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« Respuesta #3380 en: 10 de Febrero de 2020, 06:39:11 am »
Elogios a Franco en la revista de la Academia Militar de Zaragoza
La Academia General Militar de Zaragoza acaba de publicar un número extraordinario de su revista ‘Armas y Cuerpos’, en el que trata, no tanto de realizar un compendio de los hitos más conocidos de este centro de formación de oficiales del Ejército, como de poner en valor lo que la revista denomina “microhistorias”, que “ayudan a entender mejor la historia oficial”.
La publicación recoge 28 trabajos “extraídos de la antigua Revista Armas, que publicó 139 números entre 1952 y 1976, y de su sucesora, la Revista Armas y Cuerpos, que inició su andadura en 1976 y sigue hasta el presente, de la que también se han revisado 139 números”.
El Chivato ha podido comprobar que la revista está salpicada de menciones a Franco; algo lógico, ya que en 1928 fue nombrado primer director de la Academia General Militar en su etapa en Zaragoza, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y se mantuvo en el cargo hasta que Manuel Azaña cerró el centro en 1931.
En varios de los artículos extraídos se menciona a Franco en términos muy elogiosos.
Por ejemplo, en uno sobre “La Bandera de la General”, publicado por un coronel de infantería en 1982 -con el franquismo aún reciente-, se habla de la entrega de la bandera por el rey Alfonso XIII a “su Director el General D. Francisco Franco Bahamonde, el General más joven de Europa y cuyo gran prestigio era reconocido más allá de nuestras fronteras”, y del que se dice que pronunció una alocución a los cadetes “elocuentísima”.
En ese mismo artículo hay referencias a otro acto en 1942, en el que “el entonces Caudillo de España pronunció un brillante discurso recordando aquella General que él dirigiera”.
Del año 1995, veinte años después de la muerte del dictador, es un artículo sobre “La construcción de la Academia General y sus problemas geotécnicos” que también incluye palabras de exaltación de Franco como militar:
“Como primero -y único- director de la Academia el General Primo de Rivera, Marqués de Estella, eligió a un prestigioso y joven General procedente de los oficiales llamados “africanistas” con una brillante hoja de servicios y que habría de alcanzar la Jefatura del Estado: D. Francisco Franco Bahamonde”.
Cabe señalar que el PSOE pretende endurecer la Ley de Memoria Histórica para prohibir la Fundación Nacional Francisco Franco por exaltar la dictadura, y también que el Ministerio de Defensa abrió expediente a militares en la reserva que firmaron un manifiesto que defendió la faceta militar de Franco ante el proceso de exhumación del Valle de los Caídos.
« Respuesta #3381 en: 10 de Febrero de 2020, 17:16:33 pm »
Por Laura Galaup, Carmen Moraga
09 feb 2020 20:36
« Última modificación: 11 de Febrero de 2020, 06:12:23 am por 47ronin »
« Respuesta #3382 en: 10 de Febrero de 2020, 19:44:41 pm »
Las fuerzas armadas necesitan una restructuración en todos los sentidos.
« Respuesta #3383 en: 11 de Febrero de 2020, 06:11:56 am »
Cita de: sincadenas en 10 de Febrero de 2020, 19:44:41 pm
El departamento de Robles opta por no confirmar ni desmentir una investigación interna tras los disparos con un fusil y un cese en Logroño relacionado con una comida de afiliados de Vox en la Hípica militar. Se opta por el menor eco posible para no inflamar las Fuerzas Armadas
Publicado 11.02.2020 - 05:15
ActualizadoHace 49 minutos
El Ministerio de Defensa ha optado por un escrupuloso silencio en las últimas polémicas que ha generado la presencia del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en instalaciones militares y que han provocado la apertura de una investigación interna en un campo de tiro de Murcia y el cese del teniente coronel que dirigía la Hípica Deportivo-Militar de Logroño tras una comida celebrada en sus salones con afiliados y simpatizantes de Vox, en la que estuvo presente el citado Ortega Smith.
Desde el departamento de Margarita Robles no se ha querido confirmar ninguna de las noticias generadas alrededor del número dos de Vox en los últimos días. La primera saltó el sábado 1 de febrero cuando en las redes apareció un vídeo de Ortega Smith, en el que se le veía disparando en repetidas ocasiones con un fusil de asalto dentro de la base de la Brigada Paracaidista en Javalí Nuevo (Murcia).
"Este es un hijo de puta del Daesh que había que cargárselo", dijo Ortega en un segundo vídeo del mismo día mientras comprobaba su puntería en la silueta colocada a unos metros del lugar desde el que efectuó los disparos. "Se me han ido cuatro fuera", añadió antes de posar para una fotografía.
El diputado de Vox visitó varias unidades militares con motivo de un curso impartido por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en el que se explica a políticos, periodistas y otros civiles conceptos básicos de la política de seguridad y defensa.
La Sexta informó la semana pasada que el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), del que depende el Ceseden, había abierto una investigación interna por el vídeo en el que aparecía Ortega Smith, pero desde el departamento de Robles no se confirmó tal hecho, ni tampoco cuando Okdiario señaló que se habían enfriado las pesquisas contra el responsable de la base que autorizó la práctica de tiro ya que habían participado otras personas además del dirigente de Vox.
Un cese en Logroño
La siguiente polémica llegó el pasado fin de semana. El diario La Rioja desveló el cese del teniente coronel Gustavo Adolfo Martínez como responsable de la Hípica Deportivo-Militar de Logroño. El oficial llevaba apenas siete meses en el cargo.
La destitución se produjo apenas dos semanas después de que las instalaciones de la Hípica albergaran una comida de afiliados y simpatizantes de Vox, con la presencia del secretario general del partido, Javier Ortega Smith. Defensa evitó este lunes dar explicaciones sobre este asunto. Fuentes militares interpretan este silencio oficial como una forma de darle el menor eco mediático a ambos expedientes para no inflamar los ánimos dentro de las Fuerzas Armadas.
« Respuesta #3384 en: 13 de Febrero de 2020, 07:17:46 am »
Defensa evita sancionar al oficial que permitió a sus soldados tomar cañas junto a sus fusiles en Cataluña
Se reprende por escrito al militar investigado por dejar a los legionarios que bajasen de los autobuses con armamento ligero, aunque los fusiles y las pistolas no llevaban munición. Todo el personal del convoy se sometió a un control de alcoholemia pasadas 12 horas y dieron negativo
Imagen de los soldados en una terraza con sus armas largas en el suelo. Twitter
PublicadoHace 1 horas
El Ministerio de Defensa ha zanjado con una reprensión por escrito, en virtud del artículo 12 de la ley orgánica de régimen disciplinario dentro de las Fuerzas Armadas, el incidente provocado a finales de septiembre por un grupo de legionarios que estuvieron tomando cervezas, con las armas en el suelo, en una terraza de un bar de la localidad catalana de Vilafranca del Penedès, según informaron fuentes militares a Vozpópuli.
El diputado de EH Bildu Jon Inarritu publicó el pasado martes una respuesta parlamentaria del Gobierno sobre este caso, en el que se le adelantaba que "se había corregido al oficial que estaba al mando del convoy", de lo que se deducía que había habido alguna medida disciplinaria contra el citado militar.
Finalmente ha sido una reprensión por escrito, que no supone una sanción de arresto o de tipo económico, aunque dicha comunicación queda incluida en la hoja de servicios del oficial y le podrá condicionar futuros ascensos.
