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Timestamp: 2018-12-19 09:24:48+00:00

Document:
ANEXO I . Documentación a remitir a lo largo del año al Tribunal de Cuentas, por las entidades del Sector público local que tienen consideración de Administración Pública, en relación con la contratación celebrada
ANEXO II . Documentación a remitir a lo largo del año al Tribunal de Cuentas, por las entidades del Sector público local que no tienen consideración de Administración Pública, en relación con la contratación celebrada
La contratación pública ha sido objeto, en los últimos años, de una profunda revisión a la luz de la normativa de la Unión Europea, que aún sigue en marcha. En la actualidad se encuentran en proceso de trasposición al Derecho español la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, referida a la adjudicación de contratos de concesión. Estas Directivas se dictaron en el marco de la «Estrategia Europa 2020», que configura la contratación pública como un instrumento básico para conseguir en el mercado interior un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando un uso de los fondos públicos con una mayor racionalidad económica. Estas disposiciones vienen a sustituir a las actualmente vigentes 2004/18/CE y 2004/17CE, que fueron traspuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, posteriormente derogada y sustituida por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ( TRLCSP), y de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Con estas disposiciones, la Unión Europea completa el proceso de revisión y modernización de la vigente normativa sobre contratación pública, encaminada a incrementar la eficiencia del gasto público, la simplificación de los trámites y el desarrollo de sistemas más eficientes, transparentes e íntegros para un mejor cumplimiento de los objetivos públicos.
En el ámbito del control externo, la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas ( LFTCu), dispone, en su artículo 39, que están sujetos a fiscalización los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del Sector público y, en particular, aquellos que superen determinadas cuantías según tipo de contratos, así como los contratos administrativos que hubieran sido objeto de ampliaciones y modificaciones posteriores a su celebración cuando reúnan los requisitos previstos en la Ley.
Asimismo, se contempla en el citado artículo 29 la obligación de comunicar las incidencias en la ejecución de los contratos indicados –modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, variaciones de precio, nulidad y extinción–, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos documentos y antecedentes se estimen pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.
Primero. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato en los términos indicados en el artículo 29.1 del TRLCSP, las entidades del Sector público local remitirán al Tribunal de Cuentas o al OCEX correspondiente copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente de contratación, siempre que el contrato supere las siguientes cuantías:
Segundo. La comunicación de las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos referidos en el apartado anterior que se efectúe al Tribunal de Cuentas conforme el artículo 29.2 del TRLCSP, se llevará a cabo, asimismo, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que se produzcan, a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. La comunicación de estas incidencias se realizará por las entidades del Sector público local, tengan o no la consideración de Administración Pública, aportando los datos básicos de la correspondiente incidencia que se indican en la referida Plataforma y remitiendo los respectivos documentos de aprobación y, en su caso, de formalización.
Tercero. Las previsiones contenidas en los ordinales anteriores no serán de aplicación a los negocios y acuerdos recogidos en el artículo 4 del TRLCSP, por quedar expresamente excluidos de la misma.
Se entenderá por cuantía o precio del contrato, a los efectos de esta Instrucción, el importe de adjudicación, IVA excluido. Cuando el precio solo se hubiera formulado en precios unitarios, se entenderá por cuantía del contrato el importe máximo limitativo del gasto [ artículos 87.2 del TRLCSP y 71.6.b) y 71.7.b) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas] o, en su defecto, el valor estimado del contrato.
1. Documento administrativo de formalización del contrato ( artículo 156 del TRLCSP).
Documentación justificativa del contrato en la que se determinen la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas ( artículos 22.1 y 109.1 TRLCSP).
Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación ( artículos 109.3 y 115 TRLCSP) o documento que lo sustituya.
Propuesta de adjudicación del contrato junto con los informes de valoración de ofertas que, en su caso, se hubieran emitido ( artículo 160 del TRLCSP).

References: Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 156
 artículo 160