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SEMINARIO-TALLER Justicia y Pueblos Indígenas
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Purificación García Aguirre
1 2 SEMINARIO-TALLER Justicia y Pueblos Indígenas Proyecto de Fortalecimiento de Abogados Indígenas Oaxaca, México3 Due Process of Law Foundation (DPLF) Fundación para el Debido Proceso Legal 1779 Massachusetts Ave. NW, Suite 510A Washington, DC ISBN: Coordinación Editorial: Katya Salazar Edición, Diseño, y Diagramación: Eileen Rosin Impreso en Oaxaca, México por Carteles Editores4 AGRADECIMIENTOS E sta actividad no se hubiera podido llevar a cabo sin el importante apoyo de personas interesadas en mejorar la situación de los pueblos indígenas en el estado de Oaxaca. De manera especial queremos agradecer a los ponentes, algunos de ellos llegados desde el Distrito Federal, Chiapas, Chile, Colombia, Costa Rica y los Estados Unidos, quienes no sólo fueron una fuente de información sino también de inspiración para los participantes. Asimismo, queremos agradecer a Jaime Mario Pérez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, y a Rosario Villalobos, subsecretaria de derechos humanos del gobierno de Oaxaca, por la confianza y el apoyo brindado a DPLF y CEDHAPI en el desarrollo de este proyecto. Queremos hacer un reconocimiento especial a Iris López, Bernardo Rodríguez y Rodrigo Cruz Iriarte (Comisión Estatal de Derechos Humanos), Migdalia Mingüer, Francisco Enríquez y Daniel III Álvarez (Subsecretaría de Derechos Humanos), Beatriz Hernández (CEDHAPI), y Laura Park (DPLF). Sin su apoyo incansable durante la preparación y desarrollo del evento, este no se hubiera podido llevar a cabo. También deseamos agradecer a Jan Perlin, por su presencia constante, sus consejos y amistad, y a Eileen Rosin, quien se encargó de la edición y diagramación del texto. Finalmente, deseamos reconocer el interés y la energía puesta por todos los abogados indígenas que participaron en este seminario-taller. Sin su participación activa, así como sus esfuerzos para hacer realidad los sueños de un futuro en el cual todos los oaxaqueños tengan las mismas posibilidades de acceder a la justicia, este seminariotaller hubiera sido sólo un ejercicio académico y no un paso adelante en la búsqueda de justicia. Eduardo Bertoni Director Ejecutivo, DPLF Página iii5 Justicia y Pueblos Indígenas iv P ágina6 INSTITUCIONES ORGANIZADORAS La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) fue creada por el Profesor Thomas Buergenthal, actual juez de la Corte Internacional de Justicia, y sus colegas de la Comisión de la Verdad para El Salvador. DPLF es una organización no-gubernamental con sede en la ciudad de Washington, D.C., que tiene como mandato promover la reforma y modernización de los sistemas nacionales de justicia así como la plena implementación de los estándares internacionales de derechos humanos en las legislaciones nacionales. Para mayor información, consulte la página web: El Centro de Derechos Humanos y Asesoría para Pueblos Indígenas (CEDHAPI) es una asociación civil localizada en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, cuyo mandato es proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Para cumplir con su misión, CEDHAPI tiene a su cargo la defensa legal en casos de violación de derechos humanos principalmente de pueblos indígenas en los ámbitos local e internacional, además de tareas de diagnóstico, investigación, capacitación y difusión. En marzo de 2005 participó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer sobre la situación de los indígenas sujetos a procesos penales en Oaxaca, y en marzo de 2006 expuso ante el mismo órgano sobre la situación de las mujeres en el estado de Oaxaca, especialmente mujeres indígenas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (CEDHO) es un organismo público que tiene como objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Recibe y tramita las quejas que los particulares presentan por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por autoridades y servidores públicos estatales o municipales. Si del análisis del caso se descubre una violación a los derechos humanos, la CEDHO emite una recomendación a fin de que se restituya al quejoso en el goce de sus derechos, se repare el daño y si fuera el caso, se sancione al responsable de dicha violación. De este modo, la Comisión contribuye a satisfacer la necesidad del pueblo oaxaqueño de tener garantizados sus derechos y libertades, así como la pronta procuración e impartición de justicia. La Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno del estado de Oaxaca es una instancia adscrita a la Secretaría General de Gobierno encargada de coordinar y articular la política en la materia, y fomentar, promover y divulgar una cultura de respeto a los derechos humanos entre las dependencias y entidades del poder ejecutivo. También coordina las acciones de las distintas dependencias y entidades para fortalecer la promoción y defensa de estos derechos. Entre sus acciones, da atención y seguimiento a expedientes de derechos humanos emitidos por las comisiones estatal, nacional e interamericana de derechos humanos; implementa un programa de profesionalización en la materia dirigido a servidores públicos; y realiza campañas de promoción de los derechos humanos. Esta instancia funge como enlace con los organismos gubernamentales de derechos humanos en el país y es el vínculo con organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y demás instancias de carácter internacional. Página v7 Justicia y Pueblos Indígenas vi P ágina8 ÍNDICE Agradecimientos Instituciones Organizadoras Introducción 1 TEMA I: Sistema de Administración y Procuración de Justicia y Pueblos Indígenas en Oaxaca Maurilio Santiago Reyes 5 Raúl Mejía Garza 7 Evencio Martínez Ramírez 10 Elisa Cruz Rueda 13 Mesa de Trabajo/Conclusiones: Tema I 17 iii v 5 TEMA II: Experiencias Comparadas de Litigio en Defensa de Indígenas y Pueblos Indígenas Jaime Madariaga 19 Miguel Ángel de los Santos 23 Israel Ochoa Lara 25 Mesa de Trabajo/Conclusiones: Tema II TEMA III: Derecho Indígena y Derecho Oficial Principales Problemas y Algunas Pautas de Coordinación para Oaxaca Esther Sánchez 29 Eduardo Martínez Loyola 34 Heriberto Antonio García 37 Pedro Garzón López 41 Mesa de Trabajo/Conclusiones: Tema III TEMA IV: Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas Maurilio Santiago Reyes 47 Víctor Rodríguez Rescia 48 Ricardo Sepúlveda Iguíniz 50 Mario Solórzano Betancourt Página vii9 Justicia y Pueblos Indígenas viii P ágina10 Introducción E ntre los días 16 y 18 de noviembre de 2005 se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, México, el seminario-taller titulado Justicia y Pueblos Indígenas, organizado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría para Pueblos Indígenas (CEDHAPI), con el auspicio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca y la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca. Este seminario-taller se llevó a cabo en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Abogados Indígenas en Oaxaca, que DPLF y CEDHAPI ejecutaron entre julio de 2005 y julio de 2006, con el apoyo del Fondo Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés) y que tuvo como objetivo principal identificar y capacitar a un grupo de abogados indígenas para que pudieran convertirse en profesionales líderes en la defensa y promoción de los derechos tanto individuales como colectivos de la población indígena en Oaxaca. La iniciativa para llevar adelante este proyecto surgió en marzo de 2005, cuando CEDHAPI, el despacho Asesoría Jurídica Popular, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Mogón y DPLF participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., donde expusieron las violaciones al debido proceso que sufrían los indígenas sometidos a procesos penales en el estado de Oaxaca. Uno de los temas más relevantes y donde coincidieron tanto representantes del Estado mexicano como las organizaciones participantes, fueron las debilidades en la defensa técnico-legal que se le brinda a las personas indígenas y por ende, la necesidad urgente de fortalecer y capacitar abogados indígenas en el estado. Este proyecto pretende ser un aporte en ese sentido. El seminario-taller tuvo un número limitado de participantes, pues se quiso promover los espacios de discusión e intercambio de experiencias, especialmente con los expertos venidos de fuera de Oaxaca. Entre los participantes, estuvieron defensores de oficio adscritos a la Procuraduría de Defensa del Indígena (PRODI), funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas, abogados indígenas con experiencia en la representación legal de indígenas, y recién graduados de escuelas de derecho con experiencia e interés en esta materia. Estos últimos fueron seleccionados a partir de una convocatoria pública que se difundió en todo el estado. Asimismo, se contó con la participación de destacados ponentes nacionales, no sólo de Oaxaca, sino también de Chiapas y el D.F., así como expertos llegados de Chile, Colombia y Costa Rica, además de un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las presentaciones se dividieron en cuatro bloques temáticos y una jornada de mesas de trabajo. La presente publicación recoge un resúmen de las ponencias presentadas y las principales conclusiones a las que llegaron las mesas de trabajo. Con la finalidad de introducir a los participantes en la problemática, el Tema I se tituló Sistema de Administración y Procuración de Justicia y Pueblos Indígenas en Oaxaca, y estuvo a cargo de Maurilio Santiago, presidente de CEDHAPI, quien desarrolla algunas de las garantías del debido proceso dirigidas a proteger a personas indígenas procesadas penalmente en Oaxaca, y los obstáculos que existen para su aplicación práctica. Por su parte, Raúl Mejía, Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, desarrolla algunas de las reformas más importantes que se han hecho al sistema jurídico mexicano durante los últimos años, entre ellas la reforma constitucional a la estructura municipal de 1999 y la reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas de Mejía resalta el uso Página 111 Justicia y Pueblos Indígenas que han hecho los municipios del litigio para consolidar los cambios que la reforma de 1999 estableció y sugiere seguir esta estrategia para lograr el cumplimiento de lo establecido en el artículo segundo constitucional, en beneficio de los pueblos indígenas. Sus recomendaciones adquieren especial relevancia en un estado como Oaxaca, que cuenta con 570 municipios, la mayoría de ellos con alta población indígena. Evencio Martínez, Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, desarrolla algunas de las garantías fundamentales que todo proceso penal en Oaxaca reconoce a favor del inculpado y en particular, aquellas que buscan proteger a los procesados indígenas, como el derecho a contar con un traductor o el deber del juzgador de tomar en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar en que sucedieron los hechos. Martínez diferencia entre el proceso contra personas indígenas que se sigue según el derecho oficial ante los tribunales del Estado, de los procesos seguidos al interior de las comunidades, utilizando el derecho propio. En ese sentido, resalta la importancia