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Timestamp: 2017-05-27 21:14:40+00:00

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No atendemos después de las dos: mayo 2016
Reproduzco, sin comentario unos párrafos de la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 de abril de 2010 (Roj: STS 2007/2010) sobre la postura que adopta la Fiscalía en determinadas ocasiones para que luego, estimado lector, sospechemos, porque todos y todas tenemos el mismo derecho a hacerlo, creo.
En relación con esta pasividad de la Secretaria, no podemos dejar de hacer mención de la que también acompañó a la Fiscalía con respecto a la ejecutoria. Debemos recordar que el artículo 124.1 de la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal, entre otras, la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social. Para el cumplimiento de dichas funciones, reiteradas en el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal(en adelante, EOMF), el artículo 3 le encomienda, en su apartado 1, "velar porque la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes", y, en su apartado 9, "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social", pudiendo a tal fin interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. De estos preceptos se desprende que, al igual que manifiesta en relación al Magistrado sancionado, el Ministerio Fiscal tiene una obligación clara de actuar en los procesos penales de ejecución, aun en el caso, como aquí ocurrió, de que no se le diera traslado del asunto con el fin de despachar un trámite concreto, pues tiene legalmente encomendada la misión de velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente (y dicha función se integra por las labores de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) y de vigilar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social .
Dictada providencia de señalamiento para votación y fallo, en la que se designó ponente, se interpuso recurso de reposición denunciándose como infringidos el art. 180 LEC en relación en el art. 206 LOPJ ya que la competencia para la designación se atribuye a los letrados de la administración de justicia; cuestionándose, en segundo lugar, que en la providencia recurrida no se expresaron las causas por las que se procedió a designar un nuevo ponente en sustitución de quien había sido designado inicialmente por una diligencia de ordenación anterior, provocando indefensión a la parte, al existir causa de recusación que había sido denunciada a través del correspondiente incidente. El recurso se desestimó en ATS, Sala 1ª, 11 de mayo de 2016 (Roj: ATS 4105/2016) por lo siguiente: (1) Por razones de claridad expositiva se comenzará dando respuesta a la cuestión planteada en segundo lugar relativa a la falta de indicación en la providencia del señalamiento de las causas para el cambio de ponente, pues solo desde el entendimiento del funcionamiento del Tribunal Supremo y en concreto de esta Sala Primera, pueden abarcarse las dos cuestiones planteadas por el recurrente. En relación a la falta de motivación del cambio de ponente, hay que indicar que estas causas están expresadas en el Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 2 de noviembre de 2015, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en 2016, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de noviembre de 2015. Por tanto, la providencia de señalamiento designando nuevo ponente es acorde con la previsión contenida en dicho acuerdo relativa a que en el momento del señalamiento de las vistas o de la votación y fallo de los recursos de la Sala Primera se proceda a un reajuste de las ponencias entre los Magistrados. En cuanto al cambio de ponente el Tribunal Constitucional mantiene que el órgano jurisdiccional ha de cumplir el deber procesal «de poner en conocimiento de las partes la composición de la Sección o de la Sala que va a juzgar el litigio o causa», así como el de notificar a las partes el nombre del Magistrado designado Ponente en el pleito o causa (art. 203.2 LOPJ), porque sólo tal comunicación permite a las partes, en momento procesal hábil, instar el oportuno incidente procesal de recusación en relación con aquellos Jueces o Magistrados que pudieran hallarse incursos en causa legal para ello; esto es sería tan sólo la privación a la parte de su derecho a formular la recusación del Magistrado en quien concurriera causa legal, la que convertiría la simple irregularidad procesal en lesión del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías, y entre ellas, la esencial de que sea decidido por un juzgador imparcial. Por tanto, habría sido necesario para apreciar la referida vulneración que concurriese una causa de recusación y que se hubiese impedido por parte de esta Sala el ejercicio del derecho a recusar, lo cual no se ha producido en el presente caso, pues el cambio de ponente fue notificado a la parte y la recusación ha sido presentada el mismo día que el recurso de reposición contra la providencia de señalamiento, cuya tramitación pende de la resolución de este recurso de reposición.
