Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=665590
Timestamp: 2019-07-16 05:32:57+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°72
CREACIÓN DE COMISIÓN DE VALORES Y SEGUROS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Espina Otero
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Jose Ossandon Irarrazabal
SANCIONES Y REPARACIONES POR DERRAME DE PETRÓLEO EN PLANTA DE COMBUSTIBLES PUREO, COMUNA DE CALBUCO. OFICIOS
RECHAZO A MODIFICACIONES A LEGISLACIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS DE AGUA
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES BIANCHI, OSSANDÓN, PROKURICA Y PATRICIO WALKER CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 20.422, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LO RELATIVO AL ACCESO DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD A LOS BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO (11.002-11)
Sesión 72ª, en miércoles 30 de noviembre de 2016
(De 16:20 a 19:22)
PRESIDENCIA DE JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros (9.015-05) (se aprueba)......................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal (10.490-11) (se aprueba en particular)................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (9.689-21) (queda aplazada la votación en general)....................................................................
Sanciones y Reparaciones por derrame de petróleo en planta de combustibles Pureo, Comuna de Calbuco. Oficios (Observaciones del Senador señor Quinteros)..........................................................
Rechazo a modificaciones a legislación relativa a los derechos de aguas. (Observaciones del Senador señor Moreira)....................................
Concurrió, además, la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, señora Ana Gisela Alarcón Rojas
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor LABBÉ (Secretario).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 67ª, ordinaria, en 22 de noviembre de 2016, que no ha sido observada.
Diecinueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín Nº 9.015-05).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica (boletín N° 9.890-08).
Con los diez siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los proyectos de ley que se indican:
2) El relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
3) El que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).
4) El que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (boletín N°10.063-21).
5) El que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15).
6) El concerniente a la transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín N° 10.163-14).
7) El que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
8) El que crea la Subsecretaría de la Niñez, modifica la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y dispone otros cuerpos legales que indica (boletín N° 10.314 -06).
10) El que otorga una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional a los profesionales funcionarios de los Servicios de Salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental que indica (boletín N° 10.790-11).
Con los siete siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09).
2) Proyecto de ley que restringe la entrega de licencias de conductor clase C (boletín N° 7.425-15).
3) Proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
4) Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín Nº 10.264-07).
5) Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04).
6) Proyecto que modifica el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones, para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia (boletín Nº 10.402-15).
7) Proyecto de ley que modifica la denominación del Escalafón del Servicio Militar Femenino del Ejército (boletín N° 10.505-02).
Con el que indica que ha aprobado, con las excepciones que señala, las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, con el fin de establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos.7.025-31 y 7.855-13, refundidos). Asimismo, expresa que ha designado la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse al efecto (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para integrar la Comisión Mixta.
Responde consulta del Senador señor Hernán Larraín, relativa al programa de exención de visas con los Estados Unidos.
Remite copia del proyecto de construcción del tercer dique para los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) en Talcahuano y los estudios respectivos de factibilidad económica; materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Contesta solicitudes, expresadas en nombre del Senador señor Navarro, para informar acerca de las siguientes materias:
-Estudios generados por la comisión encargada de realizar las políticas públicas en alimentación y nutrición de la población infantil, y cantidad de órganos donados en el marco de los convenios Chile-Argentina y Chile-Uruguay.
-Tiempo promedio de espera para atención en todos los servicios de urgencias del sistema público de salud, desagregado por regiones y comunas.
Remite respuesta a petición, enviada en nombre del Honorable Senador señor Quintana, en cuanto a la necesidad de implementar un test rápido para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana y analizar la posibilidad de efectuar dichos exámenes en establecimientos educacionales.
Informa sobre las dependencias institucionales de la ciudad de Valdivia; materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
De la señora Directora (S) del Servicio Electoral:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las medidas adoptadas para el ejercicio del derecho a sufragio de las personas privadas de libertad.
Del señor Secretario Ejecutivo (S) del Consejo Regional de La Araucanía:
Comunica que esa entidad ha elegido como su Presidente al señor Marcelo Carrasco Carrasco.
De los Honorables Senadores señores Bianchi, Ossandón, Prokurica y Patricio Walker, con la que inician un proyecto para modificar el artículo 28 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en lo relativo al acceso de los niños con discapacidad a los bienes nacionales de uso público (boletín Nº 11.002-11).
De los Senadores señora Pérez San Martín y señores Bianchi, Guillier y Horvath, con la que informan que han decidido constituir el Comité Independientes y Partido Amplitud, cuyos representantes serán los Senadores señora Pérez San Martín y señor Guillier.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
Señor Presidente, solo quiero pedir la anuencia de la Sala a fin de fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el día lunes 16 de enero de 2016, al proyecto que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletín N° 9.692-07), en primer trámite constitucional y en segundo trámite reglamentario en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Señor Presidente, no se encuentra en la Sala la Presidenta de la Comisión de Gobierno. Deseo decir que estamos viendo en trámite de Comisión Mixta, tanto Diputados como Senadores, el proyecto sobre elección de los gobernadores. Y se acordó pedir autorización para que podamos analizarlo ahora, en paralelo con la Sala, desde las 4 y media de la tarde.
Aquí viene justamente nuestra Presidenta.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión quiero pedirle, señor Presidente, que recabe el asentimiento de la Sala para analizar en forma simultánea este proyecto desde las 4 y media de la tarde, porque debemos discutirlo hasta su total despacho el día de hoy.
Ha llegado la Presidenta de la Comisión.
Entiendo que no habría dificultad en acceder a ello, siempre y cuando, si se llamara a votar dos proyectos que son de quorum especial, tuviéramos la concurrencia de todos los señores Senadores que integran la Comisión Mixta.
¡No le quepa duda!
¡El Senador Bianchi va a ser el primero en llegar...!
Es que justamente el primer proyecto en tabla es de quorum. Entonces, va a depender de cómo partimos, de si abrimos la votación. Y, en ese sentido, tal vez ustedes podrían constituirse...
Dejemos abierta la votación, si le parece.
¿Este proyecto está en tercer trámite? ¿Cuál es su situación?
¿El de intendentes regionales?
Está en trámite de Comisión Mixta, por el rechazo que hizo el Senado a las modificaciones de la Cámara.
Ahora, yo no sé si podrá terminar su análisis hoy día, porque es un proyecto que está con urgencia.
Bueno: eso lo verá la Comisión.
Señor Presidente, la Comisión Mixta comenzó su trabajo hoy. Y lo que estamos pidiendo es funcionar paralelamente con la Sala para terminar de votar en ella, si es que la Sala lo tiene a bien.
¡No hay, no más!
Señor Presidente, la semana pasada tuvimos un largo debate en materia del Presupuesto para el año 2017. Y uno de los Senadores que más motivaron para que pudiéramos lograr un acuerdo en el Senado y poder trabajar como corresponde fue precisamente quien ha negado ahora la posibilidad de este acuerdo.
Yo quiero pedirle a nuestro querido Senador -por su intermedio, señor Presidente - que nos permita trabajar en esto, más allá de que él tenga una posición contraria a contar con gobernadores y una administración distinta en lo regional. De esta manera, si él lo permite, podríamos llegar a acuerdo a fin de trabajar en paralelo con la Sala.
Estamos citados en conjunto con la Cámara de Diputados. La idea es que tramitemos este proyecto hoy día a como dé lugar hasta su total despacho.
Por lo tanto, quiero pedirle encarecidamente, señor Presidente, que insista. No tengo dudas de que el Senador nos va a dar la unanimidad, en el entendido de que, obviamente, es una iniciativa a la cual su propio Gobierno le ha puesto urgencia para debatirla el día de hoy. Esta situación nos complica, porque la próxima semana tenemos regional y se nos atrasaría absolutamente su tramitación.
Puede que para algunos esto parezca muy para la risa, y lo entiendo, pero es bastante serio.
El que no comulguen con este proyecto, el que no les interese, el que no les importe que tengamos una nueva administración en nuestro país, sinceramente no quita que nosotros podamos continuar el trabajo en paralelo con la Sala.
Y, si no es así, vamos a respetar la situación de cada Senador. Pero nos corresponderá hacer lo mismo el día de mañana.
Yo creo que están hechos bien los puntos.
Lo único que pediría es que no hagamos una discusión de fondo respecto de esta iniciativa.
Señor Presidente, este proyecto tiene "discusión inmediata".
Queremos llegar hasta el término de su debate hoy día, porque tengo entendido que hoy vence la...
¡Después de la sesión de Sala...!
Muy bien, yo comprendo la urgencia de la "discusión inmediata", Su Señoría, pero eso no cambia el hecho de que un Senador, ejerciendo legítimamente su derecho, no dé la unanimidad.
Y entiendo que se sumaría otro señor Senador.
¡Indique quiénes son, señor Presidente!
Eso no tiene por qué decirse.
Sin entrar al fondo del proyecto, por favor, Su Señoría. Es lo único que le pido.
Señor Presidente, no voy a entrar al fondo. A mí me interesa trabajar.
Tenemos dos proyectos de ley, y me preocupa el tema de INDESPA, señor Presidente. Si un señor Senador -uno o dos- ha expresado aquí que no da la unanimidad, está en su legítimo derecho a hacerlo, como yo también lo he hecho en otros casos.
Asimismo, he dicho que ese proyecto de ley, en lo que a mí concierne, es el más malo que hemos debatido, pero no tengo ningún problema con ello.
Eso sí, me interesa la iniciativa relativa a INDESPA, respecto de la cual todavía no decido cómo voy a votar. Eso dependerá de cómo se desarrolle el debate en la Sala, y no quiero que después digan que faltaron votos.
Señor Presidente, le pido que siga con la sesión. Y la señora Presidenta de la Comisión Mixta, la Senadora Von Baer, puede citar para después de las 7, a las 8.
Si les parece a la señora Presidenta y a los señores miembros de la Comisión Mixta, y al Senador Bianchi, quienes han planteado insistentemente este tema, podemos recabar la unanimidad en un rato más.
Efectivamente, tenemos en tabla un proyecto de quorum especial, el de Valores y Seguros, y, si le pareciera a la Sala, podríamos verlo ahora.
Y para la iniciativa que viene a continuación, sobre especialidades médicas y odontológicas, propongo que se permita el ingreso a la Sala de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.
Senador señor Bianchi, nuevamente tiene la palabra después de la Cuenta.
Señor Presidente, agradezco la forma como ha dirigido la Mesa.
Pero ¿sabe qué? Tener que insistir a un Senador para que dé unanimidad -está en su derecho a no hacerlo- a fin de tratar un proyecto de esta magnitud, a lo cual se niega porque no es de su agrado, con lo cual se entraba todo el proceso de descentralización del país, la verdad es que cuesta entenderlo.
Quiero ser tremendamente serio, ¡tremendamente serio! en este punto. Mientras hablaba, se hacían gestos de burla aquí. ¡Esto no es para la chacota, señor Presidente!
Lo que hoy día está viendo el país -si es que alguien lo hace a esta altura de la vida- es que un Senador se ha negado a que exista la última posibilidad de llegar a acuerdo sobre un proyecto, que se debatirá hasta su total despacho, para permitir que el próximo año celebremos la elección democrática de las autoridades regionales.
Puedo entender que se insista una vez. Pero no lo haga más, señor Presidente. Yo por lo menos no voy a insistir, porque me parece que esto es un absurdo mayúsculo.
Está claro, Su Señoría.
Lo que sí puedo decir es que no solo es un Senador, sino tres, de distintos Comités, quienes han expresado a la Mesa que no dan unanimidad para acceder a lo que se ha solicitado.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro, para un asunto de Reglamento.
Señor Presidente, le solicito que recabe la autorización de la Sala para que la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y el modo de resolver las divergencias producidas con ocasión de la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, pueda sesionar simultáneamente con la Sala el próximo martes 13 de diciembre, de 16:45 a 17:30 horas.
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud formulada por el señor Senador?
Están citados los señores Diputados.
Como no hay disposición para dar acuerdos -¡parece que fueron suficientes los de ayer...!-, pasaremos al primer proyecto de la tabla.
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros, con urgencia de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.015-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 90ª, en 28 de enero de 2014.
Comisión Mixta: sesión 44ª, en 31 de agosto de 2016.
Hacienda: sesión 28ª, en 16 de junio de 2015.
Hacienda (segundo): sesión 31ª, en 13 de julio de 2016.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 31ª, en 13 de julio de 2016.
Comisión Mixta: sesión 70ª, en 24 de noviembre de 2016.
Sesiones 29ª, en 17 de junio de 2015 (se aprueba en general); 31ª, en 13 de julio de 2016 (se aprueba en particular).
Las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de todas las enmiendas efectuadas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que comprende las normas en controversia, así como las adecuaciones correspondientes a los ajustes formales requeridos por el texto contenido en la proposición, sobre la base de una propuesta del Ejecutivo, que fue presentada y explicada en el seno de la Comisión Mixta por representantes del Ministerio de Hacienda.
La Comisión informa que al respecto se señaló que la iniciativa tiene por finalidad efectuar una modernización profunda a la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de convertirla en la Comisión de Mercado Financiero. Para ello se elaboró una propuesta de modernización, reforma y adecuación institucional del actual sistema de regulación y supervisión del mercado financiero, que reúne las funciones regulatorias y sancionatorias en un único organismo colegiado, denominado Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La Comisión acordó la proposición por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores ColomaGarcía MontesPizarro y Tuma, y Diputados señores Chahin, Pérez, Schilling y Silva, salvo en lo relativo a las letras a) del número 2 de los artículos 36 y 37, que fueron aprobadas por mayoría de votos. A favor se pronunciaron los Senadores señores Montes, Pizarro y Tuma, y los Diputados señores Chahin y Schilling, y en contra los Senadores señores Coloma y García, y los Diputados señores Pérez y Silva.
Corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión del día 23 de noviembre, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que los artículos 1; 2; 4; 5 -números 1), 5), 27), 28 y 31), párrafo segundo-; 7; 8; 9; 12; 14, incisos tercero, cuarto y quinto; 18; 20; 21; 22; 26; 29; 30; 31; 35; 62; 67; 70; 71 y 78, todos ellos contenidos en el artículo primero del proyecto, así como su artículo cuarto, y el artículo primero transitorio de la proposición que hace la Comisión Mixta requieren para su aprobación 19 votos favorables, por tener rango orgánico constitucional.
Asimismo, el artículo 5, numerales 5), 27) y 31); el artículo 28 y el artículo 43, todos del artículo primero del proyecto propuesto por la Comisión Mixta, deben aprobarse con quorum calificado, esto es, con 18 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figura la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse su informe.
El Ministro de Hacienda me ha pedido entregar sus excusas porque no ha podido acompañarnos el día de hoy.
Señor Presidente, recordemos que este informe recae en un proyecto de ley muy relevante, que ingresó a tramitación el día 3 de julio de 2013 -dato del cual se puede derivar una larga tramitación, un largo escenario de discusión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados-, que ha culminado en una Comisión Mixta por la complejidad del sistema, pero respecto al cual -según entiendo- se logra un acuerdo muy razonable para enfrentar los relevantes desafíos del mercado financiero el día de mañana.
Desde un punto de vista normativo, el proyecto busca crear la Comisión para el Mercado Financiero, que reemplaza a la Superintendencia de Valores y Seguros. Esa fue la idea matriz original de este proyecto.
Los objetivos de dicha Comisión son, en el ejercicio de sus potestades, velar por el correcto funcionamiento, el desarrollo y la estabilidad del mercado financiero, facilitar la participación de los agentes de mercado y promover el cuidado de la fe pública.
Dicho órgano estará compuesto por cinco miembros: un comisionado nombrado por el Presidente de la República, de reconocido prestigio profesional o académico en materias relacionadas con el sistema financiero, quien tendrá el carácter de Presidente, y otros cuatro comisionados, de idénticas características y también designados por el Primer Mandatario, con acuerdo de los cuatro séptimos de los miembros en ejercicio del Senado.
En el texto propuesto se contempla, entre las competencias de dicha instancia, la fiscalización de:
1) las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública;
2) las bolsas de productos, las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursátiles;
3) las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre valores que estos realicen;
4) los fondos que la ley somete a su fiscalización y las sociedades que los administren;
5) las sociedades anónimas y en comandita por acciones que la ley sujete a su vigilancia;
6) las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza;
7) el Comité de Autorregulación Financiera, que es una institución nueva que pretende prevenir conflictos en el mercado financiero con la lógica de la autorregulación (en vez de operar solo en función de una normativa estricta en contra, se busca generar una proactividad a partir de los fiscalizados), y
8) cualquiera otra entidad o persona natural o jurídica que la presente ley u otras le encomienden controlar.
Para ello, la Comisión que se crea contará con una serie de facultades -esto es muy importante para el futuro financiero de Chile-, entre las que destacan las siguientes:
1) Dictar las normas para la aplicación y el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de regulación del mercado financiero.
2) Examinar todas las operaciones, los bienes, los libros, las cuentas, los archivos y documentos de personas, entidades o actividades fiscalizadas o de sus matrices, filiales o coligadas, y requerir de ellos o de sus administradores, asesores o personal los antecedentes y las explicaciones que juzgue necesarios para su información. 3) Vigilar las actuaciones de las empresas de auditoría externa designadas por las personas o entidades sometidas a su fiscalización; impartirles normas respecto del contenido de sus opiniones, certificaciones, informes o dictámenes y de su trabajo de auditoría y requerirles cualquier información o antecedente relacionado con el cumplimiento de sus funciones.
