Source: https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/decision/2009/2009580DC.htm
Timestamp: 2020-02-26 19:37:29+00:00

Document:
Sentencia n° 2009-580 DC de 10 de Junio de 2009 | Conseil constitutionnel
Sentencia n° 2009-580 DC de 10 de Junio de 2009
Ley por la que se favorece la difusión y la protección de la creación en internet
Ante el requerimiento formulado al Consejo Constitucional en las condiciones previstas por el artículo 61, segundo párrafo, de la Constitución, relativo a la impugnación de la ley por la que se favorece la difusión y la protección de la creación en internet, el 19 de mayo de 2009, por: Don Jean-Marc AYRAULT, Doña Patricia ADAM, Doña Sylvie ANDRIEUX, Don Jean-Paul BACQUET, Don Jean-Pierre BALLIGAND, Don Gérard BAPT, Don Claude BARTOLONE, Don Jacques BASCOU, Don Christian BATAILLE, Doña Delphine BATHO, Don Jean-Louis BIANCO, Doña Gisèle BIÉMOURET, Don Serge BLISKO, Don Patrick BLOCHE, Don Maxime BONO, Don Jean-Michel BOUCHERON, Doña Marie-Odile BOUILLÉ, Don Christophe BOUILLON, Doña Monique BOULESTIN, Don Pierre BOURGUIGNON, Don François BROTTES, Don Alain CACHEUX, Don Jérôme CAHUZAC, Don Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Don Christophe CARESCHE, Doña Martine CARRILLON-COUVREUR, Don Bernard CAZENEUVE, Don Jean-Paul CHANTEGUET, Don Alain CLAEYS, Don Jean-Michel CLÉMENT, Doña Marie-Françoise CLERGEAU, Don Gilles COCQUEMPOT, Doña Catherine COUTELLE, Doña Pascale CROZON, Don Frédéric CUVILLIER, Doña Claude DARCIAUX, Don Pascal DEGUILHEM, Doña Michèle DELAUNAY, Don Guy DELCOURT, Don François DELUGA, Don Bernard DEROSIER, Don William DUMAS, Doña Laurence DUMONT, Don Jean-Louis DUMONT, Don Jean-Paul DUPRÉ, Don Yves DURAND, Doña Odette DURIEZ, Don Philippe DURON, Don Olivier DUSSOPT, Don Christian ECKERT, Don Henri EMMANUELLI, Doña Corinne ERHEL, Don Laurent FABIUS, Don Albert FACON, Doña Martine FAURE, Don Hervé FÉRON, Doña Aurélie FILIPPETTI, Doña Geneviève FIORASO, Don Pierre FORGUES, Doña Valérie FOURNEYRON, Don Michel FRANÇAIX, Don Jean-Louis GAGNAIRE, Don Guillaume GAROT, Don Jean GAUBERT, Doña Catherine GÉNISSON, Don Jean-Patrick GILLE, Don Jean GLAVANY, Don Daniel GOLDBERG, Don Gaëtan GORCE, Doña Pascale GOT, Don Marc GOUA, Don Jean GRELLIER, Doña Elisabeth GUIGOU, Doña Danièle HOFFMAN-RISPAL, Don François HOLLANDE, Doña Monique IBORRA, Doña Françoise IMBERT, Don Michel ISSINDOU, Don Serge JANQUIN, Don Henri JIBRAYEL, Don Régis JUANICO, Doña Marietta KARAMANLI, Don Jean-Pierre KUCHEIDA, Doña Conchita LACUEY, Don Jérôme LAMBERT, Don François LAMY, Don Jean LAUNAY, Don Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Don Gilbert LE BRIS, Don Jean-Marie LE GUEN, Doña Annick LE LOCH, Don Bruno LE ROUX, Doña Marylise LEBRANCHU, Don Patrick LEBRETON, Don Michel LEFAIT, Don Patrick LEMASLE, Doña Catherine LEMORTON, Doña Annick LEPETIT, Don Bernard LESTERLIN, Don François LONCLE, Don Victorin LUREL, Don Jean MALLOT, Don Louis-Joseph MANSCOUR, Doña Jacqueline MAQUET, Doña Marie-Lou MARCEL, Don Jean-René MARSAC, Doña Martine MARTINEL, Doña Frédérique MASSAT, Don Gilbert MATHON, Don Didier MATHUS, Doña Sandrine MAZETIER, Don Michel MÉNARD, Don Kléber MESQUIDA, Don Didier MIGAUD, Don Pierre MOSCOVICI, Don Pierre-Alain MUET, Don Henri NAYROU, Don Alain NÉRI, Doña Marie-Renée OGET, Doña Françoise OLIVIER-COUPEAU, Doña George PAU-LANGEVIN, Don Christian PAUL, Don Germinal PEIRO, Don Jean-Luc PÉRAT, Don Jean-Claude PEREZ, Doña Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Don Philippe PLISSON, Don François PUPPONI, Doña Catherine QUÉRÉ, Don Jean-Jack QUEYRANNE, Doña Marie-Line REYNAUD, Don Alain RODET, Don Alain ROUSSET, Don Patrick ROY, Don Michel SAINTE-MARIE, Don Michel SAPIN, Don Christophe SIRUGUE, Doña Marisol TOURAINE, Don Jean-Louis TOURAINE, Don Jean-Jacques URVOAS, Don Daniel VAILLANT, Don Jacques VALAX, Don André VALLINI, Don Manuel VALLS, Don Michel VAUZELLE, Don Alain VIDALIES, Don Jean-Michel VILLAUMÉ, Don Philippe VUILQUE, Don Guy CHAMBEFORT, Don Gérard CHARASSE, Don René DOSIÈRE, Don Paul GIACOBBI, Don Joël GIRAUD, Doña Jeanny MARC, Doña Dominique ORLIAC, Doña Martine PINVILLE, Don Simon RENUCCI, Doña Chantal ROBIN-RODRIGO, Don Marcel ROGEMONT, Doña Christiane TAUBIRA, Doña Marie-Hélène AMIABLE, Don François ASENSI, Don Alain BOCQUET, Don Patrick BRAOUEZEC, Don Jean-Pierre BRARD, Doña Marie-George BUFFET, Don Jean-Jacques CANDELIER, Don André CHASSAIGNE, Don Jacques DESALLANGRE, Doña Jacqueline FRAYSSE, Don André GERIN, Don Pierre GOSNAT, Don Maxime GREMETZ, Don Jean-Paul LECOQ, Don Roland MUZEAU, Don Daniel PAUL, Don Jean-Claude SANDRIER, Don Michel VAXES, Don Marc DOLEZ, Doña Huguette BELLO, Don Martine BILLARD, Don Yves COCHET, Don Noël MAMÈRE y Don François de RUGY, diputados.
