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INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS - PDF
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José Antonio Sandoval Pereyra
2 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13 30 diciembre 2013 Original: Español INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS 2013 Internet:
3 OAS Cataloging-in-Publication Data Inter-American Commission on Human Rights. Rapporteurship on the Rights of Persons Deprived of Liberty. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas / [Preparado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. p. ; cm. (OAS. documentos oficiales ; OEA/Ser.L) ISBN Pretrial detention--america. 2. Prisoners--Civil rights--america. 3. Prisoners--Legal status, laws, etc.--america. 4. Criminal procedures--america. 5. Detention of persons--america. 6. Human rights--america. I. Title. II. Series: OAS. documentos oficiales ; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13 Documento publicado gracias al apoyo financiero de España. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a la CIDH y no reflejan la postura de España. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013
4 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS MIEMBROS José de Jesús Orozco Henríquez Tracy Robinson Felipe González Dinah Shelton Rodrigo Escobar Gil Rosa María Ortiz Rose-Marie Belle Antoine ****** Secretario Ejecutivo: Secretaria Ejecutiva Adjunta: Emilio Álvarez-Icaza Longoria Elizabeth Abi-Mershed
5 Prefacio Desde su creación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dedicado particular atención a la situación de las personas privadas de libertad en las Américas. Desde sus primeros informes especiales de país relativos a Cuba y a República Dominicana, hasta los más recientes, referentes a Jamaica y Colombia, la Comisión Interamericana se ha venido refiriendo consistentemente a los derechos de las personas privadas de libertad. En este sentido, las visitas a centros de detención han sido una constante en las más de 90 visitas in loco que ha realizado en los últimos 50 años. Asimismo, la Comisión Interamericana ha aprobado una gran cantidad de informes de casos contenciosos y ha otorgado un número importante de medidas cautelares dirigidas a la protección de personas privadas de libertad en las Américas. La Comisión Interamericana ha constatado que el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Es un asunto complejo que requiere del diseño e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo, así como de la adopción de medidas inmediatas, necesarias para hacer frente a situaciones actuales y urgentes que afectan gravemente derechos humanos fundamentales de la población reclusa. En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrentan la absoluta mayoría de los Estados de la región es el uso excesivo de la detención preventiva, por eso, en razón de la complejidad y trascendencia de esta temática, la Comisión Interamericana por medio de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad presenta este informe, con el propósito de ayudar a los Estados miembros de la OEA en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y de proveer una herramienta útil para el trabajo de aquellas instituciones y organizaciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. La Comisión destaca y reconoce la labor del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en la dirección de este informe. Asimismo, la Comisión agradece la contribución del Cyrus R. Vance Center for International Justice por su investigación y análisis de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva. La elaboración del presente informe fue posible gracias al valioso apoyo financiero del Gobierno de España.
6 ABREVIATURAS UTILIZADAS Organización de los Estados Americanos: Convención Americana sobre Derechos Humanos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Principios y Buenas Prácticas de la Comisión Interamericana sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad: Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Corte Interamericana de Derechos Humanos: Corte Europea de Derechos Humanos: Convenio Europeo de Derechos Humanos: Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH: Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH: Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas: Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas: Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas: OEA Convención Americana o la Convención Declaración Americana o la Declaración Principios y Buenas Prácticas Reglas Mínimas Reglas de Tokio CIDH, Comisión Interamericana o la Comisión Corte IDH, Corte Interamericana o la Corte CrEDH o Corte Europea Convenio Europeo Relator sobre Personas Privadas de Libertad o el Relator Relatoría sobre Personas Privadas de la de Libertad o la Relatoría HRC CAT SPT GTDA
7 Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas: Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente: RT o Relator sobre la Tortura ILANUD
8 INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN... 1 A. Contexto y propósito del presente informe... 1 B. Principios en los que se sustenta, estándares fundamentales y contenidos... 5 C. Marco jurídico y metodología D. Alcance del concepto de prisión preventiva y terminología utilizada II. ANÁLISIS DEL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA REGIÓN A. Monitoreo reciente de la CIDH y los mecanismos del Sistema Universal B. Información estadística presentada por los Estados C. Algunos aspectos generales relevantes de la perspectiva regional D. Causas del uso excesivo de la prisión preventiva Las políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ciudadana Las amenazas a la independencia judicial E. Costos financieros de la prisión preventiva III. ESTÁNDARES INTERNACIONALES RELEVANTES RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA A. El derecho a la presunción de inocencia y el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva B. Condiciones para su aplicación Fundamentos legítimos o causales de procedencia Causales de justificación no válidas o insuficientes Criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad Autoridad competente, proceso decisorio, motivación e indicios Asistencia legal efectiva (defensa pública) Control judicial y recursos Revisión periódica, debida diligencia y priorización del trámite Aplicación por segunda vez y liberación posterior a la sentencia absolutoria ix
9 9. Niños, niñas y adolescentes C. Derecho de reparación por aplicación indebida de la prisión preventiva IV. EL USO DE OTRAS MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA V. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN PRISIÓN PREVENTIVA A. Separación y tratamiento acorde con el derecho a la presunción de inocencia B. Otras consideraciones relevantes respecto a las condiciones de detención de las personas en prisión preventiva Derecho a la defensa en juicio Contacto familiar Derecho al voto Aislamiento solitario y módulos de alta seguridad C. Efectos del uso excesivo de la prisión preventiva en los sistemas penitenciarios VI. REGISTROS DE DETENIDOS, TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN PENITENCIARIA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA A. Registros de detenidos B. Transparencia de la función penitenciaria C. Gestión de la información relativa al uso de la prisión preventiva VII. CONCLUSIONES VIII. RECOMENDACIONES A. De carácter general relativas a políticas del Estado B. Aplicación de otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva C. Marco legal y aplicación de la prisión preventiva D. Condiciones de detención E. Defensa jurídica F. Independencia de los operadores de justicia G. Registros y estadísticas x
10 INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS I. INTRODUCCIÓN A. Contexto y propósito del presente informe 1. Desde hace más de una década la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH o la Comisión ) ha considerado que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en muchos países de la región 1. En su reciente Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas la CIDH señaló entre los problemas más graves y extendidos en la región, el uso excesivo de la prisión preventiva; y destacó que esta disfuncionalidad del sistema de justicia penal es a su vez la causa de otros problemas como el hacinamiento y la falta de separación entre procesados y condenados. 2. Esta situación, al igual que otros problemas estructurales relativos al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, también ha sido identificada sistemáticamente en las Américas por los mecanismos de monitoreo de las Naciones Unidas cuyo mandato está relacionado con la salvaguarda de los derechos humanos de las personas procesadas penalmente y/o privadas de libertad, como el Comité de Derechos Humanos (HRC), el Comité contra la Tortura (CAT), el Subcomité contra la Tortura (SPT), el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias (GTDA) y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (RT). 3. De igual forma, a nivel técnico otros actores calificados como ILANUD han considerado que un caso de especial gravedad dentro del panorama [regional] del aumento de las poblaciones penitenciarias es el de los presos y presas sin condena, y que por tanto, la región deberá continuar sus esfuerzos para mantener niveles más prudentes de presos y presas a la espera de sentencia 2. A este respecto, el Informe de la Reunión de Expertos de Alto Nivel sobre revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, celebrada en Santo Domingo, dio cuenta de algunas de las causas comunes que a nivel regional tienen incidencia en los altos índices de personas en prisión preventiva, como lo son: el retardo en el trámite de los procesos penales, la ausencia de asesoría legal adecuada, la influencia de la opinión pública, y la tendencia de los fiscales y jueces a que se ordenen mandatos de detención para aquellas personas cuyo proceso está en trámite, en vez de recurrir a otras medidas 3. 1 CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.111. Doc. 21 rev., adoptado el 6 de abril de 2001, (en adelante Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala ), Cap. VII, párr. 26. Cuatro años antes, la CIDH ya había dicho que la prisión preventiva constituía un problema serio en varios países miembros de la OEA. CIDH. Informe No. 2/97, Caso , Fondo, Jorge Luis Bronstein y otros, Argentina, 11 de marzo de 1997, párr Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Cárcel y Justicia Penal en America Latina y el Caribe, 2009, págs. 78 y UNODC, Informe de la Reunión de Expertos de Alto Nivel (de América Latina y el Caribe) sobre la revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, celebrada del 3 al 5 de agosto de 2011 en Santo Continúa
11 2 4. Esta realidad del uso excesivo de la prisión preventiva en las Américas ha sido reconocida incluso en otras instancias de la propia Organización de Estados Americanos (OEA), como la Tercera Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciaria y Carcelarias, en la cual se hizo referencia al amplio uso de la detención preventiva, llegándose a estimar que en la región, más del 40% de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva Todo ello a pesar de la existencia normas internacionales vinculantes, derivadas del derecho internacional de los tratados, que son muy claras en reconocer el derecho a la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención preventiva; del amplio reconocimiento de estos derechos a nivel constitucional en la región 5 ; y del compromiso político expresado al más alto nivel por los Estados desde hace veinte años en el marco, de las Cumbres de las Américas 6, en el cual los gobiernos se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para remediar las condiciones infrahumanas en las cárceles y reducir al mínimo el número de detenidos en espera de juicio (Plan de Acción de Miami, 1994). 6. Frente a este panorama, la Comisión Interamericana considera, en primer lugar, que el uso excesivo de esta medida es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho 7, y que la instrumentalización en los hechos del uso de esta continuación Domingo, República Dominicana, párrs. 9-14, disponible en: 4 OEA, Tercera Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias en Carcelarias, Palabras de Apertura del Embajador Adam Blackwell, Secretario de Seguridad Multimodal, en nombre del Secretario General de la OEA, disponible en: ; en un sentido similar, las Recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados de la OEA (Valdivia, 2008), instaron a los Estados a la aplicación de la prisión preventiva de acuerdo con las normas del debido proceso y respetando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad (B.ix). Y en la primera reunión de este tipo (Washington, 2003), las autoridades responsables de políticas penitenciarias y carcelarias de los Estados de la OEA ya identificaban como otro de los grandes retos de la región en este ámbito al alto porcentaje de reclusos que está aún en espera de juicio (Informe de la Reunión). Ambos documentos están disponibles en: 5 A este respecto véase: Constitución de la Nación Argentina Art. 18; Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia Arts. 23 y 116; Constitución de la República Federativa de Brasil Art. 5; Constitución Política de la República de Chile Arts y 19.7; Constitución Política de Colombia Arts. 28 y 29; Constitución Política de Costa Rica Art. 37; Constitución de Dominica Art. 3.4; Constitución del Ecuador Arts. 76.2, 77.1, 77.9 y 77.11; Constitución de la República de El Salvador Arts. 12 y 13; Constitución Política de la República de Guatemala Arts. 13 y 14; Constitución Política de la República de Honduras Arts. 69, 84, 89, 92 y 93; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 16, 18 y 19; Constitución Política de Nicaragua Arts. 33 y 34; Constitución Política de la República de Panamá Arts. 21 y 22; Constitución Nacional del Paraguay Arts. 12, 17 y 19; Constitución Política del Perú Arts b, 2.24.e, 2.24.f y ; Constitución de la República Oriental de Uruguay Arts. 7, 15 y 16; y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Arts. 44.1, 44.5 y Véase a este respecto: (a) III Cumbre de las Américas 2001, Quebec, Canadá, Plan de Acción, disponible en: (b) II Cumbre de las Américas 1998, Santiago, Chile, Documento sobre Derechos Humanos, disponible en: y (c) I Cumbre de las Américas 1994, Miami, EEUU, Plan de Acción, disponible en: 7 CIDH. Comunicado de Prensa 23/13 CIDH culmina 147º periodo ordinario de sesiones, anexo.
12 3 medida como una forma de justicia expedita de la que eventualmente resulta una suerte de pena anticipada, es abiertamente contraria al régimen establecido por la Convención y la Declaración Americanas, y a los principios que inspiran a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 8. Por otro lado, el uso de la detención preventiva es un factor importante de la calidad de la administración de justicia, y por lo tanto, directamente relacionado con la democracia. 7. La CIDH reconoce el deber que tienen los Estados de mantener el orden público y proteger del delito y la violencia a todas las personas bajo su jurisdicción. Sin embargo, reitera, el principio largamente establecido en el Sistema Interamericano de que independientemente de la naturaleza o gravedad del crimen que se persiga, la investigación de los hechos y eventual enjuiciamiento de determinadas personas deben desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar la seguridad pública en el marco del pleno respeto a los derechos humanos 9. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte Interamericana o la Corte ) ha establecido que [e]l concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros Como se desarrolla en este informe, el uso excesivo de la prisión preventiva es un problema complejo producido por causas de distinta naturaleza: cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas de administración de justicia, amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica judicial, entre otras. 9. Al mismo tiempo, el uso no excepcional de esta medida contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento penitenciario, lo que genera una situación de hecho en la que se ven vulnerados otros 8 A este respecto, la CIDH ha considerado absolutamente inaceptable, que de hecho, la prisión preventiva se transforme en la forma usual de administración de justicia, sin debido proceso, juez y sentencia. CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana, OEA/Ser.L/V/II.104. Doc. 49 rev. 1, adoptado el 7 de octubre de (en adelante Informe sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana ), Cap. VI, párr En este sentido, la Carta Democrática Interamericana expresamente señala que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia. 9 Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de Serie C No. 180, párr. 38. Este principio fundamental del Sistema Interamericano fue formulado por la Corte desde su primera sentencia de fondo en los siguientes términos: por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. A partir de la primera sentencia de la Corte Interamericana, en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. de 29 de julio de Serie C No. 4, párr Corte IDH. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de Serie A No. 8, párr. 26.
13 4 derechos fundamentales de los reclusos, como el derecho a la integridad personal. En la absoluta mayoría de los países de la región las personas en prisión preventiva están expuestas a las mismas condiciones que las personas condenadas, y en ocasiones a un trato peor que éstas. Las personas en prisión preventiva sufren grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad; además padecen el impacto psicológico y emocional del hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados, y por lo general son expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas presentes las cárceles de la región. Incluso los índices de suicidios cometidos en prisiones son mayores entre los presos en prisión preventiva 11. De ahí la especial gravedad que reviste esta medida y la necesidad de rodear su aplicación de las máximas garantías jurídicas La Comisión ha observado también que la aplicación de esta medida afecta de manera extendida y desproporcionada a personas pertenecientes a grupos económicamente más vulnerables, quienes por lo general encuentran obstáculos en el acceso a otras medidas cautelares, como la fianza, ni pueden afrontar los gastos que implica la representación de un abogado privado, contando solo con la defensa pública y sus limitaciones. 11. Asimismo, el mantener cantidades considerables de personas privadas de libertad en espera de juicio no es una buena práctica desde el punto de vista de la gestión penitenciaria por los costos que implica. La aplicación no excepcional de esta medida conlleva además a que los, generalmente escasos, recursos del sistema penitenciario sean insuficientes para atender las necesidades de la creciente población reclusa. 12. Por otro lado, el mantener a una persona bajo régimen de detención preventiva por un período prolongado, puede crear una situación de hecho en la que los jueces sean mucho más propensos a dictar sentencias condenatorias para, en cierta forma, avalar su decisión de haber encarcelado ya al acusado durante el juicio 13. Así, una eventual sentencia absolutoria sería un reconocimiento de que se privó de libertad por mucho tiempo a un inocente. Desde esa perspectiva, la prolongada detención sin juicio de una persona constituye, en cierta forma, una presunción de culpabilidad. 13. En este contexto, el presente estudio, al igual que el anterior Informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, surge de la convicción de la Comisión Interamericana de que el respeto de los derechos de las 11 OMS, Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Prevención del Suicidio en Cárceles y Prisiones, 2007, págs. 8 y 10, disponible en: WHO_MNH_MBD_00.7_spa.pdf. 12 Con respecto a los efectos negativos del encarcelamiento preventivo véase en general: Open Society/Justice Initiative, The Socioeconomic Impact of Pretrial Detention, 2011; Open Society/Justice Initiative, Pretrial Detention and Torture: Why Pretrial Detainees face the Greater Risk, 2011; Open Society/Justice Initiative, Pretrial Detention and Health: Unintended Consequences deadly Results, A este respecto véase también: ONU, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/4/40, publicado el 3 de enero de 2007, párr. 68; y ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Informe provisional, A/64/215, publicado el 3 de agosto de 2009, párr. 42.
14 5 personas privadas de libertad es uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados miembros de la OEA, y el uso excesivo de la prisión preventiva uno de los temas que requieren mayor atención. 14. En este sentido, el presente informe busca contribuir a la disminución de los índices de personas sometidas a detención previa al juicio en los Estados miembros de la OEA, ayudándolos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales por medio de los estándares y las recomendaciones que proporciona. Asimismo, aspira a servir como una herramienta útil para el trabajo de aquellas instituciones y organizaciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. 15. El presente estudio se presenta también en el marco de la solicitud hecha por la Asamblea General de la OEA a la CIDH de que continúe informando sobre la situación en la que se encuentran las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión en el Hemisferio y que, tomando como base su trabajo sobre el tema, siga refiriéndose a los problemas y buenas prácticas que observe 14. B. Principios en los que se sustenta, estándares fundamentales y contenidos 16. El presente informe se sustenta fundamentalmente en el principio de la presunción de inocencia, el cual, como ya ha afirmado la CIDH, es en realidad el punto de partida para cualquier análisis de los derechos y el tratamiento otorgado a las personas que se encuentran bajo prisión preventiva 15. Este derecho fundamental implica, entre otras cosas, que en el caso de resultar necesaria la privación de libertad durante el transcurso de un proceso, la posición jurídica del imputado sigue siendo la de un inocente 16. De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal la más elemental es quizás la presunción de inocencia, expresamente reconocida sin salvedad ni excepción alguna por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14.2), la Declaración Americana (Art. XXVI) y la Convención Americana (Art. 8.2) 17. El 14 OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XLI-O/11), aprobada el 7 de junio de 2011, punto resolutivo 3; OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XL-O/10), aprobada el 8 de junio de 2010, punto resolutivo 3; OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XXXIX-O/09), aprobada el 4 de junio de 2009, punto resolutivo 3; OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XXXVIII-O/08), aprobada el 13 de junio de 2008, punto resolutivo 3; OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XXXVII-O/07), aprobada el 5 de junio de 2007, punto resolutivo 3; OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XXXVI-O/06), aprobada el 6 de junio de 2006, punto resolutivo 3; OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XXXV-O/05), aprobada el 7 de junio de 2005, punto resolutivo 11; OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XXXIV-O/04), aprobada el 8 de junio de 2004, punto resolutivo 3; y OEA, Resolución de la Asamblea General, AG/RES (XXXIII-O/03), aprobada el 10 de junio de 2003, punto resolutivo CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Cap. VII, párr CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, OEA/Ser./L/VII.110. Doc. 52, adoptado el 9 de marzo de 2001 (en adelante Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay ), Cap. IV, párr CIDH. Informe No. 50/00, Caso , Fondo, Reinaldo Figueredo Planchart, Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 118.
15 6 derecho a la presunción de inocencia es desarrollado con mayor amplitud en el Capítulo III del presente informe. 17. Asimismo, el presente informe, al igual que el Informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se sustenta en los siguientes tres principios: (a) El principio del trato humano: según el cual, toda persona privada de libertad será tratada con respeto irrestricto de su dignidad inherente y sus derechos fundamentales 18. Es decir, que la reclusión de una persona no debe conllevar restricciones o sufrimientos que vayan más allá de aquellos que sean inherentes a la privación de libertad 19. Como ha afirmado el RT, [e]l principio del trato humano de las personas privadas de libertad es el punto de partida para cualquier examen de las condiciones de reclusión y para el diseño de los regímenes penitenciarios 20. El principio del trato humano está relacionado con todos los aspectos del tratamiento que da el Estado a las personas bajo su custodia, particularmente con las condiciones de reclusión y la seguridad. (b) El principio de la posición de garante del Estado: según el cual, el Estado al privar de libertad a una persona asume una posición de garante de sus derechos fundamentales, en particular de sus derechos a la vida y a la integridad personal. Lo que implica que el ejercicio del poder de custodia lleva consigo la responsabilidad especial de asegurar que la privación de la libertad sirva a su propósito y que no conduzca a la violación de otros derechos básicos 21. En este sentido, es fundamental la satisfacción de las necesidades básicas de la población reclusa, relacionadas, por ejemplo, con los servicios médicos, alimentación, provisión de agua potable, y sobre todo de condiciones básicas de seguridad interna en los penales. Este principio está estrechamente relacionado con el principio del trato humano. (c) El principio de la compatibilidad entre el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana 22 : esto significa, que el respeto de los derechos humanos de las 18 CIDH. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, aprobado por la CIDH mediante Resolución 1/08 en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, (en adelante Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas ), Principio I. 19 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, adoptado el 31 de diciembre de 2011, (en adelante Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas ), párrs. 66 y ss. 20 ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Informe provisional, A/68/295, publicado el 9 de agosto de 2013, párr CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, párrs. 8, 46 65; CIDH. Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Cap. VIII, párr A este respecto, la Declaración de Salvador reafirma la necesidad de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en la prevención del delito y la administración de justicia [ ] ; y reconoce que un sistema de justicia penal eficaz, justo y humano se basa en el compromiso de proteger los derechos humanos en la administración de justicia y en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia. Continúa
16 7 personas privadas de libertad no está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que por el contrario es un elemento esencial para su realización. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana, y por lo tanto, del desarrollo humano, e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores En este sentido, la CIDH reitera que las políticas públicas sobre seguridad ciudadana que implementen los Estados de la región deben contemplar, de manera prioritaria, acciones de prevención de la violencia y el delito en tres dimensiones: (1) prevención primaria: programas de salud pública, educación, empleo, formación para el respeto de los derechos humanos y construcción de ciudadanía democrática; (2) prevención secundaria: medidas destinadas a personas o grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y el delito; y (3) prevención terciaria: acciones individualizadas y programas dirigidos a personas ya involucradas en conductas delictivas En línea con este principio, el presente informe encuentra que el incremento del uso de la prisión preventiva y de las penas privativas de la libertad en general no son la vía idónea para el cumplimiento de los fines de la seguridad ciudadana. La Comisión Interamericana no ha encontrado información empírica alguna que demuestre que un incremento en el uso de la prisión preventiva contribuya a disminuir los niveles de delincuencia o de violencia. 20. La naturaleza excepcional de la aplicación de la prisión preventiva, de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, es un elemento que necesariamente debe estar presente en toda política criminal que tome en consideración los estándares del Sistema Interamericano. Así, la Convención Americana, establece un orden jurídico según el cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario (artículo 7.3); y, toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio (artículo 7.5). Igualmente, la Declaración Americana dispone que [ ] [t]odo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a [ ] ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad (Art. XXV). Es decir, el estar en libertad mientras dure el proceso penal, es un derecho del acusado, y como tal sólo puede ser restringido de manera excepcional y con estricto apego a las normas establecidas en los instrumentos internacionales que lo establecen. No se trata pues de una prerrogativa o un beneficio, sino de un derecho establecido para proteger bienes jurídicos tan fundamentales como la libertad, e incluso, la integridad personal. continuación ONU, Declaración de Salvador sobre estrategias amplias ante problemas globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución, adoptada en el 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Salvador (Brasil) del 2 al 19 de abril de CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc.57, adoptado el 31 de diciembre de 2009, (en adelante Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos ); Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas párr CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, párr. 10; CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, párr. 155.
17 8 21. A este respecto, desde hace más de dos décadas los órganos del Sistema Interamericano han interpretado y aplicado estas normas, estableciendo que de las mismas se desprenden, en síntesis, los siguientes estándares: (i) La detención preventiva debe ser la excepción y no la regla; (ii) los fines legítimos y permisibles de la detención preventiva deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso; (iii) consecuentemente, la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona; (iv) aún existiendo fines procesales, se requiere que la detención preventiva sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal; (v) todos los aspectos anteriores requieren una motivación individualizada que no puede tener como sustento presunciones; (vi) la detención preventiva debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal, lo que implica una revisión periódica de los elementos que dieron lugar a su procedencia; (vii) el mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena; y (vii) en el caso de niños, niñas y adolescentes los criterios de procedencia de la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, procurándose un mayor uso de otras medidas cautelares o el juzgamiento en libertad; y cuando sea procedente deberá aplicarse durante el plazo más breve posible. 22. En los Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de Libertad, la Comisión reafirma estos estándares fundamentales de manera muy concreta en los siguientes términos: La privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá además obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, en la medida estrictamente necesaria en una sociedad democrática, que sólo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia, siempre que la autoridad competente fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos (Principio III.2). 23. En cuanto a sus contenidos, en el Capítulo II se realiza un análisis de la situación de la prisión preventiva en la región, prestando particular atención a las razones por las cuales esta medida no es utilizada de manera excepcional. Se hace un recuento de los principales pronunciamientos emitidos por la Comisión Interamericana y otros mecanismos de monitoreo del Sistema Universal; se presenta información estadística oficial aportada por los Estados respecto de la aplicación de la prisión preventiva en sus
18 9 jurisdicciones; y se destacan algunos aspectos específicos relevantes de la situación en varios de los Estados miembros de la OEA. 24. En cuanto a las causas del uso no excepcional de la prisión preventiva se hace énfasis en las políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ciudadana, y que han conllevado una serie de reformas legales que han generado una mayor aplicación de la detención preventiva, tomándose como ejemplos la situación en algunos países; y en las amenazas a la independencia de aquellas autoridades judiciales encargadas de aplicar la detención preventiva, las cuales, como se explica, provienen fundamentalmente de altos funcionarios de otros órganos del Estado, de las cúpulas de los propios poderes judiciales, y de los medios de comunicación y la opinión pública. Asimismo, en este capítulo se realizan algunas consideraciones acerca de los altos costos financieros que el uso de la prisión preventiva representa para el Estado, el detenido y sus familiares, y la sociedad en su conjunto. 25. En el Capítulo III, relativo a los estándares internacionales aplicables al uso de la prisión preventiva, se desarrolla ampliamente el derecho a la presunción de inocencia y sus implicaciones prácticas, así como el principio de excepcionalidad que debe regir la aplicación de esta medida y los criterios de necesidad, proporcionalidad y plazo razonable a los que debe sujetarse. La prisión preventiva sólo tiene como fines legítimos el prevenir la fuga del acusado o que éste interfiera con el desarrollo apropiado del proceso. En este contexto, se expone cómo los órganos del Sistema Interamericano se han referido a aquellas causales de procedencia no válidas o insuficientes, las cuales aunque estén contempladas en la ley son contrarias al régimen establecido por la Convención Americana. Además, se establecen algunos estándares relevantes relativos a las actuaciones judiciales propias de la aplicación de esta medida; al derecho de defensa; al deber del Estado de reparar los daños producidos a personas detenidas en violación de las disposiciones del artículo 7 de la Convención Americana; y a la aplicación de la prisión preventiva a niños, niñas y adolescentes. 26. El Capítulo IV se refiere al deber del Estado de establecer y promover la aplicación de otras medidas cautelares distintas de la detención preventiva, lo que implica que los jueces tienen el deber de considerar la aplicación de tales medidas, y en su caso explicar por qué éstas no serían suficientes para mitigar los posibles riesgos procesales. Se plantea además que la aplicación de las medidas cautelares no privativas de la libertad no vulnera los derechos de las víctimas ni mucho menos es sinónimo de impunidad; y que por el contrario, su desarrollo y mayor utilización constituye un elemento importante para la modernización de la administración de justicia y para la propia gestión penitenciaria, al contribuir a la estabilización del crecimiento de la población penal. 27. En el Capítulo V se abordan aquellos derechos diferenciados que tienen las personas en prisión preventiva frente al resto de la población penal. En primer lugar, el de permanecer separados de los reos condenados y de recibir un tratamiento acorde con el derecho a la presunción de inocencia. En este sentido se desarrollan algunos de los principales aspectos que deben caracterizar las condiciones en las que se mantiene a las personas detenidas durante el proceso, especialmente aquellos relacionados con la
19 10 garantía del derecho a defensa, el contacto familiar, el ejercicio del derecho al sufragio y la aplicación de medidas disciplinarias. En esta sección también se analizan los efectos que produce la prisión preventiva en los sistema penitenciarios, principalmente al contribuir al incremento de la población reclusa, y se reitera que la sola construcción de establecimientos penitenciarios no es una solución idónea ni sostenible a este problema. 28. En el Capítulo VI se realizan algunas consideraciones respecto de la gestión de la información relativa al uso de la prisión preventiva, partiendo del deber del Estado de mantener registros de detenidos y de asegurar la transparencia de la función penitenciaria. Se plantea que la recopilación de datos útiles que permitan analizar los principales aspectos del uso de la prisión preventiva es un elemento estratégico en la ejecución de políticas públicas orientadas a lograr un uso más racional de esta medida. La ausencia de indicadores se traduce en la imposibilidad de realizar evaluaciones y adoptar decisiones sobre la base de parámetros objetivos. 29. En el Capítulo VII de Conclusiones se recogen las cuestiones que a juicio de la Comisión son las más relevantes en torno al uso de la prisión preventiva en la región, a partir de la información analizada en el presente informe. Además, se hace énfasis en el deber del Estado de adoptar políticas públicas integrales relativas a la gestión penitenciaria y se desarrollan los elementos que éstas deben incorporar. Finalmente, se presenta un catálogo de recomendaciones en siete áreas fundamentales orientadas brindar a los Estados herramientas para hacer un uso más racional de la prisión preventiva y ajustar su aplicación a las obligaciones internacionales que han asumido. C. Marco jurídico y metodología 30. El presente informe es en gran medida una continuación o ampliación del Informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el que la CIDH consideró al uso excesivo de la prisión preventiva como uno de los problemas más graves y extendidos en la región respecto de la situación de las personas privadas de libertad, y en el que indicó que este tema, al igual que otros de igual relevancia y complejidad, serían desarrollados en estudios posteriores En ese sentido, el presente informe se fundamenta en el mismo marco jurídico que el Informe sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas 26, compuesto fundamentalmente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención Americana ) 27, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la Declaración 25 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, párrs párrs CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, 27 OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
20 11 Americana ) 28, y todos los demás tratados que conforman el régimen jurídico interamericano de protección de los derechos humanos. Además, se toman en consideración otros tratados análogos adoptados en el contexto de la Organización de Naciones Unidas (en adelante también el Sistema Universal ) de los que también son parte en gran medida los Estados miembros de la OEA. Además, se han visto diversas fuentes del derecho interno de los Estados miembros de la OEA en la medida de lo pertinente. 32. De igual forma, se toman en cuenta otros instrumentos internacionales relevantes, como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (en adelante los Principios y Buenas Prácticas ) 29, adoptados por la Comisión Interamericana en marzo de 2008 en el marco de su 131º período ordinario de sesiones; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (en adelante las Reglas Mínimas ) 30 ; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 31 ; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión 32 ; y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) 33, entre otros. Los cuales han sido utilizados consistentemente, tanto por la Comisión, como por la Corte Interamericana como pauta de interpretación del contenido y alcances de las disposiciones de la Convención Americana en casos de personas privadas de libertad. 33. Como parte de la metodología específica de este informe la CIDH publicó un cuestionario que fue enviado a los Estados Miembros de la OEA y a otros actores relevantes vinculados al tema 34. Dicho cuestionario fue contestado por un total de dieciséis Estados Miembros de la OEA 35 : Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 28 OEA, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, Américas. 29 CIDH. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las 30 ONU, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de junio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de ONU, Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General en su Resolución 45/111, de 14 de diciembre de ONU, Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 43/173, del 9 de diciembre de ONU, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/110, del 14 de diciembre de Este cuestionario fue enviado a los Estados miembros de la OEA entre el 24 y el 28 de agosto de 2012, y reiterado entre el 12 y el 15 de octubre a aquellos Estados que en esa fecha aún no habían enviado sus respuestas. De igual forma, este cuestionario fue publicado en la página Web de la Comisión Interamericana en los cuatro idiomas oficiales de la OEA. Esta información está disponible en: 35 Nota de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, No. OEA-CIDH del 6 de diciembre de 2012, mediante la cual se remite comunicación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Continúa

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