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Telecomunicaciones Archives - Eduardo Lagarón
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Por Eduardo Lagarón Publicado el 10 junio, 2013
Mucho se ha comentado en las redes sociales sobre el derecho de los consumidores y usuarios a que se les liberen sus teléfonos móviles una vez transcurrido el periodo de permanencia, o bien, si se quiere ver de otro modo, si existe una obligación por parte de los operadores de telecomunicaciones de llevar a cabo la “liberación” de los equipos terminales móviles una vez transcurrido dicho periodo.
La polémica se suscitó a raíz de un recordatorio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a través de las redes sociales sobre la inexistencia de una obligación por parte de los operadores de “liberar” el equipo terminal móvil una vez transcurrido el mencionado periodo. En este sentido, lo cierto es que, como ha indicado parte de la doctrina, la inexistencia de una norma o resolución legal que imponga la obligación a los operadores de “liberar” el teléfono móvil del usuariono impide la posibilidad de que se pueda argumentar que, una vez terminado el periodo de permanencia, el terminal deba ser “liberado” por los operadores.
Si realizásemos un análisis exhaustivo de nuestro Real Decreto 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto de Consumidores y Usuarios), podría interpretarse que el cumplimiento por parte de los usuarios del compromiso de permanencia da lugar a una falta de reciprocidad por parte de las operadoras, ya que, una vez cumplido el citado periodo, el usuario debería gozar de todas las funcionalidades del equipo terminal móvil, incluyéndose entre las mismas, establecer comunicaciones electrónicas a través de cualquier operador de telecomunicaciones. Sin embargo, para que dicha falta de reciprocidad opere, debe existir una cláusula abusiva específica que de lugar a “la imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos” (art. 87 del Real Decreto de Consumidores y Usuarios).
Con todo ello y a favor de la interpretación de considerar que existe una obligación de “liberar” el equipo terminal móvil por parte de los operadores, podría considerarse que hay una falta de reciprocidad en las condiciones ya que, una vez cumplida la obligación de permanencia, el usuario habría satisfecho el importe íntegro del equipo terminal móvil y se le estaría imponiendo una obligación extra que, en todo caso, debería asumir el empresario al habérsele pagado el importe total del teléfono.
Así las cosas, y ante el debate de si la normativa de consumidores y usuarios impone, directa o indirectamente, la obligación de “liberar” el teléfono móvil tras el periodo de permanencia, resulta necesario analizar si de manera explícita viene recogida en la normativa sectorial la citada obligación por parte de los operadores de telecomunicaciones una vez transcurrido dicho periodo. En este sentido, debe tenerse en cuenta que dicha obligación no viene recogida en el Real Decreto 424/2005 por el que se aprueban disposiciones para proteger a los usuarios, ni tampoco en el Real Decreto 899/2009 que regula la carta de derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas. En efecto, lo único que se contempla en la propia Ley general de Telecomunicaciones 32/2003 y concretamente en el artículo 38 bis apartado f) es el contenido mínimo de los contratos celebrados entre las operadoras de telecomunicaciones y los usuarios pero sin que ello implique la obligación por parte de los operadores de “liberar” el equipo terminal móvil una vez transcurrido el periodo de permanencia. En concreto, en el mismo se señala únicamente que debe especificarse en el contrato “Cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado“, lo que complementa a lo ya recogido en la normativa de consumidores y usuarios y demás normativa.
En este sentido, efectivamente, a pesar de la práctica generalizada, dicha restricción debe estar contemplada en el contrato puesto que aunque el articulado se centre en la restricción sobre el teléfono móvil, ambos, producto y servicio, esto es, equipo terminal móvil y comunicaciones electrónicas, están tan vinculados que, actualmente, cualquier restricción que se lleve a cabo sobre la conexión para realizar comunicaciones electrónicas afecta a las posibilidades técnicas del equipo terminal móvil, o dicho de otra manera, el servicio, en este caso, queda plenamente ligado al producto.
Ante la inexistencia de una obligación explícita por parte de los operadores de “liberar” los teléfonos móviles de los usuarios una vez transcurrido el periodo de permanencia, no es de extrañar que tarde o temprano los operadores de telecomunicaciones ofrezcan, como valor añadido, un servicio de “liberación” gratuito para atraer a nuevos clientes. Será la recompensa para todo aquel usuario que, sabiendo cuidar su equipo terminal móvil durante el periodo de permanencia, podrá disfrutar de otro operador una vez terminado el mismo.
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La “Ley Facebook” no fomenta la privacidad sino más bien todo lo contrario.
Por Eduardo Lagarón Publicado el 13 marzo, 2011
La influencia de la “Ley Facebook” ha generado presión sobre aquellas personas que buscan trabajo en un contexto de recesión económica. La publicidad de la privacidad de las personas en Internet se ha convertido en un requisito indispensable para encontrar trabajo, mientras que se discriminan a aquellas personas que no lo hacen.
En la era de la tecnología, se ha observado un detrimento de la privacidad en la vida de las personas e incluso de los trabajadores. Por ello, Alemania ha sido la precursora en elaborar una ley, conocida por todos como la “Ley Facebook”, que pretende la no utilización por parte del empresario de cierta información personal relacionada con sus trabajadores que se encuentre en sus redes sociales para fines laborales (salvo cuando estas estén orientadas a fines profesionales como Linkedin), a no ser que estos les autorice.
Si bien más que una ley restrictiva, parece una ley “ejemplificadora”. Ello es así por la inaplicabilidad de ésta. Según la mayor parte de la doctrina jurídica no existe realmente causas de despido que se puedan alegar por la aparición de información en las redes sociales, ya que pertenece a la esfera privada de las personas. Si consideramos dicha ley como una orientación al futuro de la privacidad, o mejor dicho, como un texto que pretenda redirigir el concepto de aquella en Internet, ello resulta carente de sentido. Internet crece, se desarrolla y se forma, de manera que, ninguna ley puede decir ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y en que se convertirá?, en definitiva, no se le pueden poner barreras. Como dijo Oliver Cromwell : “Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe adónde se va”, fundamento esencial del progreso.
Ello no significa, que Internet sea un paraíso sin ley, pues si bien las leyes no formarán nunca el concepto de Internet, si es necesario crear aquellas para controlar las actividades económicas.
Pero lo más importante respecto a la “Ley facebook” no es la iniciativa de querer proteger al trabajador, que en sí misma es recomendable; sino la inoportunidad de desarrollar esta ley en la actualidad. Con esto quiero decir, que una ley ha de elaborarse siempre de acuerdo a las circunstancias actuales, valorando de antemano sus consecuencias, y a aquellas me refiero ahora en concreto, a la crisis económica.
La “Ley Facebook” si bien pretende proteger al trabajador ya contratado, ha ejercido influencia sobre los procesos de selección de nuevos trabajadores. De manera que la orientación sobre el concepto de privacidad en el mundo laboral, y no laboral, va cambiando.
En una etapa de recesión económica, y sobre todo en una sociedad capitalista, la tasa de paro sube, las empresas reciben menos ingresos y contratan menos personal. Si bien ambos son perjudicados con la crisis, cierto es, que existe mayor discrecionalidad por parte de las empresas que optan por trabajadores mejor cualificados por un determinado puesto. Aquellas a la hora de proveerse de recursos humanos, acaban proporcionando trabajo aquellos que tengan mejores aptitudes, y que a partir de ahora, ofrezcan su privacidad a fin de valorar las características personales del trabajador.
Como consecuencia de todo ello, es la consideración de la “Ley Facebook” como un “arma de doble filo”. Si bien la iniciativa de la ley no es mala para garantizar la privacidad de los trabajadores, esta ley, a su vez ejerce el efecto inverso sobre aquellas personas que buscan trabajo, agravándose las consecuencias, en una época de crisis económica. Parece que las empresas han respondido a la “Ley Facebook” con el siguiente premisa: “si no podemos controlar al trabajador durante la vigencia del contrato laboral, valorémoslo de manera mucho más exhausitva antes de proporcionarle el puesto de trabajo, incluso en su esfera privada”.
¿Cuáles han sido las consecuencias de esta ley en la búsqueda de empleo?. Si bien se criticaba a las empresas por inmiscuirse en la privacidad de sus trabajadores o futuros trabajadores, con la aludida crisis contratan a aquellos que poseen unas cualidades y aptitudes mayores, en comparación con lo que exigían antes de la situación crítica actual; y no sólo eso, sino que ahora éstas exigen la publicidad de la privacidad de las personas, para poder corroborar además de sus aptitudes profesionales, también sus aptitudes personales para un puesto de trabajo.
Por otro lado, en dicho contexto, es evidentemente que aquella persona que busca trabajo, debe dar publicidad a su privacidad si quiere conseguir el puesto, ya que el número de trabajadores y la competencia por conseguir el trabajo es mayor. La consecuencia es: “sino tienes un perfil en una red social, no eres apto para ser valorado en un proceso de selección”.
Todo ello se puede corroborar gracias a la aparición de un nuevo “filón”, que ya han aprovechado algunas empresas. Se trata de crear una bolsa de empleo de manera más “activa”; en la cual además de introducir tu perfil y tu CV, aquél está relacionado permanentemente con la red social. Así, las empresas están autorizadas a través de la aceptación del usuario, a la observancia en todo momento de toda información que pueda contener la red social respecto de cualquier hipotético trabajador.
En definitiva, todo ello está creando una nueva tendencia, hacia un nuevo concepto de privacidad, que se está “desnaturalizando” el que había hasta ahora. Si bien el individuo conservaba su privacidad por considerarla de gran valor; ahora no otorgar publicidad a su perfil en la red social se ha convertido en la excepción. En otras palabras, para conseguir un puesto de trabajo se premia al que ofrece su privacidad, y se castiga a quien la oculta.
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References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 38