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Timestamp: 2020-04-03 11:10:00+00:00

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REAL DECRETO 64/1994, de 21 de Enero, por el que se modifica el Real decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio historico español. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15382618
REAL DECRETO 64/1994, de 21 de Enero, por el que se modifica el Real decreto 111/1986, de 10 de Enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio historico español.
Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Marzo de 1994
Marginal: BOE-A-1994-4733
Norma citada en: 41 sentencias, 22 artículos doctrinales, 20 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas, una noticia
El presente Real Decreto modifica parcialmente el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
La razón de esta modificación parcial es la necesidad de adaptar el Real Decreto 111/1986 a la doctrina sentada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero. Asimismo, se ha aprovechado la oportunidad para introducir en el contenido de la disposición cambios aconsejados por la experiencia acumulada en los años de aplicación desde que fue aprobada.
El principal juicio sobre la constitucionalidad de la Ley del Patrimonio Histórico Español se refiere a la competencia estatal para legislar en materia de patrimonio histórico y, en particular, para legislar sobre las potestades de declaración de bienes de interés cultural y consecuente sumisión al régimen legal de estos bienes. El Estado, según el alto Tribunal, es competente sólo para los casos determinados en el artículo 6.b) de la Ley, es decir: bienes adscritos a servicios públicos gestionados por el Estado o integrantes del Patrimonio Nacional. Se ha procedido en consecuencia a la reforma del articulado del Real Decreto 111/1986 con arreglo a tal criterio y se suprimen las referencias al procedimiento administrativo que las Comunidades Autónomas deben seguir para la declaración de bien de interés cultural, inclusión y exclusión del inventario general y otros aspectos concordantes. De este modo, el Real Decreto es únicamente aplicable ?en este ámbito primario de protección? a la Administración General del Estado.
Los motivos de oportunidad que fundamentan otras modificaciones, singularmente la inclusión de un nuevo capítulo tercero en el Título III con un único artículo, son los siguientes: el artículo 57 bis viene a desarrollar la competencia estatal sobre expoliación, desarrollo ausente en el Real Decreto 111/1986. Se ha redactado este artículo 57 bis de modo que las potestades de la Administración General del Estado sólo se ejerciten en caso de que otros poderes públicos ?y singularmente las Comunidades Autónomas? no adopten medidas suficientes para evitar la expoliación. En este sentido, el nuevo artículo 57 bis parte del principio de intervención mínima, pero sin menoscabo de los títulos estatales sobre la materia.
Un segundo motivo de reforma reside en el mandato contenido en la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que ordena la adaptación a este nuevo marco jurídico de los procedimientos administrativos. Al efecto se modifican los artículos 6, 9 y 49 del Real Decreto.
En la elaboración del proyecto de reforma se han tenido en cuenta las observaciones que al borrador presentaron las Comunidades Autónomas que lo consideraron conveniente, por lo que puede decirse que el presente constituye un texto concertado entre las distintas Administraciones públicas competentes.
Por consiguiente, a propuesta conjunta de los Ministros de Cultura, Economía y Hacienda e Interior, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de enero de 1994,
Se modifican los artículos que se indican a continuación del Título I del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero:
Se modifica el párrafo b) del artículo 4, que queda redactado como sigue:
b) Vocales: uno en representación de cada Comunidad autónoma.
Se modifica el apartado 6 del artículo 6, que queda redactado como sigue:
No obstante, los acuerdos sobre asuntos comprendidos en los párrafos b), d) y e) del artículo 3 y en el apartado cuatro del artículo 58 de este Real Decreto, sólo se consideran válidamente adoptados si el Presidente del Consejo vota con la mayoría.
