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Timestamp: 2018-09-20 15:20:05+00:00

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﻿ Sentencia T-696 de septiembre 20 de 2011
SENTENCIA T-696 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE LOS EXMIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DEBE ACTUALIZARSE. EL ESTADO NO PUEDE SER INDIFERENTE A LA SITUACIÓN DEL AGENTE QUE PRESTÓ UN SERVICIO A SU NOMBRE, PUES LAS PATOLOGÍAS SUFRIDAS POR LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO, USUALMENTE, EVOLUCIONAN NEGATIVAMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, FUERZAS MILITARES, CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ
Sentencia T-696 de septiembre 20 de 2011
Ref.: Expediente T-3078939
Acción de tutela interpuesta por Miguel Alberto Peñaloza Álvarez contra Policía Nacional - dirección de sanidad
1. El demandante prestaba sus servicios como efectivo de la Policía Nacional. Relata que fue retirado del servicio mediante Resolución 3294 del 7 de septiembre de 2000, por disminución de su capacidad psicofísica “en razón de lesiones sufridas en el municipio de Chitagá (Norte de Santander) en ejercicio de sus funciones”.
2. Auto de la medida cautelar (fls. 30 y 31).
3. Respuesta de la dirección de sanidad de la Policía al derecho de petición mediante el cual se solicita una nueva calificación (fl. 7).
4. Respuesta de la dirección de sanidad de la Policía a la demanda de tutela (fls. 16 a 21).
5. Sentencias de tutela de única instancia (fls. 24 a 33).
Por último aduce que la decisión administrativa en la cual está contenido el porcentaje de disminución psicofísica, fue objeto de los recursos de vía gubernativa, siendo la primera instancia la junta de médicos laborales y la segunda el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, por lo cual se garantizó el derecho de contradicción al ciudadano. De otro lado, el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000, establece que “las decisiones del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes”. Por lo anterior solicita al juez negar el amparo.
El demandante allegó a la Corte, con destino del presente proceso, escrito en que explica que alguna vez estuvo afiliado en seguridad social en salud al régimen contributivo, por cuanta de alguna de las vinculaciones laborales esporádicas que ha desempeñado, pero que desde su retiro de la Policía y desde que dicha entidad suspendió la atención médica no ha tenido servicio de salud, y lo que ha pasado es que las respectivas entidades del régimen contributivo no lo retiran del sistema, pero que igual no cuenta con el servicio pues no está cotizando a mucho tiempo.
2. El demandante prestaba sus servicios como efectivo de la Policía Nacional y fue retirado del servicio mediante Resolución 3294 del 7 de septiembre de 2000, por disminución de su capacidad psicofísica “en razón de lesiones sufridas en el municipio de Chitagá (Norte de Santander) en ejercicio de sus funciones”. El Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, en segunda instancia determinó que el ciudadano Miguel Alberto Peñaloza Álvarez, presentó disminución de capacidad psicofísica equivalente al 74.53%. En enero de 2006 se suspendieron los mencionados servicios médicos(1). En marzo de 2004 le fue negada la solicitud de nueva valoración por el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía.
El juez de tutela de única instancia, aplicó la jurisprudencia de la Corte Constitucional que fundamenta la existencia de un derecho de los miembros de las Fuerzas Militares, a obtener una nueva valoración médica cuando resulten lesionados o adquieran una enfermedad en actividades propias del servicio, bajo el argumento de que algunas de estas patologías pueden evolucionar progresivamente. Sin embargo explica el juez de amparo que dicha jurisprudencia constitucional debe entenderse bajo el supuesto de que en efecto se demuestre ante el juez de tutela, mediante diagnósticos médicos, la evolución de la patología al punto que haría dudoso que el porcentaje de disminución se mantenga tal como se valoró en la expedición del mismo. Lo cual no encuentra demostrado en el caso concreto. Específicamente afirma que del acervo probatorio no se pueden considerar satisfechos los requisitos aludidos por la jurisprudencia constitucional, los cuales son: (i) que exista una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio; (ii) que dicha condición recaiga sobre una patología susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se refiera a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro.
3. Con base en el recuento que se acaba de hacer, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si de acuerdo a las normas vigentes sobre el tema y a la jurisprudencia constitucional relevante, existen razones suficientes para otorgar al ciudadano demandante el derecho a una nueva valoración médica por parte del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía.
4. Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importancia el derecho a la valoración de la pérdida de la capacidad laboral, ya que esta constituye un medio para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior por cuanto tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento pensional que asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a una forma de subsistencia. Adicional a ello, la evaluación permite, desde el punto de vista médico especificar las causas que la originan la disminución de la capacidad laboral.
Es precisamente el resultado de la valoración que realizan los organismos médicos competentes el que configura el derecho a la pensión de invalidez, pues como se indicó previamente, esta arroja el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma. De allí que la evaluación forme parte de los deberes de las entidades encargadas de reconocer pensiones, pues sin ellas no existiría fundamento para el reconocimiento pensional.
5. Ahora bien, la vulneración de los derechos fundamentales por la negación del derecho a la valoración no solo ocurre cuando esta se niega, sino cuando no se práctica a tiempo, complicando en algunos casos la situación del afectado. En ambos situaciones la consecuencia de negarlo o dilatarlo en el tiempo afecta gravemente a la dignidad humana poniendo a quien pretende ser beneficiario de la pensión de invalidez en una grave situación de indefensión. Y en caso de los miembros de las fuerzas militares, según jurisprudencia reiterada se puede vulnerar también este derecho cuando no se realiza una nueva valoración con el fin de actualizar el porcentaje de disminución, en el caso de patologías de desmejora progresiva en la salud. Al respecto se ha sostenido que “En principio, no parece de recibo, a la luz de los principios y valores constitucionales, una interpretación del régimen legal y reglamentario de las fuerzas militares y de policía en materia de salud, que excluya toda responsabilidad del Estado en relación con desarrollos patológicos posteriores al retiro de una persona del servicio activo, que no fueron tenidos en cuenta al fijar la condición de salud en la junta médica con base en la cual se determinó el retiro, pero que pueden atribuirse de manera clara y directa a una situación de servicio”(2).
6. En relación con este punto, se debe afirmar que anteriormente este tema era regulado por el Decreto 94 del 11 de enero de 1989 “Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalidez e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”. El citado decreto disponía en su artículo 90 lo relativo a la pensión de invalidez de la siguiente manera:
ART. 90.—Pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes. A Partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de soldados grumetes de las Fuerzas Militares , adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el tesoro público liquidada así:
a) El 75% del sueldo básico de un cabo superior o su equivalente, cuando en índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.
b) El 100% del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.
De igual manera, el Decreto 94 de 1989 en su artículo 25 consagraba al Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía como máxima autoridad en materia de sanidad. Al respecto prescribía:
ART. 25.—Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía. El Tribunal Médico-Laboral y de revisión, es la máxima autoridad en materia médico-militar y policial. Como tal conoce en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas médico-laborales. En consecuencia podrá aclarar, ratificar, modificar, o revocar tales decisiones...
Con posterioridad se expidió el Decreto-Ley 1796 del 2000, “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley”. La mayoría de las disposiciones de este decreto se encuentran vigentes en la actualidad.
ART. 38.—Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Cuando mediante junta médico-laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:
El decreto en referencia, al hacer mención de los organismos médico laborales militares y de Policía, señala que son estos, el tribunal médico-laboral de revisión militar y de Policía y a la junta médico-laboral militar o de policial(3).
1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad sicofísica se encuentren lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral.
ART. 21.—Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía conocerá en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las juntas médico-laborales y en consecuencia podrá ratificar, modificar o revocar tales decisiones. Así mismo, conocerá en única instancia la revisión de la pensión por solicitud del pensionado.
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los organismos médico­laborales militares y de policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro.
La anterior disposición ha sido objeto de interpretación de esta corporación, la cual ha señalado que para acceder a la pensión de invalidez por parte de los miembros de la fuerza pública se establece un parámetro mínimo de protección que es el 50% de disminución en la capacidad laboral, esta interpretación fue acogida por la Corte inicialmente en la Sentencia T-829 de 2005, cuando se estudió el caso de un agente del escuadrón antimotín que sufrió una disminución de la capacidad laboral del 62.44% a consecuencia de la prestación del servicio y, al cual se le negaba el reconocimiento de la pensión de invalidez por ser la pérdida de capacidad laboral inferior al 75%. En dicha ocasión expresó la Corte:
En otras palabras, la normatividad vigente para los miembros de la fuerza pública, contempla una situación distinta en el sentido de reconocer la pensión de invalidez cuando la disminución de la capacidad laboral sea superior al 50%”. Resaltado ausente en texto original.
