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﻿ Sentencia 2013-01270 de diciembre 4 de 2013
SENTENCIA 2013-01270 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:LECTURA DE FALLO DE PROCESO VERBAL -AUSENCIA JUSTIFICADA DE LAS PARTES. UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA DERIVADA DE LA LECTURA DEL FALLO DE UN PROCESO VERBAL EN AUSENCIA DEL INVESTIGADO Y DE SU ABOGADO PUEDE SER VIOLATORIA DE SU DERECHO A LA DEFENSA, CUANDO LA INASISTENCIA ESTÉ PLENAMENTE JUSTIFICADA, AUN CUANDO LA PROCURADURÍA TENGA LA POTESTAD LEGAL DE TRAMITAR ESTA ETAPA FINAL SIN LA PRESENCIA DE LAS PARTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, PROCESO ORDINARIO DISCIPLINARIO, PROCESO VERBAL DISCIPLINARIO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DERECHO DE DEFENSA, ELEMENTOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO, COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Sentencia 2013-01270 de diciembre 4 de 2013
Rad.: 25000233700020130127001
Actor: Juan Gregorio Domínguez Carrascal
Impugnación sentencia
Corresponde a la Sala analizar si la Procuraduría Provincial de Sincelejo violó los derechos de defensa y debido proceso al señor Juan Gregorio Domínguez Carrascal dentro de la actuación disciplinaria adelantada en su contra bajo el Radicado IUC-D-2012-608-570343.
El demandante considera que la decisión disciplinaria carece de sustento probatorio suficiente, pues las pruebas arrimadas al proceso dan cuenta de que su actuar ha estado orientado por los lineamientos de la buena fe, imparcialidad y transparencia, lo que impedía imponer en su contra la sanción de destitución e inhabilidad como lo hizo el juzgador disciplinario.
Así mismo, consideró que careció de defensa técnica al no haber estado asistido por un apoderado que lo representara durante la audiencia de fallo, debido a la renuncia que presentó quien venía ejerciendo su defensa.
En torno al primer argumento citado, esta corporación considera que el cuestionamiento respecto del análisis y valoración de pruebas dentro de una actuación disciplinaria, escapa al ámbito de competencia del juzgador de tutela, toda vez que tales circunstancias deben ser objeto de análisis bien en sede administrativa, mediante el uso de los recursos en vía gubernativa o, en sede judicial controvirtiendo las decisiones adoptadas por la administración, por lo que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para realizar el análisis correspondiente, por contar con otro mecanismo de defensa judicial.
Ahora bien, en lo que respecta a la violación de los derechos al debido proceso y derecho a la defensa, por falta de defensa técnica del demandante durante la investigación y el juzgamiento, la Sala realizará el siguiente análisis:
De folio 521 a 529 del expediente se aportó copia de la excusa presentada el 23 de agosto de 2013 por el abogado Luis Felipe Aguirre Vásquez, quien dentro de la actuación disciplinaria actuaba en calidad de defensor del disciplinado y aquí demandante, en la que informó al procurador provincial de Sincelejo que su incapacidad para asistir a la audiencia de alegatos de conclusión estuvo motivada por diferentes causales: i) la imposibilidad de programar una defensa adecuada, dado el poco tiempo con que contaba para enterarse del proceso(1); ii) el deber de comparecer a una audiencia penal previamente programada para la semana del 20 del mismo mes y año que se llevaría a cabo en la ciudad de Medellín; iii) su delicado estado de salud, en virtud del cual debía realizar sus desplazamientos en forma terrestre.
De igual manera informó que aun a pesar de que tal solicitud de aplazamiento no fue acogida, intentó dirigirse a la procuraduría con el fin de atender debidamente sus funciones de defensor; sin embargo, estuvo suspendido en la carretera porque el paso en la vía estaba restringido y ello impidió llegar oportunamente a la audiencia programada.
Bajo el anterior argumento, solicitó fijar nueva fecha para la audiencia de alegatos de conclusión y previamente practicar unas pruebas necesarias para ejercer debidamente la defensa, dado que recibió su designación como defensor ad portas de la etapa de alegatos de conclusión.
De igual manera dio a conocer al despacho de la procuraduría, que el día 26 de agosto tenía programada una cirugía, que le concedería aproximadamente 20 días de incapacidad, para lo cual allegó copia de la historia clínica (fl. 530).
No obstante lo anterior, la excusa presentada fue declarada infundada, mediante decisión del mismo 23 de agosto, según se señaló en el numeral 13 de la contestación de la demanda.
En la audiencia de alegatos de conclusión celebrada el 20 de agosto de 2013, se fijó como fecha para proferir el fallo de primera instancia, el 27 de agosto de 2013.
Sin embargo, como contra la providencia de agosto 23 que declaró infundada la excusa del defensor del demandante, se presentó recurso de reposición, este fue resuelto desfavorable el 26 del mismo mes y año y se reprogramó la audiencia de fallo para el 29 de agosto(2).
Obra a folio 359 del expediente copia de la renuncia al poder allegada por el abogado Luis Felipe Aguirre Vásquez, quien actuaba como apoderado del demandante en el trámite disciplinario a que alude la solicitud de tutela, radicado el 29 de agosto de 2013 a las 11:50 am.
La mencionada renuncia de poder fue aceptada en la audiencia celebrada en esa misma fecha por la Procuraduría Provincial de Sincelejo, según consta a folio 361 del expediente, procediendo a emitir la decisión disciplinaria sin comparecencia del disciplinado, ni de su apoderado y sin haber designado defensor de oficio.
