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Timestamp: 2013-05-19 04:43:34+00:00

Document:
Angel Fredy Orellana Rios solicitud de Extinción de la Acción Penal por delito de Violación OSJFallo: 1846
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Extinción de la Acción Penal - Prescripción Angel Freddy Orellana Rios procesado y sentenciado por el delito de violación, solicita al Ministerio Público pronuncie requerimiento sobre la pescripción y extinción de la acción penal interpuesta en su contra. Solicitud que fue negada y rechazada mediante dos requirimientos del Fiscal, que motivaron la presente resolución emitida por la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de la Nación que "Niega la extinción y prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo", con argumentos que refuerzan la línea jurisprudencial establecida sobre la prescripción y extinción de la acción penal (SC 010/2004 y su Auto Complementario 0079/2004-ECA; SC 1042/2005; CS 1365/2005), que determinan, que la extinción de la acción penal procede cando la mora procesal va más allá del plazo establecido por ley es responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público, hechos que deben ser fundamentados precisando puntualmente en que parte del expediente están los actuados procesales qu provocaron demora o dilación. Que la extinción o prescripción no opera de manera automática por el transcurso del tiempo.
La resolución tampoco considera los deberes asumidos por el Estado en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Art. 4 c), f) y que refuerza la protección de derechos establecidos en el Art. 3. En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer - Plataforma de Acción de Beijing d. 1 "Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer". En la Declaración y Programa de Acción de Viena B.3.38. Instrumentos del Dereho Internacinal de los Derechos Humanos que por disposición del Art. 410 de la Constitución Política del Estado forman parte del bloque de constitucionalidad. [...]
J.M.C. contra Cesar Mamani Condori Lima - Estupro OSJFallo: 1841
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Violencia Sexual J.M.C. i denuncia por el delito de violación en contra de Cesar Mamani Condori Lima por violación a su hija A.T.C. de 13 años de edad. El juez instructor de la causa dictó auto inicial de instrucción por el delito de violación y el Auto Final de procesamiento también es por el delito de violación. Sin embargo, durante el proceso, el juez de la causa cambia el tipo penal y lo condena por el delito de estupro imponiéndole una pena de cinco años.
El fallo no desarrolla derechos de las mujeres establecidos en normas internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres niñas, que hubieran permitido ampliar el derecho de la víctima a ser oída, gozar de medidas de protección que debió brindarle el Estado y a la igualdad ante la Ley y no discriminación (Arts. 8, 19 y 24 de la Cinvención Americana). Todos en relación al derecho a la no discriminación, a la protección en condiciones de igualdad y al deber que tiene el Estado de abstenerse de incurrir en actos y prácticas de discriminación ( Arts. 1 y 2 de la Convención CEDAW). Al derecho a una vida libre de violencia (Art. 4 de la Convención de Belem do Pará). [...]
J.M.L. contra Tribunal Administrativo del Servicio Departamental de Educación SEDUCA - Amparo Constitucional OSJFallo: 1831
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Denuncia - Violación ONP maestra de la unidad educativa "U" de la localidad de Sica Sica, departamento de La Paz, denunció al Servicio Departamental de Educación (SEDEGES) a Jaime Mamani Laura Director Distrital de Educación de Sica Sica, por la presunta comisión del delito de violación.
Con el argumento que se violaron sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo y al debido proceso, el accionante interpone recurso de Amparo al Tribunal, instancia que revoca la resolución de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, con el argumento de que este tribunal no observó la falta de notificación al tercero interesado (la mujer denunciante del hecho de violación) vulnerando su derecho a la garantía constitucional del debido proceso y por no realizar una adecuada fundamentación del derecho supestamente vulnerado. La resolución si bien protege los derechos de la mujer, lo hace considerando jurisprudencia constitucional y normativa interna del país relacionada con el debido proceso y el derecho a la defensa de la mujer denunciante en su calidad de tercero interesado. No considera el derecho a las garantías judiciales e igualdad ante la ley protegidos [...]
C.E.V.C. contra Carlos Wilder Zeballos Villa, Director Ejecutivo de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo - Amparo Constitucional OSJFallo: 1902
Tema: Trabajo Productivo y Reproductivo Descriptores: Trabajo - Derecho a la Igualdad La accionante C.E.V.C., manifiesta que prestó sus servicios en la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTNPB), en modalidad de contrato como "coordinadora y secretaria general" para el seguimiento del proyecto gestión integrada y plan maestro de la Cuenca del río Pilcomayo.
I.S.M contra Miryam Aguilar Rodriguez, Jueza Sexta de Partido de Trabajo y Seguridad Social y otras - Hábeas Copus OSJFallo: 1822
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Dignidad Humana Dentro del proceso social interpuesto por el Vice Ministerio de Tesoro y Crédito Público contra la compañía Industrial y Comercial Salas S.A. cuya representante es I.S.M. Mediante resolución 43/98 de 8 de abril de 1998 el Juzgado Décimo Tercero en lo Civil y Comercial, declara la quiebra de la Compañia hecho certificado por la Fundación Para el Desarrollo Empresarial - FUNDAEMPRESA el 26 de octubre de 2007, motivos que originaron I.S.M. solicite dejar sin efecto la adopción de cualquier medida coercitiva incluido el apremio, debido a que la quiebra de su empresa impide el ejercicio del comercio y adquiere eficacia jurídica ante terceros a partir de su registro, y que el liquidador deberiá hecerse cargo de establecer la forma de pago de las obligaciones de la Compañia, solicitud que es rechazada, fundamentando que el proceso coactivo social fue iniciado con anterioridad al estado de quiebra de la Compañia.
