Source: http://www.jurischile.com/2010/06/responsabilidad-estatal-por-crimenes-de.html
Timestamp: 2017-10-17 03:49:16+00:00

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JurisChile: Responsabilidad estatal por crímenes de lesa humanidad
Responsabilidad estatal por crímenes de lesa humanidad
En estos autos ingreso Corte Nº2080-08, caratulados Ortega Fuentes, María Isabel con Fisco de Chile, juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios, por sentencia emanada del Vigésimo Primer Juzgado Civil de esta ciudad, de seis de diciembre de dos mil dos, escrita a fojas 184, se acogió la excepción de prescripción de la acción y en consecuencia se rechazó la demanda en todas sus partes.
Apelada que fuera esta sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de dieciocho de marzo de dos mil ocho, que se lee a fojas 243, la confirmó.
Segundo: Que como segundo capítulo se señala como error de derecho la falta de aplicación de tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes, que regulan la responsabilidad del Estado. Sostiene el recurso que la sentencia niega que el concepto de responsabilidad internacional ?al que alude el artículo 131 de la Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra y del cual ningún Estado puede exonerarse- presupone que el Estado cumplirá con tres obligaciones: investigar, sancionar y reparar. El error de los sentenciadores, indica el recurso, consiste en disociar dos conceptos que están estrechamente relacionados, cuales son responsabilidad y reparación. Agrega que los hechos son de tal intensidad que merecen ser calificados como crímenes de lesa humanidad, infracciones que son imprescriptibles y señala que no es posible que una norma de orden interno, como lo es el Código Civil, establezca plazos que, una vez vencidos, eximan al Estado de reparar a las víctimas. Argumenta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 63, establece uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de los Estados. Cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. En este sentido, ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un principio de derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general del derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño importa el deber de repararlo adecuadamente.
Tercero: Que, finalmente, en un tercer capítulo se sostiene que los sentenciadores incurrieron en error de derecho al no reconocer el carácter imprescriptible de los hechos generadores de la obligación de reparar que pesa sobre el Estado de Chile; ello, por cuanto el presente caso constituye un delito contra la humanidad, según lo establecido en el artículo 6 del Estatuto constituyente del Tribunal Internacional de Nüremberg y el Principio VI del Derecho Internacional Penal Convencional y Consuetudinario; textos que forman parte de los principios y normas consuetudinarias de Derecho Internacional Humanitario, que es también derecho aplicable en nuestro país. r Por ello, así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo son también las acciones reparatorias que surgen de tales delitos.
Quinto: Que en primer lugar cabe señalar que tratándose de una violación a los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al internes privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.
Séptimo: Que, en efecto, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad aquél que sirve de fuente u origen a la acción impetrada por los actores; además, consta de los antecedentes que el caso aparece dentro de aquellos incorporados al Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Decreto Supremo Nº355 de 1990, del Ministerio de Justicia).
Tal carácter, en lo tocante a la indemnización de perjuicios hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares para ?conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente? (sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 14 de marzo de 2001) los conven ios o tratados internacionales ?que deben ser interpretados y aplicados de acuerdo con las reglas generales de cumplimiento de derecho internacional y de buena fe (bonna FIDE), (pacta sunt Servanda), regla de derecho internacional que se considera ius cogens, y además derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la que se encuentra vigente en nuestro país, desde el 27 de enero de 1980, la cual establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales; de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado? (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas?; página 231).
Octavo: Que la cuestión de los derechos fundamentales constituye un sistema construido a partir de criterios particulares, propios de la naturaleza del hecho, y por tal razón no es posible interpretar las normas que los regulan de manera aislada, porque toda conclusión alcanzada en tales circunstancias necesariamente será contraria a este sistema jurídico. Cuando se deja de aplicar la referida norma, se la vulnera, y también se infringe la del artículo 5º de la Constitución Política de la República, que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho Internacional establece que ?el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana?, y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que también ha de entenderse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos.
Undécimo: Que, entonces, cuando el Código Civil en su artículo 2.497 señala que las reglas de prescripción ?se aplican igualmente a favor y en contra del Estado?, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza según se ha puesto de manifiesto.
En efecto, el artículo 6º del referido Estatuto Político forma parte de las ?Bases de la Institucionalidad? por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la Jurisdicción, y contiene el imperativo categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución, disposición que la sentencia no ha observado ya que las disposiciones invocadas por el fallo para acoger la excepción de prescripción se oponen a la normativa internacional aplicable al caso concreto, en razón del carácter que tiene el delito que sirve de fuente u origen a la responsabilidad civil reclamada, que es reconocida por nuestra Carta Fundamental.
