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Timestamp: 2017-11-20 13:44:14+00:00

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PRISIÓN PREVENTIVA	(24)
LA CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Published in PRISIÓN PREVENTIVA
Domingo, 26 Julio 2015 18:56
Artículo 283 Cesación de la Prisión preventiva.- EI imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente.
El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en el artículo 274.
La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva el Juez tendrá en consideración, adicionalmente, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa.
El Juez impondrá las correspondientes reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad de la medida.
Artículo 284 Impugnación.-
1. El imputado y el Ministerio Público podrán interponer recurso de apelación, dentro del tercer día de notificado. La apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de la prisión preventiva.
2. Rige lo dispuesto, en lo pertinente, en los numerales 1) y 2) del artículo 278.
Artículo 285 Revocatoria.- La cesación de la prisión preventiva será revocada si el imputado infringe las reglas de conducta o no comparece a las diligencias del proceso sin excusa suficiente o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan se dicte auto de prisión preventiva en su contra. Asimismo perderá la caución, si la hubiere pagado, la que pasará a un fondo de tecnificación de la administración de justicia.
Domingo, 26 Julio 2015 18:58
Artículo 272 Duración.-
1. La prisión preventiva no durará más de nueve meses.
2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses.
Artículo 273 Libertad del imputado.- AI vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales, incluso las restricciones a que se refieren los numerales 2) al 4) del artículo 288.
Artículo 274 Prolongación de la prisión preventiva.-
1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2 del artículo 272. El Fiscal debe solicitarla al Juez antes de su vencimiento.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Ésta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad.
3. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2) del artículo 278.
4. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 274. Prolongación de la prisión preventiva
1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento.
2. El juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad.
4. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida."
Artículo 275 Cómputo del plazo de la prisión preventiva.-
1. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa.
2. El cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de dicha resolución.
Artículo 276 Revocatoria de la libertad.- La libertad será revocada, inmediatamente, si el imputado no cumple con asistir, sin motivo legítimo, a la primera citación que se le formule cuando se considera necesaria su concurrencia. El Juez seguirá el trámite previsto en el numeral 2) del artículo 279.
Artículo 277 Conocimiento de la Sala.- El Juez deberá poner en conocimiento de la Sala Penal la orden de libertad, su revocatoria y la prolongación de la prisión preventiva.
Domingo, 26 Julio 2015 13:58
Artículo 278 Apelación.-
1. Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la apelación es de tres días. El Juez de la Investigación Preparatoria elevará los actuados dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo.
2. La Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, dentro de las setenta y dos horas de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del defensor del imputado. La decisión, debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad.
3. Si la Sala declara la nulidad del auto de prisión preventiva, ordenará que el mismo u otro Juez dicte la resolución que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 271.
Domingo, 26 Julio 2015 19:03
(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, se dispone que los artículos 268 a 271 del Código Procesal Penal hagan referencia a los términos “investigación preparatoria”, “expediente fiscal”, “prisión preventiva” y “juez de la investigación preparatoria”, se debe interpretar que dichos términos hacen referencia, respectivamente, a “instrucción”, “expediente fiscal”, “mandato de detención” y “juez penal”. Esta disposición rige en los distritos judiciales en los que el Código Procesal Penal no ha entrado en vigencia.
CONCORDANCIAS: R.A. Nº 325-2011-P-PJ (Circular sobre Prisión Preventiva)
R.N° 3182-2013-MP-FN (Aprueban Directiva Nº 002-2013-MP-FN “Actuación Fiscal en la Prisión Preventiva conforme al Código Procesal Penal del 2004, puesto en vigencia mediante Ley Nº 30076”)
"Artículo 268. Presupuestos materiales
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)."
"Artículo 269. Peligro de fuga
Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:
1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;
3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo;
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y
5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas."
Artículo 270 Peligro de obstaculización.- Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.
2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.(*)
(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, se adelante la vigencia del presente artículo, en todo el territorio peruano.
Artículo 271 Audiencia y resolución.-
2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el artículo 8, pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin necesidad de postergación alguna. El Juez de la Investigación Preparatoria incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del plazo legal. El Fiscal y el abogado defensor serán sancionados disciplinariamente si por su causa se frustra la audiencia. Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio, según sea el caso. En este último supuesto deberá ser notificado con la resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia.
3. El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes.
4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de comparecencia restrictiva o simple según el caso.(*)
CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA:
Lunes, 22 Junio 2015 17:12
“[…] No está demás señalar que en torno al arraigo familiar[…] no se puede tomar a priori la sola expresión de este arraigo […] y que en todo caso la expresión “existencia o inexistencia de arraigo”, en realidad sería un enunciado que requiere de serios controles en el plano lógico y experimental y eso es lo que se está haciendo en este acto por parte del Juzgador; por ende[…] no se puede sostener que la presencia de cualquier tipo de arraigo descarte la prisión preventiva”.
Base Legal: NCPP: Art. 283º
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PUNO
EXPEDIENTE : 01170-2011-62-2101-JR-PE-01
JUEZ : VÍCTOR CALIZAYA COILA
IMPUTADO : DENIS JOSÉ VÁSQUEZ FIGUEROA Y OTROS
AGRAVIADO : MARÍA CLEMENCIA HENANDEZ MAGHUYOP Y OTRO
ESPECIALISTA DE AUD. : ZULEMA ALATRISTA VIZCARRA
Puno, treinta de setiembre
IMPROCEDENCIA ANTE LA NO EXISTENCIA DE NUEVOS ELEMENTOS
DE CONVICCIÓN QUE DEMUESTREN QUE NO CONCURREN LOS MOTIVOS QUE DETERMINARON SU IMPOSICIÓN
Escuchados los fundamentos del pedido de cesación de prisión preventiva formulado por el imputado DENIS JOSÉ VÁSQUEZ FIGUEROA así como lo alegado por el Ministerio Público en torno al traslado conferido y, CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- El Código Procesal Penal en relación a la cesación de prisión preventiva, ha establecido los parámetros para su procedencia, es así que en el artículo 283° indica específicamente en su tercer párrafo, que la cesación de la medida de prisión preventiva procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia, para esto debe tomarse en cuenta por parte del Juez las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa; de estimarse procedente se impondrá las consecuentes reglas de conducta para garantizar la presencia del imputado, para evitar que lesione la finalidad de la medida; estos vienen a ser los presupuestos normativos procesales para la procedencia de la cesación de prisión preventiva
SEGUNDO.- En el caso concreto, a decir de lo acontecido en la audiencia de prisión preventiva de cuya diligencia es consecuencia la presente audiencia, se ha establecido con suma claridad la imputación fáctica acontecida el ocho de septiembre del año en curso a horas cinco y treinta de la tarde aproximadamente en el interior del hotel Royal Inn de la ciudad de Puno, se hace la evocación de este extremo fáctico en razón de que en el interior del hotel Royal Inn, se ha puesto en evidencia la forma en que se habría cometido el hecho ilícito y al respecto se ha sustentado la concurrencia de elementos de convicción graves y fundados; en específico se resaltó el registro de video a través de la cámara de seguridad del referido hotel, que ha permitido identificar a los tres imputados, siendo uno de ellos Denis José Vásquez Figueroa.
Por otro lado se ha llegado a establecer acorde a los elementos de convicción sustentados por el Ministerio Público, de que este hecho se ha realizado liminarmente _hasta el momento así se entiende_, bajo la figura de la coautoría, pues claramente estos elementos de convicción y en específico el registro de la cámara de seguridad, establece la distribución de roles y el dominio de hecho compartido que han realizado en la comisión de delito los tres imputados; por ende la naturaleza de los hechos en los cuales está implicado el imputado Denis José Vásquez Figueroa, no es un hecho común ni suscitado en circunstancias de espontaneidad de querer simplemente hurtar, sino básicamente a través de toda una fase seguramente de ideación, una fase preparatoria y obviamente la fase de ejecución de este ilícito que se encuentra corroborado con elementos de convicción; por ende estamos ante una forma de comisión de delito que desde ya reviste sumo cuidado en torno a establecer la condición de cada uno de los imputados, a más de que en la misma audiencia de prisión preventiva, se ha logrado establecer que dos de los imputados en realidad tendrían antecedentes en torno a la comisión de éste tipo de hechos ilícitos. Bajo ese parámetro y premisa normativa y fáctica que ameritaron la decisión judicial de prisión preventiva; en el caso concreto, el Juzgador optará por rescatar los alcances que ha dado la Presidencia del Poder Judicial, atendiendo a esta coyuntura de alto grado o índice de la delincuencia común que ocurre en toda la República Peruana y que precisamente ha generado que se den directrices que en lo posible deben ser observadas por los Jueces de la República; así se tiene la Resolución Administrativa 325-2011 de la Presidencia del Poder Judicial, emitida el trece de septiembre del dos mil once y publicada el catorce de septiembre del presente año, que si bien resulta posterior a la audiencia de prisión preventiva; empero resulta en lo que corresponda, aplicable para la presente audiencia de cesación de prisión preventiva; bajo el desarrollo de dicha circular indica que estando a inicios de la investigación preparatoria, no se puede exigir obviamente una calificación absolutamente correcta sino racionalmente aproximativa al tipo penal referido y por ende se debe establecer los presupuestos en función a la punibilidad que se espera y a la perseguibilidad, esto lo denomina el jurista César San Martín como la probabilidad real de culpabilidad; en el caso concreto esta probabilidad real de culpabilidad desde ya ha generado certeza con los elementos de convicción que han sido analizados en su momento; por otro lado, otro de los extremos de esta circular, en torno a los denominados arraigos tanto domiciliario, familiar y laboral han sido precisados que no son propiamente presupuestos de la función preventiva sino básicamente tipologías referenciales; es decir, parámetros destinados a guiar el análisis del riesgo de fuga ó el riesgo de obstaculización, lo que conocemos como el peligro procesal; por ende se sostiene que no se está frente a causales de tipo taxativo ni frente a presupuestos materiales de la prisión preventiva; por ende se hace necesario que los jueces hagan una valoración en conjunto de todas las circunstancias del caso para evaluar la existencia o inexistencia del peligrosismo procesal, entonces sostiene que no se puede manejar a priori la sola mención a los arraigos antes referidos.
En tal sentido, se llega a establecer que en efecto se denota arraigo laboral en el imputado Denis José Vásquez Figueroa, toda vez que aparecen fichas que consigan la razón social de un empleador como Francisco Arturo Córdova Sivcha, el número de RUC y obviamente el vínculo laboral que tendría el imputado con dicho empleador, lo que se corrobora con su adscripción a ESSALUD y el registro de trabajadores en el formato veinticinco habilitado por la SUNAT y que son de data reciente; es decir de julio y agosto del año dos mil once; es decir, meses antes de la comisión del hecho ilícito, además de la constancia de presentación en torno a las retenciones y obviamente a los pagos que se habría realizado en función a éste; por ende el Juzgador razonablemente estima de que si concurrirían elementos en torno a que habría el imputado realizado labores ocupacionales que no pueden ser puestas en duda, a más de que el Ministerio Público no ha contrapuesto o cuestionado con otros documentos de que esto no sea cierto.
Por otro lado, pasando a analizar el arraigo domiciliario, debe tomarse en cuenta que el imputado ha alcanzado dos certificados domiciliarios; uno expedido por un notario de Trujillo Marco Antonio Corcuera García y que es de fecha catorce de septiembre, en el que se indica que Denis José Vásquez Figueroa habría vivido con su tía Jesús Elizabeth Vásquez de Córdova, lo que resulta un tanto incoherente es de que en torno a la alegación de que él fuera el soporte económico de su señora madre que estaría en delicado estado de salud al referirnos a la persona de Nely Elsa Figueroa Mendoza, es que el imputado no viva conjuntamente con su señora madre, como tal se ha llegado a establecer de que su señora madre tendría otro domicilio, como tal no genera una certeza en torno a este extremo de que sea la persona de que directamente le este prestando esta atención en torno a su estado de salud, a más de que la misma declaración de esta tía Jesús Elizabeth Vásquez de Córdova indica que de recobrar su libertad el imputado continuará viviendo con ella en el domicilio antes indicado, situaciones éstas que no se condicen con la generalidad que persigue el imputado de recobrar la libertad y atender personalmente a su señora madre. De igual manera el certificado domiciliario emitido por el Juez de Paz del distrito El Porvenir como así se ha oralizado por la Defensa Técnica, corresponde propiamente a un documento que habría emitido un Juez que no tiene jurisdicción en el distrito de Trujillo y haciendo hincapié a los alcances que hiciera la Defensa Técnica de que esto se habría debido a las circunstancias y obviamente a la necesidad de la familia del imputado de tener que alcanzar un documento, pues lo razonable y correcto hubiere sido que al contar con ambos certificados domiciliarios, la abstención de presentar éste certificado domiciliario que como bien lo han reconocido no corresponde a un funcionario o Juez de Paz que tenga competencia; por ende no puede generar certeza en el Juzgador; un dato relevante en torno a este extremo domiciliario radica en la afirmación que realiza el imputado a través de su Defensa Técnica de que el domicilio real que ha consignado en sus generales en la audiencia de prisión preventiva que ha indicado según el señor Fiscal en el barrio Bellavista doscientos cuarenta y cinco de la ciudad de Puno, obedecería a insinuaciones de los otros coimputados, ello pone en relieve de que el imputado es altamente asequible y factible a cambiar la información y faltar a la verdad, elemento éste que desde ya implica que se ponga en tela de juicio lo que pueda afirmar, pues si lo hizo al consignar un domicilio real, con mayor razón puede estar en una alta probabilidad de que no se ajuste o se ciñe a la legalidad y al ordenamiento jurídico, que es lo que precisamente se busca establecer en torno a una actitud de una persona en libertad de someterse a los requerimientos del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio Público, a más que ello se corrobora con esta misma circunstancia de presentar una constancia domiciliaria recabada de un Juez que no es competente; por ende lo razonable que una persona puede hacer, es evitar solicitar un certificado a un funcionario que no tiene competencia territorial para estos efectos, situación ésta que también coadyuva a este razonamiento del Juzgador, de que el imputado en realidad no demuestra hasta el momento un comportamiento sincero y sujeto al ordenamiento jurídico en cuanto a la información que pueda brindar.
En el extremo familiar, el arraigo familiar implica la obligación natural y la obligación legal de cumplir con los deberes que se tiene a la carga familiar y se concuerda con el Ministerio Público de que arraigo no se condice con la sola presentación de una partida de nacimiento o una partida de matrimonio, sino a establecer que en efecto una persona convive con las personas de quienes dice tener responsabilidad de sostenerlas; en el caso concreto, analizando en conjunto los documentos que ha presentado el imputado, no se señala en mínimo que en el domicilio de su tía también viva conjuntamente con su menor hija y con la madre de su menor hija, que hubiera sido lo que comúnmente y espontáneamente hubiere salido a relucir, contrariamente también puede implicar darle un sentido de que el imputado no estaría viviendo con su menor hija y con la madre de su menor hija, menos existe algún documento de que esté cumpliendo con su responsabilidad de padre, toda vez de que a una persona no se le puede obligar a vivir con la madre de sus hijos, quien sabe por diversas razones; empero si el cumplimiento frente a ellos en torno a sus obligaciones; al respecto no existe documento que así lo pueda estimar el Juzgador; no está demás señalar que en torno al arraigo familiar, esta circular de la Presidencia del Poder Judicial señala que no se puede tomar a priori la sola expresión de éste arraigo familiar y que en todo caso la expresión “existencia o inexistencia de arraigo”, en realidad sería un enunciado que requiere de serios controles en el plano lógico y experimental y eso es lo que se está haciendo en este acto por parte del Juzgador; por ende concluye esta circular, de que no se puede sostener que la presencia de cualquier tipo de arraigo descarte la prisión preventiva; en tal análisis, el Juzgador concluye de que no siendo presupuestos propiamente de la prisión preventiva los denominados arraigo familiar, laboral y domiciliario sino simplemente tipologías referenciales de apreciación razonada que se le impone al Juez lo que se ha cumplido, es que no podríamos sostener que estemos ante elementos de convicción referidos propiamente al hecho materia de investigación, porque el arraigo familiar, domiciliario y laboral, no son elementos de convicción en torno al hecho que se busca esclarecer; contrariamente se mantienen los elementos de convicción y como tal no se cumple el presupuesto expreso a que nos sujeta el artículo 283° de que la cesación de prisión preventiva procede cuando nuevos elementos de convicción demuestren - nótese que este texto es imperativo - que no concurren los motivos que determinaron su imposición; por ende estos documentos a fin de acreditar los arraigos así se hubieran estimado procedentes, no permiten desvirtuar los elementos de convicción en torno al hecho ilícito y la vinculación del imputado con ese hecho ilícito. Por estas consideraciones y estando a las normas acotadas el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARANDO INFUNDADO el pedido de CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA formulado por el imputado DENIS JOSÉ VÁSQUEZ FIGUEROA; DEJANDO A SALVO su derecho de hacerlo en cuanto lo estime conveniente.
SEGUNDO.- DÉJESE PRECISADO que continúan los efectos de la prisión preventiva dictada en su oportunidad.
PRISIÓN PREVENTIVA: 3
Lunes, 22 Junio 2015 17:11
“[…] Nos encontramos […] ante comportamientos obstruccionistas por parte del abogado defensor del investigado, el cual no ha presentado disposición alguna para llevar a cabo la audiencia de ampliación de prisión preventiva, lo que generó que dicha audiencia no se haya realizado hasta en dos oportunidades”.
“[…] Por lo que no podría ampararse lo peticionado [libertad procesal por exceso de carcelería] en tanto se encuentra pendiente de resolver necesariamente el pedido de ampliación de prisión preventiva lo cual fue efectuado antes del vencimiento del plazo de prisión preventiva”.
Base Legal: NCPP: Arts. 272.1º, 273º, 274.1º, 274.2º, 275.1º
Resolución Nº Cinco
SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PIURA
EXPEDIENTE : 2840-2010-0-2001-JR-PE-02
JUEZ : FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ REFORME
MINISTERIO PÚBLICO : SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PIURA
IMPUTADO : ALGENDONES CHÁVEZ EMILIA ENCARNACIÓN
SERNAQUE GUTIERREZ JUAN
GUTIERREZ SILVA ITALO CRISTHIAN
AGRAVIADO : DÍAZ CHUMACERO GERALDINE VERÓNICA ESPECIALISTA : LEZCANO CHÁVEZ EILEEN DEL R.
NO SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS EL TIEMPO
EN QUE LA CAUSA SUFRIERE DILACIONES MALICIOSAS ATRIBUIBLES AL IMPUTADO O A SU DEFENSA
Piura, ocho de noviembre Del año dos mil diez
AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el pedido de libertad procesal por exceso del plazo de prisión preventiva requerido por el abogado defensor del investigado Juan Sernaque Gutiérrez.
PRIMERO.- El abogado Arturo Galecio Gonzales, alega que se le imputa a su patrocinado Juan Francisco Sernaque Gutierrez ser el autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado de la suma de cuatro mil doscientos nuevos soles, por los hechos ocurridos el día 07 de junio del año en curso, en agravio de la empresa Marcimex. Que, con fecha 09 de junio del año en curso se declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por la representante del Ministerio Público por el plazo de cinco meses por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, resolución que fue materia de impugnación la cual fue confirmada por la Superior Sala Penal de Apelaciones de Piura, sin embargo se debe tener en cuenta que su patrocinado fue intervenido el día 07 de junio del año en curso, fecha desde que el plazo de prisión preventiva se empieza a computar, por lo que el plazo de la prisión preventiva ha vencido el día 07 de noviembre del año en curso sin que concurra ninguna causal de suspensión del plazo previsto por el artículo 275° del Código Procesal Penal, ni mucho menos exista sentencia de primera instancia, solicitando por ello la libertad de su patrocinado.
SEGUNDO.- El artículo 273° del Código Procesal Penal, desarrolla lo referido al plazo razonable y prescribe que al vencimiento del plazo (referido al prisión preventiva del 272° del Código Procesal Penal), sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales, incluso las restricciones a que se refieren los numerales 2) al 4) del artículo 288.
TERCERO.- Sobre el contenido del derecho al plazo razonable, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, así como la desarrollada en el expediente EXP. N.° 01640-2009-PHC/TC , publicada últimamente, ha establecido lo siguiente: (……..) este Tribunal ya ha señalado en anterior oportunidad que el atributo en mención tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su tramitación se realice prontamente. En consecuencia, el derecho a que el proceso tenga un límite temporal entre su inicio y su fin forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos y, por tanto, no puede ser desconocido (Cfr. STC 6182005-PHC/TC, caso Ronald Winston Díaz Díaz, fundamento 10). Por otro lado, los criterios para determinar la razonabilidad del plazo, tal como lo ha señalado este Colegiado –haciendo suyos los fundamentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- son los siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales (Cfr. STC 618-2005PHC/TC, caso Ronald Winston Díaz Díaz, fundamento 11; Exp. Nº 5291-2005-PHC/TC, caso Heriberto Manuel Benítez Rivas y otra, fundamento 6).
CUARTO.- No obstante lo expresado precedentemente, para efectos de resolver la procedencia o denegatoria de lo peticionado por el abogado defensor del investigado, debe evaluarse necesariamente, que en el presente caso, con fecha 04 de noviembre del año en curso, la representante del Ministerio Público acudió a éste despacho para solicitar la ampliación (prolongación) de la prisión preventiva por el plazo adicional de cuatro meses, conforme a los recaudos que obran en el presente cuadernillo, y que dicha audiencia hasta la fecha no se ha podido realizar por causas no imputables al operador judicial, ni Ministerio Público, sino más bien por causas imputables al abogado defensor del propio investigado.
QUINTO.- Por ello, es menester tener en cuenta los dispositivos legales que con respecto a la ampliación (prolongación) de la prisión preventiva regula nuestro Código Procesal Penal:
El artículo 272° del Código Procesal Penal prescribe en relación a la prisión preventiva que:
Por su parte el artículo 274° del acotado texto adjetivo, en cuanto a la prolongación de la prisión preventiva:
2. El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Ésta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad (….)
Finalmente, el artículo 275° del texto en mención, en relación al cómputo del plazo de la prisión preventiva:
SEXTO.- De lo actuado se puede advertir lo siguiente:
Con motivo de los hechos acaecidos el día 07 de junio del año en curso, resultó implicado y presunto autor el investigado Juan Francisco Sernaque Gutierrez y otros, del delito de robo agravado en agravio de la empresa Marcimex y Geraldine Verónica Díaz Chumacero. Es así, que al habérsele detenido por la autoridad policial el referido día, luego de una persecución, el Ministerio Público acude a éste Juzgado para requerir la prisión preventiva, siendo que el día 09 de junio del año en curso, éste Juzgado declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de cinco meses, resolución que fue confirmada por la Superior Sala Penal de Piura, el día 18 de junio del año en curso.
El día 04 de noviembre de 2010, la representante del Ministerio Público ha requerido a éste Juzgado la ampliación de la prisión preventiva del investigado por el plazo máximo establecido por el artículo 272° del Código Procesal Penal, al no haber concluido la etapa procesal de investigación preparatoria ( la que según el sistema informático figura que con fecha 07 de octubre se ha ampliado la investigación preparatoria por sesenta días) y estar pendiente de actuar diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Ante el referido requerimiento de ampliación de la prisión preventiva, la especialista legal de Turno, por encontrarse los trabajadores del Poder Judicial en Huelga y en tanto se trataba de reo en cárcel, programó la realización de la audiencia de su cometido para el día viernes 05 de noviembre del año en curso a horas una de la tarde. La realización de dicha audiencia trató de ser notificada por la especialista legal vía telefónica al abogado defensor del investigado no logrando su finalidad, sin embargo la representante del Ministerio Público en aras de colaboración para que se pueda llevar a cabo la diligencia, se pudo comunicar con el abogado defensor y le informó de la realización, fecha y hora de la audiencia, obteniendo la respuesta del letrado que no podía asistir pues se encontraba en la ciudad de Lima. La audiencia en mención no pudo realizarse por la inasistencia del abogado defensor del investigado y se reprogramó la misma para el día lunes 08 de noviembre de 2010, a horas dos de la tarde.
El día 08 de noviembre del año en curso, a horas 9:45 de la mañana, el abogado defensor del investigado ha presentado el escrito de excarcelación por exceso de detención, escrito que fue recepcionado por la especialista de Turno Teresa Toro García, la misma que hizo conocer al abogado defensor del investigado el tenor de la resolución que programada la realización de la audiencia de ampliación de prisión preventiva para el día de la fecha, siendo que dicho letrado se negó a firmar la constancia de su propósito, manifestando que debería notificársele en su domicilio procesal, hecho último que si fue efectuado, conforme se aprecia de la constancia de notificación de fecha 08 de noviembre del año en curso, dejada en el domicilio procesal calle cuzco 1074 segundo piso oficina 203, a horas ocho de la mañana. A ello, debe agregarse que el suscrito al entrevistarse con el referido letrado le comunicó de igual manera de la realización de la audiencia programada en forma verbal, obteniendo del abogado la respuesta que en todo caso esperaría su notificación en su domicilio procesal.
En horas de la tarde (hora programada), estando presentes en el Establecimiento Penitenciario de Río Seco, la representante del Ministerio Público, el investigado Juan Sernaque Gutierrez, así como la defensora pública penal, quién acudió al llamado de la Judicatura, no se hizo presente para efectos de llevar a cabo la referida diligencia el abogado defensor particular, y estando a que la abogada defensora pública presentó indisposición de patrocinar al investigado pues alegaba que debería notificarse por segunda vez al abogado defensor para recién aplicar el artículo 85° del Código Procesal Penal, se tuvo que reprogramar la diligencia para el día 10 de los corrientes a horas dos de la tarde.
El Ministerio Público ha hecho llegar a éste despacho un escrito de absolución de la petición de excarcelación, en el cual expresa que el artículo 723° del Código Procesal Penal, habla del plazo de prisión preventiva de nueve meses y habiendo establecido cinco meses de prisión preventiva, resulta evidente en observancia al principio de legalidad que el plazo no resulta lesivo. Además, asevera que si bien el plazo concedido a la fecha se encontraría vencido, también lo es que la ampliación formal del mismo, ha sido efectuada en forma antelada al mismo, esto es, con fecha 04 de noviembre de 2010, el cual se encuentra pendiente de ser resuelto, dada las acciones dilatorias que se vienen propiciando y resultan ajenas a la actuación del Ministerio Público.
