Source: http://valcap.es/html/Nuestro%20boletin/nr%2022/22.htm
Timestamp: 2017-11-19 06:44:50+00:00

Document:
¿ CUAL ES LA PRELACION
DE LAS FUENTES EN REFERENCIA A LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL?
1º. Los preceptos imperativos de la Ley de Propiedad Horizontal; el artículo 396 del Código Civil; los artículos 8.4º y 5º y 117.11º de la
2º. Los Estatutos de cada Comuni-dad, si existieren.
3º. Los Reglamentos de Régimen Interior, si existieren.
5º. Los preceptos del Código Civil sobre la propiedad y, en particular, los relativos a la comunidad de bienes en cuanto estén relaciona-dos con la función de la propiedad horizontal.
EL PROPIETARIO DE UNA PLAZA DE GARAJE EN UNA COMUNIDAD, NO TIENE DERECHO AL USO DE LA PISCINA COMUNITARIA
Resumen: En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil seis. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por DON Juan Pedro, representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio García Sanmiguel y Orueta, contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 17 de marzo de 1999 por la Audiencia Provincial de Alicante dimanante del juicio de menor cuantía 535/96 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de Orihuela. Es parte recurrida en el presente recurso la DIREC-CION000", representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Antonio Fernández Múgica.
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de los de Orihuela, conoció el juicio de menor cuantía nº 535/96, seguido a instancia de D. Juan Pedro contra la DIRECCION000", sobre impugna-ción de acuerdo de comunidad de propietarios. Por la representación procesal de D. Juan Pedro se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado: "...dicte sentencia en virtud de la cual se declare lo siguiente: 1º.- Nulidad del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria celebrada el día 15 de agosto de 1996, en relación al punto cuarto del "Orden del Día", habida cuenta que Don Juan Pedro es titular de una finca sita en el edificio y como tal tiene el mismo derecho que cualquier otro condómino a disfrutar de los elementos comunes y, en especial, de la piscina a la que se refiere el Acuerdo que con la presente se impugna.- 2º.- La condena en costas y gastos del Procedimiento que con la presente se inicia, a la Comunidad demandada.". Admitida a trámite la demanda, por la representación procesal de la parte demandada, se contestó la misma, en la que terminaba suplicando al Juzgado, tras los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación: "...dicte en su día sentencia en cuya virtud se desestime la de-manda, absolviendo a mi represen-tada, con expresa imposición de las costas de este procedimiento a la parte actora.". Con fecha 14 de marzo de 1997, el Juzgado dictó sentencia cuyo fallo dice: "Que estimando como estimo la deman-da interpuesta por el Procurador Sr. Martínez Gilabert en nombre y representación de D. Juan Pedro contra la Comunidad de Propieta-rios del Edificio "Sol Naciente I" debo declarar y declaro la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria celebrada el día quince de Agosto de mil nove-cientos noventa y seis, en relación al punto cuarto del Orden del día que niega a los propietarios de los garajes el uso de las piscinas, con imposición a la demandada de las costas del juicio.".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Audiencia Provincial de Alicante, dictó sentencia en fecha 17 de marzo de 1999 , cuya parte dispo-sitiva es del tenor literal siguiente: "Que con estimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Orihuela de fecha 14 de marzo de 1997 en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos revocar y revocamos el contenido de la citada Sentencia y en su lugar acordamos desestimar la demanda formulada por D. Juan Pedro contra la DIRECCION000 absolviendo a la demandada de las peticiones for-muladas en su contra y con imposición a la actora de las costas de la primera instancia y sin hacer expresa imposición de las causadas en esta alzada.".
TERCERO.- Por el Procurador Sr. García Sanmiguel y Orueta, en nombre y representación de D. Juan Pedro, se presentó escrito de formalización del recurso de casa-ción ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal en el siguiente motivo: Único: "Se fundamenta en el cuarto motivo de los recogidos en el artículo 1.692 de la L.E.C . por vulneración de los artículos 3-1, 394 y 396 del Código Civil , artículo 5 de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal ".
CUARTO.- Por Auto de esta Sala de fecha 31 de mayo de 2001 , se admite a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido, por la representación procesal del recurrido, se presentó escrito de impugnación al mismo.