Una segunda argumentación que opera a favor de otorgar indemnización en el caso de autos, la expresa aquella sentencia que se cita en los autos rol N°165-2001 ?Martínez con Fisco de Chile?, de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se reproduce lo expuesto por el Juez Cancado Trindade, quien señaló que la responsabilidad internacional del Estado se compromete a partir del momento en que deja él de cumplir una obligación internacional, independientemente de la verificación de falla o culpa de su parte, y de la ocurrencia de un daño adicional. Más que una presunta actitud o falla psicológica de los agentes del poder público, lo que realmente es determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida diligencia para evitar violaciones de derechos humanos).
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondodeducido en lo principal de la presentación de fojas 248 en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de dieciocho de marzo de dos mil ocho, escrita a fojas 243, la que es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin previa vista, pero en forma separada.
El artículo 1° de la Convención sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derech os y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido.
Seis: Que nuestro Código Civil, en el artículo 2497, preceptúa que:?Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo?.
Uno) Que es conveniente señalar que la aplicación de reglas de derecho privado al derecho público no es extraña al derecho administrativo; ni siquiera en Francia, donde, según se argumenta frecuentemente para fundament ar la no aplicación de las normas de prescripción, nació esta disciplina separándose del derecho civil. Es precisamente en esa materia, prescripción, donde el Código Civil francés se aplica en el contencioso administrativo de los derechos, supletoriamente a la denominada ?déchéance quadriennale? establecida en una ley especial. Al respecto es importante citar la principal obra francesa sobre contencioso administrativo de la segunda mitad del siglo veinte: ?Tratado de Contencioso Administrativo? de J. M. Auby y R. Drago, donde en el tomo tercero, página 207, número 1292, se expresa lo siguiente: ?La decadencia cuadrienal no es una prescripción, de tal suerte que a pesar de su importancia en el contencioso de los derechos, ella no ataca directamente a la acción. Al contrario, la acción entablada ante el juez administrativo puede encontrarse extinguida por efecto de una prescripción. En principio, el Estado y las otras colectividades públicas están sometidas a las mismas prescripciones que los particulares y pueden igualmente oponerlas (artículo 2227 Código Civil). Se tratará entonces de la prescripción de treinta años, o de prescripciones más cortas establecidas por el Código Civil (artículo 2265 y siguientes). El juez administrativo debe entonces investigar si la acción que se ha entablado ante él se encuentra o no afectada por la prescripción...?
Dos) Que como puede observarse, es errado sostener la imposibilidad de aplicar las reglas de prescripción del Código Civil, basándose en consideraciones doctrinarias de separación del derecho público y privado fundados en la historia del derecho administrativo francés, por cuanto, precisamente en esta materia, el Código Civil también se aplica por los tribunales administrativos y Consejo de Estado, en el contencioso de los derechos, del que la responsabilidad extracontractual del Estado es el principal capítulo. El texto de la norma del Código Civil francés contenida en su artículo 2227 es el siguiente: ?El Estado, los establecimientos públicos y las comunas están sometidos a las mismas prescripciones que los particulares, y pueden igualmente oponerlas?. Llama la atención que este precepto sea de idéntico contenido al artículo 2497 del Código Civil chileno cuya aplica ción se pretende desconocer en nuestro derecho público. Es necesario cuidarse de la simplificación argumentativa tratándose del derecho comparado, ya que puede conducir a conclusiones inexactas que no resisten un análisis serio. El derecho administrativo francés está plagado de instituciones que provienen del derecho civil y otras de aplicación directa del mismo, particularmente por cuanto su origen está en normas derogatorias del ?derecho común? como se refería antiguamente al derecho privado; derecho común, precisamente de aplicación común en ausencia de esas normas derogatorias. Artículos y trabajos como ?Investigación sobre la aplicación del derecho privado por el juez administrativo?, del profesor J. Waline; ?La utilización en derecho administrativo de reglas y principios de derecho privado? de A. Hauriou; ?Sobre el grado de originalidad del régimen de la responsabilidad extracontractual de las personas públicas? de Ch. Eisennamn; ?Fundamento y límites de la autonomía del derecho administrativo? de R. Leronard, para citar solo algunos de importantes tratadistas de derecho público. Temas como la ?Penetración del derecho privado en el derecho administrativo?; ?Derecho privado administrativo?; ?Prestamos al derecho privado por el derecho administrativo?, son frecuentes en la producción académica de los especialistas. Es por todo ello, que las referencias al derecho francés para fundar la imprescriptibilidad de las acciones contra el Estado por la no aplicación del Código Civil, deben ser descartadas y, por el contrario, sirven precisamente de fundamento para sostener la aplicación del Código Civil chileno en materia de prescripción de las acciones por responsabilidad extracontractual del Estado.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sr. Haroldo Brito Cruz y los Abogados Integrantes Sr. Nelson Pozo Silva y Sra. Maricruz Gómez de la Torre Vargas. No firma el Ministro Sr. Brito y el Abogado Inte grante Sr. Pozo, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar con feriado el primero y ausente el segundo. Santiago, 8 de abril de 2010.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones: a) en el considerando séptimo se sustituye el guarismo ?8? puesto después del artículo el y antes de la preposición de, por 7.
b) Se suprimen los considerandos octavo a decimoquinto.
Y se tiene en su lugar y además presente: Primero: Lo expresado en los fundamentos quinto al decimocuarto del fallo de casación que antecede, lo que se da por reproducido. Segundo: Que, estimándose imprescriptible la acción de autos, la respectiva excepción opuesta por el Fisco de Chile debe ser rechazada correspondiendo entrar al fondo del asunto, cual es la procedencia de la petición indemnizatoria por concepto de daño moral habida consideración de los hechos asentados en el fundamento séptimo del fallo en alzada que se ha dado por reproducido. Tercero: Que en lo rel ativo al daño moral sufrido por los demandantes, sin duda, la detención y desaparecimiento del cónyuge y padre de uno de ellos, respectivamente, en las circunstancias de que dan cuenta los autos, sin poder recurrir, la familia de la víctima, al derecho básico de exigir el oportuno esclarecimiento del crimen a la justicia y sin siquiera poder tener hasta hoy el consuelo de saber el paradero de su ser querido, regla mínima de convivencia de todo país que se precie de civilizado, corroborado con la testifical rendida por la parte demandante a fojas 100 -consistente en las declaraciones de doña María Isabel Matamala Vivaldi, Katia Alexandra Reszczynski Padilla y Amanda Liliana De Negri Quintana, quienes manifiestan los padecimientos sufridos por los actores- permite constatar la existencia del daño moral que se reclama y, apreciando los sentenciadores prudencialmente su monto, lo determinan en la cantidad de ciento treinta millones de pesos ($130.000.000) a cada uno de los actores, más reajustes que deberá pagar el Fisco de Chile a los demandantes. Cuarto: Que en nada obsta a la conclusión anterior el hecho que los actores hayan percibido beneficios de conformidad con la Ley N°19.123, según consta de fojas 52 y 53, y 112 y 114, ya que dicha ley estableció a favor de las personas familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos o de violencia política, una bonificación compensatoria y una pensión mensual de reparación, así como otros beneficios sociales, pero estos beneficios no son incompatibles con otro tipo de indemnización habida consideración de su carácter asistencial.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, se revoca la sentencia apelada, de seis de diciembre de dos mil dos, escrita a fojas 184 y se declara: i.- Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile a fojas 54. ii.-Se acoge la demanda interpuesta en lo principal de la presentación de fojas uno y se condena al Fisco de Chile a pagar a los actores a título de daño moral la suma de ciento treinta millones de pesos ($130.000.000) a cada uno de los demandantes, suma que deberá ser reajustada a contar desde que este fallo quede ejecutoriado. Acordada con el voto en contra de los Ministros señor Carreño y señor Pierry, quienes estuvieron por confirmar la sentencia en alzada teniendo para ello en consideración las razones expuestas por cada uno en el voto disidente del fallo de casación que antecede y además por cuanto los demandantes fueron favorecidos con los beneficios otorgados por la Ley 19.123, excepción que el Fisco opuso al contestar la demanda y que se encuentra acreditada con los documentos de fojas 52 y 53 que dan cuenta que doña María Isabel Ortega Fuentes y don Ricardo Andrés Cid Ortega son beneficiarios de la Ley 19.123 por el causante don Washington Cid Urrutia; beneficio incompatible con la acción indemnizatoria entablada en estos autos, como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte Suprema.
Publicado por Bernardita Vidal el 11:32

References: artículo 131
 artículo 63
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 63
 artículo 2497
 artículo 2227
 artículo 2497
 artículo 785