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Timestamp: 2017-07-21 00:34:53+00:00

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Celebrando la democracia Nuestro país
cumple hoy tres décadas continuadas de democracia, una fecha que invita a
repasar los logros pero también las deudas del sistema
Un 10 de diciembre de 1983 la
República Argentina volvía a ver asumir a un presidente elegido por el pueblo
de la Nación en elecciones libres. Se trataba del radical Raúl Ricardo Alfonsín
que había derrotado en los comicios de octubre al justicialista Ítalo Argentino
La democracia naciente trajo
consigo los sentimientos de libertad y esperanza pero el panorama era incierto.
Las inmensas desigualdades sociales existentes, gran parte de la economía en manos extranjeras, la industria nacional
desmantelada y una deuda de dimensiones abismales eran los pesados legados que
dejaba la más oscura dictadura cívico-militar que recuerde nuestro país.
El retorno al sistema democrático
advino con esos condicionantes pero se sobrepuso y por eso un día como hoy, a treinta
años de aquel trascendente suceso en la vida institucional de nuestro país, la
fecha genera un sinnúmero de sensaciones e invita a la reflexión.
En primer lugar, corresponde
celebrar enérgicamente este aniversario por lo que implica en nuestra
historia. Cabe destacar que estos años
permitieron a la ciudadanía elegir en comicios limpios y sin proscripciones a
seis presidentes, entre ellos, dos radicales y tres justicialistas. También
permitieron someter a juicio penal a aquellos criminales que atentaron contra
su propio pueblo durante la dictadura cívico-militar, posibilitaron el divorcio
vincular, la firma de un Tratado de Paz con Chile por el Canal de Beagle, las
primeras gestiones con Brasil dando paso al proceso de integración
latinoamericana, la reforma de la Constitución incorporando a ella Tratados de
Derechos Humanos. El sistema democrático resistió
la aguda crisis social y económica del 2001 que provocó la renuncia de un
presidente y el paso de cinco ciudadanos por la máxima magistratura del país en
sólo veinte días.
También la democracia permitió
sancionar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Asignación
Universal por Hijo, el Matrimonio Igualitario, la identidad de género, la recuperación de las empresas
nacionales, entre otras trascendentes conquistas.
Los logros son notables pero
también existen severas deudas que la democracia aún no ha podido saldar y que
son imperativos urgentes para nuestro futuro. Así, la exclusión social debe ser
desterrada de la Argentina, debemos retornar al país del pleno empleo que
supimos tener, el desendeudamiento definitivo del Estado, la derogación de
todas las normas sancionadas por dictaduras militares aún vigentes, son algunos
de los pasos que la democracia argentina aún adeuda. Treinta años no es poca cosa, es
el periodo democrático más extenso que nuestra historia recuerde y ello merece
le alegría de cada uno de los argentinos por la democracia que, entre todos,
Tandil y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Por Lucía Argemi (*)
puede provocar dos efectos: el rechazo o la aceptación. Cualquiera de los dos
es una respuesta. Y si hay una respuesta puede iniciarse una interesante
conversación, un intercambio de ideas, un crecimiento personal.
La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia, tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para lograr el objetivo que la Ley 26.522 tiene, se creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocido como AFSCA. Este organismo, reside en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y es autárquico y descentralizado. Dicha institución, fue designada por la ley para velar por la aplicación de la misma. Tendrá a su cargo todas las funciones administrativas que ordenen su actividad y las formas de actuar conforme a la ley de las licencias, como también será receptor de los pedidos y demandas que efectúen los interesados.
La primera Corte Suprema de Justicia de la historia nacional En el día en que se cumplen sus ciento cincuenta años de actividad resulta una buena ocasión para efectuar un sintético recorrido sobre su origen.
En una primera época la Corte funcionó con sólo cuatro ministros, dado que Valentín Alsina que era Senador de la Nación no aceptó su designación, hasta el ingreso en junio de 1865 de José Benjamín Gorostiaga. Fue el 15 de octubre de 1863 cuando dictó su primera sentencia en el caso “Miguel Otero c/ José H. Nadal, su ejecución” (Fallos 1:17), donde rechazó por improcedente, habida cuenta de los términos de la ley 48, el recurso de apelación interpuesto por don Miguel Otero contra la sentencia de la Sala en lo Criminal del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires.
