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Timestamp: 2018-12-19 10:09:50+00:00

Document:
﻿ AUTO AP1372-2015/44540 DE MARZO 18 DE 2015
AUTO AP1372-2015 DE 18 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES CUANDO SE INFIERA LA TITULARIDAD REAL O APARENTE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17B DE LA LEY 975 DE 2005, LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO, SECUESTRO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO PROCEDE CUANDO DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS RECAUDADOS O DE LA INFORMACIÓN LEGALMENTE OBTENIDA POR LA FISCALÍA, SEA POSIBLE INFERIR LA TITULARIDAD REAL O APARENTE DEL POSTULADO O DEL GRUPO ARMADO ORGANIZADO AL MARGEN DE LA LEY, RESPECTO DE LOS BIENES OBJETO DE PERSECUCIÓN. A SU VEZ, SE ACLARA QUE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN BIEN PUEDE SOPORTAR LA PRETENSIÓN DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN DOCUMENTOS, ENTREVISTAS, GRABACIONES E INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL, ENTRE OTROS, SIN QUE PARA TAL EFECTO SEA NECESARIO SOMETERLOS A PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, AUTO INTERLOCUTORIO, ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA
Auto AP1372-2015/44540 de marzo 18 de 2015
AP1372-2015
Rad.: 44.540
Aprobado mediante Acta 105
El propósito del proceso establecido en la Ley 975 de 2005, como se consigna en el artículo 1º de la misma, es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
En ese sentido, el artículo 5º ibídem dispone que “el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”.
A efectos de que las disposiciones transcritas estén revestidas de contenido de realidad, máxime ante la consideración de que el derecho a la reparación que asiste a los perjudicados por el accionar de los grupos armados ilegales tiene verdadero rango constitucional y supraconstitucional(1), el artículo 17A de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 15 de la Ley 1592 de 2012, prevé la posibilidad de extinguir el dominio de los bienes “entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas”, así como de aquellos “identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones”.
“Cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, el fiscal delegado solicitará al magistrado con funciones de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para la solicitud y decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Fondo para la Reparación de las Víctimas. En esta audiencia reservada, el fiscal delegado solicitará sin dilación al magistrado adopción de medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre los bienes”.
Lo anterior, desde luego, en el entendido de que dichas propiedades no carezcan de vocación reparadora, esto es, de acuerdo con el artículo 11C de la Ley 975 de 2005, “la aptitud… para reparar de manera efectiva a las víctimas”.
Precisado el marco normativo precedente, la Sala examinará el recurso de apelación impetrado de manera discriminada respecto de cada uno de los bienes afectados con las medidas cautelares cuya revocatoria se pretende, no sin antes precisar que ninguna duda suscita la condición de postulado de Carlos Mario Jiménez Naranjo acreditada por la Fiscalía mediante el aporte de la correspondiente lista de desmovilización y postulación (fls. 1 a 4, cdno. 1).
El inmueble denominado “Serviescol” o “La Alcancía”.
Como soporte de la solicitud de imposición de medidas cautelares respecto del bien identificado con matrícula inmobiliaria 015 - 35782 y cédula catastral 154100102800040000100000000, ubicado en el municipio de Caucasia, Antioquia, la Fiscalía demostró, mediante el aporte de la correspondiente escritura pública, que el mismo fue adquirido por la fundación Fundafamiliar el 29 de julio de 2003 (fls. 12 y 13, cdno. 1). Así mismo, que la compraventa fue inscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ese municipio en agosto 12 de la misma anualidad, tal y como se observa en el certificado de libertad y tradición (fls. 5 a 7).
De igual modo, fue acreditado, a través del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, que como presidente y vicepresidente de esa persona jurídica fungían, respectivamente, Jairo Humberto Velásquez López y Armando León Lozano Martínez (fls. 86, cdno. 1), quienes, como consta en la información aportada por la Fiscalía, están vinculados al proceso de Justicia y Paz en condición de desmovilizados del Bloque Central Bolívar, del que era comandante Carlos Mario Jiménez Naranjo (fls. 77 a 80, 111 y 116, cdno. 1).
