Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831762.html
Timestamp: 2019-11-19 08:47:48+00:00

Document:
as201831762
Auto Supremo Nº 762
Expediente : 321/2018
Demandante : Pablo Baldiviezo Fernández
Proceso : Renta de Viudedad
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 205 a 208, interpuesto por Julieta Alcira Gutiérrez Flores, apoderada de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 003/2018 de 27 de enero, de fs. 200 a 203, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del recurso de reclamación por pago de Renta de Viudedad, formulada por Carmen Velia Torrico Valencia, al fallecimiento Pablo Baldiviezo Fernández, contra el SENASIR; el Auto de 30 de octubre de 2017, a fs. 178, por el que se concedió el recurso; el Auto de 23 de julio de 2018, cursante de fs. 222 y vta., que admitió el recurso de casación en el fondo interpuesto; los antecedentes del proceso; y:
La Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto mediante la Resolución Nº 0002516 de 26 de julio de 2016, cursante de fs. 109 a 111, repetida de fs. 119 a 121, resolvió suspender definitivamente la renta básica de viudedad, otorgada a favor de Carmen Velia Torrico Valencia; asimismo, que la Unidad de Revisión de Rentas debe determinar el monto indebidamente cobrado y la Unidad Jurídica, proceder a la recuperación de lo indebidamente cobrado.
Ante la interposición del recurso de reclamación por la derechohabiente, de fs. 136 a 142, el Directorio General Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Jurídica del SENASIR, mediante Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 509/17 de 05 de septiembre de 2017, cursante de fs. 156 a 163, confirmó la Resolución Nº 0002516 de 26 de julio de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones, por encontrarse dictada conforme las disposiciones legales que rigen la materia.
En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, la beneficiaria interpuso recurso de apelación, de fs. 1182 a 189; que fue resuelto por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 003/2018 de 27 de enero de 2018, de fs. 200 a 203, confirmando en parta la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 509/17 de 05 de septiembre de 2017, en lo que respecta a la Suspensión definitiva de la Renta de Viudedad, y deja sin efecto con relación a la recuperación de los dineros cobrados por Carmen Velia Torrico Valencia dispuesta por la Resolución Nº 0002516 de 26 de julio de 2016.
Contra la Resolución emitida por el Tribunal de Apelación, Julieta Alcira Gutiérrez Flores, en representación del Director General Ejecutivo del SENASIR, formuló Recurso de Casación en el fondo, en el que luego de apersonarse y efectuar un análisis de los antecedentes del proceso, alegó que interpone recurso de casación en el fondo, transcribiendo parte del Auto de Vista impugnado, citando los arts. 8 del Decreto Supremo (DS) Nº 23215, 42.b) y 43 de la Ley Nº 1178 que establece que el Sistema de Control Gubernamental Interno de cada entidad pública, tiene el objetivo de promover el acatamiento de las normas legales y proteger los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, por ello es que el SENASIR, tiene la obligación de efectuar la revisión a efectos de determinar el daño económico causado al Estado.
Por ello considera que se incurrió en violación del principio constitucional de seguridad jurídica, obviando que las disposiciones sociales son de cumplimiento obligatorio, porque no se consideró que el SENASIR, tiene plena facultad de revisión de las rentas de oficio y recuperación del daño económico provocado al Estado, mediante trámites en la vía administrativa o en la vía coactiva social, ante la autoridad jurisdiccional competente, conforme prevén los arts. 1º de la Ley Nº 2197 de 09 de mayo de 2001, modificatorio del art. 57-III, de la Ley de Pensiones Nº 1732, 5 inc. h) del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003 y 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005.
Sin embargo, en el caso presente se realizó un análisis del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), en perjuicio de una institución pública del Estado, porque al no existir violación de la norma, correspondía que se confirme la Resolución de la Comisión de Reclamaciones del SENASIR Nº 507/15 de nueve de julio de 2015, y por ello es que interpone recurso de casación en el fondo.
