Source: http://www.luispetri.com.ar/ley-de-discapacidad/
Timestamp: 2018-10-19 06:41:58+00:00

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Ley de Discapacidad | Luis Petri
Además, en su artículo 4º señala que “Las medidas positivas encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias respecto de estos últimos”.
En la Provincia de Mendoza se dictó la ley 5.041 del 19 de Septiembre de 1985 que estableció un régimen de protección de las personas discapacitadas que tenia por finalidad asegurar: a) la organización del sistema de protección; b) atención médica, educación, seguridad social y aprovechamiento del tiempo libre; c) igualdad de oportunidades para su desempeño eficaz en la sociedad.
Es necesario incorporar las consideraciones establecidas en la Ley Nacional 24.901, además de obligaciones tanto para la Dirección Provincial de Asistencia Integral del Discpacitado la cual pasa a ser una Subdirección, la Obra Social de Empleados Públicos, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, la Dirección General de Escuelas, la Secretaria de Deportes, la Dirección de Vias y Medios de Transporte y en general todo organismo del Estado Provincial.
Se adhiere a la ley nacional 26.653 de accesibilidad web a personas con Discapacidad para facilitar el acceso a los contenidos de las páginas web pertenecientes al Estado, de todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato.
Se crea la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, en reemplazo de la actual Dirección y se prevé la instalación de Subsedes en los Departamentos y/o regiones de la provincia posibilitando la ampliación de la cobertura territorial.
La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad acapara las funciones de diseño, planificación, aprobación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas públicas que propicien y faciliten la prevención, atención, protección integral e inclusión en la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello.
Se crea la Defensoría del Discapacitado que funcionará como un órgano unipersonal, gozando de autarquía financiera y plena autonomía funcional y política y tendrá la misión de proteger y afianzar los derechos e intereses de las personas discapacitadas y de sus organizaciones, sean estos individuales, colectivos o difusos. La duración del mandato del Defensor del Discapacitado se establece de cinco años.
En cuanto a la inserción laboral y teniendo particularmente en cuenta la altísima tasa de desocupación de las personas con discapacidad, entre las múltiples normas y nuevos derechos que se consagran, se destaca la obligación por parte del Estado de ocupar personas con discapacidad con aptitud para el trabajo, en una proporción no inferior al 5 % anual del ingreso de personal. A fin de efectivizar dicho porcentaje las vacantes que se produzcan deberán prioritariamente ser cubiertas por las personas discapacitadas.
En materia de educación, en virtud del principio de inclusión educativa, se dispone su desarrollo preferente en el sistema regular de educación, facilitando la integración, proveyendo servicios y recursos especializados a las personas con discapacidad que requieran necesidades educativas específicas, consagrándose a tal efecto una serie de obligaciones por parte de la Dirección General de Escuelas tendientes a efectivizar los derechos reconocidos en materia de educación.
En cuanto a la cultura, esta deberá procurar el desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad desarrollando acciones tendientes a fortalecer y apoyar las actividades artísticas relacionadas con las personas con discapacidad, prever las facilidades necesarias para que las personas con discapacidad pueden acceder y disfrutar de los servicios y la oferta cultural y gestionar el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro que faciliten la adecuada comprensión de sus contenidos a las personas con discapacidad;
Respecto de las bibliotecas de acceso público, se establece que las mismas deberán contar con material y facilidades destinadas a no videntes, sordos e hipoacúsicos y se crea una biblioteca parlante para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, total o parcial.
Se dispone la traducción al sistema Braille de la Constitución Nacional, Constitución Provincial, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y en general, todo Tratado internacional, Ley Nacional o Provincial de defensa y/o protección de personas discapacitadas, las que serán distribuidas a los interesados y a las bibliotecas escolares y públicas de la Provincia.
En este sentido la Dirección General de Rentas de la Provincia deberá proporcionar boletas de impuestos provinciales en sistema braille para personas no videntes y/o discapacitados visuales que lo soliciten.
En lo que hace al deporte los discapacitados tendrán acceso gratuito a espectáculos públicos de carácter cultural, recreativo o deportivo organizados por organismos del estado. Cuando se realicen espectáculos privados acceso al público en general de carácter recreativo, deportivo, cultural o de cualquier otra índole, en cualquier establecimiento perteneciente al estado provincial con acceso al público en general, deberá preverse un cupo de entradas gratuitas otorgadas a favor de personas con discapacidad.
Las áreas de recreación en parques y/o plazas deberán contemplar la posibilidad de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, evitando la existencia de barreras físicas o arquitectónicas.
Se crea la Identificación y el Reconocimiento “Espacio Inclusivo“, con la finalidad de incentivar y promover en los establecimientos privados la accesibilidad integral de personas con discapacidad.
En otro orden de ideas, se establece que las aseguradoras de riesgo de trabajo que operen en jurisdicción de la provincia de Mendoza, deberán garantizar la cobertura de las personas con discapacidad que tengan aptitud para trabajar conforme a su certificado de discapacidad.
Por último se invita a los municipios a adherir a la presente ley.
DE LA SUBSECRETARÍA PROVINCIAL DE ASISTENCIA INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 6°.- Crease la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, con asiento en la Ciudad de Mendoza, asimismo deberá preverse la instalación de Subsedes en los Departamentos y/o regiones de la provincia posibilitando la ampliación de la cobertura territorial.
Artículo 7°.- La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad tendrá en general las funciones de diseño, planificación, aprobación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas públicas que propicien y faciliten la prevención, atención, protección integral e inclusión en la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello.
38) En general toda medida que resulte útil y pertinente a los fines de la presente ley
Artículo 8°.- La Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, será conducida por un profesional con idoneidad en la materia, designado por el Poder Ejecutivo. –
Estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo a través de las áreas de salud, educación, deporte e infraestructura; Poder Legislativo y Judicial; Municipios; y organizaciones sociales constituidas legalmente, sin fines de lucro, cuyo objeto sea el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad, quienes ostentarán la misma representación dentro del Consejo.
Artículo 10°.- El Consejo deberá reunirse como mínimo una vez por mes conforme al reglamento que dictará el propio Consejo. El Consejo tendrá por funciones: proponer actividades, planes de trabajo, servir de nexo interinstitucional, asesorar y coadyuvar en las acciones que realice la Subdirección, como así también y en particular: a) Asesorar de manera integral respecto en la propuesta de políticas públicas en materia de discapacidad. b) Participar en el análisis, evaluación y elaboración de iniciativas legislativas que sobre este se proyecten. c) Promover acciones que tiendan a difundir y dar a conocer las temáticas de la discapacidad. d) Fiscalizar y controlar el funcionamiento de la Subsecretaría de Atención Integral a Personas con Discapacidad.
Asimismo, deberá contener de acuerdo a su evaluación socio-económica, un informe sobre sus posibilidades para solventar el programa de rehabilitación, a los fines de la sustentación del mismo por parte del Estado, si careciere de cobertura médico-asistencial y recursos propios para su realización.
Artículo 21°.- La Junta Calificadora emitirá su dictamen en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos desde la recepción del trámite, salvo que por la complejidad y demora de estudios previos a que deba someterse el solicitante, deba extenderse el plazo a otro período que no podrá superar los quince (15) días corridos a contarse del vencimiento del plazo inicial establecido.
Con posterioridad de la emisión del dictamen, la Junta Calificadora elevará el mismo en el plazo de dos (2) días hábiles a la Subsecretaría de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, debiendo además confeccionar el legajo de los antecedentes y estudios proporcionados y/o realizados, su clasificación al igual que los dictámenes producidos, a fin de ser incorporados al Registro respectivo.
Artículo 22°.- Recepcionado el dictamen, la Subsecretaria de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, emitirá el Certificado o hará conocer fehacientemente su denegatoria fundada al solicitante, en concordancia a lo dictaminado por la Junta Calificadora, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles.
Artículo 23°.- El certificado emitido, denominado Certificado de Discapacidad, tendrá validez para acceder a todos los derechos y medidas de protección médica, educativa, laboral y de integración social, previstas por esta ley y la legislación vigente complementaria.-
Los organismos prestadores de salud en rehabilitación para personas con discapacidad, deberán tramitar obligatoriamente a través de la Junta Calificadora de Prestadores de Salud, su inscripción en el Registro, acompañando la documentación que acredite su existencia legal.
DE LA DEFENSORIA DEL DISCAPACITADO
Artículo 25°.- Créase la Defensoría del Discapacitado en el ámbito de la Provincia, que funcionará como un órgano unipersonal, gozando de autarquía financiera y plena autonomía funcional y política.
