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Timestamp: 2019-04-19 06:19:04+00:00

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Monopilizacion
Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo. Las privatizaciones en la Argentina.
Genesis, desarrollo y principales
impactos estructurales. En publicación: Las privatizaciones en la Argentina. Genesis, desarrollo y principales
impactos estructurales. Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Sede Argentina. 2004.
Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/flacso/azpiazu.pdf
www.clacso.org RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED
LAS PRIVATIZACIONES EN LA ARGENTINA. GENESIS, DESARROLLO Y
PRINCIPALES IMPACTOS ESTRUCTURALES *
Daniel Azpiazu** y Eduardo Basualdo**
I. El contenido económico y político de las privatizaciones en la Argentina
El desarrollo de un muy vasto y acelerado programa de privatización de empresas
públicas1, la magnitud y el dinamismo del endeudamiento externo, la no menos veloz y
profunda apertura externa en los mercados de bienes y servicios, la desregulación de
diversos mercados2, la flexibilización y precarización laboral emergen, sin duda, como
pilares fundamentales del intento refundacional neoconservador de la Administración
Menem. La intensidad que asumieron tales transformaciones, sumada a la celeridad y
convergencia temporal en su implementación, convierten a la experiencia argentina en un
ejemplo casi pionero por su adhesión plena a los parámetros neoliberales más preciados:
privatización, desregulación, apertura y subordinación creciente del trabajo al capital.
Mediante la imposición de estas políticas, la sociedad argentina perdió la
oportunidad de desarrollar un debate acerca del papel de las empresas estatales y sobre las
consecuencias notablemente regresivas que tendría el proceso de privatización de las
mismas. En efecto, la sociedad civil permaneció ausente del proceso de discusión sobre el
tema “privatizaciones” condicionada por la crisis económica y un clima político que
imponía como única alternativa frente al “abismo”, la retirada del Estado de la economía y
su reemplazo por la iniciativa privada (en plena consonancia con los postulados básicos del
neoliberalismo extremo). Si bien inicialmente existió consenso social suficiente para avalar
las privatizaciones (construido tanto a partir del deterioro acumulado en la calidad de la
Artículo publicado en el libro: Petras, J. y Veltmeyer, H. (compiladores); Las privatizaciones y la
desnacionalización de América Latina, Ediciones Prometeo, Buenos Aires, 2004.
Investigadores del Area de Economía y Tecnología de la FLACSO-Sede Argentina y miembros de la
Carrera de Investigador Científico y Tecnológico del CONICET. Los autores agradecen la colaboración y
comentarios de Martín Schorr a quien, por supuesto, se lo exime de toda responsabilidad respecto a errores u
omisiones de los autores.
En los primeros años de la década de los noventa, la Argentina privatizó todos sus grandes servicios
públicos domiciliarios: telefonía, gas, electricidad y agua potable. Asimismo, en el sector de transporte e
infraestructura para el transporte, se privatizó la empresa de aeronavegación de bandera nacional, se
desmanteló y se vendieron todos los buques de la empresa naviera de cargas, se concesionaron los
ferrocarriles de carga y de pasajeros, al igual que las vías navegables troncales, los puertos, buena parte de la
red vial de pasajeros, los aeropuertos, el correo postal, etc. Pero el extenso programa privatizador fue más
allá, transfiriendo al sector privado actividades de la industria manufacturera, como el caso de la producción
siderúrgica y parte de la petroquímica y de las refinerías de petróleo; y privatizando también la explotación de
los recursos naturales no renovables, como en el caso de los hidrocarburos (petróleo y gas natural).
En realidad, en muchos casos, bajo tal conceptualización se ha ido encubriendo una serie de re-regulaciones
tendientes a transferir un mayor poder regulatorio al capital, en general, y a los sectores más concentrados del
empresariado, en particular. Ver, al respecto, Azpiazu, D. (comp), Gutman, G. y Vispo A.: “La desregulación
de los mercados. Paradigmas e inequidades de las políticas del neoliberalismo”, Grupo Editorial Norma,
prestación de los servicios, como de la acción mediática promovida por los sectores afines a
las mismas) el gobierno excluyó los mecanismos de consulta y/o de participación ciudadana
con vistas a la consecución de los objetivos perseguidos. La acumulación de poder por
parte del gobierno (impulsada por los grandes grupos económicos locales y la banca
acreedora externa) le permitió imponer decisiones ya tomada en torno al proceso de
privatización y de reforma del Estado. Estas decisiones, sin embargo, no hubiesen podido
llevarse a la práctica sin el aval y, fundamentalmente, el apoyo ideológico y financiero que
proporcionaron los organismos financieros internacionales3.
Los riesgos asociados a la creciente concentración de poder económico y político
que involucraba la enajenación de las mayores empresas de infraestructura e industria del
país no fueron motivo de discusión pública. Tampoco lo fue el impacto social y regional de
la abrupta aplicación de mecanismos orientados a la valorización del capital –que dichas
transferencias conllevaban– en materia de empleo y de fijación de precios y tarifas, a pesar
de la fuerte desigualdad socio-espacial en la distribución del ingreso que existía –y, que se
ha incrementado sustancialmente como producto de, entre otros factores, las formas bajo
las que se enajenaron las empresas públicas– en la Argentina4.
Una pieza central de la estrategia privatizadora por parte del nuevo gobierno y de
los sectores de poder, fue la inclusión de los sindicatos en la restringida “mesa de
negociación”, lo cuál, resultó clave para neutralizar la resistencia social a la política
privatizadora. Asimismo, con el fin de asegurarse un apoyo continuado del sindicato
durante y después de la enajenación de la empresa, el gobierno proporcionó una
participación del 10% en la propiedad de la misma a los trabajadores, mediante el Programa
de Propiedad Participada establecido en la Ley de Reforma del Estado. Este programa
permitió en la práctica “comprar” el consentimiento de la burocracia sindical a la concesión
y a la política de reducción de la cantidad de trabajadores de las empresas privatizadas. De
esta manera, los diversos sectores –trabajadores del Estado, académicos, organizaciones
vecinales etc.– que intentaron el desarrollo de planteos críticos al proceso en marcha
carecieron de espacio para expresar sus ideas y no lograron que las mismas fueran
incorporadas, de algún modo, a la agenda sobre la reforma en marcha. Por el contrario,
tanto el gobierno como las “usinas de pensamiento” neoliberal que lo asesoraban
localmente (en consonancia con las posturas de los organismos multilaterales de crédito)
desprestigiaron y vetaron todas aquellas opiniones que disintieran de la posición oficial,
haciendo uso, fundamentalmente, del acceso privilegiado a los medios masivos de
comunicación (involucrados, también, en el proceso de privatización y/o, en algunos casos,
vinculados empresarialmente con los beneficiarios de la desestatización).
En este contexto, cabe señalar que a fines de los años ochenta, la Argentina se
hallaba inmersa en una aguda crisis económico-social que era expresión de un profundo
La siguiente cita refleja la posición del Banco Mundial sobre el problema: “One of the most important
services the Bank can provide is to ensure that the process of policy refom is internalized in the country as
quickly as possible, so that the reform program is designed by the country itself and integrated into its long-
term development program”, (Jonhson and Wasty; “Borrower Ownership of Adjustment Programs and the
Political Economy of Reform”, World Bank Discussion Papers, 1993).
Estas transformaciones además de producir ciertas mejoras en la eficiencia de la prestación, generaron un
fuerte incremento de la tasa de desocupación, la exclusión de importantes sectores pauperizados de la
población del acceso a los servicios básicos y el incremento de las desigualdades regionales.
enfrentamiento entre las distintas fracciones integrantes del bloque dominante. El mismo
giraba, en lo sustantivo, en torno del destino que se le debía dar al excedente nacional5.
Mientras que los acreedores externos reclamaban que el Estado restableciera el pago de
servicios e intereses de la deuda externa (el país había entrado de hecho en una situación de
default en abril de 1988), los grupos económicos pugnaban por el mantenimiento de los
distintos tipos de subsidio estatal con que se los había favorecido durante todo el decenio de
los ochenta (promoción industrial, estatización de la deuda externa privada, sobreprecios en
las compras estatales, etc.)6.
En ese contexto, por lo que históricamente significó el peronismo en la Argentina, la
única forma de consolidar el programa económico neoliberal impulsado por el mismo se
estructuró a partir del sólido apoyo de los grandes grupos económicos locales (nacionales y
extranjeros) y, a la vez, de los acreedores externos (y sus representantes institucionales,
esencialmente el Banco Mundial y el F.M.I.). Para ello, y para lograr un cambio radical de
la imagen del peronismo por parte de los distintos integrantes del bloque de poder
económico, la opción político-estratégica (escogida por el gobierno de Menem) fue la de
entregar parte sustantiva del Estado o, más precisamente, su porción más rica –por sus
potencialidades– como eran las empresas públicas. En ese marco, lo que lograron las
privatizaciones fue un “giro copernicano” en la concepción de la “comunidad de negocios”,
nacional e internacional, respecto al gobierno justicialista que asumiera en plena crisis
hiperinflacionaria (1989).
En el caso de los acreedores externos, las privatizaciones, junto al Plan Brady,
permitirían restablecer el pago de los servicios de la deuda externa –además de hacer
posible el pago del capital y de los intereses “caídos” en el período 1988-1990–, mediante
la instrumentación del mecanismo de capitalización de los títulos de la deuda en la
transferencia de los activos estatales (rescate de bonos de la deuda externa). En el caso de
los grupos económicos locales y de los conglomerados extranjeros radicados en el país,
suponía la apertura de nuevos mercados y áreas de actividad con un reducido (como se
pudo comprobar luego, inexistente) riesgo empresarial, en la medida en que se trataba de la
transferencia o la concesión de activos a ser explotados en el marco de reservas legales de
mercado en sectores monopólicos u oligopólicos, con ganancias extraordinarias
garantizadas por los propios marcos regulatorios.
Esa reconfiguración de la estructura del poder económico local sólo se podía –y
pudo– conseguir con un programa de privatizaciones como el que se desarrolló: con
múltiples deficiencias en lo estrictamente económico (subvaluación de activos,
despreocupación por el saneamiento previo de las empresas así como por difundir las
tenencias accionarias de las mismas, deficiencias e insuficiencias regulatorias y normativas,
desatención en materia de defensa de la competencia y del consumidor, distorsiones en la
estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía, etc.), pero muy exitoso en lo
Para un tratamiento detenido de estas cuestiones, consultar Azpiazu, D. y otros: “El proceso de privatización
en Argentina. La renegociación con las empresas privatizadas. Revisión contractual y supresión de privilegios
y de rentas extraordinarias”, FLACSO/Página 12/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, 2002.
Si bien fuertemente enfrentadas, ambas fracciones coincidían en que la principal variable de ajuste debía
seguir siendo el ingreso de los sectores populares. Al respecto, véase Basualdo, E.: “Acerca de la naturaleza
de la deuda externa y la definición de una estrategia política”, FLACSO/Página 12/Universidad Nacional de
Quilmes/IDEP, 2000.
El mismo contribuyó de manera decisiva a afianzar la confianza del establishment económico (“comunidad de negocios”)7. la renegociación de la deuda externa y. también en el Reino Unido se han presentado problemas similares.político. favoreciendo. G. en especial durante el primer quinquenio de la década.). el crecimiento del consumo doméstico. Ver Vickers. en muy diversos planos (desde. en términos de la consecución de los objetivos de largo plazo perseguidos. el ingreso de capitales. la consolidación de nuevas bases y condiciones refundacionales del desenvolvimiento económico y social del país. las instancias normativas. en la práctica. la difusión de la propiedad de las empresas en manos privadas. y Yarrow. fundamentalmente. 4 .: “Un análisis económico de la privatización”. 7 Aun cuando la experiencia privatizadora argentina resulta incomparable con la británica. claro que a una escala ínfima si se la contrasta con el ejemplo local: “Dados los antecedentes políticos del programa de privatización del Reino Unido. etc. J. en especial. las identidades histórico-políticas de sus ejecutores. Los más sorprendente es el escaso peso en verdad asignado a los objetivos de la competencia y la regulación”. Fondo de Cultura Económica. 1991. pasando por el respectivo grado de preocupación real por el diseño regulatorio. hasta el que se vincula con los tiempos y las formas de desarrollo. quizá resulte sorprendente descubrir que. se ha otorgado el mayor peso a las presiones de los grupos de interés a corto plazo.
Por un lado. el programa de privatizaciones se inició por dos de las más importantes y emblemáticas empresas públicas (Aerolíneas Argentinas y la telefónica estatal –ENTel–). en el ejemplo argentino. al margen de las necesidades de los sectores populares. el desarrollo de dicho programa no comenzara por aquellas empresas o sectores de menor significación económica y/o que se insertaban en entornos competitivos o. etc. el círculo vicioso al que había conducido la pugna por el excedente entre los distintos componentes del “gran capital” durante los ochenta (cesación de pagos de la deuda externa. desempeñó un papel protagónico en procura de los necesarios apoyos político- institucionales-corporativos que viabilizan (cuando no sustentan) las políticas públicas desarrolladas por las 5 . En realidad.): “Las Privatizaciones en la Argentina. mediante la privatización de empresas estatales.). consultar Vickers.: op. a diferencia de otras experiencias como la británica. J. En realidad. Por otro. porque permitió saldar de forma “superadora” el conflicto existente entre las fracciones predominantes del capital (interno y externo). a la administración gubernamental. En ese marco. En la medida en que. precisamente aquellas cuya privatización se vio truncada –por la propia oposición del justicialismo– durante la gestión de gobierno del radicalismo.. la del poder económico local. (edit. G. Instituto Torcuato Di Tella. Por parte. dejó de lado las profundas y heterogeneas consecuencias sobre las economías regionales. y Yarrow. Gerchunoff señala que “la sed de reputación frente a la comunidad de negocios. P.. Primera Etapa”. Si bien el análisis de esta problemática supera los alcances de este trabajo. los costos del aprendizaje privatizador poco o nada interesaron. consiguientemente... este enfoque de la política de privatizaciones que incorporó exclusivamente los intereses de los sectores de poder. hiperinflación. a los grandes productores en detrimento de los medianos y pequeños. no resulta casual que. por lo menos. En otras palabras. del diverso grado de avance en las privatizaciones provinciales y las diferentes distancias a los grandes centros de consumo (muy relevante en términos del peso de las elevadas tarifas de los corredores viales) tienen un impacto diferencial en las distintas regiones que componen la geografía económica del país. sobre el cual sustentar su consolidación en el poder9. Ciertamente. a raíz de la distinta capacidad de negociación y la jerarquización por parte de las empresas prestatarias de la reducción de costos vía las economías de escala. es indiscutible que el redimensionamiento de ciertos servicios (como el caso de los ferrocarriles a partir del ciere de ramales ferroviarios enteros). impulsaban y aceleraban su acción privatizadora” (Gerchunoff. las 8 A este respecto. Por el contrario. 1992). garantizó al gobierno de Menem el contar con un sólido apoyo político. porque como consecuencia de ello. es ineludible mencionar que sus efectos en las economías regionales pueden observarse en un doble sentido: respecto a las regiones en su conjunto y entre los productores que actúan en cada una de ellas. frente a sus urgencias político-institucionales y frente a la “comunidad de negocios”. en términos de los productores de una misma región. 9 Analizando la estrategia del gobierno justicialista durante sus primeros años en el poder. tal actitud gubernamental y. se pudiera hacer converger los intereses de los acreedores externos y del capital concentrado radicado en el país. cit. Sin duda. parece poco discutible que las privatizaciones introducen otro sesgo que favorece. en general. el programa de privatizaciones constituyó una “prenda de paz” por “partida doble”. En el primer aspecto. donde la condición de monopolios naturales podría verse erosionada8. podría devenir en un círculo “virtuoso” de asociación y convergencia.
