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Timestamp: 2019-10-18 11:29:40+00:00

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Luego de que el Centro Mandela diera a conocer la adjudicación en venta directa de 4.873 hectáreas a favor de la empresaria Ana Hupaluk, cuya dudosa legalidad se investiga porque estaba vigente la Resolusión 1588/12, que limitaba las ventas de tierras fiscales a 1250 hectáreas, la Dirección de Coordinación Administrativa de Colonización dio a conocer la existencia de la Resolución Nº 915/13, que liberó la superficie fiscal que puede ser objeto de venta. Los trabajadores del organismo calificaron esta resolución como irregular porque es incierto su origen y no fue notificada su existencia a las distintas áreas del organismo conforme el procedimiento y los plazos que están perfectamente previstos para este tipo de trámites.
Caso Hupaluk:
la repetición de la misma matríz y la sospechosa Resolución 915/13
La sospechada Resolución 915/13 habría sido irregularmente registrada en los libros de resoluciones de varios departamentos y direcciones. El vocal Gallovich tomó conocimiento de tal instrumento en agosto del 2014, según dijo a los trabajadores de Colonización. No obstante la grave anomalía que supuso la inesperada aparición de la Resolución 915/13, en sus fundamentos se afirmó que fue dictado por “decisión del directorio de Colonización”, lo que evidentemente no ha sido así tomándose en cuenta que en su redacción no participó el vocal Gallovich. Otra anormalidad, bastante marcada y que es fácil de corroborarse, consiste en que la resolución cuestionada fue asentada de puño y letra por una persona cuya caligrafía es claramente diferente a las que corresponde a la persona autorizada para registrar. Incluso, se utilizó una birome de color azul, mientras que las restantes resoluciones fueron asentadas utilizándose el color negro.
La Directora de Coordinación Administrativa, Mabel Garcia, trató de explicar esta llamativa irregularidad argumentando -después de un año- que a la fecha en que se adjudicara las 4.873 hectáreas de tierras fiscales a Hupaluk ya existían resoluciones que fueron derogadas por la Resolución 915/13. Esta funcionaria hizo responsable de los graves hechos ocurridos a una trabajadora becada, que asumió haber sido la autora de la anotación de aquél instrumento y que se olvidó de notificar a las áreas competentes, argumento que es poco creíble e inconsistente, y motiva la desconfianza generalizada del personal de Colonización por las graves connotaciones del caso Hupaluk y los restantes que comienzan a conocerse, en los que se vendieron grandes extensiones de tierras públicas sin que se respetara el límite superficial que estaba vigente.
En definitiva, tomándose en cuenta el procedimiento adminsitrativo interno previsto en Colonización, la estrategia desnuda -por lo menos- el mal funcionamiento del Instituto y las gestiones paralelas que distorcionaron el trámite administrativo, a tal punto que resultara claro que el caso no derivaría de un error sino de decisiones concretas y específicas, tomadas por quienes resolvieron llevar adelante las operaciones que beneficiaran a Hupauk y a otros empresarios. Así como el caso Huapluk, a los que se sumaron las adjudicaciones en venta de tierras públicas a Pablo Alberto Leonhardt y Adalberto Omar Camapana, entre otros, se suma la operación que realizara Colonización en benefinicio de Gerardo José Curti. Esta vez, el posible despojo significó la entrega de 6.250 hectáreas de tierras públicas enmarcadas en trámites posiblemente irregulares, a través de los cuales se entregaron títulos de propiedad Sobresalen las resoluciones A-1068/02 y A-0886/07, que fueron rectificadas en la gestión Paris a través de las resoluciones 528/13 y 1669/13. Estos instrumentos, dictados en Colonización, fueron ratificados por Decreto 223 del 18 de febrero del 2014, o sea que las responsabilidades se extienden al máximo nivel del poder ejecutivo.
Caso Curti y otros grandes adjudicatarios que replican la misma matríz
Por Resolusión 2218/13, dictada en el expediente 171/98, se dieron por canceladas las mejoras de la adjudicataria Marcela Brauer, ordenándose a su favor la escrituración del predio fiscal que se identifica como parcela 35, de la circunscripción V de la zona D, del Departamento Almirante Brown, con una superficie de 2.449 hectáreas. Claramente puede advertirse que la Resolución 915/13 no existía a la época en que se produjo la escrituración, de manera que se violó el tope de superficie que se podía adjudicar en venta.
