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Timestamp: 2017-12-13 18:47:31+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 667/2010, de 21 de mayo. Diferencias salariales. Cesión ilegal de trabajadores - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Canarias 667/2010, de 21 de mayo
Reclamación salarial: Diferencias salariales. Cesión de trabajadores. Diferencias entre la cantidad percibida abonada por la empresa cedente y la que debió percibir de la empresa cesionaria. Estimación.
En el recurso de suplicación interpuesto por D. Julio contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2007 dictada en los autos de juicio n.º 0000516/2007 en proceso sobre CANTIDAD, y entablado por D. Julio, contra PERFALER CANARIAS S.L., Ayuntamiento De San Bartolome De Tirajana y Servicio Canario De Salud.
Primero.-En fecha 14 de junio de 2007, por la parte actora se interpuso demanda en reclamación de cantidad, cuyo suplico es del siguiente tenor: "estime íntegramente la demandad interpuesta por el actor contra la empresa Perfaler Canarias SL y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, condenando a las demandadas a abonar al actor las cantidades reclamadas 11.140,92 euros, más intereses por mora, y ellos sin perjuicio de posteriores devengos que se regularizarán en el momento procesal oportuno, así como estar y pasar por tal declaración. Es de justicia".
Segundo.-Con anterioridad a la fecha expresada, el actor interpuso demandada ante los Juzgados de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores (cesión ilegal).
Tercero.-Se agotó la vía previa. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: QUE ESTIMANDO la excepción de litispendencia esgrimida por las representaciones de la entidad Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Perfaler Canarias SL, y sin penetrar en el fondo de la cuestión planteada, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, entidad Perfaler Canarias SL y Servicio Canario de Salud de todas las pretensiones deducidas en su contra.
Primero.-La sentencia de instancia, con estimación de la excepción de litispendencia opuesta por dos de las demandadas, sin entrar en el fondo de la cuestión planteada absolvió a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra por la actora. Contra la referida sentencia se alza en suplicación la demandante para combatir dicha resolución, formulando recurso que articula en un único motivo, para interesar la nulidad de dicha resolución. El recurso fue impugnado por las representaciones procesales de las demandadas.
Segundo.-El único motivo del recurso se formula al amparo del artículo 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral para solicitar la nulidad de la sentencia recurrida, "por vulneración de lo dispuesto en los artículos 9 de la Constitución Española (derecho a obtener una tutela judicial efectiva), en relación con el artículo 400 de la Ley Enjuiciamiento Civil, en la que se establecen los requisitos para apreciar la existencia de la excepción procesal de litispendencia, y todo ello con la finalidad de se anule la sentencia recurrida, y dicte otra el juez a quo, entrando a conocer el fondo de la cuestión planteada, habida cuenta de que se practicó prueba suficiente para resolver el fondo de la cuestión, esto es, quien es el verdadero empleador del actor, si se ha producido cesión ilegal, y si el actor es acreedor de las diferencias salariales que se reclaman en la demanda."
Es preciso destacar que el precepto de la norma fundamental y el de la Ley rituaria que la recurrente denuncia como vulnerados y en los que basa su pretensión de obtener la nulidad de la sentencia de instancia no se corresponden ni con el derecho a obtener la tutela judicial efectiva (pues, como es bien sabido, se reconoce en el artículo 24.1 de la Constitución, y no en el 9 de dicha Norma), ni tampoco los requisitos para apreciar la existencia de litispendencia se recogen en el artículo 400 de la LEC (que se refiere a la preclusión de hechos y fundamentos jurídicos), sino que se regulan en el 421, en relación con los apartados 2 y 3, ambos de dicha ley procesal. Sin embargo, en aras a garantizar la tutela judicial efectiva y dado que la recurrente, a pesar de errar en cuanto a los concretos ordinales de los preceptos constitucionales y procesales que considera vulnerados por la sentencia de instancia, invoca expresamente la infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, también, la de los requisitos para apreciar la litispendencia, entramos a analizar el recurso.
