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Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se establece el régimen de control para protección de los recursos pesqueros
Publicado en BOE de 02 de Junio de 1998
Vigencia desde 22 de Junio de 1998. Revisión vigente desde 22 de Junio de 1998
Artículo 3 Concurrencia de responsabilidades
Artículo 4 Prescripción de infracciones y sanciones
CAPITULO II. De las infracciones administrativas en materia de pesca marítima
CAPITULO III. Infracciones en materia de ordenación del sector pesquero
Artículo 13 Graduación de las sanciones principales
Artículo 14 Sanciones accesorias en materia de pesca marítima
Artículo 15 Sanciones accesorias en materia de ordenación del sector pesquero
Artículo 16 Suspensión condicional
Artículo 17 Función inspectora
Primera Reglas de aplicación
Tercera De los bienes aprehendidos, incautados y decomisados
Cuarta Extinción de la responsabilidad
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Aplicación de la legislación más favorable
--> BOE 5 Junio. Corrección de erratas L 14/1998 de 1 Jun. (se corrigen erratas de la L 14/1998, de 1 Jun., por la que se establece el régimen de control para protección de los recursos pesqueros)
Ley 14/1998, 1 junio, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 3/2001, 26 marzo, de Pesca Marítima del Estado («B.O.E.» 28 marzo), el 17 de abril de 2001.
La importancia de la pesca como subsector económico en el conjunto de la economía nacional obliga a controlar el ejercicio de la actividad pesquera, así como a una permanente vigilancia e información sobre los recursos del medio marino, de forma que su explotación racional permita su conservación y regeneración a fin de lograr la estabilidad relativa de los mismos.
El artículo 149.1.19.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.
Los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas costeras competencias de «desarrollo legislativo y ejecución» dentro del «marco de la legislación básica del Estado». De ello se deriva que el Estado tiene competencia exclusiva para dictar la normativa básica de ordenación del sector pesquero.
Asimismo, las Comunidades Autónomas de litoral han asumido en sus Estatutos de Autonomía la competencia exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.
Conforme a ello, el Estado dispone de dos habilitaciones competenciales: competencia exclusiva sobre pesca marítima y competencia para establecer las bases de la ordenación del sector pesquero, además de su competencia genérica para la ordenación de los distintos sectores económicos, conforme a lo previsto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.
La Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones que en materia de pesca marítima cometan los buques extranjeros en aguas de jurisdicción española y los buques españoles, cualquiera que sea el ámbito de su comisión, y sus sanciones, resulta hoy inadecuada desde la perspectiva del orden constitucional de competencias expuesto, y también en lo relativo a su contenido sustantivo, que no responde ya a la realidad actual de la actividad extractiva y del sector pesquero.
En este sentido, la nueva Ley recoge los criterios sustantivos contenidos en la jurisprudencia constitucional para diferenciar los ámbitos materiales correspondientes a la pesca marítima y a la ordenación del sector pesquero.
De acuerdo con ello, la presente Ley de infracciones y sanciones en materia de pesca marítima y ordenación del sector pesquero viene a establecer de una parte el ámbito competencial propio y exclusivo del Estado, esto es, el referido a las infracciones y sanciones en materia de pesca marítima, y, de otro, a establecer las normas básicas para definir un marco unitario de infracciones y sanciones en materia de ordenación del sector pesquero, dirigido a asegurar de manera homogénea y en condiciones de igualdad, los intereses generales y a establecer las imprescindibles garantías de certidumbre jurídica que permitan a las Comunidades Autónomas el ejercicio de sus competencias.
En todo caso, el régimen sancionador propio de la pesca marítima, objeto de esta Ley, es de competencia exclusiva del Estado y se aplica en las llamadas aguas exteriores. Estas aguas exteriores se delimitan de las interiores a través de las llamadas líneas de base recta, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la exclusiva competencia sobre la actividad pesquera que se realice en dichas aguas interiores. Es decir, la Ley deja a salvo las competencias de las Comunidades Autónomas para regular y aplicar el régimen sancionador que consideren conveniente sobre la pesca en aguas interiores, así como el que corresponda en materia de marisqueo y acuicultura.
Por otro lado, la potestad sancionadora de la Administración debe someter su actuación al principio constitucional de legalidad establecido en el artículo 25 de la Constitución, conforme al cual es el poder legislativo el que debe fijar los límites de la actividad sancionadora de la Administración.
En conclusión, la presente Ley garantiza las exigencias formales y materiales para la actuación constitucional de las Administraciones públicas, en cuanto acota el ámbito de la competencia exclusiva estatal sobre la regulación de las infracciones y sanciones en materia de pesca marítima y determina el marco normativo básico que deben tener en cuenta las Comunidades Autónomas para ejercer sus competencias. A esta segunda finalidad responde que la propia Ley declare expresamente los preceptos básicos.
Por ello, en la materia de pesca marítima la tipificación de las infracciones diferencia entre las relativas al ejercicio de la actividad pesquera, las correspondientes a las especies objeto de dicha actividad y las propias de los artes, útiles, instrumentos y equipos de pesca.
Las labores de inspección en materia de pesca marítima deben llevarse a cabo, tanto en la mar durante el ejercicio de la actividad, como en tierra en el momento del desembarque o en cualquier momento antes de la primera venta, pues la inspección en la mar sobre la comisión de posibles infracciones, singularmente las relativas a especies capturadas y los artes empleados, presentan más dificultad por las limitaciones propias del medio, debiendo darse prioridad por razones de eficacia, espacio y tiempo disponible a las inspecciones en tierra, en el momento de desembarque o en cualquier momento antes de la primera venta, momentos en los que pueden apreciarse las infracciones aludidas de modo más operativo.
La función inspectora en materia de ordenación del sector pesquero podrá, asimismo, tener lugar desde el momento del desembarque o descarga de los productos pesqueros, extendiéndose las competencias de las Comunidades Autónomas a lo largo de todo el proceso de almacenamiento, transporte y distribución.
Refuerza la necesidad del régimen sancionador establecido en la nueva Ley el hecho de que el Reglamento (CEE) 2847/93, del Consejo, de 12 de octubre, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, impone a los Estados miembros velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria en sus aguas, tanto de sus buques como de los de otros Estados miembros, respecto de los cuales impone la obligación de adoptar las medidas sancionadoras apropiadas en caso de infracción en desembarques o transbordos en aguas españolas.
La presente Ley ha sido elaborada con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
b) Establecer la normativa básica del régimen sancionador en materia de ordenación del sector pesquero y de ordenación de la actividad comercial de productos de la pesca, cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
b) Los transportistas o cualesquiera personas que participen en el transporte de productos pesqueros en los correspondientes supuestos de infracción.
En los supuestos de infracciones continuadas el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que éstos se manifiesten.
1. Las autoridades competentes en materia de pesca marítima, y los agentes y autoridades que actúen por delegación o en virtud de cualquier otra forma jurídica prevista en derecho, podrán adoptar, desde el momento en que tengan conocimiento de la comisión de una presunta infracción, las medidas provisionales precisas, incluido el apresamiento del buque en los supuestos de infracciones graves o muy graves, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y garantizar los intereses generales.
2. La adopción de estas medidas se realizará de forma motivada; cuando resulte preciso, por razones de urgencia o de necesidad, las autoridades competentes adoptarán tales medidas de forma verbal, sin perjuicio de reflejar el acuerdo y su motivación por escrito a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en un plazo no superior a noventa y seis horas, dando traslado del mismo a los interesados.
3. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el plazo de un mes, acordándose, en su caso, la iniciación del expediente sancionador.
De las infracciones administrativas en materia de pesca marítima
a) Cualquier alteración de los datos y circunstancias que figuren en la licencia, cuando no requiera autorización administrativa previa, sin efectuar la comunicación prevista legalmente.
a) El ejercicio o realización de actividades de pesca sin disponer de la correspondiente autorización.
f) El ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros o períodos no autorizados o en zonas o épocas de veda.
g) El incumplimiento de las normas relativas al tiempo máximo de calamento de los artes o aparejos.
l) La no tenencia a bordo del Diario de Pesca, no cumplimentarlo o hacerlo infringiendo lo dispuesto en la normativa vigente.
q) El incumplimiento por parte de los buques pesqueros no comunitarios de la obligación de efectuar los desembarques en presencia de los funcionarios encargados del control, cuando así lo exija la normativa vigente.
s) El desembarque o descarga de los productos de la pesca fuera de los puertos o lugares fijados al efecto.
t) El incumplimiento de la obligación de entregar a las autoridades competentes, las hojas del Diario de Pesca y de la declaración de desembarque a la llegada a puerto, en los plazos establecidos en la normativa vigente.
u) El incumplimiento de la obligación de llevar visible en la forma prevista por la legislación vigente el folio y la matrícula de la embarcación, impedir su visualización o manipular dicha matrícula cuando dificulte el ejercicio de la actividad inspectora.
a) La realización de cualquier actividad, incluidas las subacuáticas, que perjudique la gestión y conservación de los recursos marinos vivos.
d) La tenencia, antes de su primera venta, de especies no autorizadas o de las que se hubieran agotado los totales admisibles de capturas (TACs) o cuotas.
e) La tenencia, antes de su primera venta, de especies de talla inferior a la reglamentaria o, en su caso, cuando se superen los márgenes permitidos para determinadas especies en la normativa vigente.
f) El incumplimiento de la normativa sobre topes máximos de capturas permitidos, asignados a las empresas o asociaciones pesqueras.
g) La identificación incorrecta en las cajas o embalajes de las especies contenidas.
3. En lo relativo a los artes, aparejos, útiles, instrumentos y equipos de pesca:
b) La utilización o tenencia a bordo de los no autorizados o antirreglamentarios.
a) El ejercicio o realización de actividades profesionales de pesca marítima sin estar incluido en el Censo de Flota Pesquera Operativa.
b) Las actividades que perjudiquen o destruyan zonas declaradas de protección pesquera.
d) La obtención de las autorizaciones de pesca con base en documentos o información falsos.
Infracciones en materia de ordenación del sector pesquero
b) Cargar productos de la pesca fuera de los lugares o puertos fijados al efecto.
a) La comercialización de especies pesqueras sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones distintas de las establecidas en dichas autorizaciones.
b) La realización de operaciones de construcción o modernización de buques pesqueros al margen o con incumplimiento de las preceptivas autorizaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
c) La tenencia, la consignación, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta en cualesquiera de las formas previstas legalmente de productos pesqueros de talla inferior a la reglamentaria.
f) El cambio de base del buque pesquero sin obtener previamente la correspondiente autorización administrativa.
g) La falta de colaboración o la obstrucción de las labores de inspección, sin llegar a impedir su ejercicio.
h) La entrada o salida del puerto fuera del horario establecido para el ejercicio de la actividad pesquera, salvo que dichas maniobras tengan lugar como consecuencia de estado de necesidad o fuerza mayor.
j) La realización de actividades de venta de productos pesqueros en lugar o en forma no autorizados legalmente o con incumplimiento de los requisitos exigidos.
a) La obtención de subvenciones, préstamos y, en general, cualquier tipo de ayuda, cuya tramitación y resolución corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, con base en datos falsos, así como destinarlas a fines distintos de los previstos.
c) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades durante un período no superior a cinco años.
d) La incautación de los artes, aparejos o útiles de pesca.
e) El decomiso de los productos o bienes.
h) La incautación del buque.
2. Estas sanciones serán acumulables, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.
4. Cuando se hubiere utilizado el buque pesquero para efectuar tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o para cualquier otra actividad constitutiva de delito y se haya determinado por resolución judicial firme la responsabilidad del armador, éste quedará inhabilitado para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período de diez años.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de 10.000 a 50.000 pesetas.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 50.001 a 10.000.000 de pesetas.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 10.000.0001 a 50.000.000 de pesetas.
a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 7.1.a), b), c), d), e), f), g), i), k), l), m), n), ñ), o), p), s) y t); 7.2.a), c), d), e), f) y g), y 7.3.a), b), c), d) y e).
b) Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca: las infracciones previstas en el artículo 7.2.a); 7.3.b), c) y d).
c) Decomiso de los productos o bienes obtenidos ilegalmente: las infracciones previstas en el artículo 7.1.a), c), f), g), h), m), q), r) y s); 7.2.a), c), d), e), f), y g), y 7.3.a), b), c) y d).
d) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 7.1.a), b), c), e), g), j), k), y l), y 7.2.b), c), y d) y 7.3.a).
a) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 8.a), b), c), d), f), g) y h).
b) Incautación de artes, aparejos o útiles de pesca: las infracciones previstas en el artículo 8.a) y b).
c) Decomiso de los productos o bienes obtenidos ilegalmente: las infracciones previstas en el artículo 8.a), b), e) y g).
d) Suspensión, retirada o no renovación de autorizaciones para el ejercicio de la pesca durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 8.b), c), d), f), g) y h).
e) Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas durante un plazo máximo de cinco años: las infracciones previstas en el artículo 8.a), b), c), d), f), g) y h).
f) Incautación del buque: la infracción prevista en el artículo 8.a).
a) Decomiso de los productos o bienes obtenidos ilegalmente: las infracciones previstas en el artículo 10.a), c), d), h), i) y j).
b) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 10.a), b), c) y e).
c) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en el artículo 10.a), b), f), g) y h).
2. Las infracciones muy graves, además de la multa correspondiente, podrán ser sancionadas con una o varias de las siguientes sanciones accesorias, en función de las circunstancias concurrentes:
a) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en los artículos 11.b) y c).
b) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades durante un período no superior a cinco años: las infracciones previstas en los artículos 11.b) y c).
c) Imposibilidad de obtención de ayudas, préstamos o subvenciones públicas durante un plazo máximo de cinco años: las infracciones previstas en el artículo 11.a).
1. Dictada la resolución que pone fin a la vía administrativa, el infractor podrá solicitar en el plazo de un mes la suspensión condicional de la ejecución de la sanción impuesta, mediante escrito debidamente motivado, dirigido al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, manifestando el compromiso de sujetarse a las condiciones que para su otorgamiento se establezcan, en orden a garantizar un comportamiento de respeto de la normativa reguladora del ejercicio de la actividad pesquera, durante el plazo de suspensión.
El plazo de suspensión será de seis a nueve meses para las faltas leves y de nueve a dieciséis meses para las faltas graves, atendiendo en ambos casos a las circunstancias de la infracción cometida.
b) Que la cuantía de la sanción impuesta no exceda de 5.000.000 de pesetas.
3. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos, el Ministro de Agricultura, Pesca Alimentación podrá resolver la concesión o denegación de la suspensión condicional de la ejecución de la sanción.
La resolución denegatoria de la suspensión condicional debidamente motivada le será notificada al interesado, procediéndose a continuar la tramitación de la ejecución de la sanción impuesta. Asimismo, la resolución favorable debidamente motivada será notificada a los interesados, y expresará las condiciones en que se llevará a cabo, así como que la misma suspende los plazos de prescripción de la sanción establecida en la presente Ley.
4. A efectos de la resolución de suspensión condicional de la ejecución, podrán solicitarse informes de las entidades asociativas del sector afectado y de otros organismos públicos interesados. Podrán, asimismo, solicitarse todos aquellos informes que se estimen convenientes para resolver sobre la suspensión.
6. Si el interesado, durante el plazo de suspensión fijado, incumpliera las obligaciones o condiciones impuestas o hubiera sido sancionado por otras infracciones pesqueras, el órgano competente, previa audiencia del interesado, revocará la suspensión condicional de la ejecución de la infracción y se continuará la tramitación de la ejecución de la sanción impuesta.
1. La función inspectora sobre las acciones u omisiones que pudieran constituir infracciones en materia de pesca marítima podrá realizarse, en todo caso, mientras el buque esté en la mar o en muelle.
2. La función inspectora en materia de pesca marítima podrá realizarse también, respecto de las capturas, con ocasión de su desembarque o descarga antes de su primera venta o antes de la iniciación del transporte cuando se trate de productos no sujetos a venta en la lonja del puerto de desembarque.
En caso de producirse operaciones comerciales de importación de capturas cuya primera comercialización no se realice en las lonjas de los puertos, la inspección podrá realizarse con ocasión de su desembarque o descarga, sin perjuicio de las competencias de inspección de las Comunidades Autónomas.
3. La función inspectora de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del sector pesquero podrá iniciarse desde el momento mismo del desembarque o descarga de las capturas en los términos que su legislación establezca.
4. La función inspectora de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación de la comercialización de los productos de la pesca se iniciará después de la primera comercialización en las lonjas de los puertos o desde la primera comercialización cuando los productos no se vendan por primera vez en dichas lonjas.
Competencia sancionadora en materia de pesca marítima.
c) Al Secretario general de Pesca Marítima, en el supuesto de infracciones muy graves, si su cuantía no excede de 25.000.000 de pesetas.
d) Al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando la infracción sea calificada como muy grave si la cuantía de la multa excede de 25.000.000 de pesetas.
