Source: https://es.scribd.com/doc/11943843/28/V-LA-FINALIZACION-DEL-PROCEDIMIENTO-PREPARATORIO
Timestamp: 2015-11-27 12:14:53+00:00

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V. LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO for Ministerio Público de Gutemala - Manual del Fiscal
P. 1Ministerio Público de Gutemala - Manual del FiscalMinisterio Público de Gutemala - Manual del Fiscal4.76|Views: 18.534|Likes: 72Publicado poralexjfmLa entrada en vigencia del Código Procesal Penal (decreto 51-92), supusoel cambio a un nuevo sistema procesal, en el cual el fiscal asumió un rolprotagónico. El Ministerio Público pasó de ser una figura prácticamente"decorativa", a convertirse en el encargado del ejercicio de la acción ypersecución penal pública. La racionalización en la persecución penal, la dirección de la investigación, la presentación de la acusación y su exposición en el debate, son sus principales tareas en el marco del proceso penal.El presente manual tiene como objetivo ser una herramienta de ayuda en el trabajo cotidiano para los Fiscales del Ministerio Público. Aunque en el mismo se expongan conceptos doctrinarios, no es un manual universitario, por lo que, en general, más que realizar críticas o planteo de problemas se busca dar soluciones racionales y acordes a una concepción democrática del proceso penal.Por esta razón y para darle mayor agilidad al texto, no se citan autores. No obstante, al final de cada capítulo y al final del manual, se ha agregado una bibliografía básica, en la que los interesados podrán ampliar información y conocimiento sobre los distintos temas. La mayoría de los libros y manuales citados y otros muchos, están disponibles en la biblioteca que el Ministerio Público tiene en la Unidad de Capacitación, en las bibliotecas del Organismo Judicial, de la Fundación Myrna Mack, del Instituto de Estudios Comparados deCiencias Penales de Guatemala (ICCPG), del Programa de Justicia (CHECKIN) y delas distintas universidades.Aquellos puntos que levantan mayores controversias han sido analizadoscon más detalle, tomando el manual una posición, razonada y acorde al sistemaacusatorio y los principios constitucionales que informan el proceso penal.El manual inicia con un repaso a los principios constitucionales y principios políticos que informan el proceso penal. El título segundo está dedicado a la organización, ubicación y distribución de funciones del Ministerio Público. El título tercero aborda el rol de las distintas partes en el proceso penal y su relación con el Ministerio Público. El título cuarto aborda la actividad procesal,detallando la acción penal, la prueba y las medidas de coerción. El título quinto desarrolla el proceso penal, siguiendo un orden cronológico, desde el inicio del proceso hasta terminar con las impugnaciones. Finalmente el título sexto versa sobre los distintos procedimientos específicos.Asimismo se incorporan al manual ejemplos de escritos procesales. Dichosescritos no han de usarse como "machote", sino como orientación sobre el contenido de los mismos.Obviamente, el formato presentado no es el único y cada fiscal lo adaptará a sus necesidades. Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de realizar una exposición detallada de los hechos, así como de razonar jurídicamente, cosa muy distinta a la copia literal de artículos o a lasimple cita de leyes.El manual no ha abordado algunos temas por distintas razones. En primer lugar, no se hace referencia a la intervención del Ministerio Público en materia de ejecución, menores y asuntos constitucionales. El motivo principal es la especialización de estos temas, que tan sólo son tratados por las respectivas fiscalías de sección y no afectan la labor cotidiana de la mayoría de los fiscales.A ello hay que añadir la circunstancia que tanto el ámbito de menores como elde ejecución se encuentra inmerso en un importante proceso de reformas legislativas.En segundo lugar, tampoco se desarrollan temas de derecho penal. Larazón principal es que para el análisis de esa materia existen numerosos libros y manuales disponibles que pueden cubrir dicha necesidad.El borrador inicial de la primera edición del manual fue elaborado Alejandro Álvarez, Eduardo González, Nubia Serrano y Carmen Rosa Villa,miembros de la Unidad de Asistencia Técnica, creada por el convenio MINUGUA\PNUD con el Ministerio Público. Este borLa entrada en vigencia del Código Procesal Penal (decreto 51-92), supusoel cambio a un nuevo sistema procesal, en el cual el fiscal asumió un rolprotagónico. El Ministerio Público pasó de ser una figura prácticamente"decorativa", a convertirse en el encargado del ejercicio de la acción ypersecución penal pública. La racionalización en la persecución penal, la dirección de la investigación, la presentación de la acusación y su exposición en el debate, son sus principales tareas en el marco del proceso penal.El presente manual tiene como objetivo ser una herramienta de ayuda en el trabajo cotidiano para los Fiscales del Ministerio Público. Aunque en el mismo se expongan conceptos doctrinarios, no es un manual universitario, por lo que, en general, más que realizar críticas o planteo de problemas se busca dar soluciones racionales y acordes a una concepción democrática del proceso penal.Por esta razón y para darle mayor agilidad al texto, no se citan autores. No obstante, al final de cada capítulo y al final del manual, se ha agregado una bibliografía básica, en la que los interesados podrán ampliar información y conocimiento sobre los distintos temas. La mayoría de los libros y manuales citados y otros muchos, están disponibles en la biblioteca que el Ministerio Público tiene en la Unidad de Capacitación, en las bibliotecas del Organismo Judicial, de la Fundación Myrna Mack, del Instituto de Estudios Comparados deCiencias Penales de Guatemala (ICCPG), del Programa de Justicia (CHECKIN) y delas distintas universidades.Aquellos puntos que levantan mayores controversias han sido analizadoscon más detalle, tomando el manual una posición, razonada y acorde al sistemaacusatorio y los principios constitucionales que informan el proceso penal.El manual inicia con un repaso a los principios constitucionales y principios políticos que informan el proceso penal. El título segundo está dedicado a la organización, ubicación y distribución de funciones del Ministerio Público. El título tercero aborda el rol de las distintas partes en el proceso penal y su relación con el Ministerio Público. El título cuarto aborda la actividad procesal,detallando la acción penal, la prueba y las medidas de coerción. El título quinto desarrolla el proceso penal, siguiendo un orden cronológico, desde el inicio del proceso hasta terminar con las impugnaciones. Finalmente el título sexto versa sobre los distintos procedimientos específicos.Asimismo se incorporan al manual ejemplos de escritos procesales. Dichosescritos no han de usarse como "machote", sino como orientación sobre el contenido de los mismos.Obviamente, el formato presentado no es el único y cada fiscal lo adaptará a sus necesidades. Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de realizar una exposición detallada de los hechos, así como de razonar jurídicamente, cosa muy distinta a la copia literal de artículos o a lasimple cita de leyes.El manual no ha abordado algunos temas por distintas razones. En primer lugar, no se hace referencia a la intervención del Ministerio Público en materia de ejecución, menores y asuntos constitucionales. El motivo principal es la especialización de estos temas, que tan sólo son tratados por las respectivas fiscalías de sección y no afectan la labor cotidiana de la mayoría de los fiscales.A ello hay que añadir la circunstancia que tanto el ámbito de menores como elde ejecución se encuentra inmerso en un importante proceso de reformas legislativas.En segundo lugar, tampoco se desarrollan temas de derecho penal. Larazón principal es que para el análisis de esa materia existen numerosos libros y manuales disponibles que pueden cubrir dicha necesidad.El borrador inicial de la primera edición del manual fue elaborado Alejandro Álvarez, Eduardo González, Nubia Serrano y Carmen Rosa Villa,miembros de la Unidad de Asistencia Técnica, creada por el convenio MINUGUA\PNUD con el Ministerio Público. Este borMore info:Categories:Types, Government & PoliticsPublished by: alexjfm on Feb 09, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/11943843/Ministerio-Publico-de-Gutemala-Manual-del-Fiscal11/12/2015SectionsINTRODUCCIÓNINDICEA)GARANTÍAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PENALB)EL MINISTERIO PÚBLICOC)LOS DISTINTOS ACTORES DEL PROCESO Y SU RELACIÓN CON EL FISCALD)LA ACTIVIDAD PROCESALE) EL PROCESO COMÚNF)LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOSGARANTÍAS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PENALI.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENALII. PRINCIPIOS POLÍTICOS DEL PROCESO PENALEL MINISTERIO PÚBLICOI.- MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICOI. EL ORGANISMO JUDICIALII. EL IMPUTADO Y SU DEFENSORIII. LA VÍCTIMAIV. LAS PARTES CIVILES EN EL PROCESO PENALLOS DISTINTOS ACTORES DEL PROCESO Y SU RELACIÓN CON EL FISCALV. LOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA INVESTIGACIÓNLA ACTIVIDAD PROCESALI. LA ACCIÓN PENALII. LA PRUEBAIII. LAS MEDIDAS DE COERCIÓNI.- EL INICIO DEL PROCESOII. LA ORGANIZACIÓN DE LA MESA DE TRABAJOIII.- LAS MEDIDAS DESJUDICIALIZADORASIV. EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO: LA INVESTIGACIÓNV. LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIOVI. EL PROCEDIMIENTO INTERMEDIOEL PROCESO COMÚNVII EL JUICIO ORALVIII. LAS IMPUGNACIONESLOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOSI.- LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO
El procedimiento preparatorio concluirá de una de las siguientes formas:
Acusación: La acusación supone el convencimiento firme por parte del
fiscal que conoce del caso, de que el imputado es autor de un hecho punible.
Dicho convencimiento surge de los medios de investigación reunidos durante el
procedimiento preparatorio que se realizó para comprobar si se ha cometido un
hecho delictivo e individualizado a sus partícipes. Junto con la acusación se hará
una de las siguientes solicitudes:
La petición de apertura a juicio conforme al procedimiento común, o
La petición de apertura a juicio conforme al procedimiento especial para
la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, o
La petición de resolución a través del Procedimiento
Sobreseimiento: El sobreseimiento pone fin al proceso e imposibilita nueva
persecución contra la persona a favor de quien se dicte el auto por ese mismo
hecho, es decir, tiene los mismos efectos que la sentencia absolutoria.
Clausura provisional: La clausura provisional suspende la etapa
preparatoria hasta el momento en que se puedan incorporar nuevas pruebas que
hagan viable la presentación de la acusación o el requerimiento de
Archivo: Cuando habiéndose agotado la investigación no se hubiese
individualizado al reo o cuando se haya declarado su rebeldía se procederá al
archivo conforme al artículo 327 CPP.
Estas formas de terminación son relativas a cada objeto procesal y no
sobre el proceso en su conjunto. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un
mismo proceso se puede dictar acusación y apertura a juicio para un imputado,
clausura provisional para otro, archivo para un tercero y sobreseimiento para el
último. Asimismo ocurrirá que, en aquellos casos en los que se dicte
sobreseimiento a favor del imputado porque se haya determinado su inocencia,
se continúe la investigación para descubrir quien cometió el hecho punible,
pudiéndose si no se individualiza al hechor, dictarse el archivo.
LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO
La etapa preparatoria según lo establecido en el Código Procesal Penal
debe durar el mínimo tiempo posible (art. 323), por lo tanto, no debe esperarse
el agotamiento de los plazos, allí fijados, cuando se tienen todos los elementos
de investigación que fundamenten una petición para la conclusión de esta etapa
De la lectura de los artículos 323 y 324 bis, se concluye que en aquellos
casos en los que existe un detenido, el plazo para finalizar la investigación es de
tres meses a partir del momento en el que se dicta el auto de prisión preventiva.
Sin embargo, en aquellos casos en los que se aplica una medida sustitutiva, el
plazo de investigación será de seis meses desde el dictado del auto de
Esta doble regulación puede generar algunas dudas, cuando sobre una
misma persona recaiga la prisión preventiva y alguna medida sustitutiva. En
aquellos casos en los que el imputado inicialmente haya estado preventivamente
detenido, pero antes de los tres meses se haya modificado su situación personal
imponiéndosele una medida sustitutiva, parecería lógico que el plazo a contar
será el de seis meses desde el auto de procesamiento. La situación se complica si
la coerción inicial fue una medida sustitutiva y posteriormente se impuso la pena
de prisión. En efecto, no parecería lógico que durante cinco meses y veinticinco
días estuviese sometido a medida sustitutiva y de allí en adelante se le
impusiesen los tres meses prisión preventiva. El criterio lógico a seguir debe ser
que el imputado no puede estar más de seis meses sometido a ninguna medida de
coerción personal y que, dentro de esos seis meses, tan sólo tres como máximo
sean de prisión preventiva.
En el supuesto de que el Ministerio Público no hubiere requerido la
petición de conclusión del procedimiento preparatorio, en los plazos
establecidos, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole
un plazo de tres días para que formule la solicitud que considere que es la
pertinente al caso.
Si en el plazo de tres días no se formula petición alguna, el juez lo
comunicará al Fiscal General de la República o al Fiscal de Distrito o de Sección
correspondiente para que tome las medidas disciplinarias que procedan y ordene
la formulación de la solicitud que el caso amerite, y, al Consejo del Ministerio
Público para lo que proceda conforme a la ley.
En este último caso, si el fiscal en un plazo de ocho días no ha formulado
solicitud alguna, el juez ordenará la clausura provisional hasta que el Ministerio
Público reactive el caso a través de los procedimientos establecidos en el Código
La etapa preparatoria no se encuentra sujeta a plazos mientras no exista
vinculación procesal mediante prisión preventiva o medida sustitutiva (art. 324
La acusación es la concreción del ejercicio de la acción penal pública,
realizada por el fiscal. La acusación está contenida en el escrito que presenta el
fiscal al finalizar la etapa preparatoria, mediante la cual, imputa a persona o
personas determinadas la comisión de un hecho punible, basándose en el
material probatorio reunido durante la investigación. La acusación supone el
convencimiento firme por parte del Ministerio Público de que el imputado es
La acusación como manifestación del principio acusatorio
Rige para el proceso penal guatemalteco el principio acusatorio, a través
del cual se tiende a preservar la imparcialidad del juez que resolverá el caso.
Conforme a este principio, no puede haber juicio sin acusación (nemo iudex sine
actore). Los efectos de la vigencia del principio acusatorio son:
La existencia de una imputación debidamente formulada.
La fijación del objeto del juicio que determinará los límites del fallo
del tribunal de sentencia (principio de congruencia entre la acusación y la
La obligación de que el juez que ha participado en control de la
investigación no pueda integrar el tribunal de juicio.
De los tres efectos señalados, los dos primeros están directamente
vinculados al escrito de acusación. En primer lugar es necesario que exista una
acusación, formulada por el fiscal para que pueda haber un juicio. En segundo
lugar, el hecho imputado se determina con todas sus circunstancias en la
acusación, como se señala en el artículo 332 bis inc. 2. Para superar con éxito el
control sobre los fundamentos de la imputación, el hecho imputado debe tener
sustento, es decir, debe exponer claramente los resultados de los actos de
investigación realizados. Para ello en el inciso tercero del artículo 332 bis, se
obliga a presentar, cómo el fiscal, ha arribado a esa conclusión, revelando cuales
son las pruebas que fundamentan con todas sus circunstancias.
Conforme las exigencias de la ley procesal, la acusación debe ser
autosuficiente, cuestión que implica que de la acusación deben desprenderse
todos los fundamentos sin tener que recurrir a otras actuaciones, aún cuando
consten en el "expediente". La elaboración de la acusación debe permitir que con
la sola lectura se pueda determinar con claridad el hecho, el autor o partícipe, la
calificación jurídica y los fundamentos y medios de prueba que acreditan que la
imputación tiene un alto grado de probabilidad de ser verificada en el juicio oral
La acusación debe interponerse dando suficiente oportunidad de declarar
al imputado, tal como lo señala el artículo 334 CPP, por lo que debe entenderse
que la declaración del imputado ante el juez de primera instancia o la
información espontánea ante el fiscal (artículo 87 CPP) son suficientes, siempre
que se cuente con la asistencia de un abogado defensor en el acto y se cumpla
con las demás formalidades que garantizan la defensa del imputado. Es
importante recordar que al imputado se le tiene que dar opción a declarar sobre
todas las circunstancias del hecho contenido en la acusación. Por ejemplo, si se
le tomó primera declaración por: “haber dado muerte a una persona” (un
homicidio) y a raíz de la investigación se averigua que también “despojo con
violencia a una persona de un bien mueble” (robo), habrá que tomarle nueva
declaración antes de acusarle también por ese nuevo hecho.
El contenido del escrito de acusación
Según lo dispuesto en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, el
escrito de acusación deberá contener los siguientes elementos.
Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el
nombre del defensor y el lugar para notificarles.
La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se
atribuye al acusado y su calificación. Este punto del memorial consiste en un
relato preciso de los hechos por los que se acusa. Dicho relato no debe basarse
en calificaciones jurídicas sino en descripción detallada de comportamientos. Por
ejemplo no se escribirá “Juan asesinó a Pedro”, sino “Juan clavó un puñal en la
espalda de Pedro cuando éste estaba durmiendo, causándole la muerte al
instante”. Este relato deberá individualizar el comportamiento de cada uno de
los acusados. Por ejemplo si tres personas asaltaron un banco dirá que una
llevaba el arma y amenazó a los cajeros, otro recogió el dinero y un tercero
esperaba fuera con el carro encendido. La redacción debe mostrar certeza por
parte del Ministerio Público, dejando claro que el fiscal es quien acusa y está
convencido de que los hechos relatados son ciertos. Al finalizar éste punto, se
indicará cual es la tipificación de los hechos descritos.
Fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de
investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado
cometió el delito por el cual se le acusa. En este punto se explicará por que
razón y en que pruebas se basa el fiscal para afirmar los hechos punibles. No es
una lista de pruebas sino que es una explicación de como va a probar cada uno
de los extremos del hecho que se le imputa al acusado. Por ejemplo, “con la
autopsia demostramos que el individuo murió apuñalado, con el informe de
dactiloscopía comprobamos que el imputado agarró el arma homicida, con el
testimonio del señor X probamos que el imputado entró en la casa, etc.”.
La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada
uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de
ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes. En este punto debe
exponerse el motivo por el cual el fiscal considera que el hecho punible que se le
imputa a cada uno de los acusados encuadra en una determinada forma delictiva.
Por ejemplo, en un asesinato se tendrá que explicar por qué se afirma que la
acción de Juan que produjo la muerte de una persona encuadra en ese delito. La
forma en que Juan participó en la muerte de la persona, es decir, si fue Juan el
que le dio muerte, el que indujo o forzó a otro para que le dieran muerte a la
persona, etc., es decir, explicar el porque se le puede considerar autor o
participe conforme los distintos numerales del artículo 36 o 37 del código penal.
Otro aspecto que se debe señalar es el grado de ejecución en que quedó la
acción delictiva, esto es, si el hecho delictivo lo fue en grado de tentativa, o
bien, se consumó. Por último deben exponerse, si concurren, las circunstancias
agravantes y atenuantes del hecho.
5°.La indicación del tribunal competente para el juicio. En este punto se
indicará con la mayor precisión posible cual es el tribunal que, a criterio del
Ministerio Público, debe ser competente para el juicio, de conformidad con las
reglas de competencia territorial y funcional. Por ejemplo, si es el juez de
primera instancia en el caso de procedimiento abreviado o tribunal de sentencia
en el caso del procedimiento común.
En el mismo escrito de acusación se solicitará la apertura a juicio
Con la acusación deben enviarse, al juez de primera instancia, las
actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que
sirvan para convencer al juez sobre la probabilidad de la participación del
acusado en el hecho delictivo.
La acusación que se presenta para el Procedimiento Abreviado y para el
Juicio para la Aplicación de Medidas de Seguridad y Corrección debe reunir los
mismos requisitos establecidos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal,
y, además, justificar y razonar por que se sigue el procedimiento especial.
El artículo 333 del Código Procesal Penal posibilita la presentación de una
acusación alternativa, a la principal. El origen de esta figura hay que buscarlo en
el principio de congruencia entre acusación y sentencia, por el cual, nadie puede
ser condenado por hechos por los que no ha sido acusado. De lo contrario
generaríamos indefensión y sorpresa, por cuanto no se dio la posibilidad de
La congruencia entre acusación y sentencia debe darse en los hechos pero
no en la calificación jurídica. Por ejemplo si la acusación dice que Juan mató a
Pedro cuando dormía y califica esos hechos como homicidio, no habría problema
en condenar a Juan por matar a Pedro cuando dormía, como autor de un delito
de asesinato con alevosía, siempre que en el debate se advierta el cambio de
calificación jurídica (art. 374 CPP) o se amplíe la acusación (art. 373 CPP). En
esa línea, no se podría aplicar la agravante de nocturnidad (art. 27.15 CPP) si en
la acusación no se dijo que el delito se cometió de noche.
La acusación alternativa es de mucha utilidad para aquellos casos en los
cuales, una circunstancia del hecho principal por el que se acusa es difícil de
probar en el debate, y dicha circunstancia tiene un efecto en el hecho, de forma
tal que cambia la estructura del mismo y por tanto sería constitutivo de otra
figura delictiva. Por ejemplo, una acusación le imputa a Juan "haber yacido con
María, de once años de edad, sin haberse opuesto". Dichos hechos constituyen
delito de violación. Sin embargo, en el debate, se demuestra que María no tenía
once sino doce años de edad. En este caso, el Tribunal no podría condenar por
estupro, ya que la acusación, no señaló que Juan se aprovechó de su
inexperiencia, ni obtuvo su confianza, ni hubo promesa falsa de matrimonio,
todos ellos elementos constitutivos del delito de estupro, y, por lo tanto, tendría
que absolver.
Para evitar estas situaciones, el fiscal puede presentar en el primer
ejemplo su acusación principal por violación describiendo todas las circunstancias
fácticas que configuran dicho delito, y, en el supuesto de que en el debate no se
probase la edad de once años acusar alternativamente por estupro, incluyendo
los elementos probatorios que demuestran, por ejemplo, la falsa promesa de
No será necesaria acusación alternativa cuando todos los elementos del
delito por el que se condena estén ya englobados en el delito en el que se acusó.
Los ejemplos más comunes se dan en los casos de tipos agravados o privilegiados
respecto del tipo básico. Se puede acusar por matar a otra persona con
premeditación (asesinato) y al quedar demostrado el hecho de que mató a otra
persona, pero no la premeditación, condenar por homicidio. Asimismo se puede
acusar por secuestro (art. 201 CP) y si no se demuestra el propósito de lograr
rescate, canje de personas o toma de cualquier decisión contraria a la voluntad
del secuestrado, condenar por detención ilegal (art. 203 CP). En estos casos no
se rompe el principio de congruencia entre acusación y sentencia por cuanto en
la acusación se describieron todos los hechos que conforman el tipo por el que se
condena y por lo tanto, el acusado tuvo la posibilidad de defenderse respecto de
todos los hechos por los que se le impone una pena.
El sobreseimiento es un auto, que se dicta en la fase intermedia o durante
la preparación del debate, mediante el cual se absuelve a un imputado. El
sobreseimiento cierra el proceso de forma definitiva e irrevocable respecto a esa
persona. El sobreseimiento produce los mismos efectos que una sentencia
Con el sobreseimiento se busca evitar llegar hasta el juicio cuando de la
investigación realizada se deduce que el resultado final va a ser la absolución.
Asimismo, el hecho de producir el efecto de cosa juzgada, evita que una persona
esté permanentemente amenazada por la existencia de un proceso abierto en su
El Ministerio Público solicitará el sobreseimiento en los siguientes casos :
Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones
para la imposición de una pena (art. 328.1 CPP). Por ejemplo, de la investigación
realizada resulta evidente que el hecho se cometió en legítima defensa, bajo
miedo invencible (art.25 CP) o se comprueba que la persecución penal se
extinguió (art. 32 CPP). Se exceptúan aquellos casos en los que corresponda
proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de
una medida de seguridad conforme al procedimiento especial previsto (arts. 484
a 487). Por ejemplo, el hecho fue cometido por un enfermo mental.
Cuando no existiere razonablemente la posibilidad de
incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente
la apertura del juicio (art. 328.2). En esos casos por el principio del "in dubio pro
reo" el fiscal deberá solicitar el sobreseimiento.
En aquellos casos en los que se aplique el criterio de
oportunidad conforme al inciso 6 del artículo 25.
Cuando tratándose de delitos contra el régimen tributario se
hubiese cumplido en forma total la obligación del pago de tributos e intereses
(art. 328.3 CPP), salvo que el proceso se refiera a la apropiación de recursos
percibidos en aplicación del Impuesto al Valor Agregado, a la apropiación de las
retenciones practicadas en la aplicación del Impuesto sobre la Renta y en los
delitos de defraudación y contrabando aduanero (art. 330 CPP).
El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al
imputado a cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo
hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo (art.
Tiene que quedar claro que el sobreseimiento se dicta a favor de una
persona en concreto y no a favor de una causa. El sobreseimiento impide que la
persona a favor de quien se dictó, vuelva a ser juzgada con relación a esos
hechos, pero nada impide que una persona distinta sea juzgada por esos mismos
hechos, o que esa misma persona sea juzgada por nuevos hechos.
El auto de sobreseimiento se puede dictar:
Al finalizar la audiencia del procedimiento intermedio (art.
340) luego de discutir la acusación formulada por el Ministerio Público, el juez de
primera instancia podrá dictar auto de sobreseimiento (art. 341).
Al finalizar la audiencia de procedimiento intermedio (art.
345 bis) luego de discutir la solicitud de conclusión del procedimiento
preparatorio el juez de primera instancia podrá dictar el auto de sobreseimiento
(art. 345 quáter).
Cuando luego de la clausura no se hubiere reabierto el
proceso durante el tiempo de 5 años (art. 345 quáter).
Durante la etapa de preparación del debate, el Tribunal de
Sentencia podrá sobreseer, cuando fuere evidente la existencia, sin necesidad de
ir a debate, de causa extintiva de la persecución penal, se tratare de un
inimputable o existiere causa de justificación (art. 352).
En el debate: Generalmente, si en el debate no se demuestra
la culpabilidad del imputado, procederá la absolución. No obstante, si en el
debate se interpusiere una excepción de extinción de la persecución penal y la
misma fuere declarada con lugar, en esos casos, no sería necesario continuar el
debate, pudiéndose finalizar en ese momento con un sobreseimiento.
Durante el procedimiento preparatorio, el juez no podrá dictar de oficio, ni a
petición de la defensa el sobreseimiento. Tan sólo en el momento en el que el
Ministerio Público practique su requerimiento conforme a los artículos 324 a 327
del CPP, el juez entrará a valorar, en su caso, la pertinencia de dictar un
sobreseimiento. Por ello es absolutamente ilegal la práctica que algunos juzgados
han desarrollado de recibir declaración de un imputado e inmediatamente
después, dictar la falta de mérito y el sobreseimiento.
El inicio del procedimiento intermedio se da con la presentación del
requerimiento del Ministerio Público. Ello no quiere decir que en un caso en el
que haya varios imputados, deba hacerse el requerimiento que pone fin al
procedimiento preparatorio para todos, a la vez. Si, por ejemplo tenemos tres
imputados y sobre uno de ellos es evidente que procede dictar sobreseimiento,
se hará inmediatamente el requerimiento. En este caso, el procedimiento
preparatorio habría terminado para éste imputado y estaríamos en la fase
intermedia, sin perjuicio que para los otros imputados sigamos en el
procedimiento preparatorio.
Si es el Ministerio Público quien solicita el sobreseimiento, junto al pedido
deberá remitir al juzgado o Tribunal las actuaciones y los medios de prueba que
obren en su poder (art. 325). El sobreseimiento se solicitará en un escrito en el
cual se describirá el hecho y se indicarán los motivos por los cuales procede
Frente al auto del juez de primera instancia que declare el
sobreseimiento, cabe recurso de apelación (art. 404.8). Frente al auto del
tribunal de sentencia que declare el sobreseimiento, cabe recurso de apelación
especial (art. 415). Por tanto no resulta admisible de conformidad con el decreto
79-97, que el Juez de Primera Instancia rechace el pedido de sobreseimiento sin
que previamente se haya realizado la audiencia prevista en el artículo 345
LA CLAUSURA PROVISIONAL DE LA PERSECUCIÓN PENAL
Tradicionalmente, cuando la investigación se había agotado y no había
elementos suficientes para acusar al imputado, pero tampoco había quedado
demostrada su inocencia, el proceso terminaba con el sobreseimiento
provisional. El sobreseimiento provisional no producía efecto de cosa juzgada,
por lo que el imputado vivía con la amenaza permanente de un proceso en su
Por otro lado, el Código Procesal Penal vigente establece que una vez
vencidos los plazos establecidos para la finalización del procedimiento
preparatorio, y aún faltan diligencias de investigación para demostrar o
desvirtuar el hecho que se imputa, y se tiene cierto grado de probabilidad de
poder incorporarla en un determinado plazo, el Ministerio Público deberá
formular requerimiento de clausura provisional.
Existen casos en los que faltan diligencias de investigación por realizar,
pero termina el plazo fijado en la ley y el juez emplaza al Ministerio Público para
formular algún requerimiento (art. 347 decreto 79-97). Con los elementos
probatorios reunidos, el fiscal no puede fundamentar la acusación y no
procedería dictar el sobreseimiento, pues, la investigación no se agotó. En esta
situación procede solicitar la clausura provisional.
La clausura provisional de la persecución penal tiene un doble objetivo:
Evitar que se produzca el sobreseimiento, con el efecto de
cosa juzgada, en casos en los que la investigación no se ha agotado.
Limitar el mantenimiento de un proceso abierto en contra del
imputado exclusivamente a los supuestos en los que existan medios de prueba
concretos y determinados que puedan practicarse.
Corresponderá solicitar la clausura de la persecución penal cuando
habiéndose vencido el plazo para la investigación, no correspondiese sobreseer y
los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir fundadamente la
apertura a juicio. Para poder solicitar la clausura provisional de la persecución
penal, el Ministerio Público tendrá que indicar de forma concreta los elementos
de prueba que podría incorporar, en qué plazo y qué elemento o elementos
probaría con dichos medios de prueba.
El juez también puede decretar la clausura provisional en los casos en los
cuales el Ministerio Público no ha formulado la acusación luego de los plazos
concedidos por el juez que controla la investigación para que el Ministerio
Público formule la solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio (art.
324 bis). No procederá la clausura provisional a que se refiere este artículo, si el
querellante que fundadamente hubiere objetado el pedido de sobreseimiento o
clausura, manifiesta su interés en proseguir el juicio hasta sentencia y presenta
acusación. Estos casos se tramitarán conforme a lo previsto para la acusación
(artículos 332 bis, 340 y 341 CPP).
El efecto principal de la clausura provisional de la persecución penal es el
cese de toda medida de coerción que se hubiere dictado contra la persona
imputada en la causa clausurada.
Sin embargo, esta figura, como su propio nombra indica, no da una
respuesta definitiva al proceso penal. Cuando se dicte la clausura provisional, el
Ministerio Público buscará reunir los elementos probatorios indicados en la
resolución judicial. Cuando estos se hayan reunido y exista fundamento para
plantear la acusación, el Ministerio Público lo hará solicitando la apertura a
juicio. En el caso en el que los medios de prueba indicados se hayan practicado y
no sean suficientes para acusar, el fiscal solicitará el sobreseimiento.
El Ministerio Público presentará un escrito solicitando la clausura
provisional. Dicho escrito deberá especificar que elementos de prueba se espera
poder incorporar y el plazo en el que se incorporarán.
Presentada la solicitud de clausura el juez deberá ordenar bajo su
responsabilidad, al día siguiente la notificación, a las partes, de la petición del
Ministerio Público, entregándoles copia del requerimiento y poniendo a su
disposición las actuaciones y evidencias reunidas durante la investigación por un
plazo común de cinco días; así también, en la misma resolución se convocará a
las partes a una audiencia oral para discutir la solicitud del Ministerio Público la
cual deberá realizarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de
diez (art. 345 bis).
El código procesal penal no establece el momento a partir del cual debe
computarse el plazo para la realización de la audiencia oral, sin embargo, dado
el principio de celeridad procesal este debe entenderse que se computa a partir
de la presentación de la solicitud del Ministerio Público.
Admitida la clausura, una vez que se incorporen los medios de prueba
esperados, el Ministerio Público solicitará la reapertura de la investigación y en
su caso la apertura a juicio o el sobreseimiento.
Frente a la resolución del juez de primera instancia que dicte la clausura
provisional cabe interponer un recurso de apelación, según lo dispuesto en el
artículo 404 inciso 8.
... Para más información:
BINDER, ALBERTO M. El relato del hecho y la regularidad del proceso: la función
constructiva y destructiva de la prueba penal, en "Doctrina Penal, Año 13".
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References: resolución 
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 artículo 332
 artículo 332
 artículo 334
 artículo 332
 artículo 36
 artículo 332
 artículo 333
in dubio
 artículo 25
 artículo 345

resolución 
 resolución 
 resolución 

artículo 404
 ARTÍCULO 347
 ARTÍCULO 347
 artículo 33
 artículo 33