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Timestamp: 2020-07-10 06:45:43+00:00

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Sentencia de Tutela nº 796/06 de Corte Constitucional, 21 de Septiembre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625487
Derecho al debido proceso y a la igualdad de las sociedades en el tramite de liquidacion unilateral del contrato de concesion suscrito por la sociedad concesionaria de la que formaban parte e invias, por cuanto invias resolvio los recursos de reposicion interpuestos contra los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato de concesion sin que se les permitiera objetar el dictamen pericial en el que se baso la liquidacion, pues los peritos se negaron a la aclaracion y complementacion del mismo. Solicitan se deje sin valor ni efecto la resolucion 5435 de 2005 del director general del invias que decidio el recurso de reposicion interpuesto y liquido unilateralmente el contrato de concesion 388/97; se le otorgue a dichas sociedades la plena oportunidad de cuestionar la prueba y se produzca un nuevo acto que liquide unilateralmente dicho contrato. Procedibilidad de la accion de tutela. La finalidad de la via gubernativa. En el presente caso lo que se pretende por via de tutela es corregir la vulneracion de los derechos fundamentales alegados en el desarrollo mismo de la via gubernativa y de esta manera reconstruir un tramite especifico, pero sin abordar un debate de fondo que despoje de sus competencias a la jurisdiccion contenciosa, foro natural para dirimir las controversias de carácter contractual derivadas de un contrato. El debido proceso administrativo. Generalidades sobre los dictamenes periciales. La observancia de las reglas del codigo de procedimiento civil en materia administrativa hacen parte del derecho al debido proceso, por lo que su pretermision podria conllevar a la vulneracion de las garantias fundamentales. Conforme a los hechos y pruebas acreditadas se tiene que el invias luego de haber corrido traslado a las accionantes del dictamen pericial efectuado con ocasión de la liquidacion del contrato y estas haber solicitado aclaracion o complementacion del mismo, finalmente ello no se produjo por cuanto los peritos se negaron a ello, respuesta que no se les puso en conocimiento, lo que trasgrede el derecho al debido proceso. Concedida
Acción de tutela instaurada por las Sociedades Castro Tcherassi S.A. y Equipo Universal S.A. contra el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los M.C.I.V.H., J.A.R. y N.P.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por las Sociedades Castro Tcherassi S.A. y Equipo Universal S.A. contra el Instituto Nacional de Vías - Invías.
Los señores A.T.G. y J.N.R., en calidad de representantes legales de las sociedades C.T.S.A. y Equipo Universal S.A., respectivamente, según certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Barranquilla (folios 161 y 213 del cuaderno de primera instancia), interponen acción de tutela contra el Instituto Nacional de Vías - Invías-, por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos al debido proceso y a la igualdad, en el trámite de liquidación unilateral del contrato de concesión suscrito por la sociedad concesionaria de la que hacían parte e Ivías. Para fundamentar su petición exponen los siguientes
Manifiestan que las sociedades Equipo Universal y Cia Ltda., hoy Equipo Universal S.A. y C.T. y Cia Ltda., hoy C.T.S.A., junto con otras 10 sociedades presentaron al Instituto Nacional de Vías - INVIAS- propuesta conjunta para la realización de estudios y diseños definitivos, rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento por el sistema de concesión del proyecto vial El Vino - Tobia Grande - Puerto Salgar- Villeta - Honda - Dorada - San Alberto, y que fue materia de licitación pública SCO-L01/97.
''Cabe agregar que para aquel entonces ya estaba en marcha el trámite de los múltiples recursos de reposición que contra esa misma resolución 3088/02 habían interpuesto todos los afectados, a excepción de las dos sociedades aquí demandantes.
Por ello, y ''en aras de salvaguardar el debido proceso ... de las compañías'' Castro y Equipo, el Invías profirió su resolución 3601 de 2005 en las que dispuso correrle traslado a esas compañías del ''material probatorio existente en el expediente'' relativo a los anotados recursos de reposición contra la resolución 3088/02, que en concreto consistía en los dos dictámenes periciales allí practicados, así:
un primer dictamen, a los doctores J.J.D. y F.R.; y
un segundo dictamen elaborado por los señores J.A.R. y A.J.F., en prueba de la objeción por error grave presentada por las primeras sociedades en ser notificadas contra aquel primer dictamen''.
Manifiestan que el Instituto Nacional de Vías negó la reposición impetrada pero aceptó la solicitud de aclaración ordenándoles a los peritos que respondieran la complementación solicitada, a la cual estos se negaron bajo el argumento de que ya se habían pronunciado sobre el particular en el año 2003, es decir, cuando los representantes legales de las sociedades Equipo Universal S.A. y C.T.S.A. no intervenían en dicha actuación administrativa.
Dicen que el Invías no les dio traslado ''a semejante modo de responder la orden de complementación, o mejor, su desatención...'', señalando que ''si a las demandantes se les responde la complementación ordenada a los peritos, y de ellas se les corre traslado, hubieran estado en tiempo para objetarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238-4 del C.P.C.''.
En ese orden, consideran que se quedaron sin la oportunidad de cuestionar el dictamen pericial del que se les había corrido traslado, además de que los segundos peritos sostienen que en el primer dictamen no se incurrió en error grave, ''a pesar de lo cual redujeron el monto de la liquidación en contra de Commsa y de sus sociedades socias de 54 mil millones a 24 mil millones de pesos''.
