Source: http://pabloaure.blogspot.fr/2014/04/
Timestamp: 2017-11-22 05:43:57+00:00

Document:
Pablo Aure: abril 2014
Defensor del Pueblo Carabobo visitó la .@UCarabobo
Secretaría UC abrió sus puertas a la Defensoría del Pueblo para recibir propuestas de sectores estudiantiles
El profesor Pablo Aure, Secretario de la Universidad de Carabobo abrió las puertas de su Despacho a la Delegación Estadal de la Defensoría del Pueblo de la entidad carabobeña, en la persona del abogado Teodardo Zamora y su equipo de trabajo, en el marco del principio de cooperación que debe existir entre los entes públicos y en aras de fortalecer los lazos interinstitucionales, con ese motivo fue celebrado el pasado lunes 28 de abril, encuentro en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario ubicado en el Rectorado de la UC en la avenida Bolívar Norte, a fin de recibir diversas propuestas de sectores estudiantiles.
Dijo el Prof. Aure, que al encuentro acudió un representante de la Iglesia, el padre Pedro De Freitas quien nos acompañó durante toda la actividad, asimismo se hizo presente el bachiller Iván Uzcátegui como presidente de la Federación de Centros Universitarios de esta Casa de Estudios (FCU), y una representación estudiantil de las diversas facultades de la UC, quienes hicieron planteamientos y elevaron diferentes pedimentos, destacándose la exigencia de la participación activa de la Defensoría del Pueblo en la disolución y desarme de los grupos paramilitares que protege y arma el régimen para atacar a los estudiantes, e incluso exigen su intervención como garantía en la liberación de los estudiantes que han sido detenidos, siendo que van más de 230 detenciones ilegales producto de la represión en actividades pacíficas, y se pide que se promueva el esclarecimiento de las distintas muertes ocurridas en Carabobo, puntualizando el bachiller Uzcátegui, que “no dialogan con quienes detentan el poder nacional, sino continuamos exigiendo que cumplan nuestras demandas como muestras de cambio sincero para lograr el curso de la libertad, democracia y paz en Venezuela”.
Por su parte, los estudiantes de la Misión Sucre, y de distintas Aldeas bolivarianas, tal como Libertador de Puerto Cabello, Héroes de Canaima, y grupos de estudiantiles del Instituto Universitario Tecnológico de Valencia (Iuteval), de la Universidad José Antonio Páez, de la Universidad Arturo Michelena (UAM), durante la reunión hicieron diversas propuestas en torno a la inseguridad en los espacios estudiantiles, y la mejora de las Universidades.
El Prof. Aure ratificó su intención de no abandonar a los estudiantes universitarios, y acompañado de estudiantes de colegios, tecnológicos, y universidades públicas y privadas de la entidad carabobeña hizo formal propuesta al Defensor del Pueblo, en su carácter de Secretario y como Director Ejecutivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la UC (Coddeciuc), para que en el marco de las competencias que le confiere el texto constitucional en su artículo 281 y la Ley respectiva, proceda de inmediato a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución venezolana, y en los tratados ratificados por la República, a tal efecto solicitó durante el conversatorio la urgente necesidad de instalar una “Comisión Plural y Multidisciplinaria”encargada de investigar los distintos hechos de violencia ocurridos en el estado Carabobo desde el pasado 12 de febrero del año en curso, la cual tendrá como misión fundamental coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos violentos, en consecuencia dar a conocer la verdad a los carabobeños en torno a la violación de derechos humanos, torturas, agresiones y diversos delitos cometidos en el marco de las protestas pacíficas realizadas desde el pasado 12 de febrero.
