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Timestamp: 2020-07-04 04:27:32+00:00

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Compartimos el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Leer Boletín Oficial del Estado
En breve, publicaremos una Newsletter con las novedades más destacadas del Real Decreto publicado sobre las medidas urgentes por el COVI-19.
¿TIENE FACTURAS IMPAGADAS?
Desgraciadamente es muy habitual que los autónomos y empresas en nuestro país tengan un alto volumen de impagados. Es decir, facturas que se emiten y clientes que no pagan. En estos casos, la Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece una solución para intentar el cobro de las deudas y, en todo caso, permite recuperar el IVA de las facturas que previamente se ha adelantado a Hacienda a través del llamado procedimiento monitorio.
¿En qué consiste un procedimiento monitorio?
El proceso es rápido y sencillo, se presenta un escrito en el que se reclama la deuda (vencida y exigible) acompañando facturas, albaranes, telegramas o cualquier otro documento que, aunque sea unilateralmente creado por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas de la relación que se trate.
Se trata de un proceso declarativo especial, rápido y sencillo, para reclamar deudas, cuyo pago deberá ser exigible, de carácter monetario y ya debe estar vencida.
Se caracteriza por utilizar la técnica de la eventualidad.
Esto supone que, presentado el escrito, el Juzgado directamente requiere al deudor para que, en el plazo de 20 días hábiles, pague o se oponga. El deudor puede:
Pagar, en cuyo caso se archiva el procedimiento.
Silencio. Si el deudor no se manifestara en el plazo de veinte días hábiles, el Letrado de la Administración dicta decreto dando por terminado el proceso, fijando el importe final de la deuda que se podrá incluir en un proceso de ejecución posterior, bastando para ello la mera solicitud. En este caso, el silencio del deudor sobre la reclamación efectuada por el acreedor en su petición inicial del proceso monitorio equivaldría a una admisión de la deuda
Rechazo total o parcial de la deuda. No se admite una simple negativa del deudor sino que debe oponerse con argumentos precisos. En dicho caso, el acreedor deberá continuar con los procedimientos correspondientes según la cuantía (juicio verbal y ordinario).
Procedimiento para recuperar el IVA
Si cumple con una serie de requisitos dentro de un plazo, es posible al menos recuperar el IVA de las facturas impagadas que tengan la consideración de crédito incobrable y el destinatario sea empresario o profesional, o que la base imponible, IVA excluido, sea superior a 300 €.
Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, si se trata de una PYME (volumen de operaciones inferior o igual a 6.010.121,04 euros), este plazo pasa a ser de seis meses.
Que la operación esté facturada y reflejada en los libros de registro exigidos para este impuesto y que el IVA se haya repercutido de forma reglamentaria.
Que haya instado el cobro de la factura impagada mediante reclamación judicial al deudor (monitorio) o por medio de requerimiento notarial. En VSR recomendamos instar el monitorio al tratarse de un proceso sencillo y, en gran parte de los supuestos, más económico.
El acreedor dispone de tres meses desde la fecha de declaración del crédito como incobrable para emitir la factura rectificativa de modificación de la base imponible de la factura no cobrada.
La factura debe remitirse al deudor mediante burofax con certificado de texto.
El acreedor deberá comunicar a la AEAT, vía electrónica, en el plazo de un mes desde la fecha de emisión de la factura rectificativa, que se acoge al procedimiento de modificación de base imponible.
La factura rectificativa se incluirá en la autoliquidación trimestral del IVA correspondiente a la fecha de emisión (Modelo 303), compensando así el importe del IVA ingresado en su día.
No deje que sus facturas impagadas supongan un quebranto para su liquidez.
Contacte con nosotros en los teléfonos 965.985.451 y 912.201.294 o por correo electrónico info@valerosanroman.com / andrea.sanroman@valerosanroman.com y sin coste valoramos su caso.
NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE ALQUILER
La Diputación Permanente aprobó el pasado día 3 de abril de 2019 la convalidación del Real Decreto Ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo.
Esta nueva normativa por la que se rigen los nuevos alquileres busca aumentar la protección de los inquilinos frente a los propietarios de una vivienda.
Entre las novedades introducidas encontramos las siguientes:
Se amplía la duración mínima legal: se establece en 5 años cuando el arrendador sea persona física y en 7 años cuando sea persona jurídica. Se amplía también el plazo de prórroga del contrato tras finalizar su duración mínima hasta 3 prórrogas anuales.
