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Timestamp: 2017-04-29 03:38:51+00:00

Document:
Procurador emite Medidas Cautelares ante cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado
Detalles	03 Octubre 2013 Visto: 4732	Imprimir Correo electrónico Expediente SS-0478-2013.
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. San Salvador, a las dieciocho horas del día dos de octubre de dos mil trece.
1. En fecha 30 de septiembre de 2013, esta Procuraduría tuvo conocimiento del súbito cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (en adelante “Tutela Legal” o “Tutela Legal del Arzobispado”) y el despido de todo su personal técnico y administrativo sin previo aviso. Tales hechos fueron difundidos ampliamente por diferentes medios de comunicación social.
2. El día 02 de octubre de 2013, el señor José Guillermo Rubio Santos presentó denuncia ante esta Procuraduría, mediante la cual manifestó haberse desempeñado hasta el 30 de septiembre del presente año como educador en derechos humanos de Tutela Legal del Arzobispado y haber sido notificado de su despido sin previo aviso, al igual que todo el personal de esa oficina en la misma fecha. Según los términos de la denuncia, el acto de despido se habría realizado de forma denigrante para el personal de Tutela Legal, ya que se les impidió ingresar a sus oficinas, ordenándoles el sacerdote Carlos Echeverría que permanecieran en las instalaciones del auditórium del Arzobispado; además, se les sometió a vigilancia por personal armado de seguridad privada. Ante la exigencia del personal para recibir explicaciones y evitar el maltrato recibido, se presentó Monseñor Rafael Urrutia, quien les comunicó verbalmente que estaban despedidos por decisión del Señor Arzobispo de San Salvador Monseñor José Luis Escobar Alas. Solo se les permitió retirar sus liquidaciones uno por uno y retirar de las oficinas sus objetos personales, bajo la vigilancia de custodios armados y del sacerdote Héctor Pinto.
El denunciante expresó su preocupación porque el cierre de la Oficina afectará a muchas comunidades vulnerables que recibían servicio de la misma, como asistencia jurídica gratuita, recepción de denuncias e investigación en casos de violación a derechos humanos, programas de prevención de violencia, atención a la niñez y juventud, así como educación en derechos humanos, todos ellos financiados con fondos de cooperación internacional. Asimismo, expresó su preocupación por el destino de los archivos históricos de la entidad, pues contienen abundante información sobre graves violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el conflicto armado interno salvadoreño, incluyendo información confidencial sobre víctimas y testigos que podrían ver en riesgo su seguridad, en caso que no se administrase adecuadamente el archivo. Además, la gravedad de la situación para el personal se refleja en que varios de los despedidos habían laborado para Tutela Legal por más de 20 años, e incluso una de las empleadas despedidas se había incorporado a sus labores pocos días antes, luego de su licencia post natal, en tanto otro de los despedidos se encuentra gravemente enfermo y hospitalizado.
3. En fecha 01 de octubre de 2013, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos solicitó formalmente al Señor Arzobispo de San Salvador, una audiencia para dialogar sobre el cierre de Tutela Legal y el destino futuro de los archivos históricos de derechos humanos, sin que el Señor Arzobispo hubiese respondido a la petición hasta el momento de dictarse la presente resolución, pese a reiterados llamados desde el Despacho del Procurador para tal efecto.
4. El día 02 de octubre de 2013, el Señor Arzobispo de San Salvador emitió un comunicado referente a la disolución de la Oficina de Tutela Legal, en el cual expresó que tal acto Arzobispal se realizó con el fin de “adecuar de mejor manera sus estructuras en el área de resguardo, acompañamiento y defensa de los derechos de las víctimas en los tiempos actuales” y luego de un amplio trabajo de investigación sobre el desempeño de Tutela Legal. Informó en el mismo comunicado la creación de una Comisión Ad Hoc para asumir las áreas jurídicas, administrativas y financieras, con un carácter transitorio, en tanto se formulan reformas para la creación de un nuevo organismo arquidiocesano para la defensa de los derechos humanos de “las víctimas de nuestra sociedad actual”. Asimismo, informó de la creación de un “Centro de Documentación y Archivos” a partir del día 01 de octubre de 2013, el cual será responsable de la custodia y administración de los archivos de Tutela Legal.
5. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante “el Procurador”), con relación a los hechos descritos, considera plenamente comprobados la disolución y cierre de funciones de la Oficina de Tutela Legal, así como el despido sin previo aviso de sus empleados por disposición formal del Señor Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien ha reconocido públicamente tal decisión arzobispal.
6. Pese a que los hechos verificados y denunciados se han producido por responsabilidad de una autoridad no estatal, los mismos no inhiben al Procurador de conocer y pronunciarse sobre los mismos, en aplicación de sus atribuciones establecidas en el artículo 194.I, ordinales 1°, 2°, 3°, 10° y 11° de la Constitución de la República y en consideración a que, de conformidad con la doctrina de los derechos humanos, excepcionalmente entidades privadas pueden ser responsables de violaciones de los derechos humanos cuando éstas, por sus características, actúan de hecho -de facto- como una autoridad con posibilidades de restringir derechos humanos. Tal circunstancia ha sido reconocida además en la jurisprudencia constitucional de El Salvador y regulada reglamentariamente por esta Procuraduría[1].
7. En el presente caso, el Procurador considera que el personal despedido de la Oficina de Tutela Legal tiene la calidad de “defensores y defensoras de los derechos humanos”, por lo cual se ha vulnerado su derecho a no ser sometidos a actos que conlleven “violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo” de los derechos consagrados en la “Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos”.[2]
8. Por otra parte, el Procurador encuentra de suma preocupación que la disolución abrupta de Tutela Legal ha provocado una situación de alta vulnerabilidad de los archivos históricos bajo custodia y administración, hasta el pasado 30 de septiembre, del personal que ha sido despedido. Tal situación afecta gravemente las garantías de preservación de tales archivos, así como las garantías para la administración de los mismos en orden a facilitar su consulta bajo los estándares de seguridad necesarios y garantizar la debida cooperación con los tribunales y otras entidades oficiales de investigación.
9. De conformidad con los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la garantía de preservación de este tipo de archivos debe incluir medidas técnicas específicas y sanciones para impedir la sustracción, destrucción, disimulación o falsificación de los archivos; asimismo, medidas específicas para facilitar la consulta de los mismos, bajo el principio de garantía del interés de las víctimas y sus familiares para hacer valer sus derechos (especialmente sus derechos a saber la verdad y a acceder a recursos judiciales efectivos). Además, debe incluir medidas específicas para salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y contar con salvaguardas respecto de la imposición de formalidades con fines de censura. También la administración de los archivos debe garantizar la cooperación con los tribunales e investigadores que trabajen bajo la responsabilidad de los mismos; mantener la observancia de requisitos pertinentes para proteger la vida privada y, especialmente, ofrecer seguridades de la confidencialidad para las víctimas y testigos que aportaron información bajo esa condición previa a su testimonio[3]. Las medidas aquí señaladas son necesarias en orden a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos (artículos 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4]), así como a garantizar el derecho de las víctimas a tener acceso a información sobre las violaciones y los mecanismos de reparación[5].
10. Resulta evidente para el Procurador, que la decisión del Señor Arzobispo de San Salvador de crear un “Centro de Documentación y Archivos”, con fecha 01 de octubre de 2013 y con posterioridad a la disolución de Tutela Legal y despido de todo su personal calificado, en modo alguno genera garantías suficientes de preservación y administración de los archivos bajo un mínimo aceptable en consideración a los estándares referidos en la presente resolución. Por lo tanto, el Procurador externa su preocupación por esta condición de vulnerabilidad de la extensa información contenida en tales archivos.
Asimismo, no puede soslayar que los archivos de Tutela Legal del Arzobispado contienen información acopiada y sistematizada durante más de treinta años y, en su mayor parte, referida a graves crímenes internacionales acaecidos durante el conflicto armado interno salvadoreño, respecto del cual probablemente cientos o miles de víctimas y testigos aportaron información bajo garantía de confidencialidad, por lo cual la vulnerabilidad de los archivos coloca a estas personas en un potencial riesgo de que se vea afectada su privacidad, seguridad personal e incluso su vida, en algunos casos.
11. Tampoco puede obviar el Procurador, que los hechos establecidos en la presente resolución, podrían afectar los derechos de numerosas víctimas que acudieron a la protección de Tutela Legal del Arzobispado, para acceder a información indispensable para hacer valer su derecho a la verdad y su derecho de acceso a recursos judiciales, en la medida que se ven afectadas las garantías de administración de los archivos antes referidas.
C. Declaraciones y Medida Cautelar
Por todo lo anterior, en el ejercicio de las potestades constitucionales y legales, derivadas del artículo 194. I, ordinales 1°, 2°, 10° y 11° de la Constitución de la República y artículos 11, 17, 24, 25, 27, 28, 36 y 45 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RESUELVE:
1°. Declara que los archivos históricos sobre violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, contienen información que debe ser objeto prioritario de protección por parte de las personas responsables de su custodia y administración, pero también y especialmente por parte del Estado en defensa del interés público que dicha información representa.
