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Timestamp: 2018-07-21 11:48:56+00:00

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VIII. Garantías de supremacía constitucional - González Cancino
VIII. Garantías de supremacía constitucionalGC2018-06-02T05:08:46+00:00
Capítulo VIII. Garantías de supremacía constitucional
En el capítulo inicial de este libro se identificó a la supremacía como el elemento esencial de toda constitución. Asimismo se definió a la supremacía como el atributo que le confiere a la constitución la capacidad de prevalecer frente al resto de las normas que integran un sistema jurídico estatal.
Ahora corresponde identificar los distintos medios (garantías de supremacía) con los que el Poder Constituyente asegura la supremacía de la constitución y la permanencia de las decisiones fundamentales realizadas al momento de expedirse una constitución.
Para efectos de este trabajo, se entiende por garantías todas aquellas instituciones jurídicas que previenen y sancionan las transgresiones a la constitución.
Se inicia este capítulo contestando la siguiente pregunta: ¿qué disposiciones se protegen mediante las garantías de supremacía constitucional?
La respuesta para el caso de la CPEUM se encuentra en aquellas disposiciones jurídicas que el Poder Constituyente estableció como referentes de validez tanto en su aspecto formal como en su aspecto material.
En relación al aspecto material conviene señalar que la CPEUM incorpora como referentes de validez material normas que no fueron expedidas por el Poder Constituyente, por ejemplo los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
A efecto de tener una clara idea conviene proponer un concepto de bloque de constitucionalidad que se adapte a las características del ordenamiento jurídico mexicano. La utilidad de tal concepto radicará en señalar aquellas disposiciones jurídicas objeto de las garantías de supremacía.
Dadas las características particulares del sistema jurídico mexicano se puede decir que el bloque de constitucionalidad es el conjunto de cuerpos normativos designados por una constitución como referentes materiales de validez, es decir, son todas aquellas normas jurídicas cuyos contenidos deben ser respetados por los Poderes Constituidos (en contraposición al Poder Constituyente).
Si se analiza la función que cumple el bloque de constitucionalidad uno puede percatarse de la gran similitud que existe con concepto de “Constitución en sentido amplio” de Hans Kelsen (La Garantía de Jurisdiccionalidad de la Constitución, 1974).
es la norma que regula la elaboración de las leyes, de las normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos estatales, tribunales y autoridades administrativas. Esta regla de creación de las normas jurídicas esenciales del Estado, de determinación de los órganos y del procedimiento de la legislación, forma la Constitución en sentido propio, originario y estricto del término.
Si el derecho positivo conoce una forma constitucional especial, distinta a la forma legal, nada se opone a que esa forma sea empleada también para ciertas normas que no entran en la Constitución en sentido estricto, principalmente para las normas que no regulan la creación sino el contenido de las leyes. De ahí resulta la noción de Constitución en sentido amplio. Es este sentido amplio el que está en juego cuando las Constituciones modernas contienen, no solamente normas sobre los órganos y el procedimiento de legislación, sino, además, un catálogo de derechos fundamentales de los individuos o libertades individuales. Es por ello – es el sentido primordial, si no exclusivo de esta práctica-, que la Constitución señala principios, direcciones y límites, para el contenido de las leyes futuras.
Como se puede observar, una Constitución está formada por las normas que regulan la conducta de los órganos constituidos y el contenido del resto de las disposiciones normativas de un sistema jurídico particular.
De lo anterior se puede concluir que una norma será constitucional cuando 1) regule la conducta de los órganos constituidos o 2) determine el contenido del resto de las normas creadas en un sistema jurídico.
Tal vez la característica que permita distinguir dichos conceptos es que en el caso de un bloque de constitucionalidad hay una diversidad de cuerpos normativos (por ejemplo: constitución + tratados internacionales), pero en ambos casos se alude a las normas jurídicas que deben ser observadas por los órganos constituidos.
Si se analiza la CPEUM resulta que las normas en materia de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales regulan la conducta de todas las autoridades mexicanas, pues en términos de los párrafos primero y tercero del artículo 1° están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
Lo anterior demuestra que la Reforma Constitucional publicada el pasado 10 de junio de 2011 modificó el bloque de constitucionalidad.
Prueba de ello es que las normas contenidas en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos cuentan con el atributo propio de toda norma constitucional, a saber, la supremacía normativa en su aspecto material, misma que se traduce en ser las normas que sirven para determinar la regularidad material del resto del ordenamiento jurídico.
Cabe señalar que no se puede hablar de una supremacía en el aspecto formal debido a que fue la propia CPEUM la que incorporó a los tratados internacionales al derecho interno, lo cual implica una relación subordinación de los tratados internacionales respecto de la Constitución y no una relación de igualdad jerárquica.
Los artículos constitucionales en donde se puede apreciar la supremacía material de los tratados que contengan derechos humanos son el artículo 1° y 103.
Tal como se desprende del artículo 103 del texto Constitucional, los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos y garantías, pueden invalidar normas generales, actos u omisiones de la autoridad, y ello demuestra que dichas normas son supremas.
En el mismo sentido se tiene al artículo 1° Constitucional:
Es importante mencionar que el concepto de bloque de constitucionalidad puede válidamente aplicarse al caso mexicano aún antes de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, ya que el Poder Constituyente de 1917 en forma expresa señala que la constitución expedida reforma la de 1857, de tal suerte que la constitución de 1857 cumple una función de ordenamiento supletorio.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857.
Otro ejemplo en el cual el Poder Constituyente establece como referente material de validez a otra fuente derecho que no sea el texto expedido por el propio Constituyente se encuentra en el artículo 42 fracción V el cual a su letra indica: “Artículo 42. El territorio nacional comprende: I… V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;”.
El efecto normativo del artículo 42 fracción V de la Constitución radica en que el derecho internacional será el que regule de manera suprema lo relativo a la extensión y demás características de las aguas de los mares territoriales, de tal manera que si el Congreso de la Unión emitiera una ley al respecto que contradijera lo establecido por el derecho internacional, la ley podría declararse como anticonstitucional.
Con base en todo lo expuesto es necesario concluir:
1) El concepto doctrinal de “El bloque de constitucionalidad” es útil para describir el caso mexicano en el que existen diversos cuerpos normativos que materialmente son supremos.
2) Los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos forman parte de aquello que Hans Kelsen denominaba “Constitución en sentido amplio” por ser referentes materiales de regularidad.
Por ultimo, es importante señalar que en materia de derechos humanos la jerarquía normativa pierde relevancia toda vez que el artículo 1° de la CPEUM establece el principio pro persona y dicho principio tiene por efecto dar preferencia a aquella disposición que brinda una mayor protección a los particulares sin importar el rango jerárquico.
Una vez definidas cuáles son las normas que la CPEUM considera como referentes de validez, se describirán algunas de las garantías de supremacía contempladas en el sistema jurídico mexicano.
Las garantías de supremacía pueden ser clasificadas a grandes rasgos en garantías preventivas (tendientes a evitar la violación del bloque de constitucionalidad) y las garantías reactivas (tendientes a sancionar y reestablecer la eficacia del bloque de constitucionalidad).
Garantías preventivas
Algunos de los mecanismos establecidos por el Poder Constituyente para asegurar la observancia y permanencia de la Constitución son:
Las protestas previstas en los artículos 87, 97 y 128 de la CPEUM:
Según lo dicho en el capítulo relativo a la interpretación constitucional, todo precepto contenido en la constitución es vinculante y tiene efectos jurídicos. En consecuencia, las protestas constituyen el fundamento para que toda autoridad realice conductas positivas y negativas tendientes a la plena efectividad de la constitución.
Procedimientos extraordinarios de reforma
Según se vio al abordar el tema de las causas y ámbitos de validez de la constitución, el Poder Constituyente expide una constitución con la intención de que dicho texto normativo tenga una vigencia permanente y obligue a las autoridades constituidas. Dichas finalidades se verían frustradas si las autoridades constituidas pudieran modificar la constitución con demasiada facilidad, lo cual redunda para efectos prácticos en la ausencia de limitación jurídica de la autoridad constituida.
En ese contexto y con el objetivo otorgar una protección a la población frente a los abusos de poder y a su vez permitir la actualización del texto constitucional a las nuevas realidades de una nación, el Congreso Constituyente de 1917 estableció un procedimiento dificultado en el cual además tienen que intervenir distintos órganos para poder modificar la Constitución.
Los procedimientos dificultados de reforma a la constitución son un medio para garantizar la permanencia de las decisiones políticas realizadas por el Poder Constituyente.
Una de las razones por las cuales una autoridad cumple con la constitución es debido a que dicha autoridad carece del poder suficiente para imponer su voluntad a toda una comunidad política. Al respecto puede afirmarse que a mayor concentración de poder, las probabilidades de someterse a la voluntad ajena (en este caso la voluntad del Poder Constituyente) disminuyen. Por lo tanto, resulta conveniente que ninguna autoridad tenga el poder suficiente como para hacer lo que le plazca, siendo esa la razón de ser del principio de división de poderes.
En ese contexto, no solo es prudente que el poder esté dividido y asignado en varias personas o entidades sino que además es necesario que ninguno de los poderes creados tenga la capacidad de someter a los otros. Bajo esa óptica es posible entender los fueros, la irresponsabilidad de los legisladores por la expresión de sus ideas, etc. Enseguida se citan algunos ejemplos de lo anterior previstos en la CPEUM:
Artículo 108…
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Aquellas funciones públicas que son extremadamente trascendentes para el adecuado funcionamiento del gobierno y la observancia del orden impuesto por la constitución ameritan la creación de organismos con una competencia especializada. Dicha especialización resulta conveniente para lograr una eficiencia operativa, misma que justifica que dichos organismos cuenten con autonomía y no estén subordinados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Algunos ejemplos de los organismos constitucionalmente autónomos previstos en la CPEUM son:
Artículo 102…
Artículo 41…
Artículo 26…
Como se puede observar las materias asignadas competencialmente a los organismos constitucionalmente autónomos son trascendentes para la vida política de una comunidad estatal ya que evitan abusos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y ello justifica que estén previstos en una constitución, pues constituyen un medio para perpetuar el orden establecido por el Poder Constituyente.
El amparo vs actos inminentes
En términos de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo es necesaria una afectación actual (artículo 5), situación que no tiene fundamento constitucional y que viola la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos, además de otras disposiciones en materia de derechos humanos. Una vez combatido el precepto de la Ley de amparo que establece dicho requisito, existe la posibilidad de promover amparos en contra de actos inminentes y con ello prevenir una violación a los derechos humanos y a la CPEUM. En caso de que lector esté interesado en un amparo de tal naturaleza se sugiere consulte el siguiente artículo: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/04/la-obligacion-de-prevenir-violaciones.html?m=0
Medidas necesarias para garantizar la efectividad y pleno ejercicio de los derechos humanos
En términos del artículo 1° de la CPEUM los habitantes del territorio mexicano cuentan con las garantías de derechos humanos establecidas en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a cargo de los Estados parte.
Toda vez que la obligación referida consiste precisamente en garantizar el pleno ejercicio, ello implica que deben tomarse medidas que incluso prevengan violaciones a derechos humanos, pues una vez acontecida la violación el ejercicio del derecho resulta imposible.
En cuanto a la naturaleza de las medidas que se pueden tomar para cumplir con esta obligación debe estarse a lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los artículos citados al hacer alusión a las medidas de cualquier carácter necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales facultan ampliamente a las autoridades y dentro de los ejemplos que se pueden citar se encuentra: medidas precautorias innominadas, desaplicación de normas, ordenar estados de suspensión, la aplicación directa de tratados internacionales sin necesidad de desarrollo legal, etc.
En relación a la aplicación directa de tratados internacionales en materia de derechos humanos conviene citar lo establecido por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Observación General número 31.
15. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger eficazmente los derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte habrán de garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar esos derechos. Esos recursos se deben adaptar adecuadamente para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas, en particular los niños. El Comité atribuye importancia a que los Estados Parte establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa del Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas similares o el efecto de la interpretación del Pacto en la aplicación de la legislación nacional.
De lo expuesto resulta que el Estado Mexicano debe tomar acciones preventivas a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y para tal efecto puede tomar medias de cualquier naturaleza (actos legislativos, jurisdiccionales o administrativos).
Garantías reactivas
Las garantías reactivas, a diferencia de las preventivas, surgen una vez cometida la transgresión a la constitución y tienen por objetivo reestablecer el orden constitucional.
La principal sanción aplicable a un acto contrario a la constitución es la nulidad, ello en virtud de que la constitución es el referente de validez formal y material de todo el ordenamiento jurídico según se vio al tratar el tema de la regla de reconocimiento.
Lo anterior es lógico ya que tolerar en el sistema jurídico a una norma o acto contrario al texto constitucional afecta directamente la supremacía y la inviolabilidad del texto expedido por el Poder Constituyente.
A los funcionarios públicos les resultan aplicables, en términos generales y con las propias salvedades por la CPEUM, cuatro regímenes de responsabilidades (civil, penal, administrativa y política) cuando su conducta resulta antijurídica.
En relación a la responsabilidad política debe estarse a lo dispuesto por el artículo 110 de la CPEUM que señala qué funcionarios públicos pueden ser sujetos de juicio político e inclusive sancionados con la destitución o inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Por lo que hace la responsabilidad penal debe observarse lo dispuesto por el artículo 111 de la CPEUM.
Las declaraciones y resoluciones de la (las, sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (y, sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables.
Es importante señalar que el artículo 111 de la CPEUM no establece una irresponsabilidad penal de los funcionarios señalados en el primer párrafo, sino únicamente un presupuesto de procedibilidad que no los excluye del respeto a las leyes penales sustantivas.
Según lo dispuesto por el artículo 109 de la CPEUM, para demandar civilmente a un funcionario no se requiere de declaración de procedencia; por lo tanto, en esos supuestos la autoridad enjuiciada debe ser tratada con igualdad respecto del particular.
La CPEUM pone especial énfasis en la forma en que deben desempeñarse las funciones públicas. Lo anterior se ve reflejado en artículos como el 134 y 109 fracción III.
A continuación se mencionan los procedimientos jurisdiccionales comprendidos dentro de las garantías reactivas.
Los artículos 103 y 107 de la CPEUM contemplan el juicio de amparo como un procedimiento que tiene por objeto impugnar actos de autoridad que violan derechos humanos:
En otro de nuestros libros abundaremos sobre las características de este procedimiento; por ahora basta identificarlo como uno de los distintos medios empleados por el Poder Constituyente para garantizar la supremacía constitucional.
Garantías internacionales previstas en el artículo 103 de la CPEUM.
El artículo 103 de la CPEUM establece dos garantías jurisdiccionales; una de ellas es el juicio de amparo, cuyo desarrollo se regula por los artículos 1° y 107 de la CPEUM y la otra de ellas son las garantías internacionales en materia de derechos humanos previstas en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
A manera de ejemplo de las garantías internacionales referidas por el artículo 103 de la CPEUM se cita el recurso innominado del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo en contra de violaciones de derechos humanos, recurso que es susceptible de aplicación directa, es decir, no requiere de desarrollo legal, en términos de las obligaciones a cargo del Estado Mexicano de garantizar tanto el pleno ejercicio de los derechos humanos como el acceso al recurso efectivo para su protección, que derivan del propio artículo 2; y de la Observación General 31 emitida por el Comité de Derechos Humanos.
Esos recursos se deben adaptar adecuadamente para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas, en particular los niños. El Comité atribuye importancia a que los Estados Parte establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa del Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas similares o el efecto de la interpretación del Pacto en la aplicación de la legislación nacional.
Algo que es importante mencionar, es el hecho de que este recurso innominado tendría incluso una procedencia más amplia que el juicio de amparo ya que no le resultarían aplicables las 23 causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo; lo anterior con fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
La fracción I del artículo 105 de la CPEUM establece un procedimiento jurisdiccional ventilado ante la SCJN en el que las partes legitimadas pueden impugnar actos que resulten anticonstitucionales.
Por otra parte la fracción II del artículo 105 de la CPEUM establece la acción de inconstitucionalidad que tiene un objeto específico de impugnación, a saber, normas generales anticonstitucionales.
Juicio electoral promovido ante el TRIFE
El artículo 99 de la CPEUM establece un procedimiento jurisdiccional en el cual se ventilan las controversias electorales federales.
El artículo 110 de la CPEUM establece qué funcionarios públicos pueden ser enjuiciados a efecto de determinar su responsabilidad política. Si bien este procedimiento no se ventila ante el Poder Judicial, su naturaleza es jurisdiccional.
El artículo 133 de la CPEUM faculta a los órganos jurisdiccionales locales para desaplicar las disposiciones que resulten contrarias a la Constitución Federal.
Control de convencionalidad realizado por órganos jurisdiccionales nacionales
El control de convencionalidad es una garantía de eficacia de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que tiene fundamento tanto a nivel constitucional como en tratados internacionales y que sirve para que el contenido normativo previsto en un tratado internacional prevalezca y sea observado.
Es importante mencionar que el ejercicio del control de convencionalidad no siempre es una garantía de supremacía constitucional ya que existe la posibilidad de que un tratado internacional sea contrario a la CPEUM; piénsese por ejemplo en un tratado internacional que restringe los derechos humanos.
Asimismo conviene señalar que tratándose de derechos humanos la CPEUM expresamente señala que la disposición más benéfica para los particulares es la que debe prevalecer sin importar si la misma está contenida en un tratado internacional o en la propia CPEUM, circunstancia que incluso es acorde con el principal objetivo de toda constitución, proteger la población.
Los artículos de la CPEUM que fundamentan el control de convencionalidad son:
Algunos de los artículos previstos en tratados internacionales que sirven de fundamento al control de convencionalidad son:
26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco vs Los Estados Unidos Mexicanos. Se cita la parte conducente:
339… En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
En relación a esta última sentencia es importante señalar que al momento de realizarse el control de convencionalidad en materia de derechos humanos debe observarse toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, sin importar si el Estado Mexicano fue parte o no de dicho procedimiento contencioso.
Lo anterior es así ya que la Corte Interamericana no realizó distinción alguna al respecto y la sentencia dictada en el Caso Radilla Pacheco ya tiene el carácter de cosa juzgada.
También es relevante considerar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos según lo resuelto en el Caso Radilla Pacheco vs México tiene una jerarquía superior respecto de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello en virtud de que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló expresamente que ella es la última intérprete de la Convención Americana.
Procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Según se vio líneas arriba, los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad; por lo tanto, los procedimientos jurisdiccionales llevados ante la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos que tienen por objeto resolver los conflictos originados con motivo del cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituyen una forma de garantizar la eficacia del bloque constitucional mexicano.
Los artículos 33 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen las facultades de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos para conocer de los conflictos suscitados con motivo del cumplimiento de la Convención:
Procedimiento llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En términos de los artículos 33 y 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana tiene facultades relacionadas con la vigilancia de los Estados parte en el cumplimento de dicha convención.
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión,
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América:
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que estos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención; y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los
Las Comisiones de Derechos Humanos del art. 102
La CPEUM en su artículo 102 apartado B establece un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos a través de las Comisiones de Derechos Humanos.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Como se puede observar, son varios los mecanismos establecidos en la CPEUM para garantizar la plena eficacia del bloque de constitucionalidad. En relación a este tema se sugiere la lectura del siguiente artículo en el que, tomando un caso de la vida real, se muestran las diferentes alternativas para impugnar un acto anticonstitucional: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/06/estrategia-para-defender-la-libertad-de.html
A continuación se desarrollarán algunos casos que merecen un análisis más detallado.
Los casos que se abordarán en este apartado son: en primer lugar el relativo a los actos de la SCJN, el segundo conformado por las determinaciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral y por último las resoluciones dictadas en el contexto del juicio político y la declaración de procedencia.
Tal como se vio a lo largo de este libro, todas las autoridades, sin excepción, están sometidas a la CPEUM, de ahí que sea suprema e inviolable.
Actos anticonstitucionales de la SCJN
Por lo que hace a las resoluciones provenientes de la SCJN, la fracción segunda de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos de dicho tribunal.
II- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia;
Para empezar, habría que cuestionarse la constitucionalidad de la fracción segunda del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe fundamento expreso en la CPEUM que establezca que las resoluciones de la SCJN son irrecurribles y tampoco existe precepto alguno que establezca que la SCJN está eximida de la obligación de respetar a la Constitución y los derechos humanos reconocidos por ella, prevista en los artículos 128, 133 y 1° de la Constitución.
Por otra parte, el hecho de que la Ley de Amparo establezca una causal de improcedencia respecto de los Actos de la SCJN no implica que dicha Autoridad sea incapaz de transgredir la Constitución.
En relación a este tema, no pasa desapercibido que la SCJN es el tribunal con mayor jerarquía dentro del sistema judicial regulado por la CPEUM, y ello hace evidente la inexistencia de un tribunal de alzada dentro del Estado Mexicano que pudiese revisar la regularidad de los actos de la SCJN. Lo anterior no implica que la SCJN sea soberana, pues aún respecto de ella existen mecanismos de control constitucional. A continuación se citan algunos ejemplos:
El primero de ellos consiste en el procedimiento jurisdiccional llevando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en que la SCJN viole los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Disposiciones que sirven de fundamento a lo anterior:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Resulta relevante la interpretación que de dichos preceptos realiza el Comité de Derechos Humanos del propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Observación General número 31, 2004.
4. Las obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango — nacional, regional o local— están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado Parte.
Según la Observación General número 31 la obligación de respetar y proteger los derechos humanos está impuesta a todas las autoridades estatales sin importar su jerarquía; por lo tanto, la SCJN también está obligada a observar las obligaciones existentes en esta materia.
El segundo ejemplo se actualiza cuando la SCJN pretenda quitarle a otra autoridad las facultades que expresamente le otorga la CPEUM; tal es el caso del control difuso del artículo 133. En casos como este, es posible promover el juicio político establecido por el artículo 110 de la CPEUM en contra de los ministros de la SCJN que hayan emitido la resolución correspondiente:
A continuación cita la tesis de jurisprudencia que pudo haber originado un juicio político en contra de los ministros que votaron a favor:
El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por reiteración de criterios. 14 julio de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. X, Agosto de 1999, página 5. No. de registro 193435.
La tesis citada, establece que los órganos jurisdiccionales no tienen facultades del control difuso de la constitucionalidad; es decir, en opinión de los ministros, los tribunales locales no pueden desaplicar leyes inconstitucionales a pesar del texto del artículo 133 de la Constitución que expresamente los faculta para ello:
Como se puede apreciar, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la SCJN es contraria al texto mismo de la CPEUM, y dicha circunstancia implicó una usurpación de las facultades constitucionalmente otorgadas a los tribunales locales; lo cual, en términos del artículo 7 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, constituye un acto que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y por lo tanto susceptible de ser materia de un juicio político.
Actos anticonstitucionales del TRIFE
Otro caso respecto del cual conviene realizar ciertas precisiones es el relativo al Tribunal Federal Electoral, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución, las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral son definitivas e inatacables:
En ese contexto, es necesario delimitar los alcances de la expresión “resolver en forma definitiva e inatacable” a efecto de determinar si los actos del Tribunal Federal Electoral se encuentran regidos por la Constitución y si los mismos son susceptibles de control constitucional.
Para empezar, habría que señalar que el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral se encuentra circunscrito a la competencia que constitucionalmente le fue asignada a dicho Tribunal. Es decir, solamente las resoluciones que estén comprendidas dentro de la materia que debe resolver en términos de la CPEUM, serán definitivas e inatacables.
Al respecto el propio artículo 99 de la Constitución señala expresamente cuáles serán las controversias que el Tribunal Federal Electoral deberá resolver:
Del precepto citado se desprende que el Tribunal Federal Electoral tiene una competencia restringida a los siguientes casos:
Conflictos originados en los procesos electorales
Impugnaciones en contra de las Autoridades Electorales
Violaciones al derecho de votar y ser votado
Violaciones al derecho de afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país
Conflictos laborales del propio Tribunal
Conflictos laborales del Instituto Federal Electoral
Temas relativos a las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral
En relación a estos casos, el Tribunal Federal Electoral debe emitir resoluciones, pero siempre observando lo dispuesto por la CPEUM pues el propio artículo así lo señala al establecer que el tribunal resolverá “en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución”, situación que implica que debe respetar las garantías del debido proceso de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y por lo que hace a los conflictos laborales debe respetar el contenido del artículo 123 Constitucional.
Por lo tanto, si el Tribunal Federal Electoral al resolver algunos de los conflictos descritos en el artículo 99 de la CPEUM viola las garantías del debido proceso, dichas violaciones claramente están fuera de su competencia y en consecuencia se aplican las reglas generales de los artículos 1°, 103 y 107 de la Constitución que establecen la procedencia del juicio de amparo.
La excepción señalada por el artículo 107 Constitucional, no se actualizaría en los casos en estudio, ello debido a que en los juicios de amparo correspondientes, los conceptos de violación no se fundarían en los derechos electorales, sino en los derechos del debido proceso y, en su caso, en los derechos derivados del artículo 123 de la Constitución.
La anterior interpretación se ve reforzada por el principio pro persona del artículo 1° de la Constitución y por el propio artículo 17 Constitucional que establece el derecho de acceso a la justicia.
Anticonstitucionalidad en el contexto del juicio político
En términos del artículo 110 de la CPEUM las resoluciones dictadas en el juicio político son definitivas e inatacables.
Al igual que las determinaciones dictadas por el Tribunal Federal Electoral, las resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores solamente serán inatacables cuando se haya respetado el debido proceso y no se exceda la competencia otorgada por la CPEUM.
Para comprender de mejor manera lo anterior, supóngase el caso de que la resolución final del juicio político determina destituir y desterrar al funcionario público procesado.
En ese supuesto, el funcionario público podría impugnar incluso vía juicio de amparo la resolución, toda vez que el destierro es una sanción prohibida por la CPEUM, según el artículo 5: “Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.”
Cosa distinta sucede en lo concerniente a la sanción de destitución que sí está autorizada por la CPEUM.
Como se puede observer, el carácter irrecurrible de los actos de autoridad tiene alcances muy precisos y siempre presupone que otros derechos no fueron transgredidos.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 103
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 1

Artículo 108

Artículo 111

Artículo 102

Artículo 41

Artículo 26
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 109
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 99
 artículo 110
 artículo 133
 artículo 102
 artículo 61
 artículo 2
 artículo 133
 artículo 110
 resolución 
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 7
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 123
 artículo 99
 artículo 107
 artículo 123
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 110
 resolución 
 artículo 5