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Timestamp: 2020-06-04 09:02:20+00:00

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Re Vista i i Cong Re Sots Malaga | Trabajo Social | Derechos
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INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO S...
El Trabajo Social en La Escuela
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Edición especial 2º Congreso
Revista de Trabajo Social y Acción Social
Edita Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga C/ Muro de Puerta Nueva, 9 - 1ºC. 29005 - Málaga Correo-e: colegio.oficial@trabajosocialmalaga.org www.trabajosocialmalaga.org
Comité Científico Mari Luz Alcarazo Sánchez Francisco Javier Jiménez García Juan Jesús Rendón Ortega Marisa Taboada González Mª Julia Villalobos Santos
Comité Organizador Juan Gavilán Perdiguero José Carlos Montero Díaz Rosa Raquel Ruiz Trascastro Ana Mª Torrado Botana
Secretaría Técnica Mª Carmen Aragón Gómez Juan Gavilán Perdiguero Ana Martos Varela Rocío Morales Lozano (CODTS Málaga)
Diseño Rocío Morales Lozano (CODTS Málaga)
Diciembre 2015 ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
PRESENTACIÓN Rafael Arredondo Quijada, Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
PONENCIA INAUGURAL CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL AL BIENESTAR SOCIAL Y A SU IV PI- LAR, EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, CAMBIOS SOCIALES Y NUEVOS RETOS. Patrocinio de las Heras Pinilla.
PONENCIA EL TRABAJO SOCIAL PARA UN CONTEXTO DE POSTCRISIS. REFORMULAR LAS TRAMAS EN CLAVE DE DESARROLLO SOCIAL. Germán Jaraíz Arroyo.
LA VIVIENDA Y LOS DESAHUCIOS EN MÁLAGA, INDICADORES PARA LA IN- TERVENCIÓN SOCIAL. Rafael Arredondo Quijada y María de las Olas Palma García.
OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. Juan Antonio Ber- múdez García, Victoria González Linares, Francisco Ruiz Luque y Dolores Ruiz Segura.
LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: NUEVAS TENDENCIAS DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL. Mónica María Monguí Monsalve.
LAS MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS EN LA CIUDAD FRONTE- RIZA DE MELILLA. María Isabel Escámez Pastrana.
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS, RENTAS MÍNIMAS E INTERVENCIÓN PROFESIONAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN AN- DALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN. Arantxa Hernández Echegaray y Javier Pacheco Mangas.
DEL DEBATE SOBRE LAS RENTAS MÍNIMAS A LAS LUCHAS SOCIALES POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA Y EL DERECHO A DECIDIR CÓMO QUEREMOS VIVIR. María Arrabalí Márquez, Enrique García Escamilla, David Muñoz Rodríguez y Manuel S. Bayona.
LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE CRONICIDAD EN LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS. Alba Pirla i Santamaria, Asumpcio Farre i Monjo, Ester Siscart Pifarre, Herminia Vicente i Añaños, Laura Haro Pérez, Marta Esco- là eroles, Sara Sabes Latorre, Tere Villas Espitia y Vanesa Vilas Miró.
Actas 2º Congreso de Trabajo Social Málaga
LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN LA COMPLEJIDAD DEL SISTE- MA GLOBAL. PROBLEMAS Y RESPUESTAS FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL. Marta Alonso Sánchez.
EXPERIENCIA-PRÁCTICA PROYECTO DE COCINA FAMILIAR COMUNITARIA. Silvia Sánchez Gámez y Mª del Rosario Duarte Trillo.
LA PARTICIPACIÓN FAMILIA-ESCUELA.ENCUENTROS Y DESENCUENTROS. UNA VISIÓN DESDE LOS PROFESIONALES EXTERNOS. Ramon Julià Traveria, Anna Mata Romeu y Xavier Pelegrí Viaña.
EL AMOR ROMÁNTICO: GERMEN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RE- LACIONES DE PAREJA. Ana María Ponce Gómez.
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS SECUELAS PSICOLÓGICAS Y FISIOLÓGI- CAS: EXCLUSIÓN SOCIAL, ESTIGMATIZACIÓN. María del Carmen Cruz Lara.
CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA EN PAREJAS DEL MISMO SEXO. Carlos García García.
EL MALTRATO INVISIBLE. Aurora Barrientos Vida.
LA RESILIENCIA Y LOS TRABAJADORES SOCIALES: UNA PROPUESTA DE IN- VESTIGACIÓN. Andrea Cívico Ariza y Ernesto Colomo Magaña.
NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS TRABAJADORES SOCIALES PORTUGUE- SES EN TIEMPOS DE AUSTERIDAD. Nélson Ramalho, Vanda Ramalho y Helena Teles.
NUEVAS FORMAS DE EMPRENDIMIENTO EN TRABAJO SOCIAL. Rocío Cáceres Damas.
EL CONTROL SOCIAL Y SUS REPERCUSIONES MORALES EN EL MUNDO PRO- FESIONAL. Natalia Bueno Pulido, Carmen Ramos Díaz, Rosa Raquel Ruiz Trascastro y Mª Luisa Taboada González.
PÓSTERS PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SALUD MENTAL. Francisca Fernán- dez Burgos, Carmen Lavado Pérez y Mª Francisca Mejías Roque.
TALLER DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA CUIDADORES INMIGRANTES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS. Francisca Fernández Bur- gos, Mª Francisca Mejías Roque y Carmen Lavado Pérez.
EL REFUGIO POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL. Trinidad López Espiga- res e Iván Carlín Fuentes.
TRABAJO SOCIAL: CAMBIOS EN LA PROFESIÓN DESCRITOS POR OTROS PROFESIONALES EXPERTOS. Irene Soledad Estrada Moreno y María de las Olas Palma García.
INCLUSIÓN SOCIAL Y OCIO JUVENIL: EL CASO DEL PROYECTO BOLA P’RA FRENTE. Helena Teles, Nélson Ramalho y Vanda Ramalho.
EL TRABAJO SOCIAL TIENE RESPUESTAS. Almudena Castillo Guerrero.
EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN LAS COMISIONES HOSPITALARIAS. Gre- goria Nebrera Parra, Alicia Belén De Pablo Peña y Mª del Mar Sepúlveda Cabrillana.
ALTRUISMO COMPETITIVO Y VOLUNTARIADO. Mario Millán Franco.
HOMOSEXUALIDAD Y FAMILIA. María Victoria Domínguez Bueno y Laura Do- mínguez de la Rosa.
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA FILIOPARENTAL: NUEVOS RE- TOS PARA EL TRABAJO SOCIAL. Raquel Berlanga Bravo y Laura Domínguez de la Rosa.
NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL: LA HOMOSEXUALI- DAD EN LAS PERSONAS MAYORES. Paula Molina Palacios y Laura Domínguez de la Rosa.
LOS RELICTOS DEL CHABOLISMO EN MADRID. EL CASO DE LA CAÑADA REAL GALIANA. Amanda Patricia Amorocho Pérez.
INTERVENCIÓN EN UN CASO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO HOSPI- TALARIO. Alicia Belén De Pablo Peña, Mª del Mar Sepúlveda Cabrillana y Gregoria Nebrera Parra.
RESILIENCIA Y DESAHUCIOS: NUEVOS RETOS PARA EL TRABAJO SOCIAL. María de las Olas Palma García y Ana Cristina Ruiz Mosquera.
EL COUNSELLING COMO HERRAMIENTA DEL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL. María Auxiliadora Mena González.
COACHING APLICADO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE TRABAJADORES/AS SOCIALES. José Villoslada Ekai, José Carlos Cosme Vidal y Gema Ortega de Alba.
A continuación se transcriben literal las palabras de bienvenida que realizó el Presiden- te del Colegio Profesional, en el acto de apertura del Congreso:
“Hola buenas tardes, compañeras y compañeros, autoridades que me acompañan en la mesa, gracias por su presencia:
A Dª. Lourdes Burgos, Diputada de Servicios Sociales y Centros Asistenciales, de la Diputa-
ción Provincial de Málaga.
A D. Carlos Benavides, Director del Plan Estratégico y Responsabilidad Social de la Univer-
sidad de Málaga.
A D. Manuel Martínez, Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
de la Junta de Andalucía, que suple la ausencia de la Consejera Dª María José Sánchez, que aunque estaba confirmada se ha disculpado y no nos puede acompañar.
D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga.
a nuestra presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Dª Ana Lima.
Reiterarles a todas y todos nuevamente, el agradecimiento del Colegio Profesional de Má- laga, por su presencia.
Así como a las entidades que han colaborado patrocinando este congreso, al Comité Cien- tífico y al Comité Organizador, y al equipo de trabajadoras del Colegio Profesional, a todas y todos gracias.
En el texto de presentación de este II Congreso Provincial, se puede leer que:
“Con este congreso pretendemos poner de manifiesto que el Trabajo Social tiene una forma de trabajar que supera la prestación de recursos y que se realiza en un contexto social deter- minado. Queremos que este congreso sea un lugar de reflexión y de profundización que, desde una actitud crítica con la realidad social y con nosotros mismos, nos permita avanzar en el desarrollo de nuestra profesión, teniendo claro que el centro de nuestro trabajo es la persona y la mejora de su calidad de vida.”
Por eso cuando la semana pasada hemos escuchado en palabras de un alto cargo del go- bierno que la dificultad que tienen las personas para poder acceder a una prestación es porque su Asistente Social no es hábil, en llevarlo de una ventanilla a otra, no podemos sino que mos- trar todo nuestro malestar y denunciar lo que es un atropello a la profesión. Ya que no sólo se está transmitiendo una realidad que es falsa, sino que además desde un modelo y desde unas funciones hacia la profesión que nada tienen que ver con nuestro compromiso ético y moral.
Desde el título de este congreso “El Trabajo Social tiene respuestas…” hemos querido dejar claro que tras años de duros recortes, donde sólo en Andalucía se está atendiendo a un millón de personas, aún habiéndose perdido el 11% de las plantillas de trabajadores sociales que te- nían las corporaciones locales, desde el año 2009 al 2013, según los últimos datos publicados por la Junta de Andalucía. Cifras que no pueden seguir menguando, sino que deben de incre- mentarse a la mayor urgencia si realmente se considera lo social prioritario, lo contrario son sólo palabras.
Pero no sólo han disminuido esas plantillas ya de por si extenuadas, sino que las situacio- nes que sufren los profesionales está marcada por encontrarse con contratos precarios, de-
pendientes muchos de ellos de que anualmente se publique la convocatoria de subvenciones,
o que se recoja o no una partida determinada en los presupuestos de la Junta. Soportando
además una situación de inquietud y preocupación, ante una reforma local que modifica por completo el modelo de servicios sociales. Y todo ello desde un marco jurídico obsoleto con una ley de servicios sociales de la comunidad con más de veintisiete años sin actualizarse, siendo urgente la aprobación de una nueva ley de Servicios Sociales en Andalucía, que realmente dé un nuevo impulso al sistema, tan necesitado de ello.
El Trabajo Social que se viene desarrollando por parte de las compañeras y compañeros como profesionales de referencia del Sistema Público de Servicios Sociales, pero también en todos las esferas en las que estamos presentes, desde el tercer sector hasta en las empresas de servicios, en las situaciones que anteriormente comentaba y con la presión “de un millón de personas atendidas”, ha obligado a trabajar con un mayor esfuerzo, con mayores dosis de ilusión y de habilidad para intentar generar alternativas a todas las situaciones y problemas sobre la que se recibe demanda. Con recursos escuálidos, descoordinados en muchos de los casos o simplemente inexistentes.
Sin que a la profesión se le haya tenido muy en cuenta a la hora de poner en marcha pro- puestas puntuales y en muchos de los casos testimoniales, de cara a intervenir sobre las nece- sidades más básicas de las personas, donde por el contrario el profesional de Trabajo Social en todas ellas ha sido el protagonista para su implementación y desarrollo.
ha sabido dar respuesta y ser clave a la hora de mantener la
Y aún así, el Trabajo Social, cohesión social actual.
De ahí que consideráramos este momento fundamental para la celebración de este II Congre- so Provincial, donde podamos compartir y reflexionar para seguir dando respuestas. Y tal y como se decía en el Congreso Estatal celebrado también aquí en Málaga, en 2013
“…nos hemos adentrado en una nueva fase histórica en la que la intervención social impli- ca superar la concepción del trabajador social como mero gestor de recursos…”
Como se ha podido ver en el video de presentación del colegio profesional, desde la forma-
ción, a las comisiones de trabajo, la colaboración institucional, el trabajo en red con entidades
y desde la marea naranja, como símbolo de defensa del Sistema de Servicios Sociales, son
respuestas que como representantes de la profesión en la provincia hemos ido dando durante todo este tiempo.
Posiblemente habremos hecho cosas bien y otras mal, pero estad convencidos que sólo ha existido un objetivo, situar a la profesión al nivel que entendemos se merece, como referente en las políticas sociales. Dándola a conocer aún más a la sociedad y sobre todo, exigiendo nuestro espacio en los foros de decisiones, donde el Trabajo Social debe estar presente.
Hace seis años en el primer congreso que celebramos, decía que no hay un proyecto social en
Málaga, donde el trabajo social no haya estado o esté presente, desde lo público o lo privado. Hoy no sólo me reitero en dichas palabras sino que el trabajo que hemos venido desarrollando duran-
te toda esta crisis, y lo que aún nos queda, lo viene a demostrar aún más todavía.
Compañeras y compañeros, autoridades, el Trabajo Social tiene respuestas, escúchenla.”
Rafael Arredondo Quijada Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
16:00h. Acreditación (Auditorio)
16:30h. Inauguración (Auditorio)
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación de Málaga.
Dª. Mª José Sánchez Rubio, Consejera de la Junta de Andalucía.
Francisco de la Torre Prados, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Málaga.
Carlos Benavides Velasco, Director del Plan Estratégico y Responsabilidad Social de
Dª. Ana I. Lima Fernández, Presidenta del Consejo General de Trabajo Social.
D. Rafael Arredondo Quijada, Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de
17:30h. Ponencia Marco (Auditorio)
“Contribución del Trabajo Social al Bienestar Social y a su IV Pilar, el Sistema Público de Servicios Sociales. Cambios sociales y nuevos retos”.
A cargo de Dª. Patrocinio de las Heras Pinilla, Trabajadora Social. Ex Directora General
de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Presentan y moderan el coloquio: D. Rafael Arredondo Quijada, Trabajador Social. Presidente del CODTS Málaga y D. José Manuel Ramírez Navarro, Trabajador Social y Presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
19:00h. Mesa Coloquio (Auditorio)
“Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales” Posiciona- miento del Trabajo Social.
Gonzalo Cañestro Fernández, Presidente del Consejo Andaluz de Trabajo Social.
Rafael Arredondo Quijada, Presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de
Málaga. Presenta y modera el coloquio Mariola Palma García, Trabajadora Social y Profesora de la FEST.
10:00h. Ponencia (Auditorio)
“El Trabajo Social para un contexto de postcrisis. Reformular las tramas en clave de desarrollo social”.
A cargo de D. Germán Jaráiz Arroyo, Doctor en Ciencias Sociales y Diplomado en Tra-
bajo Social. Presenta y modera el coloquio D. Francisco Javier Jiménez Gómez, Trabajador Social.
11:45h. Pausa Café (Centro Cívico)
12:15h. – 13:00h. Exposición de pósters y diálogo con los autores.
13:00h. – 14:00h. Mesas de comunicaciones (Salas Centro Cívico)
16:00h. – 18:30 h. Mesas de comunicaciones (Salas Centro Cívico)
18:30h. Pausa Café (Centro Cívico)
19:00h. – 20:00h. Ponencia (Auditorio)
“El Trabajo Social en Málaga: situación laboral y profesional. Análisis e implicaciones”.
A cargo de D. Francisco Cosano Rivas, Trabajador Social y Secretario Académico de la
FEST. Presenta y modera el coloquio D. Luis Gámez Lomeña, Trabajador Social y Jefe Ser- vicio Delegación Derechos Sociales Ayuntamiento Marbella.
9:30h. – 10h. Donación 0,7 al proyecto de Justalalegría de apoyo a personas migran- tes, a propuesta de Málaga Acoge, y reconocimiento a esta entidad. (Auditorio)
10:00h – 12:00h. Espiral de reflexión (Auditorio)
“Los efectos de la sociedad del conocimiento en el Trabajo Social. En sus saberes, en su práctica y en el mercado laboral”.
A cargo de Dª. Belén Lorente Molina, Trabajadora Social y Profesora de la FEST.
Dª. Rosario Pavón Miranda, Trabajadora Social y Jefa Sección Servicios Sociales Distrito nº9. Dª. Rosa Ramos Clavero, Trabajadora Social, co-fundadora de la consultura social Social 5W. D. Javier Pacheco Mangas, Trabajador Social y Jefe de Sección de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vélez Málaga. Dª. Almudena Díaz Requena, Trabajadora Social y Directora en ADRES.
12:30h. Distintas formas de comunicar el Trabajo Social. Radio, literatura, blogs… (Auditorio)
“El trabajo social en la Onda”
Programa de radio dirigido por D. Alejandro Blanco Vallejo, con entrevistas a:
Dª. Patricia Contreras, Educadora Social. Dª. Belén Navarro Llobregat, Trabajadora Social y bloguera. D. Alejandro Rodríguez Robledillo, Autor obra “De Pallozas, tucanes y trabajadores sociales”. Dª. Marcia Morales Ibáñez, Bibliotecaria y documentalista.
13:30h. Conclusiones (Auditorio)
14:00h. Clausura y entrega de Certificados (Auditorio)
14:30h. Cóctel de clausura (Auditorio)
Mª PATROCINIO LAS HERAS
CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL AL BIENESTAR SOCIAL Y A SU IV PILAR, EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, CAMBIOS SOCIALES Y NUEVOS RETOS
Patrocinio de las Heras Pinilla
Trabajadora Social. Ex Directora General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Me propongo destacar la contribución del Trabajo Social en la implantación y desarrollo del Bienestar Social y del Sistema Público Integrado de Servicios Sociales en España, tanto por razones de justicia histórica respecto al reconocimiento del papel profesional e institu- cional de los Trabajares/as Sociales en España, como por la importancia de esta contribu- ción para el desarrollo social y humano, así como para la formación académica de los profe- sionales; y especialmente, por la significación de esta contribución, como perspectiva para promover “respuestas” a los desafíos y retos en la actualidad.
Retomamos esta contribución partiendo del compromiso que desde los inicios de la constitución de la Organización Profesional, se asume por el Trabajo Social, respecto a las necesidades sociales, el bienestar social y los servicios sociales.
Como es sabido, la Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales, antece- dente de la Organización Colegial actual, se crea en 1967 y se integra en la Federación Inter- nacional de Trabajadores Sociales en 1970, asumiendo entre sus objetivos 1 :
• “Presentar el punto de vista de la profesión ante las organizaciones internacionales que actúan en el campo del Bienestar Social”.
• “Contribuir a la realización de la planificación social, la acción social y los programas so- ciales patrocinados por estas organizaciones”.
La organización profesional es miembro del Consejo Internacional de Bienestar Social con estatus consultivo ante Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Esta identifica- ción originaria entre el Trabajo Social y el Bienestar Social marca el compromiso de los/as Trabajadores/as Sociales en España y en el mundo, como profesión que trabaja en la in- tervención social en las necesidades sociales, en todas las áreas del Bienestar Social, no sólo en el Sistema de Servicios Sociales.
El hecho de que España careciera de un Sistema Público Integrado de Servicios Sociales
1 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Estatutos de la Federación Internacional de Trabajo Social. Madrid: Fondos documentales del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1999.