de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, que reconoce la existencia de estos sistemas normativos propios de las comunidades indígenas, pero reconoce la falta de una adecuada implementación de esta ley. Por su parte, Elisa Cruz, abogada y antropóloga, también destaca la importancia de normas de reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas, tanto a nivel federal como estatal, pero señala que este reconocimiento no ha sido suficiente pues no ha habido una labor seria de implementación. Por ejemplo, no se ha capacitado al personal de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia (tanto a jueces como a operadores de justicia) ni se ha promovido que defensores particulares y de oficio conozcan la cultura del pueblo indígena del que provienen sus defendidos, lo que les permitiría alegar agravantes o atenuantes basadas en la diferencia cultural. El Tema II se tituló Experiencias Comparadas de Litigio en Defensa de Indígenas y de Pueblos Indígenas. Jaime Madariaga, abogado chileno, comparte su experiencia como abogado litigante y previamente como defensor publico, en la defensa de miembros del pueblo mapuche y empieza haciendo una reseña de la situación actual del pueblo mapuche en Chile, y de cómo se han tenido que enfrentar a empresas forestales que pretenden despojarlos de las tierras que han venido ocupando durante siglos. En medio de ese conflicto, muchas veces los hechos imputados a los mapuche han sido calificados injustamente como terrorismo, lo que ha implicado un trabajo muy complejo de defensa legal. Madariaga toca también el tema de la reforma procesal penal que se quiere implementar en Oaxaca, resaltando las ventajas y advirtiendo sobre algunos de los problemas que enfrentaron en Chile durante el proceso de implementación. En ese marco, resalta la necesidad de que los abogados en Oaxaca se preparen muy bien en el nuevo sistema y sean capaces de usar todas las armas que el derecho oficial les brinda para defender a procesados indígenas ante los tribunales locales. Miguel Ángel de los Santos, asesor de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, menciona los principales problemas que se presentan en la defensa legal de indígenas en ese estado: procesos penales llenos de irregularidades y muchas veces por hechos que en la cultura indígena no configuran delitos. Por esa razón, es necesario que los funcionarios que están a cargo de impartir justicia no sólo sean capacitados sino que tomen conciencia y asuman una nueva actitud frente a los casos en que están involucrados indígenas. En particular, de los Santos recomienda incorporar a los procesos penales los peritajes antropológicos a favor de indígenas procesados, y que éstos sean realmente evaluados por los jueces antes de tomar una decisión. Israel Ochoa, director del despacho Asesoría Jurídica Popular, señala que en su experiencia de abogado defensor de indígenas, tanto en sus derechos individuales como colectivos, los prin- 2 P ágina12 Introducción cipales problemas legales que se han presentado son consecuencia de conflictos sobre tierras comunales y ejidales, conflictos post-electorales, o casos de indígenas acusados de pertenecer a algún grupo rebelde. Ochoa resalta la importancia de la denuncia pública además del trabajo legal, reconociendo que si bien la denuncia pública no es un elemento decisivo para la obtención de una sentencia absolutoria, contribuye a sensibilizar a los juzgadores al momento de dictar una sentencia, más aun cuando se denuncia públicamente las irregularidades que se presentan en los procesos penales. El Tema III se tituló, Derecho Indígena y Derecho Oficial: Principales Problemas y Algunas Pautas de Coordinación. Esther Sánchez, antropóloga colombiana, presenta la evolución que ha vivido Colombia de ser un país racista y discriminador de las minorías étnicas a ser un país con una política de reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y política. Sánchez analiza con detalle los grandes cambios constitucionales que se registraron en 1991 y que dieron lugar a esta nueva situación: el cambio de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho ; el cambio de un estado monocultural a un estado multicultural y pluriétnico; el reconocimiento constitucional de un sujeto colectivo de derecho (además del sujeto individual); el reconocimiento de un tratamiento distinto para ese sujeto colectivo de derecho; y finalmente, la posibilidad de recurrir al amparo o tutela por parte de ese sujeto colectivo. Eduardo Martínez, Subdirector de Asuntos Penales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señala que el orden jurídico nacional mexicano tiene una pretensión de reconocimiento, que en la práctica presenta muchas limitaciones. Martínez resalta dos aspectos fundamentales: el problema del idioma y la falta de traductores, y un sistema de defensa pública que no se ha planteado acciones concretas para atender los problemas de la población indígena. Martínez resalta que siguen existiendo muchas contradicciones entre la Constitución Federal y las normas de menor rango y afirma que, a pesar de las reformas legales, la visión del funcionario público mexicano sigue siendo monocultural, por lo que, aunque las leyes cambien la aplicación de las mismas, seguirá siendo equivocada. Antonio García, Director del Área de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca desarrolla detenidamente tres aspectos: el acceso a la justicia, la procuración e impartición de justicia, y la imposición de penas a miembros de los pueblos indígenas. Asimismo, presenta algunas de las contradicciones que la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas aún mantiene con algunas normas vigentes