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Timestamp: 2019-09-16 20:50:45+00:00

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﻿ SENTENCIA SP1291-2018/49680 DE ABRIL 25 DE 2018
SENTENCIA SP1291-2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:ACLARACIÓN SOBRE LAS ACCIONES A PROPIO RIESGO O AUTOPUESTAS EN PELIGRO. SE EXPLICA QUE, DE ACUERDO CON LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA, PARA QUE UN RESULTADO PUEDA SER ATRIBUIDO A UN AGENTE, HA DEBIDO CREAR O INCREMENTAR UN RIESGO JURÍDICAMENTE DESAPROBADO QUE FINALMENTE SE CONCRETÓ EN LA PRODUCCIÓN DE LA CONSECUENCIA TÍPICA (RELACIÓN DE DETERMINACIÓN ENTRE INFRACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO Y RESULTADO), DE MODO QUE LA AUTORÍA NO SE FUNDA ÚNICAMENTE EN CRITERIOS CAUSALES (RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE ACCIÓN Y RESULTADO). SE AGREGA ENTONCES QUE, SI LA INFRACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO SE CONCRETA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA DE CUIDADO INHERENTE A ACTIVIDADES EN CUYO ÁMBITO SE GENERAN RIESGOS O PUESTA EN PELIGRO DE BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS, ES PRECISO ESTABLECER EL MARCO EN EL CUAL SE REALIZÓ LA CONDUCTA E IDENTIFICAR LAS DISPOSICIONES QUE LA GOBERNABAN, CON EL PROPÓSITO DE DEVELAR SI MEDIANTE LA VALORACIÓN EX ANTE Y EX POST, EL RESULTADO QUE SE PRODUJO PUEDE SER IMPUTADO AL COMPORTAMIENTO DEL PROCESADO, FINALIDAD EN LA CUAL CORRESPONDE AL JUEZ, EN PRIMER LUGAR, CONSTATAR SI SE CREÓ UN RIESGO JURÍDICAMENTE DESAPROBADO DESDE UNA PERSPECTIVA EX ANTE. EN SEGUNDO TÉRMINO, SI ESE PELIGRO SE CONCRETÓ EN EL RESULTADO, TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS CONOCIDAS EX POST.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN A PROPIO RIESGO, DEBER DE CUIDADO, CULPA DE LA VÍCTIMA, RECURSO DE CASACIÓN, HOMICIDIO, VIOLACIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO, IMPUTACIÓN OBJETIVA
Sentencia SP1291-2018/49680 de abril 25 de 2018
Dr. Luis Antonio H. Barbosa
SP1291-2018
Rad.: 49680
(Aprobado Acta 127).
Bogotá D.C., abril veinticinco de dos mil dieciocho.
Consta de 3 cargos.
1. Primero: Violación directa de la ley por falta de aplicación de una norma.
Con base en la causal primera de casación establecida en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, la impugnante manifestó que los falladores desconocieron la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo en perjuicio de su representado, pues pese a existir muchas dudas, lo condenaron.
Entre las dudas refirió las siguientes: (i) Quién dio la orden para que los muchachos se subieran a la tractomula? (ii) Si los dos jóvenes eran mayores de edad, asumieron su propio riesgo? (iii) U.R. tenía posición de garante respecto de los muchachos? (iv) Quién conocía las condiciones físicas del container? (v) Conocía M.U. que el contenedor era inapropiado para llevar personas? (vi) Los jóvenes tenían capacidad para consentir? (vii) Los muchachos expresaron su consentimiento voluntario y manifiesto?
A partir de lo anterior, reclamó la casación del fallo de condena para, en su lugar, absolver a su asistido.
2. Segundo cargo: Violación directa de la ley por interpretación errónea del artículo 83 del Código Nacional de Tránsito.
Adujo la defensora que si bien la citada disposición legal prohíbe llevar pasajeros en la parte posterior de los vehículos, lo cierto es que está dirigida a quien conduce el automotor, no a los tripulantes o contratantes, máxime si en este caso los jóvenes subieron al contenedor de manera libre y voluntaria y sin que J.M.U. les hubiera formulado alguna exigencia, orden o mandato, de manera que se encuentra amparado por la causal de ausencia de responsabilidad establecida en el artículo 32-10 del Código Penal.
Si no dio alguna orden al conductor del camión y únicamente consintió en que los jóvenes se transportaran en el contenedor, no violó su deber objetivo de cuidado por vía de actuar en forma imprudente o negligente, pues se trata de personas mayores de edad que subieron al tráiler en forma voluntaria.