Ponencia: CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL AL BIENESTAR SOCIAL Y A SU IV PILAR, EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES, CAMBIOS SOCIALES Y NUEVOS RETOS
en el momento de implantación de la nueva Constitución de 1978, y de que los Trabajado- res Sociales/Asistentes sociales, gestores de la Beneficencia Pública, asumieran, en el pro- ceso de elaboración de la nueva Constitución Española, la lucha por la superación de la Beneficencia Pública, con el impulso de su Organización Profesional, hizo que esta profesión fuera considerada por su contribución pionera en la promoción del Bienestar Social y en la construcción en España del Sistema Público Integrado de Servicios Sociales.
El Sistema Público de Servicios Sociales ha alcanzado, a lo largo de las últimas décadas un desarrollo muy significativo en España; la contribución del Trabajo Social ha sido muy destacada, especialmente en la creación de las bases que han dado lugar al propio Sistema de Servicios Sociales. No obstante, sin haber culminado su proceso de consolidación y sien- do el más joven de los Sistemas del Estado de Bienestar, se ha visto fuertemente amenazado por las políticas neoliberales y sus drásticos recortes sociales realizados en el contexto de la crisis económica financiera internacional, a la vez que han vuelto a aparecer tendencias que nos retrotraen al paternalismo social con prácticas preconstitucionales que socaban las potencialidades del Sistema Público de Servicios Sociales y generan graves desigualdades sociales, pobreza y exclusión social. Por ello procede afrontar los desafíos y retos actua- les, teniendo en cuenta los nuevos cambios sociales y la capacidad de iniciativa y respues- tas que históricamente, y en el momento actual, promueve el Trabajo Social, por lo que se requiere tener presente la memoria histórica y el patrimonio profesional que constituye la contribución del Trabajo Social al Bienestar Social y a su IV Pilar, el Sistema Público de Ser- vicios Sociales.
1. La iniciativa profesional por la superación de la beneficencia pública en la Constitución Española de 1978, abre el camino ha- cia la universalidad de los derechos sociales por ciudadanía
La inclusión de la Beneficencia Pública, en el Proyecto de Constitución aprobado en el Congreso de los Diputados en 1978, provocó en la profesión un gran impacto, por conside- rar que suponía una línea contraria a los principio inspiradores del Trabajo Social, a la vez que una contradicción con el principio básico sobre el que se pretendía asentar el proyecto de la nueva Constitución Española, que en su art. 1 declaraba que España se constituía como “Estado Social y Democrático de Derecho”. A juicio de la profesión, la inclusión de la Benefi- cencia Pública en la Constitución, frustraba por completo la construcción de una sociedad basada en derechos de ciudadanía, ya que asentaba de nuevo el viejo paternalismo benéfi- co asistencial que la profesión rechazaba.
Desde este compromiso, la Federación Española de Asociaciones de Asistentes Socia- les -FEDAAS- interviene en el proceso de debate y aprobación de la Constitución Española de 1978, en lo que afecta a la eliminación de la Beneficencia Pública, en el texto constitu- cional.
La Constitución ya estaba aprobada en el Congreso de los Diputados por tanto queda- ba el trámite en el Senado, y allí solamente se admitían algunas enmiendas que realmente tuvieran una fuerte implicación y/o supusieran cuestionamiento, contradicción o conflicto grave. Para la profesión la inclusión de la Beneficencia Pública suponía todo eso y mucho
más porque con ello se cerraban las puertas a la igualdad de derechos para todas y todos los/as ciudadanos /as, así como a la esperanza de que el trabajo profesional se asentara en los derechos sociales de los ciudadanos y no en el paternalismo beneficosocial. La Federa- ción fue consciente de que si se hacía una Constitución en España incluyendo la Beneficen- cia Pública para el tratamiento de los problemas sociales, no podría recurrirse al derecho para las personas sin empleo y en situación de necesidad, y por tanto, la profesión carecería de los recursos sociales necesarios para ejercer su trabajo. Además, habría ciudadanos de dos categorías: unos, los que tenían derechos sociales, y otros, los que no los tenían, y por tanto, se les ubicaría en la Beneficencia Pública y los correspondientes “Padrones de Pobres” que l@s Asistentes Sociales se veían obligad@s a gestionar en los Ayuntamientos.
En comunicado de prensa, la Federación Española de Asociaciones de Asistentes Socia- les exponía los acuerdos de su Asamblea General del 24 de junio de 1978, en relación a la enmienda dirigida a los grupos parlamentarios, argumentando la necesidad de suprimir la Beneficencia Pública del texto constitucional.
Entre sus argumentos destacaban:
- “Con la Beneficencia Pública, en el proyecto de Constitución, se institucionalizan dos categorías de ciudadanos: los de derechos sociales, y los de beneficencia pública. Es un atentado contra la igualdad de los ciudadanos.
- La Beneficencia Pública se caracteriza por la graciabilidad y la voluntariedad del que la otorga, no teniendo ningún derecho reconocido frente a la misma quien la percibe. De ahí que despierte un profundo rechazo en la ciudadanía. De hecho, las condiciones exigidas por las Ordenanzas Municipales para acceder a la Beneficencia plantean dos requisitos fundamentales:
• No tener derecho a la Seguridad Social.
• Ser pobre de solemnidad, de acuerdo con lo dictaminado por las respectivas Juntas de Beneficencia Municipal.
- Teniendo en cuenta que el Art. 41 de la nueva Constitución garantiza que los pode- res públicos mantendrán un régimen de Seguridad Social para todos los ciudadanos, cuando este derecho se ponga en práctica, la Beneficencia como competencia de los poderes públicos, deja de tener objeto concreto sobre el que actuar.
- Finalmente, el Art. 1 del texto constitucional declara que “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho”. El Estado Social de Derecho contrae, como tal, el compromiso de implantar servicios públicos suficientes, para dar efectividad a los derechos que ha proclamado la Constitución, y, sobre todo, para la atención de las situaciones de necesidad. La Beneficencia Pública, al no comportar derechos, no pue- de quedar institucionalizada en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Por todas estas razones, esta Constitución, que nace con la aspiración de crear un marco abierto al progreso y desarrollo social, no debería aprobar la Beneficencia” 2 .
La Federación se negó radicalmente a aceptar ese modelo, decidiendo llevar la lucha ha- cia los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a los grupos parlamentarios
2 ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDAAS. Acta de la Asamblea General de la FEDAAS de 14 de Junio de 1978.Documento Anexo. Madrid: Fondos documentales del Consejo de General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1978.
incluso a los senadores. Tod@s l@s asistentes sociales independientemente de sus opciones políticas, trabajaron intensamente realizando un trabajo individualizado de concienciación de los senadores.
Así se conectó con el Senador Martín Retortillo, a su vez, catedrático de derecho admi- nistrativo, que fijó la posición política de acuerdo a las tesis de la Federación de Asistentes Sociales, dando cuenta de que era inaceptable aprobar una Constitución, en la que en su artículo primero se establecía que España era un “Estado Social y Democrático de Derecho”
y a la vez establecer la “Beneficencia Pública” como competencia de las administraciones
públicas en las Comunidades Autónomas. Ello suponía aceptar la negación del derecho para los “pobres”, por lo que a las personas en situación de pobreza, se les privaba del derecho fundamental de ciudadanía. Así, la Beneficencia Pública fue abolida del Art. 148, (artículo 141 del Proyecto) único lugar donde era nombrada como una de las competencias de las Comunidades Autónomas. Al referirnos a este hecho hacemos nuestro reconocimiento a este Senador que logró con su enmienda el apoyo del Senado alcanzando el asentimiento de la Cámara para que la Beneficencia Pública fuera erradicada de la Constitución. A partir de entonces la Beneficencia formará parte de lo privado y como beneficencia privada se hace referencia a ella en el marco de la normativa de Fundaciones Privadas.
En la Constitución Española de 1978 los derechos sociales han quedado reconocidos, aunque no están recogidos en el Capítulo de Derechos Fundamentales, como lo están los
Derechos civiles, políticos y el derecho a la educación. La consolidación de unos derechos sociales básicos como derechos fundamentales constitucionales, permitirá garantizar
el ejercicio de los Derechos Sociales. Este sigue siendo un reto pendiente en España y en el
En la historia de la transición democrática se habrá de destacar el papel de la Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales, por su movilización a favor del reconoci- miento institucional de los derechos sociales para todos y todas, como derechos universales por ciudadanía, para superar la institucionalización de la pobreza y la exclusión social.
2. Contribución del Trabajo Social al Bienestar Social
La Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales –FEDAAS- asumió la de- fensa de la Identidad profesional del Trabajo Social, frente al paternalismo social insta- lado en el antiguo régimen a través de la Beneficencia Pública. Los Congresos y Jornadas Nacionales de la FEDAAS desarrollaron en consecuencia el compromiso profesional en la construcción del Bienestar Social.
La organización profesional elaboró una propuesta para el Bienestar Social como apor- tación para construir la nueva política social, como política de Bienestar Social, que diri- gió a Partidos Políticos, Instituciones, Organizaciones comunitarias y Profesiones sociales.
El Trabajo Social asumió para ello los referentes más significativos de los Organismos Internacionales y sus pronunciamientos y recomendaciones originarias sobre Bienestar Social, Trabajo Social y Servicios Sociales:
- Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que incluye en su artículo 25.1, el Derecho a los Servicios Sociales necesarios.
- Carta Social Europea de 1965, que en su artículo 14, insta a los países miembros a organizar servicios que utilicen los métodos propios al servicio social y que contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la Comunidad.
- Resolución de 1967/16,
del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, sobre
funciones, formación superior y estatus del Trabajo Social, actualizada en 2001, con nue-
vas recomendaciones.
- Código de Ética Profesional de la Federación Internacional de Trabajadores So- ciales, FITS, San Juan de Puerto Rico-1976, Primer Código Ético, renovado por la FITS, en su Asamblea General, en Adelaida 2004, que incorpora los principios de los Dere- chos Humanos.
- Recomendaciones de las Conferencias Mundiales bianuales del Consejo Internacio- nal del Bienestar Social –CIBS-, en el que la FITS es miembro permanente de su co- mité ejecutivo.
En este contexto la FEDAAS promovió la elaboración de un Proyecto Profesional para la Política de Bienestar Social que, el nuevo Estado Social y Democrático de Derecho, debe- ría implantar. Elvira Cortajarena y yo, como representantes de la FEDAAS asumimos la elabo- ración del texto Introducción al Bienestar Social, contando con los trabajos de las III Jornadas Nacionales de la profesión celebradas en Pamplona en 1977 y de las propuestas e iniciativas de los grupos de trabajo y comisiones de la FEDAAS. El texto propone 3 :
- La conceptualización del Bienestar Social como política social globalizadora y univer- salista para la cobertura de necesidades sociales básicas y calidad de vida de las perso- nas, grupos y comunidades en el ámbito de las condiciones de vida y de convivencia”.
- Criterios para la construcción del Bienestar Social de la España Democrática: glo- balización, universalidad de derechos, prevención, participación, integración, humaniza- ción
- La Unidad legislativa, orgánica y funcional de los organismos sociales dispersos en los distintos departamentos ministeriales para confluir en un Ministerio de Bienes- tar Social.
- Identidad Profesional del Trabajo Social: Función, Formación, Perfil Profesional, Sta- tus…, en un contexto superador del paternalismo social de la antigua Beneficencia Pública, felizmente erradicada de la Constitución, lo que permitía el desarrollo de la profesión desde su propia identidad en la atención de las necesidades sociales, en el contexto de la puesta en marcha de Sistemas Públicos de Bienestar Social con la creación de un nuevo pilar del Estado de Bienestar, denominado Sistema Pú- blico Integrado de Servicios Sociales, que junto con la universalización del sistema Educativo, el Sistema de Salud, el Sistema de Seguridad Social y otros servicios públi- cos, permitieran garantizaran la universalidad de los derechos sociales, en el marco del nuevo Estado Social y Democrático de Derecho.
- Un Modelo Municipalista de intervención profesional de proximidad, en el nivel institucional de convivencia más cercano al ciudadano, para la implantación de los Servicios Sociales sustitutivos de la Beneficencia Pública en la Administración Local.
3 LAS HERAS, Mª PATROCINIO; CORTAJARENA, ELVIRA. Introducción al Bienestar Social. Madrid: Ed. Consejo General de Trabajo Social y Paraninfo, 2014.
La organización profesional asumió el compromiso con el proyecto de referencia, recla- mando políticas de Bienestar Social y Servicios Sociales, como derechos ciudadanos así como, la implantación de la profesión desde su propia identidad, en una perspectiva cien- tífica, técnica y ética, en la atención de las necesidades sociales.
La profesión ha venido desarrollando sus aportaciones en los diferentes ámbitos del Bienestar Social: Salud, Educación, Servicios Sociales, Seguridad Social, Vivienda Social …; así como en los diferentes sectores de población: Familia, Infancia y Adolescencia, Muje- res, Personas Mayores, Personas con Discapacidades; Inmigrantes, Minorías Étnicas y Socia- les,…; En estos ámbitos de la Función Pública, trabajaron los Asistentes Sociales / Trabaja- dores Sociales, creados para el desarrollo de sus funciones a través del Cuerpo Nacional de Asistentes Sociales, de las Escalas de Asistentes Sociales creadas en los distintos organismos de la Administración Institucional y de los Asistentes Sociales de las Corporaciones Locales.
Desde la FEDAAS se crearon a través de estos Cuerpos y Escalas de Asistentes Sociales, los Grupos de Trabajo correspondientes, que aportaron su metodología de diagnóstico social e intervención social desde la realidad sectorial hacia una perspectiva globalizadora, in- tegral y normalizadora del bienestar social, con la participación de las personas como centro de atención social.
3. Contribución del Trabajo Social a la construción del Sistema Pú- blico Integrado de Servicios Sociales, IV Pilar del Bienestar Social
El movimiento profesional a favor del Sistema Público de Servicios Sociales tiene su máxi- ma expresión en el Congreso Nacional de Asistentes Sociales de 1980, Valladolid, donde la pro- fesión en pleno proclamaba la necesidad de la implantación del Sistema Público de Servi- cios en España con el objetivo de dar cobertura a determinadas necesidades sociales que por su distinta naturaleza, no correspondía su atención en los sistema públicos existentes tales como el Sistema Sanitario, el Sistema Educativo, o los Sistemas de Ingresos Económi- cos (pensiones, subsidios, etc.). Las necesidades sociales producidas en el ámbito de la convivencia personal y social, y los recursos aplicables, dispersos en redes paralelas de las Administraciones Públicas, son estudiadas por la profesión, valorándose que dichas ne- cesidades, al igual que las de salud, o educación, también deberían de estar amparadas por la nueva Política de Bienestar Social para lo que era imprescindible su universalidad, a la vez que poner en marcha un nuevo Sistema Público Integrado de Servicios Sociales que garantizara su cobertura como derechos sociales.
En las Conclusiones del Congreso mencionado, se aprueba la difusión del Manifiesto del Congreso 4 , en el que se plantea:
- El reconocimiento del ciudadano como sujeto de derechos y no como beneficiario de prestaciones y servicios de carácter graciable.
- Una Ley de Servicios Sociales que garantice el compromiso de los poderes públicos para hacer efectivo los derechos sociales en el marco de la convivencia ciudadana.
4 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ASISTENTES SOCIALES. Memoria del IV Congreso Nacional de Asistentes Sociales, Valladolid, 1980. Madrid:
Fondos Documentales del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.
- Institucionalizar un Sistema Público de Servicios Sociales que garantice la unidad or- gánica y funcional de los mismos y que se estructure de forma descentralizada desde los Ayuntamiento.
- Se deberá simultanear la acción asistencial, preventiva y de promoción social ofreciendo como alternativa al paternalismo existente en los Servicios Sociales, los cauces adecua- dos para hacer efectiva la participación ciudadana.
- Las Asociaciones de Asistentes Sociales reivindican ante los poderes públicos el status consultivo que en materia de Servicios Sociales está reconocido a nivel internacional en los Consejos Económicos y Sociales de los Organismo que dictaminan las Políticas Sociales (ONU, CE, Consejo de Europa).
- Esta profesión ante la falta de interés que existe en el tema de los Servicios Sociales en determinados estamentos políticos y sociales, asume el compromiso de sensibilizar a la opinión y extender los criterios que fundamentan la nueva política y el sistema público de Servicios Sociales que propone.
La reivindicación del derecho a los Servicios Sociales vino acompañada de la reivindica- ción, a la vez, de la extensión de otros derechos que no eran universales en España y que por ello las correspondientes necesidades carecían de cobertura para determinados grupos so- ciales, y tenían que ser atendidas desde la Beneficencia. Tal era el caso de la Sanidad para de- terminados colectivos que no estaban integrados en la Seguridad Social, o de la Educación especial de personas con discapacidad que no estaba integrada en el sistema educativo. Surge así la filosofía de la normalización e integración social frente a las marginaciones institucionales que venían a reforzar la marginación social. De esta forma, desde el Tra- bajo Social se busca dejar sin contenido la Beneficencia Pública.
El Trabajo Social ha contribuido a aportar significativos criterios que se han integrado como filosofía del Sistema Público Integrado de Servicios Sociales. Entre ellos merece la pena destacar 5 :
- El criterio de desinstitucionalización promovido por aquellos Asistentes Sociales que trabajaron en la reforma de los grandes Centros Asistenciales: Orfanatos, Asi-
los, Casas de Misericordia… y otras instituciones donde simultáneamente vivían haci- nados niños huérfanos, ancianos sin apoyos familiares, personas con discapacidades
De acuerdo al criterio de desinstitucionalización la pro-
fesión promovió activamente la reforma de dichas instituciones y su reconversión en Centros Residenciales, con unidades de convivencia con atención profesionalizada espe- cializada en razón de cada situación social, así como con participación de los usuarios en el régimen interno de convivencia.
- El criterio de Universalización del Derecho y Responsabilidad Pública para hacer efectivos los derechos reconocidos para toda la ciudadanía. Defendido principal- mente, por los Asistentes Sociales que gestionaban las Cartillas de Beneficencia Pública Municipal, para otorgar mediante la beneficencia, prestaciones Sanitarias y/o Asistenciales, a las personas en situación de pobreza. La profesión reclamaba, la inte- gración del colectivo de la Beneficencia, en una sanidad universal, y en unos servicios
físicas, psíquicas o mentales
5 LAS HERAS, Mª PATROCIONIO. El Sistema Público de Servicios Sociales: contribución del Trabajo Social, desafíos, oportunidades y estrategias. Revista Trabajo Social Hoy; primer semestre 2002: Presente y futuro de los Servicios Sociales (I Parte). Madrid: Ed. Colegio de Trabajo Social de Madrid.
sociales universales.
- El criterio de Unificación de las redes paralelas de protección social existentes en el antiguo régimen, asentadas en la Beneficencia Pública de las Corporaciones Locales, en la Asistencia Social del Estado, y en la Seguridad Social. Ello generaba la desigual- dad en el acceso y tratamiento de la salud y los servicios sociales de la ciudadanía, así como la discriminación en tres categorías de ciudadanos en materia de protección social. Por ello, L@s Trabajador@s Sociales gestores de los “Padrones de Pobres”, así como l@s del Fondo Nacional de Asistencia Social y l@s del INSERSO, junto con la Organización Profesional de Asistentes Sociales, impulsaron un Sistema Nacional Integrado de Servicios Sociales, para toda la ciudadanía con igualdad de derechos.
