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Timestamp: 2020-08-03 14:17:07+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00452/1746-2011 DE DICIEMBRE 7 DE 2017
SENTENCIA 2011-00452 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:TRANSACCIÓN NO SE PUEDE UTILIZAR PARA REVIVIR O MODIFICAR CLÁUSULAS CONTRACTUALES. EL ALTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ESTABLECIÓ QUE LA FIGURA DE LA TRANSACCIÓN SOLO ES APLICABLE EN LO REFERENTE A LOS EFECTOS PATRIMONIALES DERIVADOS DE UN FALLO CONDENATORIO. DE IGUAL FORMA, LOS ARTÍCULOS 68 Y 69 DE LA LEY 80 DE 1993, ESTIPULAN QUE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, AUTORIZAN LA SOLUCIÓN DE FORMA DIRECTA DE CONFLICTOS SURGIDOS DEL CONTRATO ESTATAL MEDIANTE DIVERSAS FIGURAS COMO LA TRANSACCIÓN. PARA EL CASO EN CONCRETO, SE ESTABLECIÓ QUE NO SE TRATÓ DE UNA TRANSACCIÓN SOBRE UN TEMA PATRIMONIAL DERIVADO DE UNA CONDENA, SINO QUE FUE ENCAMINADA A MODIFICAR LAS CLÁUSULAS DE UN CONTRATO EN DONDE SE DECLARÓ LA CADUCIDAD Y POSTERIORMENTE SE LIQUIDÓ TAL COMO LO REALIZO EL UT SUPRA
TEMAS ESPECÍFICOS:GESTIÓN CONTRACTUAL, BUENA FE CONTRACTUAL, TRANSACCIÓN, TRANSACCIÓN ADMINISTRATIVA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL
Sentencia 2011-00452 de diciembre 7 de 2017
Rad.: 11001-03-25-000-2011-00452-00 (1746-2011)
Asunto: Fallo ordinario Código Contencioso Administrativo. Sanción suspensión
El asunto se contrae a establecer si la demandante podía suscribir transacción como gerente general de la Industria de Licores del Valle del Cauca con la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc.
El Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016, expediente número 1210-11, M.P. Dr. William Hernández Gómez, sobre el control judicial integral de las decisiones disciplinarias expresó:
[...] Respecto a las decisiones proferidas por los titulares de la acción disciplinaria, la Corte Constitucional ha sostenido que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ejercerse contra dichos actos, hace las veces del recurso judicial efectivo en los términos de la Convención Americana, por cuanto el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo implica que puede y debe verificar: (i) La procedencia de la intervención de la jurisdicción contenciosa para examinar el control de decisiones disciplinarias; (ii) la existencia de un control integral y pleno de tales decisiones y de los procedimientos seguidos para el efecto; y, consecuencialmente (iii) la posibilidad de la jurisdicción de emprender exámenes sobre la actividad probatoria(1). [...].
Según lo discurrido, ha de concluirse que et control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas per el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.
Entrando al caso concreto se verificará si la demandante estaba habilitada para suscribir los términos de la transacción en la cual se transaron actos administrativos ejecutoriados que gozaban de la presunción de legalidad, en nombre de la Industria de Licores del Valle del Cauca como gerente general de la misma con la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc.
1. Fallo disciplinario de primera instancia de 6 de julio de 2009, proferido por la Procuraduría Regional Valle del Cauca, mediante el cual fue sancionada disciplinariamente la demandante con la suspensión por el término de 4 meses (la cual es convertida en multa) (fls. 3-52).
2. Fallo disciplinario de segunda instancia de 16 de diciembre de 2010, expedido por el despacho de la procuradora primera delegada para la contratación estatal, en el que se resolvió confirmar el fallo de primera instancia (fls. 53-73).
3. Acuerdo número 5 de 26 de febrero de 2007, suscrito por la junta directiva de la ILV(2) mediante el cual se facultó al gerente general de dicha entidad, para que mediante conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos termine el litigio existente entre la firma DANA WINE & SPIRITS IMPORTERS, y para que modifique el contrato de compraventa para EU (fl. 75).
4. Acta de reunión ordinaria 03 de comité conciliación de 28 de marzo de 2007, en donde se aprobó la presentación de un memorial conjunto entre la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc., y la Industria de Licores del Valle, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fl. 76).
5. Acta de transacción entre la Industria de Licores del Valle y la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc. de 17 de febrero de 2006 (fls. 85-89).
«ART. 68.—De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción. PAR.—Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada». (Negrilla fuera del texto).
«ART. 69.—De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales. Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal». (Negrilla fuera del texto).
