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febrero | 2013 | Referencia Juridica
Regulaciones sobre el régimen crediticio, consideraciones sobre la legislación vigente
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 26 febrero, 2013
La política establecida por los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en lo referente a la instrumentación de nuevos métodos de orientación de la política económica, se sustenta en la aprobación del Decreto-Ley No. 289, de 20 de diciembre de 2012, en lo referente a la política crediticia aplicable a los sujetos que hasta el momento estaban exentos de esos beneficios.
Con fecha 21 de febrero del 2013 y mediante las Instrucciones Nos. 1 y 2, el Presidente del Banco Central de Cuba, y la Ministra de Finanzas, mediante su Resolución No. 80 dispusieron la aplicación de los procedimientos sobre el tema, y se trae a colación los métodos para probar la capacidad de pago del préstamo, al margen de la liquidez efectiva y de la designación de codeudores, se establece la hipoteca voluntaria, consistente en bienes patrimoniales como joyas, alhajas o cualquier otro bien de metal o piedras preciosas, objetos de reconocido valor patrimonial, vehículos de motor asegurados por la Empresa Nacional de Seguros, bienes agropecuarios como ganado mayor, tractores y cosechas autopropulsadas, viviendas destinadas al descanso o veraneo, solares yermos, en todos los casos los bienes hipotecados no pueden ser objeto de traspaso sucesorio durante el término establecido. Está pendiente definir el valor patrimonial de los bienes objeto de hipoteca, según los precios actuales de comercialización, para lo anterior se realizan las consultas con los Organismos de la Administración Central del Estado.
Después del triunfo revolucionario, instrumentos jurídicos como la hipoteca de bienes fueron suplantados y vienen Indiscutiblemente en este momento a profundizar en las regulaciones entre otras, sobre las diferentes variantes de las Cooperativas de Agricultores , y logran un espacio las Cooperativas no agrícolas, así como los vinculados por la Resolución No. 32 de7 octubre del 2010, dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estableciendo el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta-Propia, singular atención fue la aceptación por personas determinadas a invertir en la construcción o reconstrucción de sus viviendas y otros fines no determinados.
En el discurso de clausura de la Sesión Constitutiva del VIII Período de Sesiones de la Asamblea Nacional, el General-Presidente Raúl Castro, al ser reelegido como Presidente de los Consejos de Estado y del Gobierno expreso
“creo que no es ocioso reiterar lo afirmado dos veces en este Parlamento, cito: A mi no me eligieron Presidente para restaurar el capitalismo en Cuba, ni para entregar la Revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo”.
Al margen de lo anterior, la aplicación de viejas reformulaciones legales, muy distantes de la economía socialista, traen como consecuencia imperiosa la necesidad de actualizar el Código Civil, la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, el Código de Comercio, La Ley del Derecho de Autor, Normativas sobre el Seguro, el Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil, la Ley de Hipotecas y los Reglamentos normativos de estos importantes instrumentos para continuar adecuando la economía nacional.
Algunas consideraciones sobre la legislación invocada que prueban lo improcedente de sus vigentes texto, para la aplicación del Decreto-Ley 289 y sus complementarias.
HIPOTECAS EN CUBA, La Ley Hipotecaria vigente en Cuba, por mandato de la Ley de 14 de julio de 1893, dispuesta por Real Decreto y su Reglamento, vigente a partir de los veinte días a partir de su publicación de fecha 18 de julio de 1893.
La Ley No. 48, Ley General de la Vivienda, de 23 de diciembre de 1983, dispuso la cancelación de oficio de las hipotecas sobre los bienes inmobiliarios, del mismo modo se dejaron sin efecto procesal las pensiones vitalicias de los antiguos propietarios de bienes inmuebles, último extremo que fue restituido por mandato de la Ley No. 65, Segunda Ley General de la Vivienda, de 27 de diciembre de 1989, cuantía que fueron abonadas sin carácter retroactivo, con la consiguiente afectación económica personal, esta retribución no es sucesoria.
La Ley No. 59, Código Civil, de 16 de julio de 1987, derogo el Código Civil Español, vigente en Cuba, Puerto Rico y Filipinas por Real Decreto de 31 de julio de 1889, que por noventa y ocho años tuvo vigencia en el país. Se impone la codificación de toda la legislación civil en un solo cuerpo legal.
La Ley No. 7, de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de de julio de 1977, fue modificada por el Decreto-Ley No. 241, incorporó la jurisdicción de lo Económico, con un procedimiento muy deficiente que deja un gran vacío procesal, prueba de ello es la deficiente ejecutoria en los Tribunales.
El Código de Comercio, vigente en Cuba, por Real Decreto de 28 de enero de 1886, vigente a partir del 1ro. de mayo del propio año, gracias a la publicación del querido y estimado Dr. Diego Fernando Cañizares Abeledo, Especialista de Derecho Civil y Administrativo en el Ministerio de Justicia, y Profesorde la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, con la edición de Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro, puso en manos de académicos, profesionales y estudiantes una magistral obra de interpretación actualizada sobre el procedimiento del precitado Código de Comercio.
