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Timestamp: 2016-10-25 05:14:17+00:00

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funciondeljuez
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicInstituto de Ciencia Procesal PenalACERCA DE LA FUNCIÓN DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA(*)
César E. San Martín Castro(**) SUMARIO: I. Introducción. II. Potestad jurisdiccional y nuevo proceso penal. III. Juez, investigación y etapa intermedia. IV. Bibliografía. I. INTRODUCCIÓN § 1. Tal vez el punto inicial más seguro de un cambio de paradigmas en la configuración del proceso penal en América Latina se encuentra en el Proyecto de Código Procesal Penal Tipo para América Latina de 1978. Ese proyecto representa el inicio de un movimiento de reformas legislativas cuyos Códigos más conspicuos pueden ser los de Costa Rica de 1996, de Chile de 2000, de Perú de 2004 y de Colombia de ese mismo año. Igualmente, destacan los Códigos de Venezuela de 1998, de Paraguay de 1998, de Bolivia de 1999, de Ecuador del 2000, y el Código Argentino de la Provincia de Buenos Aires de 1996.(1) Dos son las notas características del nuevo modelo del proceso penal de reforma latinoamericana. En primer lugar, la afirmación de las garantías de los ciudadanos, tanto desde la perspectiva del imputado como del nuevo rol y estatus de la víctima, con una fuerte incidencia en el principio
estructural de igualdad de armas, en
especial en la relación – ciertamente conflictiva – de los primeros con el rol y potestades del Ministerio Público. En segundo lugar la consolidación o en todo caso el
Desde luego, han servido de modelos, siempre parciales, tres Códigos europeos; a) La Ordenanza Procesal Penal alemana reformada del 1974 y 1987; b) el Código de Procedimiento Penal italiano de 1988 y, c) el Código de Procedimiento Penal portugués de 1987. Siguiendo a ARMENTA DEU (2003: 69), entendemos por principio aquella proposición jurídica de carácter general y abstracto que da sentido o inspira a las normas concretas y que, a falta de estas puede resolver directamente los conflictos; además, integra lagunas de la ley procesal.
fortalecimiento y vigencia de los principios acusatorios y de contradicción, que inciden en el objeto y en la estructura del proceso, respectivamente. Asimismo, un dato procedimental que tiende a fortalecer esas dos notas esenciales es la asunción del método oral – principio de oralidad -, que a su vez afirma la esencialidad del juicio oral, en cuya virtud, como apunta Spataro, “(…) el material que recoge en la fase de las investigaciones preliminares (…) es utilizable dentro de ella y no en la sucesiva fase del juicio (…) por ello, el expediente para el juicio oral, normalmente es extremadamente reducido (…)”.(1998:235)(3). § 2. Se ha calificado el nuevo sistema que instaura la reforma procesal penal latinoamericana como acusatorio. Este es definido a partir de la vigencia de determinados principios que permiten identificarlo. Sin embargo, más allá de los problemas que implica asumir, desde el Derecho Comparado, la dicotomía inquisitivo/acusatorio, tal vez resultaría más objetivo fijar, a partir de la experiencia latinoamericana, el criterio base para esa calificación y la opción por lo “acusatorio”. Autores como Duce y Riego, desde una perspectiva descriptiva, identifican las características centrales del sistema acusatorio, que es el ideal de la reforma latinoamericana y son los siguientes: (a) existencia de un juicio oral, público y contradictorio como etapa central del procedimiento; (b) la separación de funciones jurisdiccionales y persecutorias y, consiguientemente, la diferenciación de roles entre jueces y fiscales (en este modelo la dirección de la investigación no es jurisdiccional y, por lo tanto, se entrega a los fiscales); y (c) el reconocimiento de los derechos básicos del debido proceso a favor de los imputados sin perjuicio de asumir la persecución
Desde una perspectiva general, explica Pedras Penalva, el nuevo proceso se propone cinco objetivos: a) responder a la nueva legislación criminal material, orientada a hacer frente a nuevas formas de criminalidad; b)plasmar un enjuiciamiento que asegure en plenitud los derechos y libertades fundamentales del acusado; c) tutelar los derechos de la víctima; d) reafirmar el juego del criterio de la proporcionalidad en la limitación de derechos y expandir el principio de oportunidad; e) observancia del debido proceso. A partir de esos objetivos, se introduce el nuevo proceso penal, entre los cuales destacan como notas principales: 1) el modelo acusatorio de proceso, postulado ya sea un proceso de partes y propiciando la igualdad y la plena vigencia del contradictorio, o el desenvolvimiento del proceso con contradicción de los sujetos, en condiciones de igualdad, ante un juez tercero e imparcial; y, 2) la supresión del período inquisitivo, que es sustituido por una investigación dirigida por el Ministerio Fiscal, bajo el control del juez quien vela por el respeto de los derechos fundamentales del imputado, los cuales sólo podrán ser desconocidos previa autorización judicial y con la intensidad y duración que en ella se marque (2000:111).
penal pública como un componente fundamental (2002: 43); y, la mayoría de las veces, el régimen de monopolio a favor del Ministerio Público. Aunque, desde luego, como aclara Maier, a partir de nuestra inserción en el sistema romano germánico, en el siglo XX la reforma del proceso penal se orienta a una reasignación de las responsabilidades o de las distintas tareas que cumplen los órganos oficiales en el procedimiento penal y concede al imputado mayores posibilidades para enfrentar la persecución penal. Así las cosas, (a) el nuevo proceso penal tiende progresivamente al desplazamiento de la figura del juez de instrucción como autor de la encuesta o de la investigación hacia el Ministerio Público, quien así prepara su propia acusación, sin perjuicio de los actos que debe autorizar o llevar a cabo un juez en defensa de las garantías individuales; (b) el juicio público transforma la labor del Tribunal, más en la de un árbitro que controla que en la de un actor de él - asegura la observancia de las reglas del procedimiento y dicta al término del juicio la decisión que cierra el caso -, y reserva para el acusador y el acusado el papel protagónico que significa la incorporación de medios de prueba para fundar sus requerimientos; (c) el Ministerio Público cambia de papel, en lugar de observar el procedimiento para controlar el Tribunal, pasa a ser un protagonista activo de ese procedimiento, controlado por el Tribunal; y, (d) la víctima es incorporada al proceso penal, que da lugar al ingreso del propio derecho penal de soluciones sustitutivas de la pena estatal (1996: 390 - 391)(4). § 3. Desde las exigencias del Derecho Penal, el nuevo proceso penal latinoamericano nos ha puesto en discusión – antes bien, ha consolidado en cierta medida – la vigencia de cuatro grandes principios básicos, aunque por cierto matizados en alguna forma en razón a las exigencias de la persecución penal y de la propia realidad. Previene, al respecto, Montero Aroca, que el ius puniendi pertenece en exclusiva a los tribunales – no puede estar en manos de los particulares -, que en el proceso penal, el elemento
No puede dejar de destacarse, como reconoce Bacigalupo, que la meta de las últimas reformas procesales, en especial en Europa (aunque no distintas en América Latina), es la mayor celeridad del proceso, que resulta prioritaria para lograr una mayor eficiencia de todo el sistema penal en la solución de los conflictos sociales que son objeto de las decisiones de los tribunales penales; el Derecho penal moderno, desde Beccana a nuestros días, se basa precisamente en la prontitud, la certeza y la infalibilidad de la pena, condiciones que dependen del proceso penal (2005: 16).
base condicionalmente es la inexistencia de una relación jurídico material penal y de derechos subjetivos. La vigencia de este principio sólo se exceptúa en los delitos privados y se atempera en los delitos semi públicos o semi privados. que la persecución penal es promovida por órganos del Estado. oficialidad. que es el instrumento que el Estado pone a disposición de los Tribunales para la realización del “ius puniendi” de que aquel es titular (2002: 25). El proceso. obligatoriedad y. señala Tiedemann.que es el complemento del principio de oficialidad -. al decir de Baumann. el Ministerio Público – están obligados – tienen que hacerlo – a intervenir de oficio cuando tomen conocimiento de la comisión de un hecho punible. (3) De obligatoriedad. sometida a la garantía de legalidad penal. los actos procesales y la sentencia están en función a un interés público – no al interés de los sujetos del proceso -. que no es necesario que un ciudadano impulse el ejercicio de la acción penal – si bien las denuncias son posibles. y que el proceso penal está influenciado por el principio de legalidad que informa el conjunto del Derecho Penal material (2004: 17). y se hacen valer conforme a las situaciones previstas por la ley. El Derecho Penal sólo se realiza a través del proceso y por los tribunales. (1) De necesidad. pasa inevitablemente por la institución del proceso. Este inevitable deber de intervención . en cuya virtud la única posibilidad de que las previsiones de la norma penal se actúen. Jurisdicción y proceso son pues instrumentos indispensables para la imposición de la sanción estatal – penas y medidas de seguridad -. Calderón y Choclán insisten en esa premisa fundamental del moderno Derecho Procesal Penal. resulta tanto de la función del Derecho Penal de garantizar la
. Las autoridades de la persecución penal – en concreto. no son necesarias -. (2) De oficialidad. Estos principios son: necesidad. el de aportación de parte (desde el órgano jurisdiccional no rige el principio de investigación). su objeto. Ello significa. tendencialmente. y que al lesionado no le incumbe reunir las pruebas y esclarecer la situación (1986: 42-45).
. Tal principio. en determinados supuestos de criminalidad media -. como parece evidente. en su sentido limitador de la gravedad de la pena aplicable (2004: 32) -. en supuestos concretos. en la medida en que se trate de delitos de bagatela o criminalidad leve – incluso. desde su contenido. el inicio de una investigación penal requiere de la presencia de una sospecha inicial simple y. la superación de la teoría absoluta o concepción retributiva del Derecho Penal – solo aceptable. es incierta y está sometida a intenso debate doctrinal. esto es. determina el régimen del objeto del proceso penal e indican en qué condiciones debe incoarse y
La naturaleza jurídica de la reparación. podría decirse con Poliano Navarrete. en palabras de Bacigalupo. ha dado lugar a la configuración de limitaciones específicas a la obligación de promover la acción penal. Se trata de un principio procesal.(5). que al igual que la obligatoriedad. Es decir. es necesaria la presencia de elementos de convicción que revelen probabilidad delictiva o sospecha vehemente o fundada de su comisión y de la intervención del imputado. en sus diversas opciones. No obstante ello. nos obliga a investigar y formular inculpaciones jurídico – penales en todos los casos.Instituto de Ciencia Procesal Penal
protección de bienes jurídicos. cuando la imposición de la pena o de la medida de seguridad resulta contraproducente en relación a los fines preventivos que el sistema penal persigue (2004: 201). difícilmente alcanzables. Desde esa perspectiva. Operados estos presupuestos. que la reparación es una institución de origen privado. en los Códigos Procesales de la región se asume el denominado principio de oportunidad reglado. sin embargo. o de la posibilidad de incorporar mecanismo despenalizados sustentados en la idea de reparación – base material – y del consenso – base procesal . el fiscal está obligado a actuar. y la aceptación generalizada de las teorías relativas o concepción preventiva del Derecho Penal. pues de no hacerlo incurre en la comisión de un delito. como del fin del proceso penal de asegurar la paz jurídica y realizar el Derecho Penal (1989: 170). de supuestos de ausencia o mínima necesidad o merecimiento de pena. para formular una acusación – que dé lugar al enjuiciamiento del sospechoso o imputado -. como apunta Gimeno Sendra. progresivamente. pero que puede ser aplicada al Derecho Penal cuando los fines preventivos de la pena se muestran. exige la existencia de concretos indicios fácticos de la comisión de un hecho punible. al concluir la investigación. Pero a su vez.
y que por cierto no tiene por qué no extenderse al Derecho Penal de adultos. al punto de incluir en este último supuesto los mecanismos procesales de colaboración eficaz. siguiendo a Roxín. aunque centrados en la distribución de roles de los sujetos procesales y en las condiciones en que se realizará su enjuiciamiento. culminada la investigación. aún cuando las investigaciones conducen. siguiendo a Cruz Márquez como una forma de intervención en un
. sino a obtener información calificada para sancionar a terceros (v. CPP Perú). Otra figura. al resultado de que el imputado ha cometido una acción punible (2000: 89). 2 CPP Perú.
inquisitivo/acusatorio también determina el régimen del objeto penal. de carácter propiamente consensual. la inclusión de la institución de la “mediación penal”. con probabilidad rayana en la certeza.: arts. 170 CPP Chile. luego.Instituto de Ciencia Procesal Penal
62). como la potestad entregada al Ministerio Público a decidir entre la formulación de la acusación – antes de inculpar cargos o exigir el procesamiento penal de una persona y. justificadas desde el principio de proporcionalidad – si los motivos de prevención lo exigen -. 472 y sgts. 21 CPP Bolivia). Esta puede definirse. deben estar contempladas taxativamente en la propia ley. que hoy por hoy incluye la mediación penal. Es particularmente interesante al respecto lo que es moneda corriente en el Derecho Penal juvenil. el principio de oportunidad se define.gr. Desde luego. En pluralidad. las excepciones al deber de persecución. es el denominado “acuerdo reparatorio”. que incluso dan lugar a procedimientos especiales.: arts. Aquí se aceptan supuestos de falta de necesidad de pena y de merecimiento de pena (v.gr. propia de este ámbito excepcional. así como interés en disminuir la persecución penal. formular acusación y exigir el enjuiciamiento penal del instruido – y el sobreseimiento del procedimiento. y que apuntan no solo a excluir o atenuar sensiblemente la sanción penal a los colaboradores. bajo un determinado control judicial.
con o sin la participación de un facilitador (art. en cuya virtud “(…) la víctima y el imputado. 275 CPP Chile). asume la construcción de un programa de esta modalidad de justicia. La legislación que más avanzó en esta perspectiva es la colombiana. la celebración de acuerdos en diversos ámbitos del proceso. 372 CPP). y por otro. por otro lado. y la propia tipificación de la conducta (arts. se permiten las denominadas “convenciones probatorias” – en virtud de las cuales se dan por acreditados ciertos hechos. el Libro VI. por ejemplo.Instituto de Ciencia Procesal Penal
conflicto. un método que consiste básicamente en facilitar la comunicación entre las partes enfrentadas que posibilite la adopción de un acuerdo entre las mismas (2005: 3). la culminación del proceso mediante mecanismos acelerados. mientras que. se reconoce el procedimiento abreviado en los códigos de Costa Rica. acusado o sentenciado. 521 CPP colombiano). así como abarcar la eliminación de alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito busca de un resultado restaurativo. que no podrán ser discutidos en el juicio oral – (art. Desde otra perspectiva. para los dos primeros países. a semejanza de la Lecrim Española (art. 518 CPP colombiano). que a su vez asume tres mecanismos de conciliación preprocesal. En el Código chileno. Bolivia y Paraguay (arts. y en el Código colombiano se permite la celebración de preacuerdos y negociaciones que se pueden extender a los hechos imputados y sus consecuencias. Pero no sólo se trata de evitar el recurso a la sanción penal acudiendo incluso a procedimientos especiales. 350. y 420 para
. que incluso pueden estar asociados a fórmulas premiales: resolución consensuada del proceso. por un lado. 373. 350-351 CPP Colombia). conciliación en el incidente de reparación integral y mediación(art. El principio del consenso importa. bajo el título “Justicia Restaurativa”. en el Código peruano se acepta la “conformidad” del imputado respecto de la acusación fiscal. que en el Código peruano se extienden a los medios probatorios que deben actuarse en el juicio oral (art.2 CPP Perú).
bajo la influencia del patteggiamento italiano (art. en tanto que los actos de investigación no necesitan ejercicio
Como anotan Horvitz y López .
. no tiene injerencia en la formación del material fáctico. está encargada a la Fiscalía. se percibe en dos frentes: (a) de una parte.Instituto de Ciencia Procesal Penal
el último). art. en el proceso penal mixto. Si bien es cierto que ambos principios están informados por los intereses públicos. corren la carga – en sentido objetivo o material – de probarlos y pueden/deben solicitar la práctica de los medios probatorios pertinentes(6). cuanto a las demás partes. puesto que la investigación. Este repliegue del órgano jurisdiccional. y el procedimiento de terminación anticipada en el Código de Perú. El juez. En tal virtud. que tiene el señorío de la misma. por lo que no hace falta que el juez se involucre en la recolección de las pruebas. si se entiende el principio desde la perspectiva del Tribunal. no integra la potestad jurisdiccional. puesto que – como se apuntó – La fiscalía – órgano público por excelencia – interviene con plenitud de iniciativa. el juez no interviene en la investigación preparatoria ni define el objeto del proceso. ambos referidos a la formación del material fáctico. el procedimiento monitorio para las faltas en el Código de Chile (art. de ninguna manera privatiza el proceso. desde esa perspectiva. en la atribución de la instrucción al Ministerio Público. solo ellas introducen los hechos. en la investigación preparatoria los actos de aportación de hechos – en puridad. el principio de investigación. como reconoce Díaz Cabiale. Las partes inician y delimitan el objeto del proceso. que veda al juez intervenir en la realización de actos de investigación y de intervención de producción de la prueba (2005: 42). no al órgano jurisdiccional. (4) El principio de aportación de parte. que también persigue el proceso penal. Tal concepción del proceso penal. del Derecho Penal. 406-). desde una perspectiva acusatoria. Este principio. desde una perspectiva de un proceso adversarial. contemporáneamente esa defensa del interés público. siempre se ha mostrado con su par dialéctico. si bien en el proceso penal se reconocen dos etapas. 468). 392 – Código que también acepta el procedimiento abreviado. actos de investigación o instructorios – corresponden tanto al fiscal. como principio dirigido hacia la actividad del Tribunal (como nosotros lo hacemos)rige el principio de aportación de parte.
son los de igualdad procesal. en todo caso. que ha sido tomado del Código italiano) (1996: 218-220). de Cartagena de Indias de 1985. no superado por el Código de Procedimiento Penal de 1958 ni por la Ley de reforma de 4 de enero de 1993. Es consustancial a la idea de proceso. desechando el modelo mixto del Código de Instrucción Criminal Francés de 1808. y reformada por los Protocolos de Buenos Aires de 1967. y. (b) en la disminución de la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional. b) y 3) de la Carta de la OEA de 1948. acusatorio y de defensa procesal (2003: 43). Los principios esenciales del sistema acusatorio.: Preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos). Acorde con lo establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos(8). Véase arts. se aleja al juez del ejercicio de facultades inquisitivas. y en la medida en que el Estado constitucional de Derecho “(…) permite la consolidación de las instituciones democráticas.
(1) El principio de igualdad de armas (referente a la estructura del proceso). al decir de Armenta Deu. garantiza que ambas
El artículo 361 del Código colombiano es terminante. la actividad del órgano jurisdiccional es de carácter complementaria (modelo peruano. el proceso no puede menos que concebirse como garantía de la correcta aplicación del Derecho Penal y de respeto a los derechos y garantías del individuo. 2. la afirmación de un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”(cfr. de otra. que reconoce como propósito esencial de los países americanos la vigencia de la Democracia representativa como régimen político común y a la justicia como principio esencial para el logro de una paz duradera(9). de Washington de 1992 y de Managua de 1993.
. La opción asumida por la reforma procesal penal de Latinoamérica ha sido como se tiene expuesto. Como apunta Cordón. Dice al respecto: “En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio”. instaurar un modelo o sistema procesal acusatorio. §4. Suscrita en Bogotá en 1948. en cuya virtud la actividad probatoria es practicada por las partes exclusivamente (modelo chileno y colombiano(7)) o. de contradicción. por ende.Instituto de Ciencia Procesal Penal
de potestad jurisdiccional alguna y.
enseña Ortells Ramos. en la toma de postura respecto a los mismos y la participación en la introducción en el proceso de esos materiales (2003: 249). en especial. Empero. que obliga a la incorporación de elementos de cargo y de descargo -. defensa de la igualdad de armas para hacer valer sus alegaciones y medios de prueba (1995: 130). observaciones presentadas al juez. la realización de determinados actos de investigación sin conocimiento del imputado. Consiste.10.: STEDH 13. sin modulaciones – igualdad o paralelismo mimético-. así como se relativiza el carácter de prueba de los actos de investigación. Asunto Ankerl v. luego se permite el concurso del imputado en la configuración de la propia investigación. a medida que – como se hace en los nuevos Códigos Latinoamericanos – inicialmente se restaura la ventaja de partida de quien cometió un delito autorizándose actos de investigación necesarios y de carácter urgente – bajo el límite de una investigación objetiva. tales diferencias no perturban o vician radicalmente la idea de igualdad procesal. Es lo que TECH denominó “ausencia de ventajas” (vid. Un caso especial es la preeminencia del fiscal en la etapa de investigación preparatoria. pueda influir en el contenido de la misma. Hoy en día se reconoce que existen determinados supuestos de desigualdad o tratamiento diferenciado objetivamente justificados o razonables. Suiza). Desde luego este principio no puede entenderse a rajatabla. así como
. (2) El principio de audiencia o contradicción (referente a la estructura del proceso). Es lo que TEDH precisó como “conocer los actuados. a quien incluso se le entrega el dominus de la misma y.1996. en la efectiva posibilidad de que toda persona que se halle expuesta a ser afectada en su posición jurídica por una resolución judicialsea cual sea la posición que ocupen en el proceso-. y se impone como obligatoria la participación de las demás partes para determinados actos la intervención – que requieran inmediación judicial y contradicción -.Instituto de Ciencia Procesal Penal
partes procesales gocen de los mismos medios de ataque. mediante la adquisición de conocimientos de los materiales que a hecho fundarse.
impiden juzgar y condenar sin que previamente se haya manifestado el hecho enjuiciado y el delito perseguido. Asunto Lobo Manchado v.
. negociaciones o transacciones penales) forzadas o impuestas. ser citado a los actos procesales de los que pueda seguirse algún gravamen al interesado. a las acusaciones y a las defensas. a las víctimas y a los imputados. en tanto que la audiencia sólo puede tener lugar con la presencia del imputado (2000: 34). y notificar las resoluciones que cierren o abran el juicio. a fin de que la parte acusada pueda contradecir las pruebas de la acusación y efectuar su pertinente defensa.Instituto de Ciencia Procesal Penal
tener la posibilidad de influir en la decisión y discutirla” (vid. Este modelo reconoce la necesidad de una investigación oficial con la intervención de las partes. Hoy en día. acotan Rifá y Valls. antes. supone: a) que no pueden construirse acusaciones sorpresivas (el afectado. Este esquema de procedimiento. En consecuencia.2. en especial del de investigación). según De Urbano. Portugal). incluso aunque la víctima no esté apersonada en la causa (2002: 73-74). lícitas y necesarias.: STEDH 20. juicios o condenas en ausencia (solo puede incoarse un juicio con un acusado presente.1996. y. se insiste mucho en la profundización del principio de contradicción efectiva. al punto que la convergencia de los diversos modelos procesales – propios del Common Law y del Civil Law – genera la necesidad de configurar un modelo de proceso penal contradictorio. b) el derecho a ser informado de todas las diligencias de interés en el proceso (debe conocer el curso del procedimiento. ha de haber sido imputado y tener conocimiento de la imputación). exige la concreción de la igualdad procesal y permite una efectiva participación y contradicción de los intervinientes en el proceso. impedimentos o dificultades a la preparación de pruebas pertinentes. asimismo. pues sin él no hay efectiva contradicción). Proyectado a la investigación. así como tampoco abstenerse conformidades (aceptación de cargos. este principio – audiatur et altera pars-. fuerza a suspender el juicio cuando el acusado no esté presente.
como postula Asencio Mellado. a partir del cual se instituye la contradicción procesal. Este principio. y. (iii) la de probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal. y. (4)El principio acusatorio (referente al objeto penal del proceso). y (iv) la de valorar la prueba producida y exponer las razones. la distribución de roles y condiciones bajo las que se efectuará el enjuiciamiento de la pretensión penal. para obtener del tribunal una sentencia favorable según su posición” (1996: 547). (ii) derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes. para la que a su vez es imprescindible conocer la acusación formulada contra el imputado. según el cual se necesita de una acusación – la imputación a una o varias personas concretas de unos
. también de rango constitucional: (i) derecho de asistencia de abogado. se concibe. sino que el mismo ha de ser tenido en consideración como sujeto procesal y titular del derecho de defensa (2004: 25). el presupuesto básico de la defensa es el derecho de audiencia. Como enseña Gimeno Sendra. (iii) derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (2004: 205). (ii) la de controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia. el adecuado ejercicio de la defensa se traduce en una serie de derechos instrumentales. Desde esta perspectiva es posible identificar los derechos que a su vez integran la garantía de defensa en juicio. En definitiva. como un criterio configurador del proceso penal. al decir de De la Oliva. como ya se anotó. fácticas y jurídicas.Instituto de Ciencia Procesal Penal
(3)El derecho de defensa y sus garantías. Maier explica al respecto que la defensa procesal “(…) comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él el imputado y la de llevar a cabo en él todas las actividades para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúa (…) esas actividades pueden sintetizarse en (i) la facultad de ser oído. define. proceso penal moderno no tiene como objetivo ni puede basarse en la idea de colaboración o coacción del imputado para obtener la condena.
derechos humanos. El señorío de la primera corresponde al Ministerio Público(10).Instituto de Ciencia Procesal Penal
determinados hechos – para el inicio del juicio oral y para una sentencia de condena (2002: 62-63). toda investigación es inquisitiva – lo que no puede confundirse con sistema inquisitivo – en tanto se dirige a la búsqueda de elementos de convicción. en sí misma. Desdoblamiento del proceso en dos etapas: investigación preparatoria y enjuiciamiento. y. de forma que se suprimiera su incoación por el juez y que fueran las partes las que le solicitaran la adopción de las resoluciones propias de la instrucción reservadas al mismo – medidas cautelares. en régimen de monopolio. asumen también la posesión de garante respecto de la constitucionalidad de los actos ejercitados por funcionarios de la Policía y por la Fiscalía y. solo significa configurar la instrucción con una estructura más acusatoria. y la de juzgar a los Tribunales. a estos efectos la Fiscalía tiene el deber de la carga de la prueba. Acota Gonzáles Durán que el nuevo proceso penal gráficamente presente el juez en un estrado completamente imparcial y en actitud vigilante permanente del cumplimiento de legalidad. a averiguar el hecho delictivo y sus responsable -. se garantiza su imparcialidad a la hora de resolver sobre dichas solicitudes. y.en la Policía y el Ministerio Público. reside en garantizar la imparcialidad del órgano judicial encargado de dictar la sentencia y resolver así sobre el fondo del asunto (2005: 132)(12). actúa con
Cabe aclarar que. mientras que la titularidad de la segunda. que se encargan a órganos públicos distintos. con ello. conforme aclara Martín la invocación al principio acusatorio para justificar la atribución de la dirección del procedimiento preliminar al Ministerio Público. puesto que el ejercer el control jurisdiccional sobre el ejercicio de la investigación. uno de los cuales el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial mediante un juicio justo (fair trail). 2. Tres son las notas características del principio acusatorio: 1. compete al órgano jurisdiccional(11). incluida la etapa intermedia.
. se reforzaría la caracterización de la instrucción como tase de acusación y dentro de ella el papel del fiscal como órgano relevante para la misma (2005: 361-364). a más ajustar sus actos al marco estricto de la ley y ejercer sus funciones conforme a las competencias reservadas por el Código deben actuar con independencia y solo sometidos a la Constitución y la ley (2003:220). Con ello. insiste el autor. durante la celebración del juicio.La finalidad de esa comedia. La acusación corresponde al Ministerio Público. en la tarea de decidir sobre la aplicación de una pena . apunta Fuentes Soriano. Separación de las funciones de acusación y decisión: nemo iudex sine acusatore o necesidad de la existencia de una acusación. En definitiva. que precisamente para su realización requiere de esa división de funciones en órganos distintos y de la posibilidad cierta de resistir la imputación en condiciones de eficiencia y. la apertura del juicio o el sobreseimiento -. se vincula a la necesidad de respetar ciertos principios básicos en la aplicación del Derecho Penal. principios que en todo caso derivan del reconocimiento al ser humano de un potencial mínimo de dignidad individual. 2003: 444). Enseña Maier que este desdoblamiento de funciones judiciales: la de perseguir penalmente . diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales. apartando al juez de la iniciación del proceso y de las líneas y estrategia de investigación. dirige la investigación desde su inicio. la realización de la garantía de defensa (II. y acreditarán sus presupuestos sobre la base de la investigación realizada por un sujeto no jurisdiccional – el Ministerio Público -.
1 CPP Portugués (2004: 74)(14). en todo caso. aunque menos explícita es la legislación procesal penal de Costa Rica. con una concepción privada del proceso penal en la que se confunda el principio acusatorio con el principio dispositivo. 155.12. de suerte que para estos se distingue entre la prueba de la existencia de los hechos y la comprobación de si la prueba sobre ellos es o no fiable. 385. en tanto se asume la idea de fuerza que el juez – a fin de salvaguardar su imparcialidad – no puede adoptar una posición acusadora. Señala al respecto Bujosa Vadell que la búsqueda de la verdad justifica. en los arts. la consideración de la naturaleza del interés en juego (2004: 71-72). el necesario reconocimiento de que las partes inician y delimitan el objeto del proceso en el juicio e introducen los medios probatorios – que está en la propia lógica acusatoria -. destinada a contrastar o verificar otras pruebas ya aportadas por las partes. (14)Como insiste el mencionado autor. y ha sido aprobado por el TEDH en la STEDH del 6. España.1 y 355)(13). de oficio (…) la actuación de nuevos medios probatorios si en el caso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. se trata de la denominada “prueba complementaria”.1 y 2) y en el Código de Costa Rica (vid. y controla y conduce a la Policía. a partir de las concordancias de los arts. característico de la mayoría de procesos civiles. de suerte que la prueba de oficio solo puede ordenarse cuando sea manifiesta la negligencia de alguna de las partes y su fuente resida en las actuaciones ya realizadas. En esa misma línea sostiene Llobet que. pero en este caso su aceptación es limitada. la iniciativa probatoria de oficio.: arts. que a la letra dice: El juez penal. Los Códigos chileno y colombiano no aceptan esa posibilidad. puede matizarse razonablemente con el poder de prueba
Tal vez la norma más interesante de CPP Peruano es el apartado 2do del art.
