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Timestamp: 2019-04-26 06:04:53+00:00

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Declaración de lesividad en contratos del sector público. Actos propios y confianza legítima
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 14/03/2018
En el caso enjuiciado, la ejecución del contrato aplicando la Administración estos criterios supuso un notable incremento de las retribuciones a pagar al concesionario, incrementos que carecían de la debida previsión presupuestaria. En consecuencia, la Administración inició el proceso de lesividad, por no reconocer esa limitación presupuestaria anual y otorgarle aquella interpretación un carácter meramente estimativo, pero no limitativo.
En este sentido, se establece que la onerosidad del contrato no puede, como consecuencia de un criterio interpretativo erróneo de la Administración, hacerse efectiva de manera contraria a las previsiones del PCAP, con vulneración de sus estipulaciones, y con un claro efecto lesivo para el interés público representado por un menoscabo económico no previsto presupuestariamente.
Asimismo, el principio de buena fe o confianza legítima, que tiene su origen en el Derecho Administrativo alemán y constituye en la actualidad un principio general del Derecho Comunitario que ha sido objeto de recepción por nuestro Tribunal Supremo desde 1990 y también por nuestra legislación, no puede invocarse para mantener situaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Todo ello, implica que la autoridad no puede adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. Sin embargo, no garantiza la perpetuación de la situación existente, la cual puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones y poderes públicos para imponer nuevas regulaciones apreciando las necesidades del interés general.
Esto quiere decir que la doctrina de los “actos propios” podría introducir en el ámbito de las relaciones de Derecho público el principio de la autonomía de la voluntad como método ordenador de materias reguladas por normas de naturaleza imperativa, en las que prevalece el interés público salvaguardado por el principio de legalidad; principio que resultaría conculcado si se diera validez a una actuación de la Administración contraria al ordenamiento jurídico por el solo hecho de que así se ha decidido por la Administración o porque responde a un precedente de ésta.
Una cosa es la irrevocabilidad de los propios actos declarativos de derechos fuera de los cauces de revisión establecidos en la Ley y otra el respeto a la confianza legítima generada por actuación propia que necesariamente ha de proyectarse al ámbito de la discrecionalidad o de la autonomía, no al de los aspectos reglados o exigencias normativas frente a las que, en el Derecho Administrativo, no puede prevalecer lo resuelto en acto o en precedente que fuera contrario a aquéllos. O, en otros términos, no puede decirse que sea legítima la confianza que se deposite en un acto o precedente que sea contrario a norma imperativa.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal: 70447414
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 21/03/2018
En consecuencia, el juicio de ponderación del tribunal sentenciador no se ajustó a la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la sala. Tanto por el tono general vejatorio de los textos enjuiciados como por su intensidad y cronología, a comienzos del mismo año en que acabaría dictándose la sentencia penal que condenó al codemandado por un delito de amenazas, no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza del propio codemandado por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión.
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital, la Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la producción de notificaciones y comunicaciones postales a través del centro de impresión y ensobrado de la Agencia Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@. (BOE núm. 80, de 2 de abril de 2018)
El presente Convenio tiene por objeto fijar los términos y el alcance de la colaboración entre la Secretaría de Estado de Función Pública, a través de la SGAD, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado para el uso de la plataforma Notific@ en el marco del Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones, y el CIE de la Agencia Tributaria para la gestión de comunicaciones y notificaciones en soporte papel.
En concreto, se establecen las condiciones en las que la SGAD, pondrá a disposición de las partes, la plataforma Notific@, a través de la cual la Intervención General de la Administración del Estado remitirá al CIE de la Agencia Tributaria las notificaciones y comunicaciones postales que deban realizar en el ámbito de sus competencias y que aparecen detalladas en el anexo III de este Acuerdo, con el fin de que la Agencia Tributaria proceda a la impresión, ensobrado y entrega de las mismas al proveedor de servicios postales designado por la Intervención General de la Administración del Estado.
