Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/ix-informe-sobre-violencia-sociopoltica-contra-mujeres-jvenes-y-nias-en-colombia
Timestamp: 2016-06-26 19:31:13+00:00

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IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y ni…
IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia
NOVENO iNfOrmE 2009 / ViOLENCiA SEXUALiX informesobre violencia sociopolíticacontra mujeres, jóvenes y niñasen Colombia MESA DE TRABAJO Mujer y conflicto arMado
IX INFORME sobre violencia sociopolíticacontra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia MESA DE TRABAJO Mujer y conflicto arMado
Con la colaboración de:Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNURComité Editorial: Ana María Díaz, María Eugenia Ramírez,María Isabel Casas, Adriana Benjumea, Luz Piedad Caicedo,Clara Elena Cardona, Andrea RestrepoSecretaría Técnica de la Mesa de trabajo“Mujer y conflicto armado”:Andrea Restrepo RestrepoFotografías: María Isabel CasasImagen de cubierta: Claudia GarcíaImpresión: Ediciones AntroposProducción: Marta RojasDiseño: Paola EscobarRevisión de textos: Daniel TorresISBN:Las afirmaciones realizadas en este informe son responsabilidadde la Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” y no reflejannecesariamente la opinión de las organizaciones que colaboraron.Bogotá, Colombia, diciembre de 2009
4 Introducción 6 Violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las mujeres y las niñas en el contexto de la violencia sociopolítica Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) 12 Medidas antiterroristas e inseguridad para las mujeres María Isabel Casas Herrera 18 Política de seguridad y las mujeres oContenid Casa de la Mujer y Ruta Pacífica de las Mujeres 31 Las violencias sexuales contra las mujeres en Colombia: una realidad que no se transforma Casa de la Mujer y Ruta Pacífica de las Mujeres 45 La violencia sexual como tortura en Colombia: 1979-2009 Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de Mujeres Excombatientes 62 La ausencia de políticas de Estado para enfrentar la violencia sexual contra las mujeres en Colombia Liliana Rocío Chaparro Moreno - Cor poración Sisma Mujer ; con el apoyo de Silvia Yánez, Lucía Ramírez e Ivonne Wilches 87 Interpretaciones androcéntricas de los delitos de violencia sexual cometidos contra las mujeres, otro obstáculo para acceder a la justicia en Colombia Cor poración Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género 97 Las mujeres negras afrocolombianas en situación de desplazamiento Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) 108 Derechos humanos de las mujeres indígenas Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Área Mujer, Familia y Generación 126 Violencia sexual contra los niños y las niñas en la zona de frontera colombo - ecuatoriana Cor poración Casa Amazonia 133 Análisis y documentación de testimonios recopilados al interior de la línea de base jurídica de la Liga de Mujeres Desplazadas, en el marco de la Estrategia de Justicia de Género Liga de Mujeres Desplazadas y Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos 145 La participación política de las mujeres de Medellín, contra las violencias sexuales: un ejercicio en potencia para la re - dignificación de las mujeres Mujeres que Crean y Vamos Mujer
IntroducciónLa Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” presenta el “Noveno Infor-me sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas”, que dacuenta una vez más de las múltiples formas de violencia contra las mujeresy niñas en Colombia, en un contexto de conflicto armado y violencia socio-política, y bajo la aplicación de la política de “Defensa y Seguridad Demo-crática” que ha propiciado graves violaciones a los derechos humanos y alDerecho Internacional Humanitario.Desde el Informe anterior, la Mesa ha aportado un análisis sobre la violenciasexual como parte de un contínuum de violencias contra las mujeres que vade lo privado a lo público. En este Noveno Informe, la Mesa:• Parte de un análisis cuantitativo de la situación de los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las mujeres y las niñas en el con- texto de violencia sociopolítica en el país.• Contribuye a la reflexión sobre los efectos de las medidas antiterroristas y de las políticas de seguridad, en la seguridad de las mujeres.• Analiza el panorama nacional de violencia sexual contra las mujeres en Colombia.• Aborda la violencia sexual como tortura, cometida por agentes estatales.• Avanza en el análisis de los obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia.• Mira la violencia sexual desde la realidad de las mujeres afrocolombia- nas en situación de desplazamiento.• Aporta un análisis sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas. 4
• Incluye una mirada regional de la violencia sexual: • contra los niños y niñas en la frontera colombo-ecuatoriana. 5 • contra la Liga de Mujeres Desplazadas (Bolívar). IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia • en relación con las políticas públicas y la participación de las mujeres, para enfrentar la violencia sexual en Medellín.Este Informe, en conjunto con los anteriores, confirma que la violencia con-tra las mujeres en Colombia es grave, sistemática y generalizada y que perma-nece en la impunidad. El Estado colombiano no ha cumplido con las reco-mendaciones emitidas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobreViolencia contra las Mujeres en su Informe del año 2001. Por esta razón, laMesa solicita a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violenciacontra las Mujeres una pronta visita al país para constatar la realidad delcontínuum de la violencia que su mandato ha contribuido a visibilizar1, enlas esferas privadas como en las públicas, y tanto en tiempos de paz comodurante conflictos armados.1 United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women its Causes and Consequences, 15 years of the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women (1994-2009) – A Critical Review.
Violaciones a los derechos a la vida,la integridad personal y la libertadde las mujeres y las niñas en el contextode la violencia sociopolítica*Las violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad enel contexto de violencia sociopolítica1 y de conflicto armado interno, noson hechos aislados. Por el contrario, dichas violaciones se vienen regis-trando a través de los años, bajo patrones y características similares querevelan que, dentro de las políticas de acción de los grupos de perpetra-dores (fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros), estáncontemplados los ataques contra la población civil.DERECho a la vIDaLa situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Huma-nitario en Colombia continúa siendo grave. En el período comprendidoentre julio de 2007 y junio de 2008 se registró que por lo menos 1.470personas perdieron la vida fuera de combate2 (es decir, en su casa, en lacalle o en su lugar de trabajo) a causa de la violencia sociopolítica. Deellas, 1.344 fueron víctimas de homicidio, 50 de las cuales fueron inicial-mente desaparecidas forzadamente y encontradas luego asesinadas, y 126más fueron desaparecidas forzadamente sin que hayan sido encontradas(para un total de 176 personas desaparecidas forzadamente en el período).Del total de víctimas, se conoce que 105 eran mujeres3 y 61 eran niños y * Elaborado por la Comisión Co- lombiana de Juristas (CCJ), en el marco del trabajo con la Mesa1 Por violencia sociopolítica se entienden los hechos que configuran atentados contra la vida, la integridad y de trabajo “Mujer y Conflicto la libertad personal, producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, los originados en motivacio- Armado”, noviembre de 2009. El nes políticas, los derivados de la discriminación hacia personas socialmente marginadas o los causados documento es tomado de: CCJ, por el conflicto armado interno. “Situación de Derechos Huma-2 En el mismo período, 1.007 personas murieron en combate, de ellas, 178 eran miembros de la Fuerza nos y Derecho Humanitario en Pública. Colombia, julio de 2007.junio de 2008”, Bogotá, agosto de 2009,3 De los 46 casos en los que se conoce la edad, diez eran niñas y 12 eran jóvenes. en: www.coljuristas.org 6
niñas. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de lasviolaciones (913 víctimas), el 82,80% de los casos se atribuyeron a responsa- 7bilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 32,42%(296 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por pa- IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombiaramilitares el 50,38% (460 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoríadel 17,20% de los casos (157 víctimas).Comportamiento desagregado según presuntos autoresPersisten los registros de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamentea la fuerza pública. Desde julio de 2007 hasta junio de 2008, se registró quepor lo menos 274 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente pormiembros la fuerza pública.4 Del total de víctimas, 19 serían mujeres y 13niños y niñas.El 10 de diciembre de 2008, durante la sesión del Examen Periódico Univer-sal sobre Colombia, el Vicepresidente de la República tuvo que reconocer “laparticipación de miembros de las fuerzas armadas en la muerte de personasfuera de combate”. Sin embargo, se siguen registrando ejecuciones extrajudi-ciales por parte de miembros de la fuerza pública.Continúan registrándose violaciones al derecho a la vida cometidas por gru-pos paramilitares. Desde julio de 2007 hasta junio de 2008 se registró que porlo menos 460 personas habrían sido víctimas de violaciones al derecho a lavida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares. Del total de vícti-mas, 60 habrían sido desaparecidas forzadamente. De las víctimas sobre lasque se conoce el sexo y la edad, 21 eran mujeres y 18 niños y niñas. Respectodel período anterior, se habría dado un incremento del 97,42% pues desdejulio de 2006 hasta junio de 2007 se registró que por lo menos 233 personashabrían perdido la vida fuera de combate en hechos atribuidos a los gruposparamilitares.Desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2008 se registró que4.261 personas habrían sido víctimas de violaciones al derecho a la vida atri-buidas presuntamente a grupos paramilitares. De ellas 350 eran mujeres y 181niñas y niños. Estas violaciones fueron perpetradas desde el primer día delfallido cese de hostilidades que el Gobierno habría convenido con los gruposparamilitares, y por lo menos en 27 de los 32 departamentos del país.En cuanto a las infracciones contra el derecho a la vida cometidas por losgrupos guerrilleros, se observó que, desde julio de 2007 hasta junio de 2008,por lo menos 157 personas habrían sido víctimas de violaciones al derecho ala vida, atribuidas presuntamente a grupos guerrilleros. Del total de víctimas,por los menos siete habrían sido desaparecidas forzadamente. De las perso-nas víctimas de violaciones al derecho a la vida, 20 eran mujeres y 12 niñosy niñas.4 De las 296 víctimas de violaciones al derecho a la vida, atribuibles directamente a agentes del Estado, que se reportaron en la sección el primer acápite de este documento, 274 son víctimas de homicidio. Del total de víctimas ejecutadas extrajudicialmente, 24 habrían sido desaparecidas antes de ser asesinadas. En 22 casos se trata de personas víctimas de desaparición forzada cuyo paradero aún se desconoce.