Su titular es el Defensor del Discapacitado quien no está sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad.
Artículo 26°.- La duración del mandato del Defensor del Discapacitado será de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido solo por un nuevo período.
Artículo 27°.- El Defensor del Discapacitado percibirá una remuneración equivalente a la percibida por un Juez Civil de Primera Instancia.
Artículo 28°.- El Defensor del Discapacitado cesará en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
Artículo 29°-. El Defensor del Discapacitado designará, por concurso público y abierto de antecedentes, al personal de la Defensoría del Discapacitado, el que gozará de condiciones de estabilidad idénticas a las que rigen para el personal del Poder Judicial de la Provincia.
Artículo 30°. El Defensor del Discapacitado deberá dictar un reglamento interno de procedimiento que regulará su actuación, respetando los siguientes principios: informalidad, gratuidad, impulso de oficio, sumariedad, celeridad, confidencialidad, accesibilidad, inmediatez, y pronunciamiento obligatorio.
Artículo 31°. Son funciones específicas de la Defensoría del Discapacitado:
m) Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y los objetivos de la presente Ley.
Artículo 32°.- La Defensoría del Discapacitado puede iniciar y/o proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos, actos y omisiones a que hace mención el artículo 25 de la presente ley, debiendo poner en conocimiento a la autoridad administrativa y judicial competente.
Artículo 33°.- La Defensoría del Discapacitado dará cuenta anualmente a la Legislatura de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de marzo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar informes especiales. Los informes anuales serán publicados en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones del Cuerpo, debiendo remitirse copia de los informes mencionados al Poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia para su conocimiento.
Artículo 34°.- El informe anual debe contener el número y tipo de quejas presentadas, de aquéllas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, de las que fueron objeto de investigación, de las medidas adoptadas para su resolución y del resultado de las mismas. En el informe no deben constar datos personales que permitan la pública identificación de los presentantes de las quejas.
Artículo 35°.- El Defensor del Discapacitado en la Provincia de Mendoza será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la H. Cámara de Senadores de la Provincia.
b) Haber residido en la Provincia de Mendoza durante cinco años.
c) Tener veinticinco años de edad como mínimo.
d) Poseer aptitud y conocimiento en la temática de personas con discapacidad
Artículo 37°. El cargo de Defensor del Discapacitado en Mendoza tendrá dedicación exclusiva y su ejercicio será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docencia universitaria. Le estará prohibida, asimismo, la actividad política partidaria.
7. Servicio de orientación familiar destinado a la prevención y en su caso, contención psico-social de la familia.
Artículo 43°.- El Ministerio de Salud deberá incorporar en el Plan de Salud Provincial y con carácter obligatorio, acciones encaminadas a la detección temprana y asistencia oportuna por parte de los organismos competentes. Cuando las personas con discapacidad, presentaren dificultades en sus recursos económicos y/o humanos para su incorporación a estas acciones, el Estado Provincial brindará la cobertura necesaria para asegurar la atención domiciliaria que se requiera, de conformidad a lo establecido por el artículo 34 de la Ley Nº 24.901.-
Artículo 44°.- Será obligación de los entes que prestan cobertura social en el ámbito de la provincia, contemplar en las prestaciones que brinden a sus afiliados, la cobertura de los servicios de asesoramiento, diagnóstico, estudios genéticos y de control, de conformidad a las condiciones establecidas por el artículo 39 de la Ley 24.901.
Artículo 45°.- La detección de malformaciones congénitas visibles en los recién nacidos en instituciones privadas, deberán asentarse en un registro ordenado. En un plazo no superior a 15 días hábiles de ocurrido el nacimiento, deberá remitirse copia de la historia clínica a la Subsecretaria de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, a los fines de asistencia y registro previstos en la presente ley.
Las Instituciones privadas que no dieren cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente artículo, serán sancionadas por el Ministerio de Salud según lo dispuesto por la reglamentación que al efecto se dicte.-
DE LA REHABILITACION:
En cada caso, se evaluará el grado de cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere necesario y por el tiempo y las etapas que cada caso particular requiera.
