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Timestamp: 2019-09-23 09:47:19+00:00

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Acuerdo y Sentencia 759/2004 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia N° 759/04
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 759/04
CAUSA: "EXCEPCIONES DE INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN Y FALTA DE ACCIÓN DEDUCIDAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MINISTERIO PÚBLICO CONTRA H. A. C. O. SOBRE COACCIÓN SEXUAL EN ESTA CIUDAD"
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de abril del año dos mil cuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, WILDO RIENZI GALEANO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "EXCEPCIONES DE INCOMPETENCIA DE JURISDICCIÓN Y FALTA DE ACCIÓN DEDUCIDAS EN LOS AUTOS CARATULADOS: "MINISTERIO PÚBLICO CONTRA H. A. C. O. SOBRE COACCIÓN SEXUAL EN ESTA CIUDAD", a fin de resolver el recurso de apelación general interpuesto por el querellante adhesivo Sr. Carlos Antonio Robles y por el Agente Fiscal en lo penal de la Unidad I, de Pedro Juan Caballero, Abog. Julián López Aquino, contra el Auto Interlocutorio N° 215, de fecha 14 de noviembre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación de la circunscripción judicial de Amambay.
¿Es admisible o no el recurso de apelación general interpuesto?
Practicado el sorteo para establecer un orden en la emisión de las opiniones en la deliberación, el mismo arrojó el siguiente resultado: BLANCO, RIENZI GALEANO y PUCHETA DE CORREA.
A la primera cuestión planteada, el Doctor BLANCO dijo: El querellante adhesivo Sr. Carlos Antonio Robles, bajo patrocinio del Abog. Bartolomé Domínguez Paredes y el agente fiscal en lo penal de la Unidad I, de Juan Caballero, Abog. Julián López Aquino, interponen recurso de apelación general, contra el Auto Interlocutorio N° 215, de fecha 14 de noviembre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Amambay. Por la aludida resolución se dispuso: "Revocar el A.I. N° 190, de fecha 08 de agosto del 2003, dictado por el Juez Penal de Garantías N° 3, de esta Circunscripción Judicial, y en consecuencia Hacer Lugar a la incompetencia de jurisdicción planteada. Imponer Las Costas en el orden causado. Anotar..."
Al recurso de apelación general interpuesto, el Tribunal de Apelación le imprimió el correspondiente trámite legal, corriéndose traslado a la defensa por el término de ley, según providencia de fecha 2 de diciembre de 2003, obrante a fojas 83 de autos.
En relación a la admisibilidad del recurso interpuesto, el querellante adhesivo no hace mención alguna, expresando directamente los argumentos que hacen al fondo de la cuestión. En tal sentido, respecto a la excepción de falta de jurisdicción y de acción, planteada por la defensa y que fuera rechazada en Primera Instancia y posteriormente admitida en Segunda Instancia, el impugnante sostiene que los hechos querellados han sido iniciados en territorio paraguayo y consumados en territorio brasilero. rEfiere además, que el principio de la territorialidad sostenido por uno de los miembros del Tribunal de Alzada es muy radical, dado que no considera la teoría de la ubicuidad, según la cual puede considerarse cometido el hecho tanto en el lugar donde se ha llevado a cabo la acción o actos preparatorios, como aquél donde se ha producido el resultado. Finaliza su presentación, solicitando se revoque la resolución recurrida y se ordene que la investigación del hecho querellado sea tramitado ante el fuero penal de la Circunscripción Judicial de Amambay.
El agente fiscal interviniente, invoca como sustento de la admisibilidad del recurso de apelación general interpuesto, los artículos 461, inciso 3° y 340 del Código Procesal Penal y el artículo 28, numeral 2, apartado a) del Código de Organización Judicial. En cuanto al fondo de la impugnación, manifiesta que el Tribunal de Alzada no ha tenido en consideración que el artículo 37 inciso 5) del Código Procesal Penal hace relación a los Tribunales de la República divididos en circunscripciones o para los Tribunales extranjeros (sidc). Agrega, que surge con claridad que la determinación de la competencia se halla establecida en los artículos 9, 10, y 11 del Código Penal. Manifiesta, asimismo, que el imputado tenía el dominio sobre la víctima porque estaba al mando del volante (sic) y transitaba a gran velocidad, con lo cual, agrega, al cambiar el rumbo del vehículo y transitar por la Ruta Quinta de la ciudad de Pedro Juan Caballero hacia la ciudad brasileña de Punta Porá, queda claro que el hecho ocurrió en la ciudad de Pedro Juan Caballero y, por tal razón, agrega, el hecho de coacción sexual no puede ser investigado por un Tribunal extranjero. Finaliza su exposición, solicitando se revoque el Auto Interlocutorio impugnado.
