Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321508.html
Timestamp: 2019-03-21 01:31:49+00:00

Document:
as201321508
Auto Supremo: 508/2013
Sucre: 01 de Octubre 2013
Expediente: SC-73-13-S
Partes: Andrés Tapia Aldunate y otros c/ Tarcila Tapia, Modesto Rojas Siles,
Irene Tapia, Abelino Tapia Bejarano, Delmira Salazar de Tapia,
Martina Vejarano Oquendo, Oscar Tapia Salazar, Magali Tapi a Salazar,
Roxana Tapia Salazar, Abelardo Tapia Salazar, Nelson Ayala Caero y
Rosalía Jiménez de Ayala
Proceso: Nulidad de Contratos de compraventa de lotes de terrenos,
Cancelación de Matrículas de Inscripción en Derechos Reales y
pago de daños y perjuicios.
VISTOS: Los recursos de casación interpuesto por Joaquín Meguillanes Quiroga de fs. 745 a 749 de obrados y el recurso de casación de fs. 751 a 752 y vlta. incoado por Irene Tapia de Siles impugnando el Auto de Vista Nº 169/2013 de fecha 08 de mayo de 2013, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de Nulidad de contratos de compra venta de lotes de terrenos, cancelación de matrículas de inscripción en Derechos Reales y pago de daños y perjuicios seguido por Andrés Tapia Aldunate y otros contra Tacilla Tapia, Modesto Siles Rojas, Irene Tapia, Abelino Tapia Bejarano, Delmira Salazar de Tapia, Martina Vejarano Oquendo, Oscar Tapia Salazar, Magali Tapia Salazar, Roxana Tapia Salazar, Abelardo Tapia Salazar, Nelson Ayala Caero y Rosalía Jiménez de Ayala, la concesión de fs. 757, los antecedentes del proceso y,
Que, tramitada la causa, el Juez Cuarto de Partido en materia Civil y Comercial del Distrito de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 83/2010 de fecha 18 de octubre de 2010, cursante de fs. 609 a 612 que declaró PROBADA en parte la demanda principal de fs. 96 a 99, más sus aclaraciones de fs. 102 y 104, sobre nulidad de documentos de compraventa con reconocimiento de firmas y rúbricas, cancelación de inscripción en derechos Reales, más pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de Sentencia e IMPROBADA en cuanto a la declaratoria de nulidad de documento de transferencia de fecha 29 de junio de 1994, reconocido en sus firmas el 11 de agosto de 1994 suscrito entre Martina Bejarano Oquendo y Tarcila Tapia Bejarano. Con costas.
Contra esa Resolución de primera instancia, Irene Tapia de Siles y Modesto Siles Rojas interpusieron recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista Nº 169/2013 de fs. 739 y vlta. que confirmó totalmente la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
Notificados con esa resolución, Joaquín Meguillanes Quiroga mediante memorial de fs. 745 749 e Irene Tapia de Siles por memorial de fs. 751 a 752 y vlta. interpusieron recurso de casación, impugnando el Auto de Vista Nº de fecha 169/2013 de fecha 08 de mayo de 2013 que se pasa considerar.
Recurso de casación interpuesto por Joaquín Meguillanes Quiroga.-
Manifiesta el recurrente que plantea recurso de casación en base a nulidad de oficio porque el Auto de Vista Nº 169 confirma la Sentencia que consigna defectos de fondo que hacen a la luz del art. 252 del Código de Procedimiento Civil y hacen viable el recurso de casación el fondo al existir violación o interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, además de disposiciones contradictorias al igual que falsa apreciación de las pruebas en las cuales ha incurrido en error de hecho y de derecho, conforme el art. 253 inc. 1, 2 y 3 del Procedimiento Civil.
Manifiesta luego que al ser parte del proceso, se encuentra legitimado para interponer recurso de casación al encontrarse perjudicado porque el Tribunal de Alzada no ha abierto su competencia para entrar en el fondo del asunto por no encontrar agravios , dejándolo en indefensión a Irene Tapia Siles y Modesto Siles Rojas, al conformar la Sentencia, manifestando que para que no se vulneren sus derechos y garantías constitucionales interpone recurso de casación por nulidades de oficio basado en el art. 252 del Código Procedimiento Civil.