Artículo 47°.- El Estado Provincial prestará a las personas con discapacidad certificada conforme a las exigencias de la presente Ley los servicios de rehabilitación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 24.901. Deberá crear y ejecutar programas de estimulación temprana que otorguen atención a los niños de 0 a 7 años con previa detección de discapacidad, a fin de potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas. Los programas deberán abarcar todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de su maduración, debiendo para ello los hospitales y organismos públicos contar con personal técnico-profesional especializado y entrenado para tales fines.
4)Realización, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad de programas de capacitación y asistencia técnica destinados a la apoyatura de los diferentes organismos no gubernamentales, dedicados a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas con discapacidad. A tales fines, implementarán mecanismos de concertación entre las universidades de la provincia y otras instituciones capacitadoras reconocidas oficialmente, para la mejor formación y actualización de los recursos humanos.-
Artículo 52°.- Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas, a aquellas que implementan acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de auto valimiento, independencia e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo.
Artículo 53°.- Cuando las personas con discapacidad presentaren dificultades en sus recursos económicos o humanos para atender sus requerimientos cotidianos o vinculados con su educación, habilitación, rehabilitación y reinserción social, los organismos dependientes del Estado Provincial y la Obra Social de Empleados Públicos deberán brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren, conforme la evaluación y orientación estipulada en el artículo 20 de la presente Ley.
Artículo 54°.- La atención psiquiátrica de las personas con discapacidad se desarrollará dentro del marco de un equipo multidisciplinario y comprenderá la asistencia de los trastornos mentales, agudos o crónicos, ya sean éstos la única causa de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades discapacitantes, como agudización de las mismas.
Las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, procurando para situaciones de cronicidad, tratamientos integrales, psicofísicos y sociales, que aseguren su rehabilitación e inserción social. También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras formas terapéuticas.
Artículo 55°.- El Estado Provincial, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, pondrá en ejecución conforme lo previsto en el Artículo 6º de la Ley Nº 22.431, programas a través de los cuales se habiliten en hospitales y centros de salud existentes y a crearse, de su jurisdicción, de acuerdo con su grado de complejidad y el ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a las personas con discapacidad.
Artículo 56°.- El Estado Provincial promoverá de acuerdo a las previsiones del Artículo 7º de la Ley Nº 22.431, la creación de Instituciones con internación total y/o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea dificultosa a través del grupo familiar. Promoverá su asistencia y protección a través de hogares de internación, parcial o total como así también a través de la creación de residencias, comunidades, hogares granja para semi-dependientes y/o relativamente independientes, con o sin familia, reservándose en todos los casos la facultad de reglamentar y controlar su funcionamiento. El Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, promoverá y apoyará la creación de instituciones privadas, sin fines de lucro, a los fines precisados.-
DE LA COBERTURA DE LAS PRESTACIONES, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y PROVISION DE MEDICAMENTOS
Artículo 57°.- El Estado Provincial, implementará en el territorio de la Provincia todos los programas nacionales vigentes destinados a la prevención, rehabilitación, tratamiento que a través de los organismos competentes se consideren aptos y necesarios, conforme a la legislación nacional vigente en la materia.-
Artículo 59°.- Las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho a las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado Provincial.
Artículo 60°.- La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), tendrá a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura integral de las prestaciones enunciadas en el Capítulo VII de la presente ley, comprendiendo la prevención, asistencia, rehabilitación y terapias educativas, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a la misma. Asimismo, deberá cubrir el cien por ciento (100%) de las prestaciones consideradas técnicamente como de estimulación temprana, durante los doce meses del año calendario, por un término mínimo de tres años consecutivos.
Artículo 62°.- Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación laboral, en igualdad de oportunidades, gozando de todos los beneficios y derechos que disponen las leyes laborales para los trabajadores.
Artículo 63°.- Ningún caso de discapacidad, podrá ser motivo para impedir el acceso o permanencia al empleo, excepto cuando su discapacidad sea técnicamente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que pretende desempeñar la persona con discapacidad. El Estado Provincial deberá adoptar las medidas necesarias para que nadie pueda ser discriminado en razón de su discapacidad, siendo nulo de nulidad absoluta el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el ingreso, permanencia y/o en general las condiciones en el empleo de la persona con discapacidad.-