QUINTO.- No habiéndose solicita-do, por todas las partes persona-das, la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar, para la votación y fallo del presente recurso, el día 19 de enero del año en curso, en el que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA.
PRIMERO.- El único motivo del actual recurso de casación lo residencia la parte recurrente en el artículo 1692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ya que en la sentencia recurrida, según mani-fiesta dicha parte, se han infringido los artículos 3-1, 394 y 396 del Código Civil , así como el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal . Este único motivo debe ser deses-timado. El quid del actual motivo radica en determinar si el título constitutivo de la DIRECCION000" obliga a la misma a permitir que el propietario de una plaza de garaje que no lo sea de la vivienda, use y disfrute de las piscinas de dicha comunidad; y por ende si el acuer-do de la Junta que impide a la parte recurrente propietario de una plaza de garaje sin ser titular de una vivienda a utilizar la piscina común, debe ser declarado nulo. Pues bien, de los hechos declara-dos probados en la sentencia recurrida, y derivados de una sim-ple lectura de la escritura pública de obra nueva y división horizontal, se desprende lo siguiente y así reza literalmente: a) los vehículos que aparquen en las cocheras de la planta baja tendrán acceso a través de la parcela para entrar o salir de aquellas; y b) son elementos comunes la parcela y las piscinas de adultos y niños. Si a lo dicho se une que el uso de una piscina comunitaria siempre ha de entenderse, por pura lógica, como para el uso y disfrute de los titulares de las viviendas de la comunidad; y que desde luego el dueño de una plaza de garaje, que no es titular de una vivienda, nunca puede utilizar un elemento común de la comunidad que nada tiene que ver ni sirve para una mejor utilización de una plaza de garaje. Con ello, se comprende lo dicho anteriormente. Y así se puede poner como ejemplo lo que se desprende de la sentencia de esta Sala de 4 de octubre de 1994 , cuando dice que el portal como elemento común de la comunidad, no puede ni debe ser usado por los titulares de una plaza de garaje para acceder al mismo, cuando existe una entrada "ad hoc" para ello. Lo cual es perfectamente transferible al caso presente. Y en el presente caso para la utilización de la plaza de garaje -como ya se ha dicho- no es necesario utilizar o disfrutar de la piscina comunitaria.
SEGUNDO.- En materia de costas procesales y en esta clase de recursos se seguirá la teoría del vencimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 1715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; por lo que las mismas en el presente caso se impondrán a la parte recurrente. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos acordar lo siguiente: 1º.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Juan Pedro frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 17 de marzo de 1999 .
2º.- Imponer las costas procesales de este recurso a dicha parte recurrente. Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronun-ciamos, mandamos y firmamos .- Román García Varela.- José Antonio Seijas Quintana.- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebran-do Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
Las promotoras inmobiliarias reco-nocen que España se encuentra retrasada en el ámbito de edifica-ción bioclimática frente a otros países, especialmente de la Unión Europea, según se desprende de un sondeo realizado por GOP Oficina de Proyectos en los campos de arqui-tectura y urbanismo.
Algunas de las promotoras inmobi-liarias españolas ha empezado a promover viviendas bioclimáticas, de sus respuestas se deduce que lo son parcialmente, al incluir sólo algún o algunos elementos propios de este tipo de edificación.
Entre ellos, en función de la facilidad de su implantación o menor coste, destacan la iluminación natural, el aislamiento o la ventilación cruzada, frente a los más difíciles o caros que son los materiales bioclimáticos en fachadas, el techo solar o el efecto invernadero. Los promotores expli-can este retraso en la edificación bioclimática en España con el argumento de que son pocos los consumidores que requieren este tipo de viviendas, y la publicidad que se hace al respecto también es escasa, por lo que pasa desaper-cibida para la opinión pública en general.
Además, la concienciación medio-ambiental en España no es tan mayoritaria como en otros países de la UE y tiene un menor recorrido histórico que en otras sociedades.
Desde el punto de vista de la construcción, se incrementan sus costes y se hace más complejo el proyecto y su desarrollo, lo que conlleva una disminución a corto plazo de los beneficios empresa-riales y un esfuerzo económico mayor para las promotoras.
