo 9

Artículo 2
 artículo 63
 Artículo 3
 artículo 31
 resolución 
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 46
 artículo 82
 artículo 74
 artículo 75
 artículo 27
 artículo 71
 artículo 63