Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com/2013/04/
Timestamp: 2017-08-19 03:35:59+00:00

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Nota previa. Todo lo que leerán en este comentario y la realidad procesal es pura coincidencia. O mejor dicho, leerán un estupendo análisis doctrinal - como todos los que se publican en este Blog, faltaría- sobre el apasionante tema de la acumulación de ejecuciones, que no podrán aplicar en sus procesos por el principio dispositivo (hago lo que me da la gana y cuando me da la gana) y el impulso de oficio (¡me vas a acumular a mi otra ejecución en la otra vida, majete!).
Estupendo análisis doctrinal sobre la acumulación de ejecuciones. La LEC 1.881 no preveía la acumulación de ejecuciones, la LEC 2.000 no fue especialmente rigurosa en esta materia ya que salvó el obstáculo con un solo precepto (artículo 555 LEC) y una remisión genérica al trámite de la acumulación de procesos (artículos 74 y siguientes LEC) y la reforma del año 2009 corrige el texto de los dos primeros apartados del artículo 555 LEC, sin que por ello se logre ningún resultado práctico de enjundia. Debido a una opción de política legislativa los Juzgados de ejecuciones (artículo 235.4 LPL), los servicios comunes de notificaciones (artículo 163 LEC), y la acumulación de ejecuciones no entraban dentro de los planes del legislador civil del año 2000, que seguía considerando a cada Juzgado como un compartimento estanco, persiguiendo un aislamiento jurisdiccional que en realidad ni se daba, ni podía darse.
El legislador del año 2009 incidió en la misma suerte porque el Consejo General del Poder Judicial ya se había encargado de regular los servicios comunes con Reglamentos e Instrucciones. Otra cosa es que con ese acerbo normativo de dos apartados los Servicios comunes pudieran acumular alguna ejecución lo que, desde luego, no requiere un profundo análisis para dar una respuesta negativa.
La primera alarma saltó bien pronto y con las ejecuciones de desahucio por falta de pago en las que la sentencia, la única que podía dictarse, originaba hasta cinco demandas de ejecución (lanzamiento, la cantidad objeto de condena, las costas del juicio verbal y las costas de los dos procesos de ejecución en trámite) y otro tantos procesos que a su vez, acarreaban nuevas costas y así en una sucesión sin fin contra la que no había defensa legal, pues sin solución de continuidad se atribuyó la ejecutividad a cualquier resolución en forma de auto y luego de decreto y las diligencias de ordenación, porque no estaban, que sino cualquier cosa que llevara el calificativo procesal, implicaba via de apremio. En estos casos la lógica obligaba a una acumulación no prevista en la ley -tampoco prohibida-, porque el título ejecutivo era único (la sentencia) aunque tuviera varios pronunciamientos condenatorios.
La nueva redacción del artículo 555.1 LEC parecía terminar con esta incalificable sucesión de vías de apremio y así el Secretario judicial acordará, de oficio, la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado. Hago dos aclaraciones. En primer lugar el artículo 555.1 LEC exige que los procesos de ejecución estén pendientes lo que significa, sin más vueltas, que no hayan terminado con el decreto del artículo 570 LEC. En segundo lugar, entre el mismo ejecutante y el mismo ejecutado, es posible acumular ejecuciones provisionales o, éstas a definitivas. La ley no habla de firmeza, sino de pendencia y, no fija límite temporal alguno para el despacho de la ejecución provisional (artículo 527 LEC), lo que junto a la ausencia de caución que restrinja el derecho del ejecutante permiten entender que no hay obstáculos legales para estas acumulaciones.
Dejando al margen estos supuestos, renace la pelea contra el absurdo y la acumulación de “papel”, porque el principio dispositivo del apartado 2 del artículo 555 LEC no tiene otro resultado que duplicar o triplicar las mismas diligencias de investigación y ejecución en diferentes juzgados y en otras Administraciones. Paradigma de lo expuesto son los embargos de sueldo y de sobrante. Llega a darse el caso – excepcional, si se que quiere, pero real- que el mismo juzgado ordena dos embargos de sueldo en dos procesos de ejecución diferentes y respecto al mismo ejecutado. Excepcionalidad, que deja de ser tal cuando son varios los órganos que ordenan las trabas y comienza el trasiego de oficios y requerimientos documentales para la aportación de nóminas o, la discusión sobre los límites de embargabilidad del que, todavía se conoce, como salario mínimo interprofesional. Tampoco faltan los intentos de multa por desobediencia, que deben rechazarse sin ninguna consideración, porque atenta contra el sentido común reclamar en tres o cuatro ocasiones el mismo papel de la misma empresa. No puede sancionarse a un tercero por la omisión del legislador o la caprichosa vigencia del principio dispositivo.