Por Resolución 434/14, dictada en el expediente 0142/04, se ordenó la escrituración de la Parcela 90, Circunscripción II, anteriormente denominada “Legua D, Lote 23”, Zona G, del Departamento Almirante Brown, con una superficie de 2453 hectáreas a favor de Gerardo Rafael Chincarini, que fue ratificado por Decreto 673 del 12 de mayo de este año. En todo el trámite no se hizo mención a la Resolución 915/13, con lo cual los argumentos esgrimidos por Colonización cada vez son menos creíbles.
Lo llamativo, que permite presumir sospechas de graves irregularidades, es que en ninguna de las resoluciones anteriormente mencionadas se tuvo en cuenta ni se mencionó la Resolución 915/13, que arbitrariamente eliminó el tope superficial de 1.250 hectáreas que fuera establecido por Resolución 1588 del 29 de noviembre de 2012 porque contempla, de manera apropiada, la extensión de los predios fiscales adjudicados para que sean unidades económicas de tipo familiar, según lo dispone claramente el artículo 42 de la Constitución chaqueña. O sea que al momento en que Colonización dictaba las resoluciones a través de las cuales adjudicara en ventas directas grandes extensiones de tierras fiscales y escrituraba las mismas, el tope era sistemáticamente violado en Colonización.
La Resolución 914/13 también es un claro ejemplo de trámite posiblemente irregular. En los fundamentos de la misma se hizo referencia al Dictámen 087, del 21 de julio de 2010. Al beneficiario, Gerardo José Curti, se le otorgó un permiso de ocupación de 6.250 hectáreas, aceptándose una renuncia gratuita instrumentada a través de un acta notarial que se agregó como hoja 174 del expediente. A Curti se le había adjudicado 2.500 hectáreas dentro de la reserva provincial “Loro Hablador”, a la que Curti renunció para obtener 6.250 hectáreas a pesar de que estaba vigente el tope supeficial de 1.250 porque en la resolución de adjudicación a Curti expresamente se citó la Resolución 1588/12, lo que corrobora que estaba vigente el límite superficial de las tierras fiscales que se adjudicaban a julio de 2010 y que, a su vez, pone al descubierto la trama que desembocó en el dictado de la Resolución 915/13.
Los pequeños productores a la interperie
La tierra fiscal adjudicada a Curti está ubicada en El Impenetrable, a pocos kilometros del paraje “Lagunita”. Cortaron postes y hacen piques para alambrar. Contrariamente, a los pequeños productores de la zona -que manejan la información de que Curti es carbonero- no les dejan cortar postes para mejoras, lo que evidentemente es una gran injusticia y descubre los privilegios de los que pocos gozan. De cuarenta socios de la Asociacion “El Guardamonte”, uno solo tiene titulo. A Gregorio Frias, pequeño productor que vive en el campo, no le autorizaron a ocupar tierras. Pedía tierras en el área que se adjudicó a Curti 6.250 hectáreas y se lo negaron. Muchos otros productores nacidos alli tienen actas de ocupacion o permisos de ocupacion por 70 o 100 hectáreas, que de ninguna manera constituyen unidades económicas productivas. Colonización se niega a adjudicarles una superficie mayor para que cuenten con verdaderas unidades económicas de tipo familiar, condenándolos a la pobreza perpétua. Les dieron superficies chicas, insuficientes para mantener los animales que tienen y para encarar una actividad productiva que les permita un sustento familiar digno. Sesenta productores necesitan tierras en la zona. Uno solo tiene título de propiedad. A los hijos mayores de edad de los productores, que tienen su fuente de vida en la zona, tampoco se les entrega tierras fiscales. Todos reclaman por tierras o por sus derechos. Los más viejos vienen reclamando durante toda la vida. Formalmente reclaman desde la epoca de la Alianza.
Cuando se escuchan los testimonios de los pequeños productores sobre qué piensan los pobladores cuando a Curti se le adjudicó 6.200 hectáreas, coincidentemente repitieron que es una gran injusticia porque todos pedían una superficie mayor que las que ocupan para poder trabajar mejor y vivir de lo que producen, y que la respuesta de Colonización siempre fue la misma: que no existían tierras fiscales en la zona o que escaseaban. O sea que a Curti le adjudicaron en venta 6.250 hectáreas a precio promocional, con el argumento de Colonización de resolver un conflicto, justamente en uno de los lugares de El Impenetrable donde mayor cantidad de reclamos que por tierras históricamente han realizado los pequeños productores locales, que son los únicos genuinos pobladores de la zona.
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References: Resolución 
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 artículo 42
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