Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-448-de-octubre-15-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_08cee2cb0d8501b6e0530a01015101b6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 02:28:46+00:00

Document:
DECRETO 448 DE 15 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:REGLAMENTA LA POLÍTICA DE INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA QUE PROMUEVEN LA PROTECCIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y MORADORES ORIGINALES Y SU VINCULACIÓN A DICHOS PROYECTOS, Y MODIFICA EL DECRETO DISTRITAL 539 DE 2012, EN LO ATINENTE AL SUBSIDIO DISTRITAL DE VIVIENDA PARA HOGARES QUE VIVEN EN ALQUILER.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, ENTIDAD PÚBLICA DISTRITAL, PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONFLICTO ARMADO, SUBSIDIO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE
BOLETÍN N°:REGISTRO DISTRITAL 5452 DE OCTUBRE 16 DE 2014
(Octubre 15 de 2014)
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 2º, 11, 13, 51 y 334 de la Constitución Política, numeral 4º del artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y los artículos 34 de la Ley 9ª de 1989 y 19 de la Ley 388 de 1997, y,
Que según el artículo 39 de la Ley 9ª de 1989 son “planes de renovación urbana aquellos dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, con el fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad”.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de 1997 “Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente ley”.
Que desde la expedición de Ley 9ª de 1989 se adoptó un enfoque dirigido a proteger a los moradores de los proyectos de renovación urbana, con el fin de evitar que dichos proyectos redunden en expulsión de los propietarios y ocupantes originales o en desplaza miento de actividades económicas tradicionales y, en consecuencia, en exclusión social.
Que la observación Nº 4 del Comité DESC, que constituye una interpretación autorizada del artículo 11 del Pacto DESC, establece el alcance del término vivienda adecuada, resalta que el derecho a la vivienda está vinculado a otros derechos humanos y señala que la dignidad inherente a la persona humana, exige que el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras consideraciones, y que este derecho se garantice a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. Además, el comité resalta que existen aspectos mínimos del derecho a la vivienda que se deben tener en cuenta independientemente de las particularidades del contexto en el que se encuentre, como son: la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, los materiales, los equipamientos e infraestructuras, los gastos soportables, la habitabilidad, la asequibilidad, la localización y la adecuación cultural.
Que la observación Nº 7 del Comité DESC, estableció la relación entre el derecho a una vivienda adecuada, contemplado en el artículo 11 del Pacto DESC y los desalojos forzosos. Aclara el alcance de la expresión “desalojos forzosos” utilizada en la observación Nº 4 en relación con la seguridad de la tenencia, al definirla como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos y se indica que “(...) la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los pactos internacionales de derechos humanos”.
Que según la misma sentencia las condiciones de la vivienda implican que “La vivienda no puede, desde un punto de vista material, equipararse a la existencia de un simple techo que impida la lluvia y el frío o calor excesivos” añadiendo que, “(...) el derecho a la vivienda digna implica, entonces, una relación estrecha entre las condiciones de vida digna de la persona y la garantía de la realización de derechos sociales y colectivos y el aseguramiento de la prestación eficiente y planificada de los servicios públicos domiciliarios y servicios públicos asistenciales, requeridos para la vida en sociedad de una persona”, asimismo, señala en relación con la seguridad del goce de la vivienda, que debe reunir estos elementos: asequibilidad, consiste en “la existencia de una oferta suficiente de vivienda, así como el acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia de la vivienda”; seguridad jurídica de la tenencia “apunta a que las distintas formas de tenencia de la vivienda-propiedad individual, propiedad colectiva, arriendo, leasing, usufructo, etc., estén protegidas jurídicamente, principalmente contra desahucio, hostigamiento, etc.”, y gastos soportables, que implican que “los gastos personales o de la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas”.
Que la observación Nº 4 ya mencionada resalta que los gastos soportables de los hogares que entraña la vivienda “deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. [Por lo tanto,] Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Y que “se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres.”
Que cuando se opte por la aplicación del derecho de preferencia a favor de los propietarios originales y la restitución de sus inmuebles con aquellos resultantes del proyecto, es necesario establecer condiciones de permanencia en dichos inmuebles en los términos ya referidos, en particular en lo referente a seguridad de la tenencia derivada de los gastos soportables previamente aludidos.
