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Timestamp: 2017-12-14 18:53:05+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 562/2010 de 2 de noviembre. ITP. Exención por inversión en Canarias. Requisitos. Afección del bien a la actividad. Prueba - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Canarias 562/2010 de 2 de noviembre
ITP. Procedencia de la exención prevista para inversiones en Canarias. Afección del bien a la actividad económica: No se ha probado que constituya realmente el domicilio social de la entidad, ni que en él se desarrolle la actividad empresarial. Desestimación.
SENTENCIA n.º 562/10
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del presente recurso contencioso-administrativo número 489/2009, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Alejandro Valido Farray, en representación de Fanticus Promociones S.L., contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de fecha 29 de mayo de 2009 recaída en la reclamación económico administrativa número 35/04029/2008 sobre el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales Onerosas
Primero.-Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por plazo de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 19 de octubre de 2009 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, suplica que se dicte sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución impugnada y la liquidación a que hace referencia, ordenando a la administración la devolución del aval presentado, y con imposición de costas a la Administración demandada.
Segundo.-La Administraciones demandadas, una vez conferido el trámite para contestar a la demanda, presentaron escrito en el que, tras aducir los hechos y los fundamentos de derecho que consideran de aplicación, suplican que se dicte sentencia que desestime el recurso con imposición de costas a la parte actora.
Tercero.-Por Auto de 12 de marzo de 2010 se acordó no recibir el recurso a prueba. Tras las conclusiones escritas de las partes se declaró el pleito concluso para sentencia señalándose el acto de votación y fallo el día 29 de octubre de 2010, en cuya fecha tuvo lugar.
Cuarto.-La cuantía del presente recurso se estima en 21.806,33 euros.
Primero.-Se impugnan en el presente proceso contencioso-administrativo la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias de fecha 29 de mayo de 2009 recaída en la reclamación económico administrativa número 35/04029/2008 en cuanto confirma el Acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales Onerosas practicada a la recurrente y, naturalmente, este último acto.
Funda la recurrente la impugnación del acto de liquidación en la Procedencia de la exención prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994 por tener los bien adquirido el carácter de bien de inversión y haberse puesto inmediatamente en funcionamiento. Sostiene, además, que la Administración Tributaria Canaria ha hecho un uso indebido de su potestad discrecional "al interpretar de forma arbitraria la legislación aplicable al supuesto de hecho".
El Abogado del Estado y el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias se oponen a la demanda alegando la falta de justificación por la recurrente de que el bien adquirido constituya un bien de inversión y la inmediata puesta en funcionamiento del mismo.
Segundo.-Con carácter previo es necesario aclarar que en la actividad de comprobación la Administración Tributaria no ejerce potestad discrecional alguna sino estrictamente reglada.
La cuestión litigiosa se centra en determinar la procedencia de la exención de aquel impuesto prevista en el artículo 25 de la Ley 19/1994 para los bienes de inversión.
La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, tras transcribir los preceptos de aplicación señala lo siguiente, literalmente copiado:
"Para que un bien pueda calificarse de inversión debe quedar afecto a una actividad económica que en el presente caso no acredita la entidad.
Es más, tampoco se acredita la inmediata entrada en funcionamiento del bien adquirido, que según la escritura de compraventa de 22 de junio de 2004 consiste en una vivienda triple en el Complejo Residencial "en construcción" denominado Puerto Marina, en la Urbanización Pasito Blanco, municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Según certificación de 11 de abril de 2008 del Registrador Mercantil de Las Palmas el acuerdo de la Junta General de traslado de la sede social al inmueble adquirido se adopta el 28 de junio de 2004, pero se formaliza en escritura de 27 de marzo de 2008 cuatro años después, y con posterioridad a la iniciación de actuaciones, inscribiéndose el 8 de abril de 2008 en el Registro Mercantil, fecha determinante a efectos de terceros entre los que se encuentra la Administración Tributaria de Canarias".
Insiste el recurrente en que instaló el domicilio social en la vivienda litigiosa y para justificar este extremo aporta recibos de suministro eléctrico y de agua.
La prueba es manifiestamente insuficiente. Esos recibos prueban la utilización del inmueble, pero no, desde luego, como domicilio social de la entidad reclamante ni, en definitiva, como bien de inversión. En cualquier caso, no justifican que en dicho inmueble se lleve a cabo una actividad empresarial. El propio Acuerdo de liquidación indica, a modo de ejemplo, la forma de acreditar la puesta en funcionamiento del inmueble como domicilio social mediante la aportación de licencia de apertura, licencia de obras, declaración de alta o modificación del IAE etc. En fin, las pruebas para acreditar este extremo son innumerables y de fácil aportación.
Pero es más, como bien apunta el TEAR, no basta con que en el inmueble en cuestión constituya el domicilio social. Lo determinante es que el bien esté destinado a "ser utilizado como instrumento de trabajo o medio de producción" (artículo 40.8 de la Ley 20/1991).
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Alejandro Valido Farray, en representación de Fanticus Promociones S.L., contra los actos a que hace referencia el Fundamento de Derecho Primero de esta resolución. Todo ello, sin imposición de costas procesales.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 25
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