Si el acusado no creó un riesgo jurídicamente desaprobado, se encuentra dentro del supuesto establecido en el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, motivo por el cual se debe casar el fallo y absolverlo.
3. Tercero: Violación directa por aplicación indebida de una norma del Código Nacional de Tránsito.
Los falladores sustentaron la condena en los artículos 83 y 131 literal C de la Ley 769 de 2002, sin tener en cuenta que dichas normas únicamente se aplican a las camionetas pick up, esto es, de platón, no a los contenedores que llevan las tractomulas.
Con base en lo anterior, la recurrente concluyó que no consiguió arribarse a la certeza más allá de toda duda para condenar a su representado, motivo por el cual, en aplicación del principio in dubio reo se impone casar la sentencia de condena y proferir en favor de J.M.U.R. fallo absolutorio.
Para comenzar encuentra la Sala que si bien la defensa planteó en la demanda la violación directa de la ley sustancial derivada de falta de aplicación del principio in dubio pro reo, interpretación errónea del artículo 83 del Código Nacional de Tránsito y aplicación indebida del mismo artículo 83 y del 131 C del referido ordenamiento, lo cierto es que su discurrir apuntó, de una parte, a señalar que como la víctima era mayor de edad asumió su propio riesgo y, de otra, a cuestionar que su asistido tuviera posición de garante respecto del resultado letal finalmente producido, motivo por el cual las censuras serán resueltas de manera conjunta.
Luego de aludir a las pruebas recaudadas, el juez de primer grado expresó que si de conformidad con el artículo 83 del Código Nacional de Tránsito ningún vehículo debe llevar pasajeros fuera de la cabina, como ocurrió en este caso con “el furgón del automotor que transportaba la cascarilla de coco, en este orden de ideas este despacho como lo anunció en el sentido del fallo llegó al convencimiento más allá de toda duda respecto a que, en efecto, el procesado conocía que subir en esa parte del vehículo a dos personas era prohibido y peligroso, como bien lo indicara en su declaración y que todo el tiempo mencionó estar preocupado, por conocer que este hecho era una actividad peligrosa”.
“El sentenciado al realizar la acción fue consciente del peligro de la misma y del posible desenlace dañoso como ocurrió con el deceso de B.D.M.H., pero no aceptó su resultado sino que por el contrario confió en que no sucedería nada y podía evitar ese resultado fatal. Por consiguiente es reprochable su actitud negligente que se traduce en un juicio de reproche en su contra. Adicionalmente existió un nexo de causalidad entre la conducta del hoy sentenciado y el resultado”.
Por su parte, el Tribunal, después de señalar que en los delitos culposos no procede la coautoría, sino la concurrencia de culpas, señaló que si bien “U.R. mostró su preocupación, era consciente del riesgo que generaba transportar a dos personas en el contenedor por considerarlo peligroso y aun así, no se opuso a esa iniciativa (…) Nótese también que en sus descargos afirmó, que confió en lo que el ayudante dijo cuando le señaló los orificios de ingreso de aire que los dejaría respirar, luego de allí surge evidente que fue él quien autorizó la movilización de los jóvenes en el contenedor de la tractomula”.
“De modo que J.M.U.R. tuvo la posibilidad de anticipar el resultado, pues lo que temía que podía pasar con los jóvenes al ingresarlos en un compartimento cerrado, en efecto aconteció, se produjo el fatal desenlace en la humanidad de B.D.M.H. al caer asfixiado y morir dos días después, como consecuencia de esa imprudente acción conjunta, tanto del conductor como del dueño de la carga. Con la conducta descrita el acusado transgredió el deber objetivo de cuidado, cuando se le exigía actuar como lo haría una persona prudente y reflexiva en su lugar”.
“El acusado decidió conjuntamente con el conductor obviar las normas del transporte (arts. 83 y 131 literal C 37 del Código de Tránsito), a pesar de que a los mismos les era posible anticipar que los dos jóvenes podían asfixiarse por la falta de adecuadas condiciones de ventilación en el container, resultado que previeron y confiaron en que no sucedería, por lo tanto le es atribuible al mismo a título de culpa con representación”.
Según el “testigo J.L.U.C. y el procesado, quien propuso que se transportaran en el container fue el conductor L.A.M.C. y guiados por lo que éste y su ayudante manifestaron al mencionar que existían unos orificios que les permitía recibir aire, lo que se contrapone a la versión de M.C., quien le atribuye la orden de traslado en el contenedor al acusado, pese a la advertencia que le hizo de que estaba prohibido llevarlos ahí, motivo por el que también, le es imputable objetivamente el resultado allí producido”.
“Que el conductor sea experto en transporte, es una circunstancia valorada en la sentencia contra aquel, pero ese solo acontecer no permite desvirtuar el compromiso penal que ostenta también el dueño de la mercancía, pues optó por disponer el lugar en el que se movilizarían su hijo y acompañante”.
Para finalizar concluyó el Tribunal que “U.R. no fue un simple espectador, pues precisamente por ser el propietario de la plurimencionada mercancía tuvo el control sobre el lugar de transporte de los jóvenes que descargarían el vehículo, por consiguiente, estuvo en posibilidad de no generar el riesgo jurídicamente desaprobado, sin embargo, actuó imprudentemente confiando en poder evitar la concreción del resultado dañino que produjo el fatal deceso de B.D.”.
Al constatar los fundamentos del fallo de condena, así como los argumentos expuestos por la demandante en casación y lo manifestado por los no recurrentes, advierte la Corte que son dos los temas que corresponde dilucidar en orden a establecer si J.M.U.R. es o no responsable penalmente por el homicidio del joven mayor de edad B.D.M.H. Son ellos: El primero, si la víctima realizó una acción a propio riesgo que determinó su deceso. El segundo, si el acusado tenía alguna posición de garante que lo vinculara con el resultado letal producido.
2.1. Las acciones a propio riesgo.
En las acciones a propio riesgo o autopuestas en peligro, la víctima, con plena conciencia, se pone en tal situación o permite que otra persona la coloque en esa circunstancia riesgosa, razón por la cual no puede imputarse al tercero el tipo objetivo, porque quien conscientemente se expone a un acontecer amenazante se hace responsable de las consecuencias de su propia actuación(1).
Se trata de categorías desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia que a partir del artículo 25 de la Ley 599 de 2000 permiten establecer en qué situaciones no hay lugar a la imputación como elemento integrante del tipo objetivo y, por tanto, no habrá tipicidad como categoría dogmática de la entidad delictiva.
De acuerdo con la teoría de la imputación objetiva, en no pocas ocasiones aplicada por la Corte, para que un resultado pueda ser atribuido a un agente, ha debido crear o incrementar un riesgo jurídicamente desaprobado que finalmente se concretó en la producción de la consecuencia típica (relación de determinación entre infracción al deber de cuidado y resultado), de modo que la autoría no se funda únicamente en criterios causales (relación de causalidad entre acción y resultado)(2).
La Sala ha señalado(3) que si la infracción al deber de cuidado se concreta en el desconocimiento de la norma de cuidado inherente a actividades en cuyo ámbito se generan riesgos o puesta en peligro de bienes jurídicamente tutelados, es preciso establecer el marco en el cual se realizó la conducta e identificar las disposiciones que la gobernaban, con el propósito de develar si mediante la valoración ex ante y ex post, el resultado que se produjo puede ser imputado al comportamiento del procesado, finalidad en la cual corresponde al juez, en primer lugar, constatar si se creó un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante. En segundo término, si ese peligro se concretó en el resultado, teniendo en cuenta todas las circunstancias conocidas ex post.
En la misma decisión(4) se precisó que no se crea un riesgo jurídicamente desaprobado cuando:
(i) Se trata de una conducta socialmente normal y generalmente no peligrosa, que por lo tanto no está prohibida por el ordenamiento jurídico, a pesar de que con la misma haya ocasionado de manera causal un resultado típico o incluso haya sido determinante para su realización.
(ii) El sujeto agente observa los deberes que le eran exigibles y es otra persona perteneciente al grupo la que no respeta las normas o las reglas del arte (lex artis) pertinentes. Lo anterior, en virtud del llamado principio de confianza, según el cual, quien actúa reglamentariamente, espera de los demás un comportamiento reglamentario(5).
(iii) Cuando alguien solo ha participado respecto de la conducta de otro en una acción a propio riesgo, o una autopuesta en peligro.
Desde luego, se crea un riesgo jurídicamente desaprobado, cuando hay infracción de normas jurídicas dispuestas para evitar el resultado dañoso o cuando se eleva el riesgo permitido jurídica y socialmente(6).
Ahora, en cuanto interesa a esta decisión, la Corte(7) ha señalado que para la configuración de las acciones a propio riesgo es necesario que la persona: “Uno. En el caso concreto, tenga el poder de decidir si asume el riesgo y el resultado. Dos. Que sea autorresponsable, es decir, que conozca o tenga posibilidad de conocer el peligro que afronta con su actuar. Con otras palabras, que la acompañe capacidad para discernir sobre el alcance del riesgo. Tres. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella”.
