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Timestamp: 2018-10-17 12:21:37+00:00

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﻿ Sentencia SU-297 de mayo 21 de 2015
SENTENCIA SU-297 DE 21 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE A ACCIÓN CUANDO SE INTERPONE EN CONTRA DE DECISIONES JUDICIALES EJECUTORIADAS. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, EL RECURSO DE AMPARO NO PROCEDE CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, EXCEPCIONALMENTE SU EJERCICIO ERA VIABLE COMO MECANISMO SUBSIDIARIO Y PREFERENTE DE DEFENSA JUDICIAL CUANDO DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL SE VISLUMBRARA LA VIOLACIÓN O AMENAZA DE UN DERECHO FUNDAMENTAL. A PARTIR DE ELLO, DETERMINÓ QUE PARA EL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE CONSTATAR LA CONFIGURACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE CARÁCTER GENERAL Y LAS CAUSALES ESPECÍFICAS QUE SE DICTARON EN LA SENTENCIA C-590 DEL 2005.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, EJECUTORIA DE LA SENTENCIA
Sentencia SU-297 de mayo 21 de 2015
Ref.: Expediente T-4.322.261
Acción de tutela interpuesta por Sabas Eduardo Pretelt de la Vega contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación
1.1. A través de Resolución del 23 de junio de 2008, el entonces Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago(1), dispuso la apertura de investigación en contra del exministro del Interior y de Justicia, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, con base en la expedición de copias ordenada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión del 8 de mayo de 2008, en la cual se definió la situación jurídica de la excongresista Yidis Medina Padilla por el delito de cohecho.
1.2. El 19 de junio de 2009, luego de practicadas pruebas documentales y testimoniales, el Vicefiscal General de la Nación de entonces(2) ordenó el cierre de la investigación. Contra la anterior decisión el Ministerio Público interpuso recurso de reposición, mismo del que más adelante desistió, habiéndosele aceptado mediante proveído del 14 de julio de 2009.
1.4. Contra esta decisión, el defensor de Sabas Eduardo Pretelt de la Vega interpuso recurso de reposición, demandando la nulidad de lo actuado, al considerar que al haber asumido el cargo de Fiscal General de la Nación una persona en quien no concurría causal de impedimento, cesaron las razones que en su momento determinaron la atribución de competencia al vicefiscal, por lo cual, la calificación debió ser efectuada por el primero y no por este último(3). Dicha petición fue negada mediante Resolución del 7 de septiembre de 2010, en la cual también se ordenó el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para el adelantamiento del juicio.
La audiencia preparatoria continuó el 16 de agosto del mismo año, en la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón(4), en el sentido de no reponer la nulidad de la acusación.
1.6. En vigencia del Acto Legislativo 6 del 24 de noviembre de 2011(5) y con fundamento en el artículo 11 de la Ley 938 de 2004, la entonces Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, profirió la Resolución 203 del 7 de febrero de 2012(6), delegando en el fiscal sexto ante la Corte Suprema de Justicia(7) las funciones de investigación y acusación, así como la facultad de intervenir en el juicio correspondientes a varios procesos, entre ellos, el asunto adelantado en contra del accionante.
1.8. El 6 de marzo de 2012, el fiscal sexto delegado calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, en calidad de autor del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 9º y 10 del artículo 58 del Código Penal, y la de menor punibilidad contemplada en el numeral 1º del artículo 55 de la citada codificación.
(ii) La defensa argumentó que, al expedir la Resolución 203 de 2012, la Fiscal General rebasó el ámbito de su competencia, pues a través de dicho acto reguló asuntos propios del proceso penal, como lo son el procedimiento de delegación de la función de investigación y acusación de los aforados constitucionales, así como la aplicación del Acto Legislativo 6 de 2011, cuya reglamentación le corresponde exclusivamente al legislador, según lo estableció la Corte Constitucional en las sentencias C-775 de 2001(8) y C-873 de 2003(9).
1.13. En audiencia celebrada el 29 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió las solicitudes de nulidad y de pruebas presentadas por los sujetos procesales de la causa(10), desestimando los reproches alegados por el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, con base en las consideraciones que pasan a resumirse:
(ii) La Sala de Casación Penal estimó que resultaba desatinado sostener que al proferir la Resolución 203 de 2012, la Fiscal General rebasó el ámbito de su competencia para adentrarse a regular asuntos del sistema penal, toda vez que “dicha resolución no reglamenta ni la estructura ni el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, sino que aplica directamente la Constitución en los términos en que la misma se lo autoriza, luego actuó ceñida a las facultades que en asuntos judiciales le confiere la Carta, esto es, delegar en uno de sus delegados ante la Corte la función de acusar funcionarios de fuero constitucional”.
Asimismo, la Corte Suprema precisó que los apartes jurisprudenciales en los que se apoya la apoderada están citados fuera de contexto, pues las sentencias C-775 de 2001(11) y C-873 de 2003(12) se ocuparon de los alcances de la expresión “autonomía administrativa y presupuestal” de la Fiscalía General de la Nación, mas no de la facultad de distribución de funciones judiciales que la Constitución y la ley confieren al máximo jefe del ente acusador.
(iv) En relación con la nulidad planteada por el actor con base en el hecho de que no se le hubiera permitido aportar nuevos elementos probatorios a pesar de que no se había cerrado la investigación, pues la resolución que la decretó había sido cobijada por la nulidad decretada el 29 de julio de 2011, la Corte sostuvo que la defensa desconocía que la nulidad decretada no incluyó el cierre de la investigación, por cuanto para la fecha en que se profirió tal resolución el vicefiscal actuó con base en la competencia otorgada ante el impedimento aceptado del Fiscal General de la Nación, por lo que en el estado en que “quedó la actuación no se habilitaron oportunidades para emprender una nueva actividad probatoria en la instrucción”.
(ii) Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, conjuntamente con su abogado, sostuvieron que el Acto Legislativo 6 de 2011 no le es aplicable al proceso penal adelantado, ya que en el trámite legislativo se dijo que la delegación solo podía hacerse hacia el futuro, y puesto que en virtud del principio de la perpetua jurisdictionis o inmodificabilidad de la competencia, se impone la ultraactividad de la norma anterior.
(iv) El apoderado reiteró que la acusación era nula por haberla proferido un funcionario que adquirió competencia con base en una resolución administrativa que estimó inválida, por no reunir los requisitos exigidos por el Código Contencioso Administrativo, tales como la motivación, la excepcionalidad de la procedencia de la delegación, la notificación personal a las partes, la publicación en el Diario Oficial y la oportunidad para ejercer el derecho de defensa.
