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Timestamp: 2019-01-19 19:32:20+00:00

Document:
ALIANZA MAR BLAVA DENUNCIA AL GOBIERNO DE ESPAÑA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA | Alianza Mar Blava
Comunicados12 de mayo 2015
Por incumplimiento del Derecho Comunitario en las autorizaciones de exploración petrolífera en el entorno de las Islas Baleares
El servicio jurídico de la Alianza sigue trabajando en la denuncia ante la Fiscalía por el retraso del MAGRAMA en publicar la DIA del proyecto de Cairn Energy
La Alianza Mar Blava ha registrado una queja ante la Comisión Europea por la vulneración del Derecho comunitario por parte del Gobierno de España en la tramitación ambiental de los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en marcha en el entorno de las Islas Baleares.
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Los hechos denunciados son la actuación, contraria a la normativa de la Unión Europea, del Gobierno de España en la gestión de las autorizaciones de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental.
El Gobierno español ha ignorado de forma deliberada el ejercicio formal de la planificación y programación de hidrocarburos y con ello su evaluación ambiental estratégica de los efectos sobre el medio ambiente.
El Gobierno de España ha incumplido e incumple, al menos, las normas que se indican por los hechos que se señalan:
el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia a un proceso de evaluación ambiental antes de su adopción;
los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, al no haber sometido el Programa de Exploraciones Acumuladas y el Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el golfo de Valencia a un proceso de evaluación ambiental estratégica antes de su adopción;
el artículo 2 de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo y el artículo 7 del Convenio de Aarhus de 1998 adoptado en la Unión Europea por Decisión 2005/370/CE al omitir la participación pública en los citados procesos de evaluación ambiental;
el artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) al no haber eliminado las consecuencias ilícitas del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea señalado.
En su escrito de queja, la Alianza Mar Blava pone de manifiesto la necesidad de que la Comisión Europea exija al Gobierno de España el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica de, por un lado, lo que se ha denominado el Programa de Exploraciones Acumuladas y, por otro, del Programa Común de Exploración de la petrolera Cairn Energy en el Golfo de Valencia. Por lo tanto se solicita a la Comisión Europea que se inicie un procedimiento de investigación y, tras la tramitación oportuna, se requiera al Gobierno español a realizar una correcta evaluación de impacto de dichas actuaciones.
Programa de Exploraciones Acumuladas
Actualmente el Gobierno español está tramitando por separado una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en el área balear-levantino-catalán, que prácticamente rodean las Islas Baleares.
Los proyectos en cuestión son:
El programa de investigación de hidrocarburos de la petrolera escocesa Cairn Energy en el golfo de Valencia (permisos B, G, AM-1 y AM-2), actualmente en su fase de sondeos acústicos,
Campaña sísmica en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear, cuyo promotor es Spectrum Geo Limited,
Campaña sísmica en áreas libres del golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares, cuyo promotor es Seabird Exploration, y
Campañas de adquisición sísmica (y sondeos exploratorios proyectados) del área de Casablanca, frente a las costas de Tarragona, promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas.
Este conjunto de actuaciones de exploración de hidrocarburos que han sido o están siendo objeto de autorizaciones por el Gobierno de España de forma simultánea o sucesiva en la parte española de la subregión marina del Mediterráneo Occidental, es lo que se ha denominado como “Programa de Exploraciones Acumuladas” en la queja a la Comisión Europea.
El Gobierno de España mantiene una gestión de operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro que, considerada en su conjunto, supone de facto un verdadero programa de exploraciones sobre la parte española del Mediterráneo Occidental que no han sido objeto de una adecuada y correcta evaluación de conjunto de sus efectos sobre el medio ambiente.
El Gobierno español está evaluando por separado el impacto ambiental de todos estos proyectos, independientemente unos de otros, a pesar de que todos ellos están interrelacionados pues afectan a la misma zona geográfica (con valores ambientales y económicos muy similares en las diferentes subáreas) y con potenciales efectos sinérgicos. Habría que considerar que se trata de un verdadero Programa de Exploraciones Acumuladas y no de varios proyectos independientes y no relacionados entre sí. Debería por tanto hacerse una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, y no evaluaciones ambientales de proyectos separados, como se está haciendo hasta ahora. Con el procedimiento que se sigue actualmente no se puede hacer una verdadera y eficaz evaluación de impacto ambiental.
Programa Común de Exploración de Cairn Energy en el Golfo de Valencia
Así se ha denominado al conjunto de actuaciones de exploración de hidrocarburos autorizadas por el Gobierno de España y concedidas a Cairn Energy PLC conforme los programas de investigación o trabajos establecidos en el Real Decreto 1774/2010 y Real Decreto 1775/2010. Este programa comprende entre otros el programa de adquisiciones sísmicas 3D que está actualmente siendo objeto de evaluación de impacto ambiental, pero además el programa de los seis pozos petrolíferos exploratorios previstos. El Programa Común de Exploraciones tiene una duración prevista, en todas sus fases, de seis años.
Así pues, la campaña de ”adquisición sísmica” o “sondeos acústicos”, que está actualmente pendiente de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental, es sólo el preludio de posteriores fases de exploración y explotación de hidrocarburos, pues lo que se pretende con estos sondeos acústicos es elaborar un mapa del subsuelo marino con el fin de detectar formaciones geológicas potencialmente susceptibles de almacenar hidrocarburos para su perforación y posterior explotación comercial de los pozos.
Las tres fases (sondeos sísmicos; sondeos de exploración y la explotación comercial de los pozos) están íntimamente relacionadas, forman parte del mismo proyecto y sus efectos pueden ser acumulativos. Por ello no puede hacerse una evaluación fragmentada por fases, como pretende el Gobierno español. Cualquiera de las tres fases mencionadas podría tener graves impactos sobre el medio ambiente y sobre la economía de las costas baleares y de la Península y podría afectar a sectores tan estratégicos como el turismo o la pesca.
Sin embargo el Estudio de Impacto Ambiental de Cairn Energy no analiza ni tiene en cuenta estas fases posteriores de la prospección sísmica que forman parte indisoluble del conjunto del proyecto. Esto supone una fragmentación del proyecto que conlleva a que, por una parte, toda una serie de impactos sean infravalorados. Y, por otra, a su vez esto determina que no se tienen en cuenta otras afecciones importantes sobre otros elementos ambientales de gran valor.
El objetivo perseguido por el Gobierno de España y por el promotor al fragmentar el proyecto por fases y llevar a cabo su evaluación de impacto ambiental por separado es aislar los efectos e impactos de cada una de las fases de investigación, exploración y explotación, y transmitir la sensación de que las consecuencias serán menores.
Es importante destacar que la necesidad de someter el Programa Común de Exploración a una evaluación ambiental estratégica es también la opinión mantenida por la Directora de Programa, Inmaculada González Agejas y del Jefe de Área, Javier Pantoja Trigueros, en el informe remitido por la Directora Técnica de la División para la Protección del Mar de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Ainhoa Pérez Puyol, en la fase de consultas previas en fecha 20 de marzo de 2013 del proyecto de adquisición sísmica de Cairn Energy. En concreto señala que la campaña propuesta «debe considerarse como un programa de exploración que se inicia con la concesión de los citados permisos de exploración para el desarrollo de una futura exploración y explotación de hidrocarburos en el Golfo de Valencia. En consecuencia, se considera necesario realizar una evaluación ambiental estratégica que incluya el ámbito de la demarcación marina levantino-balear, lo que permitiría analizar las potenciales afecciones, previamente a la autorización del proyecto, considerando tanto las actividades de adquisición sísmica, como la exploración y la explotación de hidrocarburos y que justifique la realización de esta campaña de adquisición sísmica».
Además de esta queja a la Comisión Europea, el servicio jurídico de la Alianza sigue trabajando en la denuncia ante la Fiscalía por el incumplimiento del MAGRAMA de su obligación legal de resolver en el plazo que establece la Ley el expediente de los sondeos acústicos de Cairn Energy en el Golfo de Valencia y de adoptar y publicar la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
Para más información: Carlos Bravo (626 998 241), Coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava

References: artículo 6
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto