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Timestamp: 2019-01-21 02:04:04+00:00

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﻿ Sentencia 2007-00970 de agosto 10 de 2011
SENTENCIA 2007-00970 DE 10 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:LOS CONCEPTOS DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA SOBRE TRASLADOS DE EMPLEADOS NO SON VINCULANTES PARA EL NOMINADOR. EL FUNCIONARIO JUDICIAL COMO NOMINADOR TIENE AUTONOMÍA PARA ACATAR CONCEPTOS DE TRASLADOS, EN TANTO ÉSTOS NO SON OBLIGATORIOS, PORQUE SE LIMITAN A CUMPLIR CON LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA DICHO TRASLADO, PERO LA DECISIÓN DE ACEPTAR O NO EL TRASLADO CORRESPONDE AL RESPECTIVO NOMINADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRASLADO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PROCESO DISCIPLINARIO, FUNCIONARIO JUDICIAL, SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD
Sentencia 2007-00970 de agosto 10 de 2011
Rad.: 760011102000200700970-01
Registro de Proyecto: 09 de la fecha
Aprobado Según Acta de Sala 076 de la fecha
Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil once.
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Dr. Ana Mena Zúñiga, contra la sentencia del 08 de abril de 2011, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca(1), mediante la cual le impuso sanción de dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, en su condición de Juez Sexta Civil Municipal de Tuluá, por desconocer el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 134 y 152 Ibídem.
De la información. Fue suministrada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, para poner de presente la omisión de la jueza Zúñiga, en atender el concepto favorable dado para el traslado de la señora Zulma Mejía Hinojosa, de un Juzgado Municipal de Palmira al suyo, para lo cual aportó el respectivo concepto y la Resolución del 13 de junio de 2007 expedida por la funcionaria disciplinada, por la cual se negó a cumplirlo. Considera la Sala informante que esa negativa viola el régimen de deberes de los funcionarios judiciales, al igual que los derechos de los servidores públicos contenido en el artículo 152 numeral 6º de la Ley 270 de 1996, por lo tanto, la Dra. Zúñiga como nominadora, tiene “la obligación de atemperarse a la Constitución Política y a la Ley 270 de 1996 artículos 134, 152 y 153, siendo renuente al cumplimiento de sus deberes, comoquiera que se negó a reconocer el derecho de una empleada, a ser trasladada a un cargo vacante”.
Acontecer procesal
Preliminares. El a quo, por decisión del 10 de agosto de 2007, dispuso de esta fase procesal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002(2). Con ocasión de dicho proveído, se allegó copia del acta de nombramiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de la Dra. Ana Milena Zúñiga, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía Nº 31198.981 y carece de antecedentes disciplinarios(3).
Respondió la funcionaria indagada en punto del señalamiento, para indicar que no aceptó el concepto de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, porque está amparada por sentencia de constitucionalidad como nominadora para separarse de dicho concepto, por ende actuó con el pleno convencimiento de que su comportamiento no constituye falta alguna.
Investigación disciplinaria. Por auto del 22 de octubre de 2009 se procedió conforme al artículo 152 de la Ley 734 de 2002, auto notificado personalmente a la investigada el 17 de noviembre de ese año, sin que se pronunciara al respecto.
Pliego de cargos. Se profirió mediante auto del 10 de diciembre de 2009, por presunto desconocimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, el cual calificó como grave y a título de culpa, en consideración a que “la funcionaria como nominadora de los empleados que conforman la planta de cargos de su despacho, tiene la obligación de atemperarse a la Constitución Política y a la Ley 270 de 1996 artículos 134, 152 y 153 al ser renuente de sus deberes comoquiera que se negó a reconocer el derecho de un empleado”(4).