privatizaciones dieron lugar a una conciliación de intereses tanto entre actores internos y externos. administraciones gubernamentales que sucedieron al menemismo. A favor de ello. 11 A punto tal que. 12 Así. la capacidad patrimonial de los potenciales interesados se constituyó en una de las principales barreras de ingreso al “mercado” privilegiado de las privatizaciones. la despreocupación por difundir y fragmentar la propiedad de las empresas privatizadas (por ejemplo. como en su articulación conjunta con los de la nueva administración gubernamental. obteniendo ingentes beneficios financieros en un muy corto plazo12. Thatcher.. en el caso de las telecomunicaciones.VV. En las privatizaciones realizadas en la década de los ochenta durante el gobierno de M. así como de la estabilización general de precios y el crecimiento económico posteriores a la implementación del Plan de Convertibilidad (abril de 1991). En otras palabras. En efecto. Así.. la vasta mayoría) también tienen una participación accionaria en British Gas. de la entrega gratuita de acciones u ofertas preferenciales para los usuarios de los distintos servicios)10 constituyó uno de los componentes esenciales del programa de privatizaciones. algunas de tales transferencias conllevaron la obtención de rendimientos sobre los montos invertidos originalmente superiores al 80% anual.. Experiencias mundiales”. “en las privatizaciones. Esta confluencia constituyó el trasfondo socio-político (en otros términos. sus respectivas tenencias accionarias. en la mayor parte de los procesos de privatización. 10 El ejemplo que ofrece la experiencia británica es claramente ilustrativo. a titulo ilustrativo. lo que se reforzó. Con su emisión lanzada en noviembre de 1984 British Telecom atrajo dos millones de inversionistas.6 % de las familias que tienen una conexión de gas (a propósito. en la casi totalidad de los procesos. incluso. no sólo no se establecieron restricciones temporales a la posible reventa de participaciones accionarias que pudieran derivar en una creciente concentración de la propiedad.5 millones. el propio llamado a licitación favoreció la presencia de pocos oferentes. la condición de posibilidad desde un punto de vista “extra-económico”) del vasto programa de reformas estructurales instrumentado por el gobierno de Menem. tales montos patrimoniales fueron una de las variables principales a considerar al momento de la precalificación y/o adjudicación. por ejemplo. Es más. sino que se fijaron muy elevados patrimonios mínimos como requisito para poder participar de las licitaciones y concursos o. Ediciones Cronista Comercial. II. Por ejemplo en el caso de la emisión de acciones de British Gas.. también. algunas de las grandes firmas integrantes de los consorcios adjudicatarios transfirieron. y contraponiéndose a las recomendaciones y a las mejores prácticas internacionales en la materia. en su defecto. A. Principales modalidades y rasgos distintivos de las privatizaciones argentinas Lo anterior remite a la necesaria consideración introductoria de algunas de las principales modalidades o rasgos distintivos de las privatizaciones locales. 1988). en consonancia con esa premura (político-institucional y fiscal) privatizadora. y de casi el 6 . en la generalidad de los casos.: “Privatización. el número de accionistas del Reino Unido ha aumentado de tres millones en 1979 a 8.. que representan casi el 20% de la población adulta” (Walters. Según una encuesta realizada por encargo de la Bolsa de Valores y el Tesoro. a través del mercado de capitales o. de British Telecom y British Gas se intentó deliberadamente democratizar la propiedad.. en general. de los cuales alrededor de la mitad nunca había comprado acciones antes. la inexistencia de futura competencia “en el mercado” se trasladó.. a la competencia “por el mercado”. el 16. en AA. Así. posteriormente..: “La Privatización en el Reino Unido”. la fragmentación de la propiedad de las compañias privatizadas aparece como un elemento constitutivo esencial de la estrategia política de legitimación de las transformaciones encaradas por el Partido Conservador. por la coordinación y el lobbying empresario en torno a sus respectivas ofertas11.
en poco se asemeja a otras experiencias internacionales (incluso. 13 Durante la prestación estatal de los servicios. fundamentalmente. pasó a controlar una muy diversa gama de actividades (en muchos casos integradas vertical y/u horizontalmente). en muchos casos. permitirle recuperar parte sustantiva de títulos cuyo valor de mercado resultaba marginal (en el orden del 15% de su valor nominal) a partir de su capitalización en activos físicos y. nuevamente. y Schorr. E. en el sector gasífero. En efecto. FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP. que se manifestó con particular intensidad durante la segunda mitad de los años noventa. Forcinito.. K.: “Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa. tal decisión se inscribió en el desarrollo de una estrategia político-institucional y económica que. 7 . tasas de retorno muy elevadas. 2001(a). sin duda. de variables de trascendente significación económico-social como. Se trata. y al consiguiente debilitamiento del papel regulador del Estado. por ejemplo. obtener 85% anual. por otro. y Schorr. Esa desatención oficial por distribuir o atomizar la propiedad de las empresas privatizadas trajo aparejada. con ello. por esa vía. ganancias extraordinarias y concentración del capital”. Ver. se priorizó la capitalización de tales títulos –a valor nominal– por sobre.: “Desempeño reciente y estructura del mercado gasífero argentino: asimetrías tarifarias. Ello se conjuga. En otras palabras. 1. 2001. Se trató.: “El oligopolio telefónico argentino frente a la liberalización del mercado. De la privatización de ENTel a la conformación de los grupos multimedia”. replantea ciertas especificidades del fenómeno privatizador argentino que. Ello conllevó la consolidación de un creciente poder de negociación en manos de un núcleo sumamente acotado de conglomerados que. se vincula con su relación con la banca acreedora. M. como tal. Para una interpretación analítica del fenómeno de la venta de tenencias accionarias en las empresas privatizadas. Abeles. M. FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP. incluso. a la vez. bajo condiciones que no sólo aseguraron nulos riesgos empresarios sino. diciembre 2001. Ello. a la vez. el manejo de las tarifas de los distintos servicios públicos había constituido uno de los principales instrumentos de política. M. ENTel). en otros términos. en el ámbito latinoamericano) es el que se vincula con el tratamiento y el papel que se le asignó a la posibilidad de capitalizar títulos de la deuda externa como forma de pago de los activos públicos que se transferirían al sector privado. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros”. de un aporte sustantivo a la obtención de esa procurada confianza de la “comunidad de negocios” y. Asimismo se tradujo en la transferencia (a un conjunto reducido de grandes agentes económicos) de un poder decisivo en lo que respecta a la determinación de la estructura de precios y rentabilidades relativas del conjunto de la economía argentina y. por un lado. en cierta medida. en síntesis. los aportes en efectivo. ya pasaba a ser contabilizada como incobrable por parte de la banca acreedora– y. a través del cual el Estado argentino reasignaba el ingreso entre los distintos sectores sociales. en este caso. y Azpiazu. con la sobrevivencia y/o el reforzamiento de monopolios –u oligopolios– legales. garantizarles rentas de privilegio. a la creciente centralización del poder económico local. y particularmente en las primeras privatizaciones (el caso paradigmático lo ofrece. de demostrar a la banca acreedora externa la muy buena voluntad oficial en. recuperar deuda original –que. a partir de allí. una clara inducción a la centralización y concentración del capital. FLACSO. Segunda Serie de Documentos de Informes de Investigación. respectivamente. ver Basualdo. la distribución del ingreso o la competitividad de los distintos sectores de actividad13. como se verá más adelante. en realidad. Nro. trascendía el fenómeno específico de los activos a privatizar a cambio de títulos de la deuda externa. D. Otra de las peculiaridades del programa privatizador que. En ese sentido.
en especial. En efecto. por esa vía. en términos de los no tan transparentados). la llamada “sed de reputación” frente a la “comunidad de negocios” no conllevó. del mantenimiento de reservas de mercado en medio de procesos de apertura. la de privatizaciones) contribuyeron a consolidar el poder de mercado de unos pocos conglomerados empresarios. Si a ello se le adiciona la convergencia de intereses con la banca acreedora. En tal sentido. En tal sentido. la escasa atención brindada a la necesidad de regular determinadas áreas privatizadas. 8 . las modalidades adoptadas por el programa de privatizaciones resultaban funcionales a objetivos que. podrían haber emanado de una selectiva y gradual política de privatización. fundamentalmente. basta con señalar la despreocupación por el saneamiento previo de las empresas a privatizar. y siempre en procura de interpretar los sesgos básicos y característicos del programa privatizador. de las compras de bienes y servicios del sector público. Si bien el llamado cambio global en las reglas de juego fue reiteradamente señalado como uno de los objetivos centrales del programa privatizador. acrecentando su influencia decisiva sobre el comportamiento de los precios relativos y la distribución de la riqueza. localizados crecientemente en sectores que producen bienes y servicios no transables en el ámbito internacional y con un fuerte eje financiero en su lógica de acumulación y reproducción del capital.: “Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina”. no puede dejar de resaltarse que. esa priorización original de aportes de capital vía la capitalización de bonos de la deuda externa (cerca de 14 mil millones de dólares en un muy corto lapso de tiempo). de la estatización de la deuda externa privada. asumió un papel protagónico en el ingreso de la Argentina al Plan Brady y a la consiguiente renegociación integral de su deuda externa pública (proceso. en ese marco. y el respectivo grado de consecución de los mismos. en su momento y en su propia esencia. 2001 (b). más que contribuir a la generación de una nueva clase empresaria de características emprendedoras. etc. se han desatendido notoriamente algunos temas cruciales que condicionan los beneficios sociales que teóricamente. E. las modalidades y especificidades que adoptó el desarrollo del programa privatizador no han hecho más que fortalecer el poder relativo de los mismos agentes económicos que crecieron y se consolidaron al amparo de la promoción industrial. La supuesta instauración de nuevas “reglas de juego” no ha sido más que la adaptación contemporánea a las alianzas de los sectores hegemónicos por sobre el conjunto de la sociedad y. En el plano estratégico-político. Más allá de las disonancias entre los objetivos enunciados (no así. las políticas públicas de los noventa (muy particularmente.futuros beneficios extraordinarios. para muchos de sus propulsores. los resultados reales del mismo denotan la falacia de tales enunciados originales. un cambio en las “reglas de juego”. resultó mucho más beneficioso para los acreedores externos que para el país). lo trascendían con holgura. Así. y.. ni mucho menos. en aras de esos objetivos fundacionales. a diferencia de los señalado por las autoridades oficiales. este último que. ello no ha hecho más que consolidar el poder de lobbying de la “comunidad de negocios”. FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP. Por el contrario. respecto de los sectores populares. reduciendo en forma considerable los grados de “autonomía relativa” del sistema político14. la transferencia y consolidación de reservas de 14 Ver Basualdo. no sólo coadyuvó a revalorizar tales títulos sino. y a modo ilustrativo.
a sabiendas de la posterior renegociación de aquellas cláusulas “inapropiadas” para los intereses de los ganadores de las correspondientes licitaciones o concursos. al respecto. en Realidad Económica. una vez tales cánones no fueron abonados por las empresas concesionarias sin que mediaran las sanciones correspondientes. D. 9 la formulación de marcos regulatorios y la constitución de los respectivos entes reguladores con posterioridad a la transferencia de las Empresas Públicas al sector privado. 24. y. así.076. las privatizaciones se efectivizaron a partir de la sanción de leyes específicas (Nros. 164.mercados oligopólicos o monopólicos. 1999. obtuvo un incremento tarifario de 13. Entre ellas basta destacar. En ambos casos. como otro de los rasgos distintivos de las privatizaciones locales que se han visto facilitadas por la inexistencia de leyes específicas y.A.5%. a los siguientes: 9 en sólo dos casos (energía eléctrica y gas natural). Azpiazu. respectivamente). como tales. han facilitado la sistemática recurrencia a renegociaciones contractuales (en la generalidad de los casos con idénticos resultados a favor de los intereses de las empresas privatizadas). han sido fácilmente modificados a partir de la sanción de normas de similar status jurídico16. por el hecho de que la mayoría de las mismas se han concretado a través de Decretos y Resoluciones que. el fuerte impulso a la profundización del proceso de concentración y centralización del capital.065 y 24. En los casos del correo postal y de los aeropuertos. 9 . han proliferado múltiples deficiencias normativas asociadas al tema de la regulación pública. consiguientemente.– aduciendo pérdidas operativas. la adjudicación se realizó en función del monto del canon ofrecido por los distintos consorcios. 16 Ver. así como la del correo y la de los aeropuertos constituyen claros ejemplos de ello–. se recurrió a decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo que. el establecimiento de condiciones que aseguran bajos o nulos riesgos empresariales. como tales. particularmente en el caso de los “monopolios naturales” y de aquellas áreas y sectores en que se ha terminado por consolidar una estructura fuertemente concentrada. Nro. así como a la emergencia de ofertas oportunistas –los casos de la concesión de aguas y saneamiento15. los elevados márgenes de libertad en la fijación de las tarifas y de los cuadros tarifarios de diversos servicios públicos con alto impacto sobre el costo de vida de la población y/o la competitividad de la economía.: “Las renegociaciones contractuales en los servicios públicos privatizados. la cesión a unos pocos agentes económicos del poder regulatorio sobre los mercados. el escaso interés por inducir licitaciones realmente competitivas en las que pudiera participar un número importante de oferentes y la fijación de “barreras al ingreso” sustentadas en la capacidad patrimonial de los potenciales oferentes. las bruscas alteraciones en la estructura de precios relativos de la economía en detrimento de los sectores productores de bienes transables y de los consumidores. la empresa concesionaria –Aguas Argentinas S. fundamentalmente. ¿Seguridad jurídica o preservación de rentas de privilegio?”. como simples ejemplos ilustrativos. el poder relativo de negociación de las partes al momento de la expiración de los contratos de concesión no favorecerá al Estado mientras persista la debilidad de los 15 La concesión se adjudicó a aquel consorcio que ofreció una mayor rebaja de las tarifas vigentes. En todos los restantes. Las recurrentes renegociaciones contractuales emergen. 9 las disposiciones tendientes a preservar el carácter monopólico u oligopólico de las empresas privatizadas (aun cuando existen cláusulas que limitan el período de ejercicio de estos derechos. A los pocos meses. Asimismo.
la afectación de las propias arcas fiscales. incluso. gasífero y eléctrico– ). y a proteger a los usuarios y consumidores. se han visto fácilmente desvirtuados sin hacerse pasible a sanción alguna19. mientras que reveló 17 Con relación a la captura “bifronte” de las agencias reguladoras consultar Vispo.. necesariamente. FLACSO/Grupo Editorial Norma. a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. sin criterios de coordinación entre sectores que demandan. de Gran Bretaña) en Aceros Paraná (ex-Somisa). la regulación pública ha sido muy débil o inexistente si se considera su significativa incapacidad –cuando no falta de voluntad– para promover distintas medidas tendientes a introducir competencia. donde ya más de una administración gubernamental no ha logrado siquiera restringir las prácticas predatorias y anticompetitivas con los instrumentos normativos disponibles. 1999. 1995.entes de regulación y/o su cooptación por los agentes económicos “regulados” y/o por el propio poder concedente –la llamada “cooptación bifronte”17–).: “La siderurgia argentina en el contexto del ajuste. constitucionales20. A. desvirtuando los requerimientos impuestos en la privatización de la principal productora estatal de acero y derivados. a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán la protección de esos derechos. E. Aportes a un necesario debate en la Argentina de fin de siglo”. Cuaderno Nro. seguridad. las mismas han sido formuladas –como se señaló– con posterioridad a la transferencia de los respectivos activos de cada una de las empresas o áreas a privatizar y.a la protección de su salud. 20 Como en lo que se refiere al artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho. a la educación para el consumo. IDEP/ATE. desconociendo las propias disposiciones del artículo 42 de la Constitución Nacional– protección de los usuarios y consumidores frente al ejercicio de prácticas oligopólicas por parte de los consorcios adjudicatarios18. incluso. 9 la fijación de requisitos formalmente antimonopólicos en los propios llamados a concurso que. a una información adecuada y veraz. en el sentido de que no podrían formar parte del mismo consorcio dos empresas siderúrgicas locales (el grupo Techint –junto con Acindar– era propietario de la mayoría accionaria de Aceros Paraná). en lo esencial. e intereses económicos. la vulneración de derechos adquiridos por parte de los usuarios y consumidores e. al control de los monopolios naturales y 10 . Problemas de diseño y contexto. en poco o nada. 33. Para un tratamiento de estas cuestiones. 18 Un leading case en este sentido es el comportamiento de la firma Repsol-YPF (líder en buena parte de los segmentos del mercado energético nacional). a cumplimentar con los propios preceptos normativos e. las privatizaciones y el Mercosur”. sin embargo. y 9 el propio diseño de las agencias reguladoras que. 9 la escasa –o casi nula. 9 la frecuente reformulación de las normas establecidas con anterioridad a las licitaciones.. 19 El ejemplo más notorio lo efrece la adquisición por parte de Acindar de tenencias accionarias (en poder del banco Chartered West LB Ltd. En síntesis. D. una regulación integral –el caso paradigmático lo constituyen los mercados petrolero. se asemeja a las recomendaciones internacionales en la materia (en la generalidad de los casos.: “Los Entes de regulación. ver Azpiazu. en detrimento de la credibilidad pública del sistema regulatorio. en la práctica. 9 la total descoordinación –no casual– entre las debilidades normativas vinculadas con la regulación de la propiedad de las empresas privatizadas y la legislación vigente de Defensa de la Competencia (en sólo dos de las áreas privatizadas –energía eléctrica y gas natural–la normativa vigente contempla el tema). y Basualdo.
