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Timestamp: 2018-07-16 14:36:07+00:00

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La experiencia latinoamericana del daño a la persona
La experiencia latinoamericana del daño a la persona.
Sheraldine Pinto Oliveros*.
Sumario: 1. Introducción. 2. El daño a la persona en la experiencia venezolana. 3. El daño a la persona en la experiencia brasileña. 4. El daño a la persona en la experiencia argentina. 5. El daño a la persona en la experiencia peruana. 6. El daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos. 7. Conclusión.
El análisis comparativo de la experiencia latinoamericana del daño a la persona exige dos premisas. En primer lugar, es necesario recordar que el surgimiento de dicha categoría conceptual (y, más específicamente, del daño a la integridad psicofísica del individuo, constatado mediante un examen médico-legal, o del también denominado daño a la salud, cual categoría que agrupa otras (pseudo) figuras daño conexos a éste) respondió en cierta medida a la necesidad de superar los límites que imponía el artículo 20591 del código civil italiano, en materia de resarcimiento del daño no patrimonial2. Por esta vía, se intentaba consentir la reparación de aquellas lesiones que, por encontrarse privadas de una incidencia inmediata en la capacidad de producir ingresos económicos de la víctima, quedarían sin tutela jurídica.
Situación que, como observaremos, no se corresponde completamente con la realidad de los sistemas que serán objeto de análisis en estas reflexiones.
En cambio, la segunda premisa se refiere al impacto y al empleo de la norma constitucional – en los sistemas latinoamericanos – a los fines de extender los confines de la responsabilidad civil y, más específicamente, de la resarcibilidad del daño no patrimonial.
Aspecto que se encuentra reforzado por la directa aplicabilidad de los derechos fundamentales a las relaciones entre particulares; la cual, además, está asegurada por las garantías constitucionales como la denominada “acción de amparo3” y el “mandado de injunção”4 .
En pocas páginas, resulta imposible realizar un análisis de la entera experiencia latinoamericana del daño a la persona. Por este motivo, el presente estudio se limitará a cuatro países elegidos con base a la novedad de sus normativas constitucional y civil, o por la relevancia que se ha otorgado al daño a la persona en sus formantes5 doctrinal y jurisprudencial.
2. El daño a la persona en la experiencia venezolana.
En Venezuela, la determinación del daño resarcible deriva de la combinación de los artículos 11856 – que prescribe la obligación de reparar el daño – y 1196 del código civil que afirma:
El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”.
De esta manera, se observa que el sistema venezolano acoge la tradicional bipartición entre daño material7 y el daño moral, según el carácter patrimonial o no patrimonial del derecho o interés lesionado.
Por otra parte, es posible evidenciar la inexistencia de una disposición expresa que contemple el daño a la persona8. De allí que, a los fines de determinar su evolución en Venezuela, sea necesario profundizar el estudio del daño moral.
El daño moral ha sido caracterizado en forma negativa, es decir, todo daño que no afecte un derecho o interés patrimonial. MELICH ORSINI, siguiendo la doctrina a la que se supone afiliado el código civil venezolano, distingue entre daños morales que afectan la parte social del patrimonio de la persona (daños a la vida de relación, atentados al honor o a la reputación, daño estético, etc.) y daños morales que afectan exclusivamente la parte afectiva del patrimonio moral9.
Una revisión de la jurisprudencia, sin embargo, permitiría constatar que el daño moral ha sido limitado a la reparación del dolor sufrido por la persona como consecuencia a una pérdida inmaterial, espiritual o afectiva. De allí que, «por su naturaleza esencialmente subjetiva no está sujeto a una comprobación material directa, pues ella no es posible»10. En otros términos, una vez que se ha demostrado el denominado hecho generador del daño procede la estimación del daño moral11, la cual debe ser realizada por el Juez con prudente arbitrio12.
Otro sector de la doctrina, teniendo en consideración el dispositivo del artículo 119613 del c.c., distingue entre aquellos daños morales independientes de todo daño corporal o material y aquellos que son consecuencia de un daño corporal (daño a la persona física) o material.14.
