Source: http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Abogados/bluestar_curia.htm
Timestamp: 2017-10-22 19:04:10+00:00

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Nació el 21 de abril de 1953. Argentino.
Abogado (1973). Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Ingresó por concurso público de oposición en marzo de 1975 al Servicio Exterior de la Nación.
Desde inicios de 2002 se desempeña como Consejero Legal de la Cancillería.
- Desempeñó funciones en las Embajadas argentinas en el Reino de los Países Bajos (La Haya, 1978-1983), en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Moscú, 1986-1989), en la República Italiana (Roma, 1989-1990), en la República de Chile (Santiago, 1993) y en la República de Austria (Viena, 1994-1997).
- Jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia (1997-2002).
- En la Cancillería siempre prestó funciones en la Consejería Legal, en los períodos 1977-1978, 1983-1986 y 1991-1992.
- Integró la delegación argentina en numerosas conferencias internacionales organizadas por la ONU, la OEA, la Organización Marítima Internacional (OMI), el Comité Oceanográfico Intergubernamental (COI), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), el MERCOSUR, la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericana, el GAFI, etc., en particular en temas vinculados con límites, derecho del mar, pesca, recursos naturales y medio ambiente, ríos internacionales, espacio ultraterrestre, protección de la capa de ozono, biodiversidad y biotecnología, reforma de la Justicia, cooperación jurídica, prevención del delito, delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, etc.
- Representante ante la Comisión de Estupefacientes (1994-1996) y ante la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (1994-2001) de la ONU.
- Relator de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (1995 y 2000).
- Representante ante la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR (1997-2001).
- Jefe de la delegación argentina en la Conferencia que adoptó la "Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales" (OCDE, 1997)
- Representante ante el Grupo de Trabajo sobre soborno de la OCDE (desde 1997).
- Representante ante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (desde 2002).
- Representante ante las Reuniones de Ministros de Justicia de la OEA (Bs. As., 1997- Lima, 1999- Costa Rica, 2000).
- Coordinador del tema "Justicia" en la II Cumbre de las Américas (Santiago, 1998).
- Representante ante al IX y X Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito (El Cairo 1995 y Viena 2000).
- Representante ante el Comité Especial que elaboró la "Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo contra la trata de personas" (1998-2000).
- Representante/Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero (FATF-GAFI desde 2000).
- Representante/Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD desde 2001).
- Representante ante el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (CICAD desde 2002).
- Miembro del Grupo de Expertos de la ONU para la elaboración de la "Guía de Reformas Legislativas" en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (2002).
- Cursos de doctorado en Derecho Penal y Derecho Internacional Público (1974-1975).
- Especialización en Derecho Internacional Público, diversos cursos de investigación y seminarios de posgrado, entre ellos en el "Centro de Investigaciones en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional" de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el Instituto de la Integración de la Universidad de Lovaina, en el Instituto de Relaciones Internacionales de Tesalónica, etc.
- Becario de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (1981).
- Becario del Instituto de la ONU para la Capacitación e Investigación. UNITAR (1983).
- Huésped del Gobierno francés en el Programa "Personalidades de Futuro" (1999)
- Miembro de la American Society of International Law.
- Jefe de Trabajos Prácticos (1975-76) y Profesor Adjunto (1983-1986 y 1991-1992) de Derecho Internacional Público (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA).
- Profesor de Derecho Diplomático (1985-1986) y de Política Exterior Argentina (1991) (Instituto del Servicio Exterior de la Nación).
- Profesor a cargo de la Cátedra de Derecho Diplomático y Consular (1992 y desde 2001) (Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina).
- Conferencista y panelista en diferentes seminarios.
LA LEGISLACIÓN PENAL Y EL LAVADO DE DINERO
En los últimos años numerosos Estados han recurrido a incorporar en sus órdenes jurídicos nuevas figuras penales con el objeto de enfrentar las diferentes formas de criminalidad organizada, asociaciones para delinquir, etc. que se diferencian de la categoría tradicional de banda, grupo, etc.
La necesidad de contar con adecuada legislación que permita prevenir, controlar y sancionar con éxito los casos vinculados al lavado de dinero es una preocupación constante de los Estados y de las Organizaciones Internacionales, preocupación que en los últimos años se ha profundizado y ha llevado a la elaboración y adopción de nuevas normas que tratan de receptar los últimos desarrollos en la materia.
