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Timestamp: 2019-09-15 08:49:34+00:00

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﻿ SENTENCIA 16569 DE MAYO 9 DE 2003
SENTENCIA 16569 DE 09 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:ERRORES DE HECHO POR FALSOS JUICIOS DE EXISTENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD PENAL, PROCESO PENAL, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO, PECULADO POR APROPIACIÓN, VIOLACIÓN DE LA LEY, VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL
Sentencia 16569 de mayo 9 de 2003
Aprobado Acta 052
Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil tres.
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Carlos Enrique Rodríguez Celis, contra la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, confirmatoria de la proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa misma ciudad, por cuyo medio se declaró su responsabilidad penal en los delitos de peculado por apropiación y falsedad material de particular en documento público.
Estos fueron resumidos por el ad quem, de la siguiente manera:
“Se infiere de lo actuado que Carlos Enrique Rodríguez Celis fue elegido diputado suplente a la asamblea departamental de Santander para el período de 1988 a 1990, y en el ejercicio del cargo se le otorgó una partida reglamentaria del programa “fondos de desarrollo de la comunidad”, para la adjudicación de becas educativas entre las personas que considerara más necesitadas del apoyo de los recursos del Estado.
Fue así como el ex-diputado concibió la idea de apropiarse de dichos auxilios y entonces se valió de unos conocidos suyos que le habían colaborado haciendo campaña política y él les había retribuido consiguiéndoles modestos empleos, a quienes puso como beneficiarios de las becas (algunos de los cuáles ni siquiera eran estudiantes) y les pidió que fueran a la asamblea y reclamaran los cheques, luego los cobrarán y le entregarán a él el dinero porque le pertenecía, y así lo hicieron todos.
Pero a raíz de una información anónima recibida en una emisora local y en la Procuraduría Departamental de Santander, se pudo establecer a través de la investigación que las certificaciones colocadas en las cuentas de cobro, supuestamente por los planteles educativos, haciendo constar que los beneficiarios cursaban estudios, eran falsas porque las firmas no correspondían a los funcionarios de los establecimientos ni los sellos eran los originales que ordinariamente utilizaban, ni las personas estudiaban en tales centros.
Se determinó, pues, que entre enero y febrero de 1991 se tramitaron ante la asamblea de Santander las cuentas de cobro y se efectuaron los pagos a Doris Ardila Briceño por $ 400.000; Dionisio Durán Calderón por $ 300.000; Angela María Plata Puentes por $ 100.000; Gerardo Pérez Arciniegas por $ 400.000; Édgar Álvarez Pinto por $ 100.000; y Juliana León León por $ 80.000, dineros públicos éstos que en su totalidad finalmente ingresaron al patrimonio económico de Rodríguez Celis, quien obtuvo el indebido provecho”.
Abierta la investigación y vinculado legalmente mediante indagatoria Carlos Enrique Rodríguez Celis, la Fiscalía Cuarta Seccional de Bucaramanga le impuso detención preventiva, con beneficio de excarcelación, como autor de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Cerrada la instrucción, el 17 de abril de 1998 la misma fiscalía profirió en su contra resolución acusatoria como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación y falsedad material de particular en documento público, proveído recurrido por la defensa y confirmado el 16 de junio siguiente por la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga.
El juicio correspondió adelantarlo al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga despacho que concluido el trámite de la causa, el 7 de diciembre de 1998 condenó al procesado como coautor responsable de los delitos objeto de acusación a la pena principal de cuarenta y cuatro (44) meses de prisión y multa de $ 1.380.000, a la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena privativa de la libertad e igualmente al pago de los perjuicios ocasionados con el delito de peculado por apropiación, razón por la cual debería devolver a favor del departamento de Santander la suma de $ 1.380.000 más los intereses mensuales tasados al 6% anual, desde la fecha en que se giraron los cheques por concepto de las becas tramitadas, hasta cuando se realice el pago. Le negó la condena de ejecución condicional y dispuso que una vez ejecutoriada la sentencia deberá descontar la pena que le fuera impuesta, en el establecimiento carcelario que se señale al efecto.
El fallo adverso fue impugnado por el defensor y el Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante el suyo de junio 23 de 1999 lo confirmó, con la modificación respecto de la pena de multa que fija en $ 1.300.000 y el monto de los perjuicios que deja en $ 900.000. La sentencia del ad quem fue objeto del recurso de casación que ahora se decide, interpuesto por la defensa del procesado Rodríguez Celis.
Con apoyo en las causales tercera y primera de casación, el demandante postula tres cargos contra el fallo del tribunal, los cuales se resumen de la siguiente manera:
Primer cargo. Nulidad por errada calificación jurídica.
Después de transcribir algunos apartes de los fallos de primera y segunda instancia, el recurrente sostiene que en tales pronunciamientos se asume que el procesado se desempeñó como diputado suplente de la Asamblea Departamental de Santander en el período de 1988 a 1990, lapso durante el cual en uso de sus atribuciones legales otorgo una partida del programa “fondo de desarrollo de la comunidad, para la adjudicación de becas educativas, habiendo favorecido con las mismas a Doris Ardila Briceño, Dionisio Durán Calderón, Angula María Plata Fuentes, Gerardo Pérez Arciniegas, Édgar Álvarez Pinto y Juliana León León, quienes tramitaron las respectivas cuentas de cobro a las cuales se anexaron documentos públicos falsos, cobraron su valor y entregaron el dinero respectivo a Rodríguez Celis; tramitación de las cuentas y cobro de las mismas que se llevó a cabo en los primeros meses de 1991, cuando el procesado ya no era diputado.
Bajo los anteriores argumentos, dice el demandante, el tribunal asume que el ex diputado para la fecha de ejecución de los delitos tenía la condición de servidor público, era sujeto activo del delito de peculado por apropiación y además que existió la relación funcional entre el ex diputado y los bienes que fueron materia de apoderamiento, por lo cual, entonces, es autor de la conducta punible en cuestión.
A continuación se ocupa de analizar el delito de peculado por apropiación previsto en el artículo 133 del Código Penal de 1980, que considera aplicable en este caso por favorabilidad sobre la modificación introducida en el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, pues si bien para efectos del marco penal le resultaría más beneficioso al procesado la aplicación de la Ley 190 de 1995, no es menos cierto que desde el punto de vista de la descripción típica más le favorece el artículo 133 del Código Penal, porque cobija menos conductas, “estando entre las no comprendidas la del señor Carlos Enrique Rodríguez Celis, dado que la realización funcional que reclamaba la norma vigente al momento de la realización del hecho imputado, estaba referida a aquellos bienes cuya administración o custodia le hubiera sido confiada al servidor público “por razón de sus funciones”, concepto de relación funcional que es más restringido que el contemplado por el artículo modificado por la Ley 190 de 1995, el cual finca dicha relación en quien se le haya confiado “en razón o con ocasión de sus funciones”.