La defensa de H. A. C. Ortíz, sostiene que el recurso en estudio debe ser rechazado, habida cuenta que el Código Procesal Penal no contempla el recurso de apelación general ante la Corte Suprema de Justicia, e invoca los artículos 39, 40, 461, 462, 463, 464 y 465 del Código Procesal Penal.
Determinados los argumentos sustanciales expuestos por las partes intervinientes, en primer término, corresponde realizar el estudio de admisibilidad del recurso de apelación general interpuesto, que implica el ingreso jurídico del acto (de recurrir) dentro del proceso.
En ese orden de ideas, el agente fiscal interviniente, invoca como sustento de la admisibilidad del recurso de apelación general interpuesto, el artículo 461 inciso 3° del Código Procesal Penal, que dispone: "El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: ... 3) la que decide un incidente o una excepción; y el artículo 340 del citado cuerpo legal, que estatuye: "Las resoluciones judiciales que deciden una cuestión prejudicial, la procedencia de la solicitud de desafuero, una excepción o una cuestión incidental serán apelables". Por otro lado, en una suerte de integración de leyes, invoca además el artículo 28 numeral 2, apartado a) del Código de Organización Judicial, que establece: La Corte Suprema de Justicia (...) 2. Entenderá por vía de la apelación y nulidad: a) de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Cuentas y de las de los Tribunales de Apelación que modifiquen o revoquen las de Primera (1°) Instancia; conforme a las disposiciones de los Códigos Procesales y a las leyes respectivas..."
El planteamiento en estudio puede resumirse en la siguiente cuestión: ¿Es admisible el recurso de apelación y nulidad previsto en el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial dentro del nuevo esquema recursivo del Código Procesal Penal vigente?, en otros términos, ¿es impugnable en tercera instancia, por vía de la apelación, una resolución que pone fin al proceso dictada por el Tribunal de Apelación y que revoca el fallo de Primera Instancia en el contexto del nuevo proceso penal, regido por la Ley N° 1286/98.
La respuesta es indudablemente negativa. Ello es así, conforme a las razones y en la forma que se expone a continuación:
Al parecer existiría un concurso de dos leyes vigentes en el mismo tiempo y lugar. En efecto, el Código de Organización Judicial - Ley 879/81 y el Código Procesal Penal - Ley 1286/98 - constituyen dos leyes vigentes actualmente y ambas legislan acerca del recurso de apelación, con la salvedad de que en el primer caso, es decir, en el Código de Organización Judicial (art. 28 numeral 2 inciso a)), se legislan acerca de la apelación que debe entender la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en el segundo caso, vale decir, en el Código Procesal Penal vigente, el nuevo esquema recursivo contempla el recurso de apelación como un medio de impugnación que debe ser resuelto exclusivamente por el Tribunal de Apelación (artículo 40 inciso 1° del C.P.P.), con la salvedad de la apelación que debe resolver el Tribunal de Sentencia cuando se trate de una sentencia dictada por el Juez de Paz (artículo 41 inciso 3 del C.P.P.).
En la manera expuesta más arriba, se tiene que el Código de Organización Judicial habilita la apelación en tercera instancia, en tanto que el Código Procesal Penal ya no contempla la apelación en tercera instancia (ante la Corte Suprema de Justicia), sí contempla en materia recursiva los llamados recursos extraordinarios de casación y revisión, que deben ser resueltos por la Sala Penal (art. 39 incisos 1 y 2 del C.P.P.), lo cual implica una evidente contradicción en el sistema, esto es, varias soluciones normativas distintas para un mismo caso.
La contradicción señalada encuentra su solución en una serie de principios interpretativos que permiten evitar que ella se produzca, por medio de reglas de ajuste que permiten evitar colisiones de normas.
En el sentido indicado, la primera solución está dada por el principio Lex posterior, según el cual, se prefiere la ley más moderna a la más antigua, si ambas, aplicadas a un caso, conducen a distintas soluciones normativas, esto es, a soluciones contradictorias. En el caso particular, el auto interlocutorio dictado por el Tribunal de Apelación, produce el efecto de una sentencia definitiva (auto interlocutorio que revoca el fallo de Primera Instancia y hace lugar a una excepción de incompetencia de jurisdicción), que pone fin al procedimiento. En otros términos, los requisitos objetivos que precisa el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial, se hallan configurados para que sea admisible -en principio- la apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
En igual sentido, la resolución recurrida es también objetivamente impugnable a tenor de lo dispuesto en el artículo 477 del Código Procesal Penal, por vía del recurso extraordinario de casación. En otros términos, se presentan dos soluciones normativas para el mismo caso, con lo cual, existe una evidente contradicción en el ordenamiento jurídico y cuya primera solución está dada por el aludido principio Lex posterior. Sobre el punto, resulta oportuno procede traer a colación lo que señala el Prof. Dr. Juan Carlos Mendonca, en su obra titulada: "Conocimiento, Validez y Derogación de Normas Jurídicas" (Pág. 102): "Lex posterior derogat legi priori, no es, sin embargo, un principio expreso, consagrado por una norma, sino un principio (...) implícito en todo el sistema, destinado a solucionar un conflicto de normas. La presunción es que cuando el legislador establece una norma, debe aceptar como evidente que la anteriormente dictada por él pierde su validez si ambas son incompatibles. Si la posterior, por otro lado, no dejara sin efecto la anterior, no habría modo de cambiar el sistema jurídico y éste se volvería irracional. En realidad no se trata de un principio lógico, sino de un principio jurídico positivo, mediante el cual el destinatario de la norma queda privado de opción para elegir cualquiera de las que se encuentran en conflicto".
En otro orden de ideas, el actual Código Procesal Penal, Ley 1286/98, introdujo un profundo cambio en todo el contexto del proceso penal, y en materia recursiva, la diferencia es radical frente al esquema del recurso de apelación y nulidad establecido en el Código de Organización Judicial, promulgado en el año 1981, en función al Código Procesal Penal de 1890, hoy derogado. Existe una absoluta incompatibilidad entre el recurso de apelación y nulidad establecido en el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial y el recurso de apelación general y especial previsto en el Código Procesal Penal vigente, con lo cual, debe asumirse que la incompatibilidad de la referida norma dispuesta en la ley anterior, en este caso, el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial ha sido derogada inexorable y tácitamente con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal - Ley 1286/98.
Por otro lado, dejando al margen la aplicación del principio de lex posterior, si se analizara la cuestión desde la óptica de la vigencia contemporánea de dos leyes en el instante de la aplicación, en el presente caso, la vigencia contemporánea del artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial y del esquema recursivo del Código Procesal Penal vigente, cabría la aplicación del principio de especialidad, según el cual, también tendría preferencia, en materia recursiva, la aplicación del Código Procesal Penal sobre el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial.
A esta conclusión puede arribarse mediante el auxilio de la teoría general del derecho penal, que ha estudiado el concurso aparente de leyes con mayor profundidad, como lo puntualiza el Prof. Julio B.J. Maier, en su obra titulada "Derecho Procesal Penal, Fundamentos", Tomo I, página 226/7, cuando señala: "todas estas relaciones entre las normas de un mismo ordenamiento jurídico han sido estudiadas, con cierta profundidad, por necesidad, en el Derecho Penal. Integran el llamado concurso de leyes o concurso aparente (...). Un estudio general, desde el punto de vista de la teoría general de la interpretación de la ley, no existe con ese alcance en la teoría general del Derecho, ni en las otras disciplinas particulares que lo integran. Por ello, para mayor información, remitimos a la teoría general del Derecho Penal".
El célebre jurista Luis Jiménez de Asúa, en su "Tratado de Derecho Penal", 3° Edición, t.II, Libro 1°, cap. IV, pág. 546/7, explica acerca del principio de especialidad, cuanto sigue: "El principio de especialidad puede formularse diciendo que en el caso en que una misma materia sea regulada en dos leyes o disposiciones de ley, la ley o la disposición especial será la aplicable: Lex specialis derogat generali". Se dice que dos leyes o dos disposiciones legales se hallan en relación de general y especial, cuando los requisitos del tipo general están todos contenidos en el especial, en el que figuran además otras condiciones calificativas a virtud de las cuales la ley especial tiene preferencia sobre la general en su aplicación. Las dos disposiciones pueden ser integrantes de la misma ley o de leyes distintas: pueden haber sido promulgadas al mismo tiempo o en época diversa, y en este último caso, puede ser posterior tanto la ley general como la especial. Pero es preciso que ambas estén vigentes contemporáneamente en el instante de su aplicación (...). En igual sentido, el Prof. Hans Heinrich Jeschek 672, expresa: "Existe relación de especialidad cuando un precepto penal contiene todos los elementos de otro y sólo se diferencia del mismo en ofrecer, al menos, un elemento adicional que capte el supuesto fáctico desde una especial perspectiva. Son determinantes los bienes jurídicos contra los que se dirige el ataque del autor, así como los tipos que la ley establece para su protección (...). En la especialidad concurre la lógica relación de dependencia de la subordinación, porque cada acción que llena el tipo del delito especial realiza a la vez, necesariamente, el tipo del general, mientras que no sucede lo contrario. Esto conlleva en el Derecho penal que la ley general retroceda: "lex specialis derogat legi generali".