En este específico sector, la jurisprudencia de los años setenta y ochenta había interpretado en forma extensiva dicha norma a los fines de incluir en la misma, cualquier lesión a la integridad física de la persona, independientemente de su incidencia en la capacidad reditual del individuo; considerando, por esa vía, obsoleta la concepción según la cual era necesario demostrar las repercusiones económicas en el caso del daño a la persona15.
Sin embargo, esta intuición de la Corte Suprema de Justicia venezolana fue atenuada por la jurisprudencia sucesiva que, únicamente, toma en cuenta el sufrimiento o el dolor generado por la lesión corporal.
De hecho, en la actualidad, las lesiones corporales o físicas son consideradas como una especie del daño moral por la jurisprudencia venezolana. En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido que si bien éstas constituyen un daño material orgánico, participan primordialmente de una característica de dolor físico y sufrimiento moral, conceptualizandolas como daño moral16.
En el específico caso de las lesiones deformantes o mutilantes, la jurisprudencia ha afirmado que el daño moral se encuentra caracterizado por el menoscabo espiritual que la alteración de la estética personal ocasiona a la víctima. En consecuencia, se toma en cuenta la magnitud del trastorno espiritual sufrido, que adquiere mayor gravedad cuando la deformación o alteración estética tenga carácter permanente17.
Con relación al quantum resarcitorio, se conceden amplios poderes de valoración del daño al Juez a los fines de determinar, con criterio equitativo y racional, el monto de la reparación. En este orden de ideas, la jurisprudencia ha especificado algunos parámetros que deben orientar dicha valoración, a saber:
La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la denominada escala de los sufrimientos morales);
el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño;
la conducta de la víctima18;
el grado de educación y cultura y la posición socio-económica del reclamante19;
la capacidad económica de la parte accionada, así como los posibles atenuantes a favor del responsable y
el tipo di retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad.
A partir de la decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el caso José Tesorero vs. Hilados Flexilon20, estos criterios han sido confirmados por la jurisprudencia sucesiva.
Con la entrada en vigencia de la Constitución venezolana21, el sistema delineado (que aparentemente no concede amplio espacio al daño a la persona) debería ser reexaminado a la luz de la norma constitucional. A tal efecto, es pertinente observar que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia22 negó el carácter programático de las disposiciones constitucionales.
Ahora bien, la relevancia de la norma constitucional en el ámbito de la responsabilidad civil resulta del derecho al respeto de la integridad física, psíquica y moral de la persona consagrado23 y del papel (primordial) que la Carta Magna confiere a la tutela de la persona y al respeto de su dignidad24.
A la luz de estas disposiciones, la reparación de los daños causados a la persona podría asumir una dimensión constitucional; característica que, indudablemente, debería determinar una variación en la (tradicional) óptica con la que se enfrenta las problemáticas de la responsabilidad civil. En tal sentido, el respeto a la integridad psicofísico de la persona deviene un valor que debe insertarse al sistema.
En este orden de ideas, las disposiciones constitucionales relativas a la obligación del Estado de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a sus derechohabientes, incluyendo el pago de daños y perjuicios25, y a la responsabilidad patrimonal del Estado por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública26, suscitan interés en el desarrollo del tema.
Sin embargo, la doctrina civilista no pareciera percibir el impacto que las disposiciones constitucionales podrían ejercer en el campo de la responsabilidad civil y continúa emparejando la persona humana a un mero factor de rédito.
A pesar de ello, algunas recientes decisiones jurisprudenciales – en materia administrativa – sugieren una postura diversa.
Así, en el caso de los daños causados por la Administración Pública a los particulares, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia27 ha afirmado que la norma constitucional «estableció la responsabilidad de la Administración (...) sin referirse a un tipo de bienes o derechos en específico, por lo que es necesario asumir un concepto amplio de patrimonio en el que se transcienda de la esfera estrictamente económica (bienes), y se abarcan los derechos inherentes a la persona». Por lo tanto, «la responsabilidad de la Administración (...) debe entenderse referida a los bienes y derechos jurídicamente protegidos, sea cual fuere su naturaleza».