El convoy lo formaban 94 militares del Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión y regresaban en varios autobuses de unas maniobras en Francia. En la segunda jornada del viaje, en la que se cruzó la península hasta su llegada a Ronda (Málaga) a las 01:30 horas del día siguiente, se hicieron un total de cuatro paradas técnicas. La primera de ella fue a las 11:45 horas y correspondió a la de Vilafranca del Penedés.
El oficial ordenó a los militares que bajaran al bar con las armas que portaban, en concreto armamento ligero ya que eran fusiles HKG-36 y pistolas HK USP, aunque no llevaban consigo "ningún tipo de munición". Defensa explicó que esta controvertida decisión se debió al hecho de que los autobuses "tenían que repostar en un lugar distinto del de la parada, y no era seguro que el armamento permaneciera en los mismos sin la debida vigilancia".
El departamento de Robles abrió una investigación interna para determinar si los militares habían cometido alguna infracción al consumir alcohol con sus armas a los pies. Defensa recordó al diputado de Bildu que en todas las actividades militares se imparten "conferencias en materia disciplinaria" sobre el consumo de alcohol durante unas prácticas.
Para ello, se incluyen controles de alcoholemia "al inicio y al fin de las mismas". En este caso concreto, hubo controles de estas características al personal del convoy cuando llegaron a la base militar de Ronda. Ya habían pasado más de 12 horas desde las cañas en Vilafranca y todos ellos arrojaron "un resultado negativo".
Las fotografías de los uniformados bebiendo unos botellines de cerveza mientras a su lado, en el suelo, reposaban varias armas ligeras provocaron un gran revuelo en las redes sociales. Las imágenes causaron estupefacción entre los vecinos de Vilafranca y suscitaron numerosos comentarios en Internet.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ironizó con su actitud con la frase "seguro que después de la cerveza el rifle automático pesa menos", mientras que la CUP de Vilafranca exigió que los militares abandonasen la población barcelonesa cuanto antes.
« Respuesta #3385 en: 13 de Febrero de 2020, 08:54:42 am »
El Supremo ha anulado el procedimiento abierto tras detectarle síntomas de embriaguez, porque la resolución del expediente se aprobó fuera de plazo
13/02/20access_time 1:03
Una sanción confirmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, es de nuevo anulada por la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, debido a que el expediente disciplinario había caducado en el momento en que se impuso dicha sanción.
Si ya pasó recientemente en el caso de miembros de la Guardia Civil, Confidencial Digital ha podido consultar una sentencia reciente que llega a conclusiones similares en el caso de un legionario.
“Estar embriagado durante el servicio”
En mayo de 2018 el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) acordó imponer a un sargento del Tercio “Duque de Alba” 2º de la Legión, con sede en Ceuta, “las sanciones de suspensión de empleo por tiempo de seis meses, por una falta muy grave prevista en el artículo 8.8 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; arresto de quince días, por una falta grave prevista en el artículo 7.2 de la misma ley; y, arresto de quince días por otra falta grave prevista en el artículo 7.4 de la ley indicada”.
El artículo 8.8 define como falta muy grave “estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él”.
El 7.2 contempla como falta grave “la falta de respeto o subordinación a los superiores en la estructura orgánica u operativa y la inobservancia de sus órdenes o instrucciones, así como de los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento”.
Y en cuanto al 7.4, sanciona como falta grave “las expresiones o actos ofensivos y la inobservancia de las órdenes e instrucciones de centinelas, fuerza armada, miembros de la policía militar, naval o aérea o componentes de las guardias de seguridad, en su función de agentes de la autoridad”.
Al resolver el recurso de alzada, Margarita Robles anuló las dos sanciones de quince días de arresto y las sustituyó por sanción económica de ocho días. Pero mantuvo la falta muy grave con sanción de suspensión de empleo por seis meses.
Positivo por alcoholemia
Según los hechos que se tuvieron por probados en la resolución del JEME, y después en la de Margarita Robles, todo comenzó cuando al sargento en cuestión se le notó “embriagado durante el cumplimiento de la jornada habitual de trabajo en su unidad de destino -el Tercio “Duque de Alba” 2º de la Legión-, desde la formación posterior a la actividad de deporte programada, que tuvo lugar en torno a las 10:00 horas, hasta que, sobre las 14:00 horas, abandonó el acuartelamiento conduciendo su vehículo particular”.
Al detectar sus superiores esa embriaguez, el sargento tuvo que someterse a la prueba para la detección de alcohol en aire espirado. Dio positivo: se le detectó 0,62 mgr/litro en aire espirado y 0,60 mgr/litro en aire espirado en la segunda prueba.
Cabe apuntar que la Ley de Seguridad Vial establece sanciones -retirada de cuatro puntos- a quienes conduzcan con más de 0,25 mg/l de alcohol en aire espirado, y el Código Penal (artículo 379) castiga con penas de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses a quien “condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”, como fue este caso.
“El resultado positivo que arrojó dicha prueba fue comunicado al expedientado por el Teniente [...], indicándole que había sido positivo y que, conforme a lo previsto en la Instrucción Técnica 05/09, relativa al ‘Empleo del etilómetro en el Ejército de Tierra para la determinación de etanol en aire espirado’, volverían a realizar una nueva prueba transcurridos 10 minutos”, continuaba dicha relación de hechos probados.
El sargento, entonces, se negó “reiteradamente” a repetir la prueba de alcoholemia.
Pero además abandonó la unidad “conduciendo su automóvil, haciendo caso omiso de las órdenes expresas recibidas para no hacerlo si conducía él”.
El Ejército superó el plazo máximo
El sargento legionario presentó un recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Supremo, que los jueces de la Sala Quinta han estimado. El motivo que ha llevado a los magistrados a estimar el recurso y anular las sanciones impuestas es la caducidad del expediente sancionador.
En estos casos, el artículo 48.4 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, dispone que el plazo máximo en el que debe tramitarse el procedimiento y notificarse al interesado la resolución adoptada de un expediente disciplinario es de un año.
El expediente sobre este sargento de la Legión en Ceuta tuvo sus parones. Se incoaron diligencias previas en un juzgado militar, se archivaron al no apreciar ilícito penal alguno, y en ese tiempo el expediente disciplinario estuvo paralizado.
Se retomó, pero los plazos terminaron superando el año: “En el presente caso hasta la paralización transcurrieron 8 meses y 27 días y desde que se levanta la paralización hasta la notificación de la resolución en la que se imponen las sanciones disciplinarias transcurren 5 meses y 4 días; lo que hace un total de 13 meses y 31 días”, según los cálculos del Supremo, que concluye que “la consecuencia es que el procedimiento sancionador ha caducado y debe acordarse su archivo”.
« Respuesta #3386 en: 14 de Febrero de 2020, 06:11:21 am »
El Ejército de Tierra admite que el militar tenía limitado el ejercicio físico y anuncia una investigación judicial para esclarecer los hechos. "¿Por qué motivo un militar con una limitación se encontraba realizando ejercicios de jornadas continuadas?", inquiere la Unión de Militares de Tropa
Publicado 14.02.2020 - 05:15
Una exigente prueba física de "técnicas de engrilletamiento" está detrás del súbito infarto que acabó este jueves con la vida del soldado Jorge López Resa dentro del Cuartel General del Ejército de Tierra, ubicado en el palacio de Buenavista de Madrid.