1.- Ley Hipotecaria y su Reglamento,
2.- Ley No. Primera Ley General de la Vivienda
3.- Ley No. 65, Segunda Ley General de la Vivienda
4.- Código Civil Español , vigente en Cuba hasta el año 1987
5.- Ley No. 59, Código Civil vigente
6.- Ley No. 7, de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
7.- Código de Comercio Español, vigente en Cuba.
Constitución de las Asambleas Provinciales del Poder Popular
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 12 febrero, 2013
El pasado domingo 10 de febrero por Acuerdo del Consejo de Estado de la República de Cuba se procedió a la constitución de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, a las que concurrieron los delegados provinciales que resultaron elegidos en las elecciones del pasado día 3 del propio mes. Las sesiones en cuestión procedieron a la elección de los Presidentes y Vicepresidentes de esos órganos de gobiernos territoriales, el Secretario es designado.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley No. 73, Ley Electoral, de 29 de noviembre de 1992, la Comisión de Candidatura Provincial presenta la “candidatura única” para ocupar los cargos en cuestión, los que por el voto libre, directo y secreto quedan elegidos.
Los Electores de la República, no tienen acceso a este proceso electoral, en virtud de lo que establece la referida norma legal, aún cuando estos representan la máxima autoridad administrativa de la demarcación, los delegados actúan en representación del electorado.
Este mismo procedimiento se repetirá el próximo 24 de febrero, en el acto de Constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los Diputados que resultaron elegidos en el proceso del pasado 3 de febrero, en virtud de las “candidaturas únicas”, que presenta la Comisión Nacional de Candidaturas, por el voto libre, secreto y directo, elegirán al Presidente, Vicepresidente y Secretario de ese órgano, así como al Presidente, Primer Vicepresidente, Vicepresidentes, Secretario y demás miembros del Consejo de Estado, los Electores de la República, tampoco tienen acceso a este proceso electoral. Los Diputados elegidos actúan en representación del electorado, cuando estos tendrán la responsabilidad de gobernar los destinos del país por el término de cinco anos.
Todos estos cargos quedan sujetos a la Ley No. 89, Ley de Revocación de mandatos de los elegidos, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La falta de los más elementales elementos de la democracia se prueban en el proceso electoral cubano, ver artículo Segunda etapa del proceso electoral cubano en
https://referenciajuridica.wordpress.com publicado en el Blog Referencia Jurídica el pasado 8 de enero del 2013, queda a su disposición además la fuente bibliográfica que se expresa.
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular establece procedimientos para el control de sentencias firmes en lo penal
Deja un comentario Publicado por referenciajuridica en 1 febrero, 2013
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, adoptó en sesión extraordinaria celebrada el 9 de octubre del 2012 el Acuerdo No. 309, actualizando la Instrucción No. 201, referente a la obligación de los Tribunales , garantizando la actividad jurídica, de ejecutar efectivamente los fallos firmes que se dicten y vigilar el cumplimento de estos por los organismos encargados de intervenir en el proceso de ejecución de sentencias, actualizando en cumplimiento de la Ley, cuando la ejecución le corresponda a los Organismos de la Administración Central del Estado, en virtud de lo que dispone la Ley No. 82, Ley de los Tribunales Populares de 11 de julio de 1997.
Teniendo en cuenta el análisis del tema sancionados en centros de establecimientos penitenciarios, con una población penal que supera los 55mil y que la sociedad civil independiente (oposion al gobierno) refleja superior a 80mil, una de las principales determinaciones es la revisión de la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 5 de Procedimiento Penal, a fin de depurar sanciones, que se mantienen con privación de libertad y pudieran transitar a otras de privativas de libertad sin internamiento, sin perjuicio de mantener la sanción de privación de libertad con internamiento, con trabajo corrección en labores como la agricultura, la construcción y otras demandadas por las entidades empleadoras territoriales.
El gobierno no vincula lo anterior a una despenalización del vigente Código Penal, pero estudia medidas alternativas para resolver indicadores de población total-sancionados en centros penitenciarios, para lograr un cambio de imagen en los datos de referencia que se atienen a los Informes sobre Violación de Derechos Humanos y Democracia en el país. Esta iniciativa se une a las modificaciones a la legislación introducidas en los últimos anos, tales como Traspaso de la Propiedad de Viviendas y Equipos Automotores y del Servicio Telefónico, Trabajo por Cuenta Propia, Migración, Usufructo de la Tierra, etc.
En los últimos tiempos, la estrategia de la Seguridad del Estado en relación con los opositores al gobierno ha cambiado, se ha establecido un sistema de secuestro y son trasladados a unidades de la Policía Nacional Revolucionaria por corto plazo, para impedir la asistencia a eventos contestatarios, esto implica que no conste como radicada la detención-secuestro en los perfiles informativos oficiales, aunque la incidencia se controla dentro de la información mensual de violación de Derechos Humanos y Democracia, con el especial pronunciamiento de incremento en los referidos índices.