y con la propia Constitución del estado. García también menciona el proyecto de nuevo Código de Procedimientos Penales que se quiere implementar en Oaxaca y explica los beneficios que traería en aclarar los alcances y límites del derecho indígena. Pedro Garzón, abogado oaxaqueño y profesor universitario, señala que es frecuente que las relaciones entre el derecho indígena y el derecho estatal se desenvuelvan de manera conflictiva. Para solucionar esto, él considera necesario establecer ciertas reglas de coordinación entre ambos sistemas, las mismas que deberían establecer límites para el derecho indígena. Él sugiere que estos límites se basen en dos principios: la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas; y la minimización de las restricciones a sólo las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía. Tomando como referente la jurisprudencia colombiana, sugiere que los límites se restrinjan a derechos humanos como la vida, la integridad física, la no tortura y al debido proceso, de acuerdo a las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas. Garzón señala que Oaxaca ha marcado un precedente muy importante con su Ley de Derechos de Los Pueblos y Comunidades Indígenas, aunque lamentablemente esta norma no se consultó con los diferentes sectores organizados que representan a los pueblos indígenas, siendo esa una de sus principales debilidades. Página 313 Justicia y Pueblos Indígenas El Tema IV se tituló, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los Pueblos Indígenas. Víctor Rodríguez Rescia, abogado y profesor de derecho internacional y derechos humanos, resalta el aporte del sistema interamericano de derechos humanos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero sugiere que la solución a sus problemas debe promoverse a nivel interno, usando los marcos establecidos por los instrumentos internacionales. Aunque la faceta de litigio del Sistema Interamericano es la mas conocida, Rodríguez resalta los beneficios de otras facultades del sistema, en particular aquellas dirigidas a promover y difundir los derechos humanos en el continente. Ricardo Sepúlveda, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, México es claro en señalar que la justicia en México esta en crisis, y que este problema afecta a todos los mexicanos, no solo a los pueblos indígenas. Para enfrentar esta problemática, Sepúlveda señala que se vienen tomando diversas acciones, y entre ellas, la actual administración ha generado una política de estado en materia de derechos humanos, que reconoce y valora el uso por parte de los ciudadanos del Sistema Interamericano de derechos humanos. Sepúlveda menciona algunas de los principales obstáculos y ventajas del uso del Sistema Interamericano y finaliza su presentación resaltando el papel de los abogados en el logro de cambios sociales. Mario Solórzano, abogado y director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, desarrolla la manera en que México ha venido avanzando hacia un mayor reconocimiento de la legislación internacional y una mayor apertura hacia grupos internacionales que vigilan el respeto a los derechos humanos y hacia la cooperación internacional. Precisamente, esta nueva actitud promovió la elaboración en diciembre de 2003 de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, uno de los primeros esfuerzos de sistematización de recomendaciones hechas por organismos internacionales y de actualización de la situación de los derechos humanos en México, y que sirvió de base para elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos. Solórzano también desarrolla el trabajo que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos realiza en materia de justicia y pueblos indígenas. Con la finalidad de promover la discusión y el intercambio de experiencias entre expertos y participantes, se organizaron mesas de trabajo sobre los distintos temas que se tocaron en el seminario-taller. El trabajo de las mesas partió de preguntas motivadores que fueron discutidas entre las organizaciones convocantes y tuvo como objetivo ir más allá del diagnóstico y la crítica, para plantear propuestas concretas de cambio. Las principales conclusiones de las mesas de trabajo están incluidas al final de cada sección. Las organizaciones convocantes estamos muy satisfechas con los resultados obtenidos en el seminario-taller, pues no sólo tuvo el impacto esperado en los participantes, sino que fue una experiencia positiva de trabajo coordinado entre sociedad civil y estado. Sabemos que aún falta mucho por hacer para lograr la solución a los problemas de los pueblos indígenas en Oaxaca, pero creemos que esta iniciativa ha sido un aporte importante en ese camino. Katya Salazar, DPLF Maurilio Santiago, CEDHAPI 4 P ágina14 TEMA I Sistema de Administración y Procuración de Justicia y Pueblos Indígenas en Oaxaca Ponente: Maurilio Santiago Reyes Presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas AC (CEDHAPI). Miembro de la delegación de abogados oaxaqueños que participó en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los indígenas sujetos a procesos penales en Oaxaca, marzo de E n el estado de Oaxaca existe una gama de culturas; prueba de ello son los 16 pueblos indígenas que la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca (Ley de los Pueblos Indígenas) reconoce. Sin embargo, en la mayoría de los centros penitenciarios existen indígenas que no han tenido un debido proceso. A continuación, se analizará el contenido de tres artículos de nuestra legislación procesal penal relevantes en este tema. El artículo 242, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales (CPP) del estado de Oaxaca establece: La declaración preparatoria comenzará por las generales del indiciado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena a que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano, y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene a una defensa adecuada por sí, por abogado o por personas de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará uno de oficio... El contenido de este artículo es discriminatorio pues violenta lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Ley de los Pueblos Indígenas de Oaxaca al utilizar el término etnia indígena, mientras que estos dos ordenamientos utilizan el término pueblos indígenas. Ahora bien, en la práctica, al momento de tomar la declaración preparatoria de un indígena, se le pregunta, entiende el castellano?, y al lograr pronunciar bien su nombre, por ejemplo María o Juan, se presume que efectivamente lo entiende, aun cuando esto no sea cierto. Es decir, el juzgador no se cerciora si realmente el individuo perteneciente a un pueblo o comunidad indígena entiende y habla bien el castellano. Tampoco se tiene cuidado al utilizar expresiones jurídicas como, Usted está sujeto a un proceso penal. Qué dice usted respecto a los testigos que deponen en su contra?, frases que, desde luego, el indiciado no comprende. De otro lado, el primer párrafo del artículo 146 del CPP señala que: Cuando el inculpado, el ofendido, los testigos o los peritos no hablen el idioma castellano, se le nombrará de oficio uno o más intérpretes que deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de trasmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el intérprete haga la traducción. De la lectura de este artículo se tiene la idea de que en Oaxaca el proceso penal al que se ve sometido un indígena es excelente. Sin embargo, yo no conozco un solo caso en donde se haya escrito la declaración preparatoria rendida en alguna lengua indígena. De igual forma, no tengo conocimiento de que en los juzgados, sobre todo mixtos de primera instancia y que se encuentran alejados de la ciudad, exista un intérprete. Empero, se debe defender a ese indígena que no habla ni entiende bien el castellano y por lo tanto, tenemos que acudir a buscar algún familiar, amigo, o cualquier otra persona que pueda traducir lo que el inculpado tiene que manifestar para estar en la Página 515 Justicia y Pueblos Indígenas posibilidad de defenderlo, ya que el sistema de justicia no cuenta con un traductor, aun cuando así lo establece la ley. Otro artículo determinante cuando una persona indígena es sometida a un proceso penal, es el artículo 210 del CPP, que establece que: Todas las audiencias son públicas excepto en los casos que la moral exija lo contrario. La publicidad de las audiencias consiste en que cualquier persona familiar, amigo, etcétera podrá estar presente y observar el desarrollo de la audiencia. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando el detenido se encuentra a disposición del MP, las declaraciones se fijan para la medianoche, y en estos casos, evidentemente no se encuentra el defensor de oficio, y tampoco existe un intérprete. En la práctica del litigio, encontramos casos paradigmáticos en los cuales se violentan garantías individuales. Por ejemplo, en el año 2000, un indígena mixteco, Constantino Faustino Quiróz, de la comunidad El Mosco en el municipio de Santiago Ixtayutla, fue privado de su libertad y recluido en la cárcel de Jamiltepec, acusado del delito de homicidio. Esto sucedió cuando se presentó ante el agente del MP a denunciar el delito de despojo del que había sido objeto. Previamente, el MP había recibido una denuncia por el delito de homicidio contra una persona con el mismo nombre pero con los apellidos invertidos a la cuál no se había logrado capturar. El agente del MP le dice a Quiróz, ah, tú tienes una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Al no hablar español y carecer de recursos económicos para contratar a un abogado, Quiróz desafortunadamente fue a la cárcel por un delito que no cometió, y enfrentó un proceso penal sin saber exactamente por qué y quién lo acusaba. Paradójicamente, los testigos de cargo manifestaron que él no había sido el homicida y que la persona que había cometido ese delito aún se encontraba libre. Sin embargo, el juez argumentó que esas declaraciones carecían de valor probatorio. El proceso continuó y sólo después de un año, se logró comprobar la inocencia de Constantino Faustino Quiróz. Lo anterior nos muestra cómo el actual sistema de administración e impartición de justicia no funciona y cómo se cometen arbitrariedades en contra de los indígenas. Ahora bien, respecto a la reforma procesal penal y los juicios orales o sistema acusatorio que se pretende implementar en el estado de Oaxaca, no se está tomando en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas, razón por lo cual es importante que expongamos nuestras experiencias, que nos capacitemos, y que nos hagamos escuchar en los diversos foros en donde se discute esta reforma. 