violaciones al derecho a la vida contra defensoras de derechos humanosDesde julio de 1996 hasta mayo de 2009, por lo menos 40 defensoras dederechos humanos fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida.5 Deellas, seis fueron víctimas de desaparición forzada. En uno de los casos dedesaparición forzada la víctima fue liberada con vida. En los casos en loscuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (25 casos), el92% se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directade agentes estatales, el 12 % (tres víctimas); y por tolerancia o apoyo a lasviolaciones cometidas por paramilitares el 80% (20 víctimas). A los gruposguerrilleros se atribuyó la autoría del 8% de los casos (dos víctimas).DERECho a la INTEgRIDaD PERSoNal: ToRTuRa y vIolENCIa SExualDesde julio de 2007 hasta junio de 2008 se registró que por lo menos 152personas habrían sido víctimas de tortura en Colombia.6 Del total de vícti-mas, 15 serían mujeres y 15 niños y niñas. En los casos en los cuales se co-noce el presunto autor genérico de las violaciones (106 víctimas), el 95,28%de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetracióndirecta de agentes estatales, el 54,72% (58 víctimas); y por tolerancia o apoyoa las violaciones cometidas por paramilitares el 40,57% (43 víctimas). A lasguerrillas se les atribuyó la autoría del 4,72% de los casos (5 víctimas)7. Mu-chos de los casos de tortura atribuidos a miembros de la fuerza pública seregistran en centros de detención.En cuanto a la violencia sexual, de conformidad con los datos del InstitutoNacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), durante 2008 seprodujeron 21.202 informes periciales sexológicos. En un 84% las víctimasfueron mujeres8. El análisis por edad indica que el 85,7% de las víctimaseran menores de edad. “El Instituto valora 1.572 probables víctimas de de-lito sexual al mes, 52 al día, y 2 delitos sexuales cada hora.”9 Según el citadoinforme, la vivienda es el escenario en el que más agresiones sexuales se dan(62,2%) y por ello son los familiares y conocidos los principales agresores.Para el año 2008, el INML10reportó 69 víctimas de violencia sexual cuyos5 Es perfectamente posible que haya otras víctimas, además de las víctimas cuyos nombres aparecen en nuestro listado. Como su omisión puede deberse a deficiencias de información, la Comisión Colombiana de Juristas presenta de antemano las debidas excusas a quienes ello afecte. Por consiguiente, estos datos deberán entenderse como un registro mínimo y no como un registro excluyente en relación con la totalidad de las víctimas.6 Este dato no incluye hechos de violencia sexual.7 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, Noche y niebla-Panorama de Dere- chos Humanos y Violencia Política en Colombia, Bogotá, n.° 38, abril de 2009, p. 105.8 Los datos del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, serán abordadas tam- bién en el Capítulo IV elaborado por la Corporación Casa de la Mujer y por la Ruta Pacífica de las Mujeres.9 Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, Bogotá, p. 187, en: www.medici- nalegal.gov.co10 Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, Bogotá, p. 160, en: www.medici- nalegal.gov.co 8
autores son grupos armados que participan en las hostilidades, así: a la fuerza pública se le atribuye el 71% (49 víctimas), a los grupos guerrilleros el 21,7% 9 (15 víctimas), y a los grupos paramilitares el 7,2% (cinco víctimas). En un 85,5% de los casos las víctimas eran mujeres.11 IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia Para el año 2007, el INML reportó 52 víctimas de violencia sexual, cuyos autores son grupos armados que participan en las hostilidades, así: a la fuerza pública se le atribuye el 78,8% (41 víctimas), a los grupos guerrilleros el 21,1% (11 víctimas).12 En un 88,23% de los casos las víctimas eran mujeres.13 Violencia sexual según presuntos autores Comparativo 2007-2008gr áf ic a 1 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, Forensis 2008. Elaborado: Comisión Colombiana de Juristas. Si se observa el comportamiento de los autores, se advierte que la participa- ción de la fuerza pública es mayor para los dos años estudiados. Estos mayo- res niveles de participación de la fuerza pública en hechos de violencia sexual pueden constatarse también al analizar las fuentes no estatales. Desde julio de 2007 hasta junio de 2008, la Comisión Colombiana de Juristas ha registrado diez víctimas de violencia sexual en el contexto de la violencia sociopolítica. En todos los casos, las víctimas son mujeres. En siete casos se conoce la edad de la víctima; de ellos, cinco son niñas y dos son mujeres adultas14. Seis de los siete casos en los cuales se conoce el presunto autor ge- nérico de las violaciones se atribuyen a la responsabilidad del Estado: cuatro 11 Los diez casos de violencia sexual contra personas de sexo masculino se atribuyen a la fuerza pública. 12 Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, Forensis 2008, Bogotá, p. 160, en: www.medici- nalegal.gov.co 13 Los seis casos de violencia sexual contra personas de sexo masculino se atribuyen a la fuerza pública. 14 Se define como niña la víctima menor de 18 años; como joven la mujer que se encuentra entre los 18 y los 25 años; y como adulta la mujer mayor de 25 años.
por perpetración directa de agentes estatales,15 y dos por tolerancia o apoyoa las violaciones cometidas por paramilitares. Uno de los casos se atribuyó alos grupos guerrilleros.Desde julio de 2006 hasta junio de 2007 se registraron 11 víctimas de violen-cia sexual. En todos los casos, las víctimas son mujeres. En los cuatro casosen los que se conoce la edad de la víctima, las víctimas eran niñas. Diez casosse atribuyen a la responsabilidad del Estado: siete por perpetración directade agentes estatales, y tres por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidaspor paramilitares. Uno de los casos se atribuyó a los grupos guerrillerosDERECho a la lIBERTaD: DETENCIoNES aRBITRaRIaS y SECuESTRoSDesde julio de 2007 hasta junio de 2008 se registró que la fuerza públicahabría detenido arbitrariamente a por lo menos 466 personas. De ellas porlo menos ocho fueron privadas de la libertad en operaciones realizadas con-juntamente por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares. Deltotal de víctimas de las que se conoce el sexo y la edad, por lo menos 46 sonmujeres y 36 niños.Según los datos de Fondelibertad,16 desde enero de 2007 hasta junio de 2008,por lo menos 763 personas fueron secuestradas. Durante el año 2006, Fon-delibertad reportó 687 secuestros. Del total de secuestros registrados desdeenero de 2007 hasta junio de 2008, el 25,82% (197 víctimas) son mujeres y el16,64% (127 víctimas) son menores de 18 años. La presunta autoría se atri-buye en un 76,41% (583 víctimas) a grupos de delincuencia común, gruposguerrilleros y grupos paramilitares. De esta cifra, el 37,22% (217 víctimas)se atribuye a grupos guerrilleros.17 El 4,11% de los casos (24 víctimas) seatribuye a las AUC.18Según los datos de la Policía Nacional, Dirección Antisecuestro y Antiex-torsión, desde enero de 2007 hasta septiembre de 2008, 49 personas fueron15 Uno de los casos reseñados corresponde a la violación sexual de una niña en la base militar de Tolemaida (Tolima) el 25 de agosto de 2007, presuntamente por dos militares estadounidenses. Al respecto la fuente, a partir de una entrevista con el Embajador de los Estados Unidos en Colombia, indicó lo siguiente: “(…) el diplomático señaló que su país también colaborará, si así se solicita, en una eventual extradición de dos militares acusados de violar a una niña en una base aérea colombiana. Ellos aún no han sido acusados. Estamos listos a colaborar con las autoridades y al final de todo es la decisión del fiscal decidir si en este momento hay elementos para hacer una acusación, son ellos los que deben decidir”, dijo el embajador Brownfield. Los dos militares acusados son el sargento segundo del Ejército de ese país Michael J. Coen y César Ruiz, que prestaban servicios a personal estadounidense en la base militar de Tolemaida. Estos dos militares estadounidenses, según distintos testimonios, habrían violado a la menor el sábado 25 de agosto pasado cuando ingresaron a la niña a esa guarnición y que habían conocido ese día en una discoteca de Melgar (Tolima), municipio en el que está localizada la base. Ver en: “EE.UU. dice que sí se puede extraditar a directivas de Chiquita Brands”, diario El Espectador, 22 de octubre de 2007, en www.elespectador.com16 Fondelibertad es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional encargada de consolidar la informa- ción y las estadísticas relacionadas con los crímenes de secuestro y extorsión.17 Al grupo guerrillero Farc, se atribuyen 174 casos y al grupo guerrillero ELN, se atribuyen 43 casos.18 Ministerio de Defensa Nacional, Fondelibertad, Informe Comparativo de secuestro, enero 1996 – junio 2008, oficio núm. 1322/MDMDF, respuesta a un derecho de petición, presentado por la CCJ, 14 de julio de 2008. 10
secuestradas por grupos armados que el Gobierno nacional ha denominado“bandas criminales emergentes”.19 Adicionalmente, se tiene conocimiento de se- 11cuestros en los cuales miembros de la fuerza pública estarían involucrados,aunque su autoría no está visible en las cifras oficiales.20 IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia Secuestro de Bonifacia Caicedo Valoyes El 7 de noviembre de 2007, en Medio Atrato (Chocó), miembros del grupo gue- rrillero FARC secuestraron a Bonifacia Caicedo Valoyes. La víctima es una mujer de 59 años, campesina afrodescendiente. En agosto de ese año, el mismo grupo guerrillero había secuestrado a dos líderes comunitarios de Medio Atrato, Juana Padilla Mena y Rodrigo Rodríguez Córdoba, quienes posteriormente fueron de- jados en libertad. Según las denuncias, como resultado de dichos secuestros y de otras acciones violentas del mencionado grupo guerrillero, 685 miembros de esta comunidad afrodescendiente se desplazaron forzadamente.* Según los datos de la Fundación País Libre, la víctima Bonifacia Caicedo Valoyes aún permanece en cautiverio.** * Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, Noche y niebla-Panorama de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia, Bogotá, n.° 36, p. 139. ** Fundación País Libre, Listado de víctimas en cautiverio del grupo guerrillero FARC, 2000 – enero 2009.Como puede observarse, las violaciones a los Derechos Humanos y las in-fracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia son graves,sistemáticas y generalizadas. Estas se cometen en un contexto de violenciasociopolítica en el que se producen de manera permanente ataques delibe-rados contra los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de lasmujeres y las niñas, por parte de todos los grupos armados que participan enlas hostilidades: fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros.Muchas de las violaciones son responsabilidad del Estado y se atribuyen di-rectamente al desarrollo de una política adversa a los derechos humanos y aun ambiente hostil para la defensa de los mismos.19 Policía Nacional Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, oficio núm. 1195/CIC-DIASE, respuesta a dere- cho de petición presentado por la CCJ, 1 de diciembre de 2008.20 Es el caso, por ejemplo, del secuestro cometido contra una mujer anciana, un sacerdote y una religiosa en el municipio de Girardota (Antioquia), el 31 de mayo de 2007, en el que varios miembros de la fuerza públi- ca estaban implicados. “Militares y civiles no aceptaron cargos”, diario El Mundo, 20 de junio de 2008, en www.elmundo.com
Medidas antiterroristas e inseguridadpara las mujeres* “...Si el Estado se fundamenta en la dignidad y derechos de la persona, entonces la preservación del orden público no es una finalidad en sí mis- ma, sino que constituye un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo que, la preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es (...) compatible con el ideal democrático”.1 Corte Constitucional, Sentencia C-251 del 11 de abril de 2002.Es deber de los Estados proteger y a la vez garantizar los derechos de susciudadanos y ciudadanas frente a acciones que puedan producir terror entre la * Elaborado por Maria Isabelpoblación. Pero, con demasiada frecuencia, los gobiernos acuden al pretexto Casas Herrera con basedel terrorismo cuando necesitan justificar medidas de carácter militar y polici- en la presentación sobre elvo, cuyos “efectos colaterales” suelen ser violaciones a los derechos humanos impacto de las medidas anti-de las personas y comunidades en cuyo nombre se implementan2. La deno- terroristas en los derechos civiles y políticos de las mu-minada “guerra contra el terrorismo” es una categoría que todo lo abarca y jeres en Colombia, realizadapara todo sirve. Por eso dice Chomsky que, después del atentado del 11 de a nombre de la Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado” durante la consulta sobre “Género, seguridad nacional y antiterrorismo”.1 En: www.corteconstitucional.gov.co La Consulta fue convocada2 Para ilustrar esto, un ejemplo colombiano: “El mayor enemigo de la humanidad, es decir, el terrorismo, se por el Centro para los Dere- ha encarado de una manera ejemplar…” dijo el entonces el presidente colombiano Belisario Betancur fren- chos Humanos y la Justicia te al Consejo de Ministros el 7 de noviembre de 1985. Esta declaración antiterrorista pretendió justificar Global de la Escuela de Leyes desde el poder civil la acción militar –a sangre y fuego– desarrollada por las Fuerzas Armadas, después de la Universidad de Nueva de que el grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia. La acción de las Fuerzas Armadas tuvo York, y el Åbo Akademi Uni- como resultado la muerte de magistrados por las balas del Ejército y la desaparición forzada de civiles y versity Institute for Human guerrilleros que estaban dentro del Palacio. Ver: Carrigan, Ana. (2009). El Palacio de Justicia. Una tragedia Rights en Finlandia los días colombiana (p.309). Bogotá: Icono Editorial. 20 y 21 de marzo de 2009. 12
septiembre de 2001 en Nueva York, “la mitad de los gobiernos del mundoutilizaron la protección contra el terrorismo como medio para controlar a sus 13propias poblaciones con mayor eficacia”.3 IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en ColombiaEn el marco del conflicto armado interno colombiano de más de cuatro dé-cadas –con raíces en la concentración de tierra y recursos, y la consecuentepobreza y exclusión de grandes sectores de la población– todos los actoresarmados del conflicto: los grupos paramilitares, la fuerza pública y los gruposguerrilleros, han usado, en mayor o menor medida, lo que el Relator Especialsobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contrael terrorismo define como “métodos inexcusables de violencia contra civi-les” con “la intención de crear miedo entre la población”.4 A pesar de que enel país hace carrera la idea de que terrorismo son las acciones de guerra delcontrario, todos estos actores armados son responsables de ataques indiscri-minados contra la población civil, dirigidos a sembrar terror en las comuni-dades con el fin de controlar territorios y a sus habitantes.Sin embargo, cuando nos referimos a medidas antiterroristas estamos ha-blando de Estados. En el Estado colombiano hay una larga trayectoria demedidas de corte antiterrorista que a lo largo de casi medio siglo se hanllamado también antisubversivas o contrainsurgentes, pero que tienen en co-mún el recorte de libertades y derechos y que –por las implicaciones quetienen para la población civil– han contribuido a alimentar, mantener y justi-ficar el conflicto armado.La estrategia contrainsurgente del Estado colombiano, en la cual se enmar-can las sucesivas medidas de corte antiterrorista que ha emitido, tiene undenominador común a lo largo de varios gobiernos desde comienzos delos años ochenta: la existencia de estructuras paramilitares surgidas al ampa-ro de medidas oficiales que “protegieron y promovieron el paramilitarismopor vías legales”.5 Los grupos paramilitares son los principales responsablesde operaciones masivas de terror contra la población civil en Colombia. Sucomprobada relación con la fuerza pública confirma una tendencia históricapor parte del Estado colombiano, de hacer uso de la violencia como “me-canismo de control social, político y cultural”.6 Debido a esta relación entre3 “Terrorismo y Conspiraciones” en: Chomsky, Noam y Achcar, Gilbert, Estados peligrosos. Oriente Medio y la política exterior estadounidense. Ediciones Paidós, Barcelona, 2007, p. 29. Ver: A/HRC/6/17, párr. 58, traducción no oficial.4 Ver: A/HRC/6/17, párr. 58, traducción no oficial.5 Presentación oral del director de la Comisión Colombiana de Juristas ante el Panel de Juristas Eminentes realizado en Bogotá el 7 de enero de 2006. Los decretos mencionados son: el decreto 3398/65 que autorizó la entrega de armas de guerra a civiles, más tarde Ley 48 de 1968, y el decreto-ley 356 de 1994, art. 39, que permitió la creación de las cooperativas “Convivir” encargadas de los “servicios especiales de vigi- lancia y seguridad privada” con facultades para usar armas de guerra. Las dos normas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, la primera veinticuatro años después de estar en vigencia, y la segunda tres años después de su expedición. Durante su vigencia generaron graves daños.6 “Las mujeres en Colombia: frente a una política de discriminación y autoritarismo” - Intervención de las mujeres en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Navi Pillay. Bogotá, octubre 28 de 2008.