En la audiencia reservada, además, fue reproducido el aparte de la versión libre rendida por el postulado Sena Pico, en el que éste manifestó que “esa propiedad la había adquirido Macaco” e incluso precisó que “después de la desmovilización (estuvo) allí en eso…en muchas oportunidades” (cdno. 1, récord 40:40 y siguientes).
La Fiscalía acreditó finalmente que en ese mismo inmueble funcionó con posterioridad la empresa Serviescol, que se hizo a la tenencia del mismo en razón del contrato de arrendamiento celebrado con Fundamiliar el 1º de abril de 2006 (fls. 106 a 108); empresa que, según lo aseveró el prenombrado Sena Pico, sería también propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo y habría sido utilizada para el entrenamiento de desmovilizados como escoltas (cdno. 1, récord 41:00 y siguientes).
Esos medios de prueba, en criterio de la Sala, resultan suficientes para inferir que el bien inmueble cuya afectación solicitó y obtuvo la Fiscalía era propiedad real de la organización criminal liderada por el postulado.
Ese convencimiento no se ve enervado de ningún modo por las censuras que aquél eleva contra la credibilidad de lo dicho por Sena Pico.
De una parte, porque el apelante se limitó a aseverar, en el propósito de cuestionar el mérito suasorio de esas declaraciones, que el nombrado se encuentra vinculado a una investigación por su participación en el denominado “carrusel de testigos”, sin que tal aserto aparezca soportado en medio de conocimiento alguno.
De otra, porque incluso de admitirse en gracia de discusión la realidad de dicha alegación, esto es, que Sena Pico ha faltado a la verdad en otras diligencias judiciales, ello resulta insuficiente para desestimar su dicho en este preciso asunto.
Ciertamente, a la censura del apelante parece subyacer la consideración de que “quien miente en parte miente en todo”, o lo que es igual, que las posibles falacias exteriorizadas por el postulado en otros asuntos relacionados con su pertenencia a las Autodefensas suponen necesariamente la mendacidad de lo dicho por aquél en la diligencia de versión libre reproducida por la Fiscalía.
Pierde de vista en ello, sin embargo, que, como lo tiene discernido esta Corporación, dicha “variable argumental… no es admisible ni válida como regla de la experiencia, en razón a que no se ha determinado su vocación de reiteración y universalidad, por un lado, y por el otro, porque la práctica judicial enseña lo contrario, esto es, que no necesariamente el contenido íntegro de lo expresado por el testigo es siempre, y ni siquiera casi siempre, mendaz, cuando se descubre la falacia en alguno de sus apartados”(2).
Tampoco es posible, como lo ha discernido igualmente esta Sala en criterio del que basta remitirse(3), cuestionar o controvertir la verosimilitud de las narraciones de un deponente afirmando simplemente su calidad de desmovilizado o postulado, esto es, con fundamento en sus condiciones personales.
En todo caso, la realidad de las afirmaciones efectuadas por Sena Pico en relación con la propiedad del inmueble cuya desafectación pretende el recurrente se constata al verificarse que aquél aseveró que en dicho predio funcionó la empresa Serviescol, cuyo propósito era el entrenamiento de escoltas; circunstancia que acreditó documentalmente la Fiscalía, no sólo mediante el aporte del contrato de arriendo celebrado entre esa empresa y Fundafamiliar (fls. 106 a 108, cdno. 1), sino también de las respectivas resoluciones proferidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en las que se observa que la aludida sociedad, en efecto, se dedicaba a ese tipo de actividad (fls. 94 a 98, cdno. 1).
En ese entendido, es claro que Sena Pico sí tiene conocimiento personal de los hechos sobre los cuales declaró, concretamente en lo que tiene que ver con el predio objeto de actual análisis.
Así, como quiera que el relato de Sena Pico está revestido de coherencia externa y éste manifestó además tener conocimiento personal de lo narrado, no encuentra la Sala razones para desestimar su mérito suasorio, menos aún en cuanto el recurrente no realizó ningún esfuerzo probatorio o argumentativo para demostrar la existencia de contradicciones o inexactitudes en su narración, como tampoco para controvertir su realidad.
