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Timestamp: 2019-10-15 22:15:47+00:00

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Publicado en BOE n�m. 114 de 13 de Mayo de 2006
Vigencia desde 14 de Mayo de 2006
Art�culo 1 �Objeto del Estatuto de los cooperantes
Art�culo 3 �Relaci�n jur�dica con la persona o entidad promotora de la cooperaci�n internacional para el desarrollo o la acci�n humanitaria
Art�culo 4 �Relaci�n laboral
Art�culo 5 �Acuerdo complementario de destino a un pa�s o territorio perceptor de ayuda al desarrollo
Art�culo 6 �Contrato de trabajo y acuerdo complementario de destino
Art�culo 7 �Situaciones de excedencia y asimilables
Art�culo 9 �Certificaci�n de las labores realizadas
Art�culo 10 �Derechos de los cooperantes
Art�culo 11 �Deberes de los cooperantes
Art�culo 12 �Dotaci�n financiera para el aseguramiento colectivo de los cooperantes
Disposici�n adicional primera �R�gimen p�blico de protecci�n social
Disposici�n adicional segunda �Aplicabilidad del r�gimen de indemnizaciones previsto en el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad
Disposici�n adicional tercera �Cooperantes retornados y reinserci�n laboral
Disposici�n adicional cuarta �Colaboraci�n con las comunidades aut�nomas y otras Administraciones p�blicas
Disposici�n adicional quinta �Cooperantes vinculados a iglesias, confesiones o comunidades religiosas
Disposici�n adicional sexta �Indemnizaciones por raz�n de servicio
Disposici�n transitoria primera �Aseguramiento de los cooperantes y ayudas a las entidades promotoras
Disposici�n transitoria segunda �Dotaci�n financiera para el aseguramiento colectivo
Disposici�n transitoria tercera �Plazo de adaptaci�n
La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo, estableci�, en su art�culo 38.2, la obligaci�n de aprobar el Estatuto del cooperante, marco normativo en el que deben contemplarse una serie de aspectos esenciales de la labor de los cooperantes, como son sus derechos y obligaciones, r�gimen de incompatibilidades, formaci�n, homologaci�n de los servicios que prestan y modalidades de previsi�n social.
Una ley que en su art�culo 1.2 establece que se aplicar� al conjunto de actividades que se traducen en transferencias de recursos p�blicos materiales y humanos, bien por parte de la Administraci�n General del Estado, bien a trav�s de la colaboraci�n con las entidades promotoras de la cooperaci�n.
Tras el tiempo transcurrido, la necesidad de aprobar este marco jur�dico es ya impostergable, no s�lo para dar cumplimiento al mandato legal, sino como medida esencial para apoyar desde la Administraci�n General del Estado el trabajo de nuestros cooperantes, que se realiza, frecuentemente, en lugares y condiciones de notable dureza (deficientes condiciones sanitarias, enfermedades end�micas, conflictos b�licos abiertos o �de baja intensidad�, etc.), que pueden suponer situaciones de riesgo para su salud y, en no pocas ocasiones, para su integridad f�sica. Adem�s, no puede olvidarse que la labor de los cooperantes contribuye a difundir en el exterior uno de los aspectos m�s positivos de la proyecci�n internacional de la sociedad civil, las �rdenes religiosas y las instituciones p�blicas espa�olas: la solidaridad internacional.
El trabajo que desarrollan los cooperantes es un elemento estrat�gico a la hora de avanzar hacia una cooperaci�n de calidad. Por ello, la calidad y la eficacia de la cooperaci�n internacional pasan por dignificar las condiciones en las que desarrollan su trabajo los cooperantes. Sin duda, la mejora de sus condiciones y la creaci�n de un marco jur�dico favorable para quienes participan en la ejecuci�n de los proyectos, tendr� un impacto muy positivo sobre la cooperaci�n internacional que se desarrolla desde la Administraci�n General del Estado, comunidades aut�nomas, entidades locales y personas o entidades promotoras de la cooperaci�n internacional para el desarrollo o la acci�n humanitaria definidas en este estatuto.
