Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520546.html
Timestamp: 2019-04-22 14:08:43+00:00

Document:
as201520546
Auto Supremo: 546/2015 - L Sucre: 14 de julio 2015 Expediente: CB–59–10–S Partes: Amilcar Eddy Morales Abasto representado por Annelisse Ponce López,
José Elmer Zambrana García y Luís Eduardo Cabrera Ponce. c/ Blanca
Olinda Claros Mena y Luís José Soto Hidalgo.
Proceso: Nulidad de ventas, reivindicación, mejor derecho de propiedad, acción
negatoria, más el pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Patricia Annelisse Artero Ponce y Jhulisa Roxana Arispe Herrera por Amilcar Eddy Morales Abasto de fs. 566 a 569 y vta., impugnando el Auto de Vista Nº 31/2010 de fecha 20 de abril de 2010 de fs. 560 a 561 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de Nulidad de ventas, reivindicación, mejor derecho de propiedad, acción negatoria, más el pago de daños y perjuicios, seguido por Amilcar Eddy Morales Abasto representado por Annelisse Ponce López, José Elmer Zambrana García y Luís Eduardo Cabrera Ponce contra Blanca Olinda Claros Mena y Luís José Soto Hidalgo, las contestaciones de fs. 573 a 577 y vta., y de fs. 583 a 584, la concesión de fs. 584 vta., los antecedentes del proceso, y;
El Juez Quinto de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, dictó la Sentencia Nº 1693/2006 de fecha 14 de octubre de 2006 de fs. 527 a 530, declarando Improbada la demanda de fs. 17 a 20 vta. Probadas las excepciones perentorias de fs. 35 opuestas a la demanda principal. Probada en parte la reconvención de fs. 35 vta. a 37 en cuanto a la vigencia y valor de los documentos de venta demandados de nulidad e Improbada la solicitud de pago de daños y perjuicios. Improbadas las excepciones perentorias de fs. 45-46 opuestas a la reconvención. Probadas las excepciones perentorias de fs. 85 a 92 vta., planteadas a la demanda principal. En consecuencia se declara: Vigente y con pleno valor legal el documento público expedido por el Juez Registrador de Derechos Reales de Quillacollo en 4 de junio de 1998 registrado bajo la partida y foja 2422 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Quillacollo. Vigente y con todo valor y efecto jurídico el instrumento público registrado en Derechos Reales bajo la partida y fojas 2417 del Libro Primero de Propiedades de la Provincia Quillacollo en 15 de junio de 2001.
Resolución de primera instancia que es apelada por la parte demandante por memorial de fs. 534 a 536 y vlta., que mereció el Auto de Vista Nº 31/2010 de 20 de abril de 2010, de fs. 560 a 561 vta., por el cual confirma la Sentencia, resolución de alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por la parte demandante, que obtiene el presente análisis.
Solicita se anule obrados hasta el decreto de autos para Sentencia de fs. 525 inclusive, cuando el Juez después de más de 2 años de la clausura del término de prueba dicta la providencia referida, omisión que afecta al debido proceso, por lo que corresponde su nulidad por mandato de los arts. 252 del Código de Procedimiento Civil y 247 de la Ley de Organización Judicial, violando el art. 395 y 394 del Código de Procedimiento Civil, e incurrido en el retardo previsto por el “art. 250 del CPC”, infringiendo los arts. 206, 208 y 209 del mismo compilado adjetivo. Al respecto cita la jurisprudencia contenida en el A.S. Nº 108 de 23 de abril de 1987 dictada por la Sala Civil II.
Agrega que al respecto el tribunal Superior no dice nada, pese a ser el punto noveno del recurso de apelación de fs. 536 vta., amparándose en la pertinencia que refiere el art. 236 del CPC, sin referirse al art. 205 y sgtes. del mencionado compilado, y por infringir normas procesales de cumplimiento obligatorio y de orden público como manda el art. 90 del compilado adjetivo civil, provoca la nulidad prevista por el art. 251 del CPC.
El Auto de Vista también ha violado las formas esenciales del proceso que se detallan, así como se sugieren aspectos que están más allá de los puntos fijados por la apelación, también debía comprenderse que el codemandado Luís José Soto Hidalgo no reconvino y limitó su defensa a la oposición de excepciones (fs. 85-92). Consecuencia de estas infracciones el presente recurso de casación procede como un remedio extraordinario cuando en la tramitación de éste proceso y en las resoluciones se han violado normas esenciales del proceso, vulnerando formalidades esenciales que causan nulidad.
