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EL LA PROPIEDAD MINERA DEL ESTADO
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Vicente Giménez Montoya
1 EL LA DOMINIO MINERO EN COLOMBIA PROPIEDAD MINERA DEL ESTADO por JUAN C. MOLINA El Estado tiene el dominio eminente sobre todas las minas en Colombia. El dominio útil o propiedad radica en el mismo Estado o en otras personas naturales o jurídicas, ya sean éstas de naturaleza pública o privada. Por ese dominio eminente o de soberanía, el Estado es el supremo tutor de la propiedad minera, es él quien la ha creado y y quien la atribuye y protege. Cuando el Estado dice que el propietario del suelo es también dueño de determinadas minas, cuando transfiere otras en propiedad a distintas personas, cuando las da en concesión o cuando las explota directamente o por medio de administración delegada, se coloca dentro de los actos de dominio eminente o en el ejercicio de dominio útil que la constitución o las leyes le asignan. Para explicar ese dominio eminente y en ocasiones el dominio útil que el Estado tiene sobre las minas, se han ideado dos teorías que van por sendas tan próximas que a menudo se confunden. Estos sistemas son: el REGALISTA yel DOMINIAL. El REGALISTA se refiere más al soberano, al Estado como sujeto activo de todos los derechos. Originariamente, el REGA- LISMO significaba el conjunto de atribuciones inalienables, las preeminencias y prerrogativas propias del soberano. Era la regia potestad en ejercicio de la soberanía conforme a la cual po
2 día imponer contribuciones y amparar con fórmulas eficaces la propiedad territorial y la riqueza mobiliaria. En una palabra, la regalía era, en este sentido, el ejercicio de los derechos inmanentes del soberano. (Véase Escriche. Diccionario de Legislación). El doctor Joaquín F. González define así el REGALISMO MINERO: "Es aquel que reconoce la intervención del Estado en la adjudicación de ellas (las minas) a los particulares, y establece la facultad del poder público para vigilar, garantir V asegurar por propia utilidad el ejercicio, uso y goce de tod~~ los derechos que el código acuerda a las personas privadas". (Cita de Genser y Barrenechea en su obra "Legislación de Minas"). Estos mismos tratadistas, Genser y Barrenechea, dicen del REGALISMO: "En este punto, forzoso es repetir la definición ya clásica de Migneron, para el cual el derecho regalista consiste en la facultad que tiene el Estado: "19-De reglar el destino de la propiedad subterránea o en otros términos, de conferir el privilegio de explotarla a las personas que puedan darle mayor valor. "Z9-De vigilar su explotación en sus relaciones con el orden público, con la conservación del suelo y con la seguridad de los obreros mineros. "39-De percibir cierto tributo sobre los productos que de la mina obtiene el explotante". El sistema REGALISTA tiene vida secular y no puede por ello considerarse como secuela del derecho moderno en su aspecto de intervencionismo de Estado: Desde el tiempo de los romanos, principalmente en el período de los emperadores, se le puso en práctica, ya para reservarse el Soberano la explotación de determinadas minas yacentes en sus dominios o para cobrar un tributo, regalía o impuesto sobre ellas. España implantó este sistema con mayor vigor y a través de ella llegó a los territorios americanos que fueron sus colonias. En nuestros días, ya por el inf1uj o de las doctrinas socialistas o por el resurgimiento del intervencionismo de Estado, el sistema REGALISTA ha ido cobrando efectivas posiciones dentro de la e~onomía minera. La evolución del derecho minero en Francia, Alemania y Rusia son casos palpables de ello. Con todo, por el sistema REGALISTA, el Estado no puede obrar sino como soberano en ejercicio del dominio eminente de - 10S-