Desde luego, el opugnador pretendió impugnar la credibilidad de ese particular medio de prueba aduciendo que el postulado tiene interés en perjudicar a Carlos Mario Jiménez Naranjo a quien le atribuye la participación en la muerte de “uno de sus hermanos”.
También esa alegación, sin embargo, aparece totalmente desprovista de soporte probatorio y argumentativo, con lo cual resulta entonces insuficiente para determinar la revocatoria del auto impugnado.
De todas maneras, no sobra agregar para abundar en consideraciones, que el convencimiento sobre la verdadera titularidad del predio afectado con las medidas cautelares impugnadas se apoya principalmente en los demás medios de conocimiento aportados por la Fiscalía, a los que se hizo alusión previamente, y sólo de manera tangencial en lo dicho por el postulado.
En ese entendido, incluso de desecharse el contenido de la versión de Sena Pico, la conclusión precedente permanecería idéntica.
Ahora, el apelante cuestiona que la determinación de afectar el predio con las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo haya sido adoptada con fundamento en la versión libre rendida por Sena Pico, no sólo por la escasa credibilidad que, en su criterio, reviste la misma, sino también porque esa declaración fue ofrecida en un escenario distinto de la audiencia preliminar y, por lo mismo, no fue sometida a controversia y publicidad.
Pues bien, la Sala admite que el contenido del relato de Sena Pico fue allegado al presente asunto de manera indirecta, esto es, mediante la reproducción de la grabación de video de la diligencia en la que el nombrado se refirió a la titularidad del predio identificado con matrícula inmobiliaria 015 - 35782 (cdno. 1, récord 40:30 y siguientes).
Sin embargo, en dicha censura el recurrente pierde de vista que, de conformidad con el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo procede “cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución”.
A su vez, el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, aplicable al presente asunto en razón de la remisión establecida en el artículo 62 de la Ley 975 de 2005, señala que “se entiende por elementos materiales probatorios”, entre otros, los “documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder”.
Por su parte, sobre la noción de información legalmente obtenida, esta Sala ha sostenido que “comprende los denominados informes de investigador de campo y de investigador de laboratorios, conocidos también como informes policiales e informes periciales… y toda fuente de información legalmente obtenida que no tenga cabida en la definición de elemento material probatorio y evidencia física, como las entrevistas realizadas por policía judicial, las exposiciones tomadas por la fiscalía (artículo 347) y las declaraciones juradas rendidas ante los Alcaldes, los Inspectores de Policía o los Notarios Públicos, a instancias de la defensa (artículo 272)”(4).
Así entonces, de las disposiciones legales vigentes se desprende que la Fiscalía, contrariamente a la comprensión de quien recurre, bien puede soportar la pretensión de imposición de medidas cautelares en documentos, entrevistas, grabaciones e informes de Policía Judicial, entre otros, sin que para tal efecto sea necesario someterlos a publicidad, contradicción e inmediación.
En síntesis, los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía permiten inferir que la titularidad real del predio estaba radicada en miembros del grupo armado ilegal comandado por Carlos Mario Jiménez Naranjo.
Como además la vocación reparadora del bien, que de todas maneras no es objeto de controversia por el apelante, fue acreditada mediante el correspondiente informe de alistamiento elaborado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (fls. 21 a 30, cdno. 5), no queda duda sobre la procedencia de las medidas cautelares cuya revocatoria se pretende, de modo que en este acápite la providencia recurrida será confirmada.
Finalmente y para replicar integralmente la inconformidad del apelante, la Sala admite que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 015 - 35782, tal como lo manifestó la Fiscalía en la audiencia reservada (cdno. 1, récord 9:00 y siguientes) y se observa en la resolución de marzo 9 de 2009 proferida por la Fiscalía 13 Delegada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio (fls. 19 y siguientes), actualmente es objeto de un proceso de esa naturaleza.
