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Timestamp: 2017-09-22 13:16:41+00:00

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA “YOUKIOSKE.COM” DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS EDITORES DE PRENSA – Lupicinio Abogados
LEÓN BARRIOLA:
Un referente de procesal
Por Dr. R.A. Landeira
El pasado 5 de marzo del 2015, la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional dictó una trascendental sentencia -6/2015- sobre la puesta a disposición de al menos 17.000 publicaciones periódicas españolas y extranjeras en la página web www.youkioske.com sin la previa autorización de sus titulares y generando perjuicios económicos a estos durante 36 meses en la cantidad de 256.000 euros. Si bien existen dos precedentes inmediatos: el primero, el Auto 34/2011 de 31 de enero del Juzgado de lo Mercantil de Alicante por el que se estima parcialmente el cese del uso en el portal youkioske.com de una serie de marcas comerciales periodísticas propiedad de las mercantiles Hearst Communication, Inc., Advance Magazine Publishers, Inc. y Les Publications Conde Nast, SA; y el Auto 758/2012 de 11 de julio de la Sección 23ª de la Audiencia Nacional de Madrid, analizaremos únicamente este último por resultar un preliminar directo en la sentencia de 5 de marzo de la Audiencia Nacional no firme y recurrible en casación, objeto del presente estudio.
Coincide además la expresada sentencia con la publicación del estudio Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2014 realizado por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, plataforma que engloba a un buen número de asociaciones y entidades de gestión de derechos de autor en el ámbito digital. El estudio llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: solo el 5 % de los internautas reconocen pagar por los contenidos que descargan; el acceso ilegal en el ámbito editorial ha aumentado de 198 millones de contenidos en 2013 hasta 335 millones en 2014 y el valor de las pérdidas estimadas fue de 1187 millones de euros en 2013 y de 2680 millones en 2014. En términos absolutos, el valor de la industria de contenidos editoriales digitales en España –sin valoración de la piratería en el libro de enseñanza ni profesional- se eleva hasta los 807 millones de euros en un escenario en el que existen unos 335 millones de contenidos ilícitos. En un escenario de piratería cero, siempre según La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el valor de la industria editorial española ascendería hasta los 907 millones de euros anuales y un incremento del empleo en el sector en unos 2000 puestos de trabajo, muy por encima de la estimación del valor con piratería cero de la industria musical -581 millones- y videojuegos -687 millones- y solo por detrás de la cinematográfica -1244 millones- y la televisiva en relación a la emisión de partidos de fútbol -1181 millones de euros-.
Un precedente: Playboy contra youkioske.com
Como hemos avanzado, y antes de analizar la sentencia objeto del presente artículo, conviene prestar atención a un singular precedente: el Auto 758 de 11 de julio de 2012, de la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid, por el que se estima recurso de apelación contra auto de recurso de reforma interpuesto contra auto de sobreseimiento dictados ambos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles (Madrid) en Diligencias Previas 1718/2010, en el caso Playboy Enterprises International Inc. contra www.youkioske.com. En este asunto, la Instructora de Primera Instancia dictó sobreseimiento sobre la causa alegando cuatro razones:
Youkioske.com es una página de enlaces –una suerte de link page o biogroll– que se limita a facilitar el acceso a publicaciones periódicas que se encuentran alojadas en otros servidores.
En consecuencia de los anterior, la actividad de los imputados está amparada en el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), por el que los prestadores de servicios que faciliten enlaces a otros contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios siempre que no tengan “conocimiento efectivo” de que la información a la que remiten sea ilícita o lesione derechos de terceros.
No existen indicios de que el facilitador de contenidos actúe bajo las órdenes del prestador de la información –un “club de editores” como lo definió la defensa de los condenados-[1].
Youkioske.com no obtiene beneficio económico directo, sino indirecto de sus usuarios a través de enlaces publicitarios –banners y videos publicitarios, también llamados pre-roll-.
