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Timestamp: 2020-01-19 15:48:14+00:00

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Sentencia Número C – 930 de 10-12-2009. Corte Constitucional.
10 / 12 / 09 Biblioteca, Jurisprudencia 891
Sentencia Número C – 930 de 10-12-2009. Corte Constitucional. Código Sustantivo del Trabajo .
Fecha: 10-12-2009.
N° de Sentencia: C – 930.
Tema: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6° (parcial) del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.
Accionante: Helber Moreno Porras.
Medio de control: Acción pública de inconstitucionalidad.
Ley Número 1280 de 05-01-2009 Congreso de la República.
Decreto Número 2067 de 04-09-1991. Presidencia de la República.
Decreto Número 2241 de 15-07-1986. Presidencia de la República.
Permisos laborales por calamidad doméstica o eventos de fuerza mayor.
A continuación se transcribe el texto de la disposición parcialmente demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 27.622, del 7 de junio de 1951 . Dentro de él se subrayan y resaltan los apartes parcialmente acusados
2.2.1.	Violación del artículo 1º de la Constitución: Para el demandante, este artículo superior, que consagra como principio fundamental del Estado “el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad”, se ve desconocido por la disposición acusada, pues los empleadores que hacen uso de la facultad otorgada por la norma para descontar o hacer trabajar en tiempo fuera del habitual a aquellos trabajadores que se encuentran en situación de calamidad doméstica, lesionan la dignidad del empleado y su patrimonio en forma injustificada.
2.2.2.	Violación del artículo 2º de la Carta: Puesto que este artículo superior prescribe que las autoridades deben procurar que se cumplan “los deberes sociales del Estado y de los particulares”, considera el actor que tal postulado es vulnerado cuando, al amparo de la norma acusada, tratándose de trabajadores que laboran habitualmente los domingos, las empresas hacen compensar el tiempo utilizado por ellos para cumplir con el deber de participar en las jornadas electorales. Afirma que es injusta, inconstitucional y “desmotivante”, la situación en que un particular es “llamado a cumplir el deber civil de ejercer como Jurado de Votación, y es sometido a recuperar el tiempo en otros días de descanso”.
2.2.3.	Violación de los artículos 5º y 42 de la Carta: En estos artículos constitucionales se establece que la familia es la base de la sociedad y se consagra el deber estatal de brindarle una protección integral. Como la ley laboral actual no define qué es la calamidad doméstica, no determina su alcance respecto al grado de consanguinidad y tampoco especifica cuántos son los días de licencia para un trabajador que se acoge a esta figura, dice el actor que es el empleador quien al final determina el número de días, y además puede decidir si las remunera o no; lo cual, a su juicio, atenta contra los derechos del trabajador a proteger a su familia en caso de amenaza contra la salud de sus miembros por enfermedad, accidentes, siniestros como incendios, etc. .
2.2.4.	Violación del artículo 53 de la Constitución: Al parecer del demandante, la norma acusada es violatoria de los derechos de los trabajadores a que se refiere esta norma superior, porque “permite, sin ningún formalismo de solemnidad, más que el reglamento impuesto por el mismo empleador, transgredir derechos irrenunciables del trabajador”.
2.2.5.	Violación del artículo 13 de la Constitución: Dice aquí la demanda que las empresas deben estipular en su respectivo reglamento interno de trabajo, debidamente aprobado por el Ministerio de la Protección Social, las condiciones en las que se deben conceder las licencias por calamidad doméstica; lo cual, estima el actor, quiere decir que cada empresa puede tener un tratamiento diferente respecto al tema, atentando así contra el principio de igualdad. Por otro lado, los empleados públicos tienen derecho a solicitar permisos remunerados de diversa duración, siempre y cuando exista una justa causa. Afirma que el período máximo de estos permisos es de tres (3) días para la Rama Ejecutiva, según lo establecen los Decretos Extraordinarios 2400 y 3074 de 1968. Con base en lo expuesto concluye que “es notoria la desigualdad de tratamiento para con los empleados sujetos al Código Sustantivo de Trabajo, los cuales dependen de la opción del empleador de escoger entre descontar los días de permiso o compensarlos en tiempo”.
2.2.6.	Violación de los artículos 25 y 38 de la Carta: La primera de estas disposiciones superiores indica que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. La segunda prescribe que “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. La demanda arguye que la norma acusada desconoce la primera de estas disposiciones, porque no contempla los necesarios permisos para asistir a citas médicas; al parecer del actor, el no otorgamiento de tales permisos atenta contra la salud, vida e integridad del trabajador. Y en cuanto al desconocimiento del artículo 38 por la norma demandada, explica que los permisos sindicales estipulados en la legislación laboral hacen posible que los trabajadores desarrollen el derecho de asociación; por lo tanto, sin estos permisos sería nulo el mencionado derecho, contrariándose así el artículo 38 de la Carta; ahora bien, “como es evidente, descontando del salario los días para ejercerlo u obligando al asociado a laborar en su tiempo de descanso”, se desconoce también dicha garantía de asociación.