Luego de referirse a los elementos que configuran la descripción típica contenida en el artículo 133 del Código Penal anterior, con cita de algunos pronunciamientos de esta Sala sobre la materia, plantea la atipicidad de la conducta realizada por el procesado respecto del delito de peculado por apropiación, en concreto, frente a la inexistencia del sujeto pasivo y de la relación funcional.
Lo primero que lo lleva a descartar la autoría del delito de peculado por apropiación por parte de su procurado, es que tanto la sentencia de primera como de segunda instancia coinciden en señalar que por la época de realización de las conductas materia de proceso el inculpado había dejado de ser servidor público, dado que sólo fue diputado suplente hasta 1990 y la pluralidad de acciones se cumplieron entre los meses de enero y febrero de “1995” (sic), cuando, insiste, el procesado ya no era diputado.
Manifiesta que con fundamento en lo dicho y aceptado por el tribunal, en el sentido de que las becas fueron tramitadas cuando Rodríguez Celis había dejado de ser diputado, es de concluir que de ninguna manera podía ser sujeto activo del delito de peculado por apropiación, porque si bien con tal calidad otorgó las becas, lo cierto es que de ella carecía cuando las mismas se tramitaron, por lo cual su intervención sólo puede constituir un atentado contra el patrimonio económico y no contra la administración pública.
Sostiene, por tanto, que si su asistido adjudicó las becas cuando aún era diputado, no puede afirmarse que en ese momento se apropió de bienes estatales dado que el acto de apropiación se produjo cuando fueron cobrados los cheques por los supuestos beneficiarios y a él le fueron entregadas las respectivas sumas de dinero.
Y agrega que si ello fue así, no puede afirmarse como lo hiciera el tribunal, que la conducta propia de peculado se cumplió en el momento de la destinación de la partida presupuestal para los referidos auxilios educativos, porque el acto de apropiación sólo se realiza cuando el Estado pierde la disponibilidad sobre los dineros, es decir cuando los beneficiarios de los cheques girados cobraron las sumas que luego entregaron al procesado. De manera que cuando el Estado perdió el poder de disposición de sus bienes por la conducta cumplida por los sujetos agentes, su defendido ya no era sujeto activo del delito de peculado por apropiación, y sí realizó maquinación fraudulenta para inducir en error al pagador y apropiarse finalmente de los dineros públicos, ello daría lugar a tipificar el delito de estafa y no el de peculado.
Afirma el demandante que la relación funcional tampoco se acredita, pues el sólo hecho de que en el año de 1991, época de ocurrencia de los sucesos, su defendido ya no era diputado, es suficiente para descartar este elemento normativo del delito.
Y agrega que, si a manera de hipótesis se aceptara que el procesado era servidor público cuando se cumplió el acto de apropiación en el año antes indicado, se debe concluir que no existe tal relación funcional, por dos razones: la primera, porque la competencia del diputado al asignar la partida presupuestal y adjudicar las becas, en últimas no le daba poder de disposición, que ejerce el pagador, quien ejecuta y ordena el pago.
La segunda, porque aún en el supuesto de que el diputado Carlos Enrique Rodríguez Celis hubiera tenido la disponibilidad de los dineros, por haber hecho la asignación presupuestal y adjudicado becas, la misma sólo existió durante el tiempo que fue diputado y la perdió cuando dejó de serlo. De modo que en 1991, cuando se elaboraron y se presentaron las cuentas y se recibieron los cheques cobrados por los beneficiarios de las becas, la relación funcional había desaparecido.
Por lo anterior, el demandante plantea que como lo que se tipifica es un delito de estafa y no de peculado por apropiación, se incurrió en error en la calificación jurídica, generante de la causal de nulidad que debe ser decretada por la Corte, previa casación de fallo, a partir de la resolución que calificó el mérito del sumario.
Segundo cargo. Violación directa de la ley sustancial.
El libelista manifiesta que la sentencia impugnada incurre en violación directa de la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 23, 26, 41, 42, 52, 62 y 133 del Código Penal anterior e inaplicación de los artículos 2º, 3º y 19 ejusdem.
En orden a fundamentar la censura, expresa el casacionista que en el cargo anterior demostró que el tribunal llegó a la conclusión de que se consumó el delito de peculado por apropiación, no obstante resultar absolutamente imposible que el procesado lo realizara, por no ser sujeto activo y por no tener relación funcional con los bienes estatales.
En orden a precisar el alcance de la aplicación indebida del artículo 133 del Código Penal de 1980, manifiesta que se ha demostrado la aticipidad de la conducta imputada respecto del delito de peculado por apropiación, por ausencia de los mencionados elementos del tipo, al mismo tiempo que se acredita que se tipifica el delito de estafa descrito en el artículo 356 ibídem.
Por lo anterior manifiesta que por razones de economía y para no incurrir en repeticiones inútiles, se remite a todas las consideraciones expuestas al formular el primer cargo.
En todo caso plantea que la aplicación indebida del artículo 133 del Código Penal, condujo a que el sentenciador aplicara indebidamente los artículos 23, 26, 41, 42, 52 y 61 del mismo estatuto, por las siguientes razones:
a) Se aplicó indebidamente el artículo 23 porque se consideró como autor de peculado por apropiación, delito especial, a quien no tenía la calidad de servidor público exigida por el respectivo tipo penal.
b) Se aplicó indebidamente el artículo 26, porque la sentencia tuvo en cuenta un concurso homogéneo y sucesivo de peculados por apropiación, no obstante que el procesado no podía ser autor de ninguno de ellos. Si no podía realizar como autor uno, menos podía ejecutar varios.
c) Se aplicaron indebidamente los artículos 41, 42, 52 y 61 del Código Penal, porque al condenado se le impuso pena principal y accesoria por el delito de peculado por apropiación, siendo que al no existir hecho punible por atipicidad relativa de la conducta, no era posible jurídicamente por ello aplicarle las sanciones previstas para este delito.
Concluye el demandante, que fue, entonces, la indebida aplicación del artículo 133 del Código Penal la que condujo a la condena, porque si el tribunal hubiera tenido en cuenta las anteriores circunstancias hubiese llegado a un fallo absolutorio a favor de su procurado Rodríguez Celis.
Por lo anterior, solicita de la Corte casar el fallo impugnado y dictar, en su lugar, sentencia absolutoria, por el referido delito.
