Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_5_2011/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 04:44:50+00:00

Document:
Boletín 05/2011
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Carrera 4 No. 2-18 Popayán
Secretaría: 8240151/Relatoría: 8240458
Fax: 8240397
e-mail: relatoriatribunalcauca@gmail.com
Dra. HILDA CALVACHE ROJAS (Presidente)
Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO (Vicepresidente)
Dra. CARMEN AMPARO PONCE DELGADO
Dr. MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ
Secretario (E): Dr. LUIS FELIPE ORDOÑEZ GÓMEZ
Relator: Mag. CARLOS ALFREDO VALVERDE MOSQUERA
Cuando le preguntaron a Robert Alexy, durante su estadía en Colombia, qué consejo le daba a los Magistrados de la Corte Constitucional, contestó: “El catálogo de recomendaciones para los tribunales constitucionales puede ser extenso, pero lo resumo en un punto, en lo que no deben hacer: ninguna Corte debe fallar con base en criterios ideológicos o religiosos”. Esta verdad, tan sencilla pero esencial representa todo un reto cotidiano, no solo para los tribunales constitucionales –expondríamos, ampliando respetuosamente la concepción del Maestro Alexy - sino para todos los falladores judiciales.
Y es que las razones del juzgador no pueden ser otras que las que están a su disposición en el orden jurídico, comenzando con la Constitución Política. Es por ello que, resulta afortunada la interpretación que con base en las nuevas realidades jurídicas, la Corte Constitucional plasmó respecto del concepto de ley contenido en el artículo 230 de la Carta Política: “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”. Ley entendida, no en su sentido formal, sino material lo cual abarca todo el contenido del orden jurídico sustentado en la Norma de Normas -incluidos sus valores y principios - y, en la doctrina constitucional, como sus elementos fundantes.
Es llamativo observar como la Jurisdicción Administrativa en el Cauca está expidiendo una serie de sentencias basadas en precedentes constitucionales, y por supuesto del Consejo de Estado, donde la labor de armonización interpretativa representa un trabajo diario e incansable, buscando el respeto del orden jurídico con la consecuente protección de los derechos y garantías de los ciudadanos.
Es resaltable el compromiso de nuestros falladores con los retos propios del derecho y, sin lugar a dudas, de una sociedad anhelante de justicia. Ponemos a disposición de nuestros, cada vez mayores lectores, una selección de sentencias del Tribunal Administrativo del Cauca a través del Boletín 005 de Noviembre de 2011. Nuevamente, esperamos les sea de especial utilidad para sus labores diarias.
Relatoría Tribunal Administrativo del Cauca
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.
1. ACCIÓN POPULAR/ Andenes para discapacitados/Falta de elementos probatorios para demostrar violación de derechos colectivos/Falta de diligencia del accionante. 20100024301. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
2. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Protección especial a paciente con VIH, Tuberculosis y Neumonía. 20110038400. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
3. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la personalidad jurídica/ la corrección de inconsistencias en nombres que presenten registros civiles, es un trámite administrativo y no pertenece a la órbita de la tutela. 20110052200. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/ Otorgamiento del subsidio de vivienda/ La doble postulación está prohibida. 20110049500. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ El plantear nuevos hechos en la impugnación vulnera el derecho de defensa del demandado. 19001230000120110000301. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado
6. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Derecho de petición/ Fiscalía General de la Nación/ Respuesta negativa referida a no expedir copias de expedientes sometidos a reserva, no vulnera derecho fundamental. 19001230000120110052300. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Reclusos/ Son sujetos de especial sujeción/Elementos de aseo personal/No debe vulnerarse su derecho a la dignidad humana y de petición. 19001333100620110031201. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Desplazados/ El juez constitucional debe analizar de forma menos rigurosa los requisitos de procedibilidad de la acción. 19001333100720110045801/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción /Presunto conflicto entre etnias indígenas/ No se cumplen los supuestos de conexidad entre derechos colectivos y derechos fundamentales. 19001233100120110050800. MP Carmen Amparo Ponce Delgado
10. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la identidad/ Alcances legales de la cédula de ciudadanía. 20110051400. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Procedencia/ Falta de pago de acreencias laborales cuando vulnera el mínimo vital/ Acreencias laborales/ El Juez constitucional desbordó su competencia al decretar la responsabilidad solidaria para el pago de la obligaciones pendientes. 20110034801. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/SENA/ Se deniega porque el tutelante no optó dentro del término del concurso. 20110033701. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Mujer embarazada/ Orden de tratamiento integral no vulnera el derecho de defensa de la EPS-S /Derecho a la salud/ Recobro al FOSYGA sin restricciones/ El ordenar el recobro ya no requiere pronunciamiento del juez constitucional. 20110000401. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/Debido proceso/ El padecimiento de salud del apoderado no tuvo condición de irresistible para justificar su inasistencia a la audiencia/Si hay vulneración del derecho al denegarse el grado jurisdiccional de consulta. 20110051300. MP/Carlos Hernando Jaramillo.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia de la acción/ Falta requisito de inmediatez/ interposición caprichosa de la acción. 19001333100220110042601. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
16. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Dirección de sanidad del Ejército Nacional/ Para las fuerzas militares aplica el régimen de salud contenido en la Ley 352 de 1997. 19001233100120110051500. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
17. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/ Liquidación unilateral del contrato/Para que proceda el restablecimiento económico por parte de la Entidad contratante, el demandante debe comprobar su propio cumplimiento. 19001233100120040183300/MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
18. REPARACIÓN DIRECTA/Muerte por obra pública/ Responsabilidad solidaria entre INVÍAS, Unión Temporal y Consorcio/No se configuró culpa exclusiva de la víctima. 2002087501. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
19. REPARACIÓN DIRECTA/Privación Injusta de Libertad/Daño emergente/ Reconocimiento de honorarios de abogado en la sentencia. 20090022000. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
20. REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de auxiliar de policía a manos de la guerrilla/ Indemnización a forfait/No se excluyen presentación de la indemnización por daño y la indemnización a fortait. 20060015701. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
21. REPARACIÓN DIRECTA/Responsabilidad médica/ Aplicación de la Teoría de alto grado de probabilidad preponderante. 20010033300. MP/ Hilda Calvache Rojas.
22. REPARACIÓN DIRECTA/Responsabilidad médica/Cirugía de ligadura de trompas/ Ceguera posterior de la paciente/Falta de nexo casual. 20040277201. MP/ Hilda Calvache Rojas.
23. REPARACIÓN DIRECTA /Daño en inmueble por obra pública/Falta de legitimación por activa/ No se demostró la calidad de dueño. 20030052201. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
24. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a reclusos/ Afirmaciones del interno ante el área de sanidad del INPEC referidas al autor de las lesiones, deben ser probadas. 20040045301. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
25. REPARACIÓN DIRECTA/Lesiones a soldado por arma de fuego/ Culpa exclusiva de la víctima/ intento de suicidio. 20050007101. MP/ Hilda Calvache Rojas.