No obstante, los promotores prevén que en diez años más de la mitad de las promociones reunirá todos o parte de los requisitos de una edificación bioclimática, a lo que contribuirá la propia legislación que obligará a ello progresivamente a través del Código Técnico de la Edificación. Entre los posibles atractivos de la vivienda bioclimática a publicitar para atraer a los compradores se posiciona el ahorro de energía como la ventaja más valorada por los promotores, dado que podría compensar a largo plazo la repercusión que tendrá en el precio final el mencionado incremento de costes de construcción
SUPERFICIE UTIL Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN ELEMENTOS PRIVATIVOS DE UNA DIVISIÓN HORIZONTAL
R. 30 de diciembre de 2005, DGRN. BOE de 14 de febrero de 2006. Vinculante
Se otorga una escritura en la que se divide horizontalmente una edifica-ción en dos viviendas: la planta baja y la planta alta.
La registradora exige que se exprese la superficie útil de los elementos privativos, por entender que la superficie construida, que es la que se refleja en la escritura, no es sólo la superficie construida privativa de dichos elementos sino que refleja también la parte proporcional de la superficie cons-truida de los elementos comunes.
La DGRN da la razón al notario, pues ninguna norma exige que se refleje la superficie útil para viviendas –excepto en Cataluña-, siendo esta una opción del legislador para mejorar la protección del consumi-dor, ya que la Ley y el Reglamento Hipotecario hablan solo de extensión superficial.
COMENTARIO.- No queda muy claro el hecho principal motivo del recurso: si la superficie construida reflejada es la que está dentro de los linderos de los elementos privativos, como dice el notario, o si incluye la parte proporcional de los elementos comunes, como dice la registradora, en cuyo caso tendría razón en la negativa a inscribir. La escritura dice que “tiene una superficie construida de...” y parece que es una suposición de la registradora la afirmación de que se está incluyendo en esa expresión la parte proporcional citada.
Quizá la posición de la registradora provenga de que se está detectando últimamente que algunas grandes empresas constructoras venden y describen como superficie constru-ida no sólo la privativa, sino también la parte proporcional que le corres-ponde en los elementos comunes. Dicha superficie no describe el elemento privativo, y por tanto no es la exigida por la legislación hipotecaria. Es una superficie no real sino económica, a efectos de determinar el precio de venta, en su caso, lo cual es legítimo pero siempre que queden claro los conceptos y no se lleve a engaño al cliente.
Ante todo hay que tener en cuenta que la superficie, hablando siempre de los elementos privativos de una propiedad horizontal, es un ele-mento de descripción de los ele-mentos privativos (junto con los linderos), para diferenciarlos de los elementos comunes (el art. 5 LPH habla de “extensión”), y el artículo 9 de la Ley y 51.4 del Reglamento Hipotecario de “medida superfi-cial”. Por ello hay que entender que la superficie a consignar debe de ser siempre la superficie constru-ida privativa, es decir, la incluida dentro del perímetro de sus linderos, pues es la que mejor se adapta a ese concepto, al definir lo que es privativo y lo que no lo es. A su vez, esta superficie construida puede ser cerrada (por los planos de las paredes) y abierta (patios, terrazas) etc... Hay que reflejar ambas, por lo dicho, aunque normalmente se diferencian en las descripciones, pues el valor de una y otra es muy diferente.
En cuanto a la superficie constru-ida, llamémosla total, incluye la superficie privativa y la parte propo-rcional de la superficie construida de los elementos comunes (pasillos, portal, escaleras, etc..), es un con-cepto económico que se define en el Reglamento de VPO de 1968 para dicho tipo de viviendas (a fin de fijar el precio máximo), pero que ha quedado sin aplicación pues la ley de VPO de 1978 se inclina por el concepto de superficie útil, que también es un concepto económico aplicable a las VPO. A mi juicio puede consignarse en la escritura, dejando claramente definido el concepto, pero como un elemento descriptivo complementario, hacien-do constar siempre previamente la superficie construida privativa.
La superficie útil no tiene una de-finición unívoca, pero normalmente se entiende que es la superficie ce-rrada privativa interior, descontada la parte no aprovechable como paredes, tabiques, columnas, etc. y sumándole un cincuenta por ciento de la superficie abierta, -con un tope del 10% de la cerrada, en las de VPO-. En la legislación de VPO es claramente un concepto económico pues sirve para determinar el precio de venta. Se ve más claro su concepto en los garajes, pues la superficie útil de los mismos, que resulta de las cédulas de cali-ficación, incluye no sólo la plaza de garaje propiamente dicha, sino que también incluye la parte propor-cional de la zona de rodadura, hasta un máximo de 25 metros.
En definitiva, creo que, en viviendas, hay que reflejar siempre la super-ficie construida privativa, cerrada y abierta. La superficie útil puede ser aconsejable, como complemento, pero no es obligatoria (salvo en VPO). La superficie construida, in-cluida la parte proporcional de los elementos comunes, sólo puede ser un dato complementario y hay que dejar claro el concepto, que no es superficie privativa.
Para un estudio más detallado ver las siguiente normas:
Artículo 51.4 RH.
Artículo 5 L. P. Horizontal.
Artículos 45 y 52 del Reglamento
Artículo 4 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda.
Artículo 5 del Decreto 2114/68 Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
Artículo 4 del Orden 805/2003 de 27 de marzo del Ministerio de Economía sobre tasación de inmuebles.
/dias/2006/02/14/pdfs
/A05889 -05891.pdf
/RESOLUCIONES/2006-FEBRERO.htm
R. 9 de enero de 2006, DGRN. BOE de 14 de febrero de 2006.
http://www.boe.es /boe/dias/
2006/02/14/pdfs
/A05896-05898.pdf
"El hombre todo lo perfecciona en torno suyo; lo que no hace
es perfeccionarse
a sí mismo"
Nº CONSULTA : 0270-05
FECHA SALIDA : 19/10/2005
NORMATIVA: Ley 37/1992 art. 92
DESCRIPCIÓN-HECHOS: Se pro-cede, por parte de una Comu-nidad de propietarios, al pinta-do de un patio de luces, ele-mento común del inmueble, y un vecino (el consultante), pi-de que la factura de su parte proporcional vaya a su nombre para poder deducir el IVA soportado al dedicarse a la actividad de alquiler de plazas de garaje.
CUESTIÓN PLANTEADA: Posibili-dad de deducir, por parte de la consultante, las cuotas sopor-tadas por la Comunidad rela-tiva a los gastos de pintura del patio y repercutidas a los copropietarios mediante reci-bo.
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 29), están sujetas a dicho Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empre-sarios o profesionales en el desa-rrollo de su actividad empresarial o profesional.
Según establece el artículo 5 de la misma Ley, tendrán la considera-ción de empresarios o profesio-nales las personas o entidades que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos con la finalidad de intervenir en la produc-ción o distribución de bienes o ser-vicios.
El mismo precepto señala que, en particular, tienen la consideración de actividades empresariales o profesionales las extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de arte-sanía, agrícolas, forestales, gana-deras, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profe-sionales liberales y artísticas.
2.- El artículo 92, apartado uno, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone lo siguiente:
-1º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectua-das por otro sujeto pasivo del Impuesto.
-2º. Las importaciones de bienes.
-3º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios compren-didas en los artículos 9, número 1º, letras c) y d), 84, apartado uno, número 2º, y 140 quinque, todos ellos de esta Ley.
-4º. Las adquisiciones intracomuni-tarias de bienes definidas en los artículos 13, número 1º, y 16 de esta Ley.”
Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley, los empresarios o profesionales, sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, no podrán deducir las cuotas que no hayan soportado por repe-rcusión directa.
3.- Las comunidades de propie-tarios (comunidades de vecinos), con carácter general, no concurren los requisitos establecidos por la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido para atribuirles la condición de empresarios o profesionales.
Por consiguiente, los empresarios o profesionales que pertenezcan a una comunidad de propietarios (comunidad de vecinos) no podrán, en principio, deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiesen sido soportadas por la comunidad. La razón es que dichas cuotas han sido repercutidas directamente a la comunidad de propietarios, no a los comuneros. Es decir, los comuneros no sopor-tan ninguna cuota por repercusión directa. Ello implica que, de acuer-do con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 37/1992, dichos comuneros no podrán deducirse estas cuotas que no les han sido directamente repercutidas, aunque tengan la condición de empresario o profesional.
4.- La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-peas, de 21 de abril de 2005, HE (asunto C-25/03), en el caso de una sociedad matrimonial que como tal no realizaba actividades empresariales o profesionales y que adquiere un bien de inversión (inmueble) para afectarlo a la actividad ejercida por uno de los cónyuges, a efectos de la deduc-ción de las correspondientes cuotas soportadas, ha señalado lo siguien-te :
“75. Esta cuestión trata esencial-mente de que se dilucide si los artículos 18, apartado 1, letra a), y 22, apartado 3, de la Sexta Directiva exigen que, para poder ejercer el derecho de deducción en circunstancias como las del litigio principal, el sujeto pasivo disponga de una factura emitida a su nombre, en la que consten las fracciones del precio y del IVA correspondientes a su cuota de copropiedad, o si, a tal fin, basta que la factura se dirija indistinta-mente a los cónyuges que forman una sociedad conyugal, sin que conste tal desglose.
81. Pues bien, en un caso como el controvertido en el litigio principal, no existe riesgo alguno de fraude o abuso, ya que este caso afecta a un tipo muy concreto de copro-piedad, a saber, la copropiedad de hecho entre cónyuges, que carece en sí misma de la condición de sujeto pasivo y dentro de la cual sólo uno de los cónyuges ejerce una actividad económica, de modo que queda excluido que las fac-turas, aun emitidas a nombre del «Sr. y la Sra. HE» y sin hacer constar las fracciones de precio y de IVA correspondientes a la cuota de copropiedad de cada uno de los cónyuges, puedan utilizarse por el cónyuge no sujeto al impuesto o por la sociedad conyugal para obtener otra vez la deducción del mismo importe de IVA.
82. En estas circunstancias, dene-gar al cónyuge sujeto al impuesto el derecho de deducción por el mero hecho de que las facturas no incluyen las indicaciones que exige el Derecho nacional aplicable sería incompatible con el principio de proporcionalidad.
83. Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión que los artículos 18, apartado 1, letra a), y 22, apartado 3, de la Sexta Directiva no exigen, para poder ejercer el derecho de deducción en circunstancias como las del litigio principal, que el sujeto pasivo disponga de una factura emitida a su nombre, en la que consten las fracciones del precio y del IVA correspondientes a su cuota de copropiedad. A tal fin, basta que la factura se dirija indistintamente a los cónyuges que forman la sociedad conyugal, sin que conste tal desglose.”
A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justifica-tivos del derecho a la deducción:
1º. La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cual-quiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
2º. La factura original expedida por quien realice una entrega que de lugar a una adquisición intracomu-nitaria de bienes sujeta al Im-puesto, siempre que dicha adqui-sición esté debidamente consig-nada en la declaración liquidación a que se refiere el número 6º del apartado uno del artículo 164 de esta Ley.
3º. El documento acreditativo del pago del Impuesto a la impor-tación.
4º. La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos previstos en el artículo 165, aparta-do uno, de esta Ley.
Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justifica-rán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la corres-pondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse en el período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento o en los si-guientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 114 de la misma.
Tres. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía superior a la cuota tribu-taria expresa y separadamente consignada que haya sido repercu-tida o, en su caso, satisfecha según el documento justificativo de la deducción.
Cuatro. Tratándose de bienes o servicios adquiridos en común por varias personas, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la de-ducción, en su caso, de la parte proporcional correspondiente, siempre que en el original y en cada uno de los ejemplares duplicados de la factura se consigne, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los destinatarios.”
El artículo 164, apartado uno, número 3º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior de dicha Ley, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamenta-riamente, a expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.
“1. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada factura o documento sustitutivo.

References: artículo 396
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1692
 artículo 5
 artículo 1715
 artículo 9

Artículo 51

Artículo 5

Artículo 4
 Real Decreto 

Artículo 5

Artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 164
 artículo 165
 artículo 100
 artículo 114
 artículo 164