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Timestamp: 2018-08-19 08:17:47+00:00

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Tema 17. Delitos contra la Ad. de justicia [65870] | Derecho penal (Clasificación del delito) (UPF) | Unybook
Tema 17. Delitos contra la Ad. de justicia (2015)
Tema 17. Delitos contra la Ad. de justicia
Derecho penal TEMA 17. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA I.
LA PREVARICACIÓN (arts. 446-449 CP) 1. La prevaricación judicial dolosa Artículo 446 El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: 1º) Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
2º) Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.
3º) Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.
Resolución injusta cuando «la aplicación del derecho se ha realizado desconociendo los medios y los métodos de la interpretación aceptables en un Estado de Derecho», apartándose «de todas las opciones jurídicamente defendibles», esto es, de «las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, en aquellos casos en los que la norma pueda ser susceptible de distintas interpretaciones» En toda resolución judicial cabe distinguir dos operaciones: 1) Fijación de los hechos o antecedentes fáctico s relevantes (el juicio fáctico) 2) Subsunción de tales hechos en las normas aplicables al caso (la subsunción jurídica).
La prevaricación, por tanto, puede producirse en cualquiera de estos dos niveles: a) En el nivel del juicio fáctico, cuando la resolución señale como hechos probados o antecedentes fácticos relevantes hechos falsos o no acaecidos.
b) En el nivel del juicio de subsunción, cabrá hablar de «resolución injusta» cuando ésta aplique normas inexistentes, derogadas o manifiestamente inaplicables al caso; cuando las interprete sin acudir a ninguno de los cánones aceptados en Derecho; cuando acuerde la adopción de las consecuencias jurídicas previstas en una determinada norma pese a constatar que no concurren sus presupuestos fáctico s más esenciales, etc.
¿Quién debe responder -por el delito de prevaricación- cuando la resolución injusta emana de un tribunal colegiado? a) Presupuestos fácticos  Sólo el ponente responderá por prevaricación, quedando los demás miembros del tribunal exonerados de responsabilidad, al estar amparada su conducta por una aplicación legítima del principio de confianza.
b) Juicio de subsunción  Habrán de responder todos los miembros del tribunal que no hayan salvado su responsabilidad mediante la redacción de un voto particular, pues a todo magistrado en activo cabe exigirle que conozca el Derecho vigente y sepa aplicarlo al caso concreto.
Tipo subjetivo: dolo en el sujeto activo (que el juez conozca el carácter injusto de su resolución).
1 Derecho penal 2. La prevaricación judicial imprudente Artículo 447 El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
El juez tiene el deber de estudiar, conocer y retener los datos normativos y jurisprudenciales necesarios para el adecuado desempeño de su función jurisdiccional.
Cabe entender realizado este tipo penal cuando concurra la parte objetiva de la prevaricación y únicamente pueda atribuirse a la inobservancia de la diligencia exigible al juez o magistrado en cuestión.
Resolución “manifiestamente injusta”  plus de exigencia en cuanto al contenido de injusticia de la resolución Tipo subjetivo: el autor tiene que haberse representado -culpa con representación- la posibilidad de la realización del tipo, con lo que los supuestos de culpa inconsciente quedarán fuera del ámbito típico.
3. La negativa a juzgar El art. 1.7 del Código Civil establece que «los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido». Los jueces no pueden abstenerse de juzgar y si incumplen este deber legal de dictar justicia incurren en el delito del art.
448 CP.
Artículo 448 El Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.
4. Retardo malicioso en la Administración de Justicia Artículo 449 1. En la misma pena señalada en el artículo anterior incurrirá el Juez, Magistrado o Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.
Delito de resultado cuya parte objetiva se realizará cuando el resultado típico -el retardo o demora en la tramitación o resolución de un procedimiento judicial- sea imputable objetivamente a alguna de las personas incluidas en el mencionado círculo de posibles sujetos activos, ya sea por omisión -cuando cualquiera de estos responsables omita la conducta que le es exigible para que el procedimiento se tramite o resuelva en un plazo razonable-, ya sea por acción -cuando el retraso se deba a la práctica de diligencias o trámites inútiles o injustificados desde la perspectiva legal.
2 Derecho penal En su vertiente subjetiva, el tipo requiere que el retardo sea «malicioso».
OMISIÓN DEL DEBER DE IMPEDIR DELITOS O DE PROMOVER SU PERSECUCIÓN (art. 450 CP) Artículo 450.1 El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél.
Bien jurídico protegido  Algunos autores: deber de solidaridad general que compete a todo individuo  Otros autores: bienes jurídicos (vida, integridad corporal, libertad, libertad sexual) 1. Omisión del deber de impedir determinados delitos Este es un delito de omisión pura. La conducta consiste en no impedir un delito contra la vida, la integridad, la salud, la libertad o la libertad sexual (bienes jurídicos personales más importantes) cuando el sujeto activo puede, con su intervención y sin riesgo propio o ajeno, impedir el correspondiente delito.
Pena: graduada en función de la entidad del delito no evitado, añadiéndose una regla adicional según la cual la sanción de este delito no puede igualar ni superar a la del delito no impedido.
2. Omisión del deber de promover la persecución de determinados delitos Artículo 450.2 En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia.
III. EL ENCUBRIMIENTO (arts. 451 - 454 CP) Bien jurídico protegido: Administración de Justicia en su vertiente penal.
Elementos comunes a las distintas modalidades típicas de encubrimiento: a) La previa existencia de un delito (incluso leve) objeto de encubrimiento; b) El conocimiento por parte del encubridor del delito antecedente; c) La no participación del encubridor (como autor o cómplice) en el delito encubierto d) La actuación del encubridor ha de producirse con posterioridad a la realización del delito encubierto y no ha de haber sido comprometida o pactada con los intervinientes en dicho delito con anterioridad a la comisión del mismo pues, en tal caso, habrá de ser calificada como complicidad o cooperación necesaria en el correspondiente delito.
3 Derecho penal 1. Modalidades típicas Artículo 451 Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:  FAVORECIMIENTO REAL (el auxilio se proyecta sobre objetos o cosas) 1º) Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.
2º) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.
 FAVORECIMIENTO PERSONAL 3º) Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos.
2. La exclusión de la pena para el cónyuge y parientes Artículo 454  Causa personal de exclusión de la pena Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del número 1º del artículo 451.
IV. LA REALIZACIÓN ARBITRADA DEL PROPIO DERECHO (art. 455 CP) Artículo 455 1. El que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
Bien jurídico protegido: Administración de Justicia como única instancia resolutoria de conflictos autorizada para usar la fuerza.
Jurisprudencia  Interpretación restrictiva de los elementos de este delito, exigiendo que el derecho real o de crédito invocado por el sujeto activo sea un derecho verdaderamente existente, actual y realizable frente al sujeto pasivo deudor.
4 Derecho penal Consumación: No se requiere que el sujeto activo logre su propósito, bastando con que emplee alguno de los indicados medios comisivos para realizar su derecho fuera de las vías legales Tipo subjetivo:  Dolo  Elemento subjetivo del tipo: ánimo de realizar el derecho que se afirma, finalidad que es incompatible con el ánimo de lucro que, de concurrir, excluye la aplicación del arto 455 CP.
LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y LA SIMULACIÓN DE DELITOS (arts. 456 - 457 CP) 1. La acusación y denuncia falsas Artículo 456 1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: 1º) Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.
3º) Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.
Delito pluriofensivo: no sólo se protege a la Administración de Justicia, sino también el honor de las personas falsamente denunciadas o acusadas.
Conducta típica: atribuir falsamente a alguna persona hechos que, de ser ciertos, serían punibles a título de delito.
La denuncia ha de realizarse ante funcionario judicial o administrativo competente para la averiguación de los hechos punibles denunciados. El delito exige asimismo que se dé inicio a un procedimiento judicial para la averiguación del hecho denunciado.
Tipo subjetivo: delito doloso en el que cabe tanto el dolo directo como el eventual.
Dos requisitos de procedibilidad (art. 456.2 CP): a) Que el proceso surgido de la acusación o denuncia falsas haya concluido mediante sentencia o auto firme que acuerde su sobreseimiento o archivo; b) Que la persecución se vea impulsada o bien por el órgano jurisdiccional que ha conocido del procedimiento penal contra la persona falsamente denunciada, o bien por la persona ofendida por la denuncia falsa.
5 Derecho penal 2. La simulación de delitos Artículo 457 El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses.
Tres modalidades típicas: a) Simular ser responsable de una infracción penal b) Simular ser víctima de una infracción penal c) Denunciar una infracción penal inexistente Simulación de delitos vs. Denuncia falsa El autor de la simulación de delito no atribuye falsamente el delito a otra persona sino que, o bien no atribuye a nadie en particular la infracción penal supuestamente cometida, o bien se autoinculpa a sí mismo.
Según la jurisprudencia, este es un delito de resultado para cuya consumación se requiere que se haya llegado a incoar un proceso penal como consecuencia de la simulación de delito o de la denuncia ficticia, por lo que si las actuaciones que se derivan de la simulación no pasan de la fase preprocesal el hecho deberá calificarse como tentativa.
VI. EL FALSO TESTIMONIO (arts. 458 - 462 CP) Artículo 458 1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.
Sujetos activos: tanto los testigos como los peritos o intérpretes que intervengan en un proceso.
Conducta típica: declarar o informar en contra de la verdad objetiva, o bien traducir o interpretar alterando el sentido de lo manifestado por el declarante (en el caso de los intérpretes). Esta conducta típica puede consistir tanto en una acción, como en una omisión.
Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado  Agravación de la pena Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales Internacionales que, en virtud de Tratados debidamente ratificados conforme a la Constitución Española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al declarar en virtud de comisión rogatoria remitida por un Tribunal extranjero.
Artículo 460  Alteración de elementos relevantes pero no esenciales Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.
Artículo 462  Retractación = exención o disminución de la pena Quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate. Si 6 Derecho penal a consecuencia del falso testimonio, se hubiese producido la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado.
Artículo 461 1. El que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces, será castigado con las mismas penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores. (Sólo puede ser sujeto activo quien tiene la condición de parte procesal).
VII. OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y DESLEALTAD PROFESIONAL (arts. 463 - 467 CP) 1. La incomparecencia justificada Sanciones de multa para quienes, por primera vez, no comparezcan a un llamamiento judicial pese a haber sido debidamente citados. Pero para el caso de que el testigo o perito tampoco acuda al segundo llamamiento, los preceptos procesales citados se remiten al delito de obstrucción a la Justicia del art. 463.1 CP o al delito de desobediencia a la autoridad.
Artículo 463 1. El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión.
2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años  Penalidad agravada 3. Si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años.
Art. 463.1 Incomparecencia a juicios penales Dos modalidades típicas: a) Más grave: incomparecencia juicio oral con reo en prisión provisional cuando dicha incomparecencia determina la suspensión del juicio.
b) Menos grave: segunda incomparecencia en causa criminal sin reo en prisión provisional, con o sin suspensión del juicio.
2. Las coacciones, amenazas y represalias contra las personas intervinientes en el proceso Artículo 464 1. El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su 7 Derecho penal actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses.
Bien jurídico protegido: libertad de las personas intervinientes en el proceso (con excepción de las autoridades o funcionarios oficialmente integrados en la Administración de Justicia) frente a quienes pretendan influir en su actuación procesal mediante la violencia o la intimidación.
Las coacciones ejercidas sobre quien todavía no ha intervenido en el procedimiento pueden y deben considerarse incluidas en el tipo.
Delito de tendencia, por lo que no se requiere para su consumación que el intento de influir en la actuación procesal tenga éxito.
Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial (con independencia de si éste ya ha concluido o sigue en curso), sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.