26. REPARACIÓN DIRECTA/ Secuestro y muerte/ No se probó conducta omisiva de la Policía Nacional. 1900123000012005002600. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
27. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reliquidación de pensión/Empleado de Fiscalía General de la Nación/Deben reconocerse todos los factores contenidos en los Decretos 546/71 y 717/78. /La petición ante la Entidad interrumpe el término de prescripción de derechos. 2009000300. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
28. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reliquidación pensional/Error al declararse la configuración de excepción sin que hubiese lugar a ello/ La irregularidad continuada no genera derecho. 2005008290. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
29. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Contrato realidad/ Prestación de servicios médicos generales bajo subordinación. 20030039801. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
30. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Asignación de retiro/ Fuerzas militares/ Requisitos del Decreto 1211 de 1990. 20080035400. MP/ Hilda Calvache Rojas.
31. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Reliquidación pensional/La enunciación de factores de la ley 62 de 1.985, es enunciativa y no taxativa/las entidades pueden al momento de pagar las mesadas pensiónales, hacer los descuentos a que haya lugar sobre los factores no cotizados. 20060063901. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
32. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reconocimiento pensional/Empleado de Rama Judicial/ Principio de favorabilidad/Debe aplicarse el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 717 de 1978, no la Ley 71 de 1988. 20080024001. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
33. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Contrato Realidad/Las prestaciones sociales con ocasión del contrato realidad no prescriben. 20040142601. MP/ HILDA CALVACHE ROJAS.
34. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Sanciones municipales/ Vicio de nulidad/ Funcionario incompetente. 19001230000020050102100. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
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Acción: Popular
Magistrado Ponente: CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO
Sentencia: 31 de Octubre de 2011
Expediente: 20100024301
Tema tratado: Andenes para discapacitados/Falta de elementos probatorios para demostrar violación de derechos colectivos/Falta de diligencia del accionante.
“El actor popular no solicitó amparo de pobreza y cuando se decretó el dictamen y se fijaron los honorarios del perito con la advertencia que de no sufragarlos se entendería que desistía de la prueba (fl. 66 Cdno. Ppal.), guardó silencio y no evidenció que tuviera algún problema económico que le impidiera asumir los costos del experticio. Ahora, el Juez negó la inspección judicial aduciendo que en el caso concreto se requería un concepto técnico y por ello decretó el dictamen, sin que el actor se opusiera a tal decisión ejerciendo los respectivos recursos. Tampoco puede argumentarse que faltó requerir al Personero Municipal para la realización de la inspección ya que ello no hace parte de las funciones de dicha autoridad. Y la falta diligencia del accionante, se infiere no sólo de su escasa colaboración en el recaudo de las pruebas sino también de su inasistencia a la Audiencia de Pacto de Cumplimiento (fl. 63 Cdno. Ppal.)”.
Acción: Tutela
Magistrado Ponente: MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ
Sentencia: 04 de octubre de 2011
Expediente: 20110038400
Tema tratado: Derecho a la salud/ Protección especial a paciente con VIH, Tuberculosis y Neumonía.
“…se ha visto vulnerados los derechos fundamentales de la salud y la dignidad humana del señor (…), por parte de CAPRECOM E.P.S al no garantizarle y brindarle, el tratamiento integral de salud, contra las enfermedad que padece (VIH, Tuberculosis, y Neumonía), ya que además el demandante es un sujeto de especial protección constitucional, por su condición social y de salud.”
Sentencia: 20 de Octubre de 2011
Expediente: 20110052200
Tema tratado: Derecho a la personalidad jurídica/ la corrección de inconsistencias en nombres que presenten registros civiles, es un trámite administrativo y no pertenece a la órbita de la tutela.
“Ahora bien, lo concerniente al derecho Fundamental de la Personalidad Jurídica del demandante, esta Corporación analiza que no ha sido vulnerado por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ya que no se prueba que las inconsistencias en los nombres que presentan los registros mencionados en la demanda, sean responsabilidad de la entidad accionada, además de considerarse que la corrección que solicita el demandante conforme a lo estipulado en la normatividad vigente del Estatuto Orgánico del Registro Civil, Decreto Ley 1260 de 1970 y el Decreto 2188 de 2001, solo es procedente a través de un trámite administrativo, por lo que acción de tutela, no es medio jurídico eficaz para que se ordene lo pretendido por el demandante”.
Sentencia: 05 de Octubre de 2011
Expediente: 20110049500
Tema tratado: Desplazados / Otorgamiento del subsidio de vivienda/ La doble postulación está prohibida.
“Así las cosas, la decisión de rechazo de la postulación para el otorgamiento de subsidio de vivienda para población desplazada emitida a través de la Resolución No 904 del 17 de diciembre de 2009, a todas luces no vulnera los derechos fundamentales de la accionante, pues esta decisión, tomada con base en la estado de la señora MARIA ENELIA DIAZ FERNANDEZ, está legalmente fundamentada, ya que no es aceptable que exista doble postulación por parte de una persona para el otorgamiento de un subsidio de vivienda tal como lo determina el Decreto 2190 de 2009 Artículo 40. “Duplicidad de postulaciones. Ningún hogar podrá presentar simultáneamente más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de vivienda, así sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del mismo. Si deliberadamente se incurre en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de inmediato por la entidad competente. Si se detectare la infracción intencional con posterioridad a la asignación del subsidio, se revocará su asignación y por ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado en parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, desde la fecha en que se asignó”.
Magistrado Ponente: CARMEN AMPARO PONCE DELGADO
Sentencia: 02 de Noviembre de 2011
Expediente: 19001230000120110000301
Tema tratado: Internos/ El plantear nuevos hechos en la impugnación de la tutela, vulnera el derecho de defensa del demandado.
“En el caso objeto de estudio, el actor sólo indicó como hechos en la demanda de tutela, que ya había cumplido con los requisitos para poder ser trasladado a la fase de mediana seguridad, y para poder obtener el permiso administrativo de las 72 horas de libertad. Frente a lo cual, la Juez A quo, advirtió que no se había acreditado la presentación de petición alguna para la obtención de tales beneficios, razón por la cual, era improcedente acudir a la acción de tutela en forma directa para lograrlos; así, procedió a denegar el amparo. Con la impugnación de la sentencia de primera instancia, el actor refirió nuevos hechos en los que relata la presentación de dos escritos que contienen solicitudes de cambio de fase de tratamiento; también se aportaron las pruebas respectivas. No obstante, ello modifica sustancialmente la demanda, y por ende no puede ser tenido en cuenta, ya que si se valoran los nuevos elementos, se estaría vulnerando el derecho de defensa de la entidad demandada, al no habérsele permitido ejercer la contradicción de los mismos. En ese contexto, la Sala procede a pronunciarse sólo con lo que se allegó en la primera instancia y el fallo proferido”.
Sentencia: 24 de Octubre de 2011
Expediente: 19001230000120110052300
Tema tratado: Derecho de petición/ Fiscalía General de la Nación/ Respuesta negativa referida a no expedir copias de expedientes sometidos a reserva, no vulnera derecho fundamental.