4) Autorizar al fiscal para que, en el marco de sus investigaciones o procedimientos, con el voto favorable de tres de sus comisionados y mediante resolución fundada -esto fue muy discutido en el Senado, originalmente, y en la Comisión Mixta, con posterioridad-, requiera información relativa a operaciones bancarias -o sea, se termina con el secreto bancario- que resulten indispensables para verificar la realización de conductas que constituyan infracciones, con autorización previa de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tal como indica el informe.
5) Y sancionar a las entidades que cometan infracciones a las normas que regulan el mercado financiero.
En otras palabras, aquí se trata de reemplazar la Superintendencia del ramo, que es unipersonal, por una Comisión de cinco miembros, y darle a esta más facultades que las que aquella tiene hoy.
Se busca prevenir problemas financieros que ocurren en el mundo moderno cada vez con más frecuencia, utilizando formas de control reconocidas a nivel internacional, lo que colocará a Chile en un primer nivel.
Obviamente, tal propuesta fortalece la institucionalidad.
Con esto se terminan expresiones como "¡qué bien que lo haya hecho...!", pensando en el Superintendente. Porque la fiscalización que realiza una persona es diferente de la que puede ejecutar una Comisión especializada, que, además, puede hacer un seguimiento de las distintas operaciones a través del tiempo.
Durante la tramitación del proyecto, particularmente en las últimas etapas, se planteó la idea -por eso pedí intervenir- de que la Comisión para el Mercado Financiero el día de mañana se haga cargo de un ámbito más amplio.
En realidad, el mercado distingue cada vez menos lo que son valores, seguros, bancos, financieras. Está todo cada vez más interrelacionado. Hoy día no es como hace un tiempo, cuando era muy distinguible -y me tocó trabajar en su momento en una de esas áreas- lo bancario, lo financiero y lo relativo a seguros. ¡Actualmente, todo está más interrelacionado!
Entonces, la idea -he aquí lo importante- es que dicha Comisión se convierta en el gran portaestandarte de una forma de fiscalizar globalmente las operaciones de carácter económico. Si bien esta iniciativa nace de una reforma a la Superintendencia de Valores y Seguros, se busca ampliar su competencia al ámbito bancario el día de mañana, cuando se modifique la Ley General de Bancos. En ese momento, probablemente haya que aumentar el número de comisionados.
En el fondo, se plantea crear un ente que cumpla todas las funciones que hoy día están separadas en varias instituciones. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y las cosas están cada vez más interrelacionadas.
Esa es la filosofía que subyace en el proyecto, y me parece muy importante generar esa vinculación: de una lógica más parcelada se propone dar origen a una institución poderosa pero flexible, que pueda comparar información de distintos aspectos.
A veces lo que pasa en el mundo de los bancos es muy relevante para entidades de otra naturaleza, o lo que sucede en materia de seguros o reaseguros tiene implicancia evidente en el ámbito de los valores.
Esa es la idea: generar el escenario donde ir ordenando las diversas realidades en la medida en que se vayan incorporando diferentes sectores sujetos a fiscalización. Por otra parte, quiero destacar que en la iniciativa se separan las fases de acusación y de sanción.
Ante ello, se establece la figura del Fiscal, que va a ser muy importante. Él estará a cargo de la investigación y actuará con independencia del Poder Ejecutivo, pues será nombrado por la Comisión. En todo caso, tendrá causales de remoción calificadas.
El Fiscal es quien acusa cuando advierta la vulneración de alguna norma legal en esta materia.
Con posterioridad, la Comisión actúa en forma imparcial para sancionar o dejar sin efecto lo propuesto por el Fiscal.
Se trata de una nueva estructura muy sustantiva.
Los miembros de la Comisión de Hacienda fuimos convocados por el Ministro de Hacienda, al igual que los colegas de la Cámara de Diputados, a varias reuniones con distintos expertos, de visiones transversales, quienes plantearon la necesidad de innovar en materia de fiscalización y apuntaron a la creación de un organismo de dicha naturaleza, lo que constituye un gran desafío porque hoy día todo funciona de modo parcelado.
¡Es un tremendo desafío unir todo!
A mi juicio, es indispensable hacerlo para contar con mejor información, mucho mayor velocidad de respuesta y mucho mayor sentido de prevención ante situaciones que pueden ocurrir el día de mañana.
Es factible que haya algunas dudas todavía. Esto surgió en Comisión Mixta, donde no hubo posiciones tan idénticas respecto de cómo debería funcionar la Comisión para el Mercado Financiero y cuál tendría que ser el rol de los comisionados, del Fiscal o del Presidente de este órgano.
Con todo, llegamos a acuerdo, lo cual no obsta a que el día de mañana, a partir de la modificación de la Ley General de Bancos -pienso que ese debate será el segundo eje de la iniciativa de ley que nos ocupa-, puedan replantearse algunas de las facultades señaladas.
En general, me parece que este es un avance muy sustantivo, muy relevante, que coloca a Chile en otro estatus en materia de control.
Además, el presente proyecto también incentiva el autocontrol. En efecto, se incorporan normas que, sanamente, entregan muchas opciones de autorregulación a los privados.
Entendamos que debe haber una relación virtuosa entre ambos mundos, particularmente en esquemas como los de este ámbito. Se exige fiscalización para que no se vulnere la ley, pero también se da espacio de trabajo y no de burocratización. Esto último es muy propio de ese tipo de instituciones, en particular cuando nacen.
Esta ha sido una larga tramitación.
Dado que la Comisión Mixta logró relevantes acuerdos, los miembros de la UDI sugerimos aprobar las proposiciones contenidas en el informe.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros, para plantear un punto reglamentario.
Señor Presidente, pido que recabe la autorización del Senado para que la Comisión Mixta de Gobierno pueda sesionar en paralelo con la Sala.
¡Quién ha dicho que no!
¡Pero quién se opuso!
La Mesa tiene una visión de todo lo que ocurre en la Sala, y le puedo asegurar, Su Señoría, que no hubo unanimidad.
Puedo señalarle que fue un Senador distinto al de la solicitud anterior.
Señor Presidente, debemos pronunciarnos sobre el informe de Comisión Mixta del presente proyecto de ley, que partió con una idea y terminó con otra parecida pero mucho más amplia. En cierto sentido, es una noción distinta.
El objetivo primitivo era transformar la actual Superintendencia de Valores y Seguros en una Comisión de Valores y Seguros, de tal manera que el Superintendente, que ahora debe tomar decisiones de manera unipersonal, en el futuro compartiera la responsabilidad con otros directores, todos los cuales integrarían la referida Comisión. Así despachó el proyecto la Cámara de Diputados.
Así lo despachó el Senado.
Pero cuando la iniciativa volvió a la otra rama del Parlamento, en el tercer trámite constitucional, surgió un nuevo planteamiento: que la Comisión de Valores y Seguros viera todos los mercados financieros; o sea, que se hiciera cargo no solo del ámbito regulado y supervisado por la Superintendencia de Valores y Seguros, sino también de las acciones que resguardan las Superintendencias de Bancos y de AFP, y de otras operaciones o negocios financieros.
Entonces se sugirió "inventar" una Comisión Mixta, para poder incorporar una propuesta del Ejecutivo con el fin de crear la Comisión para el Mercado Financiero.
Yo respaldé con mi voto esa idea, porque se nos dieron buenas razones.
Creo que hay muchas expectativas sobre dicho órgano. Pero debemos darnos esa oportunidad.
Además -y esto no solo lo pienso, sino que pude constatarlo-, se produjo entre los especialistas mucha coincidencia respecto de lo bueno que resultaba para nuestro país la creación de la Comisión para el Mercado Financiero.
¿Cuáles van a ser las funciones y atribuciones de esta entidad?
1) Avanzar hacia un modelo integrado de supervisión financiera, siguiendo las tendencias de las economías más desarrolladas.
2) Alcanzar estándares internacionales en materia de regulación y supervisión financiera, además de una modernización institucional del regulador (en este caso, la Superintendencia de Valores y Seguros).
Esta modificación legislativa busca mejorar: (i) los estándares de transparencia exigibles y la calidad de las decisiones; (ii) los niveles de independencia del supervisor financiero; (iii) la continuidad de las decisiones (consistencia dinámica), la predictibilidad y la certeza al mercado, y (iv) la excelencia técnica.
3) Dar una solución institucional a las exigencias de coordinación regulatoria.
4) Reducir los riesgos de arbitraje regulatorio.
5) Lograr economías de escala y de ámbito en las actividades de supervisión financiera.
6) Y, finalmente, resguardar los avances alcanzados por la iniciativa original -aquella que creaba la Comisión de Valores y Seguros- en materia de fortalecimiento institucional, transparencia normativa y garantías de debido proceso e imparcialidad para los posibles afectados con las sanciones.
Señor Presidente, en mi opinión, la Comisión para el Mercado Financiero va a poder hacer bien muchas de esas cosas en la medida en que entre en funcionamiento.
Sin embargo, cuando discutimos una iniciativa tan importante como la que nos ocupa, no podemos silenciar el hecho de que la esencia de nuestros mercados financieros radica en la confianza que estos deben brindar a quienes participan en ellos, la confianza que les deben brindar a los inversionistas.
Pues bien, en los últimos meses se ha generado una gran inquietud al respecto por una serie de situaciones irregulares; en casos concretos, por estafas a pequeños inversionistas.
Uno podría preguntarse por qué algunas personas eligen entidades que están fuera de la institucionalidad financiera para invertir. Al parecer, llegan a eso muchas veces por la ambición de ganar más, por supuesto corriendo un riesgo mayor. Por último, cabe decir: "Es la elección de cada cual, y no habría de qué quejarse".
Sin embargo, cada una de estas estafas o acciones de dudosa legalidad normalmente hacen un ruido enorme en todos los mercados financieros.
A mi juicio, es superbueno que sepamos que la Comisión para el Mercado Financiero, como bien expresa el artículo 1 del proyecto, "deberá mantener una visión general y sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas y asegurados".
Esa "visión general y sistémica" no implica que dicho órgano contará con facultades de fiscalización para todos los mercados financieros, en particular para aquellos que operan al margen de la institucionalidad.
Por lo mismo, al despachar esta iniciativa, es importante tener claro que deberemos hacernos cargo de esas situaciones que ocurren al margen de la legalidad y de la institucionalidad, las cuales producen mucho ruido y, al mismo tiempo, mucho daño en los mercados financieros.
Desde hace poco más de un año, en la Comisión de Hacienda se analiza un proyecto de ley que busca establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades para los agentes de los mercados.
El Ejecutivo manifestó que esa va a ser la herramienta mediante la cual se van a fijar nuevas facultades fiscalizadoras y también sancionatorias, precisamente como señal clara de advertencia para quienes actúen al margen de la institucionalidad financiera.
En mi opinión, debiéramos despachar rápido dicha propuesta legislativa. Vamos a tener que legislar con prontitud porque, en la medida que surjan nuevas situaciones de estafas financieras o nuevas denuncias de irregularidades en contra de pequeños inversionistas, la presión sobre este Congreso para legislar al respecto va a ser mucho mayor.
¡Y no hay que esperar esas presiones! Sepamos leer bien lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Tenemos la obligación de anticiparnos con una legislación muy activa en materia de fiscalización y muy proactiva para advertir a los inversionistas lo mucho que se arriesga cuando se buscan ganancias más altas -aunque pueden ser muy legítimas- fuera de la institucionalidad financiera.
Repito, señor Presidente: voto a favor, pues creo que la presente iniciativa constituye un avance.
Respecto de todas aquellas situaciones al margen de la ley y materias relacionadas con funcionamientos irregulares y estafas -hay casos de financieras que hoy están viendo nuestros tribunales, creo que hemos perdido la oportunidad para haber hecho algo más.
¿Habría acuerdo para abrir la votación, considerando que hay normas de quorum especial en este proyecto?
Señor Presidente, los Senadores Coloma y García han explicado muy bien el contenido del proyecto de ley en análisis, cuyo objetivo es modernizar todo el mecanismo de fiscalización y regulación de los mercados financieros.
Cuando discutimos la iniciativa en su primera etapa -como bien se señaló acá- solo la referimos a una Comisión de Valores. Pero después, en el transcurso de la tramitación, se ha entendido que una Comisión de este tipo debiese abarcar todo lo referente al mercado financiero.
Por eso, tal como el proyecto viene propuesto, si bien ahora solo va a apuntar a la regulación del mercado de valores y seguros, una vez que se apruebe la reforma a la Ley General de Bancos se entenderá que la Comisión para el Mercado Financiero entrará a regular la totalidad del sistema financiero.
Nos encontramos ante una idea novedosa dentro de lo que ha sucedido en materia de regulación del mercado financiero en Chile, puesto que normalmente los órganos reguladores o fiscalizadores son individuales. O sea, son los superintendentes los que asumen la tarea de fiscalizar y sancionar a aquellos que infringen las normas que la ley establece sobre la materia.
Por ello, se vio la importancia de que se fuera pasando desde una concepción de unipersonalidad hacia la de un órgano colegiado que permita, a su vez, una contraparte. Con esto último, se entrega un respaldo de seguridad y seriedad a los posibles afectados. Es decir, que los regulados no queden sujetos a un ente que sea juez y parte a la vez. Aquí habrá un proceso de fiscalización, incluso bajo un sistema de judicialización. Y se creará una fiscalía diferente del comité fiscalizador, que llevará adelante las investigaciones, el proceso y propondrá las sanciones.
Me parece muy bien el hecho de que en la tramitación del proyecto de ley este órgano se haya transformado desde una comisión encargada del mercado de valores y seguros a una instancia de carácter general.
Escuchaba al Senador García hablar sobre una situación que ha sido recurrente en estos últimos tiempos: las estafas piramidales.
Sin embargo, quiero hacerle presente a Su Señoría que esta iniciativa no lleva a la posibilidad de impedir las estafas piramidales, pues normalmente estas se realizan al margen de la ley.
Los organismos o personas que cometen este tipo de ilícitos no lo hacen bajo el concepto regulatorio de la ley -de lo contrario no podrían hacerlo-, sino al margen de ella, al igual que un prestamista que comete usura no lo hace bajo la normativa que permite establecer un sistema de préstamos al público, sino que actúa abiertamente al margen de la ley.
Las expresiones del Senador García son muy importantes en el sentido de que nuestro país no solo debe contar con este tipo de regulaciones -no impedirán los eventuales delitos-, sino que además debe propiciar mucha más educación financiera para la gente: educación para conocer cómo se pueden hacer inversiones, dónde es seguro hacerlas y la forma como obtener ganancias, pero no haciendo plata fácil, que es lo que muchas veces tienta a las víctimas a invertir con alguien que les ofrece una tasa de interés altísima en comparación a la que podrían obtener en el mercado común.
Por esas razones, debemos aprobar el texto que se nos propone, toda vez que lleva adelante, en mi concepto, un cambio estructural. Y seguramente vamos a verlo en otro tipo de superintendencias. Se pasará de entidades reguladoras que a su vez son juez y parte para sancionar a aquel que infringe las normas hacia cuerpos colegiados -esta es la tendencia moderna- con una representación múltiple, que permitan dar una contraparte al que pueda ser afectado por una regulación de este tipo.
Por las consideraciones expuestas, el Parlamento chileno hace bien en aprobar este marco legal para el caso del mercado financiero, abarcando primero al mercado de valores y seguros para luego extenderlo a la totalidad.
Seguramente, tendremos que volver a esta Sala con otros proyectos mediante los cuales transformemos y estructuremos los órganos reguladores en entidades colegiadas no unipersonales, en virtud de las mismas razones por las cuales estamos haciendo estas modificaciones legales.
Por supuesto, voy a votar a favor del informe, y espero que el proyecto siga su trámite hasta hacerse efectivo como ley de la república.
Senador señor Quinteros, ¿usted me pidió la palabra para una cuestión de Reglamento?
Sin suspender la sesión, señor Presidente.
¿Cuál es su solicitud formal, señor Senador ?
Pido que se cite a reunión de Comités.
¿Sin suspensión?
¿Habría acuerdo en la Sala para abrir la votación?
¡Lo apoyo! ¡No!
Señor Presidente, seré muy breve, pues lo sustantivo ya se ha dicho.
Solo deseo intervenir porque en lo fundamental este proyecto de ley contiene algunos aspectos muy valiosos que vale la pena subrayar.
Lo más importante es la sustitución de una estructura personal por una colegiada, puesto que cuando se concentra todo el poder -como ocurre hoy día- en manos del Superintendente la falta de contrapeso y la ausencia de filtros contra sus resoluciones y normativas, al final, producen un efecto muy negativo.
Al constituir una Comisión para el Mercado Financiero, se está pasando de una estructura unipersonal a una colegiada. Ello, dentro de los nuevos parámetros de gobiernos corporativos que rigen en Chile, lo cual nos permite pensar que este marco legal va a redundar en algo valioso y positivo.
Se han ampliado las facultades normativas de la referida Comisión y también se ha modificado el proceso administrativo sancionador, ampliando las facultades investigativas y de recopilación de información.
Quizás uno de los aspectos más importantes, en los cuales tuvo particular relevancia la Comisión de Constitución, que me toca integrar, es la incorporación con fuerza del mecanismo de delación compensada para el mercado de valores.
Esto fue muy discutido en su momento, pero finalmente la Sala acogió la propuesta que muchos en el Gobierno y varios en el Senado considerábamos como un elemento indispensable para avanzar en la efectividad del trabajo.
Muchos hemos visto que la falta de regulación en este tipo de mercado ha llevado en estos días a que numerosas personas se sientan gravemente afectadas en su patrimonio.