1.15. En sesión llevada a cabo el 19 de abril de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió los recursos interpuestos contra la negativa de acceder a las nulidades y pruebas solicitadas por las partes(13). La corporación, frente a los argumentos presentados por el ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, resolvió no reponer su decisión, con fundamento en lo siguiente:
Además, sobre el hecho de que ese mismo funcionario hubiera pedido que se le delegara el conocimiento del asunto, o que en la elaboración y revisión de la Resolución 203 de 2012 hubiese participado Martha Lucía Zamora, la corporación estimó que “son circunstancias intrascendentes que no fueron objeto de postulación en la petición inicial”.
(ii) Frente a la inaplicación del Acto Legislativo 6 de 2011 por regir exclusivamente hacia futuro, la corporación señaló que “revisadas todas las actas del Congreso de la República, en las que constan las discusiones sobre el tema, no se advierte referencia semejante. Por el contrario, durante el trámite de la referida reforma de la Constitución quedó en claro que el origen y el alcance de la misma era dotar al Fiscal General de la Nación de medios y mecanismos que le permitieran cumplir sus funciones judiciales constitucionales de manera eficiente y eficaz, de modo que no quedaran en la impunidad una importante cantidad de asuntos de su conocimiento que por imposibilidad física se encontraban represados o estancados”.
De igual forma, en torno al presunto desconocimiento del principio de la perpetua jurisdictionis o inmodificabilidad de la competencia, el tribunal de casación reiteró(14) que la reforma introducida por el Acto Legislativo 6 de 2011 no modificó el fuero constitucional, sino que reguló la forma en que este puede aplicarse para los funcionarios amparados por él, permitiendo que el Fiscal General pueda delegar una función que antes le estaba atribuida de manera exclusiva y personal. En efecto, la Corte explicó que “los altos funcionarios del Estado referidos en el numeral 4º del artículo 235 de la Carta continúan amparados por el fuero constitucional para su investigación, acusación y juzgamiento, pues de los asuntos seguidos en su contra conoce el Fiscal General de la Nación bien sea directamente o el vicefiscal o fiscales delegados, previa delegación de aquel; la acusación se formula ante la Corte Suprema de Justicia y esta corporación interviene como juez de conocimiento en la etapa del juicio”.
(iv) Frente a la argumentación desplegada sobre la invalidez de la resolución de delegación, el tribunal indicó que los actos dictados en aplicación del Acto Legislativo 6 de 2011, relacionados con la posibilidad que hoy tiene el Fiscal General para delegar en el vicefiscal o en los fiscales delegados ante la Corte Suprema, son en esencia judiciales y no administrativos, en atención a la naturaleza del objeto delegado, que no es otro que la posibilidad de intervenir en los procesos que se adelanten contra los aforados constitucionales de conformidad con los artículos 235 y 251 superiores.
El 5 de agosto de 2013, el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso(15), con ocasión al desarrollo y a las decisiones proferidas dentro del proceso penal de única instancia que se adelanta en su contra.
El accionante inició su demanda explicando que debió acudir ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para interponer el amparo, toda vez que mediante providencia del 24 de julio de 2013(16), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la acción de tutela presentada ante dicha corporación, al considerar que contra las decisiones proferidas por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones no procede dicho mecanismo constitucional, en obediencia al principio de cosa juzgada.
Concretamente, el actor sostiene que de la lectura detenida de la Resolución 203 de 2012, se deduce que es de naturaleza administrativa, puesto que “no tiene, para nada, los elementos, ni responde, a una decisión de tipo judicial, y menos como dice la Corte, que tiene efectos interpartes, por cuanto no los liga de una manera individual, con motivación particular, su carácter genérico que involucra a una cantidad de procesos de diferentes tipo la hacen distinta a una judicial. Si es genérica, y por responder al ejercicio de funciones generales dadas en el estatuto orgánico de la fiscalía, para mejorar toda actividad que haga relación con la investigación y acusación de los procesos involucrados en la misma, mal puede dársele el carácter de ser judicial, su estructura no está sometida a los verdaderos actos jurídicos procesales (...)”.
En ese sentido, el demandante adujo que dicha resolución resulta inexistente al no haber cumplido uno de los requisitos para que naciera a la vida jurídica como lo es el de comunicación a los interesados según lo estipulan los artículos 43 a 47 del Código Contencioso Administrativo, pues al ser un acto administrativo de carácter general debió publicarse en el Diario Oficial, lo cual no sucedió, y en caso entenderse de carácter particular debió notificársele personalmente, lo que tampoco ocurrió.
No obstante lo anterior, el peticionario señaló que si en gracia de discusión se aceptara que la mentada resolución es de naturaleza judicial como lo consideró la Corte Suprema, se tendría que la misma desconoce el artículo 17 del Código Civil debido a su carácter general, ya que tal disposición estipula que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria”.
(ii) Aplicación indebida del Acto Legislativo 6 de 2011.
El accionante explicó que se vulneró su derecho al debido proceso cuando en la providencia de la Corte Suprema de Justicia del día 29 de noviembre de 2012, confirmada por el proveído dado el día 19 de abril de 2013, se respaldó la decisión de delegación contenida en la Resolución 203 del 7 de febrero de 2012, en virtud de la cual, se facultó a un fiscal delegado ante la Corte para que realizara la etapa de investigación y acusación contra sus intereses, sustituyendo a la Fiscal General de la Nación con base en el Acto Legislativo 6 de 2011, el cual, a su juicio, no era aplicable a su caso de manera retroactiva.
En efecto, el peticionario indicó que no existe ninguna justificación desde el punto de vista procesal constitucional para la aplicación retroactiva del acto legislativo en cuestión, como lo estimó la Fiscalía General de la Nación y lo avaló la Corte Suprema de Justicia, en tanto que: (a) si se considera que la norma es de carácter procedimental con efectos sustanciales, su irretroactividad es estricta y debía aplicarse la ley vigente al momento de la supuesta comisión de la conducta penal, como garantía de la preexistencia en materia de competencia; y (b) si se considerara que tal modificación de la Constitución es netamente procedimental, tampoco podía aplicarse dicho precepto, puesto que debían terminarse las etapas de investigación y de acusación por la Fiscal General de la Nación en razón a que el término de la actuación ya había empezado a correr conforme lo estipula el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(17).
Al respecto, el demandante explicó que si no resulta de recibo dicha interpretación, ha de tenerse en cuenta que desde una hermenéutica literal del artículo 251 constitucional, incluidas sus modificaciones, se deduce que para el juzgamiento de los delitos cometidos con anterioridad al 1º de enero de 2005 debe aplicarse el procedimiento contenido en la disposición original del mencionado precepto, y a los hechos delictuosos acecidos con posterioridad, el trámite debe adelantarse con base en las reformas efectuadas por el constituyente derivado a través de los actos legislativos 3 de 2002 y 6 de 2011. En ese sentido, determinó que resultaban contrarias a la misma Carta Fundamental las actuaciones de las demandadas, pues el cohecho que se le atribuye presuntamente ocurrió el 2 y 3 de junio de 2004.