- El criterio de Normalización / Integración social, defendido por l@s Trabajadores Sociales que trabajaban con minorías sociales, étnicas, y/o marginales, en barrios con guetos, zonas deprimidas, poblados gitanos …, con altos índices de pobreza, sin planificación urbana, con chabolismo e infraviviendas, sin acceso a la educación, la salud, o los servicios sociales… En estos ámbitos, se desarrolló intensamente el Tra- bajo Social de Comunidad, mediante la organización y desarrollo comunitario, con la participación activa de la propia población. L@s Trabajadores Sociales tuvieron que enfrentarse a su vez al propio régimen político que negaba la libertad de reunión y asociación, ambas imprescindibles para la práctica profesional del desarrollo comuni- tario de los grupos sociales en situación de marginación o discriminación social.
- Los criterios Normativos y Técnicos, para convocar y resolver prestaciones indivi- dualizadas tanto las prestaciones periódicas, como las prestaciones no periódicas, así como, subvenciones destinadas a financiar programas sociales. Estos criterios se im- pulsaron por los/as Asistentes Sociales del Cuerpo Nacional de Asistentes Sociales del antiguo Fondo Nacional de Asistencia Social -FONAS- .
- El criterio de Proximidad o acercamiento máximo de los recursos al nivel más directo de atención, criterio ya señalado por el impulso que le dieron los/as Asistentes Socia- les de los Ayuntamientos y acuñado por el Sistema bajo el término Municipaliza- ción de los Servicios Sociales.
- El criterio de Personalización y Humanización de la atención social que ha dado lu- gar a la institucionalización de las Unidades Básicas de Trabajo Social y al reconoci- miento del Trabajador Social como Profesional de Referencia del IV pilar del Estado de Bienestar.
- El criterio de objetivación y teorización de las “situaciones de necesidad social en el ámbito de la convivencia”. Con esta perspectiva trabajaron intensamente l@s Tra- bajadores Sociales de la Dirección General de Acción Social a lo largo de la déca- da de 1080-1990, homologando y sistematizando las intervenciones realizadas por l@s Trabajadores Sociales de los distintos programas sociales ante diversas situaciones de necesidad de personas y grupos afectados por una misma problemática social en el ámbito de la convivencia, definiendo recursos sociales aplicables como derechos sociales concretos, expresados en “prestaciones básicas de servicios sociales”, a las que las Leyes de Servicios Sociales y el Plan Nacional Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, diseñado por los propios Tra-
bajadores Sociales de la Dirección General de Acción Social, dieron cobertura legal, financiación y asistencia técnica.
No se pretende con esta somera relación, significar toda la contribución del Trabajo So- cial, soy consciente de que se han producido muchas más iniciativas y que incluso sobre muchas de ellas no se ha escrito porque sus autores/as y promotores/as no han tenido opor- tunidad de sistematizarlas. Ahora bien queda esta relación abierta para ser completada con el objetivo de hacer justicia a la histórica contribución del Trabajo Social en el proceso de implantación del Bienestar Social y los Servicios Sociales en España.
En la década de los 80, con los gobiernos socialistas, cobra un auténtico impulso la po- lítica por la creación y desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en España. Durante esta década, la expansión e iniciativa de la profesión fue muy significativa, los Tra- bajadores Sociales asumieron en esta etapa la dirección de Servicios Sociales: Direc- ción General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; varias Direcciones Generales de Acción Social y/o Servicios Sociales en Comunidades Autónomas; numerosos Departamentos de Servicios Sociales de Diputaciones y Ayuntamientos, desde los cua- les, impulsaron y desarrollaron los proyectos que dieron identidad y contenido propio al Sistema de Servicios Sociales. Hoy estos proyectos son los que perduran y continúan siendo las bases del Sistema.
Se hace constar los referentes institucionales más significativos que dan soporte nor- mativo y presupuestario a las demandas, iniciativas y propuestas impulsadas por los movi- mientos sociales y el movimiento profesional, que se asumen desde el ámbito legislativo y desde los gobiernos de las administraciones públicas:
- Se implanta institucionalmente la marca “Servicios Sociales” para dar identidad, visibilidad, desarrollo, desde las Administraciones Públicas, al nuevo Sistema Público Integrado de Servicios Sociales, a través de: Consejerías de Servicios Sociales e Insti- tutos de Servicios Sociales, en las Comunidades Autónomas; Concejalías de Servi- cios Sociales y Departamentos de Servicios Sociales en los Ayuntamientos y Di- putaciones. En esta etapa, queda institucionalizado el Sistema Público de Servicios Sociales, como IV Pilar del Estado de Bienestar.
- Se ponen en marcha las Leyes Constituyentes del Sistema Público Integrado de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas que asumen la unidad legislati- va y funcional de los servicios sociales transferidos del Estado a las Comunidades Autó- nomas y que igualmente asumen los criterios profesionales expuestos.
- Se aprueban nuevas Leyes Estatales Sectoriales que regulan nuevos derechos socia- les para distintos colectivos y grupos sociales, atribuyendo determinadas competencia a los servicios sociales, en el ámbito de la convivencia personal y social.
- Se aprueba el Plan Nacional Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios So- ciales de Corporaciones Locales que da soporte técnico y financiación a la Red Bási- ca del Sistema Municipal de Servicios Sociales asentada en las Unidades Básicas de Trabajo Social.
- Se crea el Ministerio de Asuntos Sociales en 1988, que unificó las competencias dis- persas sobre programas sociales asentados en los distintos Ministerios: de Protección
de Menores (Ministerio de Justicia); de Juventud (Ministerio de Cultura); de promoción de las Mujer (Ministerio de Cultura); de Asistencia Social y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo)….
- Se reconoce el Derecho Subjetivo en Servicios Sociales en determinadas leyes de Servicios Sociales de Comunidades Autónomas. Se implanta inicialmente como compromiso generalista a los servicios sociales básicos para la toda la ciudadanía.
- Se aprueban nuevas Leyes Estatales de Protección Social que reconocen nuevos de- rechos subjetivos en Servicios Sociales, y asignan su aplicación al Sistema Público de Servicios Sociales. A partir de 2006, especialmente con la Ley de Promoción y Atención a Personas en situación de Dependencia, el derecho subjetivo se consti- tuye en referente fundamental para la garantía de los derechos en Servicios Sociales.
- Se aprueban nuevas Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, que formulan nuevos derechos como derecho subjetivo, y se concreta su aplica- ción mediante Catálogos y Carteras de Servicios Sociales.
Acompañando a este proceso de desarrollo de los derechos de la ciudadanía en Servicios Sociales, se produce el reconocimiento profesional e institucional del Trabajo Social. Los Colegios Profesionales de Trabajo Social alcanzaron el reconocimiento para su participa- ción institucional en los Consejos de Bienestar Social y/o Servicios Sociales creados por normativa específica de las Comunidades Autónomas 6 , sabiendo articular, acertadamente, sus iniciativas profesionales con las iniciativas de las Instituciones Públicas promotoras de la Política de Bienestar Social y con las demandas sociales de las organizaciones de los dis- tintos colectivos.
La contribución del Trabajo Social alcanza su reconocimiento académico con la crea- ción en 1990 de una nueva Área de Conocimiento “Trabajo Social y Servicios Sociales” que se implanta en las Universidades, dando lugar a la creación de Departamentos de“Tra- bajo Social y Servicios Sociales” en las Universidades.
El papel protagonista de la profesión en defensa del Sistema de Servicios Sociales fue de- sarrollándose desde el Consejo General y los Colegios profesionales que han mantenido y desarrollado el legado profesional con su actividad, con las aportaciones de los diferentes Congresos y Jornadas Nacionales de la profesión que han canalizado el compromiso de la profesión en la intervención social, tanto en las instituciones de las Administraciones Públi- cas como en ONGs que realizan programas complementarios de cooperación social con el Sistema Público se Servicios Sociales. Especial significación tienen las Jornadas Rurales de Servicios Sociales ya que, al tener centralizados en Comunidades Autónomas, tanto el Sis- tema Sanitario, como el Sistema Educativo, la ciudadanía, en el medio rural, cuenta al menos con las Unidades Básicas de Trabajo Social de los Ayuntamientos como la referencia más próxima y directa del Bienestar Social y los Servicios Sociales. Tanto para la ciudadanía, como para el Sistema Público de Servicios Sociales, mantener las estructuras básicas del sistema asentadas en dichas unidades, es una de las cuestiones más importantes para garantizar el tratamiento social desde la administración más cercana a la ciudadanía, en la que opera la convivencia personal y social y permite el tratamiento directo de las necesidades sociales.
6 MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES. Servicios Sociales. Leyes Autonómicas. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Asuntos Sociales. 1989.
Finalmente, es muy destacable en la contribución profesional, el hecho de que el Conse- jo General de Trabajo Social creara en 1984, la Revista Profesional Política Social y Servi- cios Sociales que, junto con las demás Revistas de Trabajo Social de los Colegios Profe- sionales, nos muestran hasta hoy, la contribución que viene realizando el Trabajo Social en el desarrollo de la practica y la teoría social que la profesión ha venido aportando al Bienes- tar Social y al Sistema Público de Servicios Sociales en España. Estas Revistas Profesionales, nos muestran significativos artículos y estudios sobre experiencias y teorías, relatadas por autor@s, que constituyen testimonios vivos del relato de la contribución del Trabajo Social. Poner la mirada investigadora de los nuevos Doctorandos de Trabajo Social, sobre los contenidos de estas Revistas, aportará a la profesión un salto cualitativo y extraordinaria- mente necesario en el desarrollo científico, técnico y ético del Trabajo Social que histó- ricamente se ha mantenido, desde sus principios profesionales, en compromiso con el ser humano como centro de su atención, y ha demostrado por su contribución a la creación y sostenimiento profesional del Sistema Público de Servicios Sociales como IV Pilar del Estado de Bienestar social, su capacidad de agente eficaz en el desarrollo del Bienestar Social y los Servicios Sociales así como su contribución a las ciencias humanas y sociales a las que tanto ha aportado desde su propia perspectiva.
4. Cambios sociales, desafios y retos
4.1. INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADA DE LOS CAM- BIOS SOCIALES EN LA CONVIVENCIA PERSONAL Y SOCIAL
Entre los cambios más significativos, en la convivencia personal y social, que reclaman la expansión de los Servicios Sociales merece la pena destacar:
- Cambio de roles en la relación hombre-mujer y la consiguiente ruptura del antiguo contrato social en el que se sustentaba la división social del trabajo en razón del sexo, generándose graves disfunciones sociales que afectan a la familia y a los servicios, lo que exige la implantación de un nuevo contrato social mujeres-hombres que, entre otras garantías, establezca la equidad en el reparto de responsabilidades familiares y sociales y el desarrollo de nuevas estructuras de Servicios Sociales de apoyo a la con-
Todo ello, permitirá aflorar, al
vivencia y compatibilidad de la vida familiar y laboral
mercado de trabajo, el 40% de la riqueza en bienes y servicios que produce el trabajo no remunerado de las mujeres en el ámbito familiar, en la reproducción y sostenimien- to de la vida, riqueza que desde el feminismo se reclama, que sea contabilizada en las
- Cambios en las estructuras y modelos familiares. Tras el modelo de familia extensa y patriarcal que asumía todas las necesidades y cuidados de todos los parientes, la familia nuclear también ha experimentado los cambios sociales y culturales que han transformado la convivencia personal y social implantándose, en nuestro contexto social y cultural la diversidad de modelos de convivencia familiar que demandan nue- vos programas y servicios de apoyo a las familias: mediación familiar; prevención y atención social a las mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género; tutela, acogi- miento y apoyo a la adopción en familias; atención social y alternativas convivenciales para personas sin hogar….
- Cambios en las tendencias demográficas, en especial el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que han producido un estrechamiento de la base de la pirámide de población. Estas tendencias demográficas ponen de manifiesto la necesidad de expansión de los servicios sociales. Por un lado, para que la pareja no se vea obligada a limitar el número de hijos por razones económicas, y de déficits de servicios sociales de apoyo a la familia e infancia; y, por otro lado, para que las personas mayores, y las personas en situación de dependencia cuenten con una amplia oferta de servicios sociales que permitan una vejez con calidad de vida.
- Nuevas amenazas contra los derechos y libertades humanas derivados por una parte por la mundialización de las redes de delincuencia organizadas a nivel interna- cional, dedicadas al tráfico de personas para la explotación laboral, sexual, tráfico de inmigrantes, tráfico de armas, tráfico de moneda, tráfico de drogas, tráfico de órga- nos…, que ponen en grave peligro la vida de las personas y su dignidad, así como la sostenibilidad de una comunidad mundial basada en el reconocimiento de los Dere- chos Humanos, sin que nuevas normas y acuerdos multilaterales estén interviniendo de momento en sus efectos, tanto para potenciar el progreso humano como para pre- venir la explotación de seres humanos, la pobreza y la exclusión social.
- Avance de la dualidad social, producida principalmente en el contexto de la crisis económica y financiera internacional y sus efectos en la expulsión del mercado de trabajo de amplias capas de población.
- Interdependencia mundial, proceso que integra no solamente la economía, sino la cultural, la tecnología y la estructura de gobierno. Las personas están percibiendo su conexión con el mundo afectadas por acontecimientos en lugares remotos que pue- den observar directamente, prácticamente a la misma hora que se producen, median- te la conexión a través de nuevas redes de comunicación, internet, teléfonos celula- res,… Ello, independientemente de los riesgos transnacionales señalados, conlleva a su vez nuevas oportunidades de concienciación, movilización y cooperación social a través de las nuevas redes sociales.
- Poblaciones desplazadas en demanda de refugio y asilo; inmigrantes económicos en búsqueda de empleo con graves problemas de inserción; brotes de racismo y xe- nofobia, con graves efectos para la convivencia social. Los Servicios Sociales se están enfrentando a estos problemas sociales sin nuevos medios, lo que exige desarrollar con dotaciones presupuestarias los Planes de Integración Social para Inmigrantes y Refugiados, incorporando en los mismos, medidas preventivas en el ámbito cultu- ral y social, de acuerdo a la contribución social y cultural que la inmigración aporta a nuestra sociedad.
Estos cambios apuntan claramente a la expansión de la demanda de Servicios Socia- les, a la vez que señalan la carencia de las dotaciones básicamente necesarias para hacer frente a los retos que se plantean.
4.2. Desafíos y retos
En el contexto de los nuevos cambios sociales y de la crisis económica financiera inter-
nacional, las políticas neoliberales y neoconservadoras han dado por supuesta la supe- ración, sin haberlo denunciado formalmente, del Pacto Social Capital-Trabajo-Estados, sobre el que se constituyó el Estado de Bienestar en Europa, al finalizar la segunda guerra mundial, con el surgimiento del denominado “espíritu del 45”. El neoliberalismo ha promovi- do un corpus ideológico tendente a la desvalorización y desmantelamiento de lo público que calificaron de “inoperante, creador de normas rígidas que impiden la eficacia, generan buro- cracia extrema, incrementan irresponsablemente el gasto social”; “ineficacia de los Estados para dar cobertura a las necesidades sociales”; “donde hay necesidad hay oportunidad de negocio”; “contra el monopolio de los Estados en Educación, Sanidad, Pensiones y Servicios Sociales”; “menos Estado de Bienestar y más sociedad de bienestar”….
De acuerdo a estas ideas, desde 1996-2004 y 2012-2016, los gobiernos del Partido Popu- lar inician en España su Plan de Reformas Estructurales:
- Progresiva liberalización del control de los mercados.
- Privatización de Servicios Públicos.
- Desregularización de la ley del suelo que culmina en la burbuja inmobiliaria.
- Progresiva implantación de sistemas de aseguramiento privado sanitario y social, que actúan como redes paralelas, parasitarias de los Sistemas Públicos del Estado de Bien- estar.
- Implantación de drásticos recortes sociales en educación, sanidad, servicios sociales
- Desregularización, e incluso derogación de determinados derechos sociales.
- Desregularización del mercado laboral, generándose la precariedad laboral, con la práctica de contratos por horas que no alcanzan el salario mínimo, aunque en la rea- lidad, el trabajador realice la jornada laboral completa, conduciendo a determinados sectores de trabajadores a “trabajar para ser pobres”.
La propia Comisión Europea, en 2015, identifica los graves problemas causados por la factura de la austeridad: En España hay 3 millones menos de ocupados que cuando comenzó la crisis; la renta salarial está entre el 20% y el 30% de la registrada en 2008. El des- empleo en España seguirá por encima del 20% al menos hasta el 2017. La protección social se ha reducido notablemente….
Los efectos de los recortes sociales y reformas legislativas han supuesto un retroceso de derechos sociales y que ha dado como resultado un incremento exponencial de la exclu- sión social, la pobreza y la desigualdad, con graves riesgos para las sostenibilidad de la dignidad de las personas y la convivencia social. Así, ha ido retrocediendo progresivamente la protección jurídica y técnica de los derechos sociales de los ciudadanos. En Servicios So- ciales, se destaca:
- Se reducen las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, modificando las Leyes que las regulan: Ley de Régimen Local, drástica reducción de presupuestos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en las Leyes anuales de Pre- supuestos….
- Los Recortes sociales, supusieron en 2013, en el presupuesto de Servicios Sociales del Estado una reducción del 37% afectando gravemente a la Red de profesionales
que sostienen el Sistema. En 2013 se registraron 426.200 empleos públicos en Ser- vicios Sociales en España; En 2010 había 482.900. En ese periodo se han destruido 56.700 empleos públicos en servicios sociales 7 .
- Reformas administrativas para asentar los recortes sociales orientados a la inapli- cabilidad de los derechos subjetivos reconocidos en la Ley 39/2006, de promo- ción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependen- cia. Desde la fecha de reconocimiento del derecho, a la aplicación efectiva del mismo, transcurre una media de año y medio. De 2012-2014, 120.000 personas han fallecido sin haber recibido las prestaciones del derecho reconocido; en 2015, 70.000 personas que no recibieron las prestaciones y servicios que les fueron reconocidas como dere- cho 8 .
- Reforma de la Administración Local, mediante la ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que reforma la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local. Reforma que entre otros objetivos planteó la supresión de la competencia de los Ayuntamientos en Servicios Sociales municipales, con la consi- guiente previsión del recorte de 5.118 millones de euros, que de aplicarse afectaría a ocho millones de personas atendidas en la red municipal de servicios sociales. Ello su- pondría la ruptura del principio de proximidad de los servicios sociales con grave agre- sión al propio sistema ya que son las CCLL quienes mantienes las estructuras básicas del mismo. No obstante, y teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016, no sería aplicable el objetivo de la Reforma respecto a Servicios Sociales 9 .
- Se liberalizan y hasta se anulan las clausulas técnicas de la contratación de servi- cios concertados, resolviéndose los contratos de servicios solo por el criterio de re- ducción de costes, sin valoración de las clausulas técnicas que determinan los requi- sitos de calidad en la prestación de servicios.
- Se abandona el seguimiento y control de la gestión concertada, a la vez que se in- crementan los costes inicialmente contratados, por efecto de la “revisión de costes” de los proyectos, vulnerando el principio de transparencia y equidad en la contrata- ción pública. Para cubrir estos costes se han ido realizando modificaciones de par- tidas presupuestarias que recaen en reducciones de la dotación de los servicios directamente gestionado por el Sistema Público correspondiente.
- Se privatizan servicios básicos para la aplicación de las prestaciones reconocidas como derecho ciudadano y se deriva a los ciudadanos a los servicios privados- concertados, cuyos costes, a cargo del presupuesto del correspondiente sistema público, son superiores y sus servicios, de menor calidad que el que hasta ese momento prestaban los servicios públicos que tenían los ciudadanos asignados en su zona de referencia.
7 CCOO, FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA; COSTA NAVARRO, Rosana. “El impacto de la crisis en la destrucción de empleo en sector Servicios Sociales (2011-2013)”. Madrid: Ed. Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, 2014.
