Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400116.html
Timestamp: 2019-03-22 14:57:24+00:00

Document:
se201401116
SENTENCIA: 116/2014.
EXPEDIENTE N°: 662/2008.
PARTES: Estación de Servicio el “Morro” contra la Superintendencia Tributaria General
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo interpuesto por la Estación de Servicio el “Morro”, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG–RJ/0412/2008 de 29 de Julio, pronunciada por la Superintendencia Tributaria General, en cumplimiento del Auto de Acción de Amparo Constitucional Nº SCF/123/2014 de 19 de marzo.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda de fs. 62 a 67; la contestación de fs. 99 a 103; la réplica de fs. 107 a 115; la dúplica de fs. 122 a 126 y los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I: Que la Estación de Servicio el “Morro”, legalmente representada por María Estela Urquizu Martínez, en su demanda señala que el 26 de diciembre de 2007, fue notificada con la Resolución Determinativa Nº 195/2007 de 21 de diciembre, en la que se formularon injustamente reparos por la suma de Bs.2.131.949 equivalentes a 1.659.788 UFV, cuya nulidad hasta la Vista de Cargo Nº 10/VC/VI/00062800036/047/2007 de 25 de septiembre fue dispuesta por la Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca conforme consta en la Resolución de Recurso de Alzada Nº STR/CHQ/RA 0050/2008 de 15 de abril.
Recurrida dicha resolución en recurso jerárquico, la Superintendencia Tributaria Regional, atendiendo el reclamo de la administración tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico Nº. 0412/2008 de 29 de julio en forma injusta, decidió Revocar totalmente la Resolución de Alzada, dejando vigente la sanción impuesta por el SIN.
Acusa que en el proceso administrativo tributario, se ha vulnerado el art. 16 de la Constitución Política del Estado que resguarda los derechos a la defensa, a ser oído, a ofrecer y producir prueba, a una decisión fundada y a impugnar la decisión. Al efecto, menciona la SC Nº 24/2005 de 11 de abril; los arts. 68 núm. 6) del Código Tributario Boliviano (CTB) y 4 incs. c), d) y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), principios que no fueron cumplidos en razón de que la autoridad demandada valoró erróneamente el documento base “prueba” que no amerita su reconocimiento como documento eficaz por el Código Tributario Boliviano ni por otras disposiciones legales vigentes porque no demuestra qué notas fiscales emitió la Estación de Servicio El Morro, sin establecer su autenticidad ni sustento legal a sabiendas que esa supuesta prueba proviene de una fuente de descargos de los mayoristas a la Superintendencia de Hidrocarburos (SH) con el solo pretexto frágil y textual de que es una “documentación evacuada por la SH, al Servicio de Impuestos Nacionales goza de suficiente seriedad y garantía” (sic) y lo que es peor, en un acto de irresponsabilidad y desconocimiento total de la Ley, no se dio valor a los descargos consistentes nada más y nada menos en declaraciones juradas y notas fiscales de compras, que oportunamente fueron presentadas, las cuales merecen pleno y eficaz valor por mandato del Código Tributario que no admite prueba en contrario, debiendo entenderse que el sujeto pasivo no está obligado a desacreditar lo informado por la SH y al contrario, es la administración tributaria la que debe demostrar lo contrario, ello en razón a la presunción legal establecida en el Código Tributario boliviano.
Manifiesta que el informe de la Superintendencia de Hidrocarburos, contiene errores de transcripción, una prueba clara es el caso de la Estación Oqharikuna que fue corregido en las cantidades de combustible, así como de otros servicios; sin embargo, otros como el suyo no fueron corregidos, mencionando que la Ley no sólo puede ser favorable para algunos y desfavorable para otros.
Agrega que después de la emisión de la resolución jerárquica ahora impugnada, presentó declaraciones juradas rectificatorias por los periodos enero a junio y octubre de 2003, subsanando la observación impuesta “bajo la comparación de DDJJ y Reporte enviado de la Superintendencia de Hidrocarburos al SIN” (sic), en el que se observó una cantidad de 419.211 litros de gasolina y 1.588.340 litros de diesel, como combustible no declarado por un monto de Bs. 2.131.949, equivalentes a 1.659.788 UFV, como deuda tributaria más los accesorios a la fecha de la Resolución Determinativa.
Señala que el 15 de septiembre de 2008, presentó el “proyecto de rectificatoria” de los periodos enero a junio y de octubre a diciembre de 2003 a favor del Fisco, y si bien la deuda ya está cancelada en su totalidad conforme a lo determinado por la administración tributaria; sin embargo, la administración tributaria adujo que no puede anular una resolución ejecutoriada dictada por la Superintendencia Tributaria General, añadiendo que por la inseguridad jurídica decidió cancelar con rectificación los formularios de esos periodos, lo cual no significa que hubiera aceptado la deuda tributaria.
Agrega también que en sus Estados Financieros de la gestión 2003, el inventario de mercaderías de combustible alcanza un monto de Bs, 209.500,01 debido a la capacidad que tienen sus tanques al 31 de diciembre de 2003, situación que dio lugar a que en ningún periodo podrá igualar con las cantidades enviadas por la Superintendencia de Hidrocarburos, en sentido de que toda la compra no se vende si no existen saldos finales.
Luego de reiterar los argumentos precedentes, concluye solicitando se declare probada su demanda y la nulidad de la Resolución impugnada.
CONSIDERANDO II: Que corrida en traslado la demanda, la Superintendencia Tributaria General (STG) contesta negativamente señalando que no obstante que la Resolución del Recurso Jerárquico está plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos, corresponde señalar que la administración tributaria con Orden de Verificación Nº 00062800036, inició un proceso de verificación a la contribuyente, originado en la confrontación de la información de las ventas de las empresas mayoristas de gasolina, diesel local e importado y gasolina premium con las declaraciones juradas Form. 143 (débito fiscal), detectando que no se había declarado la totalidad de sus ventas en la gestión 2003, consecuentemente, se dictó la Vista de Cargo Nº 10/VC/VI/00062800036/047/2007 de 25 de septiembre, otorgándole plazo legal para la presentación de descargos, los que previa evaluación técnica, fueron considerados no válidos por lo que se emitió la Resolución Determinativa Nº 195/2007 de 21 de diciembre, determinando como deuda tributaria la suma de 1.659.788 UFV equivalentes a Bs.2.131.949 motivo por el cual, se concluye que ni la administración tributaria ni la autoridad de impugnación han violado los derechos de la contribuyente.
Con relación a la afirmación de la demandante respecto a que la carga de la prueba corresponde a la administración tributaria señaló que conforme a los arts. 43.I y 73 del Código Tributario Boliviano, el Servicio de Impuestos Nacionales obtuvo información de la Superintendencia de Hidrocarburos (SH) respecto a la comercialización mayorista de gasolina especial y diesel oíl importado para la Estación de Servicio “El Morro” de la gestión 2003, información consignada en la carta SH 4302 DRC – 1905/2005 de 3 de junio.
Agrega también que el 9 de octubre de 2006, solicitó a la contribuyente mediante Orden de Verificación Interna F.7520 la presentación de sus Libros de Ventas IVA y las DDJJ Formularios143 (IVA) y 156 (IT), requerimiento fue incumplido, lo que motivó que la Administración Tributaria labrara el Acta de Infracción F-4444, Nº 109510 contra María Estela Urquizu Martínez por no presentar libros de ventas IVA.
Con base en esos antecedentes y datos de volúmenes de gasolina especial y diesel oír local e importado adquiridos por la contribuyente, los cuales fueron reportados por los vendedores mayoristas a la Superintendencia de Hidrocarburos y YPFB, la administración tributaria verificó la cantidad de productos vendidos al consumidor final y verificó importes mensuales en la gestión 2003, en base a los datos proporcionados por la SH en la carta oficial SH–4302 DRC–1905/2005 de 3 de junio, datos que fueron comparados con los ingresos declarados en los Formularios. 143 (IVA), estableciéndose diferencias a favor del Fisco; resultados de verificación y determinación que no han sido desvirtuados por la Estación de Servicio el “El Morro”.
Señala que por otro lado la demandante arguye que el año 2003 tributó de manera correcta porque en los periodos julio, agosto y septiembre, al efectuar su declaración rectificatoria, determinó sus ingresos o base imponible para el débito fiscal IVA, en base al importe de los ingresos establecidos por la administración tributaria en la fiscalización, conforme a la información otorgada por la Superintendencia de Hidrocarburos y YPFB; sin embargo, originalmente, la declarante, ahora demandante incumplió los arts. 5, 7, y 9 de la Ley Nº 843.
En relación a la afirmación de la demandante, respecto a la existencia de errores de transcripción en el informe de la Superintendencia de Hidrocarburos que motivó que en caso similar fuera corregido, señaló que la Superintendencia Tributaria General en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 210. I de la Ley Nº 3092, solicitó a la Superintendencia de Hidrocarburos que confirmara la información supuestamente contradictoria proporcionada por esa entidad reguladora respecto a ciertas estaciones de servicio que comercializan carburantes, solicitud de información que fue respondida con la nota SH-4922 DRC-2101/2008 de 11 de julio, en la que la Superintendencia de Hidrocarburos precisó que la aclaración efectuada en la comunicación SH-00912 DRC –0344/2008 de 1 de febrero únicamente alcanza a la Estación de Servicio “Oqharikuna” y, que en el caso de la Estación de Servicio “El Morro” se mantiene invariable la información contenida en la carta SH-4302 DRC-1905/2005 de 3 de junio, señalando finalmente que la demanda carece de sustento legal, por lo que solicita se declarare improbada.
Sobre el argumento relativo al inventario de mercaderías de combustible, señala que a efecto de establecer obligaciones de la contribuyente como sujeto del IUE y la necesidad de llevar adecuadamente sus Estados Financieros y la contabilidad y agrega que los arts. 36 y 46 del Código de Comercio, así lo establecen y que en el caso, tanto en la etapa de descargos como en la etapa recursiva, la contribuyente no respaldó que toda la compra de combustible no fue vendida y que existían saldos finales, aseveración que solo podría verificarse en los Estados Financieros que en la práctica contable son los inventarios o existencias de todos los productos donde se reflejan saldos iniciales, ingresos y salidas y saldos finales; por lo tanto, María Estela Urquizu Martínez no ha demostrado lo contrario; tampoco ha demostrado los errores de transcripción y mucho menos es sustentable el argumento de que las únicas pruebas válidas son las notas emitidas por los mayoristas y que en virtud del art. 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, consecuentemente al no cursar en obrados prueba alguna que sustente sus afirmaciones o descargos que desvirtúen la determinación efectuada por la administración tributaria, correspondió revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0050/2008, de 15 de abril de 2008; y en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa 195/2007, de 21 de diciembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN y consecuentemente, corresponde declarar improbada la demanda.
Corrida en traslado la respuesta, fue formulada la réplica señalando que el reporte de la Superintendencia de Hidrocarburos no es un documento incorporado legalmente al proceso de fiscalización y que son copias simples, sin ningún valor. Agrega que se emitió una Resolución Determinativa en la que confundió el impuesto con la base imponible y que la deuda tributaria se determinó en base a una presunción, asimismo refiriéndose al art. 10 del Código Tributario boliviano, arts. 5, 7, 8, 9,10 y 15 de la Ley Nº 843, indica que el Impuesto al Valor Agregado, debe obtenerse de acuerdo con esas previsiones legales.
En su dúplica la autoridad demandada, enfatizando los arts. 43. I y 73 del CTb, manifiesta que la administración tributaria obtuvo información de la SH sobre la comercialización mayorista de Gasolina Especial y Diesel Oil local y de YPFB sobre Diesel Oil importado, destinada a la Estación de Servicio “El Morro” de la gestión 2003, información respaldada por la carta SH-4302 DRC-1905/2005 de 3 de junio, por lo que dicha información tiene pleno valor probatorio según el art. 217 in fine de la Ley Nº 3092, y que los resultados, verificación y determinación realizada por la AT no fueron desvirtuados por la demandante.
Haciendo referencia a los arts. 5, 7 y 9 de la Ley Nº 843, señala que la determinación de la Administración Tributaria es corroborada por la propia contribuyente al efectivizar sus declaraciones juradas rectificatorias de los periodos julio, agosto y septiembre 2003, concluyéndose que no cumplió con sus obligaciones tributarias conforme a Ley.
Por otro lado, señalando el art. 16 de la Constitución Política del Estado (reforma 1967) y los arts. 68 núm. 6) y 10) del Código Tributario boliviano, 4 inc. g) de la Ley de Procedimiento Administrativo y finalmente a la Ley Nº 843, refiere que la determinación de la deuda tributaria se efectuó sobre base cierta, conforme la prueba documental oficial emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos y YPFB, concluyendo que no se ha vulnerado los principios de legalidad y de presunción de inocencia, tampoco se ha dejado en estado de indefensión y menos se ha incumplido el procedimiento e incurrido en algún vicio.