El CP pretende proteger la libertad procesal de los intervinientes en el proceso.
3. Destrucción u ocultamiento de documentos o actuaciones judiciales Expediente judicial: reflejo documental de todo lo actuado desde que se inició el proceso. La alteración u ocultación total o parcial de su contenido puede provocar dilaciones indebidas en el procedimiento o incluso, en aquellos casos en que no se logre finalmente reconstruir las actuaciones en sus elementos más esenciales, o cuando se pierdan elementos documentales irremplazables, ello podrá determinar la imposibilidad de alcanzar una resolución materialmente y, con ello, la frustración de la finalidad del proceso.
Artículo 465 1. El que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de siete a doce meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de tres a seis años.
Según la jurisprudencia, la conducta típica puede llevarse a cabo por omisión, mediante la negativa deliberada a devolver las actuaciones tras haberlas recibido con ocasión de un traslado.
Pena agravada para abogados y procuradores respecto a particulares a causa del deber de cooperación con la Administración de Justicia que tienen estos profesionales.
Si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.
8 Derecho penal 4. Revelación de actuaciones declaradas secretas Artículo 466 1. El abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años.
3. Si la conducta descrita en el apartado primero fuere realizada por cualquier otro particular que intervenga en el proceso, la pena se impondrá en su mitad inferior Para poder realizarse el delito, las actuaciones reveladas tienen que haber sido previamente declaradas secretas de forma expresa.
¿Cómo? Mediante un auto decretando expresamente el secreto de todo o parte del sumario o mediante la posibilidad excepcional de declarar secretas unas actuaciones procesales por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades.
El delito se consuma con la mera infracción del deber de sigilo impuesto mediante la declaración de secreto, sin que se requiera que la revelación infractora llegue a perjudicar el éxito de la investigación judicial o los demás intereses de orden público que determinaron la declaración del secreto de las actuaciones.
Penas:  Básica para los supuestos en que el sujeto activo sea abogado o procurador  Agravada cuando quien revela el secreto es juez, miembro del tribunal, representante del Ministerio fiscal, Letrado de la Administración de Justicia o funcionario al servicio de la Administración de Justicia  Atenuada cuando el responsable de la revelación es un particular.
5. La deslealtad de abogados y procuradores en relación a sus clientes Artículo 467 1. El abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años.
Bien jurídico protegido: deber de lealtad y profesionalidad de los abogados y procuradores para con sus clientes.
No basta con la mera infracción formal del deber de lealtad, se requiere la creación de un peligro concreto para los intereses del primer cliente derivado de la posible utilización de informaciones o documentos obtenidos con ocasión de aquel primer asesoramiento o representación.
9 Derecho penal 2.
Tipo subjetivo: la conducta resulta punible tanto en su modalidad dolosa como imprudente.
VIII. EL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA (arts. 468 - 471 CP) Artículo 468 1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.
Se trata de un delito especial, que sólo puede cometer la persona afectada en cada caso por la condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia   Modalidad básica cuando el quebrantamiento se cometa por sujeto privado de libertad (privación de libertad efectiva, no sólo formal).
Modalidad atenuada cuando el autor del quebrantamiento no se halle privado de su libertad ambulatoria.
No integran el delito de quebrantamiento:  El incumplimiento de las prohibiciones, prestaciones o medidas impuestas al penado como condiciones de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad.
 El incumplimiento de aquellas penas o medidas cautelares para las que el ordenamiento ya ha previsto una consecuencia subsidiaria específica en caso de incumplimiento.
El círculo de posibles sujetos activos se extiende más allá del ámbito de los penados o presos para abarcar también a los detenidos sometidos a conducción o custodia y a los imputados sometidos a una medida cautelar.
