Source: http://espanito.com/airoldi-armando-ral-c-britambo-s-h-y-nuez-jos-daniel-s-desaloj.html
Timestamp: 2018-09-26 12:53:07+00:00

Document:
Airoldi Armando Raúl c/ Britambo S. H. y Nuñez José Daniel s/ Desalojo
Causa nº52293 “Airoldi Armando Raúl
c/ Britambo S.H. y Nuñez José Daniel
s/ Desalojo".
Juzgado Civil y Comercial nº2-Azul--
Reg.....105.......Sent.Civil.
En la ciudad de Azul, a los 17 días del mes de Julio del año Dos Mil Ocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Ana María De Benedictis, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Airoldi Armando Raúl c/ Britambo S.H. y Nuñez José Daniel s/ Desalojo" (Causa Nº52293), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. PERALTA REYES, Dr. GALDOS y Dra. DE BENEDICTIS.
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.322/327vta.?
2da. ¿Se encuentra ajustada a derecho la denuncia y
solicitud de citación de tercero formulada a
fs.371vta./372?
3ra. ¿Es justa la resolución apelada de fs.328/329?
4ta. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
I) En la sentencia dictada en la anterior instancia se dispuso hacer lugar a la demanda por desalojo que interpusiera Armando Raúl Airoldi contra Britambo Sociedad de Hecho y José Daniel Nuñez, condenándose a los demandados a desalojar las dos fracciones de campo ubicadas en el Partido de Benito Juárez, designadas como Cuartel 1°, chacras 144, 400, 160, 399, 397, 398 y 372 (parcelas 1 y 2), de una extensión total de 141 hectáreas (60 has. y 81 has., respectivamente). Se dispuso, asimismo, que el desalojo deberá efectivizarse dentro del término de diez días de adquirir firmeza el pronunciamiento; haciéndose constar que, en forma separada, se daría tratamiento al pedido de medida cautelar formulado por la parte actora (fs.327vta.). Se aclara, desde ya, que dicha medida cautelar fue resuelta por el juzgador a través de la resolución de fs.328/329, que es la motivante de la tercera cuestión planteada en este acuerdo.
1. Comenzó puntualizando el sentenciante de grado, que la demanda de desalojo estuvo basada en la causal de falta de pago, a la que debe agregarse, como sobreviniente, la causal de vencimiento del término pactado del arrendamiento (fs.324vta.). Luego de esta aclaración liminar, expresó el a quo que los contratos de arrendamiento que vinculan a las partes fueron celebrados con fecha 31-8-99 y obran agregados a fs.28/29. Dijo que el plazo del contrato se convino en cinco años a contar desde el día 1-9-99, venciendo el día 31-8-04; y destacó que si bien se había establecido una opción para renovar el contrato por igual período, ello evidentemente no se concretó, ya que las partes se encontraban tramitando el presente litigio al momento del vencimiento del plazo originario. Y en función de estas reflexiones, sostuvo el sentenciante que "tal como se advierte de la sola lectura del contrato, el plazo de la locación se encuentra vencido, circunstancia que en los términos del art.163 inc. 6°, segundo párrafo del Código Procesal no sólo corresponde ser contemplada en esta sentencia, sino que se convierte en la causa de finalización del contrato celebrado por las partes y, en consecuencia, en el cese del derecho del locatario o arrendatario a permanecer ocupando el predio" (fs.325/325vta.).
Expresó, asimismo, el juzgador de primera instancia, que lo anterior resultaría suficiente para dar fundamento al decisorio, deviniendo abstractas las restantes cuestiones introducidas por las partes. No obstante ello y ponderando que el fundamento de la acción y de la traba de la litis fue la causal de falta de pago de los arriendos, se abocó al tratamiento de esa problemática a los efectos de la imposición de costas (fs.325vta.).
2. Incursionando en el examen de las defensas articuladas por la parte demandada, recordó el a quo que Britambo Sociedad de Hecho adujo ser acreedora de Armando Raúl Airoldi desde el año 1999, por un monto que supera los trece períodos de arrendamientos mensuales, habiendo solicitado la verificación de su pretendido crédito en el concurso de Airoldi. Y dado que esa petición fue desestimada, se iniciaron los autos "Britambo S.H. s/incidente de revisión en autos Airoldi Armando R. s/concurso preventivo" (expediente n° 52.501), donde se dictó resolución rechazándose el incidente por no haberse probado la causa de la obligación (la misma estaba dada por un contrato de compraventa de entrega de leche que se habría celebrado en forma verbal entre las partes, ascendiendo el pretendido crédito a la suma de $ 18.302,60). Sostuvo el a quo que dicha resolución fue consentida por el aquí demandado, habiendo adquirido firmeza; por lo que este planteo defensivo carece de sustento, lo que impone su rechazo (ver fs.326, párrafos primero y segundo).
Puntualizó el juzgador, seguidamente, que otro de los argumentos utilizados para repeler la demanda de autos versa sobre el reclamo entablado por José Daniel Nuñez, quien adujo ser acreedor de Armando Raúl Airoldi, con motivo de servicios profesionales prestados en su carácter de Contador Público Nacional. Y dijo que esta situación dio lugar a los autos caratulados "Nuñez José s/incidente de revisión en autos Airoldi Armando R. s/concurso preventivo" (expediente n° 52.502), donde se dictó resolución rechazándose el incidente, por no haberse acreditado la causa de la obligación (pronunciamiento que se encuentra consentido y firme). En base a estas consideraciones, el juzgador también rechazó este argumento defensivo (fs.326/326vta.).
Dijo el a quo, a continuación, que Britambo S.H. alegó en su defensa que ha consignado los arrendamientos -y lo sigue haciendo- a favor de Airoldi, en los autos caratulados "Britambo Sociedad de Hecho c/Airoldi Armando R. s/pago por consignación" (expediente n° 53.157), donde se dictó sentencia rechazándose la demanda, sobre la base de que la oferta de pago fue realizada en forma extemporánea (tardía) y el depósito en forma más tardía aún; a lo que se suma que el depósito fue insuficiente, ya que debieron acompañarse los intereses correspondientes. Precisó el magistrado que este fallo fue confirmado por la alzada con fecha 20-4-04, encontrándose, por ende, firme; de allí que también haya desestimado el planteo en análisis (fs.326vta.).
En último término, recaló el a quo en el juicio intitulado "Airoldi Armando Rául c/Britambo S.H. y otro s/cobro de arrendamientos" (expediente n° 54.305), y sostuvo que en estos actuados se dictó sentencia con fecha 5-12-07. En este fallo se rechazó la excepción de pago total documentado (que se había opuesto con fundamento en los procesos de pago por consignación y de pago por compensación incoados por la demandada), y se mandó llevar adelante la ejecución por el importe correspondiente a los arrendamientos devengados entre los meses de octubre de 2001 a julio de 2002. Puntualizó que esta sentencia se encuentra recurrida, aunque, como se advierte, los procesos en que se funda la excepción de pago total documentado se encuentran resueltos y con pronunciamientos firmes (fs.327).
3. Y luego de la precitada reseña de antecedentes, sentó el a quo la conclusión medular de su decisorio, utilizando las siguientes expresiones: "Todo lo expuesto resulta plenamente demostrativo de que los arrendamientos reclamados por la actora no fueron abonados, configurándose así no sólo la procedencia de la causal de falta de pago invocada, devenida en abstracta con el vencimiento del contrato, sino de la demanda en los términos propuestos, lo que, como adelanté, es necesario determinar a los fines de la imposición de costas......Sobre la base de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que el contrato de arrendamiento se encuentra vencido desde el 31 del mes de agosto de 2004, es decir desde hace tres años y más de cuatro meses, la demanda debe prosperar debiendo el accionado restituir el inmueble arrendado, con costas a los vencidos (art.68 C.P.C.C.)" (fs.327/327vta.).
II) La sentencia comentada no satisfizo a la parte demandada, quien dedujo recurso de apelación contra la misma (fs.345/345vta.). El recurso se abasteció en esta instancia, a través de la expresión de agravios glosada a fs.367/372vta. Las críticas vertidas por los accionados se desplazan por los andariveles que seguidamente paso a detallar.
Sostienen, en primer lugar, que el actor reclama cánones locativos que refiere impagos a partir de julio del año 2001, para lo cual promovió juicio por cobro de arrendamientos que tramita en el ya indicado expediente n° 54.305. Y aducen los demandados que, en esos actuados, pretendieron demostrar que los arriendos reclamados se encontraban pagos mediante la entrega de leche que se le realizó al actor Armando Raúl Airoldi, así como también, por la realización de "diversos pagos por compensación" que obran acreditados en los autos "Britambo Sociedad de Hecho y Nuñez José Daniel c/Airoldi Armando Raúl s/pago por compensación" (expediente n° 55.056) (fs.369/369vta.).
Afirman los apelantes que el actor pretendió verificar su crédito de arrendamientos en los autos "Nuñez José Daniel s/concurso preventivo", o sea en el proceso concursal de uno de los demandados del presente juicio, pero señalan que dicho crédito fue declarado inadmisible por haberse entendido que no medió la invocada falta de pago. Aluden los demandados, asimismo, a la solicitud de verificación que ellos formalizaron en los autos "Airoldi Armando Raúl s/concurso preventivo" (expediente n° 51.781), donde intentaron insinuar su acreencia por la venta de leche a Airoldi; y aducen que, ante la declaración de inadmisibilidad que allí recayó, promovieron los autos "Britambo S.H. s/incidente de revisión en autos Airoldi Armando R. s/concurso preventivo" (expediente n° 52.501), extendiéndose en diversas consideraciones relativas a este incidente (fs.369vta./370). También hacen mención al juicio intitulado "Britambo Sociedad de Hecho c/Airoldi Armando R. s/pago por consignación" (expediente n° 53.157), afirmando que allí constan los cobros formalizados por Airoldi (fs.370).
Destacan los recurrentes, asimismo, que si bien fue desestimado el incidente de revisión por ellos promovido en el concurso de Airoldi, por no haberse probado la causa de la obligación, tanto el síndico como el magistrado actuante entendieron que las entregas de leche fueron efectuadas como pagos de arrendamientos. Expresan que ascienden a la suma de $ 18.302,60, los pagos adelantados de arrendamientos en poder del accionante; y dicen que dicha cantidad debe ser imputada a cánones locativos (fs.370/370vta.). Por lo demás, con relación a la firmeza de los pronunciamientos recaídos en los demás juicios, afirman que sólo el proceso de pago por consignación se encuentra con sentencia firme, habiendo percibido el actor la suma de $ 10.680. Aseveran que no ha sido debidamente merituada la real existencia y efectividad de los pagos por compensación, así como tampoco de los pagos realizados en el juicio de consignación (fs.370vta./371).
En lo atinente al vencimiento del plazo de los contratos de arrendamiento, afirman los apelantes que hicieron uso de la opción de renovación contractual, a cuyo fin remitieron carta documento al arrendador y presentaron un escrito en el concurso de Airoldi. Y puntualizan que no hubo tratamiento de parte del magistrado actuante, atento a los juicios entablados entre las partes que se encontraban pendientes de resolución (fs.371). A modo de comprobación de sus asertos, ofrecen los distintos litigios existentes entre las partes (fs.371/371vta.).
En otro orden de cosas, dicen los apelantes que si bien contrataron con el actor el arrendamiento de diversas parcelas rurales, han podido comprobar que Airoldi no es el propietario de la fracción de 60has de campo. En este sentido, dicen que recibieron una carta documento de Irma Dora Charnuto, quien les demostró que efectivamente es la titular y propietaria del fundo; motivo por el cual, no habiendo podido acordar ningún tipo de contrato que les permitiera proseguir en la ocupación, procedieron a devolverle el inmueble a la nombrada Irma Dora Charnuto, quien les otorgó el recibo que allegan (fechado el día 3-4-08). Por este motivo, aducen los accionados apelantes que ha devenido abstracto cualquier tipo de resolución en relación al mencionado bien, atento a que lo han desalojado y entregado a su dueña (a quien solicitan se cite como tercera interesada). Destacan que los agravios vertidos contra la sentencia de desalojo, están referidos a los bienes que aún se hallan ocupando y a la oportuna opción de renovación efectuada (fs.371vta./372). Se aclara que esta temática será analizada en oportunidad del tratamiento de la segunda cuestión planteada en el presente acuerdo.