Este ha sido el criterio utilizado por esta Corte para dar solución a distintos casos, entre los que se cuentan el de un soldado profesional de la Armada Nacional al que le fue reconocida la pensión de invalidez tras haber sido diagnosticada una disminución del 62.80% de su capacidad laboral, esta vez en aplicación de la Ley 923 de 2004 y el decreto 4433 del mismo año(4).
También se destaca el caso resuelto por la Sentencia T-595 de 2007, ocasión en que la Corte fue clara en afirmar la procedencia del reconocimiento de la pensión de invalidez para miembros de la fuerza pública cuando quiera que la incapacidad permanente supere el 50% y llama la atención sobre la reticencia del Ministerio de Defensa para aplicar las normas pertinentes contenidas en la Ley 923 de 2004(5). En dicha ocasión se estudió el caso de un miembro del Ejercito Nacional padecía una disminución del 62.3% de capacidad laboral y no se le reconocía la pensión por no contar con 75% de pérdida de la capacidad laboral como lo disponía el Decreto-Ley 1796 del 2000.
7. Ahora bien, en relación con el asunto concreto del derecho de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo o retirados, que resulten lesionados o adquieran una enfermedad en actividades propias del servicio, a obtener una nueva valoración médica, la Corte ha señalado, que tratándose de estas solicitudes, las autoridades militares se encuentran obligadas a realizar, de manera exhaustiva, todos los exámenes y evaluaciones médicas que se requieran para establecer, con la máxima precisión posible, si la dolencia que el soldado dice padecer existe verdaderamente y cuál es su magnitud(6).
En Sentencia T-140 de 2008 se sistematizaron los criterios que sustentan la anterior obligación, en el sentido de explicar que ella se deriva, en principio, del carácter de sujeción en que se encuentran los militares en servicio y el deber de atención con el personal acuartelado. Por ello “... las autoridades militares se encuentran obligadas a proteger la vida y la salud de los soldados y a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que su permanencia en filas constituya una experiencia lo más humana, dignificante y enriquecedora posible...”(7), proporcionándoles “atención suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar, entre otros, desde el día de su incorporación, durante el servicio y hasta la fecha de licenciamiento”(8).
De igual manera, en relación con la obligación de practicar de manera oportuna los exámenes de diagnóstico solicitados por el personal militar en servicio activo o para aquel que se encuentre retirado con derecho a atención médica en razón de pensión de vejez o invalidez, se ha sostenido que dicha obligación “... se deriva del principio constitucional que obliga a las autoridades públicas a presumir la buena fe de los ciudadanos y a no eludir sus responsabilidades”(9). De la misma forma ha afirmado la Corte que el deber de atención diagnóstica y de indagación exhaustiva en torno a las condiciones de salud de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, resulta extensivo al personal retirado sin derecho a pensión.
Tal como se consignó en el anterior acápite en Sentencia T-493 de 2004, se afirmó que “en principio, no parece de recibo, a la luz de los principios y valores constitucionales, una interpretación del régimen legal y reglamentario de las fuerzas militares y de policía en materia de salud, que excluya toda responsabilidad del Estado en relación con desarrollos patológicos posteriores al retiro de una persona del servicio activo, que no fueron tenidos en cuenta al fijar la condición de salud en la junta médica con base en la cual se determinó el retiro, pero que pueden atribuirse de manera clara y directa a una situación de servicio”.
8. Con base en lo anterior, se debe concluir que “gozan de amparo constitucional, aquellas patologías de desarrollo incierto y progresivo o recurrente, de carácter eventual, en cuanto que pueden ocurrir o no y no pueden anticiparse con certeza, que no fueron valoradas al momento de clasificar las lesiones y secuelas, valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones y por tanto no han sido objeto de protección” (T-140/2008).
De ahí que, se haya establecido en la jurisprudencia constitucional(10), la procedencia de una nueva valoración médica cuando (i) que exista una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio; (ii) que dicha condición recaiga sobre una patología susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) que la misma se refiera a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro.
9. De conformidad con lo explicado al carácter irrevocable de los dictámenes del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, debe mediar la consideración del tipo de patología y su potencialidad de empeoramiento progresivo, mucho más cuando esta ha tenido como origen un hecho propio del servicio. En consecuencia se habrá de valorar la situación particular del demandante de acuerdo a los criterios constitucionales que se acaban de exponer.
10. De manera constante, la Corte ha considerado en relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo efectivo para la protección de derechos fundamentales que podrían verse vulnerados o amenazados por mandamientos consagrados en actos emitidos por la administración, que por regla general aquella no es adecuada para controvertirlos, sino que, por el contrario, la competencia se encuentra radicada en la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, esta corporación ha considerado que el amparo procede como mecanismo definitivo de protección de derechos fundamentales, y no transitorio.
