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Timestamp: 2018-07-21 07:58:41+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1201/2005, 19-01-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1201/2005 de 19 de Enero de 2007
En la Villa de Madrid, a 19 de enero de 2007 visto el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico Administrativo Central, interpuesto por la entidad ..., S.L., con C.I.F.: ... y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra la Resolución dictada en fecha 25 de noviembre de 2004, por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en la reclamación referenciada con el número ..., relativa a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996 y 1997, con un importe de 544.277,63 euros (90.560.178 pesetas).
PRIMERO: ..., S.L., fue objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ..., en relación con el Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 1996 y 1997 (en los que había tributado en régimen individual), que dieron lugar a la incoación, el 27 de julio de 2001, de Acta de Disconformidad, modelo A02, número ..., emitiéndose en igual fecha el preceptivo informe ampliatorio.
La liquidación propuesta en el Acta, determinaba una deuda tributaria a ingresar por importe de 90.560.177 pesetas (544.277,63 €), que presentaba el siguiente desglose:
CUOTA 71.186.675 427.840.53
INTERESES DE DEMORA 19373.502 116.437,09
DEUDA A INGRESAR/A DEVOLVER 90.560.177 544.277,63
SEGUNDO: Presentadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del RD 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Inspección de los Tributos (RGIT), en fecha 16 de agosto de 2001, las correspondientes alegaciones por la interesada, el Inspector Jefe dictó Acuerdo de liquidación, el día 14 de septiembre de 2001, confirmando la propuesta de regularización contenida en el acta de referencia, que le fue notificado a la obligada tributaria el día 17 de septiembre de 2001.
1. ..., S.L., contabilizó durante el ejercicio 1996, una única anotación, en la que se registraba, por una parte, la aportación inicial al capital social por importe de 500.000 pesetas (3.005,06 €), y por otra, la adquisición a título lucrativo por parte de la interesada de las fincas registrales números ... y ... sitas en ..., valoradas por las partes en 74.192.000 pesetas (445.902,9 €), tal y como se hace constar en la escritura pública mediante la que se formaliza la donación de fecha 27 de diciembre de 1996, intervenida por el Notario Don ...
El asiento efectuado en su contabilidad por la entidad, fue el siguiente:
27.230.00 Terreno
14360.00 Terreno
22.406.00 Nave (1)
8.606.000 Nave (2)
1.560.000 Nave (3)
a Capital Social 500.000
a Otros Ingresos 74.192.00
Diferidos 0
Durante ese periodo, no se realiza por tanto ningún registro ni regularización, constituyendo su Activo, las partidas anotadas en el "Debe" del balance, y su Pasivo, las anotas al "Haber", de acuerdo con el asiento reproducido.
2. En la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre Sociedades y el ejercicio 1996, no se efectuó por la interesada ajuste extracontable alguno a los efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS), sobre valoración "a precios de mercado" de los elementos adquiridos a título lucrativo, tributando en consecuencia al resultado contable, por una base imponible de cero pesetas y sin ingreso alguno en el Tesoro Público.
3. En el ejercicio 1997, la entidad amortiza las tres naves citadas sobre el valor que figura en su contabilidad, 32.602.000 pesetas (195.941,97€), aplicando un coeficiente de amortización del 6%.
Igualmente, contabiliza como ingresos del ejercicio en la cuenta de resultados anual, el mismo importe que resultaría de aplicar el coeficiente señalado sobre el valor de la cuenta de ingresos diferidos correspondiente a los activos amortizables.
Como resultado de ambas operaciones, la entidad se da por lo tanto un gasto por amortización y un ingreso, en concepto de ingreso anual de los ingresos diferidos, por el mismo importe de 1.956.120 pesetas (11.756,52 €).
4. En la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo en relación al ejercicio 1997, se recoge un resultado contable por importe de -48.728 pesetas (-292,86 €), y una base imponible negativa a compensar en ejercicios siguientes, por la cantidad de -69.611 pesetas (-418,37 €).
