Source: https://beta.e-justice.europa.eu/47/ES/family_maintenance?SLOVAKIA&action=print&init=true
Timestamp: 2020-07-11 15:56:28+00:00

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La obligación de alimentos emana directamente de la Ley n.° 36/2005, que regula la institución familiar y modifica otras leyes («Ley de familia»). De conformidad con la Ley de familia, existen los siguientes tipos de obligación de alimentos:
La obligación de alimentos de los padres hacia a los hijos es un deber impuesto por la ley que se aplica hasta que los hijos sean capaces de hacer frente a sus necesidades. Que el hijo haya completado la educación obligatoria no implica necesariamente que haya adquirido la capacidad de hacer frente a sus necesidades. La obligación de alimentos de los padres hacia a los hijos dependerá de la capacidad, las oportunidades y los recursos económicos del hijo durante su educación para el futuro empleo, como por ejemplo la educación universitaria a tiempo completo. La mayoría de edad no produce efectos jurídicos respecto a la duración de la obligación de alimentos. El momento en que el niño es capaz de hacer frente a sus necesidades legalmente es diferente según el caso. El tribunal examina cada caso de forma individual, en función de las circunstancias. La capacidad de hacer frente a las necesidades de uno mismo se entiende por lo general como la capacidad de cubrir todas las necesidades y los gastos relativos para vivir solo, es decir, usando el propio dinero. Tal capacidad debe ser sostenible. Los ingresos ocasionales no se consideran un medio para establecer la capacidad de hacer frente a las propias necesidades.
En la práctica, el tribunal se apoya en el hecho de que la obligación de alimentos de los progenitores es flexible porque los lazos de sangre no están limitados por el tiempo y, por tanto, la obligación puede prorrogarse si, por ejemplo, el hijo decide estudiar en una fecha posterior o no es admitido en la universidad directamente tras acabar la educación secundaria. Con arreglo a la jurisprudencia, habida cuenta de la actual escasez de oportunidades de empleo para los recién graduados y los que han terminado la escuela, se considera formación profesional continua aquellos cursos adicionales que les permitan encontrar trabajo en otro ámbito distinto del que han estudiado hasta ese momento.
La edad límite de 18 años adquiere importancia desde un punto de vista procesal. Hasta que el niño alcance la mayoría de edad, el tribunal puede incoar procedimientos de obligación de alimentos por iniciativa propia; una vez alcanzada esa edad, solo pueden iniciarse interponiendo una demanda. La demanda, presentada por el hijo adulto, debe dirigirse a uno o ambos progenitores y debe indicar el importe de la pensión alimenticia que se solicita y el periodo durante el que debe pagarse. El tribunal debe ceñirse de forma estricta a los límites de la demanda de pensión alimenticia a favor del hijo adulto puesto que, en este caso, no aborda un caso de protección de menores con arreglo al artículo 111 y siguientes del Código de Procedimiento Civil No Contencioso.
Si el deudor y el beneficiario no llegan a un acuerdo, el tribunal del distrito competente resolverá sobre la obligación de alimentos. Salvo en casos de obligación de alimentos de progenitores hacia los hijos menores, el tribunal incoa procedimientos tras la demanda presentada por el beneficiario o demandante contra el deudor o demandado. Los procedimientos relativos a los alimentos del hijo menor deben ser incoados por un tribunal por iniciativa propia (de oficio) (artículo 23 del Código de Procedimiento Civil No Contencioso) porque en tales casos el tribunal tiene el deber de velar por los intereses de los menores.
Cualquiera puede actuar ante un tribunal de forma autónoma como parte de un procedimiento, es decir, tiene legitimación procesal, en la medida en que tenga la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones mediante sus propios actos. Las personas físicas que no tengan capacidad de presentarse ante el juez por sí mismos, por ejemplo los hijos menores, deben ser representados por el tutor legal (artículo 68 del Código de Procedimiento Civil).
Además de la representación legal, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil No Contencioso distinguen entre la representación de las partes en los procedimientos por poder notarial y la representación por resolución judicial.