Ello, no obstante, de ninguna manera impide decretar las medidas cautelares propias del trámite de Justicia y Paz, las cuales tienen prevalencia y proceden, como lo dispone expresamente el parágrafo 4º del artículo 17B de la Ley 975 de 2005, “cuando los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados estén involucrados en un trámite de extinción del derecho de dominio adelantado en el marco de la Ley 793 de 2002”.
En ese evento y al tenor de la misma disposición, “una vez decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas”.
En todo caso y como parece soslayarlo el opugnador, el trámite de la afectación de bienes en el marco del proceso de Justicia y Paz garantiza integralmente los derechos de los terceros que se consideren perjudicados con la determinación, como quiera que están facultados, en los términos del artículo 17C, para solicitar la celebración del incidente en el que pueden aportar pruebas para obtener el levantamiento de las medidas cautelares, desde luego, con respeto irrestricto del derecho a la segunda instancia y el debido proceso.
El inmueble denominado “Banco Santander”.
En lo que tiene que ver con el predio urbano identificado con matrícula inmobiliaria 015 - 43728 y cédula catastral 1541001026001000007000000000, ubicado en el municipio de Caucasia, Antioquia, se tiene que el mismo fue adquirido el 13 de junio de 2005 por Luis Alberto Rojas Mesa mediante compra que hizo del Banco Santander, tal y como consta en la correspondiente escritura pública, por valor de $350.000.000.oo (fls. 26 a 34, cdno. 3).
Así mismo, según se desprende del certificado de libertad y tradición, es claro que el nombrado Rojas Mesa aparece registrado como actual propietario de ese predio (fls. 5, cdno. 3).
No obstante lo anterior, la Fiscalía aportó plurales medios de conocimiento documentales, a partir de los cuales es posible inferir que la titularidad real del bien no pertenece a Rojas Mesa.
Ciertamente, fue allegada la comunicación dirigida por Carmen Liliana Pérez Giraldo - quien, según fue acreditado mediante el informe del historial del registro civil Roberto Jiménez Naranjo, era, cuando menos para la fecha de expedición de ese documento, su cónyuge (fls. 53, cdno. 3) - a la Gerente de Bienes Adjudicados del Banco Santander el 25 de enero de 2005, en la que aquélla hace una oferta de compra sobre el predio aludido (fls. 19, cdno. 3).
Se aportó también la comunicación suscrita por la nombrada Pérez Giraldo y por Roberto Jiménez Naranjo - hermano de Carlos Mario Jiménez Naranjo, según se constata al verificar los registros civiles de nacimiento de uno y otro (fls. 50 y 52, cdno. 3) - a la misma funcionaria en junio 14 de 2005, en la que solicitaron expresamente: “el inmueble adquirido por nosotros… favor hacer Escritura a nombre del Señor Luis Alberto Rojas Mesa” (fls. 23, cdno. 3).
En ese sentido, aunque la Sala estima que no le asiste razón al recurrente al sostener que no se demostró el parentesco entre el postulado y quienes intervinieron en la negociación y posterior adquisición del predio cuya desafectación se pretende en esta sede, considera que a partir de lo expuesto en precedencia no es posible establecer que la titularidad real del bien corresponda a Carlos Mario Jiménez Naranjo sino únicamente a algunos miembros de su grupo familiar.
Desde luego, la Sala no pierde de vista que el estándar de prueba exigido por el artículo 17B recién citado a efectos de imponer las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo es el de la inferencia sobre la titularidad del bien o los bienes cuya afectación se pretende.
Así, basta que a partir de los elementos de conocimiento allegados sea posible inferir o colegir razonablemente esa circunstancia, sin que sea necesario, como parece entenderlo el opugnador, obtener un grado de conocimiento superior.
Sin perjuicio de lo anterior, dicha inferencia, que no es otra cosa que una prueba al menos indiciaria, debe estar construida en premisas ciertas que ofrezcan una conclusión objetiva y creíble, no equívoca, que admita como verdad dos o más posibilidades.
La imposición de las medidas cautelares no comporta un pronunciamiento de fondo sobre el derecho de dominio, sino únicamente una limitación temporal del mismo que, en todo caso, puede ser controvertida por quienes se consideren perjudicados mediante el incidente de levantamiento de que trata el artículo 17C de la Ley 975 de 2005, pero a pesar de ello, las medidas deben soportarse en prueba mínima que sea al menos un indicio que ofrezca una evidencia inequívoca.
