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Timestamp: 2019-11-19 13:38:15+00:00

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Sentencia de Tutela nº 221/18 de Corte Constitucional, 6 de Junio de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 728786369
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR INCURRIR ERROR FACTICO AL DAR POR PROBADA UNA CONVIVENCIA SIMULTANEA EN PROCESO ORDINARIO LABORAL PARA RECLAMAR SUSTITUCION PENSIONAL. Se atacan las decisiones judiciales que en el trámite de un proceso ordinario laboral iniciado para determinar quién de tres mujeres era la titular o titulares de una sustitución pensional dieron por probada  sin estarlo-, la convivencia simultánea en los cinco años anteriores a la muerte del causante. La Corte se pronuncia sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo énfasis en el defecto fáctico. Se CONCEDE el amparo solicitado, se dejan sin efectos los fallos cuestionados y se ordena al Tribunal accionado emitir una nueva providencia en la que establezca con precisión, a partir de una apreciación conjunta de los medios de prueba, el respectivo período de convivencia del jubilado con estas mujeres y si se presentó una convivencia simultánea en los cinco años anteriores a su fallecimiento. Recibo Relatoria:
A.C.A.R. contra la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué.
En el trámite de revisión del fallo dictado por la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por A.C.A.R., el cual fue confirmado por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El 6 de julio de dos mil 2017, A.C.A.R. instauró acción de tutela en contra de la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué; en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La solicitud se fundamenta en los siguientes hechos:
1.1. El 18 de diciembre de 2004 falleció el señor E.L.L., quien hasta ese momento era titular de una pensión de jubilación a cargo del Fondo Territorial de Pensiones Públicas del Departamento del T.[1], y de una pensión gracia pagada por la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal).[2]
1.2. A efectos de reclamar la sustitución de dichas prestaciones, acudieron las señoras D.D.F. de L. (esposa, con quien el causante tuvo cinco hijos[3]), A.J.M.A. (con quien tuvo tres hijos[4]) y A.C.A.R. (no tuvieron hijos). Las entidades administrativas competentes decidieron dejar en suspenso el pago de la prestación, mientras la situación era definida por la justicia ordinaria laboral.[5]
En primera instancia, en el marco del proceso ordinario adelantado por A.C.A.R. contra D.D.F. de L., A.J.M.A., el Departamento del T. y Cajanal, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué decidió que las beneficiarias de la sustitución eran -de acuerdo con los tiempos de convivencia- D.D.F. de L. (en un 23%) y A.J.M.A. (en un 77%).
(i) Situación de D.D.F. de L.: convivió con el causante desde 1960 (aproximadamente), con quien contrajo matrimonio católico en 1964 y tuvo cinco hijos, quienes nacieron en Purificación (T.), lugar donde vive. Sin embargo, declaró que el causante no residió en ese Municipio, aunado a que se probó que no convivió con el causante hasta el final de sus días, puesto que ignoraba “cuándo se pensionó y a qué actividades se dedicaba en sus ratos libres, cuáles eran sus entretenimientos favoritos, entre otras muchas circunstancias o detalles que solo conoce quien realmente le respira al lado, lo acompaña a todos lados, propios de una convivencia con visos de estabilidad y permanencia (…). Refuerza más el hecho de la no convivencia con el causante, las declaraciones extrajuicio vertidas por M.T.L.L., O.G.D. y E.R. (…), a instancias de D.D. para solicitar la pensión sustitutiva [a Cajanal], cuando en forma clara y espontánea al unísono expresaron que E.L. visitaba el hogar esporádicamente y que la última vez que visitó el hogar fue en el mes de julio de 2004 (…)”.[10]
Además, consideraba que había varios elementos que apoyaban su postura. Por ejemplo, señaló que en escrituras públicas de compraventa a través de las cuales E.L.L. compró inmuebles entre 1994 hasta el año 2000, afirmaba que su estado civil era casado con sociedad conyugal vigente.[17] Solo fue hasta el 8 de mayo de 2000 cuando, junto con A.C.A., adquirieron un inmueble, indicando que “sus estados civiles eran solteros en unión marital de hecho.”[18] No obstante, el 7 de mayo de 2002 adquirieron otro inmueble, donde A.C. manifestó “que su estado civil era soltera domiciliada en El Guamo, por su parte E. expresó que su estado civil era casado con sociedad conyugal liquidada y domiciliado en El E..”[19] (Negrillas originales)
2.2.1. Al resolver la apelación presentada por D.D.F. de L. y A.C.A.R.[24], la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, modificó parcialmente el fallo de primera instancia, pues estimó que existió convivencia simultánea de las tres señoras durante los últimos cinco años de vida de E.L.L., para lo cual dispuso que el reconocimiento de la sustitución también debía comprender a A.C.A.R.[25] (a quien se le asignó un 10,75% de las prestaciones), por lo que se modificaron las cuotas partes de D.D.F. de L.[26] (ahora con un 47,32%) y A.J.M.A.[27] (con un 41,93%). En particular, el Tribunal señaló:
“(…) existió convivencia simultánea permanente y continua entre la cónyuge y las dos compañeras permanentes al probarse el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente al momento de la muerte de E.L., por tanto la decisión recurrida se reforma y en su lugar se dispone que la pensión ordenada (…) sea pagada a las señoras D.D.F.D.L., A.D.J.M.A. Y ANA CLOVIA AVILES RAMÍREZ, en proporción al tiempo de convivencia con el causante, por tanto, teniendo en cuenta que con la primera convivió desde el año 1960, dado que el nacimiento de su primer hijo fue el 24 de agosto de 1960, contrajeron matrimonio el 7 de febrero de 1964, hasta 18 de diciembre de 2004, adquiriendo el derecho al pago de la pensión de sobreviviente en un 47,32%; a la señora A.J.M.A., por haber convivido desde el año 1965 a la fecha de fallecimiento, la pensión debe ser reconocida en un 41.93% y, ANA CLOVIA AVILES RAMÍREZ por haber convivido desde el año 1994, el 10.75%, pensión que debe ser cancelada a partir del 19 de diciembre de 2004.”[28]
Al desarrollar el cargo, señaló que “la convivencia es presupuesto ineludible de cualquier pensión de sobrevivientes que reclame una de estas beneficiarias y, obviamente, que sea otorgada en vigencia de la ley 100 de 1993 o de la 797 de 2001” [31]. Para soportar esto, trajo a colación un pronunciamiento de la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.[32]
A continuación, resaltó que “la prueba que más muestra a las claras que en verdad existió una unión de pareja (…) entre la demandante ANA CLOVIA y el señor EUSEBIO, es la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué, S. de Familia, en el proceso de existencia de unión marital de hecho (…) cuyas copias auténticas aparecen a folios 74 a 97 del Cuaderno de segunda Instancia”[33], la cual “da cuenta por si (sic) sola y sin motivo de duda alguna, que en verdad entre la pareja L.A., existió una relación de pareja de manera singular, sin convivencias simultáneas; de lo contrario no podría haberse declarado la existencia de unión marital de hecho.”[34]
2.2.3. En respuesta al recurso extraordinario de casación la “apoderada de A. de J.M. sostuvo que ninguna de las pruebas, que se refirieron en el cargo, podían dar al traste con la conclusión del tribunal; que la sentencia dictada por la S. de Familia fue aportada de manera extemporánea sin cumplir con los requisitos del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil y que, por tanto, no podía ser utilizada en el recurso para fundar ninguna equivocación; que fue el hijo de A. de Jesús, el que sufragó los gastos del fallecimiento de su padre y que, en suma, las afirmaciones de la acusación son parciales y no responden a la verdad. En similar sentido se pronunció el apoderado de D.D.F. de L., quien advirtió, además, que en su calidad de cónyuge radicaba el derecho pensional y que ni siquiera era viable haberle reconocido la prestación a la aquí recurrente.”[41]
La S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia dictada el 15 de junio de 2011 por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
En general, manifestó que la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué “en momento alguno, desconoció que A.A.R. tuviera una relación con E.L., lo que corroboró fue que además, también la mantuvo con A. de J.M. y con su cónyuge D.D.F. de L.; (…) pues en la sentencia se recalcó que el pensionado, también convivió en El E. con A. de J.M., y con su esposa en el municipio de Purificación, en todos ellos de manera intermitente, pero con vocación de familia que es lo que, finalmente, se protege normativamente.”[45]
En particular, sostuvo que el Tribunal “halló que digna D.F. de L. mantuvo la relación con E.L.L., y que su casa familiar estuvo en Purificación (T.), justificando las ausencias en el hecho de que, por razón de su trabajo, debía mantenerse fuera de tal domicilio sin que ello implicara una ruptura en su relación de pareja” y que “A. de J.M., fue su compañera permanente en El E. desde el año de 1965, y que sus vecinos fueron contestes en destacar sobre dicha realidad, solo que, como la recurrente también demostró haber tenido un vínculo como compañera permanente, trabajando juntos en el Colegio de El Guamo, se encontró habilitado en la norma para proceder al pago de manera proporcional.”[46]
En relación con las pruebas señaladas en la demanda de casación, la S. de Casación Laboral indicó que:
(v) “la sentencia dictada por la S. de Familia del Tribunal Superior de Ibagué (…) ni siquiera fue tenida en cuenta para el pronunciamiento, no por descuido sino porque no fue decretada como prueba, y se aportó luego de las alegaciones de apelación, de manera que, de haber considerado el censor que era procedente estudiarlas, en todo caso ese era un debate que no podía propiciarse a través de la vía de los hechos, por ser estrictamente jurídico, relacionado con las facultades que tiene el juez de segundo grado para decretar pruebas”[50];
(vi) en relación con los interrogatorios de parte, “lo que encuentra la S. es que A. de J.M. afirma que convivió todo el tiempo con su ‘esposo’ y que si bien en algunas oportunidades estaba en Bogotá, ello no implicaba que no siguieran juntos, máxime cuando en todo el tiempo de su enfermedad estuvo presente. Igual debe predicarse del interrogatorio de parte rendido por D.D. Fandiño de L. (…), en el que claramente aseveró haber mantenido siempre su vínculo matrimonial y tener su lugar de residencia en el municipio de Purificación, todo lo cual coincide con la conclusión del juez de segundo grado que le sirvió para predicar la convivencia simultánea”[51]; y
Mediante acción de tutela presentada el 6 de julio de 2017, A.C.A.R. solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, los cuales fueron vulnerados por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, quienes incurrieron en un defecto fáctico, “ya que existe prueba documental y testimonial suficiente, para llegar a la conclusión, que efectivamente la señora A.J.M.A., y D.D.F.D.L., no hicieron convivencia como cónyuge o compañera permanente con E.L., después 1994, y hasta su muerte, debiéndose ordenar una valoración ponderada profunda y exigente sobre todas las pruebas allegadas, a fin de establecer que efectivamente la suscrita si (sic) tiene mejor derecho, habida cuenta de haber hecho convivencia entre 1994, y el 18 de Diciembre de 2004, fecha en que finó mi compañero, obligando de esta manera a modificar los porcentajes establecidos en cada una de las decisiones judiciales, sobre la sustitución pensional a que tengo derecho.”[54]
Esto, porque las autoridades judiciales no realizaron un análisis profundo, detallado y crítico de la prueba objeto de censura, “al punto de pasarse por alto toda la documental y testimonial que obra dentro del plenario, y por el contrario (…) se limitan las partes accionadas a expresar que la señora A.J.M.A., si (sic) convivió durante muchos años y hasta su muerte (…), lo cual es contraevidente a la realidad probatoria, lo que nos lleva a la firme conclusión, que no hubo un análisis, ni se sopesó cada una de las pruebas de acuerdo a lo consignado en ellas (…)”.[55] A lo anterior, añadió que “no puede desconocerse bajo ningún punto de vista, la misma condición con la señora D.D.F.D.L., pues a pesar de existir pruebas de que efectivamente con la citada no hubo convivencia durante los últimos años, permanecía el vínculo legal del matrimonio (…).”[56]
Finalmente, reclama que las accionadas desconocieron la decisión proferida -en el marco del proceso ordinario de existencia de unión marital de hecho- por el Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo, confirmada por la S. Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Superior de Ibagué, en la que se reconoció que entre E.L.L. y ella existió una unión marital de hecho desde 1994 hasta el 18 de diciembre de 2004.
4.1. Mediante Auto de 11 de julio de 2017[61], la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró que esa Corporación carecía de competencia, por lo que ordenó remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, cuya S. de Casación Penal decidió, a través de Auto de 25 de julio de 2017[62], asumir el conocimiento, vincular a Cajanal, al Departamento del T., a A.J.M.A., D.D.F. de L. y demás intervinientes del proceso laboral censurado. Además solicitó a las accionadas y vinculadas que se pronunciaran dentro de la acción de tutela.
4.2. Solo presentaron respuesta la Gobernación del T., el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- (que asumió la atención de los usuarios, pensionados y peticionarios de Cajanal), la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, D.D.F. de L. y A.J.M.A..
4.2.4. La S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó[66] que en la providencia objetada se encuentran las razones que la llevaron resolver el problema jurídico planteado. Manifestó que se “desprende una evidente intención de crear, a través de esta vía constitucional, una instancia adicional en la que se rexaminen los elementos de juicio obrantes en el expediente, y así obtener la atención de los argumentos desestimados por el juez natural, lo que no es viable pues la referida providencia decidió el conflicto con estricto apego a la Constitución Política y a la ley, y con fundamentos jurídicos que distan de ser arbitrarios.”
4.3. La S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué no se manifestó.
5.1. La S. de Decisión de Tutelas N° 3 de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 8 de agosto de 2017[69], decidió “negar por improcedente el amparo”, puesto que las providencias de las autoridades judiciales accionadas “fueron emitidas en el decurso de un procedimiento laboral, con plenas garantías para las partes, y obedece a la aplicación de la normatividad vigente (…).”[70]
Frente a las inconformidades de la accionante, la S. señaló que
“(…) de la lectura por ejemplo del fallo de casación se puede colegir que sí se analizaron las pruebas allegadas al plenario, concluyendo que éstas demostraban que el sentenciador de alzada no ignoró el contenido del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, ni se rebeló contra sus mandatos, sino que halló con fundamento en la situación fáctica demostrada en el decurso del proceso, que no solo la accionante convivió con el causante, pues se probó que éste mantuvo la relación sentimental con su esposa D.D.F.L., justificando las ausencias de su casa familiar ubicada Purificación (T.), en el hecho de que, por razón de su trabajo, debía mantenerse fuera de tal domicilio, sin que ello implicara una ruptura en su relación de pareja.
