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Timestamp: 2018-03-25 01:30:41+00:00

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Blog – Fundación Solón
En los Términos De Referencia (TDR) de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de las mega hidroeléctricas de El Bala-Chepete (Beni) y Rositas (Santa Cruz) se establece una “consulta pública” que no guarda ninguna relación con la consulta libre, previa e informada establecida en el Artículo 30 y el Artículo 352 de la Constitución Política del Estado, ni con el Convenio Nº169 de la OIT o con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas y las poblaciones afectadas no han sido preguntadas, ni han definido y acordado con las autoridades cómo será el calendario de la consulta, cuáles serán los procedimientos a aplicarse, la documentación a distribuirse, los idiomas a emplearse, la asesoría especializada que requieren, ni el presupuesto necesario para la realización de la misma. La “consulta pública” para estas mega hidroeléctricas es sólo para: a) dar una información muy reducida, b) escuchar algunas preocupaciones y c) aclarar algunas dudas. En ningún caso se menciona la búsqueda del consentimiento libre, previo, informado y de buena fe de los pueblos indígenas.
El Bala-Chepete
En el caso de El Bala-Chepete, la consultora italiana Geodata tiene un contrato combo por 11,8 millones de dólares para realizar: a) el diseño final de las dos mega hidroeléctricas, b) el EEIA, c) la “consulta pública” y d) los Términos De Referencia de la licitación internacional para la construcción de las mega hidroeléctricas.
Para las obras de El Bala-Chepete habrán tres rondas de “consulta pública y divulgación”. En la primera ronda Geodata presentará un resumen del proyecto y explicará los términos de referencia del EEIA. En la segunda ronda explicará “de forma preliminar los potenciales impactos ambientales y sociales identificados y las medidas de mitigación propuestas”, y en la tercera ronda se presentarán “los resultados del informe del EEIA” y se “escuchará las opiniones/recomendaciones de los interesados en el proyecto y se dará respuestas para aclarar sus dudas y/o preocupaciones de los participantes”.
Geodata realizará la difusión impresa y digital (CD) de un “documento de divulgación” del EEIA de las mega hidroeléctricas 30 días antes de la tercera ronda. Los TDR del contrato con Geodata señalan que “en cada uno de los sitios de divulgación”, se incorporará “un libro de actas con bolígrafos, con el propósito de que los actores involucrados y/o grupos interesados en el proyecto puedan incluir sus comentarios, inquietudes y/o recomendaciones”.
En el caso de la mega hidroeléctrica Rositas, ENDE no ha realizado el EEIA antes de proceder a la firma de un contrato de construcción con la Asociación Accidental Rositas compuesta por tres empresas chinas por una suma de mil millones de dólares.
En los TDR de la segunda convocatoria para la realización del EEIA de Rositas, leemos que la consultora elaborará un “mapa de actores clave”, habrán “al menos tres talleres de consulta pública” y “se consensuará un mecanismo mediante el cual se pueda dar curso a la opinión de la población consultada, este periodo de consulta no deberá exceder los 30 días calendario”. “En la última reunión se firmará un Acta de Consulta Pública, que incluirá la descripción del desarrollo del proceso, los resultados de la Consulta y la firma de todos los participantes, para lo cual es indispensable contar con un libro notariado y listas de asistencias”.
Publicado en Derechos, El Bala - Chepete, PachaEtiquetado consulta, hidroeléctricas, indígenas
Características de la Consulta para el Consentimiento Libre Previo Informado y de Buena Fe
Publicado el marzo 1, 2018 marzo 1, 2018 por Admin
ImagenPublicado en Derechos, InfográficaEtiquetado consulta, derechos humanos, indígenas, Madre Tierra, territorios
Publicado el febrero 27, 2018 marzo 24, 2018 por Admin
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia contiene un capítulo especial sobre los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y cuatro de sus artículos desarrollan el tema de la consulta libre, previa, informada y de buena fe. Según estos artículos:
• La consulta libre, previa, informada y de buena fe es un derecho de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y una obligación del Estado Plurinacional de Bolivia.
• Esta consulta se debe aplicar cada vez que se prevean medidas legislativas, ejecutivas o administrativas susceptibles de afectarles. Es decir que antes de la aprobación de un decreto, una ley, una licitación, o la firma de un contrato que pudiera afectar a una comunidad o pueblo indígena originario campesino el Estado debe realizar esta consulta.
• Esta consulta libre, previa, informada y de buena fe debe ser concertada con los pueblos indígenas involucrados. Es decir que el gobierno tiene que acordar previamente con la población a ser consultada cuándo, dónde y a través de qué procedimientos se realizará la misma.
• Esta consulta debe realizarse respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, es decir sus usos y costumbres, sus autoridades e instituciones.
El Artículo 30 de la Constitución pareciera limitar la consulta sólo a los casos de explotación de recursos naturales no renovables (ej. hidrocarburos, minerales y otros) que se encuentren territorios indígena originario campesinos. Sin embargo, el propio Artículo 30. II. señala que la consulta procede cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Además, esta disposición más general es respaldada por el Bloque de Constitucionalidad, establecido en el Artículo 256 de la Constitución, que eleva a rango constitucional tanto al Convenio Nº 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y que de manera textual dice: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.
La referencia al Bloque de Constitucionalidad, para una interpretación más garantista del texto constitucional, también está reforzada por el Artículo 13 de la Constitución, que establece que “los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. Esta disposición abre la posibilidad para una ampliación en la interpretación de los Derechos Humanos, considerando que los derechos colectivos de los pueblos indígenas forman parte del Bloque de Constitucionalidad.
Por otra parte, el carácter genérico de la consulta para todas las situaciones que los afectan también está reforzado por el Artículo 304 sobre las facultades de las autonomías indígenas. Además, cabe señalar que según el Artículo 403 las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en su territorio, lo que significa que cualquier aprovechamiento o afectación a estos recursos naturales debe realizarse con la autorización y la posterior participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El Artículo 352 amplía la consulta libre previa e informada a la población afectada por la explotación de recursos naturales en un territorio. Es decir que la población no indígena a ser afectada por una mina, hidroeléctrica, exploración petrolera u otra actividad de explotación de recursos naturales, también tiene el derecho a ser consultada de manera libre, previa e informada.
Una debilidad del texto de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es que no menciona de manera explícita que el objetivo de la consulta a los pueblos indígenas es obtener su consentimiento o llegar a un acuerdo, en torno a las medidas que se pretenden ejecutar. Tanto en el Convenio Nº169 de la OIT como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, se establece la obligación de los Estados de consultar de buena fe a los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Esto es muy importante ya que no se trata de consultar sólo para informar o discutir medidas de compensación, sino para obtener el consentimiento, el acuerdo de los pueblos indígenas para decidir si ese proyecto que los pueda afectar se realiza o no.
International Institute of Social Studies (ISS), Eramus University, Kortenaerkade 12, 2518 AX The Hague, The NetherlandsInstituto de Geografía, Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador
Publicado en Solón, Textos sobre SolónEtiquetado desarrollo, extrativismo, petróleo
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References: Artículo 30
 Artículo 352
 Artículo 30
 Artículo 30
 Artículo 256
 Artículo 13
 Artículo 304
 Artículo 403
 Artículo 352