Otra infracción, se menciona como demandada a Blanca Olinda Claros Mina, persona distinta a la que demandó su mandante Blanca Olinda Claros Mena.
Todos estos vicios que provocan la nulidad del proceso no fueron advertidos por el Ad quem que debería aplicar el art. 90 del CPC, en cumplimiento de las normas procesales que son de orden público.
En el caso de autos se infringe el art. 3 numerales 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, art. 4 numeral 4) del CPC, porque el Juez debió exigir las pruebas que considere necesarias como exhibiciones de los documentos que el Banco dejó de presentar y que estas darían lugar a la demostración de dineros remitidos a la demandada, intervenir en éste proceso y pedir protección jurídica, art. 87, 90, 91 y art. 182 del CPC, el Juez convocó a conciliación entra las partes sin ninguna sanción a la inasistencia de la demandada quien demostró malicia al llamado del juzgador, aspecto que pudo ser causa de presunción para eludir la responsabilidad de decir la verdad.
Luego de desarrollar y cuestionar las consideraciones realizadas por el Ad quem, concreta que la casación en el fondo debe darse en consideración a las siguientes infracciones y violaciones que expone:
1) Es evidente que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación de acuerdo al art. 227 del CPC. En el caso que nos ocupa no cumple con la disposición citada, no contiene decisiones expresas, positivas y precisas, pasando por alto el contenido mismo del proceso, sin embargo confirma la Sentencia.
2) En el punto 2 del último considerando, el Auto de Vista señala que los documentos privados de fs. 8 a 12 no tienen valor porque Blanca Olinda Claros Mena no interviene y se trata de declaraciones que solo le interesan a los concurrentes y de ninguna manera puede vulnerar derechos de la parte actora. Si ese es el criterio se contradicen porque se trata de defender los derechos del actor que es su mandante no de la demandada.
3) Continúa y refiere que el Auto de Vista, en el punto 3 de ese último considerando que las declaraciones de los testigos, entre los que esta Esteban Rodríguez Mamani, no las considera por no estar firmadas por el Juez. Que sanción se dió a la responsabilidad del juzgador que debía actuar en base a un saneamiento procesal. Ninguna.
Refiere que no tiene valor probatorio para desvirtuar la validez del documento de 19 de septiembre de 1997 por prohibición del art. 1328 numeral 2 con referencia al art. 1327 del CC, sin considerar que el art. 1328 numerales 1) y 2) del mismo sustantivo admite en caso especiales, como en el de autos, en el que se pretende desvirtuar la legalidad y legitimidad de un instrumento público por actuación de mala fe y por causa ilícita de quien aparece como compradora utilizando dineros de su mandante. Existe principio de prueba escrita y el contrato de venta entre Esteban Rodríguez Mamani y esposa Blanca Olinda Claros Mena fue impugnado de falsedad e ilicitud. El Auto de Vista ha violado el art. 1328 numerales 1) y 2) del Código Civil.
4) Del contenido del Auto de Vista se evidencia que no hubo un análisis ni interpretación correcta de los antecedentes del proceso, menos una aplicación debida de la ley, incurriendo en error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, como las advertidas.
Por lo expuesto, solicita casar el Auto de Vista recurrido, en forma total y con responsabilidad al Tribunal inferior.
1. En relación al primer agravio de forma donde denuncia perdida de competencia y retardación de justicia.
Al respecto, corresponde referir que de la providencia de fs. 412 vta., se conoce que una vez concluido el término probatorio el A quo ordena agregar los cuadernillos de prueba al expediente y entregar el mismo a los abogados por su turno para que en el plazo establecido por ley formulen sus conclusiones si creyeren conveniente, imprimiendo de esta manera el trámite establecido por ley, sin embargo, ninguna de las partes cuestiona el tiempo transcurrido desde el decreto de clausura hasta el decreto de autos con los recursos que la ley le franquea, por lo que ese aspecto no fue reclamado oportunamente por ninguna de las mismas, consintiendo y convalidando de esta manera cualquier anormalidad procesal; en ese estado de la causa en fecha 05 de septiembre de 2006 se dictó autos para sentencia (fs. 525), fecha desde la cual se computa el plazo para dictar resolución, habiendo sido dictado la Sentencia en fecha 14 de octubre de 2006, es decir a los 39 días del decreto de autos, encontrándose en consecuencia dicha resolución de primera instancia dentro del término establecido por el art. 204-1) del Código de Procedimiento Civil.
En relación a lo anterior, en observancia del principio de conservación de los actos, corresponde referir además que en sujeción de los nuevos principios que rigen la administración de justicia en el actual Estado Constitucional, previstos en los arts. 178-I y 180-I de la Constitución Política del Estado, este Tribunal ha modulado el entendimiento anteriormente asumido por la Ex Corte Suprema de Justicia, y como resultado de ello se tienen los A.S. Nº 336/2013 de 05 de julio, Nº 279/2014 de 06 de junio, y Nº 203/2015 de 26 de marzo, donde se dejó claramente establecido que la perdida de competencia por vencimiento del plazo para la emisión de la Resolución ya sea Sentencia o Auto de Vista, ya no es motivo de nulidad del fallo si esa situación no fue oportunamente reclamada al momento del vencimiento del plazo por las partes litigantes, sin que ello implique liberar de las sanciones y responsabilidades a los infractores que no cumplen con los plazos procesales, conforme a este nuevo entendimiento, la pérdida de competencia opera si en el momento de vencido del plazo, las partes reclaman de ese aspecto, y si no lo hacen consienten en que la Resolución sea emitida fuera de plazo, pues no resulta moral ni legal reservarse dicho reclamo ante un eventual e hipotético caso de que la Resolución sea desfavorable y recién activar el mismo.
Consiguientemente los fundamentos vertidos por el ahora recurrente para disponer la nulidad de obrados hasta el estado de dictar nueva sentencia a ésta altura del proceso no tienen la trascendencia debida.
2. Con relación a su denuncia de falta de pronunciamiento, debemos señalar que correspondía al ahora recurrente activar previamente su derecho de explicación y complementación, en el marco del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no haber procedido así, su derecho ha precluido.
3. Sobre su acusación de contradicción en la identidad de la demandada; muy al margen de que este error de transcripción no le causa agravio evidente al ahora recurrente, corresponde aclarar que este “lapsus” incluso puede ser subsanado en ejecución de sentencia, por lo que no tiene la trascendencia que busca la parte actora, deviniendo esta denuncia en inconsistente.
4. En relación a sus demás agravios de forma desarrollados en esta parte (donde se acusa que: “el codemandado Luís José Soto Hidalgo no reconvino y limitó su defensa a la oposición de excepciones”, que “el A quo no exigió las pruebas necesarias como exhibiciones de los documentos”, y que “el juez convocó a conciliación entre las partes sin ninguna sanción a la inasistencia de la demandada”), debemos señalar que al no haber sido motivo del recurso de apelación, estos agravios no fueron considerados por el Tribunal de alzada, por lo que no existe pronunciamiento alguno al respecto por parte del mismo, en ese antecedente y conforme al principio del “per saltum” este Tribunal no puede ingresar a considerar los mismos.
En consecuencia, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.
1. En relación a su denuncia de incumplimiento del art. 227 del Código de Procedimiento Civil por parte del Auto de Vista.
Respecto a éste agravio debemos concretar que la denuncia de incongruencia y falta de pertinencia corresponde al recurso de casación en la forma, por lo que no merece pronunciamiento alguno en el presente acápite. Sin embargo, corresponde aclarar que la norma aludida por el ahora recurrente (art. 227 del CPC) hace a la pertinencia y fundamentación que debe observar el apelante a momento de interponer su recurso, y no así a la pertinencia y congruencia que debe guardar el Auto de Vista, presupuesto último que está regulado por el art. 236 (Pertinencia de la Resolución) del Código de Procedimiento Civil.
2. Sobre el valor probatorio no otorgado a los documentos de fs. 8 a 12.
En esta parte, si bien el recurrente hace mención a los documentos de fs. fs. 8 a 12 a los cuales no se habría otorgado el valor probatorio que tienen, sin embargo en el fundamento expresado en ese acápite no diferencia cuál el error atribuido a estos medios probatorios señalados, no fundamenta ni demuestra el supuesto error cometido por el Juzgador, de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, limitándose solo a referir que no se habría otorgado valor probatorio por el Ad quem, situación que no es concordante con el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que la apreciación de los medios probatorios es una facultad privativa de los jueces inferiores, incensurable en casación, por lo que no se puede pretender forzar una nueva apreciación de la comunidad probatoria como si se tratase la casación de una etapa más de revisión, salvo que se pruebe error de derecho o error de hecho objetivamente, en consecuencia la fundamentación debe estar dirigido a verificar el error cometido para que éste Tribunal ante el error evidente realice una correcta apreciación.
