Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810396.html
Timestamp: 2019-11-19 08:46:58+00:00

Document:
as201810396
AUTO SUPREMO Nº 396/2018-RRC
Expediente : Pando 39/2017
Parte Imputada : Miguel Ángel García Mariño
Delito : Conducción Peligrosa de Vehículos
Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2017, cursante de fs. 408 a 424 vta., Miguel Ángel García Mariño, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 3 agosto de 2017, de fs. 401 a 403, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículos, previsto y sancionado por el art. 210 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 08/2017 de 13 de abril (fs. 312 a 344), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Miguel Ángel García Mariño, absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículos, previsto y sancionado por el art. 210 del CP, disponiendo la cesación de cualquier medida cautelar impuesta en su contra.
Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 381 a 384), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 3 de agosto de 2017, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que dispuso la procedencia del recurso planteado; en consecuencia, declaró a Miguel Ángel García Mariño, autor y culpable de la comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículos, previsto y sancionado por el art. 210 del CP, imponiendo la pena seis meses de reclusión, más al pago de costas, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 056/2018-RA de 14 de febrero, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente refiere que el Auto de Vista en su considerando (i) incurrió en revalorización de las pruebas; y además de ello, señala que dicha resolución realizó una interpretación incorrecta de las mismas, sin tomar en cuenta que la Sentencia en su punto III, realizó la debida fundamentación en cumplimiento de lo establecido por el art. 124 del CPP, porque explicó la valoración integral o conjunta de la prueba (transcribió la Sentencia in extenso respecto de la fundamentación descriptiva); asimismo, también señala que en la Sentencia se identificó el hecho y la fecha del mismo, transcribiendo la parte pertinente; posteriormente, realizó una relación de los hechos no probados y que el hecho no se subsumió al tipo penal de Conducción Peligrosa de Vehículos, previsto y sancionado por el art. 210 del CP; otro aspecto por el que hubiera incurrido en revalorización el Auto de Vista, sería que dicha resolución señaló que la inspección judicial dirigida por la Juez de mérito, habrían intervenido vecinos los que hubieran señalado que el carro bombero estaba con el destellador encendido y con la sirena sonando; al respecto, el recurrente manifiesta que este aspecto no podría ser considerado; puesto que estas personas no eran testigos del hecho y no fueron propuestas legalmente por ninguna de las partes, a efectos de verificar tal hecho transcribe textual la parte pertinente de la resolución del Tribunal de alzada; en consecuencia, refiere que no correspondía otorgarle ningún valor, conforme lo hizo el Juez en su Sentencia, situación que hace ver que el Auto de Vista incurrió en vulneración de su derecho al debido proceso, derecho a la defensa, violentando el principio de inmediación.
El recurrente solicita se case el Auto de Vista impugnado, manteniendo válida y vigente la sentencia dictada por el Juez de origen.
Mediante Auto Supremo 056/2018-RA de 14 de febrero, cursante de fs. 435 a 437 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.
El Juez Primero de Sentencia, declaró la absolución del imputado Miguel Ángel García Mariño, del delito de Conducción Peligrosa de Vehículos, con base a los siguientes argumentos de orden legal.
En las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Tránsito y su Reglamento, están previstas en la jurisdicción del Sistema de Tránsito, todas las infracciones actualizadas conforme a la Resolución Administrativa 63/2006 emitida por la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, haciendo una indexación de las multas policiales contenidas en el Código y Reglamento de Tránsito y así evitar el cobro discrecional por los diferentes Organismos Operativos de Tránsito de la Policía Nacional, medidas para satisfacer el daño a la víctima, los límites en el conocimiento de hechos de tránsito cuando solamente son daños materiales, lo que lleva claramente al respeto a una jurisdicción y competencia bajo dominio del Sistema Nacional de Tránsito.
El derecho penal debe ser de ultima ratio; es decir, que su intervención en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible y según el principio de subsidiaridad el Derecho Penal es el último recurso a utilizar a falta de otro menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal, constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima y si bien el derecho penal debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico tenga que ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal.
De la revisión del proceso y la acusación por presunto delito de Conducción Peligrosa de Vehículos contra el imputado, se tiene que este delito por su significación temeraria con que se maneja un vehículo de dos o cuatro ruedas, conlleva la persecución penal por el tipo subjetivo con que se actúa sin importarle al sujeto activo, la seguridad del parque automotor y de los transeúntes o sus mismos acompañantes; empero, lo sucedido en su tipicidad con el imputado no pasa de ser un accidente culposo a un vehículo público y pretender subsumir su conducta al art. 210 del CP, conllevaría que las cárceles se llenen de conductores imprudentes y culposos en daños materiales, o que queden con antecedentes penales en penas de dos años, cosa que por política criminal causaría que ya nadie o muy pocos se animen a manejar vehículos, lo cual no es del caso en el art. 210 del CP, que por lo menor pretende castigar a conductores que dolosamente manejan las calles y avenidas como postas de carreras comprometiendo su seguridad y de la población, respecto a las cuales la Policía Nacional y el Ministerio Público con objetividad, debían perseguir y si corresponde sancionar.
Al verse y valorarse la prueba de cargo y descargo, no se encuentra base en la prueba aportada la plena responsabilidad del acusado, generando dudas en la velocidad con que Gonzalo Jaime Ojeda Medina estaba corriendo el 7 de noviembre de 2014; asimismo, el hecho que no hubiera hecho sonar la sirena, acreditado por la única testigo de la defensa que no pudo ser desvirtuada con otro medio de defensa en comparación a los tres testigos de la defensa que no son presenciales ni siquiera el investigador que llegó después, pero inmediatamente de ocurrido el hecho; por lo que en respecto a la jurisdicción especial como el Sistema Nacional de Tránsito, concurre atipicidad en la conducta del acusado en el delito inmerso en el art. 210 del CP, pues todos estos aspectos técnicos, declaraciones testificales y lo descrito en la citada norma sustantiva, genera la duda y es mejor absolver.
El Ministerio Público interpone apelación restringida alegando: a) Sentencia con insuficiente fundamentación, que se evidencia en la defectuosa valoración de la prueba [art. 370 incs. 5) y 6) del CPP]; b) Defectuosa valoración de la prueba, alegando además la desnaturalización de los alcances del art. 210 del CP, concurriendo un error de derecho al no aplicar correctamente la norma sustantiva, siendo resuelto el citado medio de impugnación por el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista impugnado que declaró su procedencia; por ende, declaró a Miguel Ángel García Mariño, autor y culpable de la comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículos, imponiendo la pena seis meses de reclusión, más al pago de costas.
En el caso presente, el imputado denuncia que el Tribunal de alzada revalorizó prueba y asignó valor a testificales no introducidas a juicio, consistentes en las afirmaciones de vecinos efectuadas en la inspección judicial respecto a que el carro bombero se encontraba o no con el destellador encendido y con la sirena sonando al momento del hecho, correspondiendo resolver la problemática planteada.
III.1. En cuanto a la revalorización probatoria en alzada y la facultad del Tribunal de apelación ante errónea aplicación de la norma.
Precisado el motivo de casación sujeto a análisis, es menester señalar que sobre la temática relativa a la revalorización de prueba en apelación y la facultad de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia ante la denuncia de errónea aplicación de la norma, el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, señaló que es conocido que el actual sistema procesal penal garantiza la no revalorización de prueba; y en consecuencia, el establecimiento o modificación de los hechos por parte del Tribunal de apelación, siendo profusa la doctrina legal emitida por este Tribunal y la extinta Corte Suprema de Justicia al respecto, que mediante reiterados fallos hizo énfasis en la característica de intangibilidad que tienen los hechos establecidos en sentencia, no siendo permisible el descenso al examen de los hechos y la prueba, lo que es innegable, por cuanto el único que tiene la posibilidad de valorar la prueba y a partir de ello establecer la verdad histórica de los hechos (verdad material), es el Juez o Tribunal de Sentencia, al gozar de la inmediación que tiene con las partes y la prueba, que le permite forma un criterio, lo más cercano posible, de lo que pasó en el hecho investigado, posibilidad del que está desprovisto el Tribunal de alzada y que la uniforme doctrina legal emitida por el Tribunal Supremo de Justicia estableció que, al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa, conforme el entendimiento contenido en el Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto.
Sin embargo, en dicho fallo se estableció una subregla que es oportuna destacarla, al señalar que : “(…) este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho.
En tal sentido, a tiempo de ratificar el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos probados en juicio; debe concebirse la posibilidad en el supuesto de que se advierta y constate que el Juez o Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, en los casos de que éstos no sean cuestionados en apelación o de serlo se concluya que fue correcta la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica, pueda resolver en forma directa a través del pronunciamiento de una nueva sentencia, adecuando correctamente la conducta del imputado al tipo penal que corresponda, respetando en su caso la aplicación del principio iura novit curia, ya sea para condenar al imputado o en su caso, para declarar su absolución, de no poder subsumirse la conducta al o los tipos penales, por no ser punible penalmente el hecho o porque no reúne todos los elementos de delito.
En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena.
La incorporación de la citada sub regla a la línea asumida por este Tribunal y expuesta precedentemente, tiene como base los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, por cuanto este Tribunal no puede soslayar la esencia del art. 178.I de la CPE al señalar que: ´La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad…´, ratificado y complementado por el art. 3 inc. 7) de la LOJ que explica: ´Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia´. Siendo así que el derecho de todo ciudadano a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, no puede quedar en la mera enunciación o buena intención, plasmados en el tenor literal de las normas, sea de la Ley Fundamental, de los instrumentos internacionales o de las demás normas del bloque de constitucionalidad, como las transcritas. Su materialización importa un compromiso que se concretice en criterios jurídicos que permitan la efectividad de ese derecho, que a la vez tiene una triple dimensión, al constituir, conforme el texto constitucional, en garantía y principio. Esto adquiere mayor preponderancia todavía, por cuanto el nuevo enfoque que ha dimanado del Constituyente al redactar la última Constitución Política del Estado Plurinacional, incide y hace mayor énfasis en la oportunidad y celeridad para la protección de los derechos de los ciudadanos por parte del Estado, consagrados como máxima al que se aspira, de lograr una justicia eficaz sin dilaciones indebidas; conforme se extrae de las disposiciones contenidas en los arts. 115 y 180 de la CPE. Normativa concordante con instrumentos internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su art. 8 inc. 1), también garantiza el derecho de toda persona a ser oída dentro de un plazo razonable. Criterios normativos que si bien no son nuevos en la estructura normativa del Estado Boliviano, al presente han alcanzado una importancia trascendental para la recuperación de la confianza del ciudadano boliviano, que tiene, en la retardación de justicia, como el mayor obstáculo en su afán de alcanzar justicia. Siendo este el paradigma en que se enfoca la visión de la nueva administración de justicia.
En consecuencia y tomando en cuenta que se evidenció error en la labor del juzgador en el momento de la adecuación de los hechos al delito de allanamiento, cuando los elementos del tipo penal no se configuran, correspondiendo la resolución de la controversia a otro campo del derecho y no al penal, la Sala Penal Primera deberá dictar nuevo fallo aplicando estrictamente la doctrina sentada en el presente Auto Supremo, emitiendo directamente sentencia sin necesidad de reenvío, dando estricta aplicación al mandato del art. 413 in fine del CPP que prescribe taxativamente : ´Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente”.
La verificación de la denuncia planteada en casación, requiere la identificación de los motivos que fueran alegados en apelación y la forma cómo fueron resueltos por el Tribunal de alzada; en cuyo mérito, se tiene que emitida la sentencia absolutoria, el representante del Ministerio Público, interpuso apelación restringida alegando en primer término que el Juez de Sentencia a más de realizar una valoración individual de las pruebas, también debe efectuar un análisis integral de todos los elementos de prueba, extremo que no se evidenciaba en la sentencia apelada, ante la falta de fundamentación analítica e intelectiva de la prueba de cargo; por cuanto, en su planteamiento procedió simplemente a una descripción de dicha prueba, en vulneración de los arts. 124, 370 incs. 1), 5) y 6), así como el 173, todos del CPP.
También, alegó defectuosa valoración de la prueba refiriendo previa descripción de la prueba literal que el hecho existió y que la responsabilidad del imputado era clara y evidente y que extrañamente para el Juez de Sentencia no fueron suficientes, limitándose a hacer mención a que el daño fue reparado y que en el presente caso no había nada que analizar, olvidándose de que el vehículo que fue dañado estaba parado y botado durante un año y que cumplía una función social al tratarse de un carro bombero y que en el juicio oral se recalcó que en el Departamento de Pando no existía otro vehículo que pueda remplazar al que fue dañado.
Con relación a las pruebas testificales y previa glosa de su contenido, específicamente de Juan Pablo Figueroa Basco y Willams López Condori, refirió que fueron claros al indicar que el día de los hechos el carro bombero se encontraba cumpliendo una función social; ya que, estaba dirigiéndose a atender un caso de incendio de magnitud con las sirenas y los destelladores encendidos y que la imprudencia del acusado que no escuchó el sonido que emitía esas sirenas que pueden ser escuchadas a cuatro cuadras de distancia, ocasionó el accidente de tránsito, hecho que no fue valorado por el Juez de origen que sólo se limitó a una simple enunciación; agregando, respecto a la prueba de inspección ocular realizada el 12 de septiembre de 2016, que se realizó la reconstrucción de los hechos, pues se manejó a la misma velocidad en la que estaba conduciendo el carro bombero, se colocó las sirenas y el sonido de los destelladores del carro que era fuerte y se podía apreciar los destelladores a larga distancia y que se preguntó a vecinos del lugar y que justamente miraron el siniestro y le dijeron al Juez de origen que el día de los hechos, el carro bombero estaba con sirena y los destelladores encendidos y que la lógica de los vecinos era que el imputado quería ganarle al carro bombero y que por eso ocasionó el accidente de tránsito y que la responsabilidad era completamente del imputado, pero extrañamente el Juez no consideró este extremo y ni siquiera lo mencionó en la sentencia apelada.
Añadió que el Juez de origen, omitió realizar la fundamentación analítica de la prueba de cargo, realizando una insuficiente fundamentación analítica e intelectiva, pues simplemente se avocó a realizar un intento de valoración intelectiva, pero sólo de ciertas pruebas y lo que es más sorprendente sólo de parte de ellas incurriendo en una falta e incorrecta fundamentación de la prueba, cuando debió efectuar un análisis expreso del porqué desvirtuó ciertas piezas probatorias y porque le otorgó valor probatorio, enfatizando que su pretensión era la correcta y verdadera aplicación de razonamientos lógicos intelectivos omitida por el Juez de Sentencia, que al emitir la resolución apelada desnaturalizó los alcances del art. 210 del CP, incurriendo en un error de derecho al no aplicar la norma sustantiva.
Estos planteamientos fueron resueltos por el Tribunal de alzada; a través del Auto de Vista impugnado, que de manera específica con relación a lo acontecido en la audiencia de inspección, ante el reclamo del Fiscal en sentido de que no se tomó en cuenta, que en la inspección los vecinos dijeron que el carro bombero estaba con los destelladores encendidos y con la sirena sonando y que el accidente se produjo porque el imputado quería ganarle al carro bombero, dejó claramente establecido que en la valoración de la inspección, el Juez no desconoció el sonido de la sirena y el encendido de los destelladores, sino que asumió que en el caso no hubo dolo sino culpa por la imprudencia del imputado, por lo que no había razón en el reclamo.
Es así que resuelto ese cuestionamiento, el Tribunal de alzada abordó el reclamó relativo a la desnaturalización de los alcances del art. 210 del CP y a partir de las reconstrucción de los hechos contenida en la fundamentación jurídica de la Sentencia, destacando que el Juez de origen asumió que el imputado giró imprudentemente logrando que la camioneta de la Unidad de Bomberos, impacte con su vehículo particular en infracción al Código Nacional y Reglamento de Tránsito y que al no haber daños personales o lesiones, existía atipicidad; inicialmente dejó sentado que el defecto de apreciación conjunta de la prueba documental carecía de relevancia, para luego notar la concurrencia de error en la subsunción realizada, destacando que la inobservancia de las normas de tránsito no necesariamente tiene que ser una conducta dolosa, porque la mayoría de estos hechos ocurren por imprudencia o negligencia.
En esa línea de análisis, el Tribunal de alzada dejó constancia que el Juez de origen asumió que hubo imprudencia lo que no enervaba el elemento típico del delito de Conducción Peligrosa; por otro lado, al no ser un delito de resultados, no era necesario que el daño en las personas se produzca sino que se cree un peligro real; por ello, concluyó que si la imprudencia del acusado dio lugar a la colisión de los dos vehículos, donde uno de ellos era el carro bombero que se desplazaba para cubrir una tarea propia como era apagar un incendio, carro en el cual además iban personas, era obvio que se creó un peligro a la integridad física, inclusive la vida de ellas que debieron ser socorridas, aunque no haya habido daño personal, relievando que en cuanto a la intervención mínima del Derecho Penal en la protección de los bienes jurídicos como se argumentó en la sentencia, el Juez señaló que el hecho de no dar paso a un carro bombero constituía una infracción de tránsito, no un delito, lo que era evidente según lo previsto en los arts. 23 y 161.2 del Código Nacional de Tránsito y 55 de su Reglamento, pero siempre y cuando no se ponga en peligro la vida o integridad física de las personas, pues la mera transgresión de las normas de tránsito sin crear peligro, configuran una contravención y no un delito; resultando en opinión de la Sala Penal de apelación que en el presente caso, no sólo que hubo transgresión de la norma de tránsito, sino que se puso en peligro la integridad física de las personas que iban en el carro bombero que eran tres según el Juez y de las que debieron ser socorridas en el incendio; por lo que, en criterio de los vocales se justificaba el cambio de absolución a condena porque el Juez pese a reconocer la existencia del hecho e impedir el paso del carro bombero, lo que puso en peligro la integridad física de personas e inclusive un accidente con daño material, erróneamente concluyó que no hubo el delito de Conducción Peligrosa porque no hubo dolo ni daño en las personas, elementos que no eran necesarios para la configuración del delito, aclarando que el cambio y la nueva subsunción, no implicaba una revalorización probatoria y menos la modificación de los hechos.
La relación precedente, demuestra que el Tribunal de alzada de ninguna manera procedió a una revalorización probatoria conforme denuncia la parte recurrente, pues respecto a lo sucedido en la audiencia de inspección no le otorgó un valor distinto al asignado por el Juez de mérito, menos estableció a partir de los resultados de esa actuación, elementos fácticos disímiles a los probados en criterio del Juez de Sentencia; sino que, a partir de dos elementos centrales que fundaron la absolución del imputado: la inexistencia de una conducta dolosa por una parte y de lesiones personales por otra, el Tribunal de alzada, sin revalorizar prueba ni modificar los hechos tenidos como probados, ante la denuncia de una desnaturalización de los alcances de la norma penal sustantiva contenida en el art. 210 del CP, asumió la concurrencia de imprudencia y que se creó un peligro a la integridad física de quienes se encontraban en el carro bombero; es decir, lejos de revalorizar la prueba como sostiene el recurrente, resolvió de manera directa la denuncia planteada conforme el defecto previsto por el art. 370 inc.1) del CPP, invocado también por el Ministerio Público como norma habilitante de su recurso de apelación restringida; sin que le corresponda a esta Sala Penal emitir un pronunciamiento sobre el análisis efectuado en alzada con relación al tipo penal atribuido, dado los límites de su competencia definidos a partir de los motivos alegados en casación por el imputado en el Auto Supremo 056/2018-RA de 14 de febrero, pronunciado en la presente causa, que declaró la admisión del recurso únicamente para el análisis de la denuncia de que el Auto de Vista revalorizó prueba y asignó valor a testificales no introducidas a juicio, extremo no sucedido en la presente causa; en cuyo mérito, el recurso deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación formulado por Miguel Ángel García Mariño.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
in fine
 resolución