Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-016-10.htm
Timestamp: 2018-01-22 12:35:39+00:00

Document:
T-016-10
Sentencia T -016/10
Sentencia T-016/10
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL-Recuento sobre la situación particular
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL-Resolución recurso de reposición sobre reconocimiento de pensión de jubilación
Referencia: expediente T-2378785
Acción de tutela instaurada por STELLA QUIROGA PÁEZ en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE y otro.
Bogotá, DC., veintidós (22) de enero de dos mil diez (2010).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVAN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
La ciudadana STELLA QUIROGA PÁEZ, a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE por considerar que esta entidad vulneró su derecho fundamental de petición, con base en los siguientes hechos:
1. Mediante derecho de petición del año 2006, la accionante solicitó a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE el reconocimiento y pago de la pensión, a la cual tienen derecho los docentes que hubieren cumplido veinte (20) años de servicio en la educación oficial y contaren con cincuenta (50) años de edad.
· Copia del recurso de reposición presentado el 4 de febrero de 2009.
· Acción de tutela recibida por la administración judicial el 3 de julio de 2009.
· Sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales del 17 de julio de 2009.
· Escrito del 16 de julio de 2009 del Ministerio de la Protección Social por el cual manifestó que la entidad obligada a pronunciarse sobre la petición de la accionante es CAJANAL.
· Impugnación del fallo de tutela.
· Sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales del 4 de agosto de 2009.
8. La accionante solicita se proteja su derecho fundamental de petición y se ordene a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE dar repuesta de fondo a la petición presentada el 4 de febrero de 2009.
El juzgado basó su determinación en la improcedencia de la acción de tutela, tras considerar que “la conducta de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EICE en los actuales momentos no comporta una vulneración del derecho de petición de la señora Quiroga Páez, como quiera que es sabido que la entidad mencionada atraviesa por serios problemas estructurales y, por ello, mientras no se supere el atraso que presenta la entidad, no puede afirmarse que la omisión de dar repuesta oportuna al recurso de reposición interpuesto resulte imputable a título de dolo o culpa de las autoridades responsables de CAJANAL”.
13. La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional debe determinar si la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante, al no haber resuelto el recurso de reposición interpuesto el 4 de febrero de 2009 contra la resolución 62990 del 31 de diciembre de 2008.
La procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia.
15. La acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho de petición, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corte en diferentes sentencias[1]. Asi en la sentencia T-814 de 2005, la Corte Constitutional precisa que “la Constitución Colombiana, establece que el derecho de petición –Art. 23- es fundamental. Por tanto, es una garantía de aplicación inmediata y de exigibilidad directa ante las autoridades judiciales a través de la acción constitucional de tutela”.
Más exactamente la acción de tutela es un mecanismo que estableció la Constitución Política de 1991 en su artículo 86, para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos casos, por parte de un particular. Por lo tanto, se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo, sumario, residual y subsidiario[2], que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no procede cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se configure un perjuicio irremediable[3], caso en el cual, la tutela procede como mecanismo transitorio, hasta que la autoridad correspondiente decida de fondo sobre el asunto.
16. El reconocimiento de derechos pensionales es en principio un asunto ajeno a la acción de tutela pero las solicitudes que los particulares hagan ante las autoridades responsables sobre estos derechos, constituyen derechos de petición cuya protección, como se dijo anteriormente, es procedente por vía de tutela. En estos casos, la competencia del juez de tutela debe limitarse a la verificación de los plazos establecidos por la ley para dar respuesta a las solicitudes elevadas por los peticionarios[4].
El derecho fundamental de petición.
18. La Corte Constitucional en varias ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de tutela[5]. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular y el derecho a obtener de éstas dentro del término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración[6]. La respuesta debe cumplir los términos previstos en las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo pedido y ha de ser comunicada al demandante[7].
21. En el caso especifico de que la administración no tramite o no resuelva los recursos interpuestos en la vía gubernativa, dentro de los términos legalmente señalados, se vulnera el derecho de petición.
Es a través de este derecho que el administrado puede elevar ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener bien sea la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto administrativo y, el hecho de que el administrado pueda acudir ante la jurisdicción Contencioso Administrativa una vez vencido el término de dos (2) meses previsto en el artículo 60 C.C.A[8]., “no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.
El plazo para resolver las peticiones por parte de las entidades que prestan el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales.
Adicionalmente ha precisado que el reconocimiento de derechos pensionales es, en principio, un asunto ajeno a la acción de tutela. En consecuencia, en este caso, la competencia del juez de tutela debe limitarse a la verificación de los plazos establecidos por la ley para dar respuesta a las solicitudes elevadas por los peticionarios. Este principio se basa en la voluntad de garantizar una respuesta que resuelva lo pedido y en el evento en que se compruebe que no se cumplieron los plazos, sólo se podrá tutelar el derecho de petición[9].
La situación particular de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE.
26. La Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE fue creada mediante la Ley 6 de 1945, como un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio y con funciones tales como las de atender el reconocimiento y pago de auxilios de cesantía, pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, seguro por muerte, auxilios por enfermedad, asistencia médica y gastos de entierro de los empleados y obreros de carácter permanente al servicio de la Nación, en cualquiera de las ramas del poder público.