El presente real decreto pretende garantizar los derechos, en especial laborales, de las personas que desarrollan actividades de cooperaci�n y contribuir a un mejor desarrollo de las actividades de cooperaci�n internacional, consideradas como parte de la acci�n exterior del Estado en la medida en que implican determinadas obligaciones para la Administraci�n espa�ola en el exterior y que afectan, y deben enmarcarse, en la pol�tica exterior cuya fijaci�n corresponde, de acuerdo con el art�culo 97 de la Constituci�n, al Gobierno. A estos efectos se regulan tambi�n determinadas obligaciones de los cooperantes y las entidades promotoras. Las normas del real decreto est�n en consecuencia fundamentadas en las competencias del Estado sobre legislaci�n laboral o en materia de funci�n p�blica (art�culo 149.1.7.� y 18.� de la Constituci�n) as� como, de modo general, en el t�tulo correspondiente a las relaciones internacionales ( art�culo 149.1.3.� de la Constituci�n), y el real decreto presta especial atenci�n a la corresponsabilizaci�n de las comunidades aut�nomas y, en su caso, de otras administraciones p�blicas, en estos �mbitos a trav�s de los convenios que puedan concluir con la Administraci�n General del Estado.
Cumpliendo, pues, el mandato de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo, en el Estatuto de los cooperantes que ahora se aprueba, se aborda aspectos sustanciales de su actividad, que pueden agruparse en tres grandes categor�as:
La incidencia del trabajo que van a realizar como cooperantes sobre su relaci�n jur�dica de prestaci�n de servicios (ya sea laboral o administrativa),
Los derechos y deberes espec�ficos que les corresponden como cooperantes,
La concertaci�n de un seguro colectivo por parte de la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional.
Respecto a la primera cuesti�n; es decir, en lo que se refiere a la proyecci�n de la actividad de los cooperantes sobre su relaci�n jur�dica de prestaci�n de servicios, ya sea laboral, funcionarial o estatutaria, son varias las cuestiones que se abordan en este estatuto.
As�, y tras unas definiciones y precisiones de car�cter general, se introduce la obligatoriedad de suscribir un �acuerdo complementario de destino�, instrumento jur�dico y documental dirigido a proporcionar una mayor seguridad jur�dica al cooperante, al recoger un cat�logo de derechos que le deber�n ser reconocidos y que ser�n de obligado cumplimiento para su empleador. En los casos en que exista una relaci�n laboral del cooperante con la entidad impulsora del proyecto en el que participe, se establece que este documento se incorporar� como un anexo al contrato de trabajo. Adem�s, la exigencia de forma escrita para el contrato de trabajo, incluyendo este anexo, derivada de las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se configura como una garant�a adicional para el cooperante.
Posteriormente, se abordan en este estatuto otros aspectos m�s concretos de la relaci�n de servicios de los cooperantes, como son los relativos a situaciones de excedencia, incompatibilidades, o validaci�n del trabajo realizado. Se busca, con estas precisiones, el concretar, para este colectivo, las previsiones de car�cter general contenidas en la legislaci�n laboral o administrativa, seg�n corresponda.
Respecto a las incompatibilidades de los cooperantes, se consideran en este estatuto aqu�llas que se derivan, precisamente, de su espec�fica labor como cooperantes, no las que se pudieran derivar, en su caso, de su eventual condici�n de funcionario p�blico, para lo que habr� de ajustarse a la legislaci�n correspondiente. En concreto, se contemplan aqu� dos tipos de incompatibilidades: las que pueden surgir, precisamente, de su condici�n de �cooperante� (en este sentido, es necesario distinguir entre esta condici�n y la condici�n de �voluntario�, de acuerdo con la distinci�n que entre ambas figuras establece la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo), y las que pudieran surgir de las concretas funciones que vayan a realizar en el desarrollo de su actividad. Respecto a �stas, se busca evitar una implicaci�n de los cooperantes en temas ajenos a los proyectos de cooperaci�n, o en actividades perjudiciales para el medio ambiente o la salud de las personas. Se busca evitar, tambi�n, que los cooperantes puedan actuar como agentes de los gobiernos o administraciones locales, o asociarse a intereses de empresas o compa��as con �nimo de lucro de cualquier naturaleza.
Por lo que se refiere al segundo de los �mbitos considerados en este estatuto (derechos y deberes de los cooperantes), ha de se�alarse que los derechos que se reconocen espec�ficamente a los cooperantes son los siguientes: 1) derecho a recibir no s�lo formaci�n adecuada, sino adem�s informaci�n sobre aspectos determinantes de su trabajo y del lugar de destino, 2) derecho a recibir una compensaci�n para afrontar los gastos espec�ficos de traslado al extranjero, 3) derecho a una retribuci�n complementaria que opera como un �salario digno� que garantice unas condiciones de vida lo m�s adecuadas posible en el pa�s de destino, 4) derecho a que el tiempo de trabajo como cooperante pueda ser computado como m�rito a valorar en los concursos de acceso al empleo en el sector p�blico, de acuerdo con lo que se disponga en las convocatorias correspondientes.
