Source: http://www.mujeressaharauisunms.org/2013/10/declaracion-de-mohamed-sidati-ministro_23.html
Timestamp: 2019-06-17 12:32:19+00:00

Document:
UNMS | UNIÓN NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS.: Declaración de Mohamed Sidati, Ministro delegado, Representante del Frente Polisario para la Unión Europea tras la adopción por el Parlamento Europeo del informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Sahel y el Sahara occidental en Estrasburgo el 22 de octubre de 2013
Declaración de Mohamed Sidati, Ministro delegado, Representante del Frente Polisario para la Unión Europea tras la adopción por el Parlamento Europeo del informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Sahel y el Sahara occidental en Estrasburgo el 22 de octubre de 2013
INFORME TANNOCK Sobre la situación de los derechos humanos en la región del Sahel
– Vistas las Conclusiones del Consejo de 25 de junio de 2012 relativas al Marco Estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia y el Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia, así como las Decisiones del Consejo de 25 de julio de 2012, por la que se nombra al Representante Especial de la Unión Europea (REUE) para los Derechos Humanos(1), y de 18 de marzo 2013 por la que se nombra al Representante Especial para el Sahel(2) y, en particular, los artículos relativos a los derechos humanos en su mandato,
– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la situación en el Sáhara Occidental(3),
– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2012, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2011) y la política de la Unión Europea al respecto (2012/2145(INI))(4),
– Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(5),
– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2012, relativa a la posición del Parlamento sobre el 19º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(6),
H Considerando que las guerras civiles y los conflictos étnicos provocan desplazamientos de poblaciones y la instalación de campos de refugiados, como los de Mentao en Burkina Faso, Mangaize en Níger, M’Bera en Mauritania o Breijing en Chad; considerando que las condiciones de vida e higiene en dichos campos son deplorables;
P. Considerando que las violaciones de los derechos humanos y la crisis política, medioambiental, de desarrollo y humanitaria en la región del Sahel afectan en particular a las mujeres, que son a menudo objeto de discriminaciones y de una inseguridad física y humana excepcionales, de pobreza crónica y de marginación; considerando que la igualdad de género, la capacitación política y económica de la mujer, la promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer son esenciales para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible; considerando que un entorno social cada vez más restrictivo limita la movilidad y la productividad de las mujeres y, en última instancia, su capacidad para actuar como líderes y defensoras eficaces de los derechos de las mujeres; considerando que las mujeres de la región del Sahel conforman la mayor parte de los pequeños agricultores y que, aun así, son penalizadas en términos de derechos sobre la tierra; considerando, además, que esta falta de propiedad sobre la tierra contribuye a la pobreza entre las mujeres; considerando que hay estudios que demuestran que si las mujeres reciben educación y pueden ganar y controlar los ingresos, se producen numerosos resultados positivos: disminuye la mortalidad materna e infantil, mejora la salud y la nutrición de las mujeres y los niños, aumenta la productividad agrícola, se puede mitigar el cambio climático, se ralentiza el crecimiento de la población, se expanden las economías y se rompen los ciclos de pobreza(7);
47 Reitera el vínculo indisociable que existe entre seguridad humana y desarrollo en los países del Sahel, tal como se define en la Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, de 2011; subraya la importancia, para un éxito duradero de las políticas de desarrollo, de la estabilidad en materia de seguridad, economía, política y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la región del Sahel; recuerda, sin embargo, que para establecer la seguridad en la región es indispensable invertir en ayuda al desarrollo, para que la población adquiera unos recursos suficientes que permitan una mayor estabilidad en la zona; opina que de esta manera se evitarían en gran medida los casos de tráficos y operaciones ilegales que ocurren debido a la pobreza extrema y a la falta de medios y de perspectivas;
48. Toma nota con la debida seriedad de la pobreza extrema y omnipresente en toda la región del Sahel, especialmente en Mali, Níger, Chad y Burkina Faso, así como en Mauritania; reconoce las repercusiones negativas de la pobreza sobre las posibilidades de lograr el respeto de los derechos humanos; observa que la pobreza y el subdesarrollo afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas y manifiesta su honda preocupación ante las elevadas tasas de mortalidad materna y de niños menores de cinco años en la región; destaca las conclusiones de las Naciones Unidas, que apuntan a tasas de mortalidad inferiores entre las madres que han recibido más educación, como un llamamiento unitario a favor de la educación universal y accesible; señala que el rápido crecimiento de la población, que a menudo registra índices superiores al 3 %, ejerce una presión adicional sobre la capacidad de los gobiernos para proteger incluso los derechos económicos y sociales más básicos; considera que por eso mismo resulta necesario mejorar el acceso a los servicios sanitarios, en particular en relación con los derechos sexuales y reproductivos, haciendo posible el acceso a servicios de planificación familiar;
49. Toma nota con la debida seriedad de la pobreza extrema y omnipresente en toda la región del Sahel, especialmente en Mali, Níger, Chad y Burkina Faso, así como en Mauritania; reconoce las repercusiones negativas de la pobreza sobre las posibilidades de lograr el respeto de los derechos humanos; observa que la pobreza y el subdesarrollo afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas y manifiesta su honda preocupación ante las elevadas tasas de mortalidad materna y de niños menores de cinco años en la región; llama la atención sobre la relación inversa que existe entre el nivel de escolaridad de las madres y la tasa de mortalidad infantil y recuerda, en consecuencia, la importancia de promover la escolarización de las niñas; destaca las conclusiones de las Naciones Unidas, que apuntan a tasas de mortalidad inferiores entre las madres que han recibido más educación, como un llamamiento unitario a favor de la educación universal y accesible; señala que el rápido crecimiento de la población, que a menudo registra índices superiores al 3 %, ejerce una presión adicional sobre la capacidad de los gobiernos para proteger incluso los derechos económicos y sociales más básicos; considera que por eso mismo resulta necesario mejorar el acceso a los servicios sanitarios, en particular en relación con los derechos sexuales y reproductivos, haciendo posible el acceso a servicios de planificación familiar;
