Source: http://blog.elzaburu.es/2014/
Timestamp: 2017-05-27 15:46:34+00:00

Document:
ELZABURU, Propiedad Industrial e Intelectual.: 2014
La reciente resolución de 6 de noviembre de 2014 de la
Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que ha sancionado de
nuevo a la Entidad de Gestión colectiva española -Sociedad General de Autores y
Editores- con una multa de 3,1 millones de euros, al exigir una tarifa excesiva
en el licenciamiento de conciertos, es un caso en el que se pretende aplicar la
doctrina europea. La resolución es de especial interés porque la autoridad de
la competencia española interpreta la doctrina europea sobre el método de
análisis de la equidad de una tarifa, y lo hace con ribetes propios que
entrañan particularidades en su aplicación que, sin duda, sirven para
consolidar las expectativas generadas por su informe de 2009, pero que generan
no pocas incertidumbres si se consolidara esta línea interpretativa. En Europa, el sector de la gestión colectiva de obras
musicales usadas en conciertos, se caracteriza por la inexistencia de
competencia. Con carácter general, cada entidad es la única proveedora de
licencias en su territorio. De esta manera, la Sociedad española, SGAE, es la
única entidad que representa en España, el repertorio propio y el internacional
por mandato de las sociedades extranjeras, manteniendo la posición
monopolística tradicional.
La tarifa de SGAE para licencias de conciertos está fijada
con carácter general en un 10% del importe generado por la venta de las
entradas y su otorgamiento está sujeto a una serie de condiciones que
garantizan los derechos que administra la entidad. Estas fueron denunciadas por
la Asociación que reúne a las empresas organizadoras de conciertos (APM) en el
año 2005. Este expediente resultó, en un primer momento archivado por las
autoridades de la competencia, pero fue reabierto en virtud de una resolución
del Tribunal Supremo español, y dio lugar a una nueva investigación que ha
concluido en noviembre de 2014, afirmando que la tarifa de la entidad es
12/22/2014 03:11:00 p. m.
Las recientes conclusiones del Abogado General en el caso
Huawei v ZTE (C-170/13) suponen una ruptura con los criterios restrictivos
establecidos por el Tribunal Supremo Alemán (BGH) en el asunto Orange Book (traducción al inglés de la sentencia) relativo al encaje de las patentes esenciales para una norma con el derecho de
la competencia. Representan así mismo un apoyo a la posición mantenida por la
Comisión Europea, que se ha mostrado siempre muy crítica con la resolución
El Abogado General inaplica las normas establecidas por el
BGH en el asunto Orange Book, porque esa controversia giraba alrededor de una
norma de facto mientras que la patente objeto de las actuaciones afecta a una
norma acordada en un proceso de estandarización realizado por el European
Telecommunications Standards Institute en el que habían participado Huawei y
ZTE. De hecho, Huawei había accedido a conceder a terceros una licencia en
condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND en sus siglas
inglesas)
El BGH sostenía que la solicitud de cese por parte del
titular de una patente que goza de una posición dominante, sólo se podría
considerar abusiva si el presunto infractor hubiera hecho una oferta
incondicional y vinculante, sin que pudiera limitarse ésta a los casos en los
que se hubiera probado la infracción de la patente.
El Abogado General, sin embargo, considera que es el titular
de la patente el que está obligado a enviar un requerimiento previo advirtiendo
sobre la presunta infracción y ofreciendo a su vez una licencia bajo
condiciones FRAND de empleo habitual. El presunto infractor estaría entonces facultado a presentar
una contra-oferta, pudiendo el titular de la patente solicitar el cese a un
tribunal sólo en el caso de que la contra-oferta pudiera considerarse banal o
una mera táctica dilatoria. El presunto infractor se podría reservar asimismo
el derecho a impugnar la validez de la patente y la existencia de la
Si el TJ decide finalmente aceptar la opinión del Abogado
General, los derechos que disfrutaban los titulares de las patentes esenciales
para normas bajo el “criterio Orange Book” se verán claramente restringidos. Autor: Colm Ahern
12/02/2014 10:19:00 a. m.
En 2007 la empresa Golden Balls Limited solicitó dos marcas
denominativas con el distintivo GOLDEN BALLS. La primera de las solicitudes se
refería a las clases 9, 28 y 41 mientras que la segunda designaba las clases
16, 21, 24. La marca GOLDEN BALLS hace referencia a prendas de ropa deportiva y además posteriormente se otorgó una licencia para denominar de esta forma un concurso emitido en la televisión británica.
A dichas solicitudes se opuso la sociedad francesa Intra-Presse,
organizadora del premio al mejor jugador de fútbol del año, en base a su marca
comunitaria anterior BALLON D’OR registrada en clases 9, 14, 16, 18, 25, 28,
(de Jaime de la Fuente via Wikimedia) Las
oposiciones fueron examinadas en primera instancia por la División
de Oposición de la OAMI las cuales fueron desestimadas totalmente y
concedió las marcas solicitadas. Intra- Presse recurrió entonces ambas
resoluciones desestimatorias ante la Sala de Recursos de la OAMI. La Sala de
Recursos estimó parcialmente los recursos entendiendo que las marcas eran
conceptualmente similares y que la mayor parte de los productos y servicios en
clases comunes eran idénticos. Únicamente consideró que algunos productos
concretos en algunas de estas clases eran diferentes.
Balls recurrió las resoluciones de la Sala de Recursos ante el Tribunal General que, por su parte,
entendió que (casos T-437/11 y T-448/11) la
similitud conceptual entre ambas marcas era baja ya que, entre otras cosas,
para entender que GOLDEN BALLS era similar a BALLON D’OR se requería una
traducción previa de la denominación y reconoce la inexistencia de riesgo de
confusión entre los signos.
El 20 de noviembre de 2014 el Tribunal de Justicia resolvió los dos
recursos presentados (C-581/13 P y C-581/13 P). En su Sentencia el Tribunal indica que, por lo que
respecta a los productos que se habían catalogado como diferentes, se cometió
un error de derecho ya que no se tuvo en cuenta el argumento basado en el art.
8.5, es decir, la notoriedad de la marca anterior BALLON D’OR. Como dicho
examen no se produjo, el Tribunal de Justicia anula la resoluciones del
Tribunal de General y de la Sala de Recursos de la OAMI y le devuelve
finalmente el asunto a la OAMI para que valore si la marca es notoria en el
territorio comunitario y teniendo esto en cuenta, si habría riesgo de confusión
Efectivamente y tal y como
aprecia el Tribunal de Justicia en su Sentencia, el Tribunal General no entra a
valorar si la marca BALLON D’OR goza o no de notoriedad en el territorio
comunitario. Dicho examen goza de una especial relevancia ya que, según el art. 8.5
RMC, si dos marcas son consideradas similares desde el punto de vista
denominativo o conceptual pero se aplican a productos o servicios distintos, se
deberá denegar el registro de la nueva solicitud de marca si la marca anterior
es considerada como notoria y haya una aprovechamiento indebido de dicha
notoriedad. Por otra parte, respecto a
la valoración de la similitud conceptual entre GOLDEN BALLS y BALLON D’OR, es cierto que tal y como indica el Tribunal
General, desde la perspectiva del consumidor francés no es inmediata la
asociación entre la denominación GOLDEN BALLS y el premio al mejor jugador del
año BALLON D’OR. En consecuencia, parece que la apreciación de la
confundibilidad entre las marcas sería distinta desde el punto de vista del
art. 8.1b –podría no existir riesgo de confusión- o el 8.5 RMC que parece
llevaría a entender que efectivamente podría haber un riesgo de conexión y
vinculación. Por tanto, habrá que esperar a la nueva valoración por parte de la
OAMI del requisito de la notoriedad y su decisión sobre la existencia de riesgo
de confusión entre las marcas.
11/24/2014 02:38:00 p. m.
Hoy mismo ha sido publicada en el BOE la nueva Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en
la Unión Europea. El principio de reconocimiento mutuo conlleva un cambio
fundamental en las relaciones entre los países de la Unión Europea, permitiendo
el reconocimiento y ejecución en un Estado de las resoluciones judiciales
emitidas por otro. La dimensión actual de los procedimientos penales, cada vez
más afectados por cuestiones de ámbito internacional, requiere también disponer
de instrumentos legales suficientes para la eficacia de los mismos, al menos,
en el territorio europeo.
Esta ley constituye un texto único en el que se
recoge toda la normativa europea existente en esta materia hasta el momento,
tanto la ya transpuesta al ordenamiento español como aquella que aún no lo
había sido, evitando así la dispersión que hasta ahora existía en materia de
resoluciones judiciales en el ámbito penal y facilitando su manejo por los
profesionales del derecho. Dado que ya se han dictado nuevas Directivas
europeas relacionadas con esta materia que no han podido ser incorporadas, esta
nueva ley se articula a través de un esquema en el que tendrá fácil cabida la
incorporación de las mismas en el futuro.
Se regula en esta nueva ley, entre otras materias,
la orden europea de detención y entrega, las resoluciones imponiendo penas o
medidas privativas de libertad, las resoluciones de libertad vigilada, las
resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional, la orden
europea de protección, las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de
aseguramiento de pruebas, las resoluciones de decomiso, las resoluciones por
las que se imponen sanciones pecuniarias y el exhorto europeo de obtención de
La incorporación de esta nueva ley al sistema
español agilizará en gran medida la investigación en los procedimientos penales
cuando éstos alcancen una dimensión internacional y sea necesario una estrecha
cooperación judicial con otros Estados miembros.
11/21/2014 04:28:00 p. m.
Se acaba de publicar en el BOE la Orden ECD/2166/2014,
de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación
equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013. Nada nuevo se dice en esta disposición, que se limita a
aplicar al Presupuesto de 2013 las cantidades previamente fijadas en la Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre de 2013. Cabe destacar, no obstante, la
distribución de esa cantidad entre las tres modalidades de reproducción,
correspondiendo el 37% a los videogramas, el 33,6% a los fonogramas y casi el
29% a los libros.
Como se recordará, el polémico sistema de financiación de la
compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, instaurado por el R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público, fue objeto de desarrollo reglamentario en el
Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre. Esta disposición establecía un régimen
transitorio para facilitar el definitivo abandono del sistema anterior, en el
que la recaudación se obtenía a través de gravámenes sobre equipos, aparatos y
soportes de reproducción hacia uno nuevo financiado por todos los ciudadanos a
través del Presupuesto General. Fundamentalmente, la transición de un sistema a
otro se llevó a cabo mediante un procedimiento de concesión de entregas a
cuenta a las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa
correspondiente al ejercicio 2012. Tal y como se fijaba en la Disposición
transitoria 2ª del Real Decreto, si el importe de estas entregas a cuenta fuera
inferior a la liquidación definitiva del ejercicio 2012, la diferencia sería
imputada al concepto presupuestario correspondiente del ejercicio del año
siguiente. Dado que la cuantía final para el 2012 se fijó en 8.636.728,09 euros
y las entregas a cuenta se hicieron por un total de 3.636.728,09 euros, los
cinco millones restantes son los que ahora se aplican al ejercicio del 2013.
Si bien esta cantidad dista mucho de los 115 millones que se
venían recaudando con anterioridad a 2011, el panorama puede empeorar aún más
en los años venideros como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual que entrará en vigor el próximo mes de enero y uno de cuyos puntos fundamentales consiste en restringir al
máximo el concepto de copia privada. Esta restricción del límite serviría para
justificar una asignación presupuestaria aún menor. Con todo, no pueden perderse de
vista las cuestiones prejudiciales que sobre la financiación de la copia privada
en España ha planteado nuestro Tribunal Supremo ante el TJUE y cuya resolución
podría hacer peligrar el sistema actual. Autor: Patricia Mariscal
11/20/2014 03:49:00 p. m.
Patentes (EPO) ha publicado una edición 2014 de sus Directrices de Examen.
Aunque las Directrices no son jurídicamente vinculantes, son el texto oficial
sobre la correcta aplicación del Convenio Europeo de Patentes (EPC) y su
Reglamento. Esta última edición de las Directrices entró en vigor el pasado 1
algunas de las modificaciones más importantes de las Directrices reflejan los
últimos cambios en las Reglas que regulan los plazos para la presentación de
nuevas solicitudes divisionales y la disponibilidad de búsquedas adicionales
para las solicitudes internacionales a las que se les objete falta de unidad de
adicional está relacionada con la admisibilidad de las reivindicaciones
relativas a un segundo o adicional uso médico de productos farmacéuticos
conocidos. También hay nuevas consideraciones sobre la compatibilidad de las
reivindicaciones de método con la regla de una única reivindicación por
categoría, así como una revisión de las indicaciones sobre múltiples
solicitudes del mismo solicitante dirigidas a una misma invención.
que parecía más notable se refiere a la cuestión de adición de materia. En
virtud del Artículo 123 (2) del EPC, no es admisible la modificación a
una patente o a una solicitud de patente Europea que añada materia que se
extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada
inicialmente. Tal y como se
interpreta actualmente en la Oficina Europea, esta disposición tiene el efecto
de que, para que sea admisible dicha modificación, el texto de la misma debe
ser derivable de forma directa y sin ambigüedad del contenido de la solicitud
tal y como fue presentada. Aunque la Cámara de Recurso ha querido subrayar que
esto no implica una interpretación estricta de que se necesite un soporte
literal de dicha modificación en la solicitud original, sin embargo, no es raro
encontrar objeciones relativas a que las modificaciones introducidas por los
solicitantes añaden materia simplemente porque carecen de una base
estrictamente literal, es decir, palabra a palabra, en la solicitud
inicialmente presentada.
