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Timestamp: 2018-11-18 23:13:32+00:00

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﻿ Sentencia 2012-00069 de abril 26 de 2012
SENTENCIA 2012-00069 DE 26 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA. EL ACTOR TIENE DERECHO A CONOCER EN FORMA PORMENORIZADA EL ESTADO DE SU SOLICITUD, EL TRÁMITE QUE SE LE HA DADO, Y EL QUE FALTA POR SURTIRSE PARA RESOLVER EN FORMA DEFINITIVA LA MISMA, DE LO CONTRARIO LA ENTIDAD ACCIONADA INCURRIDA EN CONCULCACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE PETICIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES
Sentencia 2012-00069 de abril 26 de 2012
Rad.: 25000-23-24-000-2012-00069-01(AC)
Actor: Guillermo León Trujillo
Demandado: Fondo Nacional para la Reparación de las víctimas y otros
El accionante pretende el reconocimiento de la indemnización prevista en el Decreto 1290 de 2008, a título de reparación administrativa por ser víctima de la violencia, y argumenta que la petición que presentó debió ser resuelta en el término de 18 meses de conformidad con la misma norma.
En ese orden de ideas en primer lugar se destaca que mediante el Decreto 1290 de 2008 se creó un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, que estaba a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, (art. 1º), y que contempló como medidas de reparación la restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y la indemnización solidaria (art. 4º) que el demandante dice solicitó.
El anterior en resumidas cuentas constituía el trámite que debían adelantar las personas interesadas en ser reparadas por vía administrativa, y se precisa que tal era el procedimiento correspondiente, porque el Decreto 1290 de 2008 en el que estaba consagrado, fue expresamente derogado por el artículo Decreto 4800 del 2 de diciembre 2011 en los siguientes términos:
PAR. 3º—Cuando sea necesario acopiar información o documentos adicionales para decidir sobre la solicitud de reparación por vía administrativa presentada en el marco del Decreto 1290 de 2008, la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas deberá impulsar el trámite manteniendo el caso en estado de reserva técnica. Mientras una solicitud permanezca en estado de reserva técnica no se entenderá como decidida de manera definitiva” (El destacado es nuestro).
3. Respecto al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, debe señalarse que el mismo es producto de la transformación del establecimiento público Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo, llevada a cabo en virtud del Decreto 4155 de 2011.
El Decreto 4800 de 2011 no específica el trámite que se sigue al interior de la referida unidad administrativa una vez recibe las peticiones de reparación, en tanto se concentra en desarrollar aspectos como el monto de la indemnización, los criterios para distribuir y pagar la misma, algunas medidas de protección en favor de los menores de edad, en qué casos deben realizarse descuentos a las indemnizaciones reconocidas, cuál es el trámite y causales para que el comité ejecutivo revoque estas, y sobre la implementación de un programa de acompañamiento para que las víctimas puedan invertir adecuadamente los recursos que reciben, es más, llama la atención que a diferencia del Decreto 1290 de 2008, el Decreto 4800 no prevé un término en el cual la unidad de atención y reparación integral a las víctimas debe resolver las peticiones que le son elevadas.
En síntesis el accionante pretende que la entidad accionada se pronuncie respecto a la solicitud de reconocimiento de la indemnización consagrada en el Decreto 1290 de 2008, en tanto considera que venció el plazo legalmente previsto para tal efecto.
La unidad de atención y reparación integral a las víctimas, actual responsable del reconocimiento de la indemnización administrativa, aún cuando la misma haya sido solicitada durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, como se expuso en el numeral I de la parte motiva de esta providencia, a pesar de que fue vinculada al presente trámite (fl. 30), no presentó el informe correspondiente frente a la acción objeto de estudio.
Por su parte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que no se ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados, en tanto si bien a folio 19 obra copia de una solicitud de reparación administrativa suscrita por el accionante, no hay evidencia que la misma haya sido radicada ante el Departamento Administrativo de Prosperidad Social o ante alguna oficina del Ministerio Público, por lo que estima que no se demostraron las circunstancia de tiempo, modo y lugar que permitan determinar que el demandante elevó la referida petición.
En el escrito de impugnación el peticionario estima que de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el tribunal debió tener por ciertos los hechos que expuso en el escrito de tutela, en especial que sí presentó la petición de reparación administrativa, toda vez que la entidad demandada guardó silencio frente a la demanda presentada. Añade que un indicio de la presentación de la referida solicitud, es el documento que allegó sobre la entrevista que le fue practicada por Acción Social durante el trámite administrativo que promovió.
Con el fin de establecer si el actor había solicitado a Acción Social, durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008 la indemnización por vía administrativa, se ofició al mismo y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que indicara la fecha en que presuntamente se presentó la referida petición, y se anexara copia de la misma.
El peticionario sostuvo que no recuerda la fecha en que elevó la solicitud, que al presentar la misma no se le dio el radicado correspondiente, pero que existe prueba indiciaria de la misma si se considera que fue llamado a entrevista por Acción Social en virtud de la referida petición. Por su parte la unidad de atención y reparación integral a las víctimas guardó silencio frente al requerimiento realizado.
De conformidad con las anteriores circunstancias, estima la Sala que el problema jurídico consiste en establecer, en primer lugar, si puede o no tenerse por cierto que el actor solicitó a Acción Social ser reparado administrativamente durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, y en caso afirmativo determinar si la entidad accionada respecto a dicha petición vulneró o no los derechos fundamentales del actor.
Frente al primer asunto, se observa a folio 19 del expediente un formato diligenciado por el actor, titulado solicitud de reparación administrativa, comité de reparaciones administrativas, frente al cual no se advierte radicado alguno por parte de la entidad o autoridad a la que presuntamente fue presentado.
No obstante lo anterior, a folios 21 a 26, se aprecia fotocopia de un formato de Acción Social, a través del cual se deja constancia de la entrevista que se le practicó al accionante el día 10 de agosto de 2011 en el municipio de Granada, en la que el mismo de forma sucinta afirma que es víctima y sujeto de reparación administrativa por la desaparición forzada de uno de sus hijos.
Los apoderados del accionante sostienen que este presentó la petición de reparación administrativa, y que un indicio de tal circunstancia es la entrevista antes señalada. La anterior afirmación no fue controvertida por la unidad administrativa, que ni siquiera se opuso a la demanda en su contra, y que guardó silencio frente a la solicitud que le fue realizada en el trámite de esta instancia, de informar si el demandante había o no presentado solicitud de reparación administrativa (Fl. 54).
Ante el silencio absoluto de la entidad demandada, le asiste razón a la parte accionante al afirmar que deben tenerse por ciertos los hechos expuestos en la demanda, particularmente que presentó la petición de reparación administrativa, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que establece:
“ART. 20.—Presuncion de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
En ese orden de ideas también le asiste razón a la parte accionante cuando afirma que el a quo no analizó la conducta de su contraparte teniendo en cuenta lo dispuesto por la norma transcrita, y por ende, que debió tener por cierto que la petición de reparación administrativa sí fue presentada.
Asimismo, en virtud de la referida presunción de veracidad, debe tenerse por cierta la afirmación que realiza el accionante, sobre la no resolución de la referida petición, máxime cuando no se advierte en el expediente un documento a través del cual pueda sostenerse lo contrario.
En ese orden de ideas en principio parece clara la vulneración del derecho de petición del actor, pues el mismo presentó una solicitud que no ha sido resuelta, sin embargo, para realizar tal afirmación debe verificarse previamente si el término legalmente concedido a la entidad accionada para resolver dicha petición se encuentra o no vencido, porque en caso negativo no puede predicarse que la misma ha sido negligente en la garantía de dicho derecho fundamental.
Para establecer si la parte accionada aún se encuentra en el término para resolver la solicitud de reparación por vía administrativa, o por el contrario dejó vencer el mismo, es necesario precisar cuál es la norma que establece el plazo de resolución de la petición objeto de análisis, y por supuesto en qué fecha fue radicada esta.
Frente a los anteriores presupuestos para verificar si existe o no vulneración del derecho de petición, se enfrenta la Sala con una dificultad, consistente en que el actor no recuerda la fecha en que presentó la referida petición, el escrito que contiene la misma no tiene el radicado correspondiente, y la entidad demandada guardó silencio frente a dicha solicitud, a pesar de los requerimientos que le fueron realizados en primera y en segunda instancia, en suma, se desconoce la fecha en que el demandante solicitó ser reparado administrativamente.
La anterior circunstancia a su vez dificulta precisar si a la petición del accionante le es o no aplicable el artículo 27 del Decreto 1290 de 2008, que establecía que las peticiones de reparación administrativa debían resolverse en el término de 18 meses, en tanto debe recordarse que el decreto antes señalado fue derogado por el Decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011.
En efecto, si se tuviera conocimiento de la fecha de presentación de la petición de reparación, podría determinarse si los 18 meses consagrados en el artículo 27 del Decreto 1290 de 2008, vencieron antes de la expedición del Decreto 4800 de 2011, caso en el cual teniendo en cuenta que dicha solicitud no ha sido resuelta, tendría que concluirse que existió vulneración del derecho de petición, en tanto la referida solicitud no se resolvió en el plazo legalmente establecido. Por el contrario, de establecer que los 18 meses previstos por el artículo 27 del Decreto 1290 de 2008, no se cumplieron antes de la derogatoria de este, sería necesario precisar qué estableció el Decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011 sobre el plazo de resolución de dichas peticiones.
Sobre la segunda de la hipótesis expuesta, es decir que el término de 18 meses previsto por el artículo 27 del Decreto 1290 de 2008 no venció antes de la derogatoria de este, se recuerda que de conformidad con lo expuesto en el numeral I de la parte motiva de esta providencia, las peticiones de reparación administrativa formuladas de conformidad con el Decreto 1290 de 2008, que al momento de la publicación del Decreto 4800 de 2011 no hayan sido resueltas por el comité de reparaciones administrativas, se resolverán de conformidad con el procedimiento establecido en la última norma antes señalada, pero teniendo en cuenta la distribución y los montos previstos en el Decreto 1290 de 2008.
No obstante lo anterior, de la lectura del Decreto 4800 de 2011 y de los artículos correspondientes a la reparación por vía administrativa de la Ley 1448 de 2011, se observa que no se previó un término en el cual la unidad de atención y reparación integral a las víctimas debía resolver las solicitudes de reparación, lo que en el caso de autos dificulta aún más establecer con precisión cuál debe ser el parámetro legal bajo el cual debe evaluarse si la petición del accionante se resolvió o no oportunamente.
Ahora bien, sería del caso establecer de qué manera puede llenarse el mencionado vacío normativo del Decreto 4800 de 2011, verbigracia a través de la aplicación analógica de otras normas, empero un ejercicio en tal sentido para el caso de autos carece de objeto, teniendo en cuenta que a pesar de las indagaciones realizadas no se conoce la fecha en que el demandante presentó la petición reparación administrativa.
En suma, a pesar de las actuaciones adelantadas por el juez de tutela en primera y segunda instancia, no se tiene conocimiento de la fecha de presentación de la petición de reparación administrativa del actor, lo que impide establecer si en el caso de autos es aplicable el término de 18 meses consagrado en el artículo 27 del Decreto 1290 de 2008; y de otro lado, en la normatividad actualmente vigente sobre el procedimiento de resolución de dichas solicitudes, existe un vacío normativo sobre el término que tiene la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para resolver las mismas.
En los términos expuestos, la Sala estima que no puede afirmarse que se vulneró el derecho de petición del actor por la no resolución oportuna de la solicitud de reparación administrativa que presentó.
No obstante lo anterior, se considera que el actor tiene derecho a conocer de forma pormenorizada el estado de su solicitud, el trámite que se le ha dado a esta y el que falta por surtirse para resolver de forma definitiva la misma, información que de lo probado en el proceso la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas no le ha suministrado al accionante, y que tampoco quiso aportar a la presente actuación.
Efectivamente, ante el cambio de normatividad respecto a la solicitud elevada por el demandante y de entidades encargadas de resolver la misma, el peticionario requiere conocer pormenorizadamente el estado de su petición para poder ejercer eficazmente otros derechos como la defensa, y exigir la indemnización a que dice tener derecho como víctima del conflicto interno, información que de acuerdo con lo expuesto en el numeral I de la parte motiva de esta providencia, puede suministrarle la unidad administrativa especial demandada.
Por la anterior circunstancia estima la Sala necesario tutelar los derechos de petición y a la información del actor, ordenándole a Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en el término de 2 días siguientes a la notificación de la presente decisión, le informe al demandante de forma detallada el estado de la solicitud que presentó para ser reparado administrativamente invocando la condición de víctima, el trámite que se le ha dado a aquella y el que falta por surtirse para resolver de forma definitiva la misma.
Adicionalmente, en aras de garantizar que la petición que el actor presentó sea efectivamente analizada, de forma preventiva se ordenará a la parte demandada que en el evento que no se haya estudiado la solicitud de reparación del accionante, proceda a darle a la misma el trato preferente y prioritario a que hace referencia el parágrafo 1º del artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, teniendo en cuenta que la misma de acuerdo a lo señalado por el demandante (afirmación que no fue controvertida en el presente trámite) fue radicada durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, y si es del caso, asesore al peticionario sobre las actuaciones que debe adelantar para que en el menor tiempo posible obtenga una respuesta clara, precisa, de fondo y congruente.
1. REVOCASE la sentencia del 2 de febrero de 2012, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó la acción de tutela instaurada. En su lugar, TUTELANSE los derechos fundamentales de petición y a la información del señor Guillermo León Trujillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
2. ORDENASE a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en el término de 2 días siguientes a la notificación de la presente decisión, le informe al demandante de forma pormenorizada el estado de la solicitud que presentó para ser reparado administrativamente invocando la condición de víctima, el trámite que se le ha dado a aquella y el que falta por surtirse para resolver de forma definitiva la misma.
De forma preventiva, ORDENASE a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en el evento de que no se haya estudiado la solicitud de reparación administrativa del accionante, proceda a darle a la misma el trato preferente y prioritario a que hace referencia el parágrafo 1º del artículo 155 del Decreto 4800 de 2011, teniendo en cuenta que la misma de acuerdo a lo señalado por el demandante fue radicada durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008, y si es del caso, asesore al peticionario sobre las actuaciones que debe adelantar para que en el menor tiempo posible obtenga una respuesta clara, precisa, de fondo y congruente.

References: artículo 20
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 resolución 
 resolución 
 artículo 27
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 resolución 
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 artículo 155
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