Probablemente, en algunos casos habrá irresponsabilidad o ingenuidad. Pero casi todas las estafas piramidales y otros fraudes, que están afectando nuestro mercado en forma negativa, hacen sentir a la gente la falta de regulación.
Mecanismos como el de la delación compensada, que, por lo demás, quedó debidamente regulado, van a permitir avanzar en el esclarecimiento de estos delitos. Incluso, variará si existe o no exención de la responsabilidad penal según la naturaleza del delito, pero lo importante es que ha quedado estructurado.
Finalmente, con las distintas atribuciones y facultades que se le otorgan a dicha Comisión, al concentrarse ahora en una comisión que debe contar con un fiscal, podemos evitar la figura de juez y parte que tenía el Superintendente y garantizar cierta imparcialidad en el funcionamiento de esta nueva entidad.
La forma como se han zanjado las diferencias en la Comisión Mixta me parece satisfactoria.
En consecuencia, vamos a votar a favor del informe de la Comisión Mixta.
¡Haga la reunión de Comités, señor Presidente!
Así es. La pidió el Senador Quinteros.
Señores Senadores, no se ha explicitado aún el motivo de la reunión de Comités.
Si se debe al requerimiento de unanimidad ya formulado, para eso está la Sala.
Lo que pasa es que se pidió que la reunión fuera sin suspender la sesión. Pero alguien tiene que presidir la Sala. Además, la Secretaría debe trasladarse.
Por eso, le pido al Senador señor Quinteros que explicite el motivo de la reunión de Comités que está solicitando.
¡Pida la unanimidad!
Señor Senador, ¿está solicitando la unanimidad para que pueda sesionar la Comisión Mixta?
No, no la doy.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe, quien está inscrito para intervenir sobre el proyecto en discusión.
Reitero que no doy la unanimidad.
¡Por qué no le dan la pastilla a Moreira...!
¡Ustedes me piden a mí que yo no dé la unanimidad y ustedes la dan!
¡Pero nadie se lo ha pedido, Senador!
El tema de la unanimidad está resuelto: no existe.
Pero para efectuar reunión de Comités no se necesita unanimidad.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar una preocupación.
Este proyecto, que está muy bien inspirado, originalmente tenía por sentido pasar de una autoridad unipersonal a una colegiada, que, por lo demás, es la tendencia internacional y que parece adecuada en materia regulatoria.
La iniciativa fue vista por la Comisión de Constitución del Senado y tuvimos la oportunidad de analizarla en detalle, particularmente aquellos artículos que se refieren no solo a la estructura, sino a las facultades sancionatorias, a su régimen de multas, a la posibilidad de que sus autoridades tuvieran un conjunto de potestades para llevar adelante procesos de investigación respecto de determinadas infracciones.
El problema, señor Presidente, es que este proyecto, que incluso fue informado por la Excelentísima Corte Suprema, se cambió completamente en la Comisión Mixta.
Entonces, lo que vamos a votar ahora no tiene ninguna relación con la iniciativa original que nos tocó analizar en la Comisión de Constitución.
¡Vaya sorpresa! Cuando uno revisa el texto del proyecto se entera de que la Comisión Mixta circunscribió el ámbito de aplicación no solo a lo establecido originalmente, que era el mercado de valores y seguros, sino que ahora se incorpora a todo el mercado financiero. Eso implica que las facultades que en su oportunidad se le dieron a esta Comisión ya no se van a aplicar solo al mercado de valores y seguros, sino a todo el mercado financiero.
Una rápida lectura del proyecto me lleva por lo menos a manifestar mi preocupación desde el punto de vista de cómo se van a relacionar las instituciones.
Fíjese que el inciso segundo del artículo 1 que propone la iniciativa, dentro del objetivo, establece: "Corresponderá a la Comisión, en el ejercicio de sus potestades, velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública.". Es decir, tiene un ámbito de aplicación extremadamente amplio.
Luego de ello, el artículo 3 propuesto establece que corresponde a esta Comisión -y se le da un rol de fiscalizador- la fiscalización de: las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública; las bolsas de productos, las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursátiles; las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre valores; los fondos que la ley somete a su fiscalización; las sociedades anónimas y en comandita por acciones que la ley sujete a su vigilancia; las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, así como de las personas que intermedien seguros; el Comité de Autorregulación Financiera; cualquiera otra entidad o persona natural o jurídica que la presente ley u otras leyes le encomienden. O sea, se deja además la puerta abierta para abrir una competencia.
Me preocupa que le estemos entregando un conjunto de atribuciones a esta Comisión, que fue creada en la Comisión Mixta (no fue analizada, por ejemplo, por la Comisión de Constitución, instancia en la que le habíamos otorgado un conjunto de facultades).
Quiero advertir de lo siguiente.
Vuelvo a insistir: yo estoy de acuerdo en el paso de las autoridades unipersonales a Comisiones integradas, porque creo que es la tendencia internacional y es mucho más transparente.
Sin embargo, el artículo 3 propuesto dice: "No quedan sujetas a la fiscalización de esta Comisión las administradoras de fondos de pensiones", lo que parece lógico, pues existe una Superintendencia especializada. Pero, a continuación, el mismo artículo dispone: "No obstante, cuando éstas" -las AFP- "realicen actividades que produzcan o puedan producir efectos sobre las materias que son de competencia de la Comisión, deberán adoptarse, a iniciativa de ésta" o de la Comisión los mecanismos para la regulación.
Es decir, pasamos de la técnica legislativa de decir qué instituciones son las reguladas y le agregamos ahora qué acciones son reguladas.
Puede ocurrir que haya otras instituciones distintas a las AFP que realicen acciones que tengan impacto en el mercado financiero y que no queden reguladas. O, por el contrario -podrán decirlo los expertos-, ¿cuántas de las acciones que realizan las AFP generan impacto en el mercado financiero? Me imagino que muchas.
Entonces, puede existir un problema de competencias en la Administración del Estado.
Y como el legislador de la Comisión Mixta se dio cuenta de esto -me imagino-, inmediatamente pone en el mismo inciso que se debe aplicar "el principio de coordinación que rige a los órganos de la Administración del Estado en el cumplimiento de sus funciones". O sea, si hay dos instituciones competentes, existe un principio de coordinación.
Me preocupa, y quiero manifestarlo, porque aquí estamos hablando de facultades no solo regulatorias, sino también fiscalizadoras y sancionadoras.
Entonces, obviamente, el regulado va a preferir siempre intentar salirse del ámbito del regulador que posea la mayor capacidad de sanción.
Tengamos cuidado con esto, pues mi percepción es que no está bien resuelto.
Luego, el artículo 4 propuesto señala: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, la Comisión colaborará con el Servicio de Impuestos Internos en su rol fiscalizador del cumplimiento de la normativa tributaria". Es decir, la Comisión que estamos creando va a ser fiscalizadora tributaria. Después, dicho precepto establece un conjunto de facultades.
En Chile tenemos la certeza de que la única entidad encargada de la fiscalización de los temas impositivos es el Servicio de Impuestos Internos. Y creo que es una de las instituciones que mejor funcionan en nuestro país.
Entonces, señor Presidente, me preocupa -vuelvo a insistir- la relación interinstitucional de esta Comisión, que puede estar muy bien inspirada, pero -¡ojo!- puede no haber una buena técnica legislativa que evite conflictos.
Luego se establecen en el artículo 5 ciertas facultades: para dictar normas, para interpretar la ley y atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras.
Es decir, una misma Comisión puede dictar la norma, interpretarla, fiscalizarla y sancionar su incumplimiento.
Eso es lo que separamos del Servicio de Impuestos Internos.
Lo que he mencionado me parece complejo institucionalmente.
Vuelvo a insistir: la normativa está bien inspirada, pero ¡cuidado!, porque puede significar un problema muy delicado.
Y después dice: "Si en el ejercicio de estas facultades se originaren contiendas de competencia con otras autoridades administrativas," -supongamos que exista una contienda de competencia entre esta Comisión y el Servicio de Impuestos Internos, o entre esta Comisión y la Superintendencia de AFP- "ellas serán resueltas por la Corte Suprema.". Es decir, ¡involucramos al Máximo Tribunal para dirimir una contienda de competencias entre dos organismos de la Administración del Estado!
Señor Presidente, eso me preocupa.
Me inquieta también que se diga que dentro de las facultades de la Comisión está "Examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las personas, entidades o actividades fiscalizadas". Igualmente, se amplía esto a cualquier documento, libro o antecedentes de personas que son parte del -comillas- "grupo empresarial".
En otras palabras, esta es una Comisión que tiene una cantidad de facultades bastante amplias.
Considero que un debate de esta naturaleza en el Congreso Nacional debió haberse dado, como decimos los abogados en los juicios civiles, en un "juicio de lato conocimiento". Es decir, esto no es materia de una Comisión Mixta. Esto precisa un análisis profundo en la Comisión de Hacienda, pero también en la Comisión de Constitución, porque -vuelvo a insistir- podemos tener un problema de contienda de competencias, de cruce de normas que pueden terminar generando un problema.
Este no era el sentido original del proyecto que analizamos en la Comisión de Constitución.
Nosotros incluso establecimos una norma, pues originalmente el proyecto contemplaba la posibilidad de que el fiscal de esta institución solicitara la intervención de teléfonos, de correos, en fin, sin autorización judicial.
Por eso pedí que este proyecto fuera también al referido órgano técnico.
En dicha instancia esta materia se perfeccionó, y se estableció -tal como se señala, incluso al Ministerio Público- que aquello sea con autorización judicial.
Acá se habla de un Ministro de Corte. Y está bien.
Pero -insisto- esas facultades eran respecto de una Comisión de Valores y Seguros y no para todo el mercado financiero.
Señor Presidente, lamentablemente, no he podido analizar en su totalidad el informe de la Comisión Mixta, pues me acabo de enterar de que hubo un cambio completo.
Entonces, señor Presidente, yo por lo menos no voy a concurrir con mi voto afirmativo, a pesar de que me pronuncié a favor de manera entusiasta respecto de la iniciativa original en la Comisión de Constitución, pues me parecía muy buena.
No he tenido oportunidad para estudiar lo que ahora se nos propone. Pero de la sola mirada de los cinco artículos a que me referí, debo decir que me preocupa la forma en que se resolvió esta materia.
Advierto a la Sala que puede crearse un problema mayor, más allá de la buena intención del Ejecutivo y de quienes participaron en la Comisión Mixta.
Corresponde poner en votación el informe de la Comisión Mixta.
Señor Presidente, este proyecto es superimportante y especializado. Debe aprobarse con quoeum especial. Pero sucede que hay parlamentarios que no están en la Sala.
Entonces, yo preferiría ver primero si tenemos posibilidades de aprobarlo. De lo contrario, pediría aplazamiento de la votación. Porque como algunos han manifestado inquietudes sobre esta materia, a lo mejor no alcanzamos el quorum constitucional exigido.
Este proyecto viene con "discusión inmediata". Por lo tanto, si acojo el planteamiento de Su Señoría, tendría que citar a otra sesión.
Pero nos hallamos en la discusión particular.
No, señor Senador. Estamos votando el informe de la Comisión Mixta.
Quienes están de acuerdo con aprobar el referido informe deben votar que sí, y aquellos que lo rechazan, que no o abstención.
Señor Presidente, yo no pongo en duda -no lo podría hacer- la competencia de la Comisión Mixta para analizar esta materia, que es de gran relevancia.
Sin embargo, quiero decir que toda la legislación moderna, que también hemos impulsado en el Senado, va en la línea contraria. O sea, lo que estamos haciendo acá es evitar que haya organismos tanto unipersonales como integrados por más de una persona que tengan las facultades de fiscalizar, de interpretar la ley y, además, de aplicar sanciones.
Es lo que pudimos revertir en el Servicio de Impuestos Internos. Fue -nada más ni nada menos- una lucha de una década para evitar lo que ocurría en dicha institución. ¡Pero ahora repetimos el mismo ejemplo!
De la intervención del Senador Harboe puedo interpretar que de alguna manera estamos incurriendo en idéntico error.
Creo que eso puede traernos problemas en el futuro.
Entiendo que no hay vuelta atrás, pues ya nos hallamos en votación. Tampoco es factible volver el proyecto a la Comisión Mixta.
Es una situación bastante anómala, señor Presidente.
Por lo tanto, es difícil tomar la decisión de votar a favor y avalar algo que me parece un retroceso respecto a lo que la legislación contemporánea ha estado haciendo en todo este tiempo.
Señor Presidente, quiero ratificar, y también defender, la validez y pertinencia de este proyecto.
El ámbito de acción a que hizo referencia un Senador que me antecedió se planteó porque hubo acuerdo de todos quienes fueron invitados a debatir esta materia (concurrieron exsuperintendentes de todos los Gobiernos que hemos tenido hasta ahora) en cuanto a que la vinculación hoy día es tan cercana en lo que respecta a bancos, valores financieros, seguros, en fin que era razonable ir apuntando en el tiempo a la unificación.
Acá no se genera aquello. Este es -por decirlo de alguna manera- el cascarón, el cual se halla relacionado con lo que es hoy día: valores.
La idea, obviamente, es que si el día de mañana se discute una reforma a la Ley General de Bancos, tendría que modificarse esta normativa para ampliarlo a un campo de acción de esa naturaleza.
Pero yo al menos quiero darles tranquilidad a los Senadores que me antecedieron en el sentido de que este proyecto ha sido objeto de una larga reflexión.
Aquí puede que se haya generado un escenario distinto. Pero ello se debió a que parecía razonable que, si se establecía una institucionalidad respecto de un mercado, esta fuera la misma para todas las que se vayan sucediendo.
Lo que sería muy raro es que, por un lado, se creara una Comisión para ver lo concerniente a valores, y por el otro, se mantuviera para siempre una Superintendencia que se abocara a lo relativo a bancos u otro tipo de acciones.
Entonces, aquí se crea de manera bastante adecuada el escenario de esa nueva institucionalidad, adscrito específicamente a lo que tiene que ver con valores -por eso la denominación-, pero que puede servir -y habría que modificar las leyes- para incorporar otros aspectos vinculados con el mundo económico.
Con respecto específicamente al planteamiento del Senador Harboe -por ello menciono a Su Señoría-, debo decir que efectivamente fui uno de los que pidieron que este proyecto se enviara a la Comisión de Constitución, pues lo relativo al secreto bancario en general es un asunto muy delicado. Yo mismo sostuve que acá debía existir algún tipo de autorización particular de un juez, en este caso de la Corte de Apelaciones. Y así fue resuelto de buena manera por dicho órgano técnico, lo que entendió completamente la Comisión de Hacienda.
Sin embargo, les quiero dar tranquilidad a Sus Señorías, puesto que han surgido algunas dudas, en el sentido que se trata de una materia respecto de la cual, primero, ha habido un trabajo prelegislativo muy relevante.
Son muchos los años en que se viene trabajando transversalmente con gente de todos los sectores y cuyo único elemento común era que les había tocado fiscalizar cuestiones vinculadas con asuntos económicos. De ahí fueron surgiendo distintos borradores que terminaron en un proyecto de ley que ingresó a tramitación -ya lo señalé- el 3 de julio de 2013.
Esto fue analizado latamente. Se discutieron punto por punto cada una de las ideas y planteamientos que fueron asumidos.
Después esta iniciativa evolucionó a mi juicio para mejor.
Se decía: "Si vamos a hacer esto, demos también el espacio para que puedan sumarse, con cambios legales, otros elementos a este mismo escenario".
Por eso, tengo total tranquilidad para aprobar esta innovación. Creo que se halla bien reflexionada.
Respecto de las facultades que se mencionan, hoy día es mucho más complejo.
En la actualidad el Superintendente tiene facultades equivalentes a las que ahora tendrá una Comisión.
O sea, si alguien tiene dudas acerca de la eventual imparcialidad, debo decir que aquí hay un fiscal que investiga y una Comisión que sanciona.
Ello es muy importante, porque era una de las debilidades del actual esquema. Y esto se resuelve de buena manera en la fórmula propuesta.
Ojalá que el día de mañana logremos extender ese mismo criterio: que haya diferencia de roles entre unos y otros.
Señor Presidente, he querido fundar el voto en el sentido expuesto, entendiendo que a mi juicio es un buen resultado el de la Comisión Mixta, cuyo informe, dicho sea de paso, fue aprobado en la Cámara de Diputados -según entiendo- por casi la totalidad de sus miembros.
A mí me tocó ser parte de este proceso. Y uno siempre espera un poco más.
Pero se trata de un acuerdo transversal importante y, en verdad, positivo.
Por eso llamo a Sus Señorías a votarlo favorablemente.
Señor Presidente, en realidad, me preocupa el hecho de que exista cierta duda en el sentido de que la normativa que estamos aprobando puede tener defectos de tal naturaleza como para crear conflictos en el próximo tiempo en el mercado financiero.
Por el contrario, creo que aquella se halla muy bien lograda.
Porque viene a establecer algo a lo que efectivamente nuestro país no está acostumbrado, pues estamos transformando a los entes fiscalizadores, que son individuales, en un órgano colegiado. ¿Con qué objeto? Llevar a cabo una regulación más profunda y, también, asegurar a quien sea regulado que tendrá un tratamiento justo e imparcial y que contará con todos los derechos que le asisten para defenderse.
Pero, al mismo tiempo, va a ser un órgano que regulará a fondo esta materia, sobre todo por lo que está pasando en el mercado financiero, no solo en Chile, sino también en el resto del mundo.