8 ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES. Índice DEC 2015. Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales. www.directoressociales.
9 Sobre el Recurso de inconstitucionalidad 1792/2014 (BOE-A-2014-5722) de la Asamblea de Extremadura, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 41/2006
(Ref. BOE-A-2016-3407), de 3 marzo de 2016, resuelve: “Declarar inconstitucionales y nulos el art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local)
y las disposiciones adicional undécima y transitorias primera, segunda y tercera, así como los incisos «Decreto del órgano de gobierno de» y «el Órgano de Gobierno de», incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias cuarta.3 y undécima, párrafo tercero, todos de la Ley 27/2013”.
- Se realizan reformas legislativas tendentes a la reorientación de los derechos de sa- lud y servicios sociales hacia su aplicación por “condiciones laborales”, y en su de- fecto por “carencia de recursos”, por lo que se pretende institucionalizar una nueva dualidad social. Se ha de tener en cuenta que en aplicación de la Constitución de 1978, la Sanidad y los Servicios Sociales, ya no están vinculados a las “condiciones laborales”, ni a “condiciones de pobreza”, y por tanto, los derechos en materia de Sanidad y de Servicios Sociales, no se adquieren por cotizaciones de Seguridad Social, sino por la condición de ciudadanía, y con cargo a presupuestos del Estado.
En la actualidad, el Sistema Público de Servicios Sociales en España, continúa ame- nazado por los efectos de estas políticas que han conducido una alta reducción de presu- puestos y de personal en Servicios Sociales y una regresión a prácticas preconstituciona- les, que están en la base del deterioro del Sistema Público de Servicios Sociales, provocado por la propia responsabilidad de los gobiernos en las instituciones que desarrollan o am- paran dichas prácticas, vulnerando los derechos de la ciudadanía que se reconocen tan- to la legislación Estatal como las Leyes de Servicios Sociales de sus propias Comunidades Autónomas. Igualmente se vulnera el reconocimiento de las funciones profesionales de l@s Trabajadores Sociales respecto al diagnóstico y tratamiento social y a las ratios profe- sionales de atención social que los colegios profesionales reclaman para realizar un trabajo profesional de calidad.
Se hace necesario el análisis y seguimiento, desde los Colegios Profesionales de Trabajo Social, de determinadas prácticas que socavan la construcción del Sistema Público de Servi- cios Sociales y su perspectiva de desarrollo como IV Pilar del Estado de Bienestar. Entre ellas se destaca:
- Se elimina la denominación de Servicios Sociales en Concejalías y Consejerías, e incluso, en algunas Comunidades Autónomas desaparece el nombre de Servicios So- ciales de toda la estructura administrativa, produciendo la falta de referencia e invi- sibilidad del Sistema Público de Servicios Sociales.
- Se atenta a la identidad del sistema, volviendo a utilizarse institucionalmente como “cajón de sastre”. Se acepta que otras áreas generen exclusión y no se practica la uni- versalidad desde cada servicio público para garantizar la normalización de la atención a la ciudadanía en sus respectivas competencias.
- Se derivan urgencias sociales, desde Servicios Sociales, a otras instituciones, sin ca- pacidad profesional ni recursos, tendencia institucional que conduce a la deslegiti- mación del Sistema Público de Servicios Sociales, al no aborda las necesidades bási- cas de urgencia.
- Se suprimen determinados derechos en Servicios Sociales Básicos. La Ayuda a Domicilio, ha dejado de aplicarse para situaciones de necesidad social por prescrip- ción facultativa del profesional del Trabajo Social, y ha pasado a reconocerse el de- recho, vinculado a situaciones de dependencia. Por lo que un servicio creado como prestación básica del Sistema Público de Servicios Sociales para situaciones sociales de necesidad, en el ámbito de la convivencia, ha dejado excluidas del derecho a las personas mayores, personas con discapacidad y familias, que independiente- mente de la condición de dependencia, tenían reconocido este derecho en las Leyes
Constituyentes de Servicios Sociales.
- Se práctica el paternalismo social frente a los derechos sociales, producida por determinados responsables políticos institucionales, que practican, promueven y ex- hiben la “banalidad del paternalismo social”, a la vez que obvian su responsabili- dad pública en la aplicación de los recursos necesarios para hacer efectiva la garantía de los derechos en Servicios Sociales.
- Se genera desafectación social de amplias capas de la población, especialmente
en las clases medias, que se ven con frecuencia excluidas de la atención social en los Servicios Sociales. La población percibe que no se desarrollan los servicios sociales necesarios ante múltiples situaciones de necesidad social en el ámbito de la con- vivencia personal y social. Los responsables institucionales han impuesto el predo- minio de la valoración económica (en línea con los recortes presupuestarios) frente a
la valoración profesional de las situaciones que generan los problemas sociales. La po-
blación ve frustradas sus expectativas de derecho a los servicios sociales, al no contar con los servicios sociales necesarios de apoyo a problemas de tipo social que afectan
a la mayoría de la población, especialmente todo lo referido a conciliación de la vida laboral y familiar, uno de los mayores retos de nuestra convivencia que reclama un amplio desarrollo de servicios sociales.
Todo ello, nos demuestra que la ofensiva contra el Estado del Bienestar y sus Sistemas Públicos, está avanzando en sus objetivos y que afecta de forma especial al Sistema Pú- blico de Servicios Sociales, sin que haya suficiente conciencia social de los riesgos que suponen dichas estrategias y prácticas institucionales, a las que aquí se hace referencia, así como sus graves efectos en la sociedad, por la exclusión social, pobreza y desigualdad que generan.
Es de destacar los Informes del Consejo de Trabajo Social sobre Servicios Sociales en España. En ellos se analizan los problemas sociales, la labor profesional y la opinión del Trabajo Social. La profesión considera en su II Informe sobre los Servicios Sociales, que en- tre los principales retos está asegurar que los Servicios Sociales sigan siendo un Sistema Público y que los poderes públicos garanticen su financiación 10 .
Igualmente, en el ámbito profesional, se destacan los Informes de la Asociación de Di- rectoras y Gerentes de Servicios Sociales, especialmente la Valoración de los Resultados de la Aplicación del Índice DEC 2015, en el que se hace constar que las diferencias interte- rritoriales no se han reducido y siguen siendo extremas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios; se va vaciando de derechos a los servicios sociales por vía de recortes presupuestarios… 11 .
En las condiciones actuales, es posible de nuevo un cambio social que haga frente a los efectos del austericidio y coloque la mirada en la persona como centro de la atención social y política. La situación ha generado un amplio movimiento social en la forma de mareas ciudadanas promovidas por los Sindicatos; Alianzas Sociales en Defensa de los Sistemas Públicos el Bienestar Social, especialmente Educación, Salud, Servicios Sociales; Colegios Profesionales; Plataformas de lucha contra la pobreza y exclusión social… que están pro-
10 LIMA, A. Coordinadora. II Informe sobre los Servicios Sociales en España. Madrid: Ed. Consejo General de Trabajo Social, 2015.
11 GARCIA, G.; BARRIGA, L.; RAMIREZ. J.M.; ZUBIRÍA, A.; VELASCO, L. Índice DEC. Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, 2015. Ed. Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
moviendo el desarrollo de una conciencia social de la ciudadanía en defensa de los de- rechos sociales. Se extiende la reivindicación social a favor de que los Derechos Sociales, considerados por NNUU, como Derechos Humanos Universales, se concreten en las Consti- tuciones como Derechos Fundamentales, y en especial los derechos comprendidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre los que se concreta el Derecho a los Servicios Sociales (Art. 25).
El Consejo General de Trabajo Social, plantea un Nuevo Pacto de Estado por los Servi- cios Sociales, que responda a los desafíos y retos actuales, que defienda y potencie el Sis- tema Público de Servicios Sociales como IV Pilar del Estado de Bienestar, al que la profesión tanto ha contribuido y con el que la organización profesional mantiene un firme compromi- so siendo consciente de que corresponde a los poderes públicos la responsabilidad de dotar del adecuado marco legislativo y presupuestario los derechos de la ciudadanía en Servicios Sociales, incluida la dotación de los medios necesarios para un trabajo profe- sional eficaz y de calidad, ya que los profesionales, son a su vez, la garantía para hacer efectivos los derechos reconocidos.
5. Contribución e iniciativas, del Consejo General y de los Cole- gios Profesionales, por el Bienestar Social y el Sistema Público de Servicios Sociales
El Trabajo Social cuenta con la fortaleza del Consejo General y sus Colegios Profesiona- les, siguiendo la trayectoria histórica de la profesión con el compromiso por el Desarrollo Humano, la defensa del Bienestar Social y de forma específica del Sistema Público de Servi- cios Sociales, expresada reiteradamente en los sucesivos Manifiestos de los Congresos de Trabajo Social:
- “Resolución de seguir exigiendo la garantía del derecho subjetivo a las prestaciones del sistema público de servicios sociales, con la promulgación, con carácter prioritario, de una Ley Marco de Servicios Sociales para el Estado Español” (Manifiesto XII Con- greso Estatal de Trabajo Social, Marbella, noviembre 2013).
- “Compromiso por el derecho a la Renta Mínima Garantizada, como derecho subjetivo, ante las situaciones de riesgo y exclusión social, con dos medidas: Renta Mínima Ga- rantizada que permita un nivel de vida digna para todas las personas que carezcan de recursos económicos; Garantía de Servicios Sociales para la inserción social y labo- ral. (Manifiesto XI Congreso estatal de Trabajo Social, Zaragoza 2009).
- Iniciativa Popular ante el Parlamento a favor de la Reforma de la Constitución para garantizar los derechos sociales y la consolidación del sistema público de servicios sociales como derechos fundamentales. (Manifiesto XII Congreso Estatal de Trabajo Social, Mar- bella 2013).
El Consejo General y los Colegios Profesionales impulsan la movilización social en de- fensa del Sistema Público de Servicios Sociales, habiendo promovido:
- La constitución de la Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. En la Alianza participan las ONGs, que suscriben el Manifiesto en el que se plantea el com-
promiso de la ciudadanía por el Derechos a los Servicios Sociales.
- La Marea Naranja por los Servicios Sociales para todas y todos, contra los recortes sociales y las privatizaciones 2012.
El Consejo General de Trabajo Social, está siendo una vez más pionero en la generación de respuesta ante los desafíos y retos que se ha señalado, en lucha contra la fractura social generada por el austericidio en el contexto de la crisis económica financiera internacional. El Consejo ha concretado su compromiso en el documento “Propuestas desde el Trabajo Social” presentado a los Partidos Políticos en el marco de las Elecciones Generales del 2015 12 , aportando las reformas necesarias para que los derechos sociales de la ciudadanía sean reales y efectivos. El Consejo General manifiesta que “se ha puesto en peligro el Sistema de Protección Social con los recortes sociales y los cambios normativos y esto constituye un ata- que frontal a la garantía de los derechos individuales y colectivos”. “Hay que conceder la máxima importancia al liderazgo de lo público y su complementariedad con el Tercer Sector, sin pasar de los derechos sociales a la beneficencia”. El Consejo General plantea las siguientes destacadas iniciativas:
Ley Marco en Servicios
- Pacto de Estado por los Derechos en Servicios Sociales y Sociales.
El Consejo exige que se garantice la igualdad efectiva del derecho a las Prestaciones Bási- cas de Servicios Sociales para toda la ciudadanía sin discriminación social ni territorial.
Defensa de los derechos sociales. No a la Beneficencia: Garantizar Derechos Sociales en Servicios Sociales, y no fomentar acciones de Beneficencia; Mantener la Protección Social en los cuatro Pilares del Estado del Bienestar: Sanidad; Garantía de Rentas y Pen- siones; Educación y Servicios Sociales.
Garantía constitucional de los derechos sociales y el acceso a los Servicios Sociales como un derecho fundamental: Vincular los derechos de Servicios Sociales a los Derechos Humanos…; establecer mecanismos de control para el cumplimiento del Pacto Inter- nacional de los Derechos Civiles y Políticos, para reformar las normativas que puedan llevar a su incumplimiento en los referente a Servicios Sociales….
Crear una Ley Marco en Servicios Sociales: Los derechos considerados como subjetivos en las distintas legislaciones de las Comunidades Autónomas se han de definir en una normativa estatal de Servicios Sociales, para garantizar unos mínimos de calidad, equi- paración de derechos, Servicios y Prestaciones, criterios técnicos e igualdad en las con- diciones de acceso a los Servicios Sociales en todo el territorio estatal; Elaboración de un libro blanco sobre el Sistema de Servicios Sociales con una consulta amplia a todos los sectores sociales incluyendo a las personas usuarias, y con un proceso democrático en el que podrían basarse las líneas fundamentales de las políticas de Servicios Socia- les.
Financiación y prevalencia de lo Público: Incrementar el gasto social e invertir en los Sis- temas de Bienestar Social y en el Sector Público; Concebir los Servicios Sociales como inversión social y fuente de riqueza, no como gasto: es el mejor Sistema para la distri- bución de la riqueza; Establecer la necesaria estrategia de complementariedad entre
12 CONSEJO GENERAL DE TRABAJO SOCIAL. #II ForoPolítico. www.cgtrabajosocial.es.
el Tercer Sector con el Estado y no de suplencia con las Administraciones Públicas a través del Tercer Sector.
o Servicios Sociales realmente Universales y de Proximidad: Avanzar hacia un Sistema Uni- versal basado en las necesidades sociales de todas las personas; las prestaciones de los Servicios Sociales no deberían sectorizarse por grupos de población aislada, ya que cualquier persona es susceptible de necesitar acudir al Sistema en algún momento de su vida…; Las personas tienen vidas integrales que pueden implicar a varios Sistemas de Protección Social; Es esencial reforzar el Sistema de Servicios Sociales como Servicio de Proximidad a la ciudadanía para que pueda concentrar intervenciones integrales para cada situación.
- Defensa y consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales
Suficientes Ratios de Profesionales en los Servicios Sociales: Superar la Ratio actual de un/a Trabajadora Social por cada 20.000 habitantes, que sólo permite atender emer- gencias sociales; La Ratio de 1 x 3000, es la necesaria para dar respuesta a las necesida- des sociales; Conceder más importancia a la intervención social que a la mera gestión de recursos; Reducir los procesos burocráticos, Garantizar empleo y salarios dignos.
Restitución de los niveles mínimos de consenso y financiación del Plan Concertado: Pedi- mos la reposición de la aportación estatal al Plan Concertado, que desde 2011 se ha recortado en 54 millones de Euros, pasando de 86,6 millones de Euros en 2011 a 32 millones de Euros para 2015.
Modificación de la Ley de Contratación Pública en el ámbito de los Servicios Sociales: De- ben primar entre los criterios de valoración la calidad técnica, social, y la dimensión co- munitaria del proyecto; La rentabilidad social de la propuesta; La experiencia personal
y los medios técnicos especializados para cubrir los aspectos sociales; Las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral….
Catálogo de Referencia de Prestaciones de Servicios Sociales y nuevas necesidades socia- les: la elaboración de Catálogos de Servicios Sociales ha de realizarse de acuerdo a los principios rectores en los que se fundamenta el Sistema Público de Servicios Sociales
y ser un instrumento al servicio de la aplicación efectiva de los derechos garantizados en las Leyes de Servicios Sociales….
Tarjeta Social: Extender esta herramienta a toda la ciudadanía y reforzar de este modo el carácter universal del Sistema Público de Servicios Sociales, identificando a las per- sonas como titulares de derecho.
Derogación del Real Decreto 20/2012, de 3 de julio, sobre dependencia: Derogación del aumento del copago, de la ampliación a dos años del tiempo en lista de espera sin obligación de pago de retroactividad, reposición del pago a la cotización de la Segu- ridad Social, de las cuidadoras familiares….
Derogación de la Reforma de la Administración Local, Ley 27/2013: Recuperación de la Autonomía Local y, defensa y consolidación de los Servicios Sociales Municipales ga- rantizados por los empleados públicos.
Modelo de Servicios Sociales alternativo desde el Trabajo Social: Poner más relevancia en la intervención social profesional; Desarrollar una atención integral desde la Preven-
ción, la Atención y la Promoción de las personas….
- Defensa del derecho a una Renta Mínima garantizada y prestación social de inser- ción.
En el marco de la crisis cobra especial relevancia la aplicación de políticas de inclusión
social orientadas a aumentar las oportunidades de las personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión, para los que se propone los siguientes objetivos específicos:
Programa de Atención y Acompañamiento Social desde los/as profesionales de Servicios Sociales y acceso de todos/as a los recursos, derechos y servicios necesarios para la partici- pación en la sociedad.
Garantizar recursos mínimos económicos.
Fomentar el acceso al empleo: Promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión.
Medidas prioritarias en los Planes Nacionales para la Inclusión Social, dentro de cada uno de los Sistemas de Protección Social para el cumplimiento de los objetivos señalados, inci- diendo en las mejoras necesarias para la integración y participación de los grupos sociales más vulnerables.
- Cobertura de necesidades emergentes que provocan grave desigualdad social
El Trabajo Social en el contexto de las Leyes de Servicios Sociales, en las que se reconoce la competencia de éstos en materia de Atención Social ante situaciones de urgente necesi- dad, ha venido planteando iniciativas para dar cobertura a las necesidades sociales básicas con programas de emergencia social, en coordinación con las instituciones responsables de la gestión de las materias objeto de Protección Social. En el documento de “Propuestas desde el Trabajo Social” se destacan las siguientes:
Desahucios: El Consejo General de Trabajo Social y el Consejo General de la Abogacía Española aprueba en el 2012, el proyecto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH), presentado al Gobierno del PP que lo desestimo. Se pide al Ejecutivo que surja de las próximas elecciones, “crear oficinas de las OIH en toda España financiadas por el Estado y la Banca y, articuladas en colaboración de los Servicios Sociales municipales; Apoyos complementarios en el marco de los Servicios Sociales a las familias en riesgo de pérdida de vivienda por impago que eviten el desalojo forzoso”.
Insuficiencia Alimentaria: Respecto a la puesta en marcha del Fondo Europeo de ayuda a las personas más desfavorecidas (FEAD), conocido como ayuda de reparto de alimen- tos que cuenta con una inversión 565 millones de Euros anuales, destinado a bancos de alimentos, inversión que supera 17 veces a la del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, el Consejo General propone la alternativa de que este Fondo “revierta en el refuerzo del Sistema Público de Servicios Sociales, donde se pueden gestionar ayudas destinas a cubrir las necesidades básicas de las personas respetando los criterios de derecho y dignidad, desde la valoración profesional y evitando su estigmatización”.
Pobreza energética: Medidas coyunturales y complementarias para abordar la pobreza energética de manera que procure la atención integral con el resto de apoyos necesa- rios.
o Migraciones forzosas: Dotar al Sistema de Servicios Sociales para hacerse cargo de las nuevas demandas derivadas de la necesidad de atención social a las personas que sufren por migraciones forzosas en colaboración con la sociedad civil.
Éstas y otras iniciativas más, se desarrollan en el documento del Consejo General de Tra- bajo Social, Respuestas desde el Trabajo Social, ya citado. Es evidente la capacidad del Trabajo Social a la hora de realizar diagnósticos de la situación social y proponer alternativas para afrontar las situaciones de necesidad social. Se requiere nuevamente poner la mirada en la Contribución del Trabajo Social con capacidad demostradas de generar “respuestas” para la atención social y la cobertura de las necesidades sociales, promover el cambio y proponer las reformas sociales necesarias para mejorar las condiciones personales y sociales de la ciu- dadanía, como bien señala el II Congreso de Trabajo Social de Málaga, apelando al conoci- miento profesional y al compromiso que asume el Trabajo Social que actúa en la misma base de la realidad en la que viven y conviven las personas, los grupos y la comunidad.
