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Timestamp: 2019-02-17 13:25:59+00:00

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Acuerdo y Sentencia 006/2018 Tribunales de Apelación
ACUERDO Y SENTENCIA T.A. CIVIL Y COMERCIAL 3ª SALA Nº 6/18
JUICIO: "PILCOMAYO S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA (EN QUIEBRA) C/ ADRIANA PAREDES LETTERMANN Y OTRO S/ DESALOJO".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil y ocho, estando reunidos en la sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, los señores Miembros Dres. NERI EUSEBIO VILLALBA FERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES BUONGERMINI PALUMBO Y ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO, bajo la presidencia del primero de los Miembros nombrados y por ante mi la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "PILCOMAYO S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA (EN QUIEBRA) C/ ADRIANA PAREDES KETTERMANN Y OTRO S/ DESALOJO", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Abogado GUSTAVO GONZALEZ contra la S.D. N° 44 de fecha 08 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital.
¿EN SU CASO, SE DICTO CONFORME A DERECHO?
Practicando el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación: VILLALBA FERNÁNDEZ, BUONGERMINI PALUMBO Y MARTÍNEZ PRIETO.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DR. VILLALBA FERNÁNDEZ, DIJO: El recurrente en su escrito argumenta este recurso, al sostener que la a quo transgredió claras disposiciones legales de fondo y forma, como asi también, principios procesales que hacen al juzgamiento. Al respecto de la nulidad ésta representación ha venido pronunciándose repetidas veces, sobre este efecto jurídico consecuencia del vicio incurrido en un acto procesal -como en este caso, de decisión-, y a fin de reforzar el criterio de este Miembro cabe hacer la siguiente reflexión. Asi, cuando el Juzgador, en el acto procesal de decisión, violenta los principios doctrinales y cae en vicios In Procedendo, dicha acción u omisión afecta directamente al derecho a la tutela judicial efectiva o que es decir, al derecho a la defensa. Siendo entonces, la indefensión el efecto que produce el deficiente ejercicio del acto procesal de decisión, tal violación del derecho a la defensa debe ser, además de formal, material. Es decir: a) que produzca un perjuicio a la parte que lo sufre; b} que tal situación no haya sido producida por culpa imputable a la misma; c) que haya sido denunciada y; d) que no haya sido la parte damnificada repuesta en su derecho vulnerado. La doctrina advierte sobre los actos nulos, diciendo que "no existe la nulidad por la nulidad misma...", es decir, que el acto para ser declarada su nulidad debe afectar necesariamente el derecho a la defensa -causar indefensión-, allí donde existe indefensión, existe nulidad y viceversa.
Bajo aquellos presupuestos condicionantes y de los elementos agregados en autos, se observa que el agravio invocado por el nulidicente no hace referencia vicios de procedimiento; sino sobre el criterio asumido por el Juzgado.
A ese respecto, del análisis del fallo pronunciado por el Juzgado y las constancias de autos se observa que tal resolución reúne las condiciones formales y materiales exigidos por el Principio de Congruencia.
Por tanto, siendo los agravios vertidos por el recurrente servir de sustento para este medio recursivo pudiendo ser resuelto por via de la apelación, ya que toda declaración de nulidad por regla desvalora el Derecho, debiendo ser el último recurso cuando no exista modo alguno de subsanarlo. En consecuencia, es criterio de éste preopinante que el recurso debe ser declarado desierto de conformidad a lo dispuesto en el Art. 419 del Código Procesal Civil.
OPINION DE LA DRA. BUONGEEMINI PALUMBO, DIJO; NULIDAD: se ha fundado este recurso a fs. 409/416, arguyendo que el inferior incurrió en una contradicción grave al haber hecho lugar a la excepción de incompetencia de jurisdicción e, igualmente, haberse pronunciado sobre la falta de acción respecto de una codemandada y sobre el fondo del asunto.
El art. 404 del Cód. Proc. Civ. establece: "El recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas con violación de las formas o solemnidades que prescriben las leyes".
La competencia la competencia es un asunto transversal esencial y esencial, previo al tratamiento válido de cualquier pretensión. En este sentido, se destaca el mandato establecido en el art. 7 del Cód. Proc. Civ., referente a la competencia del juez ante el cual se interpone la acción judicial. La competencia del órgano constituye un requisito formal y esencial tanto para la validez de la sentencia dictada como para la del proceso iniciado.
La competencia, conceptualmente, es la aptitud que tiene un órgano jurisdiccional para encender y decidir en una causa Ajudicial determinada. Esta facultad otorga la ley, con atribuciones necesarias para cumplir con las funciones jurisdiccionales pertinentes. Es importante destacar que ciertas cuestiones de competencia ordinariamente responden al interés público y, como tales, son tanto improrrogables, como indisponibles para las partes. En tales casos, ellas pueden –y deben- ser analizadas de oficio.
