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Timestamp: 2017-08-19 19:11:48+00:00

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INFORME ELABORADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA (C.E.A.T. - PDF
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Yolanda Montoya Morales
1 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (C.E.A.T.), Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 /Sección 1/ Número Nacional Calle Nueva 6, 1º B Alcalá de Henares Comisión de trabajo sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de la C.E.A.T. INFORME ELABORADO POR LA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA (C.E.A.T.), SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. El presente Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha sido elaborado por La Comisión de Trabajo de la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA (C.E.A.T.), compuesta por los siguientes miembros: - D. ÁNGEL FRANCISCO LLAMAS LUENGO, Presidente de la Asociación de Abogados de Turno de Oficio de Alcalá de Henares (ACATO). - D. ALFREDO JESÚS POVEDANO MOLINA, Presidente de la Asociación de Abogados Iusta Causa de Córdoba. - D. MANUEL DE LA TORRE MARTIN, Presidente de la Asociación Foro de Abogados Independientes de Granada (FAIG). - Dña ALICIA VEGA AMAYA, de la Asociación de Abogados de Turno de Oficio de Toledo (ASATO). - D. ALBERTO VERÓN IZQUIERDO, Presidente de la Asociación de Abogados de Turno de Oficio de Zaragoza (ZATURNO). Este Informe tiene por objeto dar traslado al Ministerio de Justicia, al Consejo General de la Abogacía Española y a los distintos Grupos Parlamentarios, así como para su difusión entre los medios de comunicación nacionales a fin de poner de manifiesto la opinión del colectivo que presta el servicio de forma directa día a día.
2 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (C.E.A.T.) I EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA En los últimos meses se han dado a conocer dos nuevos anteproyectos de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, elaborados por el Ministerio de Justicia como garantía del ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en los artículos 17, 24 y 119 de la Constitución Española (CE). Precisamente en un momento clave, toda vez que por un lado, desde hace tiempo se está hablando por parte de todos los operadores jurídicos de la imperiosa y urgente necesidad de una reforma de la Justicia en consonancia con la realidad social y tecnológica en que nos encontramos, y por otro lado ante una situación de crisis económica, que ha suscitado el oportuno debate acerca de la sostenebilidad del propio sistema. Sistema que en lo que respecta al funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita recae exclusivamente sobre las espaldas de los abogados de oficio que prestan éste Servicio Público, en situación de precariedad absoluta de medios económicos, personales y técnicos, cuyo único y exclusivo derecho en todo este entramado legislativo, se circunscribe a percibir unas ridículas retribuciones que eufemísticamente se denominan compensaciones económicas. Por parte de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, el citado anteproyecto de Ley supone una profunda decepción, y cuando menos una oportunidad perdida, toda vez que lejos de mejorar el sistema de asistencia jurídica gratuita regulado por la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuyo mérito fue el de articular por primera vez un marco normativo unitario, sobre una materia que estaba regulada de forma deficiente y dispersa; el anteproyecto de Ley no es en puridad sino una reforma de la anterior, introduciendo algunas modificaciones y dejando sin solucionar ni abordar las deficiencias y carencias que los 17 años de vigencia de la anterior han puesto en evidencia, sobre todo en relación con los profesionales que prestan el servicio. En primer lugar se pone en tela de juicio, la virtualidad de aprobar una nueva Ley para regular el derecho de asistencia jurídica gratuita, cuando lo que realmente se está haciendo es una modificación de la Ley 1/1996, ya que su estructura, su contenido y su sistemática son casi idénticos. Probablemente, sí que sería más acertado elevar su rango de Ley ordinaria al de Ley Orgánica por afectar a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, y de esa 2