Vista la orden n° 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 modificada sobre la ley orgánica del Consejo Constitucional;
Visto el código de la propiedad intelectual;
Visto el código de correos y comunicaciones electrónicas;
Vista la ley n° 78-17 de 6 de enero de 1978 modificada relativa a la informática, a los archivos y a las libertades, junto con la sentencia n° 2004-499 DC de 29 de julio de 2004;
Vistas las observaciones del Gobierno, presentadas el 29 de mayo de 2009;
Considerando que los diputados demandantes impugnan ante el Consejo Constitucional la ley por la que se favorece la difusión y la protección de la creación en internet; que impugnan su procedimiento de examen, así como la conformidad con la Constitución en sus artículos 5, 10 y 11;
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DE LA LEY:
Considerando que, según los demandantes, el Gobierno no habría proporcionado al Parlamento los elementos objetivos de información susceptibles de fundar debates claros y sinceros; que afirman, por consiguiente, que el procedimiento de adopción de la ley era irregular;
Considerando que las cámaras han dispuesto, como certifican tanto los informes de las comisiones a las que se ha sometido la cuestión sobre el fondo o para dictamen, como el acta de los debates, elementos de información suficientes sobre las disposiciones del proyecto de ley en debate; que, como consecuencia, la queja invocada carece de fundamento de hecho;
SOBRE LOS ARTÍCULOS 5 Y 11:
Considerando, por una parte, que el artículo 5 de la ley impugnada crea en el capítulo I del título III del libro III de la primera parte del código de propiedad intelectual una sección 3 que incluye los artículos L. 331-12 a L. 331-45 y que está dedicada a la “Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en internet”; que esta nueva autoridad administrativa independiente está compuesta de un colegio y de una comisión de protección de derechos; que el colegio está especialmente encargado de favorecer la oferta legal de las obras y objetos vinculados con un derecho de autor o un derecho conexo; que la comisión de protección de derechos tiene como misión aplicar nuevos mecanismos de aviso y de sanción administrativa para los titulares de acceso a internet que hayan incumplido su obligación de vigilancia de este acceso;
Considerando, por una parte, que el artículo 11 incorpora, dentro del capítulo IV del mismo título, los artículos L. 336-3 y L. 336-4; que define la obligación de vigilancia de acceso a internet y determina los casos en los que se exime de cualquier sanción al titular del abono a internet cuyo acceso haya sido utilizado para fines susceptibles de vulnerar los derechos de propiedad intelectual;
. En lo referido a la obligación de vigilancia del acceso a internet:
Considerando que de conformidad con el primer párrafo del artículo L. 336-3 del código de propiedad intelectual: “La persona titular del acceso a los servicios de comunicación pública en línea tiene la obligación de velar por que este acceso no sea objeto de una utilización para fines de reproducción, representación, puesta a disposición o de comunicación pública de obras u objetos protegidos por un derecho de autor o por un derecho conexo sin la autorización de los titulares de los derechos previstos en los libros I y II cuando esta sea requerida”;
Considerando que, contrariamente a lo que afirman los demandantes, la definición de esta obligación es distinta de la del delito de falsificación; que es enunciada en términos lo suficientemente claros y precisos; que, como consecuencia, al publicarla, el legislador no ha incumplido ni la competencia que le atribuye el artículo 34 de la Constitución, ni el objetivo de valor constitucional de inteligibilidad y de accesibilidad de la ley;
. En lo referido a la represión de los incumplimientos de la obligación de vigilancia:
Considerando, por una parte, que de acuerdo con los párrafos 2 a 6 del mismo artículo L. 336-3: “No puede aplicarse ninguna sanción respecto del titular del acceso en los siguientes casos:
“1° Si el titular del acceso ha aplicado una de las medidas de protección que figuran en la lista mencionada en el segundo párrafo del artículo L. 331-32;