5. Durante el procedimiento de comprobación, las fincas adquiridas mediante donación fueron objeto de tasación por el Gabinete Técnico de Valoración de la Delegación Especial de la AEAT de ..., a efectos de determinar su Valor de Mercado. El resultado de dicha valoración fue el siguiente (en pesetas) :
FINCA A 18.185.600 126.263.800 144.449.400
FINCA B 10.771.200 48.169.900 58.941.100
TOTAL 28.956.800 174.433.700 203.390.500
6. En la regularización efectuada por la Inspección, se realizaban los siguientes ajustes:
En el ejercicio 1996, se incrementa la base imponible del Impuesto, en el valor de mercado comprobado por la Administración, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la LIS, y señalando que de acuerdo con el apartado tercero del mencionado artículo, la integración del valor de mercado del elemento adquirido por donación deberá efectuarse en el ejercicio en que la misma se produzca.
En el ejercicio 1997, la Inspección en primer lugar, determina un mayor ingreso contable (en virtud del artículo 148 de la LIS) por la diferencia entre el valor comprobado y el contabilizado por el sujeto pasivo, aplicando el coeficiente del 6%, en concepto de ingreso diferido imputable al ejercicio. Señala el acuerdo de liquidación que "Como se indica en el ACTA, el valor pericial otorgado a la construcción es de 174.433.700 pesetas y el contabilizado es 32.602.000 pesetas. Como la norma contable establece para este caso (Res. ICAC 30.7.91 y Norma de Valoración 20ª PGC) la imputación al ejercicio de un ingreso en la misma proporción que la depreciación experimentada (6% según la propia contabilidad) se obra en consecuencia." El importe del ajuste positivo efectuado por la Inspección fue de 8.509.902 pesetas (51.145,54 €).
"En segundo lugar, se aplica el artículo 18. c) de la LIS, corrigiendo el resultado determinado por las normas contables según lo que en el mismo se dispone: ajuste negativo de la diferencia proporcional (según "método de amortización utilizado")". El importe de este segundo ajuste es de -10.466.022 pesetas (- 62.902,06 €).
Como consecuencia de la regularización efectuada por la Inspección resulta una cuota a ingresar de 71.186.675 pesetas (427.840,53 €) en el ejercicio 1996, y una base imponible negativa por importe de -2.025.731 pesetas (-12.174,89 €), en el ejercicio 1997.
CUARTO: Disconforme con el acuerdo de liquidación anteriormente mencionado, en fecha 4 de abril de 2001, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa, referenciada con el número ..., ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., al amparo del artículo 2.a) del RD 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas (RPREA).
En esa misma fecha, la interesada solicita asimismo al Tribunal Económico Administrativo Regional, la suspensión del acuerdo impugnado, sin aportación de garantías, al considerar que su ejecución causaría la paralización total de la actividad de la sociedad, dado que los bienes de la misma se encuentran hipotecados frente a terceros".
En fecha 8 de noviembre de 2001, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando con fecha 26 de ese mismo mes, el correspondiente escrito de alegaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 del RPREA.
a) En primer lugar, entiende la reclamante que fue incorrecta la aplicación por parte de la Inspección de la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, al artículo 15.3 de la LIS, ya que dicha norma no estaba en vigor a la fecha de devengo del Impuesto de Sociedades y el ejercicio 1996.
Como consecuencia de ello, y en aplicación del artículo 10.3 de la LIS, a falta de criterio fiscal que regule la imputación temporal de las adquisiciones a título lucrativo, deben aplicarse las normas contables, y en particular, la norma de valoración 20ª del Plan General de Contabilidad, y la norma primera 1.1.2 a) de la Resolución de 30 de julio de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan las normas de valoración del inmovilizado material.
b) En segundo lugar, la entidad considera que la regularización efectuada por la Inspección, ha dado lugar a una doble tributación por parte de la empresa, ya que la Inspección tras realizar un ajuste positivo en la base imponible de 1996, por el importe de la valoración efectuada por el Gabinete Técnico de Valoración de la Delegación Especial de la AEAT en ..., en el ejercicio siguiente, a la hora de calcular los gastos atribuibles a los bienes recibidos por la entidad, sólo tiene en cuenta como base, el valor contabilizado de los mismos.
c) En tercer lugar, alega asimismo la interesada, su oposición al valor comprobado por la Inspección de los bienes en cuestión, que asciende a un total de 203.390.500 pesetas, de los cuales 174.433.700 pesetas corresponden a las naves amortizables.
Así, señala que en la escritura de donación de fecha 27 de diciembre de 1996, se valoraron las fincas a 74.200.000 pesetas, de las cuales 32.602.000 pesetas se atribuían a las referidas naves. Que dicho valor se reflejó asimismo en la escritura de aceptación de herencias, adjudicación parcial y declaración de obra nueva de 8 de agosto de 1996, y fue a su vez el valor declarado a los efectos del ITP y AJD, habiendo sido los mismos objeto de comprobación, y aceptación por parte de ...
Con ello, entiende la entidad, que al haber ganado firmeza tales valores, por haber transcurrido el periodo de prescripción, y en virtud del principio de unicidad, y de seguridad jurídica, sería una incoherencia la admisión de un valor a los efectos del ITPAJD, y de un valor distinto para los mismos bienes, desde el punto de vista del Impuesto sobre Sociedades, por lo que solicita que se mantenga el valor comprobado por ...
En fecha 14 de enero de 2003, la entidad presentó nuevo escrito de alegaciones, complementario al anterior de fecha 26 de noviembre de 2001, por el que solicitaba al Tribunal Regional que le fuera aplicado el régimen de transparencia fiscal a los ejercicios objeto de comprobación, y consecuentemente, al ejercicio 1996, el tipo impositivo del cero por ciento, de acuerdo con la disposición transitoria vigésimo segunda de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ya que concurren las circunstancias previstas en el artículo 75.1 de la norma, durante todo el ejercicio social de la empresa, aún cuando el mismo tuvo una duración únicamente de seis días.
QUINTO: En cuanto a la pieza separada de suspensión, en fecha 19 de octubre de 2001, el Tribunal Regional de ..., dictó resolución en la que acordaba inadmitir a trámite la suspensión solicitada de la ejecución del acuerdo de liquidación. El fallo le fue notificado a la interesada en fecha 9 de noviembre de 2001.
SEXTO: El día 25 de noviembre de 2004, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., dictó Resolución, acordando estimar en parte la reclamación económico-administrativa presentada, y "confirmando la liquidación por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1996, y fijando la base imponible negativa del ejercicio 1997 en 8.579.643 pesetas (51.564,69 €)", por considerar que se había producido la doble tributación alegada por la reclamante.
La resolución fue notificada a la interesada el 18 de enero de 2005.
SÉPTIMO: En fecha 18 de febrero de 2005, la interesada, al amparo del artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), interpuso, en plazo, recurso de alzada ante este Tribunal Central frente a la reseñada Resolución del Tribunal Regional, mediante escrito en el que reitera, en síntesis, las alegaciones vertidas en primera instancia.
a) Procedencia de la aplicación de la redacción dada al artículo 15.3 por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, al ejercicio 1996, o mantenimiento del criterio de imputación temporal previsto en las normas contables para las adquisiciones a título gratuito.
b) Procedencia de la aplicación de la valoración efectuada por la el Gabinete Técnico de Valoración de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia, o mantenimiento de la comprobación de valores llevada a cabo por ..., en virtud del principio de unicidad.
c) Calificación de la entidad como sociedad transparente y aplicación por lo tanto del régimen fiscal previsto para este tipo de entidades.
TERCERO: Respecto de la primera de las cuestiones planteadas por la entidad en el recurso de alzada presentado ante este Tribunal, se debe señalar que de acuerdo con el artículo 10.3 de la LIS: "En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás Leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas".
Por lo tanto el Impuesto sobre Sociedades, para el cálculo de la base imponible, parte del resultado obtenido por los sujetos pasivos de acuerdo con la normativa contable, que deberá ser corregido de conformidad con los ajustes previstos en la LIS.
La normativa contable, a efectos de la valoración y contabilización de las adquisiciones efectuadas a título gratuito, la encontramos en la Resolución de 30 de julio de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que a su vez remite a la norma de valoración 20ª del Plan General de Contabilidad (en adelante PGC).
La citada resolución, en su norma primera, apartado 1, referente a las donaciones de inmovilizado material, precisa en primer lugar, el valor al que debe contabilizarse el bien recibido, disponiendo que "1. a) El inmovilizado material recibido se valorará por su valor venal, tal como se define en la norma de valoración 2.ª, número 4, del Plan General de Contabilidad".
Por su parte, dicha norma de valoración señala que: "Los bienes comprendidos en el inmovilizado material deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito, se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la adquisición....... El valor venal de un bien es el precio que se presume estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien. El valor venal se apreciará en función de la situación de la empresa y, generalmente, bajo la hipótesis de continuidad de la explotación del bien".
Una vez definido el valor por el que debe contabilizarse el bien que se recibe por donación, la Resolución del ICAC, fija en su número siguiente, la forma en que debe efectuarse la contabilización de la operación, señalando: "1.2. La contabilización de las operaciones anteriores se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: a) La empresa receptora del bien obtenido sin contraprestación lo contabilizará por su valor venal, utilizando como contrapartida una cuenta del subgrupo 13 «Ingresos a distribuir en varios ejercicios», cuyo movimiento habrá de coincidir con lo establecido en el Plan General de Contabilidad para la referida cuenta, y se aplicarán las reglas previstas en la norma de valoración 20.ª de dicho texto, correspondiente a subvenciones de capital".
De acuerdo con la norma de valoración 20ª: "Las subvenciones de capital de cualquier clase se valorarán por el importe concedido, cuando tengan carácter de no reintegrables. A estos efectos, serán no reintegrables aquellas en las que ya se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. Las recibidas con carácter de no reintegrables se imputarán al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con dichas subvenciones. En el caso de activos no depreciables, la subvención se imputará al resultado del ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos".
Por lo tanto, el contribuyente contabilizó la operación tal y como prescriben las normas contables anteriores, valorando el bien en cuestión por lo que consideró como valor venal o de mercado, y creando correlativamente una cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios del subgrupo 13, que fue aplicando a resultados en función de la amortización de las naves, manteniendo en balance la parte correspondiente a los terrenos, por tratarse de activos no depreciables, de acuerdo con la norma de valoración 20ª.
CUARTO: Examinada la contabilización efectuada por el sujeto pasivo, y considerando la misma ajustada a la normativa contable, se hace necesario examinar si esta última difiere con lo previsto en la norma fiscal, a efectos de determinar si debe procederse a corregir el resultado contable de conformidad con lo previsto en el artículo 10.3 de la LlS.
En cuanto a la valoración del bien que se recibe como consecuencia de la donación, el artículo 15.2 de la LIS, dispone que: "Se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos patrimoniales: a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo........Se entenderá por valor normal del mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes. Para determinar dicho valor se aplicarán los métodos previstos en el artículo 16.3 de esta Ley".
Por lo tanto, y en cuanto a la valoración, criterios contables y fiscales coinciden, debiendo los bienes adquiridos a título lucrativo, ser contabilizados y valorados fiscalmente, de acuerdo con su valor de mercado o valor venal.
En relación a la imputación del resultado obtenido por el sujeto pasivo como consecuencia de este tipo de adquisición, la regla de imputación se encuentra recogida en los artículos 15.3 de la LIS ("En la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor normal de mercado del elemento patrimonial adquirido"), y 19.8 de la LIS ("En cualquier caso, las rentas derivadas de las adquisiciones de elementos patrimoniales a título lucrativo, tanto en metálico como en especie, se imputarán a efectos fiscales, en el período impositivo en el que se produzcan las mismas, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 15").
Estos dos últimos preceptos fueron introducidos en la Ley 43/1995, a través de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que entró en vigor, de conformidad con su disposición final novena, el 1 de enero de 1997, es decir, una vez producido el devengo, de conformidad con el artículo 25 de la LIS, del Impuesto sobre Sociedades, relativo al ejercicio 1996, en que se produjo la adquisición a título lucrativo.
