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Timestamp: 2018-05-25 11:10:46+00:00

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«PRIMERO. La parcela NUM000 del polígono NUM001 del término municipal de Alcaucín, partido judicial de Vélez-Málaga, está situada junto al núcleo diseminado urbano denominado de " DIRECCION000 ", de 6.582 metros cuadrados, suelo clasificado y calificado como suelo no Urbanizable Grado 2 en el Texto Refundido aprobado definitivamente por resolución de 18/09/1998 (BOP 31/03/1998), pero que no fueron objeto de publicación integra, adaptadas a la LOUA por resolución de 15/12/09 (BOP 9/03/2010) misma catalogación que presenta el suelo en Texto Refundido de PGOU aprobado definitivamente en resolución de 4/03/2010 (BOP 19/05/2010).
CUARTO.- Para la construcción de la vivienda de Felipe, a través de Anibal, que asumió la gestión de los trámites burocráticas, presentó solicitud de licencia de obras el 4/05/05 para "vivienda unifamiliar aislada en Parcela NUM000 de DIRECCION000 ". Era práctica habitual en aquella época en el Ayuntamiento de Alcaucín bajo la Alcaldía de Aquilino, que las personas que pretendían edificar una vivienda presentaban un modelo de solicitud proporcionado por el propio Ayuntamiento en el que al dorso de la propia solicitud de licencia se concedía o se denegaba la licencia con un simple "SI/NO procede", En esta época por instrucciones del Alcalde el documento se devolvía con el importe de los derechos a abonar, sin que constara en el mismo la firma del Alcalde. No se exigía por el Ayuntamiento ningún tipo de informe técnico o jurídico sobre la adecuación de la obra a la normativa urbanística.
El Proyecto Básico y de Ejecución fue elaborado por Balbino, refiriéndose a la subparcela como "parcela n° NUM002, de una superficie de 586 m2. En el Proyecto se recoge la condición del suelo como no urbanizable y el incumplimiento de los parámetros urbanísticos tales como la parcela mínima, la separación a linderos, etc.
El 28/01/03, Balbino, como arquitecto firma la solicitud de licencia de obra para vivienda unifamiliar aislada en Pago " DIRECCION000, Parcela NUM000 (a), polígono NUM001, tramitándose Expediente de Licencia de Obras n° NUM003 en el Ayuntamiento de Alcaucín en la forma ya indicada. El documento de licencia fue devuelto con el importe que había de ser abonado por el interesado, sin que en el documento constara firma del Alcalde autorizando la construcción. A solicitud de Anibal, el Ayuntamiento autorizó el enganche de la vivienda a la red de abastecimiento de aguas en fecha 29/03/04 y concedió en fecha 19/06/06 licencia de obras para la construcción de una piscina,
SEXTO.- Felipe informó a Gabino, fallecido, y a su esposa, Sonsoles, de la posibilidad de adquirir una de las subparcelas en la que podrían construir una vivienda de carácter residencial. Anibal se encargó de todas las gestiones necesarias para la compraventa de la subparcela (de 681,76 m2 en el plano, según Proyecto) y la construcción de la vivienda, firmando un contrato privado de compraventa el 31/08/2005, en el que pagaron 215.000 euros a Anibal, que no se elevó a escritura pública y en el que aparece como vendedor el acusado Mariano, si bien este no consta que este tuviera conocimiento de la operación ni consta indubitadamente que firmara el documento. En fecha 14/03/06, suscrita por Felipe, se presenta solicitud de licencia de obras para "vivienda unifamiliar aislada, en DIRECCION000, Parcela NUM002, polígono NUM001 ", licencia que fue objeto de la tramitación ya descrita para las otras dos viviendas. El Proyecto Básico y de Ejecución lo redacta Balbino, en el que se hizo constar la condición de no urbanizable del suelo, el incumplimiento de los parámetros urbanísticos de aplicación y la necesidad de tramitar Proyecto de Actuación conforme a los artículos 42 y 43 LOUA La obra se lleva a cabo, siendo constructor Maximino.
