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PRUEBAS SELECTIVAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Diputación Provincial de Castellón TEMARIO. Parte Administrativa. Ed. - PDF
PRUEBAS SELECTIVAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Diputación Provincial de Castellón TEMARIO. Parte Administrativa. Ed.
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María Nieves Velázquez Fidalgo
1 PRUEBAS SELECTIVAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Diputación Provincial de Castellón 2015 TEMARIO Parte Administrativa Ed. TEMA DIGITAL
3 TEMARIO PARTE ADMINISTRATIVA Tema 1. Constitución Española de 1978: concepto, estructura, principios generales, derechos y deberes fundamentales. Procedimiento Administrativo Común: principios, fases del procedimiento. El silencio administrativo. Recursos administrativos. Tema 2. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: derechos y deberes de trabajadores. Tema 3. El Estatuto Básico del Empleado Público ( Ley 7/2007, de 12 de abril). Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Planes de Igualdad. Tema 4. Estatutos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. o o o0o o o
4 TEMA 1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CONCEPTO, ESTRUCTURA, PRINCIPIOS GENERALES, DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN: PRINCIPIOS, FASES DEL PROCEDIMIENTO. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 1. LA CONSTITUCIÓN: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS GENERALES Una Constitución es, en sentido material, la norma que establece los principios fundamentales que han de regir el orden social, político y económico de un país. Desde un punto de vista formal, la Constitución es la norma suprema y de mayor rango del ordenamiento jurídico elaborada por el poder constituyente, es decir, por el propio pueblo que, en ejercicio de su soberanía, se dota del estatuto jurídico por el que desea regirse. Tras las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el art. 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de 1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución. Una vez elaborada y discutida en el Congreso y Senado, mediante Real Decreto 2550/1978 se convocó el Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente. Se llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978. El Proyecto fue aprobado por el 87,78% de votantes que representaba el 58,97% del censo electoral. Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de El BOE publicó la Constitución el 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor con la misma fecha. Ese mismo día se publicaron, también, las versiones en las restantes lenguas de España. A lo largo de su vigencia ha tenido dos reformas: En 1992, que consistió en añadir el inciso "y pasivo" en el artículo 13.2, referido al derecho de sufragio en las elecciones municipales. En 2011, que consistió en sustituir íntegramente el artículo 135 para establecer constitucionalmente el principio de estabilidad presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica y financiera que padecemos ANTECEDENTES Las múltiples influencias de una Constitución derivada como la española de 1978 además de aquellas recibidas del constitucionalismo histórico español hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas
5 TEMA 2. LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DERECHOS Y DEBERES DE TRABAJADORES. 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: LA LEY 31/ INTRODUCCIÓN El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales su pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos. De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Unica, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente. Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de leyes y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la LPRL. Junto a ello, los compromisos contraídos con la Organización
6 TEMA 3. EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. LEY ORGÁNICA 3/2007, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. PLANES DE IGUALDAD. 1. EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas está configurado fundamentalmente por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración. El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del principio constitucional de que el régimen general del empleo público en nuestro país es el funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el conjunto de Administraciones Públicas viene desempeñando la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determinadas tareas. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes lo hacen en el sector privado. El Estatuto Básico es un paso importante y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión Europea y en la propia Administración comunitaria. Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social. Entre esos factores el más importante es, sin duda, el personal al servicio de la Administración. Además del EBEP como norma básica, otra serie de leyes configuran el régimen jurídico del personal al servicio de las AA.PP., como son las siguientes: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública Leyes reguladoras de la Función Pública de cada Comunidad Autónoma Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las AA.PP. Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública
7 TEMA 4. ESTATUTOS DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN. Los Estatutos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón fueron publicados en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana con fecha 28 de agosto de 2013, y presentan la siguiente estructura: CAPÍTULO I. Disposiciones generales Artículo 1. Denominación, entidades consorciadas y domicilio Artículo 2. Objeto y finalidades Artículo 3. Personalidad jurídica, capacidad y participación de los entes consorciados CAPÍTULO II. Regímenes reguladores Artículo 4. Régimen jurídico Artículo 5. Régimen patrimonial Artículo 6. Régimen económico financiero Artículo 7. Régimen presupuestario y contable Artículo 8. Régimen de personal Artículo 9. Régimen de contratación y de responsabilidad patrimonial Artículo 10. Garantías de los ciudadanos, garantías del servicio, planificación, coordinación y cooperación CAPÍTULO III. Órganos de gobierno, dirección, coordinación y participación Artículo 11. Órgano de gobierno y dirección Artículo l2. Composición del Consejo de Gobierno Artículo 13. Funciones del Consejo de Gobierno Artículo 14. Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Artículo 15. Funciones del presidente y del vicepresidente Artículo 16. Régimen de sesiones del Consejo de Gobierno Artículo 17. Convocatorias Artículo 18. Adopción de acuerdos Artículo 19. Secretario del Consejo Artículo 20. Actas Artículo 21. Resoluciones del presidente Artículo 22. Órganos de dirección Artículo 23. Funciones del director gerente del Consorcio Artículo 24. Nombramiento y cese de directivos Artículo 25. Comisión de dirección, funciones y régimen de responsabilidad Artículo 26. Órganos de participación Artículo 27. Gestión de recursos humanos Artículo 28. Cartera de servicios
Cuerpo de Auxilio Judicial ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA T E M A R I O. Primera Parte (Temas 1 a 14) www.temariosenpdf.es. Ed.
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Códigos electrónicos Prevención de riesgos laborales Edición actualizada a 11 de noviembre de 2015 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO La última versión de este Código en PDF y epub está disponible para su descarga

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 135
 artículo 40
 artículo 118
 artículo 40
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
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 Artículo 28