Que de conformidad con el numeral 8º del artículo 1º del Decreto 190 de 2004 uno de los objetivos para el ordenamiento territorial es el de equilibrio y equidad territorial para el beneficio social, que busca “(...) disminuir las causas que generan exclusión, segregación socio-espacial y desigualdad de la población, (...) fomentar una estructura socio-espacial de la ciudad que favorezca la cohesión social y espacial” y “(...) promover la inclusión de las variables sociales en los instrumentos y procesos de planificación de modo que se favorezca la identidad, apropiación, pertenencia, participación y solidaridad de la población en un territorio común”.
Que para lograr lo anterior, el artículo 308 del Decreto ibídem determina que la participación de la administración en los programas de renovación se debe orientar a “(...) generar incentivos que beneficien a los interesados en este tipo de procesos” mediante la definición de “(...) una política de incentivos que resulte atractiva para la generación de proyectos de renovación urbana a través de los cuales la administración y sus entidades se constituyan en facilitadoras de los procedimientos, apoyadas por una estrategia de gestión clara. Esta política será adoptada por decreto”.
ART. 1º—Objeto. El presente decreto tiene por objeto definir la política de incentivos para la generación de proyectos de renovación urbana que promuevan la protección de los propietarios y moradores originales y su vinculación a dichos proyectos, que cumplan además con los objetivos de ordenamiento territorial de controlar los procesos de expansión urbana a través de un uso eficiente del suelo, en particular en el centro de la ciudad y que propendan por el equilibrio y equidad territorial para disminuir las causas que generan exclusión y segregación socioespacial. Estos incentivos son:
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Los incentivos definidos en el artículo anterior aplicarán a los proyectos de renovación urbana, gestionados a través de planes parciales o de cualquier otro instrumento de planeación. Los proyectos asociativos, en la forma en que se define en este decreto, servirán de soporte para su aplicación y constituyen también un mecanismo de apoyo y promoción a estos proyectos.
ART. 3º—Proyectos asociativos. Son proyectos asociativos, en los procesos de renovación urbana, y en las operaciones urbanas estratégicas, los que cumplan las siguientes condiciones:
PAR. 1º—Los proyectos asociativos podrán ser de iniciativa comunitaria, de los propietarios originales, de las entidades del sector hábitat o de promotores privados, siempre y cuando cumplan las reglas establecidas en este decreto.
PAR. 2º—La Secretaría Distrital de Planeación, además del cumplimiento de las disposiciones sobre participación de los propietarios y vecinos en los procesos de formulación de los planes parciales u otros instrumentos de planeación contemplados en las normas nacionales y distritales aplicables, tendrá en cuenta el carácter asociativo de un proyecto cuando así lo defina la Secretaría Distrital del Hábitat, para incluir las disposiciones pertinentes en el respectivo decreto de adopción, dirigidas a que se adopten los mecanismos de protección a que hace referencia el presente decreto, así como el ejercicio del derecho preferencial a que sean restituidos los inmuebles que aporten con uno o varios de los inmuebles resultantes del respectivo proyecto. No obstante, un proyecto podrá ser definido como asociativo por la Secretaría del Hábitat aún después de ser aprobado el plan parcial u otro instrumento de planeación.
ART. 4º—Participación de las entidades distritales. Los proyectos asociativos contarán con la coordinación y el apoyo de la Secretaría Distrital del Hábitat en los procedimientos de formulación, aprobación y ejecución, en relación con la coordinación interinstitucional, la realización ágil de trámites, las determinaciones en materia de propuestas para la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, las condiciones de movilidad, la generación de espacio público adicional, la gestión social del proyecto y las demás condiciones urbanísticas y sociales, siempre que se incluya la construcción de vivienda de interés prioritario en el mismo ámbito espacial del respectivo proyecto.
ART. 5º—Derecho preferencial para propietarios originales o poseedores. Los propietarios originales o poseedores tendrán un derecho preferencial irrenunciable para adquirir los inmuebles nuevos o inmuebles de remplazo resultado del proyecto, de conformidad con las disposiciones de la Ley 9ª de 1989 y del artículo 119 de la Ley 388 de 1997.
ART. 6º—Inmuebles de remplazo en planes parciales o proyectos de renovación urbana. Los planes parciales o proyectos de renovación urbana deberán prever la vivienda de remplazo o inmuebles con otros usos, como un mecanismo para la restitución de los aportes de los propietarios originales, con el objetivo de incentivar su vinculación en la ejecución del proyecto de renovación urbana y para ello participarán en las utilidades derivadas del proyecto, una vez deducidas las distintas cargas u obligaciones y la participación en plusvalías.
