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Timestamp: 2019-07-22 07:34:27+00:00

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Para el juez del Tercer Juzgado Civil, Juan García Mayorga, que declaró improcedente la demanda en primera instancia, el ingreso de camiones de 39 toneladas no constituye peligro inminente que origine el rompimiento de las tuberías de desagüe.
El juzgador no tomó en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo que recomienda dejar sin efecto la Ordenanza Nº 07-2019.
Operador de justicia señala que si las redes de saneamiento están en mal estado es responsabilidad de EPSEL.
Las organizaciones de la sociedad civil presentaron el recurso de apelación correspondiente ante la decisión del juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Juan García Mayorga, quien declaró improcedente la demanda de acción de amparo presentada contra la Ordenanza Municipal N° 07-2019-MPCH/A, que autoriza el ingreso de camiones de más de 39 toneladas al casco central de la ciudad.
El abogado Rolando Manayalle Sánchez, patrocinador de los representantes de los colegios profesionales, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y la Asociación Regional de Exportadores – AREX, apeló la Resolución N° 2, emitida por García Mayorga el 28 de junio.
“El juez incurre en manifiesto error en el fundamento décimo de la recurrida resolución al establecer que el requisito de fondo para estimar la procedibilidad de la demanda, esto es afectación al contenido esencial de los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la vida, el mismo que respecto de los demandantes no se ha tenido en cuenta”, señala el documento presentado en la apelación.
Manayalle Sánchez añade que el magistrado estima que la norma cuestionada no resulta aplicable a los demandantes, lo cual no resulta lógico.
“Dicho argumento es más que aparente, toda vez que también les asiste dicho derecho. Pero no solo eso, sino que el juez incurre en sesgo de motivación al respecto al establecer que del atentado del derecho a la vida resulta de la destrucción de pavimentos, la destrucción de red de agua y alcantarillado, la congestión de tránsito vehicular y el incremento del ruido ambiental, no se afecta el derecho a la vida, desvinculándola del concepto de vida que no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de peligro de muerte, si no que se consolida como un concepto más amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Por esa razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida saludable”, explica el abogado.
Para el juez, deben ser los mismos afectados quienes a título subjetivo invoquen el respeto y protección de su vida, lo cual – afirma - no ocurre en la demanda de amparo, pues “la forma en que se atentaría contra el derecho a la vida no está dirigida a los solicitantes demandantes, mucho menos a las instituciones que dicen representar”.
La resolución señala que “existiría para los demandantes una amenaza abstracta hacia toda la población chiclayana sin haber sido determinados, entonces atender pretensiones que tengan como objeto inaplicar un dispositivo legal que no le resulta aplicable a los demandantes, implicaría la desnaturalización de los procesos constitucionales que tienen como objeto la defensa de los derechos fundamentales de las personas que lo invocan”.
García Mayorga manifiesta en el undécimo considerando que el colapso de las redes de agua potable y alcantarillado producto del tránsito de camiones de gran tonelaje no representa peligro cierto e inminente, pues “el daño cierto e inminente al que se hace alusión implica que el perjuicio denunciado sea real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, ello implica que para que sea considerada cierta la amenaza que alega debe estar fundada en hechos reales y de realización inminente”.
Señala también que no se pudo tener en cuenta el Informe N° 355- 2019-EPSEL-S.A-GO/SGMR, del 7 de junio, elaborado por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, al momento de emitir la ordenanza municipal, pues esta es anterior a la emisión de dicho informe.
Ignora el juzgador que la intención de la demanda de amparo es dejar sin efecto la norma emitida por el ayuntamiento en base justamente a las recomendaciones técnicas de los órganos competentes han señalado después de emitida la ordenanza.
El magistrado incurre en ignorancia total, ajena a la realidad local, al considerar que el informe de EPSEL es posterior a la emisión de la ordenanza, pese a que en la subsanación de demanda presentada por las organizaciones de la sociedad civil se alcanzó no solo el íntegro del documento, donde se precisa que este se emite en atención a la norma municipal puesta en vigencia, sino también el oficio de la Defensoría del Pueblo en el que se informa al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, que ante la emisión de la ordenanza dicha institución solicitó la opinión de EPSEL.
