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Timestamp: 2019-05-27 01:37:35+00:00

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﻿ SENTENCIA 2006-00937/19626 DE JUNIO 15 DE 2017
SENTENCIA 2006-00937 DE 15 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:SUPERINTENDENCIA FINANCIERA TIENE LA POTESTAD DE IMPONER SANCIONES POR EL DESCONOCIMIENTO DE ACTOS NORMATIVOS. SE ESTABLECE QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN DE LA NORMA QUE IMPARTA LA INSTRUCCIÓN DE VIGILANCIA (CIRCULAR, ÓRDENES, REGLAMENTOS), LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA TIENE LA POTESTAD DE IMPONER SANCIONES POR EL DESCONOCIMIENTO DE ACTOS NORMATIVOS QUE HA EXPEDIDO CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, PUES TODOS TIENEN LA EFECTIVIDAD JURÍDICA DE SER APLICABLES A LAS ENTIDADES VIGILADAS Y CAUSAR CONSECUENCIAS TANTO JURÍDICAS COMO ADMINISTRATIVAS, YA QUE DE LO CONTRARIO NO SERÍAN ATENDIDAS POR FALTA DE OBLIGATORIEDADEN ESE SENTIDO LAS MULTAS IMPUESTAS A ENTIDADES POR DEFECTOS POR INCONSISTENCIAS CONTABLES FUNDADAS EN EL DESCONOCIMIENTO DE LA CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA 100 DE 1995, QUE REÚNEN LOS DIFERENTES INSTRUCTIVOS VIGENTES EN MATERIA CONTABLE Y FINANCIERA, QUE NO ESTÁN EXPRESAMENTE REGLADOS EN EL PLAN ÚNICO DE CUENTAS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE LAS ENTIDADES VIGILADAS DEBEN REPORTAR A LA SUPERINTENDENCIA, RESULTAN PROCEDENTES POR EL DESCONOCIMIENTO DE ESOS INSTRUCTIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, FACULTAD SANCIONATORIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, IMPOSICIÓN DE MULTA, SANCIÓN, FACULTAD DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, CIRCULAR
Sentencia 2006-00937/19626 de junio 15 de 2017
Rad. 250002324000200600937 01
Número interno: 19626
Demandante: Fondo Nacional de Ahorro
Demandados: Superintendencia Bancaria de Colombia – Hoy Superintendencia Financiera de Colombia
Tema: Régimen Sancionatorio
Subtema: Multa por defectos por inconsistencias contables.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por Superintendencia Financiera de Colombia, la Sala decide sobre la nulidad la Resolución 0755 del 29 de julio de 2003 “por medio de la cual se impone una sanción pecuniaria”, y de la Resolución 1276 del 1º de septiembre de 2006, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional del Ahorro – FNA”, las dos expedidas por la entonces denominada Superintendencia Bancaria.
En concreto, la Sala debe resolver si era procedente la sanción impuesta por la Superintendencia Bancaria al Fondo Nacional del Ahorro por infringir la regulación financiera y contable prevista en la circular básica contable y financiera 100 de 1995, expedida por la Superintendencia Bancaria.
La Sala anticipa que la respuesta al problema jurídico propuesto es afirmativa y, en consecuencia, revocará la decisión apelada. Para el efecto, reiterará la jurisprudencia de la Sala.
Previo a exponer las razones que sustentan la decisión que se anticipa, la Sala advierte que en la sentencia apelada se decidió “racionalizar y proporcionar” la sanción impuesta mediante los actos administrativos demandados en el entendido de que no era admisible multar a las entidades vigiladas por incumplir la circular básica contable y financiera 100 de 1995.
Así, de las tres multas, cada una por valor de $ 50.000.000, en la sentencia apelada, aunque sin explicar la fórmula utilizada, se decidió reducir a $ 37.500.000 la sanción impuesta por las inconsistencias de las que da cuenta el informe de visita 01-01 y a $ 16.666.666 la multa correspondiente a las infracciones que se advierten en el informe DT2A -008-01.