Asimismo el Prof. Aure, pidió al Defensor del Pueblo ejercer las acciones en torno a investigar con la celeridad que el caso requiere, las circunstancias que rodearon la muerte de varios universitarios y otras personas en el estado Carabobo, en especial se dediquen a esclarecer el asesinato de Génesis Carmona, herida en el cráneo durante manifestación pacífica en la avenida Cedeño de Valencia y Geraldine Moreno, quien murió de un disparo de perdigón en su rostro presuntamente a manos de un efectivo de la Guardia Nacional, asimismo se investigue el caso de Jesús Acosta, estudiante de Ingeniería de la UC, asesinado por presuntos colectivos el 12 de marzo en La Isabelica, siendo necesario que el Defensor del Pueblo, proceda a investigar, y exhortar a los órganos de justicia a la celeridad en el manejo de los asuntos judiciales, para esclarecer los asuntos de violaciones de derechos humanos fundamentales.
Finalmente el encuentro cerró con la recepción por escrito de las diversas propuestas elevadas por los sectores estudiantiles, en torno a considerar la creación de la comisión plural y multidisciplinaria, presidida por la Iglesia, e integrada además por personas de alta reputación, moral y reconocimiento público, así como establecer mesas de trabajo con los familiares de las víctimas para que a través de la Coddeciuc adscrita a la Secretaría UC, se ofrezca la mediación en aras de coadyuvar en la pronta resolución de conflictos, de igual manera, se considere el establecimiento de defensorías del pueblo a nivel municipal, asimismo se estudie la posibilidad de enviar un funcionario de la Defensoría para que acompañe a los ciudadanos en sus protestas pacíficas a fin de ser garante y vigilante, y sirva de vocero en cuanto al fomento de residencias estudiantiles en pro de los beneficios estudiantiles.
Publicado por Pablo Aure en 11:28 No hay comentarios:
@MariaCorinaYa Hoy en Valencia
María Corina Machado hoy en La Isabelica
María Corina Machado visitará este martes Valencia, para asistir a una Asamblea de Ciudadanos en la urbanización La Isabelica, uno de los sectores más convulsionados y reprimidos en los últimos meses, durante manifestaciones pacíficas, en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
A dos meses de importantes episodios de violencia, entre ellos la golpiza propinada a Marvinia Giménez Márquez, de 35 años, por una mujer de la Guardia del Pueblo, las decenas de heridos con perdigones y detenidos, serán recordados por la exdiputada, quien se reunirá con los vecinos en esta localidad, desde las 4:30 pm, en el estacionamiento entre los bloque 17 y 19, frente a la llamada “calle del hambre”. (BM El Carabobeño)
Publicado por Pablo Aure en 11:15 No hay comentarios:
Secretaría UC abrió sus puertas a la Defensoría del Pueblo .@UCarabobo
Secretaría UC abrió sus puertas a la Defensoría del Pueblo
Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo, abrió las puertas de su despacho a la Delegación Estadal de la Defensoría del Pueblo de la entidad carabobeña, en la persona del abogado Teodardo Zamora y su equipo de trabajo.
El encuentro se realizó este lunes 28 en el salón de sesiones del Consejo Universitario, al que acudieron un enviado de la Iglesia, el padre Pedro De Freitas; el bachiller Iván Uzcátegui, presidente de la FCU- UC; y una representación estudiantil de las diversas facultades de esta casa de estudios.
Entre los planteamientos se destacó la exigencia de la participación activa de la Defensoría del Pueblo en la disolución y desarme de los grupos paramilitares que protege y arma el régimen para atacar a los estudiantes, según nota de prensa.
Ellos piden su intervención como garantía en la liberación de los estudiantes que han sido detenidos ilegalmente, cuya cifra llega a más de 230, producto de la represión en actividades pacíficas. Se pide que se promueva el esclarecimiento de las distintas muertes ocurridas en Carabobo.
Estudiantes de la Misión Sucre y de distintas Aldeas Bolivarianas, del Instituto Universitario Tecnológico de Valencia y de las universidades José Antonio Páez y Arturo Michelena hicieron diversas propuestas en torno a la inseguridad en los espacios estudiantiles, y la mejora de las universidades.
