Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632066.html
Timestamp: 2019-03-25 04:10:39+00:00

Document:
as201632066
Auto Supremo Nº 66/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.224/2014 - (retornado).
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 376 a 381, interpuesto por Marco Antonio Aguirre Heredia, Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra el Auto de Vista Nº 145/13, de 27 de diciembre de 2013 (fs. 340 a 342), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la Estación de Servicio Lubrican S.R.L., contra la institución recurrente, la respuesta de fs. 384 a 388, el auto de fs. 389, que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez Segundo de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 01/2012 de 30 de enero de 2012 (fs. 161 a 172), declarando probada la demanda de fs. 30 a 39, interpuesta por la representante legal de la Empresa Estación de Servicios Lubrican S.R.L., disponiendo dejar nula y sin valor legal la Resolución Administrativa Nº 202/2011 de 2 de junio de 2011, por no haberse constituido el hecho generador de la clausura, levantando la sanción de la clausura a la Empresa de Servicio Lubrican S.R.L., al no existir la contravención tributaria.
En grado de apelación planteada por el representante legal de la entidad demandada (fs. 174 a 176), la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento del Auto Supremo Anulatorio Nº 42 de 20 de febrero de 2013 de fs. 277 a 280, emitió la Resolución Nº 02/2013, de 19 de abril de 2013, la Juez Segundo de Partido, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, concluyó que no tiene competencia para declarar extemporáneo el recurso de apelación y declarar la ejecutoria la ejecutoria de la sentencia, disponiendo no ha lugar a la solicitud de ejecutoria impetrada por el sujeto pasivo y, en aplicación a los previsto en el art. 197 del Código de Procedimiento Civil (CPC), concedió el recurso a efectos de que el tribunal superior se pronuncie sobre la apertura de su competencia, en tal sentido, existiendo el recurso de apelación interpuesto por el sujeto activo contra la Sentencia Nº 01/2012 de 30 de enero de 2012, en aplicación de los arts. 197, 224, 227 y 229 del CPC, se concede el mismo ante el superior en grado en el efecto suspensivo.
Ante esta situación, la institución demandada interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, bajo alternativa de apelación, resuelto mediante Auto de 16 de mayo de 2013, mediante el que se dispuso, no ha lugar a la reposición y estando alternativamente interpuesto el recurso de apelación por parte del sujeto pasivo, concedió el mismo ante el superior en grado.
En este sentido, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 145/13, de 27 de diciembre de 2013, (fs. 340 a 342), anulando la Resolución Nº 02/2013 de 19 de abril de fs. 288 a 289 y Auto de 16 de mayo de 2013 de fs. 316 a 317, debiendo la juez a quo, pronunciar un nuevo fallo.
Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 376 a 381, interpuesto por el representante legal de la institución demandada, que fue resuelto mediante Auto Supremo Nº 224/2014 de 15 de agosto de 2014 (fs. 396), declarando INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 376 a 381.
Como consecuencia de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la institución demandada, contra Fidel Marcos Tordoya Rivas y Gonzalo Hurtado Zamorano, Magistrados de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, que pronunciaron el Auto Supremo Nº 224/2014, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Resolución Nº 91/015, de 13 de marzo de 2015, negando la tutela impetrada; fallo que elevado en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0873/2015, de 22 de septiembre de 2015, que revocó la Resolución del Tribunal de Garantías, concediendo la tutela solicitada y disponiendo la nulidad del Auto Supremo aludido.
En cumplimiento de la citada SCP, corresponde a este tribunal de casación, emitir el presente Auto Supremo.
En este sentido, en el recurso de casación en el fondo se denunció en síntesis:
Que, el auto de vista se limitó a señalar que la Resolución Nº 02/2013 de 19 de abril, no se encuentra motivada.
Sobre el tema adujo que, dicha resolución se pronunció sobre lo solicitado por el contribuyente, al sostener que la juez a quo no tendría competencia para declarar extemporáneo el recurso de apelación y disponer no ha lugar a la ejecutoria de la sentencia impetrada por el sujeto pasivo, en aplicación del art. 197 del CPC, al respecto precisó, que al dictarse el fallo de primera instancia, la juez a quo, tenía la obligación de elevarla en consulta, para que el tribunal ad quem, ingrese al fondo del proceso y se valore las pruebas aportadas por la Administración Tributaria, dando cumplimiento a lo previsto por el art. 236 del código adjetivo civil.
