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Timestamp: 2018-03-20 01:46:48+00:00

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Unificación de la jurisprudencia | Agenda Magna
Unificación de la jurisprudencia
La derogación de la obligatoriedad de los fallos plenarios
Por Héctor Eduardo Leguisamón (*)
SUMARIO: I) Introducción. – II) Sistemas de unificación de la jurisprudencia. – III) Reseña histórica de la evolución de los fallos plenarios. – IV) La derogación de la obligatoriedad de los fallos plenarios. – V) Colofón.
El pasado viernes 17 de mayo de 2013 fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.853[1] que, como comprendida dentro del paquete de proyectos de leyes anunciados por la Sra. Presidenta de la Nación destinados a la denominada “democratización de la Justicia”, creó las Cámaras de Casación[2], y al mismo tiempo que instauró el recurso de casación, el de inconstitucionalidad y el de revisión, suprimió el recurso de inaplicabilidad de la ley, debido a la modificación de los arts. 288 a 301 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como también derogó los arts. 302 y 303 de este último cuerpo normativo, referidos, respectivamente, a la posibilidad de autoconvocatoria de la cámara de apelación a tribunal plenario y a la obligatoriedad de las sentencias plenarias para la misma cámara y para los jueces de primera instancia que dependen de aquélla, sin perjuicio de que los jueces pudieran dejar a salvo su opinión personal en las sentencias que dictaran, tópico éste último que constituye el objeto de este trabajo.
II. Sistemas de unificación de la jurisprudencia
Básicamente, existen dos sistemas para unificar la jurisprudencia contradictoria reinante en los tribunales colegiados o cámaras de apelaciones.
Uno, que un tribunal jerárquicamente superior decida, con carácter obligatorio para los tribunales colegiados o cámaras de apelaciones y jueces que de ellas dependan, la doctrina legal que se debe aplicar a análogas situaciones jurídicas, que puede variar según se trate de un tribunal creado para tal finalidad (tribunal o cámara de casación; v.gr., Cámara Nacional de Casación Penal, Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires)[3], o del máximo tribunal existente en el territorio, como sucede, por ejemplo, en el ejido de la provincia de Buenos Aires en donde la Suprema Corte de Justicia determina la doctrina legal aplicable no sólo respecto del tribunal que entendió en la causa, sino también en cuanto a todos los órganos judiciales de la provincia (arts. 287 y 289, C.P.C.C. Buenos Aires)[4]; en Santiago del Estero donde expresamente se estableció que la sentencia que dicta el Superior Tribunal de Justicia, en virtud del recurso de casación, obliga a los jueces inferiores (art. 296, C.P.C.C. Santiago del Estero), en la provincia de San Juan ante la Corte de Justicia (arts. 287, C.P.C.C. San Juan, y 15, 16 y 17 de la ley provincial 2.275 –de recursos extraordinarios, inconstitucionalidad y casación-), o en la de Río Negro ante el Superior Tribunal (arts. 285 y ss., C.P.C.C. Río Negro –según ley 4.142-).
En el derecho comparado, el recurso de casación se encuentra previsto en Francia (arts. 604, 617 y 618, del Nouveau Code de Procédure Civile –Nuevo Código de Procedimiento Civil-), y en España, además del recurso en interés de la ley (respectivamente, arts. 477, inc. 3, y ss., y 490 y ss., de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil –ley 1 de 2000-); en México, corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas del mismo tribunal, por los tribunales colegiados de circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las salas, o por el Tribunal Electoral (arts. 10, inc. VIII, y 236 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica igualmente prevé el recurso de casación para ante el Tribunal Superior en los arts. 238 a 250.
Esto permite, en caso de existir varios tribunales colegiados o cámaras de apelaciones con criterios encontrados dentro del mismo territorio, aunque no estén divididas en salas, que se unifique la doctrina legal para todos ellos.
El otro sistema, que sea la misma cámara de apelaciones, si está dividida en salas, la que unifique los criterios contradictorios existentes entre éstas, o bien que las cámaras de apelaciones de diferentes distritos de un mismo territorio se reúnan para unificar sus criterios (v.gr., en la provincia de Santa Fe, en donde la resolución que adoptan la totalidad de las cámaras de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia recibe el nombre de fallo “plenario”, que se diferencia del fallo “pleno”, denominación ésta que se le da a la resolución que dicta una de esas cámaras en pleno para aunar los criterios de las salas que la componen (arts. 375, C.P.C.C. Santa Fe, y 28 y 29 de la ley provincial 10.160 –Ley Orgánica del Poder Judicial-); en el ámbito bonaerense, además de la intervención de la Suprema Corte según se vio, también existe la posibilidad de unificar la jurisprudencia de las distintas cámaras o salas de una misma cámara de un departamento judicial mediante su reunión plenaria por autoconvocatoria o a petición de parte (art. 37 de la ley provincial 5.827 –Ley Orgánica del Poder Judicial-).
En el primer sistema, la sentencia que dicta la cámara de casación o el tribunal superior –según sea la variante adoptada-, si bien será obligatoria su doctrina legal, y, por tanto, deberá ser seguida por los tribunales inferiores, no le hace perder su naturaleza de sentencia definitiva[5].
La casación, como estructura extrajudicial, nació como resultado de la revolución francesa, y tuvo como tal el primordial objetivo de unificar la interpretación que los jueces debían realizar respecto de las leyes que se encontraban obligados a aplicar. El tribunal de casación –que luego pasó a denominarse Cour de Cassation– constituía un medio de control político sobre la labor de los magistrados y evitaba que, a través de la aplicación de la ley al caso concreto, desvirtuaran el sentido que el órgano legislador tuvo en mira al momento de sancionarla. Una vez estructurado el Poder Judicial, sobre la base de un modelo vertical y altamente jerarquizado, el tribunal de casación pasó a integrarlo y ocupó una función similar a la descripta anteriormente: determinar la correcta interpretación de las normas, “casando” la decisión adoptada por el juez de inferior jerarquía cuando ésta implicaba una interpretación que se alejaba del sentido literal de la norma. Nuestro sistema procesal constitucional no fue elaborado sobre la base de ese modelo europeo, sino del anglosajón –que para ese entonces era su antípoda-, cuya estructura sólo se puede pensar desde la horizontalidad. Justamente, la idea de un control de constitucionalidad difuso, permite pensar en un sistema judicial fiscalizador de la actividad legislativa, a la inversa de la propuesta europea donde el Poder legislativo era quien fiscalizaba la labor del Poder Judicial[6].
En cambio, en el segundo sistema, la sentencia dictada por la cámara de apelaciones en pleno no tiene el carácter de sentencia definitiva puesto que no resuelve el caso concreto, sino que se limita a dar la correcta interpretación de la ley para ese caso y los futuros.
El único y exclusivo propósito que persiguen las sentencias plenarias es unificar la jurisprudencia mediante un pronunciamiento a ser dictado por la cámara de apelaciones en pleno, en el cual se establezca la doctrina legal aplicable a casos análogos, y evitar que el resultado final del pleito dependa de la circunstancia aleatoria de que intervenga tal o cual sala del tribunal[7] [8]. De esta manera, se preserva la jerarquía y el prestigio de la jurisdicción, al evitar, mediante la unificación de la jurisprudencia, dividida por la contracción, el escándalo jurídico[9]. Su objetivo, en definitiva, es poner fin a la fluctuación y certidumbre en el pronóstico.
Salim e Iovanna preguntan: ¿qué sentido de “justicia” puede estar avalado por un sistema en donde ante cuestiones semejantes o idénticas, juzgadas por un mismo fuero, en un mismo territorio y por jueces que dependen del mismo centro de poder, existan disímiles pronunciamientos en cuanto a cuestiones de derecho, o “graves y absurdas” adecuaciones de hechos y pruebas?; y responden: “Ciertamente la respuesta será afirmar la inexistencia de tan elevado precepto. No puede todo depender del tribunal que nos toque en turno”[10].
La elección de entre esos sistemas básicos, como de las tonalidades que pueden adoptar cada uno de ellos, depende de cuestiones de política legislativa, y aun de tradición jurídica de una comunidad dada.
En el ámbito nacional imperaba el segundo de los sistemas mencionados[11] hasta la reciente sanción de la ley 26.853, aunque se podría decir que no por ser el resultado de una meditada elección legislativa, sino que se fue dando con el transcurso del tiempo en razón de las reformas de la organización judicial de la época y de las normas que lo fueron perfeccionando.
III. Reseña histórica de la evolución de los fallos plenarios
Para una mejor comprensión, como siempre, es conveniente analizar la historia del derecho, remontarnos a los antecedentes de cómo se ha llegado a establecer normativamente determinado instituto jurídico; en nuestro caso, la unificación de la jurisprudencia de una determinada cámara de apelaciones y la obligatoriedad de sus fallos plenarios para evitar sentencias de signo contrario, que es precisamente lo que parecen ignorar los legisladores que sancionaron la ley 26.853 a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
Con motivo de la creación de dos Cámaras en lo Civil, el art. 6 de la ley 7.075 estableció que al celebrarse el acuerdo para dictar sentencia definitiva, si cualquiera de las dos cámaras entendiera que, en cuanto al punto en debate, era conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable, se reunirían en tribunal y decidirían por mayoría de votos; si hubiese empate se daría intervención a un miembro de las otras cámaras. La norma, entonces, no determinaba expresamente la obligatoriedad de la doctrina plenaria ni la facultad de las partes de solicitar la reunión del tribunal en pleno.
La ley 11.924 –creadora de la Justicia de Paz Letrada de la Capital Federal- dispuso que la Cámara de Paz se reuniera en pleno para unificar la jurisprudencia cuando cualquiera de las salas considerara conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable. La doctrina aceptada por la mayoría de la cámara se debía aplicar en las resoluciones que en lo sucesivo dictara cada una de las salas. Durante su vigencia, la citada cámara estableció que la doctrina plenaria era obligatoria para los jueces de la primera instancia[12], obligatoriedad que luego fue ratificada por el decreto ley 4.555/43.
Dividas en salas la Cámara de Apelaciones en lo Civil y la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, la ley 12.330 autorizó la convocatoria a tribunal plenario, a petición de la mayoría de los miembros de una de las dos cámaras. Para modificar un plenario anterior, la cámara se podía reunir si contaba con las dos terceras partes de sus miembros. Esta ley tampoco implantó la obligatoriedad de la doctrina plenaria ni instituyó el recurso contra las sentencias definitivas[13].
El art. 28, inc. b, de la ley 13.998, estableció que las cámaras de apelaciones (cualquiera fuese su competencia) se reunieran en tribunal pleno para unificar la competencia de las salas o evitar sentencias contradictorias, cuando no existiese interpretación de la Corte Suprema; la doctrina legal o interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria era obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales la cámara que la pronunciara fuera tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces de primera instancia o de cámara, dejaran a salvo su opinión personal; sólo se podría volver sobre ella como consecuencia de una nueva sentencia plenaria. Se decía en aquel tiempo que, con esta última disposición, el Congreso había resuelto la discrepancia interpretativa que existía bajo las leyes anteriores respecto de la obligatoriedad de las sentencias plenarias para los camaristas y los jueces de primera instancia[14], y que la obligatoriedad, asimilable a la de la ley[15], es la característica de los fallos plenarios, tanto para la misma cámara que los dicta, cuanto para los tribunales inferiores; se diferencia de la ley en que ésta no puede ser derogada sino por otra ley mientras que la jurisprudencia plenaria no tiene otra autoridad que la de la razón, pudiendo variar conforme las resultas del examen crítico y racional del jurisconsulto[16].
Recuerda Arazi que, mediante acordada del 17/12/1952, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que antes de pronunciar sentencia, cada sala de las cámaras se debía informar de la jurisprudencia de las otras que integraban la misma cámara sobre el punto a resolver. Si existía discordancia de criterios, la sala se abstendría de dictar sentencia y se reuniría en tribunal pleno. Es decir, que en virtud de esa acordada la convocatoria a plenario dejó de ser facultativa para las cámaras y pasó a ser un verdadero deber[17].
El decreto ley 1.285/58, en sus arts. 27 y 28 –finalmente derogados por la ley 24.050-, estableció la reunión de las cámaras de apelaciones en tribunal plenario y reglamentó el recurso de inaplicabilidad de la ley en forma similar al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (C.P.C.C.N.) sancionado por la ley 17.454. En la exposición de motivos de tal decreto ley se lee: “Asimismo, debe perfeccionarse el régimen de recursos contra las sentencias de las cámaras nacionales de apelación, a fin de evitar sentencias contradictorias y que en tal contradicción se funden recursos extraconstitucionales”.
El C.P.C.C.N. sancionado por la ley 17.454 en el año 1967, estableció el recurso de inaplicabilidad de la ley, confiriéndole una tramitación más ágil, y también la autoconvocatoria, como medios para unificar la jurisprudencia de las cámaras de apelaciones. Las razones tenidas en mira para tal propósito surgen de su exposición de motivos: “Por falta de una reglamentación adecuada que señale el procedimiento para su sustanciación, el recurso de inaplicabilidad de ley, instituido en el orden nacional por el art. 28 del decreto ley 1.285/58, no ha cumplido plenamente los fines que se tuvieron en vista al establecerlo. Tal vez la más importante consecuencia derivada de aquella omisión consista en haberse desvirtuado el carácter de recurso, que de remedio excepcional que debió ser para evitar fallos contradictorios de una misma cámara, se ha convertido en un procedimiento dilatorio para diferir el cumplimiento de las sentencias. Esa desviación de sus fines se advierte con más nitidez en los tribunales integrados por un elevado número de jueces, circunstancia ésta que favorece los propósitos de quienes lo interponen con el solo propósito expresado. Las estadísticas demuestran que en un elevado porcentaje de casos los recursos no son acogidos, y en la mayoría de éstos, por no cumplirse sus requisitos formales: interposición dentro del plazo legal, fundamentación, fortuna mención del precedente supuestamente contradictorio, etc. Para evitar esa corruptela, el Proyecto establece que la admisibilidad del recurso debe ser declarada por la sala del tribunal que sigue en orden de turno a aquella de la cual emana el fallo impugnado. Evítase así poner en movimiento el lento engranaje de las cámaras en pleno para decidir sobre la concurrencia de recaudos formales de muy simple comprobación. También se ha creído conveniente no concentrar en un solo acto jurisdiccional el pronunciamiento acerca de la existencia de contradicción y la declaración de la doctrina legal aplicable, por las demoras y complicaciones que se producen cuando el tribunal en pleno debe resolver simultáneamente sobre ambas cuestiones. Las demás disposiciones del Proyecto recogen reglas jurisprudenciales para la sustanciación del recurso que en la práctica han dado resultados satisfactorios (art. 288 a 303)”.
Finalmente, la ley 22.434 corrigió deficiencias en el procedimiento del recurso de inaplicabilidad de la ley que dilataban su sustanciación y decisión, con mira a acelerar su tramitación. Así, la exposición de motivos de dicha norma dice: “Es notoria la demora que origina la sustanciación y decisión del recurso de inaplicabilidad de ley, con la grave consecuencia de que la dilación existe no sólo en la causa donde dicho medio de impugnación ha sido interpuesto, sino que por obra del art. 301, convocado el tribunal plenario, debe notificarse a las salas para que suspendan el pronunciamiento definitivo en las causas en que se debaten las mismas cuestiones de derecho. La referida demora da lugar a la anomalía de que mientras todo el Código tiende a lograr una celeridad razonable, fijando en algunos casos plazos breves, en cambio, cuando se ha declarado admisible el recurso de inaplicabilidad de ley, generalmente se abre un largo paréntesis, que excede en mucho del tiempo que naturalmente debería demandar el trámite de este medio de impugnación”.
Así, en el ámbito nacional, las sentencias plenarias se podían generar por los siguientes medios:
a) A instancia de los justiciables mediante el recurso de inaplicabilidad de la ley, en virtud del cual se atacaba la interpretación de la ley contenida en una sentencia definitiva (art. 288, C.P.C.C.N. –versión anterior a la ley 26.853-), entendiéndose como tales las que ponían fin al pleito o hacían imposible su continuación –sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, como las que hacen lugar a alguna de las excepciones perentorias- (art. 289, 1er. párr., C.P.C.C.N. –versión anterior a la ley 26.853-), dictada por una sala de la cámara de apelaciones, que resultara contradictoria con la de otra sala de la misma cámara de una antigüedad no mayor de diez años a la fecha del fallo recurrido[18].
b) A iniciativa de la propia cámara a través de la autoconvocatoria instada por cualquiera de sus salas[19], que luego podía ser aceptada o no por la cámara en pleno (art. 302, C.P.C.C.N. –versión anterior a la ley 26.853-).
La iniciativa debía provenir de una de las salas –por lo menos- pero como cuerpo colegiado; no era admisible la efectuada por uno o varios camaristas en forma personal. La iniciativa se realizaba mediante una resolución dictada en un proceso determinado y con antelación a que se dictara sentencia definitiva[20], lo cual suponía que se debían haber expresado –y contestado- los agravios en su contra. Esto impedía, a diferencia de lo que ocurría en el caso del recurso de inaplicabilidad en el cual éste se interponía a posteriori de la sentencia definitiva, que cualquiera de las partes pudiera exponer sus fundamentos en favor o en contra de las posiciones contradictorias de la jurisprudencia de las salas –más allá de que se hubiesen citado precedentes en apoyo de los fundamentos-, porque la convocatoria a plenario no estaba sujeta a las limitaciones que para la admisión del recurso de inaplicabilidad de la ley fijaban los arts. 288 y 289, C.P.C.C.N.[21].
En este supuesto, el objeto de la convocatoria no necesariamente se debía limitar a una sentencia definitiva como en el caso del recurso de inaplicabilidad de la ley, sino que podía comprender a cualquier tipo de resolución judicial, pues se trataba de la voluntad de la propia cámara de unificar los criterios distintos de sus salas. Dado que la autoconvocatoria se admitía si había mayoría absoluta de los jueces de cámara, con la finalidad de determinar si ésta existía, el presidente de la cámara convocaba a un acuerdo plenario.
En este caso, la sala que se hallaba interviniendo y que instó la autoconvocatoria, es la que debía dictar la sentencia definitiva aplicando la doctrina plenaria, pues el art. 302, 3er. párr., no remitía al art. 300, C.P.C.C.N. –ambos en su versión anterior a la ley 26.853-; era una solución lógica puesto que no había dictado sentencia definitiva habida cuenta que antes de pronunciarla dio origen a la autoconvocatoria.
c) A solicitud del fiscal de cámara (art. 37, inc. e, de la ley 24.946 –Ley Orgánica del Ministerio Público-).
En este supuesto, al no establecer la ley 24.946 el procedimiento, también se aplicaban las reglas de la autoconvocatoria pues, en definitiva, se trataba del pedido de ese funcionario para que la cámara se autoconvocara, es decir, que la iniciativa para la autoconvocatoria partía del fiscal de cámara que el tribunal podía acoger o no[22].
IV. La derogación de la obligatoriedad de los fallos plenarios
Pues bien, la ley 26.853 ha producido un retroceso de prácticamente ochenta años en la evolución legislativa de los fallos plenarios, ha quitado la posibilidad a los justiciables de propender a la unificación de la jurisprudencia en las cámaras de apelaciones por la vía de la sustitución de los artículos del C.P.C.C.N. que contemplaban el recurso de inaplicabilidad de la ley –y que ahora prevé los recursos de casación, de inconstitucionalidad y de revisión-, como también la de que fuera la propia cámara de apelaciones la que instara a hacerlo por la vía de la autoconvocatoria por la derogación del art. 302, y, por consecuencia, también de la posibilidad de que la solicitud partiera del fiscal de cámara, y, para peor, por la derogación del art. 303 referido a la obligatoriedad de los fallos plenarios, ha echado por la borda muchos años de elaboración jurisprudencial que terminaron en distintos y numerosos fallos plenarios que, precisamente por su obligatoriedad, pusieron fin a la jurisprudencia contradictoria en cada una de las cámaras de apelaciones y con ello brindaron certeza a los pronósticos de la solución definitiva de las controversias.
En otras palabras, que se ha vuelto a fojas cero, a barajar y dar cartas de nuevo, a comenzar a discutir nuevamente todas las cuestiones de derecho que habían quedado definitivamente decididas en la doctrina legal sentada en cada sentencia plenaria, y, con el agravante de que existe la imposibilidad de unificar la segura nueva jurisprudencia contradictoria, basta para así concluir que los jueces de cámara que votaron en minoría en cada uno de los fallos plenarios no tendrán que decidir siguiendo obligatoriamente la doctrina legal plenaria con la facultad de dejar a salvo su opinión personal, sino que podrán decidir ahora según su opinión personal.
Y el recurso de casación al que se refieren ahora los arts. 288 a 294 del C.P.C.C.N., en realidad no se trata de un camino procesal para la unificación de la jurisprudencia ni esta es función de las cámaras de casación creadas por la ley 26.853 como podría pensarse de lo analizado anteriormente, puesto que no sólo no el recurso de casación únicamente es procedente según el actual art. 288 del C.P.C.C.N. contra las sentencias definitivas, o equiparables a éstas, que dicten las cámaras de apelaciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública y contra las que declaren formalmente inadmisible a la pretensión contencioso administrativa, es decir que el marco de admisibilidad del recurso de casación queda limitado a las cuestiones de medidas cautelares pedidas contra el Estado y a las regidas por el derecho administrativo, quedando absolutamente excluidas las cuestiones de derecho común, como también las de hecho y de derecho procesal referidas a la aplicación de este último; sino que, además, la ley 26.853 no establece expresamente la obligatoriedad de la doctrina establecida por la cámara de casación en su sentencia para los casos futuros, siendo que pareciera resultar precisamente lo contrario del nuevo art. 294 en tanto en cuanto establece que “si la sentencia o resolución impugnada no hubiere observado la ley sustantiva o la hubiere aplicado o interpretado erróneamente o hubiere incurrido en arbitrariedad, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare”, y, asimismo, con relación al recurso de inconstitucionalidad que tiene el mismo marco de admisibilidad que para del de casación según el art. 295, dispone el art. 296 que “al pronunciarse sobre el recurso, la cámara de casación interviniente declarará, para el caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada [en clara referencia a actos administrativos] y confirmará o revocará el pronunciamiento recurrido”.
Con otro giro, la cámara de casación viene a constituir si bien extraordinaria, una instancia más para resolver solamente el caso concreto previa a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De manera que, por ejemplo, el litigante que peticionó una medida cautelar contra el Estado –ahora con todas las limitaciones que impone la ley 26.854- y la logró, dado que no la puede concretar precisamente hasta que la resolución no esté firme, tendrá que esperar la intervención y decisión de la cámara de apelaciones ante la cual deberá seguir defendiendo la procedencia de la medida precautoria decretada, y luego la de la cámara de casación, ante quien también deberá defender la procedencia de la medida, y de todas maneras con posterioridad seguramente la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre y cuando al Estado no le convenga interponer el recurso per saltum que ahora contempla el art. 257 bis del C.P.C.C.N. conforme la reforma de la ley 26.790.
Así, como la nueva ley 26.854 referida a las medidas cautelares frente al Estado y el per saltum ahora introducido nuevamente en el C.P.C.C.N. (arts. 257 bis y ter –según ley 26.790), las modificaciones de la ley 26.853 constituyen un supuesto de “abuso del proceso mediante la creación de mecanismos procesales particulares”, es decir, la concreción de un arbitrario uso del proceso judicial por la implementación de normas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, al excederse en sus facultades constitucionales, creadas como mecanismo procesal con la finalidad de impedir o tornar muy dificultoso el acceso a la Justicia y a una tutela efectiva de los derechos [23].
Según su art. 15, la ley 26.853 entró en vigor a partir de su publicación el viernes 17 de mayo de 2013, por lo que sus efectos prácticos comenzaron el lunes siguiente por ser el primer día hábil judicial, el pasado lunes 20 de mayo de 2013, puesto que aunque la segunda parte del mismo artículo establece que será de aplicación a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite, una vez constituidas las cámaras y salas creadas por la ley, por su obvia naturaleza procesal, se aplica de inmediato a los procesos en trámite en lo que hace a la derogación de los arts. 302 y 303 del C.P.C.C.N. que nada tienen que ver con las cámaras y salas creadas por la ley.
De este modo, el día lunes 20 de mayo de 2013 no era obligatorio ninguno de los fallos plenarios que las cámaras de apelaciones hubiesen dictado. En pocas palabras, por ejemplo, el letrado que no se enteró el día viernes 17 de mayo de la publicación de la ley 26.853 en el Boletín Oficial y estuvo trabajando arduamente todo el día en una expresión de agravios en la cual un fallo plenario fue fundamento, para presentarla dentro del plazo de gracia el día lunes 20 de mayo, seguramente así lo hizo y tampoco se enteró dentro de las dos primeras horas de despacho que se había publicado la ley, y mucho menos que el fallo plenario que constituyó fundamento en la expresión de agravios ya no era obligatorio.
Hay numerosas cuestiones de derecho común, de hecho y de derecho procesal que fueron objeto de fallos plenarios, y que dada la obligatoriedad de su aplicación de acuerdo al art. 303 del C.P.C.C.N. quedaron zanjadas, por la derogación de este último y consecuente pérdida de su obligatoriedad volverán a ser objeto de debate y decisiones encontradas.
Por dar un ejemplo muy significativo de esta consecuencia seguramente no querida de la ley 26.853 –puesto que el espíritu del legislador como de quien impulsó el proyecto de ley finalmente convertido en ley se aprecia claramente de la propia ley, pero no el de otorgar partida de defunción a las sentencias plenarias y su obligatoriedad-, podemos mencionar lo que sucede especialmente en los casos de accidentes de tránsito, que constituyen alrededor de entre el 60% y el 70% de los litigios, en los cuales hay considerable cantidad de fallos plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que a partir del día lunes 20 de mayo de 2013 perdieron obligatoriedad, no es que no existan, existen pero su aplicación no es obligatoria, en definitiva, constituirán un fundamento jurisprudencial como cualquier otro fallo, aunque con algo más de peso.
Así, el plenario “Valdez c/ El Puente” referido a la aplicación del art. 1113, 2° párr., 2ª parte, a los casos de colisión plural de automotores en movimiento[24], lo cual implicó abandonar la teoría de la neutralización de riesgos sostenida casi invariablemente en la Capital Federal por las distintas salas de la ex Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial antes de su unificación con la Cámara Nacional en lo Civil por la ley 23.637, como también la de la aplicación de la responsabilidad subjetiva; el plenario “Irago” según el cual para que la aseguradora sea efectivamente condenada en el pleito debe intervenir su asegurado o al menos quien conducía el vehículo con su autorización[25]; el plenario “Sáez González” por el cual cuando media contrato de transporte el plazo de prescripción es el de tres años previsto por el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor n° 24.240 –modif. ley 26.361-[26] o el plenario “Corsetti de Patrignani” por el cual es de dos años el plazo de prescripción de la acción encausada contra el dependiente que conducía el vehículo de transporte pues no está vinculado con el damnificado por el contrato de transporte[27]; el plenario “Mustafá” en virtud del cual la defensa de culpa grave del asegurado opuesta por la aseguradora citada en garantía es oponible al damnificado (arts. 114 y 70 de la ley 17.418)[28]; el plenario “Multiflex” por el cual la base regulatoria de los honorarios está dada, como monto del proceso (art. 6, inc. a, de la ley 21.839), en el supuesto de no acogerse la demanda (v.gr., rechazo de la demanda, progreso de alguna excepción perentoria, o caducidad de la instancia), por el monto demandado[29], o el plenario “Murguía” por el cual el monto del proceso cuando media transacción –o conciliación-, la base regulatoria la constituye el monto de la transacción (art. 19 de la ley 21.839), aun respecto de los profesionales –abogados y peritos- que no intervinieron en ella[30]; entre muchos otros, aunque hay dos que son de aplicación prácticamente diaria en muchos casos: el plenario “Obarrio” y “Gauna” que sentó como doctrina legal la inoponibilidad de la llamada franquicia o descubierto obligatorio en el seguro del transporte colectivo de pasajeros[31], aplicado como obligatorio por las salas de la Cámara Civil, salvo la E y la G, aunque en realidad no estaba vigente porque el plenario mismo fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Gauna”; y el plenario “Samudio de Martínez” que estableció que para el cómputo de los intereses se debe aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina [32].
De esta apretada síntesis realizada a modo ilustrativo, se pueden apreciar la variedad y trascendencia de las cuestiones de derecho común, de hecho y de derecho procesal, que obviamente no pueden ser objeto del ahora recurso de casación, y que en virtud de la derogación de la obligatoriedad de los fallos plenarios se volverán a reeditar los debates y sin que se cuente con un cauce procesal enderezado a unificar los criterios.
No existe ninguna razón coherente como para que fueran desaparecidos los artículos relativos al recurso de inaplicabilidad de la ley y a la autoconvocatoria, como también la obligatoriedad de los fallos plenarios.
Así, los artículos relativos al recurso de casación, de inconstitucionalidad y de revisión, muy podrían haber sido incorporados como art. 303 bis, ter, quáter, etc. dejando incólumes los arts. 288 a 303, y, con ello, que tanto los justiciables como la propia cámara de apelaciones pudieran instar a la unificación de la jurisprudencia y que la sentencia plenaria así generada tenga obligatoriedad para los casos futuros.
Es de esperar que desde el Poder Ejecutivo Nacional, creador del proyecto de ley, o desde el mismo Congreso, se advierta el caos e inseguridad jurídica en que han colocado, no ya a los operadores jurídicos, sino lisa, llana y directamente a los justiciables, y se restablezca tanto el recurso de inaplicabilidad de la ley como el instituto de la autoconvocatoria y la obligatoriedad de los fallos plenarios.
* Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino; profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Museo Social Argentino; profesor invitado en cursos de posgrado y en la Carrera de Especialización en Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Fundesi, y de Especialización en la Función Judicial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal; del Instituto de Derecho Procesal Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales; del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la International Law Association; Director del Suplemento de Derecho Procesal de elDial.com Biblioteca Jurídica Online. Ha dado seminarios y escrito libros y publicado artículos, notas a fallos y comentarios de libros de su especialidad (La Ley, Doctrina Judicial, Revistas de Derecho Procesal y de Derecho de Daños de Rubinzal-Culzoni, Revista de Doctrina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, elDial.com Biblioteca Jurídica Online, Revista de Derecho de Familia de LexisNexis, Revista “Abogados” del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Revista “Conceptos” de la Universidad del Museo Social Argentino, Revista Compendio de Jurisprudencia-Doctrina y Legislación de Errepar y Revista del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín), como, asimismo, dado conferencias y participado con ponencias en Congresos y Jornadas de su especialidad en el país y en el extranjero.
[1] Sancionada el 24/4/2013 y promulgada el 9/5/2013.
[2] La Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, todas con sede en la Capital Federal.
[3] El Proyecto de Código Procesal Civil, Comercial y Laboral de la Nación, de Colombo, Cueto Rúa, Etcheverry y Umaschi, en sus arts. 255 a 271 contempla el recurso de casación contra sentencias definitivas de los tribunales colegiados cuya resolución corresponde a la Cámara de Casación.
[4] ARAZI, Roland, Recurso de inaplicabilidad de la ley, en Revista de Derecho Procesal, n° 3, Medios de impugnación. Recursos – II, t. II, p. 238, Rubinzal-Culzoni, 1999.
El Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires –de 1997- de Morello, Arazi y Kaminker, en sus arts. 278 a 298 prevé el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, mejorando el procedimiento que tiene en la actualidad.
[5] LEGUISAMÓN, Héctor Eduardo, La sentencia plenaria en el ámbito nacional, en Revista de Derecho Procesal, vol. 2008-1, –Sentencia – II-, ps. 195/196, Rubinzal-Culzoni, 2008.
[6] CARRIQUE, Agustín, El recurso de casación y el juicio en reenvío.
La problemática que plantea la prohibición del «ne bis in idem» y «la reformatio in pejus» desde la doctrina de la Corte Suprema, elDial DCAB0.
[7] CNCiv.Com.Fed. en pleno, 16/5/1989, “Sampi S.A. c/A.G.P.”, L.L. 1991-A-106; J.A. 1998-III-274; CD de la Prosecretaría de Jurisprudencia de la CNCyCF.: “Cuando una cámara interviene por la vía de un recurso de inaplicabilidad de la ley, lo hace para tender a un doble orden de intereses: el del recurrente, quien propicia se deje sin efecto el fallo de la sala que es adverso a la jurisprudencia que opone como contradictoria y el de los justiciables en general que frente a la señalada contradicción, encontrarán en el futuro la certeza de una doctrina uniforme que será obligatoria para el tribunal de alzada y para los jueces de primera instancia que pertenecen a ese fuero”.
[8] LEGUISAMÓN, Héctor Eduardo, Derecho procesal civil, t. II, p. 264, Rubinzal-Culzoni, 2009.
[9] SERANTES PEÑA, Oscar E., y PALMA, Jorge F., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias, t. I, p. 667, Depalma, 1983.
[10] SALIM, Miguel Á., e IOVANNA, María P., Recurso de inaplicabilidad de la ley en el orden nacional, en Recursos ordinarios y extraordinarios, director Roland Arazi, coord. Mabel De los Santos, p. 398, Rubinzal-Culzoni, 2005.
[11] De la misma manera, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, si bien en un solo artículo que, además de mal ubicado en el capítulo dedicado al recurso de queja por denegación de la apelación, no regula el procedimiento para su sustanciación ni expresamente la obligatoriedad de la doctrina plenaria (art. 252, C.C.A.T.).
[12] CPaz Letrada en pleno, 11/4/1941, L.L. 23-463.
[13] AYARRAGARAY, Carlos A., y DE GREGORIO LAVIÉ, Julio A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, ps. 326/7, Zavalía, 1968; ARAZI, Roland, y ROJAS, Jorge A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, t. I, ps. 1042/3, 2ª ed. actual., Rubinzal-Culzoni, 2007; ARAZI, Recurso de inaplicabilidad de la ley, ob. cit., p. 224; SALIM e IOVANNA, Recurso de inaplicabilidad…, ob. cit., ps. 367/8.
[14] FERNÁNDEZ, Raymundo L., Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital de la Nación Argentina, concordado y comentado, p. 36, 2ª ed., Sebastián de Amorrortu de Hijos, Buenos Aires, 1948.
[15] CCivil, sala B, L.L. del 15/8/1956, fallo 39.189.
[16] SERANTES PEÑA, Oscar E., y CLAVELL BORRÁS, Javier, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y leyes complementarias, p. 216, 2ª ed., R. Depalma, 1959.
[17] ARAZI, Recurso de inaplicabilidad de la ley, ob. cit., p. 225.
[18] CNCiv. en pleno, 7/11/1980, “V. de Ch., I. H. c. Ch., N.”, L.L. 1981-B-560 (35.902-S): “Conforme al art. 288, C.P.C.C.N., el recurso de inaplicabilidad de la ley será admisible cuando una sentencia contradiga la doctrina establecida por algunas de las salas de la cámara en los diez años anteriores a la fecha del fallo recurrido; por lo tanto si el precedente invocado es de fecha anterior al plazo indicado y teniendo en consideración que el tribunal en pleno es el juez del recurso, el interpuesto debe ser desestimado”.
El art. 252, 1er. párr., C.C.A.T. Cdad. Buenos Aires, establece una antigüedad de dos años.
[19] GOZAÍNI, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, t. II, p. 118, La Ley, 2002 –con cita de C. Nac. Civ., sala G, 21/4/1997, “Prieto, Antonia c. Domínguez Sosa, Oscar”, L.L. 1989-E-1028 (39.850-S)-; yCOLOMBO, Carlos J., y KIPER, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado, t. III, p. 251, La Ley, 2006 –con cita de C. Nac. Civ. en pleno, 28/9/1984, J.A. 1984-IV-548; L.L. 1984-D-347-.
[20] CNCiv. en pleno, 28/9/1984, “O.S.N. c/Niza S.C.A. s/ejecución fiscal”, L.L. 1984-D-347; J.A. 1984-IV-548: “La convocatoria a tribunal plenario a iniciativa de una sala de cámara de apelaciones debe efectuarse antes del dictado de la sentencia definitiva”.
[21] GOZAÍNI, Código…, ob. cit., t. II, p. 118; y COLOMBO y KIPER, Código…, ob. cit., t. III, p. 251; ambos con cita de CNCont.Adm.Fed. en pleno, 12/4/1989, “Frigerio Máximo Paz”, L.L. 1989-C-77; D.J. 1989-2-250.
[22] LEGUISAMÓN, Héctor Eduardo, Los fallos plenarios y la Corte Suprema, en Tratado de derecho procesal constitucional, director Enrique M. Falcón, t. II, ps. 905/911, Rubinzal-Culzoni, 2010.
[23] LEGUISAMÓN, Héctor Eduardo, El abuso del proceso mediante la creación de mecanismos procesales particulares desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, elDial – DCCF9.
[24] CNCiv. en pleno, 10/11/1994, “Valdez, Estanislao Francisco c/El Puente S.A.T. y otro s/Daños y perjuicios”, L.L. 1995-A-137; Lexis n° 951096: “La responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109, Cód. Civil”.
[25] CNEsp.Civ.Com. en pleno, 14/12/1984, expte. nº 7162/84, “Irago, Armando Ramón c/Cabrera, Antonio s/Daños y perjuicios”, J.A. 1985-III-395: “Que para condenar a la aseguradora en los términos del art. 118 del decreto ley 17.418, no es menester integrar la litis con quien ha contratado el seguro, pues basta haberlo hecho con quien conducía el rodado con su autorización”.
[26] CNCiv., en pleno, 12/3/2012, “Sáez González, Julia del Carmen c/Astrada, Armando Valentín s/Daños y perjuicios”, elDial AA7464: “Es aplicable a las acciones de daños y perjuicios originadas en un contrato de transporte terrestre de pasajeros el plazo de prescripción establecido por el artículo 50 de la ley de Defensa del Consumidor –ley 24.240 modificada por la ley 26.361-“.
[27] CNCiv. en pleno, 26/10/1993, “Corsetti de Patrignani, Irene c/Martínez, Regino y otros s/Sumario”, E.D. 156-457; J.A. 1994-I-239: “No corresponde aplicar la prescripción anual del art. 855, inc. 1, Cód. de Comercio, reformado por la ley 22.096, a la acción indemnizatoria deducida por el pasajero contra el dependiente que conduce un transporte”.
[28] CNEsp.Civ.Com. en pleno, 11/5/1982, expte. nº 6935/81, “Mustafá, Alicia Noemí c/Núñez, José Manuel s/Ordinario – daños y perjuicios”, J.A. 1982-III-477; E.D. 100-608, elDial AN157: “La defensa de culpa grave del asegurado es oponible por la aseguradora citada en garantía frente al tercero damnificado que demanda los daños causados en un accidente de tránsito”.
[29] CNCiv. en pleno, 30/9/1975, “Multiflex S.A. c/Consorcio de Propietarios de Bmé. Mitre 2257/59”, E.D. 64-250; L.L. 1975-D-297; J.A. 1976-I-535: “Cuando se trata de una demanda rechazada totalmente, los honorarios de los abogados yprocuradores se fijarán sobre el monto reclamado en ella, y de acuerdo con la escala del art. 6 para los de la parte vencedoray la proporción del art. 7 para los de la parte perdedora. Cuando se trata de desistimiento del proceso y del derecho después de trabada la litis, se tornará como monto del juicio el importe reclamado, teniendo en cuenta para graduar el honorario la etapa en que el desistimiento se produjo, conforme a lo dispuesto en el art. 10 del arancel” (los artículos citados se refieren al decreto 30.349/44, pero resultan aplicables a la ley 21.839).
[30] CNCiv. en pleno, 2/10/2001, “Murguía, Elena J. c/Green, Ernesto B.”, J.A. 2001-IV-643; L.L. 2001-F-592: “La transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesionales que intervinieron en el proceso y no participaron en el acuerdo respectivo”.
[31] CNCiv. en pleno, 13/12/2006, “Obarrio, María Pía c/Microómnibus Norte S.A. y otro s/Daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte) Sumario” y “Gauna, Agustín c/La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/Daños y perjuicios”, con abrumadora mayoría de los jueces de la cámara (28 contra 6), elDial AA3A6C: “En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura –fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº 25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)”.
[32] CNCiv. en pleno, 20/4/2009, “Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/Daños y perjuicios”, elDial AA518A: “1- Corresponde dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios «Vázquez, Claudia Angélica c/Bilbao, Walter y otros s/Daños y perjuicios» del 2/8/1993 y «Alaniz, Ramona Evelia y otro c/Transportes 123 S.A.C.I. interno 200 s/Daños y perjuicios» del 23/3/2004. 2- Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio. 3- Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 4- La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.
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Esta entrada se publicó en Área judicial - general y está etiquetada con Acuerdos plenarios, Plenos jurisdiccionales en mayo 26, 2013 por Franco Chico.
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2 pensamientos en “Unificación de la jurisprudencia”
Franco Chico Autor de la entrada mayo 29, 2013 en 1:22 pm
Hugo, gracias por el comentario. Favor indicar nombre completo y especialidad, para darte un mejor servicio. Saludos!
hugo esteban mayo 29, 2013 en 7:50 am
En todo estado de derecho, la justicia se encumbra como un mástil de toda democracia, esto se sostiene sólidamente en una sana y correcta administración de justicia, “la unificación de la jurisprudencia”, viene a Reforzar lo ya avanzado, entonces tenemos que aceptar que en pleno siglo XXI, unificarla es un Reto, de incalculable valor moral, de quienes tienen el deber y la obligación de aplicarla, sin mas que que lo ya establecido jurídicamente.

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 artículo 50
 Resolución