6.- Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral Garcia.
a) De una parte se invoca el derecho a la presunción de inocencia ( art. 852 LECrim en relación con el art. 24.2 CE) negando la presencia de actividad probatoria suficiente para sustentar la afirmación realizada en el hecho probado sobre un plan preconcebido asumido por el recurrente y encaminado a devolver sistemáticamente los documentos protocolizados de resolución de licencias sin la firma del alcalde y sin una decisión expresa autorizada por alguien legitimado en la corporación y sin comprobación o estudio alguno. Como advierte el Fiscal y veremos luego, esa expresión -plan preconcebido- no figura en el factum(i). Se argumenta, en otro orden de cosas, la improcedencia de asimilar la omisión a la acción en la prevaricación en un campo como el urbanismo en que el silencio administrativo carece de valor positivo. Este segundo hilo discursivo -hay que apostillar- va más enfocado a la corrección de la subsunción jurídica que a la valoración probatoria (ii). Se aduce, además, que no puede inferirse de forma concluyente que el acusado, Presidente de la Corporación, mostrase su anuencia explícita al enganche a la red municipal de abastecimiento con conocimiento de que las viviendas estaban fuera de ordenación. En contra de esa deducción militarían no solo las propias declaraciones del Alcalde, ahora recurrente, sino también las de otros testigos entre los que destaca Josefa funcionaria municipal dedicada a la tramitación de licencias y solicitudes de los enganches de suministro (folio 1647). La documentación (solicitudes) evidenciaría que no podía colegirse de ellas fácilmente, sin una específica e inexigible indagación, la irregularidad urbanística de las viviendas para las que se reclamaba la conexión. Eso determinaba su concesión automática dada la mecánica habitual en la gestión de esos trámites en las dependencias municipales (iii). En alguna medida, razonamientos vertidos en el motivo quinto ( art. 849.2 LECrim) podrían trasladarse aquí para enriquecer este argumentario.
Esa actividad probatoria lícita, suficiente, de cargo concluyente y motivada ha de venir referida a todos los elementos del delito, tanto los objetivos como los subjetivos. Se ha superado la vieja y poco consistente jurisprudencia que etiquetaba a las deducciones sobre elementos internos como juicios de valor y , por tanto, encuadrables en la quaestio iuris. No es así. Aún referidas a hechos internos que no son perceptibles por los sentidos (a diferencia de las acciones externas) son cuestiones fácticas con todo lo que ello comporta. En concreto, desde la perspectiva de la presunción de inocencia, solo pueden declararse probados esos elementos subjetivos cuando existe actividad probatoria de cargo suficiente y concluyente. Al tratarse de realidades no captables directamente por terceros han de deducirse de hechos externos en la forma habitualmente utilizada para valorar la prueba indiciaria. Los elementos internos, salvo los casos de acreditación mediante la confesión del acusado, han de probarse mediante inferencias o deducciones.
Convertir esa deducción en el soporte de la condena amén de significar un cierto, y no baladí o nimio, reformateo de la acusación formulada, supone construir (en sentido figurado: la aclaración parece pertinente por los temas abordados) la convicción sobre una plataforma probatoria extremadamente frágil. Es exagerado hablar de plan preconcebido como interpreta el recurrente la sentencia, que en su hecho probado cuarto no introduce esa expresión. Ya lo apuntamos antes. Pero es verdad que en la fundamentación jurídica sí se menciona una estrategiadiseñada. Eso excede de los términos de la acusación. No hay, por lo demás, prueba suficiente y razonada de ello. La manera un tanto despersonalizada en que en el hecho probado se relatan las diversas vicisitudes es probablemente signo externo de esa falta de carácter concluyente: prolifera la utilización del término "el Ayuntamiento" como sujeto de las diversas actuaciones irregulares que se van narrando, como si no fuese del todo seguro que esas decisiones fuesen en particular atribuibles al Presidente de la Corporación.
¿Desbarajuste? Sí. ¿Desbarajuste planificado con unos objetivos concretos arbitrarios ? No es tan seguro. Pero lo que sí es claro es que ni Fiscal ni acusación popular referían esa base fáctica como soporte de su pretensión de condena. Su acusación se fundaba en cuatro viviendas concretas que el acusado específicamente había tolerado: "dejar hacer" no siempre equivale a "autorizar".
La STS 1185/2004 de 22 de octubre, con cita de abundantes precedentes, enseña que... "si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia... no existe indefensión", ya que ningún elemento nuevo sirve de base a la nueva calificación. Se añade, citando la STC 33/2003, de 13 de febrero, que "si bien las modificaciones del escrito de calificaciones provisionales al fijarse las definitivas que suponga una calificación más grave no lesiona el derecho a no ser condenado sin acusación, pues al ceñirse a lasdefinitivas el órgano judicial habrá respetado este derecho, sin embargo, esas modificaciones pueden vulnerar el derecho de defensa contradictoria si el acusado no ha podido ejercer la defensa de forma plena en el juicio oral, ni proponer las pruebas que estimara pertinentes, al no conocer con carácter previo a su apertura dicha acusación (por todas STC 9/1982, de 10 de marzo ). Ahora bien, tampoco esa vulneración se produce con carácter automático derivada de la introducción de modificaciones esenciales en el escrito decalificaciones definitivas si el acusado ha ejercido el derecho de defensa contra dicha acusación a partir de su conocimiento. En este contexto, es preciso recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el marco de la regulación del procedimiento ordinario, establece la posibilidad de que se modifiquen las calificaciones provisionales al fijarlas de forma definitiva, pues eso puede resultar necesario en virtud de la prueba practicada ( art. 732 LECrim ). Y dispone también que el órgano judicial, una vez efectuadas las calificaciones definitivas, puede someter a las partes una nueva calificación jurídica, si considera que la efectuada incurre en manifiesto error, en cuyo caso puede suspender el juicio oral si las partes indicaren que no están suficientemente preparadas para discutir la propuesta ( art. 733 LECrim ). Asimismo, prevé la suspensión del juicio oral a instancia de parte "cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria" ( art. 746.6 en relación con el art. 747 LECri). Con mayor precisión, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé, para el procedimiento abreviado (art. 793.7), que "cuando en sus conclusiones definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos o se aprecie un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravaciónde la pena, el Juez o Tribunal podrá conceder un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes. Tras la práctica de una nueva prueba que pueda solicitar la defensa, las partes acusadoras podrán, a su vez, modificar sus conclusiones definitivas. En suma, no toda modificación de las calificaciones provisionales al fijarse las definitivas que incide en elementos esenciales del hecho constitutivo de delito o que implica una nueva calificación jurídica infringe elderecho de defensa si, utilizando las vías habilitadas al efecto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se permite su ejercicio respecto de esos nuevos hechos y su calificación jurídica".
Abunda en esas ideas la STS de 5 de diciembre de 2005 en la que leemos: «...carece de todo fundamento legal y doctrinal la alegación de que la modificación de las conclusiones acusatorias efectuadas en el acto del Juicio Oral, signifique una reducción de los derechos de defensa del acusado. Dicho trámite, como esnotorio, está previsto tanto en el art. 732 como en el 793.6 LECrim , y, en términos generales, su inexistencia convertiría poco menos que en inútil toda la actividad procesal que se desarrolla en el acto trascendental del Juicio Oral y que constituye la fase esencial de todo el proceso (véanse, por ejemplo, SSTS de 28 de octubre de 1.997 , 12 de enero , 20 de julio , 7 de octubre y 18 de noviembre de 1.998 y, entre las más recientes, 28 de febrero de 2.001 ). De ahí que en dichas resoluciones se haya mantenido que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. El derecho a ser informado de la acusación, junto con la interdicción de la indefensión - S. de esta Sala de 6 de abril de 1.995 - suponen, de un lado, que el acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa. El conocimiento de la acusación se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso. La posibilidad de que en las conclusiones definitivas de la acusación se operen cambios, incluso relevantes, se deduce con toda claridad del art. 793.7 LECrim , que concede al Juez o Tribunal, "cuando la acusación cambie latipificación penal de los hechos, o se aprecie un mayor grado de participación o de ejecución, o circunstancias de agravación de la pena", la facultad de "conceder un aplazamiento de la sesión hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes"».
En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también encontramos afirmaciones generales sobre la posibilidad de modificación de las conclusiones provisionales. Por todas, la STC 40/2004, de 22 de marzo enseña lo siguiente: "...Por ello, hemos sostenido que una modificación de los hechos y de la calificación jurídica del escrito de calificaciones provisionales, al fijar las definitivas, puede ocasionar la lesión del derecho de defensa contradictoria, "pues si, como acabamos de recordar, no puede contradecirse lo que se desconoce y la defensa se ejerce primeramente en el juicio oral, el acusado no habrá podido ejercer de forma plena su defensa, respecto de las modificaciones fácticas y jurídicas introducidas en las calificaciones definitivas, al final del juicio oral" ( STC 33/2003, de 13 de febrero , FJ 4).
Principio acusatorio y derecho de defensa están estrechamente entrelazados. Lo acabamos de recordar y lo afirma, recogiendo una línea jurisprudencial concorde, la STS 706/2012, de 24 de septiembre. El imputado ha de tener posibilidad efectiva de rechazar la acusación formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica ( SSTC 53/1987, de 7 de mayo, F.J. 2; 4/2002, de 14 de enero, F.J. 3); de manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia» ( SSTC 11/1992, de 27 de enero, F.J 3; 95/1995, de 19 de junio, F.J 2; 36/1996, de 11 de marzo, F.J. 4; 4/2002, de 14 de enero, F.J. 3).
