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Timestamp: 2016-10-21 09:09:56+00:00

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LEY 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria	LEY 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria Mis Leyes
LEY 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria Estado	:
Artículo 3. Competencias del Gobierno de Canarias respecto al Cuerpo General de la Policía Canaria.
Artículo 4. Consejería competente en relación con el Cuerpo General de la Policía Canaria.
Artículo 5. Cuerpos de Policía de las administraciones públicas de Canarias: Policía Canaria.
Artículo 6. Relaciones entre los Cuerpos de Policía de las administraciones públicas de Canarias.
Artículo 7. Coordinación de los Cuerpos de Policía de las administraciones públicas de Canarias.
Artículo 8. Del Cuerpo General de la Policía Canaria en funciones de policía local.
Artículo 9. De las policías locales ejerciendo funciones del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Artículo 10. Junta de Seguridad.
CAPÍTULO II. CUERPO GENERAL DE LA POLICÍA CANARIA.
Artículo 11. Naturaleza y estructura.
Artículo 12. Misión del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Artículo 13. Agentes de la autoridad.
Artículo 15. Acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Canarias.
Artículo 16. Obligación de colaborar.
Artículo 17. Uso del uniforme.
SECCIÓN II. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN.
Artículo 18. Principios básicos de actuación.
SECCIÓN III. FUNCIONES.
SECCIÓN IV. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN.
Subsección I. Escalas y empleos.
Artículo 20. Funcionarios de carrera.
Artículo 21. Escalas y empleos.
Artículo 22. Mandos.
Subsección II. Jefatura del Cuerpo.
Artículo 23. La jefatura.
Subsección III. Acceso y promoción.
Artículo 24. Principios del sistema de selección.
Artículo 25. Acceso a los empleos de policía y oficial.
Artículo 26. Acceso a los empleos de subinspector e inspector.
Artículo 27. Acceso a los empleos de subcomisario y comisario.
Artículo 28. Acceso al empleo de comisario principal.
Artículo 29. Cómputo del tiempo de servicio.
Subsección IV. Formación.
Subsección V. Los puestos de trabajo y su provisión.
Artículo 31. Relación de puestos de trabajo.
Artículo 32. Adscripción.
Artículo 34. Adscripción para los funcionarios de nuevo ingreso.
Artículo 35. Permanencia en los puestos.
Artículo 36. Traslado forzoso.
Artículo 37. Plazo de permanencia en destino forzoso.
Artículo 38. Destino temporal.
Artículo 39. Destino a puestos de trabajo de superior empleo.
Artículo 40. Permutas.
SECCIÓN V. RÉGIMEN ESTATUTARIO.
Subsección I. Derechos.
Artículo 41. Derechos en general.
Artículo 42. Remuneraciones.
Artículo 44. Asistencia jurídica.
Subsección II. Deberes.
Artículo 45. Deberes.
Artículo 47. Consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Artículo 48. Obligación de exámenes médicos o psicológicos.
Artículo 49. Limitación de derechos.
Artículo 50. Ordenación de la jornada de trabajo.
Artículo 51. Premios y recompensas.
Subsección III. Derechos sindicales.
Artículo 52. Derecho de sindicación.
SECCIÓN VI. SEGUNDA ACTIVIDAD.
Artículo 53. Concepto de segunda actividad.
Artículo 54. Causas.
Artículo 55. Catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad.
Artículo 57. Agente de la autoridad.
Artículo 58. Tribunal médico.
SECCIÓN VII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 60. Incumplimiento de obligaciones y deberes.
Artículo 61. Sujetos responsables.
Subsección II. Faltas disciplinarias.
Artículo 62. Clases de faltas.
Subsección III. Personas responsables.
Artículo 66. Responsabilidad en otras situaciones administrativas.
Subsección IV. Sanciones.
Artículo 68. Criterios para sancionar.
Subsección V. Competencia disciplinaria y ejecución.
Artículo 69. Competencia disciplinaria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Ficheros de datos personales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Régimen de seguridad social.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Acceso desde otros cuerpos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Correspondencia de empleos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Adscripción de policías locales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Catálogo de puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Delegación legislativa y desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Acceso a los empleos de subinspector, inspector, comisario y comisario principal de las Policías Locales de Canarias.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Empleo de comisario principal de las Policías Locales de Canarias.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 12.8 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.
El Estatuto de Autonomía, sin embargo, contempla también el sistema de seguridad desde una perspectiva más orgánica, habilitando la posibilidad de que la Comunidad Autónoma, si sus instituciones representativas competentes lo estiman oportuno, cree una policía propia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica prevista en el artículo 149.1.29 de la Constitución.