Al margen de lo anterior, el accionante argumentó que independientemente de la interpretación que se acoja en relación con la aplicación del Acto Legislativo 6 de 2011, no puede olvidarse que en atención a los tratados internacionales ratificados por Colombia, deben respetarse los principios de irretroactividad, favorabilidad e interpretación pro homine de la ley penal.
Sobre el particular, Sabas Pretelt de la Vega manifestó que si el Acto Legislativo 6 de 2011 no indicó explícitamente que aplica para los procesos regidos por la Ley 600 del 2000 y para los que se estuvieren tramitando al momento de su expedición, la interpretación de dicha reforma debe “ser la más favorable al acusado y por tanto, frente a la duda interpretativa se debió excluir de tajo tal aplicación para mi caso en concreto. Ello puesto que mi proceso no solo ya estaba en curso, sino que estaba regido por la Ley 600 del 2000 y por ende, no podía hacerse una interpretación extensiva del acto legislativo, cuando ella precisamente era desfavorable a mis intereses y no había quedado consignada dicha posibilidad dentro de esa reforma constitucional”.
Por otra parte, el ciudadano arguyó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desconoció su precedente horizontal, pues había expedido múltiples providencias en las que había afirmado que las facultades de la Fiscalía General de la Nación en el caso de aforados constitucionales eran indelegables. Concretamente, el actor citó el proveído del 11 de diciembre de 2007(18), en la que dicha corporación decidió decretar la nulidad de la etapa de investigación por haber sido ella delegada en un subalterno del Fiscal General de la Nación en el caso de un aforado constitucional.
3. Contestación de las accionadas(19).
3.1. Corte Suprema de Justicia.
El magistrado José Luis Barceló Camacho, en su calidad de funcionario sustanciador del juicio que se adelanta contra el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, se opuso al amparo solicitado(20), presentando los siguientes argumentos.
En primer lugar, el funcionario judicial cuestionó la competencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para conocer de la acción, señalando que, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, “(...) lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia (...) será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”.
En segundo término, el Magistrado indicó que la actuación se ha surtido conforme al procedimiento aplicable (L. 600/2000) y con respeto de todas las garantías de los sujetos procesales, en tanto las partes han obtenido respuesta oportuna de las peticiones presentadas, y los reproches que ahora son alegados en el amparo fueron objeto de estudio por la Sala de Casación Penal en su debida ocasión. En ese sentido, resaltó que la acción incoada busca reabrir un debate jurídico ya solucionado por el juez natural de conocimiento.
El fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó denegar la tutela pretendida(21), sosteniendo que al accionante no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, ya que se le han comunicado las decisiones adoptadas por la entidad en su debida oportunidad, así como resuelto cada una de las peticiones instauradas.
A través de sentencia del 21 de agosto de 2013(22), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá resolvió: (i) no declarar la falta de competencia alegada por la Corte Suprema, con fundamento en las interpretaciones de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991 desplegadas por la Sala Plena de esta corporación en los autos 4 de 2004 y 100 de 2008; y (ii) denegar el amparo pretendido, al estimar que las providencias controvertidas no desconocen los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, en tanto las autoridades demandadas no excedieron el ámbito de su autonomía, ni actuaron de manera caprichosa, máxime cuando consignaron en sus decisiones interpretaciones razonables acordes con la normatividad constitucional y legal vigente.
En efecto, el Consejo indicó que contrario a lo expresado por el accionante, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia examinó y resolvió de manera razonable, a través de los autos del 29 de noviembre de 2012 y del 19 de abril de 2013, todos los argumentos expuestos por la defensa del acusado en relación con las presuntas irregularidades presentadas en la etapa investigativa, incluidas las alegadas frente a la delegación efectuada por la Fiscal General de la Nación a través de la Resolución 203 de 2012 y la aplicación errónea en su caso del Acto Legislativo 6 de 2011.
Así pues, una vez verificado que cada uno de los argumentos presentados por el actor en el proceso fueron estudiados y desvirtuados en su debida oportunidad por la Corte accionada, y que en la argumentación desplegada para resolverlos no se vislumbraba arbitrariedad o contradicción de los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, la corporación de instancia concluyó que del análisis de las decisiones no se advierte que la Sala de Casación Penal “haya excedido el ámbito de su autonomía e interpretación normativa, e inclusive constitucional, para de manera caprichosa vulnerar los derechos fundamentales del doctor Sabas Pretelt de la Vega, ante la adversidad de sus pretensiones (...)”.
El ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega impugnó la decisión de instancia(23), señalando que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no desvirtuó los argumentos presentados en la demanda en relación con la vigencia del Acto Legislativo 6 de 2011 y su aplicación en su caso particular, así como los atinentes a los impedimentos que debieron presentar la Fiscal General de la época y el fiscal delegado a su asunto, pues a su juicio la Sala se limitó a reseñar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia sin detenerse a analizar si sus determinaciones se enmarcaban dentro de los defectos alegados.
Mediante sentencia del 23 de enero de 2014(24), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que el amparo no era procedente por no cumplir con el requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominado carácter residual, según el cual los reproches formulados ante el juez constitucional debieron ser presentados ante la autoridad judicial competente en su debida oportunidad.
Específicamente, la corporación explicó que el actor no postuló como nulidades, dentro del término de traslado de 15 días establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, los argumentos que ahora propone como defectos, a pesar de que era el momento procesal apropiado para invocar las irregularidades ocurridas dentro de la fase investigativa, en tanto el peticionario en dicho plazo alegó otras posiciones jurídicas que fueron debidamente analizadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de la providencia proferida el 29 de noviembre de 2012, frente a la cual “procedía recurso de reposición al que no se acudió”.
No obstante lo anterior, la Sala sostuvo que si en mérito de la discusión se analizara el fondo del asunto, no se evidenciaba la configuración de ningún defecto en las decisiones cuestionadas, pues conforme lo encontró el a quo no se advertía ninguna irregularidad “en el acto de delegación que hizo la Fiscal General de entonces, al fiscal sexto delegado en el caso del actor, así como tampoco en las decisiones emitidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre de 2012 y la del 19 de abril de 2013, en las que esa corporación expresó de manera clara, precisa, coherente, razonable y proporcional, los motivos tanto de hecho, como derecho para definir el asunto puesto a su consideración, sin que el entendimiento distinto de los supuestos de hecho y, de las consecuencias jurídicas de la aplicación de las normas por parte del actor, puedan servir de base sólida para edificar presuntas irregularidades como las descritas (...)”.
4.1. El expediente de la referencia fue seleccionado y asignado a la Sala Tercera de Revisión por la Sala de Selección de Tutelas Cuatro, mediante Auto del 30 de abril de 2014(25).
4.2. El 16 de julio de 2014, en virtud del informe presentado por el Magistrado Ponente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54A del Acuerdo 5 de 1992, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento del proceso de tutela.
4.3. Mediante Auto del 18 de julio de 2014(26), el Magistrado Ponente puso a disposición de la Sala Plena el Expediente T-4.322.261 y suspendió los términos para fallar.
4.4. De otra parte, durante el trámite de recisión, el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega solicitó revocar las decisiones de instancia, y en su lugar tutelar su derecho fundamental al debido proceso, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de demanda, a través de diferentes documentos allegados al despacho del Magistrado Ponente el 3 de junio(27), el 9 y 29 de julio(28) y el 1º de septiembre de 2014(29), así como el 21 de mayo de 2015(30).
Asimismo, mediante escrito presentado el 6 de abril de 2015(31), el actor puso de presente su inconformidad y preocupación por la información trasmitida por los medios de comunicación en torno al presunto sentido del fallo, pues, a su juicio, tales publicaciones vician la imparcialidad y autonomía de los magistrados que conforman la Sala.
Concretamente, el peticionario hizo referencia a una nota periodística titulada “¿La carta de salvación para Sabas Pretelt?”, publicada el 31 de marzo de 2015 por la revista Semana en su portal web, en la cual se informó que “la ponencia para resolver la tutela va negando las pretensiones del exministro. Según el proyecto de decisión, el fiscal general mediante el Acto Legislativo 6 de 2011 puede ‘delegar una función de investigación que antes le estaba atribuida de manera exclusiva y personal’. Es decir, el jefe del organismo investigador sí tiene la competencia para delegar funciones como en este caso lo hace (...)”. Además, en la publicación se señaló que el amparo presentado por el accionante “‘se trata de una estrategia para dilatar una decisión en el caso de los implicados en la ‘yidispolítica’ como lo hizo en su momento el exministro Andrés Felipe Arias’, dijo una fuente del alto tribunal”(32).
1. En el plenario obra copia del Auto del 24 de julio de 2013(33), a través del cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la acción de tutela presentada por Sabas Eduardo Pretelt de la Vega contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación(34).
2. Asimismo, en el expediente obran copias de diversas piezas documentales del proceso penal número de radicado interno de la Corte Suprema de Justicia 39156(35), entre las que se encuentran las siguientes:
2.1. Copia de la Resolución 203 del 7 de febrero de 2012 proferida por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, “por medio de la cual se delega la investigación y acusación de unos procesos en un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia”, entre ellos el 39156(36).
2.2. Copia del Auto del 8 de febrero de 2012, mediante el cual el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, avocó conocimiento de la actuación adelantada contra el actor(37).
2.3. Copias de los audios de la audiencia preparatoria, en la cual se dio respuesta a las nulidades propuestas, a las solicitudes de pruebas y se tramitó el recurso de reposición presentado ante la negación de las nulidades pedidas(38).
2.4. Copia del Auto del 29 de noviembre de 2012 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(39), mediante el cual se pronunció acerca de las solicitudes de nulidad y de pruebas presentadas por los sujetos procesales de la causa(40).
2.5. Copia del Auto del 19 de abril de 2013 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia(41), a través del cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la negativa de acceder a las nulidades y pruebas solicitadas por las partes(42).
Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política(43).
2. Cuestión previa: competencia de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos Superior y Seccional de la Judicatura para conocer de la acción de tutela formulada.
2.2. Al respecto, esta corporación considera que no resulta de recibo dicha argumentación, por cuanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Sala homónima del Consejo Superior de la Judicatura están plenamente habilitadas para conocer de la acción de tutela formulada dentro de este asunto, con el fin de garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del accionante consagrado en el artículo 229 superior(44), conforme se explicó en los autos 4 de 2004 y 100 de 2008 proferidos por la Sala Plena de esta corporación(45), en los cuales se estableció que cuando la Corte Suprema de Justicia se niegue a tramitar y remitir a este tribunal las providencias relacionadas con las solicitudes de amparo presentadas contra sus propias decisiones, los demandantes, al tenor de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, podrán acudir ante cualquier juez, bien sea unipersonal o colegiado, para reclamar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la actuación de una de las salas de casación, tal y como aconteció en el presente caso.
2.3. En efecto, el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega tuvo que acudir a las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y del Consejo Superior de la Judicatura ante la decisión del 24 de junio de 2013 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(46), en la cual resolvió no admitir la acción de tutela presentada contra la Sala de Casación Penal, así como abstenerse de enviar las diligencias a este tribunal, al considerar que los fallos proferidos por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones no pueden ser cuestionados a través del mencionado mecanismo de protección, so pena de desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia(47).
3.1. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la Constitución y en la ley.
3.2. En ese sentido, tal y como lo estableció esta corporación en la Sentencia C-543 de 1992(48), por regla general, el recurso de amparo no procede contra providencias judiciales, puesto que: (i) estas son el escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y (iii) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e independencia de los jueces(49).
3.3. No sobra indicar entonces que todos los procesos judiciales son, en sí mismos, medios de defensa de los derechos de las personas y, cuentan, por lo mismo, con recursos para controvertir las actuaciones de las partes, al igual que de la autoridad judicial. Por ende, en principio, cuandoquiera que aquellas observen que sus derechos fundamentales pueden verse conculcados por las actuaciones u omisiones de tales autoridades, deben acudir a los medios de defensa ordinarios contemplados dentro del respectivo proceso.
3.4. Sin embargo, en dicha oportunidad también se estableció que “de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (...)”(50). De modo que, si bien se entendió que, en principio, la acción de amparo constitucional no procedía contra providencias judiciales, excepcionalmente, su ejercicio era viable como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial, cuando de la actuación judicial se vislumbrara la violación o amenaza de un derecho fundamental.
3.5. A partir de lo allí decidido, la Corte Constitucional desarrolló el criterio conforme al cual el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se configuraba cuando la actuación judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto proferido no merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido despojada de dicha calidad. En desarrollo de lo expuesto, esta corporación consideró que el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que, cobijadas por el manto del ejercicio autónomo de la función judicial, comportaban una violación protuberante de la Carta Política y, en especial, de los bienes jurídicos más preciados del ser humano (derechos fundamentales)(51).
3.6. Así, en un primer momento, a tal conjunto de circunstancias les denominó “vía de hecho”, y posteriormente su evolución llevó a determinar una serie de requisitos de procedibilidad de carácter general, y unas causales específicas para solucionar las acciones de tutela instauradas contra decisiones judiciales(52). En efecto, en la Sentencia C-590 de 2005(53), se determinó que el funcionario judicial que conoce del amparo debe constatar que: (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) el accionante identifique, de forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) el fallo impugnado no sea de tutela.
3.7. Igualmente, en dicha sentencia de constitucionalidad, se precisó que si en un caso concreto se encuentran cumplidos los anteriores requisitos genéricos, será necesario entonces acreditar, además, que se ha configurado alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental, (iv) fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional y (viii) violación directa a la Constitución(54).
