Source: https://tc.vlex.es/vid/117-f-j-ba-1990-ta-sstc-15354782
Timestamp: 2019-10-23 08:27:23+00:00

Document:
STC 202/1998, 14 de Octubre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354782
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 4.111/1996
1. Reiteradamente ha afirmado este Tribunal que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E. comprende, entre otros, el derecho a que sean ejecutadas en sus propios términos las resoluciones judiciales firmes, pues sin ello la tutela de los derechos e intereses legítimos de los que obtuvieron una resolución favorable no sería efectiva, sino que se quedaría en unas declaraciones de intenciones y de reconocimiento de derechos sin alcance práctico, correspondiendo a los Tribunales velar por ese cumplimiento, como expresamente se declara por el art. 117.3 C.E., de modo que desconoce el derecho fundamental el Juez que, por omisión, pasividad o defectuoso entendimiento, se aparta, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que debe ejecutarse, o se abstiene de adoptar las medidas necesarias para su ejecución, cuando le sea legalmente exigible [F.J. 2]. 2. Se ha establecido por nuestra jurisprudencia que determinar cuál sea el sentido de un fallo es una función netamente jurisdiccional, no correspondiendo a este Tribunal, en vía de amparo, sustituir a los órganos judiciales en el cometido de fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, cumpliéndole, estrictamente, velar para que tales decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución de un modo razonablemente coherente con el contenido de la resolución que se haya de ejecutar, de forma que la decisión judicial, si no es incongruente, arbitraria o irrazonable, debe ser respetada [F.J. 2]. 3. A juicio del recurrente de amparo, el Juzgado de lo Social, al ejecutar la Sentencia de suplicación, habría calculado erróneamente los salarios de tramitación debidos, vulnerando así el art. 24.1 C.E., en su vertiente de derecho a la ejecución de las Sentencias en sus propios términos. Se afirma que en el presente supuesto, donde la Sentencia de instancia declaró la improcedencia del despido y el empresario optó por la indemnización, conforme a las normas procesales serían debidos solamente los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de la opción empresarial; sin embargo, el Juzgado incluyó también los salarios de tramitación del recurso de suplicación [F.J. 4]. 4. Debe rechazarse que el yerro de la Sala de lo Social, en cuanto al sentido de la opción empresarial, determine la concurrencia en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia impugnada de un error patente o manifiesto que, deslizado en la argumentación de aquélla, sea determinante de la decisión adoptada, en cuanto soporte único o básico de la resolución (STC 117/1996). La decisión de la Sala, por el contrario, coincide con la del Juzgado de lo Social, el cual partía del dato correcto sobre la opción empresarial en favor de la indemnización, confirmando la interpretación de las normas procesales realizada por el citado Juzgado [F.J. 4]. 5. La cuestión relativa al alcance temporal del abono de la indemnización de los salarios de tramitación, en casos como el enjuiciado, no fue pacífica en la jurisprudencia laboral (incluso bajo la vigencia de la anterior Ley de Procedimiento Laboral de 1990), habiendo sido preciso que el Tribunal Supremo en unificación doctrinal dicte la Sentencia de 24 de marzo de 1998, que ha venido a establecer la interpretación correcta de las normas procesales vigentes [art. 111.1 b) de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995]. En tal situación jurisprudencial, no puede reputarse de irrazonable la interpretación de las normas procesales laborales realizada por los órganos judiciales, en relación con una cuestión controvertida en aquel momento, y que sólo con posterioridad ha sido resuelta por el Tribunal Supremo [F.J. 4]. 6. Tampoco debe estimarse la pretensión de que las resoluciones impugnadas hayan incurrido en un vicio de incongruencia por omisión, lesión que el recurrente residencia en haber sido desatendido el mandato del Tribunal Superior de Justicia en la Sentencia de ejecución. En concreto, la llamada incongruencia omisiva o «ex silentio», alegada en el presente caso, se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes en momento procesal oportuno, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. No es necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a la pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales (SSTC 91/1995, 56/1996, 58/1996, 85/1996 y 26/1997) [F.J. 5].
Sentencia citada en: 470 sentencias, 9 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 4.111/96, interpuesto por don Juan R. M. C. representado por el Procurador de los Tribunales don José Granados Weil y asistido por el Letrado don Jaime Anchel Rubio, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 11 de septiembre de 1996, así como contra los Autos de 25 de marzo y 16 de abril de 1994, del Juzgado de lo Social núm. 11 de Valencia. Han sido partes, además del Ministerio Fiscal, doña María I. R. C. representada por el Procurador don Raúl Martínez Ostenero y asistida por la Letrada doña Susana Izquierdo Giménez. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 13 de noviembre de 1996, don José G. W. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Juan R. M. C. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 11 de septiembre de 1996, así como contra los Autos, de 25 de marzo y 16 de abril de 1994, del Juzgado de lo Social núm. 11 de Valencia.
a) Doña María I. R. C. interpuso demanda sobre despido contra el empresario ahora recurrente, que fue estimada por la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 11 de Valencia, el día 4 de noviembre de 1994. La citada Sentencia declaró la improcedencia del despido de la trabajadora y condenó al empresario a que, ejerciendo su derecho de opción, readmitiera a la trabajadora o le indemnizara en cuantía de 89.635 pesetas, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido -31 de julio de 1994-, a razón de 4.039 pesetas diarias. El empresario optó por la indemnización.
b) Asimismo, el empresario recurrente interpuso recurso de suplicación contra la Sentencia de instancia. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencia de 13 de febrero de 1996 estimó en parte el recurso, mantuvo la declaración de improcedencia del despido y condenó a la empresa a que a su opción readmitiera a la trabajadora o le indemnizara con arreglo al salario diario de 3.328 pesetas. «Devuélvase -añadía el fallo- el depósito efectuado para recurrir y parcialmente la cantidad consignada en la cuantía correspondiente a la diferencia de la condena de la Sentencia del Juzgado de lo Social de instancia y la de esta Sala».