La existencia de organizaciones de carácter universal, regional y supranacional, así como de mecanismos especiales, que han concentrado esfuerzos en materia administrativa/legislativa/institucional sobre el tema de la lucha contra el blanqueo de capitales y, que en algunos casos han impuesto determinadas obligaciones sobre los Estados, demuestra la importancia que se asigna a la existencia de un adecuado arsenal 'jurídico-institucional' a nivel nacional para brindar una respuesta satisfactoria en este tema.
La tendencia a la alineación/armonización de las legislaciones nacionales, tanto en sustancia como en procedimiento, se perfila como un elemento fundamental.
Hasta hace pocos años el grado de interdependencia entre los países era menor, y en numerosos casos limitado a algunos campos específicos, que el que se presenta en la actualidad. La dimensión global o mundial -casi podríamos decir universal- de la interacción económica, social, cultural, política, etc de los países es un fenómeno inédito, en el cual la tecnología de la información y comunicaciones desempeña un rol privilegiado.
En este esquema elemental puede destacarse que la delincuencia hace largos años que se ha 'globalizado' -en particular, la criminalidad organizada- ya que las soberanías y fronteras no constituyen barreras para el accionar de los delincuentes. Sin embargo, la lucha de los Estados viene aún enfocada desde una perspectiva básicamente nacional. Esta situación requiere de un salto cualitativo, el que ha comenzado a elaborarse en el último lustro y que deberá profundizarse, hasta lograr alcanzar una vigencia amplia y eficaz de la cooperación internacional.
El tema de la lucha contra el lavado de dinero fue enfocado inicialmente desde una perspectiva exclusivamente criminal/penal, ligado al tráfico de estupefacientes y con participación preponderante de las agencias de seguridad encargadas de asegurar el cumplimiento de la ley (law enforcement authorities).
La libertad y frecuencia del movimiento de capitales a nivel internacional se ha acelerado en los últimos años. La globalización de las transacciones y el anonimato que permiten las nuevas tecnologías facilitan la infiltración criminal y se han detectado peligros para la estabilidad del sistema financiero. Por ello, a partir de una perspectiva totalizadora, asegurar la protección del sistema financiero internacional para su adecuado funcionamiento requiere de los Estados contar con estándares mínimos en materia de lucha contra el blanqueo de activos. Estos estándares están constituidos por las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF-GAFI), de acuerdo con la decisión adoptada por el Foro de Estabilidad Financiera (FSF).
La decisión de que en esta lucha 'tous azimuts' contra el lavado de dinero participen todos los actores de la comunidad internacional, llevó al GAFI a desarrollar, a partir del año 2000, el ejercicio de "Países y Territorios No Cooperativos" (PTNC), en el cual una cincuentena de Estados y territorios no-soberanos fueron analizados, evaluados y sometidos a un mecanismo de incorporación a una 'lista negra' en caso de que no procedieran a adoptar legislación o modificar sus normas, crear instituciones, favorecer la cooperación internacional, etc. a partir de los principios contenidos en las 40 Recomendaciones.
Esto implica para terceros países asumir como obligatorias una serie de pautas a las que no habían adherido voluntariamente, y en consecuencia adaptar sus normas e instituciones a un cierto nivel de calidad de estándares internacionales fijados por un grupo de países.
El GAFI examina regularmente los progresos realizados por las jurisdicciones evaluadas y decide la incorporación y/o retiro de las mismas de esta 'lista'.
3. EVOLUCION A NIVEL INTERNACIONAL
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988, marcó el camino con relación a obligaciones a ser incorporadas en la legislación nacional.
En su art. 3, dispone que todos los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales cuando se cometan intencionalmente:
-la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos de tráfico de drogas, o de un acto de participación en tal delito, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones (art. 3, 1. b) i)),
-la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos de tráfico de drogas o de un acto de participación en tal delito (art. 3, 1. b) ii)),
-la adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno de los delitos de tráfico de droga o de un acto de participación en tal delito (art.3, 1. c) i)).
La incriminación del blanqueo de capitales derivado del 'narcotráfico' quedó consagrado en Viena en 1988.
Un par de años más tarde, el Consejo de Europa celebró el Convenio sobre el blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos, Estrasburgo 1990, en el que se amplió el criterio sobre los delitos precedentes.
En su art. 6 establece que cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos en virtud de su legislación nacional, si se cometieren intencionalmente:
- a. la conversión o transmisión de bienes sabiendo que se trata de un producto, con el fin de ocultar o disimular la procedencia ilícita de esos bienes o de ayudar a una persona involucrada en la comisión del delito principal a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos,
- b. la ocultación o simulación de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento, derechos relativos a los bienes o propiedad sobre los mismos, sabiendo que dichos bienes son productos,
- c. la adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo, en el momento de recibirlos, que se trata de productos,
La Convención define como 'producto' todo provecho económico derivado de un delito (art. 1, a.)