50. Hace hincapié en la interdependencia entre desarrollo, democracia, derechos humanos, buena gobernanza y seguridad en el Sahel; reitera su apoyo al enfoque basado en los derechos humanos y a la implicación democrática en la cooperación al desarrollo que aboga por el apoyo a la participación y a los conocimientos locales para lograr objetivos de desarrollo sobre el terreno, así como a unos mecanismos de seguimiento de la ejecución sólidos, eficaces e independientes que involucren a los parlamentos, otros organismos realmente representativos y la sociedad civil local y regional a escala tanto nacional como internacional; reitera y respalda los compromisos de la UE para aplicar un planteamiento basado en los derechos humanos a la cooperación para el desarrollo en la UE, como también se observa en la estrategia de la UE en materia de derechos humanos y en su plan de acción;
51. Recuerda la necesidad de condicionar la concesión de ayuda al desarrollo a los Estados al respeto de los derechos fundamentales; reitera que, para una asignación eficaz de los fondos de la ayuda europea al desarrollo, es necesario que la Unión tenga capacidad para controlar eficazmente el uso de esos fondos, asegurándose de que no se desvíen de su destino inicial; reitera que, para promover de forma eficaz los derechos humanos, es necesario mejorar la coherencia entre las políticas externas e internas de la Unión, de conformidad con los objetivos de la UE en materia de desarrollo;
52. Pide a la Comisión Europea que se distribuyan en el Sahel, conforme a las necesidades de la población previamente identificadas, los fondos de desarrollo: el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, el Fondo Europeo de Desarrollo, el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y el fondo para la resiliencia en el Sahel;
53. Pide a la UE que apoye todas las acciones emprendidas por los Estados del Sahel, las ONG y la sociedad civil para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, sobre todo de las poblaciones más vulnerables; pide a los actores internacionales que sigan luchando contra el VIH-SIDA, la tuberculosis, la malaria y la meningitis, que ocasionan muchas muertes; señala la necesidad de diseñar y aplicar programas sanitarios para reforzar los sistemas de salud, teniendo en cuenta que la crisis económica mundial ha dificultado los progresos respecto al VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades; recuerda que algunas poblaciones del Sahel son nómadas, por lo que les resulta difícil acceder a la asistencia sanitaria; pide, en este sentido, que se apoyen las campañas de sensibilización y formación en materia de asistencia;
54. Denuncia que los recortes presupuestarios en ámbitos como la seguridad alimentaria, la salud y la educación, que constituyen factores clave para el logro de los ODM, contribuyen a agravar las crisis alimentarias y humanitarias que se producen en la región del Sahel; subraya que las intervenciones estructurales en la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición, así como medidas concretas para erradicar el fenómeno del acaparamiento de terrenos, son fundamentales para promover el crecimiento integrador y sostenible y para evitar que las crisis alimentarias en la región del Sahel se repitan año tras año;
55. Opina que la inestabilidad política en la región del Sahel, junto con la grave sequía que afecta a millones de personas, constituye una seria amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos y socioeconómicos, lo que tiene un impacto negativo sobre los medios decentes de subsistencia de la población; Recuerda que el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto a los derechos humanos son indispensables para la estabilidad de los Estados, la seguridad y el respeto a las libertades fundamentales;
56. Pide a las autoridades locales y regionales que, en contacto con la sociedad civil, establezcan unas condiciones de seguridad y de respeto de los derechos humanos eficaces en el interior de los países del Sahel y en sus fronteras con vistas a la mejor aplicación posible de las políticas de desarrollo y de las políticas relacionadas con la ayuda humanitaria;
57. Pide a los gobiernos de los países de la región del Sahel que aborden las causas fundamentales de la crisis, con una estrategia de desarrollo económico sostenible, que responda a las preocupaciones políticas, económicas y sociales de sus ciudadanos, como el acceso a los alimentos, la educación, la atención sanitaria, el empleo, la vivienda, la redistribución de la riqueza, los medios decentes de subsistencia, etc.;
58. Destaca la necesidad de luchar contra la corrupción para reforzar la legitimidad institucional y hacer frente a los crecientes problemas de desarrollo y a los desafíos en materia de derechos humanos en la región; observa que el acceso a la atención sanitaria básica y a la educación se ha visto seriamente perjudicado por diversas formas de corrupción; resalta, además, la importancia de una sociedad civil libre y organizada y de unos medios de comunicación que vigilen y den parte de los abusos;
59. Constata que el papel de las mujeres es esencial para el desarrollo en la región del Sahel, en particular en materia de nutrición, seguridad alimentaria y producción de alimentos, ya que son las responsables principales de la agricultura, aunque siguen sin apenas tener acceso a la propiedad de las tierras que cultivan; pide a la Comisión que reconozca el papel fundamental de las mujeres para la seguridad alimentaria, en su calidad de pequeñas agricultoras, y que invierta en programas que las apoyen de forma específica; insiste en que la estrategia de la UE debe centrarse igualmente en acciones que garanticen que los más vulnerables, en particular en las zonas rurales, puedan beneficiarse de oportunidades de formación agrícola, educación sobre nutrición, mantenimiento de la salud y condiciones de trabajo, y una red de seguridad en caso de necesidad; subraya que para que los pequeños agricultores, en particular las agricultoras, no solo produzcan de forma sostenible, sino que también aprovechen su capacidad de producción, necesitan tener un mayor acceso al microcrédito, para invertir en mejores semillas, fertilizantes y mecanismos de irrigación, así como en las herramientas necesarias para proteger sus cultivos contra plagas y enfermedades;
60 Destaca la urgencia de que se conceda ayuda humanitaria de la UE que contribuya a la consecución de los ODM; subraya la importancia del objetivo relativo a la mejora de la salud materna para reducir la mortalidad materna y lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar; hace hincapié en la importancia de la educación y la sensibilización sobre la salud sexual y reproductiva como parte imprescindible de la agenda de salud de las mujeres;
61. Observa que hay señales que alertan de una grave crisis alimentaria y de nutrición que golpeará a toda la región del Sahel este año, y pide a la Comisión que financie adecuadamente la ayuda humanitaria destinada a la región;
62. Hace hincapié en los problemas apremiantes de las hambrunas, sequías y hambre persistente y en la incapacidad del Gobierno nacional de proporcionar seguridad alimentaria básica, que constituyen la fuerza motriz de la desilusión local; reafirma la necesidad de mejorar la capacidad del Gobierno nacional de proporcionar seguridad alimentaria mediante una mayor financiación y mediante el apoyo político a la iniciativa AGIR-Sahel, también como planteamiento regional y exhaustivo para solucionar la causa de la seguridad alimentaria;
