Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl12863-2017-51100-de-agosto-23-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_b67a86c6fd99477a8e853ede8b7b29dc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 00:23:32+00:00

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SENTENCIA SL12863-2017 DE 23 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL PARA LOS CIUDADANOS QUE SEAN BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993. SE PRECISÓ QUE UN CIUDADANO ES BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN NO REÚNE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN AL AMPARO DEL ACUERDO 49 DE 1990, EN LA MEDIDA EN QUE NO ALCANZÓ A COTIZAR AL ISS 500 SEMANAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD MÍNIMA Y DURANTE TODA SU VIDA LABORAL SÓLO COTIZÓ AL ISS 946 SEMANAS, ES DECIR, NO REUNIÓ LA EXIGENCIA DE LAS 1.000 SEMANAS COTIZADAS EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ LAS COSAS, LA SALA SEÑALÓ QUE CONFORME EL ACUERDO 49 DE 1990, APROBADO POR EL DECRETO 758 DEL MISMO AÑO, NO ES POSIBLE SUMAR EL TIEMPO LABORADO POR EL CIUDADANO COMO SERVIDOR PÚBLICO, EN RAZÓN A QUE DICHO ACUERDO NO PERMITE ACUMULAR ESTOS TIEMPOS PÚBLICOS CON LAS SEMANAS COTIZADAS AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, PARA EFECTOS DE RECONOCER LAS PRESTACIONES ALLÍ CONSAGRADAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ISS, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ISS, AJUSTE DE LA PENSIÓN, INCREMENTO DE LA PENSIÓN, COTIZACIÓN DE PENSIÓN
Sentencia SL12863-2017/51100 de agosto 23 de 2017
SALA DE CASACIÓN LABORAL - SALA DE DESCONGESTIÓN 1
Rad.: 51100
Pretende el recurso que la Honorable Corte CASE el fallo impugnado, para que en sede de instancia revoque el fallo de primer grado y condene al Instituto de Seguros Sociales a reajustar la pensión del demandante con la cifra que resultare luego de calcular el IBI- con todos los salarios correspondientes a los aportes efectuados durante todo el tiempo incluyendo como aportes el tiempo de servicios en el municipio de Medellín y las cotizaciones efectuadas al ISS por entidades privadas; en total 1075.9. ApIicando(sic)elAcuerdo49de1990 en cuanto a “la edad para acceder a la pensión de vejez, eltiempodeserviciooelnúmerodesemanascotizadas, y elmonto de la pensión”. Además le condene a pagar todas las mesadas causadas desde el 25 de agosto de 2001. Sobrecostas (sic) proveerá como corresponda.
Alcance subsidiario: Pretende el recurso que la Honorable Corte CASE el fallo impugnado, para que en sede de instancia revoque el fallo de primer grado y condene al Instituto de Seguros Sociales a reajustar la pensión del demandante con la cifra que resultare luego de calcular el IBL con todos los salarios correspondientes a los aportes efectuados durante todo el tiempo incluyendo como aportes el tiempo de servicios en el municipio de Medellín y las cotizaciones efectuadas al ISS por entidades privadas. AplicandolaLey71de1988 en cuanto a “la edad para acceder a la pensión de vejez, eltiempodeserviciooelnúmerodesemanascotizadas, y el montodelapensión”. Se tendrá en cuenta que el demandante acreditó 1075.9 semanas en su historia laboral y no 1051.5, que tuvo en cuenta el ad-quem. Además le condene a pagar todas las mesadas causadas desde el 25 de agosto de 2001. Sobre costas proveerá como corresponda.
Segundo alcance subsidiario: Pretende el recurso que la Honorable Corte CASE el fallo impugnado, para que en sede de instancia revoque el fallo de primer grado y condene al Instituto de Seguros Sociales a reajustar la pensión del demandante con la cifra que resultare luego de calcular el IBI- con todos los salarios correspondientes a los aportes efectuados durante todo et tiempo incluyendo como aportes el tiempo de servicios en el municipio de Medellín y las cotizaciones efectuadas al ISS por entidades privadas, que son en total 1075.9. Además le condene a pagar todas las mesadas causadas desde el 25 de agosto de 2001. Sobre costas proveerá como corresponda (subrayados y resaltados del texto original).
Con tal propósito formuló cinco cargos que fueron replicados por la parte demandada, de los cuales por método se estudiaran en conjunto el primero, el segundo y el cuarto, para luego abordar el estudio de los demás.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa en el concepto de interpretación errónea, los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 12 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 7º, 8º, y 11 de la Ley 71 de 1988, en el concepto de infracción directa los artículos 21 del CST, 13, 46, 48 y 53 CN; violaciones legales que llevaron a la aplicación indebida de los artículos 21 y 33 de la Ley 100 de 1993; 13 y 35 del Acuerdo 49 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 5º, 25, 64 y 65 del Acuerdo 44 de 1989, aprobado por el Decreto 3063 de 1989; 61 del CPTSS.
En la demostración trascribió el artículo 36 de Ley 100 de 1993, y citó algunas consideraciones de la sentencia impugnada para decir que, en criterio del Tribunal aun cuando el demandante es beneficiario del régimen de transición que consagra el citado precepto legal, “perdió su derecho a dicho régimen porque en su caso no le es aplicable ni el Acuerdo 49 de 1990 ni la Ley 71 de 1988”, que tal tesis resulta equivocada.
Dijo que con esta interpretación el juzgador de alzada le está haciendo decir a la norma lo que ella no expresa, pues en ninguna parte se condiciona la aplicación de su inciso tercero a que “al beneficiario del régimen de transición le sea aplicable “el régimen anterior al cual se encuentra afiliado” y que de no serle aplicable perderá el derecho al régimen de transición que consagra dicho artículo”.
Estima que la clase de pensión otorgada al beneficiario del régimen de transición, no impide “calcular el IBL de la pensión como lo manda el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100”; que así mismo, conforme al inciso primero y al parágrafo de la citada disposición, para la suma del tiempo cotizado se debe tomar en cuenta los períodos aportados con anterioridad a su vigencia al ISS, a las cajas, fondos, o entidades de seguridad social del sector público o privado o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.
Explica que si el juez de apelaciones hubiera interpretado correctamente el aludido artículo 36, se habría dado cuenta de que el régimen de transición “es aplicable aún en el caso de que el beneficiario del mismo no le sea aplicable el régimen de pensiones anterior”; y que el inciso primero y el parágrafo de ese mismo artículo debe incidir en la exégesis de los artículos 12 del Acuerdo 49 de 1990 y 7º de la Ley 71 de 1988, al momento de contar con 20 años de aportes, para incluir las semanas cotizadas al ISS y los tiempos como servidor público.