El mercado financiero hoy día ha sido fuente de inmensas acciones que muchas veces comprometen la fe pública. Y el mecanismo de la Superintendencia no es suficiente.
El Senador Harboe -Su Señoría se retiró de la Sala- hizo una observación al artículo 4°, que se halla relacionado con el Servicio de Impuestos Internos.
¡El artículo 4° no interfiere en nada con este Servicio!
Por el contrario, el órgano que estamos creando colaborará con aquel en la investigación que pueda realizarse al objeto de que disponga de más elementos para efectuar la fiscalización tributaria.
El Servicio de Impuestos Internos estuvo totalmente de acuerdo con este artículo, porque no era contradictorio.
Ahora, es cierto lo que señaló el Senador Coloma: aquí hubo opiniones de todos los sectores, y se tomó la experiencia recogida por los diversos gobiernos que hemos tenido hasta ahora. Y se llegó a la conclusión -me parece correcta- de que la Comisión abarcara no solo lo relacionado con valores y seguros, que fue la idea original de este proyecto, sino también el sistema financiero en su totalidad, a fin de regularlo con la garantía que se le da al regulado, en cuanto a que si en un momento dado es supeditado a cualquier acción fiscalizadora, pueda hacer uso de todos sus derechos para defenderse en caso de que se sienta vulnerado.
Todo ello se encuentra en un articulado muy complejo y difícil, que incluso incorpora lo que mencionó el Senador Larraín, materia que se discutió latamente: el mecanismo de delación compensada en el mercado de valores.
Es un hecho real. Y está comprobado que la delación compensada, tal cual se ha establecido, ha permitido sancionar delitos económicos, como la colusión, que en nuestro país no se habrían conocido si no hubiera existido esta figura como la tienen en otras partes del mundo.
Este proyecto me parece un gran avance. No podemos poner en riesgo su aprobación. De no acogerse, sería un gran retroceso para nosotros.
Si hay alguna cosa que después deba corregirse, habrá que hacerlo. Porque, ciertamente, es una normativa que ha de estar en constante proceso de perfeccionamiento en el próximo tiempo.
Por eso mismo no se aplica de inmediato a los bancos. Porque primero queremos examinar la Ley General de Bancos, para después introducir esa materia y que la Comisión que estamos creando entre a regular la totalidad del sistema financiero.
Por eso llamo al Senado a pronunciarse a favor.
Esta iniciativa fue aprobada por amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En la Comisión Mixta me parece que hubo unanimidad en los acuerdos tomados en todas y cada una de sus proposiciones.
Por esa razón, me parecería un contrasentido que, habiendo acuerdo unánime en el Parlamento para aprobar este proyecto, cuando estamos en el proceso de adecuación de las diferencias que se produjeron en ambas Cámaras, no tengamos los votos necesarios para su aprobación.
Por ello, insisto en la necesidad de pronunciarse a favor del informe de la Comisión Mixta.
Señor Presidente, no voy a repetir lo que ya se ha dicho.
En definitiva, la implementación de un gobierno corporativo y el cambio de institucionalidad para el mercado de valores y seguros claramente garantizarán de mejor manera la objetividad, eficiencia y oportunidad de las decisiones que adopte la entidad fiscalizadora.
Ello será posible de lograr mediante los positivos cambios al actual marco jurídico que rige a la Superintendencia de Valores y Seguros, a su estructura orgánica y a los nuevos recursos humanos y materiales que se le asignan para el cumplimiento de sus funciones.
Luego de haber escuchado las legítimas aprensiones del Senador Harboe y de oír a los Senadores Coloma y Zaldívar, quienes son miembros de la Comisión de Hacienda, tengo la tranquilidad necesaria para votar a favor del informe de la Comisión Mixta, pues se trata de un proyecto conveniente.
Por último, es importante tener en cuenta que la entrada en funcionamiento de esta nueva Comisión será de forma escalonada. En una primera etapa solo abarcará al mercado de valores y seguros, cuya legislación se modifica con este proyecto; y posteriormente, con la reforma a la Ley General de Bancos, pasará a regir también el sistema bancario.
Por consiguiente, luego de este enriquecedor debate, sobre todo para quienes no manejamos estas materias, que son propias de la Comisión de Hacienda, tengo la convicción de que hay que aprobar el referido informe.
Señor Presidente, vuelvo a insistir: tengo el mejor ánimo de cooperación. De hecho, así lo hicimos ver en la Comisión de Constitución. Yo creo en la transformación de las autoridades unipersonales en órganos colegiados. Creo que eso es siempre mucho mejor.
Sin embargo, mi preocupación va por el lado de que en la Comisión Mixta se cambió el proyecto. Se trata ahora de una iniciativa diferente a la que originalmente fue aprobada.
Entonces, quiero advertir que, desde el punto de vista legislativo, este es un precedente complejo. Porque si un gobierno tiene un proyecto que no es del agrado del Parlamento, podría meter una iniciativa distinta, llegarse a una Comisión Mixta, y recién en esa instancia, ahorrándose todo el procedimiento legislativo, introducir el proyecto que había consignado. Y, por lo tanto, se va a discutir en la Sala esa última iniciativa.
Por esas consideraciones, por ser un proyecto distinto del que en su oportunidad nos tocó analizar en la Comisión de Constitución y por no tener el tiempo suficiente para estudiar una iniciativa de esta envergadura, con los eventuales conflictos que se pueden producir, yo por lo menos me voy a abstener.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (22 votos a favor y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras MuñozLily Pérez y Von Baer y los señores AllamandBianchiChahuánColomaEspinaGarcíaGarcía-HuidobroGuillierHorvathHernán LarraínMontesMoreiraPérez VarelaPizarroQuintanaQuinterosRossiIgnacio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores HarboeOssandón y Prokurica.
Del Senador señor Araya, para ausentarse del país a contar del 5 de diciembre próximo.
Para el siguiente proyecto ya se autorizó el ingreso de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Ana Gisela Alarcón.
A continuación, corresponde tratar en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal, con segundo informe de la Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Salud (segundo): sesión 71ª, en 29 de noviembre de 2016.
Hacienda: sesión 71ª, en 29 de noviembre de 2016.
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 31 de agosto de 2016.
La Comisión de Salud deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos primero y cuarto transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda el artículo 1° se aprobó con votación dividida.
Pero ese no es el caso que vimos recién: se acaban de aprobar los artículos primero y cuarto transitorios, que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Ahora, si Su Señoría se está refiriendo al artículo 1° permanente, debe pedir votación separada.
¿Es eso lo que está solicitando?
El Senador señor Coloma ha pedido votación separada para el artículo 1° permanente.
Como dijo el señor Presidente, la relación está remitida a los artículos primero y cuarto transitorios.
La Comisión de Salud efectuó dos enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia: artículos 1° y 2°, números 1, 5, 6, 7 y 8, permanentes, y artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios; y no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Salud.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Salud y el texto como quedaría en caso de aprobarse esas modificaciones.
Debo recordar que el Senador señor Coloma pidió votación separada para el artículo 1° permanente.
Le doy la bienvenida a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Ana Gisela Alarcón, a quien, con la venia de la Sala, le ofrezco la palabra.
La señora ALARCÓN (Subsecretaria de Redes Asistenciales).-
Muy buenas tardes, señor Presidente. Y, por su intermedio, saludo a los demás Senadores presentes en la Sala.
Señor Presidente, este proyecto es fruto de un acuerdo a que se llegó, no solo con el Colegio Médico, sino también con los cuatro colegios profesionales que constituyen la llamada "Ley Médica". Estamos hablando de médicos, bioquímicos, químicos farmacéuticos y odontólogos.
La finalidad de esta iniciativa es contribuir a la retención de los especialistas en el sector público de salud.
En particular, se modifica la ley N° 15.076, que es aquella por la que se rigen los becarios que hacen turnos, a quienes se les entregan algunas mejoras. Por ejemplo, 15 por ciento de incremento en sus estipendios. Además, se consideran sus años como becarios para el ejercicio de los turnos y también para liberarse de las guardias, lo que antes no se hacía. Asimismo, se entregan beneficios de licencias pre y posnatal y de sala cuna para los hijos.
En el caso de los médicos especialistas -ya no son becarios-, se aumentan asignaciones. Y lo más importante es que, aparte algunos incrementos en las de experiencia calificada y portabilidad de la acreditación, se crea la llamada "asignación de permanencia para especialistas", que alcanza a 40 por ciento del sueldo base para jornadas de 22, 33 y 43 horas, y a 10 por ciento para las de solo 11 horas; ello, en la idea de privilegiar a los médicos contratados con horario completo.
En términos remuneracionales, aquello significa lo siguiente (para hacerse una idea y simular algunas situaciones).
Por ejemplo, un especialista que actualmente trabaja en el sector público de salud en la Región Metropolitana en jornada de 44 horas, es decir horario completo, tiene una renta promedio de 2 millones 900 mil pesos; con la ley en proyecto esa renta se incrementa a 3 millones 768 mil pesos.
Si el profesional labora en Iquique, se agregan las asignaciones de zona. Así, de una renta actual de 3 millones 800 mil pesos pasa a una de 4 millones 670 mil.
En el caso de Magallanes, de 4 millones 900 mil pesos, que es la renta actual por 44 horas, el profesional queda con una renta de 5 millones 768 mil pesos.
Ese es un apretado resumen del proyecto que ocupa a esta Sala, señor Presidente.
Fue muy clara la síntesis que hizo la señora Subsecretaria.
Hay varios Senadores inscritos.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador señor Coloma, por cinco minutos, ya que se trata de la discusión particular.
Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra antes de que se abra la votación porque, por su intermedio (ojalá la señora Subsecretaria pueda hacerse cargo de lo que voy a plantear, que no depende de ella), deseo explicar la inquietud que me llevó a pedir votación separada para el artículo 1°. Y esa inquietud fue lo que motivó que en la Comisión de Hacienda dos Senadores nos abstuviéramos en la votación del artículo 1° permanente.
Ante todo, aclaro que este es un buen proyecto, que emanó de una larga negociación. Asume una realidad que ha esperado solución durante mucho tiempo. Y entiendo que ayuda sobremanera a formar en especialidades médicas y odontológicas.
Si uno va a su contenido ve que resulta curiosa la forma de calcular las cantidades. Entonces, imagino que debe de haber existido un espacio de negociación muy complejo.
Sin embargo, hay algo que no me parece justo. Y es lo que quiero plantearle a la señora Subsecretaria por intermedio de la Mesa.
En una serie de instituciones, básicamente públicas, los médicos que califican se verán beneficiados con un incremento muy significativo en sus remuneraciones. Pero, a mi juicio en forma inexplicable, existen médicos de otras instituciones, también del ámbito público, que, pese a que realizan las mismas tareas que aquellos, no son considerados en los aumentos que se otorgan.
Voy a simbolizarlo con dos líneas de instituciones.
Primero, las Fuerzas Armadas.
Yo no sé por qué médicos de la Fuerza Aérea, del Ejército o de la Armada que cumplen funciones iguales que las de médicos de hospitales públicos no acceden a los beneficios que se están concediendo mediante esta iniciativa.
Y voy a graficarlo en forma burda: conforme a la ley en proyecto, el médico de las Fuerzas Armadas, quien actualmente gana A, sigue ganando A; en cambio, el médico que entra al nuevo sistema, quien gana A, ganará A más 25 por ciento.
No estamos hablando de algo pequeño: se trata de mucho dinero.
Voy a poner un segundo ejemplo, para quitar cualquier matiz ideológico que pudiera verse en un planteamiento como el que estoy haciendo.
En el Servicio Médico Legal se desempeñan médicos con una especialización cuya importancia queda de manifiesto sobre todo en los momentos más dramáticos de la vida; y los Senadores de regiones somos muy conscientes de ello. Se trata de personal bien preparado, que toma decisiones rápidas y que permite avanzar en instantes tan dolorosos como esos.
Pues bien: los médicos del referido Servicio tampoco son parte de los beneficios ya explicitados.
Entonces, me gustaría conocer la razón por la cual entre los destinatarios del beneficio que se otorga para -tal como se dice al indicarse la finalidad del proyecto- "fortalecer el proceso de ingreso y formación de especialidades médicas y odontológicas" (porque de eso se trata) no se incorpora a quienes cumplen las funciones públicas respectivas, que son tan relevantes, tanto en el Servicio Médico Legal cuanto en las Fuerzas Armadas.
Me percaté de aquello al estudiar el proyecto. Y luego me enteré de que el Colegio Médico, que se sumó al acuerdo en comento, dejó constancia de que el sistema no era justo, de que había algo indebido en cuanto a por qué todos, menos cierta cantidad.
En su momento el Ejecutivo expresó -quiero colocar las palabras de buena manera- que aquello se había puesto en su conocimiento tardíamente; que -se lo oí a alguien- "no se habían dado cuenta de que había ocurrido y después se dieron cuenta".
No sé si estará bien o mal dicho, pero sí tenga claro que eso no me parece justo.
Además, no estamos hablando de una cifra gigantesca de personas.
Entonces, si vamos a generar una ley que hará un cambio importante, positivo, potente en el ámbito médico, yo pregunto por qué no están todos los que tienen derecho.
¿Qué diferente tienen los médicos del Servicio Médico Legal y los de las Fuerzas Armadas para no estar adscritos al sistema?
Haciendo toda la alabanza que merece el contenido del proyecto (porque lo otro está bien), el distingo que puse de manifiesto no me parece adecuado.
Por consiguiente, es importante descifrar, si es posible, por qué no están considerados los médicos de las dos instituciones que mencioné; por qué no deberían estar, y, si es así, por qué no es factible avanzar para incorporarlos.
Espero que esos puntos queden decantados antes de proceder a la votación, señor Presidente.
Como no hemos abierto la votación, la señora Subsecretaria puede intervenir, si lo desea y si la Sala la autoriza.
Señor Presidente, este interesante proyecto reviste gran significación, pues quizás una de las principales prioridades, además de la delincuencia y otros problemas, es la salud pública.
Cuando nos juntamos en terreno con la gente, la salud pública es uno de los temas más relevantes.
De hecho, la encuesta CEP de julio-agosto da cuenta de que la salud, con 36 por ciento; la delincuencia, con 52 por ciento, y la corrupción, también con 36 por ciento, son los tres problemas prioritarios de nuestra sociedad a los que el Gobierno debería dedicar su mayor esfuerzo. Agrega que, según 60 por ciento de las personas consultadas, la salud es lo primero que deberá arreglar el próximo Presidente de la República.
Al igual que el Senador Coloma, leyendo los informes me doy cuenta de las bondades de este proyecto.
La Región de Atacama sufre uno de los problemas más serios a raíz de la falta de médicos especialistas. Y esta iniciativa da un paso en la línea correcta para atraerlos.
Sin embargo, tal como Su Señoría, no logro entender -no formo parte de ninguna de las dos Comisiones que analizaron estas materia, donde, según un Senador oficialista, se habría explicado el punto- por qué se deja afuera a los médicos del Servicio Médico Legal, situación en la que, a mi juicio, hay que poner énfasis.
En regiones, durante los fines de semana la ciudadanía suele llamarnos a altas horas de la madrugada debido a que a los deudos no se les puede entregar el cuerpo del difunto hasta el lunes siguiente. ¿Por qué? Porque no hay horas contratadas para el referido Servicio.
Por lo tanto, me parece que la marginación que afecta al Servicio Médico Legal es un problema que debemos abordar.
En segundo lugar, tampoco entiendo la razón por la cual quedan sin el beneficio los médicos de las Fuerzas Armadas y los de Carabineros.
¿Por qué digo aquello? Porque durante mi período como Presidente de la Comisión de Defensa Nacional con los integrantes de este órgano técnico fuimos reiterativos para plantear que ex miembros de los Institutos Armados y de Carabineros que viven en regiones donde no hay hospitales institucionales literalmente no tienen atención. Se les descuenta para salud una cantidad relevante de su pensión, pero cuando van a atenderse al sector público se les dice: "Ustedes tienen un sistema especial. Así que no podemos recibirlos".
Los convenios que se firmaron en algún minuto, a pesar de que (debo reconocerlo) han mejorado con la actual administración de DIPRECA, tampoco constituyen solución.
Para colmo de males, la forma como los distintos gobiernos han acortado las listas de espera en las regiones -y lo he visto en Atacama- es pidiendo a los hospitales institucionales que vayan a ellas y las reduzcan.
Entonces, castigar a esos médicos, como lo reconoce el propio Presidente del Colegio de la Orden, doctor Enrique Paris, constituye un error que impide caminar hacia la solución del problema en su totalidad.
Por último, con la venia de la Mesa, quiero plantearle a la señora Subsecretaria un problema que no es menor: de qué manera vamos a lograr que los médicos especialistas que se forman con recursos del Estado, y específicamente con platas de las regiones, vayan a estas.
¡El 36 por ciento de los que se formaron en Chile, o en España, o en Cuba, o en otros países nunca fueron a las regiones!
Como decía el Senador Horvath, algunos prefieren pagar la multa que se aplica por no hacerlo a ir a ellas.
Conozco varios casos, incluso de médicos especialistas que trabajan en lujosas clínicas de Santiago, Providencia y otras comunas de la Capital tras haberse formado con recursos de salud de Atacama. ¡Y la gente de esta Región sigue sufriendo porque carece de profesionales de aquella índole...!
La Ministra de Salud, en su última visita a Atacama, ante una consulta sobre la materia, dijo que se iban a implementar medidas que incluso podrían significar quitarles el título a esos médicos.