La entidad demandada justifica su decisión de proseguir con el curso del trámite, en lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procedimiento Civil en virtud del cual la renuncia al poder no pone fin al mandato sino hasta 5 días después de haberse notificado por estado el auto que la admita y porque la decisión se podía emitir aun sin presencia de las partes, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Código Disciplinario Único, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ART. 106.—Notificación en estrado. Las decisiones que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes”.
En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil la renuncia al poder no pone fin a esa designación, sino hasta 5 días después de que se notifique por estado la decisión que admita tal renuncia.
No obstante ello, tal como lo señaló el apoderado de la entidad demandada, se trataba de un proceso disciplinario seguido mediante el trámite verbal, en virtud del cual el fallo quedaría ejecutoriado al finalizar la audiencia, en el evento de que no fuere impugnado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 179 del CDU, lo que implica que al no estar presente el demandante, ni su apoderado, era evidente que el implicado no podía ejercer su derecho de defensa respecto a lo allí decidido.
La Sala considera que si bien es cierto el artículo 106 del CDU faculta a la autoridad disciplinaria para proferir decisiones y notificarlas por estrado, cuando estas se emiten dentro de una audiencia pública, aun a pesar de que las partes no se encuentren presentes, en ocasiones en que se encuentre debidamente justificada su no comparecencia, el operador disciplinario no solo se debe sujetar a los términos perentorios que la ley le concede para emitir decisión en una actuación disciplinaria como la seguida contra el actor, sino que también debe velar por el amparo del derecho de defensa del disciplinado.
En el caso que nos ocupa, estaba plenamente justificada la inasistencia del apoderado del demandante, quien previamente había informado acerca de una cirugía que se realizaría para una fecha próxima a la celebración de la audiencia de fallo y la incapacidad que ella acarrearía; la que en efecto se practicó el día 26 de agosto de 2013, como se comprueba con la documental obrante a folio 559 y generó una incapacidad médica de 15 días, es decir, que tenía vigencia en la fecha de celebración de la audiencia de fallo —ago. 29/2013—.
Así las cosas, es evidente que el apoderado del actor sabía que la renuncia de poder que previamente había presentado solo surtía efectos hasta 5 días después de la notificación de su aceptación y por ello debía continuar en ejercicio de su mandato, incluso durante la referida audiencia de fallo; no obstante, su no comparecencia a la audiencia no fue arbitraria ni inmotivada, pues tenía total justificación para no asistir en la fecha y hora previamente fijadas por el despacho para la lectura del fallo disciplinario, razón por la cual el funcionario, al conocer las razones médicas de su inasistencia, que por fuerza mayor impedían su presencia en la audiencia, debió suspenderla con el ánimo de conceder al disciplinado la oportunidad de designar un nuevo apoderado o nombrar un defensor de oficio, garantizando de ese modo el derecho de defensa técnica que le asistía y que orienta el procedimiento disciplinario al tenor del artículo 17 del CDU y del artículo 29 de la Constitución Política.
Para la Sala es claro que previo a la celebración de la audiencia de fallo, el apoderado del disciplinado presentó una excusa que justificaba su inasistencia a la audiencia y además de ello dimitió de la designación otorgada para ejercer la defensa del disciplinado; por lo tanto, a juicio de la Sala, dicha audiencia fue celebrada sin que el demandante contara con la posibilidad de ejercer apropiadamente su derecho de defensa, lo que redundó en la imposibilidad de agotar la vía gubernativa y ello redunda en la imposibilidad de un futuro acceso a la vía judicial para controvertir lo decidido por el ente disciplinario.
En las anteriores condiciones, la Sala amparará el derecho al debido proceso y defensa del demandante, disponiendo dejar sin efecto la audiencia de fallo celebrada el día 29 de agosto de 2013 en la actuación disciplinaria IUC D-2012-608-570343 y, en su lugar, dispondrá que se fije una nueva audiencia para lo pertinente, previa notificación al demandante de la fecha en que será celebrada la nueva audiencia para que él, si a bien lo tiene, designe nuevo apoderado y, en el evento de que en la fecha fijada no comparezca él, ni quien lo represente, el procurador provincial disponga la designación de un defensor de oficio.
REVÓCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de octubre de 2013 proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto rechazó por improcedente la solicitud de amparo de los derechos al debido proceso y defensa del señor Juan Gregorio Domínguez Carrascal. En su lugar, se dispone:
1. AMPÁRANSE los derechos al debido proceso y defensa del señor Juan Gregorio Domínguez Carrascal, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
En consecuencia, déjase sin efecto la audiencia celebrada el 29 de agosto de 2013 en el proceso disciplinario identificado bajo el Radicado IUC-D-2012-608-570343, así como la decisión disciplinaria allí adoptada.
Teniendo en cuenta lo anterior, el procurador provincial de Sincelejo, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, deberá fijar nueva fecha para la realización de la referida audiencia, fecha que deberá ser previamente notificada al señor Juan Gregorio Domínguez Carrascal, para que este, si a bien lo tiene, proceda a designar apoderado que lo represente. En el evento de que al momento de realizar la audiencia el disciplinado o su apoderado no asistan a la misma, deberá designar defensor de oficio, para que ejerza la defensa técnica del implicado.
(1) Memorial radicado el 9 de agosto de 2013 (fl. 332); sin embargo, según el numeral 12 la contestación de la demanda, la audiencia programada para ese mismo día 9 de agosto, sí fue aplazada para el 20 del mismo mes y año.
(2) Según lo relatado en el numeral 14 de la contestación de la demanda.

References: artículo 69
 artículo 106
 artículo 69
 artículo 179
 artículo 106
 artículo 17
 artículo 29