Señala que si conforme al parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para reconocer la pensión de vejez al beneficiario del régimen de transición se le tienen en cuenta las semanas cotizadas más el tiempo trabajado como servidor público, con base en el inciso tercero de la misma disposición, el IBL debe integrarse con el salario de las cotizaciones efectuadas al ISS más el devengado durante todo el tiempo servido en entidades públicas, si ello le fuere más favorable; por ello la negativa de este derecho en los términos que lo hizo el tribunal, significa la interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como de los artículos 12 del Acuerdo 49 de 1990 y 7º de la Ley 71 de 1988.
Estima que también incurrió en error jurídico el juzgador, al considerar que la desafiliación del régimen de seguridad social exige prueba solemne, consistente en la correspondiente novedad laboral reportada por el empleador, que no es otra cosa que el retiro del trabajador al cesar el vínculo laboral, pues esta afecta la oportunidad en que ha de otorgarse la pensión de vejez por parte del ISS; que tal planteamiento carece de respaldo legal puesto que ninguna ley exige prueba solemne para acreditar tal desafiliación al sistema de seguridad social y mucho menos el retiro del servicio; que tampoco norma alguna ha establecido que la citada novedad laboral sea la única prueba admisible sobre el particular, ni mucho menos que dicho reporte tenga el mérito de afectar la oportunidad en que ha de otorgarse la pensión de vejez por parte del ISS.
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida los artículos 21, 24, 33, 36 de la Ley 100 de 1993; 13 y 35 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el decreto 0758 de 1990; artículos 5º, 25, 64 y 65 del Acuerdo 44 de 1989 (Decreto 3063 de 1989); artículos 60, 61 y 145 CPTSS, artículos 174 y 177 del CPC.
Singulariza los siguientes errores de hecho:
1. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante se retiró del trabajo y fue desafiliado del ISS a partir del mes de enero de 1999.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el 25 de agosto de 2001 cuando el demandante cumplió los sesenta (60) años de edad, ya hacía años que se encontraba retirado del servicio y del sistema general de pensiones y por omisión del empleador no se habían reportado esas novedades al ISS.
3. No dar por demostrado, estándolo, que, con fecha del mes de abril de 2005, el último empleador del demandante cotizó los últimos años de sus servicios hasta el mes de enero de 1999 y reportó la novedad de su retiro en este último mes.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el 25 de agosto de 2001 el demandante reunió todos los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de vejez, por consiguiente que desde tal fecha se han causado las mesadas de dicha pensión.
5. No dar por demostrado, estándolo, que los salarios devengados por el demandante, tanto como servidor del municipio de Medellín en los años de 1969, 1970, 1971 y 1972; como aquellos por los cuales cotizó al ISS en los años de 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 1984, 1993 y 1994, son muy superiores a los salarios cotizados durante los años de 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. Por tanto que para el reconocimiento de la pensión de vejez le es más favorable que el IBI- se calcule con el valor de todas sus cotizaciones al ISS más los salarios devengados como servidor público, unas y otros actualizados conforme al IPC certificado por el DANE.
6. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada, ha obrado en casos semejantes al del demandante, conforme al concepto de su dirección jurídica nacional del 4 de septiembre de 2002, aplicándolo para el IBL- de las pensiones de quienes son beneficiarios del régimen de transición. Concepto según el cual, cuando le es más favorable al pensionado, el IBI- se calcula con el promedio devengado y/o cotizado durante todo el tiempo actualizado con el IPC, certificado por el DANE.
7. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante alcanzó a reunir 1075.9 semanas cotizadas si se suman a las 946 que reconoce el ISS como cotizadas las 129.9 trabajadas al municipio de Medellín, durante el periodo comprendido del 1ºde abril de 1969 al 16 de enero de 1972, y luego de restarle 106.5 días de suspensión.
Acusa como pruebas erróneamente apreciadas: el registro civil de nacimiento (fl. 15), resumen de los aportes al ISS y de los salarios pertinentes (fl. 204), documento proveniente de la entidad demandada con las cotizaciones del actor y el tiempo servido por este al municipio de Medellín (fl. 223), “documentos” (fls. 55 a 57, 74 a 76 y 82 a 84), documento con la novedad de retiro del demandante en el mes de enero de 1999 (fls. 59, 150 y 160), “documentos” de las cotizaciones correspondientes a los años de 1995 a 1999 (fls. 58 a 59, 78 a 79 y 86), “documentos” (fls. 196 a 197, 217 a 218, 235 a 236, 242 a 243); y como pruebas no apreciadas: la Resolución 26353 del 24 de enero de 2006 (fls. 173 a 174), apelación de la resolución del numeral anterior (fl. 18 a 20), Resolución 13390 del 15 de junio de 2006 (fls. 21 a 22), reclamación administrativa del demandante (fls. 23 a 34), “documento” (fls. 151 a 157, 168 a 171), “documentos” (fls. 179 a 180, 181, 184, 185, 187, 189) y “documentos” (fls. 97 a 99, 199, 200, 201, 203, 224).
En la demostración, primero se refirió al tema del retroactivo pensional, en tal sentido transcribió lo considerado por el juez de apelaciones para decir, que valoró equivocadamente el documento de folios 59, 150 y 160 “porque en este (sic) aparece claramente la desafiliación del demandante por su retiro acaecido en el mes de enero de 1999”; que lo que en realidad se evidencia es la mora del empleador para reportar dicho retiro o desafiliación, pues a pesar de haber ocurrido en el mes de enero de 1999, lo vino a reportar el 26 de abril de 2005; que tal situación no fue analizada por el tribunal ya que la demora en que incurrió el empleador, de manera alguna puede ser imputada al trabajador.
Señala que si el fallador colegiado hubiera examinado correctamente los documentos de folios 58 a 59, 78 a 79 y 86, habría deducido que la mora del empleador para cotizar los últimos años de vinculación laboral del demandante y para reportar su retiro o desafiliación, no puede ser atribuida solamente al afiliado, pues el ISS debió adelantar las acciones de cobro pertinentes desde mucho antes del mes de enero de 1999, tal y como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
Insistió en que no es verdad, como lo coligió el fallador de segundo grado, que el actor no hubiera demostrado la fecha de su retiro y desafiliación al sistema, pues el documento de folios 59, 150 y 160, muestra que este se retiró en el mes enero de 1999, y que así lo reportó el empleador al ISS pero en abril de 2005, con notoria mora; por lo que al quedar demostrado que el accionante se desvinculó del trabajo y del sistema en enero de 1999, tiene derecho a que su pensión se le pague desde el 25 de agosto de 2001, cuando cumplió el requisito de la edad; que no hay ninguna ley que establezca que el trabajador pierde el derecho a las mesadas causadas por la demora de su empleador en reportar su retiro y desafiliación.
Frente al tema del IBL, igualmente trajo a colación lo argumentado por el juez de segundo grado sobre este aspecto, para decir que el ad quem no tuvo en cuenta que los salarios devengados por el demandante tanto como servidor del municipio de Medellín desde 1969 hasta 1972, como aquellos con los cuales cotizó al ISS entre 1972 y 1984, al igual que los salarios de los años 1993 y 1994 son muy superiores a los salarios cotizados entre los años 1995 hasta 1999, por lo que le resulta más favorable para el reconocimiento de su pensión de vejez que el IBL se calcule con el valor de todas sus cotizaciones al ISS “más los salarios devengados como servidor público”.
Agregó que el juez colegiado tampoco tuvo en cuenta que el demandante acreditó 1.075.9 semanas en su historia laboral y que el ISS limitó su reconocimiento a 1.051, lo cual debe tenerse en cuenta al momento de establecer su pensión de vejez.
Acusa por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida, la violación de los artículos 33, 34 y 36 de la Ley 100 de 1993; 7º, 8ºy 11 de la Ley 71 de 1988; 60, 61 y 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política.
Como errores de hecho singularizó los siguientes:
1. No dar por demostrado, estándolo, que en el momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1995, el demandante estaba afiliado al ISS y cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
2. No dar por demostrado, estándolo, que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, el municipio (sic) de Medellín siempre pagó directamente las pensiones de jubilación y demás prestaciones de jubilación y demás prestaciones de sus trabajadores.
3. No dar por demostrado, estándolo, que si el demandante cotizó al Instituto de Seguros Sociales 946 semanas y fuera de ello trabajó al servicio del municipio de Medellín durante el período comprendido del 1ºde abril de 1969 al 16 de enero de 1972, completó más de “veinte años de aportes acumulados en uno o varios entidades de previsión social o que haga sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendecial, comisarial, o distrital”, en los términos del inciso primero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y artículo 7º y 11 de la Ley 71 de 1988.
4. No dar por demostrado, estándolo, que, conforme a los hechos expresados en el numeral inmediato anterior, el actor tiene derecho a que el IBL para su pensión de vejez se le calcule con el promedio de todos los salarios cotizados al ISS, más los devengados al servicio del municipio de Medellín, todos actualizados con base en el IPC certificado por el DANE, tal y como lo prevé el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
5. No dar por demostrado, estándolo, que conforme a los hechos indicados en el numeral 3ºde este acápite, el actor tiene derecho a que “la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez” sea la establecida en la Ley 71 de 1988.
6. No dar por demostrado, estándolo, que para el reconocimiento de su pensión de vejez el demandante cumple con el requisito de “veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales”.
7. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante acreditó 1075.9 semanas en su historia laboral, y no 1051.5 como erróneamente lo consideró el ad quem.
Como pruebas erróneamente apreciadas acusa las relacionadas en el cargo segundo, salvo las cotizaciones efectuadas desde el año 1995 (fls. 217 y 218); así como las mismas que se dice no fueron valoradas, por lo que se hace innecesario volver a enlistarlas.
En la demostración, además de reiterar algunos argumentos del cargo segundo, señaló que el tribunal incurrió en equívoco al considerar que el demandante necesitaba “20 años de aportes al sistema” para que le fuera aplicable la Ley 71 de 1988, cuando lo que realmente exige la citada normativa es veinte años de aportes “sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales”, requisito que sí cumple el accionante toda vez que acreditó haber cotizado al Instituto de Seguros Sociales 952 semanas y que, además, trabajó al servicio del municipio de Medellín desde el 1ºde abril de 1969 hasta el 16 de enero de 1972.
Estima que si el tribunal hubiera analizado correctamente todas las pruebas acusadas, fácilmente hubiera deducido el derecho que le asiste al demandante a que la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez sea el señalado en la Ley 71 de 1988, “como el “régimen anterior” a aquel al cual se encontraba afiliado, en el momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993”, y que el IBI de su pensión de vejez no puede ser otro que el determinado por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, “el cotizado durante todo el tiempo”.
Se presentó en forma conjunta para los cinco cargos. Pidió mantener el fallo impugnado, toda vez que las razones de la censura no tienen la entidad necesaria para enervarlo, pues este se ajusta a los parámetros de la Ley 100 de 1993, por lo que no es de recibo la solicitud de revisión del derecho pensional del causante para que le sea aplicable el Acuerdo 49 de 1990 y la Ley 71 de 1988. Agregó, que la protección de la transición no permite la aplicación de dos regímenes distintos y excluyentes.
De otro lado, estima que el raciocinio del sentenciador se ajusta a derecho al no aplicar retroactividad alguna, ya que es sabido que el disfrute de la pensión de vejez corre simultáneamente con la desvinculación del sistema mediante la formalización de la novedad correspondiente; que el retiro con efecto retroactivo, como lo pretende el recurrente no es viable legalmente.
Dado que los cargos primero, segundo y cuarto, pese a estar orientados por distinta vía, no plantean en forma separada cada uno de los temas objeto de reproche, sino que comparten una sustentación común que se complementa, denuncian similar electo normativo y persigue igual cometido, la sala los estudiará en forma conjunta.
En tal sentido son dos aspectos los que corresponde dilucidar a la Corte, el primero, si el tribunal se equivocó al establecer que el accionante era beneficiario del régimen de transición, pero que el mismo no le era aplicable, y por ende, no era viable reliquidar su pensión de jubilación calculando el IBL, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con el promedio de toda la vida laboral; y el segundo, si el ISS debió reconocer el retroactivo pensional desde el 26 de agosto de 2001, cuando el accionante cumplió la edad de 60 años, o a partir de la desafiliación al sistema, el 26 de abril de 2005. En este orden abordara la sala el estudio de la acusación:
1. Reliquidación pensional.
Las pruebas que la censura denuncia como indebidamente apreciadas o dejadas de valorar permiten establecer: (i) que el accionante acredita que cotizó un total de 1.051,57 semanas, que resultan de sumar 946 cotizadas al ISS, más el tiempo de servicio en el sector público sin aportes que corresponde a 105,57 semanas, esto es, desde el 1º de abril de 1969 hasta el 16 de enero de 1972 (fls. 201, 217 y 18); (ii) que el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 26353 del 24 de enero del 2006, le reconoció pensión de vejez al accionante en cuantía inicial de $ 578.524, a partir del 1º de mayo de 2005, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (fls. 172 a 174); y (iii) que este cumplió 60 años de edad el 25 de agosto de 2001, es decir, que a 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad, resultando beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Lo primero que el recurrente no comparte frente a este tema, es que en su decir, el tribunal se equivocó al concluir, que no obstante que el accionante es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el hecho de habérsele reconocido el derecho pensional con fundamento en el artículo 33 ibídem, no resultaba viable su reliquidación aplicando el Acuerdo 49 de 1990.
Planteado así el asunto, la sala no encuentra que la razón esté de parte del recurrente, pues lo cierto es que, conforme lo concluyó el tribunal, el accionante como beneficiario del régimen de transición no reúne los requisitos para obtener la pensión al amparo del Acuerdo 49 de 1990, en la medida en que no alcanzó a cotizar al ISS 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima y durante toda su vida laboral solo cotizó al ISS 946 semanas, es decir, no reunió la exigencia de las 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo.
Se dice lo anterior, porque bajo a la luz del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no es posible sumar el tiempo laborado por el actor como servidor público, ya que la sala en múltiples pronunciamientos ha sostenido que el citado Acuerdo 49 de 1990 no permite acumular estos tiempos públicos con las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos de reconocer las prestaciones allí consagradas. Así lo adoctrinó, por ejemplo en Sentencia CSJ SL16104-2014, reiterada en Decisión CSJ SL16081-2015:
Esta corporación en pacífica y reiterada jurisprudencia, ha señalado que para los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior sea el del Seguro Social contenido en el A. 49/1990, aprobado por el D. 758 del mismo año, la exigencia del número de semanas debe entenderse como aquellas efectivamente cotizadas al ISS, puesto que en el aludido acuerdo no existe una disposición que permita adicionar a las semanas cotizadas, el tiempo servido en el sector público, como sí acontece a partir de la L. 100/1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella, o como también puede ocurrir respecto a la pensión de jubilación por aportes prevista en la L. 71/1988, según el criterio expuesto en Sentencia CSJ SL4457-2014.
Por otra parte, en punto a la posibilidad prevista en el parágrafo del art. 36 de la L. 100/1993 de acumular semanas cotizadas al ISS o a cajas, fondos o entidades de previsión social con tiempos laborados en el sector oficial, esta Sala de Casación reiteradamente ha precisado que dicha disposición hace referencia a la pensión de vejez de que trata el artículo 33 de esa misma ley.
Empero, no ocurre lo mismo frente a la reliquidación de la pensión solicitada de cara al artículo 7º de la Ley 71 de 1988, pues no es cierto que el actor no sea beneficiario de la citada normativa, por no cumplir con los 20 años de aportes al sistema, pues conforme al criterio fijado por la sala en Sentencia SL4457-2014, rad. 43903, para esta clase de pensión por aportes, sí es posible la sumatoria de las semanas cotizadas al ISS, con los tiempos públicos no aportados a una caja de previsión social.
En efecto, la pensión por aportes es un régimen anterior a la Ley 100 de 1993, por lo que no hay duda que hace parte de los regímenes pensionales comprendidos dentro del artículo 36, como de aquellos a los cuales es dable acceder por vía del régimen de transición, tal como lo sentó la Sala de Casación Laboral en Sentencia SL7995-2015, donde reflexionó de la siguiente manera:
De esa suerte, entiende la Corte, quien cuente con cotizaciones por servicios prestados al sector oficial —o servicios de esa naturaleza sin cotización—, como quien cuente con cotizaciones por los prestados al sector particular, con independencia de la época en que los sufragó o los prestó, o del porcentaje que a cada uno de los referidos sectores correspondan, pero que cumpla los requisitos exigidos para tenérsele como beneficiado por el régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993, bien puede válidamente aspirar a que se le reconozca la pensión por aportes del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, sí cumple con los requisitos de edad: sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer-- y de aportes sufragados a ambos sectores de servicios —veinte (20) años—, que dicha normativa estableció.
Por lo anteriormente expuesto, surge clara la equivocación del tribunal al negarse a reliquidar la pensión del accionante, con fundamento en la Ley 71 de 1988, normativa que permite que los trabajadores que prestaron sus servicios en el sector público y privado, accedan a la pensión por aportes con la sumatoria de los tiempos de cotización al ISS y de servicio en uno y otro sector, tal como quedó explicado, siempre que se acrediten 20 años de aportes acumulados y cumplan 60 años de edad o más si es varón y 55 años o más si es mujer.
En consecuencia, dada la equivocación protuberante en la que incurrió el tribunal, hay lugar a quebrar la sentencia en relación con este específico punto.
2. Retroactivo pensional.
Respecto de este asunto corresponde a la Corte dilucidar si la pensión del actor debía reconocerse desde la fecha en que cumplió 60 años de edad, momento para el cual había dejado de cotizar y cumplía con la densidad de semanas requeridas o si, por el contrario, era a partir de la fecha de la novedad del retiro de su último empleador que debía reconocerse el derecho pensional, lo que se produjo el 26 de abril de 2005, porque el accionante no probó que su desafiliación ocurrió en enero de 1999, cuando dejó de cotizar.
Previo a cualquier consideración, con fundamento en las pruebas que la censura acusa como indebidamente apreciadas o dejadas de valorar, se hacen las siguientes precisiones fácticas: (i) que la última cotización al sistema de seguridad social en pensiones del actor corresponde al mes de diciembre de 1998 (fl. 218); (ii) que cumplió 60 años de edad el 25 de agosto de 2001 (fl. 15); (iii) que la novedad de retiro se presentó el 26 de abril de 2005 con efectos a partir de enero de 1999 (fl. 218); (iv) la solicitud de pensión se hizo el 20 de mayo de 2005 (fl. 189); y (v) la pensión fue reconocida mediante Resolución 26353 del 24 de enero de 2006, con retroactividad al 1º de mayo de 2005 (fls. 16 a 18).
Ahora, en principio, por regla general el disfrute de la pensión está condicionado a la desafiliación formal del sistema, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no obstante que esta se causa desde el momento en que se cumpla con el tiempo de servicio o de cotizaciones y la edad.
Sin embargo, la aplicación de este criterio ha sido morigerada en algunos casos en los que, por características especiales, amerita una solución diferente, por ejemplo, en los eventos en que el afiliado ha sido conminado a seguir cotizando por la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión que solicitó en tiempo, en tales situaciones la Corte ha considerado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se cumplieron los requisitos (CSJ S.L., 1º sep. 2009, rad. 34514; CSJ S.L., 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ S.L., 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ S.L., 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ S.L., 15 may. 2012, rad. 37798).
Lo mismo sucede cuando de la conducta del afiliado se colige su intención de cesar definitivamente las cotizaciones al sistema, pues en esos casos, se ha considerado que la prestación debe ser pagada con antelación a la desafiliación formal del mismo (CSJ S.L., 20 oct. 2009, rad 35605).
Si bien la sala sigue considerando como regla general que para que el trabajador pueda entrar a disfrutar de la pensión de conformidad con los artículos 13 y 35 de Acuerdo 49 de 1990, debe estar desvinculado del sistema, existen situaciones específicas, como quedó dicho, que ameritan reflexiones particulares, y que deben ser advertidas por los jueces en el ejercicio de su labor de dispensar justicia, sin que ello comporte una “transgresión a las reglas metodológicas de interpretación jurídica”, tal como se indicó en Sentencia CSJ SL5603-2016, que puntualizó:
Visto lo anterior, resulta claro que en cada caso particular le corresponde al juzgador analizar si se presentan condiciones especiales que rodeen la causación del derecho pensional, a fin de determinar si el asunto se debe resolverse conforme a la regla general, o si amerita análisis especial, siempre en búsqueda de que la norma produzca un efecto más benéfico al trabajador en los términos de los artículos 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política.
En el caso bajo examen, el tribunal optó por transcribir las normas que gobiernan la situación discutida y, además de manera equivocada indicó que, “la desafiliación del régimen de seguridad social exige prueba solemne (C. de P. L., art. 61) consistente en la correspondiente novedad laboral reportada por el empleador”, cuando la sala ha considerado que existen otras manifestaciones sobre la decisión del trabajador de no seguir afiliado, es así que adoctrinó que los artículos 13 y 35 del Acuerdo 49 de 990, “admiten un entendimiento conforme al cual la voluntad del afiliado de no continuar afiliado al sistema, manifestada mediante actos externos, es un parámetro válido para establecer la fecha de inicio de disfrute de la pensión”, conforme se explicó en la Sentencia SL5603-2016, rad. 47236. El juez de apelaciones no observó lo anterior, entonces, al encontrar que tal desafiliación del actor se hizo con fecha 26 de abril de 2005, confirmó el fallo desfavorable al accionante, sin miramiento alguno sobre las situaciones particulares que rodearon el asunto, lo cual lleva a que cometió el yerro endilgado.
En efecto, el juez colegiado omitió analizar los documentos obrantes a folios 217 y 218, en donde puede verse que la última cotización al sistema de seguridad social en pensiones del actor corresponde al mes de diciembre de 1998, lo que bien puede considerarse como un serio indicio de la voluntad del accionante de no continuar afiliado al sistema general de pensiones. Aunado a lo anterior, el mismo folio 218 muestra que la novedad de retiro de su último empleador se presentó el 26 de abril de 2005 pero con efectos retroactivos a enero de 1999.
En consecuencia, no hay duda respecto a que la pensión de vejez debe reconocerse desde el preciso momento en que el afiliado cumplió la edad legalmente exigida para adquirir el status de pensionado, es decir, a partir del 26 de agosto de 2001.
En Sentencia CSJ S.L. 20 oct. 2009, rad.35605, la Corte al estudiar un caso con supuestos fácticos similares al que hoy nos ocupa, señalo:
En realidad, a juicio de la sala, la desafiliación que debe informarse a la administradora de pensiones es de la mayor trascendencia, como los preceptos reglamentarios referidos paladinamente enseñan, para efectos de que el trabajador pueda entrar a disfrutar de la pensión de vejez, es decir para que pueda recibir el pago del importe de la prestación, lo que no quiere decir que, si se omitió dar aviso al tiempo del cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, o mejor, de su causación, pierda el derecho a obtener el disfrute de las mesadas exigibles entre ese momento, y aquel en que se informe del retiro, o se pida el reconocimiento de la pensión, porque así no está expresamente disciplinado por el conjunto normativo que gobierna el tema que se dilucida. En últimas, la desafiliación no depende del aviso que se dé, sino de las circunstancias que rodeen cada caso en particular, como en el presente, en que el actor dejó de trabajar y cumplió el requisito de la edad.
El sentido en que una norma pueda producir un efecto más benéfico al trabajador, debe prevalecer sobre aquel que le resulte desfavorable, en los términos de los artículos 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y 53 de la Constitución Política. Por ello, interpretar el canon legal en la dirección propuesta por la censura, no es el más acertado para la sala, por lo cual, la intelección que más atiende el principio aludido, conservando la añeja distinción entre la causación y el disfrute de una pensión, es que si la norma no sanciona la omisión comentada, con la pérdida de las mesadas no es dable que el intérprete infiera tal consecuencia.
La intelección que mejor se aviene a los supuestos fácticos demostrados, es que la institución de seguridad social no está obligada a pagar al trabajador el valor de las mesadas, hasta tanto no se le informe sobre la desvinculación del sistema, o hasta cuando solicite que se le conceda la prestación, que es el momento en que la entidad verificará el cumplimiento de los requisitos y adquirirá certeza de que el afiliado no está interesado en seguir cotizando, empero, le reconocerá y pagará, retroactivamente, las mesadas causadas desde la fecha en que completó las exigencias para acceder al derecho.
Entender lo contrario, significaría, ni más ni menos, adicionar un nuevo requisito a los establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, iría en contravía de cualquier línea hermenéutica que se quiera emprender, menos en este caso en que Evangelista Ibañez Barrera registraba para el 30 de junio de 2001, cuando dejó de cotizar, 1343 semanas cotizadas, de suerte que ya no abrigaba la expectativa de alcanzar una tasa de reemplazo superior al 90 % del salario mensual de base, en los términos del artículo 20 del Acuerdo 49 de 1990, por lo cual, además, dejó de cotizar al sistema desde aquella fecha, lo que supone que dejó de tener ingresos como trabajador dependiente.
Soluciones diferentes se han tomado en otros casos, cuando el afiliado, no obstante cumplir los requisitos, sigue cotizando, pues no se le puede impedir que amplíe cuantitativamente su pensión, como efecto de una mayor densidad de cotizaciones, siempre y cuando esos aportes adicionales no contribuyan a desmejorar el monto final de la prestación pensional, como se definió en sentencia de 7 de septiembre de 2004, radicación 22630, o en los eventos en que la permanencia del trabajador en el sistema, obedeció a error de la entidad de seguridad social (Nº 34514; sepbre 1/09).
En cambio, en este proceso, dado el supuesto fáctico no controvertido de que la última cotización se efectuó por el ciclo 06-01, no aflora dubitación respecto de que la pensión debe reconocerse desde la fecha en que alcanzó la edad legalmente exigida, por manera que, de otra parte, se atiende el mandato contenido en la parte final del mencionado artículo 13 del Acuerdo 49 de 1990, en cuanto que, para liquidar la pensión, se debe colacionar hasta la última semana cotizada.
