Source: http://www.comisionporlamemoria.org/comite/index.php
Timestamp: 2014-10-21 18:19:29+00:00

Document:
Campa�a contra la mano dura
Actos de la CPM en la Provincia
La Comisión por la Memoria está presentando la campaña contra la mano dura en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. La primera semana de septiembre se lanzó en La Matanza y Bahía Blanca, y restan 15 localidades más. Participan jóvenes de escuelas secundarias y de organizaciones sociales y políticas.
En los actos de presentación de la campaña se proyecta el cortometraje El Método II que revisa, con imágenes de archivo y datos estadísticos, el contenido y las consecuencias de las políticas de mano dura durante los últimos 15 años en la provincia de Buenos Aires. Con gráficos y animaciones el corto busca poner en tensión y desarticular el sentido común que legítima estas acciones, tratando de abrir el debate en torno a la necesidad de promover políticas de seguridad basadas en el respeto por los derechos humanos.
(Leer más..) 22/8/2014
Los 15 a�os de la CPM
Teatro, muestras, libros, seminarios y cine
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) cumplió 15 años el pasado mes de julio, y organizó una nutrida agenda de actividades para celebrarlo.
En estos quince años de trayectoria, la CPM se ha constituido en un actor de la lucha por los derechos humanos; como organismo público y autónomo ha generado modos de intervención novedosos que retoman repertorios ya consagrados para reinventarlos en nuevas estrategias. En este sentido, tres cuestiones marcan su recorrido:
(Leer más..) 11/8/2014
PLAN DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD EN LA PROVINCIA
la cpm entrego un informe al vicegobernador
La CPM entregó al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto el crítico informe que elaboró sobre el plan de emergencia en seguridad que lanzó hace 120 días el gobernador Scioli. En una reunión que se desarrolló en un clima de cordialidad, y en la que estuvieron presentes varios integrantes de la CPM, entre ellos el presidente Adolfo Pérez Esquivel y el vicepresidente Aldo Etchegoyen, se insistió en el agravamiento de la vulneración de los derechos humanos que significa este plan de emergencia.
La CPM presentó hace unos días una acción ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de las medidas. El vicegobernador Mariotto destacó el trabajo que viene realizando la CPM desde hace 15 años, y consideró como necesaria y constructiva esta tarea de gran valor para los poderes del Estado. Asimismo, destacó el monitoreo sistemático que la CPM realiza en los lugares de encierro de la provincia de Buenos aires. Por otra parte, el vicegobernador le pidió a la CPM que elabore un diagnóstico sobre la legislación existente y sobre la que faltaría en materia de justicia, seguridad y derechos humanos, a fin de ser entregado al Poder Legislativo para que trabaje en una propuesta. En este sentido, propuso que en una semana la CPM presente su balance y en 15 días el Legislativo haga una devolución. Esas herramientas se presentarían al Poder Ejecutivo.
La CPM, por su parte, solicitó se avance en la sanción de una ley que pase a la órbita del Ministerio de Salud el sistema sanitario dentro de las cárceles, a fin de garantizar que se respeten los derechos de las personas en situación de encierro. Por la CPM estuvieron presentes Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Aldo Etchegoyen (vicepresidente), Elisa Carca (tesorera), Roberto Cipriano García (pro secretario), Susana Méndez (pro tesorera) Ana Barletta y Sandra Raggio (directora general).
La CPM entregó al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto el crítico informe que elaboró sobre el plan de emergencia en seguridad que lanzó hace 120 días el gobernador Scioli. En una reunión que se desarrolló en un clima de cordialidad, y en la que estuvieron presentes varios integrantes de la CPM, entre ellos el presidente Adolfo Pérez Esquivel y el vicepresidente Aldo Etchegoyen, se insistió en el agravamiento de la vulneración de los derechos humanos que significa este plan de emergencia. (Leer más..) 07/8/2014
Emergencia en seguridad: la CPM present� un cr�tico informe
Ante la Legislatura provincial
La CPM presentó su Informe sobre el plan de emergencia en seguridad donde advierte la gravísima situación en materia de derechos humanos en la provincia.
En el marco de una reunión bicameral de las comisiones de Derechos Humanos de la Legislatura provincial, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó un informe donde analiza las consecuencias del decreto 220/14, sancionado por el gobernador Daniel Scioli en abril pasado, mediante el que se declara la emergencia de seguridad. Durante el encuentro, que dio comienzo a la conformación de una mesa de trabajo, se compartió un diagnóstico donde se pone de relieve la grave situación en materia de seguridad que atraviesa la Provincia, al mismo tiempo que se propusieron líneas de trabajo conjunto de cara al futuro.