El nuevo párrafo en el
apartado H-IV 2.3 de las Directrices establece lo siguiente:
"Al evaluar la
conformidad de las reivindicaciones modificadas a los requisitos del Art. 123
(2), la atención debe centrarse en lo que divulgan los documentos tal y como
fueron presentados para un experto en la materia…En particular, el examinador
debe evitar centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las
reivindicaciones tal como fueron presentadas, en detrimento de la materia que
el experto en la materia derivaría directamente y sin ambigüedad de la
solicitud en su conjunto".
podría interpretarse que este nuevo párrafo parece indicar que la
"materia" de la solicitud se entiende ahora que no corresponde a la
secuencia literal de las palabras que figuran impresas en las páginas de la
solicitud, sino de una manera más flexible, a la enseñanza general que esas
palabras implican para un experto en la materia cuando se leen como un todo.
Sin embargo, aunque muchos esperan que señale un final a las objeciones basadas
en la no existencia de un soporte literal de las modificaciones, dicho párrafo
no parece expresar en realidad nada nuevo. Las Directrices también
han añadido en el apartado H-III 2.1 que "debe entenderse como una
oportunidad para proporcionar argumentos convincentes ... de por qué las
modificaciones son directamente y sin ambigüedad derivables de la solicitud tal
y como fue presentada ... [Estos argumentos] son particularmente importantes
... cuando no exista soporte literal de las modificaciones en la solicitud tal
y como fue inicialmente presentada ".
Por lo tanto, podría
parecer que se hace hincapié en la necesidad de proporcionar una argumentación
detallada con el fin de justificar las modificaciones no soportadas
literalmente y que, por lo tanto, dichas modificaciones serían aceptables.
El tiempo dirá la
dirección y la magnitud de cualquier cambio material en la forma en que se
examinan las modificaciones a las patentes y solicitudes de patente. Queda por
ver si esta actualización de las Directrices traerá consigo un cambio en la
práctica de los examinadores de la EPO en la interpretación del Art. 123 (2)EPC o si finalmente será una mera aclaración del enfoque actual de la Oficina,
que parece lo más probable, basado en que las modificaciones deben tener un
soporte literal en la solicitud tal y como fue presentada inicialmente.
11/18/2014 10:27:00 a. m.
La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que
acaba de ser publicada en el BOE como Ley 21/2014, se
anuncia como un paso necesario en
una reforma integral de mayor calado que, aunque prometida al comienzo
de la legislatura, ya no se llevará a cabo en lo que queda de mandato.
El Gobierno dice –en la norma- haberse limitado
voluntariamente a intervenir en tres asuntos que consideraba urgentes: copia
privada, entidades de gestión y medidas antipiratería.
En realidad el alcance de su texto es más amplio. Aborda,
entre otros temas, dos normas europeas, que era imperativo transponer a nuestro
Ordenamiento. Se trata de la Directiva que amplía el plazo de protección de los
fonogramas hasta los 70 años (Directiva 2011/77/UE). Y la Directiva sobre obras huérfanas que facilita
el uso por instituciones culturales de obras cuyos titulares no puedan ser
localizados (Directiva 2012/28/UE).
La reforma incorpora también la conocida como tasa Google,
por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una
remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News
ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en
Francia, Alemania o Bélgica.
Sus márgenes se reducen con la nueva regulación: Un nuevo
derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Pero me temo que no
paliará gran cosa el deteriorado negocio tradicional de los diarios.
En el ámbito del polémico asunto de la copia privada, la
reforma confirma la decisión del gobierno de asumir la financiación pública de
la compensación a satisfacer al sector cultural. Como quien tiene que pagar
siempre ambiciona un precio barato, la regulación hace un favor a los Cuentas
del Estado, al delimitar muy restrictivamente los supuestos amparados por la
copia privada que serían compensables. Naturalmente tan alicorta configuración
convierte en ilícitas conductas que hasta ahora no lo eran.
