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Timestamp: 2019-08-19 20:57:07+00:00

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﻿ Sentencia C-224 de 2017 Corte Constitucional - Gestor Normativo Función Pública
Sentencia C-224 de 2017 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 20 de abril de 2017
Analiza la Corte Constitucional la constitucionalidad del Decreto Ley 154 de 2017, mediante el cual se circunscribe la creación de una Comisión, cuya competencia es el diseño y seguimiento de una política criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, responsables de homicidios y masacres que atenten contra la vida y los derechos de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
a. ¿Es el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y los Ministros del Interior, Justicia y Defensa, competente para expedir el Decreto Ley 154 de 2017, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2016?
b. ¿Es el Decreto Ley 154 de 2017, in abstracto, conforme con el Acuerdo Final?
c. ¿Es el Decreto 154 de 2017 conforme, in abstracto, con el derecho internacional de los derechos humanos?
La Corte es competente para revisar el Decreto Ley 154 de 2017, con base en la facultad otorgada en el tercer inciso del artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016, de conformidad con el Decreto Ley 121 de 20171, y por cuanto, en los términos de la Sentencia C-160 de 2017, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fue objeto de refrendación popular (art. 5 del Acto Legislativo 01 de 2016).
. ¿El Decreto Ley 154 de 2017 fue expedido por una autoridad competente, posee un título, existe una invocación expresa de la competencia ejercida y una exposición de motivos?
. ¿El decreto ley fue expedido dentro del plazo fijado en el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016 (180 días), previa refrendación popular del Acuerdo Final? (factor temporal)
. El Decreto Ley 154 de 2017, ¿Guarda una conexión teleológica con el Acuerdo (externa)?, y al mismo tiempo, ¿existe una conexidad entre las normas y la exposición de motivos? (interna)
. El Decreto Ley 154 de 2017 ¿configura una medida válida para alcanzar fines constitucionales (criterio de finalidad)?; y
. El texto sometido al control de la Corte, ¿logra superar un test estricto de necesidad?, es decir, dados sus contenidos, la urgencia de su adopción ¿justificaba no acudir al trámite legislativo correspondiente?
. El texto normativo sometido al control de la Corte, ¿Regula aspectos propios de un acto legislativo, una ley estatutaria, una ley orgánica, un código, una ley que necesite de mayoría calificada o absoluta para su aprobación, o está decretando un impuesto? (No violación de reservas especiales o estrictas)
. ¿Cuál es el parámetro de constitucionalidad que emplea la Corte al momento de examinar la validez de un Decreto Ley expedido con base en facultades extraordinarias otorgadas mediante una enmienda a la Carta Política?
. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, su ubicación dentro de la estructura del Estado colombiano y su relación con el Consejo Superior de Política Criminal?
. La creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad enfocada exclusivamente al diseño de una política criminal exclusivamente en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (i) ¿Desconoce la reserva de ley ordinaria en materia de diseño de la política criminal del Estado?; y (ii) ¿se ajusta a las competencias constitucionales de la Fiscalía General de la Nación?
. La creación de una comisión de articulación intraorgánica, sin transformar las competencias de ninguna de las entidades que la conforman, ¿Comporta realmente una modificación en la estructura del Estado?
. ¿Puede el legislador extraordinario incluir a la Procuraduría General de la Nación como integrante de la Comisión Nacional de Garantías, siendo que la participación de la misma no se encuentra prevista en el Acuerdo Final?
. ¿Pueden algunos particulares participar en el diseño de una política criminal del Estado?
. ¿Es compatible con las atribuciones del Presidente de la República, como Jefe de Estado (art. 189 Superior), que se le asigne a la Comisión (Art. 3.10 del Decreto Ley), competencia para remitir informes a organismos internacionales?
. ¿Respeta la autonomía de las entidades territoriales la función atribuida a la Comisión relativa a la coordinación de mesas técnicas de seguimiento?
. El parágrafo 4 del artículo 2, en el cual se dispone que “Cuando la Comisión sesione por fuera de la ciudad de Bogotá, a los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad señalados en los numerales 11 y 12 del presente artículo, se les cubrirán los desplazamientos y el alojamiento en los términos que señale el Gobierno nacional”, ¿Debe ser entendida esta disposición bajo la óptica de la reserva de ley en materia presupuestaria y tributaria?
. ¿Puede el Congreso de la República modificar en el futuro esta materia o tal competencia es del resorte exclusivo del Presidente de la República por tratarse de un tema de estructura de la administración?