Peor aún, García Mayorga deja de lado, pese a que se consignó en la demanda, el hecho de que la municipalidad de Chiclayo aprobó la ordenanza sin requerir la opinión técnica de la empresa del agua.
“Los accionantes en ningún momento han sostenido que debió tomarse en cuenta dicho informe, sino que con el mismo acredita de manera inobjetable, la inminencia de la amenaza, dado que la citada ordenanza no ha tenido como sustento ningún informe técnico de tal naturaleza, por tanto el juez es arbitrario al sostener tal argumentación. Es más, sostiene que los accionantes utilizan los mismos argumentos y se refiere al colapso de las redes de agua y alcantarillado. Sin embargo, no es verdad lo sostenido por el juez, para nada estima la contaminación acústica que ocasionaría estos vehículos pesados, diésel, de más de 45 toneladas, incluso se expuso en la demanda que desde una perspectiva práctica, un ambiente puede ser afectado por cuatro actividades: molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”, precisa Rolando Manayalle.
En cuanto a la afectación del derecho al agua potable, el juez señala que el colapso de las redes de alcantarillado no se daría producto de la sobrecarga que habría con el ingreso de los camiones de gran tonelaje, sino por el estado actual de dichas redes, siendo EPSEL quien debe adoptar las medidas necesarias y oportunas para reparar las averías.
No obstante, el juez no se pronuncia sobre el tema de fondo, es decir, el hecho de que el tránsito de estos vehículos de más de 39 toneladas afectaría las redes de agua potable y alcantarillado. Además, García Mayorga considera “escueto” el informe de EPSEL, aun cuando este señala que en varias de las vías autorizadas por la comuna para la circulación de los camiones ya no existen redes debido a su antigüedad, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los ciudadanos.
Recurriendo en ignorancia, el magistrado atribuye a EPSEL la responsabilidad sobre el estado de las redes de agua y alcantarillado en la ciudad, desconociendo que los proyectos de modernización y ampliación del saneamiento básico son de competencia municipal y que en el caso de Chiclayo la comuna ha sido incapaz siquiera de conseguir la ejecución del saldo de obra del proyecto paralizado durante el gobierno de Roberto Torres por hechos de corrupción. Eso también le fue informado a su judicatura.
“El derecho fundamental al agua se ve directamente amenazado por la entrada en vigencia de esta norma municipal, pues es evidente que se quedarían sin el suministro del líquido elemento toda una población por los daños que ocasionen en su infraestructura el transporte pesado, al hacer uso del circuito vial establecido por la norma municipal”, indica el abogado.
SOCIEDAD CIVIL NO DESISTE: SALA CIVIL DEBERÁ REVISAR DEMANDA CONTRA LA ORDENANZA MUNICIPAL 07-2019
Carencia de insumos y reactivos se hace cada vez más notoria, demorando la toma de exámenes en laboratorio hasta 90 días.
El desabastecimiento de medicamentos entre febrero y marzo de este año llegó al 17 %.
Pese a que los jefes de los servicios de Oncología Médica y Neumología del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo informaron al Órgano de Control Institucional – OCI de EsSalud, sobre el perjuicio que generó la falta de capacidad en las compras y adquisiciones en el 2018, el presidente del Cuerpo Médico de dicho nosocomio, Juan Cruz Venegas, asegura que desconocían lo que pasaba al interior centro hospitalario.
“En caso de que este informe se ajuste a la realidad, nosotros pedimos que se investigue a los responsables, y no solo al gerente de ese entonces, Juan Rodríguez Terrones, sino a todos los gerentes que han pasado por la red asistencial. Nosotros desconocíamos el tema específico del incumplimiento en las contrataciones y compras, pero lo que sí conocemos son las consecuencias que eso genera en el hospital”, sostiene.
En la Edición 1020, Expresión dio a conocer los resultados del Informe de Visita de Control Nº 008-2019-OCI/0251-VC, del Órgano de Control Institucional de EsSalud, respecto al cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018 de la Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos – CEABE, y las compras delegadas a la Red Asistencial Lambayeque, durante la gestión del exgerente Juan Rodríguez Terrones.
