Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43623020
Timestamp: 2020-02-22 00:35:31+00:00

Document:
Sentencia de Unificación nº 388/05 de Corte Constitucional, 13 de Abril de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623020
Proteccion a la familia y al menor de madres cabeza de familia, exservidoras de telecom, a quienes en aplicación del decreto 190 de 2003, les fueron terminados sus contratos de trabajo, en desconocimiento de la proteccion que les beneficiaba contemplada en la ley 790 de 2002. Solicitan se les asegure su permanencia en el servicio y en consecuencia se inaplique los articulos 14 y 16 del decreto 190 de 2003. Asimismo se ampare a personas con limitación física y proxima a pensionarse. La condicion constitucional de las madres cabeza de familia como sujetos de especial proteccion, desarrollo de acciones afirmativas en su favor y los procesos de reforma institucional. Atribuciones y limites de la administración para adelantar reformas institucionales. Caso especifico de las madres cabeza de familia como titulares de acciones afirmativas. Procedencia de la tutela para asegurar el cumplimiento de las medidas de estabilidad laboral reforzada en procesos de reforma institucional. La sala tutelara los derechos invocados, revocara los fallos de instancia que negaron el amparo y ordenara el reintegro en sus labores a los demandantes, sin solucion de continuidad. Al quedar sin efecto el acto de desvinculacion sucedera lo mismo con la indemnización, habiendo lugar a restituciones y compensaciones mutuas. Alcance de la decision. Técnica para hacer extensivos los efectos de una decision de tutela a otros sujetos no vinculados directamente en el tramite de las acciones de tutela objeto de revision. Concedida
Sentencia citada en: 329 sentencias, 9 artículos doctrinales, una disposición normativa
Las acciones afirmativas nacen en el derecho norteamericano con la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935, según la cual, si un empresario discriminaba a un sindicato o miembro de aquel, debía suspender su actuación y adoptar ''acciones afirmativas'' para ubicar a las víctimas en el lugar que estarían si no hubieran sido discriminadas. No obstante, el desarrollo posterior vendría dado para superar los históricos problemas de segregación racial en la sociedad norteamericana. Sus orígenes remotos también se encuentran en la Constitución de la República India (1950), que hizo referencia expresa a la posibilidad de reservar un porcentaje de puestos en la administración pública a miembros de la casta que había sufrido mayor discriminación histórica, como una forma de compensar su injusta exclusión. Y años más tarde fueron desarrolladas en Europa occidental especialmente con el proceso de integración europea, tanto en el nivel normativo como en las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, casi siempre con el objetivo de poner fin a la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral.
En lo relativo a las madres cabeza de familia, en la sentencia C-1039 de 2003 la Corte explicó que si bien es cierto que resulta legítimo adoptar medidas sólo en su favor, también lo es que para este caso ''mas allá de la protección que se le otorga a la mujer cabeza de familia, debe entenderse que lo que el legislador quiere proteger es el grupo familiar que de ella depende, en especial a los niños. Fue así como declaró la exequibilidad condicionada de la expresión ''las madres'' del artículo 12 de la Ley, ''en el entendido que la protección debe extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen.'' Como salta a la vista, el beneficio fue extendido a los padres cabeza de hogar habida cuenta del objetivo último perseguido por la norma (proteger al los niños y a la familia como institución), mas no porque la prerrogativa supusiera, en sí misma, una discriminación directa o indirecta contra los varones.
Referencia: expedientes T-901538 (F.E.S.R., T-902961 (R.O.C., T-903174 (M.V.M.F., T-904612 (R.S.C., T-906384 (S.G.L., T-907561 (L.M.A.D., T-908425 (L.M.C.G., T-909903 (G.E.T.C., T-924620 (D.P.B.V., T-934411 (G.J.G.L., T-942237 (Y.M.P.O., T-942287 (O.L.G., T-942903 (J.C.G.R., T-945636 (A.V.A.B., T-945653 (F. delS.L.M., T-945899 (Blanca del Carmen Barajas Niño), T-950971 (C.Y.C.C., T-988968 (Libia del C.T.C., T-994871 (M.E.U., T-997518 (H.P.C., T-1007070 (A.M.R.P., T-1008895 (M.G.L., T-1011654 (A.D.E.O.) y T-1015372 (M.E.M.R..
- Relación temática de los expedientes acumulados
Las peticionarias arguyen que la terminación de sus contratos laborales contraría los principios constitucionales de protección a la familia y al menor. Las demandantes señalan que en su condición de madres cabeza de familia se encontraban protegidas por el beneficio creado en la Ley 790 de 2002. Aducen que el P. de la República incurrió en extralimitación de sus potestades al expedir el Decreto 190 de 2003, ya que a través de este último limitó hasta el 31 de enero de 2004 el plan de protección especial que las amparaba, contrariando varias normas legales y constitucionales. En este sentido consideran que la Ley 790 de 2002, ley marco que le otorgó facultades extraordinarias al P. de la República, no le dio el alcance que se vislumbra en la expedición de este decreto.
Adicionalmente, C.Y.C.C. (T-950971) dio cuenta del padecimiento de una enfermedad cancerígena de piel y del hecho de faltarle menos de tres años para obtener su derecho a la pensión de jubilación; M.E.U. (T-994871) explicó que padece una limitación física debido a una grave enfermedad progresiva (carcinoma infiltrante moderadamente diferenciado); H.P.C. (T-997518) consideró que también debía ser amparada como persona próxima a pensionarse, por cuanto a la fecha de expedición de la Ley 790 de 2002 le faltaban menos de tres años para obtener el derecho a esa prestación.
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Caquetá, el Juzgado Quinto de Familia de Manizales, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales y el Juzgado 13 Laboral del circuito de Bogotá, mediante providencias del 18 de febrero de 2004 (las tres primeras) y del 21 de abril de 2004 (la última) concedieron el amparo por considerar lesionados los derechos fundamentales a la familia y los derechos de los niños. De manera general, consideran que el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 es abiertamente contrario a la Ley 790 de 2002. Así mismo, señalan que la entidad ha afectado derechos adquiridos a las demandantes por la condición que cada una de ellas ostenta como ''mujer cabeza de familia sin otra alternativa económica''.
La protección invocada por la señora F.H.S.R. fue negada por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Cali mediante providencia del 5 de febrero de 2004. Esa autoridad consideró que no hubo violación de los derechos invocados, toda vez que no se configuró un perjuicio irremediable; además, explica que la acción de tutela no procede en cuanto a hechos imaginarios o de futura ocurrencia. De la misma manera, argumenta que si se dieran los supuestos de hecho alegados tampoco se vulnerarían los derechos fundamentales, por cuanto la entidad obra en cumplimiento de un acto administrativo de carácter general. Estima que utilizar el mecanismo constitucional de tutela para derogarlo o modificarlo desnaturalizaría su sentido subsidiario, pues si la accionante desea dejar sin efectos el decreto cuenta con la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
El amparo invocado por la señora M.V.M.F. fue denegado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de P. mediante providencia del 2 de abril de 2004. Esa autoridad judicial consideró que dado que la inconformidad de la peticionaria proviene de la aplicación de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, como lo es el Decreto 190 de 2003, no es procedente el mecanismo de tutela. Indica que el decreto está revestido de la presunción de legalidad. Adicionado a lo anterior, expone que proceder aplicando la excepción de inconstitucionalidad sería vulnerar la certeza de decisiones. Esta decisión no fue impugnada.
Mediante providencia del 18 de marzo de 2004 el Juzgado 2 Laboral del Circuito de P. denegó el amparo solicitado por S.G.L.. Advierte que la accionada tenía todo el derecho de retirarla del servicio, ya que estuvo protegida sólo hasta el 31 de enero de 2004 como lo ordena la ley. Considera que al no encontrarse inmersa en la circunstancia contemplada en el art. 8° de la Ley 812 de junio 26 de 2003, no se evidencia ni una violación a sus derechos adquiridos ni un perjuicio irremediable. La decisión no fue impugnada.
El Juzgado Tercero de Familia de Manizales denegó el amparo solicitado mediante providencia del 18 de febrero de 2004. Esta autoridad judicial consideró que si bien es cierto que la demandante resultó beneficiaria de una especial protección en la modalidad de ''madre cabeza de familia'', dicha prerrogativa o privilegio de estabilidad laboral únicamente fue erigida por la Ley 790 de 2002 para aquellas entidades en programa de renovación, es decir, de reestructuración, cosa que no sucede dentro del caso. Aduce que en Telecom no fue ordenada su reestructuración sino su terminación y, por tanto, no es aplicable a la accionante la ley con la cual intenta conservar su empleo.
2.7. Expediente T -942903
El Juzgado Primero Civil del Circuito de S.G., mediante sentencia del 19 de mayo de 2004, declaró la improcedencia de la acción incoada. Indica que el reintegro de trabajadores, en caso de supresión de las entidades, es improcedente por medio de la tutela. Observa que la peticionaria pretende dirimir una controversia de carácter prestacional derivada de una relación laboral que escapa a la acción de tutela.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil de S.G., mediante providencia del 10 de junio de 2004, confirmó la decisión de primera instancia. En su decisión reiteró la finalidad de la acción de tutela y su improcedencia frente a la solicitud de reintegros laborales.
Mediante sentencia del 11 de junio de 2004 el Juzgado 4 Civil del Circuito de P. denegó las pretensiones de la actora, pues consideró que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa evaluar la viabilidad de la solicitud de reintegro. Adujo que la tutela no es el mecanismo idóneo para resolver la petición de la demandante. Además, consideró que ésta no puede desplazar las competencias ordinarias o especiales previstas por el legislador para resolver los conflictos derivados de la vinculación o desvinculación laboral en los términos del Decreto 190 de 2003. Por último, rechaza la petición de la accionante, quien solicitó el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que consideró que éste no se había configurado. La decisión no fue impugnada.
El Juzgado 5 Penal del Circuito de Bogotá, en providencia de mayo 5 de 2004, denegó el amparo solicitado. Estimó el juzgado que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática y reiterativa al señalar que los asuntos atinentes al reintegro por despido injustificado, o la liquidación y pago de obligaciones laborales no son materia de tutela. Indicó que la accionante cuenta con la posibilidad de acudir a las vías judiciales ordinarias para satisfacer sus pretensiones, en donde se decidirá definitivamente si la actora cumple o no con los requisitos para ser incluida como titular de una especial protección. Así mismo, considera que es evidente la improcedencia de la tutela para dejar sin efecto el acto administrativo que dispuso la liquidación de Telecom, así como las disposiciones de la ley 790 de 2002 y el decreto 1835 de 1994, por ser todos estos actos administrativos y leyes de carácter general, impersonal y abstracto. Expone que, teniendo en cuenta que la supresión de empleos y liquidación ordenada por el decreto 1615 de 2003 se cumplió en ejercicio de las facultades constitucionales y legales otorgadas al P. de la República, mientras dichas normas se mantengan vigentes y no sean declaradas inexequibles son de obligatorio cumplimiento.
El Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, en sentencia del 30 de enero de 2004, denegó la tutela de los derechos invocados al considerar que en el caso de la ciudadana B.V. no existía afectación de sus derechos fundamentales, pues este hecho estaba supeditado a la posible desvinculación del servicio público, circunstancia que no se había corroborado, por lo que no era posible acreditar perjuicio alguno. Además, a juicio del juez constitucional, incluso en el evento que se verificara el despido de la actora, la tutela no era procedente, en la medida en que la suma de dinero por concepto de indemnización a la que tendría derecho impediría la afectación de sus garantías constitucionales con ocasión de la pérdida del empleo.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la decisión de primera instancia mediante providencia del 19 de marzo de 2004. Para el Tribunal, la solicitud de protección de derechos fundamentales estaba fundada en el presunto perjuicio generado por un acto administrativo inexistente, lo cual permitía concluir que la afectación de garantías constitucionales era apenas hipotética. En el mismo sentido, para el ad-quem no era admisible la pretensión de la ciudadana B.V., en el sentido de desvirtuar los efectos del Decreto 190 de 2003, pues era necesario declarar la excepción de inconstitucionalidad de este precepto, actuación que sólo era posible dentro de un proceso ante la jurisdicción ordinaria o a través de la acción pública de inconstitucionalidad de conocimiento de la Corte Constitucional.
El Tribunal Superior de Cundinamarca, S.L., mediante sentencia del 24 de septiembre de 2004 confirmó el fallo del a-quo. En su parecer, la accionante tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, uno de los cuales está siendo utilizado. Además, señala, no fue acreditada la presencia de un perjuicio irremediable y por el contrario se demostró el pago de una indemnización.
Por sentencia del 20 de mayo de 2004, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Arauca denegó la tutela solicitada. Según el despacho, existen otros mecanismos judiciales de defensa idóneos para controvertir el retiro de la entidad, que en concepto del juzgado operó en todo caso en el marco de las disposiciones constitucionales y legales vigente debido a la potestad del P. de la República para suprimir organismos nacionales.
El Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del 31 de mayo de 2004, confirmó el fallo de primera instancia. En su concepto, el Decreto 190 de 2003 no excluyó la protección a las madres cabeza de familia al fijar un plazo para dar por terminado el contrato de trabajo, ''sino que varió fue la forma, porque ya no se pagaría un sueldo sino una indemnización'', con lo cual se restablece la capacidad económica de la accionante y se le permite mantener su calidad de vida. Pero en todo caso, dice la sentencia, si la demandante considera que el decreto es contrario a derecho puede ejercer las acciones ordinarias ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual reafirma la improcedencia de la tutela por existir otros mecanismos judiciales de defensa.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia denegó el amparo mediante sentencia del 10 de septiembre de 2004. En su criterio, la entidad demandada no ha vulnerado los derechos de la señora U. puesto que se limitó a cumplir el Decreto 19 de 2003 y, en todo caso, la acción de tutela no constituye el medio idóneo para ventilar este tipo de controversias. También observa que la decisión de desvincular a la peticionaria no tuvo origen en una situación específica como el estado de salud, sino en el cumplimiento de una norma general y abstracta. La decisión no fue impugnada.
El Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del 16 de septiembre de 2004, denegó la tutela de los derechos constitucionales invocados por la ciudadana R.P.. Para el juez de tutela, el amparo solicitado no era procedente puesto que (i) implicaba el desconocimiento de normas legales, de carácter general, que estaban revestidas por la presunción de constitucionalidad; (ii) la controversia sobre la suspensión en los efectos del Decreto 190 de 2003 era un asunto privativo de la jurisdicción contenciosa y; (iii) el reintegro pretendido por la actora no era posible, amén de la supresión del cargo que desempeñaba y el hecho del reconocimiento de la indemnización por el retiro del empleo.
Mediante sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil cuatro (2004), el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja denegó la tutela solicitada, al considerar que para aliviar el impacto que produce la liquidación de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, frente a los trabajadores que de un momento a otro se encuentran sin un mundo de subsistencia, a través de una ley se trato de hacer menos doloroso ese hecho, permitiendo que las madres cabezas de familia, las personas con limitaciones físicas y todas las demás allí señaladas no sean retiradas del servicio en desarrollo del programa de renovación de la administración, pero esa ley fue reglamentada por el Decreto 190 de 2003, en su artículo 16 ''aplicación en el tiempo'', y en el capítulo segundo sobre el reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica, las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a partir del 1 de septiembre de 2002, dentro del programa de renovación de la administración pública del orden nacional, y hasta su culminación, la cual no podrá acceder, en todo caso, del 31 de enero de 2004.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, según lo dispuesto en el artículo 54ª del Acuerdo 05 de 1992 -Reglamento Interno-, y lo acordado en sesión del 30 de noviembre de 2004, decidió que el asunto fuera decidido por la Sala Plena de la Corporación.
- La condición constitucional de las madres cabeza de familia como sujetos de especial protección y el desarrollo de acciones afirmativas en su favor.
El artículo 13 de la Carta señala, entre otras cuestiones, la obligación del Estado de velar por la igualdad real y efectiva, de adoptar medidas a favor de los grupos discriminados y marginados, y de proteger a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta. Artículo 13.- ''(...). El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.'' El cumplimiento de estos cometidos constitucionales se materializa mediante las acciones afirmativas, respecto de las cuales la Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en anteriores sentencias. Cfr. Sentencias C-112 de 2000, C-371 de 2000, T-500 de 2002, C-184 de 2003, C-044 de 2004 y C-174 de 2004, entre otras.
Las acciones afirmativas nacen en el derecho norteamericano con la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935, según la cual, si un empresario discriminaba a un sindicato o miembro de aquel, debía suspender su actuación y adoptar ''acciones afirmativas'' para ubicar a las víctimas en el lugar que estarían si no hubieran sido discriminadas. Cfr. STERBA, J., ''A legal history of Affirmative Action in the United States''. COHEN, P. and STERBA, J., ''Affirmative action and racial preference''. Oxford, University Press, 2003, p.191. No obstante, el desarrollo posterior vendría dado para superar los históricos problemas de segregación racial en la sociedad norteamericana. Sus orígenes remotos también se encuentran en la Constitución de la República India (1950), que hizo referencia expresa a la posibilidad de reservar un porcentaje de puestos en la administración pública a miembros de la casta que había sufrido mayor discriminación histórica, como una forma de compensar su injusta exclusión. M.V., M.Á., ''Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción positiva''. Madrid, Civitas, 2002, p.35. Y años más tarde fueron desarrolladas en Europa occidental especialmente con el proceso de integración europea, tanto en el nivel normativo En el marco del derecho comunitario las Directivas son actos normativos que obligan a los Estados en cuanto al resultado -en un plazo determinado-, pero les deja libertad de configuración interna. Respecto de las acciones afirmativas se destaca la Directiva 76/207 de 1996, cuyo artículo 2.1 establece lo siguiente: ''El principio de igualdad de trato supone la ausencia total de toda discriminación por razón del sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar''. Y unas líneas más adelante autoriza la ''adopción de medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres''. Esta Directiva fue modificada por la Directiva 73 del 2002, en el sentido de reconocer con más claridad las acciones afirmativas. como en las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Se destacan las siguientes sentencias, todas ellas relacionadas con acciones afirmativas a favor de la mujer: Sentencia de octubre 17 de 1995, Asunto C-450/93 (Kalanke); Sentencia de noviembre 11 de 1997, Asunto C-409/95 (Marshall); Sentencia de julio 6 de 2000, Asunto C-407/98 (Anderson); Sentencia de Marzo 28 de 2000, Asunto C-158/1997 (Badeck); Sentencia de diciembre 7 de 2000, Asunto C-79/1999 (Schnorbus). casi siempre con el objetivo de poner fin a la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral.
''Con esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan A.R.M., "Discriminación Inversa e Igualdad", en Amelia Varcárcel (compiladora), El Concepto de Igualdad, E.P.I., Madrid, 19994, pp. 77-93. , bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación. G.K.. "Discrimination and Reverse Discrimination."
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil nº de 16 de Marzo de 1993

References: artículo 12
 artículo 16
e contrario
 artículo 84
 artículo 16
 artículo 54
 artículo 13
 Artículo 13
 artículo 2