Se impone por el Ministerio del Interior, la modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y que el mismo sea publicado en la Gaceta Oficial de la República para general conocimiento, teniendo en cuenta que el mismo se considera complementaria del Código Penal, limitado su acceso solo para el precitado Ministerio y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, con total estado de indefensión para los afectados por dicha regulación. En el caso de aprobarse un Reglamento Marco de la Dirección General y otorgarle facultades a los Jefes de los Establecimientos Penitenciarios para modificarlos en función de condiciones especificas, también se requerirá hacer pública la norma aprobada, con el visto bueno del Jefe de la Dirección General, a fin de lograr erradicar la impunidad de acciones contra los sancionados, muchas veces los abogados defensores se ven imposibilitados de accionar por la imposibilidad de lograr los reglamentos procesales de prisiones.
En un principio, el Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno a que se hace referencia, será el resultado del control, influencia y atención a quienes cumplen sanciones en libertad, para lograr el respaldo institucional de sus derechos y deberes, quedan sujetos:
a) Los sancionados a:
Trabajo correccional sin internamiento,
Limitación de libertad y
Privación de libertad remitida condicionalmente.
b)	Los beneficiados con:
Suspensión del trabajo correccional con internamiento y
c)	Los sujetos de medidas de seguridad predelictiva de:
Entrega a un colectivo de trabajo y
Vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria
d)	Los que le hayan sustituido la sanción originalmente impuesta de privación de libertad por la de trabajo correccional sin internamiento o limitación de libertad, conforme a lo dispuesto por el artículo 30, apartado 13 del vigente Código Penal y otros que expresamente determine la Ley o el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Quedan encargados de esta actividad de control, influencia y atención sistemática hacia los sancionados de forma integral, los Jueces, los Asistentes Judiciales, la Policía Nacional Revolucionaria, las Direcciones Territoriales de Trabajo y las Asambleas Municipales del Poder Popular, los Consejos Populares, Delegados de Circunscripción, demás factores de la demarcación.
Asimismo se integran a este esquema, representantes designados del Ministerio del Interior, integrantes del Sistema de Prevención, Asistencia y Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Agricultores Pequeños y cuantas otras organizaciones o instituciones resulten necesarias para el cumplimiento de lo establecido, para lograr de esta forma integrar a los sancionados a la sociedad, teniendo en cuenta las características del territorio, se establecerán relaciones en coordinación con otras entidades, instituciones y organismos.
Los actos judiciales se deben realizar desprovistos de formalismos y burocratismo inútiles, sin obviar el componente punitiva que implica en ello evitar utilizar expresiones infames y peyorativas que no contribuyan al carácter educativo y socialmente inclusivo que pretende lograr, extremo que modifica sustancialmente los típicos métodos de conducta hacia estas personas sujetas a la norma., se establece de forma breve, sencilla, comprensible, informándole de sus derechos, obligaciones y restricciones que aquel estará sometido y los exhortara a que velen por su comportamiento, dejando constancia en un acta los que firmaran los que intervienen en el acto y quedara definido la persona que lo atenderá diferenciadamente.
Los Tribunales que dicten sentencia de privativa de libertad sin internamiento o se pronuncien por acceder a las acciones previstas en los indicativos sujetos a la norma dispuesta por el Consejo de Gobierno, con el especial pronunciamiento de la obligaciones personarse ante el Juez de Ejecución, con la mayor inmediatez, y dentro de un plazo que no exceda de veinte días siguientes a la notificación de la sentencia.
Se establece que los Tribunales que dicten sentencia, remitirán la misma al Juez de Ejecución del territorio del domicilio legal del sancionado, o copia del Auto que disponga los beneficios de la excarcelación anticipada, liquidación de la sanción o medida de seguridad aprobada para como provisional hasta la sustanciación del proceso penal, para su control según la norma en cuestión.
Se establece el análisis de la liquidación de la sanción, la obligación del otorgamiento de empleo, del chequeo de la inserción en la sociedad
Se dispone en el Acuerdo adoptado, la fundamentación procesal de los controlados, mediante libros de control de documentación, radicación de expediente individual con toda la documentación establecida para este proceso, debidamente actualizado con las actas de comparecencia con todos los pronunciamientos referente al proceso de inserción a la sociedad.
En el expediente se mantendrá archivado los indicativos de rasgos de personalidad más importantes, condiciones del entorno social y familiar, expectativas y preocupaciones fundamentales de que puedan incidir en el cumplimiento de los beneficios alcanzados
Excepcionalmente, cuando las características del controlado, del delito o del índice de peligrosidad, o de las propias comunidades donde resida, el Juez de Ejecución dispondrá realizar la presentación en el medio familiar y en el vecindario más próximo a la residencia del sujeto, con el fundamento de lograr apoyo.
La Norma no deja implícita, ante la carencia de empleo, si se ajustara lo procesal al trabajo por cuenta propia, aprobado mediante la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ley No. 62, Código Penal.
Ley No. 5, de Procedimiento Penal.
Ambas normas actualizadas y concordadas con los Acuerdos, Instrucciones y Circulares emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Acuerdo No. 309, en relación con el No. 201, adoptados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 30
 Resolución