La Jueza sexta de Partido de Trabajo y Seguridad Social, dispuso tomar conocimiento de los bienes de propiedad de la demandada para ajecutar los mismos y emite mandamiento de apremio, cuyo cumplimiento, ejecutado por un funcionario mensajero del Consejo de la Judicatura (auxiliar III) ocasiona su detención violenta sin tomar en cuenta su delicado estado de salud y avanzada edad (66 años). Es de resaltar, que la circular de la Corte Superior de Distrito Nº 06/2004 PCSJ imposibilita al mencionado mensajero practicar este tipo de diligencia. Frente a esta resolución I.S.M. recurre la resolución de la Jueza Sexta de Partido, de Trabajo y Seguridad Social, argumentando la ilegalidad de la aprehención y solicitando su anulación. Mediante resolución, se rechaza este inciente argumentando que si la sociedad se encuentra en estado de quiebra la acción de responsabilidad puede ser ejecutada por sus acreedores o el síndico de la quiebra y la procedencia del apremio de la personera legal. Resolución que determina una nueva apelación de I.S.M. con explicación de que la resolución carece de argumentos legales.
La Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, niega y declara improcedente el recurso, porque la parte recurrente no habría demostrado sus afirmaciones respecto a la ejecución del mandamiento. Resolución que deternina que bajo los argumentos de procesamiento ilegal e indebido, lesión a sus derechos a la seguridad jurídica petición y libertad física, interponga recurso de habeas corpus contra esta última resolución, el cual es resuelto considerando amplia doctrina constitucional sobre el procesamiento ilegal habeas corpus (SC 1688/2004-R de 19 de octubre, SC 1865/2004-R de 1 de diciembre), señalando que este recurso no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente, lo que implica que quien cree que sus derechos han sido lesionados debe pedir la reparación de los mismos a los jueces [...]
B.R.O- contra Luis Costas, Gabriel Mendoza, Zulma Duarte y Oscar Arce Soliz - Acción de Amparo Constitucional OSJFallo: 1815
Tema: Trabajo Productivo y Reproductivo Descriptores: Embarazo - Maternidad La recurrente, B.R.O., el 4 de mayo de 2004 fue designada jefa del Departamento de Auditoria Interna de la Cámara de Diputados. El 21 de junio de 2005 adjuntando certificado prenatal pone en conocimiento su embarazo, hecho que ocasiona su reasignación a diferentes funciones en cargos de menor jerarquía, quedando finalmente el 20 de junio como responsable del sistema de programación de operaciones, donde sus condiciones de trabajo fueron incomodas, disponía de una silla y compartía escritorio con otro funcionario. Estos hechos determinaron que de jefa del Departamento de Auditoria Interna pase a recibir órdenes del jefe de División (cargo de menor jerarquía) vulneraron el Art. 193 (Protección de la Maternidad) de la Constitución Política del Estado abragada y de la Ley 975 - Inamovilidad de la mujer gestante).
El tribunal Constitucional realiza una adecuada argumentación jurídica en el marco de la jurisprudencia y a la normativa interna del país, orientadas a la protección del derecho a la maternidad, a la seguridad social y por ende a la vida y la salud de la mujer y del ser en gestación, sin embargo no desarrolla estos derechos en base a normativa del derecho internacional de losderechos humanos de las mujeres. Omite fundamentar con los Arts. 8 y 9 del Convenio 183 de la OIT, Art. 2 de la CEDAW. [...]
EHML contra Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz - Acción de Amparo Constitucinal OSJFallo: 1802
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Violación - Complice - Pruebas El Ministerio Público y acusador particular acusan a Luis Fernando Aramayo Rojas (L.F.A.R) y a Remberto Justiniano co imputado (en grado de complicidad) por la comisión del delito de violación, el juez de garantías (8vo de Instrucción Cautelar Penal) considerando el riesgo de fuga y obstaculización, la fuga del co imputado que determina el riesgo de comunicación entre ambos, destrucción o modificación de evidencias, dispone la detención preventiva de L.F.A.R. Situación que dio lugar a que en reiteradas oportunidades solicite la cesación de su detención preventiva. En etapa procesal, el acusado reitera solicitud de cesación de detención preventiva, bajo argumentos de que el co imputado ya se encontraba detenido preventivamente, situación que desvirtuaba las causas que originaron su detención preventiva, solicitud que es rechazada por el Tribunal Segundo de Sentencia considerando que el Auto que anuló los documentos de prueba constituía una prueba de la subsistencia de riesgo y obstaculización. A raiz de este rechazo el acusado L.F.A.R. interpuso recurso de apelación incidental, recurso que es conocido y resuelto por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, instancia judicial que, revoca el Auto de rechazo apelado y concede la cesación de detención preventiva e impone medidas sustitutivas, fundamentando su resolución en el hecho de que el co imputado había sido detenido, realiza una inadecuada valoración de las pruebas ofrecidas, mismas que fueron obtenidas con engaños y rechazadas por el juez instructor.
La resolución no desarrolla derechos específicos de la víctima y tampoco hace referencia a normativa internacional de los derechos de las mujeres, los mismos que pudieron haber sustentado una resolución mas progresista. No se considera el Art. 8 de la Convención Americana, Art. 4 de la Convención Belen Do Para. [...]

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