Competencia sancionadora en materia de ordenación del sector pesquero.
Corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas la tramitación y resolución de los expedientes correspondientes a las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero.
1. Constituyen legislación de pesca marítima y se dictan al amparo del artículo 149.1.19.ª de la Constitución los artículos siguientes: 1.a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17.1 y 2, y 18; disposición transitoria única; disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y disposiciones finales primera y segunda.
2. Constituyen legislación básica de ordenación del sector pesquero y se dictan al amparo del artículo 149.1.19.ª de la Constitución los artículos 1.b), 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17.3, y 19; disposición transitoria única, apartado 1; disposiciones adicionales segunda y quinta y disposiciones finales primera y segunda, cuyo desarrollo y aplicación legislativos corresponden a las Comunidades Autónomas competentes en esa materia.
3. Constituyen legislación básica de ordenación de la actividad comercial de los productos pesqueros y se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución los artículos 1.b); 2; 3; 4; 5; 10.a), c), d) y j); 12.1.a) y b); 12.3; 13, y 17.4; disposiciones adicionales segunda y quinta; disposición transitoria única, apartado 1, y disposiciones finales primera y segunda. Corresponde a las Comunidades Autónomas con competencias de ejecución en materia de comercio interior la aplicación de lo previsto en este apartado.
Tenencia de especies de talla inferior a la reglamentaria.
La tenencia de especies de talla inferior a la reglamentada por alguna persona en mercado, tienda, almacén, contenedor u otro lugar o cosa de análogas características, o por vendedor ambulante en cualquier sitio, se considerará posesión con fines de comercialización o venta, salvo prueba en contrario.
1. Los buques aprehendidos serán liberados sin dilación, previa constitución de una fianza u otra garantía financiera legalmente prevista cuya cuantía será fijada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante el correspondiente acto administrativo, no pudiendo exceder del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas.
El plazo para la prestación de la fianza será de un mes desde su fijación, pudiendo ser prorrogado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por causas justificadas por idéntico tiempo.
De no prestarse fianza en el plazo establecido, el buque quedará a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que podrá decidir sobre su ubicación y destino de acuerdo con la legislación vigente.
2. Los artes, aparejos o útiles de pesca antirreglamentarios incautados serán destruidos. Los reglamentarios incautados serán devueltos al interesado si la resolución apreciase la inexistencia de infracción.
4. Los gastos derivados de la adopción de las medidas cautelares o de las sanciones accesorias correrán a cargo del imputado.
1. La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones reguladas por esta Ley se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción o condonación y, en el caso de personas físicas, por la muerte.
2. Las sanciones relativas a infracciones en materia de pesca marítima podrán ser condonadas de forma graciable por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cual ejercerá tal facultad directamente. Será necesaria la previa solicitud de los sujetos infractores o responsables y que renuncien expresamente al ejercicio de toda acción de impugnación correspondiente al acto administrativo. En ningún caso la condonación será efectiva hasta su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Aplicación de la legislación general.
Serán de aplicación a las infracciones y sanciones reguladas en esta Ley las reglas y principios sancionadores contenidos en la Ley 30/1992.
1. No obstante lo establecido en la disposición derogatoria única, las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley serán objeto de la sanción que resulte más benévola para el infractor.
2. Lo previsto en la disposición adicional cuarta de esta Ley podrá ser de aplicación a las multas impuestas en aplicación de la Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre sanciones que en materia de pesca marítima cometan los buques extranjeros en las aguas de jurisdicción española y los buques españoles, cualquiera que sea el ámbito de su comisión, y sus sanciones, que no hayan sido ingresadas en el Tesoro Público en el momento de entrada en vigor de esta ley.
La Ley 53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones que en materia de pesca marítima cometan los buques extranjeros en las aguas bajo jurisdicción española y los buques españoles, cualquiera que sea el ámbito de su comisión, y sus sanciones.
Los preceptos de la Ley 168/1961, de 23 de diciembre, sobre sanciones por faltas cometidas contra leyes, reglamentos y reglas generales de policía de navegación de las industrias marítimas y de los puertos no comprendidas en la ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante, que no fueron derogadas por la disposición derogatoria única, apartado 2.l), de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Se autoriza al Gobierno para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
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 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
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