En la presente oportunidad se entiende cumplida la exigencia del agotamiento de los recursos al alcance del demandante, en la medida en que el peticionario alega la configuración de una serie de vicios en las providencias que se pronunciaron sobre la presuntas nulidades acaecidas dentro de la fase de investigación e instrucción del proceso penal adelantado en su contra, decisiones frente a las cuales no procede ningún mecanismo judicial ordinario o extraordinario, por tratarse de un proceso de única instancia surtido ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el numeral 4º del artículo 235 de la Carta Política(55).
La acción de tutela fue instaurada aproximadamente cuatro meses después de proferida la última decisión reprochada, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez. En efecto, el auto que resolvió el recurso de reposición presentado contra el proveído que no accedió a las nulidades solicitadas data del 19 de abril de 2013(56) y el amparo fue presentado el 5 de agosto del mismo año, como consta en el acta individual de reparto(57).
En ese sentido, la Corte ha sostenido que el análisis por vía de tutela de una providencia judicial solo puede estructurarse si previamente se precisan por el interesado las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación de sus derechos fundamentales, y se demuestra el nivel de influencia de los presuntos vicios en la decisión cuestionada, ya que de esta forma se entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible actuar al juez de amparo, no solo en respeto de las esferas propias de los jueces ordinarios, sino también acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza dicho mecanismo de protección. Desde esta perspectiva, no resulta procedente que se pretenda promover la acción de tutela sobre planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos, que no permitan orientar la actividad excepcional que le corresponde cumplir en este campo a la autoridad judicial constitucional(58).
Lo anterior ha sido reiterado por este tribunal en su jurisprudencia. Así por ejemplo, en la Sentencia T-362 de 2013(59), se pusieron de presente las exigencias de argumentación en torno a la procedencia de la acción de tutela, cuando con ella se cuestionan providencias judiciales, en el ámbito de tensión entre los derechos fundamentales y la autonomía e independencia del juez natural. Concretamente, se señaló que, para poder alegar la existencia de un defecto fáctico, se tienen que exponer las razones por las cuales la libre apreciación de la prueba dentro de la sana crítica no cobija las reflexiones expuestas en la providencia atacada, bajo la consideración lógica de que la simple diferencia en la valoración razonable de los elementos de juicio, no implica la configuración de la mencionada causal. Al tiempo que para la invocación de un defecto relacionado con la competencia de una autoridad judicial resulta necesario plantear con claridad el vicio en torno a los factores funcionales y temporales que componen la misma.
De igual manera, la relevancia del sustento argumentativo de la demanda cuandoquiera que se cuestione por vía de tutela una decisión judicial, también fue estudiada en la Sentencia T-466 de 2012(60), en la cual al realizarse la caracterización del defecto fáctico, se expuso que, en razón de que se trata de uno de los campos donde tiene gran aplicación la autonomía judicial, ha de exigirse una mayor rigurosidad en la invocación del yerro. Desde esta perspectiva, se expresó que el defecto ha de ser trascendental y ha de incidir de manera directa en la decisión, es decir, que tenga una repercusión sustancial en el resultado del proceso.
En esa misma línea, en la Sentencia T-214 de 2012(61), esta corporación indicó que si bien la ausencia de motivación es un vicio que se contrapone al debido proceso, para su consolidación, no basta con manifestar una simple inconformidad con la decisión adoptada con el ánimo de plantear una nueva revisión judicial sobre el tema, pues el citado defecto requiere que el actor, por lo menos, plantee con precisión por qué resultan insuficientes la hermenéutica desplegada, así como la aplicación de las reglas de derecho escogidas para la solución del caso.
De otra parte, en tratándose del ejercicio del recurso de amparo contra providencias judiciales proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, máximos tribunales de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, esta Sala ha establecido que la acción de tutela “solo tiene cabida cuando una decisión riña de manera abierta con la Constitución y sea definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional”(62), pues si bien no se trata de rodear de exigencias formales la acción de protección, si resulta necesario exigirle al demandante que identifique de manera razonable las circunstancias que dan origen a la afectación de sus derechos, para: (i) no desconocer los principios superiores de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial; (ii) determinar la competencia del juez constitucional al momento de resolver la solicitud de tutela; y (iii) evitar que a su vez se reabra injustificadamente un debate jurídico ya finalizado dentro de su escenario natural.
4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de procedibilidad no solo implica que el accionante identifique los yerros de la autoridad judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige que las mismas hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida oportunidad de ser ello posible, puesto que, de conformidad con los artículos 86 de la Carta y 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta necesario preservar el principio de subsidiariedad que subyace a la acción de tutela.
En ese sentido, esta corporación ha determinado que el recurso de amparo es improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos procesales de defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional, ya que las herramientas instituidas por el legislador en los procesos ordinarios son también verdaderos mecanismos de protección de las prerrogativas fundamentales, por lo que deben usarse en su debido estadio procesal, para que en caso de no prosperar y demostrarse que la autoridad judicial se negó injustificadamente a enmendar su yerro, pueda prosperar el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior(63).
Al respecto, en la Sentencia T-541 de 2006(64), este tribunal sostuvo que “nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso (...), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción (...)”.
En efecto, del examen del proceso penal adelantado en contra del demandante, se observa que este, por medio de su abogado, solicitó que se declarara la nulidad del proceso seguido en su contra debido a que el fiscal que instruyó su caso actuó sin competencia, porque:
“(...) la resolución de delegación no estuvo precedida del procedimiento regulado en el Código Contencioso Administrativo (arts. 43 a 47), pues la Imprenta Nacional certificó que dicho acto no fue objeto de publicación en el Diario Oficial. Tampoco se le notificó a Sabas Pretelt de la Vega, impidiéndole oponerse a él” (resaltado fuera del texto original).
“(...) tampoco es acertada la tesis, según la cual el fiscal sexto delegado actuó sin competencia porque el acto que le delegó la función ejercida es inexistente por ausencia de uno de sus requisitos, como es el de la publicación en el Diario Oficial, ya que, como se viene explicando, no se trata de un acto administrativo expedido para el funcionamiento y organización de la institución, por ende de carácter general, sino de uno de naturaleza judicial con efectos interpartes, esto es, con respecto a quienes intervienen como sujetos procesales en las investigaciones expresamente señaladas en la referida resolución, cuya publicidad se dio al interior de la actuación, como efectivamente allí ocurrió, si se tiene en cuenta que una vez avocado el conocimiento por el fiscal sexto delegado, en virtud de la delegación efectuada en la mencionada Resolución 23 del 7 de febrero, mediante oficios fechados el 8 y el 9 del mismo mes se le comunicó al defensor, al doctor Sabas Pretelt de la Vega y al Ministerio Público el referido acto de delegación”(65) (resaltado fuera del texto original).