Si bien es cierto que la competencia territorial es prorrogable expresa o tácitamente, en virtud de lo dispuesto por los arts. 3 y 4 del Cód. Proc. Civ., no menos cierto es que en el presente caso una de las partes codemandadas, el Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann, ha opuesto expresamente la excepción de competencia. Como en este caso estamos ante una acumulación sujetiva de acciones, en la cual se demanda por desalojo a dos personas físicas, bajo premisas diferentes, debemos puntualizar que la acumulación del planteamiento hace que ambas acciones deban tratarse como un todo en cuanto a la competencia del juzgado para entender en todo el asunto incoado de modo conjunto o acumulado. Por ende, los efectos de la excepción de competencia opuesta por uno de los codemandados, bien pueden provocar el desplazamiento total de la competencia de todo el asunto hacia el juez que, en virtud de la excepción, resulte finalmente pertinente.
Dicho ello, debemos también señalar que los efectos de la resolución que decide hacer lugar a la excepción de incompetencia son claros en el Cód. Proc. Civ. art 232: el juez, una vez pronunciada su incompetencia, debe indicar al interesado que podrá recurrir ante quien corresponda, por lo que resulta ineludiblemente lógico que debe abstenerse de juzgar las restantes cuestiones; esta disposición concuerda también con el art. 7, que dice que siempre que la exposición del actor resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez mandar que el interesado ocurra ante quien corresponda. Este mandato legal se aplica, sin excepción, a todos los juicios. La circunstancia de que aqui estemos ante un juicio especial de desalojo no cambia tal exigencia. La única diferencia entre el juicio de desalojo y un juicio ordinario, en cuanto a las cuestiones de competencia, se da en relación con la forma y la etapa procesal de oponer esta excepción, y de resolverla, pero no altera en nada sus efectos. Resulta, asi, una impropiedad sostener que, porque estamos ante un juicio especial de desalojo, los efectos de la declaración de incompetencia son completamente inanes y sin virtualidad jurídica alguna.
En esta configuración de hechos y acontecimientos, se ve, pues, claramente, que el juez inferior, al declararse incompetente en el asunto, debió proceder como lo indica el art. 323 del Cód. Proc. Civ. y no pronunciarse, como lo hizo a renglón seguido, sobre cuestiones sustanciales de fondo, como lo es, sin duda, la excepción de falta de acción. Actuando como lo hizo incurrió no solo en una severa falta de congruencia, sino en una trasgresión a un requisito formal trasversal del juicio, cual es la falta de competencia en el asunto que juzgó. Que la falta de competencia se haya referido a un elemento prorrogable, como lo es el territorio, no quita esencialidad al defecto, que los únicos que pueden hacer una prórroga de jurisdicción o consentirla son las partes, no el órgano juzgador; y aquí no ha habido tal prórroga, sino que se ha opuesto expresamente la defensa de marras.
Establecido el punto, hemos de decir que el defecto que contiene la sentencia impugnada tiene entidad suficiente para declarar la nulidad de ella; empero, el art. 406 nos indica que la nulidad no se pronunciará, si es que la cuestión puede resolverse por via de apelación. Asi pues, no advirtiéndose otros defectos o vicios que autoricen a una declaración oficiosa, se debe diferir el pronunciamiento de la nulidad a las resultas del examen en sede de apelación.
A SU TURNO EL DR. MARTÍNEZ PRIETO, MANIFESTÓ: Que se adhiere al voto de la magistrada que le precede.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. VILLALBA FERNÁNDEZ, DIJO: Por la Sentencia apelada N° 44 de fecha 08 de marzo de 2017, la instancia anterior resolvió: "I- TENER por formulado el allanamiento de la parte actora con relación a la excepción de falta de acción opuesta por la Sra. ADRIANA PAREDES KETTERMANN y, en consecuencia; HACER LUGAR, con costas, a la excepción de falta de acción opuesta por la Sra. ADRIANA PAREDES KETTERMANN contra la acción de Desalojo promovida por la firma PILCOMAYO S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (en Quiebra), en virtud de las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución.- II.- HACER LUGAR, a la excepción de incompetencia opuesta por el Sr. ANÍBAL JAVIER ROBLEDO KETTERMANN contra la acción de Desalojo promovida por la firma PILCOMAYO S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (en Quiebra), en virtud de las consideraciones expuestas en el exordio de la presente resolución. Con relación a la excepción de falta de acción, también opuesta por el Sr. ANÍBAL JAVIER ROBLEDO KETTERMANN, su estudio deviene improcedente de conformidad con lo establecido en el Art. 231 del C.P.C. y a las consideraciones expuestas en esta resolución. III.- IMPONER las costas en el orden causado en lo que guarda relación con la excepción de incompetencia. IV.- NOTIFICAR a las partes por cédula o personalmente. V.- ANOTAR..." (fs. 397/400 y vlta.).