Por lo que a obligaciones se refiere, se impone a los cooperantes el deber formal de inscripci�n en el consulado de Espa�a que geogr�ficamente corresponda, lo que se justifica por razones obvias de seguridad. Adem�s, se recuerda el inexcusable deber de cumplir con la legalidad vigente del Estado destino y con las exigencias que impone el respeto de los derechos humanos y las restantes obligaciones de derecho internacional. Tambi�n se establece la obligaci�n por parte de la entidad promotora de cooperaci�n de depositar una copia simple del contrato en la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional.
Como tercer elemento, se aborda la desprotecci�n de los cooperantes espa�oles en el exterior. Pues, a�n cumpliendo sus obligaciones fiscales en nuestro pa�s as� como las derivadas de la Seguridad Social, los cooperantes se encuentran desprotegidos bien por la inexistencia de convenios en materia de Seguridad Social con los pa�ses donde desarrollan su labor, bien por la inexistencia de un sistema p�blico de salud con garant�as suficientes. Para ello se establece la importante novedad de la concertaci�n de un seguro colectivo. Para encontrar una f�rmula de aseguramiento colectivo que resulte eficiente, se opta por la contrataci�n de un seguro colectivo que ser� sufragado en la parte que le corresponda con fondos de la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional. Con ello, se quiere evitar la dispersi�n de m�ltiples seguros, suscritos por cada organizaci�n no gubernamental o Administraci�n p�blica, busc�ndose tambi�n un abaratamiento de costes. Por parte de la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional se determinar�n los porcentajes o cuant�as que deber�n aportar las entidades promotoras de la cooperaci�n, las comunidades aut�nomas u otras Administraciones p�blicas, que opten por adherirse a este seguro colectivo.
Mediante la disposici�n adicional primera, se viene a clarificar que el seguro colectivo que se establece en este estatuto es independiente del r�gimen de previsi�n social que resulte obligatorio seg�n la normativa de aplicaci�n, a la que, en todo caso, habr� de estarse, sin que la suscripci�n de este seguro pueda entenderse como eximente o sustitutiva de ella.
La disposici�n adicional segunda establece que ser� de aplicaci�n a los cooperantes el r�gimen extraordinario de indemnizaciones previsto en el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad. A este respecto, se ha buscado compaginar los requisitos establecidos en el real decreto-ley con las previsiones del propio estatuto.
La disposici�n adicional tercera establece la aplicabilidad de los programas y pol�ticas activas de empleo a los cooperantes retornados que se inscriban como demandantes de empleo en los correspondientes servicios p�blicos.
En la disposici�n adicional cuarta se contempla el objetivo de lograr la efectiva corresponsabilizaci�n de las comunidades aut�nomas y, en su caso, de otras Administraciones P�blicas que puedan tener proyectos de cooperaci�n internacional propios, en la implantaci�n y seguimiento de este estatuto. A tal fin, se prev� la suscripci�n de convenios de colaboraci�n espec�ficos, en los que se abordar�n aspectos tales como el intercambio de informaci�n o la interconexi�n de registros; y en los que se abordar� tambi�n, en su caso, lo referente a la aportaci�n econ�mica que les corresponder�a, para la financiaci�n del seguro colectivo que se establece en este real decreto, si desearan adherirse al mismo. Adem�s, se recoge, como un criterio informador de la actividad de todas las Administraciones p�blicas en este �mbito, que permitir� el cabal cumplimiento de este estatuto, la exigencia de controlar que los proyectos de cooperaci�n internacional que se presenten para su subvenci�n o financiaci�n, incluyen la suficiente dotaci�n econ�mica para hacer frente a los derechos de los cooperantes.
Por �ltimo en la disposici�n adicional quinta se determina que los cooperantes dependientes de �rdenes religiosas se regir�n por su propia normativa interna. No obstante, en los proyectos que sean financiados por la AECI, establecer� las condiciones para adherirse al seguro colectivo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, previo informe del Consejo de Cooperaci�n al Desarrollo, o�do el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 28 de abril de 2006,
Art�culo 1 Objeto del Estatuto de los cooperantes
Este real decreto tiene por objeto aprobar un Estatuto de los cooperantes en el que se determinan sus espec�ficos derechos y obligaciones, r�gimen de incompatibilidades, formaci�n, homolgaci�n (sic) de los servicios que prestan y modalidades de previsi�n social, en cumplimiento de lo previsto en el art�culo 38.2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo.
1. A los efectos de este estatuto, son cooperantes aquellas personas f�sicas que participen en la ejecuci�n, sobre el terreno, de un determinado instrumento de cooperaci�n internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria en cualquiera de sus fases, a realizar en un pa�s o territorio beneficiario de la pol�tica de ayuda al desarrollo, parte de la acci�n exterior del Estado de acuerdo con el art�culo 3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, y que tengan una relaci�n jur�dica con una persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria, en los t�rminos que se se�alan en el art�culo 3 de este real decreto.
