Source: https://www.scribd.com/doc/68103753/Ha-La-Bi
Timestamp: 2017-07-28 11:46:35+00:00

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Ha La BiUploaded by Ellie CanterosRelated InterestsProcedural LawConstitutional RightRightsGovernment InformationPublic SphereRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentH. 270. XLII. Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25. dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.Buenos Aires, 24 de febrero de 2009. Vistos los autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986". Considerando: 1°) Que Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto
autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué justificativos". Alegó que esa intromisión constituye una
violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario, a la par que menoscaba el privilegio de confidencialidad que, como abogado, ostenta en las comu-
nicaciones con sus clientes (fs. 2/8). 2°) Que, al producir su informe, el Estado Nacional sostuvo que la vía del amparo no resultaba apta para debatir el planteo del actor. Afirmó, además, que la cuestión se había tornado abstracta en virtud del dictado del decreto 357/05, que suspendió la aplicación del decreto 1563/04, toda vez que con ello se disipó la posibilidad de que exista un daño actual o inminente para el actor, o para cualquier usuario del sistema (fs. 50/54). 3°) Que la magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2° de la ley 25.873 y del decreto 1563/04. A ese efecto sostuvo que: a) no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley, la cual carece de motivación y fundamentación apropiada; b) de los antecedentes de derecho comparado surge que diversas legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad Cpor ejemplo limitaron el tiempo de guarda de los datosC que no fueron
vaguedad pues de sus previsiones no queda claro en qué medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comu-
nicaciones sin la debida autorización judicial; d) aquéllas están redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los datos captados sean utilizados para fines distintos de los que ella prevé; e) el Poder Ejecutivo se excedió en la reglamentación de la ley al dictar el decreto 1563/04 (fs. 70/78). 4°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho
pronunciamiento. Sin perjuicio de advertir que el recurso de apelación del Estado Nacional exhibía defectos técnicos que conducían a declararlo desierto, estimó que, por la trascendencia de la cuestión debatida, correspondía tratar los argumentos desarrollados en defensa de las normas impugnadas. Al respecto y, en primer lugar, aclaró que la pretensión no se había tornado abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente por el hecho de que el decreto 1563/04 que la reglamentó sólo había sido suspendido "por tiempo indeterminado" mediante el decreto 357/05 sin que hubiese sido "expulsado del plexo normativo vigente". En segundo término, precisó sino que que el planteo un articulado interés no era
concreto en cabeza del actor como usuario de distintos servicios de telecomunicaciones y en su carácter de abogado. En cuanto a la viabilidad de la acción de amparo, sostuvo que no existía en el caso otro remedio judicial más idóneo para proteger los derechos invocados, además de que la cuestión no requería una mayor amplitud de debate o prueba por resultar "prácticamente" de puro derecho. Respecto del fondo del asunto, hizo suyos los argumentos desarrollados por la jueza de grado a los que, con citas de jurisprudencia nacional y extranjera, añadió
consideraciones generales sobre el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, concluyendo que éstos debían primar Cen situaciones como la que presenta el sub liteC -2-
H. 270. XLII. Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25. dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.
más allá de que el objetivo general de las normas impugnadas hubiera sido el de "combatir el flagelo de la delincuencia". Subrayó que "en nada cambia la conclusión a la que se arriba que la ley establezca (en su art. 3°) la asunción de responsabilidad por parte del Estado por los eventuales perjuicios que se derivaren para terceros". Por lo demás, estimó que la legitimación del actor "no excluía la incidencia colectiva de la afectación a la luz del 2° párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional" por lo que la sentencia dictada en tales condiciones debía "...aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el juicio" (fs. 109/116). 5°) Que contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 120/126 en el que invoca la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y gravedad institucional. El remedio ha sido concedido a fs. 156 y resulta formalmente procedente toda vez que el agravio del recurrente pone en cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la cláusula del art. 43 de la Constitución Nacional y la decisión es contraria a la validez del derecho que se fundó en ella y es materia de litigio (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Por lo demás, cabe señalar que el tema planteado tiene repercusión institucional, en la medida en que excede el mero interés de las partes y repercute en un importante sector de la comunidad por haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance general que interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno al bienestar común (confr. doctrina de Fallos: 247:601 y, entre otras, causa F.1074.XLI "Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y otro s/ ejecución hipotecaria", sentencia del 6 de mayo de 2008). Es pertinente recordar que, según lo ha sostenido
invariablemente en sus pronunciamientos esta Corte, en la tarea de establecer la inteligencia de preceptos constitucionales y de normas federales no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes sino que le
incumbe efectuar una declaración sobre el punto disputado. respectivamente). según la interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 326:2880. A su turno. 8°) Que para la dilucidación de este aspecto. entre muchos otros). circunstancia que no se ha producido. 176/178 y 235/237. como primer paso. la que tuvo lugar el 2 de julio de 2008 y en la cual las representaciones letradas de cada una de las partes han sido interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia. el Tribunal llamó a una audiencia pública de carácter informativo. 7°) Que la impugnación del Estado Nacional se dirige exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que la cámara atribuyó a su pronunciamiento. según los propios términos en que ha sido formulado el cuestionamiento. 9°) Que en materia de legitimación procesal corresponde. 6°) Que debe mencionarse que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados se presentaron en autos adhiriendo a los planteos del actor (fs. La pretensión fue deducida exclusivamente por un particular. conforme da cuenta el acta y el instrumento incorporados a este expediente. con arreglo a lo establecido en la acordada 30/2007. 328:2694. Al respecto señala que. según las prescripciones constitucionales. quiénes son los sujetos habilitados para articularla. 329:2876 y 3666. para conferir tal alcance al fallo era necesaria la participación del Defensor del Pueblo de la Nación en el proceso. es necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida. de incidencia colectiva que tienen
. delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales. bajo qué
condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte. sin perjuicio de la indudable dimensión colectiva de los derechos debatidos en el caso.
colectivos. Halabi. A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de amparo. toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos. 270. También es relevante determinar si la controversia en cada uno de esos supuestos se refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible. como se verá en los considerandos siguientes. respectivamente) y consagrada más tarde legislativamente. dto. 1563/04 s/ amparo ley 16. En estos casos. considerando 3°. . no homogéneos y se -5-
. o bien una representación plural. no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular. considerandos 7° y 8°.E. En todos esos supuestos. 116 de la Constitución Nacional. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles. y 326: 3007. Ernesto c/ P. la comprobación de la existencia de un "caso" es imprescindible (art.986. 2 de la ley 27. entre muchos otros).N. Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas. instituida por vía pretoriana por esta Corte en los conocidos precedentes "Si-
ri" y "Kot" (Fallos: 239:459 y 241:291. quien debe. probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable. ya que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición. 311:2580.ley 25. 10) Que la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son
ejercidos por su titular. Sin embargo es preciso señalar que el "caso" tiene una configuración típica diferente en cada uno de ellos.H. XLII. o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores. art. considerando 7°. y Fallos: 310: 2342.
referentes a intereses individuales homogéneos. siendo esto esencial para decidir sobre la procedencia formal de pretensiones. indispensablemente.
ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad. las asociaciones que concentran el interés colectivo y el
afectado. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos. 11) Que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. lo cual no es admisible. Es necesario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una
pluralidad indeterminada de personas. es de naturaleza colectiva. lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad. la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo. ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular. En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes. Estos bienes no
pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno. pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera. cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o reparación del -6-
.caracteriza
esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. De tal manera. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual. sino de un bien que. En primer lugar. siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. En segundo lugar. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección. como el ambiente. como sucede en el caso del daño ambiental. 43 de la Constitución Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico.
perjuicio causado a un bien colectivo. Sin embargo. pues. . Ernesto c/ P. a las asociaciones y a los afectados. que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular. no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de -7-
. que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo. único o continuado.H. Halabi. sean patrimoniales o no. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre.ley 25.986. En este tipo de supuestos. la prueba de la causa o controversia se halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa. se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia. pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación. 1563/04 s/ amparo ley 16. En estos casos no hay un bien colectivo. Puede afirmarse. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses. ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. XLII. salvo en lo que hace a la prueba del daño.N. hay un hecho. dto. 270. 12) Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales. Sin embargo.
de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de -8-
. todos derechos de ejercicio privado. pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias. cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459. 241:291 y 315:1492). Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido.clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones. principio del que ha nacido la acción de amparo. del contrato. cómo tramitan estos procesos. y la esfera privada. Por otro lado. Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones. cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. de la libertad de comercio. por lo demás. La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad. cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio. Frente a esa falta de regulación Cla que. del derecho de trabajar. para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituidoC. constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible. cómo se define la clase homogénea. cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es
obligación de los jueces darle eficacia.
la naturaleza de -9-
. sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia que dicho balance exige.
Fallos: 211:1056 y 215:357).986.
débilmente protegidos. con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. 1563/04 s/ amparo ley 16.
también procederá cuando. . o en su caso. no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera.H. como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. 270. En esas circunstancias. como se anticipó.ley 25. en estos supuestos. Halabi. la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente. Sin perjuicio de lo cual. el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados. De tal manera.E. Como tercer elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente. El primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar. sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. la existencia de causa o controversia. exista un fuerte interés estatal en su protección. XLII. Sin perjuicio de ello. pese a tratarse de derechos individuales. dto. 13) Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común. no justifique la promoción de una demanda.N. Ernesto c/ P.
En tal sentido. de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta. Al respecto. 42 y 43. Como se anticipó en el considerando 7°. 7°. 14) Que la pretensión deducida por el abogado Ernesto Halabi puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13 de este pronunciamiento. entendido como el de la sociedad en su conjunto. los artículos 41. f. el pretensor interpuso acción de amparo en virtud de considerar que las disposiciones de la ley 25. c y 21. y al mismo tiempo.873 y de su decreto reglamentario 1563/04 vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar "en qué casos y con qué justificativos" esa intromisión puede llevarse a cabo. existe un hecho único Cla normativa en cuestiónC que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. se delinean en esta sentencia. En efecto.187). 6° inc. corresponde resolver el alcance del pronunciamiento. inc. j. de la ley 23. es representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también de todos los abogados. pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección. y además pone en serio riesgo el "secreto profesional" que como letrado se ve obligado a guardar
y garantizar (arts. inc. para las acciones colectivas. En efecto. Su pretensión no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que. este Tribunal considera cumplidos los recaudos que.esos derechos excede el interés de cada parte. La referida intervención importa una violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad. -10-
. párrafo segundo. por la índole de los derechos en juego.