3 Informe de la comisión de trabajo sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de la C.E.A.T.. forma sí hubiese sido razonable la aprobación de un nuevo texto legal distinto al actualmente vigente, máxime cuando de la jurisprudencia constitucional pueden extraerse argumentos que conducen a la conclusión de que el derecho a la asistencia letrada gratuita aparece, en ciertos casos, formando parte del contenido esencial de determinados derechos fundamentales, como los constitucionalizados en los arts. 17 y 24 de la Carta Magna, en los que se infiere la voluntad del constituyente de garantizar el acceso a la justicia, y la asistencia de abogado al detenido en diligencias policiales y judiciales, en cumplimiento del principio de no discriminación recogido en el art. 14 de la CE. No obstante el legislador, carente de ideas, opta nuevamente por abrazar la postura doctrinal que considera que la reserva a ley orgánica que consagra el art CE, se refiere a las leyes relativas al desarrollo directo de los derechos fundamentales, pero no excluye la posibilidad de que las leyes ordinarias incidan en la regulación de tales derechos, de forma que, aun cuando el derecho a la asistencia jurídica gratuita puede afectar a la materia reservada a la ley orgánica, ello no supone según esta doctrina, un desarrollo de la misma en los términos previstos en el art. 81 CE, por lo que a la norma legal que regule este derecho no le es exigible tal cualidad. No obstante ni se aborda ni se hace ninguna mención respecto de la problemática que plantea el art. 17 CE en relación con la obligatoriedad de asistencia letrada al detenido. Por otro lado, en la redacción de la nueva Ley, se hace desaparecer cualquier mínima alusión que, como en la vigente, se hacía al carácter que debían tener las retribuciones. Así la Exposición de Motivos de la Ley 1/1996 establece un principio que, aunque nunca ha llegado a llevarse a efecto, viene a ser la única alusión legal a la forma en que los Abogados y Procuradores han de ser retribuidos por sus servicios, y así imponía a todos los poderes públicos el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables. El Anteproyecto no hace la más mínima alusión a dicho principio, y sí hace especial referencia a la situación actual y a principios de eficiencia en la asignación de recursos, aludiendo en no pocas ocasiones a la actual coyuntura económica de crisis. De esta forma, el legislador viene a primar el ajuste presupuestario frente a la dignificación y puntualidad en el pago de los servicios. Sería un auténtico fracaso permitir que desaparezca del texto legal cualquier alusión al carácter de retribución digna y suficiente. No se debe incluir bajo ningún concepto, en una ley que se pretende perdure en el tiempo alusiones a crisis económicas coyunturales, ni corrección del 3
4 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (C.E.A.T.) déficit público en porcentaje alguno. La justicia gratuita debe tener asegurada una financiación adecuada a la finalidad que pretende con los controles lógicos para evitar abusos pero sin restricciones. Entrando ya en lo que es la Ley en sí misma, se comparten plenamente las alegaciones que se efectúan por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en su Borrador al Informe del Anteproyecto de Ley. Sin embargo, se considera que se ha quedado muy corto en cuanto a la posibilidad, ya que se aborda una profunda y sustancial reforma de la regulación legal de la Asistencia Jurídica Gratuita, de introducir en el texto legal reivindicaciones tradicionales de los Abogados que prestamos tales servicios. Se echa en falta que el CGAE asuma esas ya tradicionales reivindicaciones y las haga llegar al Ministerio para su inclusión en el Anteproyecto. Consideramos ya desde este momento que esta es una ocasión única y que no volverá a presentarse en muchos años, por lo que no podemos limitarnos a hacer una mera crítica de cada uno de los artículos que componen el anteproyecto y no querer ver más allá de lo que el propio Ministerio quiere que veamos. En este momento la Abogacía ha de exigir que la norma que regule la Asistencia Jurídica Gratuita recoja de forma expresa, clara y tajante la obligatoriedad de que los servicios sean retribuidos de forma digna y suficiente. Y nos referimos a que ello se recoja en su articulado y no como ahora en la Exposición de Motivos de la actual Ley. Ya es hora de que dejemos de avergonzarnos por exigir que las retribuciones de Asistencia Jurídica Gratuita sean equiparables en gran medida a los honorarios profesionales. La atención del antiguamente denominado beneficio de pobreza no es la ONG de los Abogados, sino un deber de la Administración para con los ciudadanos y cuyo peso no debe recaer sobre la Abogacía como tradicionalmente ha venido sucediendo, lo cual no sucede en otros servicios públicos como pueden ser la sanidad, la enseñanza, etc. No es de recibo que la labor profesional del letrado sea retribuida de una forma y en cuantías tan mezquinas, siendo que otros profesionales que intervienen igualmente en el proceso, por ejemplo los peritos, sean compensados por su trabajo casi triplicando la cantidad que recibe el abogado. Es inaceptable que la Ley imponga la obligatoriedad de llevar a cabo ciertas actuaciones profesionales con la posibilidad de que las mismas queden sin retribuir porque al interesado se le deniegue el derecho. Por qué no se establece la posibilidad de que la Administración se subrogue en los derechos de los Abogados? Es una aberración que el Abogado tenga que asumir el riesgo de no cobro por el hecho de que se deniegue al interesado el beneficio de 4
