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Timestamp: 2020-01-29 10:08:49+00:00

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, DE 8 DE MARZO DE 2017, RECURSO 356/2015. Proceso civil. Vinculación de sentencias penales absolutorias en la jurisdicción civil. Acción de responsabilidad de los administradores sociales. Aplicación incorrecta del efecto de cosa juzgada material. Tutela judicial efectiva. La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer o cuando se declare probado que una persona no fue autora del hecho. En el caso, los hechos objeto de acusación se consideran probados y, por ende, existentes, en la sentencia penal. La cuestión se contrae a la autoría, pues considera autor material a uno de los administradores demandados, sin embargo, respecto del otro, afirma que no ha quedado acreditado que participase en tales hechos ni tampoco que los hubiese ordenado o estuvieran al corriente de ellos. En relación a la no acreditación de su autoría, ni material ni por dominio funcional, esta doctrina no es aplicable cuando la sentencia penal, admitiendo la existencia del hecho y sin excluir categóricamente la posibilidad de que una persona haya podido ser la autora del mismo, declara que no existen en el proceso las pruebas concluyentes, categóricas e inequívocas de la referida autoría, que permitan pronunciar una condena penal contra ella, por lo que, en aplicación del principio indubio pro reo, hoy constitucionalizado por el de presunción de inocencia, ha de inclinarse por la absolución del mismo, en cuyo supuesto queda abierta, sin efecto vinculante alguno, la posibilidad de que pueda ejercitarse ante esta jurisdicción, exclusivamente la acción civil correspondiente contra la misma persona y probarse en ella que dicha persona fue el autor de los hechos, que indudablemente existieron en la vida real y física. Aplicada esta doctrina al caso, la sentencia penal absolutoria no puede vincular a la jurisdicción civil, pues la sentencia penal lo que afirma es que no existen pruebas «suficientes» para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, y que en definitiva pudieran demostrar su participación en los hechos penales que se enjuician a título de autor material, pero no se afirma que categórica e inequívocamente sea autor de los hechos objeto de acusación que, como hechos probados, se declaran que existen. Además, en contra de lo que sienta la sentencia recurrida, los hechos por los que se exige responsabilidad civil en la demanda civil al codemandado absuelto, son más amplios que los que fueron objeto de acusación en la sentencia penal. En tales casos la doctrina del Tribunal Constitucional se inclina por no apreciar la cosa juzgada en virtud del derecho fundamental de la parte demandante a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, se anula la sentencia recurrida para que el Tribunal de apelación decida sobre el recurso de apelación, pero sin poder apreciar ya la excepción de cosa juzgada.
SENTENCIA Nº 161/2017 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 8 DE MARZO DE 2017.MODIFICACIÓN DE MEDIDAS. PENSIÓN DE ALIMENTOS. PROPORCIONALIDAD. Cuando recaiga en dos o más personas la obligación de dar alimentos se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo. Este juicio de proporcionalidad ha de ser atendido en tanto que ambos progenitores están igualmente obligados a satisfacer las necesidades de sus hijos menores teniendo en cuenta la situación económica de cada uno. Se estima el recurso de casación.
SENTENCIA Nº 156/2017 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 7 DE MARZO DE 2017. DIVORCIO. ALIMENTOS HIJOS MAYORES DE EDAD. LEGITIMACIÓN. Para la fijación de alimentos en virtud del artículo 93.2 CC, será necesario que los hijos mayores carezcan de ingresos propios y que estos convivan en el domicilio familiar. El progenitor convivente no está legitimado para reclamar el derecho de alimentos ya que los hijos mayores de edad gozan de autonomía en la dirección y organización de sus vidas. Se desestima el recurso de casación.
AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA, SENTENCIA 516/2016, 9 NOV. RECURSO 808/2015. La arrendadora ejercita acumuladamente acción de desahucio por impago de la renta y de reclamación de las mensualidades adeudadas y de las que se devenguen hasta el desalojo. Desestimada la acción resolutoria en primera instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona declara resuelto el contrato y condena a la demandada al desalojo del inmueble y a pagar las rentas impagadas y las que se vayan devengando hasta el desalojo, desestimando la excepción de su compensación con el importe de la fianza. En el momento de presentarse la demanda la arrendataria adeudaba varias mensualidades, por lo que está justificada la resolución instada. Además de las rentas impagadas debe abonar aquellas mensualidades que vayan devengándose hasta que se produzca el desalojo porque la obligación de pago del arrendatario no se extingue hasta que finalice la cesión del uso del inmueble arrendado. No procede compensar el importe que se establece como adeudado con la cantidad entregada por la arrendataria en concepto de fianza al suscribir el contrato. Para que se estime la excepción de compensación opuesta es preciso que las deudas a compensar estén vencidas y sean exigibles, y líquidas, requisito que no concurre en este caso. Dado que la finalidad de la fianza es garantizar el cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias, el arrendador no está obligado a su devolución hasta que finalice el arriendo. Teniendo en cuenta que en el momento de la presentación de la demanda no se había terminado la relación arrendaticia, la fianza entregada en su día aún no era exigible. En ese momento subsiste la obligación de mantener la garantía del cumplimiento de las obligaciones arrendaticias por cuanto la arrendataria continuaba en la posesión de la vivienda arrendada. Por tanto, hasta que no termine el arrendamiento y se produzca la entrega de las llaves la arrendataria carece de acción o excepción para instar la restitución de la fianza. Una vez finalizada la relación locaticia, podrá reclamar la restitución del importe de la fianza en el proceso que corresponda.
SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 10º7 DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. DOS DE CHICLANA DE LA FRONTERA. Los clientes habían suscrito con la entidad un préstamo para adquirir su vivienda habitual. El tipo de referencia pactado fue el "tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años de las Cajas de ahorro, publicado mensualmente por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado como referencia oficial". Además, como tipo sustitutivo, se estableció un catálogo de índices o tipos de referencia sustitutivos: el tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, concedidos por el Conjunto de Entidades, y si éste no pudiera aplicarse, el equiparable que publicase el Banco de España o Mº Hacienda o Instituciones públicas o privadas de la Unión Económica y Monetaria. La demanda pretendía que se declarase la nulidad tanto del IRPH Cajas como del índice sustitutivo IRPH Entidades. Según indica la sentencia, el IRPH de Entidades y Cajas se establece sobre la base de los datos que facilitan dichas entidades al Banco de España, y se obtiene de los datos resultantes de la participación y comportamiento de las propias entidades en el mercado hipotecario. Destaca, en este punto, que cuando el Euribor en 2011 experimentó un repunte, el IRPH también lo hizo, pero en cambio, el descenso del Euribor no tiene el mismo reflejo proporcional en el IRPH. Indica, además que resultan aplicables a dichas cláusulas la Ley de condiciones generales de contratación, pudiendo ser sometidas al doble control de transparencia (control de inclusión y de comprensibilidad real), que es propio de la contratación con consumidores. Control de transparencia. El Juzgado analiza la documental aportada con la demanda, y considera que NO puede estimarse que se haya superado el control de transparencia, al no inferirse que la entidad demandada proporcionara información clara, comprensible y detallada sobre el tipo de referencia principal y sustitutivos al aplicar el préstamo, ni tampoco los días a considerar en su cálculo. Consecuencias de la nulidad. La sentencia hace referencia a las últimas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Europeo en relación a las cláusulas abusivas insertas en contratos de préstamo, y sobre todo a la dictada el 21 de diciembre de 2016 (LA LEY 179803/2016) en cuanto a los efectos de la nulidad de dichas cláusulas, indicando que es plenamente aplicable a este supuesto. Ello tiene como consecuencia la procedencia de la restitución de las cantidades indebidamente cobradas desde la firma del contrato (marzo de 2007), además de los intereses legales del artículo 1108 del Código Civil (LA LEY 1/1889) desde la reclamación (fecha de interposición de la demanda), e intereses del artículo 576 LEC (LA LEY 58/2000) desde la fecha de la sentencia. Además, la entidad UCI es condenada al pago de las costas.
TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CIVIL, AUTO 4 ABR. 2017. REVISIÓN 7/2017. El Tribunal Supremo acuerda la no admisión a trámite de la demanda de revisión de una sentencia firme por haber dictado el TJUE con posterioridad una sentencia que siente una doctrina incompatible con la mantenida por aquélla. Una sentencia posterior no tiene la consideración de “documento recobrado” en el que pueda fundarse una demanda de revisión de una sentencia firme por el hecho de que aquélla establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de ésta. Solo está legalmente prevista la posibilidad de revisar una sentencia civil firme cuando una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que dicha sentencia viola alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Cuando una sentencia del TJUE establece una doctrina incompatible con la mantenida hasta ese momento por el Tribunal Supremo ello obliga a modificar la jurisprudencia nacional que hasta ese momento se hubiera seguido sobre esa materia. Ahora bien, esta adaptación de la jurisprudencia ordinaria no puede suponer una revisión de todas aquellas sentencias firmes que sean contrarias a la misma. El respeto a la institución de la cosa juzgada impide reabrir procesos finalizados por sentencia firme aunque se produzca una modificación de la jurisprudencia aplicable. La exclusión de la rescisión de sentencias firmes cuya fundamentación contradiga lo declarado posteriormente en una sentencia del TJUE no es contraria a los principios de efectividad y equivalencia del Derecho de la Unión Europea. El principio de efectividad impide que se salvaguarde la seguridad jurídica en un grado tan elevado que impida o dificulte gravemente la eficacia del Derecho de la Unión. Pero no es ese el caso objeto de este proceso de revisión, en que se pretende proyectar la jurisprudencia del TJUE hacia el pasado para lograr la rescisión de una sentencia firme y que se dicte una nueva sentencia que se acomode a la jurisprudencia del TJUE en un proceso que había finalizado por sentencia firme antes de que se dictara la sentencia del TJUE. El principio de equivalencia impone la revisión de una sentencia firme dictada por un tribunal nacional, con base en una sentencia posterior del TJUE que sea incompatible con la jurisprudencia nacional, si el ordenamiento interno establece que cuando se dicte una sentencia que modifique la jurisprudencia procederá la revisión de sentencias firmes de fecha anterior que sean incompatibles con la nueva jurisprudencia. Pero ese no es el caso de España, cuyo ordenamiento interno no permite que un cambio en la jurisprudencia permita revisar las sentencias firmes anteriores que no se ajusten a la nueva jurisprudencia.
JUZGADO DE LO PENAL NÚM. 1 ALMERÍA, SENTENCIA 141/2017, 20 MAR. RECURSO 113/2017 (LA LEY 15139/2017). Según el factum, la acusada, encontrándose en el domicilio familiar, sito en El Ejido, y dado que su hijo de 15 años no quería dejar de jugar con el móvil y ponerse a estudiar, se lo quitó, si bien para ello, ante la negativa violenta del menor, tuvo que forcejear levemente con él. Por estos hechos la Fiscalía, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos procesales como constitutivos de un delito de malos tratos del artículo 153.2 CP (LA LEY 3996/1995), y solicitó la pena de 9 meses de prisión, accesorias y costas. El Juzgado de lo Penal nº 1 de Almería, que ha conocido de la causa, absuelve no obstante a la acusada. Argumenta en su fundamentación jurídica que es cierto que este tipo penal, introducido por la reforma del Código Penal de 30 de Septiembre de 2.003 y posteriormente modificado de nuevo en la Ley de Violencia de Género, viene a proteger de forma extrema a los más débiles y desprotegidos de la familia, por los ataques psíquicos y físicos que pudieran ser objeto por parte de otros miembros del clan familiar que, en un primer momento, se pueden aprovechar de una injusta situación predominante. La protección -señala la Sala- debe entenderse hecha hasta en los más mínimos ataques físicos, de manera que cualquier forma de éste -incluida la falta de maltrato de obra-, se considerada como delito. Ahora bien, en el caso, es evidente que la acusada se encontraba en el pleno y correcto ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad, sin que en momento alguno se extralimitase en ello. Es más, según el juez, sería responsabilidad de la madre el haber dejado a su hijo jugando con el móvil y no hacerlo estudiar, pues entre esas obligaciones que se establecen en el Código Civil derivadas de la patria potestad está la de preocuparse por la educación de los hijos, que es precisamente lo que hizo la acusada en la acción enjuiciada, sin utilizar rigor innecesario alguno para ello
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SENTENCIA 23/2017, DE 10 DE ENERO; RECURSO 1555/2016. Absuelto por daños informáticos el ex empleado que para vengarse realizó un barrido masivo de información y anuló las claves de Google Adwords. Era director de desarrollo de negocio en una empresa de gestión on line del patrimonio de ahorradores. De un día para otro le despidieron, y él decidió vengarse. Provocó el caos en cuestión de horas, anulando las claves de acceso a las cuentas en el servicio publicitario Google Adwords y remitiendo mails a los clientes con información falsa y maliciosa sobre el estado económico de la empresa. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid le absuelve del delito de daños informáticos porque no pueden probarse y cuantificarse los daños, pero mantiene su condena por injurias, por el que deberá indemnizar a su ex empresa con 3.000 euros. La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente (Sentencia 23/2017, de 10 de enero; Recurso 1555/2016) el recurso de apelación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 25 de Madrid. El tribunal revoca dicho fallo en el único sentido de absolver al acusado de un delito de daños informáticos. Confirma sin embargo el fallo condenatorio por un delito de injurias graves, con la atenuante de dilaciones indebidas, y absolutorio por un delito de revelación de secretos.
SENTENCIA DE TS, SALA 2ª, DE LO PENAL, 3 DE ABRIL DE 2017. NARCOTRÁFICO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRUEBAS. Ilicitud de las intervenciones telefónicas y de las pruebas testificales, documentales y periciales al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y el derecho a un proceso con todas las garantías. Falta de resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto el proceso y de la documentación en que se sustentan. Se estima el recurso de casación.
Sentencia nº 159/2017 de TS, Sala 4ª, de lo Social, 23 de Febrero de 2017. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. RETRASO EN PAGO. No existe falta de contradicción entre las sentencias comparadas. En el caso de la sentencia recurrida la empresa pagó las últimas cantidades adeudadas antes de presentarse la demanda. La sentencia tiene carácter constitutivo y los efectos extintivos solo se retrotraen a la fecha de interposición de la demanda, fecha en la que la empresa ya estaba al corriente de sus pagos. No es así el caso de la sentencia de contraste, donde los pagos se realizaron antes del juicio. Se desestima el recurso de casación.
AUDIENCIA NACIONAL, SENTENCIA 23/2017 DE 24 DE FEBRERO. Sanción de 10.000 € a empresa reincidente en la vulneración de derechos sindicales. Así lo establece la Audiencia Nacional en su sentencia 23/2017, de 24 de febrero (Recurso 18/2017) dando respuesta a la demanda interpuesta por los miembros del comité de empresa por vulneración de su derecho a la libertad sindical, por cuanto la empresa les prohibía computar durante el uso de su crédito horario sindical, el tiempo de descanso previsto en el Convenio Colectivo de Contact Center como tiempo efectivo de trabajo. Efectivamente dicha norma convencional establece un descanso de 5 minutos de pausa por cada hora de trabajo (considerado como tiempo de trabajo efectivo), a los trabajadores que desarrollen sus funciones en pantallas, también llamadas “pausas PVD”. Descartada una concepción privatista del crédito horario como "permiso retribuido", y considerados los descansos como tiempo de trabajo efectivo, la indemnidad del representante sindical no se contrae exclusivamente a aspectos retributivos, sino que debe extenderse a todos los aspectos de la relación laboral, y en el caso, la práctica empresarial consistente en no reconocer el derecho a los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores, cuando hacen uso de sus horas de crédito horario, a efectuar los descansos y pausas que el Convenio colectivo del sector les reconoce, vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical. Por similares hechos, pero respecto a otro centro de trabajo, ya fue sancionada la empresa, y pese a ello, persiste en su negativa a extender los derechos que fueron reconocidos a aquellos representantes al resto de los centros de trabajo. La tesis de la empresa, mantenida en el anterior proceso, y basada en la necesidad de prestación efectiva de servicios para el disfrute de los descansos y pausas, fue declarada desproporcionada en relación con la pérdida de facultades de acción del representante, y contraria al Convenio que considera los descansos y pausas como tiempo efectivo de trabajo. Como respuesta a esta conducta persistente, y con la intención de que cese definitivamente la práctica empresarial de negar el derecho de los representantes sindicales de disponer de sus descansos legales cuando hayan hecho uso del crédito horario sindical para poder desempeñar sus funciones de forma correcta, la Audiencia Nacional ha decidido elevar la indemnización por daño moral a 10.000 euros, frente a los 6.000 euros impuestos en el anterior proceso. Los antecedentes muestran que la anterior sanción no ha logrado los fines preventivos o disuasorios pretendidos. Aunque la indemnización por vulneración de derechos fundamentales tiene una finalidad predominantemente resarcitoria para quien sufre la lesión de sus derechos, tiene también una finalidad disuasoria para el infractor de cara a evitar futuras vulneraciones, disuasión que en el caso no ha surtido sus efectos al ser persistente el incumplimiento por parte de la empresas de los derechos en materia de crédito de los representantes legales de los trabajadores, y que es merecedora de una mayor sanción que la prevista en la LISOS.
Fuente:http://noticias.juridicas.com
SENTENCIA Nº 627/2017 DE TS, SALA 3ª, DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, 5 DE ABRIL DE 2017.LÍMITE DE EDAD. PRINCIPIO DE IGUALDAD. Fijar en 30 años el límite de edad para acceder a los centros docentes de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil no vulnera el principio de igualdad ya que cuenta con una justificación objetiva y razonable. Se desestima el recurso de casación.
TSJ MADRID, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SENTENCIA 30 ENERO 2017. Frustado el intento de notificación de la sanción al interesado, la Dirección General de Tráfico debió acudir a la Administración Tributaria que sí consiguió notificar sus resoluciones correctamente. Impuesta una sanción de tráfico se llega a la vía de apremio mediante publicación en boletín oficial tras un único intento fallido de notificación en el domicilio del sancionado conforme a los registros de la Dirección General de Tráfico. El domicilio en el que fue notificado el procedimiento de apremio es distinto a aquél en el que se intentó, por una sola vez, la notificación de la sanción. Es reprochable que la Administración sancionadora no llevara a cabo investigación alguna sobre el domicilio del sancionado y recurriera a la notificación por edictos, tras un único intento de notificación, frustrado por ser desconocido en el domicilio que figuraba en la Dirección General de Tráfico. Era exigible un mayor grado de diligencia en la averiguación del domicilio, simplemente con un cruce de datos con otros órganos de la Administración. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la cuestión y exige procurar el emplazamiento o citación personal de los interesados, subrayando que el emplazamiento edictal es el último remedio, que opera con carácter supletorio y excepcional, esto es, previo el agotamiento de las demás modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario. La notificación por edictos solo cabe una vez agotados los demás medios de citación. La notificación automática por edictos, sin la previa y necesaria diligencia de averiguación del domicilio, vulnera el ordenamiento jurídico, porque la Administración sancionadora no puede limitarse a proceder a la notificación edictal sin desplegar una mínima actividad indagatoria. El TSJ anula la resolución del TEAR de Madrid y la providencia de apremio, porque la falta de notificación impide que el acto administrativo sea ejecutivo al no haber comenzado el período voluntario de pago, lo que a su vez implica que no puede tenerse por agotado para dar paso a la vía de apremio.
Fuente:http://diariolaley.laley.es
SENTENCIA Nº 511/2017 DE TS, SALA 3ª, DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, 24 DE MARZO DE 2017. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. COLATERAL DE TERCER GRADO. Se consideran comprendidos dentro grupo III del artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones los colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad y por afinidad. Se estima el recurso de casación.
Fuente:https://supremo.vlex.es

References: artículo 93
 resolución 
 artículo 1108
 artículo 576
 artículo 153
 resolución 
 artículo 20