. si es posible la introducción al proceso de prueba de oficio. recaída en el Asunto Barberá Messegue y Gabardo vs. 244.Instituto de Ciencia Procesal Penal
objetividad. no puede confundirse el proceso penal de partes ante un órgano imparcial. En el proceso penal debe tenerse en cuenta también el carácter público de la potestad jurisdiccional y. El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes”. 230. en esos casos el principio fundamental estriba en que no debe producir indefensión a las partes. En igual sentido. 320.1 y 355. si en cambio el Código peruano (vid. excepcionalmente. por ejemplo. por lo que debe tener un carácter complementario de las pruebas que se ofrecieron (1998: 711). 81 CPP Francés y 340. Por lo demás. aunque las diligencias instructoras que practique tanto ella como la Policía no tendrán carácter judicial.1988. lo que se expresa. sobre todo.2 OPP Alemana.3 y 385. Se discute. podrá disponer.: arts.
La vinculación temática no sólo es necesaria en primer instancia. a la reforma
. 365 del CPP Costa Rica). también es indispensable en la segunda y sucesivas instancias. II. En tal virtud. con el poder oficial de ordenación del material probatorio y de revisión libre de la prueba instrumental. apunta Gimeno Sendra. 3. previo conocimiento de las partes (arts. en estas no se puede agravar más un apelante de lo que ya lo estaba por la sentencia recurrida. que exista una necesaria congruencia entre pretensión y sentencia. la tiene igualmente el art. este principio la prohibición de la reformatio in peius. que debe ser absoluta en lo fáctico – a su núcleo esencial – y relativa en lo jurídico. Integra. trazados por la acusación y la defensa en la segunda instancia (2004: 86).Instituto de Ciencia Procesal Penal
complementaria y. el cambio de paradigma del modelo napoleónico del Código de Instrucción Criminal Francés. La discusión que. inicialmente. Es indispensable.POTESTAD JURISDICCIONAL Y NUEVO PROCESO PENAL. sin vulnerar el principio de correlación es posible que el Tribunal se desvincule de la calificación jurídica de los hechos. § 5. ¿Quién debía ser el titular de la etapa de investigación preparatoria: el juez o el fiscal? ¿Cuál era la naturaleza jurídica de dicha etapa? ¿El órgano público encargado de la acusación. asimismo. Congruencia: relativa vinculación o correlación entre acusación y sentencia. debe tener la responsabilidad de la investigación? ¿Instruir un caso importa la asunción de potestades jurisdiccionales? Sin duda. salvo que el apelado impugne también independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. de tal suerte que el órgano ad quem ha de estar vinculado por los límites. asimismo. de cara al respeto de los principios de contradicción y acusatorio. la posibilidad de desvinculación. fundamentalmente. aunque sin la exigencia expresa de conocimiento por el imputado. también. subjetivos y objetivos. En tal virtud. en el rol del juez en la etapa de investigación y en el papel que le correspondía al Ministerio Público. tuvo lugar en los albores de la reforma del proceso penal latinoamericano versó. 341 CPP Chile y 374 CPP Perú.
exige determinar con precisión lo que es propio de lo jurisdiccional.Una garantía esencial de la potestad jurisdiccional es la denominada “exclusividad jurisdiccional”. el concepto de jurisdicción. Desde un sentido negativo. y. las funciones de la jurisdicción. cabe precisar. de regular nuevos perfiles. sí al menor interés supra individual (Díaz – Picazo. no solo se trata de redefinir quién se encarga de conducir la investigación previa al juicio. 1998: 71). tiene mucho que ver con estos interrogantes(15).Instituto de Ciencia Procesal Penal
alemana de la STPO y al Código de Procedimiento Penal Italiano. así configurada – de rígida separación del Poder Judicial respecto de los demás poderes públicos -. (16) El término “reserva” denota una habilitación normativa para dictar cierto tipo de actos. con los que se preserva la asepsia del Poder Judicial para no cuestionar la imparcialidad en el ejercicio de la función y no disiparlo con actuaciones que impliquen desgaste político a los ojos de la comunidad (2002: 123). expresa Ramos Méndez. de modificar la estructura normativa de esta fase del proceso. a quienes corresponde la potestad de resolución de conflictos intersubjetivos y sociales. (17) La actividad jurídica del Juez. así como igualmente está prohibido que otro órgano del Estado pueda asumir funciones propias otro lado.
. de un lado. La exclusividad tiene una contrapartida negativa: el juez solo puede ejercer la función jurisdiccional y no otras. en la prontitud de la ejecución de la pena y. limitar algunos ámbitos inquisitoriales de la instrucción y entregar al fiscal la conducción de la misma. § 6.
(15)Es
jurisdiccional. sino de incorporar nuevas técnicas de investigación. Además. en términos de celeridad y eficacia. Esta garantía. la exclusividad jurisdiccional importa que los órganos jurisdiccionales no pueden ejercer otras funciones distintas a las de ejercicio de la potestad jurisdiccional. debería repercutir a su vez en la configuración del juicio. puesto que está vedado al órgano judicial asumir funciones que no están incardinadas en la potestad jurisdiccional. con ello se pretende. si no siempre de interés pública. es fundamentalmente enjuiciamiento y se manifiesta tanto como decisión cuanto como ejecución (2000: 119). sin que ésta en ningún caso pueda ser atribuida o ejercitada por otros poderes del Estado(17). según Asencio Mellado. de
justo advertir que. en la configuración de sistema de recursos (Bacigalupo. A su respuesta está enfocada la presente sección. Desde una perspectiva positiva – denominada principio de “reserva de Poder Judicial” -(16). muy especialmente. 2005: 24-25). (18) En ese mismo sentido se pronuncia Ramos Méndez. entrometiéndose en ámbitos característicos de otros poderes o poniendo en peligro su imparcialidad (1997: 72)(18). el mantenimiento de la independencia que podría verse afectado si los jueces asumieran funciones que por su naturaleza no les correspondieran. el ejercicio estatal de la jurisdicción –solo el Estado imparte justicia – se lleva a cabo mediante los órganos jurisdiccionales (Omazabal. lógicas y sentido a la propia investigación. Siendo así. 2002: 56).
como enseña Gimeno. como fundación genérica. y. con invocación de argumentos fácticos y jurídicos por ambas partes. b) la presencia de las partes . En el ámbito penal. también los tribunales crean Derecho o complementan el ordenamiento jurídico (2004: 37). de quien decide. de pretensiones (y resistencias. adoptar la decisión final (1998: 74). explica Díaz . bien en el control normativo de los actos y disposiciones emanadas de la Administración y demás poderes del Estado. Desde otra perspectiva. en palabras de Montero). De por medio existe un conflicto de intereses – pretensión resistida traídos al proceso y regidos por el derecho. esta puede definirse – a partir de lo expuesto por Camelutti – como la justa composición de los litigios o. esta función se realiza y se concreta.
. Y. como postula Fairén. además. 3) que todo ello sea pre3sidado por un tercero en posición de imparcialidad y superioridad. que básicamente indaga por su contenido. c) el desarrollo de un procedimiento contradictorio(19). que se coloca por encima de las partes – el juez. conforme apuntan Quintero y Prieto. del juez. en la que resulta crucial la aplicación de normas jurídicas.Picazo. la función específica de la jurisdicción comprende el control normativo o de vigencia de la legalidad con respecto a los particulares. Corresponde a la jurisdicción. si se opta por un criterio formal para identificar los elementos fundamentales que integran la jurisdicción. cuya calidad esencial es la imparcialidad.Instituto de Ciencia Procesal Penal
§ 7. y. intersubjetivos sociales. que son resueltos de acuerdo con el Derecho objetivo. en todo caso. dice Valencia. insiste Gimeno. la resolución de los
conflictos. está investido de autoridad y es ajeno al conflicto jurídico entre los sujetos (2000: 185)-.Ahora bien. y. I: 169 170). si se asume un criterio funcional o teológico para definir la jurisdicción. mediante la aplicación del Derecho objetivo. además del tercero imparcial – el proceso como actus trius personarum -. y con ocasión del cumplimiento de todas estas funciones. que se
En una democracia constitucional. como tal. junto a ellas. 2) que haya una secuencia ordenada de actuaciones. a quien corresponde. parece claro que el proceso como institución se compone de tres elementos: 1) que exista una controversia entre las partes. estos serían: a) la terceida – según denominación de Cappelletti -. d) de una resolución con fuerza de cosa juzgada – las decisiones finales del juez vinculan erga omnes y son irrevocables – (1995. bien en la protección de los derechos subjetivos.
que se ejercita a través de los diversos procedimientos. que se plasma en una resolución con autoridad de cosa juzgada sentencia o autos equivalentes -. evitando que el imputado sea llevado a juicio público en virtud de una acusación carente de fundamente (p. Y. 1 www. y función genérica y específica de la jurisdicción.155).En función a los cuatro lineamientos teóricos expuestos en los dos parágrafos anteriores: criterio teológico y formal para identificar la noción de jurisdicción. por ejemplo. e impulsar el curso del procedimiento. y. (1) la potestad ordenatoria. siempre y cuando se garantice la contradicción. cabe insistir en las siguientes preguntas: (1) ¿Qué órgano público debe dirigir o conducir la investigación del delito? Reconocida la necesidad de la etapa de investigación preparatoria(20) la averiguación
partir de de la sospecha de la comisión de un hecho delictuoso. § 9. (3) luego de la potestad decisoria. cuya finalidad estriba en otorgar a determinados actos de conocimientos – v. evita el peligro de que desaparezcan las pruebas del delito o que el imputado consiga eludir la acción de la justicia.Instituto de Ciencia Procesal Penal
expresa en la actualidad de ius puniendi y en la protección del derecho a la libertad del inocente (2004: 39). Una investigación preparatoria del juicio. que tiene por objeto llamar a las partes y terceros al proceso. se concreta en todo un haz de facultades que se proyectan desde el juez hacia las partes e incluso a terceros. la potestad jurisdiccional o de administrar justicia (expresión utilizada. obtener la efectiva sujeción de aquellas a los fines del proceso – mediante una serie de actos limitativos de derechos e incluso coercitivos -.ar). enfatiza Abregú. conforme resalta Gimeno.com. al mismo tiempo que sirve para poner de manifiesto la falsedad o sin razón de las imputaciones iniciales.derechopenal.
. sin duda. que se le torne imposible la actuación de la ley. en el artículo 138 de la Constitución del Perú). De este modo. el juez ostenta. § 8. (2) la potestad de instrumentación o documentación. antes de la potestad propiamente decisoria. resulta indispensable comprobar sin tardanzas si estos efectivamente han ocurrido e individualizar a los presuntos culpables.: una inspección ocular – el carácter de prueba. cuya finalidad consiste en realizar en sus propios términos lo dispuesto en la parte dispositiva de la sentencia (2004: 31-32). Por otro lado.gr. vale decir. entendida – según Ortells – como aptitud jurídica del órgano jurisdiccional del juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a través de la aplicación de las consecuencias previstas por las normas jurídicas con eficacia de cosa juzgada (2003: 149 . (4) la potestad de ejecución.
incorporación de documentos. Es cierto que en la etapa de investigación preparatoria no sólo se realizan (1) actuaciones propiamente de averiguación – practicadas para esclarecer lo perpetración de los delitos y quién lo cometió a título de autor o de partícipe – tendentes a proporcionar por sí mismo las fuentes de la investigación o que vayan dirigidos a la búsqueda de tales fuentes de investigación (éstas últimas implican la restricción de derechos fundamentales)(21). lo que importa – entre otros – elaboración de actas. y. II: 4). (3) actuaciones de aseguramiento. identificar los presuntos autores y partícipes de la misma. que apuntan a asegurar a las personas vinculadas al delito y las responsabilidades económicas derivadas del mismo. de un lado. (2) ¿corresponde al fiscal o es una actividad comprendida dentro de la función jurisdiccional?. que importan la obtención de medios o materiales con que poder demostrar posteriormente lo que se ha averiguado en aras de confirmar la notitia criminis: hecho delictivo y su autor a partícipe. más ampliamente. y son determinantes para decidir el enjuiciamiento o el sobreseimiento de la causa. como es evidente) o cualquiera otra decisión conclusiva (2005. sino también. las circunstancias de su realización: ubicar. identificar y preparar los medios de prueba. medidas provisionales – (Martín y Martín. a fin de determinar la acusación – en la que se introduce la pretensión penal – y el enjuiciamiento o el sobreseimiento de la causa.
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de los hechos. como no constituyen actos de prueba – que requieren del concurso de un juez bajo el principio de inmediación y su
Prieto Vera nos dice que la etapa de investigación tiene por objeto establecer la existencia de la conducta de la cual de la cual se predica su prohibición. de suerte que sirvan al Ministerio Público y a la defensa para introducir y sostener la pretensión acusadora o la resistencia. todo con miras a fundamentar la acusación (también la defensa. por otro. Si los actos de instrucción o averiguación están destinados a la preparación del juicio oral. (2) actuaciones de constancia. unión de piezas de convicción. y que cuando impliquen una restricción de derechos fundamentales requiere la preceptiva autorización judicial o la confirmación judicial en los supuestos de urgencia o peligro por la demora – medidas instrumentales restrictivas de derechos-. 2004: 135-169). cuya ejecución requiere la previa expedición de una resolución judicial – son las denominadas medidas cautelares o.
por una parte el del Ministerio Público y. la investigación preparatoria.Siguiendo a Moreno Catena (2000: 181-185). la filtración de la publicidad indiscriminada en su desarrollo y el sobredimensionamiento y preponderancia de los actos que la integran que superaron su proclamado carácter meramente instrumental y preparatorio(25). en rigor. que presente o no la estructura propia del proceso. y otra distinta que los actos que integran la instrucción merezcan o no la calificación de actos procesales. de modo que el juez no pueda fundar en ellos su decisión. de suerte que. Una es la estructura jurisdiccional o no jurisdiccional de la actividad instructiva. Una interesante defensa de la investigación a cargo del fiscal es la realizada por Moreno (cfr.: 2005: 59-63). distinto es el caso de los actos de anticipación de prueba. a ese objetivo de incremento de protección de los derechos fundamentales no basta que el fiscal asuma la investigación. §10. (23) Recuérdese que existe una parte pública. el de los juicios orales. que es el – Ministerio Público de modo que al interés público derivado de la tutela que brinda el Derecho Penal está suficientemente garantizado. con la protección de los derechos fundamentales del imputado. no se cohonesta. (24)La reforma del proceso penal se orienta. se corre el peligro que el “juez del enjuiciamiento” pueda estar predeterminado por las decisiones adoptadas en la fase anterior al ser íntegramente jurisdiccional. pero. eficacia y protección de los derechos fundamentales. refieren Miranda y Calaza. por los objetivos de celeridad. estos no se transfieren al del juicio oral ni se ponen en conocimiento del
. La actividad investigadora propiamente dicha es una actividad ajena a la jurisdiccional en cuanto tiene de captación de información sobre el hecho cometido y por tanto investigado. quienes delimitan el objeto del proceso y el ámbito temático de la decisión jurisdiccional. se salvaguarda a través del llamado “sistema de doble expediente”(facicolo). es decir. citando a Florián. es posible sostener que el nuevo modelo procesal latinoamericano importó una reacción contra la desmesura de la instrucción judicial. cuya función más relevante es la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley. y están en función a las partes. pues su actividad es juzgar. de forma efectiva. las medidas cautelares y las medidas instrumentales restrictivas. por lo tanto. como consecuencia de las exigencias del sistema acusatorio. no es una función inherente a la potestad jurisdiccional(24). Investigar. Pero la jurisdiccionalización integral de las etapas anteriores al juicio. a él. y. signada por la exhaustividad de su contenido. Cuando esto sucede. son ajenos a la potestad de instrumentación. sino a las partes(23).Instituto de Ciencia Procesal Penal
actuación contradictoria-. la relación jurídica procesal solo surge allí donde las partes se colocan el posición entre ellas (directa o indirectamente) bajo garantía jurisdiccional (2001: 50-51). es administración no justicia. El juez debe ser ajeno a la incorporación o introducción al proceso de los actos de aportación de hechos – tanto los instructorios como los de prueba -. por otra. Pero a su vez optó por una definida reasignación de los cometidos
Como acota De Llera. necesariamente. actuación primaria no actividad sustitutiva – que es lo que según Chiovenda caracteriza a la jurisdicción -. esencialmente. no tiene por qué ser realizados por el juez(22). advierten. en palabras de Rodríguez – Arias. que es el Ministerio Público tutelado por la ley. la duración excesiva de sus actuaciones. que requieren necesariamente el concurso de un juez y los procedimientos propios de la jurisdicción. para evitar que el juez que celebra el juicio esté influenciado por los actos de investigación preliminar. por ende. pues es preciso que el Ministerio Público esté rodeada de los requisitos de autonomía funcional y objetividad en la investigación (2005: 5-6). como fue el objetivo de la reforma procesal italiana. en punto debe distinguirse de dos cuestiones distintas. (25) Evitar que los actos de investigación se “transformen” en actos de prueba. que eclipsó la etapa del juicio oral. En la fase instructora. no le incumbe aportarlos.
A su vez. pues las mismas que practicaba el fiscal las ejecutaba también el juez instructor. el cambio de modelo procesal se fundamenta básicamente en dos aspectos: 1) La instrucción por un juez es una institución netamente inquisitiva. el buen juez destierra al inquisidor). El Anteproyecto de CPP elaborado por el Profesor Niklaus Schmid. Precisa de un lado.Instituto de Ciencia Procesal Penal
procesales en esa etapa. y simplifica y dinamiza la tarea de investigación que la instrucción judicial no permite porque está encerrada en formalidad que no cumplen ninguna función. la realiza personalmente (2001: 97) (28) En Alemania. dejando los actos de investigación para fundar exclusivamente la apertura del juicio oral o el sobreseimiento (2001: 794-795). es inadmisible la inversión de funciones que modelo inquisitivo. dice el autor. se dice. precedido de un informe elaborado por una Comisión Federal. o a la inversa.
