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Timestamp: 2020-07-12 15:25:33+00:00

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7 junio 2020 GeneralMace & Asociados. Abogados-Contables Reus.
Estas son algunas claves para evitar un “timo” en el finiquito.
“Aunque hay que recordar que el finiquito puede ser cero, si la empresa no debe nada al trabajador”, apunta Rubiño, en cualquier caso hay que verificar que así sea. También puede producirse el caso, bastante menos común, de que el finiquito le salga a pagar al empleado, si le debe al empresario algún anticipo salarial o ha disfrutado de todas las vacaciones correspondientes en el año antes de tiempo.
Cuando llega esta liquidación, y muchas otras situaciones, es común enfrentarse a un montón de papeles y un “firma aquí, aquí y aquí”. Cuidado. El mantra de todas las recomendaciones a trabajadores de sindicatos y expertos en derecho laboral en este tema es, “en caso de cualquier duda, no firmes”.
“Si lo firmas, estás asumiendo que esa cantidad es adecuada, y luego es mucho más complicado reclamar una cantidad si te das cuenta de que no es correcto”, afirma Carlos Gutiérrez.
Desde la Red Jurídica aconsejan no firmar ante la mínima duda, hasta poder verificar que la cantidad es correcta. Si el trabajador sospecha o conoce de algún error en el finiquito puede firmar y escribir “no conforme” en el documento, lo que facilita una reclamación posterior (si se decide interponer, que no siempre ocurre).
En este punto suele presentarse un problema, “habitualísimo”, en expresión de Rubiño. Hay empresas que se niegan a darte el finiquito si el trabajador quiere plasmar su disconformidad, como destacan también en CCOO. En la práctica, algunos empleados prefieren cobrar en ese momento, aunque no sea todo el dinero que le correspondería, a tener que involucrarse en una reclamación. “Y algunas empresas se aprovechan de eso”, lamenta el abogado.
Cuando los expertos advierten de la necesidad de comprobar que el finiquito incluye “todos los conceptos”, ¿a qué se refieren? Por un lado, al salario pendiente de recibir en el mes en el que se abandona el puesto de trabajo, si es el caso, por ejemplo, un despido a mediados de mes.
Uno de los problemas más comunes que encuentran en Red Jurídica es que “los documentos de finiquito son muy confusos, no quedan claras las cantidades y los conceptos”, por lo que es importante preguntar y que el empleado pueda saber si están incluidas todas las cantidades.
Por ello, en caso de no percibir el dinero, recomiendan que el trabajador escriba “cuantías no recibidas”, “pendiente de transferencia” o similar si decide firmar el documento.
Aunque la indemnización es diferente al finiquito, algunas empresas intentan mezclar ambos conceptos en un mismo documento y a veces se “genera una gran confusión al trabajador”. Mientras el finiquito procede siempre –aunque pueda ser cero–, con la indemnización no sucede lo mismo (por ejemplo, con un despido disciplinario). Además, la indemnización no cotiza ni tributa, mientras que los conceptos del finiquito sí lo hacen.
Gutiérrez y Rubiño recuerdan que –más allá del finiquito– en los contratos temporales que finalizan, tan comunes en esta época del año, sí procede recibir una indemnización, de 12 días de salario por año trabajado. “Justo me lo han preguntado dos trabajadores esta semana. Si has trabajado poco, dos meses, no es mucho lo que te corresponde. Pero si sumas todos los trabajadores, es mucho dinero que se ahorran las empresas que no lo pagan”, afirma el laboralista.
Si el trabajador finalmente es consciente de que la empresa le ha “timado” con su finiquito, la vía para reclamar es en primer lugar la administrativa, a través de una reclamación de cantidad. “En la administrativa, obligatoria antes de la judicial, va a haber un árbitro de mediación y, si no llegas a acuerdo, te da un documento por el que ya puedes acudir a juicio. Así funciona de manera general”, expone el especialista de Red Jurídica. El plazo para reclamar esta cantidad es de un año –20 días hábiles es el límite para recurrir el despido– y los intereses por demora, de un 10% anual.
https://www.eldiario.es/economia/Llega-septiembre-claves-timen-finiquito_0_936856881.html
ATRIBUCIÓN DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR AL CÓNYUGE NO TITULAR EN CASO DE DIVORCIO.
10 noviembre 2019 GeneralMace & Asociados. Abogados-Contables Reus.
Existiendo hijos menores de edad, y con independencia de quien sea propietario de la vivienda familiar , la atribución del uso de la vivienda familiar se hace a los hijos y al cónyuge bajo cuya custodia queden .Como resulta de las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Abril y 21 de Junio de 2011 , no cabe limitar temporalmente la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores mientras sigan siéndolo, porque el interés protegido no es la propiedad sino los derechos del menor en caso de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores judicialmente supervisado y homologado.
No obstante, el Tribunal Supremo también ha establecido la posibilidad de la atribución de la vivienda familiar, incluso al cónyuge no titular, “siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección”, si bien, en este supuesto, con un carácter temporal.
Por tanto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el hecho de ser titularidad el domicilio familiar de uno sólo de los cónyuges, no indica la necesariedad de que se le atribuya el mismo, ya no sólo por la obligatoriedad de otorgarse, en su caso, a los menores existentes, sino por el hecho que al otro cónyuge se le observe una situación de mayor necesidad. En resumen, la atribución del domicilio familiar se producirá, en primer lugar, a favor de los menores, y en su defecto, y salvo pacto en contrario, al cónyuge más necesitado.
– Sala 1ª del Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2018; Sentencia 522/2016, de 21 de julio, –Sentencia de 06 de abril de 2016, número 215/216,
El Tribunal Supremo establece la posibilidad de suprimir la pensión de alimentos a los hijos mayores de edad sino tienen relación con su padre.
17 marzo 2019 Generalabogados de divorcios en reus, abogados de familia en reus, abogados divorcios reus, abogados en reus, abogados guardia y custodia compartida en reus, abogados reusMace & Asociados. Abogados-Contables Reus.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia donde establece que la falta de relación de los hijos con su padre pueda justificar el cese de la pensión de alimentos si el desapego es culpa de los hijos.
Os transcribimos la sentencia:
TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 104/2019 de 19 febrero
Recurso de Casación 1434/2018
El Tribunal Supremo acuerda estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Esmeralda, contra la sentencia dictada con fecha 23 de enero de 2018, por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 24ª, en el rollo de apelación 306/2017, casándola.
“Teniendo por presentado este escrito de demanda con los documentos que se acompañan y copias de todo ello, para su traslado a la demandada, se sirva admitirlo y formando los oportunos autos, se tenga al Procurador que suscribe por comparecido y parte en la representación que ostento, debidamente acreditada, entendiéndose conmigo y en tal concepto las sucesivas actuaciones en el modo y forma previsto en la Ley; y, por promovida petición de modificación de medidas definitivas adoptadas en sentencia de divorcio de fecha 29/05/2007 dictada en el procedimiento separación contenciosa núm. 97/2007, tramitado ante el Juzgado al que me dirijo, contra doña Esmeralda , previos los trámites legales, con emplazamiento a la demandada, y celebración de la vista a que se refiere el art. 770.3.º de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , se dicte sentencia por la que se acuerde la extinción de la pensión de alimentos que mi mandante abona a la que fuera su esposa doña Esmeralda en concepto de pensión de alimentos para sus hijos.”