Igualmente, concluyó que las pruebas determinaron que A. de J.M., fue su compañera permanente en el E. desde el año de 1965 (…).”[71]
Además, resaltó que “la accionante al recurrir en casación no cumplió con las exigencias de ley para demostrar los supuestos yerros en que incurrió el Tribunal ad quem, es decir, que la S. de Casación accionada encontró que la actora incurrió en varias deficiencias en la formulación del recurso, ante una insuficiencia argumentativa para poner en evidencia tales desatinos de la sentencia atacada, por lo que no prosperó la queja extraordinaria, sin que pueda el juez constitucional entrar a realizar una nueva valoración de las pruebas como si se tratase de una instancia adicional.” [72]
5.3. La decisión de primera instancia fue confirmada por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia el 11 de octubre de 2017[74], en la que indicó que “el colegiado acusado concluyó que el pensionado no mantuvo una relación de pareja, de manera exclusiva, con la tutelante, pues del material probatorio recaudado en el litigio se evidenció que aquél también tenía vínculos de familia con D.F. de L. y con A.J.M. hasta la fecha de su fallecimiento, razón por la cual la distribución de la pensión de sobreviviente realizada por el Tribunal se encontraba ajustada a las probanzas y a la normatividad aplicable al caso concreto; de donde, aunque la S. pudiera discrepar de la tesis acogida por esa autoridad, esa divergencia, per se, no es motivo para calificar su decisión como configurativa de vía de hecho.”[75]
- Declaraciones rendidas entre junio y agosto de 2007 ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué-.[77]
- Audiencia de inspección judicial realizada el 27 de junio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 35 a 39).
- Sentencia proferida el 12 de febrero de 2009, en segunda instancia, por la S. Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Superior de Ibagué, en el marco del proceso ordinario de existencia de unión marital de hecho, instaurado por A.C.A.R. contra J.V.L.F. y herederos determinados e indeterminados de E.L.L. (cuaderno 4, folios 232 a 250).
- Sentencia proferida el 19 de diciembre de 2008, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, en el marco del proceso ordinario adelantado por A.C.A.R. contra D.D.F. de L., A.J.M.A., el Departamento del T. y Cajanal (cuaderno 2, folios 67 a 77).
- Sentencia proferida el 15 de junio de 2011, en segunda instancia, por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Superior de Ibagué, en el marco del proceso ordinario adelantado por A.C.A.R. contra D.D.F. de L., A.J.M.A., el Departamento del T. y Cajanal (cuaderno 2, folios 68 a 66).
- Demanda de casación, presentada el 14 de diciembre de 2011 ante la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por el apoderado de A.C.A.R. (cuaderno 4, folios 217 a 231).
- Sentencia proferida el 15 de febrero de 2017 por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de A.C.A.R., en el marco del proceso ordinario adelantado por esta contra D.D.F. de L., A.J.M.A., el Departamento del T. y Cajanal (cuaderno 2, folios 78 a 87).
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto de 15 de diciembre de 2017, expedido por la S. de Selección Número Doce de esta Corporación, que decidió seleccionar para su revisión el expediente referido.
En cumplimiento del artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015[79], el presente caso fue sometido al conocimiento de la S. Plena de la Corte Constitucional, la cual decidió -el 28 de febrero de 2018- que el mismo fuera resuelto por la S. Segunda de Revisión.
2.1. Con base en los antecedentes expuestos, la S. Segunda de Revisión debe determinar, en primer lugar, si concurren los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Si se supera el análisis de procedencia, la S. deberá resolver si la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué incurrieron en un defecto fáctico al dar por probada -sin estarlo- la convivencia simultánea de A.C.A.R., D.D.F. de L. y A.J.M.A. con E.L.L. en los cinco años anteriores a su muerte.
2.2. Para abordar el estudio del problema descrito, la S. (i) se pronunciará sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales -haciendo énfasis en el defecto fáctico-; (ii) determinará si en el caso concurren los requisitos generales de procedencia; y, de superarse el anterior presupuesto, (iii) estudiará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico.
3.2. Considerando que el asunto bajo estudio plantea la posible ocurrencia de un defecto fáctico, la S. Segunda de Revisión profundizará en el desarrollo jurisprudencial que al respecto ha realizado la Corte Constitucional.
3.3. Vistas las consideraciones sobre los requisitos generales y específicos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales -en particular sobre el defecto fáctico-, la S. Segunda de Revisión pasa a analizar si en el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
4.2. En primer lugar, se satisfacen los requisitos de procedencia de legitimación por activa y por pasiva, puesto que A.C.A.R. es quien considera que las decisiones judiciales atacadas vulneran sus derechos fundamentales, y porque la acción de tutela se dirige contra las autoridades judiciales que las profirieron, a saber, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
(iii) La acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, ya que fue instaurada el 6 de julio de 2017, y la decisión de la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue proferida el 15 de febrero de 2017 y notificada el 4 de abril de 2017. Es decir, trascurrieron apenas tres meses entre la última decisión judicial y la presentación del recurso amparo.
(vi) Finalmente, se encuentra que los cuestionamientos de A.C.A.R. no se dirigen contra una sentencia de tutela, de constitucionalidad de la Corte Constitucional ni de nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado, sino contra las providencias dictadas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso ordinario laboral en el que se definieron las beneficiarias de la sustitución de las pensiones de las cuales era titular E.L.L..
4.4. Como la acción de tutela instaurada por A.C.A.R. satisface los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la S. Segunda de Revisión debe pasar a resolver si la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué incurrieron en un defecto fáctico al dar por probada -sin estarlo- la convivencia simultánea de A.C.A.R., D.D.F. de L. y A.J.M.A. con E.L.L. en los cinco años anteriores a su muerte.
5.1. La S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué incurrieron en un defecto fáctico al dar por probada -sin estarlo- la convivencia simultánea de A.C.A.R., D.D.F. de L. y A.J.M.A. con E.L.L. en los cinco años anteriores a su muerte.
Es evidente que estas declaraciones no tienen el alcance que les dio la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué -y que avaló la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia-, puesto que simplemente dan cuenta de que E.L.L. y D.D.F. de L. estuvieron casados y que en algún momento convivieron en Purificación (debe tenerse en consideración que el último hijo nació el 20 de febrero de 1973. Supra, nota al pie N° 3); más no que hubieran convivido durante los últimos cinco años anteriores a la muerte de aquel.
5.3. En tal sentido, puede afirmarse que, en algunos aspectos, la valoración probatoria realizada por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué es precaria porque simplemente se basa en afirmaciones generales sin sustento fáctico, y errónea porque da a los medios de convicción la capacidad de corroborar hechos que no aparecen en el proceso.
En este punto, se debe llamar la atención en que también se presenta una discrepancia entre lo establecido por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué (supra, antecedente N° 2.2.1.) y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué (supra, antecedente N° 2.1.) en relación con el tiempo de convivencia de E.L.L. con A.J.M.A., sin que el ad quem contara con un respaldo probatorio suficiente para apartarse de las consideraciones del a quo.
5.5. Con esta providencia no se niega que pudiera haber existido una convivencia simultánea de A.C.A.R., D.D.F. de L. y A.J.M.A. con E.L.L. en los cinco años anteriores a su muerte, lo que se resalta es que las decisiones judiciales de la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no cuentan con el debido soporte probatorio que respalde esa conclusión.
Por tanto, es la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué la que debe proferir una nueva sentencia en la que, a partir de una apreciación en conjunto del material probatorio, establezca con precisión (i) el respectivo período de convivencia de E.L.L. con D.D.F. de L. y con A.J.M.D., y (ii) si efectivamente se presentó una convivencia simultánea de las mencionadas señoras y A.C.A.R. con E.L.L. en los cinco años anteriores a su fallecimiento, aunque, dicho sea de paso, cuando existe una sociedad conyugal no liquidada con separación de hecho, se debe demostrar que la cónyuge convivió con el causante durante al menos cinco años en cualquier tiempo.[104]
5.7. En consecuencia, se revocará la sentencia de tutela proferida el 8 de agosto de 2017 por la S. de Decisión de Tutelas N° 3 de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia -que negó el amparo de los derechos fundamentales de la accionante-, la cual fue confirmada por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia de 11 de octubre de 2017; y, en su lugar, se concederá la tutela de los derechos fundamentales invocados por la señora A.C.A.R..
Por lo tanto, se dejarán sin efectos las sentencias proferidas por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso ordinario adelantado para definir la sustitución pensional; y se ordenará a la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, emita una sentencia en la que establezca con precisión -a partir de una apreciación conjunta de los medios de prueba- (i) el respectivo período de convivencia de E.L.L. con D.D.F. de L. y con A.J.M.D., y (ii) si efectivamente se presentó una convivencia simultánea de las mencionadas señoras y A.C.A.R. (quien demostró la convivencia de 1994 al 18 de diciembre de 2004) con E.L.L. en los cinco años anteriores a su fallecimiento, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico N° 5.6.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 8 de agosto de 2017 por la S. de Decisión de Tutelas N° 3 de la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia -que negó el amparo de los derechos fundamentales de la accionante-, la cual fue confirmada por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia de 11 de octubre de 2017; y, en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora A.C.A.R..
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas el 15 de junio de 2011 por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el 15 de febrero de 2017 por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso ordinario adelantado por A.C.A.R. contra D.D.F. de L., A.J.M.A., el Departamento del T. y Cajanal para definir la sustitución de las pensiones de las que era titular E.L.L..
TERCERO.- ORDENAR a la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, emita una sentencia en la que establezca con precisión -a partir de una apreciación conjunta de los medios de prueba- (i) el respectivo período de convivencia de E.L.L. con D.D.F. de L. y con A.J.M.D., y (ii) si efectivamente se presentó una convivencia simultánea de las mencionadas señoras y A.C.A.R. -quien demostró la convivencia de 1994 al 18 de diciembre de 2004- con E.L.L. en los cinco años anteriores a su fallecimiento, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico N° 5.6 de esta sentencia.
2.2. Sentencia de segunda instancia, dictada el 15 de junio de 2011 por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el marco del proceso ordinario adelantado para definir la sustitución pensional 3
2.3. Sentencia proferida el 15 de febrero de 2017 por la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso ordinario adelantado para definir la sustitución pensional 3
3. Contenido de la acción de tutela promovida por A.C.A.R.. 3
4. Admisión y respuesta de las accionadas. 3
5. Decisiones objeto de revisión. 3
6. Pruebas que obran en el expediente. 3
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.. 3
1. Competencia. 3
2. Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión. 3
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia 3
4. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción tutela contra providencias judiciales en el caso concreto. 3
5. Análisis de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En el caso concreto se configura un defecto fáctico. 3
III. DECISIÓN.. 3
RESUELVE.. 3
[1] Reconocida por la Caja de Previsión Social del T., a través de Resolución Nº 52 del 2 de febrero de 1983, la cual fue asumida por la Secretaría Administrativa de la Gobernación del T. en virtud del Decreto 713 de 1995 (cuaderno 2, folio 71).
