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Timestamp: 2020-07-05 07:14:43+00:00

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STC 239/2001, 18 de Diciembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 130697
STC 239/2001, 18 de Diciembre de 2001
RA 1969/98. Promovido por la Universidad Politécnica de Cataluña frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó su demanda contra el Ayuntamiento de Barcelona por liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles. Alegada vulneración del derecho a la igualdad: derechos fundamentales de las personas jurídicas públicas; exención tributaria de las universidades públicas.
En el recurso de amparo núm. 1969/98, promovido por la Universidad Politécnica de Cataluña, bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto y con la asistencia del Abogado don José Casanova Gurrera, contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fecha de 16 de marzo de 1998 (recurso núm. 1027/95), desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, con fecha de 15 de enero de 1996 (expediente núm. 422/95), que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación (núm. CT95-2-06-03007274) girada por el concepto de Impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios de 1993 y 1994, en cuantía de 2.707.969 pesetas. Ha comparecido el Ayuntamiento de Barcelona, bajo la representación del Procurador don Juan Ignacio Ávila del Hierro y asistido por el Letrado consistorial, y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 4 de mayo de 1998 el Procurador de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de la Universidad Politécnica de Cataluña, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 16 de marzo de 1998, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Acuerdo del Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 15 de enero de 1996, desestimatorio, a su vez, del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación del Impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios de 1993 y 1994, por vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE).
La recurrente en amparo es titular de un inmueble situado en el núm. 646 de la Avenida Diagonal de Barcelona (que constituye la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona) desde que el mismo fue traspasado por el Estado como consecuencia de la asunción de competencias por la Generalidad de Cataluña en materia de Universidades, por disposición de la Ley Orgánica 4/1974, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña (cuyo artículo 15 le atribuye la competencia plena para la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, y produciéndose el traspaso efectivo mediante Real Decreto 305/1985, de 6 de febrero, sobre traspaso de servicios de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de Universidades), y al amparo de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria (cuya Disposición transitoria 12 atribuye a las Universidades la titularidad de los bienes estatales de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones desde el momento en que se constituya el Consejo Social de cada Universidad). Así las cosas, y al haberse constituido el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña conforme a lo establecido en la Ley del Parlamento de Cataluña 26/1984, de 19 de diciembre, de coordinación universitaria y de creación de Consejos Sociales, mediante Decreto 308/1988, de 12 de septiembre, la Generalidad de Cataluña puso a disposición de la Universidad citada el inmueble sito en la Avenida Diagonal anteriormente mencionado.
El Ayuntamiento de Barcelona giró a la recurrente una liquidación en concepto de Impuesto sobre bienes inmuebles con relación a los ejercicios 1993 y 1994 por importe de 2.707.969 pesetas, que fue impugnada en reposición al entender la Universidad recurrente que gozaba de exención en el impuesto de referencia; el recurso fue desestimado mediante Acuerdo del Primer Teniente de Alcalde con fecha 15 de enero de 1996.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (recurso núm. 1027/95), por Sentencia de la Sección Tercera de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 16 de marzo de 1998, se desestimó, al no ser posible equiparar una Universidad pública con el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales a los efectos de aplicarle una exención que no está contemplada legalmente y, ni mucho menos, por vía de integración analógica, expresamente prohibida en materia de exenciones fiscales (artículo 23.3 de la Ley general tributaria).
En su demanda de amparo aduce la parte recurrente la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), al admitirse por la resolución judicial impugnada la existencia de una norma cuyo contenido supone un trato desigual no razonable (o una aplicación no razonable de la misma). En este sentido, a juicio de la actora, el artículo 64 a) de la Ley de haciendas locales sólo admite dos interpretaciones posibles: o bien interpretar -como hace la Sentencia de instancia- que este precepto no incluye a las Universidades públicas al declarar la exención en el Impuesto sobre bienes inmuebles, y, en consecuencia, admitir que es contrario al artículo 14 de la Constitución por infringir los principios de igualdad y no discriminación (tanto más cuando los entes docentes privados sí están expresamente declarados exentos en el impuesto); o bien interpretarlo en el sentido de entender incluidas a las Universidades públicas en la exención prevista (junto con las privadas), por ser la única interpretación respetuosa con el principio de igualdad. Ahora bien, una norma cuyo contenido supusiera un trato desigual no razonable o una aplicación en tal sentido de la misma vulnera el art. 14 CE.