En este asunto se satisface la primera exigencia, pues el joven B.D.M.H., por ser mayor de edad para el día de los hechos (nació el 3 de marzo de 1988), sin anomalía alguna que le impidiera comprender su comportamiento, además de ser estudiante universitario, estaba en condiciones de decidir si se transportaba o no en la parte de atrás del tráiler cargado con cáscara de coco proveniente de Cali, esto es, tenía bajo su control la decisión sobre el sí y el cómo del desarrollo de la situación peligrosa.
Pero en cuanto atañe al segundo requisito referido a que además de ser autorresponsable conociera el riesgo al cual se sometía, encuentra la Corte que conforme a lo acreditado, A.R.S., ayudante de la tractomula, manifestó a J.M.U., J.L.U. y B.D.M. que los orificios ubicados en el tráiler eran suficientes para dar ventilación a quienes allí se transportaran, proceder que ya habían realizado con coteros traídos desde Buenaventura a Bogotá sin que hubieran sufrido percance alguno, de modo que la víctima fue equivocadamente informada acerca del alcance de la conducta que realizaría, esto es, ser transportado dentro del furgón, de modo que no estuvo en condiciones reales de ponderar en su exacto alcance el riesgo al cual se sometía, por el contrario, creyó que no se exponía a ningún peligro para su vida o integridad.
Así las cosas, al no cumplirse tal exigencia, no se configura la acción a propio riesgo que podría tener la virtud de impedir la imputación objetiva del resultado a U.R. y con ello, imposibilitar la configuración del tipo objetivo y en últimas, la tipicidad de la conducta.
2.2. Las posiciones de garante.
El artículo 25 de la Ley 599 de 2000 dispone:
“PAR.—Los numerales 1º, 2º, 3º y 4º sólo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales”.
Tiene posición de garante quien por competencia derivada de organización, de institución o injerencia, tiene el deber jurídico de proteger un bien tutelado por la ley, de modo que debe conjurar los resultados lesivos dentro de su órbita de responsabilidad. En virtud de la competencia por organización, las personas están facultadas para poner en riesgo bienes jurídicos, por ejemplo, con la construcción de viviendas, la aviación, el tráfico automotor, etc., pero a cambio deben asumir unos deberes de seguridad en orden a evitar que la creación o aumento de riesgos más allá de lo jurídicamente permitido derive en daño a bienes jurídicos, que, de ocurrir, les serán imputados.
La segunda encuentra sustento en normas jurídicas que establecen obligaciones especiales de orden institucional, por ejemplo, el artículo 2º de la Constitución Política dispone que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad.
La competencia por injerencia supone que quien ha causado un peligro anterior a bienes jurídicos (generalmente antijurídico), está llamado a conjurar las consecuencias que de tal situación se produzcan, mediante deberes de salvamento.
En este asunto se advierte que J.M.U.R. no tenía posición de garante respecto de la conducta realizada por el joven B.D.M. de subirse en el furgón de la tractomula, porque si él no era el conductor del vehículo, no era el administrador de una fuente de riesgo ni tenía especiales deberes de protección sobre aquél, de manera que no estaba llamado jurídicamente a prever o impedir el resultado lesivo, máxime si como ya se advirtió, el muchacho era ya mayor de edad.
En efecto, en su condición de propietario de la carga de cáscara de coco procedente de Cali, U.R. tenía un contrato de transporte con quien manejaba la tractomula, pero no por ello era de su competencia por organización o por institución, desplazar las obligaciones de control y cuidado que correspondían a L.A.M.C. como conductor del vehículo, quien ya fue condenado penalmente como autor del delito de homicidio culposo.
Si bien el Código Nacional de Tránsito regula “la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos”, no se trata de una corresponsabilidad de todos sobre las actividades de tráfico en general, en cuanto es necesario delimitar la responsabilidad individual de cada uno conforme al rol que se encuentre desempeñando.
Así pues, si M.U. no era el conductor de la tractomula, no estaba bajo su responsabilidad asegurar la protección de las personas transportadas en el vehículo, pues su papel estaba circunscrito a recibir la carga conforme a lo acordado.
Además, se encuentra suficientemente acreditado que no obligó o compelió de alguna manera a B.M. a subir al tráiler, sino que, a partir de lo dicho por el ayudante A.R.S. sobre los orificios de ventilación y de que ya habían realizado tal proceder con otras personas, estuvo de acuerdo en que aquél y su hijo viajaran dentro del furgón. En suma, no estaba a su cargo la protección de la vida de la víctima, ni le correspondía cuidar de la fuente de riesgo, pues el procesado no era el conductor, sino el propietario de la carga, con mayor razón si ello no estaba “dentro del propio ámbito de dominio”, como el que surge de un negocio jurídico, por ejemplo, entre paciente y enfermera.