Por lo expresado, y muy al margen de que los extremos denunciados no son evidentes, la parte recurrente no fundó su denuncia de valoración de la prueba en error de hecho o de derecho, como exige la norma, pretendiendo que éste Tribunal realice una nueva valoración del elemento probatorio, lo que no es permitido por ley.
3. En relación a su denuncia de violación del art. 1328 numerales 1) y 2) del Código Civil.
Al respecto, corresponde referir que en el presente caso de autos, los tribunales de instancia han establecido que no concurren las causales de nulidad demandadas por la parte actora y fundamentadas en los incs. 2), 3) y 4) del art. 549 del Código Civil, porque en la especie no existe contradocumento ni prueba documental idónea que acredite los fundamentos ni los presuntos depósitos efectuados por el ahora recurrente, en ese antecedente los documentos privados de fecha 22 de diciembre de 1997 y de 8 de abril de 2002 (fs. 8 a 12), ciertamente no pueden constituirse en principios de prueba en contra de la demandada, porque en ellos no participa la misma, sino que en esta relación jurídica quienes intervinientes son Esteban Rodríguez Mamani, los herederos de Eduardo Miranda Ayala y Amilcar Eddy Morales Abasto, por lo que sus alcances les incumben a los suscribientes y de ninguna manera puede vulnerar derechos de la ahora demandada, conforme preceptúa los arts. 519 del Código Civil: “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes…”, asimismo el art. 1538-III del Código Civil, dispone: “Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjuicio a terceros interesados”; en ese antecedente, las declaraciones testificales de cargo de fs. 422 a 427, no tienen el valor probatorio para desvirtuar la validez del Testimonio expedido por Derechos Reales donde se encuentra inserto el documento público de fecha de 19 de septiembre de 1997, aclarado y complementada por documento de fecha 11 de mayo de 1998 (este último que no ha sido objeto de la nulidad demandada), el mismo que se encuentra legalmente registrado en Derechos Reales a fs. y Partida Nº 2422 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Quillacollo en fecha 04 de junio de 1998, haciéndose de ésta manera aplicable en el presente caso el art. 1328 del Código Civil, que dispone: ”(Prohibición de la prueba testifical). La prueba testifical no se admite: 1) Para acreditar la existencia ni la extinción de una obligación, cuando el valor de ella exceda el límite de las acciones de mínima cuantía determinadas por la Ley de organización Judicial, excluyendo frutos, intereses u otros accesorios o derivados de la acción principal. 2) Tampoco se admite en contra y fuera de lo contenido en los instrumentos, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, a tiempo o después que ellos se otorgaron, aun cuando se trate de suma menor”.
De lo que se concluye que las atestaciones de los testigos de cargo, en el marco de los arts. 1327 y 1328-2) del Código Civil, correctamente ha sido desestimada por el Tribunal de segunda instancia.
Sin embargo, al margen de los señalado, y a manera de aclaración corresponde señalar qué cosa distinta es que la parte actora hubiera atacado los contratos de transferencia del bien inmueble objeto de litigio, bajo el fundamento de que la adquisición de este bien fuera efectuada a nombre de la ahora demandada, como consecuencia de una simulación, y que la realidad fuese que tal adquisición fue efectuada a nombre del actor, si esto fuera así, los fundamentos de su pretensión deberían atacar la simulación, donde sí se haría aplicable el parágrafo I del art. 545 del Código Civil que dispone: “I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios, incluyendo el de testigos”, más no pretender la falta de los requisitos en el objeto del contrato, la ilicitud de la causa y del motivo y el error esencial, bajo el fundamento de que fue víctima de engaño, abuso de confianza e inducido en error para conseguir su consentimiento y que se suscriba el contrato a nombre de la ahora demandada, presupuestos que en su caso configurarían causal de anulabilidad empero no de nulidad como correctamente estableció el Tribunal de alzada, no existiendo en ello infracción de la ley como pretende el ahora recurrente.
4. En la relación a este último agravio al ser reiterativo de los anteriores; corresponde remitirnos a los puntos precedentemente desarrollados.
De donde se concluye que los tribunales de instancia han fallado de forma correcta en el marco de la ley, haciéndose de esta manera infundados los agravios denunciados.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 566 a 569 y vta., interpuesto por Patricia Annelisse Artero Ponce y Jhulisa Roxana Arispe Herrera por Amilcar Eddy Morales Abasto, que recurre del Auto de Vista Nº 31/2010 de fecha 20 de abril de 2010 de fs. 560 a 561 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia de Cochabamba. Con costas.

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