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Timestamp: 2017-05-29 15:18:04+00:00

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Sentencia Civil Nº 383/2011, AP - Murcia, Sec. 1, Rec 860/2010, 15-07-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia CivilAP - Murcia2011Alonso Saura, Maria Del PilarDesestimaSentencia383/2011860/2010
Sentencia Civil Nº 383/2011, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 1, Rec 860/2010 de 15 de Julio de 2011
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 39/2015, AP - Tenerife, Sec. 4, Rec 504/2014, 12-02-2015 Órden: Civil
Num. Sentencia: 39/2015
Num. Recurso: 504/2014
PRIMERO.- 1. La sentencia apelada estimó parcialmente la demanda, en la que la entidad actora reclamaba al demandado la cantidad adeudada y que había dejado de abonar como parte del precio por la construcción realizada en virtud del contrato de ejecución de obra convenido de forma verbal entre ambos, y estimó también en parte la reconvención en la que el demandado reclamaba una indemnización por los defectos aparecidos en la edificación construida.
2. Dicha resolución ha sido apelada p... Sentencia Civil Nº 81/2013, AP - Toledo, Sec. 2, Rec 298/2011, 20-03-2013 Órden: Civil
Num. Sentencia: 81/2013
Num. Recurso: 298/2011
Sentencia Civil AP - Valencia, Sec. 6, Rec 236/2013, 27-05-2013 Órden: Civil
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Num. Recurso: 18/2009
Sentencia Civil Nº 272/2011, AP - Ciudad Real, Sec. 1, Rec 233/2011, 24-10-2011 Órden: Civil
Num. Sentencia: 272/2011
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Entre los derechos y obligaciones de los trabajadores, se encuentra los de cumplir tanto ?con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia ?(aprt. a) Art. 5 ,ET), como ?las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas ?(aprt. c) Art. 5 ,ET) Igualmente están configuradas estatutariamente como obligaciones del trabajador la de “realizar el trabajo convenido bajo la dirección del emp... Procedimiento al previo pronunciamiento del juicio oral en el proceso penal Órden: Penal
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Núm. Sentencia: 383/2011 Núm. Recurso: 860/2010
Núm. Cendoj: 30030370012011100410
Encabezamiento AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 MURCIA SENTENCIA: 00383/2011 SENTENCIA NÚM. 383/11 ILMOS. SRS. D. FERNANDO LOPEZ DEL AMO GONZALEZ PRESIDENTE Dª. Mª PILAR ALONSO SAURA D. CAYETANO BLASCO RAMÓN MAGISTRADOS En la Ciudad de Murcia, a quince de julio de dos mil once. Habiendo visto en grado de apelación la Sección Primera de esta Ilustrísima Audiencia Provincial los autos de juicio ordinario que se han seguido con el nº 373/09 en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia, entre partes, como demandante y en esta alzada apelante Promociones Enesmur S.L. representada por la Procuradora Dña. Inmaculada Jiménez García y dirigida por el Letrado D. Miguel Ruiz Hernández y como demandada y en esta alzada apelada Caixa D,Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa representada por la Procuradora Dña Cristina Lozano Semitiel y dirigida por el Letrado D. Pedro Hernández Bravo. Es Ponente la Ilma. Sra. Dña. Mª PILAR ALONSO SAURA, que expresa la convicción del Tribunal.
Antecedentes PRIMERO.- El Juzgado de Instancia citado con fecha 7 de abril de 2010 dictó en los autos principales de los que dimana el presente rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así; "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Inmaculada Jiménez García en nombre y representación de la mercantil "Promociones Enesmur,S.L.", se absuelve a la entidad
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA" de las pretensiones deducidas en su contra con imposición de costas a la demandante"."
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia y en tiempo y forma interpuso recurso de apelación la parte demandante, dándose traslado a la demandada y previo emplazamiento de las partes, fueron remitidos los autos originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno rollo por la Sección Primera con el nº 860/10, compareciendo las mismas en la cualidad antes expresada y señalándose para deliberación y votación el día 20 de los corrientes por providencia de 28 de Febrero último.
Fundamentos PRIMERO.- Invoca la parte demandante mediante el recurso de apelación que ha interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia en primer lugar, la infracción del
artículo 1124 del Código Civil, alegando, en síntesis, que en el supuesto litigioso concurren dos actuaciones diametralmente contrapuestas, por un lado la de la misma presidida por las notas de transparencia y buena fe en el cumplimiento del contrato, que se ve gravemente perjudicada por la ausencia de financiación a pesar de contar con un crédito del que debería haber dispuesto según lo pactado y, por otro, la de la demandada en que están ausentes la transparencia e información, que es contraria a la buena fe y a la diligencia de un ordenado comerciante, y que no se puede equiparar el incumplimiento esencial de una prestación principal por parte de la entidad crediticia, con la " inobservancia" de una obligación adicional o accesoria, como es el hecho de no aportar la demandante la certificación de la sociedad de tasación TINSA, cuando usualmente y en la practica es la entidad crediticia la que requiere el informe valoración de ésta. En segundo lugar sostiene la existencia de error en la valoración de la prueba, refiriéndose a que se silenciaron datos y no contestaron requerimientos por la demandada, aludiendo a las respuestas del director de la oficina Sr.
Maximino y del empleado de la demandada, Sr.
Olegario , a la disposición efectuada de 190.000 euros, a la garantía de la devolución del crédito por el patrimonio de D.
Sergio y su esposa, de reconocida solvencia conforme a la prueba testifical Don.
Olegario , a la ejecución del 17% del total de la obra, a tenor de la certificación de la Sra.
Dolores y prueba testifical de ésta, aduciendo que el incumplimiento de la demandada ha sido de tal entidad que ha impedido el fin normal del contrato, sin que se haya acreditado el incumplimiento de la demandante invocado por aquella, formulando alegaciones en relación con el informe de TINSA y su valoración, con respecto al interrogatorio del director de la oficina de la demandada, Don.
Maximino y prueba testifical Don.
Olegario en el sentido de que en la denegación de la disposición influyó la situación de crisis generalizada en el mercado inmobiliario, y con la falta de consideración en la sentencia apelada de las restantes alegaciones de las demandada relativas a la supuesta grave situación económica de la demandante y de ausencia de contratación de seguros, interesando la estimación de la demanda, a lo que se ha opuesto la demandada, argumentando sobre ello.
Establecido lo anterior, la infracción normativa y el error en la apreciación de la prueba que se invocan por la parte apelante se encuentran íntimamente relacionados, ya que la cuestión básica que se suscita en el procedimiento de que dimana esta alzada, es dilucidar si efectivamente la parte demandada ha incumplido la obligación principal que asumió en la escritura de crédito abierto con garantía hipotecaria, que concertó con la demandante el día 14 de febrero de 2008, al impedir que ésta dispusiese de la cantidad que le correspondía del crédito concedido por la ejecución del 17% de la obra, cuyo incumplimiento se invoca como causa de resolución contractual, al frustrar la finalidad del contrato para la demandante, al amparo del
artículo 1124 del Código Civil , y es negado por la demandada, por lo que en primer lugar a de efectuarse el análisis revisor de la prueba practicada en relación con los hechos en que se fundamenta.
SEGUNDO.- Ha de partirse en esta alzada de la corrección de la sentencia apelada en cuanto constata en su Fundamento de Derecho Segundo el régimen de disposición del crédito por la parte acreditada, la demandante pactado en la escritura anteriormente citada y, en consecuencia , del límite de las disposiciones, en el sentido de que el importe de cada una de éstas no podría exceder de la diferencia entre la parte dispuesta y no amortizada del crédito para la construcción y la cantidad máxima disponible resultante de la aplicación de la formula aritmética nº 1 que figura en el Anexo 3, que la demandada cifra en la suma de 93.972 euros, que no ha sido desvirtuada por la demandada.
Junto a ello ha de tenerse en cuenta que , a tenor del régimen de disposición pactado, la parte demandante debía justificar el estado de la obra ejecutada del total inmueble y la conformidad de ésta con el proyecto para el que se obtuvo la licencia municipal correspondiente, aportando certificación del arquitecto director de ésta y la valoración de la obra mediante certificación de suscrita por la sociedad de tasación mencionada en la misma escritura, o en defecto de ésta a causa de disolución o inoperancia de la misma, por otra sociedad de reconocida solvencia profesional. A partir del expresado contenido contractual no cabe calificar de adicionales o accesorias las exigencias que se establecen para la parte demandante al objeto de disponer del crédito, sino que, por el contrario, eran esenciales de forma que el cumplimiento de las mismas venía a condicionar la exigibilidad de la disposición. Establecido lo anterior, es lo cierto que la parte demandante ha admitido que había percibido la cantidad de 190.000 euros, y por el contrario no ha acreditado que se hubiese ejecutado el 17% de la obra por el que interesó la disposición crediticia que no fue atendida por la demandada, sin que se aprecie error en la sentencia apelada cuando estima que no ha quedado acreditado dicho porcentaje, sino el que resulta del informe valoración de TINSA aportado por la parte demandada, aún cuando carezca de relevancia al respecto el que se realizase a instancia de ésta y no de la demandante, ya que lo determinante es que sobre la base del porcentaje de ejecución de obra habría de operar el límite de la disposición para la demandante. Efectivamente, con la demanda se aporta certificado de fecha 31 de octubre de 2008 de Dña.
Dolores , arquitecta directora de la obra que fija un porcentaje de ejecución del 17% y la parte demandada aporta el informe valoración de citado de TINSA, de fecha 5 de agosto de 2008,realizado por el arquitecto técnico D.
Calixto que lo fija en un 6,55 %, ajustándose a las reglas de la lógica y de la experiencia la prevalencia que en la sentencia se otorga a éste conforme a la motivación de la sentencia apelada atendiendo a su contenido y a lo manifestado por los citados técnicos en el acto de juicio.
Al respecto consta por la certificación de la Sra.
Dolores y por las respuestas de ésta en el acto de juicio que a la fecha de su certificación sólo se había efectuado el acondicionamiento del terreno y el 40% de la cimentación- extremo igualmente reconocido por el representante legal de la demandante en el interrogatorio practicado- habiendo manifestado la misma que fijó el porcentaje del 17% en virtud de la proporción correspondiente a la globalidad de la ejecución de la obra y, por tanto de otras partidas, cuya relevancia al respecto no se estima debidamente acreditada frente al informe de TINSA, que es la sociedad prevista en el contrato para la valoración de la obra, que efectuó originariamente, desprendiéndose de las respuestas del Sr.
Calixto que se basó en los datos que resultan generalmente aceptados en este tipo de tasaciones, partiendo de su constatación personal del estado de la obra, aún cuando, lógicamente haga la correspondiente salvedad en relación con aquellos aspectos ocultos no apreciables externamente, precisando en todo caso que la obra ejecutada se veía perfectamente y que era meridiano, pues no se trataba de una obra cerrada en que fuese relevante la apreciación de su estado interior.
Consecuentemente, no habiéndose dado cumplimiento por la parte demandada a las referidas exigencias pactadas para la disposición del crédito, el hecho de que influyese en la denegación de la disposición crediticia la situación de crisis carece de trascendencia a los efectos del incumplimiento contractual que se alega por la demandante, habiéndose referido en todo caso Don.
Maximino y
Olegario al estado de la obra ejecutada como causa principal del impago, en cuyas circunstancias es procedente la desestimación de la demanda que acuerda la sentencia apelada, sin que sea preciso analizar las restantes causas opuestas por la demandada en justificación de la denegación de la disposición de crédito que interesó la actora, por lo que ha de desestimarse el recurso de apelación interpuesto.
TERCERO.- Procede imponer a la parte apelante las costas de esta alzada
(artículo 398 L.E.Civil ). VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS PRIMERO DE ESPAÑA,
Fallo Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Promociones Enesmur S.L. representada por la Procuradora Dña. Inmaculada Jiménez García contra la
sentencia dictada el día siete de abril de dos mil diez por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia en autos de juicio ordinario nº 373/09, debemos confirmar y confirmamos la misma imponiendo las costas de esta alzada a la parte apelante.
No tifíquese la presente resolución y llévese certificación de la misma al Rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.

References: resolución 
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 artículo 1124
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Resolución 
 Resolución 
 artículo 111
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artículo 1124
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