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Atentado a la Constitución por el Parlamento Uruguayo
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Domingo, 11 de Agosto de 2002 Actualizado a las 04:00
ATENTADO A LA CONSTITUCIÓN
El Parlamento se cree soberano, se sustituyó al Cuerpo Electoral.
lA SOBERANÍA ES DEL PUEBLO, NO DEL PARLAMENTO.
"deliberado desconocimiento del texto constitucional por los legisladores", Ejemplos Típicos de Actos que vulneran o comprometen las Bases del Sistema Democrático Representativo. Justino Jiménez de Aréchaga.
En el régimen constitucional uruguayo todas las leyes, excepto las que imponen tributos o son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo (presupuestarias), son impugnables y anulables ante el Cuerpo Electoral por el mecanismo previsto en el artículo 79 inciso 2º de la Constitución vigente, durante el primer año de su promulgación. Al derogar los artículos cuestionados por la impugnación popular los representantes excedieron de mala fe su mandato puesto que para el caso ya había sido revocado su poder para decidir al estar el tema sometido a la decisión del Cuerpo Electoral, el único Soberano. Esta derogación parlamentaria no tiene los mismos efectos jurídicos que la anulación popular, y esta diferencia, que la ley hoy derogada haya cumplido con sus efectos jurídicos, hace que los parlamentarios hayan incurrido en atentado a la Constitución, al resolver por sí y de mala fe, una materia sólo reservada, desde el momento mismo de la presentación de la impugnación popular, al Cuerpo Electoral. El "recurso de referéndum contra las leyes" importa una revocación parcial del mandato de los legisladores al implicar una instancia superior de decisión del Soberano, materia sobre la cual ya no pueden legislar. Al hacerlo, cometieron el atentado a la Constitución de pretender hacer indirectamente aquello que directamente ya estaban privados de realizar: sustituirse al Pueblo.
La Corte Electoral compuesta por oficialistas blancos y colorados dejó sin efecto el recurso de referéndum interpuesto por más de 730.000 uruguayos contra los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto Nacional 2000 - 2005 fundada en la aprobación por el Parlamento Nacional de la Ley que deroga dichos artículos. La decisión de la Corte Electoral implica validar la previa inconstitucionalidad de la Ley que derogó los mencionados artículos. La decisión contraria era la adecuada: habilitar el recurso y comunicarlo al Poder Legislativo, instándolo a estar a derecho derogando la Ley derogatoria de los artículos impugnados y exhortándolo a que se abstenga de legislar en materia reservada al Cuerpo Electoral en espera de su pronunciamiento.
La constitución uruguaya es republicana democrática y se eliminó el término representativo porque ésta contiene institutos de democracia directa como el referéndum contra las leyes accionado en ésta oportunidad. Directa es cuando el pueblo toma para sí la resolución última de determinado asunto. La Constitución vigente es semi - representativa al instituir oportunidades en que el pueblo gobierna por sí mismo, con prescindencia de sus representantes.
Al contener institutos de democracia directa éstos, los ciudadanos, accionan en instancia superior e independientemente de sus representantes electos. El instituto de la representación política supone un contrato similar al del Derecho Privado. "El mandato es un contrato por el cual una de las partes confiere a otra que lo acepta, el poder para representarla en la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de la primera. Los negocios ilícitos o contrarios a las buenas costumbres no pueden ser objeto de mandato", señala el artículo 2051 del Código Civil uruguayo.
En la hipótesis de Revocación ó Receso Tácito, "Interviniendo el mandante directamente en el negocio encomendado al mandatario y poniéndose en relación con los terceros, queda revocado el mandato, si él expresamente no manifestare que su intención no es revocar el mandato", legisla el articulo 2090.
El artículo 2087 expresa el espíritu de mandato o negocio de apoderamiento: "El mandante puede revocar el mandato cuando le parezca y obligar al mandatario, si fuere necesario, a que le devuelva el instrumento que encierra la prueba del mandato", esto es, al ser un negocio accesorio para la realización de otros negocios supervenientes, el representante está a la sola voluntad del mandante y obra exclusivamente en interés de éste.
Justino Jiménez de Aréchaga, en Teoría del Gobierno, Tomo I, ya en Derecho Público, además de señalar que "generalmente los políticos saben poco acerca de la doctrina del Derecho ... y la Doctrina sabe poco acerca de las concepciones de los políticos" que "El gobierno semi-representativo supone atribuir al pueblo una actuación directa en la gestión de gobierno bajo dos formas fundamentales. Primera (...) intervención directa en el proceso legislativo: por vía de iniciativa de leyes ó por vía de ratificación de leyes ó proyectos constitucionales" (...) "Segunda: atribuyéndole el contralor inmediato sobre los agentes públicos" sean funcionarios, gobernantes y jueces. Árbitro en el conflicto entre poderes, artículo 147 de la Constitución, las leyes emanadas directamente del pueblo tienen una autoridad política que las coloca en "una situación de prioridad con respecto a las leyes emanadas del Parlamento", por lo que "las leyes de creación legislativa tienen una jerarquía inferior a las leyes ratificadas popularmente".
Las leyes son impugnables y revocables por el Cuerpo Electoral. La propia palabra referéndum "significa que se aprueba algo ad referéndum cuando ese algo necesita un acto posterior de ratificación para adquirir fuerza jurídica".
En el Derecho Constitucional Comparado está el ejemplo de la Constitución de Estonia la cual previene que cuando el referéndum rechace la ley preparada por la Asamblea la consecuencia es la disolución de ésta.
"En nuestro derecho hay tres grandes institutos característicos del sistema semi - representativo: el referéndum, la iniciativa popular y la revocación popular" dice Jiménez de Aréchaga hablando de la Constitución de 1952, el referéndum fue un freno a la "dictadura legislativa ó parlamentaria" ó "soberanía parlamentaria", en Francia, durante el siglo XIX.
La Ley Nº 16.017, de 20 de enero de 1989, y la Ley 17.244 de 30 de junio de 2000 reglamentan el inciso 2º del artículo 79 de la Constitución vigente que establece:
"El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara".
La decisión parlamentaria supone que los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto fueron válidos, plenamente vigentes y causaron todos sus efectos jurídicos desde su vigencia hasta su derogación por el propio Parlamento. La iniciativa popular de revocación de dichos artículos importa su anulación absoluta e insubsanable, por lo que los efectos jurídicos que habían legítimamente provocado deben anularse desde su vigencia. Las diferencias entre derogar y anular son obvias: en un caso la norma produce efectos jurídicos, en el otro no produce ningún efecto jurídico y los que ha producido en el tiempo de su vigencia deben suprimirse, salvo el reparatorio en vía civil si procediera a los perjudicados. Pero en el caso es más grave aún, puesto que la materia de los artículos 612 y 613 eran normas respecto de entes públicos, que a diferencia de los ciudadanos privados, sólo pueden ejercer sus competencias en el marzo de la regulación legal. Al dejar con efectos jurídicos una ley derogada y sometida a proceso impugnatorio el Parlamento legisla en contra de la voluntad popular, no sólo fuera de mandato, sino con mandato prohibido. La Ley derogatoria de los artículos impugnados está viciada de nulidad por inconstitucionalidad manifiesta, falta la legitimación activa al sancionarla un Parlamento con mandato impugnado para la especie.
"La tónica del proceso político estaba representada, en el siglo XIX, por la necesidad de subordinar de algún modo el poder real a la autoridad del Parlamento; el gran problema institucional del siglo XX está dado, en cambio, por la necesidad de subordinar el Parlamento al poder popular". J. Jiménez de Aréchaga, "Teoría del Gobierno", Tomo I página 161, FCU, Mdeo.,1974.
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References: artículo 79
 resolución 
 artículo 2051
 artículo 2087
 artículo 147
 artículo 79