Denunció que, al emitir el auto de vista, se violó el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), al no haberse pronunciado sobre el fondo del proceso, dejando en indefensión a la Administración Tributaria en cuanto a los argumentos y pruebas que no fueron consideradas, valoradas ni analizadas, omitiendo pronunciarse sobre las mismas, conforme dispone el art. 397 del CPC, emitiendo una resolución parcializada y sin fundamento.
Sostuvo que, tampoco se realizó análisis a la intervención de la Estación de Servicio Lubrican S.R.L., al constatar en el sitio la no emisión de la nota fiscal por el valor de Bs.50.-, al vehículo con placa de circulación 1907 LAN, contravención que es sancionada con la clausura definitiva del establecimiento contraventor; para tal efecto, se labró el Acta de Verificación y Clausura Formulario Nº 7544 con Nº 00027274, procediendo a la intervención de la factura Nº 719038, siguiente a la última emitida por el sujeto pasivo, quedando la copia de la misma en el talonario con el sello “sin nombre”, con placa de control 1907 LAN.
Señaló que no se pronunció sobre la lesiva Sentencia Nº 01/2012; que el auto de vista recurrido, tampoco se pronunció sobre las aseveraciones de la juez al señalar que, los funcionarios interventores de la Administración Tributaria, cometieron un error, puesto que el hecho nunca aconteció, no se pronunció sobre la ilógica síntesis de la juez en relación a la causa y efecto, al señalar que no existe identificación de la persona que habría adquirido la gasolina por un valor de Bs.50.-, por ultimo sostuvo que, el auto de vista no realizó criterio alguno sobre la prueba de reciente obtención presentada por la Administración Tributaria, en la cual se evidencia el fallo errado de la juez de primera instancia.
De otro lado señaló que, el SIN cumplió todos los requisitos que la norma establece y que, por la naturaleza de la transacción, es ilógico e imposible que el comprador “exhiba” el producto comprado (gasolina de tanque), puesto que el contribuyente, jamás demostró que no haya cumplido el procedimiento, puesto que la carga de la prueba, la tenía el demandante, ya que los actos del SIN se presumen legítimos conforme lo previsto en los arts. 65 de la Ley Nº 2492 y 32 de la LPA, ya que está por demás demostrar que la aludida estación de servicio, vendió gasolina y no emitió factura el 30 de mayo de 2011.
Que el auto de vista recurrido, incumplió con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, pues, los hechos, las pruebas, la documentación y los argumentos expuestos por ambas partes, puesto a conocimiento de la Sala Social y Administrativa Tercera, debieron ser valoradas por el tribunal ad quem, empero el auto de vista emitido, no consideró ninguno de esos aspectos, a pesar que era de su competencia, ingresar al fondo y emitir resolución en estricta justicia, citando al respecto, línea jurisprudencial contenida en los Autos Supremos (AASS) Nos. 819 de 29 de noviembre de 2007, 179 de 29 de abril de 2003, 97 de 9 de mayo de 2005, 007/2013 de 4 de enero.
Sostuvo que el fallo de segunda instancia, interpretó erróneamente el art. 197 del CPC y no dio cumplimiento a la jurisprudencia sentada en las SSCC Nos. 0854/2005-R de 28 de julio, 820/2012 de 20 de agosto y AASS Nos. 42 de 20 de febrero de 2013 y 132 de 27 de abril de 2009, ya que la Resolución Nº 02/2013 de 19 de marzo, fue emitida de acuerdo al art. 197 del CPC, concordante con el art. 90 del mismo cuerpo legal, porque al margen de la apelación, todo sentencia contra el Estado, debe ser consultada de oficio ante el superior en grado, siendo indiferente si la apelación presentada se encuentra dentro o fuera de plazo, por lo que, al ser la Sentencia Nº 01/2012 de 30 de enero, contraria al Estado, debió elevarse al superior en consulta, para que el tribunal ad quem, abra su competencia para conocer el fondo de la causa, aduciendo que dicho tribunal, respaldó su fallo señalando el Auto Constitucional Nº 242/2006-CA de 16 de mayo, y jurisprudencia contenida en los AASS Nos. 070/2009, de 28 de febrero y 132 de 27 de abril de 2009, que dispusieron anular obrados hasta que el juez de la causa “añada a la sentencia el aditamento extrañado”, evidenciándose que el art. 197 citado, puede ser aplicable en materia Contenciosa Tributaria, conforme establece el art. 214 de la Ley Nº 1340 y la jurisprudencia citada.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, anule obrados hasta el Auto de Vista Nº 145/13 de 27 de diciembre de 2013, para que se ingrese al fondo de la Litis, o en su defecto, case el mismo y declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 202/2011 de 2 de junio.
CONSIDERANDO II: Que, con carácter previo y antes de considerar los fundamentos del recurso planteado, cabe señalar que en cumplimiento a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal tiene la facultad de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiese, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados de oficio, según prevé el art. 252 del CPC.
En ese contexto, realizando el análisis de los antecedentes, se evidencia que, la parte demandante, mediante memorial de fs. 180 a 185, solicitó la ejecutoria de la Sentencia Nº 01/2012, emitida por la Juez Segundo de Partido, Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario, con el fundamento de que el recurso de apelación interpuesto por la institución demandada de fs. 174 a 176, no fue presentado dentro del plazo oportuno pese a su legal notificación; sin embargo, mediante Auto de 23 de febrero de 2012, cursante a fs. 186 de obrados, la juez de la causa, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo; sin pronunciarse de manera expresa el pedido de ejecutoria sea en forma positiva o negativa; ante esta circunstancia, la parte demandante, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el mencionado auto, conforme consta de fs. 188 a 190; sin embargo, el cumplimiento del Auto Supremo Nº 42 de 20 de febrero de 2013 (fs. 277 a 280), la Juez resolvió esa omisión mediante la Resolución Nº 02/2013, de 19 de abril, cursante de fs. 288 a 289, disponiendo no ha lugar a la solicitud de ejecutoria impetrada por el sujeto pasivo y, en aplicación del art. 197, 224, 227 y 229 del CPC, elevó en consulta la sentencia y concedió la apelación en el efecto suspensivo el recurso de apelación que planteó GRACO La Paz del SIN contra la Sentencia Nº 01/2012 de 30 de enero de 2012, en cumplimiento a la previsión establecida en el art. 197 del CPC.
Contra este fallo, la parte demandante estación de Servicio Lubrican SRL, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, solicitando se deje sin efecto la Resolución Nº 02/2013 de 19 de abril de 2013, y se proceda a declarar la ejecutoria de la sentencia de primera instancia por la presentación extemporánea del recurso de apelación interpuesto por parte de la institución demandada, fue resuelta mediante Auto de 16 de mayo de 2013 cursante de fs. 316 a 317, que dispuso no ha lugar a la reposición y estando alternativamente interpuesto el recurso de apelación, concedió ante el superior en grado tanto contra la Resolución Nº 02/2013 de fs. 288 a 289, como también contra el Auto de 16 de mayo de 2013 (fs. 316 a 317), disponiendo se remita ambos recursos ante el Tribunal Departamental de Justicia.
Que, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 145/13 de 27 de diciembre de 2013, anuló la Resolución Nº 02/2013 de 19 de abril de 2013 de fs. 288 a 289 y el Auto de 16 de mayo de 2013 de fs. 316 a 317, con el argumento de que la juez a quo, a tiempo de pronunciar la Resolución Nº 02/2013 citada, se limitó a resolver de manera incongruente y sin tomar en cuenta taxativamente la solicitud de ejecutoria de la sentencia, por haber sido apelada después de 25 minutos de vencido el plazo para hacerlo, señalando que no tendría competencia para declarar la ejecutoriar la misma y, que si bien dispuso que, en aplicación de lo normado por el art. 197 del CPC, se proceda a elevar obrados en consulta ante el tribunal de segunda instancia por ser una sentencia pronunciada en contra del Estado.
Al respecto, si bien es evidente que citando el lineamiento jurisprudencial expuesto en el Auto Constitucional Nº 242/2006-CA, de 16 de mayo de 2006, el Auto de Vista Nº 145/13 de 27 de diciembre (fs. 340 a 342), estableció lo siguiente: “…Que si bien el Art. 197 del CPC, establece que una sentencia dictada contra el Estado o entidades públicas en general será consultada de oficio ante el superior en grado, sin perjuicio de la apelación interpuesta, tal determinación legal no es aplicable al caso concreto del contencioso tributario… No existe consulta en materia contencioso tributario jurisdicción en la que caben el recurso ordinario de apelación y el extraordinario de casación…”, por esa razón el tribunal de apelación concluyó que no correspondía la aplicación del art. 197 del CPC, al considerar que la consulta de oficio contra las sentencia, la misma solo es aplicable en materia civil; con estos argumentos determinó anular tanto la Resolución Nº 02/2013 de fs. 288 a 289 y el Auto de fs. 316 a 317, por considerarlos incongruentes e imprecisos sin la debida fundamentación y carentes de motivación ecuánime.
Que así analizados y expuestos los antecedentes del proceso, para la resolución de la causa, resulta imperioso establecer los siguientes hechos:
En primer lugar, la juez a quo, no declaró ejecutoriada de la Sentencia Nº 01/2012 de 30 de enero de 2012, cursante de fs. 161 a 172 de obrados, precisamente porque, en cumplimiento de lo previsto en el art. 197 del CPC, al ser la sentencia emitida contra el Estado, como es la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dispuso la remisión en consulta de la sentencia, a efectos de que el tribunal ad quem, analice y considere la misma y disponga lo que en derecho corresponda, porque el juez a quo, tiene la ineludible obligación de elevar el expediente en consulta ante el superior en grado, tal como dispone el art. 197 de la norma citada, puesto que no cumplir con esa disposición seria ir en contra del art. 90 (Cumplimiento de Normas Procesales) del adjetivo civil, que prescribe: I. “Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley.
II. “Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas”.
Sin embargo, el tribunal de segunda instancia, en lugar de resolver esa consulta (en apoyo del art. 197 citado), la rechazó con el fundamento de que no procede la consulta en procesos contenciosos tributarios, porque dicha norma solo sería aplicable en materia civil, amparado en el Auto Constitucional Nº 242/2006-CA, lo cual no es correcto, en primer lugar porque la jurisprudencia que pretende aplicar es de mayo de 2006, en segundo lugar, porque existen fallos jurisprudenciales posteriores, dictados en procesos contenciosos tributarios, como los AASS Nos. 070/2009 de 28 de febrero de 2009 y 132 de 27 de abril de 2009, emitidos por la entonces Corte Suprema de Justicia y los AASS Nos. 141 de 11 de abril de 2013 y 171 de 25 de junio de 2014 del ahora Tribunal Supremo, entre otros, que anulan obrados y disponen se cumpla con lo previsto en el art. 197 del código adjetivo civil, es decir, elevar en consulta la sentencia ante el superior en grado, como acertadamente dispuso la juez a quo, en el punto quinto de la Resolución Nº 02/2013, de 19 de abril de 2013 cursante de fs. 288 a 289 de obrados.
En segundo lugar, si bien el recurso de apelación fue planteado fuera del plazo previsto por ley el cual fue concedido, el tribunal ad quem, en lugar de anular obrados como se fundamentó precedentemente, tenía la ineludible obligación de pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de forma y plazo procesales previstos por ley para la interposición del recurso de apelación, extremo que no sucedió en el caso objeto de análisis.
Con relación a la denuncia de violación del art. 115 de la CPE, porque supuestamente la resolución emitida por el tribunal ad quem, habría puesto en indefensión a la administración tributaria por no haber analizado ni valorado los antecedentes y pruebas presentadas, no es evidente, toda vez que si analizamos el Auto de Vista Nº 145/13 de 27 de diciembre de 2013 cursante de fs. 340 a 342, emitido por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no ingresó a realizar un análisis de fondo de la causa, puesto que en dicha resolución, el aludido tribunal, anuló las Resoluciones Nos. 02/2013 de 19 de abril de fs. 288 a 289 y el Auto de 16 de mayo de 2013 cursante de fs. 316 a 317 de obrados, disponiendo que la juez a quo, pronuncie un nuevo fallo, porque consideró que la Resolución Nº 02/2013 antes citada, es incongruente, porque no tomó en cuenta la solicitud de ejecutoria de la sentencia presentada por la parte demandante mediante memorial de fs. 188 a 190 de obrados, habiendo dispuesto no ha lugar a la solicitud de ejecutoria, conforme consta en la parte resolutiva de la Resolución Nº 02/2013, con el argumento de que al haber concedido el recurso de apelación habría perdido competencia para declarar extemporáneo el recurso de apelación planteado por la institución demandada, el cual evidentemente fue presentado fuera del pazo previsto por ley, como se fundamentó en el primer punto del presente Auto Supremo; por lo expuesto y al no haber el tribunal de segunda instancia ingresado a realizar un análisis de fondo, este tribunal se ve impedido de examinar la prueba cursante en el expediente, puesto que no se puede emitir criterio sobre aspectos que no han sido considerados por los tribunales inferiores.
Merced a estos antecedentes, corresponde resolver el recurso en el marco de lo previsto en los arts. 252, 271.3), 275 del CPC y 17.I de la LOJ Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, aplicables por mandato de la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 y 74.2 de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 339 vta., inclusive, disponiendo que el tribunal ad quem, sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución, observando los lineamientos establecidos en el presente Auto Supremo, respecto a la consulta de oficio prevista en el art. 197 del CPC.
Sin multa por ser excusable.
Póngase en conocimiento del Consejo de la magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la LOJ.

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