"El principio acusatorio obliga, en efecto, al Tribunal a valorar exclusivamente los hechos sobre los que las acusaciones fundan su pretensión. Ese presupuesto del argumento blandido es indiscutible. Entre los hechos objeto de acusación y los enjuiciados ha de existir esencial identidad. Ni siquiera a través del expediente del art. 733 LECrim puede desligarse el Tribunal de esa vinculación al sustrato fáctico. No está habilitado para introducir hechos nuevos incriminatorios. Admitirlo supondría una quiebra del principio acusatorio y, singularmente, del derecho de defensa. La STC 347/2006 de 11 de diciembre proclama a este respecto: ".... Nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, en consecuencia, no ha podido defenderse de modo contradictorio". A estos efectos la pretensión acusatoria se fija en el acto del juicio oral, cuando la acusación o acusaciones establecen sus conclusiones definitiva, y se refiere no solamente a la primera instancia, sino también a la fase de apelación ( SSTC 12/1981, de 12 de abril; 104/1986, de 17 de julio; 225/1997, de 15 de diciembre; 4/2002, de 14 de enero; 228/2002, de 9 de diciembre y 33/2003, de 13 de diciembre).
La sentencia recurrida afirma que el acusado estaba debidamente impuesto de lo que su cuñada pretendía realizar ¬una vivienda y una piscina¬ al amparo de una licencia fechada el 24 de marzo de 2003, y de otra más, concedida el 14 de octubre de 2008. Y tal construcción era algo patentemente contrario a la normativa existente. Tilda el comportamiento del acusado de un "dejar hacer" determinadas obras contrarias a las normas cuando tenía asignadas como Alcalde las competencias de urbanismo y patrimonio.
Ciertamente la sentencia recuerda nuestra doctrina conforme a la cual la prevaricación se puede cometer por omisión "concretamente en aquellos casos especiales en que es imperativo para el funcionario dictar una resolución y en los que su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación, en la medida que la Ley 30/92 de Régimen Administrativo Común equipara en supuestos específicos los actos presuntos a las resoluciones expresas".
Ciertamente se añade que de manera mendaz y sin haber solicitado opinión al respecto a los técnicos municipales, emitió los siguientes informes: (25 de noviembre de 2010), de no haber ningún inconveniente para que la empresa AGUASVIRA suministrase el servicio de agua potable al inmueble sito en la finca rústica mencionada, lo que justificaba en el "contrato de suministro de agua potable en el extrarradio" y (15 de abril de 2011) de no haber inconveniente para que se conectase la "luz eléctrica" en la parcela por "encontrarse exenta de licencia"; y un tercero (8 de junio de 2011), emitido en igual sentido que el precedente.
Desde luego ese comportamiento omisivo, sea el de no incoar procedimiento sancionador o de reposición de orden o sea el de tolerar la construcción ilegal, en ningún caso es equiparable a la omisión sancionada en al artículo 408 del Código Penal . No se cuestiona el dato alegado de que ha recaído sentencia penal excluyendo la comisión del delito que se imputaba a la cuñada del acusado en el procedimiento del que procede el testimonio que dio origen al que ahora nos ocupa.
Pero, en todo caso, es claro que ese no hacer que se imputa al acusado en ningún caso puede entenderse constitutivo de una "resolución" administrativa en los términos en que nuestra Jurisprudencia viene admitiendo que la omisión es tipificable como acción o resolución prevaricadora, a que se hace referencia en la misma cita de que se hace mérito en la sentencia recurrida ( STS 23 de octubre de 2013): Este delito, con arreglo a reiterada jurisprudencia puede cometer por omisión, "concretamente en aquellos casos especiales en que el imperativo para el funcionario dictar una resolución y en los que su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación, en la medida que la ley 30/92, de Régimen Administrativo Común equipara en supuestos específicos los actos presuntos a las resoluciones expresas".
Esta sala ha visto En la causa que en su día fue tramitada por el Juzgado Mixto nº 1 de Velez (Málaga), fallada posteriormente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección Octava), y que fue seguida por un delito de prevaricación contra D. Aquilino, teniéndose aquí por reproducidos todos los datos que aparecen en el encabezamiento de la Sentencia recurrida y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados anotados al margen y bajo la Presidencia del Primero.
ÚNICO.- Se dan por reproducidos los antecedentes y hechos probados de la sentencia de instancia con la salvedad del párrafo último del hecho probado cuarto que debe suprimirse y tenerse por no puesto conforme se ha razonado en la anterior sentencia.
ÚNICO.- Las razones expuestas en la sentencia anterior conducen a la absolución del acusado. Los fundamentos de la sentencia de instancia en todos los aspectos distintos a esta valoración se dan por reproducidos y se asumen.
Andres Martinez Arrieta Francisco Monterde Ferrer Alberto Jorge Barreiro
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079120012018100046

References: resolución 
 resolución 
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e contrario
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 artículo 408
 resolución 
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