De dicha sentencia recurre la parte actora y presenta su escrito de expresión de agravios, que obra en autos, manifestando su desacuerdo con la sentencia pronunciada por la a quo. Contra ella argumenta, "Que, el juicio que nos ocupa tiene su origen en un juicio entablado contra ADRIANA PAREDES KETTERMANN y ANIBAL JAVIER ROBLEDO KETTERMANN, en cuyo contexto mi representada como propietaria del bien inmueble objeto de la restitución, a priori, demandó a la primera en los términos de un contrato de usufructo obrante a fojas 45/47, en cuya clausula 5ta. la usufructuaria debió realizar las actividades propias para la toma de posesión del mismo, amén de que se obligó a poner en conocimiento del propietario sobre las perturbaciones que pudieran afectar su derecho de propiedad y devolver la cosa usufructuada al termino del usufructo o cuando éste decida solicitar al mismo le sea devuelta, tal como se estableció en la cláusula 3era. del referido contrato; así mismo, el contrato de usufructo fue suscripto en fecha 31/12/2.010 y que según la cláusula 2da. tenía una duración de 36 meses, plazo fenecido en fecha 31/12/2.013 sin que la usufructuaria haya devuelto el bien usufructuado, de lo que surge la obligación de restituir el bien inmueble a mi representada en los términos del Art. 621 del C.P.C . Es así que, como la misma no ha dado cumplimiento al contrato de referencia y teniendo en cuenta que en la cláusula 5ta. del mismo en caso de controversias las partes se sometieron voluntariamente a la competencia de los Tribunales de Asunción, no caben dudas que la misma en fecha 29/07/2.016, fecha en que se promoviera la presente demanda resultara obligada a dicha restitución. No obstante, mi representada ha adquirido información que el inmueble también estaba ocupado por un pariente cercano de la co-obligada, el Sr. ANIBAL JAVIER ROBLEDO KETTERMANN, en su carácter de ocupante precario lo que motivó que el mismo resultara co-obligado en el presente juicio, como ocupante precario, no obstante no haya suscripto aquel contrato de usufructo. En ahí que, surge que ambos demandados resultan co- obligados a la restitución del inmueble a mi representada.".
Termina su exposición con la formulación del petitorio de rigor.
Corrido el traslado la parte contraria la codemandada Adriana Paredes Ketterman dice, que: "...el hecho de que el a quo se haya declarado incompetente, no le causa ningún agravio, porque la causa se puede volver a plantear y dilucidar con respecto al Sr. Javier Robledo, ante el Juez de su domicilio que es donde debió promoverse originalmente la misma, al no poseer este ningún vínculo contractual con la parte actora y al haber reconocida esta última, no poseer acción derivado del contrato de usufructo suscripto con la Sra. Adriana Paredes...". Culmina su contestación con el petitorio de rigor.
A su turno, al momento de contestar el co-demandado Anibal Javier Robledo dijo: "...el recurrente en varias partes de su escrito de agravios, confunde dos nociones jurídicas completamente distintas entre sí que son las de co-obligado y co- demandado, tratando de enmarcarlas bajo el mismo efecto jurídico, lo que lo conduce necesariamente a conclusiones erróneas y desacertadas, puesto que lo primero guarda mayormente relación con cuestiones que caen dentro del campo de las obligaciones entiéndase en tal sentido a las prestaciones de dar, hacer, no hacer, y lo segundo esencialmente, a la posición que podría ocupar un sujeto pasivo a la luz de la relación jurídica procesal que nace en virtud del ejercicio del derecho a la acción. Donde, resulta menester traer a colación el hecho trascendental de que nuestro mandante, el Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann, jamás tuvo obligación alguna frente al accionante para merecer el mote de co-obligado, por el simple hecho de que a la par de ser un legítimo poseedor de las res Litis, el mismo es nada más que un simple tercero frente al acto jurídico celebrado entre el accionante y la Sra. Adriana Paredes Kettermann, por lo tanto las concentraciones celebradas entre ellos, le resultan completamente inoponibles en todas sus extensiones, incluso la cláusula de prórroga de la competencia territorial, a razón de los efectos relativos que merecen los contratos, y que en caso de discordancia entre los mismos, en cuanto a la forma de su cumplimiento o interpretación; son cuestiones que les atañen solamente a aquellos y que deberían ventilarse, en todo caso, entre los mismos mediante las acciones personales de rigor, ya no pueden extenderse bajo ningún sentido en su espectro de aplicación y de fuerza obligatoria hasta Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann, por su condición de tercero-no obligado, así lo establece claramente el art. 717 del código civil que en su parte pertinente dice: los contratos no pueden oponerse a terceros ni ser invocados por ellos...". Terminando éstos su contestación con el petitorio de rigor.