Sobre esta reducción de la Sanción, la entidad apelante nada dijo. No obstante, es menester precisar que, vistos los actos administrativos demandados, las multas se impusieron, en general, por los hechos reseñados en los informes de visita que, como se precisó en los antecedentes del caso, se tipificaron como infracción a normas que, para el demandante, por su categoría, no podían objeto se sanción.
También se advierte, de los actos demandados, que si bien identifican los hechos constitutivos de cada infracción, no especifican la sanción que por cada hecho correspondía aplicar. Esto porque las multas tuvieron como fundamento el artículo 211 del EOSF, que faculta a la superintendencia a imponer una multa entre $ 500.000 y $ 2.000.0000 (sin actualizar) por los hallazgos que encuentre sobre la violación de normas o reglamentos o de cualquier otra legal a la que estaba sometida la institución investigada. De manera que, el criterio para graduar la sanción es que la multa oscile entre el rango establecido por el artículo 211 del EOSF.
En todo caso, según se lee en la sentencia apelada, la sanción se redujo porque prosperó parcialmente la causal de nulidad “en lo atinente a tres subcargos de los actos acusados”.
Dado que la Sala anticipa que revocará esa decisión de nulidad parcial, porque la Superintendencia Bancaria sí podía imponer multas por incumplir la circular básica contable y financiera 100 de 1995, lo consecuente es que las multas impuestas en los actos demandados se confirmen, en los valores en que fueron impuestas.
— El Fondo Nacional del Ahorro es una empresa industrial y comercial del Estado creada por la Ley 432 de 1998, sometido al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia conforme lo dispone el artículo 55 del Decreto 1453 de 1989(2).
— Entre el 17 de octubre y el 7 de diciembre de 2000(3), el 21 de febrero y el 6 de marzo y el 8 de octubre(4) y el 20 de noviembre de 2001(5), la Superintendencia Bancaria inspeccionó a la entidad demandante. En esas diligencias, la entidad de control advirtió infracciones a la normativa financiera y contable a la que están sometidas las entidades sujetas a su inspección y vigilancia, de las que dan cuenta los informes de inspección DT2B-11, 01-01 y DT2A-008-01(6).
— El 29 de junio de 2003, mediante la Resolución 0755, la Superintendencia Bancaria de Colombia impuso al Fondo Nacional del Ahorro sanciones por valor de $ 150.000.000, por incurrir en las infracciones a la normativa financiera y contable de las que dan cuenta los informes de inspección antes referidos(7).
— El 1º de septiembre 2005, mediante la Resolución 1276, la Superintendencia Bancaria resolvió el recurso de apelación interpuesto por el FNA contra la Resolución 0755 del 29 de junio de 2003, en el sentido de confirmar el acto recurrido(8).
— El 15 de septiembre de 2005, el FNA pagó la sanción impuesta mediante los actos administrativos demandados(9).
3.2. De la sanción por incumplimiento de actos generales expedidos por la Superintendencia Financiera – reiteración jurisprudencial(10).
Según se advirtió, el tribunal estimó improcedente la sanción impuesta por la Superintendencia Bancaria por la aplicación indebida de la circular básica contable y financiera 100 de 1995 pues, por tratarse de un reglamento expedido por la propia entidad demandada, no podía ser tenido como fundamento de la multa en discusión, conforme lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1161 de 2000.
La Superintendencia Financiera, por su parte, alega que el tribunal interpretó inadecuadamente la Sentencia C-1161 de 2000, mediante la que la Corte Constitucional declaró exequible, de manera condicionada, los artículos 209 y 211 del EOSF. Y que, además, desconoció que, a la fecha, ya no existe controversia sobre el hecho de que la Superintendencia Financiera (antes Bancaria) sí puede imponer sanciones por el incumplimiento de los reglamentos expedidos por el ente de control, pues esa facultad quedó consagrada en la Ley 795 de 2003 y que, de paso, así lo ratificó la Corte Constitucional en la Sentencia C-860 de 2006.