En ese entendido, aunque la Fiscalía logró demostrar que la propiedad real del predio “Banco Santander” está radicada en miembros del núcleo familiar de Carlos Mario Jiménez Naranjo la Corte no encuentra soporte probatorio suficiente para colegir que la titularidad del bien trasciende al nombrado, menos aún, a miembros de la organización criminal que comandaba.
Desde luego, la Corporación de ninguna manera pasa por alto, como ya quedó visto, que los adquirentes, todos ellos relacionados familiarmente con el postulado, realizaron distintas gestiones con el propósito de evitar ser reconocidos como propietarios reales del inmueble.
Tampoco soslaya que el dueño aparente del predio, Luis Alberto Rojas Mesa, pidió del Banco Santander - que después de la venta siguió en tenencia del mismo como consecuencia del contrato de arrendamiento suscrito con el comprador (fls. 39 a 42, cdno. 3) - que el valor del canon mensual fuera consignado, no al hermano ni a la esposa de Carlos Mario Jiménez Naranjo sino a su progenitor, Mario Jiménez Escobar (fls. 24, cdno. 3).
Como si fuera poco, se observa en la carpeta contentiva de las diligencias, específicamente, en el formato único de operaciones en caja del Banco Santander, que el precio pactado del inmueble, de $350.000.000, fue consignado en efectivo por quien dijo llamarse Camilo Moreno (fls. 22, cdno. 3), con lo que se constata en mayor medida la reiterada utilización de terceros para la concreción del negocio jurídico aludido.
No obstante, ninguno de esos elementos de juicio permite construir una inferencia razonable e inequívoca sobre la vinculación de Carlos Mario Jiménez Naranjo o de los hombres a su mando con la titularidad del inmueble objeto de análisis.
Puesto de otra forma, la prueba de que la cuñada, el hermano y el padre del incriminado participaron en la negociación del predio y recibieron el dinero producto de su explotación comercial - incluso si realizaron maniobras de distinta índole para ocultarlo - no permite aseverar, ni siquiera en el grado de inferencia que exige el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, que la titularidad real del mismo corresponde a Carlos Mario Jiménez Naranjo.
Téngase en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, la imposición de medidas cautelares procede “cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley”, no así de los integrantes de la unidad familiar del primero.
Adicionalmente, la peticionaria no realizó ningún esfuerzo probatorio para demostrar que Carmen Liliana Pérez Giraldo, Roberto Jiménez Naranjo o Mario Jiménez Escobar hacen parte de la estructura criminal de las A.U.C. o que se encuentran vinculados al proceso de Justicia y Paz, como tampoco para probar que los terceros que intervinieron en la negociación, esto es, Luis Alberto Rojas Mesa y Camilo Moreno, tienen relaciones con Carlos Mario Jiménez Naranjo o con el Bloque Central Bolívar.
En fin, no se demostró que los verdaderos adquirentes del bien carecieran de la capacidad económica para cancelar el precio pactado ni que el mismo hubiere sido reconocido por miembros de las A.U.C. como propio de esa organización.
Así las cosas, la Sala estima que le asiste razón al apelante al sostener que se echa de menos la prueba de que el predio “Banco Santander” es propiedad real del postulado o de la estructura delincuencial aludida. En consecuencia, no queda solución distinta que la revocatoria, en este punto, de la providencia recurrida.
El inmueble denominado “Cable Unión”
La Fiscalía solicitó y obtuvo de la a quo la imposición de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble urbano que denominó “Cable Unión”, identificado con matrícula inmobiliaria 015 - 9023 y cédula catastral 15110010200059000014000000000, ubicado en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia.
En relación con ese bien, se acreditó, a través del correspondiente certificado de libertad y tradición, que es propiedad de Alicia Muriel de Pinzón y César Augusto Sánchez Molano (fls. 6, cdno. 2), quienes lo adquirieron el 7 de junio de 1997 mediante compraventa celebrada con los anteriores propietarios, Francisco Javier Narváez Escobar y Romelia Restrepo de Narváez, tal como se observa en la escritura pública contentiva del negocio (fls. 12 y 13, cdno. 2).