“La Resolución 203, mediante la cual la doctora Vivian Morales delegó el conocimiento de este asunto al fiscal sexto delegado ante la Corte, es inexistente porque no cumplió con los requisitos de motivación y publicidad y no respetó el derecho defensa, conforme lo establece el Código Contencioso Administrativo; fue de carácter general, porque hizo alusión a varios procesos indicando solamente el número de radicación; se omitió la notificación personal a las partes y no se publicó en el Diario Oficial —como lo ha hecho la fiscalía aun en casos de delegaciones especiales—.
Por tal motivo, el fiscal delegado no podía asumir la competencia para calificar este asunto, de modo que si lo hizo, la resolución de acusación es nula, pues es el producto de una delegación en la que se desconoció el debido proceso. De ahí que la interpretación que la Corte expuso en la decisión recurrida sea desconocedora de la Sentencia C-873 de 2003 proferida por la Corte Constitucional, en la que se sostuvo que las resoluciones mediante las cuales el Fiscal General reasigna un caso de un fiscal a otro o asume directamente una investigación, son de carácter administrativo” (resaltado fuera del texto original).
Por esa razón las resoluciones que la fiscalía ha publicado en el Diario Oficial, las mismas que el defensor allegó en apoyo de su tesis, versan de manera exclusiva y excluyente sobre aspectos relativos al funcionamiento y la estructura de la fiscalía, mas no a temas específicos de procesos o a funciones jurisdiccionales propiamente dichas, como órgano que por expresa disposición de la ley estatutaria de la administración de justicia pertenece a la Rama Judicial del poder público, no obstante tener autonomía administrativa y presupuestal.
Siendo ello así, por sustracción de materia deviene inoficioso adentrarse en los argumentos expuestos por el defensor del doctor Sabas Pretelt de la Vega, todos apoyados en jurisprudencia y doctrina en materia de la delegación administrativa, pues, como queda dicho, la delegación de la función judicial dentro de una investigación penal por parte del Fiscal General de la Nación, responde a una lógica diversa”(66) (resaltado fuera del texto original).
“no tiene, para nada, los elementos, ni responde, a una decisión de tipo judicial, y menos como dice la Corte, que tiene efectos interpartes, por cuanto no los liga de una manera individual, con motivación particular, su carácter genérico que involucra a una cantidad de procesos de diferentes tipo la hacen distinta a una judicial. Si es genérica, y por responder al ejercicio de funciones generales dadas en el estatuto orgánico de la fiscalía, para mejorar toda actividad que haga relación con la investigación y acusación de los procesos involucrados en la misma, mal puede dársele el carácter de ser judicial, su estructura no está sometida a los verdaderos actos jurídicos procesales (...)”.
Sobre el particular, cabe reiterar que “esos argumentos no son legítimos en el trámite de la tutela contra providencia judicial, pues la tutela no es una instancia del proceso penal seguido por la Corte Suprema de Justicia contra personas que gozan de fuero constitucional, ni un escenario en el que se pueda discutir la corrección de todas las opciones valorativas en materia probatoria adoptadas por el juez natural del proceso, sino un trámite en el que se verifica —únicamente— si esas decisiones se oponen o no a los derechos fundamentales”(67).
Al respecto, la Corte no encuentra justificación alguna al hecho de que el actor, una vez tuvo conocimiento del acto que dispuso la delegación, haya dejado vencer el término de cuatro meses que tenía para acudir ante el juez administrativo. En efecto, teniendo en cuenta los elementos de juicio obrantes en el plenario se evidencia que el peticionario tuvo conocimiento de la Resolución 202 de 2012, a más tardar, a mediados de marzo(68), por lo que debió interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el mes de julio(69), lo cual no hizo, y en cambio decidió presentar sus reproches ante la Corte Suprema de Justicia en septiembre, cuando ya había caducado dicho mecanismo de control.
4.4.3.2. En torno al segundo cargo relacionado con la presunta aplicación indebida del Acto Legislativo 6 de 2011, la Sala estima que si bien en la acción de tutela el demandante indicó las razones que lo llevan a cuestionar la hermenéutica desplegada por la Corte Suprema de Justicia para avalar la delegación efectuada por la Fiscal General de la Nación(70), no demostró que dicha irregularidad hubiera sido puesta a consideración de la autoridad demandada dentro del proceso penal en el momento consagrado por el legislador para el efecto.
Específicamente, este tribunal encuentra que el accionante no alegó dentro de la oportunidad procesal debida la configuración del defecto alegado ahora en el recurso de amparo, puesto que, como lo indicó el Consejo Superior de la Judicatura, el peticionario no presentó dicho reproche como nulidad en el término de traslado de 15 días establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000(71), sino que solo lo manifestó hasta el momento en el que interpuso el recurso de reposición contra el proveído que resolvió las nulidades que sí fueron planteadas en tal oportunidad.
Así, revisados los elementos de juicio obrantes en el expediente, esta corporación evidencia que solo fue hasta la audiencia celebrada el 19 de abril de 2013, cuando el actor y su apoderado señalaron que la reforma constitucional del año 2011 no le era aplicable, ya que en su trámite ante el Congreso se había indicado que la facultad de delegación solo operaba en los procesos que se iniciarían con posterioridad a la expedición de la misma. Al respecto, la Corte considera que a pesar de que el instrumento procesal contemplado en el mencionado artículo 400 era idóneo y eficaz para cuestionar las presuntas nulidades que se presentaron en las fases de investigación e instrucción, incluidas las relacionadas con la competencia de funcionario que adelantó las diligencias, el demandante no lo utilizó, por lo cual no puede pretender que a través de este mecanismo de protección subsidiario se remedie su negligencia.
Sobre el particular, esta corporación resalta que de acuerdo con el principio de preclusión, ha de entenderse que el proceso penal está integrado por un conjunto de etapas procesales con propósitos definidos y progresivos cuyo sobrepaso implica la clausura de la etapa precedente, sin que haya posibilidad de reabrirla, por lo que el agotamiento de una de dichas fases impide a los sujetos procesales efectuar peticiones pertenecientes a ellas al haber expirado el término legal. En otras palabras, quien no alegue las nulidades con fuente en la investigación y en la instrucción en el traslado previsto para esos efectos en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, no podrá hacerlo en el trámite subsiguiente(72).
En consecuencia, la Corte concluye que en el presente caso la oportunidad para pedir la nulidad relacionada con la indebida aplicación del Acto Legislativo 1 de 2011 al momento de efectuarse la delegación del proceso penal adelantado contra el actor, por tener su eventual origen en el sumario, terminó con el traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, no resultando procedente la acción de tutela, pues como se explicó en la Sentencia T-1217 de 2003(73), cuando quien solicita a su favor el amparo lo hace para enmendar el descuido o el error de haber desperdiciado las oportunidades procesales que se le concedieron para defender sus derechos fundamentales, el mismo esta no(sic) llamado a prosperar(74).