Habiendo sido contestada la expresión de agravios por la contraparte (fs.374/378), se llamaron autos para sentencia y se practicaron los demás actos procesales de rigor. De este modo, se está en condiciones de emitir el presente decisorio.
III) Conforme emana de la reseña efectuada precedentemente, el juez de la anterior instancia consideró que se encuentra vencido el plazo de los contratos de arrendamiento celebrados entre las partes con fecha 31-8-99 (adjuntados a fs.28/29), al haber transcurrido los cinco años de duración que se previeron en la cláusula segunda de dichas convenciones. Y como el plazo contractual venció con fecha 31-8-04, o sea con posterioridad a la promoción del presente juicio de desalojo, en la sentencia apelada se valoró tal circunstancia como un hecho sobreviniente, en los términos del art.163 inciso 6, segunda parte, del Código Procesal. Afirmó el sentenciante de grado que este hecho se convierte en la causa de finalización del contrato celebrado por las partes y, en consecuencia, en el cese del derecho de los arrendatarios a permanecer ocupando los predios locados (ver punto 1 del apartado I de este voto).
Si se recala en la expresión de agravios formulada por los demandados apelantes, se puede advertir que no ha mediado ninguna crítica hacia esta conclusión medular de la sentencia; habiendo llegado firme a esta sentencia que el vencimiento del plazo contractual operó con fecha 31-8-04, dato que, por otra parte, resulta indiscutible de la sola lectura de la cláusula segunda de los contratos de arrendamiento agregados a fs.28 y 29. Por lo demás, los apelantes tampoco han cuestionado que tal circunstancia haya sido ponderada por el a quo en el marco del art.163 inciso 6, segunda parte, del código ritual, con el carácter de hecho sobreviniente a la promoción de la demanda de desalojo. Se trata, en suma, de aspectos litigiosos medulares que han quedado fuera de la órbita de revisión de esta alzada (art.260 y 266 del Cód. Proc.).
El único cuestionamiento que dirigen los recurrentes en torno a esta parcela del conflicto, radica en la opción de renovación contractual que había sido prevista en la mencionada cláusula segunda de los contratos de arrendamiento (fs.28 y 29). Y así puntualizan los demandados que hicieron uso de tal opción de renovación de los contratos, comunicando esa decisión al arrendador mediante carta documento, y presentando un escrito en los autos "Airoldi Armando Raúl s/concurso preventivo" (expediente n° 51.781). Agregan los recurrentes que no hubo tratamiento de la cuestión por el magistrado actuante, atento los juicios entablados por las partes aún pendientes de resolución (ver fs.371, tercer párrafo). Debe recordarse, en este punto, que la temática de la opción fue abordada en el fallo apelado, habiendo sostenido el a quo que la misma no se concretó, ya que las partes se encontraban tramitando el presente litigio al momento del vencimiento del plazo originario (ver fs.325, punto 2, in fine).
Puestas las cosas de ese modo, es menester recalar en el concurso preventivo de Armando Raúl Airoldi, donde -efectivamente- los demandados de autos realizaron una presentación a fin de comunicar el ejercicio de la opción de renovación contractual, procurando -por esa vía- la extensión de la duración de los arrendamientos hasta el día 31 de agosto del año 2014 (ver fs.428/430vta. del citado expediente n° 51.781). Al igual que el sentenciante de la anterior instancia, entiendo que la pretendida opción de renovación contractual no se concretó, de manera tal que debe ser desestimado este argumento incorporado en el escrito de expresión de agravios.
Y cabe apuntar, en primer lugar, que la aludida presentación de los accionados en el proceso concursal del arrendador, se muestra claramente abusiva; ya que mal podía perseguirse la renovación de los contratos por vía de una opción ejercida unilateralmente por los arrendatarios, siendo que el vínculo contractual estaba teñido de una gran conflictividad, y las originarias bases negociales habían quedado socavadas a raíz de las múltiples desavenencias planteadas entre las partes. Y ello adquiere aún más gravedad, si se observa que fueron los incumplimientos de los accionados los que desencadenaron la profunda crisis contractual, al surgir de las distintos expedientes tramitados la falta de pago de los cánones locativos (de esta temática me ocuparé en los desarrollos venideros) (arts.1071, 1198 primer párrafo y ccs. del Cód. Civil).
Por lo demás, a la pretendida efectividad de la opción de renovación contractual (según la postura de los demandados apelantes), se le opone una valla procesal verdaderamente infranqueable. En efecto, sin entrar a considerar la aplicación al sub caso de la norma contenida en el art.20 de la ley 24.522, lo cierto es que los accionados comparecieron ante el juez del concurso a fin de hacer valer sus pretendidos derechos, sometiéndose, de ese modo, a las vicisitudes del proceso universal (véanse las citadas fs.428/430vta. del expediente n° 51.781, donde tramita el concurso preventivo de Armando Raúl Airoldi). Y aquí cobra plena relevancia la resolución dictada a fs.432 de esos actuados, donde se dispuso que la opción a que se hace referencia "estará sujeta a examen judicial, toda vez que se hallan pendientes de resolución firme los autos caratulados 'Airoldi c/Britambo y otro s/cobro de arrendamientos' y 'Airoldi c/Britambo y otros s/desalojo'. No obstante ello, de la presentación en despacho córrase traslado a la concursada y al síndico..." (lo destacado me pertenece). De modo que la cuestión relativa a la opción de renovación de los contratos quedó sujeta al examen del juez del concurso, sin que se haya dictado ninguna resolución sobre el tópico; por lo que carece de asidero la postura de los demandados, quienes procuran hacer valer en forma unilateral la prórroga del plazo contractual, desconociendo los actos procesales producidos en el trámite del juicio universal.
