Source: http://inviertoyahorro.com/reformafiscal/reformafiscallgt.html
Timestamp: 2019-04-23 05:53:57+00:00

Document:
La Reforma fiscal en España de 2015 y 2016 (Reforma Rajoy) en la guía de fiscalidad y tributación del inversor y ahorrador de Invierto y Ahorro: Ley General Tributaria y lista de morosos
Respecto de la presente sección dedicada a la Reforma Rajoy empezaremos indicando que, en general, todos los aspectos tratados en este sección deben considerarse ya aprobados y con entrada en vigor desde 1 de enero de 2015, salvo que expresamente se indique que su entrada en vigor tendrá lugar en fecha distinta. Ahora bien, respecto de este artículo relativo a la Ley General Tributaria (LGT) y lista de morosos debe precisarse que esta normativa ha sido aprobada mediante la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 22 de septiembre de 2015 y su corrección de errores publicada en el Boletín Oficial del Estado del sábado 26 de septiembre de 2015, que introduce las siguientes novedades con entrada en vigor desde el 12 de octubre de 2015 salvo que en los apartados correspondientes se exponga una fecha distinta.
LEY 34/2015 DE MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA DE APROBACIÓN DE LA LISTA PÚBLICA DE MOROSOS DE HACIENDA DE ESPAÑA Y OTRAS MEDIDAS FISCALES
1.-PUBLICIDAD DE SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO RELEVANTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: LISTAS DE MOROSOS
2.-PLAZO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS
Se introducen las siguientes modificaciones en las actuaciones inspectoras que serán aplicables a todos los procedimientos de inspección que se inicien a partir del 12 de octubre de 2015:
1.-Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de:
a) 18 meses, con carácter general (antes 12 meses).
b) 27 meses (antes 24 meses), cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación (nuevas circunstancias con menor subjetividad):
Cuando se realicen actuaciones inspectoras con diversas personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, la concurrencia de estas circunstancias en cualquiera de ellos determinará la aplicación de este plazo a los procedimientos de inspección seguidos con todos ellos.
2.-El cómputo del plazo del procedimiento inspector se suspenderá desde el momento en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar la liquidación de acuerdo con lo señalado en el artículo 251 de la Ley General Tributaria.
e) El intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de liquidación o del acuerdo por el que se ordena completar actuaciones a que se refiere el artículo 156.3.b) de la Ley General Tributaria.
La suspensión del cómputo del plazo tendrá efectos desde que concurran las circunstancias anteriormente señaladas, lo que se comunicará al obligado tributario a efectos informativos, salvo que con esta comunicación pudiera perjudicarse la realización de investigaciones judiciales, circunstancia que deberá quedar suficientemente motivada en el expediente.
3.-El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento indicado anteriormente (18/27 meses) no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar (desaparece la mención a “la interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obligado tributario”):
a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas durante este plazo.
b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del artículo 27 de la Ley General Tributaria.
3.-CONFLICTO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA Y SU RÉGIMEN SANCIONADOR
La normativa vigente considera que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:
Pues bien, con la normativa hasta ahora vigente se establecía, en el artículo 15 de la Ley General Tributaria, que en las liquidaciones que puedan practicarse con motivo de esta norma “se liquidarán intereses de demora, sin que proceda la imposición de sanciones”; sin embargo, con la nueva redacción de dicho artículo, desaparece la imposibilidad de sancionar al indicarse solamente que “se liquidarán intereses de demora” y; además, se establece un régimen sancionador, en el nuevo artículo 206 bis de la Ley General Tributaria, cuando se acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objeto de regularización y aquel o aquellos otros supuestos en los que se hubiera establecido criterio administrativo y éste hubiese sido hecho público para general conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación. La infracción tributaria prevista en este artículo se considera grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50% de la cuantía no ingresada o devuelta indebidamente (o del 15% de la cantidad indebidamente solicitada o indebidamente determinadas o acreditadas, si se trata de partidas a compensar o deducir en la base imponible, o del 50 % si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes).
Esta nueva normativa relativa al conflicto en la aplicación de la norma tributaria será aplicable a los periodos impositivos cuyo periodo de liquidación finalice después del 12 de octubre de 2015.
4.-DERECHO A COMPROBAR E INVESTIGAR
La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de la Ley General Tributaria no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de la Ley General Tributaria, salvo lo dispuesto a continuación (téngase en cuenta que la reforma incorpora una aclaración de carácter trascendente, explicitando en el texto positivo la interpretación del conjunto normativo que regula el derecho a comprobar e investigar por parte de la Administración, enfatizando el distingo conceptual que existe entre este derecho y el derecho a liquidar):
-El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones.
-En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 148 de la Ley General Tributaria, respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo indicado anteriormente (10 años). En otro caso, deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento de esta comprobación, con indicación de los ejercicios o periodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de comprobación.
-Esta comprobación y, en su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.
Por último debe de tenerse en cuenta que salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la presente limitación del derecho a comprobar no afectará a la obligación de aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron compensaciones de bases o cuotas o bien aplicaciones de deducciones.
Esta nueva normativa de comprobación e investigación resultará de aplicación en los procedimientos de comprobación e investigación ya iniciados a fecha 12 de octubre de 2015 en los que, a dicha fecha, no se hubiese formalizado propuesta de liquidación.
5.-PRESCRIPCIÓN EN LOS TRIBUTOS DE COBRO PERIÓDICO
Para computar la prescripción en los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo.
6.-OBLIGACIONES CONEXAS E INTERRUPCIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN
Así, pueden darse supuestos de doble imposición en perjuicio del obligado tributario. Pero también pueden producirse situaciones de nula tributación en perjuicio de la Hacienda Pública.
Para dar solución a estos problemas se regula el régimen de interrupción de la prescripción de obligaciones tributarias conexas de titularidad del mismo obligado y; como complemento, se regula el cauce procedimental a través del cual la Administración ejercerá su derecho a liquidar, interrumpido conforme a lo anteriormente expuesto, se posibilita la compensación de oficio de posibles cantidades a ingresar y a devolver resultantes, y se garantiza el reintegro de aquellas devoluciones que estén vinculadas a liquidaciones que están siendo objeto de recurso o reclamación por el mismo obligado tributario.
Así en el ámbito de la interrupción de los plazos de prescripción puede observarse que la interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 66 de la Ley General Tributaria (“derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación”) relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) de dicho artículo 66 de la Ley General Tributaria (“derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación” y “derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías”) relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.
A estos efectos se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto.
7.-VALOR PROBATORIO DE LAS FACTURAS
Conforme a nueva redacción del artículo 106 de la Ley General Tributaria “la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones”.
8.-DISPOSICIONES INTERPRETATIVAS
9.-REVOCACIÓN NIF
La anterior normativa indicaba que la publicación de la revocación de un NIF “determinará que las entidades de crédito no realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos de que dispongan las personas jurídicas o entidades sin personalidad a quienes se revoque el número de identificación fiscal, en tanto no se produzca la rehabilitación de dicho número o la asignación a la persona jurídica o entidad afectada de un nuevo número de identificación fiscal”
Pues bien, la nueva normativa indica que la publicación “determinará que las entidades de crédito no realicen cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares de dichos números revocados, salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un nuevo número de identificación fiscal”.
Por lo tanto, se extiende la posibilidad de revocar el NIF a personas físicas y se indica que en aquellas cuentas o depósitos en las que consten titulares o autorizados con un NIF revocado no se podrán realizar cargos o abonos.
10.-OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE DILIGENCIA DEBIDA RELATIVAS A CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA MUTUA
Las instituciones financieras deberán identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras, y suministrar información a la Administración Tributaria respecto de tales cuentas, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, modificada por la Directiva 2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, y a lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
En relación con las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras abiertas a partir de 1 de enero de 2016 en orden a la identificación de su residencia fiscal a los efectos previstos en esta obligación de información, su falta de aportación a la institución financiera en el plazo de 90 días desde que se hubiese solicitado la apertura de la cuenta determinará que ésta no realice cargos, abonos, ni cualesquiera otras operaciones en la misma hasta el momento de su aportación. Esta normativa también será de aplicación en relación con las obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras conforme a lo dispuesto en el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (Asimismo, en el caso de cuentas abiertas durante el año 2015 respecto de las que a 1 de enero de 2016 no se hubiesen aportado las correspondientes declaraciones, su falta de aportación a la institución financiera en el plazo de 60 días desde dicha fecha determinará que ésta no realice cargos, abonos, ni cualesquiera otras operaciones en la misma hasta el momento de su aportación).
Las pruebas documentales, las declaraciones que resulten exigibles a las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y demás información utilizada en cumplimiento de las obligaciones de información y de diligencia debida a que se refiere esta obligación de información deberán estar a disposición de la Administración Tributaria hasta la finalización del cuarto año siguiente a aquel en el que se produzca el cierre de la cuenta financiera. Esta normativa también será de aplicación en relación con las obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras conforme a lo dispuesto en el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA.
Toda institución financiera obligada a comunicar información conforme a la Directiva 2011/16/UE deberá comunicar a cada persona física sujeta a comunicación de información, que la información sobre ella a que se refiere el apartado 3 bis del artículo 8 de la Directiva 2011/16/UE será comunicada a la Administración Tributaria y transferida al Estado miembro que corresponda con arreglo a la citada Directiva. Dicha comunicación debe realizarse antes del 31 de enero del año natural siguiente al primer año en que la cuenta sea una cuenta sujeta a comunicación de información.
11.-RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Se modifica el bloque normativo regulador de las reclamaciones económico- administrativas con el objetivo de agilizar la actuación de los Tribunales y reducir la litigiosidad. Para ello, la reforma promueve una mayor y mejor utilización de medios electrónicos en todas las fases del procedimiento, agiliza los procedimientos y anticipa el sistema de establecimiento de la doctrina de los Tribunales y mejora técnicamente la normativa vigente. En concreto, cabe destacar las siguientes novedades:
-Se atribuye al Tribunal Económico-Administrativo Central la competencia para conocer de las reclamaciones respecto de actuaciones entre particulares, cuando el domicilio fiscal del reclamante se halle fuera de España.
-Se amplía el sistema de unificación de doctrina, potenciando la seguridad jurídica, al atribuirse al Tribunal Económico Administrativo Central la competencia para dictar resoluciones en unificación de criterio y a los Tribunales Económico-Administrativos Regionales la posibilidad de dictar resoluciones de fijación de criterio respecto de las salas desconcentradas.
-En materia de acumulación, se simplifican las reglas de acumulación obligatoria y se introduce la acumulación facultativa.
-Se establece una presunción de representación voluntaria a favor de aquellos que la ostentaron en el procedimiento de aplicación de los tributos del que derive el acto impugnado.
-Se introduce la notificación electrónica para las reclamaciones que se interpongan obligatoriamente por esta vía.
-Se produce una aclaración en materia de costas en el caso de inadmisión, precisándose el ámbito subjetivo de la condena en costas, vinculando la misma a cada instancia, y supeditando la dictada en primera instancia a su posterior confirmación.
-Se suprime la regla especial de cómputo de plazo para recurrir en caso de silencio, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central. Para salvaguardar el legítimo derecho de defensa de los obligados tributarios, si posteriormente a la interposición de la reclamación económico-administrativa se dicta resolución expresa, se notificará concediendo plazo de alegaciones ante los Tribunales Económico-Administrativos, teniéndola por impugnada, sin perjuicio de que la satisfacción extraprocesal ha de ser declarada por el órgano económico-administrativo que estuviera conociendo.
-Se incorpora la referencia al expediente electrónico, la obligatoriedad de la interposición electrónica en caso de que el acto impugnado fuera de notificación obligatoria por esta vía y se aboga por la utilización de manera extensiva de tales medios electrónicos.
-Se determina de forma expresa en norma con rango de ley el plazo del que dispone la Administración para ejecutar la resolución dictada por el Tribunal Económico-administrativo en supuestos distintos de la retroacción, es decir, en supuestos en los que se resuelva por razones sustantivas o de fondo.
-Se completa la regulación en materia de reclamaciones entre particulares con el reconocimiento expreso de la eficacia de las resoluciones que se dicten ante la Administración Tributaria encargada de la aplicación de los tributos.
-Se establece la posibilidad de suspensión de la resolución económico-administrativa en caso de presentación de recursos de alzada ordinarios por los Directores Generales si se dan determinadas circunstancias.
-Se introducen mejoras en materia de recurso de anulación regulándose expresamente aquellos supuestos contra los que no procede dicho recurso.
-Se crea un nuevo recurso, el de ejecución, llamado hasta ahora incidente de ejecución, contra actos dictados como consecuencia de una resolución estimatoria del Tribunal, clarificando el ámbito de aplicación objetivo, simplificando el procedimiento y estableciendo el carácter urgente en su tramitación.
-Se reduce a seis meses el plazo de resolución del recurso extraordinario de revisión.
-Por último, se sustituye el procedimiento ante los órganos unipersonales por el procedimiento abreviado para las reclamaciones de menor cuantía en el que el tribunal podrá actuar de forma unipersonal.