Notificada de esa pieza procesal, rindió por escrito las explicaciones del caso, reafirmando aquellas razones otorgadas al inicio del proceso, esto es, ratificando la existencia de jurisprudencia de la Corte Constitucional que le permitió negarse a aceptar el concepto de traslado dado por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, referenciadas en la C-295 de 2002 y C-037 de 1996, pues estima que “Ejercer la dirección de un despacho judicial implica velar por tres aspectos en forma simultánea: Calidad, rendimiento y organización, el cambio implicaba una afectación a los tres ejes y ese fue el real motivo para no dar curso al concepto en comento”.
En fase de recaudo probatorio, declaró la señora Luz Mery Palacios de Lorza, quien sostuvo que no tenía nada que aportar al respecto, por cuanto las razones que tuvo la titular del despacho para no aceptar el concepto de traslado de la señora Mejía Hinojosa, fueron el buen funcionamiento del despacho.
Por auto del 26 de septiembre de 2010 se ordenó el traslado para alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público, según garantía dada en el artículo 92-8 de la Ley 734 de 2002.
Compareció en consecuencia el Ministerio Público para solicitar decisión favorable a los intereses de la jueza acusada, por cuanto “observa que se pudo presentar una violación a una regla de cortesía, pero esta conducta no tiene incidencia en materia disciplinaria, menos, tiene efectos jurídicos”(5).
A su turno, la funcionaria acusada, alegó de conclusión para insistir en que la negativa de aceptar el concepto de traslado, se debió “única y exclusivamente en la búsqueda de la eficiencia en la administración de justicia y prestar el servicio con prontitud y eficacia, tal como se venía haciendo con el equipo de trabajo con que contaba el despacho, pues todos conocían de tiempo atrás el funcionamiento del despacho y en el caso de la persona que debía salir del juzgado con el traslado de la señora Mejía Hinojosa, se trataba de un empleado que se había desempeñado en forma idónea en el cargo, conocía el ritmo del juzgado y en su condición de escribiente había tenido la oportunidad de seguir paso a paso la sustanciación de los procesos y tenía clara la etapa procesal de los mismos”(6).
Sentencia apelada. El 08 de abril de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, resolvió sancionar con dos meses de suspensión en el ejercicio del cargo, a la doctora Ana Milena Zúñiga, en su condición de Jueza Sexta Civil Municipal de Tuluá, por faltar al deber previsto en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, toda vez que desconoció lo previsto en los artículos 134, 152 y 153 ibídem al considerar que
“... es innegable que el juez como titular del despacho, ostenta la calidad de nominador de los empleados que han de formar su equipo de trabajo, pero esa facultad se ejerce dentro del marco de las demás normas que regulan la carrera que siguen las personas vinculadas a la rama y no al capricho del funcionario. A la par con lo anterior, y para velar por la objetividad en la incorporación en la carrera y el ejercicio de los derechos de los empleados judiciales, el legislador radicó en cabeza de las Salas Administrativas el estudio de las distintas solicitudes entre ellas las de traslado que le sean propuestas.
Resulta entonces que una vez acreditado por el empleado el cumplimiento de los requisitos para que le sea reconocido un derecho como es el traslado, no es optativo del nominador su reconocimiento, dejando claro que esos requisitos corresponden a factores objetivos, verificados por la Sala Administrativa que emite el concepto consultado con el respectivo nominador, quien podrá negarse, siempre y cuando existan serias (sic) a los factores objetivos de selección”.
Decisión que profirió con base en sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del 4 de septiembre de 2006, en proceso disciplinario surtido por causa similar, pero en ella sancionó al funcionario que desacató un concepto favorable de traslado de empleado judicial, bajo el entendido que dicho concepto es obligatorio para el nominador.
Recurso de apelación. En su escrito por el cual recurre en alzada la sentencia sancionatoria, explicó el carácter vinculante de los conceptos de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, para ello, trae a colación nuevamente la Sentencia C-295 de 2002, que indica la autonomía del nominador frente a conceptos de ese tipo, pues “la autorización a que se refiere la norma debe entenderse como un simple estudio administrativo respecto de la situación del solicitante, sin que esta pueda entenderse como una imposición del candidato a nombrar o del lugar donde será trasladado, pues la decisión final del traslado en todos los casos corresponde al nominador”.