Los párrafos a) y b) del artículo 8 quedan redactados como sigue:
a) Dictaminar las solicitudes de permiso de exportación de los bienes a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 16/1985 con excepción de los bienes afectados por el artículo 32, apartados 1 y 2, de dicha Ley y durante el plazo que en dicho precepto se indica.
b) Informar las solicitudes de permiso de salida temporal del territorio español prevista en el artículo 31 de la Ley 16/1985 con igual excepción que en el párrafo anterior.
Los apartados 2 y 6 del artículo 9 quedan redactados como sigue:
2. La Junta podrá constituir secciones en su seno compuestas como mínimo por tres de sus miembros, en las que podrá delegar el ejercicio de las facultades siguientes:
a) Dictaminar las solicitudes de permiso de exportación a que se refiere el artículo 5.2 de la Ley 16/1985, cuando se trate de bienes cuyo valor económico no exceda de 10.000.000 de pesetas.
b) Informar las solicitudes de permiso de salida temporal, prevista en el artículo 31 de la Ley 16/1985, de bienes que no hayan sido declarados de interés cultural o inexportables. En caso de urgencia apreciada por el Presidente, o en ausencia de éste por el Vicepresidente, podrá informar las solicitudes de salida temporal de los bienes muebles a que se refiere el artículo 60, apartados 1 y 2, de la Ley 16/1985.
c) Efectuar las valoraciones e informar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en el apartado f) del artículo anterior. Cuando el valor apreciado resulte superior a 10.000.000 de pesetas se dará traslado del expediente al Pleno para su decisión.
6. El funcionamiento de la Junta y la abstención y recusación de sus miembros se ajustarán a lo establecido en los capítulos II y III, respectivamente, del Título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se modifican los artículos que se indican a continuación del título II del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero:
El artículo 11 queda redactado como sigue:
El artículo 12 queda redactado como sigue:
La incoación se publicará también en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su eficacia desde la notificación, y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.
El artículo 14 queda redactado como sigue:
El artículo 15 queda redactado como sigue:
El artículo 17 queda redactado como sigue:
El artículo 18 queda redactado como sigue:
El artículo 19 queda redactado como sigue:
«El citado Real Decreto, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», cancelará la inscripción del bien en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.»
El artículo 20 queda redactado como sigue:
El artículo 23 queda redactado como sigue:
Se añade un apartado 6 al artículo 24 que queda redactado como sigue:
6. Las Comunidades Autónomas colaborarán con el inventario general a los efectos previstos en este artículo.
El apartado b) del número uno del artículo 26 queda redactado como sigue:
b) Bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, cuyo valor económico sea igual o superior a las cantidades que a continuación se indican:
1.º 15.000.000 de pesetas cuando se trate de obras pictóricas y escultóricas de menos de cien años de antigüedad.
2.º 10.000.000 de pesetas en los casos de obras pictóricas de cien o más años de antigüedad.
3.º 10.000.000 de pesetas cuando se trate de colecciones o conjuntos de objetos artísticos, culturales y antigüedades.
4.º 7.000.000 de pesetas cuando se trate de obras escultóricas, relieves y bajo relieves con cien o más años de antigüedad.
5.º 7.000.000 de pesetas en los casos de colecciones de dibujos, grabados, libros, documentos e instrumentos musicales.
6.º 7.000.000 de pesetas cuando se trate de mobiliario.
7.º 5.000.000 de pesetas en los casos de alfombras, tapices y tejidos históricos.
8.º 3.000.000 de pesetas cuando se trate de dibujos, grabados, libros impresos o manuscritos y documentos unitarios en cualquier soporte.
9. 1.500.000 pesetas en los casos de instrumentos musicales unitarios de carácter histórico.
10.º 1.500.000 pesetas en los casos de cerámica, porcelana y cristal antiguos.
11.º 1.000.000 de pesetas cuando se trate de objetos arqueológicos.
12.º 400.000 pesetas en los casos de objetos etnográficos.
El artículo 28 queda redactado como sigue:
El artículo 30 queda redactado como sigue:
El artículo 31 queda redactado como sigue:
El artículo 32 queda redactado como sigue:
El capítulo VI pasa a denominarse «Elaboración del Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental y del Catálogo Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico».
