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Timestamp: 2020-07-15 18:39:25+00:00

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veraz - Planeta Ius
Creado: 27/08/07 | Visitas: 4899 Tweet
Hola a todos queria hacerles una pregunta, no se si corresponde a esta parte del foro supongo que si pero bueno sino me dicen.
Queria saber si alguien me puede indicar cual es la ley o normativa que regula el veraz. Y si conocen algun fallo donde se halla declarado la inconstitucionalidad de otorgar informacion de las personas.
RAB Usuario VIP Creado: 27/08/07
Pegale una leida a la Ley 25.326 de Habeas Data (proteccion de datos personales), alli se trata el tema; pero al "veraz" no hay ley que lo regule directamente, la ley de Habes Data regula los datos y su proteccion por uso indebido, o erroneo de estos.
Te paso un par de sumarios y un comentario de un fallo:
Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nro. 2 de Rosario
Partes: D., J. y otra c. Banca Nazionale del Lavoro
Es procedente otorgar una indemnización en concepto de daño moral a quienes aparecieron injustificadamente en un listado de morosos por el obrar negligente de la entidad bancaria demandada, dado que el hecho de encontrarse incluido en los registros de deudores produce una aflicción, preocupación o alteración en la tranquilidad espiritual que supera el marco del riesgo normal de la vida cotidiana
Fallo 2)
DATOS PERSONALES – HABEAS DATA – TARJETAS DE CREDITO – INFORMACION PROVISTA A EMPRESAS DE RIESGO CREDITICIO. Protección de datos personales. Prohibición dirigida a las entidades emisoras de tarjetas de crédito de informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales sobre el estado de incumplimiento de los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito. Art. 53 Ley 25065. Pretensión de inconstitucionalidad. Rechazo. La Ley de Protección de Datos Personales –Ley 25326- no derogó implícitamente el Art. 53 de la Ley 25065
O. 180. XXXVI - "Organización Veraz S.A. c/ E.N. - P.E.N. - M° E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986" - CSJN - 06/03/2007
“La empresa actora persiguió en autos la declaración de inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065. La ley en cuestión regula diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito y las relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre sus previsiones, el referido artículo dispone que "Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las 'bases de datos de antecedentes financieros personales' sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina". A su juicio, la prohibición transcripta resultaría violatoria de las garantías de los arts. 14, 17, 19, 32 y 43 de la Constitución Nacional, y de los tratados enumerados por el art. 75, inc. 22.”
“En su dictamen el señor Procurador General de la Nación entiende que el dictado de la ley 25326 de Protección de Datos Personales -de fecha posterior a la decisión recurrida- que no contiene semejante prohibición, ha importado dejarla sin efecto en los términos de la doctrina de Fallos: 317:1282; 319:2185 y 320:2609. Este Tribunal no comparte la conclusión precedentemente reseñada, pues ella no se compadece con sus precedentes en materia de derogación implícita o tácita de la ley, ni con su doctrina sobre interpretación legislativa.”
“Ha dicho reiteradamente esta Corte que para que una ley derogue implícitamente disposiciones de otra, es necesario que el orden de cosas establecido por ésta sea incompatible con el de aquélla (Fallos: 214:189: 221:102; 258:267; 260:62; 295:237; 318:567, entre muchos otros). Ello, porque la derogación de las leyes no puede presumirse (Fallos: 183:470). En el caso no parece prudente interpretar que exista la mencionada incompatibilidad. Para arribar a tal conclusión deberá partirse necesariamente de una de las pautas interpretativas de mayor arraigo en la doctrina de este Tribunal, conforme a la cual la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 312:1614).”
“Nada obsta al registro y almacenamiento de la información sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación, en la medida en que sea suministrada a las empresas que se dedican a su registración con la intermediación del Banco Central de la República Argentina, a quien la propia ley 25.065 atribuye el carácter de autoridad de aplicación en todo lo concerniente a los aspectos financieros vinculados a las tarjetas de crédito (ver art. 50, inc. a). En tales condiciones no puede resultar extraño que sea el encargado de recibir la información por parte de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y sea quien, a su vez, la suministre a los registros que prestan servicios de información crediticia.”
“No obsta a esta conclusión el hecho de que las normas reglamentarias del decreto 1558/2001 contemplen el registro de los datos en cuestión. En efecto, es sabido que las normas reglamentarias son válidas sólo en la medida en que se ajusten al texto y al espíritu de la ley a reglamentar (Fallos: 311:2339, entre muchos otros).”
“Corresponde concluir en la absoluta razonabilidad de la regulación legal cuestionada que tiene la obvia finalidad de preservar la exactitud de los datos registrados, en beneficio de sus titulares y de la seriedad de la información que se pone a disposición del público en general. Del mismo modo, obedece a la necesaria protección del usuario de las tarjetas de crédito que, de lo contrario -esto es, sin la centralización de la fuente de registro- podría verse materialmente imposibilitado de ejercer cualquiera de los mecanismos de control sobre sus datos autorizados por el art. 43 de la Constitución Nacional y transformado entonces un paria en el mundo de las relaciones de crédito.”
Fallo 3)
CSJN, 05/04/2005. M., M. S. c. Organización Veraz S.A.
Comentario del fallo:
La actora había celebrado un contrato de mutuo hipotecario con un banco que en la actualidad se encuentra en quiebra. El banco había seguido actualizando el monto del préstamo, pese a la prohibición de indexar impuesta por la ley 23.928 (publicada en el B.O el 28/03/91) (Adla, LI-B, 1752), razón por la que consignó el monto de lo que estimó adeudar. La Organización Veraz SA publicó un informe en el que se la describía como una deudora "irregular", es decir, morosa, aunque aclaraba que la misma mantenía "dos juicios contra el banco" prestamista por revisión de precio y consignación. La actora interpuso una acción de hábeas data contra Organización Veraz, la que fue rechazada en primera y segunda instancia del fuero comercial. Contra dicha decisión, interpuso recurso extraordinario que fue contestado y denegado por lo que ocurrió por vía de queja, a la cual se hizo lugar y se declaró procedente el recurso extraordinario.
Etc, Etc, etc, ...... hay un monton de fallos en la web pones en google habeas data, o veraz, o responsabilidad por informacion crediticia erronea , etc, etc, y saltan una bocha de fallos y de doctrina. Hay mucho de esto en la pagina de diariojudicial.com , y aca en este foro creo que ya se hablo del tema y hay fallos posteados (buscalos).
No recuerdo que se haya declarado la inconstitucionalidad, lo que se es que el 90 % de los casos se pide daño moral por informacion erronea o por incluirlos como deudores cuando no lo son, o no corresponde por "x" causa, pero no a todos le dan indemnizacion por daño moral ya que se suele pedir la prueba de por ejemplo no pudo obtener un credito (probar que se solicito y se denego por estar incluido en base de datos de morosos)... etc, etc,.
JoseSantiagoMarano Usuario VIP Creado: 28/08/07
Otro fallo es Magoia, Elda Teresa c/ Tarjeta Provencred y/o Citibank NA, pero hace remision a organizacion veraz.
RAB Usuario VIP Creado: 28/08/07
Esta es la reseña del fallo que dice Jose:
HABEAS DATA - TARJETAS DE CREDITO - PROTECCION DE DATOS PERSONALES - INFORMACION CREDITICIA de carácter confidencial o sensible. Se condena a las demandadas a comunicar al Banco Central de la República Argentina y a Organización Veraz S.A. que la relación financiera habida con la actora tiene origen en una operatoria de tarjeta de crédito y que la información referida a ella debe ser confidencial, debiendo la última entidad eliminar de su base de datos la registración por ese concepto relativa a la peticionante. Disidencia
"Magoia, Elda Teresa c/ Tarjeta Provencred y/o Citibank NA - habeas data" - CSJN - 08/05/2007
"Sin perjuicio de destacar que la deuda de la actora no deriva del uso de la tarjeta, sino del mutuo concertado con miras a refinanciarla y que la prohibición concierne sólo a las entidades emisoras de los citados instrumentos. Se omitió el tratamiento de la defensa de falta de legitimación pasiva, vulnerándose el principio constitucional de congruencia (art. 18, de la C.N.), en tanto que los demandados no resultan ser titulares o responsables de los datos objetados y que, en su caso, lo informado por la entidad bancaria al Banco Central lo fue en el contexto de lo establecido por las Comunicaciones "A" n° 2216 y 2384."
"La cuestión que se debate fue objeto de examen, en lo substancial, por este Ministerio Público, en ocasión de dictaminar los autos S.C. O. n° 180, L. XXXVI, " "Organización Veraz S.A. c/ E.N. P.E.N. M E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986", del 31 de mayo de 2001, a cuyos términos corresponde remitir, en lo pertinente, en razón de brevedad. Sólo añadiré a lo expresado en aquella oportunidad que, dictado el precepto reglamentario de la ley n° 25.326 -dec. n° 1558/01 (BO: 03.12.01)- en él puede constatarse -a los efectos del artículo 5, inciso 2°), ítem e), de la disposición anterior- que el concepto de "entidad financiera" comprende a las empresas emisoras de tarjetas de crédito y que, a los fines del artículo 26, inciso 2°), de la ley, se consideran datos relativos al cumplimiento de las obligaciones, los que atañen a los contratos de tarjetas de crédito."
"Tal dispositivo, si bien posterior al dictado del resolutorio en crisis, no fue objetado por la actora, correspondiendo estar al mismo en todo cuanto proceda, toda vez que, según ha reiterado V.E., los pronunciamientos de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento del fallo, aunque sean sobrevinientes al recurso."
"Por lo dicho, estimo que corresponde declarar admisible el recurso y revocar la sentencia."