“El señor DEIBER ORTEGA BURBANO, interpuso acción de tutela a nombre propio con el fin de que se le resolviera de fondo el derecho de petición que fue radicado por él, en la OFICINA DE PROTECCIÓN ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN el día 1 de septiembre de 2011 (fl. 4, 5). En el escrito, el actor solicitaba copias auténticas de un expediente de una persona que estuvo vinculada al Programa de Protección de testigos. La entidad demandada emitió oficio según 13598 del 20 de septiembre de 2011 (fl. 18), por medio del cual le informa al actor que no es posible suministrarle las copias del expediente debido a que está sometido a reserva. El oficio 13598 fue enviado al actor el día 22 de septiembre de 2011, según consta en la planilla de correspondencia enviada en la fecha (fl. 25).Ahora bien, revisado el artículo 72 de la Ley 418 de 1997, se encuentra que en él se contempla: “ARTÍCULO 72. La Fiscalía General de la Nación mantendrá bajo estricta reserva los archivos de las personas amparadas o relacionadas con el programa de protección. (...)”. En ese sentido, se halla que la respuesta de la Oficina de Protección y Asistencia es de fondo, y además tiene fundamento legal.Bajo este entendido, la Sala encuentra que frente a la solicitud enviada el día 1 de septiembre de 2011, no existe la vulneración del derecho de petición, ya que se emitió respuesta de fondo por parte de la entidad, y fue remitida al actor. Situación diferente, es que la respuesta no se dio en los términos pretendidos por éste; hecho que no constituye violación al derecho fundamental de petición. Dicho lo anterior, se hace necesario denegar el amparo del derecho fundamental de petición impetrado por el actor”.
Expediente: 19001333100620110031201
Tema tratado: Reclusos/ Son sujetos de especial sujeción/Elementos de aseo personal/No debe vulnerarse su derecho a la dignidad humana y de petición.
“En la contestación de la tutela, la parte accionada adjunta el acta visible a folio 19 del expediente para probar que el día 12 de agosto de 2011, se procedió a hacer entrega de la dotación solicitada por el recluso, dejando constancia de que éste se negó a recibir los elementos de aseo y demás implementos requeridos conforme al derecho de petición presentado el 7 de julio de los corrientes. La Sala al revisar el Acta que obra a folio 19, establece que la entidad accionada no dio una respuesta pronta y oportuna a la petición incoada y tan sólo cuando el actor presentó la acción de tutela y durante el trámite de la misma, levantó un acta donde consta que se procede a suministrar los elementos de vestido y aseo y que el recluso se niega a firmar dicha acta. Para la Sala, tal documento no acredita un hecho superado sino que demuestra que los elementos de aseo y vestido no fueron entregados oportunamente al actor y a la fecha persiste la vulneración, lo cual permite inferir que al recluso se le está sometiendo a unas condiciones que no son acordes con el principio de dignidad humana”.
Sentencia: 19 de octubre de 2011
Expediente: 19001333100720110045801
Tema tratado: Desplazados/ El juez constitucional debe analizar de forma menos rigurosa los requisitos de procedibilidad de la acción.
“Conforme a lo expuesto, la Sala no comparte la decisión tomada en la primera instancia, en tanto en la misma se rechaza por improcedente la acción de tutela incoada por el señor RAMÓN GELVEZ RINCÓN, bajo los argumentos de no agotamiento de la vía gubernativa en contra de la Resolución 190010948 del 2009, y de la existencia del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho para dirimir la controversia planteada en contra del acto administrativo que denegó la inscripción en el RUIPD. Lo anterior porque, en los casos en los que se analiza la presunta vulneración de los derechos fundamentales de las personas víctimas del desplazamiento, el juez constitucional debe analizar de forma menos rigurosa los requisitos de procedibilidad, en tanto lo que se pretende con la acción de tutela es tomar medidas urgentes para evitar la posible consumación de daños. De tal manera que, habida cuenta de la demora de los procesos judiciales, la acción ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho se torna ineficaz en estos casos, pues no cuenta con la agilidad requerida para impartir las órdenes que protejan a las personas que, además de verse afectadas por la situación de desplazamiento, están siendo conculcadas en sus derechos fundamentales por entidades estatales encargadas de garantizar su bienestar. Luego entonces, la presente acción se torna procedente, ya que el caso planteado en los hechos de la demanda versa sobre la presunta situación de desplazamiento padecida por el señor RAMÓN GELVEZ RINCÓN y su familia; habiendo lugar así a estudiar su fondo”.
Sentencia: 07 de Octubre de 2011
Expediente: 19001233100120110050800
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Presunto conflicto entre etnias indígenas/ No se cumplen los supuestos de conexidad entre derechos colectivos y derechos fundamentales.
“Lo anterior permite inferir a la Sala que el conflicto que se presentó el día 25 de septiembre de 2011 en la vereda Quintana, no hace parte de enfrentamientos sistemáticos entre la comunidad indígena y campesina, sino que se presentó por la reacción aireada de una persona ajena a las mismas, en hechos que son aislados. (…) A pesar de que el Gobernador Suplente afirma que se han presentado conflictos constantemente entre la comunidad campesina e indígena asentada en la vereda Quintana, no aporta ninguna prueba que permita inferir que ello es así; sino que sólo aporta la constancia del denuncio presentado por la señora NANCY NOEMÍ SÁNCHEZ en contra del señor ELMAN AUGUSTO MANZANO, por los hechos, que entiende esta Sala, no hacen parte de un conflicto entre la comunidad indígena y campesina de la zona, pues, como se aclaró previamente, el señor MANZANO no pertenece a ninguna de las dos, y tampoco reside en la zona. En ese sentido, la Sala sólo cuenta con la afirmación del actor de presentarse conflictos constantes, lo cual, sin fundamento probatorio, se convierte en una mera suposición realizada por el señor JOSÉ DIONISIO GURRUTE. En vista de ello, se encuentra que no se cumplen los supuestos, particularmente el tercero, establecidos por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, y que esta Sala comparte, para tutelar derechos colectivos, en conexidad con derechos fundamentales. Ya que no se probó que exista un verdadero conflicto entre las comunidades campesinas e indígenas, sino que aparece como una suposición del demandante”.
Sentencia: siete de octubre de dos mil once
Expediente: 20110051400
Tema tratado: Derecho a la identidad/ Alcances legales de la cédula de ciudadanía.
“Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito. Pero, además de lo señalado, la cédula de ciudadanía constituye también un medio idóneo para acreditar la "mayoría de edad", o sea, el estado en que se alcanza la capacidad civil total, circunstancia en que se asume por el legislador que la persona ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles. En resumen, la cédula de ciudadanía representa en nuestra organización jurídica, un instrumento de vastos alcances en el orden social, en la medida en la que se considera idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. (…) En ese contexto, es procedente la acción de tutela para proteger el derecho fundamental de identificación e igualdad, que resultan quebrantados cuando la Registraduría nacional del estado civil no ha dado el trámite correspondiente a la expedición de la cédula…”
Sentencia: 28 de octubre de dos mil once
Expediente: 20110034801
Tema tratado 1: Procedencia/ Falta de pago de acreencias laborales cuando vulnera el mínimo vital.
“La Sala, estima que la presente acción de tutela es procedente, toda vez que dentro del proceso existe prueba MEDIASOCIADOS, no ha pagado oportunamente las obligaciones a favor de DIANA PILAR OBANDO y la falta de pago oportuno de estas le afecta el mínimo vital de la accionante. En efecto, la empresa accionada dejó de pagar oportunamente sus obligaciones de febrero a julio de 2011, causando en la actora un perjuicio en su economía, y por ende una afectación del mínimo vital.
Tema tratado 2: Acreencias laborales/ El Juez constitucional desbordó su competencia al decretar la responsabilidad solidaria para el pago de la obligaciones pendientes.
“La entidad impugnante NUEVA EPS, reclama la desvinculación de la tutela, por cuanto no existe ningún vínculo contractual con la reclamante, en la que insiste que el Juez de Primera Instancia, no debió declarar la solidaridad de la NUEVA EPS y la Cooperativa MEDIASOCIADOS. Esta Corporación, considera que entre la demandante y la NUEVA E.P.S S.A, no es posible determinar la existencia de una relación contractual de trabajo, ya que la acción de tutela no es la herramienta jurídica idónea para dilucidar este tipo de controversias, siendo competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria laboral por lo tanto no habrá pronunciamiento de fondo alguno al respecto. Por las razones expuestas, la Sala considera que el A quo Constitucional desbordó su facultad legal al decretar la responsabilidad solidaria para el pago de la obligación pendiente entre LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDIASOCIADOS y la señora DIANA PILAR IDROBO, por cuanto este corresponde a la Jurisdicción Laboral hacer este tipo de declaraciones y no al juez Constitucional, razón por la cual en esta instancia judicial, se debe resarcir la situación, y acceder a las pretensiones de la impugnante, por lo que se debe romper con la solidaridad declarada en la primera Instancia”.
Sentencia: 28 de Octubre de 2011
Expediente: 20110033701
Tema Tratado: Concurso de méritos/SENA/ Se deniega porque el tutelante no optó dentro del término del concurso.
“Con el documento visible a folio 79 se determina que para el empleo 44875, profesional, prueba 135 sólo se reportó una vacante y el mismo actor reconoce que ya se nombró a la primera persona que ocupó la lista de elegibles de la que él hace parte ocupando inicialmente el segundo lugar; lo que significa que el SENA ya cumplió con la obligación de proveer el único empleo ofertado (fl. 79). Adicionalmente tal como se informa por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA el cargo que ocupaba el señor JOSÉ ALFREDO LEÓN BALCÁZAR fue ofertado en la convocatoria 01 de 2005 con el código 44870 por lo que los aspirantes a tal empleo podían optar hasta el 18 de marzo de 2011 y el actor no ejerció tal facultad, en consecuencia tampoco se pueden defraudar las expectativas legítimas de quienes oportunamente optaron por tal cargo y en la actualidad siguen concursando para acceder a tal empleo con base en una lista de elegibles elaborada bajo el criterio del mérito. En este orden de ideas el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA tiene una razón válida para no usar la lista en la que está incluido el tutelante con el fin de proveer la vacante que se origina por la renuncia del señor JOSÉ ALFREDO LEÓN BALCÁZAR porque ello desconocería los principios del mérito e igualdad para el acceso a cargos de carrera administrativa pues se terminaría nombrando a una persona que no ha participado en el concurso para la provisión de ese cargo”.
Expediente: 20110000401
Tema tratado 1: Derecho a la salud/ Mujer embarazada/ Orden de tratamiento integral no vulnera el derecho de defensa de la EPS-S.
“Así, la Sala comparte la decisión de la Juez de instancia al tutelar los derechos fundamentales de la señora (…) y ordenarle a la EPS-S accionada que disponga lo necesario para corregir las inconsistencias que presenta la afiliación de la tutelante, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de salud. En cuanto a la orden impartida a CAPRECOM EPS-S en el sentido de brindar un tratamiento integral para llevar a buen término el estado de embarazo, se establece que tal orden en materia de salud, no es una violación al derecho de defensa y lo que pretende es lograr el restablecimiento de la salud del paciente, para lo que se requiere adoptar un conjunto de medidas que no son indefinidas pues como en el caso en estudio, son todas aquellas que van a propender a la atención del embarazo. Esta posición avalada por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, permite puntualizar que el Juzgado ha adoptado una decisión que se ajusta a los conceptos de integralidad en la prestación del servicio de salud y por ello se confirmará lo dispuesto en este aspecto”.
Tema tratado 2: Derecho a la salud/ Recobro al FOSYGA sin restricciones/ El ordenar el recobro ya no requiere pronunciamiento del juez constitucional.
“Antes de la derogatoria del Literal “j” del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el Juez Constitucional se pronunciaba sobre el recobro facultando efectuarlo en cuantía del 50% como una consecuencia de la prestación inadecuada del servicio de salud, que entre otros casos, se evidenciaba cuando por vía de la acción de tutela se obligaba a suministrar medicamentos o realizar algún tratamiento o procedimiento. Por tanto, en esos casos emitir un fallo de tutela ordenando la prestación de un servicio de salud, conllevaba impedir el recobro en cuantía del 100% por los servicios excluidos del POS-S o del POS. Actualmente conforme la normatividad vigente, ordenar por vía de tutela la prestación de un servicio de salud, ya no genera como consecuencia la restricción en el recobro; de esta forma el Juez Constitucional ya no es el que debe pronunciarse sobre este tema y las EPS`S son las que deberán adelantar los trámites administrativos para efectos del referido recobro según sea el caso”.
Sentencia: 18 de octubre de 2011
Expediente: 20110051300
Tema tratado: Debido proceso/El padecimiento de salud del apoderado no tuvo condición de irresistible para justificar su inasistencia a la audiencia/Si hay vulneración del derecho al denegarse el grado jurisdiccional de consulta.
“De esta forma, el apoderado de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL presentó un certificado médico donde se refiere una enfermedad general (fl. 42), lo que demuestra que no hay prueba suficiente para concluir que el apoderado sufrió una enfermedad grave que le impidió incluso sustituir el poder. Ahora, aunque el apoderado de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL refiere que su enfermedad fue un caso de fuerza mayor, la Sala observa que tal como lo razona el JUZGADO accionado, si bien el padecimiento de salud puso ser imprevisible no se ve que haya sido irresistible, al punto de que el apoderado se viera imposibilitado para sustituir el poder o adoptar una medida para que la entidad pública estuviera debidamente representada en la audiencia. Por tanto, las decisiones adoptadas por el Juzgado en el sentido de no fijar una nueva fecha para la Audiencia de Conciliación y declarar desierto el recurso de apelación por no acreditarse de manera suficiente una causal justificativa para la inasistencia a la audiencia de conciliación se ajustan al ordenamiento jurídico, desvaneciendo la configuración de una vía de hecho por este aspecto. (…) Así en síntesis, no se violan derechos fundamentales cuando no se accede a fijar una nueva fecha para la Audiencia de Conciliación y se declara desierto el recurso de apelación pero sí cuando se deniega el grado jurisdiccional de consulta a través del auto de fecha 1 de septiembre de 2011 (fls. 63 a 67), por lo que se tutelará el derecho fundamental al debido proceso de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL y se ordenará al Juzgado accionado que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia y dentro del proceso radicado 20030222100 proceda a dejar sin efectos el auto del 1 de septiembre de 2011 y a remitir al superior la sentencia del 15 de diciembre de 2010 para efectos de darle trámite al grado jurisdiccional de consulta, en los términos del inciso 1º del art. 184 del C.C.A.”
TÍTULO 15
Sentencia: 06 de octubre de 2011
Expediente: 19001333100220110042601
Tema tratado: Improcedencia de la acción/ Falta requisito de inmediatez/ interposición caprichosa de la acción.
“En primera medida se encuentra que, el actor presuntamente se hizo acreedor a su derecho al ingreso al escalafón docente en el mes de octubre del 2005, por lo cual ha reclamado su concesión ante la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca en repetidas ocasiones, siendo negadas todas. No obstante ello, el demandante se ha abstenido de iniciar las acciones judiciales ante la jurisdicción contencioso administrativa, arguyendo que confía en que la Secretaría acceda a su solicitud, a pesar de que ya había sido reiterada la negativa de esta entidad de acceder a sus pretensiones. De esta forma, se desvirtúa por completo la afirmación del apoderado de la parte actora, referida a que la presente acción cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto basta con un pronunciamiento formal de la entidad demandada, para iniciar las acciones judiciales ordinarias pertinentes, situación que se dio desde hace más de 5 años, cuando la entidad denegó por primera vez el ingreso al escalafón docente (…) En esta medida, queda claro que la improcedencia de la presente acción, no sólo se da por la falta de inmediatez de la misma, sino también por la falta de subsidiariedad, en tanto existen otras acciones. Situación ésta que hace reprochable la actuación del apoderado, en tanto, a pesar de conocer de antemano la improcedencia de la acción de tutela en el caso del señor PARRA COTACIO, la impetra caprichosamente, bajo la simple consideración de que sería “innecesario y desgastante” hacerlo incurrir en un proceso ordinario”.
TÍTULO 16
Expediente: 19001233100120110051500
Tema tratado: Derecho a la salud/ Dirección de sanidad del Ejército Nacional/ Para las fuerzas militares aplica el régimen de salud contenido en la Ley 352 de 1997.
“…respecto al recobro que solicita la dependencia demandada se le autorice ante el FOSYGA, se señala que no es posible acceder a la misma, toda vez que al establecer el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 que el Sistema de Seguridad Social no aplicaba para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se procedió a expedir la Ley 352 de 1997, norma que estructuró el Sistema de Seguridad Social para éstos. Así las cosas es claro que, por tratarse de un régimen especial de salud, la financiación de los costos que su sistema de seguridad social genere debe asumirse con fondos propios y no con fondos destinados al sistema general de seguridad social”.
TÍTULO 17
Acción: Contractual
Expediente: 19001233100120040183300
Tema tratado: Liquidación unilateral del contrato/Para que proceda el restablecimiento económico por parte de la Entidad contratante, el demandante debe comprobar su propio cumplimiento.
“Dentro del expediente obran documentos en los que se evidencia que a pesar de los plazos concedidos, la suspensión del contrato y la solución dada al imprevisto que presentaba la obra objeto de contrato, prevista en la reunión celebrada el 24 de julio de 2001, el actor no adelantó las actuaciones pertinentes con el fin de solucionar los inconvenientes que presentaba la ejecución del contrato, por el contrario dejó que se venciera el plazo del contrato, únicamente procediendo a enviar las muestras a la firma SHELL, el 13 de agosto de 2001, unos días antes al vencimiento del mismo. En este orden, una vez vencido el plazo del contrato y dado el incumplimiento del contratista de los compromisos adquiridos en la reunión antes mencionada dirigidos a solucionar un inconveniente que venía prolongando el cumplimiento del objeto del contrato por más de 5 meses, la Administración procede a liquidar dicho contrato. La inconformidad del actor radica en el hecho de que al liquidarse unilateralmente el contrato, la Administración no tuvo en cuenta las obras realmente ejecutadas, alegando los gastos en que incurrió por los hechos extraordinarios e imprevistos, los cuales afirma transformaron la economía del contrato, considerando que la entidad está obligada al restablecimiento económico, con el fin de compensar al punto de no pérdida. Al respecto observa la Sala que no se allegó al expediente libros o certificados contables, ni de revisor fiscal acerca de los costos y gastos en que incurrió el contratista durante el período de ejecución de la obra. (…) Es preciso recordar que de conformidad con la jurisprudencia contencioso administrativa, para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que éste, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante. En tales condiciones, al no demostrar la parte demandante, el cumplimiento de sus propias obligaciones en relación con el contrato de ejecución suscrito por el representante de la empresa unipersonal COIN EU y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, no le asiste derecho en solicitar que se declare el incumplimiento de la entidad demandada, incumplimiento que valga decir, tampoco fue demostrado”.
TÍTULO 18
Acción: Reparación Directa
Sentencia: 29 de Septiembre de 2011
Expediente: 2002087501
Tema tratado: Muerte por obra pública/ Responsabilidad solidaria entre INVÍAS, Unión Temporal y Consorcio/No se configuró culpa exclusiva de la víctima.
“Cuando en la ejecución de una obra pública realizada por uno de los contratista de la administración, se produce daño a uno de los empleados que laboran en la obra, la responsabilidad estatal no se extingue y por tanto deberá resarcir los daños que se produzcan por la falla en el servicio, de manera solidaria con quien realizaba la obra y con quien la supervisaba. En cuanto al segundo problema jurídico, la respuesta es que la culpa exclusiva de la víctima, esta no se estructuró en el sub examine toda vez que quedó acreditado que fue el actuar negligente de la administración la causa eficiente del daño”.
TÍTULO 19
Sentencia: 26 de Octubre de 2011
Expediente: 20090022000
Tema tratado: Privación injusta de libertad/Daño emergente/ Reconocimiento de honorarios de abogado en la sentencia.
“En la demanda se pidió un total de 9´000.000 de pesos, erogados por concepto de honorarios del profesional del derecho defensor en el proceso penal. No cabe duda que “los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad, constituye un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe, al menos, la gestión del abogado y el pago por los servicios prestados para que se le reconozca tal perjuicio a quien asumió el gasto”. Consejo de Estado, 12 de mayo de 2011, 20569. Al respecto, reposa a folio 69 del cuaderno principal, una certificación de parte del abogado Nelson Jiménez Calvache, TP 125.132 del CSJ, en la que se lee:“El valor total de los servicios profesionales prestados fue acordado en la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 9.000.000.) de los cuales $5´200.000 fueron cancelados en especie el día de celebración del contrato y el valor restante, esto es, $ 3´800.000 en efectivo que fueron cancelados el 1 de abril del año 2005.” Además, se comprueba que NELSON JIMÉNEZ CALVACHE asistió como defensor al señor Cristián Darío Rosero Aux, según lo manifestado en el proveído de 3 de abril de 2008, en el que se lee que el mencionado profesional del derecho fue quien interpuso el recurso de reposición contra la resolución de acusación que se revocaba. En consecuencia, se reconocerá la suma de 9´000.000 de pesos, debidamente indexada, por concepto de daño emergente, consistente en la erogación que de dicha suma tuvo que hacer el señor Cristián Darío Rosero Aux, para el pago de los honorarios profesionales de su abogado defensor. La actualización del monto total se hará desde la fecha 1 de abril de 2005, porque se desconoce la aludida fecha de celebración del contrato de prestación de servicios.
Sentencia: 26 de septiembre de 2011
Expediente: 20060015701
Tema tratado: Muerte de auxiliar de policía a manos de la guerrilla/ Indemnización a forfait/No se excluyen presentación de la indemnización por daño y la indemnización indemnización a fortait.
“Mediante resolución 727 de 28 de octubre de 2004, el Subdirector General de la Policía Nacional, ordenó el reconocimiento y pago a favor de los señores Bethy Deyanira Díaz de Burbano y Luis Eduardo Burbano, de una pensión por la muerte de su hijo LUIS EDUARDO BURBANO DÍAZ, de conformidad con la ley 447 de 1998. Fls. 132 y 133 C. de pruebas. El Juez de Instancia, por su parte, ordenó el reconocimiento y pago de una indemnización a favor de los demandantes. Así las cosas, y en aplicación de los parámetros jurisprudenciales relatados, cabe reiterar que esos dos conceptos, indemnización a forfait e indemnización para resarcir el daño, no son incompatibles, debido a sus orígenes diferentes: ley y daño mismo, respectivamente. En consecuencia, debe desestimarse el cargo de la apelación y procederse a la confirmación del fallo apelado”.
TÍTULO 21
Magistrado Ponente: HILDA CALVACHE ROJAS
Sentencia: 25 de octubre de 2011
Expediente: 20010033300
Tema tratado: Responsabilidad médica/ Aplicación de la Teoría de alto grado de probabilidad preponderante.
“Con lo anterior, se comprueba que el tratamiento médico no fue ni adecuado, puesto que se siguió una conducta para un diagnóstico médico diferente al que se debió seguir; ni oportuno, debido a que solo ocho días después de que el menor acudiera por urgencias es cuando se remite al Hospital Universitario San José, para una valoración por especialista y para la realización de exámenes médicos adicionales. Si bien, no existe prueba que conduzca de manera irrefutable a demostrar que la muerte del menor se produjo por la inexacta atención brindada el primer día en que el menor acudió por urgencias, es viable acudir a la teoría de un alto grado de probabilidad preponderante, que permite al juez fundar su decisión en hechos, que aún sin estar establecidos de manera exacta o matemática, a la luz de la razón, son los más probables”.
TÍTULO 22
Expediente: 20040277201
Tema tratado: Responsabilidad médica/Cirugía de ligadura de trompas/Ceguera posterior de la paciente/Falta de nexo casual.
“Ahora bien, como se manifestó con antelación, no basta que los accionantes demuestren dentro del proceso la ocurrencia del daño, sino que se requiere la comprobación de que dicho daño sea imputable a la administración, es decir que exista una relación causal entre éste y la actuación de la administración. (…) En el caso en concreto se requerirá que esté demostrado que la ceguera que presenta la (accionante) fue resultado de la cirugía de ligadura de trompas que realizó PROFAMILIA, en el Hospital Nivel I de Mercaderes (Cauca).Por otra parte, y como lo menciona el A quo en su decisión, también existe prueba de otras enfermedades padecidas por la señora (…) , en la misma época de los hechos, como convulsiones previas y posteriores a la cirugía, que se demuestran tanto con la historia clínica como con los testimonios rendidos durante el proceso, Cisticercosis, tumor cerebral, entre otras, enfermedades que presentan diferentes síntomas explicados por los médicos en sus dictámenes rendidos. En conclusión, en el presente caso no está demostrado el nexo causal, puesto que la enfermedad visual padecida por la accionante nada tiene que ver con el procedimiento de Pomeroy o ligadura de trompas practicada en el Hospital de mercaderes y por PROFAMILIA en diciembre de 2002. Razón por la cual, no es posible atribuir responsabilidad a las entidades demandadas por una enfermedad que puede tener otras causas ajenas en su totalidad a la cirugía de ligadura de trompas”.
TÍTULO 23
Expediente: 20030052201
Tema tratado: Daño en inmueble por obra pública/Falta de legitimación por activa/ No se demostró la calidad de dueño.
“Por tanto, la demandante incumplió con la carga probatoria que le asistía de conformidad con el artículo 177 del CPC, puesto que no aportó las pruebas legalmente idóneas para demostrar que era titular del derecho de propiedad, esto es, el del título de adquisición, constituido por la escritura pública, y el modo traslaticio de dominio, la matrícula inmobiliaria, documentos públicos que no puede ser sustituidos por otro medio distinto de prueba, tal como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil , en razón a que se trata de un verdadero requisito ad substantiam actus, por tanto fuerza es concluir que la demandante no está legitimada en la causa material por activa”.
TÍTULO 24
Expediente: 20040045301
Tema tratado: Lesiones a reclusos/ Afirmaciones del interno ante el área de sanidad del INPEC referidas al autor de las lesiones, deben ser probadas.
“El contenido literal del documento ilustra que el día 25 de agosto 2003, el señor Velásquez Bedoya fue atendido en el área de sanidad. El origen de dicha atención, según reza el documento, lo atribuyó el mismo paciente a que “fue golpeado por un dragoneante”. La Sala comparte el juicio del A quo, en el sentido de que esa expresión, junto con lo afirmado en la demanda, no tiene el poder de convencer hasta el grado de la certeza, que el hecho dañoso, consistente en la lesión del interno Velásquez Bedoya, aconteció en circunstancias de tiempo, modo y lugar, que comprometieran la responsabilidad de la demandada. Lo anterior, porque el memorando de 25 de junio de 2009, sólo da cuenta de una atención médica, esto es, que el 25 de agosto de 2003, el señor Velásquez Bedoya fue atendido en el Área de Sanidad de la Penitenciaría San Isidro, en Popayán. Especifica la lesión y el tratamiento. Empero, no es de recibo en lo atinente a la causa de la lesión, esto es, a la forma como ocurrió, pues esta parte allí transcrita por parte del Médico Coordinador, creador del memorando, es una aseveración del mismo paciente/demandante. Recuérdese el tenor literal del documento:“El 25 de agosto de 2003 el paciente es atendido en el área de sanidad POR QUE REFIERE fue golpeado por un dragoneante.” Resaltado y mayúsculas añadidos. Así las cosas, cabe anotar que, de acuerdo al artículo 177 del CPC, las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran la consecuencia jurídica que persiguen, por lo que se les impone demostrar sus afirmaciones y hechos, salvo las indefinidas y los notorios –artículo 177 del CPC-. Aplicando esto al sub judice, sobre la parte demandante recaía la carga de demostrar cómo el señor Velásquez Bedoya se lesionó mientras estaba recluido en la penitenciaría San Isidro, pues no es una afirmación indefinida ni un hecho notorio. La importancia de dicha prueba, radicaba en que, a partir de ese conocimiento, el juez pudiera desprender la relación entre el daño y la entidad demandada, excluyendo eximentes de responsabilidad como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito”.