El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil No Contencioso define la competencia territorial. La competencia material está regida por el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Los tribunales del distrito siempre tienen competencia territorial en primera instancia. En general, el tribunal competente es el del lugar de residencia del demandado, que es la persona contra la que se interpone la demanda, es decir, se aplica la competencia territorial en función del tribunal ordinario del demandado. El tribunal ordinario competente del demandado es el tribunal con competencia en su lugar de residencia o, en caso de no ser residente, el tribunal con competencia en el lugar donde se aloja. El Código de Procedimiento Civil No Contencioso define expresamente los casos especiales en que no se aplica esta norma. La competencia en materia de demanda de pensión alimenticia corresponde al tribunal donde reside el hijo menor, ya sea por decisión de los progenitores o por sentencia judicial, o donde reside el menor a tenor de otros motivos pertinentes; esto se conoce como competencia territorial exclusiva con arreglo al artículo 112, apartado 1, letra c), del Código de Procedimiento Civil No Contencioso.
El artículo 127 del Código de Procedimiento Civil establece los requisitos de la demanda para incoar procedimientos judiciales, a saber: el tribunal receptor, el demandante, el caso al que se refiere y lo que busca el demandante, la descripción y la fecha.
Además de los requisitos generales, la demanda para incoar procedimientos judiciales debe contener información específica según lo estipulado en los artículos 25 y 26 del Código de Procedimiento Civil No Contencioso. La demanda para incoar procedimientos judiciales también debe especificar el importe de la pensión alimenticia y el periodo de tiempo durante el que se debe pagar.
Las demandas pueden presentarse por escrito, ya sea en papel o de forma electrónica. Las demandas presentadas de forma electrónica sin autorización en aplicación de la legislación especial pertinente deberán presentarse también en papel o de forma electrónica con autorización en aplicación de la legislación especial pertinente. Las demandas de pensión alimenticia pueden realizarse también oralmente y hacerse constar en acta.
Las tasas para actos individuales o procedimientos judiciales se rigen por la Ley n.º 71/1992 del Consejo nacional eslovaco en materia de tasas judiciales y copias de inscripciones en el registro de penados.
Las tasas se cobran con arreglo a un baremo de tasas judiciales. La legislación también define las exenciones de tasas judiciales en función de la situación personal o en la materia.
a) para demandas de pensión alimenticia entre cónyuges, de pensión compensatoria y de pensión alimenticia entre otros parientes, y para demandas de incremento de la pensión alimenticia
2 % del valor de la demanda, con un mínimo de 16,50 EUR
b) para demandas de reducción o cancelación de la pensión alimenticia entre cónyuges, pensión compensatoria o demanda de pensión alimenticia entre otros parientes
Si la lista de tasas no fija un importe determinado y el caso no entra en la categoría ni de situación personal ni de materia, se aplican las tasas descritas en el punto 1 del baremo de tasas judiciales:
a) del valor (pago) de la demanda o del valor del objeto de litigio
6 % con un mínimo de 16,50 EUR, un máximo de 16 596,50 EUR y un máximo de 33 193,50 EUR en asuntos mercantiles
El órgano jurisdiccional puede, cuando así se solicite, conceder una exención del pago de las tasas judiciales cuando las circunstancias de la parte lo justifiquen (artículo 254 del Código de Procedimiento Civil No Contencioso). A fin de permitir al órgano jurisdiccional tomar una decisión sobre la solicitud, las circunstancias de las partes deben acreditarse documentalmente.
El mecanismo que facilita la asistencia jurídica gratuita y el método para prestarla por parte del Centro de asistencia jurídica a personas físicas que atraviesan dificultades económicas y no pueden usar servicios jurídicos para ejercer debidamente sus derechos, en la medida en que se facilita la asistencia jurídica gratuita, se rigen por la Ley n.º 327/2005 en materia de provisión de asistencia jurídica gratuita a personas que atraviesan dificultades económicas que modifica la Ley n.º 586/2003 sobre profesiones jurídicas y que modifica la Ley n.º 455/1991 sobre profesiones colegiadas (Ley de profesiones), en su versión modificada por la Ley n.º 8/2005. La ley citada anteriormente también define los criterios de provisión de asistencia jurídica gratuita, el procedimiento que deben seguir las personas físicas y las autoridades competentes en los procedimientos relativos a la aplicación de asistencia jurídica gratuita y la organización institucional que presta dicha asistencia.
De conformidad con el artículo 75, apartado 1, de la Ley de familia, el tribunal, a la hora de determinar el importe de la pensión alimenticia, tiene en cuenta las necesidades legítimas del beneficiario, así como la capacidad, las oportunidades y la situación económica del deudor. El tribunal también toma en consideración la capacidad, las oportunidades y la situación económica del deudor en los casos en que, sin razón material, el deudor deja un buen empleo, o abandona una fuente constante de ingresos; asimismo tiene en cuenta los riesgos económicos no razonables que asume el deudor.