paramilitares y fuerza pública, el Estado colombiano ha sido consideradoresponsable de graves violaciones a los derechos humanos por omisión, to-lerancia o colaboración con grupos paramilitares, como ha sentenciado envarias ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos:7 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de manera consistente sobre la responsabilidad internacional del Es- tado colombiano por: (i) haber emitido un marco legal que propició la creación de grupos de autodefensa que derivaron en paramilitares; (ii) no adoptar las medidas necesarias para terminar efectivamente con la situación de riesgo creada; (iii) no adoptar medidas efectivas de pre- vención y protección de la población civil que se encontraba en una situación de riesgo razonablemente previsible respecto de grupos pa- ramilitares; y (iv) por la comisión de violaciones cometidas por grupos paramilitares con el apoyo, aquiescencia, participación y colaboración de miembros de la Fuerza Pública. Ver las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 19 Comerciantes, párrs.115 a 124; Caso de la Masacre de Mapiripán, párrs.121 a 123; Caso de las Masacres de Ituango, párrs.134 y 135; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, párrs.125 a 127, 139 y 140; y Caso de la Masacre de La Rochela, párs.78 y ss.8A pesar de estas sentencias, el presidente Uribe afirmó en la presentación desu Política de defensa y seguridad democrática que “tenemos la suerte en Co-lombia de contar con una fuerza pública respetuosa como ninguna en el con-tinente de la democracia y del orden constitucional”.9 La política de defensay seguridad democrática, vigente desde el 2002, es una política antiterroristay esto está explícito tanto en las palabras del presidente en la presentaciónde la misma, como en los mecanismos y programas que la implementan enla actualidad.10Cualquier acción terrorista se caracteriza por desconocer el principio de dis-tinción entre civiles y combatientes. Lo irónico es que éste sea también elrasgo característico de muchas de las acciones supuestamente diseñadas paracombatir el terrorismo. La política de seguridad democrática, al no reconocerla existencia de un conflicto armado en Colombia, desconoce el principio dedistinción entre civiles y combatientes del Derecho Internacional Humani-tario, e involucra a la población civil en el conflicto. A lo largo del primer ysegundo períodos del presidente Uribe algunos de los mecanismos y progra-7 Todas estas sentencias están disponibles en: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_pais=9&cfid=36907 3&cftoken=816900558 Ver: Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; Alianza de organizaciones sociales y afines; Asamblea permanente de la sociedad civil por la paz; Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo; Mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”; Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia – Coalico; Observatorio sobre discriminación racial; Colombia Di- versa; Centro de cooperación al indígena – Cecoin; Organización mundial contra la tortura – OMCT. Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia. Bogotá, julio de 2008.9 Ver: http://www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf10 Ver: http://www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf 14
mas que desconocen el principio de distinción y que han sido utilizados parainvolucrar a la población civil en el conflicto son: la creación de una “Red 15de informantes”,11 el programa presidencial “Soldados de mi pueblo”12 y lacampaña “Soldados por un día”.13 IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en ColombiaMás recientemente, en algunas regiones del país (La Macarena y Montes deMaría) la gobernabilidad y los derechos de la ciudadanía se plantean desdela estrategia de “recuperación social del territorio”,14 un modelo de reinge-niería social a través de una intervención cívico-militar en la que las fuerzasarmadas tienen un control casi absoluto de la vida civil. Esta estrategia estáen sintonía con la más reciente versión del Manual de Contrainsurgencia delEjército de los Estados Unidos, preparado por su anterior comandante enIrak, quien propone crear un “círculo virtuoso” transformando la doctrinamilitar vigente: “A los soldados se les dijo que su prioridad no era sólo en-contrar y matar terroristas, sino proteger y ganarse a los civiles”15. La sintoníaes evidente en el lenguaje utilizado tanto por el presidente Uribe cuandoordenó crear “‘un círculo virtuoso’ generado por ‘la presencia de la Policía yel Ejército, con toda la voluntad en las calles de Villavicencio, metiéndose enel corazón de cada habitante’”,16 como por su anterior Ministro de DefensaSantos cuando habló del “círculo virtuoso seguridad-prosperidad social”.17Habiendo tanta coincidencia –y tanta virtud– en objetivos y expresiones, elacuerdo sobre el uso de bases militares colombianas por militares norteame-ricanos contribuirá a implementar esa estrategia de recuperación social delterritorio y a fortalecer la militarización en varias regiones del país.11 Inaugurada en Valledupar el 8 de agosto de 2002, al comienzo de su primer mandato.12 “El programa presidencial Soldados de mi Pueblo, es una estrategia de la política de Seguridad De- mocrática Nacional, que tiene como fin apoyar el pie de fuerza del Ejército Nacional, con jóvenes que prestan su servicio militar en cada una de las regiones a las que estos pertenezcan. Este hecho permite una interacción permanente entre los uniformados y los habitantes de sus poblaciones, hecho que ge- nera confianza y seguridad en cada una de las localidades”. En: http://www.quintadivision.mil.co/index. php?idcategoria=8941013 La campaña “Soldados por un día”, desarrollada por la Brigada de apoyo logístico del Ejército, “busca suscitar en cada una de estas personas sobre (sic) el diario vivir de un Soldado”. La campaña desarrolla con diferentes grupos de civiles las siguientes actividades: “uniforme, formación de iniciación del servicio con izada Pabellón Nacional, gimnasia básica sin armas, armamento, comunicaciones, orden cerrado, co- nocimiento de explosivos y finalizando con el consumo de una ración de campaña. Con estas actividades la Brigada de Apoyo Logístico, busca propiciar cada vez más las relaciones y los vínculos entre el estamento civil y militar, ratificando su compromiso y apoyo para trabajar en beneficio de la institución (…)”. En: http://www.brigadalogistica.mil.co/index.php?idcategoria=10628814 “La Estrategia de Recuperación Social del Territorio que está implementando el gobierno en varias regio- nes del país (…) se constituye en un sofisma de distracción para defender el enfoque cívico-militar de la Política de seguridad democrática y justificar la militarización de territorios con grandes problemas socia- les, económicos y afectados gravemente por el conflicto armado”. En: http://asociacionminga.org/index. php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=115 En: http://www.the-economist.com/research/articlesBySubject/PrinterFriendly.cfm?story_ id=12342136&source=login_payBarrier16 En: http://oasportal.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTICIA_DETALLADA.SHOW?p_arg_ names=identificador&p_arg_values=22835317 En: http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2195/Santos.pdf
Puesto que se ha comprobado la complicidad o activa participación de mili-tares en delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos por grupos para-militares, no es viable pretender que la presencia de la fuerza pública en lascomunidades, con el argumento de la lucha contra el terrorismo, sea la basepara la recuperación de la confianza de las comunidades en el Estado.El principio de cualquier medida antiterrorista es la noción de seguridad fun-damentada en lo militar. Y la seguridad basada en lo militar no prioriza losderechos civiles y políticos de la población en general, y mucho menos losde las mujeres. Las mujeres colombianas que han sufrido los impactos delconflicto tienen claro cuáles son las cosas que producen terror en sus vidasy las de sus comunidades, y cuál es para ellas el verdadero significado de lapalabra seguridad.La vinculación de los ciudadanos y ciudadanas al conflicto tiene implica-ciones profundas para las vidas de las mujeres y las niñas. En zonas dondeestá el ejército presente, implementando medidas de corte antiterrorista, lasituación de las mujeres es más vulnerable y hay un retroceso en los logrosalcanzados de ciudadanía y autonomía. Primero, porque la militarización dela sociedad amenaza la construcción de ciudadanía de las mujeres, una ciuda-danía más reciente, más frágil. Es casi imposible hablar de equidad de géneroen regiones militarizadas del país donde cada actor armado impone su ima-ginario patriarcal por encima de cualquier principio constitucional. Segundo,porque el control de territorios y de comunidades es el eje de la estrategiamilitar de todos los actores armados, y en ese contexto afirmamos en esteInforme que con violencia sexual se controla el cuerpo de las mujeres comoterritorio del conflicto. Tercero, porque un aspecto grave de este proceso demilitarización para las niñas y jóvenes, es la construcción de las identidadesde género en el paisaje de imágenes glorificadoras de la guerra. En zonas defuerte presencia militar muchas jóvenes se sienten atraídas por los símbolosde poder asociados a lo masculino/militar/macho y la ilusión de protecciónque esos símbolos representan.Este panorama de vida para las mujeres y niñas corre el riesgo de agravarsecon el acuerdo sobre el uso de las bases militares colombianas por militaresestadounidenses. Los posibles efectos de esta alianza sobre los derechos hu-manos de las mujeres, se vislumbran en el caso de violación sexual de unamenor de 12 años en la base militar de Tolemaida en Melgar, de la cual sonresponsables dos militares estadounidenses adscritos al Plan Colombia; y enotro caso de elaboración de videos pornográficos donde aparecen mujeresjóvenes de la zona con militares y técnicos estadounidenses.18¿Cómo se teje la vida de cada día en esas condiciones? ¿Cuáles son los valo-res sobre los cuales se construyen los imaginarios que sustentan lo colectivoen una sociedad? Llevamos por lo menos seis generaciones crecidas en elconflicto y estamos educando a las actuales en una mentalidad simplista que18 En: www.eltiempo.com del 7 de Octubre de 2007. Son además bien conocidas las experiencias de las mujeres y niñas en otros países donde hay bases militares estadounidenses. 16
polariza la realidad entre buenos y malos, ignora las raíces de conflictos quesurgen de la exclusión social y de la impunidad, y evita entender cómo hemos 17construido esta guerra de más de 40 años. IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en ColombiaSi no develamos lo que en realidad se esconde detrás del discurso antiterro-rista que la política de Seguridad Democrática plantea, las mujeres estaremosabocadas a asumir las consecuencias del menú que el presidente Uribe nostiene recetado, según afirmó en Julio de 2008 durante un Consejo Comuni-tario en Morelia (Caquetá): Seguridad democrática en la madrugada, seguridad democrática en el desayuno, seguridad democrática en la media mañana, seguridad democrática en el almuerzo, seguridad democrática a las 4, a las 5, a la hora de La Salve, por la noche, a media noche, para que los colom- bianos vivan felices.1919 En: www.presidencia.gov.co. Sección “Frases para recordar”: http://web.presidencia.gov.co/frases/2008/ julio/voces/voz0007.mp3
Política de seguridad y las mujeres*Reflexionar en torno a las políticas de seguridad implementadas en Colom-bia, hace necesario develar el énfasis que se ha concedido a la seguridadpolítica y militar, excluyendo del interés problemáticas relevantes como laprotección de las mujeres, la compresión del ámbito público y el privado,y las relaciones de opresión y subordinación entre varones y mujeres en lossistemas socio-sexuales patriarcales del momento.Los análisis críticos feministas de la seguridad han planteado que la propiaexistencia y naturaleza de los Estados puede contribuir al incremento de lainseguridad más que a su reducción. Esta afirmación supone una completasubversión de las nociones de seguridad imperantes hasta el momento, pues-to que problematiza el papel del Estado como objeto a proteger frente a lainseguridad, definiéndolo en cambio como actor generador de inseguridad.Factores de inseguridad para las mujeres desde el Estado son, por ejemplo:cuando éste no cumple con su responsabilidad de proteger sus vidas de laviolencia que a diario viven, cuando a través de sus instituciones refuerza losestereotipos acerca de ellas, cuando en sociedades en guerra fortalece la vi- * Elaborado por Casa de lasión: de que el cuerpo de las mujeres es y puede ser botín de guerra, cuando Mujer y Ruta Pacífica de lasno permite y no genera las condiciones para que las mujeres puedan acceder Mujeres.a la justicia, cuando no sanciona a los perpetradores de los crímenes, cuando Apartes del presente docu-no previene las situaciones de violencia e inseguridad a las cuales están ex- mento hacen parte del tra- bajo de la Casa de la Mujer,puestas; porque para el feminismo el objetivo fundamental de la seguridad es para Cordaid en el marco deel ser humano, más que el Estado, esta postura se encuentra en consonancia las discusiones acerca de lascon los nuevos discursos sobre seguridad humana. políticas de seguridad, las políticas antiterroristas yOtra de sus observaciones hace referencia a cómo la división social y sexual las agendas de la sociedaddel trabajo entre el espacio público (que es el espacio a proteger en los dis- civil. Documento que será presentado en el Seminariocursos tradicionales sobre la seguridad, y cuya salvaguarda garantiza el Esta- internacional sobre políticasdo de derecho) y el espacio privado, deja a éste último al margen de la pro- de seguridad. 18
tección del Estado, lo que tiene graves consecuencias sobre la seguridad delas mujeres. Uno de los principales aportes a la ampliación del concepto de 19seguridad que desde el feminismo se ha hecho es el de cuestionar el espacioprivado como un espacio de seguridad en sí mismo, puesto que la mayoría de IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombiaviolencias que sufren las mujeres tienen lugar allí, y que, por tanto, debería sertambién objeto de las preocupaciones sobre la seguridad. (Villetas, 2000, p.3).Una sociedad segura exige significados y pasos consistentes con el valor queen nuestras realidades se otorga a las personas, lo que impone advertir yremover aquellos factores que afectan o restan capacidades individuales ysociales al ser, y/o establecen distinciones arbitrarias que se vuelven en con-tra no sólo de víctimas concretas, sino que imprimen fallas críticas a todala acción institucional. Así mismo, en todas las sociedades la gestión de laseguridad refleja valoraciones y asignaciones de poder.Las opciones pueden ser: reproducir jerarquías y desigualdades, en cuyo casoconducirán y sostendrán concepciones instrumentales en contra de los suje-tos y colectivos con menor poder social; u, orientadas por el valor supremode la persona, lo que implica que los derechos humanos estén en el centrode las políticas de seguridad. La primera opción no tiene una matriz moraldiferente al simple ejercicio de la fuerza. La segunda implica una tarea deconstrucción de capacidades y control de factores adversos, a fin de orientarla convivencia humana hacia términos que reduzcan la violencia (Tamayo,2002, p. 4).Pese a que la seguridad humana es reconocida como una plataforma para quela Organización de las Naciones Unidas (ONU), promueva la paz, los dere-chos humanos y el desarrollo humano; y a pesar de los avances en legislación,en las políticas públicas y en los logros de los movimientos de mujeres, esnecesario el compromiso de los Estados para brindar seguridad a las mujeres.Con frecuencia, el desarrollo “humano”, los derechos “humanos” y la segu-ridad “humana” suponen que las experiencias de los varones sean la norma,desconociendo las situaciones de desventajas, de exclusión, de inseguridad yvulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el ámbito público y en el privado.Por ello, la seguridad humana centrada en las personas no implica necesaria-mente un enfoque de seguridad que incluya a las mujeres como sujetos dederechos, y, por tanto, que tenga como propósito garantizarles condicionesen lo público y lo privado para vivir una vida libre de violencias, de esclavi-tudes y de opresiones.En la perspectiva de generar cambios en las visiones que excluyen a las muje-res como sujetos de seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidasha expedido una serie de resoluciones – vinculantes desde el punto de vistalegal para todos los Estados miembros–.1 El valor normativo de las resolu-ciones, se deriva del carácter de obligatoriedad que deben dar los Estados1 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Resoluciones sobre las mujeres en situaciones de conflic- to y paz: 918/1994, 1076/2001, 1193/1998, 1298/200, 1214/1998, 1325/2000,1820/2008; 1888/2009 y 1889/2009.
que hacen parte de la ONU a las decisiones emanadas de sus órganos. Auncuando puede ser puesta en duda la obligatoriedad de la aplicación de lasresoluciones de la organización,2 el material normativo en derecho interna-cional público, soporta el vínculo que los Estados tienen frente a estos ins-trumentos.Es importante hacer mención a las últimas resoluciones emanadas del Con-sejo de Seguridad de Naciones Unidas, relacionadas con la responsabilidadde los Estados de garantizar la seguridad de las mujeres. La resolución 1325(2000) del Consejo de Seguridad, adoptada en forma unánime en octubrede 2000, dado que establece un marco normativo con respecto a la mujer, lapaz y la seguridad y en ella se adopta un concepto inclusivo de la seguridadal exhortar a los Estados miembros a garantizar una participación plena eigualitaria de las mujeres en todas las cuestiones relativas a la paz y la seguri-dad. Se insta a los Estados miembros a velar por que se incremente la repre-sentación de las mujeres “en todos los niveles de adopción de decisiones delas instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales parala prevención, la gestión y la solución de conflictos”. Se pide a todos los queparticipen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adopten unaperspectiva de género, en que se tengan en cuenta y se incluyan, entre otrascosas: a) Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repa-triación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración yla reconstrucción después de los conflictos; b) Medidas para apoyar las inicia-tivas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución deconflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los mecanismos deaplicación de los acuerdos de paz; c) Medidas que garanticen la protección yel respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmen-te en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistemajudicial. El Consejo de Seguridad exorto a todas las partes de los conflictosarmados que tomaran medidas especiales para proteger a las mujeres y lasniñas de la violencia por motivos de género, en particular la violación y otrasformas de abuso sexual, y todas las demás formas de violencia en situacionesde conflicto armado.3MEDIDaS ESTaTalES PaRa PRoTEgER a laS MujERESLas medidas de protección de las mujeres en periodos de guerra y paz, debenestar en el marco de las responsabilidades del Estado, en eliminar las violen-cias contra las mujeres y las niñas, particularmente la violación y otras formasde violencia sexual. Un principio fundamental de aplicación de la Resolución1325/2000, en este tema debería ser el reconocimiento de los actores de la2 En respuesta al derecho de Petición presentado por la Casa de la Mujer, para obtener información docu- mental acerca del cumplimiento del gobierno colombiano de la resolución 1325, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer- CPEM-, afirmó que la resolución 1325/2000 del Consejo de Naciones Unidas en Colombia no tiene carácter de tratado internacional y, por lo tanto, no es vinculante jurídicamente.3 Naciones Unidas, Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (S/ RES/1325/2000), Nueva York, 31 de octubre de 2000 [en línea] http://www.un.org/docs/scres/2000/ SC2000/htm 20
violencia como infractores del derecho internacional humanitario y no sólocomo infractores de la ley penal. 21Para el proceso de implementación de la Resolución 1325 el Gobierno in- IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombiaforma que ha realizado un análisis sobre las áreas prioritarias de dicha reso-lución, así como sobre los programas y acciones que adelanta el Estado co-lombiano, acordes con la aplicación de la misma. A continuación, se presentauna síntesis de las acciones que la Consejería Presidencial para la Equidad dela Mujer considera han constituido una forma de aplicación de la Resolución1325/2000, en el tema de protección de las mujeres:• Política de Seguridad Democrática. Controlar el territorio, garantizar las libertades públicas, combatir el problema de las drogas, derrotar a los violentos y al crimen organizado, generar condiciones de confianza para la inversión nacional y extranjera, prevenir el desplazamiento forzado causado por los grupos terroristas.• La política para la atención al desplazamiento, los derechos humanos y la reconciliación.• Política integral de derechos humanos y derecho internacional humani- tario del Ministerio de Defensa Nacional.• Política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los dere- chos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.Plan Estratégico para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante la justiciaen Colombia. Se toman medidas relacionadas en tres líneas: Primera, dere-chos de la mujer en situaciones de violencia intrafamiliar. Segunda, derechosde la mujer tras la ruptura de la unión marital. Y, tercera, protección de lasmujeres frente a la discriminación laboral.• En la primera línea prioriza las medidas de prevención, sensibilización, formación y detección, encaminada a fortalecer la respuesta integral del Estado y a garantizar el acceso de las mujeres víctimas a la justicia, ase- gurando la asistencia que éstas requieren. En la segunda línea prevalecen las acciones encaminadas al perfeccionamiento de la asistencia legal. Es- tas medidas van dirigidas a conseguir cinco objetivos: mejorar el aseso- ramiento a la mujer; agilizar la tramitación procesal; ofrecer una mayor cobertura legal; dotar de mayor calidad a la respuesta judicial y mejorar la cooperación jurídica entre España y Colombia.• En relación con la tercera línea, la primera fase de aplicación del Plan se realizará con medidas relativas al fomento del empleo y a la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres. En esta línea se invertirá la mayor cantidad de recursos, ya que la lucha contra la pobreza a través de la promoción de la equidad y la defensa de los derechos de las muje- res, es el objetivo primordial del Plan. En estas tres líneas se promoverán reformas legislativas con el fin de mejorar los mecanismos existentes para la defensa de los derechos de la mujer ante la justicia en Colombia, y de esta forma existan los causes adecuados para garantizar la acción de la justicia ante todos y cada uno de los sujetos que acuden a ella.