TÍTULO 25
Sentencia: 27 de octubre de 2011
Expediente: 20050007101
Tema tratado: Lesiones a soldado por arma de fuego/ Culpa exclusiva de la víctima/ intento de suicidio.
“De los hechos anteriores, se puede concluir que el soldado JOHAN ALEXIS FLOR PALECHOR manipuló su fusil indebidamente, pues además de mantenerlo con munición en la recámara, mantuvo imprudentemente la trompetilla del mismo en dirección a la sien y luego a la altura del pecho, accionando el arma disparo que causó una herida de gravedad, desatendiendo de esta manera a las órdenes impartidas, los cuidados y precauciones que debía observar con el arma de fuego que tenía a su cargo. Así las cosas, la Sala considera que las lesiones del soldado JOHAN ALEXIS FLOR PALECHOR, ocurrió como consecuencia exclusiva de su propia conducta, pues si hubiese cumplido la orden de mantener el fusil sin munición para realizar el entrenamiento y hubiese observado las medidas de seguridad y manejo de las armas de fuego seguramente no se hubiese causado la lesión riesgosa que estuvo a punto de causar su muerte. En ese orden de ideas, no le asiste razón al actor cuando manifiesta su inconformidad con el fallo de primera instancia, por la inexistencia de material probatorio que demuestre plenamente que los hechos son atribuibles a un agente del Estado, porque como ha quedado establecido, las lesiones causadas fueron el producto de un intento de suicidio, razón por la cual esta Corporación confirmará el fallo recurrido en el cual se llegó a la conclusión de que existía un eximente de responsabilidad, CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA”.
TÍTULO 26
Expediente: 1900123000012005002600
Tema tratado: Secuestro y muerte de ciudadano/ No se probó conducta omisiva de la Policía Nacional.
“En tales condiciones es evidente la ausencia de pruebas que permitan siquiera vislumbrar un indicio de responsabilidad en cabeza de la demandada, lo que sin duda constituye una falta al deber de la carga de la prueba, presupuesto fundamental en este tipo de acciones. Como ya se mencionó en las consideraciones de esta providencia, el Estado está llamado a responder patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, entre otros casos, cuando una persona solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra, o cuando no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones.Así las cosas, no existe en el expediente, pruebas válidas que acrediten la conducta omisiva de la Policía Nacional, frente a una solicitud de protección de la señora MARIA FERNANDA ARBOLEDA BASTIDA. No siendo el secuestro y muerte un hecho previsible, dada la relatividad de la obligación a cargo de la entidad demandada, así como el cumplimiento de la misma en los términos en que ha sido establecida y de acuerdo con los estándares racionalmente exigibles, se impone concluir que el daño no le es imputable al demandado. En consecuencia, se deniegan las pretensiones de la demanda”.
TÍTULO 27
Acción: Restablecimiento del derecho
Expediente: 2009000300
Tema tratado 1: Reliquidación de pensión/Empleado de Fiscalía General de la Nación/Deben reconocerse todos los factores contenidos en los Decretos 546/71 y 717/78.
“En conclusión, los decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, contentivos del régimen pensional de la Rama Judicial y del Ministerio Público, del cual es beneficiaria la actora, regulan en forma completa tanto la edad, el tiempo de servicios, el monto y el ingreso base de liquidación (…) “De manera que en ninguna de las dos resoluciones citadas (se) observó lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, en lo atinente a reconocer la pensión de jubilación equivalente al 75 % de la asignación básica más elevada y recibida en el último año de servicios, es decir entre el 01 de enero y el 30 de diciembre de 2004, con inclusión de todos los factores salariales percibidos en el mismo período, como fueron asignación básica, prima de antigüedad, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios y prima de vacaciones (Fol 32 C. ppal No.- 1). Como la Entidad al reconocer la pensión mediante Resoluciones 23837 de 2004 y 61072 de 2007 no lo hizo de esta forma, sino que se basó en el 75% del salario promedio devengado entre 1994 y 2004, en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fundamento que sostiene en la contestación y en los alegatos, incurre en falsa motivación que origina la nulidad de los actos, y así se declarará”.
Tema tratado 2: Reliquidación de pensión/Empleado de Fiscalía General de la Nación/La petición ante la Entidad interrumpe el término de prescripción de derechos.
“La pensión fue reconocida en el año 2004, condicionada al retiro definitivo que se produjo el 30 de diciembre de 2004, conforme se refiere en la Resolución No. 61072. La reliquidación fue solicitada a través de derechos de petición formulado el 30 de junio de 2006 (Fol 141 al 146 C. ppal No. 1), motivo por el cual no se configura la prescripción de derechos de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, en cuanto fue interrumpida con la petición referida”.
TÍTULO 28
Expediente: 20050082901
Tema tratado: Reliquidación pensional/Error al declararse la configuración de excepción sin que hubiese lugar a ello/ La irregularidad continuada no genera derecho.
“De conformidad con lo anterior, la irregularidad continuada no da derecho, así como tampoco el auto ilegal vincula al juez, por consiguiente, al evidenciarse que en el sub lite se incurrió en un error por parte del A quo consistente en la declaratoria de la excepción de indebido agotamiento de la vía administrativa , sin que dicha excepción realmente se configurara la Sala procederá a revocar el numeral 5 de la sentencia apelada, esto en aplicación de los artículos 2, 29, 83 y 228 de la Constitución Política, así como también de los artículos 4 y 37 numeral del CPC y con el fin de garantizar el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y remediar la irregularidad en el caso bajo estudio. Por tanto, la entidad demandada deberá reliquidar la pensión del señor Luis Eduardo Collazos con la inclusión del 75% de los distintos factores devengados durante el último año de servicio, esto es entre el 31 de diciembre de 1.997 y el 31 de diciembre de 1.998”
TÍTULO 29
Expediente: 20030039801
Tema tratado: Contrato realidad/ Prestación de servicios médicos generales bajo subordinación.
“En consecuencia, de las funciones contenidas en los contratos de prestación de servicios, se puede afirmar que el actor debía desempeñarse como médico general en el Hospital San Antonio de Padua de Bolívar Cauca, lo cual implicaba que la labor a él encomendada debía realizarla respetando un horario de trabajo, el cual necesariamente debía establecerlo el hospital, limitando con ello la autonomía del demandante, aunado a ello, obligaciones como la atención de pacientes en urgencias, hospitalizados y la atención de partos requerían que el señor Sarria Chacón prestara sus servicios de manera permanente, ya que, de lo contrario se afectaba la prestación del servicio de salud, el cual estaba a cargo de la entidad hospitalaria contratante, circunstancias que dan cuenta de la subordinación existente entre el actor y dicha entidad”.
TÍTULO 30
Expediente: 20080035400
Tema tratado: Asignación de retiro/ Fuerzas militares/ Requisitos del Decreto 1211 de 1990.
“En efecto, para poder sujetar el derecho a la normatividad pretendida por el actor éste debía contar con 15 años de servicio a la entrada en vigencia del Decreto Ley 4433 de 2004, situación que en el presente evento no se cumplió, toda vez que al revisar el contenido del expediente se encuentra que el señor Castillo, durante el tiempo de servicio activo desde la vinculación y hasta la vigencia del Decreto 4433 de 2004, reportó 13 años, 8 meses y 11 días de servicio, teniendo en cuenta que durante el periodo entre el 30 de abril de 1991 y el 1º de noviembre de 1992, no hubo reporte de cotización (Fl. 3 ibíd.). Así las cosas y sin vacilación, la Sala advierte que el demandante no cumple con los requisitos de que trata el Decreto 1211 de 1990, situación que lleva a la Corporación a despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, pues como ha quedado claro, el señor Deisen Iván Castillo, no es beneficiario del régimen pensional contemplado en la Ley 923 de 2004 y Decreto 1211 de 1990, contrario a lo expuesto por la apoderada del demandante”.
TÍTULO 31
Expediente: 20060063901
Tema tratado: Reliquidación pensional/La enunciación de factores de la ley 62 de 1.985, es enunciativa y no taxativa/las entidades pueden al momento de pagar las mesadas pensionales, hacer los descuentos a que haya lugar sobre los factores no cotizados.
“Cabe aclarar, como bien lo señala el A quo que mediante la sentencia de unificación de cuatro de agosto de dos mil diez, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), Consejero ponente Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, se señaló que la liquidación pensional se debe realizar con la Inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios, esto, por cuanto una interpretación taxativa de los mismos vulnera tanto el principio de progresividad, así como el de igualdad y el de primacía de la realidad sobre las formalidades. La Sala, se ha adherido a esta posición ya que considera que se trata de una evolución jurisprudencial acertada, garantista de derechos fundamentales y de preceptos constitucionales inherentes al tema de seguridad social, que en concordancia con el principio de la protección al erario público, garantizan los derechos del trabajador sin menoscabar el erario. Por tanto la enunciación de factores que se hace en la ley 62 de 1.985, artículo 1, es meramente enunciativa y no taxativa; en consecuencia, la liquidación pensional del actor se tendrá que realizar con todos y cada uno factores salariales devengados en el último año de servicios. La Sala encuentra impróspero el cargo de apelación de CAJANAL en el presente caso, por tanto, el actor tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en cuantía del 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicio, en aplicación de la jurisprudencia antes referida y si no se han hecho los aportes correspondientes, las entidades pueden al momento de pagar las mesadas pensiónales, hacer los descuentos a que haya lugar sobre los factores no cotizados”.
TÍTULO 32
Expediente: 20080024001
Tema tratado: Reconocimiento pensional/Empleado de Rama Judicial/ Principio de favorabilidad/Debe aplicarse el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 717 de 1978, no la Ley 71 de 1988.
“Es así como bien, podría aplicársele al actor la Ley 71 de 1988, tal como lo hizo la entidad demandada, sin embargo su aplicación resulta contraria al principio de favorabilidad, en tanto que ella exige 60 años de edad en el caso de los hombres para adquirir el derecho a pensionarse, mientras que el régimen pensional contenido en el Decreto 546 de 1971 establece como requisito el de tener 55 años de edad, lo cual evidentemente es más favorable para el demandante quien además ha prestado sus servicios por más de diez años a la rama judicial. En cuanto a la escala de remuneración de los empleados de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, ésta ha sido fijada en el decreto 717 de 1978, artículo 12, que determina que, además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios (…) De acuerdo con la disposición antes transcrita y el artículo 6 del Decreto , para efectos de determinar la base de la pensión de jubilación en el régimen salarial de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público se debe tener en cuenta la asignación más elevada devengada durante el último año de servicio (artículo 6 del Decreto 546 de 1971), incluyendo la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios. (Artículo 12 del Decreto 717 de 1978)”.
TÍTULO 33
Expediente: 20040142601
Tema tratado: Contrato Realidad/Las prestaciones sociales con ocasión del contrato realidad no prescriben.
“Así entonces, cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, se ha concluido el necesario reconocimiento de las prestaciones sociales causadas por el período realmente laborado, atendiendo a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra que la relación laboral encubierta bajo un contrato estatal, en aplicación de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política respectivamente, superándose de ésta manera la prolongada tesis que prohijaba la figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados. De otra parte, como lo establece el H. Consejo de Estado en aquellos casos en que se accede a las pretensiones de la demandada, se ha concluido la no prescripción de las prestaciones causadas con ocasión del contrato realidad, en tanto la exigibilidad de los derechos prestacionales en discusión, es literalmente imposible con anterioridad a la sentencia que declara la existencia de la relación laboral, dado su carácter constitutivo, de manera pues, que es a partir de tal decisión que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y por tanto, no podría operar en estos casos el fenómeno procesal extintivo”.
Expediente: 19001230000020050102100
Tema tratado: Sanciones municipales/ Vicio de nulidad/ Funcionario incompetente.
“En este caso, tanto la resolución que impone la sanción a la Empresa de Energía del Pacífico por no presentar la declaración del ICA y complementarios correspondiente al año gravable 2002, como la resolución que resuelve el recurso de reconsideración y confirma la sanción, es expedida por el Alcalde Municipal de Morales, es decir, un funcionario distinto, al que la norma estatutaria de carácter local, le asignó el conocimiento. La parte demandada acepta tal circunstancia, sin embargo pretende justificarla con argumentos que no son de recibo para la Sala, puesto que, la norma que fija la competencia no establece excepciones, de manera que no caben las interpretaciones sustentadas en consideraciones subjetivas acerca del contenido de la decisión o jerárquicas para darle a la norma un sentido que no tiene. Lo anterior es suficiente para concluir que los actos demandados están viciados de nulidad por falta de competencia del funcionario que los expidió y por tanto, se hace innecesario estudiar los demás cargos expuestos en la demanda”.
Sentencia: 14 septiembre de 2011
Expediente: 051233100020070013901
Radicación interna: 38222
Tema tratado: Daño a la salud (Tesis final 2011). Reemplaza al concepto de perjuicio fisiológico, daño a la vida de relación y de alteración en las condiciones de existencia.
“En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico –relacionado con la órbita psicofísica del individuo– y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v.gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros), sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización).
“Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial.
“En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.
En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.
De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada. Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”.

References: artículo 230
 Resolución 
 Artículo 40
 artículo 72
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 279
 resolución 
 resolución 
 artículo 177
 artículo 265
 artículo 177
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 6
 resolución 
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