Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00022-2007.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:46:23+00:00

Document:
EXPEDIENTE: SUP-RAP-22/2007
VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al recurso de apelación, promovido por Dora Alicia Martínez Valero, en su carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en contra de la resolución CG62/2007, por el que se determina desechar la queja interpuesta en Pachuca de Soto, Hidalgo, por actos que considera violatorios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada en sesión extraordinaria de veintitrés de marzo del presente año; y
I. Antecedentes. a) El veinticinco de julio de dos mil seis, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo, remitió el oficio JL/VE/686/2006, al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, relativo a la queja interpuesta por el representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, sobre presuntos hechos que pudieran dar lugar a la comisión de algún ilícito en materia electoral.
b) En fecha veintiséis de julio de dos mil seis, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral recibió el escrito de referencia, con motivo de la denuncia formulada por el Partido Acción Nacional, en relación a presuntas infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
c) Por acuerdo de dos de agosto de dos mil seis, se tuvieron por recibidas en la Secretaría Ejecutiva de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, las constancias señaladas en el inciso que antecede, ordenándose integrar el expediente número JGE/QPAN/JL/HGO/751/2006, y formular el proyecto de dictamen.
d) El veintitrés de febrero de dos mil siete, la Junta General Ejecutiva aprobó el dictamen correspondiente, proponiendo desechar la queja presentada, ordenando su remisión a los integrantes de la Comisión de proyectos de resolución o devolución.
e) En sesión ordinaria de quince de marzo de dos mil siete, la Comisión de Proyectos de resolución o devolución, por mayoría aprobó el dictamen correspondiente.
f) El veintitrés de marzo del presente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó desechar la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional, al tenor de lo siguiente:
1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.
3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral Federal, es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.
4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
7.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
8.- Que por cuestión de orden y en virtud de que el artículo 19, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causales de desechamiento e improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar al estudio de aquéllas que pudieran actualizarse en el presente caso, pues de ser así deberá decretarse el desecamiento de la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impediría la válida constitución del proceso e imposibilitaría un análisis de fondo.
En este tenor, este Instituto Federal Electoral considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 15, párrafo 2, inciso e) del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que la denuncia será improcedente cuando por los sujetos denunciados, el Instituto Federal Electoral resulte incompetente para conocer de los mismos.
Lo anterior, en virtud de que esta autoridad considera que el inconforme se duele en contra de actos realizados por el personal del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual no puede ser sujeto de un procedimiento administrativo disciplinario como el que nos ocupa.
En efecto, en el escrito de queja, el Lic. Gonzalo Trejo Amador, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local de esta Institución en el Estado de Hidalgo, denunció supuestas irregularidades y violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales imputables al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, en esa localidad, es decir, a una autoridad municipal de la mencionada entidad.
Al respecto, es preciso señalar que los sujetos previstos dentro del Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son limitados y se encuentran contemplados en los artículos 264, 265, 266, 267, 268 y 269 que literalmente señalan:
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones que cometan los ciudadanos a lo previsto en el párrafo 3 del artículo 5 de este Código. La sanción consistirá en la cancelación inmediata de su acreditación como observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales federales y será aplicada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, conforme al procedimiento señalado en el artículo 270 de este Código.
2. Asimismo, conocerá de las infracciones en que incurran las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales, según lo previsto en el párrafo 4 del artículo 5 de este Código. La sanción consistirá en multa de 50 a 200 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y será aplicada por el Consejo General conforme al procedimiento señalado en el artículo 270 de este Código.
3. Igualmente, conocerá de las infracciones que cometan las autoridades federales, estatales y municipales a que se refiere el artículo 131 de este Código, en los casos en que no proporcionen en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Federal Electoral. Para ello se estará a lo siguiente:
a) Conocida la infracción, se integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley; y
b) El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso.
1. El Instituto conocerá de las infracciones y violaciones que a las disposiciones de este Código cometan los funcionarios electorales, procediendo a su sanción, la que podrá ser amonestación, suspensión, destitución del cargo o multa hasta de cien días de salario mínimo, en los términos que señale el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.