Por otra parte, en la sentencia nota como “sobre bomba”28, la misma Sala manifiestó cuales son los presupuestos necesarios para configurar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y, a pesar de sostener expresamente la tradicional noción restringida de daño moral, se afirma que la perdida de una mano y parte del antebrazo – para una persona de 28 años que llevaba una vida sin limitación física alguna – trunca cualquier actividad propia de un hombre joven y capaz, por lo que concede a la víctima una indemnización y una pensión vitalicia.
3. El daño a la persona en la experiencia brasileña.
Previamente a la entrada en vigencia del nuevo código civil29, el reconocimiento del daño a la persona en Brasil fue consolidándose progresivamente debido a la influencia ejercida por la Constitución brasileña de 1988.
De hecho, si bien la jurisprudencia se había demostrado sensible al problema de la resarcibilidad del daño en aquellas hipótesis que no encajaban fácilmente en una concepción restringida del daño moral, o que no eran reconducibles a la disminución de la capacidad reditual de la víctima (en particular, mediante el criterio de la presumible ganancia futura en el caso de lesión y/o muerte de niños y adolescentes30); la metamorfosis31 en la forma de concebir el daño tuvo principalmente lugar a través de la construcción de (pseudo)figuras de daño que progresivamente han extendido los confines de la responsabilidad civil y, más específicamente, del daño no patrimonial.
Bajo la vigencia del código de 1916, diversas (pseudo)figuras de daño reconducibles al daño a la persona podían ser comprendidas en el daño moral entendido en sentido amplio32; en cuanto, dicho texto normativo carecía de restricciones a la resarcibilidad del daño moral (o no patrimonial) y a la formulación de nuevos supuestos (siendo materia regulada por diversas cláusulas generales).
A pesar de ello, la jurisprudencia brasileña inicialmente fue modesta. De allí que el desarrollo de las diversas figuras englobables en el daño a la persona se justificó por dos razones: en primer lugar, a los fines de dar cumplimiento a la Carta Magna brasileña que concedia una renovada centralidad de la persona33 y otorgaba una dimensión constitucional a la responsabilidad civil34; y, en segundo lugar, con el objeto de extender los límites del daño moral, que había sido asociado al pretium doloris.
En este orden de ideas, la primera decisión35 en materia otorgó reconocimiento al daño psíquico, dada su calificación como daño en sentido jurídico. Este criterio fue confirmado por el Juez Superior, quien sostuvo que el derecho debe proteger a la persona con una visión humanística, con sus predicados y atributos.
En el desarrollo de estas (pseudo)figuras de daño, un lugar importante ha sido ocupado por el daño estético36, respecto al cual se ha generado un intenso debate a nivel doctrinario y jurisprudencial.
Inicialmente, dicha tipología de daño fue reparada en consideración a la pérdida de ganancias37, como se evidencia de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial es confuso38.
En tal sentido, es significativo que el Supremo Tribunal Federal haya expresamente sostenido «la progresiva conversión del daño estético en daño patrimonial39» en una decisión de los años sesenta; a pesar de que las reparaciones acordadas en sus sentencias precedentes tomaran en consideración – exclusivamente – el criterio reditual.
El posterior desarrollo de la jurisprudencia condujo a la negación del resarcimiento de esta categoría como daño moral, en cuanto ya indemnizada como daño material40. Sin embargo, en los años ochenta, se reconoció la resarcibilidad del daño estético resultante de la razonable interpretación de la demanda judicial, teniéndose en cuenta las peculiaridades del caso. A pesar de ello, esta decisión pareceria mantener el criterio conforme al cual en las hipótesis en las que resulte indemnizado el daño estético no es posible conceder la reparación del daño moral41.
En realidad, el problema es de gran importancia práctica debido a que resarciendo ambas categorías (daño moral y daño estético) podría configurarse una duplicación de reparaciones por un mismo daño. De hecho, esta problemática fue enfrentada en el IX Incontro Nacional dos Tribunais de Alçada (1997), donde fue confirmada la imposibilidad de flanquear o acumular estos supuestos, debido a que el daño estético implica un daño material o está incluido en el daño moral42.
La jurisprudencia del Superior Tribunal de Justiça amplió ulteriormente el debate reconociendo la resarcibilidad del daño estético en distintos dictámenes como: una categoría distinta del daño moral43, corolario de este último44 y, previendo la posibilidad de acumularlos45.