El artículo 62, apartado 3, de la Ley de Familia establece una pensión alimenticia mínima (actualmente de 27,13 EUR): Con independencia de su capacidad, oportunidades y situación económica, cada progenitor tiene la obligación de cumplir una obligación de alimentos mínima, que es el 30 % del importe que necesita el hijo menor dependiente o el hijo dependiente para hacer frente a sus necesidades según la ley pertinente.
De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Familia, se pueden revisar los acuerdos y las resoluciones judiciales con respecto a la demanda de pensión alimenticia si cambian las circunstancias. Al margen de la pensión alimenticia a favor del hijo menor (véase el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil No Contencioso), las resoluciones en materia de alimentos solo pueden modificarse o cancelarse en virtud de demanda. Si se cancela o se reduce la pensión alimenticia del hijo menor con carácter retroactivo durante un periodo pasado determinado, la pensión abonada no se reembolsa. Si las circunstancias cambian, siempre se tiene en cuenta el coste del nivel de vida.
El agente judicial lleva a cabo medidas de ejecución para el pago de la pensión alimenticia. El procedimiento de ejecución se inicia con una demanda de ejecución. El procedimiento se rige por la Ley n.º 233/1995 del Consejo nacional de la República de Eslovaquia en materia de agentes judiciales y actividades de embargo (Ley de procedimiento ejecutivo) y que modifica otras leyes específicas, según su versión modificada. En la mayoría de casos, el pago pensión de alimenticia se recupera con el embargo de los ingresos del deudor. Si se dicta una resolución que impone el pago de una cantidad de dinero, existen opciones adicionales además del embargo de ingresos para cobrar la pensión adeudada: orden de deuda a terceros, venta de bienes muebles, venta de valores, venta de propiedad inmueble, venta de empresas u orden de suspensión del permiso de conducir. La última opción es de especial relevancia en el contexto del cobro de la pensión alimenticia. El agente judicial puede ordenar la suspensión del permiso de conducir de aquel que no cumpla con la resolución judicial de pago de pensión alimenticia. El agente judicial también presenta la orden de ejecución para la suspensión del permiso de conducir ante el cuerpo policial competente. Una vez desaparecen las causas para la ejecución, el agente judicial emite de forma inmediata una orden para restablecer el permiso de conducir.
El artículo 101 del Código Civil (Ley n.º 40/1964) establece el plazo de prescripción de la siguiente manera:
3) La tasa de interés y el rendimiento prescribirán a los tres años; ahora bien, si se otorga con finalidad o se reconoce por escrito, el plazo de prescripción se aplicará solo a la tasa de interés y al rendimiento que venzan después de que la sentencia se considere definitiva, o después del reconocimiento.
La Ley n.º 201/2008 sobre pago sustitutorio de la pensión alimenticia que modifica la Ley n.º 36/2005 en materia de familia y que modifica otras leyes, en virtud de lo dispuesto en la Decisión n.º 615/2007 del Tribunal Constitucional de la República de Eslovaquia (Ústavný súd), establece un mecanismo que permite el adelanto del pago sustitutorio de la pensión alimenticia por parte del Estado (Oficina de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a los beneficiarios. El pago sustitutorio de la pensión alimenticia contribuye a cubrir las necesidades del hijo dependiente cuando el deudor incumpla el pago ordenado por sentencia judicial definitiva o con arreglo a un acuerdo aprobado por el tribunal.
De conformidad con la Ley n.º 195/1998 sobre asistencia social, en su versión modificada, el centro ha sido clasificado como autoridad gubernamental de asistencia social desde el 1 de julio de 1998.
Datos de contacto / dirección:
Fax: + 421 2 2046 3258, teléfono 24 horas (solo emergencias) + 421 915 405 954.
En la República de Eslovaquia, el Centro es la autoridad central en virtud del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (el «Reglamento de obligaciones de alimentos») y en virtud del Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia.
En los procedimientos donde es necesaria la asistencia letrada, se ofrece asistencia jurídica gratuita a las personas físicas menores de 21 años, de conformidad con el artículo 46. El Centro de Asistencia Jurídica Gratuita facilita este tipo de asistencia jurídica que se ofrece en virtud de la Ley n.º 327/2005 sobre la provisión de asistencia jurídica a personas que atraviesan dificultades económicas, según su versión modificada.

References: artículo 111
 resolución 
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 112
 artículo 127
 artículo 75
 artículo 62
 artículo 78
 artículo 121
 resolución 
 resolución 
 artículo 101
 artículo 46