Señala luego que se debe anular la Sentencia 83/2010 y el Auto de Vista Nº 169/2013 porque la Sentencia violenta los alcances del art. 190 y 192 incs. 2 y 3 del Procedimiento Civil al declarar probada la demanda interpuesta por Andrés Aldunate Tapia y otros al declarar la nulidad de los documentos de compra-venta con reconocimiento de firmas y rúbricas , cancelación en Derechos Reales más el pago de daños y perjuicios en lo que concierne a sus personas porque la codemandado Tarcila Tapia de Ortuño, transfirió en forma legal y legítima el terreno a favor de los esposos Nelson Ayala Caero y Rosalía Jiménez de Ayala (fs. 89 a vlta.) ya que al momento de la transferencia no existía ningún impedimento legal u observación alguna en Derechos Reales sobre inscripción legítima del vendedor al comprador, instancia en la que compró el terreno y lo inscribió en Derechos Reales con todos los requisitos que determina los artículos 1538, 1546, 1542, 105, 110 del Código Civil, por lo que resulta incoherente que el juez disponga la nulidad de esos contratos, olvidándose que si la transferencia ha sido de buena fe, ha sido lícita, legítima y de buena fe y no puede estar sujeto a las ambivalencias de los jueces de turno que deben ser anuladas en dos años, cinco años.
2.- Señala asimismo, que debe anularse la Sentencia 83/2010 y el Auto de Vista Nº 169/2013, porque al existir fallas en el contenido de la misma que violentan la forma como debe dictarse un fallo que pone punto final a un litigio y esos fallos procesales o de omisión del juzgador en la tramitación del proceso, deben dar lugar a la nulidad de la Resolución final, como en este caso, señala, donde el juzgador se ha imitado solamente a manifestar sin fundamentar expresamente y positivamente en qué normas, doctrinas y jurisprudencia se basa para anular los documentos de compra venta de su persona con Nelson Ayala Caero, violentando el art. 190 concordante con el 190 (textual y no indica de qué norma) porque la sentencia debe contener decisiones `positivas y precisas, además quien debe demostrar la compulsa y la verdad de las pruebas que se han ofrecido en el proceso y en ninguno de los considerandos el juzgador menciona las pruebas aportadas por su persona al igual que las de su vendedor y tampoco se ha consignado su legítimo derecho de propiedad consistente en su Minuta de transferencia, inscripción en Derechos Reales y su posesión libre, consentida y continuada y de buena fe, violentando el art. 193. (Tampoco indica de qué norma).
3.- Refiere asimismo, que también debe anularse la Sentencia 83/2010 y el Auto de Vista porque vulnera los alcances de los artículos 1, 2, 3 inc. 3) del Procedimiento Civil, específicamente el referido al impulso procesal, ya que si se toma en cuenta el tiempo que ha durado el proceso, de por sí constituye una retardación de justicia que da lugar a la anulación e invalidación del proceso, además que el Juez solo en el primer considerando se refiere a las pruebas de descargo y solo menciona las de fs. 163 a 166, 363 a 366 y de 352 a 360 sin mencionar que las mismas hayan sido compulsadas en el análisis final como válidas lo que constituye violación al derecho a la defensa y al debido proceso que no se enmarca a lo dispuesto por el art. 192 (no indica de qué norma).
4.- Que la Sentencia Nº 83/2010 y el Auto de Vista 169/2013, deben anularse porque la Sentencia adolece de falta de ley expresa en la que funda su decisión final, vulnerando los arts. 192 inc. 2) y 3) y 193 del Código Procesal Civil y al no compulsar las pruebas referidas a su persona y las de su vendedor Nelson Ayala Caero, les violenta derechos y garantías constitucionales establecidos en los artículos 14 inc. 1 y 2), 13 inc. 1), 113 inc. 1) y 115 de la Constitución Política del Estado, porque al dictar en la Sentencia ambigua como hecho no probado la nulidad del documento de transferencia efectuada por Marina Bejarano Oquendo a favor de Tarcila Tapia Bejarano y luego anular todas las transferencias e inscripciones en Derechos Reales, les deja en indefensión y deja un boquete abierto para hechos sucesivos que puede dar lugar errónea interpretación parta ejecutar el fallo.
5.- Acusa asimismo, vulneración a la ley y a la Constitución Política de Estado porque el Auto de Vista Nº 169/2013 no ha considerado el fondo del asunto porque no ha abierto su competencia, es decir que ha resueltó sin ingresar en análisis de la vulneración de los derechos y garantías constitucionales que marca el Título Segundo, art. 13 y 15 Derechos Fundamentales de la Constitución Política del Estado complementado con los artículos 109, 110, 115, 119 y 120 que determinan la imparcialidad, competencia y la igualdad en un debido proceso, por lo que el Auto de Vista impugnado debe anularse, porque además, no ha considerado lo que determina el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, Ley 1455.
