Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610506.html
Timestamp: 2019-03-23 00:30:29+00:00

Document:
as201610506
AUTO SUPREMO Nº 506/2016-RRC
Por memorial presentado el 27 de enero de 2016, cursante de fs. 338 a 344, Bibiana Mendoza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 70/2015 de 18 de septiembre, de fs. 293 a 297 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los Vocales Elías Fernando Ganam Cortez y Virginia Crespo Ibáñez, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Sonia Choquehuanca Camacho, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia S-74/2015 de 12 de mayo (fs. 186 a 192), el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Sonia Choquehuanca Camacho, autora de la comisión del delito de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 del CP, imponiéndole la pena de doce años de reclusión, más costas a favor del Estado y la querellante; asimismo, absuelta de pena y culpa por el delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 del CP, con costas.
b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Sonia Choquehuanca Camacho (fs. 217 a 222) y la acusadora particular Bibiana Mendoza (fs. 257 a 265), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 70/2015 de 18 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos interpuestos y confirmó la Sentencia impugnada, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 266/2016-RA de 21 de marzo, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley de Organización Judicial (LOJ):
a) La recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de análisis y motivación al haber señalado de forma equivocada que otro motivo de su recurso de apelación restringida fue la falta de consideración de las atenuantes especiales y generales, señalando con total falta de fundamentación “que las mismas tienen relación con la integridad de la sentencia que por otro lado se tiene que no necesariamente una resolución debe ser ampulosa”, argumento insuficiente a decir de la hoy recurrente y que además no consideró los arts. 39 y 40 del CP, a tiempo de ratificar que el carácter torpe de la víctima sería una atenuante; por lo que, la impugnante señala que el Tribunal de alzada ingresó en contradicción con lo dispuesto por los Autos Supremos 110/2013 –sin fecha exacta- y 507 de 11 de octubre de 2007, que establecería que en sentencia se debe hacer mención a las atenuantes generales y especiales del CP y su incidencia en el quantum de la pena, sin realizar consideraciones abstractas, lo cual en el caso de autos no se habría cumplido pues no se tendría conocimiento de qué parámetros tomó el Tribunal de mérito para determinar la pena de doce años.
b) Arguye que el Tribunal de alzada sobre su reclamo de la vulneración de las reglas de la sana crítica en que incurrió el A quo, no ingresó al análisis del motivo apelado fundado en la falta de razonamiento lógico sobre la prueba testifical; a cuyo efecto, describe el punto 7.1 “Valoración intelectiva de la prueba, respecto a la presunta autoría del delito denunciado” y 8, destinado al análisis intelectivo de la comisión del delito denunciado, incumpliendo con su deber de verificación sobre la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, resaltando que la pena impuesta a la acusada, no debía ser menor de veinticinco años de presidio por la gravedad del hecho; por cuanto, la pena de doce años impuesta significaba premiarla para que salga con todos los beneficios en no menos de seis años, lo cual considera injusto frente al daño moral provocado ante la sociedad.
Por otro lado, específicamente como aspecto no pronunciado por el Tribunal de apelación, identifica el hecho de que el Tribunal de mérito, en la Sentencia se hizo el razonamiento en una frase: “La unión libre no se demuestra por testigos sino por documentación idónea” (sic), sobre lo cual afirmó que no se sabe de dónde sacó el Tribunal el referido criterio, tomando en cuenta que el hecho se produjo durante la vigencia del anterior Código de Familias y que en materia penal rige la libertad probatoria; por lo que, considera que cuestiona que los jueces le estarían negando la prueba aportada en juicio.
La recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se emita uno nuevo en cumplimiento del art. 398 del CPP, imponiendo a la imputada una pena no menor a veinticinco años de privación de libertad.
Mediante Auto Supremo 266/2016-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 353 a 357, este Tribunal determinó la admisión del recurso interpuesto por Bibiana Mendoza para el análisis de los dos motivos identificados precedentemente.