Aducen en cuanto hasta lo ahora mencionado, que ''las sociedades demandantes se quedaron sin la posibilidad de cuestionar el dictamen pericial del que se nos dio traslado ''en aras de salvaguardar el debido proceso'', pues para entonces ya estaba como en una especie de ejecutoriado, y de esa manera el expediente quedó huérfano de aspectos que hoy, ya liquidado el contrato, resultan fundamentales y que, de haberse conocido, el resultado de esa misma liquidación necesariamente hubiera sido otro, pues, por ejemplo, no se supo con base en qué parámetros lo liquidaron, siendo que el contrato de concesión 388/97 no los estableció, ni las partes se pusieron de acuerdo a ese respecto''.
Asimismo, consideran que el derecho a la igualdad les fue desconocido frente a las demás sociedades accionistas de Commsa, ''pues dentro de la misma actuación administrativa dio tratamiento distinto en materia de pruebas a uno y otro grupo'', pues a las sociedades demandantes ''no le permitió la oportunidad de objetar el dictamen pericial del cual le había corrido expreso traslado, como sí ocurrió con aquel otro grupo [las sociedades accionistas]''.
Solicitan en consecuencia que ''se deje sin valor ni efecto alguno la Resolución 5435 de 2005 del Director General del Instituto Nacional de Vías, mediante la cual decidió el recurso de reposición interpuesto por las sociedades demandantes contra las resoluciones 3088 y 3197 de 2002 y liquidó unilateralmente el contrato de concesión 388/97, hasta tanto se tramite su propia orden de aclaración y complementación del dictamen pericial contenida en el oficio N° 35938 de octubre 5 de 2005 y, como consecuencia de ello, se le otorgue a dichas sociedades la plena oportunidad de cuestionar la prueba, si así lo estiman pertinente, en cuyo caso los nuevos peritos deberán ser ajenos a la actuación administrativa y a las partes y sólo así, y como consecuencia de ello, produzca nuevo acto administrativo que liquide unilateralmente dicho contrato de concesión y responda el anotado recurso de reposición por ellas interpuesto''. Igualmente, ''y a fin de evitar que la liquidación del mismo contrato de concesión eventualmente arroje valores distintos para unos y otros interesados, se deje sin valor y efecto alguno la totalidad de la resolución 5435 de 2005, frente a todos los implicados en ella, hasta tanto el Invías de cumplimiento a lo dispuesto en el punto precedente''.
Por último, señalan que ''Las sociedades demandantes si cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus derechos, que sería la acción de nulidad y restablecimiento contra la resolución 5435/05. Sin embargo, el objeto de esa acción resulta diferente al que aquí se persigue, que es reconstruir la vía gubernativa antes de acudir a la contenciosa. No obstante, para el caso de que se entienda de manera distinta, ruego tramitar esta acción de tutela como mecanismo transitorio. En tal evento, el perjuicio irremediable consistiría en la inminencia de los embargos que con base en dicha resolución podría pedir el Invías, cuyo daño solo sería resarcible mediante las correspondientes indemnización (sic) a su cargo''.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, mediante Auto de diciembre 15 de 2005, avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado de la demanda al Instituto Nacional de Vías - Bogotá- y a la Territorial Barranquilla de la misma institución por un término de dos días.
Asimismo, el Juzgado ordenó vincular como tercero con interés a la Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio S.A. - Commsa S.A.
2.1. Respuesta del Instituto Nacional de Vías - Invías.
El J. de la Oficina Asesora Jurídica del Invías, dio contestación a la acción de tutela, solicitando se desestime por improcedente. En su escrito el mencionado funcionario expresa que en virtud de la declaratoria de caducidad del contrato de concesión 388 de 1997, se ordenó su liquidación, la que se plasmó en las resoluciones 03088 de julio 25 de 2002 y 03197 de julio 30 de 2002, las cuales fueron objeto de recurso por parte de Commsa y las sociedades accionistas.
Recuerda que por lo ordenado en un fallo de tutela, Invías se abstuvo de aplicar los efectos de la caducidad del contrato a las sociedades ahora accionantes, hasta cuando la Corte Constitucional revocó la mencionada providencia (SU-1070 de 2003) por lo que el trámite se reanudó el 27 de mayo de 2005, notificando las resoluciones de liquidación por edicto a las sociedades Equipos Universal S.A. y C.T.S.A., ante la imposibilidad de llevarlo a cabo de manera personal.
Dice que una vez notificadas dichas sociedades, estas interpusieron recursos de reposición. Invías, en procura de garantizar el debido proceso, les corrió traslado de los dictámenes periciales y de todo el material probatorio que obraba en el expediente a través de la resolución 03601 de agosto 05 de 2005, frente a lo cual el apoderado de las sociedades allegó dos solicitudes, la primera a través del escrito radicado el 09 de agosto de 2005 en el que interpuso recurso de reposición contra esta última resolución, el cual fue rechazado por dirigirse contra un acto de trámite, y la segunda solicitud, radicada en la misma fecha, pidiendo que los peritos F.R. Posada y J.J.D.G. aclararan y adicionaran el dictamen pericial.
Manifiesta que la solicitud de adición y aclaración del dictamen pericial es la misma hecha por las sociedades C.J.E. y Construcciones S.A. y G.S.A., razón por la cual los peritos respondieron que sobre los mismos aspectos ya habían emitido dictamen el 29 de mayo de 2003, no pronunciándose nuevamente sobre lo mismo.
§ Copia de la resolución N° 3088 de julio 25 de 2002 ''Por la cual se liquida unilateralmente el contrato de Concesión N° 0388 de 1997'' proferida por la Directora General de Invías (folios 98 a 140 del cuaderno de primera instancia).
§ Copia de la resolución N° 3197 de julio 31 de 2002 ''Por la cual se modifica y complementa la Resolución N° 003088 del 25 de julio de 2002'' proferida por la Directora General de Invías (folios 96 y 97 del cuaderno de primera instancia).