Se demostró, igualmente y como se evidencia en los respectivos contratos, que ese predio fue arrendado por los propietarios a la empresa “Cable Unión” (fls. 8 a 11, cdno. 5), que fue representada legalmente en algún momento por el exsenador Habib Merheg Marún (fls. 12, cdno. 5). Este último, en tal condición, adquirió además por compraventa celebrada con Alicia Muriel de Pinzón y César Augusto Sánchez Molano un conjunto de “equipos y redes” necesarios para la prestación del servicio de televisión por cable (fls. 13 a 20, cdno. 5).
A partir de esa situación fáctica, que fue la demostrada por la Fiscalía, no es posible concluir, si quiera a modo de inferencia y como lo alegó el Agente del Ministerio Público al intervenir en la audiencia reservada, que la titularidad real del bien estuviera radicada en Jiménez Naranjo o en miembros de la organización criminal que lideraba; conclusión a la que llega la Sala, no porque las declaraciones de Sena Pico no merezcan credibilidad, como lo alegó el recurrente, sino por las razones que se explican seguidamente.
De los mismos medios de prueba allegados por la peticionaria se desprende que los propietarios aparentes del predio, esto es, Alicia Muriel de Pinzón y César Augusto Sánchez Molano, no tienen ningún tipo de antecedente penal y, cuando menos el segundo nombrado, no está vinculado con el proceso de Justicia y Paz.
Ello se colige del registro de antecedentes elaborado por la Fiscalía General de la Nación (fls. 49, cdno. 2) y del informe de Policía Judicial suscrito por el investigador Oswaldo González Peláez, donde se indica que “consultado en el Sistema de Información de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz…el nombre de César Augusto Sánchez Molano y el cupo numérico 2.896.740 no se encontró ningún tipo de registro” (fls. 42, cdno. 2).
Allí se consigna, igualmente, que “la Unidad de Restitución de Tierras no reportó ningún dato relacionado con César Augusto Sánchez Molano…y Alicia Murle de Pinzón” (fls. 42, cdno. 2).
De otra parte, el postulado Sena Pico, en el aparte de la diligencia de versión libre que fue reproducido por la Fiscalía en la audiencia reservada, de manera expresa admitió que conoce el inmueble, pero “no (tiene) referenciado como si fuera del señor Carlos Mario Jiménez Naranjo “ (cdno. 1, récord 1:51:30 y siguientes).
En esa misma declaración, Sena Pico sostuvo que si bien entre los miembros de las A.U.C. había conocimiento generalizado de que Jiménez Naranjo tenía “una participación accionaria grande” en la empresa Cable Unión, “no (sabe) si para la población civil eso era de conocimiento público” (cdno. 1, récord 1:59:20).
En ese orden, no es posible, con fundamento en los medios de conocimiento allegados, atribuir a Alicia Muriel de Pinzón y César Augusto Sánchez Molano la vinculación con el grupo paramilitar, como tampoco el conocimiento sobre las relaciones existentes entre la empresa a la que le arrendaron el inmueble y el acá procesado.
La Fiscalía soporta además la pretensión en el hecho de que el exsenador Habib Merheg Marún, de quien afirmó que son de “público conocimiento” sus nexos con las A.U.C., celebró con los atrás nombrado contrato de compraventa sobre los bienes utilizados para la prestación del servicio de televisión por cable.
No obstante, sin dificultad se advierte del contenido del contrato que el inmueble donde funcionaba la empresa no fue objeto de la negociación (fls. 12 a 20, cdno. 5), tanto así, que la sociedad representada por el exparlamentario suscribió posteriormente un contrato de arriendo sobre el predio para efectos de ocuparlo y prestar allí los servicios comerciales (fls. 9 a 11, cdno. 5).
