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Timestamp: 2019-08-18 13:28:22+00:00

Document:
﻿ LEY 899 DE 2004
LEY 899 DE 21 DE JULIO DE 2004
CONTENIDO:SE APRUEBA EL "SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1954 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO", HECHO EN LA HAYA EL 26 DE MARZO DE 1999.
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS EDUCATIVOS, ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDEN PÚBLICO, DELITO, PROCEDIMIENTO PENAL, INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES
“Por medio de la cual se aprueba el “Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado” hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.
(Nota: Declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-400 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
PROYECTO DE LEY NÚMERO 39 DE 2003
Visto el texto del Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que a la letra dice:
«Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado
La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Reiterando la importancia de las disposiciones de la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954, y haciendo hincapié en la necesidad de completar esas disposiciones con medidas que refuercen su aplicación;
Deseosas de proporcionar a las altas partes contratantes en la convención un medio para participar más estrechamente en la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado mediante el establecimiento de procedimientos adecuados;
b) Por “bienes culturales” se entenderán los bienes culturales definidos en el artículo 1º de la convención;
h) Por “Lista” se entenderá la lista internacional de bienes culturales bajo protección reforzada establecida con arreglo al apartado b) del párrafo 1º del artículo 27;
j) Por “Unesco” se entenderá la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
ART. 2º—Relación con la Convención.
ART. 3º—Ámbito de aplicación.
1. Además de las disposiciones que se aplican en tiempo de paz, el presente protocolo se aplicará en las situaciones previstas en los párrafos 1º y 2º del artículo 18 de la Convención y en el párrafo 1º del artículo 22.
Así mismo, estarán obligadas por el presente protocolo en sus relaciones con un Estado parte en el conflicto que no esté obligado por él, cuando ese Estado acepte sus disposiciones y durante todo el tiempo que las aplique.
ART. 4º—Relaciones entre el capítulo 3 y otras disposiciones de la Convención y del presente protocolo.
b) la aplicación de las disposiciones del capítulo II de la Convención entre las Partes del presente protocolo o entre una Parte y un Estado que acepta y aplica el presente protocolo con arreglo al párrafo 2º del artículo 3º, en el entendimiento de que si a un bien cultural se le ha otorgado a la vez una protección especial y una protección reforzada, solo se aplicarán las disposiciones relativas a la protección reforzada.
Disposiciones generales relativas a la protección
ART. 5º—Salvaguardia de los bienes culturales.
Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para salvaguardar los bienes culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado conforme al artículo 3º de la Convención comprenderán, en su caso, la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales.
ART. 6º—Respeto de los bienes culturales.
A fin de garantizar el respeto de los bienes culturales de conformidad con el artículo 4º de la Convención:
a) Una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2º del artículo 4º de la Convención solo se podrá invocar para dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural cuando y durante todo el tiempo en que:
i) Ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar, y
b) Una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2º del artículo 4º de la Convención solo se podrá invocar para utilizar bienes culturales con una finalidad que pueda exponerles a la destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir entre esa utilización de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente;
ART. 7º—Precauciones en el ataque.
a) Hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se van a atacar no son bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la Convención;
b) Tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la Convención;
c) Abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, y
i) El objetivo es un bien cultural protegido en virtud del artículo 4º de la Convención;
ii) Es de prever que el ataque causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4º de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
ART. 8º—Precauciones contra los efectos de las hostilidades.
ART. 9º—Protección de bienes culturales en territorio ocupado.
1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 4º y 5º de la Convención, toda Parte que ocupe total o parcialmente el territorio de otra Parte prohibirá e impedirá con respecto al territorio ocupado:
ART. 10.—Protección reforzada.
b) Que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado, y
ART. 11.—Concesión de la protección reforzada.
2. La Parte bajo cuya jurisdicción o control se halle un bien cultural podrá pedir su inscripción en la Lista que se establecerá en virtud del apartado b) del párrafo 1º del artículo 27. Esta petición comprenderá toda la información necesaria relativa a los criterios mencionados en el artículo 10. El comité podrá invitar a una Parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la Lista.
5. Cuando el comité reciba una petición de inscripción en la Lista, informará de ella a todas las Partes. En un plazo de sesenta días, las Partes podrán someter al comité sus alegaciones con respecto a esa petición. Esas alegaciones se fundarán exclusivamente en los criterios mencionados en el artículo 10. Deberán ser precisas y apoyarse en hechos. El comité examinará esas alegaciones y proporcionará a la Parte que haya pedido la inscripción una posibilidad razonable de responder antes de que se tome la decisión. Cuando se presenten esas alegaciones al comité, las decisiones sobre la inscripción en la Lista se tomarán, no obstante lo dispuesto en el artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del comité presentes y votantes.
7. La decisión de conceder o negar la protección reforzada solo se puede basar en los criterios mencionados en el artículo 10.
ART. 12.—Inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada.
ART. 13.—Pérdida de la protección reforzada.
1. Los bienes culturales bajo protección reforzada solo perderán esa protección:
a) Cuando esa protección se anule o suspenda en virtud del artículo 14, o
2. En las circunstancias previstas en el apartado b) del párrafo 1º, ese bien solo podrá ser objeto de un ataque:
a) Cuando ese ataque sea el único medio factible para poner término a la utilización de ese bien mencionada en el apartado b) del párrafo 1;
b) Cuando se hayan tomado todas las precauciones prácticamente posibles en la elección de los medios y métodos de ataque, con miras a poner término a esa utilización y evitar, o en todo caso reducir al mínimo, los daños del bien cultural;
ii) Se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias, instándolas a poner un término a la utilización mencionada en el apartado b) del párrafo 1º, y
ART. 14.—Suspensión y anulación de la protección reforzada.
Responsabilidad penal y jurisdicción
ART. 15.—Violaciones graves del presente protocolo.
ART. 16.—Jurisdicción.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º, cada Parte adoptará las medidas legislativas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las infracciones indicadas en el artículo 15, en los siguientes casos:
c) Cuando se trate de las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del primer párrafo del artículo 15, en caso de que el presunto autor esté presente en el territorio de este Estado.
b) Excepto en el caso en que un Estado que no es Parte en el presente protocolo pueda aceptarlo y aplicar sus disposiciones con arreglo al párrafo 2º del artículo 3º, los miembros de las fuerzas armadas y los nacionales de un Estado que no es Parte en el presente protocolo, salvo aquellos de sus nacionales que sirven en las fuerzas armadas de un Estado que es Parte en el presente protocolo, no incurrirán en responsabilidad penal individual en virtud del presente protocolo, que además no impone ninguna obligación relativa al establecimiento de jurisdicción con respecto a esas personas ni a su extradición.
ART. 17.—Procesamiento.
1. La Parte en cuyo territorio se comprobase la presencia del presunto autor de una de las infracciones enunciadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15, si no extradita a esa persona, someterá su caso sin excepción alguna ni tardanza excesiva a las autoridades competentes para que la procesen con arreglo a un procedimiento conforme a su derecho nacional o, si procede, a las normas pertinentes del derecho internacional.
ART. 18.—Extradición.
1. Las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15 se reputarán incluidas entre las que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente protocolo. Las Partes se comprometen a incluir tales infracciones en todo tratado de extradición que concierten posteriormente entre sí.
2. Cuando una Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba una solicitud de extradición de otra Parte con la que no tenga concertado un tratado de extradición, la Parte intimada podrá, a su elección, considerar que el presente protocolo constituye la base jurídica para la extradición con respecto a las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15.
3. Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15 como casos de extradición entre ellas, con sujeción a las condiciones estipuladas en la legislación de la Parte requerida.
4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Partes se considerará que las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15 se han cometido no solo en el lugar en que se perpetraron, sino también en el territorio de las Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con el párrafo 1º del artículo 16.
ART. 19.—Asistencia judicial recíproca.
2. Las Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1º de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellas. A falta de esos tratados o acuerdos, las Partes se prestarán esa asistencia de conformidad con su legislación nacional.
ART. 20.—Motivos de rechazo.
1. A los fines de la extradición, las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15, y a los fines de la asistencia judicial recíproca, las infracciones indicadas en el artículo 15 no serán consideradas delitos políticos, delitos conexos a delitos políticos ni delitos inspirados en motivos políticos. En consecuencia, no se podrá rechazar una petición de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con una infracción de ese carácter por el único motivo de que se refiere a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.
2. Ninguna disposición del presente protocolo se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca, si la Parte requerida tiene motivos fundados para creer que la petición de extradición por las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1º del artículo 15 o la petición de asistencia judicial recíproca en relación con las infracciones del artículo 15 se han formulado con el fin de procesar o sancionar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que el hecho de acceder a la petición podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.
ART. 21.—Medidas relativas a otras violaciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención, cada Parte adoptará las medidas legislativas, administrativas o disciplinarias que puedan ser necesarias para que cesen los siguientes actos, cuando sean perpetrados deliberadamente:
b) toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales desde un territorio ocupado en violación de la Convención o del presente protocolo.
Protección de los bienes culturales en los conflictos armados de carácter no internacional
ART. 22.—Conflictos armados de carácter no internacional.
3. No se invocará ninguna disposición del presente protocolo con miras a menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe a un gobierno de mantener o restablecer por todos los medios legítimos la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado.
6. La aplicación del presente protocolo a la situación mencionada en el párrafo 1º no producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.
ART. 23.—Reunión de las Partes.
a) Elegir a los miembros del comité, con arreglo al párrafo 1º del artículo 24;
b) Aprobar los principios rectores elaborados por el comité con arreglo al apartado a) del párrafo 1º del artículo 27;
d) Examinar el informe presentado por el comité con arreglo al apartado d) del párrafo 1º del artículo 27;
ART. 24.—Comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.
1. Por el presente artículo se crea un comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Estará compuesto por doce Partes que serán elegidas por la reunión de las Partes.
ART. 25.—Mandato.
1. Las Partes miembros del comité serán elegidas por un período de cuatro años y sólo podrán volver a ser elegidas inmediatamente una sola vez.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1º, el mandato de la mitad de los miembros nombrados en la primera elección concluirá al finalizar la primera reunión ordinaria de la reunión de las Partes celebrada inmediatamente después de la reunión en la cual fueron elegidos. El presidente de la reunión de las Partes designará por sorteo a estos miembros después de la primera elección.
ART. 26.—Reglamento.
ART. 27.—Atribuciones.
ART. 28.—Secretaría.
ART. 29.—El fondo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.
a) Conceder ayuda financiera o de otra clase en apoyo de medidas preparatorias o de otro tipo que se hayan de adoptar en tiempo de paz con arreglo, entre otros, al artículo 5º, al párrafo b) del artículo 10 y al artículo 30;
b) Conceder ayuda financiera o de otra clase en relación con medidas de emergencia y medidas provisionales o de otro tipo que se hayan de adoptar con miras a la protección de bienes culturales en períodos de conflicto armado o de reconstrucción inmediatamente posteriores al fin de las hostilidades con arreglo, entre otros, al párrafo a) del artículo 8º.
3. Los recursos del fondo solo se utilizarán para los fines que el comité decida con arreglo a las orientaciones definidas en el apartado c) del párrafo 3º del artículo 23. El comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas exclusivamente a un determinado programa o proyecto, a condición de que haya decidido ejecutar ese programa o proyecto.
d) Fondos recaudados mediante colectas e ingresos procedentes de actos organizados en beneficio del fondo, y
Difusión de la información y asistencia internacional
ART. 30.—Difusión.
ART. 31.—Cooperación internacional.
ART. 32.—Asistencia internacional.
2. Toda parte en un conflicto que no sea Parte en el presente protocolo, pero que acepte y aplique sus disposiciones con arreglo al párrafo 2º del artículo 3º, podrá pedir al comité una asistencia internacional adecuada.
3. El comité adoptará reglas para la presentación de peticiones de asistencia internacional y determinará las formas que pueda revestir esta asistencia.
ART. 33.—Asistencia de la Unesco.
Aplicación del presente protocolo
ART. 34.—Potencias protectoras.
ART. 35.—Procedimiento de conciliación.
ART. 36.—Conciliación a falta de potencias protectoras.
ART. 37.—Traducciones e informes.
ART. 38.—Responsabilidad de los Estados.
ART. 39.—Lenguas.
ART. 40.—Firma.
ART. 41.—Ratificación, aceptación o aprobación.
ART. 42.—Adhesión.
1. El presente protocolo quedará abierto a la adhesión del resto de las Altas Partes Contratantes a partir del 1º de enero del año 2000.
ART. 43.—Entrada en vigor.
ART. 44.—Entrada en vigor en situaciones de conflicto armado.
ART. 45.—Denuncia.
3. La denuncia surtirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente. No obstante, si en el momento de expirar este período de un año, la Parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades, y en todo caso mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales.
ART. 46.—Notificaciones.
ART. 47.—Registro ante las Naciones Unidas.
(Hay firmas ilegibles).
Copia certificada conforme.
Consejo Jurídico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura».
Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2002
ART. 1º—Apruébase el Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos Ministros del Interior y de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Cultura.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba el Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Con frecuencia, las operaciones militares causan la destrucción de bienes culturales irreemplazables, ocasionando una pérdida no solo para el país de origen sino también para el patrimonio cultural de los pueblos.
Tras reconocer la importancia de esa pérdida, la comunidad internacional aprobó la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y el protocolo a la misma, aprobados por el Congreso Nacional mediante la Ley 340 de 1996 y, en vigor para Colombia desde el 18 de septiembre de 1998.
Aunque la convención de 1954 mejora la protección de los bienes culturales, sus disposiciones no se han aplicado sistemáticamente, lo que estableció la necesidad de buscar una solución a este problema, resultando en la adopción de un segundo protocolo al convenio el 26 de marzo de 1999.
Cabe señalar que además de estos instrumentos, Colombia es Estado parte en los protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra los cuales contienen disposiciones que protegen los bienes culturales (protocolo I, arts. 38, 53 y 85; y protocolo II, art. 16).
Para efectos de aplicación de estos instrumentos internacionales, los bienes culturales son aquellos bienes, muebles o inmuebles, que tienen gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como los monumentos de arquitectura o de historia, los campos arqueológicos, las obras de arte, los libros y, los edificios cuyo destino principal y efectivo sea contener los mismos bienes culturales,
El segundo protocolo de 1999 de la convención
El segundo protocolo de la convención de 1954 fue aprobado por la Conferencia Diplomática de La Haya, el 26 de marzo de 1999, con el propósito de mejorar la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de establecer un sistema reforzado de protección para bienes culturales especialmente designados en el instrumento.
Al igual que la convención y el protocolo de 1954, el segundo protocolo dispone que su entrada en vigor sea inmediata para aquellos Estados que participan en un conflicto armado y, que hayan depositado los correspondientes instrumentos de ratificación o de adhesión.
El protocolo contiene disposiciones generales relativas a la protección, que incluyen la salvaguardia de los bienes culturales (art. 5º); el respeto por estos (art. 6º); normas relativas a las precauciones adicionales que deben tomarse a las exigidas por el derecho internacional humanitario (art. 7º); así como precauciones contra los efectos mismos de las hostilidades (art. 8º).
Lo relativo a la “protección reforzada” se desarrolla a lo largo del capítulo III, estableciendo que para beneficiarse de esta protección, un bien cultural deberá cumplir tres condiciones:
1. Ser un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad.
2. Estar protegido por medidas nacionales, que reconozcan su valor cultural e histórico y garanticen su protección en el más alto grado.
3. No ser utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, y que la parte que lo controla haya declarado oficialmente que no se utilizará para esos fines.
El capítulo IV del protocolo, desarrolla lo relativo a la responsabilidad penal y jurisdicción, estableciendo que cada Estado parte deberá tomar las medidas necesarias para tipificar como delitos las conductas que se señalan en este capítulo como violaciones a la convención y al mismo protocolo y, regular lo relativo a la jurisdicción para conocer de los mismos, incluyendo disposiciones sobre procesamiento, extradición, asistencia judicial recíproca y medidas relativas a otras violaciones.
El protocolo incluye una previsión específica acerca de la protección de los bienes culturales en conflictos armados de carácter no internacional, estableciendo la aplicación del protocolo a este tipo de conflictos (Cap. V, art. 22).
En el artículo 24 establece la creación de un comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, compuesto por doce partes que serán elegidas por la reunión de las partes, cuyas funciones serán las de:
“a) Elaborar principios rectores para la aplicación del presente protocolo;
g) Desempeñar cualquier otra función que le encomiende la reunión de las Partes”.
De igual manera, está contemplada la creación de un fondo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, con los siguientes fines:
Es importante destacar que los recursos del fondo prevendrán de las siguientes fuentes, según el protocolo:
Como un elemento característico de los instrumentos de derecho internacional humanitario, prevé este segundo protocolo normas en materia de difusión de información para fomentar el aprecio y el respeto de los bienes culturales, la cooperación y la asistencia internacional de la Unesco (Cap. VII, arts. 30 a 33).
Finalmente, en los capítulos VIII y IX (arts. 34 a 38 y 39 a 47, respectivamente), se señala lo concerniente a la aplicación del protocolo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, consciente de la importancia de reforzar y complementar las diferentes iniciativas institucionales que se han venido desarrollando en el país para contar con instrumentos adicionales que permitan la efectiva e integral protección de nuestros bienes culturales —únicos e irreemplazables—, a través de sus Ministros del Interior y de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Cultura, solicita al honorable Congreso de la República, aprobar el Segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Dada en Bogotá, D.C., 21 de julio de 2004.

References: artículo 1
 artículo 27
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 27
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 26
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 30
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 24