[3] Nacidos en Purificación (T.) el 24 de agosto de 1960, el 31 de octubre de 1961, el 12 de septiembre de 1964, el 12 de octubre de 1966 y el 20 de febrero de 1973 (Ibidem., folio 72).
[4] Nacidos el 15 de octubre de 1966, el 7 de marzo de 1968 y el 22 de enero de 1971. El segundo hijo nació en Cunday (T.), y los dos restantes en El E. (T.) (I..).
[5] Inicialmente, el ente territorial concedió la sustitución pensional en un 100% en favor de D.D.F. de L. (Resolución N° 394 de 2005), pero ante la inconformidad de A.J.M.A. y A.C.A.R., decidió revocar la anterior decisión y dejarlas libres para que acudieran a la justicia ordinaria y definir el asunto (Resolución 62 de 2016). Por su parte, Cajanal decidió -mediante Resolución N° 41863 de 2005- dejar en suspenso el reconocimiento de la sustitución pensional hasta que la justicia decidiera quién tenía mejor derecho, decisión confirmada con la Resolución N° 1220 de 2006 (Ibidem., folio 68).
[7] (i) Solicitados por A.C.A.R.: testimonios de R.C., M.O.C.L., D.Y.A.C., L.G.Y., F.G.P., W.M.R., M.E.R., J.E.M., G.G. de S., J.D.G.M., N.R.C., N.P.R., A.V.T., A.T.A.R., A.J.O.U., E.R. de Piñeros, M.I.L.G., L.A.G.M., V.M.T.G., E.J.G. de S., M.N.Q.L., J.R.C.R., J.E.B.R., L.A.G.S., M.L.V.R., J.A.M.B., M.C.R. de O., L.C.R., P.C. de H., S.M.S.R., J.A.P. y L.E.C.Z. (Ibidem., folio 69); (ii) solicitados por A.J.M.A.: testimonios de O.V.V., R.T., G.B., M.C.O., N.C.B., C.T. de L., J.A.L.T., C.A.H.M., J.A.R.M., J.D.C.P., S.M.R., M.M.V. y Cielo L. Moreno (Ibidem., folio 69 y 70); y (iii) solicitados por D.D.F. de L.: testimonios de J.V.O.Á., C.I.M.D., M.T.L.L. y L.G.L.F. (Ibidem., folio 70).
[8] Aportados por A.C.A.R., A.J.M.A., D.D.F. de L., el Departamento del T. y Cajanal (Ibidem., folio 69 y 70). Se destacan algunos aportados por (i) A.C.A.R.: “sentencia mediante la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo, el 30 de abril de 2008, resuelve declarar que entre A.C.A.R. y E.L.L., existió (…) Unión Marital de Hecho, desde el año 1994 hasta el 18 de diciembre de 2004; y al mismo tiempo declarar que entre ellos no existió sociedad patrimonial de bienes (…)” (subrayas no originales), y “Escritura Pública #213 del 8 de mayo de 2000 en la cual A.C.A.R. y E.L., adquieren el bien inmueble lote ‘Rondaya’, en el que dijeron que sus estados civiles eran solteros en unión marital de hecho y vecinos y residentes en El Guamo”; y (ii) por Cajanal: “Escritura Pública # 760 del 10 de junio de 1994, por ésta E.L. compra a M.G.P., un lote ubicado en la calle 19 #3-05 del E.. Para esa época dijo que su estado civil era casado con sociedad conyugal vigente y domiciliado en El E.” (negrillas originales), y “Escritura Pública # 408 del 5 de agosto de 1998, mediante la cual compró una casa lote ubicada en la carrera 14 # 6-67 Barrio San Martín del Guamo, en donde expresó que su estado civil era casado con sociedad conyugal vigente y domiciliado en El E.”.
[13] A.J.M.A. sostuvo que en “el año 2000 a fin de acercarnos mas a nuestros hijos y nietos residentes en Bogotá, decidimos mantener nuestras viviendas tanto en el E. como en la capital de la República y fue así como de mutuo acuerdo con mi extinto Compañero, unas veces él era quien me visitaba periódicamente en Bogotá, enviaba mercados, cubría todos mis gastos y así mismo yo lo visitaba en la ciudad del E., esta relación duró hasta su muerte. Siempre dependí económicamente de él” (Ibidem., folio 74).
[20] El Juzgado consideró que un contrato de arrendamiento celebrado en 1997 por E.L.L. y A.C.A.R. como arrendatarios, no era suficiente “para mostrar convivencia en el sentido literal de la palabra; de esa fecha hasta el año 2000 no se mostraban como pareja, como verdaderos compañeros permanentes, siempre la relación era la de él estar en el día mientras ejercía sus funciones en el Colegio Caldas en El Guamo y en la noche se iba para el hogar que tenía con A. de J.M. (…) en El E..” (Ibidem., folio 76).