Con anterioridad a esta Ley de medidas, no existía en la norma reguladora del Impuesto sobre Sociedades, mención alguna sobre la imputación del resultado derivado de las adquisiciones a título gratuito, ya que por una parte, no existía el mencionado apartado 8º del artículo 19, y por otra, el artículo 15.3, en su redacción original, se limitaba a señalar que "En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. En los supuestos previstos en las letras e) y f), la entidad integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal del mercado de los elementos adquiridos y el valor contable de los entregados". No siendo por tanto de aplicación a los supuestos de adquisiciones a título gratuito.
Por lo tanto, este Tribunal considera, que de acuerdo con el artículo 10.3, y a falta de precepto en la normativa fiscal aplicable al ejercicio 1996, el contribuyente obró correctamente, debiendo admitirse el resultado obtenido de acuerdo con las normas contables anteriormente señaladas, sin que sean de aplicación a dicho ejercicio las normas de imputación fiscal introducidas por la Ley 13/1996.
Por todo ello, se admiten por este Tribunal las alegaciones presentadas por la recurrente en este punto, en contra de lo dispuesto en el acuerdo de liquidación dictado por la Inspección y en la Resolución del TEAR de ...
QUINTO: La segunda de las cuestiones suscitadas por ..., S.L. en el recurso de alzada objeto de la presente resolución, es la relativa a la posibilidad de que la Inspección, a través de su Gabinete Técnico de Valoración, pueda proceder a comprobar el valor declarado por el contribuyente, cuando dicho valor ya fue objeto de comprobación y admitido por otra Administración Pública, en nuestro caso, por ... con ocasión de la liquidación de ITPAJD.
Acerca de la referida cuestión, que en definitiva remite al tema de la prevalencia del principio de unicidad sobre el de estanqueidad tributaria, o viceversa, ha tenido oportunidad de pronunciarse el Tribunal Supremo, entre otras, en su Sentencia de 30 de marzo de 1999 (rec. cas. nº. 5213/1994), y lo ha hecho en los términos siguientes:
"Cuarto: El primer motivo casacional es "por infracción de la jurisprudencia relativa al principio de unidad de la Administración que impide considerar cada impuesto como un compartimento estanco de los demás, teniendo la Administración una personalidad jurídica única que supone la imposibilidad de ir contra sus propios actos".
En esencia el argumento central de este motivo casacional es que la consideración de los gastos financieros como mayor precio del inmovilizado incide de lleno en el principio de unidad, inaplicándolo por cuanto el valor de las estaciones de servicio, admitido a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, es distinto al estimado en el Impuesto sobre Sociedades por inclusión de los intereses como coste de adquisición.
La Sala rechaza este motivo casacional, en primer lugar porque la jurisprudencia si bien fue favorable inicialmente al principio de unidad, posteriormente cambió de criterio, admitiendo la relatividad del mismo, y, por tanto, la posibilidad de valoraciones distintas a efectos de otros impuestos. Como compendio de la doctrina jurisprudencial actual la Sala ha tenido presente la reciente Sentencia de 25 de junio de 1998, (recurso de apelación núm. 3027/92).
En el caso de autos, la parte recurrente incurre en un grave error, consistente en no haber distinguido adecuadamente el modo de determinar la base imponible en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Sociedades".
Precisamente acerca de la distinción entre las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ha tenido ocasión este Tribunal de pronunciarse, entre otras, en Resolución de 17 de noviembre de 2000, en la que se dice:
"Que, en consecuencia, y, en base a lo expuesto no pueden ser acogidas las pretensiones del reclamante respecto a la aplicación del valor establecido a los efectos de la liquidación del ITP por ... para la determinación del valor de enajenación del incremento de patrimonio liquidado en el acta controvertida, toda vez, que, nos encontramos ante dos Impuestos distintos (principio de "estanquidad" tributaria), uno, el ITP, que busca hallar el valor real de un determinado bien, y el otro, el IRPF, que se refiere a otro tipo de valor, el de «mercado», que no tienen necesariamente que coincidir, criterio ya sentado por este Tribunal, así en Resolución de fecha 21 de junio de 2000".
La prevalencia del principio de estanqueidad sobre el de unicidad ha sido afirmado por este Tribunal en otras resoluciones como la de 10 de marzo de 2000, basándose para ello tanto del tenor literal del artículo 9 de la Ley 230/1963, General Tributaria, que dispone que los tributos se regirán, además de por la propia LGT y sus Reglamentos, por las Leyes y Reglamentos propios de cada tributo, como en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo entre la que cita las STS de 25 de junio de 1998 y 30 de marzo de 1999.
Por lo tanto, este Tribunal considera que, en base a las facultades de comprobación que la Ley General Tributaria, aprobada por la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, reconoce en su artículo 52, con carácter general a la Administración Tributaria, y la prevalencia del principio de estanqueidad sobre el de unicidad (que, por otra parte, tampoco sería en puridad invocable aquí al tratarse de dos Administraciones diferentes), proclamado tanto por este Tribunal como por el Tribunal Supremo, deben ser desestimadas las alegaciones presentadas por la entidad sobre esta cuestión, debiendo ser valorados los bienes recibidos por donación de acuerdo al valor de mercado fijado por el Gabinete Técnico de valoración, a efectos de su tributación por el Impuesto sobre Sociedades, y confirmando de este modo el criterio sostenido por la Inspección primero, y por el Tribunal Regional después en primera instancia.
SEXTO: La última cuestión planteada por el contribuyente, es la relativa a la aplicación del régimen de transparencia fiscal recogido en los artículos 75 y siguientes de la LIS.
Tales alegaciones no fueron planteadas en ningún momento durante el procedimiento inspector, sino que son aducidas por primera vez por la entidad, a través de un escrito que presenta más de un año después de la finalización del plazo para la sustanciación del trámite de audiencia otorgado por el TEAR, sin que exista, o al menos haya quedado probado por el contribuyente, causa alguna para ello.
En cualquier caso, la sociedad debió solicitar la rectificación de su autoliquidación, o bien, más tarde, las aludidas alegaciones debieron plantearse por la entidad en el ámbito de las comprobaciones inspectoras, o incluso en las alegaciones al acta y previas al acuerdo de liquidación, pero no en vía de revisión.
Si, de forma injustificada, no alega algo que considera necesario o ajustado a derecho, como es la posible aplicación del régimen de transparencia fiscal, y por lo tanto, del tipo impositivo del cero por ciento, previsto en la disposición transitoria mencionada, y salvo el supuesto de imposibilidad por fuerza mayor o alguna causa razonable expuesta, no es procedente luego admitir tales alegaciones en instancias posteriores por parte de órganos de revisión a los que no compete la práctica de comprobaciones inspectoras. Admitir su realización una vez cerrado el período de actuaciones inspectoras implicaría alterar el orden del procedimiento tributario legalmente establecido, al atribuir a tales órganos revisores la práctica de actuaciones que son propias de la Inspección.
Los Tribunales Económico-Administrativos no se articulan en la Ley como órganos puramente administrativos de gestión dentro de la Administración activa, sino como órganos especializados, que incluso pueden reputarse cuasi jurisdiccionales, por la función de revisión que desempeñan. Las argumentaciones que vierte ahora la entidad, sobre la posible aplicación del régimen de transparencia fiscal, y que, por inactividad del interesado, no se efectuaron durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras, no pueden ser atendidas ni por este Tribunal ni por el Tribunal Regional en primera instancia, dada la naturaleza revisora de la vía económico administrativa, cuya labor es la de revisar la actuación impugnada, sin suplir la inactividad de las partes, ni entrar a pronunciarse sobre cuestiones que no pudo enjuiciar la propia Inspección por falta de actividad del administrado.
Es por ello que, como ya se ha declarado en otras ocasiones por este Tribunal, admitir este tipo de actuaciones "permitiría al obligado tributario disponer a su arbitrio sobre el contenido de cada procedimiento, sustrayendo al de inspección ciertas comprobaciones para atribuirlas al órgano revisor".
En la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo relativa a los ejercicios objeto de comprobación, no se señaló por el mismo que estuviera acogido al régimen de las sociedades transparentes. Tampoco consta que el contribuyente haya realizado actuación alguna en orden a corregir la autoliquidación presentada, ni la supuesta concurrencia de las circunstancias que imponen el régimen de transparencia fiscal, fue alegada por la entidad en ningún momento del procedimiento inspector.
Como consecuencia de todo lo expuesto, este Tribunal acuerda no admitir las mencionadas alegaciones en vía económico-administrativa, pues no se trata de un asunto o razonamiento que sirva de apoyo a una argumentación alegada anteriormente por el interesado sobre un tema contradictorio, a lo cual está abierto el presente procedimiento, sino que se trata de una nueva alegación o cuestión controvertida, que, como ya se ha expuesto, debió ser planteada en el correspondiente procedimiento inspector, otorgando de este modo la posibilidad al órgano gestor de pronunciarse sobre el asunto. Tampoco se trata de alegaciones relativas a hechos sobrevenidos con posterioridad a la finalización del procedimiento de comprobación.
Por ello, este Tribunal considera que no puede entrar a examinar cual es el régimen aplicable a la entidad, o si concurren o no las circunstancias previstas en la LIS para la aplicación de lo previsto en los artículos 75 y siguientes de la norma, relativos al régimen de transparencia fiscal, puesto que, como se ha dicho antes, ello supondría la realización de actividades de comprobación que no le competen.
SÉPTIMO: Como consecuencia de todo lo expuesto en los fundamentos tercero, cuarto y quinto de esta resolución, este Tribunal ordena la anulación de los acuerdos de liquidación dictados, así como de la resolución del TEAR objeto del presente recurso de alzada, acordando:
1. En cuanto al valor de los bienes recibidos en donación por la entidad, se mantendrá el valor comprobado por la Administración Tributaria en el curso del procedimiento inspector, que asciende a un total de 203.390.500 pesetas (1.222.401,52 €), de los cuales corresponden a los bienes amortizables un importe de 174.433.700 pesetas (1.048.367,65 €).
2. En relación al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1996, que se proceda a dictar nuevo acuerdo en el que se mantenga el criterio de imputación temporal utilizado por el contribuyente, de acuerdo con las normas contables, no reconociéndose en dicho ejercicio beneficio o pérdida alguna como consecuencia de la adquisición de los bienes a título gratuito.
3. En relación al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1997, que se proceda a dictar nuevo acuerdo en el que se lleven a cabo los ajustes tanto de la amortización como de la parte del ingreso a distribuir que debe aplicarse a dicho ejercicio en función del método de amortización utilizado, por la diferencia entre el valor comprobado por la Administración y el valor contabilizado por el sujeto pasivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 c) de la LIS, en su redacción original, de manera que ambos ajustes se anulen.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, resolviendo EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: ESTIMARLO EN PARTE 1. Anulando el Acuerdo de liquidación relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996 y 1997, objeto de presente recurso, y en contra de lo dispuesto en la resolución del TEAR, que también se anula. 2. Ordenando a la Oficina Gestora que se dicte nuevo Acuerdo de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento de derecho séptimo del presente fallo.
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 4675/2007, 30-01-2012
Orden: Administrativo Fecha: 30/01/2012 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez De Velasco, Joaquin Huelin Num. Recurso: 4675/2007
Sentencia Administrativo Nº 20634/2008, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 805/2006, 30-09-2008
Orden: Administrativo Fecha: 30/09/2008 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Garcia Paredes, Jesus Nicolas Num. Sentencia: 20634/2008 Num. Recurso: 805/2006
Resolución Vinculante de DGT, V1107-13, 04-04-2013
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 04/04/2013 Núm. Resolución: V1107-13

References: Resolución 
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 artículo 56
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 148
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 90
 artículo 15
 artículo 10
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 artículo 75
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 artículo 241
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 artículo 15
 artículo 10
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 artículo 10
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 25
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 10
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 artículo 9
 artículo 52
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 artículo 18
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