§ Copia del recurso de reposición interpuesto el 03 de junio de 2005 por las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A. contra las resoluciones 3088 y 3197 de 2002 (folios 150 a 157 del cuaderno de primera instancia).
§ Copia de la resolución N° 3601 de agosto 05 de 2005 ''Por la cual se corre traslado de los Dictámenes Periciales y otras pruebas a las empresas C.T.S.A. y Equipo Universal S.A. dentro del trámite de liquidación unilateral del contrato de Concesión 0388-97'' proferida por el Director General de Invías (folios 141 y 142 del cuaderno de primera instancia).
§ Copia del recurso de reposición interpuesto el 9 de agosto de 2005 por las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A. contra la Resolución 03601 de agosto 5 de 2005 (folio 147 del cuaderno de primera instancia).
§ Copia de la solicitud presentada el 9 de agosto de 2005 por las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A. al Invías, para que ''los señores peritos se sirvan aclarar y adicionar su dictamen del cual se me ha corrido traslado mediante resolución 003601 de fecha 5 de agosto del año en curso'' (contiene un cuestionario de 19 preguntas) (folios 143 a 146 del cuaderno de primera instancia).
§ Copia del cuestionario elevado el 9 de abril de 2003 por las sociedades C.J.E. y Construcciones S.A. y G.S.A., en el que solicitan al Invías aclaración y complementación al dictamen pericial (folios 191 a 193 del cuaderno de primera instancia).
§ Copia de la resolución N° 5435 de 2005 ''Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por las siguientes sociedades: Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio S.A. -Commsa, Sacyr S.A., Banco Santander Central Hispano, ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., ACS Colombia S.A., C.J.E. & Construcciones S.A., G.S.A., Concesionaria Wackenhut de Colombia S.A., Wackenhut de Colombia S.A., C.T.S.A. (antes C. y Cía. Ltda.), Equipo Universal S.A. (antes Equipo Universal y Cía. Ltda.), Banestado S.A., Sociedad Fiduaciaria Industrial S.A., Fiduifi, Instituto de Fomento Industrial -IFI, A.I.G. Colombia Seguros Generales (antes Interamericana Compañía de Seguros), BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A., Compañía Mundial de Seguros S.A., La Previsora S.A. Compañía de Seguros, contra las Resoluciones N° 3088 del 25 de julio de 2002 y N° 3197 del 31 de julio de 2002, por medio de las cuales el Instituto Nacional de Vías, en adelante el INVIAS, liquidó de forma unilateral el Contrato de Concesión N° 0388 de 1997'' proferida por el Director General de Invías (folios 14 a 95 del cuaderno de primera instancia).
§ Certificados de existencia y representación legal de las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A., expedidos por la Cámara de Comercio de Barranquilla (folios 161 a 170 del cuaderno de primera instancia).
''... teniendo en cuenta que INVIAS aceptó como aclaración la respuesta que dieron los peritos el 14 de octubre de 2005, debió proceder de conformidad al numeral 4 del artículo 238 del C.P.C., circunstancia esta que vulnera su derecho a la defensa y contradicción. Pues sino estaría como lo viene diciendo la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ''simplemente están garantizando en forma formal el derecho a la defensa pero no de manera material'' porque si bien es cierto que INVIAS le garantiza el derecho a la defensa, al ordenar el traslado de las pruebas habida en el proceso liquidatorio, y admite que se aclare el dictamen y ordena que sean los peritos A.F. y J.R. que lo hagan; pero al considerar estos que las preguntas formuladas ya fueron absueltas en el proceso mediante dictamen de mayo 29 de 2003, de esto se debió poner en conocimiento de los actores, conforme lo indica la norma antes transcrita. Y no entrar a resolver el recurso de reposición.
Es decir, en vez de continuar con el trámite previsto en el artículo 238 del C.P.C. numeral 4, a fin de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y contradicción decidió resolver el recurso de reposición; circunstancia que cercenó los derechos fundamentales antes citados''.
Conforme a estos argumentos, tuteló los derechos al debido proceso y a la defensa, ordenando al Invías que dentro del término de 48 horas ''deje sin efecto la resolución N° 05435 del 28 de octubre de 2005 y dé el trámite previsto en el artículo 238 numeral 4 del C.P.C. para que adecue el procedimiento a lo legalmente previsto''.
Luego de proferido el fallo de primera instancia, mediante oficio de enero 19 de 2006, el doctor J.L.R., en calidad de Procurador 14 Judicial Administrativo de Barranquilla, designado por el Procurador General de la Nación (folio 220 del cuaderno de primera instancia) para intervenir como agente del Ministerio Público dentro del proceso de tutela, solicitó al Juzgado 1° Penal del Circuito de Barranquilla, conforme al artículo 277-7 de la Constitución Nacional, tenerlo como sujeto procesal.
2.1. El J. de la Oficina Asesora Jurídica del Invías impugna la decisión adoptada por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Barranquilla, pues a su juicio se aplicó desatinadamente la Ley 80 de 1993, como quiera que el proceso de liquidación del contrato 388 de 1997 es una actuación administrativa y no judicial.
Asevera que el recurso de reposición, previsto en el C.C.A. no establece periodo probatorio, sin embargo, en aras de garantizarle el debido proceso a las entidades accionantes, I. admitió la práctica de pruebas en el mencionado recurso, donde estas actuaron solicitando aclaración y adición al dictamen pericial, misma petición efectuada en su momento por las sociedades C.J.E. y Construcciones S.A. y G.S.A., pues de su lectura se observa que la solicitud es idéntica a la presentada en el año 2003.