De esta forma, en un instrumento de nivel regional, fue consolidado el criterio de la incriminación del blanqueo de capitales por otros delitos diferentes del narcotráfico.
Por una parte, los primeros años de la década de los noventa ha sido particularmente rica en generación de principios, normas y reglamentos en materia de lavado de dinero, en diferentes organizaciones, que han enriquecido el acervo en el tema, pero que desde el punto de vista de la tipificación del delito no han pasado de ser 'recomendaciones' o 'soft law' ya que no conllevaban la obligación de tipificar conductas. Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI de 1990, la Directiva 308 de la Unión Europea de 1991 sobre prevención del sistema financiero para el blanqueo de capitales, el Reglamento Modelo de 1992 sobre Delitos de Lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves aprobado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, pueden ser citados como ejemplos de esta tendencia.
La Directiva 91/308 define en su artículo 1. como 'blanqueo de capitales' una serie de acciones cometidas intencionalmente, y en su artículo 2. dispone que " los Estados miembros velarán para que el blanqueo de capitales, tal y como se define en la presente Directiva, quede prohibido".
Por otra parte, la segunda mitad de la década de los noventa testimonió la consolidación del tema de la delincuencia transnacional organizada a nivel universal (Conferencia de Palermo de la ONU 1994), y a nivel regional (Plan de Acción de la UE de 1997 y Acción Común de 1998), así como la elaboración de tratados en diferentes organizaciones sobre materias vinculadas con el lavado de dinero. Así, la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), la Convención de la OCDE para la lucha contra el cohecho de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales (1997), la Convención Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa (1999), lo que generó una gran actividad legislativa en numerosos Estados para incorporar en su derecho interno las obligaciones derivadas de estos tratados.
En este breve y simplificado recorrido por los instrumentos internacionales adoptados en los últimos años, debemos considerar como el hito más relevante a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, denominada Convención de Palermo. Este tratado constituye una piedra angular en materia de lucha contra la delincuencia por las diferentes figuras y temas que incorpora.
En materia de lavado de dinero por primera vez a nivel universal general se ha establecido una serie amplia de obligaciones consensuadas por un significativo número de Estados.
La Convención de Palermo titula su artículo 6 "Penalización del blanqueo del producto del delito" y establece en su párrafo 1. que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) i) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que estos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos,
ii) la participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión
En el párrafo 2. dispone que para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1. de este artículo:
a) cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes,
b) cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados.
La penalización del blanqueo que cubre el artículo 6 de la Convención de Palermo incorpora como delitos determinantes a los delitos graves (serious offences) definidos en el artículo 2 b) como un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave.
Asimismo, la participación en un grupo delictivo organizado (art 5), la corrupción (art 8) y la obstrucción de la justicia (art 23) se constituyen en delitos determinantes, ampliando notablemente -en particular a través de la figura del 'delito grave', categoría no reconocida en todas las legislaciones nacionales- el universo de delitos determinantes o antecedentes.
Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Palermo bajo el título "Medidas para combatir el blanqueo de dinero" desarrolla todo un sistema, con cierto detalle, de supervisión de entidades financieras, de requisitos sobre identificación de clientes, de denuncias de transacciones sospechosas, de cooperación e intercambio de información, de establecimiento de una unidad de inteligencia financiera, de vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero efectivo, etc. e insta a los Estados Parte a guiarse por las iniciativas de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.
Las disposiciones de estos artículos constituyen un hito invalorable en materia de lucha contra el lavado de dinero a nivel internacional multilateral..
Finalmente, a nivel regional, debemos destacar la adopción de la nueva Directiva 2001/97/CE por la Unión Europea en diciembre 2001, en la cual se amplían los delitos precedentes, se incorporan nuevas categorías de sujetos obligados a informar (gatekeepers) y se establece el 15 de junio del año 2003 como fecha límite para que los miembros incorporen la Directiva en su derecho interno, entre otros temas.
4. LAS LEGISLACIONES EN MATERIA PENAL
En primer lugar debemos notar que el empleo de términos en diferentes normas nacionales no es unívoco, así se refieren a lavado, reciclaje, blanqueo y a bienes, dinero o capitales.
Por otra parte, un tema central para el legislador ha sido la concepción del blanqueo como un delito uniofensivo o pluriofensivo con relación al bien juirídico tutelado. En este campo se ha planteado la necesidad de proteger la Administración de Justicia, la seguridad interior del Estado, el orden socioeconómico, el orden socioeconómico y la estabilidad democrática, el funcionamiento del sistema financiero, etc.
Asimismo, se ha comprobado la conveniencia de una cierta coherencia entre el derecho administrativo y sus sanciones (con relación al funcionamiento del sistema de prevención y control del blanqueo) con el derecho penal sustantivo en la materia.
En algunas ocasiones se ha elegido tipificar al lavado de dinero como un delito de carácter genérico mientras que en otras se lo ha planteado como un tipo penal autónomo.
En esta perspectiva, se encuentran básicamente tres modelos posibles: un listado o catálogo de delitos precedentes, una categoría especifica de delitos antecedentes o la referencia a todos los delitos en general. Asimismo, se ha utilizado la referencia a una suma de dinero (ganancia/provecho económico) que debe ser superada para que califique el delito dentro del esquema del lavado de dinero.
El tema del sujeto activo imputable ha generado la opción de considerar o no aceptar la impunidad del blanqueo realizado por el autor o partícipe del delito previo. Autoría y participación constituyen un aspecto importante en la manera de enfocar la temática.
La cuestión del objeto material del delito de lavado de dinero, a su vez, planteó la discusión sobre el concepto de bienes y los bienes derivados directamente y/o indirectamente del delito previo, en particular la situación de la característica de la proveniencia ilícita.
La descripción de la conducta típica, fundamental en el derecho penal de raigambre continental, generó diferentes aproximaciones con relación a los verbos tradicionales (adquirir, convertir, transmitir, ocultar, encubrir, ayudar, poseer, administrar, aplicar, etc) que fueron reflejados en diferentes normas nacionales.
Un tema que continua provocando polémicas de diferente grado se refiere a las formas de la culpabilidad contempladas en el delito de blanqueo de capitales. El dolo, la imprudencia grave, la culpa grave, el dolo eventual y el error, según los diferentes sistemas jurídicos, constituyen opciones que el legislador tiene a su alcance.
El agravamiento del tipo penal, ya sea por el origen de los bienes o por las condiciones del sujeto activo, también es un elemento que ilumina esta temática.
El requisito de la doble incriminación o el de contar con idéntica calificación jurídica del delito es otro elemento importante a tener en consideración.
La posibilidad que se considere al delito cometido en el extranjero como delito determinante del lavado de dinero resulta importante y constituye un reconocimiento expreso del carácter transnacional de la actividad criminal.
Todos estos aspectos conforman el esquema central que una legislación adecuada sobre sanción del delito de blanqueo de capitales debe contemplar, para que resulte eficaz en la posterior aplicación por el sistema de administración de justicia de un Estado.
5. BREVES OBSERVACIONES
En los últimos años numerosos Estados han dictado normas sobre blanqueo de capitales (en varios casos producto del ejercicio de 'Países y Territorios No Cooperativos' del GAFI), y otros países han enmendado/actualizado su legislación en la materia.
Conceptos que no han sido mencionados hasta acá, también conforman un aspecto importante de la legislación general en este tema: el secreto bancario y su fundamento constitucional, las sociedades pantalla, la responsabilidad conjunta de las entidades y sus Directores (órgano) y ejecutores (representantes legales), la responsabilidad penal de las personas jurídicas, etc.
Los Estados deben ser concientes que la cooperación internacional judicial, administrativa y policial/seguridad, en esta materia es una condición básica para poder brindar una respuesta efectiva al desafío del lavado de dinero. En este orden de ideas el perfilar una armonización/alineación de las normas de fondo y de forma (sustantivas y procesales) es un requisito que se va imponiendo.
Es probable que en los próximos años deberá recurrirse a un enfoque novedoso o innovador en el marco del derecho penal que, respetando adecuadamente los derechos y garantías fundamentales tales como el principio de legalidad y el mandato de certeza, permita disponer de herramientas eficaces en la lucha contra el lavado de dinero, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías aplicadas en la materia y disponibles para la delincuencia (Internet banking y dinero electrónico, entre otras) generan un desafío que debe ser urgentemente evaluado por los Estados.
Con relación a este último punto, la lucha contra la financiación del terrorismo, con una dinámica propia tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, merece una consideración individualizada que exceden las posibilidades de esta presentación.
ADVERTENCIA: Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen en manera alguna al gobierno de la República Argentina.

References: artículo 1
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 artículo 7