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Timestamp: 2019-09-18 23:02:12+00:00

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SELECCIÓN DE TESTOS DE J. LOCKE: «De la Sociedad Política o Civil» – La Madre del Cordero
El hombre, según hemos demostrado ya, nace con un título a la perfecta libertad y al disfrute ilimitado de todos los derechos y privilegios de la ley natural. Tiene, pues, por naturaleza, al igual que cualquier otro hombre o de cualquier número de hombres que haya en el mundo, no solo el poder de defender su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes, contra los atropellos y acometidas de los demás; tiene también el poder de juzgar y de castigar los quebrantamientos de esa ley cometidos por otros, en el grado que en su convencimiento merece la culpa cometida, pudiendo, incluso, castigarla con la muerte cuando lo odioso de los crímenes cometidos lo exija, en opinión suya. Ahora bien: no pudiendo existir ni subsistir una sociedad política sin poseer en sí misma el poder necesario para la defensa de la propiedad, y para castigar los atropellos cometidos contra la misma por cualquiera de los miembros de dicha sociedad, resulta que solo existe sociedad política allí, y allí exclusivamente, donde cada uno de los miembros ha hecho renuncia de ese poder natural, entregándolo en manos de la comunidad para todos aquellos casos que no le impiden acudir a esa sociedad en demanda de protección para la defensa de la ley que ella estableció. Vemos, pues, que al quedar excluido el juicio particular de cada uno de los miembros, la comunidad viene a convertirse en árbitro y que, interpretando las reglas generales y por intermedio de ciertos hombres autorizados por esa comunidad para ejecutarlas, resuelve todas las diferencias que puedan surgir entre los miembros de dicha sociedad en cualquier asunto de Derecho, y castiga las culpas que cualquier miembro haya cometido contra la sociedad, aplicándole los castigos que la ley tiene establecidos. Así resulta fácil discernir quiénes viven juntos dentro de una sociedad política y quiénes no. Las personas que viven unidas formando un mismo cuerpo y que disponen de una ley común sancionada y de un organismo judicial al que recurrir, con autoridad para decidir las disputas entre ellos y castigar a los culpables, viven en sociedad civil los unos con los otros. Aquellos que no cuentan con nadie a quien apelar, quiero decir, a quien apelar en este mundo, siguen viviendo en el estado de Naturaleza, y, a falta de otro juez, son cada uno de ellos jueces y ejecutores por sí mismos, ya que, según lo he demostrado anteriormente, es ese el estado perfecto de Naturaleza.
De ese modo, el Estado viene a disponer de poder para fijar el castigo que habrá de aplicarse a las distintas transgresiones, según crea que lo merecen, cometidas por los miembros de esa sociedad. Este es el poder de hacer las leyes. Dispone también del poder de castigar cualquier daño hecho a uno de sus miembros por alguien que no lo es. Eso constituye el poder de la paz y de la guerra. Ambos poderes están encaminados a la defensa de la propiedad de todos los miembros de dicha sociedad hasta donde sea posible. Pero aunque cada hombre que entra a formar parte de la sociedad ha hecho renuncia de su poder natural para castigar los atropellos cometidos contra la ley de Naturaleza siguiendo su propio juicio personal, resulta que, al renunciar en favor del poder legislativo al propio juicio de los daños sufridos en todos aquellos casos en que puede apelar al magistrado, ha renunciado, por eso mismo, en favor del Estado al empleo de su propia fuerza en la ejecución de las sentencias dictadas por éste, y tiene que prestársela siempre que sea requerido para ello, puesto que se trata de juicios propios dictados por él mismo o por quien lo representa. Ahí nos encontramos con el origen del poder legislativo y del poder ejecutivo de la sociedad civil, que tiene que juzgar, de acuerdo con leyes establecidas, el grado de castigo que ha de aplicarse a los culpables cuando han cometido una falta dentro de ese Estado; y también es ese el origen del poder para las sentencias que en determinados momentos tenga que dictar, apoyándose en las circunstancias de hecho, sobre la vindicación de atropellos cometidos desde el exterior. En ambos casos, cuando ello sea necesario, puede emplear toda la fuerza de todos sus miembros.