Una vez desarrollada y concluida la audiencia de juicio oral, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicta la Sentencia S-74/2015 de 12 de mayo, refiriendo lo siguiente:
En el título 8 del análisis intelectivo de la comisión del delito denunciado. Primero, si bien la acusación particular y pública fue de Asesinato conforme el art. 252 inc. 1) del CP; sin embargo, no se demostró la responsabilidad por el delito de Asesinato, estando relacionada la prueba con el delito de Homicidio, así la palabra conviviente equiparable a cónyuge tiene relación jurídica con la unión libre conyugal del Código de Familia de 1972 y con la unión libre del Código de Familias de 2014, en ambos el legislador previno la libertad de estado como requisito imprescindible e indispensable para la existencia de dicha institución; asimismo, la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 63.II reconoce las uniones libres, entendiendo que el impedimento legal que hace referencia la norma constitucional es la libertad de estado; en ese sentido, en el presente caso la defensa judicializó el certificado de matrimonio entre José Luis Huanca con la acusada que data de 15 de mayo de 1999, lo que demostró que en la fecha del hecho estaba vinculada matrimonialmente, denotando por las declaraciones de la acusada y los testigos Grover Ariel Cachi y Roberto Cruz Blanco que la relación de la juzgada y la víctima fueron ocasionales y no estables. “Conviene recordar que la unión libre, como está prevista en la Legislación de Familia, no se demuestra con testigos, sino con documentación idónea” (sic); consiguientemente, al no tener libertad de estado la acusada no le es aplicable el art. 252 inc. 1) del CP, al juzgarse hechos y no delitos según el Auto Supremo 093/2011. Segundo; Sobre la tipicidad las acciones probadas se encuentran circunscritas en el Homicidio, que es la intención de cometer el ilícito, fijando la acusada la meta de su conducta, que era de quitar la vida de su amante, en un momento de escándalo en vía pública. Tercero; la conducta de la acusada de quitar la vida a José Reynaldo Mendoza es antijurídica sin que concurra ninguna causal de justificación. Cuarto; la procesada aunque en estado de ebriedad actuó dolosamente al tener conocimiento objetivo y actual de los elementos previstos en el art. 251 del CP, materializando su culpabilidad al momento de coger un arma blanca y atacar con ella a la víctima, sin tener ninguna enfermedad mental o perturbación de conciencia.
En el apartado 9.2 destinado a la imposición de la pena aplicable, destaca los arts. 37, 38 y 40 del CP, estableciendo como agravantes la condición de abogada y su aptitud de relacionarse adulterinamente a espaldas de su marido; y, como atenuantes, la ausencia de conductas sicopáticas, carácter torpe y temperamental del fallecido, no tener antecedentes judiciales ni policiales, su edad de cuarenta y un años, además de su condición de casada y madre.
La querellante interpone recurso de apelación restringida denunciando: Errónea aplicación de las agravantes y atenuantes contempladas en el Código Penal; ya que en la Sentencia en el punto 9.2., no menciona si las atenuantes son especiales o generales, sin que las atenuantes consideradas por el tribunal se adecuen a las condiciones previstas en los arts. 39 y 40 del CP, mediante un razonamiento ilegal que denota un falta de fundamentación; además al fijar la norma la pena de Homicidio entre 5 a 20 años de presidio, los jueces no justifican ni fundamentan porque la condena es de 12 años, al fundarse la condena en hechos graves; y, vulneración de las reglas de la sana crítica; cuando en la Sentencia, tanto el punto 7.1. Valoración intelectiva, sobre la autoría del delito, en el punto 7.1.1. de la prueba documental en las literales de la acusación, como en el punto 8 del análisis intelectivo de la comisión del delito denunciando, aspectos transcritos que deben estar relacionados con la afirmación en el punto 9.2. sobre la imposición de la pena, donde toma en cuenta como atenuante el carácter torpe y temperamental del fallecido; cuando los jueces señalaron que la acusada se loqueaba y estaba agresiva, mucho más cuando la víctima estaba tranquilo, negando este razonamiento la lógica al contradecirse asimismo. Además, de la prueba testifical de Carmen Gonzales, Sgto. Quequesana y Roberto Cruz, se demostró que ambos eran concubinos y vivían juntos por casi tres años, contrario a lo que el Tribunal razonó que no se habría demostrado la relación de convivencia; lo cual constituye un defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP que es la falta de fundamentación de la sentencia.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resuelve mediante el Auto de Vista impugnado, en los siguientes términos:
En relación a la denuncia relativa a que no se expresó en sentencia si son atenuantes especiales o generales, las tomadas en cuenta para la fijación de la pena, omitiendo aplicar lo establecido en los arts. 39 y 40 del CP, siendo el razonamiento arribado por el Tribunal de Sentencia ilegal y ausente de fundamentación; se establece que las consideraciones realizadas por el Tribunal de Juicio al fijar la pena, son reconocidos por los propios apelantes y se constata que tienen relación con la integralidad de la sentencia.