63. Pide a la UE que establezca, en colaboración con los países del Sahel, políticas de desarrollo prioritarias basadas en un enfoque centrado en los derechos humanos y las libertades fundamentales para paliar la crisis alimentaria y los problemas de desnutrición y hambrunas, resistir las sequías y afrontar los desastres naturales; pide a la Comisión Europea que el uso dado a los fondos asignados a la lucha contra la desnutrición (123,5 millones de euros en 2012) sea óptimo y se adecúe a dichas políticas prioritarias, cubra las necesidades de la población afectada y apoye el desarrollo de las capacidades locales de estos países para asegurar un impacto positivo de la ayuda;
64. Recuerda la necesidad de alcanzar un compromiso sobre la duración para desarrollar la resistencia a la sequía en el Sahel y evitar así las recurrentes crisis alimentarias y el recurso a una ayuda humanitaria masiva cada vez que se produce un episodio de sequía; resalta que dicho compromiso requiere una asociación duradera entre los gobiernos, las instituciones regionales, los donantes y las entidades financieras, a semejanza de la iniciativa AGIR Sahel de la Unión Europea;
65. Observa, con especial preocupación, que el acceso al agua potable aún supone un problema en toda la región del Sahel; reitera que para lograr el desarrollo de la región es necesario centrarse principalmente en velar por que se satisfagan las necesidades básicas de la población de la zona; hace hincapié en que una parte importante de la ayuda para el desarrollo proporcionada por la UE debe destinarse a este aspecto; a este respecto, acoge con satisfacción todas las iniciativas internacionales cuyo objetivo es reducir la escasez de agua en la región del Sahel;
66. Destaca que, para mejorar la vida diaria de los habitantes del Sahel y apoyar el desarrollo de una región que tendrá 150 millones de habitantes en 2040, es necesario un enfoque a largo plazo, basado en el acceso a la educación para todos;
67. Anima a los Estados y actores regionales sahelianos, junto con las Naciones Unidas, a movilizar nuevos recursos para el desarrollo; acoge con satisfacción las consultas iniciadas por el Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahel con el Banco Africano de Desarrollo y recomienda que se amplíen dichas consultas al Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, con el fin de crear un Fondo de Acción del Sahel; celebra esta propuesta de plataforma integrada de fondos para los recursos, que coordina los proyectos de desarrollo regional con las necesidades específicas de los países del Sahel, y alienta a la UE a adaptar y coordinar su propia estrategia como corresponde;
68. Manifiesta preocupación en cuanto a la situación general de la minería de uranio en el Sahel, especialmente a la vista del ataque de la MUJAO en una mina en Arlit, al norte de Níger, el 23 de mayo de 2013; subraya que las importantes infracciones en materia de seguridad en las cercanías de las minas de uranio de Níger pueden tener consecuencias desastrosas para la población local y la estabilidad regional y, por tanto, solicita que las autoridades nigerianas y sus colaboradores internacionales presten suma atención a la seguridad; asimismo, destaca la importancia de garantizar la seguridad en la minería de uranio; solicita también que las empresas mineras se aseguren de que se extrae el uranio de forma responsable, con el consentimiento pleno de las comunidades locales y generando las repercusiones negativas mínimas para las poblaciones circundantes y su entorno;
69. Toma nota con la debida gravedad de las frecuentes crisis alimentarias y de nutrición y otras emergencias humanitarias en la región del Sahel, así como de sus consecuencias para los derechos humanos más fundamentales; acoge favorablemente la activa participación de la UE y sus Estados miembros en las acciones destinadas a hacer frente a las crisis humanitarias en el Sahel; destaca que es esencial acabar con la inseguridad alimentaria, tanto para facilitar la paz como para fomentar el respeto de los derechos humanos; en ese sentido, considera que se debe potenciar tanto la producción y la propiedad locales como las redes de distribución y la movilidad de los recursos; señala que, en 2012, la ayuda aportada por la Comisión Europea para las crisis alimentarias y nutricionales ascendió a 338 millones de euros, de los cuales 174 se consagraron a la ayuda humanitaria de urgencia; que la DG ECHO movilizó 172 millones de euros de ayuda humanitaria, de los cuales 58 se utilizaron en Mali;
70. Pide a la Unión que continúe e intensifique la acción llevada a cabo para reforzar la ayuda humanitaria en el Sahel; que garantice una estrecha coordinación entre las agencias internacionales de ayuda humanitaria, la sociedad civil, las autoridades locales y regionales, y los Gobiernos; que movilice los importes necesarios del décimo FED (660 millones de euros para el periodo 2007-2013) y del fondo de la Alianza Mundial para la Iniciativa de Resiliencia (AGIR) (172 millones de euros en 2012); celebra la dotación de 1,5 millones de euros concedida a AGIR-Sahel en el marco del 11° FDE al objeto de incrementar la resiliencia de los Estados del Sahel;
71. Hace hincapié en lo necesario que es para todos los países del Sahel poner en marcha políticas propicias a infraestructuras sociales básicas y redes esenciales (saneamiento, red de referentes médicos, transportes y telecomunicaciones) para que la ayuda humanitaria se distribuya de manera neutral, universal y sin restricciones, correcta y eficaz; confía en que los Estados y las autoridades locales y regionales aseguren la continuidad y accesibilidad de dichas redes;
72. Condena enérgicamente que en la región del Sahel, y especialmente en Mauritania, se siga practicando la esclavitud, a menudo por herencia, que supuestamente afecta a una minoría significativa de la población, observa que la esclavitud existe en el marco de un rígido sistema de castas, y persiste a pesar de que la esclavitud se abolió oficialmente en el país en 1981 y se penalizó explícitamente en 2007; expresa su más honda preocupación por el carácter institucionalizado, hasta en los ámbitos de la administración pública, de esta práctica; observa, asimismo, que el Gobierno de Mauritania se muestra extremadamente reacio a reconocer el extendido y persistente recurso a la esclavitud, y que, hasta la fecha, solo se sabe de una acción legal contra un propietario de esclavos que se haya saldado con una condena; insta al Gobierno de Mauritania a que cumpla con sus compromisos y obligaciones legales nacionales e internacionales y ponga efectivamente fin a todas las formas de esclavitud y promulgue leyes contra la misma que establezcan, entre otras medidas, procedimientos de compensación; además, insta a las autoridades mauritanas a que dejen de acosar e incluso encarcelar a los activistas de la sociedad civil que hacen campaña a favor del fin de la esclavitud, a quienes se acusa incluso de apostasía; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en este sentido, continúen apoyando la labor de las organizaciones, tanto mauritanas como internacionales, que luchan contra la esclavitud, incluida la labor de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y la Organización Internacional del Trabajo;
