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Timestamp: 2019-09-17 00:52:06+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 44/2011 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 44/11
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de Febrero del año dos mil once, estando reunidos, en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excelentísimos Señores Ministros ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ante mí, la Secretaría autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "M.P. C/ ALCIDES PEREIRA VILLALBA S/ SUP. H.P. C/ LA LEY 1340/88 Y SU MODIFICACION LEY 1.881/02", a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 36, de fecha 03 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial de Misiones.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, arrojó el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y BENITEZ RIERA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Ministra, Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, dijo: El recurso extraordinario de casación fue deducido por el defensor del condenado ALCIDES PEREIRA VILLALBA contra el Acuerdo y Sentencia N° 36, de fecha 03 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Misiones, en la causa seguida al mismo por supuesto hecho punible contra la Ley N° 1.340/88 y su modificación la Ley N° 1.881/02 (fs. 147/150 vlto.).
El referido recurso fue interpuesto, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del plazo establecido para ello por el Artículo 480 del Código Procesal Penal (fs. 162), conforme se desprende de la cédula de notificación obrante a fs. 151, siendo innegable el interés y la capacidad del casacionista para impugnar la sentencia.-
Así también, la resolución cuestionada es una sentencia definitiva de un Tribunal de Apelación, exigencia requerida por el Art. 477 del Código Procesal citado para interponer el recurso y, por otro lado, el recurrente invocó, como fundamento legal de su petición, el motivo previsto en el Inc. 3) del Art 478 del mismo cuerpo legal, o sea, que la decisión impugnada se halla manifiestamente infundada (fe. 155).
En estas condiciones es indudable que el casacionista ha dado pleno cumplimiento a las disposiciones legales y jurisprudenciales, que reglamentan el recurso extraordinario de casación por lo que, a mí parecer, el recurso debe ser declarado admisible. ES MI VOTO.
A SU TURNO, los Ministros Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera manifiestan que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Ministra ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, prosiguió diciendo: El objeto del recurso extraordinario de casación es el Acuerdo y Sentencia N° 036, de fecha 03 de agosto de 2009, dictado en los autos mencionados por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Misiones (fe. 147/150 vlto.); decisión por la que se confirmó in totum la pena, impuesta en Primera Instancia al acusado ALCIDES PEREIRA VILLALBA, de SEIS (6) AÑOS de privación de su libertad (fe. 141/6).
El motivo del recurso es que, para el recurrente, la resolución del Tribunal de Apelaciones se halla manifiestamente infundada (fs. 155), causal prevista en el Artículo 478, Inc. 3) del Código Procesal Penal. Pero lo llamativo del caso es que los argumentos, esgrimidos por el casacionista para fundar la casación (fs. 155/161), son los mismos en los que cimentó el recurso de apelación especial que interpuso contra la sentencia del Tribunal Colegiado de Primera Instancia, como puede comprobarse, y muy fácilmente por cierto, con la más somera lectura del escrito que corre de fojas 78 al 95 de los autos principales.
Lo cierto es que esta sola circunstancia autoriza, como se ha resuelto en innumerables ocasiones, el rechazo del recurso. No obstante, pasando a examinar minuciosamente el Acuerdo y Sentencia impugnado, se comprueba que el Tribunal de Apelaciones hizo un estadio detallado de la sentencia apelada y de las constancias de autos, porque luego de establecer su competencia y la admisibilidad de la apelación (fs. 117 y vlto.), procedió a refutar todas las manifestaciones del recurrente, comenzando con la supuesta falta de la declaración indagatoria del imputado, sobre la que expresó que conforme al "acta de comparecencia del imputado" (fs. 14), donde consta su abstención a prestar declaración indagatoria, ya se dio efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 242 del Código Procesal Penal.
Por otra parte, la supuesta violación al derecho a la defensa por falta de abogado defensor durante la audiencia prevista en el artículo 242 del CPP alega por el casacionista, el mismo deviene improcedente por tratarse de una cuestión accesoria al proceso, y en todo caso, el agravio tendría eventualmente impacto sobre prisión preventiva decretada sobre el imputado, cuestión que podría eventualmente resolverse a través del Recurso de Apelación General o Garantía del Habeas Corpus, por lo tanto, no afecta al resultado del proceso principal.
Por otra parte, el argumento del casacionista con respecto a la invalidez del anticipo jurisdiccional de prueba; el Tribunal de Apelaciones señaló que no puede cuestionarse la nulidad del mismo por la no participación de la defensa, desde el momento que los defensores del imputado fueron debidamente notificados del practicamiento de la prueba en discusión (fs. 11 del Expte. Administrativo, agregado por cuerda floja a los autos principales), lo que significa que ese anticipo jurisdiccional no se realizó a espalda de la defensa, como pretende hacer creer el defensor.
En cuanto a que no se dio lectura, en tiempo propio, a la sentencia de PRIMERA INSTANCIA -que es la resolución verdaderamente cuestionada y fundada en este recurso extraordinario de casación- no fue así, puesto que a la misma sí se dio lectura en tiempo oportuno, tal como lo indica el Tribunal de Apelaciones.
Además, no puede discutirse que dicho Tribunal resolvió el recurso de apelación conforme a la ley y con total claridad los cuestionamientos de la defensa sobre las sentencias apeladas, incluso con respecto a la presunta falta de la relación de los cohechos, confirmando asimismo, como desde luego correspondía, la calificación del ilícito y la pena aplicada. Consecuentemente y tal como surge de los autos, la supuesta violación de los derechos de la defensa y del debido proceso son cuestionamientos sin asideros, tanto en la decisión impugnada como en las constancias de autos.
En estas condiciones, es más que evidente que el Acuerdo y Sentencia en casación, antes que hallarse manifiestamente infundado, se encuentra debidamente motivado, ajustado a derecho y a las constancias del proceso.
Por consiguiente, la única alternativa viable, a mí criterio, es la del rechazo del recurso extraordinario de casación por su marcada improcedencia. En cuanto a las costas corresponde imponer al casacionista. ES MI VOTO.
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 44/11.-
Asunción, 25 de febrero de 2.011.
DECLARAR ADMISIBLE, el recurso interpuesto.
NO HACER LUGAR, por improcedente, al recurso extraordinario de casación, interpuesto en los autos mencionados contra el Acuerdo y Sentencia N° 36 de fecha 03 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Misiones.
COSTAS, al recurrente.

References: Artículo 480
 resolución 
 resolución 
 Artículo 478
 Artículo 242
 artículo 242
 resolución