El óbito se produjo en el transcurso de una jornada de "instrucción continuada" que, en este caso, se prolongó unas horas más que la jornada laboral. El Ejército de Tierra indicó en las redes que el fallecimiento había sido por “causas naturales”, si bien luego reconoció a Vozpópuli que el militar fallecido tenía un informe médico para limitar el ejercicio físico al contar con la situación administrativa de “Apto con Limitaciones 4” debido a problemas coronarios.
Un portavoz castrense añadió que se ha iniciado una "investigación judicial" para esclarecer los hechos. Este periódico ha sabido por varias fuentes militares que se trataba de un ejercicio de "control de masas", que consiste en que los soldados sepan cómo colocar esposas como los que usan las Fuerzas de Seguridad en las detenciones de manifestantes en la vía pública.
El palacio de Buenavista se encuentra junto a la plaza de Cibeles, es decir en el epicentro de las manifestaciones que se convocan en el centro de Madrid. De ahí que los soldados del Regimiento 'Inmemorial del Rey' nº1 tengan que conocer cómo reducir y, eventualmente, arrestar a una persona con por si en alguna ocasión fuese necesario.
Tres maneras de engrilletar
Para ello se imparten las llamadas "técnicas de engrilletamiento" que, en el caso de esta unidad, son de tres tipos. En la primera, el 'manifestante' se deja poner los grilletes a la espalda sin grandes dificultades. En la segunda, existe un forcejeo hasta que el soldado le pone las esposas en el suelo. La tercera técnica consiste en 'derribar' a un individuo de gran tamaño entre varios, darle la vuelta y ponerle los grilletes.
La segunda y tercera forma de engrilletar tienen una intensidad mucho mayor que la primera, como si de lucha libre se tratara, pues hay que inmovilizar al contrincante. Y el sargento primero al mando del ejercicio introdujo, entre una y otra técnica, un trabajo de "activación" con flexiones y otros ejercicios físicos "explosivos" para que sus hombres no perdiesen la tensión ni se quedasen fríos.
El soldado López Resa sufrió el infarto en el 'descanso' entre la segunda y tercera técnica de engrilletamiento, según las citadas fuentes. Además, reconocen que el oficial le "forzó" a realizar el ejercicio pese a que el militar esgrimió su problemas de corazón al inicio del mismo. Si bien el informe médico le permitía negarse a cumplir la orden, al final la acató ante la insistencia del superior.
La Unión de Militares de Tropa (UMT) instó en un comunicado al Ministerio de Defensa a que se abra un proceso de investigación "con el que se resuelvan varias dudas y se establezcan responsabilidades en caso de ser necesarias" por este caso. "¿Por qué motivo un militar con una limitación se encontraba realizando ejercicios de jornadas continuadas?", preguntó al departamento de Margarita Robles.
« Respuesta #3387 en: 17 de Febrero de 2020, 13:21:10 pm »
El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith durante las celebraciones del 'Día de la Toma de Granada' el pasado mes de enero - ÁLEX CÁMARA - EUROPA PRESS - ARCHIVO
Vox ha decidido llevar al Pleno del Congreso el debate sobre la salida de las Fuerzas Armadas de los militares de tropa y marinería cuando alcanzan los 45 años, un hecho que ha afectado ya a más de 1.000 soldados desde 2006 y superará los 50.000 en 2036.
En una proposición no de ley, Vox defiende que hay "numerosos puestos" en los Ejércitos y la Armada que pueden ser desempeñados por militares de 45 años, muchos de ellos ahora externalizados para que los ejerzan empresas privadas.
"Se prescinde de profesionales de 45 años cualificados y con gran experiencia en el desempeño de funciones de apoyo tan importantes como aprovisionamiento, alimentación, mantenimiento, seguridad o transporte para contratar empresas a la baja que dan un mal servicio", denuncia Vox.
La iniciativa sostiene que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una "precariedad" que no afecta al resto de empleados públicos, máxime teniendo en cuenta que "sus condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes" que las del resto de funcionarios.
Por todo ello, quiere recabar el apoyo de la mayoría del Congreso para instar al Gobierno a establecer un régimen común para todas las categorías militares para que todos estén sujetos a "esencialmente la misma" relación de servicios y regulados por una misma ley.
ESTUDIO DE LAS PLANTILLAS
Mientras, pide que el Ministerio de Defensa realice un estudio de las plantillas para conocer cuántos puestos de trabajo pueden ser desempeñados por mayores de 45 años en todas las Administraciones Públicas, incluyendo como condición de mejora en los pliegos de licitación acreditar la contratación como personal militar de tropa y marinería.
Y además exige al Gobierno medidas "urgentes" para subsanar "la difícil situación" económica y social "en la que están quedando numerosos militares" que ya se han visto obligados a dejar las Fuerzas Armadas "quedando en desempleo".
La proposición no de ley la firman los tres militares retirados que ahora son diputados de Vox --Agustín Rosety, Manuel Mestre y Alberto Asarta-- junto al secretario general del partido, Javier Ortega-Smith.
« Respuesta #3388 en: 17 de Febrero de 2020, 13:46:15 pm »
VOX en campaña electoral, ahí tiene un buen caladero de votos.
« Respuesta #3389 en: 20 de Febrero de 2020, 10:24:11 am »
Por El Diestro - 18 febrero, 2020
Lo que está sucediendo en España con la supuesta igualdad y la supuesta protección a la mujer, que es una forma de desigualdad, es simplemente inadmisible. Se está llegando hasta un punto tan escandaloso que un hombre no puede cumplir con su deber y con su trabajo si se topa con una mujer desalmada y que utiliza todas las argucias posibles para incumplir con sus responsabilidades llegando al punto de utilizar la socorrida excusa del machismo para justificar las faltas que pueda cometer en el ámbito laboral.
Si esta situación la trasladamos al Ejército, nos podemos encontrar con casos tan sumamente injustos y surrealistas como el que está padeciendo el capitán Juan A. Fernández Galindo. Al capitán Fernández Galindo le está costando muy caro algo tan lógico y tan entendible como cumplir con su deber. El mero hecho de haber reprendido a una subordinada, la cabo del Ejército Mª Teresa Franco Martínez, por no haber cumplido con su deber le está suponiendo un acoso interminable por parte del PSOE, por parte de la diputada Zaida Cantero e incluso por la propia ministra, Margarita Robles, quien parece que es la salsa en todos los malos guisos que se cuecen en España.
Hemos mantenido una entrevista con Mª Carmen García López, esposa del capitán Fernández Galindo, quien nos cuenta todo por lo que está pasando su marido y toda su familia.
Mª Carmen, ¿cuéntanos qué es lo que ha pasado?
Todo esto empezó con tres expedientes disciplinarios que se le abrieron a una militar destinada en la base de Alcantarilla. Es importante dejar claro que esos tres expedientes se le abrieron por temas militares, estrictamente militares, aclaro esto porque luego ella intenta llevarlo a su terreno. El caso es que ella no está conforme con ellos y llega a recurrir esos expedientes incluso al Tribunal Supremo.
¿Qué sucede a partir de ahí?
Se nos da la razón a nosotros en todas las instancias y el Supremo lo confirma. Pero a ella no le parece bien y entonces agrupa estas tres sanciones que ya han sido juzgadas y presenta una denuncia por lo penal en la que se acusa a mi marido de acoso laboral y extralimitación en el ejercicio del mando, por aquel entonces mi marido no era todavía capitán, era teniente.