[24] “En el escrito de apelación, la actora insistió que el señor E.L. y ella, se conocieron cuando estaba de alumna del Colegio FRANCISCO JOSE (sic) DE CALDAS, institución que orientaba él como R., con quien convivió desde el año 1994 cuando ya era docente del mismo en la jornada de la tarde, unión marital de hecho que se dio hasta el 18 de Diciembre de 2004, cuando falleció el señor E.L.; su residencia era en la casa de la familia M. en el G.T. y simultáneamente en el E. en la vivienda ubicada en la calle 19 No. 3-05 Barrio Rondón o Carrera 3 Mo. 18-75, después de tres años tomaron en arriendo una casa en el Guamo por aproximadamente 5 años hasta el año 2000, cuando se pasaron a la vivienda ubicada en la carrera 9 No. 9-11 donde vive actualmente la demandante; que fue ella la persona que lo acompañó hasta el día de su muerte; que es errada la apreciación de la prueba que dio el A quo, cuando la testimonial fue unánime en corroborar la convivencia de la pareja, quienes fueron testigos presenciales ya que la convivencia no fue ocasional como lo señaló el Juzgado; se permitió hacer un recuento de cada testimonio, concluyendo que es equivocada la decisión de otorgar la pensión a la señora ANA DE J.M.A., al no cumplir con los requisitos mínimos para acceder a tal derecho” (Ibidem., folio 60).
[26] El Tribunal llamó la atención en que la sociedad conyugal no se había disuelto. Para determinar el tiempo de convivencia, tuvo en cuenta el testimonio de M.T.L.L. (hermana del causante), quien declaró que “la pareja convivió en la casa paterna ubicada en Purificación en el Barrio Ospina Pérez, nunca se separaron y siempre fue su esposa legítima ante la sociedad”; y de L.G.L.F. (hijo del causante y D.D.) quien señaló que “sus padres convivieron hasta el momento de su fallecimiento, que debido a su difícil situación económica él le brindo trabajo y hospedaje en la dirección comercial que tenía en el E., donde funcionaba un restaurante que tuvo en sociedad con la señora A.C., que fue criado con su señora madre en la casa paterna porque desde el año 1962 su padre empezó a laborar con el Magisterio, nunca tuvo un lugar estable donde laborar, hasta el año 1978 aproximadamente, pero iba constantemente a cumplir con sus obligaciones maritales, familiares y como muestra de ello refiere ser el último hijo del matrimonio” (Ibidem., folio 62).
[32] Sentencia de 15 de febrero de 2011 (radicación Nº 39641). M.P.C.E.M.M.. Además de lo señalado en la demanda de casación, de ese pronunciamiento la S. de Casación Laboral se citó -entre otras cuestiones- que “una convivencia con el fallecido de 5 años continuos antes del deceso, no del todo puede afirmarse (…) que ese lapso debe ser ininterrumpido, porque habrá casos en que las circunstancias impongan la interrupción, que no hacen perder la intención de convivir, y por ello no implica, entonces, per sé (sic), la pérdida del derecho. (…) la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables (…). (…) esa convivencia no necesariamente se tenía que dar bajo el mismo techo, pero sí tiene que existir certeza que se conserva como tal así estén habitando lugares diferentes (…)” (Ibidem, folio 220 y 221).
[33] Ibidem, folio 222. Dicha providencia (que se encuentra en el cuaderno 4, folio 232 a 250) confirmó la sentencia proferida por el 30 de abril de 2008 por el Juzgado Promiscuo de Familia de El Guamo -salvo lo atinente a la condena en costas- (ver supra, nota al pie N° 8 y 15), en el sentido que entre A.C.A.R. y el causante existió una unión marital de hecho desde 1994 hasta el 18 de diciembre de 2004, aunque sin configurarse la sociedad patrimonial debido a la vigencia de la sociedad conyugal de aquel con D.D.F. de L.. En particular, la S. de Familia afirmó que “A.C.A. y E.L.L. conformaron entre si (sic) una comunidad de vida continua e ininterrumpida (…) en el periodo comprendido entre el año 1994 y hasta el 18 de diciembre de 2004 (…) quedando aislado el dicho de D.D.F. respecto de quien, hágase notar, no fue auscultada de manera detallada por la contraparte ni por el juzgado, sobre su convivencia marital durante los últimos diez años (…). (…) el vínculo matrimonial que para la época existía entre el fallecido y D.D.F. de L., no es óbice para declarar la existencia de la unión marital, así (…) puede confluir la condición de casado con el de compañero permanente (…)” (Ibidem, folio 222 y 223).
[35] La Resolución N° 0408 de 2 de mayo de 2005, mediante la cual la Gobernación del T. reconoce a A.C.A.R. el auxilio funerario por el deceso de E.L.L., un documento en el que A.C. lo autoriza para que le cobre el sueldo de junio de 1995, varios documentos que dan cuenta de la adquisición conjunta de bienes (sobre todo inmuebles), contratos de arrendamiento de vivienda urbana (en la que juntos aparecen como arrendatarios -al menos desde 1997-), pagarés suscritos para garantizar el pago de matrícula a un posgrado en gerencia educativa (de noviembre de 1998 y abril de 1999).
