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Timestamp: 2019-01-19 00:39:36+00:00

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﻿ Sentencia 2003-91193 de noviembre 24 de 2011
SENTENCIA 2003-91193 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:EQUILIBRIO ECOLÓGICO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES. EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL ES RESPONSABLE DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y, POR TANTO, ES SU DEBER ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL IDEADAS POR LA MISMA ENTIDAD, EN LA RESOLUCIÓN NÚM. 456 DE 2003. ANÁLISIS PROBLEMATICA DE LOS ARCHIPIELAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Sentencia 2003-91193 de noviembre 24 de 2011
Rad. 25000-23-25-000-2003-91193-01(AP)
Actor: Reynaldo Muñoz Cabrera
Solicita el actor que se protejan los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, vulnerados presuntamente por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder—, el Instituto Nacional de Recursos Naturales —Inderena—, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique —Cardique— y el Distrito Turístico de Cartagena de Indias, con ocasión de la ocupación indebida de predios y de los daños ambientales en áreas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
El tribunal, en la sentencia impugnada, amparó los derechos invocados en la demanda, considerando que la actuación de la administración había sido insuficiente, toda vez que pese a las acciones emprendidas, aún no se ha logrado rescatar del deterioro ambiental a los bienes insulares y marinos objeto de afectación, ni tampoco se han recuperado los bienes de la Nación indebidamente ocupados por particulares en la zona de la controversia.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Dirección General Marítima impugnan la sentencia, porque consideran que no son las entidades responsables de la vulneración de derechos colectivos declarada por el tribunal, y porque en el ejercicio de sus funciones han cumplido cabalmente con los deberes que les impone la ley, frente a la normativa ambiental de los Parque Nacionales Naturales, en especial, el de Los Corales del Rosario.
Para desatar los recursos de apelación, es necesario, en primer lugar, abordar la problemática de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, así como definir las competencias de las autoridades ambientales en lo que concierne a su protección y conservación.
Problemática de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo
El Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario se encuentra ubicado en la jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias y está compuesto por islas, islotes, cayos y morros que comprenden un área de 384 hectáreas(2). Aproximadamente a 40 km.(3) se encuentra el Archipiélago de San Bernardo. Ambos ecosistemas se consideran como sistemas naturales intervenidos y degradados en términos de sostenibilidad.
Mediante Resolución 4698 de 27 de septiembre de 1984, el Incora declaró que no han salido del patrimonio nacional y por tanto son baldíos reservados de la Nación, las Islas del Rosario, entre las cuales se encuentran la Isleta, la Isletica, Isla Grande, Macavi, Roberto, Isla Rosario, Pavito, Los Palacios, Pirata, Los Caguamos, Bonaire, Notevendo o Islote de la Fiesta, Isla del Tesoro, Arenas, entre otras del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario.
Se estableció que las islas, islotes, cayos y morros del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario son bienes baldíos pertenecientes a la Nación, con el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Por tal razón, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera - Subsección B), al resolver la acción de cumplimiento promovida por el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, ordenó al Incora que en el término de seis meses, inicie las medidas y acciones legales tendientes a dar cabal cumplimiento a la Ley 160 de 1994 y al Decreto 2664 de 1994, en el sentido de clarificar la propiedad de la Nación, el deslinde y la recuperación de baldíos indebidamente ocupados del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
La sentencia fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 13 de octubre de 1989, Expediente 805.
Los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo son ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta potencialidad económica, debido a que su área presenta formaciones arrecifales de coral, vegetación de algas rastreras, ecosistemas de manglar y terrazas coralinas(4).
Colombia, a través del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe, suscrito en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983(5), se comprometió a prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación del convenio(6), asegurando una ordenación del medio, utilizando los medios más viables.
Igualmente, Colombia hace parte de los Estados que suscribieron el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, jun. 5/92)(7), el cual en su artículo 8º define como obligaciones de las partes contratantes, entre otras, la de establecer un sistema de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica, promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales y promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en áreas adyacentes a áreas protegidas.
• El impacto ambiental en las Islas del Rosario
El área del archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura turística y recreacional y a la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un severo impacto ambiental por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares y bosques secos, la descarga de sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca indiscriminada, entre otros factores, que han causado daño en los ecosistemas.
Sobre el impacto a la base natural del archipiélago, el Ministerio de Ambiente, en la Resolución 456 de 2003(8), precisó:
“Las islas que conforman el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo tienen una gran importancia ecológica, en donde se ha presentado impacto sobre la base natural, en cuanto a:
• La actividad de introducción de flora y fauna realizada por nativos, tenedores, foráneos y algunas empresas turísticas, afecta negativamente a recursos como las terrazas marinas, los procesos físicos, químicos y biológicos del terreno, la flora, la fauna y el paisaje; alterándose el hábitat nativo, originando modificaciones a la cadena trófica y cambiando las condiciones del suelo.
• La tala, quema y relleno, es una actividad desarrollada por los nativos, los ocupantes, los foráneos, algunas empresas turísticas, esta genera impacto negativo sobre las terrazas, las playas, los terrenos de baja mar, los procesos físicos, químicos y biológicos del terreno, las lagunas costeras, los manglares, la fauna y flora terrestres y el paisaje.
• De una u otra manera todos los actores se desplazan en sus embarcaciones por los caños y canales, afectando los recursos línea de costa y ecosistemas marinos, porque los motores producen oleaje, ruido y vibraciones.
• Los vertimientos líquidos y sólidos realizados de diferentes maneras por todos los actores, causan daños a los recursos marinos y terrestres al afectar la calidad de las aguas, del suelo y transformar las condiciones ecológicas y ambientales; (...)” (fl. 150, cdno. ppal.).
También en la Resolución 679 de 31 de mayo de 2005, indicó:
“Las islas que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo tienen una gran importancia ecológica, en donde se han presentando impactos sobre la base natural, en cuanto a: actividades de introducción de flora y fauna; generación de ruido y vibraciones por diferentes fuentes; construcción de edificaciones, obras civiles en la línea de costa y dragado y adecuación de canales, y la adecuación y construcción de senderos; la tala, quema y relleno; la actividad pesquera no sostenible; las actividades de turismo y recreación desordenadas e insostenibles; transporte marítimo; y los vertimientos de residuos líquidos y sólidos (...)”.
En la auditoría gubernamental del año 2004, la Contraloría General de la República señaló:
“Son diversos los factores que determinan el deterioro de los ecosistemas marinos y costeros presentes, provocados por la ocupación indebida de predios de bienes de uso público y el desarrollo turístico. Se cuentan entre estos, los procesos de contaminación por vertimientos domésticos, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos, la utilización de métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas, la introducción de especies y las actividades turísticas, entre otras. Estos han causado impactos negativos en los ecosistemas de los archipiélagos de las Islas del Rosario y de San Bernardo, tales como la sedimentación, pérdida de cobertura, reducción poblacional de las especies de fauna y flora por pérdida del hábitat y disminución en la calidad del agua, entre otras”(9).
Dentro del área del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario se encuentra el Parque Nacional Natural Los Corales de Rosario y de San Bernardo, declarado mediante el Acuerdo 26 de 2 de mayo de 1977 del Inderena, aprobado por la Resolución 165 de 6 de junio de 1977 del Ministerio de Agricultura(10).
El PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo es un área protegida de carácter submarino, que debido a sus características es considerado como un ecosistema especial en el ámbito mundial y comprende una de las fracciones más desarrolladas de corales en la franja Caribe. Debido a la alta variedad biológica y a sus cualidades escénicas, el parque se ha constituido en uno de los principales atractivos turísticos de la Costa Caribe del país, lo que ha conllevado un acelerado proceso de deterioro de sus ecosistemas, debido a la poca efectividad en la aplicación de las normas vigentes y la alta afluencia de turistas con un mínimo asesoramiento ambiental(11).
Al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le corresponde la administración del parque que solo incluye los globos de terreno de Isla del Rosario, sus islas e islotes adyacentes; la Isla Tesoro, ubicada en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario; y las Islas Mangle y Maravilla, que forman parte del Archipiélago de San Bernardo.
Mediante la Resolución 1425 de 20 de diciembre de 1996, el Ministerio del Medio Ambiente, considerando que: “El Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario es de una importancia ecológica incalculable por el hecho de contener la formación coral más desarrollada de la plataforma continental colombiana, manifestándose esta como una valiosa diversidad de aproximadamente 55 especies de coral, encontrados en los 11.52 KM de arrecifes de coral del parque, que a su vez contienen ecosistemas de manglar, pastos marinos, lagunas costeras y formación de coral fósil y relictos de bosque seco (...) Que el parque se encuentra en una situación crítica de peligro para el equilibrio y mantenimiento de sus condiciones naturales debido a las construcciones incontroladas que se vienen realizando desde años atrás en las Islas del Rosario ... debido a varias razones, entre las cuales se destacan la actividad antrópica desordenada por la alta afluencia de visitantes, la extracción de material marino para construcciones como rellenos e islas artificiales, la construcción de muros de contención, muelles y obras de acceso a las islas, la tala y relleno de zonas de manglar para la consolidación de plataformas que sirven de base a kioscos y casas, la generación de basuras que son expulsadas al mar, el oleaje generado por las altas velocidades de las embarcaciones y el vertimiento de aguas negras de manera directa al mar”, realinderó el área del parque en 120.000 hectáreas y, por Resolución 1424 de la misma fecha, ordenó la suspensión de las construcciones en el área del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, en las Islas del Rosario, en los demás cayos, islas o islotes ubicados al interior de los límites del parque y en las islas que conforman los bajos coralinos que conforman el Archipiélago de San Bernardo.
Entre los objetivos de conservación del parque, adoptados mediante Resolución 18 de 23 de enero de 2007, se encuentran los de 1) Participar en la conservación del Parque Nacional Natural Corales del Rosario; 2) Conservar los ecosistemas marino-costeros correspondientes a los arrecifes de coral, praderas de fanerógamas marinas, bosque de manglar, lagunas costeras, fondos sedimentarios, litoral rocoso y litoral arenoso, garantizando su continuidad y conectividad ecosistémica en el parque; 3) Proteger el ecosistema de bosque seco tropical como remanente de la franja discontinua del corredor costero, presente en el parque; 4) Conservar las especies amenazadas que desarrollan diferentes etapas de su ciclo de vida en el área protegida y aquellas de interés comercial y uso recreativo; y 5) Mantener el mosaico de los escenarios naturales del área protegida permitiendo el desarrollo y uso de la oferta de bienes y servicios ambientales en beneficio de la comunidad del área de influencia.
• Responsabilidad de las demandadas por el impacto ambiental de las Islas del Rosario
El anterior recuento permite a la Sala concluir que asistió razón al tribunal al declarar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder—, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique —Cardique— y al Distrito Turístico de Cartagena de Indias, responsables de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, pues se demostró que las medidas adelantadas por los órganos que tienen competencia en la conservación y preservación de los recursos naturales del área de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas ambientales de las zonas de protección de los parques nacionales naturales.
Es menester precisar, en torno a la responsabilidad del Incoder frente a los hechos materia de controversia, que a raíz de la supresión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —Incora—mediante el Decreto 1300 de 2003 se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, para que cumpliera con los objetivos de dicha entidad. De ahí que no le asista razón al instituto en el medio exceptivo que propone en la contestación de la demanda, en relación con la falta de legitimación pasiva, pues es claro que su intervención procesal es consecuencia lógica de haber asumido las funciones del extinto Incora.
Ahora bien, reconoce la Sala que las entidades demandadas no han permanecido indiferentes ante la conservación del área de los archipiélagos; no obstante, la situación crítica que allí se presenta es consecuencia de la ineficacia de las medidas adoptadas, de la falta de coordinación interinstitucional, del desconocimiento o falta de aplicación del marco normativo sobre ocupación de los bienes del Estado, de la inoperancia frente a los procesos sancionatorios por violación de la normativa ambiental, entre otros aspectos, que sin duda alguna atañen a las entidades, cuya competencia en la zona está claramente definida, según se anotó en la auditoría de la Contraloría General de la República de la siguiente manera:
“EL MAVDT, de conformidad con las funciones establecidas, debe plantear una solución integral a la problemática de las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, con el concurso de las autoridades públicas con jurisdicción y competencia en el área, especialmente con relación a lo dispuesto en la Resolución 456 del 16 de abril de 2003, “mediante la cual se ordena la elaboración del modelo de desarrollo sostenible para los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo” que incluyen las islas, islotes, cayos y morros, así como las aguas circundantes y la plataforma submarina hasta una isobata de doscientos (200) metros. Con la adopción del modelo se haría posible la conservación, restauración, manejo y uso sostenible de los ecosistemas y recursos presentes en el área con el fin de lograr el aprovechamiento sostenible y alternativo de los mismos, definiendo los mecanismos para el manejo y uso sostenible de sus recursos naturales.
Cardique, en cumplimiento de su función de administrar de manera eficiente el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
La Dimar, que tiene por competencia regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público en las áreas de su jurisdicción (D. 2324/84, art. 4º), adelantar y fallar en cumplimiento de los principios de celeridad y eficiencia las investigaciones por construcciones indebidas o no autorizadas en las islas referidas.
Por parte del Incora, hoy Incoder, en la clarificación de la propiedad y recuperación los baldíos reservados de la Nación, salvo los que hayan salido del patrimonio nacional, conforme al numeral 9º del artículo 1º de la Ley 160 de 1994”.
La solución integral a la problemática de los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo - elaboración del MDS
Para la Sala, es claro que una solución definitiva a la problemática ventilada en el presente proceso, requiere ser adoptada desde la perspectiva de un enfoque integral con el concurso de todas las autoridades públicas que tienen competencias en el área, especialmente en relación con lo dispuesto en la Resolución 456 de 16 de abril de 2003, mediante la cual se ordena la elaboración de un modelo de desarrollo sostenible (MDS) para los archipiélagos de Nuestra señora del Rosario y de San Bernardo, que “haría posible la conservación, restauración, manejo y uso sostenible de los ecosistemas y recursos presentes en el área, con el fin de lograr el aprovechamiento sostenible y alternativo de los mismos, definiendo los mecanismos para el manejo y uso sostenible de sus recursos naturales” (Informe de la CGR, mayo/2004, fl. 17).
Por ello, es importante resaltar que la solución a la problemática de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo, en el marco del modelo de desarrollo sostenible, debe coordinarse con la totalidad de las entidades que tienen competencias definidas en la zona y que deben concurrir, en cumplimiento de sus funciones, en la ejecución de dicho modelo, según quedó definido en la pluricitada Resolución 456 de 2003.
• Resolución 456 de 16 de abril de 2003
Fue proferida por la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual dispuso:
“Ordenar a la dirección de ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales —UAESPNN— del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique —Cardique—; al Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y Costera, —Invemar—; al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias —EPAC—, para que, bajo la coordinación de la dirección de ecosistemas, elaboren el modelo de desarrollo sostenible para los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, que incluyen las islas, islotes, cayos y morros, así como las aguas circundantes y la plataforma submarina hasta una isobata de doscientos (200) metros” (resaltado fuera del texto).
El objetivo del modelo, según se lee del texto de la resolución, es promover la adopción de medidas que permitan la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas presentes en el área, como apoyo a las comunidades locales, con el fin de lograr el aprovechamiento sostenible y alternativo de los recursos ambientales (art. 2º) y como objetivos específicos se encuentran, entre otros, los siguientes:
a) Definir criterios bióticos, económicos, jurídicos, socioculturales y político-administrativos que oriente la delimitación del área marina protegida (AMP) y su zona amortiguadora;
b) Delimitar con base en los criterios establecidos anteriormente, el AMP y su zona amortiguadora;
c) Establecer la zonificación para el AMP y su zona amortiguadora, con el fin de definir los usos y las acciones tendientes a la recuperación, restauración, conservación y uso sostenible en la región; y que permita atender prioritariamente los procesos ecológicos, socioeconómicos y marino-costeros más vulnerables;
d) Elaborar el plan de manejo integral del AMP y su zona amortiguadora;
e) Proponer la reglamentación de los usos permitidos que respondan a los objetivos de conservación, manejo y uso sostenible.
En el artículo 4º ídem, se señaló un plazo de ocho (8) meses para su elaboración; sin embargo, al momento de dictarse la sentencia de primera instancia aún no se había realizado, por lo que el tribunal encontró procedente dictar como orden de amparo de los derechos colectivos la elaboración de dicho modelo, a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia.
Encuentra la Sala que la solución integral para la recuperación de los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo exige la implementación de dicho modelo, a fin de que se incorporen criterios eficaces para la conservación de los ecosistemas y procesos ecológicos críticos presentes en el área y definir los mecanismos para el manejo y uso sostenible de sus recursos naturales; por lo cual se hace necesario que las entidades involucradas lleven a cabo las demás tareas relacionadas con la definición de los criterios bióticos, económicos, jurídicos, socioculturales y político-administrativos que orienten la delimitación del área marina protegida (AMP) de los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo y su zona amortiguadora; la delimitación del AMP y su zona amortiguadora; la zonificación del AMP y su zona amortiguadora; y la elaboración de una propuesta de reglamentación de usos del AMP y su zona amortiguadora, según quedó definido en el convenio especial de cooperación científica y tecnológica 0024 de 23 de septiembre de 2003, suscrito entre el Ministerio de Ambiente, el Distrito de Cartagena, Cardique, Invemar y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, que precisamente, busca la cooperación científica, tecnológica y administrativa entre estos organismos, para definir el MDS de los archipiélagos. (fl. 1322).
Es importante destacar que en desarrollo de este convenio, las entidades arriba mencionadas realizaron el documento técnico de soporte para la delimitación y zonificación del área marina protegida (AMP), lo que finalmente llevó a la expedición de la Resolución 679 de 31 de mayo de 2005, “por medio de la cual se declara el área marina protegida de los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, se adopta su zonificación interna y se dictan otras disposiciones”.
De ahí que el tribunal, en la sentencia impugnada, haya considerado necesario ordenar a las demandadas la elaboración del plan de manejo del área marina protegida que fue declarada en la citada resolución, pues este se constituye en un instrumento principal de planificación para mantener los procesos ecológicos esenciales y garantizar la viabilidad de las especies y la diversidad existente en el área, teniendo en cuenta los aspectos que fueron citados como fundamento para la expedición de la citada Resolución 679, entre los cuales se encuentran los siguientes:
“Que los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, por tratarse de ecosistemas naturales, sobresalientes, escasos, frágiles y de alta potencialidad económica, se consideran valiosos, ya que en la zona se presentan formaciones arrecifales de coral, vegetación de algas y rastreras, ecosistemas de manglar y terrazas coralinas.
Que el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo es un área protegida de carácter submarino, que debido a sus características es considerado como un ecosistema especial en el ámbito mundial y comprende una de las fracciones más desarrolladas de corales en la franja Caribe.
Que las islas que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo tienen una gran importancia ecológica, en donde se han presentando impactos sobre la base natural ...
Que este modelo busca la incorporación de criterios para la conservación de los ecosistemas y procesos ecológicos críticos presentes en el área y definir los mecanismos para el manejo y uso sostenible de sus recursos naturales.
Que así mismo, la declaratoria del área marina protegida permitirá la coordinación y articulación de las diferentes entidades con funciones y competencias en la zona, tales como la Dirección General Marítima, Dimar, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Cardique, Carsucre, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Distrito de Cartagena y demás entidades territoriales.