De dicho informe se desprende como conclusión la advertencia de seis hechos que generaron riesgos al cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones del período 2018, hallándose un desabastecimiento de medicamentos en algunas áreas de hasta 212 días, nueve procesos de adquisición programados que no fueron ejecutados por la administración y la devolución a 19 pacientes oncológicos de lo gastado en la compra de sus medicamentos por montos superiores hasta en el 317 %, debido a la falta de medicinas en el hospital.
No obstante, Cruz Venegas manifiesta que el Cuerpo Médico desconocía dicha situación, pero sí advierte las consecuencias que eso genera. Por ejemplo, manifiesta que cada vez es más notoria la carencia de insumos y reactivos, lo cual obliga a que las citas en laboratorio se programen con una demora de 60 a 90 días e incluso más para exámenes de plan diagnóstico tales como tomografías, resonancias, estudios laboratoriales, entre otros, lo cual pone en riesgo la salud del paciente y dificulta la labor del profesional asistencial.
Expresa que durante febrero y marzo de este año hubo un desabastecimiento de hasta el 17 %, siendo lo mínimo permitido el 10 %. Para bienestar de los pacientes, Cruz Venegas afirma que esta situación ya se ha solucionado.
Respecto a la atención de primera consulta, señala que un paciente que viene por referencia de un policlínico tiene que esperar de 90 a 120 días para ser atendido, lo cual trae implicancias en el curso de su enfermedad.
“Lo que exigimos es que se nos provea de mejores condiciones de trabajo, lo cual implica que contemos con el material necesario, es decir, los insumos, reactivos y los mismos profesionales, pues nosotros no estamos solamente para trabajar en el plan recuperativo de la salud del paciente, sino para defender su salud, y eso implica su derecho a que sea atendido con calidad y calidez”, sostiene.
Cruz Venegas comenta que en algunos casos los médicos pueden suplir las carencias de medicamentos utilizando algunos que tienen las mismas características. En el caso de los antibióticos, por ejemplo, señala que si el germen a combatir es un gran positivo, se puede ver en el antibiograma qué medicamentos son efectivos y así suplir uno por otro.
No obstante, en algunas especialidades como la de psiquiatría a la cual pertenece Cruz Venegas, no se puede cambiar de medicamento a un paciente que está evolucionando bien con uno, pues hacer estos ensayos puede causar un retroceso. A esto se le llama idiosincrasia farmacológica.
“Mucho más grave aún es que haya desabastecimiento de los medicamentos oncológicos, pues allí no puedes usar otras alternativas. Cambiarle de tratamiento implica una recaída del paciente y eso genera su ingreso por emergencia y la ocupación de una cama, lo cual aumenta los costos. Nosotros más bien cuidamos que la institución siquiera ahorre y no esté rehospitalizando pacientes, cuando es tan simple la compra de los medicamentos”, asevera.
Afirma que los médicos son conscientes que muchos pacientes suelen tomarse las tomografías de forma privada e incluso compran los medicamentos, lo cual aumenta el gasto en el bolsillo de los asegurados y, a la vez, el gasto de EsSalud.
Añade que en las compras centralizadas los medicamentos tienen un menor costo que en las compras que se hacen de forma delegada, es decir, por la misma red asistencial de Lambayeque, por lo que la administración misma está ocasionando perjuicio económico.
“Tiene que haber una revisión de los procesos, pues nosotros desconocemos cómo se manejan estas cosas. Hemos insistido varias veces para sostener reuniones con los gerentes para trabajar juntos y que todo se dé de forma más ordenada, pero hasta ahora no encontramos eco. Su política de ellos es de oídos sordos”, puntualiza.
SUSPENSIÓN DE LAS GUARDIAS
Por otro lado, Cruz Venegas señala que el gerente del hospital, Romel Castañeda Vásquez, ha dispuesto que se suspendan las guardias de hospitalización en las áreas de medicina interna, pediatría y cardiología, lo cual consiste en que los médicos de Emergencia que estaban destinados a estas áreas por si ocurriese alguna contingencia, ya no seguirán allí.
“¿Si un niño se pone mal, van a llamar al médico de emergencia para que suba a piso? ¿O si en cardiología le da un infarto a alguien, vamos a esperar a que venga el médico? Y es por un capricho que los quieren sacar. Dicen que es una normativa que ha dado la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, pero qué sabe Lima de la realidad de nosotros”, cuestiona.
Por su parte, el jefe del Servicio de Medicina Interna, Milko Ugaz Zegarra señala que una de sus preocupaciones es el traslado de la Unidad de Cuidados Especializados de Medicina Interna – UCEMIN, a la Unidad de Cuidados Intensivos Intermedios - UCIN.
Explica que el Servicio de Medicina Interna tiene 35 camas, de las cuales seis tienen monitor, los mismos que les sirven a los galenos para observar los signos vitales de los pacientes con una mayor frecuencia cuando estos son inestables, es decir, que necesitan de un mayor cuidado sin necesidad de requerir un ventilador mecánico.
Refiere que el paciente con algún grado de inestabilidad es aquel que llega al servicio desnutrido, deshidratado, con taquicardia u alguna infección. Señala que son precisamente esas seis camas que conforman UCEMIN, las que quieren trasladar a la UCIN.
“Estos son monitores de tres a cinco parámetros, no más, y no son para monitoreo invasivo, sino monitoreo simple. Las camas con dichos monitores las hemos usado por más de 20 años en el servicio y nunca ha habido ningún problema. Al contrario, nuestra tasa de uso de camas es del 109 %, es decir, sobrepasamos la capacidad instalada que tenemos”, afirma.
No obstante, Ugaz Zegarra comenta que de una forma inconsulta y arbitraria pretenden defenestrar esas camas con monitores para llevarlas a UCIN, alegando su necesidad por el brote epidémico del Síndrome de Guillain – Barré y una supuesta incapacidad de los médicos internistas para atender a este tipo de pacientes.
“El Guillain – Barré es un brote epidémico que ya no está activo y el que los internistas no estamos capacitados para atender este tipo de pacientes con inestabilidad es falso. En la misma emergencia del Almanzor el 70 % de los médicos son internistas, es parte de nuestro perfil como profesionales el atender estos casos”, afirma.
Anota que en Medicina Interna se tiene a cargo 12 mil 500 días cama – paciente, concepto que señala el total de días que se tienen ocupadas las camas por todos los pacientes que ingresan durante el año. En tanto, menciona que las unidades de cuidado crítico solo tienen la quinta parte de ocupación.
“La sala de Medicina Interna del Hospital Almanzor es la única sala de referencia en todo el departamento, no hay otra más de EsSalud. En nuestro servicio no hay una sola cama vacía durante todo el año. Tal es así la ocupabilidad que el lapso en que un paciente deja una cama y otro la vuelve a ocupar fluctúa entre dos a tres horas, el tiempo justo que tarda esterilizar los elementos de la cama para volverla a utilizar”, asevera.
Explica que atienden aproximadamente tres pacientes por mes en una cama, pues cada uno tiene un período de hospitalización de 10 a 12 días.
“El médico intensivista tiene su especialidad y es para áreas críticas, los internistas manejamos las áreas generales. Las camas que quieren quitar de Medicina Interna no son las adecuadas para las áreas críticas. Ese departamento cuenta con espacio suficiente para implementar ocho camas más de atención crítica tecnificada como para que pretendan quitarnos las de Medicina Interna”, anota.
Este hecho y los antes mencionados generaron que en asamblea del 4 de julio los médicos decidan hacer la denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito y exijan la destitución del gerente de la red asistencial, del hospital y los gerentes de línea.
DESCONOCEN INFORME DEL OCI: EXIGEN INVESTIGAR IRREGULARIDADES EN EL PLAN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS DEL 2018
Consorcio Túcume demandó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque al Gobierno Regional de Lambayeque durante la gestión de Humberto Acuña Peralta.