Así las cosas, la aseveración de la Fiscalía según la cual “se puede inferir entonces que el bien fue adquirido por Jiménez Naranjo aunque nunca se hizo el traspaso”, no encuentra soporte en los medios de prueba aportados a las diligencias, sino que responde exclusivamente a una hipótesis de la peticionaria, en concreto, que “no puede ser casualidad que la empresa…funcione en un inmueble que no es de su propiedad”.
Desde luego, la Sala no desconoce que Sena Pico aseveró que para “Carlos Mario (Jiménez Naranjo)… era mejor comprar los predios, siempre tenía esa postura…era más bien la compra de los predios” (cdno. 1, récord 2:00:30).
No obstante lo anterior, en el caso del inmueble en examen no fueron aportados elementos de conocimiento que permitan suponer o inferir que la propiedad real del mismo, aun cuando no hubiere sido registrada, correspondiera a Jiménez Naranjo o a otros integrantes de las Autodefensas.
Adicionalmente, aunque la Fiscalía sostiene que los nexos del exsenador Habib Merheg Marún son “de público conocimiento”, lejos se encuentra esa circunstancia de constituir un verdadero hecho notorio respecto del cual el interesado se encuentre exento de la carga probatoria.
En efecto, la Sala ha sostenido que “el hecho notorio es aquél que por ser cierto, público, ampliamente conocido y sabido por el juez y el común de los ciudadanos en un tiempo y espacio local, regional o nacional determinado, no requiere para su acreditación de prueba… en cuanto se trata de una realidad objetiva que los funcionarios judiciales deben reconocer, admitir y ponderar en conjunto con las pruebas obrantes en la actuación, salvo que su estructuración no se satisfaga a plenitud”(5) (negrilla fuera del texto).
Así, como los supuestos vínculos del parlamentario no constituyen una realidad objetiva que no requiera demostración, la Fiscalía tenía la carga procesal de acreditar su existencia.
Echada de menos la prueba sobre el particular, no resulta posible soportar la imposición de las medidas cautelares con fundamento en esa circunstancia, que, se insiste, carece de asidero en la actuación.
En síntesis, la Sala considera que no es posible afirmar, con soporte en las piezas procesales aportadas, que la titularidad real del bien denominado por la Fiscalía “Cable Unión” sea propiedad real de Carlos Mario Jiménez Naranjo o de miembros de la organización que comandaba. Tampoco que quienes aparecen registrados como propietarios del predio tengan vínculos con las A.U.C. o ejerzan un dominio simplemente aparente sobre el mismo.
En consecuencia de ello, la providencia recurrida, también en cuanto decretó las medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre ese predio, deberá ser revocada.
De todos modos y como quiera que esa propiedad actualmente es objeto de proceso de extinción del derecho de dominio en el marco de la Ley 793 de 2002, según se observa en la correspondiente resolución expedida por la Fiscalía 13 Delegada (fls. 65 a 82, cdno. 2), la determinación adoptada no comporta la liberación del poder dispositivo sobre aquél.
1. Confirmar la providencia objeto de impugnación, en cuanto accedió a afectar con las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo el bien identificado con matrícula inmobiliaria 015 - 35782, denominado por la Fiscalía “La Alcancía” o “Serviscol”.
2. Revocar el auto impugnado, en tanto afectó con las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, los bienes inmuebles urbanos identificados con matrícula inmobiliaria 015 - 43728 y 015 - 9023, denominados por la Fiscalía “Banco Santander” y “Cable Unión”.
En consecuencia, negar la imposición de medidas cautelares sobre esos predios, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
(1) En ese sentido, sentencia C-912 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
(2) CSJ SP, 11 de abril de 2007, Rad. 23.593. Reiterada en SP
(3) CSJ SP, 14 de agosto de 2013, Rad. 37.915.
(44)(sic) CSJ AP, 15 de octubre de 2008, Rad. 29.626. Reiterado en CSJ AP, 28 de noviembre de 2012, Rad. 39.222.
(5) CSJ SP, 12 de mayo de 2010, Rad. 29799. Citado en CSJ SP, 5 de junio de 2014, Rad. 35.113.

References: ARTÍCULO 17
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 275
 artículo 62
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 resolución