Respecto a la segunda de las alegaciones planteadas por la instructora, la excesiva precisión jurídica de la expresión “conocimiento efectivo” fue determinante en su sobreseimiento, ya que la norma[2] señala que se entenderá que existe tal “conocimiento efectivo” solo cuando (i) un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, (ii) ordenando su retirada o imposibilitando el acceso, y (iii) el prestador conociera de la correspondiente resolución, hechos que a la fecha de incoar Diligencias de Investigación no habían tenido lugar. Como se verá ut infra, la Audiencia Provincial respondió a esta incidencia de una manera brillante originando un preciosísimo antecedente jurisprudencial respecto a la confrontación entre el procedimiento administrativo y el penal en materia de propiedad intelectual. Ahora bien y por otra parte, la Instructora consideró, muy correctamente, que la propia LSSI recoge un régimen sancionador civil y administrativo[3] ad hoc, sin que por tanto haya lugar a la sanción penal del artículo 270.1 CP y concordantes. Por el contrario, la instructora no alcanzó a conocer la verdadera naturaleza de youkioske.com y de la simulación que sus responsables hicieron de la misma como link page, cuando en realidad y como se verá tras la investigación policial y judicial, eran los propios administradores quienes en realidad alentaban, proponían e impulsaban a terceros y bajo precio, la puesta a disposición de los contenidos editoriales protegidos.
Así, el citado Auto fue recurrido por Playboy Enterprises International, Inc. y elevado a la Audiencia Provincial de Madrid, quien estimó el recurso de reposición y acordó, en consecuencia, continuar la causa con la práctica de las diligencias de investigación solicitadas en el recurso de apelación por las siguientes razones:
El delito contra la propiedad intelectual está descrito de un modo “muy amplio” en el tipo básico del artículo 270.1 CP, y “en principio”, se dan los elementos objetivos del tipo en tanto en cuanto el bien jurídico protegido –la obra literaria- se encuentra bajo el ámbito de protección de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
El ánimo de lucro no es descartable “en principio” porque youkioske.com sí obtiene un beneficio económico “de forma indirecta” a través de enlaces publicitarios.
Efectivamente, para que la actividad del proveedor de los enlaces fuera excluida del tipo penal, no deberá actuar este “bajo el control, dirección o autoridad del prestador de los enlaces”, sino que deberían llegar de forma aleatoria, como sería propio de una actividad no organizada de un número indeterminado de usuarios actuando por su cuenta. Sin embargo, no es esto así, ya que la Audiencia concluyó que los proveedores de contenidos son “un número determinado” –aquello que fue definido por la defensa como “club de editores”- y que los archivos llegaban a la página web en secuencias de grupo, lo que permite deducir que existen indicios de ser una “actividad organizada”.
Como se avanzó, resulta singular la muy inteligente apreciación de la Audiencia respecto a la interpretación de la exención de responsabilidad administrativa del artículo 17 LSSI, pues, asegura, la presunta dispensa de responsabilidad administrativa de los prestadores de servicios no se puede presumir sin más, “ya que no se ha practicado diligencia alguna al respecto”. Sin duda, estamos ante un trascendental precedente jurídico del alcance e interpretación de la responsabilidad de la LSSI frente al Código Penal que tantos debates doctrinales está provocando y provocará jurisprudencialmente tras la aprobación de la Disposición Final Segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible –vulgarmente, Ley Sinde-, y su Reglamento.
Una travesía por un desierto procesal
Ya respecto a la sentencia objeto de este análisis, la cuestión de fondo sobre materia de propiedad intelectual estaba lejos en origen de resolverse de forma ágil. Las Diligencias Previas 180/2011 fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, quien se inhibió al considerarlas materia de competencia de la Audiencia Nacional, quien a su vez rechazó su capacidad en primera instancia siendo devuelta la causa al Juzgado de Instrucción originario. Finalmente, por recurso de apelación del Ministerio Fiscal, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó su competencia y el de los Juzgados Centrales de Instrucción pues los hechos descritos afectan a una “pluralidad de perjudicados” –artículo 65.1º c) LOPJ- y tienen una “difusión nacional e internacional”[4] –artículo 65.1º e) LOPJ-.
