Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24722
Timestamp: 2019-03-21 18:33:19+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 259/2015
Síntesis Descriptiva Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.
Síntesis Analítica Soberanía y unidad de la nación; principio democrático y primacía incondicional de la Constitución, lealtad constitucional y fidelidad a la Constitución; procedimiento de reforma constitucional: nulidad de la resolución parlamentaria que declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república.
Resumen Se impugna la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente como consecuencia de las elecciones del 27 de septiembre de 2015.
1. La resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE) [FJ 6].
2. Sólo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano (STC 42/2014) [FJ 4 a)].
3. Recae sobre los titulares de cargos públicos un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (SSTC 101/1983, 122/1983) [FJ 4 b)].
4. En el Estado social y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática de un cuerpo legislativo y legalidad constitucional, en detrimento de la segunda: la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico [FJ 5].
5. La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad [FJ 7].
6. La aspiración política de la creación de un estado independiente puede ser defendida respetando la Constitución y, singularmente, los procedimientos para su revisión formal (SSTC 31/2010, 42/2014) [FJ 3].
7. La resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña es contraria al artículo 168 CE, al excluir el cauce constitucionalmente establecido para abordar una redefinición del orden constitucional como la que se pretende con aquella resolución [FJ 7].
8. La resolución sobre proceso político en Cataluña permite entender que el Parlamento autonómico, al adoptarla, está excluyendo la utilización de los cauces constitucionales (art. 168 CE) para la conversión en un estado independiente de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Cataluña [FJ 3].
9. Doctrina sobre la idoneidad de una resolución parlamentaria para ser objeto de impugnación a través del proceso constitucional, en virtud de los artículos 161.2 CE y 76 y 77 LOTC (STC 42/2014, ATC 135/2004) [FJ 2].

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 168
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