Al cierre se consignó un escrito de las diversas propuestas elevadas por los sectores estudiantiles, en torno a considerar la creación de la comisión plural y multidisciplinaria, presidida por la Iglesia, y personas de alta reputación, moral y reconocimiento público, así como establecer mesas de trabajo con los familiares de las víctimas, para que a través de la Coddeciuc adscrita a la Secretaría UC se ofrezca la mediación en aras de coadyuvar en la pronta resolución de conflictos, entre otros. (BM)
Pablo Aure. (Notitarde / Raul Galindo Galindo / Notitarde)
Valencia, abril 28 (Especial).- A propósito de la cooperación entre los entes públicos y en aras de fortalecer lazos interinstitucionales, se llevó a cabo -este lunes- un encuentro entre el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure; el defensor del Pueblo, Teodardo Zamora; representantes estudiantiles y de la iglesia católica.
La reunión se efectuó en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario ubicado en el Rectorado. En el mismo, los jóvenes solicitaron a la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, su participación en la disolución y desarme de los grupos paramilitares que, según ellos, son protegidos y armados por el régimen. Exigieron su intervención para la liberación de 230 estudiantes detenidos en manifestaciones. Estuvieron presentes: El padre Pedro De Freitas; Iván Uzcátegui, presidente de la FCU-UC, y una representación estudiantil de las diversas Facultades de la institución ucista.
Proceso Interno Admisión Medicina @UCarabobo
Protestar y resistir
La protesta pública constituye una extensión del derecho a la libertad de expresión, previsto y desarrollado tanto en nuestra Constitución como en innumerables tratados internacionales suscritos por Venezuela.
La libertad de expresión: o la tenemos o no la tenemos; la titularidad de ese derecho no puede ser a medias, ni mucho menos limitado por “interpretación” judicial. Ninguna autoridad nos puede indicar cuándo, cómo o dónde podemos hacerlo. Protestamos y punto. Desde luego, la protesta debe ser pacífica y sin armas. He aquí un fragmento de Sentencia del Tribunal Constitucional español donde se explica nítidamente este derecho: “El derecho fundamental no tiene por qué ser generalmente reconocido expresa y formalmente por la Administración, ya que el mismo nace directamente de la Constitución española, y su titular no tiene por consiguiente para ejecutarlo que esperar a un previo reconocimiento administrativo. Y ello porque, tal y como está configurada constitucionalmente dicha libertad, el ejercicio de la misma no exige con carácter general más que la pura y simple abstención por parte de la Administración, la ausencia de trabas e impedimentos de ésta y no el reconocimiento formal y explícito de que tal libertad corresponde a sus respectivos titulares. Se trata de una de las libertades de los sujetos particulares que no exigen más que una mera actitud de no injerencia por parte de los poderes públicos” (STC 77/1982).
Interpretación involutiva constitucional
La Sala Constitucional mediante un ardid ha pretendido confundir hechos vandálicos con protestas o manifestaciones; y es allí donde comienza la desatinada interpretación hecha la semana pasada del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Debemos repetirlo una y mil veces más, si es necesario: nadie está obligado a pedir permiso para protestar ¿Ustedes se imaginarían a los vecinos teniendo que ir a la alcaldía a solicitar -y luego esperar- un permiso para protestar porque tienen varios días sin agua, gas o luz?
Sin embargo, el Legislador, en la “Ley de Partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones”, con la única finalidad de garantizar ese derecho mediante concentraciones o marchas programadas con antelación (o sea, que no son espontáneas) prescribe que los organizadores de las mismas participen con no menos de 24 horas de anticipación la realización de esos eventos, lo cual, en ningún caso y de modo alguno debemos entender que es con el objetivo de esperar una autorización, sino que su justificación es para que los cuerpos de seguridad del Estado protejan los derechos de los manifestantes, brindándoles protección tanto en las protestas, como a los que no estén en ellas.
Pues bien, el Tribunal Supremo de Justicia interpretó exactamente al revés el derecho a la protesta, echando por la borda el principio de progresividad de los derechos previsto en el artículo 19 constitucional. Me explico: el TSJ dejó ver que existe una potestad de la Administración pública para conceder o no el permiso para protestar, lo cual es falso. Además, cuando observamos el texto de la sentencia nos damos cuenta de que no obstante establecer el artículo 68 de manera clara y terminante la prohibición de uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas, la Sala Constitucional suaviza esa expresión sustituyendo el verbo “prohibir” por el verbo “evitar”, lo cual, obviamente, es un retroceso.
Artículo 68 CRBV “...Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas...”
Pero la sentencia del TSJ indica que “...los cuerpos policiales y de seguridad encargados del control del orden público, quienes en su actuación no solo estarán en la obligación garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestar pacíficamente, sino también a impedir que éstos, en el curso de la protesta, incurran en excesos que se puedan traducir en lesiones o amenazas de violación de derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, como sería el caso del derecho al libre tránsito o al trabajo; sino también a los que estando en ellas no se excedan en dichas concentraciones, velando siempre y en todo momento para que en el control de ese tipo de situaciones exista un respeto absoluto de los derechos humanos, evitando el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas"
Esto no se hizo de manera ingenua. ¡No señor! El Tribunal Supremo de Justicia lo ha hecho con una aspiración (imposible de convertirse en realidad) de impedir que en el futuro quienes comandan y/o ejecutan esos actos inhumanos en la represión de las protestas puedan ser juzgados por delitos de lesa humanidad. Ellos están cohonestando algo que está expresamente prohibido. Y al mismo tiempo creyendo apaciguar el enfado y rechazo de la población por el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el “control” de las manifestaciones.
Cuidado si los magistrados del régimen no se conviertan con esto en cómplices, y por lo tanto sujetos activos del mismo delito. No hay olvido por condenas o absoluciones no ajustadas a derecho. Eso constituye prevaricación, en el menor de los casos.
Será desobedecida
Indefectiblemente esa interpretación inconstitucional será desobedecida.
La Sala Constitucional no puede interpretar así el rigor de los textos constitucionales y menos en lo relativo al bloque de los derechos fundamentales. Cualquier decisión que viole derechos fundamentales como el de manifestar o el de la libertad de ideología o pluralismo, o el de la preeminencia de los derechos humanos, debe ser desobedecida.
Apretando y apurando el desenlace.
El gobierno sigue apretando, y el ala de la derecha fascista militar encabezada por Diosdado Cabello y Francisco Ameliach -que no son de izquierda- presionan hacia su lado a Maduro, que cuando siente el golpe voltea y se encuentra a Elías Jaua -del ala extremista de izquierda-. Como los extremos se tocan, hay un canto a una sola voz entre el fascismo y la ultra, dejando al margen al sector militar institucional, que debe haberlo desde el centro, que es donde está el chavismo idealista mayoritario, que come de las misiones y que llora por Chávez aún.
Si nos rendimos nos pisan
Mientras el régimen se estremece por los tirones de sus corrientes internas, en nuestro lado democrático, siguen existiendo grupos que intentan jugar adelantado, prestándoles un barniz de sensatez a las tropelías del régimen. Plantean amnistías pero se olvidan de los ataques fulminantes. Hablan de diálogo, cuando tienen sobradas razones para estar claros que con esos verdugos no se llegará a ningún acuerdo honorable.
¿Hasta cuándo hay que repetirles que esta gente no va a acceder a nada por las buenas? Seguirán acumulando puntos negativos, patearán “la mesa de diálogo” y las tablas se las pegarán por la cabeza a los que mansamente intentan negociar.
Finalmente, debemos saber que, como de todos modos intentarán pisarnos, lo mejor es denunciarlos permanentemente, y en la calle, en el entendido que esto puede ser largo. La perseverancia y la solidez de los ideales libertarios es el único nutriente que nos da fuerza. Si nos rendimos nos hollarán.
TSJ tuerce el derecho y desconoce principio de progresividad
Conversando con el colega Lubin Aguirre sobre el contenido de la interpretación del TSJ del artículo 68 de la Constitución, analizamos que era necesario para nuestras explicar a nuestros alumnos entre muchas otras incongruencias tener en cuenta el siguiente comentario.
¿Qué establece el Artículo 68 de la CRBV?
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público…” Subrayado mío.
¿Cómo lo interpretó la sala constitucional del TSJ?
En este mismo orden de ideas, se aprecia que en la segunda parte del artículo 68 de la Constitución, también se prevé un acatamiento irrestricto a la ley por parte de los cuerpos policiales y de seguridad encargados del control del orden público, quienes en su actuación no solo estarán en la obligación garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a manifestar pacíficamente, sino también a impedir que éstos, en el curso de la protesta, incurran en excesos que se puedan traducir en lesiones o amenazas de violación de derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, como sería el caso del derecho al libre tránsito o al trabajo; sino también a los que estando en ellas no se excedan en dichas concentraciones, velando siempre y en todo momento para que en el control de ese tipo de situaciones exista un respeto absoluto de los derechos humanos, evitando (ups) el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas.
La Constitución indica que “Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas” pero el TSJ sugiere evitarlas. ¿Dónde queda el principio de la progresividad?
Vemos que nos señala el Artículo 19 de la CRBV:
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala constitucional, no solamente pretende limitar el derecho a manifestar pacíficamente que tienen los ciudadanos, sino que atenúa la prohibición constitucional que tienen los cuerpos policiales y de seguridad de utilizar armas de fuego y sustancias toxicas en el control de las manifestaciones.
La sentencia..
Expediente Nº 14-0277
El 25 de marzo de 2014, el ciudadano GERARDO SÁNCHEZ CHACÓN, titular de la cédula de identidad número V- 15.362.895, actuando en su condición de Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo, asistido por el abogado Hermann Escarrá Malavé, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 14.896, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “…Recurso de Interpretación de Naturaleza Constitucional y Legal sobre el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) y de los artículos 41, 43, 44, 46 [y] 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la G.O N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010…” (destacado del escrito).
El 27 de marzo de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El recurrente solicitó la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, con base en las siguientes consideraciones:
En primer término, adujo que acude “…ante la presente Sala ostentando el carácter de Alcalde del Municipio Guacara del estado Carabobo en virtud de la necesidad que [tiene], como primera autoridad civil del municipio, en tener una absoluta claridad en cuanto a (su) actuar frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del municipio Guacara. Por ello conjuntamente con razón de derecho, existen hechos públicos notorios y comunicacionales que motivan la presente solicitud interpretativa y que están representados por la necesidad de tener claridad en la acción administrativa entorno(sic) a las manifestaciones políticas que actualmente se desarrollan en la entidad federal carabobense y que no en pocos casos resultan ser violentas y trasgresoras del ordenamiento jurídico nacional…”.
Señaló que, en el presente caso, se encuentra “…con la inminente necesidad de obtener Seguridad Jurídica mediante una declaración de certeza que permita esclarecer el alcance de las normativas objeto de este recurso (…); para así tener claridad en relación a la debida actuación que deben desplegar los organismos públicos (específicamente [él] en [su] condición de Alcalde), que deben emitir algún pronunciamiento o actuar en el marco de las manifestaciones, en cuanto a:
• ¿para ejercer el derecho a manifestar, en los términos previstos en el artículo 68 constitucional, debe el o los manifestantes solicitar autorización?
• ¿constituye la autorización -de ser necesaria- un requisito legal o limitación legal al derecho [a] manifestar al que hace referencia tanto el artículo 68 de la CRBV (sic) como el artículo 41 de la LPPRPM (sic), respectivamente?
• ¿el órgano administrativo que actúe en el marco de la LPPRPM (sic), específicamente con base en los artículos 43, 44, 46 y 50 de esa ley, puede denegar, modificar o aprobar esa autorización mediante acto administrativo expreso?.
• ¿esta autorización tiene como finalidad autorizar o no la manifestación pública o versa solamente acerca de la posibilidad que tiene la autoridad de señalar el sitio donde deba realizarse la reunión o manifestación pública?.
• ¿qué facultades en materia de orden público posee el órgano competente si fuesen desobedecidas las limitaciones o condiciones al derecho de manifestar?.
• ¿qué facultades sancionatorias posee el órgano competente si fuesen desobedecidas las limitaciones o condiciones al derecho a manifestar?...”.
Que el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que “…Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público…”.
Por su parte, los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, establecen lo siguiente:
“Artículo 43. Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado[s], en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.
Arguyo qué “…la simple lectura literal de las normas constitucionales y legales transcritas permite afirmar que existe una duda clara y evidente, por cuanto al estar sometidas a requisitos la manifestación en los términos del artículo 68 constitucional, la LPPRPM (sic) no resulta clara en cuanto a la totalidad de las limitaciones que ella misma anuncia en el artículo 41 ejusdem (sic)…”
Que “…luce claro que el o los manifestantes deberán notificar a la autoridad con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado[s], en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue (ex artículo 43 ejusdem [sic])…”.
Que “…de conformidad con ese último artículo la autoridad en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora. Surgiendo la duda [de] que si la solicitud puede [ser] aceptada ¿debería entenderse que también podría ser denegada? (destacado del escrito).
Que “…más adelante, en el artículo 44, la ley en referencias señala que en el supuesto de celebración simultánea de reuniones públicas o manifestaciones en la misma localidad que puedan provocar trastornos del orden público, la autoridad puede disponer, de acuerdo con los organizadores, que aquellos actos se celebren en sitios suficientemente distantes o en horas distantes. Surge de nuevo la posibilidad autorizatoria, en este caso modificatoria de la solicitud del sitio donde pueda ejercerse el derecho a manifestar…”.
Que “…esa misma posibilidad autorizatoria surge del artículo 46 cuando señala no solo que los gobernadores o gobernadoras de estado, alcaldes o alcaldesas de municipios, o de distritos metropolitanos y jefe o jefa de gobierno de distrito, fijan periódicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas Gacetas, los sitios donde no podrán realizarse reuniones públicas o manifestaciones, oyendo previamente la opinión de los partidos, sino que también prevé que a solicitud de las asociaciones políticas, la autoridad civil podrá autorizar reuniones públicas o manifestacionesen aquellos sitios prohibidos, cuando no afecten el orden público, el libre tránsito u otros derechos ciudadanos…” (destacado del escrito).
Señaló que “…el artículo 50 de la ley de marras prevé la facultad recursiva frente a cualquier determinación tomada por la primera autoridad civil de la jurisdicción que fuere considerada como injustificada por los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones…” (destacado del escrito).
Adujo que con lo expuesto supra “…se expresa con claridad en qué consiste[n] las dudas y ambigüedad que en (su) criterio surgen de las disposiciones constitucional y legales…”, transcritas.
Por último solicitó, “… que el presente Recurso de Interpretación Legal, sea procesado conforme a la ley y por tanto se declare con certeza -otorgando la debida Seguridad Jurídica- el contenido y alcance del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46, 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones con un claro y un único objetivo: el resguardo de la espontaneidad de la vida social y política…” (destacado del escrito).
En sentencia Nº 1077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), esta Sala determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
Al respecto, esta Sala ha precisado que la facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia Nº 1415/2000 del 22 de noviembre caso: Freddy Rangel Rojas, entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia Nº 1860/2001 del 5 de octubre, caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas), del cual formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia Nº 1077/2000 del 22 de septiembre caso: Servio Tulio León) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia Nº 1563/2000, caso: Alfredo Peña).
En el presente caso, se ha solicitado la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el objeto de determinar su contenido y alcance, así como de los artículos 41, 43, 44, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010.
En este sentido, estima esta Sala que con relación a la norma constitucional citada no existe duda alguna acerca de su competencia para conocer de su interpretación; y así se declara.
Ahora bien, por lo que concierne a la interpretación de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, esta Sala aprecia que, a pesar de tener tales disposiciones rango legal, ellas guardan una estrecha vinculación con la norma constitucional -sólo como desarrollo de esta última- razón por la cual, este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 cardinal 17 y 31 cardinal 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer de la interpretación de las referidas normas; y así se declara.