Una vez resueltas estas cuestiones procedimentales, la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional identificó la cuestión a dilucidar: “si se mantenían en la página contenidos de titularidad exclusiva de sus propietarios sin su consentimiento”, para lo cual dio comienzo con un angosto periplo por lograr definir o identificar qué es en definitiva youkioske.com. Desde la “página de enlaces” delJuzgado de Instrucción número 1 de Móstoles (Madrid) a la “página de streaming”[5] o la “página para leer diarios y revistas en línea (…) en el instante”[6], pasando por “página dedicada a facilitar a los usuarios los medios necesarios para leer online diferentes publicaciones usando lo archivos situados en servidores virtuales (…) reproduciéndose directamente en la web mediante un reproductor flash”[7], o como alegó la defensa, “una página de internet (…) donde infinidad de usuarios y las propias editoriales publicaban comentarios y referencias cuya censura previa materialmente era imposible”. La Audiencia finalmente concluyó que youkioske.com no es “una mera página de compartimiento de contenidos” ni “una típica página P2P” ni “un tablón de anuncios”, sino que sus gestores “son los que reproducen las revistas y periódicos protegidos y los introducen en la red”[8]. Resulta interesante a la vez que infructuosa la alusión a la censura previa por parte de la defensa procesal de los acusados, pues aquella, extinguida ya por la vigente Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta (LPI) y confirmada la total responsabilidad de los imputados sobre los contenidos protegidos, choca frontalmente con una singular variante del llamado ‘derecho de veto’ del director periodista -reflejado en los artículos 16 y 17 LSSI-, que impone a aquel la obligación legal de evitar, con su reprobación, presuntas irregularidades en la edición a su cargo. Resulta obvio que la primera de estas sea, o bien garantizar la autoría de los contenidos, o bien alguna forma de cesión en la titularidad de los derechos de explotación de los mismos. Recordemos que la vigencia del derecho de veto –artículo 37 LPI- está confirmada por las sentencias 171 y 172 del Tribunal Supremo, ambas de 12 de noviembre de 1990. En este caso, la lectura que la Audiencia Nacional hace de las responsabilidades de los condenados es absolutamente análoga a lo anterior:
“no se puede olvidar que esta exención de responsabilidad [la reflejada en los artículos 16 y 17 LSSI por los cuales un administrador de una página no es responsable por los contenidos almacenados o enlazados a petición de los usuarios] solo se produce (…) si no tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización”.
Y es aquí, bajo estas circunstancias, donde la Audiencia señala la prevalencia del tipo penal frente a la sanción administrativa que propone la Ley Sinde.
Resulta de especial interés también la apreciación de la Sala de la Audiencia Nacional a la hora de resultar esencial, no solo explotar obras objeto de propiedad intelectual sin recabar el previo consentimiento de sus legítimos titulares, sino también oponerse a la misma durante varias vías, actuaciones que fueron realizadas “reiteradamente” por los querellantes durante meses[9] y que servirá además para “tener por acreditada la continuidad delictiva de los hechos”[10]. Huelga decir que los ahora condenados negaron aquel extremo y que únicamente les constaba una circunstancia “que se tramitó ante un juzgado mercantil”, lo que sin duda –y sin aclararlo en la sentencia- nos remite al ya citado Auto 34/2011 de 31 de enero, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante.
La sentencia es rica en su novedosa descripción del tipo penal contra la propiedad intelectual. Así, se requiere de (i) dolo natural y genérico; (ii) conocimiento de los elementos del tipo -conciencia de ajenidad: constancia de lo que no es propio + constancia de que no se tienen derechos sobre el mismo-; (iii) ánimo de lucro comercial[11] con conciencia defraudadora y (iv) perjuicio de tercero. Por lo que de no existir conocimiento de la ajenidad no se estará al tipo penal y sí, previsiblemente aunque sin aclararlo la sentencia, sujeto a la sanción administrativa:
También es valiosa la sentencia a la hora de precisar el tipo penal de la comunicación pública ilícita, cuyo factor relevante ha de ser la “plena conciencia de la ajenidad”[14], y lo es también al momento de precisar la acción típica, antijurídica, culpable y punible de los llamados deep links frente a los surface links. Estos últimos redirigen al usuario a la página de inicio –Home– de un tercero, lo que salvaría a la web objeto del presente procedimiento y por extensión a las redes P2P, de ser consideradas de naturaleza penal en aplicación del derecho de cita o ‘de recomendación’. Es decir, la actividad de los imputados podría estar legitimada, ya sea a través de una link web o de una red P2P, siempre que estos enlaces lleven a la Home de las editoriales o bien, como certificó la Sentencia del Tribunal de Justicia Europea de 13 de febrero de 2014 -8C-466/2012-, sean hiperenlaces que remitan a “contenidos abiertos”, lo que no constituye, en definitiva, un acto de comunicación pública a efectos del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE. Frente a estos, los deep links conducen al usuario a una página interior de la web de un tercero. El tipo se agrava cuando se va más allá de la “intermediación técnica o neutra” y a través de estos deep links se proporciona la descarga directa de una obra objeto de propiedad intelectual, poniéndola a disposición del público y cuyo contenido no es abierto. Constituye por ende este hecho un acto de comunicación pública en su subforma de puesta a disposición. La acción penal culmina cuando todo ello se produce sin recabar la previa autorización de los titulares de derechos sobre las obras explotadas irregularmente.