Segunda instancia. La funcionaria sancionada allegó escrito de fecha 13 de junio de este año, para solicitar la nulidad de lo actuado, en tanto no calificación real de la falta, como tampoco existe prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la misma y su responsabilidad. Así mismo expone, que el fallo no tiene el análisis de la culpabilidad y los fundamentos de la graduación de la sanción la exposición fundamentada de los hechos.
Finalizó su petición de nulidad, con el argumento de que “sino (sic) existió prueba que conllevara a la certeza, mucho menos pudo el aguo (sic) utilizar los criterios sancionatorios de graduación de sanción a que se contrae el artículo 47, en mi criterio el fallo carece de objetividad para tipificar la conducta y asimismo (sic) para implementar la gravedad de la presunta falta y de la consecuente sanción, esto es, se produjo una falta motivación en el sentencia, que estaría contarla (sic) en contravía con el artículo 29 superior”.
Competencia. Conforme al artículo 116 de la Constitución Política, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria tiene la facultad de administrar justicia y conforme al artículo 256-3 ibídem conocer de las faltas en que incurran los funcionarios judiciales, tema desarrollado por la Ley 270 de 1996, artículo 112-4 para resolver en apelación de algunas decisiones emitidas por los consejos seccionales de la Judicatura.
La nulidad. El único aspecto que pudiera tratarse por vía del incidente de nulidad, es aquel relativo a la falta de motivación de la sanción, calificación de la falta y la culpabilidad, por ser fenómenos propios de la estructura de la falta disciplinaria de obligatorio acatamiento, pues conforme reseña el Código Disciplinario Único, son valoraciones ineludibles para el juez disciplinario.
Los otros aspectos referidos a la falta de prueba de la existencia de falta y su responsabilidad en la misma, no es la nulidad el medio para controvertir al respecto, por cuanto se trata de valoraciones de fondo, que en fase de juzgamiento, permiten la confrontación directa entre las pruebas y la defensa para determinar la legalidad y acierto de la sentencia apelada. Es entonces asunto extraño a ese instituto previsto para sanear actuaciones, que permitan encausarlas nuevamente para llegar a decisiones no contaminadas desde el punto de vista procesal, es decir, que se garantice adecuadamente el debido proceso.
Pero retomando la solicitud de nulidad en aquellos puntos verificables por esta vía, en principio, se tiene una parca motivación respecto de la calificación de la falta y la culpabilidad en la formulación de cargos, que bien podría dar lugar a decretar como viciosos ese análisis por lo escaso en razón de darse en forma enunciativa únicamente, mas no se dice lo mismo de la sentencia, que desarrolló en forma más amplia dichos criterios, pero se quedó corta la valoración de la sanción. Sin embargo, por motivo de la decisión a tomar en este asunto, la nulidad se torna innecesaria e inocua, pues si puede definir de fondo en forma favorable, nulitar hace que la administración de justicia sea menos eficaz y eficiente, en tanto la prueba recogida legalmente dice de comportamientos sujetos al deber funcional.
El caso. Se trata de resolver por vía de apelación, sobre la sentencia del 08 de abril de 2011, por la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, sancionó con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo, como Jueza Sexta Civil municipal de Tuluá, a la Dra. Ana Milena Zúñiga, con ocasión de la información suministrada por la Sala Administrativa de ese mismo seccional, y relacionada con el hecho de que la funcionaria judicial, desacató su concepto de fecha 23 de mayo de 2007, por el cual “se conceptúa en forma favorable la solicitud de traslado en la modalidad de “servidores de carrera”, de la señora Zulma Mejía Hinojosa”.
Entendió el colegiado informador, que la jueza tenía la obligación de acatar su concepto y aceptar el traslado aludido, conforme sentencia de esta Sala Superior del 04 de septiembre de 2006(7), en la cual se sostuvo que dicho concepto de Sala Administrativa tiene poder vinculante respecto del nominador.