Ojalá que se establezca algún tipo de sanciones. Por ejemplo, que no puedan ejercer en el sector público durante cierto tiempo. Porque dichos profesionales, que usaron recursos del Estado para titularse, se burlan de nuestra gente al dejar de cumplir su obligación de retribuir con servicios a la comunidad.
Por eso, le pregunto a la Subsecretaria si es posible que se explaye acerca de medidas encaminadas a que aquello no nos siga sucediendo.
Todos los gobiernos dicen "Sí, vamos a adoptar medidas", pero en la práctica eso no ocurre. Porque se trata de un gremio difícil, y, además, parece que las distintas medidas tomadas en otras oportunidades no han funcionado.
El Senador por Atacama señor Baldo Prokurica le ha hecho varias consultas a la señora Subsecretarias, las que son compartidas por varios de los parlamentarios presentes.
Si le parece a la Sala, le daremos la palabra para que las responda.
Tiene la palabra, señora Subsecretaria.
Señor Presidente, voy a responder los dos puntos que se han planteado acá.
El primero -lo conversamos ampliamente en la Comisión de Hacienda- se relaciona con la situación de los médicos de las Fuerzas Armadas.
Para conocimiento de la Sala, debo señalar que los médicos de las Instituciones Armadas pertenecen al Ministerio de Defensa; los de Carabineros, al del Interior, y los del Instituto Médico Legal, al de Justicia.
Comencé mi primera intervención en la Sala señalando que el acuerdo que dio origen a este proyecto se celebró entre los Ministerios de Salud y de Hacienda y, originalmente, el Colegio Médico. Y se sumaron después los tres colegios profesionales: el de bioquímicos, el de odontólogos y el de químicos farmacéuticos.
En consecuencia (por supuesto, ello no es lo más deseable; y entiendo lo que se plantea acá respecto a los médicos de las Fuerzas Armadas), en los hechos nunca se consideró en ese acuerdo a los médicos pertenecientes a otros estamentos del Estado y a otros Ministerios, pero solo porque en él participaron únicamente los dos Ministerios ya individualizados.
Yo he sido muy transparente para señalar cómo se originó esta iniciativa de ley.
Por cierto, ello no obsta a hacer ahora esfuerzos -y ese fue el compromiso en la Comisión de Hacienda- para revisar la situación de esos médicos, de qué volumen estamos hablando y qué posibilidad de solución habría en una lógica de mesa interministerial donde incluyéramos no solo a los Ministerios de Salud y de Hacienda, sino también a los de los Ministerios que acabo de señalar.
Ahora, más allá de aquello, hay que considerar que la ley médica, originalmente la ley general y supletoria, es la N° 15.076.
Hoy, para los organismos del Ministerio de Salud, la ley N° 15.076 solo rige respecto de los médicos que hacen turnos.
Sin embargo, en las Fuerzas Armadas la ley que rige la contratación de los médicos es la N° 15.076.
Este proyecto hace modificaciones en la ley N° 19.664, que no es aquella por la cual están contratados los médicos en las Fuerzas Armadas. De modo que no solo bastaría con agregarlos, lo que significaría, desde ya, un mayor gasto fiscal, sino que, además, sería preciso cambiar su sistema de contrato, no regido por la ley N° 19.664, sino por la ley N° 15.076, en circunstancias de que el proyecto pone la gran mayoría de las asignaciones en la primera.
Por lo tanto, reconociendo la existencia de una necesidad, ella es motivo de otra iniciativa y otra situación legal, que se tiene que modificar de forma distinta.
En relación con lo planteado por el Senador señor Prokurica, nosotros efectivamente estamos trabajando -son mesas con el Colegio Médico y los tres colegios que se ciñen al cuerpo legal que los rige a todos- en cómo flexibilizar el período asistencial obligatorio. La idea es que si hay una razón suficiente para que un facultativo pueda cambiarlo entre Valparaíso y Viña del Mar, por ejemplo, por requerirse más profesionales en esta última ciudad y no en la primera, la Subsecretaria de Redes Asistenciales o el Subsecretario de Salud Pública -estamos viendo cuál de los dos- puedan contar con mayores atribuciones y el asunto no quede entregado solo a la dirección respectiva, porque, a veces, los servicios de Salud no logran ponerse de acuerdo y se termina con un médico inhabilitado del sector público cuando se precisaba que estuviera ejerciendo en alguna parte.
Pero, además, creemos que es preciso rigidizar la pena para el que no lo cumple. La multa no resulta suficiente, porque, como se ha dicho acá, es financiable por una institución privada. Estamos planteando, entonces -mas tiene que ser conforme a la misma lógica: se flexibiliza, por una parte, y se rigidiza, si no se cumple, por la otra-, la eliminación en el Registro Nacional de Prestadores administrado por la Superintendencia, porque, en tal caso, un médico no puede ejercer ni en el sector público ni en el privado cuando se trata de prestaciones de alta complejidad GES, que realiza un especialista.
En consecuencia, no basta con el castigo en el sector público, porque eso se hace hoy día y carece de rentabilidad. No nos interesa que el médico se halle fuera del sistema, sino dentro. Y si no es así, no debiera estar en ninguno de los dos.
En esa línea estamos trabajando.
Surge una consulta: ¿cómo se saca a un médico de la lista de prestadores? No sé si es una cuestión administrativa.
Este fue el punto expuesto por el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente, un médico, para inscribirse en el Registro a fin de encontrarse acreditado en relación con prestaciones de alta complejidad GES, tiene que llevar su certificado de especialista, y, en el caso de quedar inhabilitado por el Estado, no podría hacerlo.
Señor Presidente, este es un proyecto de ley muy importante para el fortalecimiento de los especialistas que necesitamos formar en nuestro sistema de salud; para los becarios.
También lo es desde el punto de vista del mejoramiento de las remuneraciones. El esfuerzo financiero que se hace es de una magnitud bien significativa: 24 mil 100 millones de pesos para el año 2016, que ya está terminando, y casi 38 mil millones para el año 2017.
Además, existe la urgencia de aprobar hoy, porque, si no fuera así, prácticamente no habría tiempo para que los recursos correspondientes al año en curso por lo menos se pudiesen pagar. Y si ello no se hace, no sé si estarían disponibles para el próximo. Eso nos obligaría a modificar el texto que se pretende que despachemos.
Voy a votar a favor de la normativa, incluido el artículo 1°, respecto del cual nos abstuvimos con mi Honorable colega Coloma cuando fue tratado en la Comisión de Hacienda, precisamente por no abordarse la situación de los facultativos que trabajan en los hospitales de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, así como en el Servicio Médico Legal.
En Chile tenemos la ley N° 15.076, llamada "Ley Médica". Entendemos que este es el cuerpo legal que precisamente debiera regular a todos los profesionales de la salud que trabajan en los distintos ministerios. Entonces, no parece justo, desde dicho punto de vista, que aquellos que lo hacen en las entidades a las cuales hice referencia, donde también se forman especialistas -eso es muy importante consignarlo-, queden al margen, más aún cuando los beneficios que se otorgan a través de la iniciativa que nos ocupa implican que quedarán en un 40 por ciento más abajo en el monto de sus rentas. O sea, no se trata de cifras sin importancia.
Naturalmente, los beneficiarios no tienen ninguna responsabilidad en lo ocurrido.
Para ser justo, cabe hacer presente que la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales, cuando le planteamos el asunto, inmediatamente asumió el compromiso de que sostendremos en enero una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda, seguramente también con los integrantes de la Comisión de Salud, para ver cómo abordamos la situación de los facultativos que han quedado excluidos de la iniciativa.
En razón de todo ello y de la urgencia de despachar ahora el proyecto para que los emolumentos se puedan pagar durante diciembre, así como también porque el articulado debiera significar un paso firme, decisivo, para que nuestra salud cuente con más especialistas, voto a favor.
¿Es por una cuestión de Reglamento, Su Señoría?
No. Como son dos votaciones, pido que se abra la votación.
Le ruego a la Sala tomar en consideración lo que se está exponiendo.
Ya se han manifestado los puntos de vista respecto del artículo 1°, permanente. No vaya a ser que la votación se nos complique más después.
Le encuentro sentido a lo propuesto.
En votación el artículo 1°, para el cual se pidió votación separada.
Quienes estén de acuerdo con la disposición tienen que votar que sí.
Señor Presidente, parto por destacar que el proyecto es fruto del trabajo entre los profesionales de la salud -sobre todo, intervino el Colegio Médico- y el Ministerio, del cual resultó un articulado coherente y satisfactorio para todas las partes, independientemente de los gremios que no prestan servicio en el Ministerio, como precisó la señora Subsecretaria.
El texto implica, por cierto, mejoras en las remuneraciones del personal y para los becarios, a fin de estimular todo lo que va fortaleciendo el sistema de ingreso y la formación de especialidades, cuestión particularmente compleja en las regiones. El propósito es hacer más atractivo el proceso.
Igualmente, se introducen modificaciones legales y se crean nuevos beneficios económicos para la carrera del personal médico. Se fortalecen las especialidades básicas, como también los incentivos para el ingreso y la permanencia de los profesionales de la salud en el sector público, quienes van representando a esta altura alrededor de un tercio del total en nuestro país, lo que ya es una señal de alerta.
También se abordan la formación y educación continuas y la carrera docente, para ir fortaleciéndose con técnicas más avanzadas, y la necesidad de dotar a los servicios de la integralidad requerida para enfrentar los cambios culturales y los perfiles de enfermedad de los usuarios.
Por lo tanto, la normativa es bastante completa.
Se hace un esfuerzo por fortalecer los campos clínicos y la relación asistencial docente. Uno de los problemas más serios para atraer especialistas a regiones es la ausencia de centros completos, complejos, en los que el trabajo cotidiano les permita continuar su formación, encontrar espacio para hacer clínica y abocarse a la discusión con sus pares, de modo de no irse quedando atrás.
Existe la necesidad de una política expresa para las regiones -hay noticias importantes para el Norte Grande, en general, no solo para la de Antofagasta, que represento- y de un enfoque más integral, con nuevas modalidades de prestación, como podría ser la de rondas médicas, que permitan ir atendiendo localidades más pequeñas, donde no median incentivos objetivos para que personal especializado pueda desenvolverse y radicarse. Entonces, es preciso desarrollar maneras más flexibles de atención.
A mi juicio, en lo atinente a servicios generales de zona y a médicos residentes es importante la búsqueda de atractivos, lo que no solo se refiere a las remuneraciones, sino también al clima necesario para no quedar al margen de todas las posibilidades de perfeccionamiento y desarrollo continuos, y poder mantenerse como de alta especialidad.
Todas estas razones determinan que el articulado sea -repito- bastante completo.
La discriminación que pueda observarse respecto de personal de las Fuerzas Armadas o del Servicio Médico Legal, ya aclarada por la señora Subsecretaria, no obsta para que en el futuro pueda ser integrado a estos mismos fines.
Me parece que nos encontramos ante un excelente proyecto, muy bien pensado y equilibrado, y, por cierto, muy beneficioso para las regiones. Así que le damos nuestro apoyo.
Señor Presidente, Honorable Sala, tal como veníamos denunciando, tres mil 594 médicos representan la brecha de facultativos en el sistema público de salud. Solo entre las Regiones Metropolitana y de Valparaíso hay mil 800. Por lo tanto, la iniciativa sigue la dirección correcta al establecer incentivos para la permanencia de los profesionales en el sector.
Nosotros trabajamos en el asunto y apoyamos a bioquímicos, quimico farmacéuticos y odontólogos que se movilizaron y finalmente lograron ser incorporados en la ley.
Sin embargo, también sostuvimos, durante la discusión del proyecto, que se planteaban serios problemas respecto a los médicos del Servicio Médico Legal y de las Fuerzas Armadas, quienes, a nuestro juicio, debieron ser considerados. Ello claramente constituye una desigualdad ante la ley.
Tal como se incluyó, en su oportunidad, a quienes se movilizaron, el Ministerio de Salud debió hacer el ejercicio de cuantificar al menos cuánto significaba incorporar a dichos facultativos, lo que no se hizo durante toda la tramitación.
Aprovecho la presencia de la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales para subrayar la dificultad de la formación en ciertas especialidades.
Quiero denunciar que en los hospitales de nuestra Región no hay "ucistas", sino internistas y becarios a cargo de las unidades de cuidados intensivos pediátricas y de adultos. Ello representa un peligro inminente, por no contarse con los profesionales adecuados para resolver las emergencias.
La situación se repite, en efecto, en los hospitales San Martín, de Quillota; Gustavo Fricke, de Viña del Mar; Van Buren, de Valparaíso, y Claudio Vicuña, de San Antonio, y asimismo en otras regiones.
No es posible que ello suceda.
Esta es la segunda cuestión relevante. Ya mencionamos que también se faltaría a la igualdad ante la ley.
Un aspecto adicional dice relación con la distribución de las becas.
El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota es el que registra más déficit en Chile: 359 médicos. ¿Qué ocurre? La Universidad de Valparaíso y el Ministerio de Salud le entregan 69 becas al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y la mitad al primero. Entonces, ¿cómo se explica la distribución?
Lo anterior es algo que también merece la dedicación del Ministerio. No da lo mismo llevar becarios adonde existen brechas que a lugares donde no son tan relevantes.
Las hay de funcionarios y de especialistas. En el primer caso, la que dice relación con el personal requerido para la habilitación completa del hospital Gustavo Fricke -el doctor Hugo Reyes, consejero nacional del Colegio Médico y presidente de la Asociación de Profesionales del establecimiento, efectuó un estudio al respecto-, que representa la mayor inversión pública de este tipo en la historia de Chile, es de envergadura.
Estimamos que la brecha de especialistas se incrementará.
¿Qué hemos echado de menos? La posibilidad de generar centros de referencia para poder concentrar las especialidades en determinados recintos hospitalarios. Es preciso trabajar en ello.
Cabe decirlo fuerte y claro: ¡la Administración ha precarizado la salud pública! ¡La ha debilitado!
Durante el Gobierno del Presidente Piñera, se criticaban las compras de servicios a terceros. Pues bien, ¡en el actual han aumentado!
Más aún, tratándose del plan de puesta al día de las listas de espera, el paro del sector público se tradujo en la suspensión de interconsultas de especialistas y de intervenciones quirúrgicas...
Necesito treinta segundos para terminar, señor Presidente.
Hago referencia a más de siete mil 500 intervenciones quirúrgicas y más de 27 mil atenciones de especialistas.
He conversado con los directores de los hospitales de mi Región, quienes me señalaron: "Se nos dijo que es preciso cumplir la meta de zafarse de la lista de espera atrasada, y ello significará más endeudamiento hospitalario".
¡El problema se presenta cuando nos hallamos en el peak del endeudamiento hospitalario en la historia!
¿Por qué se genera la situación? Por no sincerar. FONASA subvalora las prestaciones, y caemos en el juego de tener que poner platas del bolsillo de Hacienda y reasignar recursos, cuando la cuestión finalmente es estructural.
Se debe proceder en forma adecuada: pagar las prestaciones conforme a los valores que corresponden, para dejar de engañarnos respecto de cómo cumplir determinadas funciones.
Puede intervenir el Senador señor Rossi.
Señor Presidente, encuentro muy interesante el debate que plantea el Honorable señor Chahuán, pero analizamos un proyecto de ley bien puntual. El punto reviste interés, en efecto, porque los problemas en nuestro sistema de salud son muchos, pero no propios de Chile.
De hecho, una palabra común a todos los regímenes existentes en el mundo, diría, es "reforma". Esta última se está llevando a cabo en países tremendamente exitosos en ese ámbito, en su minuto, basados en una institucionalidad pública, con cobertura y acceso universal, como Inglaterra.
Estados Unidos registra un déficit de cobertura del quince por ciento de la población y también está sufriendo un proceso de reforma, y hasta de contrarreforma, a lo mejor, en la actualidad.
El asunto es interesante, pero quizás se aleja un poco del motivo de la discusión de hoy.
Quisiera resaltar los aspectos positivos del proyecto, el cual, si bien siempre es preciso seguir avanzando, es superimportante.
Si se analizan cuáles son las dificultades en el sistema público de salud, e incluso si son comparadas con el privado, se observa que los usuarios reclaman por la falta de oportunidad en la atención. Quizás lo principal es el tiempo de espera, tanto a nivel quirúrgico como de interconsulta de especialidad.
En el sistema privado existen otros aspectos que son objeto de reclamos: por ejemplo, el aumento del valor de los planes, los déficits de cobertura respecto de las preexistencias, en fin.
Si buscamos cuál es el problema en el sistema público, nos encontraremos básicamente con los tiempos de espera.
Sin duda alguna, también existen problemas de inversión, de gestión clínica, de eficiencia. Pero uno de los más importantes tiene que ver con la atención oportuna.
Por eso, se deben establecer incentivos -en este caso, pecuniarios- para la permanencia, para la retención de especialistas, lo cual me parece tremendamente significativo.
Además, considero que se trata de dinero bien invertido. Porque, si uno analiza -sería interesante hacer un estudio de los costos que implica esto- los días de licencia médica extendidos, por ejemplo, por un tiempo de espera desmedido para una interconsulta o una cirugía, se da cuenta de que con una atención oportuna probablemente ahorraríamos bastantes recursos.
También están los costos asociados a las complicaciones por el tratamiento tardío de determinadas patologías.
Si uno revisa las series traumatológicas, puede concluir que una gran cantidad de pacientes con patologías traumatológicas agudas -fracturas, por ejemplo- no son atendidos de manera oportuna y, por lo tanto, sufren complicaciones que traen costos a su salud y calidad de vida. Eso es lo más importante, pero también se producen costos económicos debido a esas complicaciones.