Con los embargos de sobrante sucede otro tanto, aunque contemos con una guía que puede ahorrarnos más de un disgusto: las certificaciones registrales. El apelotonamiento de anotaciones de embargo que siguen normalmente a una o varias inscripciones de hipoteca, no evitan tampoco los exhortos de embargo de sobrante. Basta echar un vistazo a una de esas certificaciones registrales para comprobar que en un alto porcentaje, el mismo acreedor (Banco o Caja de Ahorros) tiene dos anotaciones, pero en dos juzgados diferentes, con lo que si ya se antoja inexplicable la doble anotación, poco más puede decirse de la traba de los sobrantes.
Queda un último obstáculo. El apartado 3 del artículo 555 LEC, remite a lo establecido en los artículos 74 y siguientes para la tramitación de la acumulación. Esa escasez gramatical exige cierta mesura ya que no tiene sentido que en procesos de ejecución entre el mismo ejecutante y ejecutado (que habitualmente se encuentra en rebeldía o no se ha personado) nos atengamos a la literalidad de la regulación de la acumulación de procesos. Entiendo suficiente la audiencia a las partes y el dictado de un decreto y ello con independencia del juzgado en el que se tramitan las ejecuciones, dado que para ley basta la identidad en el elemento subjetivo de la acumulación.
Cuando sean varios los ejecutantes y el mismo ejecutado, el principio dispositivo hará imposible – como hasta la fecha- cualquier acumulación, lo que condiciona la satisfacción del ejecutante a la agilidad de la oficina judicial (cobrará quien llegue antes). En otro caso deberá tenerse en cuenta la mejor satisfacción de todos los ejecutantes (artículo 555.2 LEC); satisfacción que hace entrar en juego otros criterios además de la antigüedad. Deberá examinarse el estado en que se encuentra cada ejecución, la existencia de indicios sobre la posible insuficiencia de los bienes del ejecutado, el órgano ejecutor que ha trabado la mayor parte de estos o el que ejecuta el mayor importe de los créditos, la duplicidad de los actos ejecutivos, etc. Si se estima procedente la solicitud se dirigirán oficios a los demás órganos ejecutores afectados, requiriendo la acumulación y la remisión de los procesos de ejecución (artículo 89 LEC).
Por último tampoco dispone la ley qué ocurre cuando los bienes del ejecutado son insuficientes para el pago de todos los créditos. En teoría haríamos un reparto proporcional a cada crédito ya que la reunión procesal suprime las preferencias temporales, regla que no plantea especiales dificultades cuando los créditos son del mismo grado. Otra cosa sucede con las preferencias materiales, suscitándose la duda de cómo hacerlas valer en la ejecución cuando concurren con otros títulos, pues la acumulación no altera la preferencia. Aquí se abre un abanico de posibilidades: 1) el secretario judicial determina el importe a pagar a cada ejecutante resolviendo, en su caso, las preferencias que hayan podido alegarse; 2) los ejecutantes formulan una propuesta de pago que deberá ser aprobada por el órgano ejecutor o; 3) acudimos al trámite incidental previsto en el artículo 672 LEC para la distribución de las sumas obtenidas en la subasta de bienes inmuebles.
Publicado por Alberto Martinez de Santos en 18:20
Etiquetas: Ejecución civil, LEC, Secretario Judicial
Publicado por Alberto Martinez de Santos en 7:08
Etiquetas: Constitución española, Ejecución Hipotecaria, LEC, Notarios, Registro Propiedad, Secretario Judicial, Subasta
¿Por qué tasamos las costas?. Una autocita que explica las costas en los juicios de faltas.
Me ha quedado un título demasiado largo, pero según pasa el tiempo se antoja más incomprensible – y más largo- que terminado el proceso nos dediquemos a discutir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores aplicando, en el primer caso, normas orientativas y en el segundo, una norma arancelaria de dudoso valor jurídico.
Disculpen pero esto es un rollo y además, que tendría muy fácil solución con dos reglas: a) El Abogado – o quien sea- debe cobrarle al cliente lo que pacten o, acuerden y b) en segundo lugar, cuando haya condena en costas, fijará la ley un límite máximo de cantidad que pagará el condenado por todos los profesionales de la parte contraria (abogados, procurador, perito y testigos). Con ello evitaríamos también esas curiosas “minutas pro forma”, que solo existen en los órganos judiciales y solo habría pago contra entrega de facturas.
Ya sé que cuando se tocan estos asuntos, más de uno siente amenazada su forma de vida y ello, pese a que curiosamente en todos los demás ámbitos de aquella procuramos buscar al mejor profesional y en situaciones apuradas, suele ser el que más cobra, pero como no creo que prospere ninguna de las soluciones apuntadas y, desde luego, nada más lejos de mi intención irle tocando el bolsillo a nadie, ni ninguna otra cosa, dedicaré un párrafo a mi libro sobre la tasación de costas.
¿Autocita salvaje?. Evidentemente y me comenta la Editorial Foro Jurídico que ya quedan muy pocos ejemplares del libro, así que dándole las gracias a los lectores que lo han adquirido y me han comentado que les ha venido bien en el trabajo y, para animar a quien pueda tener dudas sobre su adquisición, dejo colgado parte del epígrafe dedicado a las costas del juicio de faltas.
Costas juicios faltas from justiciayprehistoria
Publicado por Alberto Martinez de Santos en 12:39
Etiquetas: Juicio Faltas, Tasación costas
Publicado por Alberto Martinez de Santos en 19:49
Etiquetas: Cosa común, Secretario Judicial, Sentencia, Subasta, Tribunal Supremo
Publicado por Alberto Martinez de Santos en 14:19
Etiquetas: Auto, Notarios, Notificaciones, Registro Propiedad, Secretario Judicial, Tribunal Supremo
El Tribunal Constitucional se pone la pegatina contra los desahucios.
Tarea interesante la de aplicar la ley en un país en el que pocos la respetan. Y digo ley, en singular, porque el Parlamento ha parido tanta legislación en la última década que es ya imposible saber qué está o no en vigor, sin una previa consulta en una base de datos. Ya aviso a los lectores que escribo DESAHUCIOS y no lo que toca porque tendré más visitas en el BLOG y a nadie le interesa aclarar las sutiles diferencias legales: no caben en una pancarta, ni en un programa de televisión.
El caso es que dejando al margen a esas curiosas asociaciones de afectados por los desahucios - ¿han visto, gestores de la cosa, para que sirve un programa informático que realice la estadística judicial y que no tenemos?- y los modelitos con que los Colegios de Abogados están logrando inundar más de un juzgado, a mayor gloria de la tutela judicial efectiva de quien sabe dónde – supongo que luego prepararan otro modelito para que impulsemos los procedimientos, por las dilaciones indebidas y esas cosas-, el Tribunal Constitucional, que no pierde ocasión de demostrarnos su utilidad procesal, ha publicado un auto el 25 de febrero de 2013, con lo que podemos cargarnos, perdón, suspender, todas las ejecuciones hipotecarias sin acudir a la Europeidad y al Tribunal de la Unión.
Relata en los hechos el altísimo órgano que
a) A instancia de la entidad BBVA, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Ferrol inició procedimiento de ejecución hipotecaria número 228-2011, en fecha 21 de noviembre de 2011, contra don José Luis Calvo Picallo e Instalaciones Climatización de Galicia, S.L., y sobre la finca registral hipotecada núm. 8178, inscrita en el Registro de la Propiedad de Pontedeume.
El Juzgado, que respetó escrupulosamente las normas que regulan la ejecución hipotecaria, desde la última reforma (la del 2009, para los despistados) no tuvo a bien buscar al ejecutado, porque no debe (artículo 686 LEC) y al que, por cierto, se le olvidó, por lo que parece, comunicar el cambio de domicilio e inscribirlo en el Registro de la Propiedad (artículo 683 LEC). Detalles legales sin importancia que no impiden:
Ardo en deseos de conocer los nuevos modelos de los Colegios de Abogados a mayor gloria de la tutela judicial efectiva de quien sabe dónde.
Publicado por Alberto Martinez de Santos en 21:41
Etiquetas: Auto, Ejecución Hipotecaria, LEC, Tribunal Constitucional

References: artículo 555
 resolución 
 artículo 555
 artículo 555
 artículo 570
 artículo 555
 artículo 555
 artículo 672