Source: https://www.iberley.es/legislacion/directiva-2019-1153-20-jun-doue-uso-informacion-prevencion-deteccion-investigacion-enjuiciamiento-infracciones-penales-26322186
Timestamp: 2020-07-02 20:03:50+00:00

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Directiva 2019/1153 de 20 de Jun DOUE (Uso de información para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales) | Iberley
Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo - Diario Oficial de la Unión Europea de 11-07-2019
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 185
(1) Facilitar el uso de la información financiera es necesario para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves.
(2) Con el fin de reforzar la seguridad, mejorar el enjuiciamiento de los delitos financieros, luchar contra el blanqueo de capitales y prevenir los delitos fiscales en los Estados miembros y en toda la Unión, es necesario mejorar el acceso a la información por parte de las Unidades de Información Financiera (UIF) y las autoridades públicas responsables de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, potenciar su capacidad para llevar a cabo investigaciones financieras y mejorar la cooperación entre ellas.
(3) De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), la Unión y los Estados miembros se asistirán mutuamente. Deben también comprometerse a cooperar de manera leal y rápida.
(4) En su comunicación de 2 de febrero de 2016 sobre un plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo, la Comisión se comprometió a estudiar la posibilidad de adoptar un instrumento jurídico independiente y específico para ampliar el acceso a los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos por parte de las autoridades de los Estados miembros, incluidas las autoridades competentes a efectos de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, los organismos de recuperación de activos, las autoridades tributarias y las autoridades anticorrupción. Por otra parte, dicho plan de acción instaba asimismo a la elaboración de un inventario de los obstáculos al acceso, intercambio y utilización de la información, así como a la cooperación operativa entre las UIF.
(5) La lucha contra las formas graves de delincuencia, en particular contra el fraude financiero y el blanqueo de capitales, sigue siendo una prioridad para la Unión.
(6) La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) obliga a los Estados miembros a establecer registros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de datos que permitan la identificación en tiempo oportuno de los titulares de cuentas bancarias y de pago o cajas de seguridad.
(7) En virtud de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849, la información contenida en tales registros centralizados de cuentas bancarias debe ser directamente accesible a las UIF, y también accesible a las autoridades nacionales competentes para la prevención del blanqueo de capitales, los delitos antecedentes conexos y la financiación del terrorismo.
(8) El acceso directo e inmediato a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias es a menudo indispensable para el éxito de una investigación penal o para la oportuna identificación, localización e inmovilización de los activos conexos con vistas a su confiscación. El acceso directo es el tipo más inmediato de acceso a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias. Por consiguiente, la presente Directiva debe establecer normas sobre la concesión de un acceso directo a la información conservada en los registros centralizados de cuentas bancarias a determinadas autoridades de los Estados miembros competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. Cuando un Estado miembro proporcione acceso a información sobre cuentas bancarias a través de un sistema central electrónico de recuperación de datos, dicho Estado miembro debe garantizar que la autoridad que gestiona los sistemas de recuperación de datos informe de los resultados de la búsqueda de forma inmediata y sin aplicar filtros a las autoridades competentes designadas. La presente Directiva no debe afectar a los canales de intercambio de información entre las autoridades competentes ni a las facultades de estas para obtener información que obre en poder de las entidades obligadas en virtud del Derecho de la Unión o nacional. El acceso a la información que conservan las autoridades nacionales en los registros centralizados para fines distintos a los de la presente Directiva o respecto a infracciones penales distintas de las reguladas por la presente Directiva queda fuera de su ámbito de aplicación.
(9) Dado que en cada Estado miembro existen numerosas autoridades u organismos competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, y para garantizar un acceso proporcionado a la información financiera y de otro tipo en el marco de la presente Directiva, se debe requerir a los Estados miembros para que designen a las autoridades u organismos que están facultados para acceder a los registros centralizados de cuentas bancarias y pueden recabar información de las UIF a los efectos de la presente Directiva. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben tener en cuenta la naturaleza, el estatuto organizativo, las funciones y las prerrogativas de dichas autoridades y organismos de acuerdo con lo establecido en su Derecho nacional, incluidos los mecanismos existentes para la protección de los sistemas financieros contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
(10) Los organismos de recuperación de activos deben figurar entre las autoridades competentes y tener acceso directo a la información de los registros centralizados de cuentas bancarias a la hora de prevenir, detectar o investigar una infracción penal grave específica o apoyar una investigación penal específica, incluidas la identificación, localización e inmovilización de activos.
(11) En la medida en que las autoridades tributarias y los organismos anticorrupción sean competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales con arreglo al Derecho nacional, deben incluirse también entre las autoridades que pueden ser designadas a los efectos de la presente Directiva. Las investigaciones administrativas distintas de las realizadas por las UIF en el contexto de la prevención, la detección y la lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, no deben quedar cubiertas por la presente Directiva.
(12) Los autores de infracciones penales, en particular los grupos delictivos y los terroristas, a menudo operan en distintos Estados miembros y sus activos, incluidas sus cuentas bancarias, están frecuentemente situadas en otros Estados miembros. Teniendo en cuenta la dimensión transfronteriza de los delitos graves, incluido el terrorismo, así como de las correspondientes actividades financieras, las autoridades competentes deben a menudo llevar a cabo investigaciones penales en un Estado miembro para acceder a información sobre cuentas bancarias tenidas en otros Estados miembros.
(13) La información recabada por las autoridades competentes a partir de los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias puede intercambiarse con las autoridades competentes situadas en otro Estado miembro, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo (4), la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y con las normas aplicables en materia de protección de datos.
(14) La Directiva (UE) 2015/849 ha mejorado sustancialmente el marco jurídico de la Unión que regula la actividad y la cooperación de las UIF, incluida la evaluación por parte de la Comisión de la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación y apoyo. El estatuto jurídico de las UIF toma formas muy variadas en los distintos Estados miembros, desde constituirse como órganos administrativos o fuerzas o cuerpos de seguridad hasta como entidades híbridas Las competencias de las UIF incluyen el derecho a acceder a la información financiera, administrativa y de los servicios policiales que necesitan para prevenir, detectar y luchar contra el blanqueo de capitales, los delitos antecedentes conexos y la financiación del terrorismo. No obstante, el Derecho de la Unión no establece todos los instrumentos y mecanismos específicos que las UIF deben tener a su disposición para acceder a dicha información y desempeñar sus funciones. Dado que los Estados miembros siguen siendo plenamente responsables de crear las UIF y determinar su naturaleza organizativa, las diferentes UIF tienen diferentes grados de acceso a las bases de datos reglamentarias, lo que se traduce en un insuficiente intercambio de información entre los servicios policiales y judiciales y las UIF.
(15) Con el fin de aumentar la seguridad jurídica y la eficacia operativa, la presente Directiva debe establecer normas que refuercen la capacidad de las UIF para compartir información financiera y análisis financieros con las autoridades competentes designadas en su Estado miembro con respecto a todas las infracciones penales graves. Concretamente, las UIF deben tener la obligación de cooperar con las autoridades competentes designadas de sus Estados miembros y deben poder responder, a su debido tiempo, a solicitudes motivadas de información financiera o de análisis financiero cursadas por dichas autoridades competentes designadas, en caso de que la información financiera o el análisis financiero sean necesarios, en función de cada caso, y cuando dichas solicitudes estén motivadas por problemas relativos a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves, sin perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 32, apartado 5, de la Directiva (UE) 2015/849. Esta obligación no debe impedir la autonomía de las UIF en virtud de la Directiva (UE) 2015/849. En particular, en los casos en que la información solicitada proceda de una UIF de otro Estado miembro, deben respetarse todas las restricciones y condiciones impuestas por dicha UIF para la utilización de dicha información. Toda utilización para fines distintos de aquellos que estaban originalmente autorizados debe estar sujeta a la autorización previa de dicha UIF. Las UIF deben justificar debidamente toda denegación de atención a una solicitud de información o análisis. La presente Directiva no debe afectar a la independencia y autonomía en el plano operativo de las UIF, tal y como se contempla en la Directiva (UE) 2015/849, en particular para difundir espontáneamente información, por iniciativa propia, a los efectos de la presente Directiva.
(16) La presente Directiva debe establecer asimismo un marco jurídico claramente definido que permita a las UIF solicitar los datos almacenados por las autoridades competentes designadas en su Estado miembro a fin de poder prevenir, detectar y luchar contra el blanqueo de capitales, los delitos antecedentes conexos y la financiación del terrorismo de manera efectiva.
(17) Las UIF deben esforzarse en intercambiar información financiera o análisis financiero con rapidez en casos urgentes y excepcionales, cuando dicha información o dicho análisis estén relacionados con el terrorismo o con delincuencia organizada relacionada con el terrorismo.
(18) Ese intercambio no debe obstaculizar el papel activo de una UIF en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 a la hora de difundir su análisis a otras UIF cuando dicho análisis revele hechos, conductas o sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que puedan revestir un interés directo para esas otras UIF. El análisis financiero abarca el análisis operativo centrado en casos individuales y objetivos específicos o en información seleccionada adecuada, dependiendo del tipo y volumen de las comunicaciones recibidas y el uso previsto de la información tras su difusión, así como análisis estratégicos de las tendencias y pautas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No obstante, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del estatuto organizativo y de la función conferidos a las UIF en virtud del Derecho nacional de los Estados miembros.
(19) Dados el carácter sensible de los datos financieros que deben ser analizados por las UIF y las garantías de protección de datos necesarias, la presente Directiva debe establecer específicamente el tipo y el alcance de la información que puede intercambiarse entre las UIF, entre las UIF y las autoridades competentes designadas y entre las autoridades competentes designadas de los diferentes Estados miembros. La presente Directiva no debe cambiar los métodos actuales de recogida de datos. No obstante, los Estados miembros deben poder decidir la ampliación del alcance de la información financiera y sobre cuentas bancarias que pueden intercambiar las UIF y las autoridades competentes designadas. Los Estados miembros también deben poder facilitar el acceso de las autoridades competentes designadas a la información financiera y sobre cuentas bancarias para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales que no sean infracciones penales graves. La presente Directiva no debe establecer excepciones a las normas aplicables en materia de protección de datos.
(20) En el marco de las competencias y funciones específicas de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) creada por el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), establecidas en dicho Reglamento, Europol ofrece apoyo a las investigaciones transfronterizas de los Estados miembros relativas a las actividades de blanqueo de capitales de las organizaciones delictivas transnacionales. En este contexto, Europol debe notificar a los Estados miembros cualquier información y conexiones entre infracciones penales que afecten a dichos Estados miembros. De conformidad con dicho Reglamento, las unidades nacionales de Europol son los organismos de enlace entre Europol y las autoridades de los Estados miembros competentes para investigar las infracciones penales. A fin de facilitar a Europol la información necesaria para que esta pueda llevar a cabo sus tareas, cada Estado miembro debe permitir a su UIF que responda a las solicitudes de información financiera y análisis financiero cursadas por Europol a través de la unidad nacional de Europol de ese Estado miembro o, según el caso, mediante contactos directos. Los Estados miembros deben disponer asimismo que su unidad nacional de Europol y, en su caso, las autoridades competentes designadas, estén facultadas para responder a las solicitudes de información sobre cuentas bancarias cursadas por Europol. Las solicitudes cursadas por Europol deben estar debidamente justificadas. Deben tramitarse caso por caso, dentro de los límites de las prerrogativas de Europol y para el desempeño de sus funciones. La independencia y la autonomía en el plano operativo de las UIF no deben ponerse en peligro, y la decisión de facilitar o no información o análisis debe seguir siendo competencia de las UIF. Con el fin de garantizar una cooperación rápida y eficaz, las UIF deben responder a las solicitudes de Europol en tiempo oportuno. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794, Europol debe mantener su práctica actual para proporcionar información a los Estados miembros sobre el uso realizado de la información o análisis facilitados en virtud de la presente Directiva.
(21) La presente Directiva también debe tener en cuenta el hecho de que, en su caso, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (7), los fiscales europeos delegados de la Fiscalía Europea están facultados para obtener cualquier información pertinente almacenada en las bases de datos de investigaciones penales y de los servicios de seguridad, así como en otros registros pertinentes de las autoridades públicas, incluidos los registros centralizados de cuentas bancarias y los sistemas de recuperación de datos, en las mismas condiciones que las aplicables en virtud del Derecho nacional en casos similares.
(22) A fin de reforzar la cooperación entre las UIF, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto en un futuro próximo para evaluar la posibilidad y la conveniencia de establecer un mecanismo de coordinación y apoyo, como una «UIF de la UE».
(23) Para conseguir el equilibrio adecuado entre eficiencia y un alto nivel de protección de datos, los Estados miembros deben tener la obligación de velar por que el tratamiento de la información financiera sensible que pueda revelar datos sensibles relativos al origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas de una persona, o la pertenencia a un sindicato, o datos relativos a la salud de una persona física, o la vida sexual u orientación sexual de una persona únicamente se permita si es realizado por personas específicamente autorizadas y de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de datos.
(24) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el artículo 6 del TUE y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de datos de carácter personal, la prohibición de la discriminación, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, y los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas, así como los derechos fundamentales y los principios reconocidos por el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y por las constituciones de los Estados miembros en sus respectivos ámbitos de aplicación.
(25) Es fundamental garantizar que el tratamiento de los datos personales en virtud de la presente Directiva respete plenamente el derecho a la protección de los datos personales. Dicho tratamiento está sujeto a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 (8) y en la Directiva (UE) 2016/680 (9) del Parlamento Europeo y del Consejo, en sus respectivos ámbitos de aplicación. En lo que respecta al acceso de los organismos de recuperación de activos a los registros centralizados de cuentas bancarias y a los sistemas de recuperación de datos, será de aplicación la Directiva (UE) 2016/680, mientras que el artículo 5, apartado 2, de la Decisión 2007/845/JAI del Consejo (10) no debe aplicarse. Por lo que se refiere a Europol, será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/794. En la presente Directiva deben establecerse salvaguardias y condiciones específicas y suplementarias para garantizar la protección de los datos personales por lo que se refiere a los mecanismos del tratamiento de datos sensibles y los registros de las solicitudes de información.
(26) Todos los datos personales obtenidos en virtud de la presente Directiva deben ser tratados de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de datos únicamente por las autoridades competentes, siempre que ello sea necesario y proporcionado a efectos de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves.
(27) Por otra parte, a fin de respetar el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad, y limitar el impacto del acceso a la información contenida en los registros centralizados de cuentas bancarias y en los sistemas de recuperación de datos, es fundamental establecer condiciones que limiten tal acceso. En particular, los Estados miembros deben garantizar que se aplican políticas y medidas adecuadas de protección de datos al acceso a los datos personales por parte de las autoridades competentes a efectos de la presente Directiva. Solo el personal autorizado debe tener acceso a la información que contenga datos de carácter personal que puedan conseguirse a partir de los registros centralizados de cuentas bancarias o a través de procesos de autenticación. El personal con acceso autorizado a dichos datos sensibles debe recibir formación sobre prácticas de seguridad con respecto al intercambio y manejo de los datos.
(28) La transferencia de datos financieros a terceros países o socios internacionales, a los efectos de la presente Directiva, solo debe autorizarse en las condiciones establecidas en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 o en el capítulo V de la Directiva (UE) 2016/680.
(29) La Comisión debe presentar un informe sobre la aplicación de la presente Directiva a los tres años de su fecha de transposición, y cada tres años a partir de entonces. De conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (11), la Comisión debe asimismo llevar a cabo una evaluación de la presente Directiva sobre la base de la información recogida a través de mecanismos de seguimiento específicos para evaluar los efectos reales de la Directiva y la necesidad de cualquier actuación posterior.
(30) La presente Directiva tiene como objetivo garantizar que se adoptan normas destinadas a ofrecer a los ciudadanos de la Unión un nivel elevado de seguridad mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia, de conformidad con el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Debido a su carácter transnacional, las amenazas terroristas y delictivas afectan a la Unión en su conjunto y requieren una respuesta a escala de la Unión. Los delincuentes pueden utilizar y aprovecharse de la falta de un uso eficiente de la información financiera sobre cuentas bancarias e información financiera en un Estado miembro, lo que podría tener consecuencias en otro Estado miembro.
(31) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, mejorar el acceso a la información por parte de las UIF y las autoridades públicas responsables de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, potenciar su capacidad para llevar a cabo investigaciones financieras y mejorar la cooperación entre ellas. no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(32) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva en lo que respecta a la autorización de los Estados miembros para aplicar de manera provisional o celebrar acuerdos con terceros países que son partes contratantes del Espacio Económico Europeo, en asuntos que entran en el ámbito de aplicación del capítulo II de la presente Directiva, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (12).
(33) Debe derogarse la Decisión 2000/642/JAI, dado que su objeto está regulado por otros actos de la Unión y ya no es necesaria.
(34) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(35) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.
(36) El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), y emitió su dictamen el 10 de septiembre de 2018.
a) la Directiva (UE) 2015/849, y las correspondientes disposiciones del Derecho nacional, incluido el estatuto organizativo conferido a las UIF por el Derecho nacional y su independencia y autonomía en el plano operativo;
b) los canales para el intercambio de información entre las autoridades competentes o de la facultad de las autoridades competentes en virtud del Derecho de la Unión o nacional para obtener información que obre en poder de las entidades obligadas;
c) el Reglamento (UE) 2016/794;
d) las obligaciones que resulten de los instrumentos de la Unión en el ámbito de la asistencia judicial o del reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal y de la Decisión marco 2006/960/JAI.
i) todo tipo de información o datos que ya obren en poder de las autoridades competentes en el contexto de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales,
ii) todo tipo información o datos que obren en poder de autoridades públicas o entes privados en el contexto de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, y que esté a disposición de las autoridades competentes sin necesidad de adoptar medidas coercitivas en virtud del Derecho nacional.
i) respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda actuar en nombre de este: el nombre y los apellidos, complementados bien con los demás datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales que transpongan el artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva (UE) 2015/849, bien con un número de identificación único,
ii) respecto del beneficiario efectivo del cliente-titular de la cuenta: el nombre y los apellidos, complementados bien con los demás datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales que transpongan el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/849, bien con un número de identificación único,
iii) respecto de la cuenta bancaria o la cuenta de pago: el número IBAN y la fecha de apertura y cierre de la cuenta,
iv) respecto de la caja de seguridad: el nombre y los apellidos del arrendatario, complementados bien con los demás datos de identificación requeridos por las disposiciones nacionales de transposición del artículo 13, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849, bien con un número de identificación único y la indicación de la duración del período de arrendamiento;
Artículo 3. Designación de las autoridades competentes
CAPÍTULO II. ACCESO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES A LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS
Artículo 4. Acceso y consulta por las autoridades competentes a la información sobre las cuentas bancarias
Artículo 5. Condiciones para el acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes
Artículo 6. Seguimiento del acceso y la consulta por parte de las autoridades competentes
a) el número de referencia del expediente nacional;
b) la fecha y hora de la búsqueda o consulta;
c) el tipo de datos utilizados para iniciar la búsqueda o consulta;
d) el identificador único de los resultados;
e) el nombre de la autoridad competente designada que haya consultado el registro;
f) el identificador de usuario único del agente que haya realizado la búsqueda o consulta, así como, en su caso, el del agente que haya ordenado la búsqueda o consulta y, en la medida de lo posible, el identificador de usuario único del destinatario de los resultados de la búsqueda o consulta.
CAPÍTULO III. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y LAS UIF, Y ENTRE UIF
Artículo 7. Solicitudes de información dirigidas por las autoridades competentes a una UIF
Artículo 8. Solicitudes de información dirigidas por una UIF a las autoridades competentes
Artículo 9. Intercambio de información entre las UIF de diferentes Estados miembros
Artículo 10. Intercambio de información entre las autoridades competentes de diferentes Estados miembros
CAPÍTULO IV. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EUROPOL
Artículo 11. Comunicación de información sobre cuentas bancarias a Europol
Artículo 12. Intercambio de información entre Europol y las UIF
Artículo 13. Modalidades específicas del intercambio de información
a) SIENA o su sucesora, en la lengua aplicable a SIENA, o
b) en su caso, la red de unidades de información financiera (FIU.net) o su sucesora.
Artículo 14. Requisitos en materia de protección de datos
CAPÍTULO V. DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS RELATIVAS AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Artículo 16. Tratamiento de datos personales sensibles
Artículo 17. Registro de las solicitudes de información
a) el nombre y los datos de contacto de la organización y del miembro del personal que hayan solicitado la información y, en la medida de lo posible, del destinatario de los resultados de la búsqueda o la consulta;
b) la referencia al asunto nacional para el cual se solicita la información;
c) el objeto de las solicitudes, y
d) cualquier medida de ejecución de tales solicitudes.
Artículo 18. Restricciones de los derechos de los interesados
Artículo 19. Seguimiento
a) el número de consultas efectuadas por las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 4;
b) datos que midan el volumen de solicitudes cursadas por cada autoridad prevista en la presente Directiva, el seguimiento dado a tales solicitudes, el número de asuntos investigados, el número de personas enjuiciadas y el número de personas condenadas por delitos graves, cuando se disponga de esta información;
c) datos que midan el tiempo que tarda una autoridad en responder a una solicitud a contar desde su recepción;
d) si estuvieran disponibles, datos que midan el coste de los recursos humanos o informáticos que se destinan a las solicitudes nacionales y transfronterizas cursadas en virtud de la presente Directiva.
Artículo 20. Relación con otros instrumentos
Artículo 21. Evaluación
Artículo 22. Procedimiento de comité
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Artículo 24. Derogación de la Decisión 2000/642/JAI
(3) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
(12) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(13) Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

References: artículo 4
 artículo 32
 artículo 43
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 67
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 4

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 4

Artículo 24