. al punto que desplazaron del centro de gravedad de esta etapa al juez instructor para hacer responsable único de la misma al Ministerio Público. 2) La necesidad. a quien se le encomendó toda la instrucción(28). consiguiendo con ello por un lado un notable aceleramiento del proceso penal. debe encargarse al juez (1990: 227228). la dirección de las investigaciones y la confiere la calidad de parte en los debates. a la hora de adoptar una decisión. ni siquiera protectora de la seguridad individual. y por tanto como respuesta adecuada del Estado frente a los ciudadanos a los que exige deberes fiscales. bien inquisitivo formal o mixto. centrar en la vista oral la auténtica importancia de las pruebas. por el contrario. Los Códigos recientes cambiaron la estructura del proceso penal. que tuvo en cuenta incluso la tendencia internacional que concluyó en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998.
juez. por lo que es incompatible con el proceso penal propio de un Estado de Derecho. acercando la figura del juez instructor más al papel de árbitro. por lo que la investigación y el poder requirente debe responder al Ministerio Público. Por otro lado. incluyendo la dirección – jerárquica en unos casos. (26)La Exposición de Motivos del Código Procesal Modelo para Iberoamérica es particularmente contundente al respecto. fundamentalmente. solo es posible en los marcos del sistema acusatorio. conforme al modelo ideal anglosajón. atribuyendo al Ministerio Público la dirección o conducción de la misma(26) y asignando al juez un rol de control de la legalidad de sus actuaciones y de salvaguardar los derechos fundamentales(27). el poder de decisión. su fuerte posición institucional. y. Igualmente. entrega al –Ministerio Público la decisión sobre el inicio de la instrucción. Resulta artificial. al asegurar que el juez que debe decidir el litigio se mantenga ajeno al conflicto que le ha sido planteado. de evitar reiteración de actuaciones procesales. el cual. pues carece de toda posibilidad de selección. sostiene Cubas Villanueva. que confiar la investigación al Ministerio Público acentúa la forma acusatoria del procedimiento penal – en combinación con otras reglas específicas posteriores -. el juez solo cuenta con las actas del juicio oral (1994: 254-255). contribuyéndose con ello decisivamente a limitar de manera evidente los amplísimos poderes investigadores del juez de instrucción en la fase de averiguación o sumarial del proceso penal clásico. apunta que la compatibilización de la eficacia con el respecto de las garantías básicas y a los derechos fundamentales no es compatible con entregar las funciones de persecución y de decisión durante la investigación preparatoria a un solo órgano (el buen inquisidor mata al buen juez o. que solo debería controlar la investigación. (29)Parcialmente coincidente es la experiencia suiza – cuya normatividad penal ha tenido una decisiva influencia en Perú -. y solo funcional en otros – de la Policía en funciones de Policía Judicial en su cometido de descubrir los hechos delictivos que hubieran acaecido(29). y el control de ese ejercicio de poder. insiste. sino que se adjuntan al expediente del Ministerio Público solo pueden ser conocidos por las partes. y este. por ir contra el principio de economía procesal. y por otro. (27) La existencia de la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público. incluso en beneficio del imputado. exige la más amplia vigencia del principio acusatorio. que el fiscal deba acusar sobre la base de elementos probatorios que él no ha recogido. precisa Gómez Colomer. a instancia del Departamento Federal de Justicia y Policía – marzo de 1999 -. cuanto a una decisión rápida acerca de la promoción del juicio o del sobreseimiento. por lo que. pues el fiscal que debe investigar solo controlo lo que el juez investiga. y que restan eficacia tanto a la averiguación de la verdad. y resulta acorde con los principios con los principios constitucionales de juicio previo e inviolabilidad de la defensa en juicio.
la eficacia. (b) se incorporen principios de actuación de carácter orgánico que garanticen la autonomía(30) del fiscal investigador(31). en la que importa la intervención del juez en garantía de los derechos fundamentales. la realización concreta de los actos de averiguación y la decisión sobre el tipo y la oportunidad de medidas jurisdiccionales que se requieran para cumplir ese cometido le sea atribuido al Ministerio Público. esto es. la intervención contradictoria de los demás sujetos en los actos de investigación. para garantizar la unidad de actuación de la institución que además está informada tanto por el principio de legalidad. y (d) se controle su legalidad por el juez. que. y afirmó la exigencia de un respeto estricto del principio de inmediatez de los debates (DU PUIT. la garantía de la seguridad y el orden. (30) Conforme explica Izaguirre. además instituyó el control judicial de la acusación. gr. entonces. en cuanto corresponda. que orienta todos los poderes del Estado hacia la idea de la Justicia material. si la etapa
combinada a su función de acusador.Instituto de Ciencia Procesal Penal
El hecho. esto es. puesto que a este último es a quién se le encomienda dicha función. en primer lugar. determinó la organización de garantías jurisdiccionales. como las demás funciones públicas ejecutivas. y. al sometido de los Fiscales al ordenamiento jurídico. de la acusación. por su naturaleza. o para afirmar la protección de derechos procesales constitucionalizados (v. exijan que las realice el juez – tales como la autorización de una medida restrictiva de derechos – al órgano judicial y aquellas otras que tengan como finalidad la decisión acerca del planteamiento. por lo que en su actuación no persigue ningún interés unilateral (GOSSEL. en nada obsta que el diseño y ejecución de la estrategia de la investigación. y alguna de ellas requiere una decisión jurisdiccional. por otro lado.: el derecho al plazo razonable de instrucción. en la persecución penal. 41 y 42). como enfatiza Calderón Cuadrado. entre ellas la decisión sobre medidas provisionales y medidas instrumentales restrictivas de derechos. de un lado la lógica procesal – y constitucional – lleva a otorgar aquellas actuaciones que. a la idea directriz del utilitarismo. 38. (c) se admita. como actuación de los Fiscales fuera de los sentimientos personales e intereses particulares (2001: 29. (31) Independientemente de la polémica acerca de la posición jurídica o ubicación institucional del Ministerio Público habrá que convenir. 2004: 413-414). al fiscal. que no está orientado. cuanto por el principio de imparcialidad. como ya se apuntó. de suerte que previó la intervención de un juez de libertades para dictar mandatos de detención y autorizar otras medidas coercitivas. es que en la etapa de instrucción se realizan diversos tipos de actuaciones. 2004: 38).
. a la afirmación de la voluntad estatal. la jerarquía y la coordinada celeridad de los actos de la Administración Pública. en su caso. en segundo lugar. entendido como desinterés subjetivo. que le corresponde contribuir. el derecho de defensa a la tutela jurisdiccional). Es claro. los principios que rigen el Ministerio Público no van en desmedra de la subordinación de sus integrantes al “criterio institucional” – aunque modulado con los debidos contrapesos -. mientras (a) se reconozca legalmente la objetividad. la investigación y la imparcialidad del fiscal.
INVESTIGACIÓN Y ETAPA INTERMEDIA §11. la rotulan bajo el nombre de “la etapa preparatoria” (arts. es la preparación del juicio oral y público. 2) Que. los Códigos Boliviano y Paraguayo. aclarada la causa a instancia de la Fiscalía. Roxín explica que para llegar al procedimiento principal. adoptar la decisión sobre la apertura del procedimiento principal. debe estar conferido al Ministerio Público todo el procedimiento de investigación. el Código de Costarricense. desde que surge la primera sospecha hasta que se resuelve sobre la interposición de acusación o la propuesta de sobreseimiento. según expresa Yáñez Cortés. III.La necesaria incoación de un proceso penal pasa necesariamente por una etapa preparatoria(33). 256). desde esa concepción – que incorpora el reconocimiento de los intereses de la defensa. lo que también implica la preparación de la defensa (2003: 335). se deben tomar en cuenta dos decisiones: la primera.Instituto de Ciencia Procesal Penal
de investigación no sólo prepara el juicio sino también la acusación. la segunda. y si el órgano de la acusación es el fiscal. 274). “investigación preparatoria” (art. y. La instrucción. destinada a determinar si. Mediante la recolección de todos los elementos que permiten fundar la decisión que se debe adoptar a su término (acusación. Así. indagar sobre la fundabilidad de una sospecha sobre el hecho. en tal virtud. (33)Esta etapa recibe diferentes denominaciones en los nuevos Códigos Latinoamericanos. (34) La finalidad de esta etapa. 321). resulta indispensable el enjuiciamiento de una persona(34). sobreseimiento salidas alternativas). por tanto. 277 y 279 respectivamente). y. es igualmente lógico que se conceda la facultad de determinar la suficiencia de elementos tendentes a formular y fundamentar la pretensión acusatoria a aquel que la va a sostener (2005: 121)(32). o al juicio oral. no importa en consecuencia un dominio incontrolado del acusador. la protección del derecho de defensa del imputado. desde una perspectiva garantista del derecho a la tutela judicial efectiva. respectivamente). a fin de determinar si se está ante un supuesto de sospecha
Al respecto Góssel señala con rotundidad dos datos macizos: 1) Que la facultad de decisión relativa a la acusación o sobreseimiento. que se confiere al Ministerio Público. “investigación” (arts. fuerza la intervención jurisdiccional. y antes si existen motivos para iniciar un procedimiento de investigación – en tanto se presenta una sospecha inicial simple. y. “procedimiento preparatorio” (art. cuya respuesta positiva da lugar a la realización de averiguaciones sobre el hecho -. a quien se le ha calificado como señor del procedimiento preliminar de la investigación (2004: 48).
. que se proyecta en los actos de aportación de hechos en general y en el respeto a todos los demás derechos constitucionalmente relevantes. el Código Peruano. JUEZ. y. constituye una prerrogativa lógico – jurídica que lo obliga a la averiguación del hecho. los Códigos Chileno y Colombiano.el fiscal en el caso de la reforma latinoamericana-. “investigación penal preparatoria” (art. a la vista de los actos de investigación y demás actividades realizadas por el órgano público correspondiente. al igual que el Código Bonaerense. 172 y 200.
cabe informar una precisión a la luz de las reformas procesales actuales. la exigencia de eficacia de la investigación obliga a que en caso de urgencia resulte indispensable preconstituir prueba. el respeto a los derechos fundamentales del imputado y demás participantes en la investigación preliminar hace imprescindible la intervención del órgano jurisdiccional. respectivamente. y. tampoco en todos los casos se necesita el juicio oral. Señala Bacigalupo que deben abandonarse dos mitos: 1) La necesidad esencial de la distinción del proceso penal en dos fases: instrucción y juicio. La prueba anticipada. la decisión sobre medidas provisionales o instrumentales restrictivas de derechos. proferir el auto de sobreseimiento o el de enjuiciamiento.. Asimismo. Probablemente la instrucción. la garantía de otros derechos vinculados al derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a la tutela jurisdiccional. solo es necesaria en un determinado número de casos complicados y de cierta entidad. igualdad. por lo menos aquella que. Por último. tales como el debido acceso a la investigación por los interesados (imputados. luego de la fase preliminar policial/fiscal. al control del plazo de la investigación – vinculados al derecho un proceso sin dilaciones indebidas -. 2) la necesidad práctica de la instrucción y del juicio. y a la legalidad de las actuaciones de la instrucción y al derecho de petición de los intervinientes. requieren la intervención judicial: aprobar o dictar el procesamiento y. adopte el Ministerio Público en orden al sobreseimiento o al enjuiciamiento. por otro. que en primera instancia. por ser tal. Esas decisiones. ofendidos. y. en su caso. bajo el imperio de los principios de contradicción. en especial de intervención en los actos de investigación. para garantizar el procedimiento de ejecución y el procedimiento de conocimiento.Instituto de Ciencia Procesal Penal
suficiente respecto de la comisión del hecho punible – probabilidad delictiva – (2000: 326 y 349)(35). fundada en la naturaleza de las cosas (Francia) o del os principios del Estado de Derecho (Alemania).
Llegado a este punto. muy bien se puede utilizar el modelo del “mandamiento penal” utilizado en Alemania. luego de haberse solicitado la intervención del órgano jurisdiccional. pues en los delitos leves y en las faltas. oralidad e inmediación judicial. Austria y Suecia (2005: 17). están sujetas al criterio de la Fiscalía.
. terceros intervinientes). Dos líneas de intervención judicial se presentan: por un lado. debe ser realizada por el órgano jurisdiccional.
siguiendo el modelo Italiano. fundamentalmente. 41. aunque por momentos pasivo. pero la necesidad de afirmar el derecho a la tutela judicial continúa y efectiva. mientras el CPP de Perú. como señala Narváez Rodríguez. 29). al igual que el CPP de Chile (art. de la acción civil(37) – (sobreseimiento y enjuiciamiento).Instituto de Ciencia Procesal Penal
La función general del juez en esta etapa es. lo denomina “juez de la investigación preparatoria” (art. y 65 (Buenos Aires).así. 11). Los demás Códigos contemplan el ejercicio facultativo de la acción civil en el proceso penal. en palabras de Luaces Gutiérrez. 29 (Paraguay). pues la acumulación es obligatoria. no así en Bolivia. su quehacer.
Nos dice Bertolino que la acusación del juez de Garantías es “intermitente”. §12. el CPP de Colombia encarga la “función de control de garantía” al “juez penal municipal”. está ausente de toda tarea investigativa. “juez de instrucción” (art. solo cuando se trata de un delito contra el Estado. la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica lo denomina “juez penal” (art. 59 (Chile). obligatoria o facultativa. 2002: 8) (37) El Perú es el único país cuyo CPP se afilia a la acumulación obligatoria de las acciones penal y civil en el proceso penal (art. al igual que el CPP del Paraguay (art. art. valorándolas mediante la toma de sus propias resoluciones. 54). se erige. sino esencialmente realiza una actividad valorativa. 107). pues. debe ser de celosa y permanente vigilancia (Díaz Cantón. impide su exclusión de esa etapa.La reforma procesal penal latinoamericana para el ejercicio de esos cometidos – control de la investigación preparatoria y dirección de la etapa intermedia o de preparación del juicio – ha configurado un órgano judicial sui generis. 42). de control judicial y de garantía(36). arts. 102 (Colombia). El caso Boliviano es singular.
. es. Los juicios que realiza el juez en la investigación y en la fase intermedia están exentos de un análisis de oportunidad y eficacia de la medida o decisión requerida. en un factor moderador y se afirma como custodio de garantías constituciones que operan en el proceso (2000: 1092) -. un juez de los actos más que un juez del procedimiento (2005: 2). solo atiende al cuadro legal y a la proporcionalidad de la resolución que se le solicita. Los nombres que recibe son diversos. 23). a cargo del Ministerio Público. así por ejemplo. 70). en especial las vinculadas al ejercicio de la acción penal (imputación y criterios de oportunidad) y la introducción de las respectivas pretensiones penal y civil – en aquellos países en que existe una acumulación. No solo dicta o resuelve sobre medidas limitativas de derechos. salvo cuando se trata de delitos en los que el Estado es el agraviado). pondera las grandes decisiones que son necesarias en la investigación. Así tenemos que el Código de la Provincia de Buenos Aires lo denomina “juez de garantías” (art. 41 (Bolivia. que no se alteró la denominación anterior a la reforma.
entonces no existe fundamento objetivo concreto para cuestionar esa competencia al Juez de Garantías o de la Investigación preparatoria.5. Es un órgano de primera instancia. Empero. para la definición de ciertas cuestiones incidentales cuya solución se les requiere. mientras que la sentencias tras el juicio averigua si las pruebas practicas son suficientes para justificar la condena. en etapa intermedia – preparatoria de la fase del juicio oral – tanto. y que en muchos casos se adoptan en audiencias con respeto al contradictorio. son diversas(40). la proporcionan Horvitz y López.1989.Instituto de Ciencia Procesal Penal
Más allá de la variedad de denominaciones. el fiscal y el imputado y su defensor – y. que ocupa un nivel superior en la organización judicial. el enjuiciamiento se encarga a un Tribunal. Asimismo. en el segundo caso. desde la perspectiva de sus funciones. es un tribunal ordinario. Pero si debo valorar – como sería el caso de valorar si en cada caso se dan los presupuestos legales y constituciones para la adopción de medidas limitativas en general. para decidir la procedencia del juicio oral o el sobreseimiento de la causa(39).1993.Austria. Es la primera autoridad jurisdiccional a la cual acuden los participantes en la investigación – en esencial. luego. podemos identificar las siguientes características: (1) Es un órgano jurisdiccional unipersonal o monocrático. unipersonal y letrado. Es esa misma línea Ortíz y Medina identifican cuatro características básicas del juez de garantías. y la actuación del juez no va dirigida ni a preparar la causa ni a resolver si debe juzgarse al acusado. (2) Las funciones.2. Siguiendo esa doctrina si la investigación e instrucción de la causa correspondiente a la Policía y a la Fiscalía. generalmente colegiado e integrado por tres miembros. por lo que no se puede equiparar las sospechas con una declaración formal de culpabilidad (2004: 362). la necesidad institucional de que intervenga otro tipo de Juez en la etapa intermedia de preparación del juicio. es posible sostener que la función primordial de este tipo de
(38)Una
primera definición de este juez. No debe investigar. de carácter objetivo o descriptivo. con Gallardo Frías. no habría motivo de imparcialidad objetiva alguna determinante del apartamiento de ese Juez y. Dinamarca en igual sentido falló en la Stedh del 24. Aún así. es un tribunal de primera instancia y es un tribunal de derecho (2005: 108). recaída en el Asunto Fey v. y unipersonal cuando se trata de infracciones penales menores. y las decisiones de la etapa de investigación no son tomadas de oficio por el juez. si se sigue la doctrina de la Stedh del 24. integralmente del orden jurisdiccional penal ordinario(38). (39) Se discute si la intervención del Juez en las cuestiones incidentales planteadas en sede de investigación lo inhabilita para hacerlo en sede de preparación del juicio. Ellos dicen que es el órgano jurisdiccional. por el riesgo que ello entraña a las garantías jurídicas y a la eficacia. Es un juez de derecho que resuelve unipersonalmente los asuntos de su conocimiento. con competencia para ejercer las atribuciones que la ley le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación preparatoria hasta la dictación del auto de apertura de juicio oral que da término al procedimiento intermedio (2005: 200-201). a través de los juicios de
. por lo general. recaída en el Asunto Hauschildt v. las decisiones en la etapa previa al juicio solo aprecian si las sospechas que justifican una medida concreta tienen algún fundamento. para decidir el sobreseimiento o el enjuiciamiento del imputado. en el primer caso. o ámbito común de competencia material. es un tribunal que resuelve unipersonalmente. por ende. cuando. cuyas decisiones pueden ser recurridas ante un órgano jurisdiccional de alzada. como anota López Barja de Quiroga. para delitos de mediana o grave entidad. (40)Las tareas de este nuevo tipo de juez son varias.
Las medidas provisionales pueden definirse como los actos procesales de coerción directa que. ORTELLS RAMOS insiste en que la limitación de derechos fundamentales. cuando se trata de una profunda intromisión en los derechos fundamentales de una persona. El principio de jurisdiccionalidad –que informa a las medidas coercitivas – exige que. que importa la actuación del Derecho respecto a situaciones jurídicas de terceros. por lo general. esto es. corresponde al ámbito de la potestad jurisdiccional. orientadas predominantemente a la objeción de elementos o datos relacionados con el delito que pueden servir como prueba en el proceso. así como asegurar la igualdad de armas entre acusador y acusado. cuando persiguen impedir que el imputado incurra en ulteriores hechos punibles. 2002: 361). funciones tuitiva – coercitivas. de otros. en la decisión sobre medidas provisionales de las fuentes de prueba y de adquisición de la prueba. de carácter personal o patrimonial. recayendo sobre los derechos de relevancia constitucional. 2002: 124-147). MALAGA. de aquellas actuaciones que requieren mandato judicial. y. 2003: 1073-1074. que previsiblemente serían idénticos o análogos a aquel que ha provocado la incoación del procedimiento o bien que consume o amplíe los efectos del delito objeto de enjuiciamiento (San Martín. si bien los supuestos de afectación de los derechos fundamentales no representan actuación del Derecho como resultado final de un proceso. y tuitiva coercitiva(41). sin perjuicio del as excepciones taxativamente contempladas en el propio texto constitucional. la CADH) impone que las potestades de dirección del proceso se realice
.cl : p. son las siguientes: a) Función de coerción: concretada. estas adoptan funciones cautelares. el juez tiene la competencia exclusiva para autorizar esas restricciones(42). cuando persiguen impedir actuaciones o confabulaciones del imputado que perturben la práctica de los medios de prueba – actuaciones de aseguramiento de evidencia -.4). en primer lugar. II. y en segundo lugar. en casos de urgencia
verosimilitud y de proporcionalidad -. y. cuando persiguen garantizar la eficacia de la prueba. se ordenan a fin de evitar determinadas actuaciones perjudiciales que el imputado podría realizar durante el transcurso del procedimiento de declaración. en este caso-. a propósito de la aplicación del Derecho Penal. concretamente individualizadas. la vigencia de contradictorio en los escasos momentos en que resulta indispensable en la etapa de investigación. y la abreviación de esa etapa para asegurar el derecho de todo imputado a la pronta definición del caso (Díaz Cantón. 2002: 3). de suerte que la Ley Fundamental (el Derecho internacional de los Derechos Humanos.Instituto de Ciencia Procesal Penal
juez consiste en resguardar el legítimo espacio que una persecución penal eficaz y razonable requiere. en la decisión sobre medidas instrumentales restrictivas de derechos. y que. subordinándola a su turno al mandato impuesto por nuestro sistema político en orden a que el ejercicio de la soberanía estatal no traspase los límites derivados de la dignidad de la persona humana (www. Las funciones. y. implican una limitación de ciertos derechos fundamentales de la persona (Aragoneses. de las personas. se trata de elementos instrumentales necesarios para la actuación del Derecho – penal. sólo excepcionalmente.lasemanajurídica.