2°. Concluye que la súbita disolución de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el despido de todo su personal calificado, coloca en grave vulnerabilidad el referido archivo histórico y genera el riesgo de afectación de los derechos humanos de numerosas personas, quienes en condición de víctimas o testigos proporcionaron información a dicha Oficina sobre hechos constitutivos de crímenes internacionales perpetrados durante el conflicto armado interno, a lo largo de treinta y un años de trabajo de Tutela Legal del Arzobispado en defensa y promoción de los derechos humanos. Especialmente, tales hechos ocasionan la posibilidad objetiva de daños irreparables en perjuicio de esas personas por afectación de sus derechos a la privacidad personal, la integridad, la seguridad personal y la vida.
3°. Los hechos establecidos también ocasionan un riesgo de daños irreparables a las personas que hubiesen proporcionado información contenida en tales archivos, quienes en calidad de víctimas, familiares o testigos, tengan el interés legítimo del uso de los mismos para hacer valer sus derechos al conocimiento de la verdad y la promoción de recursos judiciales con relación a los casos documentados en tales archivos.
4°. En orden a lo anterior, en aplicación del artículo 36 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos[6], el Procurador dicta Medida Cautelar al Señor Arzobispo de San Salvador, en orden a que, como responsable de la Arquidiócesis de San Salvador, debe garantizar la preservación de los archivos históricos de Tutela Legal del Arzobispado, así como debe adoptar medidas de administración del mismo a los efectos de facilitar su consulta bajo los criterios de seguridad necesarios y garantizar la cooperación con los tribunales de justicia y la Fiscalía General de la República, en rigurosa observancia de los estándares relacionados en la consideración contenida en el apartado 9 de la presente resolución.
5°. Para los efectos de la aplicación de la Medida Cautelar anterior, el Señor Arzobispo de San Salvador debe autorizar la inspección física de las instalaciones de los archivos por parte de una Comisión designada por el Procurador, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, a la cual deberá proporcionar información detallada sobre las medidas de preservación y administración del archivo que hayan sido adoptadas y permitir las condiciones y tiempo necesario para desarrollar su labor. La inspección deberá iniciar en el plazo razonable de cinco días contados a partir de la notificación de la presente resolución.
6°. En caso que el Señor Arzobispo de San Salvador no proceda a autorizar la referida inspección, el Procurador considerará la aplicación de su facultad de realizar la misma previa autorización judicial, en aplicación del artículo 34 inciso segundo de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
7°. El Procurador, en razón de los hechos establecidos y sus consecuencias de afectación a garantías de los derechos humanos aquí expuestas, declara su plena disposición para que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en ejercicio de su alto mandato constitucional, sea la entidad garante de la custodia y administración del registro histórico sobre violaciones de los derechos humanos de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.
8°. De conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley que rige a esta Procuraduría, admítase la denuncia presentada por el Señor José Guillermo Rubio Santos, relativa a la afectación del legítimo derecho de los defensores de Tutela Legal del Arzobispado a no ser objeto de acciones arbitrarias que busquen impedir el ejercicio de su derecho a proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la presunta violaciones a sus derechos laborales, artículos 5, 7, 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 2, 7, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 9°. Con base en el artículo 10 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hago del conocimiento de la Junta Directiva y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la honorable Asamblea Legislativa y del Señor Presidente de la República, la presente resolución de medidas cautelares a efectos que, de acuerdo a sus respectivas competencias legales, tomen las acciones que estimen pertinentes para asegurar la integridad y preservación de los archivos históricos de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.
10°. Hágase del conocimiento del Señor Arzobispo de San Salvador Monseñor José Luis Escobar Alas, de todas las personas que fueron despedidas de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, así como de las organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional y de la sociedad salvadoreña en general.
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Amparo 1097-2002, de las trece horas con cuarenta minutos del día cinco de abril de dos mil cinco. Además,Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Artículo 98.
Organización de Naciones Unidas. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144. A/RES/53/144, 8 de marzo de 1999.
Véase “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” de la Organización de las Naciones Unidas”, Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1
Organización de Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe N° 136/99. Caso 10.488, Ignacio Elacuría, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Armando López, S.J.;Ignacio Martín Baró, S.J.; Joaquín López Y López, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Jjulia Elba Ramos; Y Celina Mariceth Ramos El Salvador 22 de diciembre de 1999.
Organización de las Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.
Art. 36 Ley de la PDDH: “Alrecibirladenuncia,tenerconocimientodeloshechosoencualquierestadodelprocedimiento,paraevitarqueseconsumendañosirreparablesalapersona,elProcuradorpodráadoptarlasmedidascautelaresqueestimenecesariasyeficaces.Laadopcióndetalesmedidasnoprejuzgarálamateriadelaresoluciónfinal”.

References: artículo 194
 artículo 194
 artículo 36
 artículo 34
 artículo 10
 resolución 
 Artículo 98
 Resolución 
 Resolución