2. A los efectos de este estatuto, se consideran personas o entidades promotoras de la cooperaci�n internacional para el desarrollo o la acci�n humanitaria todas aquellas personas f�sicas o jur�dicas, p�blicas o privadas, que organicen, impulsen, desarrollen o ejecuten acciones de cooperaci�n para el desarrollo o humanitarias en pa�ses o territorios de los contemplados en el apartado 4 de este art�culo, con independencia de la financiaci�n, p�blica o privada, de esos proyectos.
3. A los efectos del apartado anterior, las personas f�sicas o jur�dicas de car�cter privado ser�n consideradas entidades promotoras de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria cuando cumplan los requisitos contemplados en el art�culo 32 de la Ley 23/1998, de 7 de julio de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo, y est�n debidamente inscritas en el correspondiente registro de la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional, regulado mediante el Real Decreto 993/1999, de 11 de junio.
4. Se consideran pa�ses o territorios beneficiarios de ayuda al desarrollo, aqu�llos que el Comit� de Ayuda al Desarrollo de la Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo Econ�mico, o entidad que lo sustituya, define como tales, as� como cualquier otro pa�s donde se declare una situaci�n de emergencia humanitaria.
5. No se considerar� cooperante al personal local que pueda contratar la entidad promotora de la cooperaci�n. La relaci�n de ese personal local con la persona o entidad que lo contrate se regir� por la ley del Estado que determinen las normas de Derecho Internacional que resulten aplicables.
Art�culo 3 Relaci�n jur�dica con la persona o entidad promotora de la cooperaci�n internacional para el desarrollo o la acci�n humanitaria
1. Los cooperantes deber�n estar ligados con la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo y la acci�n humanitaria, por alguna de las siguientes relaciones jur�dicas:
a) Relaci�n sometida al ordenamiento jur�dico laboral.
b) Relaci�n funcionarial o de personal al servicio de las Administraciones p�blicas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, al personal al servicio de las Administraciones p�blicas se les aplicar�n, en todo caso, aquellas condiciones m�s beneficiosas que se reconozcan en las normas para el personal en el exterior de la Administraci�n General del Estado, a las que se refiere el art�culo 30 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperaci�n Internacional para el Desarrollo.
3. En ning�n caso podr�n ser considerados como cooperantes en los t�rminos establecidos por el presente Estatuto, las personas cuya relaci�n con la entidad promotora tenga la naturaleza de arrendamiento de servicios civil o mercantil, o de becarios.
Art�culo 4 Relaci�n laboral
1. La relaci�n laboral entre el cooperante y la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria, a la que se refiere el art�culo anterior, se ajustar� necesariamente a la regulaci�n que, para las distintas modalidades de contrato de trabajo, est� establecida en la legislaci�n laboral.
El contrato se formalizar� por escrito, cualquiera que sea su duraci�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 8.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y dem�s normativa de aplicaci�n a los contratos de trabajadores contratados en Espa�a (los cooperantes) al servicio, en el extranjero, de las entidades promotoras espa�olas.
2. La entidad promotora deber� determinar la experiencia profesional y titulaci�n requeridas y que resulten relevantes para las funciones a desempe�ar por el cooperante en relaci�n al proyecto o programa de cooperaci�n para el que se le contrate.
3. En el caso de contrataci�n temporal para obra o servicio determinados, adem�s de lo establecido en su normativa reguladora, se determinar� en el contrato la causa que justifique la temporalidad, en relaci�n al per�odo de ejecuci�n del proyecto o programa de que se trate y de la descripci�n de las labores a realizar: Sin perjuicio de ello, se estar�, en cuanto a la duraci�n previsible y pormenores de las tareas a realizar, a lo establecido en el acuerdo complementario regulado en el art�culo 6.
Art�culo 5 Acuerdo complementario de destino a un pa�s o territorio perceptor de ayuda al desarrollo
1. Entre el cooperante y la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo y la acci�n humanitaria, deber� firmarse un acuerdo complementario para la realizaci�n de su prestaci�n, que especifique las condiciones especiales de �sta en el pa�s de destino.
2. Dicho acuerdo deber� formalizarse por escrito, con el contenido que se determina en el apartado tercero de este art�culo. No obstante, la omisi�n de la forma escrita no perjudicar� los derechos que este estatuto otorga a los cooperantes. Mediante norma que desarrolle este real decreto, podr� establecerse un modelo oficial de este documento.
