Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Grenada12.028b.htm
Timestamp: 2018-10-17 15:40:25+00:00

Document:
Grenada 12.028b - Fondo
95. En el caso de El Estado contra Makwanyane y McHunu,[72] el Tribunal Constitucional de Sudáfrica eliminó la disposición sobre pena de muerte de la Ley de Proceso Penal Nº 51[73] por ser incongruente con la Constitución de Sudáfrica de 1993. Como parte de su análisis, el Tribunal sugirió también que la discrecionalidad orientada otorgada a los jueces sudafricanos para considerar las circunstancias personales y los factores subjetivos del acusado al aplicar la pena de muerte satisfacía parcialmente el requisito de que ese castigo no se imponga arbitraria o caprichosamente, y razonó como sigue (incluidas las notas al pie):
Basando su argumento en las razones que encontraron eco en la mayoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Furman c. Georgia, el Sr. Trengove sostuvo en nombre del acusado que la redacción imprecisa de la Sección 277 y la ilimitada discreción otorgada por ésta a los tribunales, tornaba inconstitucional sus disposiciones. [74]
En nuestro sistema judicial, las cuestiones de la culpabilidad y la inocencia y la adecuada sentencia que debe imponerse a quienes son declarados culpables de un delito, no son decididas por los jurados. En los casos de pena capital, en que es posible que se imponga una sentencia de muerte, los jueces actúan con dos asesores que tienen igual voto que el juez en torno a la cuestión de la culpabilidad y a todo factor atenuante o agravante vinculado a la sentencia; pero la imposición de la sentencia es prerrogativa única del juez. La Ley de Proceso Penal permite un pleno derecho de apelación a los sentenciados a muerte, incluido el derecho a impugnar la sentencia sin establecer una irregularidad o vicio de parte del juez litigante. La División de Apelaciones está facultada para revocar la sentencia si dicha División no la hubiera impuesto y ha establecido criterios para el ejercicio de esta facultad por la propia División y por otros tribunales.[75] Si la persona sentenciada a muerte no apela, la División de Apelaciones está no obstante obligada a revisar el caso y revocar la sentencia de muerte si opina que no es adecuada.[76]
El Tribunal debe identificar los factores atenuantes o agravantes, teniendo en cuenta que corresponde al Estado la carga de probar más allá de toda duda razonable la existencia de factores agravantes y negar fuera de toda duda razonable la presencia de todo factor atenuante que esgrima el acusado.[77] Es preciso prestar la debida atención a las circunstancias personales y los factores subjetivos que puedan haber incidido en el comportamiento del acusado,[78] y estos factores deben ser ponderados con los objetivos principales del castigo, que se ha sostenido son: la disuasión, prevención, reforma y retribución.[79] En este proceso, “toda consideración relevante debe merecer el más escrupuloso cuidado y atención”,[80] y sólo se debe imponer la sentencia de muerte en los casos más excepcionales en que no existen perspectivas razonables de reforma y el objetivo del castigo no podría conseguirse mediante otra sentencia.[81]
Me parece que existe escasa diferencia entre la discrecionalidad orientada exigida para la imposición de sentencias de muerte en Estados Unidos y el criterio establecido por la División de Apelaciones para la imposición de la sentencia de muerte. El hecho de que la División de Apelaciones, un tribunal de jueces experimentados, adopte la decisión final en todos los casos es, a mi juicio, más proclive a dar lugar a una sentencia congruente que cuando la sentencia queda en manos de jurados a los que se da una orientación estatutaria sobre cómo ejercer la discrecionalidad.[82]
96. Análogamente, en el caso Bachan Singh c. el Estado de Punjab,[83] el apelante argumentó ante la Corte Suprema de la India que la sección 354(3) del Código Penal de la India de 1973 contravenía el requisito consagrado en el artículo 21 de la Constitución de ese país, de que "nadie será privado de su vida ni de su libertad personal excepto de acuerdo con el proceso establecido por la ley", puesto que la disposición otorgaba a los jueces demasiada discrecionalidad en la determinación de la sentencia de muerte.[84] La Corte Suprema de la India rechazó la afirmación del apelante porque a su juicio no era congruente con los requisitos del artículo 21 de la ley de librar la imposición de la pena de muerte a la "discrecionalidad judicial de los tribunales que están integrados por personas de razón, experiencia y prestigio en la profesión", que ejercen la discreción para pronunciar sentencias "judicialmente", de acuerdo con principios ampliamente reconocidos y cristalizados en decisiones judiciales orientadas de acuerdo con los lineamientos generales de la política legislativa hacia los puntos de referencia promulgados en la sección 354(3)”.[85] Para llegar a esta conclusión, la Corte articuló los siguientes postulados encaminados a orientar a los jueces de la India en el ejercicio de la discrecionalidad para la determinación de las sentencias de muerte:
(b) al considerar la cuestión de la sentencia de muerte que impondrá por el delito de homicidio en virtud de la sección 302 del Código Penal, la Corte debe tener en consideración todas las circunstancias relevantes vinculadas al delito y al delincuente. Si la Corte concluye, y sólo si así concluye, que el delito es de un carácter excepcionalmente perverso y constituye, por su forma y por la manera de su ejecución, fuente de grave peligro para la sociedad en su conjunto, puede imponer la sentencia de muerte[86]
97. La Corte también subrayó la incidencia crucial de factores atenuantes en la imposición, ajustada a parámetros humanitarios, de la pena capital. La Corte afirmó que "el alcance y el concepto de los factores atenuantes en la esfera de la pena de muerte debe merecer una interpretación liberal y amplia de parte de los tribunales, de acuerdo con la política prevista en la sección 354(3) sobre pronunciamiento de sentencias", y opinó que:
[a] una preocupación real y permanente por la dignidad de la vida humana postula la resistencia a quitar la vida de una persona mediante la instrumentalidad de la ley. Ello no debe ocurrir excepto en el caso excepcionalísimo en que resulte incuestionablemente inviable toda otra alternativa.[87]
98. La experiencia de otras jurisdicciones internacionales y nacionales, por lo tanto, sugiere que el tribunal debe tener discreción para tener en consideración las circunstancias individuales del delincuente y del delito al determinar si la pena de muerte puede y debe imponerse, si la sentencia se considera racional, humana y conforme a los requisitos del debido proceso. Se ha determinado que las circunstancias individuales que deben considerarse incluyen el carácter y los antecedentes del delincuente, los factores subjetivos que pueden haber incidido en su comportamiento, la forma y la manera de la ejecución del delito en particular, y la posibilidad de reforma y readaptación social del delincuente.