(2) En cuanto a la alegada falta de competencia existente en la providencia recurrida por entender que corresponde la designación del magistrado ponente al letrado de la Administración de Justicia, es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 180 LEC, la designación del magistrado ponente corresponde el Secretario Judicial o letrado de la Administración de Justicia, según el turno establecido para la Sala o Sección al principio de cada año judicial exclusivamente sobre la base de criterios objetivos. Así, por diligencia de ordenación fue designado un magistrado ponente en el presente rollo de actuaciones. Pero también es cierto que conforme a lo dispuesto en el art. 250 LOPJ corresponde a los Presidentes de Sala el señalamiento de las vistas o trámite equivalente y el del comienzo de las sesiones del juicio oral, competencia que el art. 182 LEC expresa en los siguientes términos «corresponderá a los Presidentes de Sala [...] de los órganos colegiados el señalamiento de fecha y hora para la deliberación y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista». Por tanto, la providencia de señalamiento de fecha y hora de la votación y fallo del asunto ha sido dictada por quien legalmente tiene atribuida dicha competencia, quien conjuntamente con el letrado de la administración de justicia, reasigna las ponencias en atención a las causas previstas en el acuerdo antes mencionado y conforme al orden de su conclusión, salvo en los supuestos en los que la ley dispone otra cosa (249 LOPJ) Publicado por
la han perdido y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera; o si, siendo engañado, no respondes con engaños, o si, siendo odiado, no incurres en el odio. Y aun así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen; Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo; Si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota, y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios. O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida,
y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias
y arriesgarlas a una sola jugada; y perder, y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón, y tus nervios y tendones, a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados, y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la Voluntad, que les dice: "¡Resistid!". Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud. o caminar junto a reyes, sin menospreciar por ello a la gente común. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte. Si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. Si puedes llenar el implacable minuto, con sesenta segundos de diligente labor Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, y —lo que es más—: ¡serás un Hombre, hijo mío! Rudyard Kipling Que cada lector piense lo que desee sobre el motivo y la finalidad de esta publicación. Publicado por
Pese a que en España confundamos reiteradamente el derecho a la tutela judicial con el derecho a tener la razón o, a que nos la den, por cualquier medio y en la forma que cada uno interpreta la ley, extraigo del reciente ACUERDO del Tribunal Supremo los párrafos que transcribo y comparto, porque contra lo que pueda parecer esto es también nueva oficina judicial:
El establecimiento de normas o instrucciones destinadas a regular la extensión máxima y otros requisitos extrínsecos de los escritos que se presenten ante el Tribunal Supremo constituye una novedad en nuestro ordenamiento, pero no es desconocida en otros Tribunales de nuestro entorno. Tanto el Tribunal General como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea disponen de normas que regulan, da forma muy detallada, la extensión máxima, el formato y estructura de los escritos que se presenten, así como las consecuencias anudadas a su incumplimiento. Así mismo, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo de los EEUU disponen de normas similares. Algunos países de la Unión Europea han Introducido previsiones para regular la extensión máxima de los escritos que se presenten ante su Tribunal Supremo, este es el caso de Irlanda, existiendo otros que han mostrado su Interés por Introducir este tipo de medidas (por ej. Bélgica) en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Estas normas tienen una doble finalidad: por un lado facilitar la lectura, análisis y decisión por parte del Tribunal Supremo de los escritos que se presenten; por otro, establecer una estructura y formato uniformes con vistas a su presentación telemática o a su posterior tratamiento digital, permitiendo una rápida localización del propósito del Escrito y de los datos de Identificación necesarios. En el documento en PDF tienen el ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPREMO que se indica
Acuerdo ts from justiciayprehistoria Publicado por
La novedosa oposición por «el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible» que introdujo la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en el art. 695 LEC, trató de cumplir la exigencia impuesta en la Sentencia TJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11) en el sentido que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se oponía a la normativa española cuando, al mismo tiempo que no preveía en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituyera el fundamento del título ejecutivo, tampoco permitía que el juez que conociera del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adoptara medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas fuera necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final. Pero al hacer esa introducción literalmente y sin facilitar ningún elemento de juicio para analizar porqué una cláusula contractual debía calificarse como abusiva, no cerró la puerta a la inseguridad jurídica que el retraso de la reforma originó y de hecho la ausencia transformó, en un primer momento, la genérica declaración del art.695.1.4ª LEC en un cajón de sastre en el que cabía cualquier cosa después del primer control de legalidad tras el despacho de ejecución (art. 552.1 LEC). De hecho parecía evidente que si la demanda de ejecución superaba el primer control de legalidad, no era admisible que luego, sin que el ejecutado formulara oposición, el Juez pudiera volver a reexaminar la abusividad. Pues bien, al contrario de lo que se afirma en el párrafo anterior, la intervención de oficio del órgano judicial será posible en cualquier momento de la ejecución y conviene recordar que la Sentencia del TJUE, 4 de junio de 2009 (asunto C 243/08), señala que una cláusula contractual abusiva no vincula al consumidor, por lo que no será necesario que haya impugnado previamente con éxito tal cláusula, debiendo el juez nacional examinar de oficio el carácter abusivo tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. Es más, a la hora de cumplir la mencionada obligación el juez nacional tendrá, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho juez, manifestara su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo no distinguió entre procesos declarativos, de ejecución o hipotecarios, sino que extendió la facultad de declarar de oficio la abusividad de una cláusula en contratos celebrados con consumidores a los órganos de apelación (Sentencia TJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-488/11), pronunciamientos de los que se colige que nada impide un nuevo examen sobre la abusividad de las cláusulas del título ejecutivo antes del fin de la ejecución. El problema en la ejecución hipotecaria se centra en la cláusula de vencimiento anticipado y en la intervención del Juez, pues una vez despachada ejecución o resuelta la oposición a la ejecución que haya podido formularse, permanecerá ajeno al proceso y aunque pudiera interponerse un recurso de revisión contra el decreto de adjudicación, no podría evitar el límite del art. 454 bis LEC respecto al objeto de la citada impugnación, que siempre estaría relacionada con la adjudicación y no con la ejecución, de tal modo que no sería posible una especie de revisión completa de aquella. Entrando ahora en la cláusula de vencimiento anticipado el AAP VALENCIA, Sección 9ª de 15 de septiembre de 2015 (ROJ: AAP V 240/2015) con cita de otras resoluciones sostuvo que el vencimiento anticipado, en sí mismo, no comportaba sino un derecho de la ejecutante que no era nulo per se, siempre que su ejercicio no fuera abusivo. Es decir, ante el incumplimiento del deudor de la obligación esencial de pago de las cuotas convenidas, podía aceptarse la validez de dicha cláusula siempre que aquel incumplimiento fuera relevante, sin que pudiera, por tanto, fundarse el vencimiento anticipado en «cualquier» incumplimiento. Lo que cabía examinar, en definitiva, eran las concretas circunstancias en que se había hecho uso de tal cláusula. Y el Auto del TJUE de 11 de Junio de 2015 (asunto C-602/13), resolvió que la Directiva 93/13 debía interpretarse en el sentido de que, cuando un juez nacional hubiera constatado el carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no hubiera llegado a aplicarse no se oponía por sí sola a que el juez nacional dedujera todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la mencionada cláusula. Partiendo de lo anteriormente expuesto se resolvió que si la cláusula, en su redacción, era nula y aunque se hubiera ajustado el ejercicio del derecho a la norma legal vigente (art. 693.2 LEC) tal derecho se apoyaba en una cláusula nula por lo que habría de declararse el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria. La doctrina que se cita ha encontrado reflejo en la STS Pleno Sala 1ª de 23 diciembre de 2015 (ROJ: STS 5618/2015) y en el reciente AAP VALENCIA, Sección 9ª de 9 de marzo de 2016 (Rollo de apelación 1034/2015), que con cita a la sentencia del Tribunal Supremo aclara que dicha resolución – y esto es lo esencial – declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipada sometida a su consideración, y por tanto inaplicable. Las apreciaciones incluidas en la fundamentación jurídica (motivo quinto, apartados 4, 5, 6 y 7) sobre la aplicación integradora del art. 693.2 de la LEC no dejan de ser meras reflexiones dirigidas a las entidades bancarias respecto a las alternativas para la canalización de sus reclamaciones frente a un eventual incumplimiento del deudor, y constituyen, por ello, un mero «óbiter dicta», sin fuerza vinculante. No cabe perder de vista que el pronunciamiento que resulta de la Sentencia del Pleno, es la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula que permitía el vencimiento anticipado de la obligación por falta de pago, a su vencimiento, de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses. La conclusión que se extrae del relato que precede permite dar respuesta a la segunda cuestión planteada (conocimiento por el Juez de la posible existencia de una cláusula abusiva) en tanto no se ha fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni por el Tribunal Supremo ningún límite temporal y, de ahí que el Letrado de la Administración de Justicia venga obligado a dar audiencia a las partes cuando a resultas de su intervención en la ejecución en un momento posterior al trámite de oposición, aprecie la posible existencia de la abusividad que se analiza. Publicado por
STJUE,

References: artículo 124
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
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