En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se une en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye una sociedad política o civil. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían en el estado de Naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o, lo que es lo mismo, a su poder legislativo para hacer las leyes en su nombre según convenga al bien público de la sociedad y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia (como si se tratase de decisiones propias suyas). Eso es lo que saca a los hombres de un estado de Naturaleza y los coloca dentro de una sociedad civil, es decir, el hecho de establecer en este mundo un juez con autoridad para decidir todas las disputas y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Ese juez es el poder legislativo, o lo son los magistrados que el mismo señale. Siempre que encontremos a cierto número de hombres asociados entre sí, pero sin disponer de ese poder decisivo a quien apelar, podemos decir que siguen viviendo en el Estado de Naturaleza.
Resulta, pues, evidente que la monarquía absoluta, a la que ciertas personas consideran como el único gobierno del mundo, es, en realidad, incompatible con la sociedad civil, y, por ello, no puede ni siquiera considerarse como una forma de poder civil. La finalidad de la sociedad civil es evitar y remediar los inconvenientes del estado de Naturaleza que se producen forzosamente cuando cada hombre es juez de su propio caso, estableciendo para ello una autoridad conocida a la que todo miembro de dicha sociedad pueda recurrir cuando sufre algún atropello, o siempre que se produzca una disputa y a la que todos tengan obligación de obedecer10. Allí donde existen personas que no disponen de esa autoridad a quien recurrir para que decida en el acto las diferencias que surgen entre ellas, esas personas siguen viviendo en un estado de Naturaleza. Y en esa situación se encuentran, frente a frente, el rey absoluto y todos aquellos que están sometidos a su régimen.
Al partirse del supuesto de que ese príncipe absoluto reúne en sí mismo el poder legislativo y el poder ejecutivo sin participación de nadie, no existe juez ni manera de apelar a nadie capaz de decidir con justicia e imparcialidad, y con autoridad para sentenciar, o que pueda remediar y compensar cualquier atropello o daño que ese príncipe haya causado por sí mismo o por orden suya. Ese hombre, lleve el título que lleve, Zar, Gran Señor o el que sea, se encuentra tan en estado de Naturaleza con sus súbditos como con el resto del género humano. Allí donde existen dos hombres que carecen de una ley fija y de un juez común al que apelar en este mundo para que decida en las disputas sobre derechos que surjan entre ellos, los tales hombres siguen viviendo en estado de Naturaleza y bajo todos los inconvenientes del mismo. La única diferencia, lamentable además, para el súbdito o más bien, para el esclavo del príncipe absoluto11, es que en el estado de Naturaleza dispone de libertad para juzgar él mismo de su derecho y para defenderlo según la medida de sus posibilidades, pero cuando se ve atropellado en su propiedad por la voluntad y por la orden de un monarca no solo no tiene a quien recurrir, como deben tener todos cuantos viven en sociedad, sino que, lo mismo que si lo hubieran rebajado de su estado común de criatura racional, se le niega la libertad de juzgar de su caso o de defender su derecho. De ahí que se vea expuesto a todas las miserias y a todos los males que se pueden esperar de quien, encontrándose sin traba alguna en un estado de Naturaleza, se ve, además, corrompido por la adulación e investido de un inmenso poder.
Quien cree que el poder absoluto purifica la sangre de un hombre y corrige las bajezas de la naturaleza humana se convencerá de lo contrario con solo leer la historia de esta o de otra época cualquiera. El hombre que, habitando en las selvas de América, es insolente y agresivo, no mejorará probablemente gran cosa al ser colocado sobre un trono. Quizá al estar en éste dicho hombre, los doctos y los jerarcas de la religión acudirían con razones que justificasen cuantos atropellos cometiera con sus súbditos, y la espada acudiría inmediatamente a hacer callar a quienes se atreviesen a ponerlo en tela de juicio. Quien lea cierto relato que se ha escrito últimamente sobre Ceilán podrá ver qué clase de protección ofrece la monarquía absoluta, y en qué clase de padres de su país convierte a los príncipes, y el grado de seguridad y de felicidad que alcanza bajo su dominio la sociedad civil12.
En las monarquías absolutas, al igual que bajo otras clases de gobiernos del mundo, pueden los súbditos indudablemente apelar a la justicia y hay jueces que deciden las disputas e impiden cualquier acto de violencia que pueda surgir entre los súbditos mismos, es decir, de unos súbditos contra otros. Eso todos los creen y juzgan necesario; quien pretendiese suprimir tal cosa merecería ser declarado enemigo de la sociedad y del género humano. Pero existen razones para dudar de que eso nazca de un verdadero amor al género humano y a la sociedad y de la caridad a que estamos obligados mutuamente. No es ni más ni menos que lo que haría cualquiera que tuviese apego a su propio poder, ganancia o grandeza, es decir, una cosa muy natural: cuidar de que no se hieran ni maten unos a otros los animales que trabajan y pasan fatigas únicamente para placer y para ventaja suyos. El amo cuida a esos animales no porque les tenga ningún amor, sino por el que se tiene a sí mismo y por los provechos que le producen. Esa duda se resuelve por sí misma con solo preguntar qué clase de seguridad, qué clase de protección existe contra los atropellos y la opresión de ese monarca absoluto. El simple hecho de pedir una salvaguardia os valdrá que os digan que habéis merecido la muerte. Os dirán que están conformes en que, en las relaciones de un súbdito con otro, es preciso que existan normas y leyes y jueces que miren por la paz y seguridad mutuas. El monarca, en cambio, debe ser absoluto, debe estar por encima de tales contingencias. Precisamente porque tiene medios de causar daños y atropellos mayores, cuando los comete no hace sino obrar en justicia. Quienes preguntan cómo han de estar protegidos contra el atropello y la agresión son calificados inmediatamente de rebeldes y facciosos. Como si los hombres, al abandonar el estado de Naturaleza y al entrar en sociedad, se hubiesen puesto de acuerdo en que todos ellos, menos uno, habían de estar sometidos a la fuerza de las leyes, y que ese uno hubiese de seguir conservando toda la libertad propia del estado de Naturaleza, aumentada con el poder y desenfrenada por la impunidad. Eso sería como para pensar que los hombres son tan insensatos que se preocupan de salvaguardarse de los daños que puedan hacer las mofetas o los zorros y les tuviese sin cuidado, más aún, que juzgasen como una salvaguardia el ser devorados por leones.
Pero por mucho que los aduladores puedan hablar para distraer a la opinión de las gentes, no conseguirán que los hombres olviden las consecuencias. Ahora bien: cuando se dan cuenta de que una persona, cualquiera que sea su estado, se mueve fuera de los límites de la sociedad civil de que ellos forman parte, y que no tienen en este mundo nadie a quien recurrir contra cualquier daño que de él reciben, se inclinan a su vez a pensar que también ellos se encuentran en el estado de Naturaleza frente al individuo en cuestión, y entonces procuran, lo antes que pueden, conseguir la seguridad y salvaguardia a cuyo fin se instituyó la sociedad civil, siendo esa únicamente la razón de que entrasen en ella. Es posible que al principio (según lo expondremos con mayor extensión más adelante, en la parte siguiente de este libro) hubiese algún hombre bueno y destacado que, por haber conseguido entre demás notable preeminencia, recibiese en prueba de deferencia a su bondad y a su eficacia esa clase de autoridad natural que consiste en que el jefe gobierne y sea el árbitro de las diferencias de los demás, y que esa autoridad le fuese otorgada por tácito consentimiento y sin adoptar precaución alguna, fuera de la seguridad que tenían todos en su rectitud y en su sabiduría. Sin embargo, el tiempo dio autoridad y, según quieren hacemos creer algunos un carácter sagrado a esa costumbre iniciada por la simplicidad negligente e imprevisora de las primeras edades. Pero llegaron sucesores de muy distinta calaña, y el pueblo comprobó que sus propiedades no estaban seguras bajo aquella clase de gobierno13 (siendo así que la finalidad del gobierno no es otra que la de salvaguardar la propiedad); ni ellos podían estar seguros y tranquilos, ni podían creer que vivían en una sociedad civil hasta que el poder legislativo estuviese colocado en manos de cuerpos colectivos -llámeseles senado, parlamento o lo que mejor parezca-. De ese modo, todos los individuos aislados quedaban sujetos por igual, hasta los más insignificantes, a las leyes que ellos mismos, como partes en la legislatura, habían establecido, y nadie podía sustraerse por su propia autoridad a la fuerza de la ley, una vez dictada, ni tratar de eximirse de ella alegando una pretendida superioridad, para de ese modo poder permitirse atropellos o dejar que los cometiesen otras personas que de él dependían. En la sociedad civil no puede nadie ser exceptuado del cumplimiento de las leyes. Y yo pregunto: si puede una persona hacer lo que le place sin que nadie pueda apelar en este mundo contra los daños que de ella hubiese recibido, ni pedir reparación y seguridad, ¿no se coloca con ello por completo dentro del estado de Naturaleza? En ese caso no puede formar parte ni ser miembro de aquella sociedad civil, a menos de que haya quien sea capaz de sostener que sociedad civil y estado de Naturaleza son una e idéntica cosa. Yo no he tropezado hasta ahora con nadie, por muy defensor que sea de la anarquía, que haya afirmado cosa semejante14.