Solución de la controversia disciplinaria. Existe en el plenario, prueba de la conducta desplegada por la disciplinable, considerada por las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, como contraria al deber funcional, así se tiene “CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE (sic) PARA EL TRASLADO DE SERVIDORES DE CARRERA JUDICIAL”(8), emitido por la Sala administrativa enunciada, así mismo se tiene la Resolución 001 del 13 de junio de 2007, por la cual, la funcionaria disciplinable resolvió “no aceptar el traslado propuesto por la señora Zulma Mejía Hinojosa del cargo de escribiente nominado del Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira, Valle, a escribiente nominado de este despacho judicial”(9). Documentos suficientes para entrar a determinar si se conserva o no la presunción de acierto de la sentencia apelada.
Basta con enfrentar los argumentos de uno y otro lado, para extraer la existencia de falta disciplinaria y posible responsabilidad de la Dra. Zúñiga por la no aceptación del concepto de traslado o, en su defecto, concluir en el apego al deber funcional de su parte con la expedición de la mencionada resolución.
Es cierto que existe sentencia judicial, en la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en septiembre de 2006, estableció que los conceptos de las Salas Administrativas de los consejos seccionales de la Judicatura, en punto de traslados de empleados de carrera, resultan vinculantes para los nominadores(10), providencia dada en el radicado 200400051.
Igualmente existe sentencia de la Corte Constitucional —C-295 de 2002— en la cual se hace alusión al respeto por la autonomía del funcionario judicial como nominador para acatar conceptos de traslados, en tanto estos no son obligatorios, porque se limitan a cumplir con la verificación de requisitos para dicho traslado, pero la decisión de aceptar o no el traslado corresponde al respectivo nominador.
Fue este último, el argumento que viene esgrimiendo la funcionaria acusada en el decurso de este proceso disciplinario, el cual dice aplicó con la convicción de estar haciendo lo correcto.
Al respecto pueden puntualizarse varias situaciones que permiten dilucidar el comportamiento funcional como apegado a la legalidad y la jurisprudencia, contrario a la postura de esta Sala en aquella época, que entre otras cosas, no tuvo en cuenta la existencia de sentencia de constitucionalidad como la anunciada por la disciplinada.
Puede advertirse de entrada, que se tiene previsto en la juridicidad colombiana, que los efectos de las decisiones de constitucionalidad que emite la Corte Constitucional, en el control de las leyes conforme la competencia prevista en el artículo 241 de la C.P., hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por ende, sus efectos vinculantes erga omnes, relaciona a todas las autoridades judiciales, razón por la cual no puede sobreponerse la decisión de esta Sala proferida en septiembre de 2006, sobre la concebida en la Sentencia C-295 de 2002.
Precisamente refiere la citada sentencia de constitucionalidad, en punto de los traslados:
“En la medida en que la norma no determina la autoridad encargada de evaluar la solicitud formulada por el servidor interesado y de proponer a este alternativas de traslado, considera la Corte que una lectura sistemática de las disposiciones constitucionales, así como de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, lleva a la conclusión de que es a la Sala Administrativa de los consejos Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso, a la que corresponde esta competencia. Sin embargo, debe aclararse como se hizo en la Sentencia C-037 de 1996, que ello se entiende sin perjuicio de la competencia propia de cada nominador y en particular de aquella reconocida a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. Es decir que como lo señala el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia corresponde a la Sala Administrativa de los consejos Superior o Seccional de la Judicatura emitir un concepto previo en relación con el cumplimiento de los requisitos señalados por el numeral bajo examen, pero la decisión de aceptar el traslado o no corresponde al respectivo nominador.
Finalmente debe aclararse que si bien el aparte final del numeral 1º que se revisa hace referencia solamente al “funcionario”, debe entenderse, como se desprende lógicamente de la lectura sistemática del conjunto del artículo, que la preceptiva legal se aplica igualmente al caso del “empleado judicial”.
En estos términos el numeral primero bajo examen guarda plena armonía con la Constitución y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.2.4. La modificación efectuada por el artículo 1º del proyecto de ley bajo examen al numeral 2º del artículo 134 de la Ley 270 de 1996.
La norma bajo examen suprime la exigencia contenida en el primer inciso del numeral 2º del artículo 134 de la Ley 270 de 1996, de que exista fuerza mayor plenamente comprobada por la Sala Administrativa del Consejo Superior o de los consejos seccionales de la Judicatura, para autorizar los traslados recíprocos entre funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales.
Flexibiliza así la disposición la posibilidad de realizar traslados recíprocos previa solicitud escrita de los funcionarios o empleados interesados, manteniendo en todo caso la autorización previa de la Sala Administrativa del Consejo Superior o de los consejos seccionales de la Judicatura.
La Corte no encuentra reparo constitucional a esta disposición, toda vez que con ella, al tiempo que se facilita un traslado en función de las situaciones particulares de los servidores interesados, se asegura, a través de la autorización previa que prevé la norma, el interés del servicio y la seriedad de las solicitudes presentadas.
Cabe precisar, como lo recuerda el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia en su intervención, que en todo caso la autorización previa a que hace alusión la disposición se entiende sin perjuicio de la competencia propia de cada nominador y en particular de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional (C.P., art. 256 y arts. 131 y 175 de la L. 270/96). En este sentido la autorización a que se refiere la norma debe entenderse como un simple estudio administrativo respecto de la situación del solicitante sin que esta pueda entenderse como una imposición del candidato a nombrar o del lugar a donde será trasladado, pues la decisión final del traslado en todos los casos corresponde al nominador” (resaltado fuera de texto).
Quiere decir entonces, que al tenor de lo previsto en esa sentencia, que por ser de constitucionalidad, se entiende involucrada en el orden jurídico, la funcionaria acusada, al no acogerse al concepto favorable de traslado de la empleada judicial —señora Zulma Mejía Hinojosa— para su despacho, lo que hizo fue asumir una posición tan válida como la misma ley, y mientras se actúe conforme a ella, se está en el marco del deber funcional.
Tan cierto lo anterior, que la resolución del 13 de junio de 2007, expedida por la jueza Zúñiga, fuente de este disciplinario, tuvo el debido soporte jurídico, basado precisamente en esa permisión de ley estatutaria, complementado con el pronunciamiento de constitucionalidad, es decir, no se trató de una improvisación como argumento de defensa en este disciplinario, sino una razonada y mesurada reflexión que le permitió actuar de conformidad.
Así mismo, para no ahondar en el tema, el mismo pronunciamiento de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, deja entrever que su pronunciamiento no es tan vinculante como se pretende hacer ver en la queja —información— disciplinaria en el juicio de reproche disciplinario a quo, pues el concepto del 23 de mayo de 2007, textualmente estipuló:
“Concepto de la Sala:
Visto el análisis precedente, debe decirse que la petición cumple con los requisitos fijados en la normatividad vigente y por ello se conceptúa en forma favorable la solicitud de traslado en la modalidad de “servidores de carrera”, de la señora Zulma Mejía Hinojosa.
Se remite la solicitud, junto con los anexos pertinentes, para la correspondiente decisión por la autoridad nominadora del cargo antes señalado.
La decisión sobre la petición de traslado, debe ser informada en forma inmediata a esta Sala Administrativa, la misma será adoptada mediante resolución” (se resalta fuera de texto).
No se aprecia por parte alguna ese poder obligante para el nominador, excepto que debe pronunciarse mediante resolución sobre la petición de traslado allegada con el concepto y los soportes del caso; situación diferente se da cuando la facultad del nominador refiere a traslados cuya causa obedece a conceptos de seguridad, o cuando se trata de listas enviadas por las salas administrativas de aspirantes de carrera, en cuyos casos, no es potestativo del nominador, sino que trasciende a un imperativo el acatamiento de esas listas o concepto de traslado según el caso.
Es que el mismo legislador distinguió entre lo que es obligatorio para el nominador y lo que es optativo para el mismo, cuando de resolver solicitudes de traslado se trata, en este caso, la norma le da un margen de discrecionalidad, cuando funcionalmente la vincula en un deber de resolver, mas no en una obligación de acoger.
A su turno, el artículo 152-6 de la Ley 270 de 1996, en su tenor literal concibe el traslado como un derecho del servidor judicial, por ende, tampoco se toma en un imperativo de obligatorio acatamiento respecto del traslado para el nominador, pues entiéndase el sentido teleológico de la norma que dicha evaluación indiscutiblemente corresponde al nominador, lo contrario, lo hubiese previsto el mismo legislador estatutario de la administración de justicia, cuando al señalar las funciones de la salas administrativas de los consejos seccionales, en el artículo 101, dispuso un catálogo de competencias para ser cumplidas por ellas, sin embargo, allí no hizo alusión alguna a dicho tema.
Es cierto que el traslado es un derecho del servidor judicial cuando se encuentre disponible la plaza a donde aspira, pero tal derecho no es absoluto, en tanto depende del visto bueno que como concepto aporte la respectiva Sala Administrativa y la decisión final del nominador, cuyo papel no se puede perder por la existencia de ese estudio previo, pues se itera, tal actuación administrativa es un estudio anticipado de los requisitos exigibles por ley, tal como lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-295 de 2002, esto es, un “estudio administrativo respecto de la situación del solicitante, sin que esta pueda entenderse como una imposición del candidato a nombrar o del lugar a donde será trasladado, pues la decisión final del traslado en todos los casos corresponde al nominador”.
Ahora, si por alguna duda pudiera predicarse apartamiento del deber legal conforme a la interpretación que pudiera darse, en el sentido de estarse burlando derechos del aspirante al traslado, debe reconocer que la funcionaria actuó con el convencimiento pleno de estar actuando conforme a derecho, no en vano soportó la decisión de no aceptación del traslado, bajo el argumento de la permisión que le daba la Sentencia C-295 de 2002, tal como motivo en esa decisión:
“Debemos traer a colación el criterio del Doctor Édgar Escobar López, director de la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que dice: “... El nominador tiene la potestad de decidir sobre la prelación de cada una de las causales y traslado que se presenten, así como la de priorizar entre este y la lista de elegibles, conforme a los parámetros delineados en la misma, ya que los conceptos emitidos por los consejos superiores o seccionales de la Judicatura no obligan al nominador independientemente de si existe solicitud de lista o no.
De igual forma la Sentencia C295 de abril 23 de 2002, con ponencia del doctor Álvaro Tafur Galvis, sobre el tema expuesto: “Es decir que como lo señala el presidente de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a la Sala Administrativa de los consejos Superior seccionales de la Judicatura emitir un concepto previo en relación con el cumplimiento de los requisitos señalados por el numeral bajo examen pero la decisión de aceptar el traslado o no corresponde al respectivo nominador”.
Quiere decir entonces, que su comportamiento siempre estuvo acompañado de la convicción —no errónea— de estar actuando conforme a la ley, la jurisprudencia constitucional de vinculación sin reparo y de pronunciamientos del mismo director de la carrera judicial al interior del Consejo Superior de la Judicatura, lo cual conlleva, no a reconocer algún error, sino a entender que estuvo siempre acorde y fiel al deber funcional, independientemente del derecho que le pueda asistir al empleado de carrera que aspiraba al traslado negado, condicionado al estudio y verificación de requisitos por parte del ente administrativo y aceptación del nominador.
En esas condiciones, no es posible predicar la existencia de falta disciplinaria, menos responsabilidad al respecto en cabeza de la Dra. Ana Milena Zúñiga, lo cual implica que frente a la atipicidad deviene la absolución en punto del cargo imputado en primera instancia, razón para revocar la sentencia apelada.
1. Negar la nulidad solicitada por la funcionaria investigada de acuerdo a lo expuesto en precedencia.
2. REVOCAR la sentencia apelada que impuso sanción de suspensión en el cargo de Juez Sexta Civil Municipal de Tuluá, a la Dra. Ana Milena Zúñiga, para en su lugar absolverla de todo cargo, conforme las razones dadas en las motivaciones de esta providencia.
Notifíquese personalmente esta sentencia, para lo cual se comisiona al Consejo Seccional a quo, de no ser posible, previa citación, se realizará la notificación subsidiaria de ley.
Devuélvase el expediente al seccional de origen.
Magistrados: Henry Villarraga Oliveros, Presidente—José Ovidio Claros Polanco, Vicepresidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Jorge Armando Otálora Gómez—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
(1) Magistrada Ponente: Dra. Ruth Patricia Bonilla Vargas con su homólogo Víctor Humberto Marmolejo Roldán.
(3) Ver folios 35 y 38, en los que consta el acta de nombramiento y posesión.
(4) A folios 52 y siguientes se tiene la providencia de cargos, en la que entre otras razones expuso: “La señora Zulma Hinojosa, presentó a solicitud de traslado del cargo de escribiente del Juzgado 6 Civil Municipal de Palmira al cargo de escribiente grado nominado del Juzgado 6 Civil Municipal de Tuluá, previa evaluación de los requisitos legales, la Sala Administrativa emitió concepto sobre el cumplimiento de los requisitos para el traslado de los servidores de carrera judicial Nº 13 del 23 de mayo de 2007, mediante el cual consideró viable el traslado solicitado.
Con oficio número 0917 del 13 de junio de 2007, la secretaria del Juzgado Sexto Civil municipal de Tuluá, remitió copia de la Resolución 001 del 13 de junio de 2007, por medio de la cual resolvió la solicitud de traslado recíproco en la modalidad de servidor de la carrera de la señora Zulma Mejía Hinojosa.
El comportamiento verificable del juez de autos no escapa al control disciplinario, por cuanto el C.D.U., como custodio de esa relación funcional, se activa cuando el servidor público incumple con la función de administrar justicia o aquellos menesteres que por razón de la función le son inherentes o, quizá, en casos de su vida privada que impliquen menoscabar la credibilidad y dignidad de la administración de justicia”.
(5) Concepto vertido a folios 88 y siguientes.
(6) A folio 97 se registra el alegato de conclusión.
(7) Providencia dada en el radicado 200400051.
(8) A folios 4 y siguientes se registra dicho concepto favorable a la solicitud de traslado de la señora Zulma Mejía Hinojosa como escribiente nominado del Juzgado Sexto Civil municipal de Palmira a escribiente nominado del Juzgado Sexto Civil municipal de Tuluá, donde ese titular la disciplinada.
(9) Ver folios 8 al 10 de la citada resolución de no traslado.
(10) Al respecto se dijo en aquella oportunidad que el “mismo legislador estableció como obligatorio para el nominador y no es optativo para el mismo, cuando de resolver solicitudes de traslado se trata, no en vano en el numeral segundo del artículo 1º de la Ley 771 de 2002, modificatorio del artículo 134 de la Ley 270 de 1996, dispuso que procede el traslado previa calificación de la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional según el caso, es decir, la norma no deja margen para la interpretación del nominador como lo hizo en autos la funcionaria disciplinable, anteponiendo circunstancias personales” de quien ocupaba dicho cargo en su despacho.

References: artículo 153
 Resolución 
 artículo 152
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 153
 artículo 92
 artículo 153
 artículo 47
 artículo 29
 artículo 116
 artículo 256
 artículo 112
 Resolución 
 artículo 241
 artículo 1
 artículo 134
 artículo 134
 resolución 
 resolución 
 artículo 152
 artículo 101
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 134