“2° Si la vulneración de los derechos previstos en el primer párrafo del presente artículo consiste en que una persona haya utilizado de forma fraudulenta el acceso al servicio de comunicación pública en línea;
“3° En caso de fuerza mayor.
“El incumplimiento de la persona titular del acceso de la obligación definida en el primer párrafo no tiene como efecto comprometer la responsabilidad penal del interesado.”
Considerando, por otra parte, que de acuerdo con el artículo L. 331-27 : “Cuando se constate que el abonado ha incumplido la obligación definida en el artículo L. 336-3 el año siguiente a la recepción de una recomendación enviada por la comisión de protección de derechos y mediante carta certificada con acuse de recibo o por cualquier otro medio con el que se pueda establecer la prueba de la fecha de envío de esta recomendación y la de su recepción por parte del abonado, la comisión puede, tras un procedimiento contradictorio, pronunciar, en función de la gravedad de los incumplimientos y el uso del acceso, una de las siguientes sanciones:
“1° La suspensión del acceso al servicio por una duración de dos meses a un año junto con la imposibilidad, para el abonado, de suscribir durante el mismo periodo otro contrato de acceso a un servicio de comunicación pública en línea con otro operador;
“2° Un requerimiento de tomar, en el plazo que ella determine, medidas para prevenir que se repita la vulneración constatada, especialmente una de las medidas de protección de las que figura en la lista prevista en el segundo párrafo del artículo L. 331-32, y de comunicarlo a la Alta Autoridad, en su caso, con condena”;
Considerando que en aplicación del artículo L. 331-28, la comisión de protección de derechos de la Alta Autoridad puede, antes de iniciar un procedimiento de sanción, proponerle al abonado una transacción que implique bien una suspensión del acceso a internet durante uno a tres meses, bien la obligación de tomar medidas para prevenir que se repita el incumplimiento; que el artículo L. 331-29 autoriza dicha comisión a pronunciar las sanciones previstas en el artículo L. 331-27 en caso de no respetar la transacción; que el artículo L. 331-30 precisa las consecuencias contractuales de la suspensión del acceso al servicio; que el artículo L. 331-31 prevé las condiciones en las que el proveedor de acceso queda obligado a aplicar la medida de suspensión; que el artículo L. 331-32 determina las modalidades según las cuales se establece la lista de medidas de protección cuya aplicación exime al titular del acceso de cualquier sanción; que los artículos L. 331-33 y L. 331-34 instituyen un repertorio nacional en el que se censarán las personas que hayan sido objeto de una medida de suspensión; que, por último, el artículo L. 331-36 le permite conservar a la comisión de protección de derechos, como máximo hasta el momento en que se haya ejecutado totalmente la suspensión de acceso, los datos técnicos que hayan sido puestos a su disposición;
Considerando que, según los demandantes, al conceder a una autoridad administrativa, incluso siendo independiente, poderes de sanción consistentes en la suspensión del acceso a internet, el legislador habría, por una parte, vulnerado el carácter fundamental del derecho a la libertad de expresión y de comunicación y, por otra parte, instituido sanciones manifiestamente desproporcionadas; que alegan, además, que las condiciones de esta represión instituirían una presunción de culpabilidad y vulnerarían los derechos de la defensa;
Considerando que de conformidad con el artículo 11 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre: cualquier ciudadano podrá, por consiguiente, hablar, escribir, imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”; que en el estado actual de los medios de comunicación y con respecto al desarrollo generalizado de los servicios de comunicación pública en línea así como a la importancia que tienen estos servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, este derecho implica la libertad de acceder a estos servicios;
Considerando que la propiedad figura entre los derechos humanos consagrados por los artículos 2 y 17 de la Declaración de 1789; que las finalidades y las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad han experimentado desde 1789 una evolución caracterizada por una extensión de su campo de aplicación a nuevos ámbitos; que, entre estos últimos, figura el derecho, para los titulares del derecho de autor y de derechos conexos, de disfrutar de sus derechos de propiedad intelectual y de protegerlos en el marco definido por la ley y los compromisos internacionales de Francia; que la lucha contra las prácticas de falsificación que se desarrollan en internet responde al objetivo de protección de la propiedad intelectual;
Considerando que el principio de separación de poderes, no más que ningún principio o norma con valor constitucional, no impide que una autoridad administrativa, que interviene en el marco de las prerrogativas de potencia pública, pueda ejercer un poder de sanción en la medida necesaria para el cumplimiento de su misión desde el momento en que el ejercicio de este poder está acompañado por la ley de medidas destinadas a garantizar la protección de derechos y libertades constitucionalmente garantizados; que, de modo especial, deben ser respetados el principio de la legalidad de los delitos y las condenas, así como los derechos de la defensa, principios aplicables a cualquier sanción que tenga carácter de castigo, si bien el legislador ha dejado la responsabilidad de pronunciarla a una autoridad de naturaleza no jurisdiccional;
Considerando que de conformidad con el artículo 34 de la Constitución: “La ley fijará las normas sobre… los derechos cívicos y las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas”; que, con este fundamento, le está permitido al legislador publicar normas para conciliar la persecución del objetivo de lucha contra las prácticas de falsificación en internet con el ejercicio del derecho de libre comunicación y de la libertad de hablar, escribir e imprimir; que, así y todo, la libertad de expresión y de comunicación es tanto más valiosa cuanto que su ejercicio es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto de los demás derechos y libertades; que las vulneraciones del ejercicio de esta libertad deben ser necesarias, adaptadas y proporcionadas al objetivo perseguido;
Considerando que los poderes de sanción instituidos por las disposiciones criticadas habilitan a la comisión de protección de los derechos, que no es una jurisdicción, a limitar o a impedir el acceso a internet de titulares de abono, así como de las personas a quienes les permiten beneficiarse de ello; que la competencia reconocida a esta autoridad administrativa no se limita a una categoría particular de personas, sino que se extiende a la totalidad de la población; que sus poderes pueden conducir a restringir el ejercicio, por cualquier persona, de su derecho a expresarse y a comunicar libremente, especialmente desde su domicilio; que, en estas condiciones, con respecto a la naturaleza de la libertad garantizada por el artículo 11 de la Declaración de 1789, el legislador no podía, independientemente de las garantías que enmarcan el pronunciamiento de la sanción, confiar tales poderes a una autoridad administrativa para proteger los derechos de los titulares del derecho de autor y de derechos conexos;
Considerando, además, que en virtud del artículo 9 de la Declaración de 1789, se considera que cualquier hombre es inocente hasta no ser declarado culpable; que de ello se desprende que, en principio, el legislador no podría instituir presunción de culpabilidad en materia represiva; que, sin embargo, a título excepcional, tales presunciones pueden ser establecidas, especialmente en materia de multas, a partir del momento en que no revistan carácter irrefutable, que se garanticen los derechos de la defensa y que los hechos induzcan razonablemente la verisimilitud de la imputabilidad;
Considerando, en este caso, que de las disposiciones impugnadas resulta que la realización de un acto de falsificación a partir de la dirección internet del abonado constituye, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo L. 331-21, “la materialidad de los incumplimientos de la obligación definida en el artículo L. 336-3”; que solo el titular del contrato de abono de acceso a internet puede ser objeto de las sanciones instituidas por el dispositivo impugnado; que, para librarse de estas sanciones, le corresponde, en virtud del artículo L. 331-38, presentar los elementos que puedan establecer que la vulneración del derecho de autor o de los derechos conexos procede del fraude de un tercero; que, de este modo, al operar una inversión de la carga de la prueba, el artículo L. 331-38 instituye, por incumplimiento de las exigencias resultantes del artículo 9 de la Declaración de 1789, una presunción de culpabilidad contra el titular del acceso a internet, que puede llevar a pronunciar contra él sanciones privativas o restrictivas de derecho;
Considerando que de todo lo anterior se desprende, y sin que sea necesario examinar las otras quejas, que deben declararse contrarios a la Constitución, en el artículo 11 de la ley impugnada, los párrafos segundo a quinto del artículo L. 336-3 y, en su artículo 5, los artículos L. 331-27 a L. 331-31, L. 331-33 y L. 331-34; que ocurre lo mismo, en el segundo párrafo del artículo L. 331-21, con las palabras: “y constatan la materialidad de los incumplimientos de la obligación definida en el artículo L. 336-3”, del último párrafo del artículo L. 331-26, así como de las palabras: “por considerarse, en su opinión, que eximen de forma válida de su responsabilidad al titular del acceso, de acuerdo con el artículo L. 336-3” que figura en el primer párrafo del artículo L. 331-32 y las palabras: “cuya aplicación exime de forma válida de su responsabilidad al titular del acceso de acuerdo con el artículo L. 336-3” que figura en el segundo párrafo de este mismo artículo;
Considerando que también deben ser declaradas contrarias a la Constitución, dado que son inseparables, en el artículo 5, las palabras: “y advirtiéndole de las sanciones aplicables en caso de repetirse el presunto incumplimiento” que figura en el primer párrafo del artículo L. 331-26, las palabras: “así como de las vías de recurso posibles en aplicación de los artículos L. 331-26 a L. 331-31 y L. 331-33” que figuran en el artículo L. 331-35, las palabras: “y, como muy tarde, hasta el momento en que el corte del acceso previsto por estas disposiciones haya sido totalmente ejecutado” que figura en el primer párrafo del artículo L. 331-36 y el segundo párrafo de este artículo, las palabras: “así como del repertorio nacional previsto en el artículo L. 331-33, que permite especialmente a las personas cuya actividad es ofrecer un acceso a un servicio de comunicación pública en línea disponer, en forma de una simple interrogación, de informaciones estrictamente necesarias para proceder a la comprobación prevista por este mismo artículo” que figura en el artículo L. 331-37, así como el segundo párrafo del artículo L. 331-38; que ocurre lo mismo, en el artículo 16, con las palabras: “del incumplimiento de la obligación definida en el artículo L. 336-3 del código de propiedad intelectual y”, así como del I y V del artículo 19;
. En lo referido al derecho al respeto de la vida privada:
Considerando que, según los demandantes, la ley impugnada opera una conciliación manifiestamente desequilibrada entre la protección de los derechos de autor y el derecho al respeto de la vida privada; que el objetivo perseguido por el legislador necesitaría la aplicación de medidas de vigilancia de los ciudadanos y la instauración de un «control generalizado de las comunicaciones electrónicas» incompatibles con la exigencia constitucional del derecho al respeto de la vida privada; que los demandantes alegan que los poderes reconocidos a los agentes privados, habilitados para recoger las direcciones de los abonados sospechosos de haber compartido un archivo de obra protegida, no están enmarcados por suficientes garantías;
Considerando, en primer lugar, que al amparo del artículo 2 de la Declaración de 1789: “La finalidad de cualquier asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”; que la libertad proclamada por este artículo implica el respeto de la vida privada;
Considerando, en segundo lugar, que corresponde al legislador, en virtud del artículo 34 de la Constitución, establecer las normas relativas a las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas; que le corresponde garantizar la conciliación entre el respeto de la vida privada y otras exigencias constitucionales, tales como la protección del derecho de propiedad;
Considerando que en virtud del artículo L. 331-24 del código de la propiedad intelectual, la comisión de protección de derechos interviene cuando a ella recurren agentes jurados y autorizados en las condiciones definidas en el artículo L. 331-2 del mismo código; que estos agentes son designados por los organismos de defensa profesional regularmente constituidos, por las sociedades de percepción y de reparto de derechos o por el Centro nacional de cinematografía;