La cuestión sometida a estudio de éste Tribunal consiste en establecer si la resolución objeto de apelación se encuentra o no ajustada a derecho, correspondiendo entrar al análisis de las cuestiones debatidas en esta apelación. Asi, la parte demandada ha opuesto en la instancia inferior dos defensas procesales: a) excepción de incompetencia y; b) excepción de falta de acción.
Respetando el orden lógico para el tratamiento de las excepciones opuestas, natural seria que en primer lugar se resuelva la excepción de incompetencia, atendiendo expresamente lo establecido en el Art. 231 concordante con el Art. 626 ambos del C.P.C.
Es asi que, conforme lo establecido en la norma procesal citada el iudex a quo entre otras cuestiones hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por el codemandado ANIBAL JAVIER ROBEDO KETTERMANN, conforme lo dispone el Art. 17 del C.O.J. que rige para las acciones personales. Según se desprende de autos, los demandados en el presente juicio promovido por la firma PILCOMAYO DE AHORRO Y PRESTADO PARA LA VIVIENDA S.A. (en quiebra), son Adriana Paredes KettermJann y Aníbal Javier Robledo Ketterman. La firma actora quien planteó la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Turno N°20, Secretaria N° 40 de la ciudad de Asunción, valiéndose del contrato de usufructo obrante a fojas 45/47 de cuya clausula 5ta. luce expresamente la prórroga de jurisdicción cuando la co- demandada ADRIANA PAREDES KETTERMANN/ convino con la actora, que en caso de controversias en relación al citado contrato se sometían "...voluntariamente a la competencia de los tribunales de asunción, con exclusión de cualquier otra..." instrumento que según las constancias de autos no fue impugnado por los demandados, por lo que, hace plena fe en juicio en los términos del Art. 383 del C.C.; por tanto, ésta es la competencia que debe prevalecer conforme al Art. 17 del Código de Organización Judicial que dispone lo siguiente: "En las acciones personales será competente el Juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado... Si hubiere varios coobligados, prevalecerá la competencia del Juez ante quien se instaure la demanda...".
En ese sentido, en caso que exista algún agravio en relación a la competencia de los Tribunales de Asunción, aceptada expresamente por la codemandada Adriana Paredes Kettermann, es ella quien, debió desvirtuar la competencia de dichos Tribunales, hecho que no ha ocurrido en estos autos.
La demanda de desalojo es una acción personal destinada a obtener la restitución de un bien por quien lo detenta sin animo posesorio y que está obligado a tal restitución, ya sea en virtud de un contrato, ya sea porque su conducta respecto de la cosa litigiosa revela que reconoce la obligación de restituir y en el actor la legitimación para exigirle, como sucede con el precarista o el simple intruso no poseedor.
En consecuencia, de conformidad a lo expuesto, corresponde que el Tribunal revoque la resolución recurrida, declarando la competencia de los Tribunales de Asunción para entender en el presente juicio. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 203 inc. b) del Código Procesal Civil, deberán ser soportadas por la parte perdidosa.
Ahora, en cuanto al segundo agravio del recurrente que, consistente en la imposición de constas a la actora en el marco de la excepción de falta de acción opuesta por la codemandada Adriana Paredes Kettermann a la que aquella se allanara expresa e incondicionalmente, la misma tiene como base el argumento que por culpa de la actora se dio lugar a la reclamación, que según el Juez A-quo encuentra normatividad en el Art. 198 inciso A) in fine del C.P.C, De ahi, que básica y puntualmente la parte recurrente impugna la imposición de las costas de que fuera sujeto, porque no fue su parte la que dio lugar a la reclamación, alegando que: "...No habiendo cumplido con sus obligaciones, y vencido que fuera el contrato la misma fue demandada en su carácter de ocupante precaria, no obstante que una vez iniciado el juicio y munido del informe de la constitución del Sr. Actuario en el local del inmueble, donde se constató que en ese momento no estaba en el lugar, físicamente, la co-demandada ADRIANA PAREDES KETTERMANN, entonces por el principio de economía procesal y por así convenir a mi parte, especialmente por la buena fe que debe reinar en todo proceso, se allanó oportuna, incondicional y totalmente a la excepción de falta de acción opuesta por la misma, ocasión en que alegara que nunca pudo ocupar el inmueble, por la perturbación de sus derechos, por lo que se dan los presupuestos de la eximición de las costas. En ese sentido, el a quo aplicó erróneamente lo establecido en el Art.198 del C.P.C. pues como ya dijéramos en el apartado del recurso de nulidad, no existe allanamiento sin que el allanado hubiera dado lugar a la reclamación, motivo este como único presupuesto considerado por el a quo para imponer las costas a mi parte...".