6 P ágina16 TEMA I: Sistema de Administración y Procuración de Justicia y Pueblos Indígenas en Oaxaca Ponente: Raúl Mejía Garza Secretario de Estudio y Cuenta del Ministro José Ramón Cossío, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Q uiero empezar mi presentación diciendo que estoy de acuerdo con la universalidad de los derechos humanos, y evidentemente estoy a favor de apelar a los órganos internacionales de derechos humanos, pero me parece que si no se da un énfasis en el contenido de las normas internas y no promovemos un cambio a nivel interno, vamos a terminar dando vueltas alrededor de lo mismo, usando el derecho internacional como una justicia remedial y no vamos a terminar de consolidar un cambio en la situación que estamos denunciando. En mi presentación voy a mencionar varias de las reformas mas importantes que se han hecho al sistema jurídico nacional durante los últimos años: la de 1994 (reforma de la Suprema Corte y sus procedimientos), 1999 (reforma constitucional a la estructura municipal) y la reforma constitucional de 2001 (tema indígena). De esta manera, quiero relatar de manera especial las coincidencias y el paralelismo que existe entre la reforma de la estructura municipal de 1999 y la reforma en materia indígena que hace el nuevo artículo segundo constitucional. Antes de las reformas de 1994, los municipios no tenían la posibilidad de apersonarse, ni contaban con legitimidad para reclamar invasiones a sus ámbitos de competencia. Lo único que los municipios podían hacer era acudir en demanda de amparo cuando se viera afectada su partida municipal y sólo en contra de los estados. En 1994, por fin se le da a los municipios la legitimación para acudir en amparo. Claramente los municipios no tienen garantías individuales sino un sistema de competencias atribuido y esto queda solucionado en las reformas de 1994 y 1995, pues terminan otorgándole al municipio la facultad de acudir en controversia constitucional e impugnar normas de los estados y de la federación. La reforma de 1999 es de especial relevancia, pues se da un cambio sustantivo: el municipio deja de ser una administración y se convierte en un nivel de gobierno. El cambio en el artículo 115 de la Constitución es claro, pues ahora los municipios son gobernados por los ayuntamientos en vez de administrados por ellos. Esto implica muchos cambios a nivel de servicios públicos, a nivel de responsabilidad de funcionarios públicos, a nivel de autonomía en la posibilidad de regular sus propios procedimientos administrativos y su propia administración pública municipal, etcétera. Sin embargo, después de la reforma de 1999, existen todavía muchos municipios a los cuales no se les han conferido las competencias que se les debían transferir, y aún existen muchísimos conflictos entre municipios y estados. Por qué? Porque existía una inercia estatal de ver al municipio como una mera administración del estado y no como algo que se podría contraponer o podía impugnar las decisiones del mismo estado frente al municipio. De qué manera se ha venido rompiendo la inercia de parte de los municipios? A través del litigio. Los municipios han sido los principales litigantes de controversias constitucionales de 2000 a la fecha, siendo la más importante el cuestionamiento de los municipios a la reforma al artículo segundo de la Constitución. Independientemente de este caso, queda claro que los municipios han logrado consolidar la reforma a su ámbito de gobierno a través del litigio. Otra cosa que me parece importante resaltar es que la Suprema Corte ya ha establecido de manera interpretativa que lo municipios son un orden constitucional parcial autónomo del orden estatal. El municipio ya no se encuentra subordinado al orden jurídico estatal, sino en línea horizontal en materia de distribución competencial. Ahora federación, estado y municipios están en el mismo nivel competencial, no hay jerarquía. Es así que ahora el municipio ocupa una nueva posición aunque, debo decir, no tan- Página 717 Justicia y Pueblos Indígenas to por la reforma constitucional de 1999 en sí, sino por toda las controversias constitucionales que se han presentado y ganado desde el año Esto me parece relevante, especialmente para Oaxaca, ya que es donde se encuentra la mayor cantidad de municipios. Se ve, entonces, como ahora el municipio puede ser una plataforma desde la cual se puede hacer litigio público en materia indígena. En cuanto a la posición de la Suprema Corte, cabe mencionar que desde la reforma de 1994 y con la de 1999, lo que se dio fue una tendencia interpretativa de la Corte a favor de los municipios. Mientras que los órganos del Estado pedían que se siga manteniendo la inercia, la Corte, especialmente después de la reforma de 1999, no podía ser más que pro municipio y de hecho esta tendencia se puede ver en la manera en que vienen siendo resueltas las controversias constitucionales. En agosto de 2001 se modifica el artículo segundo de la Constitución. Hubo una gran resistencia por parte de los municipios a aceptar la reforma porque no incorporaba los acuerdos de San Andrés, no se consultó directamente a los pueblos indígenas, etcétera. Por esta razón se impugnó esta reforma y fueron Oaxaca y Chiapas quienes presentaron la mayoría de controversias constitucionales (más de 300). Pero la decisión de la Corte fue negativa. Las controversias constitucionales no pueden acumularse, pero la decisión donde se encuentran los argumentos clave están en la controversia promovida por San Pedro Quiatoni, Oaxaca. En esta decisión, básicamente se dice que no hay posibilidad de impugnar reformas constitucionales. Yo considero que el problema era práctico: la impugnación de los municipios y estados hacia normas federales sólo afecta a las instituciones impugnantes, por lo que, si la Suprema Corte hubiera declarado inconstitucional la reforma constitucional por razones de forma, o sea, si hubiera declarado fundada la controversia constitucional, hubiera existido una constitución para Oaxaca y Chiapas y otra para el resto del país. La Corte se vio entrampada en el problema práctico y eso la motivó a decidir en contra. Mi impresión es que no hay planteamientos de constitucionalidad en materia indígena a nivel federal. No tenemos un solo asunto de constitucionalidad de normas. La reforma constitucional es de 2001 y yo hubiera esperado que ya hubieran habido algunos asuntos cuestionando algunas cosas que afectan el tema indígena. Me parece que la negativa a ver el articulo segundo de la Constitución ha llevado a no impugnar cuestiones vía el propio articulo segundo. Por otro lado, considero que el artículo segundo hace más de lo que pareciera a primera vista: por primera vez se generan sujetos colectivos. No se le había dado antes la posibilidad a sujetos colectivos de iniciar un amparo. El artículo segundo tiene por lo menos dos sujetos colectivos definidos: el pueblo y la comunidad. Lamentablemente, no ha habido hasta la fecha un caso en que la comunidad o pueblo se haya legitimado para presentar un amparo. Recordemos lo que pasa con los municipios que ya presentan amparos. El apartado A del artículo segundo se refiere a la libre determinación y autonomía política de las comunidades, aunque no sabemos cuál es la extensión de esta libre determinación y autonomía. Considero que en los municipios con mayoría de la población indígena, o municipios donde se eligen las autoridades según los usos y costumbres, hay menos problemas; pero donde la población indígena es minoría, debe seguir habiendo necesidad de que esa minoría pueda exigir su representación dentro de su municipio. Y esto no se va a conseguir nunca a menos que esto no es impugnado. Tenemos la tendencia a cabildear todo a nivel legislativo, cuando parte de la solución está a nivel judicial. Más importante que el apartado A me parece el apartado B del artículo segundo, pues contiene el listado de derechos sociales que específicamente protegen a la población indígena. Todas las instituciones y políticas dirigidas a proteger a la población indígena deberán ser diseñadas y 8 P ágina18 TEMA I: Sistema de Administración y Procuración de Justicia y Pueblos Indígenas en Oaxaca consensuadas con los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, existen políticas, como la reforma del proceso penal que se pretende implementar en Oaxaca, que se dirigen en parte a la población indígena y que pueden ser impugnadas por los pueblos indígenas para reclamar una mayor participación en la discusión de la reforma que se pretende implementar. Finalmente, quiero decir que no sólo se reformó el artículo segundo de la Constitución pero también el artículo primero que ahora habla de la prohibición de toda discriminación. Debo decir que en la Suprema Corte tampoco tenemos asuntos sobre discriminación. Considero que el concepto aún no ha calado y no tenemos muy claro sus alcances y por eso, como en los temas que mencioné antes, considero que hay que promover el litigio, lo cual permitirá darle contenido al concepto. Página 919 Justicia y Pueblos Indígenas Ponente: Evencio Martínez Ramírez Catedrático universitario (UABJO). Subprocurador General de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca. Entre 1997 y 2001 se desempeñó como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. E l marco jurídico de procuración y administración de justicia se regula por lo dispuesto en la Constitución Federal mexicana. En ese sentido, los artículos 8, 17 y 21 sustentan las leyes procesales, es decir, los códigos de procedimiento civil, penal, y en algunos estados, el familiar, los cuales establecen los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la procuración y la administración de justicia. El artículo 17 establece que nadie podrá hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; precisa además que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y desde luego, en forma gratuita. De acuerdo al artículo 21 constitucional, la procuración de justicia corresponde al Ministerio Público (MP), que es el órgano técnico jurídico encargado de la persecución e investigación de las conductas consideradas como delitos, de la vigilancia para el normal desarrollo del procedimiento y, además, le corresponde la acusación frente al poder judicial, al cual le compete la imposición de las penas. Por su parte, el artículo 8 constitucional reconoce el derecho de todo gobernado a acudir a los tribunales para que se le administre justicia. Estos tres artículos forman el marco jurídico en que se sustentan las normas procesales. Ahora bien, el código de procedimientos penales establece las cuatro fases del proceso penal mediante las cuales se va llegando a una sentencia final, ya sea absolutoria o condenatoria, según sea el caso. Estas fases son la de investigación, la preprocesal, la de instrucción y, desde luego, la de juicio. Sin embargo, para que exista un debido proceso, es necesario observar las normas que se establecen, ya que en todo Estado de Derecho se debe garantizar sin restricción alguna los derechos de las personas involucradas en un proceso penal. Cuando estas normas procesales no se observan, entonces el procedimiento tendrá que reponerse. Toda reposición del procedimiento se hace en beneficio del inculpado o procesado, y busca subsanar los errores y las omisiones procesales, pero también trae consecuencias negativas para las partes en el proceso, pues muchas veces es difícil reponer determinadas diligencias, ya que las evidencias desaparecieron, los testigos han muerto o ya no pueden ser localizados, y todo esto va en detrimento de los derechos del procesado o de las víctimas, para el primero, al no lograr una adecuada defensa, y para la segunda, al no poder probar el órgano acusador la plena responsabilidad penal del acusado, no cubriéndose por tanto sus expectativas de castigo al delincuente y de reparación del daño. De ahí la importancia que tiene la observancia de las normas procesales para lograr con ello una resolución justa y apegada