Considerando que de conformidad con el artículo 9 de la ley de 6 de enero de 1978 anteriormente mencionada: “Los tratamientos de datos de carácter personal relativos a infracciones, condenas y medidas de seguridad tan solo podrán ser aplicados por: … 4° Las personas jurídicas mencionadas en los artículos L. 321-1 y L. 331-1 del código de propiedad intelectual, quienes intervienen por los derechos de cuya gestión se ocupan o en nombre de las víctimas de vulneración de los derechos previstos en los libros I, II y III del mismo código para garantizar la defensa de estos derechos”; que estas personas jurídicas son las sociedades de percepción y de reparto de derechos y los organismos de defensa profesional regularmente constituidos;
Considerando que las disposiciones combinadas del artículo L. 34-1 del código de correos y comunicaciones electrónicas, tal y como lo modifica el artículo 14 de la ley impugnada, de los tercer y quinto párrafos del artículo L. 331-21 del código de propiedad intelectual y de su artículo L. 331-24 tienen como efecto modificar las finalidades por las que estas personas pueden aplicar tratamientos sobre datos relativos a infracciones; que permiten de hecho que, en lo sucesivo, los datos recogidos de este modo adquieran un carácter nominativo también en el ámbito del procedimiento realizado ante la comisión de protección de derechos;
Considerando que la lucha contra las prácticas de falsificación en internet responde al objetivo de protección de la propiedad intelectual y de la creación cultural; que, no obstante, la autorización dada a personas privadas para recoger datos que permitan indirectamente identificar a los titulares del acceso a servicios de comunicación pública en línea conduce a la aplicación, a través de personas privadas, de un tratamiento de datos de carácter personal relativos a infracciones; que una tal autorización, sin vulnerar de forma desproporcionada el derecho al respeto de la vida privada, tan solo podría tener como finalidades permitir a los titulares del derecho de autor y de derechos conexos ejercer los recursos jurisdiccionales de los que dispone cualquier persona física o jurídica tratándose de infracciones de las que hubiera sido víctima;
Considerando que tras la censura resultante de los considerandos 19 y 20, la comisión de protección de derechos no puede pronunciar las sanciones previstas por la ley impugnada; que tan solo se le confía un papel previo a un procedimiento judicial; que su intervención se justifica por la amplitud de las falsificaciones cometidas mediante internet y la utilidad, en el interés de una buena administración de la justicia, de limitar el número de infracciones por las que se recurrirá a la autoridad judicial; que de ello se desprende que los tratamientos de datos de carácter personal aplicados por las sociedades y organismos precitados, así como la transmisión de estos datos a la comisión de protección de derechos para el ejercicio de sus misiones se inscriben en el proceso de someter esta cuestión a las jurisdicciones competentes;
Considerando que estos tratamientos estarán sujetos a las exigencias previstas por la ley de 6 de enero de 1978 anteriormente mencionada; que los datos tan solo podrán ser transmitidos a esta autoridad administrativa o a las autoridades judiciales; que corresponderá a la Comisión nacional de informática y libertades, a la que se recurrirá para autorizar tales tratamientos, garantizar que las modalidades de aplicación, especialmente las condiciones de conservación de los datos, sean estrictamente proporcionadas para esta finalidad;
Considerando, además, que, contrariamente a lo que afirman los demandantes, los agentes jurados previstos en el artículo L. 331-24 del código de propiedad intelectual no están investidos de poder para vigilar o interceptar intercambios o correspondencias privadas;
Considerando que de todo lo que precede se desprende que, sin perjuicio de lo enunciado en el considerando 29, la aplicación de tales tratamientos de datos de carácter personal no vulnera las exigencias constitucionales precitadas;
. En lo referido al reenvío a decretos de Consejo de Estado:
Considerando que, según los demandantes, al remitir a un decreto la responsabilidad de precisar las condiciones según las que la Alta Autoridad podrá atribuir un label que permita «identificar claramente el carácter legal» de las ofertas de servicio de comunicación en línea, el artículo L. 331-23 del código de propiedad intelectual dejaría a la Alta Autoridad el poder de determinar de manera discrecional las ofertas que presentan, según ella, un carácter legal; que los demandantes añaden que el artículo L. 331-32 no podía remitir al decreto la responsabilidad de fijar el procedimiento de evaluación y de labelización de los medios para proteger el acceso a internet; que, al hacerlo de este modo, el legislador no habría ejercido la competencia que le corresponde según el artículo 34 de la Constitución en materia de garantías fundamentales reconocidas a los ciudadanos en el ejercicio de las libertades públicas;
Considerando que, si bien el artículo 34 de la Constitución dispone que «la ley fija las normas sobre... las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas», la aplicación de las garantías determinadas por el legislador es competencia del poder ejecutivo; que las disposiciones del artículo 21 de la Constitución, que confían al Primer Ministro la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes y, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 13, de ejercer el poder reglamentario, no impiden que el legislador confíe a una autoridad pública diferente del Primer Ministro la responsabilidad de establecer normas que permitan la aplicación de principios planteados por la ley, siempre y cuando dicha habilitación no se refiera a medidas limitadas tanto por su ámbito de aplicación como por su contenido; que una tal atribución de competencia no tiene como efecto dispensar a la autoridad reglamentaria del cumplimiento de las exigencias constitucionales;
Considerando que la labelización del “carácter legal” de las ofertas de servicio de comunicación pública en línea tiene como único objeto favorecer la identificación, por el público, de ofertas de servicio que respetan los derechos de la propiedad intelectual; que del segundo párrafo del artículo L. 331-23 se desprende que, cuando se le somete una demanda de atribución de un tal label a la Alta Autoridad, esta estará obligada a dar una respuesta favorable a partir del momento que constate que los servicios propuestos por esta oferta no vulneran los derechos de autor ni los derechos conexos; que el reenvío al decreto para establecer las condiciones de atribución de este label tiene como único objetivo determinar las modalidades según las cuales son estimadas e instruidas las solicitudes de labelización por la Alta Autoridad; que estas disposiciones no le confieren ningún poder arbitrario;
Considerando que, en su redacción tras la censura resultante de los considerandos 19 y 20, el artículo L. 331-32 tiene como único objetivo favorecer la utilización de los medios de protección cuya aplicación permite garantizar la vigilancia de un acceso a internet de conformidad con las disposiciones del artículo L. 336-3; que es competencia del poder reglamentario definir las condiciones en las que será emitido este label; que se desprende de ello que las disposiciones de los artículos 5 y 11 de la ley impugnada, diferentes de las declaradas contrarias a la Constitución, no son calificadas de incompetencia negativa;
Considerando que el artículo 10 de la ley da una nueva redacción del artículo L. 336-2 del código de propiedad intelectual; que según este artículo: “En presencia de una vulneración de un derecho de autor o de un derecho conexo ocasionada por el contenido de un servicio de comunicación pública en línea, el tribunal de grande instance [órgano jurisdiccional de primera instancia para asuntos civiles], al resolver en su caso de forma urgente, puede ordenar a requerimiento de los titulares de derechos sobre las obras y objetos protegidos, de sus derechohabientes, de las sociedades de percepción y de reparto de los derechos contemplados en el artículo L. 321-1 o de los organismos de defensa profesional citados en el artículo L. 331-1, cualquiera medidas que puedan prevenir o hacer cesar tal vulneración de un derecho de autor o de un derecho conexo, contra cualquier persona susceptible de contribuir a remediarlo”;
Considerando que, según los demandantes, la posibilidad «de bloquear, mediante medidas y requerimientos, el funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación… podría privar a muchos usuarios del derecho a recibir informaciones e ideas»; que además, el carácter excesivamente amplio e incierto de esta disposición podría conducir a las personas potencialmente previstas por el artículo 10 a restringir, a título preventivo, el acceso a internet;