2.- Por decreto de 1 de julio de 2016, se admitió a trámite la demanda, dando traslado a las partes para contestar.
3.- La procuradora doña Celia Fernández Redondo, en nombre y representación de doña Esmeralda , contestó a la demanda formulada de contrario y suplicó al Juzgado:
“[…] se tenga por contestada la demanda y previos los trámites legales oportunos, con la preceptiva celebración de vista, se dicte en su día sentencia por la que se desestime la demanda interpuesta, con imposición de costas a la demandante.”
4.- El Juzgado dictó sentencia el 25 de noviembre de 2016 con la siguiente parte dispositiva:
“Estimar la demanda interpuesta por don Demetrio , representado por el Procurador don José Ángel Bonaire Gómez, contra doña Esmeralda , representada por la Procuradora doña Celia Fernández Redondo.
“Levantar el embargo decretado en la ejecución n° 257/14 si no quedaran pendientes responsabilidades pecuniarias, para lo cual se librará testimonio de esta resolución a fin de unirlo a dicho procedimiento, continuando dicha medida de garantía, en todo caso, hasta dar completa satisfacción a la parte acreedora ejecutante.
1.- La representación procesal de doña Esmeralda interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y se estructura, en cuatro apartados: el primero para identificar el pronunciamiento que se impugna, que es la extinción de la pensión de alimentos a favor de los hijos mayores de edad; en el segundo se alega infracción de los artículos 142 y 152 LEC (ha de entenderse CC (LEG 1889, 27) ), éste último en relación a los artículos 90 y 91 CC ; el tercero por interés casacional por infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la cesación de la obligación de prestación de alimentos a hijos mayores de edad,
2.- La sala dictó auto el 19 de septiembre de 2018 (PROV 2018, 259577) con la siguiente parte dispositiva:
“1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Esmeralda , presentó escrito de interposición de recurso de casación, contra la sentencia dictada, con fecha 23 de enero de 2018, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24.ª, en el rollo de apelación 306/2017 , dimanante del juicio de modificación de medidas del Juzgado de Primera Instancia n.º 23 de Madrid.
“2º) Abrir el plazo de veinte días el plazo de veinte días para que la parte recurrida comparecida ante esta sala pueda formalizar los escritos de oposición al recurso de casación, estando las actuaciones a su disposición en Secretaria.”
3.- La representación procesal de don Demetrio , manifestó su oposición al recurso formulado de contrario.
4.- No habiéndose solicitado por ambas partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo del recurso el 5 de febrero de 2019 en que ha tenido lugar.
(ii) por falta de aprovechamiento en los estudios de los hijos;
“La nula relación personal de los alimentos con el alimentante y la absoluta desafección entre los hijos y el padre que .se expone como tercera causa para el cese del deber de prestar alimentos ha de recibir un tratamiento distinto al de los dos motivos anteriores ya que si bien es cierto que la ausencia de relaciones paternofiliales no se contempla expresamente como motivo tasado en el art. 152 del Código Civil (LEG 1889, 27) ni en otro precepto para dar por extinguida la obligación alimenticia, no lo es menos que las “circunstancias” a las que se refieren los arts. 90 y 91 del Código Civil y el art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) pueden ser diversas y de distinta naturaleza, sin que de ningún modo constituyan “númerus clausus”.
“Establecido lo anterior, ha de tenerse por acreditado el total desapego hacia el padre que exteriorizan los hijos y que han manifestado sin ambages al ser interrogados en calidad de testigos. Por un lado, el hijo Hilario asegura que no habla con su padre desde hace 10 años y que no ha intentado ponerse en contacto con él. Refiere que en la jefatura de estudios de la Universidad en la que cursa su carrera le dijeron que su padre había solicitado datos sobre su evolución académica pero que él, como mayor de edad, no permitió que facilitasen ninguna información. Por otro lado, la hija Miriam afirma que no ve a su padre desde hace 8 años y proclama que no tiene interés en volver a verle.
“Abstracción hecha de si la reiterada e ininterrumpida carencia de relaciones afectivas y de comunicación es achacable al padre o a los hijos, aspecto éste que es irrelevante en este momento dada la mayoría de edad de éstos, ha de tenerse presente que aunque los padres tienen una obligación moral con sus hijos para ayudarles a lo largo de su vida como estimen conveniente, dicho deber queda constreñido al ámbito de la conciencia y la ética de cada persona, siendo, en todo caso, recíproca para los ascendientes y descendientes la obligación de darse alimentos en toda la extensión si se impusiera judicialmente al amparo de lo previsto en el art, 143 del Código Civil . Por ello, siendo la negativa a relacionarse con el padre una decisión libre que parte de los hijos mayores de edad y habiéndose consolidado tal situación de hecho en virtud de la cual el padre ha de asumir el pago de unos alimentos sin frecuentar el trato con los beneficiarios ni conocer la evolución de sus estudios, se considera impropio que subsista la pensión a favor de los alimentistas por cuanto que se estaría propiciando una suerte de enriquecimiento injusto a costa de un padre al que han alejado de sus vidas.
“En definitiva, la mayoría de edad de los hijos y su manifiesto y continuado rechazo a su padre puede y debe calificarse como una alteración de las circunstancias de verdadera trascendencia por sus repercusiones en el ámbito personal de los implicados, siendo además una situación duradera y no coyuntura) o transitoria, que puede ser imputable a los alimentistas, sin que ello reste responsabilidades al padre por su falta de habilidades, y que ha acaecido con posterioridad al momento en que se adoptó la medida cuya modificación se pretende.”
5.- Literalmente motivó su decisión en los siguientes términos:
“En el presente caso de autos dada la mayoría de edad de los hijos, dada la nula relación afectiva, continuada y consolidada en el tiempo entre el progenitor no custodio y los hijos; la negativa de éstos de relacionarse con su padre como así pusieron de manifiesto, decisión libre, querida y voluntaria; todo ello debe considerarse como una alteración y modificación sustancial de las circunstancias y de verdadera repercusión al ámbito personal de los implicados y de carácter permanente, que justifica que dentro del procedimiento matrimonial se deje sin efecto el deber de contribución del progenitor no custodio, al amparo del artículo 91 in fine en relación con los artículos 93 , 152 del C.Civil (LEG 1889, 27) y extensible al apartado 4 de dicho artículo.
6.- El recurso de casación se interpone al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC y se estructura, en cuatro apartados: el primero para identificar el pronunciamiento que se impugna, que es la extinción de la pensión de alimentos a favor de los hijos mayores de edad; en el segundo se alega infracción de los artículos 142 y 152 LEC (ha de entenderse CC), éste último en relación a los artículos 90 y 91 CC ; el tercero por interés casacional por infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la cesación de la obligación de prestación de alimentos a hijos mayores de edad, con cita y extracto de sentencias del Tribunal Supremo (558/2016, de 21 de septiembre (RJ 2016, 4443) ; 700/2014, de 21 de noviembre (RJ 2015, 6567) y 184/2001, de 1 de marzo (RJ 2001, 2562) ); el cuarto apartado por interés casacional por existir sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales sobre la cuestión de fondo que resuelve la sentencia recurrida, a saber, la extinción de la pensión de alimentos del hijo mayor de edad por falta de relación con el alimentante. Cita las que aplican el Código Civil de Cataluña (LCAT 2010, 534) , con mención de dos sentencias de la sección 1.º de las Audiencias Provinciales de Barcelona y otra de la sección 18.ª de Tarragona. También cita una sentencia de la sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Málaga y otra de la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tribunales sometidos al derecho común.
7.- La sala dictó auto el 19 de septiembre de 2018 por el que acordó admitir el recurso de casación.
1.- El requisito sobre la cita de sentencias de Audiencias Provinciales se flexibiliza por el Acuerdo sobre criterios de admisión del Pleno de la sala no jurisdiccional de 27 de enero de 2017 (RJ 2017, 367) .
Según criterio del auto del pleno de esta sala de 6 de noviembre de 2013 , reiterado en sentencias posteriores (entre ellas, las sentencias 222/2017, de 5 de abril (RJ 2017, 2664) , y 37/2019, de 21 de enero (RJ 2019, 154) ), puede ser suficiente para superar el test de admisibilidad la correcta identificación del problema jurídico planteado y una exposición adecuada que ponga de manifiesto la consistencia de las razones de fondo del recurso.
3.- En el caso planteado así es. Se identifica el problema, a saber si la negativa de hijos mayores de edad a relacionarse con el progenitor alimentante es causa de extinción de la pensión alimenticia.
2.- La sentencia de apelación, que es la que aquí se recurre, aunque con motivación más breve, si es la que se acerca normativamente a la cuestión.
Cita el art. 152 CC (LEG 1889, 27) , y en concreto el apartado 4 de dicho artículo.
3.- El arts. 152. 4.º dispone que cesará la obligación de dar alimentos “cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a desheredación”.
Este precepto hay que ponerlo en relación con el art. 853 CC , que prevé que serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, además de las señaladas en el art. 756 con los números 2.º, 3.º, 5.º, y 6.º, los siguientes: “2.ª Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra”.
4.- Entre las iniciativas que propugnan la revisión de la legítima, una de ellas es la tendente a que se extiendan y modernicen los casos legales de desheredación de los legitimarios, pues las modernas estructuras familiares propician e incluso no hacen extrañas, situaciones en las que los progenitores han perdido contacto con alguno o todos de sus hijos.
5.- En esta línea de pensamiento el C.C. Cat. ha introducido en el art. 451-17 e ) una nueva causa de desheredación consistente en la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre causante y el legitimario, si es por causa exclusivamente imputable al legitimario.
El punto de inflexión se sitúa en la sentencia 258/2014, de 3 de junio (RJ 2014, 3900) , que califica el maltrato psicológico como justa causa de desheredación.
Desestimó el motivo del recurso razonando que “aunque las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señala la ley ( artículo 848 del Código Civil ) y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo. Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación, ( artículo 853.2 del Código Civil ), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen.
En segundo lugar, y en orden a la interpretación normativa del maltrato de obra como causa justificada de desheredación, en la línea de lo anteriormente expuesto, hay que señalar que, en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, sin que sea un obstáculo para ello la alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto, caso de las Sentencias de esta Sala de 26 de junio de 1995 y 28 de junio de 1993 , esta última expresamente citada en el recurso por la parte recurrente. En efecto, en este sentido la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales ( artículo 10 CE (RCL 1978, 2836) ) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante, así como en el propio reconocimiento de la figura en el campo de la legislación especial; caso, entre otros, de la Ley Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004″
De otro, hacer una interpretación rígida y restrictiva a la hora de valorar la existencia de tales causas, en atención al espíritu sancionador que las informa. A saber, si tomásemos como referencia el precepto citado del CC Cat., a la hora de valorar “si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”. Esta valoración si ha de hacerse de forma restrictiva.
Estos dos planos se reflejan también en la sentencia 231/2016, de 8 de abril (RJ 2016, 3659) , que se ocupa de las incapacidades relativas para suceder, aunque para algún sector sea más exacto hablar de prohibiciones, al aplicar el art. 412-5 CC Cat (LCAT 2008, 607) . y ponerlo en relación con el art. 752 CC .
A ello se añade por la sentencia de 19 de mayo de 2015 , por mor del derecho fundamental de libertad religiosa y por la aconfesionalidad del Estado, que, por analogía, sea aplicable este precepto a la asistencia espiritual postrera que se preste al testador por ministros o pastores de cualquier Iglesia, confesión o comunidad no católica.
De tales criterios, producto de la cambiante realidad social, se hace eco la letra c) del apartado primero del artículo 412-5 CC Catalán que incluye dentro de la rúbrica “inhabilidad sucesoria” como inhábil “el religioso que ha asistido al testador durante su última enfermedad, así como el orden, la comunidad, la institución o la confesión religiosa a que aquel pertenece”.
Fija como doctrina jurisprudencial de la sala que “el maltrato, de obra o psicológico, por parte del donatario hacia el donante queda calificado como un hecho integrado en la causa de ingratitud contemplada en el artículo 648.1 del Código Civil “.
(i) En que la doctrina jurisprudencial de esta Sala, SSTS de 3 de junio de 2014 (núm. 258/2014 (RJ 2014, 3900) ) y de 30 de enero de 2015 (núm. 59/2015 (RJ 2015, 639) ) la interpretación del sistemática del artículo 648.1 del Código Civil , en cuanto al maltrato de obra o psicológico se refiere, debe realizarse conforme a las siguientes directrices o criterios de interpretación. En primer lugar, y en orden a la caracterización de la figura, debe precisarse que aunque las causas de revocación de la donación sean únicamente las que expresamente contempla la norma ( artículo 648 del Código Civil ), y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de aplicación analógica, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que los elementos conceptuales contemplados por la norma, deban ser, asimismo, objeto de interpretación rígida o sumamente restrictiva.
En segundo lugar, y en la línea de lo anteriormente expuesto, debe señalarse que la doctrina jurisprudencial de esta Sala a propósito del contenido y alcance del artículo 648.1 del Código Civil , entre otras, STS de 18 de diciembre de 2012 (núm. 747/2012 (RJ 2012, 11277) ), ya ha destacado la interpretación flexible que cabe realizar de este precepto tanto respecto a la falta de precisión técnica con la que se refiere al concepto de delito y a los concretos derechos o bienes protegidos (“persona, honra y otros bienes”), por lo que el precepto debe interpretarse, en sentido laxo, con relación a todo posible delito por el que pudiera resultar ofendido el donante en su gratitud, como a la innecesariedad que, a tales efectos, se haya producido previamente una sentencia penal condenatoria, ni tan siquiera que el procedimiento penal se haya iniciado; bastando la existencia de una conducta del donatario socialmente reprobable, que revistiendo caracteres delictivos, aunque no estén formalmente declarados como tales, resulte ofensiva para el donante.
(ii) En el marco interpretativo expuesto, no cabe duda de que en la actualidad el maltrato de obra o psicológico del donatario, como conducta socialmente reprobable, reviste o proyecta caracteres delictivos que resultan necesariamente ofensivos para el donante. Del mismo modo que su comisión atenta a los más elementales deberes de consideración y gratitud hacia el donante, dotando de fundamento a la revocación de la donación por ingratitud como sanción impuesta a los donatarios que infringen dicho deber básico de consideración hacia el donante.
7.- El CCCat (LCAT 2010, 534) . ( arts. 237-13) prevé como el Código Civil que la obligación de prestar alimentos se extingue por el hecho de que el alimentado incurra en alguna causa de desheredación.
Lo que sucede es que, como hemos expuesto anteriormente, entre las causas de desheredación contempla (arts. 451-17 e) “La ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario”.
La sentencia 558/2016, de 21 de septiembre (RJ 2016, 4443) , citada por la recurrente, afirma que “el derecho de alimentos del hijo mayor de edad continuado o sobrevenido a la ‘extinción de la patria potestad conforme al articulo 93.2 del Código Civil se apoya fundamentalmente en lo que la doctrina civilista ha denominado “principio de solidaridad familiar” que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud personal de quien se considera necesitado ( art. 152 C.C ); y de este modo, se concluye que el contenido de la obligación de prestar alimentos respecto de los hijos mayores de edad se integra sólo por las situaciones de verdadera necesidad y no meramente asimiladas a las de los hijos menores.
“Por ello en tales supuestos el juez fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil ( STS de 19 enero 2015, Re. 1972/2013 ), pues como recoge la STS de 12 febrero 2015 , se ha de predicar un tratamiento diferente “según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención.
“Tal distinción es tenida en cuenta en la sentencia 603/2015, de 28 octubre .”
La sentencia 184/2001, de 1 de marzo (RJ 2001, 2562) , que también cita la recurrente, ya había dicho que “la obligación de prestar alimentos se basa en el principio de solidaridad familiar y que tiene su fundamento constitucional en el artículo 39-1 de la Constitución Española “, así como que, a tenor de lo dispuesto en el art. 3-1 CC , las normas se interpretarán atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.
Como algún tribunal provincial ha afirmado “cuando la solidaridad intergeneracional ha desaparecido por haber incurrido el legitimario en alguna de las conductas reprobables previstas en la ley es lícita su privación. No resultaría equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares y al respaldo y ayuda de todo tipo que éstas comportan, pueda verse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos parentales”.
9.- Ahora bien, admitida esta causa, por vía de interpretación flexible de las causas de desheredación, a efectos de extinción de la pensión alimenticia, entraría en consideración el segundo plano a que hacíamos mención.
Precisamente por esta interpretación restrictiva, las Audiencias Provinciales de Cataluña, que sí tienen un precepto expreso que prevé esa causa de extinción de la pensión de alimentos, han desestimado la extinción cuando, constatada la falta de relación manifiesta, no aparecía probado que tal circunstancia se atribuyese única y exclusivamente al hijo alimentista (sin ánimo de una cita prolija, SAP Lleida, sec. 2.ª, 385/2014, de 24 de septiembre (PROV 2014, 299298) ; SAP Tarragona, sec. 1.ª, 147/2017, de 23 de marzo (PROV 2017, 162838) ; SAP Barcelona, sec. 12.ª, de 2 de enero de 2018 , y SAP Barcelona, sec. 18.ª de 29 de junio de 2017 , entre otras.).
Si se aplica la doctrina expuesta a las sentencias de las instancias, pues, aunque la recurrida es la de la audiencia, lo cierto es que ésta remite a la de primera instancia en lo fáctico y en lo jurídico, hemos de hacer dos consideraciones:
(i) No se comparte, por lo ya expuesto, que se afirme “abstracción hecha de si la reiterada e ininterrumpida carencia de relaciones afectivas y de comunicación es achacable al padre o a los hijos, aspecto éste que es irrelevante en este momento dada la mayoría de edad de ésta”.
(ii) Este carácter principal y relevante, de intensidad, no lo da por probado la propia sentencia, pues recoge que “puede” ser imputable a los alimentistas, esto es, categóricamente no lo tiene claro, y añade “sin que ello reste responsabilidades al padre por su falta de habilidades”.
En atención a lo expuesto se estima el recurso de casación interpuesto por la Sra. Esmeralda y, con estimación del recurso de apelación interpuesto por ella contra la sentencia de primera instancia, se desestima la demanda formulada por el Sr. Demetrio .
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 394.1 y 398.1 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , no se imponen a la recurrente las costas del recurso de casación.
– Estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Esmeralda , contra la sentencia dictada con fecha 23 de enero de 2018, por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 24.ª, en el rollo de apelación 306/2017 , dimanante del juicio de modificación de medidas del Juzgado de Primera Instancia n.º 23 de Madrid.
– Casar la sentencia recurrida y, con estimación del recurso de apelación, desestimar la demanda interpuesta por don Demetrio .
– No imponer a la recurrente las costas del recurso de casación.
– No hacer expresa condena de las costas causadas en el recurso de apelación.
– Condenar a la parte actora a las costas causadas en la primera instancia.
Faltas de asistencia al trabajo: baja voluntaria o despido.
8 julio 2018 Generalabogados en reus, abogados reusMace & Asociados. Abogados-Contables Reus.
La inasistencia prolongada al lugar de trabajo no equivale mecánicamente a una extinción laboral por dimisión.
Por tanto, se necesita que dichas ausencias equivalgan a un comportamiento del que quepa extraer, de manera clara, cierta y terminante, que el empleado desea extinguir el contrato.
De todas maneras si la ausencia es reiterada y no justificada, también podría considerarse como causa suficiente para invocar un despido disciplinario.
Pasamos a transcribir literalmente la sentencia del TSJ de Cataluña de 7 de marzo de 2016 de ilustrativa de la cuestión que comentamos :
NIG : 08279 – 44 – 4 – 2015 – 8042103
Recurso de Suplicación: 3689/2016
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
S E N T E N C I A núm. 5394/2016
En el recurso de suplicación interpuesto por MUTUA ASEPEYO frente a la Sentencia del Juzgado Social nº 2 Terrassa de fecha 16 de febrero de 2016 dictada en el procedimiento nº 760/2015 y siendo recurrida Dª Marí Trini . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. LUIS REVILLA PÉREZ.
PRIMERO.– Con fecha 23 de octubre de 2015 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Reclam. derechos contracto trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 16 de febrero de 2016 que contenía el
“Que desestimando la excepción de incompetencia de la jurisdicción social en cuanto a la inexistencia de relación laboral, pero estimándola en cuanto a la petición de obligación de dar de alta en el Régimen de Seguridad Social (declarando en este concreto aspecto la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) y
estimando parcialmente la demanda declarativa interpuesta por Don Marí Trini debo declarar y declaro que desde el 15/10/2006 la relación que une a las partes es laboral ordinaria; condenando a la empresa MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ASEPEYO, a estar y pasar por la anterior
Primero.- La parte actora tiene las siguientes circunstancias personales y profesionales:
Don Marí Trini , mayor de edad, con DNI NUM000 alega antigüedad de 15/10/2006, categoría profesional MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO y salario diario con el prorrateo de pagas extraordinarias de 77,75 euros.
Segundo.– Presta servicios en MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES ASEPEYO (en adelante ASEPEYO), en el HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT DEL VALLÉS y cuya actividad está dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo de trabajo SANIDAD PRIVADA. Acepta la antigüedad
Tercero.- En fecha 02/04/2007, la parte actora y la demandada, suscribieron un denominado “concierto” cuyo contenido a documento 1 de la demandada se da por reproducido. El objeto de dicho “concierto” era la prestación de servicios médicos a los trabajadores accidentados que se debía realizar en las urgencias del
Hospital Asepeyo de Sant Cugat del Vallés, como “Médica especialista en Medicina Del Trabajo”… “cuando así sea requerida”. Desde el 01/04/2011 se pactaron como precio de dichas prestaciones (documento 2 demandada), 27,94 € por hora presencial en urgencias y 9,43 € por hora localizable.
Cuarto.- La actora giraba facturas por meses vencidos relacionado el número de “guardias” correspondientes al mes anterior, en cuantías variables en función de los días de prestación (documento 3 demandada). El concepto de “guardia” equivale a prestación en el ámbito de urgencias del hospital que están abiertas las 24 horas todos los días del año (testifical Sr. Jose Francisco ).
Quinto.- La actora compatibilizaba su actividad en ASEPEYO con otras entidades, adaptando su prestación para con ASEPEYO a la disponibilidad horario con la que cuenta, si bien ha hecho poco uso de la posibilidad de rehusar hacer guardias y ninguna vez por haber superado lo que entendía tenía contratado como prestación (documento 4 demandada, testifical Don. Jose Francisco ).
Sexto.- El personal de urgencias era informado de la organización del servicio mediante la exhibición en lugar visible de un cuadrante mensual dónde aparecían los facultativos de referencia en cada una de las franjas horarias, de tal manera que el personal parafacultativo -enfermeras, celadores- identificaran a los facultativos de referencia, de los cuales recibían las instrucciones. La actora aparecía en estos cuadrantes cuando prestaba servicios en ASEPEYO no distinguiéndose de cara a los restantes empleados su condición de personal no laboral (testificales Sr. Juan Enrique , Sr. Andrés , Don. Jose Francisco ).
Séptimo.- La actora utilizaba uniformidad e identificación de ASEPEYO (testifical Don. Andrés ), si bien la identificación era diferente que la del personal laboral (testifical Sra. Esmeralda Don. Jose Francisco ).
Octavo.- La actora se comunicaba con el Jefe de Urgencias a través de un correo electrónico propio ajeno a ASEPEYO y tiene un acceso limitado a la aplicación de gestión del hospital -denominada “Chamán”- sin que pueda acceder a la programación de quirófanos (testifical Don. Jose Francisco )
Noveno.- Intentada la conciliación administrativa previa dedujo la demanda que ha correspondido a este Juzgado (actuaciones)
TERCERO.– Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
PRIMERO.- La sentencia, desestimando excepción de incompetencia de jurisdicción de los órganos del orden social para conocer de la demanda, y estimando parcialmente la acción ejercitada en la misma, concluyó competente al orden social de la jurisdicción y que la relación jurídica que ligaba a las partes, a pesar de haberse documentado en forma mercantil de arrendamiento de servicios profesionales, era laboral.
Recurre el pronunciamiento la MUTUA condenada y el recurso ha sido impugnado por la trabajadora actora.
SEGUNDO.– Lo hace, en primer lugar, con amparo procesal en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS , con motivo que dedica a la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia con base en la prueba documental que expresamente cita y con el redactado alternativo que es de ver en el escrito de formalización del recurso.
Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimiese o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la entencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho, la «prueba negativa», consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente ( STS 14 de enero [ RJ 1986 , 221] , 23 de octubre [RJ 1986, 5886 ] y 10 de noviembre de 1986 [RJ 1986, 6306] y STS, 17 de octubre de 1990 [RJ 1990, 7929]) «… sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador..); c), que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola;
d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;
e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o pericia les que presenten conclusiones plurales divergentes,
sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y,
f) que en modo alguno ha de tratarse de la nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.
El recurso formulado pretende la modificación del relato fáctico, concretamente nueva redacción para el hecho probado segundo para que se sustituya la expresión “convenio colectivo de trabajo de sanidad privada” por la siguiente: “Convenio Colectivo de Asepeyo- Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social nº 151 publicado en el BOE de fecha 19/08/2013 número 198”. Pretensión esta a la que habrá de accederse en cuanto es hecho con relevancia jurídica acreditada y que ha de tener trascendencia respecto a la consecuencia declarativa que el pronunciamiento de la parte dispositiva contiene.
También la modificación del hecho probado quinto al objeto de que este quede redactado con el siguiente tenor: “La actora compatibiliza su actividad en ASEPEYO con otras entidades, adaptando su prestación para ASEPEYO a la disponibilidad de horario con la que cuenta. La actora decide y controla su propio horario y elige libremente cuando quiere realizar la prestación de servicios que se le ofrece según su disponibilidad pudiendo rechazarla si así lo estima”.
Esta modificación no puede acogerse porque el hecho probado ya da noticia de la compatibilización de la prestación de servicios que realiza la actora para la demandante y en otras ocupaciones profesionales y de la facultad que esta tenía para rehusar la adscripción a algunas jornadas de guardia, y el redactado pretendido nada se añade a lo verdaderamente relevante en este aspecto para el cabal conocimiento de la circunstancia en la que ha de resolverse el conflicto, amén de contener simple interpretación subjetiva, desprovista de elemento de convicción indubitado, que predetermina el fallo al negar cualquier atisbo de dependencia en la
circunstancia relacional y, por tanto, de impertinente ubicación en el relato de hechos.
También se pretende la adicción de un nuevo hecho probado, que sería el sexto bis, al objeto de que este diga:
“La actora elegía su disponibilidad de horario y la de otro facultativo externo, el doctor Eliseo , comunicándola a Asepeyo mediante correos electrónicos. Entre ellos se repartían las guardias udiéndose sustituir mutuamente sin intervención de Asepeyo”.
Pretensión que una vez más ha de rechazarse porque no puede sustituirse el libre y objetivo criterio de valoración que, en exclusiva, corresponde al juzgador por el subjetivo e interesado de una sola de las partes y menos cuando no consta de elemento de convicción indubitado, y cuando el relato pretendido supone
valoración jurídica de impertinente ubicación en el relato de hechos.
Con ello el motivo del recurso que contiene la censura fáctica no puede ser acogido.
TERCERO.- Ahora a través del motivo principal, que articula al amparo del apartado c) del artículo 193 de la LRJ, se denuncia aplicación indebida del artículo 1.1 y del ET , en relación con la jurisprudencia que expresamente cita.
En atención a la cobertura jurídica que amparó los servicios como médico de familia que la actora prestó para la mutua recurrente debe descubrirse cual fue la verdadera naturaleza de los mismos ya la mercantil de arrendamiento de servicios profesionales, como pretende la recurrente para articular su censura jurídica, ya la laboral ordinaria, como concluyó la sentencia, acogiendo la pretensión de la demanda.
En realidad la censura jurídica queda limitada al examen de esta naturaleza jurídica y a la determinación de la competencia de los órganos del orden social de la Jurisdicción para conocer del debate que sólo será posible concluyendo que lo que ligó a las partes fue un contrato laboral, de los previstos en el artículo 1 del ET .
Circunstancia esta que niega el recurrente afirmando, en primer lugar, que lo concertado fue contrato mercantil de arrendamiento de servicios profesionales.
Como la cuestión de la competencia afecta al orden público la Sala tiene absoluta libertad de criterio, sin sometimiento a la disposición expositiva de las partes, para su análisis y conclusión, que podría incluso afrontarse de oficio.
Ya en el análisis del marco regulador ha de tomarse en consideración la normativa y florida doctrina específica sobre esta materia.
Así la doctrina jurisprudencial sobre esta materia la ha recensionado la sentencia de la Sala de lo Social del TS de 25 de marzo de 2013 que fija los criterios a seguir para determinar si existe o no relación laboral en los siguientes términos:
A) Ha de partirse de la base de que la naturaleza jurídica de las instituciones viene determinada por la realidad del contenido que manifiesta su ejecución, que debe prevalecer sobre el nomen iuris que errónea o interesadamente puedan darle las partes, porque los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su real contenido obligacional, independientemente de la calificación jurídica que les den las partes; de modo que a la hora de calificar la naturaleza laboral o no de una relación debe prevalecer sobre la atribuida por las partes, la que se derive de la concurrencia de los requisitos que determinan la laboralidad y de las prestaciones realmente llevadas a cabo”;
B) Asimismo, aparte de la presunción iuris tantum de laboralidad que el art. 8.1 ET atribuye a la relación existente entre quien presta un servicio retribuido y quien lo recibe, el propio Estatuto, en su art. 1.1, delimita, desde el punto de vista positivo, la relación laboral , calificando de tal la prestación de servicios con carácter voluntario cuando concurran, además de dicha voluntariedad, tres notas que también han sido puestas reiteradamente de manifiesto por la jurisprudencia, cuales son, la ajenidad en los resultados, la dependencia en su realización y la retribución de los servicios.
C) Profundizando en estas razones, la doctrina de la Sala ha sentado una serie de criterios añadidos y que son los siguientes:
1) La configuración de las obligaciones y prestaciones del contrato del arrendamiento de servicios regulado en el Código Civil no es incompatible con la del contrato de trabajo propiamente dicho, al haberse desplazado su regulación, por evolución legislativa, del referido Código a la legislación laboral actualmente vigente. En
efecto, en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios . En el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie
del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, pues, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución
del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral». A sensu contrario, cuando esta Sala ha declarado que existía arrendamiento de servicios y no una relación laboral ha exigido que la prestación del demandante se limitara a la práctica de actos profesionales concretos sin sujeción ninguna
a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad ( STS/Social 12-julio-1988 ) o que realizara su trabajo con independencia, salvo las limitaciones accesorias.
2) Porque ciertamente la dependencia -entendida como situación del trabajador sujeto, aún en forma flexible y no rígida, a la esfera organicista y rectora de la empresa-, y la ajeneidad, respecto al régimen de retribución, constituyen elementos esenciales que diferencian la relación de trabajo de otros tipos de contrato …
3) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera según las actividades y los modos de producción, y que además, aunque sus contornos no coincidan exactamente, guardan entre sí una estrecha relación. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un
conjunto de indicios o hechos indiciarios de una y otra. Estos indicios son unas veces comunes a la generalidad de las actividades o trabajos y otras veces específicos de ciertas actividades laborales o profesionales.
4) Los indicios comunes de dependencia más habituales en la doctrina jurisprudencial son seguramente la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario. También se utilizan como hechos indiciarios de dependencia, entre otros, el desempeño personal del
trabajo…compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones…; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad…; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador”.
Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados …; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender…; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo… y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones…”.
Como se ha declarado de forma reiterada, la distinción entre ambas figuras contractuales es difícil e imprecisa, pues, como indican las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1984 , 2 de febrero de 1985 y 31 de marzo de 1987 , entre otras, la línea de separación es muchas veces borrosa, debiendo estarse principalmente al contenido del vínculo contractual y de las recíprocas contraprestaciones de las partes, y no de lo que las partes dicen que son al darles determinada denominación ( STS de 21 de junio de 1990 ). Por ello debe estarse a la auténtica naturaleza de la realidad del contenido manifestada por los actos realizados en su ejecución, que debe prevalecer sobre el nomen iuris empleado por los contratantes ( STS de 23 de octubre de 1.989 ), toda vez que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que se trata de una calificación que surge del contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual, sin perjuicio de la incidencia que sobre dicho aspecto pueda tener la doctrina de los actos propios. No es posible, por tanto, establecer normas o principios generales, sino que habrá de estarse en cada caso a la concreta situación analizada, para determinar si en la misma concurren o no las notas que definen el contrato de trabajo, es decir, prestación personal de servicios, ajeneidad, retribución y dependencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1 del ET .
Con carácter general, sí puede afirmarse que la existencia de una relación laboral exige que concurran las notas de ajeneidad y dependencia, sin que la mera realización de una determinada actividad a favor o por cuenta de otra persona que la retribuye implique, sin más, la existencia de un contrato de trabajo; es cierto que el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece, en tales casos, la presunción de laboralidad, pero, para que la misma opere, se requiere que la prestación de servicios se realice concurriendo las notas que identifican la relación laboral ( STS de 6 de noviembre de 1989 , 15 de marzo de 1990 y 10 de abril de 1990 , y de 3 abril 1992 y 26 enero 1994 , estas últimas dictadas en recursos de casación para la unificación de doctrina). Una de las notas que caracteriza esencialmente al contrato de trabajo es la de dependencia, que se da por el hecho de encontrarse el trabajador dentro de la esfera organizativa, rectora y disciplinaria de aquél por cuya cuenta realiza su actividad ( STS de 16 de febrero de 1.990 ). Es cierto que la dependencia no aparece configurada en la actualidad como sinónimo de una subordinación rigurosa e intensa, sino en un sentido más flexible, bastando con que el interesado se encuentre, según la definición legal, “dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona”, pero es una nota que debe exigirse a los efectos de calificar una determinada relación como laboral, pues de no ser así se vaciaría de contenido otras posibles formas de colaboración de prestación de servicios por cuenta o en interés de tercero, admitidas en nuestro ordenamiento jurídico como ajenas al ámbito laboral. Entre esta nota y la de ajeneidad debe existir, como refleja la sentencia de instancia, una fuerte conexión. Ésta, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1.990 , se exterioriza en determinados datos: la inserción dentro del esquema jerárquico de la empresa, debiendo acatar sus órdenes, mandatos y directrices; la subordinación a la persona o personas que en aquélla tengan facultades de dirección o mando; el sometimiento de las normas disciplinarias correspondientes; la realización del trabajo normalmente en centros o dependencias de la empresa; la sujeción a una jornada y horarios determinados, entre otros.
La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2.010 , con remisión a la sentencia de 23 de noviembre de 2.009 , declara que “las notas características de ‘ajenidad’ y ‘dependencia’ que determinan que una relación jurídica deba configurarse como laboral ( art. 1 ET ), han sido entendidas en sentido amplio en función del tipo de servicios prestados, al modo interpretado por la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en la STS/Social 6-junio-1983 y 2-abril-1996 (rcud 2613/1995 ), afirmándose, en esta última, que “es que no sólo el seguimiento de unas determinadas directrices uniformadoras en la realización del trabajo encomendado sino, también y fundamentalmente, el ulterior control de dicho trabajo, la prestación del mismo, siempre, a través de la empresa recurrente, la penalización en el retraso de su conclusión y la asignación de zonas geográficas para su desarrollo constituyen datos reveladores de una sujeción al poder directivo de la empresa que encomienda la realización de los servicios, todo lo que pone de relieve una innegable situación de dependencia propia del contrato de trabajo”; o en la STS/IV 31-marzo-1997 (rcud 3555/1996 ), en la que se establece que “no nos encontramos en el caso ante un colaborador libre, que presta servicios esporádicamente o por actos o acontecimientos singulares, sino ante un reportero gráfico … incorporado plenamente y con continuidad a la organización del trabajo de la empresa informativa, que programa diariamente el trabajo a realizar y que encarga incluso en ocasiones trabajos o reportajes imprevistos “; o en la STS/IV 10-julio-2000 (rcud4121/1999 ) en la que se argumentaba que ” no concurre ninguno de los más característicos indicadores inequívocos de que la prestación de los servicios profesionales se efectuara en régimen de autonomía, pues el perito tasador demandante no tenía la facultad de rechazar las peritaciones ofrecidas, no fijaba ni tenía participación trascendente en la determinación de sus honorarios, contaba con muy escaso margen en la realización de su actividad debiendo ceñirse esencialmente a las instrucciones recibidas, y realizaba directa y personalmente las peritaciones sin valerse de colaboradores a su servicio”.
Y añade “2.- “A sensu contrario”, cuando esta Sala ha declarado que existía arrendamiento de servicios y no una relación laboral ha exigido que la prestación del demandante se limitara a la práctica de actos profesionales concretos “sin sujeción ninguna a jornada, vacaciones, practicando su trabajo con entera libertad” ( STS/Social
12-julio-1988 ) o que realizara “su trabajo con independencia, salvo las limitaciones accesorias” ( STS/Social 1-marzo-1990 ). 3.- La doctrina unificada, como sintetizan las SSTS/IV 11-mayo-2009 (rcud 3704/2007 ), 7-octubre-2009 (rcud 4169/2008 ) y 23-noviembre-2009 (rcud 170/2009 ) – con referencia, entre otras anteriores, a las SSTS/IV 9-diciembre-2004 (rcud 5319/2003 ), 19- junio-2007 (rcud 4883/2005 ), 7-noviembre-2007 (rcud 2224/2906 ), 12- febrero-2008 (rcud 5018/2005 ), 6-noviembre-2008 (rcud 3763/2007 ) –, sobre los criterios a seguir para determinar si existe o no relación laboral cabe resumirlos en los siguientes:
b) En el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. El contrato de trabajo es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada.
Cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral .
d) Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones;
e) Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario –y no del trabajador– de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público, como fijación de precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a atender; el carácter fijo o periódico
de la remuneración del trabajo; y su cálculo con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. (…)”.
CUARTO.– La mutua recurrente argumenta que la relación jurídica existente entre ella y la actora no debe calificarse como laboral, contrariamente a lo argumentado en la sentencia de instancia en la que concluye que la relación que les vincula debe tener dicho carácter al concurrir los requisitos determinantes del contrato
de trabajo, ya que la actora, que carecía de entidad como verdadero empresario autónomo, se integraba en el circulo organicista de la empresa por mas que esta nota se difumine en actividad muy cualificada y especializada como es la de médico que además presta la actividad profesional en servicio de urgencias.
Como ya hemos indicado la concurrencia de las notas características del contrato de trabajo es una cuestión que debe ser analizada en la casuística específica de cada supuesto concreto, a los efectos de determinar cuál es la verdadera naturaleza jurídica del vínculo existente entre las partes, sobre todo en situaciones, como la ahora analizada, en las que se pueden presentar supuestos muy variados.
No es el contenido prestacional, que puede ser común a contrato intra o extra muros del derecho laboral sino el concreto contenido y especificación de su desarrollo el que determinará una u otra calificación sobre la naturaleza jurídica.
Así en primer lugar, a los efectos de calificación, no es determinante el aspecto formal de afiliación del demandante en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pues estas consideraciones formales sobre la afiliación del interesado a la Seguridad Social no pueden condicionar la conclusión que pueda adoptarse respecto al carácter laboral o no de la relación jurídica, que no puede verse mediatizada por aquellas ( STS de 13 de junio y 7 de julio de 1.988 , entre otras), ni tampoco por el hecho de que las partes hubiesen suscrito un contrato que denominaron de arrendamiento de servicios, toda vez que la calificación de los contratos depende de lo que resulte de su verdadera naturaleza y contenido y no de la denominación otorgada.
La sentencia de instancia afirma la concurrencia de las notas de ajeneidad y dependencia, y a la vista de los hechos probados de la misma y de las afirmaciones de hecho contenidas en la fundamentación jurídica, ha de llegarse a idéntica conclusión.
En relación a la ajeneidad no se discute y en relación a la dependencia el análisis de la circunstancia relacional de la que informa la sentencia, también es concurrente.
La dependencia, entendida como esa integración “en el ámbito de organización y dirección del empresario”, es decir, la ajenidad respecto a la organización de la propia prestación laboral, que es la fórmula que emplea el artículo 1 del ET , cristalización de una larga elaboración jurisprudencial en la que se concluyó que no se opone a que concurra esta nota de la dependencia la “autonomía profesional” imprescindible en determinadas actividades.
La actora carece de organización, aún mínima, más allá de simple cuenta personal de correo electrónico, como empresaria autónoma, ni de empleados a su cargo y no puede entenderse que realizase la prestación con la independencia y autonomía necesaria, ni siquiera si aceptásemos a simples efectos dialécticos que era ella quién distribuía el reparto de las jornadas de guardia establecidas por la empresa entre ella misma y tercer trabajador que se ha denominado “externo”.