30. En ese mismo año, la Corte Constitucional se ocupó de la situación de la Caja, que había generado la imposibilidad de atender de manera adecuada y oportuna sus funciones, particularmente lo relativo al trámite y reconocimiento de pensiones[10].
32. Censuró la Corte en esa ocasión la que denominó “… inveterada costumbre de CAJANAL de idear ‘fórmulas jurídicas’ para faltar a su deber constitucional y legal de dar pronta resolución a las peticiones ante ella formuladas.” En ese contexto la Corte expresó que, “[s]umado a la mora habitual en responder las peticiones, Cajanal se ha llenado de vicios en sus procedimientos (formatos preimpresos, que anuncian la respuesta el mismo día sin considerar las particulares circunstancias de los petentes, la interpretación propia que han elaborado del artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, las amenazas a los solicitantes para que no presenten tutela, etc )…”.
4. En todo caso, cuando la respuesta, aún excediendo los plazos a los que se ha hecho alusión, se produzca en un término que pueda considerarse razonable a la luz de las circunstancias debidamente explicadas al juez, dicha explicación se tendrá como válida para enervar las sanciones por desacato, aún cuando sea aportada de manera extemporánea.”
El 3 de junio de 2009, el Plan de Acción fue presentado a la Sala, y aprobado por esta mediante Auto de Seguimiento número 305 de 2009, en cuanto a los siguientes aspectos: (i) el traslado de los afiliados de CAJANAL a la Administradora del Régimen de Prima Media del Instituto de Seguro Social – ISS, y (ii) los tiempos propuestos por la entidad para responder solicitudes represadas de: reconocimiento de pensiones (9 meses), indemnización sustitutiva (10 meses), reliquidación de pensiones (10 meses) y derechos de petición (3 meses).
Mediante escrito radicado en la Corte Constitucional, el 26 de junio de 2009, la Liquidadora de CAJANAL expresó que se reiteraban “… los compromisos expresados por el Gobierno en el Plan de Acción, presentado a la Corte el pasado 3 de junio en cumplimiento de la Sentencia T-1234 de 2008 …”
39. El 3 de julio de 2009, la actora interpuso a acción de tutela que ahora ocupa la atención de la Sala, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, debido a que la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE no ha dado repuesta de fondo a un recurso de reposición presentado el 4 de febrero de 2009 contra la resolución 62990 del 31 de diciembre de 2008.
42. Así, según el artículo 3 del decreto 2196 del 12 de junio de 2009, “en todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines a dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4° del presente Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente CAJANAL EICE en Liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007”.
45. Nótese que la presente acción fue interpuesta el 3 de Julio del 2009 y que el 18 de enero del 2010 CAJANAL EICE no había dado respuesta alguna. Lo anterior supone que, de conformidad con las reglas reseñadas en el parágrafo 24 de esta decisión, no existe justificación alguna del proceder de la entidad accionada. En efecto, como se observa en dichas reglas, la entidad ha debido contestar el recurso de reposición interpuesto el 4 de febrero de 2009 contra la resolución 62990 de 2008 dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del mismo, por configurar este acto la hipótesis prevista en el literal c) de dicha jurisprudencia: “c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo”
Primero: REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del distrito judicial de Manizales el 4 de agosto de 2009 mediante la cual se confirmó la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales del 17 de julio 2009, por las consideraciones expuestas en esta providencia y en su lugar CONCEDER el amparo deprecado.
Segundo: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la ciudadana STELLA QUIROGA PÁEZ y, en consecuencia, ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en Liquidación resolver el recurso de reposición, de forma clara y precisa, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia.
Tercero: LIBRAR por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[1] Por ejemplo, se pueden citar, entre muchas otras, las sentencias T-312 de 2006, T-814 de 2005 y T-377 de 2000.
[2] Sobre este aspecto ver por ejemplo las sentencias T-827 de 2003, T-1089 de 2005 y T-015 de 2006.
[3] Entre muchas otras, ver las sentencias T-1670 de 2000, T-827 de 2003 y C-1225 de 2004.
[4] Ver entre otras las sentencias T-657 y T-692 de 2004, T-012 y T-213 de 2005, T-410 y T-474 de 2009.
[5] Por ejemplo, ver, las sentencias SU-166 de 1999; T-079 de 2001; T-129 de 2001; T-396 de 2001; T-418 de 2001; T-537 de 2001; T-565 de 2001 y T-1089 de 2001.
[6] Ver entre otras las sentencias T-076 de 1995 y T-491 de 2001.
[7] Por ejemplo, ver la sentencia T-045 de 2007.
[8] ART. 60 CCA-. “Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.
“La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le implide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
[9] Lo expresado anteriormente, ha sido reiterado posteriormente en diversas oportunidades, por ejemplo en las sentencias T-657 y T-692 de 2004, T-012 y T-213 de 2005, T-410 y T-474 de 2009.
[10] Sentencias T-068, T-167 y T-439 de 1998.

References: resolución 
 artículo 86
 artículo 60
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 resolución 
 artículo 36