73. Observa con gran preocupación que se sigue practicando la esclavitud en toda la región del Sahel y que en Mali, Níger y en otros países vive un gran número de personas en régimen de servidumbre por deudas; insta a las autoridades nacionales e internacionales competentes a que adopten medidas a este respecto, supervisando la aplicación de la legislación vigente que prohíbe y penaliza la esclavitud, teniendo especialmente presente la posición y vulnerabilidad de las mujeres y las niñas; anima a las autoridades a concebir programas destinados, en particular, a contribuir a la rehabilitación y reintegración de las víctimas, a recopilar datos y a organizar campañas de sensibilización, ya que muchos consideran que la esclavitud es una situación natural y esta jerarquía social goza de arraigo cultural; anima a las autoridades locales a desarrollar estrategias y programas cuyo fin sea integrar a antiguos esclavos en la sociedad, garantizándoles medios de subsistencia y suficiente acceso al trabajo;
74. Expresa preocupación en cuanto a la violación de los derechos fundamentales de los niños en el Sahel, en particular, la violencia y la discriminación por razón del género, el trabajo infantil persistente, la supuesta detención de menores en celdas destinadas a adultos en Mauritania, Mali y otros lugares, y el reclutamiento de niños soldado en Chad que se incorporan a su ejército habitual; insta a la UE a colaborar estrechamente con los gobiernos sahelianos para garantizar la erradicación de estas prácticas;
75. Manifiesta su honda preocupación por las pruebas que acreditan el recurso al trabajo infantil en las minas de oro, la agricultura, la silvicultura y otros sectores de la economía en Mali, que afectaría al parecer a menores de tan solo seis años; toma nota de las leyes de los Estados del Sahel que prohíben el trabajo infantil, así como de la naturaleza especialmente peligrosa de la extracción de oro; pide, por consiguiente, a las autoridades malíes que apliquen las propuestas políticas de su Plan de Acción para la Lucha contra el Trabajo Infantil (PANETEM), de junio de 2011, y que fomenten más activamente la educación universal; pide a la UE que colabore con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras organizaciones nacionales e internacionales para erradicar completamente el trabajo infantil en Mali; pide a todos los Estados del Sahel que luchen contra el trabajo infantil y que fomenten la educación;
76. Observa, con gran inquietud, que según las estadísticas de las ONG, en Mali trabajan más de tres millones de niños menores de 17 años; lamenta esta situación, máxime teniendo en cuenta que supone bajas tasas de alfabetización y escolarización;
77. Recuerda que la Unión Europea ha suscrito los principios del proceso de Kimberley, aplica el Plan de Acción FLEGT y se esfuerza en general por promover el respeto de las normas internacionales básicas en materia de protección social, de trabajo y de medio ambiente, así como la responsabilidad social de las empresas; pide a la UE y a los Estados del Sahel que reflexionen sobre un proceso de trazabilidad del oro semejante al proceso de Kimberley para los diamantes; insiste en la necesidad de que las empresas europeas con filiales en los países de la región garanticen el respeto de esas normas básicas, así como de las directrices internacionales en materia de RSE; recuerda que la UE va a poner en práctica próximamente el principio de la elaboración de informes por países;
78. Manifiesta su profunda preocupación por las informaciones relativas al secuestro de menores para la obtención de rescates y para la venta en Chad, así como en otros países de la región; observa que los menores objeto de este tráfico son trasladados dentro del país y al extranjero y son sometidos a trabajos forzados, al matrimonio forzado y a explotación sexual; observa, por otra parte, que en algunos casos se han secuestrado y vendido menores a agencias de adopción internacionales;
79. Pide a los Estados del Sahel que fomenten el acceso a la educación de todos los niños y niñas y de las poblaciones nómadas, sin discriminación de raza, casta o etnia; pide a los Estados que promuevan las políticas de formación profesional y de acceso a la enseñanza superior y al empleo, para ofrecer a la juventud del Sahel una perspectiva de futuro y apartarla así de los grupos terroristas; insiste en que las condiciones de vida de los niños en las escuelas deben reunir unos requisitos mínimos de higiene, seguridad y dignidad y que se ha de garantizar que los niños no sean maltratados o forzados a mendigar por sus tutores;
80. Insta a la puesta en marcha y el seguimiento de políticas de salud y educación eficaces dirigidas a las poblaciones más vulnerables, como las mujeres y los niños, para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio: la enseñanza primaria universal, la mejora de la salud materna y el acceso a la asistencia sanitaria para todos o la lucha contra el VIH/sida y todas las enfermedades infecciosas; pide a la UE que, en el marco del 11º FED, haga de la juventud una prioridad de su acción en el Sahel y desarrolle una política ambiciosa en materia de educación; recuerda la importancia de las políticas destinadas a las mujeres, así como al acceso al empleo;
81. Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres en la estabilización y el desarrollo del Sahel y pide que se refuerce su influencia preponderante en la prevención de los conflictos y en el mantenimiento y la reconstrucción de la paz, así como en los ámbitos de la seguridad, la política y el desarrollo económico; alienta a los socios del desarrollo a que concedan ayuda financiera a proyectos específicamente destinados a la autonomía de las mujeres de la región;
82. Observa la discriminación de que son objeto las mujeres y las niñas, reflejada, por ejemplo, en matrimonios forzados, matrimonios de menores, explotación sexual, falta de educación, la mutilación genital femenina generalizada, incluida la infibulación, así como prácticas consuetudinarias como el sororato y el levirato; pide la adopción de políticas de defensa de los derechos humanos y de igualdad de género, en colaboración con todos los actores del desarrollo sobre el terreno, en especial con vistas al respeto, la protección y el fomento de los derechos de la mujer, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación de raza, casta, edad, pertenencia étnica o religiosa, estatuto marital, origen o condición de inmigrante o no; hace hincapié en que se necesita un mayor esfuerzo para garantizar que las reformas relativas a la gobernanza y al Estado de Derecho responden a las necesidades específicas de las mujeres;
83. Manifiesta su preocupación por la discriminación de que son objeto las mujeres y niñas en gran parte de esta región, particularmente en cuanto al acceso a la educación, al trabajo con derechos, a la salud y otros procesos como los matrimonios forzados, la explotación sexual y la mutilación genital;
84. Expresa su preocupación por la discriminación de que son objeto las mujeres y las niñas en gran parte de la región, lo que se refleja, por ejemplo, en matrimonios forzados, matrimonios de menores, explotación sexual, falta de educación, la mutilación genital femenina generalizada, incluida la infibulación, así como prácticas consuetudinarias como el sororato y el levirato, y en todo lo relativo al acceso a la educación, al trabajo con derechos y a la salud; pide la adopción de políticas de defensa de los derechos humanos y de igualdad de género, en colaboración con todos los actores del desarrollo sobre el terreno, en especial con vistas al respeto, la protección y el fomento de los derechos de la mujer, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación de raza, casta, edad, pertenencia étnica o religiosa, estatuto marital, origen o condición de inmigrante o no; hace hincapié en que se necesita un mayor esfuerzo para garantizar que las reformas relativas a la gobernanza y al Estado de Derecho responden a las necesidades específicas de las mujeres;
