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Timestamp: 2020-02-19 13:58:10+00:00

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STC 196/2002, 28 de Octubre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 172447
STC 196/2002, 28 de Octubre de 2002
Número de Recurso: 4719/1998
Recurso de amparo 4719/98. Promovido por don Antonio Ernesto M.L. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que le condenó por un delito electoral. Vulneración del derecho de reunión: sanción penal por haber celebrado mítines electorales, sin previa comunicación a la Junta electoral, insuficientemente motivada, que no valora la voluntad de cumplir los requisitos formales para ejercer el derecho, e interpreta expansivamente los "lugares de tránsito público".
Sentencia citada en: 224 sentencias, 21 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 4719/98, interpuesto por don Antonio Ernesto M.L., representado por el Procurador don Alfonso Blanco Fernández y asistido por el Letrado don José Manuel Martín Villena, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial (Sección Primera) de Granada de 3 de octubre de 1998, que resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de dicha ciudad el 20 de abril de 1998, en el procedimiento abreviado núm. 25/96, seguido por delito electoral. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 12 de noviembre de 1998 don Alfonso Blanco Fernández, Procurador de los Tribunales y de don Antonio Ernesto M.L., formuló demanda de amparo constitucional contra la resolución judicial de la que se hace mérito en el encabezamiento.
Sucintamente expuestos, son hechos relevantes para la resolución del caso los que a continuación se exponen.
Con fecha 27 de julio de 1995 los representantes de diversos partidos políticos y coaliciones que habían concurrido a las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 1995 en el distrito de Huétor-Vega (Granada), elevaron un escrito a la Junta Electoral Provincial de Granada denunciando la posible comisión de un delito electoral previsto en el art. 144.1 b) de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG). Dicho delito se achacaba a la candidatura presentada por el Partido Andalucista, que encabezaba el ahora solicitante de amparo y traía causa de la celebración de sendos mítines los días 19 y 26 de mayo de 1995 sin haber mediado su previa comunicación al órgano competente de la Administración electoral.
Como resultado de dicha denuncia el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Granada incoó diligencias previas por providencia de 22 de agosto de 1995. Mediante Auto de 23 de enero de 1996 las actuaciones se transformaron en el procedimiento abreviado núm. 25/96.
El Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada dictó Sentencia el 20 de abril de 1998 condenando al ahora solicitante de amparo, como autor criminalmente responsable de dos delitos electorales, a la pena de un mes y un día de arresto mayor por cada uno de ellos, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo periodo.
La anterior resolución fue recurrida en apelación por el condenado, ahora recurrente en amparo, y por la acusación particular. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada dictó Sentencia el 3 de octubre de 1998 que, estimando el recurso de la acusación y desestimando el de la defensa, confirmó las condenas impuestas en la instancia y condenó además al acusado a sendas penas de seis meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
El demandante de amparo solicita la anulación de las dos Sentencias reseñadas porque, en su opinión, habrían conculcado sus libertades de reunión (art. 21 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE]. Asimismo, mediante otrosí, interesaba la suspensión de la ejecución de dichas Sentencias de acuerdo con lo previsto en el art. 56 LOTC.
Por providencia de 3 de diciembre de 1998, la Sección Cuarta de este Tribunal concedió al demandante de amparo un plazo de diez días para que acreditase fehacientemente la fecha de notificación a su representación procesal de la resolución que puso fin a la vía judicial, así como haber invocado en el previo proceso jurisdiccional el derecho constitucional que estima vulnerado. El recurrente satisfizo dichos requerimientos mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el 22 de diciembre de 1998.
Mediante diligencia de ordenación de 1 de octubre de 1999, y antes de resolver sobre la admisibilidad del recurso, se dirigió atenta comunicación al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada a fin de que, a la mayor brevedad posible, se remitiera a esta Sala certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo 249/96.
Por nuevo proveído de 9 de marzo de 2000 esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó admitir parcialmente a trámite la demanda de amparo, únicamente en lo que se refiere a la pretensión que denuncia la lesión del art. 21 CE (derecho de reunión pacífica y sin armas), dirigiendo atenta comunicación a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada a fin de que, en un plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 146/98, y al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada para que, en un plazo que no excediese de diez días, emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso penal del que trae causa este proceso constitucional para que pudieran comparecer en él si así lo deseaban. Finalmente, en aplicación de lo dispuesto en el art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 c), ambos de la LOTC, se inadmitió a trámite la queja relativa a la supuesta quiebra de la libertad de expresión, que no fue oportunamente planteada ante los órganos judiciales.
Por diligencia de ordenación de 6 de octubre de 2000 se dio vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
El 10 de noviembre de 2000 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el escrito de alegaciones del demandante, quien reitera su denuncia de infracción de su derecho de reunión, haciendo hincapié en que se cumplieron los requisitos establecidos tanto constitucionalmente (art. 21 CE) como legalmente (art. 8 de la Ley Orgánica 9/1983), al haberse procedido a presentar la pertinente comunicación previa a la celebración de sendos actos electorales.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones también el 10 de noviembre de 2000. Tras dar sucinta cuenta de los antecedentes del presente proceso constitucional, expone las razones por las que postula la denegación del amparo interesado.
Así, comienza señalando que de la lectura de las actuaciones recibidas no se deduce que el Ayuntamiento de Huétor-Vega llegara a autorizar el mitin programado para el 19 de mayo de 1995, puesto que la solicitud elevada al Ayuntamiento versaba sobre autorización para la conexión de megafonía a la red eléctrica. Por su parte, la Alcaldía del referido municipio declaró no hallar inconveniente alguno para acceder a dicha petición, al tiempo que comunicaba el traslado de la comunicación a la Junta Electoral de Zona por no tener constancia de la autorización del acto electoral, a celebrar en los aledaños del lugar en donde estaba prevista la celebración de un mitin por la Agrupación Federación Andaluza de Independientes.
Precisados estos extremos, el Ministerio Fiscal subraya que del art. 21 CE se derivan dos límites o requisitos constitucionales que han de satisfacer quienes desean manifestarse en una vía pública: que la reunión sea pacífica y que anuncien a la autoridad el ejercicio de este derecho fundamental. El primero de dichos requisitos es de inexcusable cumplimiento porque la Constitución sólo protege el derecho de reunión "pacífica y sin armas", en tanto que el segundo únicamente rige para las reuniones que hayan de celebrarse "en lugares de tránsito público" (art. 21.2 CE).
Según se ha manifestado en la STC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 5, "dicha comunicación se rige por los arts. 8 y siguientes de la Ley 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de cuyo régimen interesa destacar: en primer lugar, que no se trata de interesar solicitud de autorización alguna (art. 3, Ley 9/1983), pues el ejercicio de este derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa (arts. 9.1 y 10.1 CE), sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal —sino tan sólo de efectuar una declaración de ciencia o de conocimiento— a fin de que la Autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes como la protección de los derechos y bienes de la titularidad de terceros, estando legitimada, en orden a asumir tales objetivos, a modificar las condiciones de ejercicio del derecho de reunión e incluso, a prohibirlas, previa la realización siempre del oportuno juicio de proporcionalidad y en esta última solución extrema siempre que concurra el único motivo que la Constitución contempla para sacrificar el ejercicio de este derecho fundamental: la existencia de razones fundadas de alteración de orden público, con peligro para personas o bienes; y, en segundo lugar, que dicha actuación administrativa no es reconducible a ningún género de manifestación de autotutela, pues la imposición de condiciones gravosas o la prohibición del ejercicio de este derecho fundamental es inmediatamente revisable (art. 11 de la Ley 9/1983) por una Autoridad independiente e imparcial, como lo son los órganos del Poder Judicial, a quienes la Constitución (art. 53.2), en materia de protección de derechos fundamentales, más que la última les ha otorgado la primera palabra".