[37] Específicamente, el rendido por A.J.M.A., en el que manifestó que vivió con E.L.L. en la Carrera 3ª N° 18-45 de El E. hasta 1993, que se radicó en Bogotá, que solo volvía a El E. cada 20 días y que no sabía qué médicos trataron al señor E. en la enfermedad.
[38] “Inspección judicial al inmueble ubicado en la carrera 3 No.18-75 en el E., donde, además se recibieron unas declaraciones de D.O.R. y M.G.P., que dan cuenta de la convivencia entre la recurrente y su compañero” y la “inspección judicial que se hiciera a la vivienda ubicada en la carrera 9, Nro.9-11 del G.T., residencia de la pareja LOZANO- AVILÉS, diligencia en que quedó claro que los elementos hallados eran los del señor EUSEBIO y que allí era donde convivían de manera permanente. Es que si el actor convivía con DIGNA DOLORES O ANA DE JESÚS, porque (sic) tenía todas sus haberes personales en la casa que habitaba con ANA CLOVIA (…)” (Ibidem, folio 225).
[39] En particular, los de A.T.A.R., A.J.O.U., E.R. de Piñeros, M.I.L.G., L.A.G.M., N.P.R., V.M.T.G., E.J.G. de S., M.M.Q.L. y J.R.C., “quienes son contestes en afirmar que la pareja L.A. se conoció cuando aquel fungía como rectos (sic) del colegio F.J. de Caldas ubicado en el Guamo, que desde 1994 iniciaron vida en pareja en una relación pública, estable, singular e individual, que vivieron en el Guamo y el E., que la relación de pareja se mantuvo desde 1994 y hasta el año de 2004, hasta el momento del deceso del señor L.L. a que quien (sic) lo asistió en la enfermedad fue ANA CLOVIA”. También señaló los rendidos por J.D.S., A.L.A., L.H.C.V., J.A.M.B., B.R.V.T., L.E.C.Z. y J.C.D.Q., “quienes son contestes en reconocer una convivencia singular y única y de ninguna manera convivencias simultáneas” (Ibidem, folio 226).
[42] Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Laboral. Sentencia de 15 de febrero de 2017 (radicación N° 52860). M.P.F.C.C. (Cuaderno 2, folio 78 a 87).
[60] Al respecto, resalta que la misma vivió toda su vida en Purificación, a donde E.L. iba excepcionalmente, que él vivía desde 1977 en El E., que no sabía lo que ocasionó su fallecimiento, que ella no asistió al causante en su enfermedad pero sus cuñadas sí (“Yo no estaba con él a todo momento, porque mis cuñadas eran como si yo estuviera con él”), que no conocía qué médicos lo habían tratado y tampoco las ocasiones en que había sido recluido en la Clínica Calambeo durante el período 2003-2004. Además, en la acción de tutela A.C. da cuenta cómo D.D. no responde varias preguntas relacionadas con el tratamiento médico recibido por E.L..
[76] Declaraciones rendidas el 1 de febrero de 2007 por R.C., L.E.M.C., D.Y.A.C. y María Offir Céspedes (cuaderno 4, folios 132 a 144), y el 5 de febrero de 2007 por A.J.M.A. y D.D.F. de L. (cuaderno 4, folios 145 a 159).
[77] Declaraciones rendidas el 19 de junio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por J.A.M. y Á.A.R. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 45 a 48); el 19 de junio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por L.C.R. y M.C.R. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 49 a 54); el 20 de junio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por P.C. de H. y A.D.C.B. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 55 a 58); el 20 de junio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por A.C.B. y S.M.S. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 59 a 61); el 26 de junio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por F.G.P. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 62 a 65); el 26 de junio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por J.A.P. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 66 a 69); el 21 de agosto de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por L.E.C.Z. y M.G.P. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 28 a 33); y por L.A.G.S. y M.V.R. ante el Juzgado Laboral del Circuito del E. (cuaderno 4, folios 40 a 44).
[78] Declaraciones rendidas el 3 de julio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por W.M.R., M.E.M.R., J.E.M., G.G. de S. y Josedomingo Guzmán Mosos (cuaderno 4, folios 109 a 119); el el 5 de julio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por N.R.C., A.V.T. y A.T.A.R. (cuaderno 4, folios 76 a 83); el 24 de julio de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por A.J.O.U., E.R. de Piñeros, M.I.L.G., L.A.G.M., N.P.R., V.M.T.G., E.J.G. (cuaderno 4, folios 84 a 98); y el 14 de septiembre de 2007 -por despacho comisorio ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Ibagué- por M.N.Q.L., J.R.C., E. (cuaderno 4, folios 100 a 108).
[79] “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”. El artículo 61 establece lo siguiente: “(…) después de haber sido escogidos autónomamente por la S. de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la S. Plena, la cual determinará si asume su conocimiento (…).”
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº de 13 de Mayo de 1993
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas nº T 81858 de 10 de Septiembre de 2015

References: artículo 361
 artículo 47
 artículo 61
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 61