Tercer cargo. Violación indirecta de la ley sustancial, por errores de hecho por falsos juicios de existencia.
En la sustentación del reparo y su demostración, sostiene el libelista que el procesado no falsificó los certificados anexos a la documentación presentada por los beneficiarios de las becas ante la pagaduría de la Asamblea Departamental de Santander para ejecutar el cobro de las mismas, como tampoco determinó a la realización de los delitos de falsedad documental. Tan sólo se limitó a designar a las personas beneficiarias de los auxilios educativos y autorizar las respectivas cuentas de cobro.
El yerro del tribunal al condenar a Rodríguez Celis como determinador de los delitos de falsedad documental proviene de haber supuesto la existencia de hechos indicadores para derivar indicios en su contra y de haber dejado de apreciar pruebas distintas de las anteriores (testimonios) que de haber sido valoradas el fallo habría sido distinto.
Es así como el ad quem incurre en falsos juicios de existencia sobre la prueba indiciaria, por cuanto anuncia como acreditados los indicios de “interés” y de “oportunidad” para delinquir; pero no señala la regla de la experiencia o de la sana crítica en la cual se funda para hacer la supuesta inferencia lógica, omisión por la cual le impide a los sujetos procesales señalar las razones por las cuales comparten o se apartan de tal deducción.
En relación con la prueba testimonial, el censor manifiesta que el fallador de segunda instancia ignoró la existencia de la declaración de Gerardo Pérez Arciniegas, quien expresara que el dinero de la beca lo obtuvo porque el diputado Rodríguez Celis se la concedió por cuenta de la Asamblea Departamental en 1991 e indica que quien le consiguió la certificación de estudio fue Omar Antonio Gómez y que la suma que recibió por concepto de la beca fue de $ 100.000.
De este testimonio según el demandante se deriva un contraindicio, porque resta contundencia a los de “interés” y “oportunidad” para delinquir, que fueron deducidos en contra del procesado. La incidencia en el fallo es determinante, porque se hubiese tenido que reconocer que no hubo la mencionada forma de participación en la realización del delito de falsedad documental y el fallo sería absolutorio.
El tribunal también ignoró el testimonio de Ángela María Plata Fuentes, quien declaro que Carlos Enrique Rodríguez Celis le asignó una beca por $ 100.000, que fue cancelada por medio de un cheque de la Caja Agraria; que con esa suma de dinero canceló los estudios de validación en el Colegio Rionegro; que el procesado en ningún momento le exigió suma alguna del dinero recibido; que la cuenta la firmó en la Asamblea Departamental; y que un amigo suyo, Omar Antonio Gómez, le ayudó a obtener el certificado del colegio o del Icfes para que le pagaran la beca.
En relación con el testimonio anterior, el libelista expresa que en razón a que merece credibilidad, debe aceptarse, entonces, como cierto que el procesado no fue autor ni participe del delito de falsedad documental, y agrega que si el tribunal hubiera tenido en cuenta este testimonio, hubiese declarado que su defendido no fue responsable del delito contra la fe pública y hubiera deducido un contraindicio que anula los efectos de los que dedujo en el fallo. Su apreciación hubiera dado lugar a sentencia absolutoria.
En los siguientes segmentos de la argumentación, el demandante en lo que denomina “análisis integral de los otros elementos de juicio existentes en el proceso y demás argumentos expuestos en el fallo” se ocupa en forma pormenorizada de mencionar algunas pruebas existentes en el proceso, de las cuales afirma no dan cuenta de la realización del delito de falsedad documental imputado, ni tampoco afirman autoría o participación del procesado en tal conducta punible.
En conclusión, señala que ninguno de los elementos probatorios ignorados por el tribunal en la sentencia alude a su representado como autor o participe del delito contra la fe pública.
Por todo lo anterior, solicita que la Corte case el fallo impugnado para que en su lugar se decrete la nulidad de la actuación a partir de la calificación, por errada denominación jurídica, o se dicte sentencia absolutoria a favor del procesado, por estar demostrado que su conducta no es típica, petición esta última que presenta en forma subsidiaria.
El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal es del criterio que no se debe casar la sentencia materia de impugnación y al ocuparse de los cargos formulados por el demandante, advierte que ha tomado la determinación de emitir concepto en forma conjunta respecto de los dos primeros cargos y finalmente sobre el tercero, a lo cual procede de la siguiente manera:
Primero y segundo cargos. Nulidad por errada calificación y violación directa de la ley sustancial.
Pone de presente que la iniciativa de emitir concepto en forma conjunta respecto de estos dos cargos, obedece a que el primero subsume argumentativamente al segundo, pues si bien tienen como fundamento una causal de casación distinta, al plantearse el primero por la causal tercera por nulidad originada en el error en la denominación jurídica, en el fondo el demandante desarrolla una violación directa de la ley sustancial con los mismos argumentos que esboza en el segundo cargo a través del cual asegura que el comportamiento no se adecúa al tipo penal de peculado por apropiación, con remisión a los argumentos expuestos en el primero respecto a la errónea adecuación en cuanto a este delito, todo lo cual torna innecesario y repetitivo realizar una doble referencia a esos mismos fundamentos.
Como el actor cumplió con la exigencia técnica al plantear el error en la denominación jurídica por los cause de la causal tercera y desarrollarlo por los de la primera, procede a emitir concepto en relación con el posible yerro en que se incurrió, según el demandante, en la denominación jurídica de las conductas calificadas como concurso homogéneo de peculados por apropiación, por los cuales fue condenado en las instancias, cuando la calificación correcta debió ser por el delito de estafa.
Lo primero que advierte el delegado es que la solicitud contenida en el primer cargo no es coherente con la argumentación que el demandante expone, cuando pide que se decrete la nulidad de la actuación procesal desde la providencia calificatoria, sin discriminar que de prosperar el cargo los efectos serían parciales, pues en momento alguno se refirió al otro delito por el cual fue acusado y condenado su defendido en los fallos de instancia, esto es al de falsedad material de particular en documento público, que incluso, fue considerado como el más grave al momento de la dosificación punitiva realizada por el a quo y confirmada en lo pertinente por el tribunal.
Por ello, no se puede hablar de una nulidad total cuando el vicio que se expone sólo afecta una parte de la actuación y concierne a la errónea calificación impartida respecto de una sola conducta, cuando son varios los delitos por los que se procede.
En el segundo cargo según el delegado, no se incurre en el mismo error, pues la pretensión del demandante está correctamente encaminada a que se profiera fallo de reemplazo, de carácter absolutorio, sólo en lo que atañe al delito de peculado.
En cuanto al planteamiento según el cual la disposición contenida en el original inciso primero del artículo 133 del Decreto 100 de 1980, es más favorable que la introducida con el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, base de la errónea calificación planteada en el primer cargo, y de la indebida aplicación del tipo penal de peculado conforme al segundo, en tanto que en la primera disposición se limitaba la conducta a que el sujeto activo cualificado se apoderara de dineros cuya administración y custodia se le confería “en razón de sus funciones”, la segunda se refería a que ello podía ocurrir por razón o con ocasión de sus funciones”, el delegado hace las siguientes precisiones:
En primer lugar, el principio de aplicación de la ley más favorable debe desarrollarlo el funcionario judicial desde una perspectiva concreta, vale decir, teniendo en cuenta las especiales circunstancias fácticas y jurídicas del hecho que debe resolver dentro de un proceso determinado. El mencionado principio, agrega, puede predicarse de una pena más benigna criterio que en este caso escogió el sentenciador, o de la modificación de los elementos de la descripción de la conducta punible, aspecto que prefiere el demandante, o en ciertas hipótesis de concurrencia: de los dos.
En segundo término, que en este asunto el juez no se planteó la favorabilidad con base en la descripción típica, toda vez que no era necesario, pues el fundamento de la responsabilidad penal derivada en la sentencia en cuanto a la relación de deber se trata, no lo fue porque el procesado actuará “con ocasión de sus funciones”, sino por “razón de sus funciones” expresión última que aparecía tanto en la norma vigente al momento de la comisión del delito como en el denominado estatuto anticorrupción, por manera que innecesario resultaba para los juzgadores de instancia la cuestión que ahora plantea el impugnante.
Procede luego el delegado a establecer si al demandante le asiste razón al plantear que la conducta no se tipificaba como peculado por apropiación, petición que agota la propuesta contenida en la segunda censura, o si la adecuación correcta debía ser la de estafa, como lo propone el demandante en el primer reproche.
Es así como encuentra que el actor sustenta el argumento en dos razones fundamentales: en primer lugar en que el procesado para la fecha en que se consumó la apropiación, no tenía la condición de servidor público y en consecuencia no se le podía exigir la relación de deber con la administración pública, necesaria para la estructuración de estos delitos, y en segundo término, en la inexistencia de la relación funcional de su asistido con los bienes.
Con respecto a lo primero, señala el delegado que la prueba indica que el procesado fue elegido como diputado suplente a la asamblea del departamento de Santander para el período comprendido entre los años 1988 a 1990 y que los actos de señalamiento e indicación del beneficiario de los auxilios se cumplieron, así: los de Doris Ardila Briceño y Dionisio Durán Calderón el 21 de diciembre de 1990; los de los restantes beneficiarios el año siguiente, cuando el procesado ya había perdido la investidura de diputado. Ello ocurrió con los formularios de Gerardo Pérez García, que fue presentado el 15 de enero, con el de Ángela María Plata Fuentes presentado el 21 de enero, con el de Juliana León León, presentado el 31 del mismo mes y con el de Édgar Álvarez, presentado el primero de febrero siguiente.
De otra parte, que se encuentra demostrado que para el momento en que se entregaron la totalidad de los cheques por medio de los cuales se cobraron los auxilios, el sindicado ya no ostentaba la calidad de servidor público, pues todas las cuentas de cobro de los beneficiarios, en las que además constan las fechas en que se les entregaron los títulos valores, fueron elaboradas en el año de 1991.
El demandante plantea, según el delegado, un interesante problema en relación con los delitos de infracción de deber traducido en determinar si es necesaria la intervención del servidor público en la totalidad de la realización del proceso típico o si bastan actuaciones, del obligado especialmente, en la etapa “ejecutiva” con cualquier aporte naturalístico pero en todo caso con la infracción plena de su deber personalísimo, para que su situación jurídica sea considerada como autoría.
Para la delegada si no se requiere para tenerlo como autor la intervención del servidor público en todo el proceso de ejecución típica, bien podría, dentro del acto complejo que termina con la apropiación de los dineros públicos actuar al comienzo de los actos ejecutivos o al final de los consumativos, y en ambas hipótesis considerársele como tal. Por tanto, si por cualquier circunstancia la persona ha perdido la calidad de servidor público para el momento en que se agota la conducta punible que se propuso y para la cual realizó actos inequívocamente dirigidos a su consumación, no por ello pierde vínculo de responsabilidad en el delito.
El proceso de ejecución del delito —agrega el procurador delegado— debe analizarse en cada caso y cuando se trata de conductas como la que se juzga, requiere una serie de comportamientos todos destinados a la apropiación de los dineros públicos. “Así, en primer lugar, aparece un acto jurídico mediante el cual la asamblea, dentro del presupuesto, distribuía los denominados auxilios a los cuales se les fijaba una destinación concreta, luego se sujetaba su beneficiario al señalamiento del respectivo diputado y por último, venía el desembolso del dinero; todos los pasos con excepción del último, se llevaron a cabo cuando el señor Rodríguez Celis era diputado y en ejercicio de esa función, tal como se reconoce en el proceso; por manera, que es indudable que la apropiación material de los dineros públicos se hizo gracias a toda una actividad cumplida por el servidor público dentro de la cual era determinante la apropiación jurídica para fines que se sabía culminarían con su apropiación material como efectivamente ocurrió”.
Pone de presente el desarrollo que los temas referentes al carácter complejo de la actividad relacionada con el gasto público, la disponibilidad jurídica y no material de los bienes y la no necesaria presencia del servidor público en todo el acontecer típico, han tenido en la jurisprudencia de la Corte, citando al respecto los pronunciamientos del 14 de junio de 1996, con ponencia del magistrado Ricardo Calvete Rangel, 23 de mayo de 2001, con ponencia del magistrado Carlos Augusto Gálvez Argote y el del 14 de febrero de 2002, con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego.
De las jurisprudencias citadas el delegado extrae algunas conclusiones, tales como que la tarea del manejo y administración de los bienes públicos constituye una actividad compleja en donde se combinan no sólo la disponibilidad material como parece insinuarlo el demandante, sino la jurídica de la cual era titular el procesado que se traduce en la gestión del auxilio, la incorporación al presupuesto y la competencia del diputado de ser la única persona que puede señalar a los beneficiarios del mismo.
En relación con el caso a estudio, expresa que el procesado cumplió la primera tarea cuando era diputado y prevalido de ese antecedente y con la finalidad de lograr la apropiación que previamente se había propuesto, obtuvo, cuando ya no lo era, la entrega de los dineros, acto de agotamiento que no se hubiera cumplido sin el trámite anterior, cumplido como ordenador del gasto. Por ello su conducta se halla cometida a título de autor de los delitos de peculado por apropiación.
En relación con el otro argumento en el cual el demandante apoya su pretensión de atipicidad relativa por el delito de peculado, según el cual el procesado en su calidad de diputado no tuvo ninguna relación funcional con los dineros objeto de apropiación, por cuanto no tenía poder de disposición sobre ellos, el representante del Ministerio Público está de acuerdo con el libelista en que el concepto que debe prevalecer frente a la relación funcional del servidor público con los bienes es el de la disponibilidad jurídica y no meramente el de contacto material, pero discrepa en cuanto a lo que entiende por ese fenómeno jurídico.
Al respecto, advierte que bastaría con volver sobre las jurisprudencias citadas para precisar el concepto y afirmar que dentro de la tarea compleja de administración y disposición jurídica se halla, inobjetablemente, la cumplida por el procesado y “el pagador es solamente un instrumento para el cumplimiento de lo ordenado por la asamblea”.
Luego de referirse a lo sostenido por la Sala en providencia del 3 de agosto de 1976, reiterada el 18 de noviembre de 1980, sobre la relación funcional que discute el impugnante, el delegado sostiene que en el presente caso no es posible negar la facultad de disposición jurídica, que no material, del diputado sobre los bienes, si precisamente era la persona que determinaba los beneficiarios de los auxilios, lo cual estaba dentro de la órbita de su función, que también comprendía, bajo un criterio de estricta vocación de servicio a la comunidad que representaba, escoger a las personas que requerían esos auxilios.
A partir de lo anterior, encuentra acreditado el ingrediente normativo del delito de peculado por apropiación, vinculado con la relación funcional del procesado con los bienes objeto de apropiación, y por ello concluye señalando que como el actor carece de razón en los reclamos expuestos a través de los cargos primero y segundo, estos no deben prosperar.
Al proponer el demandante que en el fallo impugnado se habría incurrido en errores de hecho por falsos juicios de existencia en la construcción de los indicios de oportunidad e interés, fundamento de la responsabilidad del procesado como determinador del delito de falsedad material de particular en documento público, el tribunal no aplicó ninguna regla de la experiencia o de la sana crítica al momento en que hizo la inferencia lógica, por lo que supuso el hecho indicador y, en segundo lugar, en la medida en que omitió valorar dos testimonios que señalan a un tercero y no a Rodríguez Celis como autor o determinar del delito, se tiene lo siguiente, según el concepto:
En lo que tiene que ver con las falencias en la construcción del indicio por no haberse indicado las reglas de la sana crítica, el procurador delegado expone que la censura es totalmente antitécnica y contradictoria.
Lo anterior porque el censor anuncia que el error consistió en que se supuso la prueba del hecho indicador, lo que llevaría a colegir que el yerro propuesto consistió en que el hecho indicador no fue, como se exige legalmente, demostrado en el proceso, no obstante de ese modo se construyó y con fundamento en él se condenó al procesado. Bajo esos supuestos, el error radicaría en el primer elemento de la construcción indiciaria.
No obstante, más adelante, en la demostración del yerro, el libelista indistintamente desarrolla un error que involucra la inferencia lógica, en el entendido de que no se señaló la pauta de la experiencia o de la sana crítica a partir de la cual se estructuraron los indicios de interés y oportunidad que señalan al procesado como determinador de la falsedad de los documentos con los cuales se acreditaban estudios que posibilitarían la adjudicación de los auxilios educativos a unos falsos beneficiarios con el objeto de adueñarse de esos dineros.
Lo anterior ya no es un error de contemplación objetiva, como el referido al cuestionamiento del primer estadio de la prueba indiciaria, sino eminentemente valorativo, tiene una connotación distinta y es totalmente contradictorio con el anterior.
Como se puede apreciar, la postura del censor no consulta la técnica apropiada que amerita la censura en casación de la prueba indiciaria atendiendo su propia esencia, según lo ha reiterado la Sala por ejemplo en la sentencia de 23 de febrero de 2000, con ponencia del magistrado Fernando E. Arboleda Ripoll, radicación 13116.
Adicionalmente, manifiesta el delegado que la propuesta del casacionista concerniente a que no se precisó la regla de la experiencia o de la sana crítica en la construcción de los indicios de interés y oportunidad para falsificar los documentos en cuestión, no es cosa distinta al despliegue de la visión particular que tiene de los contenidos del fallo, en los que si bien no se señala con nombre propio la regla que el actor echa de menos, sí resulta evidente que atiende a un razonamiento lógico, para cuya destrucción, precedido en esta sede de la doble presunción de acierto y legalidad, no basta con realizar afirmaciones genéricas.
En relación con la afirmación del casacionista en el sentido que en el fallo impugnado se incurrió en otro error de hecho por falso juicio de existencia al ignorarse los testimonios rendidos por los declarantes Gerardo Pérez Arciniegas y Ángela María Plata Fuentes, realizada la labor de verificación, se establece que no es verdad que esas declaraciones hayan sido omitidas por el fallador, ni en el fallo del juzgado ni en el del tribunal, sino que simplemente se les confirió un valor integral acorde con las diferentes salidas de estos testigos en el proceso.
No se puede olvidar que estas personas estuvieron vinculadas por razón de este proceso, al igual que los restantes beneficiarios, en virtud de cuyas exposiciones, vistas en forma integral, se edificaron en buena medida las imputaciones delictivas en contra del procesado. Además, tampoco puede pasar por alto que las declaraciones rendidas por los beneficiarios en el proceso disciplinario, tuvieron un contenido muy diferente a lo vertido en el proceso penal, pues mientras allí no involucraron al procesado con el destino de los dineros, tanto así que el diputado fue absuelto en esa investigación, en el proceso penal sus versiones dieron un giro radical, comprometiéndolo seriamente, hasta el punto de ser fundamento de los fallos, por haber utilizado a estas personas con la finalidad de obtener para si esos recursos.
Las pruebas a que alude el demandante sí fueron valoradas, si al efecto se tiene en cuenta que “en el fallo de primer grado cuando se menciona la declaración de Ángela María se incluye entre paréntesis los números 33 y 144, correspondiendo el segundo al folio de la declaración que el censor acusa de omitida, así también se incluyó el número 219 que correspondió con su diligencia de indagatoria (pág. 5 del fallo). Igual sucede cuando en la sentencia se relaciona el dicho de Gerardo Pérez Arciniegas, insertándose entre paréntesis el número 107, que corresponde al folio de la declaración que aduce ignorada el censor, incluso haciéndose un resumen de su contenido; posteriormente de lo que adujo a folios 223 a 225, en su indagatoria, también haciéndose una síntesis de su dicho”.
Plantea el procurador entonces que los medios de prueba a que alude el demandante si fueron apreciados por los jueces de instancia. Además, la tarea encomiable que emprende el actor en esta parte del reproche al discurrir una a una respecto de todas las pruebas obrantes en el proceso con el objeto de demostrar que de ninguna de ellas surge un compromiso directo en contra del proceso como autor o participe en los delitos de falsedad documental que se le imputan, pierde total validez por el hecho de que no prospera el ataque contra la prueba indiciaria de la primera parte de este mismo cargo, por cuanto son los mismos juzgadores de instancia quienes reconocen que en el proceso no se evidencia prueba directa en su contra, configurándose solamente los indicios de oportunidad e interés.
Por lo anterior, el procurador delegado solicita se desestimen los cargos contenidos en la demanda y, en consecuencia, no se case el fallo recurrido.
Está de acuerdo la Sala con el procurador delegado en estudiar de manera conjunta estos dos cargos formulados por el demandante, por lo siguiente:
La jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo que el error en la denominación jurídica se plantea en casación por la causal tercera, con la finalidad de que el fallo de reemplazo que deba proferirse, en la hipótesis de que se case la sentencia impugnada, no sobrevenga incongruente con la resolución de acusación evitando así incurrir en una nueva irregularidad al quebrantarse el principio de consonancia. Pero, también ha reconocido que ese error en su esencia es de juicio o in iudicando, de manera que a pasar de que se proponga como nulidad, su desarrollo debe hacerse por la causal primera, en cualquiera de sus dos modalidades, dependiente del objeto de reparo. Así, en primer lugar, proponiendo las razones por las cuales se considera que la norma aplicada no era la que correspondía al caso o porque se dejó de aplicar la que sí lo regulaba o porque la aplicada no fue interpretada en forma correcta (violación directa), o, en segundo, demostrando los errores de apreciación probatoria en los que incurrió el fallador (violación indirecta).
El demandante obedeció tales directrices técnicas, de acuerdo con la normatividad procesal vigente al momento de dictarse la sentencia, al plantear el primer cargo por la vía de la nulidad, causal tercera, originada en error de la denominación jurídica, proponiendo en lo esencial una violación directa de la ley sustancial con los mismos argumentos que sustentan el segundo cargo al expresar que la conducta no se adecúa al delito de peculado por apropiación, sino al de estafa, al punto que en el segundo reparo remite a los argumentos presentados en el primero respecto al desacierto en la adecuación típica de la conducta punible contra la administración pública, de allí que resulte pertinente abordar y responder los dos cargos de manera simultánea, como atinadamente lo entiende el procurador delegado.
En consideración a que el actor sostiene que la disposición contenida en el original inciso primero del artículo 133 del Decreto 100 de 1980, es más favorable que la introducida por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, es pertinente dilucidar el punto, pues de allí erige como base de la equivocada calificación planteada en el primer cargo, y en la indebida aplicación del tipo penal del peculado en el segundo.
Dice entonces el casacionista que si bien desde el punto de vista de la pena de prisión resulta más benigna la segunda normatividad, como se adujo en los fallos de instancia, también lo es que la primera tenia una menor comprensión de la acción, en tanto limitada la conducta al comportamiento del sujeto activo cualificado, cuya administración y custodia de los bienes se le confería “en razón de sus funciones”, mientras que la reforma amplió dicho concepto al de “por razón o con ocasión de sus funciones”.
Es cierto que el principio de favorabilidad puede derivarse de una pena más benigna, de la modificación de los elementos de la descripción de la conducta punible, o en ciertos casos de la concurrencia de las dos hipótesis.
En el asunto que concita la atención de la Sala, los jueces de instancia no plantearon la favorabilidad con apoyo en la descripción típica, lo cual no era necesario en virtud a que el fundamento de la responsabilidad penal se apoya en que el procesado obró por “razón de sus funciones”, expresión que aparecía tanto en la norma vigente para el momento de la comisión del delito como en la reforma introducida posteriormente por la Ley 190 de 1995, de manera que resultaba improcedente la postura que ahora invoca el impugnante.
El libelista manifiesta que se incurrió en error en la denominación jurídica de las conductas calificadas como concurso de peculados por apropiación, por los cuales su asistido fue condenado en las instancias, pues para la fecha en que se consumó la apropiación de los auxilios educativos no tenía la condición de servidor público y en consecuencia no se le podía exigir relación de deber, indispensable para la estructuración de esa clase de delitos y por la inexistencia de relación funcional con los bienes, por lo cual su intervención sólo puede constituir un atentado contra el patrimonio económico (estafa) pero no contra la administración pública.
Como se aprecia la postura del impugnante ya no radica en la ausencia del ingrediente normativo relativo a que la conducta se hubiera llevado a cabo “con ocasión de las funciones”, argumento con el cual inicia el reparo, sino la calidad de servidor público del procesado para cuando se consumó el delito y la falta de relación funcional.
En orden a establecer si al libelista le asiste razón, en estos dos argumentos, cuando el proceso de ejecución de conductas punibles contra la administración pública como la que aquí se trata, exigen una serie de comportamientos todos destinados a la apropiación de dineros públicos, no es menester que la persona vinculada institucionalmente realice todas las acciones que supone la ejecución del delito, sino que basta, para ser autor, poner al servicio del presupuesto fáctico la vinculación institucional y la disponibilidad jurídica sobre el bien, independientemente del aporte material en el proceso de consumación.
Esta problemática no es novedosa y de ella se ha ocupado la Sala en diferente pronunciamientos, como bien lo precisa el representante del Ministerio Público, antecedentes que se incorporan a esta decisión, en orden de la claridad y para responder los reparos propuestos por el actor, así:
Referente al carácter complejo de la disponibilidad jurídica y material del bien y la no necesaria presencia del servidor público en todo el acontecer típico, la Corte precisó:
“Así lo ha entendido la Sala, cuando en providencia de mayo 18 de 1999, con ponencia del magistrado Jorge Córdoba Poveda, se consideró tipificado el delito previsto en el artículo 133 del Código Penal, comprendiéndose que la apropiación se ejecuta bajo el supuesto de disponibilidad jurídica de los auxilios, así el despojo o apoderamiento físico de los mismos no coincida con tal momento, de modo que aquél puede ocurrir desde la misma gestión del aporte y éste incluso en la época en que el procesado no ostenta la condición o calidad de la que se valió para ejecutar la ilícita apropiación, pues puesta en marcha la causalidad hacia la obtención de un determinado fin, la voluntad del sujeto agente ya carece de relevancia para su completa exteriorización” (1) .