¿Qué sucedió? ¿Por qué fue expedientada la cabo Franco Martínez?
Mira, por ejemplo uno de ellos fue porque no abrió las puertas de la base en el momento en el que debía haberlo. Esto provocó un atasco monumental a las puertas de la base con un problema añadido, al lado de la base hay un polígono industrial y toda la gente que se desplazaba a trabajar al polígono se encontró con que no llegaba a tiempo a su trabajo porque ella no cumplió con lo que era su obligación.
Le dieron parte de lo sucedido a mi marido y él, como superior suyo que era, tuvo que actuar y presentar un expediente contra la cabo por no cumplir con lo que era su trabajo.
En otra ocasión estábamos en una alerta terrorista y se dio orden a las personas que estaban de guardia, entre ellas la cabo Franco, de que no entrara ni saliera gente de la base vestida con uniforme o con monos de trabajo con los que pudieran ser identificados como miembros de la unidad. Un teniente coronel vio que una persona salía vestida de militar y justo lo hacía por delante de la garita que ocupaba la cabo Franco Martínez.
El teniente coronel dio un parte a mi marido y él tuvo que actuar otra vez como superior inmediato suyo que era. Pero todo esto no es porque mi marido tenga nada contra ella, mi marido cumplía con su obligación y con su trabajo porque ella no lo hacía.
¿Y por cosas como estas se está llegando a este extremo?
Pero no solo eso, además de llevar todo esto hasta el extremo de una denuncia penal fue también a pedir ayuda a la asociación profesional del Ejército (AUME)., que es también uno de los chiringuitos del PSOE en el Ejército. Esta asociación la nombró Secretaria de la Mujer y aprovechándose de eso ahora dice que todas esa sanciones son porque la han denunciado por perseguir el machismo dentro de las Fuerzas Armadas.
Pero es que, además y debido a todos los arrestos que tenía, el Ejército le abrió un expediente por todos los arrestos que tenía, es que no solo tenía los arrestos de mi marido, tenía muchos más arrestos. Además tenía suspensos en los IP, una evaluación que se hace dentro del Ejército y que es bianual para ver las capacidades de los miembros del Ejército para ocupar un puesto o para posibles ascensos. Tampoco tenía aprobados unos exámenes que se hacen en la Policía Aérea, en fin, varios motivos por los que el Ejército decidió abrirle un expediente.
¿Y qué consecuencias conllevaba ese expediente?
La expulsión del Ejército. Como ella tenía claro que iba a ser expulsada, ella toma la decisión de pedir ayuda a la diputada del PSOE Zaida Cantera, se ve que eran amigas. Cantera defendió a la cabo Franco en el Congreso, la llevó allí, habló también con Margarita Robles, que por aquel entonces también era diputada, también habló con Irene Montero, con Tania Sánchez, en fin, con todo aquel que le pudiera venir bien.
Debido a todo esto consiguió que medios de comunicación de extrema izquierda (Público, El Diario, La Sexta…) se hicieran eco de su historia y tal y como ella la estaba contando.
Creo que la Justicia les está dando la razón a ustedes.
Sí, así es. Llevamos tres sobreseimientos definitivos y totales. Pues aún así, seguimos como estamos ahora mismo. Todo ello coincidió, además, con la moción de censura de Pedro Sánchez, en 2018, y fue entonces cuando Margarita Robles fue nombrada ministra de Defensa .
Lo primero que hace Margarita Robles nada más llegar a su puesto fue dar por cerrado el expediente por el que Mª Teresa Franco tendría que haber sido expulsada del Ejército. Y al poco tiempo obligan al togado militar del 14 a volver a abrir un proceso por el que se declaraba el caso como sobreseído, pasando de nuevo a procesar a mi marido. En total tenemos ocho resoluciones favorables a nuestra causa y aún así han llegado a suspender a mi marido. Incluso una de las jueces, en uno de sus autos reconoce no encontrar motivos para procesarlo, se da a entender incluso que se le procesa para cumplir órdenes.
Todo esto es muy fuerte…
Por eso he decidido ser yo la que hablara, porque bastantes ganas le tienen a mi marido. Nosotros creemos que en todo esto, quien realmente anda por detrás es Zaida Cantero, a quien nosotros tenemos demandada por injurias y por calumnias. Cuando habló de mi marido en sede parlamentaria dijo auténticas barbaridades de él. Y encima tuvo la poca decencia de escribir en ‘Público’ que al capitán se le había absuelto porque se “iba de copas con las jueces”.
Ahora mismo, ¿en qué situación os encontráis?
Nos hemos reunido con el grupo de Vox en el Congreso, quienes se han ofrecido a ayudarnos. Nos han pedido toda la documentación porque nos han dicho que, efectivamente, todo esto les parece una barbaridad y que, si la historia es como se la hemos contado por supuesto que nos van a ayudar.
Es que, a pesar de que todos los informes para que mi marido sea exculpado de todo esto están avalados por dos informes de la cadena de mando, y dos técnico-jurídicos, entendemos que todo por lo que estamos pasando se está alargando en el tiempo porque interesa políticamente y están utilizando a mi marido como cabeza de turco.
¿Qué medidas estáis tomando?
De momento tenemos planteada judicialmente la demanda contra Zaida Cantera, hemos recurrido la suspensión de funciones en contencioso-administrativo y aparte vamos a demandar por prevaricación a la ministra Robles y al subsecretario de Defensa, por lo menos que se sienten en el banquillo y que den una explicación.
Se me olvidaba, es que tenemos además indefensión porque estamos en la fase instrucción y no nos han permitido presentar ni una sola prueba, eso no se sostiene por ningún sitio.
Y ahora tu marido está suspendido de funciones…
Efectivamente, como judicialmente no consiguen que se nos quite la razón, utilizan lo que pueden y es la parte administrativa, por eso ahora mi marido está suspendido de funciones. La consecuencia es que es lo mismo que si estuviera suspendido de sueldo, cobra el sueldo base de un militar, que es muy bajo. Para que te hagas una idea este mes no hemos cobrado nada, cero y el que viene pues esperamos unos 700 euros más o menos.
« Respuesta #3390 en: 21 de Febrero de 2020, 06:06:08 am »
La ministra provoca malestar en Defensa al descartar a cuatro candidatos a general togado en dos vacantes del Cuerpo Militar Jurídico. En su lugar, coloca a dos “leales” colaboradores
Los últimos ascensos del 28 de enero a general togado dentro del Cuerpo Militar Jurídico han provocado un enorme revuelo dentro del Ministerio de Defensa, ya que Margarita Robles ha obviado las recomendaciones del consejo de evaluación para elegir a dos candidatos -los generales auditores Juan Pozo y Antonio Afonso- a pesar de que quedaron en cuarta y sexta posición en antigüedad, méritos y hojas de servicio.
Fuentes militares han detallado a Vozpópuli que los damnificados por esta decisión "sin precedentes" de Robles son los generales auditores Jerónimo Domínguez (quien logró el primer puesto en el examen evaluador), Carlos Valdés (segundo), Ángel Serrano (tercero) y Francisco Cabrales (quinto). Este periódico preguntó al departamento de comunicación del Ministerio de Defensa por los motivos que llevaron a la ministra a elegir a Pozo y Afonso, pero no recibió respuesta.
Las citadas fuentes señalan al subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, como el principal interesado en ascender a Pozo y Afonso, ya que son "sus más conocidos y leales colaboradores". Los otros cuatro candidatos a las vacantes de general togado tenían, según el escalafón, más tiempo de servicio, más méritos y mejores hojas de servicio que sus compañeros ascendidos al puesto más alto dentro del Cuerpo Militar Jurídico.
Si bien el escalafón constituye una ordenación orientativa y no es completamente vinculante a la hora de un ascenso, también sucede que las excepciones son pocas y "deben estar motivadas y justificadas", a juicio de las fuentes. Además, en este caso concreto sorprende que los primeros tres candidatosa general togado se hayan quedadosin premio.
Ceses de médicos militares
Otro colectivo "damnificado y descontento" es el de los médicos militares que forman parte de los Cuerpos Comunes. En los últimos meses se han producido varios ceses polémicos de coroneles, concretamente los de José María Abad, Vicente Velamazán, Antonio Fe, Guillermo Lanzas, Milagros Hijosa y Jesús Baquedano. En algunos de estos casos, "las liquidaciones las visten de cambio de destino".
Es el caso, en opinión las fuentes militares, de la coronel Ana Betegón, pionera entre las mujeres militares al ser la primera oficial en dirigir un hospital castrense, el de Zaragoza, al que llegó hace un año en sustitución del citado José María Abad y en el que previamente había trabajado durante ocho años.
En declaraciones a El Periódico de Aragón, Betegón confesó el pasado miércoles que su regreso a Madrid para formar parte del equipo de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (Igesan), concretamente en subinspección, es "un salto en su carrera", pero las citadas fuentes señalan que la citada coronel recibió "con tristeza y sorpresa su cese fulminante", que se hizo mediante una llamada telefónica.
« Respuesta #3391 en: 25 de Febrero de 2020, 06:38:43 am »
El Supremo ha echado para atrás la decisión del TSJ de Murcia, que consideró que el ministerio debía aceptar la petición por no haber respondido a tiempo
Marcha de militares españoles.
La batalla judicial entre un militar temporal de la Escala de Tropa y Marinería y el Ministerio de Defensa a cuenta del derecho a convertirse en militar de carácter permanente ha terminado, por el momento, con victoria para la administración.
Confidencial Digital ha podido consultar una sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de la Abogacía del Estado (en nombre del Ministerio de Defensa) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Defensa contestó tarde
Todo se inició con una solicitud que el militar en cuestión dirigió al Ministerio de Defensa hace unos años. En esa petición reclamó, el 21 de octubre de 2014, que se le concediera un compromiso de carácter permanente con las Fuerzas Armadas.
Se trata de una ‘batalla’ que más recientemente han emprendido varios cientos de militares de Tropa y Marinería, para tratar de conseguir que no se les ‘expulse’ a los 45 años, sino que puedan desarrollar una carrera militar más extensa.
En el caso en cuestión, la Subsecretaría de Defensa desestimó la solicitud mediante una resolución con fecha del 21 de enero de 2015. El militar presentó un recurso de alzada el 23 de enero de 2015, y el subdirector general de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa desestimó ese recurso el 15 de mayo de 2015.
Pero el militar observó que en el plazo de tres meses desde el recurso (del 23 de enero) no había recibido respuesta. Entendió entonces que se había producido una estimación de su solicitud, en virtud del silencio administrativo. Es decir, como Defensa no había contestado dentro del plazo legalmente establecido, se entendía que su recurso había sido aceptado, y por tanto tenía derecho a ser considerado militar con un compromiso permanente.
Así argumentó su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que de forma sorpresiva le dio la razón.
El TSJ de Murcia dio la razón al militar
En sentencia del 10 de febrero de 2017, el TSJ de Murcia estimó el recurso contencioso administrativo del militar. Los jueces entendieron que las resoluciones de Defensa, incluida la que llegó tarde y denegó el recurso, no eran conforme a derecho.
Por ello establecieron que “en consecuencia, lo anulamos, y declaramos el derecho del recurrente a obtener el reconocimiento de un compromiso único de carácter permanente en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, debiendo reconocer la Administración los efectos positivos del silencio administrativo derivados de la estimación presunta del recurso de alzada; con imposición de costas a la parte demandada”.
Según los fundamentos jurídicos de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, según los artículos 43.2, párrafo segundo, y 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “lo expuesto determina que la Sala, en virtud exclusivamente, de los expresados efectos positivos estimatorios atribuidos al silencio positivo en el articulo 43.2, párrafo segundo, haya de declarar el derecho del actor a la firma de un compromiso único hasta la edad de retiro, en congruencia con la pretensión deducida en el suplico de la demanda, que concuerda con la formulada en vía administrativa”.
Eso sí, no se pronunciaba “sobre cuestiones de fondo, o sea, no nos podemos pronunciar sobre si ese acto declarativo de derechos (estimación por silencio administrativo), que ha originado la inactividad formal de la Administración al no resolver dentro de plazo el recurso de alzada y notificar la resolución, se ajusta o no al ordenamiento jurídico, pues no es el acto impugnado”.
El Supremo tumba el fallo
La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Defensa, no aceptó esta sentencia y presentó un recurso de casación contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
El alto tribunal ha terminado estimando el recurso, y anulando así la decisión del TSJ de Murcia que concedía al militar el derecho a que Defensa le concediera un compromiso permanente con las Fuerzas Armadas.
Los jueces del Supremo citan un par de precedentes para concluir que “el silencio administrativo positivo que preveía el último inciso del párrafo segundo del artículo 43.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre no opera cuando, estando previsto normativamente un procedimiento singular para alcanzar el efecto jurídico solicitado, la solicitud se desentiende de sus trámites y se sujeta sólo a las reglas generales del procedimiento administrativo común”.
Y en este caso, según el Tribunal Supremo, existe una regulación clara al respecto. Cita varias normas, como la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, que aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, así como la Ley 8/2006, de 24 abril, de Tropa y Marinería.
Esta última establece que “los militares profesionales de tropa y marinería que tengan suscrito un compromiso de larga duración podrán acceder a la condición de permanente en las plazas que se determinen en la provisión anual, conservando el empleo que tuvieran”.
Por tanto, no se puede acoger al silencio administrativo por el retraso de Defensa en resolver sus recursos contra denegación de esa solicitud de convertirse en militar permanente, frente al compromiso temporal que tenía.
« Respuesta #3392 en: 27 de Febrero de 2020, 17:04:16 pm »
https://twitter.com/EjercitoAire/status/1233055518933049344?s=19
« Respuesta #3393 en: 27 de Febrero de 2020, 18:33:43 pm »
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/politica/2020/02/27/actualidad/1582817995_080741.amp.html
« Respuesta #3394 en: 02 de Marzo de 2020, 06:37:29 am »
Diligencias judiciales contra un ex ayudante del JEME por abuso de autoridad a una cabo
El teniente coronel fue denunciado por el trato discriminatorio a una integrante de la escolta del general Varela Salas. El caso fue archivado en vía disciplinaria
02/03/20access_time 1:04
“Acuerdo: 1º.- Declarar la competencia de este Juzgado para el conocimiento de los hechos objeto de la denuncia formulada por la cabo. 2º.- Continuar el conocimiento de las actuaciones para el esclarecimiento de los hechos denunciados con el carácter de Diligencias Previas. 3º.- Citar para comparecer ante este Juzgado Togado a la cabo, en calidad de denunciante, para la ratificación de la denuncia [...] Comuníquese la presente resolución y el escrito de denuncia al teniente coronel denunciado...”.