Asegura que el Invías demostró que los accionantes no hicieron uso del derecho a objetar el dictamen pericial sino que se limitaron a solicitar el 9 de agosto de 2005 aclaración y complementación, repitiendo el mismo cuestionario hecho por las sociedades C.J.E. y Construcciones S.A. y G. S.A. el 9 de abril de 2003. Lo anterior, señala, da a entender que las accionantes estaban enteradas de todo el material probatorio, por lo que era innecesario otorgar un término adicional para que objetaran el dictamen, ya que el objetivo era diferente a hacer efectivo el derecho a impugnar la prueba pericial.
En ese orden, adujo el ad-quem, que la determinación del a-quo de acudir a la normatividad procesal civil para corroborar si el proceder de Invías se ciñó a tal normatividad fue acertada, más aún cuando en la resolución N° 03601 de agosto 5 de 2005 la entidad accionada dispuso correr traslado en los términos del art. 238 del C.P.C. Dice además ''que si en gracia de discusión se aceptase lo postulado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Invías, de que no debe aplicarse lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, se pregunta la Sala por qué a las demás sociedades intervinientes en el proceso administrativo de liquidación del contrato 388/97, si se les corrió traslado de la aclaración efectuada al primer dictamen?, mientras que a las sociedades demandantes en sede de tutela no se quiere hacer lo propio, incurriendo por ello en una clara trasgresión del derecho a la igualdad''. Ahondando en el fondo del asunto, el Tribunal sostiene lo siguiente:
''... el Invías se apartó del procedimiento establecido por la normatividad procesal civil relativa a los dictámenes periciales, puesto que si bien en un principio y en aras de preservarles a las sociedades Equipo Universal S.A. y C.T. su derecho al debido proceso y a la defensa, les corrió traslado del dictamen pericial de liquidación del contrato 388/97, llegando incluso a aceptar la solicitud de aclaración o complementación del mismo, disponiendo la designación de un par de peritos para que absolvieran dicho cuestionario, sin embargo, no se les corrió traslado de la respuesta o concepto emitido por estos.
Por lo antes anotado, resulta inobjetable, se reitera, que existió vulneración de los derechos fundamentales de los actores, al no brindárseles la oportunidad de objetar por error grave la aclaración o complementación efectuada, no siendo de recibo que por existir similitud entre las solicitudes de aclaración hechas por las sociedades Equipo Universal S.A. y C.T. en el año 2005 y las efectuadas por las sociedades C.J.E. y Construcciones S.A. y G. S.A. el 9 de abril de 2003, la entidad accionada quedaba relevada de ponerles en conocimiento lo resuelto por los peritos, bajo la presunción de que efectuarían las mismas objeciones por error grave. Esta situación se aparta de los principios reguladores de la actuación administrativa, en la medida en que por el simple hecho de haberse solicitado similar aclaración al dictamen pericial, ello no conlleva a que necesariamente efectuarían las mismas objeciones por error grave, o que en el hipotético caso de llegar a efectuar las mismas no acudiesen a argumentos diferentes para justificar la viabilidad de estas, lo cual obligaría a los peritos que se designen a tener que dictaminar sobre la procedencia o no de estas''.
En el presente caso las sociedades C.T.S.A. y Equipo Universal S.A. consideran que el Invías incurrió en una vulneración a sus derechos fundamentales, por cuanto resolvió los recursos de reposición interpuestos contra los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato de concesión N° 388/97, suscrito por el consorcio del que hacían parte e Ivías, sin que se les permitiera objetar el dictamen conforme al art. 238 del C.P.C. respecto de la prueba pericial en la que se basó la liquidación, pues los peritos se negaron a la aclaración y complementación del mismo. Indican además, que a las otras sociedades que conformaban Commsa S.A. sí se les corrió el traslado que ahora alegan.
Por su parte Invías manifiesta que la solicitud de adición y aclaración del dictamen pericial era la misma hecha por las sociedades C.J.E. y Construcciones S.A. y G.S.A., por lo que los peritos no se pronunciaron dado que sobre los mismos aspectos ya habían emitido dictamen el 29 de mayo de 2003. Asegura que las sociedades demandantes no pueden alegar la vulneración de sus derechos fundamentales cuando su apoderado fue quien se limitó a repetir las observaciones elevadas por las otras sociedades al momento en que se les corrió traslado del dictamen pericial, conociendo de antemano la respuesta dada por los peritos a las mismas. Por lo cual considera que era deber de la administración continuar con el trámite. Afirma que las sociedades demandantes cuentan con otros medios de defensa judicial a los cuales pude acudir en defensa de sus derechos.
Los jueces de instancia concedieron la protección solicitada, ordenando al Invías que dentro del término de 48 horas ''deje sin efecto la resolución N° 05435 del 28 de octubre de 2005 y dé el tramite previsto en el artículo 238 numeral 4º del C.P.C. para que adecue el procedimiento a lo legalmente previsto''. Tanto el a quo como el ad quem concluyeron que la entidad accionada al proceder en la forma como lo hizo, impidió que las sociedades accionantes pudieran objetar el dictamen de aclaración respecto de la prueba pericial tal como lo permite el numeral 4° del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, normatividad que aducen se aplica al caso. Indican que no se trata de garantizar simplemente de manera formal el derecho a la defensa sino de otorgar una eficacia material. También, que el derecho a la igualdad fue desconocido, por cuanto a las otras sociedades (que hacían parte de Commsa S.A.) en su oportunidad si se les corrió traslado de la aclaración efectuada al dictamen, mientras que a las sociedades demandantes en sede de tutela no se les permitió lo mismo.
Esta Corporación ha venido reiterando, que la acción de tutela es de carácter subsidiario, en cuanto sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; o cuando, existiendo otros mecanismos, éstos no son idóneos ni eficaces para evitar la consumación de un perjuicio irremediable Ver entre otras sentencias, la T-03/92, T-057/99, T-815/00, T-021/05. .