11. El demandante prestaba sus servicios como efectivo de la Policía Nacional y fue retirado del servicio mediante Resolución 3294 del 7 de septiembre de 2000, por disminución de su capacidad psicofísica “en razón de lesiones sufridas en el municipio de Chitagá (Norte de Santander) en ejercicio de sus funciones”. El Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, en segunda instancia determinó que el ciudadano Miguel Alberto Peñaloza Álvarez, presentó disminución de capacidad psicofísica equivalente al 74.53%. En marzo de 2004 le fue negada la solicitud de nueva valoración por el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía. El señor Peñaloza Álvarez sostuvo frente al tribunal médico que su patología ha venido empeorando progresivamente, sobre todo la relativa a las secuelas psicológicas del hecho del servicio del cual se derivó la disminución psicofísica. Y por su lado el tribunal médico adujo que el artículo 22 del Decreto 1796 de 2000 establece que las decisiones del tribunal son irrevocables y obligatorias, y contra ellas proceden únicamente las acciones jurisdiccionales pertinentes.
El juez de tutela de única instancia, interpretó la jurisprudencia de la Corte Constitucional que fundamenta la existencia de un derecho de los miembros de las Fuerzas Militares, a obtener una nueva valoración médica cuando resulten lesionados o adquieran una enfermedad en actividades propias del servicio, y llegó a la conclusión de que esta exigía la demostración ante el juez de tutela, mediante diagnósticos médicos, de la evolución negativa de la patología al punto que haría dudoso que el porcentaje de disminución se mantenga tal como se valoró en la expedición del mismo. Lo cual no encontró demostrado en el caso concreto, a partir del acervo probatorio del expediente respectivo.
12. Esta Sala encuentra, que la aseveración según la cual la interpretación de los criterios jurisprudenciales sobre la garantía del derecho a una nueva valoración médica de los miembros de las FF.MM., solo es otorgable cuando se demuestra el carácter de empeoramiento progresivo de una patología, resulta una interpretación restrictiva.
En efecto, comoquiera que la nueva calificación tiene por objeto precisamente mostrar que en el caso de algunas patologías los porcentajes iniciales no arrojan como resultado las verdaderas secuelas en la disminución de capacidades psicofísicas, su procedencia no puede depender de que se demuestre lo mismo que se pretende demostrar con la nueva valoración.
13. En este orden, tal como se deriva de la jurisprudencia aludida, para la Sala es claro que no puede simplemente desecharse la aseveración del demandante en el sentido de que el diagnóstico psicológico realizado en el 2001, al momento en el que el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía en segunda instancia determinó que la disminución de su capacidad psicofísica equivalía al 74.53%, ha empeorado en razón del aumento de los problemas psicológicos que —en su opinión— han sobrevenido, además de otras dolencias físicas.
Las patologías del actor surgieron en eventos de carácter bélico tal como se relata en los antecedentes, y no es controvertido por la entidad demandada; por lo cual según la jurisprudencia de la Corte, estos tienen la potencialidad de evolucionar negativamente para la salud, con el paso del tiempo.
14. De otro lado, el porcentaje con el que se calificó en el 2001 al actor es 1% menos del exigido para la pensión según el régimen vigente al momento de su calificación (D. 94/89, art. 90), ello indica que de plano las secuelas del evento traumático son importantes, lo cual permite afirmar con mayor fuerza su potencialidad de evolución negativa.
De otro lado, debe tenerse encuentra que el porcentaje de calificación incide obviamente en la posibilidad de acceder al derecho de la pensión de invalidez. Lo cual hace aún más importante garantizar en estos casos, el derecho a actualizar el porcentaje de disminución psicofísica, pero -se insiste- bajo la consideración de que en estos eventos es especialmente frecuente la potencialidad de empeoramiento progresivo de la salud, derivada del mismo hecho producto del cumplimiento de labores de seguridad y control del orden público. Lo anterior configura, justamente, lo que se pretende demostrar mediante la nueva evaluación y la consecuente nueva calificación.
15. Si bien lo anterior es suficiente para conceder el amparo solicitado y ordenar a la dirección de sanidad de las Policía Nacional autorizar al Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía para realizar una nueva valoración médica mediante la cual se actualice el porcentaje de disminución psicofísica del demandante, es pertinente puntualizar dos aspectos finales.
