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﻿ Sentencia 2006-00006 de enero 28 de 2015
SENTENCIA 2006-00006 DE 28 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:DETENCIÓN PREVENTIVA- DERECHO A LA LIBERTAD. AUNQUE LA DETENCIÓN PREVENTIVA EMERGE COMO UN INSTRUMENTO VÁLIDO PARA EL DESARROLLO DEL COMETIDO ESTATAL DE PERSEGUIR LOS DELITOS, DESDE UNA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA NO PUEDE OLVIDARSE QUE NUESTRO ESTADO DE DERECHO RECONOCE, SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES DE LA PERSONA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y, POR LO MISMO, LA CONSTITUCIÓN, SIN AMBAGES, SEÑALA, DENTRO DE LOS FINES DEL ESTADO, EL DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS, ENTRE ELLOS EL DE LA LIBERTAD, COMO ÁMBITO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS INDIVIDUOS, EN EL MARCO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO UNIVERSAL DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
Sentencia 2006-00006 de enero 28 de 2015
Rad.: 85001 23 31 000 2006 00006 01 (36662)
Actor: Mario Enrique Remolina González y otros
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(3), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
2. Prelación de fallo(4).
En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad del señor Mario Enrique Remolina González, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
Respecto de la caducidad de la acción de reparación directa, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece:
Al respecto, la Sala, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el término de caducidad en este tipo de acciones se cuenta, generalmente, a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa que cause el perjuicio.
Ahora bien, en los casos relacionados con la privación injusta de la libertad, el hecho dañoso se configura cuando queda ejecutoriada la providencia penal absolutoria y a partir de ese momento comienza a contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa. Al respecto, la Sala ha señalado:
‘— Que el hecho no existió.
‘— Que el sindicado no lo cometió.
‘— Que la conducta no constituía hecho punible’.
“El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la cual deviene como consecuencia de la decisión que así lo determine”(5) (resalta la Sala).
En consideración a que en el presente asunto no se demostró la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de 3 de enero de 2005, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), mediante la cual se absolvió al señor Mario Enrique Remolina González y se ordenó su libertad inmediata, es necesario acudir a los artículos 188 y 194 del decreto 2700 de 1997 (CPP vigente para esa época) que preveían:
“ART. 188.—NOTIFICACION PERSONAL AL SINDICADO PRIVADO DE LA LIBERTAD Y AL MINISTERIO PUBLICO. Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad y al Ministerio Público se harán en forma personal” (resalta la Sala).
“ART. 194.—NOTIFICACION EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. La notificación de toda providencia a una persona que se halle privada de la libertad, se realizará en el respectivo establecimiento, informando al sindicado sobre los recursos que proceden contra ella y dejando constancia en la dirección o asesoría jurídica y en el expediente” (resalta la Sala).
Como quiera que en el oficio suscrito por la Directora de la Cárcel de Paz de Ariporo (Casanare) se indicó que el señor Mario Enrique Remolina González salió de ese centro de reclusión el 5 de enero de 2005(6), la Sala considera que en esa fecha el sindicado se notificó personalmente de la providencia dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare) el 3 de enero anterior, pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 198 del citado Código de Procedimiento Penal, las providencias relativas a la libertad se cumplen de manera inmediata.
Así las cosas, según lo previsto en el artículo 197 ibidem(7), la providencia dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal debió quedar ejecutoriada, en principio, el 8 de enero de 2005; no obstante, como quiera que los días 8, 9 y 10 de los mismos mes y año no fueron hábiles, dable es concluir que la plurimencionada sentencia penal quedó ejecutoriada el 11 de enero de 2005.
Bajo esa perspectiva, es evidente que los actores tenían plazo para presentar la demanda, a más tardar, el 11 de enero de 2007 y, como quiera que la interpusieron el 13 de diciembre del 2005, es claro que ejercieron la acción de reparación directa dentro del término previsto en la ley.
4. El régimen de responsabilidad aplicable.
Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Mario Enrique Remolina González, entre el 24 de mayo de 2003 y el 5 de enero de 2005, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(8), que establece:
“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996…”(10) (se resalta).
En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(13). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(14).
Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.P. art. 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:
Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P. art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.P. art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(21).
Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Mario Enrique Remolina González.
En la demanda se indicó que el señor Mario Enrique Remolina González fue privado injustamente de la libertad, por cuenta de las actuaciones adelantadas por las demandadas, que lo vincularon a una investigación penal por el delito de concierto para delinquir, actuación que terminó en su favor, al considerarse que no cometió el delito investigado; en ese orden de ideas, se arguyó que la responsabilidad del Estado debía estructurarse de forma objetiva.
Por su parte, las demandadas fueron enfáticas en afirmar que las actuaciones surtidas en la investigación penal se encontraban ajustadas a derecho y que sobre el señor Remolina González recaía un indicio grave de responsabilidad; por consiguiente, la medida de detención preventiva era una carga que éste estaba obligado a soportar.
El Tribunal de primera instancia declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, en su criterio, la inexistencia de pruebas en contra del referido Remolina González permitía concluir que la privación de su libertad fue injusta.
Luego de analizar los elementos de prueba válidamente aportados al proceso, la Sala encuentra acreditado que la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue la que constituyó el factor determinante para que la detención del señor Remolina González resultara injusta.
En efecto, de las exiguas pruebas que obran en el plenario [las cuales fueron aportadas con la demanda], se destaca la resolución interlocutoria [sin número] del 4 de junio de 2003, dictada por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), por medio de la cual se dictó medida de aseguramiento —consistente en detención preventiva—— en contra del señor Mario Enrique Remolina González, bajo el cargo de concierto para delinquir, por su presunta participación en la conformación de bandas paramilitares. En dicha providencia, se consideró (se transcribe tal cual, inclusive con errores):
“Se debe anotar … que estos grupos ilegales delinquen en forma continua mediante la modalidad de división de trabajo y en el caso que nos ocupa, se puede dar esta modalidad, pues obra dentro del informativo la denuncia y ampliación de la misma, por parte del señor JUAN ANDRES SOGAMOSO, en contra del hoy implicado REMOLINA GONZALEZ, en la que se formulan cargos por intentar reclutarlo para que ingresara al grupo al margen de la ley denominado Autodefensas, situación que se venía presentando desde hacia ya varios días y que no se ha dado por la renuencia del denunciante.
“En el caso que nos ocupa, se sabe que el joven JUAN ANDRES SOGAMOSO, instaura denuncia por el delito de AMENAZAS PERSONALES, en contra de Alias MARIO, quien al parecer es integrante de las Autodefensas y finalmente el día 24 de mayo del año en curso acude a la estación de Policía de Paz de Airiporo a informar que la persona que lo ha amenazado de muerte porque no ingresa a la fila de las autodefensas, se encuentra en un establecimiento público denominado DAIQUIRI, formulando seriamente cargos en contra de dicho individuo y finalmente resulta ser el hoy sindicado MARIO ENRIQUE REMOLINA GONZALEZ, el que fuera indagado y negara enfáticamente en el curso de la diligencia los hechos que se le imputan” (fl. 23, cdno. 1).
Con fundamento en lo anterior, mediante auto interlocutorio [sin número], del 23 de enero de 2004, se dictó resolución de acusación en contra del señor Mario Enrique Remolina González como “… coautor del delito de concierto para delinquir…” (fl. 30, cdno. 1).
Con todo, mediante sentencia del 3 de enero de 2005, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare) absolvió al señor Remolina González, pues, según la valoración probatoria, el testimonio de Jesús Andrés Sogamoso —por el cual había sido incriminado— perdió credibilidad, teniendo en cuenta que éste visitó a aquél —al igual que a su familia— con el fin de obtener “recompensas económicas” por cambiar su versión y, por ende, sus acusaciones en contra del mencionado Remolina González; además, se afirmó que el testigo incurrió en “… serias contradicciones y evasivas…”(24), razón por la cual se concluyó que no existía “… el más mínimo asomo de responsabilidad sobre la conducta …”(25) que se le endilgaba al sindicado [se refiere Mario Enrique Remolina González]; por el contrario, se expresó que se trataba de un ciudadano que había “… cumplido con todos sus deberes y obligaciones, un muchacho emprendedor, … trabajador, responsable de su familia y el cual no ha debido merecer el tratamiento que hasta ahora le ha dado el estado (sic)”(26).
También se tiene por acreditado que el señor Remolina González estuvo recluido en la cárcel de Yopal desde el 24 de mayo de 2003 hasta el 24 de noviembre de 2004 y que, desde el 25 de noviembre de este último año, hasta el momento en que fue puesto en libertad (5 de enero de 2005), permaneció bajo detención domiciliaria (fl. 19, cdno. 1).
De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que, en efecto, el señor Mario Enrique Remolina González fue privado injustamente de la libertad por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), que lo vinculó a una investigación penal por el delito de concierto para delinquir y le profirió medida de aseguramiento, cuando, en realidad, éste no había cometido delito alguno, pues las incriminaciones en su contra fueron artificiosamente realizadas por una persona que pretendía obtener “recompensas económicas” por cambiar su versión y, por tanto, sus acusaciones en contra del señor Remolina González. Así, pues, no hay duda de lo injusto de la privación de la libertad de que fue víctima este último, quien permaneció detenido desde el 24 de mayo de 2003 hasta el 5 de enero de 2005 (es decir, casi por el lapso de 20 meses), cuando finalmente se le levantó la medida de aseguramiento y se ordenó su libertad inmediata debido a que no cometió el delito que se le imputaba.