merece la intervención judicial. como excepción a la prueba plenaria. o en función al peligro que se cierne contra la integridad de un órgano de prueba – testigo. o si sus requerimientos son desestimados irrazonables (vid. y garantizar seguridad y tranquilidad. La prueba anticipada. La llegada de esta prueba al proceso penal. debe estar mediada por motivos fundados en la extrema necesidad de evitar la pérdida o la alteración del medio probatorio (2005. a saber: material. Tal intervención. b) Función de garantía: se presenta en el estricto ámbito de la investigación preparatoria. enfatiza Sánchez Lugo. como aclara Gómez de Liaño. I: 94). subjetivo. porque la corrección de la investigación y de las medidas que durante su desarrollo se dictan. ¿Es razonable este ámbito de intervención? Creo que sí: primero. si se le imponen medidas limitativas indebidas o apremios ilegales. su objeto es evitar atentados en su contra.2 que exigen un derecho de notificarlos o ponerlos en su conocimiento – no son respetados. con la posterioridad e inmediata intervención judicial para decidir sobre su legalidad (Schluchter. y. en tanto se discuten derechos y el cumplimiento de la ley. iii) decisión acerca de medidas de protección(44). ésta
bajo la presidencia y dirección judicial. constituye el desarrollo legislativo de la función de garantía de la jurisdicción penal. 71. (45) La incorporación de esa figura. objetivo y formal. 1996: 66). c) Función de instrumentación o documentación. puede llevarlas a cabo. (44) Las medidas de protección constituyen. en primer lugar. el Ministerio Público y la Policía. a fin de que puedan cumplir con sus deberes procesales o con los compromisos a los que voluntariamente se sometió (1999: 140). (43) El art. a propósito de la actuación del Ministerio Público(43). ha de observar una serie de requisitos. insiste el autor. previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. es lógica y razonable. que a efectos metodológicos pueden sistematizar en cuatro. iv) pronunciamiento sobre la culminación de la investigación. radicada en la actuación de la denominada prueba anticipada(45). segundo. prestaciones que el Estado realiza a sujetos vulnerables en sede procesal. apunta Moreno Catena. por lo demás. sin juicio de oportunidad alguno o desarrollo estratégico de la investigación. y. ii) incorporación de sujetos procesales en la investigación.Instituto de Ciencia Procesal Penal
(peligro por la demora). en buena cuenta.
. esta. consolidando su acceso al procedimiento y su intervención en las actuaciones. se expresa a pedido de parte – principio de rogación -. en la medida en que exista la necesidad de preservar elementos de juicio relacionados con los hechos materia de la investigación y que pueden ser valiosas para una decisión judicial. y se expresa en cuatro tipos de actuaciones: i) tutela de los derechos de los sujetos procesales. y se ejerza con arreglo a las normas de procedimiento que las leyes establezcan (1996: 51-52). si así lo permite la Constitución y lo autoriza la ley. sin embargo.4 del CPP de Perú establece que se vulnere la legalidad procesal durante la investigación.: art.5 CPP) puede acudir en vía de tutela al Juez de la investigación Preparatoria. porque integra la potestad jurisdiccional la protección de los derechos. perito o coimputado -. 71. si los derechos del imputado – identificado en el art. 337.
a los procedimientos simplificados. 458. Los Códigos de Chile y Perú encargan las funciones de ejecutoriedad a los Jueces de Garantías o de la Investigación Preparatoria (arts. sin embargo. por ejemplo. que tiene lugar en la etapa intermedia. al igual que la audiencia de formulación de la acusación – el juez competente para adelantar el juicio – (art. Se trata de una labor que ocupa la participación más intensa del juez en sede de
Es prácticamente unánime que los Códigos Latinoamericanos encargan esa función al mismo juez que conoció de las cuestiones incidentales de la etapa de investigación preparatoria. 25 y 43. d) Función ordenatoria. 336): esta última audiencia. en cuya virtud la dirige y dicta las decisiones relativas al sobreseimiento y enjuiciamiento del imputado(46). y. de hacer ejecutar lo juzgado en aquellos ordenamientos en los que no existe un juez de vigilancia penitenciaria o de ejecución penal(47). el régimen de ejecución de la prueba ha de ser el mismo del juicio público y el acta que se levante debe leerse en dicho acto (2005: 457 . de audiencias judiciales. y de medidas limitativas en general (art. instituye el juez penal de ejecución penal (art. 462 y 463). mientras que el Código de Costa Rica crea los jueces de la ejecución de la pena y el Tribunal de Ejecución de la Pena (arts. está vinculada a la dilucidación del ámbito probatorio del futuro juicio (arts. no puedan ser reproducidos el día de la celebración del juicio. f) La función de decisión. 468). 331). respectivamente). respectivamente). ha de garantizarse el principio de contradicción.4. de medidas de protección. en segundo lugar. en cuarto lugar. asimismo. estipula que la audiencia de preclusión – tendente al sobreseimiento de la causa – es de competencia de conocimiento (art. 38).Instituto de Ciencia Procesal Penal
prueba ha de versar sobre hechos que. en tercer lugar. tales como los abreviados y las faltas(48). principalmente. 356 y 362). el Código de Colombia el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad (art. en algunos casos. y a la actuación de la prueba anticipada. requiere de la inmediación de un juez. y. 286). para lo cual a la defensa ha de brindársele la posibilidad de comparecer en su ejecución. que se limita. 154°). (48) El CPP peruano. El Código colombiano. esto es. El Código de Bolivia. la entrega en conocimiento del procedimiento de terminación anticipada (art.459). por su fugacidad – irrepetibilidad en el futuro -. e) Función de ejecutoriedad.
. que incorpora supuestos particularmente distintos en el procedimiento respecto a los demás Códigos de nuestra región. de un órgano dotado de imparcialidad e independencia. 327°). a la aplicación del principio de oportunidad (art. el Juez de Control de Garantías realiza las audiencias preliminares referidas a la formulación de la imputación (art. 466 y 29. 55). denominada “audiencia preparatoria”. (47) El Código de Buenos Aires y el de Paraguay contempla el juez de ejecución (arts. (3) Emisión de decisiones a partir.
mientras el juez debe resolver exclusivamente de conformidad a la información ingresada en esas audiencias (2002. En las audiencias. por tanto. incluso la que se lleva para decidir el sobreseimiento o el enjuiciamiento (art. I: 235). Las audiencias. pueden realizarse hasta 42 audiencias por diversos motivos y pretensiones (2005: 22). visto el procedimiento preliminar en su conjunto. Las diferentes cuestiones incidentales que se presentan en la investigación preparatoria tienen lugar a pedido de un sujeto procesal.
. deben ser adoptadas como producto de la realización de audiencias en las cuales los intervinientes presentan oralmente sus peticiones y argumentos y tienen la posibilidad de controvertir la opinión de su oponente. y que en la práctica en sede judicial las audiencias preliminares son públicas (2002: 237). no es el único principio asumido. el carácter oral del nuevo proceso importa no sólo el establecimiento de un juicio oral como etapa central del mismo. el problema detectado es latente y será del caso observar el funcionamiento del modelo procesal para advertir si el riesgo es real y si es del caso alguna medida de reforma. y se resuelven oralmente con pleno respeto del principio contradictorio. Es claro que estas no tienen porque impedir el desarrollo de los actos de investigación y de aseguramiento propiamente dichos –salvo que impliquen limitación de derechos fundamentales-. al fin de las cuales el juez debe resolver el asunto discutido. En el CPP de Perú. como destaca Oré Guardia. durante todo su desarrollo. 182 del CPP de Chile la reserva durante la investigación solo está referida a las actuaciones de la Policía y del Ministerio Público. como apuntan Duce y Riego. También es evidente la vigencia del principio de contradicción así como del principio de rogación. La oralidad. en Costa Rica. puesto que son realizadas directamente por el Ministerio Público o comisionados a la Policía. conforme a su CPP. antecedentes y argumentos. sin embargo.
Un problema que puede complicar la celeridad y la propia idea fuerza de eficacia de la investigación a cargo del Ministerio Público es el número de audiencias pueden realizarse durante esa etapa. comparecen los distintos sujetos procesales presentando sus peticiones. sin que las audiencias puedan impedir o retardar su ejecución.Instituto de Ciencia Procesal Penal
investigación preparatoria y de la etapa intermedia(49). DUCE Y RIEGO sostiene que según el art. 316). por ejemplo. según la práctica chilena. son públicas(50). sino también que las decisiones más importantes. son privadas. pero.
IV. BACIGALUPO. Enrique: La posición del Fiscal en la investigación penal.com. 245. AA. 5. BAUMANN. 2003. Desalma. Lima.ar/ar/archivos. Parte General. Tirant lo Blanch. Ed. 4. BIBLIOGRAFÍA
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 resolución 
 artículo 361
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
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 resolución 
sui generis
 resolución 
in fine