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Timestamp: 2020-08-13 05:58:05+00:00

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¿PUEDE CONSIDERARSE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA “UN ACTO DE RESISTENCIA” O ES FALTA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA? | Abogados Carranza
¿PUEDE CONSIDERARSE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA “UN ACTO DE RESISTENCIA” O ES FALTA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA?
Enviado por José Luis González el Vie, 07/24/2020 - 14:55.
El Juzgado de lo Social, nº 33, de Madrid, con fecha 20 de julio de 2020, dicta una sentencia por la que entiende que el incumplimiento de una sentencia previa de otro juzgado que afecte al hecho que se dilucida en la suya constituye una mera RESISTENCIA y no una vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva.
El asunto deriva de una sentencia firme, por la que se reconocía a un empleado público la condición de indefinido, al haberse entendido que la relación temporal que mantenía era fraudulenta y, al que posteriormente se le despide, concluyendo el Magistrado del JS 33, de Madrid que dicha decision no constituye una represalia encubierta, frente a la reclamación que hizo el empleado público al Organismo Estatal, y por lo tanto no se habría violado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 de la Constitución Española que señala que: “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, todo ello en relación con el art. 118, de la misma norma que, asimismo dice que: “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.
Este juez, explica en su sentencia que el incumplimiento al que hemos hecho referencia y que resuelve el posterior despido de la misma persona, trayendo como causa de cese que era temporal se trata de UNA (simple) RESISTENCIA A CUMPLIR UNA SENTENCIA, pero dice textualmente: “ahora bien, ello no es calificable de represalia por ejercitar un derecho fundamental, sino de resistencia empresarial a asumir el resultado del pronunciamiento judicial, en este caso mantener con la demandante una relación laboral indefinida no fija, razón por la que su decisión no se compadece con el ordenamiento.”
Este razonamiento es inexplicable en cuanto que si un trabajador ha pleiteado y obtenido una sentencia favorable y firme, que declara su relación de trabajo indefinida y, posteriormente se le cesa incumpliendo esa resolución judicial, ya que el despido solo se fundamenta en la terminación de un contrato temporal que dejó de existir, no puede haber otro razonamiento que el de desoír la fuerza de lo que una sentencia previa declaró, y por lo tanto dejando al trabajador en una absoluta indefensión puesto que le despoja del derecho constitucional a trabajar reconocido en el art. 35, de la Constitución Española, al declarar que es solamente improcedente su cese, liquidando su esfuerzo reivindicativo con las consecuencias de esa declaración y que no son otras que indemnizarle con treinta y tres días de salario por año trabajado.
El titular del Juzgado, conocido por su habitual trato irrespetuoso a las partes intervinientes en la mayoría de los juicios, “invitando” casi siempre al abogado del trabajador a desistir de la petición de nulidad de los despidos, si se demanda al Estado, basa su argumento en una Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 2020, Recurso 4496/2017, que interpreta de manera artera, en cuanto que dicha sentencia sólo establece, que la previa reclamación por sí misma de una petición de indefinición, a la que le sigue un despido por terminación de contrato no constituye automáticamente la nulidad del despido, con las consecuencias que se derivan de dicha declaración, que son las de readmisión en el puesto de trabajo y abono de los salarios de tramitación. Afirmación esta con la que estamos de acuerdo, pero obvia decir que, como mantiene el Tribunal Constitucional en sentencia de 6 de junio de 2005, nº 114/2005:
“Que el contrato finalizara en la fecha prevista no implica necesariamente que deban entenderse desvirtuados los indicios aportados (de posible represalia por previas denuncias). Es cierto que, cuando se analizan supuestos de finalización de contratos temporales, el hecho de que los mismos se extingan en la fecha y en las condiciones que habían sido previstas por las partes en el momento de su celebración puede permitir neutralizar el indicio probatorio de la vulneración de derechos fundamentales que pudiera haberse aportado, dado que la extinción se produce en los términos previstos desde un principio y no parece, por tanto, que pueda estimarse influida por cualquier reclamación o acción judicial que hubiera podido ejercerse durante el transcurso de la relación. Sin embargo, este dato no es siempre por sí mismo suficiente para entender que ello deba ser necesariamente así, como de hecho ocurre en este asunto.
En efecto, debemos tomar en consideración que en el presente caso, al margen de las concretas estipulaciones pactadas por las partes sobre la vigencia de sus sucesivos contratos de arrendamiento de servicios, su relación profesional se había venido manteniendo ininterrumpidamente durante un período de más de diez años, sin que en ningún momento haya sido aportado al proceso elemento alguno, ni desde el punto de vista de la vigencia de las funciones a desarrollar, ni desde el de la aptitud e idoneidad del trabajador para seguir desarrollándolas, que pudiera indicar que, a diferencia de lo ocurrido con ocasión de la finalización del primer contrato, no fuera a procederse también en esta ocasión a su renovación, bajo la misma o diferente forma jurídica..........lo que interesa analizar es si la decisión de dar por finalizada la relación que habían mantenido TVE, SA, y el demandante durante más de diez años constituyó o no una represalia al ejercicio por éste de su derecho a la tutela judicial efectiva, no cuál habría sido la forma jurídica que habría adoptado en su caso la continuidad de dicha relación de haberse pretendido; de hecho, como ha declarado la Sentencia recurrida, la relación verdaderamente existente entre las partes no era ni siquiera la aparente que se desprendía del contrato de arrendamiento de servicios firmado, sino la real de naturaleza laboral derivada de la existencia de un contrato de trabajo................... En el presente caso, la empresa no acreditó ni alegó en el proceso judicial otras razones justificativas del cese que las de su materialización en la fecha inicialmente prevista y su vinculación a una determinada política empresarial de sustitución de este tipo de contratos, razones que, como ha quedado señalado, no explican en modo alguno la decisión de dar por finalizada la relación establecida entre las partes y mantenida durante un período de más de diez años, ni permiten, por tanto, excluir la vulneración del derecho fundamental. En tales condiciones, los indicios aportados por el demandante de amparo de que su cese estuvo en realidad motivado por la decisión de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, reclamando de los Tribunales la declaración del carácter laboral de una relación cuya apariencia mercantil la empresa pretendía no sólo mantener sino incluso reforzar, deben desplegar toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental ( SSTC 197/1990 [ RTC 1990, 197] , de 29 de noviembre, F. 4; 136/1996, de 23 de julio [ RTC 1996, 136] , F. 4).
Al no haberlo declarado así el órgano judicial en la Sentencia recurrida, en base a consideraciones que no satisfacen las exigencias de la doctrina constitucional sobre la distribución de la carga de la prueba en los supuestos en que se invoca y acredita por el trabajador la existencia en la actuación empresarial de una lesión de su derecho fundamental, no reparó –y, por consiguiente, lesionó– el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad (art. 24.1 CE [ RCL 1978, 2836] ).”
Es aún más grave la decisión de este Juez, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 14 de Julio de 2020, R.S. 260/2020, y en un supuesto idéntico le revocan una anterior sentencia, también denegando la nulidad del despido en base a los siguientes argumentos: haciendo referencia a la abundante “Jurisprudencia aplicable al presente supuesto en el que el actor obtuvo una sentencia favorable que considera que su relación laboral es indefinida no fija, con fecha 21 de junio de 2019 y es cesado el 9 de julio de 2019 sin haber vuelto a ser contratado, lo que constituye un indicio sólido para invertir la carga de la prueba, no habiendo dado el demandado justificación alguna para el cese, que no podía ya ampararse en el vencimiento de un contrato ineficaz, ni en ninguna otra razón al venir el trabajador prestando sus servicios ininterrumpidamente desde el 13 de marzo de 2017 y haber seguido necesitando los mismos, sin que conste reducción de los mismos ni ninguna otra circunstancia, por lo que el recurso se estima cuanto a la calificación del despido” declarándose NULO.
La doctrina y jurisprudencia vienen rebatiendo argumentaciones tan “peregrinas” como la que este Juez nos ofrece bajo el eufemismo de RESISTENCIA, así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 24 de mayo de 2004 (recurso de suplicación núm. 1036/2004), sobre el cumplimiento de las resoluciones firmes, pus su fundamentación jurídica es bastante clara y dice:
“Las decisiones judiciales deben cumplirse actuando sus propios mandatos, pues de lo contrario éstos y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en meras declaraciones de intenciones o de buenos propósitos, sin alcance práctico ni efectividad alguna. Como de forma reiterada viene diciendo el Tribunal Constitucional ya desde el inicio de sus actividades, EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS FORMA PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 24.1 CE: STC, Sala I, 32/1982, de 7 de junio ( RTC 1982, 32) (BOE 28 de junio de 1982), F. Segundo: «El derecho a la tutela judicial efectiva que dicho artículo -art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836) - consagra no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de intenciones» -añadiendo en su F. Tercero, al comentar la tensión entre los principios de seguridad jurídica, que obliga al cumplimiento de las sentencias, y el de legalidad presupuestaria- «... Es evidente que esa tensión existe y que su superación exige la armonización de ambos principios, pero esta armonización, cualquiera que sea la forma en que se realice, no puede dar lugar a que el principio de legalidad presupuestaria deje de hecho sin contenido un derecho que la CE reconoce y garantiza, pues, como hemos señalado anteriormente el cumplimiento de las sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales consagrado en el artículo 24. Del mismo modo, dicho principio no puede obstaculizar el control jurisdiccional de la ejecución de las sentencias exigido también jurisdiccionalmente».