3. El acuerdo complementario de destino del cooperante en un pa�s o territorio perceptor de ayuda al desarrollo tendr� el siguiente contenido m�nimo:
a) Determinaci�n del pa�s o territorio beneficiario de ayuda al desarrollo, donde deba el cooperante desempe�ar su labor, con indicaci�n del Estado y del municipio o comunidad en que se ubique el establecimiento o centro de trabajo al que el cooperante se adscribir� en el pa�s de destino.
b) Descripci�n del proyecto o programa a cuya colaboraci�n se destina al cooperante.
c) Fecha de inicio de la prestaci�n de servicios, y fecha estimada de finalizaci�n. En el supuesto de que la fecha de terminaci�n pudiera estar sujeta a cualquier contingencia no prevista en el programa o proyecto, el acuerdo especificar� que la finalizaci�n le ser� comunicada con una antelaci�n m�nima de un mes.
d) Relaci�n de las espec�ficas precauciones m�dicas, y especialmente de vacunaci�n, que debe adoptar el cooperante, antes, durante y despu�s de la ejecuci�n de su prestaci�n, en funci�n del lugar de destino. Se indicar� asimismo una relaci�n de los servicios hospitalarios y de asistencia m�dica m�s pr�ximos al lugar de destino.
e) R�gimen de horarios, vacaciones, viajes al exterior y permisos aplicables, as� como el procedimiento a seguir para su aplicaci�n
f) Normas de seguridad b�sicas en el pa�s de destino y recursos a utilizar en aquellos supuestos en los que la seguridad del cooperante o de la tareas a realizar resulten afectadas.
g) Informaci�n de las formalidades administrativas a cumplimentar en el Estado de destino para la residencia y trabajo en �l, con expresi�n de los documentos que la entidad promotora de la ayuda al desarrollo facilitar� al cooperante antes de su partida.
h) Concreci�n de las retribuciones salariales y extrasalariales que correspondan. Detalle de todas las percepciones, en met�lico o en especie, que procedan, como compensaci�n, dietas, ayudas, indemnizaciones o suplidos por gastos o por cualquier otro concepto derivado de la ejecuci�n de su prestaci�n.
i) Transcripci�n de los derechos y obligaciones de los cooperantes descritos en los art�culos 7 a 12 de este real decreto.
j) La moneda en la que se pagar�n las retribuciones y dem�s percepciones econ�micas del cooperante. Igualmente, se indicar� su contravalor en euros, valor que se tomar� como referencia para la actualizaci�n de las percepciones salariales.
k) Informaci�n sobre las condiciones del seguro, incluidas las de repatriaci�n del cooperante.
4. La persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo y la acci�n humanitaria deber� depositar una copia del citado acuerdo en la Agencia Espa�ola para la Cooperaci�n Internacional, dentro de los veinte d�as siguientes a su firma.
V�ase Orden AEC/163/2007, de 25 de enero, por la que se desarrolla el R.D. 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes (�B.O.E.� 2 febrero).
Art�culo 6 Contrato de trabajo y acuerdo complementario de destino
1. Cuando la relaci�n entre el cooperante y la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria sea de car�cter laboral, el acuerdo complementario de destino a un pa�s o territorio perceptor de ayuda al desarrollo contemplado en el art�culo 5 de este real decreto, se incluir� como un anexo en el correspondiente contrato de trabajo, del que formar� parte.
2. Todos los contratos de trabajo suscritos entre los cooperantes y las personas o entidades promotoras de la cooperaci�n deber�n formalizarse por escrito, cualquiera que sea la duraci�n y modalidad de contrataci�n por la que se rijan.
3. En estos casos, la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria deber� depositar una copia simple del contrato de trabajo, con el anexo incluido, en la Agencia Espa�ola para la Cooperaci�n Internacional, dentro de los 20 d�as siguientes a su firma.
Art�culo 7 Situaciones de excedencia y asimilables
1. Los cooperantes tendr�n derecho a reincorporarse, a su regreso de la misi�n de cooperaci�n internacional o ayuda humanitaria, al mismo puesto de trabajo que tuvieran antes de ser enviados para realizar las tareas de cooperaci�n, cuando los trabajos de cooperaci�n internacional se hayan realizado para la misma entidad para la que prestaban sus servicios en Espa�a, conforme a lo dispuesto en la legislaci�n correspondiente.
