Source: https://tc.vlex.es/vid/1-14-c-2-b-54-3-9-u-15033594
Timestamp: 2019-10-15 11:12:14+00:00

Document:
STC 30/1987, 11 de Marzo de 1987 - Jurisprudencia - VLEX 15033594
STC 30/1987, 11 de Marzo de 1987
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 230/1986
1. De acuerdo con doctrina ya consolidada de este Tribunal, la garantía que en el proceso constitucional de amparo puede dispensarse a la regla que establece la igualdad de todos los españoles ante la Ley (art. 14 de la C.E.), es distinta según se trate de controlar diferenciaciones normativas o de examinar aquellas deparadas por la diversidad en la interpretación y en la aplicación judicial de las normas mismas. En el primer supuesto (y también -cabe añadir- cuando los juzgadores ordinarios examinen las diferenciaciones operadas por la actuación administrativa), corresponde a este Tribunal determinar la fundamentación misma de la singularización enjuiciada, apreciando, por lo tanto, si muestra ésta una finalidad y una razón objetivas que excluyan el reproche de puro voluntarismo selectivo en que la discriminación consiste. 2. Sobre los órganos del Poder Judicial no pesa la exigencia de resolver siempre en los mismos términos sobre supuestos que se pretendan iguales, pues cada caso, para el mismo juzgador, puede merecer una consideración diversa, ya por las peculiaridades que a su juicio muestre, ya porque el entendimiento judicial de la norma aplicable varíe a lo largo del tiempo, ya, incluso, porque parezca necesario corregir errores anteriores en su aplicación. Nada de esto puede quedar sometido a nuestro control, so pena de interferir en el modo como los órganos judiciales administran justicia y desconocer los límites que, para este ámbito jurisdiccional exclusivo, señala nuestra Ley Orgánica [arts. 44.1 b) y 54]. Podemos estrictamente apreciar si el cambio mismo que sea reconocible en la interpretación y aplicación de la Ley se realizó reflexivamente por el órgano judicial, lo que no entraña reconocer la existencia en nuestro ordenamiento de un principio de sujeción al precedente -pues el Juez está sólo sujeto a la Ley-, sino subrayar la necesidad de que la resolución nueva y distinta no se adopte, apartándose de lo decidido por el mismo órgano en otros casos, sin la previa advertencia de aquellos posibles precedentes que, si no determinan el contenido de los fallos ulteriores, sí imponen la exigencia de su consideración reflexiva. 3. En consecuencia, lo garantizado en méritos del principio de igualdad a quienes demanden justicia ante los Tribunales no es la obtención de una resolución igual a las que se hayan adoptado o puedan adoptarse en el futuro por el mismo órgano judicial, sino, más estrictamente, la razonable confianza -enlazada con la seguridad jurídica que la Constitución consagra (art. 9.3)- de que la propia pretensión merecerá del Juzgador, a salvo que por éste se fundamente la imposibilidad de atender tal expectativa, la misma respuesta obtenida por otros en casos iguales. Esta protección de la previsibilidad en la resolución judicial es la que -sin imponer la necesidad de una interpretación y de una aplicación constantemente uniforme del Derecho- puede ser dispensada en el recurso de amparo y a tal efecto se orienta la recordada exigencia de que el apartamiento por el Juzgador ordinario de sus propios precedentes muestre, cuando hayamos de verificar nuestro control, la debida motivación, explícita o implícitamente identificable en su última resolución. Es del todo claro por ello mismo que esta garantía de la igualdad en la aplicación de la Ley solo puede demandarse ante nosotros cuando las resoluciones con las que quiera contrastarse la impugnada sean anteriores a su adopción.