Augusto Profesor Adjunto Nombrado Creado: 28/08/07
NOTA: no hay ley alguna que regule a VERAZ... VERAZ en si es una empres que lo que hace es recolectar datos sobre el estado "financiero" "comercial" o de solidez Patrimonisla de las personas... es una empresa que ofrece un servicio y nada mas... por eso es que no hay una "ley de veraz"
Lo unico que si es que como toda empresa que tiene base de datos personales debe someterse a la regulación que impone la ley de habeas data...
Y sito lo que ellos mismo dicen en su propio sitio web:
"Veraz solo colecta la información disponible en tanto resulte pertinente, útil o necesaria para facilitar operaciones comerciales y crediticias en general y prescinde de toda otra información que excede a las previsiones del marco regulatorio aplicable a los servicios de información crediticia (art. 26 de la Ley 25.326). Estos procesos se desarrollan respetando estrictos controles de validación en donde se descartan aquellos datos en los que se advierten incongruencia"
IGNASS Cursando Ingreso Creado: 29/08/07
Desde ya les agradezco la info, esto lo pregunte por una consulta de un amigo que tiene un problema en el cual no puede sacar un credito en un banco debido a que aparece en el veraz por haber estado moroso en un credito personal. Desde mi humilde conocimiento me parece que esta empresa u organizacion ejerce una actividad no se si llamarla ilicita pero que si no es conforme a derecho, desde el punto principal de que no esta regulada y que ademas no me parece que tenga derecho de recolectar informacion privada de la gente, ademas por sobre todas las cosas se trata del estado financiero y patrimonial privado que no se deberia poder acceder a ella si no es por medio de una autorizacion personal o judicial.
Otra cuestion ademas de que sabemos con que fines se utiliza para poder ser utilizados como descarte de cliente en los bancos de forma indiscriminada, cuestion que no deberia ser asi cuando la persona ya ha cancelado su deuda. Por otro lado tendria que tener la posibilidad de que esta entidad no pudiera acceder porq no se si lo utiliza con otros fines , podria llegar a pensar que algun empleado o trafico de datos de a lugar a actos delictivos etc . Ustedes que sabe quizas mas del tema me podran decir , si ademas podira llegar a dar lugar a accionar judicialmente por una inconstitucionalidad de los actos comerciales de esta empresa y de los datos recopilados. Desde ya muchas gracias.
JoseSantiagoMarano Usuario VIP Creado: 29/08/07
Haber mas alla de el relativismo juridico, no veo cual es la ilicitud en cuanto recabar datos del estado patrimonial de los futuros clientes. No me acusen de liberal luchando por la seguridad de trafico.
Los problemas surgen cuando a uno le es negado un servicio a partir de un dato erroneo o desactualizado. En estos casos es comun accionar por daños y perjuicios.
En resumen si obtengo por medios licitos datos, y los comercializado. Sumado a que los mismos son utilizados como forma de ver la situacion economica de mi posible consumidor, lo que a mi criterio no conformaria un acto discriminatorio. Ahora si las empresas que lucran tanto la que vende las bases de datos, comenten un error es mas que razonable que respondan por ello.
romina83 Ingresante Creado: 07/08/09
Hola ...lamentablemente me esta sucediendo algo similar ...los hechos o formas de accionar contra la empreza VEraz parten de dos cosas distintas....una es un error o sea que uno figure como moroso o incobrable(ERROR DE CARGA DE DATOS POR PARTE DE LA EMPRESA)....y que no haya contraido jamas esa deuda...la otra es que si la haya generado ..realmente la empreza VEraz no esta regulada por ningun organismo ......se le puede iniciar juicio por incumplimiento de la ley 25.326 de "proteccion de datos personales"...o por "daños y perjuicios"....igual es largo el asunto de entablar....
Creo haber escuchado alguna vez al ex Juez Cruciani en el programa de Jorge Lanata hablar sobre este tema...lamentablemente no recuerdo con exactitud leyes o nombres de fallos pero dijo que ...excepto por fallo judicial no se pueden exponer los datos asi sean de personas que contrajeron deudas de cuaquier tipo o forma....IGUALMENTE SI ALGUNO SE QUIERE FIJAR Y PUEDE CONSEGUIR BAJAR DE INTERNET LOS VIDEOS DEL PROGRAMA ..FUE ESTE AÑO JUSTO ANTES DE LAS ELECCIONES....YA QUE EL ERA CANDIDATO...
DE UNA U OTRA MANERA ...AUNQ CREO QUE EN EL PRIMER CASO ES EL PEOR DE TODOS...EL TEMA ES QUE SE LE DEBERIAN INICIAR ACCIONES LEGALES A LA EMPRESA...Y RECLAMAR COMO CORRESPONDE NO SOLO POR LOS DAÑOS QUE CAUSAN AL MOMENTO DE TENER QUE HACER TRAMITES BANCARIOS O COMERCIALES....
SE PUEDEN ASESORAR CON DEFENSA AL CONSUMIDOR ...NO RECUERDO LA PAG DE INTERNET PERO TELEFONICAMENTE AL 0800 666 1518...
OJALA POR LO MENOS HAYA SIDO DE AYUDA EN ALGO ....SALUDOS
AHHH ME OLVIDABA EL CESE DE LA PERMANENCIA COMO MOROSO EN EL VERAZ SE DA A PARTIR DE DOS AÑOS DE INICIADO EL PAGO DE LA DEUDA O CINCO DE LA CANCELACION TOTAL DEL COMPROMISO.....
VER FALLOS .....Fallo: ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. C/ E. N. - P.E.N. - M° E. y O.S.P. S/ Amparo Ley 16.986.
ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. C/ E. N. - P.E.N. - M° E. y O.S.P. S/ Amparo Ley 16.986
CSJN - [06-MARZO-2007] Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Organización "Veraz". Los bancos no darán "datos financieros personales" La medida ratificó así la "necesaria protección del usuario de tarjetas de crédito".
1°) Que contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, al confirmar la de primera instancia, rechazó la demanda que perseguía la declaración de inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065 en cuanto prohíbe a las entidades emisoras de tarjetas de crédito informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito en situaciones de incumplimiento, la actora interpuso recurso extraordinario (fs. 476/528) el que previa sustanciación, fue concedido a fs. 536.
A ello el tribunal de alzada añadió que Organización Veraz S.A. no ha acreditado el perjuicio que le ocasionaría la aplicación de la norma impugnada, y que no advertía la existencia de una lesión a los derechos constitucionales invocados por aquélla.
4°) Que la empresa actora persiguió en autos la declaración de inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065. La ley en cuestión regula diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito y las relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre sus previsiones, el referido artículo dispone que "Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las 'bases de datos de antecedentes financieros personales' sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina". A su juicio, la prohibición transcripta resultaría violatoria de las garantías de los arts. 14, 17, 19, 32 y 43 de la Constitución Nacional, y de los tratados enumerados por el art. 75, inc. 22.
La derogación tácita de la ley no puede entonces extraerse de una norma de inferior jerarquía, ya que sólo puede producirse —en lo que al caso interesa— entre disposiciones homogéneas (Diez Picazo, Luis María La derogación de las leyes, págs. 285 y sgtes., Ed—. Civitas, Monografías, Madrid 1990). "La derogación tendrá lugar solamente si ha sido estipulada por una autoridad creadora de normas", tal como lo ha afirmado Hans Kelsen ("Derogación" en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, año VII, número 21, págs. 259 y sgtes.).
Se sigue de lo expuesto que la actividad de los bancos de datos existía y era lícita antes de la regulación legal introducida por la ley 25.326, y que esta regulación no tuvo por finalidad prioritaria ampliar esa actividad sino, en todo caso, proteger a los titulares de los datos de los posibles errores o abusos que puedan resultar del mecanismo de recolección, almacenamiento y suministro de información.
La ley 25.065 establece normas que regulan diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito, como así también las relaciones entre el emisor y titular o usuario y entre el emisor y proveedor. En ese ámbito y no en el de la regulación de los bancos de datos se inscribe su art. 53 cuya constitucionalidad es materia de la presente causa en cuanto establece —se reitera— la prohibición para "las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales ‘sobre la situación de incumplimiento de los titulares y beneficiarios de tarjetas’, "sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina".
La citada ley 25.065 fue sancionada el 7 de diciembre de 1998, promulgada parcialmente el 9 de enero de 1999 mediante decreto 15 que entre otras disposiciones vetó el art. 53 transcripto. Sin embargo, el 1º de septiembre de 1999 el presidente del Senado comunicó al P.E.N. que "el H. Senado, en sesión de la fecha, ha considerado la confirmación de la H. Cámara de Diputados de su sanción anterior en la observación parcial al proyecto de ley registrado bajo el Nº 25.065, relacionado con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito, y ha tenido a bien confirmar también la propia por mayoría de dos tercios de votos, quedando así definitivamente sancionado el proyecto según lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Nacional".
Por lo expuesto, y oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto) - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY.
VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.
1°) Que Organización Veraz S.A. promovió acción de amparo con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065 en cuanto prohíbe a las entidades emisoras de tarjetas de crédito informar a las bases de datos de antecedentes financieros personales sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o etapa de refinanciación.
Para así resolver, el tribunal a quo, en primer término, hizo suyos los fundamentos del fallo del juez anterior en grado, según los cuales el derecho constitucional de trabajar y ejercer industria lícita no se halla exento de determinadas regulaciones o limitaciones como la del citado art. 53, el cual supone "un razonable ejercicio del poder de policía en salvaguarda de intereses de orden general, que involucran los derechos de los usuarios y de los eventuales destinatarios de la información". Puntualizó que la norma impugnada procura preservar a los usuarios de que al quedar en mora "sean incluidos inmediatamente en bases de datos en atención a la naturaleza y características propias del contrato y el contexto que promueve el uso de las tarjetas de crédito".
De igual modo, consideró que no se halla conculcada la libertad de expresión, pues ésta, al aludir a la difusión y expresión de pensamientos, ideas o valores no comprende a la "mera información sobre aspectos comerciales", mas allá de que la ausencia de información sobre los deudores en todo caso comprometería a los afectados por la falta de aquélla y no a la actora.
La sentencia de cámara añadió asimismo que "la propia amparista reconoce que la información que la norma veda, llega a su conocimiento a través del Banco Central, aunque —según señala— tarde e incompleta" (fs. 420/422). A ello el tribunal de alzada agregó que Organización Veraz S.A. no ha acreditado el perjuicio que le ocasionaría la aplicación de la norma impugnada, y que no advertía la existencia de una lesión a los derechos constitucionales invocados por aquélla.
3°) Que contra tal sentencia la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 476/528 vta., que contestado por el Estado Nacional, fue concedido a fs. 536, y que resulta formalmente admisible en razón de que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia y validez de normas federales y lo resuelto por el superior tribunal de la causa es contrario al derecho invocado por la recurrente con sustento en dichas cláusulas (art. 14, incs. 1° y 3°, de la ley 48). A ello cabe agregar que los agravios deducidos con apoyo en la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad habrán de ser tratados en forma conjunta, pues ambos aspectos guardan entre sí estrecha conexidad (Fallos: 321:2764, y sus citas, entre muchos otros).
4°) Que evacuada la vista al señor Procurador General (fs. 541), éste emitió el dictamen que se encuentra agregado a fs. 542/546. Al hacerlo, ponderó en particular el hecho de que encontrándose los autos en la Procuración General se dictó la ley 25.326 de "Protección de Datos Personales" que a su entender constituyó una regulación orgánica y específica en materia de recolección, tratamiento y prestación de los servicios referentes a datos personales, en la que no se prevé la prohibición reseñada en el considerando 1° de la presente, razón por la cual consideró que al resultar incompatible el art. 53 de la ley de tarjeta de crédito 25.065 con el nuevo sistema legal establecido por la ley 25.326 (arts. 4 y 26), se había producido, en el aspecto examinado, la derogación tácita del citado art. 53.
5°) Que este Tribunal, con el fin de garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa y debido a la necesidad de adecuar sus pronunciamientos a las circunstancias existentes al momento de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 310:670) concedió un plazo de cinco días para que las partes manifestaran "lo que estimen pertinente sobre la validez de la ley 25.326 y su decreto reglamentario" (fs. 547). La actora compartió el criterio del señor Procurador General por considerar que la nueva ley ha producido una derogación "tácita u orgánica" del ordenamiento anterior (fs. 550/557), a lo cual añadió, en defensa de su postura, que el art. 26 del decreto 1558/2001, reglamentario de la nueva ley 25.326, había incorporado una expresa alusión a las "tarjetas de crédito" (fs. 558). En forma coincidente se manifestó el Estado Nacional al expresar que "...la situación fáctico legal que diera lugar a la oportuna posición de mi mandante se ha modificado, toda vez que se encuentra en plena vigencia la nueva ley 25.326...De allí la eventual coherencia de resolución de estos actuados bajo el criterio sustentado por el señor Procurador de esa Excma. Corte Suprema de Justicia atento la nueva normativa que rige en la materia" (fs. 559).
9°) Que el art. 26 de la ley 25.326 —que regula lo atinente a la "prestación de servicios de información crediticia"—, se limita a expresar, en lo que aquí interesa, que en la prestación de tales servicios "sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial" (inc. 1°) y que "pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés" (inc. 2°).
Ninguna referencia contiene dicha norma —ni ninguna otra de la referida ley— que pueda considerarse incompatible con una disposición específica anterior que establece una restricción en lo atinente a un ámbito determinado y circunscripto, como lo es el de las tarjetas de crédito. En consecuencia, no media la "verdadera incompatibilidad" que, en los términos de conocida jurisprudencia de esta Corte, debe caracterizar a las leyes generales para tener por configurada la derogación tácita de una ley especial anterior (Fallos: 214:189; 221:102; 226:270; 260:62; 305:353; 315:1274; 318: 567; 319:2594).
10) Que en el caso de autos cabe asimismo tener en cuenta el escaso plazo transcurrido entre la aprobación de ambos ordenamientos (ley 25.065 —B.O. del 24 de septiembre de 1999— y ley 25.326 —B.O. 2 de noviembre de 2000—) que lleva a concluir que el legislador no pudo haber aprobado en tan corto tiempo dos normas contradictorias, pues la inconsecuencia o falta de previsión en el legislador jamás se presumen (Fallos: 312:1614, entre muchos otros). En efecto, el plazo de catorce meses fue muy breve comparado con el de otros casos de derogación orgánica aceptados por este Tribunal como el de Fallos: 319:2185 (derogación orgánica del decreto‑ley 8655/63 por la ley 21.932/79, 16 años) y el de Fallos: 320:2609 (en relación a la derogación orgánica del decreto 812/73 por decreto 3318/79 —6 años—), a lo que cabe agregar que en los casos citados en último término, existía una clara superposición entre ambos ordenamientos.
11) Que por otra parte, el silencio del legislador en materia de tarjeta de crédito al aprobar la ley 25.326 no puede interpretarse como su voluntad de derogar el art. 53 de la ley de tarjetas de crédito casi un año después. En el caso, como se expuso en el considerando anterior, el legislador insistió y superó con las mayorías legales una observación —veto parcial— del Poder Ejecutivo Nacional. Tal como sostuvo la doctrina norteamericana, cuando la Corte interpreta el silencio legislativo el riesgo de error y manipulación está siempre presente (confr. Daniel Rotenberg, Congressional Silence in the Supreme Court, University of Miami Law Review, Vol. 47, Nov. 1992, pág. 375).
12) Que por último, tal silencio del legislador tampoco puede suplirse con el decreto reglamentario de la ley 25.326. En ese marco, tampoco obsta a ello lo dispuesto en el art. 26 del decreto 1558/01 —reglamentario de la ley de protección de datos personales—, que menciona a las "tarjetas de crédito", que establece que a los efectos del art. 5, inc. 2°, letra e de la ley, el concepto de entidad financiera comprende a las empresas emisoras de tarjeta de crédito, argumento que la actora esgrimió a fs. 558. Ello es así pues el decreto reglamentario no tiene aptitud para modificar lo dispuesto por una ley anterior. Una interpretación contraria implicaría avanzar sobre la ley, contrariando el marco del art. 99, inc. 2°, de la Constitución Nacional.
13) Que, concordantemente, esta conclusión se ve reforzada al comparar la finalidad de ambas normas. La ley 25.326 tiene por finalidad proteger el honor, la intimidad y otros derechos personalísimos de aquellos registrados en bancos de datos (art. 1°) reglamentando el tercer párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional. De tal modo estableció toda una serie de derechos y obligaciones para quienes tratan datos personales, entre los que se encuentran la prohibición de utilizar los datos con una finalidad distinta a la que motivó su recopilación, la obligación de exactitud, la limitación temporal del registro de datos (art. 4), el consentimiento en ciertos supuestos (art. 5), la notificación del ingreso de datos en registros (art. 6), y las prohibiciones para la cesión de datos y para la transferencia internacional de la información personal (arts. 11 y 12). Asimismo se crea un organismo de aplicación de la normativa (art. 29) y se reglamenta también la acción de protección de datos personales (arts. 33 a 43).
A mayor abudamiento, se recuerda el caso "Whalen v. Roe" (429 U.S. 589) donde la Corte Suprema de Estados Unidos esbozó los elementos de un derecho constitucional sobre la privacidad de la información. El caso se refería a una ley del Estado de Nueva York que había creado un registro centralizado con los nombres y direcciones de todas las personas que obtenían ciertas drogas recetadas por médicos. Al analizar la regulación estatal —declarada válida en el caso—, la Corte Suprema consideró que esta recopilación de datos personales podía afectar dos intereses. Uno era el interés del individuo en evitar la revelación de asuntos personales; el otro, el interés en poder adoptar en forma independiente decisiones importantes (confr. Joel R. Reidenberg & Paul M. Schwartz, Data Privacy Law. A study of United States Data Protection, Michie, Virginia, 1996, pág. 76).
Hoy en día existen infinidad de registros que acumulan información personal tanto en poder del Estado como de los particulares. Así, es posible enumerar a modo de ejemplo, el registro de juicios universales (decreto 3003/56), el registro nacional de concursos y quiebras (art. 296, ley 24.522), los registros de deudores alimentarios morosos (ley 269 de la ciudad de Buenos Aires, y leyes provinciales concordantes), el registro nacional de reincidencia y estadística criminal (ley 22.117), el registro de la propiedad inmueble (ley 17.801, y leyes provinciales concordantes), el registro nacional de las personas (ley 13.482), el registro de huellas digitales genéticas (resolución 415/2004 del Ministerio de Justicia) y los registros de informes crediticios como el que mantiene la aqui actora. Los intereses que impulsaron la creación de estos registros son muy diversos y atienden a finalidades distintas. Pero en general, la idea detrás de cada registro es centralizar cierta información para que esté accesible y de ese modo se pueda consultar facilitando la toma de decisiones en función de la información que ellos contengan. Estas grandes acumulaciones de datos personales han planteado problemas a los registrados, y una de las formas de resolverlo es estableciendo normas como la del art. 53 de la ley 25.065.
16) Que la recurrente sostiene que el primer párrafo del art. 53 de la ley 25.065 vulnera el derecho a trabajar y ejercer una actividad lícita. Señala que se trata de una actividad sumamente útil para la comunidad como lo es la de aportar información comercial y crediticia, tanto positiva como negativa, de las personas, información que no reviste carácter privado o sensible.
17) Que el derecho constitucional de trabajar y ejercer industria lícita no se halla exento de determinadas regulaciones o limitaciones como la del citado art. 53, el cual supone un razonable ejercicio del poder de policía en salvaguardia de intereses de orden general que involucran los derechos de los usuarios y de los eventuales destinatarios de la información. Como ya se señaló en el considerando 10, la norma impugnada procura preservar a los usuarios de que al quedar en mora sean incluidos inmediatamente en bases de datos en atención a la naturaleza y características propias de contrato de tarjeta de crédito. Está claro que el art. 53 de la ley 25.065 tiene por finalidad prohibir a las empresas que participan en el sistema de tarjetas de crédito —que incluye entidades financieras y emisoras—, que divulguen datos personales relacionados con las tarjetas de crédito, ya que dicha información tiene consecuencias negativas directas en las relaciones comerciales de las personas.
18) Que en otro agravio los recurrentes sostienen que la interpretación del art. 53 por la que se adscribe carácter confidencial o sensible a la información relativa a las tarjetas de crédito, contraría los arts. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 13, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 14, 16, 32, 33, 38, 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.
19) Que la libertad de expresión contiene la de dar y recibir información, y tal objeto ha sido especialmente señalado por el art. 13, inc. 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que al contemplar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquella "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección" (Fallos: 310:508), libertad que, como ha dicho esta Corte, es inherente a todas las personas y no exclusivo y excluyente de los titulares o permisionarios de los medios de difusión (Fallos: 315:1943).
Así, en el caso "Trans Union Corp. v. FTC", (245 F.3d 809) la Comisión Federal de Comercio sancionó a Trans Union —empresa dedicada a la provisión de informes comerciales— por haber utilizado con fines de marketing directo sus listados de datos personales, lo que estaba prohibido por la ley estadounidense de informes crediticios (Fair Credit Reporting Act). La demandada argumentó que su actividad consistente en difundir esa información estaba amparada por la Primera Enmienda que consagra el derecho constitucional a la libertad de expresión. En su razonamiento el tribunal recordó la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso "Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc." (472 U.S. 749, 1985), donde se sostuvo que un informe crediticio no concernía a cuestiones de interés público y por ende tenía una protección "disminuida" de la Primera Enmienda, a menos que del análisis del mismo surgiera una cuestión de interés público según los sujetos involucrados. Consideró también el tribunal que esta norma que prohibía ciertos usos no era inconstitucional por aplicarse sólo a empresas de informes crediticios ("undeinclusive") y no a otras empresas que venden información. El tribunal entendió que dada la situación en que se encuentran las empresas de informes crediticios, que tienen un acceso —y difusión— continuo a datos personales de millones de consumidores, no resultaba irrazonable para el Congreso haberlas regulado en forma específica prohibiendo determinados usos de esos datos personales (en igual sentido ver el caso "Individual Reference Services Group, Inc. v. FTC", 145 F. Supp. 2d 6, 2001).
23) Que este Tribunal no desconoce la importancia que para la economía moderna tiene el acceso a la información relativa al estado de solvencia y al historial de cumplimiento de las obligaciones de los sujetos que intervienen en el mercado, sobre todo si la reclamada transparencia es examinada desde la óptica del análisis económico del Derecho. Sin embargo, en este punto, cabe recordar que esta Corte examina la constitucionalidad de las normas pero no las motivaciones que el Poder Legislativo haya tenido al aprobar la norma en cuestión (Fallos: 313:1513, entre muchos otros) y dentro del marco examinado en los considerandos anteriores no se aprecia una irrazonabilidad tal que permita concluir su inconstitucionalidad. La norma trasunta entonces una política legislativa destinada a evitar la difusión de cierta información, política ésta sobre cuyo mérito, oportunidad o conveniencia no cabe a esta Corte, en principio expedirse.
Si el Congreso Nacional ha decidido —en base a una determinada política legislativa— amparar a los usuarios de tarjeta de crédito prohibiendo que esa información se difunda, no es posible invalidar tal disposición porque es mejor para el mercado que exista más y mejor información, o porque se disminuirían los costos comerciales, haciendo que esta información esté disponible directamente de las entidades emisoras de tarjetas y de los bancos y no a través de los registros informatizados del Banco Central de la República Argentina, situación que era la vigente antes de la sanción de la ley 25.065. Ello es así pues no existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones (Fallos: 325:1297). Por ende la actora no puede pretender que la situación de hecho existente con anterioridad a la sanción de la ley 25.065 se mantenga y poder así seguir informando datos sobre tarjetas de crédito.
Por ello, oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas. Notifíquese y devuélvase. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.
1°) Que la Organización Veraz S.A. promovió una acción de amparo con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del art. 53 de la ley 25.065 en cuanto prohíbe a las entidades emisoras de tarjetas de crédito informar a las "‘bases de datos de antecedentes financieros personales' sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o etapa de refinanciación".
3°) Que evacuada la vista al señor Procurador General (fs. 541), éste emitió el dictamen que se encuentra agregado a fs. 542/546. Al hacerlo ponderó, en particular, el hecho de que encontrándose los autos en la Procuración General se dictó la ley 25.326 de "Protección de Datos Personales" que constituyó una regulación orgánica y específica en materia de recolección, tratamiento y prestación de los servicios de información referentes a datos personales, en la que no se prevé la prohibición reseñada en el considerando 1° de la presente, razón por la cual consideró que al resultar incompatible el art. 53 de la ley de tarjeta de crédito 25.065 con el nuevo sistema legal establecido por la ley 25.326 (arts. 4 y 26), se había producido, en el aspecto examinado, la derogación del citado art. 53.
4°) Que este Tribunal con el fin de garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa y debido a la necesidad de adecuar sus pronunciamientos a las circunstancias existentes al momento de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. doctrina de Fallos: 310:670; 311:787, 870, 1810; 313:584; 314:568, 1530, 1834; 315:123, 1553; 316:479; 317:602, 704; 318:625; 319:79, 1558; 320:1653, 2603; 322:1709; 323:600 y 632; 324:448, entre otros), concedió un plazo de cinco días para que las partes manifestaran "lo que estimen pertinente sobre la validez de la ley 25.326 y su decreto reglamentario" (fs. 547). La actora compartió el criterio del señor Procurador General por considerar que la nueva ley ha producido una derogación "tácita u orgánica" del ordenamiento anterior (ver la presentación de fs. 550/557), a lo cual añadió, en defensa de su postura, que el art. 26 del decreto 1558/01, reglamentario de la nueva ley 25.326, había incorporado una expresa alusión a las "tarjetas de crédito" (fs. 558). En forma coincidente se manifestó el demandado al expresar que "...la situación fáctico legal que diera lugar a la oportuna posición de mi mandante se ha modificado, toda vez que se encuentra en plena vigencia la nueva ley 25.326... De allí la eventual coherencia de resolución de estos actuados bajo el criterio sustentado por el señor Procurador de esa Excma. Corte Suprema de Justicia atento la nueva normativa que rige en la materia" (fs. 559).
5°) Que comparto y hago míos los fundamentos expuestos por el señor Procurador General en su dictamen, a los que me remito en razón de brevedad, excepto en cuanto al precedente de Fallos: 317:1282 que no suscribí y al de Fallos: 315:274, cuya mención obedece a un error de cita. A lo expuesto cabe acotar que el decreto 1558/01, reglamentario de la nueva ley 25.326 refuerza el criterio de dicho dictamen, pues lo que corresponde deducir del nuevo esquema conformado por la ley citada en último término, ha sido esclarecido por el decreto al incluir —esta vez en forma expresa— entre la clase de datos personales que pueden ser tratados en la prestación de servicios de información crediticia, aquellos referentes a "tarjetas de crédito" (ver art. 26 del decreto antes citado).
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto y se declara abstracta la cuestión traída a conocimiento de esta Corte. A los fines de evitar eventuales consecuencias que podrían derivarse del pronunciamiento del a quo, corresponde revocar la decisión apelada (conf. doctrina del caso "Peso", Fallos: 307:2061, considerando 6° y los allí citados). Las costas de todas las instancias correrán por su orden, atento a los fundamentos de la decisión adoptada (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.
Traslado contestado por el Estado Nacional, representado por la Dra. María I. A. A. Ricardone
Referencias Normativas: Constituci¢n Nacional Art.43
A los fines de la presente ley se entiende por: - Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el artículo 6 de la presente ley.
a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público
irrestricto;
b) En los supuestos previstos en el artículo 5 inciso 2;
2. La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud y del medio ambiente,la investigación de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada al afectado.
2. 2. Los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán insanablemente nulos.
Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos (artículos 21 al 28)
2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años.
2. NOTA DE REDACCION (VETADO POR DECRETO 995/00)
3. NOTA DE REDACCION (VETADO POR DECRETO 995/00)
Modifica a: Ley 11.179 - TEXTO ORDENADO POR DECRETO 3992/84 Art.117 ( ARTICULO INCORPORADO), Ley 11.179 - TEXTO ORDENADO POR DECRETO 3992/84 Art.157 ( ARTICULO INCORPORADO)
TICULO 46.-
Bueno Espero Que Sirva De Algo ...me Entusiasme Cuando Vi Que Se Habian Ganado Fallos ....jeje ...bueno Quizas Luego Siga Colgando Cosas Aca Que Consegui En Internet....va....creo Que No Violo Ninguna Normativa De La Pagina ...si Es Asi Señores Moderadores Perdon...soy Inocente ...cualquier Cosa ...me Avisan ...
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veraz y mas... gratis.
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References: artículo 5
 artículo 26
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 artículo 6
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