Con lo hasta aquí expuesto ha quedado en claro que el plazo de los contratos de arrendamiento venció durante el curso del presente juicio de desalojo; que esta circunstancia fáctica ha sido valorada por el juzgador como hecho sobreviniente, en el marco de la facultad contenida en el art.163 inciso 6, segunda parte, del Código Procesal; y que de ningún modo puede tenerse por concretada la opción de renovación contractual invocada por los apelantes. Y pese a que la faena revisionista de esta alzada ha quedado acotada (conforme se expuso supra), cabe señalar obiter dicta que en el pronunciamiento del a quo no anida ninguna demasía decisoria; ya que el vencimiento del plazo contractual ha sido correctamente valorado como hecho sobreviniente acaecido durante el curso del proceso; tratándose de una circunstancia fáctica decisiva que trae aparejada, por sí sola, la obligación de restituir los inmuebles por parte de los arrendatarios (art.1604 inciso 1, 1609 y ccs. del Cód. Civil; arts.2, 20 y ccs. de la ley 13.246; art.163 inciso 6, segundo párrafo, del Cód. Proc.). Se ha decidido en el ámbito jurisprudencial, que "si se demanda solo por la causal de falta de pago y durante la tramitación del proceso se produce el vencimiento del término contractual, puede hacerse valer ésta última causal en sentencia como hecho sobreviniente, máxime cuando no ha sido negado el contrato, ni se alude a una eventual prórroga del lapso estipulado, por cuanto ello no afecta el derecho de defensa y principio de congruencia" (Cám. Civ. y Com. 1era. Mar del Plata, sala 2, "Gorrini" del 2-5-95, sumario JUBA B1401228; ver también Cám. Civ. y Com. 1era. La Plata, sala 1, "De Gaetano" del 5-2-02, sumario JUBA B101622; Cám. Civ. y Com. 1era. Mar del Plata, sala 1, "Roldan" del 4-7-03, sumario JUBA B1352872).
IV) Si bien ya ha quedado definida la procedencia de la acción de desalojo, debe destacarse que también se acreditó la causal de falta de pago de los arrendamientos que se invocó en la demanda (art.19 de la ley 13.246; ver desarrollos de fs.22/25). A esta problemática me referiré en el decurso del presente apartado, adelantando opinión en el sentido de que el fallo apelado también se encuentra ajustado a derecho en esta parcela de la contienda. En este aspecto litigioso ponderaré los diversos expedientes tramitados entre las partes, que han sido requeridos por el tribunal ad efectum videndi.
Así se tiene que en el escrito inicial del proceso se adujo que la relación contractual fue normal hasta mediados del año 2001, habiéndose desencadenado los incumplimientos de los arrendatarios a partir del canon locativo correspondiente al mes de julio de ese año (ver fs.22vta./25). Por su parte, los demandados negaron la deuda por arriendos reclamada por el actor, en base a los argumentos que seguidamente paso a exponer.
Por un lado, los accionados sostuvieron que deben ser compensados diferentes importes, en virtud de que se consideran acreedores de Armando Raúl Airoldi por los siguientes conceptos: a) Adujeron que Britambo S.H. es acreedora de Airoldi por entregas de leche realizadas a favor de éste último y por un monto de $ 18.302,60; motivo por el cual se dedujo incidente de revisión en el concurso de Airoldi (citado expediente n° 52.501). b) Dijeron que José Daniel Nuñez es acreedor de Airoldi por la suma de $ 2.000, en virtud de servicios profesionales prestados; motivo por el cual también se dedujo incidente de revisión en el concurso de Airoldi (expediente n° 52.202). c) Afirmaron que Karen Natalia Airoldi, integrante de Britambo S.H., es acreedora de Armando Raúl Airoldi por la suma de $ 1.718,85, en concepto de alquileres pagados al Sr. Smith. d) Argumentaron que Britambo S.H. abonó a la Sra. Irma Charnuto de Iocca la suma de $ 1.347, en virtud de una deuda existente con el Banco Provincia (ver fs.51/51vta.).
Por otro lado, los demandados sostuvieron que se consignaron arrendamientos a favor de Airoldi, por un monto de $ 23.368,45, en los autos caratulados "Britambo Sociedad de Hecho c/Airoldi Armando R. s/pago por consignación" (citado expediente n° 53.157) (ver fs.51vta./52). Tal como se desprenderá de los desarrollos venideros, resultan improcedentes los diferentes planteos defensivos articulados por los deudores.
1. El magistrado de la anterior instancia ponderó, en primer lugar, el juicio intitulado "Britambo S.H. s/incidente de revisión en autos Airoldi Armando R. s/concurso preventivo" (expediente n° 52.501), donde se dictó resolución rechazándose el incidente promovido, por no haberse probado la causa de la obligación, la que estaba dada por un contrato de compraventa de entrega de leche que se habría celebrado en forma verbal entre las partes, ascendiendo el pretendido crédito a la suma de $ 18.302,60. Dicha resolución luce a fs.95/97vta. del citado expediente n° 52.501, fue debidamente notificada a las partes y adquirió firmeza al no haber sido pasible de recurso alguno.
De esta manera, carece de sustento la postura de los accionados, quienes siguen insistiendo en compensar un supuesto crédito derivado de entregas de leche supuestamente realizadas al actor, siendo que el decisorio firme dictado en el mencionado expediente n° 52.501, le vino a quitar todo respaldo a su pretensión. En el escrito de expresión de agravios se reflexiona en torno a las motivaciones del aludido decisorio (fs.369vta./370), pero no se discute que la resolución recaída en el incidente resultó claramente desfavorable a los intereses de los aquí apelantes. Por lo demás, si se compulsa el juicio caratulado "Britambo S.H. y Nuñez José Daniel c/Airoldi Armando Raúl s/pago por compensación" (expediente n° 55.056), se puede concluir en que el mismo se encuentra en el estadio inicial y absolutamente paralizado desde el día 8-4-05 (ver auto de fs.122/122vta.).
En cuanto a los demás créditos en los que se basó la pretensión de compensación de los demandados, que he individualizado en el tercer párrafo del presente apartado con las letras b), c) y d), cabe puntualizar que, más allá de la existencia o inexistencia de los mismos, su reducido monto impide sustentar un planteo compensatorio de significación, y ello en razón de la considerable cuantía de los arriendos adeudados al actor (art.818 del Cód. Civil).