Por lo mismo, el hecho de invertir en la mejora de las condiciones y, por esa vía, favorecer la retención de los especialistas, me parece una muy buena decisión.
Porque debemos ser claros: se pueden analizar los sueldos de los médicos especialistas y compararlos -no incluyo al sector privado- con sueldos de profesionales del sistema público con incluso menos formación.
Hoy día, cualquier asesor de algún Ministerio -de Educación, de Salud, de Justicia- gana entre 5 millones y 5 millones y medio de pesos. Se trata de profesionales sin la especialidad que tienen, por ejemplo, un neurólogo o un cardiólogo, que estudió 7 años de medicina, 5 años de medicina interna y 2 años más de cardiología. Sin embargo, vemos que los ingresos de estos últimos se hallan por debajo de lo que ganan quienes boletean en el aparato estatal.
Por consiguiente, si bien valoro el esfuerzo financiero fiscal que se está haciendo, lo considero todavía insuficiente. E insisto en que no estoy haciendo una comparación con los sueldos del sector privado para los mismos médicos especialistas, sino con los de profesionales con menos nivel de formación que se desempeñan en el aparato estatal.
Entonces, me parece que tenemos una oportunidad de seguir avanzando.
Considero que esta iniciativa constituye un avance y espero que sirva para mejorar las condiciones de los médicos becarios. Porque ahí existe otro desafío: cómo ir cerrando brechas desde el punto de vista de los especialistas. Pero también cómo hacer para que, una vez que ellos salen, se queden en el sector público.
Para eso resulta importante no solo mejorar las condiciones laborales desde el punto de vista remuneracional, como hacemos ahora, sino también desde la perspectiva del equipamiento, la infraestructura, los insumos médicos, a fin de que quienes permanezcan en el sector público puedan desarrollar de buena manera su función.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma nuevamente.
Señor Presidente, ahora voy a fundar el voto, a diferencia de la vez anterior, en que intervine para plantear un asunto.
Este proyecto está aprobado en general. ¿Qué significa eso, para quien sigue el debate? Que la idea de legislar fue aprobada, pues todos estamos de acuerdo en fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas en Chile, ya que había una debilidad.
Lo que analizamos en este momento es una norma bien específica. Como después de la votación en general cabe pronunciarse en particular, estamos revisando si el artículo 1° está correcto o no.
Entiendo que la negociación fue planteada por el Ministerio de Salud, por el Gobierno.
Desde mi perspectiva, al final, el Estado es uno.
Por eso, a mí, con todo respeto, no me convence la explicación relativa a que aquellos que cumplen los requisitos y están en el Ministerio de Salud tienen un beneficio, mientras que quienes cumplen los mismos requisitos, por pertenecer al Ministerio de Justicia (Servicio Médico Legal), de Defensa (Fuerzas Armadas) o del Interior (Carabineros) no pueden acceder a él.
Con todo respeto, señor Presidente, eso dice el artículo 1°.
Entiendo al Gobierno, y valoro lo que hace. La Subsecretaria ha sido transparente, lo cual es muy importante en este debate, ya que se trata de un tema respecto del que se va a discutir y a reflexionar hacia adelante. Pero no puedo votar a favor porque eso significaría señalar que la norma está bien hecha. Y, a mi juicio, no es así.
Señor Presidente, según los datos que tengo a la vista -si quieren desmentirlos, que lo hagan-, esta separación implica al final una diferencia de remuneraciones de 40 por ciento. O sea, un médico del Servicio Médico Legal que trabaja en las mismas condiciones que uno del Ministerio de Salud, en virtud de esta normativa, percibirá un 40 por ciento menos de sueldo que este último y una cantidad equivalente a un facultativo que labora en la Armada, en Carabineros, en el Ejército, en la Aviación.
Entonces, no es que yo discrepe del fondo del proyecto, que está bien diseñado. La iniciativa fue objeto de análisis y al menos en la Comisión de Hacienda vimos que los problemas de financiamiento se hallaban bien resueltos, aunque con una forma de calcular curiosa. Pero entendemos que es así.
El problema es otro: cómo en el Parlamento, y en el Senado, podemos dividir los beneficios que entrega el Estado en función del Ministerio que negocie.
¿Qué tienen que hacer entonces las Fuerzas Armadas para poder negociar? ¿Reclamar al Ministerio de Defensa? Espero que no recurran a un paro ni a una movilización para obtener una mejoría.
¿Qué tienen que hacer los doctores del Servicio Médico Legal? ¿Tomarse el Ministerio de Justicia?
¡Ojalá que no, señor Presidente ! Me parecería insensato.
Por eso, cuando el Estado da una respuesta a un problema, uno esperaría que ella fuera integral y no parcial, y que no generara una diferenciación que no es razonable. Porque la Ley Médica se les aplica a todos en algunos aspectos. Pero en otros como la contratación, por la naturaleza de la institución contratante, se hace una diferenciación que no tiene que ver con la labor misma.
¡Cómo dos personas que hacen lo mismo en el ámbito público se terminan diferenciando porque uno llegó tarde a la negociación o porque el Ministerio de Justicia o el de Defensa no negoció o no supo -no sé cómo funcionan las cosas entre Ministerios; no he sido nunca Ministro - que el de Salud estaba negociando! ¡Si al final no supieron! Eso es lo que pasa.
Entonces, todos los médicos especialistas quedan atrasados.
¿Y quién va a financiar el día de mañana las becas del Servicio Médico Legal si el Ministerio de Justicia no lo hace?
Señor Presidente, estamos generando de forma inesperada -no por casualidad ni por gusto- una diferenciación muy arbitraria. Me parece que en el Congreso no se puede actuar de este modo. Tenemos que buscar justicia y avanzar hacia la idea de que, a igual razón, debe haber la misma disposición. En este caso, la razón es la misma pero la disposición diferente.
¿Cómo le explico después a un médico que quiere trabajar en el Servicio Médico Legal o en las Fuerzas Armadas que no recibirá la misma remuneración que un colega que se desempeña en otro Ministerio?
Por mi parte, no votaré a favor y me abstendré.
Espero que el Gobierno haga una reflexión severa.
Me sumo al Senador Moreira, con quien somos de la misma idea, al igual que varios Senadores de la UDI, como el Senador Larraín, porque esto no corresponde.
Estoy a favor de aprobar el proyecto de ley, pero no de que se genere una discriminación hacia servicios públicos como las Fuerzas Armadas y el Servicio Médico Legal, a lo menos.
La señora Subsecretaria se refirió a esta materia, pero, si lo desea, le puedo ofrecer la palabra nuevamente.
¡Estamos en votación!
Puede ser más adelante.
Restan dos señores Senadores por intervenir.
Les recuerdo que todavía falta una votación.
En esta podemos sancionar las dos.
Hagamos una sola votación.
Señor Presidente, a raíz de la última discusión, según entendí, la Subsecretaria señaló muy claramente que esta normativa fue fruto de un trabajo conjunto con el Colegio Médico, y que posteriormente incluyó a los representantes gremiales de los profesionales odontólogos, químicos farmacéuticos y bioquímicos.
¡Ellos reclamaron!
¡Claro! Por lo tanto, creo que hay que dejar esa instancia abierta a propósito de la discusión que se está planteando en la Sala, pero no cabe restarse de un beneficio que legítimamente han conquistado los miembros colegiados del Ministerio de Salud.
Como lo plantea la señora Subsecretaria, el objetivo del proyecto es generar una retención de las especialidades médicas en cada uno de los hospitales y centros de salud públicos del país.
Las cifras que ha dado no son menores. Con la asignación de zona los sueldos crecen en forma bastante significativa: de 3,8 a 4,7 por ciento en Iquique; de 4,9 a 5,7 por ciento en Magallanes.
También hay que agregar que el Colegio Médico logró, por la vía judicial, la nivelación de zona. O sea, estos beneficios se ven reflejados después en la previsión.
Considero buena la propuesta, pero quiero señalar que hay otros profesionales del sector público que no tienen estos beneficios, si bien existen compromisos de la autoridad para resolverlos positivamente.
Desde luego, serán los médicos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, del Servicio Médico Legal quienes deberán tener prioridad, para ponerlos en línea y reconocer su tremendo sacrificio y sentido de voluntariado. Pero no solamente ellos. Hay voluntariado médico -como la fundación Cienmanos, que acaba de recorrer la Región de Aisén- a través de distintos especialistas que buscan ir a regiones aisladas y dar este servicio que no es posible realizar de otra manera.
Famosa era la nave "Cirujano Videla", que recorría desde Puerto Montt, Chiloé hacia la zona austral, y que fue reemplazada por una más moderna, la "Sargento Aldea".
Esfuerzos como estos tenemos que amplificarlos. Para eso se requiere este tipo de estímulos.
También debemos mejorar la regionalización, de modo que los médicos encuentren en las regiones otros incentivos para permanecer en ellas, como seguir especializándose, estando al día; como contar con universidades empoderadas, centros culturales que, en el fondo, hagan más atractivo ese entorno que vivir en un centro más contaminado y complicado como la Región Metropolitana y, particularmente, Santiago.
Para hacer interesante la actividad médica en regiones se requiere también buena infraestructura. Nosotros vemos -lo han señalado la Senadora Lily Pérez y el Senador Chahuán- hospitales como el Gustavo Fricke , en Viña del Mar, donde la gente, los funcionarios y trabajadores no caben en los pasillos.
Hay que hacer algo con bastante urgencia en ese sentido.
Otro ejemplo es el hospital regional de Coihaique, que se halla absolutamente al borde del colapso: la UCI pediátrica está junto con la UCI de adultos y los niños ven cómo se mueren estos últimos. Resulta impresentable.
Obviamente, los especialistas ejercen con mucho sacrificio.
Termino diciendo que las cifras de personas que esperan por cirugías en nuestro país son difíciles de dimensionar. Estamos hablando de casi dos millones de personas que requieren especialistas para poder operarse. Y no todos los especialistas que se están formando retornan a las regiones, por las razones que aquí se han señalado. Porque no basta con ser coercitivo por la vía de un pagaré, sino que, efectivamente, hay que hacer más atractiva la permanencia en zonas más apartadas y generar una ética de cumplir con la región que los cobijó y les dio la oportunidad de especializarse.
Por estas razones, votaremos a favor. Y haremos presente la necesidad de que se resuelvan los temas pendientes con la mayor brevedad posible.
Señor Presidente, yo entiendo la posición del Senador Coloma. Comparto la idea de que los médicos de las Fuerzas Armadas también debieran ser considerados en este proyecto.
Aprovecho de agradecer a esos facultativos, porque siempre han estado a disposición de cualquier operativo que se realice, sobre todo en las zonas extremas de nuestro país. Y eso hay que destacarlo y reconocerlo. En nuestra región siempre han estado dispuestos a ayudar.
Pero, tal como dijo el Senador Horvath, este proyecto surge de un acuerdo entre el Colegio Médico y el Gobierno, a través del Ministerio de Salud; y que, felizmente -porque estaban excluidos-, ha incorporado a los dentistas, químicos farmacéuticos y bioquímicos, asegurando la igualdad de trato que merecen los diferentes profesionales de la salud con responsabilidades equivalentes.
Entiendo la posición que ha expresado el Senador Coloma, porque son profesionales que ejercen y sus remuneraciones deben ser equivalentes.
Varias veces he insistido en este Senado sobre la brecha que existe dentro de los servicios de salud, sobre todo en la atención dental, en comparación con otras prestaciones. Este es un rezago histórico, señora Subsecretaria, que en las condiciones actuales no admite ninguna justificación.
El porcentaje de chilenos que tiene caries, de chilenos desdentados -¡y a qué edad!- es muy alto. Porque no hemos sido capaces de tomar la salud bucal como una prioridad.
En su primera parte este proyecto establece mejoras para los becarios, lo que debe traducirse, junto con otras medidas, en un aumento de la cobertura de especialidades en los diferentes niveles de atención de salud y a través de todo el territorio.
Lo ha dicho muy bien el Senador Horvath: es muy diferente ser profesional de la salud en las regiones del centro del país que en las regiones extremas. En estas últimas hay menos condiciones y a veces ni siquiera existen facilidades para ejercer la profesión. Y estos facultativos se merecen que las asignaciones estén a la altura del esfuerzo que hacen.
Es sabido que la lista de espera de especialistas repercute fundamentalmente en la atención primaria, y es más crítica en las regiones.
Por tanto, las medidas que benefician a los becarios en materia de asignaciones especiales, como derecho a sala cuna y reconocimiento de los tiempos servidos en guardias nocturnas, están bien encaminadas y contribuyen a resolver problemas concretos que desincentivan una mayor formación de especialistas en calidad de becarios.
En cuanto a la segunda parte, se perfecciona la carrera funcionaria y se crean nuevos beneficios económicos para el personal afecto a la ley N° 19.664. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Ir avanzando con equidad en materia de condiciones laborales y su efecto en remuneraciones, sobre la base de reconocer e incentivar la mayor disponibilidad de horas en las funciones desempeñadas en el sistema público de salud.
Es evidente que este tipo de proyectos permitirá superar las deficiencias y retrasos que afectan tan severamente a nuestra atención de salud. Para qué hablar de las miles de personas en regiones que están esperando una atención de especialistas o una cirugía.
La inversión en infraestructura es importante, pero si no contamos con los recursos profesionales necesarios, debidamente distribuidos a lo largo del país, entonces todo el esfuerzo se va a diluir.
Paralelamente, el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo por regular de mejor manera el régimen que se aplica para la devolución de las becas. Y aquí se ha dicho: a un médico le sale más conveniente pagar la multa que ejercer donde estaba destinado...
¡La paga la clínica...!
Exactamente: la paga la clínica.
Existen situaciones explicables y que pueden ser mejor reguladas, pero hay otras que son claros abusos, como el que se señaló, y que deben ser sancionados ejemplarmente, no solamente por el Colegio Médico, sino también por toda la sociedad.
Señor Presidente , quiero, muy brevemente, justificar mi voto a favor.
Hago míos los argumentos que ha esgrimido en la Sala el Senador Antonio Horvath, pues representan muy bien lo que pienso al respecto.
Solo deseo profundizar en un punto: el relativo a los incentivos.
Efectivamente, tal como se señaló acá, en los hospitales de nuestra región -menos los dos que fueron impulsados por el Presidente Piñera y que el actual Gobierno, por trancas ideológicas, bajó del sistema de concesiones: el Biprovincial Quillota-Petorca y el Marga Marga - tenemos graves problemas de falta de especialistas.
Por tanto, generar este tipo de incentivos, por los cuales han peleado el Colegio Médico y otros gremios asociados al área de la salud, que han logrado este acuerdo con el Gobierno, me parece tremendamente importante. Eso va en la línea de lo que nosotros esperamos como legisladores: que existan incentivos suficientes, de carácter económico, y también en materia de becas de especialización, para que realmente podamos tener mayor cobertura de profesionales de la salud en los distintos hospitales de regiones y, sobre todo, en las regiones extremas, las que, tal como aquí lo dijo el Senador Horvath, se verán aún más beneficiadas por el aumento sustantivo que implica el proyecto.
Pero también quiero decir lo siguiente, señor Presidente.
Obviamente, voy a votar a favor. Sin embargo, creo que, cada vez que un gobierno decida entregar mayores incentivos económicos, o más becas, o algún bono, en determinada área, y principalmente en una tan importante y sensible como la de la salud, debiera hacerlo para todos los profesionales, más allá de la agrupación a la que representen y de la repartición pública de la que dependan.
Porque, claro, como el Servicio Médico Legal tiene una dependencia distinta de Salud, no le llega el beneficio. Pero, cuando hay un paro de funcionarios públicos, al final este les afecta por igual a todos los usuarios.
Por lo tanto, señor Presidente -y, por su intermedio, a la Subsecretaria de Redes, que nos acompaña esta tarde-, cuando se dan beneficios a los profesionales de determinada área -en este caso, a los de la salud-, debiera ser para todos igual, sin ningún tipo de distinción ni discriminación, pues hay que pensar no solo en los funcionarios afectados, sino también en los usuarios, que son, finalmente, el objetivo que se busca favorecer con esta clase de becas, de bonos por desempeño, de incentivos de carácter económico.
No hacerlo así no resulta sano ni siquiera para la convivencia interna de las agrupaciones, por cuanto entran en pugna quienes pueden dar la pelea y quienes no. Creo que por sanidad se debiera actuar de ese modo, pero para poder hacerlo habría que estar en el gobierno.
Obviamente, voto a favor, porque el proyecto igual representa una conquista para el Colegio Médico y los demás gremios que pelearon para lograr este beneficio, pero, insisto, sería muy bueno que este se pudiera extender a todos.
Sin embargo, esa es una facultad exclusiva del Ejecutivo, no del Congreso Nacional, y es bueno que la gente que nos ve lo sepa. No depende de nosotros incorporar a otros grupos o gremios, sino absolutamente del gobierno de turno, que ejerce el Poder Ejecutivo.
Antes de otorgársela, quiero hacer presente que aún queda otra votación, que algunos están pidiendo darla por efectuada con el mismo resultado que se obtenga en la que se halla en curso. No obstante, no me parece que eso sea posible, toda vez que el Senador Coloma, que pidió votar por separado el artículo 1°, no creo que esté por rechazar el otro artículo, que incorpora, por ejemplo, a los subespecialistas.
Exactamente: estoy a favor.
Por lo tanto, queda despejado que la siguiente votación no puede entenderse realizada con el mismo resultado que el que se obtenga en esta.