Y más recientemente, en una situación similar en la que también se discutía el pago del retroactivo pensional. a (sic) partir de la fecha del retiro definitivo del sistema de pensiones, existiendo una novedad de retiro del empleador en forma retroactiva, la sala en Sentencia SL607-2017, rad 47315, señaló:
Le asiste razón al censor, en cuanto el tribunal incurrió en un error manifiesto de hecho, al no haber dado por establecido que la demandante se retiró definitivamente del sistema de pensiones el 1º de diciembre de 2004; ese desatino fue consecuencia de la errónea apreciación de la historia de cotizaciones al instituto obrante de folios 24 a 30, donde concretamente, en el folio 29, se registra una novedad de retiro del sistema efectuada en forma retroactiva el 21 de septiembre de 2005 y con efectos a partir del 1º de diciembre de 2004.
Por último, no sobra dejar claro que el tribunal se equivocó al citar como precedente jurisprudencial la Sentencia CSJ S.L. 14 nov. 2001, rad. 16197, porque se trata de supuestos fácticos diferentes, en la medida que en ese asunto cuando se solicitó la pensión de vejez, el trabajador en esa oportunidad aún se encontraba cotizando al sistema de seguridad social.
Por todo lo dicho, el tribunal incurrió en los yerros fácticos y jurídicos enrostrados y por ende los tres cargos estudiados prosperan.
Por resultar innecesario la sala se abstiene de estudiar los ataques tercero y quinto, por cuanto persiguen igual cometido.
No hay lugar a costas en el recurso extraordinario de casación por cuanto los cargos salieron avantes.
Además de las consideraciones esgrimidas al desatarse el recurso de casación, conviene en sede de instancia agregar lo siguiente.
Según consta en la Resolución 26353, visible a folios 16 y 17, el accionante laboró al servicio del municipio de Medellín durante el período comprendido entre el 1º de abril de 1969 y el 16 de enero de 1972, tiempo durante el cual no realizó ninguna cotización al sistema de seguridad social en pensiones; así mismo, del examen a la historia laboral del actor, vista a folios 74 a 80, se observa que estando al servicio de diferentes empresas particulares, cotizó al Instituto de Seguros Sociales un total de 6.622 días netos equivalentes a 946 semanas, como se refleja en el siguiente cuadro:
Empresa Desde Hasta
Instituto de Seguros Sociales 1/03/1971 15/03/1994
Coltejer S.A. Comercializado 29/05/1972 16/09/1973
Polímero S.A. 17/09/1973 31/01/1977
Coltejer S.A. 11/02/1977 20/05/1979
Sanin Trujillo Ltda. 29/05/1979 25/05/1984
Detales Ltda. 23/07/1993 31/12/1994
Detales Ltda. 1/01/1995 31/12/1998
Total días 6622
Total semanas 946
Al tomar el tiempo servido por el actor en el sector público sin aportes a ninguna caja de previsión social que no se cuestiona, esto es, en el municipio de Medellín, que corresponde a 739 días, que se equipara a 105.57 semanas, y aquel cotizado al Instituto de Seguros Sociales, 6.622 días, esto es, 946 semanas, se tiene que su sumatoria arroja un total de 1051.57 semanas, equivalentes a 20.044 años de aportes, con lo cual satisface el primero de los requisitos exigido por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que es la normativa anterior que resulta aplicable al demandante, por resultarle más favorable.
Respecto a la segunda exigencia, esto es, tener 60 años de edad, no queda duda que los cumplió el 25 de agosto de 2001, ya que nació el mismo día y mes del año 1941, como lo prueba inequívocamente el documento obrante a folio 15.
El ISS reconoció la pensión de vejez con un IBL de los últimos diez años, con una tasa de remplazo del 67%, y un promedio mensual de $ 578.524.
Lo hasta aquí analizado resulta suficiente para revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenar a la entidad demandada a reliquidar la pensión reconocida, que como ya se dijo debió ser reconocida en los términos de la Ley 71 de 1988, que se aplica en virtud del régimen de transición al accionante Francisco Fabio Trujillo Mejía, cuyo ingreso base de liquidación se determinará con observancia del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, habida consideración que para el momento que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, 1º de abril de 1994, hasta el 25 de agosto de 2001 cuando arribó a la edad mínima le faltaban menos de 10 años para consolidar su derecho pensional, ello conforme al criterio de la sala según Sentencia SL4086-2017, rad.49010. Establecido lo anterior, la tasa de remplazo será el 75% que corresponde a la señalada en el régimen anterior para la pensión por aportes.
Conforme al IBL que corresponde, se tendrá en cuenta toda la vida laboral por resultarle más favorable al accionante, como lo solicitó desde la demanda inicial, tal como se pasa a explicar:
El IBL de toda la vida laboral del actor es el siguiente:
Fechas Nº De Nº De Salario Salario Salario
Desde Hasta Días Semanas Devengado Indexado Promedio
1/04/1969 30/04/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/05/1969 31/05/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/06/1969 30/06/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/07/1969 31/07/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/08/1969 31/08/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/09/1969 30/09/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/10/1969 31/10/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/11/1969 30/11/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/12/1969 31/12/1969 30 4.29 $ 2.348.16 $ 1.049.391.42 $ 4.279.15
1/01/1970 31/01/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/02/1970 28/02/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/03/1970 31/03/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/04/1970 30/04/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/05/1970 31/05/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/06/1970 30/06/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/07/1970 31/07/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/08/1970 31/08/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/09/1970 30/09/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/10/1970 31/10/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/11/1970 30/11/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/12/1970 31/12/1970 30 4.29 $ 2.508.77 $ 1.032.113.70 $ 4.208.70
1/01/1971 31/01/1971 30 4.29 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 3.948.83
1/02/1971 28/02/1971 30 4.29 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 3.948.83
1/03/1971 31/03/1971 31 4.43 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 4.080.45
1/04/1971 30/04/1971 30 4.29 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 3.948.83
1/05/1971 31/05/1971 31 4.43 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 4.080.45
1/06/1971 30/06/1971 30 4.29 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 3.948.83
1/07/1971 31/07/1971 31 4.43 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 4.080.45
1/08/1971 31/08/1971 31 4.43 $ 2.508.77 $ 968.383.55 $ 4.080.45
1/09/1971 30/09/1971 30 4.29 $ 2.810.50 $ 1.084.851.13 $ 4.423.75
