Source: http://mugs-monitoreo.com/2020/06/
Timestamp: 2020-07-03 17:22:47+00:00

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junio 2020 – Mugs Monitoreo
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Opinión: El Anteproyecto de Ley General de Educación Superior
FEDERICO ANAYA GALLARDO / LA JORNADA SAN LUIS
La Subsecretaría de Educación Superior del gobierno federal presentó, en octubre de 2019, un Anteproyecto de Ley General de Educación Superior (LGES) y llamó a la sociedad a discutirla. De entrada, se celebraron reuniones de análisis en todas las entidades federativas. Lo discutido en ellas puede consultarse en detalle (liga 1). Pese a la importancia del asunto, el tema no ha penetrado en el círculo rojo del debate nacional. Salvo en un caso: la cuestión de si la educación superior debe considerarse un derecho humano universal. El Anteproyecto señala, en su artículo 2, que “la educación superior es un derecho humano y un bien público social, que será garantizado por el Estado”; pero el artículo 6 restringía ese derecho al decir que “el Estado garantizará el derecho de toda persona … a tener la posibilidad de recibir educación superior…”. Este bizarro “derecho a la posibilidad” fue duramente criticado por Hugo Aboites desde La Jornada (liga 2). Para febrero de 2020, la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos se unía a la crítica, señalando que la ley secundaria no podía hablar sólo de la posibilidad de un derecho (Comunicado de Prensa DGC/023/2020). Sócrates Silverio Galicia Fuentes, profesor de Chapingo, hizo un resumen de los debates sobre el Anteproyecto reportando que en las versiones más avanzadas del mismo se había eliminado parcialmente la restricción del artículo 6 y se habían logrado otros avances (liga 3). Uno de ellos, cerrar el paso a la indebida injerencia de intereses privados en los espacios propuestos por el Anteproyecto. Galicia Fuentes criticó el “enorme y burocrático Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SNEES) con fuerte participación de los empresarios” que se proponía y reportó que en una nueva versión del Anteproyecto, de marzo de 2020, ese SNEES había sido descartado.
La realidad se impone. El 24 de junio de 2020, Reforma publicó una tabla mostrando la participación de las IES privadas en la provisión de educación superior –a partir de datos de ANUIES. Sólo llega al 28%. Es decir, 72% de los servicios educativos de tipo superior se proveen a través de IES públicas. ANUIES reportó que en el ciclo escolar 2018-2019 había 3’441,621 estudiantes inscritos en modalidad escolarizada en licenciatura. Reporta que 2’406,621 (69.92%) estaban inscritos en instituciones de “sostenimiento público”, mientras que 1’035,000 (30.7%) cursaban clases en instituciones de “sostenimiento particular”. No estoy muy seguro cómo hizo Reforma para bajar 3 puntos a las IES privadas, pero la realidad es clara. La educación superior mexicana es mayoritariamente una tarea pública –aunque un tercio no es poca cosa.
La poca participación del sector privado en este ámbito queda manifiesta si, con los datos de ANUIES, examinamos la cobertura que ofrecen las IES privadas “robustas” que, como ya comenté en otra colaboración, han recibido un estatuto de autonomía como escuelas libres universitarias. La cobertura de estas instituciones es diminuta. Revisando los datos de ANUIES, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de México tiene presencia en cinco estados y un total de 52,784 estudiantes (1.53% del total nacional). El ITESM (Tec de Monterrey) tiene más campus, en 19 entidades federativas, pero tiene menos estudiantes: 44,932, el 1.30% de la matrícula universitaria nacional. Las universidades jesuitas están en seis estados y sólo tienen 30,963 estudiantes (0.89% de la población universitaria nacional). El ITAM sólo cuenta con una sede (en la capital federal) y atiende a 5,728 estudiantes, apenas el 0.16% de la matrícula nacional. La Universidad del Valle de México, que no tiene estatus de escuela libre universitaria y que es la más notoriamente comercial de las IES privadas tiene presencia en 17 entidades federativas y 52,872 estudiantes (el 1.53% del total nacional). Estas cifras y porcentajes nos indican que la oferta privada de educación superior está muy atomizada. Junto a las IES privadas robustas tenemos casos como la Escuela Superior Nido de Sócrates, en El Espinal, Oaxaca al sur del Istmo de Tehuantepec que ofrece la licenciatura en Ciencias de la Educación y tiene una persona estudiante.