Sentencia citada en: 127 sentencias, 8 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 230/86 promovido por don José T. M., representado por el Procurador de los Tribunales don Luis F. A. W. y bajo la dirección del Abogado don Pedro F. M., contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 21 de diciembre de 1985, dictada en recurso de suplicación contra la Sentencia de la Magistratura de Trabajo de Badajoz resolutoria de reclamación de pagas extraordinarias, y en el que han sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador de los Tribunales don Eduardo M. P., y bajo la dirección del Abogado don Emilio R. J. F., y en el que ha comparecido el Ministerio Fiscal; siendo Ponente el Magistrado don Francisco R. L., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Luis F. A. W., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don José T. M., interpuso recurso de amparo, presentado en el Juzgado de Guardia el día 26 de febrero de 1986. El recurso se dirige contra la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 21 de diciembre de 1985, por entenderse que vulnera el art. 14 de la Constitución Española con los fundamentos de hecho y de Derecho que a continuación se relacionan.
a) Don José T. M. presentó el 6 de mayo de 1982 escrito de demanda ante la Magistratura de Trabajo, solicitando se reconociera su derecho a recibir dos pagas extraordinarias anuales por la pensión de jubilación de que disfrutaba, reconocida en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. El día 25 de mayo de 1982 dictó Sentencia la Magistratura de Trabajo de Badajoz, en la que, estimando parcialmente la demanda, reconoció el derecho del actor a percibir las pagas extraordinarias y condenó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a que le abone la cantidad que fija. Recurrida la Sentencia en suplicación por el INSS (recurso núm. 1.614/82, la Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo dictó la suya en la que, estimando el recurso interpuesto, revocó la resolución de instancia.
b) Entiende el recurrente que la resolución impugnada vulnera el art. 14 C.E., en su vertiente de igualdad en la aplicación de la Ley, pues, en fechas aproximadas, se presentaron demandas ante la Magistratura de Trabajo de Badajoz por don Luciano P. B. (proc. 924/82); don Martín V. M. (proc. 1107/82); don Jesús V. M. (proc. 1108/82); don Antonio E. M. (proc. 1109/82) y don Rogelio G. R. (proc. 1.060/82), dictando la Magistratura Sentencias que condenaban al INSS al abono de las pagas extraordinarias que se le reclamaban. A su vez, recurridas en suplicación por el INSS (recursos, respectivamente, 1611/82; 1617/82; 1624/82; 1618/82, y 165/82), la misma Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo dictó en todos los casos Autos de inadmisión, cuyo fallo era que debía declarar y declaraba «improcedente, por razón de la cuantía litigiosa, el recurso de suplicación, interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de Badajoz, de fecha (...), a virtud de demanda deducida por don (...), sobre jubilación y, en consecuencia, firme la resolución recurrida». Así, se evidencia que la Sala Cuarta ha dado diferente tratamiento a supuestos de hecho sustancialmente iguales sin proporcionar adecuada justificación. Con ello ha contravenido la reiterada doctrina de este Tribunal, que considera que el principio de igualdad en la aplicación de la ley impone que un mismo órgano no modifique arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales sin justificación suficiente. En el caso, incluso la misma Sala del Tribunal Central de Trabajo ha denegado la admisión de recursos en la misma materia y por cuantías similares (las cantidades oscilaban en todos los casos entre 130.880 pesetas y 138.880 pesetas), en estas actuaciones, en tanto que sí admitió el formulado frente al recurrente, con los consiguientes resultados desfavorables a su pretensión.
3. Por providencia de fecha 25 de junio acordó la Sección Segunda acusar recibo al Tribunal Central de las actuaciones remitidas y tener por comparecido en el presente recurso al Instituto Nacional de la Seguridad Social y en su nombre y representación al Procurador don Adolfo M. V.. Se acordó, asimismo, dar vista de las actuaciones a las partes comparecidas y al Ministerio Fiscal para que pudiesen presentar las alegaciones que estimaren oportunas.
STSJ Galicia 129/2009, 18 de Febrero de 2009
STSJ Cataluña 5485/2013, 29 de Julio de 2013
SAP Pontevedra 522/2010, 23 de Julio de 2010

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