3.1.	INTERVENCIÓN DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES –CUT-.
Aclarado lo anterior, la intervención sostiene que el artículo 57 impone una obligación especial al empleador, cuyo cumplimiento no es voluntario pues constituye el desarrollo de principios fundamentales del Estado Social de Derecho, contemplados en los artículos 1º y 2º de la Constitución. Por lo tanto, dicha norma debe estar en consonancia con la Carta Fundamental. Explica entonces que, en virtud de lo prescrito por el numeral 6º de dicho artículo, el empleador debe conceder al empleado las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, que es considerado por el artículo 258 superior como un derecho y un deber ciudadano. Agrega que la participación ciudadana a través del voto ha sido estimulada por el ordenamiento jurídico a través de distintos incentivos, como es el caso de la Ley 403 de 1997 , reglamentada por del Decreto nacional 2559 de 1997, aclarada por la Ley 815 de 2003, y reglamentada a su vez por el Decreto nacional 2616 de 2003, que establecen para el trabajador el derecho a media jornada compensatoria por el ejercicio del sufragio, y por la misma razón derechos de preferencia para los votantes, para el ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior, adquisición de becas, asignación de predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado, entre otros.
En segundo lugar, considera que el desempeño de cargos oficiales transitorios es un deber del trabajador, el cual no puede incumplirse en cuanto es una obligación constitucional; y es tanto así, que de faltar a su deber, sin excusa alguna, “se hace acreedor de las multas establecidas para ello, Ley 163, artículo 5, parágrafo 1º, inciso 2º. Ejemplo de estas obligaciones son los cargos para jurado de votación establecidos en el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), cuya aceptación es forzosa y por su ejercicio tienen derecho los trabajadores a un día de compensación de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la votación . Por lo tanto, si esta norma electoral otorga el beneficio de descanso remunerado “¿por qué el Código Sustantivo de Trabajo, artículo en estudio, lo separan de ese beneficio?, y tendría por el contrario el trabajador que acordar, no descontársele o trabajarlo en horario diferente a su jornada, y si no hay acuerdo podría el empleador hacerlo, optando por cualquiera de las dos consecuencias”. De esta manera, no sólo entraría en contradicción con el decreto mencionado, sino con la misma Carta Política que reconoce deberes ciudadanos y derechos fundamentales.
En tercer lugar, refiriéndose a la licencia en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, dice la intervención que ya se trate de una calamidad familiar o de tipo patrimonial, se entiende que son circunstancias desafortunadas que provocan inestabilidad personal y familiar, y que, bajo el principio de solidaridad se impone dar apoyo y acompañamiento al empleado, o como lo ha expresado la jurisprudencia al decir que en estas circunstancias los trabajadores “tienen derecho a recibir un tratamiento más favorable y a no soportar una carga adicional a su dolor”.
3.2.	INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
Expuesto lo anterior, prosigue el señor Procurador afirmando que “en relación con la facultad que se le otorga al empleador para descontar o compensar las licencias para: (i) el ejercicio del sufragio, (ii) el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, tal norma ha sido objeto de derogatoria (…)”. Respecto al ejercicio del sufragio, cita la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”, modificada posteriormente por la Ley 815 de 2003, recordando que allí se estipula que el voto es un derecho y un deber ciudadano y se otorga media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado por el trabajador para cumplir su función como elector. En cuanto a los cargos transitorios de forzosa aceptación, menciona que este tipo de funciones se ejerce durante los procesos electorales y las regula el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, “por el cual se adopta el Código Electoral” . Por lo anterior, concluye en concepto indicando que “para el Ministerio público es claro que la facultad que se le otorga al empleador para descontar o compensar las licencias para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, ha sido derogada y no continúa produciendo efectos jurídicos”.
En cuanto a lo primero, indica que la ley laboral no define la noción de calamidad doméstica , como tampoco establece el plazo de días que por esta razón se deben conceder; por lo que al empleador corresponde fijar la cantidad de días, de acuerdo a la situación particular, y valorar de manera justa si las remunera o no. Por regla general, el tiempo de la licencia ha de ser convenido por las partes, en lo posible de conformidad con lo estipulado por el reglamento interno. En el caso de la grave calamidad doméstica, resulta razonable que al no existir un límite impuesto por la ley para los días que se conceden al trabajador, estos deben ser definidos por acuerdo de voluntades entre las partes y compensados o descontados del sueldo del trabajador.
De conformidad con lo prescrito por el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de la norma demandada, por tratarse de una ley de la República .