Considerando que al permitir a los titulares de un derecho de autor o de derechos conexos, así como a las personas habilitadas para representarlos para la defensa de estos derechos, solicitar que el tribunal de grande instance [órgano jurisdiccional de primera instancia para asuntos civiles] ordene, al final de un procedimiento contradictorio, las medidas necesarias para prevenir o hacer cesar una vulneración de sus derechos, el legislador no ha violado la libertad de expresión y de comunicación; que corresponderá a la jurisdicción a la que se somete el asunto pronunciar únicamente, respetando esta libertad, las medidas estrictamente necesarias para la preservación de los derechos en causa; que, con esta reserva, el artículo 10 no es contrario a la Constitución;
Considerando que no procede, para el Tribunal Constitucional, plantear de oficio ninguna cuestión de conformidad con la Constitución,
Artículo 1.- Se declaran contrarios a la Constitución las siguientes disposiciones del código de propiedad intelectual, tal y como resultan de los artículos 5 y 11 de la ley por la que se favorece la difusión y la protección de la creación en internet:
en el segundo párrafo del artículo L. 331-21, las palabras: “y constatan la materialidad de los incumplimientos de la obligación definida en el artículo L. 336-3”;
en el primer párrafo del artículo L. 331-26, las palabras: “y advirtiéndole de las sanciones aplicables en caso de repetirse el presunto incumplimiento”;
el último párrafo del artículo L. 331-26;
los artículos L. 331-27 a L. 331-31;
en el primer párrafo del artículo L. 331-32, las palabras: “por considerarse, en su opinión, que eximen de forma válida de su responsabilidad al titular del acceso de acuerdo con el artículo L. 336-3”;
en el segundo párrafo del mismo artículo, las palabras: “cuya aplicación exime de forma válida de su responsabilidad al titular del acceso de acuerdo con el artículo L. 336-3”;
los artículos L. 331-33 et L. 331-34;
en el artículo L. 331-35, las palabras: “así como de las vías de recurso posibles en aplicación de los artículos L. 331-26 a L. 331-31 y L. 331-33”;
en el artículo L. 331-36, las palabras: “y, como muy tarde, hasta el momento en que el corte del acceso previsto por estas disposiciones haya sido totalmente ejecutado” que figura en el primer párrafo, así como en el segundo;
en el segundo párrafo del artículo L. 331-37, las palabras: “, así como del repertorio nacional previsto por el artículo L. 331-33, que permite a las personas cuya actividad es ofrecer un acceso a un servicio de comunicación pública en línea disponer, en forma de una simple interrogación, de informaciones estrictamente necesarias para proceder a la comprobación prevista por este mismo artículo”;
el segundo párrafo del artículo L. 331-38;
del segundo al quinto párrafos del artículo L. 336-3.
Lo mismo sucede con las palabras: “de incumplimiento de la obligación definida en el artículo L. 336-3 del código de propiedad intelectual y” que figura en el artículo 16 de la misma ley, así como del I y V del artículo 19.
Artículo 2.- En el primer párrafo del artículo L. 331-17 del mismo código, tal y como resulta del artículo 5 de la misma ley, las palabras: “en los artículos L. 331-26 a L. 331-31 y en el artículo L. 331-33” son sustituidas por las palabras: “en el artículo L. 331-26”.
Artículo 3.- Sin perjuicio de lo enunciado en los considerandos 29 y 38, el artículo 10 de la misma ley, así como todo el restante contenido de sus artículos 5, 11, 16 y 19, no son contrarios a la Constitución.
Artículo 4.- La presente sentencia será publicada en el Journal officiel [Boletín Oficial] de la República Francesa.
Deliberado por el Consejo Constitucional en su sesión de 10 de junio de 2009, en la que estaban presentes: Don Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Don Guy CANIVET, Don Jacques CHIRAC, Don Renaud DENOIX de SAINT MARC, Don Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Don Pierre JOXE, Don Jean-Louis PEZANT, Doña Dominique SCHNAPPER y Don Pierre STEINMETZ.

References: artículo 61
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9
e contrario
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 21
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10

Artículo 1
 artículo 16
 artículo 19

Artículo 2
 artículo 5

Artículo 3
 artículo 10

Artículo 4