22 Ver Azpiazu. en Informe de Coyuntura. y López. emana de las consideraciones precedentes: el programa de privatización desarrollado en la Argentina adolece de un sinnúmero de falencias –algunas de muy difícil reversión–. ¿Servicio público o fallas de mercado? Algunas reflexiones sobre los criterios de regulación”. FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP. R.: “La regulación de los servicios públicos. y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. En este caso. así como los ingentes beneficios que internalizaron. sólo podía proveer el sector privado. R. “Privatizaciones y poder económico. III.21 Finalmente. Nro. al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Felder. en la legales. 21 Ver.1. cabe incorporar una breve reflexión que.). Año 8. la transferencia al capital concentrado de las principales firmas del Estado argentino generaría per se un aumento en la eficiencia de las empresas que redundaría en crecientes niveles de “bienestar general” que no tardarían en “derramarse” sobre el conjunto de la población. Tal como se observa en el Cuadro Nro. La estructura de precios relativos de la economía El tratamiento de la evolución de los precios y de las tarifas de los servicios públicos durante la década de los años noventa se asocia con algunas de las argumentaciones profusamente divulgadas a favor de las privatizaciones. en especial. D. en los organismos de control”. Centro de Estudios Bonaerenses. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos.1. En otros términos. que sintetiza. en beneficio del conjunto de la población. (comp. A. tarifas reales decrecientes y/o una mejor calidad y/o cobertura en la prestación de los servicios). para el período comprendido entre marzo de 1991 (momento en que se lanza el Plan de Convertibilidad) y junio de 2001. en relación con la variación de los precios mayoristas (se trata del Indice de Precios Internos al por Mayor –IPIM–).: “La regulación estatal. a fin de aumentar la productividad y la eficiencia de estas compañías. fundamentalmente. 163. López. previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas. a la acumulación y reproducción del capital de un muy acotado número de grandes actores económicos que ha pasado a ocupar un papel hegemónico y decisivo en la delimitación del futuro sendero evolutivo de la economía nacional22. la evolución de los precios y tarifas de una selección de servicios públicos privatizados. A. la idea rectora a favor de las mismas era que las empresas públicas necesitaban una inyección de capital cuya magnitud. 79. y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. por ejemplo. Felder. 1999. Nro. y Thwaites Rey. funcional. las firmas que tomaron a su cargo la prestación de los diferentes servicios públicos transferidos al ámbito privado durante la década pasada. pero ha asumido un papel protagónico y decisivo en la consolidación de un modelo concentrador en lo económico y excluyente en lo social. institucionales y sociales III. en el marco de la llamada “quiebra del Estado” de mediados de los ochenta.. 1999. en prácticamente todas sus instancias. 11 . 2002. en Realidad Económica. M. en última instancia. Las privatizaciones y sus impactos macroeconómicos. el incremento en las tarifas de estos servicios no parece reflejar. La consolidación de una sociedad excluyente”.una gran fortaleza para garantizar y potenciar el elevado poder de mercado que adquirieron. sobre los sectores de menores ingresos (bajo la forma de. Acerca de los déficits de la experiencia argentina”.
transferencia alguna de los importantes incrementos de productividad y eficiencia de las empresas privatizadas23. rentas de privilegio. subordinación estatal y acumulación del capital en la Argentina contemporánea”.7%) supera al aumento correspondiente al IPIM (15. 2001. Azpiazu. Así. y Schorr. Este incremento registrado en los peajes de las principales rutas nacionales conllevó un aumento considerable en los costos del transporte (que. Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos. 23 Ver. D. para muchas firmas –sobre todo las de menores dimensiones del interior del país–. 12 . como tal.mayoría de los casos.: “Privatizaciones. por ejemplo. M. constituye uno de los componentes centrales del denominado “costo empresario”) y. ha jugado un papel central en la explicación de la crisis que atravesaron muchas economías regionales durante los años noventa.8%). el alza promedio ponderado en las tarifas de peaje (42.
0 Residencial 227.4 Gas natural (promedio) 149. Así. la tarifa promedio del gas aumentó un 30. para aproximarse al impacto distributivo del incremento del costo del gas. por lejos.6 *Abril 1991=100.0%. la que más se ha incrementado desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad hasta mediados de 2001. en segundo lugar.9 Industrial de alto consumo 57. de los usuarios residenciales a los no residenciales y. en términos reales. corresponde distinguir la evolución de las tarifas residenciales de las abonadas por los usuarios industriales. Esta evolución asimétrica entre las tarifas reales de los distintos tipos de usuario de gas refleja dos tipos de transferencia. dicho aumento fue explicado. por el incremento en las tarifas residenciales (101. asociado a una importante reconfiguración de la estructura tarifaria del sector. en el interior del segundo grupo. ya que los restantes precios o bien se incrementaron muy levemente (es el caso de los abonados por los 13 . dieron lugar. antes de la privatización de la ex-Gas del Estado. sobre todo. a una reducción en el costo del gas para este subconjunto de usuarios. Con respecto al gas natural. Como se observa en el cuadro mencionado. En efecto.3 Gran Usuario Industria (firme) 111.3 Energía eléctrica Residencial de bajo consumo 101.0%. la tarifa del gas de uso residencial es.0 Pequeñas y medianas empresas 123.Cuadro Nro.8%. cabe distinguir la evolución de las correspondientes a las pequeñas y medianas empresas (que aumentaron un 23.8 Corredores viales* 142. se destaca el incremento registrado por la tarifa residencial (127. fundamentalmente. Nuevamente. entre marzo de 1991 y enero de 1993 (fecha en la que se hace efectiva la privatización de la empresa estatal que prestaba los servicios de transporte y distribución de gas natural).2% entre marzo de 1991 y enero de 1993). de los pequeños y medianos usuarios hacia los grandes consumidores industriales. En este caso. la tarifa promedio se incrementó un 49. En primer lugar. marzo 1991-junio 2001 (indice base marzo 1991 = 100) SECTOR INDICE JUNIO 2001 Indice de Precios Mayoristas Nivel General 115. En cuanto a las tarifas no residenciales. Este incremento y reestructuración tarifarios se produjeron.3 Industrial de bajo consumo 75. en el transcurso del período analizado. de aquellas abonadas por los grandes usuarios industriales que al elevarse moderadamente. Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información oficial. 1 Variación de precios y tarifas seleccionados.0%).8 Gran Usuario Industrial (Interrumpible) 106.7 Telefonía básica (pulso telefónico) 124.2 Residencial de alto consumo 29. magnitud levemente superior al incremento del IPIM).
el elevado grado de hidraulicidad verificado en las regiones donde se ubican las principales represas del país (a lo que se suma el ingreso operativo de nuevas plantas de generación de ciclo combinado). le brindó a Telecom Argentina y Telefónica de Argentina la posibilidad de posicionarse estratégicamente ante la –por entonces. futura– apertura del mercado a la competencia. María Julia Alsogaray. En efecto. Si bien. más allá de sus implicancias socioeconómicas regresivas. Este fenómeno se asemeja a lo ocurrido con las tarifas de energía eléctrica. y la cotización del dólar “apenas” el 235%.4%) resulta ligeramente superior al registrado por el IPIM. Al margen del polémico rebalanceo tarifario. el incremento del costo del valor del pulso telefónico (24.81 centavos). se tendió a configurar una estructura de precios relativos que. entre marzo de 1991 y junio de 2001.pequeños y medianos usuarios no domésticos) o bien disminuyeron (como en el caso de las grandes empresas). esto último no se cumplió: entre 1996 y 1997 (es decir. al ingreso en régimen de algunas grandes centrales hidroeléctricas (construidas con recursos públicos) y. siempre y cuando. que igualmente denotan un sesgo regresivo en materia de distribución del ingreso. durante la intervención de ENTel a cargo de la Ing. cabe destacar que se autorizó un mecanismo que permitía la compensación de reducciones en las tarifas internacionales e interurbanas con incrementos en el costo del servicio urbano. al tiempo que los precios mayoristas se incrementaron el 450%.2%. a comienzos de 1997. en su interior. al igual que en el caso gasífero. las tarifas residenciales reflejan. Sin embargo. en las ganancias de Telecom Argentina y Telefónica de 14 . Sin embargo. a un nuevo –y considerable– incremento en el costo del servicio para los usuarios (especialmente para los residenciales de bajo consumo)24. Al respecto. una disminución en su precio mayorista. fundamentalmente. Ello se debe a la reestructuración de los precios relativos del sector y. Los ajustes tarifarios efectuados en el período previo a la privatización se manifiestan con particular intensidad en el caso del servicio básico telefónico. la de los usuarios residenciales de altos consumos decrecieron un 70. y al incrementarse las residenciales vis-á-vis las comerciales. donde las principales modificaciones en la estructura tarifaria también fueron aplicadas con anterioridad a la firma de los contratos de concesión. entre marzo de 1991 y junio de 2001. como producto de ello. como surge de la información presentada. al incrementar la oferta de energía eléctrica de manera significativa. fundamentalmente. En primer lugar. vale introducir dos comentarios adicionales. entre enero de 1990 y noviembre del mismo año (fecha en la que se firman los contratos de transferencia). ello tuviera efectos neutrales sobre los ingresos empresarios.47 centavos a u$s 3. tal evolución relativa no contempla el notable salto de nivel que supuso el aumento instrumentado antes de la privatización.7%. lo que indujo. Dada la estrecha correlación entre los niveles de consumo y los ingresos de los distintos hogares. cabe hacer notar que. el nivel tarifario con que se inició la gestión privada de la 24 Con el rebalanceo tarifario. antes y después del rebalanceo). el valor del pulso telefónico −medido en dólares estadounidenses− aumentó un 711% (pasó de u$s 0. se registró un incremento de consideración en las ventas y. en este sector también se manifiestan evoluciones diferenciales según el tipo de usuario. dos comportamientos contrastantes: mientras las correspondientes a los usuarios de bajo consumo se incrementaron. puede inferirse que el sector que menos se benefició con el reordenamiento de los precios del mercado eléctrico fue el conformado por los segmentos de la población con menores ingresos. un 1. que dio lugar. al disminuir las tarifas correspondientes a las llamadas interurbanas e internacionales (las que presentan una mayor elasticidad-precio) y encarecerse las urbanas (las más inelásticas). En efecto.
si bien empezó a aplicarse desde febrero de 1997. lo que podría caracterizarse como una forma de indexación flexible de dichos valores. más del doble que en el resto de los países individualmente considerados.. se han ido sucediendo diversas disposiciones legales que en materia impositiva determinaron reducciones de consideración en la carga fiscal que afecta al sector empresario en general y al conjunto de las privatizadas en particular . En segundo lugar. durante los años noventa. ante su supresión.: op. M. sin duda. Al respecto. el segundo mayor accionista de Telefónica de Argentina) una cuantiosa suma de dinero para “comprar” los votos de la Corte. K. La conformación de una “indexación flexible” de las tarifas de los servicios públicos privatizados La evolución de los precios relativos de la economía a favor de los servicios públicos privatizados remite a la consideración de. por un lado. en el marco de una creciente regresividad de la estructura tributaria. al tiempo que una posible mayor presión fiscal sobre las empresas no las afectaría en tanto derivaría en un aumento tarifario compensatorio. en su momento. por otro. se han registrado incrementos sustantivos en el costo del servicio sin modificación alguna en el valor del mismo (eliminación de los llamados pulsos libres. cabe resaltar que si bien el pulso telefónico es la variable sobre la que se concentró la regulación tarifaria durante los años noventa. De todas maneras.ex-ENTel redundó en niveles tarifarios y márgenes de rentabilidad significativamente superiores a los registrados internacionalmente. de una amplia y diversificada gama de tributos que. modificación del ritmo de tasación de las llamadas. Con ello se procuró. En otras palabras. se observa cómo en la Argentina dicho costo representó. 15 .2. con respecto a las características político-institucionales en que se inscribió el rebalanceo cabe mencionar que. M. y Schorr. Los marcos que regulan los distintos servicios públicos privatizados establecen que las empresas prestadoras pueden (deben) trasladar a las tarifas finales abonadas por los usuarios las variaciones de costos originadas en cambios en las normas tributarias (excepto en el impuesto a las ganancias). la Corte Suprema de Justicia recién se expidió sobre su legalidad en mayo de 1998. Abeles. Con respecto a esto último. cit. ver la edición del 12/5/01 del diario español El País. una clara “ineficiencia” –plenamente funcional a los intereses de las firmas prestatarias– de los entes reguladores en el control efectivo de tales precios y tarifas y. que cualquier modificación en la política tributaria no repercutiera sobre la rentabilidad de las empresas. y más del triple si se considera su promedio25. El primer elemento a tener en cuenta es la casi total desatención oficial por hacer cumplir las cláusulas de “neutralidad tributaria” o “estabilidad impositiva” contempladas en los contratos de transferencia de las distintas empresas o servicios privatizados. durante la década pasada. Forcinito. Se trata. Al respecto. así como también en la ley que instaura el llamado Pacto Fiscal Federal. Francia y Gran Bretaña. 25 Véase. una investigación reciente concluye que Telefónica de España le habría entregado a Raúl Moneta (uno de los dueños de CEI Citicorp Holdings. cuando se compara el costo del servicio telefónico para los usuarios residenciales argentinos con el que el mismo tiene −en función del salario medio industrial− en España.).. etc. las reducciones impositivas (y el consiguiente “sacrificio fiscal” sobre las cuentas públicas resultante de las mismas) debían derivar en menores tarifas para los usuarios y consumidores. Estados Unidos. III. la reducción de las bases Argentina. Al respecto.
pueden utilizar indistintamente gas natural. se desarrolló la primera renegociación de los contratos. dispuestas a partir de enero de 199426. en ambos casos la “neutralidad tributaria” –es decir. También pone de manifiesto que las llamadas “debilidades regulatorias” no son tales si se las evalúa desde el punto de vista de la lógica de acumulación y reproducción del capital de las empresas privatizadas. recién en 1999 se dispuso el traslado a las tarifas de las disminuciones de las contribuciones sociales sobre la nómina salarial con destino al llamado “Sistema Unico de Seguridad Social”. la reducción de las tarifas– fue aplicada exclusivamente sobre los grandes consumidores industriales (aquéllos que. las asimetrías regulatorias implícitas resultaron. por ejemplo. a la dolarización e indexación de las tarifas por los índices de precios de EE. Se trata. y sin mayores justificaciones fundadas al respecto. en los que las escasas –aunque potencialmente crecientes– posibilidades de introducir competencia en los mercados se circunscriben a los segmentos de más altos consumos (precisamente. un 30% del índice de precios al consumidor. 26 Tanto en el ámbito del ENRE como en el del ENARGAS. las acciones emprendidas denotan la aplicación de criterios ad-hoc que no se condicen con la normativa vigente y revelan una ostensible captura institucional de los organismos de control por parte de las firmas sujetas a regulación pública. más aún. plenamente funcionales a las estrategias de las firmas que actúan en los sectores mencionados. El segundo componente que define el sistema de indexación flexible se refiere. conllevaron importantes reducciones en los costos de las empresas prestadoras de los servicios públicos privatizados. No obstante. Si bien. paradójicamente. una vez más. en esencia. sugiere la inobservancia empresaria –y la total ausencia de controles regulatorios– de la correspondiente transferencia a los usuarios de las reducciones en las cargas impositivas derivadas de la exención y/o supresión de diversos gravámenes y de las menores alícuotas impositivas y/o bases imponibles de determinados tributos. más precisamente. más aún cuando. Sin embargo. 23. los residenciales) quedaron al margen de dicho “beneficio”. En consecuencia. Naturalmente.928) estableció que. ello devino en beneficios extraordinarios adicionales apropiados en forma ilegal por las empresas prestatarias. y a pesar de la prohibición explícita de la Ley de Convertibilidad de toda cláusula de indexación de precios27.UU. los entes reguladores han venido omitiendo su intervención ante esta violación normativa. en términos generales. y su convergencia con reiteradas modificaciones de los marcos regulatorios.imponibles y/o de las alícuotas respectivas. los únicos a los que se les aplicó la disminución tarifaria). en relación con las reducciones en los aportes patronales. de “protector” de los derechos del consumidor. de las resoluciones sancionadas por el ENRE (Ente Regulador de la Electricidad) y el ENARGAS (Ente Regulador del Gas). en el caso de las concesiones de los corredores viales nacionales. por la naturaleza de sus procesos productivos. y el 30% restante de acuerdo a la evolución del dólar. el seguimiento de la evolución de las tarifas de los distintos servicios. Como resultado de ello. Así. En el marco del lanzamiento del Plan de Convertibilidad. en este como en otros aspectos no ha ejercitado su papel de regulador del mercado y. electricidad o fuel oil como insumos energéticos). se dispuso que dicho ajuste periódico de las tarifas se realizaría anualmente. 10. conformado por un 40% de las variaciones registradas por el índice de precios al por mayor. en su relación con las respectivas cláusulas normativas vinculadas a los ajustes periódicos de las mismas. se verificaron ciertas excepciones que merecen ser resaltadas. a partir de su entrada en 16 . originalmente las tarifas se ajustaban según la evolución de un coeficiente combinado de precios. 27 En su Artículo Nro. mientras que los usuarios cautivos de las distribuidoras (en especial. Cabe destacar que el tema no ha merecido atención alguna por parte de la casi totalidad de los entes reguladores que. la Ley de Convertibilidad (Nro.
En el mismo se explicita que la Ley de Convertibilidad constituye un “obstáculo legal insalvable por el que quedan sin efecto las disposiciones del mecanismo de actualización automática del valor del pulso telefónico”. y la formulación de cláusulas de ajuste sobre la base de la inflación estadounidense. expresado en moneda local. o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas. Así. ya que “es legalmente aceptable contemplar las variaciones de precios en otros países de economías vigencia. con la sanción de la Ley de Convertibilidad quedó prohibida explícitamente la aplicación de toda cláusula de ajuste periódico de precios. En ese marco. al preverse un proceso de devaluación de la moneda local. quedaban derogadas “todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios.585/91. incluso. En efecto. incrementar– las rentas de privilegio de las prestatarias privadas). una nueva y complementaria cláusula de ajuste. durante el proceso hiperinflacionario de 1990. a la vez.aplicando el 80% de la tasa internacional Libo. Así. en total correspondencia con los intereses empresarios. 17 . alrededor de 65 millones de dólares anuales) les permitieron a las empresas concesionarias no ver afectados sus ingresos reales y. Cabe resaltar que tales compensaciones resultan contradictorias con los propios fundamentos del sistema de peaje (“paga el que usa”). obras o servicios”. Dicha cláusula fue objeto de algunas modificaciones al momento de la firma de los contratos de transferencia con las licenciatarias privadas. concediéndoles a cambio un subsidio anual compensatorio de los ingresos que habrían dejado de percibir por la reducción de las tarifas. el tipo de cambio había quedado rezagado con respecto a la evolución de los precios domésticos. variación de costos. les permitió obtener altos ingresos y márgenes de rentabilidad. el valor del pulso telefónico. se ajustaría según la evolución del índice de precios al consumidor (IPC). instrumentada a partir del Decreto Nro. Ahora bien. mantener una cláusula de ajuste periódico –violatoria de la Ley de Convertibilidad– que. se decidió resarcir a los concesionarios eliminando el canon que los mismos debían pagarle al Estado. A partir de entonces. se dispuso la aplicación de una fórmula combinada de ajuste tarifario entre las variaciones en el IPC y la paridad cambiaria con el dólar. las llamadas compensaciones indemnizatorias (en sus inicios. tendiente a morigerar el posible impacto sobre los costos empresarios de eventuales modificaciones en el tipo de cambio. impuestos. se incorporó. encuentra su principal antecedente en la regulación de las tarifas del servicio básico telefónico. dado que. actualización monetaria. en tanto ha sido la sociedad en su conjunto la que ha subsidiado a los concesionarios. en función de lo cual resulta “conveniente expresar el valor del pulso telefónico en dólares estadounidenses”. La dolarización de las tarifas. sumada a otro ajuste (durante los tres años subsiguientes) pre-acordado con los concesionarios. y postergando la ejecución de los distintos planes de inversiones comprometidos en los contratos originales. se recurrió a una artimaña legal de más que dudosa legalidad. ampliando el plazo de concesión. sumada al incremento del tránsito vehicular que se verificó durante la década pasada. Dado que en el marco de esa renegociación se redujo el valor de la tarifa de peaje hasta fijarla en alrededor de un dólar por cada cien kilómetros. que también fue objeto de sucesivas renegociaciones (siempre inscriptas en un mismo sentido: preservar –o. Originalmente. 2. las cláusulas tarifarias incluidas en el marco regulatorio del servicio telefónico sufrieron diversas modificaciones desde su formulación original en el inicio del proceso de privatización de ENTel. precios o tarifas de los bienes.
se trata de cuatro revisiones anuales: en los meses de mayo y octubre se trasladan a toda la cadena gasífera las modificaciones en el valor del gas en el mercado mayorista. en el mes de mayo de cada año.. por su naturaleza. Con independencia de ciertas especificidades sectoriales. los sectores productores de bienes (en particular. Se trata de los sectores eléctrico y gasífero. la recurrencia a la renegociación de los contratos originales de transferencia o concesión y. en especial. En estos sectores se conjugó la dolarización de las tarifas con la aplicación de diversos ajustes estacionales.. contradicen las prohibiciones que en materia de actualizaciones o indexaciones de precios establece la Ley de Convertibilidad. sobre la base de la dolarización de las tarifas y su posterior ajuste por índices de precios de los EE. por ejemplo. aquellos en los que las pequeñas y medianas empresas tienen –o 28 Cabe destacar que tanto en el sector gasífero como en el eléctrico. de acuerdo a los ajustes previstos en los contratos celebrados por la ex-SEGBA.. la dolarización de las tarifas y las cláusulas que viabilizan la indexación de las mismas en función del comportamiento de los precios estadounidenses no están incluidas en las respectivas leyes marco sino en sus decretos reglamentarios y/o en los contratos de concesión. y 33% de los minoristas) en los mismos meses y. una evolución de los precios relativos que ha tendido a favorecer a las empresas de servicios públicos privatizadas con respecto a. y transferidos a las nuevas distribuidoras privadas. Por su parte. incorporados en los contratos originales firmados por el Estado con las distribuidoras y transportistas de gas natural y energía eléctrica. los ajustes periódicos están vinculados con la evolución de los precios del mercado mayorista (mayo y noviembre de cada año). La descripción detallada del mecanismo por medio del cual se logró sortear el obstáculo que supuso la sanción de la Ley de Convertibilidad (en materia de indexación de precios) es sumamente relevante ya que en las privatizaciones realizadas con posterioridad a la sanción del Decreto Nro. los Estados Unidos de América” (sic).UU. y en enero y julio. y pasó a ajustarse semestralmente (en abril y octubre de cada año) según la evolución del índice de precios al consumidor de los EE.estabilizadas como.UU. tanto en lo referido a los marcos regulatorios como a su impacto en la evolución tarifaria. donde han regido mecanismos de ajuste tarifario semestrales basados en la evolución de los precios estadounidenses. con las variaciones de un índice combinado de precios de los EE. donde también las tarifas están dolarizadas. en términos de las taxativas disposiciones de la Ley de Convertibilidad–. 18 . En este sentido. de lo expuesto hasta aquí se infieren determinados patrones de desenvolvimiento comunes a los distintos servicios públicos privatizados. A partir de entonces el valor del pulso telefónico quedó expresado en dólares. en el ámbito de la energía eléctrica.UU. las variaciones en el índice de precios mayoristas de los EE. con algunas de las principales centrales generadoras28. la aplicación de mecanismos de ajuste tarifario que.585/91 se procedió a incluir cláusulas de ajuste similares – todas ellas ilegales. la dolarización de las tarifas. se destacan los incrementos y reestructuraciones tarifarias aplicadas con anterioridad al traspaso de las empresas públicas al sector privado. como consecuencia de todo lo anterior. 2.UU. (67% de los mayoristas. En el primer caso. con el consiguiente seguro de cambio que se le concedió a las licenciatarias.
como producto de haber ajustado sus respectivas tarifas en función de la inflación norteamericana (o. Ello se ve claramente reflejado al analizar la evolución de los márgenes de rentabilidad que percibió este conjunto de firmas durante el transcurso de los años noventa.1%. entre el mes de enero de 1995 y junio de 2001.4%. los ajustes periódicos aplicados en las tarifas de los distintos servicios públicos privatizados en la Argentina han excedido. más precisamente. Al respecto. En ese marco. Edesur y Edelap (las tres distribuidoras de electricidad resultantes de la privatización de SEGBA). normativo de privilegio en el que se ha venido desenvolviendo el conjunto de las empresas privatizadas. cabe enfatizar que además del seguro de cambio implícito y a partir de una interpretación ad-hoc de las disposiciones de la Ley de Convertibilidad. los de menor poder adquisitivo. el Indice de Precios al Consumidor registró una disminución acumulada de 1. en el capitalismo.3 La rentabilidad relativa de las empresas privatizadas Como era de esperar. las ocho distribuidoras de gas que continuaron a Gas del Estado. no resulta extraño que la performance económica de las mismas supere sustancialmente a la del resto de las principales empresas del país.400 millones de dólares (monto que asciende a alrededor de 9. en el caso de las abonadas por los usuarios residenciales de bajos ingresos) con respecto a los principales precios de la economía que se derivó de las mismas. en la Argentina. holgadamente. cabe enfatizar. el índice de precios al consumidor (CPI) de los EE.UU. de una transferencia de rentas de privilegio a un muy reducido número de grandes agentes económicos. las empresas privatizadas han venido ajustando sus tarifas de acuerdo a la evolución de índices de precios de los EE. así como el incremento relativo de las tarifas de los servicios públicos (sobre todo. por ejemplo. al tiempo que los precios mayoristas se incrementaron apenas el 1. y los consumidores residenciales. De allí que no sea casual que. cuando 19 .UU.tenían– una considerable gravitación económica). a partir de disposiciones normativas de clara. En otras palabras. al tiempo que los precios mayoristas (PPI) lo hicieron en un 9. impactó directamente sobre el proceso de acumulación y reproducción del capital de las firmas privatizadas. son violatorias de la Ley de Convertibilidad). y a favor del entorno operativo y. y Edenor. registró un incremento acumulado de 18. cabe introducir una breve digresión. las actividades de carácter especulativo (en particular. el propio ritmo inflacionario local (deflacionario. Según lo demuestra la experiencia histórica. Se trata. fundamentalmente. la tasa de ganancia vigente en un sector económico suele tener una relación positiva con el riesgo empresario subyacente a la misma (cuanto mayor el riesgo involucrado.6%. para el año 2000. superior el margen de beneficio que cabe esperar). Al respecto. en otras palabras. En efecto. por lo general. en particular. el beneficio de contar con múltiples cláusulas de indexación flexible de sus tarifas (la mayoría de las cuales.000 millones de dólares. En función de lo anterior. si se cuantifican sus ingresos excedentes ilegales) se obtiene un monto del orden de los 2. si se calcula. En idéntico período. en caso de considerarse toda la década de los noventa). III. como privilegio adicional. que. en términos de los precios al consumidor). cuánto facturaron de más Telecom Argentina y Telefónica de Argentina. han crecido muy por encima de sus similares en el ámbito local.8%.
en términos relativos a la que registraron las doscientas firmas de mayor facturación del país. y como una primera aproximación a la problemática mencionada. los rasgos distintivos de los mercados involucrados (monopólicos. En relación con lo anterior. holgadamente por encima del de aquellas empresas líderes no vinculadas a los procesos de privatización. con independencia de toda otra consideración. de los márgenes de rentabilidad sobre ventas de las empresas privatizadas. el criterio de “razonabilidad” de las tasas de beneficio (y. Así. de acuerdo con tales criterios de razonabilidad (de los beneficios y de las tarifas). un menor riesgo empresario que el que se desprendería de casi cualquier otra actividad económica. En otras palabras. las empresas prestatarias de servicios públicos sujetas a regulación son las que internalizan relativamente las más bajas tasas de rentabilidad). dicho riesgo se torna absolutamente nulo–. cabría esperar que las tasas de rentabilidad internalizadas por dichas firmas resultaran ser muy inferiores a las obtenidas por aquellas empresas expuestas a un mayor riesgo y a niveles de competencia inexistentes en el ámbito de los servicios públicos privatizados. naturalmente. Una obvia conclusión que surge de la lectura del cuadro de referencia es que en todos los años considerados las empresas privatizadas obtuvieron márgenes de utilidad sobre ventas muy superiores a los obtenidos por el conjunto de la elite empresaria local (entre dos y tres veces mayores) y. naturalmente. la minimización del riesgo empresario asociada a la condición de monopolios naturales se ve agudizada –en rigor. expuestos a la competencia (tal como se verifica en las economías más desarrolladas donde. deberían ser inferiores a las correspondientes a la mayor parte de los restantes sectores económicos. si se consideran los diversos beneficios normativos y/o regulatorios con que cuentan las empresas prestatarias. Hasta allí. los niveles de los márgenes de rentabilidad han tendido a denotar una correspondencia inversa con el respectivo riesgo empresario: a menor o nulo riesgo (como es el caso de las privatizadas) mayor tasa de ganancia. En este sentido. de las tarifas que las sustentan) sugeriría que las esperables en esos ámbitos protegidos. para el período 1993-2000. en contrario a lo que cabría esperar. En el caso doméstico. natural y/o normativamente. En el caso de los servicios públicos.tienen lugar en períodos de fuerte incertidumbre macroeconómica) suelan presentar. 2 se refleja la evolución. en el Cuadro Nro. naturalmente. muy difícilmente pueda encontrarse algún sector económico con menor riesgo que el que emana de los contextos operativos en los que se desempeñan las empresas privatizadas. en términos relativos. las tasas de retorno más elevadas. Lo anterior se ve potenciado por las propias idiosincrasias del proceso privatizador en la Argentina. en general. con demanda cautiva y reservas legales de mercado) conllevan. 20 .
21 . Esto indica que este conjunto reducido –aunque sumamente privilegiado– de empresas ganó 2.2 2.6 1.4 2. 2 Evolución de la tasa de rentabilidad sobre ventas de las 200 empresas de mayores ventas.8 2.4 6. este núcleo privilegiado de grandes firmas obtuvo. Allí se constata que. siempre considerando el período 1993-2000. el equivalente a casi diez salarios medios de la economía argentina.2 0.3 4.4 1. Aproximadamente el 57% de dicho total (más de 16.8 4.7 1998 10.2 9.2 6.4 -0. casi 5.Cuadro Nro.8 6.1 4.3 5. (la elite empresaria local) según el vínculo de las firmas con el proceso de privatizaciones. el 13% del total). por minuto.000 millones de dólares) correspondió a apenas 26 firmas privatizadas (es decir.8 1999 7.8 1996 11. en conjunto.1 5. 1.4 6.4 Prom.1 4. En otras palabras.5 5.7 -1.000 millones de dólares por año.5 millones de dólares por día.8 9. una masa acumulada de utilidades de casi 28. Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a balances de las empresas.2 0.500 millones de dólares. y cerca de 3. 1993- 2000 (porcentajes) Privatizadas Vinculadas a las No vinculadas a las Total privatizaciones* privatizaciones 1993 11.9 3.5 1994 10. durante la década pasada.0 * Se trata de aquellas firmas que participan en la propiedad accionaria de algunas de las empresas privatizadas.3 2.6 1995 12.8 4. 93/00 10. El excelente rendimiento de las empresas privatizadas con relación al resto de las compañías líderes de la economía argentina se visualiza con particular intensidad en la información presentada en el Gráfico Nro.4 2000 8. las 200 firmas más grandes del país generaron. 231 mil dólares por hora.800 dólares por minuto.6 4.3 1997 12.0 3.
6% aunque. 3.8% 26. con la excepción del de distribución de energía eléctrica (que presenta una rentabilidad media sobre patrimonio del 5. Gráfico Nro. como surge de la información presentada. normativo en que se desenvuelve prácticamente la totalidad de las privatizadas. En más de una oportunidad. en franco y 22 .9% 141 empresas Privatizadas 26 empresas Vinculadas a las privatizaciones 33 empresas No privatizadas 56. en especial. Sin embargo. al entorno operativo y. se ha señalado que esas muy diferenciales tasas de beneficio de las privatizadas sobre el resto de las grandes firmas del país sólo resultan válidas en cuanto a su relación con los respectivos niveles de facturación. Ello no sólo involucra los importantes incrementos y reestructuraciones tarifarias efectuadas con anterioridad a la firma de los contratos de transferencia o concesión. y a la no transferencia a usuarios y consumidores de los importantes incrementos en la “eficiencia microeconómica” de las prestatarias de tales servicios. sino que remiten. una rentabilidad media sobre patrimonio del orden del 15%. Como se aprecia en el Cuadro Nro. también resultan holgadamente superiores a las que cabría considerar como “justas” y “razonables”.441. en última instancia. Es indudable que los contrastantes comportamientos que se manifiestan entre las empresas integrantes de la elite económica local según su vínculo con las privatizaciones no pueden ser atribuidos a conductas microeconómicas diferenciales.3% Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a balances de las empresas. En todos los sectores.1 MILLONES DE DOLARES 16. a la peculiar forma en que se aplicó en el ámbito de los servicios públicos la cláusula de “neutralidad tributaria”. sino también a las múltiples cláusulas de ajuste tarifario que reconocen los distintos marcos regulatorios. 1993-2000 (porcentajes y valores absolutos) TOTAL: 28. a las recurrentes renegociaciones contractuales que siempre han tendido a preservar los privilegios de las empresas privatizadas. los resultados no difieren sustancialmente si se consideran las tasas de retorno sobre el patrimonio neto que en el ámbito de las privatizadas. entre 1994 y 1999. las empresas de servicios privatizados han obtenido. 1 Distribución de la masa de utilidades contables de las 200 empresas más grandes del país según el vínculo con las privatizaciones.
sistemático ascenso hasta 1998)29 la tasa de beneficio siempre supera.1 28.5 9.4 21.1 6. de una clara dicotomía al interior de la cúpula empresaria del país que se encuentra estrechamente ligada a las especificidades normativas que delimitan el accionar de las distintas firmas líderes de la economía argentina. en Realidad Económica.6 19.000 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires por.4 5.1 14. como producto de las sanciones vinculadas al “apagón” (interrupción del servicio) de febrero de dicho año. Nro.3 13.4 13.4 14. A los efectos de captar más acabadamente la magnitud de los valores mencionados.5 18.5 15.1 17.1 10.8 10.4%.5 8.4 7. D. sin duda.7 11.7 12.3 13.0 16.0 Agua y servicios cloacales 20.0 15.3 Concesionarios viales 11.: “Edesur.1 14.3 Rentabilidad/Ventas 11.0 13.3 10. 1994-1999 (porcentajes) Sector 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Promedio 94-99 Rentabilidad/Patrimonio Neto 17.1 12. en un plano muy general de análisis. Ver Azpiazu.5 10.1 Energía Eléctrica -0.3 5.5 7.7 11.1 27.8 6.6 9.9 25. 162.8 Agua y servicios cloacales 8. el 10%. la sola consideración del comportamiento de los precios relativos a favor de los servicios privatizados y en detrimento de los sectores productores de bienes emerge como un primer elemento de juicio insoslayable que permitiría inferir que.9 9.6 Telecomunicaciones 13. 29 En 1999 se produce una caída de consideración en la rentabilidad de las empresas eléctricas (tanto se la mida en relación con las ventas como en función del patrimonio neto).0 14. febrero-marzo 1999.4 15.6 23.7 11.0 12.3 11.9 Energía Eléctrica -0. 4 Las disparidades económicas generadas por las privatizaciones ¾ La competitividad de la economía En términos generales.6 15.8 Gas Natural 13.0 23.4 s/d 9.3 15.2 15. y en muchos casos con holgura.9 7.7 9.4 Concesionarios viales 40. 3 Evolución de la rentabilidad de las empresas privatizadas.5 8.4 12.1 s/d 25. Se trata.3 14.2 10. Cuadro Nro. en 1999. Ello es explicado en su totalidad por la brusca contracción (de más del 75%) que se registró en las ganancias de Edesur. hasta.4 13.0 14. de “apenas” el 3. casi tres semanas.8 19. Tal corte de energía afectó a más de 150.4 17.5 13. cabe destacar que la rentabilidad media sobre patrimonio neto de las cien empresas más grandes del país (excluidas las privatizadas) fue.6 7.3 12. 23 .9 12.8 15.6 Gas Natural 19.5 5.0 Telecomunicaciones 17.7 * La rentabilidad promedio de los sectores seleccionados en el año 1999 fue calculada excluyendo a los concesionarios viales.8 15.7 14. las privatizaciones han afectado negativamente la competitividad de la economía argentina.1 13.3 13. apagón y después”. Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a balances de las empresas.3 26.5 10. III.4 17.