(Leer más..) 05/8/2014
A 120 D�AS DEL PLAN DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD EN LA PROVINCIA
LA CPM PIDE LA INCONSTITUCIONALIDAD TAMBIEN PIDIO QUE LA LEGISLATURA INTERPELE A LOS MINISTROS
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Aires (SCJBA) una acción de inconstitucionalidad sobre el decreto 220/14, sancionado por el gobernador Daniel Scioli en abril pasado, en el que se declara la emergencia de seguridad. Por otra parte, elevó un informe a la Legislatura provincial donde analiza las consecuencias del plan de emergencia y pide que se interpele a los ministros de Justicia y Seguridad de la Provincia. Mañana se reúne a las 11 con legisladores de ambas cámaras.
(Leer más..) 04/8/2014
Tras la intervenci�n de la CPM
Ordenan clausura de pabell�n y refacciones la Unidad 15 de Bat�n El Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo del Juez Tapia, respondió favorablemente el recurso de habeas corpus que presentó Comisión Provincial por la Memoria quien solicitó la clausura y restauración de dos pabellones al mismo tiempo que se requirieron refacciones en toda la unidad, modificaciones en el régimen de vida y la adecuación del sector de sanidad.
(Leer más..) 18/7/2014
La Comisi�n por la Memoria en Mar del Plata
Para conocer, monitorear y denunciar situaciones de vulneraci�n de derechos
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) realizó varias actividades en la ciudad de Mar del Plata -entre el martes y el jueves de esta semana- con el fin de interiorizarse, monitorear y denunciar diversas situaciones de vulneración de derechos en la localidad. Los directores del organismo mantuvieron reuniones con el fiscal general Fabián Fernández Garello y con la defensora general Cecilia Boeri. En estos tres días de trabajo, la CPM desarrolló además el encuentro regional del programa Jóvenes y memoria, se reunió con familiares de víctimas de la violencia institucional, armó una mesa de trabajo con organizaciones sociales y políticas, firmó un convenio con la Facultad de Humanidades de la UNMP, y realizó una inspección a la Unidad 15 de Batán.
(Leer más..) 09/7/2014
Comunicado de la CPM
Es por la limitaci�n de un homenaje a abogados desaparecidos
Entre los días 6 y 13 de junio de 1977, durante el terrorismo de estado, grupos de tareas secuestraron y trasladaron a la Base Aérea de Mar del Plata a los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, junto a su esposa María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de cuatro meses. El mismo destino tuvieron los abogados Néstor Enrique García Mantica y su esposa María Esther Vázquez de García, José Verde y su esposa Ana María de la Arena y Jorge Candeloro y su esposa Martha García. Sólo ella, Ricci, Bozzi, Verde y su esposa sobrevivieron.
La Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata, en el marco de la conmemoración de estos repudiables hechos, promovió un acto en homenaje a los abogados desaparecidos para lo cual solicitó autorización al presidente de la Cámara Penal, Raúl Paolini, para realizar una asamblea en el hall del edificio de tribunales y colocar una placa en su memoria.
En pocas líneas, el presidente de la Cámara dispuso: “… autorízase la colocación de la misma con anterioridad al día 7 de julio del corriente año y sólo el descubrimiento de la misma en una breve y sencilla ceremonia a efectuarse en el día, haciendo saber al peticionante que cualquier otro acto o asamblea que desee llevar a cabo lo deberá realizar en otro ámbito ajeno a este Poder Judicial”.
Lo resuelto y expresado por la presidencia de la Cámara Penal denota una preocupante subestimación de la trascendencia institucional del homenaje a las víctimas del terrorismo de estado, y un notorio apartamiento de las acciones que tienden a consolidar la memoria, la verdad y la justicia.
El homenaje a los abogados desaparecidos debería ser una acción reparatoria asumida por el propio Poder Judicial como un modo de reconocer la valiente actitud que algunos abogados tuvieron en los tiempos más duros de nuestra historia, en contraste con la complicidad manifiesta de muchos magistrados. La dictadura contó con jueces amanuenses y silenciosos que legitimaron la aplicación del plan de extermino.
Hoy, a 30 años de democracia, se debería contar con jueces que protejan a los débiles y perseguidos para que las garantías legales no sean mera declamación sino que incidan en las vidas de las personas.
Cabe preguntarse -como preocupación actual- a qué Justicia abreva la resolución del Juez Paolini cuando, a partir de una mera facultad administrativa de superintendencia de un edificio, pretende regular mediante “permisos y prohibiciones” el natural ejercicio pleno de derechos constitucionales como son el de reunión y expresión para rescatar la memoria de las víctimas del horror extremo practicado por el estado terrorista.