Finalmente, el fallo de la sentencia determina que los hechos descritos fueron constitutivos de delitos contra la propiedad intelectual de los artículos 270[15] y 271 b)[16] CP, y de promoción y constitución de organización criminal del 570 bis apartado 2-c[17] CP, atendiendo a la valoración íntegra del Ministerio Fiscal. La Sala de lo Penal dejó sin efectos otros delitos pretendidos por las acusaciones particulares, como lo podrían ser el delito de blanqueo de capitales[18] y subsidiariamente, el delito de integración en grupo criminal[19].
Al margen de la principal conclusión de todo este caso, como es el reconocimiento de la infracción penal en la puesta a disposición de contenidos protegidos por el derecho de autor y de propiedad intelectual; y de la interesantísima e inédita apreciación de la Audiencia respecto a la ubicación del tipo penal frente a la sanción administrativa, queremos señalar dos conclusiones más que a primera vista podrían pasar desapercibidas para el analista menos perspicaz. La primera hace referencia a la actualización del término ‘puesta a disposición’ como subgénero de comunicación pública. La sentencia estudiada reformula, en sus aspectos de responsabilidad penal, el importante concepto de ‘puesta a disposición’ como subgénero del derecho de explotación de comunicación pública del artículo 20.2.j) TRLPI. Así, la Audiencia reconoce que ya debemos obviar la obsoleta concepción de páginas de enlaces o P2P como “clubes colaborativos y altruistas” formados por una pluralidad de usuarios colaborativos y solidarios, como así sucedía en los años 90. Hoy, reconoce la Audiencia Nacional, estos “clubes colaborativos” han sido superados por el “control cuasi absoluto” que ejercen sus gestores, convirtiendo ese primigenio “intercambio solidario” en una auténtica “exposición y comunicación pública” en una web “que se convierte en “un mercado”.
La segunda conclusión nos lleva a reflexionar sobre el imparable avance de la sociedad de la información unido a la aún breve historia de la World Wide Web. Esta ‘tormenta perfecta’ está generando una importante confusión en el usuario medio a la hora de determinar la propiedad del bien intangible, lo que a nuestro juicio nos debería llevar, con carácter previo al positivismo legislativo, a una reformulación doctrinal del mismo. Así, resulta especialmente llamativa una conversación entre dos de los condenados en los que uno relata al otro el verdadero objetivo de toda la trama:
“ser como Softonic[20] primero empezar con la piratería, crecer y que luego alguien nos compre.”
Los condenados consideraban sus propias actividades criminales como necesarias en su objetivo de lucrarse: “es un paso a la legalidad”[21], aseguraban, lo que a juicio de la Audiencia Nacional no significa otra cosa que “la plena conciencia de la ilegalidad de su actuación y el ánimo de lucro que les guía”[22]. Procesalmente no hay nada que alegar a este dictamen, con el que este autor está absolutamente de acuerdo, pero resulta necesario detenerse en los motivos que conducen a unos individuos a iniciar tal actividad criminalidad. Para ello nos detendremos en lo que llamaremos la ‘reflexión Napster’. Este portal de descargas –free download application– funcionó hasta 2001 de forma ilegal, proporcionando gratuitamente millones de archivos musicales a sus usuarios. Tras ser cerrada por un juzgado de San Francisco (EE.UU.), en 2013 el portal se reconvirtió en un servicios de streaming legal. También el ejemplo de Softonic incita a pensar en el modelo de negocio planteado por los criminales.
Ante esta lectura cabe hacerse la siguiente pregunta: Conocido el anheloso ánimo de lucro de los condenados, ¿habrían puesto en marcha una actividad creativa si esta fuera tanto o más lucrativa que la mera puesta a disposición de obras objeto de propiedad intelectual? A nuestro juicio, la capacidad de las nuevas tecnologías de distribuir masivamente contenidos autorales está marginando la propiedad autoral a los límites de lo vergonzante, y la cualidad de autor ha quedado relegada a un segundogénito plano en beneficio del interés por una mayor difusión. Ciertamente, esta actividad ha considerado la condición autoral como un freno a sus pretensiones. El adagio digital parece ser el siguiente: a menor valor de la autoría, mayores facilidades de divulgación, lo que empuja al autor a tener una cualidad ambigua entre el ‘usuario’ y este a su vez a la simple condición de ‘registrado’, formulando una suerte de categoría subautoral que ahora denominaremos de ‘infrautor’.