1. El Instituto Federal Electoral conocerá de las infracciones en que incurran los notarios públicos por el incumplimiento de las obligaciones que el presente Código les impone.
2. Conocida la infracción, se integrará un expediente que se remitirá al Colegio de Notarios o autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación aplicable.
3. El Colegio de Notarios o la autoridad competente deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso.
1. El Instituto Federal Electoral, al conocer de infracciones en que incurran los extranjeros que por cualquier forma pretendan inmiscuirse o se inmiscuyan en asuntos políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la ley.
2. En el caso de que los mismos se encuentren fuera del territorio nacional, procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que hubiere lugar.
1. El Instituto Federal Electoral informará a la Secretaría de Gobernación de los casos en los que ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta:
b) Realicen aportaciones económicas a un partido político o candidato, así como a una agrupación política.
Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:.."
Atendiendo a lo dispuesto por los artículos transcritos con antelación, se puede obtener y enumerar de manera clara a los sujetos previstos en el Título Quinto del Libro Quinto del Código de la materia, a saber:
1.- Los Observadores Electorales;
2.- Las Organizaciones a las que pertenezcan los Observadores Electorales;
3.- Los Funcionarios Electorales:
4.- Los Notarios Públicos;
5.- Los Extranjeros;
6.- Los Ministros de culto religioso;
7.- Los Partidos y Agrupaciones Políticas; y
8.- Las Autoridades Federales, Estatales o Municipales.
Al respecto, es procedente hacer la anotación de que este Instituto Federal Electoral únicamente está facultado para iniciar un procedimiento administrativo sancionar en relación a las faltas cometidas por partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, observadores electorales y organizaciones a las que pertenezcan los observadores.
Por el contrario, el Instituto Federal Electoral no está facultado para sancionar a las autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos, extranjeros, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, de acuerdo con lo que establece el Título Tercer del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos aplicables del código de la materia.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el sujeto denunciado tiene el carácter de autoridad municipal, por lo que no puede ser sujeto de un procedimiento de carácter sancionador por parte de esta autoridad, ya que de acuerdo con el artículo 264, párrafo 3 del código de la materia, el Instituto Federal Electoral sólo podría integrar un expediente para remitirlo al superior jerárquico en los casos en que no proporcione en tiempo y forma la información que le sea solicitada por los órganos de esta autoridad, supuesto que no se actualiza en el asunto en análisis.
Sentado lo anterior, es menester llegar a la conclusión de que la queja presentada por el hoy denunciante en contra de la autoridad municipal en comento, al no encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 264, párrafo 3 del código de la materia, resulta improcedente, por lo que deberá desecharse, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 15, párrafo 2, inciso e) del ordenamiento referido, los cuales a la letra señalan lo siguiente:
2. La queja o denuncia será improcedente cuando:
e) Por la materia de los actos o hechos denunciados, aun y cuando se llegaran a acreditar, o por los sujetos denunciados, el Instituto resulte incompetente para conocer de los mismos; o cuando los actos, hechos u omisiones no constituyan violaciones al Código," y
1. En caso de existir alguna de las causales que establece el artículo anterior, el Secretario elaborará un proyecto de dictamen por el que se proponga a la Junta el desechamiento de la queja o denuncia."
De conformidad con lo anterior, se concluye que la presente queja debe desecharse por los motivos y fundamentos que se expresan a lo largo del presente fallo.
9.- Que no obstante lo anteriormente expuesto, y toda vez que el Partido Acción Nacional alude en su escrito de queja, que el personal del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, retiró la propaganda de uno de sus candidatos a una Diputación Federal, lo cual pudiera constituir una irregularidad administrativa de tales servidores públicos, se estima conveniente dar vista con la presente resolución y las actuaciones del expediente citado al epígrafe a la Secretaría de Contraloría Municipal del ayuntamiento antes citado, para los efectos precisados en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 39, párrafos 1 y 2; 40, párrafo 1; 73; 82, párrafo 1, inciso h); 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 82, párrafo 1, incisos h), w) y z), del ordenamiento legal antes invocado, este Consejo General emite la siguiente:
PRIMERO.- Se desecha la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.
SEGUNDO.- Dese vista con la presente resolución y las actuaciones del expediente citado al epígrafe a la Secretaría de Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, para los efectos precisados en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente resolución.
CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.
II. Recurso de apelación. Disconforme con lo anterior, el veintinueve de marzo de dos mil siete, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante legal ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Dora Alicia Martínez Valero, interpuso recurso de apelación.
III. Tramitación. La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación y lo remitió a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las constancias atinentes y el informe circunstanciado respectivo.
IV. Turno. Por acuerdo de once de abril de dos mil siete, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó integrar el expediente SUP-RAP-22/2007 y turnarlo a la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
V. Admisión y cierre de Instrucción. El ocho de mayo del año en curso, la Magistrada Electoral radicó el expediente, admitió el recurso y declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia.
TERCERO. En la especie, el Partido Acción Nacional, expresa como agravios lo siguiente:
PRIMERO.- Causa agravio al Partido que represento el Acuerdo de Resolución aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el pasado 23 de marzo del año en curso, recaída al procedimiento administrativo identificado con el número JGE/QPAN/JL/HGO/751/2006. Mismo que resulta violatorio de los principios de Constitucionalidad y Legalidad consagrados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principio que deben guardar todos y cada uno de los actos de la autoridad administrativa en materia electoral. Lo anterior se afirma, toda vez que la responsable en su resolución no revisa a cabalidad la denuncia presentada.
Por lo que causa agravio a mi partido el estudio deficiente, la incorrecta valoración de pruebas y la interpretación equivoca que la autoridad realiza de los hechos, dejando en estado de indefensión la indebida valoración de las pruebas aportadas por en el escrito primigenio de queja, en contravención a lo dispuesto por el artículo 41 base III, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 69 párrafo 2 y 73 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, al imponer que En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores" y que todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Efectivamente, las disposiciones constitucionales y legales obligan a la autoridad a conducir sus actividades en un irrestricto apego a los principios de legalidad, objetividad y certeza, entre otros, en razón de lo cual y respecto al primero, ésta debe de proceder al análisis de los hechos, a efecto de corroborar si es posible determinar la existencia de violaciones a la ley electoral. Tal y como se ha decretado por esta Sala Superior en la siguiente Jurisprudencia:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. S3ELJ21/2001.
SEGUNDO.- Causa agravio a mi representado el considerando 8, así como todos y cada uno los puntos resolutivos del acuerdo de la resolución recurrida. En especifico, me permito plantear de forma resumida lo que a juicio de la ahora autoridad responsable fueron los hechos que denunciados y que no consideró atribuidos al Partido Revolucionario Institucional, pues al ser denunciados los servidores públicos aludidos en el escrito primigenio de la queja la autoridad electoral responsable debió ordenar la investigación debida, con la finalidad de deslindar responsabilidades, dicho lo anterior con fundamento en las constancias que obraban en autos, pues de los medios de convicción que se aportaron había elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los denunciados, así como la responsabilidad del presidente municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, en su carácter de militante priísta, dado que es ese partidos político quien lo postuló para acceder al cargo con que se ostentó para ocasionarle prejuicio en el proceso electoral a mi representada mediante el retiro ilegal de la propaganda electoral de los diversos puntos de la ciudad de Pachuca Hidalgo.
En el siguiente considerando de la resolución recurrida encontraremos la manera equivoca e ilegal en que la autoridad responsable basa su argumentación subjetiva:
8.- Que por cuestión de orden y en virtud de que el artículo 19, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causales de desechamiento e improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar al estudio de aquellas que pudieran actualizarse en el presente caso, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento de la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impediría la válida constitución del proceso e imposibilitaría un análisis de fondo.
En efecto, en el escrito de queja, el Licenciado. Gonzalo Trejo Amador, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local de esta Institución en el estado de Hidalgo, denunció supuestas irregularidades y violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales imputables al H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, en esa localidad, es decir, a una autoridad municipal de la mencionada entidad.
Al respecto, es preciso señalar que los sujetos previstos dentro del Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son limitados y se encuentran contemplados en los artículos 264, 265, 266, 267, 268 y 269 que literalmente señalan: ( Se transcriben)
PRIMERO. Se desecha la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del H. Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo.
De la simple lectura del considerando trascrito podemos deducir que la responsable debió determinar la violación y la responsabilidad de las violaciones a la ley electoral que se denunciaron con toda claridad y oportunidad, dicho lo anterior con base en lo siguiente:
1. De la simple lectura podemos precisar que los hechos denunciados fueron materializados por funcionarios públicos del ayuntamiento priísta. Lo que la autoridad electoral ignoró, violando con los principios de legalidad y exhaustividad que todas las resoluciones de la autoridad electora deben observar. Por lo que considero que de dicha resolución emitida por la ahora responsable debió no estudiar de fondo el asunto resolver en el primer plano dos cosas, 1.- la debida atribución de los hechos denunciados al Partido Revolucionario Institucional materializados por los militantes priístas en su carácter de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Extracción Pachuca de Soto, Hidalgo; y 2.- la revisión, investigación e imposición de sanción en su caso, de las conductas denunciadas, bajo el supuesto de considerase en la hipótesis de la obligación que establece el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el primero de puntos expresados que antecede a esta trascripción, la responsable debió resolver la autoría de los hechos al Partido Revolucionario Institucional, para posteriormente deslindar responsabilidades sobre los mismos, dado que se ocasionó un agravio a otro contendiente en el proceso electoral que lo es mi representado. Pues el único beneficio del retiro de propaganda electoral obtenía el presidente municipal lo fue el dejar en estado de desventaja a los candidatos postulados por mi representando y obtener beneficio para los contendientes postulados por le mismo Partido al que pertenece el Presidente Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo.
En esa tesitura del análisis de todas y cada un de los medios de convicción aportados la responsable debió resolver por fundada la queja citada, así como ordenar la investigación exhaustiva, no sólo por que de las pruebas aportadas por mí representando y adminiculadas con los hechos esgrimidos en la queja se puede llegar a la clara conclusión de la violación a la normatividad electoral, sino por que es de explorado derecho que los partidos políticos somos responsable de la conducta de nuestros militantes, máxime si esos militantes tienen un carácter especial, como lo es el caso. Dicho lo anterior, con base en lo establecido por el artículo 38, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral vigente y por la tesis relevante emitido por esta Sala Superior, razonamiento jamás consideró la autoridad electoral.
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTAbles POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. S3EL 34/2004.
Lo anterior fue objeto de omisión en la resolución impugnada, contraviniendo el principio de exhaustividad y debida valoración de medios probatorios, pues dicha resolución debía expresar lo anterior atendiendo a lo establecido por el artículo 82, párrafo 1, incisos y) y w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sirva de cómo apoyo las siguientes tesis emitidas por esta H. Sala Superior:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE ESTÁ FACULTADA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CONTENIDA EN AVERIGUACIONES PREVIAS. S3ELJ16/2004
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. S3EL 116/2006
PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. S3ELJ43/2002
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. S3ELJ 12/2001
1. Causa agravio a mi representado el acto aquí impugnado, por que la responsable ignoró todas y cada una de los hechos denunciados, probanzas y alegatos presentados con toda oportunidad. Pues nunca inicio el bebido procedimiento, dejando por un lado los medios probatorios ofrecidos por mi representada, mismo que tienes alcance y valor probatorio, aunado a ello que la autoridad nunca entró al estudio del asunto. Como lo fueron las diversas documentales, así como las placas fotográficas aportadas en el escrito inicial, sin embargo, la autoridad responsable indebidamente desecha la queja sin entrar al fondo del estudio del asunto.
Por lo que solicito a esta autoridad electoral que una vez se analice el presente y en su momento procesal oportuno se emita resolución conforme a Derecho.
CUARTO.- Los anteriores motivos de agravio expresados por la parte actora, en lo medular se circunscriben a las siguientes cuestiones:
b) La indebida valoración de las pruebas y la errónea interpretación que la autoridad responsable realizó de los hechos que se pusieron a su consideración, pues había elementos suficientes para determinar la autoría y participación de diversos servidores públicos, en especial, la del Presidente Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el retiro de propaganda electoral del Partido Acción Nacional, lo cual constituyó una conculcación a las normas electorales.
Tal determinación la sustenta en que, desde su perspectiva, la queja a estudio se instauró contra presuntos actos realizados por autoridades del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, de Pachuca de Soto, Hidalgo, quienes no pueden ser sujetos de un procedimiento administrativo, ya que atentos al contenido de lo que disponen los numerales 264, 265, 266, 267, 268 y 269 del Código sustantivo de la materia, así como el Reglamento para la tramitación de los procedimientos de faltas y aplicación de sanciones administrativas que regula el Libro Quinto, Título Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral únicamente se encuentra facultada para iniciar un procedimiento sancionador, en relación a las faltas cometidas por partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, observadores electorales y organizaciones a las que pertenezcan dichos observadores.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
PRIMERO. Se revoca la resolución CG62/2007 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la sesión extraordinaria de veintitrés de marzo de dos mil siete.
Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien formula voto particular, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-22/2007, LA CUAL FUE APROBADA POR SEIS VOTOS EN FAVOR.
Lamento disentir de la resolución mayoritaria que se pronuncia en el presente recurso de apelación, con profundo respeto y reconocimiento a la trayectoria como juzgadores de la magistrada y los cinco restantes magistrados, por lo cual me permito formular voto particular con las consideraciones jurídicas que, a mi juicio, debían sostenerse en el presente asunto. Para los integrantes de la posición mayoritaria, los agravios expresados por el Partido Acción Nacional son considerados como fundados, a diferencia de mi conclusión que es por estimarlos infundados y que, en consecuencia, debe confirmarse la resolución de desechamiento.
Desde mi perspectiva, en el asunto no existen elementos o indicios (así sea leves) que evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal, de las cuales sí le corresponda conocer al Instituto Federal Electoral (a través de la Junta General Ejecutiva y el Consejo General), como autoridad investigadora y sancionadora. En el asunto, el denunciante no aportó algún medio de convicción que permitiera ese alcance, ya que sólo hasta su recurso de apelación hace una imputación que no era directa, inmediata o natural.
Con la postura que sostengo, en primera instancia, lo que se fortalece es el principio de legalidad, el cual debe imperar en todo Estado constitucional y democrático de derecho. Ciertamente, en el ordenamiento jurídico nacional existe un sistema de distribución de competencias entre autoridades de los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipales, e incluso en cada uno de dichos niveles, también existen autoridades federales que son competentes para conocer de ciertos actos, en razón de la materia (algunas autoridades conocen de infracciones administrativas y otras, de civiles, o bien, laborales, penales, civiles o políticas). No hay autoridades con competencias ilimitadas u omnicomprensivas.
Igualmente, con una conclusión como la que propongo, no se produce ningún riesgo de impunidad ni se resquebrajan los principios rectores de la función electoral. Lo anterior es así, porque: Primero, si de los elementos probatorios aportados por el quejoso únicamente hay datos (así sea indiciarios) que involucran a servidores públicos federales, estatales y municipales, en la comisión de conductas ilícitas que incidan en el proceso electoral federal, y dichos elementos probatorios no permiten relacionar, de manera directa, natural o lógica e inmediata, a un partido político nacional, entonces debe darse vista al ministerio público federal.
En el presente asunto no hay indicios, así sea leves, que involucren al partido político nacional en los hechos. Las documentales constituyen un indicio que estaría circunscrito hacia los servidores públicos municipales, no al partido político. Fuera de esto último, sólo existe una referencia hasta el recurso de apelación, por la cual se sostiene que como es posible que los servidores públicos municipales estén actuando por instrucciones de sus superiores y que uno de ellos es el presidente municipal y que éste, a su vez, fue postulado por el partido político nacional denunciado, en consecuencia, dicho instituto político debe ser responsable, en virtud de la culpa in vigilando, de la conducta de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Esta mera afirmación del apelante (que ni siquiera figuró en la queja) es insuficiente para desencadenar una investigación en el ámbito administrativo sancionador, porque es dogmática y que sugiere una inferencia mediata, indirecta, no natural o lógica.
A mi juicio, el estudio de los agravios debía concluir en que no le asistía la razón al actor.
En efecto y según lo precisa la responsable, el Partido Acción Nacional refería que cuatro personas del sexo masculino que portaban uniformes de la presidencia municipal de Pachuca de Soto, estaban retirando diversos anuncios mini espectaculares de propaganda del candidato a diputado federal por el 06 Distrito Electoral Federal de dicho instituto político, los cuales estaban colocados en diversas vialidades de dicha ciudad.
No hay elementos probatorios (así sea indiciarios) por los cuales se pusiera de relieve que, en los supuestos hechos (retiro de mini-espectaculares), estuviera involucrado un partido político nacional. Es decir, las pruebas que constan en autos (seis oficios y un escrito de partido político, así como un convenio de colaboración) no permiten desprender algún dato indiciario en tal sentido. Además, tampoco la autoridad responsable, de oficio, allegó más probanzas al expediente, puesto que la misma estimó que era incompetente.
En efecto, en las pruebas que constan en autos, sólo se hacen ciertas referencias a personal del ayuntamiento municipal de Pachuca de Soto (en forma genérica, sin identificarlos por nombre y apellidos) y al ciudadano presidente municipal de Pachuca de Soto, así como al retiro de propaganda electoral que supuestamente estaba colocada en camellones, glorietas, áreas verdes y monumentos históricos.
Sin embargo, ni en la queja como tampoco en tales documentales se precisan las conductas omisas o activas en que hubiere incurrido el partido político nacional (Partido Revolucionario Institucional); tampoco, se expresan circunstancias de modo, tiempo y lugar que involucren directa o indirectamente a un partido político nacional o coalición en específico (como lo es el Partido Revolucionario Institucional), o bien, que permitan establecer elementos fácticos que, así sea en la forma de un leve indicio, puedan ser la base mínima indispensable para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, en su fase inquisitiva. No hay un principio de prueba que permita establecer que la versión planteada en la queja (responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional) está suficientemente sustentada para considerar su probable responsabilidad en los hechos de que se trata (retiro de mini-espectaculares de un candidato a diputado federal, de diversas vialidades de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo).
En efecto, ni en el escrito de queja del quince de junio de dos mil seis, el cual está suscrito por la Lic. Gonzalo Trejo Amador, quien se ostenta como representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, en el Estado de Querétaro, así como el resto de las documentales, hay elementos que llevan a establecer algún vínculo leve sobre la responsabilidad del partido político nacional.
Empero, de la supuesta realización de ciertas conductas por cuatro personas que laboraban en el ayuntamiento municipal de Pachuca de Soto, y de la probabilidad de que sus superiores hubieran ordenado el retiro de la propaganda, no se sigue, en forma inequívoca e ineluctable, que el Partido Revolucionario Institucional también fuera responsable por los actos de dichos servidores públicos, como lo plantea el Partido Acción Nacional en su recurso de apelación. Tampoco hay elementos indiciarios (así sea leves) que debieran corroborarse, a partir siquiera de un principio de prueba, porque las documentales aportadas no contenían datos o circunstancias que justificaran la realización de diligencias indagatorias por la autoridad electoral federal para verificar o desvanecer circunstancias que no se desprendían lógica o naturalmente de las mismas probanzas. No existe coherencia narrativa ni un vínculo de inmediatez entre los probables elementos fácticos que derivan de las pruebas referidas y los supuestos "indicios iniciales" que expresa el actor, hasta su recurso de apelación.