Tampoco entre el acusado y M.H. existía una “estrecha comunidad de vida entre personas”, por ejemplo, como la que tiene lugar entre cónyuges, pues únicamente se trataba de un amigo de su hijo.
No se trató del emprendimiento común de una actividad riesgosa por varias personas, como ocurre con quienes acuerdan una excursión a un sitio inhóspito que impone deberes de protección y auxilio recíproco.
Tanto menos se encontraba en una posición de garante por injerencia derivada de haber “creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente”, como tiene lugar en el caso de quien atropella con su vehículo automotor a un peatón y está llamado a asumir deberes de salvamento.
Contrario a lo expuesto por la Delegada de la Fiscalía, considera la Sala que si en este asunto el único que tenía posición de garante por administrar una fuente de riesgo que corresponde a transportar personas en la tractomula era el conductor L.A.M.C., la condición de M.U. de propietario de la carga no lo convertía también en garante, máxime si tampoco consiguió acreditarse que hubiera tenido efectiva injerencia en que la víctima fuera transportada dentro del furgón, como en efecto lo reconoció el Tribunal al señalar:
Según el “testigo J.L.U.C. y el procesado, quien propuso que se transportaran en el container fue el conductor L.A.M.C. y guiados por lo que éste y su ayudante manifestaron, al mencionar que existían unos orificios que les permitía recibir aire, lo que se contrapone a la versión de M.C., quien le atribuye la orden de traslado en el contenedor al acusado, pese a la advertencia que le hizo de que estaba prohibido llevarlos ahí”.
Conforme a lo anterior, no podía el procesado, además del conductor de la tractomula, tener también la condición de autor del homicidio culposo investigado.
Encuentra la Sala que asiste razón a la Procuradora Delegada al señalar que el acusado no tenía posición de garante respecto de la víctima, en especial porque la norma del Código Nacional de Tránsito que prohíbe llevar personas por fuera de la cabina se dirige al conductor del vehículo sin extender su ámbito de protección al propietario de la mercancía transportada, quien, además, no obligó o compelió de manera alguna a B. M. para que se trasportara en el furgón.
Con relación a lo expuesto por el apoderado de las víctimas debe señalarse que si U.R. no tenía posición de garante con relación a B.M., tampoco tenía dominio del hecho pues, se reitera, no estaba cobijado por el ámbito de protección de las normas del Código Nacional de Tránsito en las cuales se sustentó el fallo impugnado en casación.
3. La trascendencia del error.
Si se concluye que B.D.M.H. no actuó bajo una acción a propio riesgo, pero que a su vez J.M.U.R. no tenía posición de garante respecto de la víctima, como si concurría en el conductor ya condenado penalmente, se impone reconocer que el resultado letal no le es imputable dentro del tipo objetivo, de manera que su conducta resulta atípica y, por ello, se impone casar el fallo de condena para, en su lugar, absolverlo.
1. CASAR la sentencia impugnada y, en su lugar, absolver a J.M.U.R. por el delito de homicidio culposo.
2. DISPONER que el juez de primer grado cancele los compromisos del acusado, con ocasión de este asunto.
1. Cfr. CSJ SP, 27 nov. 2013. Rad. 36842.
2. Cfr. CSJ SP, 29 jun. 2016. Rad. 41245 y CSJ SP, 27 oct. 2009. Rad. 32582, entre otras.
3. Cfr. CSJ SP, 22 may. 2008. Rad. 27357.
4. También en CSJ SP, 4 abr. 2006. Rad. 12743, CSJ SP, 20 may. 2003, CSJ SP, 20 abr. 2006. Rad. 22941, CSJ SP 27 nov. 2013, Rad. 36842.
5. Cfr. CSJ SP, 20 may. 2003. Rad. 16636.
6. Cfr. CSJ SP, 7 dic. 2005. Rad. 24696.
7. CSJ SP, 20 may. 2003. Rad. 16636. Reiterada en CSJ AP, 27 feb. 2012. Rad. 36854, CSJ SP, 27 nov. 2013. Rad. 36842 y CSJ AP, 25 may. 2015. Rad. 45329, entre otras.

References: artículo 181
in dubio
 artículo 83
 artículo 32
 artículo 32
in dubio
in dubio
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 2