cabe incorporar otra breve digresión. esa pérdida de competitividad de buena parte –sino la generalidad– de los sectores productores de bienes no deviene únicamente. podría distinguirse una diversidad de sectores (en especial. respecto a las de la mayor parte de las firmas de menores dimensiones). cabe enfatizar. 24 . el creciente cuestionamiento de diversos sectores empresarios. a diferencia de una proporción considerable de las grandes firmas (muchas de las cuales. constituyó uno de los principales factores explicativos de la aguda crisis que atravesaron las pequeñas y medianas empresas durante el decenio de los años noventa y. con algunos mecanismos que le permitieran eludir y/o enfrentar exitosamente la competencia de bienes provenientes del exterior (escalas tecno-productivas y comerciales. incluso. de la profundización de los procesos de desindustrialización y de desarticulación del tejido manufacturero local. En tal sentido. las características de la apertura de la economía (de tipo shock y con profundasa asimetrías en cuanto a sus 30 Se trata de un conjunto de grandes empresas industriales que. con su consiguiente impacto positivo sobre sus niveles de competitividad.). así como diversas Cámaras empresarias vinculadas al transporte– denota que. más aún en un contexto de deflación de precios internos y. en el marco de la principal entidad gremial que las nuclea (la Unión Industrial Argentina). telecomunicaciones–. Sin duda. por ejemplo. en términos generales. niveles de productividad. En contraposición. cuya génesis histórica se ubica. el posicionamiento competitivo de la mayor parte de los sectores productores de bienes se ha visto deteriorado frente al comportamiento de las tarifas de los servicios públicos. control oligopólico de los canales de importación. aquellas grandes plantas industriales energo-intensivas) que vieron abaratados alguno/s de sus principales componentes de costos. se han visto profundamente afectados por las elevadas y crecientes tarifas de peaje. ni mucho menos. desarrollaron –hacia fines de la década– una política muy activa de cuestionamiento a las tarifas de la mayor parte de los servicios públicos privatizados. debe tenerse presente que la mayoría de las empresas de menor tamaño no contó. es indudable que la combinación del incremento de costos derivados de la evolución de las tarifas de la mayor parte de los servicios públicos. así como el afianzamiento de un patrón de apertura de la economía con un claro sesgo importador. en ambos casos. como viene ocurriendo desde 1998. gozan –real o potencialmente– de menores tarifas relativas. podría identificarse una muy heterogénea gama de situaciones y de efectos diferenciales según los distintos sectores elaboradores de bienes e. Al respecto. Sin embargo. posibilidad de acceso a financiamiento a tasas de interés “razonables”. capacidad de reducir costos a partir del grado de integración vertical y/u horizontal de sus actividades. los del llamado Grupo Productivo30. en la segunda mitad del decenio de los setenta31. y la distorsión en la estructura de precios relativos de la economía argentina resultante de la misma. entre las grandes empresas que. 31 En relación con esto último. etc. Sin duda. En ese contexto. gas. muy particularmente desde la segunda mitad de los noventa –como. de persistente depresión económica. Sin embargo. aquellos otros sectores (como buena parte de la producción agrícola) para los que el costo de transporte emerge como un elemento significativo dentro de su estructura de costos. la política cambiaria. de los efectos derivados de las privatizaciones. en ese marco global. de acuerdo a los diversos segmentos que los conforman (muy particularmente. en diversos servicios –electricidad. participaron –directa o indirectamente– en la propiedad de las principales empresas privatizadas). por lo tanto.
en numerosas ocasiones. ¾ Conformación y consolidación monopolios y. muy por encima de los locales–. En la mayoría de los procesos concluidos en el país. por la coordinación y la capacidad de lobbying empresario en torno a las mismas. Muy por el contrario. concentración y centralización del capital La absoluta despreocupación por difundir la propiedad del capital de las empresas públicas que serían transferidas al capital privado constituye otro de los rasgos más salientes del vasto programa privatizador encarado en la Argentina durante la década de los años noventa. No obstante ello. la cuasi omisión pública en materia de políticas y acciones antidumping emergen. como propulsor de la profundización del proceso de concentración económica y centralización del capital. a la difusión de la propiedad a través del mercado de capitales o. como componentes tan o más importantes que los impactos directos de la evolución de las tarifas de los servicios públicos privatizados. las propias “debilidades” e inconsistencias regulatorias han devenido en. en la generalidad de los casos. incluso. En efecto. al conjunto de los usuarios. 25 . a la entrega gratuita de acciones u ofertas preferenciales para los usuarios de los distintos servicios. en la medida en que los propios mecanismos de regulación no contemplan. fundamentalmente. contrasta con otras experiencias internacionales (incluso. bajo la administración conservadora) que. por su ajuste por índices de precios externos que crecieron. en consonancia con los avances y mejoras de “eficiencia” y productividad de las compañías prestatarias. aun desde una perspectiva política. la propia regulación tarifaria de la mayor parte de los servicios privatizados en poco o nada ha coadyuvado a la mejora en la competividad de la economía. y más allá de algunos ejemplos puntuales. En ello. En ese contexto. en su defecto. como en otros tantos aspectos. salvo escasas excepciones.impactos sobre los distintos sectores y agentes económicos). cabe enfatizar. más allá de ese “efecto indexación” por índices externos. Como fuera mencionado. el comportamiento general de las tarifas de los servicios –muy particularmente. le asignó un papel decisivo. en la medida en que la regulación pública continúe omitiendo la aplicación de ese componente esencial del mecanismo de regulación tarifaria que. como se señaló. que parte sustantiva de las mejoras en la productividad y en la eficiencia de las privatizadas sea transferida. como efectivamente ocurrió. se fijaron patrimonios mínimos –muy elevados– para poder participar de las licitaciones y concursos o. entre otros. el propio llamado a licitación favoreció la presencia de pocos oferentes y la colusión de ofertas reforzándose. en los últimos años. por el contrario. ha asumido un papel protagónico en la pérdida de competitividad de la economía argentina en su conjunto. con la británica. era inevitable que la consecución del programa operara. la no transferencia de las “ganancias de eficiencia” de las privatizadas hacia sus usuarios y consumidores. en el ejemplo argentino. De todas maneras. En ese marco. los sectores productores de bienes. debería conllevar una reducción de los consiguientes costos del servicio para. el impacto efectivo de la evolución de las tarifas de las privatizadas seguirá redundando negativamente sobre la competitividad de la economía (en particular. tales ganancias de productividad fueron internalizadas y apropiadas por las propias empresas mono u oligopólicas que prestan los servicios. tales montos patrimoniales constituyeron una de las principales variables a considerar al momento de la precalificación y/o adjudicación. mediante reducciones tarifarias. sobre los segmentos empresarios menos concentrados). en especial. por ejemplo.
incluso. Cuadro Nro. los cuales pasaron a controlar empresas que operan en sectores que poseen una clara importancia estratégica en tanto. Al respecto.Esto devino. con la consiguiente consolidación de mercados protegidos. importancia del poder de lobbying doméstico. celeridad. refinerías y buques de YPF transferidos al sector privado.– facilitaron e. en condiciones regulatorias que aseguraron bajos o nulos riesgos empresarios y elevados márgenes de libertad para la fijación de tarifas. La dinámica asumida por el proceso privatizador trajo aparejada la consolidación estructural de un conjunto reducido de conglomerados empresarios. Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información oficial. Así. es posible concluir que las privatizaciones constituyeron un verdadero “traje a medida” de los mismos actores económicos que se habían consolidado estructuralmente a partir de la política económica de la dictadura militar. etc. definen la competitividad de una amplia gama de actividades económicas. requisitos técnicos. Y. inscriptas en una creciente polarización del poder económico. destilerías. tales actores cubrieron prácticamente la totalidad de los sectores públicos privatizados. por ejemplo. incluye áreas de explotación petrolífera y gasífera. por un lado. (c) Incluye los ferrocarriles de carga y de pasajeros. pueden identificarse tres lógicas de comportamiento (no necesariamente excluyentes entre sí): 26 . Cabe aclarar que muchas de dichas participaciones fueron vendidas posteriormente. (b) Además de YPF. en la sobrevivencia o el reforzamiento de monopolios u oligopolios legales. indujeron el despliegue de distintos tipos de estrategias por parte de los principales conglomerados locales. 4 . por otro. 4 Participación de los principales conglomerados económicos en los distintos sectores privatizados(a) Servicio PÉREZ TECHINT ASTRA ROGGIO CEI LOMA MACRI SOLDATI COMPANC (REPSOL) CITICORP NEGRA HOLDINGS Concesiones viales * * * * Electricidad (distribución) * * * * * Electricidad (generación) * * * * Electricidad (transporte) * * Gas (distribución) * * * * * * Gas (transporte) * * * * Petróleo(b) * * * * * * Subterráneos * Telecomunicaciones * * * * Transporte ferroviario(c) * * * * * Agua y desagües cloacales * Industria siderúrgica * * (a) Se incluyen las principales participaciones de los conglomerados seleccionados en las diversas privatizaciones realizadas. Como queda reflejado en el Cuadro Nro. y la distribución del ingreso. en una acentuada concentración de la propiedad de las empresas y de las áreas “desestatizadas” en un muy reducido número de grandes agentes económicos. Las modalidades de los diversos procesos de privatización –exigencias patrimoniales mínimas. lo cual les brindó la posibilidad de insertarse en aquellas áreas decisivas –sino determinantes– en la delimitación de la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía argentina en los años noventa.
las principales empresas aceiteras (Bunge y Born. etc. al ingresar a mercados desde los cuales se proveen de un insumo clave –“aguas arriba” y/o “aguas abajo”– para sus principales producciones (estrategia de integración).). en su mayoría. telecomunicaciones. Astra.. de Combustibles del grupo Soldati). que a partir de Ipako adquirió Polisur (también del sector petroquímico). telecomunicaciones. industria siderúrgica. explotación petrolífera. Tal el caso. explotación de petróleo en áreas centrales y secundarias que eran propiedad de YPF. el principal oligopolio cementero (Loma Negra) en el transporte ferroviario de carga. y la Cía.). refinerías y destilerías. que priorizaron una estrategia de diversificación de sus actividades hacia diferentes servicios privatizados poco –o nada– vinculados entre sí por relaciones tecno-productivas y/o de carácter comercial (estrategia de conglomeración). Sin duda. etc.). Basta con señalar. aguas y servicios cloacales. etc. transmisión y distribución de energía eléctrica. entre otros. Idéntico fenómeno se manifiesta en la privatización de áreas de explotación petrolífera y gasífera que. la polarización del poder económico en un núcleo reducido de conglomerados 27 . del grupo Garovaglio y Zorraquín. que ingresó al mercado gasífero –en los segmentos de transporte y distribución–. 9 los conglomerados empresarios que adquirieron u obtuvieron la concesión de empresas o servicios públicos para lograr. Indudablemente.) en lo atinente a ferrocarriles e instalaciones portuarias. el caso más ilustrativo de este tipo de estrategia lo constituye el CEI Citicorp Holdings (un fondo de inversiones en el que participaban. el Citibank y el grupo local República). y al siderúrgico –resultó adjudicatario de Altos Hornos Zapla–. oleoductos. transporte de gas. pasaron a manos de las principales empresas del sector (Pérez Companc. ferrocarriles. etc. ferrocarriles. directa o indirectamente. y 9 los grupos económicos que tuvieron una activa y difundida presencia en los distintos procesos de privatización o. o del conglomerado Techint. en otros términos. Aceitera General Deheza. que se adjudicó la mayoría accionaria de SOMISA. transporte y distribución de gas. Gral. telecomunicaciones. instalaciones portuarias. etc. o al grupo Soldati (generación y transmisión de energía eléctrica. destilerías. flota petrolera. La Necochea Quequén. Los ejemplos son muchos y muy diversos: las siderúrgicas de Techint y Acíndar que lograron integrar la producción y distribución de energía eléctrica y gas. Techint. al grupo Pérez Companc (generación. La Plata Cereal. insumos fundamentales de su producción. en este sentido. estas distintas estrategias empresarias frente al programa de privatizaciones indican que la creciente oligopolización y conglomeración de la economía argentina. del grupo Indupa y su participación en Petropol e Induclor (dos importantes empresas petroquímicas). las proveedoras de ENTel en la privatización de dicha empresa (los grupos Pérez Companc y Techint). al de energía eléctrica –generación y distribución–. por ejemplo. un mayor grado de integración vertical y/u horizontal de sus actividades.9 los grupos económicos que a través de alguna/s de su/s firma/s controlada/s adquirieron empresas públicas o tenencias accionarias del Estado en compañías que operan en el mismo sector de actividad en el cual estaban insertos (estrategia de concentración). al grupo Techint (generación y distribución de energía eléctrica. Cía. las empresas petroleras que pasaron a controlar refinerías. al telefónico –fue uno de los accionistas más importantes del consorcio controlante de Telefónica de Argentina–. rutas nacionales. explotación petrolífera –áreas centrales y secundarias– y destilerías. transporte y distribución de gas natural. Continental.
era la resultante histórica de la propia crisis del Estado “benefactor”. aduciendo pérdidas operativas. incluso. Por último. por ende. como resultado de ofertas “oportunistas” adjudicatarias de las respectivas concesiones. En contraposición. en el caso de los concesionarios viales. conllevaron importantes recursos al fisco– por parte de los consorcios adjudicatarios de las firmas privatizadas. por el carácter de extraordinarias que asumieron. y las derivadas de la privatización del correo y de los 33 aeropuertos entregados en concesión. fueron transferidos a los adjudicatarios como parte de las nuevas tarifas de los correspondientes servicios. por ejemplo. 28 . le correspondía asumir un papel más que protagónico a –también con carácter de flujo anual– los recursos a percibir en concepto de canon por el usufructo de los activos públicos transferidos. similares consideraciones –aunque mucho más opacas– cabe replicar en lo atinente a los concesionarios adjudicatarios de los ramales ferroviarios de carga que. Sin embargo. y la consolidación y preservación de reservas de mercado con rentas de privilegio constituyen uno de los principales impactos de las formas de desarrollo de dicho programa. en realidad. Se incorporó. directa e indirectamente. Sin duda. sobre las ganancias que. en la primera renegociación contractual se los eximió del pago del mismo. En la generalidad de los casos. las arcas públicas percibieron ingresos sumamente exiguos en relación a los previstos. el pago de los respectivos cánones viene discutiéndose desde sus inicios. del desarrollo de dicho programa e. tales “sobreprecios” fueron absorbidos por el ajuste tarifario que acompañó a las privatizaciones y. todas ellas casi incomprensibles en un Estado de Derecho. a juicio de sus impulsores. asimismo. Ello invita a reflexionar someramente en torno de algunos de los principales efectos fiscales emergentes. el efecto fiscal positivo del canon previsto en algunos de los más importantes servicios privatizados constituye. el principal impacto fiscal que se deriva del mismo –por única vez– devino de los ingresos en efectivo que percibió el Estado por la transferencia de empresas. las correspondientes a los ferrocarriles de carga. Siempre desde la perspectiva de los ingresos fiscales asociados a las privatizaciones. de las recurrentes renegociaciones contractuales que lo acompañaron. tanto en el caso del correo como de los aeropuertos. para promover e implementar el programa de privatizaciones fue que el mismo iba a asumir un papel decisivo en la resolución definitiva del fuerte desequilibrio fiscal que. En efecto. En síntesis.empresarios. por diversas razones. de tenencias accionarias o de determinadas concesiones (aproximadamente 13 mil millones de dólares). las concesiones viales de los corredores viales nacionales. Tales serían los casos de. dejaron de abonar el correspondiente canon. y de los más esgrimidos en su momento. pero sin que los mismos sean tributados. el Estado dejó de percibir diversos impuestos internos de asignación específica –como el correspondiente a la seguridad social– que gravaban las tarifas de diversos servicios públicos. uno de los argumentos centrales. ¾ La problemática fiscal Como fuera mencionado. un nuevo rubro –ya asumiendo el carácter de flujo permanente– derivado de los recursos tributarios originados en el pago de impuestos – esencialmente. una de las tantas falencias –o funcionalidades políticas a los intereses privados– que se manifiestan en los más diversos campos de análisis.
en Valle. alrededor de 14 mil millones de dólares. tendió a sacrificarse el largo plazo para mantener la estabilidad. D. a través de las cláusulas de neutralidad tributaria). en el caso de las concesiones viales de los corredores nacionales33. generados en el período previo a la concreción de las privatizaciones (basta resaltar los ejemplos que ofrecen ENTel. junio 2002. cabe mencionar otros aspectos que –directa o indirectamente– están vinculados con tal impacto. la intención oficial de preservar o acrecentar las rentas de privilegio de las empresas prestatarias ha derivado en la concesión de subsidios que.000 millones de dólares alcanzando a representar más del 30% de sus ingresos totales de los mismos. así como también por la eliminación de los servicios de la deuda externa capitalizada en las privatizaciones (a valores nominales. en el plano agregado puede afirmarse que. en general. naturalmente. H. Ediciones Letra Buena. con un valor real no superior a los 6 milllones). 33 Los subsidios a tales concesionarios superaron. la valoración de los activos que fueron transferidos al sector privado donde. (comp.: “Las privatizaciones en la Argentina. los 1. en forma creciente. el equilibrio fiscal y el aumento del consumo en el muy corto plazo. al respecto. sobre las alicaídas arcas fiscales. Por otro lado. la proliferación de subsidios a las empresas prestatarias– que más que compensaron en el mediano y largo plazo ese primer impacto positivo. Azpiazu. Por su parte. 32 Ver. las cuentas públicas se vieron crecientemente erosionadas por la incidencia de ciertos rubros –como los servicios de la deuda externa e interna absorbida por el Estado. De las consideraciones precedentes se infiere que. Gas del Estado y SOMISA)–. Tal el caso de. En otras palabras. como en otros muchos planos. dado que el Estado se hizo cargo de la casi totalidad del endeudamiento –interno y externo– de las empresas transferidas (alrededor de 20 mil millones de dólares). se puede decir que. Desequilibrios macroeconómicos y concentración del poder económico”. La infraestructura vial: debilidades y discontinuidades normativas y regulatorias”. agotado ese primer impacto derivado esencialmente de los ingresos en efectivo y de la supresión de los servicios de las deudas capitalizadas. por ejemplo. el generalizado proceso privatizador tuvo un efecto positivo sobre las cuentas fiscales. el Estado se ha visto beneficiado por la supresión de la incidencia de los déficits operativos de buena parte de las firmas transferidas –en muchos casos. Ver. en el corto plazo. D. Más allá del efecto fiscal en términos de flujos de ingresos y egresos. mimeo. hasta octubre de 2001. Sin embargo. 29 . en un fenómeno que ha venido asumiendo un crecimiento casi exponencial (muy particularmente. ello supuso posteriores egresos fiscales en concepto de amortizaciones y servicios de dicha deuda32. la no percepción de los cánones previstos. al respecto. han venido repercutiendo. si bien es posible realizar ciertas aproximaciones en algunos ejemplos concretos. 1995. N. aunque también en el de los ferrocarriles de pasajeros. En sentido opuesto.): “Argentina hoy: crisis del modelo”. en general. y bajo formas más difusas.: “El programa de privatizaciones. esa generalizada subvaluación de los activos públicos privatizados estuvo asociada –consistente con los objetivos político-institucionales perseguidos– a la celeridad de los procesos y a la despreocupación oficial por la reestructuración y el saneamiento tecno-productivo. muy difícilmente pueda estimarse con precisión el impacto fiscal global de las privatizaciones. En efecto. De todas maneras. desde el punto de vista de los egresos fiscales. Azpiazu. el valor presente de las rentas futuras resultó significativamente superior a los respectivos precios de transferencia de las empresas. económico y financiero de las empresas a privatizar. y Minsburg.
además de contar con una significativa disminución de los costos financieros. a punto tal de asumir un papel decisivo en la reversión de una tendencia que se remontaba a más de una década atrás: las permanentes transferencias netas 30 . en el plano discursivo). que las reformas estructurales neoliberales darían por finalizado el predominio de la valorización financiera. los recursos provenientes de las privatizaciones asumieron un papel central en el reordenamiento de las cuentas fiscales. mientras que la firma del Plan Brady permitiría nuevamente el acceso al endeudamiento externo (pero ahora destinado a financiar una creciente inversión en la producción de bienes y servicios). En efecto. Sin embargo. las privatizaciones crearían las condiciones suficientes para la incorporación de capital extranjero. de sus resultantes en el mediano y largo plazo. En efecto. indirectamente. En el ejemplo argentino. sobre la propia competitividad de la economía. muy particularmente en los inicios del Plan de Convertibilidad donde se ubican como el sustento fundamental del necesario equilibrio fiscal que requiere dicho plan de estabilización. vía el “derrame” de sus efectos sobre el abaratamiento de los costos empresarios y. la importancia de las privatizaciones queda de manifiesto en el hecho de que. la liberalización comercial. los ingresos provenientes de las privatizaciones fueron un elemento clave para modificar la situación de las finanzas del sector público. los incrementos de la productividad obtenidos por las prestatarias de los servicios públicos privatizados. desmistificando las visión neoliberal que le asignaba a las empresa públicas el papel determinante de las recurrentes crisis fiscales. la priorización de los problemas fiscales de corto plazo en detrimento de objetivos de mediano y largo plazo. vía una reducción de las tarifas. de la Administración Menen–. especialmente. al margen de la generalizada subvaluación de los activos estatales. El discurso predominante a fines de los años ochenta afirmaba. recibiría. la repatriación de los capitales locales fugados al exterior y la disminución de la deuda externa. los ingresos de capitales derivados de los recursos que percibió el Estado en efectivo por la transferencia de sus empresas ejercieron un impacto muy positivo sobre la balanza de pagos. una vez agotado el proceso desestatizador. denota hasta dónde la celeridad –no exenta de improvisaciones– con que ha sido encarado el programa de privatizaciones ha conspirado contra el logro de algunos de los objetivos perseguidos por el mismo (al menos. implícitamente. Según se afirmaba. tanto como producto directo de los ingresos de divisas a las que darían lugar como. la reforma del Estado y. más aún si se tiene en cuenta la diferenciación del corto plazo –el de mayor relevancia en términos de los objetivos políticos-institucionales del establishment y. De todas maneras. ¾ El sector externo Otro de los usuales argumentos de la ortodoxia neoliberal a favor de las privatizaciones derivaba de sus implicancias positivas sobre el sector externo de la economía. Supuestamente. el sector público volvió a registrar abultados y crecientes déficits “de caja”. En síntesis. por ende. En este aspecto. en particular. en el corto plazo. el análisis integral de los acontecimientos remite a consideraciones ajenas a las prometidas. el proceso económico volvería a centrarse en una dinámica productiva que sería competitiva internacionalmente debido a que. ello adquirió particular significación económica. la desregulación económica.
nuevamente.8 Salida de capitales al exterior Privatizaciones -10 Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a MEyOSP.8 4.1 10 5.4 12.9 9.1 9. 2. por los principales conglomerados empresarios que actúan en el país. como sostén de la paridad cambiaria– y en el importante crecimiento económico que se registró en los primeros años de la década de los noventa (bajo ese esquema cambiario- monetario.3 1.4 0.3 12. la salida de capitales locales al exterior y los ingresos por privatización de empresas públicas. 2.3 4. ya que entre 1990 y 1992 se verifica una estabilización en el endeudamiento externo y la repatriación de una parte del capital local transferido en la década anterior. Sin embargo.. El primer fenómeno se relaciona con que.5 12.: 2001 (a). sobre todo. 1991-1997 (miles de millones de ddólares) 20 13.5 0 -0. Basualdo. E.4 3. Asimismo.3 1. durante la etapa álgida de las privatizaciones algunos contenidos del discurso dominante parecieron cumplirse.5 15 14. este importante ingreso de capitales asociado a las privatizaciones jugó un papel determinante en el inicio de la Convertibilidad –incluso. como fuera mencionado.8 11.6 1. la salida de capitales locales al exterior motorizada. derivado de ello. el volumen de dinero circulante en la economía y. mientras que el segundo se vincula con el hecho de que muchos grupos económicos repatriaron una parte importante de los recursos que habían fugado en los años ochenta con la finalidad de participar activamente del “negocio” de las privatizaciones.4 1.de capitales locales al exterior34. 31 . el nivel de actividad interna dependen –positivamente– del saldo de la balanza de pagos). recrudece el endeudamiento externo y. con inusitada intensidad. op. Gráfico Nro. Como se observa en el Gráfico Nro. cuando comienza a declinar el proceso privatizador (hacia 1993 ya se había transferido al sector privado prácticamente la totalidad de las principales empresas de propiedad estatal). Tan es así que a pesar de sus disminuciones de los primeros años. posteriormente. al respecto. cit. Variación anual de la deuda externa total.4 5 2. ambas variables alcanzan un 34 Ver.5 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 -5 Deuda Externa Total -6. en la primera etapa de las privatizaciones se le dio prioridad a la capitalización de bonos de la deuda externa (lo que le permitió al Estado argentino reducir parte de sus pasivos con el exterior).9 0.
y tercero. En ese contexto. E. en lo sustantivo a. E. Nro. flujo de divisas que ha involucrado también a los socios nacionales de tales consorcios. generándose un incremento neto de consideración del stock de deuda externa36. por lo menos. superiores –en dólares constantes– a los valores que registraron durante la dictadura militar. En ese aumento neto del endeudamiento externo en el marco del propio programa de privatizaciones subyace otro fenómeno –no ajeno a dicho proceso–.. Año VIII. convirtió a estos actores en acreedores privilegiados para la banca local e internacional). por aquellos grupos empresarios que resultaron adjudicatarios de las empresas privatizadas. se verificó exclusivamente durante el proceso de desestatización de las empresas públicas (nuevamente. a que contaron con una elevada rentabilidad garantizada normativamente (todo lo cual. en Realidad Económica. en particular. asumen el carácter de flujo permanente y significativo.: 2001 (a). 2000. M. y Kulfas. cobró forma otro efecto sobre la balanza de pagos que no es transitorio sino permanente. 32 . en muchos casos. en la generalidad de los casos. A medida que las mismas fueron transferidas al sector privado. por cada dólar que ingresó a la economía argentina vía endeudamiento externo. esa disminución de la deuda externa fue más que compensada por el nuevo endeudamiento concretado durante el período por las firmas privadas.: “Las privatizaciones en la valorización financiera de los grupos económicos”. al incremento sustancial en el patrimonio de tales empresas y/o grupos económicos. el capital concentrado interno transfirió al exterior una cifra equivalente)35. Otro importante efecto (en este caso positivo) de las privatizaciones sobre la balanza de pagos es aquel que surge de la supresión de los servicios correspondientes a los títulos de la deuda externa que fueron capitalizados como parte de pago por la propiedad o concesión de las empresas transferidas al sector privado. en general y. con la consiguiente facilidad de acceso privilegiado a los mercados financieros internacionales. tres factores: primero. E. Basualdo. las remesas en concepto de gerenciamiento (management fee) que. De tal magnitud fue dicho proceso que hacia fines de la década pasada la relación deuda externa/fuga de capitales era aproximadamente de 1 a 1 (en otros términos. dado que durante los años ochenta había transferido el grueso de 35 Para un tratamiento más detenido de estas cuestiones. segundo. es pertinente señalar que el principal efecto positivo de las privatizaciones –el ingreso de capitales–. veáse Basualdo. un ingreso por única vez). Se trata de la creciente remisión de utilidades y dividendos al exterior por parte de los consorcios que resultaron adjudicatarios de las empresas privatizadas. en conjunción con lo anterior. Nro. Ello ha estado asociado. Se trata de cambios en su composición que denotan el comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento externo liderado por el sector privado. 36 Ver. 2000.. y Basualdo. cit. nuevamente. 17.registro récord durante el decenio pasado. en Revista Enoikos.: “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina”. empresas sin pasivos (esto último sin mencionar que la mayoría de los conglomerados económicos que participaron activamente de las privatizaciones se encontraba saneado en lo que respecta a sus pasivos. A ello se le adiciona. pero de signo contrario al original. Sin embargo. 173. op. al igual que las anteriores –y a diferencia del ingreso original de divisas–. a que recibieron.
siempre desde la perspectiva del sector externo. M. y aunque su impacto económico-social trasciende al estricto mercado de capitales. E.: “Deuda externa y poder económico en la Argentina. D.. los elevados márgenes de remisión de utilidades –con su correlato en escasos niveles relativos de reinversión de recursos propios– han compensado. Por el contrario. entre otros. también. En síntesis. la canalización de tales recursos hacia la valorización financiera en el mercado doméstico (en otras palabras. Por otro lado. y Schorr. a empresas afiliadas. de la venta de tenencias accionarias –con rentabilidades patrimoniales anuales que. seguramente. los iniciales efectos positivos del ingreso de capitales para la adquisición de las empresas privatizadas. en lo referido al sector externo se manifiesta un fenómeno no muy disímil –y consistente con los objetivos político- institucionales del programa privatizador–: efectos positivos en el corto plazo y crecientes desequilibrios en el mediano y largo plazo. Por último. a tasas y demás condiciones incomparablemente más favorables que las locales viabilizó. se asiste a una creciente transferencia de capitales al exterior derivada. algunas grandes firmas) que. con ciertas similitudes respecto a la caracterización general del impacto de las privatizaciones sobre las cuentas públicas. sino sobre el mercado de trabajo (tema que será abordado más adelante). el más emblemático). Esa facilidad de acceso a los mercados internacionales que tuvieron las privatizadas. y varios juicios así lo avalan. otro importante impacto indirecto. los impactos de las privatizaciones sobre el mercado de bienes han sido por demás negativos e. incluso. sumadas a las que se derivan de. consultar Basualdo. Tales transferencias. 1987. algunos de ellos de muy difícil reversión. en numerosos casos. 37 Al respecto..: 2001 (a) op. en la generalidad de los casos. 38 Ver. superan el 80% anual38–. 33 . tradicionalmente.su deuda –tanto externa como interna– al conjunto de la sociedad argentina mediante diversos mecanismos de “socialización”37). naturalmente. cit. siquiera. decisivos en el desmantelamiento de buena parte de la industria proveedora de bienes y equipos para tales firmas. al respecto. Nueva América. y hacia la adquisición de empresas que le permitieron consolidar y/o ampliar sus respectivas posiciones dominantes en mercados próximos o afines a los que originalmente fueran objeto de las privatizaciones (el caso de las telefónicas es. no ya sobre el sector externo. no todo el financiamiento externo se orientó a las inversiones muchas veces comprometidas e incumplidas). De allí se deriva. Ello se ha visto favorecido ante la omisión pública de exigencias ciertas en cuanto al cumplimiento de las leyes de “Compre Argentino” y de “Contrate Nacional”. también. Azpiazu. en algunos casos. La práctica generalizada de importar la casi totalidad de los equipos e insumos (en la generalidad de los casos. holgadamente. las empresas concesionarias o licenciatarias de los servicios privatizados no han satisfecho. con la consiguiente presunción de recurrencia a precios de transferencia) por parte de los consorcios prestatarios de los servicios privatizados ha derivado en la desaparición de una multiplicidad de compañías (no sólo de pequeña o mediana envergadura sino. y muy particularmente desde mediados de 1995. con la obligación de llamar a licitación nacional para la adquisición de sus equipos e insumos. eran proveedoras de las empresas públicas.
A modo de ejemplo se puede citar el caso de ENTel. así como también las propias condiciones de trabajo en las mismas. y contraviniendo lo expresado por la propia Ley de Reforma del Estado (Nro. La segunda se vincula con la política de empleo implementada por las nuevas prestatarias de los servicios donde. La primera de ellas deriva del “trabajo sucio” estatal previo a la transferencia de las empresas públicas donde. la creciente 39 En relación con la política de disminución de las plantas de personal de las firmas a privatizar. se conjuga la persistente expulsión de mano de obra directa. y del sector ferroviario (donde la ocupación vigente al momento de efectivizarse el traspaso al sector privado de los principales ramales era un 80% más baja que la vigente en 1985). al margen de haber instrumentado una política de retiros “voluntarios”.¾ La distribución del ingreso y el empleo En lo relativo a los efectos de las privatizaciones sobre el empleo cabría distinguir dos grandes planos. que denota diferencias de matices –tanto en su intensidad. en algunos sectores. sancionada en 1989). de carácter indeterminado en lo cuantitativo. En el primer caso. dos fenomenologías fundamentales. el de carácter directo materializado a partir de la expulsión de mano de obra de las firmas que. a partir de la “racionalización” del personal. con el consiguiente incremento de la deuda externa pública). por el establecimiento de distintas cláusulas de “flexibilización” de las condiciones laborales que perjudicaron directamente a los trabajadores que quedaron ocupados. surgen. es el que deviene de la reducción de los planteles laborales en todas aquellas firmas proveedoras de las ex-empresas públicas que se vieron desplazadas del mercado frente a la profundización de la apertura de la economía. en principio. reconoce dos grandes fases: la encarada por el propio Estado como parte del “saneamiento” de las empresas antes de su transferencia al sector privado. en la que.696. se procuró “sanear” el costo laboral – abaratándolo– de quienes resultaran adjudicatarios de las “prendas de paz” ofrecidas por la Administración Menem a la “comunidad de negocios”39. las formas bajo las que fue implementada la política privatizadora en poco se condice con esas argumentaciones político-institucionales originales. la ocupación en la misma era casi un 35% más reducida que en 1985). a su vez. ya bajo la responsabilidad de los nuevos consorcios. esencialmente. Primero. En este sentido. 23. cabe destacar –a simple título ilustrativo– lo acontecido en el ámbito de la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales (al momento de la transferencia de Obras Sanitarias de la Nación. como en sus formas–. de las jubilaciones anticipadas y de otros mecanismos de expulsión de mano de obra (en su mayoría financiados por los organismos multilaterales de crédito. en principio. Un segundo impacto de las privatizaciones sobre el mercado de trabajo. el gobierno decidió ampliar la extensión de la jornada de trabajo. Ello se vio acompañado. y una segunda. a fines de 1992. uno de los principales efectos del proceso de reformas estructurales que vivió la Argentina durante el decenio de los años noventa fue el papel decisivo que asumió el proceso de privatización de empresas públicas en términos de su aporte a los inéditos niveles de desempleo y a la cada vez más acentuada precarización de las condiciones laborales de los trabajadores en actividad. el personal ocupado había disminuido casi un 50% con respecto al existente a mediados de los años ochenta). el deterioro del tipo de cambio real. de los “retiros voluntarios”. donde se planteaba la necesidad de proteger el empleo en las empresas públicas a privatizar. la estrategia de las empresas prestatarias de los servicios tendiente a fortalecer sus relaciones comerciales –de importación de equipos e insumos– a partir de adquisiciones intracorporativas. del sector eléctrico (cuando se privatiza Segba. 34 . Muy por el contrario. las acciones de dumping y.