La recurrente parte en sus argumentos de un análisis de la normativa aplicable al supuesto de autos. En este sentido destaca que la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, en su art. 53 dispone, de un lado, que los bienes afectados al cumplimiento de los fines de las Universidades "disfrutarán de exención tributaria, siempre que esos tributos y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes y sin que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria a otras personas" (apartado 1); y de otra parte, que "las Universidades gozarán de los beneficios que la legislación atribuya a las fundaciones benéfico-docentes" (apartado 2).
Así las cosas, a juicio de la parte actora, la única cuestión planteada es la interpretación del artículo 64.a de la Ley de haciendas locales, en el sentido de determinar si las Universidades públicas están, o no, incluidas entre los sujetos beneficiarios de la exención del Impuesto sobre bienes inmuebles. Y sobre este particular resulta que para la Sentencia impugnada los inmuebles de las Universidades públicas no están incluidos en la exención del impuesto. Sin embargo desde la promulgación de Ley de haciendas locales sí están exentos los bienes afectos a servicios educativos: a) del Estado (como así lo ha reconocido la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla-- con fecha de 2 de diciembre de 1996); b) de las Comunidades Autónomas; c) de las entidades locales; d) de los centros docentes privados concertados; e) y de las fundaciones y asociaciones privadas sujetas a la Ley 30/1994 (como son, por ejemplo, las Universidades privadas "Ramon Llull", "Oberta de Catalunya" y "Vic", cuyos titulares son fundaciones).
Por providencia de 5 de octubre de 1999 la Sala Segunda acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que remitiera certificación de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 1027/95, interesando igualmente del órgano judicial que previamente emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que, si así lo deseasen, pudieran comparecer, en el plazo de diez días, en el presente proceso constitucional. Por escrito registrado el día 16 de diciembre de 1999 el Procurador de los Tribunales don Juan Ignacio Ávila del Hierro, en nombre y representación del Ayuntamiento de Barcelona, solicitó se le tuviera por personado.
Por providencia también de 5 de octubre de 1999 la Sala acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión, concediendo un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegasen lo que estimaran pertinente sobre dicha suspensión, lo que se llevó a efecto por la parte demandante de amparo mediante escrito registrado el día 15 de octubre de 1999, en el que interesaba nuevamente la suspensión por los mismos motivos expuestos en el escrito de demanda de amparo. El Fiscal, por su parte, mediante escrito registrado el día 22 de octubre de 1999, interesó se declarase no haber lugar a la suspensión solicitada por tener la resolución impugnada un contenido meramente patrimonial y no haber justificado el recurrente el eventual perjuicio que su ejecución podría causarle. Finalmente, mediante Auto de 13 de diciembre de 1999 se denegó la suspensión solicitada, dado que, al tratarse del cumplimiento y ejecución de una resolución judicial con contenido patrimonial, los eventuales perjuicios derivados de su ejecución serían siempre susceptibles de ser reparados en la hipótesis de que la pretensión de amparo llegase a prosperar.
La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 13 de enero de 2000, acordó tener por personado al Procurador Sr. Ávila del Hierro, en nombre y representación del Ayuntamiento de Barcelona, y dar vista de las actuaciones recibidas, por el plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al solicitante de amparo y a las demás partes personadas para que, dentro de dicho término, presentasen las alegaciones que estimasen pertinentes, según determina el art. 52.1 LOTC.
Con fecha de registro de entrada en este Tribunal de 11 de febrero de 2000 el Procurador Sr. Pinto Marabotto presentó escrito evacuando el trámite conferido y remitiéndose a las alegaciones expuestas en su escrito de demanda de amparo. Por su parte, con la misma fecha, el Sr. Ávila del Hierro cumplimentó el trámite de alegaciones en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, suplicando se declarase la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación. Y ello porque el art. 64.a de la Ley de haciendas locales es claro en sus términos, al declarar únicamente la exención de los bienes del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales afectos a servicios educativos, con lo cual cualquier intento de incluir a las Universidades públicas entre las beneficiarias de la exención implica un supuesto de analogía prohibido en materia de beneficios fiscales, ex art. 23.3 de la Ley general tributaria. Además la situación de hecho de la Universidad recurrente respecto de las Administraciones territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales) es diferente, de un lado, al ser notoria la falta de identidad entre las Administraciones territoriales, previstas directamente en la Constitución, y una Administración institucional, cuya existencia resulta amparada por Ley Orgánica aprobada por el Estado, y obedecen a regímenes jurídicos, a razones de ser y a los fines de interés públicos perseguidos esencialmente distintos (desigualdad subjetiva); de otra parte, incluso en el ámbito específico de la educación, la Universidad tiene atribuida por voluntad del Estado la enseñanza en su grado superior con percepción de los correspondientes precios académicos, mientras que las Administraciones territoriales ejercen competencias educativas en sus grados más básicos y, especialmente, en la educación declarada obligatoria y gratuita por el art. 27.4 de la Constitución, lo que ya sería motivo suficiente para considerar razonada la exención para los entes territoriales (desigualdad objetiva).
El día 17 de febrero de 2000 presentó sus alegaciones ante este Tribunal el Ministerio Fiscal suplicando la denegación del amparo. No obstante, y antes de comenzar el análisis del motivo de fondo, opone el Ministerio público la posible falta de agotamiento de la vía judicial previa por parte de la entidad recurrente, lo que se convertiría en este momento procesal en causa de desestimación de la demanda de amparo al carecer de uno de los presupuestos formales básicos que preservan la subsidiariedad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.1.a LOTC. Y ello porque la parte recurrente no ha formalizado previamente el recurso de casación para la unificación de doctrina regulado en los arts. 102 y ss. LJCA de 1956, en vigor al momento de dictarse sentencia. En este sentido, apunta el Fiscal, es reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, STC 169/1999) que, para el agotamiento de la vía judicial previa, basta con el ejercicio de todas aquellas acciones o recursos cuya procedencia se desprenda de modo claro y terminante del tenor de las previsiones legales y que sean adecuados para la satisfacción de la pretensión ejercitada y para reparar la lesión presuntamente sufrida. Igualmente, y tratándose de un recurso extraordinario como es el de casación para la unificación de doctrina, sólo se entiende que la parte recurrente no ha agotado la vía judicial previa cuando quien alega la causa de falta de agotamiento pueda acreditar la existencia de resoluciones judiciales firmes de contraste que permitieran probar la procedencia de la formalización de este recurso. Pues bien, a juicio del Fiscal en este caso sí procedía la previa formalización del recurso de casación citado, en la medida en que es la propia parte recurrente la que en la documentación que adjunta a su demanda de amparo, y, para fundamentar de mejor la eventual discriminación que denuncia, aporta copia de la Sentencia de 2 de diciembre de 1996, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), que, a su entender, contempla un supuesto semejante al que fue objeto de enjuiciamiento por el Tribunal del mismo orden jurisdiccional de Cataluña, llegando a una solución contraria a la que se adoptó en la Sentencia que ahora se impugna en amparo. Luego resulta evidente que, con carácter previo a la formalización de la demanda de amparo, debería de haberse preparado e interpuesto el recurso apuntado, por lo que concurre la causa de inadmisión prevista en el art. 44.1.a LOTC.