Me ha pedido la palabra, para plantear una cuestión reglamentaria, el Senador señor Bianchi, aunque estamos en votación.
Efectivamente, se pidió votación separada. Y quien la solicitó, el Senador Coloma, ha votado ahora en un sentido y me imagino que luego lo hará en otro.
El punto está en que no hay votos suficientes. Es una cosa de orden práctico. Entonces, tal vez podría pedírsele a ese colega que acceda, en el fondo, a efectuar una sola votación. De lo contrario, creo que nos encontraremos en una situación bastante compleja.
No se requiere quorum especial.
Señor Senador, los votos para esta votación están.
Pero aún queda un Senador más inscrito para intervenir.
Yo no fundaré mi voto, señor Presidente , para que avancemos más rápido.
Muchas gracias, Senador Bianchi, por facilitar la discusión del proyecto.
¿Y usted, Senador Moreira, va a ser breve, o se va a extender, como siempre?
Hablaré solo lo necesario para que alcancen a llegar a esta votación los colegas que están viendo otros asuntos legislativos.
Aquí, señor Presidente -y por su intermedio, a la Subsecretaria de Redes Asistenciales-, nadie está en contra de este proyecto. SE LO VALORA, con mayúscula. Lo que uno trata de expresar a través de una votación separada o de una abstención es una aprensión, una señal frente a algo.
Varios colegas han señalado que se está realzando lo malo del proyecto. La verdad es que el proyecto está bien. No se está hablando de ninguna cosa mala de él. Pero algunos, como el Senador Coloma, entiendo que también el Senador Larraín, el que habla y otros más de la UDI, pensamos que aquí se ha excluido a algunos profesionales o especialidades médicas de las Fuerzas Armadas.
Yo podría ser prejuicioso y preguntar por qué únicamente a las Fuerzas Armadas. Pero resulta que no se excluye solo a sus instituciones; también al Servicio Médico Legal.
Entonces, por mucho que haya habido acuerdo entre el Gobierno, los parlamentarios y el Colegio Médico, me parece que en un proyecto de esta naturaleza igualmente se debiera haber considerado a los profesionales del Servicio Médico Legal y de las ramas de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, nosotros, considerando positivo el proyecto, nos vamos a abstener en esta votación, como una señal por aquella exclusión, para dar nuestro voto favorable en la que viene.
--Se aprueba el artículo 1° del proyecto (16 votos a favor, 6 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores BianchiChahuán EspinaGarcíaGuillierHorvath MontesOssandónProkuricaQuintanaQuinterosRossiIgnacio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores ColomaGarcía-HuidobroHernán Larraín y Moreira.
El señor Presidente pone en votación las dos enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Salud en su segundo informe.
Antes de abrirla, ¿el Senador Quinteros va a insistir en la reunión de Comités?
Son enmiendas unánimes.
Si hay interesados en fundamentar el voto, les puedo ofrecer la palabra.
¡Abra la votación, señor Presidente!
Vamos a abrir la votación.
En votación las dos enmiendas efectuadas por la Comisión de Salud.
¿Algún señor Senador va a fundar su voto?
En el fondo, lo que hacen las modificaciones es incorporar a los subespecialistas.
Tal vez quiera hablar...
¡La Subsecretaria!
Entonces, señor Secretario , consulte.
--Se aprueban las dos enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Salud (18 votos favorables) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Muñoz y Von Baer y los señores BianchiChahuánColoma EspinaGarcíaGarcía-HuidobroGuillierHorvathHernán Larraín MontesMoreiraProkuricaQuintanaQuinterosRossi y Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , por su intermedio, les agradezco a todos los Senadores su apoyo al proyecto.
Solamente para precisar algunas de las cosas que aquí se expresaron, quiero terminar señalando que el sistema de salud chileno, público y privado, presenta brechas estructurales, tanto de oferta como de financiamiento y gestión, tal como lo hemos reconocido, pero creo que las estamos enfrentando con decisión y claridad.
A modo de ejemplo, y para mostrar resultados, diré que hoy existen más de 2 mil nuevos especialistas en formación, más de 700 médicos generales de zona agregados, y tenemos un enfrentamiento a la compra y a las sociedades médicas que no se había dado en todo este período en nuestro país.
Claramente, no solo estamos regulando de mejor forma el sistema, sino que también hemos auditado 60 hospitales y estamos optimizando la regulación a través de las glosas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto para el 2017.
Por último, a pesar de todo lo que se diga, hoy tenemos 29 hospitales en construcción y hemos disminuido los tiempos de espera en 119 días para una consulta, y en 79 días para una cirugía.
Lo anterior no significa que todo esté resuelto -todo es perfectible-, pero sí demuestra que seguimos enfrentando, con decisión y claridad, las brechas estructurales que exhibe nuestro sistema de salud.
A usted, señora Subsecretaria, por su participación en esta discusión y por haber despejado, yo diría, si no todas, gran parte de las dudas planteadas.
A continuación pasamos al proyecto que crea el INDESPA.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "suma".
Sesión 71ª, en martes 29 de noviembre de 2016 (queda para segunda discusión en general).
Cabe recordar que los artículos 3°, 6°, 7°, 9°, 14, numeral 1), y 16 permanentes, y los artículos primero y segundo transitorios tienen rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 71 a 84 del informe de la Comisión.
En la segunda discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
Señor Presidente, la idea de crear un instituto para el desarrollo de la pesca artesanal se ha convertido en un proyecto de ley muy esperado por este grupo de trabajadores. Muchos han llamado al INDESPA el "INDAP de la pesca artesanal", pero, lamentablemente, no cumple las expectativas del sector y lo que este realmente necesita, aún más considerando la crisis actual que vive la pesca artesanal.
Esta iniciativa pierde la oportunidad de generar una nueva institucionalidad de apoyo a los pescadores y acuicultores de pequeña escala, alejándose de su objetivo original, que era asimilarse a lo que acabo de señalar: un INDAP para los pequeños pescadores artesanales.
Se entiende que han pasado 50 años para que el INDAP sea lo que es hoy, pero hemos perdido la oportunidad de crear un símil pesquero, con todas las herramientas e instrumentos de apoyo para acompañar y asistir a los pescadores en sus iniciativas productivas, legislativas y comerciales.
Esta normativa no satisface mínimamente las expectativas, pues uno esperaría que la nueva institucionalidad no solo generara recursos como fondos, sino también asesorías y capacitación, para que los beneficiados pudieran dar valor a su cadena productiva.
La función que cumplirá el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal es administrar el FAP (Fondo de Administración Pesquero) y el FOPA (Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal), que es lo que existe hoy, dejando peligrosamente la decisión de la entrega de los recursos, centralistamente, en manos del subsecretario de turno.
Hablamos de descentralización. Sin embargo, este instituto no tendrá autonomía y contraviene los innumerables argumentos que se han dado en esta Sala en contra del centralismo, eliminando, por ejemplo, la representación de los pescadores en el consejo directivo a nivel nacional, que es donde se definen los programas y líneas estratégicas. O sea, dejamos a los pescadores afuera.
Se pretende crear una institución sin los fondos necesarios, ya que se considera un gasto, en régimen, de 25 mil 460 millones de pesos a partir del tercer año de operación, que incluye 91 funcionarios, dependencias para 14 oficinas regionales y una dirección nacional con sus respectivos equipamientos, así como los recursos indispensables para ejercer sus funciones, las que incluirán las acciones que actualmente ejecuta el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal y el Fondo de Administración Pesquero en el ámbito pesquero artesanal. Reasignar un total de 13 mil 213 millones de pesos para el INDESPA no es suficiente.
La cantidad de funcionarios de planta que tendrá el Instituto son insuficientes para abordar los proyectos desde regiones y transformará a este organismo en un mero "buzón de proyectos".
La pesca artesanal, señor Presidente , requiere avanzar en dar valor a sus productos y mejorar la inocuidad sanitaria y sus procesos de comercialización.
Para ello, se necesitan mucho más que fondos en base a proyectos: se precisa una estructura organizacional que asesore, que dé asistencia técnica, que haga investigación, con recursos propios y no a través de la coordinación con otros organismos del Estado, que tienen una focalización y prioridades específicas que apuntan a otras actividades económicas de nuestro país.
Le pido un minuto más, señor Presidente, para terminar mi intervención, dado que no voy a fundamentar mi voto.
Por otra parte, señor Presidente, en la definición de sus beneficiarios, el proyecto no considera las actividades conexas a la actividad artesanal, como carpinteros de ribera, fileteadores, encarnadores y otros oficios propios de la pesca artesanal, que representan, precisamente, a los sectores más desprotegidos y vulnerables.
Finalmente, por algo se debe partir y, desde ese punto de vista, valoro el proyecto y la creación del INDESPA, el cual ha de ser considerado el puntapié inicial de una nueva institucionalidad que sea potente y que cuente con los recursos y las herramientas necesarias para apoyar a los pescadores artesanales.
No podemos seguir legislando para cumplir un programa de gobierno, generando instituciones que no poseen la solvencia indispensable para llevar a cabo los objetivos requeridos. A veces es mejor esperar un poco para construir sobre cimientos sólidos y no tener que arreglar la carga en el camino, porque la casa puede quedar mal construida de manera irreparable.
Como señal, señor Presidente, me voy a abstener.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath, quien entiendo que hará una presentación con imágenes.
Señor Presidente, en primer lugar, creo que conviene mirar este asunto desde una perspectiva un tanto más amplia.
El Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal se creó en 1991 como una iniciativa de indicación parlamentaria nuestra.
Y el Fondo de Administración Pesquero (FAP) se inaugura el año 2002, cuando de la cuota global se pasa al límite máximo de captura por armador y se procede al fraccionamiento de cuotas entre pescadores artesanales e industriales. Sin embargo, al reducirse el esfuerzo pesquero (antes existía una verdadera carrera para sacar lo más rápidamente posible el recurso), mucha gente queda sin trabajo. El FAP nace, pues, como una herramienta de apoyo social. Ahora, que haya cumplido su cometido, ya es otro tema, que no es del caso analizar en este momento.
Quiero recordar que este proyecto surge como un compromiso durante la compleja votación que se dio a propósito de la Ley de Pesca por los años 2012 y 2013, en la cual, oponiéndonos al texto aprobado por la Cámara de Diputados, llegamos con el ex Ministro Longueira y el ex Subsecretario Galilea hasta el propio Presidente Piñera , quien valoró la posición de nuestra Comisión de Pesca en el sentido de abrir espacio para las licitaciones no solo de la industria, sino también de la pequeña y mediana empresa, así como a importantes temas ambientales y de sustentabilidad. Ahí se adoptaron compromisos que iban más allá de la ley que se estaba estudiando en ese momento, como respaldar una normativa para subsidiar el repoblamiento de algas y otra que creara el popularmente denominado "INDAP pesquero", o INDESPA, que es lo que estamos analizando esta tarde.
El tercer compromiso no se ha concretado, como era tener un instituto de fomento pesquero autónomo, que realmente hiciera investigación, que contara con científicos y que tuviera observadores a bordo para desempeñar a cabalidad su función. Sin embargo, está coadministrado por la empresa y, por lo tanto, no cumple ese rol.
Por eso, debemos ver el asunto en perspectiva.
En la lámina a colores que estoy compartiendo con ustedes, la línea azul indica todo lo que se pesca por año; la roja, lo que sacan los industriales, y la verde, lo que extraen los artesanales, que en los últimos años han estado sacando más que los industriales.
Y, pese a que dicho indicador viene a la baja, por falta de una fiscalización y de una investigación adecuadas en nuestro país, el valor que indica la barra celeste sigue aumentando porque, a lo poco que se saca, se le agrega valor.
Este es un tema que conviene tener en cuenta, y ha sido bien analizado, entre otros, por premios nacionales como Juan Carlos Castilla o Bernabé Santelices.
Nosotros tenemos un borde costero que llega a los 83 mil 500 kilómetros, cuya biodiversidad y ecosistemas requieren más investigación, mayor fomento y la creación de una institucionalidad, pues los grandes ocupantes históricos de ese litoral, incluso prehispánicos, son los pescadores artesanales.
Por eso, es imprescindible un INDAP pesquero.
El INDAP fue creado en 1962, y se ha convertido en una institución que se ha empoderado y que ha ayudado a los campesinos.
Nosotros no vemos, salvo raras ocasiones, campesinos movilizados, en huelga o cortando caminos, porque cuando son afectados ya hay toda una labor de previsión en la línea de lo que queremos: asistencia técnica, asistencia crediticia, búsqueda de nuevos programas, capacitación, buenos proyectos, diversificación del turismo, desarrollo integral de las caletas que, por lo demás, constituyen un atractivo no solamente desde los puntos de vista de la pesca, de la gastronomía, de la calidad de vida y de la identidad, sino también por formar parte del patrimonio cultural del país.
Hacia eso vamos y para eso necesitamos esta institución.
Por ello, me parece muy importante aprobar este proyecto en general.
No es mucho más lo que queremos -como aquí se ha planteado-, y para eso tendremos la instancia de la discusión particular donde contaremos con la presencia del Ministro de Economía al objeto de revisar algunos detalles.
Si uno entra al detalle de la iniciativa, obviamente se ve un exagerado centralismo, tal como aquí se ha explicado. Todo queda sujeto a reglamento y, además, supeditado al Ministro de Hacienda.
Creo que eso no hará funcionar adecuadamente al INDESPA, y necesitamos que sus direcciones regionales estén bien empoderadas.
En tal virtud, haremos las presentaciones del caso y esperamos que el Ejecutivo se haga eco de este planteamiento en la Comisión de Pesca del Senado.
Señor Presidente, tengo un punto de Reglamento.
¿Otro más...?
Perdón, señora Senadora.
El Senador señor Moreira quiere plantear un punto reglamentario.
Señor Presidente, me parece indispensable, por razones obvias, seguir debatiendo el proyecto de ley.
Sin embargo, en virtud de esas razones obvias, pido el aplazamiento de la votación para la próxima sesión.
Tiene razón, señor Presidente.
Es lo que quería plantear, señor Presidente : si es posible, reglamentariamente aplazar la votación del proyecto.
Pero, señor Senador, usted mismo pidió ayer segunda discusión...
... y ahora está solicitando el aplazamiento de la votación.
¡Usted no tiene ningún problema con el proyecto...!
Exacto. Pido el aplazamiento de la votación, por razones obvias.
¿Usted no pretende dilatar el tratamiento de la iniciativa con este recurso reglamentario...?
¡El Senador Moreira está contra la pesca...! ¡Eso se sabe...!
¡No lo agreda...!
Ahora sí puede hacer uso de la palabra la Honorable señora Muñoz.
Señor Presidente, comparto algunas observaciones que ha hecho el Senador Moreira en cuanto a ciertos elementos de fondo que en un debate en particular tienen mayor relevancia.
Sin embargo, como nos encontramos en la discusión general, me parece importante rescatar y destacar la importancia que tiene la creación de la institucionalidad en comento para el mundo de la pesca artesanal.
Como ya se ha dicho, este proyecto es un anhelo largamente perseguido por los pescadores artesanales de todo el país, y ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y, por cierto, el Senado debería pronunciarse a favor de la idea de legislar, independiente de las observaciones de fondo que nosotros tengamos con relación a su contenido.
Sabemos que el organismo que se crea no es lo que los pescadores artesanales han llamado el "INDAP pesquero", porque dicho instituto tiene más de cincuenta años de existencia, tiene historia, tiene trayectoria, tiene recursos.
Esta es una institución que recién surge. Y surge con una naturaleza similar a la del INDAP, para poder ser articuladora, coordinadora de una serie de proyectos, de programas, de recursos, que hoy día se hallan absolutamente dispersos. Eso hace que pierdan efectividad, eficiencia y eficacia las políticas orientadas hacia el mundo de la pesca artesanal.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa.
Pienso que no es una propuesta improvisada, no está hecha para cumplir un programa como señaló el Senador Moreira, sino que, como bien recordó el Senador Horvath, forma parte de todo un proceso de debate en el cual se ha visto involucrado el propio Senado.
Así que es el momento de pronunciarnos, es el momento de debatir.
Yo también veo en la iniciativa aspectos que no me gustan y que, en la etapa de formulación de indicaciones y de debate particular, deberíamos avanzar en resolver.
Noto que el INDESPA es objeto de una jibarización, de acuerdo a la propuesta que aquí se nos presenta, en las capitales regionales.
Cada uno sabe la realidad de su región.
En el centro de la Cuarta Región, en La Serena y en el mismo Coquimbo, se desarrolla una gran actividad pesquera artesanal.
Sin embargo, los pescadores de la zona sur de la provincia de Choapa (Los Vilos y Canela), que también se desempeñan en la pesca artesanal, tendrán que desplazarse casi cuatrocientos kilómetros hacia La Serena para resolver los problemas de administración y de gestión que se les presenten en relación con dicha institución.
Entonces, hay elementos de descentralización dentro de las propias regiones que vale la pena considerar.
Por otro lado, creo que aquí hay un problema con los beneficios.
En mi opinión, el proyecto no permite otorgar créditos directos, sino que solo facilita su acceso. Eso es un problema para los pescadores artesanales que tienen pocas espaldas, pocos recursos.
También me preocupa la escasa incorporación de la acuicultura de pequeña escala, aun cuando esta no sea ejercida por pescadores artesanales. Eso también representa una dificultad.
Concuerdo con el Senador Moreira en que los actores no están bien representados a nivel nacional. Hay un sesgo en la participación, que tenemos que revisar.