Sobre la vulneración de las reglas de la Sana Crítica, se constata que el Tribunal de Sentencia valoró todas las pruebas, relacionando con la presunta autoría de la acusada y no de una parte de la prueba como señala la apelante; por otra parte, la Sentencia está debidamente fundamentada conforme el art. 124 del CPP, existiendo adecuada relación de hecho y derecho, siendo el resultado de la convicción razonada de los jueces cumpliéndose con las reglas de la sana crítica, sin incurrir en infracción del art. 173 de la norma adjetiva penal.
Sobre la denuncia referida al término unión libre, el Tribunal de origen sentenció por el delito de Homicidio y no por el de Asesinato, por lo que debe considerarse el principio de congruencia previsto en el art. 362 del CPP y el principio iura novit curia, resultando en el caso haberse demostrado que la conducta de la imputada se subsume al delito de Homicidio, al no demostrarse la existencia del presupuesto previsto en el art. 252 inc. 1) del CP, es decir que la víctima sea cónyuge o conviviente de la imputada, habiendo el Tribunal de sentencia utilizado normas no sólo del Código de Familias y del Proceso Familiar promulgada después del hecho, sino también la CPE en su art. 63, lo cual no implica la aplicación incorrecta de sus consideraciones y menos que se hubiera vulnerado el principio de legalidad.
Consiguientemente, declara improcedente las cuestiones planteadas y confirma la Sentencia.
III. VERIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y LA DENUNCIA VULNERACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
En el caso presente, la parte recurrente denuncia: a) La falta de fundamentación del Tribunal de alzada sobre el reclamo que hizo en apelación restringida de la falta de consideración de las atenuantes especiales y generales, invocando los Autos Supremos: 110/2013 de 22 de abril y 507 de 11 de octubre de 2007; y, b) que el Tribunal de apelación omitió analizar la vulneración de las reglas de la sana crítica y el argumento de la unión libre, infringiendo con ello el derecho al debido proceso, por lo que previo al análisis del contenido de las denuncias, es menester exponer la línea jurisprudencial seguida por este Tribunal en relación al control de logicidad del Tribunal de alzada en relación a la fijación de la pena y cuáles las reglas para dicha aplicación.
III.1. Control del Tribunal de alzada de las reglas de la sana crítica en la fijación de la pena y sus reglas.
Ante la invocación de la vulneración de las reglas de la sana crítica para la determinación de la pena, el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, teniendo los recurrentes la obligación de expresar los errores lógicos desarrollados por los jueces. La apelación restringida basada en errónea aplicación de las reglas de la sana crítica al valorar las pruebas por contradictorias, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas observadas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.
Este examen del correcto razonamiento desplegado por los juzgadores también alcanza a la fijación de la pena, donde el Juez o Tribunal conforme la normativa penal debe adecuarse a las líneas de la lógica para su correcta aplicación, de incurrir el juzgador en omisión o error en dicha fijación será el Tribunal de alzada quien podrá modificar la misma subsanando el error: aumentado, disminuyendo o ratificando la pena fijada, claro está debidamente fundamentada, explicando las razones existentes para ello; sin que resulte necesaria la realización de un nuevo juicio conforme lo determinado en el art. 414 del CPP y la amplia jurisprudencia penal.