¿De dónde entonces la compulsión por abrir espacios de opinión e influencia a un empresariado que no se ha comprometido en tan importante tarea? Llevan razón los profesores Aboites (UAM) y Galicia (Chapingo) en su crítica. Ciertamente, la cobertura total de educación superior apenas cubre al 37% de los potenciales aspirantes. Es decir, nuestro sistema de educación superior debe triplicarse. ¿Cabe esperar que el empresariado asuma ese trabajo? No. Sobre esto, un retazo de historia reciente y una referencia teórica. El retazo: en su ensayo biográfico sobre Lorenzo Garza Zambrano, “El regiomontano discreto”, incluido en Los Amos de México de Jorge Zepeda Patterson (Planeta, 2007), Lorea Canales relata cómo el legendario directivo de Cemex renovó el Tec de Monterrey asegurándole a esa IES no sólo un modelo de negocio razonable sino flujos continuos de donaciones. Lo mismo nos reporta Rossana Fuentes-Berain en su libro Oro Gris (Aguilar, 2007) adonde esboza un paralelo entre Zambrano y el mecenas renacentista Lorenzo El Magnífico. La referencia histórica: Adam Smith enumeró la educación superior entre aquellas instituciones de altísima utilidad para la sociedad pero en las cuales la ganancia es tan pequeña que no podría pagar a buen tiempo la inversión de un solo individuo o incluso de un grupo pequeño de personas (Riqueza de las Naciones, Libro V, Capítulo I, Parte III, 1776). Experiencia práctica y teoría liberal indican que la expansión de la oferta educativa de tipo superior deberá descansar en los hombros del Estado.
Dicho lo anterior, cabría preguntarse si la preponderancia presente y futura del sector público en la educación superior no representaría un riesgo para la pluralidad que tanto Sergio García Ramírez (La Autonomía Universitaria en la Constitución y en la Ley, 2005) como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Espino vs. Nicolaíta, 2018) consideran un rasgo esencial de la educación universitaria.
El Anteproyecto de LGES parece asegurar la diversidad en la oferta de educación superior al proponer tres subsistemas: Universitario, Tecnológico y Normal (artículo 21). Esta clasificación es enojosa, pues al comparar los dos primeros (artículos 23 y 25) uno descubre que tenemos en cada subsistema casi el mismo tipo de instituciones –que se clasifican de acuerdo a su origen jurídico. En el subsistema universitario se incluyen las universidades interculturales, una denominación que podría estar conectada a la pluralidad o a la diversidad (artículo 23 fracción II inciso f). Pero no hay un equivalente en el subsistema tecnológico. ¿Acaso no podría o no debería existir un acercamiento intercultural a la tecnología? ¿De qué habla el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur, cuando llama a recuperar la memoria biocultural de los pueblos indígenas? Toledo acaba de señalar, en una conferencia, que nuestra sociedad debe re-arreglarse en términos sociales, de organización, gobernanza y tecnologías (liga 4).
En mi opinión, la sección del Anteproyecto sobre los subsistemas es un ejercicio de clasificación que debería cuestionarse, pero que no tiene que ver con la pluralidad, elemento esencial de la educación superior en la visión del doctor García Ramírez y del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Para abordarlo adecuadamente, la LGES debiese abordar el tema de las comunidades académicas que forman toda IES. De esto, el Anteproyecto no dice casi nada. Sobre los componentes de una comunidad académica, estudiantes, académicos y trabajadores, la propuesta de ley contiene elementos desordenados. En el artículo 4 fracción XIV nos dice que personal académico y estudiantes son “elementos” del “programa educativo”. Por otra parte, estudiantes, personal académico y personal administrativo “integran” el Sistema Nacional de Educación Superior (artículo 15 fracciones I y II). Estudiantes y profesores deben participar en los varios espacios que el Anteproyecto propone, pero no se habla del espacio colegiado esencial: aquél en el cual estudiantes, académicos y trabajadores discuten qué es “lo académico”.
Por lo mismo, una de las propuestas más fuertes del Anteproyecto se pierde. En el artículo 11 fracción VIII se establece como uno de los principios que han de orientar la educación superior mexicana “la prevalencia de criterios académicos en el nombramiento de autoridades y en la gestión de las instituciones públicas de educación superior … sobre cualquier otra consideración ajena a la educativa.” ¿Quiénes determinan que un criterio es más o menos “académico”? La respuesta evidente es: estudiantes, profesores y trabajadores de la IES. Pero de ellos nada se dice.
En contraste, véase la Ley de la UACM de 2005. En la misma no se encontrarán reglas orgánicas (rectorías, juntas de gobierno, secretarías generales, etcétera) sino sólo la existencia de un consejo universitario que paritariamente representa a quienes forman la comunidad. La Ley define a la comunidad académica como centro de la IES y determina los intereses legítimos de estudiantes (artículo 6) y profesores (artículo 7), así como los derechos esenciales de los trabajadores (artículo 5).
Acaso lo mismo debiese hacer la LGES, pues toda IES tiene en su seno una comunidad académica con iguales componentes. Se requeriría una enunciación mínima de los derechos de cada cual. Ejemplo, que toda persona sea protegida en contra de la violencia de género, que es un problema que afecta igual a “universidades”, “tecnológicos”, “normales” y “particulares”. Debiese establecerse que los estudiantes tienen interés legítimo en recibir los apoyos necesarios para que su derecho a la educación superior sea efectivo. Que los académicos tienen derecho a un salario decoroso que asegure su libertad de cátedra y permanente actualización. Que los trabajadores deben contribuir a lo académico y no a la creación de burocracias doradas.
La LGES es reglamentaria de la fracción VII del Artículo 3º Constitucional –que consagró la autonomía universitaria. Y adonde hay autonomía hay una comunidad académica que se autogobierna. Y esto es verdad incluso cuando jurídicamente una IES no ha sido declarada autónoma –como muy a su pesar aprendió en el IPN la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido con bastante precisión en qué consiste este autogobierno comunitario. De ello trataré en mi siguiente contribución, con la que cierro esta ya larga serie sobre las IES. Allí veremos cómo la comunidad es siempre el baluarte de la pluralidad y la diversidad.
https://www.educacionsuperior.sep.gob.mx/LGES/concentrados/
https://www.jornada.com.mx/2019/11/09/opinion/018a1pol
https://www.portalambiental.com.mx/sustentabilidad/20200623/toledo-invita-a-reflexionar-desde-la-memoria-biocultural
https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/el-anteproyecto-de-ley-general-de-educacion-superior/
Aprehenden a homicida de estudiantes de la UACM
JUAN CARLOS ALARCÓN / MVS NOTICIAS
El imputado fue detenido la semana pasada por el delito de robo a transeúnte con violencia, por lo que fue presentado ante el Agente del Ministerio Público.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/antes-de-morir-en-el-fuego-cruzado-gaby-estaba-muy-contenta
ALIANZA CENTINELA COVID-19 / EL ECONOMISTA
En esta gráfica agrupamos todos los respiradores mecánicos para adultos en rangos de precios de 5 mil dólares, para ver cómo están distribuidos. Excluimos de esta gráfica las compras de Brasil, que por su volumen (más de 16 mil equipos) y su precio homogéneo (11,400 dólares por unidad), distorsionan la visualización e impiden leer los datos de los demás países.
México combinó compras a dos empresas locales y a una decena de extranjeras, según los contratos revisados. El país alberga varias fábricas de respiradores propiedad de empresas trasnacionales, pero se ve obligado a exportar la mayoría de esos equipos pues las plantas operan bajo un esquema de maquila, como contaron Quinto Elemento Lab y otros aliados en este reportaje de la alianza.
Para intentar entender cómo se comportaron los precios en el tiempo semanalmente, graficamos las compras de respiradores mecánicos para adultos por país, que representan más de tres cuartas partes de las inversiones (son los adultos mayores quienes más han requerido atención médica intensiva a causa del Covid-19).
Los precios más bajos de Brasil se explican no solo por el volumen de sus compras, sino porque fue el único país en concentrar la totalidad de sus compras con cinco empresas nacionales. En febrero, el presidente Jair Bolsonaro expidió una ley que por la cual solicitó a los fabricantes nacionales que le vendieran al gobierno federal toda su producción, para que luego, éste los distribuyera entre los 26 estados y al Distrito Federal.