3 la riqueza minera, para reglar, como dice Migneron, el destino de ella, conferir privilegios para explotarla en bien de la comunidad o del interés general, vigilar la explotación, la conservación del suelo y la seguridad de los obreros, lo mismo que para percibir cierto tributo o regalía de los productos de explotación. El tratadista moderno Catalano en su obra "LEGISLACION DE MINAS" dice: "Regalía, es el privilegio del Estado -como entidad soberana y en virtud del dominio eminente que tiene sobre todas las cosas que se encuentran dentro de su territoriode reglar el destino de la propiedad minera, vigilando la concesión, imponiendo en ciertos casos tributos, o participando en los beneficios de la mina, como riqueza colectiva". Pero cuando el Estado trata de ejercitar alguno de los atributos que confiere el dominio sobre las minas (jus utendi, fruendi o abutendi), se sale del REGALISMO para entrar en el sistema DOMINIAL. Este sistema, el DOMINIAL, se acerca más a las modalidades de la propiedad privada y de ahí que se descomponga en los tres atributos que al dominio le asigna el Código Civil (Jus utendi, fruendi o abutendi). Este dominio, cuando el Estado lo ejerce sobre las minas, se descompone en dos grandes grupos: dominio pleno o absoluto, cuando el Estado dispone de las minas como dueño, o cuando las explota directamente o por medio de contratos; y dominio restringido o limitado cuando sólo puede ejercitar uno de los atributos del dominio civil. Así, sobre las minas adjudicables, sólo se tiene el jus abutendi, pues el Estado no puede entrar a explotarlas como empresario; sobre algunas otras minas como las de metales preciosos ubicadas en los lechos de los ríos navegables, sólo tiene el jus fruendi, pues únicamente pueden explotarlas por medio de contratos o concesiones, sin que puedan enajenarlas ni explotarlas directamente, dado el sistema vigente. En cambio, tiene el dominio pleno o absoluto, análogo al dominio civil, sobre algunas minas que son del dominio privado del Estado, tales como las de Marmato y Supía, las de esmeraldas de Muzo, las Salinas de Zipaquirá, etc. El Gobierno Español, mientras tuvo soberanía sobre sus colonias americanas, practicó los sistemas REGALISTA y el DO- MINIAL, haciendo que marcharan paralelamente, pero sin confundirse, y de ellos hizo una admirable síntesis en el artículo 1Q,
4 título 59 de la Ordenanza Minería de Nueva España (México): "Artículo 19 Las minas son propias de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como por su reunión dispuesta en la lei 4;~ tito. 13, lib9 69 de la nueva Recopilación. "2'.1 Sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis Vasallos en propiedad y posesión, de tal manera que puedan venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dexarlas, en testamento por herencia o manda, ó de qualquiera otra manera enagenar el derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos que lo posean, y en personas que puedan adquirirlo. "3'.1 Esta concesión se entiende baxo de dos condiciones: la primera; que hayan de contribuir á mi Real Hacienda la parte de metales señalada; y la segunda, que han de labrar y disfrutar las Minas cumpliendo lo prevenido en estas Ordenanzas, de tal suerte que se entienda perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aquellas en que así se previniere, y puedan concedérsele á otro cualquiera que por este título las denunciare". Cuando el Soberano español dijo que las minas eran de su Real Corona, que no las separaba de su patrimonio aunque las concedía en propiedad y posesión a sus vasallos y que éstos debían contribuír a la Real Hacienda, se colocó dentro del sistema REGALISTA (dominio eminente); y cuando dijo que las daba en propiedad y posesión, de tal manera que sus vasallos pudieran venderlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, etc. entró en el régimen DOMINIAL (jus autendi abutendi). De ahí que con mucha razón el Dr. Ots Capdequi diga en su obra "MANUAL DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL EN INDIAS", tomo 29, pág. 54: "Jurídicamente el dominio eminente de todas las minas seguía siendo patrimonio de la Corona; pero se permitió su beneficio a los particulares que las descubriesen y manifestasen, con arreglo a ciertas condiciones, que cambiaron se?,ún los tiempos, llegando incluso a sancionarse la existencia de mmas de propiedad privada"
5 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROPIEDAD MINERA EN COLOMBIA Desde el tiempo de los romanos se estableció la dualidad de la propiedad territorial y de la propiedad minera, las cuales radicaban ordinariamente en personas distinta~; que llegaron a ser el Estado y las personas naturales. _ Esta noción de las dos propiedades pasó al Derecho Español, y de ahí que se encuentre legislación separada para una y otra propiedad. Es arduo en el derecho, tanto antiguo como moderno, saber hasta dónde va cada una de esas propiedades y a quién pertenecen aquélla y ésta. Los sujetos de ese derecho han sido el Estado y los particulares quienes han vivido siempre en lucha secular, la cual ha tenido sus manifestaciones actuales en el socialismo y en el individualismo. Cuando los españoles pisaron el territorio americano, ya tenían textos legales sobre la propiedad minera. Así, en el "Fuero Viejo de Castilla", se dijo que todas las minas de oro, plata, plomo "et de otra cualquier guisa que minera sea en el señorío del Rey" no pueden ser labradas sin el mandato de éste. En LAS SIETE PARTIDAS (año de 1263, partida 2:)., Ley 5'J-, título 15), se habla de que el señorío Real no es enajenable ni divisible, y entre los bienes sobre que recae tal prohibición, se enumeran las "Mineras si las hi hobiere". Sin que tal ley signifique, anotamos desde ahora, que el Rey tuviera el monopolio de las minas, pues lo que ella significa es que si el Rey las tenía no podrían enajenarse ni dividirse. Esto concuerda con lo que dice Gregario López, al glosar esta partida: el dominio depende de la situación de las minas: son del Rey si se hallan en sus tierras, y de los particulares si se hallan en tierras del dominio privado. Las rentas del dominio del Rey son: de un décimo cuando las minas son ajenas y de dos décimos cuando pertenecen al Patronato Real y se entregan en explotación. Por esta glosa de Gregario López, se ve que el Soberano Español no tenía el monopolio de todas las minas, sino que se había conservado el principio antiguo de dejar unas para los particulares dueños del suelo quienes debían pagar un tributo de
6 un décimo, y otras que eran del Rey quien podía darlas en explotación cobrando una regalía de dos décimos. Algunos comentadores han creído encontrar en la Ley 11, título 28, partida 3;;1, de las mismas SIETE PARTIDAS, una norma de carácter general sobre el monopolio de las minas o mineras a favor de la Corona Real. Ello se debe a que leen mal el texto de tal partida, la cual dice literalmente: "Las rendas de los puertos et los portadgos que dan los mercadores por razón de las cosas que sacan ó meten en la tierra, et las rendas de las salinas, et de las pesqueras, et de las ferrerías, et de los otros metales, et los pechos, et tributos que dan los homes son de los emperadores et de los reyes". Como se ve, esta ley no se refiere a la propiedad minera sino únicamente a los tributos que debían pagarse por la introducción de esas mercancías por los puertos del reino. Años después de expedidas LAS SIETE PARTIDAS, vino el Ordenamiento de Alcalá (1348) en que de una manera precisa se dice que todas las mineras de plata y oro, plomo, y de cualquier otro metal que se encuentre en el señorío Real, pertenecen al Rey, lo mismo que las fuentes y pilas y pozos salados; salvo aquellas minas que los reyes les hubieran dado por privilegio a sus vasallos o que éstos las hubiesen ganado de tiempo inmemorial. En la Ordenanza de Birbiesca del año de 1387 se hace constar que los reyes anteriores se han reservado para sí los mineros de oro y de plata y de otros cualesquier metales situadas en los reinos, y dispone que de allí en adelante cualquiera persona podía buscar, catar y cavar en tierras y heredades y cualquier otro lugar, las minas de oro, plata, azogue, estaño, piedras y cualquier otro metal con la obligación de pagar la regalía o tributo que a la Corona pertenecía. Estas dos leyes, la de Alcalá y la de Birbiesca, estaban en pleno vigor en el momento de descubrirse la América, de modo que por derecho propio y como principios generales entraron a regir en estos territorios. Dejando por el momento algunas leyes de Indias y Cédulas Reales, de que me ocuparé más adelante, sigo con la Legislación General Española en lo concerniente a la propiedad minera