Que la zonificación y el plan de manejo se constituyen como el principal instrumento de planificación para la conservación y manejo del AMP, y toman en consideración los valores únicos del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora el Corchal el “Mono Hernández”, y los principios del desarrollo sostenible. Así mismo, para la protección de áreas representativas por su biodiversidad, la zonificación interna del AMP designa a aquellos hábitats de alto valor e importancia para la conservación, como los arrecifes coralinos, manglares y praderas de fanerógamas marinas, entre otros, como zonas de preservación”.
En consecuencia, es indispensable que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder—, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique —Cardique—, el Distrito Turístico de Cartagena y la Dirección Marítima General —Dimar—, continúen con el desarrollo de las gestiones que conducirán a la formulación del plan de manejo del área marina protegida, para lo cual contaban con un plazo de seis (6) meses, según lo dispuso el artículo 4º de la Resolución 679 de 2005.
Las medidas de protección ordenadas por el juez de primera instancia
Además de la elaboración del modelo de desarrollo sostenible y el plan de manejo del área marina protegida, la sentencia del tribunal ordenó:
• Adoptar medidas urgentes que la zona requiere a efectos de controlar de manera efectiva e inmediata la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos y líquidos al mar, la construcción y/o modificación de la infraestructura turística, residencial, muelles y espolones, tala de manglar y los rellenos. Término: 4 meses.
Se trata de una obligación del Estado (C.P., arts. 8º, 63, 79, 80 y 82), que se desarrolla en el marco de la protección del medio ambiente y la formulación de las políticas ambientales, en armonía con la normativa nacional e internacional, especialmente, el Decreto 2811 de 1974, “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”; la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”; el Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, el cual en el artículo 8º define como obligaciones del Estado, entre otras, la de formular directrices para el establecimiento y ordenación de áreas protegidas o áreas donde se adopten medidas especiales para conservar la diversidad biológica, promover la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales y promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en áreas adyacentes a áreas protegidas; el Mandato de Yakarta; y el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (aprobado por L. 56/87) y su protocolo relativo a las áreas de flora y fauna silvestres especialmente protegidas, (adoptado mediante L. 356/97).
La Sala considera que es necesario delimitar las “medidas urgentes” decretadas por el a quo, a fin de que no se evada su cumplimiento, por lo cual se ordenará a las demandadas llevar a cabo un plan de acción conjunto en el que se organicen mesas de trabajo, a fin de llegar a acuerdos concretos sobre los siguientes asuntos:
1. Control de la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos y líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la utilización de métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas.
2. Seguimiento de los procesos por violación de las normas ambientales, por parte de cada una de las demandadas en el ámbito de sus competencias.
3. Proyección de una acción conjunta con la Alcaldía del Distrito de Cartagena, frente a la construcción y/o modificación de la infraestructura turística y residencial, a fin de que se ejecuten las medidas de demolición de las construcciones ilegales, según se haya determinado en los respectivos procesos sancionatorios, así como en los de cobro coactivo por violación de las normas del Parque Natural Los Corales del Rosario.
4. Programa de recuperación de manglares y arrecifes coralinos para el área marina protegida de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo.
El respectivo informe será presentado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia al comité de verificación, cuya creación se ordenó en la sentencia de primera instancia.
La sentencia recurrida también dispuso:
• Ordenar al Incoder efectuar un estricto seguimiento a los contratos de arrendamiento celebrados con base en el Acuerdo 41 de 2006, para asegurar que los arrendatarios cumplan efectivamente con las normas ambientales, de modo que no se ocasionen perjuicios al medio ambiente.
Mediante el Acuerdo 41 de 2006, “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 33, “por el cual se regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— reguló la administración de los bienes baldíos de reserva de la Nación ubicados en las diferentes islas que conforman el Archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo y facultó al gerente general para entregar en arrendamiento los bienes baldíos reservados, de conformidad con el artículo 10 del código fiscal de 1912, hasta por un término máximo de ocho (8) años, los terrenos de propiedad de la Nación que conforman las islas que integran los archipiélagos Islas Corales de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, que por disposición del artículo 107 del Código Fiscal, Ley 110 de 1912, constituyen reserva patrimonial o territorial del Estado.
El acto se produce en respuesta a las peticiones de algunos de los interesados en los procedimientos de recuperación de baldíos que adelanta el Instituto en la zona de los archipiélagos, quienes plantearon la conveniencia de que se les autorizara, en forma temporal, el uso, goce y aprovechamiento de los terrenos que estaban ocupando. El Incoder consideró viable el procedimiento en atención a la importancia para la economía turística del Distrito de Cartagena de Indias y la conveniente para los intereses de la economía nacional, procurando a su vez que los terrenos que constituyen reserva patrimonial del Estado tengan un uso acorde con la conservación y restablecimiento de los recursos naturales y del medio ambiente, sin permitir el aprovechamiento ilícito del patrimonio estatal.
Sobre este asunto, el tribunal le advirtió al Incoder que debía realizar un seguimiento estricto de los contratos, en relación con las divergencias que pudieran presentarse con el modelo de desarrollo sostenible y el plan de manejo del área, teniendo en cuenta que mediante la Resolución 679 de 2005 se delimitó el área marina protegida de los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo y se establecieron unas zonas de protección, de recuperación, de uso especial y de uso sostenible.
Por lo anterior, la Sala estima pertinente adicionar la orden impartida por el a quo, en el sentido de disponer que dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se reúna con el Incoder, a través de las respectivas dependencias competentes, y evalúen el desarrollo de los mencionados contratos de arrendamiento y determinen si estos se ajustan a los acuerdos del instituto sobre aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, así como a la zonificación interna del área marina protegida delimitada mediante Resolución 679 de 2005 del ministerio y al plan de manejo del área marina protegida, cuando este sea adoptado.
El a quo dispuso en el numeral séptimo de la parte resolutiva:
• Ordenar que Cardique, Dimar y el Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, procedan a adelantar y finiquitar con total eficiencia y prontitud los procesos que se tramitan por infracciones al medio ambiente, contaminación del medio marino y construcciones indebidas en los bienes de dominio y uso público y la recuperación de tales bienes, respectivamente, de modo que se aseguren las medidas que correspondan en cada caso, sin perjuicio de la imposición de las sanciones, si a ello hubiere lugar.
La Sala adicionará esta orden en el sentido de que en un plazo de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, Cardique, Dimar y el Distrito de Cartagena presenten un informe al comité de verificación sobre el impulso y trámite de los procesos administrativos aludidos y justifiquen los que aún no se hayan podido culminar, para que en un plazo igual sean efectivamente terminados, sin lugar a más dilaciones.
El a quo dispuso en el numeral octavo de la parte resolutiva requerir a la Dirección General Marítima —Dimar— para que proceda a verificar la existencia de obstáculos y limitaciones para el uso público de las playas de las Islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, decisión que también se confirmará.
Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar los recursos de apelación del Ministerio de Ambiente y de la Dimar.
Recurso de apelación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
• La responsabilidad del ministerio en la vulneración de los derechos colectivos
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sostiene que el fallo del tribunal desconoce las actuaciones que ha emprendido en torno a la problemática del archipiélago, así como también que para la solución de la misma es necesaria la coordinación y cooperación de los diversos organismos con funciones y competencias en la zona, lo que hasta ahora ha sido imposible debido al ausentismo institucional que ha rodeado el proceso.
En cuanto a la responsabilidad del Ministerio de Ambiente conviene traer a colación el informe de la Contraloría General de la República del año 2000, que resalta lo siguiente:
“Conclusiones de Islas del Rosario.
Después de examinar los expedientes sancionatorios correspondientes al PNN Corales del Rosario se deduce:
Debido a la clara negligencia y omisión de funciones en la investigación y sanción de los hechos, de su inobservancia de términos, actuaciones extemporáneas, demora en la apertura de investigaciones, a que no se practican pruebas decretadas, a la no constatación del cumplimiento de fallos y sanciones proferidos y a la falta de una mayor gestión jurídica, se dejaron caducar expedientes sancionatorios referentes a tala de mangle, excavaciones, rellenos y construcción de obras civiles en áreas de bajamar que hacen parte del PNN Los Corales del Rosario, la unidad y se permitió la violación de:
— La Ley 99 de 1993, artículos 8º, 49 y 52-9.
— La Ley 23 de 1973, artículos 2º, 4º y 17.
— El Decreto 2811 de 1974, artículo 8º, literal b), numerales 80 y 206.
— El Decreto 2324 de 1984, artículos 2º y 166, que definen los bienes de uso público, y el 167, que establece las zonas de bajamar.
— El Decreto 622 de 1977, artículo 30, que establece las prohibiciones de los ciudadanos en los parques nacionales naturales.
— El Acuerdo 14, artículo 205, que determina que las Ciénagas de Cholón, el Pelado, Mohan, etc., son de carácter público en las cuales solo se permite construcciones temporales que incentiven el turismo ecológico, pero que no se construyan residencias permanentes.
— Con la tala de mangle, la unidad permitió la violación del Código Penal en sus artículos 242 y 243, y las resoluciones 1602 de diciembre de 1995 y 20 de enero de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente, que prohíben el uso de ecosistemas de manglar.
— Ley 489 de 1997, artículo tercero.
— El Código Contencioso Administrativo, artículo tercero.
— El Código Penal, artículo tercero.
— Además, la unidad en su inoperancia desconoció la Resolución 1424 del 20 de diciembre de 1996 del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se ordenó la suspensión de construcciones en el área del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, en las Islas del Rosario, en demás cayos, islas o islotes ubicados al interior de los límites del parque y en las islas y bajos coralinos que conforman el Archipiélago de San Bernardo.
— Por último, no obstante que los expedientes caducaron en lo referente a los cargos, la unidad no ha efectuado seguimiento a las medidas que en algunos casos ha impuesto, y menos aún ha exigido estudios ambientales o estudios de impacto ambiental”.
Como ya se advirtió, en el caso bajo examen, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es responsable de la vulneración de los derechos colectivos y, por tanto, es su deber adoptar las medidas de saneamiento ambiental ideadas por la misma entidad, en la Resolución 456 de 2003, analizada a lo largo de esta providencia, entre otros actos.
Ahora bien, se destaca que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebró contrato 0384-06 de 14 de agosto de 2006 (fl. 1341) con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis —Invemar—, cuyo objeto es “formular el plan de manejo del área marina protegida de los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, incluyendo los aspectos jurídicos, técnicos y económicos necesarios para su definición, adopción, implementación y sostenibilidad financiera, de manera que se puedan adoptar medidas que permitan la restauración, conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas presentes en el área como apoyo a las comunidades locales, buscando el aprovechamiento sostenible y alternativo de los recursos ambientales”.
Igualmente, la UAESPNN, por medio de las resoluciones 18 y 22 de 23 de enero de 2007, adoptó los planes de manejo del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo y del Santuario de Flora y Fauna El Corchal.
Estas gestiones corroboran el papel primordial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la adopción de las medidas de recuperación del área protegida, en cumplimiento de su función de regulación de las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural (L. 99/93, art. 5º, num. 2º), por lo que no puede pretender eximirse, bajo el argumento de que las órdenes impartidas en la sentencia son competencia de otras entidades.
Por ello, se insiste, no son de recibo los argumentos que expone en el escrito de impugnación, según los cuales, no es la entidad competente para tomar las medidas tendientes a resolver la problemática de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, pues, por el contrario, se trata de uno de los actores principales del conflicto y de la solución integral que requiere el asunto sub examine; solución que, como ya se dijo, exige la acción conjunta de todas las demandadas, por lo que la responsabilidad en el logro de la misma se predica de todas ellas por igual, siendo el ministerio —como órgano rector de la política ambiental— quien debe dirigir y coordinar directamente las acciones, según lo establece el artículo 6º, numeral 8º, del Decreto 1124 de 1999, que indica como función: “Administrar integralmente las islas, islotes, cayos y morros que pertenecen a la Nación y que conforman el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”.
Recurso de apelación de la Dimar
La Dirección General Marítima no está de acuerdo con el fallo, porque la orden de elaborar un plan de desarrollo sostenible (MDS) para el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo debió impartirse al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras —Invemar—. También alega que no es la entidad competente para controlar la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos y líquidos al mar, pues su actividad se limita al control de la contaminación por actividades marítimas.
Al respecto, la Sala considera que frente al disenso de la recurrente basta señalar que la sentencia ordena la cooperación de los demandados en la adopción del modelo de desarrollo sostenible “en el marco de sus competencias” (numeral tercero de la parte resolutiva), lo que debe armonizarse con el parágrafo del artículo primero de la Resolución 456 de 2003, que indica: “Para la elaboración del modelo a que se refiere el presente artículo, la dirección de ecosistemas convocará la participación permanente de la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar, de la Armada Nacional (resaltado fuera del texto).
Luego no es cierto que no esté llamada a intervenir en la elaboración del MSD, o a adoptar medidas para controlar la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos al mar, por la construcción y/o modificación de la infraestructura turística y residencial, por la tala de manglar y por los rellenos, si se tiene en cuenta que, entre sus funciones se encuentran las de: aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales tendientes a la preservación y protección del medio marino; autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción; autorizar y controlar la construcción y el uso de islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción; y adelantar y fallar las investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, por siniestros marítimos, por violación a las normas de reserva de carga, por contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción, por construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a la jurisdicción de la Dirección General Marítima y Portuaria, e imponer las sanciones correspondientes (D. 2324/84, art. 5º).
El incentivo económico reconocido al actor
Los recurrentes y el delegado del Ministerio Público solicitan que sea revocado el numeral décimo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada que concedió al actor un incentivo económico equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales, porque consideran que no puede haber un reconocimiento a la actividad de quien se desempeñó como procurador delegado para asuntos ambientales y no impetró la acción popular, en ejercicio de su cargo, para hacerlo pocos meses después de su desvinculación.
En relación con el incentivo económico que consagraba el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 y que fue derogado por la Ley 1425 de 2010, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que se trata de un reconocimiento a la labor diligente y oportuna desplegada por el demandante en defensa de los derechos colectivos(12) y que el monto que fija el juez debe ajustarse a las circunstancias específicas de cada caso, así como a la naturaleza, entidad e importancia de la acción(13).
En el caso particular, según los lineamientos jurisprudenciales referidos, la Sala encuentra que estuvo bien concedido el incentivo, aunque estima que el monto que se ajusta a las circunstancias del caso concreto, es de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes, y así lo declarará en la parte resolutiva de la sentencia, amén de que el hecho de que el actor no hubiera ejercido la acción popular cuando estuvo en ejercicio de las funciones como procurador delegado para asuntos ambientales, no le quita la condición de ciudadano que con posterioridad al desempeño del cargo le da la respectiva legitimación para incoar la acción.
• El área del Archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura turística y recreacional y a la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un severo impacto ambiental por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares y bosques secos, la descarga de sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca indiscriminada, entre otros, factores que han causado impactos negativos en los ecosistemas.
• El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder—, la Dirección General Marítima —Dimar—, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique —Cardique— y el Distrito Turístico de Cartagena, son responsables de la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda, porque las medidas adelantadas con miras a la conservación y preservación de los recursos naturales del área de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, no han sido suficientes para lograr la recuperación de la zona, la protección de la biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y el cumplimiento de las normas ambientales de las zonas de protección de los parques nacionales naturales.
• Para la protección efectiva de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, se requiere una solución integral con el concurso de todas las autoridades públicas que tienen competencias en el área, especialmente en relación con lo dispuesto en la Resolución 456 de 16 de abril de 2003, mediante la cual se ordena la elaboración de un modelo de desarrollo sostenible (MDS) para los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo.
• Además de las medidas ordenadas en la sentencia de primera instancia, entre las cuales se encuentra la elaboración del modelo de desarrollo sostenible ordenada en el artículo cuarto de la Resolución 456 de 2003 y la formulación del plan de manejo del área marina protegida, para lo cual se suscribió el contrato C-0384 de 14 de agosto de 2006, la Sala adicionará las siguientes:
A) Se adiciona el numeral quinto de la parte resolutiva, para señalar que las medidas urgentes que allí se relacionan, se enfoquen a los siguientes aspectos:
B) Se adiciona el numeral sexto de la parte resolutiva, en el sentido de disponer que dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se reúna con el Incoder, a través de las respectivas dependencias competentes, y evalúen el desarrollo de los contratos de arrendamiento a los que se refiere el Acuerdo 41 de 2006, y determinen si estos se ajustan a los acuerdos del instituto sobre aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, así como a la zonificación interna del área marina protegida delimitada mediante Resolución 679 de 2005 del ministerio y al plan de manejo del área marina protegida, cuando éste sea adoptado.
C) Se adiciona el numeral séptimo de la parte resolutiva, en el sentido de indicar que en el plazo de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, Cardique, Dimar y el Distrito de Cartagena deben presentar un informe al comité de verificación sobre el impulso y trámite de los procesos administrativos por infracciones al medio ambiente y justifiquen los que aún no se hayan podido culminar, para que en un plazo igual sean efectivamente terminados, sin lugar a más dilaciones.
D) Se modifica el numeral décimo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, para señalar que la suma reconocida al actor por concepto de incentivo económico, es de diez (10) salarios mínimos mensuales legales.
1. ADICIÓNASE el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, para señalar que las medidas urgentes que allí se relacionan, se enfoquen a los siguientes aspectos:
2. ADICIÓNASE el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de disponer que dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se reúna con el Incoder, a través de las respectivas dependencias competentes, y evalúen el desarrollo de los contratos de arrendamiento a los que se refiere el Acuerdo 41 de 2006, y determinen si estos se ajustan a los acuerdos del instituto sobre aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, así como a la zonificación interna del área marina protegida delimitada mediante Resolución 679 de 2005 del ministerio y al plan de manejo del área marina protegida, cuando éste sea adoptado.
3. ADICIÓNASE el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de indicar que en el plazo de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, Cardique, Dimar y el Distrito de Cartagena deben presentar un informe al comité de verificación sobre el impulso y trámite de los procesos administrativos por infracciones al medio ambiente y justifiquen los que aún no se hayan podido culminar, para que en un plazo igual sean efectivamente terminados, sin lugar a más dilaciones.
4. MODIFÍCASE el numeral décimo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, para señalar que la suma reconocida al actor por concepto de incentivo económico, es de diez (10) salarios mínimos mensuales legales.
5. CONFÍRMASE la sentencia apelada, en lo demás.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de noviembre de 2011».
(2) Resoluciones 4698 de 27 de septiembre de 1984 y 4393 de 15 de septiembre de 1986 del Incora.
(3) Ver folio 160.
(4) Ministerio de Ambiente, folio 1022.
(5) Aprobado mediante Ley 56 de 1987.
(6) Medio marino del Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas adyacentes del Océano Atlántico al sur de los 30’ de latitud norte y dentro de las 200 millas marinas de las costas atlánticas de los Estados a que se hace referencia en el artículo 25 del convenio.
(7) Aprobado mediante Ley 165 de 1994.
(8) Por medio de la cual se ordena la elaboración de un modelo de desarrollo sostenible para los archipiélagos de Nuestra señora del Rosario y de San Bernardo.
(9) Anexo 3.
(10) Folio 108.
(11) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 679 de 2005, folio 1022.
(12) Expedientes 2003-00073; 2003 00375; 2004-3532, entre otros.
(13) Consejo de Estado - Sección Tercera, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, 24 de agosto de 2000, Rad.: AP-056, actor: Freddy Antonio López Alvarado.

References: RESOLUCIÓN 
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 artículo 8
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 artículo 1
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 artículo 4
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 artículo 4
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 artículo 8
 artículo 10
 artículo 107
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 artículo 8
 artículo 30
 artículo 205
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 artículo 6
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 artículo 39
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 artículo 25
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