Con todo, podría argumentarse que desde la perspectiva del principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, cabría sostener que el amparo satisface este presupuesto de procedibilidad, pues si bien el demandante solo alegó el cuestionamiento sobre la aplicación de la reforma constitucional en el recurso de reposición, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo examinó de fondo, frente a lo cual, esta corporación considera que el hecho de que el juez colegiado demandado haya estudiado el planteamiento del actor, no remedia su actuar para efectos de estudiar la procedencia del amparo.
De igual manera, si bien al presentar el recurso de reposición contra el auto del 29 de noviembre de 2012, el demandante puso de presente las presuntas irregularidades en las incurrieron las fiscales Viviane Morales Hoyos y Martha Lucía Zamora, la Corte Suprema, en providencia del 19 de abril de 2013, decidió no examinarlas, argumentando que las mismas “no fueron objeto de la postulación inicial”.
“Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la Sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle”(75) (resaltado fuera del texto original).
4.4.5. Por último, este tribunal estima necesario referirse al escrito allegado por el actor el pasado 6 de abril, en el que puso de presente su inconformidad y preocupación por la información transmitida por los medios de comunicación, y en la que, de manera anticipada, se habría dado cuenta del sentido del fallo(76). Comoquiera que la información a la que alude el demandante se atribuye a una fuente de esta corporación, la Sala Plena reitera su vigorosa censura a toda conducta que, originada en la Corte, implique filtración o especulación sobre el sentido de las decisiones que deba adoptar en el futuro. Esta conducta, expresamente prohibida por la ley estatutaria de la administración de justicia(77) y por el reglamento interno(78), es susceptible de afectar la independencia y la autonomía judicial, así como la libertad, la serenidad y la tranquilidad que deben presidir los procesos de deliberación y decisión pública.
De otra parte, la Sala advierte que en esta ocasión la información difundida en el medio de comunicación no correspondía a la verdad procesal, puesto que mientras allí se sostuvo que en virtud del Acto Legislativo 6 de 2011, el Fiscal General de la Nación se encontraba facultado para delegar las funciones investigativas que anteriormente debía adelantar personalmente, en la ponencia que finalmente fue aprobada no se abordó este asunto y el amparo se descartó por razones de procedencia. Advierte, con todo, la Corte que en este caso no solo se habría divulgado información sobre la cual existía reserva, sino que además, la publicación fue contraria a la realidad.
Finalmente, la Sala aclara que la independencia y autonomía judicial no fueron menoscabadas por la posible presión ejercida con la publicación de la nota periodística, debido a las garantías de protección otorgadas por la Carta a los integrantes de este tribunal(79), las cuales junto con las exigencias profesionales para ocupar la magistratura(80) y el deber de resolver en derecho(81), protegen el criterio jurídico de sus miembros, lo cual les ha permitido adoptar una decisión, al margen de cualquier especulación externa, fundada en la jurisprudencia reiterada de este tribunal sobre los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
2. REVOCAR los fallos proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 21 de agosto de 2013, y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 23 de enero de 2014, que DENEGARON el amparo solicitado por el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega; y en su lugar RECHAZARLO POR IMPROCEDENTE.
Magistrados: María Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio, con aclaración de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con salvamento de voto—Alberto Rojas Ríos—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) El Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, asumió el conocimiento del asunto por habérsele aceptado impedimento que presentó el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana.
(2) Guillermo Mendoza Diago.
(3) En un principio, en atención al impedimento presentado por el entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, el conocimiento del asunto fue asignado a Guillermo Mendoza Diago como Vicefiscal General de la Nación. Sin embargo, al momento de la calificación, el doctor Mendoza Diago se encontraba ejerciendo como Fiscal General en encargo y como vicefiscal se desempeñaba Fernando Pareja.
(4) El fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia había sido comisionado por el Fiscal General de la Nación para acudir a la audiencia preparatoria.
(5) Modificatorio de los artículos 251 y 235 de la Carta Política, en el sentido de introducir la facultad que tiene el Fiscal General de la Nación de delegar en el vicefiscal y fiscales delegados ante la Corte las funciones de investigación y acusación de aforados constitucionales de su competencia.
(6) La resolución fue proyectada por Iván Leonardo Garzón Rojas, revisada por Álvaro Osorio Chacón y Liliana Avendaño Rodríguez, y aprobada por Martha Lucía Zamora Ávila.
(7) Álvaro Osorio Chacón.
(10) M.P. José Luis Barceló Camacho.
(13) M.P. José Luis Barceló Camacho.
(14) La Sala de Casación Penal en la decisión del 29 de noviembre de 2012, se había pronunciado sobre la vigencia del Acto Legislativo 6 de 2011 al resolver las nulidades planteadas por Diego Palacio Betancourt y Alberto Velásquez Echeverry.
(15) Folios 1 a 53 del cuaderno principal (Para este caso, en adelante, cuando se haga referencia a un folio del expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa).
(16) M.S. Margarita Cabello Blanco.
(17) El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
(18) Providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso 27663.
(19) Mediante Auto del 6 de agosto de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá admitió el amparo y dispuso correrle traslado del mismo a los demandados (fls. 116 a 118).
(20) Folios 131 a 133.
(21) Folios 141 a 143.
(22) Folios 144 a 183.
(23) Folios 193 a 211 del cuaderno principal y 34 a 38 del cuaderno de segunda instancia.
(24) Folios 45 a 69 del cuaderno de segunda instancia.
(25) Folios 3 a 8 del cuaderno de revisión.
(26) Folio 43 del cuaderno de revisión.
(27) Folios 34 a 36 del cuaderno de revisión.
(28) Folios 49 a 70 y 77 a 89 del cuaderno de revisión.
(29) Folios 149 a 156 del cuaderno de revisión.
(30) Folios 229 a 231 del cuaderno de revisión.
(31) Folios 222 a 227 del cuaderno de revisión.
(32) Folio 226 del cuaderno de revisión.
(33) M.S. Margarita Cabello Blanco.
(34) Folios 75 a 79.
(35) Folios 80 a 95 y 134 a 140 del cuaderno principal, así como los cuadernos anexos 1 a 8.
(36) Folios 1 a 2 del cuaderno anexo 5.
(37) Folio 3 del cuaderno anexo 5.
(38) Folios 134 a 140.
(39) M.P. José Luis Barceló Camacho.
(40) Folios 4 a 84 del cuaderno anexo 7.
(41) M.P. José Luis Barceló Camacho.
(42) Folios 147 a 203 del cuaderno anexo 7.
(43) “ART. 86.—(...) El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión (...)”. // “ART. 241.—A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (...) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (...)”.
(44) “ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
(45) En el numeral segundo de la parte resolutiva del Auto 100 de 2008, la Corte señaló que: “Para otros casos en que exista la misma situación de vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, por la no admisión a trámite de una acción de tutela instaurada contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho a escoger alguna de las siguientes alternativas: (i) acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte o (ii) solicitar a la secretaría general de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, acompañada de la correspondiente acción de tutela y de la providencia objeto de la misma, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección”.