al derecho. Existe un debido proceso cuando se observan las garantías constitucionales, los derechos humanos. Es decir, que al inculpado y después al procesado se le respeten todas y cada una de las garantías que la propia Constitución establece en forma concreta en el artículo 20 donde también se reconocen los derechos de las víctimas. Pero, cuáles son estas garantías fundamentales que se establecen en todo proceso penal a favor del inculpado? Primero, el derecho que tiene a declarar, o a no declarar si así lo prefiere; pues, recordemos que era común que se le obligara a declarar al inculpado, e incluso las leyes procesales le daban un valor predominante a la confesión, acuñándose el principio, a confesión de parte, relevo de prueba, pronunciándose en este mismo sentido la Suprema Corte de Justicia. Ante la exigencia de organismos defensores de derechos humanos de que se cambiara este cri- 10 P ágina20 TEMA I: Sistema de Administración y Procuración de Justicia y Pueblos Indígenas en Oaxaca terio, este principio cayó en desuso, y hoy en día todo inculpado tiene el derecho a declarar o abstenerse de hacerlo si así lo desea, o bien, a ampliar su declaración en cualquier momento del proceso. No olvidemos que declarar es un derecho, más no una obligación. El contar con un abogado defensor es otro de los derechos con los que cuenta el detenido desde el momento en que es privado de su libertad. Sin embargo, quiero mencionar que al interior de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, era común que el detenido no contara con un abogado defensor. Posteriormente vino la reforma donde se establece la obligación de la autoridad de permitir el nombramiento de un defensor o de proporcionarle uno. Pero antes no existían defensores de oficio adscritos, por lo que los agentes del MP subsanaban este problema, haciendo pasar como defensor a cualquier persona, que podía ser hasta un secretario ministerial o un policía. Después, los propios defensores de oficio incumplían con la disposición constitucional y procesal al pedirle al MP, e incluso al juez, que los dieran por presentes aun cuando materialmente no se encontraban en la diligencia, lo que implicaba dejar en completo estado de indefensión al inculpado. Lo anterior ha traído como consecuencia que muchos de los procedimientos se estén reponiendo desde la declaración preparatoria por ausencia de un defensor, provocando que los procesos duren tres o cuatro años, vulnerándose así el artículo 20 constitucional que establece que todo proceso debe concluirse antes de cuatro meses si la pena máxima no excede de dos años y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo. Aunado a lo anterior, los procesos penales también son repuestos porque el agente del MP, quien es el representante de la parte ofendida, deja de asistir a alguna audiencia, porque el defensor particular no es titulado y en el juzgado omitieron nombrar a un defensor de oficio, o porque el secretario de juzgado es pasante, cuando la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia establece que debe ser titulado, máxime cuando por ausencia del juez, el secretario judicial tiene que resolver. Si esta norma procesal no es observada, el procedimiento penal también debe de reponerse desde la diligencia o el acto procesal donde no se cumplió con este requisito. En la actualidad, en los procesos penales que se llevan a cabo en el estado, no se está cumpliendo con las disposiciones que están vigentes en los códigos. Por ejemplo, la norma ordena que en todas las audiencias esté presente el juez y esto muchas veces no se produce. Este hecho es justificado al interpretar que lo que realmente quiso decir el legislador fue que el juez tuviera la disponibilidad de estar presente, lo cual desde luego no es así. El juzgador debe estar presente en cada una de las audiencias porque así lo dice la ley, lo cual tiene su razón de ser. Por lo comentado, y debido a los fuertes vicios del procedimiento penal vigente, soy partidario de un nuevo sistema de justicia penal, a través de un sistema acusatorio oral, donde la presencia del juez en primer lugar sea obligatoria, donde las partes busquen la profesionalización, y donde el MP tenga el valor de acusar cuando existen los elementos y la ética para dejar de hacerlo cuando no los haya, donde la presunción de inocencia sea una realidad y no una simulación, pues se trata de una institución de buena fe. En cuanto a los indígenas sujetos a procesos, debemos distinguir dos momentos: cuando el indígena es sujeto a un proceso regulado en el CPP, y cuando es sujeto al sistema jurídico propio de la comunidad o del pueblo indígena. En ambos casos tenemos diferencias fundamentales. Cuando un indígena es juzgado en base al procedimiento en el que somos juzgados todas las demás personas, es entonces cuando se debe establecer el pleno respeto a los derechos fundamentales y además observar las reglas que establece el CPP cuando se trata de indígenas: por ejemplo, que cuente con un traductor, derecho indispensable para que pueda saber quién lo acusa y de qué lo acusa, así como contar con una adecuada defensa que le garantice la plena observancia de sus garantías procesales. Página 11 Mostrar más
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References: artículo 242
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 ARTÍCULO 234
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 Artículo 18
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 Artículo 2
 artículo 11
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 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 255
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 artículo 20