Entre los días 6 y 13 de junio de 1977, durante el terrorismo de estado, grupos de tareas secuestraron y trasladaron a la Base Aérea de Mar del Plata a los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, junto a su esposa María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de cuatro meses. El mismo destino tuvieron los abogados Néstor Enrique García Mantica y su esposa María Esther Vázquez de García, José Verde y su esposa Ana María de la Arena y Jorge Candeloro y su esposa Martha García. Sólo ella, Ricci, Bozzi, Verde y su esposa sobrevivieron.La Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata, en el marco de la conmemoración de estos repudiables hechos, promovió un acto en homenaje a los abogados desaparecidos para lo cual solicitó autorización al presidente de la Cámara Penal, Raúl Paolini, para realizar una asamblea en el hall del edificio de tribunales y colocar una placa en su memoria. (Leer más..) 08/7/2014
La CPM cumpli� 15 a�os
El 8 de julio de 1999, por una resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se creaba la Comisión Provincial por la Memoria.
El conjunto de referentes de un amplio campo de acción en defensa de los derechos humanos, que respondieron a la convocatoria, dieron inicio a un camino que aún continúa.
(Leer más..) 19/6/2014
declaracion de la cpm
la tortura en las carceles es sistematica y masiva
Tal como viene denunciando la CPM desde hace diez años, en las cárceles del país las prácticas sistemáticas de tortura integran la rutina penitenciaria de castigo, tornando ilusorios los principios de resocialización consagrados legalmente en Argentina. El escándalo y la indignación que producen las fotografías difundidas de las requisas vejatorias y humillantes a ciudadanos detenidos en la provincia de San Luis no ponen al descubierto nada nuevo: es tan sólo otra evidencia de lo ya conocido por todos los poderes del Estado, pues existen recurrentes informes y denuncias en la Justicia y los foros internacionales que así lo acreditan.
No obstante, nunca se ha llevado a cabo una reforma estructural del sistema penitenciario. Por el contrario, en el último tiempo, la presión por más seguridad se ha traducido en una política pública de más encierro y en peores condiciones, como se evidencia claramente en la provincia de Buenos Aires. Tampoco la Justicia ha actuado en consecuencia, y ha garantizado la impunidad y profundización de esta situación crítica.
Es imprescindible la intervención urgente de los distintos poderes del Estado nacional y provinciales para detener la tortura ejecutada por fuerzas policiales y penitenciarias, de la que son víctimas miles de ciudadanos, la inmensa mayoría jóvenes pobres.
No debe dilatarse más la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura -que aún no se ha ejecutado- y los mecanismos provinciales para el control de los lugares de encierro. Al mismo tiempo debe abandonarse el paradigma punitivo y manodurista, que ha demostrado su inoperancia en materia de seguridad, produciendo más violaciones a los derechos humanos.
Tal como viene denunciando la CPM desde hace diez años, en las cárceles del país las prácticas sistemáticas de tortura integran la rutina penitenciaria de castigo, tornando ilusorios los principios de resocialización consagrados legalmente en Argentina. El escándalo y la indignación que producen las fotografías difundidas de las requisas vejatorias y humillantes a ciudadanos detenidos en la provincia de San Luis no ponen al descubierto nada nuevo: es tan sólo otra evidencia de lo ya conocido por todos los poderes del Estado, pues existen recurrentes informes y denuncias en la Justicia y los foros internacionales que así lo acreditan.No obstante, nunca se ha llevado a cabo una reforma estructural del sistema penitenciario. (Leer más..) 12/6/2014
Jury al Dr. Axel L�pez
La CPM cuestiona decisi�n del Consejo de la Magistratura
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) expresa su preocupación y rechazo ante el enjuiciamiento del Dr. Axel Gustavo López, a quien el Consejo de la Magistratura acusa de conceder la libertad condicional de un condenado que luego fue imputado en una causa penal por otro homicidio.
(Leer más..) 02/6/2014
A 45 d�as de la declaraci�n de emergencia en seguridad
Se agrava la situaci�n de los derechos humanos en la Provincia
Ante los anuncios realizados por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en relación al resultado de la emergencia de seguridad en sus primeros 45 días, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresa:
Chicha Mariani es parte de la CPM
Emotivo acto en el Liceo V�ctor Mercante
Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, fue designada consultora académica de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Le dieron la bienvenida a la institución, los presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón y el consultor académico Baltasar Garzón.
“Muchísimas gracias a la CPM, a la que considero uno de los organismos más importantes del país”, expresó Chicha en el acto que se realizó en el Liceo Víctor Mercante de La Plata, escuela en donde ejerció como docente durante 25 años. En el encuentro estuvieron presentes Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, senadores y diputados provinciales, funcionarios nacionales, referentes de organismos de derechos humanos y miembros de la Asociación Clara Anahí y de la Comisión por la Memoria.
(Leer más..) 12/5/2014
Pr�cticas ilegales derivadas de la declaraci�n de emergencia
La CPM denuncia con alarma la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros. Particular preocupación generan los realizados en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, y cuya evidencia es publicitada por la página del propio municipio con una foto que ha tomado gran repercusión mediática.
Estos procedimientos son ilegales, en tanto implican el cacheo y secuestro de pertenencias sin orden judicial. Y son el resultado de la profundización de un modelo de “seguridad” que promueve el control territorial de los sectores populares.
Estas prácticas policiales son la emergencia de una fuerza policial que las tiene incorporadas en su accionar cotidiano y un poder político que lejos de propiciar su democratización, fomenta su autogobierno, su desprofesionalización y el sesgo autoritario de su intervención.
Hace unas semanas alertábamos sobre la relación existente entre la promoción de las políticas de mano dura y demagogia punitiva y los asesinatos producidos por particulares ante supuestos delitos contrala propiedad. Hoyalertamos que la respuesta política ante esos hechos -que fue la declaración de emergencia en materia de seguridad- está directamente relacionada con este tipo de procedimientos ilegales y arbitrarios.
Sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas. Se trata del fortalecimiento de uno de los aspectos centrales que caracterizan el poder de la institución policial y que es su dominio territorial.
Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo.
El procedimiento reflejado en la foto remite a la época de la dictadura, cuando eran habituales estos procedimientos como parte de un plan sistemático de las fuerzas policiales y de seguridad. Con esas prácticas se extendía el miedo y se instalaba el terror, con el objetivo de ejercer el control social y la manipulación de las personas. Si estos hechos de hoy se naturalizan, se estarían reinstaurando mecanismos repudiables que una democracia de treinta años no puede permitir si quiere seguir consolidándose y ampliando derechos.
Insistimos en que la política que debe asumirse es el de la seguridad democrática. Con ella se propicia la conjugación de la profesionalización en el abordaje del delito y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
La CPM denuncia con alarma la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros. Particular preocupación generan los realizados en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, y cuya evidencia es publicitada por la página del propio municipio con una foto que ha tomado gran repercusión mediática. (Leer más..) 12/4/2014
Cuestionamiento a las medidas de seguridad anunciadas por Scioli
Luego de su anuncio del sábado 5 de abril, ayer comenzó a regir el decreto 220 que declara por el término de doce meses la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires.
El conjunto de medidas reiteran una vez más las fallidas políticas en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Estamos convencidos - porque así lo demuestra la realidad y la historia - que ninguna de ellas conducirá a “salvaguardar la vida y los bienes de las personas” como pregonan los fundamentos del decreto. (Leer más..) 03/4/2014
El asesinato de David Moreira en Rosario, y otros episodios de violencia extrema contra jóvenes sospechados de ser autores de robos callejeros, es una señal de alarma que exige pronunciamientos contundentes y acciones políticas de todos los sectores. (Leer más..) 17/3/2014
despues de una inspeccion de la cpm
ordenan la clausura del pabellon 8 de sierra chica
Se trata del pabellón Nº 8 de la Unidad 2; la Suprema Corte de Justicia también pidió informes. La disposición llegó después de que la CPM inspeccionara nuevamente esa cárcel junto con la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación) y personal judicial que constató las gravísimas condiciones de detención ya denunciadas en febrero.
La situación de la Unidad 2 de Sierra Chica preocupa también a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Su presidente, Dr. Héctor Negri, dictó la resolución número 051/14 del 12 de marzo de 2014 que requiere informes al Ministerio de Justicia provincial sobre la situación del pabellón 8, y pone en conocimiento de la Procuradora General lo denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria en relación a la inexistencia de contacto con defensores, a fin de que se analice la labor de la defensa técnica.
Entre las dos últimas inspecciones, el equipo del CCT de la CPM presentó más de 400 acciones urgentes en los 19 departamentos judiciales de la Provincia. En cada instancia de monitoreo se pudo verificar que los techos de la Unidad tienen grandes filtraciones de agua a las que se les suma una precaria instalación eléctrica con cables pelados y un alto riesgo para la integridad física de quienes están allí alojados. También se constató que la alimentación que debe proveer el estado es escasa o nula, que existe hacinamiento en celdas compartidas de 2 por 3 metros, y se observó la presencia de cucarachas y ratas. A ello se le suma un régimen que consiste en 24 horas de encierro en las celdas, sin acceso a las duchas, instancias recreativas, educativas y/o laborales ni comunicación telefónica con los familiares o respectivos juzgados.
Ante estas reiteradas denuncias, a las que se sumó una presentación de la PROCUVIN, el Juzgado de Ejecución Nº 2 de Alvear, a cargo de la jueza Adriana Raquel Bianco, resolvió la clausura del Pabellón 8, por un plazo de 10 días a partir del 7 de marzo. Además ordenó que “una vez reparado y rehabilitado” ese sector se proceda al desalojo y reparación del pabellón 10. La orden judicial obliga al director de la Unidad, prefecto Diego Belinchon, a “arbitrar medios a fin de que ningún interno, y en especial los alojados en el pabellón 10, duerma en un colchón en el suelo”, y que los detenidos que ingresan de comisarías “accedan diariamente a horas de patio y recreación, como así también a teléfono”.
Ante esta situación la CPM considera que el estado en que se encuentra la unidad y las personas allí alojadas da cuenta claramente de la desidia del sistema penitenciario y penal en la Provincia, y de la deshumanización a la que son sometidas las personas alojadas en esos lugares de encierro.
El fallo de la clausura: antecedentes y puntos clave
La unidad de Sierra Chica tiene un historial de denuncias. Luego de varias presentaciones anteriores, en el año 2012 la CPM presentó un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Azul, que se declaró incompetente y lo elevó al Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Alvear. La titular del juzgado convirtió el referido habeas corpus en intervención por el artículo 25 inciso 3 del Código Procesal Penal.
Desde febrero de este año la CPM interpuso numerosas acciones que se remitieron nuevamente a la Dra. Bianco por su competencia jurisdiccional. Así la Jueza programó su visita institucional para constatar las denuncias. Esas intervenciones se sumaron a la realizada por la PROCUVIN en el marco de la última inspección. De la información suministrada por ambas instituciones surgen los argumentos que la jueza toma para resolver la clausura.
Al analizar el fallo judicial, los profesionales del Comité Contra la Tortura de la CPM consideraron que si bien la clausura es un avance, el dictamen tiene varios puntos críticos:
Hacinamiento: el fallo es ambiguo sobre este punto ya que no admite el hacinamiento aunque solicita que ninguna persona detenida duerma en el suelo “toda vez que la unidad cuenta con la existencia de camastros”. Esto es un claro incumplimiento del estándar recomendado por la CIDH que dispone que las celdas para una persona deben contar con 7 metros cuadrados. En Sierra Chica las celdas son de 2 x 3 metros, las ocupan 2 personas y no cuentan con condiciones básicas de habitabilidad (agua corriente, luz, etc.).
Condiciones materiales: la jueza solicita que “una vez reparado y rehabilitado el pabellón 8 se procederá al desalojo y reparación del pabellón 10” con el argumento de que “no se advirtió agravamiento de las condiciones de detención” sino “el deterioro lógico de un penal de más de cien años el cual requiere mantenimiento permanente”. Esto deja abierta la posibilidad de una apelación por parte del SPB, ya que no fundamenta suficientemente la clausura, y las reparaciones ineludibles las pueden determinar a su arbitrio el SPB, tornando impotente la resolución judicial.
Acceso a la salud: la jueza advierte que “la unidad penitenciaria cuenta con médico de guardia permanente”, pero elude decir que el acceso a la salud esta mediado por el SPB lo que inhibe la atención médica con la debida atención, tratamientos, suministro de medicación, etc. Se constató que el día de la inspección el médico no se encontraba en la unidad lo que desmorona la supuesta accesibilidad a la salud que se pretende justificar.
Se trata del pabellón Nº 8 de la Unidad 2; la Suprema Corte de Justicia también pidió informes. La disposición llegó después de que la CPM inspeccionara nuevamente esa cárcel junto con la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Nación) y personal judicial que constató las gravísimas condiciones de detención ya denunciadas en febrero.La situación de la Unidad 2 de Sierra Chica preocupa también a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Su presidente, Dr. Héctor Negri, dictó la resolución número 051/14 del 12 de marzo de 2014 que requiere informes al Ministerio de Justicia provincial sobre la situación del pabellón 8, y pone en conocimiento de la Procuradora General lo denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria en relación a la inexistencia de contacto con defensores, a fin de que se analice la labor de la defensa técnica. (Leer más..) 03/9/2013
Desde aquí se accede a las declaraciones públicas que la CPM emitió durante 2013.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
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