Por el hecho de que servidores públicos municipales hubieran recibido instrucciones de su superior (Presidente municipal), para retirar propaganda del Partido Acción Nacional, en forma directa e inmediata, no se sigue que el Partido Revolucionario Institucional sea responsable de la supuesta conducta individual de personas físicas, en tanto autores intelectuales o materiales. No está demostrado que alguno de los servidores públicos referidos en la queja milite en el Partido Revolucionario Institucional, ni siquiera mediante alguna prueba indiciaria. Inclusive, aun si estuviera demostrado que alguno de los servidores públicos municipales militara en el Partido Revolucionario Institucional, tampoco esa circunstancia, por sí misma, sería suficiente para determinar alguna responsabilidad para dicho instituto político.
En forma incorrecta, el partido político quejoso pretende el establecimiento de una heterorresponsabilidad o responsabilidad por el hecho ajeno (el Partido Revolucionario Institucional, en cualquier circunstancia o con independencia de las propiedades relevantes del caso, es responsable de la conducta de sus militantes) derivada de un derecho administrativo sancionador de actor (eres responsable por tu condición de partido político), a partir de una lectura incorrecta de lo previsto en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en cuyo texto, en principio, se establece la calidad de garante de los partidos políticos), así como una interpretación y aplicación imprecisa de la tesis relevante que tiene el rubro PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.1
La tesis es correcta en principio, pero a través de la lectura de la misma, no puede afirmarse que el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Hidalgo, haya actuado a través del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, ya que las pruebas aportadas por el quejoso no demuestran, ni llevan al convencimiento indubitable de que así haya sucedido. Lo único que puede apreciarse de los instrumentos de probanza es que de los mismos se observa a ciertos sujetos, identificados por el partido actor, como supuestos trabajadores de tal ayuntamiento; mismos que realizan conductas consistentes en el retiro de la propaganda del candidato a diputado en la pasada elección del dos mil seis, pero no puede llegarse a la convicción plena de que el Partido Revolucionario Institucional, en una desbordada "calidad de garante", incumpliera un deber de cuidado que, según se vio, resultaba de desproporcionada exigencia, según como en forma equivocada se plantea en la demanda del Partido Acción Nacional, porque, sus inferencias o deducciones, no eran lógicas, inmediatas ni directas.
Debe decirse que si bien es cierto que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Federal Electoral y que, en el ejercicio de esa función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios rectores; también lo es que el Instituto no puede vigilar todos y cada uno de los actos que realizan los militantes o simpatizantes de los partidos políticos. Ahora bien, esto no quiere decir que el Instituto no ejerza sus facultades de investigación cuando se suscite un hecho contrario a las leyes en materia electoral, pero, hasta el propio Instituto tiene limitantes señaladas en la ley, y, en el caso concreto, no podía iniciar una investigación puesto que el partido demandante no alegó (fuera de su inferencia no directa, natural o lógica que formuló en su recurso de apelación) ni aportó elementos que arrojaran siquiera un leve indicio para que el Instituto iniciara una línea de investigación y, a la postre, se pronunciara sobre el particular.
Lo anterior, como quedó evidenciado, no resulta suficiente para demostrar la participación de los sujetos denunciados en los hechos cometidos, ni mucho menos la participación directa o indirecta del Partido Revolucionario Institucional; por lo que, a mi juicio, debía confirmarse la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Sesión Extraordinaria de veintitrés de marzo del año dos mil siete.

References: resolución 
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 artículo 270
 artículo 38
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 270
 artículo 5
 artículo 270
 artículo 131
 artículo 264
 artículo 264
 artículo 16
 artículo 15
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 artículo 19
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 artículo 41
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 artículo 19
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 artículo 38
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 artículo 82
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 ARTÍCULO 187
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 artículo 38
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