SÉTIMO.- Analizando lo expuesto en las consideraciones precedentes, se puede concluir con claridad meridiana que si bien a la fecha el plazo de prisión preventiva de cinco meses ha vencido, sin embargo no puede soslayarse el hecho evidente de que antes del vencimiento del referido plazo de la prisión preventiva, esto es con fecha 04 de noviembre del año en curso, la representante del Ministerio Público acudió a éste Juzgado para solicitar en virtud de lo dispuesto por el artículo 274° del Código Procesal Penal, la ampliación (prolongación) de la prisión preventiva, no habiendo operado la caducidad de dicha petición, por ello se ha programado la realización de la audiencia correspondiente de ampliación de prisión preventiva también antes del vencimiento del plazo de prisión preventiva, no llevándose a cabo la diligencia en mención por causas no imputables al operador judiciales, ni tampoco del Ministerio Público, quién ha colaborado en el acto procesal de notificación del abogado defensor del investigado para llevar a cabo la primera programación de audiencia el día 05 de noviembre, empero la realización de la primera audiencia y de la segunda reprogramada no pudo llevarse a cabo por causas imputables al abogado defensor del investigado, quién no ha concurrido a éstas cesiones de audiencia programadas, no obstante tener pleno conocimiento de su realización, pues como ha dejado constancia la especialista legal de emergencia, al encontrarse los trabajadores del poder judicial en huelga, que el abogado defensor tuvo conocimiento de la primera notificación (hecho comunicado por la representante del Ministerio Público telefónicamente al abogado defensor), y en la segunda notificación (se enteró de manera directa de la especialista legal Teresa Toro, negándose a firmar la constancia respectiva, e incluso el magistrado que suscribe la presente le comunicó de manera directa de la realización de la audiencia).
De lo acontecido es evidente que nos encontramos conforme ha quedado desarrollado líneas arriba por el Tribunal Constitucional y lo prescrito por el artículo 275° del Código Procesal Penal, ante comportamientos obstruccionistas por parte del abogado defensor del investigado, el cual no ha presentado disposición alguna para llevar a cabo la audiencia de ampliación de la prisión preventiva, lo que generó que dicha audiencia no se haya realizado hasta en dos oportunidades, habiéndose reprogramado por tercera vez para el día 10 de noviembre del año en curso a horas dos de la tarde, con el apercibimiento de llevarse a cabo con la asistencia del abogado defensor público si es que el abogado defensor particular no concurriera, por lo que no podría ampararse lo peticionado en tanto debe resolverse necesariamente el pedido de ampliación de prisión preventiva lo cual fue efectuado antes del vencimiento del plazo de prisión preventiva y será en dicha audiencia en la que se determine finalmente en virtud del artículo 274° del Código Procesal Penal, si es procedente o no dicha petición, debiéndose exhortar al abogado defensor del investigado a que preste disposición favorable para llevar a cabo dicha audiencia, pues caso contrario será llevada a cabo con la asistencia del defensor público penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 85° del Código Procesal Penal.
Fundamentos por los cuales; SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDADO EL PEDIDO DE EXCARCELACIÓN POR EXCESO DE DETENCIÓN PETICIONADO POR EL ABOGADO DEFENSOR ARTURO GALECIO GONZALES, continuando con la secuela del proceso, cúmplase con realizar la audiencia de ampliación de la prisión preventiva programada para el día miércoles 10 de noviembre del año en curso a horas dos de la tarde en las instalaciones del Penal de Río Seco, exhortando al abogado defensor del investigado para que preste su disposición en acudir a dicha audiencia, caso contrario se llevará a cabo con la asistencia del abogado defensor público penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 85° del Código Procesal Penal. OFICIESE AL INPE y NOTIFÍQUESE
PRISION PREVENTIVA 2
PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA:
“[…]En el caso de la prolongación de la prisión preventiva, el código procesal penal regula las oportunidades y competencias de los jueces expresamente, en esa línea si no las contempla en la etapa de juzgamiento o como función del juez de juzgamiento es que evidentemente el código privilegia garantizar la imparcialidad del juez de fallo que es garantía esencial de la administración de justicia […] no resultaría procedente recurrir al juez de juzgamiento para prolongar una medida de coerción, como la prisión preventiva, toda vez que se le estaría imponiendo conocer el caso fuera del juicio oral”.
“[…] Los únicos supuestos que autorizan al juez de juzgamiento conocer vía incidencia pedidos relacionados a medidas de coerción serian aquellos que no impliquen análisis o revisión de elementos de convicción del delito o de la responsabilidad del imputado forjados en la investigación preparatoria […] se encontraría plenamente facultado para pronunciarse sobre la extinción de la prisión preventiva por vencimiento de plazo […], otro supuesto lo encontramos en el caso de la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva […]”.
“[…] La Sala de Apelaciones dispuso que este colegiado debería de emitir pronunciamiento sobre el fondo aunque dicha resolución fue para un caso concreto y no tiene el carácter vinculante para otros casos resolver declarando improcedente liminarmente el pedido y únicamente motivaría mayor dilación en el trámite, puesto que la Sala conforme a su posición respecto al tema terminaría anulando la resolución que deniegue el pedido liminarmente, por lo que éste colegiado atendiendo al principio de economía procesal emitirá un pronunciamiento sobre el fondo”.
Base Legal: NCPP: Arts. 28.3º, 29.2º, 268º, 271º, 272.2º, 273º, 274.1º, 274.2º, 287.3º, 325º, 350.1.c, 353.3º
ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE CUANDO SE REQUIERE
EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO
JUZGADO PENAL COLEGIADO DE MOQUEGUA
EXPEDIENTE : 00012-2011-65-2801-JR-PE-01
JUECES : PARI TABOADA, RODRIGUEZ BARREDA Y PINO QUISPE
MINISTERIO PÚBLICO : TERCER DESPACHO DE INVESTIGACIÓN
IMPUTADO : MIRANDA VILCA, JHON
AGRAVIADO : BACA ZAPATA, MANOLO GERSON
ESPECIALISTA : HEIDY BERNAOLA PEÑA
Resolución Nº Tres
Moquegua, trece de octubre
VISTOS: la Resolución Nro. 02, de 12.10.2011, expedida por la Sala Penal de Apelaciones; OIDOS: la audiencia de prolongación de prisión preventiva llevada a cabo por este Colegiado con fecha 05.10.2011, que se mantiene vigente al no haber sido anulada por la Sala Penal; y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, liminarmente debe determinarse si este Colegiado debe expedir nuevo pronunciamiento respecto al requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva con nueva audiencia o únicamente sobre la base de la existente en autos, que no fue materia de anulación por la Sala Penal; al respecto el Colegiado concluye que la Sala Penal no ha encontrado causa de nulidad en el desarrollo de la audiencia, tal es así que solo anula la resolución y no así la audiencia, como tampoco ordena la realización de una nueva; para desarrollar nueva audiencia, pese a lo anotado, solo podría realizarse previa declaración de nulidad del mismo, cuya causa no aprecia este Colegiado; en otro extremo podría argumentarse que audiencia y resolución son un todo que no puede disgregarse sin que se destruya la entidad; al efecto, el Colegiado tiene presente lo establecido en el octavo fundamento de la Casación N° 16 – 2009 – HUAURA , de doce de marzo de dos mil diez, donde el Colegiado Supremo hace presente que no toda nulidad de sentencia acarrea inevitablemente la nulidad del juicio oral, dicha conclusión se aplica al caso de autos, puesto que la Sala Penal advierte deficiencia en la resolución y no así en el desarrollo del debate de la audiencia, por lo que el Colegiado procederá a emitir pronunciamiento en base a la audiencia de prolongación de prisión preventiva llevada por este Colegiado.
SEGUNDO: Que, la organización de Estado elegido por el poder constituyente en nuestro país optó por uno democrático, basado en la representatividad y la división de poderes, siendo que a cada poder se le han asignado competencias y funciones específicas que no pueden ser asumidas por otro; así al Poder Legislativo se le ha encomendado principalmente la función de emitir leyes y fiscalizar, en tanto que al Poder Judicial se ha asignado la tarea de administrar justicia aplicando la Ley al caso concreto, en ningún supuesto el Poder Judicial se encuentra facultado para crear, modificar o derogar normas jurídicas, salvo casos en que puede proceder al control difuso, únicamente para el caso concreto; es bajo este marco que el Colegiado interpreta la Constitución y el Código Procesal Penal en materia de prolongación de prisión preventiva.
TERCERO: Que, el nuevo modelo procesal penal vigente en este Distrito Judicial, tiene fundamento constitucional y legal, en el principio acusatorio, este principio garantiza a las partes un juez imparcial; e impone la divisiones de roles y funciones entre todos los sujetos procesales; el primer rol lo desempeña el Ministerio Público encargado de la persecución penal del delito, encontrándose facultado no solo para el desarrollo de la investigación sino también para solicitar a la autoridad judicial la afectación de derechos fundamentales del imputado u otro sujeto procesal, sin embargo, tal función no se desarrolla arbitrariamente sino sujeto al principio de legalidad, esto es, debe desarrollar una investigación respetando el debido proceso, y debe postular las medidas de restricción de derechos fundamentales en forma y en tiempo oportuno, previendo todas las contingencias, con exclusión del caso fortuito y la fuerza mayor; en el otro extremo, encontramos al imputado y su abogado defensor, quienes elegirán una estrategia de defensa frente a los actos de investigación que desarrolla el Fiscal, y de resistencia frente a los requerimientos de restricción de derechos fundamentales; roles completamente opuestos, una parte tiene un objetivo, en tanto que la otra tiene uno distinto y opuesto; es bajo este marco que el primer sujeto procesal recurre al juez, como tercero imparcial, para que decida si su requerimiento es fundado; el Juzgador no puede asumir el rol de ninguna de las partes, no puede reemplazar en sus funciones a ninguna parte, hacerlo evidentemente reflejaría la pérdida de imparcialidad, en consecuencia, ameritaría su apartamiento del caso. Este nuevo modelo exige que el Juzgador tome decisiones en base a lo debatido en audiencia, únicamente en base a lo expuesto en audiencia, esto es, a lo que fue materia de un control por la contraparte, así si una parte señala un hecho, la otra puede refutar o aceptar, sólo existe la información que las partes ingresan a debate, el resto simplemente no existe; sería extraño y causa de nulidad que el tercero imparcial introduzca hechos, primero porque no conoce de los elementos de convicción forjados en la investigación o en la etapa intermedia, no lo dirigió ni estuvo presente en tales actos, y segundo porque resultaría sorpresivo para las partes, ellas asistieron a audiencia y debatieron sobre temas puntales, sin embargo, el tercero que supuestamente debe ser alguien imparcial, termina saliendo con otros, respecto a los cuales nunca hubo contradicción, siendo que tal información inevitablemente llegará a favorecer o perjudicar a alguna de las partes; eso el Colegiado no lo considera correcto.
CUARTO: Que, bajo este marco y previo a emitir pronunciamiento de fondo se hace presente el criterio del Colegiado respecto a si conforme al código procesal penal vigente en este Distrito Judicial, es procedente formular pedido de prolongación de prisión preventiva en la etapa de juzgamiento o es que tal pedido solo puede ser efectuado durante la investigación preparatoria y hasta la etapa intermedia ante el Juez de la Investigación Preparatoria.
QUINTO: Que conforme al artículo 28°.3º del Código Procesal Penal, compete funcionalmente a los juzgados penales dirigir la etapa de juzgamiento, resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del mismo y las demás que establezca el código, en tanto que conforme al artículo 29°.2° del mismo código compete a los juzgados de investigación preparatoria imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria, bajo este marco normativo la autoridad judicial facultada para conocer incidencias derivadas de la restricción de derechos sería el juez de la investigación preparatoria más no así el juez de juzgamiento, el tipo de organización adoptado por el código procesal penal, que distingue competencias funcionales tanto horizontal como verticalmente garantiza un juez de fallo completamente imparcial, cuya convicción respecto a los hechos debe surgir del desarrollo del juicio
do se trata de vicios por defecto de tramitación, producidos en actos precedentes a la misma sentencia en tanto sean insubsanables– es irremediable anular las actuaciones del juicio oral, pues en ellas se sustenta toda sentencia de mérito –artículo 393° del NCPP–.
oral y no de pedidos colaterales de las partes o de actuaciones realizadas en la investigación preparatoria que solo produce elementos de convicción, en esa línea el artículo 325° del Código Procesal Penal señala: “que las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia”, para mantener su imparcialidad el juez de juzgamiento se encontraría prohibido de examinar o revisar los elementos de convicción producidos en la investigación preparatoria o etapa intermedia siendo que infringir tal proscripción implicaría conocer los hechos imputados fuera del juicio oral y vía elementos de convicción, criterio que no resultaría acorde a un sistema acusatorio, e incluso vaciaría de contenido sustancial a la división de funciones entre jueces de investigación preparatoria y jueces de juzgamiento, pues bajo ese criterio si los jueces de juzgamiento pueden conocer pedidos relacionados a la restricción de la libertad personal que son de mayor gravedad, también podrían conocer otros pedidos de menor gravedad, en suma podrían desarrollar funciones de investigación preparatoria. Podría argumentarse que al no atenderse el pedido de una de las partes se atentaría al principio constitucional de acceso a la justicia, sin embargo cabe hacer presente que no todos los derechos son absolutos, en tal sentido los principios constitucionales tienen su desarrollo en leyes, donde se establece la forma de poderlos ejercer. En el caso de la prolongación de la prisión preventiva, el código procesal penal regula las oportunidades y competencias de los jueces expresamente, en esa línea si no las contempla en la etapa de juzgamiento o como función del juez de juzgamiento es que evidentemente el código privilegia garantizar la imparcialidad del juez de fallo que es garantía esencial de la administración de justicia, bajo ese contexto no resultaría procedente recurrir al juez de juzgamiento para prolongar una medida de coerción, como la prisión preventiva, toda vez que se le estaría imponiendo conocer el caso fuera del juicio oral.
SEXTO: Que, por otro lado, conforme al Código Procesal Penal el nuevo proceso penal se encuentra organizado en etapas: investigación preliminar, investigación preparatoria formalizada, etapa intermedia y juzgamiento, en esa línea cabe precisar si en todas las etapas puede realizarse pedidos vinculados a la constitución, modificación, prolongación o extinción de las medidas de coerción; tratándose de la prisión preventiva, el Código Procesal Penal, establece que solo puede postularse una vez formalizada la investigación preparatoria por Fiscalía y solamente hasta la etapa intermedia, conforme lo preceptúa el articulo 353°.3° del Código Procesal Penal, es en esa línea que el citado Código en el título que regula la prisión preventiva esto es artículo 268° y siguientes, en todos los casos hace mención al Juez de Investigación Preparatoria y no al juez de juzgamiento, a mayor abundamiento el artículo 274° del Código Procesal Penal que regula los supuestos de prolongación de la prisión preventiva que establece como supuestos a evaluar la especial dificultad o prolongación de la investigación, criterios que se conocían y muy bien pudieron ser argumentados en la etapa correspondiente y no podrían ser materia de examen por este Colegiado, porque ello llevaría a evaluar los elementos de convicción o actos de investigación, en adición el mismo dispositivo legal en el numeral dos taxativamente prescribe: “el juez de la investigación preparatoria se pronunciará”, en consecuencia no resultaría procedente en esta etapa requerir al Colegiado un pedido que correspondería a la etapa intermedia y al Juez de la Investigación Preparatoria con lo que se ratifica que tal pedido no puede ser atendido por el juez de juzgamiento.
SÉTIMO: Que, los únicos supuestos que autorizan al juez de juzgamiento conocer vía incidencia pedidos relacionados a medidas de coerción sería aquellos que no impliquen análisis o revisión de elementos de convicción del delito o de la responsabilidad del imputado forjados en la investigación preparatoria, en esa línea el Colegiado se encontraría plenamente facultado para pronunciarse sobre la extinción de la prisión preventiva por vencimiento de plazo, conforme al artículo 273° del Código Procesal Penal, otro supuesto lo encontramos en el caso de la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva contemplada en el artículo 287°.3° del Código Procesal Penal, en el primer caso el análisis se restringe únicamente a verificar el vencimiento de plazo, en tanto que en el segundo caso el análisis se limita a verificar el cumplimiento de las reglas de conducta, en ninguno de los casos conoce de elementos de convicción del delito o de la responsabilidad del procesado, manteniéndose así incólume su imparcialidad.
OCTAVO: Que, podría argumentarse que en otros distritos judiciales donde no se encuentra vigente este modelo, se permite regularmente la prolongación de la prisión preventiva en juzgamiento, si bien dicho argumento puede ser usado como método de interpretación histórica, el análisis debe ir más allá, en este modelo existe una etapa intermedia bastante rigurosa, lo que no existía en la legislación anterior, así ahora al Juez de la Investigación Preparatoria se le permite no solo el control formal sino también el sustancial de la acusación, así como verificar la subsistencia de las medidas de coerción, lo que antes no existía; así se aprecia que este nuevo modelo resulta más exigente para las partes. También podría argumentarse que la prisión preventiva debe garantizar la presencia del imputado para el resultado de la impugnación de la sentencia de primera instancia, que eventualmente podría ser una nulidad, al efecto, como en la anterior legislación no había norma expresa el Tribunal Constitucional terminó validando tal posibilidad, sin embargo en el nuevo modelo existe norma taxativa que regula tal supuesto, artículo 274.4 del Código Procesal Penal, etapa en la que el juez de juzgamiento al haber conocido a plenitud el hecho y las pruebas, puede conocer la prolongación efectuada por la parte sin que exista peligro de contaminación. En consecuencia estas posturas, tampoco autorizarían la prolongación en esta etapa.
NOVENO: Que, si bien éste es el criterio del Colegiado, el mismo no es compartido por la Sala de Apelaciones, puesto que en similar supuesto que se presentó en otros expedientes, la Sala de Apelaciones dispuso que este colegiado debería de emitir pronunciamiento sobre el fondo aunque dicha resolución fue para un caso concreto y no tiene al carácter vinculante para otros casos resolver declarando improcedente liminarmente el pedido únicamente motivaría mayor dilación en el trámite, puesto que la Sala conforme a su posición respecto al tema terminaría anulando la resolución que deniegue el pedido liminarmente, por lo que este colegiado atendiendo al principio de economía procesal emitirá un pronunciamiento sobre el fondo.
DÉCIMO: Que, el señor Fiscal en audiencia solicita la prolongación de la prisión preventiva contra el imputado Jhon Miranda Vilca por el plazo de treinta días, sustenta su pedido en el artículo 274°.1° del Código Procesal Penal, señala que dicho pedido procede cuando se presenta una prolongación de la investigación en trámites, así como la sustracción del acusado al proceso, señala también que mediante disposición numero uno de fecha trece de enero del dos mil once se formaliza la investigación preparatoria contra el acusado llevándose a cabo la investigación por el plazo de ciento veinte días, siendo que con fecha catorce de junio del dos mil once se presenta la acusación y que recién con fecha doce de setiembre del dos mil once se dicta auto de citación a juicio oral el día diecisiete de octubre del presente año, siendo que la prisión preventiva por nueve meses dictado mediante resolución número dos de fecha catorce de enero del presente año vencerá antes de que se realice el juicio oral por lo que existe fundamento para la prolongación, por otro lado señala que dentro del proceso se ha acreditado que existen fundados y graves elementos de convicción del delito y la responsabilidad del acusado, hay actas de arresto ciudadano, que se ha producido la sustracción del bien, que el agraviado fue agredido físicamente lo que se advierte del certificado médico legal, que existe pluralidad de agentes, que se cometió durante la noche; siendo que los hechos se suscitaron el día doce de enero del dos mil once cuando el agraviado se encontraba caminando por la Avenida veinticinco de noviembre siendo interceptado por el acusado y otro sujeto cuyos datos de identidad no se conocen, golpeándolo con una piedra rebuscándole los bolsillos llegando a sustraer sus audífonos, quien luego de la fuga es intervenido mediante arresto ciudadano, lo que evidencia que la prognosis de pena será superior a cuatro años de pena privativa de la libertad, así mismo que existe peligro de fuga lo que se ha establecido en la resolución que dicta de prisión preventiva la que fue materia de confirmación por el superior en grado; que no existe arraigo por la pena a imponer al acusado, por la importancia del daño resarcible que hasta la fecha no ha sido satisfecho y por el comportamiento advertido en la resolución que dicta prisión, que por otro lado señala que la prisión preventiva sirve no solo para la investigación preparatoria sino también para la etapa intermedia y el juicio oral donde se expide la sentencia que de ser condenatoria debe ejecutarse; corrido traslado a la defensa del acusado señala que el juzgado ha fijado muy rápido la audiencia de prolongación de prisión preventiva toda vez que el requerimiento fiscal ingresó el cuatro de octubre del dos mil once y la resolución se dicto también el cuatro de octubre del dos mil once, siendo que también ese mismo día se le notificó con la convocatoria para la sesión de la audiencia, que no existe una igualdad de armas y no se ha respetado el derecho de defensa ya que el tiempo que se le ha dado es muy poco para prepararse, que si Fiscalía manifiesta que existe peligro de que pueda eludir la acción de la justicia no es su responsabilidad como tampoco que se haya programado el juicio oral para el diecisiete de octubre del presente año, que Fiscalía no ha sustentado objetivamente el peligro de fuga, tampoco ha probado fehacientemente que exista pluralidad de agentes pues al otro sujeto que se señala participó no se tiene mayores datos, que no se trata de un delito consumado sino de tentativa porque no se han sustraído los bienes, a lo que el Ministerio Público refutó que ya en la resolución que dicta prisión preventiva se ha apreciado que existe peligro de fuga, está en esa resolución que no existe arraigo por la gravedad de la pena, personalidad del sujeto, la importancia del daño resarcible, por el comportamiento del sujeto, puede eludir la acción de la justicia.
ONCEAVO: Que, conforme al artículo 274°.1° del Código Procesal Penal “cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2° del artículo 272°” del Código Procesal Penal; de lo expuesto se advierte que este pedido solo puede ser efectuado cuando se presenta dos supuestos normativos; el primero estaría dado porque se presente una especial dificultad [del proceso, según la Sala de Apelaciones] y el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia; y el segundo supuesto, cuando se presente una prolongación de la investigación y el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia; siendo que cuando Ministerio Público ha sustentado su pedido, ha optado por adecuar su pedido a uno de estos supuestos, eligiendo la existencia de prolongación de la investigación y riesgo de sustracción a la acción de la justicia; sin embargo, a lo largo de su intervención no ha expuesto los actos de investigación llevados a cabo durante la investigación preparatoria que habrían motivado la existencia de prolongación de la investigación, como tampoco ha expuesto los actos procesales que hayan ameritado una prolongación de la etapa siguiente; esto es, de la etapa intermedia; siendo que, su pedido lo ha sustentado en que existirían fundados y graves elementos de la comisión del delito y la responsabilidad así como que existe peligro de fuga y que los mismos fueron establecidos en la resolución que dicta prisión preventiva, lo cual es evidente puesto que se dictó tal resolución, sin embargo, los mismos no resultan ser presupuestos para dictar la prolongación de la prisión preventiva, sino presupuestos para que se dicten prisión preventiva, quedando claro para el Colegiado que si un magistrado dictó prisión preventiva es que efectivamente en su momento concurrieron tales supuestos, lo mismo ocurriría con el supuesto sustentado por Fiscalía en el sentido de que la pena a imponer es superior a cuatro años de pena privativa de la libertad. Fiscalía también sustenta su pedido en que su acusación ingresó el catorce de junio y que recién se dicta auto de citación el doce de septiembre, sin embargo, olvida mencionar que la audiencia de control de acusación se llevo a cabo el primero de septiembre del dos mil once, esto es, próximo a vencerse el plazo de la prisión, puesto que éste vencería en el mes de octubre, lo que evidencia que Fiscalía optó por no solicitar oportunamente la prolongación de la prisión preventiva ante el Juez de la Investigación Preparatoria, siendo que, conforme al artículo 353°.3° del Código Procesal Penal, el Juez de la Investigación preparatoria si resulta necesario de oficio o según el pedido de parte formulado conforme a lo dispuesto en el numeral 1°, literal c) del artículo 357° y 350° del Código Procesal Penal, puede pronunciarse de la subsistencia de las medidas de coerción; lo que era plenamente previsible y no esperar hasta que el proceso se encuentre ante el Juez de juzgamiento y próximo a vencerse el plazo de la prisión preventiva para ingresar el requerimiento respectivo; en todo caso el Colegiado considera que si el Ministerio Público no ingresó la prolongación de la prisión preventiva en la etapa intermedia junto con la acusación o antes de la expedición del auto de enjuiciamiento porque no advirtió hasta esa etapa, prolongación de la investigación, pues de haberse advertido ello evidentemente hubiera postulado la prolongación de la prisión preventiva, lo que lleva a evaluar si después de emitido el auto de enjuiciamiento, a la fecha, se presenta prolongación de la investigación, al respecto se tiene presente que durante la exposición de Ministerio Público no se ha expuesto acto procesal alguno que represente prolongación de la investigación, supuesto que tampoco podría haberse presentado, toda vez que la investigación preparatoria habría concluido antes de la presentación de la acusación; por lo que el pedido del Ministerio Público deviene en infundado. En este extremo debe puntualizarse que Fiscalía optó por sustentar su pedido en el supuesto de prolongación de la investigación, lo que no pudo acreditar en el debate oral.
DOCEAVO: Que, para la concesión de la prolongación de la prisión preventiva, como se ha expuesto deben concurrir copulativamente dos supuestos, para el caso de la tesis sustentada por Fiscalía, prolongación de la investigación y riesgo de que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia; respecto al examen para la concesión debe verificarse un análisis progresivo, esto es, solo de presentarse el primer supuesto, puede analizarse si también concurre el segundo; no resultando para nada lógico ni práctico, ponerse a analizar el segundo si el primero no concurre, puesto que no estamos ante supuestos alternativos sino copulativos; análisis que también se realiza para determinar si determinado hecho constituye delito, así, cuando estamos frente a un hecho, primero debemos determinar si estamos ante una acción, de ser así, entramos al análisis de la tipicidad, luego de la antijuricidad y culpabilidad, análisis que también se realiza progresivamente, de nada serviría analizar si un hecho, que no es acción, es típico o no, o si presenta alguna causa de justificación o exculpación. En el caso concreto el Colegiado concluye que en el requerimiento postulado por fiscalía no se presenta el primer presupuesto, esto es, no existe prolongación de la investigación, bajo ese marco, no resultaba relevante el análisis de si el imputado podría sustraerse a la acción de la justicia; empero, la Sala Penal es del criterio contrario, esto es, aún así debe verificarse si concurre o no el segundo presupuesto.
TRECEAVO: Que, respecto al segundo presupuesto, la Fiscalía ha señalado al sustentar en audiencia su requerimiento que existe peligro de fuga ya que se ha establecido en la resolución que dicta prisión preventiva que no existe arraigo por la pena a imponer al Acusado, por la importancia del daño resarcible, que hasta la fecha no ha sido satisfecho, por el comportamiento advertido en la resolución que dicta prisión; que está en esa resolución que no existe arraigo por la gravedad de la pena, personalidad del sujeto, la importancia del daño resarcible, y por el comportamiento del sujeto; argumentos que fueron contradichos por el abogado del Acusado, quien ha señalado que fiscalía no sustenta en qué consiste el peligro de fuga, que estamos ante un delito en grado de tentativa. Que, analizando el sustento efectuado por Fiscalía en audiencia, no puede concluirse válidamente que aún exista peligro de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la Justicia, puesto que su fundamentación en bastante vaga, el hecho de que al Acusado se le impute el delito de robo agravado en grado de tentativa, por sí no significa que aún exista peligro de fuga, deben analizarse y verificarse elementos de convicción concretos que lleven a la conclusión de que el imputado inevitablemente eludirá la acción de la justicia, elementos que no han sido precisados con minuciosidad por Fiscalía; Ministerio Público solo por el hecho de que se dictó prisión preventiva concluye que persiste peligro de fuga, lo que conforme al ordenamiento adjetivo no es así, tratándose de este tipo de requerimientos, la Fiscalía debe acreditar con suficiencia que el inicial peligro advertido aún se mantiene, ojo no estamos en el análisis de un pedido de cesación de prisión preventiva donde el imputado debe acreditar que la situación inicial ha cambiado, que el peligro ha cesado; en la prolongación de la prisión preventiva la prueba de que aún se mantiene el peligro de fuga corre por cuenta de Fiscalía, lo que para el caso concreto no ha logrado acreditar en audiencia, por lo que por este motivo, también debe desestimarse el requerimiento fiscal.
CATORCEAVO: Que la defensa del acusado temerariamente sostiene que se le ha recortado su derecho de defensa así como a un derecho a la igualdad procesal al haberse fijado la audiencia el mismo día en que se ingresó el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva y señalándose fecha para el día siguiente; puesto que conforme al artículo 274°.2° del Código Procesal Penal, el juez de la investigación preparatoria debe pronunciarse respecto al pedido de prolongación de prisión preventiva dentro del tercer día de presentado el requerimiento; esto es no debe esperarse tres días para señalarse fecha sino debe señalarse la fecha dentro de los tres días, en consecuencia el colegiado al haber fijado dentro del plazo legal estaba cumpliendo una norma imperativa de cumplimiento no sólo para el colegiado sino también para las partes, siendo que tal acto no podría significar ningún tipo de vulneración sino más bien el cumplimiento del debido proceso. Fundamentos por los cuales se resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva postulado por el Ministerio Público contra el acusado Jhon Miranda Vilca, exhortar al abogado de la defensa por ésta única vez a efectos de que ejerza sus atribuciones a lo normado por el Código Procesal Penal.
SE RESUELVE: Declarar INFUNDADO el requerimiento de prolongación de prisión preventiva postulado por el Ministerio Público contra el acusado Jhon Miranda Vilca. Exhortar al abogado de la defensa por única vez a efectos de que ejerza sus atribuciones conforme a lo normado por el Código Procesal Penal.
PRISIÓN PREVENTIVA: 2
Lunes, 22 Junio 2015 17:10
“[…] Se ha logrado evidenciar razonablemente la comisión de un delito, específicamente el delito de Robo Agravado […] Se considera también que de tales actuaciones preliminares se ha evidenciado razonablemente la participación del investigado en tales hechos”.
“[…] La pena establecida para el delito materia de imputación es elevada siendo el mínimo de doce años de pena privativa de libertad por cuya razón en teoría, es imposible este nivel de investigación presumir que podría imponerse en caso se expida sentencia, una pena inferior a cuatro años, más aun si no se ha alegado ni se acreditado la existencia de circunstancias atenuantes u otras a tenerse en cuenta en la determinación judicial de la pena”.
“[…] La norma procesal exige entre otros para calificar sobre todo el peligro de fuga […] el arraigo en el país del imputado, así como las facilidades para abandonar definitivamente el país; en este extremo el Juzgado considera que dada la condición de nacionalidad ecuatoriana del investigado, éste definidamente cuenta con todas las facilidades para abandonar el Perú”. Base Legal: CP: Arts. 188º, 189º; NCPP: Arts. 268º, 269º, 270º
EXPEDIENTE : 293-2010-02-JIPZ
IMPUTADO : KELVIN DOUGLAS CAMPOVERDE SOSORANGA AGRAVIADO : JUAN JOSÉ HURTADO MARTINEZ.
ASISTENTE DE CAUSAS : FABY MERCADO SANDOVAL
ASISTENTE DE AUD. : VÍCTOR ENRIQUE ODAR BARRETO
PRESUPUESTOS MATERIALES PARA SU IMPOSICIÓN
Zarumilla, cinco de octubre Del año dos mil diez
VISTOS los actuados, oídos los alegatos de las partes en audiencia pública, Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que mediante escrito de folios 69 y siguientes, el señor fiscal de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Zarumilla, solicita a este Juzgado se dicte mandato de prisión preventiva contra el ciudadano ecuatoriano KELVIN DOUGLAS CAMPOVERDE SOSORANGA, respecto de quien ha formalizado investigación preparatoria como presunto autor del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de JUAN JOSÉ HURTADO MARTINEZ; proceso en el cual se tiene como objeto de investigación la imputación efectuada contra KELVIN DOUGLAS CAMPOVERDE SOSORANGA, en el sentido que con fecha 23 de septiembre del 2010 a horas 7:30 p.m. aproximadamente junto a otras dos personas con quienes se desplazaba a bordo de una motocicleta, utilizando arma de fuego interceptaron al mencionado agraviado y tras amenazarlo le despojaron de sus pertenencias, como son equipo celular, dinero en efectivo, así como documentos personales.
SEGUNDO.- Como fundamentos de su requerimiento el señor Fiscal alega en esta audiencia que concurren los presupuestos de ley para amparar su petición, ya que según refiere en la investigación preliminar se han incorporado elementos de convicción fundados y graves que acreditan la comisión del delito y la vinculación con el investigado, tal es el caso de las actas de denuncia verbal, actas de intervención, actas de reconocimiento fotográfico, declaración de la parte agraviada, así como la declaración de testigos quienes han referido haber sido víctimas también de hechos delictivos por parte del imputado; señala así mismo que la pena probable a imponer en este caso, es superior a cuatro años de privación de libertad por cuanto conforme al artículo 189º del Código Penal, la pena mínima conminada es de doce años de privación de libertad; y finalmente señala que existe también peligro procesal, por cuanto el investigado no tiene arraigo domiciliario en el país al no precisar su dirección domiciliaria, tampoco cuenta con actividad laboral conocida; señala también que según informes de la Policía Ecuatoriana el investigado registra procesos por similar delito en dicho país, e incluso a la fecha se encuentra gozando del beneficio de semi libertad que le fuera concedido oportunamente, y finalmente señala que existe también peligro de fuga dada la gravedad de los hechos y la penalidad correspondiente, solicita por tanto se declare fundada su solicitud.
TERCERO.- La defensa del investigado por su parte ha señalado en primer lugar que en cuanto a los hechos materia de imputación no existe flagrancia delictiva, por cuanto habrían ocurrido el día 23 de septiembre del año 2010, y según el acta de intervención policial a su defendido solamente se le encontró su cedula de identificación y otros documentos personales, señala así mismo que en este caso salvo la moto, no se acredita la preexistencia de los demás bienes presuntamente robados; que el agraviado JUAN JOSÉ HURTADO MARTINEZ, habría incurrido en contradicción al rendir su declaración, por cuanto señala que su patrocinado habría llegado cuando los otros sujetos le estaban quitando sus pertenencias, por lo que considerara que no se le puede involucrar al no haberse acreditado el concierto previo para la comisión de tal hecho delictivo; señala también tener información respecto a que la moto presuntamente robada a Leonardo Agurto Zapata, habría sido robada en fecha distinta a la que menciona en esta oportunidad, pues le habrían referido que el autor del tal hecho sería un conocido como “Chilalo”, y finalmente en cuanto a las actas de reconocimiento según sostiene éstas habrían sido inducidas.
En segundo lugar refiere que efectivamente la penalidad para el delito materia de investigación es elevada; sin embargo considera que al no existir vinculación entre el investigado y los hechos denunciados la pena no sería posible de imponer.
En tercer lugar en cuanto al peligro procesal señala que su patrocinado cuenta con un certificado domiciliario el que si bien no ha sido expedido por Notario Público, lo fue por el Juez de Paz y en donde se deja constancia que este reside en la calle Huascar S/N de esta localidad, así mismo refiere que conforme lo ha manifestado en su declaración respectiva su patrocinado se desempeña como obrero en la chacra de propiedad de su amigo en Uña de Gato y que actualmente vive en compañía de su conviviente con quien no tiene hijos.
Señala finalmente que el investigado debe ser juzgado por sus actos y no por sus antecedentes, pues si bien ha sido en oportunidad anterior procesado y sentenciado ello puede obedecer a un error por lo que en todo caso será en dicho proceso donde se revoque o se tome las medidas del caso respecto al beneficio de semilibertad que le fuera concedido, solicita que se declare infundado el requerimiento fiscal y se disponga mandato de comparecencia restrictiva, pues considera que en este caso particular no se justifica la medida solicitada, y su patrocinado bien puede ser procesado en libertad.
CUARTO.- Conforme a nuestro ordenamiento jurídico la prisión preventiva constituye una medida provisional que procede ante la concurrencia de los presupuestos o requisitos contemplados en el artículo 268º del Código Procesal Penal vigente, esto es la existencia de elementos fundados y graves sobre el delito y la participación del investigado en el mismo, la pena probable superior a cuatro años de privación de libertad, y finalmente el peligro procesal entendido como la posibilidad de fuga y de obstaculización a la investigación habida en el procesado.
En tal sentido a efectos de resolver el requerimiento materia de audiencia es del caso analizar los alegatos expuestos por las partes así como los elementos de convicción incorporados previo a esta audiencia y determinar si concurren o no los presupuestos ya señalados.
QUINTO.- Respecto al primer presupuesto, se advierte de lo expuesto por las partes y diligencias preliminares que se ha incorporado a la investigación los siguientes elementos de convicción:
- La declaración del presunto agraviado JUAN JOSÉ HURTADO MARTINEZ, quien ha referido que en circunstancias que se desplazaba por la altura del colegio Chilimasa de Aguas Verdes, fue interceptado por una moto lineal en la que se desplazaban tres sujetos, quienes la obligaron bajo amenaza con arma de fuego a detenerse, que al estar detenido bajaron de la moto dos sujetos, uno de ellos con arma de fuego con la que lo amenazaba mientras que el otro procedió a sustraerle y buscarle en sus bolsillos sus pertenencias, finalmente señala que el sujeto que estaba en la moto, era un moreno y además decía “metele un balazo”.
- El acta de reconocimiento de folios 19, la misma que se ha llevado a cabo con las formalidades y garantías de ley, al estar presente el representante del Ministerio Público, además del Abogado Defensor del investigado, letrado Pedro Estali Benítes Sánchez, según aparece del acta respectiva; además según se aprecia en la referida acta, el agraviado ha proporcionado las características físicas de la persona que habría cometido el hecho en su agravio, a quien describe como moreno, alto, de contextura gruesa, sindicando que este manejaba la moto.
- La declaración de Rosa María Asunción Sánchez, obrante a folios 35 quien ha referido también haber sido víctima de robo de sus pertenencias a la altura del Grifo de “La Curva”, precisando además que uno de los sujetos que cometió el ilícito en su agravio es moreno de 1.70 mts. de altura aproximadamente y tenía un tatuaje en el brazo derecho.
- Acta de reconocimiento de folios 41, efectuado por Rosa María Asunción Sánchez llevada a cabo también en presencia de Fiscal y del Abogado Defensor del investigado.
Con tales elementos de convicción el Juzgado considera que se ha logrado evidenciar razonablemente la comisión de un delito, específicamente el delito de Robo Agravado, pues según la descripción e información proporcionada, el hecho habría sido cometido mediante el uso de la amenaza al utilizar un arma de fuego y también con el concurso de más de dos personas, circunstancia que encaja en la hipótesis jurídica contemplada en el articulo 188º concordante con el artículo 189º del Código Penal.
Se considera también que de tales actuaciones preliminares se ha evidenciado razonablemente la participación del investigado en tales hechos, pues no solo ha sido reconocido por la parte agraviada, sino que además se ha precisado el rol que ha desempeñado en el evento criminoso, habiéndose en primer lugar proporcionado las características físicas que contrastadas con las correspondientes al investigado son coincidentes, por lo que resulta lógico sostener que si existe una vinculación con el hecho materia de imputación.
Se ha cuestionado en esta audiencia la inexistencia de flagrancia delictiva, sin embargo debe precisarse que el investigado y así se advierte de los alegatos del Ministerio Público, no ha sido puesto a disposición de este juzgado alegándose tal circunstancia, pues oportunamente el Juzgado ha emitido previo requerimiento fiscal, una orden de detención preliminar, la misma que conforme a nuestro ordenamiento procesal procede precisamente cuando alguien se encontraría en hechos delictivos y no exista flagrancia.
Respecto al alegato de que las actas de reconocimiento serian inducidas, el Juzgado considera que a este nivel de investigación no puede pronunciarse invalidando dichos elementos de convicción, por cuanto como se reitera estos han sido realizados con la garantía de ley, sobre todo en la presencia de un Abogado Defensor de libre elección del investigado, circunstancia que lejos de restarle credibilidad, le otorga mayor eficacia probatoria a merito de lo establecido en el articulo 189º inc, 3 del Código Procesal Penal.
SEXTO.- En cuanto al segundo presupuesto, es evidente conforme han coincidido ambas partes en sus alegatos la pena establecida para el delito materia de imputación es elevada siendo el mínimo de doce años de pena privativa de libertad por cuya razón en teoría, es imposible este nivel de investigación presumir que podría imponerse en caso se expida sentencia, una pena inferior a cuatro años, más aún si no se ha alegado ni se acreditado la existencia de circunstancias atenuantes u otras a tenerse en cuenta en la determinación judicial de la pena.
SÉTIMO.- En cuanto al tercer presupuesto, si bien es cierto se alega e incluso se ha presentado documento en esta audiencia sobre el domicilio del investigado, así como se hace referencia verbal sobre la ocupación, sin embargo es del caso resaltar que el propio imputado al proporcionar sus datos de identificación al inicio de audiencia, duda al respecto en la indicación de su domicilio y lo proporciona luego de manera imprecisa; por otro lado en cuanto a la ocupación habitual solo existe su declaración unilateral, en tal sentido no siendo corroborado con otro elemento de convicción útil y conducente, en tal sentido debe precisarse que la norma procesal exige entre otros para calificar sobre todo el peligro de fuga, entre otros indicadores el arraigo en el país del imputado, así como las facilidades para abandonar definitivamente el país; en este extremo el Juzgado considera que dada la condición de nacionalidad ecuatoriana del investigado, este definidamente cuenta con todas las facilidades para abandonar el Perú, pues dado el nulo control fronterizo es imposible evitar su pase a dicho país, lo cual constituye además su derecho, presumiéndose que atendiendo sobre todo a la gravedad de la pena probable opte por esta opción, pues si bien ha referido tener en este país una conviviente a criterio de este Juzgado ello no es suficiente para considerar que tiene arraigo en este país, más aún si conforme a su propia declaración no tiene hijos con dicha conviviente.
OCTAVO.- Que la prisión preventiva debe decretarse su carácter excepcional en aquellos hechos que así lo justifiquen, siendo que este Juzgado considera que a la luz de las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público, la medida solicitada resulta útil a los fines de la investigación, además de ser proporcional y razonable a la gravedad de las imputaciones, sin embargo es de precisar también que conforme nuestra norma procesal puede ser objeto de variación conforme al decurso procesal.
Por estas consideraciones, con la facultad conferida por la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo prescrito por el artículo 188°, 189° del Código Penal, así como los artículos 268°, 269° y 270° del Código Procesal Penal, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Zarumilla, SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FUNDADO el requerimiento efectuado a este despacho por el Ministerio Público, Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla, mediante escrito de folios 69 y siguientes, sustentado oralmente en audiencia del día de la fecha, en consecuencia.
2.- DICTAR MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA contra el ciudadano ecuatoriano KELVIN DOUGLAS CAMPOVERDE SOSORANGA, en la investigación preparatoria que se le sigue como presunto autor del delito CONTRA PATRIMONIO en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de JUAN JOSÉ HURTADO MARTINEZ.
3.- ORDENAR EL INTERNAMIENTO del investigado KELVIN DOUGLAS CAMPOVERDE SOSORANGA, en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Pizarro - Tumbes, debiendo girarse en el día la papeleta de ingreso respectiva.
4.- DISPONER que la Policía Nacional del Perú – Comisaría PNP Sectorial de Zarumilla, traslade al investigado en mención, hasta el establecimiento penitenciario, debiendo tomar las medidas de seguridad que el caso amerite y dar cuenta a este Juzgado una vez cumplido el mandato. Notifíquese.
PRISIÓN PREVENTIVA: 1
Lunes, 22 Junio 2015 17:09
“[…] Empero esta acta de intervención policial que obra a folios uno, en realidad carece de las formalidades para su valoración correspondiente y por ende sus efectos probatorios válidos dentro de una investigación, más aún si se trata de sustentar con esta acta de intervención policial una privación de libertad; es decir, se trata de un acta de intervención policial firmado solamente por Braulio Pilco Vela y no por quienes indica el contenido del acta de intervención policial”.
“[…] De igual manera el acta de prueba de campo e incautación, resulta incoherente con los formularios de cadena de custodia que han sido enunciados acorde a la verificación de la carpeta fiscal en los cuales no se ha consignado esa cantidad de alcaloide de cocaína que inicialmente se indica”.
“[…] En cuanto al tercer presupuesto [peligro de fuga] resulta sustancial tomar en cuenta en este momento, que los imputados […] como lo ha sostenido el Ministerio Público en su requerimiento escrito, están en condición de internos del Establecimiento Penal Puno -Ex Yanamayo, como tal se desvirtúa por si solo el peligro de fuga, de que puedan eludir la acción de la investigación fiscal y por ende obstaculizar o perturbar los fines de la investigación, pues bastará con que ellos sean citados para que sean puestos a disposición de la autoridad fiscal o de la autoridad judicial las veces que puedan ser requeridos”.
Base Legal: CP: Arts. 296º, 297.4º; NCPP: Arts. VIII, 65º, 220º, 268º, 286.1º, 286.2º, 287.1º, 318º
EXPEDIENTE : 895-2011-37-2101-01
IMPUTADOS : NAEL OJEDA PISCO Y JUAN GUILLERMO INFANTAS LUCANO
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO
ESPECIALISTA : ZULEMA ALATRISTA VIZCARRA
AUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS MATERIALES PARA SU IMPOSICIÓN
DELITO : PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Puno, siete de julio
En torno al requerimiento de prisión preventiva y bajo los siguientes FUNDAMENTOS:
PRIMERO.- Que la prisión preventiva deviene en una medida de coerción personal, que tiene por finalidad en la etapa de investigación preparatoria, el de garantizar propiamente la investigación fiscal que busca el esclarecimiento de los hechos, por ende llegar en su momento a establecer con certeza en torno a la realidad del hecho ilícito, la vinculación de los imputados con ese hecho ilícito, así como recabar los elementos de convicción que puedan sustentar esa posibilidad; contrariamente también acorde a los actos de investigación que realiza el Ministerio Público, podrían optar objetivamente por descartar la existencia de un hecho ilícito o la vinculación de imputados con ese hecho ilícito, asimismo esta medida de coerción a futuro busca garantizar una decisión definitiva, razón por la cual se exige que al momento de emitir la decisión, se considere estas medidas como de última ratio; es decir, que sea lo necesario y no exista otro mecanismo que permita cumplir con esas finalidades, a más de que por medio se ventila la posible afectación de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad, asimismo cabe señalar de que en la prisión preventiva, se debe cumplir con ciertos parámetros de concurrencia obligatoria y éstos están previstos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, básicamente referidos a que deben existir suficientes elementos de convicción; pero que sean graves y fundados; es decir, no cualquier elemento de convicción en torno a la realidad del hecho ilícito así como a la vinculación de los imputados con ese hecho ilícito; por otro lado se hace referencia a la prognosis de pena, en la eventualidad de que a futuro de emitirse una sentencia condenatoria, la pena a imponerse pueda ser superior a los cuatro años y finalmente el presupuesto de peligro procesal en realidad tiene un desarrollo amplio toda vez de que por un lado abarca el peligro de fuga y por otro el peligro de obstaculización; dentro del peligro de fuga obviamente el Juzgador tiene que analizar si los imputados tienen arraigo familiar, arraigo domiciliario, arraigo laboral, si la pena que se espera puedan recibir, sea gravosa, asimismo el comportamiento o la conducta que los imputados estén mostrando en lo que va de la investigación y en cuanto al peligro de obstaculización obviamente como su nombre lo indica que los imputados puedan perturbar u obstaculizar la investigación fiscal, ya sea mediante influencias u otros mecanismos que permitan precisamente advertir este peligro procesal en aras de una investigación, no está demás señalar de que hay principios de carácter constitucional al momento de analizar este tipo de medidas y este principio es básicamente el Principio de Excepcionalidad; es decir, la prisión preventiva como última ratio, la libertad como regla general y la privación de la libertad como excepción; esta medida tiene que ser razonable, proporcional y obviamente cuando no medie flagrancia el único que lo puede disponer es la autoridad judicial.
SEGUNDO.- Bajo estos presupuestos normativos y analizando en concreto, los alcances vertidos por el Ministerio Público así como por la Defensa Pública, se tiene como hechos que son materia de investigación en concreto, que estos habrían acontecido el seis de noviembre del dos mil diez a horas seis con cinco de la mañana aproximadamente en el Establecimiento Penal de Puno, en el interior, esto en la celda que ocupaban los internos Juan Guillermo Infanta Lucano y Nael Ojeda Pisco, hechos que derivan de un operativo inopinado realizados por los agentes penitenciarios en la celda trece del primer nivel, encontrando un celular Motorola así como una sustancia pardusca con olor a kerosene, que inicialmente se indica tendría un aproximado de ciento cincuenta gramos de peso, que estarían envueltos en un plástico de color rojo y blanco, ante ello se habría comunicado de este hecho al Ministerio Público, quienes posteriormente hicieron la constatación, encontrando colillas de cigarro, palitos de fósforo así como el alcaloide de cocaína que se alude debajo de un colchón, específicamente refiere del interno Nael Ojeda Pisco, se habría procedido al recojo de la evidencia, asimismo a la prueba de campo y pesaje, dando finalmente un peso total de ochenta y dos gramos de alcaloide de cocaína, esto también corroborado con el reactivo de thiocynato de cobalto, estos hechos han sido subsumidos liminarmente por el Ministerio Público como delito contra la Salud Pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas en su forma de Promoción al Consumo Ilegal de Drogas Tóxicas mediante Actos de Tráfico Agravado acorde al inciso 4) primer párrafo del artículo 297° en concordancia con el primer párrafo del artículo 296° como tipo base del Código Penal.
TERCERO.- En torno a los presupuestos para dictar prisión preventiva, iniciando con los elementos de convicción que deben ser graves y fundados; el Ministerio Público ha aludido al acta de intervención policial que según aduce se ha realizado por comunicación del Instituto Nacional Penitenciario; es decir, de este Establecimiento Penal de Puno Ex – Yanamayo; empero esta acta de intervención policial que obra a folios uno, en realidad carece de las formalidades para su valoración correspondiente y por ende sus efectos probatorios válidos dentro de una investigación, más aún si se trata de sustentar con esta acta de intervención policial una privación de libertad; es decir, se trata de un acta de intervención policial firmado solamente por Braulio Pilco Vela y no por quienes indica el contenido del acta de intervención policial, se hace alusión a representantes del Ministerio Público Juan Salomón Bartolo Serrano, Henry Flores Cuadros y Manuel Aquino Flores además del defensor público Roger Apaza Calsina y de los propios internos Nael Ojeda Pisco y Juan Guillermo Infantas, cuyas firmas no aparecen en esta acta de intervención policial; por tanto estimamos que no cumpliendo con las formalidades mínimas para su valoración, de modo alguno pueden comprender esta acta de intervención policial como una prueba legítima o elemento de convicción legítimo acorde al contenido del artículo 8° del Título Preliminar del Código Procesal Penal, pues dicho artículo que sirve de parámetro de interpretación del resto normativo del mismo Código, señala que todo medio de prueba, el cual se entiende genéricamente a los elementos de convicción, serán valorados solo si han sido obtenidos e incorporados a través de un procedimiento constitucionalmente legítimo y que cualquier elemento de convicción que no cumpliere con las garantías procesales y sustanciales, carecen de efecto legal; por tanto no podemos sostener que esta acta de intervención policial tenga la calidad de elemento de convicción grave y fundado, asimismo cabe señalar que la noticia del delito habría sido comunicada por el Instituto Nacional Penitenciario, indican a la Policía y que la Policía también habría comunicado al Ministerio Público, en todo caso también se habría comunicado al Ministerio Público como así se ha hecho entender; al respecto el artículo 65° del Código Procesal Penal en torno a la investigación del delito y referente a la intervención del Ministerio Público, señala que el Fiscal en cuanto tenga noticia del delito, realizará las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional; al respecto no existen estos comunicados iniciales a más de que el inicio de la investigación preliminar, se hace después de más de cinco días de conocida la noticia criminal; es decir, se han realizado actos de investigación preliminar no comprendidos dentro de la vigencia formal de la investigación preliminar, es más en algunos de ellos se ha verificado acorde a la carpeta fiscal, no aparece la firma de un abogado defensor; por tanto estimamos de que ello también contradice en esencia, el derecho de defensa que desde el primer momento debe ser garantizado en favor de todo imputado, no olvidemos que el derecho de defensa acorde al artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, es irrestricto y obliga al Ministerio Público y a la propia Policía Nacional del Perú desde las primeras diligencias; promover la participación de un abogado defensor que garantice el derecho de los intervenidos o de quienes se sospecha la comisión de un ilícito penal; el informe 019-2010 emitido por el INPE alude en concreto a la comunicación de la noticia criminal que está ligada al acta de intervención policial, de igual manera el acta de prueba de campo e incautación, resulta incoherente con los formularios de cadena de custodia que han sido enunciados acorde a la verificación de la carpeta fiscal en los cuales no se ha consignado esa cantidad de alcaloide de cocaína que inicialmente se indica sería de ciento cincuenta gramos aproximadamente y posteriormente acorde al pesaje, resultaría ochenta y dos gramos; no aparece ésta cantidad de droga que haya sido sometida a la cadena de custodia; por tanto estimamos que también existe una inobservancia a las normas de la cadena de custodia que no han sido regularizadas en lo que se llevó en la investigación preliminar, como tal quita valor preliminar probatorio a esta acta de prueba de campo de incautación, pues se asume que debe existir coherencia y conexión entre lo que se encontró y lo que se custodia; lo contrario sería infringir los alcances genéricos del artículo 220° y 318° del Código Procesal Penal en torno a la incautación, a ello cabe agregar de que el Ministerio Público pese a estar en la obligación de solicitar inmediatamente la confirmación de esta incautación no lo ha hecho ante el Órgano Jurisdiccional acorde al Acuerdo Plenario 5-2010 de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez, la confirmación sólo puede tener efecto probatorio en la fase de investigación preparatoria como elemento de convicción cuando haya recaído sobre dicho acto de incautación una decisión confirmatoria de la autoridad judicial; por tanto estimamos de que tampoco podemos llegar a la conclusión de que esta acta de prueba de campo de incautación pese a lo que haya podido encontrarse sea un elemento de convicción grave y fundado, pues desde ya la omisión de formalidades le quita esa condición, por lo demás el acta de registro de celda no deviene en un elemento de comisión grave y fundado, pues no existe admisión de que este envoltorio conteniendo alcaloide de cocaína haya sido admitido por los imputados, en todo caso los imputados tienen derecho a guardar silencio, no les obliga la norma a que ellos necesariamente tienen que responder en sentido afirmativo, así lo contempla el artículo 71° al esbozar los derechos que tiene todo imputado, por ende es el Estado a través del Ministerio Público quien debe realizar todos los actos conducentes a desvirtuar esa inicial presunción de inocencia que de alguna manera reviste a la persona del imputado, sin hacer distinción alguna por antecedentes, hechos anteriores; pues cabe señalar que el derecho penal peruano es de acto no negatorio; en cuanto al acta de hallazgo existe obviamente también una incompatibilidad en cuanto al lugar donde se le habría encontrado estos dos envoltorios, uno conteniendo un celular Motorola y el otro conteniendo estos ochenta y dos gramos de alcaloide de cocaína, pues se indica inicialmente que habría sido encontrado debajo del colchón del interno Nael Ojeda Pisco; no obstante la intervención policial y por ende ya lo afirmado por el Ministerio Público señala que se habría encontrado al costado de un lavamanos; es decir, no existe pues circunstancias fácticas que permitan generar certeza, lo contrario genera duda en el Juzgador de que en efecto los hechos habrían acontecido bajo las circunstancias afirmadas por el Ministerio Público; por lo demás las declaraciones de los agentes penitenciarios obviamente si bien corroboran al operativo inopinado realizado el días seis de noviembre a horas seis y cinco, no constituyen por si mismos elementos graves y fundados, pues en dichas declaraciones se contiene propiamente la legitimidad que podría tener la versión que ellos mismos esbozaron desde un primer momento, en torno a la declaración de los imputados acorde a la verificación de la carpeta fiscal, no existe admisión en torno a que se les ha encontrado o tengan conocimiento de que la autoridad penitenciaria haya encontrado este envoltorio conteniendo alcaloide de cocaína, más aún de que el Ministerio Público a estas alturas no ha desvirtuado si en efecto los internos fueron sacados al patio y en su ausencia se hizo la revisión o es que constitucionalmente lo correcto es de que toda revisión se haga en su presencia y de esa manera garantizar en efecto lo que pueda encontrarse al interior de la celda; en cuanto a la intervención propiamente estimamos conforme a lo indicado por el Ministerio Público de que el INPE está facultado a realizar estas revisiones y estas visitas inopinadas como así lo establecen las normas penitenciarios, por tanto no es materia de mayor análisis; en consecuencia, si bien podría hacerse una labor de ponderación en torno a que se habría encontrado alcaloide de cocaína en la celda número trece, tampoco existen elementos de convicción sobre que en efecto haya existido este alcaloide de cocaína, pues los formularios de la cadena de custodia no lo mencionan y por ende estimamos de que esta duda de modo alguno puede ser interpretado en forma desfavorable a los imputados; sin perjuicio de que el Ministerio Público una vez perfeccionada su investigación, pueda optar por sostener o ratificarse en estos mismos extremos; en consecuencia, reiteramos no se cumple con este primer presupuesto de existencia de elementos de convicción graves y fundados. En torno al segundo presupuesto de la prognosis de pena, por la sola literalidad del artículo 297° y sus circunstancias agravantes asimismo del tipo básico del artículo 196° del Código Penal, en efecto se estima de que de establecerse la realidad del hecho ilícito y la vinculación de este ilícito en torno a los imputados, podría si, estimarse una sanción superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, por tanto se cumpliría formalmente este segundo presupuesto. En cuanto al tercer presupuesto resulta sustancial tomar en cuenta en este momento, que los imputados Juan Guillermo Infantas Luján y Nael Ojeda Pisco o Juan Ojeda Pisco como lo ha sostenido el Ministerio Público en su requerimiento escrito, están en condición de internos del Establecimiento Penal Puno -Ex Yanamayo, como tal se desvirtúa por si solo el peligro de fuga, de que puedan eludir la acción de la investigación fiscal y por ende obstaculizar o perturbar los fines de la investigación, pues bastará con que ellos sean citados para que sean puestos a disposición de la autoridad fiscal o de la autoridad judicial las veces que puedan ser requeridos, además de la factibilidad de ser debidamente notificados a través de su abogado patrocinante del Ministerio de Justicia o directamente a los propios imputados en sus celdas correspondientes o a través de las autoridades administrativas del INPE; resulta ajeno al Juzgador establecer cuanto tiempo puedan permanecer los imputados en este establecimiento penal, pues al respecto el Ministerio Público no ha esbozado cual es el proceso precedente en el cual se habría dispuesto su privación de libertad, por ende mal haría el Juzgador establecer si los imputados puedan salir pronto de este establecimiento o tengan un tiempo aún duradero; por tanto eso le corresponde establecer al Ministerio Público o en todo caso a las partes; a más de que en este extremo el Ministerio Público no ha emitido fundamentación ni motivación; en consecuencia, al no haberse aludido a este tercer presupuesto, es obvio que así se hubiere cumplido con los anteriores presupuestos, no era factible dictar la prisión preventiva; por estos fundamentos y estando a las normas acotadas; el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, DECLARA:
PRIMERO.- INFUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA en contra de JUAN GUILLERMO INFANTAS LUCANO y NAEL OJEDA PISCO, comprendidos en la investigación por el delito en contra de la Salud Pública, en su modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, en su forma de PROMOCIÓN AL CONSUMO ILEGAL DE DROGAS TOXICAS MEDIANTE ACTOS DE TRÁFICO AGRAVADO, previsto y sancionado en el inciso 4) primer párrafo del artículo 297º del Código Penal, concordante con el tipo base del primer párrafo del artículo 296° del Código Penal; se deja a salvo el derecho del Ministerio Público y que variadas estas circunstancias durante la investigación puedan instar nuevamente esta medida de coerción procesal o en todo caso optar por otra menos gravosa.
SEGUNDO.- En torno a las irregularidades advertidas en la investigación preliminar en las cuales habrían intervenido efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, como son el caso del Fiscal Salomón Bartolo Serrano, Henry Flores Cuadros y Manuel Aquino Flores además del efectivo policial Braulio Pilco Vera Suboficial Técnico de Primera, quien habría suscrito el acta de intervención policial como jefe de la DEPANDRO Puno, cabe COMUNICAR de estos hechos a la Fiscalía Superior Coordinadora o Supervisora acorde a la Fiscalía Adscrita al Tráfico Ilícito de Drogas, a efecto proceda conforme a sus atribuciones, incumpliéndose básicamente aspectos formales que han traído consigo la no valoración probatoria de los documentos que hubieren permitido tal vez establecer con mayor objetividad los cargos imputados. Se deja así asentada la decisión judicial.-
09:50 hrs. (1:15´) El Señor Juez: Expide la siguiente resolución
Resolución Nº Cuatro
El Juzgador habiendo emitido la decisión de declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva por las razones expuestas; emite los siguientes FUNDAMENTOS en torno a esta resolución número cuatro:
El artículo 268° como se ha indicado exige, la concurrencia copulativa de los presupuestos antes indicados para dictar una prisión preventiva y de no cumplirse con algunos de estos presupuestos, puede proceder una comparecencia; sea una comparecencia con restricciones o una comparecencia simple; al respecto así lo señala el artículo 286° del Código Procesal Penal en su numeral 2) seguido por el artículo 287° del Código Procesal Penal que señala que puede imponerse una comparecencia restrictiva, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse; en el caso concreto, en efecto se ha sostenido de que estando los imputados en la condición de internos del Establecimiento Penal Puno, obviamente se desvirtúa liminarmente el peligro de fuga y el peligro de obstaculización; por tanto, a fin de garantizar mínimamente que los imputados puedan someterse a la investigación fiscal y a las consecuencias procesales futuras, razonablemente se opta por estimar una comparecencia con restricciones, básicamente en torno a que de egresar de ese establecimiento penitenciario, estén en la obligación de presentarse las veces que sean requeridos por la autoridad fiscal y la autoridad judicial, asimismo la obligación de no ausentarse de la localidad en que éstos residieran y la prohibición de comunicarse con personas determinadas, básicamente ligadas a la presente investigación, sean agentes penitenciarios que hayan intervenido en las diligencias preliminares y obviamente miembros de la Policía Nacional de ser el caso, por estas razones en efecto de la prisión preventiva.
SE RESUELVE.- DICTAR en contra de los imputados JUAN GUILLERMO INFANTAS LUCANO y NAEL OJEDA PISCO UNA COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES y básicamente en torno a la obligación de los imputados una vez que puedan egresar del Establecimiento Penal, a) De no ausentarse de la localidad en que residieran y asimismo b) De presentarse a la autoridad fiscal o judicial en los días que se le fijen o sean requeridos, todo ello bajo apercibimiento de poder revocarse esta comparecencia restrictiva a petición del Ministerio Público; asimismo, c) La restricción de prohibir su comunicación con personas comprendidas o aludidas en la presente investigación como son los agentes penitenciarios y/o efectivos policiales.
SUBSIDIARIADAD DE LA DETENCION DOMICILIARIA
Lunes, 22 Junio 2015 16:59
EXP. N.° 1565-2002-HC/TC
En Lima, a los cinco días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia por mayoría, con el voto singular, adjunto, del Magistrado Aguirre Roca
Recurso extraordinario interpuesto por doña María Esther Dulanto de Chumpitaz a favor de don Héctor Chumpitaz Gonzales, contra la resolución de la Primera Sala Penal Corporativa de Procesos Ordinarios para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ochenta y siete, su fecha veintiocho de mayo de dos mil dos, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.
La presente acción de garantía ha sido interpuesta contra los vocales de la Sala Penal Especial, doctores Roberto Barandiarán Dempwolf, Inés Tello de Ñeco y Marco Lizárraga Rebaza, por supuesto atentado contra la libertad individual, al haber confirmado el mandato de detención domiciliaria contra el beneficiario.
Precisa que luego del "visionado" del video denominado "Reunión Dr. Hurtado Miller", donde se aprecia que el ex asesor Vladimiro Montesinos manifiesta al Dr. Juan Carlos Hurtado Miller, haberle entregado al beneficiario una cantidad de dinero para que éste formara parte de una lista que encabezaría Hurtado Miller para las elecciones Municipales de 1998; fue citado por la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de testigo, cita en la que declaró que recibió de Vladimiro Montesinos la cantidad de diez mil dólares americanos para participar como candidato a Regidor en las Elecciones Municipales de 1998. Posteriormente, por resolución del 16 de octubre de 2001, expedida por el Primer Juzgado Penal Especial, se amplia la instrucción en mérito a la denuncia formulada por el Ministerio Público contra Héctor Chumpitaz Gonzales como presunto cómplice en el delito contra la administración pública, peculado, en el proceso seguido contra Juan Carlos Hurtado Miller y otros, ordenándose mandato de comparecencia con restricción de detención domiciliaria, la misma que se hizo efectiva el 17 de octubre de 2001, más el pago de cinco mil nuevos soles de caución y embargo preventivo de sus bienes hasta por el monto de cincuenta mil nuevos soles. Ante ello, se presentó recurso de apelación por considerar que era una medida excesiva, toda vez que no existía peligro procesal. La Sala Penal Especial confirma la medida, manifestando que resulta razonable y proporcional por la gravedad de los hechos investigados. Posteriormente, con fecha seis de febrero de dos mil dos, se solicita la variación del mandato de detención domiciliaria, en mérito a la sentencia del Tribunal Constitucional del veintinueve de enero del dos mil dos, en la cual se declaró fundada la acción de hábeas corpus promovida por Luis Bedoya de Vivanco, solicitud que fue declarada improcedente por el Primer Juzgado Penal Especial. Finalmente la Sala emplazada confirmó la medida de arresto domiciliario, señalando que la sentencia del Tribunal Constitucional no es aplicable al caso analizado, toda vez que para variar la medida coercitiva vigente, se requiere de nuevos medios probatorios.
El Segundo Juzgado Penal de Lima, con fecha quince de mayo del dos mil dos, declaró improcedente la demanda, por considerar que, mediante una acción de garantía no se puede cuestionar una resolución judicial emanada de un proceso regular.
La recurrida, confirmó la apelada por el mismo fundamento.
Conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se ordene la inmediata libertad del beneficiario del hábeas corpus, por considerar que, a su juicio, la orden de detención domiciliaria decretada contra don Héctor Chumpitaz Gonzales adolece de arbitrariedad. Por tanto, y en la medida que en autos existen los suficientes elementos de prueba para evaluar si la medida cuestionada es o no compatible con los derechos constitucionales alegados, según ya expresó este Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el caso Silva Checa contra el Poder Judicial (Exp. N.° 1091-02-HC/TC), este Colegiado es competente para resolver el fondo de la controversia, que las instancias judiciales precedentes, declararon improcedente in limine, la demanda.
En ese sentido, lo primero que este Tribunal Constitucional debe destacar, teniendo en consideración los términos en que se ha formulado la pretensión, es que el análisis del presente caso no es sustancialmente igual a otros que, con anterioridad, se haya pronunciado. En concreto, en relación al tema de la detención judicial preventiva o, como también se le conoce en la doctrina, la prisión provisional.
En efecto, en el presente caso se cuestiona que el juzgador haya decretado contra el beneficiario el mandato de comparecencia con detención domiciliaria, mientras que en los casos a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se cuestionaba supuestos de detención judicial preventiva. Tales figuras, desde luego, no pueden ser equiparadas ni en sus efectos personales, ni en el análisis de sus elementos justificatorios pues, es indudable que la primera de las mencionadas (la detención domiciliaria) se configura como una de las diversas formas a las que, de manera alternativa, puede apelar el juzgador con el objeto de evitar la segunda de ellas, esto es, a la detención judicial preventiva, que, como se ha expuesto en la sentencia recaída en el caso Silva Checa contra el Poder Judicial, se trata siempre de una medida cuya validez constitucional se encuentra sujeta a los principios de subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, en tanto que comporta una restricción, en términos plenarios, de la libertad locomotoria del afectado con ella.
No cabe duda de, que con la detención domiciliaria sucede algo semejante, aunque no con los alcances de la detención judicial preventiva: La obligación de permanecer, en forma vigilada, dentro del domicilio, es, sin duda, también una limitación seria de la libertad locomotora, cuyo dictado, por cierto, debe necesariamente justificarse, pues sucede que ésta constituye, entre las diversas fórmulas con las que se puede decretar la comparecencia restrictiva en nuestro ordenamiento procesal penal, la más grave. Por ello, el Tribunal Constitucional considera que también tal medida restrictiva de la libertad locomotora debe sujetarse a su conformidad con los principios de subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
En el caso de autos, conforme se desprende del auto apertorio de instrucción, obrante de fojas diecinueve a veintitrés, se aprecia que la medida dictada contra el beneficiario del hábeas corpus se basa, fundamentalmente, en la gravedad de la conducta que se le imputa y los suficientes de elementos de prueba que lo comprometen con la comisión del delito instruido, como es su propia declaración (mediante el cual acepta haber recibido dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres la suma de treinta mil dólares americanos para la financiación de su campaña en el proceso electoral municipal).
Aunque el referido auto apertorio de instrucción no haga mención al peligro procesal que justificaría que se haya dictado el mandato de comparecencia con restricción de detención domiciliaria, se infiere de ella, que se dictó tal medida en atención a la gravedad del delito imputado. Esta omisión del juzgador sobre el tema del peligro procesal, sin embargo, fue corregida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuya resolución, de fecha veintiséis de diciembre dos mil uno, alude como un factor para confirmar la medida cuestionada, al hecho de que entre la declaración testimonial y la declaración instructiva, ambas prestadas por el beneficiario, "se advierte la ausencia de coherencia e identidad de su versión en el extremo referido al monto de dinero que efectivamente recibió por disposición de su co-procesado Vladimiro Montesinos Torres, así en su testimonial recuerda únicamente haber recibido diez mil dólares americanos, empero en su declaración instructiva indica haber recibido la suma ascendente a treinta mil dólares americanos".
En ese sentido, considera el Tribunal Constitucional que, en atención a lo expuesto precedentemente, no existe arbitrariedad de los emplazados en el hecho de haber dictado o, a su turno, haber confirmado, el mandato de comparecencia con restricción domiciliaria contra el beneficiario del hábeas corpus, toda vez que éste se sustenta en que en el proceso penal existe suficientes elementos de prueba que vinculan al beneficiario del hábeas corpus con el delito instruido, la posibilidad de imponerle una pena superior a los cuatro años, la gravedad de los hechos por los cuales viene siendo juzgado, y además, en el esclarecimiento del delito instruido y los fines que se persiguen con el proceso penal.
La circunstancia de que haya sido el mismo procesado quien, voluntaria y libremente, haya enmendado su actitud inicial, y, posteriormente, ayudado con el esclarecimiento de los hechos investigados (y ésta no haya sido consecuencia por el contrario de las investigaciones judiciales), es un motivo, a juicio del Tribunal Constitucional, razonable para que, no obstante el tipo de delito y la existencia de suficientes elementos de pruebas sobre su responsabilidad penal, los emplazados hayan optado por decretar en su contra el mandato de comparecencia con detención domiciliaria, una medida, como antes se ha expuesto, alternativa que restringe menos la libertad personal que la detención judicial preventiva.
Finalmente, al Tribunal Constitucional no le es ajeno el hecho de que dicha medida de comparecencia restringida con detención domiciliaria decretada contra el beneficiario haya sido objeto de "flexibilización" –según se afirma en la resolución expedida por la emplazada, de fecha veintisiete de junio de dos mil dos–, al autorizársele a "asistir exclusivamente a la Municipalidad de Lima Metropolitana en su calidad de Regidor una vez por semana a las reuniones del Concejo ha celebrarse en el recinto municipal", no obstante que tal "flexibilización", no se halle prevista entre las disposiciones que regulan la detención domiciliaria.
REVOCANDO la recurrida, que confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus; y reformándolala declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.
EXP.N.° 1565-02-HC/TC
VOTO SINGULAR DEL DR. MANUEL AGUIRRE ROCA
Discrepo del fallo –sin perjuicio del respeto que merecen las opiniones de mis colegas– principalmente porque estimo que en el caso no existe el requisito sine qua non que figura en el inciso 3° del artículo 135° del Código Procesal Penal, esto es, el llamado "peligro de fuga y riesgo procesal". Es cierto que el encausado o beneficiario de la demanda de autos, Héctor Chumpitaz Gonzales (HChG), no se encuentra en "detención" propiamente dicha, sino en un especial estado de comparecencia restringida, denominado "detención domiciliaria", pero igualmente lo es que, según se expresa en el FUNDAMENTO 3. y parte del 4. de esta misma sentencia (S) –criterio que sí comparto– las reglas del citado artículo 135° también son aplicables a esta especial situación.
Por otro lado, las resoluciones emitidas por los jueces comunes y recaídas en los sucesivos recursos del beneficiario (HChG), no han cumplido con el insoslayable deber de examinar el requisito legal y sine qua non comentado líneas arriba, y tampoco se han pronunciado sobre él. Tres de estas resoluciones se expidieron en el cuaderno cautelar del proceso penal, y ninguna de ellas siquiera abordó el tema. Tampoco lo hizo la resolución (auto) que ordenó la comparecencia restringida (detención domiciliaria). Ni lo han hecho, en el presente procedimiento de habeas corpus, los jueces ordinarios intervinientes, esto es, el de primera instancia y los tres colegiados de la Sala. Tan extraña situación –difícilmente explicable– podría configurar una sui generis especie de denegación de justicia.
A su turno, la S tampoco examina la materia, sino que se remite, al respecto, a un pasaje de la resolución de la Sala Penal que confirmó el auto de comparecencia restringida (detención domiciliaria) y en el que se destacan las discrepancias que aparecen, al compararse entre sí, dos declaraciones judiciales sucesivas del encausado HChG. Dicho pasaje, a mi juicio, no llena el comentado vacío, ni, consecuentemente, puede liberar a este Tribunal del respectivo cometido constitucional, o sea, del de examinar, él mismo, y en forma acuciosa y técnica, la correspondiente materia.
Respecto de los otros dos requisitos del artículo 135°, que igualmente invoca la demanda, tampoco se han hecho los análisis técnicos del caso. Y no se han hecho ni en las resoluciones de los jueces comunes, ni en la S de este Tribunal. Sólo el auto que ordena la comparecencia restringida –que es el origen remoto de este proceso de garantía– examina la materia y considera que el inculpado sí es cómplice –por "accesoriedad limitada"– del delito de peculado. No estoy de acuerdo, sea dicho de paso, con dicha calificación (puesto que HChG no tenía calidad de funcionario público, ni tampoco era, a la sazón, administrador o depositario de los fondos cuestionados), y menos lo estoy con el uso de la expresión "accesoriedad limitada", puesto que entiendo que ella se aplica a los casos en que, curiosamente, el "autor" del delito no es culpable, y no a aquéllos en que tal cosa no se discute. Pareciera que el Juez ha confundido dicha expresión con la contraria, esto es, con la de accesoriedad plena, extensa o ilimitada.
Disiento, así mismo, de la opinión que aparece en el FUNDAMENTO 2. de la S, concordante con las correspondientes resoluciones de los jueces comunes, en el sentido de que la invocación que se hace de la sentencia emitida en el caso Bedoya, no es aplicable en estos autos, por no ser los casos iguales. Estimo que si bien es cierto que los casos son distintos, lo que se pretende con tal invocación es que los criterios jurisprudenciales expresados en aquél sean tomados en cuenta en éste; y tal pretensión parece procedente, puesto que la jurisprudencia del caso Bedoya –concordante, por lo demás, con sus antecedentes– pone de manifiesto, una vez más, y de forma especialmente clara, que este Tribunal tiene competencia para examinar y pronunciarse sobre la presencia y relevancia de los requisitos del tantas veces mencionado artículo 135° del Código Procesal Penal, requisitos que no han sido debidamente examinados en estos autos por los jueces comunes, ni tampoco por la S que emite, en mayoría, este Tribunal, no obstante haber sido invocados, una y otra vez, en defensa del encausado.
Por lo ya expuesto, tampoco puedo concordar con el FUNDAMENTO 5. de la S, pues en él se declara que no se considera arbitrario el mandato de comparecencia con detención domiciliaria, en atención a que en el proceso penal "(...) existen suficientes elementos de prueba que vinculan al beneficiario del habeas corpus con el delito instruido, la posibilidad de imponerle una pena superior a los cuatro (4) años, la gravedad de los hechos por los cuales viene siendo juzgado, y además, en el esclarecimiento del delito instruido y los fines que se persiguen con el proceso penal". Y no concuerdo porque, a mi criterio, según lo precedentemente explicado, lo que no se ha acreditado técnicamente es, precisamente, la presencia, en el caso, de cualquiera los tres requisitos del invocado y crucial artículo 135° del Código Procesal Penal.
Otro aspecto muy importante de estos autos consiste en que la demanda no ha sido tramitada con arreglo a ley, puesto que el Juez de primera instancia no cumplió –como sí lo manda, inequívocamente, el artículo 18° de la Ley 23506– con "requerir" a los vocales demandados para que "expliquen las razones" o fundamentos de sus decisiones impugnadas, optando, en cambio, sin fundamento atendible alguno, por declarar improcedente, in límine, dicha demanda. Como tal fallo quedó confirmado por la recurrida, en verdad no ha habido procedimiento de habeas corpus, sino, antes bien, una denegatoria total e inexcusable del mismo.
7.a) La reseñada ostensible falta de examen y evaluación de los argumentos esenciales de la demanda de autos, así como la ausencia de los correspondientes pronunciamientos debidamente motivados y fundamentados, constituye una reiterada infracción del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución, así como de las insoslayables reglas concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Procesal Civil, todo lo cual agrava, considerado en su conjunto, la sui generis especie de denegación de justicia destacada en la última parte del parágrafo 2), supra.
A este respecto, si bien comparto el criterio de la S en el sentido de que, pese al rechazo in límine, de haber suficientes elementos de juicio, este Tribunal puede ingresar en el fondo de la controversia, en este caso concreto estimo necesario, antes de pronunciarme sobre el fondo, que los vocales demandados sean citados y "requeridos" para que, entrando en materia, examinen los fundamentos de la demanda de habeas corpus y se pronuncien sobre ellos, tal como lo manda el precitado numeral 18° de la Ley 23506, en concordancia con el artículo 135°, inciso 5. de la Constitución y las demás normas procesales arriba citadas.
Los elementos de juicio que obran en autos, según ya se ha indicado –especialmente en los parágrafos 1) y 4) precedentes– inclinan mi opinión, y de modo virtualmente inalterable, a favor del petitorio; pero, por respeto a la de los señores vocales penales demandados, y en aras del mayor esclarecimiento de los hechos, y por ende, de la más acertada administración de justicia, creo necesario, subsanando los vicios procesales anotados, devolver la causa al juez de origen, a fin de que sean debidamente citados y "requeridos" los vocales demandados, y se les brinde, así, la oportunidad de explicar las razones de sus impugnados pronunciamientos. Conviene tener presente que, por semejantes razones, este Tribunal ya se ha pronunciado, en el mismo sentido, en varios casos análogos (Exps. 307-2002-HC/TC, Manuel Aivar M; y 290-2002-HC/TC, Calmell Del Solar), y yo mismo lo he hecho en un voto singular más reciente (Exp. 1091-02-HC/TC); y no veo ninguna razón para variar esta línea jurisprudencial.
Mi voto, consecuentemente, es en el sentido de declarar nulo todo lo actuado en estos autos de habeas corpus, y de hacer retornar la causa a primera instancia, a fin de que el Juez cumpla con tramitarla con arreglo a ley, esto es, de conformidad con el artículo 18° de la Ley 23506. Por lo demás, tratándose de un trámite muy breve y sumario, tal nulidad no podría atentar contra la economía procesal, debidamente entendida, ni menos, por cierto, contra los sagrados deberes de la tutela constitucional.
PELIGRO PROCESAL Y APARIENCIA DEL DERECHO
IMPOSIBILIDAD DE EQUIPARAR DETENCION DOMICILIARIA CON EFECTIVA
IMPOSIBILIDAD DE ACUMULAR PLAZOS DE DETENCION
SUBSIDIARIA Y PROVISIONAL

References: Artículo 283
 artículo 274

Artículo 284
 artículo 278

Artículo 285

Artículo 272

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 Artículo 3
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Artículo 275

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Artículo 270

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 artículo 268
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