El anterior criterio jurisprudencial, trazado desde la sentencia T-03 del 11 de mayo de 1992 Cfr. Sentencia T-03 de 1992: ''A este respecto debe expresar la Corte, como criterio indispensable para el análisis, que únicamente son aceptables como medio de defensa judicial, para los fines de excluír la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho conculcado''. , indica que el otro medio de defensa judicial al que alude el artículo 86 de la Constitución Política, debe ser eficaz y permitir la protección inmediata y real de los derechos fundamentales afectados. De lo contrario, la acción de tutela dejaría de tener ése carácter constitucional preferente que la caracteriza en razón de su objeto, y ya no sería tampoco el mecanismo aplicable para evitar la burla de los preceptos superiores.
Por ello, el artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991 señala, en relación con tales medios, que su existencia "será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante''. Esto significa que en cada caso en particular corresponde al juez de tutela evaluar si el otro medio de defensa judicial, cuanto existe, podría llegar a brindar la protección inmediata que exige el derecho amenazado o vulnerado, o si por el contrario se trata de una vía formal o cuyos objetivos y resultados finales, dada la prolongación del proceso, resulten tardíos para garantizar la idoneidad de la protección judicial y la intangibilidad de los derechos afectados.
De esta manera, solo la existencia de otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces para la protección de los derechos presuntamente vulnerados pueden tornar improcedente la acción de tutela. Así, la Corte ha dicho: ''...no es suficiente, para excluir la tutela, la mera existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años mientras sus derechos fundamentales están siendo violados''. Sentencia T-468 de 1999.
Dicha idoneidad y suficiencia de acuerdo con la Corte, debe ser analizada en cada caso concreto, para lo cual es indispensable que los otros medios de defensa judicial, ''proporcionen el mismo grado de protección que se obtendría mediante el empleo la acción de tutela, es decir, que sean tan sencillos, rápidos y efectivos como ésta para lograr la protección de los derechos fundamentales lesionados o amenazados''. Sentencia T-021 de 2005.
En relación con el ejercicio de la función administrativa, esta corporación ha considerado que pueden generarse diferentes situaciones jurídicas que producen en los administrados beneficios, desventajas o indiferencia. Por consiguiente, debe existir un control para que las potestades de la administración respondan tanto a la Constitución como a la ley. Así las cosas, dicho control se ve vertido en la tutela judicial y en la autotutela de la administración. A través de la primera , los administrados pueden controvertir las decisiones de la administración, provenientes de la potestad otorgada por la ley, utilizando la vía judicial. Por intermedio de la segunda, es la misma administración quien controla o corrige sus decisiones provenientes de la potestad mencionada. Así las cosas, el legislador ha dotado a la administración de una serie de potestades, con el propósito de que corrija los errores u omisiones en que esta hubiere incurrido en la toma de sus decisiones, son ejemplo de ello la vía gubernativa y la revocatoria directa de los actos administrativos. Es decir, mecanismos de autotutela de la administración Sentencia C-060 de 2005 M.P.J.A.R..
Esta disposición fue declarada exequible por esta corporación, mediante sentencia C-319 de 2002 M.P.A.B.S., en la que se consideró que:
Al respecto de ésta última norma citada, en la misma sentencia C-319 de 2002 citada, la Corte consideró que: ''Con todo, si los servidores públicos incumplen con los deberes que les impone la ley, y de su actuación se deriva la imposibilidad para el administrado de agotar la vía gubernativa, bien porque no le fue comunicada la iniciación de la actuación administrativa que afectó sus intereses, ya porque las notificaciones no se realizaron o no se hicieron en debida forma, el afectado con ese incumplimiento podrá acudir directamente a la jurisdicción, sin necesidad de agotar la vía gubernativa, tal como lo prevé el último inciso del artículo 135 demandado.''.
La Sala considera necesario precisar que la actuación del Invías mediante la cual procedió a liquidar el 388 de 1997, resoluciones 3088 y 3197 de 2002 y 5435 de 2005, fue notificada a las partes accionantes en esta tutela, y se interpuso el recurso de reposición respectivo. Por lo tanto, no se trata de un caso en el que la administración impidió la interposición del recurso de reposición consagrado en la ley. Se controvierte justamente la actuación de la administración en el trámite de dicho recurso, en el que consideró la administración necesario para su resolución, decretar previamente un dictamen pericial. En efecto, se trata de establecer, si para la protección de los derechos fundamentales que se considera vulnerado en esta etapa -debido proceso e igualdad-, resulta idóneo acudir directamente a la jurisdicción contencioso, máxime cuando la solicitud de tutela no está encaminada a controvertir el contenido de fondo de la liquidación unilateral del contrato, sino que se reprocha las graves deficiencias en las actuaciones precedentes, particularmente la imposibilidad de controvertir un dictamen ante la propia administración.
De manera que, para la corrección de ciertos actos de la administración que vulneran derechos fundamentales, no siempre es preciso que los afectados acudan a la vía del juez contencioso, pues en ocasiones es pertinente la intervención del juez de tutela, para que mediante el trámite sumario de esta acción cese la vulneración, como ocurre por ejemplo, cuando la administración no motiva un acto teniendo la obligación de hacerlo, pues con ello se impide al ciudadano conocer las causas de una decisión y se le obliga, para reclamar la nulidad, a extraerlas de su imaginación, lo que a todas luces supone una carga irrazonable y desproporcionada. Es por ello que la Corte ha ordenado la motivación de ciertos actos administrativos, a pesar de la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa Cfr., entre muchas otras, las sentencias SU-250 de 1998, T-648/05, T-1206/04, T-1240/04, T-161/05, T-222/05, T-392/05, T-267/05, T-031/05, T-123/05, T-634/06..
Sobre el debido proceso administrativo.
4.1. El derecho al debido proceso administrativo ha sido estudiado en múltiples oportunidades por esta Corporación. Esta garantía se encuentra consagrada de manera expresa en el artículo 29 constitucional, entre otras disposiciones superiores, y consiste en el respeto a las formas previamente definidas, en punto de las actuaciones que se surtan en el ámbito administrativo, salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad. Corresponde en este contexto al juez constitucional determinar su alcance y aplicación, en atención a los principios de eficacia de la administración y observancia de los fines inherentes a la función pública Sentencias T-582 de 1992 y T-214 de 2004..
Así pues, este derecho es definido como (i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal Sentencia T-552 de 1992. En esta providencia se indicó también que ''El proceso administrativo, denominado antes procedimiento administrativo, para diferenciarlo del proceso judicial, en tanto, este último, tenía por finalidad la cosa juzgada; comprende el conjunto de requisitos o formalidades anteriores, concomitantes o posteriores, que establece el legislador para el cumplimiento de la actuación administrativa, y los procedimientos, o pasos que debe cumplir la administración para instrumentar los modos de sus actuaciones en general.''.
El objeto de esta garantía superior es entonces (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados Sentencia T-522 de 1992..
4.2. Este derecho se traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones. Si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estos privilegios con los derechos fundamentales de los asociados Sentencia T-772 de 2003. .
''Se observa que el debido proceso se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses.
El debido proceso tiene reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias garantías establecidas en beneficio del administrado, etapas que deben cumplirse dentro del procedimiento administrativo señalado. Se concluye que estos actos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley, que la observancia de la forma es la regla general, no sólo como garantía para evitar la arbitrariedad, sino para el logro de una organización administrativa racional y ordenada en todo su ejercicio, el cumplimiento estricto para asegurar la vigencia de los fines estatales, y para constituir pruebas de los actos respectivos, que permitan examinarlos respecto de su formación, esencia, eficacia y validez de los mismos'' Sentencia T-442 de 1992..
4.3. El debido proceso administrativo ''comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales'' Sentencia C-383 de 2000.. Así mismo, es desarrollo del principio de legalidad, según el cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y el trámite a seguir antes de la adopción de determinadas decisiones. Igualmente, el principio de legalidad impone a las autoridades el deber de comunicar adecuadamente sus actos y el de dar trámite a los recursos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico Sentencia T-550 de 1992: "La Constitución Política de 1991, a más de consagrar en forma expresa el derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, lo consagra para las actuaciones administrativas, con lo cual se produce una innovación que eleva a la categoría de Derecho Fundamental, un derecho de los asociados que, tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacía parte del concepto original propio del derecho al debido proceso. En efecto, se distinguía entre una y otra realidad jurídica, en tanto ese derecho buscaba, en sus primeros tiempos asegurar la 'libertad física, y, sólo gradualmente se extendió a procesos de naturaleza no criminal, a las demás formas propias de cada juicio, según el texto constitucional anterior; ahora, sigue aumentando su espectro este derecho, que comprende como el que más la necesidad de consultar el principio de legalidad en las actuaciones públicas judiciales y en adelante las administrativas, ampliando su ámbito garantizador. (..)
En realidad, lo que debe entenderse por proceso administrativo para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política, es un conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados entre si de manera directa o indirecta, y tienden a un fin, todo de acuerdo con disposición que de ellos realice la ley''.
Siendo desarrollo del principio de legalidad, el debido proceso administrativo representa un límite jurídico al ejercicio del poder político, en la medida en que las autoridades públicas únicamente podrán actuar dentro de los ámbitos establecidos por el sistema normativo, favoreciendo de esta manera a las personas que acuden ante quienes han sido investidos de atribuciones públicas Sentencia T-1341 de 2001..
Generalidades sobre los dictámenes periciales.
En primer lugar, aquella que la configura como un verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen pericial se dirige a provocar la convicción en un determinado sentido, esto es, la actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, ya que tiende a la fijación de la certeza positiva o negativa de unos hechos.
Y, en segundo lugar, aquella que la configura como un mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el dictamen pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos en el proceso sino que se complementan los conocimientos necesarios para su valoración por parte del juez. Mientras los medios de prueba introducen en el proceso afirmaciones fácticas relacionadas con las afirmaciones iniciales de las partes, con interés exclusivo para el proceso concreto, la pericia introduce máximas de experiencia técnica especializadas de validez universal para cualquier tipo de proceso.
''Tradicionalmente la prueba pericial ha sido definida como aquella que se realiza para aportar al proceso las máximas de experiencia que del juez no posee o puede no poseer y para facilitar la percepción y la apreciación de los hechos concretos objeto de debate C.C.D., La prueba penal. Doctrina y jurisprudencia, V., E.. T. lo B., 1999, p. 463..
También ha sido concebida como el medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento que emite una persona que no es sujeto procesal acerca de los hechos, circunstancias o condiciones personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro del proceso y dirigida al fin de la prueba para la que es necesario poseer determinados conocimientos científicos, artísticos o prácticos. De tal suerte que la prueba pericial es considerada como una 'prueba de auxilio judicial' encaminada a suplir la ausencia de conocimientos científicos, técnicos o culturales de los jueces''.
5.2. El Código Contencioso Administrativo establece que en las actuaciones de la administración ''serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el código de procedimiento civil'' (art. 57). Esta disposición, en armonía con la contenida en el artículo 267 del C.C.A. C.C.A. Art. 267: ''En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones..."., nos remite a lo regulado por el estatuto adjetivo civil en cuanto se refiere a los dictamines periciales, su procedencia, su practica y su contradicción.
Así entonces, se tiene que el Código de Procedimiento Civil regula el decreto y práctica de este medio de prueba y dispone en su artículo 233 que ''la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos''.
''Art. 237.- Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se procederá así:
El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones''.
''Art. 238.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1. Num. 110. Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se procederá así:
Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave.
Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días.
Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas aquéllas, si fueren ordenadas.
De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas.
En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare. (...)''. (Subraya la Sala)
''La ley ha otorgado a los litigantes derecho para pedir, dentro del referido traslado del dictamen, que los peritos lo expliquen, amplíen o aclaren en caso de ser oscuro o deficiente, con el fin de completar la prueba purgándole de dudas o deficiencias, o para darle mejores fundamentos (...).
''Como la aclaración o ampliación del dictamen no constituye un nuevo peritaje sino parte integrante o complemento del concepto inicialmente rendido, formando con éste un solo todo, así sea que mediante ella el perito modifique o rectifique, y aun contradiga sus primeras conclusiones, no incurre en yerro de valoración legal el sentenciador que encontrándola uniforme, explicada y debidamente fundamentada atribuye pleno mérito demostrativo a la declaración o aclaración que hagan dos peritos, prescindiendo de lo que inicialmente en sentido contrario ellos hayan afirmado''. (C.S..J.S.. Oct.18/71).
Es decir, la explicación, ampliación o aclaración de un dictamen pericial, en orden al esclarecimiento y precisión de los hechos cuestionados, bien pueden conducir a la modificación o rectificación del concepto inicialmente rendido, pero en todo caso, dentro de la esfera de un mismo peritaje. De suerte que en cualquiera de estos eventos se trata de una extensión del trabajo originariamente realizado por los peritos, que tiene como fin la cualificación procesal de la información suministrada a través del dictamen Cfr. Sentencia C-807 de 2002..
''(...), si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos (...) pues lo que caracteriza desacierto de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, (...) es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven (...), de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada (...)''. (C.S.J. Auto sept. 8/93, Exp. 3446).
6.1. En esta oportunidad las sociedades C.T.S.A. y Equipo Universal S.A. consideran que el Invías incurrió en una vulneración a sus derechos fundamentales Esta Corporación ha sido muy enfática al sostener que las personas jurídicas pueden ser objeto de vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, cuando éstos puedan predicarse de su existencia misma, de su actividad, del núcleo de garantías que les ofrece el ordenamiento jurídico y de los que se derivan del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas naturales ligadas a ellas. Así lo manifestó esta Corte en la sentencia SU-182 de 1998, donde se dijo: ''Hay derechos de las personas jurídicas, que ellas pueden reclamar dentro del Estado Social de Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama de derechos que les corresponden, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto. La naturaleza propia de las mismas personas jurídicas, la función específica que cumplen y los contenidos de los derechos constitucionales conducen necesariamente a que no todos los que se enuncian o se derivan de la Carta en favor de la persona humana les resulten aplicables. Pero, de los que sí lo son y deben ser garantizados escrupulosamente por el sistema jurídico en cuanto de una u otra forma se reflejan en las personas naturales que integran la población, la Corte Constitucional ha destacado derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre otros. En conexidad con ese reconocimiento, las personas jurídicas tienen todas, sin excepción, los enunciados derechos y están cobijadas por las garantías constitucionales que aseguran su ejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el orden jurídico consagra. De allí que son titulares no solamente de los derechos fundamentales en sí mismos sino de la acción de tutela para obtener su efectividad cuando les sean conculcados o estén amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular''., al resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato de concesión N° 388/97, pues no se les permitió objetar el dictamen pericial decretado por la administración, y en el cual se basó la liquidación del contrato. Si bien solicitaron su aclaración o complementación, los peritos se negaron a ello, y además, tampoco se les corrió traslado de dicha respuesta dada por los peritos.
A juicio de la Sala, como lo consideraron los jueces de instancia, la anterior situación trasgrede el derecho fundamental al debido proceso en cabeza de las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A., por cuanto no pudieron contradecir el dictamen pericial. En primer lugar, los peritos se negaron a aclarar o complementar el dictamen pericial rendido sin que la administración hiciera nada al respecto, pues ni exigió que los peritos cumplieron con su deber ni corrió traslado a las partes para que pudieran pronunciarse objetándolo por error grave, en los términos del numeral 4° del artículo 238 del C.P.C., norma que se aplicaba al caso concreto dadas las razones desarrolladas en la parte dogmática de esta providencia.
''Artículo 77. De la normatividad aplicable en las actuaciones administrativas. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo'' (Subraya la Sala).
''RESOLUCIÓN NÚMERO 003601 DE AGOSTO 05 DE 2005.
Por la cual se corre traslado de los Dictámenes Periciales y otras pruebas a las empresas C.T.S.A. y Equipo Universal S.A. dentro del trámite de liquidación unilateral del contrato de concesión 0388-97.
Artículo Primero: O. correr traslado en los términos del art. 238 del C.P.C. a la sociedad Equipo Universal S.A. (...) y la sociedad C.T. S.A. (...) de todo el material probatorio existente en el expediente y de los dictámenes periciales efectuados por J.J.D.G. -C.P. y F.R. Posada, Ingeniero Civil, de fecha 18 de marzo de 2003 y del dictamen realizado por J.A.R.D. y A.F.B. con relación a las objeciones por error grave del 21 de noviembre de 2003.
Artículo Segundo: O. dejar a disposición de la sociedad Equipo Universal S.A. (...) y la sociedad C.T. S.A. (...) todo el material probatorio existente en el expediente y los respectivos dictámenes periciales por los siguientes tres días posteriores a su notificación (...)
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE''. (Resalta la Sala)
6.3. Por otra parte, no resulta de recibo para la Sala lo alegado por la entidad accionada, relativo a que por existir similitud entre la solicitud de aclaración elevada en el año 2003 por las sociedades C.J.E. y Construcciones S.A. y G.S.A. y la efectuada en el año 2005 por las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A., quedaban eximidas de poner en conocimiento lo resuelto por los peritos, bajo la suposición de que realizarían las mismas objeciones por error grave En la parte considerativa de la Resolución 05435 de octubre 28 de 2005, Invías dice al respecto: ''Que mediante comunicación del 13 de octubre de 2005, radicada en el Invías bajo el N° 67069 del 14 de octubre de 2005, los peritos respondieron las aclaraciones solicitadas por las firmas C.T.S.A., Equipo Universal S.A., Sacyr S.A. y ENA, señalando que sobre esos mismos cuestionamientos y por haber sido formulados de manera exacta ya se habían pronunciado en el año 2003''.. Sin embargo, la similitud entre las solicitudes no implica forzosamente que las sociedades actoras harían objeciones por error grave semejantes a las hechas por las otras, pues es latente la posibilidad de que podrían utilizar argumentos o razones distintas que hubieran hecho viable la objeción y cambiado el resultado de la liquidación del contrato.
Ahora bien, la vulneración del derecho al debido proceso reflejada en la pretermisión a la posibilidad de objetar el dictamen pericial, conllevó el desconocimiento del derecho a la igualdad de las sociedades accionantes frente a las demás sociedades que conformaban Commsa S.A., pues a estas en su oportunidad se les permitió pedir aclaración a la pericia y objetar la respuesta a la misma. Recuérdese que a las sociedades C.T. y Equipos Universal no se les participó desde un principio de tal trámite, dada la orden de tutela que las excluía del mismo, la cual fue revocada por la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-1070 de 2003. Lo anterior se desprende con claridad de la lectura de la página 14 de la Resolución N° 05435 de 2005 (folio 27 del cuaderno de primera instancia), según la cual:
''(...) Que el 20 de enero de 2003 se posesionaron los peritos designados, doctores F.R. Posada y J.J.D.G., los cuales procedieron a examinar la información existente y a rendir su dictamen.
Que el dictamen fue objeto de aclaraciones por parte de Commsa y sus accionistas, C.J., Gercón, la Mundial y la Previsora.
Que luego de haberse corrido traslado de las aclaraciones al dictamen, fue objetado por error grave por parte de Commsa, sus accionistas Españoles, C.J.E. y Construcciones S.A. y G. y por las aseguradoras la Mundial y la Previsora quienes solicitaron otro dictamen pericial para demostrar dicho error.
Que el día 29 de agosto de 2003 se posesionaron los nuevos peritos, doctores J.A.R.D. y A.J.F.B., los cuales entregaron el nuevo dictamen el día 5 de diciembre de 2003.
Que el Invías por medio del auto del 11 de diciembre de 2003 accede a decretar aclaraciones al nuevo dictamen''.
6.4. Por todo lo anterior, la Sala concluye que el Invías vulneró los derechos fundamentales invocados por las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A., al omitir correr traslado de la respuesta dada por los peritos a la solicitud de aclaración o complementación al dictamen pericial en que se basó la liquidación unilateral del contrato de concesión N° 388 de 1997, lo que implicó truncarles la posibilidad de poderlo objetar por error grave, en los términos del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, cuya oportunidad si permitió en su momento a las demás sociedades integrantes de Commsa S.A. En consecuencia, confirmará las decisiones de instancia que concedieron el amparo deprecado.
Primero.- CONFIRMAR la sentencia de febrero 22 de 2006, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Primero penal del Circuito de Barranquilla el 16 de enero de 2006, que concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por las sociedades C.T.S.A. y Equipos Universal S.A.
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO N.P.P. A LA SENTENCIA T-796 DE 2006
Actores: C.T.S.A. y Equipo Universal S.A. contra el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.
Respetuosamente, me aparto del fallo proferido por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional que integro con los M.C.I.V.H. y J.A.R..
En este sentido no puede perderse de vista que la controversia que en torno a dicho dictamen intentaron plantear las sociedades accionantes era, en su esencia, la misma que ya habían aducido -sin éxito- las demás entidades que hacían parte de la sociedad concesionaria. Tampoco puede ignorarse que en caso de haber prosperado la alegación de estas últimas, ello hubiera sin duda aprovechado a las entidades tutelantes, tanto como a las otras que para esa fecha participaban de la actuación administrativa y que en tal calidad controvirtieron el mencionado dictamen. Así las cosas, es claro que en realidad las entidades accionantes no tuvieron en este caso menos oportunidades de defensa que las demás entidades que conformaban la sociedad concesionaria.
Para evitar estas situaciones, la aplicación de esta garantía debe balancearse con la de otros principios constitucionales, concretamente los que inspiran y orientan la función administrativa Artículos 209 de la Constitución Política y 3° del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), principios que según lo establecido en la parte final del artículo 3° del Código Contencioso Administrativo''servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento''. En este caso concreto es importante apreciar el efecto de los principios de economía y eficacia, teniendo en cuenta que en virtud de este último ''...los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias''.
Auto nº 116 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2002

References: resolución 
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 artículo 238
 Resolución 
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 artículo 238
 artículo 277
 resolución 
 resolución 
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 135
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 267
 artículo 233
 artículo 108
 artículo 238
 artículo 238
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 238
 artículo 3