Artículo 66°.- El Estado Provincial está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 5 % anual del ingreso de personal de conformidad a las condiciones dispuestas por el Artículo 8 de la Ley Nº 22.431 y el Artículo 8 bis incorporado por Ley Nº 25.689.
Artículo 67°.- La incorporación de personas con discapacidad será obligatoria, cuando se deban cubrir cargos de Planta Permanente en el Estado Provincial, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, siempre que no se cumpla con el cupo del cinco por ciento (5%).
Artículo 75°.- El Concesionario deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia de higiene, seguridad, horario y demás normas de atención que se establezcan en lo atinente al acto de la concesión.
Artículo 76°.- La Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad conjuntamente con la Subsecretaría de Trabajo de conformidad a lo establecido por el artículo 17 de la presente ley, deberán instrumentar en un lapso no superior a los noventa (90) días de vigencia de la presente ley, un registro sistematizado de los lugares adjudicados y a adjudicar por los organismos.
c) Lugares disponibles sujetos a concesión.
SECCIÓN IV. Del Trabajo Privado. Beneficios.
Artículo 79°.- El Estado Provincial, a través de sus Organismos competentes, desarrollará programas financiados según previsiones de la legislación Nacional y/o con presupuesto provincial, tendientes a promover el trabajo rural con el objeto de ayudar e insertar a personas con discapacidad residentes en áreas rurales, a fin de que trabajen por cuenta propia en pequeñas industrias familiares o en actividades agrícolas, artesanales, turísticas y otras de similar naturaleza.-
Artículo 80°.- El Fondo para la Transformación y Crecimiento deberá habilitar una línea de créditos que tenga por objeto la instalación, aprovisionamiento y/o mejoramiento de las concesiones otorgadas en el marco del presente Capítulo, cuyos montos, intereses, plazos, garantías y demás modalidades, serán las establecidas para créditos agrícolas. –
Artículo 81°.- Los agentes de la administración pública, cuyos hijos discapacitados concurran regularmente a establecimiento oficial o privado autorizado por autoridad competente, en el cual se presten servicios de rehabilitación, tendrán el derecho a una bonificación especial equivalente a la escolaridad primaria, media y superior de ayuda escolar según corresponda. Gozarán de igual derecho los tutores o curadores que acrediten fehacientemente tener a su cargo personas discapacitadas.
Artículo 82°.- Incumplimiento. El incumplimiento total o parcial de lo preceptuado en el presente Capítulo constituirá, para los funcionarios responsables, mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda. En caso de incumplimiento de la presente Ley por parte de las empresas concesionarias, el Poder Ejecutivo, a través de su reglamentación, establecerá las sanciones que corresponda aplicar.
Artículo 83°.- La educación especial es la modalidad diferenciada de la educación general, que constituye un sistema flexible y dinámico, desarrollando su acción preferentemente en el sistema regular de educación, facilitando la integración, proveyendo servicios y recursos especializados a las personas con discapacidad que requieran necesidades educativas específicas.
16- Validar los certificados que expidan las Instituciones y Entidades Intermedias reconocidas, en relación a la carrera inciso anterior, como en lo relativo a las condiciones de habilitación de los formadores de docentes en la Lengua de Señas Argentina.
Artículo 85°.- La necesidad de las personas con discapacidad de acceder a la educación especial, la modalidad curricular académica y el establecimiento pertinente, como también el tiempo durante el cual deberá impartírsele, se determinará sobre la base de los informes emanados de los equipos multiprofesionales de la Dirección General de Escuelas. Ello sin perjuicio de las facultades que esta ley otorga a la Junta Calificadora y de los certificados que ella emita, creando centros de valuación y orientación vocacional para los educandos con discapacidad.-
Artículo 91°.- La Dirección General de Escuelas otorgará becas por escolaridad a toda persona de escasos recursos, cualquiera sea su edad, que presentare discapacidad debidamente acreditada conforme las exigencias de la presente ley y que no gozaren de ningún otro beneficio escolar. El beneficio estará destinado a solventar los gastos que demande el ingreso y/o permanencia de la personas con discapacidad en el sistema común o especial de educación, como su capacitación laboral y/o profesional.-
Artículo 92°.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, en el Nivel Terciario, los Profesorados en Discapacidad Auditiva y Visual. Los Planes de Estudios correspondientes y su reglamentación, serán confeccionados por la Dirección General de Escuelas los que se ajustarán a las Reglamentaciones generales que en materia de Educación Especial, rigen en el ámbito de la Provincia.
3. Gestionar el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro que faciliten la adecuada comprensión de sus contenidos a las personas con discapacidad;
SECCIÓN II. Eliminación de Barreras Visuales.
Artículo 96°.- Crease una biblioteca parlante para uso exclusivo de personas con discapacidad visual, total o parcial. La Subsecretaría de Atención Integral al Discapacitado coordinará las políticas de acción a implementar con los organismos e instituciones de bien público que agrupan a los discapacitados visuales, de quienes podrá requerir la cooperación necesaria para el cumplimiento de los fines que persigue la presente.
Artículo 97°.- Dispóngase la traducción al sistema Braille de la Constitución Nacional, Constitución Provincial, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y en general, todo Tratado internacional, Ley Nacional o Provincial de defensa y/o protección de personas discapacitadas, las que serán distribuidas a los interesados y a las bibliotecas escolares y públicas de la Provincia.
El Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Provincia deberán poner a disposición del público en general las traducciones realizadas, conforme la fecha de su publicación y anualmente confeccionará un digesto legislativo en sistema Braille.
Artículo 99°.- La Dirección General de Rentas de la Provincia deberá proporcionar boletas de impuestos provinciales en sistema braille para personas no videntes y/o discapacitados visuales que lo soliciten. Efectuada la solicitud todo impuesto provincial deberá remitirse al domicilio declarado en sistema braille. Las empresas prestadoras de servicios públicos, deberán imprimir en sistema braille las boletas de servicios públicos, siempre que el contribuyente, usuario o consumidor que padezca alguna discapacidad visual, así lo requiera.
Asimismo La Subsecretaría de Atención Integral a la Persona Discapacitada gestionará ante las autoridades Públicas, instituciones, universidades y entidades privadas la incorporación de la Lengua de Señas Argentina en todas las emisiones de programas televisivos de noticias o de información educativa y cultural en forma simultánea al lenguaje oral.
SECCIÓN II. De las Actividades Recreativas y Deportivas
f) Estimular el estudio y desarrollo de planes, investigaciones técnicas y científicas relacionadas con el tiempo libre, recreación y deportes.
Artículo 102°.- Los discapacitados tendrán acceso gratuito a espectáculos públicos de carácter cultural, recreativo o deportivo organizados por organismos del estado, con la sola presentación del carnet a que se refiere la presente ley. –
Cuando se realicen espectáculos privados acceso al público en general de carácter recreativo, deportivo, cultural o de cualquier otra índole, en cualquier establecimiento perteneciente al estado provincial con acceso al público en general, en el contrato a firmarse con el organizador privado deberá preverse un cupo de entradas gratuitas otorgadas a favor de personas con discapacidad y conforme lo determine la reglamentación.
Artículo 103°.- El Estado Provincial gestionará con recursos presupuestarios y/o arbitrando los mecanismos necesarios para acceder al financiamiento previsto en el Artículo 4º inciso h) del Decreto Nº 1277/2003, para afrontar los gastos que demande la aplicación de los programas que favorezcan la integración y participación de las personas con discapacidad en las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas.-
TRANSPORTE, VIVIENDA Y ARQUITECTURA DIFERENCIADA
SECCIÓN I. Del Trasporte y la Seguridad Vial
Artículo 104°.- Las empresas de transporte público terrestre que operen regularmente en el territorio provincial, deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas, como así también un acompañante en caso de constar en su respectivo certificado de discapacidad o el carnet en los términos del artículo 18. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a los discapacitados, las características de la documentación que deberán exhibir y las sanciones a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. –
Artículo 105°.- La Dirección de Vías y Medios de Transporte aceptara el distintivo de identificación a que se refiere el artículo 12 de la ley 19.279, el que servirá de única credencial para el libre tránsito y estacionamiento.
No podrán excluirse de este beneficio a los automóviles patentados en otras jurisdicciones. –
Artículo 106°.- La Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia y los Municipios efectuaran un relevamiento, planificación y una progresiva modificación de su red semafórica existente, a fin de incorporar dispositivos sonoros.
Anualmente, antes del 1 de mayo, el Instituto Provincial de la Vivienda, remitirá un informe a la H. Legislatura respecto del cumplimiento de lo preceptuado en el presente artículo.
SECCIÓN III. De la Arquitectura Diferenciada
La misma previsión deberá efectuarse para todas las obras públicas o edificios ya existentes, tanto públicos como privados, que carezcan de las características adecuadas para las personas discapacitadas establecidas en el párrafo precedente. –