Por otro lado, frente a las manifestaciones del actor negando la condición de lugar de tránsito público del elegido para la celebración del segundo mitin, destaca el Ministerio Fiscal que "la Sentencia de la Audiencia Provincial recoge en el último inciso de su fundamento de derecho segundo que de la prueba practicada en la vista oral y, en concreto, de la testifical de un agente de la Guardia Civil, el acto se celebró en la explanada de la Nava de Huétor-Vega, celebrándose por tanto en las inmediaciones de tránsito público". Añade a continuación el Ministerio Fiscal que "no puede olvidarse que tal relación de hechos —considerada como tal por los órganos judiciales— no puede modificarse ni sustituirse por otra diferente que estime realmente acaecida el actor, al vedar tal posibilidad el artículo 44.1.b LOTC".
En el presente proceso constitucional son objeto de impugnación las Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada el 20 de abril de 1998 en el procedimiento abreviado núm. 25/96 y por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el 3 de octubre de 1998 en el rollo de apelación núm. 146/98. La primera de dichas Sentencias condenó al ahora solicitante de amparo, como autor de dos delitos en materia electoral, a la pena de un mes y un día de arresto mayor por cada uno de los delitos, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas. La segunda de dichas Sentencias, que desestimó el recurso de apelación del condenado y estimó, en cambio, el recurso de apelación formulado por la acusación particular, confirmó las condenas impuestas y además condenó al acusado y ahora recurrente en amparo a sendas penas de seis meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Delimitado en estos términos el ámbito del debate procesal, interesa reseñar que el recurrente en amparo reprocha a las resoluciones judiciales impugnadas la ya mencionada vulneración del art. 21 CE porque, habiendo versado sobre la realización de dos actos públicos electorales, habrían ignorado aspectos esenciales de su regulación. Así, subraya el demandante, respecto del primero de dichos actos, que medió comunicación previa al Ayuntamiento de Huétor-Vega (Granada) y que el Ayuntamiento "comunicó la intención del Sr. M. de realizar tal mitin a la Junta Electoral sin que la misma prohibiera la celebración del mismo, siendo además el propio Ayuntamiento quien facilitó los medios técnicos necesarios para la realización de dicho mitin". Por otro lado nos relata, en relación con el segundo, que solicitó al mismo Ayuntamiento la utilización de un local público y, al serle denegada, el acto se llevó a cabo "en un olivar próximo", el cual "no es de tránsito público", por lo que no era preceptivo el sometimiento al régimen de comunicación previa previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (LODR).
El Ministerio Fiscal se opone al otorgamiento del amparo porque en ninguno de los mítines electorales se satisfizo el requisito de la comunicación previa. Concretamente, señala que no puede entenderse cumplimentada esta exigencia mediante la presentación de sendas solicitudes al Ayuntamiento, por ser ésta una instancia que carece de atribuciones al respecto y que debe limitar su actuación, por razón de lo dispuesto en el art. 54.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 15 de julio, de régimen electoral general (LOREG), a reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral. Por lo que se refiere a la calificación del lugar donde tuvo efecto la segunda de las reuniones como espacio de tránsito público, destaca el Ministerio Fiscal que en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada se consigna que de la prueba practicada en la vista oral, en especial la testifical de un agente de la Guardia Civil, se deduce que el acto se celebró en la explanada de la Nava de Huétor-Vega, sita en las inmediaciones de tránsito público, calificación que no es susceptible de una nueva valoración de acuerdo con lo dispuesto en el art. 44.1 b) LOTC.
A fin de resolver adecuadamente el problema planteado en el presente recurso de amparo resulta pertinente comenzar recordando su sustrato fáctico. Para lo que deberemos partir del relato de hechos probados recogido en la Sentencia de instancia y reproducido en la dictada en grado de apelación:
"durante el proceso electoral de las elecciones municipales del mes de mayo de 1995, el acusado Antonio Ernesto M.L., mayor de edad y sin antecedentes penales, candidato a la Alcaldía de Huétor-Vega por el Partido Andalucista, celebró un mitin electoral sobre las 21 horas del día 19 de mayo en la Plaza Abdal-Malik de la citada localidad. Asimismo, sobre las 21 horas del día 26 celebró otro mitin en un olivar próximo al Centro Social La Nava.- Como quiera que el Partido Andalucista no hubiera solicitado, a través del representante de la candidatura, dentro del plazo legalmente establecido, autorización para la celebración de actos de propaganda electoral al objeto de la correspondiente asignación de locales por parte de la Junta Electoral de Zona, quedó fuera de la distribución de los lugares donde aquellos habrían de celebrarse. Y como quiera que el acusado decidiese celebrar una reunión electoral en la plaza referida, con fecha 18 de mayo solicitó del Ayuntamiento de Huétor-Vega autorización, que le fue concedida. Reiterando su petición, para la celebración del mitin del día 26 de mayo, mediante escrito de fecha 25 de mayo, dirigido al Ayuntamiento de Huétor-Vega, si bien en esta ocasión la autorización no le fue concedida ni por el Ayuntamiento ni por la Junta Electoral Provincial, a la que no le fue solicitada autorización para ninguno de los dos mítines."
Asimismo, interesa dejar constancia de que el acusado alegó en su defensa que el segundo de los mítines electorales no precisaba de la previa comunicación a la autoridad gubernativa porque se llevó a cabo en un lugar que no es de tránsito público. Este alegato también fue rechazado porque, según se consigna en el fundamento segundo de la Sentencia de la Audiencia Provincial (Sección Primera) de Granada, "el acto celebrado fue en la explanada de La Nava de Huétor-Vega, según consta al folio 36 de las actuaciones, y concretamente junto al recinto ferial según declaró el propio acusado (folio 28), y como asimismo confirmó el Guardia Civil que asistió a la vista oral ‘el mitin del 26 fue en La Nava pero no dentro, y que a la izquierda del local hay un olivar’; siendo y estando por tanto el lugar en las inmediaciones de tránsito público".
Una cabal comprensión del problema de fondo planteado en el presente recurso de amparo aconseja examinar el relato de los hechos efectuado en las resoluciones judiciales impugnadas y asimismo reseñar las normas legales en las que se fundamenta la condena impuesta al ahora demandante.
Por lo que se refiere al mitin celebrado el día 19 de mayo de 1995 en la plaza Abdal-Malik de la localidad granadina de Huétor-Vega, se dice en el relato de hechos probados que "como quiera que el acusado decidiese celebrar una reunión en la plaza referida, con fecha 18 de mayo solicitó del Ayuntamiento de Huétor Vega autorización, que le fue concedida". Ello se reitera en lo sustancial en el fundamento jurídico segundo de la Sentencia de instancia, bien que ésta señala, al igual que la Sentencia de apelación, que la comunicación no fue dirigida a la Junta Electoral Provincial.
En las actuaciones remitidas a este Tribunal no existencia constancia de que el Ayuntamiento de Huétor Vega recibiera respuesta a este escrito. Obra en cambio en las actuaciones un informe de la Junta Electoral de Zona, expresando lo siguiente: "En el expediente electoral consta comunicación del Ayuntamiento de Huétor Vega indicando a esta Junta la intención del Partido Andalucista —Agrupación de Huétor Vega— de celebrar un mitin en la Plaza Abdad Malik el 19 de mayo de 1995, lo que se puso en conocimiento de la Junta Electoral Provincial".
Respecto del segundo acto electoral, se dice en el relato de hechos probados que "sobre las 21 horas del día 26 celebró [el acusado] otro mitin en un olivar próximo al Centro Social La Nava". A tal extremo se refiere también la Sentencia de apelación en su fundamento jurídico segundo in fine, en los términos antes transcritos.
Las resoluciones judiciales cuya anulación se postula han estimado que los hechos relatados constituyen una conducta delictiva tipificada en el art. 144.1 b) LOREG, de acuerdo con el cual "serán castigados con la pena de arresto mayor o multa de 30.000 a 300.000 pesetas quienes lleven a cabo alguno de los actos siguientes: infringir las normas legales en materia de carteles y espacios reservados a los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral".
Como quiera que en el presente supuesto el solicitante de amparo achaca a las resoluciones judiciales impugnadas haber vulnerado su derecho fundamental de reunión (art. 21 CE) por desconocimiento de su contenido, resulta pertinente sintetizar la doctrina elaborada por este Tribunal en relación con el mismo.