Confidencial Digital ha podido saber que el coronel al frente del Juzgado Togado Militar Central número 2, con sede en Madrid, ha iniciado de esta manera diligencias para investigar una denuncia contra el teniente coronel del Ejército de Tierra Javier Brunete, ya en la reserva.
Los hechos por los que ha sido denunciado ante un juzgado militar este teniente coronel se refieren a su etapa como ayudante del jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera (Valencia). Eso incluye la etapa en la que ocupó ese cargo de jefe el ahora general de Ejército (entonces teniente general) Francisco Javier Varela Salas, actual Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).
Varela Salas fue jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera entre febrero de 2016 y marzo de 2017, según la biografía oficial que ofrece la página web del Ejército de Tierra.
Denuncia de una cabo
La denuncia la presentó una cabo que formó parte del equipo de escolta del jefe del cuartel de Bétera durante años, y que acusa al teniente coronel en cuestión de presuntos delitos de abuso de autoridad en los términos de los artículos 45, 47 y 48 del Código Penal Militar.
El artículo 45 establece que “el superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión”.
El artículo 47 castiga al superior “que tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o humillante, o realizare actos de agresión o abuso sexuales”.
Y el 48 pena con entre seis meses y cuatro años de prisión al superior “que, respecto de un subordinado, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, injuriare o calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realizare actos que supongan discriminación grave por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo”.
El expediente disciplinario acabó en archivo
ECD se puso en contacto con el teniente coronel denunciado, que señaló que no quería hablar del tema. Sólo añadió que “ya me tomaron declaración en su momento y se dijo que no había nada respecto a esta denuncia, y pese a ello vuelven con lo mismo”.
Se refiere a que los hechos por los que ha sido denunciado ante un juzgado togado militar ya fueron objeto de un procedimiento disciplinario interno en el Ejército de Tierra que acabó siendo archivado el pasado mes de diciembre. Fue archivado, precisamente, por el actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, a propuesta del asesor jurídico que formuló esa propuesta de archivo del procedimiento disciplinario.
Fuentes de la defensa de la cabo denunciante aseguran que un buen número de las denuncias que se tramitan en los juzgados militares, incluso con éxito, proceden de expedientes disciplinarios internos de los ejércitos que son archivados, pero que sin embargo los jueces sí consideran materia punible.
De baja por “contingencia profesional”
Los hechos objeto de denuncia abarcan desde el año 2010 a 2019. Este último año la cabo terminó siendo dada de baja psicológica, y según destacan fuentes cercanas, es relevante que se encuentre de baja psicológica reconocida por el jefe del batallón de Bétera como “contingencia profesional” por posible acoso laboral por un superior. Además, en 2019 también terminó siendo cesada de su destino en el cuartel de Bétera.
La militar en cuestión era conductora del jefe del Cuartel General de Alta Disponibilidad. Se sacó el carnet de escolta, y conforme al criterio de antigüedad, al comenzar a trabajar en el equipo de escolta asumió el puesto de jefe de dicho equipo.
La escolta dependía orgánicamente del jefe del batallón, pero funcionalmente del teniente coronel denunciado, el ayudante del teniente general jefe del cuartel.
Pues bien: según el relato de hechos de la denuncia, pese a no tener potestad para ello, el teniente coronel Brunete dio orden (por persona interpuesta) para que la cabo no ocupase el puesto de jefe de equipo. Por tanto, durante todo ese tiempo no pudo ejercer el mando que, a su juicio, le correspondía: siguió siendo una más en la escolta, siendo mandada por cabos con menos antigüedad que ella.
Sucesión de hechos denunciados
A partir de ahí comenzó un goteo de actitudes y decisiones de este teniente coronel -siempre según la denuncia por la que el Juzgado Togado Militar Central número 2 ha abierto diligencias- que la cabo consideró como un intento de aislamiento, de retirarle competencias que tenía, de impedirle realizar viajes a larga distancia como conductora de la escolta del general, de “no transmitirle información relacionada con el servicio de conductor de la autoridad que prestaba habitualmente”...
Por ejemplo, relata que tras quedarse embarazada, y estando de baja por maternidad, le avisaron de que caducaba ese carnet de escolta. Asegura que la tramitación del mencionado carnet se fue retrasando, hecho del que culpa de nuevo al ayudante del general del cuartel, es decir, el teniente coronel denunciado.
También asegura que dicho mando le perjudicó en el Informe Personal de Calificación (IPEC).
Por todo ello, acusa de delitos de abuso de autoridad (en tres descripciones distintas del Código Penal Militar) al teniente coronel “en base a que la extralimitación de las funciones propias del oficial señalado se han producido de forma reiterada y, a su vez, han causado un perjuicio grave en la dicente, ejemplificado materialmente en el cese en su destino”.
A la espera de que el juez togado militar central número 2 de Madrid comience a tomar decisiones, la denuncia de la cabo solicita que se llame a declarar como testigos a numerosos miembros del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera durante esos años.
Eso incluye al ahora general de Ejército Francisco Javier Varela Salas, actual Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME); así como cabos primeros, brigadas, un comandante médico y una capitán psicóloga que realizaron test psicotécnicos a la cabo denunciante para renovar su carnet de escolta, el teniente coronel jefe del batallón...
« Respuesta #3395 en: 06 de Marzo de 2020, 07:19:02 am »
El incidente con herido de bala de la UME llega a los juzgados
Un magistrado militar investiga el ejercicio en Bétera (Valencia) para depurar responsabilidades
06/03/20access_time 1:02
La justicia militar ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido en el ejercicio de adiestramiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Valencia que el pasado 17 de febrero terminó en un accidente: un tiro en la pierna de un soldado.
Del asunto se ha hecho cargo el Juzgado Togado Militar Territorial nº 13 de Valencia, ya que los hechos sucedieron en Bétera.
Dicho juzgado ha abierto un procedimiento de investigación de los hechos, pero también de depuración de posibles responsabilidades en este accidente.
Los hechos en cuestión se desarrollaron durante una actividad de instrucción y adiestramiento con personal de la sección de Policía Militar del III Batallón de Intervención de Emergencias, que tiene su base en Bétera. El ejercicio formaba parte del plan anual específico de formación en manejo de armas para la Policía Militar de la UME.
Durante ese ejercicio, un soldado recibió el impacto de una bala de arma corta, con orificio de entrada y salida, en el tercio superior del muslo.
De inmediato fue atendido por los servicios sanitarios del batallón de la UME. Una vez que los médicos estabilizaron la situación, trasladaron al herido en ambulancia hasta el Hospital 9 de Octubre de Valencia.
Según la información facilitada por el juzgado, “el herido se encuentra estable y evolucionando favorablemente”. Ya en su momento se descartó que las heridas leves hubieran provocado daños óseos, vasculares o neurológicos.
« Respuesta #3396 en: 09 de Marzo de 2020, 07:07:50 am »
Se busca lema de cinco palabras o menos para el Ejército de Tierra
“Per aspera ad astra” en el Ejército del Aire, “¡Desperta ferro!” en la Brigada Paracaidista, “Valientes por tierra y por mar” en la Infantería de Marina... son algunos de los lemas de los que blasonan ejércitos y unidades de las Fuerzas Armadas españolas.
Ahora es el Ejército de Tierra el que busca un lema. Para ello, ha abierto un concurso para el que busca ideas de “cualquier persona física o jurídica de nacionalidad española” que tenga una propuesta en ese sentido.
El objetivo de los mandos militares es, según la información conocida por El Chivato, conseguir un lema que condense en una frase “los atributos tangibles e intangibles” que representan al Ejército de Tierra, “con una evocación a la tradición, a sus valores y al futuro”.
La propuesta es muy concreta: el lema del Ejército no puede superar las cinco palabras. Así que los participantes tendrán que esforzarse en concentrar de esta forma los valores del Ejército de Tierra.
La fecha límite para enviar las propuestas a marcaejercito@mde.es es el 31 de marzo. El Ejército de Tierra se encuentra inmerso en el lanzamiento de la “Marca Ejército”, y en ese contexto se incluye esta iniciativa de dar con un lema que defina a partir de ahora a la institución.
Las palabras ganadoras las elegirá un jurado formado por representantes del Ejército y de la “Marca Ejército”. El ganador recibirá como premio una estatuilla de una figura histórica, que se le entregará en un acto en el Cuartel General del Ejército.
Sin embargo, no podrá conservar los derechos de autor: el ganador tendrá que renunciar formalmente a ellos en favor del Ejército.
La iniciativa ha causado cierta sorpresa entre algunos altos mandos y veteranos de Tierra, que sugieren el lema que luce en algunos cuarteles, aunque en otros se ha retirado: “A España servir hasta morir”. Justo con cinco palabras.
« Respuesta #3397 en: 09 de Marzo de 2020, 07:18:36 am »
El teniente Candón manipulando la prótesis ocular que le pusieron tras perder el ojo derecha por la explosión. REPORTAJE GRÁFICO: Marcos Moreno
La batalla del teniente tuerto contra Defensa: “No fue accidente, las bombas estaban caducadas”
José Manuel Candón, comido por la metralla, insiste en que se le entregó explosivos "en desuso" en unas maniobras en las que murieron 5 militares.
9 marzo, 2020 03:04
“Estábamos a punto de partir hacia Líbano. Tenía asumido que podía perder la vida pero que ese era mi trabajo. Sin embargo, a mí mi país me entregó minas obsoletas para que mis compañeros y yo hiciéramos pruebas con ellas. Ahora estoy comido por la metralla, tengo una prótesis ocular porque perdí el ojo derecho y apenas veo con el izquierdo. Defensa miente. Se escuda en que aquello fue un accidente, aunque la desgracia se pudo evitar. Yo me salvé, pero murieron cinco compañeros, que dejaron viudas, huérfanos y padres sin sus hijos”.
Delante del reportero, cada frase de José Manuel Candón duele como una sentencia condenatoria. Sentado a la mesa del comedor de su casa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Pepe, como le conocen los suyos, recuerda con absoluta nitidez lo sucedido aquella mañana del 24 de febrero de 2011 en Hoyo de Manzanares (Madrid): el sonido del helicóptero llegando para trasladarlo a un hospital; sus manos pastosas por la sangre que le emanaba de la cara y de la cintura, la sensación de no saber si estar vivo, muerto o soñando.
Aquel día faltaban unas semanas para marcharse a una misión internacional en Líbano. Este teniente realizaba maniobras con militares experimentados en técnicas de desactivación de explosivos, como él, que ostenta la más alta graduación en la materia.
De repente, ocho minas contracarro cargadas con 56 kilos de material explosivo detonaron mientras cinco compañeros de Candón las apilaban. Iban a ensayar una voladura controlada. Como si estuvieran en zona de operaciones. Pero en España.
Andros LozanoVivió una guerra en Burundi y ahora le piden autógrafos en la calle. Su rostro, a veces ojeroso y con barba de 2 días, es un antídoto contra la histeria.
Candón, de 43 años, tiene dos hijos y está casado. Batalla ante la justicia militar desde hace 9 años.
Candón, de 43 años, tiene dos hijos y está casado. Batalla ante la justicia militar desde hace 9 años. Marcos Moreno
La explosión mató a aquellos cinco soldados. Dos eran miembros del Tercio de la Armada de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz). Los otros tres pertenecían al Batallón de Zapadores del Ejército de Tierra en El Goloso (Madrid).
El teniente José Manuel Candón y el sargento primero Raúl Alfonso González, que se encontraban a una treintena de metros de distancia, resultaron heridos graves. Minúsculos trozos de metralla, que volaron a una velocidad de unos 600 metros por segundo y a una temperatura que rondaba los 700 grados, se incrustaron de por vida en el cuerpo de José Manuel. Impactaron en brazos, piernas, torso...
Ahora, de cerca, el contorno de la cavidad de su ojo izquierdo resulta un tatuaje ovalado con motas moradas debajo de una piel reconstruida a retazos.
Nueve años después, José Manuel Candón y Raúl Alfonso González siguen batallando con la justicia militar para tratar de demostrar que aquello no fue un accidente. El 4 de octubre de 2013, el Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid archivó la causa. Sin embargo, en marzo de 2018, hace ahora dos años, el Tribunal Militar Primero la reabrió tras admitir el recurso de los dos supervivientes.
Funeral por los cinco militares que murieron en Hoyo de Manzanares en febrero de 2011.
Funeral por los cinco militares que murieron en Hoyo de Manzanares en febrero de 2011. EFE
“Nadie me va a hacer pensar que esas minas no estaban caducadas y debían estar en desuso. ¡Nadie!”, dice Pepe Candón, un hombre hercúleo de 43 años que vive junto a su mujer y sus dos niños con el dinero de la pensión que le quedó. Ha pasado 35 veces por un quirófano. Tiene un 79% de discapacidad y le resta un 20% de visión en el ojo derecho, la cual va decreciendo con el paso del tiempo.
El juzgado que archivó el caso resolvió que la explosión fue un mero accidente. Como consecuencia, el Ministerio de Defensa no tuvo que indemnizar a las familias de los muertos ni tampoco a los supervivientes. Nadie era responsable. En el caso de las víctimas, la indemnización podría superar los 100.000 euros. En el de los dos militares que sobrevivieron, alcanzaría el millón.
“Las dificultades del terreno, que se encontraba húmedo, la inestabilidad del trípode y el peso de la carga ocasionó que en un momento dado en el trabajo del hornillo [un cráter para provocar que los restos tras la detonación salgan hacia el cielo] y, de manera accidental, la carga HL-200 se cayera sobre las minas, estando la primera de ellas espoletada”, dice el auto de archivo de la causa.
Aquel día, José Manuel Candón había solicitado material explosivo distinto al que finalmente usó junto a sus chicos, según se recoge en el citado auto. Un comandante les aconsejó usar otro más similar al que se podían encontrar en Líbano.
El teniente Candón, experto en técnicas de desactivación de explosivos, ostenta la más alta graduación en la materia.
El teniente Candón, experto en técnicas de desactivación de explosivos, ostenta la más alta graduación en la materia. Marcos Moreno
Pero la 'vida' de las minas, que debían haber pasado a desuso, se había ampliado cinco meses antes del suceso. En septiembre de 2010, tras realizarles una inspección visual, se certificó que eran válidas hasta marzo de 2011, aunque en la inspección de vigilancia, que se practicó en diciembre de 2010, se declararon inútiles.
En febrero de 2011, las ocho minas explotaron durante aquellas maniobras que se saldaron con la vida de cinco militares. En “la pegatina” de las cajas ponía que estaban caducadas. Así lo entendió también el agente de la Guardia Civil que redactó el informe pericial de los hechos.
Pero la jueza acabó señalando que “la posibilidad” de que las minas C-3B fuesen “no aptas o inútiles” quedaba “descartada”. Tampoco le otorgó importancia a que en una de las diligencias previas se incluyera una orden interna del Ejército de Tierra que aprobaba, por orden de la Dirección del Sistema de Armas (DISAR), el uso en maniobras y prácticas de prueba “de munición inútil que se encuentre incluida en expediente para su destrucción o desmilitarización”.
Tras la reapertura del caso, los dos supervivientes han vuelto a recobrar la esperanza. El abogado de José Manuel Candón, Raúl González, ha presentado un informe pericial de un experto en explosivos valenciano en el que se acredita que el material usado en aquellas maniobras estaba obsoleto y que debía ser desmilitarizado.
Además, los dos supervivientes sostendrán su acusación en que, en 2017, la División de Logística del Estado Mayor del Ejército de Tierra prohibió que se suministrara material “inoperativo o inútil” para “prácticas”.
“O hinco yo la rodilla, o lo hace Defensa. Pero ya no me frena nada salvo la muerte. Que tengo que esperar 15 años a que se haga justicia, los esperaré”, dice con firmeza José Manuel Candón. “De todos modos, tengo todo el tiempo del mundo. Hace mucho que esto dejó de ser un tema de dinero. Se trata de orgullo. El país al que he servido no puede tratar así a quien lo defendió con su vida”.
El teniente José Manuel Candón muestra alguna de sus condecoraciones por su labor en misión en el extranjero.
El teniente José Manuel Candón muestra alguna de sus condecoraciones por su labor en misión en el extranjero. Marcos Moreno
José Manuel Candón ingresó “por vocación” en el Ejército a los 18 años. Poco a poco, fue escalando en la estructura militar, hasta ostentar cargo de oficial. Tras el archivo de la causa y “ver” que Defensa “olvidaba” a él y a sus compañeros, Candón ha solicitado por vía oficial reunirse con los últimos tres ministros del ramo, Pedro Morenés, María Dolores de Cospedal y Margarita Robles, que ostenta el cargo en la actualidad.
Ninguno ha atendido su petición. Sólo lo han hecho, explica, cargos intermedios del ministerio o mandos militares. “Quiero explicarle a la ministra que sucesos como el de Hoyo de Manzanares se pueden evitar. Mueren más militares antiexplosivos en España que en Afganistán o Irak. No tiene ninguna lógica. No se nos puede dar material obsoleto para hacer maniobras y que sea más peligroso que en plena zona de operaciones”.
Mientras libra su última batalla, José Manuel mata el tiempo practicando deporte. Ha sido campeón de España, de Europa y del mundo en Triatlón Cross XTERRA para discapacitados en la modalidad de tándem. “Capacidad de sufrimiento no me falta. Lucharé hasta que muera”. Palabra de teniente.
José Manuel Candón perdió el ojo derecho, en el que lleva una prótesis ocular, y le mantiene un 20% en el izquierdo.
José Manuel Candón perdió el ojo derecho, en el que lleva una prótesis ocular, y le mantiene un 20% en el izquierdo. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: Marcos Moreno
« Respuesta #3398 en: 15 de Marzo de 2020, 17:21:40 pm »
El Ejército despliega patrullas en las principales ciudades para luchar contra el coronavirus
La UME inspecciona zonas críticas y Defensa ordena a la farmacia militar aumentar la producción de desinfectantes
Foto y vídeo: Militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).MINISTERIO DE DEFENSA (EUROPA PRESS) / EPV
Madrid - 15 MAR 2020 - 16:09UTC
Las Fuerzas Armadas ha empezado ya a partidipar en la lucha contra el coronavirus. La primera en hacerlo ha sido la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha desplegado en Madrid y otras ciudades españolas donde tiene bases, como Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Patrullas procedentes del Batallón de Emergencias número 1, con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), están realizando este domingo misiones de reconocimiento en puntos críticos de la capital donde pueden producirse aglomeraciones de personas (como estaciones de tren y autobuses), por si fuera necesario realizar labores de desinfección.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido esta mañana una reunión de coordinación en su departamento para abordar las acciones que realizarán las Fuerzas Armadas en la lucha contra la pandemia. En el encuentro se ha acordado crear un mando único que será el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya. A través del Mando de Operaciones, integrará las capacidades operativas, sanitarias, logísticas y de infraestructura pertenecientes a la UME, la Inspección General de Sanidad y la estructura operativa de los tres ejércitos.
A la espera de la cita de coordinación en el Ministerio del Interior, donde se activará el Centro de Coordinación Operativa, (CCO) de lucha contra el coronavirus, se ha decidido que la UME inicie reconocimientos previos y se ha procedido a la activación de personal sanitario militar en la reserva, unos 150 médicos y 70 enfermeros. También se han dado instrucciones a la farmacia militar para que incremente la elaboración de la solución desinfectante hidroalcohólica, así como de otros medicamentos genéricos que fueran necesarios, según ha informado el Ministerio de Defensa.
A la reunión han asistido, además de la ministra y el jefe de la cúpula militar, el secretario de Estado, Ángel Olivares; el subsecretario, Alejo De la Torre; el secretario de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Núñez; el comandante del Mando de Operaciones, teniente general Fernando López Del Pozo; y el jefe de la UME, general Luis Martínez Meijide.
Esta tarde se celebrará en la sede del Mando de Operaciones la reunión inicial de planeamiento operativo. Los miembros de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de apoyo en el marco de la crisis del coronavirus tendrán carácter de agente de la autoridad. Esta consideración figura en una disposición adicional del decreto que declara el estado de alarma, aprobado este sábado por el Consejo de Ministros, que fue introducida a última hora ya que no estaba incluida en el borrador que circuló el sábado por la tarde.
El carácter de agente de la autoridad implica que los militares podrán dar órdenes a los civiles y que quienes las incumplan o se resistan a ellas podrán incurrir en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Hasta ahora, solo dos colectivos dentro de las Fuerzas Armadas, los policías militares y los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tenían esta consideración, precisamente porque en su tarea podían verse obligados a dar órdenes a personal civil.
El Gobierno prevé que unidades militares puedan desplegarse en las calles en tareas de control y vigilancia, para asegurar el cumplimiento de las normas que limitan la libertad de circulación y, en esos supuestos, necesitan tener la consideración de agentes de la autoridad o ir acompañados de alguien que la tenga. El objetivo es descargar de esta tarea a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que puedan dedicarse a misiones más complejas.
Las Fuerzas Armadas han suspendido todos sus ejercicios y maniobras para evitar movimientos de tropas que contribuyan a propagar el virus y tener todas sus capacidades disponibles para colaborar en el combate contra la pandemia.
https://youtu.be/YaUX3o80J5s
« Respuesta #3399 en: 15 de Marzo de 2020, 18:25:47 pm »
Calle Méndez Álvaro (Madrid) hace unos minutos
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References: artículo 12
 resolución 
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8
 resolución 
 artículo 48
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 45
 artículo 47