Señala que se debe anular todo el expediente, la Sentencia Nº 83/2010 y el Auto de Vista Nº 169/2013, tal como determina el art. 252 del Procedimiento Civil porque se trata de infracciones al orden público y de cumplimiento obligatorio y están inmersas en el accionar de los juzgadores en la Resolución de sus causas en la que son imparciales y deben revisar de oficio rodas las anormalidades y vicios procésales, vulneración de derechos y del debido proceso y que no debe soslayar porque comete prevaricato.
Luego de extensas consideraciones sobre la naturaleza del recurso de casación, concluye pidiendo a este Tribunal que en virtud de lo dispuesto por los artículos 250, 252 y 271 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, ANULE obrados hasta el vicio más antiguo, con costas.
Recurso de casación de Irene Tapia de Siles.-
La recurrente, sin especificar si su recurso es de forma o de fondo ingresa a realizar las siguientes argumentaciones:
Manifiesta la recurrente que es nula la Sentencia 83/2010 por los requisitos previstos en el art. 192 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil porque durante el plazo para ser valoradas las documentales ha sido admitido y valorado el Poder del Instrumento Nº 331/98 de fecha 03 de septiembre de 1998 a cargo de la Notaria de Fe Pública Nº 69 a cargo del Dr. Mario Aponte Barrero para que se interponga demanda de reivindicación, mejor derecho propietario, y la data de la demanda es de 6 años después de otorgado el Poder y correspondía que previo a la admisión de la demanda se dé cumplimiento al art. 36 de la Ley del Notariado que dice que el original y primer testimonio se dará a cada interesado que pida dentro de primer año de su otorgamiento y que no se puede otorgar nuevo testimonio sin mandato judicial y sin citación de la parte legitimada, que por esta razón el Poder 331/98 es falto de legalidad y no surte efecto, requisito indispensable para que nazca la nulidad ante el Juez de origen y ahora reiterada, vulneración que habría sido puesta en conocimiento del A que no ha sido considerada en el fallo de la Sala Civil Primera. Manifiesta asimismo que no existe un análisis y evaluación fundamentada de las pruebas y la cita de las leyes en que se funda, obviando el principio de probidad dictando una Sentencia incongruente, además de contradictoria que no cumple con el art. 192 inc.2) del Código de Procedimiento Civil reitera señalando que la demanda nace con vicios de nulidad por falta de requisitos en la forma del Poder 331/98 que no ha sido actualizado, lo que determina que existe incapacidad pues los poder conferentes podrían no estar de acuerdo y en el fondo, porque las facultades eran para que interponga demanda de reivindicación, mejor derecho propietario de un lote de terreno.
A continuación refiere que otro de los fundamentos que ha servido de base para dictar la Sentencia con falencias en los medios probatorios es la referida a un estudio grafo-técnico cursante de fs. 33 a 42 que no cumple con los requisitos esenciales pero han sido valorados y dado su conformidad dejándoles en indefensión porque no saben cuándo y por quién ha sido tomado en cuenta y tanto Juez de origen como el Ad quem cuando dan por bien hecha esta actuación vulneran el art. 180 de la Constitución Política del Estado con absoluta falta de valoración de pruebas que han sido incorporadas sin ninguna orden que permita la acumulación de pruebas para dictar sentencia así como la falta de exigencia del Tribunal superior para decir que evidentemente se ha cumplido con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil.
Concluye pidiendo a este Tribunal para que dicte Auto Supremo disponiendo la nulidad dela Sentencia y se dicte nuevo fallo anulando el Auto de Vista impugnado.
Del recurso de casación de Joaquín Meguillanes Quiroga.-
Con relación al recurso de casación interpuesto por el recurrente y de la revisión de obrados se evidencia que el mismo, presentó su recurso de apelación extemporáneamente, habiendo sido negada su concesión por el Juez Aquo, mediante Auto motivado de fecha 19 de julio de 2012 que cursa a fs. 700 de obrados.