5.2.	EL PROBLEMA JURÍDICO QUE PROPONE LA DEMANDA
5.3.	ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA. ALCANCE NORMATIVO DE LA MISMA. MODIFICACIONES PARCIALES INTRODUCIDAS POR NORMAS POSTERIORES.
5.3.1.	El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, del cual forma parte el numeral 6° parcialmente demandado dentro de este proceso, está contenido en el capítulo titulado “Ejecución y efecto del contrato” y regula las “obligaciones especiales del empleador”. Dentro de ellas, el mencionado numeral 6° se refiere a las licencias que necesariamente deben concederse al empleado en diversas circunstancias, que son señaladas en forma taxativa en la norma. La expresión parcialmente acusada dispone que “Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.”
5.3.2.	El verdadero alcance normativo del numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo exige interpretarlo en forma sistemática con el artículo 51 del mismo Código, referente a la “Suspensión del Contrato de Trabajo”. Esta última disposición, dentro de las causales que originan dicha suspensión, en su numeral 4° incluye la “licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador”. Así pues, conforme al numeral 6° del artículo 57, aquí acusado, el empleador en ciertas circunstancias allí mencionadas tiene la obligación de conceder licencias al trabajador; y de acuerdo con el artículo 51, dichas licencias implican la “suspensión del contrato de trabajo”.
Por su parte, el artículo 53 del mismo Código regula los efectos de la suspensión del contrato, y al efecto dispone que “durante el período de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el patrono la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del patrono, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos períodos de suspensión pueden descontarse por el patrono al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones”.
Sin embargo, la expresión concretamente acusada del numeral sexto del artículo 57 permite a los sujetos de la relación laboral convenir en contrario de la anterior preceptiva general, pues al respecto indica que “salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.” De donde se deduce que, no mediando dicho acuerdo, una vez concedida la licencia obligatoria el empleador puede optar entre suspender el pago del salario durante su transcurso, o exigir al trabajador que compense el tiempo de la misma, por fuera de la jornada laboral ordinaria. Si opta por lo primero, podrá también descontar los períodos de la licencia al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones, pues así se lo permite el artículo 51 del estatuto laboral.
5.3.3.	Ahora bien, en cuanto a la extensión temporal de las licencias obligatorias a que se refiere el numeral 6° del artículo 57, parcialmente acusado en este proceso, prima facie la Corte observa que al respecto la disposición acusada guarda silencio, y tampoco los artículos 51 y 53 del mismo Código traen regulación alguna, de donde concluye que el asunto queda deferido a lo que dispongan los acuerdos de trabajo, el reglamento interno de trabajo, al acuerdo entre el empleado y el empleador o, en defecto de lo anterior, a las determinaciones unilaterales de éste último.
5.3.4.	No obstante, la Corte detecta que, respecto de algunos de los supuestos de hecho regulados en la disposición aquí acusada, existen leyes especiales y posteriores que la modifican parcialmente, disponiendo otros efectos jurídicos distintos de los que se acaban de mencionar. Ciertamente, al respecto la Sala observa lo siguiente:
5.3.4.1.	En relación con la licencia en caso de “grave calamidad doméstica debidamente comprobada”, la reciente Ley 1280 de 2009, “por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto”, consagró una regulación especial para el caso de “luto” del trabajador cuyo contrato se rige por dicho Código, excluyendo este supuesto de la causal genérica de “grave calamidad doméstica”, y disponiendo que en ese evento la licencia siempre será remunerada y tendrá una duración de cinco (5) días hábiles. En este sentido, la disposición dice así:
5.3.4.2.	Por su parte, en lo relativo a la licencia “para el ejercicio del sufragio”, el artículo 3° de la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”, es del siguiente tenor:
5.3.4.3.	En cuanto a la licencia “para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación” el inciso tercero del artículo 105 del Código Electoral dispone que “los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
Respecto de esta disposición, debe recordarse que mediante la Sentencia C-1005 de 2007 , esta Corporación declaró la exequibilidad de la expresión subrayada y resaltada, en el entendido que los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio, en los términos y con las condiciones indicadas en la parte motiva de esa sentencia.
5.3.4.4.	En cuanto a las licencias para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, cuando se trate de servidores públicos cuya relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo, es necesario tener en cuenta que el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, “por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”, adicionó el artículo 416 A al Código Sustantivo del Trabajo; dicha norma dispone lo siguiente:
“Artículo 416-A. Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la m
« Oficio Número 101047 de 07-12-2009. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

References: artículo 57
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 57
 artículo 258
 artículo 5
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 241
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 51
 artículo 57
 artículo 51
 artículo 53
 artículo 51
 artículo 57
 artículo 51
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 3
 artículo 105
 artículo 13
 artículo 416