Lo que se evidencia, como bien relata la sentencia, es una obligación de trabajo y no una obligación de servicio o resultado, que es lo propio del contrato mercantil de arrendamiento de servicios.
Tomando en consideración las características de la prestación, y demás datos referenciados en el cuerpo fáctico de la resolución, algunos recogidos en los fundamentos de derecho, forzoso es concluir que concurren, con plenitud, las notas definitorias del artículo 1 del ET , habida cuenta que la demandante no gozaba de
autonomía en la realización de su trabajo, sino que lo hacía bajo la dirección y dependencia de la demandada en las jornadas establecidas, con los medios materiales facilitados por la empleadora y con retribución también fija por unidad de trabajo.
Todo ello, junto a la que se constató falta de organización empresarial de la actora, como empresario autónoma, por muy pequeña que fuese su dimensión, nos lleva a concluir el carácter laboral del vínculo que unía a las partes, lo que impone, sin mas opción, la desestimación del recurso y la confirmación del pronunciamiento de la sentencia que concluye, con corrección, en el análisis de la verdadera naturaleza jurídica de la relación.
Y sin que pueda impedir tal conclusión las marginales circunstancias de que percibiese la retribución previa
la extensión de las correspondientes facturas.
QUINTO.– El íntegro rechazo del recurso así formulado determina la condena en costas de la recurrente en cuantía de 400,00 euros ( artículos 203 y 235 de la LRJS ).
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la MUTUA ASEPEYO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151, frente a la sentencia de 16 de febrero de 2016 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa en los autos nº 760/2015, seguidos a instancia de doña Marí Trini , contra la citada condenada; debemos confirmar y, en su integridad, confirmamos la citada
Se decreta la pérdida del depósito y consignación efectuados por la recurrente, a la que se condena en costas con inclusión de los honorarios del letrado de la impugnante en la señalada cuantía de 400,00 euros; firme que sea la presente resolución.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos
en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social , depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, Oficina núm. 6763, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, cuenta Nº 0965 0000 66, añadiendo a continuación seis
dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.
La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , con las exclusiones indicadas en el párrafo anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER (oficina indicada en el
párrafo anterior), cuenta Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros
serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia
bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:
La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del “ordenante” se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma. Como “beneficiario” deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente,
en el campo “observaciones o concepto de la transferencia” se introducirán los 16 dígitos indicados en los párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.
Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente, de lo que doy fe.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7854059&links=%223689%2F2016%22&optimize=20161102&publicinterface=true
Pensión compensatoria.Extinción.
12 julio 2016 GeneralAbogados Reus.Abogados en Reus.Abogados divorcios Reus.Abogados de Divorcios en Reus. Abogados participaciones preferentes Reus. Abogados herencias Reus.Abogados de herencias en Reus.Mace & Asociados. Abogados-Contables Reus.
El artículo 97 del CC reza del siguiente tenor literal:
Por consiguiente, la pensión compensatoria se configura como una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, -que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma-, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio ( STS 10 de febrero de 2005 (RJ 2005, 1133) ).
El art. 97 impone al juez valorar, entre otras circunstancias, los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, la edad y el estado de salud, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal, la pérdida eventual de un derecho de pensión, y el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
El concepto de desequilibrio ha sido objeto de interpretaciones diversas por las Audiencias Provinciales, al punto de distinguirse en la doctrina judicial dos tesis interpretativas:
1.- La objetivista, conforme a la cual, el desequilibrio afecta a un cónyuge respecto al otro, siendo las circunstancias del artículo 97 meros parámetros para valorar la cuantía de la pensión;
2) la tesis subjetivista, que por el contrario, integra los dos párrafos del artículo 97 CC para determinar si existe o no desequilibrio entre los cónyuges compensable por medio de la pensión que regula.
El Tribunal Supremo en la Sentencia del Pleno de la Sala Primera de 16 de enero de 2010 resuelve el recurso de casación en interés casacional, siguiendo la interpretación subjetivista del concepto de desequilibrio, de acuerdo con la cual hay que valorar todas las circunstancias del art. 97 CC . En la referida Sentencia, se resumen los criterios que ha ido consolidando el Alto Tribunal en la interpretación del artículo 97 , a saber: a) Que la pensión no es un mecanismo indemnizatorio (10-3 y 17-7-09); b) Que no constituye un mecanismo equilibrador de patrimonios de los cónyuges ( SSTS de 10 febrero 2005 (RJ 2005, 1133) , 5 noviembre 2008 (RJ 2009, 3) y 10 marzo 2009 (RJ 2009, 1637) ). Se argumenta en la STS de 16 de enero de 2010: “La pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo tienen una doble función: a) Actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias. b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones: a) Si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria. B) Cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia. c) Si la pensión debe ser definitiva o temporal.”
Cuando la pensión compensatoria ha sido fijada en sentencia de separación o divorcio, para que proceda declarar su extinción es necesario, conforme a los artículos 100 y CC, que se haya producido una modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para su adopción, sin que sea óbice el hecho de que la misma fuera acordada por las partes en convenio regulador. En este sentido, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 23 de enero de 2012 que, tras recordar la jurisprudencia relativa a la naturaleza de la pensión compensatoria, en particular, respecto del concepto de desequilibrio y el momento en que éste debe producirse ( SSTS 22 de junio 2011 y 19 de octubre de 2011 , , señala, por lo que se refiere a la extinción o reducción posterior de la pensión compensatoria, que el Tribunal Supremo y consideró, que cualquiera que sea la duración de la pensión « nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias», lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101, siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas. Por tanto, constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC «si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas – alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores ( artículo 100 CC ) o la convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho ( artículo 101 ) ». Si bien se ha declarado ( SSTS de 3 de octubre de 2008 ) y de que no es posible poner fin a la pensión reconocida por el mero transcurso del tiempo en su percepción porque lo relevante no es el dato objetivo del paso del tiempo sino la posibilidad de superar la situación de desequilibrio que justificó la concesión del derecho, constituye doctrina actual que la pasividad, el interés insuficiente demostrado por la esposa con su conducta, en orden a la obtención de un empleo que le permitiera alcanzar una situación de independencia económica, resulta determinante a la hora de apreciar la situación objetiva de superación del desequilibrio o de estar en disposición de hacerlo, dado que no resulta jurídicamente aceptable repercutir en el esposo pagador de la pensión las consecuencias negativas derivadas de la falta de acceso a un empleo por la pasividad de la esposa en su búsqueda y obtención ( STS de 15 de junio de 2011 (RJ 2011, 4634) (RC núm. 1387/2009).
Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª)
Sentencia núm. 327/2015 de 4 junio. JUR 2015\291083

References: e contrario
 resolución 
 artículo 477
e contrario
 artículo 91
in fine
 artículo 477
 artículo 848
 artículo 853
 artículo 10
 artículo 412
 artículo 648
 artículo 648
 artículo 648
 artículo 648
 artículo 39
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 Artículo 221
 artículo 229
 artículo 229
 artículo 230
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 97
 artículo 100
 artículo 101