Se modifica el Reglamento General de Recaudación en relación con las entidades de crédito colaboradoras con la Agencia Tributaria
Orden HFP/386/2018, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE núm. 93, de 17 de abril de 2018)
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 19/03/2018
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha establecido que los rendimientos percibidos por un abogado en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo periodo fiscal, deben entenderse, a los efectos de su incardinación en el art. 32.1. párrafo primero Ley 35/2006 (Ley IRPF), como generados en un periodo superior a los dos años.
El Alto Tribunal concluye que el beneficiario de la reducción o quien por aplicación del precepto puede ser excluido de ella no es la colectividad de los abogados, sino cada uno de ellos individualmente tenido en cuenta, pues ha de estarse a las características de su concreto ejercicio profesional, a la específica actividad en que se concreta y las notas distintivas de los rendimientos que obtiene y que pueden revestir muy diversas formas y modalidades.
El art. 105 Ley 58/2003 distribuye la carga de la prueba entre ambas partes de la relación tributaria. En el caso enjuiciado, esto implica que el contribuyente debe probar, como ha hecho, que los rendimientos derivados de la factura en cuestión acreditan su generación durante el tiempo que se ha prolongado el litigio a que vienen referidos, mientras que es carga de la Administración la de demostrar, una vez establecido lo anterior, que pese a ello concurren razones para excluir el derecho a la reducción, fundadas en la habitualidad o regularidad de los ingresos de esa clase.
El motivo que justifica la reducción fiscal reconocida, desde la ley del IRPF de 1978, reside en la necesidad, tanto de justicia tributaria como de capacidad económica, de mitigar los efectos de la progresividad sobre rentas que tributan íntegramente en un solo ejercicio pero que han sido obtenidas en contraprestación de trabajos o servicios realizados en periodos de tiempo mayores, al menos de dos años conforme a la ley vigente. Por su parte, la razón de ser de la excepción debe ser comprendida en presencia de esa misma finalidad, de modo que si lo habitual o lo regular es la percepción de tales ingresos cuyos periodos de generación superen el umbral temporal legalmente previsto, en tal caso la reducción sería un privilegio irritante e injustificable, pues en nada se diferenciarían aquéllos de los obtenidos de forma regular.
En suma, en la aplicación de la excepción a la reducción, la Administración y los Tribunales de justicia habrán de ser especialmente cautos, a fin de evitar que, por una interpretación exacerbada de tales notas de habitualidad o regularidad, queden privados los contribuyentes de un derecho que la ley les reconoce, aun en casos en que no se dé un predominio de los ingresos que participasen de tales características temporales.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal 70447312
Se publican las tablas salariales 2017-2018 del Convenio colectivo estatal de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la seguridad social
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2017 y 2018 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (BOE núm. 82, de 4 de abril de 2018)
Visto el texto del Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro (código de Convenio número 99000785011981), que fue suscrito, con fecha 28 de febrero de 2018, de una parte por la organización empresarial Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales CC. OO.-Servicios, FINE y FeSMC-UGT, en representación del colectivo laboral afectado, la Dirección General de Empleo, resuelve
ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora; así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, lo anterior, la transposición que ahora se culmina afecta al contenido de un número relevante de artículos del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, hay apartados de la directiva, como los relativos a las autorizaciones multiterritoriales o ciertos aspectos relacionados con la transparencia, que no están presentes todavía en la referida norma. Estos motivos hacen necesaria una reorganización del contenido del título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual donde se recoge la regulación aplicable a las entidades de gestión.
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 6/03/2018
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal nº 70447078
Se prohíbe acceder al metro por un tiempo a condenados por hurto en sus instalaciones
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 12-03-2018
El art. 48.1 CP diseña y describe una pena, no es una medida de seguridad que haya de apoyarse ineludiblemente en la peligrosidad y deba tener como único objetivo contener, menguar o diluir la peligrosidad. Es una pena y eso supone que puede abrazar otras finalidades. Además, tiene como peculiaridad su carácter facultativo sugerido por el criterio de peligrosidad que se menciona, pero que en algún caso pueda estar ausente por basarse su imposición fundamentalmente en razones de gravedad, y no de peligrosidad; o de tranquilidad bien de la víctima concreta bien de un colectivo difuso como los usuarios del metro, esto es, prevención general positiva.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal nº 70447031
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 15/12/2017
En el caso enjuiciado, la actora sólo dirige la demanda contra su exnuera, y la sentencia recurrida condena a la demandada al pago de la mitad de la deuda. La sala, partiendo de que ambos cónyuges son codeudores de la cantidad reclamada ha de dilucidar si responden ante el acreedor de forma mancomunada, como ha decidido la sentencia recurrida, o de forma solidaria.
En ese sentido, la obligación con pluralidad de sujetos es mancomunada, mientras no conste lo contrario, es decir, que sea solidaria, por voluntad de las partes o por disposición legal.
La doctrina ha entendido que la solidaridad también existe cuando las características del contrato permitan deducir la voluntad de los interesados de crear un vínculo de dicha clase, obligándose «in solidum», o resulte aquella de la propia naturaleza de lo pactado lo que de modo especial sucede cuando se trata de facilitar la garantía de los acreedores. Se pone mucho el acento para inferir el pacto de solidaridad en la comunidad jurídica de objetivos.
En el caso planteado, los entonces cónyuges recibieron un dinero por existir una comunidad jurídica de objetivos, y precisamente para atender a los gastos de adaptación del local en el que se desarrollaba el negocio común. Sin embargo, que se trate de unos cónyuges no es relevante para la doctrina expuesta, pues se trata de una deuda contraída conjuntamente, cuya solidaridad se funda en que entre los deudores existe una comunidad jurídica de objetivos y queda evidenciada la voluntad de los contratantes de obligarse conjuntamente.
Por todo lo anterior, el alto Tribunal concluye que, si bien es cierto que la apelante tiene legitimación pasiva, en concepto de deudora, para ser demandada, también hay que tener en cuenta que es deudor, esto es codeudor, junto con el que era su marido.
Así pues, cuando por razón de lo que sea objeto de juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
En conclusión, la falta de litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal de orden público, y por ello la jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de que pueda ser estimada de oficio en cualquiera de las fases del procedimiento. En supuestos como el presente en el que se ha llegado a la fase de sentencia, en ambas instancias, se ha de facilitar la subsanación de la omisión de audiencia y contradicción mediante la retroacción de las actuaciones al momento procesal de la audiencia previa para, mediante el emplazamiento de los que debieron intervenir, subsanar el defecto.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70429091
SE CONCEDE SUBVENCIÓN PARA 2018 AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Resolución de 6 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al Consejo General de la Abogacía española en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2018. (BOE núm. 88, de 11 de abril de 2018)
SE CONCEDE SUBVENCIÓN PARA 2018 AL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Resolución de 6 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2018. (BOE núm. 88, de 11 de abril de 2018)
Resolución de 6 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2018. (BOE núm. 90, de 13 de abril de 2018)
SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE AVALES DE SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA
Orden APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, por titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía de 2017 que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones. (BOE núm. 84, de 6 de abril de 2018)
Final de la convocatoria: La presentación de la solicitud de ayuda deberá tener lugar en el momento de presentación del documento de solicitud del aval ante SAECA
SE CONCEDEN SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO, LA COMERCIALIZACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Impulso al Sector del Videojuego. (BOE núm. 84, de 6 de abril de 2018)
Final de la convocatoria: El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria
SE MODIFICAN LAS SUBVENCIONES PARA TRABAJADORES MIGRANTES EN LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS DE TEMPORADA
Orden ESS/378/2018, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/1708/2012, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral. (BOE núm. 89, de 12 de abril de 2018)
Final de la convocatoria: Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición fi nal primera, el plazo de admisión de solicitudes de calificación de alquiler protegido por parte de la Dirección General competente en materia de vivienda permanecerá abierto de forma continuada

References: Resolución 
 Real Decreto 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución