Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=251&lang=en
Timestamp: 2019-12-16 05:20:25+00:00

Document:
Technical Data: Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Jesús Valle Jaramillo, así como a la falta de investigación y sanción de los responsables del hecho.
Keywords: Defensores de los derechos humanos, Derecho a la honra y la intimidad, Derecho a la integridad personal, Derecho a la verdad , Derecho a la vida, Dignidad, Familia, Garantías judiciales y procesales, Libertad de asociación, Libertad de circulación y residencia, Libertad personal, Protección judicial, Responsabilidad internacional del Estado
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad) , Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 17 ( Protección a la Familia) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
Other instruments: Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos – Naciones Unidas, Principios Básicos sobre la función de los abogados – Naciones Unidas
- Los hechos del presente caso se relacionan con el señor Jesús María Valle Jaramillo, quien era un conocido defensor de derechos humanos. A partir de 1996 el señor Valle Jaramillo empezó a denunciar las actividades de grupos paramilitares, particularmente en el municipio de Ituango.
- El 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron en la oficina del señor Valle Jaramillo en la ciudad de Medellín y le dispararon, lo cual ocasionó su muerte instantánea. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraban la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron amarrados y posteriormente amenazados con armas de fuego. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos.
- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó al Tribunal que declare la responsabilidad internacional del Estado de Colombia Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 4, 5 y 7 de la de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo; los artículos 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de María Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa; el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa “y sus familiares”; y los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa y de “los familiares” de Jesús María Valle Jaramillo.
- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado había cometido las mismas violaciones de derechos alegadas por la Comisión y, adicionalmente, alegaron que el Estado es responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de “los familiares de Jesús María Valle Jaramillo y Nelly Valle Jaramillo; el artículo 13 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (de la misma, en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo; el artículo 22.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los siguientes familiares del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa: Gloria Lucía Correa García, Carlos Enrique Jaramillo Correa, Carolina Jaramillo Correa y María Lucía Jaramillo Correa; los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de “todas las [presuntas] víctimas y sus familiares; el artículo 11.1 y 11.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ésta, en perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa “y sus familiares”; los artículos 5.1, 13 y 16 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de “las víctimas indirectas, [a saber,] los defensores de derechos humanos”; y el artículo 17 de la Convención, en perjuicio de “los familiares de las víctimas”.
El Estado realizó un reconocimiento parcial responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH.
1.1. Contexto y responsabilidad internacional del Estado en el marco de la Convención
74. La Corte considera pertinente realizar algunas consideraciones respecto del fenómeno del paramilitarismo en Colombia, así como de las consecuencias que dicho fenómeno tuvo para aquellos defensores de derechos humanos que, como Jesús María Valle Jaramillo, denunciaban las violaciones perpetradas por paramilitares y algunos miembros del Ejército Nacional.
81. El Tribunal considera que dicho riesgo generado por el Estado agravó la situación de vulnerabilidad de las defensoras y defensores de derechos humanos que, como Jesús María Valle Jaramillo, denunciaban las violaciones cometidas por paramilitares y la fuerza pública.
1.2. Medidas de protección debidas a los defensores de derechos humanos de las características de Jesús María Valle Jaramillo que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad
97. En el presente caso, esta Corte entiende que de los hechos ocurridos surgió para el Estado la obligación de investigar respecto de la violación del derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de Jesús María Valle Jaramillo. Este Tribunal ha reconocido (…) que del deber general de garantía señalado en el artículo 1.1 de la Convención, surgen obligaciones que recaen sobre el Estado a fin de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción.
98. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Además, los Estados deben procurar, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por dichas violaciones.
1.5. Violación del derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención) de otras presuntas víctimas
a) Otras personas reconocidas por el Estado como víctimas de la violación del artículo 5.1 de la Convención
140. Al encontrarse fuera de su país sin poder o sin querer retornar a su hogar debido al temor bien fundado de persecución derivado de los hechos del presente caso, el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo se convirtieron en refugiados.
144. Con base en todo lo anterior, la Corte declara que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia reconocido en el artículo 22.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa, su cónyuge Gloria Lucía Correa, su hijo Carlos Enrique Jaramillo Correa y sus hijas, María Lucía Jaramillo Correa y Ana Carolina Jaramillo Correa.
179. Este Tribunal considera que los hechos y consecuencias alegadas por los representantes en relación con la supuesta violación del artículo 11 de la Convención, en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su familia, se relacionan con la ya declarada violación compleja del artículo 22 de dicho instrumento. Además, teniendo en cuenta los alegatos de los representantes, la Corte observa que si bien en el caso de las Masacres de Ituango el Tribunal declaró la violación del artículo 11.2 de la Convención, ello se hizo con base en hechos diferentes a los señalados en el presente caso, tratándose de la quema y destrucción de las viviendas de las víctimas en aquél caso, y con el propósito de “protege[r] la vida privada y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas”, razón por la cual tal precedente jurisprudencial no resulta aplicable.
180. Por lo tanto, la Corte considera que no se ha comprobado una violación independiente del artículo 11.1 y 11.2 de la Convención en el presente caso.
- El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia en relación con las violaciones declaradas en este caso, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.
- El Estado debe colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.
- El Estado debe brindar gratuitamente y de forma inmediata, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por las víctimas.
- El Estado debe otorgar a Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, una beca para realizar estudios o capacitarse en un oficio.
- Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y manifiesta que existió violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, reconocidos en los artículos 7.1, 5.1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
Solicitud: El Estado solicitó al Tribunal la aclaración de algunos aspectos vinculados a los siguientes cuatro puntos: 1) las medidas de reparación de las que es beneficiario el señor Alfonso Montoya Restrepo y, de ser el caso, el monto de su eventual indemnización; 2) la referencia a plazos disímiles en cuanto al cumplimiento de la obligación de publicar determinados apartados de la Sentencia y la de brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico a las víctimas; 3) la naturaleza, modo y plazo vinculados al cumplimiento de la obligación consistente en otorgar becas de estudio a favor de los señores Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jaramillo, y 4) el momento en que debe empezar a contarse el plazo señalado en el Punto Resolutivo veinte de la Sentencia, en relación con el retorno, en su caso, del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa a Colombia.
(ii) Determinar el sentido y alcance de lo dispuesto en los Puntos Resolutivos 13, 15, 18, 19 y 20 y en el párrafo 230 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 27 de noviembre de 2008.
(iii) Desestimar por improcedentes los cuestionamientos de los representantes, individualizados en los párrafos 14 y 42 de la presente Sentencia, en la medida que no se adecuan a lo previsto en los artículos 67 de la Convención y 29.3 y 59 del Reglamento, conforme a lo señalado en los párrafos 18 y 45 del presente Fallo.
(iv) Requerir a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que notifique la presente Sentencia al Estado de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.
a) otorgar a Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa una beca para realizar estudios o capacitarse en un oficio.

References: Artículo 1
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 22
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 22
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 artículo 1
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 artículo 13
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 artículo 22
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 artículo 11
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 artículo 5
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 22
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