Y, por último, me parece que las sanciones son absolutamente desproporcionadas.
Esas son observaciones generales que no restan la importancia, la urgencia y la necesidad de impulsar la creación de una institucionalidad para la pesca artesanal.
Ha quedado muy claro su punto de vista, Su Señoría.
Señor Presidente, este proyecto es, sin duda, un paso importante en la consideración que debe tener el Estado hacia los pescadores artesanales y hacia los pequeños acuicultores, no solamente por la relevancia económica que tienen para una región, sino también por su significación social y cultural.
En la Región de Los Lagos, la acuicultura es una de las principales actividades económicas y aún resta un desarrollo potente del subsector de pequeña escala.
Así también la pesca artesanal no solo absorbe una gran cantidad de mano de obra, sino que es un elemento consustancial a nuestra identidad como región, especialmente en las provincias de Llanquihue y de Chiloé.
Por lo tanto, la creación de una institucionalidad destinada al fomento y al desarrollo de la pesca artesanal, que reemplace los esfuerzos parcelados y fragmentados que hasta hoy realiza el Estado, significa un importante avance.
No obstante lo anterior, no puedo dejar de mencionar que las esperanzas de los pescadores y de las regiones donde esta actividad cobra especial relevancia eran mucho mayores.
Queríamos un INDAP pesquero y así fue siempre solicitado.
Sin embargo, hoy nos encontramos con este proyecto que, en términos de su presupuesto, por ejemplo, no hace otra cosa que sumar los dos fondos que hoy funcionan como fuentes de financiamiento para los proyectos de desarrollo de la pesca artesanal.
Me refiero al Fondo de Administración Pesquero y al Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, los que en el año 2015 alcanzaron a los 9.792 millones de pesos para atender a 83 mil pescadores, mientras que ese mismo año el INDAP, para atender a 198 mil agricultores o beneficiarios, tuvo un presupuesto de 243.000 millones de pesos.
Es cierto. El presupuesto del INDESPA se incrementará significativamente respecto a la situación actual. Sin embargo, en ningún caso se aproximará a lo destinado a los beneficiarios del mundo agrícola.
Del mismo modo, en cuanto a las acciones que desarrollará el INDESPA, nos encontramos con que solo "facilitará el acceso al crédito", y no otorgará directamente y con tasas preferenciales créditos a los pescadores artesanales. Es una nueva diferencia con el mundo agrícola.
Confío en que podremos profundizar esa política de apoyo en este proyecto o en otros futuros. Lo importante es que se está abriendo un camino para un sector al cual, más bien, se le han cerrado las puertas en las últimas décadas.
Con recursos agotándose debido al cambio climático y a una sobreexplotación industrial, con un marco regulatorio cuestionado, con organismos técnicos débiles, con iniciativas de fomento y reconversión insuficientes, el sector de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala ha logrado sobrevivir gracias a su propio esfuerzo y con muy poco apoyo del Estado.
Ya se ha aprobado la ley de caletas pesqueras; sacaremos adelante este proyecto de INDESPA; comenzaremos a analizar el relativo a SERNAPESCA, y está comprometida una iniciativa de reforma a la Ley General de Pesca.
De esa manera, estamos haciéndonos cargo progresivamente de las demandas de este sector.
Por ello, votaré favorablemente la propuesta de la Presidenta de la República, y me reservo la presentación de indicaciones que apunten a mejorarla sustantivamente, recogiendo de ese modo el sentir y los requerimientos de los pescadores artesanales de mi región y del país.
Dado que se solicitó el aplazamiento de la votación por parte del Senador señor Moreira, esta quedará pendiente para la siguiente sesión, donde no podrán hacer uso de la palabra los Honorables señores Moreira y Quinteros, salvo para fundamentar el voto.
Como ha quedado demostrado acá, esta iniciativa genera alto interés en la Región de Los Lagos.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándole información referida a MESA DE TRABAJO PARA PROMOCIÓN DE CONCEPTOS DE INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD PARA IMPULSO DE CONSTRUCCIÓN EN MADERA.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , pidiéndoles antecedentes sobre PROYECTO PRESENTADO A FONDO VERDE PARA EL CLIMA EN CONJUNTO CON CORFO.
Y al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , requiriéndole información acerca de PROGRAMA ESTRATÉGICO PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, Y ESTADO DE AVANCE EN CREACIÓN DE CENTRO TECNOLÓGICO DE LA MADERA.
A los señores Alcalde de Perquenco y Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía , solicitándoles ARREGLO DE CAMINO VECINAL DE COMUNIDAD MARILLAN EN SECTOR DE QUILLEM.
A la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales, para que remita INFORME DETALLADO SOBRE DEUDA HOSPITALARIA, POR SERVICIO DE SALUD Y HOSPITAL, A 30 DE OCTUBRE.
Y al señor Director del SERVIU de La Araucanía , pidiéndole MEDIDAS PARA MEJORAMIENTO DE CANAL PICHI CAUTÍN DESDE CALLE CARRERA HASTA FINAL DE PRIETO NORTE, COMUNA DE TEMUCO.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública , solicitándole evaluar IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA PARA AISÉN y pidiéndole REINICIO DE BÚSQUEDA DE DON BRUNO ANDRÉS NÚÑEZ INOSTROZA, DESAPARECIDO EN FIORDO AYSÉN.
Y al señor Director Nacional de la CONAF , requiriéndole REVISIÓN DE CONDICIONES DE HUEMULES EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAÍS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y al señor General Director de Carabineros, para que remitan información sobre COSTOS, PLAZOS Y MOTIVOS DE RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, a la señora Subsecretaria para las Fuerzas Armadas y al señor Director General de Movilización Nacional, solicitándoles antecedentes tocantes a CANTIDAD DE REMISOS DE SERVICIO MILITAR Y NÚMERO DE VOLUNTARIOS Y DE PERSONAS LLAMADAS PARA SU REALIZACIÓN EN ÚLTIMO QUINQUENIO, Y COPIA DE DENUNCIA HECHA ANTE MINISTERIO PÚBLICO CONTRA REMISOS DE 2016.
Al señor Ministro de Energía, requiriéndole informe sobre SITUACIÓN ACTUAL DE ESPACIO DE CENTRO DE ESTUDIOS NUCLEARES LA REINA Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE SU INFRAESTRUCTURA.
Al señor Director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pidiéndole remitir antecedentes con respecto a TERREMOTOS POR FALLA DE SAN RAMÓN EN ÚLTIMO DECENIO.
Y al señor Director Nacional de Gendarmería, requiriéndole copia de SUMARIO A CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNTA PEUCO e información sobre CANTIDAD DE PRESOS Y DE PERSONAL DE GENDARMERÍA Y CLASIFICACIÓN DE ARMAMENTO.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole información en cuanto a RATIFICACIÓN DE ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE ESTADOS PARTE DE MERCOSUR Y BOLIVIA Y CHILE.
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones, para que remita antecedentes acerca de DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS, DEPORTACIÓN DE CHILENOS DESDE OTROS PAÍSES, CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS CON ANTECEDENTES PENALES Y CAMBIO DE SITUACIÓN MIGRATORIA.
Y al señor Director Nacional de Gendarmería, a fin de consultar por EXTRANJEROS PRIVADOS DE LIBERTAD, SU NACIONALIDAD Y PORCENTAJE EN POBLACIÓN PENAL TOTAL.
Al señor Intendente de Atacama, con el objeto de que se informe en cuanto a PROYECTO DE HOSPITAL COMUNITARIO DE HUASCO, INVERSIÓN Y ORIGEN DE RECURSOS.
Y al Servicio de Salud Atacama, pidiéndole informar detalladamente sobre LISTAS DE ESPERA DE ATENCIÓN MÉDICA EN DIVERSOS RECINTOS HOSPITALARIOS DE LA REGIÓN.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, haciéndole ver NECESIDAD DE NUEVO MÉDICO ESPECIALISTA PARA SERVICIO MÉDICO LEGAL DE ANCUD.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole considerar NUEVA PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA PARA ANCUD.
A la señora Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, para que remita antecedentes sobre SOLICITUD DE ESPACIO COSTERO MARINO DE PUEBLOS ORIGINARIOS ECMPO CAULÍN, REGIÓN DE LOS LAGOS.
Y al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, pidiéndole antecedentes acerca de RECLAMO DE CONTRIBUYENTES DE ANCUD Y ALREDEDORES POR LENTITUD EN OPERACIONES DE PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.
En Incidentes, los Comités Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional, Comité Mixto (Partido Amplitud e Independiente y Partido Somos Aysén e Independientes) y Partido Por la Democracia no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
Señor Presidente, el 6 de septiembre del año 2011 y a pocas horas de haber sido inaugurada, la Planta de Combustible Pureo, ubicada en Isla Quihua, comuna de Calbuco, registró una fuga de petróleo que provocó un severo impacto ambiental y económico en ese sector, cuyos efectos aún no han sido debidamente reparados.
Las primeras versiones entregadas por Copec, dos días después del hecho, hablaban de una filtración no superior a los 10 mil litros de petróleo diésel. Como contrapartida, los afectados -entre ellos pescadores y mitilicultores- hablaban de una cantidad mucho mayor.
Vecinos de la comunidad de Pureo y mitilicultores del canal Caicaén, entre otros, recurrieron a la justicia para que determinara las causas y los efectos del derrame, y sancionara a los culpables.
La planta Pureo consideró una inversión de 52 millones de dólares y fue construida para almacenar combustible recibido por vía marítima y distribuirlo, posteriormente, a los centros de consumo desde La Araucanía hasta Quellón por el Sur, en la isla de Chiloé.
Resultaba, entonces, cuando menos extraño que una planta con tal nivel de inversión y poseedora en teoría de la mejor ingeniería de Sudamérica, hubiera derramado combustible el mismo día de su inauguración.
De hecho, al menos 15 centros de cultivo de mitílidos debieron cerrar sus operaciones producto del vertimiento de combustible.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ordenó una investigación que determinó que el derrame alcanzó a los 30 mil litros de petróleo en la costa de la comuna. El organismo impuso una sanción de 600 unidades tributarias anuales, equivalentes a unos 279 millones en contra de Empresas Copec.
Ya se han cumplido 5 años desde esos sucesos. Y si bien para algunos cinco años puede ser un plazo muy corto, en casos como este -cuando se produce una injusticia y no se reparan los daños causados- tal período puede ser demasiado.
Y eso es, precisamente, lo que ocurrió en Calbuco. Por un error operativo de la empresa Copec, casi 30 mil litros de combustible fueron vertidos en la bahía, generando contaminación en las aguas así como en los cultivos de choritos y ostras, que provocaron importantes perjuicios en el medioambiente y en la economía local.
Han pasado cinco años de tramitaciones desde que ocurrieran estos hechos, y a la fecha solo se han obtenido sanciones administrativas y una multa de beneficio fiscal. Cuesta explicar a los afectados la forma en que opera el sistema judicial, que prometía ser más diligente y que con su lentitud termina por disculpar el actuar negligente de una de las empresas más grandes del país.
Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando que la justicia actúe. Y también observan con decepción cómo una empresa con el tamaño, poder y prestigio de Copec no haya optado de manera voluntaria por reparar y compensar el daño causado.
Vemos con preocupación que la indolencia de actores relevantes para el progreso de la región, termina menoscabando el patrimonio medioambiental de nuestras comunidades, cuya preservación y manejo son la base del desarrollo futuro.
Con todo, aún es tiempo de reparar lo ocurrido y de que se apliquen las sanciones y reparaciones correspondientes.
Pido, señor Presidente, que se oficie a la Armada de Chile, al Ministerio de Minería y al Ministerio de Energía para que den respuesta a lo que he denunciado.
En el turno del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
Señor Presidente, no suelo hablar en la hora de Incidentes, porque generalmente hay un colega que siempre ocupa todos los minutos.
Pero como hoy no está presente, aprovecharé la oportunidad para plantear brevemente un tema que preocupa a nuestros agricultores. Y resulta importante que los parlamentarios de la Región de Los Lagos nos definamos y hablemos claro sobre una materia tan delicada como una reforma ideológica que se relaciona con una verdadera expropiación -¡expropiación!- de los derechos de agua de los agricultores.
Existe una modificación a la Ley de Aguas y una reforma constitucional que veremos en este Hemiciclo en las próximas semanas.
¡Y yo quisiera hablarles desde esta Corporación como Senador de la Región de Los Lagos, pero también como un Senador comprometido con el mundo de la agricultura no solamente de mi circunscripción, sino de todo el país!
Señor Presidente, muchos pensamos que situaciones como la expropiación a los agricultores en la década de los sesenta y principios de los setenta no volverían a ocurrir en Chile, que el sistema socialista había fracasado y que nuestro país había cambiado hacia un modelo económico que resguardaba el derecho de propiedad y establecía un sistema de libre mercado.
Sin embargo, esta semana en la Cámara de Diputados se avanzó con la aprobación de un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas y que se empalma con otra iniciativa de reforma a la Constitución Política, que se votará luego en esta Sala.
Esta última implica retroceder sustancialmente las garantías constitucionales que resguardan el derecho de propiedad y de desarrollar actividades económicas relacionadas con el recurso agua.
Uno de los efectos más graves es que debilita el derecho de propiedad de aproximadamente 300 mil pequeños agricultores que han invertido en infraestructura de regadío de sus campos. Sus parcelas suelen adquirir un valor mayor no solo por la plusvalía de la tierra, sino también por los derechos de aguas vinculados a esos inmuebles. Ello hace que los terrenos tengan un valor productivo, lo cual es utilizado como capital de trabajo.
El 78 por ciento del agua en Chile se usa en la agricultura, lo que nos puede convertir -y queremos convertirnos- en una potencia alimentaria.
Con las reformas que se pretenden introducir, la expropiación de los derechos de agua no requerirá ser realizada mediante una ley, pues será facultad de un funcionario de la Administración del Estado, con lo cual se debilitará la seguridad jurídica sobre tales derechos.
Por lo demás, señor Presidente, se restringirá el derecho de aprovechamiento de aguas ya concedido, porque dejarán de ser perpetuos y pasarán a ser temporales, otorgándoles inseguridad a sus propietarios. Ello podría repercutir en futuras inversiones sanitarias o en sectores como el de la energía, la minería y la agricultura. ¡Como Senador defensor de la propiedad privada y de los derechos adquiridos de nuestros agricultores, me preocupa que el Gobierno insista en reformas ideológicas que no solucionan los problemas reales de la gente, sino que buscan transformar a Chile en un país de Izquierda, con recetas que han sido probadas en otros países del mundo con resultados lamentables!
Basta ver lo que ha pasado con una situación puntual en estos días, en la que la Izquierda ha mostrado su cara verdadera: una Izquierda que no avanza, que retrocede, que idolatra al exdictador Fidel Castro.
¡En ideas, en actitudes no han cambiado nada!
La materia que he abordado resulta muy sensible, pues refleja lo que fue en las décadas del sesenta y del setenta el espíritu ideológico expropiatorio de la Unidad Popular.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Bianchi, Ossandón, Prokurica y Walker (don Patricio), para modificar el artículo 28 de la ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en lo relativo al acceso de los niños con discapacidad a los bienes nacionales de uso público.
La ley número 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, marcó un hito en materia de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país.
Sin duda que todavía hay que avanzar mucho en diversas materias, tales como inclusión laboral y sobre todo en materia de las pensiones de invalidez a las que pueden acceder estas personas las que hoy en día resultan más que insuficientes.
Uno de los temas que nos preocupa es el perfeccionamiento de los derechos de los niños con discapacidad.
En la actualidad el artículo 9 de la ley establece en su inciso segundo que "asimismo, el Estado adoptará las acciones conducentes a asegurar a los niños con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en especial el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su fertilidad, en condiciones de igualdad con las demás personas".
Sin perjuicio de dicha noble declaración de principios, en el resto de la ley lamentablemente existen pocas acciones y medidas que reflejen en forma concreta cómo se asegura el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños con discapacidad.
Dentro de esto, la misma ley en su Título IV denominado "medidas para la igualdad de oportunidades" establece una serie de medidas concretas a favor de los discapacitados y que se ven reflejadas en medidas concretas que deben adoptarse por ejemplo en mecanismos de selección, acceso a los medios de telecomunicación y radiodifusión, vivienda, transporte público y estacionamientos.
Dentro de estas medidas concretas, en el artículo 28 de la ley se señala una serie de obligaciones respecto a todo edificio de uso público, así como en las obras que se ejecuten en el espacio público al interior de los límites urbanos.
Dentro de esta misma línea es que mediante este proyecto de ley queremos ampliar estos derechos de accesibilidad con especial preocupación respecto a los niños, de manera tal que todos los bienes nacionales de uso público deberán contar con las instalaciones que sean necesarias para que los niños con discapacidad puedan gozar de los derechos que la misma ley les asegura en el artículo 9.
De esta manera se pretende por ejemplo que en las plazas de acceso público deba contarse con instalaciones recreativas que les permitan divertirse con la misma habilidad que los otros niños, así como en todo bien nacional de uso público que exista en los distintos espacios de nuestro país.
Artículo Único: Incorpórese el siguiente inciso segundo en el artículo 28 de la ley 20.422:
"Asimismo el Estado promoverá para crear las condiciones de manera que en todos los bienes nacionales de uso público se pueda contar con las instalaciones que sean necesarias para que los niños con discapacidad puedan gozar de sus derechos en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 9 de esta ley.”.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Manuel José Ossandón, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.

References: ARTÍCULO 28
 artículo 39
 artículo 46
 artículo 28
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 43
 resolución 
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