. El Decreto Ley 154 de 2017, ¿Se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos?
- Suscrito por el Presidente de la República y el Ministro del ramo
- Invocación expresa de la competencia ejercida
- Existencia de una exposición de motivos
- Conexidad teleológica con el Acuerdo
- Conexidad entre las normas y la exposición de motivos
- Ausencia de violación de reservas especiales o estrictas
- Finalidad y estricta necesidad
. Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de protección de los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales y políticos;
. La importancia que ofrece la creación de una instancia diseñada para elaborar e implementar una política criminal orientada a hacerle frente a fenómenos delictivos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación del Acuerdo de Paz;
. La necesaria armonización entre las diversas instancias (vgr. asesoras, de coordinación, judiciales, etcétera) creadas en el Acuerdo Final y la institucionalidad vigente;
. La naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad;
. La ausencia de violación de la reserva de ley ordinaria en materia de diseño de política criminal;
“ARTÍCULO TRANSITORIO 5. Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para:
. Se trata de competencias cuya titularidad ordinariamente se atribuye a otra rama u órgano del Estado.
. Son facultades de carácter extraordinario, independientemente que el Constituyente así las defina o que tengan naturaleza normativa, electiva o de pura gestión.
. Su finalidad se circunscribe a facilitar el tránsito constitucional y agilizar el funcionamiento de nuevas entidades creadas por la Carta Política (vgr. Corte Constitucional y Fiscalía General de la Nación).
. La Corte ejerce un control de constitucionalidad integral sobre los Decretos Ley, el cual comprende aspectos formales y materiales.
. El examen de los requisitos de forma se verifica frente aquellos que para el ejercicio de las facultades estableció el mismo Constituyente.
. No pueden homologarse a las facultades extraordinarias que el Congreso puede otorgar al Presidente.
. Es de su esencia estar sujeta a un término o a una condición.
. La interpretación del alcance concreto de la extensión de las facultades extraordinarias debe ser estricta y restrictiva, por lo cual sólo comprenden los asuntos expresamente indicados por la ley habilitante, sin que haya lugar a extensiones ni analogías.
“ARTÍCULO 2°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio el cual quedará así:
a. Temporalidad: El texto normativo sometido al control de la Corte fue expedido el 3 de febrero de 2017, es decir, dentro del término de 180 días contados a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016.
. Primer requisito: “Se desarrolló un proceso que implicó la convocatoria a un plebiscito en búsqueda de participación ciudadana directa;
. Segundo requisito: “Existió participación ciudadana directa amplia y democrática”.
. Tercer requisito: “Los resultados de la participación ciudadana fueron respetados, y desarrollados de buena fe”.
. Cuarto requisito “El proceso de refrendación popular fue verificado por las Cámaras”.
. Realización de un Pacto Político Nacional;
. Creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad;
. Creación de una Unidad Especial de Investigación y de un Cuerpo Élite de la Policía Nacional;
. Creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política;
. Creación de un Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y
. Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
i) Propondrá los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores/as públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de DerechosHumanos;
k) Garantizará el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la "Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición" y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-;
o Garantizará la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión”.
De igual manera, no se está ante un “Código”, por cuanto no es una “unidad sistemática en torno a una rama específica del derecho, de modo pleno, integral y total”2, o una regulación “metódica sistemática y coordinada de las instituciones constitutivas de una rama del derecho”3
9.1.1. Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de protección de los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales y políticos
“Aún más difícil es esta actividad, cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos, pues no puede perderse de vista que la sola condición de mujer, las hace una población aún más vulnerable. A lo anterior, se agrega la circunstancia de que sociológicamente, como consecuencia de la sociedad patriarcal y la situación de violencia que han predominado en Colombia, han sido objeto de discriminación4. Es por ello, que para la Corte las defensoras de derechos humanos gozan de una protección reforzada, en razón a su derecho a vivir dignamente, libres de toda forma de discriminación y de violencia5, condición que tiene sustento normativo en la cláusula de no discriminación contenida en el preámbulo y los artículos 13, 40 inciso final, 43 y 53 de la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1°, 2° y 7°), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (preámbulo y arts. 3° y 26), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1° y 24), en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 2° y 3°)6 y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (arts. 3°, 4°, 5° y 7°)7.
“ARTÍCULO 1° Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Si bien la referida Declaración no es un instrumento jurídicamente vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, ni en el sistema de fuentes formales del derecho internacional público8, se constituye en una pauta de interpretación importante para la labor de protección de los derechos fundamentales que recae sobre el juez constitucional.
9.1.1. La importancia que ofrece la creación de una instancia diseñada para elaborar e implementar una política criminal orientada a hacerle frente a fenómenos delictivos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación del Acuerdo de Paz
En conclusión, el éxito del posconflicto depende, en buena medida, de la creación de instancias gubernamentales deliberativas, encargadas del diseño e implementación, de forma coordinada, de una política criminal fundada en lo que los expertos denominan “persecución penal inteligente”9, es decir, una estrategia estatal, y no únicamente de un componente del sistema penal colombiano, que permita racionalizar el empleo de los recursos investigativos mediante la identificación y el desmantelamiento de organizaciones delictivas y sus redes de apoyo, que pongan en riesgo la adecuada ejecución de lo acordado.
9.1.2. La necesaria armonización y articulación entre las diversas instancias (vgr. asesoras, de coordinación, judiciales, etcétera) creadas en el Acuerdo Final y la institucionalidad vigente
. La vigilancia de las elecciones (Tribunal Nacional de Garantías Electorales);
. Actualización del registro de tierras (Sistema de Actualización Catastral);
. Búsqueda de personas desaparecidas (Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado);
. Desmantelamiento de las organizaciones criminales (Unidad Especial de Investigación para Desmantelar las Organizaciones Criminales);
. Sustitución de cultivos ilícitos (Agencia de Renovación del Territorio);
. Desmovilización (Consejo Nacional de Reincorporación); y
. Revisión de la política frente al consumo de drogas (Instancia de Alto Nivel encargada del Programa Nacional de Intervención Integral);
9.1.3. La naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
. Gestor de una política pública criminal sectorizada;
. Evaluador de los resultados de la puesta en marcha de la misma;
. Asesor en: (i) el diseño de estrategias de priorización para combatir eficazmente unas modalidades criminales; y (ii) la creación de planes de acción, los cuales deben ser aprobados por el Gobierno Nacional, destinados a someter a la justicia a determinadas organizaciones delictivas; y
. Articulador entre autoridades nacionales y territoriales en punto a la implementación de estrategias destinadas a combatir fenómenos criminales que atenten contra personas relacionadas con la implementación del Acuerdo Final.
9.1.3.1. Relaciones entre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y Consejo Superior de Política Criminal
9.1.3.2. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en tanto que órgano articulador del funcionamiento de diversas instancias nacionales y territoriales en relación con un aspecto concreto de política criminal
9.1.4. La ausencia de violación de la reserva de ley ordinaria en materia de diseño de política criminal
El legislador es autónomo para regular la política criminal del Estado, salvo las restricciones constitucionales10, definida como “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”11.
Entre las distintas medidas normativas que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, forman parte del concepto de “política criminal”, se encuentran aquellas que: (i) definen los bienes jurídicos que se buscan proteger por medio de las normas penales, mediante la tipificación de conductas delictivas12, (ii) establecen los regímenes sancionatorios y los procedimientos necesarios para proteger tales bienes jurídicos13; (iii) señalan criterios para aumentar la eficiencia de la administración de justicia14: (iv) consagran los mecanismos para la protección de las personas que intervienen en los procesos penales15, (v) regulan la detención preventiva16; y (vi) señalan los términos de prescripción de la acción penal17.
“Dentro de este contexto, la priorización es un instrumento de política criminal que conduce, mediante el empleo de unos criterios y el recurso a diversas técnicas de análisis criminal18, a racionalizar y concentrar los esfuerzos investigativos en un conjunto de delitos y de perpetradores, con el propósito de hacer más eficaz y eficiente la persecución penal. En este sentido, la priorización no sólo permite establecer un orden lógico en la atención de las demandas ciudadanas de justicia, sino que fortalece la actividad investigativa del Estado, en especial, frente a diversas manifestaciones del crimen organizado, sin que implique renuncia alguna al ejercicio de la acción penal19”.
9.2. Examen sobre la constitucionalidad de cada una de las disposiciones del Decreto Ley 154 de 2017
9.2.1. Artículo primero. Creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
9.2.2. Integración
9.2.2.1. La participación de la Procuraduría General de la Nación en la Comisión Nacional de Garantías
9.2.2.2. La participación de particulares en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Exequibilidad condicionada
“ARTÍCULO 116.- Responsabilidad de los miembros de las comisiones, comités o consejos. Quienes participen a cualquier título, de manera permanente o transitoria, en las comisiones, comités o consejos a que se refiere la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto sobre los miembros de las juntas o consejos de las entidades descentralizadas, responderán por su actuación en los mismos términos que la ley señala para los servidores públicos”.
9.2.2.3. Los gastos previstos en el parágrafo 4º del Decreto Ley 154 de 2017
En conclusión, la Corte considera que el parágrafo cuarto del artículo 2 del Decreto 154 de 2017 es conforme con la Carta Política
9.2.3.2. Segunda función: Formular y evaluar el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 1° de este decreto, que será adoptado por el Gobierno nacional.
9.2.3.3. Tercera función: Evaluar la respuesta institucional y el impacto de los resultados en la desarticulación de las organizaciones y conductas punibles a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto.
9.2.3.6. Sexta función: Solicitar a las autoridades la remisión de informes sobre cualquier materia relacionada con las organizaciones y conductas de que trata el artículo 1° del presente decreto y hacer seguimiento del contenido de dichos informes.
“Los denominados “patrones criminales” son objeto de una ciencia social, relativamente nueva, conocida como análisis criminal, entendida como un conjunto sistemático de procesos analíticos, dirigidos a promover información oportuna y pertinente a las autoridades policiales e investigativas, sobre patrones delictivos y tendencias del crimen20. Según Sepúlveda Scarpa, se trata de buscar, organizar y analizar datos relacionados con los delitos, infractores, víctimas y lugares (georreferenciación), con el fin de encontrar información significativa que permita prevenirlos y esclarecerlos21.”
9.2.3.8. Octava función: Hacer recomendaciones para modificar o derogar las normas que, directa o indirectamente, posibiliten y/o promuevan la creación de las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto.
9.2.3.11. Undécima función: Garantizar el suministro de información por parte de las entidades o instituciones que participen de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición” y a la Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo
9.2.3.12. Décimo segunda función: Hacer recomendaciones a las Ramas del Poder público para ajustar y priorizar las acciones y estrategias de la política y legislación de inteligencia del Estado en la lucha contra las organizaciones y conductas a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto.
9.2.3.14. Décima cuarta función: Diseñar, políticas para el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo a que hace referencia el artículo 1° del presente decreto, definiendo tratamientos específicos para los integrantes de dichas organizaciones y redes, incentivando y promoviendo un rápido y definitivo desmantelamiento de las mismas. Dichas medidas nunca significarán reconocimiento político.
9.2.3.15. Décimo quinta función: Garantizar la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión
9.2.4. Secretaría Técnica
9.2.5. Periodicidad
9.2.7. Reglamento Interno
9.2.8. Vigencia
4. Problemas jurídicos de forma (vicios de procedimiento). La Corte examinó si, el Decreto Ley 154 de 2017 fue expedido por una autoridad competente, posee un título adecuado, existe una invocación expresa de la competencia ejercida y una exposición de motivos.
5. Problemas jurídicos sobre la competencia. (vicios de procedimiento). La Corte analizó lo siguiente: (i) ¿El decreto ley fue expedido dentro del plazo fijado en el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016 (180 días), previa refrendación popular del Acuerdo Final? (factor temporal); (ii) El Decreto Ley 154 de 2017, ¿Guarda una conexión teleológica con el Acuerdo (externa)?, y al mismo tiempo, ¿existe una conexidad entre las normas y la exposición de motivos? (interna); (iii) El Decreto Ley 154 de 2017 ¿configura una medida válida para alcanzar fines constitucionales (criterio de finalidad)?; (iv) El texto sometido al control de la Corte, ¿logra superar un juicio estricto de necesidad?, es decir, dados sus contenidos, la urgencia de su adopción ¿justificaba no acudir al trámite legislativo correspondiente?; y (v) El texto normativo sometido al control de la Corte, ¿Regula aspectos propios de un acto legislativo, una ley estatutaria, una ley orgánica, un código, una ley que necesite de mayoría calificada o absoluta para su aprobación, o está decretando un impuesto? (No violación de reservas especiales o estrictas)
6. Problemas jurídicos sobre el contenido material. La Corte resolvió los siguientes problemas jurídicos de orden material: (i) ¿Cuál es el parámetro de constitucionalidad que emplea la Corte al momento de examinar la validez de un Decreto Ley expedido con base en facultades extraordinarias otorgadas mediante una enmienda a la Carta Política?; (ii) ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, su ubicación dentro de la estructura del Estado colombiano y su relación con el Consejo Superior de Política Criminal?; (iii) La creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad enfocada exclusivamente al diseño de una política criminal exclusivamente en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (a) ¿Desconoce la reserva de ley ordinaria en materia de diseño de la política criminal del Estado?; y (b) ¿se ajusta a las competencias constitucionales de la Fiscalía General de la Nación?; (iv) La creación de una comisión de articulación intraorgánica, sin transformar las competencias de ninguna de las entidades que la conforman, ¿Comporta realmente una modificación en la estructura del Estado?; (v) ¿Puede el legislador extraordinario incluir a la Procuraduría General de la Nación como integrante de la Comisión Nacional de Garantías, siendo que la participación de la misma no se encuentra prevista en el Acuerdo Final?; (vi) ¿Pueden algunos particulares participar en el diseño de una política criminal del Estado?; (vii) ¿Es compatible con las atribuciones del Presidente de la República, como Jefe de Estado (art. 189 Superior), que se le asigne a la Comisión (Art. 3.10 del Decreto Ley), competencia para remitir informes a organismos internacionales?; (viii) ¿Respeta la autonomía de las entidades territoriales la función atribuida a la Comisión relativa a la coordinación de mesas técnicas de seguimiento?; (ix) El parágrafo 4 del artículo 2, en el cual se dispone que “Cuando la Comisión sesione por fuera de la ciudad de Bogotá, a los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad señalados en los numerales 11 y 12 del presente artículo, se les cubrirán los desplazamientos y el alojamiento en los términos que señale el Gobierno nacional”, ¿Debe ser entendida esta disposición bajo la óptica de la reserva de ley en materia presupuestaria y tributaria?; (x) ¿Puede el Congreso de la República modificar en el futuro esta materia o tal competencia es del resorte exclusivo del Presidente de la República por tratarse de un tema de estructura de la administración?; y (xi) El Decreto Ley 154 de 2017, ¿Se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos?
13. Juicio de conexidad intrínseca. La Corte advirtió la existencia de una armonía entre los fines y propósitos que figuran en la parte motiva del Decreto Ley 154 de 2017 y su articulado. En efecto, en tanto que en la primera se fijan unos objetivos de protección de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos y personas vinculadas con la implementación de lo acordado, se enuncian las competencias de la Fiscalía General de la Nación, los Ministerios del Interior, Defensa y Defensoría del Pueblo, a lo largo del articulado se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en tanto que instrumento para la ejecución de tales propósitos.
14. Juicio de conexidad extrínseca. El texto normativo sometido al escrutinio de la Corte logra superar el juicio de conexidad extrínseca, en los términos señalados en la Sentencia C- 160 de 2017, por cuanto se evidencia: (i) la existencia de una armonía entre los fines y propósitos perseguidos con la expedición del Decreto Ley 154 de 2017, señalados en la parte motiva del mismo, con los propósitos perseguidos con la suscripción del Acuerdo Final; y (ii) en lo atinente al articulado, una convergencia entre los compromisos asumidos entre las partes, en punto a la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y la integración y competencias asignadas a la misma en el Decreto Ley 154 de 2017. En últimas, el texto normativo sometido al control de la Corte facilita y asegura la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final, motivo por el cual se ajusta a lo previsto en el primer inciso del artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016.
18. La importancia que ofrece la creación de una instancia diseñada para elaborar e implementar una política criminal orientada a hacerle frente a fenómenos delictivos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación del Acuerdo de Paz. El éxito del posconflicto depende, en buena medida, de la creación de instancias gubernamentales deliberativas, encargadas del diseño e implementación, de forma coordinada, de una política criminal fundada en lo que los expertos denominan “persecución penal inteligente”22, es decir, una estrategia estatal, y no únicamente de un componente del sistema penal colombiano, que permita racionalizar el empleo de los recursos investigativos mediante la identificación y el desmantelamiento de organizaciones delictivas y redes de apoyo, que pongan en riesgo la adecuada ejecución de lo acordado.
20. Naturaleza jurídica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Una lectura de las dieciséis (16) competencias que el referido Decreto Ley le acuerda a la Comisión evidencia que se trata de un nuevo órgano de la siguiente naturaleza:
23. Ausencia de violación de la reserva de ley ordinaria en materia de diseño de política criminal. Entre las distintas medidas normativas que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, forman parte del concepto de “política criminal”, se encuentran aquellas que: (i) definen los bienes jurídicos que se buscan proteger por medio de las normas penales, mediante la tipificación de conductas delictivas23; (ii) establecen los regímenes sancionatorios y los procedimientos necesarios para proteger tales bienes jurídicos24;(iii) señalan criterios para aumentar la eficiencia de la administración de justicia25; (iv) consagran los mecanismos para la protección de las personas que intervienen en los procesos penales26; (v) regulan la detención preventiva27; y (vi) señalan los términos de prescripción de la acción penal28.
Si bien los particulares pueden participar en el funcionamiento de Comisiones y Comités (Ley 489 de 1998) también lo es que, en tales supuestos, se encuentran sometidos al mismo régimen legal de los servidores públicos. De allí que la Corte condiciona la exequibilidad del Decreto Ley 154 del 3 de febrero de 2017, “por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”, bajo el entendido de que los particulares que participan en la Comisión estarán sometidos al régimen de responsabilidad establecido para los servidores públicos.
27. Los gastos previstos en el parágrafo 4º del Decreto Ley 154 de 2017. La disposición legal es la siguiente:
1. Sentencia C-174 de 2017.
2. Sentencia C-252 de 1994.
3. En la sentencia C-186 de 2003, por ejemplo, se estudiaron algunos artículos de la Ley 61 de 1993, por la cual se revistió al Presidente de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas y municiones y para reglamentar la vigilancia y seguridad privada. Se acusó específicamente, entre otros, el precepto que confería facultades al presidente para expedir el estatuto de la vigilancia y seguridad privada. Consideró la Corte que la norma era constitucional porque: a) la norma impugnada no facultó al gobierno para regular una materia en forma plena, completa, integral, sistemática y coordinara, característica que corresponden a noción de código, sino para que regulara actividades de vigilancia y seguridad privada. b) Si bien el conjunto normativo está ordenado en títulos y capítulos, el contenido material no se refiere a una rama propia del derecho. c) Aspectos del tema de vigilancia también se rigen por otras leyes y códigos, como el laboral y el Código de Comercio, por lo que no se trata de un único conjunto normativo.
4. Esta Corte en Sentencia T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, hizo referencia a la protección constitucional y del derecho internacional a la mujer frente a todo tipo de violencia, así como a los riesgos específicos y a las cargas extraordinarias que les impone por su género, la violencia armada a las mujeres en el país. Cfr. C.J. 5 y 6.
5. Auto 092 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
6. CEDAW, por sus siglas en inglés.
7. Convención de Belém do Pará.
8. Según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Art. 38), las fuentes primarias son: (i) los tratados internacionales; (ii) la costumbre internacional; y (iii) los principios del derechos “reconocidos por las naciones civilizadas”; mientras que las fuentes secundarias son: (i) la jurisprudencia; (ii) la doctrina; y (iii) la equidad.
9. The International Association of Crime Analysts, Six “Must Have” Tools for Crime Analysts , New York, 2015.
10. Sentencias de la Corte Constitucional C-873 de 2003; C-1116 de 2003: C- 034 de 2005 y C-936 de 2010.
11. Sentencias de la Corte Constitucional C-646 de 2001, C-762 de 2002, C-873 de 2003.
12. Sentencia de la Corte Constitucional C-599 de 1998.
13. Así, en la sentencia C-198 de 1997 se afirmó: “La selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración.”. En idéntico sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-093 de 1993.
14. Sentencia de la Corte Constitucional C-227 de 1998.
15. Sentencia de la Corte Constitucional C-344 de 1995.
16. Sentencia de la Corte Constitucional C-327 de 1997.
17. Sentencias de la Corte Constitucional C-345 de 199 y C-873 de 2003.
18. Fiscalía General de la Nación, La priorización: Memorias de los talleres para la construcción de los criterios del nuevos sistema de investigación penal , Bogotá 2013, p. 6.
19. Sentencia de la Corte Constitucional C- 579 de 2013.
20. Martha Sepúlveda Scarpa, “Análisis delictictual: conceptos básicos”, Análisis delictual: enfoque y metodología para la reducción del delito, Fundación Paz Ciudadana, Chile, 2010, p. 57.
22. The International Association of Crime Analysts, Six “Must Have” Tools for Crime Analysts , New York, 2015.
23. Sentencia de la Corte Constitucional C-599 de 1998.
24. Así, en la sentencia C-198 de 1997 se afirmó: “La selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración.”. En idéntico sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-093 de 1993.
25. Sentencia de la Corte Constitucional C-227 de 1998.
26. Sentencia de la Corte Constitucional C-344 de 1995.
27. Sentencia de la Corte Constitucional C-327 de 1997.
28. Sentencias de la Corte Constitucional C-345 de 199 y C-873 de 2003.

References: artículo 2
 artículo 2
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 artículo 1
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