Solicitó que se conceda el recurso de casación, para que este Tribunal, case en parte el Auto de Vista recurrido, con relación a la no procedencia de la recuperación de lo cobrado por la apelante y en consecuencia se declare la efectividad de la Resolución Administrativa Nº 509/17 de 05 de septiembre de 2017 emitida por el SENASIR.
El recurso no fue respondido por la beneficiaria, pese a su legal notificación (fs. 215).
Mediante Auto de 23 de julio de 2018 (fs. 222 y vta.), este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 205 a 208, interpuesto por la apoderada del Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, promovido contra el Auto de Vista Nº 003/2018 de 27 de enero, cursante a fs. 200 a 203.
El art. 477 del RCSS que señala que:
“Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.
Los arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 5.h) del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003, autorizan primero a la Dirección de Pensiones y luego al SENASIR, a revisar de oficio o por denuncia justificada las calificaciones de rentas y pagos globales concedidos, siendo los documentos cursantes en archivos, prueba para ejecutar dichas revisiones, estando para ello “autorizadas a realizar descuentos por planillas en mérito a la variación de cálculos”.
Sin embargo, se debe considerar que ese cálculo de la prestación que se le otorgó, debió ser realizado en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas, proporcionadas por la asegurada, única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos.
Fundamentación del caso en concreto:
De la revisión de la Resolución de vista impugnada en casación, se advierte, que no se ha puesto en tela de juicio la facultad que tiene el SENASIR para revisar de oficio de las rentas en curso de pago y adquisición, puesto que esta facultad se encuentra reconocida en la normativa citada precedentemente (arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 5.h) del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003); por consiguiente, conforme consta en el Auto de Vista, puntos 3 y 5 del Segundo considerando, aplicó adecuadamente la indicada normativa, por lo que se evidencia que no existe infracción alguna sobre este particular, pues en la parte Resolutiva del Auto de Vista se determinó que fue correctamente suspendida definitivamente la renta concedida a la beneficiaria, toda vez que la renta de viudedad de la Sra. Carmen Velia Torrico Valencia no fue otorgada en base a datos o declaraciones fraudulentas, por lo que, no correspondía establecer la devolución de los pagos con efecto retroactivo, como pretende erradamente el SENASIR.
Respecto a que se habría vulnerado los principios de seguridad, jurídica, o que se habría soslayado el carácter obligatorio que tienen las normas sociales tampoco es evidente, porque de los antecedentes del expediente, se establece que como consecuencia de que la beneficiaria Carmen Velia Torrico Valencia, luego de haber sido beneficiada con la renta de viudedad, al fallecimiento de su cónyuge Pablo Baldiviezo Fernández, contrajo nuevas nupcias, con Wilson Rolando Costas Sánchez, motivo por el cual se procedió de manera correcta, a la suspensión definitiva de su renta única de viudedad mediante Resolución de la Comisión Nacional de Prestaciones Nº 0002516 de 26 de julio de 2016 cursante de fs. 109 a 111, repetida en fs. 119 a 121 de obrados, que fue confirmada por la Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR Nº 509/17 de 05 de septiembre de 2017, de fs. 156 a 163 de obrados y ratificada en apelación, por el Auto de Vista Nº 003/2018 de 27 de Enero cursante de fs. 200 a 203 de obrados, ahora impugnado; empero, no es menos evidente que el SENASIR no acreditó que la concesión de su renta hubiese sido concedida, como consecuencia de declaración fraudulenta o información falsa, requisito que es de inexcusable cumplimiento para disponer la devolución de los montos indebidamente cancelados, conforme determinan las disposiciones legales citadas precedentemente.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera las normas alegadas en el recurso de casación, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, correspondiendo resolver conforme prescribe el art. 220.II del Código Procesal Civil, aplicable por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 205 a 208, interpuesto por Julieta Alcira Gutiérrez Flores, en representación del Director General Ejecutivo del SENASIR, contra el Auto de Vista N° 003/2018 de 27 de enero, de fs. 200 a 203 de obrados, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

References: Resolución 
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