Halabi. la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que comparecían para evitar "las nefastas consecuencias que para todos -11-
. han realizado como Amigos del Tribunal. esta Corte estima que. 270. hay una clara afectación del acceso a la justicia. dto.986. dado que es la primera oportunidad en la que se delinean los caracteres de la acción colectiva que tiene por objeto la protección de derechos individuales homogéneos y que no existe una reglamentación al respecto.ley 25. usuarios de los servicios de telecomunicaciones Cdentro de los que se encuentran los abogadosC a las que se extenderán los efectos de la sentencia. porque no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma. Por lo demás.837 y de su decreto reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo el colectivo que en esta causa representa el abogado Halabi. cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos de esta naturaleza. como también la circunstancia de que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.N. La simple lectura de la ley 25.H. con lo que se cumple el tercero de los elementos señalados en el considerando anterior. Para arribar a esta conclusión se tiene en cuenta la publicidad que se le dio a la audiencia celebrada ante esta Corte. Ernesto c/ P. Finalmente. con lo que se cumple el segundo requisito expuesto en el considerando anterior.
La pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados.E. en apoyo de la pretensión del demandante. En estas condiciones.873 se encuentra firme y que el decreto reglamentario 1563/04 ha sido suspendido en su vigencia. se considera que ha existido una adecuada representación de todas las personas. se consideran las presentaciones que. XLII. Asimismo. . 1563/04 s/ amparo ley 16.
además. González: "No son. Porque son la defensa personal. 1935. 89 y 90). 3. las 'declaraciones. En apoyo de tal afirmación. núm.los habitantes de nuestro país y en particular para los abogados matriculados en nuestro colegio traería aparejada la sub-
sistencia formal de las normas cuestionadas" (fs. ciudadano o no. Similares consideraciones fueron realizadas en la audiencia celebrada ante el Tribunal por los oradores de esas dos instituciones (fs. Ese presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen vulnerados. 347/357). Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia -12-
. sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa
significación de su texto. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido. Buenos Aires. un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina" ("Manual de la Constitución argentina". confr. como puede creerse. para las autoridades y para toda la Nación. derechos y garantías'. simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos. el patrimonio inalterable que hace de cada hombre. 15) Que la conclusión mencionada no puede ser objetada so pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la
referida cláusula constitucional no encuentre. sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes re-
glamentarias. 82. en "Obras completas".. vol. en el plano normativo infraconstitucional. Ha expresado el Tribunal al respecto que basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad. núms. un carril procesal apto para hacerla efectiva. esta Corte sostuvo que ya a fines del siglo XIX señalaba Joaquín V. 215/216 y 235/237).
Entre esos grandes objetivos y aun el primero entre todos. Fallos: 241:291). que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo. entonces. causa "Siri". causa "Kot". no puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia recogida en otros sistemas jurídicos. XLII. Halabi. es la obra genuina de los intérpretes. Este avance de los principios constitucionales. quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada la Constitución.N. . Al respecto. 17) Que ante la imperiosa necesidad de dar una respuesta jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las exigencias actuales de la sociedad.986. superadora de una concepción pétrea de sus directivas.E. directa o indirectamente.H. 1563/04 s/ amparo ley 16. se traducen en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos (confr. que es de natural desarrollo y no de contradicción. para nosotros. Ernesto c/ P.
institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas (confr. De ahí que la Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes "los beneficios de la libertad" y este propósito. está el de "asegurar los beneficios de la libertad. 16) Que es innegable. dto. en particular de los jueces. que una inteligencia dinámica del texto constitucional. 270. se debilita o se corrompe cuando se introducen distinciones que. para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino"
(Preámbulo). conlleva la posibilidad de encontrar en él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias que está llamado a regir.ley 25. tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones
jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción. que se halla en la raíz de nuestra vida como Nación. En ese sentido ha observado también el Tribunal que la Constitución. Fallos: 239:459). en lo que -13-
se ha delineado la institución de las
class actions cuya
posterior mediante numerosas decisiones judiciales hasta obtener contornos más precisos en las Federal Rules de 1966. 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase. La Regla 23 (Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable. mediante la labor jurisprudencial. El segundo tipo es aquél concerniente a los supuestos en que la contraparte del grupo ha evidenciado una conducta positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél. o que sustancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger sus intereses. El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase. que impongan comportamientos incompatibles a la parte opuesta del grupo o que. sean dispositivas de los intereses de otros miembros no partes. lo que torna apropiado una resolución condenatoria o declarativa que -14-
. a partir de las directivas del
Bill of peace del siglo XVII. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes. en la práctica. efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses. 2) existen
cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase.aquí interesa. y 4) las partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente. resulta ilustrativo traer a colación que en los Estados Unidos de Norteamérica. En el contexto de la citada disposición es posible distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada para los supuestos en que el ejercicio individual de las pretensiones mediante procesos individuales resulte perjudicial para el enjuiciado o para los miembros del colectivo por crear el riesgo de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos individuales.
Halabi. Ernesto c/ P. 15278 y BOE núm. además. dto. del 28 de julio de 2001.ley 25. 7. El tipo restante se presenta cuando el juez otorga primacía a los puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes del grupo por sobre cualquier cuestión que afecte sólo a sus miembros individuales. 90. BOE núm. 18) Que cabe hacer presente. El grupo podrá demandar en juicio cuando se constituya con la
mayoría de los afectados (art. . 270. En referencia también a los derechos e intereses de los consumidores. XLII. 11.E.
la norma otorga legitimación para la tutela de los intereses colectivos no sólo a las asociaciones de consumidores y usuarios y a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos sino. aunque circunscripta al ámbito de los consumidores y de los usuarios. La normativa autoriza la defensa colectiva para los supuestos de intereses o derechos difusos transindividuales de naturaleza indivisible de que sean titulares personas indeterminadas y relacionadas por circuns-15-
. corrección de errores BOE núm.N. la legitimación procesal y los alcances de las decisiones en las demandas de contenido colectivo. inc.
involucre a todo el conjunto. del 8 de enero de 2000. a los propios grupos de afectados (art. del 14 de abril de 2000.986. En efecto. 2). la Ley de Enjuiciamiento Civil española (n° 1 del 7 de enero de 2000. pág. 180. 7°). asimismo. 27746) reconoce la calidad de parte procesal ante los tribunales civiles a los "grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables". el ordenamiento legal de Brasil prevé una acción civil colectiva de responsabilidad por daños individualmente sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en forma individual o a título colectivo. 1563/04 s/ amparo ley 16.H. presenta una singular solución para los problemas que generan la participación. pág. pág. de manera tal que la acción del colectivo es siempre superior a la acción
individual. inc. 575-728. 6°. En esas condiciones. la regulación vigente en España que.
interpretar el ya tantas veces mencionado art. Es oportuno recordar. en los términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43. pues es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo. del 11 de septiembre de 1990). del Código de Defensa del Consumidor. con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial.tancias reales. considerandos 15 y 16). los intereses o derechos colectivos transindividuales de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo. y los intereses o derechos individuales homogéneos. el Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan. frente a una situación como la planteada en el sub examine. categoría o clase de personas relacionadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base. 19) Que en lo referente al derecho argentino. ley 8078. en el sentido de que. 81. 43 de la Constitución Nacional. 91 y ss. no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla (Fallos: 328:1146. dada la naturaleza de los derechos en juego. es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado. Por lo tanto. el Tribunal admitió que la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general como Cen esa ocasiónC el hábeas corpus colectivo. una -16-
. la calidad de los sujetos integrantes del colectivo y conforme a lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de
interpretación jurídica. debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad. esta Corte ha advertido en otras ocasiones que el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. por los que se entienden los resultantes de origen común (arts. además de la letra de la norma. en ese sentido que.
XLII.E. Es menester. En razón de ello.
acción colectiva con análogas características y efectos a la existente en el derecho norteamericano (confr. Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado. 1563/04 s/ amparo ley 16. considerando 17 y sus citas). 21) Que a esta altura de la exposición se impone recordar que el apelante centró sus agravios en el aspecto de la sentencia mediante el cual la cámara procuró reforzar la virtualidad de su decisión atribuyéndole carácter erga omnes. por sobre los aspectos individuales.ley 25. 20) Que no obstante ello. Ernesto c/ P. de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia
dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. para dar una respuesta definitoria a la impugna-17-
. cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. . fallo referido.N. dto. 270. que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos. ante la ya advertida ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia. de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para
garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio. Halabi.H. asimismo. la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre. por lo demás. se torna indispensable formular algunas precisiones. Es esencial. con el objeto de que ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de la "acción colectiva" que se ha delineado en el presente fallo se resguarde el derecho de la defensa en juicio.986.
22) Que para concluir y. aparece como una institución ya arraigada en el
ordenamiento normativo vigente. reconoce su fuente primaria en el propio texto constitucional y. Así el art. por cuestiones probatorias". por parte del juzgador. El verdadero sustento de la proyección superadora de la regla inter partes.240 establece que "la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones. es inherente a la propia naturaleza de la acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger. a la -18-
.ción articulada es conveniente remarcar. como se ha expresado. En efecto. in fine. sin perjuicio de las limitaciones con que ha quedado abierta la jurisdicción de esta Corte según lo indicado en el considerando 7°. determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal. 33.675 dispone que "la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes. excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga". Tal estándar
jurídico. prevén
expresamente soluciones de la índole referida. 54. aunque sea parcialmente. de la ley 24. De un modo semejante. lejos de ser una construcción novedosa. que el fundamento de esa amplitud de los efectos de la decisión no se halla sólo en la búsqueda. a excepción de que la acción sea rechazada. lo referente a la admisibilidad de la acción colectiva. es conveniente dar una ligera mirada sobre el tema planteado como cuestión de fondo pues. párrafo segundo. las regulaciones especiales que instauran instrumentos de carácter colectivo para obtener reivindicaciones en materia de defensa a los usuarios y consumidores y en lo atinente a daño ambiental. de la ley 25. de arbitrios tendientes a superar el escollo derivado de la arraigada concepción individualista en materia de legitimación. el art. como conclusión de lo que se lleva dicho. como se ha expuesto a lo largo de este pronunciamiento.
b) los costos deberán ser soportados por los prestadores y el servicio deberá estar disponible en todo momento. prevén que: a) los prestadores de telecomunicaciones deberán disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten. el precepto resulta susceptible de ocasionar una afectación actual o inminente a los derechos del actor.986. Esa norma legal incorporó a la ley 19. XLII. Ernesto c/ P. el decreto 1563/04 reglamentó la norma legal pero su aplicación fue
suspendida más tarde por el decreto 357/05. d) esa información deberá ser conservada por diez años. por ende. c) los prestadores deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público. en síntesis. 1563/04 s/ amparo ley 16. para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente.873 y su reglamentación.
legitimación para interponerla y a la proyección de los efectos de la sentencia que en su cauce se dicte.ley 25. La tacha de inconstitucionalidad deducida en la demanda que abrió este proceso recayó sobre la ley 25. e) el Estado Nacional asume la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida por el mecanismo previsto. dto. . ter y quáter que. Halabi. El tribunal a quo observó al respecto Cmediante un señalamiento que ha quedado firme ante la ausencia de agravioC que la suspensión del
reglamento no implicó su exclusión del ordenamiento jurídico y.H. depende fundamentalmente de la índole del derecho que por ese medio se procura resguardar. determina que la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) será el órgano encargado de realizar las interceptaciones y que los prestadores deberán obtener los recursos -19-
.N. Tal dispositivo.798 Cde regulación del servicio de telecomunicacionesC los artículos 45 bis.E. A su turno. en lo que interesa. 270.