Conforme al estado del proceso se dispuso “Autos” para sentencia.
El Intendente Interino de Hidrocarburos, el 3 de junio de 2005, mediante nota SH – 4302 DRC – 1905/2005, informa sobre la comercialización de carburantes de mayoristas a la Gerencia Nacional de Fiscalización a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 75 a 76 de antecedentes administrativos).
La Administración Tributaria, notificó personalmente a María Estela Urquizo Martínez el 9 de octubre de 2006, con la Orden de Verificación Interna Form. 7520, Nº 00062800036, comunicándole que, producto de la confrontación de información de ventas efectuadas por las empresas mayoristas de gasolina y diesel local e importado y Gasolina Premium con las declaraciones juradas del F-143 (Débito Fiscal) presentadas, se detectó que no declaró la totalidad de las ventas durante la gestión 2003, diferencia que alcanzó a Bs. 6.343.425.- que dio origen al impuesto omitido de Bs. 824.645.-, emplazándole a que en el término de cinco 5 días, se apersone al Departamento de Fiscalización, para presentar sus descargos (fs. 2 y 19 del cuadernillo de antecedentes administrativos Nº 1).
Posteriormente se notificó a María Estela Urquizu Martínez con la Vista de Cargo Nº 10/VC/VI/00062800036/047/2007, de 25 de septiembre, en la que se da constancia de haberse procedido a ajustar las bases imponibles y que se reliquidó el impuesto sobre base cierta y calificó la contravención como Evasión Fiscal para los periodos enero a junio de 2003 en aplicación de los arts. 68, 70, 114, 115-2 de la Ley Nº 1340 y para los períodos octubre a diciembre 2003, como Omisión de Pago según art. 148 y 160.3 de la Ley Nº 2492, determinándose un saldo a favor del fisco, emergente de ingresos no declarados por la venta de gasolina, diesel local e importado, de Bs.1.419.845, equivalentes a 1.133.065 UFV’s por concepto de IVA, suma que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses (fs. 84 a 89 del cuadernillo de antecedentes administrativos Nº. 1).
El 26 de octubre de 2007, la demandante presentó descargos indicando que el fiscalizador no solicitó directamente al comisionista certifique que realmente vendió a María Estela Urquizu Martínez, con el cruce de facturas que contengan aspectos tales como el número de factura, nombre completo, fecha e importe de la transacción y señaló que la interpretación es incorrecta a la actividad que desempeña en su calidad de comisionista.
La AT, el 26 de diciembre de 2007 notificó a María Estela Urquizu Martínez, con la Resolución Determinativa 195/2007, de 21 de diciembre, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de la contribuyente, en una suma que asciende a Bs.1.460.708, equivalentes a 1.137.206 UFV’s por concepto de tributo omitido más accesorios de Ley por el IVA, de los períodos enero a junio y octubre a diciembre 2003 “sic…” (fs. 121 a 129 del cuadernillo de antecedentes administrativos Nº 1).
En cuanto ala resolución de recurso de alzada STR/CHQ/RA0050/2008 de 15 de abril resolvió anular obrados cuestionando la validez y la forma de obtención de la información utilizada como base en el proceso de verificación, incumpliendo lo previsto por el art. 13 inc. c) del Decreto Supremo Nº 24504.
Por último la Resolución de Recurso Jerárquico ST-RJ/0412/2008 de 29 de julio revocó la Resolución STR/CHQ/RA0050/2008 de 15 de abril, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 195/2007 de 21 de diciembre.