[3] El recurso de apelación en el ámbito de la Justicia Federal se regía por la Ley Nacional N° 50 (Arts. 208 a 217). Publicado por
una de las normas que organizaron la Justicia Federal en nuestro país y que
obtuvo su sanción en 1863, una década después de la jura de la Constitución
Nacional y a poco de la constitución de la primera Corte Suprema de Justicia de
El 25 de agosto de 1863 el Congreso Federal
sancionó la Ley Nacional N° 48 que organizó la jurisdicción y competencia de
los tribunales federales en nuestro país. La norma fue elaborada por los jueces de la primera Corte Suprema de la
historia nacional y basada en el modelo norteamericano de la “Judiciary Act” de
1789. Una breve reseña histórica es útil para
dimensionar cabalmente lo que representa la renombrada ley 48 en la historia
política y jurídica de nuestro país. El primero de mayo de 1853 y bajo la
presidencia de Urquiza, la Confederación Argentina sanciona la Constitución
Nacional sin la presencia de la provincia de Buenos Aires que se unirá recién
con la reforma operada en 1860.
Tras la Batalla de Pavón, Bartolomé Mitre
asumió la presidencia nacional en 1862 y comenzó la tarea de instituir el Poder
Judicial de la Nación de acuerdo a las exigencias de la Constitución. Este objetivo se llevó adelante a través de
cuatro normas, la primera de ellas –la ley 27– llegó en octubre de ese año y estructuró
la justicia federal. Al día siguiente a la sanción de la ley 27,
Mitre elevó al Senado los pliegos de los Dres. Valentín Alsina, Francisco de
las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y
Francisco Pico, para que éste les diera su acuerdo e integrar de ese modo por
primera vez nuestro máximo tribunal. Dicho acuerdo llegó el día 18 de octubre de
No obstante, la Corte no pudo comenzar a funcionar
pues faltaba el dictado de una serie de leyes que le brindaran el marco para
trabajar. Fue así como sus primeros ministros se abocaron a proyectar las
normas que le darían el marco necesario y de esta forma,
delinearon lo que luego fueron las leyes 48, que establece la jurisdicción y
competencia de los tribunales federales, 49, sobre competencia penal federal y 50, que dispuso normas procesales
básicas ante dichos tribunales.
La ley 48 representó la consagración de la
Corte Suprema como "el intérprete final de la Constitución", como
ella misma se definió en los sucesivos casos que le llegaron por la vía de otra
de las creaciones de la referida norma: su legendario artículo 14, que creó una
vía impugnatoria contra las sentencias provinciales ante la justicia federal.
Se trata del recurso extraordinario federal,
único medio formalmente legislado y aún vigente en nuestro país, que asegura la
supremacía del derecho federal en los ámbitos jurisdiccionales provinciales.
No obstante, la ley 48 nunca estuvo sola y
aspectos centrales para asegurar el referido recurso se plasmaron en la ley 50,
como ser, el plazo para presentarlo y su trámite.
Asimismo, la ley 48 también contiene el recurso
de queja por apelación denegada –en el artículo 15– y faculta a la Corte cuando
defina los recursos a devolver la causa al tribunal de origen para que sea
nuevamente juzgada o directamente resolver el fondo de asunto en el artículo
Fue tras la
sanción de la referida norma, el 15 de octubre de 1863, que la Corte Suprema
pudo dictar su primer fallo en la causa “Miguel Otero c/ José H. Nadal, su
ejecución” lo que en pocos días motivará
la celebración del 150° aniversario del supremo tribunal. Por todo
ello conmemoramos en esta fecha la sanción de la ley 48 –una de las más antiguas del derecho argentino y cuya vigencia llega hasta nuestros días– que
representó la instauración de la Corte Suprema de Justicia como custodio de la
supremacía constitucional en nuestro país, a través de la creación del recurso
extraordinario federal, garantizando el control de constitucionalidad y la
primacía del derecho federal.
- Levaggi,
Abelardo. Judicatura y política. Ediciones Ciudad Argentina. 1997.
- Zavalía,
Clodomiro. Derecho Federal. Librería y
casa editora de Menéndez. 1921.
- Tribiño,
Carlos. El recurso extraordinario ante
la Corte Suprema. Ábaco. 2003.
- Blog Todo sobre la Corte. José Ignacio López.
resta el fallo de la Corte Suprema para resolver sobre la constitucionalidad de
la norma conviene efectuar un repaso clarificador de cuáles son los puntos
objetados en la Causa Clarín.
Desde su sanción en octubre del 2009 la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual vivió un intenso periplo judicial que –desde hace
aproximadamente cuatro años– mantiene frenados varios de sus artículos
centrales y que en estos días llegó a su último escalón.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el
pasado 12 de abril emitió su dictamen en la causa en la que el Grupo Clarín
impugna ciertos artículos de la referida norma y el expediente judicial quedó a
la espera de su resolución final: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de
Ahora bien, entre tanta maraña judicial resulta útil poner
en claro cuáles son los puntos objetados por el grupo de medios, qué expresó el
fallo de primera instancia, qué impugnaciones fueron concedidas por la Cámara
Federal en lo Civil y Comercial Federal en el fallo de abril del corriente año
y, por último, la opinión de la procuradora general (Síntesis gráfica aquí).
El Grupo de medios postuló como inconstitucionales los
artículos 41, 45, 48 segundo párrafo y 161 en los siguientes términos:
- El límite de licencias que fija la ley (Art. 45)
considerándolo como una disposición irrazonable que lo obliga a vender
forzadamente las licencias que exceden el límite y las empresas de su propiedad
para adecuarse a la normativa;
1) El límite de una licencia de
TV en soporte satelital (Art. 45 Ap. 1. Inc. a), si bien el Grupo Clarín no posee ninguna
señal satelital plantean la desigualdad de trato dado que quien posea la misma
(Ej: Direct TV) tiene llegada nacional, mientras que ellos al ser
cableoperadores requieren de múltiples licencias locales para poder ofrecer los
mismos servicios;
2) El límite de 10 licencias de
servicios de comunicación audiovisual más una señal de contenidos como máximo
permitido (Art 45 Ap. 1. Inc. b), postulan que la pauta es irrazonable porque
entienden que no existe razón para limitar las licencias que no ocupan el
espacio radioeléctrico para prestar el servicio audiovisual, como las señales
de TV por cable o TV pagas;
3) El porcentaje del 35% de los
habitantes y/o abonados a nivel nacional para alcance máximo permitido para la
prestación del servicio de comunicación audiovisual (Art .45 Ap. 1. Inc. c), considera que la
prohibición restringe el aprovechamiento de las economías de escala y densidad
que consideran propia de la TV por cable y, además, le provocaría la
subutilización de gran parte de la infraestructura con que la empresa cuenta;
4) Las limitaciones a las
licencias para el orden local (Art. 45 Ap. 2), lo consideran irrazonable desde
el punto de vista de la competencia dado que postulan que las señales de
TV abierta y las de TV por cable
constituyen un sistema complementario, impidiendo aprovechar los beneficios de
reducción de costos y ahorro de recursos al asociar las dos cosas en una sóla
5) La limitación de señales (Art.
45 Ap. 3), consideran que restringe la integración vertical de productores de
contenidos de TV y distribuidoras de TV por suscripción, es decir, el cable
generando perjuicio a los consumidores;
- El régimen de multiplicidad licencias establecido en la
ley no constituyen un derecho adquirido frente a las normas de
desmonopolización (Art. 48, segunda parte);
- El plazo para efectuar esas ventas (Art. 161) considerando
que un año es un lapso exiguo que lo lleva a un desbaratamiento de la empresa
con graves daños a sus derechos adquiridos y patrimoniales;
- La instransferibilidad de las licencias (Art. 41)
postulando que dicha prohibición que le impide la venta de las licencias que
actualmente posee hace desaparecer el valor patrimonial de las mismas
generándole un menoscabo en sus derechos económicos y su libertad de comercio;
¿Cómo fue el fallo
del Juez de Primera Instancia?