Y estando encomendada a los Jueces y Tribunales la tutela de los derechos e intereses legítimos de toda persona (art. 24 CE), corresponde también a los titulares de la potestad jurisdiccional, de manera exclusiva, velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, como expresamente se declara en el artículo 117.3 CE ( RCL 1978, 2836) : «El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes...». Así lo afirman, entre otras, las SSTC, Sala 2, 104/94 ( RTC 1994, 104) , F. Segundo (BOE 17 de mayo de 1994, que cita las SS. 32/1982 [ RTC 1982, 32] , 155/1985 [ RTC 1985, 155] , 16/1987 [ RTC 1987, 16] , 148/1989 [ RTC 1989, 148] , 194/1993 [ RTC 1993, 194] ) y 107/1992 ( RTC 1992, 107) , F. Segundo (BOE 24 de julio de 1992, que citas las de 67/1984 [ RTC 1984, 67] y 92/1988 [ RTC 1988, 92] ). Además, y como contrapartida a dicha potestad exclusiva, el primer destinatario del mandato de obligado cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes contenido en el artículo 118 CE, han de ser los propios órganos judiciales que, en un Estado de Derecho, han de respetar y quedar vinculados por sus propias declaraciones jurisdiccionales, definitivas y firmes ( SSTC 34/1993, de 8 de febrero [ RTC 1993, 34] , F. Segundo -BOE 11 de marzo de 1993- y 207/1989, de 14 de diciembre [ RTC 1989, 207] , F. Cuarto -BOE 11 de enero de 1990-). Y tal mandato les impone el deber de adoptar las medidas oportunas, de acuerdo con las Leyes, para llevar a cabo la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes ( STC 26/1983, de 13 de abril [ RTC 1983, 26] , F. Tercero, BOE de 17 de mayo).
Por otro lado, la ejecución de sentencias, el respeto a los fallos judiciales y su efectivo cumplimiento por los poderes públicos, deviene de crucial importancia para la efectividad del Estado social y democrático de Derecho, que proclama la Constitución en su artículo 1.1, y así lo destaca el TC en su S 67/1984 ( RTC 1984, 67) , Sala Primera, de 7 de junio, F. Segundo (BOE 11 de julio de 1984):
«La ejecución de las sentencias -en sí mismas consideradas- es una cuestión de capital importancia para la efectividad del Estado social y democrático de Derecho que proclama la CE ( RCL 1978, 2836) -art. 1-, que se refleja -dentro del propio Título Preliminar- en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la CE y el resto del ordenamiento jurídico, cuya efectividad -en caso de conflicto- se produce normalmente por medio de la actuación del Poder Judicial -arts. 117 y ss. CE- que finaliza con la ejecución de las sentencias y resoluciones firmes. Por ello, difícilmente puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando no se cumplen las sentencias y resoluciones judiciales firmes, y de aquí que el artículo 118 CE ( RCL 1978, 2836) establece que: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto».Cuando este deber de cumplimiento y colaboración -que constituye una obligación en cada caso concreto en que se actualiza- se incumple por los poderes públicos, ello constituye un grave atentado al Estado de Derecho, y por ello el sistema jurídico ha de estar organizado de tal forma que dicho incumplimiento -si se produjera- no pueda impedir en ningún caso la efectividad de las sentencias y resoluciones judiciales firmes».
El Tribunal Constitucional en su sentencia num. 199-2000 de 24 julio_RTC_2000_199 expresa lo siguiente:
“A este respecto este Tribunal ya ha declarado que, ante eventuales supuestos de comportamiento fraudulento o impeditivo de la eficacia de una resolución judicial firme, el órgano judicial viene obligado por imperativo del art. 24.1 CE a adoptar las oportunas medidas de reacción, en orden a asegurar la efectividad del derecho a la tutela judicial (SSTC 125/1987, de 15 de julio [ RTC 1987, 125] , 167/1987, de 28 de octubre, 170/1999, de 27 de septiembre [ RTC 1999, 170] ).”

References: resolución 
 ARTÍCULO 24
 resolución 
 artículo 24
 artículo 117
 artículo 118
 artículo 1
 artículo 118
 resolución