Se modifica el plazo de preaviso para evitar la prórroga: con anterioridad a la reforma cuando cualquiera de las partes no quería que se prorrogase el contrato, tenía que realizar un preaviso a la otra parte de 30 días de antelación a la fecha de finalización del contrato. Con la reforma el arrendador tiene que preavisar con 4 meses de antelación y el arrendatario puede hacerlo con 2 meses de preaviso.
Efectos frente a terceros del contrato no inscrito en el Registro de la Propiedad: durante la duración mínima legal (esto es 5 ó 7 años) el contrato de arrendamiento será oponible frente a terceros, aunque no figure inscrito en el Registro de la Propiedad.
Limitación a la actualización de la renta: la actualización anual de la renta no podrá suponer un incremento superior a la variación del IPC.
Asunción de gastos de intermediación inmobiliaria: cuando el arrendador sea una sociedad deberá pagar los gastos de intermediación inmobiliaria y de formalización del contrato.
Limite a las garantías adicionales a la fianza: cuando el arrendamiento sea para uso de vivienda y el contrato no prevé una duración superior a la mínima legal (5 ó 7 años), el arrendador puede exigir al arrendatario, una garantía adicional que no exceda de dos mensualidades de renta, además de la fianza legal. Por el contrario, cuando la duración pactada sea superior a la mínima legal y/o el arrendamiento sea para uso distinto al de vivienda, la garantía adicional podrá exceder de dos mensualidades.
Se excluye del ámbito de aplicación de la legislación arrendaticia urbana la cesión temporal, con finalidad lucrativa, de las viviendas de uso turístico para su específica regulación por las comunidades autónomas, y se permite que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios puedan limitar las viviendas de uso turístico, o asignarles mayores gastos comunes. Concretamente, esta última novedad se introduce en la Ley de Propiedad Horizontal la posibilidad de que, por acuerdo de una mayoría de 3/5, una comunidad de propietarios pueda limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio.
Consecuencias jurídicas y legales:
Contratos de arrendamiento suscritos entre el 19 de diciembre de 2018 y el 22 de enero de 2019: se sujetan a la normativa derogada por el Parlamento en tal fecha, surten plenos efectos jurídicos y debe respetarse la totalidad de sus cláusulas, sin que quepa su novación o modificación, salvo por expreso acuerdo de las partes.
Contratos de arrendamiento suscritos entre el 23 de enero y el 5 de marzo de 2019: se regirán por la Ley de arrendamientos que estaba vigente antes de entrar en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre pasado; es decir, por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, con las modificaciones que, en su momento, introdujo la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
Contratos de arrendamiento suscritos a partir del 6 de marzo de 2019: se regirán por el presente Real Decreto Ley, sin efecto retroactivo alguno, si bien, por acuerdo expreso de las partes, los contratos preexistentes podrán adaptarse a este nuevo régimen jurídico.
Departamento Mercantil de VSR
¿Afectado por Banco Popular? Ahora SÍ recupera tu inversión
Desde Valero & San Román hemos aconsejado a nuestros clientes afectados por las acciones del Banco Popular esperar a su absorción por Banco Santander, lo cual tuvo lugar el pasado 20 de septiembre de 2018. Y ello, por dos razones muy sencillas:
(i) los afectados que demandaron al Popular a partir de la decisión del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular y por la que la entidad fue vendida al Banco Santander, se encontraba con una sentencia que nunca cobraría porque el banco no tenía liquidez ni solvencia; y
(ii) los afectados que demandaron al Santander por ser el banco que compró el Popular y debía asumir las deudas existentes con el anterior, se encontraban con una inadmisión o desestimación de la demanda por falta de legitimación de éste.
Podemos decir que, desde junio 2017 a septiembre 2018, hemos estado en un limbo para los accionistas del Banco Popular que reclamaban el dinero invertido en acciones.
Esto quiere decir que, ahora sí, es el momento para reclamar las acciones del Banco Popular que pasaron a tener un valor cero, y los accionistas tienen garantías de cobrar porque es el Banco Santander quien debe asumir la devolución de la inversión de los accionistas que demanden y cuyas pretensiones se vean estimadas.
Las recientes Sentencias de nuestros Juzgados condenan al Banco Santander a devolver el dinero invertido en acciones del Banco Popular más los intereses desde que se practicó la inversión.