Examinados, por un lado, el Código de Organización Judicial, específicamente en su artículo 28 numeral 2 inciso a), y de manera general, lo que estatuye acerca del sistema recursivo, y por el otro, el Código Procesal Penal, específicamente Libro III -de los Recursos-, a la luz de las enseñanzas de la calificada doctrina transcripta, se puede concluir, sin lugar a dudas, que el Código Procesal Penal vigente, en materia recursiva, tiene preferencia sobre el artículo 28 numeral 2 inciso a), conforme al criterio de amplitud y contenido que permite resolver el caso de especialidad y que se describe a continuación:
En efecto, el Libro III, del Código Procesal Penal, contiene en el Título I, las normas que en general se aplican a todos los recursos establecidos en el referido cuerpo de forma. A su vez, de manera específica el Título II, legisla sobre el Recurso de Reposición; el Título III del Recurso de Apelación, Capítulo I, de la Apelación General; Capítulo II de la Apelación especial de la sentencia de Primera Instancia; Título III, del Recurso extraordinario de casación y Título IV, del recurso de revisión. Además, los artículos 39 y 40 estatuyen expresamente la competencia de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de Apelación, para conocer de la sustanciación y resolución de los referidos recursos, respectivamente.
En contraposición, examinado el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial solo y en conjunto con los demás artículos del citado cuerpo de organización judicial, resulta obvio que el criterio de amplitud y contenido es muy inferior al del Código Procesal Penal vigente, dado que el aludido artículo constituye una norma aislada, que carece de los elementos generales y de otras condiciones calificativas específicas, verbigracia, reglas generales, condiciones de interposición de los recursos, efectos de los mismos, etc., que permitan otorgar la cualidad de especial a la norma contenida en el artículo 28 numeral 2 inciso a) en el contexto de la Ley 879/81, que pueda desplazar al sistema recursivo previsto en el actual Código Procesal Penal.
Hallada la especialidad en el Código Procesal Penal sobre el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial, aquél debe ser aplicado, terminantemente, con lo cual, el recurso de apelación previsto en el referido artículo 28 numeral 2 inciso a), contra sentencias definitivas dictadas por los Tribunales de Apelación que modifiquen o revoquen las de Primera Instancia, ha sido derogada de manera implícita por el nuevo Código Procesal Penal, Ley 1286/98.
En conclusión: el artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial, constituye una norma que está en abierta contradicción con el nuevo esquema recursivo del Código Procesal Penal, Ley 1286/98. En estas condiciones, queda claro que, bien por aplicación del principio Lex posterior, o bien por aplicación del principio Lex specialis, el aludido artículo 28 numeral 2 inciso a) del Código de Organización Judicial, en el esquema del nuevo proceso penal, ha sido tácitamente derogado, y por lo tanto, no existe otra alternativa que disponer que la apelación en Tercera Instancia planteada por los impugnantes sea desechada de plano.
Bajo las consideraciones que anteceden, y con sustento en los artículos 449, 451, 461 y siguientes del Código Procesal Penal, el recurso de apelación general interpuesto debe ser declarado inadmisible. Es mi voto.
A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO y PUCHETA DE CORREA manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
SENTENCIA NÚMERO: 759
Asunción, 07 de abril de 2004
DECLARAR inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por el querellante adhesivo Sr. C. A. R., bajo patrocinio del Abog. B. D. P., y el agente fiscal en lo Penal de la Unidad I, de Pedro Juan Caballero, Abog. Julián López Aquino, contra el Auto Interlocutorio N° 215, de fecha 14 de noviembre de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Amambay.
REMITIR las actuaciones al Juzgado competente.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 37
 artículo 461
 artículo 340
 artículo 28
 artículo 28
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 477
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 resolución 
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 28