Como se observa en los gráficos de arriba, Brasil, el más poblado de los analizados, donde además ciudades como Sao Paulo tienen altas tasas de casos confirmados y de mortalidad, es el país que más respiradores compró y que hizo la mayor inversión hasta finales de mayo. Enseguida viene México que, como se ve, sacó menos provecho a su inversión.
A nivel de las marcas que participaron en los esquemas de compra-venta en toda la región, tres fabricantes de respiradores brasileros (Magnamed, Intermed y KTK) encabezan el listado de ventas por número de equipos, dados sus contratos con el gobierno federal de ese país. Les siguen la empresa china Beijing Aeonmed, la argentino-brasilera Leistung, la estadounidense Carefusion Vyaire y la suiza Hamilton Medical.
En monto total de los contratos, tres de esos fabricantes (Magnamed, Intermed y Beijing Aeonmed) realizaron ventas por más de 40 mdd.
Sin contar a Brasil, el primer lugar lo ocupan las marcas chinas, con 66 mdd en ventas de respiradores a América Latina, principalmente a México, Colombia y Perú. Eso incluye solamente a los fabricantes cuya casa matriz está en China, sin contar a las otras marcas que tienen fábricas en el país asiático.
Le siguen las marcas originarias de Estados Unidos, con más de 42 mdd en ventas, repartidas en casi todos los países de la región. Eso sugiere que, a pesar de que el gobierno de Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa (DPA) para garantizar que las industrias nacionales provean al país productos y servicios esenciales para la defensa nacional, las ventas de ventiladores no se vieron afectadas, quizás en parte debido a que muchas empresas dueñas de marcas estadounidenses tienen –como contamos– cadenas de producción globalizadas y fabrican o ensamblan estos equipos en países como México y China.
En tercer lugar aparecen las marcas de Suiza con 32 mdd en ventas, casi todas concentradas en México.
Como se puede apreciar los nueve países de América Latina que analizamos invirtieron poco más de 320 mdd.
En algunos modelos se ven precios similares: por ejemplo, Costa Rica pagó 28.640 dólares por 20 respiradores Carescape R860 y Colombia pagó 28 mil dólares por 100 del mismo modelo, lo que los ubica en el mismo rango.
En otros hay diferencias más notables: cuatro compras de ventiladores Servo Air del fabricante sueco alemán Maquet registran precios distintos, sin analizar las configuraciones distintas que puedan tener: en marzo Costa Rica compró 30 a 32,500 dólares y Perú 35 a 5 mil dólares, mientras en mayo Colombia adquirió 29 a 18,700 dólares y México 10 a 50,306.
Las marcas brasileras llevan la delantera por el volumen de aparatos que compró ese país en contratos por lo general únicos. Entre las distribuidoras no fabricantes sobresale la mexicana Soluciones Integrales en Gestión y Riesgos de Desastres S.A., con un contrato de 1,330 equipos que sumó 49 mdd. Algunas distribuidoras aparecen como proveedoras de varios contratos: la mexicana Integradora de Soluciones Industriales y Médicas se quedó con doce y la guatemalteca Disgua Distribuidora Guatemalteca con ocho.
Esta gráfica permite ver que, por ejemplo, una cuarta parte de las compras de América Latina -siempre de respiradores mecánicos útiles para adultos- se concentran entre los 28 mil y 34 mil dólares, que vendría a ser el precio más habitual.
(Javier Quintero de Quinto Elemento Lab participó en la elaboración de este reportaje. Los gráficos interactivos fueron producidos por CLIP.)
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-compra-tarde-y-caro-respiradores-para-enfrentar-al-Covid-19-20200629-0114.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Coronavirus-en-Mexico-los-pronosticos-fallaron-20200629-0105.html
En la Secretaría de Seguridad Ciudadana analizan errores como el no barrer la zona en la que circuló Omar García Harfuch de manera previa a su ataque a través de la Dirección General de Agrupamientos.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/falto-barrer-la-ruta-de-garcia-harfuch-estudian-fallas/1391088
El Vaca responsabiliza a El Tarjetas y El Lobito de planear el atentado
José Armando N, alias El Vaca, presunto autor intelectual del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el pasado viernes, señaló al jefe del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, Óscar Orlando N, alias El Lobito, y a Julio César N, alias El Tarjetas, de planear el ataque.
https://www.jornada.com.mx/2020/06/30/capital/029n1cap

References: artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 11
 Artículo 3