La Ley reserva el término Policía Canaria para designar al conjunto de cuerpos de policía dependientes de las administraciones públicas canarias y que tras la entrada en vigor de la misma serán el Cuerpo General de la Policía Canaria y los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. Se pretende con ello resaltar una de las ideas claves en las que se sustenta la Ley: la necesidad de agotar todos los márgenes competenciales y capacidad de movilizar recursos de las administraciones públicas canarias, garantizando el mayor nivel posible de coordinación y complementariedad entre los servicios policiales dependientes del Gobierno de Canarias y las policías locales.
La definición del modelo policial.
La planificación general.
La definición del modelo de gestión.
El mando superior.
La planificación del despliegue y el control de su ejecución.
La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, previo informe del Consejo de Política de Seguridad.
Las competencias normativas relacionadas con la selección, formación, especialización, promoción, régimen disciplinario y situaciones administrativas del personal en el marco de la Ley.
El resto de las competencias que le otorgue la presente Ley y la legislación vigente.
Aprobar los planes de calidad policial y la carta de servicios.
Coordinarlo con los Cuerpos de Policía Local.
La gestión del régimen de personal.
Ejercer la dirección, organización e inspección de los servicios.
Ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con la legislación vigente.
Las demás competencias que le otorguen la presente Ley y la legislación vigente.
El establecimiento de los criterios que posibiliten un sistema de información recíproca a través de un servicio de documentación y estudio sobre los diferentes Cuerpos de Policía.
La asistencia técnica y de gestión a los servicios de los Cuerpos de Policía de las administraciones públicas de Canarias.
La promoción de acciones conjuntas estables entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y las respectivas policías locales de los diversos ayuntamientos.
El establecimiento de los criterios de inspección necesarios para garantizar la efectividad de la coordinación y la eficacia de los medios.
La formación profesional de los Cuerpos de Policía de las administraciones públicas de Canarias a través de la Academia Canaria de Seguridad, con planes de estudio en los que se establecerá un tronco común con el programa de las policías locales.
Las que resulten necesarias, adecuadas y proporcionadas al fin de coordinación perseguido.
Artículo 14. Régimen jurídico. Los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria se rigen por las leyes generales en cuanto se refiere al fuero jurisdiccional, al régimen de protección penal, a la competencia jurisdiccional y al régimen penitenciario, de acuerdo con la legislación orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Son aplicables a los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria los principios básicos de actuación establecidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como el Código Deontológico Europeo, y en consecuencia:
Los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria están sometidos al ordenamiento jurídico, y especialmente:
Ejercerán sus funciones con respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico.
Actuarán, en el cumplimiento de sus funciones, de manera equitativa, con neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, sexo, opinión o por cualquier otra circunstancia personal o social.
Actuarán con integridad y dignidad; en particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.
Se sujetarán en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución, al Estatuto de Autonomía o a las Leyes.
Colaborarán con la Administración de Justicia y la auxiliarán en los términos establecidos en la Ley.
Se asegurarán sistemáticamente de la legalidad de sus actuaciones.
En cuanto a las relaciones con la comunidad, los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria:
Observarán en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o cuando fueren requeridos para ello. Asimismo, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y la finalidad de sus intervenciones.
En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un peligro racionalmente grave para su vida o integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y siempre de conformidad con los principios a los que se refiere el apartado anterior.
Recurrirán a la fuerza sólo en caso de absoluta necesidad y con el exclusivo fin de conseguir un objetivo legítimo.
Las detenciones se realizarán en el marco de la Constitución y con cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las demás disposiciones legales aplicables.
Deberán guardar riguroso secreto respecto a toda la información que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones y, en consecuencia:
No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les imponga a actuar de otra manera.
Realizarán la obtención de datos, su recogida, almacenamiento y utilización respetando escrupulosamente la normativa específica vigente.
Se obtendrán los datos indispensables para objetivos lícitos, legítimos y específicos.
Serán responsables personal o directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo infringiendo o vulnerando las normas legales y reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las administraciones públicas de acuerdo con la normativa general.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios.
La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma de Canarias, denunciando toda actividad ilícita.
El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las que de acuerdo con su naturaleza puedan corresponderle en virtud de las competencias que se atribuyen a la Comunidad Autónoma de Canarias conforme a la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Velar por el cumplimiento de la legislación de ordenación del turismo de Canarias.
Ejercer la inspección del transporte terrestre en las vías públicas interurbanas y la del transporte marítimo interinsular.
Velar por el cumplimiento de la normativa sobre el patrimonio cultural canario evitando su expolio o destrucción.
Colaborar con las instituciones públicas y privadas de protección y tutela de los inmigrantes y cualesquiera otras formas de marginación.
Colaborar con los servicios de salvamento marítimo.
Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. El ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, al Cuerpo General de la Policía Canaria, sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las autoridades estatales competentes.
Escala superior, encargada de la planificación, coordinación, dirección e inspección de los servicios, la gestión de los recursos policiales y el mando y la supervisión de la actividad policial que comprende los empleos de comisario principal, comisario y subcomisario.
Escala ejecutiva, encargada de la gestión de la actividad policial y de la colaboración con la escala superior en la ejecución de sus planes, directrices e instrucciones así como la prestación directa del servicio al ciudadano, que comprende los empleos de inspector y subinspector.
Escala básica, a la que corresponde la prestación directa del servicio al ciudadano, que comprende los empleos de oficial y policía.
Dirigir, planificar, coordinar, supervisar y evaluar las operaciones del servicio de acuerdo con las directrices recibidas.
Dirigir, planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestión y la administración del Cuerpo de acuerdo con las directrices recibidas.
Traducir en decisiones técnicas las órdenes, directrices y objetivos emitidos por el órgano competente en materia de seguridad.
Informar del funcionamiento del servicio al órgano competente en materia de seguridad.
Cumplir cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente.
Contar con la titulación requerida.
Superar las pruebas selectivas que establezca la convocatoria.
Aprobar un curso de formación en la Academia Canaria de Seguridad.
Superar un período de prácticas.
No incurrir en las causas del cuadro de exclusiones médicas establecido.
1. El acceso al empleo de subcomisario se realizará por concurso-oposición libre, con reserva de hasta el 50 % de las plazas de cada convocatoria para los funcionarios del Cuerpo que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de inspector, tengan un mínimo de dos años de antigüedad en dicho empleo, no hayan sido sancionados por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada la sanción, y cuenten con la titulación que resultase exigible de acuerdo con la legislación aplicable.
2. La formación y perfeccionamiento de los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria se adecuará al código deontológico recogido en la sección II de este capítulo y además:
La Academia Canaria de Seguridad elaborará un plan de carrera profesional para el acceso a los distintos empleos que establece esta Ley.
Igualmente, la Academia organizará cursos de formación permanente, de actualización, de especialidades y de promoción. Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promoverá la colaboración institucional de las universidades, del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones, centros o establecimientos que específicamente interesen a los referidos fines docentes.
La Academia promoverá la convalidación académica de los estudios que se realicen en el centro docente y convalidará aquellas materias que hayan sido superadas previamente en otros centros educativos oficiales, de acuerdo con la normativa aplicable y en la forma que se determine reglamentariamente.
Por necesidades del servicio debidamente justificadas, siempre que los puestos sean de la misma escala y empleo.
Por razón de urgencia, cuando exista una vacante que no haya sido cubierta voluntariamente y concurran en el interesado los requisitos precisos para desempeñar el destino.
Cuando la conducta o rendimiento del funcionario no sean compatibles con la realización de un trabajo específico, con el trato con los compañeros o con el público.
Cuando el funcionario esté afectado por alguna deficiencia física o psíquica que dificulte el normal desarrollo de su cometido.
2. En el supuesto de la letra a del apartado anterior, de existir varios funcionarios que puedan verse afectados por el traslado forzoso, deberá optarse por los que resulten menos perjudicados en razón a sus cargas familiares.
Los funcionarios que hayan accedido al destino con carácter forzoso tendrán que permanecer en el mismo un mínimo de un año, salvo en los supuestos del apartado 1.a y 1.b del artículo anterior en que permanecerán en tanto duren las necesidades del servicio o se mantenga la situación de urgencia, respectivamente.
El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía de Canarias en el ejercicio de la función pública.
La realización de actos u omisiones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales.
La notoria falta de rendimiento que implique inhibición en el cumplimiento de los trabajos encomendados.
La violación de la neutralidad o de la independencia política, utilizando las facultades atribuidas para influir en situaciones o decisiones políticas de cualquier naturaleza y especialmente en los procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
La participación en huelgas.
Los actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, de las ideas y de las opiniones.
Causar intencionalmente daños al patrimonio de la Comunidad Autónoma, o al de otras administraciones públicas, sancionándose de la misma forma los causados por negligencia cuando, atendiendo a su entidad, puedan ser calificados como muy graves.
El abuso de atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, la instigación a cometer estos actos o el colaborar en los mismos o tolerarlos.
Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad y negarse a efectuar las pruebas técnicas de comprobación.
Prestar servicio encontrándose bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o negarse a someterse a las pruebas técnicas de comprobación.
La pérdida o sustracción del arma de fuego por negligencia inexcusable.
La utilización o exhibición del arma de fuego reglamentaria, en acto de servicio o fuera de él, infringiendo las normas establecidas.
La alteración o manipulación de imágenes y sonidos grabados en virtud de la legislación por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, cuando no constituya delito.
La cesión, transmisión o revelación a terceras personas no autorizadas, por cualquier medio o con cualquier ánimo o finalidad, de los soportes originales de las grabaciones a las que se refiere el apartado anterior o sus copias, de forma íntegra o parcial.
La reproducción de imágenes y sonidos grabados con finalidades distintas de las establecidas en la legislación por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades con las limitaciones establecidas en el artículo 50.2.b de la Ley de la Función Pública Canaria.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, siempre que la actuación realizada no sea en sí misma constitutiva de falta muy grave.
La grave desconsideración de los superiores, compañeros o subordinados.
Causar culposamente daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
El incumplimiento de los plazos y otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.
La grave falta de consideración con los ciudadanos.
Las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones de sus superiores.
La negativa a realizar servicios en los casos en que los ordenen expresamente los superiores jerárquicos responsables del servicio, por imponerlo necesidades de urgente e inaplazable cumplimiento, siempre que posteriormente se hubiesen ejecutado, salvo que las órdenes sean manifiestamente ilegales.
La falta de presentación o puesta a disposición inmediata en la jefatura, en la dependencia de destino o en la más próxima, en los casos de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio o cuando así se disponga en caso grave de alteración de la seguridad ciudadana o de emergencia.
No prestar servicio alegando supuesta enfermedad o simulando mayor gravedad de ésta.
No ir provisto en los actos de servicio de uniforme reglamentario, cuando su uso sea preceptivo, de los distintivos del empleo o cargo o de los medios de protección o acción que se determinen, siempre que no medie autorización en contrario, así como dar lugar a su extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable.
Exhibir los distintivos de identificación sin causa justificada.
Originar enfrentamientos en el servicio o tomar parte en los mismos.
El incumplimiento del deber de reserva profesional en lo que se refiere a los asuntos conocidos por razón de las funciones encomendadas.
La pérdida de las credenciales y permitir su sustracción por negligencia inexcusable.
La pérdida o sustracción del arma de fuego por negligencia simple.
La realización de las conductas tipificadas en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Las conductas que contravengan la legislación por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y que no estén tipificadas como faltas muy graves.
Los actos y omisiones negligentes o deliberados que causen grave daño a la labor policial o la negativa injustificada a prestar la colaboración solicitada, con ocasión de un servicio siempre que no constituya falta muy grave.
La realización de actos o declaraciones que vulneren los límites al derecho de acción sindical señalados en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y tipificada como falta grave en la legislación general de los funcionarios de la Administración autonómica.
El incumplimiento injustificado del horario de trabajo cuando no se considere falta grave.
El retraso o negligencia en la instrucción o la falta de preparación personal para realizarla.
La incorrección hacia los superiores, compañeros o subordinados y con los ciudadanos o con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que no merezca la consideración de falta grave.
La ausencia de cualquier servicio cuando no merezca calificación de grave.
La imprudencia con consecuencias leves.
Cualquier clase de actividad que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre que perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen policial.
Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y tipificada como falta leve en la legislación general de los funcionarios de la Administración autonómica.
Suspensión de funciones por un período superior a quince días e inferior a seis años, con pérdida de retribuciones.
Suspensión de funciones por un período de uno a quince días, con pérdida de retribuciones.
Traslado sin cambio de residencia.
3. Las sanciones de los apartados b o c podrán imponerse por la comisión de faltas graves o muy graves.
5. Las sanciones de los apartados e, f y g podrán imponerse por faltas leves.
La reincidencia, cuando, al cometer la falta, el funcionario hubiese sido sancionado ejecutoriamente por otra falta disciplinaria de mayor gravedad o por dos faltas de gravedad igual o inferior.
En general, la trascendencia para la seguridad ciudadana.
Se asimilan al empleo de comisario principal las de comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía y las de coronel y teniente coronel de la Guardia Civil.
Se asimilan al empleo de comisario las de comisario del Cuerpo Nacional de Policía y las de comandante de la Guardia Civil.
Se asimilan al empleo de subcomisario la de inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y la de capitán de la Guardia Civil.
Se asimilan al empleo de inspector la de inspector del Cuerpo Nacional de Policía y las de alférez y teniente de la Guardia Civil.
Se asimilan al empleo de subinspector la de subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y las correspondientes a los distintos empleos de la escala de suboficiales de la Guardia Civil.
Se asimilan al empleo de oficial la de oficial del Cuerpo Nacional de Policía y las de cabo, cabo primero y cabo mayor de la Guardia Civil.
Se asimilan al empleo de policía la de policía del Cuerpo Nacional de Policía y la de guardia de la Guardia Civil.
Se añade un apartado 2-bis al artículo 12 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del tenor siguiente:
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Acceso a los empleos de subinspector, inspector, comisario y comisario principal de las Policías Locales de Canarias. 1. El acceso a los empleos de subinspector e inspector de las Policías Locales de Canarias se realizará por promoción interna, en las mismas condiciones establecidas en el artículo 26 de la presente Ley para el Cuerpo General de la Policía Canaria.
Artículos 14, 18 (párr. y apdos. 2.d y 3), 23 (apdo. 1) y 26 (apdo. 1); Disposición final tercera:
Redacción según Ley 9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria. Artículo 19 (apdos. 2.b y c):
Suprimido por Ley 9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria. Artículo 24 (apdo. 4, letras f y g):
Redacción según Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de modificación de diversos aspectos del estatuto profesional de los Cuerpos de Policías de las Administraciones Públicas Canarias. Véase Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley de Canarias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria y Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley de Canarias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.
ORDEN de 29 de octubre de 2008, por la que se aprueban las bases generales de los concursos de méritos del ejercicio de 2008ORDEN de 28 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el temario de oposiciones al Cuerpo General de la Policía CanariaORDEN de 17 de diciembre de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de CanariasORDEN de 29 de diciembre de 2008, que corrige error de la Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 253, de 19.12.08)LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley de Canarias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía CanariaAprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, designación del Tribunal Calificador y se señala la fecha y lugar de realización de la primera prueba para la provisión de una plaza de Policía LocalDECRETO 78/2009, de 16 de junio, por el que se determina el contenido y la duración del curso selectivo de adaptación al Cuerpo General de la Policía Canaria para los miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de SeguridadLEY 9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía CanariaORDEN de 7 de agosto de 2009, por la que se establece el sistema de evaluación de las capacidades psicológicas, físicas y los conocimientos profesionales del curso selectivo de adaptación al Cuerpo General de la Policía CanariaORDEN de 23 de septiembre de 2009, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación, la provisión de un puesto de trabajo en esta ConsejeríaORDEN de 23 de noviembre de 2009, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A Subgrupo A2, Escala Ejecutiva, Empleo de Inspector y Empleo de Subinspector; y Grupo C, Subgrupo C1, Escala Básica, Empleo de Oficial, del Cuerpo General de la Policía Canaria, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de CanariasORDEN de 23 de noviembre de 2009, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo C, Subgrupo C1, Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de CanariasLEY 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010ORDEN de 3 de febrero de 2010, por la que se estiman los recursos de reposición interpuestos por D. Miguel Ángel González Hidalgo, en representación de la Asociación Sindical Independiente de Policías Locales de Canarias (ASIPAL-CSL) y por D. César Robaina Cejudo, contra las Órdenes de esta Consejería de 27 de noviembre de 2009 (publicadas en el Boletín Oficial de Canarias el 2 de diciembre de 2009), por las que se corrigen errores materiales de las convocatorias del concurso de méritos para proveer puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Subgrupo A2, Escala Ejecutiva, Empleo de Inspector y Empleo de Subinspector, y Grupo C, Subgrupo C1, Escala Básica, Empleo de Oficial, del Cuerpo General de la Policía Canaria, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del concurso de méritos para proveer puestos de trabajo adscritos al Grupo C, Subgrupo C1, Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo de Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de CanariasLEY 13/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010ORDEN de 18 de junio de 2010, por la que se establece el régimen de uso de la uniformidad del Cuerpo General de la Policía Canaria y se procede a una modificación puntual de la uniformidadORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se establece la configuración del número de Registro de Personal para el colectivo de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se definen y codifican los elementos del mismoLEY 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011ORDEN de 17 de mayo de 2011, por la que se convoca concurso de méritos específico para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Subgrupo A1, Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Superior, Empleo de Subcomisario, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias	Cerrar PDF
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References: Artículo 3

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Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 66

Artículo 68

Artículo 69
 artículo 12
 artículo 149

Artículo 14
 artículo 50
 artículo 12
 artículo 26
 Artículo 19
 Artículo 24
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