12.-DELITO FISCAL Y RECAUDACIÓN
Con dicha finalidad se incorpora en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, un nuevo Título VI específicamente dedicado a las actuaciones a desarrollar en estos supuestos. La regla general será la práctica de liquidación y el desarrollo de las actuaciones recaudatorias de la deuda tributaria cuantificada a través de la misma, sin perjuicio de que, en determinados casos explicitados en la norma tributaria, el legislador haya optado, en estricta sujeción al carácter potestativo fijado en la norma penal en este punto, por la paralización de las actuaciones, sin practicar liquidación, en tanto en cuanto no exista un pronunciamiento en sede jurisdiccional.
Además de esa consecuencia, la nueva estructura de la norma permitirá superar también el diferente trato de favor que la regulación preexistente dispensaba a quién se constituía en presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública frente a quién se configuraba como mero infractor administrativo, en relación con la obligación que atañía a éste último frente al primero de pagar o garantizar la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo.
Además, en la actual configuración del delito contra la Hacienda Pública se ha incorporado en norma positiva el concepto de regularización, definida ésta como el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, configurándose como el verdadero reverso del delito, haciendo posible el pleno retorno a la legalidad y poniendo fin a la lesión provisional del bien jurídico protegido producida por la defraudación. A tal efecto la Ley recuerda qué elementos integran la deuda tributaria, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, confirmando la potestad de la Administración Tributaria de realizar las comprobaciones que se consideren precisas en orden a determinar la existencia, en su caso, del completo reconocimiento y pago de la deuda que exige dicha regularización.
La otra consecuencia será, con carácter general, como se indicó más arriba, la práctica de una liquidación administrativa, a cuyo efecto se regula un procedimiento específico en el que será precisa, para dictar dicha liquidación, la autorización previa del órgano competente para interponer la denuncia o querella.
Los responsables tributarios: Tal y como ya se ha indicado, la modificación orgánica trata de eliminar situaciones de privilegio y situar al presunto delincuente en la misma posición de cualquier otro deudor tributario. En coherencia con dicha finalidad se hace preciso establecer un nuevo supuesto de responsabilidad tributaria basado en la condición de causante o colaborador en la defraudación, cualificada, además, por la necesidad de la condición de imputado en el proceso penal. La declaración de responsabilidad en estos supuestos posibilitará la actuación de la Administración Tributaria en orden al cobro de la deuda tributaria, liquidada en origen al obligado tributario sujeto pasivo, en sede de responsable, llevando a sus últimos efectos el mandato de la modificación penal en cuanto a la recaudación de la deuda tributaria liquidada vinculada al presunto delito.
13.-LA FISCALIDAD, LA UNIÓN EUROPEA Y LA RECUPERACIÓN DE AYUDAS DE ESTADO
Las Decisiones de la Comisión Europea exigiendo la recuperación de ayudas de estado son obligatorias en todos sus términos para sus destinatarios, los Estados miembros, que deberán lograr restablecer la situación existente con anterioridad al disfrute de la ayuda sin dilación y con arreglo a los procedimientos del derecho interno del Estado miembro destinatario. En el caso español, la normativa interna no prevé ningún procedimiento para la recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario, carencia que se viene a solventar mediante la introducción de un nuevo título en Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regulador de los procedimientos a seguir para la ejecución de las Decisiones de recuperación en este ámbito.
Además, se incorporan reglas especiales de prescripción impuestas por normativa comunitaria, no siendo por tanto aplicables los plazos de prescripción internos en relación con la deuda tributaria resultante exclusivamente de la ejecución de la decisión.
14.-PROYECTO DE SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN A LA AGENCIA TRIBUTARIA (PROYECTO SII)
Se prevé el desarrollo reglamentario de las obligaciones formales necesarias para hacer efectivo el Proyecto SII (Suministro Inmediato de Información), que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017. Se trata de los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se pueda efectuar por medios telemáticos. El Proyecto del Suministro Inmediato de Información de la Agencia Tributaria implantará un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales. Después de cada facturación, los contribuyentes enviarán a la Agencia Tributaria el detalle de las facturas emitidas y recibidas, donde los libros-registro se irán formando con cada uno de los envíos del detalle de las operaciones realizadas, la llevanza electrónica de los libros. Con la información recibida y la de la base de datos, la Agencia Tributaria podrá elaborar los datos fiscales del contribuyente, a efectos del IVA, facilitando la declaración del impuesto al contribuyente, incrementando su seguridad jurídica y permitiendo eximirle del cumplimiento de obligaciones informativas anuales.

References: artículo 18
 artículo 251
 resolución 
 artículo 156
 artículo 27
 artículo 15
 artículo 206
 artículo 66
 artículo 115
 artículo 148
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 106
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 58