Para la resolución de la litis es necesario resaltar los siguientes hechos:
a) El actor interpuso el 14 de junio de 2007 demanda ante los Juzgados de lo Social de Las Palmas en reclamación de cantidad, interesando en el petitum de la misma que se "estime íntegramente la demanda interpuesta por el actor con la empresa Perfaler Canarias, S.L. y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, condenando a las demandadas a abonar al actor las cantidades reclamadas 11.140,92 euros, más intereses por mora, y ello sin perjuicio de posteriores devengos que se regularizarán en el momento procesal oportuno, así como estar y pasar por tal declaración."
b) Con anterioridad a la presentación de dicha demanda, el actor había interpuesto otra demanda ante los Juzgados de lo Social de Las Palmas ejercitando acción por cesión ilegal.
c) En el momento de celebrarse el juicio oral en el primero de dichos procedimientos, se ignoraba el Juzgado al que se había repartido la segunda de las demandas y, en consecuencia lógica, no había recaído resolución al respecto de la pretendida cesión ilegal denunciada por el Sr. Julio.
d) Sin embargo, con fecha 23 de diciembre de 2009, esta Sala dictó sentencia en el recurso de suplicación n.º 1461/2008, interpuesto por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana contra la dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos del juicio 701/2006, procedimiento este sustanciado para dirimir la controversia sobre la cesión ilegal a la que nos hemos referido en los dos apartados anteriores. La referida sentencia de suplicación confirmó la de instancia, por la que se declaraba la existencia de la cesión ilegal denunciada por el actor y se reconocía, al haber ejercitado opción en tal sentido, el derecho de aquél a ser considerado como personal laboral indefinido de la referida Administración Local, con la categoría profesional de educador y el salario correspondiente a tal categoría, condenando a las codemandadas Perfaler Canarias, S.L. y Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a estar y pasar por dichas declaraciones.
Así las cosas, el motivo debe estimarse dado que el objeto del procedimiento del que deriva el presente recurso se concreta en la reclamación de diferencias salariales, que el actor formula al entender que ha existido un prestamismo laboral ilícito en el que habrían participado las tres codemandadas y, como consecuencia de ello, el salario que se le venía abonando por Perfaler, S.L. no era el correcto, sino que debía percibir el salario pactado en el convenio colectivo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, superior a aquél, lo que justificaría la acción de reclamación de cantidades ejercitada, y, como hemos señalado, la cesión ilegal de la que trae causa la citada reclamación de diferencias salariales ha sido declarada en los términos expresados en el párrafo anterior. Pero, en aras del principio de economía procesal, y a pesar de que el motivo del recurso formulado por la actora lo es para interesar la nulidad de la sentencia, lo cierto es que, como hemos dicho, la Sala tiene todos los elementos de convicción necesarios para resolver el fondo de la controversia: el salario percibido por el actor (hecho séptimo del escrito de demanda); el importe del salario mensual que alega debería percibir conforme al convenio colectivo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (hechos primero y séptimo del escrito de demanda); la existencia de cesión ilegal (sentencia de esta Sala, reseñada anteriormente); además, se hace preciso resaltar que las codemandadas en el acto del juicio, al contestar a la demanda, que era el momento procesal oportuno para ello, no se opusieron a las cuantías de los salarios percibidos y los que debería percibir el actor, según el referido escrito de demanda, basando la oposición en la inexistencia de cesión ilegal y, en cualquier caso, de una sentencia que así lo declarase. Es cierto que se hizo constar en el acto del juicio por parte de las representaciones procesales de Perfaler Canarias, S.L. y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que en el escrito de demanda no se especifican los períodos objeto de reclamación por el actor, omisión que les causaría indefensión; no obstante, del examen de los escrito de reclamación previa aportados con el escrito de demanda (folios 4 al 6 de las actuaciones) se desprende claramente que el actor si concretó desde que dio cumplimiento a ese requisito preprocesal los períodos de tiempo objeto de reclamación, y, para llegar a esta conclusión, basta con examinar el apartado séptimo,
párrafo segundo, de dichos documentos en los que literalmente se dice: " Por tanto, se han generado a favor del actor diferencias salariales, desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha (17-05-2007), que asciende a la cantidad de 11.140,92 euros....". Por ello, entrando en el fondo de la cuestión litigiosa, debe estimarse la demanda formulada por el actor contra las codemandadas Perfaler Canarias, S.L. y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, condenando a ambas a abonar solidariamente a aquél la cantidad de 11.140,92 euros, incrementada con los correspondientes intereses por mora, absolviendo al Servicio Canario de Salud de los pedimentos efectuados en su contra, absolución que se hace a tenor de los razonamientos contenidos en la sentencia invocada en el apartado d) de este fundamento jurídico. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por el actor, D. Julio, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 9 de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos del juicio n.º 516/2007, y condenamos a Perfaler Canarias, S.L. y al Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana a abonar a aquél la cantidad de once mil ciento cuarenta euros con noventa y dos céntimos (11.140,92 euros), incrementada con los correspondientes intereses por mora, con absolución del Servicio Canario de Salud.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 0286/08 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c 2410000066 0286/08, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

References: artículo 43
 artículo 191
 artículo 400
 artículo 24
 artículo 400
 resolución 
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