85. Pide a los países del Sahel que adopten leyes y medidas concretas que prohíban y establezcan sanciones para cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica y sexual, el acoso sexual y prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzosos, especialmente en el caso de menores de edad; destaca la importancia de la protección de las víctimas y de la provisión de servicios específicos, y de combatir la impunidad de los agresores, garantizando que tales delitos se investiguen, juzguen y castiguen realmente, y que todas las mujeres dispongan de pleno acceso a la justicia, sin ningún tipo de discriminación por motivos religiosos y/o de origen étnico; subraya que la violencia doméstica no es una cuestión familiar privada y que tampoco pueden aceptarse como excusas los argumentos de que la violencia esté arraigada en la cultura o en las creencias religiosas;
86. Insta a los Estados de la región del Sahel a revisar sus leyes relativas a las mujeres y a los derechos de propiedad; subraya la importancia de que las mujeres sean propietarias de la tierra que trabajan y en la que viven;
87. Insta a la comunidad internacional a dedicar más fondos para mejorar los derechos y la capacitación de las mujeres en la región; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Unión Africana en favor de los derechos de la mujer y recuerda el papel clave de la CEDEAO para la estabilidad de la región; insta a los Estados del Sahel a que intensifiquen su cooperación para llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres junto a las ONG, la sociedad civil, las Naciones Unidas y la Unión Europea; insta a la UE a colaborar con los actores regionales para fomentar la escolarización de las niñas y respaldar medidas que potencien la seguridad financiera y el potencial de las mujeres, como clave para salvaguardar la capacitación social, política y económica de la mujer; además, recomienda que las políticas hagan énfasis en la mejora de la atención sanitaria destinada a la mujer;
88. Pide asimismo a los países del Sahel que garanticen que las niñas sean inscritas en el momento de su nacimiento y que todas las niñas se matriculen en la educación primaria; insta a la UE a colaborar con los actores regionales para fomentar la escolarización de las niñas y respaldar medidas que potencien la seguridad financiera y el potencial de las mujeres, como clave para salvaguardar la capacitación social, política y económica de la mujer; además, recomienda que las políticas hagan énfasis en la mejora de la atención sanitaria destinada a la mujer;
89. Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y al Consejo que animen más a los países de la región a que adopten disposiciones explícitas en sus legislaciones e impulsen programas destinados a garantizar esos derechos de las mujeres y las niñas, en particular, el acceso a los servicios públicos, incluido el ámbito de la educación, acceso a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, a préstamos para alimentación, tierra y recursos productivos, en especial en las zonas rurales, y a la sanidad y la justicia, con objeto de asegurar una mayor independencia económica de las mujeres, ayudándolas a pasar del sector informal al formal de la economía, su participación en la toma de decisiones políticas y económicas y la eliminación de todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres, incluidas la erradicación de los matrimonios forzosos tempranos y la práctica bárbara de la mutilación genital femenina;
90. Pide a los Representantes Especiales de la Unión Europea para el Sahel y para los Derechos Humanos, respectivamente, que lleven a cabo acciones comunes para una mejor garantía de los derechos de la mujer en la región, en particular en la lucha contra la impunidad de la violencia de género y otras formas de violencia que afectan a la dignidad de la mujer; insiste en que la Comisión, el SEAE y los Estados socios den prioridad en los programas de ayuda bilateral a los derechos de la mujer y a la igualdad de género, y prevean una financiación sostenible y predecible para las iniciativas destinadas a la independencia económica de las mujeres y la igualdad de género; condena con particular firmeza el recurso a la violencia al ser el principal obstáculo para el disfrute de la libertad social y económica de las mujeres; hace hincapié en que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres debe considerarse una cuestión transversal;
91. Acoge con satisfacción el estatuto jurídico concedido a las relaciones entre personas del mismo sexo en Mali, Níger, Chad y Burkina Faso; lamenta, no obstante, la discriminación social que aún subsiste; expresa su profunda preocupación por la aplicación de las leyes de «indecencia pública» y de leyes que prohíben asociaciones para una «finalidad inmoral» a la hora de tratar a la comunidad LGBT en Mali y en toda esa región; confía en que los oprimidos durante la insurgencia en el norte de Mali puedan reintegrarse sin peligro en la sociedad; manifiesta su honda preocupación por el hecho de que Mauritania siga penalizando las relaciones LGBT, que en el caso de los hombres, conlleva la condena a muerte por lapidación pública, aunque indica que no existen pruebas documentales de que se haya llegado a aplicar esta condena; insta al Gobierno mauritano a que, no obstante, colabore con la sociedad civil con objeto de reformar su legislación y contribuir a mejorar las vidas de los ciudadanos LGBT;
92. Entiende que un planteamiento de la situación y desarrollo del pueblo tuareg que se base en derechos y que aborde con honestidad los agravios históricos sin obviar el hecho de que los tuareg conviven en algunas zonas con otros grupos étnicos, es esencial para la paz y el desarrollo en la región del Sahel; celebra los avances realizados en Níger a este respecto, pero insta a todos los países que cuenten con una población tuareg importante, también en los países que no pertenecen a la región del Sahel, como Argelia y Libia, a que cooperen con los representantes de las comunidades para resolver, al nivel político e institucional, los problemas del subdesarrollo y la hostilidad; toma nota, por otra parte, de la variedad de culturas presentes en el Sahel; considera que se debe permitir a todas esas poblaciones reanudar una coexistencia pacífica; alienta a los gobiernos de la región a que incluyan a todas ellas en los diálogos políticos sociales así como en los procesos decisorios;
93. Acoge favorablemente el nombramiento del REUE para el Sahel, así como el importante componente relacionado con los derechos humanos que prevé su mandato; confía en que el nuevo representante coopere estrechamente con el REUE para los Derechos Humanos, la Fiscalía de la CPI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y los defensores y observadores de los derechos humanos en la región en la promoción del respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; solicita la correcta coordinación especialmente entre el REUE para el Sahel y el REUE para el Mediterráneo meridional, así como con el REUE para el Cuerno de África, ya que las crisis africanas conllevan grandes repercusiones regionales, tienden a generar un efecto de propagación e implican aspectos geoestratégicos; insta a la UE, en este sentido, a que se aplique en la coordinación eficaz de todas las iniciativas de la UE en África, especialmente en la gestión de crisis y en las actividades posteriores a los conflictos y, por ende, pide a la AR/VP que vele por dicha coordinación;