12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. y b) tal como está redactada la norma. 1071 bis del Código Civil). la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que el poder del Estado para garantizar la seguridad y mantener el orden público no es ilimitado. 11. inc. n° 100. 23) Que el fallo recurrido. confirmó por sus fundamentos la decisión dictada en primera instancia con lo cual la declaración de inconstitucionalidad de las normas quedó sustentada..para realizarlas y mantenerlas en confidencialidad. art. existe el riesgo de que los datos sean utilizados para fines distintos que aquéllos en ella previstos. 24) Que. en sentido coincidente. en el tramo que también ha adquirido carácter inamovible por no haber merecido objeciones del apelante. de la Constitución NacionalC y art. con jerarquía constitucional en los términos del art. 22. entre otros extremos valorados. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Ctratados. 2°. El derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda "injerencia" o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la "vida privada" de los afectados (conf. caso "Bu-20-
. sino que "su actuación está condicionada por el respeto de los derechos fundamentales de los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos conforme a Derecho (. 75.) con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma" (Corte
Interamericana de Derechos Humanos. ambos. Serie C.873 y todo lo que los individuos transmiten por las vías pertinentes integran la esfera de intimidad personal y se encuentran alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. inc. En relación con los aspectos reseñados resulta oportuno señalar que las comunicaciones a las que se refiere la ley 25. en que: a) las previsiones de la ley exhiben vaguedad en sus previsiones de las que no resulta claro en qué medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial..
las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892. 124 y 125. 270. según el texto establecido por la ley 25. Acerca de estas situaciones este Tribunal ha subrayado que sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida privada de una persona. ptos. siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros. dto. la utilización del registro de comunicaciones telefónicas a los fines de la investigación penal que requiere ser emitida por un juez competente mediante auto fundado (confr.) quedaría materialmente vacío de contenido".N. con cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).ley 25. el derecho al secreto de las comunicaciones (.. Halabi. núm. segunda parte. -21-
. XLII. En idéntico sentido. 38). . sentencia del 18 de septiembre de 2003. Es en este marco constitucional que debe comprenderse. núm. ver Fallos: 330:3801). 1563/04 s/ amparo ley 16. art..760). está cometiendo o ha cometido una infracción grave" CCaso K. el Tribunal Constitucional de España.H. Esta norma concuerda con el artículo 18 de la ley 19. 1992.E. el TEDH acepta como garantía adecuada frente a los abusos que la injerencia sólo pueda producirse allí donde "existan datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer. la defensa de la sociedad. Así. mediante su sentencia del 5 de abril de 1999 (STC 49/1999). ha sostenido que "si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas.986. entre otros). caso L.
lacio v. del Código Procesal Penal de la Nación. 236. en el orden del proceso penal federal. Argentina". Su interceptación sólo procederá a requerimiento de juez competente". Ernesto c/ P.798 que establece que "la correspondencia de telecomunicaciones es
inviolable.. 51C o donde existan "buenas razones" o "fuertes presunciones" de que las infracciones están a punto de cometerse (TEDH S 15 jun. de manera que el común de los habitantes está sometido a restricciones en esta esfera semejantes a las que existen respecto a la intervención sobre el contenido de las comunicaciones escritas o telefónicas. 316:703.
para restringir válidamente la inviolabilidad de la correspondencia. 18 de la Constitución no exige que la respectiva ley reglamentaria deba ser "única y general" (Fallos: 171:348. fines y medios deberán sopesarse con arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes. entre otros). Petracchi y Boggiano) se afirmó que. pueden diferir de los referentes a un quebrado. se requiere: a) que haya sido dictada una ley que determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse a tomar conocimiento del contenido de dicha correspondencia. b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado. de ahí que las consideraciones en particular sobre el tema en discusión deban mantener un muy especial apego a las circunstancias del caso. desvinculado de la supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de la libertad de expresión. tiene su historia y su connotación (Fallos: 199:483). supuesto que cabe evidentemente extender al presente. por ello ha
interpretado que el art. es evidente que lo que las normas cuestionadas han -22-
. Tal como ha sido apreciado por los magistrados de los tribunales intervinientes en las instancias anteriores. etc. c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto y d) que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el aludido logro. en cada una de sus fases. a un vinculado al comercio. Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 318: 1894 (en el voto de los jueces Fayt. A su vez. 318:1894. 26) Que lo resuelto en el sub lite por los jueces de la causa se ajusta a los requisitos que conforman el estándar enunciado y que imponen la aplicación de criterios de interpretación restrictivos en el examen de las intercepciones de las comunicaciones personales.25) Que la libertad.. El Tribunal tiene dicho que los motivos que determinan el examen de la correspondencia en el caso de un delincuente. a un sujeto de obligaciones tributarias.
la que debe cumplir con los requerimientos que formule el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por esos circuitos. como atinadamente ha sido juzgado en autos. En suma.986. Se añade. a los fines de cumplir con dichos requerimientos de los jueces.
establecido no es otra cosa que una restricción que afecta una de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye el derecho a la intimidad. 27) Que. afirmación que adquiere primordial relevancia si se advierte que desde 1992 es la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE. la
circunstancia de que las normas tampoco prevén un sistema específico para la protección de las comunicaciones en relación con la acumulación y tratamiento automatizado de los datos personales. . dto. a ello. por cuanto sus previsiones no distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones. Ernesto c/ P. Halabi. en el marco de la transferencia de la prestación del servicio de teleco-
municaciones de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones a licenciatarias privadas. Ello es así por cuanto. resulta inadmisible que las restricciones autorizadas por la ley estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes de la Administración quede en manos de la más libre discreción de estos últimos.H. ha reconocido que el -23-
. XLII. 270. toda vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de navegación anudan a los contenidos. al establecer en el artículo 3° de la ley 25. que actúa bajo la órbita del poder político. por lo demás. 1563/04 s/ amparo ley 16. no cabe perder de vista que ha sido el propio legislador quien.873 la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida.ley 25. el decreto 1801/1992 dispuso que la Dirección de Observaciones Judiciales de aquella empresa estatal pasara a depender de la SIDE.N.E.
dtos. 1570/01 y 1606/01 s/ amparo ley 16. corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso.2080.E.PEN. Notifíquese y. ES COPIA
. Highton de Nolasco deja a salvo su opinión respecto a la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación para la defensa de intereses individuales homogéneos puramente patrimoniales (conf.XXXVII ADefensor del Pueblo de la Nación c/ E. cabe aclarar. RICARDO LUIS LORENZETTI . En las condiciones expuestas y por los fundamentos que anteceden. que la Dra.N. se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. 28) Que.sistema de captación. sentencia del 26 de junio de 2007). FAYT (en disidencia parcial). Con costas. oída la señora Procuradora Fiscal.ELENA I. oportunamente. devuélvase. HIGHTON de NOLASCO . Por ello.986".JUAN CARLOS MAQUEDA . D. ARGIBAY (en disidencia parcial). derivación y registro de comunicaciones que implementó podría no respetar las garantías mínimas exigibles para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los particulares. RAUL ZAFFARONI CARMEN M.ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia parcial). .CARLOS S.
XLII. Halabi. luego de examinar las condiciones de admisibilidad de la vía del amparo.E. la peligrosa vaguedad de muchas de sus previsiones. Con relación al argumento del Estado relativo a que las normas en cuestión se dirigen a atender al interés de la comunidad en su totalidad.
-//-DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON QUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. 2°) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional por considerar que el memorial del recurrente no cumplía con los recaudos exigidos por la ley procesal. 1° y 2°) y del decreto 1563/04. la dificultad para separar los "datos de tráfico" del contenido mismo de la comunicación y el riesgo cierto de que los datos registrados sean indebidamente utilizados. entendió que la trascendencia de la cuestión debatida justificaba el tratamiento de los argumentos invocados en favor de la legitimidad de la normativa impugnada.H. Ernesto c/ P. deben prevalecer sobre los intereses meramente individuales o secto-
. la necesidad de que una norma de tales características sea motivada y fundada.873 (arts. Entre otros aspectos. . y que. convalidó los fundamentos de la instancia anterior relativos a la
inadmisibilidad constitucional de las injerencias en las comunicaciones previstas por dicha normativa. 270.986. en este orden de ideas. puso de relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente en una materia tan sensible. 3°) Que.ley 25. 1563/04 s/ amparo ley 16. ARGIBAY Considerando:
1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el pro-
nunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo entablada por Ernesto Halabi y declaró la inconstitucionalidad de la ley 25. por ello. en razón de que el Estado se limitó a reiterar planteos anteriores que habían sido pormenorizadamente
rechazados por la jueza interviniente. dto. No obstante ello.N.
). 43 de la Constitución Nacional.
120/126). de acuerdo con lo argumentado por el Estado Nacional. por último. el recurrente se limita a manifestar su disconformidad con la interpretación de la sentencia en punto a la dimensión colectiva del interés invocado por el amparista. En dicha presentación. y nada dice en defensa de la constitucionalidad de las normas en debate. el a quo explicitó las razones por las cuales el fallo debe aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el juicio. en razón de que el carácter colectivo de la controversia tiene como consecuencia lógica necesaria que el control de constitucionalidad ejercido tendrá "alcance colectivo para todos los usuarios que se encuentren en la misma condición que el actor" (fs.riales. 115). Esta cuestión. con relación al alcance de la sentencia. 4°) Que. por lo tanto. 5°) Que este último aspecto de la decisión fue el que motivó el recurso extraordinario del Estado Nacional (fs. la cámara realizó una errónea interpretación del art. ha quedado excluida de la jurisdicción apelada del Tribunal. 114). la cámara destacó la significación que adquiere la protección del ámbito de privacidad en el marco de los estados de derecho. 6°) Que. concedido a fs. y la sola invocación de la finalidad de "combatir el delito" no basta para "convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones pueden ser captadas para su eventual observación remota" (fs. en tanto el carácter colectivo de un derecho no autorizaría al tribunal a dictar una sentencia de alcance general si quien acciona no es el Defensor del Pueblo
. 156. Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser invadido por el Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios que sean capaces de demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad" (fs. 113 vta.
986. En efecto. Si bien la "privacidad". tal afirmación prescinde del carácter indivisible de la materia en discusión. por definición.E. y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas Cconsiderando 18 del voto del juez PetracchiC). la tutela de derechos reclamada no podría hacerse efectiva. 1563/04 s/ amparo ley 16. tal aseveración reviste el carácter de principio general. y se vulneraría el principio mismo del que ha nacido la acción de amparo (conf. dicha regla debe ceder. resulta incomprensible la pretensión de la recurrente dirigida a que los efectos de lo decidido en la presente causa se limiten al amparista. De otro modo. restringir el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en el juicio. En efecto. cuya ausencia de protección Cpor ser -27ajenos al juicioC
. presupone la interacción con otros interlocutores. esp. Según su punto de vista. 8°) Que. y sus citas). pues CsostieneC "no existe imposibilidad de excluirlo a él de la aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba aplicar la normativa en general". Fallos: 322:3008. XLII.H. lo que entra en juego es el derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. puede ser vista como un bien propio de cada individuo en particular. 7°) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho que sus sentencias producen efectos solamente respecto de
quienes han revestido el carácter de partes en el juicio. . Halabi. no se trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en particular. fáctica o jurídicamente.N. 270.ley 25. dto.
ni una asociación protectora de los derechos de los usuarios y consumidores. Por el contrario. desde cierto punto de vista. considerandos 12 y 13 de la disidencia del juez Petracchi. el resultado del pleito sólo podría aplicarse al caso del afectado en particular y "bajo ningún punto de vista puede hacerse extensivo a la sociedad toda". Ello. cuando la naturaleza de la pretensión invocada impide. en este sentido. Ernesto c/ P.
entre muchos otros. al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia a la privacidad de terceros. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI . En consecuencia. Sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Desde este punto de vista. necesariamente. frente a la ausencia de argumentos relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida. ARGIBAY. se declara improcedente el recurso extraordinario. el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia. pero potenciales interlocutores. Por ello. 43 de la Constitución Nacional propuesta por la recurrente (conf. Hágase saber y. ES COPIA
. en el fracaso de la protección al amparista mismo. 330:4399). oída la señora Procuradora Fiscal. 9°) Que.CARMEN M. devuélvase. ajenos al pleito. oportunamente..derivaría. 4535. la necesidad de protección invocada no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad. Fallos: 329:2060. no se advierte relación directa e
inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del art. por lo mismo.
No obstante ello. dto. en este orden de ideas. y que. luego de examinar las condiciones de admisibilidad de la vía de amparo.986. la cámara destacó la significación que adquiere la protección del ámbito de privacidad en el marco de los Estados de derecho. entendió que la trascendencia de la cuestión debatida justificaba el tratamiento de los argumentos invocados a favor de la legitimidad de la normativa impugnada.H.ley 25. Ernesto c/ P.E. la necesidad de que una norma de tales características sea motivada y fundada.
-//-DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. en razón de que el Estado se limitó a reiterar planteos anteriores que habían sido pormenorizadamente
rechazados por la jueza interviniente. 270. Entre otros aspectos. XLII. puso de relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente en una materia tan sensible. la peligrosa vaguedad de muchas de sus previsiones. deben prevalecer sobre los intereses meramente individuales o sectoriales. por ello. Halabi. convalidó los fundamentos de la instancia anterior relativos a la inadmisibilidad constitucional de las injerencias en las comunicaciones previstas por dicha normativa. Con relación al argumento del Estado relativo a que las normas en cuestión se dirigen a atender al interés de la comunidad en su totalidad. 31) Que. 11 y 21) y del decreto 1563/04. FAYT Considerando: 11) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el pro-
nunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo entablada por Ernesto Halabi y declaró la inconstitucionalidad de la ley 25. -29-
.N.873 (arts. 21) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional por considerar que el memorial del recurrente no cumplía con los recaudos exigidos por la ley procesal. la dificultad para separar los "datos de tráfico" del contenido mismo de la comunicación y el riesgo cierto de que los datos registrados sean indebidamente
utilizados. . 1563/04 s/ amparo ley 16.
el recurrente se limita a manifestar su disconformidad con la interpretación de la sentencia en punto a la dimensión colectiva del interés invocado por el amparista. por último. ha quedado excluida de la jurisdicción apelada del Tribunal. En dicha presentación.
120/126). 113 vta. concedido a fs. en razón de que el carácter colectivo de la controversia tiene como consecuencia lógica necesaria que el control de constitucionalidad ejercido tenga "alcance colectivo para todos los usuarios que se encuentren en la misma condición que el actor" (fs. y nada dice en defensa de la constitucionalidad de las normas en debate. de acuerdo con lo argumentado por la demandada. 41) Que.Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser invadido por el Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios que sean capaces de demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad" (fs. Según su punto de vista. el a quo explicitó las razones por las cuales el fallo debía aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el juicio. el resultado del pleito sólo podría aplicarse al caso del afectado en particular y "bajo ningún punto de vista puede hacerse extensivo a la sociedad -30-
. la cámara realizó una errónea interpretación del art. 43 de la Constitución Nacional. 61) Que. 51) Que este último aspecto de la decisión fue el que motivó el recurso extraordinario del Estado Nacional (fs. 114). Esta cuestión. por lo tanto. con relación al alcance de la
sentencia. en tanto el carácter colectivo de un derecho no autorizaría al tribunal a dictar una sentencia de alcance general si quien acciona no es el Defensor del Pueblo ni una asociación protectora de los derechos de los usuarios y consumidores. 156.). 115). y la sola invocación de la finalidad de "combatir el delito" no basta para "convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones pueden ser captadas para su eventual observación remota" (fs.
E. 71) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho que sus sentencias producen efectos solamente respecto de
quienes han revestido el carácter de partes en el juicio y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas Cconsiderando 18 del voto del juez PetracchiC). de la noción de pueblo políticamente integrado a partir de una unidad. Fallos: 322:3008. esp. 11 de la Constitución Nacional. disidencia del juez Fayt). en definitiva.ley 25. De otro modo. en tal carácter. "no [Y] como formación natural. his-31-
. 81) Que en este sentido no puede perderse de vista el carácter invocado por el actor para demandar. y sus citas). fáctica o jurídicamente. Ello es así. con actividad consciente. dto. tal aseveración reviste el carácter de principio general. Teoría del Estado. en cuanto sustancia del Estado. XLII. 30 ed. esto es.N. toda vez que la condición de ciudadano alegada resulta determinante en orden a la delimitación del ámbito de aplicación de la solución a la que se arribó en autos.H. es decir. En efecto.. Se trata del "pueblo" en los términos del art. integra el pueblo. No es el pueblo en el Estado.986. Ernesto c/ P.E. la población. ni cultural ni
espiritual. en la conservación y formación del Estado' (Heller. considerandos 12 y 13 de la disidencia del juez Petracchi. en la medida en que el actor. 1955)" (Fallos: 317:711. ya sea étnica. 1563/04 s/ amparo ley 16. . 270. cuando la naturaleza de la pretensión invocada impide.. pues. la tutela de derechos reclamada no podría hacerse efectiva y se vulneraría el principio mismo del que ha nacido la acción de amparo (conf. Halabi. Se trata. voto del juez Fayt). dicha regla debe ceder. sino como pueblo del Estado [Y] (Fallos: 312:2110. restringir el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en el juicio. Hermann.
toda". basamento humano de la sociedad política.C. México. sino [Y] [aquellos] para quienes 'el ser y modo de ser del Estado desembocan constantemente en una decisión de deber ser' y que 'participan. la masa de habitantes. F.
motivación" (Heller. México. ob. el sujeto es el centro de vivencias y actos de la realidad social. sino que produce un todo coherente y ordenado (Heller. Luego. pues -32-
. y cultura.C. el individuo no puede ser aislado ni puede ser considerado como una "sustancia".). 93). aun cuando de todas las acciones particulares que a diario se ejecutan en incesante repetición sólo percibimos una relación concreta entre dos personas. toda acción individual del hombre no produce sino "una conexión y con sentido". tanto individual como colectiva. en la medida en que un acto en particular. no sin comunicación con el exterior sino sólo en su reciprocidad con otros sujetos. p. ob. En ese contexto. de tal suerte condicionado. en una unidad de naturaleza. cit. esto es. son aspectos de los que no puede prescindirse para una adecuada decisión del caso. en definitiva. Ambos aspectos. Ello es así.. p. Ello es así en el entendimiento de que. en cuanto fenómenos transformadores del marco que le era propio a las comunicaciones. en ese marco. no da lugar a un simple agregado de formaciones individuales en relación entre sí. el actor se encuentra inmerso en una realidad social. F. por lo tanto. aunque inconscientemente.E.tórica o cultural. Por el contrario. De resultas de ello. determinado por la revolución tecnológica y la globalización. Hermann. ello. 1947.. 20 ed.. cit.. Hermann. a ello ha de agregarse la dimensión comunicacional tal como se manifiesta en el contexto actual del nuevo orden mundial. no puede ser construida partiendo de individualidades insularmente separadas. resulta innegable la recíproca interpenetración en razón de la cual todos esos actos trabajan. 100 y ss. condicionada más que nunca por la total conexión a la que hacía referencia Hermann Heller (Teoría del Estado. 103). en unidad dialéctica inseparable que. En tales circunstancias. por una unidad ordenada de acción social. Luego. ps. esa realidad social no es sino acción social.
ley 25. Ello. presupone la interacción con otros interlocutores. En consecuencia. .H.
(Heller. resulta incomprensible la pretensión de la recurrente dirigida a que los efectos de lo decidido en la presente causa se limiten al amparista. Halabi. cit.. 113). puede ser concebida como un bien propio de cada individuo en particular. lo que entra en juego es el derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. más que nunca en toda la historia. En efecto. Si bien la "privacidad". aun cuando ésta no siempre es necesariamente consciente (Heller. 270. 1563/04 s/ amparo ley 16. por definición. necesariamente. no se trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en particular. en la medida en que el contexto de las telecomunicaciones opera como un escenario singular en el que cada individuo del grupo deviene portador de una mediación social que se expande en todas las direcciones. Hermann.E. al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injeren-33-
.N. en el fracaso de la
protección al amparista mismo. la necesidad de protección invocada no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad. cuya ausencia de protección Cpor ser ajenos al juicioC derivaría. aquel enlace simultáneo por el que. en el caso específico de autos. p. dto. finalmente. ob. desde cierto punto de vista. es evidente que estas circunstancias se ponen de manifiesto de forma indubitable. Desde este punto de vista. Ernesto c/ P. tal afirmación prescinde del carácter indivisible de la materia en discusión. Por el contrario. cit. Se produce así. XLII. en este sentido. p. 112 y ss. cada uno se halla unido con los demás por una conexión. 10) Que.986. ob.. pues CsostieneC "no existe ninguna imposibilidad de excluirlo a él de la aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba aplicar la normativa general". Hermann.) 91) Que.
no se advierte relación directa e
inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del art. frente a la ausencia de argumentos relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida. 330:4399). 43 de la Constitución Nacional. Fallos: 329:2060. oída la señora Procuradora Fiscal. y oportunamente. 4535. representado por la Dra. Mariana Tamara Saulquin. propuesta por la recurrente (conf. Ernesto Halabi (por derecho propio). 11) Que. devuélvase. por lo mismo. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10.cia a la privacidad de terceros ajenos al pleito. Hágase saber. Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Por ello. CARLOS S. ES COPIA
Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional. entre muchos otros. Sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Sala II. pero potenciales interlocutores. Traslado contestado por el Dr.
. se declara improcedente el recurso extraordinario. FAYT.. el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia.
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in fine
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