Al respecto, el art. 220 del Código de Procedimiento Civil dice:
I. La apelación, salvo disposición contraria expresa, se interpondrá dentro de los plazos siguientes:
II. Estos plazos son fatales y se computarán a partir de la notificación con la sentencia o auto. (El subrayado nos corresponde)
En ese entendido y, remitiéndonos a los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que el rechazo dispuesto por el A quo es correcto toda vez que el memorial de apelación fue presentado cuando había precluído su derecho para impugnar como consta en el Auto de fs. 700, por lo tanto al no haber sido de conocimiento del Tribunal de apelación, porque se lo considera como no presentado, en consecuencia, este Tribunal, no puede aperturar su competencia para ingresar al conocimiento de aspectos que no han sido dilucidados y no han merecido pronunciamiento expreso por el Ad quem, siendo la apelación, fase indispensable del Proceso Ordinario para hacer uso del Recurso extraordinario de la Casación, lo contrario significaría acceder indebidamente en el per saltum, (por salto-sin derecho) cuando el recurrente no se encuentra habilitado para intervenir en la etapa casacional.
De lo señalado y siendo que el recurso de Apelación es requisito sine quanum para que este Tribunal apertura su competencia, el recurrente incurre implícitamente en la previsión dispuesta por los numerales 1) y 2) del art. 262 del Código de Procedimiento Civil por no haber agotado todas las vías de impugnación del proceso ordinario, por lo que corresponde a este Tribunal emitir resolución, en previsión de los arts. 271 núm. 1) y 272 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil, con relación al art. 262 núm. 2) de la misma norma, siendo en consecuencia IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 745 a 749.
Del recurso de casación de Irene Tapia de Siles.-
Como se tiene desarrollado en la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia con la que este Tribunal Supremo comparte criterio, se tiene establecido que el recurso casación, se equipara a una demanda de puro derecho, destinada al examen de las actuaciones procesales desarrolladas en la tramitación del proceso, que puede concluir con la invalidación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando resulten evidentes las infracciones acusadas, debiendo cumplir con los requisitos previstos en el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, que señala que el recurso puede ser planteado en la forma o en el fondo, pudiendo, interponerse en ambas formas en un mismo memorial, al mismo tiempo; con la previsión de que ambos recursos deben ser fundamentados de manera separada y cumpliendo con los requisitos señalados taxativamente en el art. 258 de la misma norma adjetiva. Esto en virtud de que cada una de las formas que asume el recurso de casación, responde a causales específicamente determinadas en la norma, así, cuando se recurre de casación en el fondo, el argumento debe fundarse en infracciones "in iudicando", en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al pronunciar sus resoluciones, en el marco de lo establecido por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil; mientras que el recurso de casación en la forma o nulidad, se funda en errores al procedimiento o "in procedendo", referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el artículo 254 de la citada norma.
De lo referido precedentemente se infiere que las formas de resolución de cada uno de los recursos, también adopta una forma específica, es así que cuando se plantea recurso de casación en el fondo la pretensión es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del litigio; en cambio, cuando se plantea el recurso de nulidad o casación en la forma, la intención es la nulidad de obrados, siendo comunes para ambos recursos las formas de Resolución por improcedente o infundado.
Corresponde asimismo señalar que cuando el Tribunal de Alzada ha optado por anular obrados, asume esa decisión, bajo el convencimiento de que en la tramitación del proceso o en la Resolución recurrida, se ha incurrido en infracciones procedimentales insalvables e inconvalidables y a tiempo de resolver, no ingresa al fondo del asunto; lo que determina que la parte que decide impugnar esa resolución a través del recurso de casación, debe hacerlo en la forma, atacando la legalidad o ilegalidad de la decisión asumida por el de Alzada y pidiendo la nulidad de la resolución recurrida, siempre con el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 258 núm. 2) del Procedimiento Civil que establece que el recurso de casación deberá citar en términos claros concretos y precisos la resolución que se recurriere, su folio dentro el expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya sea que se trate de recurso de casación, en fondo o en la forma, bajo los parámetros dispuestos por el art. 254 de la misma norma, siendo deber del recurrente, concretar su pretensión en forma congruente con el recurso que plantea. Esto, porque al tratarse de una resolución anulatoria, el Tribunal de casación no puede aperturar su competencia para ingresar en el fondo del asunto.