• Medidas para potenciar las acciones del Gobierno de Colombia que favorezcan los derechos de la mujer y la igualdad, e implantar nuevas acciones que perfeccionen la aplicación y práctica de los derechos que ya contempló la legislación colombiana. En el marco del acuerdo con la comunidad de Madrid (CAM), se acordó el desembolso de 220.000 euros para fortalecer la aplicación del Plan.• Ley 975 de 2005: “Ley de justicia y Paz”; permite avanzar hacia la ver- dad, la justicia y la reparación de las mujeres y varones víctimas del actuar de grupos, armados al margen de la ley. Se crea una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con un área de género y po- blaciones específicas, que busca priorizar la atención a las víctimas en mayor situación de riesgo.Es importante precisar que si bien es cierto para la conformación de la Comi-sión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Gobierno esgrimió comoargumento que se otorgaban dos cupos para las mujeres en cumplimiento dela Resolución 1325/2000. Un amplio sector de las organizaciones y gruposde mujeres, tuvo una postura crítica dado que se consideró que por vía de laComisión se legitimaba desde la sociedad civil y desde las organizaciones demujeres un proceso que no es de negociación de la paz; sino más bien unaestrategia para legalizar el paramilitarismo.4aMENazaS PaRa la SEguRIDaD DE laS MujERESAhora bien, en este contexto es importante identificar las principales ame-nazas para la seguridad de las mujeres. Se puede establecer que existe ciertoconsenso en reconocer los siguientes factores como las principales amenazaspara la seguridad de las mujeres:El militarismoEl sistema socio-sexual patriarcal es una de las bases de la cultura militarista,porque se basa en la dominación de un sexo sobre otro, en la asignación au-toritaria de un papel social que establece una desigualdad beneficiando sóloa una parte. La cultura militarista también es una de las bases de la culturapatriarcal porque la lógica amigo-enemigo, la respuesta violenta a los con-flictos o la organización vertical/autoritaria son características militares quepotencian y justifican en última instancia el control patriarcal de la sociedad(Yuste, 2000, p.7).Como sostiene la pensadora feminista Cynthia Enloe, la militarización delas personas, varones y mujeres, tiene dos sentidos: por un lado, éstas pue-den verse forzadas a comportarse de una forma determinada que permita alos militares tener más poder; por otro lado, las personas pueden introducirlos valores militares como propios, otorgando una legitimidad natural a losactos militares. Los militares ejercen poder a través de forzar comportamien-tos, por ejemplo, es una constante que las mujeres en zonas de guerra sean4 La evaluación de la resolución hace parte del documento preparado por la Casa de la Mujer, El incumpli- miento del Estado colombiano a la aplicación de la resolución 1325/2000 en Colombia, 2008. 22
a menudo violadas, prostituidas, asesinadas o forzadas a prestar ayuda decualquier tipo a los ejércitos en contienda. Sus vidas y el control de sus cuer- 23pos, sus sentimientos y pensamientos se militarizan con base en la prioridadde algún ejército o policía militarizada, cuyos funcionarios las utilizarán de IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombiaacuerdo a sus nociones de “defensa” y “enemigo”.Las cifras de violencia homicida contra las mujeres, permiten lanzar comohipótesis que un número significativo de asesinatos de mujeres se enmarcanen el contexto de militarización de la sociedad colombiana. Según el InstitutoNacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el 2008, 1.139 mu-jeres fueron asesinadas en el país. De acuerdo con ésta entidad el 8% de estoscasos durante el 2008 obedecieron a violencia sociopolítica, para un total de100 mujeres asesinadas.Debido a que en el 70% de los casos ocurridos en el 2008 no se contó coninformación sobre las circunstancias en que sucedieron los hechos, se presu-me que la violencia sociopolítica contra las mujeres pudo haber sido mayor.De los datos reportados por el INML se evidencia con preocupación que esen el marco de las acciones militares, donde ocurre el mayor número de ase-sinatos contra las mujeres (De la Hoz, 2008, p. 23). Para el mismo año diezmujeres perdieron la vida en acción guerrillera; 43 en acción militar; dos enacción paramilitar; 29 en enfrentamiento armado; en secuestro 2 y en actoterrorista 4.A la violencia homicida se debe sumar, la práctica de las ejecuciones ex-trajudiciales, cometidas de manera extendida por un importante número deunidades militares a lo largo de todo el país (Consejo de Derechos Humanos,2009, p. 12). La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Interna-cional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación investiga actualmen-te cerca de 716 casos de ejecuciones extrajudiciales (Consejo de DerechosHumanos, 2009, p.12). Para la OACNUDH de manera frecuente las mujeresson víctimas de esta violación al ser identificadas como compañeras senti-mentales de presuntos miembros de grupos armados ilegales (Consejo deDerechos Humanos, 2009, p.11). Según datos del Centro de Investigación yEducación Popular (Cinep), en el 2008 al menos se cometieron 34 casos.De los 150.951 formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al mar-gen de la ley y recepcionados por la Fiscalía General de la Nación, en 25.324aparecen víctimas las mujeres, lo cual representa el 17% del total. El mayornúmero de mujeres víctimas son por: desplazamiento forzado, 12.142; des-aparición forzada, 1.420; genocidio, 1; homicidios, 8,147; delitos sexuales,133 (Fiscalía General de la Nación, 2008, p.1). De acuerdo con la Fiscal 15de Justicia y Paz, “las denuncias son pocas en comparación con las que sa-bemos fueron abusadas”. Y en los archivos de los fiscales que investigan alos paramilitares, apenas figuran 21 casos de mujeres de diferentes zonas quesufrieron ataques sexuales por parte de integrantes de este grupo. Estas si-tuaciones evidencia el poder y control económico, social y territorial que hoyostentan los llamados “desmovilizados”, quienes han pasado de victimariosa “líderes” sociales y comunitarios; y como ellos mismos lo afirman, se hanconvertido en “primera instancia” para la tramitación de conflictos, desdelos familiares, vecinales y comunitarios, hasta los que son competencia de
inspecciones de policía, jueces y fiscales. Estas personas que se identifican enestas labores con el carné de “desmovilizados”, tienen ingerencia en las Jun-tas de Acción Comunal, en las Juntas Administradoras Locales y han creadoun sin número de organizaciones, tales como cooperativas, corporaciones,clubes juveniles y deportivos.5Las acciones anteriormente mencionadas están siendo seguidas por violacio-nes a derechos humanos y actos delincuenciales como amenazas, desplaza-miento forzado, violación a mujeres y niñas, uso y reclutamiento de niños yniñas para actividades delictivas; venta, despojo y destrucción de viviendasy lotes en los barrios periféricos de las ciudades, extorsión a comerciantesy transportadores, control del tráfico y consumo de estupefacientes, impo-sición de códigos de conducta, control del espacio público a través de “va-cunas” a vendedores y vendedoras ambulantes, a personas en ejercicio dela prostitución (mujeres, homosexuales, transexuales), explotación sexual deniñas y jóvenes a través de negocios y bares de strip tease, control al llamado“paga diario” y sistema de préstamos de dineros a intereses que van más alláde los topes establecidos por la ley.6En zonas sin guerra, también se militariza la vida de las mujeres, como sucedecerca de las bases militares, o a niveles mucho más simples, cuando una mujertiene miedo de ir a una comisaría a denunciar una violación por temor a lasrepresarías. Todas estas maneras de militarizar-controlar a las mujeres, soncoherentes con el sistema patriarcal y militarista por el cual la imposición delhombre sobre la mujer es una manera de afirmar el éxito guerrero del varón.En la cultura militar existen numerosas apelaciones a lo sexual como formade dominación, desde comparaciones del pene con el fusil, entendido comoarma de ataque y control; hasta vinculaciones entre la defensa de la pureza eintegridad sexual de la novia o la madre, y de la Patria, y por lo tanto atacar laPatria enemiga es también atacar la “pureza” e integridad de las mujeres delenemigo. (Yuste, 2000, p. 10).Otra forma de militarización se refiere a la introyección de los valores ypautas de comportamiento militaristas tales como: solucionar los conflictosa través del ejercicio de la violencia; la identificación del conflicto con laspersonas y no con el hecho objetivo que lo causa; la percepción de peligroen la pluralidad y la tendencia a la homogenización, o la adopción de unaorganización vertical y jerarquizada basada en el principio de la obedienciadebida, el orden y la disciplina. No hace falta portar armas ni vivir al lado deuna base militar, ni en un país dirigido por militares.5 Para ampliar información, consultar www.mujeryconflictoarmado.org y Comisión Interamericana de Dere- chos Humanos, OEA, Informe sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales. OEA/Ser.L/VII, Doc. 3, octubre 2007. En español.6 Algunas de estas situaciones han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Hu- manos, como el reagrupamiento de paramilitares en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas, y fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, Informe sobre la apli- cación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales. OEA/Ser.L/VII, Doc.3, octubre 2007. En español. 24