(46) M.S. Margarita Cabello Blanco.
(47) Este capítulo fue elaborado teniendo como referencia la Sentencia SU-556 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(48) Sobre el particular, en esa decisión se dejó en claro que: “La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. // Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aun sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(49) Ver, entre otras, las sentencias T-381 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-565 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y T-1112 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(50) Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(51) Sentencia T-265 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(52) Es de anotar que la jurisprudencia en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Sentencias T-774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-453 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(54) En la Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte individualizó las causales específicas de la siguiente manera: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. // b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. // c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. // d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. // f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. // g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. // h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. // i. Violación directa de la Constitución”.
(55) “ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (...) 4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen”.
(56) Folios 147 a 203 del cuaderno anexo 5.
(57) Folio 114 del cuaderno principal.
(58) Cfr. Sentencia T-265 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(59) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(61) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(62) Cfr. sentencias SU-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-770 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
(63) Cfr. Sentencia T-497 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(64) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(65) Auto del 29 de noviembre de 2012, M.P. José Luis Barceló Camacho.
(66) Auto del 19 de abril de 2013, M.P. José Luis Barceló Camacho.
(67) Sentencia T-214 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(68) Sin perjuicio de que la Resolución 202 de 2012 hubiese sido notificada personalmente o a través de telegrama al accionante, la Corte entiende que el actor tuvo conocimiento de la misma, a más tardar, a mediados de marzo, puesto que interpuso este el recurso de reposición contra la resolución de acusación que profirió el fiscal sexto delegado, el 6 de marzo 2012, en uso de las facultades otorgadas por la delegación efectuada por el Fiscal General.
(69) El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, estatuto vigente para la época en que ocurrieron los hechos objeto de estudio, establecía que “toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”. A su vez, el artículo 136 estipulaba la caducidad de las acciones, indicando que “la de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
(70) El accionante explicó que se configuró una vulneración de su derecho al debido proceso, cuando en la providencia de la Corte Suprema de Justicia del día 29 de noviembre de 2012, confirmada por el proveído dado el día 19 de abril de 2013, se respaldó la decisión de delegación contenida en la Resolución 203 del 7 de febrero de 2012, en virtud de la cual, se facultó a un fiscal delegado ante la Corte para que realizara la etapa de investigación y acusación contra sus intereses, sustituyendo a la Fiscal General de la Nación con base en el Acto Legislativo 6 de 2011, el cual, a su juicio, no era aplicable a su caso de manera retroactiva. En efecto, el peticionario indicó que no existe ninguna justificación desde el punto de vista procesal constitucional para la aplicación retroactiva del Acto Legislativo en cuestión, como fue lo estimó la Fiscalía General de la Nación y lo avaló la Corte Suprema de Justicia, en tanto que: (a) si se considera que la norma es de carácter procedimental con efectos sustanciales su irretroactividad es estricta y debía aplicarse la ley vigente al momento de la supuesta comisión de la conducta penal, como garantía de la preexistencia en materia de competencia; y (b) si se considerara que tal modificación de la Constitución es netamente procedimental, tampoco podía aplicarse dicho precepto, puesto que debían terminarse las etapas de investigación y de acusación por la Fiscal General de la Nación en razón a que el término de la actuación ya había empezado a correr conforme lo estipula el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
(71) “ART. 400.—Apertura a juicio. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. // Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”.
(72) Cfr. Auto del 3 de mayo de 2007, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, proceso 19392.
(74) Específicamente, en dicho fallo se sostuvo que dicha posición, encuentra sentido “En primer lugar, para evitar que durante el curso de un proceso el juez de tutela se inmiscuya en la regulación de cuestiones que no le corresponden e invada con ello la esfera de la autonomía judicial; en segundo lugar, con el objeto de no alterar o sustituir de manera fraudulenta los mecanismos diseñados por el legislador, característica que armoniza con la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela; y en tercer lugar, busca que los interesados obren con diligencia en la gestión de sus intereses ante la administración de justicia, particularmente cuando lo hacen por intermedio de apoderado, asegurando con ello que la tutela no se utilice para enmendar yerros o descuidos, recuperar oportunidades vencidas o revivir términos fenecidos durante un proceso (...)”.
(75) Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(76) El escrito del accionante Sabas Pretelt se refiere al artículo publicado en la Revista Semana el 31 de marzo de 2015, denominado “La carta de salvación para Sabas Pretelt”. En este artículo se indica que “fuentes del alto tribunal” informaron sobre el sentido del proyecto de sentencia, según el cual, en virtud del Acto Legislativo 6 de 2011, el Fiscal General de la Nación puede delegar las funciones investigativas que anteriormente debía ejercer de manera exclusiva y personal, y que por tal motivo, los cuestionamientos de Sabas Pretelt no eran procedentes.
(77) Según el artículo 153.6 de la ley estatutaria de la administración de justicia, es deber de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial “(...) guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo y sin perjuicio de la obligación de denunciar cualquier hecho delictuoso”.
(78) El artículo 37 del reglamento de la Corte establece lo siguiente: “ART. 37.—Reserva. Las deliberaciones de la Sala Plena serán reservadas, sin perjuicio de las audiencias de que trata el Decreto 2067 de 1991. La divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en la Sala Plena, antes de que estos sean firmados por todos los magistrados, constituye falta grave sancionable con arreglo a la ley”. De igual modo, el artículo 81 del mismo reglamento dispone lo siguiente: “Deberes de los empleados. Todos los funcionarios y empleados de la Corte Constitucional, están obligados a observar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en los términos consagrados en la Constitución y la ley. // También deberán guardar la reserva de cuanto ocurra en la Corte, especialmente en lo que hace a los trámites y deliberaciones de la Sala Plena y a las providencias que estén en proyecto o que no hayan sido dadas a la publicidad legalmente. La inobservancia de estos deberes será sancionada conforme a la ley. // Así mismo deberán cumplir las reglas de cortesía para con sus superiores, con sus iguales y con los particulares. // Ningún funcionario ni empleado podrá asumir funciones que no le correspondan según la Constitución, la ley y este reglamento”.
(79) Artículos 174, 175, 178 (nums. 3º a 5º) y 235 (num. 2º) de la Carta Política.
(80) Artículo 232 de la Norma Fundamental.
(81) Artículo 230 de la Constitución.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 11
 Resolución 
 resolución 
 artículo 58
 artículo 55
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 235
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 40
 artículo 251
 artículo 1
 artículo 4
e contrario
 Resolución 
 artículo 400
 artículo 54
 Resolución 
 artículo 229
 artículo 37
 artículo 235
 artículo 86
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 400
 artículo 400
 artículo 400
 artículo 400
 resolución 
 artículo 40
 artículo 37
 artículo 86
 Resolución 
 resolución 
 artículo 85
 artículo 136
 Resolución 
 artículo 40
 resolución 
 artículo 153
 artículo 37
 artículo 81
 Artículo 232
 Artículo 230