De lo anterior y revisado el recurso de casación de fs. 751 a 752 y vlta. desde inicio se advierte que la recurrente no ha observado los requisitos dispuestos para la procedencia de este extraordinario recurso, pues no manifiesta si el mismo, es de forma o de fondo, ingresando de manera contradictoria y por demás confusa en la exposición de hechos, acusando por momentos la Sentencia Nº 83/2010 y por otros el Auto de Vista, sobre aspectos que no han sido reclamados oportunamente por las partes sin precisar de manera puntual los agravios que le habrían sido inferidos por los jueces de instancia, y que han quedado convalidados por inacción atribuible a la parte, máxime cuando la demanda objeto de la Litis, data de hace casi una década y rigen hoy nuevos principios procesales que sancionan la inactividad y la dejadez de las partes, con la preclusión de la oportunidad para impugnar vicios que no han sido reclamados en el momento preciso, asimismo la Ley 025, del Órgano Judicial que en sus artículos 16 y 17 señala:
Artículo 16 . (CONTINUIDAD DEL PROCESO Y PRECLUSIÓN).
II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos. Concordante con el parágrafo III del artículo 17 de la misma norma que dice:
III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos
De lo anterior, y de la revisión del proceso se infiere que la recurrente ha estado a derecho durante la tramitación de la litis por lo que no puede alegar en esta instancia que la Sentencia y el Auto de Vista le han provocado indefensión y se ha visto afectado su derecho a la defensa.
Asimismo cuando de la confusa relación de hechos, se advierte que la recurrente acusa “falencias de medios probatorios...” que habrían sido considerados por el Aquo, y correspondía que este aspecto sea acusado en recurso de casación en el fondo, en previsión de las causales contempladas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil para su procedencia, como se tiene explanado líneas arriba.
Continuando con la revisión del confuso recurso impetrado, en el petitorio la recurrente ingresa nuevamente en severa confusión y contradicción respecto esta vez, de las formas de resolución del recurso de casación, pues del mismo, no se entiende cuál su pretensión, pues inicia señalando: “PETICIÓN.- Por lo expuesto, al haber demostrado clara y objetivamente la falta de requisitos para su admisibilidad previsto en el Art. 327 num. 3) del C.P.C. la legalidad de su representación, sentencia falta de claridad y de credibilidad, sin la debida fundamentación que exige el art. 192 del C.P.C., SENTENCIA CURSANTE A FS. 609 A 612, la omisión en revisar el fallo del Tribunal de alzada de fecha 08 de mayo de 2013,... y continúa – Pidiendo respetuosamente al Tribunal Supremo de Justicia DICTE AUTO SUPREMO PREVIA VALORACIÓN DE LOS EXTREMOS SEÑALADO, POR LOS Arts. 116 y 180 de la Constitución Política del Estado DICTEN UN NUEVO FALLO ANULANDO EL AUTO DE VISTA OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN respecto de los puntos señalados...”, errores que trasuntan total desconocimiento de este medio de impugnación extraordinario, sus características, condiciones y requisitos señalados taxativamente en los artículos 250 y 258 del Código de Procedimiento Civil, además de las causales para su procedencia, previstos en los artículos 253, para el recurso de casación en el fondo y el art. 254 para el de forma, que constituyen la base legal del recurso de casación, aspecto del que también carece el recurso de Autos, toda vez que no existe fundamentación legal alguna que respalde la pretensión de la recurrente, a lo que se debe acotar que revisado el Auto de Vista impugnado, el mismo confirma la Sentencia apelada, manifestando que: “... el recurso formulado por la demandada Irene TAPIA SILES así como la adhesión formulada por MODESTO SILES ROJAS no han cumplido lo previsto en el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no existe expresión de agravios, consiguientemente no se abre la competencia de este Tribunal para pronunciarse sobre la resolución impugnada”, aspecto que también advierte este Tribunal, pues de la revisión de la apelación deducida, se tiene que la misma adolece de las mismas deficiencias del recurso de casación que se analiza y que no pueden ser suplidas por este Tribunal, que no puede aperturar su competencia para conocer el fondo del asunto cuando el Ad quem no ha conocido estos aspectos y, menos cuestionar la valoración de la prueba realizada por los de instancia, que es incensurable en casación, deviniendo el recurso planteado en improcedente.
Por lo anterior manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42 núm. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 núm. 1) y 272 num. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación de fs. 745 a 749 y el de fs. 751 a 752 y vlta. interpuestos por Joaquín Meguillanes Quiroga e Irene Tapia de Siles respectivamente, impugnando el Auto de Vista Nº169/2013 de fecha 08 de mayo de 2013. Con costas.
Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1000.
Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duràn

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 253
 artículo 254
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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Artículo 16
 artículo 17
 resolución 
 resolución