Pena agravada en dos casos: 1) Cuando el quebrantamiento tenga por objeto alguna de las penas restrictivas de derechos previstas en el artículo 48 CP y ésta haya sido impuesta por la comisión de un delito de violencia doméstica o de género, o cuando lo quebrantado sea una medida cautelar o de seguridad impuesta por la comisión de un delito de esta naturaleza.
2) Cuando el quebrantamiento tenga por objeto la medida de libertad vigilada definida en el artículo 106 CP 10 Derecho penal En los casos de medidas cautelares de alejamiento, «el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad del art. 468 CP» Quebrantamiento de medida cautelar  se requiere que la medida cautelar en cuestión haya sido adoptada por un órgano de la jurisdicción penal y se encuentre en vigor en la fecha de los hechos.
En aquellos casos en que la sentencia de primera instancia no incluya un pronunciamiento expreso de mantenimiento de la vigencia de la medida cautelar, deberá interpretarse que tales medidas cautelares dejan de estar vigentes desde la fecha de la sentencia de primer grado.
Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares (medidas activas), no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento (medidas omisivas), serán castigados con una pena de multa de seis a doce meses.
Sujeto activo de las dos modalidades activas de este subtipo del delito de quebrantamiento puede serlo cualquiera (y no sólo la persona sometida a la pena o medida cuyo control pretende asegurarse mediante el dispositivo técnico). En cambio, sólo podrá ser autor de este subtipo en sus dos modalidades omisivas la persona sometida a la correspondiente pena o medida cautelar o de seguridad.
Modalidades activas  tipos de resultado que requieren para su consumación que se produzca un resultado efectivo de inutilización total o parcial de los dispositivos de control.
Modalidades omisivas  tipos de omisión pura. Ninguna de las modalidades requiere, para su consumación, que se llegue a quebrantar la pena o medida.
Artículo 469  Subtipo agravado Los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estén recluidos, haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en motín, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Artículo 470  Delito de auxilio a la evasión 1. El particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Si se empleara al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o soborno, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años  Modalidad agravada 3. Si se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454, se les castigará con la pena de multa de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez o Tribunal imponer tan sólo las penas correspondientes a los daños causados o a las amenazas o violencias ejercidas.
Artículo 471  Subtipo agravado Se impondrá la pena superior en grado, en sus respectivos casos, si el culpable fuera un funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o detenido. El funcionario será castigado, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años si el fugitivo estuviera condenado por sentencia ejecutoria, y con la inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a seis años en los demás casos.
11 Derecho penal IX. LOS DELITSO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (art. 471 bis CP) Artículo 471 bis 1. El testigo que, intencionadamente, faltare a la verdad en su testimonio ante la Corte Penal Internacional, estando obligado a decir verdad conforme a las normas estatutarias y reglas de procedimiento y prueba de dicha Corte, será castigado con prisión de seis meses a dos años. Si el falso testimonio se diera en contra del acusado, la pena será de prisión de dos a cuatro años. Si a consecuencia del testimonio se dictara un fallo condenatorio, se impondrá pena de prisión de cuatro a cinco años.
6. El que tomara represalias contra un funcionario de la Corte Penal Internacional en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 24 meses.
Derecho penal (Clasificación del delito) - Tema 16. Delitos contra la Ad. pública (2015) Apunte
Derecho penal (Clasificación de delitos) - Tema 10 - Delitos contra el patrimonio (I) (2015) Apunte

References: Artículo 446
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 447
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Artículo 448
 Artículo 449
 resolución 
 Artículo 450
 Artículo 450
 Artículo 451
 Artículo 454
 artículo 451
 Artículo 455
 Artículo 456
 Artículo 457
 Artículo 458

Artículo 460

Artículo 462

Artículo 461

Artículo 463
 Artículo 464
 resolución 

Artículo 465
 Artículo 466
 Artículo 467
 Artículo 468
 artículo 48
 artículo 106

Artículo 469

Artículo 470
 artículo 454

Artículo 471
 Artículo 471