Consideramos, en definitiva, necesaria tanto una reformulación de la propiedad intelectual como concepto en sí, como un reforzamiento de la cualidad autoral en el mundo digital a través de la formulación de una nueva legislación que consiga detallar el verdadero significado, alcance y límites del autor, dignificar su posición y generar valor no tanto en la explotación sino más en el acto de la creación.
[1] Vid. Fundamentos de Derecho. PRIMERO. 1.1. Declaraciones de los acusados. Sentencia 6/2015, de 5 de marzo.
[2] Vid. Art. 17.2º a) y b) LSSI.
[3] Vid. LSSI Título VII. Infracciones y Sanciones. Arts. 37 a 45.
[4] Vid. Oficio 13/04/2012 del Informe 108262 BIT que determina que “la página es visitada desde al menos 50 países” con “un total de 20.757.885 páginas vistas”. III. Fundamentos de Derecho. 1.4. Documental y TERCERO. Calificación jurídica. 3.2.3.-art. 270 ó 271.
[5] Según prueba de la testigo miembro del Cuerpo Nacional de Policía nº 101.211. Vid. III. Fundamentos de Derecho. PRIMERO.- 1.2. Prueba testifical.
[6] Vid. TERCERO. Calificación Jurídica. 3.2.1. La Acción.
[7]Según prueba del testigo perito miembro del Cuerpo Nacional de Policía nº 86.636. Vid. III. Fundamentos de Derecho. PRIMERO.- 1.3. Prueba pericial.
[8] Vid. III. Fundamentos de Derecho. PRIMERO. 1.5. Observaciones telefónicas.
[9] Vid. II. Hechos Probados. QUINTO; y Fundamentos de Derecho. PRIMERO. 1.2. Prueba testifical. Sentencia 6/2015, de 5 de marzo.
[10] Vid. III. Fundamentos de Derecho. 1.4. Documental.
[11] La Audiencia Nacional calificó aquí el lucro como “comercial” atendiendo al sentido estricto de la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado.
[12] “El perjuicio no proviene del desapoderamiento de la cosa (…); en estos caso, se perjudican las expectativas del legítimo titular de explotar su derecho y obtener legítima ganancia con la misma”. Vid. 3.2.2.c) Perjuicio de tercero.-
[13] Respecto a este particular, el estudio Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2014 realizado por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos concluye que de cada cien descargas ilícitas, ocho se hubiesen comprado si no pudiesen ser pirateadas, estimando el lucro cesante de las industrias de contenidos en 80 euros por cada cien descargas, o en términos absolutos, unas pérdidas estimadas en cien millones de euros anuales (79 millones en venta en librerías y 21 millones en ventas online).
[14] Vid. TERCERO. Calificación jurídica. 3.2.1. La Acción.
[15]Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
[16]Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias (b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
[17]Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.
Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización: (…) c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.
[18] Vid. Art. 301 CP.
[19] Vid. Art. 570 ter.2.c) CP.
[20] Softonic es una empresa fundada en 1997 por el ingeniero informático catalán Tomás Diago Esteva al amparo de Intercom Servicios Avanzados, SA. –Infojobs, Emagister o Bodas.net-. Ofrece una guía online de software con más de 140.000 programas para descargar de forma gratuita. Su modelo de negocio se sustenta únicamente sobre la publicidad online. En febrero de 2013, el fondo suizo Partners Group compró el 30% de las acciones de Softonic por 82,5 millones de euros, valorándose la empresa en unos 275 millones de euros. Veinte meses más tarde, en octubre de 2014, Softonic anunció pérdidas y la necesidad de adoptar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a la mitad de su plantilla: unos 200 trabajadores.
Fuente: La Vanguardia, 28/02/2013 y 27/10/2014.
[21] Según Oficio de 13/04/2012 de Informe 108262 de la BIT.
[22] Vid. III. Fundamentos de Derecho. 1.5. Observaciones telefónicas.

References: artículo 17
 artículo 270
 artículo 270
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 20