94. Destaca la importancia de respetar los compromisos políticos de la UE en materia de derechos humanos, incluidas sus directrices sobre los niños y los conflictos armados, sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, sobre el fomento de la observancia del Derecho internacional humanitario, y sobre la protección de los civiles en las misiones y operaciones de la PCSD, así como la política global de la UE en relación con la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, supervisando y notificando también los avances a este respecto;
95. Deplora que ni en la Estrategia de la UE para la seguridad y el desarrollo en la región del Sahel adoptada el 21 de marzo de 2011, ni en las conclusiones al respecto adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores del 23 de marzo de 2012, se haga alusión a la promoción de la igualdad de género, la situación de las mujeres o la defensa de sus derechos;
96. Acoge con satisfacción las líneas de acción estratégicas de la Estrategia de la UE para el Sahel, que incluyen el apoyo y el fomento de la buena gobernanza y la resolución de conflictos internos; opina, no obstante, que la estrategia aún no integra adecuadamente los derechos humanos, el Estado de Derecho, el apoyo a la democracia, la gobernanza económica eficaz y sólidas medidas de lucha contra la corrupción como elementos clave para respaldar el núcleo vital del entramado desarrollo-seguridad; insta a las instituciones de la UE a que colaboren en un futuro próximo con el fin de revisar la estrategia incluyendo propuestas concretas para:
97. Recomienda a la UE que considere la posibilidad de aplicar sanciones específicas a los autores de las violaciones más graves de los derechos humanos, mediante la congelación de activos, la prohibición de visados y otros instrumentos, tanto en Mali como en el resto de la región;
98. Celebra el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación en el Sahel; observa el enfoque «de cuatro en cuatro», cuyo fin es reforzar la gobernanza, la seguridad, los requisitos humanitarios y el desarrollo, como parte de una estrategia integrada; acoge con especial satisfacción el importante componente de derechos humanos presente en dicha estrategia, y pide a la UE que continúe apoyándola; celebra, asimismo, el énfasis de la estrategia integrada de las Naciones Unidas en lograr la participación, fomentar la gobernanza local y regional, fortalecer la cohesión social y de seguridad, crear sistemas de alerta temprana para futuras amenazas y, especialmente, reforzar o consolidar los mecanismos regionales de defensa de los derechos humanos; anima a la UE a incorporar un enfoque integral similar a la sostenibilidad, a las cuestiones humanitarias y de desarrollo y a los derechos humanos, en coordinación y en armonía con las Naciones Unidas, de forma que se reconozca la naturaleza esencialmente transnacional, transfronteriza y entrelazada de los desafíos del Sahel;
99. Subraya la constante importancia crucial que reviste un mayor compromiso de la UE con agentes africanos regionales como la Unión Africana, la CEDEAO o la Unión del Magreb Árabe, así como con mecanismos africanos regionales de defensa de los derechos humanos, con objeto de lograr que las iniciativas en materia de derechos humanos y democracia en el Sahel progresen de forma continua; anima a países vecinos como Senegal, Túnez, Argelia y Marruecos a desempeñar un papel de liderazgo y a contribuir a crear una auténtica dinámica regional que potencie el desarrollo económico de la región y los derechos humanos; reconoce que en última instancia las soluciones duraderas a los problemas del Sahel deben proceder del interior de la región y pertenecer plenamente a su población; sin embargo, insta a la UE a mantener su compromiso con la colaboración y el apoyo a los asociados sahelianos con todos los medios de los que dispongan, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población de la región y fortalecer los vínculos con sus gobiernos democráticos;.
100. Celebra el informe de abril de 2013 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la situación en el Sáhara Occidental, en el que se insiste en la importancia vital de abordar el conflicto del Sáhara Occidental como parte de una estrategia más amplia para el Sahel y se afirma que la cuestión de los derechos humanos es esencial para la resolución del conflicto; toma nota, además, de que los distintos conflictos en el Sahel y sobre todo la presencia de grupos terroristas como AQMI en el norte de Mali y el sur de Argelia representan una fuente de posible desestabilización para el Sáhara Occidental y para el conjunto de la región; observa, asimismo, las repercusiones negativas del conflicto en la integración regional, que debe implicar a Marruecos y Argelia y puede ofrecer oportunidades considerables para el desarrollo económico y la democratización política, mejorando así la seguridad de la población de todo el Sahel y el Sáhara;
101. Reafirma su apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental; solicita pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del pueblo saharaui, incluida la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de forma pacífica;
102. Destaca la necesidad de que se aborde la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf sin esperar ningún tipo de solución política definitiva ni expresar una opinión sobre tal solución; reitera, no obstante, que la autodeterminación es un derecho humano fundamental, establecido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; recuerda asimismo que la integridad territorial es un principio de Derecho internacional; recuerda, por otra parte, la Resolución 1754(2007) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a las partes a que entablen negociaciones de buena fe sin condiciones previas «con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental»; transmite este llamamiento a Marruecos y al Frente Polisario a que continúen las negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto y reitera el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación; subraya la oportunidad que representa el proceso de reformas políticas y democráticas iniciadas en Marruecos y, al mismo tiempo, toma nota de las serias obligaciones que estas exigen para el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental en particular; expresa su temor de que el retraso de veinticinco años que ha sufrido la organización de un referéndum o cualquier otra forma de solución política negociada aceptable esté aumentando el distanciamiento de los saharauis y el potencial de violencia, en particular entre los jóvenes; pide a la UE que se implique más y ayude a las Naciones Unidas a animar a las partes a que reanuden las negociaciones directas con vistas a una solución pacífica y duradera del conflicto;
103. Insta a la Comisión y a los Estados miembros ‒dado el estrecho vínculo existente entre la solución política al conflicto del Sáhara Occidental, la reconciliación y la situación de los derechos humanos‒ a que colaboren más activamente en la resolución de dicho conflicto, no solo apoyando las negociaciones de las Naciones Unidas, sino también utilizando los diversos instrumentos de su política exterior (por ejemplo, el refuerzo de la supervisión de los derechos humanos, la concienciación de las fuerzas del orden y la policía y el respaldo de las reformas democráticas, incluidas la descentralización y la lucha contra la discriminación en la región) con el fin de fomentar la creación de una confianza muy necesaria entre las partes del conflicto;
104. Expresa su profunda preocupación por el reciente informe del Relator Especial de las NN.UU. sobre la tortura, que contiene pruebas de que funcionarios marroquíes han detenido a personas por motivos políticos, torturado y violado a reclusos saharauis, secuestrado y abandonado a manifestantes en el desierto con objeto de intimidarles, e ido deliberada y frecuentemente en contra de defensores de la independencia, también en sus hogares; toma nota, por otra parte, de las numerosas acusaciones de desapariciones forzosas y procesos injustos; destaca especialmente el desmantelamiento del campamento de protesta de Agdaym Izik en noviembre de 2010, con actuaciones muy violentas que costaron la vida a trece personas, y el posterior juicio de veinticinco saharauis, muchos de ellos conocidos activistas de los derechos humanos, en febrero de 2013; toma nota de la insistencia de Marruecos en relación con la justicia del proceso y las debidas garantías procedimentales, así como de las conclusiones de algunos observadores internacionales, pero recuerda también la preocupación del Relator Especial de las Naciones Unidas con respecto al recurso a un tribunal militar, las acusaciones de torturas y el hecho de que las autoridades marroquíes no las hayan investigado; toma nota de las conclusiones de varios observadores de los derechos humanos y ONG en relación con la supuesta politización de las actuaciones judiciales en este asunto, las pruebas insuficientes y las condenas excesivas, con veinte personas condenadas a penas de entre veinte años de prisión y cadena perpetua; celebra, por consiguiente, el apoyo del Gobierno de Marruecos la recomendación del Consejo Nacional de Derechos Humanos según la cual en adelante los civiles no deberían ser juzgados por tribunales militares; insta al Gobierno de Marruecos a que garantice la puesta en práctica de esta recomendación, lamentando, al mismo tiempo, que no vaya a aplicarse a los ya condenados; insta asimismo al Gobierno marroquí a que aplique todas las recomendaciones formuladas en los informes de las Naciones Unidas y del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y a que siga desarrollando una cultura de defensa de los derechos humanos; pide, en este sentido, a las autoridades marroquíes que liberen inmediatamente a todos los presos políticos saharauis, que colaboren con la sociedad civil y otros agentes con el fin de garantizar la transparencia y justicia de sus procesos judiciales, y que investiguen y actúen en justicia contra los funcionarios de seguridad acusados de haber participado en detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos de poder;
105. Condena las violaciones de los derechos humanos a las que se ven sometidas las mujeres saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, en particular a través de tratos vejatorios y violencia sexual, mecanismos que utilizan las fuerzas de ocupación marroquíes con la intención de amedrentar al pueblo saharaui en su lucha por el derecho legítimo a la autodeterminación;
106. Reitera las preocupaciones recogidas en el informe del ACNUDH de 2006, filtrado de manera no oficial, en relación con las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación en el Sáhara Occidental; toma nota de que Marruecos afirma que autoriza las sentadas y otras formas de protesta; lamenta la evidente obstrucción institucional que Marruecos hace a las ONG que defienden una posición independentista al impedir su registro y reconocimiento legal, que son necesarios para poder funcionar efectivamente en sus comunidades; condena los castigos, con frecuencia severos, por «socavar la integridad territorial de Marruecos», una figura legislativa utilizada al parecer para ir en contra de los saharauis que defienden la independencia pacíficamente; recuerda las conclusiones de la Experta Independiente de las Naciones Unidas en la Esfera de los Derechos Culturales, según las cuales las autoridades marroquíes reprimen algunos aspectos de la cultura saharaui, y reitera el llamamiento que esta ha hecho a favor de que se deroguen tales medidas y se promueva una diversidad cultural plena; celebra, en este sentido, las medidas sobre respeto de los derechos culturales que se han introducido en la nueva Constitución de Marruecos, así como la creación de una emisora de televisión específicamente saharaui; alienta encarecidamente a que se apliquen plenamente estas medidas;
107. Lamenta profundamente que el miércoles 6 de marzo de 2013 Marruecos expulsara a una delegación de cuatro diputados al Parlamento Europeo; observa que el objetivo de dicha delegación era visitar los territorios del Sáhara Occidental, con el fin de investigar la situación de los derechos humanos y reunirse con los representantes de la MINURSO; lamenta profundamente el comportamiento de las autoridades marroquíes y pide al Reino de Marruecos que permita el libre acceso y la libre circulación en el Sáhara Occidental a la prensa, los observadores independientes, los diputados y las organizaciones humanitarias;
108. Recuerda que a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) le preocupa el hecho de que el Sáhara Occidental sigue siendo una de las zonas más minadas del mundo; observa que las minas terrestres en el Sáhara Occidental han provocado, lamentablemente, al menos 2 500 víctimas desde 1975, y que continúan amenazando a muchos millares de nómadas saharauis, así como que representan un obstáculo fundamental para solucionar el litigio del Sáhara Occidental y la situación de los refugiados; encomia, por consiguiente, el trabajo realizado por la MINURSO, el Ejército Real de Marruecos, el Frente Polisario, Landmine Action y otras organizaciones para cartografiar y desminar las zonas afectadas; celebra que el Frente Polisario haya firmado el llamamiento de Ginebra sobre la prohibición de minas antipersona; alienta a todos los agentes a que hagan cuanto obre en su poder para concienciar a la población, asistir a las víctimas y eliminar todas las municiones restantes; además, señala que Marruecos es uno de los pocos países, y uno de los tres países africanos, que no han firmado el Tratado de prohibición de las minas; le anima a que lo haga como medida que genere confianza y como gesto de su compromiso con la paz;
109. Destaca el caso de las mujeres saharauis y la función importante que desempeñan en la sociedad saharaui, en particular en los campamentos de refugiados donde se observa una gran reducción del analfabetismo, que ha pasado del 95% heredado del colonialismo español a la actual tasa del 5 %; resalta el papel clave de las mujeres en la organización de las instituciones saharauis y su elevada participación en la toma de decisiones a todos los niveles, desde los comités locales hasta el parlamento y el Gobierno; llama la atención sobre el papel que las mujeres del Sahara Occidental juegan en el mantenimiento de la paz, la promoción del diálogo y la resolución del conflicto, así como en la preservación de la sociedad y las estructuras saharauis;
110. Manifiesta su preocupación por la pobreza y la inexistencia de servicios básicos en los campos de refugiados en las cercanías de Tinduf, administrados por el Frente Polisario, especialmente en lo que respecta a la nutrición, la atención sanitaria y el acceso a agua potable; acoge con satisfacción la ayuda humanitaria proporcionada por la UE a los refugiados de en cuestión; Insta, no obstante, a los actores internacionales a canalizar, coordinar y consolidar las ayudas de forma más eficaz y a incrementarlas allí donde sea necesario, con objeto de garantizar la estabilidad de la situación humanitaria y contribuir a mejorar las condiciones de los campos; recuerda las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada en el sentido de que se destinen suficientes fondos internacionales a este fin, dado la deficiente disponibilidad de viviendas hasta la fecha; observa, no obstante, los sistemas de funcionamiento de la gobernanza en los campos y acoge con satisfacción la presencia activa de la sociedad civil, con una intensa participación de mujeres en ambos casos; celebra, además, el énfasis social situado en la educación, a pesar de la escasez de recursos; señala, sin embargo, que no existe una documentación clara que recoja el número exacto de habitantes de los campos, e insta a las autoridades del Frente Polisario a que, con la asistencia de Argelia, lleven a cabo o favorezcan la realización de censos regulares o registros oficiales;
111. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la pobreza en los campos de Tinduf, junto con la ausencia de perspectivas a largo plazo para muchos refugiados, les haga vulnerables a la radicalización religiosa fundamentalista; recuerda el peligro que representa el reclutamiento de jóvenes en las redes delictivas y terroristas, y destaca especialmente la porosidad de las fronteras de la región, que conlleva el riesgo de facilitar una infiltración más profunda de los campamentos por grupos yihadistas del norte de Mali y otros lugares; condena, en este sentido, el secuestro de tres cooperantes europeos del campo de Rabuni en octubre de 2011; subraya, por consiguiente, la importancia vital de garantizar la seguridad y protección de los campamentos; insta a las autoridades argelinas a cumplir con su responsabilidad de mitigar la situación de los derechos humanos existente en los campos de Tinduf; pone de manifiesto su apoyo pleno al programa de la ACNUR destinado a fomentar la creación de confianza mediante intercambios familiares entre Tinduf y el Sáhara Occidental;
112. Observa que, si bien la mayoría de los observadores internacionales, así como los informes del ACNUDH, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos y Human Rights Watch, han detectado pocas pruebas de violaciones sistemáticas e institucionales de los derechos humanos en los campamentos, numerosos agentes, incluidos el Gobierno marroquí, ONG marroquíes y antiguos habitantes de los campos de Tinduf, han afirmado que las autoridades del Frente Polisario restringen la libertad de expresión y de circulación de los habitantes; toma nota de que el Frente Polisario niega enérgicamente estas acusaciones y de su voluntad de cooperar con los órganos de las Naciones Unidas encargados de los derechos humanos; pide, por tanto, al Frente Polisario que conceda a los observadores independientes de los derechos humanos un acceso pleno, regular y sin obstáculos a los campamentos, así como que se investigue rigurosamente cualquier denuncia;
113. Insta a las autoridades marroquíes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental a permitir y facilitar contactos, intercambios y visitas regulares de las familias saharauis entre los campos de refugiados y los territorios ocupados;
114. Celebra los esfuerzos realizados para mejorar la documentación de las acusaciones de abusos de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en particular mediante la creación del Consejo Nacional de Marruecos para los Derechos Humanos, con oficinas en El Aaiún y Dakhla, y reconocido por las Naciones Unidas; observa la positiva labor de este organismo y pide al Gobierno de Marruecos que contribuya a reforzar su independencia y sus competencias y garantice la aplicación de sus recomendaciones; alienta, no obstante, al Consejo Nacional para los Derechos Humanos a que establezca relaciones con los saharauis hostiles a la legalidad marroquí y garantice una correcta tramitación de sus quejas; celebra la adopción por Marruecos, en 2012, de tres de las cinco recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y le pide que adopte las dos restantes; celebra asimismo las invitaciones de Marruecos cursadas a diversas delegaciones internacionales ad hoc, incluyendo al Relator Especial de las Naciones Unidas contra la tortura, y se congratula de la aceptación de estas invitaciones; alienta a las autoridades marroquíes a autorizar las misiones de investigación de otros organismos internacionales, como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Parlamento Europeo; insta a todas las partes interesadas a que prosigan su cooperación con los organismos de las Naciones Unidas responsables de los derechos humanos;
115. Toma nota, no obstante, de las graves y controvertidas acusaciones contra las administraciones tanto de Marruecos como del Frente Polisario, y recuerda la reciente insistencia del Secretario General de las Naciones Unidas en que se debe supervisar de forma independiente, imparcial, global y continua la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos;observa, a este respecto, que las Naciones Unidas no reforzaron el mandato de la MINURSO en abril de 2013 para incluir un componente relacionado con los derechos humanos; alienta a las Naciones Unidas a que procedan a ello o, en su defecto, creen un nuevo organismo, permanente e imparcial, para los derechos humanos encargado de supervisar y dar parte de la situación global de los derechos humanos y de investigar las denuncias individuales; pide que ese organismo englobe la parte del Sáhara Occidental controlada por Marruecos, los campamentos de Tinduf y otros territorios controlados por el Frente Polisario;
116. Alienta a los gobiernos de Marruecos y Argelia a continuar desarrollando y mejorando su diálogo político para mejorar la dinámica regional y evitar el aumento de las tensiones en la región, así como en beneficio de la comunidad internacional en general;
117. Insta a la AR/VP y al REUE para los derechos humanos a que ofrezcan a las autoridades marroquíes y del Frente Polisario programas de formación en materia de derechos humanos en el Sáhara Occidental y en Tinduf, que se centrarían en la policía y otras fuerzas del orden, el sistema judicial, los funcionarios de administraciones locales, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Se basarían en las reformas políticas en pos de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos iniciadas en Marruecos y no afectarían a la posibilidad de negociar una solución política al conflicto del Sáhara Occidental, sino que su objetivo sería fomentar dicha negociación;
118. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los REUE para los Derechos Humanos y para el Sahel, a los Estados miembros, a los Gobiernos y los Parlamentos de los países del Sahel, a Marruecos, Argelia y el Frente Polisario, al Secretario General y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Presidente de la Unión Africana y al Secretario General de su Comisión, y al Presidente de la CEDEAO y al Presidente de su Comisión.
Publicado por mujeressaharauisunms.org en 10:12

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución