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Timestamp: 2019-07-16 21:31:44+00:00

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EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN FRENTE A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN | 123dok document
Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Vol. 21 (2017), pp. 314-333
ISSNe: 2530-6324 || ISSN: 1138-039X DOI: https://doi.org/10.17979/afdudc.2017.21.
EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN FRENTE
A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA
Doctoranda del Área de Derecho Procesal
Resumen. El ejercicio de las acciones de cesación en el marco de las condiciones
generales de la contratación plantea una serie de particularidades que convienen ser clarificadas, fundamentalmente, en el caso de que la cláusula cuyo cese se pretende forme parte del contenido principal del contrato. En estos supuestos, para determinar la licitud de la cláusula ésta habrá de ser sometida a un doble control o filtro de transparencia, que ha sido desarrollado por el Tribunal Supremo así como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos tiempos.
Palabras clave: acción de cesación, condiciones generales de la contratación, cláusulas
abusivas, control de transparencia.
Abstract: The exercise of injunctions within the framework of the general conditions of
the contract raises a series of particularities that agree to be clarified, fundamentally, in relation to clauses that form part of the main content of the contract. In these cases, in order to determine the lawfulness of the clause, it will have to be subject to a double control or transparency filter, which has been developed by the Supreme Court as well as by the European Court of Justice in recent times.
Keywords: injunction, general conditions of the contract, unfair terms, transparency
SUMARIO: I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES DE CESACIÓN. II.
PARTICULARIDADES DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. A. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA CLÁUSULA COMO PRESUPUESTO DE ESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN. B. LA CUESTIONADA VIABILIDAD DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE CESACIÓN FRENTE A LAS CLÁUSULAS QUE FORMAN PARTE DEL CONTENIDO PRINCIPAL DEL CONTRATO. C. LA
IMPOSIBILIDAD DE QUE EL JUEZ PUEDA MODERAR LA CLÁUSULA O
INTEGRAR EL CONTRATO TRAS LA DECLARACIÓN DE SU CARÁCTER ABUSIVO. III. BIBLIOGRAFÍA.
I. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES DE CESACIÓN
La pretensión de condena más relevante en los procesos colectivos en defensa de los intereses supraindividuales de los consumidores es una pretensión de «non facere», la
de cesación . A su través se persigue luchar frente a determinadas conductas cuya perpetración afecta, directa o indirectamente, al colectivo de los consumidores. Nos referimos a la publicidad ilícita, los comportamientos desleales o el empleo de cláusulas generales abusivas, entre otras muchas. Se trata de conductas que tienen la vocación de
reproducirse en el tiempo, o lo que es lo mismo, presentan un carácter continuado , por lo que para impedir que sigan cometiéndose, es preciso arbitrar soluciones que vayan más allá de la declaración de ilicitud del comportamiento en cuestión y, en su caso, de la
3 reparación de los daños causados .
1 ARDO ATO
Esta pretensión es definida por P G , J. R., «La acción de cesación como medio para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios», en
Estudios sobre consumo , núm. 60, 2005, pp. 35 y ss., como aquélla que pretende «la condena judicial a
cesar en el comportamiento lesivo y el de la prohibición judicial de reiteración futura de ese
comportamiento, pudiéndose ejercitar asimismo cuando la conducta haya finalizado, si existen indicios
suficientes que hagan temer su reiteración ».
2 Desde este punto de vista, resulta de interés el pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de lo
Mercantil núm. 1 de Santander de 3 de diciembre de 2013, que desestimó la pretensión formulada por la asociación ADICAE para que una entidad bancaria cesase en las prácticas de comercialización de valores: «Mal puede subsumirse la pretensión de la actora en el contenido propio de las acciones de cesación,
pues no pretende con carácter general la no inclusión de las supuestas condiciones generales en los
futuros contratos o la prohibición de invocarla para fundar alguna pretensión jurídica en la fase de
ejecución de los contratos anteriores que la incluyeran. Por el contrario, lo realmente pretendido es la
revisión del proceso de contratación de aquellas personas que, según ella, suscribieron antes de una
Pero esta cuestión, podrá ser objeto de análisis, en su caso, bajo otro tipo de acción singular, que pueda
valorar las circunstancias del caso concreto, pero no dese luego bajo el prisma de la generalidad y
abstracción que es propio de las acciones colectivas que ahora nos ocupan ».
3 Vid . G ARCÍA
V ILA , M., «El objeto del proceso en materia de consumidores y usuarios: pretensiones ejercitables y acumulación de acciones», en BARONA VILAR, S. (Coord.), Tutela de los Consumidores y usuarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 292 a 294. Las pretensiones de cesación fueron reconocidas en nuestro ordenamiento desde antes
de la LEC 1/2000 , pero alcanzaron mayor protagonismo tras la promulgación de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los
consumidores y usuarios . Y es que desde entonces, se encuentra regulada, no sólo en la
6 LEC y en el TRLGDCU, sino también en un importante elenco de leyes sectoriales .
Para proceder a su delimitación partiremos del artículo 53 TRLGDCU, el cual dispone en su párrafo primero que «La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que
condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura.
Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta
cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios
suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato ».
Como se desprende del precepto transcrito, la acción de cesación tiene por objeto que
una práctica o conducta ilícita quede sin efecto , siendo necesario que el juez lleve a
cabo una declaración previa : ya sea la declaración de nulidad de la cláusula, del
4 Con carácter previo a la transposición al ordenamiento español de la Directiva 98/27, la pretensión de
cesación había sido incorporada a algunas de las leyes sectoriales a la sazón vigentes en materia de protección de los consumidores: la Ley General de Publicidad de 1998, en cuyo art. 25 se preveía la posibilidad de que determinados sujetos se dirigiesen al anunciante solicitando «la cesación o, en su caso,
la rectificación de la publicidad ilícita »; la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998 (en
adelante LCGC), que contemplaba la acción de cesación en su art. 12 LCGC; la Ley de Competencia Desleal de 1991, que en su art. 18, preveía entre las formas de tutela, la acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si aún no se había puesto en práctica.
5 Como consecuencia de la transposición de la Directiva 98/27/CE, todos los Estados de la Unión Europea
cuentan con una regulación de las pretensiones colectivas de cesación. Por ejemplo, en Italia, como resultado de la transposición de la mencionada Directiva se introdujo la que se ha dado en llamar «azione
inhibitoria », regulada en el art. 139 del Código de Consumo italiano.
6 Art. 54.1 TRLGDCU; art. 16.4 LCGC; art. 10.3 a) de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre
contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; art. 13.3 a) de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados; art. 16 bis. 3 a) de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; art. 120.1 a) de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento; art. 22.3 a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552 CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; art. 33.3 a) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal; Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, que viene a transponer a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 1999/44/CE. Su art. 12 se refiere a las acciones de cesación, si bien limitándose a realizar una remisión genérica a la LEC y a la LGDCU, con cita de los sujetos legitimados. Teniendo presente la variedad de normas que acogen la regulación de la pretensión de cesación, sostiene G ASCÓN
I NCHAUSTI ,
F., «Procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios», en R EBOLLO P UIG , M. (Dir.), La defensa de los consumidores y usuarios. Comentario
sistemático del texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/20072 , Iustel, 2011.
p. 907, que aunque no existe una pretensión de cesación, el contenido de todas ellas es idéntico.
7 Como señala A RIZA C OLMENAREJO , no existe una modalidad concreta para pedir o ejecutar el cese,
dependerá en buena medida de la conducta que se esté ejercitando, en A RIZA C OLMENAREJO , M. J., La acción decomo medio para la protección de consumidores y usuarios, Aranzadi, Navara, 2012, p. 141.
8 Por ello, no se comparte el parecer de A RIZA C OLMENAREJO , cuando sostiene que si la condición es
nula de pleno derecho no será necesario un pronunciamiento del juzgador por el que se declare la nulidad de la cláusula en cuestión. Y es que aun en los supuestos en los que el juzgador deba limitarse a cotejar que la cláusula cuyo cese se pretende es una de las contenidas en la «lista negra» del TRLGDCU (arts. 85 a 90), dicha comprobación debe ir sucedida de la declaración de su carácter abusivo y, por ende, su nulidad, pues en caso contrario, la condena al cese se hallaría desprovista de fundamento. Cfr.A RIZA C OLMENAREJO , M. J., La acción de…,cit., p. 159.
carácter engañoso de la publicidad emitida , del carácter desleal de la práctica, etc., de ahí que las pretensiones de cesación puedan ser calificadas, con las restantes
10 pretensiones de condena, como «mixtas» .
Ahora bien, como tuvimos ocasión de adelantar anteriormente, la finalidad de la acción de cesación no se agota en procurar el cese de una conducta ilícita, a ella se suma una
función con clara proyección futura, cual es la prohibición de su reiteración . De este modo, en los casos en los que la conducta ilícita haya cesado pero existan indicios suficientes de que puede ser reiterada, también cabrá el ejercicio de la acción de
cesación, en este caso, con una función eminentemente preventiva o inhibitoria . Y es que aquello que es ilícito y contrario a l a ley ‒a no ser que esta última sea
13 posteriormente modificada‒, lo seguirá siendo en el tiempo .
Los presupuestos que han de concurrir para que la acción de cesación pueda ser
ejercitada se han ido definiendo jurisprudencialmente , diferenciándose a este respecto los que han de concurrir en el caso de que la acción que pretenda interponerse sea la de cesación en sentido estricto o la de prohibición. Para que la «acción de cesación en sentido estricto» prospere, no es necesario que la conducta cuyo cese se pretende haya irrogado un daño patrimonial concreto, es suficiente con que sea susceptible de irrogar un daño que, en el momento en el que la acción se ejercite, puede ser únicamente potencial. Por ejemplo, en el ámbito de las condiciones generales de la contratación, bastaría con que el empresario incluyese
9 El art. 32.1.2ª de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios., dispone que contra los actos de competencia desleal ‒incluida la publicidad ilícita‒ cabrá la interposición de la acción de cesación, con lo que previamente deberá ser declarado el carácter desleal o ilícito de la conducta de que se trate.
10 Cfr . G
IMENO S ENDRA , V., Derecho Procesal Civil, I. El proceso de declaración. Parte general , Colex,
Madrid, 2015, p. 245. En este mismo sentido, tal y como apunta C ARBALLO F
IDALGO , M.,La protección
del…, cit., p. 251, la acción de cesación presenta un petitum complejo, en el que se condensan diversas
pretensiones ejercitadas de modo simultáneo, «aunque conceptualmente cada una de ellas sea un prius de la posterior ».
11 Las acciones colectivas tienen por finalidad reaccionar frente a conductas ilícitas que pueden lesionar a
una pluralidad de consumidores, con el propósito último de evitar la extensión del perjuicio y disuadir de la realización en lo sucesivo de «comportamientos lesivos similares en detrimento del conjunto de los
consumidores » (SAP de Sevilla, Sección 5ª, de 22 de enero de 2004).
ONZÁLEZ UETO En este sentido sostiene G C , T., «La acción de cesación en la legislación española.
Disposiciones nacionales y, en particular, la Ley 39/2002, de 28 de octubre», en Repertorio Aranzadi del
Tribunal Constitucional núm. 15/2003 parte Estudio , Pamplona, 2003, pp. 3 a 4, que a través de la acción
de cesación se puede perseguir una doble finalidad, en función de si la conducta ilícita que se pretende combatir ha o no finalizado al tiempo de ejercitar la acción.
12 Por el contrario, G ASCÓN
F., «Acciones colectivas y…», cit., p. 5, considera que, a pesar de que podría ser muy útil, no cabe el ejercicio de la acción de cesación en el caso de que se estuvieran realizando actividades preparatorias encaminadas a ese fin, o lo que es lo mismo, considera que por medio de la acción de cesación no se consigue este pretendido efecto inhibitorio.
Vid. a este respecto C AMPUZANO T OMÉ , H.,C AMPUZANO T OMÉ ,
H., «Tutela preventiva y tutela reparadora de los intereses colectivos, difusos e individuales homogéneos: su regulación a la luz de la LEC y de la Ley de 28 de octubre de 2002», en G ONZÁLEZ P ORRAS , J. M., M ÉNDEZ G ONZÁLEZ ,
F. P. (Coords.), Libro
Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García , Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles
de España, Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2004.
pp. 778 y ss.
13 Cfr. A RIZA C OLMENAREJO , M. J., La acción de…, cit., p. 142.
14 Vid . a este respecto G ARCÍA
V ILA , M., «El objeto del…», cit., p. 298 y ss.
dentro del clausulado de un contrato de adhesión una cláusula abusiva ‒ como podría serlo una cláusula de vencimiento anticipado que prevé la posibilidad de ejecutar la hipoteca ante el impago de dos m ensualidades‒, sin necesidad de que la cláusula haya sido empleada por el predisponente ocasionando un perjuicio efectivo.
En relación a la «acción de prohibición», el actor no necesita probar que la práctica ilícita se ha materializado, pues como indicamos anteriormente, a través de ella se persigue, precisamente, evitar que la conducta ilícita llegue a realizarse. A los efectos de que tal pretensión pueda prosperar, como señala el artículo 53 TRLGDCU, han de existir «indicios suficientes» que hagan temer su realización de modo inmediato, con lo
16 que serán éstos los que deban ser acreditados al momento de su ejercicio .
II. PARTICULARIDADES DE LA ACCIÓN DE CESACIÓN EN EL ÁMBITO
DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
Una vez delimitadas, con carácter general, las características que definen a las acciones de cesación, pasaremos a analizar las particularidades que presenta esta concreta pretensión en el marco de las condiciones de la contratación, para lo cual debemos comenzar por analizar el artículo de la LCGC que disciplina su ejercicio.
El artículo 12 LCGC establece que «La acción de cesación se dirige a obtener una
sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que
se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando,
cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y
17 eficaz
» . Por tanto, tendremos que detenernos, por un lado, en el examen de las particularidades que reviste la declaración de nulidad de las cláusulas generales de la contratación y, por otro, en la obligación del juez de aclarar el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz. Ambas cuestiones han resultado especialmente polémicas en los últimos tiempos, siendo determinante la influencia ejercida por la jurisprudencia del TJUE en nuestro ordenamiento interno.
Por otro lado, el párrafo segundo del artículo 53 TRLGDCU dispone que «A efectos de
lo dispuesto en este capítulo, también se considera conducta contraria a esta norma en
materia de cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláusulas abusivas
15 A los efectos de determinar qué debe entenderse por cláusulas abusivas es preciso acudir, en primer
término, al art. 82 del TRLGDCU, que define las cláusulas abusivas como «todas aquellas estipulaciones
no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de
las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante
de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato ». Por tanto, los requisitos que
debe reunir una cláusula para ser considerada abusiva son: a) Que no sea negociada individualmente; b) Que, en contra de las exigencias de la buena fe, cause un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato; c) Que ese desequilibrio perjudique al consumidor. Vid. a este respecto el comentario al art. 82 TRLGDCU que realiza G ONZÁLEZ P ACANOWSKA , «Cláusulas abusivas», cit. , pp. 1103 y ss.
16 Tal y como apunta A RIZA C OLMENAREJO , M. J., La acción de…, cit., p. 142, aunque nada se diga al
respecto, habrá que aportar un principio de prueba que demuestre que se va a iniciar una conducta que puede ser contraria al ordenamiento jurídico.
17 El ejercicio de las acciones de cesación en el ámbito de las condiciones generales de la contratación se
rige por los arts. 12 y ss., y en lo no previsto por lo dispuesto en los arts. 53 y ss. TRLGDCU. Así se desprende del art. 56 TRLGDCU, cuando se remite al art. 19.2 LCGC, al entender que esta norma reviste un carácter más específico (cfr.C ARBALLO F
IDALGO , M., La protección del…, cit., p. 49). A este respecto ha declarado el TJUE que «el carácter preventivo y la finalidad
disuasoria de las acciones colectivas de cesación, así como su independencia con
respecto a cualquier litigio individual concreto implican que puedan ejercitarse aun
cuando las cláusulas cuya prohibición se solicita no se hayan utilizado en contratos
determinados, sino que hayan sido únicamente recomendadas por los profesionales o
18 sus asociaciones
» . Esto supone que la acción de cesación podrá entablarse también frente a las organizaciones que recomiendan entre sus miembros su utilización en el
19 tráfico negocial .
A) La declaración de nulidad de la cláusula como presupuesto de estimación de la
En líneas anteriores explicamos que las acciones de cesación llevan siempre implícita una pretensión declarativa, que en el marco de las condiciones generales de la contratación vendría a corresponderse con la pretensión de nulidad de la cláusula cuyo
cese se pretende . Por tanto, para que el demandado sea condenado al cese de una
cláusula contractual predispuesta es preciso que ésta sea previamente declarada nula , ora por ser contraria a lo dispuesto en la LCGC o en cualquier otra norma imperativa o
prohibitiva en perjuicio del adherente ; ora por tratarse de una «cláusula abusiva», si bien esto último únicamente en los contratos suscritos con consumidores. A continuación nos centraremos en el análisis de la declaración de nulidad por la última causa indicada, ya que es la que ha generado mayores controversias en la práctica.
Cuando el fundamento de la acción de cesación descanse sobre el carácter abusivo de una cláusula general de la contratación, cabe destacar que el control al que ésta será
18 Vid. a este respecto las siguientes sentencias del Tribunal de Luxemburgo: de 27 de junio de 2000,
asuntos acumulados C-240/98 a C-244/98, «Océano Grupo Editorial SA c. Roció Murciano Quintero y
Salvat Editores SA c. José M. Sánchez AlcónPrades, José Luis Copano Badillo, Mohammed Berroane y
Emilio Viñas Feliú » (en adelante, Grupo Editorial y Salvat Editores), apdo. 27; de 24 de enero de 2002,
asunto C-372/99, «Comisión de las Comunidades Europeas c. República Italiana», apdo. 15; de 26 de abril de 2012, asunto C-472/10, «NemzetiFogyasztóvédelmiHatóság c. InvitelTávközlésiZrt», (en adelante, sentencia Invitel), apdo. 37; de 27 de febrero de 2014, asunto C-470/12, « Pohotovosť s. r. o. c.
MiroslavVašuta», (en adelante, sentencia Pohotovosť), apdo. 44.
19 UTIÉRREZ DE ABIEDES E
IDALGO DE AVIEDES
Vid . G C H C , P.,La tutela jurisdiccional de los intereses
supraindividuales: colectivos y difusos, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1999.
20 A propósito de la acción de cesación en el ámbito de las condiciones generales de la contratación, ARONA
ILAR ERCOVITZ ODRÍGUEZ ANO
sostiene B V , S., en B R C , R. (Dir.), Comentarios a la…, cit., p. 457, que «La ilegalidad de las citadas cláusulas es el resultado de un pronunciamiento merodeclarativo que,
de manera acumulada, se solicita del órgano jurisdiccional como “prius lógico” que se exige a los
efectos de obtener la condena a eliminar », o lo que es lo mismo, a cesar en el uso de la misma.
21 A este respecto señala P
ICÓ I J UNOY , J., «Acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa de
condiciones generales», p. 121. Disponible en:
última vez el 17 de diciembre de 2016, que la alegación de la nulidad en este tipo de procesos puede tener
lugar por dos vías distintas, con consecuencias radicalmente contrarias: en primer lugar, la declaración de nulidad puede solicitarse en el suplico de la demanda, por lo que al formar parte del objeto del proceso, en concreto de su petitum, el fallo de la sentencia deberá pronunciarse expresamente sobre la nulidad o no de la condición general impugnada, en aras de mantener su congruencia (en este caso, estaremos ante el ejercicio de una verdadera y propia acción de nulidad). Y, en segundo lugar, si la nulidad no consta en el suplico de la demanda y sólo forma parte de su alegación fáctica, esto es, constituye un mero fundamento para que prospere la acción de cesación, la declaración relativa a la existencia o no de la nulidad tan sólo aparecerá en los fundamentos de la sentencia.
22 Salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. sometida para determinar si es abusiva o no será distinto en función del tipo de
estipulación ante la que nos encontremos ‒cláusulas accesorias o normativas y
cláusulas que integran el objeto principal del contrato ‒. De este modo, mientras que las «cláusulas accesorias» se verán sujetas a un control de contenido o abusividad, de conformidad con el cual se examinará si la cláusula en cuestión responde a los principios de buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes; las «cláusulas que vienen referidas al objeto principal del contrato» únicamente podrán
25 ser declaradas abusivas o desequilibradas si no superan el «control de transparencia» .
En los últimos tiempos ha cobrado gran importancia esta última modalidad de control, que se ha ido perfilando tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal de Luxemburgo en las resoluciones a las que nos referiremos seguidamente.
23 Las cláusulas accesorias son aquéllas que disciplinan los derechos y obligaciones de las partes, son
todas las cláusulas del contrato que no definen el objeto principal de éste. Vid. sobre la distinción entre unas y otras cláusulas: P AGADOR L ÓPEZ (1999), Condiciones generales y cláusulas contractuales
predispuestas , Marcial Pons, Barcelona, 1999, pp. 278 a 279; A LFARO Á GUILA -R EAL , J., «Comentarios al
ENÉNDEZ ÍEZ
art. 1 LCGC», en M , A.; y D -P , L. (Dir.), Comentarios sobre la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación , Thomson Civitas, Madrid, 2002, pp. 129 a 136; y P ERTÍÑEZ
V ÍLCHEZ ,
F., «Los elementos esenciales del contrato y el control de las condiciones generales», Aranzadi Civil, 2003, pp. 16 a 27.
24 Vid. B ERROCAL L ANZAROT ,
A. I., «La protección del deudor hipotecario a propósito de la sentencia del TJUE, sala primera, de 14 de marzo de 2013», en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2/2013, p. 231.
25 Esta diferenciación viene impuesta por el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, de conformidad con el
cual «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto
principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o
bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se
AÑIZARES ASO redacten de manera clara y comprensible ». Tal y como explica C L ,
A., «Control de incorporación y transparencia de las condiciones generales de la contratación. Las cláusulas suelo», en
Revista de Derecho Civil , vol. II, núm. 3, 2015, p. 79, este artículo se limita a recoger la jurisprudencia
alemana sobre el deber de transparencia.
A pesar de que el Tribunal Supremo haya declarado en sus últimas resoluciones que el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE rige en nuestro ordenamiento, el hecho de que éste no haya sido formalmente transpuesto, ha provocado un vacío legal que ha generado gran desconcierto en la práctica. En este contexto, el Tribunal Supremo interpuso una cuestión prejudicial frente al TJUE, cuya respuesta a través de la sentencia de 3 de junio de 2010, asunto C-484/08, «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
c. Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) », (en adelante, sentencia Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid ), contribuyó a arrojar aún más confusión a la materia. Y es que el TJUE
consideró que el art. 4.2 de la Directiva 13/1993 es una norma de mínimos que no se opone a una legislación como la española que, para otorgar una mayor protección de los consumidores, autoriza un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas que se refieran a la definición del objeto principal del contrato, aun en el caso de que estén redactadas de manera clara y comprensible. El TJUE en el supuesto examinado, al decidir cuál es el significado de una laguna legislativa en un derecho nacional, se extralimita en sus funciones, ya que únicamente le compete la interpretación de la Directiva. El error de partida se encuentra, sin embargo, en el modo en el que el Supremo interpone la cuestión prejudicial, dando a entender al TJUE que el Derecho español ha omitido conscientemente la excepción regulada en el art. 4.2 de la Directiva. La interpretación plasmada en la STJUE fue seguida durante un tiempo, incluso por el Supremo, entre otras, en su sentencia de 4 de noviembre de 2010, en la que considera que las cláusulas de redondeo al alza (que forman parte del objeto principal del contrato), podían ser sometidas a un control completo de abusividad. Con todo, como indicamos anteriormente, el Tribunal Supremo en resoluciones posteriores ha reorientado su doctrina al considerar aplicable a nuestro ordenamiento este precepto. Vid. un clarificador estudio sobre las consecuencias de la falta de transposición al ordenamiento español del art. 4.2 de la Directiva en C ÁMARA L APUENTE , S., «No puede calificarse como cláusula abusiva la que define el objeto principal del contrato (Precio incluido), salvo por falta de transparencia. De la STJUE 3 junio 2010 (Caja Madrid) a la STS 9 mayo 2013 sobre cláusulas suelo», en Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 6, 2013.
En lo relativo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, reviste especial
importancia la sentencia del Pleno 241/2013 de 9 de mayo , que es la primera
resolución en la que declara el carácter abusivo de las cláusulas suelo . En ella, a fin de
evaluar el carácter abusivo de estas cláusulas ‒que según declara, forman parte del
contenido principal del contrato ‒, considera que no basta con analizar su claridad y comprensión gramatical, sino que es necesario, además, evaluar si el consumidor ha comprendido antes de la celebración del contrato, las cargas jurídicas y económicas de tales cláusulas durante su vigencia. La verdadera innovación que supone esta sentencia
26 El caso de autos resuelto por el Supremo, principia con la interposición por parte de AUSBANC de una
acción colectiva de cesación de condiciones generales de contratación frente a varias entidades bancarias, solicitando al efecto, por un lado, la declaración de nulidad por abusivas de las cláusulas suelo y la condena a las demandadas a eliminar las cláusulas suelo de los contratos de préstamo hipotecario y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo; y, por otro, la publicación e inscripción de la sentencia. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla en su sentencia de 30 de septiembre de 2014 ‒la primera en este procedimiento‒ declaró la nulidad de la cláusula suelo impugnada por entenderla abusiva al mediar a su entender un desfase con la cláusula techo, que produciría un desequilibrio objetivo entre las prestaciones en perjuicio del consumidor. Sin embargo, la SAP de Sevilla (Sección 5ª), de 7 de octubre de 2011, revocó dicho pronunciamiento al considerar que la cláusula suelo era válida al formar parte del precio, libre y voluntariamente aceptado por el consumidor, por lo que quedaría fuera del control de contenido de cláusulas abusivas previsto por el art. 82 TRLGDCU. A su vez, la AP de Sevilla negó que mediara desproporcionalidad entre el suelo y el techo fijados para el tipo de interés. Presentado recurso de casación, el TS admitió parcialmente dicho recurso.
27 Con carácter previo se había pronunciado sobre el control de transparencia, si bien lo había hecho
obiter dicta . En concreto, en la STS 361/2012, de 18 de junio, en la que pronunciándose acerca del
carácter abusivo de los intereses remuneratorios del préstamo hipotecario, considerados de modo unánime por la doctrina y la jurisprudencia como integrantes del objeto principal del contrato, el Supremo admite que sería posible evaluar su carácter abusivo de acuerdo con la ley de usura (aun cuando finalmente lo descarta al no considerar que los intereses fueran excesivos), pero no con base en la normativa de cláusulas abusivas. Declara a este respecto que «aunque doctrinalmente no hay una posición unánime al
respecto, debe entenderse, por aplicación teleológica de la Directiva de 1993, artículo 4.2, que los
elementos esenciales del contrato, si bien excluidos del control de contenido, no obstante pueden ser
objeto de control por la vía de inclusión y transparencia ». Con todo, como apuntamos en el texto, aunque
se pronuncia en esta resolución hasta en cuatro ocasiones en relación al control como abusivos de los elementos esenciales, estas afirmaciones han de ser consideradas obiter dicta, ya que en el caso de autos consideró que los clientes no tenían la consideración de consumidores, por lo que no podía aplicárseles esa normativa.
28 Las cláusulas suelo aluden a la limitación a la baja de los tipos de interés o índices de referencia que
pueden incorporar los contratos de préstamo hipotecario. A ellas se alude de formas diversas: «límites a la
aplicación del interés variable », «límite de la variabilidad» o «tipo de interés variable». Según el Banco
de España ‒en su informe anual correspondiente al año 2014‒ el 97% de los préstamos hipotecarios suscritos en España son préstamos a interés variable, de los cuales, aproximadamente un tercio, contienen cláusulas como las descritas. Vid. un estudio en profundidad sobre las cláusulas suelo en M ORENO G ARCÍA , L., Cláusulas suelo y control de transparencia. Tratamiento sustantivo y procesal, Marcial Pons, Madrid, 2015, p. 49; L ÓPEZ J
IMÉNEZ , J. M. (Dir.), La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios,
Bosch, Barcelona, 2014. Desde un punto de vista económico resulta de interés: G ENTO M AHUENDA , P., «El final de las cláusulas suelo en España: una visión retrospectiva», en Revista CESCO de Derecho de Consumo , núm. 10, 2014.
29 La consideración de las cláusulas suelo como integrantes del objeto principal del contrato llevó a la
sentencia de apelación recurrida a considerar que la cláusula suelo era válida, al partir de que este tipo de cláusulas quedan excluidas del control de contenido de las cláusulas abusivas del art. 82 TR-LGDDCU. Ello no obstante, como señala P ERTÍÑEZ V ÍLCHEZ , F., «Falta de transparencia y carácter abusivo de la cláusula suelo en los contratos de préstamo hipotecario», en Indret, Barcelona, 2013, esta postura parte de una interpretación incorrecta del art. 4.2 la de la Directiva 93/13/CEE, que no distingue entre cláusulas incluidas y cláusulas excluidas del control de contenido, pues todas las cláusulas son susceptibles de ser controladas en su contenido. Únicamente incide en la importancia que la transparencia tiene en el control de contenido, atribuyendo a una redacción «clara y comprensible» el valor de evitar la declaración de abusividad de las cláusulas relativas al precio y a la contraprestación. es que intensifica los presupuestos que deben ser observados para que las cláusulas puedan ser consideradas lícitas. De este modo, pasamos de una transparencia limitada al control de incorporación de las cláusulas, circunscrito a su claridad y comprensión gramatical (arts. 5 y 7 LCGC), a un control de transparencia que exige, además de esto, una comprensión real de la repercusión económica y jurídica de la cláusula en cuestión
30 —transparencia strictu sensu o transparencia material .
En el caso de autos, la ausencia de la debida transparencia fue declarada por la
concurrencia de las siguientes circunstancias : a) La creación de una apariencia de un contrato de préstamo en el que las oscilaciones a la baja del tipo de referencia supondrá una disminución del precio del dinero; b) La falta de información suficiente en torno a la consideración de dicho parámetro como definitorio del objeto principal del contrato; c) La aparente fijación de una contraprestación que vendría de la mano de la cláusula techo; d) la ubicación de este tipo de cláusulas entre una gran amalgama de datos que suponen un obstáculo de cara a su visibilidad; e) La ausencia de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar; y la falta de información clara y comprensible sobre el coste
32 comparativo del contrato en cuestión con otros productos de la entidad .
Por su parte, el TJUE, en sus resoluciones posteriores a la STS 241/2013, de 9 de mayo, ha respaldado la interpretación seguida por el Supremo. La primera sentencia en la que se pronuncia acerca de la «naturaleza» del control de transparencia como un control a través del cual se examina la comprensión real y no sólo gramatical de la cláusula, es la
sentencia STJUE de 30 de abril de 2014 , asunto Kásler Káslerné Rábai, en la que declara que: «El art. 4.2 Directiva 13/1993/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en
el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el

References: artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 12
 artículo 53

resolución 
 artículo 4
 resolución