A lo expuesto debe agregarse que en autos "Nuñez José s/incidente de revisión en autos Airoldi Armando R. s/concurso preventivo" (expediente n° 52.502), también medió resolución rechazando el incidente; y si bien la misma fue apelada por el incidentista, nunca se instó la producción del correspondiente trámite recursivo (ver fs.79/92 de esos actuados).
2. Cabe referirse ahora a la consignación de arrendamientos, que también fue esgrimida por los accionados a fin de oponerse al progreso de la demanda de desalojo (a esta temática he aludido en el cuarto párrafo del presente apartado).
Pues bien, el resultado del mencionado juicio de pago por consignación, que diera lugar al expediente n° 53.157, ha sido netamente contrario a la pretensión de los aquí demandados, tal como lo puso de relieve el a quo en la sentencia en crisis (ver apartado I de este voto, punto 2, tercer párrafo). En efecto, en la sentencia dictada en primera instancia en el expediente n° 53.157, se dispuso el rechazo de la demanda de consignación, y dicho fallo fue confirmado por este tribunal con fecha 20-4-04 (ver fs.248 y siguientes de ese expediente).
Siempre en lo tocante al crédito por arrendamientos reclamado por el actor, cabe mencionar el juicio caratulado "Airoldi Armando Raúl c/Britambo S.H. y otro s/cobro de arrendamientos" (expediente n° 54.305). En este proceso ejecutivo se dictó sentencia de primera instancia rechazándose la excepción de pago total documentado, la que se había opuesto con fundamento en los citados juicios de pago por consignación y de pago por compensación. Asimismo, se mandó llevar adelante la ejecución por los arriendos correspondientes al período octubre de 2001 a julio de 2002 (ver fs.296/301). Si bien esta sentencia no ha adquirido firmeza, lo cierto es que la misma debe ser valorada en relación al conjunto de expedientes que analicé precedentemente. Similares consideraciones cabe efectuar, con relación a los autos caratulados "Airoldi Armando Raúl s/incidente de revisión en autos Nuñez José Daniel s/concurso preventivo" (expediente n° 43.510).
3. En definitiva, del trámite de las distintas causas sustanciadas entre las partes se desprende, de un modo inequívoco, que los arrendatarios han incumplido su obligación esencial de pagar los cánones locativos. Y ello con independencia de algunos pagos parciales que puedan haber efectuado, pero que no alcanzan suficiente entidad como para alterar los aspectos medulares del conflicto. En consecuencia, deviene absolutamente inexacta la aseveración inserta en la expresión de agravios (fs.371), donde se afirma que los desembolsos superarían el monto de los arriendos que sustentan la acción de desalojo por falta de pago (art.19 de la ley 13.246; art.384 del Cód. Proc.).
De este modo deviene ajustada a derecho la parcela de la sentencia apelada, donde se dice que los arrendamientos reclamados por la actora no fueron abonados, configurándose así la procedencia de la invocada causal de falta de pago (ver fs.327, apartado IV); y ello con independencia de algunos pagos parciales que, como señalé, carecen de envergadura como para alterar la esencia de la controversia.
V) Habiendo quedado definida la procedencia de la acción incoada, en virtud de las motivaciones expuestas en los capítulos precedentes, propicio al acuerdo la confirmación de la sentencia recurrida de fs.322/327vta.
Así lo voto..
I) La cuestión que ahora debo abordar deriva de un planteo introducido por los accionados apelantes en su escrito de expresión de agravios (fs.371vta./372). Allí sostienen los recurrentes que, si bien contrataron con el actor el arrendamiento de diversas parcelas rurales, han podido comprobar que Airoldi no es el propietario de la fracción de campo de 60has. Y exponen que recibieron una carta documento de Irma Dora Charnuto, quien les demostró que es titular y propietaria del fundo; motivo por el cual, no habiendo podido acordar ningún tipo de contrato que les permitiera proseguir en la ocupación, procedieron a devolverle el inmueble a la nombrada Irma Dora Charnuto, quien les otorgó el recibo que allegan (fechado el día 3-4-08). Por este motivo, aducen los demandados que ha devenido abstracto cualquier tipo de resolución en relación al mencionado bien, atento a que lo han desalojado y entregado a su dueña (a quien solicitan se cite en el carácter de tercera interesada). Cabe señalar que este planteo fue rechazado por la parte actora en su escrito de contestación a la expresión de agravios, quien adujo que la sentencia de desalojo se hace efectiva contra cualquier ocupante, incluso -con mayor énfasis- contra aquéllos que han ingresado al predio con posterioridad a la traba de la litis (ver fs.376vta./377vta.).
II) Con el escrito de demanda se acompañó un convenio suscripto, con fecha 25-9-96, entre Irma Dora Charnuto de Iocca y el aquí actor Armando Raúl Airoldi (ver fs.21/21vta.), del cual se desprende que el segundo compró a la primera las chacras 144, 400, 160 y 399, que son las mismas que constituyeron el objeto de uno de los contratos de arrendamiento motivo de autos (ver fs.29). Y dichas fracciones coinciden con los bienes sobre los que Charnuto habría invocado derechos, según resulta de la carta documento de fs.367 y del recibo de fs.368. Ahora bien, retomando el análisis del referido convenio de fs.21/21vta., se desprende que el comprador pagó totalmente el precio de la compraventa y adquirió la posesión de los inmuebles vendidos; encontrándose pendiente la escrituración debido a la mora de la parte vendedora. Este convenio no fue motivo de impugnación alguna por parte de los demandados de autos, tal como emana de los términos del escrito de contestación de demanda (fs.50/53; art.354 del Cód. Proc.).