7 Fue durante el gobierno de Felipe II cuando se dictaron leyes mineras que aún hoy se estudian con mucho provecho para la reglamentación de tal industria. Esas disposiciones forman dos grupos que se conocen con el nombre de "Ordenanzas Antiguas" y "Ordenanzas del Nuevo Cuaderno". Las primeras expedidas en Valladolid en 1559, perseguían el fomento de la ~inería y trataron de corregir los vicios a que se había llegado con el acaparamiento de los yacimientos mineros, pues al amparo de la Ordenanza de Birbiesca se entregaron provincias enteras a los señores de realengos, señoríos y obispados, de tal modo que el reino quedó distribuído y repartido entre ellos, pero sin provecho ninguno para la industria, ya que tales señores monopolizaban las minas sin explotarlas ni permitir que se explotaran, y aquellas personas que sabían de la existencia de ricos yacimientos y que tenían interés en explotarlos, se abstenían de ello para evitarse pleitos con sus propietarios titulares. Por tanto, Felipe II dispuso en las Ordenanzas Antiguas revocar y reincorporar en su Corona y patrimonio todas las minas de oro, plata, azogue, en cualquier parte y lugar que se encontraran ya fuera en tierras públicas o en suelos particulares, a pesar de las mercedes que él o los reyes anteriores hubieran hecho a cualquier persona, respetando únicamente las minas de plata y oro que tales personas hubieran descubierto y tuvieran actualmente el laboreo; también exceptuó de esa reincorporación aquellas minas que se hubieran dado en recompensa, siempre que dentro de un año sus beneficiarios exhibieran sus títulos y se les acordara nuevamente tal recompensa. De acuerdo con esta misma ordenanza, se autorizaba para buscar y cavar minas de oro y plata en cualquier parte que se encontraran; la mina debía registrarse sin que ningún otro pudiera entra a cavar ni buscar dentro del territorio amparado con el registro, pero el minero tenía la obligación de mantener trabajos permanentes, so pena de la extinción de su derecho. Las "Ordenanzas Nuevo Cuaderno", expedidas en 1584, revocaron la de Valladolid, dejando únicamente en vigor la Ley 3, 1 que trata de la incorporación en el real patrimonio de las minas de oro, plata y azogue. Esta ordenanza es un verdadero código reglamentario de la propiedad y explotación de las minas, código
8 que ha servido de base para la legislación moderna de todos estos países de la América Española. El mismo Felipe 11 dictó la Ordenanza de 1564 sobre minas y pozos de sal, de acuerdo con la reserva que de la propiedad de esas minas se había hecho en las ordenanzas de Alcalá y de Birbiesca. En esta ordenanza de 1564 se ordenó reincoporar en el patrimonio real todas las salinas que pertenecieran a caballeros y particulares, a fin de que estando en manos del rey se pudieran libremente usar y gozar, y se labraran para que hubiera la suficiente provisión de sal. Más tarde, en tiempo de Carlos III y Carlos IV, años de 1780 a 1793, se dictaron medidas sobre la explotación del carbón de piedra, el cual podría buscarse y catearse con arreglo a las leyes y ordenanzas de minas, pero sin estar sujetos estos yacimientos a los pagos de quintos, diezmos o treintenas como en las minas de metales. Los que descubrieran minas de carbón tenían derecho a denunciarlas ya que se les diera el título correspondiente. En la ley de 1789, se declaró que tales minas pertenecían al dueño del terreno donde estaban situadas, por no haber quedado comprendidas en las leyes y ordenanzas que declaraban cuáles eran las minas del real patrimonio, pero luégo reservó la Corona, en la Ley de 1792, la suprema regalía de incorporar en sí la mina o minas de carbón que necesitara para el uso de la marina real, fundiciones o cualquier servicio público. Las que estuvieran en terrenos baldíos se incorporarían sin recompensa pero se pagaría su justo valor de las que pertenecieran a consejos, comunidades o particulares. Hasta aquí las leyes de carácter general que rigieron en España y sus colonias hasta el momento en que éstas se emanciparon. Pero para la América Española hubo legislación especial que se aplicaba de preferencia en todas las cuestiones por ella reglamentadas, de modo que esas leyes de carácter general incorporadas en la Nueva Recopilación y más tarde en la Novísima Recopilación, sólo se aplicaban a falta de legislación especial para estas colonias. Estas leyes se codificaron bajo el nombre de "LEYES DE INDIAS". Son numerosas y tienen varios títulos destinados a las minas, principalmente en la parte reglamentaria o adjetiva
9 En algunas de esas leyes y en varias cédulas reales se habla del dominio del Soberano Español sobre todas las minas que se encontraran en la América. Juan de Solórzano en su obra "PüLI- TICA INDIANA" cita varios casos, de los cuales, al tratar del Regalismo, dejé copiados algunos apartes. En otros se dice que el derecho de la Corona se extendía a las "canteras i caleras" V a los minerales no preciosos como el cobre, el plomo, el estañ, los alumbres, los azufres y otros semejantes. Sobre esto puede verse la citada obra del Dr. Ots Capdequi "Derecho Español de las Indias -Capítulo 59- EL DERECHO INDIANO", a quien he seguido en estas citas. Pero a más de que esas leyes y cédulas reales tenían un carácter especialísimo para algunos Virreinatos o Presidencia de la América, aceptándolas, sin embargo, como de carácter general para estos territorios, se encuentra en ellas que la afirmación que hacía el rey respecto de su dominio absoluto sobre todas -las minas en la América, no tenía más razón que la de colocarlas dentro del dominio eminente o regalismo para poder cobrar el tributo o regalía que era la finalidad principal que el soberano perseguía en las explotaciones mineras de la América. Para demostrar que el Soberano Español no se creía como dueño particular de todas las minas, basta volver a citar la Ley 2'.l de 1789, donde dijo: "No siendo el carbón de piedra metal ni semimetal, ni otra alguna de las cosas comprehendidas en las leyes y ordenanzas que declaran las minas propias del real patrimonio, sea libre su beneficio, y tráfico por mar y tierra para todo el reino, y no se impida su extracción por mar, para comerciar con él en países extranjeros". Salvo lo que se dijo en algunas de las leyes especiales de Indias o en algunas cédulas reales, las leyes fundamentales sobre la propiedad minera siguieron siendo las de Alcalá, Birbiesca y las de Felipe 1I, las cuales volvieron a figurar íntegramente en la Novísima Recopilación de Por consiguiente, al iniciarse la República quedaron como de propiedad de ésta, en su condición de sucesora de la Corona Española, todas las minas de oro, plata, plomo, piedras y las de cualquier atto metal. También pasaron a ser propiedad del Estado algunas minas que, como bien fiscal, pertenecían a la Corona, tales como las minas de Marmato y Supía, las de esmeraldas, etc
10 La República de Colombia, al iniciar su vida independiente, dejó en vigor las leyes españolas que no fueran contrarias a las normas legales dictadas por el nuevo gobierno. En lo atinente a la propiedad minera, vino como canon fundamental en esas primeras épocas de la República, el Decreto del Libertador dictado en Quito el 24 de octubre de 1829, en cuyo primer artículo se dijo: "Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto". Tampoco introdujo este estatuto cambio fundamental en cuanto a la propiedad de las minas, pues en el mismo artículo 1(.J, arriba transcrito, dice que corresponden a la República las minas de cualquier clase "conforme a las leyes" y "bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto". De modo que la propiedad minera del Estado debía conformarse a las leyes entonces vigentes que, por lo que respecta a la propiedad minera, eran las mismas que el gobierno español había implantado aquí durante la Colonia. Comprendían tales leyes las minas de oro, plata, plomo, azogue y otros metales entre los cuales, en los últimos tiempos, quedó j ncluído el platino; las piedras preciosas, la sal gema y algunas substancias específicamente determinadas. De modo que el Decreto del Libertador no aumentó ni disminuyó el patrimonio minero del Estado ni el de los particulares. Por tal razón, en el artículo 29 de ese Decreto se habla únicamente de las minas de metales y de piedras preciosas, sin que en el cuerpo de él se haga mención a minas distintas. Es verdad que por el mismo Decreto del Libertador se puso en vigencia la Ordenanza de Minería de Nueva España en cuyo título 69, artículo 19, ordinal 22, se enumeran algunas sustancias metálicas y no metálicas, tales como el cobre, plomo, sal gema, los bitúmenes o jugos de la tierra, ete., pero tal disposición no rigió entre nosotros, por cuanto el mismo decreto dijo que se observaría la Ordenanza de Minas de Nueva España menos en todo lo que se hallara reformada por tal decreto. Este, en su citado artículo 19, había dicho cuáles eran las minas de la República, con referencia a las leyes españolas que aquí habían regido antes
11 Este orden de cosas siguió así hasta el año de 1858 en que la Constitución de entonces cedió a favor de los Estados Soberanos que integraban la Unión, todas las minas, con excepción de las esmeraldas y sal gema, las cuales siguieron perteneciendo a la República ya estuvieran o no en tierras baldías. También quedaron de propiedad de la Nación aquellas minas que como patrimonio privado heredó de la Corona Española. Se dispuso en el artículo 8(} de tal Constitución que "todos los objetos que no fueran atribuídos a la Nación serían de la competencia de los Estados Soberanos". De acuerdo con esta disposición las minas que no se reservó la Nación, pasaron a ser de propiedad de los Estados Soberanos, los cuales expidieron su legislación propia sobre el ramo minero. La Constitución Federal de 1863 no introdujo variación ninguna a la de 1858 sobre la propiedad minera, pero algunos de los Estados Soberanos declararon que determinado grupo de minas pertenecían al dueño del terreno. De este modo volvieron a reincorporarse a la Nación las minas que pertenecían al dueño del suelo por tener ella el dominio de grandes extensiones de tierras baldías. De ahí que en el año de 1868, la Ley 13 sobre explotación de minas y depósitos de carbón por cuenta de la Nación, dispusiera en su artículo 1q: "La República se reserva la propiedad de las minas y depósitos de carbón situados en terrenos baldíos, o que por cualquier otro título le pertenezcan, siempre que dichos terrenos estén situados en los departamentos de Padilla, Valledupar, Tenerife y Banco, en el Estado del Magdalena, o a una distancia que no pase de 50 kilómetros de las riberas del mar en las costas de ambos océanos de los ríos navegables. Dichas minas o depósitos no se entenderán vendidos ni adjudicados con los terrenos, y serán beneficiados por cuenta de la República, en virtud de los contratos que al efecto celebre el Poder Ejecutivo, los cuales serán sometidos a la aprobación del Congreso". En el año de 1870, la Nación abolió el monopolio fiscal de las esmeraldas y dejó a los Estados en libertad para legislar sobre esos yacimientos como a bien 10 tuvieran, pero manteniendo el principio de la libertad de explotación por los particulares. Conservó únicamente la Nación las minas de esmeraldas explotadas
12 por ella hasta entonces, de las cuales había estado en posesión el gobierno hasta entonces. Posteriormente, en 1873, por medio de la Ley 2~ se adicionó la de 1868 sobre minas de carbón, en el sentido de establecr que tal reserva se extendía a todas las minas y depósitos de carbón situados en baldíos. Allí mismo se dieron normas para la celebración de contratos sobre la explotación de esas minas. En este mismo año de 1873, se expedió la Ley 106 que contiene el Código Fiscal Nacional. Esta ley debía entrar a regir el 19 de enero de 1874, con excepción de las disposiciones nuevas sobre aduanas que regirían desde su publicación en el periódico oficial. El ejecutivo quedó facultado para poner en vigencia antes del 19 de enero de 1874, aquellas disposiciones de ese Código que a su juicio creyera conveniente. En ejercicio de esta facultad, el gobierno anticipó la vigencia del título X sobre "TIERRAS BALDIAS", el cual entró a regir el 28 de octubre de 1873, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial. De ahí que se tenga tal fecha como punto de partida para la reserva minera. Adelante en este estudio, al tratar de la adopción del Código Fiscal en 1887, demostraré que la reserva minera no fue hecha el 28 de octubre de El Código Fiscal de ese año dijo en el artículo 1.102: "Pertenecen a la Nación las minas de metales preciosos, descubiertas o que se descubran en tierras baldías u otras que le correspondan por cualquier título y que no hayan sido adjudicadas". Esta disposición fue derogada en 1876 por cuanto los Estados Soberanos alegaron que las minas de metales preciosos les pertenecían aunque estuvieran en terrenos