2. Cuando la persona o entidad para la que se vaya a realizar la actividad de cooperaci�n sea distinta de la entidad, empresa o Administraci�n para la que el cooperante venga desempe�ando su trabajo habitual, ser� de aplicaci�n lo siguiente, respecto a su puesto de trabajo habitual:
a) Si el cooperante es funcionario de una Administraci�n p�blica, o est� sujeto a un r�gimen de personal estatutario al servicio de los servicios p�blicos de salud, a partir del momento en que sea enviado a realizar tareas de cooperaci�n para el desarrollo o acci�n humanitaria, y siempre que est� previsto que se prolonguen durante m�s de seis meses, pasar� a la situaci�n de servicios especiales, contemplada en el art�culo 29.2.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, y en el art�culo 64.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Si no se alcanzara la se�alada duraci�n de seis meses, el cooperante permanecer� en situaci�n de servicio activo.
b) Si se trata de una relaci�n laboral, el trabajador pasar� a la situaci�n de excedencia voluntaria, teniendo derecho a la reserva de su puesto de trabajo de acuerdo a lo establecido en el art�culo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o, en su caso, en el convenio colectivo que resulte de aplicaci�n.
No podr�n adquirir la condici�n de cooperante regulada en este estatuto, o la perder�n cuando ya la hubieran adquirido, quienes realicen las siguientes funciones o trabajos:
a) Los propios de los funcionarios, agentes y personal del Gobierno, miembros de las Fuerzas de Seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas, cargos p�blicos electos o de libre designaci�n, de cualesquiera gobiernos o administraciones p�blicas territoriales del Estado donde se desarrolle el proyecto de cooperaci�n para el desarrollo o acci�n humanitaria. En caso de que en dicho territorio existiera m�s de un Gobierno reconocido por al menos tres Estados, esta incompatibilidad se aplicar� a todos ellos.
b) Aqu�llos que impliquen colaboraci�n con los objetivos o actividades de alguna empresa, sociedad o compa��a con �nimo de lucro, de �mbito multinacional o local, que mantenga actividades relacionadas con los recursos naturales del Estado o territorio donde se desarrolle el proyecto de cooperaci�n para el desarrollo o acci�n humanitaria, o que puedan producir efectos negativos en la salud de las personas o efectos significativos en el Medio Ambiente natural o en la flora o fauna locales.
Art�culo 9 Certificaci�n de las labores realizadas
Con el fin de facilitar la reincorporaci�n al mercado laboral de los cooperantes y el c�mputo del trabajo realizado, a efectos de lo se�alado en el art�culo 10.1.g), una vez finalizada su misi�n, la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria emitir� un certificado fehaciente de la duraci�n de los servicios prestados en la actividad de cooperaci�n al desarrollo, as� como del puesto o de los puestos de trabajo desempe�ados y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos por el cooperante, que deber� ser refrendado por la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional en el plazo m�ximo de 40 d�as o por el �rgano y procedimiento que, en su caso, determine cada comunidad aut�noma para el acceso a los puestos de trabajo de su Administraci�n.
Art�culo 10 Derechos de los cooperantes
1. Los cooperantes gozar�n de los derechos que se relacionan en los apartados siguientes, sin perjuicio de los que les corresponden de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales aplicables a los ciudadanos espa�oles en el exterior, y de cualesquiera otros de los que sean titulares en virtud de otras disposiciones.
a) Derecho a recibir una formaci�n adecuada para el desempe�o de su labor, antes de su partida a un pa�s beneficiario de ayuda al desarrollo.
b) Derecho a recibir informaci�n sobre los extremos contemplados en las letras e) y f) del art�culo 5.3.
Cualquier gasto en el que incurra para la obtenci�n de permisos necesarios para su residencia y trabajo en el pa�s de destino, as� como para la residencia de su c�nyuge, o persona con la que mantenga una relaci�n an�loga, y sus descendientes.
Gastos de traslado de bienes muebles al lugar de destino, que comprender� como m�nimo 50 kg de peso por env�o a�reo para el cooperante y 35 kg por cada acompa�ante, siempre que �ste sea su c�nyuge, o persona con la que mantenga una relaci�n an�loga, o sus descendientes.
d) Derecho a una retribuci�n complementaria para afrontar:
Los gastos fijos de residencia en el pa�s de destino, salvo que el contrato establezca otra f�rmula que ya incluya este situaci�n.
Los gastos de escolarizaci�n de sus hijos en el pa�s de destino.
e) Derecho a una previsi�n social espec�fica, cuando el cooperante no tuviera suficientemente cubiertos alguno de los riesgos que se relacionan a continuaci�n a trav�s del R�gimen General de la Seguridad Social o, en su caso, a trav�s del R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios (Clases Pasivas-Mutualismo Administrativo), mediante el aseguramiento de las siguientes situaciones:
La p�rdida de la vida y la invalidez permanente, en cualquiera de sus grados, siempre que no resulte de aplicaci�n lo previsto en la disposici�n adicional segunda de este real decreto.
Una atenci�n m�dica y hospitalaria similar a la cobertura a que se tiene derecho en Espa�a, por cualquier contingencia acaecida en el pa�s de destino, incluyendo las revisiones peri�dicas generales y ginecol�gicas, embarazo, parto, maternidad, y las derivadas de cualquier enfermedad o accidente; as� como el gasto farmac�utico ocasionado y la medicina preventiva que requieren determinadas enfermedades, epidemias o pandemias existentes en los pa�ses de destino.
La atenci�n psicol�gica o psiqui�trica por sufrir angustia, estr�s post traum�tico o cualquier otro trastorno de �ndole similar durante o al finalizar su labor.
Revisi�n m�dico-sanitaria espec�fica a su regreso a Espa�a.
La repatriaci�n en caso de accidente, enfermedad grave, fallecimiento, cat�strofe o conflicto b�lico en el pa�s o territorio de destino.
f) Derecho a la inmediata atenci�n de sus problemas por los servicios diplom�ticos espa�oles en el Estado de destino, en especial de las Oficinas T�cnicas de Cooperaci�n, en cuanto al desarrollo adecuado de su actividad laboral y, de no haberlos, por los m�s pr�ximos, as� como de los servicios diplom�ticos de los Estados miembros de la Uni�n Europea en los t�rminos establecidos en los Tratados de la Uni�n y dem�s normativa de aplicaci�n.
g) Derecho a que el tiempo que hayan actuado como cooperantes les sea computado, como m�rito a valorar, en las convocatorias de plazas en el sector p�blico que guarden relaci�n con la cooperaci�n internacional, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y con las bases de cada convocatoria.
2. Los anteriores derechos descritos podr� exigirlos directamente el cooperante a la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo y la acci�n humanitaria.
Art�culo 11 Deberes de los cooperantes
Adem�s de los deberes que se deriven de su relaci�n jur�dica con la persona o entidad promotora de la ayuda al desarrollo o la acci�n humanitaria, los cooperantes deber�n:
a) Observar una conducta adecuada en el pa�s o territorio de destino, respetando las leyes y usos locales y las resoluciones de las autoridades competentes, siempre que no vulneren la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de 19 de diciembre de 1966, ni tampoco cualquier Tratado internacional en materia de derechos fundamentales en el que sea parte el Estado de destino.
b) Notificar su llegada y, en el plazo m�ximo de dos meses, inscribirse en el Consulado del Reino de Espa�a m�s cercano a su lugar de destino, as� como comunicar su partida a su regreso.
c) Notificar su llegada y presentarse ante la Oficina T�cnica de Cooperaci�n, a trav�s, en su caso, de la organizaci�n promotora, al objeto de informar de la labor y tareas asignadas, as� como de establecer la forma y mecanismos de contacto que quepa mantener durante su estancia.
Art�culo 12 Dotaci�n financiera para el aseguramiento colectivo de los cooperantes
1. La Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional podr� concertar un seguro colectivo, que cubra los riesgos que le corresponda contemplados en el art�culo 10.1.e) de este real decreto. Asimismo, las entidades promotoras de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria abonar�n la parte que les corresponda para cubrir las contingencias de sus cooperantes contempladas en el citado art�culo.
2. La Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional negociar� con las entidades aseguradoras las condiciones de las p�lizas para la finalidad expuesta en el p�rrafo anterior. La contrataci�n de este seguro colectivo se realizar� de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y dem�s disposiciones concordantes.
3. Las entidades promotoras de la cooperaci�n, podr�n adherirse, para cumplir con las obligaciones de aseguramiento de sus cooperantes, al seguro general colectivo contratado por la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional, o podr�n suscribir p�lizas independientes que, en todo caso, habr�n de cubrir, al menos, las contingencias contempladas en el art�culo 10.1.e) de este real decreto.
4. Las comunidades aut�nomas y, en su caso, otras Administraciones p�blicas que promuevan proyectos de cooperaci�n internacional, podr�n adherirse, igualmente, al seguro general colectivo contratado por la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional.
5. Por la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional se determinar�n los porcentajes o cuant�as que, en su caso, deber�n aportar las entidades promotoras de la cooperaci�n. En lo que respecta a la aportaci�n de las comunidades aut�nomas u otras Administraciones p�blicas interesadas en adherirse a este seguro colectivo, se estar� a lo que se establezca en los respectivos convenios de colaboraci�n.
Disposici�n adicional primera R�gimen p�blico de protecci�n social
Los cooperantes, en funci�n del tipo de relaci�n que les vincule con la persona o entidad promotora de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria, y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados o convenios que pudieran resultar de aplicaci�n, acceder�n a, o mantendr�n en su caso, la relaci�n de aseguramiento con el r�gimen p�blico de protecci�n social que corresponda, en los t�rminos y con las particularidades establecidas en sus respectivas normas reguladoras, en especial las previstas para los supuestos de traslados o de prestaci�n de servicios en el extranjero.
