Source: https://es.scribd.com/doc/31811389/Territorio-Venezolano
Timestamp: 2016-10-24 14:20:26+00:00

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NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasUniversidad De Carabobo Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Escuela de Derecho Cátedra: Derecho Constitucional.INTRODUCCIÓN Una nación no puede ejercer su identidad cultural si no se encuentra ubicada en un espacio geográfico; de igual forma esta identidad cultural no puede ser ejecutada sin un número suficiente de miembros de dicha nacionalidad ubicados en un mismo espacio geográfico. También existe la posibilidad que una nación, sola o en coexistencia con otra, pueda asumir supremacía del espacio geográfico en el que reside, y de esta manera tomar el control del mismo para ejercer por la vía del hecho o por derecho la propiedad del espacio geográfico como su territorio para toda su nación. Dicho control del espacio geográfico y demarcación territorial conlleva a una incuestionable asociación y ejecución de todas las costumbres culturales de la nación, haciendo que el territorio conforme parte indudable del sentimiento, propiedad e identidad nacional; esta situación se mantendrá hasta tanto otra nación o coalición la despojase de tal control que tiene sobre el territorio. El territorio de un Estado generalmente está compuesto por la tierra firme, aguas, ríos, lagos, el espacio aéreo, subsuelo y los golfos. En el caso La República Bolivariana de Venezuela, es un país situado en el norte de América del Sur, constituido como un Estado federal democrático, social, de derecho y de justicia, autónomo y soberano, cuya soberanía está consagrada en su Acta de Independencia firmada en 1811. Su capital federal y sede de los Poderes de la Nación es Santiago de León de Caracas. Estando organizada en 23 estados y un Distrito Capital, limita al norte con la República Dominicana, Aruba, las Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Martinica, Guadalupe y Trinidad y Tobago, al este con Guyana y parte del océano Atlántico, al sureste con Brasil y al suroeste con Colombia. Abarca un área total de 916.445 km², distribuidos entre su territorio continental, el estado insular de Nueva Esparta y las Dependencias Federales, con su territorio emergido más septentrional representado en la isla de Aves, por lo que ejerce soberanía sobre aproximadamente 860.000 km² del mar Caribe bajo el concepto de Zona económica exclusiva. Venezuela posee además un litigio histórico con Guyana, en relación a 159.500 km² de territorio, comprendido en la Guayana Esequiba , área catalogada como Zona en Reclamación por el Estado Venezolano. EL territorio venezolano, así como el de todos los otros países del mundo, se caracteriza por tener fronteras, que en un momento dado fueron tan imprecisas que eran las zonas hasta donde llegaban los pueblos en sus recorridos. Se puede decir que los problemas limítrofes de Venezuela empezaron cuando La Gran Colombia se separó. Luego surgieron problemas con Gran Bretaña y con BrasilSu territorio fue
residencia de importantes grupos tribales de amerindios como los Caribes. Fue visitado por primera vez por Cristóbal Colón en 1498.
EL TERRITORIO Puede definirse como Territorio todo aquel asiento a la masa poblacional que presenta rasgos de unidad que le definen de una manera particular y donde convergen una pluralidad de situaciones sociales y políticas que forman parte de los asuntos y fines que deben ser atendidos por las instituciones del Estado, No obstante puede, el territorio ser denominado también como el ámbito espacial dentro del cual el Estado ejerce su soberanía. La Constitución de 1.999 incorpora cambios importantes sobre el elemento del Estado, al cual se le imprimió un mayor alcance conceptual con respecto a lo que pautaba la Constitución de 1.961. En la Constitución del 99 se observa reflejada de la siguiente manera: Del Espacio Geográfico y de la División Política Capítulo I Del Territorio y demás Espacios Geográficos Artículo 10. “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.” En efecto el nuevo texto constitucional adoptó la expresión de "espacio geográfico que indudablemente tiene un contenido más amplio, para sustituir al del "territorio" que simplemente se expresaba en la derogada Constitución. En la Exposición de Motivos se indica que: "espacio geográfico alude a los espacios continentales, insulares y marítimos, quedando el territorio como componente del primero de los citados. Sin embargo, no se altera la determinación del espacio geográfico nacional al reiterar la versión tradicional de la Constitución del año 1.830 y que se repite hasta la de 1.961, es decir que, el territorio es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela para el 19 de Abril de 1.810". En la derogada Constitución del año 61 , se establece en su artículo 7: "el territorio nacional es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República" Esta última expresión se incorpora debido al juicio de la Comisión
Redactora del Proyecto de esa Constitución, quien consideraba importante agregar el adverbio "válidamente" para demostrar en forma inequívoca, la voluntad de la República de aceptar sólo aquellas modificaciones en su status territorial, que hayan sido el resultado de libre y válida determinación. En la Constitución del 99 se utiliza en la parte final del artículo 10 la expresión: "con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad". Conforme a lo dispuesto por la Asamblea Constituyente, el artículo 10 de la Constitución del 99, después de algunas deliberaciones sobre el particular, quedó definitivamente redactado de la siguiente manera: "El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de Abril de 1.810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad." En la oportunidad en que fue aprobado el artículo 10, el ex Constituyente Brewer – Carías, en referencia, salvó su voto por discrepar específicamente con el contenido de la parte final del artículo y reitera que el cambio de expresión a "tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad", cambia la situación jurídica de la controversia, pues hace que el vicio de nulidad deba ser alegado por alguien y resuelto por un tercero, normalmente la jurisdicción internacional lo cual consideramos podría afectar la posición negociadora de la República"» La razón concreta de incorporar en el texto constitucional del 61 el adverbio "válidamente" y la del 99 utilizar la expresión "no viciados de nulidad", referidos a los tratados y laudos arbitrales, tiene su fundamento en el cuestionamiento que Venezuela ha hecho con respecto al Laudo español de 1.891 que recayó en torno al problema limítrofe entre Venezuela y Colombia; y en segundo lugar, en lo que atañe al Laudo de París de 1.899 referido al problema también limítrofe, en este caso con Inglaterra, que despojó a Venezuela del espacio situado a la margen izquierda del Río Esequibo y hoy perfectamente delimitada como "zona en reclamación" y cuyo problema hoy subsiste con Guyana. ese ligero cambio de redacción ni agrega ni quita a la reclamación, porque al fin y al cabo la expresión que le da legitimidad a los acuerdos y tratados "válidamente" celebrados por la República, como decía la Constitución de 1961, es la existencia de una negociación libre de vicios en los elementos esenciales de todo contrato: consentimiento, objeto y causa, que pudieran dar lugar a su nulidad, lo que en la práctica es lo mismo que decir: tratados y laudos arbitrales "no viciados de nulidad",
como dice la Constitución de 1999 EL ÚTIL POSSIDETIS IURIS: PRINCIPIO INVOCADO VENEZUELA PARA DELIMITAR SU MAREO TERRITORIAL. POR
A partir de la Constitución de 1.830, Venezuela, ha invocado expresamente que el territorio de la República es el que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 1.810, y como indica Wolf, con ello "se expresa el principio de que el Estado libre e independiente de Venezuela sucede a la Capitanía General de la Colonia en la posesión soberana del territorio antes gobernado por el Capitán General. La Corona Española en fecha 8 de Septiembre de 1.777 decidió crear por Real Cédula la Capitanía General de Venezuela integrada por varias provincias, lo cual ha servido de fundamentación para que Venezuela invoque con justeza que su territorio ha de ser el mismo que correspondía a esa demarcación administrativa, que tenía al frente por mandato real, un funcionario denominado Capitán General de Venezuela, encargado de la administración de este territorio. Ese principio de sucesión en la posesión y por ende en la sucesión del dueño anterior, alude a la noción del Uti Possidetis luris que significa que a Venezuela le pertenece el territorio que le correspondía en 1.810 a la Capitanía General de Venezuela. Francisco José Urrutia lo define de la siguiente manera: "El principio del Uti Possidetis de derecho, es el principio de que cada uno de los nuevos Estados debía tener como territorio el mismo que tenía por las Leyes, Decretos y Resoluciones de Indias, la entidad colonial administrativa de que se derivaba" El principio del Uti Possidetis luris ha sido considerado como un dogma de derecho público internacional de Sur América y por tanto ha servido para las nacientes Naciones que adquirieron su independencia de España, como el medio idóneo al cual se ha recurrido para tratar de resolver la demarcación territorial de los nuevos Estados. Wolf, anota que ese principio de derecho americano llamado Uti Possidetis presenta dos formas para su análisis, a saber: Uti Possidetis luris y Uti Possidetis de facto . Por este último término se entiende la sucesión en lo que la Colonia poseía de hecho, cuando se proclamó la independencia; en cambio el Uti Possidetis luris es la sucesión en los derechos del dueño anterior; en vez de la sucesión en la situación efectivamente existente en el momento de declararse la independencia, es la sucesión en los títulos jurídicos.
El Uti Possidetis es una expresión del derecho civil romano que alude a un mecanismo (interdicto) con el cual se protegía al poseedor de buena fé, y por lo consiguiente a esta expresión se ha recurrido para invocar que los derechos de posesión y además los de propiedad invocados por España sobre esas posesiones en Sur América, pasan ahora a los nuevos y legítimos poseedores que han sido los nacientes Estados que lograron la independencia de España. Venezuela siempre ha invocado como medio para dilucidar la cuestión limítrofe, la orientación que brinda la división administrativa que la corona española hizo sobre esa extensión territorial y que denominó Capitanía General de Venezuela y además ha invocado y acogido los resultados que emergen de los tratados de límites que antes de 1.810 España hubiese celebrado con otros países. Tal como se indica con anterioridad fue la Constitución de 1.830, la que marcó, el principio fundamental de expresar cuál es el marco territorial de la República, no obstante merece reseñar que conforme al artículo 6 de la Constitución de Cúcuta de 1.821 que materializó la estructuración de la Gran Colombia, "El territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y Capitanía General de Venezuela" lo cual ha servido para que después de disuelta la Gran Colombia ambos países se apoyen en el principio del Uti Possidetis luris para definir sus límites territoriales.
LOS CONFLICTO PAÍSES VECINOS.
Como cuestión preliminar, se debe hacer notar que la cuestión limítrofe entre Venezuela y Colombia no ha tenido dificultades en cuanto a la aplicación del Uti Possidetis Iuris, pues ambas partes lo aceptan y por tanto lo acogen para dilucidar la línea fronteriza que los separa; sin embargo hay que destacar lo difícil que ha sido el poder distinguir con exactitud cuál era la línea fronteriza de 1.810 que separaba la Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada para de esta manera fijar con exactitud el límite que separa a Venezuela de Colombia. La tarea investigativa resultó ardua y difícil en los primeros tiempos.
Entre otras cosas, como destacan los historiadores, es el hecho de que perteneciendo la Capitanía y el Virreinato a un mismo Imperio Colonial
hasta 1.810 y a una misma República entre los años 1.819 y 1.830 (Gran Colombia), ni el Gobierno de Bogotá, ni el de Caracas, habían tenido serios motivos de preocupación, con exactitud y precisión de esa línea fronteriza, y fue a partir de 1.830 cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia donde surgió la necesidad de realizar un cuidadoso rastreo histórico para saber con exactitud, cuál era en 1.810 esa línea de separación territorial de las dos entidades. Tratado Michelena-Pombo.1833 Para el año de 1.833 comienza en forma a motorizarse la idea de alcanzar una delimitación fronteriza de Venezuela con Colombia y es así que en ese año, el entonces Presidente José Antonio Páez designa a Santos Michelena como Ministro Plenipotenciario de nuestro país, para que se entendiese con el representante colombiano Lino de Pombo, a fin de que acometieran dos objetivos fundamentales que se suponía redundaría en beneficio de ambos países y los cuales eran: a) Definir la línea fronteriza de las dos Repúblicas; y, b) Resolver el reconocimiento, liquidación y reparto de la deuda de los tres países que unidos entre los años de 1819 y 1830, habían constituido la antigua Colombia de Bolívar. El primer resultado del trabajo conjunto que presentaron ambos representantes, es conocido con el nombre de "Tratado de Amistad, Alianza, Comercio, Navegación y Límites", fechado el 14 de Diciembre de 1833 y el cual fue ratificado por el Congreso de Nueva Granada; pero no así por el Congreso Venezolano. La no ratificación por parte del Parlamento Venezolano, no sólo dejó subsistente el problema, sino que a la larga afectó los intereses territoriales de Venezuela, pues ese tratado era mucho más favorable que las aparentes soluciones que sobre el particular se manejaron más adelante. Laudo Español de MIL Ante el fracaso que significó el no haber ratificado Venezuela el Tratado Michelena–Pombo de 1833, ambos países reanudaron conversaciones a través de representantes designados, con miras a hallar soluciones al problema limítrofe, y fue para el año de 1881, cuando se logró firmar un Tratado que buscaba poner término a la cuestión de límites que por espacio de cincuenta años, estuvo dificultando las relaciones entre ambos países. En ese Tratado suscrito el 14 de Septiembre de 1881, se pactó recurrir a un Arbitraje, y a tal efecto se convino que habría de ser el Rey de España, quién en su condición de Arbitro, decidiría los puntos de diferencia que subsistían en cuestión de límites.
En el artículo primero de dicho tratado se menciona que, las partes suscribientes del mismo acordaron "...someter a juicio y sentencia del Gobierno de S. M. el Rey de España, en calidad de Arbitro, Juez de Derecho, los puntos de diferencia en la expresada cuestión de límites, a fin de obtener un fallo definitivo e inapelable, según el cual todo el territorio que pertenecía a la jurisdicción de la antigua Capitanía General de Caracas por actos regios del antiguo Soberano, hasta 1810, quede siendo territorio jurisdiccional de la República de Venezuela, y todo lo que por actos semejantes, y en esa ,fecha, perteneció a la jurisdicción del Virreinato de Santa Fe, quede siendo territorio de la actual República llamada Estados Unidos de Colombia" . El tratado en referencia fue firmado por los Plenipotenciarios Antonio L. Guzmán y Justo Arosemena, en representación de los Gobiernos de Venezuela y Colombia respectivamente. El tratado en cuestión fue ratificado por el Congreso Colombiano el 28 de Marzo de 1882, y por el Congreso de Venezuela el 7 de Abril del mismo año.Poco tiempo después de la firma de ese tratado, el 25 de Noviembre de 1885, sin que aún se hubiese decidido nada sobre el particular muere Alfonso XII (Rey de España) y se suscitó la cuestión de conocer, si el nombramiento del Arbitro había recaído en la persona del Rey concreta e individualmente, o en el Gobierno español en abstracto. Esta situación generó opiniones encontradas al punto de que fue necesario un pronunciamiento de los Ministros Plenipotenciarios de ambos países, y que condujo finalmente a que se firmase un Acta, que precisó que la designación que hicieran las partes era en esencia al Gobierno del Rey de España, sin precisar, quién lo fuese, por tanto, quién ejerciese la Corona estaba en capacidad de seguir conociendo del caso. Después de un largo proceso que tardó diez años, la Corona Española produjo el fallo arbitral, que fue suscrito en el Palacio Real de Madrid, el 16 de Marzo de 1.891, con lo cual comenzó de manera efectiva un proceso de afectación y de reducción del territorio venezolano; que indujo a que en las últimas Constituciones del país (1.961 y 1.999) se haya agregado a la norma referida al marco territorial aquellas expresiones: "...con los resultados celebrados válidamente por la Republica; o como lo hace la Constitución actual en su artículo 10: "con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad". Como han apuntado quienes se han adentrado en el estudio del laudo español, éste fue injusto y considerado inejecutable por centenares de errores materiales, imposibles de corregir al ir a realizarse la demarcación general y continua de la frontera, todo esto permitió que el asunto del laudo español se reconsiderase y a tal efecto, ambos
países, convinieron en Bogotá, el 3 de Noviembre de 1916 en someter el problema al arbitraje del Consejo Federal Suizo, con miras a resolver el problema emanado del fallo español. Fallo arbitral del día 24 de Marzo de 1.922. La historia reseña que en las deliberaciones que precedieron al fallo, no hubo la debida diligencia de los representantes de Venezuela para aportar informaciones y esgrimir alegatos que condujeran a una solución correcta del caso; mientras que Colombia, a través de sus representantes estuvo atenta al proceso y contó con la asistencia jurídica de abogados suizos. Con ese fallo, Venezuela mermó su territorio en una vasta extensión a consecuencia del laudo que según opiniones calificadas, está viciado de nulidad.  Con Gran Bretaña
En relación al problema limítrofe con Gran Bretaña, ese encuentra señalado por parte de A. Oropeza , que a partir de 1.822, da inicio a raíz de que el Gobierno de la Gran Colombia manifiesta una protesta y desacuerdo por la continua penetración de les colonos ingleses en territorio que Venezuela consideraba como suyo; aun así para el momento no se concreto ningún acuerdo ni en los años posteriores sino hasta 1.844 cuando el gobierno venezolano pone en manos su representación al Ministro Dr. Alejo Fortique gabinete británico, y paralizadas las negociaciones por muchos años, se renueva la disputa al acentuarse la penetración de los ingleses tras descubrirse yacimientos de oro en la región fronteriza litigiosa. Posteriormente luego de un extenso proceso de reclamos por parte de Venezuela por los numerosos, continuos y persistentes despojos por parte de Inglaterra, quién además tuvo la osadía de ocupar mediante la fuerza la orilla del Orinoco, a consecuencia de tales hechos, Venezuela logró involucrar a Estados Unidos, para de esta manera encontrar la posible mediación del conflicto que se continua y progresivamente se había agravado con el pasar del tiempo a raíz de este ultimo despojo; por otra parte como señala Wolf, el Presidente Cleveland presentó un Mensaje ante el Congreso Americano que recogió en esencia la doctrina de Monroe de 1.823 y en el cual señala con palabras textuales el mensaje terminaba con estas enérgicas palabras: "Será en mi opinión el deber de los Estados Unidos impedir por todos los medios a su alcance, y considerar como agresión intencional contra sus derechos e intereses la apropiación por parte de Gran Bretaña de cualquier territorio o el ejercicio de jurisdicción gubernamental sobre Territorio alguno que después de investigación hemos determinado pertenecer de derecho a
Venezuela. Al hacer mis recomendaciones me doy cuenta plenamente de la responsabilidad asumida y tengo presente todas las consecuencias que puedan surgir". Este mensaje conocido posteriormente cono el Mensaje de Guerra. La mediación y colaboración de Estados Unidos, ayudo para que Inglaterra celebrara más adelante un Tratado que efectivamente se firmó el día 2 de Febrero de 1.897, mediante el cual se señala que las partes interesadas resolvieron someter a arbitramiento el conflicto suscitado en relación a los límites de los Estados Unidos de Venezuela como se encontraba denominado anteriormente lo que hoy en Día conocemos como Republica Bolivariana de Venezuela y la Colonia de la Guayana Británica, para lo cual se designó un Tribunal Arbitral para precisar la línea divisoria entre ellos En el tratado, (art. III) Inglaterra finalmente se acordó que el tribunal arbitral sería el encargado de la determinación de los límites de ambos territorios con sujeción a la aplicación de Uti Possidetis luris. A pesar de que la norma rectora a seguir para la solución del conflicto fue el sometimiento al Uti Possidetis luris, en el artículo IV del tratado previamente señalado, se acuñó una excepción que podría considerarse como la renuncia a ese principio antes mencionado. A consecuencia, en dicha disposición se encontró establecido lo siguiente: "Art. IV los árbitros se gobernarán por las siguientes reglas: a) Una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá un buen título. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un Distrito, así como la efectiva colonización de él son suficientes para constituir una posesión adversa o crear título de prescripción..." Laudo de Paris del 3 de Octubre de 1889 Tras lo pactado en el tratado de fecha 2 de Febrero de 1.897 celebrado entre Venezuela y Gran Bretaña, los árbitros que integraron el Tribunal Arbitral reunido en París, posteriormente dictaron sentencia el día 3 de octubre de 1.889 que afectó significativamente el espacio territorial venezolano, y con ello un evidente signo de atropello injustificable, despojando a Venezuela de parte de su territorio que por ley le corresponde. A. Oropeza, expresa que con esta decisión arbitraria tomada en la sentencia en cuestión Venezuela se vio obligada a permitir y acordar una demarcación que únicamente era favorable a los ingleses como jamás se imaginó el gabinete británico al dar inicio a las la serie de conversaciones llevadas a cabo con motivo del tema en cuestión. Considero tal sentencia injusta y del mismo modo viciada, según se
comprobó posteriormente, y Venezuela, sobre el fundamento de una amplia y esclarecedora documentación se ha dado la tarea de dar inicio a un proceso de revisión con el propósito de que se les sea restituidos los millares de kilómetros cuadrados que tras aquella sentencia le fueron materialmente arrebatados por el fallo de París". Acuerdo de Ginebra y Protocolo de Puerto España. Con el objeto de buscarle una solución a este problema limítrofe entre Venezuela e Inglaterra, ambos gobiernos llegaron al acuerdo de celebrar el conocido Tratado de “Acuerdo de Ginebra” el día 16 de Febrero del año 1.966 en consulta con las autoridades de Guayana Inglesa, con el propósito de esta vez ir en busca de soluciones satisfactorias para ambos países y para el arreglo práctico de la controversia suscitada en fechas pasada entre Venezuela y el Reino Unido originada a consecuencia del Laudo Arbitral de 1.899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo". Como resultado de tal acuerdo, se estableció una Comisión Mixta, que consistía en la presentación de informes a ambos Gobiernos cada seis meses, dicha comisión tenia un tiempo de duración de cuatro años, y si al cabo de ellos, aun no se hubiere conseguido llegar a un acuerdo completo y satisfactorio para la solución de la controversia existente, el problema debía resolverse por los medios de solución pacífica mediante lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Posterior a la firma del acuerdo de Ginebra, la Guayana Británica prosiguió a ser constituida en República Cooperativa de Guyana, y su nuevo Gobierno se negó a mediar a través de la vida de conversación y busco obstaculizar las gestiones que debían conducir a un arreglo amistoso y aceptable para ambas partes. Pero a pesar de ello, el Gobierno venezolano suscribió con Guyana, el 18 de Junio de 1.970, el Protocolo de Puerto España, a través del cual se llego a la decisión de suspender por doce años las reclamaciones planteadas por el acuerdo de Ginebra. Luego de más de doce años de la aplicación del Protocolo, el Presidente de la Republica anuncio la decisión en Diciembre de 1.981, de no continuar aplicando tal protocolo a partir del 18 de Junio de 1.982, que fue la fecha en que la cual se venció el plazo inicial del Protocolo acordado. Esta decisión tomada por el Presidente de la republica trajo como consecuencia y secuela la reclamación de nuestro país sobre el Esequibo, y vuelve a regirse por el Acuerdo de Ginebra, según los medios de solución pacífica que en él se establece y por los que señala la Carta de la ONU, de negociación, mediación, conciliación, arbitraje o bien por cualquier otro medio pacífico.
En relación esta separación con Brasil, se presento un proceso menos tedioso, conflictivo y complicado como lo fue en el caso con Colombia y la Gran Bretaña, debido que surgieron una serie de factores particulares que la facilitaron y evito que se llegara nuevamente a una situación de conflicto y trauma como ocurrió anteriormente. Posteriormente el Ministro de Brasil en Londres en 1842 expresó al Ministro de Venezuela su deseo de entablar una negociación sobre límites entre su Gobierno y el de Venezuela, luego en el año 1.843 llega a Caracas Miguel María Lisboa, encargado de Negocios del Brasil (Miguel María de Lisboa) con el mismo propósito antes expresado por el Ministro de Brasil. Después de los respectivos trámites preliminares, finalmente el Consejo de Gobierno Venezolano fijó de antemano su decisión de entrar en negociación con el representante del Brasil, mediante el cual se acordó lo siguiente: 1.) Exigirle al agente brasileño la presentación de plenos poderes para discutir dicha materia. 2.) Que los límites entre 'Venezuela y Brasil no podían ser otros, sino los que resultasen de los Tratados celebrados entre España y Portugal en los años 1.750 y 1.777. A pesar de no verse un resultado inmediato luego de las gestiones antes señaladas, a mediados de 1.852 Lisboa vuelve a presentarse en Caracas, pero en esta oportunidad con una postura distinta a la anterior, ya que en esta oportunidad venia representando como Plenipotenciario y como tal firmó con nuestro Ministro del Interior – Joaquín Herrera tres convenios, entre los cuales, uno era de límites, que no tuvo consecuencias delimitatorias inmediatas. La cuestión de los límites se había encontrado en suspenso hasta el año 1.857 que fue cuando se reinician las discusiones amistosas entre los gobiernos. Estas negociaciones las manejó Brasil por medio del Encargado de Negocios Felipe José Pereira Leal, quién para el día 5 de Mayo de 1.859, firmó con el Ministro venezolano Luis Soja, las estipulaciones sobre los límites de ambos países. Finalmente el tratado fue aprobado por el Congreso venezolano el día 6 de Julio de 1.860, y se le da la denominación de "TRATADO SANOJO PEREIRA LEAL", a su vez complementado por el "PROTOCOLO DE 10905" que aprobó los trabajos de la Comisión Mixta Venezolana – Brasileña, encargada de definir ciertas líneas fronterizas. Este Protocolo fue firmado en Caracas el 9 de Diciembre del año 1.905 por el Ministro Venezolano de Relaciones Exteriores, Alejandro Ibarra, y el Plenipotenciario del Brasil, Manuel de Oliveira Lima.
Es necesario señalar que en las discusiones sobre las zonas limítrofes entre Venezuela y Brasil, nunca se vio cuestionado el principio del Ud Possidetis Iuris Con Holanda.  Con Holanda La cuestión sobre la Soberanía y dominio de la Isla de Aves, fue resuelta por el Laudo dictado por la Reina de España, en fecha 30 de Junio de 1.865, a través del cuál se reconoció que dicha Isla pertenecía a Venezuela. El Laudo en cuestión fue el resultado del acuerdo previo de Venezuela y Holanda de resolver la cuestión de pertenencia sobre esa porción Insular donde ambas partes invocaban derechos contrapuestos. Las argumentaciones del Laudo Arbitral del Gobierno de la Reina de España fueron las siguientes: "Considerando que a su vez funda Venezuela principalmente su derecho en el de España antes de que aquella República quedase constituida como Estado independiente y si bien resulta que España no ocupó materialmente el territorio de la Isla de Aves, es indudable que le pertenecía como parte de las Indias Occidentales que eran del dominio de los Reyes de España, según la Ley primera, título quince, libro segundo de la Recopilación de las Indias. Considerando que la Isla de Aves debía firmar parte del territorio de la Audiencia de Caracas, cuando ésta fue creada el .13 de Junio de 1.786 y que al constituirse Venezuela como nación independiente, lo hizo con el territorio de la Capitanía General de su nombre declarando con posterioridad vigente en el nuevo Estado todas las disposiciones adoptadas por el Gobierno Español hasta 1.808 por lo cual pudo considerar la Isla de Aves como parte de la Provincia Española de Venezuela..."."
EL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA DE LA REPÚBLICA SOBRE EL TERRITORIO Y DEMÁS ESPACIOS GEOGRÁFICOS.
La Constitución del 99, corno se indica al comienzo del tema, imprime una orientación de mayor alcance y contenido que la del 61, en materia de Territorio. Ahora al adicionársele a este elemento del Estado la expresión "y demás espacios geográficos" se precisa que la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas, y, vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentren, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos
derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se encuentren (ver Art. 11 primera parte). ESPACIOS ACUATICOS. En el segundo aparte del artículo 11 que se comenta, se establece que: "Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el Derecho Internacional Públicola Ley". Disposiciones legales que reglan el ejercicio de la Soberanía, jurisdicción y control sobre los espacios acuáticos e insulares. Recientemente el Presidente de la República, habilitado para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las materias que le fueron delegadas por Ley publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.076 de fecha 13 de Noviembre de 2.000, produjo en Consejo de Ministros un cuerpo normativo denominado "Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares" que fue signado con el No.. 1.437, de fecha 30 de Agosto de 2.001, publicado en la Gaceta Oficial No 37.290 de fecha 25 de Septiembre de 2.001. En dicho Decreto con Fuerza de ley se regulan las materias que a continuación se expresan: Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental. MAR TERRITORIAL El mar territorial, es un.., zona de mar adyacente a las costas del Estado y sobre la cual el Estado ejerce su soberanía. Este espacio geográfico tiene una gran importancia y significación, tanto desde el punto de vista estratégico corno económico. En lo primero, para la defensa y seguridad de la Nación y en lo segundo, en cuanto que le permite explotar y obtener por lo consiguiente los recursos naturales renovables y no renovables del mar. Sobre la extensión del mar territorial, no hay un criterio unívoco que le determine y menos que someta a todos los Estados a aceptar la extensión del mismo; por lo que ha sido práctica que cada Estado determina unilateralmente la extensión de su mar territorial, o bien se regule su extensión a través de acuerdos bilaterales entre dos o mas Estados vecinos. En el caso venezolano y conforme al Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Los Espacios Acuáticos e Insulares que se cita antes, el Mar
Territorial tiene una anchura de 12 millas náuticas (12IViN), que según cálculos efectuados equivale a 22 Km con 224 mts y se medirá ordinariamente a partir de la línea de más baja marea. Paso Inocente. Dentro de la regulación normativa referente al Mar Territorial merece hacer referencia al Paso Inocente, que es un derecho que tienen los buques extranjeros de atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores o hacer escala en una parte del sistema portuario, como también, el de poder penetrar en las aguas interiores o puertos de la República, o salir de ellos. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley que se comenta, "el paso será considerado inocente mientras que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad de la República. En todo caso el dispositivo legal en cuestión indica expresamente qué hechos son considerados lesivos para la paz, para el buen orden o la seguridad de la República. Por otra parte es competencia del Ejecutivo Nacional el suspender temporalmente del derecho de paso inocente a los buques extranjeros, en determinadas áreas de su mar territorial por razones de seguridad y defensa del Estado (Art, 25). Buques de Guerra. La navegación de un buque de guerra extranjero en aguas interiores y Puertos de la Republica, podrá realizarse, siempre y cuando estén autorizados previamente, vía diplomática, por el Ejecutivo Nacional. La permanencia de un buque de guerra extranjero en aguas interiores o Puertos de la República no podrá exceder de quince (15) días. ZONA CONTIGUA La zona contigua es una extensión de mar que se utiliza para fines de vigilancia marítima y resguardo de los intereses de la República, contigua al mar territorial, que se extiende hasta 24 millas náuticas (24MN), contadas a partir de las líneas de mas baja marea o las líneas de base desde las cuales se mide el mar territorial. En esta zona, la República realizará medidas de fiscalización para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos en materia fiscal, de aduana, inmigració y sanitaria (arts. 50 y 51 Ley).
ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Es un área que se extiende mas allá de la zona contigua, sobre la cual el
Estado se reserva derechos exclusivos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales de toda especie. Su anchura alcanza una distancia de 200 millas náuticas (200MN) contadas a partir de las líneas de base, desde la cual se mide la extensión del mar territorial; con el entendido de que esos derechos exclusivos de soberanía ejercido por Venezuela deben estar en armonía con los principios del Derecho Internacional Público y la Ley. (Art. 52)
PLATAFORMA CONTINENTAL Ambrosio Oropeza al referirse a este punto establece que por plataforma continental se entiende la extensión o prolongación dentro de las aguas marítimas del territorio costero de un Estado. Esta faja de terreno que se adentra en el mar no tiene siempre ni la misma extensión ni configuración; pero, se estima que con el nombre de plataforma continental termina en el lugar o los lugares en donde el territorio desciende y concluye abruptamente en la profundidad del mar. El Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que se ha venido comentando establece en su artículo 61, lo siguiente: "La plataforma continental de la República comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extiende más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de doscientas millas náuticas (200 MN) contadas desde la línea de más baja marea o desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide lá extensión del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental, no llegue a esa distancia. Cuando el borde exterior del margen continental sobrepasare la distancia de doscientas millas náuticas (200 11 %IN), la República establecerá dicho borde, el cual fijará el límite de la plataforma continental con la zona internacional de los fondos marinos y oceánicos, conforme al derecho Internacional". ESPACIO INSULAR El mismo artículo 11 de la Constitución Nacional del 99 precisó pormenorizadamente lo que comprende el espacio insular de la República y al efecto señala que el mismo está formado por "el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Orchila, Isla La Tortuga, Isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, Islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago de Los Frailes, Isla La Sola, archipiélago de Los Testigos, Isla de Patos e Isla de Aves; y demás, Islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, que cubre la
plataforma continental o dentro de los limites de la zona económica exclusiva.” El Espacio Insular de la República comprende los archipiélagos, islas, islotes, cayos, bancos y similares situados o que emerjan, por cualquier causa, en el mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva, además de las áreas marinas o submarinas que hayan sido o puedan ser establecidas, a tenor del artículo 68 de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. La exposición de motivos señala que esta disposición sirve para deslindar conceptualmente el espacio insular como parte de la organización político-territorial de Venezuela y como espacio sujeto a la soberanía venezolana, ya que así como existe la soberanía como un fenómeno interno del país, también se aplica el concepto a lo externo, observamos como Margarita, Coche y Cubagua forman un estado, sin embargo el resto de las islas no tiene categoría de Estados y es de vital importancia su nombramiento del articulo debido a que alrededor de las mismas pudieran existir depósitos de hidrocarburos, además de otras riquezas marinas. En cuanto a las islas nuevas son mencionadas debido a que las mismas podrían aparecer como consecuencia del raro fenómeno de la erupciones volcánicas submarinas, por tal razón se menciona las islas por sus nombres y se extiende en ámbito de la soberanía hasta las demás islas, islotes, cayos y bancos, situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. Así mismo en La ultima parte del artículo 11 de la Constitución se hace mención a los espacios ultraterrestres, dicho articulo establece que: "corresponde a la República derecho en el espacio ultraterrestre, suprayacente y en las áreas que son o pueden ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la Legislación nacional", de manera tal que aquí se refiere el legislador al espacio sideral, en cuanto patrimonio común de la humanidad. ESPACIO AÉREO. Conforme al artículo 9 de la Ley sobre Mar Territorial y la Zona Contigua, derogada parcialmente por el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los espacios Acuáticos e Insulares se establece que, Venezuela ejerce soberanía sobre el espacio aéreo que cubre el territorio de la República hasta el límite exterior del mar territorial. Se entiende por espacio aéreo aquel que cubre el territorio de la República hasta el límite exterior del mar territorial, de conformidad con la Ley sobre el Mar Territorial, Plataforma Continental, Protección de la Pesca y Espacio Aéreo, por su parte La Ley de Aviación Civil determina en su artículo 4 0 que el espacio
aéreo de la República es el establecido en la Constitución y está sujeto a la soberanía plena y exclusiva del Estado venezolano. Nuestro país al igual que los demás, han dispuesto en sus respectivos ordenamientos jurídicos que se reservan su dominio y exclusivo derecho de soberanía, que halla su fundamento en razones estratégicas, y consecuencialmente por razones que se fundamentan en la seguridad nacional, de manera tal que el espacio aéreo reservado a Venezuela asciende sin limites sobre todo su territorio a efectos de vuelos de aviones, mas no cubre la navegación espacial, pero la misma se rige por los acuerdos internacionales que el Estado haya suscrito. Como apunta Naranjo Mesa: "en los comienzos de la navegación aérea, la mayor parte de los Estados prohibieron que su territorio nacional fuese sobrevolado por aviones civiles extranjeros. Estos vuelos han quedado admitidos, con muchas reservas después de la conclusión de la Convención de París de 1.919, que en su artículo primero declaró: "las altas partes contratantes reconocen que toda potencia tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio atmosférico por encima de su territorio". Mas tarde esta Convención fue sustituida por la de Chicago de 1.944, donde entre muchas otras tesis se encontraba La tesis de la reglamentación y control del espacio aéreo, sostenida por Gran Bretaña. Según esta tesis, la aviación civil internacional debía reglamentarse y controlarse por los Estados interesados, los cuales podían fijar itinerarios, horarios, tarifas y creación de un organismo internacional que velara por el cumplimiento del Convenio, establecían entonces que los Estados contratantes reconocen que cada Estado tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio; concluido sobre esas bases, se dio lugar a la aprobación de un Convenio Provisional de Aviación Civil Internacional, que duró hasta que entró en vigencia la Convención de Aviación Civil Internacional y el Convenio relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales y otro sobre transporte aéreo internacional. Se aprobó la creación de un organismo internacional de carácter mundial encargado de velar por la aplicación de dicho Convenio, conocido con el nombre de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En cuanto a la Jurisdicción del Estado sobre el espacio aéreo encontramos que toda aeronave civil que, se encuentre en el territorio venezolano o vuele en su espacio aéreo, la tripulación, pasajeros y efectos transportados, quedan sujetos a la ley y a la jurisdicción venezolana. Quedan igualmente sometidos a la ley y jurisdicción venezolana, los hechos y actos jurídicos que ocurran a bordo de aeronaves civiles venezolanas, cuando vuelen fuera del espacio aéreo de la República, exceptuando los que por su naturaleza atenten contra la seguridad o el orden público del Estado extranjero subyacente; así como
también quedan sometidos a la ley y jurisdicción nacional, los actos delictivos cometidos abordo de aeronaves, cualquiera sea su nacionalidad, cuando volando en el espacio aéreo extranjero, produzcan efectos en el territorio venezolano o se pretenda que lo tengan en éste; y los actos jurídicos ocurridos en aeronaves extranjeras que vuelen en espacio aéreo venezolano. Recientemente en nuestro país en fecha 13 de Abril del 2010 El Gobierno Nacional a través del Ministerio para las Relaciones Exteriores denunció a través de un comunicado que Estados Unidos violó el espacio aéreo venezolano con aviones militares basados en las Antillas holandesas, mencionaban que La subsecuente violación del espacio aéreo venezolano por parte de aviones militares estadounidenses provenientes de las Antillas neerlandesas deja en evidencia que el gobierno de Estados Unidos en complicidad con el del Reino de los Países Bajos, podrían estar preparando una agresión contra el territorio, de esta manera podemos observar la vital importancia de la inviolabilidad de los espacios aéreos de los países así como el respeto por la soberanía de sus territorios; en mismas declaraciones el ministro señalo que Venezuela construye sus relaciones bilaterales sobre la base del respeto de la soberanía, del principio de no agresión, con miras a fortalecer la paz y la seguridad regional e internacional y que espera reciprocidad por parte de los demás Gobiernos del mundo. LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS: Propiedad del Estado. La Constitución del 99 fija en el artículo 12, un criterio claro de que los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, o bien bajo el lecho del mar territorial, o en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental pertenecen a la República reputándoseles como "bienes del dominio público" y por lo consiguiente "inalienables e imprescriptibles", el mismo articulo refuerza el principio aceptado en nuestra legislación desde la época colonial, de que tanto las minas como los yacimientos de hidrocarburos que pueda haber en el subsuelo son bienes de dominio publico, quiere decir, de la Nación y que los mismo pueden ser explotados por los particulares pero apropiados, ni la Nación puede venderlos. Con este nuevo enfoque que se da en la disposición constitucional que se comenta, se precisa que el Estado ejerce la propiedad de los bienes descritos, mientras que en la Constitución del 61 se establecía en el artículo 7 que la, República ejercía en los componentes del territorio que en esa norma se especifica "el dominio y explotación de los bienes y recursos en ellos contenidos" y que se ejercían en la extensión y
condiciones determinadas por la ley (único aparte del artículo 7) y además consagraba como competencia del poder nacional " el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, "(numeral 10 del artículo 136). Aún cuando las disposiciones previstas en la Constitución derogada a que se alude con anterioridad, no eran tan determinantes corno la actual, en el sentido de expresar que esos bienes -yacimientos mineros y de hidrocarburos- son propiedad del Estado, sin embargo la idea de pertenencia se deduce de la expresión utilizada de "dominio", que empleó la Constitución anterior en el artículo 7, lo cuál solo puede ejercerse sobre el bien que es propio.
La cuestión de "dominio" a que se aludía en la pasada Constitución induce a pensar que el constituyente del 61 acogió la tesis que sustenta que el Estado tiene sobre su territorio un derecho real institucional, y que Álvaro Copete prefiere llamarlo de "dominio eminente", toda vez que este derecho tiene ciertas calidades que permiten equipararlo a una especie de propiedad. 3 Por lo consiguiente, pareciera deducirse que el constituyente del 61 acogió esa concepción doctrinal y se limitó a establecer que la República ejercía el dominio y explotación de los bienes y recursos contenidos en esos componentes integrantes del territorio. La Constitución del 99 adoptó un criterio mas ajustado a los requerimientos y al tecnicismo que orienta la Teoría General del Estado y por lo consiguiente se limitó a precisar como lo hace en el artículo 12, que los yacimientos mineros y de hidrocarburos que se hallen en el territorio nacional pertenecen a la República y evitó cualquier interpretación que condujese a considerar que el Estado tiene sobre su territorio un derecho de propiedad. Lo que si queda claro es que el Estado ejerce plena soberanía en el territorio y demás espacios geográficos. Destaca con ello que estos derechos no pueden ser enajenados ni transferidos a terceras personas y que el derecho soberano del Estado sobre ese patrimonio no se pierde jamás por falta de ejercicio ni por el transcurso del tiempo. En concordancia con lo anterior, el Estado, por razones de conveniencia nacional, se reserva la actividad petrolera, a cuyo efecto, conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquiera otras que se hayan constituido o se constituyeren como consecuencia del desarrollo
de los negocios de Petróleos de Venezuela, con lo cual da cabida al programa de apertura petrolera que permite al Estado la celebración de asociaciones estratégicas con otras empresas para el desarrollo de sus operaciones o negocios. Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, declara: "son propiedad de la República los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluidos aquellos que se encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales". Las Costas marinas se declaran igualmente del dominio público, y por lo tanto inalienables e imprescriptibles. Constituyen parte integral de las zonas costeras, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Zonas Costeras:
como arrecifes coralinos, praderas de fanerógamas marinas, manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, humedales costeros, salinas, playas, dunas, restingas, acantilados, terrazas marinas, costas rocosas, ensenadas, bahías, golfos, penínsulas. 1. Los terrenos invadidos por el mar, que por cualquier causa pasen a formar parte de su lecho en forma permanente. 2. Los terrenos ganados al mar por causas naturales o por acción del hombre. La Ley contempla la existencia de una franja terrestre con un ancho no menor de quinientos metros (500 m) medidos perpendicularmente desde la proyección vertical de la línea de más alta marea, hasta la costa y la franja acuática con un ancho no menor de tres millas náuticas (3Mn), la cual en ningún caso podrá exceder los límites del mar territorial. Pues bien, la administración, uso y manejo de las zonas costeras se desarrollará a través de un proceso dinámico de gestión integrada de las competencias concurrentes entre los órganos del Poder Público, con la activa participación de la comunidad organizada, a fin de lograr la mayor eficiencia en el ejercicio de las responsabilidades que cada uno tiene encomendadas para la conservación y desarrollo sustentable de dicho espacio. Prohibición de enajenar el territorio nacional a Estados extranjeros o a sujetos de Derecho Internacional Dicha limitación se encuentra contenida en el Artículo 13 de CRBV, el cual es una consecuencia del principio de integridad territorial consagrado en el artículo 4 de la carta magna, así que:
El territorio no puede ser objeto de ninguna carga real. Por lo consiguiente el territorio del Estado no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El constituyente venezolano tomó partido por la corriente del Derecho Público que considera el territorio como parte esencial del concepto soberanía, a diferencia de otro sector de la doctrina que considera el territorio como un bien de naturaleza patrimonial del cual el Estado puede disponer libremente como lo haría cualquier particular que ejerce el derecho de propiedad. De allí deriva el precepto objeto de estos comentarios, que prohíbe la cesión, venta o enajenación del territorio nacional a Estados extranjeros u otros sujetos de Derecho Internacional. Esta prohibición no alcanza a los nacionales de otro país o a sociedades o empresas extranjeras, que pueden adquirir, como los nacionales, inmuebles en el territorio nacional y ejercer sobre ellos los actos de dominio permitidos por las leyes, pero sometidos desde luego a la jurisdicción de las autoridades venezolanas, en el entendido que la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.
El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. Esto significa que ni el poder civil o militar, y bajo ninguna circunstancia se puede aceptar el establecimiento en su territorio, de bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias.
En materia de sedes diplomáticas o consulares, se establece que los Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional sólo podrán adquirir inmuebles para sede de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la Ley.
En la disposición constitucional que se comenta, se deja expresamente establecido que quedará siempre a salvo la soberanía nacional.
Tierras baldías. Se impide expresamente la enajenación de las tierras baldías existentes en las dependencias federales y en las Islas fluviales o lacustres; sin embargo se prevé la posibilidad de que su aprovechamiento pueda concederse en forma tal que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra, en mayoría al mencionar dichas tierras baldías se hace referencia a islas pequeñas donde apenas hay pobladores.
NUEVOS TERRITORIOS. El artículo 14 de la Constitución contempla que: "la ley establecerá un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la República". En este artículo se establecen los dos requisitos para que un territorio pueda incorporarse a la Republica, estos son que la voluntad del territorio sea libremente expresada y que además dicha voluntad sea aceptada por la Asamblea Nacional. Esta disposición corresponde exactamente a la significación que se le dio en la Constitución del 61 (Art. 15). Por lo que muchos considera que el constituyente del 61 así como el del 99, ha querido dejar abierta la posibilidad para algunos remota, de que un Estado extranjero o parte de él que se hubiese desmembrado legítimamente, quisiere adherirse al territorio nacional venezolano, y para ello lo somete al requisito previo de aceptación por parte de la Asamblea Nacional y además es justificable la previsión para que en un supuesto hipotético de que eso ocurriese, se establezca por ley un régimen jurídico especial para esos casos, toda vez que habría que tomar en cuenta la idiosincrasia de sus habitantes, sus tradiciones, costumbres y lengua, entre otros factores. Autores como Juan Garay considera que dentro de este supuesto constitucional, no podría incluirse el caso, de que Venezuela logre el rescate de la Guyana Esequiba, esto debido a que en ese caso en particular no se hablaría de una incorporación de un nuevo territorio sino de una recuperación del mismo, además Freddy Zambrano opina que la restitución de esa porción territorial que le fue arrebatada a Venezuela no se va a producir por un acto exclusivo de voluntad del pueblo de esa región, sino que hace falta algo más determinante como sería la aceptación expresa de Guyana de reconocer los derechos que legítimamente le corresponden a nuestro país, o bien que se obtenga como resultado de una intermediación por organismos internacionales. DEFENSA DE LOS ESPACIOS FRONTERIZOS. La Constitución del 99 establece en el artículo 15 que el “Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad, y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración.” En ese contexto surge la necesidad de que el estado atienda con
especial dedicación los espacios fronterizos, zonas que, por lo demás son especialmente sensibles a la injerencia extranjera, a objeto de preservar la soberanía nacional. Es, por lo tanto, responsabilidad del Estado establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Dicha disposición constitucional coloca al Órgano Legislativo Nacional en la obligación de dictar una Ley Orgánica de Fronteras, que entre otros objetivos, determine la responsabilidad del Estado en materia de asignaciones económicas especiales. Además la disposición transitoria Numero 6 exige a la Asamblea Nacional, que en un lapso de 2 años debe legislar (entre otras materias) lo referente a fronteras. Brewer, comenta que: "adicionalmente, el artículo 323 precisa que en cumplimiento de los principios de seguridad de la Nación, la atención de las fronteras es prioritaria. A tal efecto, la norma establece "una franja de seguridad de fronteras" cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización, deben ser regulados por la Ley, protegiendo de manera expresa a los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial. Se recoge, así, en esta norma la denominación acuñada en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.
Zona de seguridad fronteriza Por su parte, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación estudia el concepto de zona de seguridad fronteriza, y declara como tal un área delimitada que comprende una franja de seguridad de fronteras, así corno una extensión variable del territorio nacional, adyacente al limite político-territorial de la República, sujeta a regulación especial, que estimule el desarrollo integral, con la finalidad de resguardar las fronteras y controlar la presencia y actividades de los nacionales y extranjeros, quienes desde esos espacios geográficos, que pudieran representar potenciales amenazas que afecten la integridad territorial y por ende la seguridad de la Nación. La cuestión fronteriza ha adquirido importancia por el conflicto interno colombiano. El lado venezolano de la frontera exige una atención especial por parte del gobierno nacional y el ministerio de la defensa, desde un par de años atrás han sido numerosos los conflictos que se han presentado en la frontera colombo-venezolana, los mismos presentan un elemento o denominador común las FARC, así la mayoría de las disputas
están relacionadas con la existencia de núcleos de las FARC dentro de territorio venezolano e incluso el traspaso de las fronteras colombianas y la incursión de militares colombianos a Venezuela dejando como consecuencia relaciones diplomáticas por mas tensas; en mayo de 2009 incluso el gobierno venezolano brindo declaraciones donde aseguraba que fue interceptada una patrulla de 60 miembros del ejército colombiano al mando de un subteniente y que había penetrado unos 800 metros “dentro del territorio venezolano”. En lo que atañe a las zonas costeras, la Ley de la materia señala en su artículo 8," la administración, uso y manejo de las zonas costeras se desarrollará a través de un proceso dinámico de gestión integrada, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional, la optimización de la planificación y coordinación de competencias concurrentes entre los órganos del Poder Público, con la activa participación de la comunidad organizada, a fin Ir lograr la mayor eficiencia en el ejercicio de las responsabilidades que cada uno tiene encomendadas para la conservación y desarrollo sustentable de dicho espacio".
DIVISION POLITICA Basándose en lo establecido en la constitución, específicamente en su articulo 16, la división de la República consiste en la división de la misma en Estados, Distrito Capital, Dependencias Federales y -Territorios Federales y a su vez el territorio se organizado en Municipios. La división político-territorial estará regulada por ley orgánica que garantice la autonomía municipal y de esta manera la descentralización políticoadministrativa, atendiendo a la estructura federal del sistema de gobierno que nos rige. Dicha ley tendrá la facultad de disponer la posterior creación de territorios federales en determinadas áreas de los Estado. Referente a la vigencia de la misma, quedara sujeta a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad correspondiente. Por otra parte mediante ley especial podrá darse la denominación o categoría de estado a un territorio federal y por consiguiente la asignación de la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo. En la constitución actual no se encuentra especificado el numero ni el nombre de los estados pertenecientes al territorio nacional, manteniéndose de esta manera el criterio acogido en la comisión redactora del texto constitucional previamente derogado. Asumiendo que consideraciones tomadas por el anterior constituyente y los diseñadores de la presente sobre la materia eran las mismas, considerando que era inconveniente y errado a una acertada técnica constitucional determinar su número ya que ante una eventual adición de otro ente político que goce de la categoría de Estado, como fue el caso que surgió durante la vigencia de la derogada Constitución
cuando Territorios Federales adquirieron la categoría de Estado, en ese caso hubiese sido necesario una reforma constitucional y de igual forma se hubiese presentado con la presente constitución de haber establecido el numero de estados. Número actual de Estados que integran el Territorio de la República. En este punto de hace alusión a la postrimerías de vigencia de la Constitución del 61, en la cual se llego a poseer un total de 23 Estados, partiendo como se expresa previamente por Ley Especial sancionada por el Congreso Nacional y publicada en Gaceta oficial Nº 4295 Extraordinaria 3 de Agosto de 1991 se promulga la Ley Especial que le da al Territorio la calidad de Estado, con la misma división políticoterritorial anterior, hasta que el 25 de Enero de 1995, la Asamblea Legislativa del Estado dictó su segunda Ley de División Político Territorial, con los 4 municipios actuales; además anexa al estado los caseríos Nuevo Mundo, Platanal, El Triunfo y el Triunfito, antes bajo la jurisdicción del Estado Bolívar. Posteriormente lo mismo ocurre en el caso del Territorio Federal Amazonas que fue elevado igualmente mediante una Ley Especial a la categoría de Estado miembro, como consta de la Ley Especial específicamente dictada mediante el Órgano Legislativo Nacional y seguidamente publicada en la Gaceta Oficial No 35015 de fecha 29 de Julio de 1.992. Haciendo referencia a lo que se conoce como Pseudo -Federalismo Venezolano, el mismo da inicio a partir de la Constitución de 1.864, en él se observa que durante la vigencia de los Textos Organizativos del Estado, el numero de Estados existentes no siempre ha sido el mismo. Partiendo de esto se expresa que de trece que eran las provincias venezolanas en la Constitución anterior (1858), se aumenta su número a veinte, con la denominación por primera vez de "Estados" que se unen con el objeto de formar la nación libre y soberana conocida como "LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA"; lo cual encontramos establecido en dicha Carta Fundamental en su artículo 1. Por su parte en el Título II en lo referente a las "BASES DE LA UNION", el Artículo 12° de la misma ley establece que: "Los Estados que forman la Unión Venezolana, reconocen recíprocamente sus autonomías, se declaran iguales en entidad política y conservan en toda plenitud la soberanía no delegada expresamente en esta Constitución". Finalmente en la Constitución de 1.953 se estableció específicamente en su artículo 4 el número de Estados, en este caso eran veinte y se denominan: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva
Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia Referente al Estado Vargas, se tuvo un origen muy particular con respecto al de los demás a la hora de ser denominado o ser considerado un Estado como tal, y convertirse en el estado nº 23, su particular origen radica proceso del cual emana, un proceso matizado e influenciado directamente por intereses partidistas para el momento, con finalidad de crear un nuevo centro de poder para de esta manera brindar a sectores interesados e influyentes de la política de la fecha la creación de estructuras burocráticas que en nada favorecerían los intereses nacionales. Este proceso antes mencionado consistió en primer término, en desmembrar el territorio del Distrito Federal, y por tanto se sustrajo del mismo el Departamento Vargas, que posteriormente fue elevado a la categoría de Territorio Federal y seguidamente a ello mediante Ley Especial dictada de acuerdo con la previsión establecida en el artículo 13 de la derogada Constitución, se otorgó la categoría de Estado Vargas, como puede claramente corno puede verse desarrollado en el contenido de dicha Ley promulgada el 3 de Julio de 1.998, y publicada en la misma fecha en la Gaceta Oficial de la República No. 36.488. Como previamente se encuentra desarrollado en la presente constitución de 1961 y la de 1999 no se encuentra establecido el numero ni el nombre de los Estados, por las razones anteriormente expuestas referente a que esta técnica aplicada por el constituyente de la anterior constitución y la presente considero mas técnico y menos propenso a posteriores modificaciones constitucionales. Los Estados como entidades políticas dentro de una Concepción Federalista Sui Generis. Cuando analizamos el "principio fundamental" de la Constitución, contenido en el artículo 4, relativo a "la forma de Estado", indicamos que el constituyente del 99 enfatizó que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por élla. El artículo anteriormente mencionado establece al estado venezolano como un estado federal, sin embargo debemos conocer primero que es un estado federal y en el caso de nuestro país cuales son los antecedentes de dicho estado federal actualmente tipificado en la constitución del 99. Según el diccionario jurídico de Mabel Goldstein Federación es “La unión de los estados de derecho político interno, investida de soberanía, que forma una unidad política”. Para muchos autores, en Venezuela nunca ha existido un verdadero Estado federal,
ya que dentro del territorio venezolano, jamás hemos encontrados Estados o Provincias que hubiesen sido independientes, o que tuviesen autonomía originaria para renunciar a determinadas prerrogativas y formar un Estado federal venezolano. El primer punto de partida de la organización jurídico- política del Estado se remota a la constitución de 1811; la cual estuvo inspirada en la constitución norteamericana, Ambrosio Oropeza considera que “las provincias que suscriben el pacto de aquel año (1811), no fueron en ningún tiempo verdaderos centros de poder con peculiaridades características ni aun después de que la Real Cedula de 1777 la unifico en lo gubernativo y militar”, igualmente agrega que dichas provincias no eran mas que distritos administrativos que carecían de vida política y soberanía, con dichas provincias se constituye la capitanía general de Venezuela conformada por las provincias de Margarita, Cumana, Guayana, Maracaibo y Trinidad, y posteriormente Barinas, en las constituciones posteriores se hacen algunas referencias a un Estado federal, sin embargo es en la constitución del 61 donde el legislador incorpora una disposición sin precedentes en los textos constitucionales anteriores, de esta forma en su articulo 2 se establecía: “ La República de Venezuela es un Estado Federal en los términos consagrados por esta Constitución”, es importante igualmente considerar la exposición de motivos de la misma, que establecía el tipo de federación a la que se hacia referencia en la constitución, aclarando que en Venezuela existía una federación en la medida y peculiaridad en que esta había sido vivida dentro de las realidades venezolanas, es decir era un federalismo sui generis que no puede ser incluido en un concepto más amplio, ya que se trata de algo único en su tipo. Podemos concluir entonces que cuando se habla del Estado venezolano como un Estado Federal se hace referencia a épocas pasadas, donde existió el intento de la unión de estados en forma federal, actualmente Venezuela es un estado muy poco federal considerando que la verdadera autoridad emana de la Asamblea Nacional y el Presidente de la República, de esta manera para muchos el único aspecto Federal de nuestra República es la elección de los gobernadores de los Estados por parte del pueblo habitante de los mismos y no por el contrario la designación de estos como sucedía en años anteriores. Al igual que los Textos Constitucionales precedentes, la nueva Carta Fundamental le concede a los Estados una autonomía, que como indicamos anteriormente en el punto relativo a ese principio fundamental, es una autonomía menguada por expresarlo de alguna manera, ya que no se ajusta a las exigencias de una concepción federalista pura. Y eso, es así porque la forma de Estado Federalista fue acuñada caprichosamente por razones eminentemente políticas, pues nunca en el marco territorial de la antigua Capitanía General de Venezuela existieron Provincias que pudieren catalogarse como
entidades con fisonomía y rasgos propios que pudieren haber alcanzado el carácter de un Estado soberano, capaz de darse su propio régimen y organización, sino que el carácter mismo centralista de la Capitanía General, es un antecedente que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un juicio de valor sobre el particular DISTRITO CAPITAL Antiguamente Venezuela poseía un Distrito Federal, pero este fue sustituido por el Distrito Capital pero sin embargo a pesar del cambio de nombre igualmente acoge los mismos lineamientos que anteriormente estaban establecidos. Es una entidad federal especial diferente al resto de los estados y a las Dependencias Federales que componen nuestra nación, según lo establecido en el artículo 16 de la Constitución de la Republica. El Distrito Capital, es sede de los Poderes de la Nación, y se rige por la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital aprobada el 7 de abril de 2009 por la Asamblea Nacional. Su organización es competencia del Poder Nacional según lo establecido en el artículo 156 numeral 10 de la Constitución del 1999. El Distrito Capital no pertenece a ningún estado en específico. Esta conformado por el Municipio Libertador de Caracas, que sumados a los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del estado Miranda, conforman una asociación municipal llamada Distrito Metropolitano de Caracas así lo establece la Ley Especial del Régimen Municipal a dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas en su articulo 2. En cuanto a los límites estos están consagrados en la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital: Artículo 4: Los límites del Distrito Capital son los que le correspondían al extinto Distrito Federal a la fecha de entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que comprende el territorio del actual Municipio Bolivariano Libertador Según lo establecido en este artículo el Distrito Capital tendrá los mismos límites que tuvo el desaparecido Distrito Federal de Venezuela. En cuanto a lo referente de la economía del Distrito Capital, en el se concentra gran cantidad de actividades económicas, las manufacturas industriales mantienen una gran trascendencia por su alto volumen de producción, como también las actividades comerciales mayoristas, minoristas e informales. El Distrito Capital maneja el situado
constitucional y un subsidio de capitalidad, tiene personalidad jurídica propia y patrimonio propio Antiguamente el Distrito Capital contaba con un alcalde, denominado Alcalde Metropolitano, el cual era electo por votación popular, pero ahora tiene un jefe de gobierno, el cual es designado por ejecutivo nacional, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital aprobada por la Asamblea Nacional en el 2009. Entonces el Ejecutivo Nacional designo el cargo de Jefe de Gobierno a Jaqueline Farias a mediados del año 2009. Lo contemplada en el artículo 3 de esta Ley anteriormente citada, va en contra de la Constitución en el caso del siguiente artículo: El artículo 6 CRBV: "EL Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables". Por consiguiente de este dispositivo constitucional la escogencia debe ser por elección popular, en esta entidad política que la constituye el Distrito Capital. En cuanto a los recursos manejados por el Distrito Capital en la Ley de transferencias de bienes y recursos administrados transitoriamente por el distrito metropolitano de Caracas al Distrito Capital, se encuentra establecido el traspaso de los recursos que anteriormente eran administrados por el alcalde mayor, y que a partir del 2009 pasaron a ser administrados por la Jefa de Gobierno. Articulo 3: se desalara la trasferencia de las dependencia, entes y servicios adscritos a la Alcaldía Metropolitana, que por su naturaleza eran competencia del extinto Distrito Federal, en virtud de ello, el jefe o jefa de gobierno tendrá amplia potestad de regular y establecer la organización administrativa y el funcionamiento del Distrito Capital de conformidad con lo que establecido en la Constitución, las leyes nacionales y reglamentos. Quedan adscritos al Distrito Capital los institutos y servicios autónomos, las empresas, fundaciones y demás formas de administración funcional de la alcaldía metropolitana de Caracas que estén vinculados por su naturaleza, objeto y competencias asignadas al Distrito Capital. El jefe o jefa de gobierno, mediante decreto, podrá acordar su reorganización o liquidación y en tal sentido tomara las acciones y medidas necesarias para su ejecución.
Distrito Capital Un Sistema de Gobierno Municipal a dos niveles. Esto se instaura ya que algunos municipios pertenecientes al Distrito Capital también pertenecen a el estado Mirando y en caso de que estos municipios llegaran a unificarse Miranda perdería parte de su territorio, por eso la Constitución estableció un sistema de gobierno municipal a dos niveles para proteger o preservar la integridad territorial de Miranda y se estableció en la Constitución de la Republica. Art 18 CRBV: La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento
de los órganos del Poder Nacional. Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República. Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno, administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizará el carácter democrático y participativo de su gobierno.
En la "Ley Especial sobre el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas" publicado en gaceta oficial. No. 36.906 de fecha 8 de Marzo del 2.000, que según opinión del ex constituyente Ricardo Combellas "no regula la entidad política creada por la Constitución, el Distrito Capital, sino que crea un Distrito Metropolitano no contemplado para la ciudad Capital por la Constitución. El Distrito Capital termina siendo una entelequia sin organicidad, recursos, ni competencias; en segundo lugar, no se deslindaron nítidamente las competencias de los órgano del Distrito Metropolitano de las competencias de los Municipios que integran el Distrito Capital; y en tercer lugar, la Ley aprobada por la Asamblea Nacional no estableció relaciones formales de coordinación entre las máximas autoridades ejecutivas en el ámbito metropolitano, coincidente con el territorio del Estado Miranda El artículo 3 de la Ley especial sobre el régimen del Distrito Capital en referencia establece que: "el Distrito Metropolitano de Caracas se organiza en un sistema de Gobierno Municipal a dos niveles: El Nivel Metropolitano, formado por un Órgano Ejecutivo y un Órgano legislativo, cuya jurisdicción comprende la totalidad territorial Metropolitana de Caracas;
• El nivel Municipal, formado por un Órgano Ejecutivo y un Órgano
Legislativo en cada Municipio integrante del Distrito Metropolitano de Caracas. Hay que hacer destacar que el Alcalde Metropolitano, Los Concejales Metropolitanos, los Alcaldes Municipales y los miembros de los Concejos Municipales son escogidos por votación popular, universal, directa y secreta, en la misma oportunidad en que se lleve a cabo las elecciones municipales en todo el país. La Primera Autoridad Civil será El Alcalde Metropolitano, así como los Alcaldes Municipales lo son en cada unos de los Municipios que lo integran. Las atribuciones están señaladas en el artículo 8 de la. Ley en referencia. El Cabildo Metropolitano, es el órgano Legislativo del Distrito Metropolitano de Caracas y está integrado por los Concejales Metropolitanos los cuales son elegidos en la oportunidad y en el número determinado por la Legislación electoral aplicable. Las atribuciones se señalan en el artículo 12 de la citada Ley. Finalmente se hace mención a los limites del Distrito Metropolitano de Caracas, que según el artículo 2 de la Ley especial sobre el régimen del distrito metropolitano son: los del Municipio Libertador del Distrito Capital, el cuál sustituye al Distrito Federal, y de los Municipios Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo del Estado Miranda. TERRITORIOS FEDERALES. En el artículo 16 de la Constitución de la republica acerca de la Davison política se hace mención a los territorios federales. Así mismo este articulo Contempla la norma que la referida ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda sujeta a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. De igual manera, por ley especial podrá darse a un territorio federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo. Inicialmente bajo el imperio de la Constitución de 1.961 el único requisito exigido por el Texto Constitucional anterior para que un territorio optase a la categoría de Estado, era que fuese elevado por Ley Especial, a través de la cuál se le asignaría la totalidad o una parte de la superficie del territorio del cual dimana, esto según lo establecido en el articulo 13. Partiendo de esto podemos apreciar una evolución constitucional, ya que se observa que originalmente los exigídos para
que un Territorio Federal pretendiese alcanzar la categoría de Estado, eran menos En la actualidad no existe ningún Territorio Federal; pero sin embargo la Constitución al establecer la división política territorial de la Nación, incorpora como indicamos antes, en el artículo 16, a los Territorios Federales, con lo cuál se deja abierta la posibilidad de que alguna Dependencia Federal se eleve a esa categoría, ó bien de que una porción territorial de un Estado sea desmembrada y se le atribuya la categoría de Territorio De acuerdo al artículo anteriormente citado La Ley Orgánica que regule la división político territorial podrá disponer la creación de Territorios Federales en determinadas áreas de los Estados.
LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Las Dependencias Federales, según lo establecido en el articulo 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son las porciones de territorio de la República no comprendido dentro de Estados, Territorios Federales y del Distrito Capital, así como las islas, archipiélagos, islotes, cayos, bancos y similares que se formen en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. este articulo contempla una división Administrativa especial ya que las dependencias federales no tiene ni el estatus de Estado Federal ni el de Municipio Autónomo por ende no tienen ni alcalde ni gobernador. El régimen y administración de las Dependencias Federales estarán señalados en la Ley que por mandato constitucional habrá de dictarse para regular la organización y funcionamiento de las mismas. Esta materia fue regulada por una ley preconstitucional, La Ley orgánica de Dependencias Federales, que declara “dependencias federales las islas venezolanas del Mar de las Antillas, excepto Margarita y Coche, que constituyen el Estado Nueva Esparta. La Ley atribuye al Ejecutivo Nacional la administración de esas dependencias federales." Esta ley fue derogada por obvias razones, ya que era muy antigua LA CAPITAL DE LA REPUBLICA.
El Artículo 18 de la Constitución de la Republica Bolivariana establece que la ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional, sin embargo tal circunstancia, no impide el ejercicio del
Poder Nacional en otros lugares de la República.
Este articulo también hace referencia a Una ley especial establecerá la
unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes
CONCLUSIÓN El territorio es el elemento fundamental del Estado, pues sin territorio no hay Estado. El territorio es una parte de la superficie del mundo que pertenece a una nación; dentro de esa superficie se establece un país que es habitado por un pueblo que tiende a tener las mismas costumbres y hábitos, país que por razón de el uso de fronteras o límites territoriales delimita su territorio respecto del de las naciones vecinas. Sin embargo, el territorio no se conforma únicamente a partir de establecidas porciones de tierra, pues del territorio hacen parte también los ríos, el espacio aéreo, los mares, golfos, puertos, canales, bahías, etc. que se encuentran dentro del país. Esto quiere decir que un país es dueño también de determinados espacios aéreos y acuáticos, y que en el caso de una invasión o un ataque, puede utilizar su espacio aéreo y sus mares o ríos de la forma en que lo considere necesario para defender su soberanía. Entonces el territorio venezolano es aquella superficie donde el estado ejerce su soberanía y puede ejercer la autoridad estatal y las jurisdicciones del mismo. Venezuela esta integrada por un número de 23 estados más el Distrito Capital, el cual se conforma por diversos municipios y es la sede de los poderes de la nación A través de los años Venezuela sufrió numerosas pérdidas; en este caso fueron enormes pérdidas territoriales, que al pasar de los años se recuperaron poco a poco, sin embargo no todas han sido recuperadas y al vez no lleguen a recuperarse. En la actualidad, aun quedan ciertos límites por discutir. Venezuela y Colombia mantienen una controversia en torno a los límites marinos y submarinos en el área del golfo de Venezuela. En cuanto a Brasil podemos decir que los problemas limítrofes han sido menores debido a que las divisoras de las aguas determinan los límites entre los dos países, no obstante sufre la invasión de mineros ilegales de este país en busca de oro. Nuestro país sufre igualmente la explotación de su riqueza aurífera por parte de mineros brasileños, quienes en número significativo ocupan el territorio. Pero, no hay que olvidar que los problemas limítrofes entre Venezuela y Gran Bretaña son muy importantes. Hoy en día se sigue reclamando el territorio, se sigue exigiendo la pérdida de 159.500 km² de territorio de la Guyana Esequiba; que fueron los territorios arrebatados por Inglaterra
en el siglo XIX mediante diferentes maniobras legales y usando la fuerza. Poco a poco Venezuela ha modificado sus límites cronológicamente, mediante tratados y acuerdos que permitieron la convivencia entre Colombia, Brasil y Gran Bretaña, aun así quedan pendiente problemas por resolver. En cuanto a los componentes del territorio venezolano, el artículo 10 de la Constitución de la Republica establece: Artículo 10 CRBV. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Entonces con respecto al mar territorial, este es una franja de agua que rodea el territorio y se extiende desde la costa a una distancia de 11 millas náuticas. En tanto la zona marítima, es una franja de mar que se extiende al lado del mar territorial, se puede decir que es la puerta para entrar al mar territorial, y el Estado la destina para la vigilancia, sanidad y policía marítima. En cuanto a la plataforma continental esta es pedazo del territorio nacional que se localiza bajo el mar cuya longitud no puede ser fijada con exactitud. Finalmente el espacio aéreo, es el espacio de aire que cubre el territorio nacional hasta el límite del mar territorial. Durante el desarrollo del trabajo nos encargamos de establecer comparaciones entre las Constitución vigente y la constitución de 1961, indagamos diversas leyes relacionadas con cada uno de los puntos del tema, además de consultar numerosas fuentes de información.
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Caracas, 20 de julio de 1938 - Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5.453. Caracas, 2000
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