No esperes más. Ha llegado el momento para reclamar. En Valero & San Román estamos asesorando y defendiendo a personas afectadas por las acciones del Banco Popular.
Contacte con nosotros y sin coste valoramos su caso.
Puede contactar con nosotros en los teléfonos 965.985.451 y 912.201.294 o por correo electrónico info@valerosanroman.com / andrea.sanroman@valerosanroman.com y sin coste valoramos su caso.
¿Are you a foreigner and want to obtain the legal residency in Spain?
If you want to obtain legal residency in Spain, you only have to make an investment of, at least, 500,000€. This legal residency is ussualy called Golden Visa.
What are the requirements to obtain the Golden Visa?
Foreigners not resident in Spain will be able to apply for a Golden Visa if they can prove to have done a significant capital investment, that meets any of the following:
Real estate investment for an amount equal or over 500,000€, free of taxes and charges. The part of the investment that exceeds the amount required may be subject to a charge or lien. This type of investment is very frecuent.
Investment of a minimum 1 million euro in shares in Spanish companies, bank deposit, or investment funds.
Investment of a minimum 2 million euro in Spanish public debt securities.
Creation of a business project in Spain considered and accredited as general interest. It will have a general interest if it meets with, at least, one of the following conditions:
Implementation of an investment with a relevant socio-economic impact in the geographic area where the activity will be developed.
Relevant contribution to the scientific and/or technological innovation.
What are the most relevant advantages of the Golden Visa?
The legal residency in Spain of the investor can be extended to the members of his/her family.
The investor (or family members) with legal residency in Spain can travel to the other countries of the Schengen territory during 90 days of 180 days.
The significant capital investment can be done by a private individual or company.
Valero & San Román has proven experience in all the investment procedure and subsequent obtaining of the Golden Visa offering its clients a specialised legal advice.
If you would like to receive further information, please contact us through the company telephone numbers 965.985.451 y 912.201.294 or by e-mail to info@valerosanroman.com / andrea.sanroman@valerosanroman.com
Updated information Model Declaration 720
Despite Spain has been required by the EU to adopt measures to correct the disproportionate sanction regime of the 720 form, up to this date Spanish Authorities have not modified any aspect of the 720 form. Therefore, by 31st March the personal income tax payers (IRPF in Spanish) or corporate tax payers must inform about their assets or rights held abroad. There are three groups of assets that must be declared:
Funds in accounts in financial institutions abroad.
Securities, rights, insurance and income deposited, managed or earned abroad.
Real estate and rights over real estate located abroad.
The obligation to report exists if the total joint value of the group exceeds 50,000 euro.
However, if the 720 form has been filed in previous years, it may not be necessary to file it again in relation to any of the three groups of assets, or may have to be filed partially.
There is no obligation to file the form except:
When in relation to any of the three groups of assets, there is an increase of 20,000 euro compared with what was declared in the last Model 720 filed.
When the declared assets do no longer meet the requirements that makes the person or entity report their assets.
As mentioned previously, although it is a mere informative declaration, if it is not filed within the deadline, or is filed with inaccurate or incomplete information, these are considered serious infringements and the penalties can be a fine of 5000€ per item or group of items related to a group of goods, with a minimum of 10000€ for each group of assets when the 720 form has not been filed at all or has been filed with incomplete or inaccurate information.
Regardless of the fines for failing to file the 720 form, the Administration can attribute as unjustified patrimonial gain the value of the goods abroad in the IRPF of the last year, unless it can be clearly demonstrated that the goods abroad correspond to income declared or obtained when one was not resident in Spain.
The above would be considered as a very serious infringement and would the fined with an sanction of 150% on the resulting IRPF quota or Corporate tax.
Please do not hesitate to contact us should you require information.
Información actualizada sobre Declaración Modelo 720
Como viene siendo habitual, y a pesar de que la Comisión Europea instó a España para que adoptara las medidas necesarias para corregir la situación de desproporcionalidad del régimen sancionador del Modelo 720, nada ha cambiado al respecto, por lo que antes del próximo 31 de marzo, los contribuyentes del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades deben informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero, diferenciando entre tres bloques:
(1) cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero,
(2) valores, derechos, seguros y rentas temporales o vitalicias depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero y
(3) bienes inmuebles, o derechos sobre los mismos, situados en el extranjero.