Disposici�n adicional segunda Aplicabilidad del r�gimen de indemnizaciones previsto en el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad
Se aplicar� a los cooperantes, que tengan esta condici�n seg�n este real decreto, el r�gimen de indemnizaciones previsto en el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad, cuando se den las condiciones en �l establecidas.
Disposici�n adicional tercera Cooperantes retornados y reinserci�n laboral
La inscripci�n como desempleados en los servicios p�blicos de empleo de los cooperantes, una vez que retornen a Espa�a despu�s de ejercer sus labores de cooperaci�n, garantizar� la aplicaci�n a los cooperantes de las pol�ticas activas de empleo, a tenor de lo previsto en el art�culo 27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, determinando su inclusi�n en los programas de pol�ticas activas de empleo, especialmente en los programas de reorientaci�n profesional, previstos anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
Disposici�n adicional cuarta Colaboraci�n con las comunidades aut�nomas y otras Administraciones p�blicas
1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n y la Agencia Estatal de Cooperaci�n Internacional podr�n suscribir los convenios de colaboraci�n con las comunidades aut�nomas que resulten necesarios para la regulaci�n del intercambio de informaci�n, registro de personas o entidades promotoras de la cooperaci�n internacional, contratos y acuerdos complementarios de destino de los cooperantes y, en su caso, para la determinaci�n de la aportaci�n econ�mica que corresponda a las comunidades aut�nomas para adherirse al seguro colectivo promovido por la AECI.
2. Todas las Administraciones p�blicas que financien actividades de cooperaci�n para el desarrollo o acci�n humanitaria velar�n porque los proyectos que se presenten para su subvenci�n o financiaci�n respeten la normativa sobre derechos y deberes de los cooperantes y, espec�ficamente, las normas previstas en este real decreto.
Disposici�n adicional quinta Cooperantes vinculados a iglesias, confesiones o comunidades religiosas
1. Los cooperantes dependientes de la Conferencia Episcopal, di�cesis, �rdenes, congregaciones, o vinculadas a cualquier iglesia, confesi�n o comunidad religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, se regir�n por su propia normativa.
2. No obstante, se arbitrar�n los mecanismos necesarios para que estos cooperantes, cuando ejecuten proyectos de cooperaci�n financiados por la AECI, puedan adherirse al seguro colectivo previsto en el art�culo 12 de este real decreto, en las condiciones que se determinen por la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional.
Disposici�n adicional sexta Indemnizaciones por raz�n de servicio
Lo dispuesto en el apartado 1.c) del art�culo 10, no ser� de aplicaci�n al personal al servicio de las Administraciones P�blicas, al que ser� de aplicaci�n el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por raz�n del servicio. Igualmente no ser� de aplicaci�n el apartado 1.d) del art�culo 10 al personal funcionario de las Administraciones P�blicas, al que ser� de aplicaci�n el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero.
Disposici�n transitoria primera Aseguramiento de los cooperantes y ayudas a las entidades promotoras
1. Hasta que no se haya concertado por la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional el seguro colectivo contemplado en el art�culo 12 de este real decreto, el aseguramiento de los riesgos contemplados en el art�culo 10.1.e) ser� responsabilidad de cada entidad o persona promotora de la cooperaci�n para el desarrollo o la acci�n humanitaria. La Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional contratar� en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de este real decreto dicho seguro colectivo.
2. En el presente ejercicio, la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional establecer� ayudas a las entidades promotoras para minorar el coste que las p�lizas les puedan suponer, cuando �stas se deriven de actuaciones que se enmarquen dentro de las prioridades de la cooperaci�n espa�ola.
Disposici�n transitoria segunda Dotaci�n financiera para el aseguramiento colectivo
En el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, se incluir� una partida espec�fica para la financiaci�n del aseguramiento colectivo previsto en el art�culo 12 de este real decreto, creando, si fuera preciso, un fondo de previsi�n espec�fico para ello. Transitoriamente, los fondos de la Administraci�n General del Estado que sean necesarios para la concertaci�n del seguro previsto, provendr�n de las partidas correspondientes del presupuesto ordinario de gastos de la Agencia Espa�ola de Cooperaci�n Internacional.
Disposici�n transitoria tercera Plazo de adaptaci�n
Las personas o entidades definidas en el art�culo 2.2 tendr�n un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo. 6.3.
Se habilita al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n para dictar las normas necesarias para la aplicaci�n y el desarrollo de este real decreto

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