Siendo, según se ha dicho ya, los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento. Este se otorga mediante convenio hecho con otros hombres de juntarse e integrarse en una comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, segura y pacífica de unos con otros, en el disfrute tranquilo de sus bienes propios, y una salvaguardia mayor contra cualquiera que no pertenezca a esa comunidad. Esto puede llevarlo a cabo cualquier cantidad de hombres, porque no perjudica a la libertad de los demás, que siguen estando, como lo estaban hasta entonces, en la libertad del estado de Naturaleza. Una vez que un determinado número de hombres ha consentido en constituir una comunidad o gobierno, quedan desde ese mismo momento conjuntados y forman un solo cuerpo político, dentro del cual la mayoría tiene el derecho de regir y de obligar a todos.
En efecto, una vez que, gracias al consentimiento de cada individuo, ha constituido cierto número de hombres una comunidad, han formado, por ese hecho, un cuerpo con dicha comunidad, con poder para actuar como un solo cuerpo, lo que se consigue por la voluntad y la decisión de la mayoría. De otra forma es imposible actuar y formar verdaderamente un solo cuerpo, una sola comunidad, que es a lo que cada individuo ha dado su consentimiento al ingresar en la misma. El cuerpo se mueve hacia donde lo impulsa la fuerza mayor, y esa fuerza es el consentimiento de la mayoría; por esa razón quedan todos obligados por la resolución a que llegue la mayoría. Por eso vemos que en las asambleas investidas por leyes positivas para poder actuar, pero sin que esas leyes positivas hayan establecido un número fijo para que puedan hacerlo, la resolución de la mayoría es aceptada como resolución de la totalidad de sus miembros y, por la ley natural y la de la razón, se da por supuesto que obliga, por llevar dentro de sí el poder de la totalidad.
De esa manera, todos cuantos consienten en formar un cuerpo político bajo un gobierno, aceptan ante todos los miembros de esa sociedad la obligación de someterse a la resolución de la mayoría, y dejarse guiar por ella; de otro modo, nada significaría el pacto inicial por el que cada uno de los miembros se integra con los demás dentro de la sociedad, y no existiría tal pacto si cada miembro siguiese siendo libre y sin más lazos que los que tenía cuando se encontraba en el estado de Naturaleza. ¿Habrá siquiera sombra de contrato o de nuevo compromiso si cada miembro no se sintiese obligado más que a lo que le pareciese bien a él, o a lo que aceptase por propia voluntad de los decretos de la sociedad a que pertenece? De hacerlo así gozaría de una libertad tan grande como la que tenía antes de aceptar el pacto, y como la de cualquier otro hombre en estado de Naturaleza que aceptase someterse y dar su acuerdo a aquellos actos del mismo que a él le agradasen.
Si no existe razón para que el consentimiento de la mayoría sea considerado como decisión de la totalidad y obligatorio para todos, no habrá nada que pueda convertir a una resolución en acto del conjunto fuera del consentimiento unánime. Ahora bien: es casi siempre imposible conseguir ese consentimiento unánime, porque las enfermedades y los negocios profesionales alejan forzosamente de las asambleas públicas a cierto número de personas, aun tratándose de sociedades muy inferiores en número a las que integran un Estado. Además, resulta poco menos que imposible conseguir la unanimidad, como consecuencia de la variedad de opiniones y de la pugna de intereses que se manifiesta fatalmente en cuanto se reúnen unos cuantos hombres. De modo, pues, que si el ingreso en una sociedad se hiciese en tales condiciones, sería como las visitas de Catón al teatro, que entraba solo para salir. Una constitución de esa clase reduciría al poderoso Leviatán a una duración más corta que la de la más débil de las criaturas, y ni siquiera le permitiría durar el espacio del día en que nació, cosa imposible de suponer, ya que resulta impensable que los seres racionales anhelen constituirse y formar sociedades únicamente para disolverlas. Allí donde la mayoría no puede obligar a los demás miembros, es imposible que la sociedad actúe como un solo cuerpo y, por consiguiente, volverá inmediatamente a disolverse.
Por consiguiente, debe darse por supuesto que quienes, saliendo del estado de Naturaleza, se constituyen en comunidad, entregan todo el poder necesario para las finalidades de esa integración en sociedad a la mayoría de aquella, a no ser que, de una manera expresa, acuerden que deba estar en un número de personas superior al que forma la simple mayoría. Y se da por supuesto que esto lo realizan por el simple hecho de unirse dentro de una sociedad política, no requiriéndose otro pacto que ese entre los individuos que se unen o que integran una comunidad. Tenemos, pues, que lo que inicia y realmente constituye una sociedad política cualquiera, no es otra cosa que el consentimiento de un número cualquiera de hombres libres capaces de formar mayoría para unirse e integrarse dentro de semejante sociedad. Y eso, y solamente eso, es lo que dio o podría dar principio a un gobierno legítimo.
«El poder público de una sociedad cualquiera está por encima de cada una de las personas comprendidas en ella, y el papel principal de ese poder es el de dictar leyes para todos cuantos le están sometidos. A esas leyes debemos obedecer cuando se presenta el caso, a menos que se imponga a nosotros una razón que nos haga ver de manera terminante que Dios o la ley de la razón obligan a lo contrario». HOOKER; Ecci. Pol., lib. 1, sec. 16.
«Para suprimir los abusos, las injusticias y los atropellos que amenazan a los, hombres en el estado de Naturaleza, no existía otro medio que venir a un acuerdo y entenderse entre ellos para formar un gobierno, convirtiéndose en súbditos suyos. Tratábase de que aquellos a quienes los hombres confiaban la autoridad para que dirigiesen, gobernasen y fueran capaces de proporcionar a los demás la paz, la tranquilidad y afortunadas condiciones de vida. Los hombres han sabido, siempre que podían, defenderse por sí mismos cuando se empleaban contra ellos la fuerza y la injusticia. Sabían que, desde luego, podían procurarse ventajas para sí mismos, pero que si las conseguían en daño de otros, no había que tolerarlo, y que todos debían oponerse a ellas por todos los medios eficaces. Sabían, por último, que nadie podía razonablemente tomar sobre sí mismo la tarea de determinar su derecho, y la de tratar de defenderlo en virtud de sus propios dictámenes, ya que todos los hombres son parciales cuando se trata de su propio interés o del interés de otras personas que les son queridas; y que las luchas y las disputas serían interminables mientras por consentimiento mutuo no aceptasen ser mandados por alguien que fuese de su agrado; sin ese consentimiento, nadie tendría razón para erigirse en señor o juez de otro hombre». HOOKER: Ibíd., lib. 1, sec. 10.
Alusión al libro de Robert Knox (1681) An Historical Relation of the Island of Ceylon in the East. R. Knox, náufrago en aquella isla, había permanecido prisionero en ella diecinueve años (N. del T.).
«Pudo darse en los primeros tiempos el caso de que, al iniciarse una forma determinada de régimen político, no se adoptase resolución alguna sobre las normas de gobernar, y que se confiase todo a la sabiduría y a la discreción del gobernante, hasta que la experiencia puso de manifiesto los múltiples inconvenientes de semejante situación, y lo que se había ideado como remedio no hacía otra cosa que empeorar el mal. Comprendieron entonces los hombres que el sometimiento a la voluntad de un solo hombre acarreaba la desgracia de todos. Eso los obligó a dictar leyes en que cada cual podía informarse de sus obligaciones y conocer los castigos que seguían a su trasgresión». HOOKER: Eccl. Pol., lib. 1, sec. 10.
«Siendo la ley civil un acto de la totalidad del cuerpo político, se deduce de ese hecho que debe regir a todas y cada una de las partes de ese mismo cuerpo». HOOKER, Ibíd.
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