Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632086-B.html
Timestamp: 2020-04-03 20:33:12+00:00

Document:
as2016320086-B
Auto Supremo Nº 86-B/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.279/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 195 vta. a 198, interpuesto por Olga Duran Uribe y Brenda Erika Siñani Rojas, en representación legal del Servicio Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) Regional Santa Cruz, contra el Auto de Vista Nº 127 de 12 de mayo de 2015, cursante de fs. 191 y vta. a 192, emitido por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del trámite de solicitud de renta de viudedad seguido por Arminda Cossío Tineo Vda. de Quiñones, derecho habiente del asegurado de Hugo German Quiñones Romero; la contestación de fs. 204 y vta. a 205, el Auto a fs. 212 y vta., que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de solicitud de renta de viudedad interpuesto por Arminda Cossío Tineo Vda. de Quiñones, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 00003597 de 26 de septiembre de 2014 resolvió desestimar la Renta de Viudedad solicitada por la Sra. Arminda Cossío Tineo, en virtud a las razones y fundamentos legales expuestos en la parte considerativa de dicha Resolución.
Contra esta resolución Arminda Cossío Tineo Vda. de Quiñones, derecho habiente del asegurado Hugo German Quiñones Romero interpuso recurso de reclamación de fs. 148 a 151, que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 966/14 de 31 de diciembre de 2014, de fs. 158 a 161, confirmando la Resolución Nº 00003597, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativa en vigencia.
En grado de apelación interpuesta de fs. 168 y vta. a 171, por Arminda Cossío Tineo Vda. de Quiñones, derecho habiente del asegurado Hugo German Quiñones Romero, la Sala Social y Administrativa del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que por auto de vista revocó la Resolución Nº 00003597, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR y la emitida por la Comisión de Reclamaciones, Resolución Nº 966/14 de 31 de diciembre, y deliberando en fondo con los fundamentos legales insertos ordena a la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, la Calificación de la Renta de Viudedad en favor de la Sra. Arminda Cossío Tineo en su calidad de derecho habiente del Sr. Hugo Quiñones Romero, y sea a partir del mes de febrero de 2014, sin costas, conforme a la Ley Nº 1178 (SAFCO).
Esta resolución originó que las representantes del SENASIR interpongan el recurso de casación en el fondo de fs. 195 y vta. a 198, acusando en síntesis lo siguiente:
Que, la documentación adjuntada acredita el certificado de defunción a fs. 80, certificado de matrimonio a fs. 74 del causante con la señora Arminda Cosió Tineo y luego el certificado de matrimonio a fs. 73 del causante con la señora Idalia Valdez con fecha de partida 17 de abril de 1962; por lo que, en aplicación de el art. 80 del Código de Familia Boliviano (CFB), y su art. 46, hace énfasis en: “No puede contraer nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior”, por lo que se entiende que el señor Hugo German Quiñones Romero, al momento de contraer matrimonio con la señora Arminda Cossío Tineo, no gozaba con libertad de estado, seguía casado, es así que el SENASIR dentro de sus facultades procede mediante Resolución Nº 00003597 a desestimar la solicitud de renta de viudedad, que es confirmada mediante Resolución Nº 966/14.
Con respecto a los arts. 41, 96, 73, 74 del CFB, que son mencionados en el auto de vista con el fin de establecer la legalidad y calidad de viuda de la señora Arminda Cossío Tineo, dichos preceptos estarían mal aplicados basándose en los arts. 172 44 y 46 al 50 del CFB, que si bien la solicitante tuvo una vida en común de acuerdo a verdad material existente, estaba viciada porque el señor Quiñones estaba casado y su matrimonio tiene vigencia por lo que existe mala interpretación y aplicación dentro del auto de vista recurrido.
Por lo que se debería confirmar la Resolución de la Comisión de Reclamaciones Nº 966/14 de 31 de diciembre, emitidos por el SENASIR, sea previa las formalidades de rigor.
En ese contexto, de la revisión exhaustiva de los datos del proceso y del contenido del recurso, se desprende que la controversia trata sobre la desestimación de la solicitud de la renta única de viudedad presentada por Arminda Cossío Tineo Vda. de Quiñones, por Resolución Nº 00003597, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, desestimó su condición de viuda del que en vida fue su esposo Hugo German Quiñones Romero, porque no tenía libertad de estado para contraer un nuevo matrimonio; expresó que el tribunal de apelación habría transgredido y mal aplicado, los arts. 46, 172 del Código de Familia CFB, 52 del Código de Seguridad Social y 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición que prevé: “se concede renta de viudedad a la esposa sobreviviente o a la falta de esta, a la conviviente que hubiera estado inscrita como tal, en los registro de la Caja Nacional de Salud, siempre que el asegurado no o conviviente no hubiera tenido impedimento legal para contraer matrimonio, vale decir, que el causante debía ostentar el estado de solterio, viudo o divorciado mediante sentencia ejecutoriada y que la vida en común se hubiera iniciado dos o más años antes del deceso…”(sic). Motivo por el cual no correspondería se otorgue renta de viudedad a favor de la solicitante.