Finalmente, en sentencia del 6 de noviembre de 2000, el Superior Tribunal de Justiça resolvió la problemática determinando que cuando el daño estético se diferencie del daño moral, ambos deben ser resarcidos singularmente46. A partir de esta decisión, la jurisprudencia sucesiva ha considerado el daño moral y el daño estético como valores autónomos47.
A nivel general, puede observarse que la jurisprudencia brasileña ha reconocido diversas categorías reconducibles al daño a la persona48. Entre los diversos dictámenes, merece especial atención la sentencia del 1° de febrero de 2000 del Superior Tribunal de Justiça, donde se afirma que al Juez no deban interesar las discusiones doctrinales respecto a las etiquetas otorgadas al daño no patrimonial (y sus clasificaciones en: daño moral, daño a la persona, daño biológico, daño fisiológico, daño a la salud, daño a la vida de relación, etc., cada una constituyente – autónomamente – de una especie de daño) salvo en la medida en que sirvan para evidenciar los múltiples aspectos que la realidad presenta, con la finalidad de percibir las diversas categorías que pueden y deber ser apropiadamente valoradas desde el punto de vista jurídico49.
Si bien el panorama brasileño del daño a la persona había sido fructífero bajo la vigencia del Código de 1916; pareciera indudablemente que su desarrollo será influenciado con la entrada en vigencia del nuevo código civil.
Con relación a este instrumento, debe resaltarse la importancia de la distribución de la normativa en el ámbito de la división entre parte general y parte especial50; y, en particular, la previsión de la acción de resarcimiento del daño en caso de amenaza o lesión a los derechos de la personalidad51, cual cláusula general que precede la disciplina de la responsabilidad civil.
La determinación del daño resarcible52 resulta de la combinación del artículo 927, que dispone: «aquel que, con acto ilícito, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo53», con el artículo 186, según el cual, «el que, por acción u omisión voluntaria, negligencia o imprudencia, viole un derecho y cause un daño a otro, aunque exclusivamente moral54, comete acto ilícito55».
Las novedades más importantes introducidas por el artículo 186 se refieren: por una parte, a la previsión expresa y general de la resarcibilidad del daño moral, a la luz de la carta constitucional; y, por la otra parte, a la sustitución de la expresión “violar direito ou causar prejuízo” con la alternativa “violar direito e causar dano”.
En particular, esta última modificación es de gran importancia debido a que la formula precedente podía dar lugar a la erronea interpretación según la cual podría existir responsabilidad civil (y, por tanto, obligación resarcitoria) aun cuando existiese solo violación de un derecho sin daño56.
El resarcimiento se determina con base a la extensión del daño, de acuerdo con el artículo 944 que, además, no distingue el tipo de daño y confiere al Juez el poder de reducir equitativamente el importe en caso de excesiva desproporción entre la gravedad de la culpa y el daño57.
Esta potestad del Juez de reducir el quantum resarcitorio ha concedido mayor fundamento a los criterios de moderación y razonabilidad, construidos por las jurisprudencia del Superior Tribunal de Justiça, en aquellos casos sometidos a su control por el carácter exorbitante o ínfimo del resarcimiento.
Tales criterios han permitido limitar la resarcibilidad de hipótesis consideradas por la jurisprudencia como meras molestias58 o meras contrariedades59; así como, en casos de irritabilidad o sensibilidad excesiva de un sujeto60.
4. El daño a la persona en la experiencia argentina.
En el caso argentino, la reparación del daño resulta de diversas normas. En primer lugar, el artículo 110961 del código civil reconoce el principio alterum non laedere y dispone una noción amplia de daño.
En tal sentido, el daño subsistirá siempre que haya un perjuicio susceptible de valoración económica, directamente en los bienes de la víctima o indirectamente por el mal causado a su persona o derechos62.
Por su parte, la obligación resarcitoria incluye – de acuerdo con el artículo 1078 – la indemnización del daño patrimonial y la reparación del agravio moral causado a la víctima63. Esta disposición fue objeto de un intenso debate relativo a la posibilidad de distinguir entre daño y agravio moral64. Sin embargo, en la actualidad, la doctrina unánimemente habla de daño patrimonial y daño no patrimonial (o moral) sin distinguir entre daño y agravio.