En primer lugar, cabe señalara que si bien el reconocimiento de la potencialidad de evolución negativa de algunas de las patologías de las que padecen miembros de la Fuerza Pública, con ocasión de hechos bélicos propios del ejercicio de sus funciones de seguridad y control de orden público, se presenta como el criterio más importante para la interpretación constitucional del carácter irrevocable de los dictámenes que determinan el porcentaje de disminución psicofísica, según la cual en algunos casos se configura un derecho a una nueva valoración médica. No sobra esgrimir además un argumento de justicia material en apoyo de dicha interpretación.
El sentido mismo de la regulación de las calificaciones de invalidez sugiere que es posible que los porcentajes de invalidez varíen porque se reconoce la posibilidad obvia de que el estado de salud varíe. Así según el artículo 43 del Decreto Reglamentario 2463 de 2001 en cualquier tiempo, cuando se pruebe ante la junta de calificación de invalidez que ha cesado la invalidez del afiliado, (...) la junta procederá a declarar la cesación de la invalidez”. Esto quiere decir que en defensa de los intereses de quienes pagan las pensiones de invalidez, la regulación permite actualizar el porcentaje de invalidez. Y, por supuesto en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, en defensa del ciudadano debe existir un mecanismo parecido, tal como se desprende de la jurisprudencia citada y del análisis hecho en esta providencia.
16. Y en segundo lugar, las autoridades administrativas encargadas de la determinación del porcentaje de disminución psicofísica en el caso sub judice, deben no solo cumplir con la orden que se consignará en la parte resolutiva de esta sentencia, consistente en realizar una nueva valoración y expedir una nueva calificación. Sino que además, según se explicó en el fundamento jurídico número 6 de esta sentencia, deberán aplicar estrictamente las consecuencias jurídicas que se deriven del dicho resultado, para efectos de decidir la situación del actor en relación con su acceso a la pensión de invalidez; lo cual indica el reconocimiento de la pensión si el resultado de la nueva valoración llega a ser una disminución psicofísica de más del 50%. Pues, recuérdese que la jurisprudencia vigente a este respecto ha sido uniforme al momento de proteger el derecho a la seguridad social y al mínimo vital en casos en los cuales se les ha negado el reconocimiento de la pensión de invalidez a miembros de la fuerza pública que perdieron más del 50% de la capacidad laboral durante la prestación del servicio. Criterio que surgió de la interpretación del artículo 3.5 de la Ley 923 de 2004, frente al cual sostiene esta corporación que debe “entenderse que esta situación se modificó, pues se reconoce que los miembros de la fuerza pública pueden optar por una pensión cuando la invalidez sea igual o superior al 50%”.
1. REVOCAR el fallo dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 13 de abril de 2011, en única instancia, en la acción de tutela promovida por Miguel Alberto Peñaloza Álvarez contra Policía Nacional - dirección de sanidad, y en su lugar,
2. CONCEDER el amparo solicitado y ordenar a la Policía Nacional - dirección de sanidad que autorice al Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía realizar una nueva valoración médica mediante la cual se actualice el porcentaje de disminución psicofísica de ciudadano Miguel Alberto Peñaloza Álvarez. La dirección de sanidad de la Policía Nacional deberá disponer las diligencias y trámites necesarios para la autorización de la nueva valoración médica, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo.
3. ADVERTIR a la Policía Nacional - dirección de sanidad, sobre la obligatoriedad de la aplicación estricta de los criterios legales y jurisprudenciales, en los términos del fundamento jurídico número 16 de la parte motiva de esta sentencia, para efectos de decidir la situación del ciudadano Miguel Alberto Peñaloza Álvarez en relación con su acceso a la pensión de invalidez.
(1) Afirma que esto sucedió a pesar de haber sido ordenada por parte de la Corte Constitucional, la continuación de la atención médica a cargo de la entidad demandada.
(2) Sentencia T- 493 de 2004.
(3) Articulo 14, Decreto 1796 de 2000.
(4) Sentencia T-229 de 2009.
(5) En este sentido manifestó la Corte en la Sentencia T–595 de 2007,
(6) T-393 de 1999, T-762 de 1998, T-493 de 2004, reiterada en la T-140 de 2008.
(7) Sentencia T-393 de 1999.
(8) Sentencia T-376 de 1997.
(9) Sentencias T-534 de 1992.
(10) Ver entre otras la Sentencia T-493 de 2004.

References: Resolución 
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 90
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 43
 artículo 3