La referida situación procesal ya está demostrando un proceder contradictorio de los demandados, quienes, por un lado, reconocieron -tácitamente- la autenticidad del convenio del cual surge que Airoldi es comprador de los inmuebles y que Charnuto de Iocca carece de todo derecho sobre los mismos. Pero, por otro lado, luego de haberse dictado la sentencia de primera instancia que los condena a desalojar los predios rurales (fs.322/327vta.), los accionados vienen a argumentar que Irma Dora Charnuto les demostró ser titular y propietaria del fundo (fs.371vta./372). Tal como puede apreciarse, se está ante un comportamiento indebido de los demandados, quienes, por lo demás, ni siquiera han mencionado los supuestos instrumentos que les habría exhibido Irma Dora Charnuto, careciendo de todo sustento las genéricas expresiones vertidas en los instrumentos de fs.367 y 368 (arts.163 inciso 5, 330, 354, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
A lo antedicho debe agregarse una circunstancia verdaderamente decisiva, que surge de la compulsa del concurso preventivo de Armando Raúl Airoldi (citado expediente n° 43.239). En efecto, si Irma Dora Charnuto se hubiera considerado con algún derecho sobre las aludidas fracciones de campo, debió haber formalizado la respectiva insinuación en el proceso concursal de Armando Raúl Airoldi, conforme lo prevé el art.32 de la ley 24.522. Pero ello no surge de las constancias del citado expediente n° 43.239, pudiendo observarse que la nombrada sólo concurrió a verificar un crédito derivado de supuestos arrendamientos impagos (provenientes de otro inmueble de 98has.), al que adicionó otra acreencia que correspondería a un aval otorgado al Banco de la Provincia de Buenos Aires (ver informe individual de fs.176/177vta. del mencionado juicio concursal).
Y lo que reviste particular trascendencia en punto a la temática que nos ocupa, es un dato que emerge del aludido informe individual confeccionado por la sindicatura. Según este informe, en la presentación de Irma Dora Charnuto de Iocca se reconoció la operación de compraventa que ésta había celebrado con Armando Raúl Airoldi, y a la cual hace referencia el citado convenio privado de fecha 25-9-96; admitiéndose que el comprador pagó íntegramente el precio convenido y recibió la posesión de las fincas, y reconociéndose que la escrituración no se pudo concretar por motivos atribuibles a la vendedora (ver fs.176vta.).
Lo expuesto cobra especial importancia a los fines de poner de manifiesto que Irma Dora Charnuto tuvo oportunidad de hacer valer sus hipotéticos derechos sobre las fracciones de campo en cuestión, y que no ejerció ninguna acción al respecto. Pero más aún, del párrafo anterior se desprende que Charnuto admitió carecer de todo derecho sobre las fincas aludidas, lo que viene a sellar la suerte adversa de la denuncia en escorzo. Por ende, resulta a todas luces improcedente que, en el actual estadio del juicio de desalojo, se haya introducido el planteo que motiva el presente análisis. Pretender que se cite en calidad de tercera interesada a Irma Dora Charnuto, como lo postulan los recurrentes en su escrito recursivo (fs.372), importaría introducir -en esta tardía etapa del juicio de desalojo- una problemática que la nombrada no articuló en su momento en el ámbito pertinente, esto es, en el concurso preventivo de Armando Raúl Airoldi (más aún, concretó actos de los que se desprende su carencia de derechos sobre los inmuebles).
III) En virtud de lo precedentemente expuesto, entiendo que la sentencia de desalojo deberá alcanzar a Irma Dora Charnuto y a los demás ocupantes de los predios rurales, a fin de dotarla de la necesaria efectividad y evitar un dispendio jurisdiccional inútil; máxime que, como lo he señalado, la nombrada pudo ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio y no lo hizo (art.18 de la Constitución Nacional; art.15 de la Constitución Provincial; C.S.J.N., 10-8-95, SAIJ, sum. A0032743; 20-8-96, SAIJ, sum. A0036406). De este modo, propicio el acogimiento del planteo esbozado por la parte actora a fs.376vta./377vta. (art.163 inciso 6 del Cód. Proc.).
Precisamente, se ha sostenido en doctrina y jurisprudencia que la sentencia de desalojo produce efectos contra la universalidad de los ocupantes que, por cualquier título, detenten el inmueble objeto de juicio, toda vez que únicamente de esa forma aquélla adquiere eficacia. De lo contrario, las sentencias serían de imposible cumplimiento, ya que bastaría introducir a un tercero en el inmueble locado para que el locador no obtenga la entrega de la tenencia ordenada judicialmente (Salgado, Locación, comodato y desalojo, quinta edición actualizada, pág.442, con cita de fallos de la CNEsp. Civ. y Com., sala VI, 16-6-87, y de la CNCiv., sala C, 11-4-97, L.L.1997-F-153; Kielmanovich, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo II, pág.1057).
Y para asegurar que no se vulnere el derecho de defensa, se dice que si bien la sentencia tiene amplios efectos en relación con los detentadores del inmueble, es necesario que aquéllos hubiesen sido notificados de la demanda, o que ingresaran al inmueble sin título con posterioridad a aquel momento (conf. Salgado, ob. cit. págs.442 y 443; Areán, juicio de desalojo, págs.616 y 617). En este orden de ideas, se aseveró que si se ha individualizado a los ocupantes, trabada la litis con éstos, no habiéndose expresado a lo largo del proceso sobre la existencia de otros ocupantes, ha de entenderse que quienes hoy resultan ser ocupantes lo son con posterioridad a la traba de la litis y, por lo tanto, la sentencia dictada los alcanza. No puede desalojarse a quien ocupa el inmueble desde antes de promoverse la acción y a quien no se le anoticia de la pretensión; empero, no puede fomentarse, a la inversa, que se retrotraigan etapas válidas y firmes o se fomenten recursos reñidos con la seriedad de la justicia, permitiéndose "ingresar" al proceso en la etapa de ejecutoriedad de sentencia, a quien no ostenta "límpida y convincentemente" sino una ocupación posterior a la iniciación del juicio (Cám. Apel. Civ. y Com. Morón, sala II, 16-3-95, citado por Areán, juicio de desalojo, pág.619).
En el caso de autos los demandados fueron condenados a desalojar los inmuebles mediante la sentencia de fecha 21-2-08 (fs.322/327vta.), cuya confirmación he propiciado al tratar la primera cuestión. Pero en lugar de restituir los inmuebles a quien se los había dado en arrendamiento, como era su obligación (arts.1609 y 2467 del Código Civil), los accionados entregaron los predios a otra persona con fecha 3-4-08 (fs.368). Se está ante una actitud por demás reprochable que ha perseguido obstaculizar la concreción del desalojo, por lo que no quedan dudas acerca de que la sentencia debe hacerse extensiva a Irma Dora Charnuto (y demás ocupantes), dado que esta persona no sólo ingresó a los inmuebles luego de la traba de la litis (como lo exige la doctrina y jurisprudencia citadas), sino que lo hizo con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria de la anterior instancia (art.1071 del Cód. Civil; art.676 del Cód. Proc.).
En suma, considero que no se encuentra ajustada a derecho la denuncia y solicitud de citación de tercero formulada a fs.371vta./372, por lo que la misma deberá ser rechazada. Asimismo, a los fines de dotar de eficacia a la sentencia de desalojo que se confirma, propongo que dicho decisorio tenga alcances con relación a Irma Dora Charnuto y demás ocupantes, quienes también quedarán incluidos en la condena a desalojar los inmuebles de autos; acogiéndose, de este modo, el planteo esbozado por la parte actora a fs.376vta./377vta.
A LA TERCERA CUESTION, el Sr.Juez DR.PERALTA REYES, dijo:
I) Motiva esta cuestión la resolución dictada por el juzgador a fs.328/329, donde se desestimó la medida cautelar requerida por la parte actora en los términos del art.676 bis y ccs. del Código Procesal (fs.305/309vta.). Para arribar a tal decisión resaltó el a quo el carácter excepcional de esta figura procesal, y adujo que la sentencia sobre el fondo está fundada en el vencimiento del contrato y la falta de pago. Y en función de estas consideraciones sostuvo que no concurre en la causa el extremo requerido para el progreso de la medida cautelar planteada, esto es, la condición de intruso o tenedor precario del ocupante; por cuanto la existencia de un contrato de locación previo permite afirmar que el demandado ingresó al inmueble con la voluntad expresa o presunta del dueño o de quien tiene la disposición del bien (y ello sin perjuicio de la falta de pago invocada por la accionante). Dijo, por otra parte, que no está acreditado el peligro en la demora, en tanto tal presupuesto no puede presumirse ni basta la mera manifestación de la actora para tenerlo por acreditado, más aún cuando ya se ha dictado sentencia en autos.
La aludida resolución fue apelada por la parte actora (fs.330), quien fundó su recurso por conducto del memorial que obra agregado a fs.347/352. Sostuvo el apelante, entre otras alegaciones tendientes a abastecer su impugnación, que el juicio de desalojo lleva más de seis años de duración; que no ha podido percibir los arrendamientos del único bien de su patrimonio y que, en consecuencia, se ha visto impedido de abonar los importes comprometidos en el acuerdo homologado en su concurso preventivo, lo que motivó que le haya sido solicitada la quiebra por varios acreedores; que la medida contemplada en el art.676 bis de la ley ritual no es sino una aplicación de los principios generales en materia cautelar; que la posición del demandado no difiere del derecho que ostenta un simple intruso, porque está ocupando los predios con contrato vencido y sin abonar arriendos; que se hallan reunidos los requisitos legales para la procedencia de las medidas cautelares, o sea la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora; que la eventual contracautela que se fije quedaría cubierta por el bien objeto de desalojo, e igualmente por los arrendamientos que los demandados adeudan al peticionante.
Posteriormente, se sustanció el memorial y se formó cuadernillo de medidas cautelares (fs.353 y 358); quedando el tribunal en condiciones de resolver sobre la cuestión articulada.
II) Puede coincidirse con el a quo en que el art.676 bis de nuestro Código Procesal presenta un ámbito subjetivo restringido, al aludir -únicamente- a las figuras de tenedor precario e intruso; a diferencia de la norma incorporada por la ley 25.488 al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art.684 bis), según la cual, la facultad de requerir la entrega anticipada del bien se hace extensiva a los juicios de desalojo basados en las causales de vencimiento del término contractual y falta de pago. Esta es, por lo demás, la exégesis que ha hecho esta alzada del mencionado art.676 bis del cuerpo normativo que rige en el ámbito provincial (esta Sala, causa n° 49.588, "Vieytes", del 20-4-06).
Pero lo antedicho no obsta a que se califique la pretensión cautelar de la parte actora, en ejercicio del iura novit curia, y que en base a otros fundamentos jurídicos se haga lugar a la entrega anticipada de los inmuebles objeto de autos, sin aguardar a que el presente decisorio adquiera firmeza. Esta es la solución que propondré al acuerdo, en atención a las particulares circunstancias del caso traído a juzgamiento.
III) Conforme lo destaca Kielmanovich, la medida prevista en el art.680 bis del C.P.C.N. (equivalente al art.676 bis del C.P.C.C.B.A.) se corresponde con las denominadas, por algún sector de la doctrina nacional, como cautelas materiales o anticipatorias o tutelas anticipadas (si bien este autor continúa denominándolas medidas cautelares; ver Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo II, pág.1048). Y en esta línea de pensamiento, sostiene el mencionado autor que la entrega anticipada del inmueble sería posible en la hipótesis del art.212 del código de rito (en el sub caso es de aplicación el inciso 3 de esta norma, que refiere a la hipótesis en que se cuente con sentencia favorable, aunque estuviere recurrida; conf. Kielmanovich, ob. cit. pág.1049).
En el campo de la tutela anticipada, ha resuelto esta Sala que la misma se configura cuando la solicitud cautelar coincide con la pretensión de fondo; poniéndose de relieve que si bien este instituto no se encuentra regulado en nuestro sistema jurídico procesal, el mismo ha sido creado pretorianamente por el máximo tribunal de la nación (C.S.J.N., "Camacho Acosta c/Grafi Graf S.R.L. y ot.", del 7-8-97, L.L. 1997-E-652; "Salta Provincia de c/ Estado Nacional s/ejecutivo", E.D. serie especial de derecho administrativo del 1-12-03). Por lo demás, el instituto de marras está previsto en algunos proyectos de ley. Así, por ejemplo, la figura está contemplada en el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial elaborado para nuestra provincia por los Dres. Roland Arazi, Augusto Mario Morello y Mario E. Kaminker, el cual, en su artículo 65, subordina la procedencia del anticipo de tutela a la concurrencia de cuatro requisitos: a) “convicción suficiente acerca del derecho invocado”, b) urgencia, de modo “que si la medida no se adoptase en ese momento, se causaría un daño irreparable al peticionante”, c) contracautela, d) que la anticipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva (esta Sala, causa n° 49.170, del 29-9-05, "Hernández...").