▪ COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA.
o (2.001): “Funciones, Formación y Status de los Trabajadores Sociales”. Resolución 67/16 y Recomendaciones Rec. (2001)1, Comité de Ministros, a los países miembros del Consejo de Europa. Fondos documentales del Consejo General de Colegios Oficiales de DTS, Madrid.
▪ CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL
o (2015): “Propuestas desde el Trabajo Social” Presentadas a los Grupos Políticos con mo- tivo de las Elecciones Generales 2015. Fondos documentales del Consejo General de Colegios Oficiales de DTS, Madrid.
▪ DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL. MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
(1989): “Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales” Servicio de Publicaciones del Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.
(1989): “Servicios Sociales. Leyes Autonómicas”. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.
▪ FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADO SOCIAL.
o (1996): “Declaración de la FITS sobre Política Internacional en Materia de Derechos Huma- nos” Hong-Kong, 1996. Fondos Documentales del Consejo General de Colegios Oficia- les de Diplomados/as en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Madrid.
▪ FEDERACIÓN MUJERES PROGRESISTAS.
o (1997): “Nuevo Contrato Social Mujeres – Hombres: para compartir responsabilidades fa- miliares, trabajo y poder”. Fondos Documentales de la Federación Española de Asocia- ciones de Mujeres Progresistas. Madrid.
▪ GARCÍA, G., BARRIGA, L., RAMIREZ. J.M., ZUBIRÍA, A., VELASCO, L.
o (2015): “Índice DEC”. Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, 2015. Ed. Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. www.directoressociales.com
▪ GARCÍA, G. y RAMÍREZ, J.M.
o (1992): “Los Nuevos Servicios Sociales”. Biblioteca de Servicios Sociales. Serie Servicios Sociales. Librería Certeza. Zaragoza.
▪ LAS HERAS, M.P. y CORTAJARENA, E.
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▪ LAS HERAS PINILLA, M.P.
(1999): “La construcción histórica del Trabajo Social”. Ed. Universidad de Comillas. II Foro de Trabajo Social. Madrid.
(2002): El Sistema Público de Servicios Sociales: Contribución del Trabajo Social, desafíos, oportunidades y estrategias en la Revista “Trabajo Social Hoy”, Monográfico Presente y Futuro de los Servicios Sociales, Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Ma- drid, Madrid, págs. 8-80.
▪ LIMA, A. Coordinadora.
o (2015): “II Informe sobre los Servicios Sociales en España”. Consejo General de Trabajo Social. Madrid.
▪ NACIONES UNIDAS.
(1948): “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Asamblea General de las Nacio- nes Unidas. www.un.org/
“Informes Anuales de Desarrollo Humano”. Editados desde 1990, por el PNUD, ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo. www.undp.org/.
Ponencia: EL TRABAJO SOCIAL PARA UN CONTEXTO DE POSTCRISIS. REFORMULAR LAS TRAMAS EN CLAVE DE DESARROLLO SOCIAL
EL TRABAJO SOCIAL PARA UN CONTEXTO DE POSTCRISIS. REFORMULAR LAS TRAMAS EN CLAVE DE DESARROLLO SOCIAL
Doctor en Ciencias Sociales y Diplomado en Trabajo Social
RAFAEL ARREDONDO QUIJADA Y MARÍA DE LAS OLAS PALMA GARCÍA
LA VIVIENDA Y LOS DESAHUCIOS EN MÁLAGA, INDICADORES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Trabajador Social, Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria
Doctora por la Universidad de Málaga, Trabajadora Social y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
Desde 2008, España vive numerosas situaciones de familias afectadas por el impago de hipotecas, con consecuencias de cientos de miles de desahucios en los que la necesidad de vivienda se convierte en el epicentro de esta problemática. Ante ello, la presente co- municación se dirige a conocer, a partir de la identificación de indicadores relacionados, la evolución y presente de este escenario malagueño junto al contexto andaluz y estatal, con el objetivo de facilitar y promover intervenciones futuras. Los datos aportados contribuyen a que el Trabajo Social avance ante esta situación, con nuevos retos y respuestas, que supe- ren viejos clichés y se centren en abordajes integrales, de acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas: idoneidad de (…) políticas nacionales de vivienda con carácter integral y coordinadas, basadas en los derechos humanos y en la protección de los más vulnerables, incor- porando políticas sociales en todos los planes sobre urbanismo y vivienda.
Palabras claves: Desahucios, Vivienda, Vulnerabilidad, Indicadores sociales, Familia.
Since 2008, Spain is experiencing numerous situations of families affected by the non- payment of mortgages, with consequences for hundreds of thousands of evictions in which
the need for housing becomes the epicenter of this problem. In response, this communica- tion is directed to know, from the identification of related indicators, evolution and present of this Malaga Andalusian setting by the state context, with the aim of facilitating and pro- moting future interventions. The data provided help to advance social work in this situation, with new challenges and responses to overcome old clichés and focus on comprehensive
approaches, according to the UN Special Rapporteur: appropriateness of (
policy with comprehensive and coordinated nature, based on human rights and the protection of the most vulnerable, incorporating social policies in all housing and urban planning.
Keywords: Evictions, Housing, Vulnerability, Social Indicators, Family.
Comunicación: LA VIVIENDA Y LOS DESAHUCIOS EN MÁLAGA, INDICADORES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Entre los nuevos escenarios de interés y preocupación para la intervención social que
en los últimos años han comenzado a emerger, la realidad que rodea la falta de vivienda y
el incremento de desahucios ha ido adquiriendo un lugar preferente. Ante ello, la presente
comunicación tiene como finalidad el:
- Facilitar información sobre esta realidad, a partir de indicadores relacionados con la vivienda, población y desahucios en Málaga, dentro del contexto andaluz y estatal, en un espacio temporal anterior y posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008.
- Contribuir a la realización de planificaciones futuras de intervención adecuada para el acceso y mantenimiento del derecho a la vivienda digna de todas las personas.
- Ofrecer al Trabajo Social argumentos empíricos actuales, de cara a una presencia acti- va en el ámbito de las políticas sociales, donde la vivienda debe de situarse entre sus objetivos.
La privación de una vivienda adecuada y digna para el desarrollo de todas las personas
puede llegar a visualizar no sólo la exclusión social, sino también la pobreza (Navarro, 2005).
A esta situación, se asocian otras problemáticas colaterales objeto a su vez de intervención
desde los Servicios Sociales, tales como absentismo escolar, falta de salud física y psíquica, conflictos familiares, desempleo, etc. (Arredondo y Palma, 2013). Todo ello, presenta serios agravantes en cuanto a costes sociales, que incidirán como factores de riesgos de cara a procesos de exclusión social (Laparra, 2007).
La situación que se viene produciendo desde el año 2008, a consecuencia del estallido de
la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria en España, puede situarse como punto de par-
tida desde el que se comienza a visibilizar de una manera mucho más intensa, la dificultad para el acceso a una vivienda digna y adecuada para muchas familias, tras verse inmersas en procesos de desahucios en los que sufren importantes costes personales y sociales. Esta pro- blemática se ha definido como preocupación social en nuestro país, situándose el problema de la vivienda como el primero en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el año 2007.
Aun así, los desahucios no son una situación novedosa para los interventores sociales, aunque sí han supuesto un nuevo hito en la necesidad de otros tipos de respuestas. Tras el incremento de desahucios, se han modificado las características personales y familiares de las personas que son atendidas, transcendiendo sus problemas más allá de cuatro paredes,
lo que sitúa el concepto de vivienda para los profesionales como el cumplimiento de un de-
recho humano. Ello evidencia la necesidad de diseñar nuevas intervenciones que superen la
facilitación de un posible recurso económico, como única o la principal alternativa posible
plantear. En concreto, el Sistema de Servicios Sociales, como pilar de la protección social
el Trabajo Social como su profesión de referencia, deben de articular y estar presente de
manera activa en los diseños de las diferentes políticas sociales, donde la vivienda juega un
papel fundamental, de ahí que:
(…) si bien el trabajo social se encuentra consolidado como elemento que forma parte de las res- puestas institucionales ofrecidas por las administraciones a los problemas sociales, resulta impres- cindible formar parte del análisis de las políticas sociales, incorporarnos al diseño de las mismas en sus diferentes niveles de implementación. Las políticas de vivienda, acceder y mantener una vivien- da adecuada y digna o la posibilidad de tener un hogar seguro se ha convertido en un reto y debe tener una respuesta adecuada en la que deberemos contribuir activamente. (Juan, 2011, p. 45)
El abordaje del problema de la vivienda y de las variables presentes en él, que han de ser tenidas en cuenta para la intervención, requiere del conocimiento de diferentes indicado- res, al ser éstos Instrumentos de medida utilizados para la determinación de la magnitud de una variable (Arredondo y Cosano, et al., 2013, p. 113). La sistematización para realizar un diagnóstico lo más acertado posible, nos obliga a conocer y utilizar aquellos indicadores que vengan a facilitar máxima información sobre el objeto a estudiar, y sobre el que se van a planificar intervenciones posteriores. De ahí la importancia de contar con datos válidos a la hora de abordar cualquier investigación, programa o proyecto, que tienen como fin último una intervención determinada.
Este acercamiento a la realidad de la vivienda y desahucios, a través de indicadores, nos permite elaborar una radiografía de cuál ha sido y es la situación de ésta tanto en la provincia de Málaga, dentro del contexto andaluz e incluso con la comparativa a nivel del conjunto del estado, durante el período 2002 al 2013, diferenciado a su vez en dos momentos concretos:
el previo (2002-2007), y el posterior (2008-2013) al estallido de la burbuja inmobiliaria, con lo cual permite no sólo el análisis por separado de cada uno de los períodos determinados, sino también la realización de hipótesis y diferentes comparativas entre ambos, donde cada uno se encuentra compuesto por seis unidades (años).
Los diferentes indicadores abordados se recogen en la Tabla 1 y Figura 1 y 2, siendo éstos:
- Total de viviendas existentes, independientemente de su característica: libre o de protección y utilización: principal o no principal (secundaria) o vacía. (Ministerio de Fomento).
- Vivienda principal: Vivienda familiar que es la residencia habitual de sus ocupantes. Las viviendas principales pueden ser convencionales (se encuentran en edificios) o alojamientos. Un alojamiento es una vivienda familiar con la particularidad de ser mó- vil, semipermanente o improvisada o que no ha sido concebida con fines residenciales pero que constituye la residencia de una o varias personas. Los alojamientos no están ubicados en edificios por lo que no forman parte de los inmuebles (INE).
- Vivienda no principal o secundaria: Si está destinada a ser ocupada sólo ocasional- mente (por ejemplo durante las vacaciones o fines de semana) o si se utiliza de manera continuada y no estacional pero sin ser residencial habitual (por ejemplo para alquile- res sucesivos de corta duración) (INE).
- Vivienda libre: Toda vivienda que no se encuentra sujeta a ningún régimen de protec- ción pública y puede ser transmitida sin restricción entre partes (Ministerio de Fomento).
- Viviendas con Calificación definitiva (Planes estatales y planes autonómicos): Se entiende por viviendas de protección oficial o viviendas protegidas las así calificadas
o declaradas por el órgano competente de las comunidades autónomas y de las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla que cumplan los requisitos establecidos en la normativa estatal que regula los planes de vivienda, o los establecidos en normativa específica de las comunidades autónomas que regula sus propios planes de vivienda, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. (Ministerio de Fomento).
- Vivienda vacía: Cuando permanece sin ser ocupada, está disponible para la venta o alquiler o incluso abandonada (INE).
- Lanzamientos con cumplimiento positivo: Aquellos lanzamientos en los que el servi- cio común ha podido practicar el lanzamiento acordado por el juzgado (Consejo Ge- neral del Poder Judicial).
- Censo de población: Según Padrón al 1 de diciembre de cada año (INE).
A partir de los datos expuestos de manera descriptiva, y como punto de partida a modo de acercamiento inicial que genere una mayor profundización y planificación entre los pro- fesionales, tal y como se indica en los objetivos, se puede aportar que:
- Málaga ha sido la provincia con un mayor número de lanzamientos positivos del con- junto de la comunidad andaluza (desahucios), desde el año 2008, con 11.969. En su evolución, es Granada seguida de Almería, las que mayor incremento han tenido en el período 2008/2014, situándose por encima de los producidos a nivel andaluz y esta- tal. En global, se alcanza un total de 38.943 lanzamientos positivos en Andalucía que representan el 16% del conjunto del estado. Estos datos, evidencian que el modelo productivo malagueño, así como el concepto de vivienda predominante, debería ser abordado más allá de la construcción residencial como elemento puramente econó- mico.
- La población empadronada en Málaga llega al 1.621.968 personas, con un incremento del 24,28% de 2002 a 2014, en valores absoluto un incremento de 322.989 personas. A su vez, las viviendas libres construidas (328.116) y las de protección (11.334) en todo el periodo, suman un total de 339.450 viviendas. Si uno de los elementos para considerar
la construcción de nueva vivienda es el factor demográfico, en este caso no se corres-
ponde, ya que se ha generado mayor número de éstas que de personas empadronadas.
- Málaga se situaba según el Censo de 2011, como la segunda provincia después de Se- villa con mayor número de viviendas vacías (120.611), representando el 19% del total andaluz. Por otro lado, si se comparan los incrementos que han tenido las diferentes provincias con el anterior censo de 2001, Málaga ocupa el cuarto lugar, detrás de Al- mería, Granada y Sevilla.
- Málaga se sitúa como la principal provincia andaluza en número de viviendas construi- das de renta libre en el período 2002-2007, con un total de 267.639 que representa el 39,37% del total de Andalucía. Le sigue Sevilla con un total de 91.865 viviendas cons- truidas. En el siguiente periodo (2008-2013) Málaga es la provincia con menor número de viviendas construidas (-77,4% respecto al periodo anterior), llegando a contar a fe-
cha 31 de diciembre de 2014, con un stock de 12.672 viviendas nuevas sin vender.
- Por el contrario en cuanto a vivienda de protección, Málaga sólo llega a representar el 9% del total de las construidas en Andalucía en el período 2002-2007, subiendo en tres puntos (12%) en el segundo período 2008-2013.
Desde este análisis para el Trabajo Social y sus profesionales, se abren numerosas inter- pretaciones, valoraciones y diagnósticos, a realizar tanto desde los diferentes espacios y dis- positivos desde los que la profesión acompaña a las familias inmersas en esta realidad, como desde las decisiones y responsabilidades de diseño y planificación en las que también se participa. El derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, se debe de situar como objetivo máximo a la hora de la planificación de políticas sociales en vivienda. El Trabajo Social debe profundizar e investigar sobre el conjunto de las variables que generan desarro- llos urbanísticos innecesarios, especulativos y centrados meramente en la utilización de la vivienda como un bien con fines mercantilistas. De esta forma, la profesión ha de mantener su compromiso con la defensa del acceso a la vivienda como derecho subjetivo de cualquier persona, como implicación directa en el cumplimiento de los Derechos Humanos que per- mita alcanzar un mayor bienestar social y la eliminación del factor de riesgo para la exclusión social, que supone el no poder acceder de una vivienda.
Figura 1. Indicadores de viviendas durante el período año 2002 al año 2013, de las diferentes provincias andaluzas, Andalucía y España.
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tabla 1. Población existente según padrón de habitantes al 1 de enero de cada año.
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Figura 2. Número de Lanzamientos con cumplimiento positivo realizados en el período 2008 al 2014, en las diferentes provincias andaluzas, Andalucía y España.
Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Arredondo, R. y Cosano, P. (Coords.) (2013). Diccionario Práctico de Trabajo Social. Málaga:
Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga.
Arredondo, R. y Palma, M. (2013). Aproximación a la realidad de los desahucios. Perfil y ca- racterísticas de las familias en proceso de desahucios en la ciudad de Málaga. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 20, 113-140.
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Barómetro septiembre 2007. Recuperado el 19 de julio de 2015. http://www.cis.es/cis/
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Juan, E.M. (2011). Derechos humanos y vivienda en España. El papel del Trabajo Social en las políticas de Vivienda. Revista de Servicios Sociales y Política Social, 97, 37-46.
Kothari, M. (2008). Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemen- to integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Naciones Unidas.
Laparra, M., Obradors, A., Pérez, B., M., Renes, V., Sarasa, S., Subirats, J. y Trujillo, M. (2007). Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión. Implicaciones metodológicas. Revista Española del Tercer Sector, 5, 15-57.
Ministerio de Fomento. Estadísticas sobre vivienda. Recuperado el 12 de julio de 2015. http:// www.fomento.gob.es
Navarro, C. (2005). Indicadores de vivienda y exclusión. Documentación Social, 138, 173-190.
Comunicación: OBSERVATORIO MUNICIPAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Juan Antonio Bermúdez García
Victoria González Linares
Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria. Psicóloga
Francisco Ruiz Luque
Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria. Trabajador Social
Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria. Trabajadora Social
La presente comunicación trata de mostrar los trabajos que desde el Observatorio Mu- nicipal para Inclusión Social de Málaga se vienen desarrollando como aportación a la Inves- tigación en el campo de los Servicios Sociales de Atención Primaria, los más cercanos a la comunidad, la puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales.
Palabras claves: Observatorio Social, Inclusión Social, Servicios Sociales, Atención Primaria, Comunitarios, SIUSS.
This Communication aims to show the work from the Municipal Observatory for Social Inclusion of Malaga have been developed as a contribution to research in the field of Social Services of Primary Care, the closest to the community, the gateway to the system public Social Services.
Keywords: Social Observatory, Social Inclusion, Social Services, Primary Care, Community, SIUSS.
JUAN ANTONIO BERMÚDEZ GARCÍA, VICTORIA GONZÁLEZ LINARES, FRANCISCO RUIZ LUQUE Y DOLORES RUIZ SEGURA
El V Plan Municipal de Servicios Sociales para la Inclusión Social del Ayto. De Málaga (2009-2013) incluye un Proyecto para el desarrollo de la investigación social y su difusión a través de un Observatorio.
El parlamento europeo designa 2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y Exclu- sión Social y el Ayuntamiento de Málaga en el Pleno municipal 28 de enero de 2010 aprue- ba Moción con el compromiso respecto lucha contra pobreza y exclusión social. Promueve distintas acciones e iniciativas dirigidas a debatir, reflexionar y avanzar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
El Observatorio Municipal para la Inclusión Social se constituye como una herramienta operativa para conocer la realidad social de la población de Málaga en general y de las per- sonas usuarias del Sistema público de Servicios Sociales en particular. Se trata de un banco de datos e información para facilitar la investigación y la toma de decisiones.
• Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en la planificación e intervención social
• Investigación sobre las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión social.
• Difusión de la investigación social.
El Observatorio está compuesto por cuatro profesionales del Trabajo Social, la Psicología y la Informática, con especialización en Intervención e Investigación Social y Comunitaria. Cuenta con la colaboración del Grupo de investigación “Calidad de vida e intervención co- munitaria y organizacional”a partir del convenio firmado con la Universidad de Málaga en el marco del Proyecto “Diagnóstico Social de la ciudad de Málaga”.
También colaboran con el Observatorio ONGs, como Cáritas, con la que se firmó Conve- nio de colaboración para intercambio de experiencias en materia de Investigación, otras entidades que participan en el Proyecto Caixa proinfancia y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga.
4. Trabajos de Investigación realizados
4.1. Estudio de Condiciones de vida de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Málaga (SSAP)
El objetivo del estudio es doble, en primer lugar, profundizar en el conocimiento de la po- blación usuaria de los SSAP, a partir de la información recogida en los 11 Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad y en segundo lugar, avanzar en el estudio de las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión social. Se reflejan situaciones de desigualdad que
van más allá de la carencia de medios económicos, están relacionadas con déficits educati- vos, con la falta de oportunidades para acceder al mercado de trabajo en igualdad de con- diciones, para obtener un empleo estable y de calidad o para acceder a una vivienda digna.
Los datos proceden del Sistema de información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), aplicación informática elaborada por el Ministerio de Asuntos Sociales a mediados de los años 90, como instrumento profesional de recogida de datos de las personas usuarias de Servicios Sociales de Atención Primaria en todo el territorio nacional.
La información relativa a la población en general de la ciudad se ha obtenido del Padrón de habitantes de Málaga.
Para ámbitos territoriales superiores al municipio, los datos se han obtenido de diver- sas publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de Población Activa y Encuesta de Condiciones de Vida y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).
El primer estudio se publicó en 2012 analizando toda la información registrada en el pe- riodo 1996-2011 y el segundo, presentado en 2014, se centra solo en las familias atendidas en el año 2013.
Está previsto que en adelante se publique cada dos años de modo que el próximo se presentará en 2016, con datos de 2015 , no obstante, anualmente, a modo de resumen, se publica el Perfil de las personas y las características de las familias.
Dado que conservamos las descargas SIUSS desde el año 2002, podemos reconstruir las series temporales desde ese año y estudiar así la evolución en el tiempo.
El análisis se hace de las personas usuarias de los SSAP de toda la ciudad, con referencias concretas a la división administrativa en 11 distritos municipales.
Dado que la aplicación lo permite, es posible referenciar estos datos para ámbitos geo- gráficos más pequeños con los cuales se trabaja en los Centros de Servicios Sociales como son las 64 Unidades de Trabajo Social (UTS), subdivisiones de los Distritos, y los 185 Núcleos de Trabajo Social (NTS), subdivisiones de las UTS.
Los datos registrados ofrecen numerosas posibilidades de análisis cuyos resultados he- mos tratado de resumir en un Informe final que se estructura de la siguiente forma:
• Características de las familias atendidas
• Perfil de las personas, miembros de esas familias
• Intervenciones o conjunto de actuaciones profesionales
• Análisis de las necesidades diagnosticadas
Las conclusiones de cada edición del Estudio de condiciones de vida de la población usuaria de los SSAP en Málaga no varían sustancialmente de las del primero. Los resultados del análisis se repiten para todas las variables estudiadas.
Los datos evidencian que en torno a un 10% de las familias de Málaga han tenido dificul- tades para satisfacer sus necesidades más fundamentales. Dificultades para atender necesi- dades básicas, de vivienda, educativas,… y dificultades para acceder a la información, que las sitúa en una situación de desventaja para acceder a un empleo, a una vivienda digna o
incluso a la justicia o a la cultura.
Las diferencias con la población en general se mantienen, e incluso se acentúan las des- critas en 2011, evidenciando su carácter estructural, como ya concluíamos entonces.
Tabla 1. Población de 16 y más años analfabeta/sin estudios
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y SIUSS 2013
Las representaciones gráficas de la brecha laboral, la educativa, las diferencias territoria- les e incluso las descritas entre hombres y mujeres, son verdaderas radiografías de la des- igualdad estructural.
El carácter estructural de las diferencias observadas y de las necesidades diagnosticadas, nos hace pensar que la condición de mayor vulnerabilidad de esta población no es debida solo a las circunstancias personales descritas; más bien son las condiciones sociales de des- igualdad (desventaja) las responsables en última instancia.
El incremento progresivo de la proporción de familias atendidas que ya tenían expedien- te en los Centros nos hace pensar que la crisis ha afectado en mayor medida a las familias atendidas anteriormente, en lo que a necesidades sociales se refiere y ha hecho más vulne- rables a las personas y a las familias que ya lo eran; en definitiva, no ha hecho sino agravar la situación de exclusión de los ya excluidos (pobreza persistente) agrandando la brecha que las separa del resto de la población.
Lo ocurrido en el periodo de estudio es un reflejo de la realidad social y económica, con- secuencia de los cambios en las condiciones de vida de la población en general y de los impactos que se producen por los avances y retrocesos en Política social. Así en el periodo 2007-2009 la puesta en marcha de la “Ley de atención a las personas en situación de depen- dencia y promoción de la autonomía personal hace aflorar unas necesidades que ya existían pero que no tenían respuesta hasta ese momento, aumentando considerablemente el nú- mero de familias atendidas y las intervenciones profesionales. Del mismo modo hemos po- dido apreciar como la crisis financiera y los recortes en política social en el periodo siguiente, 2010-2013, produjeron un incremento de las necesidades del sector familias, relacionadas
con la carencia de ingresos en general.
Por último, hemos podido comprobar como el SIUSS puede ser un instrumento profesional básico para hacer este tipo de estudios, permitiendo numerosas posibilidades de análisis de la población, sus características sociodemográficas, la evolución en el tiempo, su distribución espacial, etc., y también muy útil para la Planificación de las políticas sociales en general.
4.2. Mapa de Trabajo Social de Málaga. Cifras e Indicadores
El Mapa de Trabajo Social de Málaga se presenta como una herramienta básica para el Trabajador Social, útil al mismo tiempo para otros profesionales de la intervención social, investigadores y responsables políticos, en tanto que proporciona un conocimiento básico del territorio y la población objeto de intervención.
El objetivo del Mapa de Trabajo Social es la generación de un sistema de información pro- pio que facilite el análisis y diagnóstico de la situación social de la ciudad, su evolución en el tiempo y que permita la comparación con otros ámbitos territoriales. Se realiza cada 4 años.
Su origen está en otras publicaciones anteriores del Área de Bienestar Social con un con- tenido similar y es fruto de la colaboración del Área de Derechos Sociales con otras dos Áreas municipales: la Sección de Cartografía municipal y Callejero del Centro Municipal de Infor- mática (CEMI) y la Sección de Padrón de Habitantes del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (GESTRISAM) del Ayuntamiento de Málaga
Esta publicación es el punto de partida para la realización del Diagnóstico Social de la ciudad, es de hecho uno de los documentos que lo conforman, si pensamos en el esquema planteado por Marco Marchioni (1987) cuando habla de los cuatro elementos imprescindi- bles para el conocimiento de la comunidad: Población, Territorio, Necesidades y Recursos.
El territorio es el lugar en el que se produce la relación de las personas de la comunidad, y el que determina, en buena medida, las condiciones de vida de la población. En este sentido el documento aporta la cartografía de la ciudad, con los planos de cada una de las divisiones territoriales: 11 Distritos municipales, 64 Unidades de Trabajo Social (UTS) y 185 Núcleos de Trabajo Social (NTS), que suponen un total de 261 planos, con la expresión de sus límites geográficos y el callejero por tramos.
Mapa 1. Málaga, Distritos Municipales
Fuente: Sección de Cartografía Municipal. CEMI
Para el conocimiento de la población el documento ofrece los indicadores demográficos básicos elaborados a partir del Padrón de Habitantes de la ciudad, utilizando la metodolo- gía del INE para que sean comparables con los obtenidos para otros ámbitos geográficos superiores. Están organizados en cuatro bloques: Población total, distribución territorial, es- tructura de la población y movimiento natural. Estos indicadores se detallan para cada uno de los ámbitos geográficos señalados: la Ciudad, los Distritos Municipales, las UTS y los NTS.
El Mapa de Trabajo Social de Málaga se configura como un conjunto de cifras e indicadores que, resumen el perfil demográfico de la población residente en la ciudad, permite observar la evolución de los principales fenómenos demográficos (natalidad, fecundidad y mortalidad), el crecimiento y la estructura de la población (edad, sexo y nacionalidad). Pero sin duda su mayor aportación sea ofrecer dicha información desagregada en los diferentes ámbitos territoriales.
Tabla 1. Principales indicadores de natalidad, fecundidad y mortalidad
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón de habitantes de Málaga
4.3. Diagnóstico Social de la ciudad
El Diagnóstico Social de la ciudad sirve de base al Plan Municipal para la Inclusión Social 2014-2018 que realiza el Área de Derechos Sociales, ofreciendo la información básica para programar acciones concretas en su nexo de unión entre la investigación y la programación. El objeto es conocer para actuar con eficacia, principio fundamental en el que se basa la necesidad de realizar un Diagnóstico. Se recoge, sistematiza, relaciona y, tras un análisis e interpretación de los datos, se estructura en bloques: Territorio, población y Necesidades Sociales.
Partimos del estudio documental de diversas publicaciones: Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, Encuesta de Condiciones de Vida 2013 (ECV) del Instituto Na- cional de Estadística, conclusiones del Foro de reflexión sobre exclusión social en Málaga de Octubre 2012, Distribución de la renta en la ciudad Málaga, desigualdad y pobreza en 2011, y las investigaciones propias expuestas anteriormente: Estudio de condiciones de vida SSAP, Perfil y Necesidades valoradas en 2012 y Mapa de Trabajo Social de Málaga.
Para el estudio de las Necesidades Sociales se realizó Seminarios de trabajo con el 100% de los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, en el que se priorizaron las ne- cesidades sociales del catálogo de SIUSS y que fue la base para el diseño de una encuesta a la población malagueña.
Los resultados que se muestran en el Diagnóstico, por tanto, proceden del estudio de las necesidades reales manifestadas por la población usuaria de los Servicios Sociales de Atención Primaria en el período 2008-2012, de las investigaciones realizadas acerca de la percepción e importancia relativa que le dan los profesionales y la población en general.
5. Conclusiones y próximos proyectos
Las investigaciones realizadas desde el Observatorio han conseguido devolver a los pro- fesionales la información sistematizada de los datos recogidos en los últimos 20 años, fruto del trabajo desarrollado en los Servicios Sociales Comunitarios.
Trabajamos con fuentes de datos primarias, que posteriormente analizamos con SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), lo que nos permite posibilidades de análisis con todos los registros, no con muestras.
El análisis realizado ha dejado abiertas otras posibilidades de estudios parciales más en profundidad y también ha supuesto el planteamiento de numerosos interrogantes acerca de las causas más inmediatas de los problemas sociales y de las consecuencias del modelo de intervención. Análisis que se podrán abordar en las sucesivos trabajos. Ya se han realizado Trabajos fin de Master (TFM) con estos datos, sobre inmigrantes, violencia, vivienda y Tesis Doctoral sobre maltrato a Mayores.
Por último, hemos podido comprobar como el SIUSS puede ser un instrumento profesio- nal básico para hacer este tipo de estudios de la población usuaria de los SSAP, permitiendo numerosas posibilidades de análisis: características, evolución, distribución espacial, etc., convirtiéndose en un instrumento muy útil también para la Planificación de las políticas sociales en general.
Y para finalizar, los trabajos en los que en actualidad se está trabajando son:
Estudio sobre Pobreza Infantil
Panel de Indicadores sociales o Barómetro Social
6. Bibliografía y Fuentes consultadas
Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (2011). Manifiesto: A más crisis, más políticas sociales.
Área de Derechos Sociales (2012). Foro de Reflexión sobre Exclusión Social en Málaga. Málaga:
Ayuntamiento de Málaga, Área de Derechos Sociales.
Ayuntamiento de Málaga. (2015). Área de Derechos Sociales. Recuperado de: http:// derechossociales.malaga.eu/
Ayuntamiento de Málaga. (2015). Observatorio Municipal para la Inclusión Social. Recupera- do de: http://observatoriosocial.malaga.eu/
Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, denominada «Europa 2020: Una es- trategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» [COM(2010) 2020 final
– no publicada en el Diario Oficial].
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 16 de diciembre de 2010 «Plataforma Eu- ropea contra la Pobreza y la Exclusión Social: un marco europeo para la cohesión social y territorial» [COM(2010) 758 final – no publicada en el Diario Oficial].
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 31 de enero de 2011, denominada «Abor- dar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda Europa 2020» [COM(2011) 18 final – no publicada en el Diario Oficial].
Fresno, J.M. y Tsolakis, A. (2010). Cohesión social e inclusión social en la Estrategia Unión Eu- ropea 2020. Documentación Social, 157, pp. 29-46.
Fundación FOESSA (2011). Manifiesto. La pobreza y la exclusión en la crisis, un reto estructural. Recuperado de http://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=4103
Fundación FOESSA (2013). Análisis y perspectivas. Desigualdad y derechos sociales. Recupe- rado de: http://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=4556
Fundación FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Recupe- rado de: http://www.foessa2014.es/informe/
INE (2013). Encuesta de Condiciones de Vida. Recuperado de: http://www.ine.es/jaxi/menu.
do?type=pcaxis&path=/t25/p453&file=inebase
Junta de Andalucía (2015). Servicios Sociales Comunitarios. Recuperado de: http://www. juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Servicios_Sociales_Comunitarios/ HTML/index.html
Marchioni, M (1987). Planificación Social y Organización de la Comunidad. Madrid: Editorial Popular S.A.
Marcuello, C. (2010). Nuevas formas de exclusión por el impacto de la crisis. En Debates fun- damentales en el marco de la inclusión social en España. (pp. 11-28). Madrid: Fundación Luis Vives.
Martín, G., García, A. y Fernández, A (2011). La Distribución de la Renta en la Ciudad de Málaga. Índice de Gini, Curva de Lorenz, Desigualdad y Pobreza en 2011. Málaga: Servicio de Progra- mas Europeos del Ayuntamiento de Málaga (Observatorio de Medio Ambiente Urbano).
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Investigación (2015). Servicios Sociales de Aten- ción Primaria. Recuperado de: http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/ serviciosSociales/home.htm
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Investigación (2014). Plan Nacional para la Inclu- sión Social del Reino de España 2013-2016. Diagnóstico de la situación de la pobreza y la exclusión social en España. Recuperado de: http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/
politicasocial/Documents/PlanNacionalAccionInclusionSocial_2013_2016.pdf
OXFAM (2014). Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas. Recuperado de: http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/ InformeIGUALESAcabemosConlaDesigualdadExtrema.pdf
Renes, V., Lorenzo, F. and Chahín, A. (2007). Poniendo en práctica la estrategia europea de in- clusión social. Madrid: Fundación Luis Vives. Cuaderno Europeo nº 4.
WIlkinson y Kate Pickett (2009). Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Edit. Turner.
LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: NUEVAS TENDENCIAS DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Las transformaciones económicas acaecidas en España durante las últimas décadas, han allanado un camino que configura una nueva sociedad. La inmigración como parte de estos cambios resulta ser un fenómeno con múltiples consecuencias en las nuevas relaciones so- ciales, laborales y políticas, poniendo en evidencia el carácter de una sociedad dividida no sólo por clase social, sino también por origen y género. La inserción desigualitaria de esta nueva población, sumada al contexto de crisis económica actual, reforzará la figura de este grupo como aquellos prescindibles y extraños, condición que los ubica como una población en riesgo de exclusión social.
Palabras claves: Exclusión, Inmigrantes, Desigualdad, Integración, mercado de trabajo.
The economic transformations in Spain in recent decades have paved a path that sets a new society. Immigration as part of these changes is still a phenomenon with multiple impli- cations in the new social, labor and political relations, highlighting the character of a society divided not only by social class but also by origin and gender. The inegalitarian insertion of this new population, coupled with the context of the current economic crisis will reinforce the figure of these as those expendable and strange, a condition that places them as a po- pulation at risk of social exclusion.
Keywords: Exclusion, Immigration, Inequality, integration, labor market.
Las transformaciones socioeconómicas ocurridas en España desde el inicio del nuevo mi- lenio, han configurado una nueva sociedad dividida y con nuevas estructuras de estratifi- cación social. Fruto del auge económico y el aumento de oportunidades de empleo que se avistaba con el comienzo de los años 2000, España empieza a atraer mano de obra extranje- ra que pudieran hacer frente con la aceleración de empleo y ocupar aquellos puestos labo- rales que las personas autóctonas no estaban dispuestas a ejercer, producto de la elevación
Comunicación: LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA: NUEVAS TENDENCIAS DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL
de expectativas o niveles de deseabilidad de esta población. Los inmigrantes han llegado
a ubicarse en su gran mayoría dentro de la base de la jerarquía laboral, constituyendo con
ello, una nueva división social, entre oriundos y extranjeros. Su concreción se ha visto refle-
jada de manera clara en la aparición de puestos de trabajo en sectores como la hostelería, la construcción, el servicio doméstico, el cuidado de personas dependientes y la limpieza (Arango, 2004). Ergo, el modelo productivo que presentaba este periodo estuvo basado en el crecimiento del trabajo intensivo y de poco valor añadido, sumado con la demanda de mujeres inmigrantes dentro del servicio doméstico, dada la fuerte incorporación de la mujer española en el mercado de trabajo.
Sin embargo, esta dinámica migratoria presenta una desaceleración a partir del 2008, año
en el que la entrada de la crisis económica lleva a destruir multitud de empleos, así como a crear una mayor precariedad en las bases de la jerarquía laboral, siendo los inmigrantes los actores sociales más afectados. Situación que se muestra de manera diferencial en relación
a la región de origen y género, llevando a asumir por tanto nuevas formas y tendencias de
desigualdad. La literatura existente en esta materia (Aparicio y Giménez, 2003; Cárdenas y Mejía, 2006; Cuadrado, Iglesias y Llorente, 2008) muestra que la inserción en el mercado laboral para esta población se efectúa bajo un estatus de inmigrante que los hace más vul- nerables en los espacios sociales, y por ende, que puede ser fuente de desigualdades con respecto a la población nativa. La influencia de estos contingentes migratorios empiezan a dar cambios importantes no solo en los nuevos modelos económicos, sino también en las nuevas formas de ciudadanía y de integración (Tezanos, 2007).
En este sentido, el periodo de desequilibrio económico por el que España atraviesa, no sólo ha repercutido en los niveles de desigualdad económica y laboral; a su vez, el desem- pleo, la crisis del Estado de Bienestar y la precarización laboral han llevado a aflorar contex- tos de exclusión social (Hernández, 2008) hacia el colectivo inmigrante, visto como aquel agente perturbador que no hace parte de un nosotros sino más bien se visualiza dentro de un discurso marcado por la alteridad de ese otro, ajeno a la unidad y a la integridad. A partir de los datos de la Encuesta de Población Activa –EPA- del cuarto trimestre del 2014 se ponen en evidencia algunos de los factores de desigualdad a los que la población inmigrante está expuesta dentro del mercado laboral y su consecuencia en los demás ámbitos sociales.
Este panorama de cambios y la construcción de esta nueva sociedad, presentan un de- safío muy importante para la actuación profesional desde el trabajo social. La necesidad de avanzar en la el debate y comprensión del fenómeno migratorio, pueden facilitar la incor- poración de estrategias y procesos que respondan a los nuevos requerimientos sociales de la realidad española, afrontando de esta forma los factores exclusógenos derivados de esta.
La reciente pero intensa dinámica migratoria en España y sus formas de desigualdad
Además de las transformaciones de la sociedad, el fenómeno de las migración interna- cional responde a una lógica de atracción y expulsión, que tiene su base en las grandes fronteras de la pobreza, y, en la desigualdad existente entre los distintos países del planeta (Tezanos, 2007). Existe un éxodo internacional desde zonas menos ricas hacia países y regio- nes que ofrecen mayores oportunidades de bienestar, empleo y seguridad. De acuerdo con
la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- para 2014 se estiman en el mundo 214 millones de migrantes internacionales, lo que corresponde al 3,1% de la población mun- dial y dentro de esta cifra el 49% de estos migrantes está compuesto por las mujeres.