Ahora bien, para el Ministerio Fiscal el análisis de la presente demanda de amparo no debería rebasar los meros límites del único derecho fundamental que ha sido invocado como vulnerado por la parte, pues no le corresponde a este Tribunal de oficio reconstruir la demanda de amparo ni suplir las razones de las partes cuando éstas no se aportan en el recurso, incumpliendo así la carga que pesa sobre el recurrente de exponer las razones que puedan fundar la existencia de una hipotética lesión de los derechos fundamentales (SSTC 1/1996 y 7/1987; AATC 256/1991 y 197/1998). Hecha esta precisión entiende el Fiscal que, desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial, enlazado al mismo tiempo con el igualmente derecho fundamental a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE), "no deja de sorprender el conjunto de razonamientos esbozados por el TSJ de Cataluña en la sentencia impugnada, toda vez que realizando una interpretación excesivamente rigorista y, en el parecer de este Ministerio, poco acorde con la efectividad de un derecho fundamental de naturaleza sustantiva como es el derecho a la autonomía universitaria, llega a una interpretación notoriamente restrictiva de los presupuestos exigidos para el goce de la exención tributaria, pues, sin duda, afirmar que por el hecho de disponer de personalidad jurídica propia y de la autonomía funcional, económica y financiera que le confieren los arts. 3.1 y 52 de la LO 11/83, la recurrente, en cuanto Universidad Pública que es, no constituye un Organismo dependiente del Estado o de una Comunidad Autónoma a los efectos de poder gozar los inmuebles afectos al servicio educativo de la exención legalmente prevista, apoyando su decisión en una interpretación del concepto de ‘propiedad’ más propia del ámbito del Derecho Privado, resulta cuando menos y como se ha anticipado, una interpretación poco acorde con la efectividad de tales derechos fundamentales y todo ello sin olvidar que, en el plano inferior de la legalidad ordinaria, entre otras normas de rango administrativo, el art. 3 del RD 557/91, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, modificado por el RD 485/95, de 7 de abril, dispone que ‘son Universidades Públicas las creadas por los Órganos Legislativos a que se refiere el art. 5.1 de la LO 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y cuya titularidad ostentará el Estado o una Comunidad Autónoma’, lo que, fácilmente habría permitido deducir al Órgano Jurisdiccional que, a los efectos de apreciación del beneficio de la exención del pago del IBI que prevé el art. 64.a) de la Ley 39/88, quedara también incluido el bien inmueble objeto de la pretensión del recurrente".
Por providencia de 13 de diciembre de 2001, se fijó para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 siguiente.
El presente recurso de amparo se interpone por la Universidad Politécnica de Cataluña contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha de 16 de marzo de 1998, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona con fecha de 15 de enero de 1996 por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación girada en concepto de Impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios 1993 y 1994, con un importe de 2.707.969 pesetas. La queja de la parte recurrente se basa en entender que la interpretación efectuada por el órgano judicial del artículo 64.a de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales (en adelante, LHL), ha vulnerado su derecho a la igualdad (art. 14 CE), en tanto que se admite la existencia de una norma cuyo contenido supone un trato desigual no razonable (o una aplicación no razonable de la misma). En este sentido, a juicio de la actora, el artículo 64 a) de la Ley de haciendas locales sólo admite dos interpretaciones posibles: o bien interpretar -como hace la Sentencia de instancia- que este precepto no incluye a las Universidades públicas al declarar la exención en el Impuesto sobre bienes inmuebles y, en consecuencia, admitir que es contrario al artículo 14 de la Constitución por infringir los principios de igualdad y no discriminación (tanto más cuando los entes docentes privados sí están expresamente declarados exentos en el impuesto); o bien interpretarlo en el sentido de entender incluídas a las Universidades públicas en la exención prevista (junto con las privadas), por ser la única interpretación respetuosa con el principio de igualdad.
Antes de entrar a analizar las vulneraciones alegadas, y siendo prioritario el examen de las cuestiones de admisibilidad sobre las de fondo, al estar fuera de toda duda la viabilidad del análisis de los requisitos para la admisión a trámite en el momento de dictar Sentencia (por todas, SSTC 114/1999, de 14 de junio, FJ 2; 129/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 185/2000, de 10 de julio, FJ 2; y 33/2001, de 12 de febrero, FJ 2), se hace necesario comprobar si la Universidad recurrente en amparo había agotado o no correctamente la vía previa, al no haber interpuesto el recurso de casación por unificación de doctrina que fue ofrecido por el órgano judicial en el pie de recurso de la resolución judicial aquí cuestionada. En este sentido entiende el Ministerio Fiscal que sí procedía la previa formalización de ese recurso en la medida en que es la propia parte recurrente la que en la documentación que adjunta a su demanda de amparo y para fundamentar de mejor manera la eventual discriminación que denuncia aporta copia de la Sentencia de 2 de diciembre de 1996, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) que, a su entender, contempla un supuesto semejante al que fue objeto de enjuiciamiento por el Tribunal del mismo orden jurisdiccional de Cataluña, llegando a una solución contraria a la que finalmente se adoptó en la Sentencia que ahora se impugna en amparo, con lo cual resulta evidente que, con carácter previo a la formalización de la demanda, debería de haberse preparado e interpuesto el recurso de casación para unificación de doctrina, tanto más cuando la Sentencia impugnada destaca que contra la misma podía interponerse el precitado remedio procesal.
También es preciso, antes de acometer el estudio de la cuestión de fondo, analizar otro óbice de procedibilidad, cual es la posible falta de legitimación de la Administración recurrente para postular en la vía de amparo la protección de un pretendido derecho a la igualdad ante la ley ex art. 14 CE. Y en este sentido hay que partir diciendo que, aun cuando los derechos fundamentales son derechos reaccionales frente a los poderes públicos, ello no significa que la Administración esté desposeída de todo tipo de derechos constitucionales e, incluso, fundamentales, en sus relaciones con las personas (físicas o jurídicas) o con otras Administraciones. En principio los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo, en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o prestaciones que los poderes públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos (STC 64/1988, de 12 de abril, FJ 1). Por este motivo existen importantes dificultades para reconocer la titularidad de derechos fundamentales a las entidades de Derecho público, pues la noción misma de "derecho fundamental" que está en la base del art. 10 CE resulta poco compatible con entes de naturaleza pública (STC 91/1995, de 19 de junio, FJ 2). En consecuencia, lo que con carácter general es predicable de las posiciones subjetivas de los particulares no puede serlo, con igual alcance y sin más matización, de las que tengan los poderes públicos, frente a los que, principalmente, se alza la garantía constitucional (STC 129/2001, de 4 de junio, FJ 3).
Tampoco quedaría expedito el acceso al recurso de amparo postulando la defensa, no ya de la titularidad de un derecho fundamental, sino de un "interés legítimo" conforme al art. 162.1 b) CE. En efecto, el recurso de amparo es, en principio, un instrumento procesal con sustantividad propia, para cuya utilización sólo vienen legitimadas las personas directamente afectadas, entendiendo por tales aquéllas que sean titulares del derecho subjetivo presuntamente vulnerado (SSTC 141/1985, de 22 de octubre, FJ 1; y 123/1989, de 6 de julio, FJ 1). En consecuencia no habilita a la defensa de un derecho fundamental por quien no es su titular (salvo, por ejemplo, en determinados supuestos de representación o de sucesión procesal), pues la acción es de carácter personalísimo y no puede ser ejercida por persona diversa a la de su originario titular, único legitimado para impetrar la protección del propio derecho (STC 11/1992, de 27 de enero, FJ 2; y ATC 96/2001, de 24 de abril, FJ 5), tanto más cuando su objeto lo constituyen derechos fundamentales estrictamente vinculados a la propia personalidad, derivados sin duda de la "dignidad de la persona" que reconoce el art. 10 CE y ligados a la existencia misma del individuo (en términos parecidos, STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3), entre los cuales se encuentra, como hemos dicho, el principio de igualdad del art. 14 CE (STC 211/1996, de 17 de diciembre, FJ 4). Así, y aunque sea posible también su acceso -como dice el art. 162.1 b) de la Constitución- a quien invoque un "interés legítimo", dicho interés debe ser cualificado o específico, por estar referido a algún derecho fundamental (SSTC 60/1982, de 11 de octubre, FJ 3), con lo cual, y dado que la Administración recurrente en amparo no es titular del que concretamente invoca, no cabe sino declarar la inadmisibilidad del recurso.
ATC 306/2003, 29 de Septiembre de 2003

References: artículo 15
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 14
 artículo 64
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 64
 artículo 14
 resolución