ART. 7º—Compensaciones sociales para propietarios de vivienda. Con el fin de incentivar los procesos de asociación entre propietarios, y, si es el caso, de constructores e inversionistas, cuando el propietario original opte por que el inmueble aportado sea pagado con un inmueble de remplazo para vivienda, construido en el mismo proyecto, sin perjuicio que voluntariamente se acuerden otras diferentes o adicionales entre los partícipes en la formulación de un plan parcial o proyecto de renovación urbana, aplicarán las siguientes compensaciones sociales, con cargo al reparto equitativo de cargas y beneficios:
ART. 8º—Conservación al estrato original para el cobro de servicios públicos domiciliarios. Las viviendas de remplazo que reciban los propietarios originales conservarán el estrato socio-económico que tenían antes de la adopción del plan parcial o proyecto, siempre y cuando correspondan a estratos 1, 2 o 3.
PAR. 1º—Las condiciones establecidas en este artículo aplicarán igualmente a los propietarios, poseedores o usufructuarios que hayan aportado sus inmuebles para la constitución de patrimonios autónomos dirigidos a facilitar la ejecución del respectivo plan parcial o proyecto.
PAR. 2º—De conformidad con el artículo 43 de la Ley 9ª de 1989 en los proyectos de renovación urbana, el arrendatario se tendrá como poseedor cuando el propietario del inmueble lo haya abandonado. Se entenderá abandonado el inmueble cuando el propietario haya dejado de cobrar el canon de arrendamiento por la vía judicial durante dos (2) o más años contados desde la fecha de pago del último canon.
ART. 9º—Término máximo del incentivo de conservación. El término de duración máxima del incentivo será de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la inscripción en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria de la escritura pública de adquisición de la vivienda de remplazo. Este incentivo será otorgado por periodos de dos (2) años prorrogables de manera sucesiva, por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, previa verificación del mantenimiento de las condiciones establecidas en este decreto, sin que se requiera la solicitud del beneficiario y sin que pueda exceder la vigencia máxima establecida en este artículo.
PAR. La prórroga de la conservación se hará de oficio por parte de la dirección de estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto.
ART. 10.—Requisitos para el otorgamiento del incentivo de conservación de viviendas de remplazo. Para el otorgamiento de la conservación de la estratificación a las viviendas de reemplazo, el (los) propietario (s) original (es) deberá (n) radicar la solicitud ante la dirección de estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación. Cuando el inmueble sea de propiedad de diferentes personas, todas ellas deberán concurrir en la solicitud. Sin el cumplimiento de este requisito, no se podrá expedir la conservación del estrato original.
PAR. La Secretaría Distrital de Planeación establecerá la metodología para realizar el seguimiento a los requisitos establecidos en este artículo.
ART. 11.—Subsidio distrital de vivienda. El inciso 3º del artículo 7º del Decreto 539 de 2012 quedará así:
ART. 12.—Uso de la expropiación en proyectos de renovación urbana. La expropiación en razón de ejecución de proyectos de renovación urbana a través de planes parciales, unidades de actuación urbanística y a través de los instrumentos de reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas previstos en la Ley 388 de 1997 será aplicada en el marco de las disposiciones legales vigentes y se utilizará por la entidades distritales competentes cuando en los procedimientos tendientes a la aprobación de los planes parciales u otros proyectos de renovación, se haya asegurado el cumplimiento de los sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios y los mecanismo para cumplir con el derecho preferencial a ser compensado con uno o varios inmuebles contemplados en este decreto, en cualquiera de los siguientes casos:
2. Proyectos que incluyan inmuebles que requieran saneamiento predial.
PAR. En los proyectos exclusivamente de iniciativa pública las entidades públicas utilizarán la expropiación de conformidad con las disposiciones de la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo 15 de 1999, pero cuando se produzcan viviendas o edificaciones con otros usos, darán aplicación a las normas sobre el derecho preferencial de los propietarios iniciales a adquirir dichas unidades privadas, en un esquema de distribución equitativa de cargas y beneficios.
ART. 13.—Incorporación en planes parciales de renovación urbana. Para los efectos del numeral 2º del artículo 19 y del parágrafo 3º del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, este último adicionado por el artículo 180 del Decreto-Ley 19 de 2012, los planes parciales incluirán en su contenido los incentivos reglamentados en el presente decreto, los cuales no se alterarán por el hecho de que se modifiquen las disposiciones del plan de ordenamiento territorial, salvo que los propietarios de los predios se acojan, por escrito a la nueva reglamentación.
ART. 14.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil catorce (2014).

References: artículo 38
 artículo 39
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 308
 artículo 119
 artículo 43
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 27
 artículo 180