violencias contra las mujeresLas violencias contra las mujeres son uno de los mecanismos políticos y socia- 25les cruciales por los cuales ellas son obligadas a adoptar una posición subor- IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombiadinada frente al varón. Como ocurre en el escenario nacional, la mayoría delos casos de violencias contra mujeres y niñas ocurre en la familia o dentro delhogar, donde suele ser tolerada. Con frecuencia las violencias que perpetran loactores armados, legales e ilegales, el abandono, la violencia física y sexual, yla violación de niñas y mujeres por familiares y otros integrantes del hogar, asícomo el abuso conyugal y extraconyugal, no son denunciados y, por tanto, sondifíciles de detectar; incluso, cuando esas violencias son denunciadas, no seprotege a las víctimas ni se castiga a los responsables. Todo este conjunto defactores representan un núcleo concreto de inseguridad para las mujeres.Así mismo, un segundo tema a destacar respecto a esta amenaza para lasmujeres son las violencias que se presentan contra ellas en escenarios delconflicto armado como el que persiste en nuestro país. Las mujeres son so-metidas a violencia porque son mujeres. Son violadas, obligadas a ejercerla prostitución, son objeto de tráfico sexual, embarazadas en contra de suvoluntad, forzadas a abortar, obligadas a trabajos domésticos, entre otros.En este sentido, existe preocupación por las violencias contra las mujeres enmarco del conflicto colombiano, no sólo por lo generalizado y extendido quees, sino también porque los crímenes contra las mujeres están quedando enla impunidad y no son reconocidos como violaciones a su autonomía y a susderechos humanos fundamentales. Con base en las observaciones en el terreno y los testimonios reci- bidos, la Relatora ha identificado cuatro principales manifestaciones de violencia que afectan especialmente a las mujeres dentro del con- flicto armado. En primer término, los actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulneran- do su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, con el fin de avanzar en el control de territorios y recursos. En esta clase de violencia, las mujeres pueden ser blanco directo o víctimas colate- rales, como resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras, o hermanas. En segundo término, la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio y el con- secuente desarraigo de su hogar, vida cotidiana, comunidad y familia. En tercer término, la violencia sexual que puede acompañar el reclu- tamiento forzado de las mujeres, destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares. En cuarto término, la violencia destinada a hacerlas objeto constante de pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo su control (CIDH, 2005, p.48).La política de seguridad democrática no ha garantizado a las mujeres vícti-mas de las violencias protección como sujetos expuestos a amenazas, terror eindefensión o libertad para tomar decisiones y actuar a nombre propio, muypor el contrario las mujeres víctimas de la violencia deben continuar viviendoen un ambiente de inseguridad y temor. Tampoco se les provee de servicios,
Resolución 1820: Reitera su condena a la violencia sexual contra los civiles en los conflictos armados, en particular mujeres y niños. Reafirma la importancia del papel de la mujer en la prevención y solución de conflictos y la consolidación de la paz. Exige medidas para la protección inmediata de civiles de todas las formas de violencia sexual. Señala que la violencia sexual puede constituir un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo respecto al ge- nocidio. Destaca la necesidad de que los crímenes de violencia sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto de los procesos de solución de conflictos. Hace un llamado a los estados para que cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de estos actos, y que garantice a las victimas la protección de la ley y el acceso a la justicia. Además resalta la importancia de poner fin a la impunidad.orientación y atención que les permita no sólo denunciar, sino también ela-borar los hechos de violencias y quizás uno de los problemas más críticos esque no se les brindan las condiciones para tener el derecho a la justicia.En el contexto del conflicto armado colombiano no ha existido una real vo-luntad política ni el interés para proteger a las mujeres de la violencia sexualque se ejerce contra ellas: Considerados y tratados sus cuerpos como territorio a conquistar por los contendientes, los motivos por los que las mujeres están en el punto de mira son diversos: sembrar el terror en las comunidades, facilitando imponer el control militar; obligar a la gente a huir de sus hogares y así ayudar a conseguir territorio; vengarse de los ad- versarios; acumular “trofeos de guerra” y explotarlas como esclavas sexuales (Amnistía Internacional, 2004, p. 3).El Derecho Internacional Humanitario (incluidos los Convenios de Gine-bra), que es de aplicación a la conducta de todos los actores de un conflic-to armado, sea éste internacional o interno, prohíbe los actos de violenciacontra las mujeres en los conflictos armados. Uno de los mayores avancesen relación con los hechos de violencia sexual perpetrados por los actoresarmados en Colombia es el Auto 092/08 de la Corte Constitucional, en elque se hace hincapié en el riesgo de violencia sexual, “constatando la grave-dad y generalización de la situación que se ha puesto de presente por diversasvías procesales ante dicha Corporación, mediante informaciones reiteradas,coherentes y consistentes presentadas por las víctimas o por organizacionesque promueven sus derechos”.(Corte Constitucional, 2008, pp.3-4)Desigualdad en el poder y en la toma de decisionesLas barreras estructurales y culturales continúan impidiendo la participacióny representación plena y en igualdad de oportunidad de las mujeres en latoma de decisiones. Los estereotipos acerca de los varones y las mujeres, y las 26
Resolución 1888 de 2009: Se pronuncia sobre la importancia que tiene la vio- 27 lencia sexual como una consecuencia de los conflictos armados en la vida de IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia los civiles, siendo un impedimento para restablecer la paz y la seguridad inter- nacional, y su disposición para adoptar medidas que hagan frente a la violencia sexual generalizada o sistemática en situaciones de conflicto armado. Reitera su exigencia para que las partes de los conflictos armados pongan fin a la violencia sexual y exige a la partes involucradas en los conflictos armados que adopten medidas de protección como, por ejemplo, la aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar y la aplicación del principio de responsabilidad del mando, así como la refutación de mitos que alimenten la violencia sexual. Solicita al Secretario General que se nombre un representante especial para que refuerce los mecanismos de coordinación del sistema de las naciones uni- das e inicie acciones de promoción ante los gobiernos con el fin de hacer frente a la violencia sexual, a través de la “Campaña de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos”. Insta, además, a los estados para que adelanten las reformas legislativas necesarias para que comparezcan ante la justicia los responsables de actos de violencia sexual. Exhorta al Secretario General para que designe un grupo de expertos que se encargue de situaciones particularmente preocupantes en lo que se refiere a violencia sexual, y reitera su intención de considerar la posibilidad de incluir criterios de designación rela- tivos a actos de violación y otras formas de violencia sexual.actitudes discriminatorias predominantes presentan graves obstáculos para laparticipación política de ellas. Asimismo, el tipo de sistema electoral y las le-yes sobre la financiación de las campañas, limitan las oportunidades políticasde las mujeres y más aún, el control desigual sobre los recursos económicosinfluye en la toma de decisiones de las mujeres al nivel básico del hogar, asícomo en las instituciones públicas.Respecto a este factor, la Cedaw y la Plataforma de Acción de Beijing desta-can la importancia que tiene la igualdad de representación de las mujeres enla toma de decisiones políticas. Los artículos 7 y 8 de la Convención apelanrespectivamente a los Estados Parte para que garanticen la participación delas mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, en la formulaciónde la política de gobierno y en las instituciones internacionales. A la Plata-forma de Acción le preocupa tanto el acceso de las mujeres a estructurasy organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, como su plenaparticipación en las mismas, y la capacidad de las mujeres para participar encargos con poder de decisión y liderazgo. Estas desigualdades en relacióncon el poder son esenciales en el contexto de la seguridad para las mujeres(Massolo, 2005, p. 24).Desigualdad en el acceso y control de los recursosLas mujeres afrodescendientes, indígenas y campesinas en Colombia, comoen otras partes del mundo, desempeñan un papel fundamental en la adminis-
Resolución 1889 de 2009: Insta a los estados miembros y organizaciones regionales e internacionales para que sigan adoptado medidas que mejoren la participación de la mujer en los procesos de paz, reitera su llamado a las partes en el conflicto armado para el pleno respeto del derecho internacional aplicable a los derechos y la protección de mujeres y niñas. Pone de relieve la responsabilidad de los Estados de terminar con la impuni- dad y enjuiciar a los culpables de todo tipo de actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas en situación del conflicto armado, incluidos todos los actos de violencia sexual. Solicita al Secretario General que en seis me- ses (abril de 2010) presente un conjunto de indicadores destinados a utilizar- se a nivel mundial para vigilar la aplicación de la resolución 1888, y solicita al Secretario General un informe en 12 meses sobre el modo de asegurar la participación e inclusión de la mujer en los procesos de consolidación de paz y planificación después de los conflictos.tración de los recursos naturales, y, además, tienen vastos conocimientos yexperiencias sobre el agua, la tierra y las fuentes de energía que mantienen asus hogares y comunidades. Sin embargo, la falta de la tenencia de la tierra odel derecho a la herencia, y las tendencias actuales como la privatización delagua, menoscaban su capacidad para tener en propiedad, administrar, usar yconservar estos recursos y mantenerse a sí mismas y a sus familias. El dere-cho limitado de las mujeres a la tierra, a la propiedad y a la herencia significacon frecuencia menor acceso de ellas a los servicios de extensión agrícola y alos créditos que se destinan para el desarrollo rural.Adicionalmente, las mujeres siguen realizando, en mayor proporción que losvarones, labores productivas vinculadas al sector informal de la economía,donde no existen garantías laborales ni de seguridad social. Aquellas queingresan a la economía formal tienden a ser ubicadas en empleos mal remu-nerados, con mayores riesgos ambientales y de seguridad. Las mujeres siguenganando menos que los hombres por realizar la misma tarea, y superan ennúmero a los hombres entre la población analfabeta. La responsabilidad delas mujeres con respecto a las tareas domésticas implica que el tiempo es unrecurso sumamente limitado para ellas: tiempo para participar en organiza-ciones comunitarias, tiempo para estudiar y tiempo para generar ingresos.Por tanto, la capacidad de la mujer para proteger su propia seguridad y ga-rantizar la seguridad de su familia difiere enormemente.Derechos humanos de las mujeresLa protección y el respeto de los derechos humanos son considerados ele-mentos importantes en toda agenda de seguridad. Este aspecto de la agendadebe ampliarse en forma expresa para asegurar una búsqueda más activa delos derechos de la mujer como derechos humanos. Es importante que el usode los derechos humanos en este contexto incluya claramente temas de de- 28