Se observa, que la transacción se realizó el día 17 de febrero de 2006(4), mediante la cual se restableció el contrato(5) entre la Industria de Licores del Valle del Cauca y la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc., pese a que se había liquidado previa declaratoria de caducidad y la liquidación(6) unilateral del mismo mediante actos administrativos que se encontraban en firme y amparados por la presunción de legalidad.
«PRIMERO: Transar las diferencias surgidas entre la Industria de Licores el Valle y la firma Danna (sic) Winne & Spirits Importers Inc. con ocasión al contrato celebrado el 3 de Marzo de 2003.
SEGUNDO: Se transan así mismo las diferencias con ocasión a la acción contractual impetrada por la firma Danna (sic) Wine & Spirits Importers Inc. contra la Industria de Licores del Valle, ante el tribunal contencioso Administrativo, cuya Magistrada ponente fue la doctora Luz Elena Sierra Valencia, con Número de radicación 2005-4122-00.
a. La CLÁUSULA PRIMERA quedará así: El objeto del presente contrato es la compraventa de los productos fabricados por LA INDUSTRIA que se especifican en el presente contrato, con destinación a su comercialización en el territorio de estados (sic) Unidos de América, con un cubrimiento o cobertura en por lo menos en los siguientes estados o distritos: New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Florida, Texas, Illinois, California, Rhode Island, Georgia y Distrito de Columbia. El parágrafo de esta cláusula quedará igual.
b. La CLAUSULA (sic) SEGUNDA quedará así: EL CONTRATISTA será el distribuidor autorizado para comercializar los productos que son materia del presente contrato, en el territorio de los Estados Unidos de América; la ILV podrá celebrar contratos de distribución, siempre y cuando los nuevos eventuales contratistas obtengan los permisos necesarios para la importación requeridos por la BATF (Bureau Alcohol Tabocco & Firearms) dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la carta de representación que para tal efecto expide la ILV. Además deberán utilizar los mismos canales de distribución existentes y reunir las mismas condiciones de infraestructura, experiencia, características, solidez, red de distribución de la empresa Danna (sic) Winne (sic) & Spirits Inc y en ningún caso las metas de ventas del nuevo eventual distribuidor podrán ser inferiores a las que tenga la empresa Danna (sic) Wine & Spirits Inc para el año correspondiente y siempre respetando la estructura de precios que tenga el distribuidor autorizado. La ILV se compromete a no vender mediante el sistema de resolución administrativa en los Estados Unidos de América.
d. De la CLAUSULA (sic) SEXTA se modifica el precio inicial del Aguardiente blanco del Valle por caja, en la modalidad convenida, el cual será de $US19 FOB Buenaventura, Colombia; y un precio inicial de producto RON (sic) TRAPICHE PREMIUM DEL VALLE o su equivalente por caja en la modalidad convenida que será de $US15,90 FOB Buenaventura Colombia, ambos precios en Dolares (sic) de los estados (sic) Unidos de América. Los anteriores precios se ajustarán a partir del 1º de enero de cada año en el porcentaje del IPC causado en el año inmediatamente anterior.
h. El punto 12.1 de la Cláusula DECIMA SEGUNDA quedará así: Comercializar los productos de la Industria de Licores del Valle en Estados Unidos de América, en por lo menos los siguientes estados o distritos: New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Florida, Texas, Illinois, California, Rhode Island, Georgia y Distrito de Columbia, a través de una organización completa y eficaz que garantice la comercialización adecuada y oportuna de los productos.
i. El punto 12.3 de la Cláusula DECIMA (sic) SEGUNDA quedara así: Solicitar los pedidos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el presente contrato, en lo que se relaciona con las cantidades y periodos correspondientes de pedido, durante todo el término de vigencia del presente contrato.
m. La CLAUSULA (sic) VIGESIMA (sic), quedará así: El presente contrato terminará el 31 de diciembre de 2010. La empresa contratista dentro de los 15 días anteriores a la fecha de vencimiento del periodo incial (sic) o de las prórrogas podrá manifestar por escrito su voluntad de dar por terminado el contrato, caso contrario el contrato se prorrogará automáticamente por cumplimiento en un periodo del doble del inicialmente pactado y un plazo de vigencia igual al de e1ecución y cuatro meses mas (sic), para tal efecto deberá adicionar y ampliar las pólizas o garantías establecidas en el presente contrato por el término por el que operará la prórroga automática.
o. Las Cláusulas TRIGESIMA (sic) y TREGESIMA (sic) PRIMERA se suprimen» (fls. 86 a 89).
«ART. 18.—De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento». (Negrilla fuera del texto).