Artículo 110°.- Todo establecimiento o dependencia, oficial o privado, con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas o de emergencias luminosos y sonoros aptos para su reconocimiento por personas con discapacidad auditiva y visual. Las instalaciones edilicias que cuenten con sistemas de alarma deberán adoptar mecanismos y/o dispositivos que permitan, en caso de ser activados, su percepción por parte de personas con capacidades sensoriales diferentes, tanto auditivas como visuales. La reglamentación indicará las características e implementación de lo establecido en el presente artículo.
Artículo 113°.- Créase la Identificación y el Reconocimiento “Espacio Inclusivo“, para ser otorgado a espacios físicos o virtuales, privados y de uso público, con la finalidad de incentivar y promover la accesibilidad integral de personas con discapacidad. Los postulantes al Reconocimiento deben desarrollar actividades en la Provincia y mostrar condiciones de accesibilidad que, superando las requeridas por la normativa vigente mejoren efectivamente la calidad y condiciones de acceso a personas con discapacidad.
Artículo 126°.- El Seguro Social Especial consistirá en un monto dinerario mensual, que le permita a la persona con discapacidad la satisfacción de sus necesidades básicas, no pudiendo ser inferior al ochenta por ciento (80%) de una jubilación mínima.
Artículo 127°.- Los jubilados por invalidez podrán ejercer cargos públicos cuando la causa psicofísica originante del beneficio, no sea incompatible con las prescripciones constitucionales al respecto. En tal caso la percepción de los haberes jubilatorios se suspenderá hasta tanto cese en dichas funciones. –
Artículo 128°.- Estarán exentos del pago de aranceles e impuestos provinciales las personas que padeciendo alguna discapacidad demuestren fehacientemente, conforme lo establezca la reglamentación, la ausencia de capacidad contributiva.
Artículo 129° Las aseguradoras de riesgo de trabajo que operen en jurisdicción de la provincia de Mendoza, deberán garantizar la cobertura de las personas con discapacidad que tengan aptitud para trabajar conforme a su certificado de discapacidad.
DE LAS PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES Y PRIVADAS
Artículo 130°.- El Estado Provincial apoyará a las organizaciones públicas no estatales y a las privadas sin fines de lucro con personería jurídica, cuando éstas orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad, que constituyan y sostengan en cualquiera de los casos establecimientos asistenciales orientados a la oferta de servicios de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación en el marco de la presente Ley, reconocidos e inscriptos por ante la Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad.
Artículo 131°.- Los establecimientos o servicios reconocidos, en virtud del artículo anterior, tendrán derecho a una subvención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del costo de cada asistido en una institución oficial similar y en proporción al número de asistidos en el establecimiento.
Artículo 132°.- Los establecimientos incluidos en el artículo anterior que tengan servicios de internación, tendrán derecho a una subvención por cada interno igual al cincuenta por ciento (50%) del costo de un interno en establecimientos oficiales provinciales.
Artículo 133°.- Cuando las entidades comprendidas en el presente Capítulo, necesiten ampliar o refaccionar sus locales o construir nuevos, el Estado Provincial podrá concurrir a su ejecución, previo informe del Ministerio Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, sobre la necesidad de la misma y de la repartición competente sobre su costo.
Artículo 134°.- Las instituciones por el presente Capítulo, quedan obligadas a proveer sus servicios en forma gratuita a las personas con discapacidad que no posean cobertura de Obras Social. Esta obligación se ejecutará a requerimiento de la Subsecretaría de Atención Integral a la Persona Discapacitada, quien evaluará y reglamentará las condiciones de acceso a la prestación.
Artículo 140°.- Invítese a los municipios a adherir al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 141°.- De forma.-

References: artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
in fine

Artículo 10

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 25

Artículo 33

Artículo 34
 resolución 

Artículo 35

Artículo 37

Artículo 43
 artículo 34

Artículo 44
 artículo 39

Artículo 45

Artículo 47
 artículo 15

Artículo 52

Artículo 53
 artículo 20

Artículo 54

Artículo 55
 Artículo 6

Artículo 56
 Artículo 7
in fine

Artículo 57

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 66
 Artículo 8
 Artículo 8

Artículo 67

Artículo 75

Artículo 76
 artículo 17

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 85

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 99

Artículo 102

Artículo 103
 Artículo 4

Artículo 104
 artículo 18

Artículo 105
 artículo 12

Artículo 106

Artículo 110

Artículo 113

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130
in fine

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 140

Artículo 141