La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según la jurisprudencia de esta Corporación(27), cual es que el sindicado no haya cometido el delito; por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas señaladas, se impone concluir que el señor Mario Enrique Remolina González, al haber sido privado injustamente de su libertad —como ya se dijo—, no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que el mismo debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.
Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue la Fiscalía la que determinó que el plurimencionado señor hubiere sido privado de su libertad durante casi 20 meses, término al cabo del cual se le absolvió del delito imputado y se ordenó su libertad inmediata. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(28); sin embargo, ninguna de estas eximentes se encuentra acreditada en el plenario.
Bajo este escenario, resulta forzoso concluir que el daño causado al extremo demandante, por la privación injusta de la libertad, es jurídicamente imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues, si bien ésta dictó la medida de aseguramiento con fundamento en la denuncia penal formulada por el señor Juan Andrés Sogamoso [ver, transcripción, numeral 5 supra], lo cierto es que no desplegó ninguna actividad probatoria con el fin de verificar si los hechos descritos en la misma eran ciertos o no y, por ende, descartar la presunta responsabilidad del señor Remolina González. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, en lo atinente a la declaratoria de responsabilidad.
Por la privación injusta de la libertad del señor Mario Enrique Remolina González, además de él, concurrieron al proceso los señores Liney Pérez Niño (compañera permanente), Luis Enrique Remolina Contreras y Luz Dary González Silva (padres), los menores Carlos Julián y Lina María Remolina Pérez (hijos), y los menores Yuri Alejandra y Luis Enrique Remolina González (hermanos). Para acreditar tales calidades, obran en el expediente copias de los registros civiles de nacimiento de cada uno de ellos (folios 13, 14,15 del cuaderno 1 y 30, 31 del cuaderno 2), así como los testimonios de los señores José Ananías Velandia Velandia, Rodrigo Silva Naranjo, José Emilio Salcedo Castillo, Marco Antonio Rodríguez y Jacoba Niña de Abril (obrantes a folios 18 a 27 del cuaderno 2), quienes son contestes en afirmar que el señor Remolina González convivía con la señora Liney Pérez Niño, con quien compartía sentimientos de amor.
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño y de sus familiares, por la privación injusta de su libertad(29); por consiguiente, se mantendrá incólume la condena impuesta en primera instancia, por concepto de perjuicios morales, toda vez que la parte recurrente ostenta la condición de apelante único y el extremo demandante no mostró inconformidad alguna al respecto.
Hasta hace poco, esta Corporación reconocía los perjuicios inmateriales, diferentes al perjuicio moral, bajo el concepto de “alteración a las condiciones de existencia”; sin embargo, en esta oportunidad se reconocerá tal perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado (sent. sep. 14/2011, exp. 19031), el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios que provengan de una afectación a la órbita psicofísica de la víctima.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta la condición de apelante único de la Fiscalía General de la Nación, se mantendrá el monto reconocido en primera instancia, pero, se insiste, se reconocerá bajo esta denominación.
Por las razones anotadas, que impiden hacer más gravosa la situación del apelante único, la Sala también mantendrá intacta la indemnización reconocida en primera instancia, por este concepto, con la advertencia de que su pago se hará según el salario mínimo legal mensual vigente para el momento en que quede ejecutoriada esta sentencia.
1. CONFÍRMASE la sentencia 22 de enero de 2009, dictada por Tribunal Administrativo del Casanare, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, con la advertencia de que el salario mínimo legal mensual se liquidará con el valor que tenga al momento de la ejecutoria de esta sentencia.
4 De conformidad con el Acta 9 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de abril de 2013.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 11425.
6 Folio 19, cdno. 1.
7 ART. 197.—Decreto-Ley 2700 de 1991: “Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas…”.
9 “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
11 En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, exp. 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.
13 Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1992, exp. 7058.
14 Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, exp. 8666.
15 Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391.
16 Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056
19 Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15.980.
20 GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.
24 Fl. 38, cdno. 1.
26 Fl. 39, cdno. 1.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.
28 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, reiterada en sentencia de abril 15 de 2011, exp. 18.284 y en sentencia de 26 de mayo de 2011, exp. 20.299, actor: Jesús David Arciniegas Caselles y otro.
29 Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076.

References: ARTÍCULO 5
 artículo 73
 artículo 16
 artículo 136
 artículo 198
 artículo 197
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 90
 resolución 
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