1/10/1971 31/10/1971 31 4.43 $ 2.810.50 $ 1.084.851.13 $ 4.571.21
1/11/1971 30/11/1971 30 4.29 $ 2.810.50 $ 1.084.851.13 $ 4.423.75
1/12/1971 31/12/1971 31 4.43 $ 2.810.50 $ 1.084.851.13 $ 4.571.21
1/01/1972 31/01/1972 31 4.43 $ 2.810.50 $ 951.351.23 $ 4.008.68
1/02/1972 29/02/1972 29 4.14 $ - $ - $ -
1/03/1972 31/03/1972 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.290.09
1/04/1972 30/04/1972 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.087.18
1/05/1972 31/05/1972 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.290.09
1/06/1972 30/06/1972 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.087.18
1/07/1972 31/07/1972 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.290.09
1/08/1972 31/08/1972 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.290.09
1/09/1972 30/09/1972 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.087.18
1/10/1972 31/10/1972 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.290.09
1/11/1972 30/11/1972 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.087.18
1/12/1972 31/12/1972 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.492.780.26 $ 6.290.09
1/01/1973 31/01/1973 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.518.00
1/02/1973 28/02/1973 28 4.00 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 4.984.00
1/03/1973 31/03/1973 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.518.00
1/04/1973 30/04/1973 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.340.00
1/05/1973 31/05/1973 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.518.00
1/06/1973 30/06/1973 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.340.00
1/07/1973 31/07/1973 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.518.00
1/08/1973 31/08/1973 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.518.00
1/09/1973 30/09/1973 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.340.00
1/10/1973 31/10/1973 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.518.00
1/11/1973 30/11/1973 30 4.29 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.340.00
1/12/1973 31/12/1973 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.309.547.11 $ 5.518.00
1/01/1974 31/01/1974 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.055.376.57 $ 4.447.01
1/02/1974 28/02/1974 28 4.00 $ 4.410.00 $ 1.055.376.57 $ 4.016.66
1/03/1974 31/03/1974 31 4.43 $ 4.410.00 $ 1.055.376.57 $ 4.447.01
1/04/1974 30/04/1974 30 4.29 $ 9.480.00 $ 2.268.700.66 $ 9.251.19
1/05/1974 31/05/1974 31 4.43 $ 9.480.00 $ 2.268.700.66 $ 9.559.57
1/06/1974 30/06/1974 30 4.29 $ 9.480.00 $ 2.268.700.66 $ 9.251.19
1/07/1974 31/07/1974 31 4.43 $ 17.790.00 $ 4.257.403.46 $ 17.939.31
1/08/1974 31/08/1974 31 4.43 $ 17.790.00 $ 4.257.403.46 $ 17.939.31
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1/11/1993 30/11/1993 30 4.29 $ 197.910.00 $ 759.196.48 $ 3.095.81
1/12/1993 31/12/1993 31 4.43 $ 197.910.00 $ 759.196.48 $ 3.199.01
1/01/1994 31/01/1994 31 4.43 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.609.14
1/02/1994 28/02/1994 28 4.00 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.356.64
1/03/1994 31/03/1994 31 4.43 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.609.14
1/04/1994 30/04/1994 30 4.29 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.524.97
1/05/1994 31/05/1994 31 4.43 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.609.14
1/06/1994 30/06/1994 30 4.29 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.524.97
1/07/1994 31/07/1994 31 4.43 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.609.14
1/08/1994 31/08/1994 31 4.43 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.609.14
1/09/1994 30/09/1994 30 4.29 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.524.97
1/10/1994 31/10/1994 31 4.43 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.609.14
1/11/1994 30/11/1994 30 4.29 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.524.97
1/12/1994 31/12/1994 31 4.43 $ 197.910.00 $ 619.207.23 $ 2.609.14
1/01/1995 31/01/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/02/1995 28/02/1995 0 - $ - $ - $
1/03/1995 31/03/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/04/1995 30/04/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/05/1995 31/05/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/06/1995 30/06/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/07/1995 31/07/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/08/1995 31/08/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/09/1995 30/09/1995 30 4.29 $ 200.000.00 $ 510.413.24 $ 2.081.34
1/10/1995 31/10/1995 30 4.29 $ 400.000.00 $ 1.020.826.47 $ 4.162.67
1/11/1995 30/11/1995 30 4.29 $ 400.000.00 $ 1.020.826.47 $ 4.162.67
1/12/1995 31/12/1995 30 4.29 $ 400.000.00 $ 1.020.826.47 $ 4.162.67
1/01/1996 31/01/1996 0 - $ - $ - $
1/02/1996 29/02/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/03/1996 31/03/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/04/1996 30/04/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/05/1996 31/05/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/06/1996 30/06/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/07/1996 31/07/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/08/1996 31/08/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/09/1996 30/09/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/10/1996 31/10/1996 0 - $ - $ - $
1/11/1996 30/11/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/12/1996 31/12/1996 30 4.29 $ 480.000.00 $ 1.025.376.47 $ 4.181.23
1/01/1997 31/01/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/02/1997 28/02/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/03/1997 31/03/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/04/1997 30/04/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/05/1997 31/05/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/06/1997 30/06/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/07/1997 31/07/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/08/1997 31/08/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/09/1997 30/09/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/10/1997 31/10/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/11/1997 30/11/1997 30 4.29 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 3.437.41
1/12/1997 31/12/1997 3 0.43 $ 480.000.00 $ 842.966.90 $ 343.74
1/01/1998 31/01/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/02/1998 28/02/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/03/1998 31/03/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/04/1998 30/04/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/05/1998 31/05/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/06/1998 30/06/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/07/1998 31/07/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/08/1998 31/08/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/09/1998 30/09/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/10/1998 31/10/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/11/1998 30/11/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
1/12/1998 31/12/1998 30 4.29 $ 800.000.00 $ 1.193.825.01 $ 4.868.12
7357 1051 $ 1.349.516.01
Total días 7357
Total semanas 1051
IBL $ 1.349.516.01
Tasa de remplazo 75%
Mesada pensional $ 1.012.137.01
Así las cosas, tomando el IBL de toda la vida laboral con una tasa de remplazo del 75%, corresponde una mesada inicial de $ 1.012.137,01. En consecuencia, el valor de las diferencias pensionales que deberá reconocer el ISS al actor a partir del 1º de mayo de 2005, fecha en que se le reconoció la pensión en cuantía de $ 578.524, cuando su valor correcto para ese año 2005, con los incrementos de ley ascendía a la cantidad de $ 1.216.588,70, arrojan hasta julio de 2017 equivalente a la suma de 143.085.319.83, la cual se condenara, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Fechas Nº De Pensión Pensión Diferencia Diferencia
Desde Hasta Pagos Reconocida Reajustada Pensión Por anualidad
1/05/2005 31/12/2005 10 $ 578.524.00 $ 1.216.588.70 $ 638.064.70 $ 6.380.646.99
1/01/2006 31/12/2006 14 $ 606.582.41 $ 1.275.593.25 $ 669.010.84 $ 9.366.151.72
1/01/2007 31/12/2007 14 $ 633.757.31 $ 1.332.739.83 $ 698.982.52 $ 9.785.755.32
1/01/2008 31/12/2008 14 $ 669.818.10 $ 1.408.572.72 $ 738.754.63 $ 10.342.564.79
1/01/2009 31/12/2009 14 $ 721.193.14 $ 1.516.610.25 $ 795.417.11 $ 11.135.839.51
1/01/2010 31/12/2010 14 $ 735.617.01 $ 1.546.942.46 $ 811.325.45 $ 11.358.556.30
1/01/2011 31/12/2011 14 $ 758.936.07 $ 1.595.980.53 $ 837.044.47 $ 11.718.622.54
1/01/2012 31/12/2012 14 $ 787.244.38 $ 1.655.510.61 $ 868.266.23 $ 12.155.727.16
1/01/2013 31/12/2013 14 $ 806.427.87 $ 1.695.851.93 $ 889.424.05 $ 12.451.936.71
1/01/2014 31/12/2014 14 $ 822.072.58 $ 1.728.751.45 $ 906.678.88 $ 12.693.504.28
1/01/2015 31/12/2015 14 $ 852.148.40 $ 1.791.998.46 $ 939.850.06 $ 13.157.900.78
1/01/2016 31/12/2016 14 $ 909.838.85 $ 1.913.316.75 $ 1.003.477.90 $ 14.048.690.66
1/01/2017 31/07/2017 8 $ 962.154.58 $ 2.023.332.47 $ 1.061.177.88 $ 8.489.423.07
Total reliquidación pensional $ 143.085.319.83
Por último, se deja claro que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, deberá cobrar la cuota parte pensional con la que debe concurrir el municipio de Medellín, y a partir de agosto de 2017 a cancelar al actor una mesada pensional de $ 2.023.332.47.
En sede de instancia, además de las argumentaciones contenidas en la esfera casacional, debe decirse, que el estado de pensionado se adquiere con el cumplimiento del tiempo de servicio o de cotizaciones y la edad. En este asunto el accionante cumplió con el primer requisito en el mes de diciembre de 1998, pues como ya quedó demostrado en el punto anterior, para esa fecha alcanzó las cotizaciones requeridas, esto es, un total de 1.051.57 semanas, equivalentes a 20.044 años, resultado de contar las semanas cotizadas al ISS y el tiempo de servicio como servidor público no aportado, como en precedencia quedó suficientemente ilustrado. Ahora, la edad de 60 años el actor la cumplió el 25 de agosto de 2001, como lo muestra su registro de nacimiento obrante a folio 15 del cuaderno principal.
Así las cosas, como se dijo en sede de casación, el hecho de que el actor hubiera dejado de cotizar al sistema de seguridad social en pensiones desde enero de 1999, es una señal de la voluntad de querer desafiliarse del régimen de seguridad social, lo que aunado a que la novedad de retiro se presentó el 26 de abril de 2005 con efectos retroactivos a enero de 1999, no deja duda a la sala, que su pensión debió reconocerse a partir del preciso momento en que cumplió 60 años de edad, lo cual deberá tenerse en cuenta para efectos de condenar al retroactivo pensional demandado.
En lo que atañe a la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, hay que decir, que solo opera respecto del retroactivo pensional por razón de la fecha de desafiliación, mas no frente a la reliquidación del IBL. En tales condiciones, para estos efectos, se tendrá en cuenta que a folio 189 del cuaderno principal aparece la solicitud de pensión con fecha 20 de mayo de 2005, lo que significa que en virtud del término prescriptivo del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al que se acude por integración normativa, se encuentran prescritas todas las mesadas pensionales causadas entre el 25 de agosto de 2001, cuando el actor cumplió 60 años de edad y el 20 de mayo de 2002, debiéndose ordenar solo el pago de las mesadas causadas desde esta última fecha y el 30 de abril de 2005, cuando el ISS comenzó a pagar la pensión, las cuales se liquidaran con el IBL correcto.
Por lo expuesto, se dispondrá que el Instituto de Seguros Sociales reconozca por concepto de retroactivo pensional causado y no prescrito, desde el 20 de mayo de 2002 hasta el 30 de abril de 2005, fecha en la que el ISS le reconoció la pensión, la suma de $ 45.887.570,42 para cuya liquidación se tomó la mesada pensional debidamente reliquidada en los términos expuestos en el punto anterior, tal como se observa a continuación:
Desde Hasta Pagos Mesada Anualidad
20/05/2002 31/12/2002 9.6 $ 1.012.137.01 $ 9.716.515.26
1/01/2003 31/12/2003 14 $ 1.082.885.38 $ 15.160.395.35
1/01/2004 31/12/2004 14 $ 1.153.164.64 $ 16.144.305.01
1/01/2005 30/04/2005 4 $ 1.216.588.70 $ 4.866.354.80
Total retroactivo pensional $ 45.887.570.42
Quedan así despachadas las pretensiones del accionante.
Así las cosas, se revocará la absolución del a quo, y se impondrán las condenas en la forma antes descrita. En cuanto a las excepciones, por lo precedente, se declarará probada la excepción parcial de prescripción y las demás, se tienen por no demostradas dadas las resultas del proceso.
No se causan costas en la alzada y las de primer grado serán a cargo del demandado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2010, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Francisco Fabio Trujillo Mejía contra el Instituto de Seguros Sociales.
1. SE REVOCA la decisión del a quo que absolvió de todas las pretensiones incoadas en la demanda y, en su lugar, se CONDENA al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, a pagar a favor del accionante, Francisco Fabio Trujillo Mejía, las sumas de:
a) $ 45.887.570.42 por concepto de retroactivo pensional no prescrito desde el 20 de mayo de 2002 hasta el 30 de abril de 2005.
b) $ 143.085.319.83, por concepto de diferencias por reliquidación pensional de las mesadas causadas entre mayo de 2005 y julio de 2017,
2. SE ORDENA al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones que a partir del mes de agosto de 2017, pague una mesada pensional equivalente a $ 2.023.332.47 a favor del accionante.
3. SE DISPONE que el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, deberá cobrar la cuota parte pensional con la que debe concurrir el municipio de Medellín.
4. SE DECLARA probada parcialmente la excepción de prescripción.

References: ARTÍCULO 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 36
 artículo 7
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 7
 artículo 36
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 20
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 36
 artículo 151