Más que en otros sistemas, en el ordenamiento argentino, la consagración del daño a la persona se encuentra vinculada a los episodios que determinaron la completa admisibilidad del resarcimiento del daño moral; así como, a su incapacidad de dar una respuesta a ciertas hipótesis que no podían ser comprendidas en el daño moral stricto iure.
Ello, debido a que el texto original del artículo 1078 del código civil argentino disponía la resarcibilidad del daño moral solo cuando el hecho constituía delito.
Con base a esta norma, se excluyó la resarcibilidad del daño moral en diversas hipótesis. En tal sentido, es paradigmática la decisión de la Cámara Nacional en lo Civil en pleno65 que reputó improcedente la reparación del daño moral derivante de delitos y cuasidelitos civiles, salvo cuando configuren delito. Criterio que, por mucho tiempo, fue seguido por la jurisprudencia de la capital federal
Con posterioridad a la reforma de la norma66 en el 1968, el desarrollo de las diversas (pseudo)categorías reconducibles al daño a la persona se justificó por dos factores: de un lado, como consecuencia del sentido estricto tradicionalmente atribuido al daño moral67; y, del otro lado, debido a que la regla que prohíbe dañar a otros posee implícitamente reconocimiento constitucional, en atención al artículo 1968 de la Carta Magna argentina.
Así, fue establecido por la Corte Suprema de Justicia69 en 1986 a los fines de declarar arbitraria una decisión – de la Corte Federal de apelación en materia civil y comercial de Buenos Aires – que concedió un resarcimiento a título de daño moral por la muerte de tres hijos en un accidente ferroviario, equivalente al doble de los gastos funerarios.
En este caso, la Corte sostuvo que el principio alterum non laedere posee fundamento constitucional70 y que las soluciones jurídicas deben adecuarse al sentido de justicia de la sociedad.
A la luz del texto constitucional y del desarrollo jurisprudencial, la doctrina ha impulsado una nueva visión de la responsabilidad civil que coloca al centro de la reflexión a la persona71; al punto que la vertiente predominante admite la (progresiva) sustitución del daño moral por la noción del daño a la persona72.
Esta interpretación se percibió en las XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil del 1989; en las cuales, el daño fue estimado el centro del sistema de responsabilidad civil y, además, se sostuvo que una moderna concepción del derecho de daños debería concentrar su atención en la víctima73.
A pesar de ello, no se le reconoció carácter de categoría autónoma al daño a la persona en el II Congreso Internacional de Daños (1991) 74.
En todo caso, la jurisprudencia se ha demostrado susceptible a este cambio de perspectiva, focalizando su atención en la víctima sin limitarse a considerar únicamente el daño no patrimonial como daño moral en sentido subjetivo, o la sola incidencia del daño en la capacidad reditual del sujeto. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que el Juez puede valorar no solo las consecuencias redituales sino, además, las consecuencias que lesionan a la víctima sea desde una perspectiva personal que desde una perspectiva social75.
Ahora bien, como en otros sistemas, el desarrollo jurisprudencial ha seguido su curso a través del empleo de (pseudo)figuras de daño como el daño psíquico76, el daño de la vida de relación77 y el daño estético78.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia argentina ha reiterado que «la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad79 que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida»80.
Esta expresión “frustración del desarrollo pleno de la vida”, usada por la jurisprudencia argentina, ha promovido un interés particular – bajo la influencia de la doctrina peruana, como observaremos – respecto al denominado daño al proyecto de vida. De hecho, esta categoría ocupa un puesto importante en el proyecto de reforma del código civil argentino81 que comprende, en el daño extrapatrimonial, al que interfiere en el proyecto de vida, perjudicando a la salud física o psíquica o impidiendo el pleno disfrute de la vida; así como al que causa molestias en la libertad, en la seguridad personal, en la dignidad personal, o en cualesquiera otras afecciones legítimas82.
5. El daño a la persona en la experiencia peruana.
Un estudio del daño a la persona en América Latina no puede prescindir de una referencia a la obra del jurista a quien se le atribuye la paternidad de la categoría, en dicha región, ni a la experiencia de su país. Es por ello que, sin pretensiones de exhaustividad, proponemos algunos aspectos de la teoría de Carlos Fernández Sessarego, con el objeto de presentar la experiencia peruana del daño a la persona.
