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Timestamp: 2020-07-11 05:06:12+00:00

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La libertad por falta de mérito prevista en el artículo 320 del Código Procesal Penal, no se encuentra ligada al mérito de la imputación, sino con la suficiencia o insuficiencia de elementos a efectos del dictado de una medida de coerción personal.
Nada obsta a que quien se encuentra gozando del beneficio de libertad por falta de mérito, en el ámbito provincial, sea llevado a juicio oral, previo cumplimentar las exigencias procesales de la etapa de control de la imputación.
Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa Nº 13.921(Reg. de Presidencia Nº 44.358) caratulada “O. G., P. A. R. s/ Recurso de Casación” y acum. Nº 13.907 (Reg. de Pres. Nº 44.243) “M., C. M. s/Recurso de Casación”, rta. 26 de octubre 2011.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 26 días el mes de octubre de 2011, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, doctores Víctor Horacio Violini y Daniel Carral (art.451 C.P.P.) con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 13.921(Reg. de Presidencia Nº 44.358) caratulada “O. G., P. A. R. s/ Recurso de Casación” y acum. Nº 13.907 (Reg. de Pres. Nº 44.243) “M., C. M. s/Recurso de Casación” conforme al siguiente orden de votación: CARRAL-VIOLINI.
1) En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, condenó a P. A. O. G. a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de secuestro extorsivo cometido con arma de fuego, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal con robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda (hechos Nro. 1 y 2); delitos de secuestro extorsivo cometido con arma de fuego, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal con robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego (hecho Nro. 3); robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho Nro. 4) todos ellos en concurso real entre sí (artículos 41 bis, 42, 54, 55, 166 inc. 2do, segundo párrafo, 167 inc. 2do, 170 primer párrafo “in fine” y párrafo segundo inciso sexto, y 166 inc. 2do y 189 bis, tercer párrafo –según ley vigente- del Código Penal).
Asimismo, condenó a C. M. M. a la pena de trece años y seis meses de prisión, por resultar coautor de los delitos identificados precedentemente como “hecho Nro. 3”.
2) Contra dicho pronunciamiento, interpone recurso de casación la Defensa Oficial de O. G. (fs. 118/150) por el cauce previsto en los artículos 448, 450, 454 y concordantes del Código Procesal Penal.
A estos efectos, denuncia la violación a los artículos 106, 210, 371 y 373 del Código Procesal Penal, toda vez que sostiene que la sentencia bajo análisis resulta arbitraria en lo que a la interpretación y valoración de la prueba se refiere -particularmente en lo atinente a la acreditación de los extremos de la autoría de su defendido-, señalando que, bajo la crítica denunciada, la resolución no constituye una derivación razonada. También se agravia respecto de la errónea aplicación de la ley sustantiva en cuanto se aplicó la agravante genérica prevista en el art. 41 bis del Código Penal, tanto a los supuestos de secuestro extorsivo como al caso identificado en el hecho Nro. 4 que remite a la infracción al art. 166 inc. 2do del C.P.. Hizo reserva del caso federal.
De otro lado, la defensa de C. M. M., interpuso recurso de casación (fs. 105/131 del respectivo legajo). Denuncia diversas nulidades, con elemento común en la afectación de la defensa en juicio. En la misma pieza recursiva, se agravia –expresamente- de la arbitrariedad en la valoración de la prueba, apoyando su crítica en la inobservancia de la regla de los artículos 106, 210, 371 y 373 del código adjetivo, como asimismo arbitrariedad por ausencia de motivación. Finalmente, objeta la aplicación –desde su visión errónea- de la agravante “nocturnidad”, solicitando se case la sentencia atacada y se absuelva libremente a su asistido.
3) Radicado el recurso en la Sala con la acumulación dispuesta a fs. 159 y, notificadas las partes (fs. 152), con expreso desistimiento de la audiencia de informes, sustituyen la fundamentación de sus posiciones con los escritos que obran glosados al legajo.
4) A fs. 179/181 se expide la Defensoría ante esta Sede, manteniendo los motivos de agravio argüidos por su inferior, a lo que aduna la errónea aplicación de la ley sustantiva en torno a la aplicación del art. 167 inc. 2do del C.P. Del mismo modo, cuestiona la valoración de la proclividad delictiva como agravante criticando la ausencia de fundamentación y, por contrariar el art. 18 de la C.N. Mantiene la reserva de caso federal.
Por su parte, a fs. 182/198, el imputado O. G., patrocinado por la Defensora General del Departamento Judicial de Quilmes, efectúa una presentación en la que detalla diversas situaciones vivenciadas durante su encierro cautelar, explicita los sucesivos traslados a los que fue sometido, como así también las diversas lesionas sufridas entre las que se destaca la pérdida de un órgano. Al respecto, solicita expresamente la compensación por pena natural o en su caso la reducción de la sanción.
En igual sentido se ha expedido el Señor Defensor ante este Tribunal, a través de la presentación glosada a fs. 166/172, adjuntando copias certificadas de la historia clínica de O. G..
A su turno, se expide la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal (fs. 162/171) dictaminando el rechazo de las agravios de los recurrentes, con excepción de lo concerniente a la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal como agravante genérica de la infracción al art. 166 inc. 2do (texto anterior a la ley 25.882), ello por imperio de la doctrina sentada por nuestro máximo Tribunal Provincial en el precedente P.102.850, concluyendo que corresponde su obliteración.
Finalmente, rebate las argumentaciones que persiguen la reducción punitiva -a partir de las lesiones sufridas por el acusado O. G.- fundando su posición en que las mismas han sido consecuencia de la conducta asumida a propio riesgo por el imputado quien junto a su hermano detenido atacaron a otro interno en el lugar de detención.