99. Las autoridades de estas jurisdicciones han sugerido que, para ejercer una discreción racional y no arbitraria en la formulación de las sentencias, dicha discreción debe estar orientada por principios y normas legislativas o judicialmente prescritos y debe ser objeto de una revisión judicial efectiva, todo ello con miras a garantizar que la pena de muerte se impone únicamente en las circunstancias más excepcionales y pertinentes. La Comisión considera que deben tenerse en cuenta estos principios al interpretar y aplicar los artículos 4, 5 y 8 de la Convención a fin de exigir sentencias individualizadas para implementar la pena de muerte. Aceptar una norma menos estricta equivaldría, a juicio de la Comisión, a no brindar protección suficiente para salvaguardar los derechos más fundamentales consagrados en la Convención Americana.
100. Como se indicó, el Sr. Knights fue declarado culpable de homicidio de acuerdo con la Sección 234 del Código Penal de Grenada y fue sentenciado a una pena de muerte obligatoria en la horca. La Sección 234 del Código Penal estipula específicamente que "quien cometa homicidio será castigado con la muerte". Con respecto a los elementos del delito de homicidio en Grenada, el juez que entendió en el juicio instruyó al jurado en el sentido de que "la parte acusatoria tiene que probar que el acusado actuó intencionalmente y que ese acto que cometió el acusado causó intencionalmente la muerte de Cherrie-Ann Matthew por daño ilegítimo”.[88]
101. Las pruebas presentadas por el Sr. Knights y sus testigos en el juicio parecen sugerir que el Sr. Knights fue atacado por el asesino de la fallecida y sufrió heridas en el proceso. El testimonio no jurado del Sr. Knights fue que después de pasar la noche del 8 de septiembre de 1993 con la fallecida, ambos, él y la fallecida, fueron atacados por un hombre vestido de negro con un arma en su mano y una máscara en su cara. El Sr. Knights también testificó que él y la fallecida corrieron, se separaron y después él fue atacado por un hombre con una mascara que le apuñaló con un cuchillo. Además, el Sr. Knights testificó que tras ser apuñalado, no podía recordar que ocurrió después, y que despertó en el Hospital General.
102. En el juicio, la Dra. Mary Courtenay, testigo del Sr. Knights, declaró bajo juramento ser médico practicante colegiado en Grenada y prestar servicios en el Hospital Princesa Alicia. La Dra. Courtenay testificó que, tras haber examinado al Sr. Knights, determinó que había recibido tres puñaladas de 3 cm. y una de 2 cm., y que las heridas podían haber sido causadas por un instrumento afilado con una punta parecida a la de un cuchillo. La Dra. Courtenay también declaró que el Sr. Knights tenía un pequeño rasguño en la mejilla izquierda, y que la fuerza utilizada para infligir esas heridas habría sido moderada. Durante las repreguntas, la Dra. Courtenay declaró que había la posibilidad de que las heridas hubieran sido auto infligidas.89 El Sr. Knights también llamó a Evelyn Peters como testigo, la cual declaró bajo juramento trabajar en el “banco de sangre” del Hospital General, y que normalmente hace pruebas de sangre. La Sra. Peters testificó que analizó la sangre del Sr. Knights y que su tipo de sangre es “Grupo ORH positivo y presentó un certificado como prueba que mostraba lo mismo.” Losl peticionarios mantienen que el tipo de sangre que se encontró en el cuchillo que estaba en manos del Sr. Knights en la escena del delito era del ”Grupo AB”.90
103. En consecuencia, la Comisión concluye que una vez que el Sr. Knights fue declarado culpable de homicidio, la ley de Grenada no permitió que el tribunal celebrase una audiencia para determinar si la pena de muerte era una sanción admisible y adecuada para el Sr. Knights. No hubo la oportunidad de que el juez que entendió el juicio o el jurado considerasen factores tales como el carácter o los antecedentes del Sr. Knights, la naturaleza o gravedad del delito o los factores subjetivos que pudieran haber motivado el comportamiento del Sr. Knights. Éste se vio asimismo impedido de formular declaraciones sobre esta materia. El Tribunal sentenció al Sr. Knights únicamente sobre la base de la categoría del delito por el que había sido condenado.
104. Sin embargo, como indica el análisis anterior, la legislación de Grenada no permite que el tribunal que sentencia a una persona a muerte considere circunstancias atenuantes de esta naturaleza. La Comisión reconoce que, si el tribunal en este caso hubiera tenido por ley discrecionalidad para considerar factores de esta naturaleza al determinar la sentencia adecuada, bien podría haber impuesto igualmente la pena de muerte. La Comisión no puede y, en realidad, no debe especular sobre cuál hubiera sido el resultado. Esta determinación compete al tribunal nacional. Lo que es crucial en la determinación de la Comisión de que la sentencia de muerte del Sr. Knights contraviene la Convención, sin embargo, es el hecho de que el Sr. Knights no tuvo oportunidad de presentar estos y otros factores atenuantes en el contexto de la sentencia, ni se permitió que el Tribunal considerase indicios de esta naturaleza en la determinación de si la pena de muerte era un castigo adecuado en las circunstancias del caso del Sr. Knights.
105. La Comisión no considera que el Comité Asesor del Estado sobre la Prerrogativa de Clemencia, creado por los artículos 73 y 74 de la Constitución de Grenada, pueda brindar una oportunidad adecuada congruente con los requisitos de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana para una adecuada implementación de la pena de muerte mediante sentencia individualizada. La autoridad del Ejecutivo de Grenada para ejercer la prerrogativa de clemencia está establecida en las Secciones 72, 73 y 74 de la Constitución de Grenada, que establece lo siguiente:
72(1) El Gobernador General puede, a nombre o en nombre de Su Majestad:
(a) Conceder el indulto, libre o sujeto a condiciones legales, a toda persona condenada por cualquier delito;
(b) Conceder a toda persona una suspensión indefinida o por un plazo específico de la ejecución de todo castigo que se le haya impuesto por un delito;
(c) Sustituir por una forma menos severa de castigo el castigo impuesto a una persona por un delito; o
(d) Revocar total o parcialmente todo castigo que se haya impuesto a una persona por un delito o toda sanción o confiscación ante la Corona por razón de un delito.
(2) Las facultades del Gobernador General en virtud de la subsección (1) de la presente sección serán ejercidas por él de acuerdo con el asesoramiento del Ministro que transitoriamente pueda designar el Gobernador General, el cual actuará de acuerdo con el asesoramiento del primer Ministro.
(a) El Ministro designado transitoriamente en virtud de la sección 72(2) de la presente Constitución, el cual lo presidirá;
(c) El funcionario médico jefe del Gobierno de Grenada; y
(d) Otros tres miembros designados por el Gobernador General por instrumento escrito de su puño y letra.
(2) Un miembro del Comité designado en virtud de la subsección (1)(d) de la presente sección ocupará su cargo por el período que se especifique en el instrumento de designación, estableciéndose que su cargo quedará vacante –
(a) en caso de que una persona que, a la fecha de su designación, fuera Ministro, si deja de ser Ministro;
(b) Si el Gobernador General, por instrumento escrito de su puño y letra, así lo decide.
(3) El Comité puede actuar pese a que existan vacantes o pese a la ausencia de alguno de sus miembros y sus actuaciones no resultarán inválidas por la presencia o la participación de una persona sin derecho a estar presente o a participar en sus actuaciones.
(4) El Comité determinará sus propios reglamentos.
(5) En ejercicio de las funciones de acuerdo con la presente sección, el Gobernador General actuará de acuerdo con el asesoramiento del Primer Ministro.
106. La legislación de Grenada, por tanto, dispone un proceso conforme al cual el Ejecutivo puede ejercer la autoridad de conceder amnistía, indultos o conmutaciones de las sentencias. Sin embargo, la Comisión no conoce ningún criterio prescrito que se aplique en el ejercicio de las funciones o de la discrecionalidad del Comité Asesor, excepto el requisito para los casos de pena de muerte en que el Ministro instruye la confección de un informe escrito del caso por parte del juez que entendió en el juicio y posiblemente el aporte de toda otra información que considere conveniente el Ministro, la que se tendrá en cuenta en la sesión del Comité Asesor. Tampoco conoce la Comisión de ningún derecho de parte del delincuente a apelar ante el Comité Asesor, a que se le informe de la fecha en que se reunirá el Comité para examinar el caso del delincuente, a formular declaraciones orales o escritas ante el Consejo Privado o a presentar, recibir o impugnar las pruebas examinadas por el Consejo Privado. Los escritos de los peticionarios confirman que el ejercicio de la facultad de indulto en Grenada comporta un acto de clemencia que no es objeto de derecho legal y por tanto no está sujeto a revisión judicial.91
107. En este sentido, sin embargo, la Comisión ha recibido información de que el 12 de septiembre de 2000 la sentencia en el caso Neville Lewis et al. contra El Procurador General de Jamaica, el Comité Judicial del Consejo Privado, el Tribunal de Apelación de Grenada de más alto nivel, dictaminó que la petición de clemencia de un individuo de conformidad con la Constitución de Jamaica está abierta a revisión judicial.[18] El Consejo Privado también resolvió que el procedimiento para la clemencia debe ejercerse a través de procedimientos imparciales y adecuados, que requiere, por ejemplo, que un condenado sea notificado de la fecha en que el Consejo Privado de Jamaica considerará su caso, que se le brinde la oportunidad de hacer presentaciones en apoyo a su caso y que reciba copias de los documentos que considerará el Consejo Privado de Jamaica a la hora de dictaminar sentencia.93
108. La Comisión considera que el procedimiento para el otorgamiento de clemencia en Grenada es incongruente con las normas dispuestas en los artículos 4, 5 y 8 de la Convención que son aplicables a la imposición de sentencias de muerte obligatorias. Como se señaló anteriormente, estas normas incluyen principios y normas legislativas o judicialmente prescritas para orientar a los tribunales en la determinación de la pertinencia de la pena de muerte en casos individuales y un derecho efectivo de apelación o revisión judicial de la sentencia impuesta. El proceso de prerrogativa de clemencia de Grenada, incluso con la información de la sentencia en el caso Neville et al,94 no satisface esas normas y, por lo tanto, no puede servir como sustituto de una individualización de las sentencias en la imposición de la pena de muerte.
109. Además, en la medida de que en el caso del Sr. Knights, considerado en este momento por la Comisión, no se otorgaron las garantías procesales consideradas por el Consejo Privado en el caso Neville Et Al, la Comisión concluye, como lo hizo con anterioridad a la sentencia sobre Neville Et Al, que el procedimiento para el otorgamiento de clemencia en Grenada no garantiza a los condenados una oportunidad efectiva o adecuada de participar en el proceso de clemencia y por tanto no garantiza debidamente el derecho del Sr. Knights consagrado en el artículo 4(6) de la Convención de solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
110. A juicio de la Comisión, el derecho a pedir una amnistía, un indulto o la conmutación de la sentencia dispuesto en el artículo 4(6) de la Convención, leído conjuntamente con las obligaciones que impone al Estado el artículo 1(1) de la misma Convención, debe entenderse que abarca cierta protección procesal mínima para los condenados para que se respete y goce efectivamente el derecho. Estas protecciones incluyen el derecho de los condenados a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, a ser informados de cuándo la autoridad competente considerará el caso del delincuente, a formular declaraciones en persona o por vía de un asesor letrado ante la autoridad competente y a recibir una decisión de dicha autoridad dentro de un plazo razonable, antes de su ejecución. También conlleva el derecho a que no se le imponga la pena capital en tanto esté pendiente de decisión esa apelación ante la autoridad competente. A efectos de brindar a los condenados una oportunidad efectiva para ejercer este derecho, el Estado debe establecer y ofrecer un procedimiento conforme al cual los condenados puedan interponer una petición de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia y formular declaraciones en respaldo de su petición; si no existen protecciones y procedimientos mínimos de esta naturaleza, el artículo 4(6) de la Convención Americana pierde sentido, transformándose en un derecho sin recurso. Esta interpretación no puede sostenerse a la luz del objetivo y el propósito de la Convención Americana.
111. A este respecto, el derecho a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia en virtud del artículo 4(6) de la Convención puede considerarse similar al derecho consagrado en el artículo XXVII de la Declaración Americana de que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales", y el correspondiente artículo 22(7) de la Convención que establece el derecho de toda persona a "buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos".95 La Comisión ha interpretado la primera disposición, conjuntamente con la Convención de 1951 sobre la Condición de Refugiado y el Protocolo de 1967 relacionado con la condición de refugiado, en el sentido de que da lugar a un derecho en el derecho internacional a que la persona que busca asilo tenga acceso a una audiencia para determinar si está calificada para la condición de refugiado.96 Otros requisitos internacionalmente articulados que rigen el derecho de asilo reflejan normas mínimas similares, a saber, el derecho del individuo a pedir asilo a las autoridades pertinentes, a formular declaraciones en apoyo de su pedido y a recibir una decisión.97
112. En forma congruente con la interpretación del derecho a pedir asilo establecida por la Comisión y por otras autoridades internacionales, la Comisión concluye que el artículo 4(6) de la Convención debe interpretarse en el sentido de que abarca ciertas garantías procesales mínimas de los condenados para que el derecho se respete y aplique efectivamente. La Comisión observa a este respecto que algunas jurisdicciones del derecho común que mantienen la pena de muerte han establecido procedimientos conforme a los cuales el condenado puede iniciar un proceso para pedir la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena.98
113. La información que consta en poder de la Comisión indica que el proceso en Grenada para la concesión de una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia no garantiza al Sr. Knights ninguna protección procesal. Por sus términos, la Sección 74 de la Constitución de Grenada no dispone para los condenados ninguna participación en el proceso de clemencia.
114. Los peticionarios han sostenido que el Sr. Knights no tiene derecho a formular declaraciones ante el Comité Asesor. La presentación de un pedido de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia por parte de los reclusos y la oportunidad de formular ese petitorio queda enteramente a la discreción del Comité Asesor y no existe ningún procedimiento ni mecanismo que especifique la manera en que los reclusos pueden presentar un pedido de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia, formular declaraciones en apoyo de su petición o recibir la comunicación de una decisión. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado no ha respetado el derecho del Sr. Knights consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
115. Sobre la base de los hechos que anteceden y los principios interpretativos ya delineados, la Comisión llega a la conclusión de que, con la imposición de una sentencia de muerte obligatoria contra el Sr. Knights, el Estado ha violado los derechos consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención..
116. Más particularmente, la Comisión concluye que el juez que entendió en el juicio impuso una pena de muerte obligatoria contra el Sr. Knights sin ninguna discrecionalidad orientada para considerar las características personales y las circunstancias particulares de su delito a los efectos de determinar si la pena de muerte era un castigo adecuado, lo cual constituye una violación de los derechos establecidos en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención Americana. Tampoco se otorgó al Sr. Knights una oportunidad para formular declaraciones y presentar pruebas en torno a si la pena de muerte era un castigo adecuado en las circunstancias de su caso. Por el contrario, la pena de muerte se le impuso sobre la base de la categoría del delito por el que fue condenado y sin ninguna distinción de principios ni racionalización en base a las circunstancias particulares de su personalidad o del delito cometido. Además, la pertinencia de la sentencia impuesta no estuvo expuesta a ningún tipo de instancia de revisión judicial y su ejecución es ahora inminente, habiéndose mantenido su condena por homicidio en el dictamen de la Corte de Apelaciones de Grenada. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado ha violado los derechos del Sr. Knights consagrados en el artículo 4(1) de la Convención a no ser privado arbitrariamente de su vida y, por lo tanto, su sentencia de muerte obligatoria es ilegítima.
117. La Comisión concluye, además, que el Estado, al sentenciar al Sr. Knights a una pena de muerte obligatoria sin considerar las circunstancias individuales del caso, no ha respetado el derecho a la integridad física, mental y moral del detenido, en contravención del artículo 5(1) de la Convención Americana, y lo ha sometido a un castigo o tratamiento cruel, inhumano o degradante en violación del artículo 5(2). El Estado sentenció al Sr. Knights a muerte únicamente porque fue condenado por un delito de una categoría predeterminada. En consecuencia, el proceso al que fue sometido lo privaría del derecho más elemental, el derecho a la vida, sin considerar sus circunstancias personales ni las del delito cometido. El trato que se ha dado al Sr. Knights abroga el respeto fundamental por la humanidad que informa los derechos protegidos en la Convención por los artículos 5(1) y 5(2) en particular.
118. La Comisión concluye también que el Estado ha violado el derecho del Sr. Knights consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana al no garantizarle el derecho efectivo a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, a formular declaraciones, en persona o por la vía de un asesor letrado, ante el Comité Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia, y a recibir una decisión del Comité Asesor dentro de un plazo razonable, con anterioridad a su ejecución.
119. Por último, la Comisión concluye que el Estado ha violado el derecho del Sr. Knights a una audiencia con las debidas garantías, ante un funcionario judicial competente, independiente e imparcial, como lo establece el artículo 8 de la Convención Americana. No se brindó al Sr. Knights oportunidad de formular declaraciones y presentar pruebas ante el juez que entendió en el juicio acerca de si el delito por él cometido merecía la pena capital y, por tanto, se le negó el derecho a responder plenamente y a defenderse de la acusación penal que se le imputó.
120. De las conclusiones de la Comisión se desprende que si el Estado ejecuta al Sr. Knights por sentencia de muerte obligatoria, estaría cometiendo una violación flagrante e irreparable de los artículos 4 y 5 de la Convención.
121. Dadas las conclusiones que anteceden en cuanto a la legalidad de la sentencia de muerte impuesta contra el Sr. Knights, en virtud de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, la Comisión no considera necesario determinar si la sentencia de muerte obligatoria contra el Sr. Knights violó los derechos a igual protección ante la ley, en contravención del artículo 24 de la Convención.
c. Artículos 4 y 5 – Condiciones de detención
122. Los peticionarios alegan que el Estado ha violado el derecho del Sr. Knights al respeto por su integridad física, mental y moral, y el derecho a no ser sometido a un castigo o tratamiento cruel, inusual o degradante, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana, en razón de las condiciones de detención a las que fue sometido. Argumentan, además, que estas condiciones hacen ilegítima la ejecución, según lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención.
123. En apoyo de sus argumentos, los peticionarios han presentado a la Comisión una declaración jurada del Sr. Knights, del 9 de junio de 1998, en la que describe las condiciones de detención desde su arresto y posteriores a su condena por homicidio, el 12 de agosto de 1995, en los siguientes términos:
Mi celda es de aproximadamente 9 por 6 pies y paso unas 23 horas por día solo. Se me ha dado un colchón para dormir, pero no hay ningún otro mueble en la celda. Se me dio un balde que uso para mis necesidades elementales. Se me permite verter fuera el contenido del balde una vez por día. Una vez usado, se me obliga a soportar el olor y las condiciones antihigiénicas hasta que se me permite vaciarlo. La iluminación de mi celda es insuficiente. La celda no tiene ventana ni luz natural y en consecuencia no tiene ventilación. Toda la luz de la celda proviene de una única lamparita situada en el corredor, enfrente a la celda.
124. Como se describió en la Parte III del presente Informe, los peticionarios también se basan en fuentes generales de información en relación con las condiciones carcelarias de Grenada y de otros países del Caribe. Esta información incluye los informes preparados en 1990 y 1991 por la organización no gubernamental "Caribbean Rights". Aunque algo atrasados, los informes tienden a respaldar las alegaciones del Sr. Knights en relación con las condiciones en que se encuentra recluido desde su arresto.
125. A juicio de la Comisión, estas condiciones de detención no satisfacen la norma de tratamiento humano estipulada en el artículo 5(1) y 5(2) de la Convención. En este sentido, la Corte Interamericana consideró condiciones de detención similares en el caso Suárez-Rosero.99 En ese caso, la víctima alegó, entre otros, que había estado detenido incomunicado durante más de un mes en una celda indebidamente ventilada que medía cinco metros por tres, juntamente con otras dieciséis personas. En su sentencia de que la víctima había estado sujeta a un tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante, contrariamente a lo estipulado en el artículo 5(2) de la Convención, la Corte declaró lo siguiente:
La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda comunicación con el mundo exterior y particularmente con su familia, le permite a la Corte concluir que el Sr. Suárez Rosero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando ha quedado demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en contravención de la normativa interna del Ecuador. La víctima señaló ante la Corte los sufrimientos que le produjo verse impedido de la posibilidad de buscar un abogado y no poder ver o comunicarse con su familia. Agregó que, durante su incomunicación, fue mantenido en una celda húmeda y subterránea de aproximadamente 15 metros cuadrados con otros 16 reclusos, sin condiciones necesarias de higiene y se vio obligado a dormir sobre hojas de periódico y los golpes y amenazas a los que fue sometido durante su detención. Todos estos hechos confieren al tratamiento a que fue sometido el Sr. Suárez Rosero la característica de cruel, inhumano y degradante.100
126. Mientras que el Sr. Knights no alega haber estado detenido incomunicado, está detenido en confinamiento solitario en las celdas para los reclusos en espera de ejecución, y las condiciones de la cárcel en la que ha estado detenido son extraordinariamente similares a aquellas a las que la víctima en el caso Suarez-Rosero estuvo sujeta. El Sr. Knights ha estado detenido en condiciones de confinamiento, con servicios de higiene, ventilación y luz natural inadecuados, y pocas veces se le permite salir de su celda. Tampoco se ha proporcionado al Sr. Knights la atención médica adecuada. Estas observaciones sugieren que el tratamiento del Sr. Knights mientras está detenido no satisface las normas mínimas establecidas de conformidad con los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, que se aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión ha sido encarcelada101 e independientemente del nivel de desarrollo de un Estado en particular parte de la Convención.102
127. La Comisión considera que las alegaciones de los peticionarios deben evaluarse a la luz de las normas mínimas articuladas por las autoridades internacionales para el tratamiento de los detenidos, incluidas las prescritas por las Naciones Unidas. Más particularmente, las Reglas 10, 11, 12, 15, 21, 24, 25, 40, 41 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos103 (Reglas Mínimas de la ONU) disponen las normas básicas mínimas en relación con el alojamiento, la higiene, el ejercicio, el tratamiento médico, los servicios religiosos y los servicios de biblioteca para los detenidos, en los siguientes términos:
11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar,
128. Es evidente, a partir de la información presentada por los peticionarios, que las condiciones de detención a que ha sido sometido el Sr. Knights no cumplen con varias de las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos en esferas tales como la higiene, el ejercicio y la atención médica.
129. El Estado no ha aportado información alguna respecto de las condiciones carcelarias de Grenada, ni en general ni en lo que se refiere al Sr. Knights. Sobre la base de la información que consta en el expediente, la Comisión concluye que el Estado no ha tratado al Sr. Knights con respeto por su integridad física, mental y moral, y ha violado por tanto el artículo 5(1) de la Convención, y en todas las circunstancias, constituye una pena cruel, inhumana o degradante, contrariamente a lo estipulado en el artículo 5(2) de la Convención, La Comisión, por lo tanto, concluye que el Estado ha violado estas disposiciones de la Convención con respecto al Sr. Knights junto con las obligaciones del Estado de conformidad con el artículo 1(1) de la Convención.
d. Artículos 8 y 25 – Indisponibilidad de asistencia jurídica para plantear recursos de inconstitucionalidad
130. Los peticionarios argumentan que no existe una asistencia letrada efectiva para presentar recursos constitucionales ante los tribunales de Grenada y que esto constituye una violación del derecho a un juicio imparcial previsto en el artículo 8 de la Convención. Aunque los peticionarios no se han referido específicamente al artículo 25 de la Convención Americana sobre el derecho a una reparación efectiva, la Comisión considera que sus alegaciones en relación con la negativa de una reparación efectiva legal abarca también el artículo 25 de la Convención. Por tanto, la Comisión también ha analizado sus denuncias en relación con la no disponibilidad de asistencia letrada para la presentación de recursos constitucionales en virtud del artículo 25 de la Convención, en conformidad con el artículo 32(c) del Reglamento de la Comisión.104
131. Los peticionarios sostienen que el hecho de que el Estado no proporcione asistencia letrada niega al Sr. Knights el acceso a los tribunales de hecho y de derecho. Los peticionarios argumentan que la interposición de una impugnación de carácter constitucional ante los tribunales nacionales comporta con frecuencia cuestiones sofisticadas y complejas de derecho que requieren la asistencia de un abogado. Además, los peticionarios sostienen que el Sr. Knights es indigente y que no dispone de asistencia letrada efectiva para recorrer la vía constitucional en los tribunales de Grenada. Afirman también que existe escasez de abogados en Grenada que estén dispuestos a representar al Sr. Knights pro bono.
132. Sobre la base del material que tuvo ante sí, la Comisión reconoce que los recursos constitucionales vinculados a aspectos jurídicos de la naturaleza que plantea el Sr. Knights en su petición, como el derecho al debido proceso y a condiciones carcelarias adecuadas, son procesal y sustantivamente complejos, por lo cual, el recluso no los puede plantear ni presentar en forma efectiva sin contar con representación letrada. La Comisión concluye también que el Estado no ofrece asistencia letrada a los individuos en Grenada para presentar recursos de carácter constitucional y que el Sr. Knights es indigente y, por tanto, no puede obtener por otra vía la representación legal para presentar una impugnación constitucional.
133. La Comisión considera que, en las circunstancias del caso del Sr. Knights, las obligaciones del Estado en relación con la asistencia letrada para presentar recursos de carácter constitucional derivan de los artículos 8 y 25 de la Convención. En particular, la determinación de los derechos a través de un recurso constitucional en la Suprema Corte debe conformarse con los requisitos de un juicio imparcial de acuerdo con el artículo 8(1) de la Convención. En las circunstancias del caso del Sr. Knights, la Suprema Corte tendría que determinar si la condena de la víctima en un juicio penal viola los derechos consagrados en la Constitución de Grenada. En tales casos, la aplicación de un requisito de un juicio imparcial en la Suprema Corte debe ser congruente con los principios del artículo 8(2) de la Convención.105 En consecuencia, cuando un condenado procura una revisión constitucional de irregularidades del juicio penal y carece de los medios para contratar asistencia letrada para la impugnación constitucional y cuando así lo requiera el interés de la justicia, el Estado debe proporcionar asistencia letrada.
134. Al no disponer de asistencia letrada, se ha negado al Sr. Knights una oportunidad efectiva de impugnar las circunstancias de su condena al amparo de la Constitución de Grenada en una audiencia imparcial. Esto constituye a su vez una violación de su derecho consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana.106
135. Además, el artículo 25 de la Convención dispone el derecho de las personas a un recurso sencillo y rápido ante un tribunal competente para la protección contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o las leyes del Estado afectado o por la Convención. La Comisión ha declarado que el derecho al recurso previsto en la Sección 25, leído conjuntamente con la obligación del artículo 1(1) y las disposiciones del artículo 8(1) "debe entenderse como el derecho de todo individuo a presentarse ante un tribunal cuando hayan sido violados sus derechos (ya sea un derecho protegido por la Convención, la Constitución o la legislación interna del Estado afectado), a una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente, que establezca si ha existido o no una violación y a que determine una compensación adecuada”.107 Además, la Corte Interamericana ha sostenido que si se requieren servicios letrados como cuestión de derecho o de hecho para que se reconozca un derecho garantizado por la Convención y la persona no puede obtener estos servicios por causa de su indigencia, esa persona queda eximida del requisito de la Convención de agotar los recursos internos.108 Si bien la Corte formuló esta opinión en el contexto de las disposiciones de la Convención sobre admisibilidad, la Comisión considera que los comentarios de la Corte también son ilustrativos en el contexto del artículo 25 de la Convención, en las circunstancias del presente caso.
136. Al no poner a disposición del Sr. Knights asistencia letrada para recorrer la vía constitucional en relación con su proceso penal, el Estado ha impedido que el Sr. Knights recurra a una corte o tribunal competente en Grenada para obtener protección contra actos que pudieran violar sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Grenada y en la Convención Americana. Además, en los casos de pena capital, en que los recursos constitucionales se vinculan a los procedimientos y condiciones mediante los cuales se ha impuesto la pena de muerte y, por tanto, se relacionan directamente con el derecho a la vida y al trato humano de un acusado, es opinión de la Comisión que la protección efectiva de esos derechos no puede quedar librada aleatoriamente a la posibilidad de que un abogado esté dispuesto a representar gratuitamente al acusado. El derecho a la protección judicial de estos derechos fundamentales debe estar garantizado mediante una disposición efectiva que garantice la asistencia letrada para recorrer la vía constitucional.109 No puede decirse que el Estado haya garantizado dicha protección al Sr. Knights. En consecuencia, el Estado no ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 25 de la Convención Americana en relación con el Sr. Knights.
137. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado no ha respetado los derechos del Sr. Knights que le otorga el artículo 8(1) de la Convención, al negarle la oportunidad de impugnar las circunstancias de su condena al amparo de la Constitución de Grenada en una audiencia imparcial. La Comisión concluye también que el Estado ha negado al Sr. Knights un recurso sencillo y rápido ante una corte o tribunal competente para obtener protección contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y las leyes de Grenada y por la Convención, con lo cual ha violado los derechos del Sr. Knights a la protección judicial, dispuestos en el artículo 25 de la Convención Americana.
V. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME Nº 88/00
138. El 5 de octubre de 2000, la CIDH, en el 108º período de sesiones, aprobó el informe Nº 88/00 en este caso sobre la base del artículo 50 de la Convención y lo remitió al Estado con sus conclusiones y recomendaciones, el 20 de octubre de 2000. En sus recomendaciones al Estado, la Comisión le solicitó informarle dentro de los dos meses de las medidas que hubiera adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, a fin de que ésta pudiera contar con toda la información necesaria para decidir si dichas medidas son adecuadas y si publica el informe en virtud del artículo 51 de la Convención Americana. El período de dos meses ha expirado y la Comisión no ha recibido una respuesta del Estado de Grenada sobre las recomendaciones relativas al caso.
139. La Comisión, sobre la base de la información presentada y del análisis pertinente en virtud de la Convención Americana, reitera sus conclusiones sobre lo siguiente:
140. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Knights consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1), en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al sentenciar al Sr. Knights a una pena de muerte obligatoria.
141. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Knights en virtud del artículo 4(6) de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al no otorgar al Sr. Knights un derecho efectivo a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
142. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Knights consagrados en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana, en conjunción con una violación del artículo 1(1) de la Convención, en razón de las condiciones de detención a que ha sido sometido.
143. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Knights consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención, al no poner a su disposición asistencia letrada para recorrer la vía constitucional.
144. Sobre la base del análisis y las conclusiones del presente Informe,
145. El 21 de febrero de 2001, de conformidad con los artículos 51(1) y 51(2) de la Convención Americana, la Comisión remitió al Estado de Grenada el Informe Nº 13/0 sobre este caso, el cual fue aprobado el 20 de febrero de 2001, y otorgó al Estado un plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones anteriormente mencionadas y resolver la situación bajo análisis.
146. El plazo de un mes ha vencido y la Comisión no ha recibido una respuesta del Estado de Grenada respecto a sus recomendaciones en este caso.
147. Por estos motivos, la Comisión decide que el Estado no ha tomado todas las medidas apropiadas para cumplir con las recomendaciones establecidas en este informe.
148. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la convención Americana y 48 del Reglamento de la CIDH, ésta decide reiterar las conclusiones y recomendaciones del presente informe, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. De acuerdo con su mandato, la Comisión continuará evaluando las medidas adoptadas por Grenada con respecto a las recomendaciones indicadas, hasta que se haya demostrado su pleno cumplimiento.
Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Chile a los 4 días del mes de abril de 2001. (Firmado): Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta, Comisionados Hélio Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo,
[72] El Estado c. Makwanyane y McHunu, Sentencia, Caso Nº CCT/3/94 (6 de junio de 1995) (Tribunal Constitucional de la República de Sudáfrica).
[73] La Sección 277 de la Ley de proceso Penal Nº 51 dispone:
(b) traición cometida cuando la República se encuentra en estado de guerra;
(c) robo o intento de robo, si el tribunal concluye que existieron circunstancias agravantes;
(f) violación.
(2) La sentencia de muerte se impondrá:
(a) una vez que el juez que preside conjuntamente con los asesores -–si los hay-- , sujeto a las disposiciones de la sección 145 (4)(a), o, en el caso de un juicio a cargo de un tribunal superior especial, ese tribunal, teniendo debidamente en cuenta toda prueba y argumentación sobre la sentencia en los términos de la sección 274, haya llegado a un dictamen sobre la existencia o no de factores atenuantes o agravantes; y
(b) si el juez que preside o el tribunal, según sea el caso, teniendo debidamente en cuenta ese dictamen, está satisfecho de que la sentencia de muerte es la sentencia adecuada.
[74] Ibid, págs. 32-36. El Tribunal pasó a concluir que factores adicionales tales como la discriminación y la "imperfección" intrínseca de los juicios penales podría también dar lugar a resultados arbitrarios en la imposición de la pena de muerte y determinó además que esos resultados arbitrarios no podían repararse adecuadamente mediante un debido proceso estricto, como se había procurado en Estados Unidos. Ibid, 36-43.
[75] Ley de Proceso Penal Nº 51 de 1977, Sección 322(2A) (enmendada por la Sección 13 de la Ley Nº 107 de 1990).
[76] Ibid, Sección 316A(4)(a).
[77] S. c. Nkwanyana y Otros 1990 (4) SA 735 (A), 743E-745A.
[78] S c. Masina y Otros 1990 (4) SA 709 (A), 718G-H.
[79] S c. J 1989 (1) SA 669 (A), 682G. "Sin embargo, en términos generales, la retribución tiende a ceder terreno a los aspectos de la corrección y prevención y es la disuasión (incluida la prevención) lo que se ha descrito como 'esencial', 'importantísimo', 'fundamental', y 'universalmente admitido' como objetivo del castigo". Ibid, 682I-J (citada con aprobación en S c. P 1991 (1) SA 517 (A), 523-G. CF. R. c. Swanepoel 1945 AD 444, 453-455.
[80] Per Holmes JA en S c. Letsolo 1970 (3) SA 476 (A), 477B (citado con aprobación por Nicholas AJA en S c. Dlamini 1992 (1) SA 18 (A), 31I-32A en el contexto del criterio para la imposición de sentencias conforme a la Sección 322(2A)(b) de la Ley de Proceso Penal Nº 51 de 1977).
[81] S c. Senonohi 1990 (4) SA 727 (A), 734F-G; S c. Nkwanyana, supra, 749A-D.
[82] Ibid, 35-36.
[83] Bachan Singh c. Estado de Punjab, (1980) 2 S.C.C. 475.
84] Ibid, 509-510.
[85]Ibid, 516.
[86] Ibid, 515.
[87] Ibid, 534.
[88] Ibid, Transcripción del juicio, pág. 2 (20).
89 Transcripción del juicio, Págs. 78-79.
90 Transcripción del juicio. Resumen de las actuaciones y formulación de instrucciones efectuados por el juez. Págs. 24-25.
91 Véase Reckley c. Ministro de Seguridad Pública (Nº 2) [1996] 2 W.L.R. 281, Págs. 289-291 (se concluye que el ejercicio de la prerrogativa de clemencia por parte del Ministro de Seguridad Pública de Bahamas comporta un acto de clemencia que no es objeto de derecho legal alguno y no es, por lo tanto, objeto de revisión); de Freitas c. Benny [1976] 2 A.C. 239.
92 Neville Lewis y otros c. El Procurador General de Jamaica y el Superintendente de la cárcel del Distrito de St. Catherine, Consejo Privado, Apelaciones Nos. 60 de 1999, 65 def 1999, 69 de 1999 y 10 de 2000 (12 de septiembre de 2000)(J.C.P.C.), pág. 23.
93 Ibid, Págs. 23-24.
94 Véase, por ejemplo, Informe Nº 38/00, (Baptiste), Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, pág. 721, Párr. 120-125; Informe Nº 41/00 (Mckenzie y otros), Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, Pág. 918, Párr. 227-232.
95 Véase análogamente, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 14 (que dispone el derecho de todo individuo a procurar y recibir en otros países asilo contra la persecución).
96 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Centro Haitiano de Derechos Humanos y otros (Estados Unidos), Caso Nº 10.675 (13 de marzo de 1997), Informe Anual de 1996, Párr. 155.
97 Véase, por ejemplo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de Procedimientos y Criterios para la Determinación de la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 relacionado con la Condición de Refugiado, Párr. 189-219 (en el que se prescriben los requisitos básicos para los procedimientos encaminados a determinar la condición de refugiado, incluido el derecho del peticionario a contar con las facilidades necesarias para presentar su caso ante las autoridades pertinentes y que se permita al peticionario permanecer en el país hasta tanto se adopte una decisión sobre su pedido inicial de condición de refugiado); Consejo de Europa, Resolución sobre las Garantías Mínimas para los Procedimientos de Asilo, Bruselas, 21 de junio de 1995, artículos 10, 12, 14, 15, 23 (en los que se prescriben garantías procesales comunes para los Estados Miembros de la Unión Europea en la tramitación de los pedidos de asilo, incluido el derecho de quienes buscan asilo en la frontera o por otra vía, a tener oportunidad de presentar cuanto antes su pedido de asilo, a permanecer en el territorio del Estado en que ha presentado la petición o en el que se esté examinando la misma, hasta tanto haya sido objeto de una decisión, a tener oportunidad de una entrevista personal con un funcionario calificado por la ley nacional antes de que se adopte una decisión final sobre su pedido de asilo y a que se le comunique por escrito la decisión que merezca su pedido de asilo).
98 En el Estado de Ohio, por ejemplo, la revisión a los efectos de la clemencia ha sido delegada en gran parte a la autoridad que decide la libertad condicional de adultos. En el caso de un recluso sentenciado a muerte, esta autoridad debe celebrar una audiencia para atender pedidos de clemencia dentro de los 45 días previos a la fecha fijada para la ejecución. Antes de la audiencia, el recluso puede pedir una entrevista con uno o más de los integrantes de la junta que decide la libertad condicional. Esta autoridad decisoria celebra la audiencia, completa el examen del pedido de clemencia y formula una recomendación al Gobernador. Si se obtiene más adelante la información adicional, esta autoridad puede a su discreción celebrar otra audiencia o modificar su recomendación. Véase la Constitución de Ohio, Art. III, s. 2, Código revisado de Ohio, s. 2967.07 (1993). Véase también la Autoridad Encargada de la Libertad Condicional de Adultos de Ohio c. Woodward, Expediente Judicial Nº 96-1769 (25 de marzo de 1998)(U.S.S.C.) (en el que se llega a la conclusión de que los procedimientos para otorgar la clemencia en Ohio no violan la Cláusula de la Constitución de Estados Unidos relativa al debido proceso).
99 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez Rosero, Sentencia, 12 de noviembre de 1997, Informe anual ,1997, pág. 283.
100 Ibid, Págs. 302-3, Párr. 98.
101 Véase, por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos, Ahmed c. Austria, Sentencia del 17 de diciembre de 1996, Informes de sentencias y decisiones 1996-VI, pág. 220, Párr. 38.
102 Véase similarmente Comité de Derechos Humanos de la ONU, Mukong c. Cameroon, Comunicación Nº 458/1991, ONU Doc. Nº CCPR/C/51/D/458/1991 (1994), Párr. 9.3 (en que se observa que deben cumplirse ciertas reglas mínimas que rigen la condiciones de detención para los reclusos, como las estipuladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como reflejan las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, independientemente del nivel de desarrollo del Estado parte).
103 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas el 30 de agosto de 1955 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, ONU Doc. A/CONF/611, anexo I, E.S.C. res. 663C, 24, U.N.ESCOR Supp. (Nº1), pág.11, ONU Doc. E/3048 (1957), enmiendas E.S.C. res. 2076, 62 ONU ESCOR Supp. (Nº 1) Pág. 35, ONU Doc. E/5988 (1977).
104 El Artículo 32 del Reglamento de la Comisión dispone que:: “Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener (c) la indicación del Estado aludido que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso de los Estados partes en ella, aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado.
105 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, informe anual de 1991, para. 28 (interpreta el Artículo 8(1) de la Convención de la siguiente forma:
En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal.
106 Véase análogamente Currie c. Jamaica, Comunicación Nº 377/1989, ONU Doc. Nº CCPR/C/50/D/377/1989 (1994), Párr. 13.4 (donde se concluye que a un condenado que procure una revisión constitucional de irregularidades en el juicio penal y carezca de medios para solventar el gasto de la asistencia letrada a efectos de procurar una reparación constitucional y cuando así lo requiera el interés de la justicia, el Artículo 14(1) del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que el Estado otorgue asistencia jurídica).
107 Véase el Caso Perú, supra, Págs. 190-191.
109 Véase similarmente Comité de Derechos Humanos de la ONU, William Collins c. Jamaica, Comunicación Nº 240/1987, ONU Doc. Nº CCPR/C/43/D/240/1987 (1991), Párr. 7.6 (en el que se concluye que en los casos de pena capital no solo debe ofrecerse asistencia jurídica, sino que debe permitirse que el asesor jurídico prepare la defensa de su cliente en circunstancias que puedan garantizar justicia).

References: artículo 21
 artículo 21
 artículo 4
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 artículo 1
 artículo 4
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 artículo 22
 artículo 4
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 artículo 5
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 artículo 4
 artículo 8
 artículo 24
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 artículo 5
 artículo 5
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 artículo 8
 artículo 25
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 artículo 32
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 1
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 artículo 1
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 Artículo 14
 Resolución 
 Artículo 32
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 14