Establecido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto y, al respecto, observa que en la sentencia Nº 1029 del 13 de junio de 2001 (caso: Asamblea Nacional), este órgano jurisdiccional precisó los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación constitucional, en atención a su objeto y alcance. En este sentido, estableció lo siguiente:
10.- En caso de que no sean corregidos los defectos de la solicitud, conforme a lo que se establece seguidamente…”.
La Sala advierte que, en el caso de autos, el recurrente demostró el cumplimiento efectivo de cada uno de los requisitos señalados supra; en efecto, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimidad de la parte actora, debido a la titularidad que ostenta como Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo así como “…la necesidad que [tiene], como primera autoridad civil del municipio, en tener una absoluta claridad en cuanto a (su) actuar frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro del municipio Guacara…”.
En segundo lugar, la acción fue planteada por el referido Alcalde bajo la premisa de una ambigüedad sobre el contenido y alcance del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado en los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010, específicamente, en lo atinente a su actuar como primera autoridad civil del Municipio Guacara del Estado Carabobo frente al requerimiento de manifestaciones públicas dentro de la referida entidad político territorial.
Asimismo, la presente solicitud de interpretación representa una novedad ya que este órgano jurisdiccional no ha establecido criterio sobre las normas objeto de las interrogantes planteadas en ella. No existen vías ordinarias a las cuales pudiese acudir para dilucidar su pretensión, ni acumulación con otra acción con la que pudiese excluirse mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. La acción fue presentada en términos claros, en ausencia de conceptos ofensivos y con los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala admite la interpretación solicitada; y así se decide.
En cuanto al procedimiento a seguir para sustanciar la acción de interpretación constitucional, la Sala, en sentencia del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), dejó abierta la posibilidad de que, una vez admitida la acción, si lo creyere necesario, en aras de la participación de la sociedad, pudiera emplazar por “Edicto” a cualquier interesado que quisiera coadyuvar en el sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se señalaría un lapso de preclusión a fin de que aquéllos concurrieran y expusieran por escrito (dada la condición de mero derecho de este tipo de causas), lo que creyeren conveniente. Además, a los mismos fines, se haría saber de la admisión del recurso, mediante notificación, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala el término señalado para observar, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya que la urgencia de la interpretación puede conducir a que sólo sean los señalados miembros del Poder Ciudadano los convocados (Vid. Sentencia Nº 226 del 20 de febrero del 2001, caso: Germán Mundaraín Hernández y otros).
En la presente causa, la Sala, en atención a la facultad discrecional que posee, considera pertinente entrar a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sin necesidad de abrir procedimiento alguno, por estimar que la presente causa constituye un asunto de mero derecho, que además debe resolverse con la menor dilación posible, por lo que pasará inmediatamente a pronunciarse sobre su procedencia; y así se decide.
4. Ejecutar las políticas emanadas del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana, incluyendo tránsito, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, anticorrupción, antisecuestros, acaparamiento y especulación alimentaria, adulteración de medicinas y otros bienes de consumo esenciales para la vida, delincuencia organizada, turismo, ambiente y orden público….”(destacado de la Sala).
“Artículo 44. Los cuerpos de policía municipal son órganos o entes de seguridad ciudadana encargados de ejercer el Servicio de Policía en su espacio territorial y ámbito de competencia,primordialmente orientados hacia actividades preventivas y control del delito, con estricta sujeción a los principios y lineamientos establecidos en esta Ley, sus reglamentos y los lineamientos y directrices dictados por el Órgano Rector.”
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes de de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.
Exp. Nº 14-0277
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References: artículo 281
 resolución 
 resolución 
 artículo 68
 artículo 19
 artículo 68

Artículo 68
 artículo 68
 Artículo 68
 artículo 68
 Artículo 19
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 41
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 50
 artículo 68
 artículo 335
 artículo 336
 artículo 68
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