Pese a todo, el consumidor no tiene que inquietarse gran
cosa, ya que es difícil que las Entidades de Gestión se dediquen a perseguir
esos actos. Son los Presupuestos Generales los que correrán con el riesgo, ya
que la operación tiene las debilidades del mal pagador. Tanto la operación de
asumir el pago por el Estado de un derecho privado como la delimitación de la
copia privada pasarán a ser enjuiciadas en Europa como se advierte de las
cuestiones prejudiciales que se han suscitado recientemente por el Tribunal
La regulación de las Entidades de Gestión es otro ámbito en
el que el gobierno no ha dibujado tampoco un diseño acabado. En menos de un
año, tendrá que volver a enmendar esta reforma para integrar en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva sobre Entidades
de Gestión aprobada en marzo de 2014 (Directiva 2014/26/UE). La Comisión Europea está impulsando
cambios para lograr el nacimiento de un mercado competitivo como camino de
mejora de los servicios de licenciamiento.La consecuencia natural será un mercado más abierto con una
clara reducción del peso de los intermediarios, especialmente de aquellas
entidades con vocación exclusivamente nacional. El Gobierno ha dejado para más
tarde afrontar esta nueva realidad. Su preocupación se ha constreñido a
atribuirse mayor capacidad de control sobre las Entidades españolas y en
ajustar sus tarifas: todas ellas estarán obligadas a negociar nuevamente sus
precios a lo largo del año 2015, y el usuario podrá beneficiarse de una bonificación durante la negociación. No protestan en
vano esas Organizaciones.
En el área de la represión de la piratería, la reforma ha
ampliado el perímetro de los intermediarios frente a los que se puede actuar en
una acción por infracción. Por un lado, la regulación contempla que la Comisión
de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos
albergados por terceros sin autorización de los titulares. Este remedio había
sido una reclamación central de los titulares. En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el
filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a
reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros
intermediarios de servicios técnicos. Por otro, la nueva normativa obliga a
colaborar en los procesos contra infractores a las empresas que les prestan
servicios de telecomunicaciones, de comercialización o de pago. La activación de estas medidas no es sencilla y requerirá
que la Administración encargada abandone la tibieza con la que ha actuado hasta
ahora. No tardaremos en conocer el resultado de estas medidas en unos meses. En definitiva, una nueva reforma más, llena de parches y
urgencias bajo la eterna e incumplida promesa de emprender una revisión futura
e integral de la Ley.
11/05/2014 05:29:00 p. m.
El pasado martes 15 de julio la Comisión Europea hizo público un Libro verde y una consulta pública sobre la posible extensión del régimen comunitario de protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas. Estos productos hasta ahora algo olvidados tienen una gran importancia para diversos sectores de relevancia económica tanto nacional como comunitaria (piénsese en el calzado, los relojes, y especialmente los productos de artesanía, productos prototípicos de este posible nuevo régimen de protección y principales productos objeto de indicación geográfica en países como India y otros latinoamericanos).
Dicho sistema estará previsiblemente inspirado en la actual normativa europea relativa a los productos agrícolas y alimentarios, aunque podría presentar algunos matices y diferencias en su aplicación. Se ha hablado a menudo en los últimos años sobre este posible nuevo régimen y yo mismo he tenido la oportunidad de tratar informalmente sobre el tema en varias ocasiones con la delegación europea ante la OMPI y en otros foros relacionados con indicaciones geográficas donde he coincidido con ellos. No parece que en las instancias europeas se tenga la certeza de que dicho régimen acabe por materializarse y, de ser así, consideran que tardaría un tiempo. Sin embargo, habida cuenta de la presión que están realizando distintos grupos de interés y las implicaciones económicas y políticas que dicho régimen tendría en la negociación de los tratados bilaterales de la Unión Europea, considero que antes o después será una realidad. El Libro verde está formado por dos partes. La primera de ellas analiza los actuales sistemas de protección existentes a nivel nacional y comunitario, así como los posibles beneficios que se derivarían de una protección reforzada por medio del sistema de indicaciones geográficas. La segunda parte trata de cuestiones de cariz más técnico para propiciar las aportaciones de las partes interesadas y organizaciones especializadas sobre posibles opciones de protección de estos productos. Con esta publicación se abre un plazo de aportación de comentarios hasta el próximo 28 de octubre de 2014.
7/17/2014 12:32:00 p. m.
Caso SGAE: una particular aplicación de la doctrin...
Las patentes esenciales para una norma pierden ter...
El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso...
Agilización de los procedimientos penales españole...
Se fija en cinco millones de euros la cuantía de l...
La reforma a trompicones de la Ley de Propiedad In...
¿Llega un régimen de protección a nivel comunitari...

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 resolución

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Real Decreto 
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 Artículo 123