Desde el 198483, con base a un estudio antropológico y filosófico del ser humano, Fernández Sessarego ha elaborado su teoría del daño a la persona.
En tal sentido, el jurista recuerda que la persona es un ente ontológicamente libre, temporal y coexistencial. Sucesivamente, afirma que el daño puede ser apreciado desde dos distintos planos: uno, en función de la calidad ontológica del ente dañado, es decir, en atención a su naturaleza; y, el otro, en función de las consecuencias que dicho daño ha ocasionado al ente.
Ahora bien, en atención a la calidad ontológica del ente pueden diferenciarse dos tipos de daños: el daño a la persona (o daño subjetivo84) y el daño a las cosas (o daño objetivo85).
En consideración la naturaleza bidimensional del ser humano, el daño a la persona es clasificado en: a) daño psicosomático86, es decir aquel que incide en algún aspecto de la unidad psicosómatica del ser humano, bien sea que afecte al soma o cuerpo (daño físico o somático) o que lesione a la psique (daño psíquico), siendo posible suponer repercusiones recíprocas entre ambos; y, b) daño a la libertad fenoménica o al proyecto de vida87.
Sin embargo, la teoría se vuelve vaga con relación a este último aspecto relativo al destino que la persona se propone y que, además, es considerado por el autor el daño más grave que se puede causar a la persona. En este sentido, genera perplejidad la imposibilidad de individuar cuál es «el» proyecto de vida de un sujeto, que el jurista califica como único88.
El daño moral (que posee gran relevancia en la materia; por cuanto, conforme a la legislación precedente al código civil de 1984, solo eran resarcibles el daño material y el daño moral) es incluido, por el autor, entre los daños psicosomáticos, cual daño emocional que causa perturbaciones psíquicas de carácter no patológico, generalmente transitorias, como dolores o sufrimientos.
En conclusión, la noción de daño a la persona comprende todos los daños que inciden o lesionan el ente «ser humano», entendido como estructura psicosomática, constituida y sustentada en su libertad89.
La obra de Fernández Sessarego dividió a la doctrina peruana. Algunos autores sostienen una posición similar a la del gran jurista con algunas variantes90. Otros concuerdan con él pero critican la denominación «daño a la persona», indicando que resultaría más apropiado referirse al daño subjetivo91; así, el sujeto de derecho devendría el parámetro para diferenciar los distintos tipos de daños92.
Otro sector de la doctrina critica la teoría de Fernández Sessarego debido a su fundamento filosófico. Algunos autores manifiestan recelo93; mientras que otros sostienen que exista concordancia entre el daño moral y el daño a la persona94.
A esta última posición podría reprocharse que si bien, en el pasado, la jurisprudencia95 había predominantemente indemnizado el daño moral96; con la entrada en vigencia del código civil de 1984, se ha iniciado a reconocer la operatividad del daño a la persona97.
En todo caso, más allá de las discusiones doctrinarias, es indudable que las reflexiones de Fernández Sessarego influenciaron el sistema previsto por el vigente código civil peruano de 1984, en el cual se reconoce expresamente el daño a la persona como daño resarcible.
En el código peruano, la disciplina de los derechos de la personalidad precede la sección de la responsabilidad civil, caracterizando como irrenunciables – de acuerdo con el artículo 5 – la vida y la integridad física98. De esta forma, se actúa el precepto constitucional conforme al cual la integridad moral, psíquica y física99, así como, el libre desarrollo y el bienestar de la persona constituyen derechos de la personalidad100.
Además, la Constitución peruana propone una renovada centralidad de la persona101 y, al mismo tiempo, establece la tutela de los derechos fundados en la dignidad humana102. En este orden de ideas, es oportuno señalar que el Tribunal Constitucional – en sentencia del 20 de abril de 2004 – declaró que «en sede jurisdiccional ningún análisis puede desarrollarse sin verificar el respeto a la dignidad del hombre, tanto en la actuación del Estado como en la de los particulares» 103.
Ahora bien, retomando la normativa del código civil, se debe recordar que el daño resarcible resulta de la combinación de los artículos 1969104 y 1985.
Según esta última norma, «la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadoras del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral».
A primera vista, la redacción del artículo 1985 sugiere un tertium genus de daño respecto a la (tradicional) bipartición del daño patrimonial o material (representado por el lucro cesante) y daño no patrimonial, extrapatrimonial o moral. Sin embargo, esta interpretación fue contrastada por la Casación peruana cuando afirmó que, en el sistema de responsabilidad civil, rige la regla según la cual el daño debe ser reparado o indemnizado, teniendo como daños patrimoniales: el daño emergente y el lucro cesante; y, como daños extrapatrimoniales: el daño moral y el daño a la persona105.
A pesar de este dictamen, la resarcibilidad del daño a la persona en el ordenamiento jurídico peruano es incontestable. Sin embargo, el sistema descrito no se libra de la crítica de Fernández Sessarego, quien denuncia la incongruencia de mantener el daño moral (que, de conformidad con el artículo 1984, es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia) como una categoría autónoma respecto al daño a la persona106.
Vale la pena concluir esta sección recordando que la Casación peruana reconoció la resarcibilidad del daño al proyecto de vida, considerándolo un mecanismo que cristaliza lo que para el ser humano constituye su plena realización en cuanto persona107. En este específico caso, se precisó que en la situación en examen (o sea, incapacidad permanente por cuadriplegia espástica, consecuencia de un accidente de tránsito), y dadas las condiciones personales de la víctima (28 años, de estado civil soltero y profesor de educación física), resultaba aplicable la teoría del proyecto de vida creada por Fernández Sessarego.
6. El daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un impulso al estudio del daño a la persona en América Latina puede encontrarse en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos108, en cuya jurisprudencia ha sido acogido el daño al proyecto de vida como daño resarcible. Sin embargo, debe observarse que se trataban de hipótesis en las cuales la gravedad de la ofensa justificaba el resarcimiento.
En la decisión del caso Loayza Tamayo109, la Corte Interamericana reconoció el daño al proyecto de vida; afirmando que este atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, las cuales le permitirían fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.
En este caso, la Corte no consideró el proyecto de vida de la víctima un resultado seguro sino una situación probable que fue interrumpida por los hechos violatorios de sus derechos humanos. Sin embargo, se estimó razonable que los hechos110 impidieron la realización de las expectativas de la víctima y, por ende, alteraron el desarrollo (de la vida) de la persona.
Por esa vía, se reconoció la existencia de un grave daño al “proyecto de vida” de la víctima. No obstante, a juicio de la Corte, la evolución de la jurisprudencia y la doctrina no permitían traducir dicho reconocimiento en términos económicos y, por ello, la Corte Interamericana se abstuvo de cuantificarlo111.
La sentencia Niños de la Calle112 no añadio ningún aspecto de interés al tema; en cuanto, el daño al proyecto de vida fue comprendido en la reparación del daño moral113. En cambio, la decisión Cantoral Benavides114 presenta aspectos de relevancia.
En este caso, la Corte Interamericana juzgaba hechos sustancialmente idénticos a los eventos del caso Loayza Tamayo.
Sin embargo, a tres años de distancia, la Corte probablemente había madurado su propia doctrina115. Así, teniendo principalmente en cuenta la formación académica y la actividad laboral de la víctima (aspectos que fueron interrumpidos como consecuencia de la violación de los derechos humanos), sostuvo que los hechos ocasionaron una grave alteración del curso que habría seguido la vida de Luis Cantoral Benavides, impidiéndole la realización de su vocación, sus aspiraciones y potencialidades, lo cual representaba un serio menoscabo para su proyecto de vida.
En consideración a ello, la Corte Interamericana estimó que la vía más idónea para restablecer el proyecto de vida de la víctima era que el Estado le proporcionara una beca de estudios superiores o universitarios, en un centro de reconocida calidad académica escogido de común acuerdo entre la víctima y el Estado.

References: artículo 20591
 artículo 119613
 artículo 927
 artículo 186
 artículo 186
 artículo 944
 artículo 110961
 artículo 1078
 artículo 1078
 artículo 1968
 artículo 5
 artículo 1985
 artículo 1984