La Sala considera que la Superintendencia Financiera sí estaba facultada para sancionar al Fondo Nacional del Ahorro por infringir la circular básica contable y financiera 100 de 1995, expedida por la Superintendencia Bancaria.
En efecto, la Sala parte de precisar que la sanción en discusión se impuso por inobservar la regulación prevista en la circular básica contable y financiera 100 de 1995. Esa circular fue dictada con fundamento en el artículo 326 del EOSF numeral 3, literales a) y b), y 5, literal i), que autoriza a la Superintendencia Financiera a instruir a las vigiladas sobre la manera en que deben cumplir las disposiciones que rigen la actividad financiera, así como para imponer las medidas o sanciones previstas en leyes a esas instituciones, sus directivos, revisor fiscal o empleados, cuando infrinjan la ley, los estatutos o inobserven las instrucciones y órdenes que impartan los entes de control.
La circular básica contable y financiera 100 de 1995 reúne los diferentes instructivos vigentes en materia contable y financiera, que no están expresamente reglados en el plan único de cuentas, así como los requerimientos de información que las entidades vigiladas deben reportar a la Superintendencia.
Ahora, si bien es cierto que en la Sentencia C-1161 de 2000(11), la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de los artículos 209 y 211 del EOSF, “en el entendido de que, conforme a lo señalado en los fundamentos 15, 16, 17 y 18 de esta sentencia, se trata de leyes que se refieren a la actividad de esos funcionarios en las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Bancaria, y que se trata de los reglamentos expedidos por el gobierno en desarrollo de las leyes marco previstas por el artículo 150-19 literal c), y que no deben entenderse incluidos dentro de esos reglamentos las circulares o conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria”, con posterioridad, en la Sentencia C-921 de 2001, que estudió la constitucionalidad del Decreto-Ley 1259 de 1994(12), la Corte Constitucional avaló la facultad de la Superintendencia de Salud para sancionar a las entidades vigiladas con fundamento en la normativa expedida por ese ente de control.
La Sala advierte que el ejercicio de la facultad de supervisión y control esencialmente no varía, así cambie el ramo sobre el que recaiga esa facultad. Se trata del poder de la administración de examinar y verificar las actividades desarrolladas por los particulares en aras de que se cumplan las leyes, los reglamentos, órdenes y demás instructivos necesarios para asegurar que tales actividades respondan a los fines de interés público.
La facultad de policía administrativa, que es como se conoce ese poder de supervisión y control a cargo del Estado, no precisa de la existencia de leyes y reglas ad hoc o híperdetalladas, para que pueda surtirse cabalmente en cada caso. No toda falta debe estar necesariamente descrita al mínimo detalle, pues sería imposible dictar una legislación con ese carácter. A través de normas de textura abierta y de conceptos jurídicos indeterminados se pueden describir las conductas que ameritan reprensión por parte de la autoridad correspondiente.
Entonces, a juicio de la Sala, independientemente de la denominación de la norma que imparta la instrucción de vigilancia (circulares, órdenes, reglamentos), todas tienen la entidad jurídica de ser aplicables a las entidades vigiladas y causar alguna consecuencia también jurídica o administrativa, pues, de lo contrario, no serían atendidas por falta de obligatoriedad.
Debe agregarse que la Corte Constitucional ratificó la potestad sancionadora de la Superintendencia Financiera frente a las entidades vigiladas que incumplan las instrucciones, órdenes, resoluciones o circulares, al considerar que la ambigüedad contenida en algunas normas del EOSF fue corregida con la expedición de la Ley 795 de 2003.
En efecto, con posterioridad a la Sentencia C-1161 de 2000, la Ley 795 de 2003, “Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”, modificó los artículos 52, 209 y 211 de EOSF, en los siguientes términos:
“ART. 52.—Intervención para el desarrollo de la medida de exclusión de activos y pasivos.
El Gobierno Nacional intervendrá para establecer las normas de acuerdo con las cuales se ejecutarán las medidas de exclusión de activos y pasivos y desmonte progresivo de operaciones, de acuerdo con las reglas generales previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En desarrollo de la facultad de intervención que se regula en el presente artículo el Gobierno Nacional dictará las normas aplicables en el evento en que se establezca la existencia de activos sobrevaluados o de pasivos subvaluados.
“ART. 209.—Sanciones administrativas personales. La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en el presente Estatuto a los directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados de una institución sujeta a su vigilancia cuando incurran en cualquiera de los siguientes eventos:
3. Disposiciones relativas a la prevención de conductas delictivas. Cuando la violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el capítulo XVI de la parte tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la multa que podrá imponerse será hasta de mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos ($ 1.742.000.000.00) de 2002.
Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá ordenar al establecimiento multado que destine una suma hasta de mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos ($ 1.742.000.000.00) de 2002 a la implementación de mecanismos correctivos de carácter interno que deberá acordar con el mismo organismo de control.
Entre otros objetivos, la Ley 795 de 2003 tuvo como finalidad modificar el régimen sancionatorio en materia financiera para ajustarlo a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1161 de 2000, según se advierte de la exposición de motivos del proyecto de ley presentado en su oportunidad por el Gobierno Nacional, así:
Finalmente, se modifica en su totalidad la parte séptima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la cual contempla el régimen sancionatorio de competencia de la Superintendencia Bancaria.
En tal sentido, se establece el marco jurídico de la actividad sancionatoria de la Superintendencia Bancaria armonizando de esta forma el contenido de dicha reglamentación con la Sentencia C-1161 del 6 de septiembre de 2000, proferida por la Corte Constitucional(13).
Expedida la Ley 795 de 2003, fueron demandadas las expresiones “de los estatutos sociales” y “de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones” del artículo 209, y “de los estatutos sociales, o de normas o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones” del artículo 211 del EOSF, por quebrantar, presuntamente, los artículos 29, 113, 114, 115, 150 y 189 de la carta política.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-860 de 2006(14), declaró exequibles las normas demandadas. En la providencia referida, en primer lugar, se advirtió que no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada frente a los apartes demandados de los artículos 209 y 211 del EOSF, en relación con lo decidido en la Sentencia C-1161 de 2001, y para el efecto dijo:
Puede apreciarse entonces que estos enunciados normativos guardan semejanza con las disposiciones ahora examinadas en cuanto hace referencia a la previsión que la infracción de los estatutos sociales de las instituciones financieras configure un tipo sancionatorio administrativo, pues esta última expresión es simplemente una precisión del término estatuto inicialmente contenido en el artículo 211 del EOSF. En esa medida la Sentencia C-1161 de 2000 constituye un precedente que deberá ser considerado por esta Corporación al momento de decidir la constitucionalidad de las disposiciones acusadas dentro del presente expediente. Sin embargo, como se dijo anteriormente la existencia de un precedente en la materia no exime a esta corporación de realizar un nuevo examen sobre los enunciados acusados en esta oportunidad, por las razones arriba consignadas.
No ocurre lo mismo con la expresión reglamento contenida en los artículos 209 y 211 originales del EOSF y declarada exequible condicionadamente en el pronunciamiento previo, la cual difiere de los términos normas e instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones contenida en el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, por medio del cual se sustituyen precisamente las disposiciones que fueron objeto de control en la Sentencia C-1161 de 2000.
Entonces, es claro que respecto de las expresiones normas e instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones que trae la actual redacción de los artículos 209 y 211 del EOSF tal como fueron modificados por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003, la Sentencia C-1161 de 2000 no constituye un precedente al cual esté vinculada esta Corporación en esta oportunidad, porque en el anterior pronunciamiento tuvo por objeto un enunciado normativo con un contenido diferente al ahora examinado.
Luego, en relación con el fondo del asunto, esto es, la facultad de la Superintendencia Financiera para imponer sanciones por el incumplimiento de actos expedidos por ese ente de control, la Corte Constitucional advirtió:
(…) la Corte considera que la facultad de que dispone la mencionada autoridad administrativa para sancionar a las entidades vigiladas, así como a sus directivos, por violar las normas o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones, es decir, por desconocer los actos administrativos de contenido general o particular proferidos por ésta, que son simplemente normas mediante las cuales se precisan algunos aspectos técnicos de la norma de rango legal, no desconoce el sometimiento de los particulares a ley, el principio de legalidad, la separación de poderes, ni tampoco permite una usurpación de las competencias del Congreso o del Presidente de la República en materia sancionatoria. Otro tanto sucede con los requerimientos, órdenes o instrucciones que dirija el órgano de control a la entidad vigilada, por cuanto se trata simplemente de medios para lograr el cumplimiento de la ley.
En esa medida el enunciado normativo demandado contiene una referencia al texto legal, porque cuando hace referencia a las normas o instrucciones expedidas por la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones, delimita la naturaleza de las órdenes o instrucciones porque éstas deben tener soporte en las competencias de la Superintendencia, competencias que no sobra decirlo son de origen legal. Por lo tanto la supuesta violación del principio de separación de poderes no tiene lugar porque la Superintendencia no puede crear tipos autónomos, pues en definitiva el ejercicio de sus potestades sancionatorias tiene como referente último las competencias legalmente atribuidas por el Legislador a la entidad estatal.
Así las cosas, acordarle a la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera de Colombia, facultad para imponer sanciones administrativas personales o institucionales a las entidades sometidas a su vigilancia, debido a la ejecución de actos contrarios a las instrucciones previamente dadas por aquélla, bien sea que éstas se encuentren en actos administrativos de contenido general o particular, no vulnera los principios de tipicidad y legalidad, por cuanto, se insiste, los elementos esenciales de la conducta reprochable, el procedimiento a seguir para aplicarla, al igual que la sanción, figuran en el cuerpo de una norma de rango legal. De tal suerte que el instructivo, resolución o circular externa se limitan a precisar algún aspecto técnico de la ley, competencia que se justifica constitucionalmente por las particularidades que ofrece el sector económico sometido a control y vigilancia. Así mismo, la instrucción o requerimiento particulares no estructura nuevos tipos disciplinarios.
La ambigüedad señalada en el anterior pronunciamiento —se refiere a la expresión “de alguna ley o reglamento” del artículo 211 anterior a la sustitución por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003— ha sido superada por la redacción introducida por la Ley 795 de 2003. En efecto, los enunciados normativos actualmente vigentes hacen específica referencia a las normas o instrucciones expedidas por la Superintendencia en el ejercicio de sus atribuciones legales. Es decir, la potestad sancionatoria no se ejerce por la violación de cualquier acto administrativo, sino por el desconocimiento de aquellos que tienen fundamento en las facultades de inspección, vigilancia y control que la ley otorga a la entidad administrativa. No sobra advertir por otra parte que la actuación de la Superintendencia, como en general la de toda la Administración, está sujeta al principio de legalidad, y por lo tanto la expedición de normas e instrucciones debe sujetarse a las competencias conferidas por la ley a esta entidad.
En este orden de ideas, la Corte declarará exequible la expresión “o instrucciones que expida la Superintendencia Bancaria en el ejercicio de sus atribuciones”, de los artículos 209 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sustituidos por el artículo 45 de la Ley 795 de 2003”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la Superintendencia Financiera tiene la potestad de imponer sanciones por el desconocimiento de actos normativos expedidos por ese ente de control con fundamento en las facultades de inspección, vigilancia y control que la ley le otorga(15).
En consecuencia, habida cuenta de que en el caso concreto está probado que las multas se impusieron con fundamento en el desconocimiento de una norma expedida por la Superintendencia Financiera en ejercicio de “las facultades de inspección, vigilancia y control que la ley le otorgó”, la Sala considera que los alegatos propuestos en el recurso de apelación están llamados a prosperar y que, por tanto, el fallo de primera instancia debe ser revocado en cuanto anuló parcialmente los actos demandados.
1. REVÓCASE la Sentencia del 27 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el Fondo Nacional del Ahorro contra la Superintendencia Bancaria - ahora Financiera. En su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
2. RECONÓCESE al abogado Gabriel Humberto Meneses Mariño como apoderado de la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. RECONÓCESE al abogado Edilberto Castellanos Aponte como apoderado del Fondo Nacional del Ahorro.
(2) ART. 55.—Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia Bancaria tendrá respecto al fondo las mismas facultades de inspección, control y vigilancia con que cuenta frente a los demás establecimientos de crédito, en todo lo que no riña con las normas especiales contenidas en la Ley 432 de 1998.
(3) El objetivo general de la inspección era: Evaluar el otorgamiento de crédito, la gestión de cobro, el riesgo de gestión, la razonabilidad de algunos rubros de los estados financieros a octubre de 2000 y los sistemas de información.
(4) El objetivo general de la inspección era: Realizar un seguimiento a la gestión de la administración a partir de la revisión de las actas de la junta directiva, evaluar el programa de alianzas estratégicas, conocer el proyecto COL/96/06 celebrado con el programa de Naciones Unidas para el desarrollo, revisar el proceso de actualización de las garantías y registro contable de la cartera hipotecaria.
(5) El objetivo general de la inspección era: Revisar los riesgos de gestión, control, lavado de activos, inversiones en tesorería, estados financiero, crédito y cartera y tecnológico para determinar la razonabilidad de las cifras a septiembre 30 de 2001, además de hacer el seguimiento al Informe de visita 001 de 2001.
(6) Folios 50 al 301 del CAA.
(7) Folios 54 al 90 del CP.
(8) Folios 127 al 141 del CP.
(9) Folios 99 del CP.
(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 1º de octubre de 2014, rad. 250002324000200700081 01 (18917).
(11) En parte resolutiva de la sentencia la Corte Constitucional dispuso:
Primero: Declarar inexequible el artículo 52 del Decreto-Ley 663 de 1993.
Segundo: Declarar exequible la expresión “de alguna ley o reglamento” contenida en el inciso primero acusado del artículo 209 del Decreto-Ley 663 de 1993, en el entendido de que, conforme a lo señalado en los fundamentos 15, 16, 17 y 18 de esta sentencia, se trata de leyes que se refieren a la actividad de esos funcionarios en las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Bancaria, y que se trata de los reglamentos expedidos por el Gobierno en desarrollo de las leyes marco previstas por el artículo 150-19 literal c), y que no deben entenderse incluidos dentro de esos reglamentos las circulares o conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria.
Tercero: Declarar exequible el resto del inciso primero acusado del artículo 209 del Decreto-Ley 663 de 1993.
Cuarto: Declarar exequible la expresión “reglamento” del ordinal primero del artículo 211 del Decreto-Ley 663 de 1993, en el entendido de que se trata de los reglamentos expedidos por el gobierno en desarrollo de las leyes marco previstas por el artículo 150-19 literal c) y que no deben entenderse incluidos dentro de esos reglamentos las circulares o conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria.
Quinto: Declarar exequible el resto del ordinal primero acusado del artículo 211 del Decreto-Ley 663 de 1993.
(12) Por el cual se reestructura la Superintendencia Nacional de Salud.
(13) Gaceta del Congreso 502, publicada el 28 de septiembre de 2001.
(14) Corte Constitucional. Sentencia C-860 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(15) Folios 99 del CP.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Sentencia del 7 de mayo de 2014), exp. 25000232400020080019901(19795).

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 55
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 326
 artículo 150
 artículo 113
 artículo 209
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 45
 artículo 45
 resolución 
 artículo 211
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 52
 artículo 209
 artículo 150
 artículo 209
 artículo 211
 artículo 150
 artículo 211