Aunado a ello esta corporación expresó mediante sentencia de 26 de junio de 2014. Sección Tercera - Subsección «B». M.P. RAMIRO DE JESÚS PAZOS GUERRERO Radicación número: 25000-23-26-000-2000-02151-01 (26705) Actor: Sociedad Francisco Mahecha Rubiano y CIA. LTDA. Demandado: Distrito Capital y otros, que:
«De conformidad con lo prescrito por el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Administración está habilitada para declarar la caducidad del contrato por medio de acto administrativo debidamente motivado, siempre que se reúnen los siguientes presupuestos: (i) un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato. Según la norma en cita, dicha declaratoria trae aparejada la pérdida delos derechos que dimanaban del negocio jurídico para el contratista y, particularmente, que setraducenen:(i)darporterminadoelvínculonegocia!sinquehaya lugar a indemnización para el contratista: (ii) ordenar su liquidación en elestadoenquese encuentre:(iii)hacerexigiblesgarantíasporconfiguración del siniestro del incumplimiento:(iv)hacerefectivalacláusulapenal pecuniaria y (v)configurarla inhabilidad para contratar con entidadespúblicas por 5 años». (Negrillas y subraya fuera del texto).
Al respecto de estas últimas, según la sentencia proferida por esta corporación de 24 de octubre de 2013,(7) M.P. Enrique Gil Botero se dijo que:
«La declaratoria de caducidad tiene implicaciones graves para el contratista, entre ellas: no puede participar en nuevos procesos de selección de contratistas —inhabilidad—, debe renunciar a los contratos que tenga en ejecución —inhabilidad sobreviniente— y no tiene derecho a indemnización en el contrato caducado. Dicha previsión se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley 80 en los siguientes términos: “Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley”. En el mismo sentido, el literal c) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 establece que los contratistas que dieron lugar a la declaratoria de caducidad administrativa quedan inhabilitados para participar en procesos de selección. (...) el contratista que da lugar a la declaratoria de caducidad se hace acreedor a una sanción que lo inhabilita para celebrar negocios jurídicos con la administración. El término es de 5 años, según lo establece el inciso segundo del literal i) del artículo 8º del estatuto contractual, que establece: “Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución ...” Finalmente, la declaratoria de caducidad también es constitutiva del siniestro de incumplimiento, lo que autoriza a la entidad estatal para cobrar el importe de la garantía única constituida en su favor por el contratista». (Negrilla fuera del texto).
Sumado a lo anterior, se tiene que tampoco estaba habilitada o facultada para llevar a cabo dicha transacción, por cuanto la fecha en que se realizó esa figura (17 de febrero de 2006), es claramente anterior a la data en que supuestamente se le otorgó la facultad mediante Acuerdo 05 de 26 de febrero de 2007 para transar un arreglo como gerente general de la ILV con la firma Dana Wine & Spirits Importers Inc.
Se observa en el expediente que las decisiones adoptadas por el tallador disciplinario se basaron en pruebas legalmente obtenidas, las cuales cumplieron los requisitos de ley, aunado a esto está el principio de la sana crítica, el cual ejerció la autoridad disciplinante para cumplir su cometido.
1. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
En lo concerniente a la causal 6ª consistente en actuar con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, es un hecho notorio que ella como gerente general de la ILV tenía pleno conocimiento de la situación fáctica y jurídica en que se encontraba el contrato celebrado entre las partes al momento en que se suscribió el acta de transacción de 17 de febrero de 2006. Entonces ella no cumple con el requisito invencibilidad que exige la causal de exclusión porque ella podía como gerente general sobreponerse y resistir a una presunta convicción errada que tenía.
Se puede concluir de todo anterior, que en el proceso disciplinario que originó los actos administrativos censurados no existió violación al debido proceso ni al derecho de defensa, toda vez que se dio el manejo que por ley es el correspondiente en este caso y que no existió un trámite diferente al que se da a estos asuntos, ya que la parte demandante tuvo todas las garantías constitucionales y legales para hacer valer sus derechos de defensa y contradicción dentro de este proceso.
3 Se declaró la caducidad del contrato mediante Resolución 0964 de 3 de septiembre de 2004, por no haberse renovado la garantía bancaria y por incumplimiento con el pago de la factura número 00500 de 29 de junio de 2004. Según lo dice la Procuraduría General de la Nación a folio 207.
4 Fls. 85 a 89.
7 Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección «C», M.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 24 de octubre de 2013, Rad. 23001-23-31-000-2000-02857-01 (24697). Actor: Dislicores Comercializadora Internacional y otro. Demandado: Departamento de Córdoba.

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 8
 Resolución