(1) Providencia de 23 de mayo de 2001, Rad. 9742, M. P. Carlos Augusto Gálvez Argote.
Al ocuparse de la situación de los diputados respecto de los auxilios, entonces permitidos por la Constitución Política, lo que sucedió también en este asunto, la Sala reiteró la posición anterior, al expresar:
“En tal orden de cosas peregrina resulta la tesis del censor, para desligar al procesado de esa relación de disponibilidad jurídica con los dineros, puesto que, al igual que sucedía con los congresistas, los diputados entraban a administrar los recursos públicos, incluso desde el momento en que participaban en la creación de las partidas presupuestales para la posterior asignación de auxilios, los cuales, ya como gestores, procedían a distribuir a su arbitrio, sin que en este caso se cumpliera la finalidad de utilidad social para la que se decretaron, en la medida en que se apropió en provecho propio y de terceros de los bienes del Estado que entró a administrar, de suerte que se satisface el ingrediente normativo del tipo penal contemplado en el artículo 133 del Código Penal de 1980” (2) .
(2) Sent. Cas. 14/02/02. Rad. 12.265, M P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.
Lo que interesa entonces es que en el manejo y administración de los bienes públicos se involucra una compleja actividad en donde se combinan no sólo la disponibilidad material como parece entenderlo el libelista, sino la jurídica, de la cual era titular el procesado Carlos Enrique Rodríguez Celis pues la prueba indica que fue elegido como diputado suplente a la asamblea por el departamento de Santander para el período comprendido entre los años 1988 a 1990, lapso durante el cual le fue adjudicada una partida del programa “fondos de desarrollo de la comunidad” para que la distribuyera entre las personas de escasos recursos económicos en procura de su educación y fue así como en ejercicio de ese poder de disposición sobre los entonces permitidos “auxilios” gestionó la adjudicación de los mismos, los cuales una vez pagados a sus beneficiarios, los tomó para provecho propio tal y como está acreditado con las pruebas que obran en el proceso.
Es cierto que para el momento en que fueron entregados y pagados la totalidad de los cheques representativos del valor del auxilio, el sindicado ya no ostentaba la calidad de servidor público, pues tales actos se cumplieron en los meses de enero y febrero de 1991. Este aspecto no desdibuja la autoría que le fuera imputada en las instancias frente al delito de peculado por apropiación, en la medida que la gestión del auxilio, la incorporación al presupuesto y la competencia del diputado de ser la única persona que podía señalar a los beneficiarios, la cumplió cuando fungía como diputado y así con la finalidad de lograr la apropiación que previamente se había propuesto, obtuvo, cuando ya no lo era, la entrega de los dineros, actos de agotamiento que en todo caso no se hubieran cumplido sin el trámite anterior realizado en virtud de su carácter de servidor público que intervenía de manera específica en la ordenación del gasto.
Otro de los argumentos con los cuales el casacionista apoya su pretensión de atipicidad en el delito de peculado por apropiación es el relacionado con que el procesado en su calidad de diputado no tuvo ninguna relación funcional con los dineros objeto de apropiación, por cuanto no tenía poder de disposición sobre ellos, competencia que por el contrario recaía en el pagador, funcionario que incluso tenía la facultad de impedir el pago.
En este caso, no resulta procedente negar la facultad de disposición jurídica del diputado sobre los bienes, toda vez que de acuerdo con la Constitución Política de 1886, vigente para el momento de los hechos, tales funcionarios eran representantes de la sociedad, de elección popular y en tal condición, bajo un criterio de estricta vocación de servicio, escogían qué personas requerían de tales ayudas. De manera que constituye una infidelidad con la gestión constitucional encomendada, y con la administración pública, apropiarse de dineros que tienen un ingrediente social. Ese poder decisorio sobre los dineros, constituye lo que la Sala ha entendido como una “forma concreta de participar en la ordenación del gasto” (3) .
(3) Auto de 14 de junio de 1996, M.P. Ricardo Calvete Rangel.
Así las cosas, ninguna duda existe para sostener que la conducta del procesado se tipifica en el delito de peculado por apropiación por el cual fuera acusado y sentenciado, y no en la conducta punible de estafa como en forma subsidiaria plantea el actor.
Por consiguiente, los cargos primero y segundo de la demanda no prosperan.
Tercer cargo. Errores de hecho por falsos juicios de existencia.
El demandante expresa que se incurrió en esta forma de quebranto de la ley sustancial, en la medida que en la construcción de los indicios de oportunidad e interés, fundamento de la responsabilidad penal del procesado como determinador de los delitos de falsedad documental, el tribunal no aplicó ninguna regla de la experiencia o de la sana crítica al momento de la inferencia lógica, por lo que supuso el hecho indicador y, en segundo aspecto, porque omitió valorar los testimonios de Gerardo Pérez Arciniegas y Angela María Plata Fuentes que señalan a un tercero y no a su representado como autor o determinador de tales conductas punibles.
En relación con la primera parte del reparo, razón le asiste al procurador delegado cuando alude las falencias de orden técnico y de falta de sustentación que evidencia el libelo, y que por tanto, minan la vocación de prosperidad de la aspiración casacional por la causal invocada.
La Sala tiene establecido que cuando se pretende atacar en casación la prueba indiciaria, es deber del actor precisar si el yerro se cometió respecto del hecho indicador, la inferencia lógica o de la forma en que se relaciona con los restantes medios de prueba. Si se opta por el primer estadio de la prueba indiciaria, le corresponde señalar, en relación con las pruebas con las que se tuvo por demostrado, si se está ante un error de hecho o de derecho y la modalidad (de existencia, identidad, raciocinio, legalidad o convicción). Si lo que se ataca es la deducción lógica, el demandante, previa aceptación de la forma como se comprobó el hecho indicador, debe demostrar que se incurrió en un falso raciocinio porque se atentó contra las leyes de la ciencia, la lógica o la experiencia.
La contradicción del demandante es evidente, cuando postula que se supuso la prueba del hecho indicador, lo que llevaría en principio a colegir que el error estaría en el primer elemento de la prueba indiciaria y en los términos en que se aduce el planteamiento, consistiría en un yerro objetivo, para cuya demostración seria necesario precisar cuáles fueron las pruebas supuestas en las que se basó el hecho indicador sin el cual nada en adelante se podría construir.
Pese a este enunciado, en la demostración del yerro, involucra la inferencia lógica, al reprochar que el tribunal no señala la regla de la experiencia o de la sana crítica a partir de la cual estructura los indicios de interés y oportunidad que permiten atribuir al procesado la condición de determinador de las falsedades sobre documentos con los cuales se acreditaban estudios que permitían la adjudicación de los auxilios a unos falsos beneficiarios, error que ya no es de contemplación objetiva, como el referido al cuestionar el primer estadio de la prueba indiciaria, sino valorativo, el cual tiene una connotación distinta y es contradictorio con el anterior.
Al margen de lo anterior, frente a que los jueces de instancia no precisaron la pauta de la experiencia o de la sana crítica en la construcción de los indicios de interés y oportunidad para falsificar los documentos en cuestión, no deja de constituir la particular visión que tiene el censor sobre el contenido del fallo impugnado, en el cual se expresa en forma sustentada y lógica tales deducciones, para cuyo quebrantamiento, precedido éste en sede de la doble presunción de acierto y legalidad, no resulta suficiente con postular afirmaciones genéricas como las propuestas por el recurrente.
En relación con la segunda parte del cargo, se tiene lo siguiente:
Los errores de hecho por falso juicio de existencia por omisión en la apreciación probatoria, se presentan cuando el juzgador deja de apreciar una prueba que obra materialmente en el proceso y es trascendente en la definición del asunto, de manera que si el medio de convicción ha sido de alguna manera apreciado o analizado por el juzgador en la sentencia, podrá afirmarse que al hacerlo incurrió en falsos juicio de legalidad, convicción, identidad o raciocinio, según el caso, pero nunca en errores de existencia por omisión.
En este caso, no corresponde a la verdad procesal la afirmación del impugnante en el sentido que los jueces de instancia ignoraron los testimonios rendidos por Gerardo Pérez Arciniegas y Ángela María Plata Fuentes, pues al respecto basta con acudir al siguiente pasaje del fallo de primer grado que constituye unidad inescindible con el de segunda instancia que lo confirmó (4) :
(4) Ver folios 29 y 30, cuaderno 3.
“La autoría material de tales comportamientos típicos, recae directamente en la persona de Carlos Enrique Rodríguez Celis, aspecto este sobre el cual no existe hesitación alguna, ya que obran en el proceso la versión de Doris Ardila Briceño, Angela María Plata Fuentes, Gerardo Pérez Arciniegas y Dionisio Durán Calderón, quienes dan fe que efectivamente en razón a que ellos eran beneficiarios de una u otra forma del diputado Carlos Enrique Rodríguez Celis, ya sea porque los empleó en cargos que a éste le correspondían en la administración pública, hora porque intervino ante un centro de educación manejado con criterio político, para que le disminuyeran el valor de la matrícula a pagar. Aquella persona les insinuó que prestaran su nombre para que aparecieran como beneficiarios de becas, sin estar ellos estudiando, siendo así como la documentación necesaria para el trámite la consiguió el mismo diputado y la labor de ellos únicamente consistió en retirar el valor de estas, escambiar (sic) los cartulares, entregarle el dinero a Rodríguez Celis, y a través de dicha acción habilidosa, se hizo a los dineros que eran del Estado, apropiándose de los mismos”.
El tribunal, por su parte, expresa:
“Con las versiones de Doris Ardila Briceño, Angela María Plata Fuentes, Gerardo Pérez Arcinieges y Dionisio Durán Calderón, se demostró que el procesado Carlos Enrique Rodríguez le solicitó su colaboración para que fueran a la asamblea departamental y reclamaran unas becas que él había tramitado a su nombre y luego le entregaran la plata porque le pertenecía, y así lo hicieron retirando de la pagaduría los respectivos cheques los que hicieron efectivos en el banco, entregándole luego el dinero al diputado a quién le debían favores, siendo enfáticos en sostener que ellos no tramitaron los formularios y que las certificaciones de estudio que contienen no corresponden a la verdad” (5) .
(5) Ver folios 13 y 14, cuaderno 4.
Y mas adelante el ad quem plasma las siguientes consideraciones:
“En ese orden, conforme al trámite que se le daba a las becas que adjudicaban los diputados, el procesado Rodríguez Celis fue quien se encargó de diligenciar los formularios que resultaron con las certificaciones falsas, pues a él se le entregaron para que se los hiciera llegar a los beneficiarios, quienes supuestamente eran los encargados de llevarlos a los establecimientos educativos para que allí procedieran a llenar la parte correspondiente del formulario estampando la respectiva certificación de estudios del educando.
Empero, se estableció que el procesado no les entregó a los beneficiarios los formularios para que éstos los tramitaran como era lo debido, sino que se quedó con ellos y él lo hizo personalmente, solicitándoles simplemente a los señalados que fueran a la asamblea departamental y retiraran los cheques para que luego le entregaran la plata.
Si esto fue así y siendo el propósito del procesado apropiarse del dinero de las becas que le correspondía adjudicar a los estudiantes, y él mismo tramitó los formularios, surge evidentes su participación en la falsificación de las certificaciones de los centros docentes, porque estas eran necesarias para que se produjera el desembolso de los auxilios de los que se iba a aprovechar el exdiputado. El interés es claro y la oportunidad, porque los formularios siempre estuvieron en poder del procesado quien, una vez estos quedaron debidamente diligenciados los autorizó y ordenó el pago estampando su firma.
Qué otra persona distinta a la que se iba a beneficiar con la falsedad en los funcionarios podía tener el interés de realizarla, ninguna” (6) (sic).
Queda demostrado que los testimonios a los cuales alude el censor si fueron apreciados por los jueces de instancia, y que en relación con la imputación por los delitos contra la fe pública se hicieron las valoraciones probatorias que permitieron deducir el compromiso penal del procesado en calidad de determinar de tales falsedad.
Al no prosperar el reparo contra la prueba indiciaria, primera parte de este cargo, surge improcedente la labor asumida por el demandante al efectuar un recuento sobre la prueba testimonial y documental existente en el proceso.
Ante las falencias técnicas atrás señaladas y la falta de razón en la fundamentación de los cargos, se desestimará la demanda.
Al decidirse la casación sin sustitución sobre el fallo contra el cual va dirigida esta providencia queda ejecutoriada el día en que es suscrita (L. 600/2000, art. 187, anteriormente D. 2700/91, art. 197) y no admite recurso alguno. En todo caso, se notificará en la forma prevista por la ley.
NO CASAR la sentencia condenatoria objeto de impugnación.
Magistrados: Yesid—Ramírez Bastidas—Fernando E. Arboleda Ripoll—Herman Galán Castellanos—Carlos Augusto Galvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Inzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés.

References: resolución 
 artículo 133
 artículo 19
 artículo 133
 artículo 133
 resolución 
 artículo 133
 artículo 356
 artículo 133
 artículo 23
 artículo 26
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 19
 resolución 
 artículo 133
 artículo 19
 artículo 133
 artículo 133