Empresa cobrará una indemnización por daños y perjuicios sin haber empezado la ejecución dela obra.
El Gobierno Regional de Lambayeque deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios a favor del Consorcio Túcume por la suma de un millón 507 mil 394.24 soles, tras perder el laudo arbitral seguido con la empresa por la nulidad de oficio del Contrato de Obra Nº 11-2016-GR.LAMB/ORAD “Mejoramiento de la Carretera Departamental LA-105, Tramos Positos (km.9+212) Distrito de Túcume hasta la Ciudad de Mórrope, intersección con la carretera Panamerica Norte (km.1008), Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque”.
Con la emisión del laudo arbitral se deja sin efecto la nulidad del contrato de obra mencionada, así como se declara resuelto el mismo por incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del gobierno regional. La gestión que preside ahora Anselmo Lozano Centurión tiene 20 días contados desde el 2 de julio, fecha en que se emitió el laudo, para interponer un recurso de anulación judicial.
DOCUMENTACIÓN INEXACTA
Según la Resolución Nº 16 del 2 de julio del 2019 emitido por Tribunal Arbitral comprendido por los árbitros Carlos Alberto Paitan Contreras, Juan Huamaní Chávez y Luis Felipe Pardo Narvaez, el 2 de junio del 2016 la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, solicitó mediante el Oficio Nº 402-2016/GR.LAM/ORAD/OFLO, a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión información sobre la verisimilitud del diploma del ‘Curso Pavimentos Flexibles’ consignado a nombre de Julio Alberto Pinazo Estrada y el certificado del ‘Curso Residencia de Obras’ a nombre de Luis Fernando Miranda Quintana, residente de obra y asistente de obra, respectivamente, dado que en dichos documentos aparece el logo de la universidad, mas no la firma de algún funcionario de la misma, estando solo la de los representantes de la empresa Q & v Pluss Gestión y Negocios SAC., encargada de brindar los cursos.
El 6 de junio la casa superior de estudios mediante Oficio Nº 0856, respondió al gobierno regional señalando que en los archivos de Secretaría General - UNDAC, no existe ninguno de los documentos consultados, por lo que no tienen validez, ya que la universidad no auspició dichos cursos.
El 23 de junio, la Oficina de Logística del gobierno regional emite a la Oficina Regional de Administración del mismo ente el Informe Nº 84-2016-GR-LAMB.OFLO, en el cual concluye que la documentación presentada por la contratista es falsa, solicitando que se proceda con la tramitación de la nulidad de oficio.
No obstante, el 27 de junio se suscribió el Contrato de Obra Nº 11-2016-GR.LAMB/ORAD entre el Consorcio Túcume y el Gobierno Regional de Lambayeque para el mejoramiento de la carretera que va desde el tramo Positos en Túcume hasta Mórrope en su intersección con la carretera Panamericana Norte por la cifra de 25 millones 704 mil 85.89.
El 1 de julio la Oficina Regional de Administración le emitió el Oficio Nº 1864-2016-GR-LAMB/OGAR al entonces gobernador Humberto Acuña Peralta, a fin que evalúe la nulidad de oficio del Contrato de Obra Nº 011-2016-GR-LAMB/ORAD. Tres días después, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emita el Informe Legal Nº 307-2016-GR-LAMB/OGAR, en el que se declara jurídicamente procedente declarar la nulidad de oficio del contrato de obra, así como el acta de otorgamiento de buena pro del 30 de mayo de ese mismo año.
Es así que el 21 de julio la contratista fue notificada, a través de la Carta Notarial Nº 001-2016-GR-LAMB/SG-DIG, respecto a la nulidad de oficio del contrato, así como del otorgamiento de la buena pro, conforme a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 249-2016-GR-LAMB/PR, del 5 de julio.
POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Según el Tribunal Arbitral, en los requerimientos técnicos de las bases del gobierno regional se señala que, para la acreditación de las capacitaciones requeridas, se necesita cualquier documento que demuestre que el profesional efectivamente recibió dicha formación.
Alega que, si bien la universidad en cuestión afirma que no tiene ningún convenio con la empresa Q & v Pluss Gestión y Negocios SAC., esta última reconoce que los cursos sí fueron realizados, así como la veracidad de los documentos emitidos y firmados.
Señala que la discrepancia se trataría sobre si los cursos dictados por Q & v Pluss Gestión y Negocios SAC. Tienen el auspicio de la Universidad Nacional Danial Alcides Carrión, lo cual no afecta la realización de los mismos. “No es exigencia de las bases requerir que la capacitación se haya realizado bajo los auspicios de alguna universidad, ni que esta tenga un acuerdo de colaboración con el OSCE”, se explica.
Añade que al dejar sin efecto la nulidad del contrato, correspondería continuar con la ejecución del mismo, pero declara fundada la resolución del contrato de la obra por incumplimiento de obligaciones contractuales, pues al momento en que el gobierno regional le notificó la nulidad del contrato al Consorcio Túcume había trascurrido más de los 15 días señalados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En virtud de lo señalado, le otorga una indemnización a la empresa por un millón 507 mil 394.24 soles.
De espaldas al pueblo. La actuación de algunos alcaldes, que hace unos meses asumieron el cargo, es cuestionada por su ineptitud para hacer uso de los recursos asignados para la ejecución de obras de reconstrucción en el ámbito de sus distritos, manteniendo en el aire un presupuesto total de 37 millones de soles.
Entre el 16 y el 28 de mayo, la Municipalidad Distrital de Mórrope, a cargo del alcalde Nery Castillo Santamaría, convocó dos procesos de Contratación Pública Especial – PEC, sobre la base de la Ley de Reconstrucción con Cambios - RCC. El primero con la finalidad de realizar la reconstrucción y mejora de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Marañón, San Martín, San Antonio, San José, San Pedro, el Rosario Real, Bolognesi, Santa Ana, Las Mercedes, Augusto B. Leguía y Santa Rosa del pueblo tradicional de Mórrope, por un monto que supera cinco millones 800 mil soles.
El segundo proceso se convocó para la ejecución del mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del cercado de Mórrope, entre las calles Los Incas, Tupac Amaru y Panamericana Norte por el importe aproximado a los ocho millones de soles.
Ambos procesos de selección se encuentran paralizados a pesar del tiempo transcurrido desde su convocatoria, debido a que – como se muestra en la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE – estos han sido materia de consultas y observaciones a las bases por parte de los postores, las cuales no han sido absueltas en los plazos previstos por la razón que el área usuaria no a emitido los informes respectivos, lo que está permitiendo que ambos procedimientos tengan un ostensible atraso a la fecha, a pesar de contar con la disponibilidad presupuestal aprobada.
Un atraso significativo se presenta para la ejecución de la obra denominada “Rehabilitación de los caminos vecinales en los Caseríos Tomasita, El Marco Pan de Azúcar – Cruce Tomasita, Noria Nueva, Progreso Bajo – Medio en el Distrito de Jayanca”, cuyo monto presupuestado asciende a tres millones 869 mil soles.
Dicho proyecto fue aprobado bajo los alcances de la Ley de Reconstrucción con Cambios, con la finalidad de que los procedimientos para su adjudicación tengan que ser realizados en el tiempo abreviado previsto por la norma, lo cual al parecer no se está cumpliendo, ya que a pesar que la buena pro fue adjudicada al Consorcio Puerta Grande, esta fue materia de impugnación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
El tribunal, el 24 de mayo, emitió la Resolución N° 1302 – 2019 -TCE – S4, mediante la cual declaró fundado el recurso de impugnación presentado por el Consorcio Metacontrol, debido a que las bases integradas del proceso contenían un vicio técnico en perjuicio del proceso constructivo de la obra y la buena calidad de la misma, razón que siendo atribuible al Comité de Selección, ha permitido que el alcalde Julio Mundaca Nunura emita la Resolución de Alcaldía N° 131 - 2019- MDJ/A declarando la nulidad del proceso y retrotrayendo el mismo hasta la etapa de su convocatoria.
El 26 de marzo del 2019, la Municipalidad Distrital de Olmos convocó dos procesos por la Reconstrucción con Cambios con la finalidad de reparar una serie de calles en el casco central del distrito de la “Capital del Limón”.
Ambos proyectos tienen un presupuesto aproximado a los tres millones de soles. Los dos procesos tuvieron desde su convocatoria serios cuestionamientos que indujeron a la autoridad edil a declarar en primera instancia la nulidad de los mismos, para, luego de superados los vicios advertidos, lograr su adjudicación el 1 de junio del año en curso.
La nulidad se originó en ciertas irregularidades en las que habría incurrido el Comité de Selección en la etapa de admisión de ofertas, por lo cual el actual alcalde, Adrián Arroyo Soplapuco, decidió declarar la nulidad de las adjudicaciones mediante las Resoluciones N° 235 y 236-2019-MDO/A, retrotrayéndolos hasta la etapa de admisibilidad de ofertas.
Siguiendo con las nefastas postergaciones de los procesos que conlleven al inicio de los trabajos programados en la región, se tiene que desde septiembre del 2018 la comuna de Pitipo programó desarrollar una Licitación Pública con la finalidad de ejecutar la obra del “Mejoramiento de la I.E. José Campos Peralta”, cuyo valor supera los 10 millones de soles, proceso que luego de una serie de postergaciones fue adjudicado al Consorcio Kapricornio, adjudicación que ha sido impugnada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE, por el Consorcio I.E. Campos Peralta – Pítipo.
La apelación se encuentra en proceso, a la espera que dicho ente resuelva la controversia y decida los procedimientos posteriores que tuvieran que aplicarse en este caso.
Se advierte también de acuerdo al portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, que la comuna distrital de Salas convocó el 29 de abril del presente año el proceso bajo el ámbito de la Ley de Reconstrucción con Cambios, cuyo objeto consiste en el “Mejoramiento y Ampliación de la I.E. de Nivel Inicial N° 213”, por un monto equivalente a los tres millones 500 mil soles.
Sin embargo, el proceso hasta la fecha se encuentra anulado mediante la Resolución de Alcaldía N° 142-2019-MDS/A, emitida el 8 de mayo pasado por el alcalde Antonio Mesones Flores, quien ha fundamentado su decisión debido a la intervención por parte del Órgano de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, que advirtió situaciones adversas al expediente técnico, las mismas que se basan en deficiencias e inconsistencias en su formulación y elaboración, razón por la cual decidió retrotraer el proceso a la etapa de su convocatoria.
Se tiene también que el 30 de mayo del presente año, la Municipalidad Distrital de Mochumí convocó el proceso de selección con la finalidad de ejecutar la obra del “Mejoramiento del Servicio de Riego en el Canal Zanjón - II Etapa”, con un presupuesto aprobado de un millón 841 mil soles, procedimiento que ha sido declarado nulo por el alcalde Alberto Rodríguez Alvarado.
En este caso se tiene que, de acuerdo al informe emitido por el Comité de Selección, el expediente técnico del proyecto no ha sido publicado en el portal del SEACE, como lo establece la norma vigente, lo que ha derivado que el burgomaestre emita la Resolución N° 179 – 2019 – MDM/A declarando la nulidad de oficio del proceso.
Como corolario de las deficientes gestiones ediles en los distritos ya mencionados, se advierte también en el SEACE la nulidad del proceso PEC convocado por la Municipalidad Distrital de Pimentel el 22 de mayo del año presente, cuyo objeto está referido a la “Rehabilitación de tramo de pistas y veredas en la calle Leoncio Prado desde la cuadra 5 hasta la 1”, cuyo presupuesto asciende a la suma de 700 mil 743 mil soles.
El proceso en cuestión ha tenido que ser declarado nulo de oficio por el alcalde Roberto Jacinto Purisaca, debido a que la Contraloría General de la República ha advertido ciertos vicios contenidos en el expediente de contratación, razón que ha permitido que el burgomaestre pimenteleño emita la Resolución de Alcaldía N° 241-2019-MDP/A, con fecha 3 de julio del 2019, retrotrayendo el procedimiento hasta la etapa de su convocatoria.

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