Se suprimen los artículos 33 y 34 que quedan sin contenido, así como la Sección 1.ª y su rótulo.
Se suprime el rótulo «Sección 2.ª, Elaboración del Censo y del Catálogo Colectivo.»
Se suprime el apartado 2 del artículo 37, que queda sin contenido.
Se modifican los artículos que se indican a continuación del título III del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero:
Se añade un apartado 1 bis al artículo 40, que queda redactado como sigue:
1 bis. En los supuestos de inmuebles situados en conjuntos históricos afectados por expedientes de declaración de interés cultural, la obligación de notificación se circunscribe a los que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 61.2 de este Real Decreto.
Se añade un apartado 4 al artículo 41, con la siguiente redacción:
4. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará en los términos del artículo 38.4 de la Ley 16/1985.
Se añade al primer párrafo del artículo 42 el siguiente inciso:
... Todo ello en los términos de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 16/1985.
Se modifica el apartado 1 del artículo 45, que queda redactado como sigue:
1. A los efectos del presente Real Decreto, se entiende por exportación la salida del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, incluidas aquellas que tengan por destino los países de la Unión Europea.
Se modifica el primer guión del apartado dos y se añade un nuevo número 4 al artículo 46, que quedan redactados como sigue:
? Cuatro fotografías del objeto en tamaño mínimo de 8 por 12 centímetros, o reproducciones en el soporte adecuado a la naturaleza del bien, tanto de conjunto como de detalle si el objeto lo requiere para su identificación o, en su caso, del anverso y reverso.
4. Los servicios indicados en el número tres anterior no diligenciarán ni tramitarán la declaración a que dicho número se refiere si existen indicios suficientes sobre la ilicitud de la importación o entrada del bien.
Se modifica el artículo 49, que pasa a quedar redactado como sigue:
La resolución de la solicitud de permiso de exportación deberá dictarse en el plazo de tres meses, a partir de la fecha en que dicha solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse que aquélla es estimatoria de la solicitud.
Se modifica el apartado 1 del artículo 50, que queda redactado como sigue:
1. La declaración del valor del bien objeto de la solicitud de salida definitiva hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administración General del Estado, siendo su precio el valor señalado. Los mismos efectos tendrá la solicitud de autorización de salida temporal con posibilidad de venta en el extranjero.
Se añade un apartado 3 al artículo 52, que queda redactado como sigue:
3. En los supuestos de bienes de titularidad pública se adjuntará un informe detallado del responsable del centro o persona autorizada sobre las circunstancias que aconsejan la salida del bien, sus características, estado de conservación y medidas de seguridad adaptadas.
Se añade un artículo 54 bis, que queda redactado como sigue:
Se añade un nuevo capítulo III al Título III, que llevará como rótulo «De la expoliación del Patrimonio Histórico Español», con un único artículo 57 bis, que queda redactado como sigue:
De la expoliación del Patrimonio Histórico Español.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, obtenida información suficiente para entender que un bien está siendo expoliado o se encuentra en peligro de serlo, el Ministerio de Cultura, de oficio o a propuesta de cualquier persona física o jurídica, y oída la Comunidad Autónoma, puede declarar por Orden ministerial la situación en que se encuentra el bien citado y las medidas conducentes a evitar la expoliación.
3.a) La ejecución de las medidas declaradas en la Orden ministerial corresponde al titular del bien o, subsidiariamente, a la Administración competente, a la que se requerirá a tales efectos.
b) Cuando las medidas debieran ser adoptadas por el titular, en caso de incumplimiento de éste serán puestas en práctica por la Administración competente a costa de aquél.
c) Cuando la Administración competente desatendiera el requerimiento a que se refiere el apartado 3.a) del presente artículo, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Cultura y con la colaboración de los demás departamentos que sea precisa, puede ejecutar por sí misma las medidas declaradas, incluso cautelarmente.
4.a) Si la expoliación no pudiera presumiblemente evitarse entretanto se dicta la Orden ministerial, el Ministro de Cultura podrá interesar del órgano competente de la Comunidad Autónoma la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación, expresando plazo concreto.
b) Desatendido el requerimiento, el Ministro de Cultura podrá ejecutar las medidas urgentes con la colaboración de los entes públicos competentes. De todo ello se dará cuenta a la Comisión de la Comunidad Europea.
5.a) El procedimiento anteriormente expuesto está sometido a los principios administrativos de celeridad y eficacia, debiendo analizarse en cada caso concreto si de la intervención de la Administración General del Estado se deducen o pueden deducirse consecuencias positivas inmediatas y efectivas para la real protección del bien.
b) La intervención de la Administración General del Estado no se producirá cuando la Comunidad Autónoma haya adoptado o esté adoptando las medidas de protección previstas en la Ley 16/1985 o en su propia legislación, y el Ministerio de Cultura estime que son adecuadas y suficientes para la recuperación del bien.
Se modifica el apartado 6 del artículo 65, del Título IV del Real Decreto 111/1986, que queda redactado como sigue:
Las referencias de este artículo a órganos de la Administración General del Estado se entenderán efectuadas a los correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas cuando se trate de tributos que les hayan sido cedidos.
Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que queda redactada como sigue:
2. El grupo de investigación para la protección del Patrimonio Histórico Español adscrito al Servicio Central de la Policía Judicial y el Grupo de Patrimonio de la Unidad central operativa del servicio de policía judicial de la Guardia Civil actuarán, dentro de los respectivos ámbitos territoriales de competencia, en colaboración directa con el Ministerio de Cultura y con los órganos de las Comunidades Autónomas encargados de la ejecución de la Ley del Patrimonio Histórico Español en la investigación y persecución de las infracciones que contra ésta se realicen.
Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 111/1986, que queda redactado como sigue:
3. La visita a que se refiere esta disposición se permitirá de acuerdo con un calendario y horario que deberá ser aprobado por el órgano competente para la protección del bien y, en el caso de inmuebles, se hará constar en un lugar visible que sea compatible con los valores artísticos de éstos.
Se suprime la disposición adicional quinta, que queda sin contenido.
Se suprimen las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta, a salvo lo previsto en la disposición transitoria única del presente Real Decreto.
Se modifican los apartados 2 y 5 de la disposición final primera, que quedan redactados como sigue:
2) Modificar los extractos de expediente contenidos en el anexo 1 y ampliar los modelos según las necesidades, organización y funcionamiento del Registro General de Bienes de Interés Cultural y del Inventario General, así como modificar los datos recogidos en los restantes anexos.
5) Actualizar las cuantías establecidas en los artículos 9 y 26.1.b) de este Real Decreto, previo informe favorable, en este último caso, del Ministro de Economía y Hacienda.
Se suprime la disposición final segunda, que queda sin contenido.
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto la Junta de calificación, valoración y exportación terminará de comprobar el valor de los bienes a que se refieren las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley 16/1985 siempre que sus titulares hubieran efectuado declaración previa de dicho valor en los términos señalados por el Real Decreto 111/1986. El valor definitivamente fijado tendrá el alcance y efectos previstos en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del indicado Real Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del número 4 de la citada disposición.
Dado en Madrid a 21 de enero de 1994.
Decreto del Registro General de Bienes de Interés Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del Patrimonio Cul...
DECRETO 86/1997, de 17 de junio, por el que se crea el Consejo Asesor de Bienes de Interés Cultural de Extremadura.
DECRETO FORAL 36/2014, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la composición, organización y funcionamiento de la Jun...
Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.

References: Real decreto 

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 artículo 6
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 artículo 57
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 artículo 57
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 artículo 31
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