Corrido el traslado la parte apelada presenta su escrito de autos, rechazado las alegaciones expuestas por la parte apelante y ocasión en que manifiesta su defensa de la resolución recurrida. La codemandada Adriana Paredes Ketterman dice, que: "...Con relación al recurso de apelación: 1.- ... Sobre el punto cabe recordarle a la misma que se habla allanado a la excepción de falta de acción interpuesta por esta representación lo que significa que ha aceptado el contenido del telegrama colacionado obrante a fojas 98 de autos, por el cual, ya en el año 2.011, la Sra. Adriana Paredes Kettermann le habla comunicado que ha decidido resolver el contrato de usufructo suscripto con la parte actora y le pone a conocimiento sobre el ocupante de la finca y además le avisa que nunca pudo tomar posesión de dicho bien...".- Asi las cosas, la obligación demandada se circunscribe en la de hacer, por ende no está en juego las discusiones sobre el derecho de usufructo o tal vez cuestiones que hagan a la posesión y en ese sentido si bien es cierto, según las constancias de autos, la codemandada ADRIANA PAREDES KETTERMAN remitió el telegrama N° 398/2.498 en fecha 17 de junio de 2.011, instrumento obrante en autos dirigido al Sr. Síndico de Quiebras representante de la firma Pilcomayo de Ahorro y Préstamo para la Vivienda S.A. (en quiebra) direccionándolo en la casa de las calles LOMAS VALENTINAS N° 1.639 ENTRE 25 DE MAYO Y CONSTITUCION NACIONAL - ENCARNACION, ocasión en que se refirió al contrato de usufructo suscripto por su parte en relación a las Fincas N° 264 y 682 del Distrito de Trinidad - Itapúa, lo que necesariamente nos obliga a estar en los términos de dicho contrato. Ya en el primer párrafo del contrato de referencia podemos notar que la codemandada aceptó que el Sindico de Quiebras haya constituido como domicilio a todos los efectos del mismo contrato sito en la casa de la calle O'Leary N° 1.050 casi Jejui de la Ciudad de Asunción, domicilio legal de la Sindicatura de Quiebras, lo que otorga andamiaje a la negación de dicha circunstancia fáctica por parte de la actora en ocasión de haber contestado el traslado corridole sobre la excepción de falta de acción en primera instancia, según constancia de estos autos.
Que, en resumidas cuentas según las constancias de autos, dicho telegrama colacionado no tuvo la virtualidad de poner en conocimiento al propietario del inmueble objeto del usufructo por parte de la codemandada ADRIANA PAREDES KETTERMANN pues es evidente que fue remitido a otro domicilio al convenido para dicho efecto en el mismo contrato, y como los convenios forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe (Art. 715 CC), es por ello que, no surte sus efectos.
No obstante, no existe contrariedad entre la facultad de negar la recepción de cartas, telegrama e instrumentos a él dirigido, cuyas copias se hubieren acompañado (Art. 235 inciso a) del Código Procesal Civil) y, la del allanamiento a la excepción de falta de acción opuesta por la codemandada, pues el telegrama de que se trata se refiere a la renuncia de un derecho y que efectivamente está consagrada en el Art. 2.264 del Código Civil, sin embargo, el presente litigio se circunscribe en la obligación de restituir el inmueble al propietario, a lo que la misma quedó obligada, sea por causa del mismo contrato cuando en la cláusula tercera se ha convenido "...devolver la cosa usufructuada al termino del usufructo...", o por causa de la misma Ley, pues si bien es cierto la renuncia del usufructuario es una causa extintiva de sus derechos, no es menos cierto que extinguido el usufructo, el usufructuaria, deberá dejar libre la posesión del bien y restituirlo al nudo propietario (Art. 2.265 C.C.).
El estudio detestas cuestiones, referente a la renuncia del derecho a usufructo y afines deben realizárselo en el marco de los derechos reales, y volviendo al caso que nos ocupa, como dijéramos debemos concentrarnos netamente en la acción personal que tenía el actor contra la codemandada a fin que ésta restituya el inmueble a su propietaria, tal como se obligara a través del contrato de usufructo de fecha 31 de diciembre del año 2.010 y por imperio de la Ley, tal como lo explicáramos más arriba.
Ahora bien, al referirnos al derecho de la actora, la de allanarse a la pretensión de la misma codemandada respecto de la excepción de falta de acción ello surge de la facultad que le acuerda a contrario sensu el Art. 169 del C.P.C. lo que de modo alguno resulta un presupuesto para que por ese motivo se le impongan las costas, endilgándole que por su culpa se hubiere dado lugar a la reclamación.