CONSIDERANDO IV: Reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia (art. 10. I Ley Nº 212), se pronunció la Sentencia Nº 237/2013 de 4 de julio y posteriormente por Auto Constitucional Nº 123 de 19 de marzo de 2014 dicha sentencia fue dejada sin efecto por los Vocales de la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca Constituido en Tribunal de Garantías, mismo que concedió la tutela al accionante respecto de la acción formulada (la vulneración del debido proceso falta de motivación y fundamentación de la resolución, colocando en indefensión y vulnerando el derecho a la igualdad), por lo que corresponde que este Tribunal en cumplimiento de lo resuelto en Amparo Constitucional, dicte nueva Sentencia de acuerdo con los fundamentos del Auto Nº 123/2014 de 19 de marzo de 2014, por lo que ejerciendo el control judicial sobre los actos ejecutados por la Superintendencia Tributaria General y la Administración Tributaria, compulsados los antecedentes adjuntos a la demanda, los anexos presentados tanto por la entidad demandada como por la demandante, la Resolución de Amparo Constitucional, se establece lo siguiente:
El objeto de la presente controversia radica en determinar a) si se ha vulnerado el art. 16 de la Constitución Política del Estado que resguarda los derechos a la defensa, a ser oído, a ofrecer y producir prueba, a una decisión fundada y a impugnar la decisión al igual que los arts. 68 núm. 6) del Código Tributario boliviano (CTB) y 4 incs. c), d) y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), principios que según la demandante no fueron cumplidos en razón a que la autoridad demandada valoró erróneamente el informe emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos, que no es un documento incorporado legalmente al proceso de fiscalización y es una fotocopia simple sin ningún valor y no dio valor a sus descargos consistentes en declaraciones juradas y notas fiscales; b)que el informe de la Superintendencia de Hidrocarburos contiene errores de transcripción; c) que la demandante tributó correctamente al presentar sus declaraciones rectificatorias; d) que en sus Estados Financieros de la gestión 2003, el inventario de mercaderías de combustible alcanza un monto de Bs, 209.500,01 debido a la capacidad que tienen sus tanques al 31 de diciembre de 2003 y d) que se emitió una Resolución Determinativa en la que confundió el impuesto con la base imponible y que la deuda tributaria se determinó en base a una presunción.
De acuerdo a la relación de los antecedentes administrativos que constan en los anexos I y II y en el marco de las pretensiones de la demandante, se tiene que la administración tributaria, en ejercicio de las facultades que le reconoce el art. 100 del Código Tributario boliviano, realizó el Operativo 280–Gasolineras, con base en información proporcionada tanto por la Superintendencia de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos respecto a los volúmenes de combustibles entregados a las estaciones de servicio, entre ellas, a la Estación de Servicio “El Morro”, ahora demandante, por ello se emitió la Orden de Verificación Interna OVE 0062800036 de 6 de octubre de 2006, que fue notificada a la contribuyente, quien no presentó sus Libros de Ventas IVA y sí, las Declaraciones Juradas que cursan de fs. 35 a 62, que acreditan el pago del IVA y el IT, por los periodos fiscales enero a diciembre de 2003.
Concluido el plazo correspondiente, la administración tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 10/VC/VI/00062800036/047/2007 de 25 de septiembre de 2007, que determinó un saldo a favor del Fisco en la suma de Bs.1.419.845 equivalente a UFV 1.133.065, por ingresos no declarados por la venta de gasolina, diesel local e importado correspondientes a la gestión 2003 de la Estación de Servicio “El Morro”, siendo relevante mencionar que en el momento de presentar sus descargos en el plazo concedido por la señalada vista de cargo, la ahora demandante, no observó la legalidad extrínseca (fotocopia simple) ni formal de los documentos que sirvieron de base a la determinación de la deuda tributaria concluyéndose que se trató de un acto consentido.
Resulta necesario señalar que uno de los métodos de determinación de la base imponible, establecido en el art. 43. I de la Ley 2492, es la base cierta que se realiza tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; en el caso, la administración tributaria comparó la información proporcionada por la Superintendencia de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con las declaraciones juradas de la contribuyente y concluyó que existía una diferencia significativa entre los volúmenes reflejados en los informes del ente regulador del sector hidrocarburos y de la entidad proveedora y los servicios facturados declarados en los Formularios 143 y 156 de los periodos enero a diciembre de 2003, consecuentemente, la determinación realizada fue sobre base cierta concluyéndose que no es evidente que se hubiera utilizado presunciones.
Ahora bien, respecto a la validez legal de la información proporcionada por la Superintendencia de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se considera que conforme previene el art. 100 del Código Tributario, la administración tributaria puede pedir información al sujeto pasivo, al tercero responsable de la información o solicitar informes a empresas o instituciones tanto nacionales como extranjeras y en consecuencia, la documentación remitida por la Superintendencia de Hidrocarburos y el Sujeto Pasivo ha sido confrontada, valorada y analizada por la autoridad demandada conforme a procedimiento; no existiendo por tanto, vulneración del art. 116 de la Constitución Política del Estado ni del art. 68 núm. 6) y 10) del Código Tributario boliviano.