«El Juez de instancia denegó el recurso de suplicación ... por entender que tal posibilidad quedaba fuera de las previsiones del art. 189.2 L.P.L., y tal decisión debe de ser confirmada por las siguientes razones: a) El Auto recurrido fijó la indemnización y los salarios de tramitación correspondientes al demandante, acogiéndose estrictamente a las previsiones que había mantenido esta Sala en la Sentencia de cuya ejecución se trataba ...; b) Siendo ello así, y no teniendo el Juez a quo otra posibilidad de opción resolutoria que la de adoptar la decisión concreta que tomó, su decisión no puede ser considerada como sustancial a los efectos de aceptar contra ella la formulación de recurso de suplicación, cual el art. 189 L.P.L. exige; en efecto, el recurrente no denuncia ningún exceso en la indemnización ni en los salarios, ni ninguna falta procesal, ... siendo no sustancial, ..., toda decisión de ejecución que venga necesariamente derivada de lo dispuesto en la Ley, que es lo que en el presente supuesto ocurre, puesto que la ejecución de la Sentencia firme dictada en las presentes actuaciones no permitía adoptar otra decisión que la tomada; y c) El mandamiento de devolución de las 25.000 pesetas, así como la devolución de la cantidad diferencial consignada, acordado por la Sala, tienen en sí mismos un carácter accesorio respecto de la decisión principal que no pueden condicionar la admisión o no del recurso de suplicación, a la vista de lo previsto en el reiterado art. 189.2 L.P.L.»
6. En providencia de 11 de febrero de 1998, la Sección Segunda acordó tener por personado y parte al Procurador señor Martínez Ostenero, en nombre y representación de doña María I. R. C. y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
8. La representación de doña María I. R. C. por escrito registrado el 6 de marzo de 1998, formuló alegaciones interesando la desestimación de la demanda de amparo. Entiende que en el presente supuesto no ha existido vulneración de los derechos fundamentales previstos en el art. 24 C.E., esto es, derecho a la tutela judicial efectiva y derecho a un proceso público con las garantías debidas, puesto que los órganos judiciales han respetado dichos derechos, dando traslado de todas las actuaciones al demandante, haciendo uso el mismo de los recursos que la Ley le concede, y obteniendo sendas resoluciones judiciales bien fundadas y suficientemente motivadas.
En primer lugar, entiende el Fiscal que la Sentencia de suplicación, cuya inejecución se denuncia, se ejecutó en sus propios términos. A su juicio, la pretensión del recurrente relativa a que el cumplimiento de esta resolución implicaba retrotraer la extinción de la relación laboral al momento de la opción, descontando de la cantidad consignada el sobrante, al haberse fijado un salario día inferior por la Sentencia de suplicación, nunca fue explicitada ante el Juzgado de lo Social y además no se ajusta a las previsiones legales. Afirma que de lo prevenido por los arts. 110, 111 y 276 y ss. L.P.L. se deduce que la extinción de la relación laboral sólo puede decretarse, en los casos de despido improcedente en que se haya ejercitado el derecho de opción por el empresario a favor de la indemnización, y la resolución de instancia es recurrida, cuando la contienda es resuelta por resolución firme, y se insta la ejecución. Los salarios de tramitación se extienden hasta la resolución que declara extinguida la relación laboral [arts. 110 y 279 c) L.P.L., art. 56 E.T.]. La indemnización por despido se calcula computándose también el tiempo de tramitación del recurso de suplicación y el transcurrido hasta el Auto que declara extinguida la relación laboral [art. 279 b) L.P.L.].
En el fallo de la Sentencia de suplicación, que hoy se dice indebidamente inejecutado, la Sala mantuvo la declaración de improcedencia del despido decretada por la Sentencia de instancia, y condenó a la empresa a que, ejercitando su derecho de opción, readmitiera a la trabajadora o le indemnizara con arreglo a un salario diario inferior al determinado por la Sentencia de instancia. «Devuélvase -añadía el fallo- el depósito efectuado para recurrir y parcialmente la cantidad consignada en la cuantía correspondiente a la diferencia de la condena de la Sentencia del Juzgado de lo Social de instancia y la de esta Sala».
La cuestión planteada se limita así a la valoración que desde la perspectiva constitucional del art. 24.1 C.E. pueda realizar este Tribunal de la interpretación de las normas procesales laborales sostenida por los órganos judiciales, en relación al dies ad quem de la indemnización de los salarios de tramitación.
Hay que recordar la doctrina de este Tribunal que, desde la STC 20/1982, ha declarado reiteradamente que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal (SSTC 177/1985, 191/1987, 88/1992, 369/1993, 172/1994, 311/1994, 111/1997, 220/1997). De este modo, el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial ineludiblemente presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum-. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.
En concreto, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio, alegada en el presente caso, se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes en momento procesal oportuno, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. No es necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a la pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales (SSTC 91/1995, 56/1996, 58/1996, 85/1996, 26/1997).
Denegar el amparo solicitado por don Juan R. M. C.
STS 1941/2001, 26 de Octubre de 2001
STSJ Comunidad Valenciana , 30 de Septiembre de 2005

References: resolución 
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