IV) Ahora bien, a la luz de las reflexiones precedentes entiendo que, en el concreto caso ventilado en autos, se hallan configurados los presupuestos que habilitan la procedencia de la medida en examen; y ello en función de las particulares características que el mismo presenta, las que emanan con toda claridad de las diferentes consideraciones vertidas en el decurso de este voto.
A la convicción suficiente acerca del derecho que le asiste al accionante (dato que emana de la confirmación por esta alzada de la sentencia de grado), se le suma la urgencia existente en la restitución de los inmuebles, pues se corre el riesgo de que el daño causado al actor alcance límites de irreparabilidad. No se trata, como en otros casos juzgados por el tribunal, de una pretensión que apunte a la ejecución provisional de una sentencia que no ha adquirido firmeza (esta Sala, causa n° 49.097, "Solitín S.A.", del 26 de junio de 2006; causa n° 47.228, "Cooperativa Falucho de Viviendas", del 23-12-04). Por el contrario, en el sub caso se hallan reunidos extremos fácticos muy peculiares que aconsejan la adopción de la medida requerida, con la finalidad de que cese una situación procesal claramente inequitativa (art.1071 del Cód. Civ.; arts.212 inciso 3, 232, 233 y ccs. del Código Procesal).
Sin perjuicio de que las connotaciones del sub exámine emergen, con nitidez, de todas las consideraciones volcadas en este voto, debo puntualizar, a título ejemplificativo, que la medida en análisis deviene procedente por haberse acreditado los siguientes extremos: que el presente juicio de desalojo ha tenido una duración superior a los seis años (ver cargo de fs.26vta.); que los demandados carecen de todo derecho a permanecer en las fincas locadas, habiendo vencido el plazo contractual y estando incursos en mora en lo que respecta a su obligación esencial de pagar los arriendos; que los demandados han promovido toda clase de acciones tendientes a obstaculizar la devolución de los predios rurales, las que han culminado de modo contrario a sus intereses; que los accionados formularon el desestimado planteo de fs.371vta./372, a través del cual intentaron introducir a una tercera persona en la contienda, pese a que ya se había dictado sentencia de primera instancia que los condenaba a desalojar; que el actor se encuentra tramitando su concurso, que obtuvo la homologación de su acuerdo preventivo y que existen pedidos de quiebra efectuados por acreedores (ver citado expediente n° 51.781). Todo este entramado fáctico y jurídico amerita, a mi juicio, la procedencia de la medida solicitada a fs.305/309vta.; de allí que propicie la revocación de la resolución apelada de fs.328/329 (arts.212 inciso 3, 232, 233, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
Y así propongo que, aunque la presente sentencia no adquiera firmeza, se agregue copia de este decisorio en el cuadernillo de medidas cautelares y se remita esta pieza al juzgado de primera instancia (causa n° 52.307 en la numeración de esta Sala), a fin de que se proceda a la inmediata entrega de los inmuebles de autos al actor, previa caución real que éste deberá prestar y que será fijada por el a quo (doctrina del art.676 bis del Cód. Proc.; a los fines de la fijación de la caución deberán ponderarse los arrendamientos adeudados por los demandados).
A LA CUARTA CUESTION, el Sr.Juez DR.PERALTA REYES, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fs.322/327vta. 2) Rechazar la denuncia y solicitud de citación de tercero formulada a fs.371vta./372, y acoger el planteo de la parte actora de fs.376vta./377vta., disponiendo que la sentencia de desalojo que se confirma tendrá alcances con relación a Irma Dora Charnuto y demás ocupantes, quienes también quedan incluidos en la condena a desalojar los inmuebles de autos. 3) Revocar la resolución apelada de fs.328/329 y hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora a fs.305/309vta. 4) Disponer que, aunque la presente sentencia no adquiera firmeza, se agregue copia de este decisorio en el cuadernillo de medidas cautelares y se remita esta pieza al juzgado de primera instancia (causa n° 52.307), a fin de que se proceda a la inmediata entrega de los inmuebles de autos al actor, previa caución real que éste deberá prestar y que será fijada por el a quo (doctrina del art.676 bis del Cód. Proc.; a los fines de la fijación de la caución deberán ponderarse los arrendamientos adeudados por los demandados). 5) Imponer las costas del juicio de ambas instancias a los demandados que resultan vencidos (art.68 del Cód. Proc.), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec.ley 8.904/77).
Azul, Julio de 2008.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fs.322/327vta. 2) Rechazar la denuncia y solicitud de citación de tercero formulada a fs.371vta./372, y acoger el planteo de la parte actora de fs.376vta./377vta., disponiendo que la sentencia de desalojo que se confirma tendrá alcances con relación a Irma Dora Charnuto y demás ocupantes, quienes también quedan incluidos en la condena a desalojar los inmuebles de autos. 3) Revocar la resolución apelada de fs.328/329 y hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora a fs.305/309vta. 4) Disponer que, aunque la presente sentencia no adquiera firmeza, se agregue copia de este decisorio en el cuadernillo de medidas cautelares y se remita esta pieza al juzgado de primera instancia (causa n° 52.307), a fin de que se proceda a la inmediata entrega de los inmuebles de autos al actor, previa caución real que éste deberá prestar y que será fijada por el a quo (doctrina del art.676 bis del Cód. Proc.; a los fines de la fijación de la caución deberán ponderarse los arrendamientos adeudados por los demandados). 5) Imponer las costas del juicio de ambas instancias a los demandados que resultan vencidos (art.68 del Cód. Proc.), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 del dec.ley 8.904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. Fdo.: -Dra. Ana María De Benedictis - Presidente – Cámara Civil y Comercial – Sala II - Dr. Víctor Mario Peralta Reyes -Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Dr. Jorge Mario Galdós - Juez – Cámara Civil y Comercial – Sala II – Ante mi: Dra. María Fabiana Restivo – Secretaria – Cámara Civil y Comercial – Sala II.-

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e contrario
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 artículo 65
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