Hemos recordado cómo históricamente la libertad de reunión surge como un derecho autónomo intermedio entre las libertades expresión y de asociación, con las que sigue manteniendo una "íntima conexión doctrinal", hasta el punto de que "bien puede decirse, en una primera aproximación al tema, que el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo —una agrupación de personas—, el temporal —su duración transitoria—, el finalístico —licitud de la finalidad— y el real u objetivo —lugar de celebración—" (STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2; doctrina reiterada en la STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3). Tras examinar estos dos elementos, en la primera de las resoluciones citadas se concluye que, en nuestro ordenamiento jurídico, "son elementos delimitadores o definidores del derecho de reunión, entre otros, el concierto de las personas que reúnen y la presencia de un fin lícito que actúa como condición externa de legitimidad del derecho".
De igual modo, este Tribunal ha examinado el sentido y finalidad de la supeditación del ejercicio de este derecho a la comunicación previa a la autoridad "en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones" (art. 21.2 CE), poniendo al respecto de manifiesto, ya desde la STC 36/1982, de 16 de junio, FJ 6, que se trata de un requisito con el que se persigue compatibilizar su efectividad con la salvaguarda de la seguridad ciudadana y del orden general.
A su vez, en la STC 59/1990, de 29 de marzo, FJ 5, se examinan separadamente los dos "límites o requisitos constitucionales que han de cumplir los ciudadanos que decidan manifestarse en una vía pública: que la reunión sea pacífica y que anuncien a la autoridad el ejercicio de su derecho". En relación con el primero se subraya su inexcusable cumplimiento en todo tipo de manifestaciones, "pues el único derecho que la Constitución protege es el de ‘reunión pacífica y sin armas’" (Sentencia citada, que menciona expresamente, además, en este punto, la STEDH de 21 de junio de 1988, caso Plattform Arztge für das Leben, y la STC 2/1982, de 29 de enero). En relación con el segundo punto señala la STC 59/1990 que "la obligación de comunicar, previamente, a la Autoridad gubernativa la realización de la manifestación es, por el contrario, tan sólo exigible con respecto a las reuniones ‘en lugares de tránsito público’ (art. 21.2)", precisión esta última que había sido recogido anteriormente en la STC 101/1985, de 4 de octubre, FJ 4.
Según ha quedado dicho, en esta ocasión los órganos jurisdiccionales han subsumido los hechos enjuiciados en el tipo del art. 144.1 b) LOREG. Pues bien, dado el carácter notablemente abierto de este precepto parece aconsejable concluir esta exposición de la doctrina constitucional relevante para la resolución del presente recurso de amparo con la relativa a las pautas que han de informar la labor interpretativa de los órganos judiciales.
Así, por lo que se refiere al primero de los actos de campaña electoral que se hallan en el origen de este proceso constitucional, se ha reprochado al entonces acusado no haber efectuado el oportuno preaviso de su celebración al órgano competente para ejercer las potestades gubernativas. Esto es, no haber dirigido la comunicación previa a la Junta Electoral Provincial (fundamentos segundo de la Sentencia de instancia y primero y segundo de la dictada en grado de apelación).
El segundo de los actos electorales se pretendía celebrar inicialmente en un recinto de titularidad municipal y, tras la negativa de la Junta Electoral Provincial, se llevó a cabo en un olivar anejo. También aquí se ha reprochado al acusado no haber dirigido la comunicación previa al citado órgano de la Administración electoral, a lo que vendría obligado, según se consigna en el fundamento segundo de la Sentencia de apelación, porque dicho olivar se encuentra "en las inmediaciones de tránsito público".
Otorgar el amparo solicitado por don Antonio Ernesto M.L. y, en su virtud:
Declarar vulnerado su derecho fundamental de reunión por la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Granada de 20 de abril de 1998, recaída en el procedimiento abreviado núm. 25/96, en causa seguida por delito electoral, así como por la Sentencia de la Audiencia Provincial (Sección Primera) de Granada de 3 de octubre de 1998, dictada en recurso de apelación interpuesto contra la anterior.
Restablecer al demandante de amparo en la plenitud de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las citadas Sentencias.
STS 218/1997, 7 de Marzo de 1997

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 artículo 44
in fine
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