rechos específicos de las mujeres, así como sus derechos reproductivos y suderecho a una vida sin violencias. 29Ahora bien, existe una serie de factores que dificultan el reconocimiento de IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombiaeste conjunto de amenazas para la seguridad de las mujeres en el país. Elprincipal factor que interviene está vinculado a la persistencia del estatusde subordinación histórica que han conocido las mujeres, y las relacionesdesiguales entre ambos sexos. Este factor influye de manera significativa enla dificultad para concebir, por ejemplo, y entre otras amenazas, las violen-cias contra las mujeres como un asunto público, es decir, en una prioridadpública. Quienes han enfrentado el problema, entre ellas las organizacionesy movimientos sociales de mujeres, han tenido que luchar contra las estruc-turas y las creencias que lo aíslan bajo el pretexto de ser un asunto doméstico,y luchar contra la falta de conciencia de las víctimas, las cuales muchas vecesno se reconocen como tales.Así mismo, el que las violencias contra las mujeres se conviertan en un asuntopúblico significa que es una situación privada que incumbe a la colectividadpues, al producirse, viola los derechos humanos. Concebirla de esta maneraimplica que el país tiene que ajustar los códigos legales, reformar los serviciossociales, apoyar las iniciativas de los grupos de mujeres, afinar los sistemasestadísticos y ampliar la agenda de prioridades públicas.Son obligaciones del Estado colombiano que los funcionarios-as o quie-nes actúen con autorización del Estado no deben cometer actos deviolencia contra las mujeres; el Estado y sus agentes deben tomar me-didas eficaces para impedir que otros individuos o grupos violen los de-rechos humanos de las mujeres; debe hacer realidad los derechos delas mujeres, garantizando una infraestructura adecuada para estas le-yes, políticas y prácticas, a fin de eliminar la violencia contra las mujeres.Bibliografía•	Carcedo, Ana. (2002). Políticas Públicas sobre violencia contra las mujeres: necesi- dad urgente de balances estratégicos. Ponencia presentada en la “Conferencia Cen- troamericana y del Caribe reducción de la pobreza, gobernabilidad democrática y equidad de género”. Managua.•	Cinep. Revista Noche y Niebla No. 38, 37, 36, 35, 34.•	Comission on Human Security. (2003). Human Securrity Now. New York.•	Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2005). Las mujeres frente a la vio- lencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. Washington D.C.•	Consejo de Derechos Humanos. Informe Anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de DDHH e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secre- tario General. 19 de febrero de 2009.•	De la Cruz, Carmen. Seguridad de las mujeres en el espacio público: aportes para las políticas públicas.
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31 IX informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia L as violencias sexuales contra las mujeres en Colombia: una realidad que no se transforma El análisis feminista, acerca de las violencias contra las mujeres pone especial énfasis en interpretar y explicar estas violencias como expresión de opresión, subordinación e injusticia social que viven las mujeres, y de los dispositivos de poder que utiliza el sistema socio-sexual patriarcal para mantener, re-crear y reproducir dichas relaciones. Estas interpretaciones y explicaciones permi- ten visualizar las violencias contra las mujeres como un contínuum en sus vidas y no como expresiones inconexas (Radford & Russell, 1992, p.34), de rabia o pérdida de control de los varones. Los enfoques teóricos feministas avanzan en una visión de la violencia sexual desde la experiencia de las mujeres y de las niñas, y superan la visión frag-* Elaborado por Casa de la mentada de las categorías legales que no dan cuenta del hilo conductor que Mujer y Ruta Pacífica de da sentido político a las violencias contra ellas. La noción de contínuum posi- las Mujeres. En el presente bilita identificar y analizar la diversidad que viven las mujeres en los sistemas documento se incluye infor- mación contenida en: Segui- socio sexuales patriarcales y facilita, además, interpretar la violencia sexual miento al Informe de la CIDH masculina como un dispositivo de poder central que mantiene el sistema “Las mujeres frente a la vio- socio-sexual patriarcal (1992, p. 34), y para que las mujeres se adscriban a sus lencia y la discriminación de- rivadas del conflicto armado mandatos. Desde esta perspectiva el factor de riesgo es la diferencia sexual. en Colombia” presentado por El contínuum de la violencia contra la mujer adopta formas diversas, inclui- la Casa de la Mujer y la Ruta Pacífica de las Mujeres a la das la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la Comisión Interamericana de prostitución forzada; la violencia en situaciones de conflicto armado, como Derechos Humanos, 2009. los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual, el control Y del Informe de Colombia. Audiencia: “Acceso a la jus- afectivo y sexual, el aborto y el embarazo forzado; los asesinatos por razones ticia de mujeres víctimas de de honor, entre otras. Se puede afirmar que las violencias contra las mujeres la violencia en las Américas”, conllevan elementos de tortura como: 1) producir dolor y sufrimiento físico Comisión Interamericana de o mental; 2) ser inflingida en forma intencional; 3) tener propósitos específi- Derechos Humanos, presen- tado por la Casa de la Mujer, cos como castigar, intimidar a la víctima; 4) e involucra la participación oficial 2009. ya sea activa o pasiva.
la vIolENCIa SExual EN la REalIDaD ColoMBIaNa EN 2008Conocer con precisión la magnitud de la violencia sexual contra las muje-res, en el país, es una tarea aún inconclusa. Persiste por parte de las entida-des encargadas la dificultad para formular criterios, categorías e indicadorescompartidos, que puedan ser utilizados por las instituciones responsables deinvestigar, sancionar y prevenir las violencias contra las mujeres, para establecersistemas de registros. A esta dificultad se suma el sub-registro en las cifras dedenuncia y dictámenes periciales, el cual de acuerdo con el INML (Oxfam In-ternacional, 2009, p.10) sobrepasa el 90% del total de crímenes cometidos.Del lado de las mujeres, existen obstáculos que contribuyen a des-estimularla denuncia de los delitos cometidos contra ellas y, por lo tanto, a no dispo-ner de información oportuna y confiable. Limitaciones como el no reco-nocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y como víctimas; ladesconfianza frente a las instituciones estatales; el temor a la estigmatizacióny la re-victimización; la naturalización de las violencias; el miedo y el silencio;el desconocimiento de las instituciones responsables para la protección, laprevención, la atención, la investigación y la sanción de las violencias, y de losmecanismos para la exigibilidad de su derecho a una vida libre de violencias.Otra de las limitaciones de la información, es que se da mayor énfasis a loshechos de violencia tipificados como delitos por el Código Penal colombia-no, dejando de lado manifestaciones de la violencia sexual como la esclavitudsexual y el embarazo, y la situación de colectivos como las mujeres indígenas,las afrodescendientes y las lesbianas. Para la elaboración del presente informeno se logró obtener información actualizada acerca de prostitución, trata depersonas, aborto y embarazo forzado, control sexual y afectivo por parte delos actores armados. Es de resaltar la crítica situación de derechos humanosy de violencia sexual que viven las personas LGBT.En el informe sobre derechos humanos de las personas LGBT de 2006–2007, Colombia Diversa reportó que “en los casos de detenciones y agresio-nes a travestis se ha detectado que a éstas, las conducen a lugares apartadosde la ciudad, se han reportado casos de golpes en las prótesis, uso de armade fuego en las agresiones físicas, instigamiento al abuso sexual y el forzarlasa hacer ciertos trabajos como forma de castigo”. Los hombres gay, aunqueen menor proporción, también son víctimas de abuso, así como parejas delmismo sexo que hacen manifestaciones públicas de afecto, mediante el con-trol ilegítimo del espacio público. De estos abusos policiales también sonvíctimas en algunos casos los defensores de los derechos humanos, particu-larmente aquellos que trabajan con travestis en ejercicio de la prostitución(Colombia Diversa, 2009, p. 3).Para el mismo período se “registró el asesinato de por lo menos 6.714 per-sonas LGBT” (2009, p. 11), y se ha “tenido conocimiento de varias denun-cias de amenazas de grupos paramilitares a personas LGBT en diferentesregiones del país. Las amenazas responden, por supuesto, al ejercicio de estapoblación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. El control so-cial de estos grupos armados en algunas zonas continúa; siguen señalando alos “indeseables”, según ellos, de una comunidad, y en consecuencia no han 32

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