2 6.0 11.1 12.5 7.3 0.7 0.4 3 3.0 1.9 0.0 1. sólo alcanzan a significar el 0. una vez privatizadas.2 1.6 Total 2. por diversas razones –según sea el sector de actividad de que se trate–.4 1.9 0.2 7 2.1 2.7 7.1 6 2.1 0. han tendido a minimizar los costos y/o los riesgos empresarios40.5 2.7 0.5% del –por cierto.5 0. cabe destacar que mientras a mediados de los años ochenta el empleo de las empresas públicas representaba 2.3 1. a fines de los años noventa.7 2. mientras que el segundo remite al acceso a servicios básicos y. Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a ENGH 1996/1997. por un lado. aunque con diferencias entre servicios.0 1.7 1.8 2. 35 . Cuadro Nro.7 8.1 11. El primero se refiere a los precios relativos de la economía y sus efectos distributivos.4 8 1.6 6.7 6.4 4. tal estrato destinaa al pago de servicios públicos una proporción tal (14.4 2. En los hogares de menores ingresos –el primer decil– los incrementos son los más acentuados (sin contar el aumento del gasto por expansión de la cobertura).2 2. 5 Porcentaje del gasto total familiar destinado al pago de servicios públicos en el AMBA*.9 1. y la extensión de las redes y la consecuente expansión de la cobertura.9 0.0 3. al nivel y de la calidad de vida de los hogares.2 0. incluye la Ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerese. Desde una perspectiva de análisis complementaria. y la terciarización de aquellas actividades que.2 2. tomando como unidad de análisis a los hogares.2 3. dicho estudio deriva de la convergencia de dos ejes explicativos: la evolución tarifaria y del gasto de los hogares.4 0.intensificación de la jornada de trabajo.5 2 3.1 3. 1996/1997** Todos los hogares Sólo los hogares que poseen el servicio Gas por Teléfono Agua y Electricidad Gas por Teléfono Agua y Total Decil IPCF Electricidad red fijo cloacas Total red fijo cloacas 1 4. reducido y declinante– presupuesto total del hogar) que corresponde a más de la cuarta parte de lo que el mismo decil canaliza hacia el consumo de alimentos y bebidas (Cuadro Nro.6 5.7 8. Al respecto.3 2.5 0.8 2.4 2.8 2.0 14.3 1.3 3.3 1.8 7.1 1. INDEC. Hacia fines de la década pasada. La creciente importancia de los servicios públicos en el presupuesto familiar emerge como un fenómeno general.0 1.2 4.1 0.1%.9 4. ** En hogares agrupados por decil de ingreso per cápita familiar (IPCF).0 3.3 2.5 2.3 0.3 2.4 4. al cabo del período de cobertura analítica que se deriva de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares que elabora el INDEC (en este caso 1985/86 vs.3 0.5 4.5 1.5 2.0 5 2.2 2.9 2.1 4 2.7 6.0 9. En general.0 1. 1996-97).6 7.7 7.7 4.6 0.8 3.9 0. 40 Al respecto.5 0.4 1.6 5.3 puntos porcentuales de la Población Económicamente Activa (PEA). 5).7 10 0. la proporción del gasto total familiar destinada al consumo de servicios públicos aumentó de manera notable en poco más de una década.7 8.0 1.9 2. por otro.5 1.6 2.6 2.6 2.3 1.2 * Area Metropolitana de Buenos Aires.5 0.5 9 1.9 2.3 0.8 2. con ello.6 0.7 1.8 2.8 1. otro de los componentes esenciales en el estudio de los impactos sociales de las privatizaciones es el que surge de la identificación de los efectos distributivos de las mismas.9 1.6 6.4 0.7 8.
deviene en el posterior corte del servicio por parte de las empresas prestatarias. el deterioro en materia de prestación de la mayor parte de los servicios públicos alcanzó niveles casi extremos. Naturalmente. aunque sólo tuvo carácter progresivo en el sector de energía eléctrica. la misma avanzó sustancialemente en el ámbito de la telefonía básica y el gas natural. y la de aquella correspondiente a las empresas estatales. El aumento en la cantidad de hogares de bajos ingresos cubiertos no parece haber jugado un papel importante en la explicación del notable crecimiento registrado. ese mayor gasto en servicios determina que estos sectores posterguen el consumo de ciertas mercancías sumamente esenciales para su subsistencia (alimentos. De allí que. como viene manifestándose en forma creciente. a su vez. 36 . El caso de los servicios públicos domiciliarios”. C. en forma deliberada– durante los inicios de la Administración Menem y a constituirse en uno de los soportes sociales básicos como aval a la necesaria recurrencia al capital privado para la “indispensable” reconstitución de los servicios. en especial. en general. que se refleja en que los sectores populares están destinando una proporción creciente de sus –cada vez más reducidos– ingresos para pagar los servicios públicos. Documento de Trabajo Nro. En lo que respecta a la cobertura de los servicios. en el peso de los servicios públicos en el ingreso total de estas familias. como derivación tanto de la profunda crisis fiscal como de la inversión pública.: “El impacto social de las privatizaciones. por un lado. etc. tendió a verse profundizado –en algunos casos. antes y después de las privatizaciones. ¾ La formación de capital y su conformación A fines de los años ochenta. Lo anterior sugiere que la mayor “propensión a gastar” en servicios básicos por parte de los hogares de menores ingresos se debe fundamentalmente a. En otras palabras.) o. en la morosidad de pago de las facturas que. a la brusca contracción en los ingresos populares que se derivó de la aplicación de la política de ajuste neoconservador del menemismo. y en el servicio de desagües cloacales se registró un retroceso en la cobertura en todos los deciles de ingreso41. así como del contexto político-institucional en el que el mismo se inscribió. Los impactos distributivos de las privatizaciones que surgen del análisis precedente (una mayor proporción del gasto en los sectores sociales más pobres y una despareja y regresiva extensión de la cobertura en algunos servicios) son. ese incremento del gasto de los sectores más pobres está ínfimamente asociado a un mayor nivel de acceso a los servicios. la formación de capital solo podría provenir del capital privado 41 Un tratameinto detallado de todas estas cuestiones se puede consultar en Arza. Ello. en su defecto. Area de Economía y Tecnología. a su vez. el considerable aumento de las tarifas que tuvo lugar como producto de las privatizaciones (lo cual incluye tanto los incrementos tarifarios realizados antes de efectivizarse la transferencia de las empresas públicas. marzo 2002. sin duda. como los realizados una vez que las mismas ya se encontraban en manos privadas) y. como se señaló precedentemente. resultantes naturales y previsibles de las propias características y modalidades adoptadas por el programa privatizador. FLACSO. indumentaria. De todas maneras. 10 del Proyecto “Privatización y Regulación en la Economía Argentina”. En el servicio de provisión de agua potable la extensión de la red fue muy pobre. el programa privatizador se caracterizó por presentar un marcado sesgo regresivo. por otro.
En tal sentido. siderurgia – caños con y sin costura. a la vez. en los primeros años del decenio de los noventa se verifica un importante impacto positivo sobre la inversión agregada (el ejemplo que brindan las telecomunicaciones es por demás significativo. Ello supone. en el caso de las telecomunicaciones) que. en última instancia. en tanto se alcanzó. aguas y servicios cloacales –no se contemplaba. materiales para la construcción. de sólo considerar la formación de capital que se derivaría de un muy amplio grupo de áreas privatizadas (gas. las inversiones comprometidas contractualmente por las empresas privatizadas o concesionadas se ubicarían. en el orden del 1. a partir de 1995. para luego estabilizarse en torno al 1. la formación de capital que realizarían los consorcios adjudicatarios (en muchos casos. la digitalización integral de la red) que. etc. Por su parte. los potenciales efectos de “derrame” que se derivarían de la misma. a la aguda y generalizada desinversión de las mismas en los años previos y.600 millones de dólares en el trienio 1993-95.6% de la correspondiente al período 1986-88. equipo ferroviario. a la vez. En ese marco. en estado crítico y al borde del colapso en cuanto a la propia prestación de algunos servicios. se encontraban. de acuerdo a las primeras estimaciones oficiales. electricidad.–. motores y turbinas. a un promedio anual cercano a los 2. como producto de la cuasi-inexistencia de formación de capital. comprometida formalmente en los respectivos contratos de concesión y/o transferencia) y.). siempre según las proyecciones oficiales.que. el reconocimiento de dos grandes componentes en cuanto a la relación entre inversión doméstica y las privatizaciones. en segundo lugar.5% hasta fines de la década de los noventa.0% del PBI para decrecer. puertos. sin duda. En cuanto al primer –y determinante– impacto. maquinaria. vialidad. vio amortiguado su efecto multiplicador por el alto componente de equipamiento adquirido en el exterior (como. 37 . En primer término. en poco tiempo. En tal sentido. teléfonos. la simple rehabilitación y/o la recomposición de los niveles mínimos requeridos para la recuperación del profundo deterioro de los años precedentes. ferrocarriles. Tales montos de inversión ascenderían. a las necesidades de reacondicionamiento y mantenimiento de los servicios privatizados que. Aun cuando la inversión prevista en las áreas privatizadas se ubicaba por debajo de los valores promedio durante la mayor parte de la década de los ochenta. las asociadas al sector petrolero. tubos. al 0. en general. por un lado. en esas primeras estimaciones. rieles. las de mayor significación relativa–). sin embargo. subterráneos.8% del PBI. nivel que representaría apenas las dos terceras partes de la formación de capital realizada por las empresas públicas –siempre como promedio anual– durante el trienio 1980-82. en materia de inversión y de calidad de la prestación. también. aparatos y suministros eléctricos. según esas mismas estimaciones oficiales. tal formación de capital conllevó un importante incremento respecto de los muy bajos niveles registrados en los años inmediatamente anteriores a la transferencia de las empresas públicas. en 1994. muy particularmente. por otro. ya garantizaban per se un incremento sustantivo de la formación de capital por parte de las nuevas empresas privadas responsables de la prestación de tales servicios. y al 54. quedó circunscripto a un número muy reducido de sectores de actividad (algunas construcciones. generaría efectos multiplicadores sobre el conjunto de la inversión privada doméstica. etc. la inversión agregada resultante equivaldría a poco más del 2% del PBI hasta mediados del decenio. cabe reiterar que ello se asocia.
Sin embargo. En efecto. otro importante fenómeno que se ha venido verificando en cuanto a la propia propensión de las mismas en materia de formación de capital.0 144. Ello tiende a revertirse.4 Las 500 162. incluso.0 50. sobre todo si se incluyen las inversiones en el sector petrolero.0 63.6 150.0 128. el principal impacto positivo de la inversión de las privatizadas se verificó en sus primeros años de gestión para después tender a decrecer sistemáticamente. en la segunda mitad. tal porcentual se aproximaba a casi las dos terceras partes). tanto si se las compara 38 .F.2 41. 1993-2000 (base 1993=100) 190. por ejemplo. No obstante. resulta muy notorio a partir de 1995 y alcanza sus niveles extremos en el año 2000. a la vez.4 146.0 109.6 115. En realidad. la formación de capital de las privatizadas explicaba porcentuales superiores al 50% del total hasta mediados de la década. De allí que las firmas privatizadas se ubiquen como el núcleo central del endeudamiento externo del sector privado.0 70.0 63.1 130. Es más.7 88. hasta de las propias estimaciones oficiales originales.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 91.0 Privatizadas No privatizadas 170.6 90. que la formación de capital de las empresas privatizadas ha ocupado un papel decisivo en la recuperación de la inversión en el país durante el decenio. 3 permite constatar que esa caída en los niveles de inversión resulta mucho más intensa en el ámbito de las empresas privatizadas que en el resto de la líderes del país. y considerando el panel de las 500 mayores firmas del país. mediante la colocación de “obligaciones negociables” emitidas por los consorcios privados.6 116. es ineludible señalar que esa inversión trajo aparejado un significativo incremento del endeudamiento externo del sector privado.P. donde sólo han canalizado hacia la formación de capital poco más de la cuarta parte del valor agregado generado en el año (cuando. esa decreciente inversión de las empresas privatizadas denota..0 Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a INDEC.1 100.0 59. en tanto la misma se financió con recursos externos obtenidos. una vez privatizada Y.0 153. en el marco de un sesgo decreciente de la formación de capital de las grandes firmas del país. Como se podía inferir.5 99. en buena medida.6 70. a punto tal que los valores correspondientes al año 2000 se ubican por debajo de la mitad de los registros correspondientes a 1993.4 110. la tasa de inversión (Inversión Bruta Fija respecto a Valor Agregado) de las mismas revela un sesgo decreciente que. Al respecto.0 166.2 30. el Gráfico Nro.2 98. "Encuesta Nacional a Grandes Empresas". 3 Evolución de la tasa de inversión de las empresas de la cúpula según el vínculo de las firmas con el proceso de privatizaciones. Gráfico Nro. en 1993.8 99.4 53. principalmente. no puede dejar de reconocerse.0 99.
Las expectativas de rentabilidad que se derivaron de la estructura de precios relativos. elevadísimas tasas de desocupación y subocupación de la fuerza de trabajo. la formación de capital en el ámbito de los sectores productores de bienes transables. especialmente. IV. Esos efectos se concentraron. ¿Nuevos escenarios en la relación Estado-empresas privatizadas o simple reconfiguración de la captura institucional del Estado por parte de estas últimas? A fines del año 2001. y cerca del 15% de la población). En tanto las actividades más dinámicas en términos de ventas y rentabilidad han sido. las actividades asociadas a bienes y servicios no transables con el exterior. pacífica pero con una sólida e inquebrantable resolución en cuanto a la exigencia de cambios radicales en la propia institucionalidad gubernamental y. renunció el presidente De la Rúa y todo su gabinete. no han alentado. En ese marco. En ese marco. salvo algunas excepciones. en general. naturalmente. entre otras cosas. en general. la 39 . y de la demanda efectiva de bienes de producción local. en particular. los procesos de privatización. en los sectores productores de bienes de capital asociados al perfil de las compras intracorporativas realizadas por las empresas prestatarias de los servicios privatizados. la generalizada actitud de las firmas privatizadas por realizar importaciones sustitutivas de la producción doméstica. el día 20 de diciembre de 2001. así como buena parte de los servicios y. insostenible déficit fiscal. la formación de capital ha tendido a reproducir y consolidar tal configuración. el otro componente esencial que tiene que ver con la misma y que contrasta fuertemente con la historia de la evolución de la inversión privada en la Argentina es el tradicional efecto propulsor que emanaba de la inversión pública. con sus consiguientes efectos sobre el propio proceso de desindustrialización y de regresividad estructural del sector manufacturero doméstico. como se señaló.con el resto de las grandes empresas del país como. Por último. Más allá del impacto directo de la formación de capital de las privatizadas. niveles inéditos de indigencia (casi cinco millones de argentinos. ha derivado. crecientes y alarmantes niveles de pobreza (más del 52% de su población). y de la realizada por las empresas públicas. si se jerarquiza su significación en términos del respectivo coeficiente de inversión/valor agregado. recurrentes renegociaciones de una deuda externa impagable (tanto en los términos en que fuera acordada originalmente. cabe una última digresión de carácter general. estrechamente vinculada. y ya habiéndose anunciado la declaración unilateral de la cesación de pagos de los intereses de la deuda externa (default). a cuatro años consecutivos de recesión económica. del propio equilibrio macroeconómico. en el desmantelamiento o desaparición de una proporción muy significativa de los tradicionales proveedores locales de tales empresas. En ese contexto. fundamentalmente. en las orientaciones estratégicas de las políticas públicas. y como derivación de una masiva movilización popular (de carácter policlasista) espontánea. en especial. bajo los que se sucedieron cinco presidentes constitucionales. la Argentina atravesó una de sus más dramáticas crisis político-institucional. durante los años noventa. desequilibrios crecientes en su sector externo. se ha visto desincentivada la inversión en la mayor parte de los sectores productores de bienes frente a las opciones que han ofrecido. el primer día del año 2002. las protegidas de la competencia externa y las prestadoras de los servicios. Después de doce convulsionados días. como en sus opacas renegociaciones posteriores).