En ese sentido, sobre el cambio de la pena y las pautas para la fijación de la pena en el Auto Supremo 038/2013-RRC de 18 de febrero, se estableció la siguiente doctrina legal obligatoria para jueces y tribunales, señalando que “… el juez o tribunal que fija una pena tiene la obligación de someterse a dichos principios, correspondiendo al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando los siguientes criterios para la fijación de la pena:
a)La personalidad del autor, el cometido que la ley penal boliviana asigna al juez de apreciar la personalidad del autor, es una tarea compleja; aunque debe reconocerse que el Código Penal en los arts. 37 y 38 (atender la personalidad del autor) no exige la realización de un diagnóstico científico "de la personalidad", sino un perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, distinta a los demás seres humanos. De tal manera que el reproche jurídico que merezca su comportamiento, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias.
La edad, es un factor que, dependiendo del caso, puede operar como agravante o atenuante. En cuanto a la educación, por regla general como circunstancia agravante, pues el reproche será mayor cuando el autor ha tenido acceso a la educación y por lo tanto, ha disminuido su vulnerabilidad al sistema penal. En similar sentido opera la posición económica, sobre todo en los casos vinculados a delitos económicos. La vida anterior libre de sanciones penales no se debe tomar sin más como atenuante para la determinación de la pena. Lo que sí debe considerarse como factor de atenuación, es que el autor haya desarrollado hasta la comisión del hecho punible una vida ordenada y acorde al derecho, de tal manera que el hecho delictivo signifique una notoria contracción con su conducta anterior. Respecto a la conducta posterior, debe tomarse en cuenta como factor para la fijación de la pena, el esfuerzo del autor por reparar el daño causado. También puede apreciarse como favorable la conducta del procesado en el proceso penal, cuando: i) Se haya entregado a la autoridad policial o judicial voluntariamente, pese a haber contado con la posibilidad de una fácil huida, o tener la posibilidad de no ser descubierto; y, ii) La confesión que manifieste arrepentimiento, o bien que haya ayudado significativamente al establecimiento de la verdad mediante su declaración.
III.2. Sobre la denuncia de falta de fundamentación de las atenuantes y agravantes.
Del contenido del motivo denunciado, se evidencia que la acusadora reclama que el Tribunal de alzada incurrió en falta de análisis y motivación, indicando de manera equivoca que el motivo de apelación restringida fue la falta de consideración de las atenuantes especiales y generales, argumentando con total falta de fundamentación sin considerar los arts. 39 y 40 del CP, a momento de reiterar que el carácter torpe de la víctima sería una atenuante, incurriendo en contradicción con los Autos Supremos: 110/2013 de 22 de abril y 507 de 11 de octubre de 2007.
Corresponde en primer término identificar la doctrina legal establecida en los precedentes invocados para posteriormente verificar si existe o no contradicción con el Auto de Vista impugnado; en ese sentido, el Auto Supremo 110/2013-RRC de 22 de abril, estableció como doctrina legal aplicable que “…considerando la pena prevista para el delito de asesinato, se establece que este tipo penal, no ingresa dentro de los alcances de la previsión del art. 39 inc. 1) del CP, y por una simple razón, que resulta de la propia determinación del legislador, que tomando en cuenta que la pena es consecuencia lógica y jurídica de un delito y por la gravedad del delito en cuestión, no vio por conveniente establecer la posibilidad de una atenuación, que beneficiaría en nada menos que la reducción a la mitad de la pena, para quien atente contra el primer derecho fundamental protegido constitucionalmente que tiene todo ser humano, como es la vida, sin el cual resulta inimaginable ejercer los demás derechos reconocidos a toda persona. Tal es así, que contrario sensu, el legislador, no sólo que determinó sancionar con la pena más grave (treinta años) establecida en el ordenamiento jurídico a quien cometa el delito de Asesinato, sino que además, introdujo con la imperatividad del caso, la previsión legal que señala: “sin derecho a indulto”, precisamente, porque consideró que un hecho tan grave, como cegar la vida de una persona, en las formas descritas en el referido tipo penal, no es merecedor de tal beneficio que se concede excepcionalmente y que consiste en el perdón del delito y por lo tanto de la pena (Derecho Penal Benjamín Miguel Harb – Tomo II) y menos aún, será merecedor de la atenuación hasta en una mitad de la pena que le corresponde. (…) es obligación del juzgador al fijar la pena, de someterse a los lineamientos establecidos en el marco penal establecido para cada tipo penal, que en el caso del delito de asesinato, tiene por voluntad del legislador una sanción determinada o concreta de treinta años de presidio sin derecho a indulto, que no admite la aplicación de las atenuantes especiales y generales, incluidas en las previsiones de los arts. 39 y 40 del CP”.
La doctrina legal glosada en esencia estableció que el delito de Asesinato no ingresa dentro de los alcances del art. 39 inc. 1) del Código Penal (atenuantes especiales), por la propia determinación del legislador, que por la gravedad del delito no vio otorgar el beneficio de reducción a la mitad de la pena para quien atente contra el derecho a la vida; por el contrario, se determinó sancionar al que comete el delito de Asesinato con la pena más grave (treinta años) con la imperatividad “sin derecho a indulto”; precedente que no resulta contradictorio al Auto de Vista impugnado; toda vez, que la temática procesal tratada es diferente a la denuncia del presente motivo, relativa a la falta de fundamentación de las agravantes y atenuantes especiales y generales, sin considerar los arts. 39 y 40 del CP; por el contrario la temática sobre la cual gira la resolución judicial invocada, está referida a que en el delito de Asesinato no existe el beneficio de la reducción de la pena a la mitad de la pena; por lo tanto el precedente judicial resulta inaplicable a la presente denuncia.
En el Auto Supremo 507 de 11 de octubre de 2007, se estableció como doctrinal legal que: “La autoridad judicial al establecer la concurrencia de las circunstancias previstas por los arts. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal, debe determinar su incidencia en la fijación de la sanción y no limitarse a una simple enunciación sin aplicación alguna, de modo, que debe establecer fundadamente si las circunstancias consideradas que modifiquen la responsabilidad del autor del delito, operan como atenuantes o agravantes a tiempo de imponer la sanción dentro de los límites previstos por la respectiva norma sustantiva penal”. (Resaltado nuestro), doctrina legal que será considerada en el análisis de fondo del presente motivo denunciado dada la problemática similar a la planteada en el presente recurso referida a la consideración fundada de atenuantes y agravantes en la fijación de la pena.
Establecido el sentido de los precedentes invocados, se tiene que la recurrente en su apelación restringida denunció que el Tribunal de Juicio incurrió en errónea aplicación de las agravantes y atenuantes contempladas en el Código Penal; toda vez, que no se mencionaron si son atenuantes especiales o generales, hay una falta de fundamentación en relación a la previsión de los arts. 39 y 40 del CP y sin fundamentar la fijación de la condena a doce años, sin tomar en cuenta que la condena se funda en hechos graves.
Planteada dicha apelación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el Auto de Vista 70/2015 de 18 de septiembre, refirió que “…las consideraciones que realizo el Tribunal de Sentencia al determinar la pena a imponerse, aspectos que son reconocidos por los propios apelantes, sin embargo refiere que no está debidamente fundamentado, sin embargo se establece que la misma tiene relación con la integralidad de la sentencia, por otro lado se tiene que no necesariamente una resolución tiene que ser ampulosa…”.
De dicha respuesta se verifica que el Tribunal de alzada motivó su decisión en dos aspectos centrales; primero, que las consideraciones en sentencia fueron reconocidas por la apelante, y segundo que las mismas tuvieron relación con la integralidad de la sentencia, esto no implica una correcta fundamentación, ya que el apelante reclamó la falta de fundamentación de las agravantes y atenuantes desarrolladas por los juzgadores, aspecto que no podía ser suplida con la simple mención de los vocales que esa ausencia de fundamentación fue reconocida por la apelante y que se encontraba en relación a toda la Sentencia, esta respuesta no coincide con el lineamiento seguido por este Máximo Tribunal de Justicia en sentido que toda resolución debe estar debidamente fundada conforme expresa el art. 124 del CPP, además dicha fundamentación debe contener naturalmente los elementos de ser clara, completa, legítima, lógica y expresa, aspecto que no se observa en la resolución del Tribunal de apelación.
Asimismo, si la cuestionante fue la ausencia de fundamentación de las agravantes y atenuantes, el Tribunal de alzada debió verificar si los juzgadores incuestionablemente realizaron la correcta fijación de la condena, en base a los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico, de manera específica a los arts. 38, 39 y 40 del CP; de estar conforme, debió ratificar fundadamente la decisión de condena a 12 años o en su caso de haberse incurrido en error u omisión, ejercer la facultad de subsanar la imposición de la pena con base a los datos contenidos en la Sentencia, verificando si evidentemente la fijación de la condena se encontraba fundada en hechos graves; debiendo aclararse que esta labor no implica de ninguna manera el retroceso del proceso anulando el juicio.
Por lo expuesto, la acusación sobre esta denuncia resulta cierta y fundada, siendo la decisión del Tribunal de alzada contraria al precedente contradictorio invocado; consecuentemente, el presente motivo deviene como fundado correspondiendo la emisión de un nuevo Auto de Vista que previo análisis del reclamo efectuado por la parte recurrente en apelación respecto a la fijación de la pena, establezca si el Tribunal de origen consideró o no atenuantes especiales y generales así como los arts. 39 y 40 del CP, a los fines de ratificar fundadamente la sanción impuesta o en su caso efectuar las correcciones que resulten pertinentes en estricta aplicación del art. 414 del CPP que dispone: “Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de penas”.
III.3. En cuanto a la denuncia de incongruencia omisiva.
Conforme se advierte del contenido del Auto Supremo de admisión emitido en la presente causa, esta Sala aperturó su competencia ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, a los fines de verificar si el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva al no haber resuelto los motivos de apelación relativos al control que debió haber efectuado respecto a la denunciada lesión de las reglas de la sana crítica y sobre el razonamiento de los de mérito, en cuanto a la prueba para la demostración de la unión libre.
Al respecto, se constata que la parte recurrente en su apelación restringida, denunció la contradicción entre lo expresado por los testigos de ser concubinos (acusada y víctima) y la determinación del Tribunal de Juicio que no se había demostrado la convivencia, ante ello el Tribunal Departamental, refirió que el Tribunal de juicio en base al principio de congruencia y el iura novit curia condenó a la acusada por el delito de Homicidio y no Asesinato, por no evidenciar los jueces que la víctima sea cónyuge o conviviente, con la utilización del Código de Familias y del Proceso Familiar, promulgada después del hecho, pero que no solo aplicó dicho código, sino también el art 63 de la CPE, que no implica una aplicación incorrecta de sus consideraciones, ni que se hubiere vulnerado el principio de legalidad.
Esta respuesta del Tribunal Departamental, aun siendo escueta cumple con la fundamentación exigida a toda resolución judicial, pues expresa la labor del Tribunal de alzada de verificar la logicidad del porqué el Tribunal de juicio determinó aplicar las normas familiares y no solo ellas sino también la Constitución Política, esto en relación con el principio de congruencia para condenar a la acusada por Homicidio y no así por Asesinato; cumpliendo de esta manera con el art. 124 de la norma adjetiva penal y la línea jurisprudencial seguida por este Tribunal, al establecer puntualmente las razones de hecho y derecho para desestimar el reclamo formulado por la recurrente en apelación, aún más cuando se advierte que la Sentencia no sólo realiza el análisis de un Código posterior al hecho delictivo como refieren los vocales, sino también hace referencia al Código de Familia de 1972, estableciendo como requisito imprescindible según estas normativas, vinculadas al Código Penal, que tenga que establecerse la calidad de conviviente con el antecedente de libertad de estado; consiguientemente, el presente reclamo no tiene ningún asidero, ya que el Tribunal de apelación en aplicación de la normativa procesal penal fundamentó debidamente la resolución de alzada al responder bajo los parámetros que hacen a una resolución fundada; es decir, clara, expresa, lógica, completa y legítima, conforme establece la línea jurisprudencial de este Máximo Tribunal de Justicia, como la contenida en el Auto Supremo 209/2015-RRC de 27 de marzo, que al hacer referencia a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, precisa: “La Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; (…) fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.
Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica. (…) Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación”. (sic).
Esto significa, que al estar debidamente fundada la respuesta del Tribunal de alzada al recurso de apelación restringida planteada, sin haber incurrido en violación del derecho al debido proceso, el presente motivo deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bibiana Mendoza, con los fundamentos expuestos precedentemente; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 70/2015 de 18 de septiembre y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.

References: resolución 
e contrario
 resolución 
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