Al respecto, revisados los antecedentes procesales, se evidencia de acuerdo al certificado de defunción a fs. 80, el fallecimiento del Sr. Hugo German Quiñones Romero que fue en fecha 21 de enero de 2014, luego a fs. 74 cursa el certificado de matrimonio del causante con la derecho habiente, celebrado en fecha 27 de mayo de 1974, que tiene el valor probatorio que le otorgan los arts. 1287 y 1534 del Código Civil (CC), vigente a la fecha de la presentación de la renta de viudedad, además a fs. 24 y 113 cursan fotocopias legalizadas de la filiación de la solicitante en su calidad de esposa del titular de la renta en la Caja Petrolera de Salud, a fs. 139 cursa el poder notarial Nº 124/2013, otorgado en favor de la derecho habiente; cursante de fs. 81 a 82, cursa la solicitud de renta de viudedad; en la condición de esposa la Sra. Arminda Cossío Tineo, con matricula Nº 19405407-CTA, es derecho habiente de su finado esposo Hugo Quiñones Romero, rentista del sector Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), corroborado de fs. 99 a 103 y con el informe socio económico emitido por. María Luisa Udaeta, trabajadora social, que sugiere se otorgue la renta como derecho habiente del asegurado fallecido.
El SENASIR, basándose en el informe a fs. 83, al establecer el estado civil del causante de divorciado, y que al no tener libertad de estado no podría contraer nuevo matrimonio con la solicitante, en merito a ello se desestima la renta única de viudedad a favor de la derecho habiente mediante Resolución Nº 00003597 de fecha 26 de septiembre de 2014 de Fs. 87 a 88, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, sin tomar en cuenta toda la documentación presentada durante la tramitación del proceso, descrita líneas arriba, literales que demuestran de manera convincente que la solicitante como esposa del causante lo acompañó hasta el momento de su fallecimiento, por lo que no corresponde aplicar al caso presente el art. 32 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición. Igual error se advierte que ante el recurso de reclamaciones por Resolución Nº 966/14.
El Tribunal de Alzada ante el auto de Vista Nº 127 de 12 de mayo de 2015, al revocar la Resolución impugnada Nº 966/14, emitida por la Comisión de Reclamación de rentas del SENASIR y disponer se conceda renta de viudedad a la solicitante desde el mes de febrero de 2014, emitió un fallo con la debida motivación y fundamentación, conforme determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), concordante con el art. 227 del Adjetivo Civil.
En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que se niegue el derecho a recibir renta de viudedad a la esposa del causante a quien le corresponde en su condición de derecho- habiente del rentista Hugo German Quiñones Romero, de tal manera, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios plasmados en los artículos 35.I y 45.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
En ese marco normativo, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0776/2012 de 13 de agosto, reiterando el entendimiento precisó: “es potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de la vida y salud física y mental; la seguridad económica, vivienda, descanso y la protección del núcleo familiar; cobertura o contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventivas y curativas, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo, renta de invalides, de vejez, derechohabiente, y las demás asignaciones familiares”, más aún, si se considera que la “renta de viudedad” tiene un contenido propio cual es de garantizar a las personas que accedan a este beneficio, los recursos económicos consecuentes al trabajo de su causante, necesario para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca.
En ese marco, el derecho a la seguridad social ésta directamente relacionada a la satisfacción de los derechos humanos, protegiendo a la persona humana de las contingencias propias de la vejez, como base del ejercicio de otros derechos fundamentales; que buscan cubrir las necesidades básicas del beneficio de la renta, quien es considerado de atención prioritaria para el Estado y en etapa de vulnerabilidad, aspecto por el cual, la interpretación de la norma aplicable a este sector y la realización de tales derechos, deben tener prevalencia del derecho sustantivo antes que las formalidades, haciendo de tal manera efectivo los valores, principios y fines del Estado, consagrados en el capítulo segundo del título primero, correspondiendo a la primera parte de la CPE, máxime considerando que las personas de la tercera edad constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento, al que tanto el Estado como sociedad en su conjunto, por los riesgos a los que están expuestos, tienen la obligación de dar prioridad al cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, tomando en cuenta además que el art. 13.I de la CPE., establece que los derechos reconocidos son inviolables, universales independientes, indivisible y progresivos y que es el Estado quien tienen el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.
Por otro lado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los art. 180.I de la CPE y 30.11 de la Ley del Órgano judicial (LOJ), establecen como un principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
Bajo estas premisas se concluye que el auto de vista recurrido, no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, por ello, corresponde resolverlo conforme previenen los artículos 271.2. y 273 del CPC, aplicable por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Renta de Curso de pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 195 y vta. a 198, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto.

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