Con carácter general, existe la obligación de presentar esta declaración cuando el conjunto de los bienes y derechos de cada uno de los tres bloques antes comentados, individualmente considerados, supera los 50.000 euros.
No obstante, si se presentó en anteriores ejercicios la declaración Modelo 720 respecto de una o varios “bloques de información”, puede que no sea necesario volver a presentar el Modelo o bien que se deba presentar de manera parcial.
No existirá obligación salvo:
(1) cualesquiera de los datos, saldos y/o valores conjuntos de los referidos tres bloques experimenten un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración en la que se informen y
(2) cuando los bienes o valores declarados pierdan la condición que determinó en su día la obligación de declararlos.
Como comentábamos al principio, a pesar de tratarse de una mera declaración informativa, la no presentación en plazo de la misma, o su presentación de forma incompleta, inexacta, con datos falsos, se consideran infracciones muy graves y las sanciones se fijan en 5.000 euros por dato o conjunto de datos referidos a un mismo activo, con un mínimo de 10.000 euros, por cada “bloque de información”, cuando la declaración no haya sido presentada o se haya presentado pero con datos inexactos, incompletos o falsos.
Con independencia de las sanciones por el incumplimiento de la obligación de presentar la Declaración Modelo 720, ante una eventual inspección podrían considerarse como ganancias de patrimonio no justificadas aquellos bienes o derechos no declarados, integrándose en el IRPF y debiendo tributar por ellos. No obstante, no resultará de aplicación lo previsto anteriormente cuando se acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas o tienen su origen en años en los que el contribuyente no era residente en España – no contribuyentes en España por IRPF –
Esta calificación se consideraría como muy grave y se sancionaría con un 150% del importe de la cuota del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades resultante.
Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que surja al respecto.
Como ya sabrá, en marzo de 2017, el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea invocando el procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. A no ser que revoque esta decisión o se prorrogue por unanimidad el plazo previsto al efecto, la retirada será efectiva el próximo 30 de marzo de 2019. Se abrió entonces un plazo de dos años para que la Unión Europea y el Reino Unido negociaran un acuerdo que regulara su retirada y futura relación, con el objeto de lograr una salida ordenada.
A pesar del objetivo de una ordenada desvinculación, el pasado 15 de enero el Parlamento británico votó en contra del Acuerdo de Retirada propuesto, y no existen garantías de que se logre una salida acordada antes del 30 de marzo de 2019.
Por lo que se adopte o no el acuerdo, el 30 de marzo de 2019 el Reino Unido dejará de ser Estado miembro de la Unión Europea, salvo que el Reino Unido comunique a la Unión que retira su decisión de salida o que el Reino Unido y la Unión acuerden una prórroga del período de negociación.
Como consecuencia de lo anterior, algunas de las medidas con efectos fiscales que esta desvinculación no acordada son enumeradas de manera sucinta a continuación:
1.- En cuanto a las entregas y/o adquisiciones de bienes:
Reino Unido será un “tercer país” desde el 30 de marzo por lo que las operaciones de adquisición o venta de mercancías a dicho estado tendrá la consideración de exportación/importación.
Las importaciones se encontrarán sujetas a IVA y deberá informarse en la Declaración aduanera. Este IVA debe ingresarse en los plazos correspondientes, pero existe otra posibilidad de diferir el pago de IVA e incluso compensar con cuotas de IVA soportado (IVA diferido).
Respecto a las exportaciones de mercancías al Reino Unido, estarán exentas del IVA. Las mercancías que sean transportadas desde el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) al Reino Unido serán exportaciones y estarán exentas de IVA. La declaración aduanera de exportación será uno de los medios de prueba admitidos a efectos de justificar dicha exención.
De gran importancia es la cuestión de que las mercancías estarán sujetas a las formalidades, supervisión y control aduanero, por lo que se aplicarán los aranceles correspondientes. Además, determinadas mercancías pueden sufrir restricciones e incluso prohibiciones.
2.- En cuando a las prestación y/o adquisiciones de servicios:
En lo relativo a las prestaciones de servicios, se aplicarán las reglas de localización previstas en los artículos 69 y 70 de la LIVA, teniendo en cuenta que el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea, y, en particular, la regla de uso efectivo, de tal forma que estarán sujetos al IVA español los servicios enumerados en dicho artículo 69, cuando se localicen en el Reino Unido pero su utilización o explotación efectiva se realice en el territorio de aplicación del IVA español.
En cuanto a las obligaciones formales, desaparece la obligación de declarar las operaciones con el Reino Unido en el modelo 349, al dejar de ser estas operaciones intracomunitarias. Asimismo, las empresas españolas que realicen operaciones con el Reino Unido tampoco tendrán la obligación de identificarse mediante NIF-IVA.
Por último, hay que tener en cuenta que una sociedad establecida en el Reino Unido que realice operaciones imponibles en un Estado miembro de la Unión Europea (por ejemplo, mediante un establecimiento permanente) podrá ser obligada por dicho Estado miembro a designar a un representante fiscal como deudor del IVA.
3.- Respecto a las medidas de carácter temporal y recíprocas, que pretenden tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos que ejercieron su derecho de libre circulación, y que pueden verse afectados por la retirada del Reino Unido, se aprobó el pasado viernes 1 de marzo el Real Decreto-ley 5/2019, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea
Servicio de asesoramiento jurídico a deportistas
En Valero San Román ofrecemos un asesoramiento jurídico integral en el ámbito jurídico deportivo, tanto en los aspectos contractuales derivados de la relación laboral del deportista, así como todo lo que pueda afectar al aspecto civil, administrativo, y laboral de dicha actividad.
Ofrecemos un asesoramiento legal y una defensa jurídica eficaz al ámbito del deporte con gran éxito en las siguientes materias:
– ASESORAMIENTO MERCANTIL: elaboración de contratos con clubes y marcas deportivas, tales como Contratos de explotación o cesión de imagen, patrocinio, publicitarios, merchandising.
– ASESORAMIENTO PROCESAL: procedimientos judiciales por intromisión en el honor, la intimidad y la imagen, arbitrajes, CAS / TAS.
– ASESORAMIENTO LABORAL: extinción de contratos, procedimientos disciplinarios.
– DERECHOS DE IMAGEN: defensa y promoción de los derechos ante los medios de comunicación, fotógrafos y productoras mediante la redacción y revisión de contratos de imagen, negociación de condiciones contractuales y estratégicas en la cesión de los derechos de imagen y su correspondiente defensa letrada.
Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
Desde Valero & San Román queremos informar a nuestros clientes de la reciente publicación en el BOE de la Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) ya en vigor.
Somos conscientes del gran número de campañas comerciales que los clientes recibirán en materia de protección de datos no obstante, consideramos necesario poner de relieve algunas cuestiones que pueden tener incidencia para su empresa o ser de su interés.
La Nueva Ley Orgánica 3/2017 (LOPDGDD) adapta al ordenamiento español el Reglamento general de protección de datos. Pero además introduce una novedad, reconoce un conjunto de derechos digitales de los ciudadanos conforme al artículo 18.1 de la Constitución que dispone que: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” Próximamente remitiremos a nuestros clientes información adicional y detallada sobre estos nuevos derechos digitales de los ciudadanos.
De la LOPDGDD debemos destacar también los siguientes puntos:
Se prohíbe consentir tratamientos para almacenar información, como la creación de «listas negras».
Se incluye una serie de tratamientos en la que se presume que prevalece el interés legítimo del responsable cuando se cumplan con unos requisitos, como el de los datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales; de los sistemas de información crediticia y el de los tratamientos con relación a la realización de ciertas operaciones mercantiles.
También se recogen otros tratamientos, como los tratamientos con fines de videovigilancia, los sistemas de denuncias internas o ficheros de exclusión publicitaria, en los que la legalidad del tratamiento emana de la existencia de un interés público.
En el ámbito laboral se regula la protección de la intimidad de los trabajadores, tanto en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador como en los sistemas de control de trabajo que pueden establecer estos (video vigilancia y geolocalización), y se reconoce por primera vez el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral.
En los próximos días, desde el departamento de Protección de Datos y Laboral de Valero & San Román remitiremos a nuestros clientes una nueva circular para ampliar la información y proporcionar más detalles sobre los nuevos derechos en el ámbito laboral.
Para mayor información, pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 914170057 / 965985451 o por email valerosanroman@valerosanroman.com
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 Real Decreto 
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 resolución 
 artículo 50
 artículo 69
 artículo 18