La demandante sostiene que no se dio valor a sus descargos, consistentes en sus declaraciones juradas y notas fiscales de compras que tienen pleno valor probatorio, sobre el particular, el art. 78. I del Código Tributario, señala que las declaraciones juradas se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben, norma que desmiente la afirmación de la demandante, pues se entiende que como manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la administración tributaria pueden ser verificadas posteriormente en contraste con otros documentos, como ocurrió en el caso de autos.
Por otro lado y dentro del mismo ámbito del punto central de la controversia, el art. 81 del CTB prevé que “Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica…”; asimismo el art. 217 del mismo compilado legal tributario señala que: “La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sea declarada falsa por fallo judicial firme.”. Bajo ese contexto normativo, dicho documento base, ha cumplido con los requisitos legales exigidos por disposiciones tributarias, puesto que en ningún momento fue declarado falso por autoridad competente y más bien, la información fue confirmada a solicitud de la administración tributaria, así se evidencia de la nota SH – 4922 DRC-2101/2008 de 11 de julio de 2008 emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos (fs. 116 de antecedentes administrativos) cuando señaló que respecto a la Estación de Servicio “El Morro” se mantiene invariable la información contenida en la nota SH – 4302 DRC-1905/2005 de 3 de junio, documental que no fue desvirtuada por la demandante a quien, por previsión del art. 76 del Código Tributario, le correspondía la carga de la prueba, pues el documento que ahora controvierte, fue de su conocimiento directo desde el inicio de la verificación, pues consta su notificación, por ello, tenía a su alcance todos los medios legales para demostrar que ese documento no contaba con los requisitos legales señalados en su pretensión o que éste no tuviera información exacta; aspecto que no ocurrió en ningún momento pues hasta la interposición de la presente demanda, no existe reclamo alguno sobre la invalidez del informe de la Superintendencia de Hidrocarburos.
Finalmente, sobre este punto se tiene que en el desarrollo del proceso de verificación la demandante fue notificada con todas las actuaciones emergentes del proceso hasta la Resolución Determinativa 195/2007 de 21 de diciembre de 2007, por lo que se evidencia que no existió vulneración del derecho a la defensa como componente esencial de la garantía jurisdiccional del debido proceso, que se hizo efectivo al haberle otorgado a la ahora demandante, las garantías mínimas tendientes asegurar un resultado justo y equitativo del proceso y permitiéndosele tener oportunidad de hacer valer sus pretensiones, por lo cual fue cumplida la garantía del debido proceso durante todo el proceso administrativo conforme fue analizado precedentemente.
Respecto a la existencia de errores de transcripción en el informe de la Superintendencia de Hidrocarburos, la demandante no ha puntualizado cuáles fueron y cómo le afectaron, motivo por el cual este Tribunal no puede contrastar ni verificar lo afirmado por falta de fundamentación de la demandante, lo mismo, respecto a la afirmación relativa a que la demandante tributó correctamente al presentar sus declaraciones rectificatorias, porque dicho argumento no contiene ninguna petición que deba ser resuelta.
Con relación a lo afirmado por la demandante, respecto a que en sus Estados Financieros de la gestión 2003, el inventario de mercaderías de combustible alcanza un monto de Bs, 209.500,01 debido a la capacidad que tienen sus tanques al 31 de diciembre de 2003, se considera adecuado el criterio de la autoridad demandada en sentido de que la Estación de Servicio “El Morro”, frente a la información emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos y YPFB, no ofreció ninguna prueba ni en la etapa de descargos en la administración tributaria ni en la recursiva en sus dos instancias, que pudiera demostrar lo afirmado por la demandante por lo que se concluye que incumplió con la carga de la prueba que le correspondía por mandato del art. 76 del Código Tributario.
Del análisis precedente, el Tribunal Supremo de Justicia concluye que la autoridad demandada no ha incurrido en conculcación de normas legales, efectuando correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica jurídica respecto a la normativa aplicable, por lo que corresponde declarar improbada la demanda.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011 Ley del Órgano Judicial y de conformidad a los artículos 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda interpuesta por la Estación de Servicio el “Morro” contra la Superintendencia Tributaria General, en la que impugna la Resolución de Recurso Jerárquico STG – RJ/0412/2008 de 29 de julio.

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