Al respecto, el A-quo consideró "...En cuanto a las costas relativas a la excepción de falta de acción, corresponde imponerlas a la parte actora no obstante el allanamiento formulado por ella. Esto es así debido a que la accionante no puede ampararse en la exoneración de costas propias del allanamiento, toda vez que se verifica el supuesto contemplado en el primer párrafo del Art. 198 del C.P.C., en cuya virtud "...no se impondrán costas al vencido (...) a menos que (...) por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación...". En efecto, la promoción de la demanda de Desalojo en contra de la codemandada ADRIANA PAREDES KETTERMANN ha sido el motivo por el cual este Juzgado ha debido expedirse sobre de la excepción de falta de acción, por lo que las costas pertinentes a ella deben ser soportadas por la parte actora, a pesar del allanamiento formulado por ella...".
Es asi que, debemos determinar si la culpa es exclusiva de la actora o tal vez pueda resultar concomitante, y según las constancias de autos, al momento de la promoción de la presente demanda, teniendo como presupuesto la inocuidad del telegrama colacionado de referencia, tenemos que la codemandada ADRIANA PAREDES KETTERMANN a priori resulta obligada pues decíamos también que amén de no haber comunicado fehacientemente la citada denuncia en el domicilio de la propietaria del inmueble de referencia, se refiere a un derecho real, sin dejar considerar que la misma quedó obligada a restituir el inmueble si hubiere quedado extinguido el citado usufructo; no existe constancia fehaciente que la misma obligada a restituir el inmueble haya dejado de estar en posesión del mismo o detentarle, hasta el preciso momento de haberse iniciado el presente juicio y tal como alegara la misma actora al momento de contestar la excepción de falta de acción, en ocasión de la constitución del Sr. Actuario en dicho local por imperio de la Ley en los términos del Art. 632 inciso b) del C.P.C., donde pudo verificarse que la misma no ocupaba físicamente los inmuebles objeto de la presente demanda.
En conclusión, es criterio de éste Miembro que la resolución recurrida debe confirmarse en todas sus partes.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en el orden causado, por no resultar de las constancias de autos que por culpa de la actora se haya tenido que oponer la excepción de falta de acción.
OPINIÓN DE LA DRA. BUONGERMINI PALUMBO, DIJO; APELACIÓN: Se trata de determinar la procedencia de una excepción de incompetencia día jurisdicción planteada en el marco de un juicio de desalojo. Recordemos que el desalojo es una acción personal y no real, pues procede cuando se reclama la restitución de cosas a sujetos contractualmente obligados a ello, o a personas que reconocen expresa o tácitamente su obligación de restituir, o cuando dicho reconocimiento es presumido o tenido por implícito por la ley, por el carácter precario o intrusivo de la ocupación.
La acción se ha incoado contra una usufructuaria y contra un -aparente- ocupante precario.
El susodicho contrato de usufructo ha establecido, en su cláusula quinta, la prórroga de jurisdicción hacia los tribunales de Asunción (fs. 45 vlta.). El art. 17 del Cód. Org. Jud. regula todo lo relativo a la competencia en razón del territorio, tratándose de asuntos civiles y comerciales. El mentado articulo estatuye: "En las acciones personales será competente el Juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, el del domicilio del demandado, o el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en él aunque sea accidentalmente".
En el presente caso, empero, la parte demandada está compuesta por dos sujetos: uno, contratante y otro aparente o alegadamente ocupante precario. El primero está, sin duda regido por el contrato, en tanto que el segundo, por ser tercero, no lo está. Ello implica que al primer litigante le es aplicable el art. 17, primera parte, ya transcrito. Por lo tanto, el juez de la circunscripción de Asunción resulta, respecto de la acción intentada contra la Sra. Adriana Paredes Kettermann, plenamente competente. Ahora bien, qué ocurre con la competencia respecto del segundo demandado, Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann; y aquí debemos decir que el hecho de la acumulación sujetiva de acciones produce unos efectos particulares sobre ella. Asi, es evidente que según la mentada norma del art. 17 el supuesto ocupante precario debe ser demandado en su domicilio, que en el presente caso se encuentra ubicado en Km. 24 de la Ruta N° 6, Distrito de Trinidad, Barrio Picada Boca, esto es, claramente fuera de la circunscripción de Asunción. Empero, la acumulación produce un desplazamiento de aquella competencia que sea prorrogable -entre las cuales se encuentra, sin duda la territorial- conforme surge de la lectura conjunta de los arts. 17 del Cód. Org. Jud. y 121 del Cód. Proc. Civ. En particular, éste último previene que el juez ante el cual se plantea la acumulación sujetiva de acciones solo necesita ser competente en razón de materia; nada dice de la competencia territorial, dado que la suma de varias personas demandas bien puede devenir en domicilios situados en distintas reparticiones judiciales. Por ello también el art. 17 in fine del Cód. Org. Jud., que hemos citado, estatuye que una competencia territorial valdrá para todos los demandados: "Si hubiere varios coobligados, prevalecerá la competencia del Juez ante quien se instaure la demanda". Las razones de esta decisión legislativa nos las refiere Palacios, que al respecto dice: "El CPCCN contempla el supuesto de pretensiones personales interpuestas contra varias personas vinculadas por un nexo obligacional indivisible o solidario (litisconsorcio pasivo), y atribuye competencia para conocer de ellas al órgano judicial de cualquiera de los demandados, a elección del actor, creando de tal manera un fuero múltiple y electivo. La norma, que recoge las conclusiones de una reiterada doctrina jurisprudencial, es aplicable cualquiera sea la fuente (contractual, extracontractual o legal) del derecho invocado como fundamento de la pretensión, siempre que la obligación cuyo cumplimiento se reclama revista carácter solidario o indivisible, es extensiva naturalmente, a los supuestos de litisconsorcio necesario, en los cuales existe una pretensión única con pluralidad de sujetos legitimados" (PALACIO, Lino E. Derecho procesal civil. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, 2a ed., tomo II, pág. 316) y también la jurisprudencia más aceptada: "En el supuesto de acciones personales dirigidas contra varías personas ligadas por un mismo vinculo jurídico pero con domicilios distintos, al presentarse un litisconsorcio pasivo, el actor puede demandarlas contra el juez del domicilio de cualquiera, para evitar la fractura de la unidad jurídica y el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias" (LL 144-589).
Con todo lo dicho, se concluye que la excepción de incompetencia de jurisdicción deviene improcedente; la decisión del inferior debe ser revocada en consecuencia.
Ahora bien, dada la revocación de apartado que deniega competencia y que el juez de primera instancia resultó, en definitiva, competente, ya no resulta necesario pronunciarse sobre la nulidad. En efecto, el recurrente ha ganancioso salido -por vía de revisión- en la defensa incoada; y al no haber incompetencia en el órgano juzgador, tampoco se evidencia un defecto estructura transversal en el proceso, como si lo habría si fuera incompetente en razón del territorio y con una defensa propuesta en tal sentido. Por todo lo dicho la validez formal del fallo se mantiene incólume, y solo cabe estudiar el recurso de apelación contra los restantes apartados.
En cuanto al apartado que rechaza la demanda de desalojo incoada contra la Sra. Adriana Paredes Kettermann, el mismo no resulta recurrible por la actora, ya que se ha allanado en primera instancia a la falta de acción. Dicho decisorio se encuentra, pues, firme. Solo cabe estudiar la procedencia de la demanda de desalojo contra el Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann.
Como hemos dicho, la razón argüida contra él es la supuesta precariedad. Al respecto debe señalar, como ya se ha hecho en innumerables oportunidades, que la demanda de desalojo es de naturaleza y carácter personal, no real; esto es, no es apta para reclamar la reivindicación de cosas del poder de terceros. Es una acción personal que solo permite exigir la restitución de cosas a sujetos contractualmente obligados a ello o a personas que reconocen expresa o tácitamente su obligación de restituir, o dicho reconocimiento es presumido o tenido por implícito por la ley, por el carácter precario de su ocupación.
El art. 621 del Cód. Proc. Civ. enumera los supuestos de procedencia, e incluye al del ocupante precario cuya obligación de restituir un inmueble o parte de él fuese exigible. Es pacifico que la precariedad se refiere a la situación conocida como "actos de tolerancia" o permisión de ocupación del inmueble por parte del dueño, en los que el poseedor inmediato ingresa y posee en tal carácter para el dueño, y continúa haciéndolo mientras la interversión a la que alude el art. 1921 del Cód. Civ. no opere. Junto con este supuesto se encuentra también el de la intrusión, que se conceptualiza como ocupación subrepticia y oculta, según la constante elaboración de jurisprudencia y doctrina, en la que el ocupante rehúye la publicidad de los actos posesorios a la que refiere el art. 1933 del mismo cuerpo legal. Al lado de estos supuestos, se encuentra la previsión genérica de la obligación exigible de restituir inmuebles, que debe complementarse con la norma del art, 1911 del Cód. Civ., donde se enumeran, a título ejemplificativo, supuestos en los que el poseedor lo es solo temporalmente, con obligación de devolver al fenecimiento de su derecho.
Se ha dicho reiteradamente que el desalojo no procede contra el poseedor del inmueble, y ello es así porque éste no encaja en ninguno de los supuestos enunciados en el art. 621 del Cód. Proc. Civ. El articulo exceptúa, claro está a aquél poseedor en cuya cabeza existe una obligación de restituir. Dicha expresión requiere aclaración en su conceptualización. La remisión genérica a la "obligación de restituir", no se trata de una remisión a una obligación de restituir de carácter real, sino de carácter personal exigible. Cuando hay solo deber de restituir, derivado de un derecho real, el poseedor no puede ser legitimado pasivo de la acción de desalojo; se precisa de un derecho personal obligacional a obtener la restitución de la cosa, emane éste de una locación o de la extinción de un derecho real, siempre que no medie interversión. Debe subrayarse aquí esta sutil distinción: el mandato de restitución no debe provenir del derecho real mismo, sino de la extinción de un derecho real que genera una obligación personal de restituir, como ocurre para el usufructuario en el usufructo, o el acreedor prendario en la prenda que se extingue.
Es esencial, pues, determinar en el presente caso, de qué tipo de ocupación se trata: si de una precaria o una verdaderamente posesoria. En principio, quien alega los hechos en los que pretende fundar su acción está obligado a demostrarlos, sin embargo, para la demanda de desalojo, la jurisprudencia ha establecido de un tiempo a esta parte, que la mera alegación del carácter de poseedor no puede paralizar la acción de desalojo, por lo mismo que no se puede intervertir solo verbis imperio, la calidad en la que se ha ingresado a la cosa y en la que uno se mantiene al tiempo de la demanda. Es por tal motivo que la jurisprudencia ha exigido al demandado, sobre la base de los principios de las cargas probatorias dinámicas, que demuestre aunque sea prima facie el carácter de su ocupación en la cosa.
Cabe decir aquí que el tenor o legitimidad de la posesión no es relevante a los efectos de establecer la procedencia de la acción. En efecto, la posesión no necesita ser de buena fe, solo necesita ser posesión verdadera, en el sentido del art. 1909 del Cód. Civ. Ello por la naturaleza personal y no real de la acción de desalojo. Para la desposesión, justa o injusta, legitima o ilegitima, la acción pertinente es la reivindicatoria prevista en el art. 2407 del Cód. Civ., lo que se confirma por la disposición del segundo párrafo del artículo siguiente, el 2408 del mismo cuerpo legal, de cuyo texto vemos que se ajusta precisamente a tales supuestos.
Ahora pasaremos a analizar la situación del recurrido. La defensa aducida por el Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann es que es poseedor del inmueble. A tal fin ha acompañado una serie de instrumentales que obran a fs. 126/169 y que dan cuenta de ciertas mejoras introducidas por él en el inmueble. Luego, también se acompaña autenticada copia de un juicio de interdicto incoado por el Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann contra Nancy Ramona Cabrera Venialgo, Lourdes Escobar Chiesa y Roberto Saucedo en fecha 27 de julio de 2016 (fs. 211/279). Asimismo se refiere la existencia de un intento de reasumir la posesión inmediata de la propiedad, por parte del Síndico de la Quiebra de Pilcomayo S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, Abg. Carlos A. Couchonal Z. y la Sra. Nancy Ramona Cabrera Venialgo, conforme con las instrumentales de fs. 49/64, lo cual encontró resistencia material por parte del hoy demandado. Todo ello nos lleva a la conclusión de que el Sr. Anibal Javier Robledo Kettermann ya no es un mero precarista o intruso y que, a pesar que no tenemos claro el origen de su posesión, ella existe en la actualidad.
Como ya se dijera, las cuestiones posesorias exorbitan el reducido marco de disputa del juicio de desalojo; por ende, el mismo se hace improcedente en este caso. La sentencia debe ser confirmada en cuanto al punto.
Finalmente, en lo que tiene relación con las costas, hemos visto que aquí se han dado vencimientos recíprocos, pues la excepción de falta de competencia opuesta por el actor ha sido rechazada; así pues, las costas deben ser aplicadas de forma proporcional, en primera instancia, en un 75% a la actora y un 25% a la demandada y en segunda instancia en un 50% a la actora y un 50% a la demandada.
A SU TURNO EL DR. MARTÍNEZ PRIETO, MANIFESTÓ: Que se adhiere al voto de la magistrada que le precede por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acto, firmando los Sres. Miembros de conformidad y quedando acordada la sentencia que sigue a continuación, todo por ante mi, de lo que certifico.
VISTO: por el mérito que ofrece el acuerpo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala;
REVOCAR el apartado segundo de la resolución recurrida, en consecuencia, RECHAZAR la excepción de incompetencia opuesta por el demandado Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann, conforme a lo dispuesto en el exordio de la presente resolución.
RECHAZAR la acción de desalojo promovida por la firma PILCOMAYO S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA (en Quiebra) en contra del Sr. Aníbal Javier Robledo Kettermann, en virtud a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
IMPONER las costas en primera instancia, en un 75% a la actora y un 25% a la demandada.
IMPONER las costas en esta instancia en un 50% a la actora y un 50% a la demandada.
ANOTESE, regístrese y remítase copia a .Excma. Corte Suprema de Justicia.
María Mercedes Buongermini P. Miembro
Arnaldo Martínez P. Miembro
Dr. Neri E. Villalba. Miembro
Abg. Valeria Gimenez. Actuaria

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