5) Encontrándose la Sala en condiciones de resolver en forma definitiva, se plantean y votan las siguientes
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Carral dijo:
I. El tribunal de la instancia luego de la sustanciación de la audiencia de debate tuvo por probado los siguientes hechos:
Hecho Nro.1 “Que el día 26 de junio del 2004 siendo las 02:00 horas aproximadamente, cuatro sujetos de sexo masculino procedieron a privar ilegítimamente de la libertad a Osmar Angel Boffa y a Miriam Liliana Boffa, en ocasión que las mismas se trasladaban en un vehículo Renault Clio color gris, cuando fueron embestidos por un automóvil Fiat color blanco, en las calles Campichuelo y Gorriti de Florencio Varela, en el cual se movilizaban los agresores, portando armas de fuego. Que en esas circunstancias los sujetos indicados abordaron el rodado de las víctimas, propinándole a Osmar Angel Boffa un golpe en la cabeza con una de las armas de fuego ocasionándole lesiones de leve entidad. Que luego, y con las víctimas privadas de su libertad, comenzaron a recorrer la zona y a efectuar llamados a efectos de obtener un rescate por la liberación de los damnificados, el cual fue finalmente pagado por José Fontana, consistiendo el mismo en la suma de mil pesos en efectivo, una cámara de fotos, un reproductor de casettes personal marca sony y un reloj pulsera marca Tag Heuger con malla metálica cuadrante blanco y calendario. Que dicho rescate fue abonado en las calles Mitre y Borrego de Quilmes. Que finalmente las víctimas fueron liberadas alrededor de las 3.00 horas. Asimismo los sujetos masculinos también les sustrajeron a las víctimas durante su retención ilegal, un reloj pulsera marca QQ con cuadrante negro y fondo color verde, una gargantilla de oro con el escudo de Boca Juniors, dos tarjetas de débito, una del Banco Rio y otra del City Bank, un carnet de conductor, un teléfono celular marca motorota Modelo GSM CTI móvil nro. 15-54190473, un par de aros de oro, una gargantilla y un delfín pequeño de oro, una constancia de seguro del auto de la Compañía Meridional”
Hecho Nro.2 “El día 10 de julio de 2004, en las inmediaciones de las calles Vélez Sarfield y Ayolas de la localidad y partido de Quilmes, siendo alrededor de las 19:30 horas, tres sujetos de sexo masculino, mediante el empleo de armas de fuego, privaron ilegítimamente de la libertad a G. A. y a un amigo de este de nombre L. A., quienes se hallaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet Corsa dominio CUR …, obligándolos a pasar al asiento trasero e iniciar un viaje en dicho rodado. En el recorrido, hicieron descender del rodado a A., en la intersección de las calles Andrés Baranda y Laprida, continuando con la privación ilegal de la libertad de A.. Que luego, mediante llamados telefónicos exigieron a los familiares de A. la suma de pesos 40.000 en calidad de rescate. Que en el trayecto la víctima fue obligada a ascender a otro vehículo marca Ford Escort dominio BKT-…, propiedad de R.L. P., del que se apoderaron ilegítimamente los sujetos mediante el uso de armas de fuego. Luego, a través de sucesivas comunicaciones telefónicas los captores guiaron a J. H. V. hasta las inmediaciones del hotel Eros, donde entregó el rescate que ascendió a la suma de pesos cuatro mil doscientos cincuenta, una video grabadora marca JVC, serie nro.091S7351, un walkman marca Aiwa serie nro. HSTA223, una cámara fotográfica marca premier R500. Finalmente minutos después G. A. fue liberado en las inmediaciones del denominado cruce de la localidad de Florencio Varela.
Asimismo los mismos sujetos se apoderaron ilegítimamente, en las circunstancias antes descriptas y con violencia ejercida sobre la víctima A., de un vehículo marca Chevrolet Corsa CUR …, un DNI nro…., CIPF …, licencia de conducir con el mismo número de DNI mencionado y una tarjeta expedida por el boliche de razón social “El Bosque”, propiedad del nombrado.”
Hecho Nro.3 “El día 14 de julio de 2004, siendo aproximadamente las 20.30 horas cuatro sujetos del sexo masculino, mediante el empleo de armas de fuego, privaron ilegítimamente de su libertad a Sebastián Ignacio Perrone, frente al domicilio ubicado en calle 39 y 159 de la localidad de Plátanos, partido de Berazategui, obligándolo a iniciar un viaje en su vehículo Peugeot Partner dominio DED 356. En la misma circunstancia, se apoderaron ilegítimamente, de dos anillos de oro de propiedad de Marina Raquel Salvieri, en ocasión en la cual se encontraba por ascender al rodado. Que posteriormente los sujetos, mediante llamados telefónicos exigieron a los familiares de la víctima la suma de pesos cuarenta mil en concepto de rescate. Que en el recorrido Perrone fue obligado a ascender a otro vehículo marca Ford Ka dominio CEH-310, propiedad de Marcelo Salvador Ferraro, el cual le fuera sustraído ilegítimamente, mediante intimidación con arma de fuego, en la intersección de las calles Juan Cruz Varela y Belgrano del partido de Quilmes. Luego, a través de las sucesivas comunicaciones los captores guiaron a María Raquel Salvieri, encargada de entregar el rescate, hasta el viaducto de Sarandí sobre Av. Mitre y Debenedetti, partido de Avellaneda, lugar donde éste finalmente entregó la suma de cinco mil pesos. Que luego de recorrer varias arterias la victima fue liberada en el asentamiento denominado Villa Iratí del partido de Quilmes. Asimismo, los sujetos se apoderaron, de manera ilegítima y en las circunstancias referidas precedentemente, de un aparato celular marca Samsung, una credencial de abogado del Colegio de Abogados de Quilmas, una tarjeta de crédito del Banco del Buen Ayre, una tarjeta del videoclub BlockBuster, la suma de cien pesos, una agenda personal y otros bienes, propiedad de Perrone. Que asimismo se les imputa a los encartados la sustracción ilegítima y con violencia de dos anillos de oro propiedad de Marina Raquel Spalvieri en las circunstancias en que su esposo Perrone fue privado de su libertad frente a su domicilio, ocasión en la que se encontraba acompañado por la nombrada”
Hecho Nro.4 “El día 11 de marzo de 2003, siendo aproximadamente las 14.30 horas, en la calle El Cardenal, a la altura del numeral 3667, de la localidad de San José, Partido de Lomas de Zamora, dos sujetos de sexo masculino que se desplazaban a bordo de una motocicleta, interceptaron a Eduardo Di Giovanni y Renato Oscar Walenten y mediante intimidación ejercida con un arma de fuego que portaba uno de los sujetos, sin autorización legal para ser legítimo usuario, se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo, un celular y una billetera propiedad de los nombrados, no logrando concretar el cometido por la pronta intervención policial que procedió a reducir a ambos sujetos a unos 40 metros, teniendo consigo los bienes despojados y el arma de fuego, del tipo pistola, calibre 22 largo, marca Bersa, modelo 224 DA serie nro.145854”
II. Sentado el desarrollo del factum de imputación que se tuvo por probado, es dable destacar que la totalidad de los hechos descriptos le fueron enrostrados al imputado O. G., en tanto que al encausado M. el objeto de reproche se encuentra limitado a su intervención como coautor en el hecho individualizado bajo el Nro.3.
Así, abordaré en primer término la situación de P. A. O. G..
En relación al suceso antes identificado como hecho Nro.1, la defensa se agravia de la racionalidad con la que se formó convicción y fundamentó la autoría de su asistido. Sobre el punto, el impugnante critica que se haya omitido considerar la individualización con ciertas contradicciones que efectuara el testigo Fontana, quien fuera el encargado de pagar el rescate.
Según el parecer del recurrente, Fontana asoció a dos personas sindicadas como aquella que “iba de acompañante…”.
Más allá del reparo que opone la defensa, importa destacar que en oportunidad en que el citado testigo reconoció en la diligencia de rueda de personas a O. G., lo hizo sin hesitación alguna, identificando las circunstancias de su conocimiento y, persistió con igual seguridad al momento de ser controlado su testimonio en la audiencia de debate, prestando indicaciones que, como bien señala el Tribunal de la instancia, se correlacionan con el imputado O. G.. Al respecto, señaló apreciarlo más delgado, ello en correspondencia con la situación física que el nombrado ostentaba, debido a la huelga de hambre que sostuviera en los días previos al debate. Tampoco obsta a la entidad convictiva de ese testimonio, la circunstancia de haber tomado contacto en la sede de la fiscalía con álbumes de fotografías, que refirió entre dos y cuatro, cuando además supo brindar suficientes detalles como para efectuar una diligencia de dictado de rostro.
Por lo demás, tanto Fontana como las víctimas del suceso, han coincidido en sus testimonios respecto de los aspectos centrales de cómo ocurrieron los eventos, por lo que el embate en este aspecto no procede.
En punto al examen del individualizado hecho Nro.2, el voto que lleva la voz en el veredicto, al que adhieren el resto de sus colegas, conforma su convicción tomando como eje la denuncia y diligencia de reconocimiento efectuada por R. P., piezas que fueran integradas al debate por su lectura dada la ausencia del citado testigo.
Es dable destacar que el Tribunal desestimó la posibilidad de incorporar los testimonios brindados por el nombrado, ello a partir de no encontrar acreditados los extremos que para ello exige la regla del art. 366 del digesto de forma, a lo que vale agregar –según pacífica doctrina de esta Sala- se suma el hecho que la defensa no tuvo una oportunidad útil y eficaz para controlar la versión del nombrado.
En el párrafo precedente se resalta la entidad que el “a quo” asigna al reconocimiento de P., dado que este elemento positivo se enfrenta a los resultados negativos que arrojaron las diligencias practicadas por los testigos G. A., L. A. y J. V.; los dos primeros víctimas del secuestro extorsivo y, el restante la persona que se ocupara de pagar el rescate exigido.
Según se tiene acreditado, P. fue el sujeto desapoderado del vehículo Ford Escort, color bordó, mientras se encontraba en curso la privación de libertad de G. A., para luego obligar a este último a ascender a dicho rodado.
El Tribunal “a quo” señaló en punto a la valoración, lo siguiente: “Respecto de la participación de O. en el hecho nro. 2 debo decir que si bien es cierto que no fue reconocido en las ruedas de personas practicadas por G. A., L. A. y J. V. (fs. 414/416), no es menos cierto que A. y A. tuvieron limitada su visión en el hecho, y V., en el momento de hacer efectivo el pago del rescate, sólo se entrevistó con uno de los sujetos que cubría su rostro con el cuello de la campera y un gorro” (fs. 95vta./96)
Tras citar jurisprudencia de la Sala II de este Tribunal, en lo atinente a la forma de ponderación de los reconocimientos negativos, el veredicto señala lo siguiente: “Pero O. si fue reconocido por R. P. en la pieza obrante a fs. 413 vta., como la persona que tuvo participación en el robo de su rodado marca Ford Escort”
Sentado lo anterior, en la fundamentación del veredicto se entrelaza la denuncia de P. con la diligencia de reconocimiento en fila de personas antes citada, y con ello se entiende por corroborada la intervención de O. G. en ambos sucesos, adicionando como argumento que los dos episodios se encuentran indisolublemente ligados.
Coincido en que las personas que intervinieran en el desapoderamiento del Ford Escort, son las mismas que participaran en el secuestro extorsivo de A..
No obstante, el punto de análisis versa sobre otro aspecto. Y para ello hay que reparar en el acta que documenta el desarrollo de la medida de reconcocimiento en fila de personas obrante a fs. 413/vta. practicada por R. P..
Allí puede leerse “Reconoce probablemente a las personas con los números 1 y 2, aunque se inclina por la nro.2 como la persona que tuvo participación en el robo de su rodado marca Ford Escort, tratándose de la persona que conducía el automóvil que lo interceptó y no portaba armas. Expresa que no recuerda su cara, sí que puede decir que era morocho y de pelo corto”.(el subrayado me pertenece)
Si bien es cierto que el sujero que ocupó el lugar número dos de la fila era P. A. O. G., no puede soslayarse la precariedad de la individualización. En rigor, el testigo duda entre dos de los integrantes de la rueda y, por sobre todo, termina por reconocer “que no recuerda su cara”.
Pero este es sólo un aspecto de la cuestión. Lo importante en este extremo es que para despejar las dudas que campean en la individualización -máxime si se tienen en cuenta los tres reconocimientos negativos- hubiera sido necesario contar con la producción en el debate del testimonio del sujeto reconociente, es decir P..
En consecuencia, a mi modo de ver, la defensa estuvo desposeída de toda posibilidad de controlar la versión del testigo y las razones de su ausencia, que incluso no alcanzaron para validarla en los términos del art. 366 del C.P.P., no le son en absoluto imputables.
De modo tal que, erigiéndose el incierto reconocimiento de P. en el eje de la acreditación de la autoría del acusado y, acreditándose la imposibilidad no imputable de controlar –por parte de la defensa- los extremos de la denuncia y el relato de lo acontecido, nos enfrentamos a una deficiente reconstrucción de los extremos de la autoría responsable de O. G..
He sostenido en anteriores oportunidades, que tanto para la reconstrucción de lo acontecido como para la atribución de responsabilidad es necesario que en el proceso de conocimiento las partes intervengan en igualdad de oportunidades, y esto implica que la defensa haya tenido oportunidad de ofrecer y producir la prueba de descargo, de controlar y desafiar la prueba de cargo, de producir sus propias conclusiones y refutar las de la acusación, como elementos centrales que hacen al ejercicio de la defensa material en juicio.
Aquí se entrelazan dos situaciones que me llevan a un estado de duda insuperable. Por un lado, el acta que documenta un reconocimiento ambiguo e incierto –basta para ello remitirse al contenido reproducido párrafos antes-. Por el otro, la imposibilidad de la defensa de haber ejercido el control sobre el testimonio de su protagonista.
En suma, entiendo que el agravio en este hecho es procedente y en consecuencia he de proponer al acuerdo la procedencia del recurso en este punto.
En lo que respecta al evento identificado como hecho Nro.3, la situación es diferente. Existen aquí dos diligencias de reconocimiento en rueda de personas. Se trata de Perrone y Spalvieri, el primero quien fuera privado de su libertad, mientras la segunda, se encontraba junto a él en el momento del inicial desapoderamiento y quien, en definitiva, hiciera entrega de la suma exigida como rescate. Ambos coinciden en la identificación, con alguna afirmación potencial, pero a diferencia del supuesto anterior la comparecencia de ambos en el debate permitió desentrañar, contradicción mediante, la eficacia y contundencia de sus testimonios adecuadamente valorados y razonados por el Tribunal de grado.
Advierto que, aquí también el episodio del desapoderamiento del rodado en el que trasbordaron al privado de su libertad, (Ford Ka) aparece estrechamente ligado a los responsables del secuestro extorsivo. Las circunstancias fueron narradas en la audiencia de debate por Marcelo Salvador Ferraro, titular del vehículo ford, quien entre otras referencias temporo-espaciales de coincidencia, describe un vehículo de similares características al que inicialmente fuera utilizado por los captores tras el desapoderamiento a Perrone y que, tras consumar el ilícito que perjudicara a Ferraro, pasaron al privado de su libertad a bordo del mismo.
Con ello encuentro suficiente evidencia de signo acusatorio para tener por acreditado que, O. G. intervino durante todo el tramo de los sucesos delictivos, resultando en consecuencia adecuadamente razonada por el Tribunal “a quo” tanto la ocurrencia de los hechos, como la atribución de responsabilidad enrostrada al acusado.
Respecto del hecho Nro.4, proveniente de la jurisdicción de Lomas de Zamora, observo que la versión testimonial brindada en la audiencia de debate por una de las víctimas –Eduardo Domingo Antonio Di Giovanni- permite recrear el factum de imputación, tanto respecto de las circunstancias que rodearon el evento, finalmente frustrado por el personal policial que acudió al lugar, como así también en relación a los sujetos que intervinieran en el evento disvalioso.
Entre otros elementos, el citado testigo describió a uno de los autores del hecho, particularmente al que esgrimía el arma de fuego, identificándolo por las ropas que vestía y rememorando su individualización por la cicatriz que pudo observar en el momento en que se practicaba su requisa, marca particular que se corresponde con lo constadado por el informe médico legal de fs. 29 vta., tal como acertadamente fuera señalado en el veredicto.
Vale recordar que la aprehensión de O. G., fue en circunstancias de flagrancia y, además que en la audiencia de debate han depuesto los oficiales de la prevención que intervinieran en dicho procedimiento como así también en el secuestro del arma de fuego que utilizaron los agentes activos (testimonio de Barrionuevo y Panadero), reconocida -a su vez- por las víctimas del suceso delictivo.
Se cuenta además con los informes que permiten verificar la ausencia de legitimación para la tenencia del arma, la pericia balística que constata la idoneidad de la misma para ser utilizada según su finalidad y, de la experticia practicada sobre las municiones, también con resultado de aptitud positivo.
No puedo compartir la crítica que la sagaz defensa opone a la valoración de la incautación del arma de fuego y la puesta en duda sobre la identidad respecto de aquella utilizada en el desapoderamiento, toda vez que no permite superar la creíble versión brindada por el oficial Barrionuevo, quien por sus sentidos percibió el momento en que se les cayó el arma a los activos, y que a la postre fue secuestrada. Asimismo, en atención a la forma de ocurrencia de los hechos, la inmediatez de la detención y la ausencia de otro secuestro, encuentro que los elementos valorados sellan la suerte adversa del agravio.
III. La situación de C. M. M.: Es dable recordar que al mencionado se le atribuye su intervención en carácter de coautor en el suceso arriba individualizado como hecho Nro.3.
No se me escapa que durante la etapa preliminar, más allá que fuera oportunamente decretada su falta de mérito (en el ámbito de la competencia federal), también M. había resultado imputado del secuestro extorsivo que tuvo como víctima a A. y, en igual sentido respecto del desapoderamiento del rodado de P. (hecho identificado aquí como Nro.2), respecto de los cuales el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento parcial a su favor, tal como se desprende de la pieza que instrumenta el requerimiento de elevación a juicio.
En lo que respecta al planteo nulidicente esgrimido desde la defensa, en cuanto se pretende tal sanción en punto a todo lo actuado en relación a su ahijado procesal, argumentando para ello que se verifica una “vulneración de la garantía del debido proceso adjetivo” por cuanto las actuaciones prosiguieron bajo la competencia provincial sin considerar que la situación de su pupilo se encontraba en el marco de lo dispuesto por el art. 309 del sistema de enjuiciamiento penal de la Nación, esto es el dictado de un auto de “falta de mérito” (agravio C.1). Situación que -según el parecer de la defensa- vulnera el principio constitucional del “non bis in idem” (agravios C.4), por cuanto sobre la base de los mismos elementos que dieron lugar al dictado de falta de mérito en sede federal, consentido por la Fiscalía del fuero de excepción, el órgano de persecución estatal de la Provincia de Buenos Aires, siguió adelante con la acusación que finalmente habilitara el pronunciamiento jurisdiccional.
Discrepo con la posición sostenida así desde la defensa, en el entendimiento que no existe afectación alguna al debido proceso y el traspaso de la competencia al fuero provincial no ha limitado ni cercenado las posibilidades de defensa del encausado M..
En efecto, existe, a mi modo de ver, un yerro conceptual en la argumentación que la defensa trae en apoyo de su petición. Se insiste en la ausencia de un “auto de procesamiento” como consecuencia del dictado de la falta de mérito, y que la declaración indagatoria del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, no tiene el mismo alcance que la declaración del imputado que prevé nuestro ordenamiento Provincial en el art. 308 del C.P.P., por cuanto esta última importa de por sí un procesamiento.(fs. 116/117)
En primer lugar, la libertad por falta de mérito en nuestro ordenamiento provincial (art. 320) no se encuentra ligado al “mérito” de la imputación, sino con la suficiencia o insuficiencia de elementos a efectos del dictado de una medida de coerción personal.
Es por ello que nada obsta a que el sujeto inicialmente beneficiado por el dictado de tal resolución en el ámbito Provincial, sea llevado a juicio oral, previo a cumplimentar las exigencias procesales de la etapa de control de la imputación.
Desde mi punto de vista, la declaración del art. 308, o mejor dicho la convocatoria a prestarla, no importa de por sí un procesamiento equivalente a la regla del art. 306 del C.P.P.N.. En principio, porque no puede haber valoración o decisión de mérito antes de escuchar al imputado, en segundo término porque está concebida como un acto destinado a que el imputado pueda ejercer su defensa y, por último de ser considerado un “equivalente” al dictado de procesamiento tendría que estar investido de un mecanismo recursivo que asegure su control, vía que sí se encuentra prevista en nuestra ordenanza procesal para el “auto de elevación a juicio”; a diferencia del sistema federal en donde el control ciertamente se posibilita al momento del procesamiento.
De modo que verificándose que M. tuvo la posibilidad de controlar la imputación tras el requerimiento de elevación a juicio, no hay menoscabo en las facultades de defensa ni violación del debido proceso.
En igual sentido, tampoco hubo riesgo de doble persecución, por cuanto la misma ha sido única, sobre la base de un mismo proceso que por razones de competencia material pasó del fuero de excepción al ámbito de esta provincia y siguió su curso bajo las reglas y garantías de este sistema.
Por otra parte y en punto a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por inobservancia del art. 335 del ritual, la defensa apoya su planteo en lo que entiende como una acusación imprecisa y genérica, donde no se advierten los elementos propios del delito.
Adelanto que lo peticionado no ha de prosperar. Cuestiones de preclusión a un lado, parto en el razonamiento entendiendo que la finalidad de la regla estatuida por el art. 335 del C.P.P., en cuanto a las formas que debe observar la requisitoria de elevación a juicio, persigue el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio tanto en la preservación del principio de congruencia como en el aseguramiento de que pueda ejercerse “materialmente” la oposición a los hechos disvaliosos enrostrados desde la persecución penal.
La especificidad del hecho, de este modo, se encuentra dirigida a resguardar a la defensa de una eventual infracción al principio “nemo tenetur”, en la medida que el imputado se vería obligado a aportar elementos para completar el hecho imperfectamente atribuido.
Ahora bien, compulsada la pieza que se cuestiona, no se observa que los sucesos enrostrados, particularmente aquél que involucra a M. y que se identificara como número 3 (Cfr. Fs. 1663 del ppal. y 15 del legajo recursivo) adolezca de las omisiones y falencias apuntadas desde la defensa.
Por el contrario, el factum de imputación contiene los elementos necesarios para conocer y comprender las circunstancias en que se desarrolló el hecho disvalioso, del mismo modo que la descripción de la conducta penalmente relevante, de manera que como disparador del juicio oral y público ha reunido todas las condiciones exigidas desde el código de rito y con ello preservado la posibilidad de contradicción y respuesta de la defensa.
De otro lado, y ya ingresando en el tratamiento del agravio concerniente a la arbitrariedad en la valoración probatoria, la defensa critica la entidad y juicio convictivo atribuido a los únicos elementos probatorios de signo cargoso (las declaraciones de los policías B. y L.), omitiendo otorgar relevancia tanto a los reconocimientos negativos de las víctimas como los testimonios colectados durante el debate que ubicaban a su defendido en lugar lejano respecto del escenario en el que acontecieron los hechos reprochables.
Sobre el particular, aclaro, que parto en el examen de considerar que la presunción de inocencia proclamada en el art.18 de nuestra Constitución Nacional se caracteriza porque, por un lado, comprende dos extremos fácticos, que son la existencia real del ilícito penal, y la culpabilidad del acusado entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho. Por el otro, exige para su enervación que haya prueba que sea: 1) "real", es decir, con existencia objetiva y constancia procesal documentada en el juicio; 2) "válida" por ser conforme a las normas que la regulan, excluyéndose la practicada sin las garantías procesales esenciales; 3) "lícitas", por lo que deben rechazarse las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; y 4) "suficiente", en el sentido de que, no sólo se hayan utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo se obtenga un "resultado" probatorio que sea bastante para fundar razonablemente la acusación y la condena, es decir: no basta con que exista un principio de actividad probatoria sino que se necesita un verdadero contenido inculpatorio en el que pueda apoyarse el órgano juzgador para formar su convicción condenatoria.
Previo a la consolidación en nuestro país de la garantía del doble conforme (arts.14.5 PIDCP y 8.2.h.CADH, la doctrina transnacional venía sosteniendo que “el juicio sobre la motivación es una unidad con el juicio de legalidad [y] el control sobre la consistencia del razonamiento probatorio es una unidad con la garantía de legalidad”. Por lo tanto, el examen de “la motivación permite la fundamentación y el control de las decisiones tanto en derecho, por violación de ley o defectos de interpretación o subsunción, como en hecho, por defecto o insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción y prueba” (Ferrajoli, Luigi; Derecho y Razón, traducción de Perfecto Andrés Ibañez, Madrid, ed. Trotta, 1995, pág.623)
En consecuencia, el papel asignado a los Tribunales superiores, en particular a aquellos encargados de asegurar el doble conforme, también se vincula al control de la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta que el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.
La justificación del veredicto en cuanto tiene por acreditada la intervención en los hechos que damnificaran a Sebastián Perrone, Marina Raquel Spalvieri y Marcelo Ferraro (hecho Nro.3), se asienta exclusivamente sobre las declaraciones testimoniales recabadas durante el debate, que expusieran los oficiales preventores B. y L. y, la estimación del indicio de mendacidad que aprecian en las explicaciones brindadas por el propio inculpado al ejercer su derecho de respuesta.
Los mencionados testigos, integrantes de la Delegación de Investigaciones de Quilmes, refieren haber identificado la presencia de C. M. M.. El primero de ellos, cuando realizaba tareas de investigación sobre el domicilio de otro de los sospechados (J. M.). Según la versión de B., visualizó a M. junto a O. y a otros sujetos masculinos, salir de la casa de M. poco tiempo antes de la concreción del secuestro de P., lo que aconteció a pocas cuadras de ese lugar.
Vale destacar que el domicilio de J. M. se encuentra situado a la vuelta del lugar donde M. vive junto a sus padres.
Por su parte el Oficial L. refirió haber tomado contacto en la autopista La Plata-Buenos Aires, con un vehículo de las características del desapoderado a P. (Peugeot Partner, color azul) mientras se encontraba conduciendo y, a partir de haber dado alcance al mismo colocándose a la par durante unos instantes. Bajo esas circunstancias, en la noche del evento, L. declaró haber visualizado a O. conduciendo el rodado y a M. como acompañante.
En ambos casos, los oficiales señalaron que pudieron individualizar a M., por haber tomado previa vista de las fotografías que se extrajeran del mismo en oportunidad de ser demorado -junto a O.- por efectivos de la Comisaría Primera de Berazategui, con motivo de una investigación por averiguación de antecedentes.
Pero a diferencia con lo acontecido respecto de O. G., ninguna de las víctimas reconoció a M. como uno de sujetos partícipes en el hecho.
La atribución de la autoría queda así inicialmente apuntalada por las declaraciones de B., en algún punto circunstancial, y el testimonio de L. que ya lo vincula en el decurso del hecho.
Nada obsta a que un único testimonio se erija en la pieza central de una acusación y a partir de ello, pueda el Tribunal de la instancia formarse convicción suficiente para el dictado de un veredicto condenatorio. En estos casos, es necesario además de evaluar el valor convictivo individual de esa pieza basal, verificar su correspondencia con otros elementos periféricos acopiados al proceso y cotejar que no ingrese en contradicción con prueba negativa o de descargo.
Aquí es donde debe evaluarse la alegada suficiencia probatoria, para examinar si resulta con tal entidad como para fundar un juicio de reproche en los términos de probabilidad que exige el temperamento de condena.
Sobre el punto, resultan atinadas las observaciones efectuadas por la defensa de M. que, a la par de destacar las contradicciones u omisiones en las que incurriera el testigo para explicar la solidez de la identificación efectuada, pone de relieve las circunstancias en que se dice haber tomado contacto: en el marco de una nocturnidad, a cien kilómetros por hora, con un vehículo que le llamara la atención por una maniobra “intimidatoria”, dificultades a las que se suma que, según señalara el propio L., el identificado como M. se hallaba situado en el asiento del acompañante, vale decir en la posición más distante del observador que se acercara al rodado conduciendo desde la izquierda del mismo. A ello, debe sumarse que el sujeto visualizado por el oficial L. es asociado por el testigo a la persona de M. a partir de la fotografía que del nombrado observo con antelación, reitero, proveniente del operativo desplegado por la Comisaría Primera de Berazategui (averiguación de antecedentes).
En este contexto, llama la atención cómo ninguna de las víctimas pudo reconocer a M., cuando incluso una de ellas (M. R. S.) reconoció positivamente a dos sujetos, uno de los cuales (O. G.) ha sido juzgado en este proceso.
Pese a la multiplicidad de diligencias instructorias propias de los cursos de investigación en hechos de naturaleza grave como los aquí juzgados, no existe otro amparo objetivo que respalde la imputación, y el cuadro no ha variado –a mi modo de ver- desde el dictado de la falta de mérito en sede federal, pese a la rigurosa valoración con la que los sentenciantes desacreditan una parcialidad de la prueba testimonial de descargo, con base en algunas diferencias horarias.
Es así que la investigación de los tres secuestros extorsivos que aquí se juzgan, partió en su hipótesis inicial vinculando a M. en la intervención de por lo menos dos hechos, para luego frente a la ausencia de sustancia en el plexo de prueba fue la misma persecución estatal la que solicitó el sobreseimiento respecto de uno de los episodios (cfr. requisitoria en sede provincial), permaneciendo incólume la imputación que había sido valorada por la justicia federal ya como insuficiente para el dictado del auto de procesamiento.
No obstante, ya he señalado que tal situación no representaba un obstáculo para que la acusación llevara a la etapa de vista de causa la imputación que pesaba sobre M.. Claro está que ya una vez en el tramo central del proceso, el temperamento definitivo que importa una sentencia condenatoria, exige el consabido extremo de certeza que permita al menos tener una reconstrucción acabada de los hechos y de la intervención que le cupo al acusado sin margen de duda objetiva.
Este es el punto que entiendo no puede refrendarse en esta evalución del veredicto. El conducto probatorio que da cuerpo a la acusación no tiene la consistencia y fortaleza necesaria para generar un reproche de calidad apodíctica y sobre esta base es que corresponde la aplicación del principio “in dubio pro reo” cuya estimación viene impuesta por la regla del art.1 del C.P.P. Habida cuenta el temperamento que se propugna el tratamiento del resto de los agravios esgrimidos por la asistencia técnica de M. deviene abstracto.
En consecuencia he de proponer al acuerdo la procedencia del recurso interpuesto por la defensa de C. M. M..
IV. En los tópicos anteriores se ha dado tratamiento a la verificación de los hechos y la intervención de los acusados. Sentado ello, corresponde adentrarse en los agravios atinentes a la errónea aplicación de la ley sustantiva tanto en lo que hace al cuestionamiento de la subsunción típica de una parcialidad de los hechos como a la aplicación de las pautas individualizadoras que se prevé en los arts. 40 y 41 del C.P.
La defensa oficial que asiste a P. A. O. G., cuestiona la aplicación de la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal al delito de secuestro extorsivo reprimido por la prohibición del art. 170 del mismo cuerpo legal.
En apoyo de su agravio, la impugnante sostiene que no se acreditó que en los eventos de secuestro extorsivo, se hubieran utilizado armas de fuego cargadas y aptas para el disparo, por lo que no se encuentra adecuadamente justificada la aplicación de la agravante genérica.
Ahora bien, tal como viene sostenida la propuesta al acuerdo corresponde analizar la crítica respecto de los hechos 1 y 3.
En el primer hecho, la utilización del arma de fuego ha sido justificada por el Tribunal de la instancia a partir del testimonio de M. B., quien señalara que siendo trasladada en la parte trasera del vehículo junto a su hermano, en circunstancias en que transitaban próximos a un móvil policial los ocupantes del rodado efectuaron “un tiro”.
Este apreciación no pudo ser convalidada por su hermano, quien se encontraba a su lado y, como bien señala la defensa, no hay constancia de personal policial que hubiera dado cuenta de tal episodio.
Careciendo además de cualquier otro elemento de prueba que permita tener por acreditada que las armas utilizadas se encontraban cargadas y aptas para el disparo corresponde desechar la aplicación de la agravante del art. 41 bis del Código Penal.
Más allá de ello, tal circunstancia no obsta a calificar el robo que concurre en forma ideal dentro del supuesto agravado del inc. 2do del art. 166 del Código Penal, desde que se encuentra acreditada su utilización como arma impropia tal como surge del relato de una de la víctima a quien propinaron un golpe en la cabeza, lo que a su vez aparece corroborado por el informe médico-legal.
En cuanto al hecho identificado como Nro.3, el Tribunal justifica la imposición de la agravante en crisis, bajo el siguiente argumento ”…la presencia de plurales armas de fuego, llevan lógicamente a suponer que al menos una se hallaba cargada y apta para el disparo” (cfr. Fs. 101 vta. del legajo recursivo)
La defensa cuestiona este razonamiento argumentando que “si las armas no fueron secuestradas en cada evento, si no se ha efectuado pericia de aptitud, si no se ha peritado la carga, nunca se puede conocer su condición para el disparo en el momento de producirse el evento lesivo del orden jurídico” (Cfr. Fs. 140 del legajo recursivo)
Entiendo que en el punto le asiste razón al recurrente, la inferencia que sostiene el Tribunal admite más de una posibilidad, incluso la opuesta, por lo que el razonamiento no arroja una conclusión que permita ser tenida como reconstrucción de lo efectivamente acaecido. En consecuencia debe obliterarse también en este caso la imposición de la agravante genérica.
Esta situación repercute a su vez sobre la calificación de los desapoderamientos efectuados en el iter de desarrollo del secuestro en el hecho Nro.3 que, por aplicación de la ley más benigna (art. 2 C.P.), corresponde subsumir en la figura de la infracción prevista por el art.166 inc. 2do, segundo párrafo, según ley 25.882, esto es el robo cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería; ello sin perjuicio de su concurrencia formal con la agravante del art.167 inc. 2do del Código Penal.
También se ha cuestionado la aplicación de la agravante genérica en el hecho identificado como Nro.4. En el particular, ha sido el propio Ministerio Público Fiscal ante esta instancia a través del dictamen de la Sra. Fiscal Adjunta, cuya reseña se adelantara en el tópico de los antecedentes, quien ha advertido sobre la procedencia de esta porción de los agravios denunciados por la defensa oficial.
En tal sentido, se ha señalado el precedente de nuestra Suprema Corte Provincial (P.102.850) respecto de los hechos anteriores a la vigencia de la ley 25.882, criterio que tiene receptación unánime en esta Sala, por lo que corresponde obliterar la imposición del art. 41 bis en el hecho Nro.4.
Finalmente y en cuanto a los agravios de adecuación legal, resta abocarse al introducido por la Sra. Defensora Oficial ante esta instancia, quien reclama que en el caso de los hechos constitutivos del delito de robo calificado, no corresponde su doble agravamiento (la impuesta por el art. 166 inc.2do y la del inc.2 del art.167 del Código Penal).
Sin perjuicio de la recalificación postulada en párrafos precedentes, es doctrina mayoritaria de Sala, conformada junto a la opinión del doctor Violini, que no existe impedimento para que una unidad de conducta, en este caso representada por la del desapoderamiento ilegítimo mediante intimidación, pueda resultar doblemente calificada, toda vez que no se aprecia razón alguna para entender que en tales supuestos operan los criterios del llamado concurso aparente, vale decir no se dan en la especie ninguno de los extremos que el desplazamiento de una de las figuras por aplicación de los principios de especialidad, subsidiariedad o consunción.
De otro lado, y en cuanto al agravio que se alza contra la mensuración de la sanción impuesta a O. G., atendiendo como pauta severizante la “nocturnidad”, tal como así lo ha denunciado la Defensa Oficial, entiendo que el embate no ha de prosperar toda vez que el tratamiento de la quinta cuestión, en punto a ello, exhibe una fundamentación mínima pero suficiente como justificación de la razón que torna procedente a la agravante.
Respecto de la objeción en torno a la ponderación por parte del “a quo” como pauta severizante de la sanción de la proclividad delictiva; a mi modo de ver, para no caer en la noción de “peligrosidad” propia de la concepción que dominara en la opinión de la corriente conocida como “positivismo criminológico”, de nula aceptación en nuestros días, la referencia a tal concepto, es aceptado por la regla del artículo 41 del Código Penal, en tanto pueda inferirse de “las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión” que así lo demuestren.
No encuentro razones que ameriten aplicar una pauta aumentantiva de la pena que exceda a la gravedad de la ilicitud propia de las conductas incriminadas cuando la pluralidad de hecho reprochados han sido atribuidos bajo la modalidad de concurso material (art.55 C.Penal). Además, señalo, que si la pretensión del Tribunal fue valorar condiciones personales del acusado, -según mi parecer- únicamente podrá accederse legítimamente a aquellos aspectos de la personalidad que estén vinculados a los hechos.
Para concluir, en aquellos aspectos estrictamente vinculados a la dosificación de la sanción, ingreso ahora en las presentaciones efectuadas por el imputado O. G. con el patrocinio de la Sra. Defensora General del Departamento Judicial de Quilmes y la agregada por el Sr. Defensor de Casación.
En ambos casos se pone en conocimiento de esta Sala, la situación psicofísica del imputado, como así también las dificultades atravesadas a raíz de sucesivos y continuos traslados entre diversas unidades de detención, la pérdida permanente de un órgano y las lesiones padecidas tanto por herida de arma de fuego por actividad de funcionarios del servicio penitenciario como por conflictos con otros internos en los lugares de detención donde fuera alojado.
Por su parte, la Fiscalía ante este Tribunal sostuvo al respecto que “…las piezas documentales acompañadas por el pretensor en modo alguno permiten conocer la resolución definitiva adoptada en el marco de las actuaciones administrativas iniciadas por infracción al artículo 47 incisos 2,3 y 5 de la ley 12.256 y en las que el propio O. aparece como sujeto involucrado en el episodio de violencia que ocasionara la pérdida de su globo ocular izquierdo”; “…mal puede ponderarse como aplacante punitivo la lesión padecida por el acusado, a título de “pena natural” y con sustento en el deber de custodia y cuidado estatal, cuando según surge de las constancias acompañadas, aquella tuvo su origen en un enfrentamiento armado en la nave central del Pabellón Nro.5 del sector de máxima seguridad, y en el que O. G. tuvo activa participación junto a su hermano, quienes esgrimiendo elementos punzo cortantes de gran longitud –comúnmente denominados púas o arpones-, se enfrentaron en franca desigualdad con el interno R. L., sujeto al que le provocaron múltiples heridas punzantes en el brazo izquierdo”.
Sentadas las posiciones, entiendo necesario aclarar que la valoración de la pena natural como entidad compensatoria cuenta ya con numerosos precedentes y una amplia receptación doctrinaria (vgr. Claus Roxin, “Derecho Penal, Parte General, Fundamentos. La estructura de la pena”, Tomo I, Ed. Civitas, pág.130, entre muchos otros) incuso tiene expresa receptación legislativa en nuestro ordenamiento procesal como parte de las herramientas que se brindan como alternativa para la resolución de conflictos.
En esencia, la situación que da lugar a la compensación por pena natural parte de un supuesto donde la sanción aparece como “manifiestamente errada” (en términos de la descripción que efectúa en Reinhart Maurach, Karl Heinz Gossel, Heinz Zipf, “Derecho Penal, Parte General”, Tomo 2, pág 855/856, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995) o, en su caso, para supuestos donde puede verificarse que el sujeto ha sido “suficientemente castigado” por las repercusiones de su delito (Cfr. Roxin, ob.citada).
Sin embargo, para casos como el supuesto de autos donde se encuentra en discusión –al menos respecto de algunos de los eventos que han derivado en la afectación de la integridad psicofísica del detenido- el accionar del propio lesionado, su valoración no resulta de aplicación automática.
Pondero en este sentido las objeciones que fueron advertidas por la Fiscalía actuante ante esta Sala, las que encuentran amparo objetiva en las piezas documentales acompañadas con la petición.
Sin perjuicio de lo expuesto, se verifica en el proceso que se le sigue a O. G. una extensión indebida del proceso, escenario que ya fuera alertado por la defensora oficial ante la instancia de grado, pero que recibiera por toda respuesta que tal situación no obedecía a demoras de esa judicatura. En rigor, poco importa cual ha sido la jurisdicción responsable de la dilación indebida del proceso, en definitiva es el Estado el que ha presentado un déficit en la prestación del servicio de la jurisdicción y no admite excusas de competencias. Por esta razón, entiendo que la excesiva demora del proceso debe ser atendida como atenuante al momento de asumir competencia positiva y fijar la individualización de la sanción.
En consecuencia, a partir de las argumentaciones vertidas en los acápites que anteceden y con el alcance indicado, propongo al Acuero hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de C. M. M., sin costas; asumir competencia positiva y absolver al nombrado en orden a los delitos de secuestro extorsivo cometido con arma de fuego, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal por robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego. Asimismo, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a favor de P. A O., casar la sentencia recaída y, absolver al nombrado por el hecho identificado como N° 2, como así también obliterar la agravante genérica prevista en el artículo 41 bis del Código Penal respecto de los hechos consignados bajo los N° 1, 3 y 4, y la merituación de la proclividad delictiva; ponderar como pauta atemperante de la pena la extensión indebida del proceso y por ende asumir competencia positiva y condenar al nombrado a la pena de diecisiete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas de origen, como coautor responsable de los delitos de secuestro extorsivo, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal con robo doblemente agravado por el empleo de arma y por su comisión en lugar poblado y en banda (hecho N° 1); secuestro extorsivo, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal por robo doblemente agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada (hecho N° 3); robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (Hecho N° 4); Regulando los honorarios de la defensa en un 30% de la suma fijada en la sentencia de origen (artículos 8.2.f. Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 15, 168, 169 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; 42,54,55,166 inc.2; 166 inc. 2do segundo párrafo, 170, primer párrafo in fine y párrafo segundo inciso sexto, 189 bis tercer párrafo, según ley vigente al momento del hecho Nro.4; 1, 106, 120, 373, 448, 450, 451, 454, 456, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal, 28 “in fine” del Decreto 8904/77).
A la primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
De conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de C. M. M., sin costas y absolver al nombrado en orden a los delitos de secuestro extorsivo cometido con arma de fuego, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal por robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego; y hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a favor de P. A. O., casar la sentencia recaída, absolver al nombrado por el hecho identificado como N° 2, y condenarlo finalmente a la pena de diecisiete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas de origen, como coautor responsable de los delitos de secuestro extorsivo, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal con robo doblemente agravado por el empleo de arma y por su comisión en lugar poblado y en banda (hecho N° 1); secuestro extorsivo, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal por robo doblemente agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada (hecho N° 3); robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (Hecho N° 4); Regulando los honorarios de la defensa en un 30% de la suma fijada en la sentencia de origen (artículos 8.2.f. Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 15, 168, 169 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; 42,54,55,166 inc.2; 166 inc. 2do segundo párrafo, 170, primer párrafo in fine y párrafo segundo inciso sexto, 189 bis tercer párrafo, según ley vigente al momento del hecho Nro.4; 1, 106, 120, 373, 448, 450, 451, 454, 456, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal, 28 “in fine” del Decreto 8904/77).
Por lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando la Sala la siguiente
I.- HACER LUGAR, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la defensa de C. M. M. y ABSOLVER al nombrado en orden a los delitos de secuestro extorsivo cometido con arma de fuego, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal por robo doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego.
II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE, sin costas, al recurso de casación interpuesto a favor de P. A. O., casar la sentencia recaída, ABSOLVER al nombrado por el hecho identificado como N° 2, y CONDENARLO finalmente a la pena de diecisiete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas de origen, como coautor responsable de los delitos de secuestro extorsivo, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal con robo doblemente agravado por el empleo de arma y por su comisión en lugar poblado y en banda (hecho N° 1); secuestro extorsivo, doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por el éxito obtenido al percibir el rescate, en concurso ideal por robo doblemente agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo agravado por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada (hecho N° 3); robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil (Hecho N° 4).
III.- REGULAR los honorarios de la defensa en un 30% de la suma fijada en la sentencia de origen.
Rigen los artículos 8.2.f. Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 18, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 15, 168, 169 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; 42,54,55,166 inc.2; 166 inc. 2do segundo párrafo, 170, primer párrafo in fine y párrafo segundo inciso sexto, 189 bis tercer párrafo, según ley vigente al momento del hecho Nro.4; 1, 106, 120, 373, 448, 450, 451, 454, 456, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal, 28 “in fine” del Decreto 8904/77.
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in fine
 resolución 
 resolución 
in dubio
 artículo 41
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 artículo 47
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 artículo 320