La mayoría de estos flujos de migración internacional proceden de los países del Sur, es decir, aproximadamente 174 millones de personas migrantes -el 81% del conjunto de migrantes en el mundo- son nacidas en países en desarrollo. De manera pues que estamos ante un proceso migratorio que según Tezanos y Tezanos (2006) “… están teniendo lugar, básicamente en torno a fronteras en las que se manifiestan importantes desigualdades eco- nómicas, poblacionales y culturales, dando lugar a una brecha social cuya hondura tiende a agrandarse con el tiempo” (p.17). Parece ser que las desigualdades de desarrollo económico se reflejan y se trasladan dentro de la sociedad receptora y configuran un nuevo escenario dentro de las relaciones sociales.
En este aspecto, las migraciones internacionales se han ido tornado como un tópico re- levante en la escena social, política y económica debido a la intensa entrada de flujos mi- gratorios en Europa durante los primeros años del siglo XXI, y en especial, por los efectos que esta conlleva en las sociedades de origen y de acogida. España se erige como una de las zonas con mayor número de inmigrantes, presentando un proceso migratorio extenso por número, pero también, intenso por el ritmo de su crecimiento. Se ha producido un au- mento vertiginoso de la inmigración, especialmente en el periodo 2000-2008, época que ya muchos autores califican como el boom inmigratorio y que culmina con la entrada de la crisis económica en el país, en la cual, se pasó de cifras de 0,6 millones de inmigrantes a 5,5 millones de personas que inmigraban en el país, lo cual significa que la población inmigran- te pasó del 3,3% al 12% con respecto al total de la población.
Este importante crecimiento de la inmigración en España viene cargado además por una fuerte heterogeneidad en cuanto a las regiones y países de procedencia, su estructura viene a configurarse por un amplio peso de países del sur, especialmente los flujos latinoamerica- nos y de la Europa del este, unido a una significativa representación y protagonismo de las migraciones femeninas, que rompe con las concepciones tradicionales de las migraciones internacionales como un hecho meramente masculinizado.
La intensificación de esta población tiene múltiples razones, entre las que se destaca la demanda de mano de obra como producto del crecimiento económico del país, situación que va a tener un efecto en la creación de un ejército laboral de reserva para la ocupación en sectores de alto dinamismo económico pero con fuertes procesos de precarización laboral y exclusión. Es decir, se producen “desplazamientos de unos colectivos por otros, respondien- do a una atribuida mayor flexibilidad que puede esconder un rechazo a lo más diferente y una posición de abuso y explotación sobre el más débil recién llegado” (Cachón, 2004, p. 5).
Esta situación, ha generado diversos interrogantes acerca de la manera en la que los in- migrantes se integran laboralmente, y de hecho, múltiples estudios (Cachón, 2003; Garrido y Toharia, 2004; Amuedo-Dorantes y De la Rica, 2007; Fernández, 2010) ponen en evidencia la existencia de un mercado de trabajo desigual entre inmigrantes y autóctonos, surgiendo bajo este contexto el concepto de inmigrante como categoría social, por el cual se transfor- ma la lógica social en el país de acogida.
Los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística en España, dejan latente la situa-
ción de desigualdad de la que hacen parte los inmigrantes. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2014, la ubicación laboral de esta población muestra una tendencia más homogénea que la de la población autóctona, pues- to que para los inmigrantes se expresa básicamente en el segmento secundario del mercado de trabajo, esto es, dentro de empleos inestables, con bajos salarios y menor estatus socio- profesional como el comercio y la hostelería, y en actividades como el servicio doméstico, limpieza, y cuidados de personas dependientes; es decir, se concentran en ciertos nichos la- borales específicos y etnoestratificados, mientras que la estructura de los autóctonos corres- ponde con una mayor distribución en las demás ramas de ocupación, algunas de las cuales, como es el caso de la administración pública, sugieren además una barrera para el acceso de ciertos colectivos inmigrantes debido a los requisitos que se exigen, especialmente para los cargos públicos.
La ubicación en determinados espacios laborales dentro de la sociedad de acogida va a tener una incidencia directa en los bajos salarios que puede percibir esta población y en su nivel y calidad de vida, lo cual resulta ser un limitante para el acceso a recursos y servicios de salud, educación y participación. De manera que el mercado de trabajo se convierte en definitiva como un mecanismo de exclusión social que los señala como población social- mente vulnerable (Bermúdez, Cortés y Galera, 2011). El contexto laboral entonces genera y es generado por procesos de segregación social que elucidan estereotipos y los ubican en un estatus con menores garantías que afecta al individuo y a su familia.
Esta situación se ve más aguda en el caso de las mujeres inmigrantes, para quienes la dualización del mercado laboral las ubica de manera significativa en actividades del servicio doméstico, actividades con niveles de informalización elevados y con menor oportunidad de movilidad social y laboral, que van a responder a “la provisión inadecuada de servicios de cuidado por parte del Estado [que es solventada] a través del incremento de la demanda de trabajadoras domésticas desde las familias” (Parella y Cavalcanti, 2010, p. 5). De manera que su concentración en los espacios laborales es aún mayor a la de los hombres inmigrantes, lo que muestra con ello el carácter de tercerización, precarización y segmentación del trabajo (Colectivo IOE, 1998). En este sentido, la persistencia de una tradición social las asigna casi en exclusiva a labores no valoradas en el mercado y aun cuando se observen condiciones formativas similares o superiores a la de los hombres homólogos, no se encuentra una me- joría en el acceso al trabajo, por lo que su figura queda doblemente penalizada por el hecho de ser migrante y por el hecho de ser mujer.
Producto de esta ubicación es que las cifras de paro en la población inmigrante reflejan un efecto más negativo y ponen en evidencia la vulnerabilidad laboral y social a la que están expuestos estas personas. Si bien, el acceso a un empleo no constituye por sí mismo una ga- rantía suficiente de integración, éste sigue siendo un aspecto fundamental para la inclusión social y la participación como ciudadanos (Cachón, 2009).
La destrucción de empleo que se ha generado a partir de la crisis económica iniciada en 2008, ha llevado a afectar tanto a autóctonos como a inmigrantes. Sin embargo, la ubicación especifica que presentan estos últimos dentro del mercado de trabajo en los puestos más débiles, ha hecho que su situación se vea más acentuada en relación a la población espa- ñola, quienes presentan una tasa de paro de 19% frente a los inmigrantes que alcanzan una cifra de 32%, poniendo en evidencia la desigualdad y vulnerabilidad de estos nuevos resi-
dentes en las posiciones laborales más frágiles que los impulsa hacia estados de desempleo
o hacia actividades dentro de la economía sumergida.
Además, la consecuencia no es solo económica, sino a su vez se concibe como un efecto de vulnerabilidad jurídica, pues puede desembocar en la irregularidad de documentos en el país de acogida (irregularidad sobrevenida), una situación de marginalidad social. Todas es- tas circunstancias llevan a complejizar el contexto del inmigrante dentro de la sociedad es- pañola. La precariedad de su inserción en el mercado de trabajo se presenta como un fenó- meno, cuyas consecuencias trascienden lo netamente laboral, como es el hecho de contar con un contrato de trabajo que pueda garantizar su permanencia y la regularidad en el país.
Toda esta dinámica y lógica laboral de la inmigración en la sociedad española, implica la creación de nuevas asimetrías que refuerzan los componentes de división y fractura social. Es decir, este escenario de desigualdad en oportunidades considera la sociedad no como un conjunto integrado, sino al contrario, como diferentes micro-sociedades ya sea en función de etnia, género o condición socioeconómica. Las tensiones que se engendran en torno a la igualdad y al mercado de trabajo componen así factores de importante índole para el debate social y político.
La exclusión social como efecto en un contexto de crisis
El impacto de la crisis económica y su consecuente destrucción de empleo ha creado un panorama de mayor precariedad social, marginación y segregación. El ajuste de la econo- mía continúa produciendo reestructuraciones sociales y políticas, las cuales agudizan las diferencias existentes entre los sectores de la sociedad, y en este sentido, la condición de inmigrante va a reflejar riesgos adicionales de exclusión.
Las restricciones del mercado de trabajo han llevado a recrudecer los prejuicios ante esta población. Bajo el contexto del cual parten determinados sectores de la población inmi- grante, no es casualidad que lleguen a encontrarse con una mayor vulnerabilidad ante cual- quier incidencia negativa del mercado, afrontando con ello la acumulación de factores ex- clusógenos referidos a la ausencia de oportunidades laborales, falta de vivienda y recursos materiales.
En la medida que las tasas de paro en los inmigrantes han ido creciendo, también se han ido aumentando las situaciones de precariedad y deterioro en sus condiciones de vida, con- dición que los empuja a hacer uso de los diferentes dispositivos de ayuda humanitaria, sea
a través de instituciones estatales, religiosas, y ONG’s que han visto crecer la demanda del
servicio en extranjeros y autóctonos con apenas limitados recursos (Aparicio y Tornos, 2014). Dicha situación empieza a formar cierto malestar en la opinión pública de los españoles, quienes ven que la concesión de oportunidades para este grupo se presenta en detrimento de los autóctonos (Checa y Arjona, 2013). En este sentido, se resalta un antagonismo hacia el
no nacional, basándose en la competencia individual en cuanto al desplazamiento de recur- sos y trabajo, pero también en referencia hacia una competencia colectiva y su conservación de la identidad.
La imagen del inmigrante como usurpador e intruso se refuerza ante estas situaciones de crisis, en el que la disputa por los derechos, ventajas y oportunidades sociales y laborales
con la población autóctona los ubica en las fronteras de la exclusión social ante actitudes de rechazo, que además, responden al retroceso de las políticas sociales y el debilitamiento del Estado de Bienestar, reproduciendo barreras que impiden las posibilidades de integración de inmigrantes dentro de la estructura social y económica del país.
La dualidad social aquí empieza a tener cabida en las relaciones de la sociedad, y con ello, se aplican nuevos modelos o tipos de ciudadanía, determinándose una forma de ciudadanía secundaria desde la cual el inmigrante se ve abocado a condiciones sociales infraposiciona- das y con menos derechos, que acentúan los procesos de exclusión social existentes en la sociedad española. Es decir, se perfila una situación diferenciada entre unos y otros, por un lado para la población que se encuentra totalmente integrada, con empleos estables, ingre- sos regulares y gratificantes que generan una perspectiva de vida individual, familiar y social satisfactoria; por otro lado, está aquella población con una problemática económica más acuciante, personas en largo periodo de desempleo o con trabajos precarios mal remune- rados e inestables, que van generando una condición con pocas posibilidades de movilidad social y fuertes desequilibrios tanto a nivel familiar como social. Dentro de este segmento, además de la población española de bajos recursos, se ubica la población inmigrante como subcategoría en la que además de sufrir los efectos de la economía, también se ven afecta- dos por el quiebre de los lazos sociales que los etiqueta como un ente prescindible y extraño al que no se considera en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Tal y como lo explica Tezanos (2002):
[…] lo que está ocurriendo obliga a considerar a nuestras sociedades […] como un modelo de círculos concéntricos, en el que el máximo nivel de integración y de perte- nencia sólo es alcanzable por los ciudadanos plenos que se sitúan en el núcleo o esfera central de la sociedad, mientras que en las zonas periféricas se conforman distintos grados de pertenencia y de oportunidades sociales y vitales hasta llegar, en una serie de círculos o estratos, a aquellos que quedan arrojados en las fronteras exteriores del sistema, donde quedan desdibujadas las condiciones de ciudadanía y no se reconocen prácticamente muchas de las conquistas de la modernidad”. (Pág. 48)
¿Existen respuestas ante esta situación?
“[…] la exclusión, y las personas afectadas por ella, en cierto modo, importunan, molestan a los ciudadanos, porque les presentan una faz en la que no se quieren reconocer y de la que quieren huir, a trabajadores y educadores sociales y a otros profesionales porque les recuerdan los límites y las dificultades de su trabajo; a los responsables políticos porque en parte los deslegitima; y a los medios de comunicación porque no acostumbran a ser noticia” (Estivill, 2003)
Ante el panorama en el que nos encontramos actualmente, es pertinente aducir que el problema de la desigualdad y la exclusión social que se desprende de la dinámica migratoria española tiene un carácter estructural; y en este sentido, pocos son los esfuerzos si las res- puestas y acciones estratégicas no atienden y procuran por esta complejidad. La inserción social de los inmigrantes y en especial de la mujer inmigrante, parte de una condición de desigualdad que perpetúa y produce brechas dualizadoras. Debilitar los factores exclusóge- nos que generan la precariedad en el ámbito laboral y la marginalidad social debe ser uno
de los pilares en la actuación.
La lucha contra la exclusión social debe afrontar un reto innovador, en el sentido que me- rece ser un esfuerzo de consenso social (Tezano, 2002), entendiendo este proceso como un proceso colectivo, no sólo de la población inmigrante, sino a su vez de los demás actores de la sociedad, es decir, sus aliados, sus opositores y con los a priori indiferentes (Estivill, 2003), llevando a desarrollar una acción integral desde una perspectiva intersectorial. Bajo este escenario, es preciso incorporar un debate social que permita sacar a la luz las tensiones, miedos, experiencias, conocimientos y beneficios de la diversidad cultural, confluyendo con las distintas visiones y posiciones, para realizar un balance acerca de un modelo claro de convivencia y de integración.
Neutralizar los riesgos de exclusión social en una sociedad dividida va a depender del trabajo conjunto entre todos los actores involucrados, no sólo debe darse una respuesta unilateral hacia el inmigrante, ese recién llegado a quien hay que integrar, sino a su vez, es necesario la inclusión dentro de esta dinámica del autóctono, empresario, comunidades lo- cales y Estado, incorporando en su accionar la participación y cooperación del sector públi- co y privado como actores que constituyen el avance en múltiples direcciones y posibilitan la cohesión social.
Desde este contexto de participación y acción plural, la estrategia consistiría en poder abordar la exclusión social a partir de todas sus dimensiones, ya sean políticas, económicas, sociales y culturales, superando con ello la segmentación en sus lógicas y procurando una sinergia entre la administración pública, la sociedad civil, y el mercado, como nuevas formas de alianza para proteger los derechos y las necesidades de los ciudadanos; y a su vez, poten- ciar las redes que unen a los inmigrantes en situación de exclusión con las demás comunida- des locales y el resto de tejido asociativo, compartiendo, debatiendo e interviniendo en sus dificultades y problemáticas.
Esta actuación debe ir acompañada por la incorporación y gestión de una política ágil que lleve a considerar un análisis multidimensional de la realidad social de las personas in- migrantes y, en este sentido, se muestra con ingente urgencia la reestructuración de una política migratoria adecuada en el que el inmigrante deje de ser visto a partir del modelo instrumental imperante en Europa, desde el cual es considerado solamente como mano de obra y amortiguador de las necesidades laborales en los momentos de expansión económi- ca, despojándole de su perspectiva individual y familiar. Articular todas estas formas de ac- tuación implica el cambio en los supuestos básicos de desarrollo que se basan en discursos de crecimiento económico, lo que por tanto reivindica su planteamiento a partir de las ne- cesidades particulares de los distintos grupos de la sociedad, y más aún, sobre los derechos de las personas que se encuentran en una situación de exclusión.
En definitiva, las políticas de inclusión tienen que integrar una visión más holística del tema, lo cual implica una política de más amplio alcance, políticas con modelos transver- sales de inclusión y con mayor proximidad territorial, una iniciativa viable que incorpore mecanismos y escenarios de participación, así como el fortalecimiento del capital social y humano.
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Comunicación: LAS MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS EN LA CIUDAD FRONTERIZA DE MELILLA
LAS MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS EN LA CIUDAD FRONTERIZA DE MELILLA
María Isabel Escámez Pastrana
Doctoranda en Sociología Graduada en Trabajo Social Diplomada en Educación Social Miembro del Equipo de Menores de la Ciudad Autónoma de Melilla
En la actualidad la ciudad norteafricana y española de Melilla, se ha convertido en la co- nexión principal de la aventura guiada o no por una figura adulta, iniciada por un gran nú- mero de menores de sexo femenino procedentes en su mayoría de Marruecos. Este fenóme- no, vive una progresión imparable de menores oriundas del África subsahariana.
Este trabajo ofrece una aproximación a este hecho social, relatando el estado de la cues- tión a través de los perfiles obtenidos con las entrevistas en profundidad realizadas a un grupo de éstas menores durante los años 2006 a 2014.
Palabras claves: Menores extranjeras no acompañadas (Menas), frontera, invisibilidad, fe- minización de la pobreza, inmigración infantil.
Today the Spanish and North African city of Melilla, has become the main stream of the guided adventure, or not, by an adult figure, initiated by a large number of female children born mostly in Morocco. This event lives an unstoppable growth of natives kids from the Sub-Saharan Africa.
This study offers an approximation to this social fact, telling the state of this problem through the profiles obtained with in-depth interviews with a group of these children in
Keywords: Unaccompanied foreign minors (Ores), frontier, invisibility, feminization of pover- ty, child immigration.
Introducción. La importancia de las historias personales
La presencia de menores extranjeros no acompañados en nuestras ciudades esta datada en una primera etapa en los años 90. Al inicio, el perfil era el de un menor varón, que vivía en la calle en Marruecos, con poco contacto con su familia y con alguna relación en Europa. Con los años, este tipo de MENA ha evolucionado y actualmente la mayoría de ellos y ellas vivía con su familia antes de emigrar 1 .
El o la MEINA (menor extranjero/a inmigrante no acompañado/a) en el Derecho comuni- tario se define como“el menor de dieciocho años que llega al territorio de los Estados miem- bros sin ir acompañado de un adulto responsable del mismo, ya sea legalmente o con arre- glo a los usos y costumbres, y mientras no esté efectivamente bajo el cuidado de tal adulto responsable de él”. (Directivas 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003 y la Directiva 2001/55/CE, del Consejo, de 20 de julio de 2001). En este concepto se incluye también “a los menores que dejan de estar acompañados después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros”.
Dado el caso, la normativa de extranjería establece que una vez que se comprueba su mi- noría de edad, el o la extranjero/a y menor no acompañado/a, debe ser puesto/a a disposi- ción de los servicios de protección de menores de las Comunidades Autónomas puesto que son éstas las Administraciones competentes para declarar su desamparo, asumir su tutela y ejercer las medidas de protección necesarias.
Una de las garantías con las que cuentan los y las menores extranjeros/as no acompaña- dos/as es la intervención del Ministerio Fiscal, que posee el mandato legal de velar por el cumplimiento adecuado de los procedimientos llevados a cabo con estos/as menores y por el ejercicio de sus derechos, por lo que debe conocer todas las decisiones que se tomen con los/as menores extranjeros/as no acompañados/as. En concreto, los/as Fiscales Delegados/ as de Extranjería tienen asignadas las funciones de intervenir coordinando, supervisando y trasladando las pautas a seguir en los expedientes sobre determinación de edad y repatria- ción de menores extranjeros/as no acompañados/as 2 .
Dado lo anterior y manifestado el perfil diferenciador del caso femenino, procede la nece- sidad e interés por investigar la realidad de un colectivo: las menores extranjeras inmigran- tes no acompañadas, MENAS, en Melilla ya que presentan unas características concretas y diferentes a las de los menores en su misma situación; incidiendo en las
diferencias que manifiesta este colectivo en la ciudad con respecto a otras provincias es- pañolas, además de los contrastes en relación a los proyectos migratorios iniciados por los chicos procedentes de las mismas bolsas de inmigrantes que se encuentran en Marruecos como afirma López García (2006).
De modo indicativo, señalar que con respecto a la iniciativa, a la toma de decisión de emi- grar de las referidas MENAS, ésta puede ser personal o familiar, constatándose la influencia que tiene el “mito europeo” a la hora de tomar la decisión migratoria. Sin olvidar que en el trasfondo de estas migraciones se encuentra la precaria situación económica y social de es- tos/as menores en sus países. Un dato relevante según Jiménez Álvarez (2001) es que el 70% de los jóvenes marroquíes quieren emigrar.
1 Fuente: Entrevistas personales.
2 (Directivas 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003 y la Directiva 2001/55/CE, del Consejo, de 20 de julio de 2001).
Hace más de veinte años que se localizaron en España los primeros menores extranjeros no acompañados, de sexo masculino, y su número ha ido en aumento año tras año, hasta el punto de saturar los centros de primera acogida de los servicios de protección de menores de las Ciudades y Comunidades Autónomas, sobre todo los centros situados en los territo- rios de la frontera sur como es el caso de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla y los centros de las grandes ciudades, como el caso de Madrid y Barcelona. Por este motivo, se creó un Programa Especial 3 de traslado y atención de menores extranjeros/as no acompañados/as o desplazados/as, recibiendo el apoyo económico de la Administración General del Estado, las Ciudades Autónomas de Ceuta, Melilla y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sin embargo, el número de menores de sexo femenino en España, está apenas referencia- do, mientras que en Melilla se mantiene estable creciendo en todo caso de manera mucho más relativa; sufriendo un descenso notable en el año 2010. En las diferencias entre unos y otras se pretende fundamentar este estudio, ya que además son muy escasas las publicacio- nes, memorias o estudios realizados sobre niñas y adolescentes menores no acompañadas frente a la proliferación de tratados sobre los menores en su misma situación, dando así lugar a una errónea creencia acerca de la inexistencia de este nuevo fenómeno social.
Abordando el tema, constatamos como en los primeros años de este siglo venimos siendo testigos de la llegada a España y concretamente a Melilla, de chicas menores que proceden en general de Marruecos. Se acreditan casos de posibles menores de origen subsahariano, que tras ser valoradas por el forense se determina que ya han cumplido la mayoría de edad. Desde el año 2006 al 2010, esta tendencia se mantiene, quedando reducida la incidencia de las menores extranjeras no acompañadas de origen subsahariano a cero 4 . Mientras se ma- nifiesta un incremento considerable de las menores extranjeras no acompañadas de origen subsahariano desde agosto de 2011 al mismo mes del año 2014 5 .
El movimiento migratorio protagonizado por niñas o jóvenes solas, sin estar acompaña- das de personas adultas que ejerzan sobre ellas la patria potestad o tutela ya que no están vinculados por ningún parentesco, se está comprobando como se amplía notablemente. El escenario que esta corriente crea, es marcadamente diferente y bastante más complicado que el de los chicos. Las inequidades las encontramos sobre todo en cuanto al sexo pero también en cuanto a su visibilización que suele ser escasa, y la desprotección que ello con- lleva. Por otra parte se está haciendo evidente un hecho relevante: la feminización de los flujos migratorios y políticas europeas de inmigración como afirman Solé y Cachón (2006).
Además según el profesor Tortosa (2009), se está haciendo notar una nueva realidad: la feminización de la pobreza que no es de las mujeres o niñas en general, sino de las mujeres o niñas en específicas situaciones de vulnerabilidad adicional, es decir, situaciones que aña- den vulnerabilidad a la que ya supone la discriminación como mujer o niña, haciéndola más visible en unos casos “las de abajo” que en otros “las de arriba” y en unos países periféricos que en otros centrales.
Por tales motivos, este trabajo pretende ofrecer una visión de este hecho social, actuali-
3 Fondos de Apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos Resoluciones de 24 de marzo de 2009 (BOE de
2-4-2009).
4 Fuente: Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad Autónoma de Melilla.
5 Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana. Equipo de Menores de la Policía Local. Ciudad Autónoma de Melilla.
zada y localizada en la ciudad de Melilla, desde el año 2006 a la actualidad, realizada durante todo el año 2014 y justificada por la ausencia de estudios contrastados acerca de esta evi- dencia y fundamentada en la novedad que se muestra. Además se intenta dar respuestas, utilizando como herramienta la información contrastada, para el ejercicio productivo de los
y las trabajadores sociales.
Con las biografías o historias personales, podemos construir trayectorias, tipologías de movilidad e ir más allá en los patrones migratorios por su valor para profundizar en la tem- poralidad, frecuencia y motivos de los movimientos en el contexto dinámico de la vida de las menores. Los motivos descritos, son hetereogéneos y en ocasiones una misma menor padece diferentes situaciones que se mezclan con causas y motivaciones personales y/o sociales que pueden explicar su proceso migratorio.
Además de las implicaciones metodológicas y teóricas descritas y que han supuesto el grueso de esta investigación, el material obtenido de las historias personales (historias de vida) nos ha mostrado elementos fundamentales tanto para profundizar en el conocimiento de la situación concreta de las menores en Melilla como para desarrollar los procesos de intervención necesarios para su atención.
Método (sujetos, instrumentos, procedimiento)
El estudio se ha realizado a través un análisis teórico-práctico de la información facilitada por las Administraciones y las entrevistas realizadas a las menores, profundizando en los problemas y dificultades que encuentran los Poderes Públicos competentes en la interven- ción que realizan. Las menores nos han relatado la primera mano qué opinan ellas de su propio proceso migratorio y de las consecuencias de su decisión, así como de las perspec- tivas de inicio de los procesos migratorios y actuales, exponiendo las tendencias de futuro evidenciadas.
En relación a las técnicas utilizadas, debemos señalar que se ha manejado una combina- ción de técnicas cuantitativas y cualitativas logrando así la pretendida triangulación que nos ha permitido obtener perspectivas hetereogéneas a la hora de analizar el hecho social de la entrada ilegal de menores de sexo femenino en Melilla. Las estrategias empleadas en un primer momento de la investigación se han desarrollado de manera exploratoria a través de la revisión de fuentes, documentos, publicaciones y estadísticas. En un segundo momento, este acercamiento a la realidad, nos ha permitido la reformulación de las hipótesis en base
a lo explorado, dando lugar así al establecimiento de los requisitos para compilar la infor-
mación hasta llegar a procesarla. Por último, el trabajo de campo se ha fundamentado en la observación y las entrevistas a informantes clave (menores, Directora General y directores/ as de Centro y Funcionarios).
Los datos estadísticos han sido facilitados desde la misma Consejería de Bienestar Social
y Sanidad y la Policía Local de Melilla, Grupo de Menores, así como la Policía
Nacional Grupo de Extranjería y estos datos han sido analizados para extraer la información relevante para este trabajo. Nos hemos centrado en la fecha de incoación de expediente y me- nor, concretamente en su fecha de apertura añadiendo además variables como la edad, el lugar de procedencia, el centro en el que ha sido acogida y desde luego el sexo, siempre femenino.
Ya que nuestra investigación se ha realizado en una perspectiva de ocho años, la evolu- ción manifestada nos permite preveer las tendencias futuras tanto de edad como de origen. Se ha elaborado además un análisis descriptivo y de contenido de las variables de carácter abierto que nos han permitido obtener la información necesaria para completar la obtenida por las técnicas cualitativas. El adecuado balance en el uso de las diferentes metodologías ha permitido que los métodos no se excluyan mutuamente, sino que se requieran y com- plementen para alcanzar el pretendido holismo. Para el estudio cualitativo se han utilizado distintas técnicas de investigación, dependiendo de las sujetos sociales a las que nos hemos dirigido al objeto de lograr la información que se pretendía. La recogida de la información se ha realizado de modo flexible, en un proceso interactivo continuo marcado por el desarrollo de la investigación.
Se ha utilizado la observación participante, las entrevistas en profundidad a informantes clave y a MENAS y la revisión de fuentes documentales secundarias.
» “Determinar el país o países de los que provienen las menores extranjeras no acompa- ñadas en Melilla durante los años 2006-2014”.
» “Evidenciar a través de nuestra investigación que el fenómeno que nos ocupa se fun- damenta en una nueva forma de inmigración infantil”.
» “Revalidar que el tema que nos ocupa es en sí mismo una nueva forma de inmigración ya que los motivos enumerados por las menores poseen una base documental”.
» “Acreditar las motivaciones de las menores extranjeras no acompañadas y confirmar que la escasez de recursos en los países de origen ha dejado de ser el motivo principal del inicio de sus procesos”.
» “Exponer las tendencias de futuro que se están evidenciando entre este colectivo y el fenómeno estudiado y las respuestas que desde el Trabajo Social podemos ofrecerles”.
Durante el desarrollo de la presente investigación se han manifestado variadas diferen- cias entre las MENAS (sexo femenino) y los MENAS (sexo masculino). Las primeras discrepan- cias se manifiestan como se ha evidenciado en cuanto al sexo, sin embargo, se amplifican en cuanto a las relaciones de poder entre géneros; ya que en general éstas jóvenes en sus sociedades de origen, no disfrutan de condiciones de equidad ni de oportunidad de cons- truir su vida de manera autónoma.
En cuanto a las motivaciones y situaciones que dan origen a la migración son muchas y muy diferentes, frente a los relatos de los niños en los que en general nos encontramos una constante idea de “buscarse la vida”, siendo su estímulo económico sobre todo, las menores empiezan numerando causas documentales en primer lugar y sociales y económicas en se- gundo 6 .
6 Fuente: Entrevistas a las menores.
El caso de estudio que hemos elegido para este análisis engloba múltiples matices: En pri-
mer lugar si se trata o no de una nueva forma de inmigración semi-diseñada por las familias
y permitida por el vecino país; las formas de acceso a la ciudad (siempre por tierra a través de la frontera con Marruecos); el protocolo de actuación ante dichas menores; la atención socio-educativa que les presta la ciudad a modo de respuesta a sus necesidades y las posi- bilidades de inserción social una vez alcanzada su mayoría de edad, así como las tendencias de futuro que se aprecian.
1.- “Las menores extranjeras no acompañadas que se encuentran en Melilla tienen su ori- gen en Marruecos y en los países subsaharianos y han accedido a la ciudad a través de la frontera de manera irregular”.
2.- “El fenómeno sociológico de las menores extranjeras no acompañadas, se ha converti- do en una nueva forma de inmigración infantil tolerada e impulsada por las familias”.
3.-“Las menores extranjeras no acompañadas acceden a Melilla con la intención de docu- mentarse para poder vivir y trabajar fuera de sus países de origen”.
5.- “La mayoría de las chicas mantiene contacto con sus familias de Marruecos quienes aceptan y consienten que sus hijas vivan aquí pero no las reclaman para recuperar su tutela”.
6.- “Las menores extranjeras no acompañadas al llegar a Melilla están informadas de que el procedimiento deben iniciarlo en la Policía Local”.
7.- “Las menores manifiestas que desean vivir de una manera menos rígida y con mayor libertad de lo que lo pueden hacer en Marruecos”.
España es uno de los países con mayor número de menores extranjeros no acompaña- dos. En Melilla, según los datos de la Dirección General del Menor y la Familia de la Conseje- ría de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma, los y las MENAS superan el ochenta
y cinco por ciento los/as Menores atendidos por los Servicios de protección a la infancia.
Con respecto a las MENAS en Melilla, debemos hacer hicapié en su situación de invisi- bilidad. Es una invisibilidad que, como persona inmigrada, de sexo femenino y menor de edad, viene sufriendo ya que existen muchas dificultades para participar como ciudadana de pleno derecho en la sociedad de acogida, no sólo en el espacio del mercado laboral, sino también en la esfera pública en general. El género en este caso, puede añadir riesgos de des- igualdades sociales. La invisibilidad en la que se encuentran, imposibilita valorar aún más las situaciones descritas por la sociedad española como riesgo social y/o exclusión social.
Estas categorías instauran fronteras complicadas, pero también definen realidades que se sustentan en el día a día de las personas. Las menores marroquíes dedicadas al trabajo doméstico, las que deciden abandonar situaciones de semi-esclavitud, las que desean un futuro mejor pero no las condiciones de vida que sufren y las que en todo caso o eligen y son menores. Sus expectativas personales son irreales, distorsionadas por los medios de co-
municación o por los propios compañeros.
Este trabajo ha pretendido mostrar algunos resultados de la investigación sobre MENAS llevada a cabo en la ciudad de Melilla durante los años 2006 a 2014 pero también plantear supuestos sobre estos y estas menores a partir de los cuales seguir trabajando.
• Las MENAS en Melilla, son en su mayoría menores extranjeras inmigrantes no acompa- ñadas procedentes de Marruecos.
Matizando, en Melilla y según las entrevistas realizadas, en el caso de las MENAS y cen- trándonos en el caso de las menores marroquíes por ser la nacionalidad que más casos su- man en Melilla, éstos se van pareciendo cada vez más al de los menores ya que van teniendo un grado mayor de autonomía en la toma de decisiones e incluso las madres van siendo más conscientes de que otra realidad es posible; donde las condiciones sociales, económicas y culturales sean distintas para sus hijas; y las animan a iniciar estos procesos.
ȃ Un hecho relevante a destacar la importancia que éstas chicas otorgan a lo material, lo tangible, diferenciándolo de otros valores. Impresiona ver a priori sus ganas de “triun- far”, “ser famosa”, “salir en televisión”, que tal vez es un valor compartido por algunos de nuestros jóvenes de hoy.
ȃ Otro grupo, define su proceso como de huída. Huyen de un control que en principio puede parecer normal de padres o hermanos. Se aventuran a una nueva vida a partir de los 13 o 14 años, pensando en una independencia que no es real, ya que una vez en
la ciudad están sometidas o bien a los horarios y rigores de un centro de protección,
o en todo caso a los abusos del mayor que la “protege”, que en muchos casos termina
siendo el pago a ciertos favores como traslados hasta la ciudad, acompañamiento e incluso presentación en la Policía Local.
ȃ Las menos se definen como aventureras, que van a probar suerte, definiendo su futuro con algo muy común entre ellas “lo que dios quiera”, evitando participar en su proceso de maduración o adultez.
ȃ Según manifestaciones de alguna menor, le aconsejaron antes de entrar que debía de- cir un nombre ficticio a la hora de acudir a la ciudad y presentarse en las instalaciones de la Policía Local. Por eso destacan nombres inéditos en Marruecos: Shakira Béckam, Lyly Pitt y otros nombres falsos y parecidos a los de sus estrellas favoritas pero “marro- quinizados”.
ȃ Es habitual cambiar de centro al menos tres veces durante su estancia en la ciudad, en ocasiones por bajas con motivo de ausencia continuada del mismo, y en otras por petición expresa de cambio o con motivo de reorganización, ya que en ocasiones por estar en situación de desprotección varios hermanos, se busca una cercanía de ambos en centros anexos.
ȃ La entrada de menores extranjeras no acompañadas, suele producirse en su mayoría
al igual que la de los chicos durante el verano, tal vez por el buen tiempo, o tal vez por
la necesidad de ser estar acompañadas por un/a adulto durante una parte del trayecto
que les “invita” u “obliga” a través de sus padres a iniciar este proceso.
ȃ Una vez llegados al punto pactado, los menores quedan abandonados habitualmente en las instalaciones de la Policía Local, Nacional o Guardia Civil. Ellas tienen claro a lo
que vienen: a buscar una vida mejor.
ȃ En la mayoría de los casos estudiados de MENAS subsaharianas, no eran tales, y se ha comprobado su mayoría de edad una vez realizada la prueba ósea. Queda de manifies- to por tanto que en su proceso migratorio cumplen la mayoría de edad.
ȃ Cuando ya están instaladas en el Centro, se dan casos de madres que las visitan en las inmediaciones de la frontera y en algún caso han acudido al Centro de protección o es- colar a saber de ellas. Cuando esto ha ocurrido y ha podido descubrirse, se ha realizado una reintegración familiar a través de la Policía Local si se ha podido documentar y ha sido asesorada por los Técnicos de Intervención Familiar (para mantener el principio de interés superior del/la menor.
ȃ En general son menores que no cuentan con el apoyo expreso de toda la familia, sólo con el apoyo tácito de sus padres. Cuando no han pasado los años necesarios para que la menor sea documentada, tal vez porque aparece en nuestra ciudad meses antes de cumplir los 18 años, la menor de manera automática, se convierte en un inmigrante adulto en situación irregular. Si es marroquí, se queda en la calle, literalmente (a una de éstas menores sólo le pude ofrecer un abrazo), si es argelina, o del África subsaha- riana que son los casos más habituales, son trasladadas al CETI (CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL DE INMIGRANTES), donde pueden estar hasta cinco años hasta que se re- gularice su situación o sean devueltas a su país de origen dependiendo de variables documentales.
ȃ Cuando se alcanza la mayoría de edad sin obtener el permiso de residencia, la Ley permite conceder una autorización temporal por circunstancias excepcionales a quie- nes hayan participado “adecuadamente” en las acciones formativas y actividades de la entidad que se encarga de su protección.
ȃ Por lo expuesto, hoy por hoy el número de niñas y chicas, por tanto menores extranje- ras no acompañadas localizadas tanto en Melilla como en el resto de nuestro país, está aumentando. En Melilla, este fenómeno está teniendo especial relevancia desde hace unos años, concretamente desde principios del año 2000, según informe de la Policía Local de Melilla.
ȃ El caso de la exMena entrevistada demuestra que el sistema funciona. Estudia, trabaja y se está labrando un futuro prometedor.
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• (Directivas 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003 y la Directiva 2001/55/CE, del Consejo, de 20 de julio de 2001).
• Reglamento aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que desa- rrolla Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran- jeros en España y su integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 4/2003, de 20 de noviembre.
ARANTXA HERNÁNDEZ ECHEGARAY Y JAVIER PACHECO MANGAS
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS, RENTAS MÍNIMAS E INTERVENCIÓN PROFESIONAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN ANDALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN
Ayuntamiento de Palencia. Servicios Sociales Básicos, Palencia, España Universidad de Valladolid. Dpto. de Sociología y Trabajo Social, España Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. UNED, España
Javier Pacheco Mangas
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Servicios Sociales Comunitarios, Málaga, España. Programa de Doctorado en Psicología. Universidad de Málaga
La presente comunicación pretende mostrar una parte de los resultados obtenidos en una investigación dirigida a analizar las prácticas y estrategias de intervención de los Tra- bajadores y Trabajadoras Sociales de los Servicios Sociales Comunitarios, centrándose en el papel que desarrollan en los Sistemas de Rentas Mínimas en el actual contexto de crisis. Haciendo uso de un enfoque cualitativo, se muestran los principales discursos profesionales en este ámbito, mostrando las diferencias y similitudes existentes en los dos territorios ana- lizados: Andalucía y Castilla y León. De los resultados obtenidos se deduce la necesidad de reforzar la acción participativa y comunitaria de la profesión en el diseño de las políticas de inclusión, así como el reto de consolidar las Rentas Mínimas como política de proximidad en el marco de los Servicios Sociales Comunitarios.
Palabras claves: Sistemas de Rentas Mínimas, Servicios Sociales Comunitarios, discurso pro- fesional, intervención social, políticas de proximidad.
This paper aims to show some of the results of an investigation to analyze the practices and intervention strategies of the Social Workers of the Community Social Services, focusing on their role played in minimum income schemes in the current context of crisis. Using a qualitative approach, major professional social work discourses in this field are presented, showing the differences and similarities in the two territories analyzed: Andalucía and Casti- lla y León. The results obtained reinforce the need for participatory and community action of the profession in designing inclusion policies, as well as the challenge of consolidating the Minimum Income as proximity policy within Community Social Services.

References: artículo 25
 artículo 14
 Resolución 
 Real Decreto 
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