5 Informe de la comisión de trabajo sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de la C.E.A.T.. justicia gratuita, no pudiéndose negar a llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias hasta tanto se dicte resolución. Tal y como viene configurada la retribución, ésta es una subvención que corresponde al ciudadano y, por tanto, será éste el que habrá de proceder a la devolución de lo percibido a la ADMINISTRACIÓN en caso de denegación o revocación. Enlazamos este tema con el de la falta de retribución de ciertas actuaciones por mero capricho del legislador, tales como recursos de reforma en la vía penal, recursos de revisión o reposición en la jurisdicción civil, ejecuciones (en todas las jurisdicciones), nulidades, incidentes, etc. Si el legislador quiere que el beneficiario de Asistencia Jurídica Gratuita tenga las mismas oportunidades que el que no lo es, debe retribuir todas y cada una de las actuaciones que los profesionales intervinientes hayan de acometer, pues en caso contrario podría producir desigualdad de oportunidades y un desequilibrio procesal no deseable. La baremación debe especificar cada una de las actuaciones, no dejando sin determinar partes del procedimiento, diligencias o recursos algunos. Este Anteproyecto hace especial mención a la asistencia a la víctimas de violencia de género, lo cual nos parece plausible; pero más plausible lo hubiese sido si también se hubiera dado cobertura a la asistencia jurídica a las personas internas en centros penitenciarios, no sólo para el asesoramiento de su expediente penitenciario sino para cualquier asunto de toda índole, tal y como se venía haciendo en Andalucía hasta Marzo de No se debe dejar de lado otro tipo de reivindicaciones de los Abogados de Oficio como pueden ser las de dotarnos de unas coberturas sociales y asistenciales, o de unos medios materiales para trabajar en igualdad de condiciones de las demás partes procesales. Probablemente dichas peticiones deberían ser atendidas por las Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias en la materia, pero no estaría de más que la Ley estableciera unas bases o mínimos indispensables, para su desarrollo posterior. En conclusión, se ha de transmitir el mensaje de que el Anteproyecto no puede ser aceptado en modo alguno por la Abogacía por no recoger ninguna de las peticiones que se han venido haciendo prácticamente desde que se aprobó la Ley 1/1996, llegando incluso a suponer un retroceso en algunos aspectos pues nos imponen unas mayores cargas burocráticas, tanto a los Colegios como a los Abogados. Por tanto, se debería rechazar de plano el Anteproyecto por no suponer ningún avance en la dignificación de la figura del Abogado de Oficio
6 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (C.E.A.T.) II COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL ANTEPROYECTO No obstante lo anterior, la realidad del texto presentado obliga a hacer un comentario crítico al mismo, a mayor abundamiento de los informes elaborados por el Consejo General de la Abogacía Española y otros organismos, y que se expone a continuación. Art. 1. Objeto de la ley. Se modifica incluyendo también la vía administrativa previa. Art. 2. Ámbito personal de aplicación. Se reconoce a todos los extranjeros, tanto legales como ilegales, y sin embargo se omite toda referencia al colectivo de presos, omisión injustificada toda vez que se trata un colectivo desfavorecido, al que de facto se estaba prestando un servicio de asistencia jurídica gratuita en virtud de convenios entre la Administración Penitenciaria y diversas administraciones públicas sin que exista una regulación uniforme al respecto. A su vez el artículo 2, apdo. 1, del Real Decreto-ley 3/2013 modificador, añade al artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita varios apartados y amplía el ámbito personal de aplicación, entre ellos, a quienes, con independencia de la existencia de recursos para litigar, a causa de un accidente, acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la de otras personas para realizar actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos. Pasan a disponer de este beneficio los grandes accidentados que van a necesitar de la ayuda de una tercera persona, independientemente de que se disponga de recursos económicos o no, cuando se reclamen los daños personales y morales. Sin determinar qué se entiende por accidente ni hacer mención alguna de si en el procedimiento se reclaman, además, los daños materiales y/o la petición de determinación de determinada responsabilidad si se aplica la exención, o si sólo se daría en el caso especificado. Y lo más preocupante es que establece que debe ser una ocupación laboral o profesional habitual, cuando el conocido baremo de accidentes de tráfico superó esa denominación, dada su finalidad protectora de toda persona lesionada en el ámbito de responsabilidad, como por ejemplo, jubilados y amas de casa. 6
7 Informe de la comisión de trabajo sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de la C.E.A.T.. La obligación de acreditar secuelas permanentes causadas en un accidente y por las que la víctima requiera la ayuda de otra persona para la realización de las actividades esenciales de la vida diaria puede suponer que, desde el inicio del procedimiento hasta que esas secuelas queden determinadas y estabilizadas tras recibir los tratamientos médicos y quirúrgicos que precise, la víctima no tiene derecho a la designación de abogado del Turno de Oficio, lo cual le ocasiona una evidente indefensión y supone que no tenga aplicación práctica la extensión del derecho a la asistencia jurídica gratuita a esta clase de víctimas. Art. 3. Requisitos básicos. La mayor parte del texto de este artículo en el Anteproyecto ha sido ya recogido en la reforma de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita operada por Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero. Al respecto cabe señalar: 1.- En el Anteproyecto de Enero/2013 faltaba la referencia de inclusión de las parejas de hecho no inscritas como las que viven juntas, tienen hijos,., en el concepto de unidad familiar. En el Anteproyecto de Junio/2013 se incluye también a las parejas de hecho en el concepto de unidad familiar. 2.- Falta de concreción de la definición de patrimonio suficiente. 3.- En cualquier caso, el acceso a la asistencia jurídica gratuita no puede hacerse a costa de los abogados y ha de garantizarse que la denegación posterior del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suponga nunca el impago de honorarios para el abogado que desempeñó su trabajo. 4.- En caso de no garantizarse el cobro de todas las actuaciones del abogado, cuando menos deberá permitirse la renuncia del abogado designado por el Turno de Oficio a partir del momento en que se dicte la resolución que deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita. 5.- El CGAE y el ICAM proponen introducir un párrafo por el que se establezca que sea suficiente para conceder el derecho la declaración por el letrado que realiza la asistencia de que su defendido, por signos externos, carece manifiestamente de bienes, explicando en el impreso de solicitud dichos signos. Ello supone una carga más para el abogado, sin perjuicio de que, además, en el momento de la atención inicial no se dispone muchas veces de toda la información. Bastaría que se efectúe la averiguación patrimonial por el Servicio de Orientación Jurídica de cada Colegio cuando se tramita la solicitud de asistencia jurídica gratuita con los 7
8 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (C.E.A.T.) datos de que se disponga, no haciendo recaer en el abogado designado inicialmente las consecuencias de: - La falta de averiguación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los datos personales del detenido, imputado o preso. - La situación ilegal del extranjero en territorio español, sin documentos oficiales. - La negativa de la persona a firmar el impreso de solicitud de asistencia jurídica gratuita. Situaciones relacionadas sin ánimo exhaustivo, pero reiterando que debe dejarse claro que el abogado designado por el Turno de Oficio, no es quien debe soportar las consecuencias de las anteriores situaciones sino cobrar por todas las actuaciones que preste. Art. 4. Modalidades de unidad familiar y litis expensas. No se modifica. En cuanto a la obligación de solicitar el reconocimiento de litis expensas a los efectos de proceder a su reintegro posterior, además de compartir la crítica (CGAE, CICAC) de interferir en la libertad de la dirección letrada, cabe señalar que: 1º) Contradice el deber de valorar individualmente los medios económicos. 2º) En caso de mantenerse, debería dejarse regulado que el derecho de litis expensas ha de suponer el abono de los honorarios al abogado designado de oficio como si se hubiera tratado de una designación particular. Art. 6. Contenido material del derecho. Se modifican los apartados número 1, 5, 8 y Se debe establecer expresamente que los Juzgados deberán dar copia gratuita al Letrado del Turno de Oficio de todas las actuaciones obrantes en el procedimiento, y en el formato que sea factible (por reproducción de fotocopias o por medios telemáticos). 2.- Se ha incluido la exención de pago de tasas judiciales y del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos pero no se incluyen las fianzas, cauciones y otro tipo de consignaciones que pudieran exigirse, con lo que se estaría conculcando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva limitando, por ejemplo, la solicitud de medidas cautelares al no tener el beneficiario recursos económicos para la prestación de la caución que se solicite. El Juez, a la vista de la resolución de concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita, moderará la caución que exigirá al solicitante de cualquier medida cautelar. 8
9 Informe de la comisión de trabajo sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de la C.E.A.T Se debe suprimir el punto 4 del Anteproyecto porque está negando indebidamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita a personas que tienen derecho, prejuzgando circunstancias y consecuencias que sólo podrán conocerse con posterioridad al planteamiento del juicio. Además, no contempla los supuestos en que la Compañía de Seguros no reconoce inicialmente la defensa jurídica a su asegurado retrasando el inicio de la reclamación por el interesado hasta que obtenga el reconocimiento de esa cobertura ni tampoco la frecuente contradicción de intereses del propio asegurado con su Compañía de Seguros. Este artículo ha sido ya modificado en la reforma de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita operada por Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, introduciendo el punto 5 (exención de pago de tasas judiciales y depósitos necesarios para interponer recursos) y 6 (referido a la asistencia pericial gratuita), recogiendo lo referido en el anteproyecto a dichos conceptos. Se propone la supresión del último párrafo del punto 3 porque puede llevar a situaciones contradictorias con la Ley, como exigir el pago de prestaciones comprendidas dentro del derecho de asistencia jurídica gratuita tales como los honorarios de abogados en las costas o de los peritos, así como es confusa al no determinar la forma en que se ha procedido a designar el perito (por insaculación, por las listas de peritos del Ministerio o de una Administración, ). Art. 7. Extensión temporal. 1º) El punto 1 adolece de incongruencia porque no recoge la especialidad existente en el ámbito de la violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos donde la asistencia jurídica gratuita se extiende a todos los procedimientos de cualquier orden jurisdiccional y administrativos por razón o derivados de dicha materia que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. 2º) El punto 3 del artículo 7 debe ser suprimido íntegramente. Supone un desconocimiento absoluto del funcionamiento de la materialización del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los beneficiarios por parte de los abogados designados por el Turno de Oficio, pues dicha redacción da a entender que los abogados no informan del contenido de las resoluciones que se dictan en los asuntos que son designados y que los mismos abogados son los que interponen los recursos sin contar con el cliente. Asimismo, el trámite de comparecencia ante el Secretario Judicial no supondría sino dilatar el procedimiento con un trámite innecesario, así como dilapidar recursos de las 9
10 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (C.E.A.T.) Administraciones porque no se contemplan situaciones como, por ejemplo, si el designado se encuentra privado de libertad (habría que traerlo al Juzgado o sería el Secretario Judicial quien se tuviese que trasladar al centro penitenciario a tomarle declaración), o ingresado por motivos de salud en algún centro médico que no esté en la sede del Tribunal. Además, la suspensión debe acordarse preceptivamente y no dejándose como una potestad graciosa del Secretario Judicial. Asimismo, se declara que se podrá decretar la suspensión a instancia de parte cuando debe bastar la decisión de interponer el recurso por el cliente. En cualquier caso, la extinción del beneficio de justicia gratuita sin la ratificación personal del interesado ante Secretario Judicial tiene visos de inconstitucionalidad al menos en el orden jurisdiccional penal respecto a los acusados condenados. 3º) En caso de mantenerse la necesidad de acreditarse en el inicio del trámite procesal de recurso contra resolución que ponga fin al proceso en la correspondiente instancia o de la ejecución el mantenimiento de la situación de insuficiencia de recursos o medios, debe asegurarse que la actuación realizada por el Abogado no deje de ser abonada y: a) bien suspender la tramitación del procedimiento hasta que se resuelva nuevamente sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante, lo cual conllevaría un problema de dilación del procedimiento; b) bien el abono por la Administración al abogado designado de sus derechos devengados por su actuación profesional hasta la resolución del derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante, así como la expresa regulación de la renuncia inmediata del abogado designado de oficio a partir de dictarse la resolución denegatoria de la solicitud. 3º) En las designaciones de Colegios de Abogados cuya demarcación no coincida con el ámbito provincial, en las que el conocimiento de los recursos puede corresponder a un órgano jurisdiccional con sede en distinta localidad, han de realizarse nuevas designaciones por el Colegio de Abogados de la sede del órgano jurisdiccional que ha de conocer del recurso cuando se acuerde la práctica de diligencias o la celebración de vista. Art. 13. Solicitud del derecho. La solicitud del derecho ha sido ya introducida en la reforma de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita operada por Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, dando nueva redacción al artículo 12. Al respecto cabe señalar: 1º) Procede modificar el primer párrafo del art. 13, quedando con la siguiente redacción: 10
11 Informe de la comisión de trabajo sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de la C.E.A.T.. El reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente. 2º) Convendría regular o al menos prever la obligación de solicitud y designación individual para los supuestos de intereses contrapuestos en la defensa de los distintos litigantes. 3º) Procede suprimir los dos últimos puntos del artículo, dado que con arreglo a las leyes procesales, en ningún caso los solicitantes están obligados a litigar bajo una sola dirección y representación. Art. 14. Requisitos de la solicitud. Se añade la obligación de la autorización expresa al Colegio de Abogados y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la consulta de los datos económicos del solicitante. Pero debe irse más allá y dejarse claro que no es obligación del abogado la aportación de la documentación para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como reiterarse en la suspensión del proceso hasta que se produzca la resolución definitiva sobre el derecho a litigar gratuitamente. Específicamente, en las designaciones correspondientes a la Asistencia al Detenido y Turno de Oficio Penal, deben preverse expresamente las situaciones en las que el solicitante, bien por estar detenido o preso, bien por su situación de mendicidad, ausencia de domicilio fijo conocido, inexistencia de documentación personal o circunstancias similares, no puede aportar la necesaria para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica. Incluso, en la asistencia al detenido podría estudiarse el establecimiento de un derecho universal estrictamente para las diligencias iniciales de la guardia en el centro de detención y órganos jurisdiccionales mientras se resuelve su situación personal. Art. 15. Subsanación de deficiencias. Cabe reiterar lo manifestado respecto al artículo anterior, si bien añadiendo una mención expresa a que no se procederá al archivo del expediente cuando el justiciable haya autorizado al 11
12 Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita (C.E.A.T.) Colegio o a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que recaben todos sus datos económicos ante los organismos públicos correspondientes a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos para la asistencia jurídica gratuita. Art. 16. Designaciones provisionales y traslados. Debe desaparecer la mención a designaciones provisionales y definitivas. En primer lugar, sería más apropiado, conveniente y ágil tanto para el interesado como para el abogado que la designación fuese directa por los Colegios de Abogados y Procuradores, manteniéndose sólo la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la concesión del derecho en caso de ser desestimado por el Colegio de Abogados. En consecuencia, procede suprimir el segundo inciso del punto 3 del Anteproyecto. ( La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita devolverá al Colegio de Abogados aquellos expedientes cuya solicitud presente deficiencias o que no vengan acompañados de la documentación necesaria para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y patrimoniales del solicitante. ) En la práctica, este trámite de devolución de expedientes sólo se usa por las Administraciones para retrasar el pago de las retribuciones a los abogados. En todos los órdenes jurisdiccionales, así como en las instancias administrativas previas, debe imponerse la suspensión del procedimiento o de los plazos para ejercitar la pretensión en cuestión hasta la designación por el Colegio de Abogados o, en su caso, por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. También debe incluirse la aplicación o desarrollo del artículo 546 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa y la asistencia letrada para los supuestos en los que se deniegue o se revoque la concesión del beneficio de justicia gratuita, así como la obligación de la Administración de abonar las actuaciones devengadas realizadas en virtud de la designación. Además, en caso de que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ordene la designación de Abogado y Procurador, las retribuciones de estos correrán a cargo de la Administración correspondiente, debiéndose suprimir la imposición al Colegio de Abogados de la obligación de pago de los servicios prestados. Asimismo, los Colegios de Abogados no dictan resoluciones dentro del procedimiento de solicitud de la asistencia jurídica gratuita. Por el mismo motivo debe suprimirse el segundo párrafo del punto 4. El párrafo segundo ya ha sido introducido en la reforma de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita operada por Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, regulando la 12

References: artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 12
 resolución 
 artículo 546
 Real Decreto