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BOC - 2013/150. Martes 6 de Agosto de 2013 - Anuncio 4201
BOC Nº 150. Martes 6 de Agosto de 2013 - 4201
4201 Secretaría General Técnica.- Resolución de 23 de julio de 2013, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y el Servicio Canario de la Salud para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios en vía ejecutiva.
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BOC-A-2013-150-4201. Firma electrónica - Descargar
Suscrito con fecha 8 de julio de 2013, Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y el Servicio Canario de la Salud para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios en vía ejecutiva.
Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el mencionado Convenio que figura como anexo a esta Resolución para general conocimiento
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de julio de 2013.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.
CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD Y EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRO DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO PROPIOS EN VÍA EJECUTIVA.
De una parte, el Excmo. Sr. D. Javier González Ortiz, Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 29.1, apartado k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas de Canarias.
Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña. Brígida Mendoza Betancor en calidad de Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, en uso de las facultades que le atribuyen los artículos 56.1.a) y 58.1 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.
Que conforme al artículo 9 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, "La administración de los derechos económicos de la Hacienda Pública corresponde, según su titularidad, a la consejería competente en materia de hacienda o al resto de las entidades que sujeten su actividad al derecho público, sin perjuicio de las competencias atribuidas por esta u otras leyes a otros departamentos o entidades del sector público".
Que de conformidad con el artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas".
Que conforme al artículo 21 del Decreto 32/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la Actividad Económico-Financiera del Servicio Canario de la Salud "La Dirección General de Recursos Económicos ejerce la administración, gestión y recaudación de sus derechos económicos, sin perjuicio de los controles que la ley establece". Que en el apartado tercero del artículo anterior se determina que "la gestión de cobro de derechos en vía ejecutiva, se centralizará en la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio. No obstante, la gestión de la recaudación prevista en los párrafos anteriores podrá realizarse directamente o a través de Entidades públicas o privadas".
El artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, dispone que el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello".
Que mediante la firma de este Convenio se acepta dicha delegación y que conviniendo ambas partes que la recaudación en vía ejecutiva de los débitos de derecho público propios del Servicio Canario de la Salud se realice a través de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, formalizan mediante este documento las bases que configuran el presente Convenio.
El convenio tiene por objeto delegar por la Dirección General de Recursos Económicos y aceptar por el órgano competente en materia de recaudación de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) respectivamente, la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de los ingresos del Servicio Canario de la Salud, consistentes en tasas sanitarias, precios públicos, sanciones, ingresos patrimoniales y demás ingresos de derecho público derivados del ejercicio de las competencias atribuidas al Servicio Canario de la Salud (en adelante, SCS).
La gestión de cobro de las deudas procedentes de ingresos de Derecho público del SCS, tasas sanitarias, precios públicos, sanciones, ingresos patrimoniales y demás ingresos de derecho público, que deba realizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias lo será con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio.
La gestión recaudatoria que haya de realizarse fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias se llevará a efecto a través de los acuerdos contenidos en el Convenio suscrito el 15 de septiembre de 2006, entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Consejería de Economía y Hacienda, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad.
Cuarta.- Funciones del SCS.
Corresponde al SCS:
4. Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por el órgano competente del SCS.
4.- Dar traslado al Tribunal Económico Administrativo competente de las solicitudes de suspensión de los actos de contenido económico dictados por los órganos de recaudación de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 46 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
8.- Proponer, en su caso, al SCS, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria del delegante tenga conocimiento de uno de los supuestos de derivación de responsabilidad.
9.- Proponer al SCS la declaración de crédito incobrable e insolvencias.
10.- La práctica de las notificaciones de los actos dictados por el SCS en el procedimiento de apremio.
El presente Convenio será ejecutado por la CONSEJERÍA con plena observancia y estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Se hace constar expresamente que la CONSEJERÍA queda obligada a adoptar cuantas medidas de índole técnica y organizativas sean necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Asimismo, no se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinan en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. Los requisitos y condiciones que deben reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos serán las que seguidamente se relacionan, de conformidad con el contenido del citado Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del objeto del presente Convenio conforme a las instrucciones que reciba del SCS y no podrá suministrar información alguna o dar publicidad sobre los mismos a personas o entidades no autorizadas expresamente por el SCS.
6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas de seguridad que se acuerden por el SCS las cuales se considerarán, a todos los efectos, que forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las medidas de los niveles básico y medio que habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:
8. En el registro al que se refiere el apartado 6.c)1 anterior deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué dato ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.
1. Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho las deudas, el SCS expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que contendrán, como mínimo, los datos que se especifican en el artículo 70.2 del Reglamento General de Recaudación, así como, en su caso, la identificación de los obligados tributarios y responsables de las deudas, a los que se refieren el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria y el Título IV de dicho Reglamento, respectivamente, y los bienes afectos a las deudas en garantía y aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera la CONSEJERÍA.
2. Asimismo el órgano competente del SCS providenciará de apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Reglamento General de Recaudación.
3. El SCS remitirá a la CONSEJERÍA, con una periodicidad máxima mensual, los títulos ejecutivos a que se refiere el objeto del presente Convenio en un único soporte magnético y documentados por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos. Las especificaciones técnicas del citado soporte deberán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA mediante Resolución del Director General de Tributos.
Asimismo, el SCS previamente al envío de deudas, verificará que entre estas no figuren deudas prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo para su notificación, deudas suspendidas o que hayan sido objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liquidación haya sido recurrida con solicitud de suspensión.
5. Cuando se hubieran constituido ante el SCS garantías de pago de las deudas que se envíen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros como garantías existan para cada deuda conforme a las especificaciones técnicas del soporte magnético al que se refiere la presente base.
6. En cualquier caso, cuando el SCS tenga conocimiento de datos complementarios que pudieran facilitar la gestión de cobro, se especificarán en los registros diseñados al efecto en el soporte magnético al que se refiere la presente base.
6. En caso de que los datos consignados sean incorrectos, el SCS será responsable de los efectos que puedan producirse por dicha causa.
2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas se presentarán por los obligados al pago ante la CONSEJERÍA o ante el SCS.
Cuando las solicitudes de aplazamiento se presenten en el SCS, se remitirá al órgano de recaudación competente de la CONSEJERÍA, escrito informando de la existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la CONSEJERÍA concluirá la gestión recaudatoria, e informará al SCS del importe pendiente a la fecha de la solicitud.
Si la solicitud se presenta en la CONSEJERÍA esta procederá a remitir al SCS la misma, junto a información sobre la deuda pendiente en ese momento y procederá a dar por concluida la gestión recaudatoria.
En caso de incumplimiento del acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento concedido por el SCS, si así lo solicita este, los servicios de recaudación de la CONSEJERÍA continuarán la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pendiente.
Cuando la suspensión sea superior a cuatro meses podrán ser devueltas las deudas afectadas, previo descargo, al SCS, sin que la data en estos casos devengue coste del servicio.
No podrán remitirse las deudas cuya providencia de apremio haya sido notificada por el SCS.
2. El SCS notificará a la CONSEJERÍA con carácter inmediato los pagos que se hayan realizado en cuentas diferentes a las citadas en el punto 1 anterior respecto de deudas objeto del presente Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deuda apremiada, el procedimiento ejecutivo continuará por el saldo pendiente.
Corresponde al SCS el reembolso del coste de las garantías constituidas ante la propia Administración Tributaria para obtener la suspensión de la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda enviada en gestión de cobro.
7.8. Adjudicación de bienes al SCS.
Si realizada la segunda licitación de la subasta establecida, alguno de los bienes embargados o aportados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el SCS adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación para la adjudicación de bienes al Estado, con las particularidades siguientes:
1º) El órgano de recaudación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ofrecerá al SCS la adjudicación, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de este, el importe de los mismos y el valor en que han de ser adjudicados los bienes.
2º) El SCS deberá comunicar la resolución adoptada al órgano de recaudación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se entenderá no aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.
Si ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, será a cargo del presupuesto del SCS la parte no cubierta, minorando el importe a transferir al SCS en la siguiente liquidación mensual, sin perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejercer el mismo.
Los justificantes de las costas se incluirán en los expedientes, pudiendo el SCS solicitar aclaración si a su juicio no estuvieran suficientemente justificadas.
7.10. Colaboración e información adicional del SCS.
Para gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el presente Convenio, los órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso de los mismos medios de información que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen término la recaudación de los títulos, solicitar información al SCS, la cual, a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA la información sobre bienes y derechos de la que dispusiera.
La determinación de los créditos incobrables es potestad exclusiva del SCS, a instancias de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquella en los mismos términos que para las de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El SCS podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran realizados todos los trámites.
3. En el caso de que el SCS tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión de la deuda datada por insolvencia que permitieran la realización del derecho podrá incluir nuevamente la deuda en un siguiente envío mensual, acompañando documentación justificativa de su nueva incorporación.
1. Se fija el coste del servicio a abonar por el SCS a la CONSEJERÍA de la siguiente forma:
Novena.- Liquidaciones y transferencias de fondos al SCS.
Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA enviará al SCS el detalle de los movimientos de sus deudas, salvo que se haya habilitado un acceso directo para el mismo a los aplicativos de gestión.
Los importes mensuales resultantes a favor del SCS serán transferidos a la cuenta bancaria que con este fin haya designado el mismo. En los casos en que, practicada la liquidación, resulte deudora el SCS, se compensará el importe en sucesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se trate de la liquidación del mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá al SCS para que efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que se indique por la CONSEJERÍA.
Décima.- Información al SCS.
La CONSEJERÍA enviará al SCS información de la gestión recaudatoria a la que se refiere el presente Convenio con la periodicidad siguiente:
- Mensualmente, el detalle de movimientos de deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al aplicativo de gestión para el SCS.
Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA suministrará al SCS cualquier información que le sea solicitada respecto de las actuaciones efectuadas sobre las providencias de apremio objeto del presente Convenio.
1. Teniendo este Convenio su fundamento en una delegación de competencia, y que tal delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el SCS en aplicación de lo establecido en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si se produjera alguno de los supuestos de resolución previstos en el presente Convenio, la misma llevará aparejada la revocación de la delegación efectuada.
b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la gestión de los títulos entregados que produzca perjuicios a la Hacienda del SCS. Será causa de resolución la reiterada prescripción de derechos imputable a la CONSEJERÍA.
c) La aportación de información comprobada a terceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización del SCS.
4. En caso de resolución, se devolverán por la CONSEJERÍA al SCS los expedientes que se hubieran entregado, con independencia de que su tramitación no hubiera culminado, estableciéndose entre el SCS y la CONSEJERÍA la forma y plazos de entrega de los expedientes entregados a la misma.
5. Una vez finalizada la vigencia de este Convenio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos al SCS, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos vocales del SCS y dos vocales de la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director General de Tributos o persona en quien delegue. A la misma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario que será designado por el Presidente de la citada Comisión. Las funciones de la misma serán:
Y en prueba de conformidad, se firma el presente en el lugar y fecha al comienzo señalado.- El Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.- La Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, Brígida Mendoza Betancor.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 21
 artículo 31
 artículo 46
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 70
 artículo 35
 artículo 70
 Resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 resolución