baldíos. Pero quedó vigente el artículo que estableció: "La República se reserva la propiedad de las minas y depósitos de carbón, así como también los de huano y cualquier otro abono semejante que se encuentren en los terrenos baldíos de la Nación, o en los que por otro título distinto le pertenezcan". Sobre estas minas y depósitos el artículo dispuso: "Dichas minas o depósitos no se entenderán vendidos ni adjudicados con los terrenos, y serán beneficiados por cuenta de la República en virtud de los contratos que la República en virtud de los contratos que al efecto celebre el Poder Ejecutivo". Sobre los metales no preciosos y otras sustancias dijo el artículo 1.126: "Las minas de cobre, de hierro y otros metales no
13 preciosos, las de azufre y demás no expresadas en este título, que se descubran en terrenos baldíos o de propiedad nacional, son también de la Unión, y sobre su explotación, arrendamiento, adjudicación, ete., se aplicarán las disposiciones análogas contenidas en los capítulos anteriores y en el Código de Fomento". La reserva minera hecha en el Código de 1873, se halla contenida propiamente en los artículos y transcritos y los efectos de esa reserva sólo se extendían a que esas minas o depósitos no quedaban inc1uídos en las adjudicaciones de terrenos, pero no significaba esto que el Estado hubiera de conservarlas dentro de su patrimonio para explotarlas directamente, sino que en el último de tales artículos, el 1.126, se dijo que tales yacimientos podían ser adj udicados o dados en arrendamiento. Por ese mismo Código se confirmó lo dicho en 1870 sobre las minas de esmeraldas las cuales podrían ser explotadas libremente, reservándose únicamente las que en ese momento poseía la República (art ). Los Estados Soberanos que entonces integraban la Unión Colombiana, como dueños de las minas que les habíaú reconocido las constituciones de 1858 y 1863, entraron a legislar sobre ese ramo con diverso criterio, pero coincidiendo casi todos ellos en reservarse para el Estado la propiedad de algunas minas y dejar al dueño del terreno las otras. De las minas reservadas por cada Estado, la mayor parte tenían el carácter de adjudicables, con transmisión de dominio a los particulares y así vino en cada Estado a constituírse una propiedad minera distinta de la del terreno donde se hallaba ubicada la mina, en tanto que los propietarios territoriales eran tenidos como dueños de otras minas que se hallaran ubicadas dentro de su respectivo inmueble. Al finalizar en 1886 el período federal, la propiedad minera estaba dividida así: Pertenecían a la Nación: a)-las minas de sal-gema que estuvieran o no en tierras baldías (Constituciones de 1858 Y 1863); b )-Las minas o depósitos de carbón que se encontraran en los terrenos baldíos o que eran baldíos al entrar en vigencia la Ley 13 de c)-las minas o depósitos de carbón que se encontraran en las demás tierras baldías, conforme a la Ley 29 de 1873;
14 ch )-Las minas de carbón, cobre, hierro, azufre y las demás no expresadas en el respectivo título del Código Fiscal de 1873 (artículos 1.116, Y 1.126), ubicadas en terrenos baldíos o adjudicados con posterioridad al 28 de octubre de 1873, y d )-Las de patrimonio privado de la Nación. A los Estados Soberanos pertenecían: a)-las minas que habían recibido de la N ación conforme a la Constitución de 1858 y a la de 1863 y que aquellos Estados no hubieran cedido a personas naturales o jurídicas por adjudicación o por accesión al suelo, y b)-las que la Nación les cedió a los mismos Estados a título de indemnización o de compensación. A los particulares pertenecían: a)-las minas que la Nación o los Estados Soberanos les habían adjudicado; b)-las que los mismos Estados Soberanos les habían reconocido por accesión a los dueños del terreno
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DOMINIO MARÍTIMO Lic. Graciela Aguilar www.datadipuy.com Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR ) Abierta a la firma el 10 de diciembre de 1982, en Montego Bay (Jamaica).

References: artículo 1
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 artículo 29
 artículo 19
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 artículo 8
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