El Juez federal de primera instancia, Horacio Alfonso,
consideró constitucionales todos los artículos impugnados por Clarín, a saber,
41, 45, 48 segundo párrafo y 161 con los siguientes motivos:
- Parte de sostener que “el derecho a la información es la
primera escala en el camino hacia el conocimiento constituyendo la antesala de
la opinión fundada y el presupuesto de análisis y transformación de la realidad
en cualesquiera de sus manifestaciones”;
- Enmarca el poder regulatorio del Estado sobre los medios
en la cláusula del desarrollo humano, los derechos de usuarios y consumidores,
así como de las cláusulas que defienden la libre competencia (Arts. 75 inc. 19,
42 y 43 de la Constitución Nacional) y en las cláusulas que sostienen la libre
expresión y de pensamiento en los Tratados Internacionales que firmó nuestro
país (Art. 13 de la Convención Americana de Derecho Humanos y Art. 19 punto 2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
- Efectúa un tratamiento conjunto de las impugnaciones a los
límites de licencias y la situación si constituyen o no un derecho adquirido
(artículos 45 y 48, segundo párrafo LSCA). Allí explica que explotar un medio audiovisual
es necesario el otorgamiento de licencias por parte de la autoridad y que ello
nunca puede presuponer un derecho preexistente pues –ese derecho– nace con la
referida autorización. En cuanto a los límites de licencias, los asume ajustado
a derecho dada la facultad del Estado para reglamentar en miras a la
desconcentración de los medios en un solo operador y fomentar la diversidad;
- Sostiene que la garantía de la libertad de expresión “no
concede una absoluta inmunidad frente a la responsabilidad por absoluta
concentración de propiedad a los operadores de las telecomunicaciones, de modo
que la existencia de un régimen que articula los derechos de los operadores en
esta materia no limita la libertad de expresiones sino que, por el contrario,
la promueve”;
-En cuanto al plazo de un año para adecuarse a la norma
(Art. 161) el juez pondera que por efecto de las medidas cautelares al momento
de la sentencia habían transcurrido tres años desde la sanción de la norma,
plazo que consideró razonable para idear un plan de adecuación por parte de la
- Finalmente, sostiene que el Congreso de la Nación previa
valoración de los elementos involucrados decidió reordenar lo referido a la
prestación y regulación de los servicios de comunicación audiovisual con la
sanción de la Ley de Medios y que no
corresponde a los jueces evaluar acierto o error de las soluciones legislativas,
salvo en casos de manifiesta Irrazonabilidad;
- En cuanto a la instransferibilidad de las licencias (Art.
41), el juez explica que no es aplicable al caso de Clarín dado que según la
propia ley –art. 161– permite la trasferencia a los efectos de la adecuación al
límite que ella fija;
- Las licencias tienen un valor económico, por ello, Clarín
podrá demandar indemnización por perjuicios que le genere desprenderse de los
medios que exceden el límite permitido para adecuarse a la norma. Dicho perjuicios deberán ser alegados y
probados en otro proceso pero la ley es acorde a la Constitución Nacional.
¿Cómo fue el fallo de
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal consideró, por un
lado, a los artículos 41, 161 y 45 Apartado 1 Incisos ‘a’ y ‘b’ y Apartado 2
Incisos ‘a’ y ‘b’ acordes con la Constitución Nacional y, por el otro, a los
artículos 45 Apartado 1 Inciso ‘c’ como también al párrafo final del referido
artículo, Apartado 2 Incisos ‘c’ y ‘d’, párrafo final, Apartado 3 y la
limitación a una señal de contenidos del artículo 45 Apartado 1 Inciso ‘b’ y al
48 segundo párrafo como contrarios la Carta Magna.
- La Cámara efectúa una distinción entre las licencias que utilizan
el espectro radioeléctrico (sobre el cual los litigantes están de acuerdo en
que este espectro es limitado y amerita regulación estatal) y las que no lo
hace, por ejemplo, televisión por cable o suscripción a) Constitucionalidad de las
limitaciones a las licencias que utilizan el espectro El argumento viene dado porque
las licencias ocupan un espacio dentro de un recurso finito como es el espectro
– un bien público que el Estado debe regular– que admite un límite de canales
de TV abierta y de estaciones de radio.
De esta forma, se entiende que la limitación es razonable y acorde a la
Constitución, lo que valida el límite de diez licencias de servicios de
comunicación audiovisual (canales de TV) y en el orden local, sólo una licencia
de radio AM y una FM, con una excepción legal que admite hasta dos. Ello supone
la constitucionalidad del artículo 45 Apartado 1 Incisos a, b (con excepción de
la limitación de una señal de contenidos) y Apartado 2 Incisos a, b.
b) Inconstitucionalidad de las
limitaciones a licencias que no utilizan el espectro
Aquí la Cámara postula un
criterio, por demás, discutible como lo considerar que las licencias que no
ocupan el espectro sólo admiten una regulación basada en la defensa de la
competencia y el bien común.
De esta forma, tachó de inconstitucionalidad por no ser
proporcional a la finalidad que tiene la norma, la limitación de 24 licencias
de TV por suscripción porque ellas no ocupan un espacio en el espectro
radioeléctrico y el límite máximo del 35% de abonados para el alcance de la
televisión por cable y las pautas que buscan segmentar a los licenciatarios
(por ejemplo: la clausula que prohíbe a los cableoperadores tener múltiples
señales de cable propias para fomentar la diversidad en materia audiovisual) al
entenderlas violatorias de la libertad de expresión del Grupo Clarín;
Sabido es que los jueces deben contrastar las normas con la Constitución
Nacional para observar si en el caso concreto existe violación de lo allí
previsto y así declararlo pero no pueden imponer su criterio propio
sustituyendo al legislador que es quien tiene el legítimo mandato para elegir,
mientras no afecte derecho fundamentales, el límite que considere más idóneo. Quien escribe estas líneas afirma lo anterior dado que los camaristas se ponen
a considerar sobre si las medidas tomadas por el legislador son las correctas
para lograr el abaratamiento de los costos, el acceso a los avances
tecnológicos y el fomento de la diversidad de voces, invadiendo un competencia
propia del legislador.
Asimismo, la cámara opta por el inverosímil argumento económico de que sin 24
licencias o si se tiene menos del 35 % el negocio del cable no se
sustenta. La mera observación de la
realidad fulmina este argumento y, por el contrario, son los cables pequeños
los que corren riesgo económico con la gran porción del mercado que posee
Clarín atentando contra la diversidad que busca fomentar la ley.
Los jueces Guarinoni y De las Carreras agregan en sus votos que la limitación
del 35% de abonados para empresas de cable viola la igualdad ante la ley dado
que las empresas de televisión satelital tienen llegada nacional.
- En cuanto a la cláusula referida a que las licencias no
constituyen derechos adquiridos (Art. 48, segundo párrafo) la Cámara asimila la
obtención de la licencia al derecho de propiedad y, bajo ese razonamiento, declara inconstitucional la expresión legal
bajo el pobre argumento de la irretroactividad de la ley y la afectación del
derecho de propiedad de Clarín.
Con este fundamento, el referido Tribunal comete una flagrante violación de la
pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema que ha sostenido invariablemente
que nadie tiene derecho al mantenimiento de una legislación determinada, la
sanción de una nueva norma, inevitablemente, deroga la anterior y postula un
nuevo estado de cosas. Si ello no fuera así, quien obtiene una licencia la
tendría de por vida bajo el argumento de configurar ella un derecho adquirido
que una ley posterior no puede revocar;
- En cuanto a la instransferibilidad de las licencias (Art. 41)
lo estiman constitucional porque no ven afectada la libertad de comercio dado
que no imposibilita la transferencia dado que los licenciatarios pueden
efectuar transferencias de parte de capital social siempre que medie
autorización fundada del ASFCA. El
argumento se completa con el razonamiento que las licencias no se otorgan en
forma genérica sino que se confieren en base a criterios de idoneidad técnica
que deben continuar a lo largo de la prestación del servicio más allá de la
posible transferencia de parte del capital social antes referido. Finalmente,
añaden que en caso que la autoridad de aplicación no autorice una transferencia
del porcentaje permitido siempre quedará la instancia de la revisión judicial.
- En cuanto al plazo de adecuación a la norma (Art. 161), la
cámara lo valida por el tiempo transcurrido y porque, con las
inconstitucionalidades que la cámara declara, la obligación tiene un carácter
¿Qué dice el dictamen
de la Procuradora General?
Entendió que todos los puntos objetados guardan relación con
la Constitución Nacional y recomendó a la Corte Suprema rechazar la acción del
- Comienza por afirmar que un mercado de medios de
comunicación concentrado pone en riesgo el derecho universal a la libertad de
expresión, tanto en su dimensión individual y social. Destaca que la Ley de
Medios “procura el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción,
desconcentración y fomento de la competencia de los servicios de comunicación
audiovisual con el fin último de abaratar, democratizar y universalizar el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”;
- La procuradora califica a la sentencia como arbitraria (lo
que en derecho significa que no es un análisis razonado del derecho vigente
aplicable a las circunstancias comprobadas del caso) por las siguientes razones:
1) La declaración de
inconstitucionalidad se aparta de los fines previstos por el legislador y
supone los jueces se arrogaron funciones ajenas, propias del poder legislativo;
2) La interpretación que hace la
cámara de la libertad de expresión y del derecho de propiedad “ignora la
realidad económica actual y prescinde de la dimensión social y pública de los
intereses en juego que impulsaron la nueva norma” y además, se aparta de las particulares circunstancias
del caso, al omitir considerar que “la alta concentración empresarial pone en
peligro la vigencia efectiva los derecho humanos”;
3) La sentencia no pondera que en
“el sector de los medios de comunicación, por su naturaleza y por la evolución
tecnológica, ha sido un campo propicio para las concentraciones económicas”. Al
desatender esa realidad, la sentencia asigna a la libertad de expresión “un
contenido decimonónico que se limita a prohibir la intervención estatal en la
esfera privada del individuo y relega la contracara de ese derecho que demanda
una protección activa del Estado”;
4) La sentencia no asume que la
libertad de expresión es incompatible con la alta concentración empresarial e
incurre en la falacia de, por un lado, acentuar la libertad de expresión,
mientras que por otro, lo desconoce. Asimismo la sentencia tiene “una visión
parcializada que se revela en el notable énfasis que pone en proteger los
intereses patrimoniales de los demandantes –Clarín– sin respetar los derechos
de la ciudadanía”;
En ese marco, la procuradora afirma que “la libertad de empresa de los medios
de comunicación no puede jugar en el plano constitucional un papel autónomo
desligado de la efectividad de derechos, garantías y valores que la Carta Magna
consagra en beneficio de toda la ciudadanía” y la sentencia sólo se preocupa
por el interés empresario de la empresa;
5) “La libertad de empresa, para
ser tal, sebe estar asociada a la libre competencia” y, en medios de
comunicación, no puede ser efectiva sin desarrollo normativo que la ponga al
servicio de los derechos y valores fundamentales vinculados a la libre
expresión y la soberanía del pueblo”;
6) “La función que en una
sociedad democrática desempeñan los medios de comunicación demanda que exista
una regulación y una autoridad específica que vas más allá de la mera
protección de la competencia”;
7) La sentencia desconoce
totalmente la situación particular del Clarín, el grupo de medios más
importante y diversificado del país, según sus propias expresiones, que la procuradora se ocupa de describir minuciosamente la increíble cantidad de medios que posee la empresa (Aquí la graficamos), dato que fue ignorado por completo por la Cámara;
8) La sentencia desconoce los
desafíos que se presentan en el Siglo XXI para una adecuada protección de la
libertad de expresión, que constituye un derecho humano reconocido en la
Constitución Nacional y en Tratados Internacionales;
9) En materia de libre expresión
el Estado tiene un deber negativo (no censurar el debate libre, democrático y
plural) como un deber positivo de poner freno a la censura que proviene de
poderes no estatales a efectos de asegurar el debate;
- En cuanto a los límites de licencias (Art. 45), la
procuradora afirmar que es una herramienta del legislador que busca “un reparto
más equitativo del derecho a la libertad de expresión frente al paradigma de la
sociedad actual que tiende a la concertación mediática” y la libertad de
expresión supone una ecuación de dos lados, en uno está el derecho de expresión
e información de Clarín pero en el otro está el derecho de expresión e
información del resto de los ciudadanos.
La procuradora le dice a la Corte que este conflicto es el que debe resolver,
si aplica un estándar estricto como el de la cámara, estaría desconociendo el
derecho del resto de la ciudadanía y violentando los tratados internacionales
que obligan al Estado Argentino;
- En cuanto a la distinción que efectúa la Cámara de las
licencias entre las que ocupan el espectro radioeléctrico y las que no lo hace,
la procuradora la tacha de “arbitraria” porque omite considerar que la
dificultad de otros actores de participar en la prestación de servicios
audiovisuales no responden únicamente a la escasez de espacio sino de un
conjunto de obstáculos económicas, técnicas, políticas que impiden la
participación en el debate público y que el artículo 45 busca combatir.
La concentración mediática es el principal obstáculo a la diversidad de actores
y la pluralidad de voces, dado que la dicha concertación aporta ventajas económicas
que pueden impedir la entrada de nuevos actores a través de la fijación de
precios y oferta de otros productos que colocan a los distintos actores en una
posición no competitiva. A su vez, esta concentración les confiere ventaja
competitiva en términos políticos que les permite influir en el diseño de
- Clarín no ha demostrado que los límites a la multiplicidad
de licencias (Art. 45) afecte su derecho a libertad de expresión e información;
- Sostiene que el mero análisis económico de la situación
desconoce los valores cívicos que inspiraron la sanción de la Ley de Medios y,
agrega, que el peritaje económico parte
de considerar los beneficios concentración económica de Clarín (horizontal y
vertical) desconociendo los perjuicios que ello le ocasiona al resto de la
población que también tiene derecho a participar en el debate público y recibir
información plural;
- En cuanto a la desigualdad de trato entre televisión de
cable y satelital que expresa la Cámara (Art. 45), la sentencia desconoce que
el licenciatario de TV satelital pago sólo puede tener esa única licencia y
ninguna otra de cualquier tipo que fuera. Asimismo, el límite del 35% de
abonados también le es aplicable a la TV satelital lo que no revela trato
desigualitario;
- En cuanto a la tenencia cruzada de licencias de TV por
cable y TV abierta (Art 45) más allá de la conveniencia económica de la
integral horizontal que, en términos económicos, sostiene Clarín ello no es una
situación que torne inconstitucional la cláusula;
- En cuanto al plazo de adecuación (Art. 161) la procuradora
afirma que es razonable y que Clarín no ha logrado probar que ello le afecte
ninguna garantía constitucional;
- En cuanto a la instransferibildad de las licencias (Art.
41) se afirma que la cámara pretendió asimilar la licencia de servicios de
comunicación audiovisual con el derecho real de dominio, desconociendo que las
licencias se rigen por principios de derecho público. La habilitación de
licencia depende de autorización estatal cuya finalidad es la satisfacción del
interés social y la participación de la pluralidad de voces en el debate. La
actividad de los medios es una actividad de interés social y no una mera
actividad comercial, transables sin ninguna reglamentación, por el contrario,
las licencias se otorgan teniendo en cuenta quién será su beneficiario;
Finalmente, concluye que la intransferibilidad de la transferencia de licencias
se sustenta en razones de interés superior vinculadas con el interés público de
la actividad de los medios;
- En cuanto a si las licencias configuran o no derechos
adquiridos (Art. 48, segundo párrafo), la procuradora recuerda la
jurisprudencia de la Corte que sostiene que nadie tiene el derecho adquirido al
mantenimiento de una legislación determinada.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye
una de las leyes más importantes de la democracia argentina. Su sanción, que dejó atrás a una norma de
facto de la última dictadura cívico militar, fue precedida de un intenso debate
público y social que concluyó con su aprobación por una considerable mayoría
parlamentaria en octubre del 2009 y, luego, fue objeto de un extenso pleito
judicial –el cual intentamos de explicar– que detuvo una de sus parte
sustantivas por el irrazonable plazo de cuatro años.
La ley 26.522 consta en su totalidad de 165 artículos de los
cuales sólo 4 han sido objeto de cuestionamientos. No obstante, la porción impugnada constituye
el corazón de la norma sin la cual los objetivos no podrían ser realizados
La causa luego de un intenso periplo ha llegado a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que tendrá la obligación de resolver una de
las cuestiones más importantes de la década y será de esperar que esté a la
altura de la historia garantizando plenamente el derecho a la libre expresión,
la diversidad de actores y la pluralidad de voces consagrando, en forma
efectiva, el derecho humano a la comunicación en materia audiovisual en nuestro
país desde una óptica acorde con los desafíos que nos depara el Siglo XXI.
La iniciativa pública de dos poderes del Estado había determinado la reforma del órgano político del Poder Judicial –el Consejo de la Magistratura– a los fines de poder elegir sus integrantes por medio del voto popular y directo por parte de la ciudadanía pero los cambios no sortearon el test judicial que efectuó la Corte Suprema en la causa “Rizzo”. En ese marco, el fallo de los supremos invalidó la estructura fundamental de la ley 26.855 en cuanto ampliaba el número de representantes por el estamento de “académicos” en el Consejo de la Magistratura e introducía el voto popular para la elección de los mencionados, jueces y abogados al organismo. En concreto, la decisión de la Corte importó la declaración de inconstitucionalidad de cuatro artículos y la declaración e inaplicabilidad de otros dos de una ley que totaliza treinta y dos artículos. De esta forma, el Máximo Tribunal declaró inconstitucional:
Luego de los fallos que declararon la inconstitucionalidad de
las leyes de amnistía, los indultos y se
declaró que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, se abrió la
posibilidad de iniciar juicios en todo el país. Los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son los procesos llevados a cabo por la violaciones a los derechos humanos realizados en el marco del genocidio ocurrido durante la última dictadura cívico militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983 en la Argentina. Luego del juicio a las juntas militares, se dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que frenaron las causas por los crímenes cometidos en la dictadura. Los únicos procesos que fueron llevados a cabo fueron por el robo sistemático de recién nacidos y causas no vinculadas directamente a crímenes de lesa humanidad (asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, etc).
Así transcurrió una primera etapa, en la que se consideró suficiente el mero "esclarecimiento” de los hechos como forma de cumplimiento de los deberes (y las facultades) del Estado argentino en esa dirección. Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo, en el caso “Arancibia Clavel, Enrique”, que por tratarse de delitos de lesa humanidad correspondía la aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad de la acción penal. Posteriormente, en “Simón, Julio Héctor”, declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.521 de obediencia debida y 23.492 de Punto Final, negándole a dichas normas cualquier efecto que pudiera oponerse al avance de los procesos o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizara las investigaciones en curso Ello significaba que quienes habían resultado beneficiarios de tales leyes ya no podrían invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada, pues (de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos” -entre otros-) tales principios no podían convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas ni para la prosecución de las causas que concluyeron en razón de ellas, ni la de toda otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca. En otras palabras, la sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana, impedía que el principio de irretroactividad de la ley penal pudiese ser invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones graves a los derechos humanos. Análogas consideraciones fueron las que llevaron al Congreso Nacional, en el año 2003, a dictar la ley 25.779, por medio de la cual el Poder Legislativo declaraba insanablemente nulas las leyes en cuestión; y si bien se cuestionó la validez de aquella norma, la Corte declaró su constitucionalidad en fallo “Simón” ya citado. A partir de esas decisiones se produjo la apertura y avance de una gran cantidad de causas en todo el país y, con ello, una serie de requerimientos por parte de los magistrados encargados de su tramitación. Para satisfacer las necesidades que se iban presentando, el Máximo Tribunal nacional creó una Unidad de Asistencia y Seguimiento de dichas causas, mediante la acordada 14/07, y de ese modo se fueron canalizando los distintos pedidos efectuados por los tribunales federales. Los diferentes juicios, que se llevan a cabo desde el año 2007, se realizaron a través de todo el país. Algunas de las causas más conocidas son: Batallón 601, Von Wernich, Etchecolatz, Centro clandestino ESMA, Primer Cuerpo, Plan Cóndor, Masacre de Margarita Belén, Masacre de Trelew, Tercer Cuerpo y Barreto, Gonçalves y D’Amico. El juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar parecían dejados en el olvido y la impunidad. A partir del año 2003, se abre una nueva etapa para nuestra nación. Con la sanción de la ley 25.779 el Congreso Nacional que declaró insanablemente nulas las leyes de obediencia debida y punto final, abriendo la posibilidad que numerosos hechos hasta entonces impunes pudieran ser juzgados.
No sólo se está juzgando el pasado y una etapa siniestra de nuestra historia, sino que se está cimentando el futuro de nuestra nación, para impedir que se vuelvan a repetir estas experiencias. Se trata de generar las bases que impidan una dictadura irrumpa en el poder y coarte nuestra vida democrática. Son absolutamente necesarios para que las generaciones futuras puedan disentir y expresarse libremente sin tener alguno a la represión. Esto marca la trascendencia de la difusión de estos procesos y la educación para defenderlos de quienes se opongan a ellos por estar ceñidos a la impunidad. Debe reflexionar la sociedad toda por qué se llegó a una dictadura con tal grado de represión. Es fundamental la toma de conciencia de lo que sucedió para reaccionar ante cualquier amenaza antidemocrática futura. Conocer nuestro pasado más triste debe llevarnos a construir un futuro sin violaciones a nuestros derechos fundamentales. Siendo inexcusables para reconciliarnos con una parte de nuestra historia implican que el Estado Argentino juzgue a otro estado, de otra parte de nuestra historia, que irrumpió el poder y cometió atrocidades. El propio Estado vela por otorgar el andamiaje necesario para que se produzca la necesaria reparación y que lo que sucedió sirva a futuro y no se repita jamás.

References: artículo 14
 artículo 15
 resolución 
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45