43 Más aún. en el plano formal. frente a la inseguridad jurídica y los derechos e intereses reales de la mayoría de los usuarios y consumidores de los servicios públicos. La presión de las empresas privatizadas se inscribe 42 Al respecto. el 9 y el 10) están directamente relacionados con ese intento de reconfigurar la relación Estado-empresas privatizadas. la Ley dispone. indirectamente. de una de las más trascendentes: la consideración de las relaciones de poder que terminarán por verse reflejadas en tales renegociaciones. bajo distintas formas. En este sentido. el 6 y el 13) incorporan. de satisfacerse plenamente los criterios fijados en la Ley Nro. a recomponer la distorsionada estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía42. según trascendidos periodísticos– las máximas autoridades de muchos de los países de origen de las privatizadas. la calidad de los servicios y los planes de inversión. 25. En ese marco. 25. desde el mismo día de promulgación de la Ley. plantean serios interrogantes en cuanto a las formas definitivas de resolución de las renegociaciones en curso. tres de los artículos de la nueva ley (el 8. A poco de asumir. fue sancionado y convertido en Ley el 6 de enero de 2002. los resultados de las renegociaciones dispuestas por la Administración Duhalde a poco de asumir la presidencia. a las tradicionales operaciones de prensa y la presión que han venido ejerciendo –casi a niveles inescrupulosos. Es más. que en las renegociaciones deberán considerarse “el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos. tal vez. el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios. si se atiende a los criterios básicos (establecidos en la propia norma legal) sobre los que debería estructurarse tal renegociación. En realidad. la nueva administración elevó al parlamento un proyecto de ley de emergencia que. Esta nueva norma legal de “Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario” (Ley Nro. explícitamente. y esa displicencia gubernamental por encarar desde una posición sólida. deberían haberse constituido en la antítesis de lo acaecido en todas las precedentes43 donde. también.561. Se trata. el propósito de revisar la relación Estado-empresas privatizadas constituía un paso imprescindible tendiente no sólo a eliminar determinados privilegios exclusivos de las mismas (como la “dolarización” e “indexación” de las tarifas) sino. cabe incorporar una primera reflexión que se vincula con el demorado inicio de la renegociación con las empresas privatizadas dispuesta por la mencionada norma. la seguridad de los sistemas comprendidos. la debilidad estatal frente al poder económico de las compañías prestatarias y sus cuadros de lobbistas. se privilegió el mantener o incrementar. 40 . que incorpore la revisión de los últimos diez años de privilegios. posibilidades ciertas de incidir sobre tales firmas y/o en los mercados en los que las mismas operan. los beneficios extraordinarios de las empresas privatizadas. conspira contra los éxitos de las renegociaciones en curso. El histórico poder de lobbying de las firmas involucradas y la recurrencia.Asamblea Legislativa designó como presidente provisional al Senador Duhalde. como se desprende de la posición adoptada por buena parte de los legisladores que propugnaban la sanción de la Ley y de las declaraciones de diversos miembros del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido. sistemáticamente. al tiempo que otros tres (el 4. cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.561) determinó cambios decisivos en el plano macroeconómico: el abandono del régimen de la Convertibilidad y la modificación del tipo de cambio. contando con el apoyo parlamentario de la mayor parte del gobierno saliente. y la rentabilidad de las empresas”.
los 5. se han visto enfrentados a lo que cabría caracterizar como “saqueo” por parte. controla parte de las tenencias accionarias de la compañía–. en un contexto de resguardo pleno de los intereses de sus habitantes que. con recurrir a tribunales internacionales en el marco de los Tratados Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras firmados por la Argentina45. de los diversos propietarios de las empresas privatizadas. como tal. de algunas de las redes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. al igual que en lo relativo a los índices de calidad comprometidos contractualmente. que tal endeudamiento privado se integre a la renegoción integral de la deuda pública con los organismos multilaterales de crédito (con el intento de acceder a posibles “quitas” sobre el capital adeudado)46 • la traslación automática a las tarifas de los incrementos en los costos derivados de la maxidevaluación y/o la implementación de un tipo de cambio preferencial (bastante más reducido que el oficial –la aspiración de las firmas es el reconocimiento de la vieja 44 Ello se articula claramente con las dramáticas condiciones macroeconómicas. como aconteció con los concesionarios viales de las rutas nacionales a poco de hacerse cargo del servicio– del pago del canon a tributar por las empresas privadas concesionarias de activos públicos (como en el ámbito del correo postal. 46 Por ejemplo. al tiempo que el de los concesionarios viales de la red de accesos a Buenos Aires se ubica en torno de los 1. entre otras. Más aún en un contexto internacional donde las presiones de los organismos multilaterales de crédito resultan decisivas. • la prórroga de los plazos de concesión (como ya sucediera con las concesiones viales de las rutas nacionales. 45 Como en los casos de.000 millones de dólares (Autopistas del Sol. que buena parte de las empresas privatizadas no sólo se declararon en cesación de pagos frente a sus acreedores externos sino también amenazaron con declararse en convocatoria de acreedores. sino que también le exigieron al gobierno: • la suspensión y/o la reducción de los –poco exigentes y. asimismo. en conjunto. Metrogas (distribuidora de gas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires). Transener (monopolio en la transmisión de energía eléctrica en alta tensión). también se declaró en default). en numerosos casos. en su defecto.en esa estrategia que. incumplidos– compromisos de inversión y de expansión y universalización de los servicios. • el otorgamiento de un seguro de cambio para las deudas empresarias con el exterior o. etc. involucra al conjunto de las mismas. en cada caso. con abandonar el país. Cabe destacar.000 millones de dólares. en el orden de los 3. y Edelap (distribuidora de energía eléctrica en la Ciudad de La Plata y el Gran La Plata). durante varios años.500 millones de dólares. los de Telecom Argentina (ya se declaró en default) y Telefónica de Argentina superan.). los pasivos externos de Aguas Argentinas alcanzan casi los 700 millones de dólares –el 20% de esa deuda corresponde a créditos otorgados por la Corporación Financiera Internacional/Banco Mundial que. más allá de sus matices.: • la condonación efectiva –en la generalidad de los casos. tornándose muy poco propicias para ejercitar los principios mínimos de soberanía o autonomía nacional. de los ferrocarriles de carga. de las líneas ferroviarias de pasajeros. ya consumada en opacas renegociaciones. en una suerte de chantaje frente a la nueva administración gubernamental44. la principal concesionaria de la red de acceso. 41 . entre otros. mientras que el endeudamiento externo global de las empresas que actúan en los sectores gasífero y eléctrico se ubican. y de los aeropuertos).
respecto a las presiones de las empresas privatizadas por mantener los privilegios acumulados durante la década precedente. a poco de iniciarse el proceso de renegociación se han ido sucediendo diversas transgresiones a lo dispuesto por la Ley de Emergencia.– coadyuvaron a erosionar. en un entorno muy debilitado. La asunción como Ministro de Economía del Lic. un incipiente proceso inflacionario local (argumento esgrimido por las empresas privatizadas. bajo el actual esquema macroeconómico. sin control ni consideración oficial alguna sobre los –más que presuntos– precios de transferencia). • la suspensión de los regímenes de sanciones por calidad del servicio y de todo otro tipo de penalidad que pueda recaer sobre las firmas. cuestionado por cada vez más amplias capas de la sociedad. em el estrictamente económico-social. los impactos de la liberalización del tipo de cambio y el ingreso a un proceso de maxidevaluación –con sus consiguientes efectos sobre los insumos importados de las empresas privatizadas y.M.. en su relación con los comentarios precedentes. En ese marco. el diferimiento) del pago de todos los impuestos nacionales. • la recuperación plena de la ecuación de equilibrio a partir de enero de 2004 vía incrementos escalonados de las tarifas o subsidios directos por parte del Estado. Sin duda. las autoridades gubernamentales de los países de origen de muchas de ellas –y/o participes importantes en los respectivos consorcios– y los propios organismos multilaterales –léase el Banco Mundial y el F. Ello involucra tanto el plano superestructural (como la renuncia del Ministro de Economía Remes Lenicov. seguramente creciente. sobre su capacidad de repago de sus muy elevados niveles de endeudamiento externo–. el gubernamental). • la indexación de las tarifas en función de la evolución de los precios internos (que. En algunos casos (como el 42 . el escaso poder –cuando no. del Coordinador de la Comisión de Renegociación y de buena parte de los responsables técnicos de la misma) como. aún más. Lavagna. sobre todo. paridad convertible 1 dólar=1 peso–) para las importaciones de bienes de capital y/o de insumos (todas estas empresas tienen un muy elevado componente importado que.I. cartera de morosos de las empresas (como podría ser una tarifa de interés social pero financiada con recursos fiscales). compensatorios de los menores ingresos y beneficios empresarios derivados de lo que se renegocie para el período de emergencia (vigente. • la instrumentación de mecanismos de subsidio estatal a la. en especial. fundamentalmente. hasta fines de 2003). sumados a la celeridad del poder de presión de las empresas privatizadas. la demora oficial en la constitución de la Comisión de Renegociación de los Contratos se le fueron incorporando nuevos factores que. ya. se inscribió. en principio. en términos de impacto sobre sus costos operativos) y. por los cuales vinieron ajustando sus tarifas durante la Convertibilidad). y • la suspensión (en algunos casos. proviene de compañías vinculadas. convicción real– de renegociación del nuevo gobierno. provinciales y municipales (incluso del impuesto sobre la ganancia mínima presunta).UU. en buena medida. una manifiesta debilidad del propio poder político (no sólo. están creciendo holgadamente por encima de sus similares de los EE.
. en otros. y sus firmas vinculadas.de la hidrovía y el de los aeropuertos). no se canalizó hacia la inversión sino que se destinó al mercado financiero local aprovechando las diferencias existentes entre las tasas de interés vigentes a nivel internacional y sus contemporáneas en el plano local47. como todo lo hace suponer. deberían haber emanado de la Comisión de Renegociación de los Contratos. de los organismos multilaterales de crédito (en particular. asociados a los ajustes estacionales vinculados a los mayores costos de sus insumos básicos (fuel oil y gas en “boca de pozo”). se concedieron aumentos en el ámbito de la energía eléctrica y el gas natural. En otras palabras. en última instancia. al tiempo que se le otorgaron nuevos subsidios a los concesionarios del sistema ferroviario de transporte de pasajeros. donde el tema de la desarticulación de los privilegios de las privatizadas aparecía como uno de los puntos centrales en las declaraciones de las más altas autoridades gubernamentales. en especial. el F. Biagosch) al actual Ministro de Economía: “Fueron decisiones empresarias tomadas en el marco de la legislación entonces vigente y motivadas por las diferencias de tasas de interés o –en algunos casos– porque su propia casa matriz o sus vinculadas actuaban como entidades prestadoras o les eran ventajosos otros mercados de capitales. respectivamente). al disponerse que dos de las concesiones que revelan los incumplimientos más notorios y significativos en cuanto a. cabe mencionar algunas de las consideraciones que surgen de un Informe elevado por el representante del Ministerio de Economía (Dr. nuevamente tienden a delinearse senderos de renegociación que tornan superflua sino irrelevante la acción de la Comisión de Renegociación. 43 . a partir de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional. la no percepción estatal de los respectivos cánones (el correo postal y el sistema de aeropuertos). funciones y misiones que le fueran conferidas a la misma. en contraposición con los anuncios de los primeros días de la Administración Duhalde. después de una serie de marchas y contramarchas oficiales.M. se han ido desplazando. al tiempo que se tiende a ceder frente a las presiones y exigencias de las firmas privatizadas.). se trató de disposiciones que. quedaran excluidas del mecanismo de renegociación derivándose su tratamiento a la Procuración del Tesoro. Ello implicaría. Así como los concesionarios no trasladan a los usuarios los efectos de sus decisiones empresarias correctas. al permitírsele la “dolarización” de las respectivas tarifas de peaje y tasas del tráfico internacional (82% y 75% del total de los ingresos. Al respecto. bastaría con incorporar a la mesa de negociaciones una serie de temas y problemas que demandan una urgente revisión en el marco de la propia normativa vigente: • la señalada ilegal indexación tarifaria según variaciones en los índices de precios de los Estados Unidos de la que no gozó ninguno de los restantes precios de la economía argentina y que les permitió a las empresas privatizadas apropiarse ilegalmente de una ingente masa de recursos. • el hecho de que una proporción no despreciable del abultado endeudamiento externo de las empresas.. y de las propias autoridades gubernamentales de los países de origen de muchas de esas empresas. Todo parecería indicar que. de hecho. En realidad en todos estos casos.I. y a simple título ilustrativo. no pueden solicitar ahora el traslado de los efectos de sus decisiones empresarias equivocadas”. 47 Al respecto. las atribuciones. Por su parte. que el gobierno parece decidido a no hacer uso de una serie de instrumentos que deberían formar parte constitutiva de tales renegociaciones.
estos elementos a la instancia renegociadora donde la protección de usuarios y consumidores debería asumir el papel protagónico. “sacrificio fiscal” que terminó por engrosar sus muy elevadas tasas de rentabilidad. son parte constitutiva de principios mínimos de soberanía nacional. • una parte importante de las compras en el exterior de insumos y/o maquinarias y equipos de las privatizadas se vinculó con transacciones con empresas relacionadas societariamente (lo cual no sólo trajo aparejado el desmantelamiento del entramado local de proveedores. que la resolución definitiva del tema (por lo menos. el dictamen elevado por el Coordinador del Area de Aguas y Saneamiento considera que basta 44 . está en manos de la Administración Duhalde integrar. tienden a posponer los aumentos tarifarios de forma de evitar su impacto sobre la inflación local. debería asumir a mediados del año próximo). y de las macroeconómicas en particular que. y • la inobservancia de las metas de expansión o de universalización de los servicios que. En el marco a las contravenciones de la ley señaladas precedentemente (algunas de ellas. Los criterios y la fortaleza que parecían desprenderse de buena parte de las disposiciones de la Ley de Emergencia se han ido desplazando frente a las presiones internas y externas en cuanto a la preservación de. Con ello. al cabo de más de una década. se procuraría. todo indicaría. en principio. la manifiesta debilidad político-institucional de la Administración Duhalde se ve reflejada. en el marco de una absoluta despreocupación oficial por hacer cumplir las leyes de “compre argentino” y de “contrate nacional”. en el ámbito de la renegociación de los contratos y de la reconfiguración de la relación Estado-empresas privatizadas. en general. Así. fundamentalmente. también. buena parte de los privilegios de los que han venido gozando. • los incumplimientos en cuanto a la transferencia a tarifas de buena parte de las reducciones impositivas. afectó a los hogares y a las regiones del país de menores ingresos. en el plano tarifario) y. a juicio de las empresas privatizadas.• la política cambiaria (cuya modificación es. sumado al imprescindible enfrentamiento con los lobbies empresarios que emergen como uno de los beneficiarios fundamentales de la experiencia extrema del neoliberalismo argentino en materia de modalidades y características del programa de privatizaciones. los costos políticos que la misma conllevaría sean asumidos por la futura gestión gubernamental (que. las empresas privatizadas. De todas maneras. por lo menos. sino que también les permitió aplicar precios de transferencia mediante la sobrefacturación de sus importaciones intracorporativas). 49 Por ejemplo. en las últimas semanas se ha optado por recurrir a 48 Como un reciente fallo judicial que dispuso la “pesificación” de las tasas aeroportuarias. Sin duda. prácticamente al margen de los avances de las distintas áreas de la Comisión de Renegociación de los Contratos49. como tales. una alteración en las “reglas de juego” que modificó radicalmente su situación económico- financiera) es un resorte más de las políticas públicas. ya cuestionadas por el poder judicial48) se le ha ido sucediendo una amplia gama de decisiones (ninguna de ellas sancionada bajo normas específicas) gubernamentales que. entre otros. a la vez. naturalmente.
los asociados a management fee y por otros conceptos) para poder satisfacer plenamente sus compromisos de inversión sin incremento tarifario alguno. 45 . de “equilibrio”. uno de los recurrentes requerimientos de las empresas privatizadas. la nueva administración gubernamental deberá recomponer la ecuación económico- financiera original. De todas maneras. no afectará mayormente a las empresas privatizadas en el cada vez más corto lapso de vigencia de la emergencia. compensatorios de los menores ingresos y beneficios empresarios derivados de lo que se renegocie para el período de emergencia (que concluiría en diciembre de 2003).M. la convocatoria a Audiencias Públicas para el tratamiento de los aumentos tarifarios de los sectores o empresas involucrados. Sin duda. el incipiente (aunque creciente) deterioro de la calidad de los servicios. termine por adoptar el Parlamento cuando se le remitan las propuestas que emanen del Ministerio de Economía. Septiembre 2002 que la empresa concesionaria renegocie su deuda externa y deje de girar dividendos y otras transferencias a la casa matriz (por ejemplo. incluso al margen de los costos políticos.controvertidos mecanismos dilatorios sin mayor sustento en la propia normativa vigente (tanto la que emana de la Ley de Emergencia como de sus decretos reglametarios). En efecto. El hecho que la propia Ley de Emergencia estableciera en su artículo 9 que los resultados de estas renegociaciones no deben afectar “la competitividad de la economía ni la distribución del ingreso” impone serias restricciones legales a la concesión de los aumentos tarifarios pretendidos en un contexto macroeconómico en el que a la persistente recesión se le adiciona el hecho que en el primer semestre el salario real ha decaído más de un 35%. de incluir el incremento de las tarifas de los servicios públicos como una de las nuevas condicionalidad de la renegociación con el mismo. distintas posiciones oficiales (aún en el ámbito del propio gabinete ministerial) sobre el carácter vinculante o no de las decisiones que. al respecto. la casi generalizada expulsión de mano de obra por parte de las empresas privatizadas (otro factor de fuerte presión sobre la actual gestión gubernamental). sumado a nuevos y/o crecientes subsidios). basta señalar el requerimiento a las empresas privatizadas para que sean ellas mismas las que estimen los incrementos tarifarios necesarios para mantener la prestación del servicio (en respuesta a los mismos. a título ilustrativo. torna cada vez más dificultosa la posibilidad de continuar dilatando una decisión que. al respecto. a lo que se le suma la actitud del F. Cabe reiterar. precisamente se enmarca el proceso de renegociación de los contratos. seguramente. el anunciado “tarifazo” implicaría la necesidad de derogar buena parte de la ley en la que. en el sentido de que a partir de enero de 2004. las firmas han solicitado aumentos que varían entre el 24% y el 174%. vía incrementos escalonados de las tarifas o subsidios directos por parte del Estado.I.
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